DIARIO de los DEBATES

 

ORGANO OFICIAL DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


Correspondiente al Primer  Periodo Ordinario del Segundo Año de Ejercicio

DIRECTOR GENERAL DE
CRONICA PARLAMENTARIA
Héctor de Antuñano y Lora

PRESIDENTE

Diputada Beatriz Paredes Rangel

DIRECTOR DEL
DIARIO DE LOS DEBATES

Norberto Reyes Ayala
AÑO II                 México, D.F., jueves de 4 octubre de 2001       No. 13

S U M A R I O



ASISTENCIA

Pag.

1047

ORDEN DEL DIA

1047

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

1049
ESTADO DE CHIAPAS 1053

Comunicación del Congreso estatal, con la que informa de labores al interior de su legislatura. De enterado.

1053

ESTADO DE MEXICO

1053

Dos comunicaciones del Congreso estatal, con las que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.

1053

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

1054
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado. 1054

ESTADO DE ZACATECAS

1054

Comunicación del Congreso estatal con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.

1054

COMISIONES LEGISLATIVAS

1055

Cuatro comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, con las que informa de cambios e incorporaciones de integrantes en diversas comisiones legislativas. De enterado.

1055

REPUBLICA DE GUATEMALA

1057

Comunicación de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, por la que solicita el permiso constitucional necesario para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Congreso de dicha nación. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

1057

LEY GENERAL DE EDUCACION

1057

Comunicación de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos por la que solicita ampliar el plazo establecido por la mesa directiva de la Cámara de Diputados el 20 de septiembre de 2001, para elaborar el dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de dicha ley presentada el 14 de septiembre de 2000. Como se solicita, se amplía el plazo y se exhorta a la comisión a emitir el dictamen correspondiente a la brevedad posible, disponiendo del tiempo pertinente para poder integrar las opiniones técnico jurídicas relativas, en consulta con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

1057

SECTOR PIÑERO

1058

Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite acuerdo sobre el sector piñero nacional. De enterado y se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería, para su conocimiento y a la de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento y para hacer una valoración en lo relativo a las referencias presupuestales.

1058

INICIATIVAS DEL EJECUTIVO

1059

Oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que remite las siguientes cinco iniciativas del Poder Ejecutivo Federal, con proyectos de decreto por los que:

1059

Se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

1060
Se reforma el artículo 7o. de la Ley Forestal. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales 1066

Se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

1067

Se reforma el artículo 50 y se adiciona el 50-bis de la Ley General de Bienes Nacionales. Se turna a las comisiones unidas de Gobernación y Seguridad Pública y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

1070

Se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con opinión de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

1072

REPUBLICA DE COREA

1080

Dos oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos: Luis Enrique Mateo Franco Díaz de León y Luis Alberto Germán Barrero Stahl, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de ese país. Se turnan a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

1080

LEY DE PROTECCION AL USUARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

1081

El diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta presenta iniciativa con proyecto de dicha ley. Se turna a las comisiones unidas de Salud y de Comercio y Fomento Industrial.

1081

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

1095

El diputado Víctor Antonio García Dávila presenta iniciativa con proyecto de decreto que deroga la fracción X-bis del artículo 34, pasando a ser fracción VIII del artículo 32, actualmente derogada, de dicha ley, respecto al Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

1095

LEY GENERAL DE SALUD

1097

La diputada María Elena Alvarez Bernal presenta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un capítulo VIII, denominado salud del adulto mayor, al Título Tercero de dicha ley. Se turna a las comisiones unidas de Salud y de Atención a Grupos Vulnerables.

1097

ASISTENCIA (II)

1102

VOTO DE MEXICANOS EN EL EXTRANJERO

1103
El diputado Gregorio Urías Germán presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 52, 53, 54, 55, 56 y 60 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y adiciona el Libro Noveno al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Gobernación y Seguridad Pública. 1103

LEY DEL INSTITUTO PARA LA PROTECCION DEL AHORRO BANCARIO

1112

El diputado José Antonio Magallanes Rodríguez presenta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 62-bis de dicha ley. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

1112

CONDECORACIONES

1114

Segunda lectura a dictamen de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: Pedro González Olvera y Javier Ignacio Corredor Esnaola, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de la República de El Salvador y del Estado de Baja Sajonia, República Federal de Alemania, respectivamente. Sin discusión se aprueba, pasa a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales.

1114

LEY DE PREMIOS, ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES

1116

Dictamen de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública con proyecto de decreto por el que se reforma dicha ley, a fin de incluir el Premio Nacional de Protección Civil. Es de segunda lectura.

1116

Para fundamentar el dictamen a nombre de la comisión, se concede el uso de la palabra al diputado Jaime Vázquez Castillo.

1119

A discusión, fijan la posición de sus respectivos grupos parlamentarios, los diputados:

1121

Jaime Cervantes Rivera

1121

Arturo Escobar y Vega

1122

Lorenzo Rafael Hernández Estrada

1123

Rodrigo David Mireles Pérez

1124

Suficientemente discutido el dictamen, es aprobado. Pasa a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales.

1125

LEY GENERAL DE PROTECCION CIVIL

1125

Dictamen de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública con proyecto de decreto por el que se reforma dicha ley, a fin de que una parte de los recursos del Fondo de Desastres Naturales, sea utilizada para acciones de carácter preventivo. Es de segunda lectura.

1125

Para fundamentar el dictamen a nombre de la comisión, interviene el diputado Lorenzo Rafael Hernández Estrada.

1130
A discusión en lo general y en lo particular, fijan la posición de sus respectivos grupos parlamentarios, los diputados: 1130

José Narro Céspedes

1131

Arturo Escobar y Vega

1133

Néstor Villarreal Castro

1134

Jorge Esteban Sandoval Ochoa

1135

Suficientemente discutido el dictamen, es aprobado. Pasa a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales.

1137

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

1137

Comunicación de la mesa directiva, con acuerdo relativo a la celebración de sesión solemne, con motivo del CDL aniversario de la Universidad Nacional Autónoma de México, previa a la sesión del jueves 11 de octubre de 2001. Aprobado.

1137

PERMISO AL PRESIDENTE PARA AUSENTARSE DEL TERRITORIO NACIONAL

1138

Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta con proyecto de decreto por el que se autoriza al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del país del 10 al 22 de octubre de 2001, a efecto de realizar visitas de Estado a la República Checa y al Reino de España; visitas oficiales a la República Italiana; a la Santa Sede; a Hamburgo, Alemania y a Toulouse, Francia; así como para asistir a la IX Reunión Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, en Shanghai, República Popular China. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

1138

BELISARIO DOMINGUEZ

1138

Se refiere al LXXXVIII aniversario luctuoso de Belisario Domínguez, el diputado Roberto Javier Fuentes Domínguez

1138

La Presidenta solicita a los diputados federales del Estado de Chiapas, atender la invitación de la Cámara de Senadores a la ceremonia de entrega de la Medalla Belisario Domínguez el 8 de octubre de 2001.

1140

Para referirse al tema, se concede la palabra al diputado Héctor Sánchez López.

1140

CONSTITUCION DE 1824

1142

Intervienen para hablar sobre el CLXXVII aniversario de la promulgación de la Constitución de 1824, los diputados:

1142

Rosa Delia Cota Montaño

1142
Angel Artemio Meixueiro González 1143

PLAN DE SAN LUIS

1144

Para referirse al XCI aniversario de la promulgación del Plan de San Luis, hacen uso de la palabra los diputados:

1144

Jaime Cervantes Rivera

1144

Beatriz Guadalupe Grande López

1145

Justino Hernández Hilaria

1146

CASTILLO DE CHAPULTEPEC

1147

El diputado Elías Martínez Rufino presenta proposición con punto de acuerdo, relativo a la realización del concierto de Elton John en el Castillo de Chapultepec.

1147

Rectifican hechos o contestan alusiones personales, los diputados:

1150

Juan Alcocer Flores

1150

Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta

1152

Uuc-kib Espadas Ancona

1153

Jorge Alberto Lara Rivera

1155

Ricardo Moreno Bastida

1157

Mauricio Enrique Candiani Galaz

1157

José Sergio Rodolfo Vaca Betancourt Bretón

1159

Elías Martínez Rufino

1159

Uuc-kib Espadas Ancona

1160

Jorge Alberto Lara Rivera

1161

Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta

1164

Tomás Torres Mercado

1165

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa

1166

Se turna la proposición con punto de acuerdo presentado por el diputado Martínez Rufino, a la Comisión de Cultura.

1168

La Asamblea autoriza conceder el uso de la palabra para rectificar hechos al diputado Martí Batres Guadarrama

1168
ORDEN DEL DIA (II) 1172

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

1172

El diputado Elías Dip Rame presenta proposición con punto de acuerdo, sobre prorroga para la renovación de tarjetas fronterizas. La Asamblea considera el asunto de urgente y obvia resolución.

1172

Hablan sobre el tema las diputadas:

1174

Gina Andrea Cruz Blackledge

1174

Hortensia Aragón Castillo

1174

Suficientemente discutido, es aprobado. Comuníquese a las autoridades competentes.

1175

TRABAJOS LEGISLATIVOS

1175

El diputado José Manuel del Río Virgen presenta proposición con punto de acuerdo sobre la igualdad de los diputados en los trabajos legislativos. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

1175

EMPRESA DINA

1177

El diputado Omar Fayad Meneses presenta proposición con punto de acuerdo, en relación con la situación de los trabajadores de la empresa Dina camiones y Dina composites.

1177

Se refieren al mismo tema los diputados:

1179

Francisco Patiño Cardona

1179

Alfonso Sánchez Rodríguez

1180

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

1180

POLITICA MIGRATORIA

1180

El diputado Jaime Cleofas Martínez Veloz presenta proposición con punto de acuerdo sobre la política migratoria mexicana. Se turna a las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y a la de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y por lo que respecta al inciso segundo, se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

1180

COMARCA LAGUNERA

1183

El diputado Jesús de la Rosa Godoy presenta proposición con punto de acuerdo, para que el Gobierno Federal adopte medidas de emergencia y presente un plan de desarrollo, ante el eminente colapso en la comarca lagunera.

1183

Se refieren al tema los diputados:

1186
Héctor González Reza 1186

Benjamín Ayala Velázquez quien propone adiciones al punto de acuerdo.

1187

Consultado el diputado De la Rosa Godoy, acepta incorporar las adiciones propuestas por el diputado Ayala Velázquez y se turna a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Social.

1188

PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

1188

La diputada Araceli Domínguez Ramírez presenta proposición con punto de acuerdo, sobre el régimen tributario dirigido a los pequeños contribuyentes. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

1188

QUORUM

1189
CLAUSURA Y CITATORIO 1190

RESUMEN DE TRABAJOS

1190

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA PRESENTE SESION

1192

DIARIO de los DEBATES

Año lI  No.13          PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS      OCTUBRE 4,  2001

 

Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel

ASISTENCIA

La Presidenta:

Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia de los diputados.

El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:

Se informa a la Presidencia que existen registra-dos previamente 286 diputados. Por lo tanto, hay quorum.

La Presidenta (a las 10:49 horas):

Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:

Se va a dar lectura al orden del día.

«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.— Segundo Año.— LVIII Legislatura.

Orden del día

Jueves 4 de octubre de 2001.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De los congresos de los estados de: Chiapas, México, San Luis Potosí y Zacatecas.

De la Junta de Coordinación Política.

De la diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la Cámara de Diputados. (Turno a comisión.)

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Oficio de la Cámara de Senadores

Con el que remite punto de acuerdo sobre el sector piñero nacional. (Turno a comisión).

Iniciativas del Ejecutivo

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. (Turno a comisión.)

Decreto por el que se reforma el artículo 7o. de la Ley Forestal. (Turno a comisión.)

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre. (Turno a comisión.)

Decreto por el que se reforma el artículo 50 y se adiciona el 50-bis de la Ley General de Bienes Nacionales. (Turno a comisión.)

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales. (Turno a comisión.)

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Dos, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Luis Enrique Mateo, Franco Díaz de León y Luis Alberto Germán Barrero Stahl, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de la República de Corea. (Turno a comisión.)

Iniciativas de diputados

De Ley de Protección al Usuario de Servicios de Salud, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Que deroga la fracción X-bis del artículo 34 y pasando a ser fracción VIII del artículo 32, actualmente derogada de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)

Que adiciona el Capítulo VIII, denominado Salud del Adulto Mayor, al Título Tercero de la Ley General de Salud, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

De reformas a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gregorio Urías Germán, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

De reformas a diversas disposiciones de la Ley del IPAB, a cargo del diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Pedro González Olvera y Jaime Ignacio Corredor Esnaola, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de la República de El Salvador y del Estado de Baja Sajonia, República Federal de Alemania, respectivamente.

De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 6o. y se recorre el número de diversos capítulos, así como algunos artículos de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil.

Excitativa

A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)

Efemérides

Sobre el aniversario de la consumación de la Independencia de México, a cargo de la diputada Bertha Alicia Simental García, del Partido de la Sociedad Nacionalista.

Sobre el aniversario luctuoso de Belisario Domínguez, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Sobre el aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1824, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

Sobre el aniversario de la Promulgación del Plan de San Luis, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

Proposiciones

Con punto de acuerdo relativo a la realización del concierto de Elton John en el Castillo de Chapultepec, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre el freno de pasaportes y visas a nuestros connacionales, para ingresar a los Estados Unidos de América, a cargo del diputado Elías Dip Rame, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo por el que se exige a las autoridades del Gobierno Federal hagan el pago del 100% de los recursos del Procampo, a los beneficiarios del mismo, en las zonas temporaleras del país, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre la igualdad de los diputados en los trabajos legislativos, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre la situación de los trabajadores de la empresa Dina, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre la política migratoria mexicana, a cargo del diputado Jaime Martínez Veloz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que el Gobierno Federal adopte medidas de emergencia y presente un plan de desarrollo, ante el inminente colapso en la comarca lagunera, a cargo del diputado Jesús de la Rosa Godoy, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre la expedición de comprobantes fiscales para los pequeños contribuyentes, a cargo de la diputado Araceli Domínguez Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre la situación que prevalece en el Estado de Oaxaca, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución.)

Con punto de acuerdo para que algunos municipios de Nuevo León sean declarados zonas de desastre, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución.)

Con punto de acuerdo sobre los límites del Estado de México y el Distrito Federal, a cargo del diputado Delfino Garcés Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo por el que se recomienda al gobernador de Nayarit que acate la decisión del Congreso local, sobre las reformas electorales, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre la situación de los connacionales en Estados Unidos de América, a raíz de los atentados del 11 de septiembre, a cargo del diputado Sergio Acosta Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución.)

Agenda política

Comentarios sobre la creación de dos subsecretarías en la Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo del diputado Juan Manuel Martínez Nava, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

La Presidenta:

El siguiente punto del orden del día es la discusión del acta de la sesión anterior.

Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria y copia de la misma entregada a los coordinadores de los grupos parlamentarios para sus observaciones y se procede a su votación.

El secretario Adrián Rivera Pérez:

Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria y copia de la misma entregada a los coordinadores de los grupos parlamentarios para sus observaciones, y se procede a su votación.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes dos de octubre de dos mil uno, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura.

Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel

En el Palacio Legislativo de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las diez horas con treinta minutos del martes dos de octubre de dos mil uno, con la asistencia de doscientos ochenta y seis diputados, la Presidenta declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día.

En votación económica, la Asamblea aprueba el acta de la sesión anterior.

Comunicación de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, con la que remite escrito de integrantes de la organización de Pueblos Indígenas Zapotecos, del Comité de Presos de Conciencia de la Región Loxicha y del Comité por la Libertad, la Verdad y la Justicia, por el que solicitan al Congreso de la Unión estudie y apruebe la iniciativa de Ley de Amnistía Federal. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Comunicaciones de los congresos de los estados de:

Nuevo León, por la que remite copia del dictamen con acuerdo relativo a los precios del servicio de gas natural y a la concesión del servicio público de distribución a la Compañía Gas Natural, Sociedad Anónima de Capital Variable. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, que tiene antecedentes.

Tlaxcala, por la que remite copia del escrito de diversas organizaciones locales por el que manifiestan su posición y propuestas en relación con la reforma fiscal del Ejecutivo Federal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Zacatecas, con acuerdo por el que manifiesta su protesta por la reproducción distorsionada y mutilada del Escudo Nacional y solicita al Presidente de la República corregirlo y al Secretario de Gobernación vigilar el cumplimiento de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

1047,1048,1049

Oficio del Gobernador del Banco de México, por el que remite el informe sobre la ejecución de la política monetaria del primer semestre de dos mil uno. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Presentan iniciativas, los diputados:

Francisco Patiño Cardona, del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Ley sobre la Producción, Distribución, Comercialización, Control y Fomento de los Productos Transgénicos. Se turna a las comisiones unidas de Agricultura y Ganadería y de Comercio y Fomento Industrial.

El proponente solicita turnarla también a la Comisión de Ciencia y Tecnología y, desde su curul, el diputado Jesús Garibay García solicita se turne asimismo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La Presidenta ilustra a la Asamblea sobre el sentido del trámite y en atención a las solicitudes, la turna también para efectos de que emitan su opinión al respecto, a las comisiones de Ciencia y Tecnología, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Salud.

César Augusto Santiago Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional, a quien se autoriza para que en una sola intervención presente dos iniciativas con proyectos de decreto, la primera que reforma el artículo tercero y el Título Segundo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y la segunda que reforma y adiciona los artículos setenta, setenta y uno, setenta y dos y setenta y siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnan a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y a la Comisión de Puntos Constitucionales, respectivamente.

Alfredo Hernández Raigosa, del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Tres dictámenes de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyectos de decreto por los que:

Se concede permiso a los ciudadanos Pedro González Olvera y Javier Ignacio Corredor Esnaola, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de la República de El Salvador y del Estado de Baja Sajonia, República Federal de Alemania, respectivamente.

Se adiciona el artículo sexto y se recorre el número de diversos capítulos, así como algunos artículos de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil.

En sendas votaciones económicas, la Asamblea les dispensa la lectura. Son de primera lectura.

Suben a la tribuna, para presentar proposiciones con punto de acuerdo, los diputados:

Rosalía Peredo Aguilar, del Partido del Trabajo, para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público disponga de recursos de su subejercicio del presente año, para cubrir el adeudo que por consumo de energía eléctrica tienen con la Comisión Federal de Electricidad, agricultores del distrito de Altar, Sonora.

Se concede la palabra, para hechos, a los diputados: José Antonio Calderón Cardoso, del Partido Alianza Social; Arturo León Lerma, del Partido Revolucionario Institucional y Petra Santos Ortiz, del Partido de la Revolución Democrática.

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y agréguense las versiones estenográficas de las intervenciones sobre el tema.

María Miroslava García Suárez, del Partido de la Revolución Democrática, para que se inscriba en los muros de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, la frase "a los mártires del movimiento estudiantil de mil novecientos sesenta y ocho", y quien solicita trámite de urgente y obvia resolución.

Por indicaciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura al artículo cincuenta y nueve del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La Asamblea, en votación económica, no considera el asunto de urgente resolución.

Sube a la tribuna, para hechos, la diputada Beatriz Patricia Lorenzo Juárez, del Partido Alianza Social.

Desde su curul, el diputado Uuc-kib Espadas Ancona hace observaciones sobre el procedimiento, a las que la Presidenta da respuesta.

También desde sus curules, los diputados Martí Batres Guadarrama y Jorge Carlos Ramírez Marín hacen consideraciones sobre el procedimiento para debatir el tema.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura al artículo ciento dos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Desde su curul, el diputado Espadas Ancona insiste en sus observaciones sobre el procedimiento y de la misma manera los diputados Alejandro Zapata Perogordo y Fernando Ortiz Arana hacen aclaraciones al respecto.

El diputado Espadas Ancona, nuevamente desde su curul, objeta el procedimiento por considerar que está basado en prácticas distintas de las reglamentarias y solicita se apliquen las disposiciones para el efecto establecidas en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La Presidenta rechaza que el procedimiento seguido esté basado sólo en la práctica parlamentaria y que sea ajeno a lo establecido en la Ley Orgánica y en el Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; solicita a la diputada María Miroslava García Suárez, toda vez que su grupo parlamentario, el del Partido de la Revolución Democrática, exige formalidad, cumplir con las disposiciones reglamentarias respectivas, entregando a la Presidencia su proposición por escrito, a fin de cotejarla con la presentada por la diputada María del Rosario Tapia Medina, para saber si procede su turno a la comisión respectiva y en uso de las facultades que le confiere el artículo veinte numeral dos inciso d, de la Ley Orgánica, estima procedentes las intervenciones para hechos.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a los resolutivos de las propuestas de la diputada María Miroslava García Suárez de esta sesión y de la diputada María del Rosario Tapia Medina, presentada en la sesión del tres de octubre de dos mil.

El diputado Martí Batres Guadarrama, desde su curul, hace consideraciones sobre el trámite de urgente resolución solicitado para la proposición presentada por la diputada García Suárez y de la misma manera, el diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa solicita se consulte a la Asamblea si autoriza intervenciones para rectificar hechos y el diputado Augusto Gómez Villanueva apoya el procedimiento seguido por la Presidencia y la propuesta del diputado Calderón Hinojosa.

La Secretaría da lectura, por indicaciones de la Presidencia, a los artículos veinte, numeral dos inciso d de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y dieciocho del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría consulta a la Asamblea si autoriza abrir el registro de oradores para rectificar hechos. En votación económica, la Asamblea lo autoriza.

En consecuencia; la Presidenta concede el uso de la palabra, para rectificar hechos, a los diputados: Juan Carlos Regis Adame, del Partido del Trabajo; Hilario Esquivel Martínez, del Partido Acción Nacional; María del Rosario Tapia Medina, del Partido de la Revolución Democrática; Raúl Cervantes Andrade, del Partido Revolucionario Institucional; Uuc-kib Espadas Ancona, del Partido de la Revolución Democrática, quien acepta una interpelación del diputado Raúl Gracia Guzmán; Gustavo Riojas Santana, del Partido de la Sociedad Nacionalista;

Presidencia del diputado
Eloy Cantú Segovia

Rufino Rodríguez Cabrera, del Partido de la Revolución Democrática;

Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel

María Teresa Gómez Mont y Urueta, del Partido Acción Nacional; Oscar Guillermo Levín Coppel, del Partido Revolucionario Institucional, para contestar alusiones personales; Martí Batres Guadarrama, del Partido de la Revolución Democrática, para responder alusiones personales; Jaime Cleofas Martínez Veloz, del Partido Revolucionario Institucional, y Angel Enrique Herrera y Bruquetas, del Partido de la Revolución Democrática.

La Asamblea considera, en votación económica, suficientemente discutido el asunto.

A las trece horas con cincuenta y cinco minutos, la Secretaría informa del registro de cuatrocientos sesenta y dos diputados y ordena el cierre del sistema electrónico de asistencia y votación.

José Antonio Magallanes Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con la campaña publicitaria para mejorar la imagen del Instituto de Protección al Ahorro Bancario.

Para rectificar hechos, sube a la tribuna el diputado Concepción Salazar González, del Partido Verde Ecologista de México.

Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.

Ricardo Moreno Bastida, del Partido de la Revolución Democrática, sobre la política exterior de México.

Hablan sobre el mismo tema, los diputados: Eduardo Arnal Palomera, del Partido Acción Nacional; Víctor Antonio García Dávila, del Partido del Trabajo; Alma Carolina Viggiano Austria, del Partido Revolucionario Institucional y Lucio Fernández González, del Partido Acción Nacional.

Rectifica hechos el diputado Ricardo Moreno Bastida, del Partido de la Revolución Democrática.

Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Rogaciano Morales Reyes, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con las atribuciones contenidas en el artículo noventa y siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se refiere al mismo tema, el diputado Germán Arturo Pellegrini Pérez, del Partido Acción Nacional.

Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Adela del Carmen Graniel Campos, del Partido de la Revolución Democrática, sobre los emolumentos a los ex presidentes de la República. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Rosa Delia Cota Montaño, del Partido del Trabajo, para que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, emita la declaratoria para considerar zona de desastre al Estado de Baja California Sur y quien solicita trámite de urgente y obvia resolución.

Se refieren al mismo tema, los diputados: Lorena Martínez Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional; Francisco Salvador López Brito, del Partido Acción Nacional; Petra Santos Ortiz, del Partido de la Revolución Democrática; Eréndira Olimpia Cova Brindis, del Partido Revolucionario Institucional, Eduardo Rivera Pérez, del Partido Acción Nacional, y Julián Luzanilla Contreras, del Partido Revolucionario Institucional, quien solicita adicionar el punto de acuerdo para incluir a otros estados, en especial el de Sonora.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura al artículo cincuenta y nueve del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y la Asamblea considera el asunto de urgente y obvia resolución en votación económica.

La Secretaría da lectura al punto de acuerdo con la adición propuesta y la Asamblea lo aprueba en votación económica.

José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional, para solicitar que la Cámara de Diputados exhorte a la junta de gobierno del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, a suspender la venta de cartera en tanto el Congreso de la Unión modifica la ley para otorgar el derecho de recompra de su deuda a los pequeños y medianos deudores. Se turna a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.

Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta con proyecto de decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del país del dos al nueve de octubre de dos mil uno, a fin de que efectúe una visita de trabajo a los Estados Unidos de América.

La Asamblea dispensa, en votación económica, todos los trámites al proyecto de decreto y por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría le da lectura al mismo.

Desde su curul, el diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta solicita se dé lectura al dictamen respectivo del Senado de la República.

La Presidenta explica que la Cámara de Senadores remite la minuta, que contiene únicamente el proyecto de decreto y para ilustrar a la Asamblea, solicita a la Secretaría dar lectura a los antecedentes planteados por el Presidente de la República al remitir la solicitud de permiso a ese cuerpo colegiado.

1050,1051,1052

Para hablar en contra del proyecto de decreto, pasa a la tribuna el diputado Ricardo Moreno Bastida, del Partido de la Revolución Democrática.

Suficientemente discutido el proyecto de decreto en lo general y en lo particular, la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por doscientos noventa y cuatro votos en pro. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y la Presidenta clausura la de hoy a las dieciséis horas con tres minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo jueves cuatro de octubre de dos mil uno, a las diez horas.»

Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señora Presidenta.

La Presidenta:

Pasamos al capítulo de comunicaciones.

ESTADO DE CHIAPAS

El secretario Adrián Rivera Pérez:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Estado Libre y Soberano de Chiapas.— Honorable Congreso.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que el horario de trabajo que se dio a conocer mediante circular número 07, de fecha 24 de agosto de 2001, es única y exclusivamente respecto a los trabajadores de este Poder Legislativo, más no así de los trabajadores de los poderes Ejecutivo y Judicial del Estado.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 24 de septiembre de 2001.—Por la Comisión Permanente, diputado Augusto Orantes Ruiz, secretario.»

De enterado.

ESTADO DE MEXICO

El secretario Rodolfo Dorador Pérez González:

«Escudo.— Estado de México.— Poder Legislativo.— LIV Legislatura.

Ciudadanos secretarios del Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Presentes.

Por medio de la presente nos permitimos comunicar a ustedes que, en sesión solemne, celebrada en esta fecha, se declaró formalmente abierto el tercer periodo ordinario de sesiones de la LIV Legislatura del Estado de México, correspondiente al segundo año de su ejercicio constitucional.

Sin otro particular, les reiteramos nuestra distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Toluca de Lerdo, México, 5 de septiembre de 2001.— Diputados: Juana Bonilla Jaime y Martín Marco Antonio Vilchis Sandoval, secretarios.»

De enterado.

El secretario Rodolfo Dorador Pérez González:

«Escudo .— Estado de México.— Poder Legislativo.— LIV Legislatura

Ciudadanos secretarios del Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Presentes

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, me permito comunicarles a ustedes que en junta celebrada el 5 de septiembre del año en curso, la LIV Legislatura del Estado de México, tuvo a bien elegir la directiva que conducirá los trabajos legislativos durante el primer mes del tercer periodo de sesiones ordinarias, habiendo sido electo su servidor, presidente de la misma, los señores diputados: Andrea María del Rocío Merlos Nájera y Víctor Manuel Flores Pérez, vicepresidentes; Juana Bonilla Jaime y Martín Marco Antonio Vilchis Sandoval, secretarios; Leonardo Varela Orive y Francisco Antonio Ruiz López, prosecretarios. Asimismo, hago de su conocimiento que en sesión solemne, celebrada en la fecha indicada se hizo la declaratoria de la apertura de los trabajos del citado periodo de sesiones ordinarias de esta representación popular.

Sin otro particular, les reitero mi distinguida consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Toluca de Lerdo, México, 5 de septiembre de 2001.— Presidente, Hesiquio López Trevilla.»

De enterado.

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.

Ciudadanos diputados de la Cámara de Diputados.— Presentes.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, nos permitimos comunicar a ustedes que con esta fecha, la LVI Legislatura del honorable Congreso del Estado, abrió el primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de su ejercicio legal.

Asimismo, se eligió la mesa directiva que fungirá durante el mismo, la cual quedó conformada de la siguiente manera:

Diputados: Oziel Yudiche Lara, presidente; Gabriel López Maya, primer vicepresidente; Sergio Ernesto García Basauri, segundo vicepresidente; Olivo Martínez Borja, primer secretario; Ignacio Palacios Robledo, segundo secretario; Santiago Hernández Robles, primer prosecretario; Felisa Montañez Rivera, segundo prosecretario.

Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos procedentes, haciendo propia la ocasión para reiterarles las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo: No Reelección.

"2001 Año del Fortalecimiento de la Cultura del Agua"

San Luis Potosí, San Luis Potosí, a 15 de septiembre de 2001.— Diputados: Oziel Yudiche Lara, presidente; Olivo Martínez Borja, Ignacio Palacios Robledo, secretarios.»

De enterado.

ESTADO DE ZACATECAS

El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Legislatura del Estado de Zacatecas

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Por este conducto nos permitimos comunicar que en sesión solemne de esta misma fecha, quedó solemne y legítimamente instalada la LVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, para el periodo comprendido del 7 de septiembre de 2001 al 7 de septiembre de 2004, de la siguiente manera:

Diputados de mayoría relativa:

I distrito (PRD) Héctor Zirahuén Pastor Alvarado; suplente, Rubén Contreras Puente.

II distrito (PRD) José Escobedo Domínguez; suplente, Lucía Jáquez Méndez.

III distrito (PAN) Pedro Martínez Flores; suplente, Hugo Domínguez Ramírez.

IV distrito (PRD) Javier Mendoza Villalpando; suplente, Samuel Herrera Chávez.

V distrito (PRD) Laura García Medina; suplente, Rubén Santana Carmona.

VI distrito (PRD) Roberto Valadez González; suplente, María Guadalupe Torres Martínez.

VII distrito (PRD) Leoncio Miramontes Rodríguez; suplente, Gilberto Rodríguez Montaño.

VIII distrito (PRD) Miguel Rivera Sánchez; suplente, José Guadalupe Avila Casas.

IX distrito (PRI) Rubén Martínez Castillo; suplente Bercely Jaime Romo Ortiz.

X distrito (PRD) Santos Antonio González Esparza; suplente, Juan Manuel Sandoval Borja.

XI distrito (PRD) María Guadalupe Hernández Hernández; suplente, Susana Sánchez Arenas.

XII distrito (PRI) Gumaro Elías Hernández Zúñiga, suplente, Candelario García Esparza.

XIII distrito (PRI) Alfonso Aguilar Contreras; suplente, Juan José Sánchez Pérez.

XIV distrito (PRI) Marco Vinicio Flores Chávez; suplente, Lauro Ornelas Aguayo.

XV distrito (PRI) Leodegario Varela González; suplente, José de Jesús del Real Sánchez.

XVI distrito (PRI) Ismael Murillo Murillo; suplente, Juan Antonio Sánchez Gómez.

XVII distrito (PRI) Joel Hernández Peña; suplente, Marco Aurelio Landeros Martínez.

XVIII distrito (PRD) J. Jesús Uribe Rodríguez; suplente, Alma Delia Parga Zúñiga.

Diputados de representación proporcional:

(PAN) Carlos Enrique Hernández E.; suplente, Ma. de la Luz Muñoz Franco.

(PAN) Joel Arce Pantoja; suplente, Julio Cruz Hernández.

(PAN) Lorena Esperanza Oropeza M.; suplente, Samuel Solís de Lara.

(PRI) Raúl Rodríguez Santoyo; suplente, Carlos Alvarado Campa.

(PRI) Francisco Flores Sandoval; suplente, Miguel Guzmán Guzmán.

(PRI) Carlos Pérez Rico; suplente, Miguel Juárez Avila.

(PRD) Otilio Rivera Herrera; suplente. Ma. Vannesa López Alcalá.

(PRD) Carlos Pinto Núñez; suplente, Rumaldo Ortiz Herrera.

(PRD) Patricia Salinas Alatorre; suplente, Jorge Fajardo Frías.

(PT) Filomeno Pinedo Rojas; suplente, Samuel Reveles Carrillo.

(PT) Pablo Leopoldo Arreola Ortega; suplente, Ismael Gaytán Martínez.

(CD) Elías Barajas Romo; suplente, Eliseo Reyes Guerrero.

Asimismo, hacemos de su conocimiento que quedó integrada la mesa directiva que presidirá los trabajos del primer mes, del primer periodo de sesiones ordinarias, dentro del primer año de ejercicio cons titucional, de la referida legislatura, como sigue: Joel Arce Pantoja, presidente; Joel Hernández Peña y Pablo Leopoldo Arreola Ortega secretarios, respectivamente, comunicamos lo anterior para los efectos correspondientes.

Nos es grato reiterarles las seguridades de nuestra distinguida y especial consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Zacatecas, Zacatecas, a 7 de septiembre del 2001.— La LVII Legislatura del Estado.— Diputados: Joel Hernández Peña, y Pablo Leopoldo Arreola O, secretarios.»

La Presidenta:

De enterado.

COMISIONES LEGISLATIVAS

El secretario Adrián Rivera Pérez.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 34, inciso c, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a solicitud del diputado Alejandro Zapata Perogordo, coordinador adjunto del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a usted: Que el diputado José Benjamín Muciño Pérez sea incorporado como integrante en la Comisión Especial de Seguridad Pública.

1053,1054,1055

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, México, D.F., 2 de octubre de 2001.— Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente.»

La Presidenta:

De enterado.

El secretario Adrián Rivera Pérez.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 34 inciso c la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador de relaciones internas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a usted: que el diputado José Luis Hernández Garza, se incorpore como integrante en las comisiones de Participación Ciudadana y Seguridad Social.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar. Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, México, D.F., a 2 de octubre de 2001.— Diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente.»

La Presidenta:

De enterado.

El secretario Adrián Rivera Pérez.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 34 inciso c, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador de relaciones internas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a usted: que el diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, sustituya al diputado Francisco García Cabeza de Vaca, como integrante en la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, México D.F., a 2 de octubre de 2001.— Diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente.

La Presidenta:

De enterado.

El secretario Adrián Rivera Pérez.

«Escudo Nacional de los estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 34 inciso c de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador de relaciones internas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a usted: que el diputado Oscar Romeo Maldonado Domínguez, se incorpore como integrante en la Comisión de Ciencia y Tecnología en sustitución del diputado Juan Alcocer Flores y que la diputada Lizbeth Evelia Medina Rodríguez, se incorpore como integrante de la Comisión de la Reforma Agraria y en el Comité de Información, Gestoría y Quejas.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, México, D.F., a 3 de octubre de 2001.— Diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente.»

La Presidenta:

De enterado.

REPUBLICA DE GUATEMALA

La secretaria Martha Silvia Sánchez Morales

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.— Poder Legislativo Federal.— Presentes.

Mediante oficio fechado el 3 de octubre del presente, el presidente del Congreso de la República de Guatemala hizo de mi conocimiento que el pasado 2 de octubre del presente, el honorable Congreso de la República de Guatemala, en su 46 sesión ordinaria, aprobó el acuerdo legislativo número 47-2001, mediante el cual se resuelve condecorar a la suscrita con la "Orden del Soberano Congreso Nacional en el Grado de Gran Cruz".

Con fundamento en el artículo 37 apartado c fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por este conducto me permito solicitar autorización del honorable Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, para recibir la citada condecoración.

Lo anterior, para los efectos conducentes.

Atentamente.

Palacio Legislativo de San Lázaro.— México D.F., a 3 de octubre de 2001.— Diputada Beatriz Paredes, presidenta de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

La Presidenta:

Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

LEY GENERAL DE EDUCACION

La secretaria Martha Silvia Sánchez Morales

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Acuerdo de subcomisión en referencia a la excitativa que la mesa directiva de la Cámara de Diputados realizó el 20 de septiembre del año 2001 a las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos; de Cultura; de Ciencia y Tecnología, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para que dictaminen la iniciativa que reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación. Esta subcomisión acuerda solicitar a la mesa directiva de esta comisión, gestione ante la propia mesa directiva de la Cámara de Diputados, solicitud de ampliación al plazo para que esta subcomisión esté en condiciones de integrar las opiniones técnico-jurídicas necesarias para emitir el dictamen correspondiente, dada la trascendencia de su objeto.

Palacio Legislativo, a 3 de octubre de 2001.— Diputados: Juan Nicolás Callejas Arroyo, coordinador de la subcomisión; Hortensia Aragón Castillo, Fernando Ugalde Cardona, Jorge Luis García Vera, Miguel Angel D. Moreno Tello, Silvia Alvarez Bruneliere y Bertha Alicia Simental García.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Ciudadana diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

En nombre de la mesa directiva de la comisión y en referencia al exhorto realizado a las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos; de Cultura; de Ciencia y Tecnología, y de Presupuesto y Cuenta Pública, por la mesa directiva de la Cámara de Diputados, para que se dictamine la iniciativa que reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación, presentada el 14 de septiembre de año 2000 por la diputada Hortensia Aragón Castillo, me permito informar lo siguiente:

Por acuerdo de la mesa directiva de esta Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos y con fundamento en el artículo 44 numeral 5, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se integró una subcomisión para el análisis de la iniciativa motivo del exhorto; dicha subcomisión solicitó, con fecha 3 de octubre del presente a la mesa directiva de esta comisión, gestione una extensión de plazo para integrar las opiniones técnico-jurídicas necesarias para emitir el dictamen correspondiente.

De igual forma, comunico a ustedes que, con el propósito de coordinar las acciones pertinentes que permitan cumplir con la encomienda motivo del presente, se abrió un proceso de consulta con las respectivas presidencias de las comisiones codictaminadoras, esperando a la fecha el resultado pertinente.

Ante tales circunstancias y con fundamento en el artículo 91 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, se solicita a la mesa directiva se extienda el plazo ordenado en el oficio número D.G.PL.58-II-3-373, para la dictaminación correspondiente, de modo que se puedan dotar de fundamentos sólidos necesarios a la iniciativa que modifica el artículo 25 de la Ley General de Educación, dada la trascendencia de su objeto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi más alta consideración.

Palacio Legislativo, México, D.F., 3 de octubre de 2001.— Diputados. Enrique Meléndez Pérez, presidente; Oscar Ochoa Patrón, Alfonso Vicente Díaz, Héctor Israel Ortiz Ortiz y Miguel Bortolini Castillo, secretarios.

La Presidenta:

Como se solicita por la comisión, se amplía el plazo exhortando a la Comisión de Educación que nos presente el dictamen a la brevedad posible y que dispongan del tiempo pertinente para poder integrar las opiniones técnico-jurídicas relativas en consulta también con la Comisión de Presupuesto.

SECTOR PIÑERO

La secretaria Martha Silvia Sánchez

González:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— LVIII Legislatura.— Presidencia de la mesa directiva.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Que se declare en situación de emergencia al sector piñero nacional y se considere un asunto de interés público.

Segundo. Que se apruebe una ampliación presupuestal por 146 millones de pesos para desarrollar un programa urgente de apoyo a los productores de piña de hasta 10 hectáreas.

Tercero. Que este recurso se utilice para la creación de un fondo de ahorro e inversión con la participación del Gobierno Federal, gobiernos estatales y los productores.

Cuarto. Que este fondo tendrá como objetivo el financiamiento ágil y oportuno de las actividades realizadas en apoyo al desarrollo productivo y tecnológico, la comercialización y la industrialización de la piña con un enfoque de cadena agroalimentaria, en los términos planteados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

Quinto. Se sometan a revisión las condiciones de producción, mercado y competencia comercial que prevalecen en la actividad, para que de confirmarse la existencia de una práctica de dumping, se decrete el cierre del mercado nacional a la importación de piña tailandesa.

Que la Secretaría de Economía aplique la cuota compensatoria a que alude la Ley de Comercio Exterior en el capítulo de prácticas de competencia desleal.

1056,1057,1058

La aplicación del programa de urgencia en apoyo de los productores de piña se sujetará a los siguientes criterios:

1. Difundir ampliamente los términos, montos y condiciones del Programa de Urgencia en Apoyo a los Productores de Piña, mismo que debe ser: transparente, equitativo, proporcional y no clientelar.

2. La asignación por productor se distribuirá de acuerdo a la superficie sembrada hasta 10 hectáreas como máximo.

3. Los gobiernos estatales que fomenten este programa de apoyo a la cadena agroalimentaria de la piña, serán responsables de la aplicación de los recursos que les correspondan en sus respectivas regiones de producción apoyados por los gobiernos municipales y las organizaciones locales de productores que corresponda.

4. Los gobiernos estatales, conjuntamente con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, impulsarán la creación de consejos estatales que a su vez integren el Consejo Nacional de la Piña, que tendrá representación en el Consejo Mexicano de Desarrollo Rural.

La aplicación del programa deberá ir acompañado de las siguientes acciones por parte del Gobierno Federal:

• Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público refuerce un control efectivo de las importaciones para evitar la internación ilegal al país de los productos enlatados de piña, además se aplique en forma rigurosa el arancel que mejor convenga a los intereses de la nación.

• Que la Secretaría de Economía suspenda las importaciones de los productos procesados de piña durante los años subsecuentes en las épocas de cosecha, en tanto los industriales y consumidores adquieren la producción nacional o que se apliquen aranceles superiores que le inhiban.

• Que todas las instancias del Ejecutivo Federal impulsen programas integrales de desarrollo regional y por cuanto hace a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, deberá instrumentar dentro del Programa de Alianza para el Campo apoyos específicos y con enfoques claros para los productores de piña, considerando estratégico a este cultivo, por el impacto social, económico y ambiental que representa.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, D.F., a 25 de septiembre de 2001.— Senador Diego Fernández de Cevallos Ramos, presidente.»

La Presidenta:

Esta mesa directiva se da por enterada del contenido del punto de acuerdo del Senado y remite a la Comisión de Agricultura y Ganadería exclusivamente para su conocimiento y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública exclusivamente para su conocimiento y en el inciso relativo a referencias presupuestales para en su momento puedan hacer una valoración.

INICIATIVAS DEL EJECUTIVO

La secretaria Martha Silvia Sánchez González:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Para los efectos constitucionales y por instrucciones del Presidente de la República, con el presente envío a ustedes:

Iniciativa de decreto por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Iniciativa de decreto por la que se reforma el artículo 7o. de la Ley Forestal.

Iniciativa de decreto por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre.

Iniciativa de decreto por la que se reforma el artículo 50 y se adiciona el 50-bis de la Ley General de Bienes Nacionales.

Iniciativa de decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los códigos Penal, Federal y Federal de Procedimientos Penales.

Documentos que el propio Primer Magistrado de la Nación propone por el digno conducto de ustedes.

Reitero a ustedes las seguridades de mi consideración.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 3 de octubre de 2001.— El director general de Gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Presidencia de la República.

Ciudadana Presidenta de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

La descentralización de la gestión ambiental en México es un proceso inconcluso, que requiere, para avanzar, una articulación entre el contenido de los programas de descentralización y las posibilidades jurídicas, institucionales, económicas y políticas de los gobiernos y agentes locales.

Además, es importante promover el abatimiento del rezago institucional de los gobiernos locales en lo que respecta a las insuficiencias en información, comunicación social, pluralidad y precariedad en los mecanismos de consenso y de participación y fiscalización local.

El fortalecimiento del federalismo y la descentralización es una tarea ineludible y urgente. De ellas depende no sólo el logro de una mayor eficiencia en la gestión ambiental, sino una contribución indispensable al desarrollo democrático del país.

Dentro del nuevo enfoque moderno de descentralización, la presente administración, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, basará su gestión ambiental en instituciones modernas que garanticen el ejercicio continuo de la democracia. Para esto se requiere de una nueva cultura de gobierno que se apoye, entre otros criterios, en el del desarrollo incluyente, sustentable, competitivo y regional, adoptando como una acción fundamental el fortalecimiento del federalismo.

Por ello resulta indispensable establecer una estrategia de transferencia de atribuciones, funciones y recursos, gradual y diferenciada, acorde con la situación particular de cada entidad federativa, que asegure una mayor eficacia y eficiencia en la gestión ambiental.

Entre las tareas a desarrollar para enfrentar el proceso de descentralización, se encuentran las de: adecuar el marco jurídico de la gestión ambiental, procurando su integración y una clara transferencia de competencias acorde con el principio de subsidiaridad y con las capacidades de gestión ampliadas de las entidades federativas; depurar la oferta de descentralización en función de un nuevo marco jurídico y precisar los mecanismos de transferencias; promover la suscripción de convenios o acuerdos con los gobiernos de las entidades federativas, incrementando las facultades transferidas a cada una de ellas; consolidar el desarrollo institucional de dichas entidades federativas, particularmente en cuanto a su organización, su aptitud técnica y su capacidad de captar y administrar recursos; fortalecer la articulación entre el proceso de descentralización y la planeación del desarrollo regional sustentable y consolidar el sistema de información, seguimiento y evaluación de resultados del proceso.

La finalidad de la presente iniciativa, es establecer un mecanismo de transición a fin de otorgar mayores atribuciones en materia de gestión ambiental a los gobiernos de las entidades federativas, precisando a través de la suscripción de convenios o acuerdos de coordinación lo que le corresponde realizar a cada quien.

En este contexto, las instituciones federales tienen como responsabilidad fijar las prioridades nacionales de la política ambiental, en tanto las entidades federativas, la de fomentar y operar programas institucionales, reconociendo como el eje central de los programas y acciones que se instrumenten, a los sectores social y privado a través de su participación directa y organizada, es decir, como los sujetos del desarrollo sustentable.

A partir de estas premisas, es necesario generar políticas públicas y un modelo de gestión pública que responda a una planeación participativa y democrática que propicie certidumbre y estabilidad del sector ambiental, con un marco normativo que tome en cuenta las capacidades de las regiones del país como base de la instrumentación de los programas; dote a las entidades federativas y a los municipios de los recursos para operar y reconozca su legítima aspiración a imprimirle al desarrollo sustentable las modalidades que considere necesarias en su territorio.

Con la presente iniciativa, se desea contribuir en la promoción y aplicación de un auténtico federalismo en la gestión ambiental y de los recursos naturales, para generar un cambio de fondo, por lo que se considera indispensable reformar los artículos 11 y 12 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

La reforma que se propone al artículo 11, dispone que las facultades que sean transferidas a través de acuerdos o convenios de coordinación sean ejercidas de conformidad con lo dispuesto en la propia Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y demás disposiciones federales aplicables.

Asimismo, se sugiere precisar en ese mismo artículo que en contra de los actos que emitan los gobiernos del Distrito Federal o de los estados y, en su caso, de sus municipios, procederán los recursos y medios de defensa establecidos en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Por otra parte, en el Título Cuarto de la ley, denominado "protección al ambiente", se propone reformar el artículo 109-bis, en el sentido de avanzar en la satisfacción del derecho a la información ambiental, así como en la prevención, protección y restauración del ambiente. En efecto, nuestro país requiere de la actualización y modernización de los sistemas de información que permitan a la ciudadanía y a la autoridad, contar con los elementos fidedignos y suficientes de información para la adecuada toma de decisiones. Por su parte, en este mundo globalizado, la industria nacional debe conocer sus emisiones reales a fin de reducirlas mediante tecnologías limpias que le permitan mayor competitividad; en consecuencia, se introduce la facultad de los tres órdenes de gobierno, de establecer un registro de emisiones y transferencia de contaminantes, obligatorio, público y desagregado.

El mismo ordenamiento jurídico prevé, en su Título Sexto, las disposiciones relativas al procedimiento de inspección y vigilancia e imposición de medidas de seguridad y sanciones. Si bien es cierto que la reforma legal de diciembre de 1996 pretendió adecuar el procedimiento administrativo a través de diversas reformas y el establecimiento de la supletoriedad de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, también lo es, que la práctica jurídica y contenciosa desarrollada desde entonces, ha mostrado la necesidad de continuar adecuando los preceptos de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; en tal virtud, el presente proyecto introduce algunas adecuaciones que permitirán proporcionar, tanto al ciudadano como a la autoridad, mayor certidumbre en el proceso de imposición de sanciones. La motivación de este proyecto se describe a continuación.

En el párrafo segundo del artículo 162 se establecen los requisitos que debe cumplir una orden de visita. Sin embargo y a fin de que la autoridad no se vea limitada para determinar las disposiciones jurídicas cuyo cumplimiento serán objeto de las visitas de inspección, se estima necesario excluir la precisión que hace la disposición vigente sobre el alcance de la orden de inspección.

Por lo que hace al artículo 163 vigente, éste no prevé los requisitos a cumplir para una debida identificación del personal autorizado que realiza visitas de inspección. En este sentido, los criterios aplicados por los tribunales federales son diversos entre sí, por lo que se introduce en este artículo una redacción que establece los requisitos suficientes para cumplir con esta obligación de la autoridad. Por otro lado, en el mismo texto se requiere la designación de dos testigos en el acto de inspección. En la práctica de estas diligencias, es frecuente que los servidores públicos levanten las actas en sitios apartados, en donde no se encuentren otras personas que puedan fungir como testigos, por lo que se adiciona un párrafo que posibilita la instrumentación del documento sin testigos.

El artículo 167 actual señala que la autoridad ordenadora, una vez recibida el acta de inspección, tendrá en todos los casos la obligación de requerir al interesado para que adopte medidas correctivas o de urgente aplicación, a pesar de que esto no siempre es necesario. Se introduce entonces una adición al párrafo primero de este artículo, para agregar que estas medidas sólo se adoptarán en los casos que la autoridad lo considere procedente.

El artículo 168 vigente establece como única forma de concluir el procedimiento administrativo la resolución del mismo; sin embargo, con la finalidad de asegurar la restauración o compensación del daño en el ambiente o en los recursos naturales, se adiciona el artículo, con el propósito de dar al interesado la oportunidad de convenir con la Secretaría la realización de acciones, de restauración o compensación de daños durante el procedimiento administrativo y antes de que éste concluya, cuya instrumentación y evaluación se sujetará a las formalidades previstas para una resolución administrativa en el artículo 169 de la ley.

Considerando que frecuentemente los montos de los impactos ambientales generados por los infractores, así como los beneficios económicos derivados de la infracción, exceden la sanción máxima prevista actualmente por el artículo 171 y con la finalidad de neutralizar dichos beneficios e inhibir la violación de la norma, se incrementa la multa máxima a 50 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. En la imposición de estas multas, el requisito de la gravedad de la infracción previsto en la fracción I del artículo 173, tal y como se encuentra redactado, obliga a la autoridad a demostrar que se han producido impactos ambientales en la salud pública, generación de desequilibrios ecológicos y afectación de recursos naturales o de la biodiversidad. Al respecto, se introduce la posibilidad de considerar la gravedad por los daños que "puedan producirse", reconociendo que las infracciones a la ley no sólo generan daños, sino también riesgos ambientales.

1059,1060,1061

De la redacción del último párrafo del artículo 173 actual, referido a la conmutación de sanciones, se infiere que es la autoridad quien en la propia resolución sancionatoria debe otorgar la opción a pagar la multa o realizar inversiones equivalentes en proyectos ambientales. Al respecto, se introduce una redacción más clara para que la conmutación opere a petición del infractor, eliminando las interpretaciones contradictorias respecto a si este beneficio es procedente en el supuesto de que en el procedimiento haya sido impuesta alguna medida de seguridad prevista en el artículo 170.

La fracción I del artículo 174-bis vigente prevé la venta directa de los bienes decomisados en aquellos casos en los que el valor del bien no exceda cinco mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Se reforma dicha fracción con objeto de que la venta se lleve a cabo a través de invitación a cuando menos tres compradores y, por excepción se prevé la venta directa, en el caso de que los invitados no comparezcan el día señalado para la venta o sus precios no fueren aceptados.

Por otra parte, se somete a la consideración de esa soberanía una adición al artículo 182, a fin de reconocer la actuación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales como coadyuvante en el procedimiento penal, sin perjuicio de la coadyuvancia que pueda hacer la víctima o el ofendido directo del ilícito por sí mismo o a través de su representante legal.

Esta adición obedece al hecho de que la Secretaría, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, cumple con un importante papel en la detección del delito ambiental, en la formulación de la denuncia penal, en la elaboración de dictámenes periciales y en la cuantificación y valoración económica del daño ambiental.

La coadyuvancia con el Ministerio Público resulta además de gran importancia, por la naturaleza difusa del interés jurídico que tiene la víctima del delito ambiental, toda vez que en un gran número de supuestos, el ofendido es la sociedad en su conjunto.

En otro aspecto, la iniciativa propone impulsar la participación de los tres niveles de gobierno en la conformación de aquellos instrumentos de toma de decisiones a nivel global que consideren la perspectiva local. En este sentido, se sugiere adicionar un párrafo al artículo 159-bis.

Por último, se reforman los artículos 119, 130 y 161, con la finalidad de precisar las atribuciones de la Secretaría de Marina en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas en zonas y aguas marinas mexicanas, fortaleciendo su participación en la inspección y vigilancia en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de usted, señora Presidenta, me permito someter a la consideración del honorable Congreso de la Unión la presente

INICIATIVA DE DECRETO

Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Artículo único. Se reforman los artículos 11, 12, 109-bis, 130, 162 segundo párrafo; 163 primer párrafo; 167 primer párrafo, 171 fracción I; 173 fracción I y último párrafo y 174-bis fracción I y se adiciona un segundo párrafo al artículo 119, un cuarto párrafo al artículo 159-bis, un segundo párrafo al artículo 161, un tercer párrafo al artículo 163, un segundo párrafo al artículo 168 y un cuarto párrafo al artículo 182 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

"Artículo 11. La Federación, por conducto de la Secretaría, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con el objeto de que los gobiernos del Distrito Federal o de los estados, con la participación, en su caso, de sus municipios, asuman las siguientes facultades, en el ámbito de su jurisdicción territorial:

I. La administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas de competencia de la Federación;

II. El control de los residuos peligrosos considerados de baja peligrosidad conforme a las disposiciones del presente ordenamiento;

III. La evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades a que se refiere el artículo 28 de esta ley y, en su caso, la expedición de las autorizaciones correspondientes, con excepción de las obras o actividades siguientes:

a) Obras hidráulicas, así como vías generales de comunicación, oleoductos, gasoductos, carboductos y poliductos que comprendan dos o más entidades federativas;

b) Industria del petróleo, petroquímica y eléctrica;

c) Exploración, explotación y beneficio de minerales y sustancias reservadas a la Federación en los términos de las leyes Minera y reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia nuclear;

d) Instalaciones de tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos peligrosos, así como residuos radiactivos;

e) Desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros y

f) Obras en áreas naturales protegidas de competencia de la Federación.

IV. La protección y preservación del suelo, la flora y fauna silvestre, terrestre y los recursos forestales;

V. El control de acciones para la protección, preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en la zona federal marítimo-terrestre, así como en la zona federal de los cuerpos de agua considerados como nacionales;

VI. La prevención y control de la contaminación de la atmósfera, proveniente de fuentes fijas y móviles de jurisdicción federal y, en su caso, la expedición de las autorizaciones correspondientes;

VII. La prevención y control de la contaminación ambiental originada por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente, proveniente de fuentes fijas y móviles de competencia federal y, en su caso, la expedición de las autorizaciones correspondientes;

VIII. La realización de acciones operativas tendientes a cumplir con los fines previstos en este ordenamiento o

IX. La inspección y vigilancia del cumplimiento de esta ley y demás disposiciones que de ella deriven.

Dichas facultades serán ejercidas conforme a lo dispuesto en esta ley y demás disposiciones federales aplicables, así como en aquéllas que de las mismas deriven.

En contra de los actos que emitan los gobiernos del Distrito Federal o de los estados y, en su caso, de sus municipios, en ejercicio de las facultades que asuman de conformidad con este precepto respecto de los particulares, procederán los recursos y medios de defensa establecidos en el Capítulo V del Título Sexto de esta ley.

Artículo 12. Para los efectos del artículo anterior, los convenios o acuerdos de coordinación que celebre la Federación, por conducto de la Secretaría, con los gobiernos del Distrito Federal o de los estados, con la participación, en su caso, de sus municipios, deberán sujetarse a las siguientes bases:

I. Se celebrarán a propuesta del Ejecutivo Federal o a petición de una entidad federativa, cuando ésta considere que cuenta con los medios necesarios, del personal capacitado, los recursos materiales y financieros, así como la estructura institucional específica para el desarrollo de las facultades que asumiría;

II. Establecerán con precisión su objeto, así como las materias y facultades que se asumirán, debiendo ser congruente con los objetivos de los instrumentos de planeación nacional de desarrollo y con la política ambiental nacional;

III. Determinarán la participación y responsabilidad que corresponda a cada una de las partes, así como los bienes y recursos aportados por las mismas, especificando su destino y forma de administración;

IV. Establecerán el órgano u órganos que llevarán a cabo las acciones que resulten de los convenios o acuerdos de coordinación, incluyendo las de evaluación, así como el cronograma de las actividades a realizar;

V. Definirán los mecanismos de información que se requieran, a fin de que las partes suscriptoras, puedan asegurar el cumplimiento de su objeto;

VI. Precisarán la vigencia del instrumento, sus formas de modificación y terminación y, en su caso, el número y duración de sus prórrogas;

VII. Contendrán, en su caso, los anexos técnicos necesarios para detallar los compromisos adquiridos y

VIII. Las demás estipulaciones que las partes consideren necesarias para el correcto cumplimiento del convenio o acuerdo de coordinación.

Corresponde a la Secretaría evaluar el cumplimiento de los compromisos que se asuman en los convenios o acuerdos de coordinación a que se refiere este artículo.

Los convenios o acuerdos de coordinación a que se refiere el presente artículo, sus modificaciones, así como su acuerdo de terminación, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en la gaceta o periódico oficial de la respectiva entidad federativa.

Artículo 109-bis. La Secretaría, los estados, el Distrito Federal y los municipios, deberán integrar un registro de emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, materiales y residuos de su competencia, así como de aquellas sustancias que determine la autoridad correspondiente. La información del registro se integrará con los datos y documentos contenidos en las autorizaciones, licencias, permisos y concesiones que en materia ambiental se tramiten ante la Secretaría.

La información registrada será pública y tendrá efectos declarativos. La Secretaría permitirá el acceso a dicha información en los términos de esta ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 119. . .

Tratándose de normas oficiales mexicanas que se requieran para prevenir y controlar la contaminación de las aguas en zonas y aguas marinas mexicanas, la Secretaría se coordinará con la Secretaría de Marina.

Artículo 130. La Secretaría autorizará el vertido de aguas residuales en aguas marinas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Aguas Nacionales, su reglamento y las normas oficiales mexicanas que al respecto expida. Cuando el origen de las descargas provenga de fuentes móviles o de plataformas fijas en el mar territorial y la zona económica exclusiva, así como de instalaciones de tierra cuya descarga sea el mar, la Secretaría se coordinará con la Secretaría de Marina para la expedición de las autorizaciones correspondientes.

Artículo 159-bis. . . .

. . .

. . .

Los estados, los municipios y el Distrito Federal, participarán con la Secretaría en la integración del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales.

Artículo 161. . . .

En las zonas marinas mexicanas la Secretaría, por sí o por conducto de la Secretaría de Marina, realizará los actos de inspección, vigilancia y, en su caso, de imposición de sanciones por violaciones a las disposiciones de esta ley.

Artículo 162. . . .

Dicho personal, al realizar las visitas de inspección, deberá contar con el documento oficial que los acredite o autorice a practicar la inspección o verificación, así como la orden escrita debidamente fundada y motivada, expedida por autoridad competente, en la que se precisará el lugar o zona que habrá de inspeccionarse y objeto de la diligencia.

Artículo 163. El personal autorizado, al iniciar la inspección, se identificará debidamente con la persona con quien se entienda la diligencia, exhibiéndole, para tal efecto credencial vigente con fotografía, expedida por autoridad competente que lo acredite para realizar visitas de inspección en la materia y le mostrará la orden respectiva, entregándole copia de la misma con firma autógrafa, requiriéndola para que en el acto designe dos testigos.

En los casos en que no fuera posible encontrar en el lugar de la visita persona que pudiera ser designada como testigo, el personal actuante deberá asentar esta circunstancia en el acta administrativa que al efecto se levante, sin que ello afecte la validez de la misma.

Artículo 167. Recibida el acta de inspección por la autoridad ordenadora, requerirá al interesado, cuando proceda, mediante notificación personal o por correo certificado con acuse de recibo, para que adopte de inmediato las medidas correctivas o de urgente aplicación que, en su caso, resulten necesarias para cumplir con las disposiciones jurídicas aplicables, así como con los permisos, licencias, autorizaciones o concesiones respectivas, señalando el plazo que corresponda para su cumplimiento, fundando y motivando el requerimiento. Asimismo, deberá señalarse al interesado que cuenta con un término de 15 días para que exponga lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporte las pruebas que considere procedentes en relación con la actuación de la Secretaría.

. . .

Artículo 168. . .

Durante el procedimiento y antes de que se dicte resolución, el interesado y la Secretaría, a petición del primero, podrán convenir la realización de las acciones de restauración o compensación de daños necesarias para la corrección de las presuntas irregularidades observadas. La instrumentación y evaluación de dicho convenio, se llevará a cabo en los términos del artículo 169 de esta ley.

