DIARIO de los DEBATES

ORGANO OFICIAL DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


Correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio

DIRECTOR GENERAL DE
CRONICA PARLAMENTARIA
Héctor de Antuñano y Lora

PRESIDENTE

Diputado Ricardo Francisco García Cervantes

DIRECTOR DEL
DIARIO DE LOS DEBATES

Norberto Reyes Ayala
AÑO I                 México, D.F., jueves 22 de marzo de 2001       No. 4

S U M A R I O



ASISTENCIA

Pág.

525

ORDEN DEL DIA

525
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 526
ESTADO DE MORELOS 531
Comunicación del Congreso estatal con la que remite excitativa respecto a apoyos económicos a productores de arroz. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 531
Comunicación del Congreso estatal con la que remite excitativa respecto a precios de energéticos, en particular del gas butano. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Comercio y Fomento Industrial. 533
ESTADO DE NAYARIT 534
Comunicación del Congreso estatal con la que informa de la adecuación de su Constitución Política, con relación al régimen municipal. De enterado. 534
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 569
Comunicación de ese cuerpo colegiado con la que informa de actividades propias de su II Legislatura. De enterado. 569
CAMARA DE SENADORES 569
Oficio de la colegisladora con el que informa del inicio del segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LVIII Legislatura. De enterado. 569
BENITO JUAREZ GARCIA 570
Intervienen respecto al CXCV aniversario del natalicio del Benemérito de las Américas, los diputados: 570
Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas 570
Pablo de Jesús Arnaud Carreño 574
Héctor Sánchez López 575
Alejandro Rafael García Sainz Arena 577
Rosa Delia Cota Montaño 578
ASISTENCIA (II) 580
CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA CORPORACION INTERAMERICANA
DE INVERSIONES Y QUE ESTABLECE BASES
PARA SU EJECUCION EN MEXICO
580
Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite iniciativa del Ejecutivo por la que se aprueba dicho convenio. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 580
LEY QUE ESTABLECE LAS BASES PARA LA EJECUCION EN MEXICO,
POR EL PODER EJECUTIVO FEDERAL, DEL CONVENIO CONSTITUTIVO
DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE FOMENTO
582
Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite iniciativa del Ejecutivo por el que se reforma el artículo 2o. de dicha ley. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 582
HUSOS HORARIOS 585
La diputada Sara Guadalupe Figueroa Canedo presenta iniciativa que expide la Ley de Husos Horarios de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública. 585
ARTICULO 4o. CONSTITUCIONAL 588
El diputado Pedro Miguel Rosaldo Salazar presenta iniciativa de reformas a dicho artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a los derechos de la población mayor de edad, definida como senectud. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales. 588
LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA 592
El diputado Raúl Cervantes Andrade, presenta iniciativa de reformas al artículo 4o. de dicha ley, respecto a la aviación comercial. Se turna a las comisiones de Comercio y Fomento Industrial y de Transportes. 592
TRABAJADORES MIGRANTES 599
El diputado David Penchyna Grub presenta proposición con punto de acuerdo para solicitar la intervención del Gobierno mexicano ante el gobierno de Estados Unidos de América, por el asesinato de nuestro connacional Roberto Chávez Reséndiz, en Arizona. Se turna a las comisiones de Relaciones Exteriores y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios. 599
Intervienen sobre el tema, los diputados: 601
Sergio Acosta Salazar 601
Santiago Guerrero Gutiérrez 602
Francisco Patiño Cardona 603
J. Melitón Morales Sánchez 604
Rectifican hechos: 605
José Antonio Calderón Cardoso 605
Eduardo Arnal Palomera 606
Víctor Emanuel Díaz Palacios 607
Tomás Torres Mercado 607
Víctor Roberto Infante González 608
Héctor Méndez Alarcón 609
J. Timoteo Martínez Pérez 610
TAJIN 610
El diputado Elías Martínez Rufino presenta proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados vigile la organización y beneficios comunitarios de la Cumbre Tajín 2001, en el Estado de Veracruz. Se turna a la Comisión de Cultura. 610
Para rectificar hechos, hablan los diputados: 613
Jaime Mantecón Rojo 613
Luis Alberto Villarreal García 615
Bonifacio Castillo Cruz 616
José Sergio Rodolfo Vaca Betancourt Bretón 616
Jaime Mantecón Rojo 617
LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA (II) 618
El Presidente rectifica el turno dado a la iniciativa presentada por el diputado Cervantes Andrade, y la turna a las comisiones de Comercio y Fomento Industrial y de Comunicaciones. 618
COLEGIO DE POSGRADUADOS 619
El diputado Jaime Arturo Larrazábal Bretón presenta proposición con punto de acuerdo relativo al presupuesto de dicho colegio, por la labor que realiza para el sector rural del país. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 619
LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA (III) 621
El Presidente rectifica el turno dado a la iniciativa presentada por el diputado Cervantes Andrade y la turna a las comisiones de Comercio y Fomento Industrial, de Comunicaciones y a la de Transportes. 621
EZLN 621
El Presidente informa de los trámites que se darán al dictamen de la Junta de Coordinación Política, con punto de acuerdo relativo al diálogo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional con el Poder Legislativo Federal y las bases jurídicas en las que se apoya. 621
La Secretaría da lectura al dictamen y al voto particular del diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional. 622
Debaten el punto de acuerdo presentado por la Junta de Coordinación Política, los diputados: 622
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa 625
Martí Batres Guadarrama 629
Beatriz Elena Paredes Rangel 633
Se aprueba el punto de acuerdo propuesto por la Junta de Coordinación Política. Se ordena que las comisiones referidas en él cumplan con el mandato y que la Junta de Coordinación Política formule el formato de dicha reunión. 636
ORDEN DEL DIA 636
De la próxima sesión. 636
CLAUSURA Y CITATORIO 637
RESUMEN DE TRABAJOS 638
DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA PRESENTE SESION 639

DIARIO de los DEBATES

Año l  No.4      SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS        MARZO 22, 2001

 

Presidencia del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes

ASISTENCIA

El Presidente :

Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los diputados.

El secretario José Manuel Medellín Milán:

Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 347 diputados.

El Presidente (a las 11:30 horas):

Hay quorum. Se abre la sesión.

Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día.

ORDEN DEL DIA

El secretario José Manuel Medellín Milán:

Se va a dar lectura al orden del día.

«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.- Primer Año.- LVIII Legislatura.

Orden del día


Jueves 22 de marzo de 2001.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones


De los congresos de los estados de Morelos y Nayarit.

De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, II Legislatura.

De la Junta de Coordinación Política.

De la Cámara de Senadores

Inicio del segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LVIII Legislatura, que funcionará del 15 de marzo al 30 de abril.

Efemérides


Sobre el natalicio de Benito Juárez García, a cargo de los grupos parlamentarios.

Iniciativas del Ejecutivo


Que reforma el diverso que aprueba el Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones y que Establece Bases para su Ejecución en México. (Turno a comisión.)

Por el que se reforma el artículo 2o. de la Ley que Establece las Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento. (Turno a comisión.)

Iniciativas de diputados


De reformas al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Pedro Miguel Rosaldo Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Que adiciona el artículo 4o. de la Ley Federal de Competencia Económica, a cargo del diputado Raúl Cervantes Andrade, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Que expide la Ley de los Husos Horarios de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

Proposiciones


Con punto de acuerdo para organizar un congreso nacional de entidades para discutir la política fiscal y presupuestaria nacional, a cargo de la diputada Miroslava García Suárez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo con relación al diálogo con el EZLN, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución.)

Con punto de acuerdo para dar inicio al diálogo con el EZLN, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución.)

Con punto de acuerdo para solicitar la intervención del Gobierno mexicano ante el gobierno de los Estados Unidos de América, por el asesinato de nuestro connacional Roberto Chávez Reséndiz, en Arizona, a cargo del diputado David Penchyna Grub, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados vigile la organización y beneficios comunitarios de la Cumbre Tajín 2001, a cargo del diputado Elías Martínez Rufino, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo relativo al presupuesto del Colegio de Posgraduados, a cargo del diputado Jaime Larrázabal Bretón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en relación a las reformas al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Neftalí Salvador Escobedo Zoleto, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo que exhorta a la Semarnap y a la Sectur, para que establezcan criterios para mitigar y prevenir cualquier impacto social y ambiental en el proyecto denominado "Escalera Náutica" a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

Excitativa


A la Junta de Coordinación Política, a cargo del diputado Elías Martínez Rufino, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Agenda política


Pronunciamiento sobre el Día Mundial del Agua, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Posicionamiento en relación a las cajas populares en el Estado de Jalisco, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente:

El siguiente punto del orden del día es la discusión del acta de la sesión anterior.

Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta, tomando en consideración que le ha sido entregada copia de la misma a los coordinadores de los grupos parlamentarios para sus observaciones y se procede a su votación.

El secretario José Manuel Medellín Milán:

Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que le ha sido entregada copia de la misma a los coordinadores de los grupos parlamentarios para sus observaciones y se procede a su votación.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes veinte de marzo de dos mil uno, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura.

Presidencia del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes

En el Palacio Legislativo de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, con la asistencia de trescientos veinticuatro diputados, a las once horas con treinta y cinco minutos, el Presidente declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día y la Asamblea aprueba el acta de la sesión anterior en sus términos, en votación económica.

Invitación del Poder Ejecutivo Federal a la ceremonia conmemorativa del centésimo nonagésimo quinto aniversario del natalicio del licenciado Benito Juárez García. La mesa directiva asistirá a este acto.

Invitación del Instituto de Cultura de la Ciudad de México al centésimo nonagésimo quinto aniversario del natalicio de don Benito Juárez García. Se designa comisión para representar a la Cámara de Diputados.

Comunicaciones de los congresos de los estados de:

Coahuila, informando de actividades de su legislatura. De enterado.

Guerrero, a la que adjunta acuerdo parlamentario con el que se pronuncia en contra del incremento de tasas impositivas y tarifas de agua potable anunciadas por las autoridades federales. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Guerrero, con acuerdo relativo al atentado en contra de la familia del senador Armando Chavarría Barrera. De enterado.

Hidalgo, con la que informa del acuerdo que tomaron en relación con la marcha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. De enterado.

Jalisco, con iniciativa de acuerdo económico, con la que se suma a los esfuerzos del Gobierno Federal en pro de la paz y en beneficio de las comunidades indígenas, y solicita que el Congreso de la Unión, en caso de ser procedente, apruebe la iniciativa de reforma constitucional en materia de derechos indígenas enviada por el Ejecutivo Federal al Senado de la República. De enterado.

México, Morelos y Quintana Roo, informando de actividades propias de sus legislaturas. De enterado.

Oficio de la Comisión Permanente con el que remite informe sobre las actividades desarrolladas en el primer receso del primer año de ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura. De enterado.

Comunicación del diputado Juan Manuel Carreras López, por la que informa del interés de ciudadanos potosinos para que se inscriba en los muros de honor de la Cámara de Diputados, el nombre de don Rafael Nieto Compeán. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, para aumentar el número de secretarías de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda. Se aprueba en votación económica. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria y realícense los trámites correspondientes.

Oficios de los diputados Martí Batres Guadarrama y Silvano Aureoles Conejo, del Partido de la Revolución Democrática, quienes solicitan que las observaciones enviadas por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos al proyecto de Ley de Desarrollo Rural, se turnen a las comisiones unidas de Agricultura y Ganadería y de Desarrollo Rural.

El Presidente rectifica el turno a dicho documento de acuerdo a lo solicitado.

Oficio de la Secretaría de Economía con el que remite el Proyecto de Indicadores de Evaluación y de Gestión de Fondos y Programas. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y se ordena su publicación en la Gaceta Parlamentaria.

Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite el informe de Aseguradora Agrícola Mexicana, Sociedad Anónima. Se turna a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Hacienda y Crédito Público, de Agricultura y Ganadería y de Desarrollo Rural, para su conocimiento.

Para referirse al aniversario de la expropiación petrolera, hablan los diputados: Roque Joaquín Gracia Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional; María Teresa Gómez Mont y Urueta, del Partido Acción Nacional; Jesús Garibay García, del Partido de la Revolución Democrática.

(Al cierre del sistema electrónico de asistencia, se registran cuatrocientos cuarenta y un diputados.)

Y Sara Guadalupe Figueroa Canedo, del Partido Verde Ecologista de México.

525,526,527


Presidencia del diputado
Eloy Cantú Segovia

El diputado José Bañales Castro, de la subcomisión de Artesanías de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, habla sobre el día del artesano.

Presidencia del diputado
Eric Eber Villanueva Mukul

Se presentan las siguientes iniciativas:

Del diputado Rubén García Farías, del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo cuarenta y cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Presidencia del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Del diputado José Feliciano Moo y Can, del Partido Revolucionario Institucional, de reformas al artículo quinto de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Del diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, del Partido de la Revolución Democrática, de reformas al artículo séptimo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Del diputado José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional, de reformas a diversas disposiciones fiscales.

Presidencia del diputado
Eloy Cantú Segovia

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Se presentan las siguientes excitativas:

A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de la diputada Norma Patricia Riojas Santana, del Partido de la Sociedad Nacionalista, en relación con la iniciativa de reformas a diversas disposiciones del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el dieciséis de noviembre de dos mil.

A las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y de Puntos Constitucionales, del diputado Javier Chico Goerne Cobián, del Partido Acción Nacional, en relación con la iniciativa para reformar diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, presentada el diez de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

Presidencia del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes

A las comisiones de Puntos Constitucionales y de Presupuesto y Cuenta Pública, del diputado Eric Eber Villanueva Mukul, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con la iniciativa de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, presentada el doce de octubre de dos mil.

En cada uno de los casos, el Presidente hace la excitativa correspondiente y en el caso presentado por el diputado Villanueva Mukul, fija el veintinueve de marzo de dos mil uno para que las comisiones presenten el dictamen correspondiente.

Dictamen de la Comisión de Juventud y Deporte, con puntos de acuerdo en relación con la seguridad y la no violencia en las actividades y espectáculos deportivos.

Sube a la tribuna la diputada Olga Patricia Chozas y Chozas, del Partido Verde Ecologista de México, a nombre de la comisión, para fundamentar el dictamen. La Asamblea aprueba los puntos de acuerdo presentados, en votación económica. La mesa directiva hará las comunicaciones pertinentes.

Se presentan las siguientes proposiciones:

Del diputado Auldarico Hernández Gerónimo, con punto de acuerdo, respecto al diálogo entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Poder Legislativo Federal.

Sobre el mismo tema, hablan los diputados: Rosalía Peredo Aguilar, del Partido del Trabajo; Nicasia García Domínguez, del Partido Verde Ecologista de México; Héctor Sánchez López, del Partido de la Revolución Democrática; Armando Salinas Torre, del Partido Acción Nacional; Miguel Bortolini Castillo, del Partido de la Revolución Democrática; Roger Antonio González Herrera, del Partido Acción Nacional; José Antonio Calderón Cardoso, del Partido de la Alianza Social.

Presidencia de la diputada
María Elena Alvarez Bernal

Ricardo Francisco García Cervantes, del Partido Acción Nacional.

Presidencia del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes

Juan Manuel Carreras López, del Partido Revolucionario Institucional; José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional, y Martí Batres Guadarrama, del Partido de la Revolución Democrática.

La Asamblea considera suficientemente discutido el tema, pero ante la duda de algunos legisladores, el Presidente otorga el uso de la palabra al diputado José Jacobo Nazar Morales, del Partido Revolucionario Institucional.

Presidencia del diputado
Eric Eber Villanueva Mukul

Se turna la proposición del diputado Auldarico Hernández Gerónimo a la Junta de Coordinación Política.

Del diputado César Horacio Duarte Jáquez, del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo en relación con las observaciones que emitió el Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, a la Ley de Desarrollo Rural.

Presidencia del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes

Al respecto, opinan los diputados: Rosalía Peredo Aguilar, del Partido del Trabajo; Francisco Ortiz Esquivel, del Partido Acción Nacional y contesta una interpelación del diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios;

Presidencia de la diputada
María Elena Alvarez Bernal

Eric Eber Villanueva Mukul, del Partido de la Revolución Democrática; Silvano Aureoles Conejo, del mismo partido;

Presidencia del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes

Melitón Morales Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional.

Presidencia del diputado
Eloy Cantu Segovia

Y Petra Santos Ortiz, del Partido de la Revolución Democrática.

Presidencia del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes

Se turna la proposición del diputado Duarte Jáquez a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Desde su curul, el diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, solicita que se suspenda la sesión para poder trabajar en las diversas reuniones de comisiones.

A las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos, el Presidente, previa aprobación de la Asamblea, decreta un receso, para continuar la sesión a las once horas del miércoles veintiuno de marzo de dos mil uno.

A las once horas con treinta y un minutos del veintiuno de marzo de dos mil uno, con la asistencia de trescientos doce diputados, se reanuda la sesión.

Se presentan las siguientes proposiciones:

Del diputado José Francisco Yunes Zorrilla, del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo en relación con el voto de censura a Cuba, de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Del diputado Ricardo Tarcisio Navarrete Montes de Oca, del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo relativo al voto de censura que la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas hizo en contra de la República de Cuba. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Sobre el mismo tema, hablan los diputados: Rosalía Peredo Aguilar, del Partido del Trabajo y Sergio Acosta Salazar, del Partido de la Revolución Democrática.

Del diputado Angel Enrique Herrera y Bruquetas, del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo sobre la necesidad de darle justo valor a la investidura presidencial. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

De la diputada Hortensia Aragón Castillo, del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo relacionado con el Secretario del Trabajo y Previsión Social y las políticas de género.

La Asamblea considera que no es de urgente resolución, pero ante la oposición de algunos legisladores, se da lectura al artículo cincuenta y nueve del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. El Presidente hace aclaraciones al respecto y desde su curul, el diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa respalda el trámite, sin prejuzgar sobre el punto de acuerdo.
Se abre el sistema electrónico de votación que da un resultado de ciento noventa y ocho votos en pro y ciento ochenta y tres en contra, por lo que no se considera de urgente resolución.

Sobre el mismo tema, expresan sus opiniones los diputados: Concepción González Molina, del Partido Revolucionario Institucional; Silvia Alvarez Bruneliere, del Partido Acción Nacional y contesta a una interpelación del diputado Félix Salgado Macedonio; Rafael Hernández Estrada, del Partido de la Revolución Democrática y contesta interpelaciones de los diputados Adrián Rivera Pérez y Alba Leonila Méndez Herrera; María Cristina Moctezuma Lule, del Partido Verde Ecologista de México; Rosa Delia Cota Montaño, del Partido del Trabajo; María de los Angeles Sánchez Lira, del Partido de la Revolución Democrática y Beatriz Cervantes Mandujano, del Partido Revolucionario Institucional.

Se da lectura al artículo treinta y cuatro de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y se turna la proposición de la diputada Hortensia Aragón Castillo a la Junta de Coordinación Política.

Del diputado Ramón León Morales, del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo sobre los controles en alimentos destinados al ganado bovino. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Sobre el mismo tema se pronuncian los diputados: Silverio López Magallanes, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta una proposición con punto de acuerdo que se turna a la misma comisión que el anterior; Francisco Javier Flores Chávez, del Partido Acción Nacional.

Presidencia del diputado
Eloy Cantú Segovia

Y Arturo Bonifacio de la Garza Tijerina, del Partido Revolucionario Institucional.

528,529,530

De la diputada Erika Elizabeth Spezia Maldonado, del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo en el que solicita la intervención de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la situación que se observa en la laguna de la Ilusión, de Ciudad Madero, Tamaulipas. Se turna a las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Salud.

Habla sobre el mismo tema el diputado Gustavo González Balderas, del Partido Revolucionario Institucional.

Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las catorce horas con trece minutos, citando para la que tendrá lugar el jueves veintidós de marzo de dos mil uno, a las once horas.»

El Presidente:

Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El secretario José Manuel Medellín Milán:

Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se consulta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada el acta de la sesión anterior.

El Presidente:

El siguiente punto corresponde a comunicaciones y le ruego al secretario Manuel Medellín, proceda a dar lectura a las mismas.

ESTADO DE MORELOS

El secretario José Manuel Medellín Milán:

«Escudo.- Poder Legislativo.- XLVIII Legislatura.- 2000-2003.

Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presente.

Por instrucciones del diputado Tito César Sagahón Velasco, presidente de la Diputación Permanente del Congreso del Estado y por acuerdo de sesión celebrada hoy, se determinó remitir a la Cámara que usted preside, una excitativa a fin de que los legisladores del Congreso de la Unión, conminen al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como al director nacional de Aserca, al estricto cumplimiento del artículo 76 del Presupuesto de Egresos de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de diciembre de 1999.

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Cuernavaca, Morelos, a 22 de febrero de 2001.- El oficial mayor del Congreso del Estado, Armando Ramírez Saldívar.»

«Escudo.- Poder Legislativo.- XLVIII Legislatura.- 2000-2003.

Honorable Asamblea: con fundamento en lo señalado por los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior para el Congreso del Estado de Morelos, los abajo firmantes, diputados de esta XLVIII Legislatura del Estado

CONSIDERANDO

Como es sabido, el arroz del Estado de Morelos es el mejor arroz del mundo y esto no es casual, se debe a la técnica de cultivo, su proceso lleva consigo el esfuerzo y el trabajo manual de nuestros agricultores, razón por la cual debería ser considerado con valor agregado. Sin embargo, a pesar de las técnicas descritas, su precio es equiparable al arroz de cultivo intensivo.

En el año de 1991, el Ejecutivo Federal emitió el decreto que crea el organismo denominado Aserca (Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria), encargado de apoyar a los productores en la comercialización de sus productos, desde hace algunos años, los productores de arroz de todo el país han sido beneficiados con estos apoyos.

El pasado mes de enero los productores de arroz de las empresas Flor India del municipio de Emiliano Zapata y del molino de arroz San José de Jojutla, se entrevistaron con el secretario de Desarrollo Agropecuario del gobierno del Estado, Víctor Sánchez Trujillo, con el objeto de consultarle acerca de los estímulos económicos que anualmente reciben por conducto de Aserca; informándoles que estos apoyos económicos no estaban autorizados para el ciclo 2000, en virtud de que no habían sido aprobados por la Federación, proponiéndoles que en el futuro se reuniría con el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Javier Usabiaga, a fin de precisar la existencia del recurso.

El viernes 16 se reunieron los integrantes de los tres molinos de arroz en el Estado; Buena Vista de Cuautla, San José de Jojutla y San Vicente de Emiliano Zapata, con el presidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenaparroz) Pedro Alejandro Díaz Hartz y con el presidente del Comité Estatal del Arroz, Tomás Peralta, éstos les manifestaron que habían estado con el ciudadano Usabiaga, titular de la Sagarpa y que hasta el momento no había una respuesta concreta.

Los dueños de los molinos relatan que se trasladaron a las oficinas del gobernador del Estado, Sergio Estrada Cajigal, solicitando audiencia, ahí les indicaron que el gobernador no los recibiría, que dejaran sus datos y que posteriormente los llamarían para darles una cita.

Ante estas evasivas de las autoridades responsables del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Manual de Normas Presupuestarias estos productores del arroz acuden a esta soberanía, para reclamar lo que legítimamente les corresponde, de acuerdo al artículo 76 de la Ley de Egresos de la Federación, el cual establece:

El programa de apoyos a la comercialización de mercados regionales buscará primordialmente el fomento de los mercados regionales, la reconversión de cultivos. La promoción de la agricultura por contrato, las exportaciones y el desarrollo de las cadenas agroalimentarias para, a través de ello, mejorar el ingreso de los productores, adecuando los patrones de cultivo a las demandas de los mercados regionales. El programa también podrá apoyar la comercialización de hasta 2 millones 680 mil toneladas de trigo; 1 millón 200 mil de sorgo; 3 millones 965 mil de maíz y 308 mil toneladas de arroz. Los montos máximos de toneladas a apoyar, en su caso, en cada entidad federativa de todos los cultivos antes señalados prevén para el Estado de Morelos 30 mil toneladas.

De lo anterior podemos observar que tratándose de programas prioritarios como los proporcionados por Aserca. Las reglas operativas aseguran que estos apoyos se apliquen efectiva y oportunamente para alcanzar los objetivos y metas de los programas autorizados, así como a los sectores o población objetivo, sobre todo tratándose de disposiciones de orden público y prioritarias cuyo incumplimiento trae como consecuencia las sanciones previstas por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y las demás disposiciones aplicables.

En mérito a lo anterior, nos permitimos someter a la opinión de esta Diputación Permanente la siguiente

EXCITATIVA


Primero
. Que esta Diputación Permanente emita excitativa a los legisladores del Congreso de la Unión, a fin de que se dé cumplimiento puntual al pago de los apoyos económicos a los arroceros, previstos en el artículo 76 de la Ley de Egresos de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de diciembre del año 1999.

La solicitud a los diputados del Congreso de la Unión, va encaminada para que éstos conminen al titular de la Secretaría de Agricultura. Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, el ciudadano Javier Usabiaga y al director nacional de Aserca, el estricto cumplimiento de la Ley de Egresos de la Federación y como consecuencia el pago puntual de los apoyos para los arroceros de Morelos.

Segundo
. Que el presente asunto sea considerado como de urgente y obvia resolución, previo el voto de esta Diputación Permanente.

Atentamente.

Cuernavaca, Morelos, a 22 de febrero de 2001.- Diputado Esteban Hernández Franco.»

El Presidente:

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El secretario José Manuel Medellín Milán:

«Escudo.- Poder Legislativo.- XLVIII Legislatura.- 2000-2003.

Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presente.

Por instrucciones del diputado Tito César Sagahón Velasco, presidente de la Diputación Permanente del Congreso del Estado y por acuerdo de sesión celebrada hoy, se determinó remitir a la Cámara que usted preside, una excitativa a fin de que ese honorable Congreso revise la política de incremento a los precios de los energéticos en particular del gas butano, una vez que su alto costo menoscaba la economía familiar.

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Cuernavaca, Morelos, a 27 de febrero de 2001.- El oficial mayor del Congreso del Estado, Armando Ramírez Saldívar.»

«Escudo.- Poder Legislativo.- XLVIII Legislatura.- 2000-2003.

Diputación Permanente del Congreso del Estado de Morelos.

Los suscritos diputados Jorge Vicente Messeguer Guillén, Víctor Hugo Manzo Godínez, Sergio Alvarez Mata, integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política del Congreso del Estado de Morelos, presentamos la siguiente iniciativa, de la que se desprenden las siguientes

CONSIDERACIONES


1. Que la Diputación Permanente de la LVIII Legislatura del Estado de Guanajuato. remitió el acuerdo por el que solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal, secretarios de Hacienda, de Energía; supriman la política de aplicar incrementos mensuales al precio del gas para uso doméstico en virtud de los impactos negativos a la economía de la sociedad, particularmente la de la población más desprotegida.

2. Nuestro país al estar en un contexto económico globalizado, el cual obliga, que los precios de los energéticos estén sujetos a un constante cambio, originado principalmente por la oferta y la demanda, sin embargo, este factor está supeditado a otros de naturaleza demográfica, política entre otros. Por lo anterior, quienes sufren de manera directa el incremento de los referidos energéticos como el gas natural o butano son los consumidores. Pero ello no es todo, pues debido a la crisis económica por la que atraviesa nuestro país y en particular nuestra entidad, quienes más resienten los incrementos de los precios son precisamente las clases económicamente más marginadas.

3. En días anteriores, se presentó ante este Congreso una delegación de ciudadanos integrantes de la asociación civil denominada. "El Barzón" quienes realizaron algunas propuestas en relación a la alza del precio del gas doméstico. Propuestas que son incorporadas al presente una vez, que por su importancia deben ser analizadas detenidamente.

4. Por lo anterior y en mérito a que nuestra nación cuenta con este recurso energético, es viable explorar la posibilidad de ejercer una política que permita ejercer un control de precios en el mercado interno y dejar otro a la fluctuación del mercado exterior; lo cual de ser experimentado, previo estudio global y un cuidado escrupuloso. Lo que traería sin lugar a dudas un beneficio a las familias mexicanas.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 fracción LVII; 42 fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 38 inciso n, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos y 57 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, sometemos a la consideración la siguiente

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EXCITATIVA

Al Congreso de la Unión

Artículo único. La Diputación Permanente del Congreso del Estado de Morelos, solicita al Congreso de la Unión se revise la política de incremento a los precios de los energéticos en particular al gas butano, una vez que su alto costo menoscaba la economía familiar.

ARTICULOS TRANSITORIOS


Primero.
Remítase la presente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Segundo
. Una vez que sea aprobada la presente, publíquese en el órgano informativo del honorable Congreso del Estado.

Recinto Legislativo, a 27 de febrero de 2001.- La Comisión de Régimen Interno y Concertación Política ante la XLVIII Legislatura del Estado de Morelos.- Diputados: Jorge V. Messeguer Guillén, presidente; Víctor Hugo Manzo Godínez, secretario; Sergio Alvarez Mata, vocal.»

El Presidente:

Túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Comercio y Fomento Industrial.

ESTADO DE NAYARIT

El secretario José Manuel Medellín Milán:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo de Nayarit.- XXVI Legislatura.

Ciudadano diputado Ricardo Francisco García Cervantes, presidente de la mesa directiva de la Diputación Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presente.

Comunico a usted que el Constituyente local aprobó el decreto 8303 publicado el 24 de enero de 2001, por el cual se derogan los artículos 5o. y 115-bis y se reforman los artículos 47, fracciones II y VII; 49, fracción IV; 69, fracción XXIX; 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114 y 115 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, con relación al régimen municipal, adecuándose a lo dispuesto por el decreto de reformas que en esa misma materia fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999.

Asimismo, al inicio del segundo periodo de sesiones ordinarias que comprende del 18 de marzo al 17 de mayo del año en curso, la XXVI Legislatura procederá prioritariamente al estudio y adecuación de las leyes que tienen relación con el régimen municipal de la entidad, dando cumplimiento a los términos que obligan a llevar a cabo las reformas legales.

Para ese efecto se adjunta ejemplar del periódico oficial y copia certificada de la minuta del antecedente referido.

Me es propicio reiterarle mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Tepic, Nayarit, a 1o. de marzo de 2001.- El presidente de la Diputación Permanente, diputado Raúl Mejía González.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo de Nayarit.- XXVI Legislatura.

Honorable Asamblea legislativa: a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales; Administración Pública y Asuntos Municipales, fueron turnadas para su estudio y dictamen las iniciativas que proponen reformas a la Constitución Política del Estado en materia municipal, presentadas por diputados de los grupos parlamentarios del PRD, PRI y PAN, en diversas fechas, cada una de las cuales, indistintamente, comprendieron los artículos 5o., 47, 49, 69, 106 al 112, 114, 115 y 115-bis del citado ordenamiento.

Las dictaminadoras, con fundamento en las facultades que les confieren la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y el Reglamento del Gobierno Interior y del Proceso Legislativo, someten a consideración de esta honorable Asamblea, el dictamen de procedencia, de acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES


1. Las iniciativas objeto de este dictamen, proponen reformar y adicionar los artículos de la Constitución local del Estado de Nayarit ya citados, con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999, cuyos alcances jurídicos obligan a los congresos de las entidades federativas, a adecuar sus respectivas legislaciones en materia municipal, con motivo de haberse reformado integralmente el artículo 115 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos.

2. En tal sentido, sin excepción, las iniciativas que se dictaminan proponen otorgar una mayor participación a la sociedad en las tareas y decisiones comunitarias; precisar la autonomía y capacidad administrativa y por ende la eficacia del municipio en su relación y coordinación con el gobierno estatal; revisar las atribuciones y facultades de los miembros del ayuntamiento para que en su unidad orgánica optimicen recursos y mejoren la calidad en la prestación de los servicios públicos; plantear nuevas reglas en la rendición de cuentas del ejercicio del gasto público y en los informes de gobierno municipal y redistribuir su competencia con arreglo a lo dispuesto por la reciente reforma a la Constitución Federal en materia municipal.

Igualmente, recogen la experiencia de la reforma municipal cuyo antecedente de mayor trascendencia data de 1983 y el más reciente del 28 de diciembre de 1999, junto con las aportaciones y el interés en ese sentido de los diversos sectores de la sociedad, de los académicos y estudiosos, de los partidos políticos, de los legisladores, especialmente de quienes viven y realizan sus actividades cotidianas en la comunidad municipal, a través de la mesa de diálogo para la reforma de Estado, instaladas por convocatoria de la XXVI Legislatura del Congreso del Estado.

3. La iniciativa presentada por integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática propuso integralmente lo siguiente: adicionar el artículo 5o., agregando la obligación de los ayuntamientos a prestar los servicios públicos conforme a las leyes federales y estatales; se incorpore la potestad de prestar dichos servicios con el concurso de otros gobiernos municipales. Un nuevo procedimiento de elección de los integrantes de los ayuntamientos por planillas: el presidente será quien la encabece, los regidores se elegirán por el principio de representación proporcional y por un procedimiento especial el síndico; se plantea revisar la función de cada uno de ellos, así como la definición de funciones legislativas y jurisdiccionales.

La realización de la glosa del informe municipal aprobando conclusiones y resoluciones conforme a la ley y disposiciones aplicables a los municipios que no cuenten con bandos, reglamentos y otros instrumentos normativos.

4. La iniciativa presentada por el Partido Acción Nacional en sus aspectos fundamentales, coincide y resume el actual contenido del Título Sexto de la Constitución local y del artículo 115 de la Constitución Federal. Propone: derogar el artículo 5o. de la Constitución del Estado, trasladando su contenido al 115 fracción II, de la iniciativa; dispone que los ayuntamientos remitan los documentos de su cuenta pública al Congreso a través del organo superior de fiscalización y se incremente de cinco a 20 días el plazo para la presentación de la cuenta pública del mes anterior, pormenorizando los aspectos más importantes de la reforma federal.

5. La iniciativa presentada por diputados del Partido Revolucionario Institucional propone: la derogación del artículo 5o.; la elección de presidente y síndico de manera directa por mayoría relativa y de los regidores mediante representación proporcional; integración a la Constitución de las autoridades y organismos auxiliares; nueva definición de las funciones de los integrantes del ayuntamiento; que la planeación pública municipal sea congruente con el sistema estatal y regional; que el informe municipal sea evaluado y supervisado por el ayuntamiento, dándose cuenta a los poderes constitucionales; nuevos requisitos para ser presidente, síndico y regidor; potestad de los ayuntamientos para establecer sus órganos de control presupuestal y financiero; facultar al gobierno municipal para celebrar convenios o autorizar concesiones a particulares para la prestación de ciertos servicios públicos y la prioridad del gasto público participable en comunidades indígenas y zonas marginadas.

En tres reuniones de trabajo celebradas por las comisiones, se llegó al acuerdo de no dictaminar respecto a la nueva integración de los ayuntamientos, debido a que el tema político-electoral se examinará con vista a una reforma integral, luego que la legislatura lleve a cabo foros y audiencias específicas a principios del año entrante.

Las dictaminadoras coincidieron en la redacción de un proyecto que finalmente resume la totalidad de aspectos constitucionales, relacionados directamente con la vida municipal, mismos que fueron revisados cuidadosamente haciéndolos coincidir con la reforma a la Constitución General de la República.

Nuestro dictamen se funda, a su vez, en la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS


En 83 años, a partir de la regulación del municipio por el artículo 115 de la Constitución General de la República de 1917, los esfuerzos realizados para fortalecer la autonomía administrativa y financiera, la eficacia de los asuntos y tareas públicas del gobierno municipal han sido insuficientes. La realidad de este nivel de gobierno nunca ha coincidido con el texto y las disposiciones normativas. Frente a las instancias de la Administración Pública Federal y estatal su desventaja es notoria al extremo de que a pesar de ser el responsable de atender los servicios básicos de la comunidad, sus facultades en materia hacendaria, reglamentaria y de justicia administrativa, además de limitadas, no corresponden a la elevada misión que le confiere el ordenamiento constitucional.

Por esa razón, las comisiones encargadas de estudiar y analizar la procedencia de las iniciativas presentadas para la reforma municipal en el Estado de Nayarit, en un ejercicio plural, atendiendo al interés general de la sociedad y a lo que todos pensamos debe ser el municipio, base de integración territorial y política de la nación.

Tomando como base las diversas propuestas que éstas contienen, hemos elaborado un proyecto de dictamen de reforma constitucional para el régimen municipal que contempla conservar por el momento la integración de los ayuntamientos; eficientar y darle eficacia a su estructura; consolidar la autonomía interna como órgano colegiado de gobierno; otorgar mayor participación a la sociedad. Pero sobre todo, precisar la organización y la capacidad administrativa, financiera, reglamentaria y de justicia del gobierno municipal en relación y coordinación con el gobierno estatal; revisar para redefinir las funciones de los integrantes del ayuntamiento con el objetivo de optimizar recursos y mejorar la calidad de los servicios públicos; nuevas reglas en la rendición del informe de gobierno y en la cuenta pública y una redistribución competencial del poder público con apego a la reciente reforma constitucional federal en material municipal.
Se impulsa una profunda reforma municipalista con la finalidad de incorporar las nuevas disposiciones de carácter federal que transforman la estructura de primer nivel de gobierno y mejoran el funcionamiento orgánico. Particularmente, se establecen mandatos normativos para atender las premisas del federalismo, estableciendo condiciones que aseguran un verdadero equilibrio en las instancias de gobierno y en los órganos del poder público, que haga del municipio la persona jurídica de derecho público que la sociedad reclama: una entidad política regulada desde nuestro documento jurídico fundamental, ubicándola en la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del estado, a fin de que cumpla cabalmente con la misión de atender las necesidades básicas de la comunidad y de los personas.

Estas comisiones consideran que la reforma de estado en su expresión de reforma constitucional y del poder público, tiene que pasar por el municipio, toda vez que en esa instancia de gobierno, es donde se inicia la actividad política, social y económica de la sociedad y es el espacio en el cual las personas tienen trato directo con su gobierno.

Reivindicando a los municipios, fortaleceremos la democracia y estableceremos las bases para acceder a mejores condiciones de vida comunitaria.

Por estos motivos, proponemos se modifiquen los artículos 5o., 47, 49, 69, 106 al 112, 114, 115 y 115-bis de la Constitución Política del Estado de Nayarit, sobre el régimen municipal, destacando lo siguiente:

I. Se deroga el artículo 5o. y su contenido se incluye en el 110, agrupando en un solo título y capítulo todo lo correspondiente a la regulación de los asuntos de gobierno y administración de los municipios.

II. El artículo 47 se reforma para adicionar la fracción II, facultando al Congreso del Estado para establecer las normas mediante las cuales se diriman los conflictos entre los municipios y de éstos con el gobierno estatal con motivo de los convenios para la prestación de servicios públicos, para asociarse y coordinarse con ayuntamientos de otras entidades limítrofes. Buscando el mejor aprovechamiento de los recursos en los servicios y funciones públicas.

534,535,536

La fracción VII se modifica, dándole concreción y claridad a los procesos de fiscalización y presentación de la Cuenta Pública.

III. El artículo 49 se reforma sustituyendo el término administración por el de gobierno, para conferir un mayor alcance y precisión al ejercicio del derecho de iniciativa en asuntos municipales.

IV. En cuanto al artículo 69 sobre las facultades y obligaciones del gobernador, en la fracción XXIX se establece que el Ejecutivo cuidará la conservación del orden público disponiendo de las corporaciones de seguridad pública del Estado.

V. Respecto al artículo 106, el nuevo texto determina la institución que gobierna en el municipio, el tipo de elección y las figuras jurídico-políticas que integran el ayuntamiento, preservando la disposición de que entre el gobierno municipal y el Estado no habrá autoridad intermedia, como principio político de carácter fundamental.

VI. El artículo 107 preserva el principio de no reelección, prevé la desaparición de ayuntamientos, la integración de los consejos municipales y los requisitos de sus miembros, dejando sin modificación las cuestiones relacionadas con la integración electoral de los ayuntamientos, por los motivos ya expuestos y eleva a rango constitucional la existencia de las autoridades y organismos auxiliares del municipio.

VII. En el artículo 108 se determina la naturaleza normativa de las funciones de los miembros del ayuntamiento: la representación política. La dirección administrativa y la ejecución de los acuerdos y resoluciones del ayuntamiento estarán a cargo del presidente municipal y a los regidores y síndico les corresponderá la debida colegiación de los asuntos y las cuestiones de orden jurídico y de control, respectivamente, disponiéndose, por separado, que en ningún caso el ayuntamiento como cuerpo colegiado asumirá las funciones del presidente municipal y ni éste por sí solo las del ayuntamiento, lo cual asegurará atender una adecuada colaboración de funciones internas de los gobiernos municipales.

VIII. Del artículo 109 se sustituye el texto vigente, con objeto de establecer una tipología de requisitos para que los miembros de los ayuntamientos puedan ser electos, de manera congruente con las exigencias de la ciudadanía.

IX. En el artículo 110, se sustituye la totalidad del texto vigente por otro que precisa en incisos y en párrafos ordenados, las funciones y servicios públicos del municipio, siendo al efecto una de las aportaciones técnicas más adecuadas, toda vez que, concomitantemente, el proyecto propone se derogue el actual artículo 5o. constitucional, porque no es en este artículo, que se ubica dentro del capítulo geográfico, donde deben ser regulados los servicios municipales.

X. El texto del artículo 111 define la naturaleza jurídica y las facultades administrativas, hacendarias y reglamentarias del gobierno municipal. En tanto que en el 112 regula la obligatoriedad del informe municipal que anualmente presenta el presidente municipal, confiriéndole un nuevo formato para hacerlo congruente con los avances del plan municipal de desarrollo, documento que en su oportunidad debe ser revisado y evaluado por los miembros del órgano colegiado y puesto del conocimiento de los poderes constitucionales.

XI. El texto del artículo 114 incorpora las disposiciones sobre fiscalización y de la presentación de la cuenta pública municipal por medio del órgano superior de fiscalización; y faculta a los ayuntamientos a establecer sus propios órganos de control presupuestal y financiero, en respeto a su autonomía.

XII. Los artículos 115 y 115-bis se integran en un solo precepto, regulando la libre administración de la hacienda municipal y los conceptos que la constituyen, así como las exenciones y en qué casos. Señala las modalidades a las que se someterán las participaciones federales y la potestad para celebrar convenios con el gobierno del Estado, para que éste se encargue de la recaudación de algunas contribuciones; así como para que apruebe su presupuesto de egresos con base en los ingresos disponibles. Establece el principio de que en la distribución de los recursos las comunidades indígenas y zonas marginadas tendrán prioridad. Finalmente, determina que los bienes del dominio público municipal son inalienables, imprescriptibles e inembargables, en tanto no se modifique su situación jurídica.

En resumen, el proyecto conjuga las proposiciones de los tres grupos parlamentarios y hace acopio de las aportaciones ciudadanas presentadas en los foros temáticos organizados por la legislatura dentro de la reforma de Estado.

Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 131 de la Constitución local, los correlativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y el Reglamento de Gobierno Interior y del proceso legislativo, sometemos a esta honorable Asamblea para su discusión y aprobación en su caso y en su oportunidad a los ayuntamientos de la entidad, el siguiente

COMPLEMENTO DE DICTAMEN

Se hace constar que en las reuniones de comisiones a que hace referencia el presente dictamen, el diputado Juan Alfredo Castañeda Vázquez hizo alusión a la iniciativa por él suscrita, en el sentido de considerar la inclusión de los nuevos requisitos para ocupar los cargos del ayuntamiento, dentro de la cual considera medularmente el de "comprobar con documentación oficial, que ha recibido la educación básica establecida en la fracción III del artículo 9o." de la Constitución.

Respecto de este asunto, los integrantes de las comisiones consideraron que el tema aludido requiere un examen más detenido debido a los alcances profundos que tiene en la composición política de los gobiernos municipales, por lo que, previa votación particular, fue desechado. Al respecto, el iniciador se reserva su derecho para, una vez que se implemente la reforma político-electoral, proponer nuevamente iniciativa sobre el mismo tópico.

PROYECTO DE DECRETO


Que modifica diversos artículos de la Constitución Política del Estado, con relación al régimen municipal.

Artículo primero
. Se derogan los artículos 5o. y 115-bis de la Constitución Política del Estado de Nayarit.

Artículo 5o. Se deroga.

Artículo 115-bis. Se deroga.

Artículo segundo. Se reforman los artículos 47 fracciones II y VII, 49 fracción IV, 69 fracción XXIX. 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114 y 115 de la Constitución Política del Estado de Nayarit, para quedar como sigue:

"Artículo 47. Son atribuciones de la legislatura:

II. Expedir las leyes a las que deberán sujetarse los ayuntamientos y en especial, de manera enunciativa y no limitativa, legislar sobre:

a) Las facultades del Congreso para, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato de sus miembros por alguna de las causas graves que las leyes locales prevengan, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan.

b) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre la administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad.

c) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros del ayuntamiento para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar convenios que comprometan al municipio por un plazo mayor al del periodo del ayuntamiento.

d) Las normas que establezcan los procedimientos mediante los cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre los municipios y el gobierno estatal o entre aquéllos con motivo de la celebración de convenios a que hacen referencia los incisos c y d de la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

e) Los procedimientos y las normas a que deberán sujetarse los ayuntamientos que pretendan coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de sus funciones públicas, con municipios de otras entidades.

f) Para determinar las bases, montos y plazos en que la Federación deberá cubrir a los municipios sus participaciones por conducto del gobierno estatal.

g) Las relaciones de trabajo entre el Estado y municipio con sus trabajadores, con base en lo dispuesto por el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

h) Todos los aspectos previstos por las constituciones federal, local y leyes que de ellas emanen.

VII. Aprobar las leyes de ingresos de los municipios, revisar y fiscalizar sus cuentas públicas.

Artículo 49. El derecho de iniciar leyes compete:

I a la III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. A los ayuntamientos en lo relativo al gobierno municipal.

Artículo 69. Son facultades y obligaciones del gobernador:

XXIX. Cuidar de la conservación del orden público, disponiendo al efecto de las corporaciones de seguridad pública del Estado.

Artículo 106. Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal, un síndico y el número de regidores que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.

Artículo 107. Los ayuntamientos se renovarán en su totalidad cada tres años y sus integrantes, electos popularmente por elección directa, no podrán ser reelectos para el periodo inmediato.

