Presidencia
del diputado
José Guillermo Anaya Llamas
ASISTENCIA
El Presidente:
Proceda la Secretaría a pasar lista de
asistencia.
La secretaria diputada Magdalena del
Socorro Núñez Monreal:
Se va a proceder a pasar lista de
asistencia de los integrantes de la Comisión Permanente.
Ha una asistencia de 28 legisladores. Hay quorum,
señor Presidente.
El Presidente (a las 11:26 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL
DIA
La secretaria diputada Magdalena del
Socorro Núñez Monreal:
Se va a dar lectura al orden del día.
«Comisión Permanente.— Primer
Receso.—Segundo Año.— LVIII Legislatura.
Orden del día
Miércoles 23 de enero de 2002.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
De los congresos de los estados de Tabasco
y Tamaulipas.
De legisladores de los grupos
parlamentarios representados en la Comisión Permanente.
Iniciativa del Congreso del Estado de
Jalisco
Que reforma diversos artículos de la Ley
de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2002 y la Ley del Impuesto Especial Sobre
Producción y Servicios. (Turno a comisión.)
Iniciativas de legisladores
Que reforma diversos artículos de la Ley
de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2002 y la Ley del Impuesto Especial Sobre
Producción y Servicios, suscrita por diputados federales del Estado de Jalisco. (Turno a
comisión.)
Que adiciona un segundo párrafo a la
fracción XXIX-H del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y adiciones al Código Fiscal de la Federación, suscrita por la senadora Martha
Sofía Tamayo Morales, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
(Turno a comisión.)
Que reforma diversos artículos de la Ley
del Impuesto Sobre la Renta que afectan a los derechos de autor, suscrita por senadores
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Oficios de la Secretaría de Gobernación.
Dos, con los que remite copias de los
oficios número 001655, suscrito, por el licenciado Fernando Méndez Ortega, director
jurídico del gobierno del Estado de Oaxaca, con el que acompaña copia de la circular que
emitió a los 570 ayuntamientos de ese Estado, en relación al punto de acuerdo promovido
por el senador Antonio García Torres y el número III-50, signado por el ciudadano Juan
Eibenschutz, director general de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y
Salvaguardias de la Secretaría de Energía, sobre las garantías de seguridad de la
nucleoeléctrica Laguna Verde, en relación a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara
de Senadores.
Con las propuestas del Presidente de la
República, para la ratificación y designación de magistrados de las salas superiores y
salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. (Turno a
comisión.)
Con la propuesta del Presidente de la
República, para la designación de magistrados numerarios en los tribunales unitarios
agrarios. (Turno a comisión.)
Por el que comunica que el Presidente de la
República designó al ciudadano Eliezer Morales Aragón, embajador extraordinario y
plenipotenciario de México en la República de Bolivia. (Turno a comisión.)
Dos, por los que se comunica que el
Presidente de la República designó a los ciudadanos Juan Carlos Cue Vega y Héctor
Antonio Romero Barraza, como cónsules generales de México en El Paso, Texas, Estados
Unidos de América y Vancouver, Canadá. (Turno a comisión.)
Por el que se solicita el permiso
constitucional necesario para que el diputado Salvador Rocha Díaz, pueda aceptar y usar
la condecoración de la Orden al Mérito, en grado de Gran Oficial, que le confiere el
gobierno de Rumania. (Turno a comisión.)
Por el que solicita el permiso
constitucional necesario para que la ciudadana Anne Rosenstein Harris, pueda desempeñar
el cargo de agente consular de Estados Unidos de América, en Cozumel, con
circunscripción consular en el Estado de Quintana Roo. (Turno a comisión.)
Con los que se remiten 12 hojas de
servicios de miembros del Ejército mexicano, para los efectos de la fracción VII del
artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a
comisión.)
Dictámenes de primera lectura
De la Segunda Comisión con proyecto de
decreto que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente
Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional los días 3 y 4 de febrero de 2002, a
fin de realizar una visita de trabajo a la República de Cuba. (Dispensa de segunda
lectura, discusión y votación.)
De la Primera Comisión con proyecto de
decreto que concede permiso a los ciudadanos Francisco Javier Vázquez Lázaro y Silvia de
la Luz Rivera, para prestar servicios en la Embajada de la República de Ecuador en
México.
De la Primera Comisión con proyecto de
decreto que concede permiso a los ciudadanos Andrés Antonio Torres Scott, Raymundo
Julián Navarrete Buenrostro, Gerardo Torner Márquez y Pedro Vargas Soto, para prestar
servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México.
De la Primera Comisión con proyecto de
decreto que concede permiso al ciudadano Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de
México, para aceptar y usar la condecoración de la Sacra y Militar Orden Constantiniana
de San Jorge, en grado de Bailío Gran Cruz de Justicia, que le confiere su alteza real
don Carlos de Borbón.
Dictámenes a discusión
De la Tercera Comisión con punto de
acuerdo relativo al nombramiento del licenciado Juan Carlos Tamayo Pino, como procurador
fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
De la Segunda Comisión con punto de
acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Mauricio de María Campos y Castelló, como
embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República de Sudáfrica.
Ocho, de la Segunda Comisión con puntos de
acuerdo por los que se ratificará grados a miembros del Ejército mexicano.
De la Primera Comisión con proyecto de
decreto que concede permiso al licenciado Germán Palomares Oviedo, para aceptar y usar la
condecoración de la Orden de Río Branco en grado de Caballero, que le confiere el
gobierno de la República Federativa de Brasil.
De la Primera Comisión con proyecto de
decreto que concede permiso a los ciudadanos Rodrigo de Jesús Hidalgo Maza, Sandra
Gabriela García Guillén, Mario Alberto Robles Félix, América García Delgadillo, Jaime
Nicanor Terán Flores y María Magdalena Magallón Venzor, para prestar servicios en la
Embajada y consulados generales de Estados Unidos de América en México; Tijuana, Baja
California; Monterrey, Nuevo León; Matamoros, Tamaulipas y Ciudad Juárez, Chihuahua,
respectivamente.
Proposiciones
Con punto de acuerdo sobre el alza
generalizada de precios, a cargo del diputado Juan Manuel Sepúlveda Fayad, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre la situación
política del Estado de México, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación al
homicidio de Digna Ochoa y Plácido, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación al
artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal de 2002, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
(Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para exhortar al
Congreso a que dé inicio a los trabajos de la reforma del Estado, a cargo del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo que expresa la
solidaridad con el Estado y el pueblo argentino, a cargo de la senadora Sara Isabel
Castellanos Cortés, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
(Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre los trabajadores
de la Comisión Federal de Electricidad, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre solicitud de
prórroga para la legalización de los automóviles de procedencia extranjera, a cargo del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)»
ACTA
DE LA SESION ANTERIOR
La secretaria diputada Magdalena del
Socorro Núñez Monreal:
Se va a dar lectura al acta de la
sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles dieciséis de enero de dos
mil dos, correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la
Quincuagésima Octava Legislatura.
Presidencia del diputado
José Guillermo Anaya Llamas
En el salón Legisladores de la
República del Palacio Legislativo en San Lázaro de la capital de los Estados Unidos
Mexicanos, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con una asistencia
de treinta y cuatro legisladores, a las once horas con veintinueve minutos del miércoles
dieciséis de enero de dos mil dos, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del
día.
La Asamblea aprueba, en votación
económica, el acta de la sesión anterior.
Comunicación del diputado Francisco
García Cabeza de Vaca, por la que notifica su reincorporación a las funciones
legislativas. De enterado y comuníquese a la Cámara de Diputados.
Comunicaciones de los congresos de los
estados de:
Jalisco, con punto de acuerdo por el que
solicita la intervención de la Cámara de Senadores para que se dé cumplimiento a los
puntos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en lo referente a la
adquisición de los excedentes en la producción de azúcar. Se turna a la Comisión de
Relaciones Exteriores, América del Norte, de la Cámara de Senadores.
Morelos, con acuerdo por el que invita a la
Secretaría de Gobernación, al Congreso de la Unión y a sus comisiones competentes, para
que estudien, revisen y actualicen la normatividad del sistema penitenciario del país. Se
turna a las comisiones de Justicia de la Cámara de Senadores y de Gobernación y
Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.
San Luis Potosí, con la que informa de
actividades propias de su legislatura. De enterado.
Comunicación del Consejo de la Judicatura
Federal, por la que notifica el inicio de su primer periodo de sesiones de dos mil dos. De
enterado.
Iniciativa del Congreso del Estado de
Tabasco, con proyecto de decreto que reforma la Ley del Servicio Público de Energía
Eléctrica. Se turna a la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores.
Oficios de la Secretaría de Gobernación,
con los que:
Solicita autorización para que el
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, pueda ausentarse del
territorio nacional los días tres y cuatro de febrero de dos mil dos, a fin de realizar
una visita de trabajo a la República de Cuba. Se turna a la Segunda Comisión.
Remite copias de los siguientes oficios:
del licenciado Francisco Márquez Aguilar, coordinador general de política sectorial de
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,
mediante el cual informa lo relativo a la importación de leche en polvo y a la
realización de acciones en apoyo al sector cafetalero, y del ciudadano Javier Usabiaga
Arroyo, titular de esa Secretaría, relativo al combate de enfermedades y plagas exóticas
de las especies vegetales y pecuarias del país, en ambos casos en relación con puntos de
acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. Se turnan a las comisiones de Agricultura y
Ganadería y Especial de Ganadería de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
153,154,155
Solicita el permiso necesario para que el
ciudadano Bernabé Bernardo Chávez Lira, pueda aceptar y usar la condecoración que le
confiere el gobierno de la República Federativa del Brasil. Se turna a la Primera
Comisión.
Solicita el permiso necesario para que el
ciudadano Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, pueda aceptar y usar la
condecoración que le confiere su alteza real don Carlos de Borbón. Se turna a la Primera
Comisión.
Solicita los permisos necesarios para que
ciudadanos mexicanos, puedan prestar servicios en distintas representaciones diplomáticas
de Estados Unidos de América en México, y por el que notifica que otros ciudadanos
mexicanos han dejado de prestarlos. Por lo que se refiere a la solicitud de permisos, se
turna a la Primera Comisión, y en lo referente a quienes han dejado de prestar servicios,
se turna a las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados
y de Gobernación de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.
Solicita los permisos necesarios para que
ciudadanos mexicanos, puedan prestar servicios en la Embajada de la República de Ecuador
en México. Se turna a la Primera Comisión.
Doce, con los que remite hojas de servicios
de igual número de miembros del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, para los efectos de
la fracción séptima del artículo setenta y ocho de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. Se turnan a la Segunda Comisión.
Dictamen de la Primera Comisión, con
proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Germán Palomares Oviedo, para
aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República Federativa
de Brasil. Es de primera lectura.
Dictamen de la Primera Comisión, con
proyecto de decreto que concede permiso a ciudadanos mexicanos para prestar servicios en
la Embajada y distintos consulados generales de Estados Unidos de América en México. Es
de primera lectura.
Dictamen de la Tercera Comisión, con punto
de acuerdo por el que se ratifica la designación del ciudadano Bernardo González
Aréchiga Ramírez Wiella, como vocal de la junta de gobierno del Instituto para la
Protección al Ahorro Bancario, para el periodo comprendido del primero de enero de dos
mil dos al treinta y uno de diciembre de dos mil cinco.
Sin nadie que solicite hacer uso de la
palabra, se aprueba por mayoría calificada de treinta y cuatro votos en pro y tres en
contra. Comuníquese al Ejecutivo.
El Presidente informa que a las puertas del
salón se encuentra el ciudadano Bernardo González Aréchiga Ramírez Wiella, cuyo
nombramiento como vocal de la junta de gobierno del Instituto para la Protección al
Ahorro Bancario acaba de ser aprobado y, acompañado de una comisión designada, rinde su
protesta de ley.
Dictamen de la Segunda Comisión, con punto
de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Carlos Virgilio Ferrer
Argote como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República
Argelina Democrática y Popular. Sin que motive debate se aprueba en votación económica.
Comuníquese al Ejecutivo.
El Presidente informa que a las puertas del
salón se encuentra el ciudadano Carlos Virgilio Ferrer Argote, cuyo nombramiento como
embajador acaba de ser aprobado por la Asamblea y, acompañado de una comisión designada,
rinde su protesta de ley.
Dictamen de la Segunda Comisión, con punto
de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento de la ciudadana Anacelia Pérez Charles
como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México en la República de Haití.
Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese al Ejecutivo.
El Presidente informa que a las puertas del
salón se encuentra la ciudadana Anacelia Pérez Charles, cuyo nombramiento como
embajadora acaba de ser aprobado por la Asamblea y, acompañada de una comisión
designada, rinde su protesta de ley.
Dictamen de la Segunda Comisión, con punto
de acuerdo por el que se ratifica la designación del ciudadano Adolfo Miguel Aguilar
Zinser como representante permanente de México ante la Organización de las Naciones
Unidas.
El Presidente instruye a la Secretaría
consultar a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo en votación económica y, desde
su curul, el legislador Miguel Sadot Sánchez Carreño solicita que la votación sea
nominal. El Presidente atiende la solicitud y la Secretaría recoge la votación nominal
respectiva, misma que resulta aprobatoria por dieciocho votos en pro, uno en contra y
diecisiete abstenciones. Comuníquese al Ejecutivo.
El Presidente informa que a las puertas del
salón se encuentra el ciudadano Adolfo Miguel Aguilar Zinser, cuyo nombramiento como
representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas acaba de
ser aprobado por la Asamblea y, acompañado de una comisión designada, rinde su protesta
de ley.
Suben a la tribuna, para presentar
proposiciones con punto de acuerdo, las legisladoras:
Martha Tamayo Morales, del Partido
Revolucionario Institucional, sobre la causación en tasa cero del servicio de suministro
de agua potable para uso doméstico. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público de la Cámara de Diputados.
Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del
Partido de la Revolución Democrática, en relación con el cierre de la empresa llantera
Euzkadi, Sociedad Anónima, ubicada en El Salto, Jalisco. Se turna a la Comisión de
Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.
La legisladora Noemí Zoila Guzmán
Lagunes, del Partido Revolucionario Institucional y a nombre de legisladores de los
diversos grupos parlamentarios, presenta un pronunciamiento para exhortar al Gobierno
Federal a reforzar las acciones preventivas ante la presencia de frentes fríos en la
República Mexicana. Comuníquese al Ejecutivo.
Continúan la presentación de
proposiciones con punto de acuerdo, las legisladoras:
Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del
Partido de la Revolución Democrática, sobre la política salarial y el recorte de
personal técnico de confianza en Petróleos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Trabajo
y Previsión Social de la Cámara de Diputados.
María Miroslava García Suárez, del
Partido de la Revolución Democrática, para que la Cámara de Senadores considere la
ampliación del plazo establecido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
para que los laboratorios farmacéuticos trasnacionales inicien ventas al sector público
mexicano. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, de la
Cámara de Senadores.
Para referirse al mismo tema, se concede la
palabra a los legisladores: Miguel Angel Navarro Quintero, del Partido Revolucionario
Institucional; y Elías Miguel Moreno Brizuela, del Partido de la Revolución
Democrática, quien solicita turnar la proposición también a la Comisión de Salud y
Seguridad Social de la Cámara de Senadores y el Presidente atiende la solicitud.
Para los efectos del inciso g del
artículo sesenta y seis de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, la Cámara de Senadores remite el presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y
gastos para el mes de enero de dos mil dos. Se aprueba en votación económica.
Hablan sobre el asesinato del diputado
local del Estado de Yucatán, Pánfilo Novelo Martín, los legisladores: Jorge Carlos
Ramírez Marín, del Partido Revolucionario Institucional; Elías Miguel Moreno Brizuela,
del Partido de la Revolución Democrática y Miguel Angel Gutiérrez Machado, del Partido
Acción Nacional.
Rectifican hechos los legisladores: Jorge
Carlos Ramírez Marín y Efrén Nicolás Leyva Acevedo, ambos del Partido Revolucionario
Institucional y Jorge Zermeño Infante, del Partido Acción Nacional.
Comenta el viaje a la República de Cuba
del grupo de Amistad México-Cuba de la Cámara de Diputados, el legislador Juan Carlos
Regis Adame, del Partido del Trabajo.
Agotados los asuntos en cartera, la
Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura
la de hoy a las catorce horas con veintiséis minutos, citando para la que tendrá lugar
el miércoles veintitrés de enero de dos mil dos, a las once horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo
quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada.
ESTADO DE
TABASCO
La secretaria diputada Magdalena del
Socorro Núñez Monreal:
«Escudo del Estado de Tabasco.—
LVII Legislatura.— Honorable Congreso del Estado de Tabasco.
Ciudadano Presidente de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F.
En cumplimiento a lo preceptuado por el
artículo 19 párrafo quinto de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 21 del Reglamento
Interior del honorable Congreso del Estado, nos permitimos hacer de su conocimiento que
con esta fecha, la LVII Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Tabasco, clausuró los trabajos legislativos de su segundo periodo de sesiones ordinarias
correspondiente al primer año de ejercicio constitucional y llevó a cabo la elección de
la Comisión Permanente que dirigirá los trabajos legislativos durante el periodo de
receso, resultando electos los diputados:
Emilio Antonio Contreras Martínez de
Escobar, presidente; Minerva Ocaña Pérez, secretaria, Pedro Palomeque Calzada, Félix
Jorge David González, vocales; Carlos Francisco Lastra González y Ramón Cornelio
Gómez, suplentes.
Aprovechamos la oportunidad para saludarle
cordialmente.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Villahermosa, Tabasco, a 15 de diciembre de
2001.— Diputados: Pedro Rodríguez Reyes, presidente; César Ernesto Rabelo
Dag Dug, secretario.»
El Presidente:
De enterado.
ESTADO
DE TAMAULIPAS
La secretaria diputada Magdalena del
Socorro Núñez Monreal:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Gobierno de Tamaulipas.— Poder Legislativo.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, D. F.
Con apoyo en lo dispuesto por el artículo
32 fracción V del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, nos
permitimos hacer de su conocimiento que en sesión pública y solemne, celebrada por el
pleno legislativo en esta fecha, fueron electos los diputados: Eliseo Castillo Tejeda,
María Leticia Terán Rodríguez, Luis Alonso Mejía García y José Raúl Bocanegra
Alonso, como presidente, secretarios y suplente, respectivamente, para integrar la mesa
directiva que habrá de fungir durante el mes de enero del presente año, dentro del
primer periodo de sesiones ordinarias, correspondiente al primer año de ejercicio legal
de la LVIII Legislatura del honorable Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano
de Tamaulipas; asimismo, se declaró formalmente instalada la misma, quedando en aptitud
de ejercer las funciones que le señalan la Constitución Política local y los
ordenamientos internos del Poder Legislativo del Estado.
Sin otro particular, les reiteramos nuestra
atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 1o. de enero
de 2002.— Diputados secretarios: María Leticia Terán Rodríguez y Luis
Alonso Mejía García.»
El Presidente:
De enterado.
TRABAJOS
LEGISLATIVOS
La secretaria diputada Magdalena del
Socorro Núñez Monreal:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.
Acuerdo relativo a las sesiones de la
Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.
156,157,158
Honorable Asamblea: en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 78 constitucional, por los artículos 116, 117, 119, 120, 121,
122, 123 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General y del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los
legisladores que suscriben, integrantes de la Comisión Permanente del honorable Congreso
de la Unión, someten a consideración el siguiente
ACUERDO
Primero. El presente acuerdo
establece los consensos generales para la conformación del orden del día, el desarrollo
de las sesiones y los debates sobre asuntos de interés nacional en la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión, durante el primer receso del segundo año
de ejercicio de la LVIII Legislatura.
Segundo. Las sesiones de la
Comisión Permanente se celebrarán los días miércoles de cada semana; iniciarán por
norma general a las 11:00 horas y tendrán una duración de hasta cuatro horas conforme lo
establece el artículo 28 de Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General. El
Presidente de la Mesa Directiva y los legisladores de los grupos parlamentarios
representados en ésta podrán acordar la celebración de sesiones vespertinas o en días
distintos a los programados.
Tercero. A las 18:00 horas los días
previos a las sesiones programadas, tendrán lugar las reuniones de trabajo entre
legisladores integrantes de la Mesa Directiva, con objeto de integrar el orden del día de
cada sesión, en términos de lo que dispone el artículo 30 del Reglamento Interior,
agrupados conforme a conceptos y, en su caso, acordar los trámites que correspondan a los
asuntos en cartera. A esta reunión asistirán los representantes designados por los
grupos parlamentarios.
Cuarto. Con la finalidad de ordenar
los debates y recopilar elementos suficientes para la discusión de los asuntos en cada
sesión, el proyecto de orden del día deberá integrarse a más tardar en la reunión de
trabajo que establece el punto anterior del presente acuerdo.
Quinto. Los asuntos complementarios
o deliberativos que deseen incluir los grupos parlamentarios, adicionales a los que marca
el artículo 30 del Reglamento para el Gobierno Interior, constituirán la agenda
política.
Sexto. La inclusión de iniciativas,
proposiciones y asuntos en la agenda política del orden del día de cada sesión, que
sean de interés de los grupos parlamentarios, deberá solicitarse su inscripción a la
Mesa Directiva con 24 horas de anticipación al inicio de la sesión.
Séptimo. Las deliberaciones sobre
los asuntos contenidos en la agenda política deberán iniciar con el orador del grupo
parlamentario que haya solicitado su registro, pudiendo incorporar hasta un turno de
oradores para fijar posición por cada grupo parlamentario. Estas intervenciones no
podrán tener una duración mayor a 10 minutos; en la discusión podrán inscribirse
oradores quienes harán uso de la tribuna conforme lo establece el Reglamento Interior,
por un tiempo máximo de cinco minutos.
Octavo. Durante el desarrollo de las
sesiones, la Mesa Directiva podrá incorporar, por consenso al orden del día, asuntos que
no hubieren sido registrados al inicio de las mismas y que sean propuestos por los
legisladores de los grupos parlamentarios.
Noveno. Los representantes de los
grupos parlamentarios informarán con oportunidad, antes del inicio de las sesiones, los
nombres de los legisladores que sustituirán en sus funciones a los legisladores
propietarios, con objeto de llevar a cabo el correcto registro de asistencias y
solicitudes de uso de la palabra.
Décimo. Para la integración del
orden del día deberán privilegiarse los asuntos que las disposiciones legales
establezcan como materia de la Comisión Permanente, pudiendo incluirse otros siempre y
cuando en su registro se observen las disposiciones contenidas en este acuerdo.
Undécimo. Los asuntos no previstos
en los presentes serán resueltos por acuerdo con los legisladores de los grupos
parlamentarios representados en la Comisión Permanente del honorable Congreso de la
Unión.
Salón Legisladores de la República, a 16
de enero de 2002.— Diputados: José Guillermo Anaya Llamas, vicepresidente de
la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión; Jorge Carlos Ramírez
Marín, Felipe Calderón Hinojosa, Miroslava García Suárez, Rodolfo Escudero Barrera,
Juan Carlos Regis Adame; senadores: Ernesto Gil Elorduy, Diego Fernández de
Cevallos, Jorge Zermeño Infante, Armando Chavarría Barrera y Gloria Lavara Mejía.»
En votación económica se pregunta si se
aprueba.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado.
TEQUILA
La secretaria diputada Magdalena del
Socorro Núñez Monreal:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder Legislativo. — Secretaría del
Congreso.
Ciudadano Presidente de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F.
El honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Jalisco, en sesión de esta fecha, aprobó el acuerdo económico número
414/02, del que le anexo copia para los efectos legales procedentes, mediante el cual se
acordó remitir a esa alta soberanía popular iniciativa de decreto que reforma diversos
artículos a la Ley de Ingresos Federal para el presente ejercicio fiscal, así como a la
Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, conforme al texto que se
desprende del acuerdo que se acompaña para tal efecto.
Por instrucciones de la directiva de esta
honorable soberanía jalisciense, hago de su conocimiento lo anterior en vía de
notificación personal y para los efectos legales subsecuentes, agradeciéndole que las
acciones que se sirva tomar al respecto, las haga del conocimiento de esta
representación, a la brevedad posible, a fin de darles el curso correspondiente.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guadalajara, Jalisco, a 15 de enero de
2002.— Licenciado Leonardo García Camarena, oficial mayor.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder Legislativo. — Secretaría del
Congreso.
Ciudadanos diputados: los suscritos
diputados, todos miembros de la LVI Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, con
las facultades conferidas por los artículos 85, 88 89 y 90 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, presentamos a consideración de ustedes la siguiente iniciativa de acuerdo
económico a fin de elevar la iniciativa de decreto al honorable Congreso de la Unión y
para lo cual presentamos la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
1. De conformidad a lo que dispone el
artículo 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Considerando que la industria tequilera
desempeña un papel importante en la economía del país, tanto por la generación de
empleos, los que actualmente ascienden a 36 mil familias, así como por la capacidad de
lograr exportaciones e incorporar más proveedores a la cadena productiva y teniendo en
cuenta que en pocos años el tequila ha pasado de ser una bebida de aceptación nacional a
ser una de las bebidas con mayor crecimiento y reconocimiento en los mercados
internacionales.
3. El sector productor del tequila, es uno
de los más afectados en términos de inversión y empleo, ya que la Ley de Ingresos
aprobada, aunque incorpora medidas que estimulan la inversión tiene un carácter
eminentemente recaudatorio a través del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios
que a partir de este año aplica un impuesto de un 60% ad valorem que distorsiona
la asignación eficiente de recursos en sectores específicos, ya que esto impone una
carga excesiva a ciertos sectores sin que se cumplan los principios básicos de
universalidad y equidad que todo sistema impositivo debe preservar, afectando no sólo a
las utilidades de las empresas, ya que no sólo disminuye la inversión productiva, la
creación de empleos, sino que también trasladan una parte importante del impacto del
costo económico de los impuestos a los consumidores y al mercado de factores.
4. En los últimos dos años, la industria
tequilera reflejo un importante decremento en sus ventas como resultado del aumento en el
costo de la materia prima situación que con la entrada en vigor de las reformas aprobadas
a la Ley del IEPS tiende a agravarse aún más, trayendo como consecuencia lo siguiente:
a) Pérdida en las ventas de ha un 40%.
b) Reducción de las fuentes de empleo.
c) Evasión fiscal.
d) Clandestinaje.
e) Pirataje.
f) Adulteración.
g) Contrabando.
Lo cual es contrario a la fuerza que debe
prevalecer en un Estado de Derecho cuya condición axiológica se basa en los principios
de seguridad y certidumbre jurídica para los gobernados en la continua aspiración de
alcanzar un trato justo e igualitario, en ese sentido el tequila es una bebida espirituosa
cuya denominación de origen es orgullo y emblema de todos los mexicanos, por lo que se
requiere una corresponsabilidad entre Estado, productores, agricultores y consumidores
para defender esta insignia que en el mundo da identidad a nuestro país.
Por lo que alentados por la salvaguarda de
estos principios y valores, los diputados de esta legislatura del Congreso proponemos las
siguientes modificaciones a la Ley Federal de Ingresos y a la Ley del Impuesto Especial
Sobre Producción y Servicios.
Para tal efecto con fundamento en los
artículos 88, 89 y 90 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a la elevada
consideración de ustedes, diputados, la siguiente iniciativa de
ACUERDO ECONOMICO
Por el cual el Congreso del Estado Libre y
Soberano de Jalisco, pone a consideración del honorable Congreso de la Unión, iniciativa
de decreto mediante la cual se reforman diversos artículos de la Ley de Ingresos Federal
para el Ejercicio Fiscal del Año 2002, así como de la Ley del Impuesto Especial Sobre
Producción y Servicios.
Unico. El Congreso del Estado Libre
y Soberano de Jalisco, pone a consideración del honorable Congreso de la Unión,
iniciativa de decreto mediante la cual se reforman el artículo 17 fracción XII de la Ley
de Ingresos Federal para el Ejercicio Fiscal del Año 2002, así como los artículos 8o. y
segundo transitorio de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios para
quedar como sigue:
Ley de Ingresos de la Federación para
el Ejercicio Fiscal del Año 2002.
Artículo 17. . .
I a la XI. . .
XII. Se otorga un estímulo a los
productores de tequila que utilicen el agave tequilana weber azul y a los productores de
las diversas variedades de agave que marca la Norma Oficial Mexicana que adquiere dicho
producto para ser utilizado exclusivamente en la elaboración de tequila y mezcal, en un
monto que no podrá exceder de 9.9 pesos por kilo de agave. El estímulo en ningún caso
podrá rebasar el costo de la materia prima.
El adquirente considerará el pago del
estímulo como un crédito fiscal que podrá disminuir únicamente del impuesto especial
sobre producción y servicios que se cause en la enajenación del tequila y mezcal en los
términos del párrafo siguiente, sin que en ningún caso la disminución exceda del 50%
del impuesto causado en el mes de que se trate.
El crédito fiscal sólo se podrá
disminuir durante los 12 meses siguientes a la fecha en que se adquiera el agave, del
impuesto que resulte de la enajenación del tequila y mezcal que se produzca a partir de
la entrada en vigor de la presente ley, y sobre la cual se pague el impuesto especial
sobre producción y servicios a la tasa establecida en la Ley del Impuesto Especial Sobre
Producción y Servicios, sin que exceda de los límites establecidos en los párrafos
anteriores.
Para determinar el monto definitivo del
estímulo, los productores dividirán el 50% del impuesto especial sobreproducción y
servicios causado por la enajenación de tequila y mezcal en el periodo de enero a junio
entre el número de kilos de agave adquiridos en dicho periodo. La diferencia entre el
monto que resulte y el límite máximo de 9.9 pesos por kilo de agave que no se hubiera
pagado al productor del citado agave en el momento de la adquisición, se podrá pagar a
partir del mes en que se haga el ajuste a que se refiere este árrafo y se podrá
disminuir del impuesto especial de referencia que se cause en al enajenación del tequila
y mezcal en los seis meses siguientes, hasta agotarlo, sin que en ningún caso el impuesto
a pagar en los citados meses sea inferior al 50% del impuesto causado en el mes de que se
trate. En el caso de que el monto acreditado por el productor de tequila exceda del monto
que se determine conforme a este párrafo como crédito definitivo, el excedente se
disminuirá del crédito al que tengan derecho los productores de tequila y mezcal en el
segundo semestre del ejercicio, en los términos de esta fracción. El mismo procedimiento
se seguirá para determinar el estímulo definitivo correspondiente al periodo de julio a
diciembre de cada año. En el caso de que el crédito correspondiente al segundo semestre
exceda del monto máximo definitivo que corresponda a dicho periodo en los términos de
este párrafo, el excedente se pagará conjuntamente con la declaración que presenten los
productores de tequila y mezcal en el mes de febrero de cada siguiente año, actualizado y
con los recargos correspondientes desde el mes en que se aplicó en exceso el crédito
otorgado en este artículo y hasta la fecha en que el mismo se pague.
159,160,161
Los adquirentes de agave tequiliana weber
azul y las demás variedades que marque la Norma Oficial Mexicana deberá reportar
mensualmente a las autoridades fiscales el volumen y valor del agave adquirido en el mes
inmediato anterior.
. . .
Ley del Impuesto Especial Sobre
Producción y Servicios.
Artículo 8o. . .
I y II. . .
a) al f) . . .
g) La venta entre productores de tequila se
considerará en todos los casos como venta de materia prima, por lo que tendrá una tasa
igual al 0% del impuesto especial sobre producción y servicios al que hace referencia la
ley.
Disposiciones transitorias de la Ley del
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.
Artículo segundo. . .
I. . .
II. Los productores, envasadores e
importadores, de bebidas alcohólicas que con anterioridad a la entrada en vigor del
artículo 1o. del presente decreto hubieran optado por pagar el impuesto en los términos
de los artículos 26-D y 26-H, segundo párrafo de la Ley del Impuesto Especial Sobre
Producción y Servicios, vigentes hasta antes de la entrada en vigor del citado artículo
1o. y que la fecha de la entrada en vigor del mismo cuenten con inventarios de bebidas
alcohólicas, pagarán el impuesto que corresponda a dichos productos aplicando la cuota
por litro vigente, de conformidad con lo siguiente:
a) y b) . . .