1062,1063,1064

Artículo 171. . . .

I. Multa por el equivalente de 20 a 50 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción;

II a la V. . .

Artículo 173. . .

I. La gravedad de la infracción, considerando principalmente los siguientes criterios: los daños que se hubieran producido o puedan producirse en la salud pública; la generación de desequilibrios ecológicos; la afectación de recursos naturales o de la biodiversidad y, en su caso, los niveles en que se hubieran rebasado los límites establecidos en la norma oficial mexicana aplicable;

II a la V. . .

La autoridad correspondiente, por sí o a solicitud del infractor, podrá otorgar a éste, la opción para pagar la multa o realizar inversiones equivalentes en la adquisición e instalación de equipo para evitar contaminación o en la protección, preservación o restauración del ambiente y los recursos naturales, siempre y cuando se garanticen las obligaciones del infractor, no se trate de alguno de los supuestos previstos en el artículo 170 de esta ley y la autoridad justifique plenamente su decisión.

Artículo 174-bis. . .

I. Venta a través de invitación a cuando menos tres compradores, en aquellos casos en que el valor de lo decomisado no exceda de 5 mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción. Si dichos invitados no comparecen el día señalado para la venta o sus precios no fueren aceptados, la autoridad podrá proceder a su venta directa.

II a la IV. . .

Artículo 182. . .

La Secretaría será coadyuvante del Ministerio Público Federal, en los términos del Código Federal de Procedimientos Penales. Lo anterior, sin perjuicio de la coadyuvancia que pueda hacer la víctima o el ofendido directo del ilícito, por sí mismo o a través de su representante legal."

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los procedimientos y recursos administrativos que a la entrada en vigor del presente decreto se encuentren pendientes de resolución se sustanciarán conforme a las disposiciones vigentes en el momento en que se iniciaron.

Reitero a usted las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Palacio Nacional, a 2 de octubre de 2001.— El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada.»

La Presidenta:

Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La secretaria Martha Silvia Sánchez González:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Presidencia de la República.

Ciudadana Presidenta de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Dentro del nuevo enfoque moderno de descentralización, la presente administración, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, basará su gestión ambiental en instituciones modernas que garanticen el ejercicio continuo de la democracia. Para esto se requiere de una nueva cultura de Gobierno que se apoye, entre otros criterios, en el del desarrollo incluyente, sustentable, competitivo y regional, adoptando como una acción fundamental el fortalecimiento del federalismo.

El fortalecimiento del federalismo y la descentralización es una tarea ineludible y urgente. De ellos depende no sólo el logro de una mayor eficiencia en la gestión ambiental, sino una contribución indispensable al desarrollo democrático del país.

Por ello, resulta indispensable establecer una estrategia de transferencia de atribuciones, funciones y recursos, gradual y diferenciada, acorde con la situación particular de cada entidad federativa, que asegure una mayor eficacia y eficiencia en la gestión ambiental.

Entre las tareas a desarrollar para enfrentar el proceso de descentralización, se encuentran las de: adecuar el marco jurídico, procurando su integración y una clara transferencia de competencias acorde con el principio de subsidiaridad y con las capacidades de gestión ampliadas de las entidades federativas; depurar la oferta de descentralización en función de un nuevo marco jurídico y precisar los mecanismos de transferencias; promover la suscripción de convenios o acuerdos con los gobiernos de las entidades federativas, incrementando las facultades transferidas a cada una de ellas; consolidar el desarrollo institucional de dichas entidades federativas, particularmente en cuanto a su organización, su aptitud técnica y su capacidad de captar y administrar recursos; fortalecer la articulación entre el proceso de descentralización y la planeación del desarrollo regional sustentable y consolidar el sistema de información, seguimiento y evaluación de resultados del proceso.

La presente iniciativa propone establecer un mecanismo de transición a fin de otorgar mayores atribuciones en materia de gestión ambiental a los gobiernos del Distrito Federal, de los estados y de sus municipios.

De merecer la aprobación de esa soberanía, se establecería la posibilidad legal de que los gobiernos de las entidades federativas asuman la ejecución de algunas facultades que actualmente corresponden a la Federación, a través de la celebración de convenios o acuerdos de coordinación.

El esquema propuesto tiene la virtud de que reconoce las naturales asimetrías que existen en las entidades federativas, respecto a la capacidad para asumir nuevas atribuciones y por ello, se consideró pertinente descartar un mecanismo rígido que transfiera facultades federales a los estados, sin tomar en cuenta tales asimetrías.

De esta manera, la presente iniciativa busca contribuir en la promoción y aplicación de un auténtico federalismo en la gestión de los recursos naturales, sin generar cargas excesivas para las entidades federativas.

La reforma que se propone al artículo 7o. de la Ley Forestal, dispone que las facultades que sean transferidas a través de acuerdos o convenios de coordinación sean ejercidas de conformidad a lo dispuesto en la Ley Forestal y demás disposiciones federales aplicables.

Asimismo, se sugiere precisar que en contra de los actos que emitan los gobiernos del Distrito Federal o de los estados y en su caso, de sus municipios, procederán los recursos y medios de defensa establecidos en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de usted, señora Presidenta, me permito someter a la consideración del honorable Congreso de la Unión la presente

INICIATIVA DE DECRETO

Por el que se reforma el artículo 7o. de la Ley Forestal.

Artículo único. Se reforma el artículo 7o. de la Ley Forestal, para quedar como sigue:

"Artículo 7o. La Federación, a través de la Secretaría y con la intervención que corresponda a sus entidades sectorizadas, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con objeto de que los gobiernos del Distrito Federal o de los estados, con la participación, en su caso, de sus municipios, asuman las siguientes facultades, en el ámbito de su jurisdicción territorial:

I. Recibir los avisos de aprovechamiento de recursos forestales no maderables y los de forestación;

II. Celebrar, conforme a lo previsto en la presente ley, acuerdos y convenios en materia forestal con otras instituciones públicas y personas físicas o morales de los sectores social y privado;

III. Formular, articular e instrumentar programas forestales, especialmente de forestación y reforestación para el rescate de zonas erosionadas, así como de agroforestería y manejo y uso múltiple del ecosistema forestal;

IV. Fomentar la educación, cultura, capacitación e investigación forestales;

V. Aplicar las medidas de fomento para la conservación, protección y restauración de recursos forestales, para plantaciones comerciales y de otra naturaleza y para aprovechamientos forestales que se realicen conforme a los términos de esta ley o

VI. Las previstas en el artículo 5o. fracciones IV, VI, VIII, X, XII, XIII, XV, XVI y XVII de esta ley.

La celebración de dichos convenios o acuerdos de coordinación se sujetará a las bases previstas en el artículo 12 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Dichas facultades serán ejercidas conforme a lo dispuesto en esta ley y demás disposiciones federales aplicables, así como en aquellas que de las mismas deriven.

En contra de los actos que emitan los gobiernos del Distrito Federal o de los estados y, en su caso, de sus municipios, en ejercicio de las facultades que asuman de conformidad con este precepto respecto de los particulares, procederán los recursos y medios de defensa establecidos en el Capítulo V del Título Sexto de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente."

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Reitero a usted las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Palacio Nacional, a 2 de octubre de 2001.— El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada.»

La Presidenta:

Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La secretaria Martha Silvia Sánchez  González:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Presidencia de la República.

Ciudadana Presidenta de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Dentro del nuevo enfoque moderno de descentralización, la presente administración, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, basará su gestión ambiental en instituciones modernas que garanticen el ejercicio continuo de la democracia. Para esto se requiere de una nueva cultura de gobierno que se apoye, entre otros criterios, en el del desarrollo incluyente, sustentable, competitivo y regional, adoptando como una acción fundamental el fortalecimiento del federalismo.

El fortalecimiento del federalismo y la descentralización es una tarea ineludible y urgente. De ellos depende no sólo el logro de una mayor eficiencia en la gestión ambiental, sino una contribución indispensable al desarrollo democrático del país.

Por ello, resulta indispensable establecer una estrategia de transferencia de atribuciones, funciones y recursos, gradual y diferenciada, acorde con la situación particular de cada entidad federativa, que asegure una mayor eficacia y eficiencia en la gestión ambiental.

Entre las tareas a desarrollar para enfrentar el proceso de descentralización, se encuentran las de: adecuar el marco jurídico, procurando su integración y una clara transferencia de competencias acorde con el principio de subsidiaridad y con las capacidades de gestión ampliadas de las entidades federativas; depurar la oferta de descentralización en función de un nuevo marco jurídico y precisar los mecanismos de transferencias; promover la suscripción de convenios o acuerdos con los gobiernos de las entidades federativas, incrementando las facultades transferidas a cada una de ellas; consolidar el desarrollo institucional de dichas entidades federativas, particularmente en cuanto a su organización, su aptitud técnica y su capacidad de captar y administrar recursos; fortalecer la articulación entre el proceso de descentralización y la planeación del desarrollo regional sustentable y consolidar el sistema de información, seguimiento y evaluación de resultados del proceso.

1065,1066,1067

La presente iniciativa propone establecer un mecanismo de transición a fin de otorgar mayores atribuciones en materia de gestión ambiental a los gobiernos del Distrito Federal, de los estados y de sus municipios.

De merecer la aprobación de esa soberanía, se establecería la posibilidad legal de que los gobiernos de las entidades federativas asuman la ejecución de algunas facultades que actualmente corresponden a la Federación, a través de la celebración de convenios o acuerdos de coordinación.

El esquema propuesto tiene la virtud de que reconoce las naturales asimetrías que existen en las entidades federativas, respecto a la capacidad para asumir nuevas atribuciones y, por ello, se consideró pertinente descartar un mecanismo rígido que transfiera facultades federales a los estados, sin tomar en cuenta tales asimetrías.

De esta manera, la presente iniciativa busca contribuir en la promoción y aplicación de un auténtico federalismo en la gestión de los recursos naturales, sin generar cargas excesivas para las entidades federativas.

La reforma que se propone dispone que las facultades que sean transferidas a través de acuerdos o convenios de coordinación sean ejercidas, de conformidad a lo dispuesto en la Ley General de Vida Silvestre y demás disposiciones federales aplicables.

Asimismo se sugiere precisar que en contra de los actos que emitan los gobiernos del Distrito Federal o de los estados y, en su caso, de sus municipios, procederán los recursos y medios de defensa establecidos en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Por otra parte, se propone reformar el párrafo segundo del artículo 1o. de la Ley General de Vida Silvestre, en virtud de que, en materia forestal, el concepto de recursos no maderables abarca productos y subproductos forestales que son frecuentemente aprovechados con fines comerciales; sin embargo, la Ley General de Vida Silvestre no prevé procedimientos a los cuales se sujete este tipo de aprovechamientos, ya que el aprovechamiento extractivo establecido en dicho ordenamiento legal, señala criterios que en esencia son aplicables a la fauna silvestre.

En este sentido, la Ley Forestal y su Reglamento contienen esquemas que facilitan el control del aprovechamiento de recursos forestales no maderables; además de que todas las normas oficiales mexicanas vigentes, relativas a este tipo de aprovechamientos, se sustentan en los criterios y procedimientos señalados en la Ley Forestal.

La reforma que se propone no altera el régimen de protección de la flora silvestre, pues las especies y poblaciones de recursos forestales maderables y no maderables catalogados como en riesgo, quedan sujetas a las disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre.

En el contexto de la apertura de la caza comercial de ballenas, en el ámbito internacional (Comisión Ballenera Internacional), existe la preocupación de que la explotación de ballenas, delfines y lobos marinos, sea permitida. Dado que las especies de mamíferos marinos están consideradas como "especies en riesgo" en la Ley General de Vida Silvestre, la cual contempla su aprovechamiento al permitir al particular solicitar un permiso con base en argumentos de abundancia o de estudios de población, es necesario incorporar en la propia ley, la prohibición de aprovechamiento extractivo de subsistencia o comercial.

Por último, y en materia de esta ley, se proponen reformas al artículo 127, relacionadas con sanciones administrativas, con el propósito de aumentar significativamente las sanciones relativas al tráfico y posesión ilegal de fauna silvestre, así como a la liberación no autorizada de fauna silvestre, especialmente en el caso de infractores reincidentes y traficantes de especies.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de usted, señora Presidenta, me permito someter a la consideración del honorable Congreso de la Unión, la presente

INICIATIVA DE DECRETO

Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre.

Artículo único. Se reforman los artículos 1o. segundo párrafo, 11, 12 y 127 fracciones I y II y se adiciona el artículo 60-bis de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue:

"Artículo 1o. . .

El aprovechamiento sustentable de los recursos forestales maderables y no maderables y de las especies cuyo medio de vida total sea el agua, será regulado por las leyes Forestal y de Pesca, respectivamente, salvo que se trate de especies o poblaciones en riesgo.

Artículo 11. La Federación, por conducto de la Secretaria, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con objeto de que los gobiernos del Distrito Federal o de los estados, con la participación, en su caso, de sus municipios, asuman las siguientes facultades, en el ámbito de su jurisdicción territorial:

I. Autorizar, registrar y supervisar técnicamente el establecimiento de unidades de manejo para la conservación de vida silvestre;

II. Atender los asuntos relativos al manejo, control y remediación de problemas asociados a ejemplares y poblaciones que se tornen perjudiciales;

III. Aplicar las medidas de sanidad relativas a la vida silvestre;

IV Aplicar las medidas relativas al hábitat crítico y a las áreas de refugio para proteger las especies acuáticas reguladas en la presente ley;

V. Promover y aplicar las medidas relativas al trato digno y respetuoso de la fauna silvestre;

VI. Promover el establecimiento de las condiciones para el manejo y destino de ejemplares fuera de su hábitat natural, de conformidad con los procedimientos establecidos en la presente ley;

VII. Llevar a cabo la inspección y vigilancia del cumplimiento de esta ley y de las normas que de ella se deriven, así como imponer las medidas de seguridad y las sanciones administrativas establecidas en la propia ley;

VIII. Promover el establecimiento de las condiciones necesarias para el desarrollo de mercados estatales para la vida silvestre, basados en criterios de sustentabilidad, así como aplicar los instrumentos de política ambiental para estimular el logro de los objetivos de conservación y aprovechamiento sustentable de la misma;

IX. Otorgar, suspender, modificar y revocar las autorizaciones, certificaciones, registros y demás actos administrativos vinculados al aprovechamiento y liberación de ejemplares de las especies y poblaciones silvestres, al ejercicio de la caza deportiva y para la prestación de servicios de este tipo de aprovechamiento, así como para la colecta científica, de conformidad con las normas y demás disposiciones legales aplicables o

X. Promover el desarrollo de proyectos, estudios y actividades encaminados a la educación, capacitación e investigación sobre la vida silvestre, para el desarrollo del conocimiento técnico y científico y el fomento de la utilización del conocimiento tradicional.

Dichas facultades serán ejercidas conforme a lo dispuesto en esta ley y demás disposiciones federales aplicables, así como en aquéllas que de las mismas deriven.

En contra de los actos que emitan los gobiernos del Distrito Federal o de los estados y, en su caso, de sus municipios, en ejercicio de las facultades que asuman de conformidad con este precepto respecto de los particulares, procederán los recursos y medios de defensa establecidos en el Capítulo V del Título Sexto de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Artículo 12. La celebración de los convenios o acuerdos de coordinación a que se refiere el artículo anterior, se sujetará a las bases previstas en el artículo 12 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Artículo 60-bis. Ninguna especie de mamífero marino podrá ser sujeta de aprovechamiento extractivo de subsistencia o comercial, excepto que la captura tenga por objeto la exhibición, investigación y educación y sea autorizada por la Secretaría.

Artículo 127. . .

I. Con el equivalente de 20 a 5 mil veces de salario mínimo a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones XII, XVII, XXI y XXIII del artículo 122 de la presente ley y

II. Con el equivalente de 50 a 50 mil veces de salario mínimo a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX y XXII del artículo 122 de la presente ley.

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Reitero a ustedes las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.

Sufragio efectivo. No Reelección.

Palacio Nacional, a 2 de octubre de 2001.— El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada.»

La Presidenta:

Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La secretaria Martha Silvia Sánchez González:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Presidencia de la República.

Ciudadana Presidenta de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Dentro del nuevo enfoque moderno de descentralización, la presente administración, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, basará su gestión ambiental en instituciones modernas que garanticen el ejercicio continuo de la democracia. Para esto se requiere de una nueva cultura de gobierno que se apoye, entre otros criterios, en el del desarrollo incluyente, sustentable, competitivo y regional, adoptando como una acción fundamental el fortalecimiento del federalismo.

El fortalecimiento del federalismo y la descentralización es una tarea ineludible y urgente. De ellas depende no sólo el logro de una mayor eficiencia en la gestión ambiental, sino una contribución indispensable al desarrollo democrático del país.

Por ello resulta indispensable establecer una estrategia de transferencia de atribuciones, funciones y recursos, gradual y diferenciada, acorde con la situación particular de cada entidad federativa, que asegure una mayor eficacia y eficiencia en la gestión ambiental.

Entre las tareas a desarrollar para enfrentar el proceso de descentralización, se encuentran las de: adecuar el marco jurídico, procurando su integración y una clara transferencia de competencias acorde con el principio de subsidiaridad y con las capacidades de gestión ampliadas de las entidades federativas; depurar la oferta de descentralización en función de un nuevo marco jurídico y precisar los mecanismos de transferencias; promover la suscripción de convenios o acuerdos con los gobiernos de las entidades federativas, incrementando las facultades transferidas a cada una de ellas; consolidar el desarrollo institucional de dichas entidades federativas, particularmente en cuanto a su organización, su aptitud técnica y su capacidad de captar y administrar recursos; fortalecer la articulación entre el proceso de descentralización y la planeación del desarrollo regional sustentable y consolidar el sistema de información, seguimiento y evaluación de resultados del proceso.

En este contexto, el régimen legal vigente en materia de bienes nacionales confiere en exclusiva al Gobierno Federal la administración, mantenimiento y vigilancia de la zona federal marítimo-terrestre y de los terrenos ganados al mar. No obstante, en los últimos años, se ha reconocido e incluso se ha convertido en una reiterada demanda, la necesidad de que los estados que tengan costa y los municipios aledaños a ésta, tengan participación en las actividades arriba señaladas. Ello, además, ha sido recogido por las últimas reformas al artículo 115 constitucional.

En esa virtud, la presente iniciativa propone establecer un mecanismo de transición a fin de otorgar a los estados, con la participación de sus municipios, ciertas atribuciones relacionadas con la administración, conservación y vigilancia de la zona federal marítimo-terrestre y los terrenos ganados al mar.

1068,1069,1070

De merecer la aprobación de esa soberanía, se establecería la posibilidad legal de que los gobiernos de los estados asuman la ejecución de algunas facultades que actualmente corresponden a la Federación, a través de la celebración de convenios o acuerdos de coordinación.

El esquema propuesto tiene la virtud de que reconoce las naturales asimetrías que existen en las entidades federativas, respecto a la capacidad para asumir nuevas atribuciones y, por ello, se consideró pertinente descartar un mecanismo rígido que transfiera facultades federales a los estados, sin tomar en cuenta tales asimetrías.

De esta manera, la presente iniciativa busca contribuir en la promoción y aplicación de un auténtico federalismo en la gestión de los bienes patrimoniales de la nación, sin generar cargas excesivas para las entidades federativas.

La reforma que se propone, dispone que las facultades que sean transferidas a través de acuerdos o convenios de coordinación sean ejercidas de conformidad a lo dispuesto en la propia Ley General de Bienes Nacionales y demás disposiciones federales aplicables.

Asimismo, se sugiere precisar que en contra de los actos que emitan los gobiernos de los estados y en su caso, de sus municipios, procederán los recursos y medios de defensa establecidos en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de usted, señora Presidenta, me permito someter a la consideración del honorable Congreso de la Unión la presente

INICIATIVA DE DECRETO

Por el que se reforma el artículo 50 y se adiciona el 50-bis de la Ley General de Bienes Nacionales.

Artículo único. Se reforma el artículo 50 y se adiciona el artículo 50-bis de la Ley General de Bienes Nacionales, para quedar como sigue:

"Articulo 50. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, promoverá el uso y aprovechamiento sustentables de la zona federal marítimo-terrestre y los terrenos ganados al mar. Con este objetivo, dicha dependencia, en coordinación con las demás que conforme a la materia deban intervenir, establecerá las normas y políticas aplicables, considerando los planes y programas de desarrollo urbano, el ordenamiento ecológico, la satisfacción de los requerimientos de la navegación y el comercio marítimo, la defensa del país, el impulso a las actividades pesqueras y el fomento de las actividades turísticas y recreativas.

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, podrá celebrar convenios o acuerdos de coordinación con objeto de que los gobiernos de los estados, con la participación, en su caso, de sus municipios, administren, conserven y vigilen dichos bienes.

Dichas facultades serán ejercidas conforme a lo dispuesto en esta ley y demás disposiciones federales aplicables, así como en aquéllas que de las mismas deriven.

En contra de los actos que emitan los gobiernos de los estados y, en su caso, de sus municipios, en ejercicio de las facultades que asuman de conformidad con este precepto respecto de los particulares, procederán los recursos y medios de defensa establecidos en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Artículo 50-bis. Para los efectos del artículo anterior, los convenios o acuerdos de coordinación que celebre la Federación, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con los gobiernos de los estados, con la participación, en su caso, de sus municipios, deberán sujetarse a las siguientes bases:

I. Se celebrarán a propuesta del Ejecutivo Federal o a petición de una entidad federativa, cuando ésta considere que cuenta con los medios necesarios, el personal capacitado, los recursos materiales y financieros, así como la estructura institucional específica para el desarrollo de las facultades que asumiría;

II. Establecerán con precisión su objeto, así como las materias y facultades que se asumirán, debiendo ser congruente con los objetivos de los instrumentos de planeación nacional de desarrollo y con la política ambiental nacional;

III. Determinarán la participación y responsabilidad que corresponda a cada una de las partes, así como los bienes y recursos aportados por las mismas, especificando su destino y forma de administración;

IV. Establecerán el órgano u órganos que llevarán a cabo las acciones que resulten de los convenios o acuerdos de coordinación, incluyendo las de evaluación, así como el cronograma de las actividades a realizar;

V. Definirán los mecanismos de información que se requieran, a fin de que las partes suscriptoras puedan asegurar el cumplimiento de su objeto;

VI. Precisarán la vigencia del instrumento, sus formas de modificación y terminación y, en su caso, el número y duración de sus prórrogas;

VII. Contendrán, en su caso, los anexos técnicos necesarios para detallar los compromisos adquiridos y

VIII. Las demás estipulaciones que las partes consideren necesarias para el correcto cumplimiento del convenio o acuerdo de coordinación.

Corresponde a la Secretaría evaluar el cumplimiento de los compromisos que se asuman en los convenios o acuerdos de coordinación a que se refiere este artículo y en caso de incumplimiento podrá darlos por terminados anticipadamente.

Los convenios o acuerdos de coordinación a que se refiere el presente artículo, sus modificaciones, así como su acuerdo de terminación, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en la gaceta o periódico oficial de la respectiva entidad federativa."

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Reitero a usted las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Palacio Nacional, a 2 de octubre de 2001.— El Presidente de los Estado Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada.»

La Presidenta:

Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La secretaria Martha Silvia Sánchez González:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Presidencia de la República.

Ciudadana Presidenta de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

La degradación del medio ambiente, incluyendo sus principales elementos como el aire, el suelo y el agua, así como los organismos vivos que los utilizan como sustratos indispensables de su existencia, ha sido una preocupación manifiesta en los sistemas jurídicos mundiales, entre ellos el sistema jurídico mexicano.

Las conductas degradantes se han regulado de una u otra manera a través de las responsabilidades administrativa, civil y penal. En esta última, la sistematización de las conductas consideradas como relevantes y criminales por el legislador, no ha alcanzado los fines y objetivos que con seguridad se plantearon sus autores.

Si la sociedad mexicana ha incorporado al derecho penal como un instrumento para la protección del medio ambiente y la preservación de nuestros recursos naturales; si el legislador lo ha considerado una herramienta necesaria para inhibir las conductas más graves que se alejan de las directivas de la política y la gestión ambiental nacional, surge entonces en forma ineludible el deber de convertir a la responsabilidad penal ambiental, en un ejercicio real, efectivo, justo y sensible a la problemática social, económica y ambiental de nuestro país.

A pesar de la vigencia de los delitos ambientales en nuestro sistema jurídico, el ciudadano común y aún el jurista especializado, percibe hoy al proceso para responsabilizar penalmente a una persona por el incumplimiento de la Ley Ambiental, como un ejercicio jurídico excepcional, imperfecto y poco eficaz. Considerando lo anterior, y ante la necesidad y el reto de un derecho penal ambiental efectivo, justo y útil para nuestra sociedad, resulta necesario reformar las disposiciones sustantivas y adjetivas en la materia.

Es importante señalar, sin embargo, que la presente iniciativa no pretende imprimir un cambio hacia una política que privilegia la aplicación del derecho penal como instrumento de política ambiental, por el contrario, comparte las opiniones de quienes pugnan por un derecho penal de mínima aplicación y las de aquéllos que privilegian los instrumentos jurídico-ambientales preventivos y voluntarios para incrementar el cumplimiento de la ley ambiental.

La propuesta de reforma a los códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales, busca crear un sistema de responsabilidad penal ambiental gradual y más justo que el previsto por la legislación vigente. En este sentido, se introducen figuras jurídicas que permiten un tratamiento más equitativo del infractor, desde excluyentes para el caso de aquellas conductas que no deben ser abordadas por el derecho penal, atenuantes para aquellos casos en los que es conveniente reducir la pena, tipos básicos con parámetros punitivos mínimos y máximos amplios, que permiten al juez valorar las circunstancias específicas de cada caso, hasta agravantes para conductas especialmente dañinas y gravosas para la sociedad, así como delitos graves en aquellos casos en los que el sujeto activo manifiesta un especial grado de peligrosidad social y ambiental, para el que resulta indispensable restringir su derecho de libertad provisional bajo caución. Asimismo, se introduce un capítulo de delitos "contra la gestión ambiental", que si bien no atentan directamente en contra del ambiente, sí afectan en forma importante al sistema de gestión ambiental federal y a diversos instrumentos de política ambiental, que parten de la información de buena fe que los particulares deben, de conformidad con la normatividad ambiental, proporcionar a la autoridad.

En primer término, la estructura que guarda el Título Vigésimoquinto del Código Penal Federal, así como su denominación, han de ser reconsideradas, en virtud de que el término "delitos ambientales" denota una circunstancia formal, en contraposición con lo que se debe entender como un delito, desde la perspectiva material, como hecho, por lo que ha de entenderse que no existen delitos ambientales, sino delitos que atentan contra el ambiente, pues el delito es una cuestión fáctica, en la cual inciden factores sociales, económicos, ambientales, políticos etcétera.

Por otro lado, desde el punto de vista sustantivo, resulta necesario introducir la comisión culposa para sancionar los daños ambientales ocasionados por la inobservancia de un deber de cuidado, especialmente en aquellos delitos que implican el manejo de sustancias peligrosas, donde debe esperarse de quienes las manejan un especial nivel de previsión. Lo mismo puede decirse respecto de los delitos de resultado material que dañan ecosistemas o ejemplares de especies particularmente protegidas; en estos casos, sin embargo, la punibilidad debe ser atenuada conforme a las reglas generales para la aplicación de sanciones para los delitos culposos.

Se adiciona un nuevo capítulo sobre "las actividades tecnológicas y peligrosas", a efecto de sistematizar el contenido del título, en función de las conductas reguladas. Lo mismo sucede para el caso de los capítulos subsecuentes de "la biodiversidad", de "la bioseguridad", "contra la gestión ambiental" y de "disposiciones comunes a los delitos contra el ambiente".

Se incrementa la punibilidad en general en todos los tipos penales, a efecto de adecuarla a la prevista por los códigos penales locales de diferentes entidades federativas y a las previstas en el derecho comparado. Se incrementa la privativa de la libertad mínima, a efecto de establecer el parámetro de imposición de la pena más baja que puede resolver el juez, buscando obtener un mayor número de casos en los que efectivamente se aplique la privativa de la libertad. Por otro lado, se modifican los montos de la pena económica, en virtud de que en la legislación vigente se prevé como máximo la imposición de 20 mil días multa. Entendiendo que un día multa corresponde a un día de la percepción económica de una persona, la pena máxima vigente correspondería a privar al delincuente de sus ingresos económicos obtenidos en 54.7 años. La propuesta de reforma se dirige a homologar la pena de prisión con la pena económica, fijando aproximadamente un día multa por un día de prisión.

Asimismo, se sustituyen los elementos normativos de "falta de autorización, contravención a las condicionantes de ésta, violación a las normas oficiales mexicanas o reglamentos", pues resulta conveniente responsabilizar a quienes realicen las conductas y generen daños ambientales en forma ilícita en general y no sólo a aquellos que lo hacen sin contar con las autorizaciones correspondientes o violando sus condicionantes. Esta última situación deja impune a una gran cantidad de conductas delictivas, en las que aun cuando el sujeto activo cuenta con una autorización, conoce y acepta el daño a la salud o al ambiente que genera su conducta. Lo mismo sucede en el caso de conductas criminales que causan daños ambientales bajo el amparo de la inexistencia de normas oficiales mexicanas.

De igual manera, se elimina el concepto de salud pública en los tipos penales ambientales, por encontrarse tutelado este bien jurídico en forma idéntica en la Ley General de Salud. Son cuatro los artículos de este Título Vigésimoquinto los que se refieren o hacen mención a la salud como bien jurídico tutelado: 414, 415, 416 y 417. Estos tipos penales mantienen una redacción que corresponde a los contenidos de los artículos 456, 457 y 463 de la Ley General de Salud. Es claro que ante esta duplicidad de normas contenidas en el Código Penal Federal y en la Ley General de Salud, es ésta la que por ser norma especial prevalecerá sobre el Código Penal Federal.

1071,1072,1073

Por lo que hace al artículo 414 mencionado, se propone incorporar en dicho artículo las conductas previstas en los actuales artículos 414 y 415, fracción I, referidos a la realización de actividades altamente riesgosas y manejo de residuos peligrosos. En ambos casos, las conductas se refieren al uso de sustancias peligrosas, haciendo una distinción innecesaria entre actividades consideradas altamente riesgosas por el uso de materiales peligrosos y actividades de manejo de residuos con la misma característica. La propuesta, entonces, hace únicamente referencia, en forma genérica, a sustancias con características de peligrosidad. Por otro lado, se reconoce y resuelve el hecho de que la redacción actual del artículo 414, hace un reenvío a las normas oficiales mexicanas previstas en el artículo 147 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, cuando este artículo fue modificado y no prevé disposición alguna al respecto.

Se redacta un párrafo independiente para la generación de riesgos ambientales, a efecto de darle un tratamiento particular en el caso de la comisión culposa. En esta hipótesis no se admite este tipo de comisión, pues, de lo contrario, serían punibles un número excesivo de conductas que no deben ser sancionadas.

Se adicionan atenuantes para el caso de los residuos peligrosos de menor impacto ambiental, así como para aplicar una menor sanción a los microgeneradores de residuos provenientes de talleres y otras negociaciones en zonas urbanas, a los que no puede exigírseles, desde el punto de vista penal, el cumplimiento estricto de la ley, de la misma forma que a los grandes generadores. Igualmente se atenúa la pena para los que realizan conductas poco significativas con sustancias agotadoras de la capa de ozono.

En el artículo 415 se agrega la palabra "contaminantes", que es más genérica que gases, humos o polvos. Asimismo, se adiciona el concepto de "daño al ambiente", en general por ser más incluyente.

Se agrega una agravante para el caso de que se generen riesgos o daños en zonas que deben ser especialmente protegidas, tales como áreas naturales protegidas.

Se adiciona la "infiltración a subsuelos", por considerarse que puede impactar a los recursos naturales en forma similar al resto de las conductas previstas en el artículo 416. Se sustituye el elemento normativo "jurisdicción" por el de "competencia", toda vez que el primero constituye una función del Estado propia de un órgano jurisdiccional.

Se reubica el contenido de la fracción II del artículo 416 vigente para quedar en el artículo 420, referido a los delitos contra la biodiversidad.

En el artículo 417 se sustituye la palabra "cadáveres" por la de "muerta", pues el primer concepto no es aplicable a la flora. Se adiciona el concepto "que porten", pues la redacción actual sólo es aplicable a los ejemplares vivos; los cadáveres no pueden padecer una enfermedad contagiosa.

En el artículo 418 se introduce la exclusión "siempre que dichas actividades no se realicen en zonas urbanas", para aclarar que los conceptos de ilicitud obedecen al ámbito de aplicación espacial de la Ley Forestal.

Asimismo, se reorganizan las conductas típicas de este artículo en fracciones, para mejorar su claridad. En la fracción III se acota el concepto "cambio de uso de suelo", al "suelo forestal", pues la ley requiere de una autorización exclusivamente para este tipo de suelos. Se reubica el delito de generación de incendios en el artículo 420-bis, por ser este artículo el que agrupa las conductas que dañan a ecosistemas completos.

Se elimina el concepto "dolosamente", pues resulta innecesaria su inclusión en la descripción típica, puesto que todos los tipos en su redacción son considerados como si se llevaran a cabo a título doloso.

Se adiciona una agravante cuando las actividades afectan un área natural protegida o el incendiario actúa por razones económicas.

En el artículo 419 se sustituye la palabra "acopie" por la de "almacene", por ser este verbo el utilizado en la Ley Forestal. Se enuncian, sin ser limitativos, los recursos forestales maderables más frecuentemente aprovechados, a efecto de reducir en la medida de lo posible los conceptos técnicos. El mismo criterio aplica para el caso del término "madera aserrada", que se considera de más fácil entendimiento.

Se introduce una agravante para el caso de que los recursos forestales provengan de áreas naturales protegidas.

En el artículo 420 se cambia la denominación "quelonio" por la de "tortuga", que resulta más accesible. Se sustituye el concepto de "daño a especies" por el de "daño a ejemplares de especies", pues el daño a una especie implica el daño a todos los ejemplares de esta clasificación taxonómica. Se da una mejor redacción a la expresión "amenace la extinción de las mismas", puesto que lo que se regula es la amenaza a la especie.

En este artículo se introducen como conductas típicas básicas las previstas en la fracción IV, dejando el elemento subjetivo específico "fines comerciales" para una conducta agravada. Se adiciona el concepto "actividades con fines de tráfico" y se distingue de las conductas simples de captura, transportación, acopio, introducción o extracción del país, a efecto de garantizar que los poseedores de mascotas no registradas no serán sujetos de responsabilidad. Se adicionan las especies reguladas por un tratado internacional del que México sea parte, para incluir con claridad las conductas criminales de tráfico de especies previstas en la convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. En este sentido, cabe aclarar que no se habla de la violación a un tratado internacional por parte del sujeto activo, situación que resultaría improcedente, pues los tratados internacionales sólo obligan a los estados; únicamente se hace referencia a las especies de ejemplares contenidas en los listados de especies en peligro de extinción previstas en un tratado internacional.

Se adiciona el artículo 420-bis, incorporando el contenido de la fracción segunda del artículo 416, por referirse a un delito contra la biodiversidad. Se adiciona la conducta típica de liberación de especies y daño a arrecifes protegidos, por razones de política criminal, aplicándoseles una pena superior por tratarse de daños a ecosistemas que a su vez dañan a ejemplares de vida silvestre.

En el artículo 420-ter, se adiciona una conducta típica referida a organismos genéticamente modificados, por su importancia y las consecuencias negativas en el ambiente y a la salud humana que pueden generar.

Por considerarlo de especial relevancia en la protección del Sistema de Gestión Ambiental Federal, se agrega el Capítulo IV. Se tipifican las conductas que afectan gravemente la veracidad de la información de los registros de emisión y transferencia de contaminantes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los instrumentos de gestión ambiental, así como los sistemas de control y vigilancia. Adicionalmente, se tipifica la conducta de falsedad de los prestadores de servicios ambientales y las conductas que pretenden encubrir otros delitos ambientales o hacer parecer que se ha cumplido con las obligaciones previstas en la normatividad ambiental.

Resulta importante señalar que el bien jurídico tutelado en este capítulo es la gestión ambiental y no directamente el ambiente, por lo que el sujeto pasivo es la Administración Pública Federal. Por ello, estos delitos deben ser perseguidos por querella de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

En el artículo 421, se incorporan las disposiciones comunes a todo el título; se adiciona el concepto "medidas de seguridad" por ser la denominación correcta; se adicionan en la fracción III las condicionantes para la reintroducción de especies al medio natural; se incorpora la inhabilitación de servidores públicos por considerar que es la pena adecuada para los mismos y en el 422 se incorporan agravantes generales para los casos en los que el autor o partícipe tenga la calidad de garante.

En el artículo 423 se introduce la figura de la excusa absolutoria, por la que se autoriza al Estado a no aplicar sanciones penales en los casos en que se cuente con determinadas condiciones por parte del perpetrante del ilícito, específicamente cuando se trate de campesinos, miembros de pueblos o comunidades indígenas, cuando se actúe por necesidades de subsistencia o prácticas rituales o tradicionales.

Por otro lado, en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, se adicionan las conductas típicas consideradas graves para los efectos del procedimiento penal, pues se considera en estos casos que el sujeto activo presenta características particulares de mayor peligrosidad, y es de esperarse que se sustraiga de la acción de la justicia. Estos supuestos son aplicados exclusivamente a aquellos tipos con punibilidades agravadas, a excepción de la conducta básica de la tala prevista en el artículo 418, en el que se sujeta la consideración de delito grave al volumen de madera derribada o talada, lo que denota una conducta de mayor peligrosidad para el ambiente. La consideración de delito grave, de acuerdo a una cantidad determinada, se encuentra ya reconocida en el propio artículo 194, al hacer referencia a los delitos previstos en el artículo 112 cuarto párrafo de la Ley de Instituciones de Crédito. En estos casos, se considera también que existe una afectación especialmente importante a valores fundamentales de la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de usted, señora Presidenta, me permito someter a la consideración del honorable Congreso de la Unión la presente

INICIATIVA DE DECRETO

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales.

Artículo Primero. Se reforman los artículos 60 segundo párrafo, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422 y 423, así como la denominación del Título Vigesimoquinto y se adicionan los Capítulos I al V, y artículos 420-bis, 420-ter y 420-quáter del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

"Artículo 60 . . .

Las sanciones por delitos culposos sólo se impondrán en relación con los delitos previstos en los siguientes artículos: 150, 167 fracción VI, 169, 199-bis, 289 parte segunda, 290, 291, 292, 293, 302, 307, 323, 397, 399, 414 primer párrafo y tercero en su hipótesis de resultado, 415 fracciones I y II y último párrafo en su hipótesis de resultado, 416, 420 fracciones I, II, III y V, y 420-bis fracciones I, II y IV de este código.

TITULO VIGESIMOQUINTO

Delitos contra el ambiente y la

gestión ambiental

CAPITULO I

De las actividades tecnológicas

y peligrosas

Artículo 414. Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de 300 a 3 mil días multa al que ilícitamente o sin aplicar las medidas de prevención o seguridad, realice actividades de producción, almacenamiento, tráfico, importación o exportación, transporte, abandono, desecho, descarga o realice cualquier otra actividad con sustancias consideradas peligrosas por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, infla- mables, radiactivas u otras análogas, lo ordene o autorice, que cause un daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua, al suelo, al subsuelo o al ambiente.

La misma pena se aplicará a quien ilícitamente realice las conductas con las sustancias enunciadas en el párrafo anterior o con sustancias agotadoras de la capa de ozono y cause un riesgo de daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua o al ambiente.

En el caso de que las actividades a que se refieren los párrafos anteriores, se lleven a cabo en un área natural protegida, la pena de prisión de incrementará hasta en tres años y la pena económica hasta en 1 mil días multa, a excepción de las actividades realizadas con sustancias agotadoras de la capa de ozono.

Cuando las conductas a las que se hace referencia en los párrafos primero y segundo de este artículo, se lleven a cabo en zonas urbanas con aceites gastados o sustancias agotadoras de la capa de ozono en cantidades que no excedan 200 litros o con residuos considerados peligrosos por sus características biológico-infecciosas, se aplicará hasta la mitad de la pena prevista en este artículo, salvo que se trate de conductas repetidas con cantidades menores a las señaladas cuando superen dicha cantidad.

1074,1075,1076

Artículo 415. Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de 300 a 3 mil días multa, a quien sin aplicar las medidas de prevención o seguridad:

I. Emita, despida, descargue en la atmósfera, lo autorice u ordene, gases, humos, polvos o contaminantes que ocasionen daños a los recursos naturales, a la fauna, a la flora, a los ecosistemas o al ambiente, siempre que dichas emisiones provengan de fuentes fijas de competencia federal, conforme a lo previsto en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, o

II. Genere emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica o lumínica, provenientes de fuentes emisoras de competencia federal, conforme al ordenamiento señalado en la fracción anterior, que ocasionen daños a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas o al ambiente.

Las mismas penas se aplicarán a quien ilícitamente lleve a cabo las actividades descritas en las fracciones anteriores, que ocasionen un riesgo a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas o al ambiente.

En el caso de que las actividades a que se refiere el presente artículo se lleven a cabo en un área natural protegida, la pena de prisión se incrementará hasta en tres años y la pena económica hasta en 1 mil días multa.

Artículo 416. Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de 300 a 3 mil días multa, al que ilícitamente descargue, deposite o infiltre, lo autorice u ordene, aguas residuales, líquidos químicos o bioquímicos, desechos o contaminantes en los suelos, subsuelos, aguas marinas, ríos, cuencas, vasos o demás depósitos o corrientes de agua de competencia federal, que cause un riesgo de daño o dañe a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a la calidad del agua, a los ecosistemas o al ambiente.

Cuando se trate de aguas que se encuentren depositadas o fluyan en un área natural protegida, la prisión se podrá elevar hasta tres años más y la pena económica hasta 1 mil días multa.

CAPITULO II

De la biodiversidad

Artículo 417. Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de 300 a 3 mil días multa, al que introduzca al territorio nacional o comercie con recursos forestales, flora o fauna silvestre viva o muerta, sus productos o derivados, que porten, padezcan o hayan padecido, según corresponda alguna enfermedad contagiosa, que ocasione o pueda ocasionar su diseminación o propagación o el contagio a la flora, a la fauna, a los recursos forestales o a los ecosistemas.

Artículo 418. Se impondrá pena de seis meses a nueve años de prisión y por equivalente de 100 a 3 mil días multa, siempre que dichas actividades no se realicen en zonas urbanas, al que ilícitamente:

I. Desmonte o destruya la vegetación natural;

II. Corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles o

III. Cambie el uso del suelo forestal.

La pena de prisión deberá aumentarse hasta en tres años más y la pena económica hasta en 1 mil días multa, para el caso en el que las conductas referidas en las fracciones del primer párrafo del presente artículo afecten un área natural protegida.

Artículo 419. A quien ilícitamente transporte, comercie, acopie, almacene o transforme madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso forestal maderable o tierra procedente de suelos forestales en cantidades superiores a cuatro metros cúbicos o, en su caso, a su equivalente en madera aserrada, se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de 300 a 3 mil días multa. La misma pena se aplicará aún cuando la cantidad sea inferior a cuatro metros cúbicos, si se trata de conductas reiteradas que alcancen en su conjunto esta cantidad.

La pena privativa de la libertad a la que se hace referencia en el párrafo anterior se incrementará hasta en tres años más de prisión y la pena económica hasta en 1 mil días multa, cuando los recursos forestales maderables provengan de un área natural protegida.

Artículo 420. Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de 300 a 3 mil días multa, a quien ilícitamente:

I. Capture, dañe o prive de la vida a algún ejemplar de tortuga o mamífero marino o recolecte o almacene de cualquier forma sus productos o subproductos,

II. Capture, transforme, acopie, transporte o dañe ejemplares de especies acuáticas declaradas en veda;

III. Realice actividades de caza, pesca o captura con un medio no permitido, de algún ejemplar de una especie de fauna silvestre o amenace a una especie con su extinción;

IV. Realice cualquier actividad con fines de tráfico o capture, transporte, acopie, introduzca al país o extraiga del mismo, algún ejemplar, sus productos o subproductos, de una especie de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas en veda, considerada endémica, amenazada, en peligro de extinción, sujeta a protección especial o regulada por algún tratado internacional del que México sea parte, así como sus productos o subproductos y demás recursos genéticos o

V. Dañe algún ejemplar de las especies de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas señaladas en la fracción anterior.

Se aplicará una pena adicional hasta de tres años más de prisión y hasta 1 mil días multa adicionales, cuando las conductas descritas en el presente artículo se realicen en o afecten un área natural protegida o cuando se realicen con fines comerciales.

Artículo 420-bis. Se impondrá pena de dos a 10 años de prisión y por el equivalente de 300 a 3 mil días multa, a quien ilícitamente:

I. Dañe, deseque o rellene humedales, manglares, lagunas, esteros o pantanos;

II. Dañe arrecifes protegidos;

III. Introduzca o libere en el medio natural, algún ejemplar de flora o fauna exótica que perjudique a un ecosistema, o que dificulte, altere o afecte las especies nativas o migratorias en los ciclos naturales de su reproducción o migración o

IV. Provoque un incendio en un bosque, selva, vegetación natural o terrenos forestales, que dañe elementos naturales, flora, fauna, los ecosistemas o al ambiente.

Se aplicará una pena adicional hasta de dos años de prisión y hasta 1 mil días multa adicionales, cuando las conductas descritas en el presente artículo se realicen o afecten un área natural protegida o el autor o partícipe del delito previsto en la fracción IV, realice la conducta para obtener un lucro o beneficio económico.

CAPITULO III

De la bioseguridad

Artículo 420-ter. Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de 300 a 3 mil días multa, a quien en contravención a lo establecido en la normatividad aplicable, introduzca al país o extraiga del mismo, comercie, transporte, almacene o libere al ambiente, algún organismo genéticamente modificado que altere o pueda alterar negativamente los componentes, la estructura o el funcionamiento de los ecosistemas naturales.

Para efectos de este artículo, se entenderá como organismo genéticamente modificado, cualquier organismo que posea una combinación nueva de material genético que se haya obtenido mediante la aplicación de la biotecnología, incluyendo los derivados de técnicas de ingeniería genética.

CAPITULO IV

Delitos contra la gestión ambiental

Artículo 420-quáter. Se impondrá pena de uno a cuatro años de prisión y de 300 a 3 mil días multa, a quien:

I. Transporte o consienta, autorice u ordene que se transporte, cualquier residuo considerado como peligroso por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, biológico-infecciosas o radiactivas, a un destino para el que no se tenga autorización para recibirlo, almacenarlo, desecharlo o abandonarlo;

II. Asiente datos falsos en los registros, bitácoras o cualquier otro documento utilizado con el propósito de simular el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normatividad ambiental federal;

III. Destruya, altere u oculte información, registros, reportes o cualquier otro documento que se requiera mantener o archivar de conformidad a la normatividad ambiental federal;

IV. Prestando sus servicios como auditor técnico, especialista o perito o especialista en materia de impacto ambiental, forestal, en vida silvestre, pesca u otra materia ambiental, faltare a la verdad provocando que se cause un daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua o al ambiente, o

V. No realice o cumpla las medidas técnicas, correctivas o de seguridad necesarias para evitar un daño o riesgo ambiental que la autoridad administrativa o judicial le ordene o imponga.

Los delitos previstos en el presente capítulo se perseguirán por querella de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

CAPITULO V

Disposiciones comunes a los

delitos contra el ambiente

Artículo 421. Además de lo establecido en los anteriores capítulos del Título Vigésimoquinto, se podrá imponer alguna o algunas de las siguientes penas o medidas de seguridad:

I. La realización de las acciones necesarias para restablecer las condiciones de los elementos naturales que constituyen los ecosistemas afectados, al estado en que se encontraban antes de realizarse el delito;

II. La suspensión, modificación o demolición de las construcciones, obras o actividades, según corresponda, que hubieren dado lugar al delito ambiental respectivo;

III. La reincorporación de los elementos naturales, ejemplares o especies de flora y fauna silvestre, a los hábitat de que fueron sustraídos, siempre y cuando su reincorporación no constituya un peligro al equilibrio ecológico o dificulte la reproducción o migración de especies de flora o fauna silvestre;

IV. El retorno de los materiales o residuos peligrosos o ejemplares de flora y fauna silvestre amenazados o en peligro de extinción, al país de origen, considerando lo dispuesto en los tratados y convenciones internacionales de que México sea parte o

V. Inhabilitación, cuando el autor o partícipe del delito tenga la calidad de servidor público, hasta por un tiempo igual al que se le hubiera fijado como pena privativa de libertad, la cual deberá correr al momento en que el sentenciado haya cumplido con la prisión o ésta se hubiera tenido por cumplida.

Los trabajos a favor de la comunidad a que se refiere el artículo 24 de este ordenamiento, consistirán en actividades relacionadas con la protección al ambiente o la restauración de los recursos naturales.

Para los efectos a los que se refiere este artículo, el juez deberá solicitar a la dependencia federal competente o a las instituciones de educación superior o de investigación científica, la expedición del dictamen técnico correspondiente.

Las dependencias de la administración pública competentes deberán proporcionar al Ministerio Público o al juez, los dictámenes técnicos o periciales que se requieran con motivo de las denuncias presentadas por la comisión de los delitos a que se refiere el presente título.

Artículo 422. En el caso de los delitos contra el ambiente, cuando el autor o partícipe tenga la calidad de garante respecto de los bienes tutelados, la pena de prisión se aumentará hasta en tres años.

Artículo 423. No se aplicará pena alguna en los casos siguientes:

I. Respecto a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 418, así como para la transportación de leña o madera muerta a que se refiere el artículo 419, cuando el sujeto activo sea campesino y realice la actividad con fines de uso o consumo doméstico dentro de su comunidad;

II. Respecto de lo dispuesto en el artículo 420 fracción II, cuando el sujeto activo demuestre que realizó la conducta por una única vez para satisfacer sus necesidades alimenticias individuales del momento o

III. Respecto a lo dispuesto en el artículo 420 fracciones I y III, cuando el sujeto activo aproveche ejemplares, partes o derivados de vida silvestre para ceremonias o ritos tradicionales, forme parte de un pueblo o comunidad indígena y siempre que las técnicas y medios de aprovechamiento sean las utilizadas tradicionalmente."

Artículo segundo. Se adiciona un inciso 32-bis a la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

"Artículo 194. . .

I. . .

1) al 32) . . .

32)-bis. Contra el ambiente, en su comisión dolosa, previsto en los artículos 414 párrafos primero y tercero, 415 párrafo último, 416 párrafo último y 418 fracción II, cuando el volumen del derribo, de la extracción o de la tala, exceda de dos metros cúbicos de madera o se trate de la conducta prevista en el párrafo último del artículo 419 y 420 párrafo último.

33) . . .

II a la XIV. . . "

1077,1078,1079

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los artículos del Título Vigesimoquinto del Código Penal Federal, vigentes hasta la entrada en vigor del presente decreto, seguirán aplicándose por los hechos realizados durante su vigencia. Asimismo, dichos preceptos seguirán aplicándose a las personas procesadas o sentenciadas por los delitos previstos y sancionados por los mismos artículos. Lo anterior sin perjuicio de aplicar, cuando proceda, lo previsto en el artículo 56 del citado Código Penal Federal.

Reitero a usted las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Palacio Nacional, a 2 de octubre de 2001.— El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada.»

La Presidenta:

Túrnese a las comisiones de Justicia, Derechos Humanos y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

REPUBLICA DE COREA

El secretario Adrián Rivera Pérez:

Dos oficios de la Secretaría de Gobernación: uno de ellos:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación, solicitando se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el ciudadano Luis Enrique Mateo Franco Díaz de León, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Sungrye en Tercer Grado, que le confiere el gobierno de la República de Corea.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento y copia simple de su curriculum vitae y de la notificación en la que se le comunica la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.

Agradezco a ustedes su atención a la presente, reiterándoles la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, D.F., a 26 de septiembre de 2001.— El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.»

La Presidenta:

Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

El secretario Adrián Rivera Pérez:

Uno más.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación, solicitando se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el ministro Luis Alberto Germán Barrero Stahl, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Sungrye, en Tercer Grado, que le confiere el gobierno de la República de Corea.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento y copia simple de su curriculum vitae y de la notificación en la que se le comunica la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.

Agradezco a ustedes su atención a la presente, reiterándoles la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, D.F., a 26 de septiembre de 2001.— El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.»

La Presidenta:

Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

LEY DE PROTECCION AL USUARIO

DE LOS SERVICIOS DE SALUD

La Presidenta:

Pasamos al capítulo de iniciativas de ciudadanos diputados.

Tiene la palabra el diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con objeto de presentar una iniciativa de Ley de Protección al Usuario de los Servicios de Salud.

El diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa
Huerta:

Gracias, señora Presidenta.

Presento esta iniciativa en honor de mis compañeros diputados integrantes de la Comisión de Salud: Magdalena Núñez Monreal, Adela del Carmen Graniel, Pedro Miguel Rosaldo y la coordinadora del área de política social, Hortensia Aragón, al tenor de la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los servicios de salud han evolucionado día con día, de una cultura que confería absoluta libertad de terapia a los prestadores de servicios médicos, a las que otorga la libertad de elección de tratamiento por parte de los usuarios, que indudablemente sabrán mejor que nadie cómo vivir su enfermedad, igual que deciden cómo llevar su propia existencia. Aunque la relación prestador de servicio-paciente sea descompensada una de las partes padece el sufrimiento, mientras que la otra posee el conocimiento, nunca debe concebirse como una relación de poder.

En sus inicios fue siempre una relación jerarquizada y basada en el principio de beneficencia, el médico prescribía los medicamentos necesarios para curar la enfermedad y el buen paciente simplemente obedecía. El cambio de cultura jurídica en la relación médico-paciente supuso dejar al margen esa relación caracterizada por un sentido paternalista para alcanzar otra situación en la que ya no es la persona catalogada como paciente, sino que ahora como usuario y sus derechos se configuran como los protagonistas.

Actualmente, en una sociedad que quiere ser democrática, el eje de las decisiones lo constituye el respeto a la libertad de las personas y en una sociedad que quiere ser justa, el punto medular lo conforma la igualdad en el acceso a los servicios y precisamente alrededor de estas dos premisas, libertad e igualdad, debe construirse una nueva relación, ahora entre prestadores y usuarios de los servicios de salud, la nueva relación deberá adaptarse a los requerimientos generados por los cambios científicos y sociales que al determinar una mayor exigencia en la calidad de vida, van responsabilizando cada vez más a los mismos individuos de su propia salud.

Indudablemente que esta nueva relación deberá aspirar a incidir en todos los servicios de salud y no sólo circunscribirse al aspecto hospitalario, centrándose en el respeto a los derechos fundamentales que afectan la dignidad humana.

Con la Ley General de Salud se reglamentó el derecho a la protección de salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.

Corresponde ahora al legislador desarrollar los principios que son esenciales e indispensables a la prestación de los servicios de salud, como la autonomía, la información, consentimiento informado, la privacidad, la confidencialidad, la igualdad, la no discriminación, la prevención y promoción de la salud en beneficio del usuario y que indudablemente forman parte del derecho a la asistencia sanitaria como facultad individual de obtener de los poderes públicos los auxilios de las ciencias médicas para la prevención, la curación, el alivio físico o el consuelo sicoafectivo, eficaces en la enfermedad y que comprende la asistencia individual preventiva y el tratamiento de la enfermedad y en la enfermedad, como asimismo la rehabilitación para la reinserción del individuo en su medio.

En este sentido, el objeto de la presente iniciativa consiste en dar reconocimiento jurídico a esos derechos y prerrogativas que son esenciales, recogiendo la filosofía que reconoce ampliamente el principio de la autonomía del usuario de los servicios de salud y materializando, con rango de ley, las declaraciones que en este sentido se han producido en diversas convenciones internacionales.

En el texto del proyecto, la información al usuario viene a constituir el eje fundamental en el cual articular un verdadero consentimiento. El consentimiento informado, entendido como el derecho a obtener información y explicación adecuada de la naturaleza de su enfermedad y del balance entre los efectos de la misma y los riesgos y beneficios de los procedimientos terapéuticos recomendados, sería el último eslabón de ese derecho a la información.

El fin: prestar el consentimiento después de haber obtenido la información precisa y suficiente. El consentimiento informado se manifiesta así, como un derecho humano fundamental, precisamente es una de las últimas aportaciones realizadas en la teoría de los derechos humanos y constituye una derivación necesaria o explicación de los derechos a la vida, a la integridad física y a la libertad de conciencia.

Por consiguiente, para promover la emisión de un consentimiento válido, la información que se proporcione deberá ser inteligible para la persona que la recibe, pues no es lo mismo informar a un médico que a otra persona de educación media. Se trata de evitar la práctica común de arrancarle el consentimiento mediante formularios o machotes, como hoy se utiliza en unidades que prestan servicios de salud, con lo que se acepta informado el usuario y releva, lo que es más grave, al prestador de cualquier responsabilidad que pueda sobrevenir después del tratamiento.

Un consentimiento informado contribuiría a fortalecer la situación de confianza entre el prestador y usuario de los servicios de salud y de paso disminuir las asimetrías de información propias de dicha relación, en la medida que institucionaliza una instancia que permita que el facultativo entregue oportunamente información completa, adecuada y necesaria para que los interesados o sus familiares puedan asumir informadamente las decisiones más acertadas para el cuidado de su salud.

De esta manera, en relación con el consentimiento informado, se prevé que tendrá que realizarse por escrito en los casos de intervenciones quirúrgicas, procedimientos diagnósticos, invasivos y en general cuando se llevan a cabo procedimientos que suponen riesgos e inconvenientes notorios y previsibles susceptibles de repercutir en la salud del paciente. Es decir, la manifestación de voluntad deberá expresarse por el propio usuario cuando sus facultades mentales se lo permitan o; en su defecto, el cónyuge o los parientes más cercanos, sin embargo, también se prevén excepciones a la libre manifestación de voluntad, cuando la no intervención médica suponga un riesgo para la salud pública, cuando el usuario no está capacitado para tomar decisiones, cuando la urgencia no permita demoras que podrían ocasionar lesiones irreversibles o existir peligro de fallecimiento o cuando el interesado haya manifestado expresamente su deseo de no ser informado para tomar una decisión.

Acorde con la normativa propuesta sobre consentimiento informado, se establecen tesituras sobre la responsabilidad médica.

Si la decisión del paciente es fundamental para la realización de los tratamientos propuestos, parece lógico establecer que en tales casos no existirá responsabilidad médica, salvo, claro está, aquella que derive de una mala praxis, lo mismo debe ocurrir en aquellos supuestos en que por ley la decisión del paciente se presume o es irrelevante.

Consecuencia inmediata de lo expuesto, es que lo que hasta la presente fecha es una acción voluntaria por parte de los prestadores de los servicios de salud, pasará a ser una garantía al asegurarse la legitimación de los usuarios, a efectuarse en forma berval o escrita consultas, reclamos y sugerencias, las que deberán ser atendidas exhaustivamente y con prontitud.

Aspecto relevante del proyecto lo es la introducción de la figura conocida en la doctrina médica como declaración anticipada de voluntades, testamento vital o testamento biológico.

La declaración anticipada de voluntades es el documento dirigido al prestador responsable, en el que una persona mayor de edad con capacidad suficiente y de manera libre, expresa las instrucciones a tener en cuenta cuando encuentre en una situación en la que las circunstancias que concurran no le permitan expresar personalmente su voluntad. Este documento podrá incluir la designación de un representante que será interlocutor válido y deberá ser entregado por quien lo otorga, por sus familiares o un representante legal.

Se aclara, el testamento vital, nada tiene qué ver con eutanasia, sino exclusivamente con el derecho del paciente a renunciar a algunos tratamientos que le prolonguen la vida en forma artificial y le hagan sufrir de una forma inútil. Se pretende evitar cuidados no necesarios, no debidos y sin sentido y el prestador al acatar la decisión del usuario, simplemente deja que el curso de la enfermedad siga hasta que se produzca la muerte natural.

Siguiendo esta línea no serán eficaces voluntades anticipadas que incorporen previsiones contrarias al ordenamiento jurídico o a la buena práctica clínica o que no se correspondan exactamente con el supuesto de hecho que el sujeto haya previsto a la hora de emitirlas.

En distinto punto, también transcendente de la iniciativa se garantiza el acceso a los servicios de salud sin discriminaciones arbitrarias. Toda persona tiene derecho a la protección de su salud en los ámbitos de la promoción, protección y recuperación y como consecuencia se prohíbe cualquier tipo de discriminación por razones de sexo, orientación sexual, etnia, raza, religión, condición física o mental, nivel socioeconómico, ideología, afiliación política o sindical, cultura, nacionalidad, edad, información genética o sistema de salud, ordenándose además, que para el caso personas con discapacidad o invalidez física o mental éstas deberán ser atendidas en forma preferencial.

1080,1081,1082

 

Estrechamente vinculados con la cuestión anterior, se contemplan como prerrogativas el derecho de las personas a un trato digno y respetuoso al recibir los servicios de salud. Trato digno que involucra como mínimo, el uso del lenguaje adecuado; la adopción de una actitud cordial y amable y el absoluto respeto de la privacidad y pudor de las personas y el derecho a recibir compañía o asistencia religiosa, espiritual o anímica.

Otros derechos esenciales que se recogen en el texto, son el de información, a cargo del prestador de los servicios de salud y el de confidencialidad de la información que genera la atención del interesado, al mismo tiempo que se previene que el usuario deberá ser instruido respecto de materias directamente relacionadas con la atención de salud específica de que se trate y en especial, que se reconoce, tiene derecho a ser informado en forma adecuada, oportuna y comprensible y con estricta consideración de sus características personales respecto de su condición de salud, los tratamientos posibles, su evolución y pronóstico.

Se dispone la absoluta libertad de las personas para aceptar su participación en protocolos de investigación y se establece el uso confidencial y restringido de la llamada historia clínica. La historia clínica adquiere así el carácter de documento médico-jurídico, que posibilita el ejercicio de los derechos consignados en favor del usuario.