Los miembros de las corporaciones municipales serán electos popularmente y su elección será directa en los términos que prescribe la Ley Electoral del Estado.

Los miembros de los ayuntamientos se elegirán conforme al siguiente procedimiento: el presidente municipal, síndico y los regidores serán electos por planillas, por votación mayoritaria relativa. En todos los casos y bajo el procedimiento que establezca la Ley Electoral del Estado, se integrará a los ayuntamientos el número de regidores que les corresponda, bajo el principio de representación proporcional.

Las personas que por elección indirecta o por nombramiento o designación de alguna autoridad competente, desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé no podrán ser reelectos para el periodo inmediato.

Todos los funcionarios antes mencionados, cuando tengan el carácter de propietarios, no podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes, pero los que tengan el carácter de suplentes si podrán ser electos para el periodo inmediato como propietarios a menos que hayan estado en ejercicio.

Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo será sustituido por su suplente o se procederá según lo disponga la ley.

En caso de declararse desaparecido un ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni se celebren nuevas elecciones, la legislatura del Estado designará de entre los vecinos a los miembros de los concejos municipales que concluirán los periodos respectivos; estos concejos estarán integrados por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos en esta Constitución y la ley.

Las autoridades y organismos auxiliares, así como las instituciones municipales dotadas de autonomía, se elegirán y funcionarán conforme lo establezca la ley.

Artículo 108. La representación política y dirección administrativa, así como la ejecución de los acuerdos y resoluciones del ayuntamiento, corresponderá al presidente municipal. A los regidores compete el análisis y vigilancia colegiada de los ramos municipales y al síndico la representación jurídica, el registro y revisión de la hacienda del municipio.

537,538,539

En ningún caso los ayuntamientos, como cuerpos colegiados, podrán desempeñar las funciones del presidente municipal ni éste por sí solo las de aquéllos.

Artículo 109. Para ser presidente municipal, síndico o regidor de los ayuntamientos, se requiere:

I. Ser mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad;

II. Ser ciudadano nayarita en pleno ejercicio de sus derechos; originario del municipio o contar con residencia efectiva en su territorio no menor de cinco años anteriores al día de la elección;

III. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto religioso;

IV. No haber sido funcionario de la Administración Pública Federal, estatal o municipal durante los seis meses anteriores al día de la elección ordinaria o a partir del quinto día posterior a la publicación de la convocatoria para la elección extraordinaria; ni pertenecer al Ejército permanente ni tener mando de fuerzas en el municipio y

V. No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito intencional que amerite pena privativa de la libertad.

Artículo 110. Los ayuntamientos tendrán a su cargo las siguientes funciones y servicios públicos municipales.

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales;
b) Alumbrado público;

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;

d) Mercados y centrales de abasto;

e) Panteones;

f) Rastros;

g) Construcción, mantenimiento y equipamiento de calles, parques y jardines;

h) Seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito;
i) Protección civil;

j) Promoción y organización de la sociedad para la planeación del desarrollo urbano, cultural, económico y del equilibrio ecológico;

k) Salud pública;

l) Catastro;

m) Registro Civil y

n) Las demás que la legislatura determine según las condiciones: territoriales, socioeconómicas y la capacidad administrativa y financiera de los municipios.

La policía preventiva municipal estará al mando del presidente municipal, en los términos del reglamento correspondiente. Aquélla acatará las órdenes que el gobernador del Estado le transmita en los casos que éste juzgue corno de fuerza mayor o alteración grave del orden público.

Sin perjuicio de su competencia. en el desempeño de la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales.

Los municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan en los términos de la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los ayuntamientos podrán celebrar convenios o autorizar concesiones a los particulares, para que éstos se hagan cargo temporalmente de la ejecución, la operación de obras y la prestación de servicios municipales en los términos que señale la ley.

La planeación pública municipal será congruente con el sistema estatal y regional de planeación para el desarrollo.

Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios de dos o más municipios del Estado, formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, el Estado y los municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada, el desarrollo de dichos centros con apego a las leyes de la materia.

Artículo 111. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.

En todo caso los ayuntamientos tendrán facultades para:

I. Aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal, los bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones que organicen la adrninistración pública municipal. regulen las materias, procedimientos. funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

II. En el ámbito de su competencia proponer al Congreso del Estado las cuotas, tasas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

III. En los términos de las leyes federales y estatales:

a) Aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal;

b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;

c) Autorizar, controlar y vigilar las licencias y usos de suelos en sus jurisdicciones territoriales;

d) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;

e) Otorgar licencias y permisos para construcciones;

f) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas; y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia;

g) Participar en la formulación de programas de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando el Estado elabore proyectos de desarrollo regional deberá incluir la participación de los municipios;

h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas del transporte público de pasajeros cuando afecten su ámbito territorial e

i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales.

En lo conducente y de conformidad con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Federal, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarias.

Artículo 112. El presidente municipal presentará anualmente en sesión solemne del ayuntamiento, un informe escrito sobre el Estado que guarda la administración pública municipal, así como de los avances del plan municipal de desarrollo. Dicho informe será revisado y evaluado por los miembros del ayuntamiento, en los términos que señale la ley.

Artículo 114. Los ayuntamientos remitirán al Congreso del Estado, para su revisión y fiscalización por medio del órgano superior de fiscalización, todas sus cuentas públicas en los términos que establece esta Constitución y la ley de la materia.

Los ayuntamientos establecerán sus propios órganos internos de control presupuestal y financiero, los cuales desarrollarán sus funciones de conformidad con lo que establezca la ley.

Artículo 115. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que la legislatura establezca a su favor y en todo caso:

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezca el Congreso del Estado sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.

Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.

b) Las participaciones federales serán cubiertas por la Federación a los municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por el Congreso del Estado;

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.

Las leyes no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los estados o los municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.

Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles.

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley.

En la distribución de los recursos que asigne el Congreso a los municipios, serán consideradas de manera prioritaria. Las comunidades indígenas y zonas marginadas. Esta distribución se realizará con un sentido de equidad, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y las necesidades de dichas comunidades y zonas, considerando la incorporación de representantes de éstas a los órganos de planeación y participación ciudadana en los términos de la ley.

Los bienes del dominio público municipal son inalienables, imprescriptibles e inembargables, mientras no varíe su situación jurídica en los términos y procedimientos que señale la ley."

ARTICULOS TRANSITORIOS


Primero
. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, órgano del gobierno del Estado.

Segundo.
Los ayuntamientos deberán adecuar y, en su caso, expedir los bandos de policía y buen gobierno. Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, que se refieran a la organización de la administración pública y del gobierno municipal, a la regulación de las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y a garantizar la participación ciudadana y vecinal, de conformidad con las leyes en materia municipal que expida el Congreso, a más tardar en seis meses a partir de la entrada en vigor de dichas leyes.

En tanto se expiden los bandos y reglamentos y se realizan las adecuaciones a que se refiere el párrafo anterior, los ayuntamientos aplicarán en sus municipios respectivos. Las disposiciones que al efecto expida el Congreso del Estado.

Mientras no se adecúen las leyes locales en materia municipal conforme a lo que se dispone en este decreto y a lo que se establece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se continuarán aplicando las disposiciones vigentes en lo que no la contravengan.

Tercero.
Para equiparar los valores unitarios de suelo que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria al de los valores de mercado, el Congreso procederá, inmediatamente después a la entrada en vigor de este decreto, a coordinarse con los ayuntamientos del Estado a fin de realizar los estudios y las acciones necesarias, en coordinación con las instancias del Poder Ejecutivo correspondientes, para garantizar que antes del 31 de agosto del año 2001 se hayan realizado dichas adecuaciones.

Cuarto.
Se entienden por reproducidos los artículos transitorios del decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999, que al efecto corresponda.

Quinto.
En su oportunidad, y de resultar aprobado por esta Asamblea Legislativa en funciones de Constituyente, túrnese la minuta a los ayuntamientos de los municipios del Estado, para los efectos a que se refiere el artículo 131 de la Constitución Política del Estado de Nayarit.

540,541,542

Dado en la sala de comisiones "general Esteban Baca Calderón" del Congreso del Estado.- Ciudad de Tepic, Nayarit, a 4 de noviembre de 2000.- Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.- Diputados: Juan Alfredo Castañeda Vázquez, presidente; N. Alonso Villaseñor Anguiano, vicepresidente; Raúl Mejía González, secretario y J. Isabel Campos Ochoa, vocal.

Comisión de Administración Pública.- Diputados: Francisco Piña Herrera, presidente; Mario F. Munguía Macías, vicepresidente; J. Isabel Campos Ochoa, secretario y Margarita Basto Paredes, vocal.

Comisión de Asuntos Municipales.- Diputados: Javier Tovar Rodarle, presidente; Gilberto Padilla Peña, vicepresidente; Roberto Pérez Gómez, secretario y Francisco Piña Herrera, vocal.»

«Reformas a la Constitución Política del Estado de Nayarit con relación a los municipios.

Compañeros diputados de la XXVI Legislatura del honorable Congreso del Estado.- Presentes.

El que suscribe, diputado J. Isabel Campos Ochoa, en uso de las facultades que me confieren los artículos 49 fracción I y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; artículo 17 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y demás relativos y aplicables del Reglamento de Gobierno lnterior y de Proceso Legislativo, presento a esta XXVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Nayarit, iniciativa que reforma, adiciona y deroga los siguientes artículos de la Constitución Política del Estado de Nayarit: artículo 5o. del Título Primero; Capítulo II y artículos 106, 107, 108, 109, 110, 111, 115 y 115-bis, del Título Sexto; Capítulo Unico de los municipios.

CONSIDERACIONES


La institución municipal tiene una larga trayectoria de lucha. Sus raíces se encuentran en el Siglo X español. Fueron un factor clave de la reconquista y por lo tanto de la formación cultural, política y social de España. El municipio en estos primeros siglos de existencia se distinguió por su carácter democrático, mediante el cabildo abierto y la elección de sus autoridades en asamblea pública. Fue una institución eminentemente popular, que representaba fehacientemente a la población que dirigía, en oposición al control centralista de los reyes y al afán patrimonialista de los señores feudales.

A pesar de que el municipio había decaído en la península, cuando los conquistadores llegaron a nuestro continente, su implantación se reprodujo en todas las nuevas villas o ciudades que se fundaron. Muchos pueblos indígenas conquistados asumieron la organización municipal como una forma de autodefensa y sobrevivencia. La institución adquirió así características propias en lo que hoy es nuestro país.

A lo largo de más de cuatro siglos de existencia en tierras mexicanas, el municipio ha sufrido diversas agresiones pero ha sobrevivido. Esta institución sigue siendo una pieza fundamental en la democratización de México y en los esfuerzos de su pueblo por acceder a una vida digna.

El pueblo de México tiene una larga tradición comunitaria: la cultura comunal antes de la conquista, la influencia del municipalismo español, las aspiraciones independentistas, el liberalismo, las ideas de soberanía popular y las luchas políticas populares de más de cuatro siglos, hicieron del municipio una pieza clave de la estructura política de México.

Los municipios fueron la base de organización fundamental de la nación para resistir y salir adelante como nación independiente, así los efímeros gobiernos de la primera etapa del México independiente estuvieran en manos de conservadores o liberales o divididos entre la monarquía y la república. La fuerza de la vida municipal es la principal prueba de la capacidad que tiene el pueblo de México para ejercer su autonomía y autogobernarse.

Enemigo fundamental del municipio en México ha sido el centralismo. Los defensores populares y las comisiones nacionales agrarias exigieron durante el Congreso Constituyente de 1917 que el municipio quedara integrado en el artículo 41 de nuestra Carta Magna, como una de las tres instancias de gobierno a través de las cuales el pueblo ejerce su soberanía.

Esta idea no prosperó pero lograron que en el artículo 115 constitucional se reconocieran facultades al municipio como base del sistema político mexicano, aunque sujetado a las decisiones de los congresos locales, los gobiernos estatales y la Federación.

Podemos afirmar que los ayuntamientos constituyen, por su estrecha relación con la comunidad, una base para la democracia plena y directa y un punto de partida para que los gobiernos representen los intereses de los ciudadanos, por lo que es importante retomar la discusión para la reforma constitucional y legal para que esa instancia de gobierno pueda cumplir adecuadamente sus funciones.

Desde los años setenta la lucha popular por el rescate de los municipios ha crecido enormemente, especialmente para modificar la concepción que el régimen ha tenido tradicionalmente de los ayuntamientos al considerarlos como gobiernos de tercera o cuarta categoría, otorgándoles recursos insuficientes para sostener una administración eficiente.

La centralización de recursos en manos de la Federación ha conducido a un crecimiento económico inestable, injusto y desequilibrado; ha abonado también las recurrentes crisis económicas.

Rescatar el municipio, significa, como dijo el presidente Cárdenas, rescatar la pureza de nuestro régimen constitucional. La democratización del sistema encuentra en los municipios su principal forma de sustentación. Un país autogobernado fundamentalmente por comunas soberanas integradas libremente en un mismo sistema político, es el ideal democrático más pleno y ambicioso.

De la misma manera, un desarrollo económico y social que tienda a eliminar las desigualdades regionales y de ingresos y que promueva un crecimiento limpio, basado en el respeto del medio ambiente y en la dignidad del ser humano implica una capacidad real de gestión de los gobiernos municipales donde la participación ciudadana es determinante.

Ante esta realidad, las diversas reformas realizadas al artículo 115 constitucional han estado encaminadas a emparejar el desarrollo del municipio con la vida política nacional, para dotarlo de las herramientas que respondan a las demandas de la ciudadanía y les ayuden a cumplir cabalmente con sus responsabilidades, especialmente la de la gestión pública.
La reciente reforma al 115 constitucional, publicada el 23 de diciembre de 1999, mandata a las legislaturas locales adecuar sus constituciones y leyes, en un periodo no mayor de un año a partir de su entrada en vigor, lo cual ocurrió el 23 de marzo de este 2000.

La reforma constitucional en comento modificó el artículo 115 en sus párrafos primero, cuarto y quinto de la fracción I; reformó el párrafo segundo y se adicionó un párrafo tercero y uno cuarto a la fracción II; se reformó el párrafo primero y sus incisos a, c, g, h e i; de la fracción III se reformó el párrafo segundo y se adicionó un párrafo tercero; se reformarón los párrafos segundo y tercero y se adicionan los párrafos cuarto y quinto a la fracción IV y se reforman las fracciones V y VII.

Para tratar de corresponder a estas modificaciones, la presente iniciativa prevé reformar la Constitución Política del Estado de Nayarit en sus artículos 5o. Título Primero, Capítulo II y 106, 107, 108, 109, 110 y 115-bis del Título Sexto, Capítulo Unico "de los municipios".

EXPOSICION DE MOTIVOS


Como consecuencia de lo señalado en las consideraciones anteriores, la iniciativa presente propone las reformas que siguen:

1. El artículo 5o. de la Constitución local, deberá ampliar los servicios públicos de competencia municipal, transferibles sólo partiendo de la voluntad del propio ayuntamiento, toda vez que la Constitución General de la República, con la última reforma, aclara y amplía dichos conceptos, donde a la materia de agua potable y alcantarillado se le agrega drenaje y tratamiento y disposición de aguas residuales.

Asimismo se agrega al inciso c, que contempla limpia, la precisión de los servicios de recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, obviamente de los que su tratamiento no está reservado a la competencia de los otros ámbitos de gobierno según la ley de la materia en los términos de la fracción XIX del artículo 73 de la Constitución General de la República.

Al concepto de calles, parques y jardines se le agrega genéricamente el equipamiento urbano que se entiende como la obra, mobiliario e infraestructura accesoria a los conceptos principales ya anunciados; asimismo se propone agregar dos párrafos al mencionado artículo para dejar expresamente establecido, como lo señala la reforma constitucional, la facultad del municipio para asociarse con dos o más estados, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, previa aprobación de la legislatura, para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de sus funciones. La Constitución Federal lo señala en la fracción III del artículo 115 de la siguiente forma:

III. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento.

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución General de la República, policía preventiva municipal y tránsito;

2. Se propone también adecuar el artículo 106, toda vez que la reforma constitucional reconoce expresamente un elemento fundamental de la autonomía municipal: el carácter del municipio como un ámbito de gobierno, por lo que el artículo 115 fracción I primer párrafo de la Constitución Federal modificó el término "administrar" para trascender al de "gobernar", dejando claro así el cometido general del ayuntamiento como órgano de gobierno del municipio.

Asimismo, en este párrafo y mediante la reforma correspondiente, se deja claro que en el ámbito de gobierno del municipio se ejercen competencias exclusivas a favor del ayuntamiento, lo cual supone la exclusión, no sólo de autoridades intermedias entre el gobierno del estado y el ayuntamiento, sino de cualquier otro ente o instituciones municipales; la fracción I primer párrafo del artículo 115 reformado, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala:

"Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del estado".

3. En cuanto al procedimiento para elegir a los miembros de los ayuntamientos, la presente iniciativa propone modificarlo de manera sustancial, centrado en la intención de redefinir el concepto de gobernabilidad. Esto es, eliminar la idea de que para garantizar fluidas y efectivas acciones de gobierno municipal es necesario que el partido que llevó al cargo al presidente municipal tenga la mayoría en el cabildo y, en su lugar, implantar un método democrático de integración del cabildo donde el porcentaje de votación de las planillas presentadas para la presidencia municipal sea definitorio para elegir al síndico, así como a los regidores.

Es intención de quien esto suscribe dejar claro que la gobernabilidad debe entenderse como un ambiente político de consenso y acuerdo permanente entre los integrantes de cualquier cuerpo de gobierno sin importar expresiones partidistas, así como entre éstos y la ciudadanía, situación particularmente importante para la buena marcha del municipio, célula básica de la organización política, social, territorial y administrativa de nuestro sistema de gobierno nacional.

De la misma forma se propone definir con claridad y separación de funciones, al órgano ejecutivo, que es el alcalde y al colegiado, que reglamenta, regula, controla, fiscaliza y en cierto sentido, legisla como debe ser el cabildo.

4. Los municipios podrán cobrar el impuesto predial a las instituciones paraestatales y organismos descentralizados que se localicen dentro de su territorio, lo cual constituye importante fortalecimiento a las finanzas municipales. Por tanto, esta disposición debe entenderse enunciativa y sin perjuicio, pues, de que los ayuntamientos podrán ingresar también todo tipo de productos, rendimientos y aprovechamientos en general; como consecuencia de lo anterior se propone fortalecer el artículo 109 de la Constitución local según lo establece el mandato constitucional en la fracción IV del artículo 115, de la misma forma, y por las mismas razones, la iniciativa propone fortalecer el artículo 110 de la Constitución local.

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5. La presente iniciativa propone, además que el artículo 111 de la Constitución Política del Estado de Nayarit, faculte a los regidores para revisar el informe del presidente municipal aprobando las conclusiones y resoluciones que correspondan; actualmente los regidores no gozan de esta facultad la cual garantizaría un buen desempeño de las funciones y mejor aprovechamiento de los recursos, con ello, se modificaría la noción de ayuntamiento y de cabildo como cuerpo monolítico, que ocasionalmente concede a las minorías su representación y que hace del cabildo un órgano colegiado sometido a los intereses del alcalde y con funciones limitadas.

6. Se propone que el artículo 115-bis otorgue la facultad al Congreso del Estado, para, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a algunos de sus miembros, por alguna de las causas graves que las leyes prevengan, el derecho de audiencia y defensa correspondiente; con lo anterior se pretende que esta figura que se establece en las facultades del Congreso del Estado, artículo 47 fracción XVII de la Constitución local, se encuentre en el capítulo de los municipios y en las leyes secundarias, ya que la Constitución General de la República lo establece en la fracción I párrafos primero, segundo y tercero.

INICIATIVA DE DECRETO


Artículo único
. Se reforman o adicionan el artículo 5o., Título Primero, Capítulo Segundo y Título Sexto, Capítulo Unico de los municipios, 106, 107, 108, 109, 110, 111,115 y 115-bis. De la Constitución Política del Estado de Nayarit, para quedar como sigue:

"Artículo 5o. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.

b) Igual.

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

d) Igual.
e) Igual.

f) Igual.

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento.

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución General de la República, policía preventiva municipal y tránsito e

i) Los demás que la legislatura local determine.

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales.

En la prestación de los servicios los municipios podrán hacerlo con el concurso de otros municipios de los estados o del Gobierno Federal, conforme a lo dispuesto por la fracción II inciso d, fracción III inciso i del artículo 115 constitucional; fracción VII párrafo segundo del artículo 116 constitucional.

TITULO SEXTO

CAPITULO UNICO

De los municipios


Artículo 106
. Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal, un síndico y el número de regidores que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.

Artículo 107.
Los miembros de los ayuntamientos se elegirán conforme al siguiente procedimiento:

El presidente municipal, el síndico y los regidores serán electos por planillas. Será presidente municipal quien encabeza la planilla que obtenga mayoría de votos; el síndico municipal será quien encabece la planilla que obtenga el segundo lugar en la elección, siempre y cuando su votación en términos porcentuales sea igual o mayor a la mitad del porcentaje de votación obtenido por la planilla que alcance la mayoría de votos. Si esta condición no se da, será síndico municipal quien ocupe el segundo lugar de la planilla que obtenga la mayoría de votos.

Los regidores se elegirán bajo el principio de representación proporcional, otorgándose a cada planilla el número de regidores que corresponde a su porcentaje de votación obtenida.
Artículo 108. El presidente municipal será el representante del ayuntamiento en el orden político y administrativo; el síndico tendrá la representación jurídica y los regidores, con los demás miembros del cabildo realizarán funciones legislativas y jurisdiccionales en los términos que las leyes determinen.

Artículo 109
. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que la legislatura establezca a su favor a través de la Ley de Ingresos de cada municipio; que establecerán en todo caso:

I. Las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, incluyendo tasas adicionales que establezca el Congreso, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles;

Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado, para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de las contribuciones que les corresponda.

II. Las participaciones federales y estatales que correspondan a los municipios, con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por el Congreso del Estado.

III. Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.

Artículo 110.
Los ayuntamientos mandarán al Congreso todas sus cuentas a más tardar 30 días después de terminado el año y dentro de los primeros 10 días de cada mes, las cuentas correspondientes al mes anterior.

La legislatura local aprobará las leyes de ingresos de los municipios, revisará y fiscalizará sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles.

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley.

El Congreso no podrá establecer exenciones o subsidios respecto de contribuciones a favor de personas físicas o jurídicas ni de instituciones oficiales o privadas. Sólo los bienes del dominio público de las tres instancias de gobierno estarán exentos de contribuciones.

Artículo 111
. El presidente municipal, anualmente y en sesión solemne del ayuntamiento, informará de las labores realizadas por éste durante su ejercicio constitucional. En las siguientes sesiones los regidores realizarán la glosa del informe aprobando las conclusiones y resoluciones que correspondan conforme a la ley.

Artículo 112. Igual.

Artículo 113. Igual.

Artículo 114. Igual.

Artículo 115
. Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal.

Los ayuntamientos observarán especialmente, las fracciones II, V, VI y VII del artículo 115 de la Constitución Federal y en general las leyes federales y del Estado, atendiendo eficazmente todos los ramos de la administración pública interior de los municipios.

Los municipios que no cuenten con los bandos, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas correspondientes, se regirán por las disposiciones aplicables al municipio de la capital del Estado, en lo que corresponda; cuando no esté claro, el cabildo resolverá.

Artículo 115-bis.
El Congreso del Estado, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrá suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a algunos de sus miembros, por alguna de las causas graves que las leyes prevengan, previo el derecho de audiencia y defensa correspondiente.

En caso de declararse desaparecido un ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, la legislatura local designará de entre los vecinos a los consejos municipales que concluirán los periodos respectivos; estos consejos estarán integrados por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán reunir los mismos requisitos que se establecen para ser miembro del ayuntamiento."

ARTICULO TRANSITORIO


Unico.
Las reformas al Título Primero, Capítulo II, artículo 5o.; Título Sexto, Capítulo Unico de los municipios, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 115 y 115-bis; entrarán en vigor al día siguiente de la publicación en el periódico oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit.

Atentamente.

Tepic, Nayarit, agosto 10 de 2000.»

«Ciudadanos diputados del honorable Congreso del Estado de Nayarit.- Presentes.

El suscrito, ciudadano Carlos Rodríguez Valdivia, diputado de la XXVI Legislatura del honorable Congreso del Estado de Nayarit, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 49 fracción I y 131 de la Constitución Política del Estado de Nayarit, ordenamientos que regulan la vida de esta soberanía, sometemos a su consideración la iniciativa de decreto que deroga, reforma y adiciona los artículos 5o., 106, 107, 109, 110, 114, 115 y 115-bis de la Constitución Política del Estado de Nayarit, a fin de adecuar las reformas realizadas al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para ampliar las facultades que actualmente tienen los municipios en nuestro Estado y lograr su fortalecimiento acorde a la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS


"La naturaleza del municipio exige que sus autoridades le sirvan, lo defiendan, cuiden intereses locales, el cuerpo y el espíritu de las familias que lo integran, que hacen vida común en su ámbito, primicia y resumen de la patria."

Efraín González Luna.

Desde la participación en la vida de nuestro país el Partido Acción Nacional ha realizado más de 20 iniciativas, que en el ámbito federal, han buscado en todo momento fortalecer la vida del municipio, lo anterior sin contar las que se llevan en este recinto y en el resto de los congresos de los estados a lo largo y ancho de la nación.

Estas iniciativas han recogido siempre las opiniones de académicos, especialistas en materia municipal, constitucional, diversas autoridades de los ayuntamientos y también han estado acorde a los principios doctrinales de Acción Nacional y el pensamiento de nuestros fundadores, como Efraín González Luna, quién expresó:

"No hay institución política que nos toque más de cerca que el municipio, escenario y ambiente de nuestra vida de todos los días, prolongación del hogar y primera etapa de organización social, no sólo colindancia, sino continuación de la familia. La cubre, la conforma, la defiende, como la piel al organismo, sin intersticios ni distancias; están ligados por la misma sensibilidad, fundidos en la misma unidad biológica, de tal suerte que son comunes la salud, el bienestar, la enfermedad y la muerte. Son fines inmediatos y locales los del municipio, conforme a su naturaleza indiscutible y por lo tanto, el mismo carácter tendrán los objetivos y funciones de sus organismos administrativos y políticos.

No puede de ninguna manera el municipio, sin grave lesión de las familias y los hombres que en él viven, dar la espalda a esos fines específicos, para servir intereses si no extraños, al menos distantes... Será desnaturalizado, quedará falseada la misión propia de los órganos de representación y de gobierno, si el servicio de intereses regionales y nacionales impide y frustra el cumplimiento de la obligación esencial, de la tarea inmediata de realización de los fines propios de la comunidad municipal misma. No hay mejor fórmula de fotalecimiento nacional que la que protagoniza una vida municipal sana, auténtica, libre. Son los buenos principios que salvarán a México..."

546,547,548

Con base en las reformas al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 23 de diciembre de 1999, emprendemos un esfuerzo para continuar dicho proceso al interior de nuestro Estado. Los acuerdos aprobados en el Congreso de la Unión se resumen a apremiar a cada Estado, en nuestro caso Nayarit, mediante el honorable Congreso, a establecer en nuestra Constitución lo siguiente

1. Reconocer expresamente el carácter del municipio como un ámbito de gobierno, sustituyendo el término "administrar" por el de "gobernar", a fin de dejar en claro el cometido general del ayuntamiento como órgano de gobierno del municipio.

2. La exclusión, no sólo de autoridades intermedias entre el gobierno del Estado y el ayuntamiento, sino de cualquier otro ente, organismo o institución, que creado por los poderes federales o estatales pretenda ejercer funciones municipales. Lo anterior sin afectar la posibilidad de crear instancias de coordinación, asociación o concertación o bien concesión, autorización y contratación de cualquier índole, siempre y cuando sean aprobadas por el propio ayuntamiento.

3. Expresar la fórmula básica de integración de los ayuntamientos, a partir de un presidente municipal y el número de síndicos y regidores que señala nuestra ley.

4. Señalar los requisitos para la integración de consejos municipales señalando el número de miembros. Además de que en tales supuestos se deberán cubrir las exigencias legales creadas para ser regidor de un ayuntamiento.

5. Delimitar el objeto y los alcances de las leyes secundarias que versan sobre cuestiones municipales. Lo que se traduce en competencia reglamentaria del municipio para organizar su funcionamiento y administración pública interna, así como, la regulación sustantiva y adjetiva de las materias de su competencia a través de bandos, reglamentos, circulares y demás disposiciones de carácter general; mientras que la Constitución de nuestro Estado deberá establecer los principios generales que sustentarán leyes estatales en materia municipal que deberán contemplar lo referente al procedimiento administrativo, conforme a lo siguiente:

a) Establecer los medios y órganos de impugnación que diriman controversias entre los particulares y al administración pública municipal, conduciendo la observancia de los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad. Dejando a salvo para, cada ayuntamiento decidir, a través de disposiciones reglamentarias, formas y procedimientos de participación ciudadana y vecinal. La ley, sólo contemplará los principios generales en este rubro.

b) Establecer la obligación para que la ley prevea el requisito de mayoría calificada de los miembros de un ayuntamiento en las decisiones relativas a la afectación de su patrimonio inmobiliario y la firma de convenios que por su trascendencia lo requieran, razón por la que esta legislatura no podrá intervenir en la toma de decisiones de nuestros ayuntamientos.

c) Señalar que la ley determinará las normas de aplicación general para la celebración de convenios de asociación entre dos o más municipios, entre uno o varios municipios y el Estado, incluyendo la hipótesis a que se refiere la fracción VII del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para fines de derecho público.

6. Prever también, con base en el ámbito de competencia exclusiva municipal, el procedimiento y las condiciones para que el ayuntamiento transfiera la prestación de un servicio público o el ejercicio de una función a su cargo, en favor del Estado. Ello mediante la solicitud del ayuntamiento a la legislatura, cuando no haya convenio con el gobierno del Estado.

7. Establecer que nuestra legislatura expida la norma que le permita suplir los casos de falta de reglamentos básicos y esenciales de los municipios, será de aplicación temporal en tanto el municipio de que se trate, emita sus propios reglamentos.

8. Prever que nuestro Congreso establezca las normas de procedimiento que resuelvan los conflictos que pudieran surgir entre el gobierno estatal y los municipios. Para dirimir tales diferencias, el órgano competente será esta honorable soberanía. Esta previsión desde luego se entiende sin prejuicio del gobierno del Estado y de los municipios de acudir en controversia constitucional en los términos del artículo 105 constitucional de nuestra Carta Magna y su ley federal reglamentaria.

9. Ampliar el catálogo de competencias exclusivas de los municipios y eliminando el concurso del gobierno estatal y federal en sus funciones y servicios. En referencia a las materias que cuyo concepto se amplía o aclara, tenemos lo siguiente:

a) En la materia de agua potable y alcantarillado se debe agregar drenaje, tratamiento o disposición de aguas residuales.

b) En la materia de limpia, se precisa que se trata también de los servicios para recolectar, trasladar, tratar y disponer de residuos, obviamente de los que su tratamiento no esté reservada a la competencia de otros ámbitos de gobierno, según la ley de la materia, en los términos de la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución General de la República.

c) En materia de calles, parques y jardines, se le agrega genéricamente el equipamiento que se entiende como la obra, mobiliario e infraestructura accesoria a los conceptos principales ya enunciados.

d) La materia de seguridad pública debe contemplarse en artículo 115, inciso h, de la Constitución del Estado de Nayarit para aclarar que la exclusividad en este aspecto resulta de la parte específica que el nuevo concepto, en esta materia, le asigna al ámbito municipal, lo cual incluye lo referente a la policía preventiva municipal y se mantiene la facultad en materia de tránsito municipal.

Por lo anterior, se debe adecuar el mando de las policías preventivas municipales a los presidentes municipales, mando que desde luego podrá ser delegado en los términos del reglamento que el ayuntamiento respectivo autorice.

No obstante, congruentes con el Sistema Nacional de Coordinación en materia de seguridad pública, dichos mandos policiacos deberán acatar las órdenes del Ejecutivo que corresponda a los casos que bajo su responsabilidad, califique como de fuerza mayor o alteración grave del orden público.

Para que el municipio no sólo controle y vigile el uso del suelo sino, para autorizarlo; así como para intervenir en la elaboración y la aplicación de programas de transporte urbano y participar en lo relativo a la materia ecológica y la protección al ambiente, así como en aquello que se vincule a la planeación regional.

10. Debemos establecer en nuestra Constitución la prevención para que, sin perjuicio de las competencias del municipio, existan y se observe la regulación federal o en su caso estatal, en los ámbitos de competencia anteriormente señalados. Esto significa, por ejemplo, que si bien el municipio tiene en exclusiva el servicio de agua potable en su jurisdicción, ello no implica que no deba observar la Ley Federal de Aguas Federales o las leyes estatales para la distribución de agua en bloque; no obstante, dichas leyes no podrán sustraer del ámbito del municipio su potestad primigenia de distribuir entre la población el vital líquido sino media el acuerdo o resolución de su órgano de gobierno.

11. Debemos señalar la taxativa de que los municipios se puedan no sólo asociar entre municipios del Estado, sino con los de otra entidad para la prestación de servicios o ejercicio de sus funciones públicas, para lo que tendrán que acudir a este Congreso para su aprobación.

12. Es necesario prohibir la excepción o subsidio de contribuciones municipales.

13. Debemos garantizar desde nuestra Constitución una ley de ingresos municipales en la que anualmente este Congreso, fije las tasas, cuotas y tarifas a propuesta del ayuntamiento interesado y respecto de las contribuciones en materia de mejoras, impuestos y derechos.

14. En relación a las cuentas públicas municipales, es importante adecuar la facultad de este Congreso y su órgano de fiscalización superior para que no sólo "revise", sino fiscalice las cuentas públicas de los ayuntamientos, y evalúe los programas municipales. Corresponderá al mismo ayuntamiento el desempeño que tenga la administración pública municipal. Es necesario aclarar que la libertad de hacienda implica un ejercicio exclusivo de los recursos municipales por parte de los ayuntamientos, sin perjuicio de que autoricen a terceros para ello.

En otro sentido, es importante señalar que con la aprobación de la iniciativa que ponemos a su consideración, damos cumplimiento a lo señalado en el segundo artículo transitorio de la reforma constitucional del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que expresa: "El Congreso Federal otorga un plazo que vence hasta el 30 de abril del año 2001, para que los estados adecúen su marco jurídico tanto de su Constitución estatal y sus normas secundarias, a fin de no dejar una laguna temporal en perjuicio de los municipios".

Las preocupaciones del Partido Acción Nacional que fueron recogidas en el ámbito Federal, hoy se ponen a consideración de esta pleno. Estamos ciertos de que esta iniciativa contiene un claro espíritu federalista y descentralizador que considera una política en la que en términos generales corresponde al municipio, establecer los criterios y normas con las cuales regirá su vida.

Estamos convencidos que con esta reforma logramos la total fortaleza de nuestros municipios, nuestra fracción parlamentaria ha insistido y seguirá insistiendo en la necesidad de profundizar en que la autonomía del municipio debe manifestarse en tres grandes renglones, a saber: a) autonomía política, b) autonomía financiera y c) autonomía administrativa. Sostuvimos y seguimos sosteniendo que debemos considerar al municipio en su medida, como la estructura política fundamental, es decir, una pieza clave de la estructura del poder que se rige por principios y normas constitucionales, con pleno respeto y reconocimiento de un nivel de gobierno, integrada en el pacto federal.

Como resultado de los razonamientos expuestos en la presente iniciativa, los diputados del Partido Acción Nacional, someten a consideración del Congreso del Estado, la siguiente:

INICIATIVA DE DECRETO


Que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Nayarit.

Artículo único.
Se deroga el artículo 5o.; se reforma y adiciona el artículo 106; así como el contenido del artículo 114 actual se traslada al mismo 106; se reforma el artículo 114; el artículo 107 se reforma; el artículo 109 se reforma; el artículo 115 se reforma y adiciona y el 115-bis se reforma; para quedar como sigue:

"Artículo 5o. Derogado.


Artículo 106.
El régimen interno de las municipalidades que comprenden el territorio actual del Estado, estará a cargo de órganos de gobierno que se denominaran ayuntamientos, no habiendo entre éstos y el gobierno del Estado ninguna autoridad intermedia.

Los miembros de los gobiernos municipales seran electos popularmente y su elección será directa en los términos que prescribe la Ley Electoral del Estado. Estos se elegirán conforme al siguiente procedimiento:

El presidente municipal, síndico y los regidores serán electos por planillas por votación mayoritaria relativa. En todos los casos y bajo el procedimiento y términos que establezca la Ley Electoral del Estado, se integrará a los ayuntamientos el número de regidores que les corresponda bajo el principio de representación proporcional.

Si alguno de los miembros del gobierno municipal dejare de desempeñar su cargo será sustituido por su suplente o se procederá según lo disponga la ley. En caso de declararse suspendido o desaparecido un ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, la legislatura designará de entre los vecinos o los consejos municipales que concluyan los periodos respectivos; estos consejos estarán integrados por el número que determine la ley, quienes deberán cumplir con los requisitos de elegibilidad para ser regidor.

Los ayuntamientos se renovarán cada tres años en su totalidad y la Ley Electoral determinará el tiempo y forma en que debe hacerse la elección.

Los integrantes de los ayuntamientos electos popularmente por elección directa no podrán ser electos para el periodo inmediato.

549,550,551

Las personas que por elección indirecta o por nombramiento o designación de alguna autoridad desempeñe las funciones propias de estos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, no podrán ser electas para el periodo inmediato.

Todos los servidores públicos antes mencionados, cuando tengan el carácter de propietarios, no podrán ser electos para el periodo inmediato posterior con el carácter de suplentes, pero los que tengan el carácter de suplentes sí podrán ser electos para el periodo inmediato posterior como propietarios, a menos que hayan entrado en funciones. Los regidores asignados por el principio de representación proporcional que hayan estado en ejercicio tampoco podrán ser electos para el periodo inmediato posterior con el carácter de propietarios.

Artículo 107.
Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.

Artículo 109
. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos o bien, por quien ellos autoricen.

La hacienda pública del Estado y de los municipios se constituye de impuestos, contribuciones, derechos, productos y aprovechamiento directo que fije la legislatura del Estado en las respectivas leyes de ingresos. En todo caso, las contribuciones que se asignen a los ayuntamientos deberán ser suficientes para las necesidades de sus respectivos municipios, conforme a lo establecido en el artículo 115 de la Constitución General de la República.

Por ningún medio se podrán establecer exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, del gobierno del Estado o los municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a la legislatura del Estado las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

Artículo 110
. Los ayuntamientos mandarán al Congreso del Estado, para su revisión y fiscalización a través del organo superior de fiscalización, todas sus cuentas públicas a más tardar 30 días después de terminado el año y dentro de los primeros 20 días de cada mes, las cuentas correspondientes al mes anterior.

Artículo 114
. Los municipios, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución, las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para:

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal;

b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;

c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando en el Estado se elaboren proyectos de desarrollo regional, se deberá asegurar la participación de los municipios;

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia y en sus jurisdicciones territoriales;

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;

f) Otorgar licencias y permisos para construcciones;

g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia;

h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquéllos afecten su ámbito territorial e

i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales. En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en él artículo 27 de la Constitución General de la República, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas, formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, las entidades federativas y los municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal de la materia.

Artículo 115
. El Congreso del Estado determinará por la ley municipal respectiva las normas a que deben sujetarse los municipios en su régimen interior. Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con la ley, los bandos de policía y gobierno; los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración publica municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y las que de esta Constitución se deriven.

1. El objeto de la ley a que se refiere el primer párrafo de este artículo será establecer:

a) Las bases generales de la administración pública y del procedimiento administrativo de los municipios, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad;

b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al municipio por un plazo mayor al periodo del ayuntamiento;

c) Las normas de aplicación general para celebrar convenios;

d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno del Estado asuma una función o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la legislatura considere que el municipio esté imposibilitado para ejercerlos o presentarlos; en este caso, será necesaria la solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes y

e) Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes.

La legislatura del Estado emitirá las normas que establezcan los procedimientos mediante las cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre los municipios y el gobierno del Estado o salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a la legislatura del Estado las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

II. Los ayuntamientos tendrán a su cargo la prestación de las siguientes funciones y servicios públicos:

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;

b) Alumbrado público;

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;

d) Mercados y centrales de abasto;

e) Panteones;

f) Rastro;

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, policía preventiva municipal y tránsito.

La policía preventiva municipal estará al mando del presidente municipal, en los términos del reglamento correspondiente. Aquélla acatará las órdenes que el gobernador del Estado le trasmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público.

El Ejecutivo del Estado tendrá el mando de la fuerza pública en los municipios donde resida habitual o transitoriamente e

i) Los demás que la legislatura local determine según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.

Los municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más estados, deben contar con la aprobación de las legislaturas de los estados respectivas. Asimismo cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrá celebrar convenios con el Ejecutivo del Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio.

Artículo 115-bis
. Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expida la legislatura del Estado, con base en lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución General de la República y sus disposiciones reglamentarias."

ARTICULOS TRANSITORIOS


Primero
. El presente decreto entrará en vigor 90 días después de su publicación en el periódico oficial Organo del Gobierno del Estado de Nayarit, con sujeción a los requisitos y procedimientos que establece el articulo 131 de la Constitución Política del Estado de Nayarit, salvo lo previsto en los artículos siguientes.

Segundo.
La legislatura del Estado deberá adecuar sus leyes conforme a lo dispuesto en este decreto en un plazo no mayor de un año, a partir de la fecha de su publicación. En tanto se realizan las adecuaciones a que se refiere el párrafo anterior, se continuarán aplicando las disposiciones vigentes.

Tercero.
Tratándose de funciones y servicios que conforme al presente decreto sean competencia de los municipios y que a la entrada en vigor de las reformas a que se refiere el artículo transitorio anterior sean prestados por el gobierno del Estado, o de manera coordinada con los municipios, éstos podrán asumirlos, previa aprobación del ayuntamiento.

El gobierno del Estado dispondrá lo necesario para que la función o servicio publico de que se trate se transfiera al municipio de manera ordenada, conforme al programa de transferencia que presente el gobierno del Estado, en un plazo máximo de 90 días contados a partir de la recepción de la correspondiente solicitud.

En tanto se realiza la transferencia, las funciones y servicios públicos seguirán ejerciéndose o prestándose en los términos y condiciones vigentes.

Cuarto
. El gobierno del Estado y de los municipios realizarán los actos conducentes a efecto de que los convenios que, en su caso, hubiesen celebrado con anterioridad, se ajusten a lo establecido en este decreto y a la Constitución y leyes locales.

Quinto.
Antes del inicio del ejercicio fiscal 2002, la legislatura del Estado, en coordinación con los municipios respectivos, adoptarán las medidas conducentes a fin de que los valores unitarios de suelo que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria sean equiparables a los valores de mercado de dicha propiedad y procederán, en su caso, a realizar para el cobro de las mencionadas contribuciones, a fin de garantizar su apego a principios de proporcionalidad y equidad.

Sexto
. En la realización de las acciones conducentes al cumplimiento del presente decreto, se respetarán los derechos y obligaciones contraídos previamente con terceros, así como los derechos de los trabajadores estatales y municipales.

Atentamente.

Dado en la sala de comisiones general Esteban Baca Calderón, Tepic, Nayarit, a 18 de septiembre de 2000.- Carlos Rodríguez D.»

552,553,554

«Diputadas y diputados integrantes de la mesa directiva; honorable Asamblea legislativa: en el innovador proceso de la reforma municipal, cuyo antecedente de mayor trascendencia data de 1983 y el más reciente del 28 de diciembre de 1999; recogiendo el interés de los diversos sectores de la sociedad, de los académicos y estudiosos, de los partidos políticos, de los legisladores, pero muy especialmente de quienes viven y realizan sus actividades cotidianas en la comunidad municipal, a través de las mesas del diálogo para la reforma de Estado, instaladas por convocatoria de la XXVI Legislatura al Congreso del Estado, se reconoce como factor esencial de la democratización del poder público la imperiosa necesidad de concretar el criterio jurídico- político que sobre el municipio concibieron los ilustres diputados del Congreso Constituyente de Querétaro, encargado de elaborar el dictamen que dio vida constitucional al gobierno municipal: Paulino Chamorro, Heriberto Jara, Hilario Medina y Arturo Méndez; respecto al municipio libre base de la administración y de la organización política de los estados y del país, con autonomía para ejercer sus atribuciones y facultades, para integrar su hacienda y aplicar los recursos públicos, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

En 83 años, los esfuerzos realizados para fortalecer la autonomía y eficacia del gobierno municipal han sido insuficientes, la realidad es que nunca ha coincidido con el texto y las disposiciones normativas. Frente a otras instancias de gobierno, la Federal y la estatal, su desventaja ha sido tal que a pesar de ser el responsable de atender los servicios básicos de la comunidad, sus facultades en materia hacendaria, reglamentaria y de justicia administrativa siempre han sido limitadas.

Por esa razón, en un ejercicio plural, atendiendo a lo que todos pensamos debe ser el municipio, hemos elaborado un proyecto de iniciativa de reforma constitucional para el régimen municipal, que contempla una novedosa integración de los ayuntamientos; democratiza su estructura; consolida la presencia de los partidos en el órgano colegiado de decisión; otorga más participación a la sociedad. Pero sobre todo, precisa la autonomía y la capacidad administrativa y por ende la eficacia del gobierno municipal en su relación y coordinación con el gobierno estatal; revisa las funciones de los miembros del ayuntamiento para que en su unidad orgánica optimice recursos e incremente la eficacia en la prestación de los servicios públicos y en el ejercicio de sus atribuciones; se plantean nuevas reglas en la rendición de los informes y una distribución competencial con arreglo a lo dispuesto en la reciente reforma a la Constitución Federal de la República en materia municipal.

No se trata sólo de asumir lo ya dispuesto por la reforma Federal de diciembre de 1999, sino de impulsar una profunda reforma municipalista que incorpore nuevas formas jurídico-políticas, que revolucione la estructura del ayuntamiento y del gobierno municipal, que nos acerque al auténtico federalismo estableciendo condiciones para un verdadero equilibrio en las tres instancias de gobierno del sistema político mexicano, que haga del municipio una auténtica persona jurídica de derecho público, regulado desde nuestro documento jurídico fundamental y considerado como la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado; a fin de que cumpla cabalmente con la misión de atender las necesidades básicas de la comunidad y de las personas.