Los contribuyentes a que hace referencia
esta fracción deberán presentar dentro de los seis días siguientes a la publicación de
este decreto en el Diario Oficial de la Federación, mediante escrito libre ante
las autoridades fiscales, un reporte que contenga el inventario de dichas bebidas, al día
anterior al de la entrada en vigor del artículo 1o. del citado decreto, por tipo, marca,
presentación, capacidad del envase y el número de envases que se tengan en existencias,
así como sus inventarios de producto a granel contenido en barricas, pipones y toneles
por categoría y tipo de producto en los términos que mediante reglas de carácter
general establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Guadalajara, Jalisco, a 15 de enero de
2002.— Diputados: José Trinidad Muñoz Pérez, Fernando Antonio Guzmán Pérez
Peláez, José Manuel Ramírez Jiménez, Salvador Sánchez Guerrero, Javier Galván
Guerrero, Salvador Caro Cabrera, Claudio Palacios Rivera, Lázaro Arias Martínez, José
Antonio Cabello Gil, José Manuel Carrillo Rubio, Juan Víctor Contreras Magallón,
Ricardo Pedro Chávez Pérez, Ernesto Díaz Márquez, José de Jesús García García,
Jesús Gaytán González, Ramón González González, Martín González Jiménez, José
Guadalupe González Rubio, Gustavo González Villaseñor, Francisco Javier Guizar Macías,
Juan Manuel Gutiérrez Santos, Juan Enrique Ibarra Pedroza, Agapito Isaac López, José
Luis Leal Sanabria, José Guadalupe Madera Godoy, Ena Luisa Martínez Velasco, Miguel
Enrique Medina Hernández, María del Carmen Mendoza Flores, Miguel Angel Monraz Ibarra,
Gonzalo Moreno Arévalo, Octavio Francisco Navarro Prieto, Felipe de Jesús Pulido
García, Hugo Rodríguez Díaz, José Guadalupe Tarcisio, Ricardo Rodríguez Oropeza,
Fernando Ruiz Castellanos, Juan José Sánchez Antillón, Rafael Sánchez Pérez, Leobardo
Treviño Marroquín y Sofía Valencia Abundis.»
«El suscrito oficial mayor del honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Jalisco.
CERTIFICA
Que las presentes fotocopias, en siete
hojas útiles son copia fiel del original que tuve a la vista y que corresponden al
acuerdo económico número 414/01, de fecha 15 de enero del 2002, mismo que obra en los
archivos de este Poder Legislativo.
Se extiende la presente certificación por
acuerdo de la Asamblea a los 15 días del mes de enero de 2002.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guadalajara, Jalisco.— El oficial
mayor, Leonardo García Camarena.»
El Presidente:
Túrnese a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público de la Cámara de Diputados.
TEQUILA (II)
El Presidente:
Se recibió iniciativa que reforma diversos
artículos de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del 2002 y de la Ley del
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, suscrita por diputados federales del
Estado de Jalisco.
«Ciudadanos diputados: los suscritos,
todos diputados federales por Jalisco, miembros de la LVIII Legislatura del honorable
Congreso de la Unión; integrantes de las diversas fracciones parlamentarias que
representan a Jalisco en esta Cámara, con las facultades conferidas por el artículo 71
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 55 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Presentamos la siguiente iniciativa de decreto a fin de modificar el artículo 17
fracción XII de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del Año
2002 y el artículo 8o. fracción III de la Ley del Impuesto Sobre Producción y
Servicios, así como de los transitorios el artículo segundo fracción II de la misma
ley:
EXPOSICION DE MOTIVOS
1. Considerando que la industria tequilera
desempeña un papel importante en la economía del país, tanto por la generación de
empleos, los que actualmente ascienden a 36 mil familias, así como por la capacidad de
lograr exportaciones e incorporar más proveedores a la cadena productiva y teniendo en
cuenta que en pocos años el tequila ha pasado de ser una bebida de aceptación nacional a
ser una de las bebidas con mayor crecimiento y reconocimiento en los mercados
internacionales.
2. El sector productor del tequila es uno
de los más afectados en términos de inversión y empleo, ya que la Ley de Ingresos
aprobada, aunque incorpora medidas que estimulan la inversión tiene un carácter
eminentemente recaudatorio a través del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios
que a partir de este año aplica un impuesto de un 60% "ad valorem", que
distorsionan la asignación eficiente de recursos en sectores específicos, ya que esto
impone una carga excesiva a ciertos sectores sin que se cumplan los principios básicos de
universalidad y equidad que todo sistema impositivo debe preservar, afectando no sólo a
las utilidades de las empresas, ya que no sólo disminuye la inversión productiva, la
creación de empleos, sino que también trasladan una parte importante del impacto del
costo económico de los impuestos a los consumidores y al mercado de factores.
3. En los últimos dos años, la industria
tequilera reflejo un importante decremento en sus ventas como resultado del aumento en el
costo de la materia prima situación que con la entrada en vigor de las reformas aprobadas
a la Ley del IEPS tiende a agravarse aún más, trayendo como consecuencia lo siguiente:
a) Pérdida en las ventas de hasta un 40%;
b) Reducción de las fuentes de empleo;
c) Evasión fiscal;
d) Clandestinaje;
e) Pirataje;
f) Adulteración y
g) Contrabando.
Lo cual es contrario a la fuerza que debe
prevalecer en un Estado de Derecho cuya condición axiológica se basa en los principios
de seguridad y certidumbre jurídica para los gobernados en la continua aspiración de
alcanzar un trato justo e igualitario, en ese sentido el tequila es una bebida espirituosa
cuya denominación de origen es orgullo y emblema de todos los mexicanos, por lo que se
requiere una corresponsabilidad entre Estado, productores, agricultores y consumidores
para defender esta insignia que en el mundo da identidad a nuestro país.
Por lo que alentados por la salvaguarda de
estos principios y valores, los diputados federales de las diversas fracciones
parlamentarias que representan a Jalisco en esta legislatura del Congreso de la Unión,
proponemos las siguientes modificaciones a la Ley Federal de Ingresos y a la Ley del
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.
Para tal efecto con fundamento en los
artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del
artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos sometemos a la elevada consideración de ustedes, diputados, la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO
Mediante la cual se reforman diversos
artículos de la Ley de Ingresos Federal para el Ejercicio Fiscal del Año 2002, así como
de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:
Ley de Ingresos de la Federación para
el Ejercicio Fiscal del Año 2002.
Artículo 17. . .
I a la XI. . .
XII. Se otorga un estímulo a los
productores de tequila que utilicen el agave tequiliana weber azul y a los productores de
las diversas variedades de agave que marca la Norma Oficial Mexicana que adquieren dicho
producto para ser utilizado exclusivamente en la elaboración de tequila y mezcal, en un
monto que no podrá exceder de 9.9 pesos por kilo de agave. El estímulo en ningún caso
podrá rebasar el costo de la materia prima.
El adquirente considerará el pago del
estímulo como un crédito fiscal que podrá disminuir únicamente del impuesto especial
sobre producción y servicios que se cause en la enajenación del tequila y mezcal en los
términos del párrafo siguiente, sin que en ningún caso la disminución exceda del 50%
del impuesto causado en el mes de que se trate.
El crédito fiscal sólo se podrá
disminuir durante los 12 meses siguientes a la fecha en que se adquiera el agave, del
impuesto que resulte de la enajenación del tequila y mezcal que se produzca a partir de
la entrada en vigor de la presente ley, y sobre la cual se pague el Impuesto Especial
Sobre Producción y Servicios a la tasa establecida en la Ley del Impuesto Especial Sobre
Producción y Servicios, sin que exceda de los límites establecidos en los párrafos
anteriores.
Para determinar el monto definitivo del
estímulo, los productores dividirán el 50% del impuesto especial sobre producción y
servicios causado por la enajenación de tequila y mezcal en el periodo de enero a junio
entre el número de kilos de agave adquiridos en dicho periodo. La diferencia entre el
monto que resulte y el límite máximo de 9.9 pesos por kilo de agave que no se hubiera
pagado al productor del citado agave en el momento de la adquisición, se podrá pagar a
partir del mes en que se haga el ajuste a que se refiere este árrafo y se podrá
disminuir del impuesto especial de referencia que se cause en la enajenación del tequila
y mezcal en los seis meses siguientes, hasta agotarlo, sin que en ningún caso el impuesto
a pagar en los citados meses sea inferior al 50% del impuesto causado en el mes de que se
trate.
En el caso de que el monto acreditado por
el productor de tequila exceda del monto que se determine conforme a este párrafo como
crédito definitivo, el excedente se disminuirá del crédito al que tengan derecho los
productores de tequila y mezcal en el segundo semestre del ejercicio, en los términos de
esta fracción. El mismo procedimiento se seguirá para determinar el estímulo definitivo
correspondiente al periodo de julio a diciembre de cada año. En el caso de que el
crédito correspondiente al segundo semestre exceda del monto máximo definitivo que
corresponda a dicho periodo en los términos de este párrafo, el excedente se pagará
conjuntamente con la declaración que presenten los productores de tequila y mezcal en el
mes de febrero de cada siguiente año, actualizado y con los recargos correspondientes
desde el mes en que se aplicó en exceso el crédito otorgado en este artículo y hasta la
fecha en que el mismo se pague.
Los adquirentes de agave tequiliana weber
azul y las demás variedades que marque la Norma Oficial Mexicana deberán reportar
mensualmente a las autoridades fiscales el volumen y valor del agave adquirido en el mes
inmediato anterior.
. . .
Ley del Impuesto Especial Sobre
Producción y Servicios.
Artículo 8o. . .
I y II. . .
III. La venta entre productores de tequila
se considerará en todos los casos como venta de materia prima, por lo que tendrá una
tasa igual a 0% del Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios al que hace referencia
la ley.
162,163,164
ARTICULOS TRANSITORIOS
Artículo segundo. . .
I. . .
II. Los productores, envasadores e
importadores, de bebidas alcohólicas que con anterioridad a la entrada en vigor del
artículo 1o. del presente decreto hubieran optado por pagar el impuesto en los términos
de los artículos 26-D y 26-H segundo párrafo de la Ley del Impuesto Especial Sobre
Producción y Servicios, vigentes hasta antes de la entrada en vigor del citado artículo
1o., y que a la fecha de la entrada en vigor del mismo cuenten con inventarios de bebidas
alcohólicas, pagarán el impuesto que corresponda a dichos productos aplicando la cuota
por litro vigente, de conformidad con lo siguiente:
a) y b) . . .
Los contribuyentes a que hace referencia
esta fracción deberán presentar dentro de los seis días siguientes a la publicación de
este decreto en el Diario Oficial de la Federación, mediante escrito libre, ante
las autoridades fiscales, un reporte que contenga el inventario de dichas bebidas, el día
anterior al de la entrada en vigor del artículo 1o. del citado decreto, por tipo, marca,
presentación, capacidad del envase y el número de envases que se tengan en existencia,
así como sus inventarios de producto a granel contenido en barricas, pipones y toneles
por categoría y tipo de producto en los términos que mediante reglas de carácter
general establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
México, D.F., a 16 de enero del año
2002.— Diputados: José Manuel Correa Ceseña, Salvador Cosío Gaona, Marcelo
García Morales, Jaime Hernández González, José Socorro Velázquez Hernández, Germán
Arturo Pellegrini Pérez, José María Tejeda Vázquez, Rafael Ramírez Sánchez, Alonso
Ulloa Vélez, Herbert Taylor Arthur, Jorge Urdapilleta Núñez, Enrique Adolfo Villa
Preciado, Jaime Aceves Pérez, José de Jesús Hurtado Torres, José Bañales Castro,
Julio César Lizárraga López, José Abraham Cisneros Gómez, Miguel Angel Martínez
Cruz, Tomás Coronado Olmos, Rodrigo David Mireles Pérez, Francisco Javier Flores
Chávez, Humberto Muñoz Vargas, Sergio García Sepúlveda, José María Eugenio Núñez
Murillo, José Antonio Gloria Morales, Rodolfo Guadalupe Ocampo Velázquez y José Antonio
Magallanes Rodríguez.»
VER DATOS ADJUNTOS
El Presidente:
Túrnese a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público de la Cámara de Diputados.
165,166,167,168,169,170
DEFENSA
DE CONTRIBUYENTES
El Presidente:
Tiene la palabra la senadora Martha Sofía
Tamayo Morales, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para
presentar una iniciativa que adiciona un segundo párrafo a la fracción XXIX inciso h
del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de
adiciones al Código Fiscal de la Federación.
Tiene usted la palabra, señora senadora.
La senadora Martha Sofía Tamayo
Morales:
Gracias, señor Presidente; compañeras
y compañeros legisladores:
«Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
Los suscritos, senadores de la LVIII
Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71
fracción II y 72 inciso h, de la Constitución General de la República y en los
artículos 55 fracción II, 62, 63 y demás relativos y conexos del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ante ustedes,
respetuosamente, comparecemos para exponer:
Que en términos de lo dispuesto por la Ley
Suprema de la Nación y las disposiciones normativas del Poder Ejecutivo Federal, en
nuestra calidad de representantes populares venimos a presentar ante esta soberanía una
iniciativa de ley, para reformar el artículo 73 fracción XXIX-H de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, adicionándolo con un párrafo y el Código
Fiscal de la Federación, proponiendo la incorporación de un nuevo precepto, que sería
el 19-B, razón por la que quedaría incluido en el Título Segundo de dicho ordenamiento
que corresponde a la materia "de los derechos y obligaciones de los
contribuyentes".
En función de lo ordenado por los textos
constitucionales y legales invocados y con fundamento en lo dispuesto por el artículo
23-1 inciso f, de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y 21 fracción III,
del Reglamento para el Gobierno Interior del propio órgano legislativo, solicitamos a la
Presidencia dé curso y ordene el trámite de esta iniciativa de ley, en términos de lo
dispuesto por la normatividad vigente.
Para el efecto de sustentar la propuesta
contenida en esta iniciativa de ley, hacemos a continuación la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
1. La Constitución General de la
República, en su artículo 31 fracción IV, establece como obligación de los mexicanos:
"... contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Distrito
Federal o del estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa
que dispongan las leyes".
A su vez, el artículo 73 fracción VII, de
la Ley Suprema, atribuye al Congreso la facultad de "imponer las contribuciones
necesarias a cubrir el presupuesto", lo que el Poder Legislativo cumplimenta mediante
la expedición anual de la Ley de Ingresos de la Federación y otros diversos
ordenamientos, secundarios o reglamentarios en los que se establecen los elementos
fundamentales de los tributos: quiénes y en qué situaciones deberán considerarse como
sujetos de un determinado crédito fiscal y bajo qué régimen de cálculo, acumulación,
retenciones, exclusiones y deducciones se determinará el monto de su responsabilidad
tributaria, así como las formalidades que deberá cumplir el sujeto obligado ante las
oficinas administrativas y recaudadoras de impuestos.
Igualmente, en la fracción XXIX-H del
propio numeral 73 constitucional, se dispone que el Congreso de la Unión dictará leyes
que tengan por objeto el establecimiento de tribunales contencioso-administrativo
autónomos, para dirimir las controversias que se susciten entre la Administración
Pública Federal y los particulares, así como las reglas para su organización y
funcionamiento, el procedimiento a que se sujetarán y los recursos contra sus
resoluciones. De ahí deriva el Título Sexto denominado "del juicio
contencioso-administrativo" del propio Código Fiscal de la Federación, así como la
Ley Orgánica del Tribunal Federal de justicia Fiscal y Administrativa.
Lo cierto es que la jurisdicción
contencioso-administrativa que comprende a lo fiscal, está presente en nuestro país
desde hace más de 65 años de fructífera y positiva vida del originalmente denominado
Tribunal Fiscal de la Federación y corresponde a la línea de pensamiento que dio lugar
al establecimiento del consejo de Estado francés, aunque la evolución de esta figura en
nuestro país se ha apartado de aquella institución para cobrar su propia fisonomía,
como organismo autónomo y de plena jurisdicción.
Empero, el acceso a la justicia fiscal y
administrativa enfrenta diversas dificultades que aleja esta magnífica instancia de
impartición de justicia de los gobernados a quienes está destinada precisamente esta
jurisdicción, como es el caso de causantes de bajos recursos económicos que no pueden
pagar los servicios profesionales de asesoría y representación, así como los gobernados
que se allanan por desconocimiento o porque resulta más complicado y tardado someter a
juicio sus asuntos aun cuando sean irregulares o ilegales.
2. A tono con una tendencia que ha venido
consolidándose en la mayoría de los países del mundo, en México ha surgido también la
preocupación por dotar a los contribuyentes de una mayor seguridad jurídica y procurar,
a la vez, simplificar los trámites y las formalidades procedimentales, limitar, en lo que
sea conveniente, la discrecionalidad de las autoridades fiscales en sus atribuciones
orientadas a la verificación del comportamiento de los sujetos pasivos de las
obligaciones tributarias, la determinación de créditos fiscales y las acciones
realizadas para lograr su cobro y ejecución.
A este propósito han obedecido diversas
reformas legales, particularmente aquellas que en el Código Fiscal corresponden al
reconocimiento expreso de los derechos y obligaciones de los contribuyentes y de las
facultades de las autoridades fiscales, destacando en este último apartado la reciente
inclusión, en el artículo 33, de la institución de los síndicos, como representantes
de los contribuyentes, quienes por la reforma vigente a partir del año 2000,
"podrán solicitar opiniones o recomendaciones a las autoridades fiscales"
respecto de los asuntos que les sean planteados por sus representados.
Este ensayo se inscribe dentro de las
formas de procuración de justicia conocidas como de "justicia retenida", esto
es, mediante mecanismos o instancias dentro de la esfera de la propia autoridad que tiene
un interés oponible al particular, las cuales no han sido eficaces, puesto que no existe
motivación de parte de la autoridad para su atención o por el contrario, existe un
propósito expreso de contradecir los intereses del ciudadano del caso.
Lo anterior se comprueba con el hecho de
que se redactaron 13 normas que, si bien fueron divulgadas por el Servicio de
Administración Tributaria, no se publicaron en el Diario Oficial de la
Federación, por lo que dichas normas sólo serían obligatorias para los propios
síndicos que aceptaren desempeñar ese encargo y para los responsables de administrar el
referido programa, sin derivar vinculación jurídica para las agrupaciones proponentes o
designantes de tales síndicos ni menos aún para las autoridades fiscales no relacionadas
o comprometidas con la expedición de esas normas. De esta circunstancia ha derivado el
que esta institución no haya operado en la medida esperada, en detrimento del generoso
espíritu que alentó su creación.
3. En otros países, esta preocupación por
reforzar los derechos y las garantías del causante, como contrapartida natural a su
obligación constitucional de contribuir al sostenimiento del Estado y al financiamiento
de los gastos públicos, se ha expresado mediante diversos mecanismos que, en lo general,
coinciden en la emisión de un estatuto de reconocimiento a los derechos básicos de los
contribuyentes en sus relaciones con la administración tributaria; tal es el caso de la
Ley Española de 1998, que enumera las garantías fundamentales de los causantes y,
correlativamente, la obligación de las autoridades de respetarlas y prestar la
información y asistencia necesaria para el debido cumplimiento de la responsabilidad de
los particulares, creándose en paralelo a estas normas el consejo para la defensa del
contribuyente, como órgano asesor del secretario de estado, pero dotado de la máxima
autonomía y de la independencia que se requiere para el conocimiento y resolución de los
asuntos que le encomienden.
Si bien otras instituciones similares han
surgido y se vienen perfeccionando en diversas repúblicas latinoamericanas, es en los
países anglosajones donde se ha alcanzado una evolución mayor y más avanzada mediante
la creación de instituciones autónomas, protectoras de las garantías y los derechos de
los contribuyentes.
Destacan así Estados Unidos de América,
donde se erigió a nivel federal, desde el año de 1979, la oficina del ombudsman del
contribuyente, que al través de sucesivos avances se convirtió en el abogado del
causante, con una mayor capacidad de gestión y, a partir de 1998, en el abogado nacional
de los contribuyentes, con una absoluta independencia de la oficina recaudadora de
impuestos en cuanto a su designación, ya que su nombramiento lo realiza directamente el
secretario del tesoro después de un cuidadoso y prolongado proceso de consulta.
En diversos estados de la Unión Americana
se ha desarrollado también la figura de un ombudsman o abogado representante de
los causantes de impuestos locales, siendo especialmente digna de mención la legislación
de los estados de Kentucky y de Missouri, que por reformas muy recientes han dotado a esa
institución ciudadana de plena y absoluta libertad y autoridad, en beneficio de sus
representados.
En los países de la Common Wealth se ha
llegado a un reconocimiento de autonomía aún mayor, al crearse la figura del ombudsman
parlamentario, quien es designado y responde por y únicamente ante ese órgano
legislativo y de gobierno, lo que inspiró en los últimos años la introducción de esa
misma figura en la Unión Europea, mediante la creación del "ombudsman en
materia de impuestos", quien ha asumido una relevante función en la atención de
quejas y en la participación ante las autoridades fiscales de esa comunidad.
También es importante destacar en nuestro
país el avance de las entidades federativas en la materia contencioso-administrativa, ya
que existen en tres estados de la República la figura del defensor del contribuyente y
esto les permite disminuir de 65% a 75% el número de asuntos litigiosos, en virtud de que
cuentan con facultades para dirimir las controversias por la vía de la conciliación
previo a la interposición de demandas en representación de los ciudadanos, lo que ha
permitido reducir de manera importante el número de conflictos de este tipo.
4. Somos de la opinión de que en nuestro
país ha llegado el momento de crear un órgano de esta naturaleza, que surja por mandato
y designación del Poder Legislativo, en este caso, a través de propuesta y nominación a
cargo del Senado de la República, con ratificación por parte de la Cámara de Diputados
y que tenga la responsabilidad de informar anualmente y de comparecer siempre que sea
requerido ante las cámaras del Congreso de la Unión, en la forma y términos que
determine la ley.
Siguiendo esas prácticas suficientemente
exploradas del orden jurídico vigente, se propone denominar a la persona asignada a tal
función procurador de la defensa del contribuyente, aun cuando la competencia de su
actuación, comprende tanto la materia administrativa que es el género de donde deviene
lo fiscal, como lo impositivo propiamente dicho, ya que tal denominación ilustra la parte
más sentida en los reclamos de los gobernados que son los conflictos fiscales; por otro
lado, el Estado como contraparte, constituye un ente ante el cual los ciudadanos se
encuentran en desventaja natural y lo que surte el derecho del ciudadano a un orden
jurídico que le garantice la defensa eficiente es precisamente, esa condición de
desventaja y el hecho de que es contribuyente de los gastos de dicho ente superior.
Se concibe como una figura dotada de plena
autonomía de gestión y de los elementos indispensables para el cumplimiento de dicha
responsabilidad.
5. La modificación constitucional dará el
soporte requerido a una instancia autónoma en lo funcional y orgánico y ante el
compromiso con la sociedad dada la naturaleza de la instancia, de velar por el respeto a
los derechos de los gobernados frente al Estado, en la materia administrativa y fiscal.
En relación a la reforma al Código Fiscal
propuesta, estimamos que en el precepto por legislar, debe únicamente puntualizar la
tarea atribuida al procurador de la defensa del contribuyente, los requisitos que debe
reunir para su designación, los procedimientos que se seguirán para su nombramiento y
eventual remoción, así como el término que durará en su encargo, en la inteligencia
que una más detallada normatividad, para regular otros aspectos de la estructura y
funciones de la nueva institución, las emitirá en la ley correspondiente, el propio
Congreso de la Unión.
Por lo anteriormente expuesto y con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II y 72 inciso h de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55 fracción
II, 62, 63 y demás relativos y conexos del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a su
consideración la aprobación de la presente
INICIATIVA DE DECRETO
Artículo primero. Se adiciona un
segundo párrafo a la fracción XXIX-H del artículo 73 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 73. . .
I a la XXIX-G. . .
XXIX-H. . .
Así como las tendientes a garantizar la
protección y defensa de los derechos de los particulares, a través de un procurador de
actuación autónoma y de servicio gratuito, en los términos de las leyes
correspondientes.
171,172,173
XXIX-I. . .
XXIX-J. . .
XXX. . .
Artículo segundo. Se adiciona un
artículo 19-B, al texto vigente del Código Fiscal de la Federación, cuya redacción
será en los siguientes términos:
Artículo 19-B. La protección y
defensa de los derechos e intereses de los particulares frente al Estado en materia
contencioso administrativa, estará a cargo de un servidor público denominado Procurador
de la Defensa del Contribuyente. Este tendrá la responsabilidad de asesorar, proteger y
defender a quienes le soliciten su asistencia en todo tipo de asuntos administrativos y
fiscales federales, éstos últimos hasta por el monto del crédito o interés fiscal que
establezca la ley respectiva.
El procurador de la defensa del
contribuyente, buscará mediante la conciliación o en la fase contenciosa, que rijan la
justicia y la equidad en las relaciones de los particulares con el Gobierno Federal, así
como con sus entidades paraestatales, incluyendo las que tengan atribuciones de organismos
fiscales autónomos.
Corresponderá al procurador de la defensa
del contribuyente:
l. Atender y resolver las consultas que se
le presenten en cuanto a los asuntos fiscales y administrativos federales.
ll. Prestar el servicio de orientación
jurídica, asesoría y representación legal en la misma materia.
lll. Procurar conciliar previo a la
presentación de la demanda o denuncia los asuntos de su competencia.
IV. Coadyuvar con las autoridades
administrativas y fiscales, lo mismo que con las entidades con atribuciones de organismos
fiscales autónomos, para lograr que mantengan una relación respetuosa y equitativa con
los gobernados, se les oriente y auxilie en el cumplimiento de sus obligaciones, se les
entere de los derechos y medios de defensa de que disponen, se les informe de las
modificaciones que se introduzcan a las leyes y a los procedimientos administrativos
correspondientes, así como promover se establezcan programas eficientes, para prevenir y
resolver problemas de desconocimiento e interpretación de sus derechos, deberes y
obligaciones.
V. Proponer a las diversas autoridades del
país la elaboración de iniciativas de leyes, reglamentos decretos, acuerdos y criterios
de interpretación en las materias de su competencia, a fin de favorecer un marco de mayor
justicia y equidad en materia administrativa y fiscal.
VI. Conocer de quejas y denuncias en contra
de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de las autoridades fiscales
y administrativas federales, investigarlas e iniciar en su caso ante las autoridades
competentes en materia de procuración de justicia y ante los tribunales e instancias de
control administrativo correspondientes, los procedimientos a que haya lugar en defensa de
los ciudadanos.
VII. Promover el estudio, la enseñanza y
la divulgación de las disposiciones fiscales, particularmente de las relativas a las
garantías, los derechos y medios de defensa de los contribuyentes.
VIII. Informar anualmente al Congreso de la
Unión sobre el ejercicio de su función y comparecer, siempre que sea convocado para ese
efecto, ante el pleno o las omisiones camerales competentes.
IX. Las atribuciones que se deriven de
otros ordenamientos.
El procurador de la defensa del
contribuyente deberá reunir para su designación los siguientes requisitos:
a) Ser ciudadano mexicano;
b) Tener título de licenciado en derecho;
c) Contar con experiencia acreditada en
materia fiscal y contenciosa administrativa, cuando menos por un término de cinco años;
d) No desempeñar algún cargo de elección
popular, ni haber ocupado una posición de secretario o subsecretario de Estado o titular
de alguna entidad paraestatal en el Gobierno Federal, cuando menos un año antes del
inicio de su encargo ni haber sido funcionario del Servicio de Administración Tributaria
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los últimos cinco años previos a
su nombramiento;
e) No haber sido condenado por sentencia
irrevocable, por delito intencional que le imponga más de un año de prisión y si se
tratara de delito patrimonial cometido intencionalmente, cualquiera que haya sido la pena
ni encontrarse inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o
comisión en el servicio público y
f) Ser de reconocida competencia
profesional y honorabilidad.
El nombramiento del Procurador de la
Defensa del Contribuyente lo hará el Senado de la República y se someterá a la
ratificación de la Cámara de Diputados. En periodo de receso del honorable Congreso de
la Unión, corresponderán esas atribuciones a la Comisión Permanente.
El procurador de la defensa del
contribuyente durará en su función cuatro años y podrá ser designado exclusivamente
para un segundo periodo. Sólo podrá ser destituido y sujeto a responsabilidad por
decisión del Congreso de la Unión, por las causas y conforme a los procedimientos
previstos en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. Las cámaras del honorable
Congreso de la Unión o, en su caso, la Comisión Permanente, nombrarán al procurador de
la defensa del contribuyente dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor de la
Ley Orgánica respectiva.
Tercero. Para sufragar las
erogaciones que requiera el ejercicio de la función del Procurador de la Defensa del
Contribuyente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en las
disposiciones del Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Año 2002, dispondrá
la trasferencia de recursos correspondientes de la partida asignada al Servicio de
Administración Tributaria, en la inteligencia de que se acordarán los renglones y los
montos respectivos con las directivas de las cámaras del honorable Congreso de la Unión
y a partir del siguiente ejercicio presupuestal se le asignará su correspondiente clave y
recursos presupuestales.
Reiteramos a ustedes, señores secretarios
las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 23 de enero de 2002.—
Senadores: Martha Sofía Tamayo Morales y Fidel Herrera Beltrán.»
El Presidente:
Gracias, señora senadora.
Túrnese a las comisiones de Puntos
Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
DERECHOS
DE AUTOR
El Presidente:
Tiene la palabra el senador José Natividad
González Parás del grupo parlamentario Revolucionario Institucional, para presentar una
iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta que
afectan los derechos de autor.
El senador José Natividad González
Parás:
Con su autorización, señor
Presidente; compañeros legisladores integrantes de la Comisión Permanente:
Recientemente los legisladores de todas las
fracciones parlamentarias, vivimos una experiencia que no debe de volver a pasar, como
consecuencia de las presiones de último momento, porque se insistió irracionalmente en
una iniciativa del Ejecutivo que desde el principio se sabía que no iba a transitar.
Se hizo, por acuerdo básicamente de dos
fracciones parlamentarias con el Ejecutivo, un planteamiento alternativo que nos obligó a
los legisladores a conocer, estudiar, discutir y aprobar o en su caso rechazar en 48 horas
y en algunos casos en 24 horas, un paquete de reformas fiscales de gran trascendencia para
la vida del país. Esa premura, esa responsabilidad que no pudimos desahogar con seriedad
los legisladores, implicó que desde nuestra perspectiva se violaran constitucionalmente
algunos principios del proceso legislativo; implicó que se aprobaran normas que violan
los principios de legalidad, de transparencia, de seguridad jurídica, de simplificación
administrativa para el causante y de que también se propusieran algunos conceptos para
ser gravados, que no se justifican socialmente. Algunos conceptos que habrá que
rectificar, como es el caso del impuesto a las tarifas de agua potable, como son el caso
de los impuestos que se establecieron para otros rubros y particularmente, como es el caso
de los impuestos que se establecieron para gravar la actividad cultural y a los autores y
a los compositores.
Si bien es cierto que el Estado requiere de
recursos y de que la base tributaria debe de ampliarse, también es cierto que la
actividad tributaria debe ser un instrumento de justicia distributiva y debe ser un
instrumento que apoye a ciertos sectores prioritarios en la vida nacional, como es el caso
entre otros, de la cultura.
Todos nosotros sabemos lo que significa esa
vieja expresión popular de hacer las cosas "por amor al arte". Cuando decimos
que se trabaja por amor al arte, queremos decir que se realiza una actividad que no es
remunerada o que el esfuerzo que se hace no tiene una contraprestación equivalente al
trabajo que se realiza.
Pues bien, el trabajo de los autores y de
los compositores se hace generalmente por amor al arte y esa actividad desafortunadamente,
con las reformas aprobadas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se grava ahora con un 35%
de los ingresos muy menores que ellos reciben.
Nosotros como legisladores estamos
organizados para representar y para defender a la sociedad, para eso existen las
comisiones y quiero decirles que las comisiones de Educación y Cultura del Senado y la
Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, de manera conjunta con Conaculta y con la
Secretaría de Hacienda y concretamente con la subsecretaría de ingresos, durante más de
seis meses estuvimos trabajando un paquete de estímulos fiscales a la cultura y al arte.
Tuvimos una gran cantidad de reuniones de trabajo en donde expertos fiscalistas, donde
representantes del gremio de los autores y de los compositores, de los representantes de
las organizaciones del sector cultural participaron con mucho entusiasmo.
Y nos molestó mucho, lamentamos mucho, que
sin habernos informado siquiera, después de estos seis meses, el día 30 de diciembre nos
enteramos que no solamente no prosperaron muchas de las medidas que propusimos de manera
conjunta este grupo interinstitucional, sino que además se gravaba con el 35% del
Impuesto Sobre la Renta, a los autores y a los compositores del país. Fue una sensación
desagradable de falta de respeto al trabajo legislativo y esa fue la razón por la que la
fracción parlamentaria de nuestro partido en el Senado, ese día 30 de diciembre, en una
reunión de coordinación con las fracciones parlamentarias del PAN y del PRD, en donde
estuvo presente Diego Fernández de Cevallos, Fauzi Hamdan, Demetrio Sodi de la Tijera,
Enrique Jackson y otros legisladores, planteamos un pliego de reconsideraciones a
propuestas en materia del Impuesto Sobre la Renta que no consideramos pertinentes, entre
ellas, en el punto 14, les expresamos y lo leo textualmente, que "esa medida que
rechazábamos los senadores del PRI la considerábamos que era un gravamen que atentaba
contra la actividad cultural, científica y artística que se encuentra ya de por sí
seriamente afectada por la falta de estímulos y de presupuestos que la impulsen".