Por consiguiente, del mismo modo se regulan los soportes documentales de la historia clínica, la exigencia de historias clínicas en los ámbitos de atención especializada y primaria; el contenido y requisitos mínimos a los que se debe atender tanto en el aspecto material como formal y la propiedad custodia y acceso asegurando su absoluta confidencialidad y secreto como datos sensibles, salvo autorización por escrito del titular, de sus representantes o sus herederos en caso de muerte, orden judicial, orden de la Secretaría de Salud o sus organismos dependientes por razones estadísticas de salud pública o de fiscalización.

Correlativos a todos estos derechos y con objeto de darles una mayor eficacia práctica, igualmente se disponen diversas obligaciones a cargo del usuario de los servicios de salud, a saber, la de informarse acerca de los riesgos y alternativas de procedimientos diagnósticos y terapéuticos que se le indiquen o apliquen, así como solicitar la debida atención de salud para sí y sus familiares; la de cumplir las prescripciones generales de ca- rácter sanitario comunes a toda la población, así como las indicaciones del equipo médico respectivo si hubiera aceptado someterse a un tratamiento o procedimiento, específico; la de informarse acerca de los procedimientos de consulta y reclamación que los prestadores de salud respectivos hubiera habilitado al efecto; la de contribuir a la manutención de los establecimientos de salud a través del cuidado de sus instalaciones y el uso responsable de sus servicios y prestaciones.

Finalmente, para hacer congruente la nueva normativa con la contenida en la Ley General de Salud en el capítulo de sanciones se ordena que las violaciones de las disposiciones contenidas en la ley, serán sancionadas administrativamente por las autoridades sanitarias sin perjuicio de las penas que corresponde cuando sean constitutivas de delitos, previéndose como sanciones administrativas, amonestación con apercibimiento, multa equivalente hasta por 10 mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, clausura temporal o definitiva que podrá ser total o parcial y arresto hasta por 36 horas.

En vista de las anteriores consideraciones y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado somete a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de decreto que expide la Ley de Protección al Usuario de los Servicios de Salud.

El articulado de la misma no lo reproduzco, entrego la copia signada para que respecto de ella se inicie el trámite legislativo y quiero hacer mención que esta iniciativa forma parte de un conjunto de iniciativas que tienen como eje central el tema de la información. La información, una que corre a cargo del Estado y que se encuentra en los expedientes, que se produce en el ejercicio del poder público y respecto de ella es la iniciativa de ley de acceso a la información, la información que procesada se vuelve inteligencia y respecto de ella es la iniciativa de seguridad nacional, información y organismos de inteligencia.

La información que todo ciudadano en su calidad de contribuyente, de elector, de miembro de una sociedad que está gobernada por el Estado, entrega al Estado y respecto de ella requiere protección y es la iniciativa de Ley de Protección de Datos Personales y esta iniciativa cuyo eje central es la salud en torno de la información.

Es cuanto, señora Presidenta.

Muchas gracias, compañeras y compañeros.

«Iniciativa de decreto que expide la Ley de Protección al Usuario de los Servicios de Salud.

El que suscribe, Luis Miguel Barbosa Huerta, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LVIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, iniciativa de decreto que expide la Ley de Protección al Usuario de los Servicios de Salud, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los servicios de salud evolucionan día con día, desde una cultura que confería absoluta libertad de terapia a los prestadores de servicios médicos, hacia la libertad de elección de tratamiento por parte de los usuarios, que indudablemente sabrán mejor que nadie cómo vivir su enfermedad, igual que deciden como llevar su propia existencia. Aunque la relación prestador de servicio-paciente sea descompensada, una de las partes padece el sufrimiento mientras que la otra posee el conocimiento, nunca debe concebirse como una relación de poder.

En sus inicios fue siempre una relación jerarquizada y basada en el principio de beneficencia: el médico prescribía los medicamentos necesarios para curar la enfermedad y el "buen paciente" simplemente obedecía. El cambio de cultura jurídica en la relación médico-paciente supuso dejar al margen esa relación caracterizada por un sentido paternalista para alcanzar otra situación en la que ya no es la persona catalogada como paciente, sino que ahora lo son el usuario y sus derechos quienes se configuran como los protagonistas.

Actualmente, en una sociedad que quiere ser democrática, el eje de las decisiones lo constituye el respeto a la libertad de las personas, y en una sociedad que quiere ser justa, el punto medular lo conforma la equidad en el acceso a los servicios y precisamente, alrededor de estas dos premisas: libertad e igualdad, debe construirse una nueva relación, ahora entre prestadores y usuarios de los servicios de salud. La nueva relación deberá adaptarse a los requerimientos generados por los cambios científicos y sociales que al determinar una mayor exigencia en la calidad de vida, van responsabilizando cada vez más a los mismos individuos de su propia salud.

Indudablemente que esta nueva relación deberá aspirar a incidir en todos los servicios de salud y no sólo circunscribirse al aspecto hospitalario. Centrándose en el respeto a los derechos fundamentales que afectan la dignidad humana.

Con la Ley General de Salud se reglamentó el derecho a la protección de salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general corresponde ahora al legislador desarrollar los principios que son esenciales e indispensables a la prestación de los servicios de salud, como la autonomía, la información, consentimiento informado, la privacidad, la confidencialidad, la igualdad, la no discriminación, la prevención y promoción de la salud en beneficio del usuario.

Y que indudablemente forman parte del derecho a la asistencia sanitaria, como facultad individual de obtener de los poderes públicos los auxilios de las ciencias médicas para la prevención, la curación, el alivio físico o el consuelo sico-afectivo eficaces en la enfermedad; y que comprende la asistencia individual preventiva y el tratamiento de la enfermedad y en la enfermedad, como asimismo la rehabilitación para la reinserción del individuo en su medio.

En este sentido el objeto de la presente iniciativa consiste en dar reconocimiento jurídico a esos derechos y prerrogativas que son esenciales, recogiendo la filosofía que reconoce ampliamente el principio de autonomía en la voluntad del usuario y materializando con rango de ley las declaraciones que en este sentido se han producido en diversas convenciones internacionales.

En el texto del proyecto, la información al usuario viene a constituir el eje fundamental en el que articular un verdadero consentimiento. El consentimiento informado entendido como el derecho a obtener información y explicación adecuadas de la naturaleza de su enfermedad y del balance entre los efectos de la misma y los riesgos y beneficios de los procedimientos terapéuticos recomendados, sería el último eslabón de ese derecho a la información.

Prestar el consentimiento después de haber obtenido la información precisa y suficiente. El consentimiento informado se manifiesta así como un derecho humano fundamental, precisamente una de las últimas aportaciones realizadas en la teoría de los derechos humanos, derivación necesaria o explicación de los derechos a la vida, a la integridad física y a la libertad de conciencia.

Por consiguiente, para provocar la emisión de un consentimiento válido, la información que se proporcione deberá ser inteligible para la persona que la recibe, pues no es lo mismo informar a un médico, que a otra persona de educación media. Se trata de evitar la práctica común de arrancar el consentimiento mediante formularios o "machotes", como hoy se utiliza en unidades que prestan servicios de salud, con lo que se acepta informado el usuario y releva, lo que es más grave, al prestador de cualquier responsabilidad que pueda sobrevenir después del tratamiento.

Un consentimiento informado contribuirá a fortalecer la situación de confianza entre prestador y usuario de los servicios de salud y, de paso, disminuir las asimetrías de información propias de dicha relación, en la medida que institucionaliza una instancia que permite que el facultativo entregue oportunamente información completa, adecuada y necesaria para que los interesados o sus familiares puedan asumir informadamente las decisiones más acertadas para el cuidado de su salud.

De esta manera, en relación con el consentimiento informado se prevé que tendrá que realizarse por escrito en los casos de intervenciones quirúrgicas, procedimientos diagnósticos invasivos y, en general, cuando se llevan a cabo procedimientos que suponen riesgos e inconvenientes notorios y previsibles susceptibles de repercutir en la salud del paciente.

Es decir, la manifestación de voluntad deberá expresarse por el propio usuario cuando sus facultades mentales se lo permiten o en su defecto, el cónyuge o los parientes más cercanos. Sin embargo, también se prevén excepciones a la libre manifestación de voluntad: cuando la no intervención médica suponga un riesgo para la salud pública; cuando el usuario no está capacitado para tomar decisiones; cuando la urgencia no permita demoras que podrían ocasionar lesiones irreversibles o existir peligro de fallecimiento o cuando el interesado haya manifestado expresamente su deseo de no ser informado para tomar una decisión.

Acorde con la normativa propuesta sobre consentimiento informado, se establecen tesituras sobre la responsabilidad médica. Si la decisión del paciente es fundamental para la realización de los tratamientos propuestos, parece lógico establecer que, en tales casos, no existirá responsabilidad médica, salvo, claro está, aquella que derive de una mala praxis. Lo mismo debe ocurrir en aquellos supuestos en que, por ley, la decisión del paciente se presume o es irrelevante.

Consecuencia inmediata de lo expuesto es que lo que hasta la fecha es una acción voluntaria por parte de los prestadores de los servicios de salud, pasará a ser una garantía al asegurarse la legitimación de los usuarios a efectuar en forma verbal o escrita consultas, reclamos y sugerencias, las que deberán ser atendidas exhaustivamente y con prontitud.

1083,1084,1085

Aspecto relevante del proyecto lo es la introducción de la figura conocida en la doctrina médica como declaración anticipada de voluntades, testamento vital o testamento biológico. La declaración anticipada de voluntades es el documento dirigido al prestador responsable, en el que una persona mayor de edad, con capacidad suficiente y de manera libre, expresa las instrucciones a tener en cuenta cuando se encuentre en una situación en la que las circunstancias que concurran no le permitan expresar personalmente su voluntad. Este documento podrá incluir la designación de un representante que será interlocutor válido y deberá ser entregado por quien lo otorga, por sus familiares o un representante legal.

Se aclara, el testamento vital nada tiene que ver con la eutanasia, sino exclusivamente con el derecho del paciente a renunciar a algunos tratamientos que le prolonguen la vida de forma artificial y le hagan sufrir de una forma inútil. Se pretende evitar cuidados no necesarios, no debidos y sin sentido y el prestador, al acatar la decisión del usuario, simplemente deja que el curso de la enfermedad siga hasta que se produzca la muerte natural. Siguiendo esta línea, no serán eficaces voluntades anticipadas que incorporen previsiones contrarias al ordenamiento jurídico o a la buena práctica clínica o que no se correspondan exactamente con el supuesto de hecho que el sujeto haya previsto a la hora de emitirlas.

En distinto punto también trascendente de la iniciativa se garantiza el acceso a los servicios de salud sin discriminaciones arbitrarias.Toda persona tiene derecho a la protección de su salud, en los ámbitos de la promoción, protección y recuperación y, como consecuencia, se prohiben cualquier tipo de discriminación por razones de sexo, orientación sexual, etnia, raza, religión, condición física o mental, nivel socioeconómico, ideología, afiliación política o sindical, cultura, nacionalidad, edad, información genética o sistema de salud, ordenándose además que para el caso de personas con discapacidad o invalidez física o mental, éstas deberán ser atendidas en forma preferencial.

Estrechamente vinculados con la cuestión anterior, se contemplan como prerrogativas: el derecho de las personas a un trato digno y respetuoso al recibir los servicios de salud (trato digno que involucra, como mínimo, el uso del lenguaje adecuado, la adopción de una actitud cordial y amable y el absoluto respeto de la privacidad y pudor de las personas) y el derecho a recibir compañía o asistencia religiosa, espiritual o anímica.

Otros dos derechos esenciales que se recogen en el texto son el de información a cargo del prestador de los servicios de salud y el de confidencialidad de la información que genere la atención del interesado al mismo tiempo que se previene que el usuario deberá ser instruido respecto de materias directamente relacionadas con la atención de salud específica de que se trate y en especial que se reconoce tiene derecho a ser informado, en forma adecuada, oportuna, comprensible y con estricta consideración de sus características personales (respecto de su condición de salud, los tratamientos posibles, su evolución y pronóstico), se dispone la absoluta libertad de las personas para aceptar su participación en protocolos de investigación y se establece el uso confidencial y restringido de la llamada historia clínica.

La historia clínica adquiere así el carácter de documento médico-jurídico que posibilita el ejercicio de los derechos consignados en favor del usuario. Por consiguiente, del mismo modo se regulan los soportes documentales de la historia clínica, la exigencia de historias clínicas en los ámbitos de atención especializada y primaria, el contenido y requisitos mínimos a los que se debe atender, tanto en el aspecto material como formal y la propiedad, custodia y acceso, asegurando su absoluta confidencialidad y secreto como datos sensibles, salvo autorización por escrito del titular, de su representante o sus herederos en caso de muerte, orden judicial, orden de la Secretaría de Salud o sus organismos dependientes por razones estadísticas, de salud pública o de fiscalización.

Correlativos a todos estos derechos y con el objetivo de darles una mayor eficacia práctica, igualmente se disponen diversas obligaciones a cargo del usuario de los servicios de salud, a saber: la de informarse acerca de los riesgos y alternativas de procedimientos diagnósticos y terapéuticos que se le indiquen o apliquen, así como solicitar la debida atención de salud para sí y sus familiares; la de cumplir las prescripciones generales de carácter sanitario, comunes a toda la población, así como las indicaciones del equipo médico respectivo, si hubiere aceptado someterse a un tratamiento o procedimiento específico; la de informarse acerca de los procedimientos de consulta y reclamación, que los prestadores de salud respectivos hubieren habilitado al efecto; la de contribuir a la conservación de los establecimientos de salud, a través del cuidado de sus instalaciones y el uso responsable de sus servicios y prestaciones.

Finalmente, para hacer congruente la nueva normativa con la contenida en la Ley General de Salud, en el capítulo de sanciones se ordena que las violaciones a las disposiciones contenidas en la ley serán sancionadas administrativamente por las autoridades sanitarias, sin perjuicio de las penas que correspondan cuando sean constitutivas de delitos, regulándose como sanciones administrativas: amonestación con apercibimiento; multa equivalente hasta por 10 mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate; clausura temporal o definitiva, que podrá ser total o parcial y arresto hasta por 36 horas.

En vista de las anteriores consideraciones y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente

INICIATIVA DE DECRETO

Que expide la Ley de Protección al Usuario de los Servicios de Salud.

Artículo único. Se expide la Ley de Protección al Usuario de los Servicios de Salud, para quedar como sigue:

LEY DE PROTECCION AL USUARIO

DE LOS SERVICIOS DE SALUD

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1o.

Objeto de la ley.

La presente ley es de orden público e interés social y tiene por objeto regular los derechos mínimos de los usuarios de los servicios de salud.

Artículo 2o.

Ambito de aplicación de la ley.

Las disposiciones de esta ley serán de aplicación a los servicios de salud que presten los sectores público, social y privado, en las condiciones y conforme a las bases que para cada modalidad se establezcan en la Ley General de Salud y demás disposiciones aplicables.

Artículo 3o.

Definiciones.

Para los efectos de esta ley se entenderá por:

1. Usuario: toda persona que requiera y obtenga los servicios de salud que presten los sectores público, social y privado, en las condiciones y conforme a las bases que para cada modalidad se establezcan en la Ley General de Salud y demás disposiciones aplicables;

II. Prestador: cualquier establecimiento, institución o persona, cuya actividad esté relacionada con la prestación de servicios de salud en los ámbitos previstos en el artículo 34 de la Ley General de Salud, tales como consulta, consultorio, hospital, clínica, centro médico, centro diagnóstico y terapéutico, centro de referencia de salud, laboratorios y otros de cualquier naturaleza, incluyendo ambulancias y otros vehículos adaptados para la atención extrahospitalaria;

III. Miembro del equipo médico o de salud: todo individuo que actúe en forma individual o como miembro de un equipo de personas, que tiene la función de realizar algún tipo de atención en la prestación de los servicios de salud;

IV. Consentimiento informado: la conformidad expresa del usuario, manifestada por escrito, previa obtención de la información adecuada, para la realización de un procedimiento diagnóstico o terapéutico que afecte a su persona y que comporte riesgos importantes, notorios o considerables. La prestación del consentimiento informado es un derecho del interesado y su obtención un deber del prestador.

Artículo 4o.

Derecho de acceso igualitario.

I. Los usuarios tienen derecho a la protección de su salud, lo que comprende el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de aquellas destinadas a su rehabilitación, en la forma y condiciones que determinen las disposiciones aplicables;

II. Los usuarios tienen derecho a que, cualquiera que sea la entidad que le preste atención de salud, ésta le sea otorgada sin discriminación arbitrada alguna por razones de sexo, orientación sexual, etnia, raza, religión, condición física o mental, nivel socioeconómico, ideología, afiliación política o sindical, cultura, nacionalidad, edad, información genética, sistema de salud, entre otras;

III. Los usuarios con discapacidad o invalidez física o mental deberán ser atendidos en forma preferencial, conforme a las normas dictadas por la Secretaría de Salud.

Artículo 5o.

Derecho a un trato digno.

Toda persona que requiera y obtenga la prestación de los servicios de salud tiene derecho a recibir un trato digno y respetuoso por parte del equipo de salud, en lo que se refiere a:

I. Usar un lenguaje adecuado y comprensible por parte del equipo de salud,

II. Tener actitudes que se ajusten a las normas de cortesía y amabilidad generalmente aceptadas;

III. Preservar la privacidad y respetar el pudor de la persona que es atendida.

Artículo 6o.

Derecho a asistencia familiar, religiosa o espiritual.

El usuario tiene derecho a que se le facilite la compañía de parientes o amigos cercanos durante su hospitalización, salvo indicación específica del médico tratante y de acuerdo a la reglamentación que, respecto a esta materia, tenga el establecimiento de que se trate.

Asimismo, tiene derecho a recibir asistencia religiosa, espiritual o anímica, si así lo deseare.

Artículo 7o.

Derecho a efectuar consultas y reclamos.

Al recibir la prestación de los servicios de salud, el usuario está legitimado a efectuar consultas o reclamos que estime pertinentes. La Secretaría de Salud determinará los procedimientos para que los usuarios ejerzan este derecho y el plazo y la forma en que los prestadores deberán responderlos o resolverlos, según el caso.

CAPITULO II

Derecho a la información.

Artículo 8o.

Alcance del derecho a la información en los servicios de salud.

I. Al recibir la prestación de un servicio de salud, el usuario tiene derecho a conocer toda la información obtenida sobre la propia salud. No obstante, debe respetarse la voluntad de una persona de no ser informada;

II. La información debe formar parte de todas las actuaciones al prestarse los servicios de salud, debe ser verídica y debe darse de manera comprensible y adecuada a las necesidades y los requerimientos del interesado, para ayudarlo a tomar decisiones de una manera autónoma;

III. En caso de usuarios menores o con alteración de conciencia, la información será entregada a los padres o representante legal;

IV. Tratándose de atenciones médicas de emergencia o urgencia, es decir, aquéllas en que la no intervención inmediata e impostergable implique un riesgo vital o secuela funcional grave para la persona, la información se proporcionará tan pronto como sea posible;

V. En el caso de usuarios cuya condición emocional o síquica no haga recomendable informarles sobre su situación, el equipo de salud deberá seguir las sugerencias que al respecto entregue por escrito un especialista en salud mental. En caso de ausencia de especialista, el médico tratante deberá decidir al respecto;

VI. En todo caso, el paciente tiene derecho a manifestar, por escrito, su voluntad de no ser informado;

VII. La información entregada a los familiares directos deberá ser previamente autorizada por el paciente, en la medida que éste sea plenamente capaz;

VIII. Corresponde al prestador responsable garantizar el cumplimiento del derecho a la información.

Artículo 9o.

Titularidad del derecho a la información en los servicios de salud.

I. El titular del derecho a la información es el usuario. Debe informarse a las personas a él vinculadas en la medida en que éste lo permita expresa o tácitamente;

II. En caso de incapacidad del usuario, éste debe ser informado en función de su grado de comprensión, sin perjuicio de tener que informar también a quien tenga su representación;

III. Si el usuario, a criterio del médico responsable de la asistencia, no está en capacidad para entender la información, porque se encuentra en un estado físico o síquico que no le permite hacerse cargo de su situación, debe de informarse también a los familiares o a las personas a él vinculadas.

1086,1087,1088

Artículo 10.

Formulación del derecho de información epidemiológica.

Los ciudadanos tienen derecho a tener conocimiento adecuado de los problemas de salud de la colectividad que impliquen un riesgo para la salud y que esta información se difunda en términos verídicos, comprensibles y adecuados para la protección de la salud.

Artículo 11.

Información con relación a las condiciones de prestación de los servicios.

Al solicitar el servicio, el usuario tiene derecho a que el prestador le proporcione información, sea en forma visual, verbal o por escrito respecto a:

I. Las atenciones de salud o tipos de prestaciones que el prestador respectivo ofrece o tiene disponibles, los mecanismos a través de los cuales se puede acceder a dichas prestaciones, así como el valor de las mismas;

II. Las condiciones requeridas, los antecedentes o documentos solicitados en cada caso y los trámites a seguir para obtener la atención de salud:

III. Las obligaciones y deberes de cada uno de los miembros que integran el equipo de salud.

Artículo 12.

Identificación obligatoria del equipo de salud.

Al prestar servicios de salud, los integrantes del equipo de salud deberán usar un sistema de identificación personal, incluyendo la función que desempeñan.

Artículo 13.

Información al concluir la prestación del servicio.

En caso de hospitalización, al concluir la prestación del servicio, el prestador deberá proporcionar información que contendrá como mínimo:

I. Identificación del usuario;

II. Fecha de hospitalización;

III. Información clínica de la enfermedad que motivó la hospitalización;

IV. Diagnóstico de alta;

V. Tratamientos recibidos, medicamentos e indicaciones a seguir;

VI. Demás datos que determinara la Secretaría de Salud.

Artículo 14.

Derecho a la intimidad.

Los prestadores están obligados a garantizar el respeto a la confidencialidad de los datos referentes a la salud del usuario. Deberán adoptar medidas oportunas y elaborar, en su caso, normas y procedimientos protocolizados para garantizar la legitimidad del acceso.

CAPITULO III

Derecho a la autonomía de

voluntad del usuario

Artículo 15.

El consentimiento informado.

I. Cualquier intervención en el ámbito de la salud requiere que la persona afectada haya dado su consentimiento específico y libre y haya sido previamente informada del mismo;

II. El consentimiento debe realizarse por escrito en los casos de intervenciones quirúrgicas, procedimientos diagnósticos, invasivos y, en general, cuando se llevan a cabo procedimientos que suponen riesgos e inconvenientes notorios y previsibles susceptibles de repercutir en la salud del usuario;

III. El documento de consentimiento debe ser específico para cada supuesto, sin perjuicio de que se puedan adjuntar hojas y otros medios informativos de carácter general. Dicho documento debe contener información suficiente sobre el procedimiento de que se trate y sobre sus riesgos;

IV. En cualquier momento el interesado puede revocar libremente su consentimiento;

V. Tratándose de menores de edad, igualmente se les deberá informar y consultar su opinión, cuando sea posible, sin perjuicio que la decisión definitiva deberá ser adoptada por quien ejerza la patria potestad;

VI. En caso de usuarios cuyo estado impida obtener su consentimiento, se presumirá que acepta el tratamiento respectivo hasta que su voluntad pueda ser recabada.

Artículo 16.

Características de la información previa a la emisión del consentimiento.

I. Se proporcionará siempre por escrito;

II. Será comprensible, continuada, razonable y suficiente;

III. Se facilitará con la antelación debida para que el usuario pueda reflexionar y decidir libremente;

IV. Será objetiva, específica y adecuada al procedimiento, evitando los aspectos alarmistas que puedan incidir negativamente en el interesado;

V. Deberá incluir: identificación y descripción del procedimiento; objetivo del mismo; beneficios que se esperan alcanzar; alternativas razonables a dicho procedimiento; consecuencias previsibles de su realización; consecuencias de la no realización del procedimiento; riesgos frecuentes; riesgos poco frecuentes, cuando sean de especial gravedad y estén asociados al procedimiento de acuerdo con el estado de la ciencia; riesgos personalizados de acuerdo con la situación clínica del paciente.

Artículo 17.

Contenido del documento en que se manifiesta el consentimiento.

I. El documento de consentimiento informado deberá contener, además de la información del procedimiento diagnóstico o terapéutico, los siguientes datos mínimos: identificación del centro; identificación del procedimiento; identificación del usuario, representante legal, familiar o allegado que presta el consentimiento; identificación del médico que informa; consentimiento del interesado o del familiar, allegado o representante legal que autoriza; declaración del afectado de que conoce que el consentimiento puede ser revocado en cualquier momento sin expresión de la causa de la revocación; lugar y fecha; firmas del médico, del prestador responsable, del interesado, familiar, representante legal o persona a él allegada;

II. En el documento de consentimiento informado quedará constancia de que el paciente o la persona destinataria de la información recibe una copia de dicho documento y de que comprendió adecuadamente la información.

Artículo 18.

Excepciones y límites del consentimiento informado. Son excepciones al consentimiento informado:

I. Cuando la no intervención suponga un riesgo para la salud pública;

II. Cuando el usuario no esté capacitado para tomar decisiones y no existan familiares, personas allegadas o representante legal o estos últimos se negasen injustificadamente a prestarlo de forma que ocasionen un riesgo grave para la salud del interesado y siempre que se deje constancia por escrito de estas circunstancias;

III. Cuando la urgencia no permita demoras por poder ocasionar lesiones irreversibles o existir riesgo de fallecimiento;

IV. Cuando el afectado manifestase expresamente su deseo de no ser informado. En este supuesto, habrá de respetarse su voluntad y, sin perjuicio de obtener el consentimiento previo para la intervención, se hará constar esta circunstancia en el historial clínico con la firma del médico informante y de dos testigos.

Sin necesidad de la manifestación del consentimiento, en todos estos supuestos se deberán efectuar las intervenciones indispensables desde el punto de vista clínico a favor de la salud de la persona interesada.

Artículo 19.

Del consentimiento por sustitución.

Son supuestos de otorgamiento de consentimiento por sustitución:

I. Cuando el usuario esté circunstancialmente incapacitado para tomar decisiones, el derecho corresponderá a sus familiares y en defecto de éstos, a su representante o a las personas a él allegadas. En caso de los familiares se dará preferencia al cónyuge, en su defecto a los familiares de grado más próximo y dentro del mismo grado a los de mayor edad;

II. Cuando el afectado sea un menor de edad o incapacitado legal, el derecho corresponde a su padre, madre o representante legal, que deberá acreditar de forma clara e inequívoca, en virtud de la correspondiente sentencia de interdicción y de la constitución de la tutela, que está legalmente habilitado para tomar decisiones que afecten a la persona del menor o incapaz. El menor de edad o incapacitado legal debe intervenir, en la medida de lo posible, en el procedimiento de autorización. Cuando el médico responsable considere que el menor o incapacitado legal reúne suficientes condiciones de madurez, le facilitará la información adecuada a su edad, formación o capacidad, además de a su padre, madre o representante legal, que deberá firmar el consentimiento. La opinión del menor o incapaz será tomada en consideración como un factor que será tanto más determinante en función de su edad y grado de madurez o capacidad;

III. En caso de que la decisión del representante legal sea contraria a los intereses del menor o incapacitado, deberán ponerse los hechos en conocimiento de la autoridad competente;

En todos los casos de sustitución de la voluntad, la decisión debe ser la más objetiva y proporcional posible a favor del interesado y de respeto a su dignidad personal.

Artículo 20.

Las voluntades anticipadas.

I. El documento de voluntades anticipadas es el instrumento, dirigido al médico responsable, en el cual una persona mayor de edad, con capacidad suficiente y libremente, expresa las instrucciones a tener en cuenta cuando se encuentre en una situación en que las circunstancias que concurran no le permitan expresar personalmente su voluntad. En este documento, la persona puede también designar un representante, que es el interlocutor válido y necesario con el médico o el equipo sanitario, para que la sustituya en el caso de que no pueda expresar su voluntad por sí misma;

II. Debe haber constancia fehaciente de que este documento ha sido otorgado cumpliendo con lo dispuesto en la presente ley y a tal efecto la declaración de voluntades anticipadas debe formalizarse mediante uno de los siguientes procedimientos: ante notario, supuesto que no precisa la intervención de testigos; ante tres testigos mayores de edad y con plena capacidad de ejercicio, de los cuales dos, como mínimo, no deben tener relación de parentesco hasta el segundo grado ni estar vinculados por relación patrimonial con el otorgante;

III. No se pueden tener en cuenta voluntades anticipadas que incorporen previsiones contrarias al ordenamiento jurídico o a la buena práctica clínica o que no se correspondan exactamente con el supuesto de hecho que el sujeto ha previsto en el momento de emitirlas. En estos casos, debe hacerse la anotación razonada pertinente en la historia clínica del paciente;

IV. Si existen voluntades anticipadas, la persona que las ha otorgado, sus familiares o su representante debe entregar el documento que las contiene al centro sanitario donde la persona sea atendida. Este documento de voluntades anticipadas debe incorporarse a la historia clínica del usuario.

Artículo 21.

Derecho a rehusar determinados tratamientos.

Si la voluntad del usuario de rechazar determinados procedimientos y cirugías puede implicar su muerte, dicha voluntad será respetada siempre que concurran las siguientes circunstancias:

I. Que se trate de un paciente en estado terminal, esto es, cuando padezca un precario estado de salud, producto de una lesión corporal o una enfermedad grave e incurable, que haga prever que le queda muy poca expectativa de vida;

II. Que los cuidados que se le puedan brindar al interesado sean innecesarios, en cuanto éstos sólo persigan prolongar su agonía;

III. Y que el médico tratante consulte la opinión de un segundo médico, que no haya participado en la atención del paciente, el cual deberá estar de acuerdo con él, tanto en la calidad terminal del estado de salud, así como de lo innecesario de los cuidados.

1089,1090,1091

Articulo 22.

Protocolos de investigación.

El usuario también tiene derecho a ser informado y a elegir libremente y sin presiones, respecto de su incorporación en cualquier tipo de protocolo de investigación, debiendo constar por escrito su consentimiento. En este supuesto no existirá responsabilidad penal ni civil para los médicos o para el establecimiento asistencial que haya atendido al paciente, derivada de la aceptación o rechazo de los tratamientos propuestos.

CAPITULO IV

De la historia clínica

Artículo 23.

Definición.

La historia clínica es el conjunto de documentos en los que se contienen los datos, valoraciones e informaciones de cualquier tipo sobre la situación y evolución clínica del usuario a lo largo de su proceso asistencial, identificando a los médicos y demás miembros del equipo de salud que han intervenido en el mismo. Debe procurarse la máxima integración posible de la documentación clínica de cada paciente. Esta integración debe hacerse, como mínimo, en el ámbito de cada centro, donde debe existir una historia clínica única para cada paciente.

Artículo 24.

Del soporte.

En la elaboración de la historia clínica podrán ser usados cualquiera de los soportes documentales adecuados para su utilización (soporte papel, audiovisual e informático), siempre y cuando garanticen su autenticidad, integridad, seguridad y conservación. En cualquier caso, debe garantizarse que quedan registrados todos los cambios e identificados los médicos y los miembros del equipo médico que los han realizado.

Los prestadores deben adoptar las medidas técnicas y organizativas adecuadas para proteger los datos personales recogidos y evitar su destrucción o su pérdida accidental y, también el acceso, alteración, comunicación o cualquier otro procesamiento que no sean autorizados.

Artículo 25.

De su ámbito.

La historia clínica deberá ser única por paciente, al menos en cada complejo hospitalario, hospital o centro sanitario. Dicha historia clínica acumulará toda la información generada en cada episodio asistencial e integrará los diferentes episodios del afectado.

Artículo 26.

De su contenido.

La historia clínica contendrá suficiente información para identificar al paciente y documentar su proceso de atención sanitaria. A tal fin, incluirá, al menos:

I. Datos suficientes para la adecuada identificación del paciente;

II. Datos necesarios para identificar al prestador y médico responsables;

III. Datos que identifiquen el proceso de atención sanitaria;

IV. Datos relativos al proceso, que incluirán, en su caso: anamnesis y exploración física; órdenes médicas; hoja de evolución y de planificación de cuidados de enfermería; evolución clínica; informe sobre los procedimientos diagnósticos o terapéuticos e interconsultas realizadas; informe de alta del episodio de atención u hoja de problemas en atención primaria; documento firmado de consentimiento informado; documento firmado de alta voluntaria;

V. Toda la información contenida en la historia será considerada como dato sensible.

Artículo 27.

De sus requisitos.

I. Las historias clínicas deberán ser claramente legibles, evitándose, en lo posible, la utilización de símbolos y abreviaturas y estarán normalizadas en cuanto a su estructura lógica de acuerdo a lo que ordene la Secretaría de Salud. Cualquier información incorporada a la historia clínica deberá ser fechada y firmada de forma que se identifique claramente al personal que la realice;

II. En las historias clínicas hospitalarias, en que con frecuencia participan más de un médico o miembro del equipo médico, deben constar individualizadas las acciones, intervenciones y prescripciones realizadas por cada profesional;

III. Los prestadores deben disponer de un modelo normalizado de historia clínica que recoja los contenidos fijados en esta ley.

Artículo 28.

De su propiedad y custodia.

I. Las historias clínicas son documentos confidenciales propiedad de la administración sanitaria o entidad titular del centro sanitario cuando el médico trabaje por cuenta y bajo la dependencia de una institución sanitaria. En caso contrario, la propiedad corresponde al médico que realiza la atención sanitaria;

II. La entidad o facultativo propietario son responsables de la custodia de las historias clínicas y habrán de adoptar todas las medidas precisas para garantizar la confidencialidad de los datos o de la información contenida en las mismas. Asimismo, toda persona que en el ejercicio de sus funciones o competencias tenga conocimiento de los datos e informaciones contenidos en la historia clínica tendrá la obligación de reserva y sigilo respecto de los mismos.

Artículo 29.

De su acceso.

I. El usuario tendrá derecho a la obtención de los informes y resultados de las exploraciones que sobre su estado de salud o enfermedad se incluyan en la historia clínica. El derecho de acceso conllevará el de obtener copias de los mencionados documentos;

II. En los supuestos de procedimientos administrativos o judiciales para exigir responsabilidad patrimonial o profesional sobre la asistencia sanitaria se permitirá que el usuario tenga acceso directo a la historia clínica. También tendrán acceso a la historia clínica las autoridades competentes para tramitar y resolver los procedimientos de responsabilidad;

III. El acceso a la historia clínica nunca será en perjuicio del derecho de terceros a la confidencialidad de sus datos si figuran en dicha documentación y así consta ni del derecho de los profesionales que intervinieron en su elaboración si invocan la reserva de sus observaciones, apreciaciones o anotaciones subjetivas;

lV. El acceso por otras personas distintas al paciente a la información contenida en la historia clínica habrá de estar justificado por la atención sanitaria de éste. En todo caso, estará a disposición del personal que directamente esté implicado en la asistencia del mismo a efectos del desempeño de sus funciones. Cualesquiera otras razones de carácter excepcional deberán responder a un interés legítimo susceptible de protección y estar convenientemente motivadas. Se permitirá el acceso a las historias clínicas para la obtención de información estadística sanitaria, para las actividades relacionadas con el control y evaluación de la calidad de la asistencia prestada, las encuestas oficiales, los programas oficiales de docencia e investigación o a requerimiento de la autoridad judicial. En todos los casos quedará plenamente garantizado el derecho del paciente a su intimidad personal y familiar, por lo que el personal que acceda a esta información guardará el correspondiente secreto profesional.

Artículo 30.

De su conservación.

I. La historia clínica debe conservarse como mínimo hasta 10 años después de la muerte del paciente. No obstante, se pueden seleccionar y destruir los documentos que no son relevantes para la asistencia, transcurridos cinco años desde la última atención al paciente;

II. En cualquier caso, en la historia clínica deben conservarse, junto, con los datos de identificación, durante 10 años, como mínimo, a contar desde la muerte del usuario: las hojas de consentimiento informado, los informes de alta, los informes quirúrgicos y el registro de parto, los datos relativos a la anestesia, los informes de exploraciones complementarias y los informes de necropsia;

III. A pesar de lo establecido en las dos fracciones anteriores, la documentación que a criterio del prestador sea relevante a efectos preventivos, asistenciales o epidemiológicos, debe conservarse durante todo el tiempo que sea necesario.

Artículo 31.

De su uso.

I. La historia clínica es un instrumento destinado fundamentalmente a ayudar a garantizar una asistencia adecuada al usuario. A dicho efecto, los integrantes del equipo de salud que están implicados en el diagnóstico o el tratamiento del enfermo deben tener acceso a ella;

II. Cada prestador debe establecer el mecanismo que haga posible que, mientras se proporciona asistencia a un usuario concreto, los profesionales que le atienden puedan, en todo momento, tener acceso a la historia clínica correspondiente;

III. Se puede acceder a la historia clínica con finalidades epidemiológicas, de investigación o docencia. El acceso a la historia clínica con estas finalidades obliga a preservar los datos de identificación personal del afectado, separados de los de carácter clínico-asistencial, salvo si éste ha dado antes el consentimiento;

IV. El personal que se ocupa de las tareas de administración y gestión de los centros sanitarios puede acceder sólo a los datos de la historia clínica relacionados con las mencionadas funciones;

V. El personal al servicio de la administración sanitaria que ejerce funciones de inspección, debidamente acreditado, puede acceder a las historias clínicas, a fin de comprobar la calidad de la asistencia, el cumplimiento de los derechos del usuario o cualquier otra obligación del prestador;

VI. Aquel personal que accede en el desempeño de sus funciones a cualquier clase de datos de la historia clínica, queda sujeto al deber de guardar el secreto de los mismos.

CAPITULO V

De las obligaciones del usuario

Artículo 32.

Toda persona tiene el deber de colaborar a crear condiciones que hagan posible disponer de un ambiente saludable y contribuir al cuidado de su propia salud y la de su familia, responsabilidad que incluye las siguientes obligaciones:

I. Informarse sobre el funcionamiento de los establecimientos de salud en los que requiere atención, especialmente en cuanto a las prestaciones que otorgan horario de atención y programas que ofrecen;

II. Solicitar atención en el establecimiento que corresponda, de acuerdo a sus necesidades de salud y las de su familia;

III. Colaborar con el equipo de salud, informando verazmente y con exactitud tanto acerca de sus necesidades y problemas de salud, como de todos aquellos antecedentes que le sean solicitados para un adecuado diagnóstico y tratamiento;

IV. Informarse y decidir acerca de los riesgos y alternativas de los procedimientos quirúrgicos y terapéuticos que se le indiquen o apliquen;

V. Informarse acerca de los procedimientos de consulta y reclamo del prestador de salud del que requiere atención;

VI. Cumplir las prescripciones generales de naturaleza sanitaria comunes a toda la población. Asimismo, la persona que haya aceptado someterse a un tratamiento o procedimiento, deberá cumplir las indicaciones del equipo de salud. Si por cualquier causa no pudiere cumplir las referidas indicaciones, deberá informar de esta situación al prestador;

VII. Cuidar las instalaciones de los establecimientos de salud y colaborar en su mantenimiento;

VIII. Hacer uso responsablemente de los servicios de salud.

CAPITULO VI

De las sanciones administrativas

Artículo 33.

Facultad de sancionar.

Las violaciones a los preceptos de esta ley serán sancionadas administrativamente por las autoridades sanitarias, sin perjuicio de las penas que correspondan cuando sean constitutivas de delitos.

Artículo 34.

Del tipo de sanciones.

Las sanciones administrativas por violación a los preceptos de esta ley, podrán ser:

I. Amonestación con apercibimiento;

II. Multa equivalente hasta por 10 mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate;

III. Clausura temporal o definitiva, que podrá ser total o parcial;

IV. Arresto hasta por 36 horas.

1092,1093,1094

Artículo 35.

De la calificación de las sanciones.

Al imponer una sanción, la autoridad sanitaria fundará y motivará la resolución, atendiendo las reglas de calificación que se establecen en el artículo 418 de la Ley General de Salud.

Articulo 36.

De las medidas de seguridad.

La aplicación de las multas será sin perjuicio que la autoridad sanitaria dicte las medidas de seguridad que procedan de entre las que regula la Ley General de Salud, hasta en tanto se subsanen las irregularidades.

Artículo 37.

Del procedimiento.

En el procedimiento de aplicación y ejecución de las sanciones administrativas, la autoridad sanitaria estará a lo dispuesto en el Título Decimoctavo capítulos II y III, de la Ley General de Salud.

Artículo 38.

Del recurso de inconformidad.

Contra actos y resoluciones de las autoridades sanitarias que con motivo de la aplicación de esta ley den fin a una instancia o resuelvan un expediente, los interesados podrán interponer el recurso de inconformidad.

Artículo 39.

Del trámite de la inconformidad.

El recurso de inconformidad se tramitará y resolverá conforme a las reglas establecidas en el Título Decimoctavo Capítulo IV, de la Ley General de Salud.

Artículo 40.

De la prescripción.

El ejercicio da la facultad para imponer las sanciones administrativas previstas en la presente ley, prescribirá en el término de cinco años. Los términos para prescripción serán continuos y se contarán desde el día en que se cometió la falta o infracción administrativa, si fuera consumada o desde que cesó, si fuere contínua.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. La presente ley entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente ordenamiento.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2001.— Diputado federal, Luis Miguel Barbosa Huerta

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a las comisiones unidas de Salud y de Comercio y Fomento Industrial.

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION

PUBLICA FEDERAL

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Víctor Antonio García Dávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa que deroga la fracción X-bis del artículo 34 y la propone para que se constituya en la fracción VIII del artículo 32, actualmente derogada, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El diputado Víctor Antonio García Dávila:

«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados de LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión. Presentes.

Los suscritos, diputados federales a la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, por el digno conducto de ustedes, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción X-bis del artículo 34, para pasar a ser fracción VIII, actualmente derogada, del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con base en la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

Con fecha 30 de noviembre del año 2000 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. A iniciativa de diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional se dio inicio al procedimiento legislativo de dictamen y aprobación en comisión y en el pleno de esta Cámara de las reformas antes señaladas.

En las reuniones de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública convocadas para conocer el dictamen correspondiente, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo consideró y valoró la necesidad de las reformas a la ley, con el propósito de que el Gobierno entrante contará con los instrumentos legales necesarios para llevar a cabo su tarea. Aprobamos mayoritariamente el contenido de dicho dictamen, con una sola excepción, la que correspondía a derogar la fracción VIII del artículo 32, para que ésta pasara como fracción X-bis del artículo 34, en el cual también se cambia la denominación de Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para pasar a ser Secretaría de Economía.

Es de destacarse que con fundamento en la fracción VIII derogada del artículo 32 y en la actual fracción X-bis del artículo 34 se crea el Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad que atento a lo que se contiene en la fracción de referencia tiene el propósito básico de "... apoyar a empresas que asocien a grupos de escasos recursos en áreas urbanas a través de las acciones de planeación, programación, concertación, coordinación, evaluación; de aplicación, recuperación y revolvencia de recursos para destinarlos a los mismos fines...", de lo anterior se desprende que aquí se desarrolla una actividad que se enmarca en la solidaridad y plena responsabilidad de las personas que se asocian para la obtención de los resultados antes expuestos y que rebasa con mucho la actividad empresarial y de obtención de utilidades que se desprende, de las actividades que la Secretaría de Economía impulsa en el sector económico de la actividad privada.

Por eso el grupo parlamentario del Partido del Trabajo junto con diputados de otros grupos parlamentarios sostuvimos la necesidad de que la fracción VIII del artículo 32 permaneciera como actividad, a impulsar por la Secretaría de Desarrollo Social y no como al final fue aprobado en la comisión correspondiente y en el pleno de esta Cámara, así como por el Senado de la República el que pasará al ámbito de la Secretaría de Economía.

Compañeras y compañeros diputados: en noviembre pasado nuestro grupo parlamentario dio la voz de alerta sobre el peligro que significaba trasladar de la Secretaría de Desarrollo Social, la responsabilidad de la operación del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad a la Secretaría de Economía.

Para nosotros es sintomático que con el cambio aprobado las acciones encaminadas a apoyar las iniciativas producidas de grupos sociales organizados en extrema pobreza, para lograr el desarrollo de sus actividades empresariales iban a ser evaluadas a partir de criterios de rentabilidad, haciendo del lado la naturaleza y dirección del Fonaes, que son programas con un alto contenido social.

Para nosotros el Fonaes tiene más qué ver con una función social que con una visión meramente económica, además de ser la única institución que aborda realmente el problema de la pobreza y de la marginación, con una propuesta que busca combatir las causas que generan la exclusión y margináción de amplios sectores respecto al desarrollo nacional.

En la actualidad el Fonaes no está cumpliendo con una función social, razón que motivó su creación, ya que la actual administración y la Secretaría de Estado a la cual se adscribe legalmente no tiene como atribuciones reales la de apoyar a este segmento de la población organizada que tiene el deseo de producir y comercializar con criterios diferentes a los que se manejan en la iniciativa privada.

Por ello, compañeras y compañeros legisladores, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo estima que es necesario el que hagamos la reforma legal indispensable, con el propósito de que el Fonaes y las actividades que realiza vuelvan a su ámbito natural del cual no debió salir y que es la Secretaría de Desarrollo Social, hacerlo fue un grave error que es necesario revertir.

Estamos a tiempo.

Compañeras y compañeros diputados: por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo que se dispone en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la presente

INICIATIVA CON

PROYECTO DE DECRETO

Por el que se deroga la fracción X-bis del artículo 34 para pasar a ser fracción VIII, actualmente derogada, del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo primero. Se deroga la fracción X-bis del artículo 34 para pasar a ser fracción VIII, actualmente derogada, del artículo 32, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como siguen:

"Artículo 32.

A la Secretaría de Desarrollo Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I a la VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VIII. Coordinar y ejecutar la política nacional para crear y apoyar empresas que asocien a grupos de escasos recursos en áreas-urbanas a través de las acciones de plantación, programación, concertación, coordinación, evaluación; de aplicación recuperación y revolvencia de recursos para ser destinados a los mismos fines; así como de asistencia técnica y de otros medios que se requieran para ese propósito, previa calificación, con la intervención de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes y de los gobiernos estatales y municipales y con la participación de los sectores social y privado;

IX a la XVII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 34. A la Secretaría de Economía corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I a la X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X-bis. Derogada.

XI a la XXX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los cuatro días del mes de octubre de 2001.— Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, diputados: Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador; José Narro Céspedes, vicepresidente; Rosalía Peredo Aguilar, Jaime Cervantes Rivera, Rosa Delia Cota Montaño, Félix Castellanos Hernández, Víctor Antonio García Dávila y Juan Carlos Regis Adame.»

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

LEY GENERAL DE SALUD

La Presidenta:

Tiene la palabra la diputada María Elena Alvarez Bernal, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar una iniciativa que adiciona el Capítulo VIII denominado salud del adulto mayor al Título Tercero de la Ley General de Salud.

La diputada María Elena Alvarez Bernal:

Con su venia, señora Presidenta:

Ruego a las compañeras y compañeros diputados, se sirvan prestar atención a esta iniciativa, porque yo estoy segura que todas y todos ustedes van a llegar a la tercera edad y es la intención de esta iniciativa lograr que todos los mexicanos y las mexicanas, puedan llegar a esa tercera edad en perfecto estado de salud, para que tengan una calidad de vida plena.

1095,1096,1097

Con esta motivación y en nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55 fracción II y 56 y 62 del Reglamento Para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa que adiciona la fracción XI del artículo 27 y propone adicionar también el Capítulo VIII titulado Salud del Adulto Mayor al Título Tercero de la Ley General de Salud, bajo la siguiente exposición de motivos.

Por economía del tiempo, leeré sólo algunos párrafos de esta exposición de motivos, pero ruego que sea considero el texto íntegro que he entregado a la Secretaría.

El derecho de toda persona a la protección de la salud, está consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde establece que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, como ley reglamentaria a la Ley General de Salud corresponde fijar estas bases y modalidades, así como determinar la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.

La ley establece también las áreas que considera prioritarias, como son la atención materno-infantil, los servicios de planificación familiar y la salud mental, aspectos sin duda fundamentales para la orientación de la política de salud, que a través de estrategias y acciones específicas en el mejoramiento de la salud, en una mayor cobertura de los servicios médicos en campañas de vacunación y en general en el continuo aumento de los niveles de bienestar, han llevado a disminuir la incidencia de las tasas de mortalidad y morbilidad en el país, lo que se ha traducido en un incremento considerable de la esperanza de vida.

En el año 2000 el promedio de vida nacional estimado para los habitantes del país fue de 75.3 años. La salud materno-infantil y la planificación familiar no hubiesen sido consideradas prioritarias para elevar el desarrollo personal y social del país, si a la mitad de la década de los años 70 las tasas de fecundidad y de mortalidad infantil y maternas no hubiesen sido tan altas, acompañadas de un bajo nivel educativo y escasa participación económica de la mujer, entre otros aspectos.

Este carácter prioritario, el que pretendemos ahora que se dé para la atención del adulto mayor en la Ley General de Salud, es necesario para lograr los mismos avances que en las áreas que se señalaron prioritarias se han logrado.

La salud de los adultos mayores no está considerada actualmente como prioritaria en la ley y por ello tampoco lo está en el campo de las políticas y programas de gobierno, situación que merece considerarse frente a la conversión demográfica y epidemiológica presente y futura de nuestro país.

Los datos hablan por sí solos, en México se observa un aumento paulatino de la proporción de población de 65 y más años. De 1930 a 2000 se incrementó sólo con el 5%, como consecuencia del aumento de la esperanza de vida y la pérdida relativa de población en las primeras edades. En cifras absolutas significa el paso de 445 mil personas mayores de 65 años en 1930 a 4 millones 900 mil personas en el año 2000. En el futuro previsible se espera que cada vez sea mayor el envejecimiento de la población, a tal grado que hacia el año 2050, cuando la población del país alcance 132 millones, uno de cada cuatro habitantes formará parte de la tercera edad, es decir, de acuerdo a las prevenciones y proyecciones del Conapo para el año 2050, la población de 65 años o más, llegará a ser de 32 millones 400 mil personas, lo que quiere decir que de 45 mil personas a 32 millones 500 mil, en 70 años solamente pasaremos de esos 32 y medio millones a más de 65 millones.

En respuesta a esta realidad, la Ley General de Salud presenta también una perspectiva reducida de este grupo de población; su única mención es la fracción III del artículo 168 que establece que la promoción del bienestar del senescente y el desarrollo de acciones de preparación para la senectud, es una actividad básica de la asistencia social y es necesario y urgente suprimir el enfoque exclusivamente asistencial a la atención de las personas de la tercera edad, para garantizarles el derecho que tienen de protección a su salud y la creación de una cultura de la salud preventiva que permita disminuir las principales enfermedades propias de esa edad. Esto generará el autocuidado de los adultos mayores y de los adultos próximos a esas edades.

Esta iniciativa quiere también contribuir para el cabal cumplimiento de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y en el Programa Nacional de la Salud de es mismo periodo.

En el primero, el Gobierno Federal plantea desarrollar políticas incluyentes, como son el fortalecer, enriquecer y ordenar las políticas y programas que atienden a las personas en edad avanzada, mediante la promoción del Comité Nacional de Atención al Envejecimiento y comités estatales con la inclusión de más instituciones gubernamentales y privadas y medidas prácticas como el establecer la cartilla de salud para el adulto mayor.

La iniciativa también es congruente con el Programa Nacional de Salud de este mismo periodo 2001-2006, el cual reconoce que la atención a los viejos representará uno de los mayores retos para los servicios de salud, ya que este grupo de edad los utiliza con una frecuencia cuatro veces mayor que el resto de la población.

Compañeras y compañeros legisladores: estamos en un buen momento para trabajar por la salud de los adultos mayores y por las próximas generaciones. Es por esto que presentamos la iniciativa, la cual busca investir de carácter prioritario la atención a la salud de la tercera edad para el logro de un envejecimiento activo; busca sentar las bases de una cultura de la prevención y control de la salud de la tercera edad; busca también establecer la responsabilidad compartida de la familia, de las instituciones públicas y privadas, del Estado y de la sociedad en esta materia y quiere dejar en claro la instancia a la que corresponde coordinar y promover los servicios de salud a este grupo de población que seguirá en constante aumento.

Por lo anterior, presento a esta soberanía la iniciativa que adiciona el Capítulo VIII, salud del adulto mayor, al Título Tercero de la Ley General de Salud y que adiciona la fracción XI al artículo 27 del mismo ordenamiento; el artículo 27 que a la letra dice: "...para los efectos del derecho a la protección de la salud, se considerarán servicios básicos de salud los referentes a..." y se propone agregar la fracción XI que diga "...la salud del adulto mayor".

El Capítulo VIII que se propone agregar se titula "salud del adulto mayor"; su articulado es el siguiente:

Primer artículo del capítulo. "La prevención y el control de las enfermedades y salud del adulto mayor tienen carácter prioritario; la Secretaría de Salud promoverá el establecimiento de servicios de atención gerontológica y de servicios médicos de geriatría en los tres niveles de atención, los cuales deberán proporcionarse con calidad y de manera integral con objeto de que los adultos mayores puedan gozar de una buena salud física y mental".

El siguiente, que sería el 77-b. "La Secretaría de Salud coordinará las actividades de las dependencias y entidades del sector salud para instrumentar y operar las acciones del Programa Nacional de Atención al Envejecimiento, que formule el Comité Nacional de Atención al Envejecimiento y demás facultades que a éste le correspondan, de conformidad con lo establecido en el acuerdo de creación".

77-c. La Secretaría proporcionará una cartilla de salud, en la cual se especifique y precise información sobre los principales problemas de salud de los adultos mayores, así como un seguimiento adecuado de su estado de salud.

77-d. La prevención y protección de la salud del adulto mayor, es una responsabilidad que comparten la familia, las instituciones públicas y privadas que tengan a su cargo a estas personas, el Estado y la sociedad en general.

77-e. Las autoridades sanitarias, educativas y laborales, en sus respectivos ámbitos de competencia, apoyarán y fomentarán las acciones que define el Comité Nacional de Atención al Envejecimiento, orientadas a promover una cultura preventiva y de control de las enfermedades y la salud del adulto mayor.

Los transitorios son los de rigor y lo presenta el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional."

Muchísimas gracias.

«La que suscribe, en su carácter de diputada federal perteneciente a la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, con fundamento en la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa que adiciona la fracción XI del artículo 27, y el Capítulo VIII salud del adulto mayor, al Título Tercero de la Ley General de Salud, bajo la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

El derecho de toda persona a la protección de la salud está consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, donde establece que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud. Como ley reglamentaria, a la Ley General de Salud corresponde fijar estas bases y modalidades, así como determinar la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.

La ley establece las áreas que considera prioritarias, éstas son: la atención materno-infantil, los servicios de planificación familiar y la salud mental. Aspectos, sin duda, fundamentales para la orientación de la política de salud, que a través de estrategias y acciones específicas en el mejoramiento de la salud, en una mayor cobertura de los servicios médicos, en campañas de vacunación y, en general, en el continuo aumento de los niveles de bienestar, han llevado a disminuir la incidencia de las tasas de mortalidad y morbilidad en el país, lo que se ha traducido en un incremento considerable de la esperanza de vida. En el año 2000, el promedio de vida nacional estimado para los habitantes del país fue de 75.3 años.

La salud materno-infantil y la planificación familiar no hubiesen sido consideradas prioritarias para elevar el desarrollo personal y social del país, si a la mitad de la década de los años 70 las tasas de fecundidad y de mortalidad infantil y materna no hubiesen sido tan altas, acompañadas de un bajo nivel educativo y escasa participación económica de la mujer, entre otros aspectos.

Efectivamente, la información al respecto muestra que el hecho de disminuir a la mitad el número promedio de hijos por mujer, tanto en el área rural como urbana en los últimos 30 años, ha derivado en una participación cada vez más amplia de la mujer ya no sólo en el ámbito familiar, sino en el productivo; atribuible en buena parte a una decidida política de salud que considera prioritaria la atención materno-infantil y los servicios de planificación familiar.

Es este carácter prioritario, el que pretendemos para la atención del adulto mayor en la Ley General de Salud. La salud de los adultos mayores no está considerada como prioritaria en la ley y por ello, tampoco en el campo de las políticas y programas de gobierno. Situación que merece considerarse frente a la conversión demográfica y epidemiológica presente y futura de nuestro país.

En México se observa un aumento paulatino de la proporción de población de 65 y más años, de 1930 al 2000 se incrementó del 2.6% al 5.0%, como consecuencia del aumento en la esperanza de vida y la pérdida relativa de población en las primeras edades. En cifras absolutas significa el paso de 445 mil personas mayores de 65 años en 1930 a 4 millones 845 mil 237 en el año 2000. En el futuro previsible se espera que cada vez sea mayor el envejecimiento de la población, a tal grado, que hacia el año 2050, cuando la población del país alcance casi 132 millones, uno de cada cuatro habitantes formará parte de la tercera edad. Es decir, de acuerdo a las proyecciones de la Conapo, para el año 2050 la población de 65 años y más llegaría a ser de 32 millones 400 mil personas.

En respuesta a esta realidad, en los últimos tres años se presentaron proyectos de iniciativas de ley por las tres fracciones parlamentarias mayoritarias. En esta LVIII Legislatura, el PRI y el PRD presentaron iniciativas para crear la Ley Nacional de las Personas Adultas Mayores y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, respectivamente. Mientras que el PRI presentó la Ley para la Protección del Adulto Mayor y el PAN la Ley General para la Atención de las Personas en Edad Avanzada en la LVII Legislatura, proyectos que consideró la Comisión de Población para realizar un dictamen que fue aprobado por esta Cámara en abril de 2000 como proyecto de Ley del Instituto Nacional de la Senectud, el cual se encuentra actualmente en el Senado.

El conjunto de estas iniciativas buscan un enfoque integral y transversal del adulto mayor en todas las políticas públicas en reconocimiento a su participación y aportación a la sociedad. Es por ello que las iniciativas sobre el adulto mayor y la transformación del actual Instituto Nacional de la Senectud (Insen), buscan cambiar radicalmente la concepción de atención a la población en edad avanzada, para dejar lo asistencial sólo a un grupo de esta edad, pero no a todos y, atender, fomentar y apoyar a todos los adultos mayores con una óptica de integración e inclusión al desarrollo.

La Ley General de Salud, por su parte, presenta también una perspectiva reducida de este grupo de población; su única mención es en la fracción III del artículo 168, que establece que la promoción del bienestar del senescente y el desarrollo de acciones de preparación para la senectud, es una actividad básica de asistencia social.

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Es necesario suprimir el enfoque exclusivamente asistencial a la atención de las personas de la tercera edad, para garantizarles el derecho que tienen de protección a su salud y la creación de una cultura de la salud preventiva, que permita disminuir las principales enfermedades propias de su edad. Esto generará el autocuidado de los adultos mayores y de los adultos próximos a estas edades.

Se requiere que, el sector salud preste especial atención a las particularidades que asume el estado de salud de la tercera edad fundamentalmente en términos de la demanda de atención y sus costos; pues si bien los gastos de atención de la salud son el componente más importante de las transferencias hacia este grupo de población, el nivel de estos gastos y su proyección en el futuro próximo son de vital importancia para un diseño adecuado de las políticas de salud y para la evaluación de las fortalezas y debilidades de los programas de seguridad social. De tal forma que se requieren acciones multisectoriales orientadas tanto a la atención actual de los adultos mayores, como en la prevención de los que serán los adultos mayores del futuro.

Son significativas las diferencias por sexo, a los 75 años la relación se estima que llegará a ser de dos mujeres por cada hombre de esta edad. Esta diferencia se debe a la sobremortalidad masculina, donde los hombres tienen entre el 10% y el 15% menos probabilidad de sobrevivir a los 60 años que las mujeres y, la proyección de esperanza de vida a los 60 años sigue creciendo y es de esperar que el aumento siga favoreciendo a la mujer, creando una brecha aún mayor entre los dos géneros.

Además, los programas dirigidos a la salud de la mujer, siguen teniendo prioridad para la mujer en edad reproductiva, creando un gran vacío en los recursos dirigidos a la salud de la mujer después de la menopausia (FNUAP, 1998) y no se toma en cuenta que las adultas mayores más pobres, cuyo sustento económico depende de familiares en extrema pobreza, son vulnerables a la violencia intrafamiliar, al abuso y al abandono. Asimismo, las estadísticas de salud que existen para la población adulta mayor en general son muy escasas y lo que existe no está diferenciado por sexo.

Esta iniciativa quiere contribuir para el cabal cumplimiento de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y en el Programa Nacional de Salud 2001-2006. En el primero, el Gobierno Federal plantea desarrollar políticas incluyentes, entre ellas: fortalecer, enriquecer y ordenar laspolíticas y programas que, atienden a las personas de edad avanzada, mediante la promoción del Comité Nacional de Atención al envejecimiento y de comités estatales, con la inclusión de más instituciones gubernamentales y privadas.

La iniciativa también es congruente con el Programa Nacional de Salud 2001-2006, el cual reconoce que la "atención de los viejos representará uno" de los mayores retos para los servicios de salud, ya que este grupo de edad los utiliza con una frecuencia cuatro veces mayor que el resto de la población. Además, los servicios que requieren estas personas son por lo general muy costosos". Esta situación se plasma con algunas referencias cuantitativas: el crecimiento en ingresos hospitalarios de los mayores de 65 años, pasó del 8.3% en 1993 al 12% en 1999 y en el 2000: el 10.3% de esta población se hospitalizó en contraste con sólo el 4.6% de la población de 15 a 64 años y, los adulto! mayores contribuyeron con el 43% a la mortalidad intrahospitalaria.