Desde nuestra particular opinión y perspectiva la reforma de Estado en su expresión de reforma constitucional y del poder público tiene que pasar por el municipio, toda vez que ahí es donde se inicia la actividad política, social y económica de la sociedad, en donde las personas sienten o resienten los beneficios o la incapacidad del Gobierno y de los gobernantes. Reivindiquemos a los gobiernos municipales, legislemos con la visión puesta en el futuro que reclama la consolidación del municipio libre, como base de nuestra democracia.

Diputadas y diputados: en este momento entrego a la Secretaría de la asamblea legislativa nuestro proyecto de iniciativa de reforma constitucional sobre el régimen municipal del Estado de Nayarit, para su traslado a las comisiones competentes en los términos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del Reglamento de Gobierno Interior y del Proceso Legislativo.

Muchas gracias por su atención.

Atentamente.

Tepic, Nayarit, a 26 de octubre de 2000.- Diputado Carlos Enrique García Cambero.»

«Iniciativa de reforma constitucional sobre el régimen municipal del Estado de Nayarit.

Ciudadanos diputados secretarios del honorable Congreso del Estado.- Presentes.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 131 de la Constitución Política del Estado, me permito presentar a la consideración del órgano revisor iniciativa de reformas a los artículos 106, 107, 108, 109, 111, 112, 114 y 115, así como la derogación del 5o. y 115-bis de nuestra carta constitucional local, con objeto de acatar lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del decreto de reformas al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 28 de diciembre de 1999 y en atención a la convocatoria de la mesa del diálogo para la reforma de Estado.

La iniciativa en cuestión es producto de una serie de estudios realizados, en una primera instancia, por profesionales especialistas del tema que coadyuvaron con el único interés de proponer modificaciones constitucionales en materia municipal, congruentes a la idiosincrasia y evolución de nuestras instituciones locales. Es producto también de consultas e intercambio de opiniones celebrados con legisladores y dirigentes de varios partidos políticos, que coinciden en el propósito de impulsar una nueva agenda legislativa para fortalecer la vida de los municipios, en congruencia a lo expresamente previsto por la Carta Magna.

Por tratarse de un tema en el que otros ciudadanos legisladores ya han presentado iniciativas similares, aunque abordando contenidos normativos diferentes y toda vez que el régimen municipal se inscribe en una dinámica no exenta de posiciones ideológicas o programáticas a veces antagónicas, nuestra iniciativa, en cambio, recoge integralmente el modelo municipal que requiere la sociedad nayarita. En ese sentido, la metodología empleada contempla los siguientes aspectos:

1. Estudio sistemático del régimen municipal regulado por la Constitución General de la República.

2. Estudio sistemático del régimen municipal regulado por la Constitución Política del Estado de Nayarit.
3. Estudio del decreto de reformas al artículo 115 de la Carta Federal, publicado el 28 de diciembre de 1999.

4. Análisis comparativo de la regulación jurídica del municipio libre en las constituciones de los estados de la República Mexicana.

5. Análisis de otras iniciativas similares presentadas en los últimos días por otros ciudadanos diputados integrantes de la XXVI Legislatura ante el órgano revisor local.

EXPOSICION DE MOTIVOS


El municipio mexicano es muy diverso. Aunque está constituido por definiciones principalmente jurídicas, que toman en cuenta el conjunto de elementos que lo forman, a saber, territorio, población y Gobierno, la realidad es que sus problemas y necesidades, así como los diversos agentes económicos, sociales y políticos que a él concurren, explican una complejidad municipal que rebasa la simple suma de sus elementos primarios, existe un mosaico que refleja la complejidad del régimen municipal con problemas y necesidades locales diferentes.

Es ése el motivo, de origen, por el que la reforma institucional del municipio es un tema de debate plural, respecto al cual si bien pueden existir acuerdos básicos sobre cuestiones generales, como por ejemplo la necesidad de descentralizar o de impulsar su autonomía política, financiera y administrativa, cuando la discusión aborda temas tales como mecanismos o formas concretas para transformar los espacios de la vida municipal, surgen entonces las más variadas diferencias de fondo.

Hay, sin embargo, elementos esenciales a salvo de toda polémica establecidos en la Constitución General de la República, que conceptúan al municipio en México como un ente autónomo en el cual se reúnen las siguientes características:

a) Personalidad jurídica propia.

b) Patrimonio propio.

c) No tiene vínculos de subordinación jerárquica con el gobierno del Estado.

d) Entre ambos y sus relaciones no existen agentes intermediarios.

e) Junto a las reglamentarias y ejecutivas posee las facultades materialmente judiciales.

La situación medular estriba en que, estas características no siempre concuerdan en la realidad objetiva de la vida municipal, ya que las funciones que tanto la Constitución como las leyes establecen, encierran en sí una dimensión regional donde coexisten y se desenvuelven las más diversas tipologías: municipios rurales o indígenas, semiurbanos, urbanos y metropolitanos, cada uno de los cuales tiene que regirse con las mismas bases jurídicas.

Por tanto, la multiplicidad de perspectivas obligan a ordenar y clasificar los rubros normativos más importantes y jerárquicamente prioritarios, que sean capaces de abarcar posiciones divergentes y permear la conciliación o equilibrio del régimen constitucional del municipio libre.

De ahí que los temas comprendidos en esta iniciativa tratan, principalmente, de incorporar las modificaciones introducidas por el Constituyente y también proponer algunas que se consideran indispensables para el fortalecimiento del municipio, atendiendo la evolución histórica y condiciones locales que son propias.

En ese sentido, se propone derogar el contenido completo del artículo 5o. constitucional, ya que su misma ubicación resulta inadecuada dentro del capítulo geográfico y porque, además, la temática relacionada con los servicios públicos municipales, es una de las materias principales de la reforma que debe quedar concentrada en el apartado correspondiente.

Con relación al resto de los artículos de la presente iniciativa, podemos colegir lo siguiente:

1. Precisión de la autonomía municipal y de sus relaciones de coordinación con el gobierno del Estado.

2. Mejor alcance del ejercicio del gobierno municipal, estableciendo que por ningún motivo podrá renunciar, suspender o delegar las facultades que la Constitución le señala.
3. Nuevas formas de elección para la integración de los ayuntamientos, así como requisitos más adecuados para ser electos a los cargos concejiles, tomando en cuenta las condiciones propias de la entidad.

4. Redefinición de las funciones de los miembros del ayuntamiento, a efecto de impulsar una auténtica división de funciones y la unidad orgánica del gobierno municipal.

5. Vinculación orgánica de la administración municipal con el desarrollo estatal y regional.

6. Nuevas reglas para la rendición de los informes municipales y

7. Distribución sistemática de las funciones básicas que deben regir la vida de los municipios y especificación de sus niveles de competencias, con arreglo a lo señalado por la Constitución General de la República.

Aportaciones particulares


Lejos de imitar la reforma federal, en términos de limitarnos a transcribirla literalmente, consideramos que la inserción de los mandatos y principios a que ésta obliga, no constituye obstáculo alguno para incorporar algunos preceptos normativos que tienen por objeto impulsar nuevas reglas que fortalezcan la capacidad de gobierno del municipio en beneficio de la sociedad.

Las aportaciones particulares que esta iniciativa contiene, son las siguientes:

* La presidencia y la sindicatura se elegirán por el sistema de mayoría relativa y las regidurías por el de representación proporcional. Mediante esta nueva regla de integración constitucional, habrá en los ayuntamientos una representación más genuina que responda a las premisas esenciales de la convivencia democrática y del régimen de partidos para conferir estabilidad y responder a la dinámica del funcionamiento colegiado de ese gobierno. La propuesta que al respecto se formula, tiene por finalidad adoptar los dos sistemas electorales previstos por nuestra legislación, evitando formas experimentales, sin antecedente alguno en la entidad, que a la postre confundirían al electorado.

555,556,557

* Los gobiernos municipales tienen expresamente prohibido abdicar al ejercicio de las facultades constitucionales y legales que le son conferidas. Esta nueva disposición permitirá, al mismo tiempo que en otros apartados se otorgan y reconocen nuevas atribuciones, imponer a los ayuntamientos el deber de que su actuación colegiada merezca por sí misma la responsabilidad de ser asumida por sus integrantes, en el ejercicio de las funciones que les corresponden.

* Privilegiar el funcionamiento colegiado del ayuntamiento, con una distribución precisa de las competencias exclusivas de cada uno de sus integrantes, con la finalidad de evitar que la función ejecutiva pretenda ser desarrollada por los regidores o el síndico o que la de éstos se vea afectada por la intervención de aquél, al margen de la ley.

* El informe del presidente municipal debe ser evaluado y supervisado por los integrantes del ayuntamiento para fomentar nuevas reglas de colaboración en el gobierno interior del municipio, tomando como base el equilibrio y ponderación de la política municipal con la participación de todos los miembros del ayuntamiento. Asimismo, con la finalidad de que los poderes constitucionales conozcan el estado que guarda la administración municipal, incluyendo la evaluación y supervisión del informe que presente el presidente, se impone a los ayuntamientos el deber de dar cuenta de este proceso para vincular los actos y procedimientos de las autoridades de las demarcaciones municipales a la esfera de competencia que corresponda a cada uno de los poderes públicos.

* En cuanto a los requisitos ser miembro del ayuntamiento, destaca: que no posean doble nacionalidad, el incremento a cinco años del lapso mínimo de residencia efectiva para poder ser electo, siempre que no sean originarios del municipio, impulsándose con ello una mayor cercanía e identificación con el electorado. Se establece también que cualquier servidor público en ejercicio de autoridad, para poder ser electo munícipe, debe separarse de su cargo seis meses antes del día de la elección ordinaria o cinco días después de la publicación de la convocatoria a elecciones extraordinarias; con esta medida se acrecientan la igualdad de oportunidades y se favorece una mejor competencia entre el régimen de partidos.

* Se reconoce, como en el caso del Congreso, que para poder ser electo miembro del ayuntamiento, se deberá contar con 18 años cumplidos el día de la elección.

* Igualmente, en una de las propuestas más destacadas de esta iniciativa, se señala que toda persona que aspire ser electa a un cargo dentro del gobierno municipal, debe contar con experiencia o conocimientos para el desarrollo de esas funciones, con lo cual se propende a desterrar la improvisación y fomentar una nueva cultura de servicio público en los municipios.

* De conformidad con los criterios del Constituyente Permanente de la Unión, se incorporan las facultades de los ayuntamientos para fortalecer su régimen interno, sus potestades reglamentarias, personalidad jurídica, recaudación y administración de recursos y bienes de la hacienda municipal, sistemas de control presupuestal y financiero y sistemas de coordinación y asociación, servicios públicos y se adopta la figura del plebiscito con obligatoriedad de sus resultados.

* En especial, se establecen las bases que regirán la expedición de leyes que regulen la vida municipal, en términos de lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución General de la República.

Por lo antes expuesto consideramos que las propuestas contenidas en esta iniciativa cohesionan el régimen municipal, reconocen su importancia en la vida social y atienden el desarrollo histórico llevado hasta la fecha.

La iniciativa responde al requerimiento de adecuar nuestra legislación municipal, pero también que esta adecuación contribuya a realizar un proceso de cambio que, al mismo tiempo que reconstruya y fortalezca a los municipios, permita que encabecen una nueva etapa para el desarrollo de Nayarit, por medio del ejercicio de competencias concretas que deberán ser reglamentadas en otros ordenamientos legales que emita el Congreso, sin omitir los correspondientes reglamentos que directamente aprueben los propios ayuntamientos.

En consideración a lo señalado y con fundamento en lo que establece la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso, sometemos a la consideración de la Asamblea Legislativa, así como en su oportunidad de los honorables ayuntamientos del Estado, la aprobación de la siguiente

INICIATIVA


Que derogan los artículos 5o. y 115-bis y reforman los artículos 106, 107, 108, 109, 111, 112, 114 y 115 de la Constitución Política del Estado de Nayarit.

Artículo primero
. Se derogan los contenidos de los artículos 5o. y 115-bis de la Constitución Política del Estado de Nayarit.

Artículo segundo.
Se reforman los artículos 106, 107, 108, 109, 111, 112, 114 y 115 de la Constitución Política del Estado de Nayarit, para quedar como sigue:

"Artículo 106
. Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular, libre, directa y secreta, integrado por un presidente, un síndico y los regidores que determine la ley y no habrá autoridad intermedia entre éste y el gobierno del Estado.

Artículo 107.
En la elección de los miembros del ayuntamiento, el partido que alcance el mayor número de votos obtendrá la presidencia y la sindicatura. Las regidurías serán asignadas a cada partido político, incluyendo a aquél que obtuvo la mayor votación, de acuerdo al principio de representación proporcional, en los términos que señale la ley.

Los ayuntamientos se renovarán en su totalidad cada tres años y sus integrantes no podrán ser reelectos para el periodo inmediato.

Las personas que por elección indirecta o por nombramiento o designación de alguna autoridad competente, desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, no podrán ser reelectos para el periodo inmediato.

Todos los servidores públicos antes mencionados, cuando tengan el carácter de propietarios, no podrán ser electos para el periodo inmediato posterior con el carácter de suplentes; pero los que tengan el carácter de suplentes sí podrán ser electos para el periodo inmediato posterior como propietarios, a menos que hubiesen entrado en funciones.

Las autoridades y organismos auxiliares, así como las instituciones municipales dotadas de autonomía, se elegirán y funcionarán conforme lo establezca la ley.

Artículo 108.
Para el ejercicio exclusivo de su competencia, en ningún caso los ayuntamientos podrán renunciar, suspender o delegar las facultades que conforme la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes que de ambas emanen les corresponden.

La representación en el orden político y administrativo y la ejecución de los asuntos que se sometan y apruebe el ayuntamiento, corresponderá al presidente municipal. A los regidores compete el análisis y vigilancia colegiada de los ramos municipales y al síndico la representación jurídica, el control y la fiscalización de la hacienda del municipio.

En ningún caso los ayuntamientos, como cuerpos colegiados, podrán desempeñar las funciones de presidente municipal ni éste por sí solo las de aquéllos. Cualquiera de ambos tampoco podrán asumir funciones judiciales.

Artículo 109
. La administración pública municipal será congruente con el sistema estatal y regional de planeación para el desarrollo. Habrá en los ayuntamientos un régimen de administración centralizada y descentralizada o paraestatal, con arreglo a las bases establecidas en la ley.

Los bienes del dominio público municipal son inalienables, imprescriptibles e inembargables, mientras no varíe su situación jurídica en los términos y procedimientos que señale la ley.

Artículo 111.
El presidente municipal presentará anualmente en sesión solemne del ayuntamiento, un informe escrito sobre el estado que guarda la administración municipal, así como los avances del Plan Municipal de Desarrollo. Dicho informe será evaluado y supervisado por los miembros del ayuntamiento, en los términos que señale la ley. De los resultados se dará cuenta a los poderes constitucionales del Estado.

Artículo 112
. Para ser presidente municipal, síndico y regidor de los ayuntamientos, se requiere:

I. Ser mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad;

II. Ser ciudadano nayarita en pleno ejercicio de sus derechos, originario del municipio o contar con residencia efectiva en su territorio no menor de cinco años anteriores al día de la elección;

III. Tener conocimiento o experiencia en el desarrollo de las funciones municipales;

IV. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto religioso;

V. No haber sido servidor público en ejercicio de autoridad, durante los seis meses anteriores al día de la elección ordinaria o a partir del quinto día posterior a la publicación de la convocatoria para la elección extraordinaria;

VI. No pertenecer al Ejército permanente ni tener mando de fuerzas en el municipio.

VII. No haber sido condenado por sentencia ejecutoria por delito intencional que amerite pena privativa de la libertad.

Artículo 114.
Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica, por medio de sus ayuntamientos, ejercerán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes que expida el Congreso del Estado, los bandos de policía y gobierno; los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones que organicen su gobierno interior y la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia aseguren la participación ciudadana y vecinal.

Las leyes a que se refiere el párrafo anterior garantizarán lo siguiente:

a) El establecimiento de bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares. Los procedimientos administrativos se ajustarán a los principios de igualdad, publicidad, audiencia, defensa y legalidad.

b) El señalamiento de los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al municipio por un plazo mayor al periodo del ayuntamiento.

c) La fijación de normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren los artículos 115 en sus fracciones III y IV y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno del Estado asuma funciones o preste servicios públicos municipales cuando, al no existir el convenio respectivo, la legislatura considere que el municipio se encuentra imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del ayuntamiento que corresponda, aprobado cuando menos por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes.

e) Las normas para resolver los conflictos que se susciten entre los municipios y el gobierno del Estado o de aquéllos entre sí, con motivo de los actos derivados de la asunción de convenios.

f) Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes.

g) Que las participaciones federales sean cubiertas a los municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente determine el Congreso.

h) Que en la distribución de los recursos que asigne el Congreso a los municipios, sean consideradas de manera prioritaria las comunidades indígenas y zonas marginadas. Esta distribución se realizará con un sentido de equidad, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y las necesidades de dichas comunidades y zonas, incorporando representantes de éstas a los órganos de planeación y participación ciudadana, en los términos de la ley;

558,559,560

i) Que se señalen las contribuciones que los ayuntamientos deberán cobrar. Dichas leyes no establecerán exenciones ni subsidios a favor de persona o institución alguna. Sólo estarán exentos del pago de contribuciones a que se refiere el párrafo anterior los bienes de dominio público de la Federación, del Estado y de los municipios y j) Los procedimientos para suspender ayuntamientos o declarar la desaparición de los mismos, así como la suspensión o revocación del mandato de alguno de sus miembros, garantizando el derecho de legalidad y audiencia, y las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, se regirán por la ley que expida la legislatura conforme lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias.

Artículo 115
. Es competencia de los ayuntamientos:

I. Recaudar y administrar en forma directa y libre los recursos que integren la hacienda municipal, la cual se formará de los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones, contribuciones, tasas adicionales que decrete el Estado sobre la propiedad inmobiliaria, la de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejoras, las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles y todos los demás ingresos fiscales que el Congreso establezca a su favor;

II. Proponer al Congreso las cuotas y tarifas aplicables a los impuestos, derechos, contribuciones, productos y aprovechamientos municipales; así como las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, en los términos que establezca la ley;

III. Crear sus propios órganos internos de control presupuestal y financiero, los cuales desarrollarán sus funciones de conformidad con lo que establezca la ley;

IV. Los municipios del Estado, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de municipios del Estado con municipios de otras entidades federativas, deberán contar con la aprobación del Congreso. Asimismo, cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos servicios públicos o funciones o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio;

V. Cuando a juicio de los ayuntamientos sea necesario, celebrarán convenios de colaboración o concesiones a los particulares, para que éstos se hagan cargo temporalmente de la ejecución, la operación de obras y la prestación de servicios municipales en los términos que señale la ley;

VI. Los ayuntamientos tendrán a su cargo las siguientes funciones y servicios municipales:

a) Agua potable, drenaje y alcantarillado;

b) Alumbrado público;

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;

d) Mercados y centrales de abasto;

e) Panteones;

f) Rastros;

g) Construcción y mantenimiento de calles, parques y jardines;

h) Seguridad pública, policía preventiva municipal, protección civil y tránsito;

i) Promoción y organización de la sociedad para la planeación del desarrollo urbano, cultural, económico y del equilibrio ecológico;

j) Salud pública municipal y

k) Las demás que la legislatura determine según las condiciones territoriales, socio-económicas y la capacidad administrativa y financiera de los municipios.

VII. Los ayuntamientos, conforme a las leyes, estarán facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; autorizar, controlar, vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales; intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para construcciones; participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia y en la formulación de programas de desarrollo regional, así como intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando afecte su ámbito territorial y celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales.

Para tal efecto y de conformidad con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarias;

VIII. Para dictar disposiciones que afecten al patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al municipio para un plazo mayor al periodo del ayuntamiento, se requiere el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros del mismo;

IX. La policía municipal preventiva estará bajo el mando del presidente municipal, en términos del reglamento correspondiente. Dicha policía acatará las órdenes que el gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público;

X. Los ayuntamientos, con arreglo a lo dispuesto en la ley, podrán convocar a plebiscito, cuyos resultados serán obligatorios para las autoridades municipales;

XI. Las que en su caso establezcan las leyes."

ARTICULOS TRANSITORIOS


Artículo primero
. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, órgano del gobierno del Estado.

Artículo segundo
. Se entienden por reproducidos los artículos transitorios del decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1999, que al efecto correspondan.

Artículo tercero.
Se confiere un plazo de 90 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para proceder a la adecuación y reformas a la legislación orgánica, legal y reglamentaria que regula el régimen municipal en el Estado de Nayarit.

Artículo cuarto.
Los ayuntamientos que resulten electos en la elección constitucional de 2002, por única vez durarán cuatro años de ejercicio

Artículo quinto.
En su oportunidad y de resultar aprobada por la asamblea legislativa en funciones de constituyente, túrnese la minuta a los ayuntamientos de los municipios del Estado, para los efectos a que se refiere el artículo 131 de la Constitución Política.

Dado en la oficina del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la XXVI Legislatura, a los 20 días de octubre de 2000.

Atentamente.

Diputado Carlos Enrique García Cambero.»

«Periódico Oficial.- Miércoles 24 de enero del 2001.

Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo.- Nayarit.

CP Antonio Echevarría Domínguez, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Nayarit, a los habitantes del mismo sabed:

Que el honorable Congreso local, se ha servido dirigirme para su promulgación, el siguiente:

DECRETO NUMERO 8303


El honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, representado por su XXVI legislatura

DECRETA


Se modifican diversos artículos de la Constitución Política del Estado, con relación al régimen municipal.

Artículo primero
. Se derogan los artículos 5o. y 115-bis de la Constitución Política del Estado de Nayarit, para quedar como siguen:

"TITULO PRIMERO


CAPITULO II

Del territorio del Estado.

Artículo 5o. Se deroga.

TITULO SEXTO

CAPITULO UNICO

De los municipios

Artículo 115-bis. Se deroga."

Artículo segundo
. Se reforman los artículos 47 fracción II y VII, 49 fracción IV, 69 fracción XXIX, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114 y 115 de la Constitución Política del Estado de Nayarit, para quedar como sigue:

"TITULO TERCERO

CAPITULO III


De las facultades del Congreso

Artículo 47. Son atribuciones de la legislatura:

I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Expedir las leyes a las que deberán sujetarse los ayuntamientos y en especial, de manera enunciativa y no limitativa, legislar sobre:

a) Las facultades del Congreso para, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato de sus miembros por alguna de las causas graves que las leyes locales prevengan, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan;

b) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre la administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad;

c) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros del ayuntamiento para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario, municipal o para celebrar convenios que comprometan al municipio por un plazo mayor al del periodo del ayuntamiento;

d) Las normas que establezcan los procedimientos mediante los cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre los municipios y el gobierno estatal o entre aquéllos con motivo de la celebración de convenios a que hacen referencia los incisos c y d de la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

e) Los procedimientos y las normas a que deberán sujetarse los ayuntamientos que pretendan coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de sus funciones públicas, con municipios de otras entidades;

f) Para determinar las bases, montos y plazos en que la Federación deberá cubrir a los municipios sus participaciones por conducto del gobierno estatal;

g) Las relaciones de trabajo entre el Estado y municipio con sus trabajadores, con base en lo dispuesto por el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y

h) Todos los aspectos previstos por las constituciones Federal y local y leyes que de ellas emanen.

III a VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VII. Aprobar las leyes de ingresos de los municipios, revisar y fiscalizar sus cuentas públicas.

CAPITULO IV


De la iniciativa y formación de leyes

Artículo 49. El derecho de iniciar leyes compete:

I a III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. A los ayuntamientos en lo relativo al gobierno municipal.

TITULO CUARTO

CAPITULO II


De las facultades y obligaciones
del gobernador

Artículo 69. Son facultades y obligaciones del gobernador:

561,562,563

I a la XXVIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XXIX. Cuidar de la conservación del orden público, disponiendo al efecto de las corporaciones de seguridad pública del Estado.

TITULO SEXTO

CAPITULO UNICO


De los municipios

Artículo 106. Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal, un síndico y el número de regidores que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.

Artículo 107. Los ayuntamientos se renovarán en su totalidad cada tres años y sus integrantes, electos popularmente por elección directa, no podrán ser reelectos para el periodo inmediato.

Los miembros de las corporaciones municipales serán electos popularmente y su elección será directa en los términos que prescribe la Ley Electoral del Estado.

Los miembros de los ayuntamientos se elegirán conforme al siguiente procedimiento: el presidente municipal, el síndico y los regidores serán electos por planillas, por votación mayoritaria relativa. En todos los casos y bajo el procedimiento que establezca la Ley Electoral del Estado, se integrará a los ayuntamientos el número de regidores que les corresponda, bajo el principio de representación proporcional.

Las personas que por elección indirecta o por nombramiento o designación de alguna autoridad competente, desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, no podrán ser reelectos para el periodo inmediato.

Todos los funcionarios antes mencionados, cuando tengan el carácter de propietarios, no podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes, pero los que tengan el carácter de suplentes si podrán ser electos para el periodo inmediato como propietarios a menos que hayan estado en ejercicio.

Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo será sustituido por su suplente o se procederá según lo disponga la ley.

En caso de declararse desaparecido un ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni se celebren nuevas elecciones, la legislatura del Estado designará de entre los vecinos a los miembros de los concejos municipales que concluirán los periodos respectivos; estos concejos estarán integrados por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos en esta Constitución y la ley.

Las autoridades y organismos auxiliares, así como las instituciones municipales dotadas de autonomía, se elegirán y funcionarán conforme lo establezca la ley.

Artículo 108. La representación política y dirección administrativa, así como la ejecución de los acuerdos y resoluciones del ayuntamiento, corresponderá al presidente municipal. A los regidores compete el análisis y vigilancia colegiada de los ramos municipales y al síndico la representación jurídica, el registro y revisión de la hacienda del municipio.

En ningún caso los ayuntamientos, como cuerpos colegiados, podrán desempeñar las funciones del presidente municipal, ni éste por sí solo las de aquellos.

Artículo 109. Para ser presidente municipal, síndico o regidor de los ayuntamientos, se requiere:

I. Ser mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad;

II. Ser ciudadano nayarita en pleno ejercicio de sus derechos; originario del municipio o contar con residencia efectiva en su territorio no menor de cinco años anteriores al día de la elección;

III. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto religioso; IV. No haber sido funcionario de la Administración Pública Federal, estatal o municipal durante los seis meses anteriores al día de la elección ordinaria o a partir del quinto día posterior a la publicación de la convocatoria para la elección extraordinaria ni pertenecer al Ejército permanente ni tener mando de fuerzas en el municipio y

V. No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito internacional que amerite pena privativa de la libertad.

Artículo 110. Los ayuntamientos tendrán a su cargo las siguientes funciones y servicios públicos municipales:

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales;

b) Alumbrado público;

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;

d) Mercados y centrales de abasto;

e) Panteones;

f) Rastros;

g) Construcción, mantenimiento y equipamiento de calles, parques y jardines;

h) Seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito;

i) Protección civil;

j) Promoción y organización de la sociedad para la planeación del desarrollo urbano, cultural, económico y del equilibrio ecológico;

k) Salud pública;

l) Catastro;

m) Registro Civil y

n) Las demás que la legislatura determine según las condiciones territoriales socioeconómicas y la capacidad administrativa y financiera de los municipios.

La policía preventiva municipal estará al mando del presidente municipal, en los términos del reglamento correspondiente. Aquélla acatará las órdenes que el gobernador del Estado le transmita en los casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público.

Sin perjuicio de su competencia en el desempeño de la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales.

Los municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan en los términos de la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los ayuntamientos podrán celebrar convenios o autorizar concesiones a los particulares, para que éstos se hagan cargo temporalmente de la ejecución, la operación de obras y la prestación de servicios municipales en los términos que señale la ley.

La planeación pública municipal será congruente con el sistema estatal y regional de planeación para el desarrollo.

Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios de dos o más municipios del estado, formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, el Estado y los municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada, el desarrollo de dichos centros con apego a las leyes de la materia.

Artículo 111. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.

En todo caso los ayuntamientos tendrán facultades para:

I. Aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal, los bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de obsevancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal; II. En el ámbito de su competencia, proponer al Congreso del Estado las cuotas, tasas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria;

III. En los términos de las leyes federales y estatales:

a) Aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal;

b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;

c) Autorizar, controlar y vigilar las licencias y usos de suelos en sus jurisdicciones territoriales;

d) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;

e) Otorgar licencias y permisos para construcciones;

f) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia;

g) Participar en la formulación de programas de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando el Estado elabore proyectos de desarrollo regional deberá incluir la participación de los municipios;

h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando afecten su ámbito territorial y

i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales.

En lo conducente y de conformidad con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Federal, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarias.

Artículo 112. El presidente municipal presentará anualmente en sesión solemne del ayuntamiento, un informe escrito sobre el estado que guarda la administración pública municipal, así como de los avances del plan municipal de desarrollo. Dicho informe será revisado y evaluado por los miembros del ayuntamiento, en los términos que señale la ley.

Artículo 113.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 114. Los ayuntamientos remitirán al Congreso del Estado, para su revisión y fiscalización por medio del Organo Superior de Fiscalización, todas sus cuentas públicas en los términos que establece esta Constitución y la ley de la materia.

Los ayuntamientos establecerán sus propios órganos internos de control presupuestal y financiero, los cuales desarrollarán sus funciones de conformidad con lo que establezca la ley.

Artículo 115. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que la legislatura establezca a su favor y en todo caso:

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezca el Congreso del Estado sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.

Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones;

b). Las participaciones federales serán cubiertas por la Federación a los municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por el Congreso del Estado y

c). Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.

564,565,566

Las leyes no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los estados o los municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.

Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley.

En la distribución de los recursos que asigne el Congreso a los municipios, serán consideradas de manera prioritaria, las comunidades indígenas y zonas marginadas. Esta distribución se realizará con un sentido de equidad, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y las necesidades de dichas comunidades y zonas, considerando la incorporación de representantes de éstas a los órganos de planeación y participación ciudadana en los términos de la ley.

Los bienes del dominio público municipal son inalienables, imprescriptibles e inembargables, mientras no varíe su situación jurídica en los términos y procedimientos que señale la ley."

ARTICULOS TRANSITORIOS


Primero
. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, órgano del gobierno del Estado.

Segundo.
Los ayuntamientos deberán adecuar y, en su caso, expedir los bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, que se refieran a la organización de la administración pública y del gobierno municipal, a la regulación de las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y a garantizar la participación ciudadana y vecinal, de conformidad con las leyes en materia municipal que expida el Congreso, a más tardar en seis meses a partir de la entrada en vigor de dichas leyes.

En tanto se expiden los bandos y reglamentos y se realizan las adecuaciones a que se refiere el párrafo anterior, los ayuntamientos aplicarán en sus municipios respectivos, las disposiciones que al efecto expida el Congreso del Estado.

Mientras no se adecúen las leyes locales en materia municipal conforme a lo que se dispone en este decreto y a lo que se establece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se continuarán aplicando. Las disposiciones vigentes en lo que no la contravengan.

Tercero.
Para equiparar los valores unitarios de suelo que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria al de los valores de mercado, el Congreso procederá, inmediatamente después a la entrada en vigor de este decreto, a coordinarse con los ayuntamientos del Estado a fin de realizar los estudios y las acciones necesarias, en coordinación con las instancias del Poder Ejecutivo correspondientes, para garantizar que antes del 31 de agosto del año 2001, se hayan realizado dichas adecuaciones.

Cuarto.
Se entienden por reproducidos los artículos transitorios del decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999, que al efecto corresponda.

Quinto
. En su oportunidad y de resultar aprobado por esta Asamblea Legislativa en funciones de Constituyente, túrnese la minuta a los ayuntamientos de los municipios del Estado, para los efectos a que se refiere el artículo 131 de la Constitución Política del Estado de Nayarit.

Dado en el centro social "Acuario" de valle de Banderas, delegación de Tintoc, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, declarado recinto oficial del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, a 11 de diciembre de 2000.- Los diputados: Cora Cecilia Pinedo Alonso, presidenta; N. Alonso Villaseñor Anguiano y Feliberto Delgado Sandoval, secretarios.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en la fracción II del artículo 69 de la Constitución Política del Estado y para su debida observancia promulgo el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo de Nayarit en Tepic, su capital a 17 de enero de 2001.- Licenciado Fernando González Díaz, secretario general de gobierno.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo de Nayarit.- XXVI Legislatura

Diputación Permanente


Computo y declaratoria de aprobación de la reforma de los artículos 47 fracciones II y VII, 49 fracción XXIX, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114 Y 115 y derogaciones de los artículos 5o. y 115-bis de la Constitución Política del Estado de Nayarit.

De conformidad a lo dispuesto por el artículo quinto transitorio del decreto número 8303, aprobado el día 11 de diciembre de 2000, por el honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, la diputación Permanente en ejercicio de sus atribuciones, tiene a bien emitir las siguientes

DECLARACIONES


1. Con arreglo a lo expresamente previsto en el proceso legislativo, los ciudadanos diputados J, Isabel Campos Ochoa, Carlos Rodríguez Valdivia y Carlos Enrique García Cambero, respectivamente, presentaron propuestas de reforma constitucional con el objeto de iniciar, ante el Constituyente local, las adecuaciones y modificaciones pertinentes en materia municipal del Estado de Nayarit. Dichas proposiciones, fueron recibidas el 10 de agosto, el 19 de septiembre y el 26 de octubre del año que se señala, reflejando las posiciones de los respectivos grupos parlamentarios acreditados en la legislatura.

2. Previo dictamen, que se discutió y analizó por las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Administración Pública y de Asuntos Municipales, se procedió a dar primera y segunda lecturas de reglamento, los días 5 y 7 de diciembre de 2000 y, en la sesión siguiente del 11 del citado mes y año, celebrada en el centro social "Acuario" de valle de Banderas, delegación de Tintoc, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, declarado recinto oficial, el proyecto resultó aprobado por unanimidad, imponiéndosele el decreto número 8303.

3. Con fecha 14 de diciembre, se giraron oficios a los honorables ayuntamientos constitucionales del Estado, remitiendo los expedientes debidamente integrados, con la finalidad de recabar la aprobación a que se refiere el artículo 131 de la Constitución Política.

4. Los honorables ayuntamientos constitucionales, en ejercicio de sus atribuciones y en sesión plenaria de sus respectivos cabildos, discutieron y aprobaron, en su caso, la minuta correspondiente, remitiéndola al Congreso para sus efectos. Del número de ayuntamientos que aprobaron el decreto de reformas, se desprende el siguiente cómputo:

******INSERTAR TABLA********

5. Del cómputo anterior se constata que la XXVI Legislatura, por los conductos correspondientes, ha recibido 17 actas de cabildo debidamente suscritas por los integrantes de los ayuntamientos constitucionales, todos en sentido aprobatorio, faltando únicamente San Blas, La Yesca y El Nayar, por lo que existe la aprobación de las dos terceras partes de los ayuntamientos que al efecto dispone el artículo 131 de la Constitución Política del Estado.

Por todo ello, se declara formal y materialmente reformada la Constitución Política del Estado, en términos del decreto 8303 del 11 de diciembre de 2000.

Para su debida sustanciación publíquese en sus términos el decreto 8303, incluyendo el presente cómputo para los efectos legalmente procedentes.

Así lo acordaron los diputados miembros de la diputación Permanente con fundamento en lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, a los 17 días del mes de enero de 2001.- Computo y declaratoria de aprobación de la reforma de los artículos 47 fracciones II y VII, 49 fracción XXIX, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114 y 115 y derogaciones de los artículos 5o. y 115-bis de la Constitución Política del Estado de Nayarit.- Diputación Permanente, diputados: Raúl Mejía González, presidente; Alonso Villaseñor Anguiano, vicepresidente, J. Isabel Campos Ochoa, secretario; Rodrigo González Barrios, vocal; Cora Cecilia Pinedo Alonso, secretario suplente, Jorge Rubio Reynoso, vocal suplente; Roberto Pérez Gómez, Filiberto Delgado Sandoval, Patricia Castillo Romero y Mario Fizgerald Munguía Macías, integrantes.»

El Presidente:

De enterado.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL
DISTRITO FEDERAL

El secretario José Manuel Medellín Milán:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Asamblea del Distrito Federal.- II Legislatura.
Presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presente.

Por este conducto, me permito comunicar a usted que la mesa directiva que coordinará los trabajos durante el segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, II Legislatura, correspondiente al periodo comprendido del 15 al 31 de marzo del 2001 quedó integrada por los siguientes diputados:

Camilo Campos López, presidente; Yolanda Torres Tello, Miguel Angel Toscano Velasco, Cuauhtémoc Velasco Oliva y Héctor Gutiérrez de Alba, vicepresidentes; Federico Mora Martínez y Santiago León Aveleyra, secretarios; Margarita González Gamio y Bernardino Ramos Iturbide, prosecretarios.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración atenta y distinguida.

Recinto Legislativo, a 14 de marzo de 2001.- Por la mesa directiva, Raúl Armando Quintero Martínez, presidente.»

El Presidente:

De enterado.

CAMARA DE SENADORES

El secretario José Manuel Medellín Milán:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Senado de la República.- LVIII Legislatura.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

Para conocimiento de esa colegisladora, nos permitimos comunicar a ustedes, que en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, dio inicio el segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LVIII Legislatura, que funcionará del 15 de marzo al 30 de abril del actual.

567,568,569

Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

México, D.F., a 15 de marzo de 2001.- Legisladoras: Yolanda González Hernández y Rita María Esquivel Reyes, secretarias.»

El Presidente:

De enterado.

El secretario José Manuel Medellín Milán:

Son todas, señor Presidente.

El Presidente:

Gracias, señor Secretario.

BENITO JUAREZ GARCIA

El Presidente:

El siguiente punto del orden del día corresponde a hacer comentarios y posicionamientos sobre el natalicio del benemérito don Benito Juárez García. Esta Presidencia sólo ha recibido el registro de oradores de parte del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y de parte del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Quiero rogar al grupo parlamentario del PT, del Partido Verde Ecologista de México y del PRD, hagan llegar a esta Presidencia cuanto antes el nombre de sus respectivos oradores.

¿A nombre del grupo parlamentario del PT hará uso de la palabra algún señor legislador?.. Bien. ¿A nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, alguna señora o señor legislador hará uso de la palabra?.. ¿A nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en relación al aniversario del natalicio de don Benito Juárez, alguna señora o señor diputado hará uso de la palabra?.. ¿Me puede proporcionar el nombre, señor coordinador?

Tiene el uso de la palabra el diputado Pablo Arnaud Carreño, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse al natalicio de don Benito Juárez García... No estando en la sala se ofrece el uso de la palabra al diputado Ildefonso Zorrilla Cuevas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Nahum Ildefonso Zorrilla
Cuevas:

Con su permiso, señor Presidente:

Los únicos revolucionarios, presidentes de México, que vivieron para ver coronada su causa, fueron Benito Juárez y Lázaro Cárdenas. La consagración histórica de Juárez, señoras diputadas y señores diputados, que lo ha situado más allá de la polémica, ha hecho que no se haya escrito una obra del tamaño de la que escribieron Justo Sierra y Carlos Pererya en la primera década del siglo pasado, la esperábamos en el centenario de lo que llamamos la república restaurada, para ver a Juárez y a su generación con los ojos del presente, es decir, para entender lo histórico de los liberales del Siglo XIX y fundamentalmente a la generación de la Reforma.

Poco se ha escrito sobre la aportación de Juárez a la República, a la soberanía, a la causa liberal, hasta sus 47 años de edad. La verdad, muy pocos actos de Juárez, hombre público, anunciaban al gran reformador.

La constitución "juarista" fue la doméstica de Oaxaca de 1858; pertenece como la Federal de 1857, al periodo teológico. Próximo a cumplir cinco décadas de su vida, Juárez había sido un gobernador honesto, eficaz, podría decirse hasta ejemplar, con algunas actitudes que descubrían su espíritu laico, como afirmar que la única autoridad es la autoridad civil, sin religión, de Estado.

Daba el perfil más bien de un buen burócrata que de un reformador, un gobernador sin sectarismos; muy lejos de Melchor Ocampo, que tanto preocupó a Lucas Alamán por sus opiniones en materia de fe.

Entre los años veite y los años cincuenta del Siglo XIX hubo 50 gobiernos en México, 11 precedidos por Santa Anna.

México se desgarraba entre las luchas de las logias, los caminos asolados por bandoleros, militares que no llegaban ni a cabos, como decía el mismo Santa Anna; también en la política, diría después Altamirano. Hombres sin conciencia de nación, inmersos según las luchas en que federalismo y centralismo se convirtieron en bandera de partidos.

Juárez, director del Instituto de Ciencias y Artes del Estado, es detenido y desterrado. A Ocampo lo destierra Alamán por temor, a Juárez lo destierra Santa Anna por rencor. No lo dejó entrar a Oaxaca en 1847, cuando fue depuesto del mando por el desastre de las operaciones militares contra los norteamericanos. Para Juárez el destierro fue su gran sufrimiento, para México su gran ventura.

En el destierro, Juárez entendió que los pretorianos lo tolerarían mientras fuera complaciente. En el destierro entendió a su nación, a sus naciones, concepto tan ajeno a los liberales del Siglo XIX. Ahí volvió a su republicanismo clásico: sólo se puede conseguir la virtud en la República; el Estado no puede ser un conjunto de hombres en lucha por intereses particulares; debe haber únicamente intereses civiles y contractuales.

Juárez comprendió desde el destierro que su defensa sería la capacidad de resistencia de los indios a los que conocía muy bien, pues era uno de ellos, por su sangre, por su tierra, por su lengua, por su cosmovisión.

Hoy, para que no se nos convierta en estatua, vuelve Juárez afortunadamente a la polémica. El Presidente de la República dijo que prefiere a Madero en su estima; los dos son nuestros héroes, uno vivió para ver su triunfo, el otro alcanzó al martirio. No puedo establecer jerarquías; los héroes del pueblo están más allá de las comparaciones. Pero hay unos que crearon sus fuerzas y otros se montaron sobre fuerzas ya existentes. Juárez creó sus fuerzas y las utilizó para crear el Estado mexicano. Madero se montó sobre una fuerza ya existente e inició el proceso democrático de México.

Yo pregunto: ¿existiría México con su potencial, esa generación sin ese Estado fuerte que creo la generación de la Reforma? Esa generación llena de dignidad, de orgullo patrio, los 12 letrados y los 18 militares, como les llamó Luis González, son la mejor respuesta a la dignidad, a la vergüenza de 1847.

Es Juárez lo que Ortega y Gasset llama el exponente de la generación decisiva; condujo la lucha hasta alcanzar su fin, el fin de él y de su generación: la creación del Estado mexicano; fuerte y soberano hacia afuera; fuerte y soberano hacia adentro. Cuestión más difícil en esa época. Las corporaciones ponían en entredicho la potestad del Estado.

Vivimos momentos decisivos en la historia de México y de América Latina. ¿Quién será el exponente de esa generación decisiva? Juárez nos ofrece la oportunidad de establecer una relación coherente entre el pasado y el presente. Sólo así adquirirá la historia objetividad y significado.

Hace unos días el subcomandante Marcos le dijo a don Julio Scherer, que los gobiernos liberales desde Juárez, se equivocaron. Sí, se equivocó el doctor Mora; sí se equivocó El Nigromante y se han equivocado los gobiernos y se equivocará este Congreso si no reconoce las entidades preconstitucionales como entidades de derecho público.

Hace muchos años Vasco de Quiroga realizó la utopía de Tomás Moro; hace muchos años lo reconoció Francisco de Victoria, a pesar de sus contradicciones. Yo me pregunto si también se equivocó Benito Juárez. Me contesto que Juárez se realizó en la Reforma, pero en su etapa absolutamente revolucionaria, conduciendo a su generación y aparece en el escenario nacional en Salamanca, derrotado por Miramón, Osayo, Mejía y Márquez y triunfando en las Lomas de Calpulalpan, derrotados los conservadores por González Ortega, el gran soldado de la Reforma.

Esta generación actúa en forma coherente en la búsqueda de los medios, como en la búsqueda del fin, de marzo de 1858 a diciembre de 1860; la guerra como medio; la formación del Estado mexicano como fin.

¿Qué opinaría Benito Juárez, indio, cuando el doctor Mora afirmaba que los indios no existían? ¿Cuando oía a Ignacio Ramírez "El Nigromante", afirmar que debido a su aislamiento, a la multicidad de sus lenguas, los indios no podían definirse como mexicanos? Para contar con ellos, decía El Nigromante, como ciudadanos, tenemos primero que hacerlos hombres. El Nigromante no se refería a la raza, sino a la condición de hombres sin propiedad individual. Pero Juárez hablaba de naciones indias, con un claro sentido sociológico; ¿no lo conducía esto a un estado plurinacional? En su concepción de Estado, estaba muy lejos de Hegel cuando afirma que sólo pueden llegar a nuestro conocimiento aquellos pueblos que forman un estado.

Por experiencia propia Juárez sabía que hay entidades preconstitucionales que tienen organización, autoridad y ley obligatoria y la obligatoriedad constituye la esencia del derecho. Luego existen leyes con vigencia y positividad que constituyen un sistema normativo en las comunidades indígenas.

Defendió terrenos comunales en el distrito de Etla y sabía que el titular de la acción podría ser cualquier comunero y que los bienes comunales no pueden individualizarse porque pertenecen al pueblo, germen éste del derecho colectivo.

Yo creo en la posibilidad de la autonomía de los pueblos indios, yo creo en su autodeterminación porque México es un Estado fuerte, creado por Juárez, que no admite ni fracturas ni extraterritorialidad alguna.

Más que líder de los liberales, Juárez fue líder de la generación de la Reforma; el gran sacerdote de la República a la manera del republicanismo clásico.

Los liberales querían un presidente fuerte, pero no le daban los medios para serlo. Juárez acudió al Congreso para que le concediera facultades extraordinarias y establece lo que Rabasa llama la dictadura democrática.