"Consideramos, sigo la cita, que es
una forma de reeditar el fallido propósito de imponerle el IVA a los libros y es una
acción que inhibe el desarrollo de la inteligencia y de la cultura en general."
Hicimos ese planteamiento. No hubo
posibilidades de rechazar ese impuesto y sólo logramos establecer una cuota de 28 mil
pesos, exenta del impuesto sobre la renta, que resulta francamente muy menor para la
actividad de los autores y compositores.
Y logramos, sí, que se rechazaran otras
medidas, entre ellas algunas que pretendían imponer un control tributario a las
organizaciones no gubernamentales que, finalmente, fueron aprobadas en la Cámara de
Diputados.
Esa es la razón por la que nuestra
fracción parlamentaria, desde ese momento, decidió proponer una iniciativa de reformas
que la semana pasada la hicimos del conocimiento de la Comisión Permanente.
Esa reforma que proponemos los integrantes
de la fracción parlamentaria del PRI en el Senado de la República, que somos parte de la
Comisión de Educación y Cultura, implica modificar el artículo 109, agregando una
fracción; derogar otra fracción del artículo 167 y dos párrafos del artículo 170 para
mantener esta exención histórica a los autores y a los compositores y extenderla
también a los artistas plásticos.
Se ha señalado por muchos que ésta es una
diferencia que no debe hacerse entre causantes. Y nosotros no estamos de acuerdo con esa
posición. No estamos de acuerdo porque, en primer lugar, los autores y los compositores,
con su trabajo esforzado, intelectual, generan obra que enriquece el patrimonio cultural
de los mexicanos, en su gran mayoría, no toda, pero en su gran mayoría esto va a
enriquecer el acervo cultural al que todos los mexicanos tenemos acceso.
174,175,176
En segundo lugar, su obra requiere de mucho
esfuerzo, de trabajo, de maduración; muchos de los esfuerzos de los autores y de los
compositores se quedan por muchos años en las gavetas de sus escritorios, mientras no
pasan la frontera de la comercialización, mientras no maduran y no tienen ingresos por
ello.
Sus regalías, sus ingresos son muy bajos,
son irregulares, son inseguros y además, a diferencia de otros causantes, no pueden
deducir gastos de actividades que realizan en investigación, en información, en
adquisición de libros, en viajes que en otras actividades de otros causantes sí pueden
ser deducibles.
No tienen una relación generalmente
obrero-patronal; no son asalariados, no tienen prestaciones, no tienen derechos de retiro,
de jubilación.
Y además la medida que se ha tomado es una
medida que nos pone en franca desventaja frente a los autores y compositores extranjeros
en México porque, en virtud de acuerdos de doble tributación, a ellos se les grava con
el 10%, mientras que a los autores mexicanos se les grava con un 35%, lo cual nos parece
injusto e incorrecto.
Y eso va a generar también que los muy
pocos autores que se cuentan con los dedos de una mano que tienen éxito en su actividad
trasladen su centro de imputación tributaria a otros países fuera de México.
Adicionalmente los autores y compositores
no tienen el derecho de heredar lo que ellos han generado a sus hijos, a sus descendientes
de manera irrestricta como sí pasa con otros causantes, porque después de un tiempo, de
75 años, sus obras pasan al dominio público y es una especie de tributación post
mortem que también ellos deben de hacer una vez que su obra pasa a manos de sus
descendientes.
Y por último, quiero señalar que
desafortunadamente en esta administración y en administraciones anteriores, el rubro de
la cultura no ha tenido la prioridad que debe de tener en nuestro país, ha sido relegado,
ha sido subestimado y lo vemos en su expresión presupuestal. El presupuesto que se
autorizó para la cultura este año, es similar o menor al presupuesto que en términos
reales se autorizó en el año 2000 y eso no es justo para un país como el nuestro que
tiene un enorme patrimonio cultural y que desatiende desde la perspectiva gubernamental, a
sus creadores.
Por todas estas razones nosotros, quienes
integramos la fracción parlamentaria del PRI en el Senado de la República, los
integrantes de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, que
participaron en los trabajos previos y que el día de ayer en una conferencia de prensa
también se sumaron a esta posición de solidaridad con los autores y compositores, es por
lo que estamos proponiendo esta iniciativa.
Sabemos que hay legisladores de otras
fracciones parlamentarias que coinciden con nosotros, que se molestaron por no haber
tenido el tiempo y la oportunidad de conocer esta iniciativa; sabemos que el Conaculta,
quienes son los responsables de impulsar las actividades culturales del país, también
ven con simpatía esta posición, aunque sean parte del Ejecutivo, porque aquí se lo han
expresado a las organizaciones autorales y a los compositores de nuestro país.
Esa es pues la razón, compañeras y
compañeros legisladores, con la que nosotros nos solidarizamos con ese gremio y apoyamos
a los literatos, a los poetas y dramaturgos, a los artistas plásticos, a los músicos, a
los caricaturistas, a los coreógrafos, a los que participan en la danza y en el del
canto, a los escultores, a los cinematógrafos y a las demás actividades de creación que
tienen qué ver con la cultura y con el arte, para que gocen de este estímulo que es una
tradición en México, desde la época de la Colonia.
Esta medida, pienso que puede contribuir a
fortalecer al menos un poco este sector que ha estado tan desprotegido en nuestra vida
nacional.
Apoyar a los creadores, a los compositores,
a aquellos que dan lo mejor de sí por amor al arte.
Muchas gracias.
«Iniciativa con proyecto de decreto que
reforma diversos artículos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta que afectan a los
derechos de autor, presentada por la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario
Institucional en el Senado de la República.
EXPOSICION DE MOTIVOS
1. Consideraciones generales:
Desde la época prehispánica los tlacuilos
gozaban de exención de tributar en consideración a la relevante labor que mediante sus
escritos prestaban asentando la historia y cultura de sus pueblos.
Siguiendo esa tradición, todos los autores
en México gozaron de la exención del pago del impuesto sobre la renta hasta el año de
1990, cuando injustamente se suprimió dicha exención, lo que motivó que un gran número
de autores ocurrieran en busca del amparo y protección de la justicia federal, amparos
que fueron concedidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que
sufrían un trato desigual entre los iguales.
En diciembre de 1993, se decretó la
exención del pago del impuesto sobre la renta a favor de los escritores y compositores
respecto de los ingresos que obtuvieran por la publicación de obras de su creación ya
fuera mediante libros, periódicos o revistas o bien a través de la reproducción en
serie de grabaciones de obras musicales.
Desde 1993 hasta diciembre de 2001, se
mantuvo la exención antes mencionada sin embargo se discriminó a los propios autores
estableciendo una distinción entre pares por la que se negó la exención fiscal a todos
los escritores limitándose a concederla a aquellos que escriben para periódicos,
revistas o que dan a conocer sus obras mediante la imprenta, no así, por ejemplo, para
quienes llevan a escena o al cine sus obras dramáticas.
A mayor abundamiento y en el caso de los
artistas plásticos que tanto brillo y prestigio han dado a México, desde 1994, mediante
un acuerdo presidencial se les ha sometido a un régimen especial de tributación
consistente en el llamado "pago en especie", es decir, que se han visto
obligados a pagar con su propia obra de creación, la cual aumenta de valor con el tiempo
en beneficio del Estado recaudador, situación que, independientemente de consistir un
atentado a la creación plástica, ha constituido una injusticia discriminatoria, porque
establece una desigualdad entre pares (los creadores de arte de diversas ramas).
Amén de establecer tan injusta
discriminación entre creadores de arte, también se establecieron otras dos
condicionantes, las cuales señalan que no se pagará el impuesto sobre la renta por la
obtención de los ingresos derivados por derechos de autor que éstos perciban por la
publicación de sus obras para su venta pública, excepto, entre otros supuestos, cuando
quien perciba el ingreso por derechos de autor también perciba salarios u honorarios o
sea socio o accionista en más del 10% del capital social de la persona moral que efectúa
los pagos. Lo anterior viola el principio de equidad tributaria, pues se da un trato
diferente a los que adicionalmente tienen el citado carácter de empleado, prestador de
servicios o el de socio o accionista de una empresa, sin advertir que cualquier otro
ingreso que obtengan por actividades productivas, se encuentra gravado en forma
automática por la propia ley.
En todos los casos en que se establecieron
las mencionadas díscriminaciones, el hecho imponible del impuesto es el mismo para todos
los sujetos pasivos, a saber: la obtención de regalías por permitir a terceros el uso o
explotación de sus derechos de autor y que el motivo de la exención radica en el
estímulo a la obra creativa, lo que opera respecto de todo tipo de autores, lo que hace a
dichas distinciones violatorias del principio de equidad tributaria.
Lo anterior ha sido declarado
inconstitucional por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las
jurisprudencias P./J. 64/2000 y P. XCVII/97 (mismas que se anexan) por lo que no es
lógico mantener disposiciones que se han declarado inconstitucionales en leyes de
posterior expedición.
Además de lo anterior, desde 1990 hasta la
fecha se han asimilado los ingresos que perciben los autores, con salarios u honorarios,
lo que es del todo erróneo.
Las percepciones que obtienen los creadores
por la explotación de sus obras no es ni un salario ni un honorario, pues no se les está
retribuyendo un trabajo, sino que se está pagando por tener derecho para explotar sus
obras públicamente, por lo que no podemos asimilar tales ingresos a ningún otro de los
que se encuentran contenidos en la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Cuando otorgan tal
derecho a usar y explotar lo conceden por periodos de entre cinco y 15 años, pero el pago
no lo reciben en forma paulatina, lo que lleva dichos ingresos a una percepción irreal,
pues ubica a quien los recibe en un tabulador muy elevado sin considerarse el largo
periodo de explotación que ampara la autorización otorgada y durante el cual ya no
tendrá ingresos el autor.
Por otra parte, los autores, a los 75 años
de su muerte pierden los derechos que tienen sobre sus obras a favor del Gobierno. Las
obras de su creación, transcurrido dicho plazo pasan al dominio público y el Gobierno se
convierte en el titular de los mismos, quitando a sus herederos el goce que pudieran tener
de tal legado.
Los herederos de los empleados y de los
prestadores de servicios jamás pierden los bienes y derechos que adquieren por herencia,
con lo que se está dando un trato injusto a los autores que sí pagan un impuesto postmortem.
En este sentido, resalta lo injusto de las
reformas hacendarias aprobadas el 31 de diciembre del año pasado, ya que agudiza el trato
discriminatorio a los autores al limitar la exención fiscal a sólo 28 mil pesos.
Al limitar así la exención a los autores
es tan grave que los haría tributar dos veces respecto del mismo supuesto gravable,
primero en vida al pagar su impuesto sobre la renta y posteriormente después de muertos
cuando sus obras pasen al dominio público.
Otorgándose la exención fiscal que se
propone a favor de los autores, no los convertiría en una clase privilegiada, pues éstos
pagan impuestos respecto de todas las demás actividades que realizan para sobrevivir. Con
la exención no se privilegia a los creadores sino a la creación.
Son contados los autores que pueden vivir
de los ingresos que les proporcionan sus obras y los mismos para llegar a realizarlas,
transcurrieron por un penoso y difícil camino, durante el cual siempre tributaron. Pero
por esos casos aislados de ingresos significativos por la actividad y que son
verdaderamente excepcionales, no puede afectarse a la gran mayoría de creadores en
nuestro país.
No es injusto otorgar la exención a los
autores, porque a diferencia de los profesionistas, no pueden deducir prácticamente nada
de lo que emplean para la creación de cualquier obra, pues la misma es tan etérea y su
valor intangible que no podemos despreciar su valor equiparándola a cualquier mercadería
ni tampoco gravar esa noble labor de los creadores asimilándolos con empleados o
prestadores de servicios que sí realizan labores concretas y tangibles.
La palabra cultura viene de cultivar y no
podemos considerar que estemos cultivando a México ni que nos estemos cultivando como
mexicanos si en vez de estimular y fomentar la creación de nuestros autores, nos
empeñamos en desalentarlos cada día más gravando el magro fruto de su creación.
No es posible pretender que un autor o
compositor con su familia vivan bien de la producción que éstos tienen y que además
paguen el impuesto sobre la renta, cuando a diferencia de cualquiera otro trabajador o
profesional independiente, carecen de facilidades para realizar deducciones y no cuentan
con los beneficios de seguridad social que les debería dar el Estado.
Efectivamente, los autores están sujetos a
que sus obras tengan éxito para obtener alguna ganancia con ellas y mientras tanto no
perciben ningún salario, no tienen derecho a aguinaldos, vacaciones pagadas y prima
vacacional ni ningún otro beneficio de los que otorga a cualquier empleado la Ley Federal
del Trabajo.
Estimular la creación de nuestros autores
fortalece, en buena medida, la identidad nacional, pues al gravarse sus ingresos por la
creación que realizan, se privilegia a los autores extranjeros, quienes por los tratados
internacionales que México tiene celebrados para evitar la doble tributación únicamente
pagan el 10% de los ingresos que perciban en nuestro país por impuesto sobre la renta,
mientras que al creador nacional se le grava con un tabulador que alcanza hasta el 35%.
Lo anterior establece una competencia
desleal y un trato discriminatorio entre los autores mexicanos y los extranjeros,
favoreciendo evidentemente a los no nacionales, quienes obviamente tienen una ventaja en
el mercado, pues al pagar únicamente hasta el 10% de impuesto sobre la renta pueden
ofrecer su obra en México en condiciones y a precios mucho más convenientes de lo que
pueden ofrecer nuestros autores.
Cabe señalar que las cargas impositivas y
las irregularidades someramente aquí enumeradas, afectan, de una u otra manera, a los
creadores de todas las ramas del arte: compositores, artistas plásticos, escritores,
caricaturistas, coreógrafos, escenógrafos, editorialistas, entre otros, quienes, en muy
contados casos, pueden vivir de lo que perciben por derechos de autor.
Por ello consideramos que al gravar los
ingresos por derechos de autor, se desalienta la creación de los autores mexicanos en
perjuicio de la cultura y patrimonio nacionales.
177,178,179
Por ello, también, esta iniciativa aspira
a cubrir todas las ramas de la creación que obtienen percepciones por derechos de autor.
2. La posición de nuestra fracción en la
discusión y aprobación reciente de la Ley del Impuesto Sobre la Renta:
A propósito de los gravámenes por el
derecho de autor ahora establecidos, queremos en esta exposición de motivos dejar sentada
con claridad la posición que sostuvimos los senadores del grupo parlamentario del PRI
durante el proceso de discusión y aprobación de la reciente Ley de Ingresos que entró
el vigor el 1o. de enero de 2002.
a) Señalamos en primer lugar que nuestra
fracción parlamentaria, a través de la Comisión de Educación y Cultura, propuso y
suscribió un acuerdo con las fracciones parlamentarias del PAN y PRD de la comisión,
para formar un grupo de trabajo que planteara de manera plural un paquete de estímulos
fiscales a la cultura y al arte. A partir de este acuerdo desde el mes de julio del año
pasado se formó un grupo interinstitucional en el que participaron la Comisión de
Cultura de la Cámara de Diputados, funcionarios del Conaculta, y funcionarios de la
subsecretaría de ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Dicho grupo tuvo innumerables reuniones de
trabajo a lo largo de seis meses y se acordó un paquete de estímulos fiscales que fue
del conocimiento en todo momento de las autoridades hacendarias y de los grupos
parlamentarios. Nunca se mencionó ni la más remota posibilidad de afectar con impuestos
a los autores y creadores, antes bien se trataba de estimular su participación creativa y
el fomento de la cultura y el arte. En el mes de diciembre fueron las últimas reuniones
con la presidenta del Conaculta y con los representantes de todas estas instituciones. Por
lo anterior fue para nosotros una desagradable sorpresa descubrir el día 30 de diciembre,
cuando nos llegó el dictamen aprobado de la Cámara de Diputados sobre la Ley del
Impuesto Sobre la Renta, que se habían gravado los derechos de autor de manera
injustificada y contrariando totalmente el espíritu de los trabajos que a lo largo de
todos estos meses se desarrollaron en un marco de cordialidad y de profesionalismo.
b) El día 30 de diciembre, un día antes
de que concluyera el año y el periodo de sesiones extraordinarias, los senadores de la
fracción parlamentaria del PRI elaboramos un documento donde expresamos nuestras
inconformidades y reservas con relación a la minuta aprobada en la Cámara de Diputados.
En dicho documento en el punto número 14 rechazamos la medida y planteamos con claridad
lo siguiente "los senadores del PRI consideramos que este gravamen (el del ISR)
atenta contra la actividad cultural, científica y artística que se encuentra, ya de por
sí, seriamente afectada por la falta de estímulos y de presupuestos que le impulsen.
Consideramos que es una forma de reeditar el fallido propósito de imponerle el IVA a los
libros y es una acción que inhibe el desarrollo de la inteligencia y de la cultura en
general". El anterior planteamiento fue presentado en una reunión de trabajo a los
integrantes de las fracciones parlamentarias del PAN y del PRD (estuvieron presentes,
entre otros, el senador Diego Fernández de Cevallos, senador Fauzi Hamdan Amad, senador
Demetrio Sodi de la Tijera y el senador Enrique Jackson Ramírez) así como funcionarios
de la Secretaría de Hacienda (encabezados por el licenciado Rubén Aguirre Pangburn,
subsecretario de ingresos). En dicha reunión solicitamos la derogación a la fracción
VIII del artículo 121 de la citada Ley de Ingresos.
En virtud de que en dicho encuentro en el
que advertimos una alianza que hacía mayoría entre el PAN y el PRD y que logramos por
contra que muchos otros artículos, de otros conceptos de la Ley de Ingresos que eran
improcedentes, no prosperaran y se logró asimismo establecer cuando menos una base no
gravable en derechos de autor hasta por 28 mil pesos anuales, fue que nuestra fracción
aprobó en lo general dicha ley, aunque expresando en el encuentro de negociación con las
otras fracciones parlamentarias nuestra inconformidad por las disposiciones que gravan los
derechos de autor, así como por no haber tenido tiempo para escuchar las opiniones de los
grupos autorales afectados y de la comunidad cultural, científica y artística de nuestro
país.
c) Nuestra fracción parlamentaria en
razón de lo anterior, encomendó a los integrantes de nuestro grupo en la Comisión de
Educación y Cultura, que promovieran de inmediato una iniciativa de reformas que
incluyera, entre otros conceptos, la derogación de las disposiciones que gravan los
derechos de autor antes mencionados. Esa es la razón por la que ahora acudimos a
presentar esta iniciativa los senadores que abajo la suscribimos.
INICIATIVA
De decreto que reforma diversos artículos
de la
Ley del Impuesto Sobre la Renta
Unico. Se reforma la fracción
XXVIII del artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:
"Artículo 109. . .
. . .
XXVIII. Los que perciban por concepto de
derechos de autor, por permitir a terceros el uso o la explotación de las siguientes
ramas:
a) Literatura;
b) Musical, con o sin letra;
c) Dramática;
d) Danza;
e) Pictórica o de dibujo;
f) Escultórica y de carácter plástico;
g) Caricatura e historieta;
h) Cinematográfica y demás obras
audiovisuales;
i) Programas de radio y televisión;
j) Fotográfica;
k) Obras de arte aplicado que incluyen el
diseño gráfico o textil;
l) De compilación, integrada por las
colecciones de obras, tales como las enciclopedias, las antologías y de obras u otros
elementos como las bases de datos, siempre que dichas colecciones por su selección o la
disposición de su contenido o materias, constituyan una creación intelectual y
m) Las demás obras que por analogía
puedan considerarse obras literarias o artísticas."
Se deroga la fracción VIII del artículo
121.
Se derogan las fracciones XI y XVII del
artículo 167.
Se derogan los párrafos VIII y XI del
artículo 170.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
México, D.F., a 23 de enero de 2002.—
Por la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en la Comisión de
Educación y Cultura del Senado de la República.— Senadores: Tomás Vázquez
Vigil, Manuel Bartlett Díaz, Addy Cecilia Joaquín Coldwell, Miguel Angel Navarro
Quintero, Joaquín Cisneros Fernández, Roberto Pérez de Alva Blanco y José
Natividad González Parás.»
El Presidente:
Gracias, senador González Parás.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público con opinión de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados.
INDIGENAS
El secretario diputado José Manuel
Medellín Milán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En atención al oficio número I-699 de
fecha 15 de noviembre de 2001, suscrito por el senador Diego Fernández de Cevallos Ramos,
presidente de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, con el presente
les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 001655
signado por el ciudadano Fernando Méndez Ortega, director jurídico del gobierno del
Estado de Oaxaca, con el que acompaña copia de la circular que emitió a los 570
ayuntamientos de ese Estado, en respuesta al punto de acuerdo promovido por el senador
Antonio García Torres.
Reitero a ustedes la seguridad de mi atenta
consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 10 de enero de 2002.—
El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca.— Secretaría General
de Gobierno.
Licenciado M. Humberto Aguilar Coronado,
director general de gobierno de la subsecretaria de Gobierno.— México, D.F.
En respuesta a su oficio número
DGG/210/2347/01 del 26 de noviembre pasado y recibido el 12 de los corrientes, por
instrucciones del licenciado Héctor Anuar Mafud Mafud, secretario general de gobierno de
esta entidad, hago de su conocimiento que a finales de ese propio mes el senador Diego
Fernández de Cevallos hizo al titular del Ejecutivo la misma petición por acuerdo del
Senado de la República y por ello, se emitió circular a los 570 ayuntamientos existentes
en el Estado, para que de acuerdo al artículo 2o. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en sus presupuestos de egresos correspondientes al año 2002, al
establecer partidas específicas a favor de los indígenas, destinen el mayor volumen de
recursos públicos posibles para promover el mejoramiento de las condiciones de vida de
los mismos, como puede verse de la copia de la aludida circular que acompaño.
Aprovecho la ocasión para enviarle un
afectuoso saludo
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
"El Respeto al Derecho Ajeno es la
Paz"
"2001, CXL aniversario del Triunfo del
Movimiento Liberal Mexicano"
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 27 de
diciembre de 2001.— El director jurídico, Fernando Méndez Ortega.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca.— Secretaría General
de Gobierno.
A los ayuntamientos constitucionales del
Estado de Oaxaca: comunico a ustedes que el Senado de la República, pide al Ejecutivo del
Estado hacer de su conocimiento el documento que dictó con fecha 15 de noviembre del año
en curso y que a la letra dice
ACUERDO
Primero. Se solicita a la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión que, de conformidad con el artículo 2o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer partidas
específicas a favor de los indígenas en el Presupuesto de Egresos de la Federación que
apruebe para el año 2002, se considere destinar el mayor monto posible de recursos a
favor del desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas.
Segundo. Se solicita a los gobiernos
y legislaturas de los estados, así como a los ayuntamientos que en sus presupuestos de
egresos correspondientes al año 2002, al establecer partidas específicas a favor de los
indígenas, destinen el mayor volumen de recursos públicos posibles para promover el
mejoramiento de las condiciones de vida de los mismos.
Tercero. Se recomienda que en los
presupuestos federales, estatales y municipales del año 2002, dirigidos a los pueblos y
comunidades indígenas, se establezcan disposiciones conducentes para la participación de
los indígenas en el ejercicio de dichos recursos.
Reitero a usted las seguridades de mi
atenta y distinguida consideración
México, D.F., a 15 de noviembre de
2001.— Senador: Diego Fernández de Cevallos Ramos, presidente.
Por determinación del secretario general
de gobierno, me dirijo a usted para los efectos legales correspondientes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
"El Respeto al Derecho Ajeno es la
Paz"
"2001, CXL aniversario del Triunfo del
Movimiento Liberal Mexicano"
Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 17 de diciembre
de 2001.— El director jurídico, Fernando Méndez Ortega.»
PLANTA
NUCLEOELECTRICA
El secretario diputado José Manuel
Medellín Milán:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En atención al oficio número III-350 de
fecha 14 de diciembre de 2001, suscrito por el senador Diego Fernández de Cevallos Ramos,
presidente de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, referente al
punto de acuerdo promovido por la senadora Gloria Lavara Mejía, con el presente les
acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar sin número, de fecha
14 del presente mes, signado por el ciudadano Juan Eibenschutz, director general de la
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias de la Secretaría de Energía, con
el que acompaña un disco compacto y una breve descripción de las actividades en
relación con la garantía de la seguridad de la nucleoeléctrica Laguna Verde.
180,181,182
Reitero a ustedes la seguridad de mi
consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 15 de enero de 2002.—
El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo.— Secretaría de
Energía.— Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias.
Licenciado M. Humberto Aguilar Coronado,
director general de gobierno de la Secretaría de Gobernación.
Por instrucciones del señor Luis Amado
Castro, director de estudios y consultas de la Secretaría de Energía, tengo el agrado de
atender su oficio DGG/210/2855/01, relacionado con la solicitud del senador Diego
Fernández de Cevallos Ramos. Sobre el particular y en lo relativo a la competencia de
esta Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, le ruego encontrar con el
presente un disco compacto, conteniendo los siguientes documentos:
• Documento elaborado por México,
para la Convención de Seguridad Nuclear, presentado en el OIEA Viena, abril de 1999.
• Actualización del documento
mexicano para la Convención de Seguridad Nuclear, entregado a la partes contratantes en
2001 y que será discutido en el OIEA (Viena) en abril de 2002.
• Informe de evaluación de seguridad,
relativo al aumento de potencia de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde-1999.
• Informe de evaluación de seguridad
de la primera unidad de la central, 1990.
• Informe de evaluación de seguridad
de la segunda unidad de la central, 1995.
Asimismo, se anexa al presente una breve
descripción de nuestras actividades en relación con la garantía de la seguridad de la
nucleoeléctrica de Laguna Verde, respecto a las cuales, es importante señalar que el
Organismo Internacional de Energía Atómica supervisa tanto la seguridad de la central,
como nuestro desempeño.
Los informes de las misiones del OIEA se
encuentran en la dirección general de Asuntos Internacionales de la Secretaría de
Energía.
Por último le informo que los documentos
generados durante las múltiples inspecciones y evaluaciones descritas en la nota anexa,
estarían disponibles para su análisis en nuestras oficinas, por lo que quedamos en la
mejor disposición de atender los requerimientos de los señores legisladores, en la
inteligencia de que el volumen y características del material hacen impráctica su
publicación, así como su reproducción por medios electrónicos.
Esperando haber satisfecho su solicitud,
reitero a usted las seguridades de mi distinguida consideración, quedando a sus
apreciables órdenes para cualquier aclaración.
Atentamente.
México, D.F., a 14 de enero de 2002.—
El director general, Juan Eibenschutz.»
«Breve descripción del papel de la
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) en relación con la
central nuleoeléctrica de Laguna Verde.
La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear
y Salvaguardias es el organismo gubernamental responsable de regular y vigilar el
cumplimiento de las normas de seguridad en materia nuclear, radiológica, física, de
salvaguardias y administrativas en las instalaciones donde se realicen actividades que
involucren el uso de materiales nucleares y radiactivos, incluyendo la generación de
electricidad mediante reactores nucleares.
Los países que tienen instalaciones
nucleares para la producción de energía eléctrica, deben contar con organismos
reguladores los cuales generan los requisitos técnico-administrativos para verificar que
las normas aplicables al diseño, la construcción y la operación de estas instalaciones
se satisfagan. Para ejercer la función de verificación, la comisión ha definido un
"proceso de licenciamiento" mediante el cual el solicitante de una licencia para
operar una instalación nuclear debe entregar los siguientes informes de seguridad:
1. Informe de selección de sitio e impacto
ambiental.
2. Informe de seguridad de primera etapa.
Requerido para la autorización de los trabajos de construcción.
3. Informe de seguridad de segunda etapa.
Requerido para la autorización (licencia) de operación.
La comisión realiza una evaluación de
estos informes, así como de los procedimientos de operación tanto para la operación
normal como en condiciones transitorias y de emergencia. El propósito de las evaluaciones
es determinar si los análisis de seguridad realizados por el operador de la instalación
nuclear, demuestran que ésta cumple con los objetivos, principios y criterios de
seguridad estipulados o aprobados. En el proceso de evaluación, la CNSNS realiza una
valoración técnica crítica de las metodologías empleadas y de los resultados de los
análisis realizados por el operador, para demostrar la seguridad de la instalación.
El proceso de evaluación consiste en el
examen de la documentación relacionada con la seguridad de la instalación, presentada
por el operador y cubre tanto la operación normal como posibles fallas, violaciones y
eventos, incluyendo errores humanos. El análisis de seguridad presentado por el operador
de la instalación debe ser tan completo como sea posible y una de las tareas iniciales
del proceso de evaluación es confirmarlo. Al término del proceso de evaluación, la
comisión emite el dictamen técnico, conocido como informe de evaluación de la seguridad
(IES), mismo que resume los resultados del proceso; dichos informes se emiten conforme a
las disposiciones de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia
nuclear y sirven de base para que el Secretario de Energía otorgue, tanto los permisos de
construcción, como las licencias de operación de las instalaciones nucleares.
Las evaluaciones de seguridad realizadas
por la CNSNS, para el caso particular de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, han
sido documentadas en tres informes presentados a la Secretaría de Energía. Dos de estos
informes documentan la "evaluación de la Central Nucleoeléctrica de Laguna
Verde", para cada una de las unidades de las que consta la central, finalizados en
los años de 1990 (unidad 1) y 1995 (unidad 2) respectivamente. El tercero documenta la
"Evaluación de la Seguridad del Proyecto de Aumento de Potencia de la Central
Nucleoeléctrica Laguna Verde Unidades 1 y 2", finalizado en el año de 1999.
Las centrales nucleoeléctricas suspenden
la generación eléctrica, con una periodicidad que varía típicamente entre 12 y 24
meses. El propósito de esta interrupción es renovar el combustible nuclear del reactor,
aprovechando esta circunstancia para realizar modificaciones y dar mantenimiento a
sistemas y componentes. La CNSNS evalúa la información proporcionada por CFE en
relación a las modificaciones propuestas, para asegurar que cumpla con las disposiciones
vigentes de seguridad y documenta estas evaluaciones en los correspondientes informes.
Durante la etapa de operación, la CNSNS
verifica que las instalaciones nucleares realicen sus actividades de acuerdo con las
condiciones estipuladas en las licencias respectivas. El programa de inspección,
ejecutado por la CNSNS durante la etapa operacional, tiene como objetivo evaluar las
condiciones de seguridad con las que operan las instalaciones y el grado de cumplimiento
del operador de la instalación con todas las leyes, reglamentos condiciones de licencia,
códigos de seguridad, guías, especificaciones y buenas prácticas operativas, el
entrenamiento y comportamiento del personal de operación, la cultura de la seguridad de
la organización, los planes y programas de mantenimiento preventivo y correctivo, la
ejecución de los programas de garantía de calidad y la aplicación de las acciones
correctivas a las desviaciones encontradas, además del seguimiento a otros programas de
gestión de la operación, tales como protección contra incendio, operabilidad de bomba y
válvulas, manejo de la configuración y mantenimiento de la calificación ambiental del
equipo.
La CNSNS lleva a cabo dos tipos de
inspección a la central Laguna Verde: planeadas (ordinarias) y especiales (reactivas).
Las inspecciones planeadas se realizan de acuerdo con un programa base estructurado y
establecido en forma bianual. El programa comprende un promedio de 35 inspecciones
anuales, que incluyen 40 áreas; algunas de las cuales son inspeccionadas anualmente si se
consideran de mayor impacto a la seguridad.
Entre estas últimas se incluyen áreas
como: mantenimiento mecánico y eléctrico, instrumentación y control, inspección en
servicio, internos de la vasija, experiencia operativa, protección radiológica,
monitoreo ambiental, plan de emergencia, garantía de calidad, entrenamiento de operadores
y actividades de recarga, entre otras.
La CNSNS cuenta, además, con dos
inspectores residentes, asignados permanentemente a la central nuclear. Los residentes
inspeccionan las condiciones de operación de la planta, los requisitos de vigilancia del
equipo relacionado con seguridad, el cumplimiento con los límites térmicos, el
seguimiento de los procedimientos y el Programa de Garantía de Calidad.
En caso de considerarlo necesario, la
comisión realiza inspecciones especiales en respuesta a situaciones, sucesos o
necesidades inesperadas, imprevistas, poco comunes o tomando en cuenta temas específicos
que pueden ser de interés para la comisión, tales como nuevos avances tecnológicos y
experiencia de otras instalaciones, o como consecuencia de los resultados de inspecciones
anteriores a la propia instalación.
Los niveles de radiación en el interior de
la planta se determinan y reportan rutinariamente a la Comisión. Asimismo, la Central
Nucleoeléctrica de Laguna Verde mantiene un programa de vigilancia radiológica ambiental
en los alrededores de la planta, que incluye la determinación de la radiactividad en la
flora y fauna, que se evalúa por la CNSNS, la cual, de manera independiente realiza
mediciones periódicas en las inmediaciones de la instalación.
