DIARIO de los DEBATES

ORGANO OFICIAL DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias  del Primer Año de Ejercicio

DIRECTOR GENERAL DE
CRONICA PARLAMENTARIA
Héctor de Antuñano y Lora

PRESIDENTE

Diputado Ricardo Francisco García Cervantes

DIRECTOR DEL
DIARIO DE LOS DEBATES

Norberto Reyes Ayala
AÑO I                 México, D.F., viernes 29 de marzo de 2001       No. 6

S U M A R I O



ASISTENCIA

Pág.

775

ORDEN DEL DIA

775
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 776
ESTADO DE JALISCO 779
Comunicación del Congreso estatal, con la que remite acuerdo relativo a incluir en el fideicomiso que administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas, a las sociedades Aviso de Guadalajara, Caja Popular Mercantil de California, AC, Unión de Crédito Mercantil de California, S.A. y Cosmotel. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Comercio y Fomento Industrial. 779
ESTADO DE PUEBLA 780
Comunicación del ayuntamiento de la ciudad de Puebla, donde se pronuncia en apoyo al diálogo por la paz en el Estado de Chiapas y la exhortación a las partes en conflicto para que realicen las acciones a fin de alcanzarla. De enterado. 780
ESTADO DE VERACRUZ 782
Comunicación del ayuntamiento de Xalapa, con la que remite acuerdo relativo a la aprobación por parte del Congreso de la Unión de la Ley de la Cocopa. De enterado. 782
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 782
El diputado José Marcos Aguilar Moreno, a nombre de la Comisión de Ciencia y Tecnología, presenta iniciativa que adiciona el artículo 27-A, de dicha ley a fin de que se apliquen de manera expédita los estímulos fiscales destinados al fomento de la investigación y la tecnología nacional. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Ciencia y Tecnología. 782
CODIGO FEDERAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS 785
El diputado Amador Rodríguez Lozano presenta iniciativa de dicho código. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública. 785
REINO DE SUECIA 815
Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta proyecto de decreto que concede permiso a dos ciudadanos para prestar servicios en la Embajada de dicho país en México. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública. 815
CONDECORACIONES 815
Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta proyecto de decreto que concede permiso a cuatro ciudadanos para aceptar y usar las condecoraciones que les otorgan los gobiernos de: Japón, Nicaragua, Gran Ducado de Luxemburgo, Chile y Francia, respectivamente. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública. 815
ESTADO DE PUEBLA (II) 816
Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de punto de acuerdo para que se promueva la formulación de un programa integral para el desarrollo de la sierra norte de Puebla. Es de primera lectura. 816
LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA 818
El diputado Elías Martínez Rufino, solicita excitativa a la Junta de Coordinación Política, para que dictamine propuesta presentada el 17 de octubre de 2000, para crear la comisión especial encargada de darle seguimiento a las investigaciones del homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta. El Presidente realiza la excitativa y establece como fecha límite el próximo 5 de abril. 818
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 819
El diputado J. Jesús Garibay García, solicita excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para que dictamine iniciativa presentada el 10 de octubre de 2000, que reforma los artículos 26 y 73 de la Carta Magna, respecto a dicho plan. Se realiza la excitativa correspondiente. 819
INFONAVIT 821
El diputado Amador Rodríguez Lozano, solicita excitativa a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Vivienda, para dictaminar minuta recibida el 13 de abril de 2000 y que reforma el artículo 47 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. El Presidente realiza la excitativa y establece como fecha límite el próximo 5 de abril. 821
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (II) 823
El diputado Amador Rodríguez Lozano, solicita excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para que dictamine iniciativa de reformas a dicha ley, presentada el 21 de septiembre de 2000. El Presidente realiza la excitativa. 823
TARIFAS ELECTRICAS 825
El diputado Amador Rodríguez Lozano, solicita excitativa a la Comisión de Energía, para que dictamine proposición de punto de acuerdo, presentada el 31 de octubre de 2000, referente al establecimiento de la tarifa 1-F en diversos municipios de los estados de Baja California, Sonora y Coahuila. El Presidente realiza la excitativa. 825
PRESUPUESTO DE EGRESOS 827
El Presidente informa sobre el procedimiento a seguir de no presentar dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales, sobre reformas a los artículos 74 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 20 y 25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, referente al tiempo de presentación del presupuesto de egresos, Ley de Ingresos y Cuenta Pública, así como el considerar el nombre de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 827
DIA MUNDIAL DEL AGUA 827
Respecto a dicha celebración del pasado 22 de marzo, se concede el uso de la palabra a los diputados: 827
Miguel Angel Torrijos Mendoza 827
Jesús Burgos Pinto 829
ASISTENCIA (II) 832
DIA MUNDIAL DEL AGUA (II) 832
El diputado José Rodolfo Escudero Barrera, continua en el tema. 832
CAJAS POPULARES 834
El diputado Herbert Taylor Arthur, se refiere a las cajas populares en el Estado de Jalisco. 834
Sobre el mismo tema, participa el diputado José Manuel Correa Ceseña. 836
Rectifican hechos o contestan alusiones personales los diputados: 837
Herbert Taylor Arthur 837
José Manuel Correa Ceseña 837
Alonso Ulloa Vélez 838
Salvador Cosío Gaona 839
José Antonio Gloria Morales 840
José Manuel Correa Ceseña 840
DISTRITO FEDERAL 841
Realiza comentarios sobre los 100 primeros días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el diputado Carlos Alberto Flores Gutiérrez. 841
Intervienen sobre el tema, los diputados: 849
Rosa Delia Cota Montaño 843
Rectifican hechos, los diputados: 844
Víctor Hugo Cirigo Vázquez 844
Mauricio Enrique Candiani Galaz 847
Alfredo Hernández Raigosa 848
Máximo Soto Gómez 849
Esteban Daniel Martínez Enríquez 850
Daniel Ramírez del Valle 853
Ricardo Moreno Bastida 854
AEROPUERTO 855
El diputado Alejandro García Sainz Arena, realiza comentarios con relación a la construcción del nuevo aeropuerto alterno al de la Ciudad de México. 855
Para participar sobre el tema, se concede el uso de la palabra a los diputados: 857
Ricardo Moreno Bastida 857
Enrique Martínez Orta Flores 858
Alma Carolina Viggiano Austria 859
ORDEN DEL DIA 861
De la próxima sesión. 861
CLAUSURA Y CITATORIO 861
RESUMEN DE TRABAJOS 862
DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA PRESENTE SESION 863

DIARIO de los DEBATES

Año l  No.6        SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS      MARZO 29, 2001

 

Presidencia del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes

ASISTENCIA

El Presidente :

Ruego a la señora secretaria, diputada Carolina Viggiano, haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los diputados, hasta este momento.

La secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria:

Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 342 diputados.

El Presidente (a las 11:38 horas):

Se abre la sesión. Hay quorum.

Le ruego a la Secretaría dé lectura al orden del día de esta sesión.

ORDEN DEL DIA

La secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria:

Con mucho gusto, señor Presidente.

«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.- Primer Año.- LVIII Legislatura.

Orden del día


Jueves 29 de marzo de 2001.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones


Del Congreso del Estado de Jalisco.

De ayuntamientos de los estados de Puebla y Veracruz.

Iniciativas de diputados


Que adiciona el artículo 27-A, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a fin de que se apliquen de manera expedita los estímulos fiscales destinados al fomento de la investigación y la tecnología nacional, a cargo del diputado José Marcos Aguilar Moreno, a nombre de la Comisión de Ciencia y Tecnología. (Turno a comisión.)

Del Código Federal de Ejecución de Sentencias y Medidas Privativas de la Libertad, a cargo del diputado Amador Rodríguez Lozano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Minutas


Proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Manuel Uribe Castañeda, David Alejandro Olvera Ayes, Tomás Jaime Aguirre Cervantes y César Augusto Carrión, para aceptar y usar condecoraciones conferidas por gobiernos extranjeros. (Turno a comisión.)

Proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Alma Noemí Medina Gómez y Fermín Paniagua García, para prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada del Reino de Suecia en México. (Turno a comisión.)

Dictamen de primera lectura


De la Comisión de Desarrollo Social en relación al punto de acuerdo para la formulación de un programa integral para el desarrollo de la sierra norte de Puebla.

Excitativas


A la Junta de Coordinación Política, a cargo del diputado Elías Martínez Rufino, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a cargo del diputado Jesús Garibay García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Vivienda; de Hacienda y Crédito Público y de Energía, a cargo del diputado Amador Rodríguez Lozano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Agenda política


Pronunciamiento sobre el Día Mundial del Agua, a cargo de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional y Partido Revolucionario Institucional.

Posicionamiento en relación a las cajas populares en el Estado de Jalisco, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Comentarios sobre los 100 primeros días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a cargo del diputado Carlos Alberto Flores Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Posicionamiento en relación a la construcción del proyecto del nuevo aeropuerto, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Proposiciones


Con punto de acuerdo para que el Aeropuerto de Puebla se considere como alternativa para el desahogo de la carga aérea, a cargo del diputado Víctor Manuel Díaz Palacios, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con puntos de acuerdo en relación a la situación nacional, a cargo de los grupos parlamentarios. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en relación a la situación de la mujeres, a cargo de la diputada María de los Angeles Sánchez Lira, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en relación al desmantelamiento de las bases militares de Río Euseba y Guadalupe Tepeyac, a cargo del diputado Miguel Bortolini Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en relación a una connacional presa en Bolivia, a cargo del diputado Sergio Acosta Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)»

El Presidente :

Gracias, señora Secretaria.

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente :

El siguiente punto del orden del día es el referente a la lectura, discusión y votación del acta de la sesión anterior.

En virtud de que está publicada en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy y copia de la misma es remitida a los grupos parlamentarios para sus observaciones, le ruego, señora diputada Viggiano, consulte a la Asamblea si autoriza la dispensa de la lectura para proceder de inmediato a su discusión y votación.

La secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria:

Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior en virtud de que fue entregada copia de la misma a los coordinadores de los grupos parlamentarios y se procede a su votación.

Por lo tanto los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los compañeros diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Hay mayoría, señor Presidente. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes veintisiete de marzo de dos mil uno, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias, del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura.

Presidencia del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes

En el Palacio Legislativo de la Ciudad de México, a las once horas con cuarenta minutos del martes veintisiete de marzo de dos mil uno, con la asistencia de trescientos treinta y seis legisladores, el Presidente declara abierta la sesión.

La Secretaría lee el orden del día y la Asamblea aprueba el acta de la sesión en sus términos, en votación económica.

Se da cuenta con diversas comunicaciones de los congresos de los estados de:

Chihuahua, Hidalgo, Jalisco y Tamaulipas, informando de actividades propias de sus respectivas legislaturas. De enterado.

Guerrero, con la que envía un acuerdo parlamentario con el que se pronuncia a favor del diálogo y la reconciliación en el Estado de Chiapas. De enterado.

Tamaulipas, con punto de acuerdo en el sentido de enviar una comunicación al Poder Ejecutivo Federal, para que publique la Ley de Desarrollo Rural que en su oportunidad aprobó el Congreso de la Unión. De enterado.

Chihuahua, Nayarit y Puebla, informando que adecuaron su marco jurídico constitucional y municipal a lo establecido por la reforma del artículo ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De enterado.

Una comunicación de la Junta de Coordinación Política, con acuerdo por el que aumenta el número de secretarios de la Comisión del Distrito Federal. Se aprueba en votación económica.

Sobre la Promulgación del Plan de Guadalupe, expresan sus opiniones los diputados: Jesús de la Rosa Godoy, del Partido Revolucionario Institucional y Norma Patricia Riojas Santana, del Partido de la Sociedad Nacionalista.

Se refiere al aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio Murrieta, el diputado Fernando Ortiz Arana, del Partido Revolucionario Institucional.

Para presentar iniciativas, suben a la tribuna los diputados:

María Teresa Campoy Ruy Sánchez, del Partido Verde Ecologista de México, de reformas al Código Federal de Procedimientos Penales y al Código Penal Federal, en relación con el tráfico de fauna. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

David Augusto Sotelo Rosas, del Partido de la Revolución Democrática, de reformas a la Ley Federal de Correduría Pública, Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito. Se turna a las comisiones de Comercio y Fomento Industrial y a la de Hacienda y Crédito Público.

El Presidente informa de la presencia en los palcos de honor, de una delegación de legisladores españoles, así como del excelentísimo señor embajador del Reino de España en México y les da, a nombre de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la cordial bienvenida.

José Antonio Magallanes Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática, dos con proyectos de decreto, que reforman los artículos ciento quince y ciento dieciséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnan a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Por instrucciones de la Presidencia, se informa que al cierre del registro electrónico de asistencia, hay cuatrocientos cincuenta y un legisladores presentes.

Alejandro García Sainz Arena, del Partido Verde Ecologista de México, de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la Ley de Aeropuertos.

Presidencia de la diputada
María Elena Alvarez Bernal

Se turna a las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y a la de Transportes.

Amador Rodríguez Lozano, del Partido Revolucionario Institucional, de reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Poder Legislativo. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

De la Secretaría de Gobernación, se leen los siguientes oficios:

Con el que remite comunicación del Congreso del Estado de Tamaulipas, respecto a las reformas al artículo ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De enterado y se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

775,776,777

Con el que remite oficio del Congreso del Estado de Veracruz, con el que informa que cumplió con el plazo para adecuar su Constitución y su Ley Orgánica estatal. De enterado y se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Con el que solicita permisos para que ciudadanos mexicanos presten servicios a gobiernos extranjeros e informa de ciudadanos mexicanos que han dejado de hacerlo. Por lo que se refiere a la solicitud de permisos, se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública y los demás a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados y a la de Gobernación de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

Presentan proposiciones con punto de acuerdo, los diputados:

Neftalí Salvador Escobedo Zoletto, del Partido Acción Nacional, en relación con las reformas al artículo ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Presidencia del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes

El Presidente informa que en sesión de la Comisión Permanente se aprobó un punto de acuerdo al respecto y hoy se da cuenta con las respuestas de las de los congresos de los estados de Chihuahua, Nayarit, Puebla, Tamaulipas y Veracruz. Se toma como excitativa para las legislaturas de los estados que aún no cumplen con el acuerdo de la Comisión Permanente y sube a la tribuna el diputado Heriberto Huicochea Vázquez, del Partido Revolucionario Institucional, para referirse al mismo asunto y presentar un punto de acuerdo. El Presidente le informa que no está inscrito en las proposiciones con punto de acuerdo, pero la turna a la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo.

Diego Cobo Terrazas, del Partido Verde Ecologista de México, para que las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Turismo, establezcan criterios para prevenir impactos sociales y ambientales en el proyecto "Escalera Náutica". Se turna a las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la de Turismo.
Para rectificar hechos, habla el diputado Jesús Garibay García, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta una adición que se integra a la proposición presentada por el diputado Cobo Terrazas.

Jesús Orozco Alfaro, del Partido Revolucionario Institucional, sobre la problemática que se observa en el aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Se turna a las comisiones de Comunicaciones y de Transportes.

Para rectificar hechos, hablan los diputados: José Escudero Barrera, del Partido Verde Ecologista de México y Eugenio Pérez Cruz, del Partido Acción Nacional.

Presidencia de la diputada
María Elena Alvarez Bernal

José Bañales Castro, del Partido Acción Nacional, para que las autoridades pongan mayor atención contra la prostitución infantil y la explotación de menores. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Ramón León Morales, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con dos indígenas presos en el Estado de Colima.

Sobre el mismo tema habla el diputado Roberto Preciado Cuevas, del Partido Revolucionario Institucional.

Se turna al Comité de Información, Gestoría y Quejas.

Rectifican hechos o contestan alusiones personales los diputados: Ramón León Morales, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones y Roberto Preciado Cuevas, del Partido Revolucionario Institucional.

Sergio Acosta Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con el nombramiento del embajador de Bolivia en México.

Presidencia del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes

Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores y sobre el mismo tema, hablan los diputados: Jaime Cervantes Rivera, del Partido del Trabajo y Efrén Nicolás Leyva Acevedo, del Partido Revolucionario Institucional.

Gregorio Urías Germán, del Partido de la Revolución Democrática, sobre el conflicto en el Estado de Chiapas. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Se refieren al tema, los diputados: Jorge Alejandro Cruz Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional y Miguel Bortolini Castillo, del Partido de la Revolución Democrática.

Agotado el tiempo de la sesión, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las quince horas con cincuenta y ocho minutos, citando para la que tendrá lugar el jueves veintinueve de marzo de dos mil uno, a las once horas.»

El Presidente:

Le ruego, señora Secretaria, ponga a discusión y a votación el acta.

La secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria:

Se pone a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los compañeros diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los compañeros diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Hay unanimidad, señor Presidente.

El Presidente:

Aprobada el acta de la sesión anterior.

Ruego a la Secretaría, para el desahogo del siguiente punto del orden del día, dé cuenta a la Asamblea con las comunicaciones.

ESTADO DE JALISCO

El secretario José Manuel Medellín Milán:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Jalisco.- Poder Legislativo.- Secretaría del Congreso.
Honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.

La LV Legislatura al honorable Congreso del Estado de Jalisco, en sesión de fecha 31 de enero próximo pasado aprobó el acuerdo económico número 925/01, mediante el cual se acordó exhortar a esa alta representación popular, para que dentro de sus facultades, incluyan en el fideicomiso que administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas, a las sociedades Aviso de Guadalajara, Caja Popular Mercantil de California, AC, Unión de Crédito Mercantil de California, S.A. y Cosmotel.

Como asunto pendiente de la anterior legislatura y por instrucciones del actual presidente del Congreso de Jalisco, hago de su conocimiento lo anterior, con el envío del acuerdo de referencia, rogándoles tengan a bien mantener informada a esta soberanía de las acciones que tengan a bien ordenar a quien corresponda.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Guadalajara, Jalisco, a 19 de febrero de 2001.- LCTC Leonardo García Camarena, oficial mayor.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Jalisco.- Poder Legislativo.- Secretaría del Congreso.

Ciudadanos diputados: la Comisión de Peticiones de la LV Legislatura del Congreso del Estado, que es a cargo de los suscritos, el pasado 23 de enero del presente, recibió en audiencia en el salón de juntas previas de este recinto legislativo, a un grupo de ciudadanos, encabezados por los señores José Balderas Volante, Alma Delia Bautista Muñoz y Jorge Moreno Melo, representantes de la Unión de Afectados Aviso de Guadalajara, Caja Popular Mercantil de California, AC, Unión de Crédito Mercantil de California, S.A. y Cosmotel, respectivamente, quiénes solicitan la intervención de este honorable Congreso, para que sus representados sean incluidos en el fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas, aprobado el 21 de diciembre del año 2000 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 29 del mismo mes y año, a lo cual se hacen las siguientes

CONSIDERACIONES


I. Que es facultad del Congreso del Estado legislar en todas las ramas del orden interior del Estado, expedir leyes y ejecutar actos sobre materias que le son propias, salvo aquellas concedidas al Congreso de la Unión conforme al Pacto Federal en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. Que corresponde a la Comisión de Peticiones conocer de los asuntos no reservados expresamente a las demás comisiones designadas por el Congreso y la de los ocursos de particulares o agrupaciones privadas, que expongan problemas que les afecten de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco.

III. Los peticionarios manifestaron a esta Comisión Legislativa, la problemática que enfrentan y que por los hechos ya conocidos, se han visto afectados de una manera grave en su patrimonio, repercutiendo en el nivel de vida de un gran número de familias, así como de personas mayores ya jubiladas, siendo ello, un problema social de severas consecuencias.

IV. Asimismo, solicitan la intervención de este Congreso, para que sus representados sean incluidos en el fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas, aprobado el 21 de diciembre del año 2000 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 29 del mismo mes y año, para que a través del mecanismo establecido en dicho fideicomiso, se apoye a los ahorradores que representan. Por lo que una vez analizado el contenido del ocurso en cuestión, esta comisión consideró que el honorable Congreso del Estado exhorte al Gobierno Federal y al Congreso de la Unión, a buscar alterativas de solución, a la problemática planteada por los peticionarios.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 88, 93 y 94 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, sometemos a la elevada consideración de ustedes, diputados, el siguiente proyecto de

ACUERDO ECONOMICO


Unico.
Dada la problemática que ha implicado la situación en que se encuentran cientos de ahorradores y familias afectadas en todo el país, como consecuencia de los hechos ya conocidos y encontrándose en Jalisco un importante número de ellos, este honorable Congreso, en solidaridad con los ahorradores afec tados, exhorta al Poder Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión, para que dentro de sus facultades, se incluya en el fideicomiso que administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas, aprobado el 21 de diciembre del año 2000 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 29 del mismo mes y año, a las sociedades Aviso de Guadalajara, Caja Popular Mercantil de California, AC, Unión de Crédito Mercantil de California, S.A. y Cosmotel.

Sala de comisiones del Congreso del Estado.- Guadalajara, Jalisco, a 31 de enero de 2001.- La Comisión de Peticiones.- Diputados: Luis Manuel Figueroa Loza, Carlos Urrea García Rulfo, José María Martínez Martínez, Juan Carlos de la Torre y Samuel Romero Valle.»

El Presidente:

Túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Comercio y Fomento Industrial.

ESTADO DE PUEBLA

El secretario José Manuel Medellín Milán:

Dos oficios de ayuntamientos de municipios de Puebla y de Xalapa, Veracruz.

«Escudo.- Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla.- Secretaría General.- 19992002.

Honorable Congreso de la Unión.- Presente.

778,779,780

Por acuerdo del licenciado Mario P. Marín Torres, presidente municipal constitucional del honorable ayuntamiento del municipio de Puebla y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

102, 103 y 105 fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 1o., 13, 31, 35, 36, 37, 38, 45 y 48 fracción XIII, de la Ley Orgánica Municipal, y 5o. fracción XII, del Reglamento Interno del cabildo municipal, me permito hacer de su respetable conocimiento para los efectos legales procedentes, que el honorable ayuntamiento del municipio de Puebla, en sesión ordinaria de cabildo celebrada el 22 de febrero del presente año, por unanimidad de votos aprobó la propuesta para que este ayuntamiento se pronuncie públicamente "en apoyo al diálogo por la paz en el Estado de Chiapas y la exhortación a las partes en conflicto para que realicen las acciones a fin de alcanzarla"; por lo que los ciudadanos regidores de la comisión plural, formada con los coordinadores de cada una de las fracciones políticas que se encuentran representadas en el honorable cabildo, reunidos en sesión de trabajo celebrada el 22 de febrero del año en curso, redactaron el documento oficial que a continuación se transcribe, ordenándose que se comunique el mismo al Gobierno Federal, al honorable Congreso de la Unión, al gobierno del Estado y al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

El documento oficial que contiene el pronunciamiento mencionado, es el siguiente:

En sesión ordinaria de cabildo celebrada el día jueves 22 de febrero del presente, se recibió la propuesta de la regidora Cristina Amaya Aquino y el regidor José Antonio Loyola González para que el honorable ayuntamiento de Puebla se pronunciara públicamente "en apoyo al diálogo por la paz en el Estado de Chiapas y la exhortación a las partes en conflicto para que realicen las acciones a fin de alcanzarla".

CONSIDERANDO


I. Que la paz es requisito indispensable para el desarrollo integral de la nación.

II. Que las partes en conflicto han demostrado disposición al diálogo para alcanzarla.

III. Que el ayuntamiento del municipio de Puebla, considera como obligación el sumarse a este esfuerzo nacional en el ámbito de su competencia.

IV. Que el presidente municipal, licenciado Mario Marín Torres, ha instruido a la Dirección de Gobernación Municipal para que se coordine con los interlocutores que en su caso designe el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a fin de acordar y apoyar la logística necesaria para el paso de la marcha zapatista.

Por lo anterior el cabildo acordó por unanimidad los siguientes puntos:

Primero
. El honorable ayuntamiento del municipio de Puebla exhorta a los actores de este proceso a privilegiar los intereses de la nación a fin de alcanzar la paz en el Estado de Chiapas.

Segundo.
El ayuntamiento de Puebla en el ámbito de su competencia, dará todas las facilidades para que el paso de la marcha por esta ciudad se realice sin contratiempos.

Tercero
. Integrar una comisión plural de regidores para dar a conocer este pronunciamiento a los medios de comunicación, exhortando a la ciudadania a mantener un clima de tranquilidad y confianza durante la estancia de la caravana en este municipio.

Cuarto.
Para los efectos correspondientes se comunique el presente acuerdo al Gobierno Federal, al honorable Congreso de la Unión, al gobierno del Estado y al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Atentamente.

Heroica Puebla de Zaragoza, a 22 de febrero de 2001.- Comisión plural de regidores.- Diputados: César Pérez López (PRI); Cristina Amaya Aquino (PRD); Fernando López Rojas (PAN); Teodoro Ortega García (PT) y José A. Armando Méndez Romero (PRD).

Sin otro particular por el momento, le reitero mi distinguida consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Heroica Puebla de Zaragoza, a 27 de febrero de 2001.- El secretario general del ayuntamiento, Mario A. Montero Serrano.»

El Presidente:

De enterado.

ESTADO DE VERACRUZ

El secretario José Manuel Medellín Milán:

«Escudo.- H. Ayuntamiento de Xalapa.- Secretaría del H. Ayuntamiento.- 2001-2004.

Honorable Congreso de la Unión, Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, D.F.

Con fecha 16 de febrero próximo pasado; en sesión ordinaria, el cabildo xalapeño aprobó por unanimidad el acuerdo que a continuación me permito transcribir a ese cuerpo colegiado

ACUERDO


a) Se aprueba declarar emisarios de paz, a la delegación zapatista que pasará por nuestro Estado el día 27 de febrero año 2001.

b) Solicitamos se exhorte y pida a los diputados y senadores del Congreso de la Unión que se analice y en su caso, se apruebe la iniciativa de la Ley de la Cocopa.

Por lo anterior, mucho agradeceré, de ser posible se turne a la comisión correspondiente esta solicitud.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a 5 de marzo de 2001.- Licenciado Alfredo Magno Garcimarrero Ochoa, secretario del ayuntamiento.»

El Presidente:

De enterado.

Procede ahora a desahogar el punto relativo a la presentación de iniciativas de los señores diputados.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Presidente:

Se ofrece la palabra al diputado Jose Marcos Aguilar Moreno, quien presentara iniciativa de adiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta, a fin de que se aplique de manera expedita los estímulos fiscales destinados al fomento de la investigación y la tecnología nacional, a nombre de un grupo de legisladores integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología.

Tiene el uso de la palabra el diputado José Marcos Aguilar Moreno.

El diputado José Marcos Aguilar Moreno:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

«Los suscritos diputadas y diputados, integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, promovemos ante esta alta representación, la iniciativa consistente en adicionar la fracción XXVII-A del artículo 27 en la Ley del Impuesto sobre la Renta, a fin de que:

"La aplicación de los estímulos fiscales ya determinados para el ejercicio fiscal de 2001, sean destinados de manera pronta y expedita a los contribuyentes del impuesto sobre la renta, por los proyectos en investigación y desarrollo que realicen."

EXPOSICION DE MOTIVOS


Quienes suscribimos la presente iniciativa consideramos que es tarea de los legisladores de este Congreso, estar a favor del impulso y apoyo a la ciencia y tecnología, también de un mejor uso y eficiencia de los recursos públicos, así como de acciones legislativas y de política pública, que permitan convertir a este sector de la economía nacional en una variable estratégica del crecimiento sostenido del país.

En este sentido los miembros de la Comisión de Ciencia y Tecnología nos congratulamos señalando que el presente trabajo es el producto de fructíferos encuentros con funcionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), y de la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico, AC. (ADIAT), que son dos de los principales actores y promotores de la ciencia y tecnología en nuestro país.

Muchas son las razones que se aducen para justificar el por qué estamos rezagados en esta materia. Un argumento constantemente esgrimido es la parte que corresponde al financiamiento, con la característica de que el apoyo del sector público ha constituido la principal fuente de inversión. Los legisladores de este Congreso tenemos ante nosotros el reto de incrementar y eficientar la participación del sector privado en el financiamiento del gasto en ciencia y tecnología nacional. Aquí nuestra labor como legisladores es fundamental, porque urgen reformas legales que alienten a las empresas a aumentar sustancialmente este tipo de gasto.

El fomento a la ciencia y la tecnología hasta esta fecha, ha sido insuficiente para acelerar ese motor tan importante de la economía mexicana como lo han hecho ya otros países. En nuestro caso, uno de los motivos del atraso es que no hemos sido capaces de aprovechar las oportunidades y estímulos establecidos, quizá por la falta de dirección, magro apoyo y rigidez en los ordenamientos aplicables.

En 1998 se adicionó la fracción A al artículo 27 en la Ley del Impuesto sobre la Renta, mediante la cual se otorgó crédito fiscal del 20% sobre gastos e inversiones incrementales, realizados en estos rubros para aplicarse contra el impuesto sobre la renta e impuesto al activo.

Para el año siguiente, en la exposición de motivos de las reformas fiscales del ejercicio de 1999, se señaló que debido a la naturaleza del beneficio fiscal otorgado, resultaba problemático y complejo, aplicar y definir las inversiones objeto de ese beneficio, generándose así un obstáculo para impulsar la investigación y la tecnología; ahí mismo se estableció que con el objeto de hacer efectivo y operante dicho beneficio, debía incorporarse al capítulo de estímulos de la Ley de Ingresos, un mecanismo de operación más accesible.

Para tal efecto se propuso la creación de un comité interinstitucional encaminado a garantizar que los proyectos de mayor prioridad fueran los beneficiados y se estableció como límite de apoyo para ejercerlos en el año 2000, un monto de 500 millones de pesos, pretendiendo lograr mayor impacto en el esfuerzo por promover la investigación y la innovación tecnológica.

El traslado de este estímulo a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2000 con las modificaciones propuestas, ha padecido falta de difusión, complejidad y poca aplicabilidad, llegando el crédito fiscal ejercido en el año 2000 únicamente a 1.7% del monto autorizado, haciéndose evidente la lentitud actual en el ejercicio de este estímulo.

Estos estímulos han experimentado una tortuosa peregrinación en diversas normas jurídicas, sin que se haya logrado impulsar de manera importante, la inversión en investigación y desarrollo tecnológico, razón que les da existencia.

En este contexto, es tarea de los legisladores revisar que los recursos sean bien ejercidos y que se cumplan los objetivos de la planeación del país. Consecuentemente estaremos atentos que la ciencia y la tecnología estén al servicio de la sociedad y cumplan el nuevo rol, de ser un sector que detone el desarrollo nacional.

Para ello, resulta imperativo modificar la aplicación de los estímulos, facilitando que las empresas inviertan en los rubros de investigación y desarrollo tecnológico nacional; esto les permitiría modernizarse y aumentar su competitividad con posibilidades de éxito ante sus socios comerciales.

Ahora bien, con el fin de incrementar la participación del sector productivo sin rebasar el límite presupuestal autorizado al efecto, para el ejercicio del presente año, se propone reubicar el estímulo fiscal en la Ley del Impuesto sobre la Renta, norma jurídica donde se deben situar los estímulos fiscales referentes a este impuesto.

Por otro lado, se plantea eliminar la aplicación del estímulo sobre el gasto incremental y aplicar tal incentivo sobre los gastos e inversiones totales efectuados dentro del ejercicio, en materia de investigación y desarrollo de tecnología. Asimismo, se prevé aplicar este crédito fiscal al 35% de los gastos e inversiones totales, para el caso de las empresas pequeña y medianas y un 20% para las empresas grandes, según la clasificación vigente emitida al respecto por la Secretaría de Economía; todo ello con objeto de hacer más atractiva la inversión en estos rubros.

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Resulta necesario aclarar, que el propósito de esta iniciativa no es exigir mayores recursos o erogaciones por parte del Gobierno Federal, sino hacer más eficaz el uso de los estímulos fiscales, ya aprobados por esta representación popular el día 22 de diciembre del año 2000, para la investigación y desarrollo tecnológico de nuestro país.

Muchas son las áreas de la ciencia y la tecnología que requieren vigorizarse, las cuales obligan a una acción decidida del Poder Legislativo. Por ello, estamos convencidos que la suma de esfuerzos con todas las fracciones parlamentarias resultará un ejercicio muy positivo para beneficiar aspecto tan importante para los mexicanos, como es la ciencia y la tecnología.

En consecuencia y con apoyo en el dispositivo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, elevamos a la consideración de esta Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa que adiciona la fracción XXVII-A al artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en los siguientes términos:

INICIATIVA DE DECRETO


Por el que se adiciona la fracción XXVII-A al artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

En tal virtud se presenta el siguiente:

Artículo único. Se adiciona la fracción XXVII-A al artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Con la siguiente descripción:

"Artículo 27-A. Los contribuyentes podrán aplicar un crédito fiscal por los gastos e inversiones en investigación y desarrollo tecnológico que realicen en el ejercicio, siempre que dichos gastos e inversiones no se financien con recursos provenientes del fondo a que se refiere el artículo 27 de esta ley. Dicho crédito fiscal será aplicado al 35% del total de los gastos e inversiones en ciencia básica y en desarrollo de tecnología que realicen en el ejercicio las empresas pequeñas y medianas y sobre el 20% para empresas grandes, según la clasificación vigente emitida al efecto por la Secretaría de Economía. Además, se debe cumplir con lo dispuesto en las reglas generales a que hace referencia el numeral 1 del párrafo quinto de este artículo.

Los gastos e inversiones se actualizarán por el periodo comprendido desde el mes de su realización o adquisición y hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio por el que se determina el crédito fiscal a que se refiere este artículo.

El contribuyente podrá aplicar el crédito fiscal a que se refiere este artículo, contra el impuesto sobre la renta o el impuesto al activo que tenga a su cargo, en la declaración anual del ejercicio en el que se determinó dicho crédito o en los ejercicios siguientes hasta agotarlo.

La parte del crédito fiscal no aplicada se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en que se presentó la declaración del ejercicio en el cual se determinó el crédito fiscal y hasta el mes inmediato anterior a aquél. La parte del crédito fiscal actualizada pendiente de aplicar se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en que se actualizó por última vez y hasta el mes inmediato anterior a aquél en que se aplique.

Para la aplicación del estímulo a que se refiere el presente decreto, se estará a lo siguiente:

1. Se creará un comité interinstitucional que estará formado por un representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, quien lo presidirá y tendrá voto de calidad; uno de la Secretaría de Economía, uno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y uno de la Secretaría de Educación Pública. Este comité dará a conocer las reglas generales con que operará, así como los sectores prioritarios susceptibles de obtener el beneficio, las características de las empresas y los requisitos adicionales que se deberán cumplir, para poder solicitar el beneficio del estímulo.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, como organismo rector de las políticas nacionales en materia de tecnología, en atención a lo dispuesto por los artículos 13 de la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica, 2o. de la Ley que Crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y 2o. del estatuto orgánico de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y, con objeto de permitir una simplificación administrativa que haga más atractiva y ágil la inversión en estos rubros, será el órgano responsable de la revisión, calificación y elección de las solicitudes registradas para aplicar el estímulo fiscal mencionado en esta fracción, para lo cual deberá apegarse a los criterios definidos en las reglas a que se refiere el párrafo anterior."

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero
. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.
Por el periodo comprendido entre la fecha en que entre en vigor este decreto y hasta el día 31 de diciembre de 2001, el monto total del crédito fiscal a que hace referencia el artículo 27-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ascenderá a la cantidad prevista en la fracción IX del artículo 15 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2001.

Tercero
. El comité interinstitucional a que se refiere el numeral 1 del párrafo quinto del artículo 27-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, estará obligado a publicar en el Diario Oficial de la Federación las reglas generales con que operará dicho comité, a más tardar el 31 de mayo de 2001.

Cuarto
. El comité interinstitucional mencionado en el artículo anterior, estará obligado a publicar en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el último día de los meses de julio y diciembre de 2001, el monto erogado durante el primer y segundo semestres, según corresponda, así como las empresas beneficiarias del estímulo fiscal y los proyectos por los cuales fueron merecedoras de este beneficio.

Palacio Legislativo de San Lázaro, D.F., a 23 de marzo del 2001.- Diputados: José Marcos Aguilar Moreno, Luis Artemio Aldana Burgos, Silvia Alvarez Bruneliere, Jorge Carlos Berlín Montero, Roberto Eugenio Bueno Campos, Olga Patricia Chozas y Chozas, Roberto Domínguez Castellanos, Armando Enríquez Flores, Roger Antonio González Herrera, Heriberto Huicochea Vázquez, Aarón Irízar López, Silvano López Magallanes, Beatriz Patricia Lorenzo Juárez, Martín Gerardo Morales Barragán, María del Rosario Oroz Ibarra, Francisco Patiño Cardona, Jaime Salazar Silva, José Carlos Luna Salas y José María Tejeda Vázquez.»

El Presidente:

Muchas gracias, diputado don José Marcos Aguilar Moreno.

La iniciativa que usted ha presentado a nombre de diputados pertenecientes a la Comisión de Ciencia y Tecnología, se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Se ofrece el uso de la palabra, para presentar una iniciativa de Código Federal de Ejecución de Sentencias y medidas privativas de la libertad, al diputado don Amador Rodríguez Lozano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional... Diputado Amador Rodríguez Lozano, ¿me permite antes de abordar la tribuna, atender una solicitud de un diputado? Activen el sonido en la curul del diputado Felipe Calderón Hinojosa, por favor.

El diputado Felipe Calderón Hinojosa
(desde su curul):

Perdone la interrupción, diputado Presidente, es únicamente para solicitar respetuosamente y si pudiera también, ampliarse el turno de la iniciativa a la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara.