Compañeras y compañeros legisladores, estamos en un buen momento para trabajar con ahínco por nuestros adultos mayores y por las próximas generaciones y por ello la presente iniciativa busca investir de carácter prioritario la atención de la salud de la tercera edad para el logro de un envejecimiento activo; busca sentar las bases de una cultura de la prevención y control de la salud de la tercera edad; establecer la responsabilidad compartida de la familia, de las instituciones públicas y privadas, del Estado y de la sociedad en esta materia; y dejar en claro la instancia a la que corresponde coordinar y promover los servicios de salud a este grupo de población, entre los que destaca el proporcionar gratuitamente una cartilla de salud para el adulto mayor.

Por lo anterior expuesto, se presenta la siguiente

INICIATIVA

Que adiciona el Capítulo VIII, salud del adulto mayor al Título Tercero de la Ley General de Salud

Artículo primero. Se adiciona la fracción XI del artículo 27 y el Capítulo VIII, salud del adulto mayor al Titulo Tercero de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

"Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a:

I a la X. . .

XI. La salud del adulto mayor.

CAPITULO VIII

Salud del adulto mayor

Artículo 77-A. La prevención y el control de las enfermedades y salud del adulto mayor tienen carácter prioritario. La Secretaría de Salud promoverá el establecimiento de servicios de atención gerontológica y de servicios médicos de geriatría en los tres niveles de atención, los cuales deberán proporcionarse con calidad y de manera integral con objeto de que los adultos mayores puedan gozar de una buena salud física y mental.

Artículo 77-B. La Secretaría de Salud coordinará las actividades de las dependencias y entidades del sector salud para instrumentar y operar las acciones del programa nacional de atención al envejecimiento que formule el Comité Nacional de Atención al Envejecimiento y demás facultades que a éste corresponden, de conformidad con lo establecido en su acuerdo de creación.

Artículo 77-C. La Secretaría proporcionará una cartilla de salud, en la cual se especifique y precise información sobre los principales problemas de salud de los adultos mayores, así como un seguimiento adecuado de su estado de salud.

Artículo 77-D. La prevención y protección de la salud del adulto mayor es una responsabilidad que comparte la familia, las instituciones públicas o privadas que tengan a su cargo a estas personas, el Estado y la sociedad en general.

Artículo 77-E. Las autoridades sanitarias, educativas y laborales en sus respectivos ámbitos de competencia, apoyarán y fomentarán las acciones que defina el Comité Nacional de Atención al Envejecimiento orientadas a promover una cultura preventiva y de control de las enfermedades y la salud del adulto mayor."

ARTICULO SEGUNDO. TRANSITORIOS

Primero. Este decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Salud deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación el Programa Nacional de Atención al Envejecimiento y el diseño de la cartilla de salud del adulto mayor a los 90 días después de la entrada en vigor de este decreto, ambos instrumentos estarán a cargo del Comité Nacional de Atención al Envejecimiento.

Tercero. La Secretaría de Salud establecerá el procedimiento para la distribución de la cartilla de salud del adulto mayor en todo el territorio nacional y su entrega se llevará a cabo 120 días hábiles después de la entrada en vigor de este decreto.

México, D.F. septiembre de 2001.— Palacio Legislativo de San Lázaro.— Diputada María Elena Alvarez de Vicencio.»

La Presidenta:

Túrnese a la Comisión de Salud.

ASISTENCIA (II)

La Presidenta:

Solicito a la Secretaría cierre el registro electrónico de asistencia.

El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:

Se informa a la Presidencia que hasta el momento el sistema registra la asistencia de 428 diputados.

Quedará abierto el sistema electrónico hasta por un minuto más.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde su curul):

Pido la palabra.

La Presidenta:

A sus órdenes diputado Jorge Carlos Ramírez Marín.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín  (desde su curul):

Solicitar muy atentamente a la mesa directiva, sea tan amable de turnar esta iniciativa también, a la Comisión de Grupos Vulnerables.

La Presidenta:

Esta mesa directiva considera que es pertinente la solicitud, en ese sentido se adiciona el turno para que quede en las comisiones unidas de Salud y Grupos Vulnerables.

El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:

Se informa a la Presidencia que hasta el momento el sistema registra la asistencia de 432 diputados. Ciérrese el sistema electrónico. (a las 11:57)

VOTO DE MEXICANOS EN EL EXTRANJERO

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Gregorio Urías Germán, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de reformas a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Gregorio Urías Germán:

Con su permiso señora Presidenta; compañeras y compañeros legisladores:

"Hemos tomado la determinación de presentar esta iniciativa de reformas y adiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en un momento de gran trascendencia para la vida de México en las convulsiones que a nivel internacional se están viviendo".

El tema es: los derechos políticos de los mexicanos en el extranjero, de nuestros conciudadanos en el extranjero. Consideramos que hoy en día se inscribe sin duda en la gran discusión y en la gran preocupación y en las grandes reflexiones que hoy se dan y se viven en el mundo, a raíz no sólo de las grandes transformaciones que se han operado en las relaciones internacionales en los últimos 10 años, sino de los atentados terroristas del pasado 11 de septiembre en el país vecino. Ese mismo día 11 de septiembre, expresamos aquí nuestra solidaridad con relación a las víctimas de los atentados terroristas.

Al mismo tiempo expresamos con toda firmeza nuestro rechazo y hoy lo ratificamos a todo tipo de atentados terroristas en cualquier parte del mundo contra cualquier pueblo, contra cualquier grupo de seres humanos. Estamos profundamente convencidos, como lo expresara el secretario General de las Naciones Unidas Coffi Hanan, que tenemos objetivos comunes los seres humanos, las naciones en la tierra, pero también tenemos enemigos comunes y el terrorismo es un enemigo de ellos.

Hoy, hablar y pretender legislar a favor de nuestros conciudadanos avecindados en otros países y fundamentalmente en el del norte, no puede hacerse; no podemos hacerlo al margen de este nuevo fenómeno, esta nueva crisis que viven las relaciones internacionales.

Es importante inscribir la relación que tenemos que reformar radicalmente el Estado mexicano con los millones y millones de mexicanos que viven fuera de nuestro territorio en esta nueva crisis internacional. Hoy tenemos que rediscutir y reflexionar con suficiente profundidad, con suficiente paciencia, con suficiente madurez, con suficiente inteligencia la gran necesidad, la gran urgencia que tenemos de reformar, de actualizar y de rediseñar hacia el futuro una política exterior de Estado, una política de exterior consensada, donde estemos por supuesto también los poderes del Estado, los poderes del Estado incluido de manera fundamental nuestro Poder Legislativo.

Compañeras y compañeros legisladores: ha cambiado enormemente la situación internacional, con tanta velocidad, con tanta profundidad, que no nos hemos dado el tiempo suficiente los mexicanos y particularmente el Estado, para rediscutirla, revisarla y actualizarla y sobre todo proyectarla hacia el futuro, porque la historia es pasado y tenemos que reivindicar nuestros principios de autodeterminación, libre determinación, pacifistas. pero también tenemos que actualizarlos en esas realidades actuales y sobre todo en una prospectiva hacia el futuro. Porque los grandes cambios que el esquema internacional bipolar sufrió, se iniciaron fundamentalmente a partir del Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética en 1985, cuando decidieron meter, introducir a esa gran potencia a una profunda reestructuración económica y política. Y esto trajo como consecuencia sin duda, entre otras, la caída del muro de Berlín en 1989 y posteriormente la desintegración de la gran potencia. Ahí inicia pues, la culminación de la etapa de la guerra fría y del esquema bipolar que de alguna manera era un esquema de seguridad nacional. Por supuesto, porque era un esquema de equilibrios y de contrapesos reales, desde el punto de vista de los poderíos militares y económicos y políticos que estaban localizados en diferentes regiones y en diferentes continentes del mundo.

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Posteriormente el desarrollo vertiginoso de la globalización económica, de la globalización de las comunicaciones, de la globalización de la cultura, de la globalización de los flujos migratorios y luego también el surgimiento de esa contradicción tan interesante, tan incierta y tan indescriptible hacia el futuro o inimaginable que es la contradicción entre globalifóbicos y globalófilos.

Compañeras y compañeros: la política exterior del Estado mexicano, por supuesto que no puede ser ni antes ni hoy ni mucho menos hacia el futuro, sólo función, sólo determinación, sólo decisión del Poder Ejecutivo; tiene que ser obra de todos los mexicanos, y no puede ignorar, en nuestra opinión, el hecho real de que vivimos una nueva integración económica mundial, una nueva reestructuración de las relaciones económicas, de las relaciones comerciales, de la configuración de mercados regionales, de procesos de integración económica, comercial y política, en determinadas regiones del continente.

Y en esa perspectiva y en esa realidad, tenemos que seguir reivindicando la integración latinoamericana. Pero tampoco podemos eludir la discusión de la integración continental. Porque bien o mal, la integración continental se está dando y la integración en la parte norte del continente, es un hecho que los mexicanos, menos que ningún otro país del continente hacia el sur, podemos descuidar por dos razones fundamentales: cualquiera de las dos tiene un gran peso. Pero en mi opinión en la historia, en la cultura, en el futuro y en la nacionalidad, la más importante es que tenemos menos de 10 millones de connacionales que viven en el norte y particularmente en Estados Unidos de América. Ese hecho no puede quedar ajeno a nuestra reflexión y redefinición de la política exterior del Estado mexicano.

Hoy tenemos que cambiar, tenemos que incluir de manera fundamental para que el Estado mexicano atienda no sólo los derechos políticos de los que estamos viviendo en el territorio, sino que atienda los derechos políticos de los que viven fuera del mismo. Pero además, se tiene que atender esta realidad en una segunda circunstancia: la integración económica, la integración comercial, que es un hecho que tiene historia y que en la última década y en los últimos años, se está profundizando, porque es producto de la propia evolución natural, de la propia evolución de las contradicciones y del desarrollo y de las relaciones de la economía internacional y eso no puede quedar al margen de nuestras consideraciones.

Tenemos que discutir esto porque incluso la propia defensa de nuestra soberanía, la propia fortaleza de nuestra cultura, de nuestra nacionalidad y de nuestro propio Estado mexicano en este mundo que se está globalizando y en estas relaciones que cada vez se profundizan más en su fusión en ocasiones, en su entremezclamiento, tenemos que fortalecer al Estado mexicano, tenemos que fortalecer nuestra nacionalidad. Pero esto tenemos que hacerlo no en una visión autárquica y romántica de sólo pensar en la historia, en el pasado, sino en el presente y sobre todo en el futuro.

Tenemos que actuar dentro de esos mismos contextos, de ese mismo proceso de globalización mundial y de ese mismo proceso de integración continental y de esos mismos procesos de integración en el norte y tenemos que tomar en cuenta de manera fundamental qué mejor soporte, qué mejor soporte para mantener la fortaleza de nuestra cultura, de nuestra nacionalidad y del poder político defensivo para nuestro Estado mexicano, que los más de 10 millones de compatriotas que viven en el país vecino. Qué mejor que organizar, que tomar en cuenta e incluirlos a nuestra vida política, que hacerlos parte no sólo de nuestra nación, sino de nuestro Estado mexicano, a esos compatriotas que viven fuera del territorio, fundamentalmente en Estados Unidos, pero también en otros países de América Latina y del mundo.

Pero incluso pensando en Latinoamérica existen hoy día en el país vecino del norte, no menos de los millones y millones de latinoamericanos que viven en toda la región de Centroamérica; son razones evidentes, son razones indiscutibles que hoy tenemos que reflexionar.

Por éstas y muchas más reflexiones que consideré oportuno expresarlas aquí, porque considero que se ha venido dando una discusión que el mismo día de ayer se daba para determinar si se aprobaba o no, la visita del Presidente de México a los Estados Unidos y porque se ha dado en las comparecencias del Secretario de Relaciones Exteriores, en este poder, en esta Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores.

Por ello, he decidido presentar esta iniciativa y hacer estas consideraciones iniciales. Porque además, desde 1988 por lo menos, he tenido la fortuna y la satisfacción de mantener una relación más o menos constante, más o menos continua, con muchos compañeros que viven en los Estados Unidos, compañeros mexicanos y con diversas organizaciones de los mexicanos que viven en el extranjero. Y hoy están aquí y me han solicitado ser el conducto para transmitir, para presentar ante esta soberanía, la iniciativa de reforma a la Constitución y al propio Cofipe.

Y se encuentran representando a diversas organizaciones los compañeros mexicanos que viven en los Estados Unidos. Como invitados especiales el compañero José Jacks Medina, de la Organización Pro Uno de Los Angeles; el compañero Benito Puente, del Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimenticia; el compañero David Silva Villalobos, del Comité de Defensa Popular del Estado de Washington; el compañero Carlos Arango Juárez, de Casa Aztlán, de Chicago; el compañero Jaime Martínez, de la Coordinadora 1996-2000 y los acompaña una personalidad distinguida y de mucho reconocimiento y respeto para nosotros, porque también tiene muchos años preocupándose por los problemas de nuestros compatriotas; el es el ex diputado federal Gerardo Unzueta.

Yo les agradezco la confianza y la oportunidad que me han brindado para presentar a todos ustedes, compañeras y compañeros legisladores, la siguiente reforma:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Ningún momento más oportuno y favorable que el actual para emprender la tarea de legislar sobre los derechos políticos de los ciudadanos mexicanos avecindados en el extranjero. Ha terminado la hegemonía del régimen de partido de Estado que, históricamente, fue el obstáculo principal que impidió el reconocimiento y puesta en práctica de esas prerrogativas. En la formación de un nuevo régimen democrático, para lo cual hoy existen las posibilidades, el reconocimiento y la institucionalización de los derechos políticos y electorales de nuestros compatriotas residentes en otros países, es un acto fundamental de primera importancia.

México se cuenta entre los países más atrasados al respecto. Los estados que han establecido el voto de sus ciudadanos en el extranjero permiten la participación en las elecciones para presidente o primer ministro de la nación; en la mitad de éstos se puede votar por diputados federales y senadores; en algunos, incluso, es posible participar en elecciones locales y hasta municipales. En el continente americano, Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Perú, República Dominicana y Venezuela, tienen legislaciones que específicamente consignan ese derecho.

Es éste, precisamente, el momento en que la añeja y justa demanda de los mexicanos en esas condiciones, puede implantarse como legislación concreta. De esta manera, el Congreso de la Unión saldaria una cuenta del Estado mexicano con la democracia.

La presentación de esta iniciativa de reformas a los artículos 52, 53, 54, 55, 56 y 60 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene el propósito de establecer no solamente el derecho al voto en las elecciones presidenciales de quienes se hallan avecindados en una u otra nación, en una u otra región geográfica, sino de establecer las condiciones de su participación, organización y representación plenas; esto es, la realización de sus prerrogativas constitucionales.

Las reformas propuestas a los artículos 52 y 53, tienen el objeto de precisar la materia de las modificaciones constitucionales que se proponen.

Desde el principio se establece, artículo 52, el aumento del número de integrantes de la Cámara de Diputados; la propuesta de este incremento, se refiere únicamente a los legisladores que "serán electos según el principio de representación proporcional mediante el sistema de listas regionales". De igual manera, se propone agregar una circunscripción electoral más sobre las cinco en que actualmente se divide al país, dentro del sistema mixto que caracteriza a la estructura general del ordenamiento al que se encuentran sujetos los comicios de carácter federal.

Esto es, se trata del establecimiento de la forma en que será electa una de las partes de la Cámara de Diputados, la que representaría a los mexicanos avecindados en el extranjero. Ellos, como los ciudadanos residentes en cualquiera de las otras circunscripciones, elegirían 40 diputados. De esta manera el conjunto de los integrantes de esa institución, se elevaría a la cantidad de 540.

El principio de representación proporcional y el sistema de listas, se mantienen sin cambio para las cinco circunscripciones en que se divide el territorio nacional. La sexta circunscripción se establecerla en la Ley fundamental, para hacer posible "el ejercicio de los derechos electorales de los ciudadanos mexicanos en el extranjero". De la naturaleza de los puestos que se asignan a los representantes de esos conciudadanos, se desprende el método de su elección, similar, en términos generales, al establecido para la elección de 200 diputados plurinominales o sea, mediante el sistema de cociente natural y resto mayor de la votación, para distribuir los puestos de diputados entre los partidos contendientes, siguiendo el orden de la lista registrada por éstos.

La propuesta de reformas al artículo 54 establece las similitudes y diferencias entre los mecanismos a que debe sujetarse la elección de diputados de representación proporcional, en las cinco circunscripciones en que se divide al país y en la sexta. Es similar, por ejemplo, el requisito exigido a un partido político "para obtener el registro de sus listas" que acredite su participación con candidatos a diputados por mayoría relativa "en por lo menos 200 distritos uninominales".

En cambio, existe diferencia, importante por cuanto hace al derecho del partido que haya alcanzado el 2% "del total emitido para las listas" en las cinco circunscripciones en las que se ha dividido al país "para que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional", con las formas que se plantean en la iniciativa para el ejercicio del voto en el extranjero.

La propuesta de modificación al respecto consiste en un agregado que diría: "para el caso de la sexta circunscripción, la votación se hará directamente sobre las listas que presenten los partidos nacionales. La asignación de diputados entre los partidos que hayan alcanzado el 2%, se hará según los elementos de cociente natural y resto mayor establecidos en la legislación vigente".

Se trata de establecer un método general de votación que haga viable la manifestación de la voluntad de los mexicanos avecindados en el extranjero, que les permita emitir sus sufragios en favor de la lista del partido nacional de su preferencia; que a su vez permita la conformación de una representación parlamentaria plural, capaz de expresar, de la manera más amplia posible, los intereses, inquietudes y necesidades de los mexicanos avecindados en el extranjero.

La manifestación electoral de nuestros compatriotas debe enmarcarse dentro de la legalidad que nuestro pueblo ha comenzado a construir para las funciones comiciales democráticas, comunes a todos los mexicanos. Por ello, hemos considerado necesario situar en un párrafo aparte de esta fracción II, la relación estricta de la actividad electoral de los mexicanos en el extranjero con el órgano público encargado de las elecciones federales: el Instituto Federal Electoral. Más, como es evidente que se trata de una función que, dentro de su carácter estatal, adquiere particularidades no atribuibles a ninguna instancia establecida, la iniciativa contiene la siguiente proposición:

"Todo el proceso electoral relativo a la sexta circunscripción, será conducido por una comisión especial integrada por decisión del Consejo General del Instituto Federal Electoral, con facultades equivalentes a las de un consejo local de cabecera de circunscripción."

Al aprobarse la integración de la sexta circunscripción para el ejercicio de los derechos electorales de los ciudadanos mexicanos en el extranjero bajo las formas aquí señaladas, se igualarían las prerrogativas en este orden de los mexicanos dentro y fuera del país, ya que se votaría en la elección de presidente de la República y de senadores cada seis años y en la de diputados cada tres, tanto en el extranjero como en el conjunto del país.

Naturalmente, dada la especificidad del ejercicio de los derechos electorales en el extranjero, éste debe estar sometido a formas específicas. La iniciativa las contiene al proponer la adición de un nuevo libro, el noveno, al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde se incorporan las bases para regular la organización del proceso electoral.

Para el diseño del Libro Noveno que se plantea, en primer lugar se establece en concordancia con el último párrafo de la propuesta de modificación a la fracción II, que la votación por las listas de candidatos de la sexta circunscripción "se hará en las casillas instaladas por decisión del Instituto Federal Electoral". Ello no puede hacerse con criterios de espontaneidad, sino encontrando las condiciones que permitirían acceder al conjunto de los ciudadanos mexicanos en el extranjero y que brindarían a éstos la más amplia confiabilidad en los resultados. De ahí surge la necesidad de establecer, desde la modificación constitucional, las bases sobre las que se llevaría a cabo la función electoral en el extranjero.

Estados Unidos de América es el país donde se concentra el mayor número de mexicanos avecindados en el extranjero. Por ello, siguiendo el padrón de electores en el extranjero del Instituto Federal Electoral, se propone la instalación de casillas en las 10 principales ciudades de ese país y "en los 50 condados con mayor concentración de ciudadanos mexicanos" (inciso a de la propuesta). Considerando las corrientes migratorias hacia otros países como Canadá, y que desde hace tiempo existen colonias mexicanas en países de América Latina y Europa, se establece la base b, según la cual "se instalarán casillas en las ciudades capitales y en ciudades donde vivan más de 5 mil ciudadanos mexicanos".

1104,1105,1106

En la propuesta se establece, por primera vez en nuestra legislación electoral, la figura del voto por correo, cuyo objetivo es facilitar la votación de "ciudadanos mexicanos registrados en el padrón de electores en el extranjero del Instituto Federal Electoral, que vivan a una distancia mayor de 200 kilómetros de la casilla más cercana cuestión que deberá ser reglamentada por el IFE (inciso c de la propuesta). Tomando en consideración fenómenos de dispersión que se producen, sobre todo en el caso de trabajadores agrícolas, la propuesta incluye la instalación de una casilla a petición formal y con la debida anticipación de por lo menos 200 ciudadanos mexicanos (inciso d de la propuesta).

Dos requisitos deberán cumplir los ciudadanos mexicanos en el extranjero para ejercer su derecho al voto, según el inciso e de la propuesta: presentación de la credencial para votar con fotografía expedida por el IFE, y la exhibición de un documento "que pruebe su residencia en el territorio del país extranjero en que se realiza la elección".

En tanto, la participación de los mexicanos en el extranjero en los procesos electorales, se trata de una cuestión inédita para nuestro país y toda vez que el sistema electoral mexicano ha cursado difíciles experiencias, es un imperativo elevar dicha participación a rango constitucional. La iniciativa en comento parte de que la elaboración del padrón electoral se integra con las listas nominales elaboradas por el Instituto Federal Electoral y el Registro Nacional de Electores. Considerando que buena parte de los ciudadanos mexicanos no cuenta con su credencial de elector, precisamente por los factores de migración indocumentada, se hace imprescindible poner al día la documentación electoral, lo cual requiere agregar las acreditaciones que emitan estos órganos "previa solicitud que deberá ser satisfecha en un plazo no mayor de dos meses".

Por cuanto se refiere a la jornada electoral, las especificaciones precisas, aunque no difieren de manera fundamental de las normas comunes a las jornadas electorales nacionales, exigen una precisión muy estricta, toda vez que no hay antecedentes al respecto. Por lo que se requiere precisión en los métodos de vigilancia en que deberán participar las mesas directivas de casilla; los representantes acreditados del IFE en cada una de ellas; los representantes de los partidos que hayan registrado candidatos; las formas de cómputo, las particularidades para su remisión a la sede del IFE y hasta las formas de cómputo de los votos por correo.

Uno de los aspectos más relevantes de esta propuesta de modificación constitucional, se contiene en el artículo 55 y se refiere, al agregado en materia de requisitos para ser candidato a diputado plurinominal; a diferencia de los candidatos que integrarían las listas regionales de las cinco circunscripciones nacionales a los que se exige ser originario de una de las entidades que comprenda la circunscripción o vecino de ella, con una residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de la elección, en el caso de quienes integrarían la lista de candidatos a diputados en representación de los mexicanos en el extranjero, además se les exige:

"...Ser originario de una de las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos, poseer credencial de elector emitida por el Instituto Federal Electoral y acreditar la vecindad no menor de tres años en el país extranjero de que se trate... ", la cual no se perdería por ausencia con motivo del desempeño de cargos públicos de elección popular.

En esta formulación, destaca el requisito de estar avecindado por un tiempo no menor de tres años en el país extranjero de que se trate, a diferencia de los seis meses de residencia efectiva que se demandan, para los candidatos plurinominales de las cinco circunscripciones en que se divide el país. La razón principal de ello, es la necesidad de conformar listas con candidatos conocedores de los problemas de los mexicanos residentes en el extranjero, por un lado y por el otro, dar confianza a nuestros compatriotas de que serán representados en el Congreso de la Unión, por personas ligadas a las necesidades y a la vida diaria de ellos.

El párrafo siguiente busca dar respuesta al problema del número de diputados plurinominales que correspondería elegir, en cada uno de los países donde existe población mexicana. Esta responsabilidad quedaría definida en el párrafo cuarto de la redacción constitucional que se propone: "el Instituto Federal Electoral hará la distribución proporcional del número de diputados que correspondan a cada país o región geográfica, según la cantidad de ciudadanos mexicanos avecindados en ella".

Por cuanto se refiere al artículo 55, la iniciativa contempla como impedimento para figurar como candidatos en las listas de los partidos, el prestar sus servicios ya sea como trabajador o bien como funcionario en la esfera pública de nación extranjera.

El debate sobre el tema centraba su atención en la elección presidencial y de manera circunstancial para diputados plurinominales; más las reformas incorporadas a la Constitución en 1996, establecieron también la elección de senadores por esta vía. Con esta reforma, el Congreso de la Unión determinó agregar al primitivo número de senadores de mayoría y primera minoría, la cantidad de 32 legisladores de esa Cámara, que serían "elegidos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional".

La propuesta cuyos motivos exponemos, considera necesario que, junto con la apertura de la Cámara de Diputados a la representación de los mexicanos en el extranjero, se abra también la Cámara de Senadores, pues de otra manera su derecho a la plena representación estaría coartado. De ahí las reformas que se proponen al artículo 56, en su segundo y tercer párrafos.

En primer lugar, se propone elevar el número de senadores en 10, los cuales serían electos en la sexta circunscripción, con el mismo método de votación de listas presentadas por los partidos políticos nacionales. Con aplicación de normas iguales, las organizaciones participantes "que alcancen por lo menos el 2% de la votación emitida en la circunscripción, tendrán derecho a que se les asignen senadores según el principio de representación proporcional...". Serán requisitos para su participación como candidatos a la Cámara de Senadores, probar su vecindad cuando menos de tres años en el país extranjero donde se realiza la elección, como se exige a los candidatos a diputados.

Por otro lado consideramos oportuno proponer el mecanismo jurídico que puede ser utilizado para recurrir a las resoluciones del Instituto Federal Electoral, por cuanto se refiere a la sexta circunscripción, toda vez que no existe ningún órgano jurídico intermedio, proponemos que las impugnaciones se presenten directamente, ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aceptando, desde luego, que los fallos de tal autoridad serán definitivos e inapelables. Para tal efecto se plantea un agregado al artículo 60, que quedaría como párrafo cuarto.

No obstante el rigor con que se sustenta esta iniciativa de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es indispensable destacar un aspecto de orden sociológico y también de elemental sentido de solidaridad que motiva esta propuesta legislativa: los mexicanos, que viven en el extranjero, en su inmensa mayoría, han emigrado por circunstancias ajenas a su voluntad, sobre todo por razones de sobrevivencia. Las crisis recurrentes en la vida económica y social de nuestro país y la vecindad con una nación que requiere fuerza de trabajo, han conducido a millones de connacionales a buscar medios de vida en el extranjero. Pero ello no los priva de su nacionalidad ni de sus derechos ciudadanos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es contundente en ese sentido.

A este respecto, son claras e ineludibles las prerrogativas del ciudadano consignadas en las fracciones I, II y III del artículo 35 constitucional. Según éstas el ciudadano mexicano tiene el derecho de "votar en las elecciones populares," "a ser votado para todos los cargos de elección popular" "asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacifica en los asuntos políticos del país".

No se trata, y no puede tratarse, de una demanda cuyuntural. Satisfacerla es un acto estatal que tiene gran relación con el concepto de soberanía. Ya que ésta "reside esencial y originariamente en el pueblo", el Estado mexicano no debe seguir privando de sus prerrogativas ciudadanas, a poco más de una octava parte de la población que reclama ejercerlas. El Poder Legislativo tiene la obligación de resolver esta cuestión en el presente periodo de sesiones. La aprobación de estas reformas es el camino más directo para ello.

Este apartado quedaría incompleto, si dejáramos de mencionar el importante aporte de carácter económico que los mexicanos en el extranjero hacen a nuestro país: más de 9 mil millones de dólares que envían a sus familiares y que sólo por concepto de IVA el Gobierno mexicano capta 1 mil 350 millones de dólares al año. Además del impacto directo en la infraestructura, escuelas, hospitales, obra hidráulica etcétera que ante el olvido del Gobierno, esos mexicanos han ofrecido a sus pueblos.

Estas acciones de por si obligan a la congruencia, sin embargo, debemos considerarlas, a la luz del artículo 25 constitucional, como un importante aporte del sector social al desarrollo económico del país. En tal caso, es un contrasentido que se les siga negando participación en los eventos e instituciones del poder público que determinan el rumbo del país.

En el contexto del derecho internacional y su impacto en nuestro derecho interno, debemos atender la obligación que surge de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 18 de diciembre de 1990 y suscrito por el Gobierno mexicano el 22 de mayo de 1991, mismo que en su artículo 41 primer párrafo establece:

I. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a participar en los asuntos públicos de su Estado de origen y a votar y ser elegidos en las elecciones celebradas en ese Estado, de conformidad con su legislación.

En razón de las anteriores consideraciones y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta soberanía la presente

INICIATIVA DE DECRETO

En virtud del cual se adicionan y reforman los artículos de 52, 53, 54, 55, 56 y 60 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a sí mismo, incorpora el Libro Noveno al Código Federal de instituciones y procedimientos electorales.

Artículo primero. Se reforma el segundo párrafo del artículo 53; se reforma el primer párrafo y las fracciones I, II y V del artículo 54; se reforma el segundo párrafo de la fracción III y se adicionan dos párrafos más a la misma, así como se adiciona la fracción V, ambas del artículo 55; se reforma y adiciona el artículo 56; y se reforma y adiciona el artículo 60 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

"Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 240 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas, votadas en seis circunscripciones plurinominales.

Artículo 53.

Segundo párrafo:

Para la elección de los 240 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de listas, se constituirán seis circunscripciones electorales plurinominales. La ley determinará la forma de establecer la demarcación de las cinco circunscripciones en el territorio nacional. La sexta circunscripción se establece para el ejercicio de los derechos electorales de los ciudadanos mexicanos en el extranjero. Al igual que en las cinco circunscripciones en que se divide el país, los ciudadanos mexicanos en el extranjero podrán elegir 40 diputados.

Artículo 54. La elección de los 240 diputados según el principio de representación proporcional según el sistema de asignación por listas se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:

I. Un partido político, para obtener el registro de sus listas en las seis circunscripciones, deberá acreditar que participa con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos 200 distritos uninominales.

II. Todo partido político que alcance por lo menos el 2% del total de la votación emitida para las listas regionales de las cinco circunscripciones plurinominales en que se ha dividido al país, tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional. Para el caso de la sexta circunscripción la votación se hará directamente sobre las listas que presenten los partidos nacionales. La asignación de diputados entre los partidos contendientes que hayan alcanzado el 2% de la votación nacional, se hará según los elementos de cociente natural y resto mayor, establecidos en la legislación electoral.

Todo el proceso electoral relativo a la sexta circunscripción será conducido por una comisión especial integrada por decisión del Consejo General del lnstituto Federal Electoral, con facultades equivalentes a de un consejo local de cabecera de circunscripción.

V. Ningún partido político podrá contar con más de 340 diputados por ambos principios.

1107,1108,1109

Artículo 55. Para ser diputado se requieren los siguientes requisitos:

II.

III.

Párrafo segundo.

Para figurar como candidato a diputado en las listas de las cinco circunscripciones electorales plurinominales en que se divide el país, se requiere ser originario de alguna de las entidades federativas que comprenda la circunscripción en la que se realice la elección o vecino de ella, con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha en que la misma se celebre.

Para figurar en las listas de la sexta circunscripción electoral plurinominal como candidato, se requiere ser originario de alguna de las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos, poseer credencial de elector emitida por el Instituto Federal Electoral y acreditar la vecindad no menor de tres años en el país extranjero de que se trate. La vecindad en territorio nacional o en un país extranjero no se pierde por el desempeño de cargos de elección popular.

El Instituto Federal Electoral hará la distribución proporcional del número de diputados que correspondan a cada país o región geográfica, según la cantidad de ciudadanos mexicanos avecindados en ella.

IV. . .

V. Como cuarto párrafo se agrega.

Los ciudadanos mexicanos en el exterior no podrán ser candidatos cuando se desempeñen como funcionarios o trabajadores en la función pública de nación extranjera.

Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por 138 senadores, de los cuales, en cada Estado y en el Distrito Federal, dos serán electos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría.

El párrafo continúa con la misma redacción hasta su final. El segundo párrafo quedaría con la redacción siguiente:

Los 42 senadores restantes serán electos según el principio de representación proporcional, 32 mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional y 10 más en la sexta circunscripción, igualmente mediante el sistema de listas.

Los partidos políticos nacionales que alcancen por lo menos el 2% de la votación emitida en esa circunscripción tendrán derecho a que se les asignen senadores según el principio de representación proporcional. En este caso, el método de la elección observará los mismos procedimientos y formas de conducción de la elección de diputados por el principio de representación proporcional para la sexta circunscripción. Igualmente sólo podrán ser candidatos a senadores de representación proporcional aquellos ciudadanos mexicanos que tengan, por lo menos, tres años de vecindad probada en el país extranjero de que se trate y posean credencial de elector expedida por el Instituto Federal Electoral.

Artículo 60. El organismo público previsto en el artículo 41 de esta Constitución, de acuerdo con lo que disponga la ley, declarará la validez de las elecciones de diputados y senadores en cada uno de los distritos uninominales, en cada una de las entidades federativas y en la sexta circunscripción plurinominal. Asimismo, hará la declaración de validez y la asignación de diputados y senadores según el principio de representación proporcional de conformidad con los artículos 54 y 56 de esta Constitución y la ley.

Por cuanto se refiere a las resoluciones del organismo electoral federal acerca de las elecciones de los ciudadanos mexicanos en el extranjero, éstas sólo podrán impugnarse ante la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, únicamente cuando por los agravios esgrimidos se pueda modificar el resultado de la elección. Los fallos de la sala serán definitivos e inapelables."

Artículo segundo. Se adiciona el Libro Noveno al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y así como se reforman y adicionan la Ley de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral, Código Penal, en lo conducente al apartado de delitos electorales y demás leyes aplicables en la materia, conforme las siguientes bases.

"LIBRO NOVENO

Del ejercicio de los derechos electorales

de los mexicanos en el

extranjero

La votación por los candidatos inscritos en las listas de la sexta circunscripción se hará conforme a las siguientes bases:

a) En los Estados Unidos de América se instalarán casillas electorales en las 10 ciudades principales del país y en los 50 condados con mayor concentración de ciudadanos mexicanos, de acuerdo con el padrón de electores en el extranjero, del Instituto Federal Electoral.

b) En otros países, se instalarán casillas en las ciudades capitales y en aquellas ciudades donde vivan más de 5 mil ciudadanos mexicanos.

c) Para aquellos ciudadanos mexicanos registrados en el padrón de electores en el extranjero del Instituto Federal Electoral que vivan a una distancia mayor de 200 kilómetros de la casilla más cercana, se pondrá en práctica el voto por correo, según las instrucciones precisas que el mismo Instituto Federal Electoral elabore para el caso.

d) En el caso de que 200 ciudadanos mexicanos o más de una región donde no se haya previsto la instalación de una casilla, lo soliciten por escrito con la debida anticipación, el Instituto Federal Electoral deberá proceder a su instalación.

e) Los únicos requisitos para votar serán la presentación por el ciudadano de la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral y exhibir un documento que pruebe su residencia en el territorio del país extranjero en que se realiza la elección. Cada partido registrado en el país tendrá derecho a acreditar representantes en la casilla correspondiente, siempre y cuando haya presentado lista de candidatos.

f) El padrón electoral se constituirá con las listas nominales elaboradas por el Instituto Federal Electoral y el Registro Nacional de Electores, a las que deberán agregarse las acreditaciones que emitan estos órganos, por vía solicitud que deberá ser satisfecha en un plazo no mayor de dos meses.

g) El día de la jornada electoral se recogerán los sufragios en las urnas instaladas para el efecto, bajo la vigilancia de una mesa directiva de casilla y de un representante acreditado del Instituto Federal Electoral. Por cómputo de la votación se realizará con la intervención de estos mismos funcionarios en los lugares donde se haya realizado la votación y en presencia de los representantes acreditados por los partidos que hayan registrado candidatos.

h) El representante del Instituto Federal Electoral presenciará todo el desarrollo de la jornada electoral y al terminar ésta con el cómputo de la votación en cada casilla, reunirá en un solo paquete las boletas que se usaron en la elección, las boletas no utilizadas convenientemente anuladas, un acta circunstanciada del acto firmada por la mesa directiva de casilla, los representantes de partidos políticos y el propio funcionario. Acto seguido sellará el paquete, el cual deberá ser trasladado a la sede del Instituto Federal Electoral en la Ciudad de México, en un plazo no mayor de 48 horas.

i) En el caso de los votos por correo, el Instituto Federal Electoral designará una mesa directiva de casilla para votos por correo, que vigilará, junto con los representantes de los partidos políticos, el cómputo de esas boletas; éste deberá realizarse simultáneamente al resto de los votos y se sellarán los paquetes que contengan las boletas respectivas, así como un acta circunstanciada del acto electoral, firmada por la mesa directiva de la casilla, el representante acreditado por el Instituto Federal Electoral y los de los partidos, paquetes que serán trasladados a la sede del órgano público electoral en la Ciudad de México en un plazo no mayor de 48 horas.

Atentamente.

Diputado Gregorio Urías Germán."

Presidencia de la diputada
María Elena Alvarez Bernal

La Presidenta:

Señor diputado, su exposición ha agotado los 30 minutos que la normatividad señala como máximo para cualquier exposición. Le ruego concluir considerando que el texto íntegro de su iniciativa quedará consignado como si usted la hubiera presentado totalmente.

El diputado Gregorio Urías Germán:

Gracias, señora Presidenta.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado:

Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Gobernación y de Seguridad Pública.

LEY DEL INSTITUTO PARA LA PROTECCION

AL AHORRO BANCARIO

La Presidenta:

Hará uso de la palabra el diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de reformas a diversas disposiciones de la Ley del IPAB.

El diputado José Antonio Magallanes  Rodríguez:

Con su permiso, señora presidenta; compañeras y compañeros diputados:

«Iniciativa de ley que adiciona el artículo 62-bis de la Ley del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Durante el periodo comprendido entre 1990 y 1994 la economía mexicana mostró cierta estabilidad, lo que provocó una fuerte expansión crediticia del sistema financiero.

El mecanismo dependía totalmente de dos supuestos fundamentales:

a) Tasa de interés a la baja o cuando menos niveles similares a los existentes cuando se contrataba el crédito y

b) Incremento real a través del tiempo del ingreso de quienes obtenían el crédito.

Sin embargo, la crisis financiera que estalló en el país a finales de 1994, rompió los dos supuestos fundamentales del esquema y cambió el contexto de estabilidad observado entre 1990 y 1994 por uno de incertidumbre, con inflación y devaluación para los años posteriores.

De esta manera tan sólo en 1995 el salario mínimo real se redujo en más de 14% y la tasa de interés activa se situó en niveles cercanos al 100%, aunado a que se incrementó el desempleo de manera alarmante.

Durante el periodo comprendido entre 1995 y 1998 se crearon varios programas para ayudar y alentar a los deudores a pagar sus créditos pendientes, lo cual ayudaría a los bancos a mejorar la calidad de su cartera y a mantener sus flujos de efectivo.

Sin embargo, a lo largo del periodo mencionado el contexto macroeconómico fue caracterizado por una elevada inflación y una caída sistemática en los salarios reales.

Ante el problema generado por el disparo abrupto de las tasas de interés, inflación y el deterioro del ingreso real de los deudores, se propuso utilizar el esquema de Unidades de Inversión (Udis), adecuar la vigencia de los créditos (plazo), así como la tasa de interés.

Sin embargo, el contexto macroeconómico en el que fue implementado provocó que al utilizar las Udis como unidad de cambio, se incorporara la inflación al valor de la deuda, con lo que se actualizo su valor y se combinó con una persistente caída del ingreso, por lo que el problema de los deudores, lejos de mejorar; empeoró.

Salario mínimo y valor de las Udis: 1995-1999
Año Salario Mínimo */ Valor de las Udis
Nominal Var/Real Nominal Var.Real
1995 1/ 538.93 -14.63 1.3378 33.78
669.25 -4.17 1.7105 27.86
1996
798.13 0-47 1.9994 16.89
1997
902.38 -2.62 2.3620 18.14
1998
1999 2/ 1,044.68 -0.97 2.4966 5.70

1110,1111,1112

Debido a la profundidad de la crisis adicional a la aplicación del esquema Udis, las autoridades financieras implementaron programas de apoyo a deudores, el programa Ade y Punto Final fueron algunos de ellos, en dichos programas se buscaba aligerar el peso de la deuda a los deudores, que ya se encontraban bajo el esquema de las Udis. En particular, el Programa de Apoyo a Deudores ofreció descuentos en principio del 30% en el pago mensual de la deuda, lo que fue equivalente a reducir el servicio de la deuda y no el saldo deudor.

El programa fracasó por las siguientes razones:

A) Por el efecto que produce el esquema Udis, combinado con el deterioro del salario real, que se explicó anteriormente.

B) Los descuentos en el servicio de la deuda fueron temporales y cada vez menores, en los primeros meses los descuentos fueron equivalentes a reducir la tasa a niveles cercanos al 5%. Sin embargo, en octubre de 1996 se incrementó la tasa en más de un punto y posteriormente se redujeron los descuentos.

C) Finalmente, las reducciones no se hicieron en el saldo deudor, sino sólo en el servicio de la deuda, lo que provocó un efecto transitorio y no permanente.

Las administradoras de cartera:

Como resultado del proceso de rescate bancario el Fobaproa heredó al IPAB la totalidad de la operaciones de compra de cartera que realizó, quedando en un principio bajo la administración del Instituto de Protección al Ahorro Bancario.

El 12 de agosto de 1999, el Instituto de Protección al ahorro Bancario (IPAB) dio a conocer su programa de enajenación de bienes, bajo el cual conforme a su ley, se regirían todas las operaciones de venta de activas que realizara el Instituto.

El programa de enajenación de bienes, emanado del Título Tercero Capítulo II y del artículo decimotercero transitorio, de la Ley del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, contemplo la aparición de entidades privadas, llamadas "administradoras de cartera" como los organismos intermediarios y especializados, que adquirirían estas carteras directamente del IPAB y las "cobrarían" a los deudores.

Este marco jurídico ha provocado que, las administradoras de cartera hayan encontrado un clima propicio para "lucrar" con la deuda de millones de mexicanos, actuando meramente como intermediarios y adquiriendo hasta el momento cartera por un valor total de 58 mil 898 millones de pesos, por la cual han pagado aproximadamente 10 mil 121 millones de pesos, es decir, que por cada peso que ha vendido el IPAB, sólo a recuperado en promedio 17 centavos, cifra muy por debajo del 30% que alguna vez estimaron recuperar las autoridades gubernamentales.

Por si lo anterior fuera poco, las administradoras de cartera a su vez están vendiendo la cartera adquirida a un promedio de 80 centavos, esto es, están cuatriplicando el precio de adquisición y con ello el costo para los deudores que se acercan a estas administradoras a reestructurar sus créditos.

Lo anterior coloca a las empresas administradoras de cartera como los grandes beneficiados del problema de los deudores, ya que al adquirir la deuda del IPAB, con un descuento de 83% en promedio, este margen se ha traducido en un beneficio directo para las administradoras y no para los deudores, pues gracias a esto el IPAB ha dejado de recibir aproximadamente 48 mil millones de pesos en lo que va del año y los deudores no han podido recomprar su deuda en el precio al que está vendiendo el IPAB.

Por lo anteriormente expuesto y con objeto de adecuar el marco jurídico del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, a fin de que se encuentre en la posibilidad de ofrecer a los pequeños y medianos deudores la posibilidad de recomprar sus deudas, sin la intermediación de las administradoras de cartera, otorgando una especie de "derecho al tanto".

Por todo lo anterior el suscrito y con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a su consideración la siguiente

INICIATIVA DE LEY

Que adiciona el artículo 62-bis de la Ley del Instituto de Protección al Ahorro Bancario

Artículo 62-bis.

Cuando los bienes definidos en el artículo 61 de esta ley, se refieran a créditos que hayan sido otorgados por las instituciones bancarias, entre 1994 y 1998 y cuyo monto original no hubiese sido mayor de 1 millón de pesos, el instituto deberá enajenarlos de manera directa.

Para ello, el instituto elaborará un programa que deberá sujetarse a los siguientes criterios generales:

I) El programa que llevará a cabo el Instituto deberá ser autofinanciable, es decir, que el instituto incorporará dentro del precio de venta de la cartera en cuestión, los gastos administrativos adicionales que el programa le genere.

II) Con objeto de reducir los gastos administrativos el Instituto deberá gestionar con las instituciones bancarias y con la Comisión Nacional de la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), el aprovechamiento de la infraestructura disponible, de tal manera que coadyuven en la implementación del programa, para servir como ventanilla de gestión.

III) En reciprocidad al apoyo recibido durante el rescate bancario, los bancos no podrán cobrar comisión alguna por el apoyo otorgado en la operación de este programa.

IV) El instituto publicará listas pormenorizadas de los créditos que se encuentren en la situación descrita en este artículo, de manera tal, que los deudores puedan enterarse y asistir a las oficinas bancarias o de la Condusef, a iniciar el proceso de recompra de sus créditos.

V) El precio de venta de la cartera a que se refiere este artículo no podrá exceder de los 35 centavos por cada peso, al valor original del crédito.

VI) Si los créditos referidos se encuentran dentro de las "transacciones reportables" los bancos asumirán el 100% del descuento a que se refiere la fracción V de estas reglas generales.

VII) Ninguna persona física o moral que sea de reconocida solvencia económica bajo ninguna circunstancia podrá participar en este programa, aun cuando sus deudas se encuentren dentro de las carteras referidas en el artículo 62-bis de esta ley.

VIII) Cuando la cartera a que se refiere el artículo 62-bis de esta ley haya sido cedida en administración a alguna "administradora de cartera" el instituto la recuperará y la incorporará al programa.

IX) Cuando la cartera referida en el artículo 62-bis haya sido vendida por el instituto, a alguna administradora de cartera, el instituto la recomprará a las administradoras, para lo cual pagará el mismo precio al que la vendió.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 4 de octubre de 2001.— Diputados: José Antonio Magallanes Rodríguez, José Manuel del Río Virgen, Luis Herrera Jiménez, Auldarico Hernández, Rosalinda López Hernández, Rogaciano Morales Reyes Jaime Cervantes R., Tomás Torres M., Rafael Hernández, Arturo Escobar, Angel Meixueiro, Elías Martínez, Jaime Aceves Pérez, Gustavo Riojas, Luis Miguel Barbosa Huerta y Víctor Hugo Cirigo.»

Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel

La Presidenta:

Muchas gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

CONDECORACIONES

La Presidenta:

El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen relativo a la solicitud de permiso de los ciudadanos Pedro González Olvera y Jaime Ignacio Corredor Esnaola, para que acepten y puedan usar condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.

En virtud de que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura.

El secretario Adrián Rivera Pérez:

Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa. Se le dispensa la lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con las solicitudes de permiso de los ciudadanos Pedro González Olvera y Jaime Ignacio Corredor Esnaola, para aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes grados les confieren los gobiernos de la República de El Salvador y del Estado de Baja Sajonia, República Federal de Alemania, respectivamente.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C de los artículos 37 constitucional y 60 segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Pedro González Olvera, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional "José Matías Delgado", en grado de comendador, que le confiere el Gobierno de la República de El Salvador.

Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Jaime Ignacio Corredor Esnaola, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno del Estado de Baja Sajonia, República Federal de Alemania.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México, D. F., a 26 de septiembre de 2001.— Firman: Armando Salinas Torre, presidente; J. Antonio Hernández Fraguas, Víctor Manuel Gandarilla Carrasco, José Guillermo Anaya Llamas y Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, secretarios; Manuel Añorve Baños, José Francisco Blake Mora, Tomás Coronado Olmos, Omar Fayad Meneses, Ricardo Francisco García Cervantes, Arturo Escobar y Vega, Ma. Teresa Gómez Mont y Urueta, Federico Granja Ricalde, Lorenzo Rafael Hernández Estrada, Efrén Leyva Acevedo, Miguel Angel Martínez Cruz, Rodrigo David Mireles Pérez, José Narro Céspedes, Ricardo Augusto Ocampo Fernández, Fernando Ortiz Arana, Germán Arturo Pellegrini Pérez, José Jesús Reyna García, Eduardo Rivera Pérez, Jorge Estebán Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago Ramírez, David Augusto Sotelo Rosas, Ricardo Torres Origel, Jaime Vázquez Castillo, Nestor Villarreal Castro y Roberto Zavala Echavarría.»

La Presidenta:

Es de segunda lectura.

En consecuencia, se pide a la Secretaría poner a discusión el proyecto de decreto.

El secretario Adrián Rivera Pérez:

Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Pedro González Olvera y Jaime Ignacio Corredor Esnaola, para aceptar y usar las condecoraciones de la orden nacional "José Matías Delgado", en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República de El Salvador y de la Orden al Mérito en grado de Gran Cruz que le confiere el gobierno del Estado de Baja Sajonia, República Federal de Alemania.

La Presidenta:

Está a discusión el dictamen en lo general.

No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se va a proceder a recoger la votación nominal.

Solicito a la Secretaría hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior.

El secretario Adrián Rivera Pérez:

Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior.

Abrase el sistema electrónico por 10 minutos para tomar la votación nominal del proyecto de decreto.

(Votación).

1113,1114,1115

El secretario Adrián Rivera Pérez:

Se emitieron 375 votos en pro y cero en contra.

La Presidenta:

Aprobado por 375 votos en pro.

Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

LEY DE PREMIOS, ESTIMULOS

Y RECOMPENSAS CIVILES

La Presidenta:

El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 6o. y se recorre el número de diversos capítulos, así como algunos artículos de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura.

La secretaria Martha Silvia Sánchez  Gónzalez:

Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se le dispensa la lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa por la que se reforma la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a fin de incluir el Premio Nacional de Protección Civil, presentada por el diputado Lorenzo Rafael Hernández Estrada, el 18 de septiembre de 2001, a nombre del grupo de trabajo en materia de protección civil de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, integrado por los diputados Manuel Añorve Baños, Lorenzo R. Hernández Estrada, José Jesús Reyna García, Jaime Vázquez Castillo, Arturo Escobar y Vega, Rodrigo D. Mireles Pérez, Néstor Villarreal Castro y Eduardo Rivera Pérez.

Los integrantes de esta Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Asamblea el presente dictamen de conformidad con los siguientes

ANTECEDENTES

1. El 18 de septiembre de 2001 la mesa directiva de esta Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública la iniciativa que nos ocupa, a efecto de que se elaborara el dictamen correspondiente.

2. El 26 de septiembre del mismo año, la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública se reunió para abocarse al análisis y discusión de la iniciativa en cuestión.

A partir de estos antecedentes, los miembros de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública que suscriben el presente dictamen, exponemos las siguientes

CONSIDERACIONES

I. Se menciona en la exposición de motivos de la iniciativa que después de los sismos del 19 de septiembre de 1985, que afectó diversos estados de la República Mexicana, pero fundamentalmente causó daños en el Distrito Federal, la acción solidaria pero improvisada de los mexicanos, "evidencia la necesidad de involucrar a la sociedad, de coordinar y articular acciones preventivas, de apoyo y auxilio y crear una conciencia de cultura de prevención de desastres en todo el país; además, inicia la necesidad de formar estructuras profesionales dirigidas a conformar un sistema de protección civil".

A partir de ello, continúa la exposición de motivos, "el Gobierno se propuso como primera medida implementar un sistema de coordinación para la

implementar un sistema de coordinación para la protección civil, diseñado con la aportación de ciudadanos, especialistas y técnicos que integraron la Comisión Nacional de Reconstruc-ción"; así se crea en 1988 la subsecretaría de Protección Civil y de Prevención y Readaptación Social y el Centro Nacional de Prevención de Desastres y en 1990 se constituye el Consejo Nacional de Protección Civil.

II. Se destaca que se hace necesario reconocer los esfuerzos de promoción de la autoprotección y autopreparación, tanto en la participación individual como colectiva en tareas como de ayuda a la población en caso de desastre, labor que realizan personas o grupos sociales organizados, tanto en el sector público como privado.

Por lo tanto se propone una reforma a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para incluir entre los premios que esta ley establece, uno específicamente destinado a reconocer las actividades meritorias en esta materia, que se denominará "Premio Nacional de Protección Civil".

III. Se propone que el procedimiento para otorgar este premio sea realizado por personas que conozcan de la materia, por eso se plantea un consejo de premiación el cual se integrará por las áreas del Gobierno Federal especializadas en el tema, así como instituciones de enorme autoridad, como es el caso de la Cruz Roja Mexicana, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, para que resuelvan a quién otorgar este premio.

El consejo de premiación se integrará por 10 miembros: el Secretario de Gobernación, el Secretario de la Defensa Nacional, el Secretario de Marina, un representante de cada una de las cámaras del Congreso de la Unión, el coordinador general de Protección Civil, quien además fungirá como secretario técnico del consejo, el director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres, dependiente de la Secretaría de Gobernación, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el director del Instituto Politécnico Nacional y el director de la Cruz Roja Mexicana.

IV. Toda vez que la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles que se propone reformar ha sido objeto de modificaciones con anterioridad, porque así se ha requerido para incorporar otros premios, al número de sus capítulos para no ser alterados se les ha agregado la distinción de "bis" y algunos artículos se distinguen por letras; los iniciadores consideran que es oportuno aprovechar la ocasión para recorrer el número de capítulos, así como los artículos y evitar referirse a uno de ellos como Capítulo VII-bis o artículo 91-A, por ejemplo, con lo cual al adecuarse los números de éstos y agregarse el capítulo relativo a los artículos del Premio Nacional de Protección Civil, que contiene esta propuesta, la ley se compondrá de 18 capítulos y 116 artículos, idea con la cual coinciden los dictaminadores.

V. Revisada la iniciativa en cuestión, esta comisión que dictamina considera procedente la misma, toda vez que en nuestro país hemos sido testigos de diversos desastres ocurridos por la naturaleza o por causas imputables al hombre y que han ocasionado tragedias y enormes pérdidas de toda índole para la población y ante tales hechos hemos conocido de la espontaneidad de algunas personas o grupo de éstas, para trabajar en el rescate o atención de víctimas. A dicho esfuerzo es justo otorgarle un reconocimiento público, para que su gesto sirva de ejemplo en la consolidación de una cultura de protección civil, ya que en la medida que dicha cultura tenga mayor arraigo serán menores los daños que sufra nuestra población ante los diversos fenómenos que nos acechan.

VI. Como ha quedado precisado en los antecedentes de este dictamen, la iniciativa que nos ocupa fue presentada el día 18 de septiembre de 2001 y se menciona en ésta que, los iniciadores presentaron una propuesta de punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, misma que fue aprobada por unanimidad, para que el 19 de septiembre de cada año la Secretaría de Gobernación entregue el Premio Nacional de Protección Civil.

Una vez turnada la iniciativa a esta comisión dictaminadora, el pasado día 19 de septiembre del presente año, el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declara Día Nacional de Protección Civil el 19 de septiembre de cada año, con lo que cumple con el exhorto que le hace el Poder Legislativo, señalando "que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió un acuerdo el 22 de agosto de 2001 en el que solicitó al Ejecutivo Federal que el día 19 de septiembre de cada año, fecha en que se conmemoran los sismos del mes de septiembre de 1985, sea considerado Día Nacional de Protección Civil, así como que se realicen simulacros de evacuación en las dependencias del Gobierno Federal...".

No obstante ello, es necesario que la propuesta de Premio Nacional de Protección Civil se convierta en ley para ser otorgado con la seriedad con que actuará el consejo que aquí se propone.

Queda claro para los dictaminadores que el propósito de la iniciativa, respecto al otorgamiento de este premio, es que sea entregado a partir de este año, por lo que se considera procedente el contenido del artículo segundo transitorio, el cual establece que por única ocasión el Premio Nacional de Protección Civil, correspondiente al año 2001, podrá ser entregado, a más tardar, el 31 de diciembre del presente año, a quien designe de común acuerdo el grupo de trabajo en materia de protección civil y la Secretaría de Gobernación.

Por las razones anteriores, la comisión dictaminadora somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Por el que se adiciona el artículo 6o. y se recorre el número de diversos capítulos, así como algunos artículos de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

Artículo único. Se adicionan una fracción XII al artículo 6o., un Capítulo XVII y los artículos 108, 109, 110, 111 y 112, se recorre el número de los capítulos a partir del VIII, se recorre en su orden los artículos a partir del 51, para quedar como sigue:

"Artículo 6o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."

I a la XI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XII. De protección civil.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CAPITULO VIII

Premio nacional de demografía

Artículo 52 al artículo 55. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CAPITULO IX

Premio nacional de deportes

Artículo 56 al artículo 63. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CAPITULO X

Premio nacional de periodismo y de información.

Artículo 64 al artículo 72. . . . . . . . . . . . . . . . . .

CAPITULO XI

Premio nacional de mérito cívico

Artículo 73 al artículo 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CAPITULO XII

Premio nacional de trabajo

Artículo 76 al artículo 78. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CAPITULO XIII

Premio nacional de la juventud

Artículo 79 al artículo 83. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CAPITULO XIV

Premio nacional de servicio a la comunidad

Artículo 84 al artículo 88. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CAPITULO XV

Premio nacional de antigüedad

en el servicio público

Artículo 89 al artículo 93. . . . . . . . . . . . . . . . . .

CAPITULO XVI

Premio nacional de administración pública

Artículo 94 al artículo 107. . . . . . . . . . . . . . . . . .

CAPITULO XVII

Premio nacional de protección civil

Artículo 108. El Premio Nacional de Protección Civil será conferido y entregado a aquellas personas o grupos que representen un ejemplo para la comunidad por su esfuerzo en acciones o medidas de autoprotección y autopreparación para enfrentar los fenómenos naturales o de origen humano que pongan a la población en situación de riesgo o de peligro, así como cuando se signifiquen por su labor ejemplar en la ayuda a la población ante la eventualidad de un desastre.

Artículo 109. Este Premio se tramitará a convocatoria que realice la Secretaría de Gobernación y se resolverá por el correspondiente Consejo de Premiación.

1116,1117,1118

El Consejo de Premiación se integrará por 10 miembros, de la siguiente forma: el titular de la Secretaría de Gobernación, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el titular de la Secretaría de Marina, un representante de cada una de las cámaras del Congreso de la Unión, el coordinador general de Protección Civil, quien, además fungirá como secretario técnico del consejo, por el director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres dependiente de la Secretaría de Gobernación y el rector o director de cada una de las siguientes instituciones: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Politécnico Nacional y Cruz Roja Mexicana.

El titular de la Secretaría de Gobernación será el presidente del Consejo de Premiación y tendrá voto de calidad en caso de empate.

Artículo 110. Para cada año habrá una asignación del Premio por la actuación destacada en cada uno de los siguientes dos campos:

I. La prevención, por las medidas que se consideren de relevancia en materia de cultura de la protección civil y

II. La ayuda, por las acciones que se hayan llevado a cabo en las tareas de auxilio a la población en caso de desastre.

Artículo 111. Los premios consistirán en medalla, más el numerario o especie que para el caso se determine.

Artículo 112. El premio será entregado el 19 de septiembre de cada año, por el Presidente de la República o por el servidor público que éste designe.

CAPITULO XVIII

Disposiciones generales

Artículo 113 al artículo 116. . . . . . . . . . . . . . . . "

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Por única ocasión el Premio Nacional de Protección Civil correspondiente al año 2001, en tanto se constituye el Consejo de Premiación respectivo, será entregado a más tardar el 31 de diciembre de 2001 a la persona o grupo que designen de común acuerdo los diputados federales integrantes del grupo de trabajo en materia de protección civil, de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados y la Secretaría de Gobernación.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 26 de septiembre de 2001.— Por la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, diputados: Armando Salinas Torre, presidente; José A. Hernández Fraguas, Víctor M. Gandarilla Carrasco, José G. Anaya Llamas, Luis Miguel G. Barbosa Huerta, secretarios; Manuel Añorbe Baños, José Francisco Blake Mora, Tomás Coronado Olmos, Omar Fayad Meneses, Arturo Escobar y Vega, Federico Granja Ricalde, Lorenzo Rafael Hernández Estrada, Efrén Nicolás Leyva Acevedo, Miguel Angel Martínez Cruz, Rodrigo David Mireles Pérez, José Narro Céspedes, Ricardo García Cervantes, Ricardo A. Ocampo Fernández, Fernando Ortiz Arana, Germán Arturo Pellegrini Pérez, José Jesús Reyna García, María Teresa Gómez Mont, Eduardo Rivera Pérez, Jorge Esteban Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago Ramírez, David Augusto Sotelo Rosas, Ricardo Torres Origel, Jaime Vázquez Castillo, Néstor Villarreal Castro y Roberto Zavala Echavarría.»

Es de segunda lectura.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Jaime Vázquez a nombre de la comisión, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Jaime Vázquez Castillo:

Señora Presidenta; compañeras y compañeros diputadas:

El día de hoy se somete a consideración de esta Asamblea un dictamen relativo a la iniciativa de reformas a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

El Estado tiene la obligación primaria de proteger la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, la seguridad y los derechos de todos los individuos.

La protección civil, concebida como el conjunto de acciones que dan respuesta a las demandas de seguridad colectiva, ante la existencia o actualización de riesgos es, desde hace varios años, una actividad que integra a las dependencias, organismos y entidades del sector público en sus tres ámbitos: el federal, el estatal y el municipal y a los sectores social y privado, en el objetivo compartido de proteger y salvaguardar a la comunidad.

Hace varios lustros el Ejecutivo Federal definió políticas y principios de coordinación para consolidar en el país una cultura de protección civil y aún de autoprotección, que disminuye o elimine los efectos de agentes destructivos naturales o humanos.

En situación normal es necesario que la sociedad adquiera una conciencia y educación de protección civil, que estimule conductas de prevención, así como la capacidad de actuación ante calamidades de origen natural o humano, para evitarlas o enfrentarlas con el menor daño posible, coadyuvando con las acciones emprendidas por el Estado.