El mantenimiento de las habilidades del
personal de operación y la actualización de sus conocimientos son evaluados,
inspeccionados y licenciados por la CNSNS, que evalúa el contenido de los diferentes
cursos de entrenamiento y actualización, revisa los expedientes médicos y sicológicos
de los operadores y aplica los exámenes para la obtención de licencias, tanto de
operador como de supervisor del reactor. Anualmente se tienen dos periodos de exámenes
para la obtención de licencias y para la renovación de las licencias de operadores con
lo cual se tiene un monitoreo constante de las aptitudes del personal que opera la
central.
Las centrales nucleoeléctricas deben
desarrollar y mantener un plan de emergencia para que, en el caso remoto de un accidente,
la población sea adecuadamente protegida, especialmente la que se encuentre a una
distancia de menos de 16 km, (conocida como la distancia vía pluma). Este programa es
coordinado y mantenido por el área de protección civil de la Secretaría de Gobernación
y en el participan las autoridades federales, estatales y municipales relevantes.
La CNSNS verifica periódicamente la
funcionalidad del plan, mediante inspecciones y simulacros diseñados y realizados bajo
diferentes "escenarios" de accidentes hipotéticos.
Dentro de las funciones de la comisión se
encuentra además el control y contabilidad de los materiales nucleares especiales que
también pueden ser usados, con fines bélicos (en la producción de dispositivos
explosivos) o bien con fines terroristas. Por esta razón, los materiales nucleares
especiales y los materiales a partir de los cuales pueden obtenerse materiales nucleares
especiales, son objeto de un control estricto por parte del Estado.
El control consiste en dos acciones
fundamentales:
1) Mantener una contabilidad del material
para explicar disminuciones o incrementos en una instalación determinada, debidos al uso,
adquisición, transferencia o generación; al conjunto de medidas establecidas para el
control del material nuclear se le conoce con el nombre genérico de salvaguardias del
material nuclear;
2) Medidas de seguridad física, aplicadas
a los materiales nucleares especiales.
La comisión tiene a su cargo el Sistema
Nacional de Control y Contabilidad de Material Nuclear, en cumplimiento del compromiso
adquirido por México con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). El OIEA
realiza inspecciones periódicas a las instalaciones nucleares de los estados miembros. En
el caso de México, la CNSNS atiende estas inspecciones acompañando a los inspectores del
organismo y llevando un control y contabilidad de los materiales nucleares en el país.
El Presidente:
Remítase a la Cámara de Senadores.
183,184,185
TRIBUNAL DE JUSTICIA FISCAL
Y ADMINISTRATIVA
El secretario diputado José Manuel
Medellín Milán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
Con fundamento en la fracción IX, del
artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 3o. de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa, corresponde al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
proponer los nombramientos de magistrados del propio tribunal.
Toda vez que el próximo 22 de enero,
vencen los nombramientos de los ciudadanos María del Consuelo Villalobos Ortiz y Luis
Carballo Balvanera como magistrados de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3o., inciso a
y 12 del ordenamiento legal en cita, mucho agradeceré a ustedes se sirvan disponer lo
conducente para que se someta a la aprobación de esa Comisión Permanente, la
ratificación de los nombramientos de los citados magistrados.
Lo que hago de su conocimiento para los
fines legales procedentes, adjuntando al presente el original de la propuesta suscrita por
el Presidente de la República y los datos curriculares de los interesados.
Reitero a ustedes la seguridad de mi
consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 21 de enero de 2002.—
El director general de gobierno, licenciado M. Humberto Aguilar Coronado.»
El Presidente:
Recibo y túrnese a la Tercera
Comisión.
El secretario diputado José Manuel
Medellín Milán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
Con fundamento en el artículo 27,
fracción IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 3o. de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa, corresponde al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
proponer los nombramientos de magistrados del propio tribunal.
Toda vez que existen tres vacantes de
magistrados de sala regional en dicho tribunal y con fundamento en lo establecido por el
artículo 27 del ordenamiento legal en cita, mucho agradeceré a ustedes se sirvan
disponer lo conducente para que se someta a la aprobación de esa Comisión Permanente, la
designación de los ciudadanos Rosa Heriberta Círigo Barrón y Javier Bernardo Aguilar
Alvarez de Alba, Alonso Pérez Becerril como magistrados de la sala regional del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Lo que hago de su conocimiento para los
fines legales procedentes, adjuntando al presente el original de la propuesta sucrita por
el Presidente de la República y los datos curriculares de los interesados.
Reitero a ustedes la seguridad de mi
consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 21 de enero de 2002.—
El director general de gobierno, licenciado M. Humberto Aguilar Coronado.»
El Presidente:
Recibo y túrnese a la Tercera Comisión.
El secretario diputado José Manuel
Medellín Milán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
Con fundamento en la fracción IX, del
artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 3o. de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa, corresponde al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
proponer los nombramientos de magistrados del propio tribunal.
Toda vez que el próximo 22 de enero, vence
el nombramiento de la ciudadana Rosa María del Pilar Fajardo Ambia, como magistrada de la
Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 3o, inciso b y 12 del ordenamiento legal en cita,
mucho agradeceré a ustedes se sirvan disponer lo conducente para que se someta a la
aprobación de esa Comisión permanente, la ratificación del nombramiento de la citada
magistrada.
Lo que hago de su conocimiento para los
fines legales procedentes, adjuntando al presente el original de la propuesta suscrita por
el Presidente de la República y los datos curriculares de la interesada.
Reitero a ustedes la seguridad de mi
consideración.
Atentamente.
México, D.F. a 2 de enero de 2002.—
El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.»
El Presidente:
Recibo y túrnese a la Tercera
Comisión.
TRIBUNALES
UNITARIOS AGRARIOS
El secretario diputado José Manuel
Medellín Milán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
El Presidente de la República, Vicente Fox
Quesada, con fundamento en los artículos 27, fracción XIX, segundo párrafo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 15 y 16 de la Ley Orgánica de
los tribunales agrarios, somete a la consideración de esa Comisión Permanente, la
siguiente propuesta para la designación de tres magistrados numerarios en los tribunales
unitarios agrarios:
José Lima Cobos, Marcela Gerardina
Ramírez Borjón, Alejandro Ramírez Rico, Juan Carlos Recinas Sanabria.
Al remitir con el presente el original de
la propuesta suscrita por el Presidente de la República y los datos curriculares de los
candidatos, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 21 de enero de 2002.—
El director general de gobierno, licenciado M. Humberto Aguilar Coronado.»
El Presidente:
Recibo y túrnese a la Primera
Comisión.
BOLIVIA
El secretario diputado José Manuel
Medellín Milán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Senadores del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores se
ha dirigido a ésta de Gobernación en oficio fechado el día 16 de noviembre del año en
curso, manifestando lo siguiente:
"En uso de las facultades que le
concede la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, el Presidente de la República ha tenido a bien designar al ciudadano
Eliezer Morales Aragón, embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la
República de Bolivia."
En consecuencia, mucho agradeceré a usted
ser el amable conducto para solicitar en los términos de la fracción II del artículo 76
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la ratificación del Senado
de la República al nombramiento del ciudadano Eliezer Morales Aragón. Con este fin le
envío adjunto los datos biográficos del interesado.
Lo que hago de su conocimiento, para los
fines legales procedentes, acompañando al presente el documento que en el miso se
menciona.
Reitero a ustedes las seguridades de mi
consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 5 de diciembre de
2001.— El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.»
El Presidente:
Recibo y túrnese a la Segunda
Comisión.
ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA
El secretario diputado José Manuel
Medellín Milán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores se
ha dirigido a ésta de Gobernación en oficio fechado el día 17 de diciembre último,
manifestando lo siguiente:
"En uso de las facultades que le
concede la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, el Presidente de la República ha tenido a bien designar al ciudadano
Juan Carlos Cué Vega, cónsul general de México en El Paso Texas, EUA.
En consecuencia, mucho agradeceré a usted
ser el amable conducto para solicitar en los términos de la fracción VII del artículo
78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ratificación de la
Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión al nombramiento del ciudadano
Cué Vega. Con este fin le envío adjunto los datos biográficos del interesado."
Lo que hago de su conocimiento, para los
fines legales procedentes, acompañando al presente el documento que en el mismo se
menciona.
Reitero a ustedes la seguridad de mi
consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 21 de enero de 2002.—
El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.»
El Presidente:
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
CANADA
El secretario diputado José Manuel
Medellín Milán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores se
ha dirigido a ésta de Gobernación en oficio fechado el día 17 de diciembre último,
manifestando lo siguiente:
"En uso de las facultades que le
concede la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, el Presidente de la República ha tenido a bien designar al ciudadano
Héctor Antonio Romero Barraza, cónsul general de México en Vancouver, Canadá.
En consecuencia, mucho agradeceré a usted
ser el amable conducto para solicitar en los términos de la fracción VII del artículo
78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ratificación de la
Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión al nombramiento del ciudadano
Romero Barraza. Con este fin le envío adjunto los datos biográficos del
interesado."
Lo que hago de su conocimiento, para los
fines legales procedentes, acompañando al presente el documento que en el mismo se
menciona.
186,187,188
Reitero a ustedes la seguridad de mi
consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 21 de enero de 2002.—
El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.»
El Presidente:
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
RUMANIA
El secretario diputado José Manuel
Medellín Milán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores se
ha dirigido a ésta de Gobernación, solicitando se tramite ante el honorable Congreso de
la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C del artículo 37 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el diputado Salvador
Rocha Díaz, pueda aceptar y usar la condecoración de la orden al mérito en grado de
Gran Oficial, que le confiere el gobierno de Rumania.
Por lo anterior me permito anexar, para que
se integren en su expediente, originales de las cartas del interesado dirigidas al
honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia certificada del
acta de nacimiento y copias simples de su curriculum vitae y de la notificación en
la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.
Agradezco a ustedes su atención a la
presente reiterándoles la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 18 de enero de 2002.—
El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.»
El Presidente:
Recibo y túrnese a la Primera
Comisión.
ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA (II)
El secretario diputado José Manuel
Medellín Milán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Senadores del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores se
ha dirigido a ésta de Gobernación, solicitando se tramite ante el honorable Congreso de
la Unión, el permiso a que se refiere el artículo 37 inciso C fracción IV de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la ciudadana Anne
Rosenstein Harris, pueda desempeñar el cargo de agente consular de Estados Unidos de
América en Cozumel, con circunscripción consular en el Estado de Quintana Roo.
Por lo anterior me permito anexar, original
de la carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión solicitando el
permiso correspondiente; copia certificada de la carta de naturalización mexicana; copia
simple de su curriculum vitae y de la nota con la que la Embajada de Estados Unidos
de América formaliza la petición.
Agradezco a ustedes su atención a la
presente reiterándoles las seguridades de mi consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 8 de noviembre de
2001.— El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.»
El Presidente:
Recibo y túrnese a la Primera
Comisión.
GRADOS
MILITARES
El secretario diputado José Manuel
Medellín Milán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional se ha
dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de servicios del general de grupo piloto
aviador Diplomado de Estado Mayor aéreo Germán Noriega Mejía (8704842) la que me
permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior les acompaño al presente,
con carácter devolutivo, la hoja de servicios del citado militar.
Reitero a ustedes la seguridad de mi
consideración.
Atentamente.
México, D.F., 17 de diciembre de
2001.— El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional se ha
dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de servicios del coronel de fuerza
aérea piloto aviador Diplomado de Estado Mayor aéreo Otoniel Gómez Morales (8704812) la
que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo
78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior les acompaño al presente,
con carácter devolutivo, la hoja de servicios del citado militar.
Reitero a ustedes la seguridad de mi
consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 17 de diciembre de
2001.— El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional se ha
dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de servicios del coronel de fuerza
aérea piloto aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Benjamín Romero Fuentes (9292934),
la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del
artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior les acompaño al presente,
con carácter devolutivo, la hoja de servicios del citado militar.
Reitero a ustedes la seguridad de mi
consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 17 de diciembre de
2001.— El director general de gobierno, licenciado M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional se ha
dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de servicios del coronel de fuerza
aérea piloto aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Darwin Hernández Chable (10528468)
la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del
artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior les acompaño al presente,
con carácter devolutivo, la hoja de servicios del citado militar.
Reitero a ustedes la seguridad de mi
consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 17 de diciembre de
2001.— El director general de Gobierno, licenciado M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional se ha
dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de servicios del general brigadier
meteorólogo Carlos Minero Rodríguez (7233090) la que me permito enviar para los efectos
de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 78 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior le acompaño al presente,
con carácter devolutivo, la hoja de servicios del citado militar.
Reitero a ustedes la seguridad de mi
consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 17 de diciembre de
2001.— El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional se ha
dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de servicios del general brigadier
médico cirujano Roberto Octavio Torres Romero (6772643) la que me permito enviar para los
efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior le acompaño al presente,
con carácter devolutivo, la hoja de servicios del citado militar.
Reitero a ustedes la seguridad de mi
consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 17 de diciembre de
2001.— El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional se ha
dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de servicios del coronel del arma
blindada Diplomado de Estado Mayor Rogelio Castellanos Franco (9802809) la que me permito
enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior le acompaño al presente,
con carácter devolutivo, la hoja de servicios del citado militar.
Reitero a ustedes la seguridad de mi
consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 17 de diciembre de
2001.— El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional se ha
dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de servicios del coronel de infantería
Diplomado de Estado Mayor Darío Avalos Pedraza (B-1148201) la que me permito enviar para
los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior les acompaño al presente,
con carácter devolutivo, la hoja de servicios del citado militar.
Reitero a ustedes la seguridad de mi
consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 17 de diciembre de
2001.— El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.»
189,190,191
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional se ha
dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de servicios del coronel ingeniero en
transmisiones militares Miguel Angel Núñez García (8215034), la que me permito enviar
para los efectos de los dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior les acompaño al presente,
con carácter devolutivo, la hoja de servicios del citado militar.
Reitero a ustedes la seguridad de mi
consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 17 de diciembre de
2001.— El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría de la Defensa nacional se ha
dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de servicios del coronel ingeniero en
transmisiones militares Mario Antonio Uicab Mex (5972689), la que me permito enviar para
los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior les acompaño al presente,
con carácter devolutivo, la hoja de servicios del citado militar.
Reitero a ustedes la seguridad de mi
consideración.
Atentamente.
México, D. F., a 17 de diciembre de
2001.— El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional se ha
dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de servicios del coronel de
transmisiones Leopoldo Aguilar Molina (6016916), la que me permito enviar para los efectos
de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior les acompaño al presente,
con carácter devolutivo, la hoja de servicios del citado militar.
Reitero a ustedes la seguridad de mi
consideración.
Atentamente.
México, D. F., a 17 de diciembre de
2001.— El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional se ha
dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de servicios del coronel de arma
blindada Alfonso Murrieta Osorio (7426740), la que me permito enviar para los efectos de
lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior le acompaño al presente,
con carácter devolutivo, la hoja de servicios del citado militar.
Reitero a ustedes las seguridad de mi
consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 17 de diciembre de
2001.— El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.»
El Presidente:
Recibo y túrnense a la Segunda Comisión.
PERMISO AL
PRESIDENTE PARA
AUSENTARSE DEL TERRITORIO NACIONAL
El secretario diputado José Manuel
Medellín Milán:
Esta directiva recibió proyecto de decreto
mediante dictamen de la Comisión de Trabajo relativa a autorización al Presidente de la
República que dice:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.— Segunda
Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: a la Segunda Comisión
de Trabajo fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el
expediente relativo a la iniciativa de decreto por el que se solicita autorización para
que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, pueda ausentarse
del territorio nacional los días 3 y 4 de febrero de 2002, a fin de realizar una visita
de trabajo a la República de Cuba.
En el texto de la iniciativa de decreto
enviado a esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para los efectos
de los artículos 71 fracción I y 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos se exponen los argumentos para justificar la visita de trabajo a Cuba.
En ese documento se hace referencia a la
importancia que da México a su política exterior hacia el Caribe, donde comparte
fronteras marítimas con naciones insulares cuyas características responden a diversas
culturas, sistemas políticos y niveles de desarrollo y donde privilegia sus contactos
diplomáticos con aquéllas con las que mantiene lazos históricos como es el caso de
Cuba.
En el documento aludido se afirma que las
relaciones bilaterales de nuestro país con esa nación cumplirán en breve 100 años
ininterrumpidos, lo que demuestra a través del tiempo el interés mutuo de las partes por
conservarlas, incrementarlas y ampliarlas en campos específicos como el
económico-comercial, el financiero y el de cooperación técnica.
Respecto a los intercambios económicos, el
titular del Ejecutivo sostiene que Cuba es nuestro segundo socio comercial en el Caribe,
que mantiene un superávit favorable a nuestro país y que ocupa además el sexto lugar de
inversiones en la isla. Se añade que la visita servirá para reactivar el acuerdo de
promoción y protección de las inversiones, ratificado recientemente por el Senado
mexicano y que aún no se ha llenado este requisito legal por parte del gobierno cubano.
Concluye que "este acuerdo constituirá una sólida base para alentar nuevas
iniciativas de inversión mexicana en esta nación". Asimismo, el titular del
Ejecutivo mexicano reiterará a su homólogo cubano el interés del Gobierno mexicano para
que su país se haga representar al más alto nivel en la Conferencia Internacional Sobre
Financiamiento del Desarrollo, que se realizará en la ciudad de Monterrey, Nuevo León,
el próximo mes de marzo.
Mención especial ocupa en el documento
enviado por el Ejecutivo, los niveles de colaboración que han alcanzado los intercambios
científicos y tecnológicos. Cuba es el primer receptor de esa cooperación en la región
caribeña gracias a los 179 acuerdos firmados en la materia. Añade que durante la visita
se buscará precisar acciones de colaboración de beneficio compartido aprovechando entre
otros asuntos, las ventajas comparativas que Cuba tiene en materia de salud.
A partir de los años setenta del pasado
siglo, la cooperación entre ambas naciones en el área cultural ha sido una constante que
ha fortalecido la relación bilateral; colaboración que se caracteriza por la diversidad
y riqueza de intercambios. Por ello en la iniciativa de decreto el titular del Ejecutivo
expresa su determinación de que la cultura "...siga siendo un punto de encuentro
entre ambos pueblos y fundamento para la consolidación de nuevos entendimiento
bilaterales...".
En el documento citado se hace referencia a
que las comisiones mixtas creadas hasta la fecha juegan un papel importante para dar
seguimiento a todos estos intercambios, principalmente los que se refieren a educación y
cultura, comercio, transporte, energía, ciencia y tecnología, asuntos migratorios y
consulares, pesca y agricultura.
La relación política bilateral ha sido,
desde hace cuatro décadas, un proceso definido por el diálogo franco y abierto, buscando
siempre que los asuntos de coyuntura o las percepciones diferentes sobre algunos tópicos
internacionales o regionales no empañen la amistad y solidaridad entre sus pueblos o las
afinidades alcanzadas entre sus respectivos gobiernos.
El texto de la iniciativa de decreto parte
de las primeras conversaciones sostenidas por los jefes de Estado y de Gobierno durante la
toma de posesión del presidente Vicente Fox en diciembre del 2000, en las que se
comprometieron a profundizar el diálogo en múltiples asuntos de la agenda política
bilateral y multilateral. Se agrega que de autorizarse esta visita de trabajo, se
intercambiarán puntos de vista sobre los temas que ocupan la atención de la sociedad
internacional como el combate al terrorismo; la lucha contra el narcotráfico y sus
delitos conexos; reformas al Sistema de las Naciones Unidas y otros temas de la nueva
agenda mundial.
Los integrantes de la Segunda Comisión de
Trabajo coincidimos en la importancia que para México tiene su relación con la
República de Cuba, la cual trasciende la diplomacia tradicional y se ha ampliado
actualmente a contactos parlamentarios, empresariales, de organizaciones sindicales y por
parte de organizaciones no gubernamentales.
Por ello se solicitó la comparecencia del
subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina, embajador Gustavo Iruegas,
para intercambiar puntos de vista y profundizar sobre algunos temas de interés en las
relaciones mexicano-cubanas y su impacto en la geopolítica regional.
Durante la entrevista el embajador Iruegas
reiteró los términos de la exposición de motivos y añadió que gracias a la reciente
visita de los diputados mexicanos, el presidente Fox encontrará un ambiente óptimo.
Agregó que la visita reafirmará el carácter plural de la política exterior y se
retomará el diálogo iniciado con el presidente Castro al inicio de su mandato, a la par
que permitirá discutir temas de la agenda global y bilateral.
El compareciente añadió algunos otros
temas de discusión como la Cumbre entre América Latina-Unión Europea a celebrarse en
Madrid; la revisión de temas bilaterales como el energético y el de salud y enfatizó la
condecoración del Aguila Azteca que se otorgará al cronista de La Habana Eusebio Leal,
innovador del concepto de restauración arquitectónica.
Entre los legisladores que intervinieron en
la sesión de preguntas, la diputada Miroslava García Suárez solicitó que se incluyeran
en la agenda los temas que los diputados habían planteado en La Habana. El embajador
Iruegas respondió que existe un avance en el sentido de haber presentado una
contrapropuesta a la parte cubana.
El senador presidente de la Segunda
Comisión de Trabajo, José Natividad González Parás recordó la larga tradición de
solidaridad de nuestro país con el pueblo hermano de Cuba y señaló alguna confusión
que en su momento suscitaron las declaraciones percibidas como contradictorias del
presidente Vicente Fox (primero como candidato y luego como presidente electo), en donde
en unas elogiaba al régimen del presidente Fidel Castro y en otras hacía una severa
crítica a su gobierno y expresó un deseo de conocer la posición que finalmente
mantendrá el Presidente en esta visita que debe estar apegada a nuestros principios de
política exterior. Asimismo señaló la conveniencia de que se conozca con mayor detalle
la agenda de un programa de trabajo y recordó la posición del Senado de la República
que rechazó por unanimidad el bloqueo económico a la isla de Cuba que viola los
principios de la Carta de Ias Naciones Unidas y los preceptos constitucionales que guían
nuestras relaciones con el exterior.
El subsecretario Iruegas comentó que la
posición del Ejecutivo está definida con respecto al bloqueo: México lo rechaza como
solución de controversias políticas. Abundó que esta visita no responde sólo a la
invitación del presidente Castro, sino se inscribe también en el peso de la relación
México-Cuba y puntualizó que por primera vez se realiza al inicio de una gestión.
Por último la senadora Castellanos
solicitó saber si se ha previsto alguna entrevista con la disidencia cubana. Contundente,
el embajador respondió que no, sin embargo, señaló que dada la capacidad de
movilización política de la disidencia, ésta puede darse como sucede en las visitas de
Estado en todas partes del mundo. Resaltó que de cualquier manera no sería ni la primera
ni la única vez que esto suceda.
Con base en la documentación remitida por
el titular del Ejecutivo y la entrevista referida, los legisladores miembros de la
comisión que suscriben, consideraron que es de resolverse autorizar el viaje que el
presidente Vicente Fox Quesada realizará a la República de Cuba los días 3 y 4 de
febrero de 2002.
En tal virtud, nos permitimos someter a la
consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede
autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para
ausentarse del territorio nacional los días 3 y 4 de febrero de 2002, a fin de realizar
una visita de trabajo a la República de Cuba.
192,193,194
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará
en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 22 de enero de
2002.— Senador José Natividad González Parás, presidente; senador Juan
José Rodríguez Prats, secretario; diputado Alfredo Ochoa Toledo, secretario;
senadores: Ernesto Gil Elorduy, César Camacho Quiroz, Francisco Fraile García,
Armando Chavarría Barrera, Jesús Galván Muñoz, Sara Isabel Castellanos Cortés;
diputados: Efrén Leyva Acevedo, Manuel Medellín Milán, José Alfredo Botello Montes,
María Guadalupe López Mares, Juan Camilo Mouriño Terrazo y Miroslava García
Suárez.»
Es de primera lectura.
El Presidente:
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se
le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
El secretario diputado José Manuel
Medellín Milán:
Por instrucciones de la Presidencia, con
fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la
segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo... Unanimidad por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente:
Gracias.
Se dispensa la segunda lectura.
El secretario diputado José Manuel
Medellín Milán:
En consecuencia está a discusión en lo
general y en lo particular el proyecto de decreto.
El Presidente:
Proceda la Secretaría a recoger la
votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto en virtud de
que no hay legisladoras ni legisladores que deseen hacer uso de la tribuna.
El secretario diputado José Manuel
Medellín Milán:
Se va a proceder a recoger la votación
nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
Se pide que se hagan los avisos a que se
refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Señor Presidente, se emitieron 29 votos en
pro y ninguno en contra.
El Presidente:
Aprobado el proyecto de decreto por 29
votos. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
ECUADOR
El secretario diputado José Manuel
Medellín Milán:
Se dará lectura a dictámenes de
comisión.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.— Primera
Comisión.
Honorable asamblea: en oficio fechado el 26
de diciembre de 2001, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de
Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos
Francisco Javier Vázquez Lázaro y Silvia de la Luz Rivera, puedan prestar servicios como
mensajero y conserje, en la embajada de la República de Ecuador, en México.
En sesión celebrada por la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 16 de enero, se turnó a la suscrita
comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su
nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento,
b) Que los servicios que los propios
interesados prestarán en la Embajada de Ecuador en México, serán de carácter
administrativo y
c) Que las solicitudes se ajustan a lo
establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite
someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede
permiso al ciudadano Francisco Javier Vázquez Lázaro, para prestar servicios como
mensajero, en la Embajada de la República de Ecuador, en México.
Artículo segundo. Se concede
permiso a la ciudadana Silvia de la Luz Rivera, para prestar servicios como conserje, en
la Embajada de la República de Ecuador en México.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México D.F., a 18 de enero de
2002.— Diputados: Alejandro Zapata Perogordo, presidente; Jorge Carlos
Ramírez Marín, secretario; senadores: Jorge Zermeño Infante, secretario; Sadot
Sánchez Carreño, David Jiménez González, Ernesto Gil Elorduy, Fauzi Hamdan Amad,
Jesús Galván Muñoz, Rafael Melgoza Radillo; diputados: Juan Manuel Sepúlveda
Fayad, José Alfredo Botello Montes, Herbert Taylor Arthur, Magdalena Núñez Monreal
y Arturo Escobar y Vega.»
Es de primera lectura.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (III)
El secretario diputado José Manuel
Medellín Milán:
Otro dictamen con proyecto de decreto:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.— Primera
Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 7
de enero del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de
Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que Andrés Antonio Torres
Scott, Raymundo Julián Navarrete Buenrostro, Gerardo Torner Márquez y Pedro Vargas Soto,
puedan prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada y centro de comercio
de Estados Unidos de América, en México.
En sesión celebrada en esta fecha por la
Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 16 de enero, se turnó a la
suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su
nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que los propios
solicitantes prestarán en la Embajada de Estados Unidos de América, en México, serán
de carácter administrativo y
c) Que las solicitudes se ajustan a lo
establecido en la fracción ll del apartado C del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite
someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede
permiso a Andrés Antonio Torres Scott, para prestar servicios como especialista
político, en la Embajada de Estados Unidos de América en México.
Artículo segundo. Se concede
permiso a Raymundo Julián Navarrete Buenrostro, para prestar servicios en
intendencia/mantenimiento, en la Embajada de Estados Unidos de América en México.
Artículo tercero. Se concede
permiso a Gerardo Torner Márquez, para prestar servicios como empleado de mantenimiento,
en el centro de comercio de Estados Unidos de América, en México.
Artículo cuarto. Se concede permiso
a Pedro Vargas Soto, para prestar servicios como empleado de limpieza, en el centro de
comercio de Estados Unidos de América en México.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 21 de enero de
2002.— Diputados: Alejandro Zapata Perogordo, presidente; Jorge Carlos
Ramírez Marín, secretario; senadores: Jorge Zermeño Infante, secretario;
Sadot Sánchez Carreño, David Jiménez González, Ernesto Gil Elorduy, Fauzi Hamdan Amad,
Jesús Galván Muñoz, Rafael Melgoza Radillo; diputados: Juan Manuel Sepúlveda Fayad,
Efren Leyva Acevedo, José Alfredo Botello Montes, Herbert Taylor Arthur, Magdalena
Núñez Monreal y Arturo Escobar y Vega.»
Es de primera lectura.
REINO DE
ESPAÑA
El secretario diputado José Manuel
Medellín Milán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo Federal— Comisión Permanente.— Primera
Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: a la Primera Comisión
de Trabajo que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con el
oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional
necesario para que el arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera, pueda aceptar
y usar la condecoración de la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge en grado
de Bailío Gran Cruz de Justicia, que le confiere su alteza real don Carlos de Borbón.
La comisión considera cumplidos los
requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de
acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C del artículo 37 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la
aprobación de la Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Unico. Se concede permiso al
arzobispo primado de México Norberto Rivera Carrera, para aceptar y usar la
condecoración de la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge, en grado de
Bailío Gran Cruz de Justicia, que le confiere su alteza real don Carlos de Borbón.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 17 de enero de
2002.— Diputado Alejandro Zapata Perogordo, presidente; diputado Jorge
Carlos Ramírez Marín, secretario; senador Jorge Zermeño Infante, secretario;
senadores: Sadot Sánchez Carreño, Ernesto Gil Elorduy, Jesús Galván Muñoz, David
Jiménez González, Fauzi Hamdan Amad, Rafael Melgoza Radillo; diputados: Efrén
Leyva Acevedo, Herbert Taylor Arthur, Magdalena Núñez Monreal, Juan Manuel Sepúlveda
Fayad, José Alfredo Botello Montes y Arturo Escobar y Vega.»
Es de primera lectura.
El Presidente:
Gracias, señor Secretario.
PROCURADOR
FISCAL
El Presidente:
Los siguientes puntos del orden del día
son los dictámenes a discusión.
En virtud de que se encuentran publicados
en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si autoriza que
sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo y a los decretos.
La secretaria diputada Magdalena del
Socorro Núñez Monreal:
Por instrucciones de la Presidencia, en
votación económica se consulta a la Asamblea si autoriza que solamente se dé lectura a
los puntos de acuerdo y decretos.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente:
Se autoriza.
La secretaria diputada Magdalena del
Socorro Núñez Monreal:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.— Tercera
Comisión de Trabajo.
Honorable Comisión Permanente: a la
comisión que suscribe fue turnado para su estudio y análisis el expediente presentado en
sesión plenaria de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión del día
miércoles 9 de enero del año en curso, referente al nombramiento que el Presidente de la
República extiende a favor del ciudadano Juan Carlos Tamayo Pino como procurador fiscal
de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a partir del 1o. de
enero de 2002, enviado a esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión,
para los efectos de su ratificación en los términos de la fracción VII del artículo 78
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el
artículo 89 fracciones IV y XVI de la propia Carta Magna.
195,196,197
A partir del estudio del expediente en
cuestión y de conformidad con los artículos 93, 94 y 98 de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos exponer los siguientes
CONSIDERANDOS
1. Los nombramientos que realiza el
Presidente de la República de empleados superiores de Hacienda, en uso de las
atribuciones conferidas en las fracciones IV y XVI del artículo 89 constitucional, deben
ser ratificados por la Comisión Permanente, según lo establece el artículo 78 fracción
VII de la propia Carta Magna.
2. El precepto constitucional que establece
la ratificación de los empleados superiores de Hacienda, tiene su antecedente en la
Constitución Federal de 1824 y persigue como finalidad, asegurar que la recaudación, la
custodia y el destino del erario público se realicen con eficiencia, eficacia y honradez,
como lo ordena el primer párrafo del artículo 134 de la Ley Fundamental de la
República.
3. El punto de acuerdo de la Cámara de
Senadores de fecha 7 de diciembre de 2000, publicado en el Diario Oficial de la
Federación del día 12 del mismo mes y año, establece el procedimiento para la
aprobación de los nombramientos de los funcionarios superiores de Hacienda.
4. Del análisis cuidadoso de los
documentos que acompañan al expediente que nos ocupa, se obtienen elementos suficientes
de juicio para realizar una valoración sobre la capacidad y experiencia, administrativa y
profesional, del licenciado Tamayo Pino.
En tal virtud y con objeto de estar en
condiciones de emitir una resolución suficientemente fundada y motivada, los integrantes
de la comisión que suscribe, en cumplimiento del artículo segundo del punto de acuerdo
emitido por el Senado de la República de fecha 12 de diciembre de 2000, citamos al
licenciado Juan Carlos Tamayo Pino, a una entrevista que tuvo verificativo el día 16 de
enero del año en curso y en la que, además de constatar la documentación contenida en
el expediente base del presente dictamen, se intercambiaron puntos de vista con el
funcionario nombrado sobre su formación y trayectoria profesional, así como sobre
funciones.