El Presidente:

Con mucho gusto se obsequia la solicitud, con la advertencia de que la generación de dictámenes en comisiones unidas requiere de la participación de un número mayor de legisladores, tienen que integrar el quorum y esperaremos que este turno a dos comisiones no obstaculice la generación de dictamen.

Se turna también a la Comisión de Ciencia y Tecnología.


CODIGO FEDERAL DE EJECUCION
DE SENTENCIAS

El Presidente:

Tiene el uso de la palabra el diputado Amador Rodríguez Lozano para presentar una iniciativa.

El diputado Amador Rodríguez Lozano:

Gracias, señor Presidente; amigas y amigos diputados:

Uno de los problemas más importantes que tiene nuestro país frente a la delincuencia, es indudablemente el sistema penitenciario nacional. Este año, los primeros meses vimos una crisis terrible de las prisiones mexicanas; vimos cómo prisiones que se nos señaló eran modelo de vigilancia y de seguridad, dejar escapar prácticamente por la puerta a criminales, a delincuentes terribles.

El sistema de prisiones mexicano debe ser modificado radicalmente. La iniciativa que presento el día de hoy es un propósito que he venido trabajando desde hace muchos años, desde que fui presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados en la LV Legislatura, que desarrollamos un programa amplio de consultas populares donde se participó con más de 120 propuestas para modificar nuestro sistema penitenciario.

Desde entonces hemos venido trabajando en un propósito colectivo donde han participado legisladores federales y locales, funcionarios de la Secretaría de Gobernación especialistas en cuestiones penitenciarias, directores de prisiones, internos. He viajado tanto en el país, como en otras partes del mundo, por cierto a mi costo, para conocer las prisiones y cómo funcionan. He estado varios días trabajando con los internos en las prisiones para ver la anarquía, para ver las circunstancias tan terribles que se viven las prisiones.

El principio constitucional de readaptación social es un mito en el país, no existe en ninguna prisión del país, ni siquiera en las islas Marías, la readaptación social, conozco las islas Marías porque he estado varias veces ahí visitando y trabajando con los internos, la conozco desde que fui director jurídico consultivo de la Secretaría de Gobernación y trabajé para la creación de un reglamento que normara las actividades económicas de los internos. Es un fraude precisamente la readaptación social en nuestro país, las cárceles de nuestro país no readaptan a nadie, las cárceles mexicanas son escuelas del crimen, las cárceles mexicanas son escuelas donde gente que comete algún delito, no necesariamente por voluntad o por vocación de delincuente, sale necesariamente con problemas.

En una ocasión tuve la oportunidad de estar en la prisión de La Mesa, en Tijuana, que se conoce como el "Pueblito" y me encontré a un ingeniero que había dado un cheque sin fondos y estaba compurgando una sentencia y me dijo: "diputado, el problema principal que tengo aquí es que no hay nada qué hacer, me estoy volviendo loco, me ofrecen droga por doquier, estoy desesperado, voy a salir drogadicto y con más problemas que con los que ingresé a esta prisión". Esa es la realidad del país.

Hay tres columnas en las que descansa precisamente esta anarquía. La primera es la sobrepoblación.

En 1994, amigas y amigos legisladores, éramos, perdón, eran, 98 mil internos, se había hecho una reforma en 1992 para tratar de ayudar en las preliberaciones, para que se desahogara precisamente esta sobrepoblación y esta presión que tienen este tipo de reclusorios. Sin embargo, a medida que aumenta la delincuencia, todo el sexenio pasado se modificaron una gran cantidad de leyes, desde la Constitución, hasta códigos penales y procesales penales para endurecer las penas, para sancionar incluso, eliminar la prisión preventiva y esto ha generado un aumento extraordinario en la población penitenciaria.

En estos momentos existen 154 mil internos en el país, es decir, en seis años aumentó casi 70 mil internos en el país y puede ser que esto sea positivo, desde el punto de vista de que esas personas de no estar en los reclusorios seguramente estarían libres cometiendo delitos, pero lo que es grave es que la capacidad instalada de las prisiones prácticamente no se ha modificado, se han creado seis o siete centros, sobre todo de máxima seguridad, que cada uno de ellos alberga alrededor de 400 ó 500 internos y no ha resuelto el problema de la sobrepoblación, y el problema de la sobrepoblación además se vincula con otro.

En las prisiones mexicanas, salvo en dos o tres casos, salvo en los casos seguramente de las unidades de máxima seguridad, no existe reglamento, el interno no conoce sus derechos, el interno no conoce sus obligaciones, el interno no conoce sus responsabilidades y el que es el señor de horca y cuchillo es el director; las unidades técnicas prácticamente no funcionan, por eso hay anarquía.

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Tenemos otro problema muy serio, se da el autogobierno, en muchas prisiones existen responsabilidades que se les dan a los propios internos y con esas responsabilidades en una prisión, el interno se vuelve un capo, se vuelve un jefe y decide la vida y norma las relaciones reales de poder en las prisiones. Por eso se requiere un cambio, se requiere una modificación.

Lo que vengo a proponer es precisamente un código de ejecución de sentencias que norme precisamente todos estos aspectos y establezca la obligación de que haya un reglamento en todas las prisiones del país, en las 446 prisiones que hay en nuestro país.

Necesitamos también terminar con el problema del financiamiento. El problema del financiamiento es muy serio, porque una prisión cuesta 120 mil millones de pesos construirla, más aparte el mantenimiento, es muy caro y siempre es más barato y siempre luce más construir escuelas o caminos que construir prisiones.

Pero además, otro problema serio que hay en las prisiones es que prácticamente no hay talleres, que la gente no trabaja y que además, de acuerdo con el artículo 5o. de la Constitución, no se puede establecer el trabajo como obligatorio, por eso el interno prácticamente no hace nada y el Estado tiene que financiarlo directamente y es una cantidad muy alta. Por eso en este código, en esta iniciativa de Código, propongo que el trabajo sea obligatorio y para que sea obligatorio no hay necesidad de cambiar el artículo 5o. de la Constitución, sino los jueces en su sentencia tienen que establecer que el trabajo es un elemento de la readaptación, de tal manera que el interno tiene que trabajar como un mecanismo de readaptación, pero a ese interno tenemos que buscarle que haya una asociación entre las prisiones y el sector industrial.

He hablado con maquiladores del país, he hablado con funcionarios de la Canacintra y están dispuestos a hacer convenios productivos para poder llevar a cabo plantas gemelas, es decir, que en una parte de su proceso productivo se realice dentro de la prisión y otro fuera de la prisión, en sus plantas. De tal manera que el interno gozaría de un salario y ese salario se dedicaría, parte al mantenimiento de la prisión, parte para su propia utilización, para sus propios gastos y otra muy importante para ir creando un fondo para que cuando salga, cuando cumpla su sentencia, pueda salir con dinero y no vaya a convertirse nuevamente en una carga de la sociedad y empiece nuevamente a cometer delitos.

De tal manera que a través de esta nueva visión del trabajo en las prisiones, no solamente se readapta, sino también se le distrae y también se coparticipa en el financiamiento del sistema de prisiones del país y puede salir esta persona, no solamente con dinero, sino puede salir con una capacitación para el trabajo, con un vínculo con una maquiladora, que al salir de la prisión le puede dar trabajo precisamente en la otra planta que tiene afuera, porque precisamente lo que se busca es que haya una conexión entre la producción adentro de las prisiones y afuera de ellas.

Otro de los aspectos importantes y ésta es una propuesta y aquí le rindo homenaje a Luis de Tavira, que no haya dinero en las prisiones, que no circule dinero y que las tiendas que hay en las prisiones sean tiendas que coordine y dirija la propia institución.

Miren, este problema de las tiendas es tan grave que voy a aprovechar para comentar un comercial. En Baja California, un grupo de secuestradores en la prisión de Tijuana tenía bajo su cargo la tienda de la prisión, ganaba 300 mil pesos al mes. Como era muy importante la utilidad de esta tienda, las autoridades determinaron que se le pasara a otro penal para que ese dinero fuera administrado directamente por una unidad de apoyo a los reos liberados, de tal manera que tuviera ingresos propios. A este grupo de secuestradores se les pasó a otra prisión del Estado, se ampararon, exigieron su regreso a la prisión de Tijuana, exigieron que se les regresara la tiendita. No se les regresa la tiendita y se les prelibera, independientemente de que el código prohibía que los secuestradores fueran preliberados.

Ese es solamente un episodio de lo que sucede en mi Estado, Baja California, lo que estoy realmente tratando de señalar es el tema de que las tiendas no deben estar en manos de los internos, sino que deben ser administradas por las propias autoridades y los precios de venta no deben ser precios de venta como si fueran artículos de lujo, sino deben de venderse con los mismos precios que se encuentran fuera en cualquier tienda o en cualquier establecimiento de la misma categoría en el país.

Por eso pues, estamos proponiendo este Código de Ejecución de Sentencias que tiene una serie de propuestas novedosas y quizá la última para no abusar de su paciencia tiene qué ver con la aplicación de las sentencias. Actualmente es discresionalidad de la Secretaría de Gobernación, del director general de Prevención y Readaptación Social, claro con la vigilancia del subsecretario.

Yo no digo que se ha hecho mal uso de esa facultad discrecional, digo que es tiempo de cambiar y avanzar para crear un órgano distinto que no esté sujeto a que las personas que salgan de las prisiones por preliberación puedan estar presionadas políticamente o por corrupción.

En el mundo se ha avanzado al juez de ejecución de la sentencia, así funciona en Italia, así funciona en España, así funciona en Argentina. Una primera propuesta que había hecho yo en este documento era establecer el juez de ejecución de la sentencia, de quitarle esta facultad a la Secretaría de Gobernación y establecer este juez de ejecución de la sentencia; pero creo que el paso es muy dramático entre un sistema discrecional como actualmente se observa en el país y uno totalmente autónomo como es el juez de ejecución de la sentencia.

Por eso lo que propongo es crear una comisión de ejecución de sentencia, que sea un órgano colectivo donde participen una serie de funcionarios que tengan la capacidad y la autonomía de poder juzgar de manera colegiada si una persona merece ser preliberado o no merece ser preliberada.

De esta manera estaríamos rompiendo la discresionalidad que actualmente existe en la Secretaría de Gobernación y estaríamos avanzado hacia un método mucho más imparcial, un método mucho más objetivo, un método que necesariamente requiere la conjunción y la participación de una gran cantidad de voluntades.

Dejo pues a ustedes este código de ejecución de las Sentencias, como una propuesta para que avancemos en la modernización del sistema penitenciario mexicano.

Hemos avanzado en endurecer las penas, hemos avanzado en fortalecer el sistema judicial federal, hemos avanzado en fortalecer otras instituciones, se nos han quedado rezagadas dos áreas importantes para combatir la delincuencia: una la prevención del delito y otra precisamente la ejecución de las sentencias. Esta es una propuesta para que avancemos en este último renglón.

Muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.- LVIII Legislatura.

Ciudadanos secretarios de la mesa directiva.- Cámara de Diputados.- Presentes.

El que suscribe diputado federal de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea, la iniciativa de Código Federal de Ejecución de Sentencias, con arreglo a la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS


La sociedad mexicana demanda una adecuada organización penitenciaria que garantice que todo aquel que le ha causado un daño, a través de la comisión de un delito, recibirá de ésta, al mismo tiempo, un castigo en retribución a su conducta antisocial y un tratamiento que prevenga su reincidencia.

El Estado mexicano ha iniciado un profundo proceso de perfeccionamiento de nuestro sistema de justicia. En los últimos años se ha hecho un intenso trabajo legislativo que busca de fortalecer nuestro estado de derecho, mediante la actualización y perfeccionamiento de las normas jurídicas que rigen las tareas de procuración y administración de justicia. El sistema penitenciario nacional no puede quedar al margen del esfuerzo nacional por actualizar nuestra legislación.

En materia penitenciaria, la adecuación del marco jurídico es tarea impostergable. El sistema penitenciario nacional afronta problemas que requieren de una solución de fondo y a largo plazo.

Efectivamente, para nadie es un secreto que en muchos de los establecimientos penitenciarios del país, no existen condiciones que favorezcan la reinserción a la vida social. En muchos casos los centros penitenciarios constituyen verdaderas escuelas del crimen y centros de castigo.

Tres han sido los factores fundamentales que han influido en la crisis que enfrenta el sistema de reinserción social mexicano: la sobre población penitenciaria, la falta de un adecuado marco legal que encauce la política de reinserción social y un financiamiento oportuno para las actividades penitenciarias. A los tres aspectos pretende dar solución la presente iniciativa, proponiendo las condiciones materiales y legales para que la reinserción social sea objetivamente viable.

Es innegable que la sobrepoblación penitenciaria equivale a hacinamiento. Sin espacios adecuados es imposible plantearse la efectividad de instrumentos de reinserción, como el trabajo. Además, el respeto a la dignidad personal es casi si no imposible, en medio de una aglomeración humana insana.

La sobrepoblación en los centros penitenciarios del país se ha convertido en un importante factor que provoca la mayoría de los problemas del sistema de reinserción. Este fenómeno es un doble resultado: de una parte es el fruto del rezago en infraestructura penitenciaria, pero también es consecuencia del uso indiscriminado de la privación de la libertad, como pena.

Ensombrece aún más el panorama penitenciario, la insuficiencia normativa que priva en esta materia. Dentro del sistema jurídico mexicano, el derecho penitenciario tuvo un desarrollo muy tardío. Los esfuerzos por actualizar la normatividad, las instalaciones y el personal suman apenas tres décadas. Se trata de un proceso que se inició en el centro penitenciario del Estado de México en el año de 1966. Un poco más tarde, en 1971, la aprobación de la Ley de Normas Mínimas dio continuidad al impulso de Almoloya de Juárez y condujo, tanto a la liquidación del tristemente célebre Lecumberri, como a la creación de nuevos reclusorios en el Distrito Federal.

Estas acciones, que se dan entre 1966 hasta fines de los años setenta, eran la respuesta a la desastrosa y degradante situación en que se encontraban las cárceles mexicanas, caracterizadas por su corrupción, la violación sistemática de los derechos humanos y la indefensión de los reclusos. El centro de máxima seguridad de Almoloya de Juárez y la Ley de Normas Mínimas arrastraron tras de sí una reforma al sistema penitenciario que se extendió por todo el país.

Lamentablemente, este primer esfuerzo reformador se vio debilitado por recurrentes crisis económicas, que dieron origen al rezago en infraestructura, que hoy se observa.

En cuanto al marco normativo, si bien es cierto que se lograron notables avances en los años setenta, lo cierto es que estamos muy lejos de un cuerpo legislativo integral, capaz de dar al principio de reinserción social, una viabilidad jurídica y objetiva.

La legislación actual, en cuanto a la ejecución de sentencias, es parca. Se cuentan con algunas disposiciones dispersas en el Código Penal Federal y en el Código Federal de Procedimientos Penales. Además de la Ley de Normas Mínimas, que constituyó un gran avance en su tiempo, no existe un cuerpo normativo central que regule la ejecución de la pena privativa de la libertad.

Además de ello, sólo en algunos de los 446 centros de internamiento del país se cuenta con un reglamento interno que rija la vida del mismo. Esto ocasiona que, las más de las veces, sea la sola voluntad del director del penal la que determine las reglas a seguir dentro del establecimiento, con todos los efectos negativos que esto representa para el fin de reinserción social.

Para tratar de disminuir la sobrepoblación en las prisiones, en 1992, el Congreso de la Unión aprobó una serie de reformas al Código Penal, transformando en faltas administrativas, distintos actos que antes eran considerados como delitos. Asimismo, se establecieron penas alternativas a la privación de la libertad para diversas conductas que no implicaban un alto grado de peligrosidad. Con esta nueva normatividad, se logró dar un uso más racional de la privación de la libertad. Falta avanzar en la adecuación del Código Penal que privilegie la aplicación de los sustitutivos de la pena de prisión.

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Sin embargo, con el endurecimiento de la ley penal, a partir de 1994 los centros de reclusión del país vuelven a tener problemas de hacinamiento, dado que se aumenta la pena de prisión en determinadas conductas antisociales, se reduce la libertad bajo caución en otros y se restringen las libertades anticipadas. Esto provocó que de la población penitenciaria, que en 1994 fue aproximadamente de 85 mil internos, para finales del año 2000, fuera de aproximadamente 154 mil internos, casi el doble de población penitenciaria.

Con el propósito de contribuir a las soluciones de esta problemática, con el espíritu de colaboración entre poderes que caracterizó el trabajo de la LV Legislatura, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, la cual tuve la alta distinción de presidir, coordinó trabajos para la actualización del marco legislativo de la actividad penitenciaria. En este esfuerzo se privilegió la discusión abierta y plural, creando canales de participación para la sociedad civil. En efecto, esa comisión convocó a los foros nacionales de reformas legislativas que se celebraron entre los meses de abril y julio de 1992. En esta consulta pública, se recibieron más de 150 ponencias, 25 de las cuales, específicamente abordaban el tema de las prisiones.

Las propuestas recibidas de la sociedad civil estaban orientadas fundamentalmente a crear las condiciones para que la prisión sea realmente un instrumento de reinserción social. Se enfatizaba que la condición de preso no afecta la dignidad humana del interno, que era necesario precisar los derechos de los prisioneros y las características mínimas con que ha de contar un penal para que garantice una estancia digna. Al mismo tiempo se buscaba garantizar una aplicación correcta y permanente de las penas impuestas, a través de un órgano que se encargará específicamente de vigilar su observancia.

Todas estas propuestas de reformas legislativas fueron canalizadas a un grupo de diputados federales integrantes de esa comisión, que junto con los entonces funcionarios de la Dirección de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Presidencia de la República y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nos abocamos a la tarea de dar forma legal a las propuestas recibidas.

Este grupo contó con la valiosa colaboración de expertos penalistas en materia penitenciaria, que constituidos en un consejo asesor, coadyuvaron en la redacción de este instrumento legal.

La redacción de un proyecto de ley que sistematizara todas las propuestas recibidas, rebasó el periodo de trabajo de la LV Legislatura. Para no dejar trunco este gran esfuerzo parlamentario, desde el Senado de la República de la LVI Legislatura Federal, se propuso dar continuidad a todo este trabajo legislativo.

La LVI Legislatura del Congreso de la Unión participó activamente en los esfuerzos por modernizar las instituciones encargadas de preservar el estado de derecho en el que vivimos. Dichos esfuerzos iniciaron con la discusión de la reforma constitucional aprobada por este Congreso en el mes de diciembre de 1994, que sentó las bases con las que posteriormente se modificó la estructura y funcionamiento del Poder Judicial de la Federación, a la vez que se previo la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Asimismo, el poder revisor de la Constitución modificó diversos artículos constitucionales que, entre otras cosas, establecieron específicamente la garantía de privacía de las comunicaciones privadas y sus limitaciones.

De igual forma, esa misma legislatura aprobó las leyes orgánicas de la Procuraduría General de la República y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, así como diversas disposiciones de carácter procedimental contenidas en el Código Civil para el Distrito Federal y en el Código de Comercio, es ese esfuerzo por atacar los problemas que aquejan a las instituciones relacionadas con la justicia en México, desde un punto de vista integral. No hay duda de que la presente iniciativa enclava perfectamente en ese espíritu.

Nuevamente, a finales de 1996, un grupo de legisladores, distinguidos penitenciaristas, directores de centros de reclusión y funcionarios de la Secretaría de Gobernación, que en ese entonces tenía a su cargo la cuestión penitenciaria, llevamos a cabo varias reuniones en las cuales se aportaron importantes y atinadas propuestas, mismas que se recogen en el presente documento de iniciativa.

Este trabajo, que constituye un verdadero esfuerzo de concertación y colaboración, se pone hoy a la consideración de esta LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión.

La estructura del código puede dividirse en dos grandes apartados: el régimen de prisiones y las disposiciones procedimentales de ejecución de penas privativas de libertad.

En el primero, podemos ubicar una serie de disposiciones preliminares que servirán de fundamento a las contenidas a lo largo de esta iniciativa. Estas son seguidas de un apartado que hace referencia a los convenios de coordinación, que han de ser la base para lograr la correcta aplicación nacional de estas normas.

La siguiente sección del código que propone esta iniciativa, detalla los distintos aspectos de la vida de las prisiones: tipos de establecimientos y sus características; autoridades penitenciarias, sus funciones y sus obligaciones; derechos de los internos y todo lo que se refiere al régimen interior de los centros carcelarios. Para finalizar se detalla el funcionamiento y aplicación de los elementos de reinserción social.

En el segundo gran rubro que comprende el código que hoy se propone como iniciativa, encontramos las normas de ejecución de las sentencias, entre ellas destaca la creación de la comisión de ejecución de sentencias. También aquí se contienen las normas a aplicar a las externaciones anticipadas. Por último, se aborda el tema de asistencia a los liberados.

La iniciativa de Código Federal de Ejecución de Sentencias, pretende ser el instrumento jurídico que encuadre la nueva política penitenciaria nacional, a través de un federalismo cooperativo, inscrito en el artículo 18 constitucional que claramente establece que en esta materia hay una competencia coincidente entre la Federación y las entidades federativas. Por ello se plantea la celebración de convenios de colaboración entre Federación, a través de la Secretaría de Gobernación y los distintos estados de la República, para que los principios de esta iniciativa se incorporen a las legislaciones locales.

La iniciativa de código, supera la concepción que circunscribe la privación de la libertad como un sistema de readaptación del interno. Se propone que el objeto de todo el sistema penitenciario sea lograr una exitosa reinserción en la sociedad del interno, a través de diversos medios: educación, trabajo, capacitación y fundamentalmente, por medio de un tratamiento personalizado.

En distintas disposiciones a lo largo de esta iniciativa, se hace énfasis en que la condición de estar sujeto a un proceso penal o estar sentenciado por la comisión de un delito, no menoscaba en nada la dignidad del interno. A fin de dejar muy en claro este principio, se especifican los derechos con que el interno cuenta y las obligaciones correlativas que estos derechos imponen a los funcionarios y personal de los penales.

Para asegurar un trato adecuado acorde a la situación jurídica y a las condiciones personales del interno, se establece una distinción entre diversos tipos de establecimientos de reclusión. En concordancia con la terminología internacional se distinguen entre establecimientos de mínima, media y máxima seguridad.

También se diferencia claramente el régimen para los internos sujetos a proceso y el de los sentenciados. Para los primeros rige el principio de presunción de inocencia, por lo que los elementos de reinserción social para ellos constituirán un derecho. Para los segundos, el tratamiento en el interior de la prisión se enfoca a proporcionar las bases para que el interno se reintegre a la sociedad en condiciones productivas.

Se busca que la reinserción en la sociedad del interno sea el eje alrededor del cual gire la organización penitenciaria, garantizando a los internos, elementos para que logren exitosamente esa reinserción. Por lo anterior, parte fundamental de este ordenamiento es especificar los elementos con que contará el interno para asegurar que su reincorporación en la sociedad sea fructífera.

En este proyecto al tratamiento para los internos se le da un enfoque científico. En efecto, se plantea la necesidad de una metodología que incorpore a la ciencia como elemento indispensable para que el interno tenga una atención adecuada a sus características personales.

Además se incorpora, como elemento de reinserción social, al trabajo penitenciario. De aprobarse esta iniciativa, el trabajo que realicen los internos no será considerado un castigo adicional ni un simple medio para la liberación anticipada. El trabajo se convertirá en verdadero instrumento de transformación del interno, para hacer que adquiera hábitos productivos que serán fundamentales para su reincorporación a la vida social.

Para lograr que sea un verdadero instrumento de reinserción, al trabajo penitenciario se le incorporan una serie de características: remuneración adecuada, condiciones de seguridad e higiene previstas para el trabajo ordinario y la inscripción de los internos en el sistema de seguridad social. Pero sobre todo, el trabajo penitenciario se distinguirá por tener un carácter formativo con el fin de proporcionar a los internos la capacitación necesaria para reinsertarse en el mercado de trabajo cuando sean liberados.

También se contempla que el interno, con su trabajo, contribuirá al sostenimiento de la prisión, además de que se podrán celebrar convenios con el sector productivo, al efecto de crear unidades económicas dentro de las prisiones.

Derivado de un diagnóstico realista sobre la situación que guarda el sistema penitenciario nacional, se desprende que uno de los problemas que hay que atacar de inmediato es el relacionado con la escasa preparación con que cuenta el personal que labora en los centros de readaptación social. No pasa desapercibido el hecho de que a pesar de los esfuerzos que ha venido realizando la Secretaría de Gobernación en esta materia, de acuerdo al Programa de Prevención y de Readaptación Social 1995-2000, a la fecha existe un déficit de alrededor de 20 mil trabajadores que no han recibido capacitación penitenciaria, a pesar de que en ellos descansa el funcionamiento de los centros carcelarios de todo el país. La adecuada capacitación del personal de los establecimientos carcelarios, es la mejor garantía para su buen desarrollo. Por ello, en esta iniciativa se prevé la creación del Instituto Nacional de Capacitación Penitenciaria, que será el encargado de sustentar la profesionalización del sistema penitenciario mexicano.

Otra gran innovación de este dispositivo legal, es la creación de un cuerpo encargado de la solución de los problemas relativos a la ejecución de penas privativas y de restricción de la libertad, de la vigilancia en la aplicación de dichas penas y del respeto a los derechos de los internos.

Este cuerpo se encargará de que las leyes y los reglamentos sean realmente el elemento central de la convivencia al interior de las prisiones. La creación de esta comisión combina las ventajas de un órgano experto en derecho e íntimamente ligado a la vida penitenciaria. Por ello, vendrá a constituir un instrumento fundamental de la nueva política de reinserción social.

Este órgano, la comisión de ejecución de sentencias está concebido como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, lo que facilitará su instalación y que evitará la discrecionalidad en la aplicación de las medidas que este código prevé.

Otro aspecto que se puede destacar del nuevo ordenamiento, es que para evitar que la sola voluntad de los directores sea el órgano rector de las prisiones, se delimitan las funciones discrecionales de ellos y se le dan más facultades a los consejos técnicos de los establecimientos para la conducción de los mismos. Asimismo, se regula detalladamente la aplicación de medidas disciplinarias de los internos.

Además, dado que ya son una realidad y en la práctica se ha demostrado su efectividad, se establecen los principios fundamentales que regularán a los establecimientos o secciones de alta seguridad.

Por otra parte, se establece que se ha de favorecer la creación de empresas productivas, vinculadas a las economías locales, respetando el principio de que el trabajo penitenciario no ha de supeditarse a intereses económicos. De esta manera se busca coadyuvar en el sostenimiento de las prisiones y darle un sentido productivo al trabajo penitenciario.

Para evitar los fenómenos de corrupción que han afectado a nuestras prisiones, la iniciativa de código prohibe el uso de dinero o el intercambio de objetos de valor dentro del establecimiento. Para cualquier transacción en el interior de un penal, se utilizará una tarjeta de débito.

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Con el fin de erradicar prácticas que permitían a unos internos, prácticamente explotar a otros, se suprime el régimen de autogobierno en las prisiones, así como la intervención de internos en funciones administrativas dentro del penal. Por lo mismo, la venta de productos dentro del penal será administrada directamente por las autoridades del mismo y se prohibe que su precio exceda al del que rige en la localidad.

La presente iniciativa es un esfuerzo de concertación democrática. Esta iniciativa sintetiza muchas de las aspiraciones de distinguidos juristas que han visto en nuestro sistema penitenciario un instrumento perfectible.

También están las propuestas de muchos promotores independientes de los derechos humanos que participaron activamente con denuncias y propuestas, porque resultaría un contrasentido que nuestra sociedad y nuestro sistema legal dediquen tantas energías para proteger el derecho a la libertad del procesado y que, una vez sentenciado, se olvide completamente de él, como si dejara de ser persona y se le trate como si hubiera perdido su calidad de ser humano, despojándosele de su calidad de sujeto de derechos.

Resulta una amenaza para la sociedad misma, la concepción de la pena exclusivamente como una retribución punitiva a la alteración de un orden instituido. No se puede concebir un sistema que tiene como único fin: encerrar al delincuente tras unas altas y sólidas paredes en nombre de la justicia. Esta visión reducida constituye un crimen contra nosotros mismos.

Condenamos a un ser humano a sentir una sensación de desamparo e impotencia ante el poder total que, sobre su salud y hasta su vida, tiene el custodio. Lo sometemos a una falta de privacía absoluta y a una inactividad asfixiante. Lo ponemos a merced de una total discrecionalidad de las autoridades penitenciarias sobre su persona durante el tiempo de encarcelamiento.

Todo esto tiene consecuencias sicológicas funestas en el interno y, en última instancia, constituyen un agravio para la sociedad misma. Efectivamente un sistema así hace que en el preso se engendre un sentimiento de desesperación absoluta, del que nace un desprecio hacia la ley y hacia la sociedad, que le llevaron a tan denigrante situación.

La víctima de un sistema penitenciario, donde la venganza es omnipresente, se empapa de ella y regresa a la sociedad inclinado a vengarse también.

Por si esto fuera poco, que por delitos que no implican peligrosidad o que se encuentran en prisión por circunstancias adversas, más que por su conducta antisocial, se ven marcados gravemente en su conducta por su paso, aunque sea breve, en nuestras prisiones.

Si queremos que el sentenciado se reincorpore a la sociedad, convertido en un buen ciudadano, hemos de esmerarnos para establecer un sistema que, durante el tiempo de su internación, le brinde elementos para que su conducta sea un soporte de la misma sociedad que antes dañara con su delito.

Dado que la gran mayoría de los reclusos eventualmente regresan a la vida en común, lo que les ocurra en los establecimientos de internación ha de ser de gran importancia para la sociedad y prioridad de la política social.

Todo esto, sin dejar de tener en cuenta que la privación de la libertad es, ante todo, una respuesta ante la transgresión del orden jurídico que, además, busca tener un efecto disuasivo entre los potenciales delincuentes.

La prisión no es ni puede ser un castigo sin sentido. Es ante todo un medio de política social para evitar que prolifere la delincuencia. Por ello, la primera misión que ha de cumplir la pena privativa de la libertad es la de asegurar que los que salgan de ella cuenten con los elementos suficientes para no reincidir en su conducta delictiva.

Es necesario organizar nuestro sistema penitenciario para que deje de ser una escuela del crimen y retome su función original: un instrumento de política social para evitar y prevenir la delincuencia, a través de la pena que la privación de la libertad implica, pero también de un tratamiento para los internos que les facilite elementos para reincorporarse exitosamente a la sociedad. Este es el propósito fundamental de éste instrumento normativo.

Por lo expuesto y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de ustedes, señores secretarios, me permito someter a la consideración de este honorable Congreso de la Unión, la presente


INICIATIVA DE CODIGO FEDERAL
DE EJECUCION DE SENTENCIAS


Artículo único. Se expide el Código Federal de Ejecución de Sentencias.

CODIGO FEDERAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS


TITULO PRIMERO


Disposiciones preliminares

Artículo 1o. El presente código tiene por objeto regular:

I. Las disposiciones que en materia de cumplimiento de penas establece el orden jurídico mexicano;

II. La aplicación de sanciones penales y de medidas de seguridad que impliquen privación de la libertad;

III. La organización y funcionamiento de los establecimientos de reclusión;

IV. La custodia de los internos y la labor asistencial para éstos y los liberados.

V. La aplicación de medidas de liberación anticipada de internos.

Para lograr su objeto, este código tomará en cuenta lo que al respecto dispongan la Constitución, los tratados internacionales en la materia y las demás normas aplicables.

Artículo 2o. Las disposiciones de este código son de orden público y de aplicación en todo el territorio nacional, en lo que se refiere a los centros federales de readaptación social y los del Distrito Federal, así como a los internos que compurguen sentencias por delitos federales, en los términos de los convenios de coordinación que se celebren con las autoridades competentes de las entidades federativas.

Artículo 3o. Este ordenamiento tiene como fin primordial la reeducación y la readaptación para la reinserción en la sociedad de los sentenciados a penas privativas de libertad sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación.

Artículo 4o. El régimen de prisiones respetará, en todo caso, los derechos humanos de los internos y los derechos e intereses jurídicos de los mismos no afectados por la sentencia, sin establecer diferencia alguna por razón de raza, sexo, nacionalidad, pertenencia a una etnia, opiniones políticas, creencias religiosas, condición económica y social o cualesquier otra circunstancia de análoga naturaleza.

Por ello, los internos gozarán de todas las prerrogativas ciudadanas no afectadas por resolución judicial y especialmente tendrán derecho a:

I. Recibir un trato digno, sin importar su condición legal;

II. No recibir penas corporales y adicionales a la de la privación de libertad;

III. No ser hostigados ni física ni sicológicamente por parte de los funcionarios y personal del establecimiento;

IV. Gozar de condiciones de estancia digna dentro del establecimiento;

V. Recibir un tratamiento individualizado que les permita reincorporarse a la sociedad;

VI. Recibir la capacitación adecuada para reincorporarse productivamente a la sociedad.

Artículo 5o. El régimen de prisión preventiva tiene por objeto mantener al interno a disposición de la autoridad judicial. Toda la regulación del régimen preventivo ha de tomar en cuenta que el principio de la presunción de inocencia presidirá el régimen de privación de libertad de los sujetos a proceso. Por lo tanto, a los procesados sólo se aplicarán aquellas normas de este código que sean compatibles con su situación jurídica y para ellos la utilización de los elementos de reinserción social será un derecho.

Artículo 6o. Estas normas se aplicarán, en lo pertinente, en el territorio nacional a los internos de los establecimientos de reclusión federales, así como a los internos sujetos a procesos penales por la comisión de delitos federales que se encuentren en establecimientos locales, aunque se promoverá su adopción por parte de los estados para su aplicación en las entidades federativas. Para este último efecto, así como para la orientación de las tareas de prevención social de la delincuencia, el Ejecutivo Federal podrá celebrar convenios de coordinación con los gobiernos de los estados.

Artículo 7o. Para la mejor individualización del tratamiento y tomando en cuenta las condiciones de cada lugar y las posibilidades presupuestales, existirán instituciones especializadas, entre las que podrán figurar colonias penales y establecimientos especiales, así como establecimientos de mínima, media y de máxima seguridad

El sitio en que se desarrolle la prisión preventiva será distinto del que se destine para el cumplimiento de las penas y estarán separados. Las mujeres quedarán recluidas en lugares separados de los destinados a los hombres. En ambos casos, de ser posible, se buscará que la separación implique la reclusión en edificios distintos y que tengan una organización, autoridades y personal diferenciados. En ningún caso los menores infractores podrán ser internados en los establecimientos regulados por este código, salvo que durante el internamiento cometieran un delito ya habiendo adquirido la mayoría de edad penal.

Artículo 8o. Las autoridades competentes velarán para que los establecimientos sean dotados de los medios materiales y personales necesarios que aseguren el mantenimiento, desarrollo y cumplimiento de sus fines, así como la salvaguarda de los derechos humanos de los internos.

Artículo 9o. La unidad administrativa competente dependiente de la Secretaría de Gobernación tendrá a su cargo aplicar estas normas en el ámbito de su competencia en los reclusorios de todo el país.

Artículo 10. Para los efectos de este código, se entiende por interno a toda persona sujeta a custodia en uno de los establecimientos regulados por este código por mandato judicial de autoridad competente.

Artículo 11. Cualquiera que sea el establecimiento en que tenga lugar el ingreso, se procederá, de manera inmediata, a una separación teniendo en cuenta el sexo, edad, antecedentes, desarrollo cultural, estado físico y mental y respecto de los sentenciados además, las exigencias del tratamiento.

Para ello se observarán las siguientes disposiciones:
I. Los hombres y las mujeres deberán estar separados.

II. Los que estén sujetos a proceso estarán separados de los sentenciados. En el caso de que a un sentenciado se le sujete a nuevo proceso penal, éste permanecerá en la sección o establecimiento destinados a la ejecución de sentencias definitivas.

III. Los jóvenes que estén sujetos a proceso o sentenciados, estarán separados de los adultos con las condiciones que se determinen reglamentariamente.

IV. Los que presenten enfermedad o deficiencia física o mental, estarán separados de los que puedan seguir el régimen normal del establecimiento y, de ser necesario, serán trasladados con la aprobación del comité técnico al establecimiento especial correspondiente.

Artículo 12. Todo establecimiento de reclusión contará con un reglamento en el que se regularán las infracciones y las correcciones disciplinarias, así como los hechos meritorios y las medidas de estímulo.

Dicho reglamento deberá por lo menos contener:

I. La mención expresa de que sólo podrán ser sancionadas como faltas las conductas especificadas en el mismo;

II. Una descripción de dichas conductas ordenadas según su gravedad (muy graves, graves y leves), la cual estará determinada por el daño que causen a la buena marcha del establecimiento;

III. La especificación clara de la sanción que corresponde a cada falta o tipo de faltas;

IV. La disposición expresa de que el director es el único que puede aplicar las sanciones;

V. Un procedimiento para aplicarlas que respete las garantías de audiencia y defensa y que permita un recurso;

VI. La orden de que las sanciones no sean inhumanas ni degradantes;

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VII. La obligación de que, para aplicarse toda sanción, se tome el parecer del consejo técnico consultivo y la de que el aislamiento sea supervisado por un médico.

Se prohibe todo castigo consistente en torturas o tratamientos crueles, así como la existencia de los llamados pabellones o sectores de distinción, en los que se destine a los internos en función de su capacidad económica, mediante el pago de cierta cuota o pensión.

Artículo 13. Las comunicaciones del interno se darán de manera que se respete al máximo su intimidad y no tendrán más restricciones, en cuanto las personas y la forma, que las impuestas por razones de seguridad, de interés de tratamiento y del buen orden del establecimiento. En todo caso la lectura de la correspondencia del interno está terminantemente prohibida.