En situación de emergencia, es imprescindible que la población cuente con planes de acción y de reacción surgidos de la previa coordinación entre los tres niveles de autoridad y desde luego, con los sectores social y privado.

La evolución que en esta materia ha experimentado México, así como los acontecimientos naturales y humanos que hemos enfrentado en las últimas décadas, nos permiten advertir la importancia de impulsar cada vez con mayor rigor una cultura de protección civil, en la que se privilegia la prevención de riesgos y la preparación de la población para enfrentarlos de mejor manera.

Vale la pena destacar, por la oportunidad y eficiencia en su actuación, la singular disposición del Ejército mexicano con el decano DL3; ha sido y es un ejemplo de oportuna solidaridad con los hermanos nuestros que han enfrentado situaciones difíciles.

Pero también hay que reconocer a innumerables grupos de voluntarios que espontáneamente acuden a donde son requeridos: la Cruz Roja Mexicana, los servicios de urgencia y rescate; hasta los célebres hombres topo, son testimonio de la capacidad de los mexicanos para unir esfuerzos y vencer la adversidad.

Estos ejemplos, sumados a la decisión de muchas comunidades, de aprender a convivir con los riesgos, como los pueblos aledaños al volcán Popocatépetl, resaltan la importancia del impulso a las medidas preventivas y de participación de todos los sectores de la sociedad, que debe darse en este tiempo.

En este contexto, la iniciativa dictaminada por la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública adiciona a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas, el establecimiento del Premio Nacional de Protección Civil, como una vía para estimular, para promover, para impulsar y para reconocer la participación de la ciudadanía en tareas de prevención y atención de desastres.

El Premio Nacional de Protección Civil , que será entregado, si esta soberanía lo aprueba así, el 19 de septiembre de cada año, en memoria de quienes fallecieron en el fatídico sismo de esa fecha en la Ciudad de México, será otorgado como reconocimiento a las personas u organizaciones que mediante diversos medios estimulen el fortalecimiento de una cultura de protección civil en nuestro país.

Se propone que el consejo de premiación sea integrado por representantes de las instituciones vinculadas a las tareas de protección civil; la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y un representante de cada una de las cámaras del Congreso de la Unión.

Por otro lado, la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas ha sufrido sucesivas reformas en ocasión de haberse incorporado a ella otros premios, esto ha motivado que se creen dos artículos bis en el texto de la ley y que haya nueve artículos no individualizados que se encuentran identificados por inciso.

Por tanto, la Comisión de Gobernación estima conveniente, dado que se trata de una ley de gran importancia, de gran relevancia y que no implica mayores efectos a terceros, que pueda renumerarse el capitulado y el articulado de la ley. En este sentido es como se ha elaborado el dictamen.

Compañeras y compañeros diputados: este dictamen es un justo reconocimiento a las personas o grupos que han dedicado su vida a promover las medidas de protección civil en nuestro país, avanzar en la consolidación de una cultura de protección civil básicamente preventiva representa contar con mejores niveles de bienestar, certidumbre, seguridad y una vez más de manera responsable, esta Cámara de Diputados demuestra su compromiso con las causas más sensibles de la sociedad: el bienestar de cada uno de los mexicanos.

Muchas gracias, señores diputados.

La Presidenta:

Muchas gracias diputado.

Está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.

Se han registrado para fijar la posición de sus grupos parlamentarios, los siguientes diputados: por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, Jaime Cervantes Rivera; por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Arturo Escobar y Vega; por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Rafael Hernández Estrada; por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, Rodrigo Mireles Pérez.

En tal virtud, se concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos al diputado Jaime Cervantes Rivera.

El diputado Jaime Cervantes Rivera:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna para fijar su posición respecto al dictamen con proyecto de decreto en el que se adiciona el artículo 6o. y se recorre el número de diversos capítulos así como algunos artículos de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para establecer de manera permanente y en cuerpo de Ley el Premio Nacional de Protección Civil.

A la comisión dictaminadora se le turnó dicha Iniciativa el pasado 18 de septiembre y consideró oportuno abocarse a su discusión y análisis siendo un asunto de trascendencia ya que se refiere a un pacto fundamental dentro de la prevención y atención oportuna de desastres, la protección civil otorgando un reconocimiento a todos aquellos que participan de manera activa en este campo.

Es necesario recordar que la protección civil en México era un asunto de muy poca importancia hasta que se presentó la tragedia de los terremotos del año de 1985. El Gobierno Federal de aquel entonces fue tomado por sorpresa y la movilización solidaria de los ciudadanos rebasó con mucho a la que en principio implementó el Gobierno.

Es necesario recordar que incluso el Presidente de la República mostró una actitud poco solidaria y rayó en la soberbia al declarar que México no necesitaba ayuda alguna de las naciones hermanas y que el aparato estatal estaba en condiciones de atender dicha emergencia. Nada más falso, miles de damnificados comprobaron en carne propia las consecuencias de la política del régimen de ese momento.

Hoy por insólito que parezca, todavía hay mexicanos que siguen sin tener una vivienda en compensación por la que perdieron hace más de 15 años. Ese hecho fue definitorio y dramáticamente palpable de que era necesario recomponer el camino y establecer un marco normativo para la prevención de desastres y proteger en todo momento a las familias mexicanas y a su patrimonio.

La aprobación del dictamen que discutimos hoy, es un paso más en ese sentido aunque reconocemos que la tarea de esta materia no ha concluido pero estimular la preocupación y las acciones concretas en la protección civil, constituyen un aliciente y un reconocimiento a la actitud desinteresada y solidaria de los mexicanos.

Coincidimos con el dictamen que se nos presenta, en el sentido en que es indispensable buscar los mecanismos que reconozcan los esfuerzos que se realizan en la autoprotección y autopreparación de las tareas de protección civil.

Sabemos de la existencia de grupos organizados de carácter público o privado que se especializan en tareas de rescate de víctimas, de grupos que de manera muy activa se dedican a la preparación y entrenamiento de personas y comunidades con fines de concientización y de prevención de desastres.

Estos grupos e individuos son los que año con año deben recibir un reconocimiento público por parte del Gobierno y de la sociedad entera por la trascendente labor que llevan a cabo. Asimismo, nos parece adecuada la creación de un consejo de premiación que sea integrado de manera plural y democrática.

1119,1120,1121

Estamos de acuerdo con las partes que integran dicho consejo, en especial aplaudimos que sea tomado en cuenta el Poder Legislativo al contar con dos representantes, uno por cada Cámara que lo integra.

Por las consideraciones antes expuestas, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor del dictamen con proyecto de decreto en comento.

Es cuanto. Muchas gracias.

Presidencia de la diputada
María Elena Alvarez Bernal

La Presidenta:

Gracias a usted, señor diputado.

Para fijar posiciones sobre el dictamen, hará uso de la palabra el diputado Arturo Escobar y Vega, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 10 minutos.

El diputado Arturo Escobar y Vega:

Gracias, buenas tardes; gracias, señora Presidenta; señores diputados:

Nuestro país, por su condición geográfica y los niveles de marginación de algunas comunidades que se extienden por todo el territorio nacional, es muy propenso a sufrir los embates de fenómenos naturales o los efectos de las acciones del llamado desarrollo del hombre.

En estas situaciones siempre surge una persona o grupos de personas que por sus acciones destacadas coadyuvan de manera importante con la población afectada para disminuir los incidentes en que se han visto inmersos miles de compatriotas cada vez que se presenta una situación de emergencia.

Estos héroes no pueden seguir en esa condición, merecen el reconocimiento a su labor y entrega para con quienes más lo han necesitado. Nadie puede negar que la acción decidida de miles de mexicanos ha servido para ayudar a nuestros hermanos en desgracia, situación que no tiene paralelo en ninguna otra parte del mundo; sin embargo, nadie puede negar tampoco que muchos de estos esfuerzos no han sido reconocidos por las instancias de gobierno, pero sí por la sociedad en su conjunto.

Este reconocimiento que pretendemos las diputadas y diputados de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, en caso de aprobarse, se estipulará en la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles; fomentará las acciones que tiendan a mejorar e intensificar las relaciones entre los ciudadanos y las autoridades y facilitará el ejercicio de la función pública en respuesta a la comunidad mediante el impulso a la organización de la propia comunidad.

La participación para irradiar este reconocimiento de los medios impresos, la radio, la televisión y el cine, es de lo más relevante para la divulgación de los valores mexicanos, tal y como se pretende con el dictamen propuesto.

De no reconocer estas acciones de manera oportuna arriesgaríamos innecesariamente los valores cívicos de nuestro país. De nosotros como mexicanos y como legisladores depende que cada mexicano se sienta orgulloso de contribuir con sus semejantes.

Nos encontramos inmersos en un mundo de relación con diversas costumbres, de las cuales depende el adecuado desarrollo y bienestar de nosotros y de las culturas con las que convivimos.

Si no evocamos las manifestaciones de solidaridad social, traducidas en una mejoría en las condiciones de vida de grupos, comunidades o de la sociedad en general, la degradación en las relaciones ciudadanas afectaría tarde o temprano a todos los mexicanos por igual.

Por ello debemos establecer un ejemplo para la comunidad, de quien se ha destacado por su sentido humanístico, así como por acciones heroicas de protección civil y atención a los grupos vulnerables.

Los mecanismos para que la sociedad en su conjunto conozca quién o quiénes sean dignos de este merecimiento, se estipulan de manera clara en el cuerpo del presente dictamen.

Por todo ello, la reforma que hoy se presenta como dictamen de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública es el reconocimiento de que aun con estas pequeñas diferencias que nos hacen ser una nación tan diversa, nos anima a sentir que México somos todos.

Por todo lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México votará de manera afirmativa el dictamen en comento.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Para fijar la posición del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática hará uso de la palabra el diputado Rafael Hernández Estrada, hasta por 10 minutos.

El diputado Lorenzo Rafael Hernández Estrada:

Con el permiso de la Presidencia.

Me correspondió el honor de presentar la iniciativa cuyo dictamen se puso a consideración de este pleno en esta tribuna el pasado 18 de septiembre.

Hay que decir que la formulación de la misma contó con la aprobación de diputados integrantes de las distintas fracciones parlamentarias y que forman parte del grupo de trabajo en materia de protección civil que ha designado la Comisión de Gobernación y de Seguridad Pública.

Habrá que decir también que aquel día pasado 18 de septiembre rendimos homenaje a las personas que perdieron la vida en los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985 y habrá que decir también que el proyecto de dictamen presentado al pleno de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública fue aprobado por unanimidad de los integrantes de la misma.

Queremos subrayar estos consensos porque nos permiten decir que hay materias que nos conjuntan, que hay materias en las que no existen diferencias políticas y la protección civil y la defensa de la vida y de los bienes de los mexicanos es una de esas materias.

Nuestro país, como sabemos, cuenta lamentablemente con un largo historial de desastres naturales, ambientales e industriales: la explosión de las instalaciones de Petróleos Mexicanos en San Juan Ixhuatepec, en Tlalnepantla, Estado de México, en 1985; los sismos de 1985 en la Ciudad de México y otras ciudades del país; los huracanes en las zonas del golfo y del pacífico; las inundaciones de Villahermosa, Tabasco, han marcado los antecedentes en esta materia con considerables pérdidas humanas y materiales.

Pese a que existen antecedentes de normas relativas a la protección civil en la Ley de Responsabilidad Civil por daños Nucleares, promulgada en 1974 y en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, de 1988, misma que fue reformada en 1996, no fue sino hasta el año 2000 cuando se expidió la Ley General de Protección Civil. Es decir, 15 años después de los terribles sismos de 1985.

Si bien desde aquellos años hemos ido formando un marco jurídico para la protección civil y se han ido creando las instancias institucionales en los distintos niveles de gobierno para realizar esta importantísima labor en la protección civil, si bien se debe reconocer la eficiente respuesta a la emergencia creada por la erupción del volcán Popocatépetl a fines del año pasado, también habrá que valorar que la cultura de protección civil y la educación para la autoprotección es incipiente en México y que las instituciones gubernamentales relativas a las mismas aún no cuentan con todo el apoyo necesario.

Un ejemplo claro de lo anterior son las condiciones deplorables en las que funcionan instituciones como la Cruz Roja, los cuerpos de bomberos de la mayoría de los municipios y ciudades del país y también los cuerpos de ciudadanos voluntarios que realizan y se especializan en el socorro en medio de desastres.

Este dictamen que está a consideración del pleno abre las posibilidades para que sean reconocidos los héroes hasta la fecha desconocidos, los que salvan vidas arriesgando la propia, los que apoyan a sus conciudadanos en los albergues y en los traslados a los mismos. Por eso resulta conveniente y es necesario reconocer los esfuerzos de promoción de la autoprotección y la autopreparación para los eventuales desastres, tanto en la participación individual como colectiva, en tareas como de ayuda a la población en casos de desastre, labor que realizan personas o grupos de voluntarios, tanto en el sector público como por iniciativa propia y por lo tanto es consideración nuestra y nos felicitamos de que la Cámara de Diputados en sus distintas fracciones parlamentarias, sea capaz de llegar a acuerdos.

Nos felicitamos por la aprobación de esta iniciativa de Reforma a la Ley de Premios, Estímulos y

Diputados en sus distintas fracciones parlamentarias, sea capaz de llegar a acuerdos.

Nos felicitamos por la aprobación de esta iniciativa de Reforma a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a fin de incluir el Premio Nacional de Protección Civil.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado Rafael Hernández Estrada.

Se concede la palabra hasta por 10 minutos al diputado Rodrigo Mireles Pérez, para fijar la posición del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Rodrigo David Mireles Pérez:

Con su permiso, señora Presidenta:

La obligación y la esencia misma del Estado es proteger las vidas y la integridad corporal de los gobernados; se protege en efecto, a la sociedad en su conjunto y a los individuos en lo particular, tanto en sus bienes y posesiones, pero sobre todo respecto del más preciado de los derechos: la vida.

La vulnerabilidad de la población ante las consecuencias de las calamidades, cualesquiera que sea su origen, hace prioritaria la búsqueda y definición de estrategias que mitiguen los daños humanos y materiales que los mismos originan, incidiendo en el proceso de desarrollo de las comunidades, considerando que la mayor parte de las veces causan un retraso y hasta un retroceso muy desfavorable y que el costo social y económico de las mismas siempre será mayor que el que hubiera significado la inversión oportuna de recursos sin prevenirlos.

Tenemos que dar a todas las comunidades la capacidad de hacer frente a los efectos de los peligros naturales, tecnológicos y ambientales, reduciendo los riesgos que plantean para los aspectos vulnerables de la mayoría social y económica de las sociedades modernas, a fin de pasar de la protección contra los peligros a la gestión de los riesgos.

Es imperativo estimular la investigación y la aplicación; transferir conocimientos y transmitir experiencia, crear capacidades y asignar los recursos necesarios que permitan reducir o prevenir los efectos graves y reiterados de los peligros para las poblaciones más vulnerables, dando oportunidades para que las organizaciones y las relaciones multidisciplinarias fomenten mayor número de contribuciones científicas y técnicas al proceso público de toma de decisiones en materia de prevención, de peligros, riesgos y desastres.

Convocamos a las autoridades designadas, profesionales que representen al mayor número posible de disciplinas y dirigentes comunitarios, para lograr su decidida participación de preparar actividades en pro de una acción más solidaria, exigiendo una interacción más dinámica entre la gestión de los recursos naturales y las prácticas de reducción de los riesgos mediante la concertación de acuerdos y los recursos complementarios para la prevención de desastres.

Que establezcan capacidades de vigilancia y sistemas de alerta temprana, que lleven a procesos integrados prestando especial atención a los nuevos peligros planteados que tienen implicaciones a nivel mundial, como los relativos a las variaciones del clima y cambio climático.

Que preparen programas sostenidos de información pública y componentes educativos institucionalizados relativos a los peligros y sus repercusiones, prácticas de gestión de riesgos y actividades de prevención de desastres para todas las edades.

Que establezcan normas y metodologías reconocidas a nivel internacional y profesional para el análisis y la expresión de las repercusiones socioeconómicas de los desastres en las sociedades.

Que busquen mecanismos innovadores de financiación dedicados a actividades continuas de prevención de los riesgos y desastres.

Por lo tanto, es necesario reconocer sus esfuerzos de promoción de la autoprotección y la autopreparación tanto en la participación individual como colectiva en tareas como de ayuda a la población en caso de desastres.

Para todos y cada uno de ellos y motivados por el mismo ánimo de reconocer su esfuerzo voluntario y generoso a favor de la protección civil, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional votará a favor del dictamen por el que se reforma la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles para incluir entre los premios que esta ley establece, el Premio Nacional de Protección Civil, ya que debemos efectuar un viraje hacia una cultura en que impera la previsión, porque prevenir no sólo es más humano que remediar, sino también mucho más económico.

Ante todo, no debemos olvidar que la prevención de desastres es y será un imperativo moral. ¡Enhorabuena y a trabajar!

1122,1123,1124

Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

Hemos concluido con la precisión de posiciones de los diputados representantes de los diversos grupos parlamentarios.

Para desahogar el trámite previsto en la ley, abro el registro de oradores en pro y en contra.

En virtud de que no se han registrado oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, si el artículo único del proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La secretaria Martha Silvia Sánchez González:

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo único del proyecto de decreto, en lo general y en lo particular.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.

La Presidenta:

Se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico de votación por 10 minutos para proceder a la votación del proyecto de decreto.

La secretaria Martha Silvia Sánchez González:

Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Abrase el sistema electrónico de votación por 10 minutos para proceder a la votación de proyecto de decreto.

(Votación.)

La Presidenta:

Esta Presidencia informa a las diputadas y diputados, que sólo se consultará el sentido de su voto a aquellos diputados que hayan notificado en el curso de esos 10 minutos, que su sistema electrónico no está funcionando.

La secretaria Martha Silvia Sánchez González:

Señora Presidenta, se emitieron 374 votos a favor.

La Presidenta:

Aprobado el proyecto de decreto por 374 votos.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 6o. y se recorre el número de diversos capítulos, así como de algunos artículos de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

La secretaria Martha Silvia Sánchez González:

Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE PROTECCION CIVIL

La Presidenta:

El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura.

El secretario Adrián Rivera Pérez:

Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se le dispensa la lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa por la que se reforma la Ley General de Protección Civil, a fin de que parte de los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), sea utilizado para acciones de carácter preventivo, presentada por el diputado Eduardo Rivera Pérez, el 18 de septiembre de 2001, a nombre del grupo de trabajo en materia de protección civil de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, integrado por los diputados: Manuel Añorve Baños; Lorenzo R. Hernández Estrada; José de Jesús Reyna García; Jaime Vázquez Castillo; Arturo Escobar y Vega; Rodrigo D. Mireles Pérez; Néstor Villarreal Castro y Eduardo Rivera Pérez.

Los integrantes de esta Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Asamblea el presente dictamen, de conformidad con los siguientes

ANTECEDENTES

1. El 18 de septiembre de 2001, la mesa directiva de esta Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, la iniciativa que nos ocupa, a efecto de que se elaborara el dictamen correspondiente.

2. El 26 de septiembre del mismo año, la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública se reunió para abocarse al análisis y discusión de la iniciativa en cuestión.

3. Es pertinente señalar que la iniciativa que se dictamina también fue turnada a la Comisión Especial de Seguridad Pública para que emita opinión al respecto, por lo que se recibió oficio de la mesa directiva de dicha comisión especial, dirigida al presidente de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública donde señala: "toda vez que casi la mitad de los integrantes de dicha comisión, también lo son de aquélla y además de que el asunto, en sentido estricto, no está directamente relacionado con la seguridad pública, esta mesa directiva, con el propósito de no retrasar la elaboración del dictamen respectivo, considera procedente que la comisión a su cargo, continúe con el trámite de ley reglamentario".

A partir de estos antecedentes, los miembros de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública que suscriben el presente dictamen, exponemos las siguientes

CONSIDERACIONES

I. Se menciona en la exposición de motivos de la iniciativa que: "ha sido una preocupación permanente de los estados modernos, en aras de lograr un desarrollo sustentable de las sociedades, la instrumentación de medidas que reduzcan o eliminen de manera permanente, la pérdida de vidas humanas, de sus bienes materiales y el daño al medio ambiente, ocasionados por los riesgos asociados a la presencia de diversos fenómenos de origen natural y humano".

También se menciona que la prevención debe ser concebida como "la etapa más importante de las políticas de protección civil, la cual consiste en el conjunto de medidas anticipadas cuya finalidad estriba en impedir o disminuir los efectos que se producen con motivo de la ocurrencia de calamidades, debe enfocarse al desarrollo de proyectos, la generación de obras e infraestructura y la implementación de acciones que ayuden a reducir los niveles de riesgo".

La comisión que dictamina considera que en un estado moderno, las políticas públicas en materia de protección civil deben considerarse estratégicas para el mantenimiento de la estabilidad social, por tanto, la prevención de desastres debe integrarse a la política de planeación y desarrollo. Por ello se coincide con los iniciadores cuando señalan: "el concepto prevención, en un sentido amplio, contiene tres tipos de acciones: las dirigidas a controlar los riesgos; aquellas dirigidas a evitarlos y las que se dirigen a mitigar el impacto destructivo de los desastres sobre la vida y bienes de la población, la planta productiva, los servicios públicos y el medio ambiente".

No se pasa por alto que la protección civil preventiva debe tomar en cuenta como uno de sus importantes contenidos a la autoprotección de la población, "la que requiere de una autopreparación, de manera individual o colectiva. Autopreparación que depende de diversos factores, entre ellos, conocimientos de medidas de protección y circunstancias propias de cada tipo de fenómeno; esfuerzo gubernamental para diseñar planes y programas y darlos a conocer a través de métodos que posibiliten su penetración en los diversos sectores; prácticas o ejercicios de tareas que contribuyan a preparar a la población".

II. Los autores de la propuesta señalan que en la medida que se refleje en la sociedad el esfuerzo de una cultura de protección civil preventiva, estaremos también, realmente preparados, cuando sea el caso de contribuir a la mitigación de desastres, de manera compartida en diversas tareas con los distintos sectores de la sociedad, por lo que en la medida en que con anticipación conozcamos el origen, formación, propagación y efectos de agentes destructivos, mejor estaremos preparados para hacerles frente y reducir sus consecuencias.

Ahora bien, todas estas acciones en lo concerniente a la competencia de gobierno, se enmarcan dentro de sus funciones cotidianas, que están contempladas en sus programas operativos y vinculadas con una partida presupuestal asignada; sin embargo, de ahí el origen de la propuesta, en ocasiones las circunstancias establecen la necesidad de realizar tareas preventivas cuya realización no fue posible prever dentro de dichos programas, porque la necesidad y urgencia de su realización surgió posteriormente, sin que en nuestro marco normativo exista recurso económico que posibilite atender a tiempo una problemática, sino hasta que ocurre el desastre.

III. En la parte medular de la iniciativa quedan señaladas las disposiciones normativas contenidas en el Capítulo VI de la Ley General de Protección Civil, relativas a la utilización de recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), previéndose dos supuestos para tener acceso a dicho fondo:

"a) Ante la inminencia o alta probabilidad de un desastre que ponga en riesgo la vida humana, la Secretaría de Gobernación podrá emitir una declaratoria de emergencia, para erogar recursos con cargo al fondo revolvente, para responder en forma inmediata a las necesidades urgentes. Actualmente dicho fondo revolvente no puede sobrepasar 20 millones de pesos, cantidad que al ser utilizada en caso de emergencia, se vuelve a autorizar por la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento, que preside la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

b) Cuando la capacidad operativa y financiera de las entidades federativas para la atención de un desastre haya sido superada, éstas podrán solicitar el apoyo del Gobierno Federal, solicitud que, de estimarse procedente, se atenderá a través de la emisión por parte de la Secretaría de Gobernación, de una declaratoria de desastre."

Se infiere de estos supuestos que no hay una previsión legal que permita la utilización del Fonden para acciones preventivas y que el concepto de este fondo, se basa en la necesidad de apoyar a las entidades federativas sólo cuando por sí solas no puedan hacer frente a una emergencia o desastre. Por eso se propone mantener el sentido con el que se originó el Fonden, es decir, que los estados deben continuar desarrollando su actividad cotidiana, atendiendo tareas preventivas con cargo a su presupuesto y que la autoridad federal siga apoyando a los órdenes de gobierno local ante emergencias o desastres, pero al mismo tiempo, prever que se destinen recursos del Fonden, para la realización de acciones preventivas, siempre y cuando se cumplan determinadas circunstancias o condiciones para ello.

Queda claro que estas reformas no pretenden suprimir el objetivo o fin original del fondo o que el mismo no cuente con reservas para el caso de emergencias o desastres. Lo que se busca —artículo 32—, es que un mínimo de esos recursos sean destinados a acciones de naturaleza preventiva; tampoco plantea que tales medidas se realicen de manera paralela o que se creen dos fondos dentro de uno mismo, por el contrario, se propone que los recursos del fondo se ejerzan primera y esencialmente para los casos de emergencia y desastres y en un segundo momento, es decir, en los casos de remanente parcial o total del año anterior, entonces pueda revisarse la viabilidad de destinarse un porcentaje mínimo para la prevención.

Asimismo se propone que si el año del ejercicio respectivo no quedara remanente alguno, se podrá utilizar la cantidad que del fideicomiso correspondiente, a juicio de la instancia facultada para autorizarlo, se determine para acciones preventivas, en este caso y congruentes con lo anterior, se precisa que tampoco podrá disponerse de más del 20% de los recursos que se hubiesen destinado al fondo para el ejercicio del año anterior.

1125,1126,1127

IV. Se considera acertado exigir el cumplimiento del objetivo fundamental de la autoridad en materia de protección civil, que es la protección a la vida de la población, de sus bienes y del medio ambiente. Por ello la iniciativa propone el cumplimiento de diversos requisitos que prevé la ley de la materia, por parte de la entidad federativa que solicite el acceso a recursos para acciones preventivas, que serían: el apoyo de una notificación técnica que sustente la necesidad y urgencia de la acción o acciones a realizar; que las circunstancias que ameritan la asignación de recursos no se hayan previsto en los programas y acciones de prevención con cargo al presupuesto de las propias entidades federativas.

También se dispone que las circunstancias indicadas sean valoradas por los órganos administrativos correspondientes; es decir, aquellos que se establezcan en las disposiciones administrativas conducentes, en cuyo caso podrá seguir siendo la Comisión Intersecretarial de Gasto-Financiamiento o su similar, la que determinará si se cumplieron los requisitos para poder acceder a recursos para acciones preventivas.

En ese sentido, los dictaminadores encuentran procedente que en el marco de corresponsabilidad entre el Gobierno Federal y los de las entidades federativas, se celebren convenios que mantengan el compromiso de éstas en funciones preventivas y en caso de obtener recursos para acciones preventivas con cargo al Fonden, para establecer los compromisos respectivos a su adecuada utilización.

V. Analizada que fue la iniciativa en cuestión en cada una de sus propuestas, la misma resulta satisfactoria para los dictaminadores; sólo se hace por parte de esta comisión algunas precisiones que se consideran oportunas. Tal es el caso de la adición que se pretende hacer en la fracción III del artículo 30, toda vez que esta adición remite al artículo 32, los dictaminadores consideran procedente modificar el primer párrafo de dicho artículo, para agregar a la prevención, con lo cual se evitan posibles repeticiones en la redacción de los artículos.

Se considera que una mejor redacción para el artículo 32 en su segundo párrafo, es eliminar "...después de haber utilizado recursos a la atención de emergencias y desastres", ya que esto se encuentra sobrando en la redacción del párrafo que nos ocupa.

En este mismo artículo, en su tercer párrafo, cuando se contempla que de no quedar remanente alguno del ejercicio o no se alcanzara el porcentaje del 20% ya señalado, se complementará con cargo a los recursos del fideicomiso de desastres, en cuyo caso, tampoco se podrá disponer de más del 20% del patrimonio de dicho fideicomiso.

La comisión que dictamina considera que para establecer debidamente la manera como habrá de administrarse los recursos para acciones preventivas, lo procedente es que éstos queden en un fideicomiso que habrá de constituir el Ejecutivo Federal y que estará a cargo de la Secretaría de Gobernación, toda vez que la Ley General de Protección Civil, en el artículo 12, señala que la coordinación ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Civil recaerá en la Secretaría de Gobernación, a la que le señala diversas facultades.

Por las razones anteriores, la comisión dictaminadora somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Protección civil.

Artículo único. Se reforma el primer párrafo y se adicionan cinco párrafos al artículo 32 y se reforma el artículo 36; se adiciona una fracción XIII al artículo 12, recorriéndose la actual fracción XIII y las subsecuentes para quedar en XIX fracciones; se adiciona una fracción III al artículo 30 y su actual fracción III pasa a ser IV y se adiciona un párrafo al artículo 31 de la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:

"Artículo 12. . .

I a la XII. . .

XIII. Solicitar recursos del Fondo de Desastres para la prevención y atención de desastres;

XIV a la XIX. . .

Artículo 30. . .

I y II. . .

III. Destinar recursos del Fondo de Desastres autorizado para la atención de emergencias y de

sastres, en la realización de acciones preventivas, ante circunstancias que valorarán los órganos administrativos correspondientes que se deriven de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 32 de este ordenamiento.

IV. Los demás que determinen las leyes, reglamentos y otras disposiciones administrativas.

Artículo 31. . .

En los mismos términos del párrafo anterior, se suscribirán convenios con la finalidad de obtener recursos para acciones preventivas y establecer las bases y compromisos de su adecuada utilización.

Artículo 32. Esta ley, el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como las disposiciones administrativas en la materia, regularán los medios, formalidades y demás requisitos para acceder y hacer uso de los recursos financieros tendientes a la prevención y atención de desastres.

Los recursos financieros que se destinen para acciones preventivas a que hace referencia la fracción III del artículo 30 del presente ordenamiento, serán tomados en un 20% del remanente no ejercido del año anterior destinados a la atención de desastres.

Si el año del ejercicio respectivo no quedara remanente alguno, se podrá utilizar hasta un 20% de la cantidad que del fideicomiso correspondiente, a juicio de la instancia facultada para autorizarlo, se determine para acciones preventivas.

Los recursos para prevención a que alude este artículo, serán administrados en un fideicomiso preventivo a cargo de la Secretaría de Gobernación.

Para efectos de la autorización de recursos a entidades federativas, destinadas a la realización de acciones preventivas, la instancia facultada verificará el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) La notificación técnica, de la autoridad federal respectiva, que sustente la necesidad y urgencia de la acción o acciones a realizar y

b) Que las condiciones que originen la asignación de recursos, no se hayan incorporado a los programas y acciones de prevención, con cargo al presupuesto de las propias entidades federativas.

Artículo 36. Las disposiciones administrativas establecerán los procedimientos y demás requisitos para la emisión de las declaratorias de emergencia y de desastre, así como del acceso a recursos para la realización de las acciones preventivas previstas en el presente capítulo."

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Para efecto de la realización de acciones preventivas, con cargo al remanente del Fondo de Desastres, este mecanismo operará a partir del año 2002, de los recursos asignados al mismo en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio del Año 2001.

Tercero. En tanto se expiden las disposiciones administrativas que regulan la asignación de recursos del fondo de desastres para acciones preventivas a que se refiere el presente decreto, se aplicarán en lo conducente las reglas de operación del fondo de desastres.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, México, D.F., a 26 de septiembre de 2001.— Por la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública firman los diputados: Armando Salinas Torre, presidente; José A. Hernández Fraguas, Víctor M. Gandarilla Carrasco, José G. Anaya Llamas y Luis Miguel G. Barbosa Huerta, secretarios; Manuel Añorve Baños, José Francisco Blake Mora, Tomás Coronado Olmos, Omar Fayad Meneses, Arturo Escobar y Vega, Federico Granja Ricalde, Lorenzo Rafael Hernández Estrada, Efrén Nicolás Leyva Acevedo, Miguel Angel Martínez Cruz, Rodrigo David Mireles Pérez, José Narro Céspedes, Ricardo García Cervantes, Ricardo A. Ocampo Fernández, Fernando Ortiz Arana, Germán Arturo Pellegrini Pérez, José de Jesús Reyna García, María Teresa Gómez Mont, Eduardo Rivera Pérez, Jorge Esteban Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago Ramírez, David Augusto Sotelo Rosas, Ricardo Torres Origel, Jaime Vázquez Castillo, Néstor Villarreal Castro y Roberto Zavala Echavarría.»

La Presidenta:

Es de segunda lectura.

Tiene la palabra el diputado Rafael Hernández Estrada, a nombre de la comisión, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108

del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Lorenzo Rafael Hernández Estrada:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

Se ha puesto a consideración del pleno el dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, respecto a la iniciativa de reformas a la Ley General de Protección Civil, la cual fue presentada por el grupo de trabajo de dicha materia, el pasado 18 de septiembre.

El objetivo central de la iniciativa que se dictamina, es la utilización de recursos remanentes del Fondo Nacional de Desastres, en labores de prevención de riesgos.

El pleno de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, al aprobar por unanimidad el dictamen, estableció que de ninguna manera se recortarán los recursos del Fonden que están a disposición de los estados, para enfrentar los desastres ocurridos, pues se dispondrá para fines de prevención exclusivamente de recursos remanentes de ejercicios anteriores.

Asimismo, se estableció el compromiso de revisar las reglas de operación del fondo contenidas en la Ley General de Protección Civil, en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en el Reglamento expedido por el Ejecutivo Federal e manera que se agilice la declaratoria de desastres y los avalúos de los daños y se establezca que la disposición efectiva de los recursos del Fondo Nacional de Desastres sea verdaderamente oportuna y vaya a la par de las situaciones de emergencia producidas por un fenómeno de este tipo.

Fenómenos de todo tipo evidencian constantemente la fragilidad de la vida humana y del tejido social ante circunstancias adversas. Con los sismos del 19 y 20 de septiembre del 1985, con los que han ocurrido con posterioridad, las erupciones de los volcanes Popocatépetl y el de Colima, la naturaleza nos ha recordado dramáticamente que México está sujeto a toda clase de fenómenos geológicos, sismos, erupciones volcánicas, inestabilidad de laderas y hundimientos locales y regionales.

En el siglo pasado ocurrieron 71 grandes sismos, la tercera parte de la población nacional vive en zonas de alto y muy alto peligro sísmíco, incluyendo la capital del país y los estados con el mayor grado de marginación social, como son Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Nuestro país se enfrenta a riesgos también por los constantes fenómenos hidrometeorológicos; ciclones por un lado y sequías por el otro, afectan gravemente amplias regiones del país.

Penetran al territorio nacional cuatro ciclones destructivos en promedio cada año, produciendo intensas lluvias, que traen como consecuencia inundaciones y deslaves. El más reciente de tales meteoros bautizado como "Juliette", ocasionó el desastre que en estos días sufren nuestros compatriotas en Baja California Sur.

A los fenómenos naturales hay que añadir la ocurrencia de desastres producidos con la intervención humana, los fenómenos químicos-ambientales y los sociorganizativos, tales como los producidos por la afectación del medio ambiente y los accidentes industriales, han contribuido también al cuadro de desastres que han afectado a nuestro país.

Según datos del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), en los últimos 20 años México ha experimentado 75 desastres de magnitud significativa, los cuales han causado alrededor de 10 mil muertos, decenas de miles de heridos y centenares de miles de damnificados.

Los daños directos, calculados durante el mismo lapso, alcanzan los 9 mil 600 millones de dólares.

Los desastres naturales y los originados con la intervención humana, afectan gravemente el desarrollo nacional y el de las regiones en que se producen. Sus efectos se resienten en las variables macroeconómicas y afectan a todas las capas sociales, sin distingo de costumbres o de preferencias políticas.

Pero sobre todo, hay que subrayarlo, los desastres contribuyen a elevar los niveles de pobreza y desigualdad. Los desastres afectan más a las familias más pobres, porque su nivel de ingresos les da menos posibilidades de responder a los choques repentinos. Estos destruyen sus escasas pertenencias y dañan de modo grave y a veces irreparable su gasto familiar.

1128,1129,1130

El dictamen que está a consideración, reforma y adiciona diversas fracciones de los artículos 12, 30, 31, 32 y 36 de la Ley General de Protección Civil. Se propone que los estados puedan solicitar recursos del Fondo Nacional de Desastres para acciones preventivas, dichos recursos serán tomados del remanente no ejercido del año anterior, esto es, después de que se hayan atendido debidamente situaciones de emergencia y de desastre.

Se establece además que en ningún caso, se dispondrá de más del 20% del total de los recursos que se hubiesen destinado al Fonden para el ejercicio respectivo, con la finalidad de que se sigan constituyendo reservas para los casos de desastre o emergencias.

Asimismo, se propone que si el año del ejercicio respectivo no quedara remanente alguno, se podrá utilizar la cantidad que del fideicomiso correspondiente, a juicio de la instancia facultada para autorizarlo, se determine para acciones preventivas. En este caso se precisa que tampoco se podrá disponer más del 20% de los recursos que estuviesen destinados al fondo para el ejercicio del año anterior.

La aprobación de la iniciativa que está puesta a consideración del pleno, implica una nueva estrategia de protección civil, la que no debe limitarse a reaccionar ante los desastres ocurridos. En adelante, la política de protección civil de los distintos niveles de gobierno, debe poner el acento en la prevención.

Con el consenso de las fracciones parlamentarias que en él participan, el grupo de trabajo en materia de protección civil conformado por integrantes designados de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública de esta Cámara, ha propuesto políticas preventivas tales como la promoción de la cultura de la protección civil, la educación para la autoprotección y la prevención de los desastres, la realización de los atlas de riesgos en cada municipio, región y estado; la creación de cuerpos especializados de socorro y auxilio, la fundación de una escuela nacional de protección civil, la adquisición de alta tecnología para la detección temprana de riesgos, así como el fortalecimiento de las capacidades del Estado mexicano para mitigar las consecuencias de los desastres.

En cumplimiento con nuestras tareas como representantes populares, estaremos pendientes de que esta orientación se plasme en el nuevo Programa Nacional de Protección Civil que el Poder Ejecutivo Federal debe emitir a la brevedad.

Compañeras y compañeros diputados: conservemos el espíritu de participación y solidaridad como la mejor enseñanza que nos han legado las terribles experiencias de los desastres. Honremos a quienes perdieron la vida como consecuencia de desastres con una mayor conciencia de los riesgos que enfrentamos y con mejores y más eficaces medidas de prevención.

Sin distingo de banderas políticas, procuremos mejores y más modernas medidas de protección civil para nuestra población.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

En consecuencia está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.

Se han registrado para fijar la posición de sus grupos parlamentarios los siguientes diputados:

Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, José Narro Céspedes; por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Arturo Escobar y Vega; por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, Néstor Villarreal Castro; por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Esteban Sandoval Ochoa.

En consecuencia, se concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos al diputado José Narro Céspedes, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado José Narro Céspedes:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo, acude a esta tribuna para comentar el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, con la finalidad de que parte de los recursos del Fonden, del Fondo de Desastres Naturales, sea utilizado para acciones de carácter preventivo presentado por la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Los desastres naturales y los riesgos de la población, provocan severos daños a los habitantes que van desde la disminución de recursos naturales para las naciones, la pérdida del patrimonio material y financiero para las familias y las empresas y por supuesto, hasta la trágica e incalculable pérdida de vidas humanas.

Normalmente en un país con las características económicas como las de México, existen pocos recursos para solventar gastos imprevistos causados por acontecimientos que escapan al control de las autoridades y de la población. En nuestro país esto ha sucedido con frecuencia, primero porque no tenemos una cultura preventiva y además, porque los recursos públicos siempre se encuentran en el límite.

Resulta trágico que los sismos de 1985 hayan puesto al descubierto que esta severa deficiencia que nos enseñó que la prevención siempre es necesaria en cualquier país y sobre todo en México, en donde el mapa de riesgos y de desastres abarca zonas muy importantes de nuestro territorio, como es el caso de los ciclones que recientemente afectaron una parte de Sonora y de Baja California Sur fundamentalmente, como es el caso de los temblores. Ayer, por cierto, hubo dos temblores en la mañana, de escaso nivel, pero que se presentaron, como es el caso también de las sequías que padecen estados como el de un servidor, el de Zacatecas, que año con año algunas regiones de nuestro Estado o de otros estados como Nuevo León, Durango, San Luis Potosí, se ven afectados por este problema de la sequía, que podamos tener acciones que prevengan y que ayuden a coadyuvar a los resultados de estos desastres naturales que afectan a innumerables connacionales, a innumerables mexicanos y habitantes de importantes regiones de nuestro país y a nuestra propia economía.

Por tanto, la prevención debe ser considerada como una de las actividades más importantes para aminorar los efectos nocivos causados por acontecimientos de origen natural, como terremotos, inundaciones, ciclones y otros.

La prevención, como sabemos, estriba en un conjunto de medidas anticipadas que deben tomar tanto las autoridades como la población, con el objetivo específico de atenuar los efectos que se producen con motivo de la ocurrencia de calamidades, las cuales deben enfocarse a desarrollar proyectos, desarrollar obras de infraestructura e instrumentar acciones que reduzcan los niveles de riesgo.

La prevención civil preventiva debe tomar en cuenta cada uno de los elementos fundamentales a la autoprotección de la población. La autoprotección de la sociedad implica el desarrollo de una cultura en la que se involucre a toda la población, independientemente del estrato social y económico al que pertenezca, debido a que la naturaleza no hace distinciones ni discrimina a pobres o ricos o por la creencia política o religiosa de los afectados, por tal motivo la prevención de desastres naturales debe integrarse a la política de planeación en los tres niveles: Federal, estatal y municipal.

Pensamos por esto que este planteamiento y esta reforma que se presenta en términos generales, es un avance y es un paso positivo a favor de lograr prevenir, de impulsar una política de prevención y de impulsar una cultura de prevención nacional en nuestro país.

Pensamos, también queremos señalarlo, que la reforma nos parece positiva, pero aún insuficiente. Pensamos que no debe de ser de los sobrantes de los recursos del Fonden, ese 20%, para que se dediquen esos recursos sobrantes, ese 20% de los sobrantes para la prevención, sino lograr que hay una partida especial para impulsar esa cultura de la prevención en forma permanente, que no aparezca como un transitorio, sino como parte de la ley y que también impulsemos modificaciones en la Ley del Presupuestos y en las reglas de operación de este Fondo de Desastres Naturales, para que no pase como actualmente sucede, de que es hasta mayo, como es el caso de Zacatecas, de que a pesar que desde el año pasado fue declarado zona de desastre, hasta mayo de este año llegaron los recursos.

No es posible que lleguen los recursos para combatir o para hacer frente a los desastres, seis meses, ocho meses o 10 meses después de ocurridos éstos; no es posible que prácticamente un año después de que se presentan este tipo de acontecimientos y de sucesos, se estén ejerciendo estos recursos que ya prácticamente no permiten realmente atenuar las causas urgentes e inmediatas que tienen que ser enfrentadas en los momentos en los que se presentan ese tipo de sucesos, ese tipo de fenómenos naturales .

Por eso creemos que esta Cámara de Diputados tiene que plantear en forma integral este problema,

contemplando este aspecto que ahora es abordado por esta ley, pero que es abordado en forma insuficiente. Aunque como señalamos, esto que estamos planteando y que se está proponiendo como punto de dictamen, como proyecto de dictamen ante este pleno, en términos generales aunque insuficientes se nos hace positivo a favor de empezar y de iniciar a impulsar esta cultura que favorezca la prevención de los desastres naturales a partir de un mapa de riesgos que podamos construir, que podamos tener, con el que podamos contar, a nivel nacional.

Por lo anteriormente expuesto, la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo votará a favor de este proyecto de decreto, de este proyecto presentado ante el pleno de esta Cámara de Diputados por la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con las reservas que hemos planteado también aquí en esta tribuna.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Se concede el uso de la palabra al diputado Arturo Escobar y Vega, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 10 minutos.

El diputado Arturo Escobar y Vega:

Gracias, señora Presidenta; señores diputados:

El día de hoy se somete al pleno de esta Cámara el dictamen de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil que pretende solicitar y destinar recursos públicos para prevenir y atender las causas de los desastres provocados por fenómenos de origen natural y humano.

Por tal razón, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México considera lo siguiente:

Desde hace años fenómenos naturales reiterados, debidos principalmente a diversos fenómenos climáticos, que podrían ser previstos desde hace tiempo, han ocasionado devastación y miseria en el territorio nacional. Basta recordar la presencia de los huracanes y tormentas que año con año producen efectos devastadores para un gran número de comunidades.

Con la finalidad de ayudar a la población afectada y resarcir los efectos de un desastre natural, a partir de 1996 se constituyó, dentro del ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación el Fondo de Desastres Naturales, el Fonden.

En mayo de 1999 se publicaron las reglas de operación del Fonden, en el Diario Oficial de la Federación. Y a la fecha han permitido mejorar el uso de los recursos de la Administración Pública Federal en la atención de los daños ocasionados ante situaciones adversas.

Destacamos que la operación del Fonden, le da una alta prioridad a resarcir los daños en el patrimonio de las personas de escasos recursos, representando un esfuerzo solidario con la población menos favorecida y un uso redistributivo de los recursos públicos.

Hasta el día de hoy la actuación preventiva por parte de los niveles de gobierno y de nosotros los legisladores había pasado desapercibida. En la adopción de medidas adecuadas para mitigar y revertir los efectos de los desastres que como sociedad nos enfrentamos año con año, situación que perjudicaba más a las poblaciones con escasos recursos.

El Fondo de Desastres, sólo servía para colmar necesidades de corto plazo, sin lograr detener los efectos que año con año se vienen dando. Así, las soluciones de gobierno sirven sólo para un año hasta en tanto llega el próximo temporal de lluvias u otras calamidades, que de acuerdo a las condiciones de cambio climático se prevé que serán cada vez más intensas y extremosas.

La política de prevención de desastres ha servido de poco para evitar los efectos negativos de las lluvias y las sequías que producen a la economía nacional, pero sobre todo al bienestar de los pobladores. Por lo que la adopción de políticas de prevención en esta materia es ya un imperativo impostergable.

Hoy más que nunca los pobladores de diversos estados, requieren la aprobación del presente dictamen, en el que consideramos existe una conciencia clara y sana de prevención y no lo que antaño se hacía para resarcir medianamente las condiciones de vida de la población y por supuesto, su hábitat.

El presente dictamen pretende iniciar un verdadero compromiso al desarrollo sustentable, así como que la prevención sea concebida como la etapa más importante de las políticas de protección civil, para disminuir o impedir los efectos de fenómenos imprevistos, ya sean causados por la mano del hombre o la naturaleza.

Por tal razón, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, votaremos a favor del presente dictamen.

Muchas gracias.

1131,1132,1133

Presidencia del diputado
Eric Eber Villanueva Mukul

El Presidente:

Gracias, señor diputado.

Para referirse al mismo tema, tiene el uso de la palabra el diputado Néstor Villarreal Castro, del Partido Acción Nacional.

El diputado Néstor Villarreal Castro:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Nadie puede negar que en las décadas recientes los desastres tanto de origen natural como tecnológico, han incrementado el potencial destructivo; han cobrado cada vez más cantidades crecientes de víctimas humanas, así como cuantiosos daños materiales a la infraestructura, ocasionando no sólo impacto en las economías, sino incluso en muchos casos retrocesos desfavorables, cuya total recuperación lleva años e incluso décadas.

Esta situación es reconocida a nivel internacional y ya la Asamblea de las Naciones Unidas inició desde hace algunos años una estrategia integral conocida como decenio internacional para la reducción de los desastres naturales, que implica la incorporación de la protección civil para la prevención de los desastres en los procesos nacionales de planeación del desarrollo, en el intercambio de información útil en esta materia entre los países, en la cooperación bilateral, científica y tecnológica para la mitigación de los desastres y sobre todo, para la investigación en el alertamiento temprano de las catástrofes y acciones de carácter educativo y de información a la población.

Por eso, los legisladores de Acción Nacional sostenemos que el Estado tiene la obligación de proporcionar a la sociedad los instrumentos y mecanismos necesarios para garantizar la protección de sus miembros, a su patrimonio, a la infraestructura y a los bienes de la nación, así como al medio ambiente.

La protección civil se convierte a la postre en una acción solidaria y participativa de los diversos sectores de la sociedad que la integran, orientada y coordinada por el Estado. Debe ser una preocupación permanente y esencial de los estados modernos, en aras de lograr un desarrollo sustentable de las sociedades, la instrumentación de medidas que reduzcan o eliminen de manera permanente la pérdida de vidas humanas, de sus bienes materiales y del daño al medio ambiente ocasionado por fenómenos de origen natural y humano.

La política de protección civil requiere de la suma de voluntades y colaboración estrecha de los tres órdenes de gobierno, del sector privado y social, de la población en general y de los recursos económicos y técnicos necesarios.

La prevención se constituye en una acción de suma importancia, ya que permite reducir la magnitud de un desastre, por el que debe concebirse como una etapa prioritaria en la articulación de la política de protección civil y debe de obtener el correspondiente suministro de asignación de los recursos tanto humanos como materiales y financieros para la construcción de medidas anticipadas conducentes a impedir o a disminuir los efectos producidos por la presencia de agentes perturbadores, con la idea de prevenir los posibles riesgos o consecuencias para establecer mecanismos y realizar acciones que permitan evitar o mitigar los desastres naturales o de origen humano.

Como sabemos, la República Mexicana debido a su posición geográfica se sitúa como uno de los países con mayor ocurrencia de desastres naturales; ahora bien, los costos que representa la atención de contingencias son altos en materia de protección civil, se deben de implementar medidas preventivas acordes a la magnitud de los desastres sin menoscabo de las medidas reactivas y de recuperación.

Por ello es que el tránsito de una política civil reactiva a una fundamentalmente preventiva es congruente con la responsabilidad de todo gobierno de dotar a la sociedad de instrumentos que hagan efectivas las garantías constitucionales de respeto a la vida y a la seguridad.

Una herramienta importante para que pueda darse una respuesta a la presencia de daños generados por la acción de un agente perturbador lo constituye el Fondo de Desastres, el Fonden mismo que se emplea para brindar atención a las víctimas y damnificados.

Como es de su conocimiento, no hay una previsión legal que permita la utilización del Fondo para Acciones Preventivas y que el concepto de este fondo se basa en la necesidad de apoyar a las necesidades de las entidades federativas sólo cuando por sí solas no puedan hacer frente a una emergencia o a un desastre.

Es por esto que el grupo de trabajo en materia de protección civil y de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública de esta Cámara presentan a la consideración del pleno el presente dictamen para reformar diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, a fin de crear una partida específica que soporte el desarrollo de las acciones y programas internos de protección civil en materia preventiva por parte de la Administración Pública Federal que hasta la fecha no existe, la cual se obtendrá con recursos provenientes del remanente no ejercido del año anterior del Fondo Nacional de Desastres con un tope del 20% sobre dicho remanente.

Estos recursos para acciones preventivas no se otorgan de manera discrecional, por el contrario, se propone el cumplimiento de diversos requisitos por parte de las entidades federativas que soliciten el acceso a fondos para acciones preventivas.

Aquí y de acuerdo con el comentario realizado por el doctor Narro, efectivamente esta reforma aún deje conclusos los trabajos que habrá de realizar la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública y esencialmente el grupo de trabajo de Protección Civil y quedan pendientes, porque también será nuestro compromiso revisar las reglas de operación que hagan ágil la entrega de los recursos destinados a damnificados.

Finalmente, privilegiamos el que el dictamen sea el resultado de un análisis objetivo que deriva de la pluralidad y del encuentro de conciencias entre los diversos grupos parlamentarios que la suscriben.

Una vez más el diálogo y el consenso han caracterizado a este Congreso. Por ello, Acción Nacional da su voto a favor, convencidos de que los efectos nocivos de los desastres pueden en algunos casos prevenirse y con ello evitar grandes cantidades de dolor humano.

Gracias.

El   Presidente:

Gracias, señor diputado.

Para referirse también al mismo tema, tiene el uso de la palabra el diputado Esteban Sandoval Ochoa.

El diputado Jorge Esteban Sandoval Ochoa:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

La mayor preocupación de los diputados federales de mi partido, es el bienestar y la seguridad de todas las familias mexicanas.

Nuestro país ha vivido experiencias desafortunadas provocadas por desastres naturales. La historia ha dejado constancia de fuertes sismos como el ocurrido durante el reinado de Moctezuma en 1475, en el cual la mayoría de las casas de México-Tenochtitlán se derrumbaron; el del 30 de mayo de 1818, que destruyó la Ciudad de Colima y afectó severamente a Guadalajara o el recién recordado del 19 de septiembre de 1985 con lamentables consecuencias en la Ciudad de México y algunas entidades federativas.

También hubo fatales épocas de lluvias como la ocurrida en junio de 1888, que afectó a varios estados del país y provocó que la Cámara de Diputados decretara la instalación de una junta directiva de socorros o los resultados devastadores del huracán "Gilberto", en el Golfo de México y el huracán "Paulina", en el Pacífico.

Algunas otras veces han ocurrido siniestros provocados por inadecuadas políticas de prevención de desastres como las explosiones en Guadalajara, Jalisco y San Juan Ixhuatepec, Tlalnepantla, en el Estado de México.

México, al igual que otros países, se encuentra expuesto a constantes riesgos geológicos, hidrometereológicos, químicos, tecnológicos, sanitarios y ecológicos. Está latente la posibilidad de que se presenten adversas condiciones climáticas, actividades sísmicas o volcánicas y efectos negativos de la contaminación ambiental o el uso y tratamiento de productos químicos. Esto nos obliga al gobierno y a la sociedad, a estar preparados oportunamente.

Cada desastre que ocurra en nuestro país, puede representar la pérdida de nuestros recursos naturales, del patrimonio de alguna familia y lamentablemente, la vida de algún mexicano.

La prevención es un elemento fundamental para la consolidación de la cultura de protección civil que el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y los municipios han impulsado desde hace muchos años.

Todas las acciones dirigidas a controlar los riesgos, evitar o mitigar el impacto destructivo de los desastres naturales, deberán de ser respaldados e impulsados por el Congreso de la Unión.

Nuestro grupo parlamentario se pronuncia a favor de que las entidades federativas cuenten con recursos presupuestales para que dentro de sus actividades cotidianas realicen tareas de prevención en materia de protección civil.

La cultura de protección civil es una tarea colectiva que requiere del apoyo de las instituciones gubernamentales. La sociedad exige que las autoridades no sólo atiendan las consecuencias de los desastres naturales, sino que ayuden a prevenir los estragos que las provocan. Avanzar en una cultura de protección civil preventiva, representa contar con mejores niveles de bienestar, certidumbre y seguridad.

Una vez más, los legisladores del Partido Revolucionario Institucional y esta Cámara de Diputados demuestran su compromiso con las causas más sensibles de la sociedad: el bienestar de todas las familias mexicanas y la seguridad para las nuevas generaciones.

Por esas razones, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional está de acuerdo e impulsa la reforma a la Ley de Protección Civil, a fin de que los remanentes del Fondo de Desastres Naturales, el Fonden, puedan ser utilizados hasta en un 20% en actividades preventivas.

Considera mi grupo parlamentario que simultáneamente debemos impulsar el fortalecimiento de la coordinación entre las tres instancias de gobierno para que haciendo cada cual la parte que le toca, el trabajo resulte complementario y útil a la población. Sin embargo, también advertimos que las respuestas a la comunidad que enfrenta riesgos y desastres debe ser inmediata, los apoyos deben proveerse con oportunidad y eso es lo menos que esperamos que las autoridades federales en la materia hagan en cumplimiento con su deber.

Toca al Gobierno Federal desarrollar con celeridad criterios objetivos inmensurables para calificar la situación de riesgo o desastre, así como para participar a los gobiernos estatales y del Distrito Federal de los recursos cuya disposición habremos de autorizarle el día de hoy para el desarrollo de estas acciones preventivas.

Como en todas las causas que benefician a los mexicanos, en ésta el grupo parlamentario del PRI emitirá su voto a favor.

Muchas gracias.

Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel

La Presidenta:

Muchas gracias, señor diputado.

Para desahogar el procedimiento previsto en nuestra Ley Orgánica, se abre el registro de oradores en pro y en contra.

En virtud de que no se han registrado oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea si el artículo único del proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

El secretario Adrián Rivera Pérez:

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo único del proyecto de decreto en lo general y en lo particular.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.

La Presidenta:

Se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico, por 10 minutos, para proceder a la votación del proyecto de decreto.

1134,1135,1136

El secretario Adrián Rivera Pérez:

Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación del proyecto de decreto.

(Votación).

Se emitieron 368 votos en pro; ninguno en contra.

La Presidenta:

Aprobado el proyecto de decreto por 368 votos.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil.

El secretario Adrián Rivera Pérez:

Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

Esta mesa directiva desea hacer un reconocimiento al esfuerzo realizado por la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, especialmente por los integrantes del grupo de trabajo en materia de protección civil. Los resultados de su esfuerzo sistemático, de su conformación plural y de su capacidad de llegar a acuerdos, nos han permitido el día de hoy aprobar dos dictámenes que serán útiles sin duda para la sociedad mexicana: el dictamen que reforma la Ley General de Protección Civil y el dictamen que reforma la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a fin de incluir el Premio Nacional de Protección Civil.

Reciban, compañeros diputados, nuestro reconocimiento.

Se ha recibido una comunicación de la mesa directiva. Se pide a la Secretaría dar cuenta con la misma.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA

DE MEXICO

El secretario Adrián Rivera Pérez:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.

Acuerdo de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, relativo a la celebración de una sesión solemne con motivo del CDL aniversario de la UNAM.

La mesa directiva de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 21 numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

I. Que la Junta de Coordinación Política, en reunión celebrada el 1o. de octubre del presente, acordó la celebración de una sesión solemne con motivo de la conmemoración del CDL aniversario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

II. Que el 4 de octubre del presente, la Presidencia de la mesa directiva recibió una comunicación formal del acuerdo citado en el considerando I.

Expuestas las consideraciones anteriores, se adopta el siguiente:

ACUERDO

Unico. Se llevará a cabo una sesión solemne con motivo del CDL aniversario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), previa a la sesión ordinaria del próximo jueves 11 de octubre del 2001.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2001.— Diputados: Beatriz Paredes Rangel, presidenta; María Elena Alvarez Bernal, Eloy Cantú Segovia y Erick Eber Villanueva Mukul, vicepresidentes; Martha Silvia Sánchez González, Rodolfo Dorador Pérez Gavilán y Adrián Rivera Pérez, secretarios.»

En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, señora Presidenta.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

Esta Presidencia acaba de recibir un oficio de la Cámara de Senadores. Se ruega a la Secretaría dar cuenta con el mismo.

PERMISO AL PRESIDENTA PARA

AUSENTARSE DEL TERRITORIO NACIONAL

La secretaria Martha Silvia Sánchez González:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— LVIII Legislatura.— Presidencia de la mesa directiva.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional del 10 al 22 de octubre de 2001, a efecto de que realice visitas de Estado a la República Checa y al Reino de España; visitas oficiales a la República de Italia; a la Santa Sede; a Hamburgo, Alemania y a Toulouse, Francia, así como para asistir a la IX Reunión Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, en Shangai, República Popular China.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, D.F., a 4 de octubre de 2001.— Senador Diego Fernández de Cevallos Ramos, presidente.

MINUTA

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional del 10 al 22 de octubre de 2001, a efecto de que realice visitas de Estado a la República Checa y al Reino de España; visitas oficiales a la República de Italia; a la Santa Sede; a Hamburgo, Alemania y a Toulouse, Francia, así como para asistir a la IX Reunión Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, en Shangai, República Popular China.

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.— México, D.F., a 4 de octubre de 2001.— Senadores: Diego Fernández de Cevallos Ramos, presidente y Rafael Melgoza Radillo, secretario.

Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.— El secretario general de Servicios Parlamentarios, Arturo Garita

La Presidenta:

Recibo y túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Continuando con el orden del día, hemos recibido notificación del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, posponiendo la excitativa que estaba programada. Pasamos al capítulo de efemérides.

BELISARIO DOMINGUEZ

La Presidenta:

Se concede el uso de la palabra al diputado Roberto Fuentes Domínguez, para presentar una efemérides sobre el aniversario luctuoso del distinguido mexicano Belisario Domínguez. Hasta por 10 minutos, estimado diputado

El diputado Roberto Javier Fuentes Domínguez:

Con su anuencia, señora Presidenta; compañeras diputadas y compañeros diputados:

El día 7 de octubre de 1913 tuvo la patria un día fatídico, asesinaron el héroe de la palabra libre, doctor Belisario Domínguez, fecha en la cual las balas asesinas de un esbirro de Victoriano Huerta vaciaron su odio sobre el hombre, el político y humanista, quien, decidido fue tras sus ideales de justicia ante el clamor general de la sociedad.

Con el valor de un hombre afrontó la crueldad y la saña inaudita de sus verdugos, acto en contra de la humanidad. Con atrocidad y fiereza los asesinos cortaron su vida y para escarnecerlo le cercenaron la lengua. Provocaron a la patria y a él lo único que le faltaba para su consagración: el martirio, y a la nación un ejemplo de virilidad, honradez y congruencia que nos sirve de ejemplo.

Fue un ciudadano con recias virtudes, afanoso en el esfuerzo de prepararse, generoso en el ejercicio de su profesión; de gran probidad; presidente municipal de Comitán, del lejano, en aquél entonces, Estado de Chiapas; que luchó contra la corrupción y la mezquindad, combatió a diario y golpeó con su palabra y pluma, gracias a su legado de la libre expresión.

Reprobó toda muestra de violencia e intromisión en asuntos ajenos y que no permitió que se atentara contra las instituciones, la libertad y el estado de derecho.

Tenía pues el ímpetu creador, pensaba en grande, actuaba en grande, pero también trabajaba en lo pequeño, que en mucho, en suma hace lo grande; tenía la pasión encendida de la libertad y amor desbordante hacia la patria. Tal es el hombre que hemos querido honrar y mostrar como ejemplo al pueblo de México.