5. Para ilustrar a esta Comisión
Permanente se hace del conocimiento la siguiente síntesis curricular del licenciado Juan
Carlos Tamayo Pino: es mexicano por nacimiento, nació en la Ciudad de México el 15 de
junio de 1963, por lo que a la fecha cuenta con 38 años de edad, encontrándose en pleno
goce de sus derechos civiles y políticos.
El ciudadano Juan Carlos Tamayo Pino obtuvo
el título de licenciado en derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México,
cuenta con una especialidad en impuestos en el mismo instituto; posee el título de
maestría en legislación Bancaria Internacional y Regulación de Mercado de Valores
expedido por la Universidad de Boston, Massachussets, Estados Unidos de América.
El licenciado Tamayo Pino, cuenta con una
amplia experiencia profesional en cuestión de administración pública, en particular en
el ramo de la finanzas públicas y como analista y asesor jurídico en instituciones
financieras del país como el Banco de México donde fungió como jefe de la oficina de
instrumentación legal de operaciones bancarias.
Es de señalar que fue subdirector
jurídico del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, entre otros cargos.
Actualmente se desempeña como subprocurador fiscal federal de legislación y consulta, de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En virtud de lo anteriormente expuesto y en
razón de que el licenciado Juan Carlos Tamayo Pino posee la capacidad profesional
necesaria para el desempeño del cargo que se le ha conferido, que acreditó un
conocimiento puntual de las actividades a desarrollar en su próxima encomienda cumple con
los requisitos que establece la normatividad vigente nos permitimos someter a
consideración de esta Asamblea, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Con fundamento en la
fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, aprueba el
nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en favor del licenciado
Juan Carlos Tamayo Pino, como procurador fiscal de la Federación de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público a partir del 1o. de enero de 2002.
Salón Verde de la Cámara de
Diputados.— Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de enero de 2002.— Diputado
Efrén Leyva Acevedo, presidente; senador César Camacho Quiroz, secretario;
Miroslava García Suárez, secretaria; diputado J. Camilo Mouriño Terrazo,
secretario; senadores: José Antonio Aguilar Bodegas, Miguel Angel Navarro Quintero,
Fauzi Hamdan Amad, Francisco Fraile García, Martha Sofía Tamayo Morales; diputados: Roberto
Ruiz Angeles, Juan Manuel Sepúlveda Fayad, Manuel Medellín Milán, Jorge Carlos Ramírez
Marín, Jaime Salazar Silva, Hebert Taylor Arthur y Juan Carlos Regis Adame.»
El Presidente:
Está a discusión el dictamen con punto de
acuerdo.
La secretaria diputada Magdalena del
Socorro Núñez Monreal:
No habiendo quien haga uso de la
palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente:
Aprobado el punto de acuerdo.
Comuníquese al Ejecutivo.
Se encuentra a las puertas de este recinto,
el ciudadano Juan Carlos Tamayo Pino, cuyo nombramiento como Procurador Fiscal de la
Federación, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público acaba de ser aprobado por
esta Asamblea.
Para que lo introduzcan a este salón y lo
acompañen a rendir la protesta de ley, se designa en comisión a los siguientes
legisladores: diputado Alejandro Zapata Perogordo, senador Jorge Zermeño Infante,
senadora Martha Tamayo Morales, senadora Armando Chavarría Barrera, diputado Rodolfo
Escudero Barrera.
La secretaria diputada Magdalena del
Socorro Núñez Monreal:
Se invita a los presentes ponerse de
pie.
El Presidente:.
Gracias.
Ciudadano Juan Carlos Tamayo Pino, ¿protesta
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de procurador fiscal de la Federación de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se le ha conferido y guardar y hacer
guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella
emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
El ciudadano Juan Carlos Tamayo Pino;
Sí, protesto.
El Presidente:
Si así no lo hiciera, la nación se
lo demande.
Muchas felicidades.
Se ruega a la comisión designada,
acompañar al señor Procurador Fiscal cuando desee retirarse.
Muchas gracias.
SUDAFRICA
La secretaria diputada Magdalena del
Socorro Núñez Monreal:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.— Segunda
Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: a la Segunda Comisión
de Trabajo fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el
expediente relativo al nombramiento que el Presidente de la República hace en favor del
ciudadano Mauricio de María y Campos y Castelló, como embajador extraordinario y
plenipotenciario de México en la República de Sudáfrica, enviado a esta Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII del
artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación
con la fracción XVI del artículo 89.
Después de haber analizado el nombramiento
que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, esta comisión
desea señalar que de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada
por el ciudadano Mauricio de María y Campos y Castelló consta que nació en la Ciudad de
México el 13 de octubre de 1943. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad por
nacimiento y edad mínima que se requieren para desempeñar el cargo para el que ha sido
designado. A su vez, se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
En su curriculum vitae se establece
que obtuvo la licenciatura en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Posteriormente, realizó la maestría en Desarrollo Económico, en la Universidad de
Sussex, Gran Bretaña.
En la Secretaría de Relaciones Exteriores
ha sido embajador para proyectos especiales y asesor de la subsecretaría de Naciones
Unidas, Africa y Medio Oriente.
Los miembros de la comisión dictaminadora,
deseamos expresar que el embajador designado ha ocupado diversos cargos en el sector
público, tales como: director general de Inversiones Extranjeras de la Secretaría de
Industria y Comercio; director general de Promoción Fiscal de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público; subsecretario de Fomento Industrial de la Secretaría de Comercio y
Fomento Industrial; director adjunto del Banco Mexicano Somex; representante de México y
director general de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial.
En acatamiento del acuerdo tomado por la
Cámara de Senadores el 22 de diciembre de 1982 y continuado por la Comisión Permanente
para la elaboración de dictámenes referentes a ratificaciones de nombramientos
diplomáticos, la comisión que suscribe citó al ciudadano Campos y Castelló a una
reunión el día de hoy en donde se conversó sobre la política exterior mexicana hacia
las naciones del continente africano, en especial la llamada Africa Subsahariana, la
relación bilateral con la República de Sudáfrica y una síntesis de su programa de
trabajo que presentó a esta soberanía.
Sobre este particular, el embajador
expresó que ha tenido contacto con Africa y Sudáfrica en particular desde la época en
que era estudiante de posgrado y como funcionario internacional. Se comprometió a guiar
sus actividades en el marco de los principios de política exterior establecidos en la
Constitución.
Planteó en su programa de trabajo que
existen grandes coincidencias entre ambos países en las que se pueden hacer alianzas en
foros internacionales por la coincidencia en posiciones, tales como derechos humanos,
lucha contra el terrorismo, desarme, conservación del medio ambiente. Por otra parte,
subrayó que las coincidencias son también estructurales: "México y Sudáfrica son
naciones de desarrollo intermedio, con grandes niveles de desarrollo en ciertas regiones y
sectores y al mismo tiempo, con grandes focos de pobreza y marginación" Describió
la historia reciente de Sudáfrica del Apartheid hasta la transición democrática
así como los retos que enfrenta el Gobierno para combatir la pobreza, la violencia y el
SIDA.
El embajador designado hizo una breve
reseña de la relación bilateral comentando que "la presencia del Gobierno mexicano
en Sudáfrica ha sido limitada, reflejo de una concentración explicable de nuestras
relaciones con América del Norte así como el desinterés en aquellas organizaciones del
Tercer Mundo como el "Grupo de los 77" y el "Movimiento de los No
Alineados" y completó su planteamiento afirmando que el actual Gobierno se encuentra
revisando su política exterior hacia esa área con el fin de iniciar una etapa mas activa
y positiva".
Como antecedente del estado en que se
encuentran las relaciones actualmente, el embajador designado informó a los miembros de
esta comisión que desde el inicio de las relaciones diplomáticas la única visita de
Estado que se ha concretado es la del presidente Mandela a México; escasas y
esencialmente multilaterales las de secretarios de Estado mexicanos a Sudáfrica; que las
exportaciones mexicanas han sido pocas y erráticas salvo el tequila y la cerveza
mexicanas, y que a partir de 1997 las exportaciones se han "petrolizado".
Identificó algunos productos con grandes potencialidades de exportar para diversificar la
balanza comercial bilateral. Recalcó que Sudáfrica es un país inversionista y que puede
convertirse en un puente entre México y el Africa Subsahariana.
198,199,200
El embajador propone una estrategia que
contemple:
1) En materia política, lograr el
acercamiento al más alto nivel con visitas de Estado con agendas concretas y bien
planeadas.
2) Visitas de secretarios de Estado a
Sudáfrica, así como de legisladores y funcionarios de otros niveles de la
Administración Pública.
3) Promoción de visitas de delegaciones
empresariales de ambas naciones, tomando en cuenta que por sus características de
desarrollo intermedio, las economías de uno y otro país en muchos sectores son
competitivos entre si, aunque hay un espacio para la complementación.
4) Alentar los intercambios científicos y
técnicos con base en programas consensados y dándoles el seguimiento correspondiente.
5) Organizar al menos una vez al año,
ferias, exposiciones o eventos culturales.
En la etapa de comentarios de los miembros
de la comisión, el diputado Manuel Medellín habló sobre el perfil nacionalista y el
amplio conocimiento en materia de política internacional multilateral del embajador
designado. Por su parte el senador Jesús Galván pidió que ampliara sus comentarios
sobre la cooperación científica y técnica.
El embajador enumeró los campos en los
cuales se puede lograr beneficios concretos, tales como: lucha contra el SIDA y avances en
materia agrícola y minera. La senadora Sara Isabel Castellanos solicitó al embajador
designado sus comentarios sobre la colaboración que podría brindar Sudáfrica en materia
de administración de parques nacionales y sí es factible un acuerdo comercial con ese
país. El embajador designado manifestó respecto a este último asunto que primero se
requiere crear los flujos de comercio necesarios y posteriormente la firma de un convenio.
Con base en la documentación remitida por
la Cancillería y la entrevista referida, los legisladores miembros de la comisión que
suscribe, hemos podido constatar que el ciudadano De María y Campos y Castelló posee los
requisitos ordenados por el artículo 20 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior
Mexicano para ser designado embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la
República de Sudáfrica.
En tal virtud, nos permitimos someter a la
consideración de esta Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. En uso de las facultades que
le confiere la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, ratifica el
nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en favor del ciudadano
Mauricio de María y Campos y Castelló, como embajador extraordinario y plenipotenciario
de México en la República de Sudáfrica.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente.— México, D.F., a 22 de enero de 2002.— Senador José Natividad
González Parás, presidente; senador Juan José Rodríguez Prats, secretario;
diputado Alfredo Ochoa Toledo, secretario; senadores: Ernesto Gil Elorduy,
César Camacho Quiroz, Francisco Fraile García, Armando Chavarría Barrera, Jesús
Galván Muñoz, Sara Isabel Castellanos Cortés; diputados: Efrén Leyva Acevedo,
Manuel Medellín Milán, José Alfredo Botello Montes, María Guadalupe López Mares, Juan
Camilo Mouriño Terrazo y Miroslava García Suárez.»
El Presidente:
Está a discusión el dictamen con
punto de acuerdo.
La secretaria diputada Magdalena del
Socorro Núñez Monreal:
No habiendo quien haga uso de la
palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente:
Aprobado el punto de acuerdo.
Comuníquese al Ejecutivo.
Se encuentra a las puertas de este recinto
el ciudadano Mauricio de María y Campos y Castelló, cuyo nombramiento como embajador
extraordinario y plenipotenciario de México en la República de Sudáfrica acaba de ser
aprobado por esta Asamblea.
Para que lo introduzcan a este salón y lo
acompañen a rendir la protesta de ley, se designa en comisión a los siguientes
legisladores: senador José Natividad González Parás, diputado Alfredo Ochoa Toledo,
senador Juan José Rodríguez Prats, diputado Eduardo Arnal Palomera, diputada Miroslava
García Suárez, senadora Sara Isabel Castellanos Cortés.
La secretaria diputada Magdalena del
Socorro Núñez Monreal:
Se invita a los presentes a ponerse de
pie.
El Presidente:
Ciudadano Mauricio de María y Campos y
Castelló: ¿Protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de embajador
extraordinario y plenipotenciario de México en la República de Sudáfrica, que se le ha
conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la
Unión?
El ciudadano Mauricio de María y Campos
y Castelló:
Sí, protesto.
El Presidente:
"Si así no lo hiciera, la
nación se lo demande".
Muchas felicidades y suerte en su nuevo
encargo, señor embajador.
Se ruega a la comisión designada,
acompañar al señor embajador cuando desee retirarse.
GRADOS
MILITARES (II)
La secretaria diputada Magdalena del
Socorro Núñez Monreal:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.— Segunda
Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: a la comisión que
suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con número 194, año
segundo, sección cuarta, índice "M", fojas 35-2 del libro respectivo; que
contiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año
2001, por el Presidente de la República, a favor del teniente coronel de infantería
Diplomado de Estado Mayor Armando Montaño Ponce, como coronel de infantería Diplomado de
Estado Mayor, que el Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanente, para los
efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del
interesado esta comisión advierte:
a) Que ingresó como cadete al Heroico
Colegio Militar, graduándose como subteniente de infantería el 1o. de septiembre de
1980.
b) Que para efectos de promoción se le
computaron 25 años, dos meses, 14 días de tiempo de servicio y cinco años de
antigüedad en el grado anterior.
c) Que todos sus ascensos los obtuvo en
concursos de selección, habiéndolos logrado a la primera oportunidad. Su formación
incluye estudios en el Heroico Colegio Militar y en la Escuela Superior de Guerra, donde
obtuvo el carácter de Diplomado de Estado Mayor.
d) Que su actuación en sus distintos
cargos en unidades de arma y en cuarteles generales de zona militar, así como en el
Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, le ha permitido obtener
experiencias tanto en el mando, como en actividades de Estado Mayor.
e) Que actualmente se desempeña como
agregado de defensa en la embajada de México en España.
f) Que se le han concedido las
condecoraciones de Perseverancia hasta de Tercera Clase y la de Mérito Deportivo de
Cuarta Clase.
g) Es un militar destacado que realiza sus
actividades militares con prontitud y eficiencia, de gran capacidad de trabajo, aptitud
física y deportiva, así como de honestidad en el manejo de fondos.
De la revisión del expediente personal y
la hoja de servicios del nombrado teniente coronel de infantería Diplomado de Estado
Mayor y en atención a su gran aptitud profesional, amplia instrucción militar y
capacidad en el desempeño de sus cargos, se deduce que el interesado reunió los
requisitos legales que merecieron la obtención del grado de coronel médico cirujano,
sujeto a ratificación.
Por lo anterior y para dar cumplimiento a
lo que establece el artículo 78 fracción VII, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de
esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de
coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor, que el titular del Poder Ejecutivo
expidió a favor del ciudadano Armando Montaño Ponce.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 16 de enero del
año 2002.— Senadores: José Natividad González Parás, presidente; Juan
José Rodríguez Prats, secretario; diputado Alfredo Ochoa Toledo, secretario;
diputados: Efrén Leyva Acevedo, Manuel Medellín Milán, José Alfredo Botello Montes,
María Guadalupe López Mares, Juan Camilo Mouriño Terrazo, Miroslava García Suárez;
senadores: Ernesto Gil Elorduy, César Camacho Quiroz, Francisco Fraile García, Jesús
Galván Muñoz, Armando Chavarría Barrera y Sara Isabel Castellanos Cortés.»
Está a discusión el punto de acuerdo...
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en
conjunto.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.
Honorable Asamblea: a la comisión que
suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con número 195, año
segundo, sección quinta, índice "S", fojas 35-2 del libro respectivo; que
contiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año
2001, por el Presidente de la República, a favor del teniente coronel de infantería
Diplomado de Estado Mayor, Erwin Rodolfo Solórzano Barragán, como coronel de infantería
Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanente,
para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del
interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Heroico Colegio Militar,
graduándose como subteniente de infantería el 1o. de septiembre de 1980.
b) Que para efectos de ascenso se le
computaron 25 años, dos meses, 19 días de tiempo de servicios y cinco años de
antigüedad en el grado anterior.
c) Que todos sus ascensos fueron obtenidos
en concurso de selección habiéndolos logrado a la primera oportunidad. Su formación
militar es destacada, iniciándose en el Heroico Colegio Militar, continuando
satisfactoriamente sus estudios en la Escuela Militar de Aplicación, de su arma y en la
Escuela Superior de Guerra los cursos de mando y Estado Mayor General, que le dio el
carácter de Diplomado de Estado Mayor además del Curso Superior de Guerra.
d) Que ha desarrollado sus actividades
militares en los cuarteles generales de zona militar, en el Estado Mayor de la Defensa
Nacional, en unidades de su arma y en escuelas militares, destacado en actividades
docentes.
e) Que se desempeñó con eficiencia como
secretario particular del subsecretario y del Secretario de la Defensa Nacional.
f) Que obtuvo condecoraciones de
Perseverancia hasta la de Segunda Clase.
g) Que su desempeño profesional es
destacado y cumple a conciencia las misiones y tareas que se le encomiendan.
De la revisión del expediente personal y
la hoja de servicios del nombrado teniente coronel de infantería Diplomado de Estado
Mayor y en atención a su gran aptitud profesional, amplia instrucción militar y
capacidad en el desempeño de sus cargos, se deduce que el interesado reunió los
requisitos legales que merecieron la obtención del grado de coronel de infantería
Diplomado de Estado Mayor, sujeto a ratificación.
Por lo anterior y para dar cumplimiento a
lo que establece el artículo 78 fracción VII de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de
esta Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de
coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor, que el titular del Poder Ejecutivo
Federal expidió a favor del ciudadano Erwin Rodolfo Solórzano Barragán.
201,202,203
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 22 de enero de
2002.— Senadores: José Natividad González Parás, presidente; Juan José
Rodríguez Prats, secretario; diputado Alfredo Ochoa Toledo, secretario;
diputados: Efrén Leyva Acevedo, Manuel Medellín Milán, José Alfredo Botello Montes,
María Guadalupe López Mares, Juan Camilo Mouriño Terrazo, Miroslava García Suárez;
senadores: Ernesto Gil Elorduy, César Camacho Quiroz, Francisco Fraile García, Jesús
Galván Muñoz, Armando Chavarría Barrera y Sara Isabel Castellanos Cortés.»
Está a discusión el punto de acuerdo...
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en
conjunto.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.— Segunda
Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que
suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con número 196, año
segundo, sección primera, índice "F", fojas 35-2 del libro respectivo; que
contiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre de 2001,
por el Presidente de la República, a favor del teniente coronel de fuerza aérea piloto
aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo J. Jesús Fernández Fernández como coronel de
fuerza aérea piloto aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo Federal
envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII
del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del
interesado, esta comisión advierte:
a) Que realizó estudios en la Escuela
Militar de Aviación dependiente del Colegio del Aire, graduándose como subteniente de
fuerza aérea piloto aviador el 1o. de septiembre de 1978;
b) Que para efectos de promoción se le
computaron 27 años, dos meses, 18 días de tiempo de servicios y siete de antigüedad en
el grado anterior;
c) Que sus ascensos los obtuvo en concurso
de selección y en la primera oportunidad;
d) Que cuenta con amplios conocimientos
militares y en actividades de protección civil. Se graduó como piloto aviador en la
Escuela Militar de Aviación y como oficial de Estado Mayor Aéreo en la Escuela Superior
de Guerra. Efectuó, además, la maestría en administración en la Universidad Autónoma
de Guadalajara.
e) Que es un militar destacado como piloto
aviador, así como en actividades docentes en el Colegio del Aire y
f) Que ha obtenido las condecoraciones de
Perseverancia hasta de la Segunda Clase y la condecoración de Servicios Distinguidos.
De la revisión del expediente personal y
la hoja de servicios del nombrado teniente coronel de fuerza aérea piloto aviador
Diplomado de Estado Mayor Aéreo y en atención a su gran aptitud profesional, amplia
instrucción militar y capacidad en el desempeño de sus cargos, se deduce que el
interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de
coronel de fuerza aérea piloto aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, sujeto a
ratificación.
Por lo anterior y para dar cumplimiento a
lo que establece el artículo 78 fracción VII de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de
esta Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de
coronel de fuerza aérea piloto aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el titular
del Poder Ejecutivo Federal, expidió a favor del ciudadano J. Jesús Fernández
Fernández.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 22 de enero de
2002.— Senadores: José Natividad González Parás, presidente; Juan José
Rodríguez Prats, secretario; diputado Alfredo Ochoa Toledo, secretario;
diputados: Efrén Leyva Acevedo, Manuel Medellín Milán, José Alfredo Botello Montes,
María Guadalupe López Mares, Juan Camilo Mouriño Terrazo, Miroslava García Suárez;
senadores: Ernesto Gil Elorduy, César Camacho Quiroz, Francisco Fraile García, Jesús
Galván Muñoz, Armando Chavarría Barrera y Sara Isabel Castellanos Cortés.»
Está a discusión el punto de acuerdo...
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en
conjunto.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.— Segunda
Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: a la comisión que
suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con número 192, año
segundo, sección segunda, índice "M" fojas 34-2 de libro respectivo; que
contiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año
2001, por el Presidente de la República, a favor del teniente coronel de zapadores
Diplomado de Estado Mayor, Everardo Manjarrez Silva como coronel de zapadores Diplomado de
Estado Mayor que el Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanente, para los efectos
de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del
interesado esta comisión advierte:
a) Que de 1978 a 1981 realizó estudios en
el Heroico Colegio Militar graduándose como subteniente de zapadores.
b) Que su tiempo de servicios para efectos
de ascensos fue de 23 años, 11 meses, 10 días y cuatro años de antigüedad en el grado
anterior.
c) Que sus ascensos en los concursos de
selección los obtuvo en la primera oportunidad y
d) Que siendo de esmerada preparación
académica realizó también los cursos de aplicación de su arma, el de mando y Estado
Mayor General y el curso Superior de Guerra.
e) Que en sus actividades profesionales ha
desempeñado sus servicios en las unidades de su arma y en los cuarteles generales de zona
y región militar en el Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional y en el
heroico Colegio Militar.
f) Que ha obtenido las condecoraciones de
Perseverancia hasta de la de Tercera Clase.
De la revisión del expediente personal y
la hoja de servicios del nombrado teniente coronel de zapadores Diplomado de Estado Mayor
y en atención a su gran aptitud profesional, amplia instrucción militar y capacidad en
el desempeño de su cargos, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que
merecieron la obtención del grado de coronel de zapadores Diplomado de Estado Mayor,
sujeto a ratificación.
Por lo anterior y para dar cumplimiento a
lo que establece el artículo 78 fracción VII del la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de
esta Asamblea, la aprobación del siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de
coronel de zapadores Diplomado de Estado Mayor, que el titular del Poder Ejecutivo
expidió a favor de Everardo Manjarrez Silva.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 22 de enero de
2002.— Senador José Natividad González Parás, presidente; senador Juan
José Rodríguez Prats, secretario, diputado, Alfredo Ochoa Toledo, secretario;
senadores: Ernesto Gil Elorduy, César Camacho Quiroz, Francisco Fraile García, Jesús
Galván Muñoz, Armando Chavarría Barrera, Sara Isabel Castellanos Cortés;
diputados: Efrén Leyva Acevedo, Manuel Medellín Milán, José Alfredo Botello Montes,
María Guadalupe López Mares, Juan Camilo Mouriño Terrazo y Miroslava García
Suárez.»
Está a discusión el punto de acuerdo...
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en
conjunto.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.
Honorable Asamblea: la comisión que
suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con número 193, segundo
año, sección tercera, índice "A", fojas 34-2 del libro respectivo; que
contiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año
2001, por el Presidente de la República, a favor del teniente coronel de infantería
Diplomado de Estado Mayor, Juan Manuel Aguilar Martínez como coronel de infantería
Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanente,
para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del
interesado esta comisión advierte:
a) Que ingresó como cadete al Heroico
Colegio Militar, graduándose como subteniente de infantería el 1o. de septiembre de
1981.
b) Que para efectos de ascenso se le
computan 23 años, 10 meses, 19 días de tiempo de servicios y cuatro años de antigüedad
en el grado anterior.
c) Que todos sus ascensos en concursos de
selección los obtuvo en la primera oportunidad.
d) Que su formación profesional iniciada
en el Heroico Colegio Militar y continuada en la Escuela Militar de Aplicación de las
Armas y los Servicios le permitió realizar satisfactoriamente el curso de mando y Estado
Mayor General, graduándose como Diplomado de Estado Mayor.
e) Que los mandos ejercidos en unidades de
su arma, así como su desempeño en estados mayores de grandes unidades, le han permitido
formarse como un jefe eficiente, apto para el mando y destacado en todas sus actividades
militares, lo que le da una fundada experiencia profesional.
f) Que ha obtenido condecoraciones de
Perseverancia hasta de Tercera Clase.
De la revisión del expediente personal y
la hoja de servicios del nombrado teniente coronel de infantería Diplomado de Estado
Mayor y en atención a su gran aptitud profesional, amplia instrucción militar y
capacidad en el desempeño de sus cargos, se deduce que el interesado reunió los
requisitos legales que merecieron la obtención del grado de coronel de infantería
Diplomado de Estado Mayor, sujeto a ratificación.
Por lo anterior y para dar cumplimiento a
lo que establece el artículo 78 fracción VII de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de
esta Asamblea, la aprobación del siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de
coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo
expidió a favor del ciudadano Juan Manuel Aguilar Martínez.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 16 de enero de
2002.— Senador José Natividad González Parás, presidente; senador Juan
José Rodríguez Prats, secretario; diputado Alfredo Ochoa Toledo, secretario;
senadores: Ernesto Gil Elorduy, César Camacho Quiroz, Francisco Fraile García, Jesús
Galván Muñoz, Armando Chavarría Barrera, Sara Isabel Castellanos Cortés;
diputados: Efrén Leyva Acevedo, Manuel Medellín Milán, José Alfredo Botello Montes,
María Guadalupe López Mares, Juan Camilo Mouriño Terrazo y Miroslava García
Suárez.»
Está a discusión el punto de acuerdo...
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en
conjunto.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.— Segunda
Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: a la comisión que
suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con número 197, año
segundo, sección segunda, índice "J" fojas 36-2 del libro respectivo; que
contiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año
2001, por el Presidente de la República, a favor del teniente coronel de justicia militar
y licenciado Jaime Juárez González como coronel de justicia militar y licenciado, que el
Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por
la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del
interesado esta comisión advierte:
A) Que ingresó al Heroico Colegio Militar,
graduándose como subteniente de zapadores en el periodo de 1978-1982.
b) Que para efectos de promoción se le
computaron 23 años, tres meses, 19 días de tiempo de servicios y cuatro años de
antigüedad en el grado anterior.
c) Que pertenece al servicio de justicia
militar desde el 1o. de enero de 1990.
d) Que ha desempeñado los cargos de agente
investigador del Ministerio Público, agente del Ministerio Público Militar, juez primero
militar, consultor jurídico, subjefe de la sección octava (jurídica) del Estado Mayor
de la Defensa Nacional y jefe de la sección técnica de la dirección de Justicia
Militar.
e) Que cuenta con las condecoraciones de
Perseverancia hasta la de Tercera Clase.
f) Que el coronel Juárez es un jefe de
esmerada preparación profesional, buena disposición profesional fundamentalmente para el
trabajo, que se compromete en sus responsabilidades y reacciona adecuadamente bajo
condiciones de presión y que sus recomendaciones y observaciones son acertadas y
confiables.
204,205,206
De la revisión del expediente personal y
la hoja de servicios del nombrado teniente coronel de justicia militar y licenciado y en
atención a su gran aptitud profesional, amplia instrucción militar y capacidad en el
desempeño de sus cargos, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que
merecieron la obtención del grado de coronel de justicia militar y licenciado, sujeto a
ratificación.
Por lo anterior, y para dar cumplimiento a
lo que establece el artículo 78 fracción VII de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de
esta Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de
coronel de justicia militar y licenciado, que el titular del Poder Ejecutivo expidió a
favor de Jaime Juárez González.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 22 de enero del
año 2002.— Senador José Natividad González Parás, presidente; senador Juan
José Rodríguez Prats, secretario; diputado Alfredo Ochoa Toledo, secretario;
senadores: Ernesto Gil Elorduy Maya, César Camacho Quiroz, Francisco Fraile García,
Jesús Galván Muñoz, Armando Chavarría Barrera, Sara Isabel Castellanos Cortés;
diputados: Efrén Leyva Acevedo, Manuel Medellín Milán, José Alfredo Botello Montes,
María Guadalupe López Mares, Juan Camilo Mouriño Terrazo y Miroslava García
Suárez.»
Está a discusión el punto de acuerdo...
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en
conjunto.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.— Segunda
Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: a la comisión que
suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con número 199, año
segundo, sección cuarta, índice "A", fojas 36-2 del libro respectivo, que
contiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año
2001, por el Presidente de la República, a favor del teniente coronel médico cirujano
Luis Mario Albarrán García, como coronel médico cirujano, que el Ejecutivo Federal
envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII
del artículo 78, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del
interesado esta comisión advierte:
a) Que ingresó como cadete a la Escuela
Médico Militar el 16 de noviembre de 1967, ascendiendo al grado de mayor médico cirujano
el 1o. de septiembre de 1973.
b) Que para efectos de promoción se le
computaron 34 años tres días de tiempo de servicio y 14 años de antigüedad como
teniente coronel.
c) Que realizó la carrera de médico
cirujano en la Escuela Médico Militar; en el Hospital Central Militar el curso de
cirugía estética y funcional de septum y pirámide nasal y la especialidad de
otorrinolaringología en la Escuela Militar de Graduados de Sanidad, además de otros
cursos relacionados con su profesión.
d) Que ha prestado sus servicios
profesionales por más de 28 años en el Hospital Central Militar, en la Escuela Militar
de Graduados de Sanidad y en diversas instalaciones de su servicio.
e) Que ha obtenido las condecoraciones de
Perseverancia hasta la de Primera Clase.
De la revisión del expediente personal y
la hoja de servicios del nombrado teniente coronel médico cirujano y en atención a su
gran aptitud profesional; amplia instrucción militar y capacidad en el desempeño de sus
cargos, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la
obtención del grado de coronel médico cirujano, sujeto a ratificación.
Por lo anterior y para dar cumplimiento a
lo que establece el artículo 78 fracción VII, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de
esta Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de
coronel médico cirujano, que el titular del Poder Ejecutivo expidió a favor del
ciudadano Luis Mario Albarrán García.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 16 de enero de
2002.— Senador José Natividad González Parás, presidente; senador Juan
José Rodríguez Prats, secretario; diputado Alfredo Ochoa Toledo, secretario;
senadores: César Camacho Quiroz, Francisco Fraile García, Jesús Galván Muñoz,
Armando Chavarría Barrera, Sara Isabel Castellanos Cortés; diputados: Ernesto Gil
Elorduy, Efrén Leyva Acevedo, Manuel Medellín Milán, José Alfredo Botello Montes,
María Guadalupe López Mares, Juan Camilo Mouriño Terrazo y Miroslava García
Suárez.»
Está a discusión el punto de acuerdo...
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en
conjunto.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.— Segunda
Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: a la comisión que
suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con número 198 año
segundo sección tercera índice "V", fojas 36-2 del libro respectivo; que
contiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año
2001, por el Presidente de la República, a favor del teniente coronel de infantería
Francisco Vázquez Juárez, como coronel de infantería, que el Ejecutivo Federal envió a
esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del
artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del
interesado esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército mexicano como
soldado de infantería el 13 de abril de 1964, ascendiendo a subteniente del arma el 1o.
de septiembre de 1977.
b) Que para efectos de ascensos se le
computaron 37 años siete meses seis días de tiempo de servicios y ocho años de
antigüedad como teniente coronel.
c) Que sus ascensos fueron obtenidos en
tiempo y forma y que en los concursos de selección ascendió en la primera oportunidad.
d) Que realizó los cursos de formación de
sargentos en la Escuela Militar de Clases y el de formación de oficiales de las armas en
el Heroico Colegio Militar, así como el curso correspondiente en la Escuela Militar de
Aplicación de Armas y Servicios.
e) Que ha prestado sus servicios
fundamentalmente en las corporaciones de infantería, lo que le ha dado un amplio
conocimiento en su arma, que hoy le permiten dirigir un Centro de Adiestramiento Militar.
f) Que ha obtenido condecoraciones de
Perseverancia hasta la de Primera Clase y la de Perseverancia Especial.
De la revisión del expediente personal y
la hoja de servicios del nombrado teniente coronel de infantería y en atención a su gran
aptitud profesional, amplia instrucción militar y capacidad en el desempeño de sus
cargos, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la
obtención del grado de coronel de infantería, sujeto a ratificación.