Artículo 14. La Comisión de Ejecución de Sentencias es un organismo colegiado de la Secretaría de Gobernación, que estará integrado por:

I. Un representante de la Subsecretaría de Protección Civil de Prevención y Readaptación Social;

II. Un representante de la Contraloría Interna;

III. Un representante de la Dirección General de Asuntos Jurídicos;

IV. Un representante de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social y

V. Un representante de la Dirección de Ejecución de Sentencias, quien se ocupará de la Secretaría Técnica de esta comisión.

Artículo 15. El tratamiento penitenciario consiste en todas aquellas actividades encaminadas a la preparación para que el interno vuela a incorporarse a la sociedad.

Dicho tratamiento tendrá como finalidad desarrollar en ellos una actitud de respeto a sí mismos y de responsabilidad individual y social con respecto a sus familias y a la sociedad en general.

TITULO SEGUNDO

De los convenios de coordinación


Artículo 16. En los convenios de coordinación, que en materia penitenciaria se celebren entre la Federación y las entidades federativas, se determinará lo relativo a la creación y manejo de instituciones penales de toda índole, entre las que figuran los establecimientos de seguridad mínima, media y máxima seguridad y los establecimientos especiales, especificándose la participación que en cada caso corresponde a los gobiernos Federal y locales.

Los convenios podrán ser concertados entre el Ejecutivo Federal y un solo Estado o entre aquél y varias entidades federativas simultáneamente, con el propósito de establecer, cuando así lo aconsejen las circunstancias, sistemas regionales.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo prescrito en el artículo 18 constitucional acerca de convenios para que los reos sentenciados por delitos del orden común extingan su sentencia en establecimientos dependientes del Ejecutivo Federal.

Artículo 17. En los convenios que suscriban el Ejecutivo Federal y los gobiernos de los estados se fijarán las bases reglamentarias de estas normas, que deberán regir en la entidad federativa. El Ejecutivo local expedirá, en su caso, los reglamentos respectivos.

El Ejecutivo Federal, a través de la dependencia competente promoverá con absoluto respeto a la autonomía estatal, ante los ejecutivos locales la iniciación de las reformas legales conducentes a la aplicación de estas normas. Asimismo propugnará, que en esta materia exista uniformidad legislativa.

TITULO TERCERO

De los establecimientos


Artículo 18. Las colonias penales son circunscripciones territoriales alejadas de los núcleos de población, donde residirán forzosamente aquellos internos que se determine en resolución de autoridad competente.

En ellas imperará un régimen interno especial, caracterizado por las mínimas restricciones de movimiento dentro de la circunscripción territorial y porque el cónyuge y los familiares del interno podrán acompañarlo durante su permanencia en la colonia penal.

Artículo 19. Los establecimientos de seguridad media son centros destinados a la retención y custodia de los internos sujetos a proceso. También podrán cumplirse, en sección diferente, penas y las otras medidas privativas de libertad, cuando el internamiento efectivo por compurgar no exceda de seis meses.

Artículo 20. Los establecimientos de máxima seguridad son centros destinados al cumplimiento de las sentencias firmes e irrevocables de penas privativas de libertad. Se organizarán separadamente para mujeres y hombres y serán de dos tipos: de régimen ordinario y abierto.

Los jóvenes deberán cumplir su sentencia separadamente de los adultos en establecimientos distintos o, en todo caso, en departamentos separados. Para los efectos de este código, se entiende por jóvenes las personas de uno u otro sexo que no hayan cumplido los 21 años. Excepcionalmente y teniendo en cuenta la personalidad del interno, podrán permanecer en centros destinados a jóvenes quienes, habiendo cumplido 21 años, no hayan alcanzado los veinticinco.

Artículo 21. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, existirán establecimientos o lugares propios para internos calificados de alta peligrosidad o para casos de inadaptación a los regímenes ordinario y abierto, apreciado esto, por causas objetivas expuestas en resolución motivada de las autoridades competentes, a no ser que el estudio de la personalidad del sujeto denote la presencia de elementos objetivos que a juicio del órgano competente, deban determinar su destino al establecimiento especial correspondiente.

El régimen de estos lugares se caracterizará por una limitación de las actividades en común de los internos y un mayor control y vigilancia sobre los mismos, en la forma que reglamentariamente se determine.

La permanencia de los internos destinados a estos centros será por el tiempo necesario hasta en tanto desaparezca o disminuyan las razones o circunstancias que determinaron su ingreso.

Artículo 22. Los establecimientos especiales son aquéllos en los que prevalece el carácter médico, asistencial y terapéutico. Estos establecimientos serán de los siguientes tipos:
I. Centros hospitalarios;

II. Centros psiquiátricos y

III. Centros de rehabilitación, para la ejecución de medidas de seguridad, de conformidad con la legislación vigente en la materia.

Artículo 23. La ubicación de los establecimientos será fijada por las autoridades competentes. Se procurará que sean suficientes para satisfacer las necesidades de prisiones y evitar el desarraigo social de los internos.

En la construcción de nuevos establecimientos y en el remozamiento o la adaptación de los existentes, la dependencia federal competente tendrá las funciones de orientación técnica y las facultades que se le atribuyen en los convenios respectivos.

Artículo 24. Los establecimientos de reclusión deberán contar con servicios de dormitorios, servicios sanitarios, enfermería, escuelas, bibliotecas, instalaciones deportivas y recreativas, talleres, instalaciones para actividades productivas, patios, peluquería, cocina, comedor, locutorios individualizados, departamento de información al exterior, áreas destinadas para la visita íntima, para facilitar el ejercicio físico periódico y en general, todos aquellos que permitan en ellos una vida social organizada y una adecuada clasificación de los internos, así como la tutela adecuada de sus derechos fundamentales.

En los reglamentos respectivos se establecerán las características mínimas de la prestación de estos servicios.

Artículo 25.Tanto las instalaciones destinadas al alojamiento nocturno de los internos como aquélla en que se desarrolle la vida en común, deberán satisfacer las necesidades de higiene y estar acondicionadas de manera que el volumen de espacio, ventilación, agua y alumbrado se ajusten a las condiciones climáticas de la localidad. Por razones de higiene se exigirá un cuidadoso aseo personal. A tal fin, la administración facilitará gratuitamente a los internos los servicios y artículos de aseo diario necesarios.

Todo interno contará con una cama individual y para prevenir prácticas indebidas, se ha de evitar que dos internos se alojen exclusivamente en un dormitorio. Se ha de procurar alojarlos en cada dormitorio, preferentemente en números impares.

Artículo 26. Todo establecimiento ha de llevar un registro escrito de los internos, al que tendrá acceso el público y que ha de contener:

I. Sus datos generales;

II. Motivos de su detención y los datos que identifiquen la orden de la misma y

III. Día y hora de ingreso y salida, así como de sus traslados.

Artículo 27. En todos los establecimientos de reclusión regirá un horario, que será puntualmente cumplido.

El tiempo se distribuirá de manera que se garanticen ocho horas diarias para el descanso nocturno y queden atendidas las necesidades espirituales y físicas, las sesiones de tratamiento y las actividades formativas, laborales y culturales de los internos.

TITULO CUARTO

De las autoridades

Artículo 28. Las autoridades administrativas encargadas de los reclusorios no podrán dictar, en ningún caso, medidas de externación de las personas bajo su custodia. Para tal efecto se estará exclusivamente a lo que resuelva la autoridad competente, que en los casos de procesados será el juez de la causa y en el de sentenciados por sentencia firme e irrevocable, la Comisión de Ejecución de Sentencias.

Artículo 29. En cada establecimiento funcionará un consejo técnico consultivo, que se integrará de la forma siguiente:

I. El director del establecimiento o el funcionario que le sustituya en sus faltas temporales;

II. Los responsables de las áreas de apoyo técnico;

III. Un representante del sector salud;

IV. Un representante del Sistema Educativo Federal y/o Estatal y
V. Un representante de la Secretaría de Gobernación.

Podrá asistir a las sesiones del consejo técnico consultivo, como observador, un representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la de la Entidad Federativa respectiva, según sea el caso.

Artículo 30. El consejo técnico consultivo tendrá las siguientes funciones:

I. Ser el órgano de consulta obligada para la aplicación individual del Sistema Progresivo de Reinserción Social, así como para el otorgamiento de libertades anticipadas o nuevo señalamiento de lugar de reclusión;

Por ser órgano de consulta obligada, todo rechazo a una recomendación del consejo técnico en el área de su competencia, ha de estar fundamentada;

II. Sugerir medidas de alcance general para la buena marcha del establecimiento;

III. Servir de órgano de enlace con instituciones del sector social interesadas en participar en el mejoramiento de las condiciones de los internos. Asimismo, este órgano será el instrumento receptor de los distintos proyectos que se proponga implementar dentro del establecimiento;

IV. Valorar y aprobar, en su caso, las correcciones disciplinarias que imponga el director del establecimiento;

V. Vigilar el respeto a los derechos humanos de los internos del establecimiento y

VI. Conocer de las inconformidades relativas a la aplicación de correcciones disciplinarias.

Todos los miembros del consejo técnico estarán obligados a guardar el secreto profesional en los asuntos de su competencia.

Artículo 31. Serán facultades del director del establecimiento:

I. Dirigir el establecimiento;

II. Supervisar la adecuada administración del centro de reclusión;

III. Supervisar el desempeño del personal a su cargo;

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IV. Aplicar, de acuerdo al procedimiento establecido, las sanciones disciplinarias a los internos;

V. Elaborar, en coordinación con el Instituto Nacional de Capacitación Penitenciaria, los manuales de operación correspondientes y

VI. Las demás que determine el reglamento.

Artículo 32. Serán obligaciones del director del establecimiento:

I. Cumplir los preceptos de este código y demás disposiciones aplicables;

II. Seguir los lineamientos que, para la conducción del establecimiento, establezca el consejo técnico consultivo;

III. Garantizar la seguridad del establecimiento y de los internos;

IV. Respetar escrupulosamente a los internos los derechos establecidos en este código y en otros ordenamientos aplicables;

V. Vigilar que nadie sea internado ilegalmente al establecimiento y

VI. Las demás que fije el reglamento.

Artículo 33. El reglamento interno de cada establecimiento dispondrá de un capítulo donde se regulen las faltas administrativas del personal y funcionarios de prisiones.

A dicho capítulo le son aplicables las disposiciones que para la imposición de medidas disciplinarias a internos, se prevén en este mismo código.

Artículo 34. Para el adecuado funcionamiento del sistema penitenciario, se establecerá un Instituto Nacional de Capacitación Penitenciaria para el personal de dicho régimen, el cual tendrá a su cargo la fijación de las normas de selección, ingreso y promoción del personal, así como el programa de capacitación y actualización del mismo.

En todo caso, los candidatos a dirigir los establecimientos penitenciarios deberán contar con título profesional o equivalente, en las áreas o disciplinas afines a la labor que desempeñarán, además deberán gozar de buena reputación y llenar en general el perfil respectivo.
El reglamento correspondiente detallará los aspectos anteriores.

TITULO QUINTO

De los internos


Artículos 35. Los internos recibirán a su ingreso un documento que contenga información sobre el régimen del establecimiento, sus derechos y deberes, las normas disciplinarias y los medios para formular peticiones o quejas, así como una copia del reglamento interno del establecimiento.

En los casos, en que el documento escrito no baste para tener conocimiento de la información mencionada, ésta se le transmitirá al interno, de acuerdo a su condición específica, por el medio idóneo.

Artículo 36. Los internos tienen derecho a formular peticiones y quejas relativas a su tratamiento o al régimen del establecimiento ante el director o persona que lo represente, a fin de que tome las medidas oportunas o, en su caso las haga llegar a las autoridades u organismos competentes. El director o su representante ha de responder en forma puntual a las peticiones y quejas formuladas en un plazo de 15 a 30 días, pero en caso de que esté en peligro la vida o la integridad de los internos, la respuesta ha de ser expedita.

Artículo 37. Los internos deberán:

I. Permanecer en el establecimiento a disposición de la autoridad que hubiere decretado su internamiento o para cumplir la sentencia que les impongan hasta el momento de su liberación o en el caso de aplicación de medidas de seguridad, hasta su total recuperación.

II. Acatar las normas de régimen interior y cumplir las sanciones disciplinarias que le sean impuestas en el caso de infracción de aquéllas;

III. Respetar a los funcionarios y personal del establecimiento en que se encuentren, tanto dentro del mismo como fuera de él, con ocasión de traslados, conducciones o práctica de diligencias;

IV. Observar una conducta correcta con los demás internos y terceros ajenos al establecimiento.

Se fomentará la colaboración de los internos en el tratamiento que les corresponda, con arreglo a las técnicas y métodos que les sean prescritos en función del diagnóstico individualizado.

Artículo 38. Ningún interno será sometido a malos tratos de palabra u obra.

Artículo 39. Ningún interno podrá desempeñar funciones de autoridad, empleo o cargo administrativos algunos.

Artículo 40. La administración proporcionará a los internos alimentación convenientemente preparada y que responda en cantidad y calidad a las normas dietéticas y de higiene.

Los internos dispondrán de agua potable y agua para su aseo, fría y caliente cuando las condiciones climáticas lo exijan, siempre que sea posible.

Artículo 41. El interno tiene obligación de vestir las prendas que le facilite el establecimiento, las cuales deberán ser correctas, adaptadas a las condiciones climatológicas y desprovistas de todo elemento que pueda afectar su dignidad.

Todo interno dispondrá de la ropa necesaria para su cama y de mueble adecuado para guardar sus pertenencias.

Artículo 42. Los traslados de los internos se efectuarán de forma que se respeten su dignidad y derechos, así como la seguridad de la conducción. Estos traslados deberán ser aprobados por el consejo técnico consultivo del establecimiento.

Artículo 43. A fin de salvaguardar la seguridad del establecimiento y de los internos mismos, a éstos no se les permitirá conservar:

I. Dinero, ropa, objetos de valor u otros de la misma índole, prohibidos por el reglamento, que pertenezcan al interno. Estos objetos serán guardados en lugar seguro, previo al correspondiente resguardo, o enviados a personas autorizadas por el interno para recibirlos;

II. Ropas y efectos contaminados propiedad de los internos que por razones de higiene determine el médico del establecimiento y

III. Los medicamentos que determine el médico y que tuviere en su poder el interno en el momento del ingreso al establecimiento o que reciba del exterior. El médico del establecimiento dispondrá cuáles puede conservar para su personal administración y cuáles deben quedar depositados en la enfermería, atendidas las necesidades del enfermo y las exigencias de seguridad.

Artículo 44. Los registros y cacheos en las personas de los internos, sus pertenencias y locales que ocupen, así como los recuentos, se efectuarán en todos los casos con las garantías y oportunidad que el reglamento del establecimiento determine y siempre con respeto a la dignidad de la persona.

Artículo 45. Se establecerán y estimularán en la forma que señale el reglamento del establecimiento, sistemas de participación de los internos en actividades de orden educativo, laboral, productivo, cultural, recreativo o deportivo.

Artículo 46. Se permitirá a los internos la adquisición de productos alimenticios y de consumo dentro de los límites reglamentariamente fijados. La venta de dichos productos será administrada directamente por las autoridades del establecimiento. Los precios en ningún caso podrán ser superiores a los que rijan en la localidad en que se halle ubicado el establecimiento.

TITULO SEXTO

Del régimen interno

CAPITULO I

Disposiciones generales


Artículo 47. El ingreso de un indiciado, procesado o un sentenciado, en cualquiera de los establecimientos regulados por este ordenamiento, se hará mediante mandamiento u orden escrita del Ministerio Público o de la autoridad judicial competente, excepto en el supuesto de presentación voluntaria, que será inmediatamente comunicado a la autoridad competente, quien resolverá lo procedente. A cada interno se le abrirá un expediente personal relativo a su situación procesal y del cumplimiento de su sentencia, del que tendrá derecho a ser informado, además, en caso de los sentenciados, se formará un estudio de personalidad.

Artículo 48. Las penas privativas de libertad se ejecutarán según el sistema progresivo de individualización científica, separado éste en grados, el último de los cuales será el de tratamiento preliberacional.

Artículo 49. La libertad de los sentenciados sólo podrá ser acordada por la autoridad competente.

Compurgada la pena motivo de la sentencia, el interno será puesto en libertad de inmediato.

Para proceder a la excarcelación de los sentenciados que aún no compurgan su sentencia, por cualquiera de las modalidades preliberacionales, éstas sólo podrán ser acordadas por la comisión de ejecución de sentencias.

En el momento de la excarcelación se entregará al liberado el saldo de su cuenta de peculio, los valores y efectos depositados a su nombre. Si careciese de medios económicos, se le facilitará un socorro de ley, de cuando menos cinco días de salario mínimo vigente en el área geográfica respectiva.

Artículo 50. Los internos contribuirán a su sostenimiento, con cargo a la percepción que tengan como resultado de las actividades productivas que desempeñen.

Los bienes e instrumentos, objeto o producto de delito que hayan sido decomisados serán destinados al erario federal y se aplicarán preferentemente además de, para el beneficio de la administración de justicia, para el apoyo de los centros de reclusión en todo el país, a través de la unidad correspondiente de la Secretaría de Gobernación.

Artículo 51. Queda estrictamente prohibido el uso de dinero o el intercambio de objetos de valor en el interior del establecimiento por parte de los internos entre sí y con el personal del establecimiento. Para la obtención de bienes de consumo necesarios, la institución proveerá al interno con una tarjeta de débito que podrá administrar una institución bancaria.

Artículo 52. En los establecimientos destinados a la reclusión de mujeres, ningún funcionario de sexo masculino ingresará sin estar acompañado de un miembro femenino del personal.

CAPITULO II

Asistencia médica


Artículo 53. En cada centro existirá al menos un médico general con conocimientos siquiátricos, encargado de cuidar de la salud física y mental de los internos y de vigilar las condiciones de higiene y salubridad en el establecimiento, el cual podrá, en su caso, solicitar la colaboración de especialistas. Igualmente habrá cuando menos un ayudante técnico sanitario y se dispondrá de los servicios de un médico odontólogo y del personal auxiliar adecuado.

Además de los servicios médicos de los establecimientos, los internos podrán ser asistidos en las instituciones hospitalarias y asistenciales de carácter penitenciario y en caso de necesidad o de urgencia, en otros centros hospitalarios. Para ello, las autoridades penitenciarias celebrarán convenios con dependencias del sector salud.

Los internos podrán solicitar, a su costa, los servicios médicos de profesionales ajenos a las instituciones penitenciarias, excepto cuando razones de seguridad aconsejen limitar este derecho.

Artículo 54. Para la prestación de la asistencia sanitaria todos los establecimientos estarán dotados:

I. De una enfermería, que contará con un número suficiente de camas y estará provista del material clínico, instrumental adecuado y productos farmacéuticos básicos para atenciones de urgencias e intervenciones dentales;

II. De una área destinada a la observación siquiátrica y a la atención de los toxicómanos y

III. De una unidad para enfermos contagiosos.

Artículo 55. En los establecimientos o departamentos para mujeres existirá un área de obstetricia con el equipo y material necesarios para el tratamiento de las internas embarazadas y de las que acaben de dar a luz y se encuentren convalecientes, así como para atender aquellos partos cuya urgencia no permita que se realicen en hospitales civiles.

799,800,801

En caso de ocurrir un nacimiento dentro de las instalaciones del establecimiento, este hecho no ha de constar en el acta de nacimiento.

Igualmente podrá existir un local habilitado para guardería infantil y educación preescolar con el fin de que las internas puedan tener en su compañía a sus hijos menores de tres años. Durante este periodo, las internas con hijos conviviendo con ellas permanecerán en una sección especial del establecimiento.

Artículo 56. Los estudios y dictámenes de los internos deberán realizarse por un equipo técnico especialista en siquiatría.

Es obligación del médico del establecimiento presentar un informe al director del mismo, en caso de que estime que la salud física o moral de un interno ha sido o puede ser afectada por la prolongación o por una modalidad cualquiera de reclusión .

Artículo 57. Todo interno será sometido a un examen clínico a su ingreso al establecimiento, así como a reconocimientos periódicos, cuyos resultados se harán constar en su expediente médico. En su revisión inicial, el médico vigilará especialmente si hay señales de que el interno ha sido sometido a malos tratos y de existir éstos, lo comunicará a las autoridades competentes.

Artículo 58. La atención médica de los internos en las secciones específicas del establecimiento no ha de entenderse como confinamiento, por lo que a no ser que la naturaleza del padecimiento lo impida, no serán restringidas las visitas a los internos que se encuentren bajo tratamiento médico.

En caso de requerirse, el médico del establecimiento expedirá una constancia del padecimiento que impida que el interno sea visitado.

CAPITULO III

Régimen disciplinario y de estímulo
para los internos

Artículo 59. El régimen disciplinario de los centros penitenciarios se dirigirá tanto a garantizar la seguridad del establecimiento como a conseguir una convivencia armónica entre internos y autoridades.
Artículo 60. El director del reclusorio podrá imponer las correcciones previstas en este código y las contenidas en los reglamentos respectivos tras un procedimiento sumario en que se comprueben la falta y la responsabilidad del interno y se escuche a éste en su defensa. El director dará de inmediato vista al consejo técnico consultivo de esta medida para su estudio y valoración. El interno podrá inconformarse con la corrección aplicada, recurriendo para ello a la comisión de ejecución de sentencias, la cual deberá también aprobar las sanciones de aislamiento en celda.

Artículo 61. El procedimiento de imposición de sanciones disciplinarias se llevará a cabo en una sola audiencia, donde se presentará acta circunstanciada levantada ante dos testigos, si los hubiera, de los hechos presuntamente constitutivos de la falta. La audiencia se celebrará dentro de los siete días siguientes en que se hayan dado los hechos denunciados.

En esa audiencia, quien denuncia los hechos, ratificará sus declaraciones formuladas en el acta circunstanciada ante el director del penal y aportará los elementos de prueba que considere pertinentes.

A continuación, el presunto responsable de los hechos relatará su versión de los mismos y aportará los elementos de prueba que apoyen su dicho.

Se levantará acta de la audiencia dando una copia a cada interesado. El director del penal dispondrá de tres días hábiles para dictaminar la procedencia o improcedencia de la imposición de una sanción, así como el tipo de la misma.

Artículo 62. Las sanciones por indisciplina aplicables a los internos podrán ser:

I. Aislamiento en celda, que no podrá exceder de 14 días;

II. Privación de actos recreativos comunes, en cuanto sea compatible con la salud física y mental, hasta un mes como máximo;

III. Amonestación.

Artículo 63. La sanción de aislamiento sólo será aplicable en los casos en que se manifieste una evidente agresividad o violencia por parte del interno o cuando éste, reiterada y gravemente altere la normal convivencia en el centro. En todo caso, la celda en que se cumpla la sanción deberá ser de análogas características que las restantes del establecimiento. En estos casos se dará vista al consejo técnico consultivo, quien de haber razón para ello podrá suspender la sanción.

Artículo 64. La sanción de aislamiento se cumplirá con informe del médico del establecimiento, quien vigilará al interno mientras permanezca en esta situación, informando al director sobre su estado de salud física y mental y, en su caso, de la necesidad de suspender o modificar la sanción impuesta.

Artículo 65. En los casos de enfermedad del sancionado y siempre que las circunstancias lo aconsejen, se suspenderá la sanción que consista en internamiento en celda de aislamiento hasta que el interno sea dado de alta o se estime conveniente.

Artículo 66. No se aplicará esta sanción a las mujeres gestantes y a las mujeres hasta seis meses después de la terminación del embarazo, a las madres lactantes y a las que tuvieran hijos consigo.

Artículo 67. El aislamiento se cumplirá en el compartimiento que habitualmente ocupe el interno y en los supuestos de que lo comparta con otros o por su propia seguridad o por el buen orden del establecimiento, pasará a uno individual de semejantes medidas y condiciones.

Artículo 68. Sólo podrán utilizarse, con autorización del director, aquellos medios coercitivos que se establezcan reglamentariamente en los casos siguientes:

I. Para impedir actos de evasión o violencia de los internos;

II. Para evitar daños de los internos a sí mismos, a otras personas o

III. Para vencer la resistencia activa o pasiva de los internos a las órdenes del personal penitenciario en el ejercicio de su cargo.

Cuando, ante la urgencia de la situación, se tuviere que hacer uso de tales medios, se comunicará inmediatamente al director, quien a su vez lo hará del conocimiento del consejo técnico consultivo.

El uso de las medidas coercitivas estará dirigido exclusivamente al restablecimiento de la normalidad y sólo subsistirá el tiempo estrictamente necesario.

El uso excesivo de las atribuciones en este artículo dará lugar a las sanciones que fijen las leyes y reglamentos, para tal efecto se escuchará a los afectados por el uso de tales medios.

Artículo 69. Los actos que pongan de relieve buena conducta, espíritu de trabajo y sentido de responsabilidad en el comportamiento personal y en las actividades organizadas por el centro penitenciario, serán estimulados mediante un sistema de recompensas reglamentariamente determinado.

CAPITULO IV

Comunicaciones y visitas


Artículo 70. Los internos están autorizados para comunicarse periódicamente con cualquier persona, salvo en los casos en que por resolución de la autoridad competente se restrinja este derecho.

Artículo 71. Las comunicaciones de los internos con su abogado defensor se celebrarán en espacios apropiados y no podrán ser suspendidas o intervenidas.

Artículo 72. Todo interno tiene derecho a comunicar inmediatamente a su familia y abogado su detención, así como su traslado a otro establecimiento.

Artículo 73. Los centros penitenciarios dispondrán de espacios especialmente adecuados para las visitas íntimas.

La visita íntima, que tiene por finalidad principal el mantenimiento de las relaciones sexuales del interno en forma sana, no se limitará sino previa determinación del director, basada en estudios que lo justifiquen.

Artículo 74. Las visitas se concederán con sujeción a lo dispuesto en este código y en los casos, con los requisitos y periodicidad que reglamentariamente se determine.

Artículo 75. Las principales reglas sobre visitas y comunicaciones serán dadas a conocer al público mediante letreros visibles que se ubiquen en las áreas correspondientes.

TITULO SEPTIMO

Del tratamiento para la reinserción
social

CAPITULO I

Disposiciones generales


Artículo 76. Las autoridades encargadas del tratamiento procurarán conocer todas las peculiaridades de la personalidad y ambiente del interno que puedan ser obstáculo para las finalidades indicadas en el artículo anterior.

Artículo 77. El tratamiento se inspirará en los siguientes principios:

I. Será individualizado, consistiendo en la variable utilización de métodos médico-biológicos, siquiátricos, sicológicos, pedagógicos y sociales adecuados a la personalidad del interno;

II. Será programado, fijándose en el plan general que deberá seguirse en su ejecución, la intensidad mayor o menor en la aplicación de cada método de tratamiento y la distribución de los quehaceres concretos, integrantes del mismo, entre los diversos especialistas y educadores;

III. Será de carácter continuo y dinámico, dependiente de las incidencias en la evolución de la personalidad del interno durante el cumplimiento de la sentencia.

Artículo 78. Para la individualización del tratamiento se realizará un estudio de cada interno, con base en el cual se le destinará al establecimiento cuyo régimen sea más adecuado al tratamiento que se le haya señalado y, en su caso, al grupo o sección más idóneo dentro de aquél. La clasificación debe tomar en cuenta no sólo la personalidad y el historial individual, familiar, social y delictivo del interno, sino también la duración de la pena o medida de seguridad en su caso, el medio al que probablemente retornará y los recursos, facilidades y dificultades existentes en cada caso y momento para el buen éxito del tratamiento.
Artículo 79. Las funciones de observación, clasificación y tratamiento las realizarán equipos calificados de especialistas, cuya composición y funciones se determinarán en el reglamento interno. Dichos equipos contarán con la colaboración del número de educadores necesarios, dadas las peculiaridades de los grupos de internos tratados.

Artículo 80. En el curso del tratamiento se fomentará el establecimiento, la conservación y el fortalecimiento, en su caso, de las relaciones del interno con personas convenientes del exterior. Para este efecto, se procurará el desarrollo del servicio social penitenciario en cada centro de reclusión con objeto de auxiliar a los internos en sus contactos autorizados con el exterior.

Artículo 81. Se favorecerá el desarrollo de todas las demás medidas de tratamiento compatibles con el régimen establecido en estas normas, con las previsiones de la ley y de los convenios y con las circunstancias de la localidad y de los internos.

Artículo 82. A fin de preparar paulatinamente al interno a su reinserción social, el tratamiento podrá comprender:

I. Información y orientación especiales y discusión con el interno y sus familiares de los aspectos personales y prácticos de su vida en libertad;

II. Métodos colectivos, que son aquellos que se pueden aplicar a varios internos al mismo tiempo o que implican una participación en conjunto;

III. Concesión de mayor libertad dentro del establecimiento;

IV. Traslado a una institución con régimen abierto y

V. Permisos de salida de fin de semana o diaria con reclusión nocturna o bien de salida en días hábiles con reclusión de fin de semana;

Estas medidas se podrán aplicar a partir del año anterior a que se pueda gozar de otros beneficios, como la libertad preparatoria o libertad por remisión parcial de la pena.

802,803,804

Artículo 83. La evolución del tratamiento determinará una nueva clasificación del interno, con la consiguiente propuesta de traslado al establecimiento del régimen que corresponda o, dentro del mismo, el pase de una sección a otra de diferente régimen.

Artículo 84. Cada seis meses se practicarán estudios individuales a los internos para reconsiderar su situación, tomándose la decisión que corresponda, que deberá ser comunicada al interesado.

Artículo 85. Para grupos determinados de internos, cuyo tratamiento lo requiera, se podrá organizar en los centros correspondientes, programas basados en el principio de comunidad terapéutica.

Artículo 86. Concluido el tratamiento o próxima la libertad del interno, se emitirá un diagnóstico final, en el que se manifestarán los resultados conseguidos en el tratamiento y que en su caso, se tendrán en cuenta en el expediente para la concesión de la libertad preparatoria o los beneficios de liberación anticipada.

CAPITULO II

Trabajo

Artículo 87. El trabajo dentro del establecimiento de reclusión será considerado como un derecho y como un deber del interno, siendo un elemento fundamental en el tratamiento para la reinserción social.

Artículo 88. Por no tratarse de una relación voluntaria, sino que surge como consecuencia del régimen de reinserción social, al trabajo que se realice en los establecimientos de reclusión no le serán aplicables las leyes laborales.

El trabajo penitenciario se regirá por los siguientes principios:

I. Será remunerado con el salario mínimo general vigente en el área geográfica respectiva, el 50% de esta remuneración será destinada directamente a la administración penitenciaria para el sostenimiento de las necesidades del interno, 25% a un fondo que se le entregará cuando abandone la prisión y 25% directamente al sostenimiento de su familia;

II. Se realizará en las condiciones de seguridad e higiene previstas para el trabajo ordinario;
III. Motivará la inscripción de los internos en el sistema de seguridad social. Para este efecto se firmarán convenios con el Instituto Mexicano de Seguridad Social, con objeto de que el otorgamiento de las prestaciones se adapte a las circunstancias peculiares de los internos en un establecimiento de reclusión;

IV. No tendrá carácter aflictivo ni será aplicado como medida de corrección;

V. No atentará contra la dignidad del interno;

VI. Tendrá carácter formativo, creador o conservador de hábitos laborales; buscará ser productivo y terapéutico, con el fin de preparar a los internos para las condiciones normales de trabajo libre;

VII. Se organizará y planificará, atendiendo a las aptitudes y cualificación profesional del interno, de manera que satisfaga las aspiraciones laborales de los recluidos en cuanto sean compatibles con la organización y seguridad de los establecimientos;

VIII. Será facilitado por la administración;

IX. No se supeditará al logro de intereses económicos, sin embargo, se favorecerá la creación de empresas productivas.

Artículo 89. El trabajo en los reclusorios se organizará previo estudio de las características de la economía local, especialmente del mercado, a fin de favorecer la correspondencia entre las demandas de éste y la producción penitenciaria. Para este último efecto, se trazará un plan de trabajo y producción que será sometido a la aprobación, en los términos del convenio respectivo, de la Dirección General de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social y de las autoridades competentes.

Para ello, se podrá celebrar con empresas privadas convenios a efecto de que éstas instalen microindustrias dentro de los centros penitenciarios.

Artículo 90. El trabajo que realicen los internos, dentro y fuera de los establecimientos, estará comprendido en algunas de las siguientes modalidades:

I. Las de producción, mediante fórmulas cooperativas o similares de acuerdo con la legislación vigente;

II. Las ocupaciones que formen parte de un tratamiento;

III. Las prestaciones personales en servicios auxiliares comunes del establecimiento y

IV. Las artesanales, intelectuales y artísticas.

Para la asignación de cargas de trabajo se tomará parecer del consejo técnico del establecimiento.

Artículo 91. El trabajo será compatible con las sesiones de tratamiento y las necesidades de enseñanza en los niveles obligatorios. A tal fin, la administración adoptará las medidas que reglamentariamente se determinen para asegurar la satisfacción de aquellos fines y garantizar la efectividad del resultado.

Artículo 92. Los bienes, productos o servicios obtenidos por el trabajo de los internos tendrán, en igualdad de condiciones, carácter preferente en las adjudicaciones de suministros y obras del sector público.

Artículo 93. La dirección y control de las actividades laborales desarrolladas dentro de los establecimientos corresponderá a la administración penitenciaria.

La administración estimulará la participación de los internos en la organización y planificación del trabajo.

Artículo 94. Los internos podrán formar parte de los órganos directivos de las entidades de producción que se constituyan. La administración adquirirá la calidad de socios de aquellas, contribuyendo a la consecución del correspondiente objeto social de conformidad con la legislación vigente.

Artículo 95. La administración organizará y planificará el trabajo de carácter productivo en las condiciones siguientes:

I. Proporcionará trabajo suficiente para ocupar en días laborables a los internos, garantizando el descanso semanal;

II. La jornada de trabajo no podrá exceder de la máxima legal y se cuidará que los horarios laborales permitan disponer de tiempo suficiente para la aplicación de los demás medios de tratamiento;

III. Velará porque la retribución sea la prevista en este ordenamiento y

IV. Cuidará de que los internos contribuyan al sostenimiento de sus cargas familiares y al cumplimiento de sus restantes obligaciones, disponiendo el recluso de la cantidad sobrante en las condiciones que se establezcan reglamentariamente.

La retribución del trabajo de los internos sólo será embargable en las condiciones y con los requisitos que rigen para el salario.

Artículo 96. Por cada dos días de trabajo se hará remisión de uno de prisión, siempre que el recluso observe buena conducta, participe regularmente en las actividades educativas que se organicen en el establecimiento y revele por otros datos efectiva readaptación social. Esta última será, en todo caso, el factor determinante para la concesión o negativa de la remisión parcial de la pena, que será determinada por la Comisión de Ejecución de Sentencias, con fundamento en los estudios de personalidad del interno y basada en elementos objetivos que comprueben su aptitud para la reinserción social.

La remisión funcionará independientemente de la libertad preparatoria. Para este efecto, el cómputo de plazos se hará en el orden que beneficie al reo. La Comisión de Ejecución de Sentencias estará a cargo del sistema de cómputos para la aplicación de este precepto, que en ningún caso quedará sujeto a normas reglamentarias de los establecimientos de reclusión o a disposiciones de las autoridades encargadas de la custodia y de la readaptación social.

El otorgamiento de la remisión se condicionará, además de lo previsto en el primer párrafo de este artículo, a que el reo repare los daños y perjuicios causados o garantice su reparación sujetándose a la forma, medidas y términos que se le fijen para dicho objeto, si no puede cubrirla desde luego.

Al disponer la remisión, la autoridad que la conceda establecerá las condiciones que deba observar el reo respecto de su residencia y ocupación.

La remisión es revocable por la autoridad que la otorga, en los casos y conforme al procedimiento dispuesto para la revocación de la libertad preparatoria.

CAPITULO III

Capacitación y educación


Artículo 97. La educación que se imparta a los internos se ha de considerar elemento esencial del tratamiento para la reinserción social, por lo que no tendrá sólo carácter un académico, sino también cívico, higiénico, artístico, físico y ético. Será en todo caso, orientada por las técnicas de la pedagogía correctiva y quedará a cargo, preferentemente, de maestros especialistas.

Artículo 98. En cada establecimiento existirá una biblioteca provista de libros adecuados a las necesidades culturales y profesionales de los internos.

Artículo 99. Se procurará ofrecer a los internos oportunidades de educación a todos los niveles, para ello se firmarán convenios con las instituciones educativas correspondientes, a fin de que ellas brinden la educación requerida.

TITULO OCTAVO

De la ejecución de sentencias

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 100. La ejecución de las sentencias firmes e irrevocables en materia penal, compete a la unidad administrativa correspondiente de la Secretaría de Gobernación. Esta designará los lugares en que los reos deban extinguir las sanciones privativas de libertad, de acuerdo al diagnóstico que de él se efectúe y al tratamiento que se le fije. Además ejercerá todas las funciones que le señalen las leyes y reglamentos, practicará todas las diligencias para que las sentencias se cumplan estrictamente y reprimirá todos los abusos que cometan sus subalternos, en pro o en contra de los sentenciados.

Artículo 101. Se entiende por sentencia firme e irrevocable, aquélla contra la cual no exista ningún recurso ante los tribunales, que pueda producir su revocación en todo o en parte.

Artículo 102. En toda sentencia condenatoria se prevendrá que se amoneste al reo para que no reincida, advirtiéndole las sanciones a que se expone y de ello se extenderá diligencia, pero sin que la falta de ésta obste para hacer efectivas las sanciones de la reincidencia y de la habitualidad.