Decía Juárez: "la Constitución debe prestigiarse a fuerza de ser cumplida y acatada. El Estado es la expresión del poder o no es soberano, frente a otras corporaciones. O interviene el Estado en materia de corte religioso para detener los abusos del clero o no alcanza la supremacía legítima, la potestad civil".

Juárez fue el hombre de los grandes dilemas. Los resolvió conforme al fin perseguido por su generación. La vigencia plena de la potestad civil. En aras de ésta sometió a sus generales Berriozábal, Riva Palacios y Carvajal. Se enfrentó a los dos grandes vencedores: González Ortega y Porfirio Díaz, héroes consagrados, valientes, carismáticos; habían hecho la guerra y le entregaban victoriosos banderas y ciudades a Benito Juárez.

La Ley de Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas de corporaciones civiles y eclesiásticas afecta también las tierras de los pueblos, los terrenos de repartimiento, la propiedad comunal heredada del sistema colonial.

Pero él llamaba naciones a los que hoy los antropólogos les llaman etnias. No le eran ajenos ni Francisco de Vitoria ni Bartolomé de las Casas ni Vasco de Quiroga. Pero sobre todo su experiencia vital, su historia personal era la antítesis de una apropiación particular de los terrenos de común repartimiento.

Entendió la religión como una actitud frente a la vida y no como un instrumento político del clero.

Esta generación, compuesta de indios y mestizos, recobra el sentido de la patria mestiza, a diferencia del patriotismo criollo de 1824. Hoy estamos a las puertas de una patria unida en la diversidad.

El estadista resolvió sus dilemas de acuerdo al fin concreto de su generación. Se planteó la creación del Estado mexicano, soberano, republicano y laico. No discuto que el Estado, como lo creó la generación de la Reforma, está en crisis, porque el Estado que nació hace 200 años ha envejecido.

Recordemos que nació para garantizar la igualdad, la libertad, la seguridad y la propiedad, pero la igualdad ante la ley. Leyes tan generales, tan abstractas, se vuelven intangibles y no alcanzan a tutelar a los pobres ni a los pueblos débiles. Se pierde en el accidente y en la forma y olvidan la sustancia. ¿No será esto lo que le está sucediendo a este Congreso?

Y la propiedad, categoría jurídica tan cara a los liberales, involucionó desde la filosofía patrística hasta el derecho emanado de la Revolución Francesa, que consideró a la propiedad inherente a la persona.

En 1917 se avanza socialmente en el derecho mexicano cuando impuso modalidades a la propiedad y en la Constitución de Weimar, cuando estableció que la propiedad obliga y más que un derecho es un deber.

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Por qué entonces no vamos a avanzar hasta la constitucionalidad del derecho colectivo, cuyo titular es el pueblo y puede ejercitar la acción cualquiera de sus miembros. Por qué no establecemos una concepción nueva de los derechos reales y aceptamos una nueva relación con la naturaleza en que la Suprema Ley sean las exigencias ecológicas del mundo.

¿Sería un disparate preguntarle a los juristas, a los civilistas si la relación con las cosas no puede ser una relación de derecho recíproco y no una relación de dominio sobre ellas?

Las necesidades del Estado hicieron que se crearan entidades entre el Estado y el ciudadano. El derecho tuvo necesidad de crear personas por analogía, de atribución...
El Presidente:

Señor diputado, Ildefonso: Le voy a rogar que termine su intervención.

El diputado Nahum Ildefonso Zorrilla
Cuevas:

Voy a redondear.

El Presidente:

Gracias, señor diputado.

El diputado Nahum Ildefonso Zorrilla
Cuevas:

Se les llama personas morales.

Consagró constitucionalmente sindicatos. Acepta como interlocutores válidos de las organizaciones no gubernamentales. Inclusive, aunque sea...

El Presidente:

Permítame, señor orador.

Sí, señor diputado. Activen el sonido de la curul del diputado. Permítame señor orador, un momento, por favor.

Sí, diputado Barbosa.

El diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta (desde su curul):

Señor Presidente, que se exhortará a las diputadas y diputados presentes poner atención al orador y respeto al desahogo de esta efeméride, que es una de las más importante de nuestro calendario histórico.

El Presidente:

Gracias, señor diputado.

Es pertinente la moción de orden que hace el diputado a la Presidencia y por ese impulso quiero rogar a las señoras y señores diputados ubicarse en sus curules, guardar el debido respeto a la Asamblea y al orador y estar a la altura del punto del orden del día que se está tratando.

Continúe usted, señor diputado, con el ruego de que sea lo más breve posible.

El diputado Nahum Ildefonso Zorrilla
Cuevas:

Inclusive, aunque sea para individualizar los bienes, el derecho colectivo ya ha alcanzado el derecho contractual como el contrato de adhesión.

¿Por qué entonces no podemos abandonar la lógica del derecho clásico y rejuvenecer al Estado y darle lozanía para que efectivamente logre la igualdad, la justicia, la equidad y la paz?

Reflexionemos en que la real amenaza a la soberanía no son ni las autonomías ni la autodeterminación, sino las fuerzas trasnacionales, las naciones indias serán la fuerza y la resistencia de la patria a la globalización neoliberal.

Juárez creó un estado fuerte. La mejor respuesta de esta generación es hacerlo más fuerte a través del reconocimiento de los pueblos autónomos y con capacidad para su autodeterminación. Que coexista este Estado fuerte con un estado débil, tan débil que acepte un sistema normativo distinto, jurisdicciones paralelas y salas constitucionales que juzguen de acuerdo a la conmovisión de los pueblos y amparen sus valores. ¡Este será el destino del Estado moderno, si quiere ser democrático y abandonar al Leviatán!

¡Por sus discursos, por los apuntes escritos a sus hijos, por su historia personal, éste es el Juárez histórico y el que ve el pasado con los ojos del presente!

Gracias.

El Presidente:

Gracias a usted, diputado Ildefonso Zorrilla.

Esta Presidencia lamenta el exceso en el uso de tiempo del orador y ruega a los siguientes oradores se ciñan al tiempo establecido.

Se concede el uso de la palabra al diputado Pablo Arnaud Carreño, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos.

El diputado Pablo de Jesús Arnaud
Carreño:

Con su permiso, señor Presidente:

La ruta de la defensa de nuestra soberanía no es sino la muestra inequívoca del más puro patriotismo y entrega al país.

Numerosos son las mujeres y los hombres que a lo largo de nuestra historia han ofrendado mediante épicas acciones su sentir en aras de la defensa de la nación. Una de las figuras más representativas de este patriotismo es el autor de las más sensibles de las lecciones de respeto, dignidad y autonomía; una lección que rebasa fronteras y que se escribe en letras de oro en el lugar donde ya se vislumbran las normas que habrán de constituir la integridad del estado de derecho. El autor: el licenciado Benito Juárez. La lección: "El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz".

Respeto que es muestra de tolerancia en la diversidad y paz que es sinónimo de consenso y de voluntad.

Pareciera que Juárez, dando testimonio de su gran visión, hubiera podido concebir el futuro de nuestra patria cuando en el marco de la transición democrática numerosas fueran las voces que se escucharan en este salón de sesiones, pero aún más fuerte el espíritu por construir un México de más oportunidades, un México ordenado, un México pleno, más justo, más equitativo.

Juárez es un baluarte en la defensa de nuestra soberanía, en la construcción de un país de leyes, al dotar a la nación de una nueva Ley Fundamental, la de 1857. Así se demostró cuando valerosamente se defendió al país de la invasión de tropas extranjeras, quienes enarbolando la bandera del colonialismo pretendieron no sólo cobrar las deudas que el país había contraído con ellos, sino atentar contra la soberanía del país y contra su independencia. No lo lograron, las acciones oportunas y eficaces del Ejército mexicano y la entereza del Gobierno, a cuyo frente se encontraba Juárez, fueron los instrumentos más significativos en la consolidación de la defensa de nuestra nación.

Juárez es ejemplo de entereza y decisión, así queda demostrado cuando a pesar de ser perseguido por el territorio nacional y encarcelado, su convicción en la ley y su fuerza concentrada en su legitimidad, no le hacen renunciar al firme propósito de defender a nuestra patria.

Como gran estadista, la iniciativa de Juárez por construir un estado de derecho más fuerte, se transforma en la Constitución de 1857, que puntualiza la forma federal del Estado mexicano luego de los intentos de centralismo vividos a partir de 1836 y durante esa década. Además esta Ley Fundamental introduce numerosas figuras destinadas todas ellas a la defensa de la esfera de los derechos de los gobernados y al mismo tiempo de los gobernantes.

No es casualidad el replanteamiento del principio de legalidad y la introducción de la figura del amparo como defensa típica de los ciudadanos ante la actuación de la autoridad, Esta entereza y esta decisión deben ser ejemplo de nuestro actuar en el ejercicio de la gran responsabilidad de legislar.

Debemos legislar para un nuevo México, porque en Acción Nacional estamos convencidos que el México de hoy debe ser un país de leyes y no de hombres, de diálogo y no de imposición, de verdad y no de simulación, de apertura y no de cerrazón, de escuchar y no de ignorar. Es nuestro compromiso como representantes de la nación enarbolar cómo Juárez lo hizo la defensa de nuestra soberanía, el aseguramiento del sistema federal como forma de Estado y el respeto a la ley y a las instituciones que de ella emanan.

Nuestra soberanía la habremos de defender para instituir al interior un ordenamiento más justo y al exterior como firme convicción de la igualdad entre las naciones que conforman la comunidad internacional. El aseguramiento y fortalecimiento del federalismo como forma de organización de la competencia de las autoridades, debe de significar la atención integral de la problemática estatal y municipal, ahí donde lo federal necesita coadyuvar y viceversa.

Nuestro respeto a la ley y a las instituciones que dimanan de ella, debe ser nuestro punto de partida al momento de legislar y nuestro objetivo como creadores de una norma eficaz, eficiente y objetiva.

Hoy, al conmemorar el CXCV aniversario de Benito Juárez, el grupo parlamentario de Acción Nacional refrenda su compromiso para con los ideales de dignidad, justicia, respeto y paz, directrices en el pensamiento de tan ilustre mexicano, cuyo testimonio de entrega y patriotismo permanecen todavía en la consolidación del más caro anhelo de transición democrática, el país.

Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, diputado Pablo Arnaud Carreño.

Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Héctor Sánchez López, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Hago extensiva la moción planteada hace un momento por el diputado del Partido de la Revolución Democrática y solicito a la Asamblea guardar el debido silencio y respeto al orador.

El diputado Héctor Sánchez López:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Nos convoca en esta ocasión una fecha que por su trascendencia y significado para la nación no puede quedar oculto en los archivos de la historia nacional ni la imagen y figura de Juárez en las bodegas de la Secretaría, hoy que los conservadores han retomado las riendas del Gobierno Federal.

Como cada año, los mexicanos recordamos a quienes por sus hazañas y legados trascendieron en los anales de la historia y ocupan un lugar principal en nuestra memoria colectiva, una nación sin historia o cuando aquellos que la gobiernan pretenden arrebatarla del imaginario colectivo para imponer las suyas, es una nación que por sí misma está condenada al fracaso.

El día de ayer, el pueblo mexicano se dio cita en todo el país para recordar un aniversario más del natalicio de Benito Juárez García, "el Benemérito de las Américas", el más grande de los oaxaqueños, el mexicano más universal. Lo hicimos quienes estamos convencidos de que este país no puede ni debe seguir cometiendo los mismos errores y que para evitarlos las páginas de la historia y de quienes la hicieron están ahí exigiendo ser revisadas.

En muchos lugares del país y aquí mismo se habrán de levantar los falsos redentores que claman a gritos su memoria, cuando durante políticas de una élite política que entregó el país a los intereses de los organismos financieros internacionales; con su silencio pero con su voto desde el Congreso permitieron el avance de los sectores más conservadores y retardatarios que no saben distinguir el ámbito público, el ejercicio del Gobierno y del Estado con el ámbito de la vida privada.

Estamos ciertos que nadie, ninguna institución o persona pueden estar por encima de los derecho inalienables de las ciudadanas y los ciudadanos, como el del ejercicio libre de la religión de su preferencia; lo que es inaceptable es cuando la preferencia religiosa del gobernante, del hombre público pretende influir sobre los actos y las preferencias de los ciudadanos que lo eligieron rompiendo con la laicidad del Estado y las instituciones.

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Un pasaje de la historia nos enseña la visión de estadista que Juárez proyectó al mundo; corría el año de 1857 cuando fue electo gobernador del Estado de Oaxaca, de su puño y letra, en apuntes para mis hijos, el Patricio escribe: "era costumbre autorizada por ley en aquel Estado de Oaxaca, lo mismo que a los demás de la República, que cuando tomaba posesión el gobernador, éste concurría con todas las demás autoridades al tedéum que se cantaba en la Catedral, a cuya puerta principal salían a recibirlo 106 canónigos pero en esta vez ya el clero hacía una guerra abierta a la autoridad civil y muy especialmente a mí por la Ley de Administración de Justicia que expedí el 23 de noviembre de 1855 y consideraba a los gobernantes como herejes y excomulgados. Los canónigos de Oaxaca, aprovecharon el incidente de mi posición para promover un escándalo, proyectaron cerrar las puertas de la Iglesia para no recibirme, con la siniestra mira de comprometerme a usar la fuerza mandando abrir las puertas con la policía armada y aprehender a los canónigos para que mi administración se inaugurase con un acto de violencia o con un motín del pueblo, si a quien debían presentarse los aprehendidos como mártires tomaba parte en su defensa".

Hasta aquí la cita que más adelante señala: "aunque contaba yo con fuerzas suficientes para hacerme respetar procediendo contra los sediciosos y la ley aún vigente sobre ceremonial de posesión de los gobernadores me autorizaban para obrar de esta manera, resolver, dijo Juárez, sin embargo, omitir la asistencia al tedéum no por temor a los canónigos, sino por la convicción que tenía de que los gobernantes de la sociedad civil no deben de asistir como tales a ninguna ceremonia eclesiástica. Si bien como hombres pueden ir a los templos y practicar los actos de devoción que su religión les dicte, los gobiernos civiles, escribe Juárez, no deben tener religión porque siendo su deber proteger imparcialmente la libertad de los gobernados tienen de seguir y practicar la religión que gusten adoptar, no llenarían fielmente ese deber si fueran sectarios de alguna".

Esta es la lección de Juárez para la posteridad, para los gobernantes presentes, para los funcionarios públicos, para los legisladores con barba y sin ella que no entienden que el ejercicio de México no se realiza con actitudes intransigentes, racistas y xenofóbicas. Con esta decisión, Juárez reformó la mala costumbre de que los gobernantes asistiesen hasta a las procesiones.

Este pensamiento hecho práctica, debe ser divisa de quienes hoy se escudan en la legitimidad ganada en las elecciones y pretenden convertir las conductas de Estado en conductas particulares. Este proceder público debe ser ejemplo a seguir de los que hoy insisten en imponer programas que contravienen a los intereses de los mexicanos y más aún, piensa que la única forma de rescatar a los mexicanos de la pobreza y la marginación, con la gerencia y el dividendo o los programas desarrollados desde el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional sin tomar en cuenta otras alternativas.

Juárez, a diferencia de este Gobierno, nos enseñó a defender la soberanía nacional, nunca cedió ante las pretensiones de las fuerzas oscurantistas o de las presiones del exterior. Este Gobierno está cediendo ante los intereses y exigencias de las grandes corporaciones internacionales para entregarles petróleos mexicanos, el sector eléctrico y energético.

Si este es el momento de revisar la acción, la conducta y el pensamiento de un mexicano universal, debemos de poner en el centro del debate la necesidad de iniciar la aprobación de un nuevo marco jurídico que permita a los más antiguos mexicanos integrarse a la vida nacional con respeto a la cultura y a los derechos como pueblo. No podemos evaluar los saldos del siglo pasado sin incluir los derechos de los pueblos indígenas en nuestro texto constitucional.

Para que sea efectivo "el respeto al derecho ajeno" y éste sea garante de la paz nacional, debemos de tomar en cuenta en estos momentos el sentir de esta nación y la exigencia de esta nación es precisamente el reconocimiento constitucional de los derechos de nuestros pueblos indios.

¿Por qué la actitud racista y xenofóbica y excluyente de la derecha conservadora? ¿Por qué los conservadores de ayer son los mismos que hoy pretenden continuar con sus privilegios y seguir explotando los recursos naturales de nuestros pueblos? ¿Dónde, señoras y señores diputados, quedó el bien común, la justicia, la igualdad, la democracia social, cuando los sectores más duros y retardatarios se oponen a la aprobación de la ley en materia de derechos y cultura indígena?

Aprendamos de la historia, Juárez antepuso siempre el proyecto de la nación y optó por la aplicación irrestricta de las leyes, pero siempre antepuso la razón y los argumentos en su frase "todo por la razón, nada por la fuerza".

Seamos razonables, no conculquemos el derecho del pueblo de México a vivir en paz, con justicia y dignidad. Con la actitud asumida se está optando por el camino de la guerra, del racismo y la discriminación cerrando los espacios al diálogo, a la negociación como medios para solucionar nuestras diferencias. Honremos la memoria del indio zapoteco. Con todo decoro y dignidad, asumamos nuestra responsabilidad ante la historia y hagamos de este Congreso un orgullo de todos los mexicanos.

Gracias.

El Presidente:

Que así sea. Muy bien. Muchas gracias, diputado don Héctor Sánchez López.

Se ofrece el uso de la palabra al diputado Alejandro García Sainz Arena, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 10 minutos.

El diputado Alejandro Rafael García Sainz
Arena:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Benito Juárez García nació en San Pablo Guelatao, de la sierra de Ixtlán en Oaxaca, el 21 de marzo de 1806, hijo de campesinos muy modestos, Marcelino Juárez y Brígida García, quedó huérfano a la edad de tres años.

Su legado y sus ideas comenzaron desde junio de 1859, cuando empieza a expedir las Leyes de Reforma, las que son base jurídica para nuestros días.

En su entrada triunfal en la capital de la República el 15 de julio de 1867, fecha de la restauración de la República, este día dirigió a la nación uno de los manifiestos más auténticos, profundos y convincentes de la historia política mexicana. En uno de sus párrafos estaba asentada su ideología: que el pueblo y el Gobierno respeten los derechos de todos. Entre los Individuos, como Entre las Naciones, el Respeto al Derecho Ajeno es la Paz.

Juárez es la sublimación del hombre que tiene que llegar siempre, pero nunca dispuesto a dejar de ser, siempre siendo más sin negarse a sí mismo.

Juárez nos enseña que el gobernante no es el hombre que goza y se prepara por un porvenir de dicha y de ventura, es sí, el primero en el sufrimiento y en el trabajo, es la primera víctima que los opresores del pueblo tienen señalada para el sacrificio, incluso bajo formas de escarnio y crítica malévola e intencionada.

Juárez nunca se separó del pueblo, ya que tuvo la sabiduría de ser escuchado y obedecer, las voluntades de la nación con el hombre de Guelatao, eran los altos designios del pueblo.

Juárez en la historia de México independiente, encabeza la lucha por establecer un estado moderno y liberal, el interés y la orientación que Juárez le imprimió a la construcción del Estado mexicano no debe verse como una obstinación ni un capricho personal; la circunstancia histórica del presidente Benito Juárez correspondió y estuvo acompañada por un conjunto de políticos notables, como Melchor Ocampo, José María Luis Mora, Matías Romero, Guillermo Prieto y Valentín Gómez Farías.

La guerra de Reforma y el ascenso del liberalismo fueron las respuestas firmes y terminantes de los liberales, para frenar las reelecciones sucesivas de Santa Anna y los tropiezos de la República.

La reacción conservadora a la promulgación de las Leyes de Reforma fue el llamado a una intervención extranjera y al establecimiento del segundo imperio, vanos esfuerzos que no prosperarían, gracias a la defensa férrea de Benito Juárez y a la visión del liberalismo militante que comprendió que el verdadero y auténtico destino de la nación estaba en el republicanismo, no en la monarquía.

El fin del segundo imperio que encabezó Maximiliano no fue sólo la victoria del Benemérito de las Américas y el ascenso del liberalismo triunfante, fue el triunfo de la República, fue el triunfo de la solución interna y patriota que no concebía que la solución a la forma de Gobierno que debía tener México tuviera que venir de ultramar.

La restauración de la República devino en el punto final a la controversia, que sostenía que México debió ser gobernado por un monarca europeo para lograr estabilidad y paz.

La República restaurada también, derrumbó las ambiciones de las potencias de aquél momento sobre nuestros recursos y dignificó la soberanía del joven Estado mexicano en el concierto de las naciones.

Ahora bien, don Benito Juárez supo conducir con maestría nuestra política exterior y logró con gran diplomacia bloquear el reconocimiento al segundo imperio, por parte de destacadas naciones como Inglaterra.

Juárez sabía que el destino de México era el de hoy: República libre, soberana y democrática. Urge que hoy sigamos construyéndola con la misma decisión.

Si se habla de firmeza, Juárez era roca y es montaña, porque nunca supo de dobleces ni claudicaciones, porque en sus manos lleva la fuerza y en su espíritu la grandeza. Presidente indígena, situación que hoy es por demás difícil, Juárez siempre buscó la integración de la nación y por supuesto la de los pueblos indios, evitando la discriminación y marginación por la que se debe consolidar el México anhelado por todos nosotros.

Es por ello que debemos conmemorar y conscientizarnos el que también el 21 de marzo es el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. En ese día del año, 1960, la policía disparó contra una manifestación pacífica que se realizaba en Sudáfrica para protestar contra las leyes de países de admisión del Apartheid y dio muerte a 69 personas.
Al proclamar el Día Internacional en 1966, la Asamblea General de las Naciones Unidas exhortó a la comunidad internacional a que redoblara sus esfuerzos por eliminar todas las formas de discriminación racial. Como parte de su programa para el primer decenio de la lucha contra el racismo y la discriminación racial, en 1979 la Asamblea General instó a todos los estados a que observaran la semana de solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial, que se iniciaría el 21 de marzo. Así y concordancia a la conmemoración del nacimiento de nuestro presidente indígena y de la lucha contra la discriminación, exhortamos cada uno de los mexicanos que habitan en distintas regiones del país y que sumemos esfuerzos para que nunca más nos avergoncemos de la pluralidad étnica que nos enriquece como nación.

Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, don Alejandro García Sainz Arena.

Se concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos, a la señora diputada Rosa Delia Cota Montaño, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Rosa Delia Cota Montaño:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

Participo en nombre del Partido del Trabajo y de Convergencia por la Democracia.

El día 21 de marzo se cumplieron 195 años del natalicio de uno de los hombres que coadyuvó a la refundación de la nación mexicana, nos referimos a don Benito Juárez García, quien encabezó los esfuerzos de una de las generaciones más brillantes en la historia de nuestro país por consolidar la identidad nacional y en la construcción de importantes instituciones públicas, que han permitido el desarrollo de la sociedad mexicana.

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Es necesario recordar la grave división existente en el México de la primera mitad del Siglo XIX, divisiones no sólo de carácter político, sino también económico. La lucha fratricida entre centralistas y federalistas trajo como consecuencia la alternancia de unos y otros en el ejercicio del poder público.

La lucha de los liberales era lograr la consolidación del Estado nacional, por ello el 1o. de marzo de 1854 se proclama el Plan de Ayutla en contra del dictador Antonio López de Santa Anna y se sientan las bases para la elaboración de una nueva carta constitucional que reconociera las aspiraciones legítimas y de libertad del pueblo mexicano, que fue uno de los aliados más firmes y decididos en la lucha de Juárez por emancipar a las clases menesterosas del México de esa época.

Pablo Benito Juárez García se convirtió en impertérrito defensor de la ley en contra de quienes como Comonfort se levantaron en armas en contra de la Constitución de 1857. Esta traición a la Carta Constitucional de la época permitió que quien a la sazón se desempeñaba como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la nación pasará a ocupar la Presidencia de la República y desde ese alto cargo se ocupara por la defensa de las instituciones nacionales.

Asimismo, se opuso a quienes pretendieron vender a las potencias europeas al México de ese entonces. No temió jamás enfrentarse a las naciones imperialistas de su época aun a costa de sacrificar su propia vida y la cercanía con sus seres más queridos.

Jamás mantuvo una posición dubitativa a la hora de defender la soberanía de nuestra nación, porque tenía claro que la construcción del México moderno no admitía transacción en los principios.

La batalla del 5 de mayo de 1862 y el triunfo glorioso del Ejército encabezado por el general Ignacio Zaragoza, mostró al presidente Benito Juárez que el pueblo de México, aquellos que no tenían recursos económicos pero sí un profundo amor a la tierra que los vio nacer en libertad, como los valientes indios zacapoaxtlas, no tenían impedimento en ofrendar sus vidas por estar a lado del presidente Juárez y de la defensa de la soberanía nacional.

Como bien dijo el autor de la frase "la historia se repite, una como tragedia y otra como farsa".
En el Siglo XIX, los ricos de este país encabezados por Juan Nepomuceno Almonte, miraron hacia Europa en búsqueda de un príncipe extranjero, despreciando con esa actitud la voluntad del pueblo de México, indios en su mayoría, que les negó por la vía de las armas que contaran con un gobierno afín a sus mezquinos intereses de clase.

Los integrantes de esa clase social jamás aceptaron ser gobernados por un indio. En la actualidad los herederos ideológicos de los conservadores del Siglo XIX, oponen todas las excepciones con tal de no tener un diálogo directo con quien sin representar a todos los indígenas sí se ha legitimado como el representante de la mayoría de ellos.

Hoy como entonces buscan que el pueblo sirva para pagar las pérdidas que como empresarios tienen.

Los marginados de este país son simplemente para ellos personas que con sus modestas contribuciones aportan parte de sus recursos para amortizar los pagarés del Fobaproa, pero no se les reconoce capacidad de interlocución para contribuir a la obtención de la pacificación en el Estado de Chiapas.

Por eso al paso de los siglos, la egregia figura de Juárez y el ejemplo de su lucha por la independencia y soberanía del país adquiere mayor dimensión: en el frontispicio del muro de honor de esta soberanía, encontramos la inmortal frase "Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz".

Por eso hoy como nunca debemos respetar las voces que en todos los rincones del país se alzan a favor de que la comandancia general del Ejército Zapatista de Liberación Nacional sea escuchada en el interior de este recinto que es la casa del pueblo.

Resolver el problema de la paz en Chiapas significa en los tiempos actuales la posibilidad de construir un México que se encamine hacia el reconocimiento de la diversidad étnica, lingüística y cultural que hay en el país y ésa será la mejor manera de recordar al Benemérito de las Américas.

Es cuanto, señor Presidente.

Presidencia del diputado
Eloy Cantú Segovia
El Presidente:

Muchas gracias a la diputada Rosa Delia Cota Montaño.

ASISTENCIA (II)

El Presidente:

Se pide a la Secretaría dar cuenta del registro de asistencia de diputados a esta sesión.

El secretario Bernardo Borbón Vilches:

Con mucho gusto, señor Presidente:

Hasta este momento el registro electrónico nos informa que hay 453 diputados registrados.

El Presidente:

Ciérrese el sistema electrónico de asistencia.

El secretario Bernardo Borbón Vilches:

Al personal de apoyo se le ruega cerrar el sistema electrónico de asistencia.

Gracias.

El Presidente:

Gracias.

El siguiente punto del orden del día, son iniciativas del Ejecutivo.

Proceda la Secretaría a dar lectura a las iniciativas del Ejecutivo.

CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA
COOPERACION INTERAMERICANA
DE INVERSIONES Y QUE ESTABLECE
BASES PARA SU EJECUCION EN MEXICO

La secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Para los efectos constitucionales y por instrucciones del Presidente de la República, con el presente envío a ustedes las siguientes iniciativas:

Proyecto de decreto que reforma el diverso que aprueba el Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones y que establece bases para su ejecución en México.

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2o. de la Ley que Establece las Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento.

Documentos que el propio primer magistrado de la nación propone por el digno conducto de ustedes.

Reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 20 de marzo de 2001.- Por acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

Diputado Ricardo Francisco García Cervantes, presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presente.

La Corporación Interamericana de Inversiones (CII) es un organismo filial del Banco Interamericano de Desarrollo, cuyo Convenio Constitutivo se aprobó el 19 de noviembre de 1984, por 34 países, entre ellos México, iniciando sus operaciones en 1989, con el objetivo de promover el desarrollo económico de sus países miembros en América Latina y el Caribe a través del financiamiento de la pequeña y mediana empresa privada de la región, complementando las actividades del Banco Interamericano de Desarrollo.

Con fecha 10 de enero de 1986, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual el honorable Congreso de la Unión aprobó la suscripción del Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones y que establece bases para su ejecución en México, mismo que fue promulgado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 3 de octubre de 1986.

Las actividades de la CII consisten en reunir y proporcionar financiamiento para proyectos en forma de préstamos, inversiones de capital, líneas de crédito e inversiones en fondos de inversión local y regional, concentrando sus actividades en empresas pequeñas y medianas que tienen dificultades para obtener financiamiento de otras fuentes.

El financiamiento aportado por la CII sirve de catalizador para captar recursos adicionales, tecnología y conocimientos especializados. Estos recursos se movilizan a través de operaciones de cofinanciamiento y sindicación de fondos por parte de inversionistas privados, apoyo a suscripciones de valores e identificación de socios para la formación de empresas conjuntas.

En los 10 años que lleva operando la CII, ha canalizado recursos a más de 1 mil 350 compañías que se desenvuelven en los sectores productivos y de servicios. Gracias a los 530 millones de dólares de los Estados Unidos de América en financiamiento proporcionado por la corporación en forma de créditos e inversiones de capital, además de los 400 millones de dólares de los Estados Unidos de América en recursos movilizados por la institución a través de acuerdos de cofinanciamiento, se han emprendido proyectos cuyo costo agregado supera los 3 mil millones de dólares de los Estados Unidos de América.

Se estima que por cada dólar que la corporación ha invertido, se destinan seis dólares de los Estados Unidos de América adicionales a compañías que están creando empleos y generan divisas.

La CII inició sus operaciones con un capital de 200.000,000 (doscientos millones) de dólares de los Estados Unidos de América. En diciembre de 1999, la asamblea de gobernadores de la CII aprobó un nuevo aumento de capital por 500.000,000 (quinientos millones) de dólares de los Estados Unidos de América, a través de la emisión de 50,000 (cincuenta mil) acciones con un valor nominal de 10,000 (diez mil) dólares de los Estados Unidos de América cada una.
Con este incremento, la CII continuará su labor de fomento al desarrollo de la región, a través del financiamiento de un programa de inversiones que canalizará 2,100.'000,000 (dos mil cien millones) de dólares de los Estados Unidos de América, en inversiones de capital y............ 5,300'000,000 (cinco mil trescientos millones) de dólares de los Estados Unidos de América en préstamos a la pequeña y mediana empresa en un periodo de 10 años. Asimismo permitirá a la institución recibir la clasificación de apta para la inversión, lo que le otorgará la posibilidad de captar recursos por medio de emisiones de bonos y otros vehículos de financiamiento similares para fondear sus operaciones en condiciones favorables para sus prestatarios.

De esta nueva emisión de acciones, México ha sido invitado a suscribir 3,502 (tres mil quinientas dos) acciones hasta por un monto de 35.020,000 (treinta y cinco millones veinte mil) dólares de los Estados Unidos de América, con las cuales, en caso de merecer la aprobación del honorable Congreso de la Unión, la participación de nuestro país en el capital social de la CII estaría representada por 5,000 (cinco mil) acciones por un importe total de 50.000,000 (cincuenta millones) de dólares de los Estados Unidos de América.

El periodo para el pago de la primera cuota comenzó el 31 de octubre de 1999 y terminó el 31 de octubre de 2000, de acuerdo a lo establecido por el directorio ejecutivo. Los periodos de pago subsecuentes, de 12 meses cada uno, comenzaron el 1o. de noviembre de cada uno de los años 2000 a 2006 y terminarán el 31 de octubre de cada uno de los años 2001 a 2007 o en las fechas posteriores que determine el directorio ejecutivo.

El pago de la cuota de este año, por un monto de 4.377,500 (cuatro millones trescientos setenta y siete mil quinientos) dólares de los Estados Unidos de América, se encuentra debidamente presupuestado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2001. Cabe señalar que el pago de las cuotas de los años de 1999 y 2000 se harán en conjunto con la correspondiente a la de 2002.

579,580,581

La CII ha proporcionado asistencia a México, mediante financiamiento y asesoría técnica a un segmento empresarial que hasta el momento ha tenido un acceso limitado a los mercados de capital. Este apoyo ha sido importante para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa de nuestro país y se espera que para la próxima década, con el incremento de capital propuesto, la corporación pueda aumentar sus actividades en México, principalmente a través de una mayor movilización de capital privado, el desarrollo del mercado de valores en beneficio de la pequeña y mediana empresa, así como su apoyo crediticio a proyectos productivos.

En nuestro país, más de 20 empresas han obtenido recursos de la CII por un importe ligeramente superior a los 100.000,000 (cien millones) de dólares de los Estados Unidos de América, distribuidos principalmente en los ramos financiero, turístico y la industria de la transformación. Esta cifra es aproximadamente siete veces superior a la suscripción actual de México en este organismo, misma que asciende a casi 15.000,000 (quince millones) de dólares de los Estados Unidos de América.

Adicionalmente, una de las formas en que la corporación persigue sus objetivos de desarrollo en México, es a través de una gama de intermediarios financieros privados para canalizar sus recursos a la pequeña y mediana empresa, con la finalidad de que estas empresas cuenten con mayores oportunidades de acceder al crédito.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 71 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos someto a la consideración del honorable Congreso de la Unión, por el digno conducto de usted, ciudadano Presidente, la siguiente

INICIATIVA DE DECRETO


Artículo primero
. Se reforma el artículo 2o. del decreto que aprueba el convenio constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones y que establece bases para su ejecución en México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1986, para quedar como sigue:

"Artículo 2o
. Se autoriza al Ejecutivo Federal para que, por conducto del Banco de México, haga la suscripción de 3,502 (tres mil quinientas dos) acciones o partes sociales de la Corporación Interamericana de Inversiones, hasta por un monto, de 35.020,000 (treinta y cinco millones veinte mil) dólares de los Estados Unidos de América, que sumada a la realizada anteriormente por nuestro país, hace un total de 5,000 (cinco mil) acciones por la suma de 50.000,000 (cincuenta millones) de dólares de los Estados Unidos de América."

Artículo segundo
. Se autoriza al Ejecutivo Federal para efectuar la suscripción adicional de acciones de la Corporación Interamericana de Inversiones que a México corresponda hasta por los montos máximos autorizados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o. anterior y para aceptar las enmiendas correspondientes a fin de cumplimentar la citada autorización.

ARTICULO TRANSITORIO


Unico.
El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Reitero a usted, señor Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Palacio Nacional, a 20 de marzo de 2001.- El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada.»

El Presidente:

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY QUE ESTABLECE LAS BASES PARA LA
EJECUCION EN MEXICO, POR EL PODER
EJECUTIVO FEDERAL, DEL CONVENIO
CONSTITUTIVO DE LA ASOCIACION
INTERNACIONAL DE FOMENTO

La secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

Ciudadano diputado Ricardo Francisco García Cervantes, presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presente.

La Asociación Internacional de Fomento (AIF), es un organismo financiero filial del Banco Mundial, creado en el año de 1960 con el objetivo de ayudar a elevar el nivel de vida de los países en desarrollo más pobres, que sean miembros de dicho banco a través del otorgamiento de asistencia financiera y técnica en términos concesionales. La AIF se ha constituido durante estos últimos años como el mecanismo más importante de financiamiento concesionario a los países en desarrollo de bajo ingreso.

La asistencia de la AIF beneficia a los habitantes de los países que tienen un producto nacional bruto per capita anual de 895 de dólares de los Estados Unidos de América o menos, por lo que actualmente, casi 80 países con una población mayor a 3 mil millones de personas son elegibles de recibir fondos conforme a este criterio.

En este sentido, cabe mencionar que actualmente la AIF mantiene una cartera de aproximadamente 900 proyectos distribuidos principalmente en Africa, sur de Asia y en algunos países latinoamericanos, como es el caso de Bolivia, Haití, Honduras y Nicaragua. La mayor parte de estas operaciones están dirigidas al combate a la pobreza extrema, el fortalecimiento de las instituciones de desarrollo nacional y proyectos sociales en rubros como salud, educación y servicios básicos de infraestructura.

México ha sido miembro de dicha asociación desde su establecimiento y sus relaciones con la misma quedaron señaladas en la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de dicha asociación de fecha 30 de diciembre de 1960, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre del mismo año.

La suscripción inicial de México fue de 8.740,000 (ocho millones setecientos cuarenta mil) dólares de los Estados Unidos de América, quedando abierta la posibilidad de aumentarse por acuerdo de la asamblea de gobernadores de este organismo; actualmente México ha aportado 155.925,291 (ciento cincuenta y cinco millones novecientos veinticinco mil doscientos noventa y un) dólares de los Estados Unidos de América.

A la fecha se han realizado 11 reposiciones de recursos. Para la primera y segunda sólo se solicitó la aportación de algunos países industrializados. En la tercera y cuarta reposición se invitó a los países en desarrollo, miembros de la asociación, para que efectuasen contribuciones adicionales. Sin embargo, en estas ocasiones México no consideró pertinente participar.
Fue a partir de la quinta reposición que México ha participado en las siguientes reposiciones autorizadas por el honorable Congreso de la Unión por decretos del 27 de diciembre de 1980, 21 de diciembre de 1981, 11 de octubre de 1983; 21 de noviembre de 1984, 22 de diciembre de 1987, 14 de julio de 1990, 6 de julio de 1993 y 16 de abril de 1997; publicados en el Diario Oficial de la Federación el 8 de enero de 1981, 28 de diciembre de 1981, 4 de noviembre de 1983, 24 de diciembre de 1984, 19 de enero de 1988, 26 de julio de 1990, 16 de julio de 1993 y 7 de mayo de 1997, respectivamente.

Es importante señalar que a partir de la sexta reposición, la AIF ha venido otorgando sus créditos en derechos especiales de giro, en tanto que las aportaciones de los países, en su mayoría, se solicitaban en moneda nacional; circunstancia que originó la erosión del valor real de las reposiciones, debido a las fluctuaciones cambiarias de las monedas de los países aportantes. Por ello la AIF solicitó el apoyo de los países para denominar sus contribuciones en derechos especiales de giro para evitar la pérdida de valor real de las contribuciones, así como brindar un marco de referencia estable para sus operaciones de financiamiento.

Ante la necesidad de recursos adicionales para dar continuidad a su mandato de reducir la pobreza extrema, la asamblea de gobernadores de la AIF, mediante resolución número 194, aprobó la duodécima reposición de recursos de este organismo, cuyo monto será de 8,640.000.000 (ocho mil seiscientos cuarenta millones) de derechos especiales de giro equivalentes a 11,578.464,000 (once mil quinientos setenta y ocho millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil) dólares de los Estados Unidos de América a un tipo de cambio de 1.3401 derechos especiales de giro por un dólar de los Estados Unidos de América, mismos que serán utilizados para cubrir sus compromisos de operación durante el periodo comprendido entre el 1o. de julio de 1999 y el 30 de junio de 2002.

México negoció con la asociación el pago de 4.084,000 (cuatro millones ochenta y cuatro mil) derechos especiales de giro en cuatro aportaciones que equivalen, según el tipo de cambio previamente señalado, a 5.472,968.4 (cinco millones cuatrocientos setenta y dos mil novecientos sesenta y ocho punto cuatro) dólares de los Estados Unidos de América, correspondientes al 0.05% del valor total de este nuevo incremento de recursos.

Cabe señalar que el pago de la aportación de este año, por un monto de 1.21,000 (un millón veintiún mil) derechos especiales de giro, equivalentes a 1.368,242.1 (un millón trescientos sesenta y ocho mil doscientos cuarenta y dos punto un) dólares de los Estados Unidos de América, se encuentra debidamente presupuestado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2001.

La aportación de nuestro país a la duodécima segunda reposición de recursos de este organismo, constituye un elemento importante dentro de las relaciones globales de México con el grupo del Banco Mundial, además de representar una medida concreta de apoyo al fortalecimiento de la asistencia que brindan las instituciones financieras multilaterales, es un factor determinante en la generación de una corriente de recursos financieros concesionales que favorecen el proceso de desarrollo de los países que carecen de acceso a recursos financieros en los mercados internacionales en términos razonables.

Adicionalmente, la participación de México en la AIF es una muestra importante de solidaridad con los países de menor grado de desarrollo económico y contribuye a lograr una mayor integración y cooperación de la comunidad internacional. Sin embargo, se hace hincapié en que los países en desarrollo, como es el caso de México, no se encuentran en condiciones de otorgar recursos en cantidades que permitan sustituir a las contribuciones de los países industrializados.

Asimismo, mediante la aportación de recursos a la AIF, nuestro país tiene la posibilidad de participar en las licitaciones internacionales derivadas de las operaciones de crédito que realice dicho organismo.

Por último, es importante subrayar que la AIF constituye un elemento fundamental dentro de la iniciativa del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional para apoyar el Programa de Reducción de la Deuda de los Países Pobres Altamente Endeudados, ya que la ejecución de este programa de alivio financiero se lleva a cabo a través de este organismo.

Por las razones anteriores el Ejecutivo Federal a mi cargo, en el ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del honorable Congreso de la Unión, por el digno conducto de usted, ciudadano Presidente, la siguiente

INICIATIVA DE DECRETO


Artículo primero
. Se reforma el artículo 2o. de la, ley que establece bases para la ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1960, para quedar como sigue:

"Artículo 2o.
Se autoriza al Gobierno Federal para que por conducto del Banco de México, se realice la aportación de nuestro país correspondiente a la duodécima reposición de recursos de la Asociación Internacional de Fomento, hasta por el equivalente de 4.084,000 (cuatro millones ochenta y cuatro mil) derechos especiales de giro, cantidad que se adicionará a las suscripciones anteriores efectuadas por nuestro país."

Artículo segundo
. Se autoriza al Ejecutivo Federal para actualizar las aportaciones a que se refiere la Ley que Establece las Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior.

ARTICULO TRANSITORIO


Unico
. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Reitero a usted, señor Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Palacio Nacional, a 20 de marzo de 2001.- El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada.»

El Presidente:

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

582,583,584

En otro tema del orden del día, es el referente a las iniciativas de diputados.

Tiene la palabra el diputado Pedro Miguel Rosaldo Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de reformas al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos...

No se encuentra el diputado.

En el mismo tema de iniciativas, tiene la palabra el diputado Raúl Cervantes Andrade, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar una iniciativa que adiciona el artículo 4o. de la Ley Federal de Competencia Económica...

HUSOS HORARIOS

El Presidente:

En la lista de iniciativas, corresponde a la diputada Sara Figueroa Canedo, del Partido Verde Ecologista de México, en torno a la Ley de Husos Horarios de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene la palabra la diputada Sara Figueroa Canedo.

La diputada Sara Guadalupe Figueroa
Canedo:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Diputados.- LVIII Legislatura.- Partido Verde Ecologista de México.

Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión.- Presente.

Bernardo de la Garza Herrera, Francisco Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Esvedia Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González, Erika Elizabeth Spezia Maldonado, diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71 fracción II, 72 y 73 fracciones X, XVIII, XXIX-E y XXIX-F de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Energía, para su dictamen y posterior discusión en el pleno de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley

EXPOSICION DE MOTIVOS


El horario oficial, basado en el tiempo solar, fue introducido en 1883 por acuerdo internacional para evitar complicaciones en los horarios de trenes cuando cada comunidad empleaba su propia hora solar. Se dividió la tierra en 24 husos horarios, partiendo del meridiano de longitud cero, que pasa por el real Observatorio de Greenwich, en el sur de Inglaterra; los husos se numeran según su distancia al este o al oeste de Greenwich.

Dentro de cada huso horario, todos los relojes deben marcar la misma hora y entre un huso y el siguiente hay una diferencia de una hora. En el modelo científico en el que se basan los husos horarios, cada huso abarca 15 de longitud; sin embargo, los límites de los husos se han adaptado a las fronteras internacionales (o a los límites regionales en países extensos) para facilitar las actividades comerciales. En navegación, los relojes se sincronizan frecuentemente con la hora local de Greenwich, denominada GMT por sus siglas en inglés.

La hora de Greenwich no es afectada por ningún tipo de horarios especiales, como horario de invierno de verano e incluso el horario de "Ahorro de Luz solar". Es siempre el mismo horario todo el año. Greenwich fue y ha sido el centro para el tiempo desde 1675 y no fue adoptado oficialmente por el parlamento inglés hasta el 2 de agosto de 1880. Greenwich Mean Time (GMT) fue adoptado universalmente el 1o. de noviembre de 1884, cuando la "Conferencia Internacional del Meridiano" (International Meridian Conference) en Washington, DC, EUA aceptó desde entonces, que la línea internacional del día fue formada y las 24 zonas horarias fueron creadas.

A México le corresponden los husos horarios propios de los meridianos 90, 105 y 120, al oeste del meridiano de Greenwich. El establecimiento de una hora internacional mediante la fijación de la línea internacional del tiempo que pasa por el meridiano cero, meridiano de Greenwich y el meridiano opuesto, que es el meridiano 180 grados, a nosotros nos corresponden de manera natural los husos horarios correspondientes a los meridianos 90, 105 y 120.

El horario de verano no es un concepto nuevo, de hecho, la idea del aprovechamiento diurno de luz natural fue planteada por primera vez en el Siglo XVIII, que proponía adelantar los relojes una hora durante el verano, a fin de aprovechar mejor la iluminación natural y así consumir un menor número de velas para alumbrarse durante la noche. En ése entonces la propuesta no se puso en práctica, pero más adelante, durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918), los países en conflicto recurrieron por primera vez al horario de verano (que llamaron horario de guerra) con el fin de ahorrar energéticos, debido a que entonces eran sumamente escasos.

Adelantar una hora los relojes durante los meses de mayor insolación demostró ser una medida tan eficiente que algunos países decidieron conservarla permanentemente. Después de la Segunda Guerra Mundial, cada vez más países se han adherido al horario de verano y las reglas para su aplicación se han ido desarrollando para ser lo más claras y universales posible.