Por lo anterior, y para dar cumplimiento a
lo que establece el artículo 78 fracción VII de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de
esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de
coronel de infantería que el titular del Poder Ejecutivo expidió a favor del ciudadano
Francisco Vázquez Juárez.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 16 de enero del
año 2002.— Senador José Natividad González Parás, presidente; senador Juan
José Rodríguez Prats, secretario; diputado Alfredo Ochoa Toledo, secretario;
senadores: Ernesto Gil Elorduy, César Camacho Quiroz, Francisco Fraile García, Jesús
Galván Muñoz, Armando Chavarría Barrera, Sara Isabel Castellanos Cortés;
diputados: Efrén Leyva Acevedo, Manuel Medellín Milán, José Alfredo Botello Montes,
María Guadalupe López Mares, Juan Camilo Mouriño Terrazo y Miroslava García
Suárez.»
Está a discusión el punto de acuerdo...
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se
aprueba este punto de acuerdo y los anteriormente reservados.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente:
Aprobados los puntos de acuerdo.
Comuníquese al Ejecutivo.
Se pide a la Secretaría poner a discusión
los proyectos de decreto.
Republica Federativa de BrasiL
El secretario diputado José Manuel
Medellín Milán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.— Primera
Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: a la Primera Comisión
de Trabajo que suscribe, le fue turnado el escrito de fecha 18 de diciembre de 2001, del
licenciado Germán Palomares Oviedo, por el que solicita el permiso constitucional
necesario para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Río Branco, en grado de
Caballero, que le confiere el gobierno de la República Federativa del Brasil.
La comisión considera cumplidos los
requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de
acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C del artículo 37
constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso
al licenciado Germán Palomares Oviedo, para aceptar y usar la condecoración de la Orden
de Río Branco, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de la República
Federativa de Brasil.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 11 de enero de
2002.— Diputados: Alejandro Zapata Perogordo, presidente; Jorge Carlos
Ramírez Marín, secretario; senadores: Jorge Zermeño Infante, secretario; Sadot
Sánchez Carreño, David Jiménez González, Ernesto Gil Elorduy, Fauzi Hamdan Amad,
Jesús Galván Muñoz, Rafael Melgoza Radillo; diputados: Juan Manuel Sepúlveda
Fayad, Efrén Leyva Acevedo, José Alfredo Botello Montes, Herbert Taylor Arthur,
Magdalena Núñez Monreal y Arturo Escobar y Vega.»
No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación nominal en conjunto.
ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA (IV)
El secretario diputado José Manuel
Medellín Milán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.— Primera
Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: en oficio de fecha 17
de diciembre de 2001, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional
necesario para que los ciudadanos Rodrigo de Jesús Hidalgo Maza, Sandra Gabriela García
Guillén, Mario Alberto Robles Félix, América García Delgadillo, Jaime Nicanor Terán
Flores y María Magdalena Magallón Venzor, puedan prestar servicios de carácter
administrativo, en la Embajada y consulados generales de Estados Unidos de América, en
México; Tijuana, Baja California; Monterrey, Nuevo León; Matamoros, Tamaulipas y Ciudad
Juárez, Chihuahua, respectivamente.
En sesión celebrada por la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 28 de diciembre, se turnó a la
suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su
nacionalidad mexicana con la copia certificada de sus actas de nacimiento;
b) Que los servicios que los propios
interesados prestarán en la Embajada y consulados generales de Estados Unidos de
América, en México; Tijuana, Baja California; Monterrey, Nuevo León; Matamoros,
Tamaulipas y Ciudad Juárez, Chihuahua, serán de carácter administrativo y
c) Que las solicitudes se ajustan a lo
establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional y el
artículo 60 segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta comisión se permite
someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede
permiso al ciudadano Rodrigo de Jesús Hidalgo Maza, para prestar servicios como
dependiente de correos, en la Embajada de Estados Unidos de América en México.
Artículo segundo. Se concede
permiso a la ciudadana Sandra Gabriela García Guillén, para prestar servicios como
secretaria, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
207,208,209
Artículo tercero. Se concede
permiso al ciudadano Mario Alberto Robles Félix, para prestar servicios como auxiliar de
visas, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja
California.
Artículo cuarto. Se concede permiso
a la ciudadana América García Delgadillo, para prestar servicios como empleada de
oficina del departamento de visas, en el Consulado General de los Estados Unidos de
América en Monterrey, Nuevo León.
Artículo quinto. Se concede permiso
al ciudadano Jaime Nicanor Terán Flores, para prestar servicios como chofer, en el
Consulado de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.
Artículo sexto. Se concede permiso
a la ciudadana María Magdalena Magallón Venzor, para prestar servicios como cajera, en
el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 7 de enero de
2002.— Diputado Alejandro Zapata Perogordo, presidente; diputado Jorge
Carlos Ramírez Marín, secretario; senador Jorge Zermeño Infante, secretario;
senadores: Sadot Sánchez Carreño, David Jiménez González, Ernesto Gil Elorduy,
Fauzi Hamdan Amad, Jesús Galván Muñoz, Rafael Melgoza Radillo, diputados: Juan
Manuel Sepúlveda Fayad, Efrén Leyva Acevedo, José Alfredo Botello Montes, Herbert
Taylor Arthur, Magadalena Núñez Monreal y Arturo Escobar y Vega.»
El Presidente:
Está a discusión el dictamen en lo
general.
No habiendo quien haga uso de la palabra,
para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar
algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado
artículo alguno para discutirlo en lo particular, se va a proceder a recoger la votación
nominal de este proyecto de decreto y el anteriormente reservado en un solo acto.
El secretario diputado José Manuel
Medellín Milán:
Por instrucciones de la Presidencia se
va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de ambos
proyectos de decreto en un solo acto.
Se pide se hagan los avisos a que se
refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
El secretario diputado José Manuel
Medellín Milán:
Señor Presidente, se emitieron 29 votos a
favor y ninguno en contra.
El Presidente:
Aprobados en lo general y en lo
particular los proyectos de decreto.
Pasan al Ejecutivo para los efectos
constitucionales.
AUMENTO
DE PRECIOS
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Juan Manuel
Sepúlveda Fayad, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para
presentar una proposición con punto de acuerdo sobre el alza generalizada de precios.
Tiene usted la palabra diputado hasta por 10 minutos.
El diputado Juan Manuel Sepúlveda
Fayad:
Señor Presidente; compañeras y
compañeros legisladores:
Los suscritos legisladores federales del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo
establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de
esta Asamblea, una proposición con punto de acuerdo, en los siguientes términos:
En el proceso de análisis del paquete
fiscal y presupuestario, los diputados del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, reiteramos nuestro compromiso de participar en las decisiones del país,
como una oposición seria y responsable, por ello entendimos que en esta tarea se
imponían tres obligaciones fundamentales:
Dotar al Gobierno Federal de los recursos
necesarios para el cumplimiento de sus responsabilidades.
Establecer una carga impositiva justa, que
no gravitara fundamentalmente en las clases más desprotegidas.
Asegurar la correcta distribución de los
recursos asignados, de forma tal que éstos se aplicarán a las acciones prioritarias para
el desarrollo nacional, pero sin perder jamás de vista, que todas estas acciones,
deberían estar dirigidas necesariamente a un propósito fundamental: una mayor justicia
social.
Por ello, cuando el Ejecutivo Federal
planteó una propuesta de reforma fiscal, que se apoyaba fundamentalmente en gravar
alimentos, medicamentos, prestaciones laborales, colegiaturas y libros, nuestra posición
fue muy clara. No estamos de acuerdo en que la mayor parte de los recursos fiscales, se
pretenden obtener a través de una fórmula que impacta más a quien menos tienen y en
ello nuestra posición seguirá siendo invariable: no a la desaparición de la tasa cero
en IVA en alimentos, medicamentos, prestaciones laborales, libros y colegiaturas.
Del cumplimiento de nuestro compromiso para
que los recursos fuesen asignados para los programas y acciones prioritarias para el
desarrollo nacional, dan testimonio más de 36 mil millones de pesos, que por disposición
del Congreso, serán ejercidos por estados y municipios, de un total de 80 mil millones
reasignados a rubros como educación, salud, combate a la pobreza, seguridad social,
desarrollo de los pueblos indígenas y apoyos al campo.
Sin embargo, todo este esfuerzo a favor de
la economía popular, en la que es justo reconocer coincidieron otras fracciones
parlamentarias, se ve minimizado cuando en torno a la aprobación del paquete fiscal,
algunos sectores de la clase empresarial y del comercio, valiéndose de la desinformación
que ellos mismos han sembrado a través de una perversa campaña mediática, han asestado
un grave golpe a la economía popular, por medio del ocultamiento, la especulación y de
una escandalosa alza de precios.
De nada sirvió que el Congreso, después
de meses de discusión, decidiera en atención a no lastimar la economía popular, que no
se gravaran con un 15% los medicamentos, a pesar de que ello implicara la renuncia a los
recursos fiscales correspondientes, si algunos empresarios sin escrúpulos, con la
complacencia de las autoridades competentes, de un día para otro, aumentan los precios de
los medicamentos hasta en un 30%.
A la vista de todos los ciudadanos están
las tiendas, en donde de la noche a la mañana, desaparecieron casi todos los aparatos
eléctricos y las huellas de reetiquetación en muchos de los productos son evidentes.
Sin embargo, los ciudadanos no percibimos
ni los medios de comunicación dan noticia, de que alguna autoridad haya realizado ninguna
acción tendiente a evitar y mucho menos a castigar estos abusos, a pesar de que la
Secretaría de Economía a través de la Procuraduría Federal del Consumidor, tiene como
obligaciones la vigilancia y verificación de precios y la promoción y protección de los
derechos del consumidor ante todo género de prácticas que lesionen sus intereses,
incluso denunciando ante el Ministerio Público los hechos que puedan ser constitutivos de
delito y ante las autoridades administrativas competentes, las violaciones de esta misma
naturaleza.
Vemos con preocupación que no se está
llevando a cabo ninguna medida para frenar y evitar esta arbitraria alza de precios en
infinidad de productos, principalmente los de primera necesidad que no fueron afectados
por impuestos, esto en perjuicio de sectores sociales pero sobre todo de aquellos con
menor capacidad de adquisición como lo son los trabajadores que hoy, además de sufrir un
duro golpe de un incremento salarial irrisorio que no satisfizo de forma alguna sus
mínimas expectativas, reciben inermes el embate de los comerciantes que se aprovechan de
la confusión.
Esta situación obliga a que se tomen
medidas inmediatas para evitar que con el pretexto de las reformas en materia fiscal,
empresarios y comerciantes sin escrúpulos sigan dañando a la economía popular,
solicitando la intervención del titular del Ejecutivo Federal por medio de la Secretaría
de Economía y de la Procuraduría Federal del Consumidor y a través de la instauración
de una subcomisión en la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados del Congreso de
la Unión, que se encargue de coadyuvar con las autoridades competentes en el seguimiento
de estas acciones.
Por ello, los legisladores federales
firmantes en nuestro carácter de representantes populares y conscientes de la grave
situación generada con motivo de estas prácticas abusivas, sometemos a esta soberanía
el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Se exhorte al titular del
Ejecutivo Federal para que se instruya a la Secretaría de Economía, para que a través
de la Procuraduría Federal del Consumidor se instrumenten las medidas necesarias para
evitar el alza injustificada de precios y otras prácticas especulativas, en perjuicio de
la economía popular.
Segundo. Se exhorte a la Comisión
de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Diputados para que integre una
subcomisión para dar seguimiento y coadyuvar con las autoridades correspondientes, en la
solución de este grave problema.
Firman el presente punto de acuerdo los
diputados: Manuel Medellín Millán, Efrén Leyva Acevedo, Antonio Reyes Silva Beltrán,
Alfredo Ochoa Toledo, Roberto Ruiz Angeles, Florentino Castro López y el de la voz Juan
Manuel Sepúlveda.
Gracias.
El Presidente:
Gracias, diputado Sepúlveda Fayad.
Ha solicitado el uso de la palabra el
diputado Efrén Leyva y se le concede hasta por cinco minutos.
El diputado Efrén Nicolás Leyva
Acevedo:
Señor Presidente; compañeros
legisladores:
Este importante tema que ha tocado nuestro
compañero diputado Sepúlveda Fayad, es un tema que debe unirnos a todos los
legisladores, en virtud de la andanada de alzas que sin autorización alguna se han venido
dando sobre todo en el ámbito de medicamentos; porque en este momento en que el Congreso
está siendo víctima de una denostación y una descalificación por parte de algunos
medios de comunicación que se sienten afectados y de muchos de los empresarios, de los
grandes empresarios de este país, de los cuales nos preguntamos cuál ha sido su aporte
por México y cuál ha sido su apuesta por México.
En su ambición desmedida de
enriquecimiento a través del decrecimiento en la economía popular, continúan tratando
de echarle la culpa al Congreso de las acciones que no han sido capaces ellos de
manifestar en solidaridad con el pueblo y hoy, este tema es importante porque nos permite
hacer un análisis muy prudente de lo que pasa en nuestro país con este incontrolable
sector que es precisamente la venta de medicamentos.
Y yo quise hacer uso de la palabra para
hacer una comparativa importante ante ustedes en el sentido de los costos de los
medicamentos en nuestro país con otros países.
Y quisiera iniciar para comentar a ustedes
que esta medicina que se llama "Diovan" y que se vende por el mismo laboratorio
en México y en España, cuesta en México una caja con 14 cápsulas cuesta 272 pesos y en
España una caja con 26 tabletas cuesta 223 pesos. Es decir en México cuesta 19 pesos
cada tableta mientras que en España cuesta apenas 7.99 pesos, el mismo laboratorio, la
misma medicina.
Otra medicina que es "Cardura",
que en México se expende por el laboratorio similar, el mismo laboratorio que en España,
en México cuesta cada tableta $16.47, mientras en España la misma tableta cuesta cinco
pesos con 48 centavos a costos nuestros, a la convertibilidad de nuestros pesos mexicanos.
No es posible que los mismos laboratorios trasnacionales estén dando un precio con
nosotros y estén dando otro precio fuera de nuestro país, cuando es la misma medicina
que se está adquiriendo.
Y no es posible tampoco que las autoridades
hayan permitido y esto es, quiero aclarar y subrayar, es sin antes del 30% que acaban de
incrementar casi todos los medicamentos de nuestro país. No es posible que estemos
nosotros ajenos a este problema tan grave y por eso suscribimos el punto de acuerdo del
compañero Sepúlveda Fayad, porque creemos que es importante que los legisladores como
representantes populares estemos atentos a estos abusos que se están dando actualmente en
estos productos básicos que utiliza la población para sobrevivencia.
Y no es posible tampoco que en este punto
de acuerdo que se ha dado, nos quedemos sustraídos de la posibilidad de exigir a las
autoridades responsables una vigilancia más estricta y también acciones más concretas
para evitar este abuso de comerciantes voraces que no pretenden más que su
enriquecimiento, sin apostarle nada a México, sin apostar al descrédito y tratar de
echarle la culpa a otros de lo que ellos no son capaces de hacer para lograr la
superación de las familias mexicanas.
Muchas gracias.
210,211,212
El Presidente:
Gracias diputado Efrén Leyva.
Ha solicitado la palabra el diputado
Mouriño. Tiene la palabra hasta por cinco minutos.
El diputado Juan Camilo Mouriño Terrazo:
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras, compañeros legisladores:
El Partido Acción Nacional se suma al
rechazo tajante a aquellos comerciantes y empresarios que aprovechando la incertidumbre,
que aprovechando la confusión, que aprovechando la desinformación que hubo respecto a lo
que en este Congreso se logró avanzar en materia fiscal y la propia reforma, pues ahora
están aprovechando esta situación para cargarle la mano a los consumidores.
Es importante pues que si hay denuncias
concretas de estos abusos que se está diciendo aquí están haciendo algunos
comerciantes, actúe y se actúe con prontitud. No tenemos más que sumarnos, pedirle a la
Profeco, pedirle a la Secretaría de Economía que analicen con seriedad y con
responsabilidad estas denuncias y que si hubiesen algunos otros rubros además del de las
medicinas, que pudiesen ser incluidos en este análisis, pues por supuesto que estaríamos
también respaldando que se hiciese.
En el caso específico de las medicinas la
Profeco corre una serie de comparativos mensuales sobre diversos productos y los precios a
los cuales se expenden en distintos puntos del país y en distintos comercios y es
importante entonces solicitarle dentro de este análisis que se está haciendo y dentro de
este punto de acuerdo, a la Profeco, que puntualmente nos informe en el caso de las
medicinas, cuáles eran los precios de los principales productos en el mes de diciembre,
antes de la aprobación de la reforma fiscal y cuáles son los precios de esos mismos
productos en el mes de enero, después de la reforma fiscal.
Y si hay, como se ha dicho aquí,
comerciantes abusivos, industriales abusivos que están aprovechándose de la confusión,
pues por supuesto que se aplique la reglamentación, la regulación al respecto y se
sancionen estas prácticas que todavía ponen más desconcierto, que todavía generan más
inquietud y más inconformidad en distintos sectores de nuestro país.
Por ello, el Partido Acción Nacional
reprueba tajantemente a aquellos comerciantes abusivos y apoya la solicitud de punto de
acuerdo para que se haga un análisis comprensivo de esta situación.
El Presidente:
Gracias, diputado Mouriño Terrazo.
Ha solicitado el uso de la palabra la
diputada Miroslava García. Tiene usted la palabra, hasta por cinco minutos, señora
diputada.
La diputada María Miroslava García
Suárez:
Muy buenas tardes, amigas y amigos
legisladores, buenas tardes a todo el público que nos acompaña:
No quiero dejar pasar esta oportunidad
respecto a la proposición de punto de acuerdo que han presentado mis compañeros
legisladores porque el tema es sumamente trascendental y porque este Congreso, esta
Comisión Permanente debe abonar en la certeza, en la certidumbre y en la información
veraz y oportuna que hay que darle a toda la población sobre el paquete fiscal que
aprobamos los senadores y los diputados en diciembre pasado para que evitemos, juntos,
cualquier atropello, cualquier abuso contra la economía familiar de la población.
En este sentido me parece muy importante
que promovamos, todos los legisladores, una campaña de información que pueda reforzar
los trabajos institucionales que el Ejecutivo haga desde la Secretaría de Hacienda.
También quiero decir que por lo mismo es
indispensable una revisión muy puntual de todas aquellas reglas de aplicación que ha
publicado en días recientes la Secretaría de Hacienda, porque en este mes de enero debe
quedar perfectamente claro para todos los ciudadanos cuáles fueron los acuerdos y los
consensos que permitieron un paquete fiscal con recursos adicionales por más de 55 mil
millones de pesos para diferentes áreas estratégicas en el Presupuesto de Egresos de la
Federación.
Me parece fundamental que esta Comisión
Permanente pueda trabajar de manera conjunta con la Secretaría de Hacienda para aclarar
fehacientemente cuáles son estos acuerdos, cuáles son los productos y los servicios que
estarán sujetos a un gravamen nuevo, como es el del 5% adicional para algunos productos y
servicios suntuarios que en el último día de la discusión en diciembre la Cámara de
Senadores decidió incluir en este paquete fiscal.
Me parece que es de suma importancia porque
si dejamos que la Secretaría de Hacienda, de manera unilateral, interprete cuáles fueron
los acuerdos de los diputados y de los senadores, se puede caer en errores y en
equivocaciones que se pueden evitar.
Y me parece, por eso mismo, muy importante
destacar que el día de ayer tuvimos una reunión con el Secretario de Hacienda los
integrantes de la Comisión de Hacienda de la Permanente, con la intención de expresarle
directamente algunas de estas preocupaciones que hoy estoy externando y que a juicio del
PRD tenemos que ser muy puntuales, muy claros en este trabajo para que la Secretaría de
Hacienda no tenga problemas al interpretar o lo haga en forma errónea respecto a los
acuerdos de diciembre.
Y en ese sentido cabe la importancia de
hacer un trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo para darle, insisto,
certeza a los ciudadanos sobre los nuevos impuestos, pero también para poder frenar
cualquier intención abusiva de comerciantes, de servidores que en general quieran
"hacer su agosto" a partir o justificando que por los acuerdos del Congreso
ahora hay una escalada de aumento en los precios de los productos básicos.
En ese sentido yo quiero destacar que lo
que acordamos senadores y diputados con respecto a los impuestos especiales y con
relación al 5% adicional del IVA para artículos y servicios suntuarios, es perfectamente
una lista acotada que puede ser revisada en otro proceso legislativo pero que no puede ser
adicionada, no puede ser modificada ni siquiera aún por la Secretaría de Hacienda. En
ese sentido el PRD se suma a este esfuerzo que plantean mis compañeros legisladores para
evitar cualquier abuso de los sectores productivos y comerciales del país contra la
población.
Por su atención, muchísimas gracias.
El Presidente:
Gracias, diputada Miroslava García.
Túrnese a la Comisión de Comercio y
Fomento Industrial de la Cámara de Diputados.
ESTADO
DE MEXICO
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Víctor Hugo
Sondón Saavedra, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar una
proposición con punto de acuerdo sobre la situación política del Estado de México, por
10 minutos.
El diputado Víctor Hugo Sondón
Saavedra:
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros legisladores:
Acción Nacional en el Estado de México,
al largo de su historia, se ha caracterizado por una lucha constante en contra de la
simulación, la mentira, el fraude electoral, el autoritarismo, la ineficiencia y la
indefinición de los gobiernos, la demagogia y la falsa retórica, misma lucha que empezó
a encontrar eco en la ciudadanía cuando en 1996 los ciudadanos haciendo la suya acudieron
a las urnas de manera decidida a marcarle un rumbo diferente al Estado de México y así
fue que dieron el voto a dos opciones distintas a la misma de siempre, que fue al Partido
Acción Nacional y al Partido de la Revolución Democrática, iniciando así una nueva
historia de participación democrática y una inevitable transición política.
Sin embargo, hay quienes todavía no
entienden que aferrándose a viejas prácticas que atentan contra la estabilidad social,
irrumpen en este marco democrático y de transición.
Acción Nacional en el Estado de México ha
procurado en todo momento crear condiciones de diálogo y respeto, siempre buscando el
consenso en beneficio de sus habitantes, pero desafortunadamente ha visto truncados sus
esfuerzos por la falta de sensibilidad de las autoridades estatales, quienes a casi la
mitad de la actual administración, se han dedicado a realizar en todo tiempo la maximoral
cerverización del Gobierno, por uno de sus más fieles impulsores y practicantes de estas
viejas prácticas, el señor Arturo Montiel Rojas.
Lo anterior se motiva en lo acontecido en
el Congreso local el 29 y 30 de diciembre de 2001, donde un grupo de diputados, quienes de
manera permanente, desde el inicio de su gestión, se han caracterizado por ser
instrumento eficaz de los intereses del gobierno prisita. Por mayoría de votos le han
aprobado prácticamente todo a su gobernador, como la Ley de Ingresos y Egresos del
gobierno del Estado, misma que fue propuesta y aprobada por los antes citados y que
impacta de manera negativa la vida pública en la entidad.
Una muestra más es la autorización que se
dio al Ejecutivo para que se endeudara con 5 mil 900 millones de pesos que sumada a la ya
existente llegará a fines de este año, a un total de 32 mil millones de pesos,
convirtiendo así al Estado de México como la entidad más endeudada del país,
situación por demás grave, pues el gobierno del Estado no ha realizado ninguna obra de
impacto social que la justifique.
Nunca entendieron que el entorno económico
se agravaba y que era necesario buscar una mayor racionalización del gasto público, lo
que implicaba austeridad, oportunidad y eficacia. Por lo cual Acción Nacional propuso que
todas las partidas presupuestales estuvieran sustentadas en acciones concretas de trabajo
para así evitar la discrecionalidad, la ineficiencia y la indefinición en las acciones
de gobierno. Como ejemplo claro de esta situación es el uso inapropiado del programa de
inversión estatal, el cual ha sido manipulado con fines puramente políticos y no con el
afán de satisfacer las necesidades de los mexiquenses.
Propusimos que la aplicación de estos
recursos fueran con criterios demográficos, enfocados a la pobreza y al rezago en la
infraestructura, así como a la presentación de un catálogo de obras y de esta forma
propiciar que el Estado diseñara una estrategia que permitiera reducir el nivel de
endeudamiento, ya que el mismo colapsa las finanzas públicas.
A lo anterior como respuesta obtuvimos que
el Congreso le autorizara al gobernador un mayor endeudamiento. Con esas tácticas, al
más puro estilo del viejo PRI, este gobernador de marras, rejuveneciendo sus viejas
prácticas y con la ayuda de sus incondicionales testaferros en el Congreso local,
utilizando el albazo, el más aberrante de los mayoriteos y su singular autoritarismo,
logró sacar adelante su reforma electoral. Más que reforma, ésta, representa una
regresión electoral y digo regresión no sólo por las incongruencias ahí plasmadas,
sino también por la torpeza reflejada en la misma, que significa un retroceso en los
diálogos plurales, iniciados en 1996 con Emilio Chuayffet Chemor y continuados en 1998
con César Cámacho Quiroz. Años en que los priístas mexiquenses coincidieron con la
propuesta de Acción Nacional, en la necesidad imperiosa de realizar elecciones
concurrentes con las federales, en cuya exposición de motivos se mencionaba el desgaste
al que se sometía al electorado, así como también el claro dispendio de recursos.
En esta misma reforma se plantea la
posibilidad que dos o más partidos postulen comúnmente a un candidato, lo que
seguramente confundirá al electorado, pues algunas mezcolanzas impedirán que puedan
conocer realmente las propuestas de plataformas políticas.
Acción Nacional está de acuerdo en las
coaliciones de los partidos políticos, pues de manera conjunta permite encontrar
coincidencias en los programas legislativos y de gobierno, pues las mismas se realizan a
nivel estatal o nacional y no así las candidaturas comunes que sólo vendrán a crear
confusión.
Nuestro partido, con anterioridad a estos
sucesos, convocó a las diversas fuerzas políticas y a los titulares del poder del Estado
a la instalación de una mesa de diálogo para la construcción de un compromiso político
y el desarrollo del mismo. Temas que tenían qué ver con problemas torales de la vida
pública y que contenían las propias exigencias ciudadanas desde hace ya mucho tiempo.
Dicha convocatoria sólo fue atendida por el Partido de la Revolución Democrática y una
vez más el gobierno del Estado respondió con su ya consabida actitud de silencio,
cerrazón e intolerancia; postura que ha lastimado y lastima los intereses más sentidos
del pueblo mexiquense.
Esta reforma someterá al electorado del
Estado de México a una campaña permanente de más de un año entre la realización de
las elecciones internas y externas, empezando con las locales y continuando con las
federales, toda vez que no existe legislación de precampañas. Así como tampoco se dará
margen para la resolución de conflictos poselectorales, pues prácticamente culmina una y
empieza otra.
Quisiera preguntarle desde esta tribuna al
señor gobernador Arturo Montiel: ¿qué va a suceder en el caso de que el Instituto
Estatal Electoral resolviera la nulidad en alguna de sus elecciones y se tuviera que
convocar a un proceso extraorinario? ¿Serán concurrentes éstas sí con las federales?
Esto es algo que ya ha sucedido anteriormente en el Estado de México.
213,214,215
Es preocupante la combinación que buscó
el gobernador entre la autorización de un endeudamiento y la reforma electoral. ¿Será
acaso que ambas van de la mano?
Que no se le olvide al señor Arturo
Montiel que tiene pendiente una solicitud de juicio político ante esta soberanía,
precisamente por su actuar intolerante, intransigente y autoritario y que su forma de
gobernar no es acorde a los nuevos tiempos de cambio y pluralidad política, misma que no
fue producto de la casualidad, sino fue decidida por la ciudadanía en las últimas
elecciones tanto locales como federales, que lo obliga a conducir al Estado de México con
una visión actualizada a las nuevas circunstancias políticas.
Desde esta tribuna hacemos un llamado a
todas las fuerzas políticas a no permitir este albazo por parte del gobernador y sus
brazos ejecutores legislativos, para lo cual proponemos el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Recomendar al Congreso local
del Estado de México dé marcha atrás a esta reforma electoral que trasgrede el Estado
de Derecho y que niega la polaridad política de la entidad.
Gracias.
El Presidente:
Ha solicitado el uso de la palabra el
diputado Reyes Antonio Silva Beltrán, la cual se le concede hasta por cinco minutos.
El diputado Reyes Antonio Silva Beltrán.
Honorable Asamblea:
Con respecto al punto de acuerdo que
presenta el grupo parlamentario de Acción Nacional, quisiera hacer algunas precisiones.
En cuanto al Programa de Inversión Estatal
, conocido como PIE, se creó para atender la realización de obras sociales que por su
impacto beneficien a todos los mexiquenses, atendiendo prioritariamente las relativas a
educación, seguridad pública y procuración de justicia; con base a la pobreza extrema,
desarrollo municipal e infraestructura rural, así como la terminación de proyectos en
proceso de ejecución de las obras vinculadas con la prestación de servicios públicos.
El citado programa es de cobertura estatal
y no se supedita de manera directa a las necesidades de cada municipio, sino obedece al
Plan Estatal de Desarrollo.
Respecto a la reforma electoral, señor
diputado, fue resultado del consenso de los estudios y trabajos realizados por los
diputado locales del Partido Revolucionario Institucional, parte del Partido de la
Revolución Democrática, del Partido Verde Ecologista de México, del Partido del
Trabajo, del Partido de la Democracia Social y del bloque independiente de la LIV
Legislatura.
Se elaboró una propuesta legislativa en
materia electoral conformado por las iniciativas de reforma a la Constitución particular
y al Código Electoral y tres nuevas leyes: la Orgánica del Instituto Electoral del
Estado de México, la Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de México y la de lo
Contencioso Electoral.
Dicho proyecto de reforma electoral fue
entregado a los 75 diputados que integran la LIV Legislatura local el 13 de noviembre y
fue turnado a la Comisión de Asuntos Electorales, la cual inició el análisis del
paquete el 27 de noviembre del año pasado.
En la misma fecha fue publicada instancia
de la presidencia de la Gran Comisión de la legislatura local en algunos medios de
comunicación. La iniciativa de reforma electoral del Estado de México y junto con esta
la convocatoria a la ciudadanía del Estado, partidos políticos, organizaciones
políticas, sociales no gubernamentales, instituciones educativas, colegios y barras de
profesionistas, así como politólogos a los foros de consulta pública sobre la reforma
electoral del Estado de México.
El día 11 de noviembre del año pasado se
trató ante el pleno de la Cámara de Diputados Federal, un punto de acuerdo similar al
hoy propuesto por el grupo parlamentario de Acción Nacional sobre la situación política
del Estado de México.
En dicha sesión tanto el PAN, el PRD y el
PRI fijamos nuestra postura sobre este tema y la presidencia de la mesa ordenó se turnara
a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública para su estudio y análisis
correspondiente.
Dentro del proceso legislativo de la
iniciativa local, en los trabajos correspondientes a la Comisión de Asuntos Electorales
referentes al análisis de las propuestas presentadas, los diputados del Partido Acción
Nacional, sin tener razón alguna, abandonaron la sesión sin ni siquiera haber
participado en el análisis de la propuesta que ellos mismos presentaron, misma que se
caracteriza por retomar de manera literal, artículos del Código Electoral del Estado de
México que hasta la fecha estaban vigentes.
El 30 de diciembre pasado, en el pleno de
la LIV Legislatura local se aprobó la iniciativa de reformas a la legislación electoral
por 44 votos a favor y 31 en contra; es decir, por mayoría, en cualquier Congreso Estatal
Nacional o del mundo, se vota por mayoría, la mayoría es mayoría.
Es justo necesario mencionar que no se
reformó la Constitución particular del Estado, se separó la fecha de las elecciones
locales, de las federales, se establecieron las candidaturas comunes, se flexibilizaron
las coaliciones para que proceda la redistritación que está solicitando el Partido
Acción Nacional en el Estado.
Se requiere la solicitud de por lo menos
las dos terceras partes de los diputados presentes en la legislatura local y de esta forma
pueda presentarse al Instituto Electoral del Estado de México y se establezca la
representación proporcional pura entre los temas relevantes.
Cabe hacer mención, honorable Asamblea,
que la reforma electoral de la entidad no está acabada, ya que existe un acuerdo
parlamentario para que se continúen los trabajos relativos a la citada reforma; para tal
efecto, se instaló una mesa política en la que participan todos los partidos políticos
con excepción del Partido Acción Nacional y casualmente es el único ausente, razón por
la cual existe una instancia que permite darle cauce a todas estas inquietudes planteadas
en esta alta tribuna por las diferentes expresiones políticas y del Estado.
Hacemos un atento llamado para que los
diputados locales de Acción Nacional se integren a esa mesa política, como lo ha
planteado el señor diputado.
Gracias.
El Presidente:
Para el mismo tema, ha pedido el uso de la
palabra el diputado Eduardo Arnal, al cual se le concede hasta por cinco minutos.