Artículo 103. Pronunciada una sentencia condenatoria firme e irrevocable, el juez o el tribunal que la pronuncie expedirá dentro de 48 horas, copia certificada de la misma para la Secretaría de Gobernación, con los datos de identificación del reo.

Artículo 104. Los agentes del Ministerio Público comunicarán por escrito al procurador de Justicia, la sentencia que se pronuncie en los negocios en que hayan intervenido, expresando los datos que crean puedan servir para la formación de la estadística criminal.

Artículo 105. El juez o tribunal estará obligado a tomar de oficio todas las providencias conducentes para que el reo sea puesto a disposición de la autoridad administrativa competente.

Artículo 106. Recibida por la autoridad competente la copia de la sentencia y puesto a su disposición el reo, destinará a éste al lugar en que deba extinguir la sanción privativa de libertad.

Artículo 107. Para la ejecución de las sanciones, la autoridad competente se sujetará a lo prevenido en el Código Penal, en éste y en las leyes y los reglamentos respectivos.

CAPITULO II

Extinción y prescripción de la potestad
de ejecutar las penas y medidas
de seguridad


Artículo 108. La extinción de la potestad para ejecutar las penas y las medidas de seguridad se regulará por lo dispuesto en el Código Penal para el Distrito Federal.

805,806,807

Artículo 109. Los plazos para la prescripción de la potestad para ejecutar las penas y medidas de seguridad, serán continuos y correrán desde el día siguiente a aquél en el que el sentenciado se sustraiga a la acción de la justicia, si las penas o medidas de seguridad fueren restrictivas o privativas de la libertad y si no lo son, desde la fecha en que la sentencia cause ejecutoria.

Dichos plazos se reducirán hasta la mitad, cuando se acredite que se trata de padres o madres de familia con hijos menores de edad, trabajadores o jornaleros de más de 75 años de edad o estudiantes en el sistema educativo nacional, si guardan dicha calidad al momento de declararse la prescripción.

Artículo 110. La potestad para ejecutar la pena privativa de libertad prescribirá en un lapso igual al fijado en la sentencia, pero no podrá ser inferior a tres años ni superior a 15.

CAPITULO III

Sustitución de penas


Artículo 111. La pena de prisión aplicable al delito de que se trata podrá ser sustituida a juicio del juzgador, sujetándose a los dispuesto en este código, conforme a las reglas siguientes:

I. Por trabajo en favor de la comunidad o semilibertad, cuando aquélla no exceda de cinco años;

II. Por tratamiento en libertad, si la prisión no excede de cuatro años o

III. Por multa, si la prisión no excede de tres años.

Artículo 112. Para los efectos de la sustitución, se requerirá además, que:

I. El reo no sea reincidente por delito doloso;

II. Pague o garantice, a satisfacción del juez, la multa y la reparación de los daños y perjuicios causados y

III. La pena sustitutiva sea más adecuada que la prisión, en atención a las condiciones personales del sujeto y a los fines de justicia, de prevención general y especial que con ella se persigue.
Para el cumplimiento de la pena sustitutiva se tomará en cuenta el tiempo durante el cual el reo hubiera cumplido la pena sustitutiva.

Artículo 113. Tratándose de la multa sustitutiva de la pena de prisión, la equivalencia será en razón de hasta un día de multa por un día de prisión, atendiendo a las condiciones económicas del sentenciado. La multa sustitutiva es independiente de la señalada, en su caso, como pena.

Artículo 114. La multa, impuesta como pena única, conjuntamente con otra, o como pena sustitutiva, podrá ser sustituida por trabajos en favor de la comunidad. Asimismo, el trabajo en favor de la comunidad podrá ser sustituido por día multa, a razón de un día multa por cada día de jornada o trabajo.

Artículo 115. El juez podrá dejar sin efecto la sustitución y ordenará que se ejecute la pena sustituida, cuando al sentenciado se le condene por otro delito de la misma especie.

En caso de hacerse efectiva la pena de prisión sustituida se tomará en cuenta el tiempo durante el cual el reo hubiera cumplido la pena sustitutiva.

Artículo 116. En caso de haberse nombrado fiador para el cumplimiento de los deberes inherentes a la sustitución de penas, la obligación de aquél concluirá al extinguirse la pena impuesta. Cuando el fiador tenga motivos fundados para no continuar en su desempeño, los expondrá al juez, a fin de que éste, si los estima justos, prevenga al sentenciado que presente nuevo fiador dentro del plazo que prudentemente deberá fijarle, apercibido de que se hará efectiva la pena si no lo hace. En este último caso, se estará a lo dispuesto por el párrafo que precede.

En caso de muerte o insolvencia del fiador, el sentenciado deberá poner el hecho en conocimiento del juez para el efecto y bajo el apercibimiento que se expresa en el párrafo que precede.

Artículo 117. El sentenciado que considere que al dictarse sentencia reunía los requisitos para la sustitución de la pena y que, por inadvertencia de su parte o del juzgador, no se hubiere hecho, podrá promover ante éste la sustitución, abriéndose el incidente respectivo.

Artículo 118. El Ejecutivo, en tratándose de indultos, podrá hacer la conmutación de la pena privativa de libertad, después de impuesta en sentencia irrevocable, por trabajo obligatorio en favor de la comunidad.

CAPITULO IV

Rehabilitación legal de procesados

Artículo 119. La rehabilitación de los derechos políticos se otorgará en la forma y términos que dispongan la ley orgánica del artículo relativo de la Constitución.

Artículo 120. La rehabilitación de los derechos civiles o políticos no procederá mientras el reo esté extinguiendo una sanción privativa de libertad.

Artículo 121. Si se hubiere extinguido ya la sanción privativa de libertad, o si ésta no le hubiere sido impuesta, pasado el término que señala el artículo siguiente, podrá ocurrir el sentenciado al tribunal o juzgado que dictó el fallo irrevocable, solicitando que se le rehabilite en los derechos de que se le privó, o en cuyo ejercicio estuviere suspenso, acompañando a su solicitud:

I. Un certificado de la autoridad correspondiente que acredite que extinguió la sanción privativa de libertad que se le hubiere impuesto, la conmutación o la concesión de indulto y

II. Otro certificado de la autoridad administrativa del lugar en que hubiere residido desde que comenzó la inhabilitación o suspensión y una información recibida con intervención de la autoridad administrativa que compruebe que el peticionario observó buena conducta continua desde que comenzó a extinguir su sanción y que dio pruebas de haber contraído hábitos de orden, trabajo y buenas costumbres.

Artículo 122. Si la sanción impuesta al reo fuere la de inhabilitación o suspensión por seis años o más, no podrá ser rehabilitado antes de que transcurran tres años, contados desde que hubiera principiado a extinguirla.

Si la suspensión fuere por menos de seis años, el reo podrá solicitar su rehabilitación después que extinga la mitad de la sanción.

Artículo 123. Recibidas las informaciones o si no se estimaren necesarias, oyendo al Ministerio Público y al peticionario o a su representante, el tribunal declarará dentro de tres días si es o no fundada la solicitud. En el primer caso, remitirá con informe las actuaciones originales al Congreso de la Unión, para lo que hubiere lugar. Si la resolución fuere favorable se publicará en el Diario Oficial. Si se denegare la rehabilitación, se dejarán expeditos al reo sus derechos para que pueda solicitarla de nuevo, después de un año.

Artículo 124. Concedida la rehabilitación por el Congreso, lo comunicará al tribunal o juzgado que hubiere pronunciado el fallo irrevocable para que se hagan las anotaciones en la toca o en las actuaciones de primera instancia.

Artículo 125. Al que una vez se le hubiere concedido la rehabilitación nunca se le podrá conceder otra.

CAPITULO V

Comisión de ejecución de sentencias

Artículo 126. La comisión de ejecución de sentencias tendrá como finalidad hacer cumplir la pena impuesta, resolver los recursos referentes a las modificaciones que pueda experimentar con arreglo a lo prescrito en las leyes y reglamentos y corregir los abusos y desviaciones que en el cumplimiento de los preceptos del régimen penitenciario puedan producirse.

Además tendrá a su cargo, la ejecución de las sanciones que, por sentencia judicial, sustituyan a la pena de prisión o a la multa y las de tratamiento que el juzgador aplique, así como la ejecución de las medidas impuestas a inimputables, sin perjuicio de la intervención que a este respecto debe de tener, en su caso y oportunidad, la autoridad sanitaria.

Artículo 127. Son facultades de la comisión de ejecución de sentencias:

I. Decidir acerca de las resoluciones relativas a las penas privativas de libertad;

II. Resolver sobre las propuestas de libertad condicional, provisional o preparatoria de los sentenciados y acordar las revocaciones que procedan;

III. Aprobar las propuestas que le formulen sobre los casos de beneficios de liberación anticipada;

IV. Autorizar los permisos de salida cuya duración sea superior a dos días.

Artículo 128. En lo que respecta a las cuestiones orgánicas de esta comisión y a los procedimientos de su actuación, se estará a lo dispuesto en el reglamento correspondiente.

Artículo 129. La comisión de ejecución de sentencias tendrá oficinas de representación en cada una de los establecimientos penales a que se refiere este código.

TITULO NOVENO

De las externaciones anticipadas

CAPITULO I


Suspensión condicional de la
ejecución de la pena


Artículo 130. El juzgador podrá suspender condicionalmente la ejecución de la pena privativa de la libertad, a petición de parte o de oficio, si concurren los requisitos siguientes:

I. Que la duración de la pena impuesta no exceda de cinco años;

II. Que no sea reincidente por delito doloso;

III. Que por sus antecedentes personales o modo honesto de vivir, así como por la naturaleza, modalidad y móviles del delito, se presuma razonadamente que el sentenciado no volverá a delinquir y

IV. Que en atención a las condiciones personales del sujeto, no haya necesidad de sustituir la pena privativa de libertad, en función del fin para que fue impuesta la pena.

El beneficio a que se refiere el artículo anterior podrá ser otorgado en los mismos términos a juicio del juzgador, aun cuando la pena impuesta sea de hasta siete años, siempre y cuando el sentenciado sea padre o madre de familia con hijos menores, trabajador o jornalero, mayor de 65 años de edad o estudiante en el sistema educativo nacional, al momento de otorgar dicho beneficio.

Artículo 131. Para gozar del beneficio a que se refieren los artículos anteriores, el sentenciado deberá, a satisfacción del juzgador:
I. Garantizar adecuadamente o sujetarse a las medidas que se fijen para ello, que comparecerá ante la autoridad, cada vez que sea requerido por ésta;

II. Obligarse a residir en determinado lugar e informar sobre cualquier cambio de residencia a la autoridad encargada de su custodia y vigilancia;

III. Asegurar que desarrollará una ocupación lícita dentro del plazo que se le fije y que se abstendrá de causar molestias al ofendido por su delito o a sus familiares;

IV. Abstenerse del abuso de bebidas embriagantes y del empleo de estupefacientes, sicotrópicos u otras sustancias que produzcan efectos similares, salvo que lo haga por prescripción médica y

V. Pagar o garantizar la reparación de los daños y perjuicios causados.

Artículo 132. La suspensión de la pena de prisión comprenderá la de multa que haya sido impuesta conjuntamente aquélla, y en cuanto a las demás penas impuestas, el juez o tribunal resolverán discrecionalmente según las circunstancias del caso, al igual que sobre las medidas de seguridad.

Artículo 133. La suspensión condicional de la ejecución de penas a que se refieren los artículos anteriores, tendrá una duración igual a la de la pena suspendida, transcurrido la cual se considerará extinguida la pena impuesta, siempre que durante ese término el sentenciado no diere lugar a nuevo proceso que concluya con sentencia condenatoria. Si esto aconteciera, se harán efectivas ambas sentencias, si el nuevo delito es doloso.

Si el nuevo delito es culposo, la autoridad competente resolverá motivadamente si debe aplicarse o no la pena suspendida. Los hechos que originen el nuevo proceso interrumpen el plazo de suspensión, tanto si se trata de delito doloso como culposo, hasta que se dicte sentencia firme.

808,809,810

Si el reo falta al cumplimiento de las obligaciones contraídas, el juez podrá hacer efectiva la pena suspendida o amonestarlo, con apercibimiento de que, si vuelve a faltar a alguna de las condiciones fijadas, se hará efectiva dicha pena.

En caso de haberse nombrado fiador para el cumplimiento de las obligaciones contraídas, será aplicable lo previsto para el caso de sustitución de penas.

Artículo 134. El reo que considere que al dictarse sentencia reunía las condiciones fijadas para la suspensión de la ejecución de la pena y está en aptitud de cumplir con los requisitos que ésta apareja, si es por inadvertencia de su parte o de los tribunales que no obtuvo en la sentencia el otorgamiento de la suspensión condicional, podrá promover que se le conceda, abriéndose el incidente respectivo ante el tribunal competente.

CAPITULO II

Conmutación de sanciones


Artículo 135. El que hubiere sido condenado por sentencia ejecutoriada y se encontrare en el caso de que entrare en vigor una nueva ley más favorable o en tratándose de delitos políticos, podrá ocurrir al Ejecutivo, por conducto de la Secretaria de Gobernación, solicitando la conmutación de la sanción que se le hubiere impuesto.

A su solicitud acompañará el sentenciado testimonio de la sentencia y, en su caso, las constancias que acrediten plenamente los motivos que tuviere para pedir la conmutación.

Artículo 136. Si la conmutación se basare en la imposibilidad de cumplir alguna modalidad de la sanción por ser incompatible con su edad, sexo, salud o constitución física, se exigirá la reparación del daño o una garantía que asegure su pago.

CAPITULO III

Libertad preparatoria

Artículo 137. Se concederá libertad preparatoria al sentenciado, previo el informe a que se refiere este código, de que hubiere cumplido las tres quintas partes de su sentencia, si se trata de delitos dolosos o la mitad de la misma en caso de delitos culposos, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos:
I. Que haya observado buena conducta durante la ejecución de su sentencia;

II. Que de su estudio de personalidad se desprenda que está apto para su reinserción en la sociedad y en condiciones de no volver a delinquir;

III. Que se haya reparado o se comprometa a reparar el daño causado, sujetándose a la forma, medidas y términos que se le fijen para dicho objeto, en caso de no poder cubrirlo.

Artículo 138. Llenados los anteriores requisitos, la autoridad competente podrá conceder la libertad, sujeta a las siguientes condiciones:

I. Residir o, en su caso no residir en lugar determinado e informar a la autoridad de los cambios de domicilio. La designación del lugar de residencia se hará conciliando la circunstancia de que el reo pueda obtener trabajo en el lugar que se fije, con el hecho de que su permanencia en él no será un obstáculo para su enmienda;

II. Desempeñar en el plazo que la resolución determine, oficio, arte, industria o profesión lícitos, si no tuviere medios propios de subsistencia;

III. Abstenerse del uso de bebidas embriagantes y del empleo de estupefacientes, sicotrópicos o sustancias que produzcan efectos similares, salvo por prescripción médica;

IV. Sujetarse a las medidas de orientación y supervisión que se le dicten y a la vigilancia de alguna persona honrada y de arraigo, que se obligue a informar sobre su conducta, presentándolo siempre que para ello fuere requerida.

Artículo 139. La libertad preparatoria no se concederá:

I. A los sentenciados por alguno de los delitos contra la salud en materia de estupefacientes o sicotrópicos;

II. A los sentenciados por el delito de violación;

III. A los sentenciados por el delito de plagio o secuestro, excepto cuando lo cometa un familiar de un menor quien no ejerza sobre él la patria potestad ni la tutela o cuando espontáneamente ponga en libertad a la persona antes de tres días, sin causarle ningún perjuicio;

IV. A los sentenciados por el delito de robo en un inmueble habitado o destinado para habitación, cuando se realice con violencia sobre las personas.

V. A los delincuentes habituales o a los que hubieren incurrido en segunda reincidencia.

Los mismos principios se aplicarán para los casos de tratamiento preliberacional y para la remisión parcial de la pena.

Artículo 140. La autoridad competente revocará la libertad preparatoria:

I. Si el liberado no cumple las condiciones fijadas, salvo que se le dé una nueva oportunidad, amonestándolo con el apercibimiento de que, si vuelve a faltar a alguna de las condiciones fijadas, se revocará su libertad preparatoria;

II. Si el liberado es sentenciado por nuevo delito doloso mediante sentencia ejecutoriada, en cuyo caso será de oficio la revocación; pero si el nuevo delito fuere culposo, la autoridad competente podrá, según la gravedad del hecho, revocar o mantener la libertad preparatoria, fundando su resolución.

El sentenciado cuya libertad preparatoria haya sido revocada, deberá cumplir el resto de la pena. Los hechos que originen los nuevos procesos a que se refiere este artículo interrumpen los plazos para extinguir la sanción.

Artículo 141. Los sentenciados que disfruten de libertad preparatoria quedarán bajo la custodia y vigilancia de la unidad administrativa correspondiente de la Secretaría de Gobernación.

Artículo 142. Cuando algún reo que esté compurgando una sanción privativa de libertad crea tener derecho a la libertad preparatoria por haber cumplido con los requisitos que exige la ley, lo hará del conocimiento de la autoridad competente, solicitándola y acompañando los certificados y demás pruebas conducentes.

Artículo 143. Recibida la solicitud se recabarán los datos e informe y se practicarán los estudios necesarios para acreditar los requisitos a que se refiere el código penal. Igualmente se pedirá informe pormenorizado al director del establecimiento, acerca de la vida del reo en el lugar de reclusión.

Artículo 144. La unidad administrativa correspondiente de la Secretaría de Gobernación resolverá sobre la solicitud.

Artículo 145. Cuando se conceda la libertad preparatoria, la unidad administrativa competente investigará la solvencia e idoneidad del fiador propuesto. En vista de la información, resolverá si es o no de admitirse el fiador.

Artículo 146. Admitido el fiador, se otorgará la fianza respectiva en los términos del artículo respectivo y se extenderá al reo un salvoconducto para que pueda comenzar a disfrutar de su libertad. Esta concesión se comunicará al director del establecimiento respectivo, a la Secretaría de Gobernación y al juez de la causa.

Artículo 147. Cuando el agraciado incurriera en alguno de los casos previstos para la revocación de la libertad preparatoria, quien tenga conocimiento, dará parte a la autoridad competente, para que resuelva si revoca o no la libertad preparatoria.

Artículo 148. Cuando el agraciado cometiere un nuevo delito se estará a lo dispuesto en el artículo respectivo y el juez de la causa lo comunicará a la autoridad competente, para los efectos legales correspondientes.

Artículo 149. El salvoconducto para gozar de libertad será firmado por el director general de servicios coordinados de prevención y readaptación social.

Artículo 150. Cuando se revoque la libertad preparatoria, se recogerá e inutilizará el salvoconducto.

Artículo 151. El portador del salvoconducto lo presentará siempre que sea requerido para ello por un magistrado, juez o agente de la policía judicial.

Artículo 152. Cuando hubiere expirado el término de la sentencia que debiera haberse compurgado, de no concederse la libertad preparatoria, el agraciado ocurrirá al tribunal superior de justicia para que éste, en vista de la sentencia y de los informes de la autoridad administrativa, haga de plano la declaración de queda el reo en absoluta libertad.

CAPITULO IV

Indulto y reconocimiento
de inocencia


Artículo 153. Cuando se trate del indulto a que se refiere al código penal, el solicitante ocurrirá al Ejecutivo Federal con su petición, por conducto de la Secretaría de Gobernación.

Artículo 154. El Ejecutivo, si así conviniere a la tranquilidad y seguridad públicas, concederá el indulto sin condición alguna o con las restricciones que estime convenientes.

Artículo 155. El reconocimiento de la inocencia del sentenciado procede en los siguientes casos:

I. Cuando la sentencia se funde en documentos o en declaraciones de testigos que, después de dictada, fueron declarados falsos en juicio;

II. Cuando, después de la sentencia, aparecieren documentos que invaliden la prueba en que descansa aquélla o las presentadas que sirvieron de base a la acusación y veredicto;

III. Cuando se presentara prueba de que vive una persona, por cuyo supuesto homicidio se hubiere sentenciado a otra;

IV. Cuando se sentencia a una misma persona por los mismos hechos en juicios diversos. En este caso prevalecerá la sentencia más benigna y

V. Cuando en juicios diferentes se sentencie a la misma persona por delitos diferentes y se demuestre la imposibilidad de que haya cometido esos delitos al mismo tiempo.

Artículo 156. El sentenciado que se crea con derecho para pedir el reconocimiento de su inocencia, ocurrirá por escrito al tribunal superior de justicia, alegando la causa en que funde su petición, acompañando las pruebas respectivas o protestando exhibirlas oportunamente. Sólo se admitirá en estos casos la prueba documental, salvo en el caso de que sea sentenciado por el homicidio de una persona y se alegue que ésta se encuentra viva.
Artículo 157. Recibida la solicitud, la sala respectiva pedirá inmediatamente el proceso al juzgado o al archivo en que se encuentre y citará al Ministerio Público, al reo o a su defensor, para la vista que tendrá lugar dentro de los cinco días de recibido el expediente, salvo el caso en que hubiere de rendirse prueba documental cuya recepción exija un término mayor, el que se fijará prudentemente, atendiendo las circunstancias.

Artículo 158. El día fijado para la vista, dada cuenta por el secretario, se recibirán las pruebas ofrecidas por el reo por sí o por su defensor y el Ministerio Público pedirá lo que en derecho corresponda. La vista se verificará aun cuando no concurran el defensor, el reo o el Ministerio Público.

Artículo 159. A los cinco días de celebrada la vista, la sala declarará si es o no fundada la solicitud del reo.

En el primer caso, remitirá las diligencias originales con informe al Ejecutivo, para que éste, sin más trámite, otorgue el indulto.

En el segundo caso, se mandarán archivar las diligencias.

Artículo 160. Todas las resoluciones en que se concedan indulto se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y se comunicarán al tribunal que hubiese dictado la sentencia, para que haga la anotación respectiva en el expediente del caso.

Las resoluciones relativas al reconocimiento de la inocencia se comunicarán al tribunal que hubiese dictado la sentencia, para que haga la anotación respectiva en el expediente del caso. A petición del interesado, también se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.

TITULO DECIMO

De la asistencia al liberado


Artículo 161. Se promoverá en cada entidad federativa la creación de un patronato para liberados, que tendrá a su cargo prestar asistencia moral y material a los excarcelados, tanto por cumplimiento de sentencia como por libertad provisional, condena condicional, libertad preparatoria o remisión parcial de la pena.

811,812,813

Será obligatoria la asistencia del patronato en favor de liberados preparatoriamente y personas sujetas a condena condicional.

El consejo de patronos del organismo de asistencia a liberados se compondrá con representantes gubernamentales, de los sectores de empleados y de trabajadores de la localidad, tanto industriales y comerciantes, como campesinos, según el caso. Además, se contará con representación de los colegios de abogados y de la prensa local.

Para el cumplimiento de sus fines, el patronato tendrá agencias en los distritos judiciales y en los municipios de la entidad.

Los patronatos brindarán asistencia a los liberados de otras entidades federativas que se establezcan en aquélla donde tiene su sede el patronato. Se establecerán vínculos de coordinación entre los patronatos, que para el mejor cumplimiento de sus objetivos se agruparán en la sociedad de patronatos para liberados, creada por la dirección general de servicios coordinados y sujeta al control administrativo y técnico de ésta.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero
. Este código entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.
Queda abrogada la ley que establece normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados y se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente ordenamiento.

Tercero.
La Secretaría de Gobernación dispondrá de un año, a partir de la entrada en vigor de este ordenamiento, para la constitución de Comisión de Ejecución de Sentencias y del Instituto Nacional de Capacitación Penitenciaria.

También dispondrá de un año para firma de los convenios de coordinación con las entidades federativas a que se hacen mención en este código.

Cuarto.
Asimismo se dispondrá de un año a partir de la entrada en vigor de este ordenamiento, para la expedición de los reglamentos internos respectivos.

Quinto.
Los recursos humanos, materiales y presupuestales con que cuente la Federación para objetivos y organismos afines a la Comisión de Ejecución de Sentencias y el Instituto Nacional de Capacitación Penitenciaria, pasarán a formar parte de éstos.

Sexto.
Se contará con un año para la publicación del reglamento de la Comisión de Ejecución de Sentencias y con seis meses, a partir de la entrada en vigor de este reglamento para que la comisión asuma las funciones que este código le otorga.

Atentamente.

México, D.F., marzo 29 de 2001.- Diputado Amador Rodríguez Lozano.»

Presidencia del diputado
Eric Eber Villanueva Mukul

El Presidente:

Señor diputado, señor diputado Amador: ¿sólo solicita sea turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, únicamente?

Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

El diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta (desde su curul):

Señor Presidente, señor Presidente.

El Presidente:

Perdón, diputado... activen el sonido a la curul...

El diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta (desde su curul):

Sí, señor Presidente, solamente para solicitar que también esta iniciativa sea turnada a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, dado que de acuerdo a las últimas reformas de la Ley de la Administración Pública, el sistema penitenciario mexicano es de la competencia de la Secretaría de Seguridad Pública.

El Presidente:

Bueno, el diputado ponente solicitó que específicamente sea turnado a Gobernación...

El diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta (desde su curul):

Pues quien declara el turno es la Presidencia...

El Presidente:

Señor diputado Amador...

El diputado Amador Rodríguez Lozano
(desde su curul):

Señor Presidente, yo creo que por la naturaleza de la iniciativa, es ejecución de sentencias y tiene qué ver con el ejercicio de Gobierno, le corresponde a la de Gobernación y Seguridad Pública.

El Presidente:

Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Proceda la Secretaría a dar cuenta con los oficios de la Cámara de Senadores.

REINO DE SUECIA

El secretario José Manuel Medellín Milán:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Senado de la República.- LVIII Legislatura.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Alma Noemí Medina Gómez y Fermín Paniagua García, para prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada del Reino de Suecia en México.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, D.F., a 27 de marzo de 2001.- Senador Enrique Jackson Ramírez, presidente.

MINUTA
PROYECTO DE DECRETO


Artículo primero
. Se concede permiso a la ciudadana Alma Noemí Medina Gómez, para prestar servicios como recepcionista en la Embajada del Reino de Suecia en México.

Artículo segundo
. Se concede permiso al ciudadano Fermín Paniagua García, para prestar servicios como chofer en la Embajada del Reino de Suecia en México.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.- México, D.F., a 27 de marzo de 2001.- Senadores: Enrique Jackson Ramírez, presidente y Sara Castellanos Cortés, secretaria.

Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.- Arturo Garita Alonso, secretario general de servicios parlamentarios.»

El Presidente:

Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

CONDECORACIONES

El secretario José Manuel Medellín Milán:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Senado de la República.- LVIII Legislatura.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: embajador Manuel Uribe Castañeda; maestro David Alejandro Olvera Ayes; general brigadier Diplomado de Estado Mayor, Tomás Jaime Aguirre Cervantes; vicealmirante ingeniero mecánico naval César Augusto Carrión, para aceptar y usar condecoraciones conferidas por los gobiernos de Japón, de Nicaragua, del Gran Ducado de Luxemburgo, de la Armada de la República de Chile y Gobierno de la República Francesa.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, D.F., a 27 de marzo de 2001.- El senador Enrique Jackson Ramírez, presidente.

MINUTA
PROYECTO DE DECRETO


Artículo primero
. Se concede permiso al embajador Manuel Uribe Castañeda, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Sol Naciente, en grado de Gran Banda, que le confiere el gobierno de Japón.

Artículo segundo.
Se concede permiso al maestro David Alejandro Olvera Ayes, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito, en grado de oficial que le confiere el gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo.

Artículo tercero.
Se concede permiso al general brigadier Diplomado de Estado Mayor Tomás Jaime Aguirre Cervantes, para aceptar y usa la condecoración de la Medalla Honor al Mérito Militar, en grado de Soldado de la Patria, que le confiere el gobierno de Nicaragua.

Artículo cuarto.
Se concede permiso al vicealmirante ingeniero mecánico naval César Augusto Carrión, para aceptar y usar la condecoración Estrella Militar de las Fuerzas Armadas, en grado de Gran Estrella al Mérito Militar que le confiere la Armada de la República de Chile.

Artículo quinto.
Se concede permiso al maestro David Alejandro Olvera Ayes, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Comendador que le confiere el gobierno de la República Francesa.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.- México, D.F., a 27 de marzo de 2001.- Senadores: Enrique Jackson Ramírez, presidente y Sara Castellanos Cortés, secretaria.

Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.- Arturo Garita Alonso, secretario general de servicios parlamentarios.»

El Presidente:

Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

ESTADO DE PUEBLA (II)

El secretario José Manuel Medellín Milán:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Diputados.- LVII Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social con proyecto de punto de acuerdo para que se promueva la formalación de un programa integral para el desarrollo de la sierra norte de Puebla.

Honorable Asamblea: a la Comisión de Desarrollo Social que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo para que se promueva la formulación de un Programa Integral para el Desarrollo de la sierra norte de Puebla.

En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 39 numeral 1 y tercero de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 65, 87 y 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, esta comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea, el presente dictamen con base en los siguientes

ANTECEDENTES


Primero
. Con fecha del 19 de diciembre del 2000 los diputados Alberto Amador Leal y Cutberto Cantoran Espinosa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron una proposición con punto de acuerdo al pleno para que se promueva la formulación de un programa integral para el desarrollo de la sierra norte del Estado de Puebla.

Segundo
. La Presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados en sesión celebrada en dicha fecha, dictó el siguiente trámite: "túrnese a la Comisión de Desarrollo Social", para la elaboración del dictamen correspondiente.

CONSIDERANDOS

814,815,816

1. La sierra norte de Puebla, forma parte de las zonas de mayor rezago de ese Estado, integrada por 35 municipios con una población de 627 mil habitantes, quienes según datos del INEGI en 1995 ya presentaban entre otros problemas los siguientes: una fuerte dispersión de la población, viviendo el 80% en comunidades de menos de 1 mil habitantes; un analfabetismo del 29% de la población mayor de 15 años; carencia de servicios públicos básicos; 13 de cada mil niñas y niños menores de nueve años presenta diferentes grados de desnutrición; desempleo e ingresos menores a un salario mínimo de la zona para el 80% de la población rural en edad de trabajar.

2. La asignación de beneficiarios que realiza el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa) es insuficiente por lo que se hace necesario revisarla buscando ampliar su cobertura a las familias más necesitadas tanto en el campo, como en las zonas urbanas populares, fortalecer la educación básica con más plazas magisteriales así como mejor capacitada, así como la creación de infraestructura de educación media superior.

3. El aislamiento geográfico en que se encuentra la sierra norte de Puebla, como consecuencia de la insuficiente infraestructura caminera y de comunicaciones, muestra una quebrantable condición social, siendo por tal motivo prioritario enlazar por medio de caminos y puentes a las poblaciones aisladas con los principales centros de desarrollo.

4. La mala condición en que se encuentran las viviendas en la zona provocan hacinamiento y condiciones insalubres que repercuten en la salud de la población, especialmente en los niños.

5. La región cuenta con una gran riqueza natural tanto para el desarrollo de la agricultura, la agroindustria y el turismo que no es posible aprovechar dada la falta de tecnología y capital.

6. Existen en la zona 30 mil minifundistas que cultivan café en 42 mil hectáreas, pero la debilidad en algunos casos y la inexistencia en otros de organizaciones productivas, provoca que mantengan una baja productividad.

7. Considerando que dentro del Estado de Puebla, existen condiciones de pobreza en la zona mixteca y en la sierra negra de Puebla similares a las de la sierra norte, el pleno de la comisión en su reunión del 28 de febrero del 2001 aprobó integrarlas a este punto de acuerdo.

8. El artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece en su fracción II que a la Secretaría de Desarrollo Social le corresponde "proyectar y coordinar, con la participación que corresponda a los gobiernos estatales y municipales, la planeación regional" y en la fracción IV establece que deberá "elaborar los programas regionales y especiales que le señale el Ejecutivo Federal, tomando en cuenta las propuestas que para el efecto realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y los gobiernos estatales y municipales, así como autorizar las acciones e inversiones convenidas en el marco de lo dispuesto en la fracción II que antecede, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión de Desarrollo Social que suscribe, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE
PUNTO DE ACUERDO


Para que se promueva la formulación de un programa integral para el desarrollo de la sierra norte de Puebla.

Primero.
Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, en los términos de las facultades que le confiere el artículo 32 fracciones II y IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y conforme a lo que estipulen los convenios de coordinación en la materia con el gobierno del Estado de Puebla, a la formulación y operación de un Programa Integral para el Desarrollo de la sierra norte del Estado de Puebla, zona Mixteca y la sierra negra de Puebla, el cual sea resultado de una consulta amplia entre los municipios, las comunidades y los sectores sociales y productivos de la región.

Segundo
. Que se informe a esta soberanía las acciones realizadas a este respecto.

México, D.F., a 29 de marzo de 2001.- Diputados: Francisco J. Cantú Torres, presidente; David Penchyna Grub, Narciso Alberto Amador Leal, Esteban Daniel Martínez Enríquez, Javier Castañeda Pomposo, secretarios; Apuleyo Viniegra Orta, José Jaime Barrón Fonseca, Juan de la Cruz Cano Cortezano, Nemesio Domínguez Domínguez, Hilario Esquivel Martínez, Irma Piñeyro Arias, Lionel Funes Díaz, Hortensia Enríquez Ortega, J. Gudencio León Castañeda, Ney González Sánchez, M. Angel de Jesús Manilla Martínez, Aarón Irizar López, Luis Fernando Sánchez Nava, Salvador López Orduña, Juan Manuel Martínez Nava, Bernardo Pastrana Gómez, Maricruz Montelongo Gordillo, Felipe Velasco Monroy, José Ignacio Mendecuti Pavón, María Isabel Velasco Ramos, Rodrigo Carrillo Pérez, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Rosalía Peredo Aguilar, Celestino Bailón Guerrero, Adela del Carmen Graniel Campos.»

El Presidente:

Es de primera lectura y publíquese también en la Gaceta Parlamentaria.

LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA

El Presidente:

En el apartado de excitativas, tiene la palabra el diputado Elías Martínez Rufino del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una excitativa a la Junta de Coordinación Política.

El diputado Elías Martínez Rufino:

Con su permiso, señor Presidente; señoras diputadas y señores diputados:

Vengo aquí a presentar una excitativa con relación al punto de acuerdo que establece la creación de la Comisión Especial del Caso Colosio. A la mejor por otras situaciones debimos haberla presentado en los días más cercanos al aniversario luctuoso, pero sin embargo yo creo que estamos en tiempo.

La exposición que pasó a hacer aquí el compañero Fernando Ortiz Arana da cuenta de la relevancia del asunto que sigue existiendo en la memoria de todos los mexicanos. Por eso yo digo que independientemente de la afiliación política que haya tenido, no se debe permitir que el estado de derecho quede en tela de juicio, se incumpla y aún menos en estos momentos en que nuestro país debe afrontar los retos de la joven democracia mexicana, junto con todas sus instituciones y por supuesto también de esta soberanía.
Hace seis días se cumplieron siete años que se cometió un crimen que dejó huella en la memoria colectiva de los mexicanos, éste fue en Lomas Taurinas donde un pistolero solitario sin más plan que saciar el antojo personal, según apuntan las conclusiones de la investigación, mató a un candidato, a un ser humano que más allá de su militancia política y de las diferencias políticas que se pudieran haber tenido con él, se debe defender que la justicia en nuestro país se aplique y logremos saber quiénes fueron los homicidas intelectuales que planearon el asesinato del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta.

A pesar de los esfuerzos, resulta por demás insatisfactorio que las demás fiscalías especiales creadas para la investigación del caso y después de tantos años, durante los cuales han recabado más de 1 mil 400 testimonios, no exista hasta la fecha pistas concretas que nos conduzcan a ubicar los móviles y sobre todo, como lo he mencionado, a los autores intelectuales de tan artero crimen.

No basta con ir a Magdalena de Quino a rendirle un homenaje al difunto Colosio. Es necesario que el mejor homenaje que se le pueda brindar algún día, sea el de hacerle justicia y esclareciendo todas y cada una de las causas del homicidio ocurrido hace siete años, tiempo en que el sufrimiento y la angustia de sus familiares no ha terminado y que la duda persiste en millones y millones de mexicanos, que no están convencidos de la justicia mexicana.

El 17 de octubre un servidor presentó ante esta soberanía un punto de acuerdo, a fin de que se creara una comisión especial que se aboque a investigar los hechos relacionados con el asesinato de Luis Donaldo Colosio y del actuar de las subprocuradurías especiales.

Hasta el momento no hemos visto por parte de la Junta de Coordinación Política un dictamen al pleno para su discusión y en su caso aprobación. A diferencia de ello, el día 9 de noviembre de 2000, el Senado de la República creó una comisión similar, por lo que se hace necesario trabajar de manera conjunta en la investigación e indagatorias y darles seguimiento puntual a los documentos que obran en poder de la fiscalía especial de la Procuraduría General de la República, para que de esta manera se puedan aportar elementos jurídicos necesarios, que permitan rescatar el expediente que ambos funcionarios concluyeron y que enviaron el caso a reserva, por haberse agotado las líneas supuestamente de investigación relacionadas al caso.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 21 fracción XVI y LXXXIX del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, solicita a la Presidencia de esta Cámara de Diputados, la siguiente

EXCITATIVA


Unico
. Excitar a la Junta de Coordinación Política a fin de que elabore y dé a conocer al pleno para su discusión, el dictamen del punto de acuerdo que crea la comisión especial para darle seguimiento a todas y cada una de las investigaciones relacionadas al homicidio del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, la cual estará integrada por 10 diputados, de los cuales tres serán del Partido Revolucionario Institucional, tres del Partido Acción Nacional, dos del Partido de la Revolución Democrática, uno del Partido Verde Ecologista de México y uno del Partido del Trabajo.