En 1973 los países miembros de la OPEP impusieron un embargo petrolero de importantes consecuencias económicas, por lo que las naciones industrializadas comprendieron la urgencia de impulsar medidas del cuidado de la energía, que al mismo tiempo permitieran reducir la fuerte dependencia que actualmente se tiene de los combustibles fósiles, tales como el petróleo y el gas.

El debate sobre el horario de verano ha sido largo y se remonta al inicio de su instrumentación en 1996. Recientemente, este debate ha vuelto a relucir a raíz de la propuesta del Ejecutivo Federal de reducir a cinco meses el horario de verano y la de otros gobiernos de entidades federativas de no aceptar dicha medida. Estos acontecimientos han alcanzado el grado de poner en riesgo la adecuada implementación del horario, una vez más la exagerada partidización del debate sobre temas de interés nacional pone en peligro a una medida ambiental benéfica para toda la sociedad.

A partir de la fracción XVIII del artículo 73 de nuestra Carta Magna el Congreso está facultado para legislar sobre "pesas y medidas". Por tanto, la decisión es de los legisladores, no de los ejecutivos Federal o estatales. De acuerdo con el derecho constitucional, la autoridad sólo, puede hacer lo que la constitución señala expresamente. En ninguna de las facultades presidenciales se especifica que puede decidir sobre los husos horarios.

Esta medida se puso en práctica en los países con mayor desarrollo industrial; actualmente 73 países lo utilizan. En nuestro país existen antecedentes del horario de verano: el Estado de Baja California lo implementó desde 1942. En la península de Yucatán en 1981 y en los estados de Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, en 1988, se aplicó temporalmente. Aunque su instrumentación local trae algunos beneficios, para que una medida como ésta cumpla sus propósitos, es necesario aplicarla de manera generalizada y contar con la colaboración de todos los habitantes lo cual se logró por decreto el 29 de diciembre de 1995.

Tenemos la obligación de hacer lo mejor para nuestros conciudadanos, aunque políticamente no sea redituable. Varios científicos nacionales han señalado repetidas veces los beneficios energéticos, ambientales, económicos, sociales y de salud que este horario trae a nuestro país.

La aplicación del horario de verano logró en el último año, un ahorro para los usuarios similar al gasto de energía eléctrica que se hace en Tlaxcala o Colima durante un año. Los usuarios en todo el país ahorraron 540 millones de pesos. Además, al reducirse la demanda máxima, se minimizan o posponen inversiones en nuevas instalaciones de energía eléctrica, del orden de los 4 mil 400 millones de pesos, según el ex secretario de Energía y el ex titular del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica.

La aplicación del horario de verano tiene un beneficio que contempla; una menor inversión en plantas eléctricas, reducción en el consumo de combustible relacionado con la producción de electricidad, disminución en la emisión de contaminantes, mantener la relación horaria de México y otros países que aplican el horario de verano, reducción de las situaciones de riesgo y accidentes asociados con la oscuridad y disponer de mayor tiempo de luz por las tardes, lo que propicia la convivencia social, familiar y recreativa.

Cerca del 75% de la energía eléctrica que se consume en México se genera mediante la quema de combustibles fósiles, por lo que el impacto del horario de verano sobre el medio ambiente reviste una importancia especial. A través de acciones como ésta, se reducen las emisiones contaminantes a la atmósfera, ya que el mejor aprovechamiento de la luz solar incide en una disminución de la demanda de energía eléctrica. Por lo tanto, se reduce también la utilización de combustibles fósiles y se generan menos emisiones contaminantes en las zonas donde se ubican las centrales termoeléctricas. Esto repercute favorablemente en el fenómeno de sobrecalentamiento de la tierra, porque al dejar de quemar combustibles para generar energía eléctrica se evita enviar a la atmósfera algunos de los gases que provocan el llamado efecto invernadero.

Durante los primeros cuatro años de aplicación del horario de verano se han dejado de arrojar a la atmósfera más de siete millones de toneladas de contaminantes, lo cual tiene un efecto positivo sobre la protección del ambiente.

Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a esta Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de

DECRETO


Mediante el cual se expide la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo único
. Se expide la Ley de los Husos Horarios de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

LEY DE LOS HUSOS HORARIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


Artículo 1o
. La presente ley regirá en todo el territorio de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones de orden público e interés social. Su aplicación y vigilancia corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de las dependencias de la Administración Pública Federal que tengan competencia en las materias reguladas en este ordenamiento.

Artículo 2o
. Los Estados Unidos Mexicanos está situado en los husos horarios correspondientes a los propios de los meridianos 75, 90, 105 y 120, al oeste del meridiano de Greenwich, dentro del sistema internacional de los husos horarios.

Artículo 3o
. Se establecen cuatro husos horarios que cubren las siguientes secciones del territorio nacional:

I. El huso horario de 75 grados solamente incluye al Estado de Quintana Roo.

II. El huso horario de 90 grados comprende los estados de Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el Distrito Federal.

III. El huso horario de 105 grados, comprende los estados de Sonora, Sinaloa, Nayarit y Baja California Sur.

IV. El huso horario de 120 grados solamente incluye el Estado de Baja California.

V. Las islas, los arrecifes y cayos del territorio nacional, tendrán el huso horario que les corresponda a su situación geográfica y de acuerdo a los instrumentos de derecho internacional suscritos por los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 4o.
Durante el periodo comprendido del primer domingo de abril al último domingo de octubre de cada año, regirán los husos horarios siguientes:

585,586,587

I. En la fracción I del artículo 3o. del presente decreto, el correspondiente al meridiano 60o al oeste del meridiano de Greenwich; II. En la fracción II del artículo 3o. del presente decreto, el correspondiente al meridiano 75o al oeste del meridiano de Greenwich;

III. En la fracción III del artículo 3o. del presente decreto, el correspondiente al meridiano 90o al oeste del meridiano de Greenwich;

IV. En la fracción IV del artículo 3o. del presente decreto, el correspondiente al meridiano 105o al oeste del meridiano de Greenwich y

V. Las islas, los arrecifes y cayos del territorio nacional, tendrán el huso horario inmediato inferior al que les corresponda por su situación geográfica y de acuerdo a los instrumentos de derecho internacional suscritos por los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 5o.
Las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las medidas necesarias a efecto de difundir con la debida oportunidad los cambios de husos horarios correspondientes.

ARTICULOS TRANSITORIOS


Artículo primero
. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo segundo.
Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 22 de marzo de 2001.- Firman los diputados: Bernardo de la Garza Herrera, Coordinador; Francisco Agundis Arias, vicecoordinador; José Antonio Arevalo González, Esveidia Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, María Concepción Salazar González y Erika Elizabeth Spezia Maldonado.»

El Presidente:

Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

ARTICULO 4o. CONSTITUCIONAL

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Pedro Miguel Rosaldo Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de reformas al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Pedro Miguel Rosaldo Salazar:

Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

El suscrito diputado Pedro Miguel Rosaldo Salazar integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en uso de la facultad que me confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento al pleno de esta honorable Cámara de Diputados la iniciativa de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

EXPOSICION DE MOTIVOS


Es un común denominador de todas las grandes culturas de la humanidad el aprecio, respeto y consideración que han tenido para con sus mayores. Tanto la cultura china, como la grecoromana o las prehispánicas manifestaron el reconocimiento social a la vejez adoptando conductas y normas no sólo solidarias con los ancianos, sino incluso reverenciales, asignándoles funciones honoríficas y de gobierno, como sucedía en Esparta con los gerontes, a quien Licurgo les encargó tareas de gobierno o con los consejos de ancianos, presentes en las culturas indígenas.

Todas estas grandes culturas mostraron su preocupación por el mantenimiento digno y decoroso de los ancianos, asignándoles incluso subvenciones. Así por ejemplo lo hicieron los griegos, porque consideraban que "...así como cada uno de nosotros tiene un padre, así es necesario considerar al total de los ciudadanos como padres comunes de toda la ciudad y conviene no sólo no privarlos de nada de lo que les da la ciudad, sino que, si incluso ninguna de estas subvenciones existiesen, mirar a otra parte en busca de los medios para que no se vean privados de nada". (Demóstenes contra Filipo, Cuarto discurso).

Sin embargo, en las sociedades modernas, industriales y posindustriales, el aprecio y la valoración de las personas de mayor edad ha sido sustituido por el menosprecio de los viejos a quienes se considera económica y socialmente improductivos y a quienes se ha relegado al abandono, la miseria, el desamparo y la soledad.

Paradójicamente, en términos poblacionales, como resultado de los avances de las ciencias médicas y el mejoramiento relativo de las condiciones de vida de la población, asistimos a tendencias demográficas mundiales de reducción de las tasas de natalidad, mortalidad y fecundidad y de incremento de la esperanza de vida al nacer; estas tendencias combinadas resultan en un envejecimiento de la población.

En México, el comportamiento histórico del crecimiento de la población, de las tasas brutas de natalidad y mortalidad y de la esperanza de vida al nacer ha tenido la siguiente evolución.

México: principales indicadores demográficos. 1990-2010.

**********insertar tabla folio 190 y 191*******

El fenómeno del incremento de la importancia numérica de la población de mayor edad se expresa en México en las siguientes cifras: para 1995 de un total de 91 millones 158 mil 290 habitantes, el 57.2% eran menores de 25 años, en tanto que los mayores de 65 años representaban el 4%. El Censo Nacional de Población y Vivienda 2000 nos da una cifra de 97 millones 361 mil 711 habitantes; el 53.6% son menores de 25 años, en tanto que el número de los mayores de los 65 años había ascendido al 4.7% según diversas estimaciones.

De conformidad con cifras del Consejo Nacional de Población, actualmente en México la población anciana, mayores de 60 años, suma 6 millones 534 mil 22 personas que habitan en 4 millones 838 mil 826 hogares.

De estos 6.5 millones de ancianos el 40% no perciben ingresos, en tanto que 1 millón 539 mil 747 hogares tienen como jefe de familia a una persona de la tercera edad que subsiste básicamente de transferencias: pensiones de jubilación, viudez, invalidez, subsidios, donativos o indemnizaciones por despido o por accidentes de trabajo, que constituyen su única fuente de ingresos.

En México uno de cuatro hogares es habitado por personas de la tercera edad y en 68 de cada 100 hogares son los ancianos quienes aportan una parte del ingreso familiar.

Las personas de la tercera edad que tienen como única fuente de ingresos su salario constituyen el 19.4% del total de la población trabajadora, ya que el total nacional de hogares cuya fuente predominante de ingresos es el salario suman el 37.7%, es decir que más del 50% de estos hogares corresponden a personas ancianas.

Los ancianos con negocios propios para sobrevivir suman el 30.3%; un restante 43.3% de los hogares (1 millón 539 mil 747) cuyo jefe de familia es un anciano dependen de las mencionadas transferencias.

Respecto al empleo, sostiene el investigador universitario Carlos Salas Páez, que de acuerdo con las cifras de la encuesta nacional de empleo 1996, del total de hombres de 60 años y más, el 59% realiza alguna actividad económica, el 18% está pensionado o jubilado, el 1% está incapacitado para trabajar y sólo el 20% no realiza alguna actividad económica.

Con relación a las mujeres mayores de 60 años; sólo realiza alguna actividad económica el 17%, el 59% se dedica a actividades domésticas; 4% está pensionada o jubilada, 1% está incapacitada para trabajar y el 19% no realiza ninguna actividad económica.

De los ancianos que trabajan el 80% de los hombres lo hacen en unidades de cinco o menos trabajadores; el 40% recibe ingresos inferiores al salario mínimo y sólo el 7% recibe ingresos superiores a los cinco salarios mínimos. Las mujeres ancianas trabajadoras, viven un rezago aún mayor, ya que el 80% trabajan en establecimientos de hasta cinco trabajadores; el 49% recibe menos del salario mínimo y sólo el 3% recibe ingresos superiores a los cinco salarios mínimos.

De conformidad con cifras oficiales y datos proporcionados por el Movimiento Unificador Nacional de Pensionados y Jubilados, existen en México 4.7 millones de personas mayores de 65 años de edad; de este universo de la llamada tercera edad, únicamente reciben el beneficio de una pensión jubilatoria 2 millones 400 mil personas (1 millón 955 mil del Instituto Mexicano del Seguro Social y 388 mil del ISSSTE y los restantes de otras instituciones). Así tenemos que sólo el 36.9% de los trabajadores mexicanos que tienen derecho a jubilación disfrutan de esta prestación. Según el propio Movimiento Unificador Nacional de Pensionados y Jubilados, 4 millones de mexicanos mayores de 60 años no reciben ninguna pensión por no haber sido inscritos en alguna institución pública de seguridad social, o no cumplir con el requisito de antigüedad para poderse pensionar. Este universo de mexicanos vive en la indigencia o prácticamente de la caridad.

De 1 millón 849 mil 746 mil pensionados con base a la anterior Ley del IMSS, el 90% perciben 1.12 salarios mínimos generales del Distrito Federal, equivalentes a 1 mil 355 pesos mensuales. Existen sin embargo, 425 mil pensionados por viudez que sólo reciben el 90% de un salario mínimo del Distrito Federal: 1 mil 89 pesos mensuales. Existen casos de pensionados, como los candelilleros de las zonas desérticas, cañeros y mineros que reciben pensiones mensuales de 80, 150 y 250 pesos respectivamente.

El sistema de pensiones, no permite la recuperación y mejoramiento de los ingresos de sus beneficiarios, ya que su incremento está indexado a los que otorgan al salario, mínimo: entre 1977 y octubre de 1999, el salario mínimo y en consecuencia las pensiones, había perdido el 73.3% de su poder adquisitivo. En lo que va del presente régimen, los salarios y pensiones tendrían que incrementarse un 260.6% para recuperar el poder de compra que tenían en 1977 y un 30.4% para igualar el nivel que tenían al iniciarse el presente régimen.

Por la dinámica propia de la demografía de México, el número de jubilados y pensionados ha venido creciendo a tasas superiores a las de la población en general; así de 1990 a 1995, mientras la población en general creció a un promedio anual del 2.4%, la población sujeta a pensiones creció a un promedio de 6.2%, para 1995-1999, la población en general creció el 1.9% y las personas en edad de jubilación o pensión aumentaron en 5.3% como promedio anual.

A pesar de haber cumplido su ciclo productivo, un gran número de mexicanas y mexicanos de la tercera edad continúan trabajando: según datos del ISSSTE, el 28.6% de personas mayores de 65 años, 1.5 millones de personas, siguen incorporadas a alguna actividad productiva, generalmente por su propia cuenta, sin garantías, prestaciones laborales ni seguridad social. De hecho, del total de los hogares que existen en México, casi dos millones están dirigidos por personas de la tercera edad, que en su conjunto sustentan al 10% de la población total nacional.

En el caso del ISSSTE, del total de 380 mil pensionados, 292 mil 87 (70%) reciben pensión por jubilación, retiro por edad o por tiempo de servicios. De ellos, las tres cuartas partes reciben de uno a tres salarios mínimos y sólo el 25 % reciben cinco salarios mínimos o más. Y en todo caso están obligados por ley a renunciar a esta jubilación si deciden ocupar un nuevo puesto en la administración pública.

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La atención al problema urgente de los pensionados y jubilados y la demanda por incrementar sus ingresos de la que debe hacerse cargo el Congreso de la Unión, no agota el universo de las necesidades y de las demandas de las personas de la tercera edad. Este órgano del Estado también debe tomar las medidas legislativas necesarias para crear las redes de cobertura social para aquellos ciudadanos que, por diversas razones, no accedieron a una pensión vitalicia.

Una política social activa de un Estado socialmente responsable, debe atender a este sector de mexicanos que sin el apoyo solidario y subsidiario viven en la extrema pobreza, sin posibilidad alguna de acceder a un ingreso permanente. Una medida de esta naturaleza exigiría un esfuerzo presupuestal extraordinario, cuyo sostenimiento obligaría a revisar nuevas fuentes de ingreso para la Federación. No obstante, en el marco de una reforma fiscal integral con sentido social, sería perfectamente viable.

Por ello, con esta iniciativa de decreto proponemos adicionar el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con un nuevo párrafo en el que se incluya un reconocimiento genérico de los derechos de la senectud y el acceso universal a una pensión mínima garantizada por el Estado.

Porque coincidimos con los clásicos que señalaban: "en efecto, la vejez es honorable sólo si se defiende a sí misma, mantiene sus derechos, no está sujeta a nadie y si hasta el último aliento, domina sobre los suyos. En efecto, así como apruebo a un joven en el cual hay algo de viejo, así apruebo a un viejo en el cual hay algo de joven; quien esto sigue podrá ser viejo en el cuerpo, nunca lo será en el alma": Cicerón. Catón el mayor: de la vejez.

Por lo antes expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración de esta soberanía, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO


Que adiciona un décimo párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo único
. Se adiciona un décimo párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

"Artículo 4o
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

El Estado y la sociedad promoverán la participación justa y equitativa de la población mayor de edad, definida como senectud, en la vida económica, política, social y cultural de la nación. El Estado garantizará una pensión mínima de vejez a todos los ciudadanos mayores de 65 años que no hayan accedido al derecho a una pensión por jubilación o seguro de vejez y cesantía otorgada por las instituciones públicas de seguridad social. La ley que expida el Congreso de la Unión establecerá los apoyos e instrumentos necesarios para alcanzar tales fines. El monto de la pensión mínima garantizada por el Estado no será menor al previsto en las leyes de seguridad social."

ARTICULO TRANSITORIOS


Primero
. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo
. El Congreso de la Unión tendrá un plazo de seis meses contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto para expedir la ley reglamentaria del párrafo décimo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero
. En tanto se expida la ley reglamentaria del párrafo décimo del artículo 4o. constitucional, seguirán en vigor las disposiciones expedidas sobre la materia por los congresos locales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de marzo de 2001.- Rúbricas de diputados.»

Presidencia del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes
El Presidente:

Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

LEY FEDERAL DE COMPETENCIA
ECONOMICA

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Raúl Cervantes Andrade, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que adiciona el artículo 4o. de la Ley Federal de Competencia Económica.

El diputado Raúl Cervantes Andrade:

Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados:

Es un honor estar aquí otra vez en esta alta tribuna para proponerles una iniciativa de reforma de adición a la Ley Federal de Competencia Económica.

Me permitiré antes de leer la exposición de motivos, y la lectura del único artículo que se propone, hacerles una breve descripción de los alcances de esta reforma y lo que motivó que los diputados que trabajamos en ella, la estemos proponiendo.

A esta Cámara de Diputados vinieron casi todos los agentes económicos que intervienen en la industria de la aviación, léase sindicatos, léase accionistas, consejeros, altos directivos, operadores etcétera.

Nos acercaron y nos hicieron llegar la mayoría de la información de cómo opera la industria a nivel internacional, cuáles son los equivalente en Canadá, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, cómo funciona el cabotaje o servicio nacional y cómo funcionan los servicios internacionales; a qué se refieren con los aeropuertos jofo de interconexion, qué pasa con los códigos compartidos, cómo se regulan las tarifas, cómo realmente se compite y cuáles son los marcos jurídicos en cada una de ellas.

Casi nadie de los que vino a platicar a esta Cámara de Diputados y que compareció tanto en la Comisión de Comunicaciones como en la de Transportes, nadie estaba de acuerdo con el marco jurídico que se encuentra actualmente en México.
Por lo tanto nos dimos a la tarea de empezarlo a estudiar y ver que tan cierto era, si había intereses apropiados y legítimos o había un interés ilegítimo en este tipo de proposiciones y en estas expresiones por los agentes económicos que intervienen en tan importante industria.

Para lo cual invitamos a las autoridades que tenían una relación directa e importante con la industria. Estuvimos con la gente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; con gente del IPAB, por ser uno de los accionistas principales de las principales líneas de aviación; con las otras líneas que se consideran alimentadoras; con la Comisión de Competencia Económica; con la ahora Secretaría de Economía antes Secofi etcétera.

Y también escuchamos sus puntos de vista, para ver si es realmente necesario y se ejercieran las facultades que constitucionalmente le dan a esta Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, para hacer una reforma, una adición a la ley, promover una nueva ley, acoger esta política nacional de aviación y cuál sería el camino más sencillo para hacerlo.

No es fácil, es un tema álgido, ¿el porqué es un tema álgido? Es porque es un servicio al público y cuando los servicios son al público y son generalizados, se puede prestar a una mala interpretación o atender que vía la ley se pueden generar monopolios.

La actual ley de aviación está totalmente desregulada y los agentes económicos que acceden a ella pueden pedir tranquilamente una autorización o concesión y prestar el servicio. Por lo tanto, no se estaba hablando de fortalecer un monopolio, porque esa ley no se modifica y lo que se quería evitar, como se han dado en El Paso, eran prácticas monopólicas relativas, que hubiera una concentración importante en el mercado, que hubiera un abuso de un potencial del mercado relevante por algunas de las compañías y que lo privilegiáramos a través de la ley.

Por lo tanto, se hizo un análisis, había propuestas de modificar la Constitución, que modificáramos el artículo 28 constitucional y que en él se señalara como una actividad prioritaria a la aviación, un tema difícil. Un tema difícil por los tiempos políticos y sobre todo por los quorums y yo no creo que siempre se debe trastocar nuestra Constitución, cuando ella misma prevé que puede hacerse de otra forma.

Este artículo 28 constitucional señala enunciativa, pero no limitativamente, cuáles son las áreas prioritarias. Estas áreas prioritarias las describe perfectamente, pero al final de decirlas y de nominarlas, señala que también las leyes federales que emita el Congreso de la Unión podrán especificar cuáles serán las actividades prioritarias para la nación.

Nos abocamos a empezar a estudiar si esta industria cumplía los requisitos para que se considerara una industria prioritaria. Si los cumplía, cuál sería la forma más eficaz de hacerlo y en qué ley específica y especial sería. La especialización en el derecho es mucho más importante cuando se va a legislar, porque una ley especial deroga a una ley general y si de lo que se estaba hablando era de competencia efectiva, en donde el 28 constitucional hace la excepción, consideramos que la mejor forma para hacer una ley federal de competencia económica y no la Ley de Aviación ni darle facultades a la Secretaría de Comunicaciones en esa misma ley.

El segundo paso que hicimos fue, ¿cuáles eran los bienes jurídicos tutelados que teníamos que proteger? El bien jurídico tutelado que teníamos que proteger primero, es el usuario, es al consumidor, en toda economía y entre más abierta sea, al que realmente se debe de proteger siempre será al consumidor; no al industrial, no al acharondeado ni al capital; primero al usuario.

De todo lo que se ha hablado en los últimos meses sobre las líneas de aviación, si deben de estar juntas o separadas, no es un tema que toque la iniciativa, no nos corresponde a nosotros, ésta es una facultad del Ejecutivo, vía el IPAB si las va o no vender por separado, no es el tema.

El tema era si era prioritaria o no y qué efectos debe de dar y cuál es el marco jurídico más adecuado para hacerlo. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se protegerá al usuario?

En un servicio al público en donde puede haber depredación de tarifas y que así sucede en muchas partes del mundo y que la experiencia da que en los mercados de cabotaje o interno, hay inmunidad monopólica en unos países, en otro existe la acción de oro por parte del Estado en su participación y lo que se viene derivando como un derecho de voto.

Y que la participación del Estado es fortalecer a las líneas de cabotaje, para poder competir adecuadamente en el servicio internacional.

La tendencia globalizadora en el mundo no quiere decir una apertura per sé o por sí misma; lo que quiere decir, es equiparar los sistemas entre unos países y otros y la globalización en la aviación si es de cielos abiertos como lo tenemos, en unos casos paulatino, en otros total y de golpe y en otros todavía sigue cerrada, pero va la tendencia de apertura.

Pero también en cualquiera de estos tres sistemas, lo que hay es una protección a las líneas nacionales, en algunas casos se les llama bandera, algunas personas creen que ese término está superado, pero la realidad es que vía la inmunidad monopólica, vía la intervención por la acción de oro o vía el concepto de aerolínea bandera, lo que se está haciendo es proteger a la industria nacional para competir en la internacional.

Esta industria es curiosa, porque en el código compartido lo que se está vendiendo son espacios y cuando se vende espacios, lo que pasa es que dos aerolíneas están vendiendo a la tarifa que ellos consideran sobre el mismo avión y así opera la interconectividad de los servicios internacionales y nadie dice que no se está compitiendo y nadie opina que no hay una competencia efectiva y tampoco nadie opina que existe un monopolio.

Esta razón, a veces no entendida, es cómo pasa este efecto en el servicio internacional y cómo en el cabotaje queremos que se compita.

A nuestras autoridades y específicamente al Ejecutivo, sólo les quedaba aplicar las leyes que tienen y el marco jurídico que tienen, ésa es su obligación: la aplicación de la ley y la ley como está no hace ninguna excepción a las aerolíneas o a la industria de aviación y por lo tanto, se le aplican todos y cada uno de los criterios de la Ley de Competencia Económica que pueden ser y son evidentemente y los apoyo y los conozco como abogado muy válidos, pero para esta industria no.

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En ésta, que pudiera ser una ley de competencia económica, punta en la materia económica sintiendo que puede ser una competencia efectiva y real y ayudar a impulsar el desarrollo, a bajar los precios al consumidor y crecer la captación de recursos en el caso de la aviación, da el efecto contrario y lo que no podemos hacer como legisladores, es que cuando se evidencie la necesidad de la intervención por parte del Congreso de que un marco de ley está afectando de manera muy importante una industria; el pecado, el pecado de un legislador, el peor pecado es la omisión.

Si no hubiéramos tenido noticias, si no hubiéramos conocido, no somos expertos en todo, tenemos la obligación de allegarnos los documentos, allegarnos los informes de los técnicos, los especialistas en cada materia como lo hicimos en este caso y una vez de tomar un consenso y una convicción, realizarlo.

Esta iniciativa la firman varios partidos; la firma el PRI, la firma el PRD, la firma el Verde, también el PSN, el de Convergencia, el PT. Ha sido una iniciativa de consenso, de buscar realmente la necesidad.

Regresaré al tema de los bienes jurídicos tutelados. ¿Cómo deberíamos de proteger al usuario, que es lo más importante? La única forma en un servicio al público es regulando la tarifa. Pero entonces, ¿cómo vamos a regular la tarifa si hay una desregulación?, ¿cómo? Si nos vamos a teorías dogmáticas de competencia, se dice que se liberalice todo y uno de los elementos de cuando se liberaliza a través de la concesión y se permite vía una autorización cualquier agente económico acceder a un mercado y prestar el servicio, uno de los premios a esa iniciativa y uno de los premios para incentivar a la industria es la liberación de tarifas, pero no necesariamente.

Existen también en teorías desregulaciones intermedias, que es la que daría como consecuencia a esta iniciativa. ¿Qué sería una desregulación intermedia? Accesar al mercado, estar en el mercado, poder prestar el mercado pero no abusar de él ni hacia arriba de la tarifa ni hacia abajo. Tan malo es tener líneas en cabotaje compitiéndose unas a otras en depredación de precios como ya nos pasó en dos ocasiones en los años ochenta y en los noventa y que una vez de que se bajó tanto la tarifa, se quebraron las tarifas, pudiendo ser que se pusiera en riesgo la seguridad, pero lo que sí se ponía en riesgo eran los costos, el retorno del capital. Una vez que subsiste una de ellas, normalmente suben las tarifas a precios insospechables; se tiene que compensar la pérdida, ésa es una regla y eso ya sucedió dos veces en México.

Si no clasificamos a la industria de aviación como prioritaria, eso sucedería: volvería a verse una competencia efectiva, depredación de precios, quiebra generalizada de una o dos, después una quedarse en el mercado y prestar el servicio solo y exclusivamente uno de los agentes o dos de los agentes económicos que participan en ese mercado. Las desregulaciones intermedias protegen eso. Sí, que accedan todos, sí que presten el servicio todos, pero se regula la tarifa. Si quedarán subsistente como está la ley, de todos modos se emitiría un piso de tarifa y dicen que se solucionaría, ¿quién sabe?, porque es la conformación de los costos y el piso de tarifa es mucho más difícil de fijarlo para saber cuándo se está compitiendo o no con otro tipo de mercado.

Entonces decidimos darle facultades en esta iniciativa a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la Ley de Competencia Económica, para que quedara claro que en la especialidad de la competencia se hacía una figura de reenvío como se llama en materia legislativa y quedara clarísimo que tiene facultades para regular la tarifa y la intención es también ponerle plazo, si así estuviera conveniente en la comisión a través del transitorio, que se le pusiera plazo al Ejecutivo para que lo hiciera.

El otro bien jurídico tutelado que teníamos que proteger, era y es, al capital, ése como un segundo grado y ¿cuál sería la mejor forma de hacerlo? sino se declara prioritaria, sino analizamos en esta ley que es necesario hacerlo, sino lo modificamos, el efecto clarísimo de las dos líneas de aviación que tenemos actualmente, es que siga caminando lo que se ha oído en los últimos meses: que es convivir por separado, desaparecer su controladora y ejercitar una competencia por distintos agentes económicos que las adquirieran.

Pero no sólo eso, porque eso sería lo de menos, una quiebra generalizada que no sería responsable permitirla, no afecta ni es más o menos a México, pero sí afecta una industria importante.

Dos: se va a atender forzosamente en ésta o en cualquier otra legislatura, a adecuar los criterios para la industria de la aviación porque es la tendencia mundial y entonces estaríamos beneficiando a los siguientes dueños y no los actuales.

Las líneas de aviación perdieron dinero; tuvieron que convertir todo su pasivo en capital; no generaron ninguna carga financiera y por lo tanto no pagaron ningún peso de intereses durante mucho tiempo. Por haber hecho ese esfuerzo, se metió a través de la cartera de los bancos la mayoría, primero en el Fobaproa y ahora en el IPAB y nos costaría como país un mundo de dinero si permitiéramos que quedara ahí. No es la intención de la iniciativa pero sí le digo las consecuencias, el que se presente y se vuelva prioritario.

Por lo tanto, existiendo estos dos extremos entre el bien jurídico tutelado del usuario que es el principal y segundo, el de capital y tercero ya no como bien jurídico pero sí como una imagen de país, qué señal damos a los mercados, contratamos a Mary Lynch, como país el IPAB después de un concurso y lo señaló como banquero de inversión para hacer el proceso de desincorporación y de venta. El análisis de esta incorporación, desincorporación y de la venta, es muy simple y se platicó también con el IPAB.

Si tú consideras que estás adecuando tu venta en términos de la actual ley y de la resolución de la Comisión de Competencia Económica y es muy válido que lo hagas y el legislativo piensa posteriormente modificar, hacerla una actividad prioritaria por ser la sensibilidad que está sucediendo y es la tendencia mundial, lo que estamos dando es una peor señal de país. No estamos de acuerdo. No sabemos qué queremos y regalamos nuestros activos. Creo que no es conveniente.

Por lo tanto se presentó esta iniciativa que me permití leer, para señalar en cuatro o cinco hojas, el específico artículo en el que se declararía como prioritaria; en el que no es inconstitucional porque lo permite el artículo 28, salvo opiniones de otras personas que decían que no lo permitía y que sólo lo prioritario y estratégico puede ser designado por la Constitución. Es muy claro el artículo que dice que lo puede hacer la Ley Federal y poder mandar un mensaje adecuado a esa industria para tener un marco regulatorio como lo ha pedido y tengan el desarrollo que es adecuado y no tengan el pretexto para no hacerlo.

Los diputados firmantes miembros de la LVIII Legislatura de este honorable Congreso de la Unión, en ejercicio del derecho que nos consagran los artículos 71 fracción II, 72, 79 fracción III y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II, 56, 60, 64 y 179, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos por este conducto, a la consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, iniciativa con proyecto de decreto, por la que se propone adicionar el artículo 4o.-bis, de la Ley Federal de Competencia Económica.

EXPOSICION DE MOTIVOS


La adición que se propone del artículo 4o.-bis de la Ley Federal de Competencia Económica, tiene perfectamente claro y establecido el bien jurídico tutelado, de la protección del usuario mexicano o extranjero, para que las empresas del ramo presten un servicio de magnífica calidad, eficaz, eficiente y con tarifas que promuevan la utilización de este medio de transporte dentro del territorio nacional.

Por ello se le otorgan facultades a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que los prestadores del servicio les tengan permanentemente informados o puedan requerir cualquier tipo de información para regular adecuadamente todo aquello que tiene qué ver con las tarifas, la operación y la explotación del servicio de transporte aéreo; que se haga más accesible al público, vigilando en todo momento, entre otros aspectos, los precios de compra, los horarios, los puentes aéreos, las tarifas y derechos que deben pagarse por la compra de boletos, cancelaciones, bonificaciones, cambios de vuelos, pérdida de boletos, tipo de tarifa, tipo de servicio, manejo de equipaje y todos los elementos que deben ser regulados por la vía de la tarifa para la protección del usuario del servicio, sin dejar lugar a dudas o interpretaciones subjetivas que logren transmitirle al público la certeza de la cuantía de los mismos y así eficientar y hacer más eficaz la actuación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en ese aspecto tarifario, lo cual a su vez se refleja en beneficios directos al usuario.

Artículo 4o. que se propone. Se declara la aviación comercial como área prioritaria del desarrollo nacional y actividad de interés público, para lo cual el Estado participará en la o las empresas que operen aerolíneas bandera.

En estas empresas podrá participar la inversión social y privada, nacional o extranjera, pero esta última con los límites establecidos en la ley de la materia.

El Estado deberá mantener en las normas que rijan dichas empresas el derecho de vetar cualquier decisión, independientemente de la participación que tengan en las mismas.

La Secretaría de Comunicaciones queda facultada para regular las tarifas de la o las aerolíneas bandera, a fin de evitar que éstas representen el ejercicio de una práctica monopólica.

Esta iniciativa la hemos trabajado la diputada Alejandra Barrales, su servidor y una treintena de diputados que nos hicieron el favor de firmar.

Muchas gracias. Gracias, señor Presidente.

«Los diputados firmantes, miembros de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio del derecho que nos consagran los artículos 71 fracción II; 72, 79 fracción III y el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II; 56, 60, 64 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos por este conducto a la consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, iniciativa con proyecto de decreto por lo que se propone adicionar el artículo 4o.-bis de la Ley Federal de Competencia Económica.

EXPOSICION DE MOTIVOS


La adición que se propone del artículo 4o.-bis de la Ley Federal de Competencia Económica tiene perfectamente claro y establecido el bien jurídico tutelado de la protección del usuario mexicano o extranjero para que las empresas del ramo presten un servicio de magnífica calidad, eficaz, eficiente y con tarifas que promuevan la utilización de este medio de transporte dentro del territorio nacional, para ello se le otorgan facultades a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que los prestadores del servicio les tengan permanentemente informados o puedan requerir cualquier tipo de información para regular adecuadamente todo aquello que tiene qué ver con las tarifas, la operación y la explotación del servicio de transporte aéreo, que se haga más accesible al público, vigilando en todo momento, entre otros aspectos: los precios de compra, los horarios, los puentes aéreos, las tarifas y derechos que deben pagarse por la compra de boletos, cancelaciones, bonificaciones, cambios de vuelos, pérdida de boletos, tipos de tarifa, tipos de servicio, manejo de equipaje y todos los elementos que deben ser regulados por la vía de la tarifa para protección del usuario del servicio sin dejar lugar a dudas o interpretaciones subjetivas que logren transmitirle al público la certeza de la cuantía de los mismos y así eficientar y hacer más eficaz la actuación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en este aspecto tarifario, lo cual a su vez se refleja en beneficios directos al usuario.

México no puede ser un país que se mantenga al margen del fenómeno de la globalización económica y cultural que hoy día se está experimentando y que no deja lugar a actividades o manifestaciones fuera, por lo que no es el caso hacerlo en las comunicaciones y el transporte.

En este sentido cabe aclarar que en la industria de la transportación aérea el fenómeno de la globalización implica el que la misma es un área prioritaria que permita el fortalecimiento y presencia de las empresas mexicanas a nivel nacional para poder competir, en igualdad de circunstancias, a nivel internacional, por lo que así puede cumplirse adecuadamente con la tendencia de la globalización actual, de manera congruente en la industria de la transportación aérea.

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La industria del transporte ha sido sumamente ágil para adecuarse a los cambios que se requieren en la vida cotidiana y por ello ha ido desarrollando una complejidad de empresas, tecnologías, rutas y destinos interconectándose necesariamente en la evolución de cualquier país: sobre todo si tomamos en cuenta que el hecho de que las personas cuenten con herramientas de transporte bien amalgamadas las beneficia de manera sumamente importante, pues esto permite el desarrollo de las actividades empresariales, comerciales y personales, a millones de seres humanos que cotidianamente requieren del servicio de transportación.

En el campo del transporte aéreo se ha dado un proceso bastante trascendente con la característica de que es una actividad mercantil sumamente competida, que concentra capitales y por lo mismo de muy difícil equilibrio o equidad, por lo que para compensarlo se ha observado la correcta y adecuada regulación nacional e internacional en la materia, que en muchos casos se plasma en programas de desarrollo de las economías líderes en el mundo a este rubro.

Por ello la tarea tan importante en México de fortalecer, con leyes de vanguardia, la industria de la transportación aérea nacional, para que una vez que tenga la presencia y crecimiento que la legislación le permita y superando las interpretaciones de autoridades competentes en sus resoluciones, pueda entrarse de lleno a la competencia internacional y lograr el proceso de la globalización, dando los pasos necesario, que permiten el avance en esta materia.

Existen países y comunidades que han dado su decidido apoyo al desarrollo, crecimiento, unificación y fusión de sus aerolíneas comerciales que han creado en el mundo verdaderos emporios de la transportación aérea, por así requerirlo el mercado y sobre todo el usuario, por lo que no se entiende que en las economías emergentes como la nuestra se limite o frene este proceso que lo único que logra es que no se pueda desarrollar la industria de la transportación aérea y que se luche o compita de manera totalmente desventajosa por los marcos jurídicos e interpretaciones limitativas de autoridades competentes en materia económica, resintiendo negativamente y en diversa medida el impacto de las tendencias globalizadoras, remarcando que en este aspecto muy concreto de la industria de la transportación aérea la globalización debe tener como inicio el fortalecimiento de la industria nacional para poder estar en condiciones de competir a nivel internacional, pues la misma es un área prioritaria de la economía, tal y como en la mayoría de los países se tiene conceptualizado y que a nivel mundial se le ha dado inmunidad monopólica.
La transportación aérea y su industria, significan y son en México un sector o área económica prioritaria por lo que no puede calificársele simplemente como un medio de transporte más, por lo que es necesario adecuar la legislación en materia de competencia económica para evitar las reglas, interpretaciones y resoluciones inadecuadas que limitan su desarrollo y fortalecimiento.

A pesar de la unión de nuestras principales líneas aéreas el marco regulatorio ha impedido su pleno desarrollo y lo que es peor lo frena, beneficiando a sus competidores a nivel internacional en detrimento de la propia industria nacional de la transportación aérea, sobre todo si tomamos en cuenta que en otras economías esta industria recibe políticas y programas de apoyo estatal, que consideran en el mundo a esta industria como un área prioritaria.

Por ello al Poder Legislativo, donde radica la soberanía del pueblo y como órgano encargado de crear las leyes que nos rijan con visión, por lo menos, de mediano plazo, nos es obligado realizar las adecuaciones, adiciones, modificaciones a la ley que sean pertinentes para que nuestros gobernados tengan una legislación de vanguardia y acorde con el ámbito internacional, dejando atrás los principios dogmáticos de generalizar en la apertura total por la globalización sin tomar en cuenta el caso específico de cada tipo de industria, como es el caso de la industria de la transportación aérea, por lo que la ley debe evolucionar y adecuarse a los tiempos en que nos toca vivir, por lo que es urgente la adición a la ley que se verá reflejado en la interpretación y resoluciones que tomen las autoridades competentes y evitar que las normas jurídicas e interpretaciones actuales nos continúen impidiendo tener una mentalidad más abierta que permita el desarrollo económico y social de áreas tan importantes, por no querer entender que todo ha sufrido una evolución y que es necesario adecuarse a los tiempos que nos toca vivir, pues es aquí donde el principio filosófico del devenir toma plena vigencia.

Es por ello indispensable olvidarse de normatividad que impide al Gobierno de México impulsar la revitalización del sector de la industria de la transportación aérea y así competir leal y exitosamente en el ámbito de la economía globalizada internacional, sustentado adecuadamente en el fortalecimiento y presencia de esta industria nacional prioritaria.

La adición que se propone para la Ley Federal de Competencia refleja claramente la intención del Estado mexicano de que su industria de transportación aérea se desarrolle en circunstancias de igualdad mundial y no con desventajas, por lo que la aviación es considerada como área prioritaria para el desarrollo nacional, dejando claramente establecido que los criterios y disposiciones de la Ley Federal de Competencia y los emitidos a la luz de la misma no son ni deben ser aplicables al transporte aéreo.

Todo lo anterior, con lo único y exclusivo objetivo de que esta actividad sea considerada como una actividad prioritaria para el desarrollo nacional de acuerdo al artículo 28 de nuestra Carta Magna en todos sus aspectos, lo cual permite que exista regulación jurídica recíproca y equitativa en la realidad, sobre todo entre las empresas nacionales y frente a las organizaciones extranjeras, que permitan a la industria del transporte aéreo en el corto plazo terminar con las desventajas, asimetrías y competencia desleal.

Esta adición, contempla la protección al usuario y a fomentar que cuente con una mayor oferta del servicio por el crecimiento de la industria de la transportación aérea, la iniciativa propone que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes regule el aspecto tarifario para proteger al público en general y a los usuarios y así evitar que se puedan dar prácticas monopólicas relativas o absolutas, ya que debe quedar claro que al ser una actividad económica prioritaria para el Estado mexicano no puede considerarse que hay monopolio, sobre todo por lo expuesto con anterioridad y tomando en cuenta que es indispensable para el desarrollo del país.

En este sentido la adición del artículo 4o.-bis a la Ley Federal de Competencia es reflejar la expresión de las necesidades de México, para el adecuado desarrollo y crecimiento de la industria del transporte aéreo que es urgente, necesaria e indispensable por ser un área prioritaria en términos del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En consecuencia, se adiciona el artículo 4o.-bis a la Ley Federal de Competencia Económica, con el siguiente texto:
"Artículo 4o.-bis. Se declara a la aviación comercial como área prioritaria del desarrollo nacional y actividad de interés público, para lo cual el Estado participará en la o las empresas que operen aerolíneas bandera. En estas empresas podrá participar la inversión social y privada, nacional o extranjera, pero esta última con los límites establecidos en la ley de la materia. El Estado deberá mantener, en las normas que rijan dichas empresas, el derecho de vetar cualquier decisión independientemente de la participación que tenga en las mismas.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes queda facultada para regular las tarifas de la o las aerolíneas bandera, a fin de evitar que éstas representen el ejercicio de una práctica monopólica."

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de marzo de 2001.- Firman apoyando la presente iniciativa 30 diputados federales integrantes de la LVIII Legislatura.»

Presidencia del diputado

Eloy Cantú Segovia

El Presidente:

Gracias, diputado.

Una consulta. ¿A qué comisiones estaría usted pensando? Comercio y Fomento Industrial y de Transportes. A las comisiones unidas. Muy bien.

Túrnese a las comisiones de Comercio y Fomento Industrial y de Transportes.

El siguiente punto en el orden del día ya es el tema de las proposiciones.

Por acuerdo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se pospone para una siguiente sesión el punto de acuerdo referente a organizar un congreso nacional de entidades para discutir la política fiscal y presupuestaria nacional.

Y por acuerdo de los grupos parlamentarios, se pospone para esta misma sesión, más adelante, los puntos de acuerdo con relación al diálogo con el EZLN.

Posteriormente en la sesión se abordará el tema.

TRABAJADORES MIGRANTES

El Presidente:

Así entonces, entramos al punto de acuerdo que solicita la intervención del Gobierno mexicano ante el gobierno de los Estados Unidos de América por el asesinato de nuestro connacional Roberto Chávez Reséndiz, en Arizona, lo expondrá el diputado David Penchyna Grub, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado David Penchyna Grub:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

«Punto de acuerdo para que la Secretaría de Relaciones Exteriores envíe al gobierno de los Estados Unidos de América una nota de protesta diplomática por las acciones que policías de la patrulla fronteriza de ese país realizan en contra de la vida de nuestros migrantes mexicanos.

Los que suscribimos este punto de acuerdo, diputadas y diputados federales de la LVIII Legislatura de esta Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.

CONSIDERACIONES


La frontera norte de México es la más transitada del mundo. El turismo, el comercio y por ende los procesos de integración industrial han hecho que la línea divisoria entre nuestro país y los Estados Unidos de América sea un constante flujo y reflujo de personas que beneficia a ambas naciones.

En efecto, el tránsito de nuestros connacionales siempre les ha generado una serie de incomodidades, humillaciones y afrentas que no tienen ningún tipo de fundamento ni tienen por qué aceptarse, ya que violan toda norma de ley, incluyendo varios tratados internacionales de los cuales ambos países son signatarios.
En fechas recientes, los presidentes de ambos países acordaron, en la reunión de San Cristóbal, Guanajuato, poner especial énfasis en la atención de los trabajadores migratorios.

El Gobierno mexicano incluso pidió formalizar un acuerdo de libre flujo de personas. La supuesta buena voluntad del presidente George W. Bush se mostró en la posibilidad de establecer un acuerdo migratorio por cuotas de trabajadores.

Asesinatos como el del pasado 5 de marzo en Pima, Arizona, Estados Unidos, contradicen dicho espíritu de buena voluntad entre ambos gobiernos. Recientemente una de las cúpulas representativas del empresariado estadounidense, en particular la Cámara Americana de Comercio, manifestó en su reunión en México que el futuro de la economía de Estados Unidos de América dependía en gran parte de la fuerza laboral joven de México, ya que ésta podrá proporcionar en lo futuro y el presidente de dicho organismo, el señor Thomas Donajíu, señaló la urgente necesidad de un acuerdo que pudiera ir reconociendo la capacidad de la oferta de trabajadores de México.

Así, pues, el joven mexicano Roberto Chávez Reséndiz, originario de Mixquiahuala, Hidalgo y quien fuera asesinado arteramente por la policía de la patrulla fronteriza, el agente Marco Antonio Rivera, echa por la borda todas estas manifestaciones del gobierno y de los empresarios de Estados Unidos de América por el que finalmente reconozcan el valor de la mano de obra mexicana.