El
diputado Eduardo Arnal Palomera:
Con su permiso, señor Presidente:
El 16 de febrero de 1996, el titular del
Ejecutivo del Estado de México en aquél entonces, el licenciado Emilio Chuayffet, en su
exposición de motivos en la iniciativa de reforma al Código Electoral del Estado de
México, decía textualmente y me permito citar: "reivindicar la democracia no es ni
puede ser la versión particular de una sola corriente por avanzada que ésta sea".
Por supuesto que nosotros coincidimos con
esta expresión que en aquél entonces expresó y que sostuvo el Partido Revolucionario
Institucional en el Congreso del Estado. Generar consensos sobre todo en una reforma de
índole electoral, es vital y el consenso no se da a escondidas ni en la madrugada,
buscando conseguir bajo cualquier forma un mayoriteo para imponer una visión parcial de
la vida y la realidad política en el Estado, cuando tenemos indicadores muy puntuales que
nos dicen que esta reforma que se alcanzó en 1996, en la cual y aquí está el punto
central, se empataron los procesos electorales locales y federales por primera ocasión en
el año 2000 y que por cierto, un dato importante que tenemos que subrayar, se logró
aumentar la participación de los ciudadanos mexiquenses de un 46% a un 66% en una
elección local.
Si esto no es suficiente argumento para
pensar que se puede estimular la participación de los ciudadanos al haber una
concurrencia de las elecciones, también tenemos por supuesto el argumento claro y
contundente de que en nuestro país y en nuestro Estado tenemos que buscar una política
de austeridad y no tenemos que irnos por dobles derroches y dobles gastos.
Estos consensos, como mencionaba yo, se
alcanzaron en las elecciones de 1996 donde en aquél entonces el secretario general de
gobierno, el actual senador César Camacho Quiroz, quien es miembro de esta Comisión
Permanente, él mismo compareció ante el Congreso del Estado de México para abonar a
favor de esta reforma, para abonar a favor de la concurrencia de los procesos electorales,
argumentando precisamente que teníamos que ver por el ahorro de los recursos públicos y
que teníamos que estimular la participación.
Nos extraña mucho y de hecho lo
entendemos, cuáles son las razones por las que ahora el gobernador Montiel eventualmente
cambia de opinión, cuando los vientos y lo ve muy claro, no van a su favor.
Tenemos que buscar como mexiquenses,
realmente el beneficio del Estado de México, no podemos legislar a capricho, a
circunstancia o al gusto de una idea parcial de la realidad o de cualquier grupo político
por más representativo que sea.
Actualmente Acción Nacional representa, a
nivel de los gobiernos municipales y así lo dijo la elección y el veredicto del 2 de
julio, a la mayoría de los mexiquenses y junto con el Partido de la Revolución
Democrática, gobernamos prácticamente a dos terceras partes de la población del Estado.
A eso llaman ustedes consenso, en el cual
buscan dejar fuera en una situación tan delicada como es la reforma política, a los
actores políticos principales de la entidad.
Por otro lado, se dice que nos hemos
retirado de la mesa política; nos hemos retirado de la mesa política porque lo único
que hemos encontrado ha sido intolerancia, ha sido cerrazón, ha sido una negación total,
completa y absoluta, rotunda a la posibilidad de cualquier tipo de diálogo.
Sin embargo el ofrecimiento de Acción
Nacional sigue siendo el mismo y el mensaje que le enviamos al señor gobernador sigue
siendo el mismo. Nosotros, con una altitud de miras y pensando en el bien y en el
beneficio del Estado de México, seguimos teniendo las puertas abiertas y seguimos
esperando que se abran los cauces para una negociación.
Por esta razón, pedimos, suscribimos y
queremos que se apoye este punto de acuerdo. Queremos solicitarle muy respetuosamente al
Congreso, a los diputados, que hagan conciencia, que piensen en el beneficio del Estado y
que busquemos echar atrás esta retrógrada reforma que definitivamente lo único que ha
venido a hacer es enrarecer el clima político en el Estado, a crear más fricciones y a
revivir viejas prácticas que creíamos superadas.
Muchas gracias.
El Presidente:
Ha solicitado para el mismo tema el uso de
la palabra el diputado Roberto Ruiz Angeles, hasta por cinco minutos.
El
diputado Roberto Ruiz Angeles:
Honorable Asamblea:
Definitivamente los diputados priístas
federales del Estado de México no coincidimos con ninguna de las expresiones vertidas
aquí por los dos legisladores de Acción Nacional.
Comentarles que la reforma electoral no es
del gobernador, es un acuerdo de todas las fracciones que fue votada por la soberanía del
Estado.
También les quisiera yo orientar y que me
orienten y que mi compañero Antonio Silva Beltrán en su intervención le llamó el
bloque independiente. Yo preguntaría: ¿a qué partido pertenecían estos diputados del
Congreso del Estado de México?
También habría que preguntarnos si
Acción Nacional, particularmente los del Estado de México, hablan de confundir al
electorado en las coaliciones ¿Y cuando ellos hacen coaliciones, ahí no se confunde el
electorado?
Somos una población muy grande en el
Estado, más de 13 millones y medio de habitantes con una cultura política muy amplia,
con una conciencia cívica de todo lo que pasa en nuestro entorno. Pero también
comentarles a nuestros amigos diputados de Acción Nacional, que seguramente no conocen
todo el Estado de México, Tlalnepantla y Atizapán no es el Estado de México, son 124
municipios y vale la pena conocerlos y conocer la obra pública que ha hecho el gobierno
del Estado que encabeza el gobernador Arturo Montiel, que tiene todos los rubros que lleva
la infraestructura pública que beneficia a la sociedad que menos tiene y ahí están las
obras.
Yo les invitaría y con mucho gusto los
podría llevar hasta en mi carro a recorrer, para que conozcan el Estado de México, en
los municipios y que vean la obra pública que hay, en los pueblos, en las colonias, en
los barrios, en todo estos lugares donde hemos visto cómo ha avanzado todo ello.
Y también habría que preguntarnos si el
endeudamiento que autorizó el Congreso del Estado, ha habido legisladores de Acción
Nacional en algunas entidades que ha autorizado endeudamientos y que por ser el titular
del Ejecutivo emanado de nuestro partido, el Revolucionario Institucional es malo, bien
valdría la pena analizar que somos una de las entidades o la entidad, mejor dicho, más
poblada del país y que menos participaciones y recursos tenemos.
216,217,218
Por ello, estimados legisladores de Acción
Nacional, yo les invitaría a reflexionar sus términos respecto a la conducción del
gobierno del Estado, que tenemos un buen gobernador, Arturo Montiel Rojas es un buen
gobernador, la obra pública de su gobierno así lo está demostrando y bien vale la pena
que ustedes puedan percatarse e involucrarse a conocer la Constitución Política de
nuestro Estado, para que dejemos a los legisladores del Estado y a la soberanía de
nuestra entidad, hacer lo que a ellos les corresponde.
Muchas gracias.
El Presidente:
Ha solicitado el uso de la palabra el
diputado Víctor Hugo Sondón Saavedra, se le concede hasta por cinco minutos.
El diputado Víctor Hugo Sondón
Saavedra:
Gracias, señor Presidente:
Mire diputado, usted menciona dos
municipios que son los que conocemos porque los ganamos, quiero mencionarle que son más
de dos municipios y yo creo que el que no conoce la realidad política del Estado de
México es usted, porque hoy estamos gobernando a más del 50% de la población del Estado
de México en la oposición.
Además de esto quiero decirle que sí
conozco el Estado de México, que me he visto inmerso en varias campañas y que ésta no
es una justificación, señor diputado, sino aclaración puramente. Estuve inmerso en
varias campañas políticas en el Estado, en donde he tenido oportunidad de recorrer los
102 municipios que eran anteriores cuando estábamos en campaña y cuando eran...
El Presidente:
Permítame, diputado.
El senador Marco Antonio Fernández
Rodríguez (desde su curul):
Señor Presidente, para solicitarle que
conforme a nuestra Ley Orgánica, solicite usted al orador que se abstenga de tener
diálogos personales.
El Presidente:
De acuerdo con el reglamento, señor,
solicito que no se asuman diálogos personales.
Continúe por favor señor diputado.
El diputado Víctor Hugo Sondón
Saavedra:
Señor diputado, entonces que le quede
claro.
Quiero comentarles también que dentro de
estas campañas políticas que hemos tenido en la entidad, hemos tenido la oportunidad de
recorrer lugares en donde la obra pública del señor gobernador Arturo Montiel no se ve.
Les puedo decir el caso específico de lo que es Tlatlaya, Amatepec, Tejupilco, en donde
llega un momento en que se acaba la carretera, fíjense, se acaba la carretera.
En algunos lugares también de la zona
norte del Estado, como es Acambay, esa zona ha sido muy abandonada y que aparte en su
momento indicado también fueron presionados y fueron repelidos por el gobierno del Estado
nuestros maiceros, precisamente por manifestarse en contra del trabajo que no ha realizado
Arturo Montiel; sin embargo, ésta no es la instancia para venir a evaluar el trabajo no
realizado del señor gobernador, estamos aquí precisamente trayendo el tema de una
reforma electoral en la cual obviamente y se ve muy claro, que es con intereses puramente
de partido político, ¿por qué?, porque no quieren dar tiempo precisamente o no quieren
de alguna manera que se junten las elecciones y que pudieran estar en posibilidades de
perder todo.
En anteriores ocasiones, lo sabemos en la
propia participación ciudadana de las elecciones, en donde en las elecciones locales la
participación es mínima. Sabemos del acarreo, sabemos de muchas tácticas que utiliza el
Partido Revolucionario Institucional en épocas electorales y que tienen mucha confianza
de sacar ese voto duro que regularmente han venido coptando con estas prácticas y no así
en las federales, en donde la gente se interesa más, participa más y por ende obviamente
han venido perdiendo ya en muchos lugares.
Hoy día por algo la ciudadanía volvió a
reiterar su voto de confianza a las administraciones tanto panistas como muchas
perredistas también de este mismo lugar, en donde se notó claramente que los gobiernos
municipales precisamente por esta falta de trabajo y esta falta de obra pública han
tenido que meter manos en las escuelas, por ejemplo. El gobernador no ha metido un solo
peso en la remodelación o en el mantenimiento de las propias escuelas. Los presidentes
municipales del PAN han tenido, sin ser ésta su obligación, han tenido que meter y hacer
uso de recursos municipales para mejorar las condiciones en este caso del alumnado del
Estado de México.
En torno a esto de las elecciones, quiero
hacer patente ante esta soberanía que Acción Nacional tratará de hacer todo lo posible
por esta vía, por esta misma tribuna en las ocasiones que así sea necesario, asimismo,
también por los instrumentos legales que se tengan a su alcance, para ver que
efectivamente esta reforma electoral no es viable. En la anterior reforma electoral que se
llevó a cabo las dos terceras partes del Congreso local la votó a favor, pudiéndose
asimismo hacer modificaciones a la Constitución Política del Estado de México. Hoy no
modificaron la Constitución, hoy no lo pusieron en la Constitución porque los votos no
les alcanzaban, los votos no les alcanzaron y por lo tanto lo único que pudieron reformar
fue la Ley Electoral.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos tiene usted la
palabra hasta por cinco minutos, señor legislador.
El diputado Reyes
Antonio Silva Beltrán:
Honorable Asamblea:
Es importante precisar aquí algunas
cuestiones que se han venido a verter.
El señor diputado que me antecedió en el
uso de la palabra dice con toda claridad que conoce el Estado y a mí me surge una gran
duda, dice que conoce también el Estado y que ha checado, ha verificado que en Tejupilco,
Amatepec y Tlatlaya se acaba la carretera. Efectivamente, se acaba la carretera puesto que
se acaba el Estado y empieza otro Estado, pero no corresponde al Estado de México.
También se ha dicho que ha verificado que
en las escuelas están interviniendo los municipios; tengo entendido que se aprueba un
presupuesto de egresos año con año donde existen recursos y fondos y creo que uno de
ellos es el Fondo de Educación, exactamente para que los municipios con sus ingresos
propios puedan complementar los recursos para reparar las escuelas y eso fue una
determinación de esta soberanía.
Pero lo más importante, honorable
Asamblea, yo creo que un Estado, como el Estado de México, tiene muchos problemas,
muchísimos problemas, tiene una inmigración de más de 230 mil habitantes anualmente;
esto implica que tiene que sobreponerse a una serie de situaciones de salud, de
educación, de infraestructura, de recursos, pero que invariablemente es solidario con
todo el país, porque recibimos ciudadanos de todo el país y tenemos que atenderlos como
se atiende a todo mexicano.
En ese sentido y volviendo al tema original
porque ya brincamos de la reforma electoral al Programa de Inversión Estatal, a la
educación, a los caminos, a los límites, yo invitaría nuevamente de la mejor manera, de
la manera como se conducen las cosas aquí en el Congreso, a que los diputados de Acción
Nacional se sienten a esa mesa de discusión política, la reforma electoral no está
acabada, aquí lo dije y así lo reafirmo, tenemos la posibilidad de seguir dialogando.
Es cuando, señor Presidente.
El Presidente:
Gracias, diputado Silva Beltrán.
Ha solicitado el uso de la palabra el
diputado Eduardo Arnal Palomera y se le concede hasta por cinco minutos.
El
diputado Eduardo Arnal Palomera:
Con su permiso, señor Presidente:
El tema que se está discutiendo aquí y
que por lo visto se pretende desviar por parte de los compañeros del Revolucionario
Institucional, es el tocante y referente a la problemática de la reforma electoral y las
consecuencias que tiene al desempatar las elecciones federales con las locales.
Señor diputado, si quiere que hablemos
aquí en esta tribuna del gobierno o desgobierno del señor Arturo Montiel, pues
podríamos con todo gusto reservar una sesión especial de seis u ocho horas y no
terminaríamos y podríamos hablar de esos 124 municipios y su obra pública.
Podríamos hablar, como usted dice, que es
el Estado que tiene menos participaciones pero es el que tiene mayor deuda y podríamos
hablar de tantas y tantísimas necesidades y carencias que hay en el Estado de México,
como efectivamente lo mencionó y habló de carreteras y habló de escuelas, habló de
seguridad, habló de inmigración, habló, vamos y le faltó, le faltó desnutrición, le
faltó, vamos, servicios públicos, le faltó mucho y déjeme decirle algo, por eso mismo
queremos que esta reforma electoral prospere, que esta reforma electoral de 1996 quede
como estaba y esta reforma, rectifico, que fue propuesta, se eche para atrás, porque no
está el pueblo del Estado de México, no estamos los mexiquenses, para seguir soportando
más derroches en gastos electorales.
¿Cómo es posible que sigamos pensando en
campañas y que sigamos pensando en procesos electorales diferenciados cuando hay tantas
necesidades?
Déjeme darle un dato y quisiera
preguntárselo, a lo mejor alguno de ustedes me lo puede contestar: ¿cuánto le cuesta al
pueblo mexiquense los recursos del Programa de Inversión Estatal que le dan a cada
diputado local para repartir materiales en el Estado, por ejemplo?
Con este programa, créamelo, se ha buscado
crear un programa clientelar, un programa político de captación de voluntades y no se
está solucionando el problema de fondo de las necesidades y requerimientos del Estado.
Yo los invito a que centremos el tema y
regresemos a lo que nos trajo aquí a esta tribuna, el que esta reforma electoral que fue
realizada por mayoriteo, con autoritarismo, sin consensos, pueda dar marcha atrás en
beneficio del pueblo del Estado de México, tres meses y medio de diferencia entre una
elección estatal y una elección federal, esto nos sumerge en un proceso de más de un
año y medio, entre precampañas y campañas electorales.
Esto por supuesto que conlleva costos
directos e indirectos, la propaganda electoral, la limpieza de la misma, los mismos
organismos electorales, por supuesto que duolica todos los egresos.
Usted ha dicho que Acción Nacional se
levantó de la mesa, claro que nos levantamos, ante la intolerancia, ante la cerrazón,
ante la soberbia, no podemos sentarnos a negociar con quien no quiere negociar.
No podemos sentarnos a hablar, con quien no
quiere llegar a un acuerdo, con quien no quiere entender que la política cambió, que el
país cambió y que el Estado de México cambió. No podemos sentarnos a hablar, con aquel
que piensa que esas viejas prácticas pueden volver para imponer su voluntad, como amo y
señor de las tierras del Estado de México. Le decimos, señor Montiel, ese tiempo ya se
acabó.
Por suerte el pueblo de México se decidió
a cambiar y cambió bien y a partir del 2 de julio no solamente cambió el país, también
cambió el Estado de México y la realidad es otra, entiéndala de una vez. Esta realidad
y la que usted vivió el 2 de julio del 2002, la vamos a repetir en el 2003. Esa misma
dosis la vamos a volver a aplicar, el pueblo de México siempre, siempre le va a cobrar
una factura a un mal gobernante.
Y por último quisiera decirles, que si no
escuchan al pueblo mexiquense, si lo siguen considerando un menor de edad, que no es capaz
de decidir el futuro de su Estado y de su nación, tarde o temprano van a pagar las
consecuencias.
Vuelvo a reiterar, centrémonos en el tema
que nos trajo aquí, busquemos canales de participación y de diálogo. Seguimos abiertos
a la conversación, seguimos abiertos a la posibilidad de entendernos, pero no nos vamos a
sentar a platicar cuando la única respuesta que tenemos enfrente es no. Una cerrazón, un
autoritarismo y una soberbia. Nadie es dueño de la verdad, señores y eso el electorado
más que nadie lo entiende y lo comprende.
Muchas gracias.
El Presidente:
Ha solicitado el uso de la palabra el
diputado Efrén Leyva.
Después del diputado Efrén Leyva voy a
consultar a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
Tiene usted la palabra, diputado, hasta por
cinco minutos.
El diputado Efrén Nicolás Leyva
Acevedo:
Sin duda, señor Presidente:
Habrá de estar suficientemente discutido
un tema, cuando se inicia con una propuesta de punto de acuerdo, solicitando a un poder y
a una entidad soberana, de que se tenga una acción donde la soberanía del Estado de
México habrá de determinar con las fuerzas políticas actoras, en las posibilidades y
las procedencias que tiene cualquiera de las reformas.
219,220,221
El Partido Revolucionario Institucional
tiene muy claro el respeto a las entidades y también tenemos muy claro cuando debemos de
hacer denuncias, cuando haya arbitrariedades o cuando haya acciones, que lesionan
básicamente la participación política de los actores políticos.
Nosotros estamos conscientes de que esto ha
sido producto de una serie de consultas, de una serie de reuniones, de una serie de mesas
de trabajo y no una serie de acciones que se traten de improvisar nada más de la noche a
la mañana. Una reforma, cualquiera que sea, constitucional, electoral, cualquiera que sea
esta reforma, requiere de un estudio y de la participación de todos los actores.
El Partido Revolucionario Institucional no
pretende hacerse dueño de la verdad, entendemos que hay un segundo plural, donde la
participación política de todos los actores es básica y es importante, porque las
mayorías deciden porque ha ganado las elecciones y ha escuchado la voluntad del pueblo
emitida en sus votos, también es cierto de que las minorías tienen voz y de donde
respetar también las acciones y las posiciones de cada uno.
Esa es nuestra posición y esa es la
posición que respetamos, como también reiteramos nuestro respeto a las soberanías de
los estados de la República.
Muchas gracias.
El Presidente:
No hay ningún otro orador que quisiera
hacer uso de la palabra.
En virtud túrnese a la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.
DEFENSA
DE CONTRIBUYENTES (II)
El Presidente:
A esta Presidencia ha llegado un comunicado
por parte de la senadora Martha Sofía Tamayo Morales, en el cual solicita se rectifique
el turno a la comisión, en el cual la iniciativa presentada por la senadora, se remita a
la Comisión de Puntos Constitucionales, Hacienda y Justicia del Senado de la República,
dado que se trata de una adición a la fracción XXIX inciso h de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y otro adición al Código Fiscal de la
Federación, consistente en el artículo 19 fracción b consecuentemente trata de
un tema constitucional y contencioso administrativo más no así de tema impositivo, para
lo cual se returna esa iniciativa de ley a la Comisión de Puntos Constitucionales,
Hacienda y Justicia del Senado de la República.
DIGNA
OCHOA Y PLACIDO
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada Magdalena
Núñez Monreal del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para
presentar una proposición con punto de acuerdo en relación al homicidio de Digna Ochoa y
Plácido.
Adelante, compañera diputada.
La diputada Magdalena del Socorro
Núñez
Monreal:
Con el premiso de la Presidencia:
La suscrita integrante del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos
116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición de punto de acuerdo
con base en las siguientes
CONSIDERACIONES
Primero. El 19 de octubre del 2001,
fue asesinada la licenciada Digna Ochoa y Plácido, distinguida defensora de los derechos
humanos, crimen que pone en entredicho a instituciones fundamentales de nuestro país, al
evidenciar omisiones de la impartición y procuración de justicia.
Por las características de este artero
crimen y las circunstancias en que fue realizado, se constituye en una amenaza clara y
directa contra toda persona comprometida en la defensa y promoción de los derechos
humanos y sociales en nuestro país.
Segundo. Puntual y públicamente, la
Cámara de Diputados condenó el brutal homicidio mediante un punto de acuerdo presentado
por la diputada Hortensia Aragón Castillo, aprobado por unanimidad el pasado 23 de
octubre de 2001, acuerdo del cual se derivó no sólo la condena del acto criminal, sino
la exigencia de una investigación exhaustiva y expedita que lleve a procesar a los
autores materiales e intelectuales, así como la necesidad de que se hagan públicos los
avances de estas investigaciones, lo que a la fecha no ha sucedido.
Tercero. Asimismo, con fecha 6 de
noviembre del año próximo pasado presenté un punto de acuerdo en el cual propuse la
creación de una comisión especial pluripartidista que dé seguimiento riguroso a las
investigaciones que las autoridades competentes lleven a cabo en torno al asesinato de la
licenciada Digna Ochoa y Plácido. Esta propuesta fue turnada a la Junta de Coordinación
Política, sin que a la fecha haya sido presentado al pleno de la Cámara el acuerdo
correspondiente.
Cuarto. Al igual que en mi
proposición anterior, reitero que es obligación y responsabilidad de este honorable
Congreso de la Unión contribuir al fortalecimiento de las instituciones nacionales en el
marco de la transparencia, la rendición de cuentas y la plena legalidad. En este caso
están en juego no sólo las garantías individuales de quienes hacen de la defensa de los
derechos humanos su actividad primordial, sino la credibilidad del sistema político
mexicano, que pareciera transitar hacia una normalidad democrática en los que la acción
institucional responda a las demandas ciudadanas en todos los rubros, particularmente en
lo que se refiere a la seguridad, la impartición y la procuración de justicia. El
asesinato de Digna Ochoa y la impunidad de sus autores demuestran lo contrario.
Quinto. En este crimen y en las
amenazas vertidas antes y después de él a otros miembros destacados de grupos de defensa
de los derechos humanos, se han visto ligadas instituciones nacionales de primer orden: el
Ejército, las procuradurías General de la República y del Distrito Federal, entre
otras. A nadie beneficia que la duda y la sospecha se extienda sobre estas instituciones
de Gobierno que hoy más que nunca, se debieran consolidar como ejemplos de eficiencia,
eficacia y apego a derecho.
Sexto. El Gobierno Federal y
particularmente el presidente Vicente Fox, se comprometió a garantizar la plena
colaboración y apoyo de todas las dependencias involucradas para el esclarecimiento de
este lamentable caso. Hasta ahora es una promesa más no cumplida.
El gobierno del Distrito Federal tiene
también una deuda con la sociedad: seguimos sin conocer de avances en las investigaciones
de la procuraduría capitalina.
Séptimo. Las circunstancias que
rodearon al lamentable homicidio exigen de este Congreso una postura clara sin mayor
dilación y con un mayor compromiso.
Por lo que, con fundamento en el artículo
116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como
los artículos 58, 59 y 79 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración y aprobación de esta
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Que la Comisión de
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, designe de entre sus miembros a un grupo
plural de trabajo que se entreviste con las autoridades responsables de las
investigaciones en torno al asesinato de la licenciada Digna Ochoa y Plácido, así como
que recabe la información pertinente e informe a esta Comisión Permanente, sobre los
avances de dichas indagaciones.
Segundo. Que se haga un llamamiento
al presidente Vicente Fox, para que en ejercicio de sus atribuciones, ordene a las
dependencias del Gobierno Federal, que brinden su total apoyo y colaboración a las
autoridades que llevan a cabo la investigación de este crimen.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente:
Gracias diputada Magdalena Núñez Monreal,
del grupo parlamentario de la Revolución Democrática.
Túrnese a la Comisión de Justicia, de
Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
PUERTOS
MARITIMOS
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado José Rodolfo
Escudero Barrera, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para
presentar una proposición con punto de acuerdo, en relación al artículo sexto
transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002.
El diputado José Rodolfo Escudero
Barrera:
Con el permiso de la Presidencia;
compañeras y compañeros legisladores:
Antes de continuar con mi punto de acuerdo,
me gustaría hacer reflexión de un refrán que dice: "la experiencia es algo
maravilloso porque nos da la oportunidad de evitar los problemas que podríamos cometer de
nuevo". Por eso compañeros les pido recapacitar sobre el punto de acuerdo que les
haré llegar ahorita, para poder darle a nuestro país lo mejor, a nuestro Gobierno lo
mejor y nuestra seguridad, que es muy importante también.
CONSIDERACIONES
Los puertos marítimos mexicanos deben ser
considerados como uno de los activos más importantes de la nación debido principalmente
a que son una de las vías más importantes para el desarrollo y la prosperidad del
comercio nacional, en beneficio de millones de mexicanos.
Por ello debemos proteger a las
administraciones portuarias integrales, las cuales han logrado revertir el abandono e
ineficacia en que se encontraban hace algunos años nuestros puertos mexicanos.
En administraciones pasadas existía una
asignación ineficiente de recursos, asociada principalmente a una elevada dispersión de
las inversiones y con un monopolio del Gobierno Federal, con una administración
excesivamente centralizada; situación que provocaba que algunos puertos presentaban
niveles de saturación mientras otros estaban siendo subutilizados.
A pesar de que son muchas las
modificaciones que son necesarias a las leyes en materia tributaria que se han aprobado,
el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, propone un punto de
acuerdo referente a la suspensión del artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos
de la Federación para el año 2002, mismo que fue publicado en el Diario Oficial
de la Federación y el cual señala que: "la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, transferirá de manera no onerosa, el 20% de las acciones de la Sociedad
Mercantil Administración Portuaria Integral a los gobiernos de los estados y el 6% de las
mismas a los municipios donde se encuentren operando las referidas administraciones
portuarias integrales, siempre y cuando así lo soliciten los estados y municipios
interesados y se trate de administraciones en las que la Federación tenga más del 76% de
estas acciones.
El tema a que se refiere este artículo
transitorio es eminentemente de carácter federal, el cual de ninguna manera debe ser
considerado dentro de una estructura local o estatal, como es la intención del precepto y
mucho menos en la Ley de Ingresos de la Federación.
Dentro de esa disposición, los puertos son
considerados indebidamente, sin lógica jurídica y desvirtuando lo que es la materia
federal, por lo que podría ocasionar esta reglamentación es facultar a las entidades
federativas y municipios para adquirir participación de empresas públicas federales,
como lo es Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.
Es necesario mantener una equidad dentro de
la Federación que asegure un patrimonio a toda la nación por igual y no sólo a
determinados estados. El Congreso de la Unión deberá cuidar un sistema que ha costado
construir a lo largo de muchos años, con el esfuerzo de muchas generaciones de mexicanos.
La Ley de Ingresos tiene como objetivo
fundamental normar las reglas que rigen en materia de impuestos e ingresos para la
Federación; sin embargo, al parecer ésta no se reduce sólo al tema de recursos, ya que
con esta ley se está viendo cómo entregar los bienes de la Federación y definitivamente
no es el espíritu de la Ley de Ingresos.
También es preciso señalar que las
administraciones de puertos integrales son empresas de la administración pública que en
la actualidad trabajan con cifras que les son favorables, sin embargo, éstas no son
suficientes para todas aquellas necesidades que hoy en la actualidad requieren los puertos
en esta era de globalización para poder competir con los puertos internacionales.
La descentralización con autonomía
operativa y financiera de los puertos mexicanos se sustenta en la libertad operativa y en
el esfuerzo por competir y ser eficientes, generando sus propios recursos que les permitan
el crecimiento y el desarrollo sostenido.
222,223,224
Esta es la estrategia nacional que tiene
como objetivo alcanzar la calidad internacional portuaria. Los puertos del presente deben
tener una infraestructura actualizada y eficiente que den un beneficio positivo a la
nación.
No nos oponemos al beneficio que pudiese
traer esto a los estados y a los municipios, siempre y cuando se haga de manera adecuada
desde el punto de vista jurídico, económico, social y político.
Como posible solución se pueden ver
contratos o inversiones para activar la economía estatal o la municipal y de esta manera
no se tendría que despilfarrar el patrimonio nacional.
Para poner un marco legal y con la
transformación a nivel nacional, actualmente existe certeza y confianza entre los
inversionistas nacionales y extranjeros sobre las ventajas de aportar recursos al sector
marítimo portuario en México.
Anteriormente a la existencia de las
administraciones portuarias integrales, las inversiones nacionales y extranjeras estaban
muy limitadas debido a la gran inseguridad financiera y jurídica propiciada por el marco
legal obsoleto con el que funcionaban los servicios portuarios del país, en un franco
retroceso al desarrollo de la actividad económica de todos los estados y municipios que
integran la Federación.
Para dar un ejemplo de lo anterior, en el
puerto de Altamira, en el Estado de Tamaulipas, durante el año de 1995 se lograron
inversiones privadas por un monto de 383 millones de pesos. Con la administración
portuaria integral, durante el año 2001, se lograron inversiones privadas por un total de
4 mil 492 millones de pesos, cifra esta última que es la mayor inversión privada en el
rubro de comunicación y transporte.
Por lo que respecta al rubro de carga en
dicho puerto, se movilizan actualmente 6 millones 600 mil toneladas, lo que supera
considerablemente las 1 millón 900 mil toneladas manejadas en 1994. Esta inversión y
cifras con las que trabajan nuestros nuevos puertos mexicanos, sin duda decaerán si se
establece lo propuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos en comento.
Por otra parte, es importante resaltar que
si se considera otorgar un 20% de las acciones de la sociedad mercantil administración
portuaria integral a los estados y el 6% de estos mismos a los municipios, la Federación
se quedaría únicamente con el 50% de las acciones, ya que en principio se parte del
supuesto de que como mínimo deberá contar con el 76% de las acciones. Esto traería como
consecuencia que no se tendría el control necesario para la toma de decisiones y peor
aún en un tema de seguridad nacional para todos los mexicanos, como son los puertos de
México.
Compañeros legisladores: es competencia
federal, no estatal ni municipal. Es una medida ilógica sin ningún sentido la que en
este artículo transitorio se ha publicado.
No podemos denotar ignorancia en el
Congreso. Les solicito recapacitar y solicitar la suspensión del artículo sexto
transitorio de la Ley de Ingresos a fin de que no entre en vigor de manera tal que el
honorable Congreso de la Unión tenga el tiempo necesario para hacer unas modificaciones
de la ley consensada y responsable, para no generar un precedente que el día de mañana
no podamos detener.
Por lo anteriormente expuesto, con
fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados que suscriben la presente
proposición nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. La Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
que en el ámbito de su competencia para dar cumplimiento a lo establecido en las leyes
emitidas por el Congreso de la Unión, por lo que toca a lo decretado en el artículo
sexto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002,
postergue la aplicación del artículo sexto transitorio hasta que el honorable Congreso
de la Unión precise las nuevas disposiciones en esta materia, ya que la operación de los
puertos, es de naturaleza y competencia federal.
Salón Legisladores de la República del
honorable Congreso de la Unión, a 23 de enero de 2002.
Hago entrega a la Secretaría de la
presente proposición con punto de acuerdo.
Por su atención, muy amables y muchas
gracias.
El Presidente:
Gracias, diputado Escudero Barrera.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público de la Cámara de Diputados.
REFORMA DEL
ESTADO
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada Miroslava
García Suárez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para
presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Congreso a que dé inicio
a los trabajos de la Reforma del Estado.
La diputada María Miroslava García
Suárez:
Con el permiso de la Presidencia; amigas y
amigos legisladores:
Hago uso de la palabra en esta tribuna para
hacer un llamado respetuoso a todo el Poder Legislativo aquí representado y al resto de
los poderes de la Unión, a los partidos políticos, a los medios de comunicación y a la
sociedad en su conjunto, para que asumamos una tarea pendiente que tenemos desde el 2 de
julio de 2000. Hago un llamado para que juntos asumamos la discusión y la elaboración de
una gran Reforma del Estado, que nos permita acceder pacífica y ordenadamente a un nuevo
régimen político, económico y social.