Belisario Domínguez es uno de los precursores de la patria, antes que nada, héroe inmarcesible, mártir y apóstol laico que tiene ante la historia el valor supremo de precursor, que con sus discursos atizó la inconformidad de la patria ante Victoriano Huerta, el tirano usurpador, asesino de Madero y Pino Suárez.

También se distinguió por la congruencia de su pensamiento en sus actos, poder probar que sus memorables discursos y su publicación no nacen de una decisión irreflexiva, sino por el contrario, son expresiones de su coherente pensamiento.

Asimismo, señaló sus antecedentes personales: su paso juvenil en las escuelas de San Cristóbal de las Casas, su viaje a Francia donde se formó profesional y humanitariamente; el ejercicio altruista de su profesión en Comitán, Chiapas, su tierra natal.

Como hombre maduro, acepta por ministerio de ley la jefatura política de su pueblo, cuando rechaza su nominación a ser candidato de una diputación federal; cuando contra su voluntad, el llamado club Liberal lo postula como senador suplente de Alberto Gub, con quien no compartía origen y actuaciones políticas y cuando sin dejar de esperar, en la ciudad de Córdoba, recibe un comunicado que da cuenta de la muerte del senador propietario y es ungido por el Senado de la República a rendir protesta como titular del cargo.

Antes de los memorables días de sus discursos, del 23 y 29 de septiembre de 1913, Belisario Domínguez había dejado oír su voz varias veces en contra del hecho de que se llevara a cabo la invasión al puerto de Veracruz; en contra de promociones por los facciosos y traidores Félix Díaz, Aureliano Blanquet y Juvencio Robles, este último gobernador del Estado de Morelos, perseguidor de Zapata; el prócer de la palabra libre dijo que votaba en contra para no apoyar a un gobierno de asesinos. Aquí está el antecedente, no dejemos de señalar y traigámoslo a la memoria, que después se le negó el uso de la palabra y así explicarnos por qué no pronunció los discursos, ya que sólo los publicó y los hizo circular.

En esta hora crucial de la humanidad, cuando espantados y aterrorizados por lo sucedido en los Estados Unidos, contemplamos lo que pudiera ser la tercera guerra mundial, fortalezcamos los lazos de unión nacional y con serenidad digamos: ¡no apoyar a los conflictos extraterritoriales, aunque sea de facto!

Reflexionemos sobre la esencia del pueblo de México, recojamos sí, la enseñanza del héroe que con sencillez provinciana incorporó la libertad de expresión a la condición de los mexicanos, que consolidan a las instituciones, que nos hacen indemnes en la unidad y soberanía a los conflictos internos y que nos aglutina en sí en una República soberana sin posibles fragmentaciones de poder que nos enseña que ningún sacrificio es mucho por el bien de la patria.

Pensemos y actuemos como él, con pensamiento y acción en bien de la República, pero con los pies asentados en la patria chica, en mi caso, en el Estado de Chiapas, donde falta tanto por hacer, se requieren más acciones de gobierno en el orden federal y estatal. En el primero, cuando no se acelera ni ejecutan acciones de desarrollo, en especial para los pueblos indios y en la esfera local es necesario estimular los proyectos productivos y de infraestructura básica que otorguen para el campo y la ciudad un mejor bienestar social.

Con la invocación de Belisario Domínguez, héroe chiapaneco, comiteco de origen, hoy homenajeado, formulo mi discurso y también dejando asentado en forma especial, la repulsa internacional en la que condenamos la violencia que en nada construye a favor de la humanidad.

En este contexto en México podemos promover el respeto a las garantías individuales que en nuestra actual tradición democrática, se impulse lo conducente para la paz mundial para los derechos humanos, que a su vez eviten que nos encontremos en el panorama de la antesala de una conflagración mundial.

El reto más difícil no es caer en la tentación autoritaria y que con la colaboración internacional encontremos en la humanidad el equilibrio que finque el ejemplo de sistemas de gobierno basados en las libertades individuales.

Es para nosotros un requerimiento actual retomar la perspectiva de las fracturas sociales producidas por la tensión entre los sistemas políticos y económicos de las sociedades modernas, que nos permitan analizar al interior de nuestro país, las mejores iniciativas que a través de la ley de los tratados internacionales suscritos por el Gobierno de México, nos conduzcan al desarrollo integral de nuestro pueblo y de las comunidades indígenas de México.

Finalmente, podemos decir que Belisario Domínguez es el héroe político, que siendo un ejemplo del pueblo de México también lo es del mundo. Por ello consideramos que el terrorismo representa el reino de la inseguridad, terror en la población que perturba la paz pública en el orbe, el cual debemos de evitar, nos unamos en la lógica global de los derechos humanos y al desarrollo de los procesos de pacificación mundiales con la fe en el ideal democrático de México.

Con la ejemplar herencia de libertad que nos ha dado Belisario Domínguez, evitemos la cultura de la violencia en todos los países y especialmente en México, participando activamente en los foros mundiales que promuevan la tradición pacifista que tenemos los mexicanos. A su vez busquemos la acción de todas las formas políticas y democráticas que conduzcan la restauración de la paz mundial.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

Esta Presidencia solicita atentamente a los diputados chiapanecos de las diversas fracciones parlamentarias, concurran a atender la invitación de la honorable colegisladora a la ceremonia formal en honor a don Belisario Domínguez, que se llevará a cabo el próximo 8 del presente mes. Si algún diputado desease incorporarse a esta comisión, le ruego lo haga del conocimiento de la Secretaría.

Sobre el aniversario luctuoso de Belisario Domínguez, tiene la palabra el diputado Héctor Sánchez.

El diputado Héctor Sánchez López:

Hablar de Belisario Domínguez es hablar de dignidad. Cuando el tirano Huerta sometía a este país a través de una cultura de violencia y de muerte, hubo alguien que se atrevió a manifestar el sentimiento de esta nación mexicana ante esa ola de violencia y de crímenes que vivía el país.

Hubiéramos querido que esta cultura de la violencia hubiera desaparecido en nuestro país, hoy tenemos a muchos victorianos huertas en muchos estados de la República. En Oaxaca tenemos a un Victoriano Huerta, su actual gobernador, el que tiene sometido a la prensa, al Congreso local y el que no permite que haya una libre manifestación…

La Presidenta:

Un momento diputado Héctor Sánchez. El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, ¿qué se le ofrece?

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde su curul):

Un atento llamado al orador, no queremos pedir que se aparte del tema, pero queremos respeto a la efemérides y estamos hablando de Belisario Domínguez no de Victoriano Huerta. Es un atento llamado a ser respetuoso a la práctica parlamentaria común, la efemérides es para rememorar, hay agenda política para su tema.

El diputado Héctor Sánchez López:

Por supuesto que no podemos apartar la figura de Belisario Domínguez con la de Victoriano Huerta y en ese sentido cuando nosotros buscamos actualizar, es para honrar la memoria de Belisario Domínguez y que haya esas voces en nuestro país, para seguir denunciando la opresión de gobernadores, que se siguen creyendo Victoriano Huerta.

Por eso cuando hablamos de que tenemos que desterrar esa cultura de la violencia, asistiendo a los foros internacionales, tenemos primeramente que pensar en desterrar la violencia en este país y en algunos estados de la República, donde aún prevalece.

Comparar a José Murat con Victoriano Huerta, yo creo que es lo que más se parece en este momento, porque no sólo es recordar el pasado y olvidarnos el presente, no sólo recordar el sacrificio de Belisario Domínguez, sino para que nunca más pase en México una situación de esta naturaleza.

Hoy, el gobernador de Oaxaca, mantiene amordazado a los medios de comunicación, mantiene oprimido al Congreso local, que no puede ni siquiera emitir una resolución sobre la situación tan difícil que prevalece en nuestro país. Considero que si Belisario Domínguez fue capaz incluso de ofrendar su vida por hablar con la verdad, lo menos que podemos quedarnos, nosotros los legisladores, es honrando esa memoria y denunciando lo que hoy prevalece en…

La Presidenta:

Un momento, señor diputado, por favor, el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde su curul):

Es una nueva moción en los términos del artículo 104 en los casos en que los oradores se apartan del tema, es una atenta súplica respetar la práctica caballerosa, por cierto, parlamentaria, de pasar temas de debate, donde se puede hacer debate. Tal parece que están buscando escudarse en que la práctica de las efemérides no hay rectificación de hechos.

El diputado Héctor Sánchez López:

Quiero recordarle al señor diputado, que en algunas efemérides

La Presidenta:

Señor diputado le recuerdo que no se permiten diálogos. Yo quisiera rogar a la Secretaría dé lectura a los artículos 104 y 105 del Reglamento para el Gobierno Interior.

El secretario Adrián Rivera Pérez:

"Artículo 104 del Reglamento para el Gobierno Interior: Ningún diputado podrá ser interrumpido mientras tenga la palabra a menos que se trate de moción de orden en el caso señalado en el artículo 105 o de alguna explicación pertinente, pero en este caso sólo será permitida la interrupción, con permiso del Presidente y del orador. Quedan absolutamente prohibidas las discusiones en forma de diálogo.

Artículo 105. No se podrá reclamar el orden, sino por medio del Presidente en los siguientes casos: para ilustrar la discusión con la lectura de un documento; cuando se infrinjan artículos de este Reglamento, en cuyo caso deberá ser citado el artículo respectivo; cuando se viertan injurias contra alguna persona o corporación o cuando el orador se aparte del asunto a discusión."

La Presidenta:

Señor diputado Héctor Sánchez:

Esta Presidencia le solicita atentamente continúe con su exposición y le solicita que haga referencia a hechos vinculados con la efemérides. Somos respetuosos de su libertad de expresión, pero nos parece importante señalar a juicio de la Asamblea, lo especificado en los artículos 104 y 105.

Le ruego continúe con su exposición.

El diputado Héctor Sánchez López:

Le agradezco mucho, señora Presidenta.

Simplemente para recordar que en algunas de las efemérides en las que he participado, pretendo por lo regular vincular los hechos de las efemérides con nuestra realidad, la realidad que vive nuestro país. Sin embargo parece ser que todavía hay diputados que quisieran que el pasado fuera sólo el glorioso pasado y que ese glorioso pasado, no pudiera tener vinculación con la horrible realidad que todavía prevalece en algunos de nuestros estados.

Quisiera, simplemente, recordando el sacrificio de Belisario Domínguez, cuya lucha no solamente fue en un momento difícil por el que pasaba la patria de traiciones y de crímenes, de asesinatos de dirigentes y de diputados que se atrevían a decir la realidad del país.

Ha habido situaciones tan graves en Oaxaca, que diputados legisladores locales han sido objeto de amenazas, han sido objeto de atentados y pareciera que solamente nuestros héroes y nuestros mártires deben ser utilizados en discursos de elogios y no en discursos para llegar a la realidad.

Quisiera que ojalá esa memoria que hoy venimos aquí a refrendar del sacrificio del mártir no sólo por la democracia, sino por el de la libre expresión se pudiera permitir; pero parece que hay intereses que no van a permitirlo cuando menos en este momento.

Señora Presidenta, para terminar esta intervención hay una frase que dice: "puedo no estar de acuerdo con lo que se diga, pero defenderé con mi vida el derecho que uno tiene para decirlo". Esa era la esencia, ésa era la esencia de la lucha de Belisario Domínguez en el Senado de la República. Por ello murió.

En ese sentido, quiero decirles y reafirmo mi posición para terminar. En Oaxaca tenemos a un Victoriano Huerta que es el gobernador "Hussein" Murat.

Ojalá que los resultados de esta elección no nos lleven a una confrontación, no nos lleven a una violación masiva de los derechos humanos, no nos lleven a que haya víctimas en el Estado de Oaxaca. Tenemos a alguien que creo que era conveniente que en este pleno pudiera discutirse.

Por la memoria de Belisario Domínguez, no permitamos que nuevos victorianos huertas se sigan dando en nuestro Estado.

Gracias.

CONSTITUCION DE 1824

La Presidenta:

Para presentar una efeméride sobre el aniversario de la promulgación de la Constitución de 1824, se concede el uso de la palabra a la diputada Rosa Delia Cota Montaño, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Rosa Delia Cota Montaño:

Con el permiso de la Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Hoy conmemoramos un aniversario más de la promulgación de la Constitución Federal de 1824 como remembranza histórica de la consolidación del México independiente.

A la proclamación de la Independencia en 1821 existían en México dos partidos políticos: el monárquico encabezado por Agustín de Iturbide, que estableció un fallido y efímero imperio y republicano conformado por los antiguos insurgentes.

En aquél entonces se libró una disputa entre dos ideologías, entre dos formas de concebir el rumbo de la nación: la que apuntaba hacia un gobierno republicano de tipo federal, que representaba autonomía, libertad y democracia y a la que quería establecer un gobierno central es decir, un régimen de gobierno absoluto y despótico.

La Constitución de 1824, proclamó un gobierno de representación popular dividido en tres poderes: el Ejecutivo, desempeñado por el presidente y vicepresidente; el Legislativo, integrado por las cámaras de Diputados y Senadores y el Judicial, compuesto de magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La religión católica sería el culto oficial; clero y ejército conservarían sus privilegios. Se pretendía amparar al indígena eximiéndolo del pago de diezmos y protegiendo la producción artesanal por medio del impuesto a los productos extranjeros.

La situación política de México no se estabilizaba y de hecho se hacía presente la falta de unidad nacional, puesto que mientras unas entidades pugnaban por la Federación, otras pretendían su independencia.

Hoy en día los nombres de Miguel Ramos Arizpe, Manuel Crescencio Rejón, Valentín Gómez Farías, Carlos María de Bustamante, entre otros, deben ser enaltecidos, pues estos constituyentes coadyuvaron a instaurar el sistema federal que a la fecha nos rige.

Las discusiones en el Congreso Constituyente, llegaron a su punto culminante para darle a la joven nación las características por las que tanto se había luchado y así, el 4 de octubre de 1824, fue firmada la Constitución Federal y dio a los 19 estados y 5 territorios de aquel entonces, la facultad de elegir a su gobernador y su propio Congreso con la división tripartita del ejercicio del poder.

Muchas fueron las garantías ampliadas y otorgadas por esta Constitución. Y es antecedente fundamental de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, que nos rige. Por ello, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, conmemora un aniversario más de la promulgación de la primera Constitución Federal en nuestro país, que legitimó al México independiente de la época.

Es cuanto.

La Presidenta:

Gracias, señora diputada.

Para continuar con el orden del día, nos ha solicitado hacer referencia a la Promulgación de la Constitución de 1824, el diputado Angel Artemio Meixueiro González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Angel Artemio Meixueiro González:

Con su permiso, señora Presidenta:

Este 4 de octubre, se cumple un aniversario más de la promulgación de la Constitución de 1824. Es, como se ha dicho, la primera norma política superior, digna de tal nombre.

Los constituyentes que se reunieron en 1823 y 1824 en el templo de San Pedro y San Pablo, atinaron en la formulación de una Ley Suprema, capaz de recoger las aspiraciones de los mexicanos en la hora difícil por la que atravesaba el país. Veníamos de una lucha por la independencia que sacrificó a millares de compatriotas. Las huestes convocadas por Hidalgo, fueron encarnizadamente perseguidas y muchos como Calleja e Iturbide ganaron sus galones masacrando comunidades enteras, combatiendo las aspiraciones de libertad.

El texto constitucional de 1824, da respuesta puntual a las esperanzas expresadas por Hidalgo y recogidas por López Rayón en sus elementos constitucionales, con objeto de legitimar la actitud de los insurgentes a favor de la libertad y de la independencia.

Morelos, en su tiempo, quiso hacer lo propio y convocó al Congreso de Apatzingán, que finalmente entrega una Constitución Política que por razones conocidas no pudo entrar en vigor, pero que, sin embargo, recoge ideales y esperanzas de nuestros compatriotas y fue santificada con el sacrificio de Morelos.

Resolviendo ante la faz del mundo la cuestión de la supremacía de la ley y la sumisión de gobernantes y gobernados a su autoridad, al impulso de ideas liberales procedentes de Cádiz, a donde enviamos representantes del país, muchos mexicanos creen advertir la oportunidad primero para la Consumación de la Independencia y luego para dar a la nación su primera Carta Fundamental. Los acontecimientos se precipitan y con motivo del documento expedido en 1823 la provincia renueva su pugnacidad a favor de la organización política de México.

La mayoría está a favor de un sistema federal y así lo expresan por el conducto de sus representantes. El clima político en México era de tal naturaleza que el Gobierno se ve obligado a dar un voto por la Federación y así lo hace también el Congreso convocante que estaba por fenecer. Muchas provincias amenazaban con la separación y algunas acudieron a las vías de hecho.

Por eso el nuevo Congreso instalado el 7 de noviembre de 1823 se encuentra ante exigencias indiscutibles y de ahí que, como se ha dicho, el presidente de la comisión de Constitución, Miguel Angel Ramos Arizpe, formula en un plazo de tres días el Acta Constitutiva que daría a conocer el 20 de noviembre del año citado y que sería, como se expresa en la exposición de motivos, el punto de unión para todos los mexicanos.

El Acta Constitutiva es el documento fundacional de la República. Por eso fue firmada por todos los diputados asistentes. A partir de su contenido se inicia el debate de la Constitución, la cual recoge con puntualidad la organización federalística propuesta por el artículo 5o. del Acta Constitutiva y alude a la soberanía de cada uno de los estados propuesta en el artículo 6o.

En el debate que se da el 11 de diciembre de 1823, fray Servando Teresa de Mier, quien había sido encarcelado en todas las prisiones y no sólo del país, el que había luchado a favor de la Independencia, hace uso de la tribuna, conmoviendo con su palabra fácil al auditorio interesado en el debate histórico que los diputados realizaban.

Fray Servando Teresa de Mier se pronunciaba en contra de la República Federal, tal y como lo concebían las provincias y los diputados enviados para cada una de ellas. Quería una Federación pero más moderada, con objeto de que pudiera enfrentar con eficacia y fortaleza las amenazas extranjeras y los conflictos interiores. Liberal ilustrado se proclamaba federalista, pero por una Federación que trataba de disminuir la influencia de los estados, donde burocracias ambiciosas —decía—, pugnaban por acceder a los niveles de dirección, al ejercicio de poder del pueblo.

Fue un debate definitivo, la mayoría aprobó la propuesta de Ramos Arizpe. El mismo, que como diputado ante las cortes de Cádiz alcanzó tal importancia e influencia que logró la creación de las diputaciones provinciales en la Nueva España, que deben ser consideradas como antecedentes de la futura organización federal en México. Hacemos este señalamiento porque muchos han hablado de la influencia que tuvo, por ejemplo, Esteban Austin para recoger el sistema federal que ya imperaba en los Estados Unidos.

La afirmación ha sido ya suficientemente desmentida, pero además pretende desconocer la realidad de México del momento en donde prácticamente todas las provincias exigían al Gobierno Federal y presionaban en contra de toda otra forma de organización política. Nunca aceptarían por supuesto el centralismo, no sólo por sus antecedentes despóticos coloniales, sino por el inmediato antecedente de Iturbide que terminaba por desprestigiar el sistema.

La carta de 1824 consagra la división de poderes, las facultades de la Federación y de los estados, el régimen presidencial y establece los requisitos para su propia modificación. El 4 de octubre de 1824, Lorenzo de Zavala, comisionado por los diputados, emite un llamamiento a la nación para convocarlos a la unidad y al trabajo dentro del nuevo sistema aprobado por la mayoría de sus representantes.

Don Guadalupe Victoria, a la sazón Presidente de México, cree encontrar en la Carta los principios para alcanzar la felicidad de los mexicanos. Desde entonces y a pesar de las encrucijadas, especialmente con motivo del despotismo constitucional de 1836 que la deroga o del constitucionalismo oligarco de 1842, que pasa por encima de postulaciones, en 1847 se la restituye y en 1857 y en 1917 sus principios se mantienen inmaculados.

La Federación era y es como hoy, la voz del orden. En este sentido se dirigen nuestras palabras, se orienta nuestro sentido homenaje a quienes lo hicieron posible.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

PLAN DE SAN LUIS

La Presidenta:

Para referirse en efemérides, al aniversario de la promulgación del Plan de San Luis, se concede el uso de la palabra al diputado Jaime Cervantes Rivera, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Jaime Cervantes Rivera:

Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

En esta ocasión el grupo parlamentario del Partido del Trabajo hace uso de esta tribuna, para conmemorar un aniversario más de la proclamación del Plan de San Luis.

El desarrollo de la vida democrática de México hacia finales del Siglo XX era un cambio radical, pero necesario para el crecimiento político y social de México, que ante la inminente reelección presidencial de Porfirio Díaz, por un periodo más, despertó la inquietud de concluir con el descontrol político.

Paralelamente, Francisco I. Madero, autor del libro La Sucesión Presidencial y fundador del Partido Antirreeleccionista, ganaba cada día mayor número de adeptos, lo cual le abrió un espacio político para contender por la Presidencia de la República; era un personaje carismático que fue ganando la simpatía popular.

Madero llegó a Monterrey rodeado de partidarios, pero fue conducido a San Luis Potosí, acusado de lanzar injurias contra el Presidente. Durante su arraigo forzoso se gesta el Plan de San Luis, fechado el 5 de octubre de 1910.

El Plan de San Luis declara nula las fraudulentas elecciones del 26 de junio y el lema "Sufragio Efectivo. No Reelección", se esgrime como estandarte al despertar a la democracia el pueblo mexicano.

Para nuestro grupo parlamentario, el Plan de San Luis es un documento histórico con el que se da inicio a la Revolución Mexicana, que en primera instancia consideró como nulas las elecciones de Porfirio Díaz y Ramón Corral y por ende, el desconocimiento de todos los cargos de elección popular también resueltos.

Consideró como legítimo el marco jurídico, que no se oponía a los intereses nacionales y principios revolucionarios. Se admitía la reivindicación de tierras usurpadas a indígenas y reglamentó de manera transitoria el mando de las fuerzas revolucionarias.

A pesar de que el libro escrito por Madero estaba prohibido por el Gobierno, éste recorrió todo el país y convirtió a Madero en el principal oponente político de Díaz.

Durante la campaña para las elecciones presidenciales de 1910, Madero fue encarcelado, acusado de incitar una rebelión y Díaz logró la victoria electoral.

Madero fue puesto en libertad en noviembre de 1910 y huyó a Texas, desde donde comenzó a desconocer la elección presidencial de Díaz, que supuso el inicio de la Revolución Mexicana. Regresó a México y participó en una campaña militar que culminó con la toma de Ciudad Juárez, en mayo de 1911.

Poco a poco la Revolución se propagó por el territorio nacional, debilitando al régimen de Porfirio Díaz. Se iniciaron las negociaciones que pondrían fin al largo periodo del gobierno de Díaz y que culminaron con la firma de los Tratados de Ciudad Juárez.

En junio de 1911 Madero entró a la Ciudad de México como líder del movimiento triunfante. Inmediatamente el Partido Constitucional Progresista postuló la fórmula de Francisco I. Madero José María Pino Suárez, para las siguientes elecciones presidenciales, de las cuales resultaron triunfadores por amplia mayoría.

En la conmemoración que hoy se hace al Plan de San Luis, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, en congruencia con su ideario político, se manifiesta por el lema "Sufragio Efectivo. No Reelección" y expresamos que ahora como en aquellos días nuestro país, como una República democrática, el ejercicio del poder público no puede tener otro origen ni otra base que la voluntad nacional, sin estar supeditada a fórmulas llevadas a cabo de un modo fraudulento.

No olvidemos que la credibilidad de un gobierno comienza por la limpieza de sus elecciones. Por tanto, enaltecemos el objetivo principal de éste para acabar con la cruenta lucha que terminó por dar al pueblo oprimido la esperanza de encarar con dignidad y valor su propio destino.

Es cuanto, señora Presidenta, muchas gracias.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

Sobre el mismo tema ha solicitado hacer uso de la palabra la diputada Beatriz Grande López, del grupo parlamentario de Acción Nacional.

La diputada Beatriz Guadalupe Grande López:

Señora Presidenta de la mesa directiva, compañeras y compañeros legisladores

Los pueblos, en su esfuerzo constante porque triunfen los ideales de libertad y justicia, se ven precisados en determinados momentos históricos a realizar los mayores sacrificios.

El día de mañana 5 de octubre se cumple un aniversario más de la Promulgación del Plan de San Luis, documento que contiene la más legítima intención de poner en función los preceptos constitucionales, liberando al país del autoritarismo de la época, presente en todas las esferas de la vida nacional.

Ese plan histórico marcó el inicio de una era de respeto a la voluntad ciudadana, esta conducta fue indispensable para demostrar al mundo entero que el pueblo mexicano estaba preparado para la democracia, sediento de libertad y que sus gobernantes no respondían a sus aspiraciones.

Los ideales que abanderaban el movimiento encabezado por Madero, mismo al que se le daría cauce a partir de la firma del Plan de San Luis, son los mismos que hoy enarbola mi partido a favor de la nación, lograr una democracia auténtica mediante el sufragio efectivo, el fortalecimiento de la división de poderes, el respeto al federalismo y sus instituciones y la justicia social para cada uno de los mexicanos, ideales por los cuales estamos construyendo consenso que hagan efectivo el sistema federal elegido como forma de gobierno.

Coincidimos plenamente con una de las célebres frases de don Francisco I. Madero, "En México como República democrática, el poder público no puede tener otro origen ni otra base que la voluntad nacional y ésta no puede ser supeditada a fórmulas llevadas a cabo de un modo fraudulento".

 

A casi un siglo podemos afirmar que el anhelo de don Francisco I. Madero de fortalecer la democracia en México lleva buen rumbo, porque hoy contamos con instituciones político-electorales autónomas que han permitido la transparencia y legitimidad de las últimas elecciones, máximo ejemplo de ello fue el ejercicio democrático del día 2 de julio del 2000 cuando millones de mexicanos elegimos mediante el voto al actual Gobierno.

Este ejercicio fue sólo la puerta hacia una real democracia participativa y de corresponsabilidad de acciones legislativas y de políticas públicas por parte de los tres sectores: social, público y privado, para construir el país que deseamos en el presente asegurando el futuro de las nuevas generaciones.

Otro aspecto encaminado al fortalecimiento del Poder Legislativo también se establece en el Plan de San Luis. La no reelección, el cuarto punto del plan, señala que además de la Constitución y leyes vigentes, se declara Ley Suprema de la República el principio de no reelección del Presidente y vicepresidente de la República, de los gobernadores de los estados y de los presidentes municipales mientras se hagan las reformas constitucionales respectivas.

Es tiempo de discutir seriamente el tema de la reelección, los aspectos a favor y en contra que nos permitan tomar la mejor decisión.

Compañeras y compañeros legisladores, hay mucho que reconocer y hacer de lo escrito por don Francisco I. Madero; la relevancia del espíritu de lucha del Plan de San Luis hacia la democracia del federalismo, plasma uno de los compromisos que como legisladores y máximos representantes del pueblo, debemos de asumir.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Sobre el mismo tema el diputado Justino Hernández Hilaria, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Justino Hernández Hilaria:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

A nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, celebramos de igual forma este 5 de octubre, el XCI aniversario de la promulgación del Plan de San Luis Potosí.

El Plan de San Luis Potosí surge haciendo un llamado al pueblo de México en su esfuerzo constante porque triunfen los ideales de libertad y de justicia que se van precisando en determinados momentos históricos a realizar los mejores sacrificios.

Nuestra querida patria ha llegado a uno de esos momentos que por la tiranía que no estamos acostumbrados a sufrir, nuestra República sufrió un profundo malestar por el régimen de gobierno del general Porfirio Díaz, que con astucia había aniquilado todas aquellas organizaciones independientes; el mal se agravaba constantemente, que llevó ese mal a una posición radical; que no le quedaba otra forma de luchar para conquistar esa libertad que reclamaba el pueblo de México.

Esto motivó manifestaciones democráticas como en Puebla, Tlaxcala, México y otras partes del país.

El principio fundamental del Plan de San Luis está en la lucha contra la tiranía, de la explotación, de la miseria, de la vejación, del despojo de tierras de los originales, del fraude y del mal gobierno para el pueblo de México, que ya estaba cansado de tolerar tanta exclusión y soberbia del poder encabezado por el presidente Porfirio Díaz.

Estas manifestaciones provocaron movimientos sociales que a la postre se consagraron en la revolución mexicana, encabezada por Emiliano Zapata, Francisco I. Madero y Francisco Villa, entre otros, que dieron libertad y justicia para el pueblo de México, que aún no se han terminado hasta nuestros días para muchos hermanos mexicanos.

Compañeros diputadas y diputados: debemos luchar por los ideales de la libertad y de la justicia, sigamos adelante por la democracia y como principio de todos los mexicanos que rigen nuestra Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la no reelección desde este honorable Congreso de la Unión, debemos encontrar las causas más justas para combatir la pobreza, el rezago, la marginación y la soberbia del poder que tanto lastima a todos los mexicanos.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

CASTILLO DE CHAPULTEPEC

La Presidenta:

Pasamos al capítulo de proposiciones. Se concede el uso de la palabra al diputado Elías Martínez Rufino, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una proposición con punto de acuerdo relativo a la realización del concierto de Elton John, en el Castillo de Chapultepec.

El diputado Elías Martínez Rufino:

Muchas gracias, señora Presidenta, con su permiso; compañeras y compañeros:

A casi un año de que el presidente Vicente Fox realizara en el alcázar del Castillo de Chapultepec el festejo de su toma de protesta como presidente electo de nuestro país, hoy la señora Martha Sahagún de Fox, está preparando, según información periodística no desmentida, una cena-concierto con Elton John, a fin de presentar ante diversos empresarios el patronato "Vamos México", en apoyo a los desprotegidos, evento que tiene un costo de 50 mil a 100 mil dólares por mesa. Claro, esto tiene sentido.

Hoy en El Economista dan cuenta de una reunión con los presidentes de los DIF estatales y obviamente les decía que qué bonito sería ver no sólo a los ricos del Distrito Federal, sino a los ricos de todo México. Desgraciadamente esto sólo causó el silencio de todos los presentes, la razón pues yo creo que no son exactamente los más honestos los que pueden pagar 100 mil dólares por una mesa en una cena.

Ante esta información periodística y diversas pláticas con las autoridades del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, es necesario reflexionar sobre la pertinencia de la realización de este tipo de actos en los museos, sitios históricos y zonas arqueológicas de nuestro país, por lo que esta soberanía debe reconsiderar los siguientes argumentos a fin de exponer nuestras ideas y propuestas en el marco del respeto a la división de poderes que establecen nuestras leyes.

El Castillo de Chapultepec, como nos lo ha hecho recordar el periodista Gastón García Cantú...

La Presidenta:

El señor diputado Jorge Lara, sí, diputado Jorge Lara.

El diputado Jorge Alberto Lara Rivera  (desde su curul):

Gracias, señora Presidenta.

Para solicitarle por medio de su conducto al señor proponente, si nos permite hacerle una pregunta, para ilustrar este asunto que está tratando en la tribuna.

La Presidenta:

Señor diputado Martínez Rufino, ¿acepta usted una pregunta del diputado Jorge Lara?

El diputado Elías Martínez Rufino:

En el momento de terminar, todas las que quiera.

La Presidenta:

Al término de su intervención, señor diputado.

Continúe, diputado.

El diputado Elías Martínez Rufino:

El Castillo de Chapultepec, como nos lo ha hecho recordar el periodista Gastón García Cantú, no es simplemente un museo de historia; es uno de los sitios históricos más importantes de nuestro país, debido a que simboliza la soberanía y la independencia, al haber sido el sitio histórico donde se libró la lucha contra la invasión estadounidense en 1847 o, como lo sintetiza el historiador Rubén M. Campos: "El Alcázar de Chapultepec es la joya histórica más preciosa del penacho de gloria que ciñe la República; fue palacio real de los reyes aztecas, feudal castillo de los virreyes, mansión y residencia presidencial de ilustres jefes de estado", hasta que se convirtió en 1934, durante la era cardenista, en museo que actualmente alberga una colección del Siglo XVIII y piezas de incalculable valor estético e histórico, como el escudo Ximali-Mexica, el estandarte que perteneció a Hernán Cortés durante la conquista, el de Miguel Hidalgo en la Independencia, carruajes donde Benito Juárez recorrió el país. En fin, obras artísticas e históricas que ilustran la historia y fortalecen nuestro conocimiento y nuestra identidad nacional.

El multicitado sitio histórico también representa para el pueblo mexicano y para la humanidad en general un lugar merecedor de la defensa de nuestros principios y valores con los que se constituyó nuestra República; es sin más, el lugar manifiesto de la dignidad histórica del pueblo de México y de la defensa de nuestra patria y bajo el principio de estado moderno es un patrimonio de todos y a la vez de nadie. Es por ello impensable en cualquier nivel del intelecto histórico que dicho sitio se convierta en salón de eventos sociales de la Presidencia de la República o de la familia Fox. Para ello cuentan con Los Pinos y Palacio Nacional; sólo en la abusiva ignorancia del poder cabría semejante idea.

Podríamos imaginar que en un gobierno conservador el Castillo de Chapultepec tal vez sería el símbolo histórico más recurrente para los actos cívicos. En un gobierno liberal, se me ocurre sería el símbolo de la soberanía y la independencia y sólo en un gobierno de la ignorancia se convertiría en un salón de eventos sociales disfrazados de culturales o cívicos.

Es menester también invitar a una reflexión responsable sobre lo que se puede llegar a hacer cuando existe desconocimiento de la historia y se tiene discrecionalidad sobre la utilización de zonas arqueológicas, monumentos históricos y artísticos de México. Tal es el caso de la discrecionalidad que tiene el Secretario de Educación Pública a través del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de octubre de 1977, modificado por acuerdo publicado en el mismo Diario Oficial el día 30 de abril de 1986, donde se deja al libre albedrío de la voluntad presidencial el uso y goce de nuestro patrimonio. Obviamente también en un ejemplar sexenio de una primera dama llena de frivolidades.

El peligro es que un gobierno, ocultando en los placeres democráticos, se convierta en autoritario y contravenga los intereses colectivos y patrimoniales de la sociedad mexicana y de la humanidad, que por su exacerbado excentrismo y fanatismo mediático desproteja los valores y la identidad nacional, ocultando su incapacidad en actos propagandísticos que por demás no dejan de ser para una minoría de ricos que viven, como diría Gastón García Cantú, en la nostalgia del imperio.

El uso de nuestros monumentos, zonas arqueológicas, artísticas e históricos también está en peligro. Desde sexenios anteriores, con la realización de eventos artísticos se cobran fuertes cantidades de dinero en aras de su protección, conservación y restauración, sin que a la fecha exista transparencia y rendición de cuentas. Por poner sólo un ejemplo, en los eventos de El Tajín 2000 y 2001, se llegó a cobrar hasta 5 mil pesos por concepto de entrada, trasgrediendo el espíritu de la normatividad, la cual considera al patrimonio cultural inalienable e imprescriptible.

Ahora la familia Fox, con el pretexto de una loable causa social, pretende utilizar nuestro patrimonio violentando la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, con el amparo de un acuerdo suscrito por el Ejecutivo en 1986, en el cual bajo ningún concepto se le concede a nadie el derecho a cobrar la admisión a nuestras zonas y monumentos artísticos, ya que según el artículo 27 de la ley mencionada dice que: "los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, muebles e inmuebles, son propiedad de la nación, inalienables e imprescriptibles, por lo que son un bien público de todos y cualquier ciudadano podrá asistir a cualquier evento que se realice".

En este contexto, los diputados abajo firmantes consideramos lo siguiente: festejamos que la señora de Fox esté preocupada, al igual que nosotros, de la situación de pobreza y marginación en la que se encuentran millones de mexicanos que necesitan vivir al amparo de la sociedad y tener garantizados sus derechos.

Es necesario que cualquier tipo de evento que sea iniciativa de la Presidencia o de la esposa del señor Fox se conduzca con apego a la ley.

Nos sumamos a las opiniones de algunos directores estatales del DIF, los cuales manifiestan que su desacuerdo a la pretensión de que la figura de una fundación e iniciativa personal, sustituyan las personalidades de las instituciones del Estado, aun cuando se trate de una convocatoria de la primera dama del país.

Existen espacios o zonas ex professo para el uso y el tipo de eventos que desea realizar la señora de Fox. Por ejemplo puede realizar un evento en el Estadio Azteca y obtener mayores utilidades para tan loable causa y objetivos de su evento.

Es necesario también reflexionar sobre la discrecionalidad que tiene el Secretario de Educación Pública para autorizar la realización de eventos culturales o cívicos relevantes, con fines ajenos al objeto y naturaleza de los monumentos arqueológicos, históricos y paleontológicos.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el diputado abajo firmante pone a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Esta soberanía condena enérgicamente todo intento de utilizar el Castillo de Chapultepec para la realización del concierto de Elton John, ya que según la fracción II del artículo 3o. de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, este sitio es un museo de historia que a su vez, según el decreto del día 13 de diciembre de 1940 aparecido en el Diario Oficial de la Federación, además de museo es consagrado como un monumento histórico por excelencia y lección objetiva de patriotismo, accesible a todas las clases sociales al servicio de la cultura histórica popular, por lo que se debe permitir sin restricción la entrada pública al multicitado museo en cualquier situación.

Muchas gracias.

«Nota de periódico El Economista del jueves 4 de octubre de 2001.

Piden a los DIF comprar mesas.

Martha Sahagún de Fox "invitó" a directivos estatales del DIF a comprar una mesa de 100 mil dólares cada uno para la cena-concierto de Elton John. "Sería tan bonito tener no sólo a los ricos del D.F., sino a los ricos de todo México", les dijo la primera dama.

Martha Sahagún de Fox se reunió con los dirigentes de los 32 DIF estatales y les pidió que cada uno de esos organismos comprara una mesa de 100 mil dólares para apoyar así a la fundación "Vamos México" que presidirá la primera dama del país en apoyo a los más desprotegidos.

La esposa del Presidente organiza una cena en la que actuará el cantante inglés Elton John el 21 de octubre en el alcázar del Castillo de Chapultepec y en la que se venden mesas para 10 personas en 50 mil, 70 mil y 100 mil dólares.

Sahagún de Fox se reunió el martes 25 de septiembre en la residencia oficial de Los Pinos con 32 directores del DIF y con 27 presidentas de los organismos estatales, es decir, las primeras damas en sus respectivos estados, el miércoles 26, también en Los Pinos.

"Qué bonito sería ver no sólo a los ricos del Distrito Federal sino a los ricos de todo México", expresó la primera dama, lo que causó el silencio de todos los asistentes, pues unos segundos antes les había dicho cuál era el precio de la mesa: 100 mil dólares.

Nadie quiso comprometerse ni hubo una sola respuesta definitiva a la petición de Martha Sahagún.

La información proporcionada a El Economista precisa que la señora de Fox pidió a dirigentes y presidentas de DIF estatales que apoyaran a su fundación comprando una mesa de 100 mil dólares, en la reunión del miércoles 26 de septiembre.

Ante el silencio que produjo su propuesta, la primera dama fue de mesa en mesa reuniendo opiniones y varios de los directivos de los DIF le expresaron que no tenían suficientes recursos para ello y solicitaron una precisión sobre la suerte de los organismos estatales de ayuda a la familia.

Martha Sahagún les informó que su idea era formar un fideicomiso para que cuando los DIF estatales tuvieran necesidades, se les apoyara vía ese fideicomiso.

El Economista se comunicó con cuando menos tres directores de DIF estatales. La información revela que hay un enorme descontento en esos organismos porque nadie quiere que una institución sea sustituida por una iniciativa personal, así sea de la primera dama y así se recurra a la figura de una fundación.

"En todo caso, cada una de las primeras damas de los estados quiere hacer también su propia fundación, pero no se considera que sea el camino," dijo uno de los entrevistados.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

Para rectificar hechos ha solicitado hacer uso de la palabra el diputado Juan Alcocer.

El diputado Elías Martínez Rufino:

Había una pregunta, parece...

La Presidenta:

... Pero antes le consultamos al diputado Lara si quiere formular su interrogante al diputado Rufino.

El diputado Jorge Alberto Lara Rivera  (desde su curul):

Si el diputado gentilmente acepta la pregunta, sí me gustaría formularla, por favor.

La Presidenta:

Acepta usted, señor diputado.

El diputado Elías Martínez Rufino:

La Presidenta:

Adelante, señor diputado.

El diputado Jorge Alberto Lara Rivera desde su curul):

Muy amable, señora Presidenta. Compañero diputado de la Comisión de Cultura, yo quisiera preguntarle si usted sabe que gran parte de lo que usted ha dicho carece de fondo y por lo tanto el resolutivo final de su punto de acuerdo, toda vez que el concierto, el evento que medianamente refiere en su exposición, no se realizará en el Castillo, no se realizará en las estancias del mismo, no se realizará ni siquiera en el alcázar, dicho evento se realizará, por si usted no lo sabía y por si los periódicos que usted leyó, no lo refieren, en una explanada exterior del mismo.

Le pregunto, ¿si usted sabía esta circunstancia?

Gracias, señora Presidenta

La Presidenta:

Señor diputado, tiene la palabra.

El diputado Elías Martínez Rufino:

 Bueno yo agradezco que haya un vocero de la Presidencia aquí en esta Cámara de Diputados.

Nadie ha desmentido, ningún periódico que se va a realizar en el alcázar, el Castillo de Chapultepec. Yo mismo platiqué con autoridades de Conaculta y en ese sentido me especificaron que efectivamente, me dijeron: palabras más, palabras menos, "ustedes no están de acuerdo en que se realicen ahí eventos de este tipo", dije: ¡No! "¿Estarían de acuerdo en que hay otros lugares, incluso, considerados para tales eventos como el Palacio Nacional?" Pues si ahí hay acuerdo, yo no tengo ningún inconveniente.

Yo sí creo una cosa, aquí estamos discutiendo leyes que existen, hasta donde yo tengo entendido, esta Cámara de Diputados no ha modificado todavía la Ley Orgánica del INAH ni la Ley Orgánica del INBA y que ojalá nos demos a la tarea si van a seguir con estas frivolidades. Por lo demás, le agradezco mucho sus comentarios, qué bueno, reconozco un interlocutor ante la Presidencia en este lugar.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Para rectificar hechos ha solicitado el uso de la palabra el diputado Juan Alcocer y el diputado Barbosa.

El diputado Juan Alcocer Flores:

Con su permiso, señora Presidenta; estimadas compañeras diputadas; compañeros diputados:

Yo no vengo a hacer uso de esta alta tribuna para comentar notas periodísticas, tal vez de la sección de sociales y tampoco para venir a decir lo que parece que dicen que dijeron.

Se ha vuelto un hecho recurrente y por lo mismo, cada vez menos relevante, que esta tribuna sea utilizada para traer a colación temas que más que una preocupación genuina y de buena fe, son el pretexto para denostar infundadamente en aras de una pretendida legalidad, disfrazada, sin embargo de un irrefrenable deseo de dar la nota en los periódicos y ser el protagonista del día en lugar de darle la voz a las verdaderas inquietudes ciudadana.

En estas circunstancias me parece que corresponde el tema que se ha venido a plantear aquí, acerca de las supuestas violaciones legales que se producirían con la presentación de un cantante inglés en la explana del Castillo de Chapultepec el próximo 21 de octubre.

Como bien deben saber los impugnadores de este evento, las motivaciones de llevarlo a cabo, se origina la oferta generosa de una empresa que trae a nuestro país a este personaje para presentarlo a una cena, en la que se espera recaudar una cantidad considerable de recursos económicos que luego serán canalizados a través de diversas acciones encaminadas a combatir la pobreza y la marginación, pobreza y marginación que tanto preocupan a los compañeros inconformes, pero que en muy poco les impulsan a hacer algo real, práctico, tangible, precisamente para combatir esa pobreza y esa marginación.

Debo aclarar, para una información ya, cierta, que el evento en mención evidentemente no se llevará a cabo en ninguna de las estancias del Castillo de Chapultepec, que le conceden su naturaleza de museo y de monumento histórico y arquitectónico, tampoco será realizado con la participación de una gran orquesta o de otros elementos acústicos que pudieran dañar o perturbar la integridad física o ambiental de los recintos; tampoco implicará el tránsito o la aglomeración de personas en los espacios interiores o exteriores, toda vez que su realización tendrá lugar exclusivamente en las explanadas exteriores del castillo. A esto se reduce el evento que ha generado el reclamo de algunos compañeros; solamente un artista y su piano.

En torno de ellos, eso sí, la voluntad de apoyo a sus semejantes desprotegidos, representada por la presencia y aportación económica de mexicanos que de esa manera materializarán su interés por respaldar la lucha contra la pobreza.

Así, pues, quienes legítima y genuinamente están preocupados por un posible desapego de este acontecimiento en los términos de las leyes que regulan el uso de las instalaciones del Castillo de Chapultepec, deben estar tranquilos y ciertos de que no existe ninguna transgresión a reglamento o norma alguna, pueden estar también seguros de que en este acto cultural y cívico no se agredirá ni se atentará al respeto y a la integridad propios del Castillo, que es indiscutiblemente patrimonio cultural de la nación, pero igualmente es un vasto espacio que puede eventualmente utilizarse para contribuir en los esfuerzos por abatir el ignomioso signo de la pobreza que sufren muchos mexicanos. En este sentido debe enfatizarse que el recital que se viene mencionando, se llevará a cabo con estricto apego al acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de octubre de 1977, modificado por otro acuerdo posterior publicado el 30 de abril de 1988, por el cual se disponen los requisitos para el uso de las instalaciones de los museos, monumentos arqueológicos, paleantológicos, así como las zonas a dichos monumentos sujetos a responsabilidad del INAH, cuando se trate de actos ajenos a su objeto o naturaleza.

Yo les invitaría particularmente a ustedes, compañeras y compañeros, a dejar para mejores tiempos los temas debilitantes y las posturas de tribuna para los medios de comunicación...

La Presidenta:

Se ha agotado su tiempo, señor diputado.

El diputado Juan Alcocer Flores:

Concluyo, señora Presidenta.

Esta es la hora de solidaridad y esfuerzo conjunto para detener el avance de la pobreza y para combatir sus expresiones más crueles. Dejemos de buscar en la sopa pelos inexistentes y empeñémonos en algo mejor, por ejemplo en que haya sopa y de que para eso podamos algo nosotros aportar.

Es cuanto, señora Presidenta

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

Esta Presidencia desea ilustrar a la Asamblea sobre el siguiente procedimiento:

Vamos a proceder a concluir la discusión del tema que está en curso, para el cual han solicitado la palabra para rectificar hechos el diputado Barbosa y el diputado Uuc-kib Espadas; posteriormente si no hubiese ninguna solicitud de la palabra para este tema específico, someteremos a consideración del pleno, si habida cuenta que el tiempo convenido en el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de fecha 3 de septiembre, de cinco horas para las sesiones, ha concluido, someteremos a consideración del pleno si los señores legisladores desean que la sesión continúe en el desahogo del orden del día.

Lo que les informamos para que puedan ustedes hacer las consideraciones pertinentes.

Se concede el uso de la palabra al diputado Barbosa para rectificar hechos, hasta por cinco minutos.

El diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa  Huerta:

Gracias, señora diputada Presidenta:

La semana anterior, cuando empezaron a ser publicadas las notas fue grande nuestra sorpresa, y grande nuestra sorpresa por varias razones: primero, decirles a las compañeras legisladoras y legisladores del Partido Acción Nacional, que nuevamente el Presidente de la República y su esposa, los vuelven a poner en una situación incómoda: defender lo indefendible.

La nota, señores diputados, la nota la dan, la están dando los encargados de la Administración Pública Federal, ésta es la nota de hoy, otras han sido las notas de días. Piden a los DIF comprar mesas, Martha Sahagún de Fox invitó a directivos estatales del DIF a comprar una mesa de 100 mil dólares cada uno, para la cena-concierto de Elton John, sería tan bonito —dijo la señora de Fox—, tener no sólo a los ricos del DIF sino a los ricos de todo México —les dijo la primera dama—. Esa es la nota, señores, la nota no la estamos buscando nosotros, la nota la dan ustedes.

Pero tres son las vertientes del asunto, compañeros, tres: primero, es un asunto de legalidad, a los abogados del PAN, a los consejeros jurídicos de la Presidencia de la República, a ellos, los invitamos a que consulten la ley, a que consulten los acuerdos de la Administración Pública Federal y me refiero en concreto al que fue publicado en el Diario Oficial de 31 de octubre de 1977 y modificado en el de fecha 30 de abril de 1986.

Y ahí está la contestación al diputado que hizo la pregunta, dice el acuerdo: "los museos, monumentos arqueológicos, históricos y palenteológicos, así como las zonas, repito, así como las zonas de dichos monumentos bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de Antropología e Historia, no serán utilizados por ninguna persona física o moral, entidad federal, estatal o municipal con fines ajenos a su objeto o naturaleza, salvo autorización expresa del Secretario de Educación, para eventos cívicos o culturales.

La pregunta es: ¿un concierto de Elton John es un asunto cívico o cultural? Si tienen ese concepto, por favor no están dispuestos ni capacitados para seguir en esta Asamblea Nacional.

El segundo, señores, y detrás de esto, el proyecto político de Martha Sahagún de Fox, ése es el fondo del asunto.

Y finalmente ese proyecto tendría toda la justificación, pero no para desarrollarse con recursos públicos encubiertos, porque finalmente los donativos que se están pidiendo a los empresarios, y ¿díganme ustedes qué empresario podía negarse a la petición de la primera dama sobre un donativo, cuando ni siquiera…

La Presidenta:

Señor diputado, me permite un segundo. El diputado Jorge Lara está solicitando hacer uso de la palabra.

El diputado Jorge Alberto Lara Rivera(desde su curul):

Gracias, señora Presidenta, para solicitarle al orador en turno si es tan gentil de aceptar una pregunta.

El diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta:

Cuando termine señora Presidenta, por favor.

La Presidenta;

El diputado al término de su intervención atenderá su pregunta. Por favor, diputado Barbosa, continúe.

El diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa  Huerta:

Me hacía esta pregunta, ¿cuál empresario podría negarse a una petición de la primera dama de dar un donativo, cuando ni siquiera es una aceptación a su patrimonio? ¿Cuándo son totalmente deducibles de impuestos?, ¿cuándo podría negarse?

La otra, señores, es la frivolidad, el 2 de julio efectivamente el pueblo votó a favor de un candidato, no creo que a favor de un partido, pero de un candidato si, le depositó una gran fuerza política, para hacer cambios responsables, no para llenar de escándalos la agenda política nacional. ¿Cuál es la visión de la política social que tiene esta administración pública?, ¿la caridad, compañeros, eso es lo que ustedes quieren?

Por último decirles, ¿cuándo, cuándo podemos seguir deslizando las cosas? ¿Podrían ser capaces de organizar el siguiente evento en la Catedral con un concierto de Madonna? Pregúntenselo ustedes.

La Presidenta:

Señor diputado Barbosa, disculpe, había usted aceptado una pregunta.

Diputado Lara, activen el sonido en la curul del diputado Lara.

El diputado Jorge Alberto Lara Rivera (desde su curul):

Gracias, señora Presidenta y señor orador en turno.

Una pregunta muy simple que solamente se responde con una palabra. Entonces ¿para usted un concierto de rock no es un acto cultural?

El diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta:

Me dan oportunidad inclusive de hacer dos definiciones: un acto cívico... no, yo tengo que responder, usted no va a limitar mi derecho del uso de la voz, por favor.

Un acto cívico es el que tiene que llevarse a cabo para festejar o conmemorar las fechas que están señaladas en la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales y un acto cultural se refiere esencialmente, cuando se lleva a cabo en un monumento histórico a actos de la cultura mexicana. No sé si Elton John es tzotzil, tzetzal o a la mejor mexica.

La Presidenta:

Diputado Sergio Vaca, activen el sonido de la curul del diputado Vaca.

El diputado José Sergio Rodolfo Vaca Betancourt Bretón (desde su curul):

Señora Presidenta, tenía yo como 30 segundos o un minuto de estar oprimiendo. Simplemente pretendo hacer una pregunta al diputado que ya abandonó la tribuna, no sé si sea factible preguntarle si la admite.

La Presidenta:

Diputado Vaca, le ruego disculpe que no hayamos percibido oportunamente su planteamiento. El turno del diputado ya acabó y en ese sentido yo le rogaría, en su caso, que integrara su interrogante a algunas de las intervenciones de los compañeros de su grupo parlamentario que se han registrado para hechos.

Se han registrado para hechos sobre este tema los diputados: Uuc-kib Espadas Ancona, del grupo parlamentario del PRD; Jorge Lara Rivera, del grupo parlamentario de Acción Nacional; Mauricio Candiani Galaz, del grupo parlamentario de Acción Nacional.

Se concede el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, al diputado Uuc-kib Espadas Ancona.

El diputado Uuc-kib Espadas Ancona:

Señora Presidenta, señores diputados:

Tenemos aquí, entre otras cosas, una discusión sobre política económica. Con argumentos de gran fragilidad, los representantes de la Presidencia de la República que han pasado a esta tribuna a plantear que es mejor hacer un concierto para recaudar fondos y dedicar éstos a loables causas, que hablar y no hacer nada.

Yo me pregunto: ¿será que los problemas vinculados a la pobreza en este país se vayan a solucionar organizando téscanastas, y me parece que no. Me parece que no se puede pretender sustituir por las peores vías de la caridad, las funciones que el Estado es incapaz hoy de cumplir y es incapaz de cumplirlo hoy, entre otras cosas, porque su política económica se ha diseñado en una línea de común acuerdo con Acción Nacional, que ha demostrado su absoluta ineficacia para acotar las brechas de pobreza en nuestro país.

No, señores diputados, no es ni con conciertos de Elton John, ni con tés-canasta ni ventas de garaje como vamos a solucionar los problemas de educación, alimentación y salud en este país. Esto tiene qué ver con nuestra política económica, tiene qué ver con una propuesta de reforma fiscal en donde las necesidades del Gobierno y del Estado, no lo paguen los más pobres a través de impuestos al consumo. Eso es lo que tenemos que solucionar.

Pero adicionalmente habría qué ver si de veras los ricos ésos —que en palabras de Martha Sahagún— tan bonitos se van a ver todos juntos en un concierto al que desde luego nadie que no detente una muy grande fortuna personal podrá asistir, a pesar de realizarse en honor de la cultura en un espacio público y monumental de esta nación.

Pero el punto es entonces que estos ricos ahí reunidos, filtrados de cualquiera que diste de ellos económicamente a través de una gigantesca cuota, si realmente estas personas estarán dando un donativo o estarán adquiriendo algo.

Y yo creo que quienes tengan 100 mil dólares para sentarse a esa mesa, los van a dar no porque tengan una gran preocupación por la situación de los pobres en este país; no porque tengan grandes conocimientos de música y particularmente deseen escuchar al Elton John en vivo; van a depositar sus 100 mil dólares a cambio del gran poder que van a comprar con ellos, al permitírseles a través de una fundación que no es un organismo estatal ni paraestatal, incidir sobre programas oficiales en un sentido particular, sobre la base de sus propios intereses y pasando por encima de las instituciones del Estado...

La Presidenta:

Diputado, cuando termine su párrafo, el diputado Candiani está solicitando hacerle alguna interpelación.

El diputado Uuc-kib Espadas Ancona:

Con mucho gusto al terminar mi intervención, señora Presidenta.

Y lo que van a adquirir —decía yo— es el poder de suplir a las instituciones del Estado en las áreas de salud y educación.

Y esto es totalmente transparente y si de algo no puedo acusar a Acción Nacional acá, es de hipocresía.

La propuesta de Acción Nacional ha sido suplir por los intereses privados la representación que el Estado tiene que hacer de los intereses generales de la nación. No de otra manera se puede explicar que una fundación que, repito, no forma parte de la Administración Pública, adquiera estas funciones, adquiera este poder, adquiera esta relevancia y sobre todo, se le den estos extraordinarios y metalegales privilegios para lograr reunir este dinero y conceder a la esposa del presidente Fox —que constitucionalmente quiero recordarles— que no cumple ninguna función en este país, tengan entonces poderes que van mucho más allá de los tradicionalmente concentrados en el DIF.

No, señores; aquí no estamos discutiendo una frivolidad; no estamos discutiendo si podemos considerar al rock como cultura o no; ésa es una discusión absurda. Aquí lo que estamos discutiendo es si la vía del desarrollo de este país, es la vía plutocrática que ustedes proponen, en donde sean los que pueden pagar una mesa de 100 mil dólares, los que decidan sobre la orientación en educación y en salud para nuestra nación. Es ver si confundimos la cultura con escenarios magníficos para eventos exclusivistas y de élite, que de ninguna manera benefician al conjunto de la nación. Independientemente de la calidad del concertante. Estamos discutiendo, señores, las vías de desarrollo del país, el papel que el Estado tiene que jugar en esto; no los privilegios de algunos ricos de reunirse a tomar caro, poniendo un dinero para lo que consideran caridad pública.

La Presidenta:

Diputado Uuc-kib, había usted aceptado la formulación del diputado Candiani.

El diputado Uuc-kib Espadas Ancona:

Sí, señora Presidenta:

La Presidenta:

Diputado Candiani.

El diputado Mauricio Enrique Candiani Galaz (desde su curul).

Gracias, señora Presidenta.

Al señor diputado, si es tan gentil de permitirme hacerle una pregunta directa.

El diputado Uuc-kib Espadas Ancona:

Sí.

El diputado Mauricio Enrique Candiani Galaz (desde su curul).

Señor diputado, yo quisiera preguntarle si es de su conocimiento que en la Ciudad de México, el museo de la Ciudad de México, que está bajo la administración del Gobierno del Distrito Federal, puede ser utilizado mediante el pago de una cuota que oscila entre 50 mil y 100 mil pesos de renta, más gastos adicionales, siendo que es un espacio, también como se ha clasificado en su interpretación, que es un museo, que es un espacio cultural, ¿puede ser utilizado por cualquier persona para eventos privados como bodas, conciertos? Esto que interpreto que usted categoriza como "exclusivistas y de élite" y que también ahí adentro, dentro de esos eventos, hay diversas calidades de concertantes.

Pregunto si usted está enterado de que el Gobierno de la Ciudad de México autoriza regularmente el uso privado, mediante un convenio, de ese tipo de eventos en ese espacio público bajo su administración.

El diputado Uuc-kib Espadas Ancona:

Diputado, su respuesta merecería una serie de precisiones, dado que evidentemente hay puntos particulares que usted no conoce sobre este asunto, Sin embargo, con toda sinceridad le digo, no es de mi interés discutir en esta tribuna, asuntos que corresponden a la Asamblea del Distrito Federal, lugar en donde hemos dado la discusión y en donde por cierto sus diputados jamás se han tomado la molestia de discutir estos puntos.

Gracias.

La Presidenta:

El diputado Jorge Lara Rivera, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para rectificar hechos, hasta por cinco minutos.

El diputado Jorge Alberto Lara Rivera:

Gracias, señora Presidenta:

Dicen que "el león cree que todos son de su condición". Por supuesto que nosotros no estamos aquí para ser voceros de la Presidencia.

En esta tribuna se ha dado cuenta de nuestra relación crítica, de nuestra relación respetuosa y madura, que por cierto ustedes, en sus distintas bancadas, nunca han tenido con los ejecutivos emanados del PRD.

Decía el diputado que me antecede en el uso de la palabra que el tema no es la cultura, que el tema no es el uso del inmueble. Entonces está desvirtuando absolutamente el punto de acuerdo que se viene aquí a proponer.

Me parece que, yo no veo en este momento una consecuencia ni una congruencia entre los oradores del partido proponente. Me parece que también ha quedado claro en esta tribuna que al pueblo de México se le dirigen puntos de acuerdo fundamentados, nada más ni nada menos, que en la prensa; que en los recortes cotidianos de los periódicos y en los pareceres de los señores legisladores.

Yo me permitiría solicitar a esta soberanía que fuéramos más serios, que fundamentáramos nuestras posiciones con la información oficial y no en las galeras de los periódicos.

También se ha traído a colación en esta discusión la relación entre el Gobierno y la iniciativa privada y las posibilidades que se abren para el desarrollo social, apelando a la buena voluntad del sector privado y esto no tiene de ninguna manera ningún cariz que sea reprobable. De serlo así y de meter en el mismo saco este criterio, estarían ustedes también reprobando la encomienda que le dio el señor jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, al señor Carlos Slim, para que en un tema muy semejante al que ustedes han aludido, que es el tema cultural, venga a la Ciudad de México a coadyuvar para el rescate del Centro Histórico.

También el pueblo de México y en esta tribuna hemos atestiguado una definición chauvinista de la cultura, ¡ahora sí, solamente eso nos faltaba: que el PRD viniera aquí a imponer una definición de lo que es cultura y de lo que es cívico!

¡Eso por supuesto que rebasa cualquier elemento de cordura y de sensatez!

Quiero terminar, señora Presidenta, compañeros, recordando a 500 mariachis, los 500 mariachis que despidieron, a unos metros de Palacio Nacional, a unos metros del atrio de la Catedral metropolitana, al ignominioso gobierno de Rosario Robles.

¡Solamente siendo mariachis, ¿verdad?, podríamos estar de acuerdo, según su criterio, que se trata de un evento cultural y cívico! ¡Solamente con este tipo de..!

La Presidenta:

Diputado Lara: el diputado Barbosa...

Activén el sonido en la curul del diputado Barbosa.

El diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta (desde su curul):

Solicitar al diputado ¡que tantas veces preguntó!, si acepta una pregunta.

La Presidenta:

Diputado Lara.

El diputado Jorge Alberto Lara Rivera:

A diferencia de la respuesta de los compañeros del PRD, por supuesto que la acepto. Solicitando que se me pare el reloj.

La Presidenta:

Por favor, detengan el cronómetro.

¿En este momento o al término de su intervención, diputado?

El diputado Jorge Alberto Lara Rivera:

En este momento.

La Presidenta:

Diputado Barbosa: puede usted formular su pregunta.

El diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta (desde su curul):

Señor diputado: son dos interrogantes. ¿Si conoce usted el contenido del acuerdo que contiene disposiciones que prohiben el uso de los monumentos y las zonas adyacentes a ellos para actos que no sean cívicos y culturales?

El diputado Jorge Alberto Lara Rivera:

Señor diputado; compañeros:

Desconozco ese acuerdo. El que conozco es el acuerdo que dispone que los museos y los monumentos arqueológicos dependientes del Instituto Nacional de Antropología e Historia ¡no serán utilizados con fines ajenos a su naturaleza! ¡Acuerdo en el que se fundamenta precisamente el evento de marras que estamos discutiendo, en el que hay una posibilidad siendo para eventos cívicos y culturales, la posibilidad de la utilización de estos monumentos y de estos enclaves!

El diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta (desde su curul):

Como lo desconoce se lo entrego para que lo conozca.

El diputado Jorge Alberto Lara Rivera:

Y yo le voy a entregar éste también, diputado. Aquí también está el decreto.

La Presidenta:

Están prohibidos los diálogos, estimados diputados. Esta Presidencia se permite recordárselos. Concluya con su intervención, diputado Lara.

El diputado Jorge Alberto Lara Rivera:

Gracias, señora diputada:

Lo único que yo quiero traer en claro es que ni lo que significa un acto cívico ni lo que significa la cultura, puede ser definido por una facción y mucho menos por una facción que no ha podido construir ni coadyuvar en la construcción de este momento tan delicado que vive la nación, con una ruta de proposiciones, por una ruta constructiva. La ruta de la denostación, compañeros, solamente nos lleva al ataque, a la pérdida de tiempo, a la pérdida de recursos del pueblo de México que ustedes se dicen representar.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Para rectificar hechos había solicitado el uso de la palabra el diputado Mauricio Candiani Galaz, hasta por cinco minutos.

El diputado Mauricio Enrique Candiani Galaz (desde la curul):

Declino mi participación.

La Presidenta:

Declina el diputado.

Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Ricardo Moreno Bastida.

El diputado Ricardo Moreno Bastida:

 Con su permiso, señora Presidenta:

No es extraño que la señora de Fox pretenda ahora convertirse en dama de la caridad, que pretenda emular a personajes me parece, dicen, ¿del pasado?, de otras naciones, que sin lugar a dudas tiende más bien a tomar una cultura popular americana "hilarista". ¿No será acaso que a la señora de Fox le hacen falta fondos para su campaña rumbo al 2006? ¿No será acaso que la frivolidad llegue a tanto que un lugar de cultura popular e historia se convierta en un lugar de cena-show? ¿Acaso serán los señores del PAN, que tantas veces pusieron por enfrente el nombre de México, los que ahora denuesten la cultura que se ha fincado en ese espacio de la República Mexicana? ¿No es precisamente ese lugar donde se defendió la soberanía nacional el siglo antepasado?

Seguramente ustedes quisieran conjugar acciones de este tipo con las que tradicionalmente llevan a cabo: ¡el tráfico de influencia para presionar a los sistemas DIF estatales, para que compren, adquieran o regalen 100 mil dólares a una campaña que quién sabe qué fin tendrá!

Se ha dicho aquí por el diputado que me antecedió, que no conoce el acuerdo; se ha quedado a disposición en la mesa de aquí enfrente; ojalá lo lea, porque entre otras cosas señala el acuerdo de fecha 13 de diciembre de 1940, mediante el cual se destina al servicio del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Castillo de Chapultepec, que éste quedará al servicio de la cultura histórica popular y permitir, sin restricción alguna, la entrada pública al Castillo de Chapultepec.

Quisiera yo saber, en consecuencia, hasta dónde van a llegar los ímpetus por tratar de buscar fondos fuera de la ley. Otra vez está el Presidente y su señora esposa en medio del escándalo. No venimos a discutir, efectivamente, si el rock es cultura o no, sino si el Castillo de Chapultepec, ese museo histórico de la nación, debe estar al servicio de la frivolidad. ¡Ahí seguramente quedarán las toallas que se adquirieron con dinero del pueblo, con fondos exorbitantes, para muestra de todos los mexicanos!

La Presidenta:

Ha solicitado el uso de la palabra, para rectificar hechos, el diputado Candiani, hasta por cinco minutos.

El diputado Mauricio Enrique Candiani Galaz:

Con su autorización, señora Presidenta; compañeros legisladores; amigas y amigos aquí presentes: Dos son los puntos centrales, materia del punto de acuerdo que han concentrado aquí la discusión en esta tribuna.

La primera es una discusión interesante; en nuestro punto de vista no es materia de discusión sobre si es legal o no la utilización de este espacio para un evento que realiza una organización no gubernamental, impulsada por la esposa del Presidente de la República en su calidad, escuchen bien, en su calidad de presidenta del patronato. El segundo tema que nos ocupa es si se trata en esta tesis de la ilegalidad de un evento cultural o no. En nuestra perspectiva, señores diputados, para decirlo con toda precisión, se trata de un concierto de un individuo que no nada más para nosotros, sino me parece que a muchos de los mexicanos que están escuchando este debate es a todas luces un evento de naturaleza cultural.

Y es la misma línea...

La Presidenta:

¿Me permite un segundo?

El diputado Mauricio Enrique Candiani Galaz:

Con mucho gusto.

La Presidenta:

Diputado Sergio Vaca, activen el sonido de la curul del diputado.

El diputado José Sergio Rodolfo Vaca  Betancourt Bretón (desde su curul):

Diputada Presidenta, con todo respeto, tiene cinco minutos prendido mi micrófono, yo le suplico que después de que termine mi compañero de partido me conceda el uso de la voz por alusión y para rectificar hechos.

La Presidenta:

Diputado Vaca, le aprecio mucho la gentileza de su observación. Quiero decirle que en términos generales cuando se levanta y se señala a la atención de la Presidencia cuando está interviniendo un orador, generalmente es para interpelaciones y que cuando se solicita la palabra al término generalmente es para rectificar hechos; con todo gusto registro su solicitud.

Diputado Candiani, continúe.

El diputado Mauricio Enrique Candiani Galaz:

Y es un evento cultural porque es tan importante en su magnitud, en su análisis, en su impacto a una comunidad, como pudiera decir aquí cualquier diputado cuando argumentaba la tesis de una actividad cultural, cuando otros gobiernos de entidades federativas por ejemplo el gobierno de la Ciudad de México, ha fondeado con recursos públicos el uso del Zócalo de la Ciudad de México para traer también cantantes nacionales y extranjeros a la ciudad, a la gente que asiste puede enriquecerse en su cultura con esas actividades.

De manera tal amigos que por favor no hagamos una discusión de silogismos, sino que partamos de la idea de que estamos ante un evento cultural organizado por una nueva institución no gubernamental, que muchos partidos aquí representados incluidos el de ustedes, el mío sistemáticamente hemos contribuido a promover en su extensión y actividad y el otro aspecto es que no se confunda que por muy alta, mediana o pequeña que pueda ser una contribución a un evento de una organización gubernamental que ningún legislador tenga o la falta de análisis complejo o el exceso de ingenuidad de pensar que se trata de un esfuerzo que sustituye el compromiso, la obligación del Gobierno Federal para con su estructura, con sus recursos atacar el problema de la pobreza de este país.

La Presidenta:

Diputado Candiani, el diputado Uuc-kib ha solicitado hacer uso de la palabra, activen el sonido en la curul del diputado Uuc-kib Espadas.

El diputado Uuc-kib Espadas Ancona (desde su curul):

Señora Presidenta, quisiera saber si el orador me permitiría hacerle una pregunta.

La Presidenta:

Permite usted, diputado Candiani.

El diputado Mauricio Enrique Candiani Galaz:

No, ya voy a concluir mi intervención.

La Presidenta:

No acepta. Adelante, diputado.

El diputado Mauricio Enrique Candiani Galaz:

Amigos y en este mismo orden de ideas, que se trata de un evento de una organización no gubernamental, en un espacio que es de todos los mexicanos con base en una ley que permite actividades de tipo cultural para complementar la participación de la iniciativa privada, de las personas, de las ONG, en el tremendo esfuerzo y reto que le representa la sociedad mexicana contribuir a reducir y acabar la pobreza de este país; amigos, por lo demás, celebro y festejo de manera individual todas y cada de las iniciativas de la presidenta del DIF a nivel nacional, de la esposa del Presidente de la República, de cualquier esposa o esposo de un gobernador, hombre o mujer de este país, que mediante la iniciativa de las personas, las organizaciones no gubernamentales, organice en cada metro cuadrado de este territorio nacional, actividades que fondeen, que permitan crecer en la participación de la lucha contra la pobreza de este país.

Celebro el evento y ojalá que más de uno aquí, que también los hay en el PRD, saque sus ahorros y pague su boleto para asistir.

La Presidenta:

Gracias diputado.

Han solicitado el uso de la palabra para rectificar hechos, los diputados: Sergio Vaca Betancourt y Elías Martínez Rufino.

Esta Presidencia quiere cerrar el registro de oradores para hechos, consulta si algún otro diputado desea inscribirse para rectificar hechos sobre este tema… los diputados: Uuc-kib Espadas, Ulloa, Tomás Torres. Al término de la intervención del diputado Tomás Torres, esta Presidencia consultará a la Asamblea si consideran el punto suficientemente discutido.

En uso de la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Sergio Vaca Betancourt, del grupo parlamentario de Acción Nacional.

El diputado José Sergio Rodolfo Vaca
Betancourt Bretón:

Con su autorización Presidenta:

En principio, para el último diputado perredista que ocupó esta tribuna, le señalo que me parece que le será muy difícil para alguien que considera que son palabras, que significan cosas diferentes adquirir que comprar, entender lo que es cultura.

Pero independientemente de eso, no es asunto de política económica tratar de ayudar con donativos de los que tienen recursos, puedan y quieran aportarlos a los marginados, creo que es cuestión de sensibilidad y si los donativos o aportaciones de los que más tienen le parecen, a algún diputado compañero del PRD, metalegales, como aquí dijo y metalegal es lo que va más allá de lo jurídico, quizá también le parezca pertinente cancelar la colecta anual de la Cruz Roja, porque ahí no nada más aportan los ricos, muchísimos de los pobres se desprenden de lo que tienen.

Si algún partido político se ha significado por considerar cultura la música, ha sido el PRD y hoy algunos diputados federales de ese partido, espero que no todos, afirman que la música no es cultura. Aquí surge una interrogante: ¿se trata acaso de un criterio selectivo, unipersonal y no universal para definir lo que es la cultura? Pero además, y con esto concluyo, qué será mejor o menos malo...

La Presidenta:

Diputado Vaca. El diputado Barbosa está solicitando si usted permite una pregunta.

El diputado José Sergio Rodolfo Vaca Betancourt Bretón:

Claro que no, porque yo no le pude preguntar.

Y aquí hago otro planteamiento. ¿Será menos malo o mejor inclusive desviar recursos para hacer un cochinito para campañas políticas futuras, que tratar de ayudar sin que le cueste a México, a los pobres de los pobres?

Muchas gracias.

La Presidenta:

Para rectificar hechos solicitó el uso de la palabra el diputado Elías Martínez Rufino, del grupo parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.

El diputado Elías Martínez Rufino:

Muchas gracias. Con su permiso, señora Presidenta:

La verdad es que a mí me da mucho gusto que la pregunta que se me hizo en mi primera intervención aquí y allá, haya sido contestada con creces. Si existía alguna duda de que iba a ser en el Castillo de Chapultepec, creo que nos quedó claro que sí iba a ser en el Castillo de Chapultepec.

Gracias.

Segundo. Yo no vengo a discutir aquí si Elton John es o no cultura, claro que sí sé que es cultura. Estamos de acuerdo, lo que ojalá estemos también de acuerdo es que no hemos leído bien las leyes, porque dice así el acuerdo del 13 de septiembre de 1940, no se ha cambiado y, el que haya un supuesto gobierno del cambio no implica que todo haya cambiado automáticamente.

Dice: "decreto que destina al servicio del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Castillo de Chapultepec, que dice que el artículo 3o. de esa ley, establece que el patrimonio del Instituto se formará con los bienes del Castillo de Chapultepec, que se destina al Museo de Historia, puesto que la tradición y memorias de tal sitio desde los tiempos más remotos lo consagran como monumento histórico por excelencia y lección objetiva el patriotismo, accesible a todas las clases sociales, motivo que también fundó la resolución de destinar las residencias de Chapultepec al servicio de la cultura histórica popular". Y hasta donde yo recuerdo, el güerito Elton John no es mexicano. Y así debieron haber entendido cuando los zapatistas pidieron llegar a esta tribuna y ustedes fueron los primeros que se opusieron, hay que ser, por principio de cuentas, congruentes también con lo que se dice y se hace.

Yo creo que hay cosas muy sencillas que a veces no se les puede dar vuelta, entiendo que aquí se le quiera dar vuelta, yo no sé si se desconozca o no la ley, ya vi que hace un rato se invitaron cada quien a leer las leyes. Yo lo que digo es que de todos modos, las conozcamos o no, tenemos la obligación de cumplirlas.

Tercero. Por cierto, para aclararles, a quienes no les quede claro todavía la diferencia entre un concierto con Elton John, de a 100 mil dólares la mesa y un concierto en el Zócalo de esta Ciudad de México.

Las diferencias son nada más 100 mil dólares, porque en el Zócalo no se cobra nada más eso, ésa es la diferencia en una actividad social y una actividad económica redituable en donde obviamente...

La Presidenta:

Diputado Rufino.

El diputado Elías Martínez Rufino:

Ya voy a terminar, si me permite, señora Presidenta.

La Presidenta:

Disculpe, el diputado Lara está solicitando formular una intervención. Diputado Lara.

El diputado Elías Martínez Rufino:

Yo lo invitaría a que mejor pasara y término mi intervención.

Entonces decía, la diferencia son nada más 100 mil dólares, nada más eso y que además efectivamente, algunos han hablado aquí de cochinitos y de cochinadas, no sé qué sea, cuando se trata de todos los presidentes del comité del DIF; hay diferentes, obviamente.

Gracias.

La Presidenta:

Para rectificar hechos solicitó el uso de la palabra el diputado Uuc-kib Espadas Ancona, del grupo parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.

Diputado Lara. Activen el sonido en la curul del diputado Lara.

El diputado Jorge Alberto Lara Rivera

Me parece que es tarde, en virtud de que el diputado ha hecho uso de la tribuna en este momento, pero quería anotarme para contestar alusiones personales, por favor.

La Presidenta:

Diputado Lara, quiere usted anotarse para contestar alusiones personales.

Esta Presidencia consulta con el diputado Lara y le rogaría que el diputado Uuc-kib iniciara su intervención, y que pudiera usted ilustrarnos sobre el motivo de su solicitud.

Diputado Uuc-kib, por favor, para rectificar hechos hasta por cinco minutos.

El diputado Uuc-kib Espadas Ancona:

Diputada Presidenta; señoras y señores diputados:
Me preocupa un poco cuando los representantes del Partido Acción Nacional pasan a hablar con la frescura que lo hacen del concepto de cultura. Ha quedado claro, y lo discutíamos en días pasados, que este gobierno tiene nula claridad sobre el concepto de cultura. Si nosotros vemos el I Informe de Gobierno, si nosotros vemos el Plan Nacional de Cultura propuesto por este Gobierno, descubriremos que hay una confusión absoluta sobre lo que cultura significa. Lo usan como sinónimo de arte, lo usan como sinónimo de conocimientos, lo usan como sinónimos de educación y esporádicamente lo usan, incluso, como concepto de cultura.

La cultura no es ninguna de las cosas anteriores, diputados. La cultura es una cosa mucho más amplia que tiene qué ver con el quehacer del hombre, las formas de este quehacer y su trascendencia en tanto definitorias de lo propiamente humano.

Pero efectivamente, las expresiones a las que ustedes hacen referencia son expresiones artísticas y en un sentido más amplio, culturales. No deja de admirarme que sea el Partido Acción Nacional quien venga ahora a defender el carácter cultural del rock, cuando han sido sus grupos intermedios y algunos de ustedes, quienes con más fiereza han combatido al rock en este país por considerarlo inmoral, indecente y otras cosas por el estilo.

Pero aquí hay otros puntos mucho más interesantes. Lamentablemente el diputado al que quise preguntar no aceptó la pregunta, pero aprovecho la tribuna para plantear mi duda.

Yo me preguntaba, ¿es que acaso existe alguna base legal para fundar la injerencia de este proyecto de fundación, que aún no fundación, en programas de gobierno, tal como anuncia Martha Sahagún de Fox, y mi respuesta es: no lo hay. No hay nada que permita que las fundaciones tomen decisiones sobre el financiamiento de programas públicos. Es un acto ilegal.

Pero voy más lejos. ¿Existe alguna base legal para que la presidenta de una fundación reclame el cofinanciamiento del Estado y de la sociedad en sus tes-canasta, shows-concierto, cenas-baile y otros eventos de la misma naturaleza? Y la respuesta es no y recalco el punto, estamos hablando de un cofinanciamiento del Estado, porque el Estado está dando a este evento el espacio para su realización, que no es cualquier espacio, que es un espacio monumental cargado de historia y que por sí solo representa una aportación material al evento que se va a realizar, aportación material absolutamente ilegal.

Pero más aún. ¿Es consistente con las leyes de este país, el que se realice un evento elitista como el que se pretende realizar y podemos estar ecuánimes ante el hecho de que se realice precisamente en el Castillo de Chapultepec, que ha sido escenario de las grandes disputas de este país por la igualdad, que ha sido meta de invasiones, que fue tomado por el emperador Maximiliano?, ¿podemos reproducir eso el día de hoy, puede Martha Sahagún llamar a este tipo de eventos, sin que se deje sentir la aspiración de convertirse en la Carlota del Siglo XXI?

Mi respuesta es no, compañeros, no puede ser. Este uso para los monumentos nacionales, este uso para éste gran símbolo del nacionalismo y la igualdad de los mexicanos en un concierto de élite, no tiene nada qué ver con sus fines.

Y pongo otros ejemplos del Distrito Federal, que veo que es un tema predilecto de Acción Nacional. Nuestros gobiernos en el Distrito Federal han organizado como actos culturales grandes conciertos, incluyendo en muchos de ellos artistas extranjeros y todos ellos han sido abiertos al público y han estado a disposición de cada ciudadano que desea asistir y nunca hemos puesto un filtro de 100 mil dólares entre quienes merecen recibir servicios culturales y quienes no. Poner un precio al arte, poner filtros, generar una plutocracia es tarea de ustedes, no nuestra.

La Presidenta:

El diputado Alonso Ulloa Velez, del grupo parlamentario de Acción Nacional, que había solicitado la palabra para rectificar hechos, la cede para que el diputado Jorge Lara Rivera haga uso de ese turno. Esta Presidencia está de acuerdo con esa solicitud del grupo parlamentario y le concede el uso de la palabra al diputado Jorge Lara Rivera, para rectificar hechos, hasta por cinco minutos.

El diputado Jorge Alberto Lara Rivera:

Gracias, señora Presidenta.

El hecho de que en esta Cámara hayamos dado cuenta de muchas faltas de respeto de la bancada del PRD hacia diversas instituciones, personas, no nos implica pasar por alto esta grave, muy grave falta de respeto a la señora Martha Sahagún. Nos parece que el debate tiene límites...

La Presidenta:

Señores diputados les ruego presten atención al señor orador...

El diputado Jorge Alberto Lara Rivera:

Y me parece que este debate finalmente está siendo orillado...

El diputado Uuc-kib Espadas Ancona (desde su curul):

Señora Presidenta.

La Presidenta:

Diputado Lara... ¿Diputado Uuc-Kib? Activen el sonido en la curul del diputado Uuc-Kib.

El diputado Uuc-kib Espadas Ancona (desde su curul):

Señora Presidenta solicito llame al orden al orador, en virtud de que la Constitución General de la República señala claramente que ningún legislador puede ser reconvenido por lo que diga en ejercicio de sus funciones.

La Presidenta:

Diputado Uuc-kib, con todo respeto, esta Presidencia considera que el diputado Jorge Lara expresó una opinión sobre las manifestaciones de la bancada del grupo parlamentario del PRD y no hizo una reconvención. Continúe, señor diputado Lara.

El diputado Jorge Alberto Lara Rivera:

Gracias, señora Presidenta:

No nos va a atrapar en este debate el cúmulo de atavismos que el PRD viene cargando.

Es muy claro y me parece que ha sido ya fijada la litis tanto del punto de acuerdo como de lo que aquí se ha venido a debatir.

El acuerdo que dispone que los museos y los monumentos arqueológicos dependiente del Instituto Nacional de Antropología e Historia no serán utilizados con fines a su objeto o naturaleza, es el que nos ilustra en el tema. Ese es el nombre del documento que erróneamente hace unos momentos algún legislador nos quiso inquirir.

Yo quiero pedirle a la Secretaría, señora Presidenta, con fundamento en el artículo 105, si se puede dar lectura, precisamente, para ir dirimiendo esta controversia, si es posible que se dé lectura a los dos artículos sustantivos de dicho acuerdo de 1986.

La Presidenta:

Se solicita a la Secretaría dé lectura...

El diputado Ricardo Moreno Bastida (desde su curul):

Señora Presidenta, para reclamar el trámite que está usted dando...

La Presidenta:

Diputado Bastida...

El diputado Ricardo Moreno Bastida (desde su curul):

Permítame hacerlo...

La Presidenta:

Diputado Bastida, Moreno Bastida, esta Presidencia le solicita amablemente permita concluir una frase e inmediatamente le doy la palabra a usted, por qué no sabe que me va a reclamar.

El diputado Lara ha hecho referencia al artículo 105. En ese sentido le ruego a la Secretaría dar lectura al artículo 105.

El secretario Adrián Rivera Pérez:

Artículo 105 del Reglamento para el Gobierno Interior:

"No se podrá reclamar el orden, sino por medio del Presidente en los siguientes casos: para ilustrar la discusión con la lectura de un documento; cuando se infrinjan artículos de este Reglamento, en cuyo caso deberá ser citado el artículo respectivo, cuando se viertan injurias contra alguna persona o corporación o cuando el orador se aparte del asunto a discusión.

La Presidenta:

El diputado Lara está solicitando la lectura de artículos de un documento con el propósito de ilustrar la discusión. Si algún otro diputado quisiera se le diera lectura a un documento adicional, solicito que en su oportunidad nos lo plantee. Diputado Barbosa.

El diputado Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta (desde su curul):

Sí, señora Presidenta, en el mismo sentido; para ilustrar el debate, dado que el diputado en tribuna está muy preocupado por el nombre que se le dio a un acuerdo, aunque el contenido es el mismo, yo quisiera que para corroborar la identidad del contenido se diera lectura también al acuerdo que hice alusión en mis intervenciones y por tanto entregaría a la Secretaría para la misma.

La Presidenta:

Esta Presidencia desahoga primero el trámite al que ha hecho referencia el diputado Lara y dado que el diputado Barbosa ha solicitado la palabra para contestar alusiones personales, en el momento en que tenga el uso de la palabra, procederemos a desahogar el trámite que nos solicita.

Dé lectura la Secretaría al documento proporcionado por el diputado Lara.

El secretario Adrián Rivera Pérez:

Acuerdo que dispone que los museos y los monumentos arqueológicos dependientes del Instituto Nacional de Antropología e Historia no serán utilizados con fines a su objeto o naturaleza.

ACUERDO

Primero. Los museos, monumentos arqueológicos, históricos y paleantológicos, así como las zonas de dichos monumentos, bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de Antropología e Historia, no serán utilizado por ninguna persona física o moral, entidad federal, estatal o municipal con fines ajenos a su objeto o naturaleza, salvo lo dispuesto en este acuerdo.

Segundo. Sólo con autorización previa y expresa del Secretario de Educación Pública los bienes a que se refiere el punto anterior, así como sus instalaciones, podrán ser usados para la realización de actos culturales o cívicos relevantes, a juicio del propio Secretario.

La Presidenta:

Gracias, señor Secretario.

Continúe con su exposición, diputado Lara.

El diputado Jorge Alberto Lara Rivera:

Muchas gracias, señora Presidenta: me parece que en el artículo 2o. que se ha dado cuenta a esta Asamblea, podemos encontrar las tres hipótesis que justificarían en todo caso el evento que el PRD ha venido a impugnar. En primer lugar que sólo con autorización previa y expresa del Secretario de Educación Pública los bienes referidos podrán ser usados para la realización de actos culturales o cívicos.

En primer lugar, en el ejercicio de su responsabilidad como Secretario de Educación Pública, el permiso ha sido concedido.

En segundo lugar todos aquí ya hemos coincidido finalmente, a regañadientes el PRD ha admitido que un concierto de rock también es un acto cultural, lo cual celebro, también se ha satisfecho esa hipótesis, y en tercer lugar quedaría nada más dirimir el carácter de cívico del evento.

El civismo, compañeros del PRD, es una actitud social que se puede fundamentar en principio para nosotros uno de los principios fundamentales del civismo, por supuesto, que fundamentados además en el nacionalismo, en la conciencia histórica, es la solidaridad. Nosotros en el Partido Acción Nacional tenemos el valor de la solidaridad como uno de los más importantes y que además en una sociedad tan golpeada, tan desigual como la nuestra, es importante, es necesario promover y llevarlo a cabo. Precisamente creemos que el evento que convoca a que particulares aporten algo más que sus impuestos para ayudar a paliar en un primer paso la pobreza de este país y en un evento que si ustedes quieren llamar simbólico, podemos transigir que sea simbólico, podemos transigir que sea simbólico, pero con dinero de particulares. Este evento no va a lastimar al erario.

Uno, este evento no va a lesionar ninguna de las instalaciones del Castillo de Chapultepec, es ociosa esta discusión, ¿por qué?, porque hay permiso del Secretario de Educación Pública, es un acto cultural y por supuesto que es un acto cívico.

Muchas gracias.

La Presidenta:

El diputado Barbosa solicitó el uso de la palabra para contestar alusiones. En virtud de que el diputado Barbosa...

El diputado Ulloa.

El diputado Alonso Ulloa Vélez (desde su curul):

Señora Presidenta: con el mayor respeto, el diputado Barbosa no fue aludido en ningún momento durante la intervención de mi compañero diputado y, por lo tanto, no puede concedérsele el uso de la palabra con ese argumento. Le ruego haga cumplir el Reglamento y no admita este tipo de falta de seriedad, que le quita dignidad a este Congreso.

La Presidenta:

Diputado Ulloa, con mucho gusto procedería yo a atender su observación que me parece fundada en la apreciación que usted tiene sobre la intervención del diputado Lara. El diputado Lara hizo una alusión específica al diputado Barbosa, precisamente cuando se refirió al tema de los acuerdos a los que han hecho alusión el diputado Lara en su intervención y el diputado Barbosa en su intervención.

Precisamente por ello, el diputado Barbosa solicitó hacer uso de la palabra para contestar alusiones.

En ese sentido, diputado Ulloa, le ruego si es necesario solicite la versión estenográfica de la intervención del diputado Lara, para en su caso poder proceder en otro sentido.

Tiene la palabra el diputado Ulloa desde su curul:

El diputado Alonso Ulloa Vélez (desde su curul):

Señora Presidenta, le agradezco que me permita disentir del trámite que usted está dando, porque el diputado Lara expresó que algún diputado del PRD había hecho referencia a un documento y con base en esa afirmación, el diputado Barbosa está solicitando el uso de la palabra para contestar alusiones personales.

Si éste es el criterio y el trámite que se dará, entonces le suplico con todo respeto, que dado que el diputado Uuc-kib se refirió a los diputados de Acción Nacional y tengo ese carácter, me registre para contestar alusiones personales junto con los diputados de Acción Nacional que se sientan aludidos y por lo tanto tendrán el mismo derecho que tiene el diputado Barbosa.

La Presidenta:

Diputado Ulloa, si usted tiene interés que esta Presidencia lo registre por considerar, no sólo una alusión personal, sino una alusión colectiva, la expresión del diputado Uuc-kib, con todo gusto esta Presidencia lo registra para contestar alusiones.

Quiero precisar que el trámite de esta Presidencia obedece a una mención específica del diputado Lara, en torno al diputado que presentó un documento diverso y como no se permiten diálogos en el pleno, mucho menos esta Presidencia va entablar un diálogo con usted, diputado Ulloa. Si desea que lo registre para contestar alusiones, lo haremos con todo gusto.

Tiene la palabra el diputado Barbosa.

El diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta:

 Gracias, señora Presidenta:

Indudablemente que este tema que está a discusión, ya arrojó el sentir, ya arrojó la reflexión, ya arrojó muchas veces hasta el pensamiento íntimo de los diputados que aquí han estado en tribuna.

Estamos ante un problema de legalidad, señores, la lectura que en esta tribuna se dio a un acuerdo, en la intervención del diputado que me antecedió nos da la razón. Finalmente, si ya está otorgado el permiso por parte del Secretario de Educación Pública, infringió la ley.

Se va a llevar este concierto por un acuerdo del Secretario de Educación Pública que viola la ley, y eso lo tienen que reconocer ustedes. Estamos en un asunto más de fondo, estamos para poner en marcha un proyecto político de Martha Sahagún, con desviación de recursos. Eso de que no va a costar al erario público, ¡por favor! Yo creo que ustedes mismos saben que están defendiendo lo indefendible. Las donaciones, las donaciones deducibles de impuestos, finalmente son pagos anticipados de impuestos, ¿y quién es el que se daña, si no es el erario público, señores diputados del PAN?

El otro concepto es ¿a dónde podemos encontrar que no se ha cometido en esto, un tráfico de influencia? ¿Será que desde la Presidencia de la República están presionando a los secretarios de Estado para que autoricen cosas ilegales? ¿Será que están haciendo compromisos y favores a los grandes empresarios que pueden pagar boletos de 100 mil dólares? Aquí veo en las galerías a unos 500 compañeras y compañeros mexicanas y mexicanos y yo les preguntaría si ustedes pueden ir a pagar 100 mil dólares por escuchar a Elton John en el alcázar del Castillo de Chapultepec.

Ahí está la respuesta del pueblo de México, compañeras y compañeros. Mejor el gobierno del Distrito Federal los va a invitar a oír rock ahí en la plaza pública.

La Presidenta:

Diputado Barbosa, por favor guarde respeto al recinto.

El diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta:

Gracias, señora Presidenta:

Respecto al punto de quiénes han dañado la imagen del Congreso, yo me preguntaría ¿cuál fue la opinión del pueblo de México cuando se enteraron que toda una planta del edificio "B" de este recinto está destinada para un club privado? Eso es dañar.

La Presidenta:

Diputado Barbosa, estamos en el tema del concierto de Elton John; favor de no distorsionar la discusión. Constríñase al tema.

El diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta:

En suma, compañeras y compañeros diputados, aquí la lectura del documento que el señor diputado del Partido Acción Nacional pidió, nos da la razón: la celebración del concierto es un acto de ilegalidad.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Para contestar alusiones, el diputado Alonso Ulloa.

El diputado Alonso Ulloa Vélez (desde su curul):

Declinamos, señora Presidenta.

La Presidenta:

Declina el diputado Ulloa.

Para rectificar hechos hasta por cinco minutos, el diputado Tomás Torres Mercado.

El diputado Tomás Torres Mercado:

Con su permiso, señora Presidenta:

Hay en efecto en este recinto, además de diputadas y diputados, una parte significativa, hasta simbólica de lo que puede ser la representación nacional. Está en la parte de arriba.

Hace apenas una semana, se quejaba en este recinto, un representante de Acción Nacional, de que quizá estuviéramos tirando al cesto de la basura no sólo la oportunidad de debatir y de discutir temas fundamentales para este país: la seguridad pública, la salud, la educación, las pensiones de los trabajadores en retiro; pero llegamos a escuchar y yo no le voy a poner adjetivos como lo hizo el diputado Jorge Lara al tildar de facción al Partido de la Revolución Democrática y cargar un dejo incluso, en mi pueblo se les llama "chícharos" o "huizacheros" (sic) a aquellos que pretenden interpretar la ley, pero no se aproximan a lo que es desentrañarla. Hay un principio fundamental para la autoridad que en su quehacer se llama legalidad: lo que la ley permite u ordena; pero también el desconocimiento de la ley no exime de su observancia.

En buen lío han metido ya al Secretario de Educación Pública. Haga la llamada, señor coordinador de la fracción parlamentaria, para que altere los folios de las autorizaciones, porque me parece que puede enjuiciarlo políticamente por la irresponsabilidad en una que apenas es tentativa de defensa. En grave riesgo los representados de los diputados del PAN pudieran estar en el ejercicio de la postulancia.

A mí me preocupa entonces, un tema simplemente que se plantea en el marco de observar la ley, en el marco de observar monumentos emblemáticos de este país. Hace apenas 40 minutos se aludía a la gesta histórica de la defensa de 1847 y ahora es en extensión, pasarela de ricos bonitos del D.F. y del país. ¡Ojalá!

Me comentaba un señor diputado, por cierto pendiente del debate, que a lo mejor, digo, "haremos un esfuerzo para asistir, haríamos el esfuerzo para asistir a un espectáculo y el que no que se integre a la plantilla laboral de meseros, para tener la oportunidad de estar ahí".

El planteamiento es: después del debate de hace ocho días, precipitadamente Acción Nacional lanza una agenda legislativa, ¿estará este debate abonando a esa posibilidad con la tilde de facción y de obstáculo?

Lo que ocurre en este recinto también se ve allá afuera y yo también, a riesgo de que me corrija señora Presidenta de la mesa directiva, también siento afrenta cuando en mi cubículo hay una modesta puerta de pino de tercera, pero la primera planta, la posibilidad de un spa, para la fracción, para la fuerza política que soporta los proyectos políticos de la cónyuge del Presidente de este país.

Le acepto el debate en la tribuna y en cualquier otro espacio. Me reservo la oportunidad de discutirlo con usted.

La Presidenta:

Diputado Tomás Torres, no se admiten diálogos.

El diputado Tomás Torres Mercado:

Señora Presidenta, finalmente le ruego me permita redondear mi intervención.

Si en términos de inversión, como lo señalaba un huidizo diputado de Acción Nacional en la sesión última de la semana pasada, este tiempo lo estamos invirtiendo en la posibilidad de la propuesta y de la base de este país. Coordine, señor diputado Calderón, a sus impetuosos diputados.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Felipe Calderón, para contestar alusiones.

El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa:

 Con su permiso, señora presidenta; señoras y señores diputados:

En efecto, este salón de plenos se ha visto muy degradado en su potencial, en su naturaleza, en lo que los mexicanos piden que hagamos los diputados.

Yo suscribo y reitero lo que mi compañero Villegas dijo la semana pasada, cuando habló del tiempo y de lo que le cuesta a este país precisamente el no estar abordando los dictámenes que deben salir de comisiones y el estar trivializando incluso con excesos como los que acabamos de presenciar aquí, de ofensas pedestres y misóginas, que definitivamente no tienen justificación.

Podrá haber discrepancias en torno al fondo de este asunto. Nosotros consideramos que hemos suficientemente sustentado el evento que es materia de debate. Rechazamos, además, las imputaciones falaces que cuando se hacen desde la atalaya que supone que se tiene la verdad y que se tiene el derecho de clasificar cuales son los valores que sí pueden considerarse cultura y cuales no. Cuales son los partidos que tienen derecho a defender la cultura y cuales no.

¿Cuáles son los ricos buenos, los que apoyan al Distrito Federal y patrocinan también sus proyectos políticos o los que hacen labores y donativos que efectivamente van a destinarse a caridad? ¿Cuáles son los buenos conciertos y cuáles son los buenos y los malos concertistas extranjeros? ¿Si es Elton John o es cualquiera de los artistas españoles o extranjeros que han concertado en el Zócalo y que pueden ser también de mi gusto, desde Milanés o Arjona?

Con diferencias medulares, con diferencias medulares porque ¡cuando demagógicamente se plantea aquí quien puede pagar una cantidad para un concierto, no se dice que estos conciertos en el Zócalo, que también le cuestan millones de pesos organizarlos, no los pagan los ricos sino los pobres, porque se pagan con los impuestos de todos los mexicanos!

¡Aquí hago una alusión muy clara, un rechazo concreto a las ofensas, un llamado enérgico a la seriedad de todos los partidos políticos y particularmente del grupo parlamentario que satura la agenda de 500 diputados, con trivialidades, con puntos de acuerdo y puntos de agenda que no tienen dictamen! ¡Y les llamo hipócritas a quien se ponga el saco y pase para alusiones personales!

El diputado Martí Batres Guadarrama (desde su curul):

¡Para rectificar hechos!

La Presidenta:

¿Con qué objeto, diputado Martí Batres?

El diputado Martí Batres Guadarrama (desde su curul):

¡Para rectificar hechos!

La Presidenta:

Diputado Martí Batres: está solicitando usted la palabra para rectificar hechos. Sin embargo, sin embargo deseo recordar que esta Presidencia había notificado al pleno que al término de la intervención registrada para rectificar hechos del diputado Tomás Torres Mercado, iba a poner a consideración de este pleno si el asunto estaba suficientemente discutido.

Diputado Batres: vamos a dar trámite al planteamiento que había hecho la Presidencia.

En ese sentido le ruego a la Secretaría, conscientes de que sobre este punto han intervenido 14 diputados, consulte a la Asamblea si el punto respectivo está suficientemente discutido.

Diputado Uuc-kib: por favor que le activen el sonido en su curul.

El diputado Uuc-kib Espadas Ancona (desde su curul):

Artículo 105. No se podrá reclamar el orden sino por medio del Presidente en los siguientes casos:

"Para ilustrar la discusión con la lectura de un documento.

Cuando se infrinjan artículos de este Reglamento, en cuyo caso deberá ser citado el artículo respectivo.

Cuando se viertan injurias contra alguna persona o corporación o cuando el orador se aparte del asunto a discusión."

El discurso que acabamos de escuchar fue rico en calificativos injuriosos en contra del Partido de la Revolución Democrática y de su grupo parlamentario, por lo que en particular reclamamos, por un principio de equidad, se nos permita defendernos de las fuertes afirmaciones que en esta tribuna se hicieron, particularmente cuando el orador pidió la palabra para alusiones personales y el contenido de su discurso rebasó con mucho aquellas materias sobre las que fue aludido, para convertirse en una intervención sobre el punto por sí misma.

La Presidenta:

Diputado Uuc-kib: esta Presidencia va a someter a el pleno si el tema que dio origen a esta discusión, está suficientemente discutido y en función del planteamiento que se está haciendo, posteriormente desahogado este asunto, someteremos a consideración si es de aplicarse el artículo de referencia.

Se solicita a la Secretaría consulte a la Asamblea, si el asunto relativo a la realización del concierto de Elton John en el Castillo de Chapultepec, se considera suficientemente discutido.

El secretario Adrián Rivera Pérez:

Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto a referencia.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa.

La Presidenta:

En tal virtud, se considera suficientemente discutido...

En tal virtud, se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo relativo a la realización del concierto de Elton John en el Castillo de Chapultepec.

Túrnese a la Comisión de Cultura.

Se concede el uso de la palabra, para rectificar hechos, al diputado Martí Batres, en uso de las facultades de esta Presidencia y en términos del artículo 105, para contestar alusiones personales.

Diputado Barbosa, está en el uso de la palabra el diputado Martí Batres, hasta por cinco minutos, para rectificar hechos, en atención a la referencia al artículo 105.

El diputado Martí Batres Guadarrama:

Con su permiso, señora Presidenta:

Señora Presidenta: ¿podría detener el tiempo en tanto que se ordene la sala?

La Presidenta:

Con todo gusto diputado Martí.

El diputado Martí Batres Guadarrama:

Gracias.

La Presidenta:

Activen el sonido en la curul del diputado Solís.

El diputado Roberto Aguirre Solís (desde su curul):

Señora Presidenta, usted dijo muy claro, antes que se llevara a cabo la anterior votación económica, que inmediatamente llevada la misma, iba a someter a consideración si el artículo que aludían los del PRD se sometía a consideración y no se llevó ese procedimiento que usted misma señaló.

Nada más quisiera hacer esa moción. Quisiera claridad.

La Presidenta:

Me parece una moción pertinente.

Se consulta con la Asamblea si en función de la solicitud de la palabra del diputado Martí Batres, en torno al artículo 105, es de proceder concederle el uso de la palabra, por lo que estimo fueron alusiones de carácter general.

Le solicito a la Secretaría consulte con la Asamblea si es de conceder el uso de la palabra en función del artículo 105, para rectificar hechos, al diputado Martí Batres, habiendo concluido ya la discusión del punto de acuerdo anterior.

El secretario Adrián Rivera Pérez:

Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si es de concederle el uso de la palabra al diputado Martí Batres, en referencia al artículo 105.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...

La Presidenta:

Esta Presidencia considera que la mayoría ha concedido el uso de la palabra, en uso de la palabra al diputado Martí Batres.

El diputado Martí Batres Guadarrama:

Con su permiso, señora Presidenta.

La Presidenta:

Diputado Martí Batres, un minuto. Diputado Calderón.

El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (desde su curul):

Con el debido respeto y en términos de Reglamento señora Presidenta, dado que se trata de una votación donde no hay claridad en el sentido de los votos, solicitamos que se abra el registro de los votos electrónicos hasta por uno o dos minutos para verificar esta votación.

La Presidenta:

Diputado Martí le solicito, puesto que le he dado dos veces la palabra y en atención a la Asamblea he suspendido ese turno, me exprese su opinión sobre la solicitud del diputado Calderón, que nos parece pertinente.

El diputado Martí Batres Guadarrama:

Señora Presidenta, usted me ha dado la palabra ya en dos ocasiones y por el ejercicio básico de la acción parlamentaria que es el debate al que espero que nadie le tenga miedo, solicito continuar con mi intervención.

La Presidenta:

Diputado Calderón, esta Presidencia considera que a partir de lo que puede percibirse desde esta dimensión de donde estamos instalados, en votación económica no había duda del resultado de la votación; sin embargo, si es interés del grupo parlamentario de Acción Nacional que haya un recuento, procedemos en términos reglamentarios, pero le solicito atentamente valore nuestra apreciación.

En uso de la palabra el diputado Calderón.

El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (desde su curul):

Señora Presidenta, nos interesa un debate, pero nos interesa un debate ordenado, en opinión del grupo parlamentario de Acción Nacional la palabra fue concedida sin fundamento y simplemente reclamamos el trámite y nos sometemos a la votación del pleno; sin embargo, y dada la presencia y la ausencia que se registra en diferentes bancadas, creemos que bastaría un minuto con que se abriera el registro electrónico de votos para salir de toda duda y podemos reanudar el debate, inclusive después de esto.

La Presidenta:

Abrase el registro y vótese hasta por dos minutos.

El sentido diputado Barbosa, por favor tiene la palabra el diputado Barbosa.

El diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta (desde su curul):

Observar a toda la Asamblea que hemos sido agraviados de múltiples violaciones al procedimiento de discusión, habiendo dado el uso de la palabra a nuestro coordinador, le fue retirado; habiendo observado una mayoría por parte del secretario panista de la mesa directiva, cambió de parecer, nos extraña, con el respeto y la consideración que tenemos por usted, que sea objeto de esta presión y de este vaivén, señora Presidenta.

La Presidenta:

Gracias, diputado Barbosa.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde su curul):

Señora Presidenta, es francamente desagradable que únicamente se reclame el trámite cuando le agravia a uno, es procedente en los términos del artículo 151 precisamente para entrar al orden del debate, proceder en los términos de este artículo, hacer el recuento no nos va a afectar en nada y nos permite iniciar con orden una discusión en la que seguramente todos los legisladores tienen interés.

La Presidenta:

Hasta por dos minutos, se ilustra a la Asamblea el sentido de la votación; la votación afirmativa es para respaldar el trámite para que con objeto y reconocimiento al artículo 105 se conceda el uso de la palabra al diputado Martí Batres. El no, es señalar que la tramitación con base en el artículo 105 es incorrecta...

Señores diputados, el debate continuaba en la Asamblea, en esa virtud… por eso se hizo esta consideración. Hasta por dos minutos la votación.

(Votación.)

El secretario Adrián Rivera Pérez:

Quienes tengan problemas con su sistema electrónico,… Jaime,… ¿quién más?.. Vidrio... ¿de este lado, quién?.. ¿quién?..

Se han registrado aquí algunos diputados que tuvieron problemas y que lo manifestaron durante el curso de los dos minutos; vamos a solicitar su voto.

El diputado Joselevich… El diputado Cardoso… El diputado Vidrio… El diputado Vidrio…

La Presidenta:

Señor Secretario, un momento, por favor. Diputados, hubo diversas expresiones en la Asamblea de que el manejo de la mesa directiva en torno a esta votación ha sido errático, yo deseo que no haya ninguna duda para el pleno y no sólo para el pleno, sino para la sociedad mexicana, que en ese sentido quede absolutamente claro y para que no haya ninguna suspicacia, hábida cuenta que hay diputados del grupo de Acción Nacional y de otros grupos que están demandando no haber emitido su voto, se extiende la apertura del sistema de registro hasta por un minuto y si hay algún diputado que tenga problema con su sistema electrónico, que lo manifieste el curso de este minuto.

El secretario Adrián Rivera Pérez:

Entendido diputada, si existe algún problema con su lector biométrico, reportarlo a esta Secretaría en el curso del tiempo previsto por la Presidenta. De viva voz que lo exprese para que podamos anotarlos y no haya duda.

Muy bien, tenemos anotados algunos diputados…

La Presidenta:

No, no, diputado. Discúlpeme diputado. Discúlpeme diputado, en el caso de los diputados que haya fallado su sistema de registro, vamos a constatarlo con lo que dice el tablero. Instruya el cierre del sistema.

El secretario Adrián Rivera Pérez:

Muy bien. Ciérrese el sistema electrónico.

Solamente tres diputados que se anotaron y que han estado teniendo, desde las votaciones anteriores, el problema con el lector biométrico: el diputado Enrique Villa Preciado… Enrique Villa (desde su curul)... en contra; Joel Vilches Mares... Joel Vilches Mares (desde su curul) en contra, y Juvenal Vidrio Rodríguez... Vidrio (desde su curul), en contra.

Se informa a la Presidencia el resultado de la votación: votaron 136 diputados en pro y 135 en contra...

La Presidenta:

Se concede el uso de la palabra al diputado Martí Batres, hasta por cinco minutos, en función a los postulados del artículo 105.

El diputado Martí Batres Guadarrama:

Con su permiso, señora Presidenta:

Quisieron impedirnos hacer uso de la palabra, pero esta Asamblea ha decidido ratificar un derecho que ya teníamos para ejercerlo y debatir, porque venimos aquí, entre otras tareas, a debatir.

Pero de ese tamaño es su preocupación, porque la actitud que hay es aquella que busca inhibir la crítica, que no se manifieste crítica, que no se cuestionen los hechos de Gobierno, que no se cuestione la cosa pública y esta actitud es coherente con los hechos que se cuestionan porque este Gobierno que iba a ser del cambio, es un Gobierno que en menos de un año se ha caracterizado por sus actitudes imperiales, no republicanas, sino monárquicas.

Y nos preguntamos si esta representación republicana tiene que aceptar permanente y cotidianamente estas prácticas imperiales y ahí está lo del Auditorio Nacional el día de la toma de posesión; la fiesta del Castillo que costó 8 millones de pesos; la remodelación del Rancho San Cristóbal, porque no se recibió en un recinto republicano al Presidente de Estados Unidos, sino en una casa particular y se invirtieron 10 millones de pesos para hacer una pista de aterrizaje, ahí está el asunto de "el águila mocha" y está el tema también de los salarios del gobernador de Querétaro, de los aviones del gobernador de Morelos.

Estos señores azules creen que el país es suyo, creen que la gente les entregó el país para hacer un gobierno imperial y monárquico y creen ahora que el Castillo de Chapultepec va a regresar a ser la sede de un gobierno imperial.

La Presidenta:

Diputado Martí. Está solicitando hacer uso de la palabra el diputado Zapata.

El diputado Martí Batres Guadarrama:

Yo sugeriría, señora Presidenta, que no se nos interrumpa en el uso de la palabra, si hay preocupación, si están nerviosos por lo que uno dice, pueden solicitar el uso de la palabra y pasar a esta tribuna a debatir.

Y se ha hablado también aquí de la pobreza. Y ¿quiénes vienen a hablar de la pobreza?..

La Presidenta:

Diputado Zapata, ¿quiere usted hacer una moción de orden?

El diputado Martí Batres Guadarrama:

Señora Presidenta. Si los señores ya perdieron la votación cuando no querían dejarnos hablar, le ruego que nos dejen hablar.

La Presidenta:

Diputado Martí Batres, un segundo.

Diputado Zapata.

El diputado José Alejandro Zapata Perogordo (desde su curul):

Hasta donde yo tengo entendido se le dio el uso de la palabra en relación a que se sintió ofendido y aludido en los términos del artículo que mencionó, lo que no sé ahorita cuál es el tema que quiere debatir, porque no está hablando específicamente a la conducta a que se refería se iba a discutir en este recinto.

En consecuencia, sí solicitaría una moción de orden a la Presidencia, a efecto de que clarifique cuál es el tema que se está tratando.

La Presidenta:

Diputado Zapata. Esta Presidencia recibió la solicitud de la palabra del diputado Martí Batres para rectificar hechos y en ese sentido solicito respetuosamente a la Asamblea permitan que el diputado Martí Batres concluya, hábida cuenta que esta Presidencia ha sido excesivamente flexible en el manejo de esta sesión, a efecto de propiciar un diálogo y un debate en los marcos de la civilidad, yo les rogaría pudiéramos dejar concluir al diputado Martí Batres su intervención.

El diputado Martí Batres Guadarrama:

Muchas gracias, señora Presidenta, porque efectivamente pedí la palabra para rectificación de hechos.

Y decía, que vienen a hablar aquí algunos de pobreza, precisamente los que han recortado el gasto social del presupuesto, aquellos que han defendido un recorte de más de 10 mil millones de pesos y un subejercicio de alrededor de 60 mil millones de pesos, aquellos que justificaron que se le quitaran al Instituto Mexicano del Seguro Social 100 millones de pesos y aquellos que justificaron que a la Liconsa se le recortara el subsidio y que se aumentara el precio de la leche Liconsa; ellos son los que vienen a hablar precisamente de pobreza, esos también hablan de acuerdos y nos preguntamos: ¿De qué acuerdos? ¿En qué acuerdos han ayudado? Porque aquí hubo un acuerdo histórico fundamental que se dio para abrir esta tribuna a los indígenas que vinieron a la Ciudad de México y fue un acuerdo de todas las fuerzas políticas, menos de esta fuerza política.

Y les diría además, finalmente, la responsabilidad de la construcción de acuerdos no ha sido realizada precisamente por quien ha tenido al frente esa tarea.

La fuerza política gobernante no es la que ha construido los acuerdos; la fuerza política gobernante es la que ha construido la división; la fuerza política gobernante no es la que ha unido a los mexicanos; la fuerza política gobernante es la que ha dividido a este país en la discusión de la reforma fiscal; la fuerza política gobernante es la que pretende dividir al país a costa de ayudar a los grandes ricos y sacrificar a la gente de bajos recursos. Esa es la fuerza política que no ha construido acuerdos, que no ha logrado la conciliación, que no ha cumplido con su responsabilidad y, por cierto, la fuerza política que quiere irse rápido en cada sesión, que trae pocos temas a discusión, que trae poca iniciativa, que no tiene propuestas, que no tiene ideas, que a las tres de la tarde se quiere ir a su casa o a otro lugar, porque ya se cansaron de trabajar.

Y les voy a decir. El PRD va a seguir llenando esta tribuna de propuestas e iniciativas.

Muchas gracias.

ORDEN DEL DIA (II)

La Presidenta:

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en virtud de que se agotó el tiempo previsto para la sesión, si es de continuar esta sesión en el desahogo de los puntos del orden del día. En votación económica, por favor.

El secretario Adrián Rivera Pérez:

En votación económica, se consulta a la Asamblea si aprueban que se continúe con el orden del día de esta sesión.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa.

La Presidenta:

Esta Presidencia solicita respetuosamente a la Secretaría, se abra el tablero para verificar el sentido de la votación.

El secretario Adrián Rivera Pérez:

Se solicita se abra el sistema electrónico de votación.

La Presidenta:

Se abre por tres minutos el tablero para registrar el sentido de la votación. Por la afirmativa es para que continúe la sesión, por la negativa es para que el orden del día se posponga para la sesión subsecuente.

El secretario Adrián Rivera Pérez:

Señora Presidenta, le informo: el resultado de la votación es el siguiente: 156 diputados en pro y 113 diputados en contra.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

La Presidenta:

El siguiente punto del orden del día es la presentación de un punto de acuerdo en relación al freno de pasaportes y visas a nuestros connacionales, está a cargo del diputado Elías Dip Rame, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se concede el uso de la palabra al diputado Elías Dip Rame.

El diputado Héctor Sánchez López (desde su curul):

Señora Presidenta, una pregunta.

Le pregunto que el acuerdo es agotar los puntos del orden del día, todos...

La Presidenta:

Efectivamente diputado Héctor Sánchez, en el orden en que están en el documento, situación que sólo se podrá modificar si no existe quorum para continuar con la sesión.

El diputado Elías Dip Rame, en uso de la palabra.

El diputado Elías Dip Rame:

Con su permiso, señora Presidenta; honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los señores diputados de los grupos parlamentarios del PRI, del PAN, del PRD, del Verde Ecologista y del PT, ponemos a la consideración de esta Asamblea, la proposición con punto de acuerdo bajo los siguientes

CONSIDERANDOS

1. Con fecha 1o. de octubre del año en curso, venció el plazo dispuesto por la autoridad norteamericana para la renovación de las tarjetas de cruce fronterizo.

2. Debido a la falta de información suficiente y oportuna, un gran número de nuestros compatriotas no pudieron renovar en los plazos establecidos dicho documento.

3. En consecuencia con lo anterior expuesto, el día de hoy hay más de 3 millones y medio de conciudadanos que se han visto afectados e impedidos a la realización de sus actividades en los cruces fronterizos.

4. Con fecha 2 de octubre, la presente Comisión de Relaciones Exteriores de esta comisión de la Cámara de Diputados, emitió un oficio dirigido al señor Jeffrey Davidow, embajador de Estados Unidos de América, mediante el cual se le solicita la posibilidad de otorgar una prórroga que permita la gestión de las nuevas visas a los ciudadanos mexicanos que en este momento se ven afectados con la medida señalada.

5. Considerando que las transacciones comerciales, familiares, de salud y turísticas, entre otras, han sido seriamente afectadas por este hecho.

6. Que el comercio estadounidense en un 100% se lleva a cabo con mexicanos y que la industria nacional mueve por carretera el 85% de sus exportaciones, ponemos a consideración de la Asamblea el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores inicie las negociaciones pertinentes y necesarias con el propósito de conseguir de la autoridad norteamericana una prórroga para la renovación de las tarjetas fronterizas.

Siendo éste un asunto de primordial importancia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos a la Presidencia de esta mesa directiva el trámite de urgente y obvia resolución.

Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 4 de octubre de 2001.

Compañeros diputados: el problema que existe hoy en día en la frontera afecta a muchos compatriotas nuestros que requieren del apoyo de esta Cámara con objeto principal de que se trámite en forma consensada por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores el que se dé un año más de plazo a todos nuestros mexicanos para que puedan arreglas sus visas y de esta manera no se vean afectados por el problema que el día de antier empezó a darse.

Muchas gracias por la atención que presten a la presente.

La Presidenta:

Diputado Elías, en el acuerdo previo para la integración del orden del día de la Junta de Coordinación Política, este punto no estaba reportado a la mesa directiva como de urgente y obvia resolución. En lo que la diputada Erika Spezia, que nos ha solicitado el uso de la palabra sobre el mismo tema, ruego al grupo parlamentario proponente realice las consultas al respecto.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde su curul):

Señora Presidenta, con la comprensión y el apoyo de todos los grupos parlamentarios, hay consenso para que pueda salir de urgente y obvia resolución.

La Presidenta:

Se concede el uso de la palabra a la diputada Erika Spezia, para proceder posteriormente a dictar el trámite correspondiente.

La diputada Erika Elizabeth Spezia Maldonado (desde su curul):

Declino, señora Presidenta.

La Presidenta:

Declina la diputada Erika Spezia.

Consulte la Secretaría a la Asamblea en términos del artículo 59 si es de considerarse este punto de urgente y obvia resolución.

El secretario Adrián Rivera Pérez:

Por instrucciones de la Presidencia, de conformidad con lo que establece el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera de urgente resolución el punto de acuerdo.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa.

La Presidenta:

Se considera de urgente y obvia resolución.

Para fijar posición sobre este punto de acuerdo ha solicitado el uso de la palabra la diputada Gina Cruz, del grupo parlamentario de Acción Nacional.

La diputada Gina Andrea Cruz Blackledge:

Con el permiso de la directiva; honorable Asamblea:

Ante este punto de acuerdo que presentamos los diferentes grupos parlamentarios, no podemos dejar pasar la oportunidad de expresar nuestra posición como grupo parlamentario de Acción Nacional.

El tema migratorio es uno de los asuntos prioritarios de nuestra agenda legislativa y lo es también para el Gobierno de la República, que se ha abocado a atenderlo con propuestas y soluciones firmes en beneficio de nuestros connacionales que viven en el extranjero y los que cruzamos cotidianamente la frontera norte.

Como diputada de un estado fronterizo, Baja California, sabemos y vivimos con mayor intensidad este fenómeno y los efectos originados por el vencimiento del plazo para el canje de tarjetas de cruce fronterizo, por las llamadas "visa láser".

Por ello nos hemos pronunciado y suscrito a favor de este punto de acuerdo en virtud de ser respetuosos de las instancias gubernamentales encargadas de las relaciones exteriores, porque favorece a alrededor de 650 mil familias y porque es fundamental su aprobación por consenso para apoyar con mayor fuerza la gestión para alcanzar la prórroga ante las autoridades estadounidenses.

Solicitamos y esperamos que estas autoridades hagan conciencia y analicen con especial atención la petición contenida en nuestro punto de acuerdo y las consecuencias que afectan a ambas naciones.

El grupo parlamentario del PAN siempre estará a favor de todo aquello que consolide nuestras relaciones y beneficie a nuestras comunidades dentro del marco de respeto a la soberanía de los estados. Es cuanto.

La Presidenta:

Hasta por cinco minutos, sobre el mismo tema, la diputada Hortensia Aragón, del grupo parlamentario del PRD.

La diputada Hortensia Aragón Castillo:

Gracias, señora Presidenta; compañeras diputadas; compañeros diputados:

Saludo muy gratamente la sensibilidad que esta Cámara de diputadas y diputados, a través de los grupos parlamentarios, ha venido desarrollando, en el sentido de encontrar que si hay temas que en momentos no han sido acordados por la Junta de Coordinación, como de urgente y obvia resolución, pero que sin embargo el tema en sí al momento de ser tratado aquí, en esta plenaria, se percibe la necesidad de plantearlo como de urgente y obvia resolución.

Espero que ése sea el sentido y no nos maniaten a acuerdos, cuando la sensibilidad amerita que podamos en el camino de los mismos, consensar posibilidades de manera sensible, como en esta ocasión se ha hecho.

Nuestra posición como grupo parlamentario del PRD al punto de acuerdo presentado, es que sí, sí es necesario que se amplíe un plazo, que se prorrogue. Que es necesario que tengamos la posibilidad de que estos millones de mexicanos que se han visto limitados en la posibilidad de acceder a este documento, puedan hacerlo con la amplitud que los plazos hoy se han venido acordando.

Es necesario también porque las definiciones que desde el Estado norteamericano se han tomado respecto al cierre de la frontera, pudiera lesionar el sentir que implica que la frontera norte del país es una frontera insegura, cosa que nosotros, desde el punto de vista de nuestras instituciones, planteamos y reiteramos, que es la frontera que la única inseguridad que ha tenido, es el cruce con los rancheros norteamericanos, en el momento en que nuestros connacionales intentan llegar a trabajar de aquel lado. Ese es el único riesgo y el riesgo que han percibido nuestros connacionales al momento de cruzar.

Por eso es importante solicitar que se amplíe la prórroga, que se den las facilidades, que no se empuje a que esta migración vaya a sufrir consecuencias ante una situación como la que estamos viviendo ahorita de extrema gravedad y que tengamos la oportunidad, con este esfuerzo que la Cámara de Diputados está realizando, de sumarnos a una petición que de manera muy reiterada han venido haciendo, sobre todo nuestros representados en los estados de las zonas fronterizas.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

El secretario Adrián Rivera Pérez:

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señora Presidenta.

La Presidenta:

Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba el punto de acuerdo.

El secretario Adrián Rivera Pérez:

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado.

La Presidenta:

Aprobado el punto de acuerdo en su contenido y por el trámite de urgente y obvia resolución. Por lo tanto comuníquese a las autoridades competentes.

El siguiente punto del orden del día es la presentación de un punto de acuerdo, por el que se exige a las autoridades del Gobierno Federal, hagan el pago del 100% de los recursos del Procampo a los beneficiarios del mismo, en las zonas temporaleras del país, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo...

En virtud de que no se encuentra el diputado ponente, se pospone para el término del orden del día, como lo señala el reglamento.

TRABAJOS LEGISLATIVOS

La Presidenta:

El siguiente punto del orden del día es una propuesta de punto de acuerdo sobre la igualdad de los diputados en los trabajos legislativos, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen, del Partido Convergencia por la Democracia. En uso de la palabra el diputado José Manuel del Río Virgen.

El diputado José Manuel del Río Virgen:

Con el permiso de la señora Presidenta y haciéndole un reconocimiento de esta representación a la Presidencia, me voy a dirigir a mis compañeras y compañeros diputados para tratar el tema de la igualdad.

Hoy, la Presidencia de la mesa directiva nos ha dado una muestra de lo que es el debate y el aguante merece también un reconocimiento.