En este caso existen graves violaciones a derechos tan elementales cómo es la vida. La muerte del hidalguense Roberto Chávez Reséndiz fue de lo más ruin. Diariamente las autoridades estadounidenses pisotean los derechos de nuestros paisanos. No estamos de acuerdo en más abusos. Es necesario que el Gobierno y los mexicanos hagamos patente nuestra inconformidad en estas acciones discriminatorias y violatorias de los más elementales derechos humanos de nuestros connacionales.

¡Ya basta! No permitamos que autoridades extranjeras, patrullas fronterizas, autoridades de migración estadounidenses o como se llamen acaben con lo más valioso de México: nuestra gente.

597,598,599

Las operaciones "Guardián" implementadas por el gobierno de Estados Unidos desde 1995, han incrementado hasta en un 600% las muertes de hermanos mexicanos que intentan o logran cruzar las franjas fronterizas. Se tiene conocimiento que de 1995 al año 2000 ocurrieron más de 400 muertes y sólo por citar un ejemplo en 1994 fallecieron 23 personas.

La Secretaría de Relaciones Exteriores debe promover con mucho mayor énfasis la defensa de los derechos humanos de los migrantes. Debe también garantizar la aplicación plena de los convenios internacionales sobre migrantes, poniendo fin al clima de violencia, racismo y xenofobia existentes en las fronteras estadounidenses.

En esta tribuna se ha señalado que el trabajo de una cancillería de nuestros diplomáticos es efectivo sólo cuando se traduce y se materializa en beneficio para la sociedad, para el Estado y sobre todo cuando se cumple con la obligación que tienen los funcionarios consulares de defender los derechos humanos de nuestros paisanos.

Lamentablemente ya falleció Roberto, un joven hidalguense de 22 años, quien se une a una larga lista de asesinados por estos salvajes. ¡Condenamos éstos y todos los crímenes! ¡Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares y consideramos que debemos replantear nuestros principios de política exterior e incluir como prioridad la defensa de los derechos humanos, así como exigir a las autoridades de Relaciones Exteriores y particularmente a las consulares, el cumplimiento estricto de las normas de derecho internacional humanitario que rige en la vida de los migrantes, así como de los tratados internacionales respectivos.

La lógica nos indica que una vez que una persona es asesinada no se le puede restituir la vida ni a sus familiares la pena, por lo que con respeto irrestricto a las leyes internas de los Estados Unidos Mexicanos, como así también al derecho internacional, los diputados firmantes presentamos a esta Asamblea el siguiente

PUNTO DE ACUERDO


Primero
. Los diputados de la LVIII Legislatura expresamos nuestro rechazo profundo a las violaciones, a los tratados y convenciones internacionales que en forma grave y persistente cometen las autoridades migratorias de los Estados Unidos de América en contra de los ciudadanos extranjeros, particularmente mexicanos.

Segundo.
Los diputados de la LVIII Legislatura pugnamos por el respeto irrestricto de todos los derechos de que debe gozar cualquier ciudadano al encontrarse en otro país.

Tercero
. Se solicita se turne este punto de acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores y se gire instrucciones a las autoridades consulares correspondientes, para que exijan al gobierno de los Estados Unidos de América la investigación y, en su caso, el castigo del responsable del asesinato de Roberto Chávez Reséndiz, ocurrido en Pima, Tucson, Arizona, el pasado 5 de marzo.

Cuarto.
Urgimos al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Coordinación General de la Frontera Norte, cuyo titular es Ernesto Ruffo Appel; a la Coordinación General de Atención a Comunidades Mexicanas, cuyo titular es Juan Hernández y a la Coordinación General de Asuntos Indígenas que preside Xóchitl Gálvez, a que instrumenten desde la oficina de la Presidencia de la República un programa de defensa jurídico profesional sistemático de nuestros connacionales a través de los consulados establecidos en Estados Unidos de América.

Quinto
. Solicitamos al Poder Ejecutivo instruya a la encargada especial para los Derechos Humanos, Mary Claire Acosta, para que contacte y organice a los grupos civiles de hispanos y mexicanos migrantes a que manifiesten su repudio ante el Congreso de Estados Unidos de América y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos en Washington, distrito de Columbia.

Sexto.
Finalmente proponemos se incluya como punto de agenda el caso de Roberto Chávez Reséndiz en la próxima Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos de América a celebrarse en mayo próximo.»

Quiero agradecer la comprensión y la solidaridad de los diferentes diputados de esta legislatura al firmar el citado documento.

Firmamos este punto de acuerdo los coordinadores parlamentarios de las fracciones representadas en esta LVIII Legislatura y los diputados hidalguenses: Beatriz E. Paredes Rangel, Felipe Calderón Hinojosa, Martí Batres Guadarrama, Bernardo de la Garza Herrera, Alberto Anaya Gutiérrez, José Manuel del Río Virgen, José A. Calderón Cardoso, Gustavo Riojas Santana, Alma Carolina Viggiano Austria, Celia Martínez Bárcenas, David Penchyna Grub, Gerardo Sosa Castelán, Raúl Sicilia Salgado, Juan Manuel Sepúlveda Fayad, Carlos Romero Deschamps, Francisco Patiño Cardona, Carlos Villegas Flores y Héctor Méndez Alarcón.»

Muchísimas gracias.

Presidencia del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes
El Presidente:

Señor diputado David Penchyna Grub, el registro de su proposición con punto de acuerdo no incluía el trámite de urgente y obvia resolución, así fue incluido en el orden del día. Yo quisiera rogarle que autorice a la Presidencia turnar a comisiones.

El diputado David Penchyna Grub:

Está bien, señor Presidente.

El Presidente:

Gracias, señor diputado.

La proposición con diversos puntos de acuerdo propuesta por el diputado David Penchyna Grub, con su autorización se retira su solicitud de considerarse de urgente resolución y se turna a las comisiones de Relaciones Exteriores y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con la solicitud encarecida de que emitan dictamen a la mayor brevedad posible.

Para referirse a los temas tratados por el diputado David Penchyna Grub, se han registrado los siguientes diputados: Sergio Acosta Salazar, Santiago Guerrero Gutiérrez, Francisco Patiño Cardona, Melitón Morales Sánchez y Tomás Torres Mercado.
Al terminar de hacer uso de la palabra los legisladores señalados, esta Presidencia solicitará a la Asamblea decida si se considera suficientemente discutido el tema y no se registrará a nadie más hasta que la Asamblea se haya pronunciado.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra el diputado Sergio Acosta Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

El diputado Sergio Acosta Salazar:

Buenas tardes. Con su venia, señor Presidente:

El grupo parlamentario de nuestro partido, el PRD, condena enérgicamente el deceso de nuestro hermano migrante Roberto Chávez Reséndiz, que fue asesinado a sangre fría y por la espalda a manos del agente de migración de la "border patrol" Antonio Rivera, y que hoy se encuentra en libertad.

¡No es posible que nuestras autoridades federales como consulares hayan pasado por alto este caso y ni siquiera hayan pedido una explicación a las autoridades de Tucson, Arizona, para que aclare el porqué está en libertad un asesino. Este caso demuestra lo que será la política migratoria del actual sexenio.

En lo que va del presente sexenio queda de manifiesto que nuestras autoridades tienen el propósito de cuidar su imagen sin importar a qué costo se consiga, mintiendo, engañando y haciendo dobles discursos. Al igual que sus predecesores, al Presidente le importa más su imagen y su popularidad en las encuestas y en los medios de comunicación que el cuidar y velar por los intereses de los mexicanos, como lo juró en su toma de posesión. Con este tipo de acciones el Presidente y su encargado para los mexicanos en el exterior, el doctor Juan Hernández, lo único que demuestran es un total desconocimiento del tema migratorio.

La migración abarca más de dos siglos y no un sexenio como lo piensa, En estos dos siglos se han cometido todo tipo de atropellos, vejaciones y violaciones a los derechos humanos.

El discurso oficial siempre es de ayuda a nuestros hermanos migrantes, pero en la práctica siempre han sido olvidados. No puede haber tal impunidad por parte de las autoridades, es una traición a todos los mexicanos y a las instituciones que se dicen representar.

Los asesinatos de nuestros migrantes, el racismo y la xenofobia no son nuevos, desde la posguerra hasta la fecha año con año se incrementa el número de homicidios de nuestros migrantes sin que hasta la fecha se hayan aclarado sus muertes.

Nuestras autoridades no tienen siquiera el número de migrantes que se encuentran presos en Estados Unidos y en los llamados "pasillos del terror" o patíbulos esperando la pena de muerte. Sabemos más por las organizaciones no gubernamentales que por nuestras propias autoridades. ¿Cómo es posible que se carezca de dicho patrón y, aún más, que no se ayude a nuestros connacionales ni se preste la asesoría jurídica para ponerlos en libertad y repatriarlos.

¿De qué sirven los consulados y las embajadas en Estados Unidos de América, para hacer oficinas de gestoría empresariales o para servir de trampolín para ocupar puestos políticos?

Es de extrañarse que el Gobierno hable de derechos humanos en el exterior pero que se combatan las impunidades y se defiendan los derechos humanos en nuestro territorio y, sobre todo, a nuestros migrantes en el exterior deja mucho que desear; parafraseando a Pierre Sané, presidente de Amnistía Internacional, "nuestro Gobierno debe protestar como una nación independiente primero y como socio comercial en segundo lugar" para que se respeten los derechos humanos de los migrantes; no hay que olvidar que México firmó los protocolos de derechos humanos de los migrantes y que los Estados Unidos de América se ha negado a firmar.

Es por eso que el día de hoy en esta tribuna, compañeros, llamo a la conciencia de todos y cada uno de ustedes; se han visto asesinatos por parte de granjeros americanos a nuestros connacionales; se han visto asesinatos por parte de gente americana a ciudadanos ya legalizados y se ha visto que la Ley de los Estados Unidos sigue todavía siendo retrógrada en el sentido de que propicia la pena de muerte, una nación que se considera una de las más importantes en el mundo, sigue siendo el más importante en la barbarie al impulsar la pena de muerte y que sobre todo a muchos de nuestros compatriotas los tiene esperando en este patíbulo de la muerte.

Es por eso que nos sumamos al punto de acuerdo que está comentando el compañero diputado y que la fracción del PRD de una manera muy enérgica está haciendo esta declaración para que en lo sucesivo no únicamente quede como algo aquí en la Cámara, sino que se tomen cartas en el asunto y que México se manifieste con los Estados Unidos.

Gracias.

El Presidente:

Gracias, diputado Sergio Acosta Salazar.

Se ofrece el uso de la palabra al diputado Santiago Guerrero Gutiérrez, del grupo parlamentario del PRI, por cinco minutos.

El diputado Santiago Guerrero Gutiérrez:

Con su permiso, señor Presidente:

El día 5 de este mes se suscitó un hecho por demás deleznable, allá en la frontera norte de nuestro país fue arteramente asesinado nuestro compatriota el joven Roberto Chávez Reséndiz por el policía de la patrulla fronteriza Marco Antonio Rivera.

Estos hechos de abuso y de humillación a nuestros connacionales se presentan todos los días, como se puede ver aún después de la petición que hiciera el Ejecutivo Federal en la visita que recientemente nos hiciera el nuevo presidente de los Estados Unidos, George W. Bush.

600,601,602

Esto debe ser condenado por todos los mexicanos, nosotros como representantes populares debemos elevar la voz ahora para que se detengan esos crímenes, para frenar de una vez por todas este tipo de violaciones flagrantes a los derechos humanos. No podemos permitir más que se sigan violentando los derechos humanos allá en los Estados Unidos en contra de nuestros compatriotas que van en búsqueda de un salario, de un mejor nivel de vida, de una fuente de ingreso, de una fuente de trabajo. Creemos nosotros que los compatriotas mexicanos van allá a la frontera, van allá a los Estados Unidos también a dejar su esfuerzo para que su país se siga enriqueciendo y por eso compañeros no es justo que se sigan ensañando con los trabajadores migrantes de México y de otros países suramericanos.

Yo pido aquí, que nos sumemos todos a la propuesta de punto de acuerdo que presentó el compañero diputado David Penchyna, para que rechacemos estos hechos de violencia en contra de nuestros compatriotas; para que la Secretaría de Relaciones Exteriores eleve su voz enérgica ante el gobierno de Estados Unidos y se frene este tipo de violaciones a los derechos humanos.

Compañeros, se debe de abrir también aquí en el Gobierno mexicano, un programa de apoyo a nuestros compatriotas que van a los Estados Unidos, de apoyo jurídico, como lo señala el punto de acuerdo que aquí se presentó; no podemos dar marcha atrás en éste tan urgente asunto que todos los días se suscitan allá en la frontera norte de nuestro país con los Estados Unidos.

Pido a ustedes, exhorto a todos ustedes para que aprobemos este punto de acuerdo en su momento.

Muchas gracias.

El Presidente:

Muchas gracias, diputado don Santiago Guerrero Gutiérrez.

Se ofrece el uso de la palabra al diputado Francisco Patiño Cardona, del grupo parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.

El diputado Francisco Patiño Cardona:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Paso a esta tribuna como diputado hidalguense. Una vez más la patrulla fronteriza de los Estados Unidos de América comete la más grave de las violaciones de los derechos humanos: matar por la espalda.

Efectivamente, recientemente la patrulla fronteriza asesinó a un joven compatriota, Roberto Chávez Reséndiz, vecino del municipio de Mixquiahuala, en el Estado de Hidalgo.

Debo de comentar, compañeras y compañeros diputados, que el Estado de Hidalgo es una de las entidades más pobres del país, por ello nuestros paisanos tienen que emigrar a Estados Unidos para ganar el sustento de su familia, hijos, mujeres, ancianos y elevar su nivel de vida. No es posible que se siga permitiendo que por el rechazo de los vecinos del norte continúen muriendo compatriotas que tratan de cruzar la frontera con un solo propósito: la supervivencia. ¡Que ironía!, que buscando poder sobrevivir, encuentren la muerte.

El Congreso de la Unión debe elevar una enérgica protesta al gobierno norteamericano y mostrar su indignación por esos hechos en los que para evitar que un paisano nuestro ingrese a territorio norteamericano, obviamente indocumentado, simple y sencillamente de la manera más cobarde se le dispare a mansalva, con toda la intención de matarlo. Esta es la más clara muestra de xenofobia, de odio, hacia quienes tienen un origen distinto.

El Gobierno mexicano debe poner un "hasta aquí" a la impunidad de las autoridades norteamericanas. Han sido muchos los mexicanos y también hidalguenses, asesinados por las autoridades de ese país en forma vil y cobarde y no debe olvidarse que lo quieran o no lo quieran los gringos, deben entender que millones de mexicanos han contribuido enormemente al mejoramiento en su calidad de vida.

A los indocumentados mexicanos en los Estados Unidos se les ha impuesto las tareas más desagradables, las más pesadas, las más difíciles y las peor pagadas.

El presidente Vicente Fox ha pregonado y presumido ante la comunidad nacional y ante la comunidad internacional, tener muy buenas relaciones con el presidente Bush, ha alardeado de que ambos países suscribirán un convenio que regule la entrada temporal de mexicanos a Estados Unidos, para desempeñar algunos trabajos. Esto lo dijo a pocos días de haber tomado protesta como titular del Poder Ejecutivo y no ha vuelto a tocar el tema ni siquiera después de que en su hacienda recibió la tan memorable visita del mandatario norteamericano.

El asunto es de vital importancia, porque mientras no se otorguen los mentados permisos provisionales, nuestros paisanos que desgraciadamente no cuentan con un trabajo en su país, un modo honesto de ganarse aquí el pan de cada día, seguirán arriesgando su vida para ir buscando el sustento donde creen poder encontrarlo más alla de la frontera del norte.

Por todo ello, como diputado hidalguense, suscribo el punto de acuerdo que presentan o que se presenta en esta tribuna, pero considero importante, diputado Penchyna, que se incluya, si es posible, si usted lo considera oportuno, lo siguiente, en el punto de acuerdo que hace un momento usted expuso en esta tribuna para evitar que los gringos sigan asesinando a nuestros compatriotas. Es lo siguiente:

"Que el Gobierno mexicano interponga de inmediato una denuncia de los hechos anteriormente citados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante su similar de la Organización de las Naciones Unidas en contra del país agresor, para que se le obligue a este país a cumplir cabalmente con los convenios y tratados internacionales de derechos humanos que ha suscrito."

Muchas gracias, por su atención.

El Presidente:

Gracias, diputado Patiño Cardona.

Igualmente su intervención se ordena se turne también a las comisiones a la que fue turnada la proposición para que sea considerada.

Se concede el uso de la palabra al diputado Melitón Morales Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

El diputado J. Meliton Morales Sánchez:

Señor Presidente; compañeras, compañeros diputados:
Está claro que la migración mexicana hacia los Estados Unidos tiene motivos y en consecuencia importantes efectos económicos y características medularmente laborales.

No voy a repetir los acentos trágicos que ya todos conocemos y que implican para nuestros migrantes indocumentados las más diversas vejaciones que se manifiestan en robos, abusos, maltratos, discriminación, separación de padres e hijos, altos riesgos e inclusive la muerte, como en el caso denunciado por el señor diputado Penchyna y otros compañeros diputados. Más bien quiero subrayar la necesidad imperativa de reconocer que las acciones emprendidas hasta ahora por el Gobierno mexicano para la protección de nuestros connacionales han quedado rebasadas por la dimensión del problema y las limitaciones con que México lo afronta, no basta con la indignación; no basta con la buena voluntad ni es permisible encubrir con propaganda y autocomplacencias lo que en la realidad resulta insuficiente.

Hoy es el tiempo de tener claridad respecto de la situación y de cada uno de los problemas que aquí se han ventilado para llegar a prontas, pero bien ventiladas respuestas.

Por tanto, en nombre del grupo legislativo del PRI, ratificamos en sus términos la denuncia presentada por el señor diputado Penchyna.

Muchas gracias.

El Presidente:

Muchas gracias, diputado don Melitón Morales Sánchez.

El diputado José Antonio Calderón Cardoso (desde su curul):

Señor Presidente, para solicitar se me incluya por favor, para rectificar hechos en la lista que anteriormente usted señaló.

El Presidente:

Siendo para rectificar hechos y en los términos del artículo 102, tiene usted el uso de la palabra hasta por cinco minutos. Inmediatamente después, el diputado don Tomás Torres Mercado.

Tiene usted el uso de la palabra.

Permítame diputado, nada más un momento. Activen el sonido del diputado Arnal, por favor.

El diputado Eduardo Arnal Palomera
(desde su curul):

Para rectificar hechos, por favor, señor Presidente.

El Presidente:

Se concede el uso de la palabra, primero para rectificar hechos, con fundamento en el artículo 102, al diputado Calderón Cardoso e inmediatamente después al diputado Arnal.

Queda pendiente el turno del diputado Tomás Torres Mercado.

El diputado José Antonio Calderón
Cardoso:

Gracias, señor Presidente; honorable Asamblea:

La muerte de un indocumentado mexicano oriundo del Estado de Hidalgo, por parte de un agente de la Border Patrol en Arizona, exhibe no solamente la falta de garantías de los mexicanos en Estados Unidos, sino la carencia de protección por parte de las autoridades mexicanas para nuestros compatriotas.

Es necesario y urgente dirigir una reclamación y protesta al gobierno norteamericano para exigir no solamente una disculpa, desde luego, sino un castigo al criminal y una indemnización a la familia de la víctima. Asimismo, se debe solicitar al Gobierno Federal su intervención para que dirija un reclamo, tanto a las autoridades locales en Arizona, como al gobierno central de la Unión Americana, protestando por este artero crimen y por el trato que se les da de manera permanente ya a los indocumentados mexicanos.
El racismo, la xenofobia y la discriminación son una realidad latente y lamentable que los Estados Unidos da a los connacionales mexicanos. El asunto migratorio, por otra parte, es una cuestión de orden público y por lo tanto nos afecta a todos, ya que de manera directa afecta por la situación geográfica en la que estamos, a los connacionales mexicanos.

Hasta ahora las quejas y los reclamos se han limitado a hacer los señalamientos, pero ha faltado por parte del Gobierno actividades y acciones más contundentes para detener este trato que se está dando a los mexicanos indocumentados.

Por todo, el Partido Alianza Social suscribe el punto de acuerdo presentado con anterioridad.

Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias a usted, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra, para rectificación de hechos, hasta por cinco minutos, con fundamento en el 102, el diputado Arnal.

El diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios (desde su curul):

Señor Presidente.

El Presidente:

Diputado don Víctor Díaz Palacios, activen el sonido de su curul, por favor.

El diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios (desde su curul):

Señor Presidente, si es tan amable, para que me registre para rectificación de hechos.

El Presidente:

Con mucho gusto, señor diputado.

603,604,605

El diputado Eduardo Arnal Palomera:

Con su permiso, señor Presidente:

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y los diputados miembros de esta legislatura, coincidimos con este punto de acuerdo para solicitar la intervención del Gobierno mexicano ante el gobierno de los Estados Unidos, por el asesinato de nuestro connacional Roberto Chávez Reséndiz. Esta situación es lamentable desde cualquier perspectiva.

Debemos buscar siempre el respeto de los derechos humanos y no nada más de nuestros connacionales, sino dentro y fuera de nuestro país. Debemos de propugnar que el respeto irrestricto a los derechos humanos sea una garantía inviolada, inviolable y no nada más cuando tengamos que lamentar un acontecimiento como el que tenemos que debatir y comentar aquí.

Desafortunadamente este problema no es nuevo, se remonta a muchos años atrás. Desafortunadamente por las circunstancias miles y miles de compatriotas se han visto obligados a buscar un mejor futuro o a buscar una nueva oportunidad en nuestro país vecino.

Esta situación lamentablemente no ha sido nueva, por eso además creemos que tenemos que encontrar algún mecanismo por medio del cual podamos buscar medidas que resuelvan este problema o lo mitiguen este problema de fondo.

Ya se comentó y debemos buscar el apoyo a los programas de empleo temporal y al acuerdo de libre flujo de personas entre nuestros dos países.

La serie de abusos y vejaciones que nuestros connacionales han sufrido buscando un mejor nivel de vida, tiene que ser un tema principal y central en la agenda bilateral con nuestro vecino del norte.

Cuando se llegan a extremos, como inclusive el de perder la vida, no podemos de ninguna manera permitir que esto siga sucediendo, el respeto a los derechos humanos tiene que ser irrestricto en nuestro país, dentro de nuestras fronteras pero inclusive allende de ellas.
Es por esto que la intervención del Gobierno debe ser enérgicas pero al mismo tiempo buscando establecer los lazos y mecanismos que puedan dar una solución de fondo a este problema. Si no encontramos un acuerdo, un mecanismo o un método que nos permita ir reduciendo los flujos migratorios, que nos permita ir elevando el nivel de vida de nuestros connacionales, que nos permita poder defender los derechos de nuestros connacionales y hermanos en los Estados Unidos, este problema desafortunadamente podrá seguir repitiéndose.

Los diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, mostramos nuestra indignación por esta situación, nos adherimos a este punto de acuerdo y solicitamos y exigimos el respeto a los derechos humanos de nuestros connacionales.

Muchas gracias.

El Presidente:

Muchas gracias, don Eduardo Arnal Palomera.

Se ofrece el uso de la palabra para rectificar hechos a don Víctor Díaz Palacios, con la recomendación de que sea para rectificación de hechos, tiene usted uso de la palabra, hasta por cinco minutos.

El diputado Víctor Roberto Infante González (desde su curul):

Señor Presidente...

El Presidente:

Diputado, está en turno inscrito el diputado Tomás Torres Mercado, que estuvo oportunamente inscrito en el orden de oradores; la Presidencia notificó a la Asamblea quienes se encontraban inscritos, se ha venido dilatando la intervención del diputado Tomás Torres Mercado por intervenciones para rectificar hechos, que de hecho son adhesiones al punto de acuerdo, que quiero recordar a la Asamblea que está turnado ya a comisiones y volverá al pleno en forma de dictamen de algunos de los puntos o de todos ellos, contiene cinco puntos de acuerdo, de tal manera que no se agota el debate de este tema en esa sesión e inmediatamente después de que haga uso de la palabra don Víctor Díaz Palacios, tendré que ofrecerle ya el uso de la palabra a don Tomás Torres Mercado y consultar a la Asamblea si considera suficientemente discutido, en caso de que la Asamblea no lo considere así, le ofreceré el uso de la palabra, diputado.

Tiene el uso de la palabra el diputado don Víctor Díaz Palacios, por cinco minutos.

El diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios:

Gracias, señor Presidente y como siempre seré respetuoso de todas y cada una de sus indicaciones.

Vengo aquí a la tribuna más alta de la nación porque de donde provengo, una gran cantidad de paisanos tienen la necesidad de emigrar a los Estados Unidos de América.

Es preciso llegar a una mutua aceptación de que la circunstancia excepcional de contar con una frontera de más de 3 mil kilómetros, la más grade, plantea en los dos países una necesidad de una cooperación con justicia y equidad, de modo que una visión meramente represiva y persecutoria tiene para México altos costos humanos y para los Estados Unidos de América, altos costos económicos.

La problemática se ha multiplicado de tal manera y por lo tanto está incidiendo tan profundamente en el destino general de México, que nunca como hoy ha sido tan urgente e indispensable emprender una política efectiva, moderna, comprometida a corto, mediano y largo plazos para afrontarla y establecer la bases internas y bilaterales, realistas que instauren un orden civilizado de esta situación en beneficio tanto de los propios migrantes como de las dos naciones involucradas. No más muertes, no más persecución, no mas represión. Es hoy el momento en que el señor canciller tiene que alzar la voz para defender a todas y todos los mexicanos.

Por su atención, muchísimas gracias.

El Presidente:

Gracias, diputado Víctor Díaz Palacios.

Tiene el uso de la palabra el diputado Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

El diputado Tomás Torres Mercado:

Le agradezco y le pido su venia al señor Presidente de la Cámara, dirigente responsable, conductor de los trabajos de este cuerpo colegiado.

Sería no sólo, señor diputado, apolítico sino inmoral, no abordar con independencia de las identidades partidarias, temas como el que se ha estado tocando ahora en esta tribuna.

Previo al arribar a la misma, comentaba con compañeros diputados de nuestra entidad, de Zacatecas, del Revolucionario Institucional el licenciado Infante González; de Convergencia, diputado Del Río Virgen y no nos queda más que subrayar y como rezan las ratificaciones de los leguleyos en la ratificación de actas, suscribir en todas y cada una de sus partes el punto de acuerdo que el diputado David Penchyna ha presentado.

La fracción parlamentaria del PRD, los diputados federales de Zacatecas como de otras entidades de este país, estamos ciertos que particularmente la crisis en el sector agropecuario que se vive, no sería soportada, no sería resistida si no hubiera la posibilidad de migrar hacia la Unión Americana y vale la pena que dejemos la reflexión relacionada a este punto.

Cada vez más comunidades se están quedando en el abandono y en la soledad, en estos tiempos de globalidad, de tecnología, de comunicación instantánea en donde México es a la mejor campeón de acuerdos y tratados comerciales, en donde circulan con libertad las mercancías, no circulan con libertad las personas.

México con la Unión Americana tiene un intercambio comercial del 85% de su total y no ha sido capaz el Congreso General, no ha sido el Ejecutivo Federal capaz de plantear el capítulo específico de acuerdos laborales.

El día de hoy, el presidente Fox, seguramente en estos momentos está signando un acuerdo con una federación de clubes en el marco del programa denominado Tres por Uno, no pierden el entrañable sentimiento y la responsabilidad de influir en el desarrollo nuestros connacionales, pero estamos en esta tribuna dando la cuenta de la muerte delictiva de uno de ellos.

Diputadas, diputados, si pidiéramos un minuto de silencio por cada uno de los connacionales que allende las fronteras han muerto, quizá tendríamos que prolongar por buen tiempo esta sesión.

El campeón de la democracia victima más mexicanos en un sólo año que la estructura ominosa del muro de Berlín.

Toca en éste como en otros temas, la responsabilidad histórica de asumir no sólo el impulso para que la Cancillería o el Ejecutivo Federal, haga patente no solamente la queja, que la Procuraduría General de la República y la propia Cancillería registre que hay posibilidad de que la pretensión punitiva del Estado mexicano, sea posible contra extranjeros.

Les dejo la lectura del artículo 4o. del Código Penal Federal y de la ley reglamentaria del artículo 119 de la Constitución Política de este país.

Vaya nuestra solidaridad con relación al punto cuya reseña de hechos sería ya ocioso comentarla nuevamente.

Muchas gracias.

El Presidente:

Muchas gracias, diputado don Tomás Torres Mercado.

Señor Secretario si puede consultar a la Asamblea si considera suficientemente discutido el tema.

El secretario Bernardo Borbón Vilches:

Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si el tema en discusión se considera ya suficientemente discutido.

En votación económica quienes estén por la afirmativa, manifestarlo...
En votación económica, quienes estén por la negativa... Aparente mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente:

Muchas gracias, señor Secretario.

La única persona, el único legislador que faltaría de hacer uso de la palabra sería el diputado Víctor Infante González, en este momento sería la oportunidad si alguien quiere hacer uso de palabra. En este momento se registra el diputado Héctor Méndez.

No habiendo más, se concede el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, al diputado Víctor Infante González del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Víctor Roberto Infante
González:

Gracias señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:

Es lamentable que nuestros connacionales sigan padeciendo violaciones a sus más elementales derechos humanos, por eso en mi carácter de diputado federal del Estado de Zacatecas, me sumo al enérgico planteamiento que se ha hecho en esta tribuna y al punto de acuerdo aquí presentado, no sólo para que se envíe al gobierno de los Estados Unidos de América una nota de protesta diplomática por las acciones de la patrulla fronteriza en contra de la vida de migrantes mexicanos; incluso, como lo refería el compañero Tomás Torres Mercado, que el presidente Vicente Fox, aprovechando su estancia en ese país, exija una investigación a fondo y que las federaciones de clubes unidas, como es la de Clubes Zacatecanos Unidos, se sumen a esta demanda de investigación.

Impulsemos desde esta Cámara iniciativas que mejoren salarios, fomenten empleos que no impacten a millones de marginados, pues de lo contrario los estamos aventando a la muerte en manos de la patrulla fronteriza, ahogados en el río o muertos de sed al cruzar el semidesierto.

603,604,605

Compañeros de las diversas fracciones, hoy que está el Presidente en Estados Unidos, mandemos un mensaje de solidaridad a millones de mexicanos que han arriesgado su vida como Roberto Chávez y como miles y miles de oaxaqueños y de zacatecanos, aprobando este punto de acuerdo.

Hay temas en los que debemos coincidir más allá de nuestras posturas ideológicas; este tema es uno de ellos . Me preocupa especialmente este tema porque ya como anotaba el compañero diputado perredista, en Zacatecas aunado a que es uno de los estados más pobres del país, es uno de los que mayormente expulsan fuerza de trabajo barata para acrecentar la riqueza de nuestro inequitativo vecino del norte.

No permitamos que nuestros compatriotas sigan siendo presa del autoritarismo de las policías estadounidenses.

El Gobierno mexicano tiene como primera obligación garantizar la vida y seguridad de los mexicanos, actos que se están convirtiendo en cotidianos, como el que ocurrió recientemente a nuestro hermano Roberto Chávez Reséndiz, acribillado cobardemente por un integrante de la patrulla fronteriza. Esto deja en entredicho el cumplimiento de esa obligación fundamental.

Hago un llamado, pues, desde esta alta tribuna del país, a las instituciones encargadas de vigilar el cumplimiento específico de las leyes de la materia y a velar por el respeto irrestricto a los derechos humanos de los connacionales que por las circunstancias de todos conocidas se ven en la imperiosa necesidad de cruzar la frontera norte de nuestro país en busca de mejores oportunidades para conseguir el sustento diario para sus familias.

Exijamos pues, un alto a las violaciones, a los tratados y a las convenciones internacionales que en forma grave y persistente cometen autoridades migratorias de los Estados Unidos. Exijamos el derecho irrestricto a los derechos de los migrantes mexicanos, exijamos el castigo al responsable del asesinato de Roberto Chávez Reséndiz, ocurrido en Tucson, Arizona, el pasado 5 de marzo.

Solicitemos como dije, al Ejecutivo Federal, que instrumente desde la oficina de la Presidencia de la República un programa de defensa jurídica, profesional y sistemática de nuestros connacionales.

Incluyamos ya el tema de Roberto Chávez Reséndiz en la próxima interparlamentaria México-Estados Unidos de América y revisemos, como ya se señalaba, la agenda laboral.

Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias a usted, señor diputado don Víctor Infante González.

Por último, tiene el uso de la palabra el diputado don Héctor Méndez Alarcón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por cinco minutos.

El diputado Héctor Méndez Alarcón:

Con su permiso, señor Presidente.

Considero de suma trascendencia, como hidalguense y como miembro del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, que en su naturaleza de principio de doctrina como humanismo político, debe hoy pronunciarse con toda la claridad y precisión sobre esta violación a los derechos humanos de alguien que es hermano nuestro, que fue hermano nuestro del Estado de Hidalgo.

Compañero diputado Penchyna, del estado de Hidalgo, que realmente ha traído a esta tribuna este hecho que corresponde en su distrito, realmente hemos firmado y hemos signado ese punto de acuerdo.

En voz del Partido Acción Nacional, no queremos pasar por alto este hecho que consideramos vergonzoso en todo el ámbito nacional, como en el ámbito internacional.

Es importante que los migrantes conozcan los derechos de los cuales son poseedores tanto en el extranjero, para que de esta manera no sean víctimas de los atropellos de los que han sido objeto.

Es necesario dar cumplimiento y mejorar los servicios de asesoría en la frontera a nuestros migrantes. A la vez, es importante en vista de que hay un consenso de los grupos parlamentarios reunidos en este Congreso, enviar una nota de censura al Congreso de los Estados Unidos, mostrando nuestro descontento por los acontecimientos que hemos relatado.

Compañeros diputados, muchas gracias.

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El Presidente:

Muy bien, diputado, muchas gracias, diputado Héctor Méndez Alarcón.

Se concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos, al diputado Timoteo Martínez Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado J. Timoteo Martínez Pérez:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados de esta LVIII Legislatura:

Su servidor, como diputado federal por el I distrito del Estado de Querétaro, nos pronunciamos la fracción del Partido Revolucionario Institucional, porque el Gobierno de la República, tenga un mayor peso en las decisiones y en la defensa de nuestros compañeros que con mucho esfuerzo y sacrificio van a Estados Unidos a exponer la vida.

Desde esta tribuna le pedimos al Presidente de la República, al Secretario de Relaciones Exteriores, que defendamos más a nuestros compañeros connacionales.

Su servidor, como diputado federal hemos ayudado en estos seis meses de la Cámara de Diputados, al traslado de 27 cuerpos de compañeros que por una circunstancia u otra, fallecieron en Estados Unidos y que el gobierno de Estados Unidos, preste más atención en la defensa de los connacionales que van a trabajar, que van a aportar su mano de obra, que van a ayudar en la economía de los Estados Unidos, por la falta de oportunidades y la falta de trabajo que se requiere en cada uno de los municipios y localidades del país.

Debemos de velar por la defensa de los derechos humanos de todos los compañeros, tanto nacionales como internacionales. En México hemos sido muy benévolos con los extranjeros; los tratamos con todo respeto, con mucha camaradería y les damos ciertas preferencias. ¿Por qué no nuestros compañeros connacionales que van a Estados Unidos a dar su esfuerzo, a trabajar y a ser mal pagados, cuando menos se debería de velar y solicitarle al Presidente de la República, que le exija al gobierno de Estados Unidos, el respeto a los compañeros que van a trabajar allá.

Hoy, desde esta tribuna, exigimos y les pedimos que defendamos a nuestros compañeros que van a Estados Unidos a trabajar.

Compañeras y compañeros diputados: desde esta tribuna les solicito muy respetuosamente a todos los 500 diputados de esta legislatura, para que defendamos a nuestros connacionales que están trabajando en Estados Unidos y que se le haga un extrañamiento al gobierno de Estados Unidos, para que la patrulla fronteriza no violente más los derechos humanos de nuestros mexicanos.

Muchas gracias.

El Presidente:

Muchas gracias, diputado Timoteo Martínez Pérez.

TAJIN

El Presidente:

El siguiente punto del orden del día corresponde a la presentación de una proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados vigile la organización y beneficios comunitarios de la Cumbre de Tajín 2001, que será presentada por el diputado Elías Martínez Rufino, del grupo parlamentario del PRD, a quien se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos.

El diputado Elías Martínez Rufino:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

En realidad tendría que hacer una corrección primero porque vamos a hablar sobre todo de la problemática que han ocasionado los eventos realizados en la zona arqueológica de el Tajín. Y digo esto a propósito de que más vale tarde que nunca. Esto debimos haberlo planteado el martes. Por desgracia, no fue incorporado a la agenda, pero queremos plantearlo porque, a final de cuentas, si se tiene razón o no en esta propuesta, se verá después de unos días, en el caso de aceptarse.

Por segundo año consecutivo, la zona arqueológica denominada Tajín y considerada por la UNESCO como patrimonio de la humanidad ha sido utilizada por el gobernador del Estado de Veracruz, Miguel Alemán Velasco, como sede de un evento musical y cultural seriamente cuestionado por diversos sectores de la sociedad, principalmente porque las autoridades del Estado hacen uso comercial de la zona arqueológica, han dañado el patrimonio nacional y derrocharon recursos públicos al no obtener, de las ganancias de dichos eventos, beneficios sociales para las comunidades totonacas.

Los mismos investigadores y académicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Veracruz afirman que el acto efectuado en el año 2000, denominado Primavera del Milenio, ocasionó severos daños a la zona arqueológica, principalmente al complejo de pirámides totonacas, por la introducción de vehículos pesados, helicópteros y equipo de sonido que dañaron el sistema de drenaje prehispánico, el recubrimiento de los montículos y el piso de las áreas de pelota, que tienen por lo menos 900 años de antigüedad.

El gobierno municipal de Papantla, encabezado por el alcalde indígena Diógenes Ramírez Santiz, ha denunciado que los consejos indígenas de la región fueron ignorados por el Gobierno Federal, también por el estatal, para la realización de dichos eventos, a pesar de que la justificación y la publicidad para promoverlos se centra en el argumento de que las ganancias que se logren por la inversión en los magnos eventos serán canalizados para la obra social, principalmente a la zona totonacapa y, con ello, beneficiar a los municipios de Coyutla, Espinal Chunatlán, Zozocolco, Coxquihue, Mecatlán, Filomeno Mata, Coahuitlán y Papantla, entre otros.

Por su parte, la señora Sara Guadalupe Bermúdez, antes de ser titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, apoyó la realización de dicho evento; es más, fue la coordinadora de relaciones públicas del acto festivo denominado Primavera Milenio 2000, del cual ha aceptado públicamente que hubieron riesgos y daños mínimos, asegurando, textual, "que eso no es tan malo y que haberse equivocado algo no importa, porque así sucede siempre la primera vez".

En cuanto a los daños, el director del Centro Regional del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Veracruz reconoció que fueron menores y fácilmente arreglados. Cito palabras del funcionario aparecidas en una nota del Uno Más Uno.

"Hubo una afectación de estruco de 10 centímetros y cuya restauración sólo costó 8 mil pesos y se arregló ya. Y con relación -termina la cita-, a daños denunciados por un helicóptero que se utilizó dentro de la zona, -dijo-: "se movieron piezas con el helicóptero, pero a cinco meses de la Cumbre y por instrucciones del arqueólogo de la zona, no pasó nada. Era parte del proceso de restauración de la zona y no obedeció a la celebración del evento", termina la cita.

Sin embargo, diversas organizaciones y frentes en defensa del patrimonio nacional dicen tener pruebas de las afectaciones que sufrió la zona arqueológica del el Tajín durante el evento del año 2000, las cuales han sido minimizadas por las autoridades tanto locales como federales.

Asimismo, ha realizado denuncias por la violación de leyes, reglamentos, decretos y diversos ordenamientos federales al ser utilizada la zona arqueológica con fines de lucro y de comercio para favorecer a empresas a las que les fue concesionado el evento, así como al marco normativo que en materia corresponde al cuidado, promoción, utilización y objetivos de la zona arqueológica e histórica de nuestro país que conforman el patrimonio social y de la humanidad.

Las denuncias de daño al patrimonio nacional se realizaron en contra de funcionarios federales y del propio gobernador del Estado, ya que, según investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, había violado el artículo 27 constitucional, la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas y demás ordenamientos legales expedidos al respecto al autorizar en forma anómala y bajo subterfugios el arrendamiento o concesión de la zona arqueológica de el Tajín a Carlos Gómez Mora, productor general; a la empresa OCESA y a Ticket Master, para efectuar dicho festival.

Por lo que será necesario revisar cuidadosamente todas y cada una de las pruebas gráficas y documentales de las afectaciones al patrimonio, así como ser cuidadosos de los ordenamientos jurídicos que desde el ámbito constitucional y legal se presumen violados.

Es imprescindible que todo acto que se realice lícitamente pero fuera de la normatividad vigente, sea castigado con la aplicación del estado de derecho y de nuestras leyes. Será necesario que no quede lugar a dudas si se violaron las leyes o no y se afectó el patrimonio de nuestro país en el acto festivo de primavera milenio 2000.

A pesar de todo ello el gobernador Miguel Alemán Velasco decide realizar otro evento de las mismas características, aun cuando no les cumplió a las comunidades en el año anterior.

Los días 17, 18, 19, 20 y 21 de marzo del presente año, denominado Cumbre Tajín 2001, lo cual levantó polémica en todos los sectores de la sociedad. Sin embargo, no sé si por obvias razones, pero fue rápido logró tener el aval de la señora Sara Guadalupe Bermúdez, la anuencia el 31 de enero del presente año del Consejo Nacional de Arqueología y del Instituto Nacional de Antropología e Historia y posteriormente, el día 8 de marzo, del Secretario de Educación Pública que autoriza se utilice Playa Arroyo, zona de las pirámides, como escenario de clausura del evento.

Es necesario mencionar que durante la primera etapa de negociaciones el Gobierno Federal autorizó se realizara el festival en las inmediaciones de la zona arqueológica, fuera del perímetro o de lo poligonal, espacio donde también hay vestigios arqueológicos, ¡hecho que envalentonó al gobernador del Estado, proponiendo una consulta pública para que el Tajín pase a ser custodiado por el gobierno local, a través del Instituto de Cultura de Veracruz, con el argumento de que éste se encuentra en propiedad del Estado, con lo que, pues obviamente ya encabeza un movimiento institucional en contra del federalismo y obviamente tomando como muestra lo que está haciendo el ínclito señor feudal Víctor Cervera Pacheco, que a través de Cultur se apropió de las zonas arqueológicas de la entidad y tiene hasta este momento secuestrado no sólo el patrimonio tangible, sino también las instituciones en el Estado de Yucatán.
Después de esa amenaza realizada por el gobernador de Veracruz, Miguel Alemán Velasco, el titular de la Secretaría de Educación Pública otorga el permiso para que el festival se clausure en la zona arqueológica de el Tajín, siempre y cuando los organizadores depositen una fianza de 10 millones de pesos y aporten 5 millones de los mismos para preservar el área de vestigios.

Posteriormente el gobierno del Estado hace un depósito de 1 millón de dólares ante el posible daño de el Tajín y claro que se van a recuperar, pues se invita a los indígenas totonacas a ver el gran espectáculo del primer mundo: el boleto solamente cuesta 4 mil y 5 mil pesos. ¡Obviamente es la visión empresarial!

Por otro lado, el saldo humano hasta antes de la clausura del evento, fue de un muerto y 42 heridos, de los cuales 20 se encontraban graves a consecuencia de la caída de una estructura que sería utilizada en la clausura, donde 500 policías, utilizados porque no había arena -me supongo- ni máquinas que puedan probar la capacidad de soporte de las estructuras, fueron utilizados en el templete por orden del gobernador para ver si resistía. A la antigüita pues y por mala suerte no resistió y como había que echarle a alguien la culpa, empezaron por echarle la culpa al director de Protección Civil, que por cierto no había tenido nada qué ver en este asunto, por ser una autoridad local y estaba siendo coordinado sobre todo por el gobierno estatal.

En fin, a pesar de ello, el gobernador..., perdón. señora Presidenta, solicito un minuto más.

Presidencia de la diputada
María Elena Alvarez Bernal
La Presidenta:

Un minuto señor.

El diputado Elías Martínez Rufino:

Gracias.

En fin, a pesar de ello el gobernador de la entidad amenazó con mandar una iniciativa para que el instituto veracruzano recupere la custodia de las más de 4 mil zonas arqueológicas localizadas en el Estado, entre ellas el Tajín, que permanecen bajo el resguardo de la Federación.

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Y ya por último, es de imaginar que el problema planteado estuvo más allá de la defensa del patrimonio y el cumplimiento de las leyes por parte del gobierno foxista y del gobierno alemanista, ya que el mejor resultado se obtuvo en garantizar el posible pago de los daños, aceptando con ello los riesgos de que la clausura del festival afectara en el patrimonio cultural de la humanidad.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente

PUNTO DE ACUERDO


Unico.
Que la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados envíe a una subcomisión a la zona arqueológica denominada el Tajín, ubicada en el municipio de Papantla, Veracruz, para que realice una investigación documental y de campo sobre los presuntos daños ocasionados a la zona mencionada y por tanto al patrimonio nacional. También que analice los diferentes ordenamientos constitucionales y legales que presuntamente fueron violados, a efecto de que informe a esta soberanía y emita una recomendación sobre lo encomendado y se finquen responsabilidades sobre los presuntos responsables.

Es tanto, señor Presidente. Firman esta propuesta además del de la voz, los diputados: José Manuel del Río Virgen, de Convergencia Democrática; Bonifacio Castillo, del Partido de la Revolución Democrática y Norma Patricia Riojas Santana, del Partido de la Sociedad Nacionalista.

Gracias.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

Si es tan amable de decirnos a qué comisión desea que se turne.

El diputado Elías Martínez Rufino:

Cultura.

La Presidenta:

Túrnese a la Comisión de Cultura.