En virtud de ello vengo a proponer a nombre
del Partido de la Revolución Democrática un punto de acuerdo, bajo los siguientes
CONSIDERANDOS
Los legisladores entendemos que el mandato
del voto popular que recibimos en las elecciones federales del año 2000 expresa la
voluntad y la esperanza de cambio de la mayoría de los electores. El 2 de julio la gente
votó por un cambio profundo, por una nueva relación entre el poder y la sociedad. No
votó por un cambio de nombre ni de colores, votó por el derecho a vivir con dignidad y
votó por el derecho de participar en la construcción, en la edificación, de un régimen
más justo, más equitativo, más democrático y sobre todo más próspero.
El propio presidente Vicente Fox se
comprometió como presidente electo a impulsar la Reforma del Estado. Cosa que no ha hecho
con entera convicción. Instaló una comisión de estudios para tal efecto, con una
pluralidad de políticos, diplomáticos y académicos, coordinados por el licenciado
Porfirio Muñoz Ledo y asumió sus conclusiones como propias y la tarea de impulsarlas.
Ya como presidente, Vicente Fox dijo, en el
marco del aniversario de nuestra Constitución Política, "que la misma Carta Magna
habría de discutirse a profundidad" y luego insinuó olvidar su dicho, como tantas
otras ocasiones.
Aquí, en la Cámara de Diputados,
acordamos la creación de la comisión especial para la Reforma del Estado, misma que se
instaló desde el 6 de diciembre de 2000. En esta comisión se han establecido agendas
mínimas de trabajo y han acudido a su seno los representantes del Poder Ejecutivo. Hemos
visto a Santiago Creel Miranda y también hemos visto al presidente de la Suprema Corte de
Justicia, doctor Genaro Góngora Pimentel.
Se ha acordado abordar la discusión en
torno al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al federalismo, a una
nueva reforma electoral, no como la del Estado de México, dicho sea de paso, a una gran
reforma de los medios de comunicación, a la reforma económica y social del Estado y al
grave problema que representa la delincuencia organizada y a la política exterior
mexicana. Desde luego que no son todos los temas, pero son temas que ya fueron
consensuados para ser discutidos en esta agenda mínima.
Desde hace tiempo se han generado foros
desde la sociedad y desde el Poder Legislativo y Ejecutivo, pero, ¡falta, falta esa
concreción en los acuerdos y quizá voluntad política para iniciar una ruta crítica en
busca de los grandes consensos nacionales!
Compañeras y compañeros legisladores:
hemos sido testigos de que no puede haber cambios sustantivos sin abordar esta discusión
de manera amplia e incluyente. No podemos hablar de transparencia, de rendición de
cuentas, de equilibrio entre poderes, de nuevo federalismo o de federalismo hacendario, si
no avanzamos para concitar esfuerzos y avanzar hacia una reforma profunda del Estado.
No se pudo concretar una nueva hacienda
pública puesto que no habíamos dado la discusión de ese nuevo Estado mexicano. A cambio
obtuvimos aproximaciones parciales de lo que cada grupo parlamentario consideró mejor
para el régimen fiscal del país.
No podemos abordar la discusión de los
energéticos sin antes consensuar un nuevo diseño de las relaciones sociedad-Estado que
tenga amplia aceptación social.
¿Cuál es el Estado mexicano que queremos?
¿Cuál es el Estado mexicano que desea construir este Poder Legislativo? Son preguntas
indispensables necesarias antes de avanzar en la reforma o en la modificación de otros
sectores.
Sin duda, el reto es enorme, pero las
condiciones políticas, económicas y sociales están dadas para emprender ésta gran
discusión que lleva en esta última etapa cuando menos un año de retraso.
Por todo ello, amigas y amigos legisladores
y con fundamento en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Congreso General, vengo a
presentar ante esta soberanía, los siguientes
PUNTOS DE ACUERDO
Primero. Que esta Comisión
Permanente del Congreso de la Unión haga un exhorto para que la discusión y elaboración
de propuestas e iniciativas de ley en torno a la Reforma del Estado, se retome a la
brevedad posible con los mecanismos parlamentarios provistos para dicho efecto en la
Cámara de Diputados y Senadores.
Segundo. Que esta Comisión
Permanente del Congreso de la Unión haga un exhorto para que los trabajos de discusión,
elaboración de propuestas e iniciativas para la Reforma del Estado, participen en un
mecanismo que ayude a generar consensos al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y a todos
los partidos políticos nacionales.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente:
Gracias, diputada García Suárez.
Túrnese a la conferencia para la
dirección y programación de los trabajos legislativos de la Cámara de Diputados.
REPUBLICA
DE ARGENTINA
El Presidente:
Tiene la palabra la senadora Sara Isabel
Castellanos Cortés, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para
presentar una proposición con punto de acuerdo que expresa la solidaridad con el Estado y
el pueblo argentino y haciendo una exhortación al Fondo Monetario Internacional para la
resolución del problema económico del pueblo argentino.
La senadora Sara Isabel Castellanos
Cortés:
Muchas gracias, señor Presidente;
compañeros legisladores:
La situación que vive Argentina es
insólita, no tiene precedentes; en un breve periodo de 10 años ha pasado de ser un
Estado que había resuelto sus principales problemas económicos y políticos, avanzando a
la modernización y democratización para convertirse repentinamente en un Estado
fracasado.
El término de estados fracasados es un
concepto desarrollado en los últimos años en los círculos académicos norteamericanos,
para hablar de países pobres en donde el Estado ha perdido el control de las funciones
básicas, como el mantenimiento del orden público o el cobro de impuestos.
Los expertos en desarrollo, han usado el
término para referirse a países como Angola, Afganistán y Haití; Argentina con una
renta per capita de 500 dólares al mes y con la población más educada del mundo
en desarrollo, parecía muy alejada de estos, pero su reciente debacle económica y las
protestas callejeras que obligaron a la renuncia de tres presidentes en menos de un mes,
ha puesto en evidencia una pérdida de capacidad del Estado de mantener el orden y ejercer
la cohersión lejísima.
A pesar de la gravedad de la situación
Argentina no ha tocado fondo, el Estado ha perdido casi toda capacidad económica, está
en quiebra y no sólo no puede pagar los 145 mil millones de dólares de deuda externa,
sino es incapaz de sufragar su gasto corriente, la quiebra bancaria amenaza con terminar
de colapsar el sistema de pago.
Los pensionados argentinos han perdido sus
fondos utilizados por el Gobierno en vano afán de pagar intereses de la deuda y los
ahorradores no pueden disponer de sus recursos y están a punto de ser víctimas del
despojo más grande jamás visto.
225,226,227
La situación argentina parece no tener
otra salida mas que la debacle total en una situación denominada por el ministro de
economía argentino, Jorge Reme, como la peor crisis del último siglo pero en realidad
tiene todas las características de la primera gran crisis del Siglo XXI.
Veamos si no: la combinación del
incumplimiento de pagos de la deuda externa, la paralización del comercio exterior, la
devaluación, la amenaza de la hiperinflación y la congelación de cuentas en los bancos,
es socialmente explosiva a corto plazo.
Los nuevos dueños de los bancos, amenazan
salir del país tal como lo anunció el presidente del Banco Santander en el sentido de
que su permanencia en el país dependía de que el sistema financiero fuera viable y
rentable. Los nuevos dueños de los servicios públicos amenazan con lo mismo, debido al
decreto gubernamental que impone las tarifas en pesos libres.
El nuevo impuesto a la exportación del
petróleo crudo, afecta a las dos empresas extranjeras, Repsol, de origen español, quien
compró la paraestatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales y Totalfina, ELF, de origen
francés.
El grupo francés Suez, reaccionó
airadamente ante la devaluación amenazando con suspender servicios de agua, energía y
limpieza donde es concesionario de las ciudades de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. El
aire se cierne no solo sobre los 2.5 millones de desempleados y los 14 millones de pobres
de los 33 millones de habitantes, sino a la población en general; las empresas
extranjeras también controlan el comercio de productos básicos.
Carrefour, firma francesa que controla el
30% del mercado de autoservicio, con 387 tiendas, ha sido severamente afectada por 43
meses de recesión, saqueos y destrucción de sus instalaciones.
La emergencia alimentaria fue decretada por
el gobierno el pasado 16 de enero pero la principal e inmediata amenaza se encuentra en la
huida de los bancos ante la eminente quiebra del sistema, es el caso de los bancos
españoles Santander y BBVA Agendaria y el canadiense Scottiabank, quienes ante la
negativa de sus casas matrices, ha tenido que salir a comprar dólares para respaldar sus
activos al mercado libre propiciando una mayor devaluación pero a la vez beneficiándose
de las ventas de reservas hecha por el Banco Central para respaldar la nueva moneda
argentina.
Desde Madrid, la analista calificadora
Modis María Cababis, estimó que los bancos españoles deben estudiar si les conviene
seguir operando en ese país. No hay muchos argumentos para que los bancos arrojen más
dinero en sus subsidiarias argentinas, comentó.
El Fondo Monetario Internacional no es el
culpable directo de la crisis pero su manejo insensible, distante, descuidado, ha
contribuido a denotar algunos problemas y a agravar otros volviendo prácticamente
imposible la construcción de una salida.
Es evidente que la situación rebasa toda
proporción hasta ahora conocida, por lo mismo, posibilitar la salida significa ensayar
medidas alternativas a las recetas tradicionales.
Exigir un presupuesto equilibrado a un
Estado en quiebra es insensato ya que simplemente el asumir sus funciones elementales
implica un serio problema de financiamiento. Tampoco es suficiente otorgar una prórroga
sobre el pago de amortizaciones, abonos que se están venciendo; ni siquiera la solución
se encuentra en nuevos préstamos que serían engullidos en un pozo sin fondo.
De poco sirve el distraído apoyo de George
Bush, condicionado a mantener abierto el mercado y la estabilidad macroeconómica.
Lo que Argentina requiere es una respuesta
nueva de la comunidad internacional para encontrar una salida, nada fácil de encontrar, a
su situación.
En este sentido se han pronunciado la
Comisión Europea y los gobiernos de Francia y España, también los gobiernos de la
región integrados en el Mercosur , como son los países Argentina, Brasil, Uruguay y
Paraguay, así como el Banco Interamericano de Desarrollo, que ha integrado una comisión
de expertos, de Chile, Brasil, México, España y probablemente Estados Unidos.
El Presidente de México expresó su
solidaridad desde el pasado 20 de diciembre y lo mismo hizo esta Comisión Permanente. Sin
embargo, es necesario ser más enfáticos, lo que sucede en Argentina no nos puede ser de
ninguna manera indiferente.
Por lo anteriormente expuesto, compañeros,
se propone el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Esta Comisión Permanente hace un atento
llamado al Ejecutivo Federal para que instruya al representante de México ante el
director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional para solicitar a Claudio Lozet,
director para América Latina, Anet Cruger, primera subdirectora gerente y a George
Culler, director gerente del Fondo Monetario para que atiendan de manera inmediata la
situación argentina, buscando las medidas adecuadas e inmediatas para impedir un colapso
del sistema bancario y en general un deterioro mayor financiero, económico, político y
social.
Compañeros: hago entrega a la Mesa
Directiva de este punto de acuerdo, el cual va a ser turnado a la comisión
correspondiente.
Les agradezco mucho su atención.
El Presidente:
Gracias, senadora Castellanos Cortés.
Túrnese a la Comisión de Relaciones
Exteriores de la Cámara de Senadores.
COMISION
FEDERAL DE ELECTRICIDAD
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada Magdalena
Núñez Monreal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para
presentar una proposición con punto de acuerdo sobre los trabajadores de la Comisión
Federal de Electricidad.
La diputada Magdalena del Socorro
Núñez Monreal:
Con el permiso de la Presidencia, hago
uso de esta tribuna con fundamento en la fracción III del artículo 78 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para
presentar ante esta Asamblea, una proposición con punto de acuerdo sobre los despidos
injustificados en la Comisión Federal de Electricidad, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El debate generado por la pretensión de
privatizar el sector eléctrico nacional, ha sacado a la luz pública la realidad de una
industria con un enorme potencial de crecimiento.
El sector eléctrico nacionalizado registra
por dos décadas un crecimiento del 8% anual, la Comisión Federal de Electricidad opera
con finanzas sanas, para el año 2000 operó con utilidades de 6 mil 900 millones de
pesos, que por productividad se sitúa como una de las más rentables del mundo y de
acuerdo a los parámetros de calidad que pregona la nueva administración, el 82% de sus
plantas cuentan con certificaciones de ISO.
La Comisión Federal de Electricidad
sufraga su propio gasto corriente con el ingreso por ventas, por lo que no representa una
carga para el presupuesto, sin embargo, desde la administración zedillista, el gobierno
ha restringido las asignaciones presupuestales a la CFE.
Se ha insistido en que para eficientar la
industria, hay que abrir a la inversión privada nacional y extranjera los activos de la
Comisión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Sin embargo,
en el periodo en que predominaron las empresas eléctricas privadas surgieron conflictos
por las arbitrariedades y el incumplimiento en el servicio, así como abusos por el cobro
de tarifas exorbitantes. Dichas empresas concentraban su servicio en las áreas
metropolitanas de mayor desarrollo y densidad, buscando mayores utilidades y rendimientos
y dejando sin servicio regiones rurales y marginadas.
Desde la nacionalización de esta industria
y hasta fines de la década de los ochenta, el financiamiento de la expansión del
servicio eléctrico se realizó con recursos del Gobierno Federal, créditos bilaterales,
préstamos de la Banca internacional y créditos de proveedores. Las restricciones
presupuestales, el alto costo de su deuda y las nuevas condiciones planteadas por
organismos financieros internacionales obligaron a la Comisión Federal de Electricidad a
recurrir a nuevas formas de financiamiento. En 1992 el Gobierno mexicano comenzó una
política de apertura gradual a la inversión privada en la generación condicionada, pero
manteniendo el control de la empresa pública sin que el servicio y la industria tengan un
repunte significativo.
Coincidimos en que México requiere
fortalecer su sector eléctrico, debemos diseñar un nuevo modelo de participación
estatal, de un Estado rector y regulador de las fuerzas del mercado que promueva la
industria, el comercio y la inversión productiva que anteponga el interés público al
particular, que es la razón de todo Estado democrático y representativo.
Para el grupo parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática, la falta de recursos para la inversión y modernización no
se va a solucionar abriendo la industria eléctrica a la especulación de unos cuantos
inversionistas nacionales y extranjeros; la solución requiere un compromiso mayúsculo
por parte del Estado para promover la reinversión, modernización y desarrollo del
sector.
La experiencia de las privatizaciones en
México y en el mundo confirma que los derechos laborales y las instituciones sindicales
son subordinados a veces violentamente, a las necesidades de obtención inmediata de
ganancias de los adquirentes. En Inglaterra y Nueva Zelanda se despidió a la mitad de los
trabajadores de la industria por la privatización, no se crearon nuevos empleos excepto
los de confianza y se subcontratan servicios conexos y los de mantenimiento.
En América Latina la entrega de la
industria eléctrica a manos privadas ha resultado lesiva para trabajadores y usuarios.
Según el argentino sindicato Luz y Fuerza "Mar de Plata", con la entrada del
sector privado a la industria eléctrica, la plantilla laboral se adelgazó a casi la
mitad y los salarios se han mantenido sin cambio, claro a excepción de los gerenciales.
No faltan las voces que descalifican las
conquistas de la clase trabajadora y la resistencia a la imposición de la privatización
de la industria eléctrica. Este antisindicalismo es congruente con la visión de México
como país maquilador. Para los señores del poder y el dinero el trabajador sólo tiene
derecho a trabajar, a malcomer, a cargar con una vejez miserable y a quedarse callado. En
esta óptica porfirista del trabajo y del trabajador, éste no puede aspirar a mejorar sus
condiciones de vida y de trabajo conforme a lo establecido en la ley y con el único
límite que el de su capacidad de organización y lucha.
La legitimidad de las conquistas y luchas
de los trabajadores no está a debate ni significa un lastre para la modernización de
nuestro aparato productivo, en esta lucha los trabajadores al servicio de la Comisión
Federal de Electricidad han sufrido la persecución y son reprimidos por la empresa en
contubernio con la dirección antidemocrática del Sindicato Unico de Trabajadores
Electricistas de la República Mexicana.
A partir de marzo de 1999 se integraron en
el SUTERM comisiones sindicales de seguimiento para informar sobre la privatización del
sector eléctrico que se encargaron de organizar foros en diversas partes de la República
y que se integraron al Frente Nacional de Resistencia contra la privatización de la
industria eléctrica. Algunos de estos trabajadores integraron planillas opositoras a la
dirección que por década ha tenido el férreo control corporativo de esta organización
sindical.
Los electricistas del SUTERM han mantenido
su lucha en defensa de la industria eléctrica nacionalizada en contra de la
privatización oculta o simulada en defensa de su materia de trabajo y en oposición al
contratismo y en defensa del contrato colectivo de trabajo.
Un grupo de trabajadores electricistas han
sido sujetos a un hostigamiento laboral permanente cuyo denominador común ha sido haber
participado en el proceso electoral para renovar el Comité Ejecutivo Nacional del SUTERM
en la planilla cambio y democracia sindical, incluido Jesús Navarrete Castellanos,
candidato de esta expresión a la Secretaría General en el XIV Congreso del SUTERM en
noviembre de 2000 que culminó con la imposición de Leonardo Rodríguez Alcaine al cargo
que lleva ocupando desde hace 27 años.
Otros trabajadores han sido rescindidos de
su relación laboral con la Comisión Federal de Electricidad: Adulfo Santiago Castillo,
Susano Rivero Hernández, Armando Manríquez Vázquez, Virginia Carrillo Escolana,
Maximiliano García Gaxiola, Mariano Guadalupe López Matus y Lamberto Flores Zaragoza. La
mayoría de estos trabajadores tienen más de 10 años de servicio en la empresa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado,
someto a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Que la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión, se pronuncie por la reinstalación inmediata conforme a derecho
de Adulfo Santiago Castillo, Susano Rivero Hernández, Armando Manríquez Vázquez,
Virginia Carrillo Escolana, Maximiliano García Gaxiola, Mariano Guadalupe López Matus y
Lamberto Flores Zaragoza en la Comisión Federal de Electricidad.
228,229,230
Segundo. Asimismo exhorta a las
autoridades de la Secretaría del Trabajo, así como a la administración de dicha empresa
paraestatal, a intervenir para que cese el hostigamiento laboral contra todos los
trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad que en ejercicio de sus garantías
individuales y colectivas se organicen para expresar sus puntos de vista, mejorar sus
condiciones de trabajo y participar en su organización sindical de acuerdo con sus
convicciones e intereses.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente:
Gracias.
Tiene usted la palabra, señor legislador,
por favor, hasta por cinco minutos.
El
senador Marco Antonio Fernández
Rodríguez:
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros legisladores:
Es curioso ver cómo podemos tener
coincidencias en lo fundamental, coincidencias en cuál es el camino que debe de seguir el
sector. Escuchamos con mucha atención a la diputada que nos precedió en el uso de la
palabra y es curioso también poder entender que esa gran institución, que es la
Comisión Federal de Electricidad, tiene un futuro brillante, tiene un futuro promisorio,
y puede con el concurso de los legisladores, con el empeño y el trabajo de todos
nosotros, llegar a ser una gran institución, todavía más de lo que ahora es,
eficientarla, modernizarla, reconocer en la historia como en algún momento la misma fue
utilizada para fines y propósitos personales, de quienes tenían las concesiones para
ello y como el Estado reclamó el trabajo de esta institución en beneficio de todos los
mexicanos desde su nacionalización y luego como posteriormente, en 1992 la ley
reglamentaria ha sufrido algunas modificaciones.
Podemos estar de acuerdo los legisladores
del Partido Revolucionario Institucional con los de Acción Nacional, con los compañeros
del Partido de la Revolución Democrática y con el resto también de nuestros compañeros
que compartimos la responsabilidad como legisladores; sin embargo, al inicio del punto que
fue tratado en esta tribuna, es con referencia a un grupo de compañeros que fueron
despedidos, según entiendo, por parte de la Comisión Federal de Electricidad.
Yo quisiera aclarar aquí, no es el SUTERM
quien tiene esta responsabilidad, no es el sindicato el que corre, qué lamentable que
así fuera, porque finalmente estaríamos invadiendo una esfera que no nos corresponde. El
sindicato tiene una función, tiene sus normas, tiene sus estatutos, tiene los
procedimientos y las mecánicas para autodeterminarse, así lo conceden las leyes, así le
dan nuestras leyes esas facultades a la organización sindical, pero para correr, porque
el sindicato no ha corrido a nadie en este caso.
Por otro lado, corresponde entonces a la
Comisión Federal de Electricidad asumir esa responsabilidad y creo que la fracción
parlamentaria tendría que ahondar, tendría que conocer más de los casos, antes de hacer
cualquier pronunciamiento.
Me parece que hay normas, hay reglas, hay
procedimientos a los que debemos de atenernos todos.
Por otra parte, me gustaría señalar
respecto del proceso interno, que es precisamente eso: un proceso interno, en donde la
absoluta mayoría de las secciones sindicales en la República tomaron una determinación,
claro que sí, no corresponde a un grupo de compañeras o de compañeros, que no estén de
acuerdo con la actual dirigencia, determinar si se quedarán o no.
Creo que los estatutos son muy claros, creo
que las cosas tienen un procedimiento y seguro estoy, que la gran y absoluta mayoría
votó por una dirigencia, de manera que así fue reconocido también por las autoridades
laborales.
Yo propondría, y me someto a la
consideración de esta Asamblea y nos ponemos a disposición de los compañeros
trabajadores para revisar el asunto; sin embargo, creo que no corresponde a esta
soberanía, establecer condicionantes de esa naturaleza. Más bien se trata de una postura
política, de una de las fracciones representadas en esta Cámara, es claro pues que el
trasfondo es político, que lo que se pretende por parte de una de estas fracciones es
intervenir en la vida interna de las organizaciones y quienes militamos en el SUTERM, no
vamos a permitir la intervención de ningún partido político.
Muchas gracias.
El
Presidente:
Gracias, senador Marco Antonio Fernández
Rodríguez.
Túrnese a la Comisión de Trabajo y
Previsión Social de la Cámara de Diputados.
AUMENTO
DE PRECIOS (II)
El Presidente:
El siguiente punto del orden del día ha
sido retirado por el grupo parlamentario de la Revolución Democrática, por lo cual antes
de concluir la sesión, daré lectura a un oficio que me ha sido turnado por parte de
diferentes legisladores de diferentes grupos parlamentarios para el returno de la
proposición con punto de acuerdo sobre el alza generalizada de precios, que fue
presentada durante la sesión de hoy por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, para efectos de que sea turnada a la Tercera Comisión de Trabajo (de
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento y Comunicación y Obras Públicas) de
esta Comisión Permanente, por lo cual se atiende la presente solicitud y se returna la
proposición con punto de acuerdo sobre el alza generalizada de precios.
REPUBLICA
DE LITUANIA
El Presidente:
Para finalizar, esta Mesa Directiva se
permite invitar a los integrantes de la Comisión Permanente y a todos los legisladores a
la reunión de trabajo de la Segunda Comisión (Relaciones Exteriores, Defensa y
Educación Pública), con una delegación de visitantes distinguidos de la República de
Lituania, encabezada por su presidente el excelentísimo señor Baldats Adam Cus.
La reunión tendrá lugar el día de
mañana jueves 24 de enero a partir de las 11:30 horas en este salón Legisladores de la
República.
Todos ustedes, compañeras y compañeros,
están cordialmente invitados y agradeceremos su asistencia.
Adelante, señor Secretario.
ORDEN DEL DIA
El secretario diputado José Manuel
Medellín Milán:
Señor Presidente, se han agotado los
asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la
próxima sesión.
«Comisión Permanente.— Primer
Receso.— Segundo Año.— LVIII Legislatura.
Orden del día
Miércoles 30 de enero de 2002.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
De los congresos de los estados de:
Chiapas, Guerrero, Morelos y Oaxaca.
Oficios de la Secretaría de
Gobernación
Dos con los que remite copias de los
oficios número 0065 signado por el ministro Leopoldo Michel, director general de Enlace
Político de la Secretaría de Relaciones Exteriores, acompaña información relativa a
las "micas", emitidas por la autoridad estadounidense y el sinnúmero signado
por Eduardo Enrique Gómez García, jefe de la Unidad de Planeación Estratégica de la
dirección general de Enlace Legislativo de la Procuraduría General de la República, se
acompaña respuesta de las investigaciones del ciudadano Carlos Peniche, en relación a
puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.
Con los que remite 12 hojas de servicios de
miembros del Ejército mexicano, para los efectos de la fracción VII del artículo 78 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a comisión.)»
CLAUSURA
Y CITATORIO
El Presidente (a las 15:00 horas):
Gracias.
Se levanta la sesión y se cita para la
próxima que tendrá lugar el miércoles 30 de enero a las 11:00 horas.
Muchísimas gracias por su atención.
RESUMEN DE
TRABAJOS
• Tiempo de duración: 3 horas 34
minutos.
• Quorum a la apertura de
sesión: 28 legisladores.
• Comisiones reglamentarias y
protocolarias: 2.
• Acuerdos aprobados: 1.
• Proposiciones de puntos de acuerdo:
7.
• Oradores en tribuna: 20.
PRI–9; PAN–5; PRD–4;
PVEM–2.
Se recibió:
• 2 comunicaciones de los
congresos de los estados de: Tabasco y Tamaulipas, respectivamente;
• 1 iniciativa del Congreso del Estado
de Jalisco;
• 2 iniciativas del PRI;
• 2 oficios de la Secretaría de
Gobernación, con el que remite oficios que dan respuesta a igual número de puntos de
acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores.
• 4 oficios de la Secretaría de
Gobernación, con los que remite propuestas del Presidente de la República para la
ratificación y designación de seis magistrados de las salas superiores y salas
regionales del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa y de cuatro magistrados
numerarios en los tribunales unitarios agrarios, respectivamente;
• 1 oficio de la Secretaría de
Gobernación, con el que comunica la designación del ciudadano Eliezer Morales Aragón,
como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República de Bolivia;
• 2 oficios de la Secretaría de
Gobernación, con los que comunica las designaciones de ciudadanos, como cónsules
generales de México en El Paso Texas, Estados Unidos de América y en Vancouver, Canadá,
respectivamente;
• 1 oficio de la Secretaría de
Gobernación, con el que solicita el permiso constitucional necesario para que el diputado
Salvador Rocha Díaz, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno
de Rumania;
• 1 oficio de la Secretaría de
Gobernación, con el que solicita el permiso constitucional necesario para que la
ciudadana Anne Rosenstein Harris, pueda desempeñar el cargo de agente consular de Estados
Unidos de América en Cozumel, con circunscripción consular en el Estado de Quintana Roo;
• 12 oficios de la Secretaría de Gobernación, con
los que remite hojas de servicios de igual número de miembros del Ejército y Fuerza
Aérea mexicanos, para los efectos de la fracción VII del artículo 78 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
231,232,233
Dictámenes de primera lectura:
• 1 de la Primera Comisión, con
proyecto de decreto que concede permiso a dos ciudadanos mexicanos para prestar servicios
en la Embajada de la República de Ecuador en México;
• 1 de la Primera Comisión, con
proyecto de decreto que concede permiso a cuatro ciudadanos mexicanos para prestar
servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México;
• 1 de la Primera Comisión, con
proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Norberto Rivera Carrera, arzobispo
primado de México, para aceptar y usar la condecoración que le confiere su alteza real,
don Carlos de Borbón.
Dictámenes aprobados:
• 1 de la Segunda Comisión, con
proyecto de decreto que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional los días 3 y 4 de
febrero de 2002, a fin de realizar una visita de trabajo a la República de Cuba;
• 1 de la Tercera Comisión, con punto
de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano licenciado Juan Carlos Tamayo Pino, como
procurador fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
• 1 de la Segunda Comisión, con punto
de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Mauricio de María y Campos y Castelló,
como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República de
Sudáfrica;
• 8 de la Segunda Comisión, con
puntos de acuerdo por los que ratifican grados a miembros del Ejército y Fuerza Aérea
mexicanos;
• 1 de la Primera Comisión, con
proyecto de decreto por el que concede permiso al ciudadano Germán Palomares Oviedo, para
aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República Federativa
de Brasil;
• 1 de la Primera Comisión, con proyecto de decreto
por el que concede permiso a seis ciudadanos para prestar servicios en diversas
representaciones diplomáticas de Estados Unidos de América en México.
LEGISLADORES QUE
PARTICIPARON DURANTE LA PRESENTE SESION
(en orden alfabético) |
Legislador |
Tema |
| • Arnal Palomera, Eduardo
(Dip. PAN) en dos ocasiones |
Estado de
México, sobre punto de acuerdo presentado, respecto a la situación política en dicha
entidad, ante posible reforma electoral. |
| • Castellanos Cortés, Sara
Isabel (Sen. PVEM) |
Argentina,
presenta proposición con punto de acuerdo para solicitar al Fondo Monetario Internacional
atienda la situación en Argentina. |
| • Escudero Barrera, José
Rodolfo (Dip. PVEM) |
Puertos
marítimos, presenta proposición con punto de acuerdo en relación con el artículo sexto
transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002. |
| • Fernández Rodríguez,
Marco Antonio (Sen. PRI) |
Comisión
Federal de Electricidad, respecto a punto de acuerdo, sobre la situación laboral de
diversos trabajadores en dicha comisión. |
| • García Suárez, María
Miroslava (Dip. PRD) |
Aumento de
precios, respecto a punto de acuerdo presentado, sobre el aumento generalizado de precios.
|
| • García Suárez, María
Miroslava (Dip. PRD) |
Reforma del
Estado, presenta proposición con punto de acuerdo en relación con los trabajos para la
Reforma del Estado. |
| • González Parás, José
Natividad (Sen. PRI) |
Derechos de
autor, presenta iniciativa que reforma la fracción XXVIII del artículo 109; y deroga las
fracciones: VIII; XI y XVII; y los párrafos octavo y decimoprimero de los artículos 12,
167 y 170, respectivamente, todos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. |
| • Leyva Acevedo, Efrén
Nicolás (Dip. PRI) |
Aumento de
precios, respecto a punto de acuerdo presentado, sobre el aumento generalizado de precios.
|
| • Leyva Acevedo, Efrén
Nicolás (Dip. PRI) |
Estado de
México, sobre punto de acuerdo presentado, respecto a la situación política en dicha
entidad, ante posible reforma electoral. |
| • Mouriño Terrazo, Juan
Camilo (Dip. PAN) |
Aumento de
precios, respecto a punto de acuerdo presentado, sobre el aumento generalizado de precios.
|
| • Núñez Monreal, Magdalena
del Socorro (Dip. PRD) |
Digna Ochoa y Plácido,
presenta proposición con punto de acuerdo en relación con el homicidio de la defensora
de derechos humanos, el 19 de octubre de 2001. |
| • Núñez Monreal, Magdalena
del Socorro (Dip. PRD) |
Comisión
Federal de Electricidad, presenta proposición con punto de acuerdo sobre la situación
laboral de diversos trabajadores en dicha comisión. |
| • Ruiz Angeles, Roberto (Dip.
PRI) |
Estado de
México, sobre punto de acuerdo presentado, respecto a la situación política en dicha
entidad, ante posible reforma electoral. |
| • Sepúlveda Fayad, Juan
Manuel (Dip. PRI) |
Aumento de
precios, presenta proposición con punto de acuerdo sobre el aumento generalizado de
precios. |
| • Silva Beltrán, Reyes
Antonio (Dip. PRI) en dos ocasiones |
Estado de
México, sobre punto de acuerdo presentado, respecto a la situación política en dicha
entidad, ante posible reforma electoral. |
| • Sondón Saavedra, Víctor
Hugo (Dip. PAN) en dos ocasiones |
Estado de
México, presenta proposición con punto de acuerdo, respecto a la situación política en
dicha entidad, ante posible reforma electoral. |
| • Tamayo Morales, Martha
Sofía (Sen. PRI) |
Defensa de contribuyentes,
presenta iniciativa que adiciona un segundo párrafo a la fracción XXIX-H del artículo
73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y adiciona el artículo
19-B del Código Fiscal de la Federación. |
NOTAS
Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición: |
|
CFE |
Comisión
Federal de Electricidad |
|
D.F. |
Distrito
Federal |
|
IEPS |
Impuesto
especial sobre producción y servicios |
|
IVA |
Impuesto al
valor agregado |
|
Km |
Kilómetro |
|
OIEA |
Organismo
Internacional de Energía Atómica |
|
PAN |
Partido Acción
Nacional |
|
PRI |
Partido
Revolucionario Institucional |
|
Profeco |
Procuraduría
Federal del Consumidor |
|
SIDA |
Síndrome de
Inmuno Deficiencia Adquirida |
| SUTERM |
Sindicato Unico de Trabajadores
Electricistas de la República Mexicana |
234,235,236
|