La igualdad desde cualquier situación no es un valor objetivo, sino la condición para conocer el carácter objetivo de cualquier valor; cualquier bien si es común, incluye la igualdad de todos los sujetos respecto de ese bien. El bien común de cualquier grupo o asamblea, debe cumplir los valores de la Constitución como tal y de todos y cada uno de sus miembros dentro de estos valores se mencionan varios. Los más frecuentes son la seguridad, la paz, el orden, la libertad, la igualdad, la solidaridad; así lo dijo el Constituyente de 1917. Es más, el constituyente Jesús Romero Flores advierte que de estos valores, uno de ellos pertenece a una categoría aparte: la igualdad. Así, el maestro Romero Flores, compara la libertad con la igualdad y determina que todos los legisladores somos iguales en el pleno, en la Asamblea y en las comisiones con nuestras opiniones.

La igualdad ante la ley se concibe hoy fundamentalmente como principio de no discriminación; la ley puede hacer distinciones entre las personas, concediéndoles diferentes derechos o privilegios, pero el trato desigual entre iguales resulta ser ilegítimo. Sin embargo, la igualdad ante la ley va más allá del principio de no discriminación, pues significa la exclusión de todo trato desigual que no pueda ser justificado constitucionalmente o como dirían los revolucionarios franceses, que no se puede fundar en una utilidad común.

El principio de igualdad de los representantes populares, es el postulado básico del pensamiento liberal. Se consagra en diversos artículos de nuestra Carta Magna en su parte dogmática denominada "de las garantías individuales " y en la Ley Orgánica del Congreso mexicano.

La garantía de igualdad es un rasgo democrático y republicano de nuestro orden constitucional; si bien se puede hablar de desigualdad entre los hombres, esto es producto de la naturaleza misma y no puede sustentarse esa desigualdad en situaciones derivadas de una artificiosa nobleza, producto del reconocimiento de honores discriminatorios, los cuales sin lugar a dudas lesionan la dignidad e igualdad jurídica que debe privar entre los hombres en un mismo grupo.

Esta Cámara debe enaltecer aún más la igualdad porque somos los representantes de la ciudadanía, por lo tanto debemos exponer y defender los derechos y las necesidades que tiene la población, lo cual es nuestro quehacer prioritario, tarea que no podremos realizar si este principio no rige la vida de nuestro Congreso.

La existencia de las minorías en el parlamento en los actuales momentos de la alternancia es importante, es importante para no llevar a monólogos parlamentarios o a la toma de decisiones unilaterales; la presencia de las minorías permite que la opinión de otras corrientes políticas presenten una visión diferente de los asuntos que se traten. La polémica entre mayoría y minoría por defender el poder o por tener el control del órgano legislativo, presupone la aceptación por parte de los contendientes de las mismas reglas del juego, por lo que todos debemos aceptar el papel que tenemos en esta Cámara.

El bien común sólo puede ser imparcial si se considera desde una postura respetuosa e incluyente. Hoy más que nunca se acentúa la necesidad de considerar las valoraciones políticas y sociales recibidas para acceder a una transformación eficaz de la cooperación y de la democracia.

El logro que se puede alcanzar es que esta Cámara funcione con base en el diálogo, estableciendo consensos y acuerdos entre los diferentes partidos que están representados en ella, incluyendo las minorías. Las minorías legislativas hemos estado luchando por ampliar los cauces de expresión y participación directa de la ciudadanía, de la cual somos su voz en el Congreso, con el fin de que realmente participen en las decisiones de las políticas públicas, así como de su supervisión. Las minorías legislativas somos la correa transmisora del acervo social de las comunidades con el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, lo que beneficiará a los organismos gubernamentales, a la ejecución de las políticas y al debate público. Hoy mismo la diferencia fue en esta Asamblea, un voto. Hoy mismo, la diferencia fue un voto; el voto fue la diferencia para poder seguir trabajando.

Yo llamaría la atención de los legisladores que han abandonado este pleno, porque ésta es su obligación la de estar aquí, para eso nos pagan.

Las mayorías y minorías unidas debemos atender y escuchar los problemas de la sociedad y procurar resolverlos. La función pública se debe ejercer a favor de los intereses del pueblo. Las minorías también están para exigir patriotismo de los servidores públicos para consolidar nuestras instituciones. Sin embargo, muchos de ellos hacen esfuerzos para traspasar la Constitución, procurando eludir su cumplimiento con interpretaciones que el pueblo de México a veces no entiende. La libertad, la libertad es la base de la justicia y la libertad y la justicia van de la mano con la voz de las minorías.

Hemos llegado al momento en que cada uno de nosotros debe colocarse en su puesto con todo valor civil. Con todo valor civil vendremos a esta tribuna a decir muchas verdades, para no emitir leyes o acuerdos que a nadie beneficien. Estamos aquí para dar leyes que corresponden a las necesidades actuales del país. Estamos aquí para emitir leyes que respeten, que se respeten y se hagan respetar. Estamos aquí para servir a la patria. Por eso, señoras señores diputados, esta representación, esta representación señoras y señores diputados, consigna públicamente que debe de haber una rendición de cuentas de cada uno de los legisladores y de los grupos parlamentarios.

Es una obligación y es una obligación que vamos a estar exigiendo desde esta tribuna, aunque se sonrojen algunos.

Compañeras y compañeros diputados: debemos rendir cuentas claras al pueblo de México; debemos desconcentrar los asuntos que están en unas cuantas manos; debemos dar trato igualitario a los legisladores. Porque no se permite ni lo permite la Constitución ni la Ley Orgánica, que haya legisladores de primera o de segunda.

Compañeras y compañeros diputados: el punto de acuerdo radica en que en este Congreso impere el principio de no discriminación, para erradicar todo trato desigual en razón a la pertenencia a un partido político.

Segundo, que las fracciones parlamentarias que integran esta Cámara, rindan cuentas ante el pleno, de los recursos públicos que se le asignan como prerrogativas.

Muchas gracias, compañeras y compañeros.

La Presidenta:

Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

EMPRESA DINA

La Presidenta:

El siguiente punto del orden del día, es la presentación de un punto de acuerdo, sobre la situación de los trabajadores de la empresa Dina, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a través del diputado Omar Fayad.

Se concede el uso de la tribuna al diputado Omar Fayad, hasta por 10 minutos

El diputado Omar Fayad Meneses:

Gracias, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Vengo a poner a la consideración de este pleno una proposición con punto de acuerdo, en relación al conflicto laboral que vienen enfrentando los trabajadores de Dina Camiones y Dina Composite y a quienes hoy saludo con afecto y respeto y quienes han tenido la paciencia de acompañarnos todo el día durante esta sesión.

Gracias, compañeros de Dina.

Diesel nacional quizá para muchos de ustedes no significa nada.

Sin embargo era la razón social de una de las empresas mexicanas, cuyo origen se remonta a los años cincuenta y que en la década de los años setenta se constituyó en el orgullo de la industria nacional. Al planear la ubicación de diesel nacional se tomó en cuenta un doble propósito: el de evitar asentamientos de industrias en la Ciudad de México y el de apoyar la angustiosa situación por la que pasaba la economía del Estado de Hidalgo.

Así, el Gobierno Federal decidió ubicarla en ciudad Sahagún, después de analizar las grandes ventajas que para la industria daba esa región, ventajas que aún conserva y que permitieron que en aquella época ésta se convirtiera en una ciudad modelo.

En esos años Diesel Nacional llegó a contar con una plantilla de 12 mil trabajadores dedicados a la fabricación de camiones de carga y autobuses de pasajeros, que eran considerados productos prioritarios y estratégicos para el crecimiento nacional; logrando en cada ciclo fiscal una gran derrama económica.

Bajo el marco de una excelente producción nacional de automóviles, camiones y tractocamiones que circulaban por nuestras carreteras, en 1981 es anunciada la descentralización de la empresa, adquiriendo en cada una de sus plantas una nueva razón social: se dividió Dina en Dina Camiones, Dina Autobuses y Dina Motores.

En los años ochenta cayó dramáticamente la producción de Dina y en 1987 la empresa es vendida por el Gobierno Federal a particulares a un precio por debajo del costo real, con la condición de seguir sosteniendo a la plantilla de sus trabajadores. Desde 1987 hasta 1992, gracias a operaciones con Avis Star y Chrysler y a la experta y calificada mano de obra de los trabajadores que lograron la mejora del producto que se fabricaba, se obtuvieron durante esos años rendimientos financieros muy exitosos.

Desde el año de 1994 y hasta el 2000 desgraciadamente los trabajadores han sufrido una cadena constante de afectaciones. Se han manifestado en paros técnicos, se han realizado reajustes de trabajadores, transferencias ilegales de trabajadores, cierras ilegales, cambios de razón social de las plantas y liquidaciones de personal. Situaciones que estoicamente siempre fueron soportadas por los trabajadores de Dina, adoptando actitudes de sacrificio la mayoría de las veces, en el beneficio colectivo de los agremiados, con tal de apoyar el funcionamiento y operación de dicha empresa.

No obstante las condiciones de trabajo y financieras que aparentemente reportaba la empresa Dina, ésta fue un pilar importante en las proyecciones internacionales de quienes se ostentan como propietarios: el Grupo G de Guadalajara, quienes lograron un auge económico que les permitió abrir plantas en Argentina, Estados Unidos de América y Brasil y adicionalmente a las cuatro plantas que pusieron en funcionamiento en el Estado de Jalisco.

Al decir de los representantes del Sindicato de Trabajadores de Dina, durante varios años se ha venido llevando la gradual y dolosa descapitalización, saqueo y desmantelamiento de esta empresa.

Hoy, de aquel emporio, orgullo nacional e internacional de los mexicanos, que se llegó a conformar por más 14 mil 500 empleados, sólo quedan 1 mil 373 trabajadores de base. A partir del mes de febrero del presente año, durante las pláticas de revisión salarial, se les informó a los trabajadores que los dueños tenían la intención de cerrar la empresa Dina Camiones, argumentando, entre otras cosas, la pérdida de un millonario contrato con la Western Star.

Como consecuencia de esto, después de tres prórrogas de huelga, el Sindicato de Trabajadores de Dina Camiones nuevamente, anteponiendo el interés porque la empresa no fuera a cerrar, el 16 de abril firmó ante las autoridades del trabajo un convenio, en el que pactaron la liquidación de 202 trabajadores, así como un paro técnico con sólo el 48% de salario, con una vigencia al 31 del presente mes de octubre.

No obstante ese convenio, el 30 de julio, en una actitud abusiva, tendiente a desmembrar al Sindicato de Dina, la parte patronal cerró Dina Composites, que se dedicaba a la manufactura de partes automotrices, dejando sin empleo a 120 trabajadores, 100 de los cuales se han negado a perder su empleo, por lo que no han querido recibir la correspondiente liquidación.

Y por si fuera poco, el 10 de septiembre ni siquiera a dos meses del cierre de Dina Composites, al ingresar a la planta de Dina Camiones, los trabajadores encontraron mantas donde se les anunciaba ahora el cierre de la empresa, acto unilateral de patrón que incurre en una violación flagrante, no sólo al convenio suscrito en abril ante las autoridades laborales y al contrato colectivo de trabajo, sino al marco jurídico laboral vigente y que ahora deja en la calle, sin ninguna indemnización legal, a poco más de 700 trabajadores y sus familias.

Compañeros diputados: desde el cierre de sus fuentes de empleo, los trabajadores de Dina Composites y Dina Camiones, han estado librando una defensa pacífica de sus derechos, amparados en la legislación laboral de nuestro país.

La Secretaría del Trabajo envió un comunicado a los trabajadores, en donde está de acuerdo con que la empresa violó sus derechos declarando ilegal el cierre y violando no sólo los convenios, sino también violando la legislación laboral. Por lo que, atentamente, amigas y amigos diputados, ante este pleno y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a su consideración

PUNTOS DE ACUERDO

"Primero. Solicitar a las diferentes fracciones parlamentarias representadas en la Cámara de Diputados, su apoyo solidario a los trabajadores de Dina Camiones y Dina Composites, procurando que esta soberanía, a través de la comisión respectiva, pueda emprender acciones concretas que permitan llegar a una pronta solución del conflicto.

Segundo. Que la empresa Dina sea apoyada para lograr su venta o fusión con otras empresas nacionales y extranjeras, permitiendo que no se pierdan las vitales fuentes de empleo que representa el sustento de vida de muchas familias en la región y que difícilmente, con la situación que atraviesa el país, podría encontrar una nueva forma de sustento.

Tercero. Que, en su caso, el Gobierno Federal, así como ha procedido al rescate de banqueros, empresarios carreteros y ahora azucareros y cañeros, se le requiera que apoye también el rescate de esta empresa, con el propósito de que nuevamente se constituya en un bastión estratégico que participe en el desarrollo nacional, bajo el esquema de dar prioridad a esta industria mexicana, antes de permitir el libre acceso de camiones de otros países y

Cuarto. Que por todas las vías que permite el marco jurídico vigente, conminemos a las autoridades federales del trabajo para que requieran y obliguen a los titulares de la empresa Dina a cumplir con la liquidación de cada uno de los trabajadores y con su contrato colectivo de trabajo en los términos de la ley, evitando que la impunidad con la que se llevó a cabo el cierre de dichas empresas, siga vulnerando la ley y nuestro estado de derecho".

Estamos conscientes de que la celeridad de nuestras acciones, hará que sea menor el tiempo en que los trabajadores esperen para tener lo que por justicia les corresponde.

Amigas y amigos diputados: sin darle un matiz partidista a esta problemática de mis compañeros trabajadores de Dina, yo los conmino para que apoyen a esta gente que tanto los necesita, para que presionemos a las autoridades laborales y las conminemos a cumplir con lo que la ley establece y, finalmente, para que exijamos al Ejecutivo, como ocurrió en el pasado, haga un esfuerzo adicional a fin de que esta empresa pueda seguir subsistiendo y que las fuentes de trabajo no se pierdan, que ayude a esta empresa, porque ayudar a esta empresa es ayudar a una ciudad, que si seguimos con esta tenencia a cerrar empresas y a perder empleos, se convertirá en una ciudad dormitorio.

Es cuanto, señora Presidenta.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

Sobre el mismo tema y hasta por cinco minutos ha solicitado hacer uso de la palabra el diputado Francisco Patiño Cardona, del grupo parlamentario del PRD.

El diputado Francisco Patiño Cardona:

Con su permiso, distinguida Presidenta; compañeras y compañeros diputados de esta LVIII Legislatura:

Bienvenidos compañeros trabajadores a la Casa del Pueblo:

El pasado 27 de septiembre , el de la voz, integrante del Partido de la Revolución Democrática, subió a esta tribuna a sumarse a la lucha por el derecho de los trabajadores del Estado de Hidalgo presentando un punto de acuerdo para que el empleo sea devuelto a esos trabajadores que han resistido el embate del modelo neoliberal de gobiernos pasados.

Coincido con mi compañero y amigo diputado del PRI , Omar Fayad que efectivamente hace 49 años en esta nación tan sufrida inició un complejo nacional, un proyecto nacionalista para ofrecerle a la nación un Parque Vehicular y con ello poder competir en mejores condiciones frente a los consorcios internacionales, me refiero al Complejo Dina.

Lamentablemente estas empresas fueron adquiridas por el Grupo G de Guadalajara, Estrella Blanca quien recientemente hizo negocios oscuros al amparo de los gobiernos anteriores que condujeron el destino de este país.

Hicieron fraude también no solamente quitándoles la materia de trabajo a Dina también hicieron fraude en contra de todos los mexicanos 40 a 50 mil millones de pesos es el fraude que cometieron a través del Fobaproa, a pesar de ello los trabajadores con un espíritu patriótico cedieron ante las autoridades y ante los empresarios de DINA para aceptar el 48% de su salario, incluso un reajuste de la planta laboral con el fin de mantener su fuente de trabajo, único ingreso para sus compañeras, para sus compañeros, para los ancianos, para los hijos.

No se vale que después de que los empresarios firmaron frente a las autoridades federales junto con los trabajadores un punto de acuerdo que ya comenté, con el fin de conservar esta fuente de trabajo, ese convenio, ese pacto con los empresarios fue quebrado y fue utilizado por esos malos empresarios mexicanos que aún tenemos en nuestra nación.

Me congratulo que la Secretaría del Trabajo externó un punto de vista favorable para los trabajadores en donde convida, exhorta, invita a los empresarios a respetar ese pacto que hicieron con la clase trabajadora.

Esos empresarios violaron los artículos 343, 345 y 892 de la Ley Federal del Trabajo, por ello —compañero Omar Fayad— el punto de acuerdo que usted presenta idéntico al que nosotros presentamos recientemente, converge y por tanto me sumo al punto de acuerdo para que esta soberanía decida sobre si es o no de pronta resolución, que a mí me parece que sí.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado… Le ruego a la Secretaría dé lectura al artículo relativo al orden en las galerías.

El secretario Adrián Rivera Pérez:

Artículo 107 del Reglamento para el Gobierno Interior: Los concurrentes a las galerías se presentarán sin armas, guardarán respeto, silencio y compostura y no tomarán parte en los debates con ninguna clase de demostraciones.

La Presidenta:

Gracias señor diputado.

Le ruego al diputado Alfonso Sánchez Rodríguez, del grupo parlamentario de Acción Nacional que ha solicitado la palabra hasta por cinco minutos, haga uso de esta tribuna.

El diputado Alfonso Sánchez Rodríguez:

Señora Presidenta; señoras y señores legisladores:

Hay temas importantes pero uno de ellos es el derecho al trabajo, pero nuestra obligación como legisladores es conocer los elementos que se confrontan cuando se trata de deslindar responsabilidades y de todos aquellos que tienen sus facultades y aprovechando su status y las condiciones inestables de la economía mundial aprovechan estas circunstancias.

Porque si bien estamos claros en las condiciones actuales de los estados, ha venido presentándose un endurecimiento de la economía y se ha visto expuesto obligadamente a una reducción de la planta laboral; por consecuencia, la problemática es internacional, pero sí aprovecho esta oportunidad para remarcar la falta de voluntad y el deseo recíproco con la planta productiva para no cumplir los acuerdos de los cuales se había llegado anteriormente, por lo cual nos sumamos a que la Secretaría Federal del Trabajo y Previsión Social con la facultad que ésta la tiene, sea la que solucione este conflicto.

Pero por ello, que no signifique que nos deslindamos de la responsabilidad y el compromiso que tenemos de ser vigilantes en todo este proceso que atenta contra la vida sindical y nos sumamos para que se llegue a un feliz término las partes involucradas; exhortamos a que este tema no se partidice; rechazamos totalmente el doble discurso y más cuando se trata de un político empresario, hoy senador, propone apoyos extraordinarios e incremento de prestaciones para apoyo de ex trabajadores y sólo vemos en su discurso un posicionamiento populista y demagogo cuando en la realidad y en la práctica su incumplimiento como empresario lo ponen en evidencia y deja mucho que desear.

Los apoyamos, trabajadores y lucharemos porque se haga justicia y se respete la ley.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

POLITICA MIGRATORIA

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Jaime Martínez Veloz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre la política migratoria mexicana, hasta por 10 minutos.

El diputado Jaime Cleofas Martínez Veloz:

Señora Presidenta; compañeras y compañeros legisladores:

Los atentados terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos, trastocaron gran parte de los referentes utilizados hasta antes de ese día para caracterizar la política internacional.

La política migratoria no es ni será la excepción, la capacidad de asombro se ha recuperado mediante un golpe terrible, estos atentados han ubicado en un segundo plano al tema migratorio en la agenda bilateral de México con los Estados Unidos, cuyas consecuencias en una primera instancia lo padecerán los paisanos que trabajan legal, ilegalmente y los miles que llegan todos los días a la frontera intentando cruzarla.

Una nueva guerra sin enemigos visibles, una inédita circunstancia bélica sin frentes une al mundo ante una realidad que seguramente inaugura una etapa de procesos impredecibles y donde se arriesga la estabilidad mundial y miles de vidas.

Si alguien entiende el dolor que hoy padece el pueblo norteamericano son los pueblos pobres como el nuestro, tan cercanos al llanto, la incertidumbre y la desesperanza, pero serán estos mismos pueblos los que sufran en un primer momento la jerarquización de las prioridades norteamericanas para las cuales el acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos ha dejado de ser una prioridad.

Por el nivel, volumen, grado, tipo e intensidad de relaciones políticas y económicas que México tiene con los Estados Unidos, los asuntos de competencia externa se ven especialmente alterados.

Aunque la migración de mexicanos a Estados Unidos tiene una larga historia, los problemas asociados a dicho tránsito de personas se han agudizado en los últimos años, el flujo migratorio ha aumentado constantemente.

Datos del censo de población revelan que entre enero de 1995 y febrero de 2000, más de 1 millón 500 mil mexicanos migraron internacionalmente, 96% de ellos fueron a Estados Unidos; a partir de 1994 el gobierno norteamericano reforzó progresivamente la vigilancia para detener el flujo de migrantes sin tener éxito hasta el momento con el incremento de la vigilancia en las zonas tradicionales de cruce.

El ingreso a Estados Unidos se ha extendido a puntos de alto riesgo para la vida de los migrantes, insisto, la migración no se ha detenido, sólo que hoy se ha hecho más riesgosa y solamente pasan aquellos que tienen la fuerza física necesaria y que garantizan estar aptos para las labores que requieren de nuestros paisanos en los procesos productivos norteamericanos.

La problemática migratoria significa en estos momentos una tarea prioritaria para el Estado mexicanos, los viejos paradigmas cayeron ante de las Torres Gemelas, pero las causas que originan la migración subsisten y se podrán agudizar más en caso de no tener la claridad necesaria y la acción conjunta que reclama la nación en este importante tema.

Como nunca antes en la historia universal moderna, México se enfrenta a la necesidad ineludible de definir su postura y el papel que deberá desempeñar en el futuro acontecer mundial.

En este terreno el Poder Legislativo no debe subestimar las nuevas condiciones internacionales. El Congreso de la Unión es el ámbito natural para lanzar una iniciativa política y legislativa para la política exterior del Estado mexicano. Ante esta circunstancia, el tema migratorio adquiere una alta relevancia en el diseño de la política exterior mexicana.

En el Siglo XXI —dicen los estudiosos—, será el siglo de las migraciones y nuestro continente no será la excepción y México mucho menos. El gasto que destina Estados Unidos para contener la migración es de 9 mil millones de dólares anuales. Los migrantes mexicanos aportan anualmente de 6 mil a 8 mil millones de dólares, a 1 millón de hogares mexicanos que se benefician con este dinero.

Los primeros resultados de los actos terroristas del 11 de septiembre se han dejado sentir en la frontera norte de México: desplome de la economía fronteriza, severa revisión migratoria, tensiones entre la población fronteriza y agentes migratorios norteamericanos, etcétera.

La interrelación y dependencia que en esta materia se vive en lo económico, se comporta también como una realidad sensible de gran impacto en los migrantes y en sus familias, sea que se queden aquí o los acompañen.

Tenemos frente a nosotros un prisma de casos a resolver y acciones que emprender, como es el de robo a los trabajadores migratorios por las empresas estadounidenses y mexicanas, que se quedan con grandes cantidades de dinero al cobrar un alto porcentaje por el envío de las remesas y al manipular la conversión de dólares a pesos, en donde Western Junior, Electra y Money Gram han despojado de importantes cantidades de dinero a nuestros connacionales en Estados Unidos.

Las políticas gubernamentales deben responder positivamente para regular un fenómeno en el que estamos inmersos; sin embargo, no se trata solamente de reuniones en la cumbre, sino en el reconocimiento de los partidos políticos, las autoridades y los ciudadanos para enfrentar los costos sociales de los flujos migratorios, tanto en lo estructural como en lo social, lo económico y lo cultural, pero si hemos sido reiterativos y acuciosos defensores de los derechos mexicanos en el extranjero, resulta necesario establecer el mismo nivel de congruencia en este tema con las personas migrantes que llegan a nuestro país.

No podemos tener dos varas para medir. Quienes llegan a nuestro país para buscar mejores condiciones de vida, o quienes están de paso en México por tratar de llegar a Estados Unidos, deben ser tratados en los mismos términos que demandamos el tratamiento de nuestros connacionales en Estados Unidos. El trato a los migrantes en México es un tema que adquiere una relevancia mayúscula. A este asunto poca importancia se le ha brindado, dado que pareciera tener un nivel secundario en nuestras relaciones con el exterior, lo cual no es admisible en ninguno de los escenarios de la política exterior mexicana.

Es urgente el establecimiento de una política puntual, que permita el tratamiento adecuado y respetuoso con la debida asistencia jurídica y social, para aquellas personas que tienen una situación irregular en materia migratoria en nuestro país. Construir un acuerdo migratorio con los países de Latinoamérica debe constituir uno de los temas importantes de la nueva agenda política migratoria mexicana.

Otro asunto del mismo calibre lo representa la migración interna de grupos mexicanos del sur que se desplazan a los campos agrícolas del norte con el propósito de encontrar el sustento para sus familias. Estos compatriotas por lo general llegan a lugares donde sus derechos laborales y sociales se encuentran muy lejos de lo que marcan las leyes de nuestro país. Son indocumentados en su propio país.

Compañeras y compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a consideración del pleno de esta Cámara el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Para que una vez analizado por las comisiones correspondientes del Congreso, se apruebe por esta Cámara de Diputados.

Primero. Se establezca un grupo de trabajo entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, para la construcción de una agenda común, la creación de una política migratoria de Estado, la elaboración de una ley nacional de migración y la revisión puntual de los programas y partidas presupuestales que tengan como finalidad el fortalecimiento de las acciones en esta materia.

Segundo. Se impulse por la vía del Parlatino una iniciativa política para formular un acuerdo latinoamericano en materia migratoria que fortalezca los vínculos entre los países de América Latina y preserve la actitud solidaria que el pueblo de México ha mantenido históricamente con los países latinoamericanos.

Tercero. Se concreta en este periodo legislativo las reformas legales que permitan a nuestros connacionales en Estados Unidos, mandar sus remesas familiares a México sin los altos costos de operación que actualmente tienen y los robos que sufren en la conversión de dólares a pesos.

Cuarto. Se constituye a la brevedad una subcomisión interna de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, una subcomisión de asuntos migratorios internos que atienda la problemática de aquellos compatriotas que por razones de trabajo y superación, se desplazan en territorio mexicano y que en muchos casos sufren las consecuencias de una política hostil hacia ellos por parte de autoridades de todos los niveles de gobierno.

Ya voy a terminar, señora Presidenta.

Compañeras y compañeros legisladores: en el diseño de una nueva política migratoria para México, el Congreso mexicano tiene la palabra. Ante esta circunstancia inédita no hay recetas, pero la unidad nacional, la voluntad de construir acuerdos entre todas las fuerzas y actores políticos, constituyen una base inicial para enfrentar en materia migratoria la nueva realidad de México y del mundo después del 11 de septiembre.

Atentamente.

Diputado Jaime Martínez Veloz y también lo suscribe el diputado José Manuel del Río Virgen, del Partido Convergencia Democrática.

Es cuanto.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública, y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

Túrnese el punto dos de la propuesta a la Comisión de Relaciones Exteriores.

COMARCA LAGUNERA

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Jesús de la Rosa Godoy, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que el Gobierno Federal adopte medidas de emergencia y presente un plan de desarrollo, ante el inminente colapso en la comarca lagunera.

El diputado Alfonso Guillermo Bravo y Mier (desde su curul):

Señora Presidenta.

La Presidenta:

Señor diputado.

Activen el sonido en la curul del diputado.

El diputado Alfonso Guillermo Bravo y Mier (desde su curul):

Con su permiso, señora Presidenta. El punto de acuerdo presentado por el diputado Martínez Veloz, que no es un punto de acuerdo sino un programa de trabajo, no puede ser mandado a la Comisión de Seguridad Publican ni a la de Relaciones, sino debe ser mandado a la comisión originalmente involucrada, que es la de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

La Presidenta:

Señor diputado, la política migratoria en nuestro país tiene como responsable al titular de la Secretaría de Gobernación, es una política que involucra medidas de carácter migratorio, así como medidas de otra índole. En primer lugar.

En segundo lugar, el inciso segundo del punto de acuerdo se refiere a la convocatoria, a la realización de una reunión internacional a través de un organismo multinacional de parlamementarios, como es el Parlatino, cuya relación formal con este Congreso lo tiene la Comisión de Relaciones Exteriores. Ese fue el motivo del turno que dimos, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Jesús de la Rosa Godoy.

El diputado Jesús de la Rosa Godoy 

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Hoy la región lagunera presenta una situación muy particular. Este periodo agrícola es uno de los más secos en los últimos 10 años, comparable acaso con el año de 1952, cuando se tienen registradas por la Comisión Nacional del Agua las lluvias más escasas en la historia de la cuenca del río Nazas.

Es indudable que el sobrecalentamiento del globo terráqueo y en general los fenómenos naturales a los que el mundo entero se enfrenta, no son ajenos para nuestro país ni mucho menos para la región lagunera, en donde el panorama actual del agro se torna por demás desolador.

Ningún fenómeno meteorológico importante ha impactado a la región de manera favorable, lo que trae como consecuencia que las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco, que se encuentran en el estado de Durango, estén prácticamente secas.

En el caso de la presa Lázaro Cárdenas, para ilustrar a la Asamblea, tiene aproximadamente almacenados en la actualidad 530 millones de metros cúbicos, cuando su capacidad es de 4 mil 500 millones de metros cúbicos.

La presa Francisco Zarco, cuya capacidad es de 438 millones de metros cúbicos, tiene actualmente almacenados 83 millones de metros cúbicos, lo que significa que se encuentran ambas presas actualmente con el 20% de su capacidad y sin ninguna esperanza, según los comentarios y los informes que la Comisión Nacional del Agua nos ha brindado, de mayores captaciones en lo que resta del año.

Estas presas en conjunto atienden a cerca de 33 mil 500 usuarios, de los cuales prácticamente 31 mil son ejidatarios y para mayor abundamiento, deseo comentar que en un ciclo agrícola normal, la presa puede abastecer cerca de 90 mil hectáreas, en promedio, para que cada ejidatario o usuario riegue entre dos y tres hectáreas.

En los últimos cinco años se ha implementado lo que se conoce como miniciclos agrícolas, que consta de dotar a cada ejidatario de 60 áreas para riego y se requieren para este ejercicio, un volumen de cuando menos de 780 millones de metros cúbicos.

Con la disponibilidad actual de las presas, solamente se puede abastecer 20 mil hectáreas, lo que significa atender cerca de 20 áreas, lo que no es ni siquiera media hectárea para cada ejidatario o para cada usuario de agua de riego.

A lo anterior debemos de sumarle que solamente el 65% del agua es aprovechable, ya que el 35% restante se evapora y se infiltra.

El desarrollo agropecuario de la zona, de la región lagunera, es la base principal de la economía, por lo que el fenómeno de esta sequía, se traduce en invaluables e irreparables pérdidas que afectarán, sin lugar a dudas, el desarrollo de la comarca.

Paradójicamente el próximo 6 de octubre celebramos en La Laguna el LXV aniversario del reparto agrario, acción que supuso una mejor calidad de vida para la clase campesina. Hoy, después de 65 años reconocemos la inquebrantable decisión de quien realizó este proceso histórico, de manera tal que nos condujo a la modernización de la agricultura y a la ganadería, proyecto que no sólo impulsó una acción a favor de los campesinos, sino de la economía nacional y por tanto de la población en su conjunto.

Pero no basta con recordar esa fecha, sino que es necesario dar continuidad a ese gran proyecto y convertirlo en acciones reales y eficaces para los campesinos de México. En tales circunstancias y considerando los fenómenos naturales que azotan a la región y que afectan a más de una población ya de por sí empobrecida y lastimada, nos resurge también la preocupación acerca del significado social y la importancia teórica de la reforma agraria, entendida como un proyecto de planeación rural cuyos propósitos sean la inserción de la población campesina en la dinámica económica y social a partir de la generación de empleos para una amplia capa de la población rural, desde la cual se podrá retomar la senda del desarrollo, así como darle un enfoque en este Siglo XXI, desde el cual debemos de mirar a la reforma agraria que no puede ser el de antaño, pues ésta no se constriñe únicamente a la simple tenencia de la tierra en nuestros días; debemos de darle otra orientación y ésta es precisamente aquella que concibe a la reforma agraria como un instrumento, que tiene como principal objetivo alcanzar mayor equidad y mayor justicia social.

Desde estos enfoques se desprende la idea central básica de que a la reforma agraria no se le puede seguir viendo como un objeto en sí misma, sino como un proceso dentro de cuyos objetivos destaque firmemente la incorporación campesina al desarrollo.

Compañeras y compañeros diputados: el sobrecalentamiento del globo terráqueo y en general los fenómenos naturales a los que el mundo entero se enfrenta, no son ajenos para nuestro país, particularmente para la región lagunera, en donde el panorama actual del agro se torna por demás desalentador.

Compañeros diputados: hoy la región lagunera presenta una situación particular, este periodo es uno de los más secos en los últimos 10 años, comparable acaso con el año de 1952, cuando se tienen registradas las lluvias más escasas en la historia de la cuenca del río Nazas.

Ningún fenómeno meteorológico importante ha impactado a la región de manera favorable, lo que tiene como consecuencia que las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco, que se encuentran en el Estado de Durango, se encuentren prácticamente secas.

En el caso de la presa Lázaro Cárdenas tiene apenas almacenados aproximadamente 530 millones de metros cúbicos, cuando su capacidad promedio es de 4 mil 500 millones y la Francisco Zarco tiene almacenados 83 millones 400 mil metros cúbicos y su capacidad es de 438 millones. Con relación al año pasado ambas presas han perdido aproximadamente 140 millones de metros cúbicos, lo que significa que se encuentran aproximadamente al 20% de su capacidad y sin ninguna esperanza de más captaciones en lo que resta del año.

Estas presas atienden a 33 mil 500 usuarios de los cuales prácticamente 31 mil son ejidatarios. En un ciclo normal la presa abastece 92 mil hectáreas de riego, en un promedio de tres hectáreas por ejidatario o usuario.

En los últimos cinco años, se ha implementado lo que se conoce como «miniciclos agrícolas» que consta de dotar a cada ejidatario de 0.60 hectáreas para riego y se requieren de cuando menos 780 millones de metros cúbicos. Actualmente con la disponibilidad actual sólo abastecen unas 20 mil hectáreas, lo que significa atender únicamente 0.20 hectáreas por usuario, lo que ni siquiera significa media hectárea por lo lo que resulta incosteable para cualquier agricultor.

A lo anterior debemos sumarle que solamente el 65% del agua es aprovechable, ya que el 35% restante se pierde, ya sea por filtración o por evaporación del líquido.

El desarrollo agropecuario de esta zona, es la base principal de la economía, por lo que el fenómeno de sequía se traduce en invaluables e irreparables perdidas que afectarán sin lugar a dudas el desarrollo de la comarca.

Paradójicamente, el próximo 6 de octubre celebramos el LXV aniversario del reparto agrario en la región lagunera, acción que supuso una mejor calidad de vida para la clase campesina.

Hoy después de 65 años, reconocemos la inquebrantable decisión de Lázaro Cárdenas al llevar a cabo la reforma agraria como proyecto de Estado, el cual, de manera natural, nos condujo a la modernización de la agricultura y la ganadería, proyecto que no sólo impulsó una acción en favor de los campesinos sino de la economía nacional y por lo tanto de la población en su conjunto.

Pero no basta con recordar esa fecha histórica, sino que es necesario darle continuidad a ese gran proyecto y convertirlo en acciones reales y eficaces a las y los campesinos.

En tales circunstancias y considerando los fenómenos naturales que azotan a la región y que afectan aún más a una población ya de por sí empobrecida y lastimada, resurge la preocupación acerca del significado social y la importancia teórica de la reforma agraria, entendida como un proyecto de planeación rural, cuyos propósitos sean la inserción de la población campesina en la dinámica económica y social a partir de la creación de empleo para una amplia capa de la población rural, desde la cual se podría retomar la senda del desarrollo; así, la reforma agraria nuevamente cobra importancia teórica, analítica y social, especialmente cuando el Gobierno se empeña en achacarle a la forma ejidal y comunal de tenencia de la tierra la crisis agrícola, cuando la verdadera causa es falta de recursos para la producción.

En el Siglo XXI, el enfoque desde el cual debemos mirar la reforma agraria, no puede ser el de antaño, pues esta no se constriñe únicamente a la simple tenencia de la tierra en nuestros días, debemos darle otra orientación y ésta es precisamente aquella que concibe a la reforma agraria como un instrumento que tiene como principal objetivo alcanzar mayor equidad y mayor justicia social.

Objetivo que no puede desviarse aunque las propias situaciones climáticas nos sean adversas porque éstas al igual que otras eventualidades deben preverse e incorporarse en los respectivos programas y en su planeación correspondiente.

Desde este enfoque, se desprende una idea central básica: a la reforma agraria no puede seguírsele viendo como un objetivo en sí misma, sino como un proceso de entre cuyos objetivos destaca la incorporación campesina al desarrollo.

Lo que implica en primer lugar, cumplir no solamente con las exigencias económicas relacionadas con el incremento de la productividad a cualquier costo, sino centralmente con la creación de puestos de trabajo, distribución del ingreso y finalmente con la obtención de excedentes para la formación de capital.

En segundo lugar, formula la posibilidad de transformación de un conjunto de aspectos sociales igualmente importantes, como la educación, la salud y la vivienda, hasta permitir que las masas campesinas marginadas se integren económica, social y políticamente con el resto de la sociedad, en una relación coherente, justa y sin discriminación.

En razón de la gravedad del fenómeno que está viviendo la comarca lagunera y sus lamentables consecuencias, reflejadas en el deterioro económico y social, que afecta a miles de familias campesinas, así como sus repercusiones a corto, mediano y largo plazos en el desarrollo integral de las entidades involucradas de su población.

Pero sobre todo considerando el espíritu social, que no podemos desdeñar y que nos han heredado las instituciones de la República y los movimientos de este país, es que los convoco y los invito, señores diputados y amigas diputadas, a que el día de hoy, para que desde nuestro respectivo ámbito de competencia, ayudemos a dar solución a esta problemática.

En este sentido y considerando la urgencia y gravedad de la situación por la que atraviesa la comarca lagunera, de Coahuila y de Durango, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Para que el Gobierno Federal, adopte medidas emergentes ante el inminente colapso agrícola, en la comarca lagunera. Considerando dos aspectos fundamentales:

Primero. Que se instrumente un programa laboral de emergencia, para que los trabajadores del campo en la región, puedan gozar de un salario y llevar a cabo una actividad alterna, durante el tiempo de enorme sequía, evitando así que se desencadenen otro tipo de problemas mayores, tales como la inmigración y las consecuencias negativas que esto implica.

Segundo. Que la Comisión de Recursos Hidráulicos de esta Cámara de Diputados, se traslade a la región en aras de entrar en contacto con las autoridades y los afectados, en busca de la mejor solución al problema.

Firman el presente documento los diputados coahuilenses: Miguel Arizpe, Marco Antonio Dávila, Claudio Bres, Benjamín Ayala, Francisco Cárdenas; Ricardo Garcia Cervantes, Jaime Martínez Veloz, Miguel Bortolini, Delfino Garcés Martínez, José Manuel del Río Virgen, Hortensia Enríquez, Timoteo Martínez, Julián Luzanilla, Efrén Leyva, Nabor Ojeda, Roberto Preciado, Samuel Aguilar, Jesús Orozco, Juan Leyva, María del Rosario Oros, Jesús Taracena, Julio César Vidal, Víctor Díaz Palacios, Simón Villar, Héctor Pineda, Rubén García Farías y Antonio Silva Beltrán.

Por su atención, señores diputados, muchas gracias.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado De la Rosa.

Sobre el mismo tema ha solicitado hacer el uso de la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Héctor González Reza, del grupo parlamentario de Acción Nacional.

Si, diputado Benjamín Ayala.

El diputado Benjamín Ayala Velázquez(desde su curul):

Para rectificar hechos solicito también la palabra señora Presidenta.

La Presidenta:

Como no diputado. Adelante señor diputado.

El diputado Héctor González Reza:

G racias, señora Presidenta; señores diputados:

El problema de la comarca lagunera no es distinto al que tenemos en más de la mitad del territorio nacional, no ha llovido, las presas están a la quinta parte de su capacidad y los acuíferos están sobreexplotados porque la extracción ha sido durante años mucho mayor que la recarga.

Como muchas otras, la región lagunera fue sobreconcesionada, no entremos ahora al detalle de si fue por imprevisión en el reparto agrario o por la mala administración del recurso hidráulico, pero lo cierto es que la poca agua disponible, ya ha sido repartida y no es usada con eficiencia.

Tal como los diputados de Acción Nacional lo señalamos durante la reciente comparecencia del Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales y ante funcionarios de la Comisión Nacional del Agua, es urgente hacer un uso eficiente de este recurso en la agricultura, por lo que lo es prioritario mejorar y modernizar la infraestructura de riego. Esto aquí deberá concentrarse el programa emergente de empleo, con el apoyo del Gobierno Federal, pero también del gobierno estatal.

Y éste debe ser un punto fundamental a considerar en la elaboración del presupuesto para el próximo año.

Nosotros, los diputados del Partido Acción Nacional, estamos en términos generales, de acuerdo con la proposición que acaba de hacer el señor diputado Jesús de la Rosa. Creemos que es urgente la atención sobre todas las zonas donde ha habido una mala planeación y donde las condiciones climáticas han sido adversas.

La vulnerabilidad en nuestro campo, de la que se ha dado cuenta en varias intervenciones de los últimos días, cada vez demanda mayores apoyos oficiales por la descapitalización del sector hidráulico.

Tomemos nota, diputados, junto con la conclusión de este punto de acuerdo, de que lo inaplazable es dotar de mayores recursos al Gobierno Federal para que pueda cumplir con oportunidad, con suficiencia las acciones inmediatas que reclama ya, desde hace muchos años el campo mexicano.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Benjamín Ayala Velázquez hasta por cinco minutos, para rectificar hechos.

El diputado Benjamín Ayala Velázquez:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras diputadas; compañeros diputados:

De todos es conocido que la disponibilidad del agua está compuesta por dos condiciones particulares: la primera es el escurrimiento superficial y la segunda el agua del subsuelo, conocido como manto freático o acuífero. Ambas características no se han presentado en nuestra región y como consecuencia, seguimos padeciendo una sequía severa en perjuicio de las actividades productivas y de la propia población de la comarca lagunera.

Tomando en consideración y de acuerdo con los datos proporcionados por la Comisión Nacional del Agua en que las sequías son fenómenos recurrentes que se presentan en promedio cada 10 años y con una duración de uno a tres años consecutivos, vemos con extrema preocupación que el periodo crítico en la comarca lagunera inició a partir de 1993; sin lugar a dudas esta agobiante carencia del vital líquido perdurará hasta el año 2003, tiempo en el cual habrá de padecer la agricultura y la población de la comarca lagunera este fenómeno sin precedente.

El manejo del recurso agua se ha hecho complejo y conflictivo y además se agrava por los fenómenos extraordinarios como la sequía, aunado al desequilibrio permanente entre disponibilidad y demanda de agua, al registrarse escurrimientos pluviales irregulares e insuficientes.

La política hidráulica en México, debe estar orientada a garantizar la disponibilidad del agua para satisfacer las necesidades de la población e impulsar el desarrollo de las actividades económicas de manera compatible con las capacidades ambientales de cada región.

Parece ser que aún no hemos tenido la capacidad suficiente para promover la conservación y restauración de nuestro ecosistema en la comarca lagunera; pero lo más lamentable es que no hemos podido hacer gobierno y sociedad juntos, un buen aprovechamiento sustentable de este recurso.

Nosotros en la comarca nos decimos "vencedores del desierto"; queremos seguir venciendo al desierto con la prevención necesaria para lograrlo.

Por todo ello nos sumamos a la propuesta con punto de acuerdo presentada por el diputado Jesús de la Rosa Godoy, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional ante esta soberanía, solicitando añadir dos aspectos en este punto de acuerdo que a mi juicio son de suma importancia:

Número uno, que en su momento se utilice el presupuesto de fondos de desastres para atender la problemática derivada del fenómeno climático por el que atraviesa nuestra región.

Dos, que el presupuesto asignado a los programas destinados al campo en dicha zona, sean utilizados en nuevos programas emergentes y dirigidos a los verdaderos productores agrícolas.

Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

Se pregunta al diputado De la Rosa, presentador de la proposición, si no tiene inconveniente en añadir los puntos a los que hizo refrencia el diputado Benjamín Ayala, al texto de su propuesta.

El diputado Jesús de la Rosa Godoy

Adelante, señora Presidenta. No hay inconveniente.

La Presidenta:

Manifiesta su disposición.

Túrnese a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Social.

PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

La Presidenta:

Tiene la palabra la diputada Araceli Domínguez Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo, sobre la expedición de comprobantes fiscales para los pequeños contribuyentes.

La diputada María Luisa Araceli Domínguez Ramírez:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

A través de las distintas reformas a la Miscelánea Fiscal, contenidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta y en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, específicamente para el caso del régimen fiscal de pequeños contribuyentes, se les disminuye el límite para poder tributar bajo este esquema.

La reforma de referencia establece que exclusivamente quienes enajenen bienes o presten servicios al público en general, podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta, como pequeños contribuyentes. Esto, implica que los comprobantes que emitan, no son deducibles por no tener todos los requisos fiscales, ocasionando una reducción respecto al número de personas que se ajustan a dicho régimen, con la consecuente pérdida de beneficios. Es decir, en el momento en que los pequeños contribuyentes emiten facturas con IVA desglosado, automáticamente pasan al régimen general con todas las obligaciones inherentes, lo cual perjudica seriamente al sector de la micro y pequeña empresas principalmente.

Debe destacarse que en su momento, estas reformas se consideró adecuada para enfrentar la evasión fiscal de algunas empresas no representativas del sector, las cuales se inscribieron en dicho régimen para obtener ventajas.

CONSIDERANDOS

1o. Con base en los censos económicos del INEGI, se estima que en México existen 2 millones 900 mil establecimientos, de los cuales el 99% corresponden a las micro y pequeña empresas.

2o. Que estas empresas constituyen un sector estratégico para el desarrollo económico y social del país, ya que contribuyen con el 40% de la inversión y el PIB nacional y generan el 64% de los empleos.

3o. El sector enfrenta graves problemas de acceso a fuentes de financiamiento, capacitación de sus recursos humanos, participación limitada al comercio exterior, falta de tecnología e innovación de procesos y poca vinculación con el sector académico.

4o. Que la contribución en el régimen general es excesivamente onerosa para las posiblidades de estos pequeños contribuyentes, entorpeciendo su desarrollo.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Asamblea, el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Primero. En ocasión de la reforma hacendaria presentada por el Ejecutivo Federal, se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revise el régimen tributario dirigido a los pequeños contribuyentes.

Segundo. Que las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Comercio y Fomento Industrial estudien la posibilidad de introducir una reforma a la Ley del Impuesto al Valor Agregado y a la Ley del Impuesto sobre la Renta, a fin de encontrar el mecanismo adecuado a las necesidades de dichos contribuyentes para lograr un esquema favorable.

Gracias. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta:

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El diputado Samuel Aguilar Solís(desde su curul):

Solicito la palabra.

La Presidenta:

¿Con qué objeto, señor diputado?

El diputado Samuel Aguilar Solís

Señora Presidenta, con objeto de solicitarle respetuosamente que conforme a Reglamento, haga la verificación de quorum.

QUORUM

La Presidenta:

Solicito a la Secretaría dé lectura al artículo 106 del Reglamento.

El secretario Adrián Rivera Pérez:

Artículo 106 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. Si durante el curso de una sesión alguno de los miembros de la Cámara reclamara el quorum y la falta de éste fuera verdaderamente notoria, bastará una simple declaración del Presidente de la Cámara sobre el particular para levantar la sesión; en todo caso y cuando la dicha falta de quorum sea dudosa, deberá procederse a pasar lista y comprobada aquélla, se levantará la sesión.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

Aunque a juicio de esta Presidencia es notoria la falta de quorum, dado lo interesantemente cuestionada de esta sesión, le ruego a la Secretaría gire instrucciones para que se prenda el registro electrónico, por tres minutos, para verificar si hay quorum.

El secretario Adrián Rivera Pérez:

Se instruye que se abra el registro electrónico para verificación de quorum, hasta por tres minutos.

La Presidenta:

Diputado Salazar: ¿Quiere hacer uso de la palabra?

El diputado Jaime Salazar Silva (desde su curul):

Sí.

La Presidenta:

Estamos en proceso de votación, diputado, sólo que sea sobre el trámite. Si no es sobre el trámite no procede.

Señor Secretario: cierre el sistema electrónico.

El secretario Adrián Rivera Pérez:

Ciérrese el sistema electrónico.

Diputados: Enrique Villa Preciado, Joel Vilches Mares y Juvenal Vidrio Rodríguez.

La Presidenta:

Informe la Secretaría el resultado.

El secretario Adrián Rivera Pérez:

Señora Presidenta: informamos que hay una asistencia de 198 diputados.

La Presidenta:

En tal virtud, no existe quorum. Se levanta la sesión.

El diputado David Rodríguez.

El diputado David Rodríguez Torres(desde su curul):

Gracias, señora Presidenta. Nada más para hacer la siguiente propuesta:

De acuerdo al Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos, en su artículo 45, estoy solicitando que se aplique ese artículo, que señala lo siguiente: "se considerará ausente de una sesión a quien no esté presente al pasarse lista; si después de ella hubiera alguna votación nominal y no se encontrare presente, también se considerará como faltante".

Gracias.

La Presidenta:

Diputado: la referencia al artículo a que usted ha dado lectura nos evidencia la necesidad de hacer un esfuerzo de revisión de la Ley Orgánica y el Reglamento para que haya congruencia entre sus ordenamientos.

El artículo 106, el artículo 112 y la práctica parlamentaria han señalado en reiteradas ocasiones que cuando hay una solicitud de verificación de quorum y éste es evidente que no está reunido, el Presidente tiene facultades para levantar la sesión.

En esa virtud y dado de que es evidente la falta de quorum, esta Presidencia aplica los criterios que establece el artículo 112 y el artículo 106.

Se levanta la sesión y se cita para la que se llevará a cabo el próximo martes.

Diputado Jaime Salazar. Sí, diputado, si es por procedimiento.

El diputado Jaime Salazar Silva (desde su curul)

Para efectos de precisamente lo que acaba de señalar el diputado en su intervención inmediata, también solicitaría que se aplicase el acuerdo correspondiente del descuento nominal al diputado que no hubiese estado presente en esta votación.

La Presidenta:

Señor diputado: esta mesa directiva procesará con mucho gusto su solicitud. Le ruego nos la presente formalmente por escrito.

Diputado Gómez Villanueva: ¿Quería usted hacer uso de la palabra?

El diputado Augusto Gómez Villanueva

Perdón, simplemente porque ya se ha votado, pedirle que en todo caso si ya se determinó que no hay quorum, pues que se levante la sesión.

Gracias.

CLAUSURA Y CITATORIO

La Presidenta (a las 19:14 horas):

Esta Presidencia ratifica que en función del número de diputados presentes en el recinto no hay quorum.

Por lo tanto, se levanta la sesión y se cita para la que se llevará a cabo el próximo martes, a las 10:00 de la mañana.

RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 7 horas 25 minutos.

Quorum a la apertura de sesión: 286 diputados.

• Asistencia al cierre de registro: 432 diputados.

• Asistencia por la que se declara falta de quorum y se levanta la sesión: 198 diputados.

• Efemérides: 3.

• Proposiciones puntos de acuerdo: 6.

• Acuerdos aprobados: 2.

• Oradores en tribuna: 48.

PRI–11; PAN–13; PRD–16; PVEM–2; PT– 5; CDPPN–1.

Se recibió:

• 4 comunicaciones de los congresos de los estados de: Chiapas, México, San Luis Potosí y Zacatecas;

• 4 comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, con las que informa de cambios e incorporaciones de integrantes en diversas comisiones legislativas;

• 1 comunicación de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, por la que solicita el permiso constitucional necesario para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Congreso de la República de Guatemala;

• 1 comunicación de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, por la que solicita ampliar el plazo establecido por la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el 20 de septiembre de 2001, para elaborar el dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación;

• 1 oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite acuerdo sobre el sector piñero nacional;

• 5 iniciativas del Ejecutivo;

• 2 oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita los permisos constitucionales necesarios para que dos ciudadanos, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de la República de Corea;

• 3 iniciativas del PRD;

• 1 iniciativa del PT;

• 1 iniciativa del PAN;

• 1 oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta con proyecto de decreto por el que se autoriza al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del país del 10 al 22 de octubre de 2001, a efecto de realizar visitas de Estado a la República Checa y al Reino de España; visitas oficiales a la República de Italia; a la Santa Sede; a Hamburgo, Alemania y a Toulouse, Francia; así como para asistir a la IX Reunión Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, en Shanghai, República Popular China.

Dictámenes aprobados:

• 1 de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a dos ciudadanos, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros;

• 1 de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a fin de incluir el Premio Nacional de Protección Civil;

• 1 de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Protección Civil, a fin de que una parte de los recursos del Fondo de Desastres Naturales sea utilizada para acciones de carácter preventivo;

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA PRESENTE SESION

(en orden alfabético)

Diputado

• Alcocer Flores, Juan (PAN)

Tema

Castillo de Chapultepec, respecto a la realización del concierto de Elton John en el Castillo de Chapultepec.

 • Alvarez Bernal, María Elena (PAN)

Ley General de Salud, presenta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un Capítulo VIII, denominado salud del adulto mayor, al Título Tercero de dicha ley.

 • Aragón Castillo, Hortensia (PRD)

Estados Unidos de América, sobre prórroga para la renovación de tarjetas fronterizas.

 • Ayala Velázquez, Benjamín (PRI)

Comarca lagunera, para que el Gobierno Federal adopte medidas de emergencia y presente un plan de desarrollo, ante el eminente colapso en la Comarca Lagunera. Quien propone adiciones al punto de acuerdo.

    • Barbosa Huerta, Luis Miguel Gerónimo (PRD)

Ley de Protección al Usuario de los Servicios de Salud, presenta iniciativa con proyecto de dicha ley.

  Barbosa Huerta, Luis Miguel Gerónimo (PRD), en dos ocasiones.

Castillo de Chapultepec, respecto a la realización del concierto de Elton John en el Castillo de Chapultepec.

• Batres Guadarrama, Martí (PRD)

Castillo de Chapultepec, respecto a la realización del concierto de Elton John en el Castillo de Chapultepec.

  • Calderón Hinojosa, Felipe de Jesús (PAN)

Castillo de Chapultepec, respecto a la realización del concierto de Elton John en el Castillo de Chapultepec.

 • Candiani Galaz, Mauricio Enrique (PAN)

Castillo de Chapultepec, respecto a la realización del concierto de Elton John en el Castillo de Chapultepec.

 • Cervantes Rivera, Jaime (PT)

Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, dictamen de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se reforma dicha ley, a fin de incluir el Premio Nacional de Protección Civil.

   • Cervantes Rivera, Jaime (PT)

Plan de San Luis, sobre el XCI aniversario de su promulgación.

 • Cota Montaño, Rosa Delia (PT) Constitución de 1824, sobre el CLXXVII aniversario de su promulgación.
• Cruz Blackledge, Gina Andrea (PAN)

Estados Unidos de América, sobre prórroga para la renovación de tarjetas fronterizas

• De la Rosa Godoy, Jesús (PRI)

Comarca lagunera, presenta proposición con punto de acuerdo para que el Gobierno Federal adopte medidas de emergencia y presente un plan de desarrollo, ante el eminente colapso en la comarca lagunera.

• Del Río Virgen, José Manuel (CDPPN)

Trabajos legislativos, presenta proposición con punto de acuerdo sobre la igualdad de los diputados en los trabajos legislativos

• Dip Rame, Elías (PRI)

Estados Unidos de América, presenta proposición con punto de acuerdo, sobre prórroga para la renovación de tarjetas fronterizas.

 • Domínguez Ramírez, Araceli (PRI)

Pequeños contribuyentes, presenta proposición con punto de acuerdo, sobre el régimen tributario dirigido a los pequeños contribuyentes.

• Escobar y Vega, Arturo (PVEM)

Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, dictamen de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se reforma dicha ley, a fin de incluir el Premio Nacional de Protección Civil.

 • Escobar y Vega, Arturo (PVEM)

Ley General de Protección Civil, dictamen de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se reforma dicha ley, a fin de que una parte de los recursos del Fondo de Desastres Naturales, sea utilizada para acciones de carácter preventivo.

• Espadas Ancona, Uuc-kib (PRD) en dos ocasiones

Castillo de Chapultepec, respecto a la realización del concierto de Elton John en el Castillo de Chapultepec.

• Fayad Meneses, Omar (PRI)

Empresa Dina, presenta proposición con punto de acuerdo en relación con la situación de los trabajadores de la empresa Dina Camiones y Dina Composites.

• Fuentes Domínguez, Roberto (PRI)

Belisario Domínguez, sobre el LXXXVIII aniversario luctuoso.

• García Dávila, Víctor Antonio (PT)

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presenta iniciativa con proyecto de decreto que deroga la fracción X-bis del artículo 34, pasando a ser fracción VIII del artículo 32, actualmente derogada, de dicha ley, respecto al Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad.

• González Reza, Héctor (PAN)

Comarca lagunera, para que el Gobierno Federal adopte medidas de emergencia y presente un plan de desarrollo, ante el eminente colapso en la comarca lagunera.

 • Grande López, Beatriz Guadalupe (PAN)

Plan de San Luis, sobre el XCI aniversario de su promulgación.

• Hernández Estrada, Lorenzo Rafael (PRD)

Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, dictamen de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se reforma dicha ley, a fin de incluir el Premio Nacional de Protección Civil.

• Hernández Estrada, Lorenzo Rafael (PRD)

Ley General de Protección Civil, dictamen de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se reforma dicha ley, a fin de que una parte de los recursos del Fondo de Desastres Naturales, sea utilizada para acciones de carácter preventivo. Fundamenta el dictamen.

• Hernández Hilaria, Justino (PRI)

Plan de San Luis, sobre el XCI aniversario de su promulgación.

• Lara Rivera, Jorge Alberto (PAN) en dos ocasiones

Castillo de Chapultepec, respecto a la realización del concierto de Elton John en el Castillo de Chapultepec.

• Magallanes Rodríguez, José Antonio (PRD)

Ley del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, presenta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 62-bis de dicha ley.

• Martínez Rufino, Elías (PRD) en dos ocasiones

Castillo de Chapultepec, presenta proposición con punto de acuerdo, relativo a la realización del concierto de Elton John en el Castillo de Chapultepec.

• Martínez Veloz, Jaime Cleofas (PRI)

Política migratoria, presenta proposición con punto de acuerdo sobre la política migratoria mexicana.

• Meixueiro González, Angel Artemio (PRI)

Constitución de 1824, sobre el CLXXVII aniversario de su promulgación.

• Mireles Pérez, Rodrigo David (PAN)

Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, dictamen de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se reforma dicha ley, a fin de incluir el Premio Nacional de Protección Civil.

• Moreno Bastida, Ricardo (PRD) Castillo de Chapultepec, respecto a la realización del concierto de Elton John en el Castillo de Chapultepec.
• Narro Céspedes, José (PT)

Ley General de Protección Civil, dictamen de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se reforma dicha ley, a fin de que una parte de los recursos del Fondo de Desastres Naturales, sea utilizada para acciones de carácter preventivo.

 • Patiño Cardona, Francisco (PRD)

Empresa Dina, en relación con la situación de los trabajadores de la empresa Dina Camiones y Dina Composites.

• Sánchez López, Héctor (PRD)

Belisario Domínguez, sobre el LXXXVIII aniversario luctuoso.

• Sánchez Rodríguez, Alfonso (PAN)

Empresa Dina, en relación con la situación de los trabajadores de la empresa Dina Camiones y Dina Composites.

• Sandoval Ochoa, Jorge Esteban (PRI)

Ley General de Protección Civil, dictamen de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se reforma dicha ley, a fin de que una parte de los recursos del Fondo de Desastres Naturales, sea utilizada para acciones de carácter preventivo.

• Torres Mercado, Tomás (PRD)

Castillo de Chapultepec, respecto a la realización del concierto de Elton John en el Castillo de Chapultepec.

• Urías Germán, Gregorio (PRD)

Voto de mexicanos en el extranjero, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 52, 53, 54, 55, 56 y 60 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y adiciona el Libro Noveno al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

• Vaca Betancourt Bretón, José Sergio Rodolfo (PAN)

Castillo de Chapultepec, respecto a la realización del concierto de Elton John en el Castillo de Chapultepec.

• Vázquez Castillo, Jaime (PRI)

Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, dictamen de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se reforma dicha ley, a fin de incluir el Premio Nacional de Protección Civil. Fundamenta el dictamen.

• Villarreal Castro, Néstor (PAN) Ley General de Protección Civil, dictamen de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se reforma dicha ley, a fin de que una parte de los recursos del Fondo de Desastres Naturales, sea utilizada para acciones de carácter preventivo.

NOTAS

Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición:

CD

Disco compacto (por las siglas en inglés)

Cofipe

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Conapo

Consejo Nacional de Población

D.F.

Distrito Federal

DIF

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

Dina

Diesel Nacional

Fobaproa

Fondo Bancario de Protección al Ahorro

Fonden

Fondo de Desastres Naturales

INAH

Instituto Nacional de Antropología e Historia

INBA

Instituto Nacional de Bellas Artes

INEGI

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática

IPAB

Instituto de Protección al Ahorro Bancario

IVA

Impuesto al valor agregado

Liconsa

Leche Industrializada de la Compañía Nacional de Subsistencias

PAN

Partido Acción Nacional

Parlatino

Parlamento Latinoamericano

PIB

Producto interno bruto

PRD

Partido de la Revolución Democrática

PRI

Partido Revolucionario Institucional

Procampo

Programa de Apoyos Directos al Campo

PT

Partido del Trabajo

Udis

Unidades de inversión

         UNAM Universidad Nacional Autónoma de México