Punto de acuerdo presentado a esta soberanía el día 17 de octubre de 2000 por un servidor, y suscrito entre otros por los diputados: Salvador Rocha, Guillermo Hopkins, Fernando Ortiz Arana y José Alvaro Vallarta del PRI, Rosalía Peredo del PT y José Manuel del Río Virgen del Partido de Convergencia Democrática.

Asimismo, de acuerdo al artículo 21 fracción XVI, solicito al Presidente de la mesa directiva, emplazar para un día determinado a que se presente el dictamen correspondiente. Es tanto, firma el de la voz.

Presidencia del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes

El Presidente:

Gracias, diputado Elías Martínez Rufino.

Efectivamente siendo una segunda excitativa, esta Presidencia con fundamento en el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excita a la Junta de Coordinación Política, para que resuelva este asunto a más tardar el próximo día jueves 5 de abril y lo notifique a esta directiva.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

El Presidente:

Tiene el uso de la palabra para formular una excitativa, el diputado Jesús Garibay García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en relación a un dictamen pendiente de la Comisión de Puntos Constitucionales.

El diputado J. Jesús Garibay García:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

El 10 de octubre de 2000, los suscritos diputados Rafael Hernández Estrada y su servidor, a nombre del grupo parlamentario de la Revolución Democrática, así como los compañeros diputados: Eduardo Abraham Leines, Pedro Manterola Sáenz, Jaime Mantecón Rojo, Marco Paulino López Mora, Nemesio Domínguez y Martha Silvia Sánchez González, suscribimos y presenté una iniciativa de decreto que reforma los artículos 26 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Segundo, con dicha iniciativa se busca lograr que el Congreso de la Unión legisle sobre los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema de planeación democrática y que se faculte al Poder Legislativo para dictaminar, aprobar y evaluar el Plan Nacional de Desarrollo.

En México vivimos tiempos de cambio y entre todos nos habremos de esforzar porque estos cambios sean positivos y equilibrados es decir, cambios que se verifiquen en diversos ámbitos de la vida nacional, en lo social, en lo económico y en lo político.

817,818,819

En el periodo de sesiones que acabamos de inaugurar hace unos días, se concentran grandes expectativas de todos los mexicanos en torno a la capacidad del nuevo Congreso de la Unión; plural y vigoroso como nunca antes para poder incidir y transformar positivamente el rumbo de la nación.

Ya dimos muestras de la fuerza del consenso a través de la aprobación del paquete presupuestario que envió el Presidente de la República para el ejercicio 2001.

Yo les pregunto a ustedes, compañeros, ¿acaso esa discusión significó incertidumbre para el país o una forma de debilitar al Presidente de la República? De ninguna manera, simplemente las deliberaciones fueron aportaciones y los legisladores arribamos a tiempo a acuerdos, porque pusimos los intereses de la patria por encima del interés particular. Creo que la visión presidencial fue enriquecida por la pluralidad que significamos todos nosotros.

El Presidente de la República tiene el mandato de elaborar el Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2001-2006 y lo tiene que enviar al Congreso de la Unión durante los primeros seis meses de su mandato; sin embargo, las cámaras no tienen ninguna facultad para observar y modificar tan importante documento ni tiempo real para estudiarlo, por lo que el futuro del país se vuelve a cimentar en la visión de un solo hombre: el Presidente de la República y en el mejor de los casos en la visión de un solo poder, el Poder Ejecutivo.

Si queremos seguir fortaleciendo nuestra República y sus prácticas democráticas, tenemos que dotar de más atribuciones al Poder Legislativo en tareas tan importantes como lo es la dictaminación, aprobación y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo.

No olvidemos que el artículo 25 de nuestra Carta Magna establece que la rectoría económica es función del Estado y el artículo 26 constitucional ratifica la obligación del Estado para organizar un sistema de planeación democrático.

El Congreso de la Unión como representación del pueblo y de la Federación, debe intervenir de manera directa en la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, ya que es la representación de la sociedad la que debe de ofrecer los matices de las necesidades más apremiantes y también de las más estratégicas al titular del Poder Ejecutivo y velar porque éstas queden debidamente expresadas en el plan rector de la economía de la presente administración.

Por ello hemos propuesto la reforma a los artículos 26 y 73 constitucionales para que el Congreso de la Unión establezca en la ley los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo.

Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para la coordinación mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas para el cumplimiento y concertación con los particulares, para la elaboración y ejecución del mismo por parte del Ejecutivo Federal.

Hemos propuesto también que el Poder Legislativo dictaminará, aprobará y evaluará el Plan Nacional de Desarrollo y sus programas, los cuales tendrán carácter obligatorio para la Administración Pública Federal.

Considerando que con fecha 10 de octubre los diputados Rafael Hernández Estrada y el de la voz, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentamos una iniciativa de decreto que reforma los artículos 26 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Y segundo, que ha transcurrido en exceso el plazo que el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece como término para expedir el dictamen correspondiente a una iniciativa presentada y turnada para su conocimiento y por lo expuesto y fundado, el suscrito, diputado federal de esta Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45 párrafo sexto, inciso e de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 21 fracción XXVI y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, solicitamos al presidente de la mesa directiva, diputado Ricardo García Cervantes, se sirva excitar a la Comisión de Puntos Constitucionales, para que presente a la brevedad el dictamen correspondiente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de marzo del 2001.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, diputado don Jesús Garibay García.

Como lo solicita y habiendo fundamento legal para ello, se excita a la Comisión de Puntos Constitucionales para que presente a la brevedad posible el dictamen de referencia.

INFONAVIT

El Presidente:

Se ofrece el uso de la palabra al diputado Amador Rodríguez Lozano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para formular diversas excitativas sobre iniciativas presentadas.

El diputado Amador Rodríguez Lozano:

Gracias, señor Presidente; amigas y amigos:

Voy a tratar de ser muy breve en estas tres excitativas que presento, a diversas iniciativas presentadas por mí: una siendo senador de la República y dos en ejercicio de esta responsabilidad de diputado federal, conjuntamente con otros compañeros diputados.

La primera tiene que ver con la reforma al artículo 47 del Infonavit, es una iniciativa sencilla qué solamente toca un artículo, pero que tiene que ver con la vida, con la dignidad y con las esperanzas de 500 mil trabajadores.

El año pasado un grupo de trabajadores del sector gastronómico del país se apoderó de oficinas del Infonavit. Su queja era que toda vez que ellos en los restaurantes, en los hoteles y en los distintos centros de trabajo donde laboran, únicamente les pagaban el salario mínimo y que a través de las propinas recibían un ingreso que en muchas ocasiones era cinco o hasta seis veces el salario mínimo, sin embargo, para efectos de la cotización en el Infonavit solamente cotizaban con el salario mínimo. Eso significaba que cuando les autorizaban un crédito, el crédito era el más bajo que había en los créditos del Infonavit: alrededor de 70 mil pesos y con 70 mil pesos estos trabajadores del sector gastronómico en ciudades como Tijuana, como Acapulco, como Cancún, como Mazatlán y otras con esta misma naturaleza turística, donde hay un gran crecimiento poblacional y donde la tierra tiene un gran valor, con 70 mil pesos pues no pagaban ni los cimientos.

De tal manera que el derecho constitucional a la vivienda, era una quimera; que el derecho constitucional a la vivienda en los hechos no existía, porque les otorgan un crédito, pero este crédito no lo podían aceptar porque con 70 mil pesos no podían comprar absolutamente nada.

Por lo tanto, estaban exigiendo al Infonavit que el Infonavit dejara de ser una financiera y se convirtiera nuevamente con el carácter y el espíritu con el cual fue formado en los años setenta, que apoyara a trabajadores que no tienen recursos, como los gastronómicos, con la diferencia que el sector gastronómico sí tenía ingresos, pero que sus ingresos no estaban computados en el salario mínimo.

Acudieron a mí; estuve al frente de esta lucha y logramos que el sector más renuente a que se atendiera esta demanda de los trabajadores hiciera una pequeña rendija para que pudiera otorgársele un crédito a estos trabajadores.

Por eso surgió la necesidad de la reforma al artículo 47, para que la junta directiva del Infonavit pueda tomar medidas para que los trabajadores puedan obtener un documento de su patrón donde diga, a través de ese documento, que tienen una capacidad de pago mayor que la del salario mínimo y que, por lo tanto, a través de un sistema de cupones, pueden ellos directamente al Infonavit pagar un crédito mayor.

Esto permitió que se consiguieran 350 créditos en Tijuana, 1 mil en Cancún y otros tantos en Acapulco.

Pero en estos momentos la reforma se quedó estancada. En la Cámara de Senadores, donde la presenté, fue aprobada por el PRI y por el PRD. El PAN no aprobó la reforma no porque estuviera en contra de la reforma, sino porque las circunstancias políticas de ese momento exigieron que no votara a favor porque no les parecía justo que se aprobara una iniciativa del PRI y que ellos, que tenían tantas iniciativas, no fueran consultadas y no fueran aprobadas.

Entonces, fue más bien por una posición política, no vinculada a la iniciativa, por lo cual el PAN no votó a favor en la Cámara de Senadores, pero en su argumentación dijo que estaba de acuerdo con la reforma.

Para aprobar esta reforma en el Senado trajimos a representantes del Seguro Social, representantes de la Secretaría de Hacienda para que nos explicaran y corroboraran que este mecanismo no iba a impactar en más impuestos para los trabajadores, salvando, pues, la preocupación de que a través de este mecanismo se pudiera gravar más el sueldo de los trabajadores.

Esta iniciativa llegó aquí en el mes de abril. Ya en el periodo pasado hicimos una excitativa y por eso esta segunda excitativa tiene que ver con la necesidad de que beneficiemos a 500 mil trabajadores.

Yo sé que esta reforma pequeñísima al 47 no es tan heroica ni tan trascendente como la ley de los pueblos indígenas o como la reforma integral fiscal, pero tiene que ver con algo que he venido yo alegando en esta tribuna, con necesidades reales de la gente.

Quizá no sea un tema de los partidos políticos, quizá no sea un tema del Gobierno, pero es un tema de la gente. Por eso le pido, señor Presidente, que así con esa determinación con la cual usted pidió que al caso Colosio le fijó una fecha para que la Junta de Coordinación Política tomara una definición, yo le pido que les diga a las comisiones respectivas de Trabajo y con opinión de la de Desarrollo y Vivienda, dictamine esta minuta de la Cámara de Senadores, con lo cual vamos a resolver el problema de 500 mil trabajadores.

«Ciudadano Presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.- Presente.

El que suscribe, diputado federal de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 21 fracción XVI y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente solicito formule excitativa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta Cámara, a fin de que formule dictamen a la minuta con proyecto de decreto que le fue turnada para su estudio, de acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES


I. El día 13 de septiembre de 1999, la asamblea de la Cámara de Senadores conoció iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 47 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la que fue turnada a las comisiones unidas de Desarrollo Urbano y Vivienda y de Estudios Legislativos, primera, para su estudio y dictamen correspondiente.

II. En sesión ordinaria del Senado de la República del 11 de abril del año 2000, se discutió y aprobó la iniciativa antes mencionada, la cual fue enviada a esta Cámara de Diputados para su revisión constitucional.

III. En sesión ordinaria celebrada el 13 de abril del año 2000, fue recibida por esta Cámara la minuta con proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 47 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. El Presidente de la mesa directiva ordenó el turno para estudio y dictamen, a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con opinión de la Comisión de Desarrollo Social y Vivienda.

IV. En el primer periodo de sesiones de la presente legislatura, se solicitó a la mesa directiva que formulara excitativa a la comisión respectiva, para que emitiera el dictamen correspondiente.

CONSIDERACIONES


La iniciativa, ahora en forma de minuta a la revisión de este órgano legislativo, plantea que el Consejo de Administración del Infonavit expida reglas para que se permita a los trabajadores, en el otorgamiento de créditos, cotizar ingresos adicionales y permanentes que en su práctica laboral no estén contemplados en su salario base.

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El objetivo de la propuesta es buscar mayor acceso al derecho constitucional de la vivienda para los trabajadores. Lo anterior dado a que en la actualidad existen marcos rígidos que impiden a un gran número de trabajadores el acceso a una vivienda digna.

Por ello, la iniciativa destaca la bien intencionada finalidad de que se beneficie el amplio sector laboral de la sociedad, pero sobre todo, quienes tienen otros ingresos y cuyas cotizaciones no responden al requisito que exige la ley vigente para el otorgamiento de esta prestación social, que los obliga a recibir créditos menores al monto de sus ingresos reales. En este caso, se puede mencionar que esta situación afecta de manera sensible a los trabajadores del sector terciario, en particular los de la industria gastronómica y del turismo.

Sin duda que la disposición vigente para estos casos no permite al trabajador acceder a una vivienda que se ajuste a sus ingresos reales. Lo que hace nugatorio, su derecho a una vivienda digna; de ahí la importancia que reviste la iniciativa que tiene sustento en la justicia social, pues de ser aprobada permitirá que los trabajadores y sus familias cuenten con un espacio adecuado para su desarrollo.

Por lo anteriormente expuesto, ciudadano Presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, atentamente solicito:

Unico. Se formule nueva excitativa a la Comisión de Trabajo y Previsión para que emita dictamen y a la Comisión de Desarrollo Social y Vivienda para que formule opinión, respecto de la minuta con proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 47 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Atentamente.

México, D.F., marzo 27 de 2001.- Diputado Amador Rodríguez Lozano.»

Y aprovecho de una vez para desahogar otras dos excitativas.

El Presidente:

Señor orador, si me permite.

Toda vez que usted, en el uso de la palabra hará tres excitativas, ir dando la resolución a cada una de ellas, en cuanto usted la va planteando.
La iniciativa formulada por segunda ocasión por el diputado Amador Rodríguez Lozano para dictaminar la minuta del Senado por parte de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Vivienda de esta Cámara de Diputados, se fija, para presentar el dictamen correspondiente, el día jueves 5 de abril, rogando a la Presidencia de la comisión que encabeza, que es la Comisión de Trabajo y Previsión Social, haga llegar a esta directiva, antes de la fecha indicada, la resolución y el dictamen.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (II)

El Presidente:

Continúe en el uso de la palabra el diputado Amador Rodríguez Lozano.

El diputado Amador Rodríguez Lozano:

Gracias, señor Presidente:

La otra también tiene qué ver con problemas de la gente. Seguramente a todos ustedes les ha tocado el caso de que en sus distritos o en sus estados la gente mayor de 40 años les dice que no les están dando trabajo en las fábricas, que ni les están dando trabajo en los establecimientos, porque los consideran que ya llegaron a una etapa que no son muy productivos y prefieren mejor contratar a gente de 18, 19, 20 ó 25 años.

La propuesta que hice fue: modificación al impuesto sobre la renta para que los empresarios puedan descontar de este impuesto precisamente la contratación de gente de este tipo de rango, de este trato, de estas características.

De tal manera que hagamos justicia a este sector tan importante del país, que está siendo marginado por las circunstancias de los mecanismos de la competencia empresarial.

Por eso éste es tan sencillo como estoy comentándole la iniciativa. Por eso le pido también que formule excitativa, ésta no es minuta, ésta es una iniciativa nueva, señor Presidente.

«Ciudadano Presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.- Presente.

El que suscribe, diputado federal de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 21 fracción XVI y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente solicito formule excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a fin de que formule dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta que le fue turnada para su estudio, de acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES


1. En sesión ordinaria de la Cámara, celebrada el 21 de septiembre de 2000, ante el pleno de la Asamblea fue presentada la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrita por diputados federales integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

2. En la misma fecha, el Presidente de la mesa directiva ordenó el turno de la iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su estudio y dictamen correspondiente.

3. Es el caso que a la fecha, la comisión legislativa encargada del dictamen, no ha emitido al pleno de la Cámara su análisis correspondiente.

CONSIDERACIONES


La iniciativa se sustenta en la constante búsqueda de un mejor plano en igualdad de oportunidades para todos los mexicanos. Acabar con privilegios y agravios, construir una sociedad igualitaria y justa, son los propósitos que han inspirado las más importantes luchas de los mexicanos a lo largo de nuestra historia.

Los legisladores del Partido Revolucionario Institucional consideran que el derecho al trabajo, es una pieza fundamental de nuestra arquitectura constitucional y la expresión de la exigencia social que todos tengamos la oportunidad de participar en el desarrollo del país y de vida digna.

No obstante ello, en nuestra realidad se observa que existen rasgos de discriminación laboral, dado que los muy jóvenes o las personas mayores de 40 años, ven restringidas sus oportunidades para incorporarse a la planta laboral del país. Es una realidad que los empleadores, por razones económicas y productivas, no emplean a mayores de 40 años y a quienes apenas están iniciando su vida laboral.

Es una realidad que muchos jóvenes no encuentran empleo y que ello tiene repercusiones graves en su vida social y económica. Siendo el trabajo el principal mecanismo de socialización y siendo el trabajo el medio toral para construir una familia, carecer de él frustra de manera severa al individuo.

En el polo opuesto, los mayores de 40 años, que es una etapa de realizaciones, en la cual el individuo tiene responsabilidades familiares inmensas, se ha convertido también en una traba para ser contratado en un empleo.

La propuesta busca un cambio de esta realidad, de que es necesario actuar para evitar que está injusticia siga vigente, porque carecer de empleo y no acceder a un salario es la mayor preocupación del individuo. El desempleo significa una segregación económica y social que tiene efectos perniciosos, para quien lo padece y para todo el agregado humano.

Es importante señalar que es preocupación central de la sociedad mexicana, lograr que todo miembro de la comunidad, independientemente de su género, edad o calificación, tenga acceso a un empleo y participe de esta manera en el desarrollo nacional.

Por eso muchos grupos sociales exigen que nuestro marco normativo incentive de manera directa y efectiva la formación de fuentes de trabajo, para aquellos sectores que el modelo de industrialización contemporáneo está segre gando. Exigen la vía del derecho, para revertir tendencias injustas y hacer realidad el derecho al trabajo que nuestra Constitución consagra.

Por otra parte, la iniciativa también menciona la preocupación sobre la adecuada capacitación que deben recibir este tipo de personas para incorporarse a la plantilla laboral nacional.

Así, la iniciativa presentada busca que el Gobierno Federal establezca beneficios fiscales a las empresas que contraten y capaciten a mujeres y hombres de 18 a 20 años, así como los que ofrezcan reentrenamiento y empleo a los mayores de 40 años.

De aprobarse la iniciativa planteada, sin duda que a los beneficios sociales que primordialmente se pretende conseguir, se sumarían beneficios económicos.

Por mencionar algunos, las empresas no tendrán mayores egresos, ya que podrán sustituir los que anteriormente no contaban con incentivos fiscales por otros que sí los tienen, mejorando en estos casos su liquidez, con el consecuente beneficio para su actividad productiva.

En tal sentido, la iniciativa planteó la reforma de los artículos 22 fracción VIII, 27, 42, 108, 119-E, fracción XII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Por lo anteriormente expuesto, a usted Presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, atentamente solicito:

Unico. Se formule excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Cámara, para que emita dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Atentamente.

México, D.F., a 29 de marzo de 2001.- Diputado Amador Rodríguez Lozano.»

El Presidente:

Con fundamento en la fracción XVI del artículo 21, se excita a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que formule a la brevedad posible el dictamen a la iniciativa a la que se ha referido el diputado Amador Rodríguez Lozano.

TARIFAS ELECTRICAS

El Presidente:

Continúe en el uso de la palabra el diputado Amador Rodríguez Lozano.

El diputado Amador Rodríguez Lozano:

Por último, señor Presidente, presentamos, junto con la diputada Petra Santos, con otros diputados, la propuesta de la creación de la tarifa 1-F para aquellas ciudades del país en las cuales durante la temporada de verano el calor es extremísimo, no solamente una hora promedio al día, sino más de cinco horas promedio al día y por lo tanto pedíamos la creación de la tarifa 1-F.

En ésa estaban considerados municipios de Baja California, fundamentalmente Mexicali, de Sonora y de Coahuila. El propósito es que en esta temporada de verano la gente de menores recursos, que tienen que pagar en unas ocasiones hasta 2 mil pesos al mes, fíjense ustedes 2 mil pesos al mes.

Si ustedes van a Mexicali o a San Luis Río Colorado ustedes verán que siempre la gente pobre está haciendo convenios con la Comisión Federal de Electricidad, para pagarle lo que le deben atrasado; no les alcanzan los recursos.

Y tenemos que utilizar el subsidio para resolver estos problemas de contraducción que tenemos que hay gente de escasos recursos y por otro lado las tarifas eléctricas tan altas.

Es preocupante, las declaraciones recientes del Secretario de Energía, que estableció que el subsidio debería desaparecerse y es que las tarifas residenciales, las normales, están subsidiadas en un 70% y las tarifas agrícolas están subsidiadas en un 90%.

Realmente de hacerse, de tomarse esta decisión, llevarse a la práctica esta decisión del Secretario de Energía, yo les aseguro que "las marchas del EZLN van a ser movimientos de niños". Yo les aseguro que quitar los subsidios a las tarifas eléctricas va a generar un movimiento muy radical a todo lo largo y ancho del país.

Me parece que el señor Secretario de Energía no reflexionó suficiente al hacer este audaz e irresponsable anuncio. Porque realmente sería catastrófico para el país que se quitaran los subsidios a las tarifas.

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Pero, ¡aquí finalmente lo que pretendo es que la tarifa 1-F solamente para ciertas ciudades, que son las que tienen el clima más extremoso, pueda darse este subsidio! Porque de no ser así, no habrá posibilidad de que puedan pagar la energía eléctrica durante la temporada de verano. ¡Estoy hablando de 240 millones de pesos de subsidio!

Debo decirles que durante el ejercicio de análisis y discusión del presupuesto y de la Ley de Ingresos se me dijo que esto ya había sido tomado en cuenta, que esto ya había sido aprobado de buena fe; no apareció.

De tal manera que solicito que esta propuesta de creación de la tarifa 1-F, que en este caso la firma también la diputada de Sonora, Rosario Oros, sea tomada en consideración y dictaminada a la brevedad posible.

«Ciudadano Presidente de la mesa directiva.- Cámara de Diputados.- Presente.

Los que suscriben, diputados federales de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 21 fracción XVI y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente solicitamos se formule excitativa a la Comisión de Energía, a fin de que emita dictamen a la proposición con punto de acuerdo, que tiene por objeto el establecimiento de la tarifa 1-F para los usuarios del servicio eléctrico en diversos municipios de los estados de Baja California, Sonora y Coahuila, que le fue turnada para su estudio, de acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES


1. En sesión ordinaria de la Cámara, celebrada el 31 de octubre de 2000, ante el pleno de la Asamblea fue presentada la proposición con punto de acuerdo que tiene por objeto el establecimiento de la tarifa 1-F para los usuarios del servicio eléctrico en diversos municipios de los estados de Baja California, Sonora y Coahuila.

2. En la misma fecha, el Presidente de la mesa directiva ordenó el turno de la iniciativa a la Comisión de Energía, para su estudio y dictamen correspondiente.

3. Es el caso que a la fecha, la comisión legislativa encargada del dictamen, no ha emitido al pleno de la Cámara su análisis correspondiente.

CONSIDERACIONES


La proposición que ahora se encuentra al estudio y análisis de la Comisión de Energía, suscrita por diputados de las fracciones parlamentarias del PRI y del PRD, considera que las tarifas eléctricas en México son diferenciadas, porque en un país con graves desequilibrios sociales como el nuestro, no se puede tratar igual a quienes tienen altos ingresos, que aquellos que son pobres e incluso marginados.

Por ello la necesidad de que las tarifas por el consumo de energía tomen en cuenta las condiciones de cada sector social y las condiciones climáticas, porque ellas también determinan la calidad de vida de las familias, ya que existen regiones con alto consumo de energía en determinadas épocas del año, y las familias de bajos ingresos son más lastimadas por su alto costo.

Así, el documento de proposición con punto de acuerdo, está planteando que en determinadas regiones, de la zona norte de nuestro país, se aplique la tarifa 1-F para el pago de consumo a los usuarios de energía eléctrica.

Esta nueva tarifa tendría que ser aprobada por el Gobierno Federal e instrumentada por la Comisión Federal de Electricidad, debiéndose en su caso, considerar las adecuaciones que hubiera lugar en el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos.

En consecuencia, la proposición es que se aplique esta tarifa en los municipios de Mexicali, Baja California; San Luis Río Colorado, Sonora; Piedra Negras y Ciudad Acuña, Coahuila, quienes padecen condiciones climáticas extremas en verano y sus habitantes están obligados a tener altos consumos de energía para sobrevivir.

La propuesta considera que lo anterior es posible, dado que el Reglamento de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, dispone que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, con la participación de la Secretaría de Energía; y la de Comercio y Fomento Industrial, fije las tarifas para venta de energía eléctrica, su ajuste, modificación o reestructuración, con las modalidades que dicten el interés público y los requerimientos del servicio público.

También, que es una demanda reiterada de los ciudadanos y particularmente de las personas de la tercera edad de los municipios de Mexicali en Baja California; San Luis Río Colorado; Sonora, Piedras Negras y Ciudad Acuña en Coahuila, contar con apoyos institucionales que les permitan estar en posibilidad de pasar un verano sin sufrir los efectos de las extremosas temperaturas características de estas regiones.

En la proposición se argumenta que es posible, dado que la generación, transmisión y suministro de la energía eléctrica son realizadas por una empresa propiedad del Estado mexicano; una de cuyas plantas geotermoeléctricas más importantes se asienta en Mexicali y que los habitantes de esta región deben de beneficiarse.

Por éstas y más razones, la proposición con punto de acuerdo que se encuentra en análisis de la comisión dictaminadora, plantea que se establezca la tarifa 1-F para todos los usuarios del servicio eléctrico de los municipios de Mexicali Baja California; San Luis Río Colorado; Sonora y los municipios de Piedra Negras y Ciudad Acuña en el Estado de Coahuila, cuyo consumo sea de hasta 1 mil kilowatts hora mensual; tomando como base que la tarifa 1-F, signifique hasta un 50% del costo de la tarifa 1-E.

Por lo anteriormente expuesto, los suscritos diputados federales a usted Presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, atentamente solicitamos:

Unico.
Se formule excitativa a la Comisión de Energía, para que emita dictamen respecto de la proposición con punto de acuerdo, que tiene por objeto el establecimiento de la tarifa 1-F para los usuarios del servicio eléctrico en diversos municipios de los estados de Baja California, Sonora y Coahuila, que le fue turnada para su estudio.

Atentamente.

México, D.F., a 29 de marzo de 2001.-Los diputados: Ma. del Rosario Oros Ibarra y Amador Rodríguez Lozano.

El Presidente:

Como lo solicita el diputado Amador Rodríguez Lozano y con fundamento en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, se excita a la Comisión de Energía para que emita dictamen sobre la iniciativa referida, a la brevedad posible.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Presidente:

Antes de abandonar el capítulo relativo a excitativas, esta Presidencia recuerda el señalamiento que en sesión anterior se hizo de fecha determinada para que la Comisión de Puntos Constitucionales presentara el día de hoy dictamen, con relación a la iniciativa de reformas al artículo 74 constitucional y del artículo 20 y 25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. No habiendo recibido por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales el dictamen exigido, esta Presidencia anuncia que de no recibir en el día de hoy el informe relativo y, en su caso, el dictamen, la próxima sesión señalará cambio de turno de dicha iniciativa, como lo establece nuestro marco normativo.

DIA MUNDIAL DEL AGUA

El Presidente:

El siguiente punto del orden del día se refiere al desahogo de la agenda política que quedó pendiente desde la sesión del martes de esta semana.

Se concede el uso de la palabra para formular pronunciamientos sobre el Día Mundial del Agua, al diputado Miguel Angel Torrijos Mendoza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos. Inmediatamente después el diputado Jesús Burgos Pinto.

El diputado Miguel Angel Torrijos Mendoza:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

"Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido." Este refrán mexicano ilustra lo que en México como en otros muchos países del mundo sucede con el agua.

Hoy la tenemos frente a nuestras curules, embotellada, lista para su consumo o simplemente la tenemos al abrir el grifo, pero no nos suele preocupar cómo es que fue conseguida o traída a este lugar, No sabemos a ciencia cierta si para obtenerla fue privada alguna entidad federativa de agua que tenía proyectada para riego o para simple consumo local, No sabemos cómo afecta a nuestros connacionales la inadecuada distribución del vital líquido, simplemente la consumimos.

Sin el agua es imposible cualquier tipo de actividad biológica, incluyendo la humana, es con ella como se dio origen a la vida en el planeta y se ha permitido la evolución de sus especies y es necesaria para el balance energético de la atmósfera.

Cantidades monumentales son evaporadas cada año a partir de los depósitos de agua, como son los océanos, los lagos o los ríos. Para dar una idea de tales cantidades diremos que de los océanos se evaporan unos 425 mil kilómetros cúbicos de agua, que la precipitación sobre los mismos es de unos 385 mil kilómetros cúbicos o que sobre el continente se precipitan aproximadamente unos 111 mil kilómetros cúbicos.

Luego de señalar las cantidades de agua que circulan y que sabemos que tres cuartas partes de nuestro planeta están cubiertos de agua, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿cómo es que habiendo tanta agua en el planeta haya lugares en los que la gente padece sed?

Aunque hay mucha agua en el planeta solamente una muy reducida parte es directamente utilizable por el hombre. En ese sentido solamente el 0.01% de los depósitos de agua de la tierra fluyen en los ríos, arroyos y de alguna forma son contenidos en los lagos. Está, el 0.01% señalado, es el agua que puede ser utilizada. Esa cantidad tan reducida de agua dedicada al aprovechamiento humano ha propiciado, según su distribución, un desarrollo mayor o menor y que ha propiciado una distribución de manera que más desarrollo haya y así a su vez una mayor concentración demográfica y por lo tanto mayor consumo de agua, lo que hace que la distribución de este vital líquido sea dispareja.

De esta manera, cuando se realizan cálculos regionales o por países sobre los balances entre evaporación y precipitación, resulta que hay regiones o países que acumulan gran cantidad de agua y otros no. Estas diferencias se reflejan en el consumo, por ejemplo, un habitante promedio de los Estados Unidos de América consume 70 veces más agua en un año que un habitante de Gahana.

En el contexto mundial el uso de agua extraída de los depósitos se destina a la agricultura, la que consume más del 70% y crece en un porcentaje importante año con año.

En nuestro país existen importantes problemas de suministro, pues aunque existen depósitos en el subsuelo éstos son extraídos en un volumen mayor que los que son repuestos por las filtraciones de las precipitaciones de los mantos acuíferos.

En el caso de la Ciudad de México el problema está siendo resuelto de una manera muy costosa pues el agua que se consume en la ciudad proviene de lugares apartados más de 200 kilómetros y hay que hacerla subir hasta los 2 mil 240 metros de altura sobre el nivel del mar, altitud a la que se encuentra la ciudad.

Pensemos bien que el agua que proviene de otros lugares no será consumida por ellos provocando con esto potenciales problemas locales; así el agua se ha convertido en un problema de carácter global reconocido en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo la cual dedicó un Capítulo XVIII del programa 21 a la Protección de la Calidad y Abastecimiento de los Recursos de Agua Potable.

Como el aire, el agua es un fluido que circula por el planeta y lo que se hace en algún lugar remoto puede repercutir en otro; en estos casos, al igual que en el río Colorado compartido por los Estados Unidos de América y México o bien como sucede con el río Bravo, se presentan conflictos relacionados con la calidad y suministro de agua que tienen que ser resueltos con el concierto de los diferentes países convirtiéndose entonces en un asunto del orden internacional.

Más ahora que la reducción del nivel del río Bravo y esto es importante, es de cerca del 45% para este año, según lo demuestran estudios de la Comisión de Conservación de Recursos Naturales de Texas.

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En muchas ocasiones los problemas del agua se deben a su inadecuada administración, por ejemplo se considera que sólo el 37% del agua utilizada para el riego es aprovechada por las plantas, el resto, cerca del 53%, se considera perdida; por lo tanto es necesario encontrar nuevas técnicas que mejoren la eficacia en su aprovechamiento.

En otro caso, también otra de las actividades humanas relacionadas con el ciclo del agua, tiene consecuencias negativas para la conservación de recursos, nos referimos a la tala de bosques, la cual produce un mayor escurrimiento, ocasionando se acelere la erosión del suelo y dificultando la recarga de los depósitos subterráneos de los que se extrae el líquido; esto, debe resaltarse, puede aumentar el riesgo de inundación a las zonas más bajas.

Otro importante problema relacionado con el aprovechamiento de este recurso, tiene que ver con el calentamiento global de la Tierra, la producción de gases de efecto invernadero que son resultado de las actividades industriales pueden ser causa del aumento de la temperatura del planeta en unos dos a tres grados centígrados. Este calentamiento estaría acompañado de una expansión térmica de los océanos que se traduciría en un aumento de entre 0.5 y 1.5 metros en el nivel del mar para este ciclo que empieza.

Las consecuencias de esta elevación no solamente produciría graves inundaciones en las zonas costeras sino además salarían los depósitos de agua potable en los ríos, lo que provocaría que los habitantes de río abajo tuvieran que concentrar sus asentamientos río arriba, escaseando cada vez más el agua potable.

El problema del agua compete a todos y debe servir el Día Mundial del Agua para que todos tomemos conciencia de nuestro papel como legisladores e impulsar las medidas legales, políticas y presupuestales para prevenir los problemas derivados del consumo irresponsable del agua que hoy día estamos sufriendo.

Por ello, el Gobierno Federal implementó la Cruzada Nacional por los Bosques y el Agua el pasado 7 de marzo, ya que constituye una prioridad y asunto de seguridad nacional para rescatar nuestra gran riqueza natural. Debemos tener iniciativa para promover mecanismos que hagan sustentable el consumo del agua o por lo menos evitar que sea desperdiciada.

Hoy día todavía tenemos la oportunidad de planear y diseñar formas que mitiguen los efectos en nuestro país de fenómenos climáticos mundiales que repercuten ya a estados como los de la frontera norte y conducen a graves sequías que se han agudizado cada vez más.

Por ello, para Acción Nacional, la materia de la sustentabilidad de los recursos es y seguirá siendo de máximo interés y por ello, consciente de lo que significa para todos los mexicanos el pasado 22 de marzo, exhorto a todos los presentes a que hagan un consumo responsable del agua con el pleno conocimiento de que ese recurso es cada día más escaso.

La conservación de bosques y la mitigación del cambio climático son necesarios, no por capricho, sino porque afectará ineludiblemente a todo el país en sus políticas de desarrollo y de aprovechamiento. Sumemos esfuerzos para que no se pierda ese recurso y asumamos el compromiso de conservarlo, hoy sobre todo que recordamos en esta tribuna el Día Mundial del Agua.

Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, diputado Miguel Angel Torrijos Mendoza.

Se concede el uso de la palabra al diputado Jesús Burgos Pinto, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a este tema hasta por 10 minutos.

El diputado Jesús Burgos Pinto:

Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con motivo del Día Internacional del Agua, hace presente en esta tribuna la importancia estratégica que representa este recurso para el desarrollo nacional.

Como todos sabemos, actualmente el agua es considerada un recurso finito de suma importancia para la vida y de la misma forma en que fomentemos su cuidado y preservación, dependerá que los mexicanos con sus futuras generaciones podamos disponer de la misma en cantidades y calidad adecuadas.

La Organización de las Naciones Unidas en su XLVII periodo de sesiones durante el año 1992, acordó determinar el día 22 de marzo como el Día Mundial del Agua. Este no es un hecho caprichoso, la Organización de las Naciones Unidas le otorga al recurso hídrico la importancia real que tiene y merece pero su relevancia radica en la creación de conciencia sobre los apremiantes retos que ofrece a la humanidad su conservación y distribución adecuada.

De acuerdo a estudios de la propia ONU, hoy día cerca de 1 mil millones de personas carecen de acceso al agua limpia; esto es, cerca del 20% de la población mundial.

Asimismo, conforme a sus estimaciones de crecimiento de la población hacia el año 2025, se calcula que la población afectada ascenderá a 5 mil 500 millones de individuos, lo que se traduce a las dos terceras partes de los habitantes del planeta.

De igual forma, aprendimos durante nuestra instrucción básica, que las dos terceras partes del planeta está cubierto de agua y nos quedamos con esa idea de abundancia que desde el punto de vista de disponibilidad es hoy absolutamente erróneo, ya que en realidad en nuestro planeta alrededor del 97.5% es agua salada; del 2.5% restante, el 1.4% corresponde a los glaciares polares, a nieve perpetua, a agua empantanada y al permafrost, significando pues que sólo el 1.1 es agua dulce disponible para el consumo humano.

Por otro lado, tenemos que en nuestro país el 83% de este recurso se utiliza en la actividad agrícola, que opera con una eficacia de sólo el 55%; es decir, se desperdicia el 45% de que disponen los productores, lo que por obvia razón nos obliga a hacer un planteamiento a favor de un uso más eficiente y racional a nivel nacional de nuestro recurso, mediante el establecimiento de tecnología de vanguardia, que haga más eficiente el aprovechamiento del agua dentro del perfeccionamiento del marco jurídico para que incida más firmemente en las cuestiones de eficiencia y optimización y se resguarde con todo el peso de la ley los intereses de la nación en materia de recursos naturales.