Favor de activar sonido a la curul del diputado Jaime Rojo Mantecón.

El diputado Jaime Mantecón Rojo
(desde su curul):

Sí, es para pasar a la tribuna, para rectificar hechos.

La Presidenta:

Tiene la palabra para rectificar hechos, hasta por cinco minutos, el diputado Jaime Mantecón Rojo.

El diputado Jaime Mantecón Rojo

Con su autorización, señora Presidenta; soy Jaime Mantecón Rojo; compañeras y compañeros diputados:

El compañero diputado del Partido de la Revolución Democrática ha venido a esta tribuna a presentar una propuesta de punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados forme una subcomisión para supervisar la realización de la cumbre el Tajín, en el Estado de Veracruz.

Como buen mexicano ha ilustrado a esta honorable representación de los beneficios e importancia cultural de esta cumbre. En efecto, es un evento que reúne a la prensa nacional e internacional y asisten a ella numerosos turistas de todas partes del país y de muchos otros países del mundo. Sin embargo, la propuesta de que sea la Cámara de Diputados una instancia supervisora de los ingresos y los gastos de esta cumbre es inviable por muchas razones.

En primer lugar el periodo de sesiones que dio inicio apenas hace unos días y terminará el último día del mes de abril, impele a los diputados federales a trabajar en las actividades que la Carta Magna nos señala, es decir, legislar en aras del constante mejoramiento de la nación, convertirnos en el despacho de contadores más grandes del país implica restarles a tiempo en nuestra área que por sí ya es reducido y dedicarnos a la tarea propia de otras instancias administrativas y de gobiernos que no competen a esta honorable representación.

En segundo lugar habría que señalar que la idea de intervenir desde las instancias federales en los ámbitos de competencia estatal es innegablemente un mal hábito del PRD, junto con su partido aliado en estos lares que amenaza con la invasión federal en los asuntos que son de estricto orden estatal, que se coordinan con el INA en su delegación de Veracruz y se vincula necesariamente con su contraparte en la Federación.

Esto de ninguna manera autoriza la asignación de recursos para formar una subcomisión especial para que en este asunto pareciera querer convertir en una agencia de patrocinio turístico legislativo; mas sin embargo la fracción priísta de Veracruz pone a la consideración del pleno de algunos aspectos que ilustran los beneficios obtenidos: La Cumbre Tajín 2000 reportó a la zona de influencia una ocupación hotelera del 94% en promedio de turismo nacional e internacional.

La derrama económica que se captó fue de más de 9 millones de pesos, se construyó el bulevard Papantla-Tajín con longitud de 3.5 kilómetros con una inversión de 23 millones de pesos, la cual generó 431 mil 200 jornales beneficiando a cerca de 200 mil habitantes del municipio de Papantla. La cultura indígena hizo presente con la participación de más de 800 artistas de la región de totonacapa, desaderos y curanderos, así como la implementación de talleres de cultura indígena presentándose además el Programa de Lenguas Veracruzanas dirigido al rescate de las lenguas indígenas que se hablan en Veracruz y un trabajo de rescate de tradiciones impartido por niños totonacas.

De igual manera la región totonacapa no solamente tuvo difusión estatal, sino la prensa tuvo un total de 280 acreditaciones de las cuales 99 fueron de cobertura nacional, 15 internacional y 166 estatales.

El desafortunado accidente de un elemento de seguridad pública ocurrió así, dos días antes de la inauguración, durante la prueba dinámica de resistencia, ya que por tratarse de una zona arqueológica no fue ni permitido el ingreso de maquinaria ni equipo pesado. La prueba dinámica de resistencia se realiza con el peso en movimiento a diferencia de la prueba estática de resistencia que sólo tiene que soportar peso, para ello se requería contar con gente, los responsables directos de la parte agraviada de La Cumbre Tajín 2000 procedieron de inmediato a presentar denuncias correspondientes, deslindar responsabilidades, correspondió al Ministerio Público llevar a cabo las investigaciones.

En todo momento el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo del Estado estuvieron pendientes de que esa obra con apego a la ley, los cálculos de la gente responsable de armar estructura metálica fueron incorrectos, por lo cual el día de ayer el juez primero de primera instancia con sede en Papantla, Raúl Barragan Silva, sentenció por delitos de homicidio imprudencial a Luis Sojo Solórzano, propietario de la empreza Bizarro, encargada de la fabricación de las gradas; a David Nava Medallo, presidente de la obra y representante de andamios atlas y a José Gerardo Miguel García, encargado del levantamiento de la estructura metálica.

No así, el gobernador del Estado con toda responsabilidad asumió la parte que le toca como responsable del Estado de Veracruz.

Por eso, por si esto no fuera poco, habría que preguntar, ¿por qué hay tanto interés en conocer de este asunto si cuando por parte del PRD se tuvo la oportunidad de servir con lealtad y eficiencia al pueblo de Papantla, no se concluyeron las obras prometidas y se permitió la realización de las mismas con defectos graves en su construcción al grado tal que fue el gobierno del Estado el que asumió la responsabilidad de iniciar un nuevo proyecto y resolver las deficiencias que dejó la presidencia municipal en el Tajín?

Por estas razones, la fracción del PRI ve provechosa para la nación, no ve provechosa para la nación esta discusión y pide sea dejada para otros momentos y para otros espacios que corresponde resolver.

Muchas gracias.

Presidencia del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes:
El Presidente:

Sí, diputado.

Diputado Bonifacio Castillo Cruz, voy a conceder el uso de la palabra al diputado Luis Alberto Villarreal García e inmediatamente después a usted.

Tiene el uso de la palabra el diputado Luis Alberto Villarreal García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por cinco minutos.

El diputado Luis Alberto Villarreal García:

Muchas gracias, señor Presidente:

Cuando decidí tomar esta tribuna, lo hacía pensando en la importancia que tenía el punto que había presentado el compañero Elías Martínez Rufino. Desde luego que las zonas arqueológicas son importantes, me extraña que el compañero del PRI pase a esta tribuna para decir que éste no es el momento y que éste no debe de ser un tema que se hable en una tribuna, como lo es la tribuna de la Cámara de Diputados.

Las zonas arqueológicas de este país, amigas, amigos, compañeros, son tan importantes por el simple hecho de que las zonas arqueológicas en este país nos han dado los motivos y las esencias de lo que hoy como México somos. Esa es la trascendencia de las zonas arqueológicas y no se trata solamente de hablar del Tajín y no se trata de ver si un gobernador alemán o si un gobernador francés esta haciendo buen uso o mal uso de las zonas arqueológicas y no se trata tampoco si una empresa particular utiliza algunas piedritas por ahí reacomodadas como sets para espectáculos; se trata señoras y señores de que le demos respeto a las zonas arqueológicas, de que busquemos su recuperación, de que busquemos su conservación, porque conservar las zonas arqueológicas significa conservar nuestras raíces, lo que somos, nuestra propia identidad.
Y yo vengo a hablar del asunto del Tajín porque allá en Guanajuato tenemos también un asunto de una zona arqueológica, la zona arqueológica de Cañada de la Virgen y me parece reiterada la conducta de la máxima autoridad rectora en la materia de arqueología, es decir, del Instituto Nacional de Arqueología e Historia de este país, reiterada en el sentido de omitir, de permitir, de guardar silencio, de formar parte, a la mejor, de una complicidad que ha permitido el deterioro de nuestras zonas arqueológicas.

Me parece, compañeras y compañeros, que es tiempo que esta soberanía, que esta Cámara de Diputados, diga un "ya basta" y haga una enérgica posición para que las autoridades competentes en este país en materia arqueológica, hagan lo necesario por preservar, por conservar y por crear las circunstancias necesarias para proteger nuestras zonas arqueológicas que finalmente son las raíces del pueblo de México.

Y me parecería, en un ánimo de contribuir con el punto de acuerdo del compañero del PRD, importante que nos diéramos a la tarea de darle una minuciosa revisión a la ley en la materia, porque probablemente o muy seguramente, requiere de modificaciones para alentar no solamente la preservación de las zonas arqueológicas, sino que podamos crear los medios y las formas de poder recuperar otras que hoy están perdidas algunas, como es el caso de Cañada de la Virgen, en Guanajuato, en manos de propietarios de origen extranjero.

Me parece pues, que venir a decir a esta tribuna que las zonas arqueológicas no son importantes, sería tanto como decir que en este país no es importante el origen de donde venimos, lo que somos y entonces no podríamos decir a dónde queremos ir.

Muchas gracias, por su atención.

El Presidente:

Muchas gracias, don Luis Alberto Villarreal García.

Se ofrece el uso de la palabra al diputado Bonifacio Castillo Cruz, hasta por cinco minutos.

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El diputado Bonifacio Castillo Cruz:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

He pasado a esta tribuna, es la segunda vez que lo hago y realmente para contestar alusiones personales y por referirse realmente a mi zona, al Totonacapan y principalmente a Papantla, el municipio que goberné, el municipio que conozco y la zona arqueológica, que es un tema muy sonado en Veracruz y principalmente en la región de Totonacapan, por el trato que nos han dado.

Desde que mi partido llegó a gobernar Papantla las cosas cambiaron, no es cierto que haya obras inconclusas, fue el municipio más auditado, fue el municipio más perseguido, eso lo denuncio ante esta tribuna. En ese municipio desde que el señor gobernador Miguel Alemán llegó a la gubernatura, comenzó a ver el gran negocio quizá, en la zona arqueológica del Tajín y no solamente para él, quizá a lo mejor para un gran amigo, un protegido de él que es el señor Jorge Elías, que es el empresario más fuerte en cuestión hotelera ahí en Poza Rica.

En esa oportunidad que tuvimos de gobernar Papantla, esa obra del bulevar que hoy presume el señor diputado, esa obra yo la inicié, con todos los riesgos, esa obra yo la inicié, argumentaron que no era legal, le dije a la legislatura que cómo interpretaba aquella normatividad o aquella norma que decía "requerimientos", incluso nos íbamos a ir a la controversia constitucional, sin embargo hubo un acuerdo, ciertamente hubo un acuerdo de palabra, que se iba a hacer el bulevar por parte del gobierno del Estado, pero finalmente era una simple promesa, como se dice allá en mi pueblo, "dar atole con el dedo", pero finalmente antes de la realización del evento Tajín-2000 obligué al gobierno, porque no se vale decir, a que licitaran la obra y efectivamente fue licitada y ayer parece que fue entregada. Pero sin embargo en esa zona arqueológica si es del ámbito federal y mi partido siempre ha estado defendiendo al nuevo federalismo, siempre ha estado de lado del pueblo, en ese lugar nosotros los legisladores federales tenemos mucho qué ver.

Hago un llamado a nombre de mi partido, a nombre de Acción Nacional, también que se sumó a este punto de acuerdo para que se investigue a fondo esta realización del evento Cumbre Tajín, que desde el año 2000 se realiza, que se investigue el porqué se utilizaron policías para probar la estructura, que se investigue el porque se detuvo al señor director de protección civil del municipio, cuando ni siquiera el presidente municipal fue tomado en cuenta, es más, tiene negado, es muy difícil para él acceder a estos eventos, cada indígena tiene que pagar 4 mil 500 pesos para entrar a su zona arqueológica, una zona arqueológica en donde el indígena tiene que bailar, tiene que cantar para que el empresario gane, el empresario Miguel Alemán Velasco.

Muchas gracias.

El Presidente:

Activen el sonido al diputado Sergio Vaca, por favor.

El diputado José Sergio Rodolfo Vaca
Betancourt Bretón (desde su curul):

Diputado Presidente, solicito el uso de la voz para aclarar hechos sobre el tema que se está tratando.

El Presidente:

Se le concede el uso de la palabra para rectificación de hechos, por cinco minutos, diputado.

El diputado José Sergio Rodolfo Vaca
Betancourt Bretón:

Con su autorización, diputado Presidente; compañeros legisladores:

Hoy se está tratando un asunto que en mi tierra, en el Estado de Veracruz, tiene muchísima importancia. En primer lugar, el licenciado Miguel Alemán ha demostrado con hechos, no sólo con sus palabras, una absoluta falta de respeto a nuestra herencia cultural. ¿Por qué el Tajín? ¿Qué acaso no hay otros vestigios de culturas pasadas en Veracruz?, por ejemplo Zempoala. ¿Qué acaso no tenemos el Castillo de San Juan de Ulua?, que en el mundo preguntan cómo está y a los jarochos nos da vergüenza decir que se está derrumbando.

Basta mencionar que el señor gobernador, en el avión que tanto escándalo causó y que dicen, regresó hace unos 15 días, mandó a grabar en el interior la pirámide de el Tajín. Esa es la única causa real de este evento.

Se ha dicho aquí que los resultados del primer festival, que fue el año pasado, fueron positivos. Pura mentira, el costo fue elevado, no sacaron ni los gastos y la difusión nacional e internacional que dicen recibió Papantla y Veracruz, tampoco es cierta. Ahora sí hay difusión nacional por el muerto y los heridos y a eso me voy a referir.

En este momento, después de ver los resultados del otro festival, los indígenas descalzos, con huaraches, pero con machetes, se pasean desafortunadamente sin éxito, frente a los que hicieron escarnio de el Tajín, los que violaron tumbas que tenían a lo mejor miles de años.

Los boletos no se venden. Tengo en mi poder las notas periodísticas de que el coordinador de la bancada priísta en la legislatura veracruzana tuvo que regalarle a los diputados de todos los partidos dos boletos por legislador, para que medio hubiera un poco de gente y orgullosamente la mayoría de los diputados panistas no aceptaron.

Por otra parte, hubo un muerto y de eso acabo de oír alguna justificación. Señores, no soy ingeniero, pero a las pruebas de resistencia dinámica es cuando se va a caminar, no es una carretera, era una estructura para que los espectadores se sentaran y disfrutaran con comodidad, no arriesgando sus vidas, el espectáculo. El muerto se debió únicamente a negligencia que ocasionó un homicidio imprudencial.

Y con todo respeto, porque es mi amigo, el diputado Jaime Mantecón dijo una insensatez jurídica, que se disculpa porque él no es licenciado en derecho. No hay sentencia, si apenas se acaban de consignar, por favor, en todo caso lo que debe haber es un auto de formal prisión. La sentencia llevará algún tiempo.

Pero no le echemos la culpa a la empresa solamente; la culpa es del gobierno del Estado de Veracruz. Con éstos y otros hechos igualmente perniciosos, se ha puesto la nota de escándalo en el mundo entero, al Estado de Veracruz.
El respeto a nuestra herencia es conservándola, no destruyéndola y menos provocando que hayan hasta difuntos.

Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, diputado don Sergio Vaca.

El diputado Jaime Mantecón Rojo
(desde su curul):

Señor Presidente.

El Presidente:

¿Sí? Activen el sonido en la curul del diputado Jaime Mantecón...

El diputando Jaime Mantecón Rojo
(desde su curul):

Diputado Jaime Mantecón, para hechos, señor Presidente.

El Presidente:

Tiene usted el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, diputado Jaime Mantecón Rojo.

El diputado Jaime Mantecón Rojo:

Con su autorización, señor Presidente:

Agradezco al diputado Vaca, sí mi amigo, que me corrija, sí es cierto es una averiguación previa la que ya está. Muchas gracias.

También quiero decirle que aquí nosotros no venimos a decir o no vine a decir que las zonas arqueológicas no fueran importantes; tan son importantes y mucho, para el gobierno del Estado de Veracruz, mucho para el gobernador del Estado, licenciado Miguel Alemán, que hizo esta Cumbre Tajín y que además quisiera yo decirles que muchas de las cosas que se hicieron fue para resaltar la cultura indígena que tanto ahorita pues tenemos en boga.

Por eso yo quiero decirles, en cuanto a cultura, en la Cumbre Tajín 2000, se hicieron 19 talleres de todo tipo; se visitaron los nichos, dentro de esos nichos se hicieron actividades desarrolladas, una de la más importantes fue la actividad por la paz, que ahí se dio.

Se ejecutaron danzas, participaron más de 800 artistas, 150 rezanderos y curanderos. De ahí que pensemos que fue un acto para resaltar las costumbres y la cultura indígena, la cultura indígena del Totoconacalpa, del aforo, si en el acto, sí cuesta, pero se tienen que sacar recursos, pero las actividades alrededor de la cumbre fueron mayores que nada más el acto de clausura, por eso ahí sí hubo muchas de las actividades en las que sí participaron mucha de la gente que no tenía los 4 mil pesos, de esos que ustedes hacen referencia ahorita.

Yo creo que mucho de lo que se ha dicho aquí es parte de lo que no debemos llevar a un lugar como es la tribuna de la nación. Lo que tenemos que hacer es seguir promoviendo estas actividades, promoviendo que la cultura indígena sea escuchada en todos los ámbitos nacionales e internaciones. Esa es nuestra obligación también, por eso festejamos mucho que haya habido esta Cumbre 2000.

También quiero aclarar que todos los acaldes o casi todos los alcaldes de la región publicaron a la opinión pública un desplegado, en el cual estaban de acuerdo con los beneficios y con toda la actividad que se iba a dar para la Cumbre Tajín 2000.

Y además yo sí quisiera contestar que el dicho boulevard Papantla-Tajín, era una obra empezada, no terminada y que presentaba muchos, pero muchos defectos, que no cumplía con las especificaciones y lineamientos requeridos, pendientes, tenía pendientes superiores al 12% que están fuera de toda especificación, curvas horizontales y por tanto peligrosas; terraplenes sin compactación, no se removió completamente el material orgánico, el cual generaría asentamientos y baches en forma constante.

Las obras de drenaje fueron muy cortas, ante eso el gobierno del Estado, el gobierno del licenciado Miguel Alemán, se puso a la tarea de terminar y de terminar bien hecho el boulevard Papantla-Tajín.

Sí, el gobierno del Estado de Veracruz fue el que terminó, pero lo terminó bien, todo lo que se había empezado se tuvo que volver a reconstruir y terminar con algo que de veras es un orgullo para la región papantleca.

Yo sí quisiera decirles, sí, sí existe gente que se dedica a la actividad hotelera y que además tiene la visión de crear empleos y de estar en un lugar donde las oportunidades se deben de dar para todos. Por eso creo que la generación de empleos en la zona hotelera, la proyección que se puede dar a través de esa actividad, puede ser muy importante para que venga más turismo al Estado de Veracruz, a México y tengamos la difusión de toda la cultura indígena como debemos procurarnos todos nosotros.

Muchas gracias.

El Presidente:

Muchas gracias, diputado.

El siguiente punto del orden del día, antes de poder retomar los asuntos relativos al diálogo con el EZLN, será la presentación de una proposición con punto de acuerdo relativo al presupuesto del colegio de posgraduados a cargo del diputado Jaime Larrazábal Bretón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a quien se le concede el uso de la palabra por 10 minutos.

LEY FEDERAL DE COMPETENCIA
ECONOMICA (II)

El Presidente:

Antes de que aborde la tribuna el señor diputado, quisiera rogar a la Secretaría tome nota de una rectificación de turno de la iniciativa presentada por el diputado Raúl Cervantes Andrade, la cual fue turnada a las comisiones de Comercio y Fomento Industrial y de Transportes.

A solicitud del propio diputado Raúl Cervantes Andrade, ponente de esta iniciativa, en lugar de turnarla a la Comisión de Transportes, se turna a la Comisión de Comunicaciones.

616,617,618

COLEGIO DE POSGRADUADOS

El Presidente:

Tiene el uso de la palabra el diputado Jaime Larrazábal Bretón, hasta por 10 minutos.

El diputado Jaime Arturo Larrazábal Bretón:

Muchas gracias. Señor diputado Ricardo García Cervantes, presidente de la mesa directiva de esta Cámara de Diputados; compañeras y compañeros diputados; señoras y señores:

En México el campo ha sido concebido básicamente de dos formas antagónicas entre sí, como la gran salvación a la pobreza o como el perpetuo problema nacional. Sin embargo el campo, hoy con la tecnología que existe, puede ser una opción para combatir la profunda desigualdad social que prepondera entre los mexicanos.

El campo puede ser visto como medio para combatir la pobreza y como meta al visualizarlo sólido, diversificado, competitivo y capaz de producir los alimentos que el país demande.

Para lograr este ideal se requiere, incluso antes de los recursos financieros directos, de la base técnica para plantear las directrices del proyecto nacional de desarrollo rural. En este sentido el campo ha sido y sigue siendo objeto de profundo estudio, lo que auxilia a los que como nosotros, queremos ver resurgir a nuestras comunidades de la miseria y la marginación. Existen posibilidades productivas que ni siquiera nos imaginamos y que la mayoría de las veces se quedan en la esfera académica sin que puedan ponerse en práctica.

Es dentro de este escenario que tengo el honor de presentarles al Colegio de Posgraduados, institución de enseñanza, investigación y servicio en ciencias agrícolas que nace en el año de 1959. Dicha institución, tiene la naturaleza jurídica de ser un organismo público descentralizado del Gobierno Federal cuya misión se centra en formar líderes para el sector rural. Su excelencia académica ha trascendido nuestras fronteras y guarda en su seno una buena parte del conocimiento agrícola y pecuario de la nación.
El colegio promueve el desarrollo sustentable del país en los ámbitos científico, social y económico; su objetivo va más allá de la ambición académica, busca el mejoramiento de vida del sector rural, tan necesitado de apoyo y ayuda en México, con la consecuente estabilización política.

Además es uno de los grandes centros de investigación en materia de conservación de recursos naturales, lo que lo sitúa como un bastión de la protección y mejoramiento del capital natural de nuestro país, el cual cuenta con una incipiente cultura de respeto al medio ambiente y que en algunos años sufrirá por la carencia de agua.

En este sentido, el Colegio de Posgraduados tiene la capacidad de enseñarle al país la importancia vital del ecosistema y del derecho de las generaciones futuras para utilizarlo.

Esta institución tiene un conocimiento inigualable de las actividades agropecuarias de México y el mundo, las cuales impactan a todo el espectro económico de la nación, pero incluso el colegio genera investigación en materia social e industrial, relacionada con la agricultura y el campo, podríamos concebirlo como un posible asesor u órgano técnico de los sectores industriales.

Actualmente cuenta con una planta docente de 614 académicos, de los cuales 120 son maestros en ciencias, 130 realizan estudios doctorales y 250 son doctores. Ellos se encargan de formar a más de 1 mil estudiantes dentro del área de las ciencias agrícolas dentro de su sede y sus cinco campos.

Asimismo el Colegio de Posgraduados durante sus 42 años de existencia ha formado al nivel de maestría a la mayor parte de los profesores e investigadores de los programas agropecuarios de las instituciones de enseñanza superior e investigación del país.

También ha recibido a una gran cantidad de funcionarios de la administración pública, deseosos de actualizarse tras un periodo de receso en sus estudios. Esta es una labor titánica que requiere de una gran cantidad de recursos humanos y económicos, sin embargo, el colegio ha sufrido los embates de las crisis económicas y de un rezago presupuestal con respecto a otras instituciones de educación superior del país.

Durante los últimos seis años, el Colegio de Posgraduados no ha podido invertir en nueva infraestructura científica, con el consiguiente retraso en las propuestas de investigación y en su ejecución. Esto nos afecta a todos como nación, por la evidente subutilización del valioso capital humano que el país ha acumulado y de la principal instancia técnica para detonar el desarrollo agropecuario de México.

Además no debemos olvidar que el presupuesto lógico del progreso, es la educación y la que proporciona el colegio en materia agrícola, es la más depurada de México, como lo corrobora el hecho de que 62% de su planta docente, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y que la gran mayoría de sus programas de maestría y doctorado, están en el padrón de excelencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

El colegio debe destinar un alto porcentaje de su presupuesto y operación administrativa para poder funcionar y mantener sus estándares actuales de excelencia, sin embargo, la institución practica la eficiencia administrativa y trata de allegarse de recursos a través de diversos medios, tales como el porcentaje que recibe en proporción al número de becarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con los que cuenta.

Lamentablemente sus esfuerzos han sido insuficientes para cubrir las demandas tecnológicas que sus investigadores requieren. La asignación presupuestal en el sexenio 1994-2000, fue 10% inferior en términos reales en relación con el asignado en 1994 y resultó en una pérdida presupuestal de 278 millones de pesos en comparación con la Secretaría de Educación Pública.

Estamos hablando de un déficit de 360 millones de pesos para una institución de investigación, que tiene relación directa con los productores y sus organizaciones profesionales, con organizaciones no gubernamentales, que tiene vivos más de 1 mil proyectos productivos, que contribuye a mejorar el financiamiento rural y el uso eficiente del capital natural, económico y social de las comunidades rurales.

Que capacita, que integra cadenas productivas y que es capaz de enfocar sus estudios de forma microrregional, gracias a la ubicación de sus campus en sitios con una amplia gama de climas, suelos y vegetación.

Según un programa de necesidades inmediatas, hace falta cuando menos un monto adicional de 323 millones de pesos para solventar sus retos y proyectos.

Quiero hacer énfasis en que el capital invertido en el Colegio de Posgraduados, no es irrecuperable sino que puede a mediano y largo plazo multiplicarse, ya que una gran parte de los conocimientos que genera se traducen en modelos de trabajo y organización para que los servicios públicos al sector rural cuesten menos, pero sobre todo porque los sujetos rurales serán capaces de producir de forma eficaz y eficiente en cualquier nivel de la cadena productiva en la que se ubiquen. Esto es congruente con los objetivos que ha planteado el titular del Ejecutivo Federal para el Plan Nacional de Desarrollo y para que se considere la conservación de los recursos naturales como un asunto de seguridad nacional.

Como representante popular he podido apreciar un elemento peculiar de esta institución: me refiero a la confiabilidad que sus dictámenes generan. He trabajado con el colegio explorando la posibilidad de crear módulos de apoyo técnico de dicha institución en todo el país.

Mi Estado, Oaxaca, ha sido particularmente sensible a esta propuesta, ya que los productores han encontrado en el personal del colegio a gente preparada y con sensibilidad social.

Oaxaca necesita de productos agrícolas y pecuarios con valor agregado y no existe mejor asesor que esta institución de investigación; es por eso que no entiendo cómo ese conocimiento no puede llegar a donde se necesita, sólo por una cuestión de carácter presupuestal.

En esta época, en la cual el cambio se pregona incesantemente, exijo que la voluntad política llegue a los sectores más marginados y olvidados, que por fin el campo reciba el apoyo de calidad que requiere y merece.

Una solución para la situación presupuestal del colegio de posgraduados, es canalizar recursos de la Secretaría de Educación Pública a través de fondos como el Fondo para el Mejoramiento de la Educación Superior y el Programa de Mejoramiento del Profesorado que se destinan a universidades estatales y a otras instituciones de enseñanza superior como el colegio. Estos recursos no han podido ser otorgados al Colegio de Posgraduados, a pesar de que el pleno de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Enseñanza Superior lo aprobó, debido a que el colegio está sectorizado en Sagarpa y no en la SEP.

Con base en lo anteriormente expuesto, ante el pleno de esta Cámara de Diputados y con la esperanza de que apoyemos a una institución científica de clase mundial orgullosamente mexicana y con fundamento en los artículos 23 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 87 de su Reglamento, hago la siguiente propuesta de

PUNTO DE ACUERDO


Para que los que suscribimos la presente en colaboración las comisiones de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Rural, de Educación Pública y Servicios Educativos, de Medio Ambiente, de Presupuesto y Cuenta Pública, de Recursos Hidráulicos y de Ciencia y Tecnología, logremos un ajuste presupuestal para que el Colegio de Posgraduados de 323 millones de pesos para el ejercicio 2001, dada la invaluable labor que realiza para el sector rural del país, además solicito específicamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que con nuestra colaboración, intervenga directamente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se dictamine el convenio de desempeño que el colegio ha sometido a dicha instancia, a fin de que se cumpla con los requisitos para convertirse en un centro público de investigación en el marco de la Ley de Ciencia y Tecnología.

Suscriben esta propuesta los integrantes de la diputación oaxaqueña, diputados José Soto, Lilia Mendoza, Cándido Coheto, Bulmaro Rico Salinas, Irma Piñeyro, Abel Trejo, Juan Díaz Pimentel, Ildelfonso Zorrilla Cuevas y Miguel Angel Moreno Tello, incluido el de la voz, Jaime Larrazábal Bretón.

Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, diputado don Jaime Larrazábal Bretón.

La proposición que usted ha formulado se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

LEY FEDERAL DE COMPETENCIA
ECONOMICA (III)

El Presidente:

Esta Presidencia vuelve, a solicitud de un grupo de diputados, a returnar la iniciativa que se refiere a la industria aeronáutica de nuestro país, a las dos comisiones que ya fue turnada y adicionalmente también se incluye el turno a la Comisión de Transportes.

EZLN

El Presidente:

Compañeras y compañeros diputados: en esta sesión se encontraban o se encuentran agendados dos puntos referentes al diálogo de esta Cámara de Diputados, con el EZLN. Tienen referencia la inscripción de esos puntos de acuerdo, a una proposición planteada en la sesión anterior por el grupo parlamentario del PRD, que fue turnada a la Junta de Coordinación Política y que en este momento la presidencia informa a la Asamblea, ha emitido ya un dictamen que contiene una proposición con punto de acuerdo. Por lo tanto, quedan incluidos los dos puntos de la agenda de hoy, en la resolución que propone al pleno la Junta de Coordinación Política.

Con su permiso, compañeras y compañeros diputados, quiero ilustrar el trámite que esta Presidencia irá dictando al desahogo de este punto, basado en las siguientes disposiciones normativas de nuestra vida interna y de nuestro desarrollo institucional.

619,620,621

Primero. El punto de acuerdo que propone la Junta de Coordinación Política, tiene su fundamento en el artículo 34 numeral 1 inciso b de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra en lo conducente dice:

"A la Junta le corresponden las atribuciones siguientes:

b) Presentar al pleno proyectos de punto de acuerdo, pronunciamientos y declaraciones de la Cámara, que entrañen una posición política del órgano colegiado."

En ejercicio de esta facultad de la Junta de Coordinación Política, se presenta al pleno un punto de acuerdo. Rigen también el procedimiento a seguir, las disposiciones contenidas en los artículos 95 y 96 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que con su permiso leo:

"Llegada la hora de la discusión se leerá la iniciativa, proposición u oficio, en este caso proposición de la junta, que la hubiere provocado y después el dictamen de la comisión, en este caso de la junta, cuyo examen se remitió y el voto particular, si lo hubiere."

"Artículo 96
. El Presidente formará luego una lista de los individuos que pidan la palabra en contra y otra de los que la pidan en pro, las cuales leerá íntegras antes de comenzar la discusión."

A la luz de estos preceptos, ruego a la Secretaría dé lectura a la proposición que remite al pleno, la Junta de Coordinación Política, la cual incluye un voto particular que será tramitado en los términos del artículo 95 leído, del Reglamento para el Gobierno Interior de este Congreso.

Dé cuenta con la proposición de la Junta de Coordinación Política, señor diputado secretario, don Bernardo Borbón Vilches.

El diputado Bernardo Borbón Vilches:

Con mucho gusto, señor Presidente.

«De la Junta de Coordinación Política, LVIII Legislatura, a los secretarios de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Presente.

A esta Junta de Coordinación Política fue turnada, por instrucciones de la Presidencia de la mesa directiva, la proposición con punto de acuerdo de los diputados Luis Miguel Barbosa Huerta y Auldarico Hernández Gerónimo, en el que someten a la consideración de la Cámara.

Primero
. Que en relación al problema de Chiapas, el asunto fundamental que debe resolverse por el Congreso, es la aprobación de la Ley Indígena de la iniciativa de la Cocopa.

Segundo.
Que para lograr tal objetivo se escuche a los actores del conflicto, por lo que, según exponen "debe abrirse la tribuna del Congreso a un representante del Ejecutivo Federal y a un representante indígena del EZLN."

La Junta de Coordinación Política advierte, en la propuesta del punto de acuerdo, un justificado propósito de dar cauce a las soluciones del conflicto existente en el Estado de Chiapas, de manera que coincide con el espíritu de la misma y se suma al aliento con que proponen mecanismos para una solución adecuada al respecto.

Sin embargo, no resulta consecuente con los procedimientos y normas que rigen al Congreso aprobar un punto de acuerdo que determine, a priori, el sentido en que deba pronunciarse el Congreso respecto de la Ley Indígena. Es decir, no puede la Cámara de Diputados comprometer, mediante un punto de acuerdo, la aprobación de una ley que no ha sido dictaminada ni siquiera por la Cámara de origen y que formalmente no está puesta a la consideración de este órgano legislativo para sus efectos constitucionales.

En segundo lugar, tampoco es procedente promover una comparecencia dialogada o dual entre servidores públicos y personas representativas de agrupaciones que tienen interés en el proceso legislativo del proyecto que se menciona, pues la interlocución debe ser entre las autoridades y el Congreso y/o entre las autoridades y los particulares.

No existe ningún precedente de que se haya dado nunca esta mixtura de comparecencia ni existe sustento legal alguno para fundarlas. En consecuencia, a partir de la propuesta del punto de acuerdo, esta junta considera conveniente promover una alternativa, a fin de dar acceso a los recintos de la Cámara a representantes del EZLN y permitir que sus planteamientos sean escuchados por las comisiones y legisladores que habrán de participar en el momento constitucional correspondiente en el estudio de la minuta que en su caso envíe el Senado de la República.

Esto significa abrir los recintos parlamentarios en forma excepcional y cuando las circunstancias así lo aconsejen, a líderes y ciudadanos cuya voz y planteamientos ante la representación nacional puedan aportar elementos sustantivos en las valoraciones de iniciativas de ley.

En virtud de lo anterior y por considerar que la comparecencia de particulares que puedan proporcionar información y puntos de vista orientadores y autorizados ante las comisiones es una prácitca inveterada del Congreso mexicano, esta Junta de Coordinación Política considera que hay razones suficientes para admitir la presencia de los integrantes de la organización mencionada y aprobar un punto de acuerdo en tal sentido, si su propósito está dirigido a permitir que en esta ocasión excepcional puedan acceder al salón de sesiones de la Cámara personas que no sean legisladores o funcionarios autorizados por la Constitución, la Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Existen numerosos precedentes de sesiones de Cámara en las que dignatarios de otros países o personajes notables y distinguidos han sido invitados a hacer uso de la palabra en la máxima tribuna de este órgano representativo de la República, para lo cual la Asamblea ha adoptado acuerdos o emitido decretos que así lo han autorizado.

El apoyo constitucional de tales determinaciones es la fracción I del artículo 77 de la Ley Fundamental, que faculta a cada Cámara para que dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior.

La posibilidad de que excepcionalmente hablen en la tribuna camaral líderes sociales diversos deviene, en consecuencia, de la decisión adoptada por la Asamblea soberana de las cámaras.

Recibir a individuos notables y permitirles transmitir mensajes o hacer uso de la palabra ante éstas es una decisión autónoma y un acto de soberanía que, apoyado en la norma constitucional invocada, no requiere de ninguna otra disposición secundaria para ser jurídicamente válida.

La determinación que se solicita adoptar en el presente caso constituye una inferencia derivada del análisis de las prácticas y de las normas que se mencionan en el cuerpo de este escrito, cuyo ámbito de aplicación corresponde únicamente a la Cámara de Diputados.

Por lo que en uso de las atribuciones que le concede el numeral uno inciso a del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Junta de Coordinación Política propone se instruya a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas a que reciban en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados a los representantes del EZLN y escuchen su razonamiento y opiniones respecto del tema.

A la presentación de este dictamen se suscitaron opiniones de la representación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y que coincidieron en la necesidad de la reunión con las comisiones unidas y discreparon respecto a la posibilidad del uso de la tribuna del Congreso y del salón de plenos, para lo cual se presentó un voto por titular, mismo que se anexa al presente.

El punto de acuerdo incluye la posibilidad de que asistan todos los legisladores que quieran participar en la misma y para efecto de propiciar una comunicación abierta con la colegisladora, se invitará asimismo a las comisiones de Puntos Constitucionales, de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

En consecuencia de lo anterior, esta Junta de Coordinación Política se permite someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente

PUNTO DE ACUERDO


Primero.
Para la Cámara de Diputados el análisis y valoración de la iniciativa de reforma constitucional en materia indígena es un asunto relevante y es importante que los legisladores dispongan de los mayores elementos para nutrir su dictamen. De igual manera es de la mayor significación para esta legislatura coadyuvar a la solución política del conflicto entre el EZLN y el Poder Ejecutivo.

Segundo. Se instruye a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados reciban al representante del EZLN y que a esta reunión de comisiones unidas se invite a los integrantes de la Junta de Coordinación Política, a los integrantes de la Cocopa, los miembros de las comisiones de Puntos Constitucionales, de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. Asimismo, podrán asistir los legisladores, diputados y senadores que lo deseen.

Dicha reunión se realizará, por excepción, en el recinto de plenos de la Cámara de Diputados.

Tercero.
La mecánica de la reunión será definida por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, en consulta con las comisiones respectivas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de marzo de 2001.- Firman los diputados: Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la Junta y coordinadora del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Con una nota al margen que dice: "a favor del dictamen como Presidenta de la Junta de Coordinación Política y en mi calidad de coordinadora del grupo parlamentario, con el voto libre e individual de cada diputado; Felipe Calderón Hinojosa, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Con una nota al margen que dice: "en contra del dictamen y en favor del voto particular"; Martí Batres Guadarrama, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Bernardo de la Garza Herrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.»

La diputada Secretaria leerá el voto particular.

El Presidente:

Gracias, señor Secretario, permítame.

Quiero seguir una ilustración puntual del procesamiento.

Hemos desahogado la primera parte a la que se refiere el artículo 95. Se ha leído la proposición que provoca esta discusión y votación. Dice el propio artículo 95 que deberá leerse el voto particular si lo hubiere; lo hay.
Por lo tanto, señora Secretaria, ruego dé lectura al voto particular presentado por el diputado Felilpe Calderón Hinojosa.

La secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria:

Voto particular. Propuesta de punto de acuerdo.

«Los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional hemos manifestado por todos los medios posibles nuestra firme posición a favor de la paz en el Estado de Chiapas y en el país, así como nuestra amplia disposición para la realización del diálogo entre las partes, con respeto a las personas, las instituciones y las leyes.

Ante los últimos acontecimientos y la anunciada presencia de representantes del EZLN frente al Palacio Legislativo, sede de la Cámara de Diputados, los diputados del PAN tenemos una propuesta que pudiera contribuir a facilitar el diálogo.

Con fundamento en los artículos 39 párrafo primero de la Ley Orgánica del Congreso General y 58, 59, 60 y 61 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, presentamos a la Asamblea de la Cámara de Diputados, la siguiente propuesta de

PUNTO DE ACUERDO


Unico
. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, instruye a los diputados integrantes de las comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y Seguridad Pública y Asuntos Indígenas, para que en sesión de comisiones unidas se reciba y atienda a una delegación del EZLN en la Sala Legisladores de la República del Palacio Legislativo.

En razón de esta proposición se le solicita al Presidente de la Cámara que le dé trámite de urgente y obvia resolución, de acuerdo al artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de marzo de 2001.- Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, firma el diputado Felipe Calderón Hinojosa.»

Es todo, señor Presidente.

622,623,624

El Presidente:

Gracias, señora Secretaria.

Hasta este momento hemos desahogado el contenido del artículo 95. Procede ahora formular las listas de los individuos que pidan la palabra en contra y posteriormente integrar la lista de los individuos que pidan la palabra en pro, con la siguiente aclaración.

El voto particular sólo podrá ser considerado en su contenido una vez que haya sido desahogada la proposición que contiene el dictamen de la Junta de Coordinación Política. Si es aprobado el punto de acuerdo que propone la Junta de Coordinación Política, el voto particular queda sin efecto sólo formando parte del dictamen y formando parte del Diario de los Debates.

Si fuera rechazado el punto de acuerdo propuesto por la Junta de Coordinación Política, podría proceder la discusión del voto particular, sólo en ese caso.

Por lo tanto, la lista de oradores en pro y en contra, es en relación al punto de acuerdo contenido en el dictamen de la Junta de Coordinación Política.

Esta Presidencia pregunta a las señoras y señores diputados, en los términos del artículo 96: ¿quiénes piden la palabra para hablar en contra? El diputado Felipe Calderón Hinojosa.

Se cierra la lista de oradores en contra.

Pregunto a las señoras y señores diputados: ¿quiénes solicitan el registro de su nombre en la lista de quienes hablarán en pro?

Los diputados: Martí Batres Guadarrama y Roberto Domínguez.

Se cierra la lista de oradores.

El diputado José Antonio Calderón Cardoso (desde su curul):

¡Señor Presidente, a favor, José Antonio Calderón Cardoso!

El Presidente:

Quiero aclarar que en los términos del Reglamento cuando se inscriben más oradores en pro que en contra, hablarán sólo hasta dos oradores en pro y quiero leer el artículo 102 del Reglamento.

Artículo 102. Los individuos de la Cámara, aun cuando no estén inscritos en la lista de oradores, podrán pedir la palabra para rectificar hechos o contestar alusiones personales, cuando haya concluido el orador y sin que puedan hacer uso de la palabra más de cinco minutos.

Por lo tanto, habiendo un solo orador en contra, se registran sólo dos oradores en contra, se registran sólo dos oradores a favor.

Procede ahora a desahogar la discusión del punto de acuerdo, en los términos del Reglamento se ofrece la palabra, primero, en contra de la proposición planteada por la Junta de Coordinación Política, al diputado Felipe Calderón Hinojosa, con la súplica a las señoras y señores diputados, que ocupen sus curules y que tengan presente el contenido del artículo 104 del Reglamento que establece: "ningún diputado podrá ser interrumpido mientras tenga la palabra, a menos que se trate de moción de orden en el caso señalado en el artículo 105 o de alguna explicación pertinente, pero en este caso sólo será permitida la interrupción con permiso del Presidente y del orador".

Quedan absolutamente prohibidas las discusiones en forma de diálogo. Tiene el uso de la palabra el diputado Felipe Calderón Hinojosa, hasta por 15 minutos.

Permítame señor orador.

Quiero insistir en mi súplica a las señoras y señores diputados de ocupar sus respectivas curules.Tiene usted el uso de la palabra diputado Calderón.

El diputado Felipe de Jesús Calderón
Hinojosa:

Gracias señor Presidente; señoras y señores diputados:

Vengo a esta máxima tribuna de la nación con un propósito sincero y complejo; con el propósito de externar con el corazón y con la mente lo que son los sentimientos y los argumentos de muchos legisladores de Acción Nacional y de otros partidos políticos respecto de este tema.

Vengo con el propósito de persuadir, de argumentar, de explicar a quienes aquí libremente decidimos día a día el destino de la nación para decidir en conciencia lo que más convenga a México.

Hay en nuestros días en el país un innegable movimiento de conciencias, hay un examen sí de una realidad que no habrá tenido lugar hasta ahora con la misma relevancia y que por razones diversas ha surgido en la opinión pública nacional. El asunto es grave y profundo, es el de los derechos, la cultura y la problemática indígena, ése es el fondo de la cuestión, esto es lo que debiera movernos a unos y a otros, el sincero afán de convencernos, de escucharnos, de hablarnos; ése es el asunto de fondo, el atraso, la marginación, el analfabetismo, la ignorancia,la insalubridad en que han permanecido millones de mexicanos mayoritariamente mexicanos indígenas. Son males centenarios si se quiere, agravados en el tiempo y no tiene sentido ni quiero en este momento, por oportunidad y tiempo, el que entremos a fincar o a señalar responsabilidades o culpabilidades, que por lo demás creo que todos compartiríamos en mayor o en menor medida.

Estamos convencidos de que es el tiempo de buscar con generosidad y con actitud de miras las soluciones a esos problemas. Por desgracia, un afán, un sólo afán esta candelando nuestras posibilidades de diálogo profundo sobre el tema; de manera inoportuna, pienso que injusta, se ha planteado como el centro de nuestra discusión, el formato y ni siquiera el formato, sino el uso de esta tribuna como si ése fuera el centro de la problemática indígena y nacional.

No es justo que el debate sobre la tribuna se haya convertido en el debate sobre los indígenas y sobre la paz. No es justo para los indígenas, no es justo para ustedes y nosotros y no es justo para México.

Aquí, los diputados de todos los partidos estamos queriendo, aseguro, genuinamente, genuinamente encontrar una solución a esa problemática indígena; aquí queremos salir con soluciones a problemas que encontramos cuando llegamos, aquí queremos salir con soluciones y construirlas como ya las hemos construido por consenso en esta legislaturas.

Pero no es cierto, no es cierto ni justo que se diga que no queremos resolver la problemática indígena y que este Congreso no quiere el diálogo. Este Congreso ha querido el diálogo y ha sido rechazado; este Congreso ha querido analizar y resolver el tema de fondo y sin embargo, se le atrapa en un tema de forma.

Quiero decir por qué creemos que no puede ni debe aceptarse la utilización de la tribuna de esta Cámara para la representación zapatista. En primer lugar, porque la Constitución y la ley prevén con claridad quienes y cuando deben usarla en un régimen de derecho donde los poderes públicos tienen que someterse a lo que está explícitamente facultado. Este es un poder público que hace lo que la ley le autoriza y la ley no es omisa al respecto, prevé cuando y cómo se hace uso de la palabra, quiénes lo hacen e incluso qué hacer, como es el caso, cuando hay peticiones de ciudadanos que en términos de la normatividad interna y de la Constitución no tienen derecho de iniciativa.

Por citar un solo artículo, el 61 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, señala que toda petición de particulares, corporaciones o autoridades que no tengan derecho de iniciativa, demandará pasar directamente por el Presidente de la Cámara a la comisión que corresponda según la naturaleza del asunto de que se trate. Las comisiones dictaminarán si son de tomarse o no en consideración estas peticiones y existen en el Reglamento, en la Ley Orgánica y en la propia Constitución, disposiciones alusivas al Ejecutivo, a los secretarios de Estado, a dignatarios extranjeros, y también al recinto, a quiénes pueden entrar al recinto y cuándo y cómo el Presidente, incluso, autoriza la entrada al recinto.

No me detengo sólo en este debate legal porque haya un debate de fondo y político que hoy debemos dar, pienso que en el fondo no hemos podido hablarnos y entendernos y con honestidad tratar de comprendernos unos a otros.