Y por último, mediante el establecimiento de mecanismos que fomenten la educación de todos los sectores en la utilización de este recurso, que dé como resultado una nueva cultura en el uso y aprovechamiento del agua.

En México, un país que su crecimiento poblacional rebasó todas las expectativas de control demográfico, se hace presente la urgente necesidad de establecer estrategias que enfrenten el problema por el que estamos atravesando: la sequía, sea ésta provocada por fenómenos naturales o por la conducta irracional o deliberada del ser humano.

Por ello, a través del análisis de estudios, propuestas y deliberaciones responsables es como podemos hacer frente a este problema.

Por otro lado, necesitamos seguir actuando de manera dinámica e inconformista con lo que se ha logrado hasta este momento. Establezcamos estudios comparados a nivel nacional e internacional que nos proporcionen nuevas expectativas de administración de los recursos; actuemos proactivamente. Hoy, que aún es tiempo de soluciones en el uso y tratamiento del agua, está claro, podemos contribuir con la naturaleza en su conservación, logrando esto mediante la utilización de instrumentos idóneos que conviertan en resultados más eficientes y eficaces todas las acciones relacionadas con el mejoramiento y administración de la infraestructura hidráulica mexicana.

La viabilidad en el desarrollo sostenido es un hecho que la sociedad mexicana nos está exigiendo, la justicia social es un principio sin retroceso, es algo que está presente y con mucha prospectiva a futuro, lo que implica el compromiso de seguir avanzando, de convertirnos en actores de primera, en su perfeccionamiento y ello requiere disponer inequívocamente del recurso agua.

Para lograr lo anterior es necesario cambiar la visión que todos tenemos en el uso de este recurso. Tenemos que encontrar en él ahora soluciones, para no sólo satisfacer la demanda actual del vital líquido, sino además, garantizar la demanda del futuro cercano, que será por supuesto aún mayor con el crecimiento demográfico y el necesario y previsible incremento de las actividades productivas, para las que resulta crucial, como son, la agricultura, pero también la industria, incluso los servicios, aunado a la finalidad de preservar el medio ambiente y la biodiversidad en que nos desenvolvemos.

Acontecimientos actuales, como los enfrentamientos entre poblaciones a causa de la distribución del agua, enfrentamientos y defensa de cada una de las partes entre la prioridad del consumo humano y la producción agrícola son problemas muy sensibles para la agenda nacional.

Los casos de las ciudades que no son sustentables hidrológicamente y para las cuales se tiene que importar obligadamente agua de otras cuencas, generan no sólo altos costos económicos, sino además conflictos sociales, ya que los pobladores de esas cuencas se sienten amenazados en su supervivencia o en un futuro, optar por el hipotético, lejano, abandono de las ciudades que sostienen a tres cuartas partes de la población nacional y generan el 84.5% del producto interno bruto.

Así pues, algunas regiones que concentran sólo a las 35 ciudades más grandes del país, presentan serios problemas de abastecimiento, los niveles de disponibilidad ya cayeron a 1900 metros cúbicos anuales por habitante, que se traducen en sólo 5 metros cúbicos diarios per capita, nivel considerado por especialistas como muy bajo.

El agua es también una cuestión de seguridad nacional, ya que se trata de un recurso estratégico y de invaluable valor, toda vez que podremos vivir sin petróleo, pero ningún país ni ser viviente podría subsistir sin agua.

El compromiso es en grado mayor, implicando así un llamado a la sociedad en general, a las autoridades en la materia, a las asociaciones de productores y a todo tipo de usuarios, para aceptar el reto de reivindicar el recurso, de responsabilizarnos en trabajar en pro de este ramo.

No cabe duda, se requiere un doble esfuerzo y nosotros los legisladores federales estamos dispuestos a enfrentar y cumplir el mismo. ¿De qué manera?, agendando este tema en el trabajo legislativo, interactuando de manera responsable para lograr un trabajo con alto grado de responsabilidad en el análisis y legislando para actualizar y adecuar el marco jurídico, que incluya la obligatoria e imperativa necesidad de un mayor saneamiento y reutilización de aguas residuales en las actividades productivas que lo permitan, velando así por la satisfacción de las principales necesidades que la sociedad dinámica cambiante nos presenta.

La lucha debe continuar, ya que el reto no se hace esperar. La solución está en nuestras manos, actuemos de manera progradual con planteamientos concretos para políticas públicas que fortalezcan los programas y acciones de medición más precisas; elevación de la capacidad instalada y de su operatividad para el saneamiento y descontaminación de aguas residuales para su reúso; con un mayor mantenimiento de la red de distribución, tanto en el medio rural...

El Presidente:

Por favor concluya su intervención, señor diputado.

El diputado Jesús Burgos Pinto:

Sólo un segundo, señor Presidente.

...Tanto en el medio rural como el urbano, para reducción de pérdidas, saneamiento financiero de los organismos operadores, inversión en infraestructura y tecnología de avanzada que eficiente el uso y aprovechamiento del recurso en los sectores agrícola e industrial; reformas a la Ley General de Salud, reformas a la Ley General de Educación y modificaciones a los planes de estudio para sembrar en niños y jóvenes una nueva cultura del agua y, por otra parte, programas de concientización a la sociedad en general para su cuidado.

Unamos nuestras fuerzas y sigamos caminando en beneficio de la sociedad.

Es cuanto, señor Presidente.

829,830,831

El Presidente:

Gracias, don Jesús Burgos Pinto.

Se concede el uso de la palabra al diputado José Rodolfo Escudero Barrera, último orador inscrito en este tema, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 10 minutos.

ASISTENCIA (II)

El Presidente:

Antes de que haga uso de la tribuna el diputado José Rodolfo Escudero Barrera, ruego a la Secretaría dé cuenta a la Asamblea con la asistencia de los diputados a esta sesión y ordene el cierre del sistema electrónico de asistencia.

La secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria:

Se informa a la Asamblea que hasta el momento el sistema electrónico registra la asistencia de 439 diputados.

Ciérrese el sistema electrónico de asistencia.

El Presidente:

Gracias, señora Secretaria.

DIA MUNDIAL DEL AGUA (II)

El Presidente:

Está en uso de la palabra el diputado José Rodolfo Escudero Barrera, hasta por 10 minutos.

El diputado José Rodolfo Escudero Barrera:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

En días pasados celebramos el Día Mundial Forestal, que fue seguido del Día Mundial del Agua. Cuando se instituyeron los días mundiales se hizo con el objetivo de que al menos por 24 horas, toda la humanidad reflexionara en torno al motivo de esta celebración.

Pues bien, nuestro propósito en este día es reconocer el valor ambiental de los ríos, de los bosques, frente a una política hidrológica y forestal que estimule el ahorro, la eficiencia y la conservación, como una de las soluciones para los problemas de abastecimiento de agua y conservación de nuestros bosques. Para ello, hacemos un llamado a la movilización ciudadana en pro de una nueva racionalidad frente a un suicida modelo de desarrollo que arrasa los derechos humanos de millones de personas.

Debemos ser abiertos al diálogo con todos los sectores para solucionar ambos problemas; comenzando por el agua debemos llegar a conocer, proteger y utilizar racionalmente este recurso.

El agua es uno de nuestros grandes y más preciados recursos naturales, vital para todas las formas de vida en la tierra y crucial para el desarrollo social y económico.

La creciente escasez de aguas limpias y utilizables en un mundo cada vez más agresivo y menos habitable, hace oportuno este llamado a la sensibilidad y a la reflexión ciudadana.

Debemos promover una nueva cultura del agua basada en la sensibilidad hacia los valores ambientales y sociales, que sea equitativa y de respeto hacia los derechos y deberes de todos los ciudadanos.

La cooperación se debe de dar desde el ámbito local hasta el global, ya que en muchos casos el recurso hídrico es compartido por diferentes países; por lo tanto su uso debe de ser equitativo. Nuestro futuro depende de un cambio de actitud y comportamiento hacia el medio ambiente.

El agua como recurso debe de ser utilizada, reutilizada y reciclada; por ello es necesario invertir en modernización y eficacia en técnicas eficientes como la desolación, la desalinización y el ahorro.

Los análisis del laboratorio demuestran que el agua destinada al consumo humano contiene pesticidas de nitratos procedentes de fertilizantes de aluminio y de plomo procedente de tuberías.

Estamos ante el valor de la calidad del agua, alterarla es un serio problema contra el bienestar de las personas, contra su propia vida, también es un atentado contra la naturaleza y todo lo que en ella existe, porque afecta la supervivencia de la multitud de especies que pueblan la tierra. El agua no es sólo nuestra, señores, hay multitud de seres vivos a los que también les pertenece.

Otro tema de gran importancia en nuestra política ambiental y que bien merece que le dediquemos alguna reflexión en voz alta, son los bosques. Estos son un factor decisivo en el equilibrio ecológico en general, como reguladores del ciclo del agua en la conservación y mejora de la cubierta vegetal, siendo la mejor defensa contra la erosión y por ende en la lucha contra la desertificación.

Los bosques también contribuyen a disminuir la contaminación atmosférica del CO2, protegiéndonos de los efectos nocivos del cambio climático y juegan un importante papel en nuestro desarrollo económico y social.

Se estima que de seguir así, para el año 2025 habrán desaparecido todas las selvas tropicales; para eliminar el crecimiento anual del dióxido de carbono, 3 billones 200 mil toneladas, se necesitaría un bosque tropical del tamaño de la India,

Los bosques tienen una función decisiva para el equilibrio planetario como filtro depurador de gases indeseables en la atmósfera. La presión humana manifestada en talas masivas, incendios forestales y otras agresiones forestales similares han mermado su capacidad generadora.

México posee unos 56 millones de hectáreas arboladas de bosques y selvas, una cuarta parte del territorio nacional, de éste la mitad es una mezcla de selvas tropicales de diferentes características y la mitad es un bosque templado.

Sólo 20 millones de hectáreas pertenecen a bosques y selvas, densos y compactos. Los bosques y selvas siendo el patrimonio biológico de México y la fuente de un flujo valiosísimo de bienes y servicios ambientales han estado sometidos a un extenso proceso de destrucción; nuestro país contaba originalmente con cerca de 22 millones de hectáreas, de selvas húmedas o de bosques tropicales perennifolios, es decir, los ecosistemas terrestres de mayor diversidad y de productividad biológica.

Hoy difícilmente restan más de 800 mil hectáreas dispersas en la región lacandona, en los chimalapas y en algunos manchones aislados e inaccesibles en Veracruz y otras regiones de Oaxaca.

Se ha perdido más de la mitad de los bosques templados de coníferas, encinos y otras especies que llegaban a cubrir alrededor de 50 millones de hectáreas. Las masas de mayor importancia sobreviven en Chihuahua y Durango, así como en el eje volcánico.

La deforestación y consecuente desaparición de ecosistemas de bosques y selvas persiste a ritmos muy elevados que ubican a nuestro país entre los primeros en el planeta en lo que se refiere a este dudoso honor.

Los datos oficiales más recientes reportan tasas anuales de deforestación superiores a las 500 mil hectáreas. Otras estimaciones han llegado a ubicar las tasas de deforestación en cerca de 1 millón y medio de hectáreas anuales.

En México los incendios son en su mayoría provocados y casi toda la superficie afectada se destina o se pretende destinar a la agricultura o ganadería, lo que garantiza su degradación ecológica y erosión.

A pesar de esta realidad y de sus profundas causas económicas, institucionales y demográficas, en México los incendios generalmente de factibilidad natural; pareciera ser que el propósito semejante de interpretación es escindir el problema de sus causas, ya que resulta mejor ser víctima del infortunio que tener que enfrentarse al problema.

Debemos armonizar la legislación forestal vigente y las conexas para facilitar el desarrollo sostenible del recurso forestal.

La situación legal y técnica de las áreas o con el fin de revertir los procesos de degradación ambiental. Esto es una responsabilidad que deben compartir todos y cada uno de los sectores de la sociedad.

Los bosques y la vida silvestre son un bien estratégico para el desarrollo socioeconómico, constituyen un elemento clave para la reducción de la pobreza y de la vulnerabilidad ambiental del país, su manejo, conservación y uso racional sostenible, son vitales para la protección de las cuencas hidrográficas, los suelos, la biodiversidad y el ambiente en general y su manejo debe ser sostenido.

Debemos garantizar la seguridad jurídica de la conservación de la propiedad forestal nacional y el reconocimiento de los derechos y el respeto y la regularización de las áreas forestales nacionales, determinando su obligación con el manejo sostenible de los recursos naturales.

El marco institucional del sector forestal debe ser fortalecido y se debe garantizar la estabilidad y coherencia del marco legal y de las políticas forestales.

En el mundo de hoy, además de los estereotipos penales tradicionales, existen las conductas ilícitas que atentan contra la naturaleza y los derechos humanos fundamentales como lo es el derecho a la salud o el derecho a una mejor calidad de vida.

Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, diputado José Rodolfo Escudero Barrera.

Hemos agotado el orden de oradores previamente inscritos para el tema del Día Mundial del Agua.

CAJAS POPULARES

El Presidente:

Procederemos a desahogar ahora la lista de oradores previamente inscritos para formular posicionamientos en relación con las cajas populares en el Estado de Jalisco.

Se encuentran inscritos el diputado Herbert Taylor Arthur y el diputado José Manuel Correa Ceseña. En ese orden se ofrecerá el uso de la palabra.
Tiene el uso de la palabra el diputado Herbert Taylor Arthur, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos.

El diputado Herbert Taylor Arthur:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:

Para los que creemos en el mundo del cooperativismo, a los que creemos que la economía solidaria es un método decente, honesto, sano de desarrollo, para los que creemos que las cooperativas de ahorro y crédito servirán para desarrollar las comunidades, nos sentimos molestos e indignados cuando sabemos que personajes con intereses solamente económicos y en este caso políticos, hacen mal uso y prostituyen el buen nombre de cajas populares que durante más de 50 años han ido construyendo un prestigio ganado a pulso.

Amigos, haré una reseña de algunos hechos que podrán parecer en algunos momentos aislados, pero que después nos daremos cuenta que son una secuencia de actos lamentables.

Apareció en un periódico de circulación local, en Jalisco, El Informador, el día 10 de diciembre de 1999 una nota en donde daban cuenta que el día 29 de noviembre de 1999 -guarden la fecha-, el señor, entonces alcalde de Tonalá, Arana, Jorge Arana Arana, había estado como invitado de honor en la inauguración de una caja popular, que se llama Alianza de Capital Social y que presumiblemente y a dicho de ellos, manejado por un señor de nombre Martín Cruz Pérez.

Tiempo después, como otro hecho, el señor Arana manifiesta que el señor Martín Cruz Pérez es un buen hombre, es un hombre decente, de buena familia y que es amigo de él, incluso invita a que se conozca a su familia para que se dé fe de la buena gente que se trata.

Y dice también, en una entrevista en televisión, que este señor se acercó al señor Arana por intereses políticos.

832,833,834

Otro hecho, estando ya el señor Arana como candidato a gobernador por el PRI, en búsqueda de la gubernatura en Jalisco, dijo que daría todo su apoyo a los ahorradores afectados por las cajas populares en Jalisco, como sería la de Puerto Vallarta, la del Sol entre otras, afirmación que fue recogida con aplausos y vista con buenos ojos. Es una afirmación que no se puede meter a controversia.

Otro hecho, el señor Arana manifiesta en otro momento, que el 15 de septiembre de 1999, inicia un proyecto y le llama "nuestro proyecto" y a pregunta expresa de quien le entrevista le pregunta, si ese proyecto es la búsqueda de la gubernatura y dijo que si, 15 de septiembre de 1999 el señor Arana inicia su proyecto.

Quiero hilar los hechos, 15 de septiembre de 1999, inicia su precampaña a gobernador, 29 de noviembre del 1999, va a inaugurar como invitado de honor la Caja Popular Alianza de Capital Social. En febrero del año 2000 se conoce que las cajas populares Puerto Vallarta, y meses después la del Sol, truenan con resultados conocidos por todos nosotros. En julio es candidato por su partido a la gubernatura.

Digo todo esto, porque la semana pasada apareció en un diario de circulación nacional Reforma y de circulación local Mural en Guadalajara, que el señor Arana tuvo 2 millones 580 mil pesos, 2 millones 580 mil pesos para su precampaña proveniente de una caja popular, precisamente la caja popular que él inauguró en noviembre del 1999; 2 millones 580 mil pesos que le fue quitado al patrimonio de los ahorradores; 2 millones 500 mil pesos que ayudaron al quebranto de estos ahorradores y de esta caja popular.

Se tiene la declaración de uno de sus cercanos colaboradores, que en algún momento fuera su secretario particular en el ayuntamiento de Tlaquepaque y hoy regidor de Guadalajara, el señor Quintín Vázquez, donde reconoce que recibió 16 cheques, de diciembre de 1999 a mayo de 2000, observen las fechas.

Del 30 de diciembre de 1999, curiosamente solamente 30 días después de haber inaugurado la caja el señor Arana, recibe el primer cheque por 100 mil pesos. Señores, parece sospechoso y da la impresión de que el señor Arana fundó esta caja junto con el señor Martín Cruz Pérez, para utilizarla como caja chica financiadora de su campaña política 9 de mayo, a saber hasta hoy, del último cheque. En febrero ya habían tronado las cajas populares y el señor seguía recibiendo dinero de una caja popular, seguía desfalcando a sabiendas del quebranto sufrido ya a nivel nacional, seguía recibiendo dinero el señor Arana.

Algo más: la gente de su precampaña afirma que el costo que tuvo la campaña fue de 3 millones de pesos, lo que quiere decir que 2 millones 580 mil pesos provenientes de un solo lugar de la caja popular fue equivalente al 83% de su financiamiento, a decir del señor Arana y luego dicen que no sabían de dónde provenía el dinero, que no le preguntaron de dónde sacaron ese dinero, cuando había un solo donador que estuvo manteniendo prácticamente toda su campaña, perdonen, esto es increíble, pero se contradice en una entrevista en televisión, cuando le preguntan si no le sorprende el que en el cheque venía el nombre de la caja y dijo: no, no nos importaba y está escrito y están en video. El señor Arana sabía perfectamente de dónde provenía ese dinero.

La pregunta es: ¿el señor Arana qué estaba pagando o qué pretendía pagar a cambio de ese dinero y el señor Martín Cruz Pérez qué pretendía recibir a cambio de ese dinero? ¡Miren nada más! Para la fundación de esta caja popular se necesitó que ante un banco la caja pusiera como garantía un terreno curiosamente ubicado en Tonalá, predio que tiene problemas de litigio, predio que parece ser, parece ser de esos predios que el señor Arana de manera ilegal, desincorporó del patrimonio municipal y lo dejó a manos de unos particulares. Se empieza a ver dónde está la ligazón y el contubernio.

Arana recibió a sabiendas el desfalco a esos ahorradores, aceptó el 83% de financiamiento de una gente, sabía perfectamente que estaba involucrado en tráfico de terrenos, pero más aún, el alcalde interino de entonces, Arana, afirmó que había un desvío de 20 millones de pesos que provenía del ramo 33.

Por lo tanto, pedimos y creemos responsable al señor Arana del fraude y robo a los ahorradores, del resultado ruinoso que provocó a esta caja y exigimos los de Acción Nacional, que por parte de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, se haga una investigación al ramo 33; que se aplique toda la ley a los defraudadores, así intelectuales como materiales y que se observe claramente la actitud del señor Arana.

Amigas, amigos: es momento que los ahorradores, que los mexicanos y que los diputados no aceptemos actitudes políticas de tal nivel de bajeza. El señor Arana ha fallado a Jalisco, a sus votantes y les ha fallado a los ahorradores.

Muchas gracias.

Presidencia del diputado
Eloy Cantú Segovia

El Presidente:

Gracias, al diputado Herbert Taylor Arthur.

En el mismo tema tiene la palabra el diputado José Manuel Correa Ceseña del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos.

El diputado José Manuel Correa Ceseña

Bueno, en la Cámara y en esta tribuna dimos los jaliscienses debates preelectorales; dimos debates electorales; dimos debates poselectorales y hoy seguramente daremos debates pos, poselectorales. Que así sea.

Como soy un hombre de buena fe y además conozco al señor diputado Taylor Arthur, que también es hombre de buena fe. Quiero pensar y asumir su grave preocupación social por los ahorradores, compartirla por supuesto y pensando también de buena fe, por supuesto me niego a creer que trata de capitalizar políticamente y a lo mejor hasta electoralmente esta serie de reflexiones que aquí hizo. Que me permiten a mí también hacer una suerte de reflexiones que ojalá vayan más allá de una denuncia o de una controversia pos, poselectoral.

Quiero decir en primera instancia que no me interesa defender al señor Arana; no se si lo necesite o no lo necesite, pero no me interesa defenderlo. Si quiere defenderse pues que se defienda solo. No me interesa puntualizar nada que se refiera al caso específico del señor Arana. A mí me parece y ésa sería mi primera reflexión, que ésta no es una barandilla; que se requiere por supuesto una denuncia en este caso; que se requiere que se arme una averiguación previa y que luego con los elementos propios de una averiguación previa, se ejerzan las funciones jurisdiccionales del caso hasta llegar a sus últimas consecuencias y si el señor Arana o quienes están señalados o quienes fuesen señalados en el discurso del procedimiento son responsables, pues que paguen la consecuencias de acuerdo a lo que establezca el órgano jurisdiccional del caso.

Ese es el asunto y ésa es mi primera reflexión, que intervenga el Ministerio Público mediante denuncia; que intervengan los organismos jurisdiccionales y que califiquen el hecho y que lo resuelvan.

Miren ustedes, aquí se habló de una especie de enjuiciamiento en relación con este caso. Yo creo que se debe de desahogar, como se deben desahogar muchos casos. Por cierto, a la comisión del tema, debemos de conminarla a que se desahogue un asunto pendiente con el señor Alberto Cárdenas ex gobernador de Jalisco. Yo creo que debemos de ver eso, porque miren ustedes y también estableciendo que el señor diputado Taylor convendrá conmigo en esto, que bueno, hay que ser parejos; nunca hay que ver la basura en el ojo ajeno y no la viga en el propio.

Si hay responsabilidad y si esta Cámara tiene el deber de desahogar ese tipo de asuntos, bueno, pues que los desahogue.

¿Qué otra reflexión me merece este asunto? además claro, de dejar el tema a que lo diluciden los organismos del caso: Ministerio Público, juez, tribunal y que lo que resuelvan resuelto esté; resuelto esté. No, aquí debemos de tener mucho cuidado, mucho cuidado en no lucrar políticamente con el dolor de los ahorradores, sobre todo porque estamos a punto de legislar todas las fracciones, de legislar sobre la materia.

Se me antoja otra reflexión final. Ya hay muchos casos de esta naturaleza, en donde se usan recursos en precampaña y son recursos, ¿de dónde salen? ¿Cuál es su origen? Hay cuestiones inexplicables de candidatos a gobernadores, de gobernadores electos, de gobernadores constitucionales, de presidentes constitucionales en donde el origen de los fondos es, por lo menos muy raro, muy inexplicable.

Mi reflexión es la siguiente y que sí es responsabilidad, ésta sí es responsabilidad de esta Cámara, sí es obligación de esta Cámara. Legislemos en materia electoral para normar los recursos en precampaña de todos los partidos políticos, con normatividad perfecta, es decir, la resolución, la norma y la sanción y la sanción en caso de violación.

Por eso decía yo, que en mucho comparto la suerte de consideraciones que hizo aquí el diputado Taylor Arthur, que yo no quería defender a nadie, que sean los organismos del caso los que resuelvan, pero que sí me interesa dejar sentado esto: en este asunto y en otros, no veamos la paja en el ojo ajeno y escondamos la viga en el propio. La justicia es justicia. Asumámoslo así.

Hay, hay gobernadores, hay gobernadores que tuvieron problemas por irregularidades en fondos de campaña; hay presidentes de la República que también lo tuvieron. Normemos esto. Aprovechemos esto para meternos en el derecho electoral y normar, prescribir, con toda claridad, la racionalización de los recursos en precampaña; sancionemos a quien haga mal uso de ellos o cuyo origen sea irregular o de cualquier naturaleza que no esté normada por la Ley Electoral, que nosotros de alguna manera elaboremos al respecto.

Gracias.

El Presidente:

Muchas gracias, al diputado José Manuel Correa Ceseña.

El diputado Herbert Taylor Arthur
(desde su curul):

Pido la palabra para contestar alusiones personales.

El Presidente:

Para contestar alusiones personales, el diputado Herbert Taylor Arthur. Tiene usted la palabra hasta por cinco minutos.

El diputado Herbert Taylor Arthur:

Con su permiso, señor Presidente:
He de agradecer a nuestro amigo, el diputado José Manuel Correa, la gentileza de sus diferencias en la tribuna. Sabe bien que también lo he considerado siempre un hombre de recta intención y de buena fe.

Difiero en el asunto de que éste es un tema eminentemente y solamente de tribunales. Sí, ya los afectados están iniciando los procesos pertinentes al respecto. Ya están caminando por esa vía. Pero amigos, los hombres públicos, los hombres que han llevado un sendero y en donde han puesto su honor y su decencia al operar como moneda cara, como moneda valiosa, como moneda de cambio y de oferta a los ciudadanos merecen, en las buenas como en las malas, una sentencia pública.

El señor Arana, el señor Arana le ha fallado a sus electores, que creyeron en él; le ha fallado a los ahorradores, a quienes ha desfalcado, en contubernio con otros personajes y estoy también seguro que sí tendrá que entrarse a los tribunales y aplaudo y celebro la no defensa estéril de gente que ha fallado.

Creo que esa actitud habla muy bien de las instituciones que no quieren comprar broncas que no procesaron internamente. Eso habla de actitud decente de su institución.

Y por otro lado, también estoy de acuerdo con el licenciado Correa, con el diputado José Manuel Correa el que es necesario que a nivel estatales, como a nivel federal, se haga un proceso y se haga un estudio y en lugares aquí, en la Cámara de todo lo que tenga que ver con materia de precampañas. Un lugar que se presta a la nada y a los abusos.

Y creo que en esa laguna el señor Arana ha cometido tropelías.

Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, diputado Herbert Taylor.

Se le concede el uso de la palabra al diputado José Manuel Correa Ceseña, para contestar alusiones personales, hasta por cinco minutos.

835,836,837

 

El diputado José Manuel Correa Ceseña:

Con su permiso, señor Presidente; señoras diputadas y señores diputados:

Muy breve, muy breve y como corolario de mi intervención. Hay un viejo principio de derecho: "La inocencia siempre se presume". Y perdónenme que hable en estos términos, pero es un principio fundamental de derecho: "la inocencia siempre se presume, la culpabilidad hay que demostrarla".

Este asunto del señor Arana, yo no sé si él sea responsable, todo lo que se sabe es lo que ha aparecido en la prensa exclusivamente. Yo no sé si sea responsable o no sea responsable. Yo por eso me atengo a lo que el procedimiento judicial marca en estos casos y es un principio de derecho justamente éste.

No me interesa defenderlo porque no lo sé, porque no hubo un procedimiento, porque no se ha incoado ningún enjuiciamiento, porque no hay las denuncias y la averiguación correspondiente etcétera.

Me interesa, eso sí, eso sí me interesa subrayar, vamos, ya no que se partidice, que no se fraccionalice este asunto y sobre todo que si vamos a tocar irregularidades en asuntos de precampaña, toquémoslos todos y señalémoslos todos porque también hay un principio fundamental de derecho: la equidad y la buena fe.

Eso es todo.

El Presidente:

Muchas gracias, don José Manuel Correa Ceseña.

El diputado Alonso Ulloa Vélez
(desde su curul):

Para rectificación de hechos.

El Presidente:

Para rectificación de hechos se le concede el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, diputado Ulloa Vélez.

El diputado Alonso Ulloa Vélez:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Creo que vamos avanzando bien en este caso. El hecho de que no se le considere como un tema partidista es ya un avance. Bien lo decía el diputado Taylor, este asunto tiene que ver, por un lado, con la defraudación a muchos ahorradores de una caja popular en este ambiente de fraudes a las cajas populares en los últimos meses, pero que desafortunadamente este caso es doblemente grave: una caja popular que todos los indicios parecen indicar fue armada para robar dinero a la gente y que, además, ese dinero fue destinado a una campaña política y si acaso ése es el único punto en que tocamos lo político.

Y miren, el diputado Taylor hacía referencia a algunas notas periodísticas en donde se señalan terrenos irregulares en todo este proceso y déjenme decirles cómo operaba, entre algunas otras cosas, el entonces alcalde de Tonalá: Jorge Arana.

Allá el 15 de mayo de 1998 el señor Jorge Arana firma un oficio junto con el señor José de Jesús Cortés Ramírez, su secretario general y síndico, en donde otorga el más amplio perdón legal a favor del ciudadano Benito Sánchez Martínez, en virtud de que una vez que han analizado los hechos denunciados por lo que representa la autoridad municipal en el sentido de unos terrenos de la comunidad indígena de Santa Cruz de las Huertas. Cedió derechos a particulares y bueno, le ofrece un perdón legal y se lo gira al agente del Ministerio Público para terminar este pleito en el que estaba involucrado el ayuntamiento.

Esto no tendría pues nada de raro. Desafortunadamente no existe un acta de cabildo previa a este documento, que le autorice al señor presidente municipal a desistirse de una controversia en la que está participando el ayuntamiento.

Y por lo tanto, me parece que es uso indebido del poder, quién sabe con qué intenciones.

Esto junto con todo lo que estamos viendo habla de malos manejos, de una actitud inadecuada del señor Jorge Arana. Se ha hecho referencia de las denuncias del propio alcalde priísta de Tonalá, en donde declara que hay faltantes de alrededor de 20 millones de pesos del ramo 33, que presumiblemente se hubieran ido a la precampaña o a la campaña.

Y me parece que esto es algo que debe de ser investigado por esta Cámara, sobre todo por esta parte del uso de recursos del ramo 33 y ojalá la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda pueda tomar esto en cuenta e incluir una auditoría especial al ayuntamiento de Tonalá, basándose en estos dichos.

Creo que vale la pena esta investigación. Coincido plenamente: no partidicemos y no politicemos el caso, pero no lo olvidemos. No podemos hacerlo a un lado, los ahorradores merecen que atendamos este caso.

Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias a usted, diputado don Alonso Ulloa.

Ha solicitado el uso de la palabra para rectificación de hechos y se le concede por cinco minutos al diputado Salvador Cosío Gaona.

El diputado Salvador Cosío Gaona:

Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros:

A mí me parece muy adecuada la excitativa que se hace aquí para que la autoridad, la pesquisidora primero y después la judicial, del Estado de Jalisco, agilice las investigaciones, recabe en forma adecuada, expedita, todo aquello que deba hacer para ultimarlas, consigne a la autoridad y determine en su caso si hay y quiénes son los responsables de este asunto; me parece muy adecuado y me sumo a ello.

Y parafraseando al diputado Correa y sumándome también a esa exhortación o ese planteamiento, creo que si vamos a hablar de cuestiones de esta índole, de personajes públicos que en el uso de sus facultades o en su personería como presidentes municipales inauguran cajas populares, dan permisos para que operen y después se presume que hay también cuestiones, toquémoslas todas, toquémoslas todas y también exijamos a la autoridad judicial o a la autoridad pesquisidora que actúe también rápidamente.
Y bueno, en este caso vale la pena comentar que hace nueve años en el municipio de Mascota, el señor presidente municipal, el ingeniero Humberto Rodríguez Rodríguez, otorga un permiso al señor Adolfo Ochoa Madrigal, muy amigo de él, para abrir la caja popular de Mascota, pero curiosamente el permiso municipal solamente dice: "para una oficina de servicios de cómputo". Nueve años funciona la caja popular de Mascota, el señor Rodríguez Rodríguez después repite como alcalde de Mascota, la caja sigue funcionando, no se cumple por parte del presidente municipal de Mascota ni por la anterior también panista, la actuación que debe tener de verificar el que una licencia municipal sea para lo que se otorgó, funciona la caja popular y resulta que ahora la persona en referencia ya no opera en la caja popular, ya se fue del país seguramente y ha defraudado a cerca de 1 mil familias de Mascota, de Atinguillo, de Sebastián Talpa y más lugares cercanos, por una cantidad cercana a los 1 mil millones de pesos.

Y bueno, se puede presumir también que el señor Rodríguez Rodríguez, doblemente ex alcalde de Mascota, la última ocasión se separa de su cargo para hacer precampaña y luego campaña para contender como diputado federal en contra de un servidor, por cierto no pudo y se presume que utilizó este dinero para su precampaña y su campaña. ¡Seamos parejos, señores!

También yo les pido: súmense a esta exhortativa para que la Procuraduría del Estado de Jalisco, que se ha visto muy lenta integrando averiguaciones, integrando las denuncias de la gente ésta afectada, también lo haga rápido, igual, si hay algún culpable se investigue, si hay alguna desviación que pudo haber cometido el ex alcalde de Mascota, Humberto Rodríguez Rodríguez, en su complicidad, también se investigue y se diga claramente.

Como decía Correa: no estamos defendiendo a nadie. Si hay ya una investigación en el caso de la caja Alianza..., como se llame, pues se llegue adelante, se diga quiénes son culpables, se les juzgue, se les castigue, se nos norme el procedimiento de precampañas para todos, pero también o todos coludos o todos rabones, vamos haciendo las cosas como se debe.

Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, diputado don Salvador Cosío Gaona.

¿Don Jose Antonio?

El diputado José Antonio Gloria Morales
(desde su curul):

Para rectificación de hechos, señor Presidente.

El Presidente:

Solicita el uso de la palabra el diputado José Antonio Gloria y se le concede hasta por cinco minutos.

El diputado José Antonio Gloria Morales:

Muchas gracias, señor Presidente:

Yo pienso que el punto ha sido muy claro, que ya aquí en esta tribuna se ha dado la receta para ese tipo de situaciones y es que se denuncie, que se investigue y si alguien resulta responsable, que se le castigue con todo el peso de la ley.

Sin embargo hay una diferencia entre lo que se está hablando y la referencia que acaba de hacer el orador que me antecedió. La diferencia es que él parte de una presunción que no se ha probado, que ni siquiera se ha aceptado por parte de los involucrados y en el caso del señor Jorge Arana hubo una aceptación tácita y bueno, también hay un viejo principio de derecho que dice, que en estas situaciones, pues el relevo de pruebas.

Yo lo que quiero resumir es que queda muy claro el estilo de hacer campaña del señor Jorge Arana, porque también hace escasos días, además de este escándalo con respecto a esta caja popular, pues también surgieron denuncias con respecto a un fraude, a un desvío de fondos de Telecomm y que fue denunciado justamente por trabajadores de Telecomm y denuncian que hubo como 100 mil telegramas que se enviaron para apoyar la campaña del señor Jorge Arana, que se hizo en horas hábiles, que se les ofreció un dinerito extra a esos trabajadores, que no sé de dónde lo iba a sacar el señor Arana, denuncian, probablemente de la caja de ahorros, denuncian que se usaron vehículos de Telecomm para eventos de campaña y bueno, finalmente lo que podemos concluir de esto es que el estilo de hacer campaña indica que hay muy poca estatura moral en esta persona que aspiró alguna vez a gobernar un estado tan importante como Jalisco.

Finalmente, para la reflexión, amigas y amigos diputados, creo que para los políticos, especialmente para los políticos, la sinceridad es la fuente de la respetabilidad.

Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias.

Compañeras y compañeros diputados: nos restan poco más de hora y media del tiempo reglamentario de esta sesión, dos puntos de la agenda política, cinco proposiciones con puntos de acuerdo, de forma tal que con el apoyo de lo dispuesto por el artículo 23 inciso c, voy a conceder el uso de la palabra a un orador más para rectificar hechos y luego rogaré a la Secretaría consulte a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el tema, para dar oportunidad a desahogar e integrar la agenda de esta sesión.

Se concede el uso de la palabra para rectificación de hechos al diputado Jose Manuel Correa Ceseña, hasta por cinco minutos.

El diputado José Manuel Correa Ceseña:

Señor Presidente, con su permiso; señoras diputadas; señores diputados:

Bueno, a mí me da mucha pena, les ruego que me disculpen, voy a ser muy puntual, muy rápido, muy breve. Un par de cosas nada más. Quizá ustedes piensen que la ropa sucia se debe de lavar en casa ¿verdad?, quizá también piense lo mismo, así es que me voy rápido.

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Primero una puntualización de carácter técnico.... No, no, en este caso no hay relevo de pruebas, diputado Gloria, no es así, está mal citado. Este tipo de casos se necesita denuncia, se necesita armar averiguación previa y se necesita la instrucción, la investigación judicial, o sea, todas las fases del proceso judicial. Primero, como información cultural.

Segundo. Está bien, está bien que al señor Arana se le incoe el procedimiento del caso y con el señor Arana a quienes en las mismas circunstancias hayan ocurrido este tipo de irregularidad; a quienes les hayan acontecido este tipo de irregularidades, repito y perdónenme por la alusión evangélica, no hay qué ver nada más la basura en el ojo ajeno y no la viga en el propio.

Es decir, hay casos, hay casos que tienen que, ver con autoridades actuales de Jalisco no lo voy a mencionar en este momento porque no quiero en este momento caer en un debate pedestre, pero también, también no es decoroso que se siga aludiendo específicamente a alguien sin especificar otros casos que existen de carácter estatal y de carácter nacional.

Está bien, hay que señalar las irregularidades parejas, sin rasgamiento de vestiduras, sin rasgamiento de vestiduras vamos normando eso, vamos normando los recursos de precampaña y sancionando a quien caiga en irregularidades, quien sea, de cualquier partido.

Eso es todo.

Presidencia del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes

El Presidente:

Gracias.

Han hecho uso de la palabra, hasta este momento, ocho oradores; el debate se ha centrado entre las posiciones del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional. Ha hablado un orador por grupo parlamentario, de 10 minutos y tres oradores de cada grupo parlamentario, de cinco minutos. Estando equilibrado el uso de la palabra, le ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el tema.

El secretario Bernardo Borbón Vilches:

Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si consideran suficientemente discutido el asunto que ha sido debatido... Mayoría.

El Presidente:

Evidentemente está suficientemente debatido.

Muchas gracias, diputado Bernardo Borbón.

DISTRITO FEDERAL

El Presidente:

Se concederá el uso de la palabra a los oradores registrados en el tema "comentarios sobre los 100 primeros días de gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador". Se encuentran registrados el diputado Carlos Alberto Flores Gutiérrez, la diputada Rosa Delia Cota Montaño y el diputado Víctor Hugo Cirigo Vázquez; en ese orden se les ofrecerá el uso de la palabra.

Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Alberto Flores Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos.

El diputado Carlos Alberto Flores Gutiérrez:

Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

El pasado 21 de marzo, el jefe de gobierno de esta ciudad, Andrés Manuel López Obrador, presentó un presunto informe de labores de sus primeros 100 días de gobierno, mismo que al parecer sólo fue un evento partidista.

Al jefe de gobierno se le olvida la relación institucional que debe existir entre los distintos poderes, ya que no invitó a los legisladores federales como locales a este evento que no tuvo nada de la austeridad republicana que tanto pregona el señor López Obrador; si bien fue un evento magno en el que no pudieron faltar los miles de trabajadores del gobierno del Distrito Federal, que por cierto no acudieron por su propia libertad.

El gobierno perredista de esta ciudad lleva más de 1 mil 200 días y no sólo 100 como quieren hacernoslo creer.

Hemos visto que no existe un programa integral de gobierno sólo acciones aisladas, populistas y con fines clientelares y corporativistas. Se ha gobernado a través de bandos que se encuentran fuera de toda legalidad, ya que el jefe de gobierno sólo está facultado para emitir reglamentos y decretos.

A los gobiernos que se han distinguido por conducirse por bandos los ha caracterizado el autoritarismo y el menosprecio al órgano legislativo, tal como ha sucedido con este gobierno.

El jefe de gobierno dice que él sí cumple sus promesas de campaña, sin embargo, durante la misma señaló que se construirían 20 mil viviendas anualmente, pero durante el informe mencionó que en el presente año sólo se construirán la mitad.

Dice que ya tiene los terrenos para construir las preparatorias y la Universidad del Distrito Federal, sin embargo, no tiene ninguna facultad para dar reconocimiento oficial a estos estudios, por lo que la población escolar que acuda a estas escuelas se verá engañada y defraudada por la autoridad del Distrito Federal. Qué bueno que el gobierno del Distrito Federal diga que no aumentará el precio de los servicios públicos, pero que mal que no haya una política económica responsable; el gobierno del Distrito Federal recauda cada vez menos, tan sólo en el periodo de 1997 a 2000, la recaudación de impuestos en el Distrito Federal cayó 5.2% en términos reales, en 1997 el 10.9% del padrón vehicular no pagaba tenencia; en el 2000 esta cifra se incrementó a 48.8%.

Desde el inicio de la gestión del PRD en la recaudación por concepto de tenencia ha caído en 50%, lo que vemos es una gran dependencia de la Federación, tan sólo en el periodo de 1997 a 2000, los ingresos que recibe el Distrito Federal de la Federación, como proporción de sus ingresos propios, pasaron del 57% al 73%. El gobierno del Distrito Federal se endeuda cada vez más, el saldo de su deuda pública es de casi 30 mil millones de pesos, de los cuales más del 50% fue contratado en la administración perredista, por lo que los diputados federales del Partido Acción Nacional no estamos dispuestos a aprobar más monto de endeudamiento al gobierno del Distrito Federal, si es que no se da un cambio en la irresponsabilidad financiera.

Claro que sabemos que el gran problema de nuestra ciudad es la inseguridad, pero de ninguna forma nos causa gusto ni mucho menos nos frotamos las manos de que el gobierno del Distrito Federal no pueda contra éste gran mal, no señor jefe de gobierno, en Acción Nacional no le apostamos al fracaso de su gobierno, por el contrario, deseamos que tenga buenos resultados, nosotros también somos ciudadanos del Distrito Federal y padecemos de todos los problemas de ésta gran ciudad, sabemos de la dificultad que tiene para resolver todos y cada uno de éstos; sin embargo, nos preocupa la falta de disposición del jefe de gobierno a la colaboración entre las fuerzas políticas de la ciudad para afrontar este problema.

Tiene razón el jefe de gobierno cuando dice que los hombres se miden por la entereza de sus convicciones y por la coherencia entre lo que piensan y lo que hacen.

Por eso le pedimos, señor jefe de gobierno, sea coherente, por un lado acepta que la inversión privada es indispensable para el desarrollo e informa de la creación de un consejo promotor de proyectos específicos para el desarrollo económico del Distrito Federal, pero, por otro lado, oculta que para abrir un negocio en el Distrito Federal los trámites tarden 70 días por el exceso de regulación que fomenta la corrupción y que esta ciudad ocupa el último lugar entre las 32 entidades del país, acerca de la calidad de gestión y trámites empresariales, según el Centro de Estudios Económicos del sector privado.

Señor jefe de gobierno: usted dice que los recursos para los programas territoriales de desarrollo social provienen de ahorros por el programa de austeridad de su gobierno, cuando en realidad los 4 mil 233 millones de pesos utilizados se conforman por recursos y transferencias del Gobierno Federal al que tanto criticaron y que autorizó esta Cámara de Diputados, en el que su partido sólo cuenta con el 10% de los diputados.

Por otro lado, por fin reconoce que la ciudad es presa de la inseguridad, después de haberlo negado innumerables veces, estos 100 días, qué bueno, es de sabios rectificar, pero lo malo es que no presenta ningún problema integral que lo resuelva y sólo justifica la delincuencia, asumiendo que los pobres son delincuentes y usted en esa impotencia culpa al modelo económico actual de la gran inseguridad que existe. Lo cierto es que el problema de la corrupción dentro de las estructuras encargadas de la seguridad pública y de la procuración de justicia de esta ciudad continúan. Como ejemplo, tenemos los graves incidentes en días pasados en el barrio de Tepito.

Licenciado Andrés Manuel López Obrador: no cometa el mismo error del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, de pensar primero en la Presidencia de la República, antes de cumplir con su mandato ante los ciudadanos del Distrito Federal.

En Acción Nacional estamos dispuestos a colaborar para resolver todos y cada uno de los problemas de ésta gran ciudad, en conjunto con las autoridades del Distrito Federal.

Señor jefe de gobierno, recuerde: el necio desespera de lo que espera; el sabio espera lo inesperado. No vea un enemigo en Acción Nacional, construyamos juntos nuestra gran ciudad.

Muchas gracias.

Presidencia del diputado
Eloy Cantú Segovia

El Presidente:

Gracias al diputado Carlos Alberto Flores Gutiérrez.

En el mismo tema, tiene la palabra la diputada Rosa Delia Cota Montaño, del Partido del Trabajo, hasta por 10 minutos.

La diputada Rosa Delia Cota Montaño:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El tema a discusión es, sin lugar a dudas, de suma importancia para millones de mexicanos, no sólo para los que nacieron y viven en esta gran urbe, sino también para muchos compatriotas que por una u otra razón tienen necesidad de visitar la ciudad capital de todos los mexicanos.

En el Distrito Federal, una ciudad de contrastes, durante más de siete décadas su administración y gobierno fueron atribución del Ejecutivo Federal, quien hasta 1997 tuvo la facultad de nombrar a un regente para que se encargara del despacho de los asuntos concernientes al gobierno del entonces Departamento del Distrito Federal.

Sólo la participación decidida de sus habitantes les permitió recuperar el pleno uso de sus derechos políticos, para que a partir de 1997 eligieran mediante el voto a quien debería gobernar en la ciudad, ciudad de contrastes en la que se genera poco más del 24% del producto interno bruto y que, sin embargo padece grandes índices de marginación y pobreza, que han incidido en un crecimiento urbano anárquico que demanda día a día de mayores y mejores servicios públicos; una ciudad que debe prestar servicios a una población flotante que diariamente en promedio es de poco más de 4 millones de personas, principalmente provenientes de la zona conurbada con el Estado de México. Una ciudad en la cual su problemática es directamente proporcional a la dimensión poblacional de la misma; una ciudad en la que durante administraciones pasadas se generaron y fomentaron intereses de diversa índole y que hoy inciden negativamente en su desarrollo y en su seguridad. En fin, una ciudad con problemas de tipo financiero, de servicios públicos, transporte, de vivienda, inseguridad, pobreza y marginación, así como en algunos casos corrupción y deficiencias administrativas.

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Así, actualmente en el Distrito Federal, sede de los poderes de la Unión, por voluntad de sus habitantes muestra un variado mosaico en el cual deben convivir gobiernos de diverso signo político. Por un lado, el Gobierno Federal de extracción panista y por otro, en el nivel local, un gobierno que fue impulsado durante el pasado proceso electoral del 2 de julio del año 2000, por diferentes partidos políticos, entre ellos el Partido del Trabajo, asimismo, en este nivel participa el Partido Acción Nacional con la jefatura de cinco delegaciones políticas.

Lo anterior lo señalamos como marco de referencia para poder entender que la problemática que padece el Distrito Federal es de carácter crónico. Su solución requiere de un esfuerzo de trabajo continuo, de cuantiosos recursos en una nueva cultura, así como de la participación de todos.

Consideramos que son pocos 100 días para evaluar los resultados de la actual administración del Distrito Federal, no obstante, habrá que reconocer sin prejuicios los esfuerzos realizados por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, actual jefe de gobierno, para abatir la corrupción y las ineficiencias que por mucho tiempo ha observado la administración pública del Distrito Federal.

El Partido del Trabajo considera que debemos esperar un tiempo razonable para evaluar con mayores elementos su administración. Al mismo tiempo, saludamos con simpatía que el jefe de gobierno inicie la sana práctica de rendir cuentas, que esperamos que en el futuro sean dirigidas a toda la población del Distrito Federal y no únicamente, como se percibió, a la militancia de su partido.

Finalmente le hacemos un atento llamado para avanzar en la reforma política del Distrito Federal de manera incluyente para avanzar en la lucha contra la corrupción y la inseguridad pública para que su gobierno continúe atendiendo a los que menos tienen, pero sin olvidar que debemos de gobernar para todos los habitantes, que debe gobernar para todos los habitantes del Distrito Federal.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente:

Gracias a la diputada Rosa Delia Cota Montaño.

Tiene la palabra el diputado Víctor Hugo Cirigo Vázquez, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10 minutos.

El diputado Víctor Hugo Cirigo Vázquez:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:
Me alegra mucho que el día de hoy, me parece que sí vinieron nuestros compañeros del PAN, porque también creo que tenemos que ser francos; es evidente que los compañeros vienen en plan de camorra, todavía respiran por la herida, por los acontecimientos del día de ayer y vinieron primero golpeando a nuestros compañeros del PRI y ahora se siguen con nosotros, los diputados del PRD.

Compañeros: me parece que el diputado de ese partido que hizo su análisis sobre los 100 días de gobierno dijo algo que es verdad, "que es de sabios cambiar de opinión". Yo creo que nuestros compañeros deberían de cambiar de opinión y asumir que cometieron un enorme error cuando votaron en contra de la presencia del EZLN en esta tribuna. Eso es lo que tienen que empezar a aceptar, cometieron un error y hoy quieren...

El diputado José Manuel Minjares Jiménez (desde su curul):

Señor Presidente...

El Presidente:

Diputado orador, le pido un momento por favor...

El diputado Víctor Hugo Cirigo Vázquez:

Vamos al tema, claro que sí, señor Presidente.

El Presidente:

Sí, sí, a ver un momento señor diputado orador. ¿Dígame diputado?

El diputado José Manuel Minjares Jiménez (desde su curul):

Para que le pregunte a mi amigo el diputado Víctor, si acepta una pregunta.

El Presidente:

Señor diputado orador, ¿aceptaría usted una pregunta?

El diputado Víctor Hugo Cirigo Vázquez:

Al final de mi intervención con mucho gusto, señor diputado.

El Presidente:

Señor diputado al final de la intervención se le concede la palabra para formular su pregunta. Continúe señor diputado orador.

El diputado Víctor Hugo Cirigo Vázquez:

Bien, la comparación entre el gobierno de la ciudad y el Gobierno Federal es algo que, bueno, nuestros compañeros del PAN al principio se negaban pero hoy lo aceptan y nos da mucho gusto porque quiere decir que le dan una enorme importancia al gobierno de nuestra ciudad, el cual definitivamente lo tiene o a lo mejor es muy pequeño el tamaño del Federal, pero cualquiera de los dos casos nos felicitamos que así sea y evidentemente estamos en una política distinta a todas luces en la ciudad. ¿Por qué? Porque mientras en la ciudad se está gobernando con hechos, en el caso Federal desafortunadamente no podemos decir lo mismo.

Evidentemente lo que hace diferente al gobierno de la ciudad es que efectivamente, como aquí se ha dicho, está presentando propuestas concretas, hechos que se transforman día a día en realidad.

Tenemos el asunto de la universidad, efectivamente se plantea que esta universidad con sus 16 preparatorias en agosto estar arrancando. Aquí se nos viene a amenazar que a lo mejor no nos dan el registro, no nos dan el reconocimiento, quisiera que no fuera en el fondo esa la idea de nuestro compañero diputado porque dice que el reconocimiento de esos estudios lo da la SEP, efectivamente, pero repito, esto ojalá no fuera una amenaza de que esto no va a ser así, que lo va a ser dado por el Gobierno Federal.

La cuestión es que mientras a nivel nacional se nos vende imagen, se nos vende un presidente de marketing, que miente, que viene desde el principio a decirnos que los compromisos de campaña son una cosa y ya el ser Presidente es otra, en el caso del ejercicio de gobierno en la ciudad estamos viendo cómo se destinan más de 4 mil millones de pesos efectivamente en más de 300 programas de desarrollo social y subprogramas, Esos son hechos, hechos son amores.

En el caso de los compañeros del PAN nos dicen: no es verdad que Andrés Manuel tenga sólo 100 días, ellos ya tienen más tiempo en el poder. Cuando yo escucho los planteamientos y las propuestas del Gobierno Federal, en particular del Presidente, me queda la sensación de que ustedes llevan 18 años en el poder, porque es la misma política económica que se está aplicando y que ha depauperado a millones de mexicanos, Esa es también una situación que ustedes tienen que valorar.

Se habla también con gran bombo y platillo del programa de los changarros y termina siendo un verdadero fraude y una ofensa a la inteligencia de quienes han creído que efectivamente esto podría haber sido una alternativa de vida. Este famoso programa de créditos que también anunciaron, tiene criterios moralistas más que en relación económica de pobreza real de la población para otorgarlos.

Evidentemente ésta es otra de las diferencias, mientras se va a cobrar un 70% de intereses en estos créditos, en el caso de los créditos de ampliación de vivienda y de otro tipo para la micro, pequeña y mediana industrias en el D. F., es del 3%. Esa es otra diferencia entre el Gobierno Federal y el gobierno de esta ciudad.

Evidentemente, también tenemos otro tipo de mensajes y de agravios que se están cometiendo dentro de estos primeros 100 días de Gobierno Federal y que fue el veto a la Ley de Desarrollo Rural que esta Cámara aprobó junto con la de Senadores. Esos son los hechos que muestran las diferencias, efectivamente, entre un Gobierno Federal y un gobierno local.

Les agradecemos mucho que traigan a esta tribuna el asunto porque nos interesa mucho hacer estos contrastes, entre efectivamente el perfil de un gobierno anclado en la izquierda, orgullosamente anclado en la izquierda, que direcciona el gasto hacia el desarrollo social y un gobierno que está desde ahora lanzando muy claros mensajes para quien está pretendiendo gobernar el país.

La inclusión de cinco prominentes industriales en el consejo de administración de Pemex, también es parte del balance que habrá de hacer de ese gobierno que tenemos a nivel federal.

En el caso del gobierno de la ciudad, efectivamente y se ha reconocido públicamente por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en el informe de sus 100 días de gobierno. Tenemos el problema de la seguridad pública, no lo elude. Se habla de que éste es un problema también de percepción entre la ciudadanía y que es necesario atacar con más fuerza, con más ímpetu para lograr un descenso más ostensible de los índices delictivos. Se asume que existe el problema y se asume el compromiso de combatirlo; pero también eso hay que decirlo, se requiere de una política de Estado en materia de seguridad pública que no existe y que en gran medida es una tarea del Ejecutivo Federal.

Queremos más contrastes. En el caso de la Ciudad de México, el costo del boleto del Metro no ha subido de 1.50, que es su costo, a pesar de las presiones del Gobierno Federal para que éste aumentara.

También se dice que necesitamos reforzar el asunto de la recaudación fiscal en la ciudad. Es verdad, pero también hay que decir que ha habido avances y que ha aumentado en un 25%, que de 86 millones que se recaudaban al día, hoy se recaudan 108 millones, es decir, 22 millones de pesos más diarios de recaudación fiscal se dan en esta ciudad en estos primeros 100 días de gobierno.

Y una diferencia todavía más importante: mientras el gobierno de la ciudad ha aumentado los salarios de sus trabajadores hasta un 11%, 4 puntos más por encima de la inflación, nuestro misógino Secretario de Trabajo anuncia un miserable 6.5% de aumento salarial a los salarios mínimos de los trabajadores. Esa es otra de las diferencias que también nos interesa hacer patente en esta intervención.

Finalmente se aduce aquí que no ha habido efectivamente la invitación para el informe. La invitación circuló, se hizo pública, pero hay un problema que necesitamos plantear. Efectivamente nosotros, si ése es el caso, investigaremos y mejoraremos, propondremos mejorar los canales de comunicación entre los diputados federales y el gobierno de la ciudad, mejorar la coordinación porque hay muchísimos temas que son de implicación local y de implicación federal. Evidentemente que las observaciones que se puedan hacer en ese terreno, son bienvenidas, las asumimos.

Por lo tanto, en la inauguración de la universidad, por supuesto que los esperamos y ojalá en esta ocasión no falten.

Muchísimas gracias.

Presidencia del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes

El Presidente:

Diputado don Víctor Hugo Cirigo Vázquez, había usted aceptado que el diputado Manuel Minjares le formulara una pregunta. ¿El diputado Manuel Minjares tiene interés en formular la pregunta? Activen el sonido en la curul del diputado Manuel Minjares por favor.

El diputado José Manuel Minjarez Jiménez (desde su curul):

Gracias, señor Presidente: señor diputado, lo que pasa es que usted al inicio hace una relación entre la votación que hicimos hace ocho días y el gobierno del licenciado López Obrador. ¿Pudiese usted describir, para ilustrar a esta Asamblea, cuál es el proceso lógico para llegar a concluir que existe una relación entre esa votación del PAN y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador?

El diputado Víctor Hugo Cirigo Vázquez:

Con mucho gusto diputado, lo hice como una especie de introducción para explicar el estado de ánimo de su bancada.

Muchas gracias.

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El Presidente:

¿Hemos agotado el orden de oradores inscrito en este tema? Solicita el uso de la palabra el diputado Mauricio Candiani, a quien se le con cede hasta por cinco minutos para rectificación de hechos.

El diputado Mauricio Enrique Candiani
Galaz:

Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores; diputadas y diputados:

No hemos escuchado más que un cúmulo de argumentos que pretenden justificar lo que no informó bien, lo que informó corto y lo que informó mal el jefe de gobierno en su pasado informe imperial en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Y permítanme centrar el tema y con todo respeto le digo a los compañeros de la Revolución Democrática y a mi buen amigo, el compañero diputado Cirigo, que si lo que quiere es debatir la administración pública del presidente Fox, registre el tema, debatámoslo, con franqueza, con conocimiento, con concepto, pero no vengamos, mi estimado compañero diputado, a querer negar el debate del que estuvo oficialmente registrado de la administración del licenciado López Obrador, en función de otro tipo de asuntos que sólo pretenden distraer la atención.

Permítanme centrar alguno de los argumentos, porque es paradójico, cómo hemos encontrado en esta lógica de contrastes que se ha querido presentar, como lo exponía el orador que me antecedió en la palabra, una inconsistencia de cuestión.

Es paradójico que se argumente una posición que se quiere pretender poner ante la opinión pública, como cuestionable y cerrada, cuando se habla del veto a la Ley de Desarrollo Rural, pero no se cuestione con la misma intensidad el veto y lo voy a decir correctamente, el veto que el jefe de gobierno del Distrito Federal hizo no hace mucho al decreto de programas de desarrollo urbano de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

¡Qué paradójico es que el jefe de gobierno está muy pendiente de decirnos los cheques, que quiero pensar que con la mejor de las intenciones, le está entregando a mucha gente que en efecto los necesita de la tercera edad!
Pero, ¡qué lamentable que el jefe de gobierno no exponga con la misma intensidad las soluciones concretas que esté realizando y las acciones de resultados específicos, para que los delincuentes no le sigan quitando el dinero bien ganado a los habitantes del Distrito Federal!

¡Qué paradójico es, que está muy pendiente, aparentemente el jefe de gobierno, en su informe, en sus posiciones, en su análisis de las acciones de la Federación en contra del contrabando, en contra de una serie de temas, pero no saca la cara con la misma intensidad de crítica, cuando los judiciales a su cargo fallan en el ejercicio de su actuación, curiosamente en el mismo lugar, en Tepito, donde él criticaba las acciones no hace mucho tiempo.

Amigos, el tema es el informe del jefe de gobierno del Distrito Federal y cuando nosotros escuchamos ese informe, sentimos que el jefe de gobierno olvidó un aspecto central, que es que en el Distrito Federal gobiernan en forma conjunta, desde luego en la respectiva distribución de facultades que cada ámbito de competencia le otorga en la Constitución a los distintos órganos de gobierno y a los poderes federales y que en su informe, como lo señaló el diputado Carlos Alberto, no tuvo la más elemental cortesía de invitar a los poderes federales para que también atendiéramos ese informe y para que también tuviéramos la oportunidad de contrastar opiniones y hacerlo con toda apertura democrática.

Amigos, quizá el anuncio más importante, y con esto concluyo, del jefe de gobierno, es su intención de seguir polemizando, lo dijo con bombo y platillo: "seguiré polemizando con la Federación, seguiré manifestando los puntos de vista que él considere pertinentes", que es cierto; en efecto así lo dijo palabras más, palabras menos.

Pero desde Acción Nacional lo que queremos decirle con toda firmeza es que si los ciudadanos, muchos de los que están en las calles hubieran tenido oportunidad de atender y rebatir ese informe, le hubieran dicho: "señor jefe de gobierno, en lugar de seguir polemizando con la Federación, póngase a hacer su trabajo lo mejor posible; en lugar de seguir polemizando, póngase a dar resultados, que fue lo que prometió".

Si quiere polémica, amigos, analicemos con objetividad y con franqueza todos y cada uno de los resultados que dio, midámoslo y estoy seguro que más de uno concluirá de que el jefe de gobierno se quedó excedido en su pronóstico, excedido en sus afirmaciones y corto en sus resultados.

El Presidente:

Gracias, diputado Candiani.

Se le concede el uso de la palabra al diputado Alfredo Hernández Raigosa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para rectificación de hechos, hasta por cinco minutos.

El diputado Alfredo Hernández Raigosa:

Con su permiso, señor Presidente; compañero diputado Candiani:

Me da mucha tristeza que el debate se ciña solamente a que usted no fue invitado a ese informe.

Quiero comentarle que si en algún lugar se resienten los asuntos de la inseguridad es en los lugares donde gobierna el PAN. Baste, baste analizar los asesinatos de las mujeres en Ciudad Juárez, baste señalar que el presidente Fox a casos como la fuga del "Chapo" Guzmán le llama un gol, al atentado contra el gobernador de Chihuahua lo llama de la misma manera; los asesinatos que se han dado en contra de una serie de personas ejecutadas y que al día siguiente el Presidente de la República dice que son meros goles o el atentado contra los familiares de Macedo de la Concha o las declaraciones solamente falaces de que vamos a combatir al narco y que por otra parte vemos cómo ejecuta, cómo acciona, cómo trabaja impunemente y que en el caso particular de Tepito, hay que señalarlo, no los vemos, no vemos a la PGR operando, desmantelando los carteles que ahí operan impunemente a su arbitrio.

Sin embargo, hay que señalar que el presidente Fox, durante mucho tiempo en su campaña señaló, ofreció ¿y quién no recuerda frases y matices de los chiquillos, soy devoto católico, amigo de los niños de la calle, cantante, conductor de radio, defensor del presidencialismo, católico a ultranza de los valores familiares? y sin embargo en el mes de enero el 2% al gas. Eso sí le duele a la gente, el aumento impune al precio del gas y que hasta este momento hemos visto una medida enérgica para parar la voracidad de las empresas gaseras en contubernio con Pemex y con la Secretaría de Energía.

Quisiéramos escuchar que nos dijeran por qué ese avasallamiento de las clases populares hoy, con la intención de incrementarle el IVA a los alimentos y medicinas, cuando tenemos en este país una gran cantidad de pobres que si se les aplica el IVA, estarían en condiciones de morir de hambre. Es decir, el presidente Fox traicionó, está traicionando a quienes votaron por él; ¿por qué? Porque está atentando contra las clases populares, aumentando solamente el 6.5% y queriendo aplicar el IVA a medicinas y alimentos impunemente.

El Presidente:

Señor orador, ¿me permite una interrupción?

El diputado José Alejandro Zapata
Perogordo (desde su curul):

Pido la palabra.

El Presidente:

Activen el sonido en la curul del diputado Alejandro Zapata Perogordo.

El diputado José Alejandro Zapato
Perogordo (desde su curul):

Señor Presidente, yo sí le pediría una moción de orden, porque estamos debatiendo lo referente a los 100 días de gobierno del señor López Obrador en el Distrito Federal y no he escuchado a que el orador haga mención para nada, al centro del debate y se ha metido a otros temas. Entonces, mucho le solicitaría que instruyera al orador que se dedicara al tema que se está debatiendo.

Mucha gracias.

El Presidente:

Siendo una de las causales de moción de orden, quiero rogar al orador se ciña al tema que se ha señalado.

Continúe en el uso de la palabra.

El diputado Alfredo Hernández Raigosa:

No ha lugar, señor Presidente, es tema, es debate, así es que yo voy a seguir señalando lo que veo en contraste del Gobierno de la ciudad, con el Gobierno Federal.

Y si todavía alguien tiene duda de que el Gobierno de Vicente Fox, es un Gobierno al que le interesa más los medios de comunicación que atender a millones de familias pobres en este país, solamente hay que señalar lo siguiente: 90 días de Gobierno foxista, ocupa 24 mil 125 horas de promoción en 518 canales de televisión y 119 mil 582 horas en 1 mil 419 estaciones de radio, ¡qué bárbaro! Y sólo en el horario comercial, no crea que en la madrugada, como se usaba antes; con razón tanto mensaje a la nación, en vivo y en directo. Tanta entrevista de TV al señor Fox; tantos spots con el águila recortada y todo con cargo a los que les quieren cobrar hoy el IVA y todo por un decreto de radio y televisión, que promulgó en aquel tiempo Díaz Ordaz.

Los empresarios de los medios seguramente estarán felices porque el señor Vicente Fox está utilizando los recursos de aquellos que no los tienen y que hoy se los va a cobrar a través de más del 30% del incremento al precio del gas anualmente, a través del incremento a la gasolina; a través del incremento al IVA. ¿Ese es el Gobierno que ofreció el presidente Fox a millones de pobres que confiaron en él? Hoy decimos con mucha claridad: nos está traicionando.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente:

Tiene el uso de la palabra para rectificación de hechos, hasta por cinco minutos, el diputado Máximo Soto Gómez, del grupo parlamentario del PAN.

El diputado Máximo Soto Gómez:

Con su permiso, señor Presidente; el diputado Raigoza que me acaba de preceder, hablaba precisamente del tiempo utilizado en la televisión. ¡Vamos que es curioso! El señor López Obrador lo ocupa todos los días muy temprano y para decir tonterías.

El negocio, el negocio de la demagogia ha resultado ser en estos últimos meses, un negocio muy rentable para supuestos luchadores sociales.

Un ejemplo muy claro de lo anterior es sin lugar a dudas el señor Andrés Manuel López Obrador, cuya mejor política de gobierno es oponerse sistemáticamente a todo lo que dice propone el señor Presidente de la República.

Bastaron menos de 100 días para que el hombre de Macuspana nos demostrara a todos que su mejor talento está enfocado a la organización de marchas y tomas de pozos petroleros.

Nos demostró que es mejor incendiario que bombero. Lamentablemente, la ciudad ya está harta de los flamígeros dirigentes. Al señor Andrés Manuel le sobra retórica y le faltan ideas.

De manera inverosímil, el señor López Obrador agotó todo el capital político y la legitimidad que lo respaldan y gracias a las cuales llegó a la jefatura de gobierno de una ciudad increíblemente grande para su capacidad, extraordinariamente compleja y para colmo, ni siquiera su ciudad natal.

Tal vez lo que el señor Andrés Manuel López Obrador necesita son más horas de sueño y menos bandos de gobierno.

López Obrador ha perdido su tiempo; ha hecho perder el tiempo de los capitalinos. Nos ha dicho que la ciudad es segura, cuando es evidente que la criminalidad en la Ciudad de México no ha sido combatida, como prometió, pese a que él diga lo contrario.

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Sin embargo, el señor presta oídos sordos sin lugar a dudas al tema que es de mayor interés para los capitalinos. Adicionalmente, ha preferido entablar desesperadamente batallas mediáticas, algunas de las cuales ya rayaron en lo ridículo con quien él, erróneamente, considera su adversario personal.

El Gobierno ya rebasó la frontera de los 100 días, pero todavía no llega el momento en que haga su aparición la honestidad valiente de la que tanto presumió.

Los capitalinos todavía no pueden apreciar esa transferencia que proclamó a los cuatro vientos en cada oportunidad que tenía. Para comprobar lo anterior bastaría con preguntarle su opinión a los cientos de contribuyentes, pese a que tuvieron que sufrir la burocracia que caracteriza al gobierno capitalino.

Acudieron a las cajas de la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal a pagar en tiempo y forma sus impuestos, también tú, pues eres actor y ahora si el Gobierno no les reconoce su pago porque el señor Manuel López Obrador no fue capaz de combatir las mafias que operan dentro de las tesorería del Distrito Federal. Mafias que, por cierto, no pudieron o no quisieron combatir sus compañeros de partido que le antecedieron en el puesto.

Estos primeros 100 días de gobierno de Andrés Manuel López Obrador pueden ser descritos con una palabra: incongruencia. Francamente resulta bastante desalentador que el encargado del destino de la Ciudad de México realice una consulta popular para saber si los habitantes del Distrito Federal están a favor o en contra de los bloqueos en calles y avenidas, siendo que él mismo fue uno de los principales promotores de este tipo de acciones.

Pero la incongruencia no termina aquí, ya que después de realizar una consulta pública a su forma y modo, con una metodología bastante cuestionable preguntando lo que evidentemente arrojaría una respuesta obvia, termina por no cumplir y respetar la decisión de los capitalinos que le hicieron llegar por todos los medios posibles, incluida su seudoconsulta.

Yo lo que le pediría que no engañe al pueblo. La ley no es para votarse, es para cumplirse y él, como autoridad, juró cumplirla y hacerla cumplir. El no puede ser el primero en romperla sólo porque se dice apoyado por una consulta popular.
En todo caso, si no está de acuerdo que le haga llegar sus observaciones a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o por medio de ésta, en su caso, al Congreso de la Unión para que así, dentro de la ley y el respeto a la división de poderes, se modifique, abrogue o legisle lo que sea necesario, pero deje ya de pisotear la ley enarbolada, lo que él interpreta como democracia.

Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, diputado Máximo Soto Gómez.

Se concede el uso de la palabra al diputado Esteban Daniel Martínez Enríquez, para rectificación de hechos, por cinco minutos, del grupo parlamentario del PRD.

El diputado Esteban Daniel Martínez
Enríquez:

Compañeros diputadas y diputados: el día 1o. de diciembre se presentó un señor a esta tribuna y dijo lo siguiente:

"Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión, por los pobres y marginados de este país."

"Si así no lo hiciere que la nación me lo demande".

Hoy el pueblo de México tiene que demandar que cumpla el señor Fox con este mandato, que aquí el señor Fox pronunció.

A los primeros días de gobierno el señor Fox empezó los golpes al pueblo de México. El señor Fox los primeros días anunció un raquítico aumento de salario mínimo: 6.5%.

Hoy en este contraste del gobierno del Distrito Federal con el Gobierno de Vicente Fox parece que causa molestia al Partido Acción Nacional. Parece que les molesta que Andrés Manuel López Obrador sí esté cumpliendo con sus promesas de campaña. Parece que les molesta que la gente...

El Presidente:

Señor orador: ¿me permite una interrupción, por favor?

El diputado Esteban Daniel Martínez
Enríquez:

Sí.

El Presidente:

Activen el sonido en la curul del diputado Daniel Ramírez.

El diputado Daniel Ramírez del Valle
(desde su curul):

Señor Presidente: quisiera ver si el orador acepta una pregunta.

El Presidente:

¿Acepta usted una interpelación, señor orador?

El diputado Esteban Daniel Martínez
Enríquez:

Adelante.

El Presidente:

Formule usted su pregunta. Se detiene el tiempo y formule usted su pregunta, diputado Daniel Ramírez.

El diputado Daniel Ramírez del Valle
(desde su curul):

Quisiera saber si parte de los 100 días de gobierno del señor Manuel López Obrador ha sido hecho por Vicente Fox, porque todos los temas a los que se han referido nuestros compañeros han sido del señor Presidente.
Entonces quisiéramos saber si la defensa del señor López Obrador es hablar del señor Presidente Fox.

El Presidente:

Continúe, por favor.

El diputado Esteban Daniel Martínez
Enríquez:

Los ciudadanos del país en estos 100 días están desencantados con el gobierno del señor Vicente Fox, en estos 100 días de Gobierno del señor Fox con todas sus incongruencias: un día dice una cosa y hoy dice otra.

El señor Vicente Fox a estos 100 días ha dado los mayores golpes al pueblo de México de toda su historia: aumento del IVA a los alimentos y medicinas.

Esto el pueblo de México no se lo va a perdonar. Por eso los contrastes que estamos marcando entre el gobierno del Distrito Federal y el Gobierno de Vicente Fox debe de quedar muy claro para los ciudadanos de este país.

En el caso del Distrito Federal...

El Presidente:

Señor diputado: ¿me permite un momento por favor?

Activen el sonido en la curul de la diputada Mónica Serrano.

La diputada Mónica Leticia Serrano Peña
(desde su curul):

Gracias, señor Presidente.

Nuevamente pedirle que le solicite al orador que se suscriba al tema que se está tratando.

El Presidente:

Funde por favor su moción. Es que, permítanme, las mociones de orden deben de estar fundadas en la violación a un artículo particular del reglamento. Ningún orador debe ser interrumpido cuando está en uso de la palabra, salvo para formular preguntas o moción de orden. El orador autorizó la formulación de una pregunta. Estamos en la agenda política en donde el tema es hacer comentarios sobre los temas inscritos.

De forma tal que no habiendo forma de esta Presidencia de recriminar sobre el contenido de los comentarios, sólo procedería una moción de orden, fundando la violación de un artículo del Reglamento.

La diputada Mónica Leticia Serrano Peña
(desde su curul):

Sí, señor Presidente. El artículo es el 104 del Reglamento.

El Presidente:

Artículo 104. "Ningún diputado podrá ser interrumpido mientras tenga la palabra a menos que se trate de moción de orden en el caso señalado en el artículo 105 o de alguna explicación pertinente, pero en este caso sólo será permitida la interrupción con el permiso del Presidente y del orador".

El artículo 105. "No se podrá reclamar el orden sino por medio del Presidente en los siguientes casos:

Para ilustrar la discusión con la lectura de un documento.

Cuando se infrinjan artículos de este Reglamento y en cuyo caso deberá ser citado el artículo respectivo, cuando se viertan injurias contra alguna persona o corporación o cuando el orador se aparte del asunto a discusión".

Continúe en el uso de la palabra el señor orador, después de esta moción.

El diputado Esteban Daniel Martínez
Enríquez:

Muy bien. Señores de Acción Nacional, pues pareciera que a ustedes les preocupa mucho que en este país se conozcan las incongruencias del Presidente de la República, por eso nosotros desde esta tribuna estamos mencionando sobre los asuntos que el señor Vicente Fox no ha cumplido y que al parecer va a seguir con la misma política económica de los regímenes anteriores, esto golpeando a la economía popular.

Por eso es importante que en el país se conozca, es importante que en el país se sepa cuáles son las cosas que dice el Presidente y cuáles son las que cumple. Por ejemplo, hablando de la inseguridad, los estados en donde hay más inseguridad es en los estados que gobierna el PAN, eso lo tiene que saber el país. En el caso del sistema penitenciario las fugas que ya son conocidas se han dado en este gobierno; los mismos funcionarios del régimen anterior siguen en el sistema penitenciario; los derechos humanos, la corrupción sigue imperando en estos centros.

Como muestra un botón. De miles de casos de sentenciados que no han recibido los beneficios de ley, hoy está uno, el señor Sabás Cruz, en el penal de Santa Martha Acatitla.