Se preguntan muchos, por ejemplo, por qué no darle la vuelta a la ley y encontrar el resquicio o un esquema que haga que prácticamente no la cumpla; se trata lo que en derecho se llama "la simulación o el fraude a la ley" y yo quiero decir por qué ni así podemos violar la ley. Si lo hacemos ahora, ¿con qué cara entonces diremos en el futuro que hicimos leyes buenas y justas, si nosotros como legisladores que hacemos las leyes, antes de hacerlas ya estamos dispuestos a violarlas? ¿Cómo decir que queremos una ley indígena cuando antes estamos violando nuestra ley interna?

Si lo que estamos diciendo es que podemos ahora violar la ley para salir del paso, ¿quién nos creerá y cómo creer en nosotros mismos? En la propia materia indígena aprobar una ley a sabiendas de que vamos a buscar rápidamente el camino para no cumplirla, señores legisladores, estoy seguro que muchos de ustedes están de acuerdo conmigo, no estamos dispuestos a que México siga siendo un país donde la ley existe, pero donde la ley no se cumple.

Hace algunas semanas, cuando protestábamos y exigíamos el respeto al recinto parlamentario, recordábamos que la defensa del recinto es la defensa del Congreso y de las instituciones democráticas, el parlamento nace conjuntamente con el reconocimiento de los derechos de los individuos frente al monarca imperial y cuando el monarca se sintió incómodo con el parlamento, entonces trató de atropellarlo; Cromwell ordenó la defensa del parlamento y después el rey sería derrotado y desde entonces, amigos legisladores, vino la inviolabilidad de los recintos parlamentarios, la no recriminación de la opinión de los legisladores y otras figuras, como el fuero, que protegen la representación democrática más que al diputado y que son formas universalmente establecidas y respetadas.

No hay estado democrático sin Congreso y no hay Congreso que no sea protegido de cualquier elemento de fuerza externo que legítimo o no pretenda imponer sobre su autónoma deliberación sus decisiones.

Este recinto, el recinto parlamentario, es el recinto de la democracia, es el Estado, es el espacio de los ciudadanos que no puede avasallarse, que no puede ser sometido, que no puede ser forzado ni humillado y no hay que ir a la Inglaterra de Cromwell para entenderlo; aquí en nuestro México nuestros más grandes héroes han entendido mejor que nosotros el significado y la valía del Congreso.

José María Morelos, el gran patriota de la independencia, puso su extraordinario genio militar y su vida a la defensa del Congreso, lo organizó y lo sostuvo, lo defendió aquél que hizo posible la Constitución de Apatzingán. Para muchos su tiempo hubiera sido mejor aprovechado con el dominio de los senderos de Tierra Caliente y su agilidad militar; para él no, para él era más importante la defensa del Congreso que decidía y ciertamente se movía con lentitud y para el propio Benemérito de las Américas, a quien evocamos hoy y ayer, él que decía precisamente que nadie tiene derecho a las armas mientras tenga un camino franco a la ley, él fue parlamentario e indígena que habló representando a los ciudadanos y luchando por una república representativa que consagra en el Congreso la posibilidad, el derecho y el deber de representar a otros ciudadanos.

Para la lucha de estos héroes y de otros más hemos sido república representativa, democrática, popular y federal, estamos aquí porque representamos a los ciudadanos; estamos aquí, señores del PRI, del PAN, del PRD, del PVEM, del PT y de todos los demás partidos, estamos aquí por una razón fundamental y no menor; estamos aquí por los votos, por los votos de millones de mexicanos que en una república representativa se representan por el Congreso; estamos aquí porque hemos enfrentado la prueba de las urnas y porque hemos apostado a la democracia; estamos aquí porque tenemos legitimidad democrática y por esta legitimidad hablamos en esta tribuna y por esa legitimidad aquí votamos.

Yo no me opongo a que otros mexicanos lo hagan, pero que lo hagan en lo que México ha decidido ser: república representativa, donde el poder soberano se deposita en los poderes y más en el poder representativo, que es el Congreso.

Es posible que se tenga un consenso nacional unánime como dice el EZLN en su reclamo. No lo creo, pero no lo cuestiono, incluso, suponiendo que lo tenga, entonces que lo ejerza, que asuma la democracia, que vaya a las urnas como todos hemos ido y que tenga la mayoría en este Congreso.

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¿Cuánto ha costado llegar hasta aquí? Es un largo camino de la transición. Se ha dicho que defendemos la tribuna porque creemos que es nuestra. No, señores: defendemos la tribuna precisamente porque no es nuestra, es de los ciudadanos que hay atrás de cada uno de nosotros en los distritos y en las urnas, ciudadanos que han decidido así representarse.

El Congreso, señores diputados, es una institución democrática que ha tocado construir pacientemente a los mexicanos, una institución autónoma e independiente, plural y democrática. Hay que defenderlo, hay que defenderlo de toda fuerza externa que pretenda someterlo en sus decisiones fundamentales, así sea con la mejor intención.

Yo respeto, yo respeto y discrepo incluso de la posición de algunos compañeros.

Solicito me permita terminar, señor Presidente.

El Presidente:

Termine.

El diputado Felipe Calderón Hinojosa:

Gracias.

Así sea con la mejor intención, considero que hay que defenderlo de toda fuerza externa que pretenda someterlo en sus decisiones fundamentales.

Yo discrepo de la posición personal de algunos compañeros de Acción Nacional, respeto a Marcos, o a Guillén, como se le quiera llamar, y comprendo, sin compartir, sus razones de lucha y también aprecio y respeto al Presidente de la República. No me queda duda de que el impulso de uno y de otro ha dado al tema un nuevo impulso que posibilita y abre caminos que parecían cerrados a la paz; pero señores, con todo y ese respeto por ambos, no puedo ser parte de un Congreso que sea rehén de ninguno. No acepto, porque la ley, la historia y mi conciencia me lo impiden. Aquí estamos ante una decisión y una acción que habremos de decidir en conciencia.

Ante el doble juego mediático al que ha sido sometido el Congreso en esta grave hora nacional, debe quedar claro también para la historia, que más allá de esos respetos ni Marcos ni Fox mandan en esta Cámara de Diputados.
Queremos dialogar, lo hemos dicho en todas las formas, en todas las formas hemos sido rechazados. Lo lamentamos, lo lamentamos y no creo que exista en tal rechazo agravio alguno...

El Presidente:

Permítame, señor orador.

Para autorizar continúe en el uso de la palabra, consulto a la Asamblea si autoriza que el orador concluya con su discurso.

Los que estén por la afirmativa, levanten la mano...

Con la autorización de la Asamblea y del Presidente, tiene usted el tiempo suficiente para terminar su discurso.

El diputado Felipe de Jesús Calderón
Hinojosa:

Agradezco, señor.

Queremos dialogar, lo hemos dicho en todas las formas, sin embargo han sido rechazadas nuestras propuestas, lo lamentamos y por lo que a mí toca no hay agravio en ello. Cada quien escoge sus formas de lucha y yo sé que ustedes y nosotros hemos escogido ésta: la de la tribuna y la del parlamento; no otra ni la violencia ni las armas.

Por un lado se desdeñan los esfuerzos de los poderes públicos, incluido éste, con legitimidad. Se desdeña el esfuerzo de dialogar. Anoche mismo nuestra propuesta de diálogo no fue ni recibida sino hasta esta mañana, por el EZLN.

Por un lado se pretende, sin embargo, que esta representación acepte condiciones impuestas a la fuerza, es otro asunto las condiciones en los cuales este debate se ha dado.

Se trata no de escoger ni seleccionar el mejor formato para el diálogo, se trata aparentemente de someter y avasallar a este Congreso y que acepte condiciones que se le imponen; para decirlo numéricamente, de las opciones de diálogo disponibles podemos decir que había una que por respeto a la ley y a la normatividad interna, a la historia y a nuestra convicción y dignidad, no era aceptable y, sin embargo, había ocho, seis ó 10 ó cinco otras formas aceptables.

Nosotros proponemos esas ocho o cinco ó 10 y sin embargo el EZLN rechaza todas menos una, nosotras aceptamos todas menos una y el EZLN rechaza todas menos, precisamente la que nos parece por convicción intransitable.

Se ha dicho que las cerrazones del Congreso y la apertura del EZLN, los hechos no respaldan semejante afirmación, la podrán respaldar convicciones o preferencias, simpatías, pero no los hechos.

Queremos una paz digna y justa en Chiapas, señores legisladores, todos la queremos; una paz digna para los zapatistas, sí, pero también una paz digna para los indígenas que no son zapatistas; queremos una paz digna para todos los mexicanos; queremos una paz digna para nosotros los legisladores.

Hoy, cuando México ha arribado a la democracia, cuando éste es el receptáculo natural, la representación por antonomasia de la democracia nacional, cuando este recinto debe ser protegido junto con el Congreso por todos, no podemos ni estamos dispuestos a claudicar en cuestiones que son para nosotros de principio.

Digna, digna la paz, sí, digna también para nosotros; digna para los diputados del PRI que han ganado y digna para los del PAN que han ganado y para los del PRD que han ganado con votos. Digna, digna por una dignidad republicana por la que hemos luchado algunos toda nuestra vida.

Hemos luchado por un Congreso independiente, vimos en el pasado enemigos en otros partidos; hoy vemos los adversarios del debate que siempre anhelamos. Hoy, cuando la mayoría mecánica no existe, cuando no hay legitimidad democrática que nadie pueda cuestionar; hoy que ha llegado la hora del Congreso, se nos pide lo que nunca se nos había pedido, el votar para acatar la opresión y la exigencia que viene de fuera.

No, señores, nadie tiene mayoría, no tenemos mayoría y en nuestro caso de hecho nunca la hemos tenido, pero hoy compartimos dos realidades. No tenemos mayoría pero todos, todos tenemos dignidad, aprender a tenerla y a luchar con ella sin más armas que la ley y la razón se lo agradezco a muchos mexicanos, se lo agradezco a mi padre y entiendo las circunstancias y las prisas, pero tengo dos hijas pequeñas y no tengo otra cosa que heredarles más que mi nombre.

Por respeto a la ley, por respeto al Congreso y señoras y señores, por respeto a nosotros mismos, respetemos la ley interna y vayamos a un encuentro que no viole la dignidad del Congreso.

El Presidente:

Gracias, diputado Felipe Calderón Hinojosa.

Honorable Asamblea: a esta Presidencia obliga el principio de equidad, de objetividad y de imparcialidad y nada es más respetado por su servidor que la decisión soberana de esta Asamblea.

Conjugando estos principios ofrezco el uso de la palabra al diputado Martí Batres Guadarrama, del grupo parlamentario del PRD, hasta por 20 minutos.

El diputado Martí Batres Guadarrana:

Gracias, señor Presidente y gracias a esta Asamblea, que es una Asamblea con visión y flexibilidad suficiente para, por ejemplo, transformar 15 minutos en 20 minutos y eso muestra que la inteligencia puede estar mucho más arriba de las pequeñas rigideces.

Por supuesto que hay que defender el parlamento; por supuesto que tenemos la responsabilidad nosotros, esta legislatura, de defender este parlamento y este Congreso; por supuesto que hay que defender el parlamento del rey; por supuesto que tenemos que defender el parlamento del rey Fox. Esa es una necesidad de este Congreso de la Unión.

Para que ningún rey, para que ningún Ejecutivo abusivo pretenda utilizar al Congreso para lavarse las manos y aventarle todos los problemas sin asumir las responsabilidades que le corresponden. Lo que no podemos hacer es proteger al parlamento del propio pueblo. Qué error más grande, porque nuestra Constitución señala que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión.

Los diputados no somos el pueblo, somos la representación del pueblo; tenemos una función de representación y sería absurdo contraponer al a los representantes con sus representados. Por eso ésta es la casa del pueblo, la casa de la representación popular, la casa de la representación nacional y nosotros tenemos un mandato electoral y tenemos un pueblo al que hay que escuchar porque tenemos que tomar decisiones y legislar en función de lo que ese pueblo nos diga. Eso es lo que señala el espíritu de nuestra Constitución.

También señala nuestra Constitución en el artículo 77 que cada una de las cámaras puede, sin la intervención de la otra, dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior; es decir, que además de aprobar su Ley Orgánica y su Reglamento, puede generar acuerdos para su mejor funcionamiento.

También señala nuestra Ley Orgánica en su artículo 93, que las reuniones de las comisiones podrán ser públicas. También se podrán celebrar sesiones de información y audiencia a las que asistirán a invitación de ellas, representantes de grupos de interés, asesores, peritos o las personas que las comisiones consideren que puedan aportar conocimientos y experiencias sobre el asunto que se trate.

También señala la propia ley que dio origen a la Cocopa, que el EZLN es el grupo de personas que se identifican como una organización de ciudadanos mexicanos mayoritariamente indígenas, que se inconformó por diversas causas y se involucró en el conflicto al que se refiere esta ley.

También se dice que esta ley tiene por objeto establecer las bases jurídicas que propicien el diálogo y la conciliación para alcanzar a través de un acuerdo de concordia y pacificación, la solución justa, digna y duradera al conflicto armado iniciado en Chiapas.

También se señala en esta misma ley, que uno de los objetivos es propiciar que los integrantes del EZLN participen en el ejercicio de la política dentro de los cauces pacíficos con respeto absoluto a su dignidad y garantía de ciudadanos mexicanos.

Por ello es perfectamente posible establecer este diálogo con los zapatistas.

Qué curioso que nos diga que no se puede hacer, lo que la ley expresamente nos dice y por eso no se puede usar este salón de sesiones, pero si se puede utilizar el Salón Verde, como nos han dicho aquí en una propuesta que ya nos leyeron, donde dice la ley acerca del Salón Verde, donde dice acerca del salón de sesiones: son los salones, éste y el otro salón y otros más que tiene esta Cámara de Diputados y en su caso el Congreso de la Unión, para celebrar las reuniones que sean necesarias, las que tenga que realizar, dependiendo de la magnitud numérica, política, legislativa y operativa del evento correspondiente.

Aquí está por ejemplo la Memoria del Parlamento de Mujeres, hace un año, 7 de marzo en este lugar. Aquí está la foto del presidium, es este presidium, señoras y señores, éste que estamos viendo y aquí hay mujeres legisladoras y no legisladoras, que se reunieron aquí. Aquí pasaron, aquí hablaron, aquí se pronunciaron, se dirigieron a la nación, a los asistentes, un número elevado de mujeres. Dice aquí que Claudia Cruz se dirige aquí a la reunión, dirigente de la ONG de la sociedad civil y menciona aquí una pluralidad de militantes, activistas de partidos, corrientes, organizaciones sociales que estuvieron en este pleno. Aquí está la foto del pleno, este pleno lleno de mujeres, mujeres de la sociedad, mujeres del pueblo a las que representamos los legisladores, que se reunieron aquí, en su casa, en este Congreso de la Unión, en esta casa del pueblo y aquí debatieron y aquí hablaron, en este micrófono donde estamos ahora, que no es propiedad privada, afortunadamente, no lo va a poder privatizar Fox.

Como esta reunión pueden hacerse otras, señores, hay que revisar la historia de nuestro Congreso, no podemos hablar sin conocerla o darle una repasada. Aquí está el acuerdo que permitió hacer este Parlamento de Mujeres en este lugar, en este recinto, sobre la base dice aquí de las comisiones de Equidad y Género y con invitación a sectores de la sociedad civil. Este es el acuerdo que aquí se firmó en esta Cámara de Diputados.

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Pero más allá de los asuntos de carácter legal, están los asuntos de fondo ciertamente, el centro es la Ley Indígena nos dicen. Ya lo veremos con su voto, queremos verlos votar a favor de la Ley Indígena y si así sucede se los vamos a reconocer y si no sucede les recordaremos esta argumentación del día de hoy.

Se nos dice que aquí no va a mandar el Presidente, que no se va a hacer caso de todo lo que diga el Presidente, pero qué curioso, cuando el gobierno por ejemplo en alguno de sus funcionarios tiene señales de misoginia y machismo, no hay oposición, se bloquea un punto, un extrañamiento, un acuerdo.

Cuando por ejemplo, otro señor del Gobierno, nos dice con crueldad y desalmada, imponga el IVA en alimentos y medicamentos al pueblo, a la gente, no hay oposición, no hay crítica. Cuando un presidente autoritariamente nos veta una Ley de Desarrollo Rural, por la que votaron los del PRD y los del PRI y también los del PAN en la legislatura pasada, no dicen nada, no hay crítica, no la escuchamos.

¡Ah!, pero no nos mande una ley que tiene un fondo, un trasfondo posible que la Ley Indígena, porque entonces si, así hay crítica y saben qué, la única crítica que hemos escuchado de esta parte, de esta ala que está a mi derecha de este salón, es a la única iniciativa positiva que ha enviado el Presidente de la República.

Hay que criticar lo negativo, oponerse a lo que hace daño al pueblo, oponerse a lo que hace daño a la nación. Esperábamos su voto rechazando la incursión de los empresarios ilegalmente en el consejo de administración de Pemex, no ocurrió; ahí es donde debe estar la crítica. Pues claro que hay que oponerse al Presidente, para eso es este parlamento también, para el contrapeso, pero no a lo bueno que proponga, sino a todo lo que haga daño a la población.

Yo espero que la intención de fondo de Fox en enviar la Ley Indígena sea que se apruebe; espero que no se trate de un juego del policía bueno y el policía malo donde uno juega al bueno y otro al malo; yo te la envío y tú me la rechazas. Espero que no se trate de eso, ya lo veremos también con los votos.

Pero cuando se nos dice que Fox nos está enviando un gran problema, pues claro, nos envió este pero nos va a enviar más. Va a querer cebarse en el Congreso y va a querer que las culpas de lo que no salga bien sean del Congreso, es toda su perspectiva; quiere debilitar al Congreso al máximo posible, eso no es sorpresa.

¡Claro! y está el fuego mediático que va a lanzar en ese sentido permanentemente, insistentemente y nosotros necesitamos vigor, valor, fuerza, firmeza para reivindicar el parlamento frente al Presidente.

No queremos ni bucarams ni fujimoris; y necesitamos vigor, no se le ocurra algún día como a los mencionados u otros como Boris Yeltzin que también salió de una transición, querer desaparecer el parlamento.

Por otro lado, diría: si Fox pretende enviarnos bolas de fuego, yo digo que agarremos la bola de fuego y hagamos las cosas mejor que Fox; porque para él es muy sencillo decir: Marcos, quiero dialogar contigo, ¿por qué no vienes? ¿Ya ves?, no quieres venir. Yo tanta voluntad que tengo y tú no vienes. Es tramposo el señor Presidente porque sabe que Marcos no va a ir, porque hay tres señales que han pedido los del EZLN que no se han cumplido y en tanto que eso suceda, para él es muy fácil decir vente, vamos a dialogar e insinuar que el Congreso es el que no quiere dialogar.

Señores, hay que darle la vuelta a este asunto; que el Congreso dialogue, sí queremos dialogar, claro, vamos a escuchar y tomaremos nuestras decisiones como Congreso. Escuchamos y luego, yo también por mí estoy que escuchemos hoy mismo a las cinco de la tarde, compañeras y compañeros.

Ahora, escuchamos y las decisiones las toman los legisladores; las responsabilidades son de los legisladores; pero yo me quiero imaginar a ese legislador que diga: estoy en contra de esa Ley Indígena que divide al país, genera repúblicas dentro de la República, etcétera y que no quiso escuchar las razones de los indígenas zapatistas. ¿Con qué autoridad moral podría decirlo si no escuchó las razones de una de las partes?

Escuchemos y luego decidamos, no necesariamente es decidiremos lo que se nos diga, pero sí tenemos que escuchar a gente que no ha sido escuchada en décadas y en siglos y que han venido aquí para hablar con el Congreso.

Podemos coincidir o diferir del EZLN, pero hay una cosa que me parece interesante: ellos dijeron vamos a hablar con el Congreso y se apuntó Fox: yo, yo quiero hablar. No, señor, con el Congreso. No, yo quiero. No, con el Congreso. Está reconociendo tácitamente la división de Poderes, eso es muy interesante y muy importante.

Hoy contesto hace unas horas al Presidente: señor Presidente, no se han cumplido las tres señales, no nos podemos sentar con usted. Está esperando respondernos a nosotros. No nos ha respondido por una razón muy sencilla, están viendo que resolvemos y yo creo que hay que responderles: vamos a dialogar en las mejores condiciones, para que respondan que sí vienen, para que respondan positivamente y hagamos este diálogo histórico.

¡Qué prestigio tan enorme sería para el Congreso! Tan sólo la imagen de los legisladores escuchando al indígena, una imagen que recorrería el país y el mundo; tan solo ello sería un mensaje de que este país está cambiando y que no vamos hacia una democracia de oligarcas y aristócratas y de la casta divina.

Han venido de lejos a ser escuchados y qué contrasentido tan grande sería decirles: señores, el centro es la Ley Indígena, no el formato para el diálogo; señores, vamos a aprobar la Ley Indígena, pero no los queremos escuchar a ustedes.

Qué absurdo decir que el centro del asunto es la Ley Indígena y no escuchar razones de una de las partes, que quiere decirnos por qué es tan importante esta Ley Indígena. ¿Por qué cerrarse al hecho de que han pasado 5 años de que dicha ley debió haberse aprobado? ¿Por qué cerrarse al hecho de que las partes nos están diciendo: aprueben esta ley que nos permite la paz, que nos acerca, que nos permite transitar hacia nuevos mundos? ¿Por qué negarse un hecho que va a facilitar el tránsito de la vía armada, la vía pacífica. Demostremos que la vía armada no es la vía y la mejor forma de rechazarla es decirles: miren, ¡sí funciona la vía pacífica! Que ustedes cuando han optado señores zapatistas, por la vía pacífica, les va bien, los escuchamos y además atendemos muchos de sus ideales y de sus causas. Sería la mejor manera de votar por la vía pacífica y la manera de apostar por la vía violenta es decirles: señores, no funcionan las vías del diálogo; no funcionan las vías pacíficas; no funciona el intercambio de ideas; regrésense a su tierra y hagan lo que mejor les convenga como siempre lo han hecho.

¿Cuánto hay que esperar? ¿otros 500 años?

Estamos ante una alternativa fundamental, una gran posibilidad. Yo se que tenemos puntos de vista diversos sobre la Ley Indígena, no los voy a debatir aquí, vamos a debatir sobre ellos. Se que hay puntos que pueden enriquecer y a mí me gustaría que los zapatistas estén en la Ciudad de México, para decirles: este punto está propuesto, ¿qué opinan? y hacer un diálogo importante con este actor fundamental. Sería lo mejor.

Pero en el fondo y más allá de eso, es fundamental que todos, independientemente de lo que piense cada quien, nos abramos; escuchemos y demos una lección de que este Congreso de la Unión, es un gran Congreso, porque es un Congreso Plural; porque es un Congreso que sabe escuchar; que podrá debatir muchísimo como en todos los congresos se debate y los parlamentos. Pero que sí sabe escuchar de deveras y que no estamos flirteando ni fingiendo que queremos diálogo cuando sabemos que no hay condiciones para darlo. Nosotros debemos decir: señores zapatistas ¿quieren dialogar con el Parlamento? ¿Quieren dialogar con el Congreso de la Unión, con el Legislativo? vamos a dialogar y contribuir con la parte que nos corresponde, a dialogar.

La ley no es un mazo para golpear a la gente, como algunos creen; para cerrar oportunidades; para restringir espacios; la ley es un espacio de oportunidades, de derechos, también y fundamentalmente y mucho tiene de ello nuestro derecho mexicano: apertura de los espacios y nuestro derecho parlamentario permite abrir los espacios.

Esta propuesta que hemos presentado hace un par de días, ha sido enriquecida con puntos de vista de legisladores de otros partidos y los invitamos compañeros a que demos un paso gigantesco, más allá de lo que opine cada quien por la Ley Indígena. Es más, incluso para mejorar y enriquecer la Ley Indígena, lo mejor es haber escuchado lo que nos tienen que decir y darle la importancia política que el diálogo tiene en la democracia. Es nuestra hora, es la hora del Congreso, hagamos un gran Congreso, un buen Congreso, convirtamos éste en un momento histórico, del mayor prestigio del Congreso. Hagamos el gran debate que se derive de ahí. Escuchemos y demostremos que efectivamente ésta es la soberanía popular que dimana del pueblo, se instituye para beneficio de éste; que escucha y legisla, atendiendo a todos los sectores de la población.

Demostremos que este Congreso quiere terminar de una vez con ese conflicto; demostremos que este Congreso quiere escuchar a los que hace mucho no han sido escuchados.

Muchas gracias, compañeros legisladores.

El Presidente:

Gracias, diputado Martí Batres Guadarrama;

Compañeras y compañeros diputados: el artículo 96 que habla de las listas de oradores plantea que se lean antes de iniciar el debate, y así se hizo. Hay una solicitud de sustitución de un orador en contra. Se encontraba inscrito el diputado Roberto Domínguez Castellanos y solicita, en pro, perdón, en pro, Roberto Domínguez Castellanos y solicita la sustitución en la lista, para hablar en pro, por la diputada Beatriz Paredes Rangel.

Se le concede el uso de la palabra a la diputada Beatriz Paredes Rangel, del grupo parlamentario del PRI, hasta por 20 minutos.

La diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Compañeras y compañeros legisladores; señor Presidente:

No tenía previsto hacer uso de la tribuna por una actitud de consecuencia con un principio que quiero ratificar ante mis compañeros legisladores priístas, de que en el diálogo que sostuvimos la mañana de hoy, la decisión de nuestra bancada fue que el voto que acompañe este debate en su finiquito corresponda al análisis y a la valoración individual de cada uno de mis colegas, decisión que, en mi calidad de coordinadora del PRI, ratifico con toda convicción.

Sin embargo, por la confianza de mis compañeros y por las características de la Ley Orgánica, cumplo el doble papel de ser Presidenta de la Junta de Coordinación Política, que presentó un dictamen a un punto de acuerdo ante esta soberanía.

Y como Presidenta de la Junta de Coordinación Política, si aspiro a merecer el respeto de mis colegas legisladores, mi primer compromiso es cuidar de la legalidad de los actos que esgrima esa comisión.

Y quiero decir que no sería capaz de firmar un dictamen que considerara ilegal. No lo sería en primer lugar por respeto a mi dignidad como legisladora; no lo sería, en segundo lugar, porque me preocupa de manera subrayada el prestigio del Poder Legislativo, sobre todo en contraste a un Poder Ejecutivo que no es cuidadoso de la legalidad.

No sería capaz porque el esfuerzo de construir instituciones, que hemos realizado los mexicanos a lo largo de varios siglos y décadas, es un esfuerzo perfectible pero que ha tenido un eje: la convicción de que es en el marco de la constitucionalidad y de la legalidad como podemos conducir, de manera civilizada, nuestras controversias.

Entonces, permítanme dividir mi intervención en dos aspectos: uno, para sustentar por qué la Presidenta de la Junta de Coordinación Política tuvo aptitud y entendió que era factible poner a consideración de este honorable pleno que es la Cámara de Diputados, el dictamen de referencia; y segundo, una reflexión a título personal sobre la naturaleza del debate que estamos enfrentando.

No sé si les quedó claro que la propuesta del dictamen presentada no será el pleno de la Cámara de Diputados el que reciba, si así lo determina esta soberanía, a los representantes del EZLN. No es, pues, la Cámara de Diputados quien recibirá a los representantes del EZLN.

¿Qué hace a la Cámara de Diputados el recinto o la constitución de los legisladores con la personalidad moral y la personalidad jurídica de lo que es el Congreso de la Unión?

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Desde luego el recinto juega un papel claro, establecido también por la Constitución. Sin embargo, sobre el recinto rigen los legisladores. El recinto no es un espacio que nos ata, es un espacio que nos permite salvaguardar la integridad del Poder Legislativo.

¿Y qué es el Congreso? El Poder Legislativo. Es la expresión de la voluntad ciudadana a través de personalidades, de diputados, de legisladores con investidura. Y los legisladores en uso de sus facultades, siempre y cuando no violen expresamente normas que los rijan, pueden tomar acuerdos que les permita el pleno ejercicio de su investidura.

En este caso lo que está proponiendo el dictamen de referencia es que los señores legisladores y las señoras legisladoras valoren si a juicio de su voluntad soberana, si en función del análisis racional que ustedes realicen, si en función del conocimiento que tienen de la legislación que nos rige, es pertinente instruir a dos comisiones para que realicen una actividad que es cotidiana en las tareas de las comisiones: entrevistarse con los grupos sociales interesados.

La diferencia, la litis en esta discusión es el sitio donde se va a llevar a cabo ese encuentro. ¿Y por qué está en discusión el sitio?

Porque estamos discutiendo un problema simbólico. Simbólico y por lo mismo trascendente, no menor. Los símbolos forman parte de nuestra cultura. ¡Por eso nos molestó profundamente que el señor presidente Fox violara el simbolismo de apegarse al texto constitucional, cuando aquí tomó protesta!

Los símbolos tienen sentido, forman parte de la cultura política, forman parte de la interpretación de la realidad. Y pareciera y nos han querido encerrar en un debate sobre nuestra interpretación de quienes somos poseedores de los símbolos.

El único poseedor del símbolo que es esta tribuna, es el pueblo de México. No es ni el EZLN, no es ni un partido político, no es la posición por preclara o por atrasada que sea de quien quiera interpretar esa realidad.

Y con esa visión es que la Junta de Coordinación Política por mayoría, por cierto de todos los grupos parlamentarios representados en esta Cámara de Diputados a excepción del grupo parlamentario de Acción Nacional, suscribió este dictamen.
Quiero reconocer y lo quiero hacer de manera enfática, la honradez en las expresiones y la profundidad del pensamiento de mi compañero diputado Felipe Calderón. También quiero reconocer su actitud de responsabilidad política al concurrir a una reunión y expresarnos con toda llaneza su verdad y su visión del problema de la juridicidad de una decisión de esta naturaleza.

Pero tengo la obligación, como Presidenta de la Junta de Coordinación Política, de dejar constancia que no hay ninguna norma expresa que prohiba el uso de este recinto, cuando haya un mandato del pleno y las cuestiones estén involucradas con tareas legislativas.

Ya se citó aquí el antecedente del parlamento de mujeres. En el parlamento de mujeres celebrado el 8 de marzo en la anterior legislatura, el recinto de esta Cámara se abrió a diversas organizaciones y el uso de esta tribuna también se abrió a diversas organizaciones.

Volviendo al texto del dictamen se señala:

Primero
. Que podrán ser recibidos por las comisiones de Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas.

Segundo.
Que es por excepción el uso de este recinto. No queremos sentar un precedente. Media necesariamente la votación mayoritaria, el mandato de esta soberanía que tendrá que acatar la Junta de Coordinación Política o quien sea necesario.

Paso a lo que estimo es el eje de la discusión verdadera.

La discusión verdadera radica cómo en una etapa de transición se encuentran en cuestión las formas tradicionales de representación. La discusión verdadera radica en la reflexión si los mecanismos de democracia representativa son suficientes con las formas establecidas para las nuevas expresiones de la sociedad mexicana. La discusión verdadera radica si es pertinente generarle espacios a aquellos grupos que optaron por una vía que desconocía el valor de la legalidad y de la representatividad.

Quiero señalarles que en esta discusión verdadera hay diversas opiniones, que es un debate que se inicia en el país y que tiene que ver con la etapa de transformaciones profundas que está viviendo la sociedad mexicana y que están viviendo nuestras instituciones, Pero en el esfuerzo de encontrar mecanismos para que existiese una solución pacífica al problema del conflicto con el EZLN, no será la primera vez que si así lo decide esta Cámara de Diputados, tome decisiones innovadoras, como fue una decisión innovadora la Ley de Concordia y Pacificación, como fue una decisión innovadora constituir la Cocopa.

No quiero seguir argumentando en este sentido, porque me parece que se puede interpretar como que hay un planteamiento que señala una posición a priori.

Los priístas sólo tenemos una posición a priori en este tema: ¡nuestra decisión de estar con las causas indígenas en el momento en que se discuta la reforma constitucional!

¡Nuestra convicción de respetar a aquellos quienes tienen diferencias con el EZLN, nuestro reclamo para que todas las fuerzas involucradas en este asunto no actúen con intransigencia y no tengan de rehén, como aquí se dijo, al Congreso de la Unión!

¡Este es un problema, este debate, éste es un asunto que no se generó en el Congreso de la Unión! ¡Este es un problema, éste es un debate que tiene claramente personajes y protagonistas personales! ¡El tema del diálogo y de la consecución de la paz es un tema entre el EZLN y el Gobierno de la República y el Poder Ejecutivo!

¡Los legisladores cumpliremos con nuestra responsabilidad legislando! ¡Cada quien sabe el momento histórico que vive el país y cada quien tiene la madurez suficiente, la estatura suficiente para actuar en consecuencia! Sé que aquí los legisladores, los diputados al Congreso de la Unión, actuarán con consecuencia y con responsabilidad.

Muchas gracias.

El Presidente:

Muchas gracias, diputada Beatriz Paredes Rangel.

Compañeras y compañeros diputados: se han agotado las listas de oradoras y oradores en contra y en pro. Procede ahora recoger la voluntad de esta Asamblea a través de la emisión del voto de las señoras y los señores diputados.

Para efectos de facilitar la emisión del voto y de seguir en el intento de manejar con un escrúpulo absoluto la tramitación de este punto de acuerdo, se ordenará la apertura del sistema electrónico de votación para recoger la votación nominal y por referirse a un asunto de la vida interna de esta Cámara de Diputados el Presidente de la mesa directiva se abstendrá de votar.

Abrase el sistema electrónico de votación y dénse los avisos a que se refiere el Reglamento Interior.

Léase primero el punto de acuerdo que se someterá a votación dénse los avisos a que se refiere el Reglamento y ábrase el sistema electrónico de votación hasta por 10 minutos.

Permítame señor Secretario. Activen el sonido en la curul del el diputado Ramírez Marín, por favor.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
(desde su curul):

¿Señor Presidente con todo respeto sería tan amable la mesa directiva de ilustrar nuevamente el trámite que vamos a realizar en este momento y específicamente lo que vamos a poner a votación?

El Presidente:

Con mucho gusto repito la instrucción a la Secretaría y ruego a la Asamblea su atención y en su caso la corrección si procede.

Se ha pedido al señor Secretario.

Primero, lea la proposición de la Junta de Coordinación Política que se somete a votación.

Segundo, se abre el sistema electrónico de votación hasta por 10 minutos.

Se ruega a las señoras y señores diputados, que de tener problema en su sistema electrónico, den conocimiento de ello a la mesa directiva con oportunidad. No se admitirá ningún voto de viva voz que no sea previamente registrado en la directiva.

Proceda, señor Secretario Medellín.

El secretario José Manuel Medellín Milán:

Se da lectura al punto de acuerdo que es la materia de votación.

"PUNTO DE ACUERDO


Primero. Para la Cámara de Diputados el análisis y valoración de la iniciativa de reforma constitucional en materia indígena, es un asunto relevante y es importante que los legisladores dispongan de los mayores elementos para nutrir su dictamen.

De igual manera es de la mayor significación para esta legislatura coadyuvar a la solución política del conflicto entre el EZLN y el Poder Ejecutivo.

Segundo. Se instruye a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, reciban a los representantes del EZLN y que a esta reunión de comisiones unidas se invite a los integrantes de la Junta de Coordinación Política, a los integrantes de la Cocopa, a los miembros de las comisiones de Puntos Constitucionales, de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

Asimismo podrán asistir los legisladores, diputados y senadores que lo deseen. Dicha reunión se realizará, por excepción, en el recinto de plenos de la honorable Cámara de Diputados.

Tercero. La mecánica de la reunión será definida por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados en consulta con las comisiones respectivas."

Ese es el texto completo del punto de acuerdo que se somete a votación.

Se solicita que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior y se solicita que se abra el sistema electrónico de votación hasta por 10 minutos.

(Votación.)

El Presidente:

Señor Secretario, le solicito reporte a la Asamblea el resultado de la votación.

El secretario José Manuel Medellín Milán:

Señor Presidente, se emitieron 220 votos en pro y 210 en contra.

El Presidente:

Aprobado el punto de acuerdo propuesto por la Junta de Coordinación Política.

Se ruega se publique íntegro en la Gaceta Parlamentaria y las comisiones referidas en él, cumplan con el mandato de la Asamblea; igualmente, que la Junta de Coordinación Política formule el formato de dicha reunión.

Solicitó a la Secretaría dé cuenta con los asuntos en cartera.

ORDEN DEL DIA

El secretario José Manuel Medellín Milán:

Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se dará lectura al orden del día de la sesión ordinaria del 27 de marzo de 2001.

«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.- Primer Año.- LVIII Legislatura.

Orden del día


Martes 27 de marzo de 2001

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones


De los congresos de los estados de Guerrero, Hidalgo y Jalisco.

El secretario general del ayuntamiento del Estado de Puebla, informa que se aprobó un pronunciamiento en apoyo al diálogo por la paz en el Estado de Chiapas.

634,635,636

Proposiciones

Con punto de acuerdo para organizar un congreso nacional de entidades para discutir la política fiscal y presupuestaría nacional, a cargo de la diputada Miroslava García Suárez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en relación a las reformas al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Neftalí Salvador Escobedo Zoleto, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo que exhorta a la Semarnap y Sectur, para que establezcan criterios para mitigar y prevenir cualquier impacto social y ambiental en el proyecto denominado "Escalera Náutica", a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión.)

Excitativa


A la Junta de Coordinación Política, a cargo del diputado Elías Martínez Rufino, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Y los demás asuntos con los que la mesa directiva dé cuenta.»

El Presidente:

Gracias, señor Secretario.

Honorable Asamblea de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión: esta Presidencia quiere agradecer y reconocer la madurez política, la civilidad, la altura de miras expresada en el desarrollo de esta sesión.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente (a las 17:00 horas):

Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el próximo martes 27, a las 11:00 horas.

 

RESUMEN DE TRABAJOS

* Tiempo de duración: 5 horas 30 minutos.

* Quorum a la apertura de sesión: 347 diputados.

* Asistencia al cierre de registro: 453.

* Acuerdos aprobados: 1.

* Proposiciones de punto de acuerdo: 3.

* Efemérides: 1.

* Temas de agenda política: 1.

* Oradores en tribuna: 29
PRI-11; PAN-6; PRD-8; PVEM-2; PT-1; PAS-1.

Se recibió:


* 3 comunicaciones de los congresos de los estados de Morelos y Nayarit;

* 1 comunicación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;

* 1 comunicación de la Cámara de Senadores;

* 2 iniciativas del Ejecutivo;

* 1 iniciativa del PVEM;

* 1 iniciativa del PRD;

* 1 iniciativa del PRI


Se aprobó:


* 1 dictamen de la Junta de Coordinación Política, con punto de acuerdo relativo al diálogo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional con el Poder Legislativo Federal. Se aprueba el punto de acuerdo propuesto por la Junta de Coordinación Política, se ordena que las comisiones referidas en él, cumplan con el mandato y que la Junta de Coordinación Política formule el formato de dicha reunión.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA PRESENTE SESION
(en orden alfabético)

 

* Acosta Salazar, Sergio (PRD)

Tema

Trabajadores migrantes, sobre solicitar la intervención del Gobierno mexicano ante el gobierno de los Estados Unidos de América, por el asesinato de nuestro connacional Roberto Chávez Reséndiz en Arizona.

* Arnal Palomera, Eduardo (PAN) Trabajadores migrantes, sobre solicitar la intervención del Gobierno mexicano ante el gobierno de los Estados Unidos de América, por el asesinato de nuestro connacional Roberto Chávez Reséndiz en Arizona.
* Arnaud Carreño, Pablo (PAN) Benito Juárez García, respecto al CXCV aniversario del natalicio del Benemérito de las Américas.
* Batres Guadarrama, Martí (PRD) EZLN, dictamen de la Junta de Coordinación Política, con punto de acuerdo relativo al diálogo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional con el Poder Legislativo Federal.
* Calderón Cardoso, José Antonio (PAS) Trabajadores migrantes, sobre solicitar la intervención del Gobierno mexicano ante el gobierno de los Estados Unidos de América, por el asesinato de nuestro connacional Roberto Chávez Reséndiz en Arizona.
* Calderón Hinojosa, Felipe de Jesús (PAN) EZLN, dictamen de la Junta de Coordinación Política, con punto de acuerdo relativo al diálogo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional con el Poder Legislativo Federal.
* Castillo Cruz, Bonifacio (PRD) Tajín, para que la Cámara de Diputados vigile la organización y beneficios comunitarios de la Cumbre Tajín 2001, en el Estado de Veracruz.
* Cervantes Andrade, Raúl (PRI) Ley Federal de Competencia Económica, iniciativa de reformas al artículo 4o. de dicha ley, respecto a la aviación comercial.
* Cota Montaño, Rosa Delia (PT) Benito Juárez García, respecto al CXCV aniversario del natalicio del Benemérito de las Américas.
* Díaz Palacios, Víctor Emanuel (PRI) Trabajadores migrantes, sobre solicitar la intervención del Gobierno mexicano ante el gobierno de los Estados Unidos de América, por el asesinato de nuestro connacional Roberto Chávez Reséndiz en Arizona.
* Figueroa Canedo, Sara (PVEM) Husos horarios, iniciativa que expide la Ley de los Husos Horarios de los Estados Unidos Mexicanos.
* García Sainz Arena, Alejandro (PVEM) Benito Juárez García, respecto al CXCV aniversario del natalicio del Benemérito de las Américas.
* Guerrero Gutiérrez, Santiago (PRI) Trabajadores migrantes, sobre solicitar la intervención del Gobierno mexicano ante el gobierno de los Estados Unidos de América, por el asesinato de nuestro connacional Roberto Chávez Reséndiz en Arizona.
* Infante González, Víctor Roberto (PRI) Trabajadores migrantes, sobre solicitar la intervención del Gobierno mexicano ante el gobierno de los Estados Unidos de América, por el asesinato de nuestro connacional Roberto Chávez Reséndiz en Arizona.
* Larrazábal Bretón, Jaime Arturo (PRI) Colegio de Posgraduados, proposición con punto de acuerdo relativo al presupuesto de dicho colegio, por la labor que realiza para el sector rural del país.
* Mantecón Rojo, Jaime (PRI) en dos
ocasiones
Tajín, para que la Cámara de Diputados vigile la organización y beneficios comunitarios de la Cumbre Tajín 2001, en el Estado de Veracruz.
* Martínez Pérez, Timoteo (PRI) Trabajadores migrantes, sobre solicitar la intervención del Gobierno mexicano ante el gobierno de los Estados Unidos de América, por el asesinato de nuestro connacional Roberto Chávez Reséndiz en Arizona.
* Martínez Rufino, Elías (PRD) Tajín, proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados vigile la organización y beneficios comunitarios de la Cumbre Tajín 2001, en el Estado de Veracruz.
* Méndez Alarcón, Héctor (PAN) Trabajadores migrantes, sobre solicitar la intervención del Gobierno mexicano ante el gobierno de los Estados Unidos de América, por el asesinato de nuestro connacional Roberto Chávez Reséndiz en Arizona.
* Morales Sánchez, J. Melitón (PRI) Trabajadores migrantes, sobre solicitar la intervención del Gobierno mexicano ante el gobierno de los Estados Unidos de América, por el asesinato de nuestro connacional Roberto Chávez Reséndiz en Arizona.
* Paredes Rangel, Beatriz Elena (PRI) EZLN, dictamen de la Junta de Coordinación Política, con punto de acuerdo relativo al diálogo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional con el Poder Legislativo Federal.
* Patiño Cardona, Francisco (PRD) Trabajadores migrantes, sobre solicitar la intervención del Gobierno mexicano ante el gobierno de los Estados Unidos de América, por el asesinato de nuestro connacional Roberto Chávez Reséndiz en Arizona.
* Penchyna Grub, David (PRI) Trabajadores migrantes, proposición con punto de acuerdo para solicitar la intervención del gobierno mexicano ante el gobierno de los Estados Unidos de América, por el asesinato de nuestro connacional Roberto Chávez Reséndiz en Arizona.
* Rodolfo Vaca Betancourt Bretón, José Sergio (PAN) Tajín, para que la Cámara de Diputados vigile la organización y beneficios comunitarios de la Cumbre Tajín 2001, en el Estado de Veracruz.
* Rosaldo Salazar, Pedro Miguel (PRD) Artículo 4o. constitucional, iniciativa de reformas al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a los derechos de la población mayor de edad, definida como senectud.
* Sánchez López, Héctor (PRD) Benito Juárez García, respecto al CXCV aniversario del natalicio del Benemérito de las Américas.
* Torres Mercado, Tomás (PRD) Trabajadores migrantes, sobre solicitar la intervención del Gobierno mexicano ante el gobierno de los Estados Unidos de América, por el asesinato de nuestro connacional Roberto Chávez Reséndiz en Arizona.
* Villarreal García, Luis Alberto (PAN) Tajín, para que la Cámara de Diputados vigile la organización y beneficios comunitarios de la Cumbre Tajín 2001, en el Estado de Veracruz.
* Zorrilla Cuevas, Nahum Ildefonso (PRI) Benito Juárez García, respecto al CXCV aniversario del natalicio del Benemérito de las Américas.

 

638,639,640,641

NOTAS

Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición:

AIF Asociación Internacional de Fomento
Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria
Aserca Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria
CII Corporación Interamericana de Inversiones
Cocopa Comisión de Concordia y Pacificación
CP Contador público
DC Distrito de Columbia de Estados Unidos de América
D.F. Distrito Federal
EUA Estados Unidos de América
EZLN Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Fobaproa Fondo Bancario de Protección al Ahorro
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social
IPAB Instituto de Protección al Ahorro Bancario
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
IVA Impuesto al valor agregado
ONG Organizaciones no gubernamentales
PAN Partido Acción Nacional
PAS Partido Alianza Social
Pemex Petróleos Mexicanos
PRD Partido de la Revolución Democrática
PRI Partido Revolucionario Institucional
PSN Partido de la Sociedad Nacionalista
PT Partido del Trabajo
PVEM Partido Verde Ecologista de México
Sagarpa Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Secofi Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
Sectur Secretaría de Turismo
Semarnap Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca
SEP Secretaría de Educación Pública
UNESCO Organización Educacional, Científica y Cultural, de Naciones Unidas (por las siglas en inglés)

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