Podemos seguir mencionando varias de las incongruencias del señor Vicente Fox. En el caso del Distrito Federal ya mencionaron los salarios para los servidores públicos ha sido hacia arriba; en el caso del Gobierno Federal no ha sido de esa manera. En el caso de los viajes del señor Fox al extranjero, en el caso del Distrito Federal se han estado visitando las comunidades para saber cuáles son sus necesidades. Subsidios al transporte colectivo, subsidios que han beneficiado directamente a los bolsillos de los ciudadanos; el Metro sigue costando $1.50 desde hace cuatro años, subsidios que van, repito, directamente a beneficiar a los ciudadanos del Distrito Federal.

No se diga de los beneficios que están recibiendo las personas de la tercera edad, que son más de 200 mil, con un presupuesto que no alcanza y que el gobierno del Distrito Federal ha remarcado muy constantemente la austeridad republicana y el combate a la corrupción; eso es lo que debiera de hacer el señor Vicente Fox, de combatir la corrupción de la austeridad republicana, para que ese dinero alcanzara para beneficiar a los programas sociales en este país.

Por su atención, muchas gracias.

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El Presidente:

Gracias, señor diputado.

Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 23 inciso c y habiendo hecho uso de la palabra en forma paritaria los dos grupos parlamentarios que han participado en este debate, han hecho uso de la palabra tres oradores del grupo parlamentario del PAN y tres oradores del grupo parlamentario del PRD.

Con apoyo en lo dispuesto por el inciso c, del artículo 23, quiero rogar a la Secretaría consulte a la Asamblea si considera que se encuentra suficiente discutido el tema.

El secretario Bernardo Borbón Vilches:

Se consulta a la Asamblea si el tema en discusión se considera suficientemente discutido.

Quienes estén por la afirmativa, en votación económica favor de manifestarlo...

Quienes estén por la negativa, de la misma manera... No se considera suficientemente discutido.

El Presidente:

Ofreceré el uso de la palabra a un orador del PAN y a un orador del PRD y pasaré de inmediato, en ejercicio de la facultad que me confiere el inciso c, del artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al siguiente tema, para tratar de equilibrar el desarrollo de la sesión.

Tiene el uso de la palabra un orador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. ¿Quién hará uso de la palabra?

El diputado Daniel Ramírez, hasta por cinco minutos. Inmediatamente después ofreceré el uso de la palabra al PRD y hará uso de la palabra ¿qué orador? Hay dos, ¿quién de los dos va a hacer uso de la palabra? El diputado Bortolini.

Tiene el uso de la palabra el diputado Daniel Ramírez.

El diputado Daniel Ramírez del Valle:

Con su permiso, señor Presidente; amigos y amigas legisladores:

Lamento profundamente la actitud de los diputados del PRD que me antecedieron en el uso de la palabra; venimos con el ánimo de construir un debate que nos ayude a resolver los problemas de la ciudad.

Nos preocupa a los diputados, que en su gran mayoría somos de Acción Nacional de esta Ciudad de México; nos preocupa el nivel tan alto de inseguridad que vivimos y pongo un ejemplo que hace poco pasó en la Ciudad de México, el diputado Silviano Aureoles del Partido de la Revolución Democrática fue asaltado en esta Ciudad de México.

Me preocupa si esto le pasa a un diputado, qué le está pasando a la ciudadanía; me preocupa que nos vayamos por el discurso fácil de que estamos cobrando el Metro a $1.50, pero que el servicio era de pésima calidad y que los usuarios estén ante riesgos de accidentes de percances mayores.

Amigos del PRD, los invito a que sean autocríticos, que nos centremos en el tema, yo sé que es difícil defender lo indefendible..., yo sé que es difícil tener un jefe de gobierno incongruente, lo vivimos como ciudadanos del D. F., pero queremos construir, queremos mejorar nuestra ciudad, queremos mejores servicios, queremos jefes delegacionales con mayores atribuciones para resolver los problemas.

Amigos, les tendemos la mano para construir juntos una mejor ciudad, ahí están los resultados de no ser autocríticos, los resultados electorales del 2 de julio demostraron quién tiene la razón en la Ciudad de México, habemos más diputados de Acción Nacional en este Congreso que el PRD, ahí nos dimos cuenta que tan bien están haciendo las cosas, queremos ser un partido constructivo, un partido propositivo, no una oposición en la Ciudad de México que destruya todo o que diga no a todo lo que se propone.

Queremos construir juntos, queremos con argumentos, con argumentos y centrados en el tema, realizar bien las cosas, los invitamos a realizar consensos, los invitamos a que dejen de ser una oposición radical, una oposición que no tenga argumentos y que no se centre en los temas cuando hay un debate.

Señores, amigos, en Acción Nacional queremos una ciudad mejor porque la Ciudad de México es capital de todos los mexicanos.

Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias diputado don Daniel Ramírez del Valle, cede el uso de la palabra el diputado Bortolini en favor del diputado Ricardo Moreno Bastida, a quien se le concede el uso de la palabra por cinco minutos.

El diputado Ricardo Moreno Bastida:

Con su permiso, señor Presidente:

Desde luego que es muy fácil actuar a la ligera y criticar con someros argumentos. Pero eso es a lo que se expone alguien que informa a diferencia de quienes no informan.

Ciertamente el tema puede ser controvertido, pero hay que traer a la tribuna más argumentos; le preocupa al PAN cuánto se dejó de recaudar, pero no le preocupa cuánto se dejó de gastar porque en el gobierno del D.F. se gasta menos que en otras administraciones; se gasta menos porque estamos conscientes de que ese dinero, de que ese ahorro tiene que dedicarse básicamente al desarrollo social y al desarrollo humano, como ustedes le dicen.

En esta ciudad en el Distrito Federal en su conjunto los niveles de abatimiento para la contaminación se notan y se notan día con día; los índices de contaminación son menores y eso no lo dicen ustedes cuando lo defendían acremente hace algunos años.

Me parece que ustedes están preocupados por combatir a la corrupción pero no actúan en consecuencia; hoy en el Distrito Federal no se recauda solamente en las tesorerías precisamente porque se combate la corrupción, hoy se recauda además en más de 1 mil sucursales bancarias, A ustedes les preocupa la seguridad pública pero no toman en cuenta que es un tema de carácter nacional y que son precisamente las condiciones socioeconómicas de la nación, de la población, las que han elevado los índices de delincuencia en todo el territorio nacional, incluido donde ustedes gobiernan.

No han dicho en esta tribuna, señores legisladores panistas, que en la Ciudad de México, a través de las demarcaciones territoriales se ejercerán cientos de millones de pesos en favor de los ciudadanos, pero además que serán los propios ciudadanos los que habrán de determinar las acciones y las obras en cada una de esas demarcaciones; es decir, aquí se gobierna con democracia y no con una democracia orientada.

No han dicho señores panistas qué es lo que ha sucedido en cada una de las delegaciones incluidas las que ustedes gobiernan. Yo les quiero recomendar que recurran también a las estadísticas que en cada una de las delegaciones se tienen para demostrar dónde se abaten los índices de pobreza y dónde no. No caigamos, dicen ustedes, en un debate nacional que creo que es el fondo de su preocupación; a ustedes les preocupa quien pueda criticar, quien pueda señalar y quien pueda confrontar dos proyectos de nación.

Sin duda el nuestro, el del gobierno del Distrito Federal, el del Partido de la Revolución Democrática, contrasta con el de ustedes. Se molestan porque no los invitaron, pero no acudieron señores diputados federales panistas del Distrito Federal, a una invitación pública y abierta, fue una invitación a todos los ciudadanos del Distrito Federal, lástima que cuando dejaron de ser ciudadanos pasaron a ser diputados y como diputados ya no representen a los ciudadanos.

El Presidente:

Compañeras y compañeros diputados: es responsabilidad de la directiva y particularmente de la Presidencia, velar por el equilibrio en los debates y por el interés general de la Cámara.

Habiendo conducido un debate, que queda en sus participaciones, equilibrado, estando inscrito este tema en agenda política para hacer consideraciones siendo simplemente deliberativas, habiendo en el orden del día de esta sesión puntos pendientes, esta Presidencia en el uso de las facultades que la Ley Orgánica y el Reglamento le confiere, declara suficientemente discutido este tema y pasamos a ofrecer el uso de la palabra en el siguiente punto del orden del día.

AEROPUERTO

El Presidente:

Se concede el uso de la palabra al diputado Alejandro García Sainz Arena, para presentar posicionamiento a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con relación a la construcción del nuevo aeropuerto metropolitano.

En lista de oradores se encuentran la diputada Alejandra Barrales Magdaleno, el diputado Enrique Martínez Orta Flores y la diputada Carolina Viggiano Austria. En ese orden se ofrecerá el uso de la palabra.

Tiene el uso de la palabra el diputado Alejandro García Sainz Arena, por 10 minutos.

El diputado Alejandro Rafael García Sainz
Arena:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Lo que a continuación voy a presentar es la postura del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre la situación del nuevo aeropuerto en la Ciudad de México.

El aeropuerto internacional de la Ciudad de México es una importante vía general de comunicación sobre la cual se respalda una buena medida, gran parte del desarrollo del país dado que en él se encuentra la segunda aduana de mayor importancia, que mueve poco más de 5 mil 450 pasajeros por hora, en 55 operaciones por hora y representa el 36% del total que utiliza la red nacional.

Este aeropuerto realiza el 19% de las operaciones aéreas en el país. El crecimiento de las operaciones comerciales y el aumento del número de pasajeros han llevado a concluir a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como a diversas instituciones de carácter público y privado, que para el año 2005 nuestro Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pasará por una crisis de saturación que entorpecerá el transporte de mercancías y pasajeros, pudiendo influir incluso a corto y mediano plazos, en un desabasto comercial de productos en nuestro mercado interno, provocando mayor contaminación y alterando grave mente el ordenamiento urbano de nuestra ciudad.

Ante esta dificultad, diversas instancias han llevado a cabo estudios para determinar cuál es la medida a adoptar para resolver este problema, planteándose respecto a la construcción de sedes alternas en las ciudades de Texcoco, Estado de México; Tizayuca, Estado de Hidalgo, así como la construcción de algún ferrocarril como solución más adecuada.

En la actualidad, se siguen elaborando los estudios, sin que haya una claridad cercana respecto a su solución en el corto y mediano plazos, mientras la saturación es cada vez más grave y evidente, notoria y peligrosa para el tráfico aéreo, como la vivida en estos días por el reencarpetamiento de una de sus pistas, por las condiciones del intenso tráfico y las condiciones del suelo.

La trascendencia de la instalación de un aeropuerto alterno radica no sólo en el suministro de recursos para su consumo en la Ciudad de México y área conurbada, sino que del lugar en donde vaya a operar modificará su entorno social, económico, urbano y ambiental, existiendo la posibilidad de que se extienda en buena medida la mancha urbana a toda la región cercana del Distrito Federal, poniendo a prueba un rediseño de las políticas de orientación territorial, de uso de suelo y de preservación y conservación del medio ambiente, sobre todo si se tiene en cuenta la contaminación de los suelos de mantos acuíferos, atmosférica y auditiva entre otras que producirá su puesta en operación.

Ya antes en esta tribuna ha sido tratado el tema de la instalación de un aeropuerto alterno al de la Ciudad de México, previendo su saturación calculada para dentro de cuatro años, mencionándose las propuestas que han circulado para la construcción de sedes alternas, capaces de satisfacer los requerimientos técnicos de ocupación en el transporte e infraestructura, como lo son nuevamente la población de Texcoco y Tizayuca.

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La opción de construir el aeropuerto en la localidad de Texcoco, Estado de México, es a todas luces para nosotros como grupo parlamentario, la menos viable, ya que existen algunas dificultades en la resistencia del suelo y en la densidad de asentamientos humanos, que podrán poner en riesgo no sólo su instalación y operación, sino además el equilibrio ecológico propio de la región, la de los habitantes de la región y en especial la protección de alguna especie que ahí habita.

La recuperación del lago de Texcoco que se ha venido dando desde finales de 1969 ha logrado mostrar avances importantes para la protección de especies y, sobre todo, en la recuperación de mantos acuíferos necesarios para la población de la región y del Estado.

Establecer un aeropuerto en ese lugar o cualquier otro tipo de construcción similar, que impacte negativamente a la región sin prever las graves consecuencias de su instalación, traería a los habitantes y al medio ambiente graves errores y esto es efecto de cuidar el medio ambiente.

En sus 29 años de operación y el programa de rehabilitación del Proyecto del Lago de Texcoco, ha ido avanzando con éxito con los siguientes resultados:

Recuperación de canales, ríos y cinco lagos; protección de especies amenazadas; conservación de zonas arboladas y pastizales; constitución de un sistema de regulación hidráulica; mejoramiento de las zonas ambientales y recuperación de la biodiversidad; generación de un microclima que se traduce en pulmón para la Ciudad de México de 4 mil hectáreas, con más de 25 mil árboles; desarrollo de parques y centros de cría de diversas especies; mejoramiento y saneamiento del ambiente y la ecología regional; la eliminación de tolvaneras que afectan a la zona metropolitana de la Ciudad de México; el rescate integral de la cuenca mediante acciones de conservación del suelo y el agua, a través de la construcción de terrazas a nivel y reforestación de áreas inundadas.

Entre 1996 y 1997 se llevó a cabo la elaboración del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, integrado por las 16 delegaciones del Distrito Federal, 58 municipios conurbados del Estado de México y de Hidalgo. Este documento fundamenta la política urbana metropolitana. Se aprobó el 13 de marzo de 1998 con el acuerdo de los titulares de la jefatura de gobierno del Distrito Federal, Gobernación del Estado de México y la Secretaría de Desarrollo Social de la Federación, y fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 4 de mayo del mismo año.

El acuerdo señala que las partes llevarán a cabo ulteriormente las acciones que resulten necesarias, en términos de su propia legislación, para la aprobación de los planes, programas y proyectos que se deriven del programa y uno de los componentes fundamentales de la estrategia de ordenación del valle consiste en la identificación de las áreas no urbanizables, definidas por su alto valor ecológico, por su producción agropecuaria y forestal o bien como resultado del análisis de vulnerabilidad y riesgo, como factores limitantes del desarrollo urbano.

Estos espacios de preservación no solamente son vitales para instrumentar el desarrollo sustentable de la metrópoli, sino que constituyen el rasgo más visible de la credibilidad de la planeación ante la sociedad, después de décadas de un crecimiento depredador.

Por otra parte, dicho programa considera que son áreas no urbanizables aquellas que se encuentren en las zonas de mayor valor ambiental, indispensables para conservar la flora y fauna de los ecosistemas naturales, garantizar la recarga de acuíferos, purificar los flujos de aire y agua y proteger de los desastres naturales. Asimismo, las zonas agropecuarias que coadyuvan a la conservación ambiental y por supuesto las áreas sometidas a los mayores riesgos geológicos e hidrometeorológicos. Texcoco se encuentra en todos estos supuestos.

Por lo anterior, los diputados del Partido Verde Ecologista de México en esta Cámara de Diputados, consideramos que una labor preventiva y de protección a algunos inconvenientes que ocasionaría la instalación del aeropuerto alterno señalado o de cualquier otra construcción similar en el municipio de Texcoco, sobre todo por lo que toca al equilibrio ecológico del ecosistema; la recuperación de los mantos acuíferos y las especies que apenas empiezan a incrementar su población y el tipo de suelo conocido ya por todos, en el que cualquier proyecto de edificación no aprobaría fácilmente el estudio de mecánica de suelos. Esos son inconvenientes que deberán ser valorados por las autoridades competentes, así como por nuestros representantes nacionales con el fin de analizar la mejor forma de proteger la zona evitando nuevamente depredaciones.

Esperamos que la zona metropolitana del valle de México tenga la viabilidad y planeación que tanta falta le hizo y le hace falta aún en nuestros días.

Muchas Gracias.

El Presidente:

Gracias, diputado Alejandro García Sainz Arena.

Se concede el uso de la palabra al diputado Ricardo Moreno Bastida, del grupo parlamentario del PRD, hasta por 10 minutos, en sustitución de la oradora que estaba inscrita por el mismo partido.

El diputado Ricardo Moreno Bastida:

Muchas gracias, señor Presidente, con su venia; compañeras y compañeros diputados:

El valle de México, el centro del país, sin duda tiene un grave problema en cuanto hace al transporte aéreo. Durante los últimos 10 años la industria aérea nacional ha registrado un crecimiento sostenido que ha causado que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez, se encuentre prácticamente en los límites de su capacidad.

Ante ello, desde luego que es imprescindible que el país se aboque a la construcción de un nuevo aeropuerto que garantice, por un lado, la prestación del servicio en mejores condiciones y de primer mundo. Pero también por otro lado, que proporcione las condiciones de seguridad y de desarrollo sustentable para los propios habitantes del valle de México.

He escuchado con atención la intervención del diputado que me antecedió y coincido con varios de sus planteamientos.
El ex vaso del lago de Texcoco constituye en términos reales la única reserva ecológica de transcendencia, de importancia, en todo el valle de México.

Por sus condiciones de suelo, por su condición climática, este territorio fue declarado reserva ecológica para que se recuperara tanto su suelo como su fauna y su flora.

Un esfuerzo que data de 1969 y cuyos principales beneficios de este esfuerzo colectivo de la Federación, del Estado y de los municipios que se asientan en ese territorio empezó a darse hace apenas 10 años. Se encuentran especies migratorias que en los meses de invierno acuden a este lugar desde Canadá: el pato canadiense, que había emigrado, por cierto del valle de México y que volvió a virar sus ojos al valle de México hace apenas una década.

Sin duda nos preocupa el problema ecológico, pero también nos preocupa el sentido que debe tener un aeropuerto como el que se pretende instalar. Desde luego que es un detonador del desarrollo; desde luego que es una fuente de atracción comercial; desde luego que es un factor de atracción de los dineros que habrán de utilizarse para la infraestructura.

Pero en el fondo también está una disputa real y legítima de los gobiernos estatales tanto de mi Estado, el Estado de México, como del gobierno de Hidalgo. También está de por medio, más alla de la construcción del aeropuerto mismo, los intereses económicos que tienen qué ver con toda la infraestructura, perdón, que tiene que dotarse para llegar a este aeropuerto.

Y es ahí donde se ha politizado la discusión, es ahí en donde los intereses económicos han predominado sobre los diversos estudios, los diversos factores que deben de intervenir en la creación de un aeropuerto.

No podemos argumentar como se ha pretendido hacer, el que un aeropuerto detendrá la mancha urbana. Es inadmisible decirnos que el aeropuerto en el ex vaso del lago de texcoco, que ocupa actualmente algo así como 12 mil hectáreas y que se utilizarán cerca de 2 mil para su construcción, es decir, poco más del 14% de la superficie del área ahora vedada, se va a utilizar para el aeropuerto, no se puede decir que con su construcción no se va a afectar el entorno ecológico y además se va a detener el crecimiento.

Sin duda que debe de ser de interés nacional la reserva ecológica del lago de Texcoco, es uno de los pocos lugares que desde hace ya más de dos décadas se ha dedicado a la preservación ecológica.

Debemos actuar, compañeras y compañeros, con mucha racionalidad.

Los estudios que hasta la fecha se han presentado son exclusivamente de carácter aeronáutico y conozco la conclusión. La conclusión de la empresa que ha diseñado el espacio aéreo tanto en Tizayuca como en el lago de Texcoco, concluye que un aeropuerto es viable en cualquiera de los dos lugares. Luego entonces se tiene que entrar a una segunda fase.

Tenemos que entrar al impacto ecológico, desde luego, tenemos que entrar a la mecánica de los suelos, claro que sí, pero también tenemos que ver cómo consideramos un aeropuerto, únicamente como un factor del transporte en este país o también lo concebimos como un detonador del desarrollo económico y social de este país. Es ahí donde radica la discusión real en el asunto de la construcción del nuevo aeropuerto para el valle de México.

¿Cómo lo debemos concebir y hacia dónde queremos caminar? Podemos señalar que un aeropuerto puede compensar las disparidades económicas de una región y es cierto; ¿podemos también coincidir en que un aeropuerto puede frenar el desarrollo económico de otras regiones?

¡Claro que no! Pero sí podemos coincidir en que los mexicanos, todos los habitantes y sobre todo los usuarios de este aeropuerto, necesitan transportarse de manera eficaz, eficiente, moderna, para prepararnos para lo que resta de este siglo.

Yo llamaría, compañeras y compañeros, a que con serenidad, sin apasionamientos, dejando de lado en primera instancia los intereses económicos que corren adyacentes al propio aeropuerto, busquemos los beneficios, lo que más convenga no solamente a los mexicanos en su conjunto, sino también a quienes habitan esta ya de por sí poblada urbe.
Yo los invitaría, compañeras y compañeros, a que esperáramos pacientemente el resto de los estudios. He dicho, sólo conocemos porque sólo existen y se han presentado los de carácter técnico aeroportuario y creo que es indispensable conocer el resto, sobre todo los de impacto ambiental, mecánica de suelos y sobre todo los de infraestructura interna del propio aeropuerto.

Muchas gracias.

Presidencia del diputado
Eloy Cantú Segovia

El Presidente:

Gracias al diputado Ricardo Moreno Bastida.

Ha solicitado el uso de la palabra para rectificar hechos el diputado Enrique Martínez Orta Flores, del Partido Revolucionario Institucional. Se le concede por cinco minutos.

El diputado Enrique Martínez Orta Flores:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Desde que en 1980 el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México empezó a saturarse, fue planteada la necesidad de construir una terminal área alterna, tuvieron que pasar varios años para que las autoridades realizaran las investigaciones y estudios correspondientes, en la última década se realizaron estudios de los cuales se llegó a la conclusión, de que el nuevo aeropuerto podría construirse en Texcoco, Estado de México o en Tizayuca, Estado de Hidalgo.

Ante el creciente número de viajeros en los últimos años que se ha dado en el aeropuerto capitalino, se ha propiciado una demanda cada vez mayor de ese medio de transporte, lo que ha provocado casi la saturación de esta terminal área al llegar a su punto máximo.

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De ahí la necesidad de que en el corto plazo se construya un aeropuerto alterno, tan necesario para el desarrollo del país. Lo anterior aunado a las nuevas realidades en materia de construcción de aeropuertos, obliga a plantear que el nuevo aeropuerto sea una solución al crecimiento en la demanda de aviación y también un espacio para las nuevas necesidades de la vida urbana contemporánea.

Para construir el aeropuerto en el Estado de México se cuenta con un poco más de 14 mil hectáreas, de las cuales las pistas y la terminal aérea ocuparían aproximadamente 4 mil y de las 10 mil restantes servirían para continuar con el rescate que se realiza del lago de Texcoco.

Mención especial merece el hecho de que en caso de que se construya el aeropuerto en Texcoco, se impediría el crecimiento de la mancha urbana y asentamientos irregulares tan comunes en la zona de más o menos 2 millones de habitantes y se tendría una zona de amortiguamiento de desarrollo habitacional.

En materia de infraestructura hidráulica, se abastecerían las instalaciones del aeropuerto a través del sistema Cutzamala y el lago de Texcoco continuaría con su función de regulación, haciéndola más efectiva y que adicionalmente a las obras que actualmente se realizan, se implementarían otras, entre las que destaca la realización de obras hidráulicas en las partes altas y medias de la cuenca, lo que favorecería la conservación del suelo, la recarga de los mantos freáticos, el control de azolves y los escurrimientos torrenciales hacia las partes bajas de la cuenca, generando una estabilidad climática total y la construcción de un canal que funcionara como un vaso de regulación que permitiera evitar inundaciones.

La localización del proyecto en Texcoco permitiría cubrir la demanda de servicios aeroportuarios de la mayoría de los usuarios del país, que como ya se mencionó, el origen y destino de los usuarios del actual aeropuerto, revela que el 56% es del Distrito Federal, el 17% de los municipios conurbados del Estado de México, 11% de Toluca, 6% de Querétaro, 4% de Puebla y otros porcentajes de otras entidades circunvecinas.

Por lo que hace a la infraestructura vial, se crearán nuevas vías y la que actualmente se tiene será motivo de modernización, para garantizar el acceso fácil y seguro, al nuevo aeropuerto de Texcoco.

En cuanto al tema del subsuelo, misma que se ha dado sin fundamentos técnicos, la calidad del subsuelo en Texcoco es mejor que la del espacio que actualmente está localizado en el aeropuerto capitalino. Además se cuenta con la tecnología necesaria, para resolver las necesidades de ingeniería y geotecnia. A mayor abundamiento cabe mencionar que el actual aeropuerto internacional de la Ciudad de México fue construido en un terreno que presenta las mismas condiciones, con técnicas de hace 50 años y hasta la fecha no ha presentado problemas de hundimiento.

Por lo que hace a la preservación ecológica, de ubicarse el aeropuerto en Texcoco, se da la certeza de preservar de mejor manera el entorno ecológico, puesto que se construiría en la parte desértica del lago y se respetaría toda la parte donde aun se encuentran mantos acuíferos.

Por tal motivo nos pronunciamos que en términos de los acuerdos recaídos en la sesión del pasado 20 de marzo del año que corre en las comisiones de Comunicaciones y Transportes de diputados y de senadores, para que en su caso, conocimos los primeros cuatro estudios técnicos y que sea en las próximas semanas o en los próximos meses, cuando conozcamos los estudios correspondientes y se pueda tomar en definitiva por quien corresponde, la decisión de dónde se construirá el aeropuerto alterno de la Ciudad de México.

Muchas gracias.

Presidencia del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes

El Presidente:

Gracias, diputado Enrique Martínez Orta Flores.

Se concede el uso de la palabra a la diputada Carolina Viggiano Austria, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por cinco minutos.

La diputada Alma Carolina Viggiano
Austria:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

He pedido hacer uso de la palabra para llamar su atención acerca de un tema muy importante que hoy se ha tocado en esta tribuna y quiero llamar su atención porque, sin duda, es una decisión de las más importantes de la administración federal actual y además se han tocado puntos que es importante reflexionemos y que es importante que en un futuro todos tengamos suficiente información para poder tener una opinión adecuada y objetiva respecto a este asunto.

Quiero señalar que el hecho de que hoy aquí se señale que el asunto de Texcoco representa un problema y que puede romper el equilibrio ecológico, es algo que no podemos dejar pasar porque hoy por hoy, es un problema serio para la vida, para la vida nacional.

Se ha señalado aquí que el aeropuerto de Texcoco sería un aeropuerto alterno y quiero decir que no es así; la ventaja que tendríamos en el caso del aeropuerto de Tizayuca, es que se utilizarían los dos aeropuertos: el actual y el de Tizayuca, el del Estado de Hidalgo.

Ciertamente también se ha señalado que el suelo no ha presentado problemas en el aeropuerto actual y yo creo que sí los ha presentado y que todos esos hechos que tenemos como evidencias los tenemos que tomar en consideración; no son cosas que no tengamos presentes, a veces los asuntos técnicos se escapan, se escapan de la capacidad de entender de quienes no tenemos conocimientos técnicos específicos, pero sí tenemos evidencias reales enfrente y que tenemos que valorar y no podemos dejar pasar.

Se ha dicho, porque estuvimos presentes en una reunión de las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, que el suelo de Texcoco es muy malo y creo que es algo que tenemos que tener presente aquí, porque se ha hablado de un asunto ecológico y también se ha señalado que hay un problema a diario que aquí no se ha tocado y que también es un problema de seguridad y no sólo ecológico; y, ¿qué le importa a la ciudadanía? Lo que le importa es tener un aeropuerto eficiente, moderno, tener un aeropuerto que efectivamente no tenga los problemas que tenemos hoy y sin duda alguna, sin duda sí hay una presión demográfica muy grande en ese lugar y que esto la detonaría de mayor manera.

También tenemos que tener presentes otros elementos que no son técnicos, pero que son elementos que deben estar presentes en la mesa.

Hay un asunto de justicia social y yo creo que en el caso de Hidalgo, hay una razón para pensar y para saber, porque así lo sabemos, es un estado que requiere un desarrollo, requiere un desarrollo ordenado, que tiene el problema de que está de alguna manera con un problema de conurbación con los estados vecinos.

Para nosotros lo más importante, sin duda, es que esa decisión se tome con todos los elementos, con todos los elementos necesarios. Pero sobre todo se tome sin ningún tipo de presiones políticas o económicas; que se tome con toda objetividad y que se tome en beneficio de la nación. Tenemos plena confianza de que así va a ser, porque así lo han expresado las autoridades federales y lo han expresado de esa manera porque están esperando otra clase de estudios y de resultados que ayudarán a determinar adecuadamente esa decisión y así queremos que sea; si no se ha tomado la decisión, sin duda es porque ha habido presiones, porque elementos hay desde hace muchos años y yo creo que ha llegado el momento en que se debe tomar objetiva y responsablemente.

Hay elementos suficientes. Pero además, tampoco podemos abusar de que muchos conocimientos no estén al alcance de todos, porque finalmente el tiempo nos va a mostrar que nos equivocamos y hay cosas que se pueden salvar, hay cosas que se pueden, con recursos se pueden modificar para poder encontrar las condiciones.

Pero hay algo que es muy difícil: la vida, la vida natural es algo irreversible y que hemos visto a través del tiempo que en ningún lugar hemos podido revertir los resultados que tenemos. Es algo que debe estar presente, sobre todo porque a nosotros nos corresponde por la representación social que tenemos, tener una opinión correcta y llena de información adecuada en ese sentido.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente:

Gracias a usted, diputada Carolina Viggiano Austria.

Compañeras y compañeros diputados: hemos agotado el punto del orden del día, correspondiente a la agenda política que viene derivada de la sesión anterior.

La sesión de este día se instaló a las 11:38 horas, es decir, a las 11 de la mañana con 38 minutos. Han transcurrido más de las cuatro horas reglamentarias. Queda sólo por desahogar el capítulo relativo a proposiciones con punto de acuerdo.

Esta Presidencia establece que se integrará al orden del día de la próxima sesión en lugar preferente, el planteamiento de las proposiciones con punto de acuerdo, que quedan sin desahogarse en esta sesión.

Ruego a la Secretaría lea a la Asamblea, el proyecto de orden del día de la próxima sesión.

ORDEN DEL DIA

El secretario José Bernardo Borbón
Vilches:

«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.- Primer Año.- LVIII Legislatura.

Orden del día


Martes 3 de abril de 2001.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De los congresos de los estados de Puebla y Yucatán.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Cinco, con los que remiten comunicaciones de los congresos de los estados de Aguascalientes, Campeche, Guanajuato, Morelos y Tamaulipas, respecto a la adecuación de sus constituciones con motivo de las reformas al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Antonio Guillermo Villegas Villalobos, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional "José Matías Delgado", que en grado de Gran Oficial le confiere el gobierno de la República de El Salvador. (Turno a comisión.)

Con el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Andrés Engels, pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Suiza, en Monterrey, con circunscripción consular en el Estado de Nuevo León. (Turno a comisión.)

Dictamen a discusión

De la Comisión de Desarrollo Social, en relación al punto de acuerdo para la formulación de un programa integral para el desarrollo de la sierra norte de Puebla.

Proposiciones

Con punto de acuerdo para que el aeropuerto de Puebla, se considere como alternativa para el desahogo de la carga aérea, a cargo del diputado Víctor Manuel Díaz Palacios, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con puntos de acuerdo en relación a la situación nacional, a cargo de los grupos parlamentarios. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en relación a la situación de la mujeres, a cargo de la diputada María de los Angeles Sánchez Lira, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en relación al desmantelamiento de las bases militares de Río Euseba y Guadalupe Tepeyac, a cargo del diputado Miguel Bortolini Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en relación a una connacional presa en Bolivia, a cargo del diputado Sergio Acosta Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Y los demás asuntos con los que la mesa directiva dé cuenta.»

El Presidente:

Gracias señor diputado y secretario don Bernardo Borbón Vilches.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente (a las 16:05 horas):

Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el martes 3 de abril a las 11:00 horas, encareciendo a las señoras y señores diputados su puntualidad.

859,860,861

 


RESUMEN DE TRABAJOS

* Tiempo de duración: 4 horas 25 minutos.

* Quorum a la apertura de sesión: 342 diputados.

* Asistencia al cierre de registro: 439.

* Excitativas: 5.

* Temas agenda política: 4.

* Oradores en tribuna: 31
PRI-11; PAN-10; PRD-7; PVEM-2; PT-1.

Se recibió:


* 1 comunicación del Congreso del Estado de Jalisco;

* 2 comunicaciones de los ayuntamientos de Puebla, Puebla y Xalapa, Veracruz;

* 1 iniciativa del PAN;

* 1 iniciativa del PRI;

* 1 oficio de la Cámara de Senadores con el que remite minuta proyecto de decreto que da permiso a dos ciudadanos para prestar sus servicios en la Embajada del Reino de Suecia en México;

* 1 oficio de la Cámara de Senadores con el que remite minuta proyecto de decreto que concede permiso a cuatro ciudadanos de aceptar y usar las condecoraciones que les otorgan los gobiernos de: Japón, Nicaragua, Gran Ducado de Luxemburgo, Chile y Francia, respectivamente;

1 dictamen de la Comisión de Desarrollo Social con proyecto de punto de acuerdo para que se promueva la formulación de un programa integral para el desarrollo de la sierra norte de Puebla. Es de primera lectura.

 

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA PRESENTE SESION
(en orden alfabético)

 

* Aguilar Moreno, José Marcos (PAN)

Tema

Ley del Impuesto sobre la Renta, a nombre de la Comisión de Ciencia y Tecnología, presenta iniciativa que adiciona el artículo 27-A, de dicha ley a fin de que se apliquen de manera expedita los estímulos fiscales destinados al fomento de la investigación y la tecnología nacional.

* Burgos Pinto, Jesús (PRI) Día Mundial del Agua, respecto a dicha celebración del pasado 22 de marzo.
* Candiani Galaz, Mauricio Enrique (PAN) Distrito Federal, sobre los 100 primeros días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
* Cirigo Vázquez, Víctor Hugo (PRD) Distrito Federal, sobre los 100 primeros días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
* Correa Ceseña, José Manuel (PRI) en tres ocasiones Cajas populares, respecto a las cajas populares en el Estado de Jalisco.
* Cosío Gaona, Salvador (PRI) Cajas populares, respecto a las cajas populares en el Estado de Jalisco.
* Cota Montaño, Rosa Delia (PT) Distrito Federal, sobre los 100 primeros días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
* Escudero Barrera, José Rodolfo (PVEM) Día Mundial del Agua, respecto a dicha celebración del pasado 22 de marzo.
* Flores Gutiérrez, Carlos Alberto (PAN) Distrito Federal, sobre los 100 primeros días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
* García Sainz Arena, Alejandro (PVEM) Aeropuerto, con relación a la construcción de nuevo aeropuerto alterno al de la Ciudad de México.
Garibay García, Jesús (PRD) Plan Nacional de Desarrollo, solicita excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para que dictamine iniciativa presentada el 10 de octubre de 2000, que reforma los artículos 26 y 73 de la Carta Magna, respecto a dicho plan.
* Gloria Morales, José Antonio (PAN) Cajas populares, respecto a las cajas populares en el Estado de Jalisco.
* Hernández Raigosa, Alfredo (PRD) Distrito Federal, sobre los 100 primeros días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
* Martínez Enríquez, Esteban Daniel (PRD) Distrito Federal, sobre los 100 primeros días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
* Martínez Orta Flores, Enrique (PRI) Aeropuerto, con relación a la construcción de nuevo aeropuerto alterno al de la Ciudad de México.
* Martínez Rufino, Elías (PRD) Luis Donaldo Colosio Murrieta, solicita excitativa a la Junta de Coordinación Política, para que dictamine propuesta presentada el 17 de octubre de 2000, para crear la comisión especial encargada de darle seguimiento a las investigaciones del homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta.
* Moreno Bastida, Ricardo (PRD) Distrito Federal, sobre los 100 primeros días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
* Moreno Bastida, Ricardo (PRD) Aeropuerto, con relación a la construcción de nuevo aeropuerto alterno al de la Ciudad de México.
* Ramírez del Valle, Daniel (PAN) Distrito Federal, sobre los 100 primeros días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
* Rodríguez Lozano, Amador (PRI) Código Federal de Ejecución de Sentencias y Medidas Preventivas de la Libertad, iniciativa de dicho código.
* Rodríguez Lozano, Amador (PRI) Infonavit, solicita excitativa a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Vivienda, para dictaminar minuta recibida el 13 de abril de 2000 y que reforma el artículo 47 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. El Presidente realiza la excitativa y establece como fecha límite el próximo 5 de abril.
* Rodríguez Lozano, Amador (PRI) Infonavit, solicita excitativa a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Vivienda, para dictaminar minuta recibida el 13 de abril de 2000 y que reforma el artículo 47 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
* Rodríguez Lozano, Amador (PRI) Ley del Impuesto sobre la Renta, solicita excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para que dictamine iniciativa de reformas a dicha ley, presentada el 21 de septiembre de 2000.
* Soto Gómez, Máximo (PAN) Distrito Federal, sobre los 100 primeros días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
* Taylor Arthur, Herbert (PAN) en dos
ocasiones
Cajas populares, respecto a las cajas populares en el Estado de Jalisco.
* Torrijos Mendoza, Miguel Angel (PAN) Día Mundial del Agua, respecto a dicha celebración del pasado 22 de marzo.
* Ulloa Vélez, Alonso (PAN) Cajas populares, respecto a las cajas populares en el Estado de Jalisco.
* Viggiano Austria, Alma Carolina (PRI) Aeropuerto, con relación a la construcción de nuevo aeropuerto alterno al de la Ciudad de México.

 

862,863,864,865