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CONSIDERACIONES
1. La Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, en la sección relativa a las comisiones ordinarias de la
Cámara de Diputados, se refiere a la Comisión de Vigilancia, pero del órgano
anteriormente llamado Contaduría Mayor de Hacienda.
2. La actividad de las comisiones
ordinarias está relacionada con las diferentes ramas de la administración pública, con
tareas específicas del Congreso, así como la atención de diversos asuntos del acontecer
nacional; de ahí que la denominación de las mismas tenga concordancia con la
nomenclatura de las actividades del Estado, sin que ello signifique menoscabo de la
independencia de los poderes.
3. La coincidencia en la denominación
propicia un mayor acercamiento y desarrollo de relaciones y vínculos entre los
legisladores, funcionarios públicos y ciudadanía. Esto favorece la coordinación y la
colaboración entre los poderes de la Unión, así como la atención de los problemas y
necesidades de los mexicanos.
4. Esta comisión considera procedente la
iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, para adecuar la terminología de ésta a la que emplea la Ley de Fiscalización
Superior de la Federación.
5. Es procedente que la comisión ordinaria
encargada de las tareas antes mencionadas se denomine: "Comisión de Vigilancia de la
Auditoría Superior de la Federación".
Como resultado de los razonamientos
expuestos en el presente dictamen, esta Comisión de Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias se permite someter a la consideración del pleno de la Cámara de
Diputados, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Que reforma el artículo 40 numeral 4, de
la Ley Orgánica, del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo único. Se reforma el
artículo 40 numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, para quedar como sigue:
"Artículo 40. . .
1 a 3. . .
4. La Comisión de Vigilancia de la
Auditoría Superior de la Federación realiza las tareas que le marca la Constitución y
la correspondiente ley reglamentaria.
5. . ."
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de
octubre de 2001.— Por la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.—
Diputados: Augusto Gómez Villanueva, presidente; Jesús Alí de la Torre,
Sergio R. Vaca Betancourt Bretón, Miguel Angel Martínez Cruz y Diego Cobo
Terrazas, secretarios; Eduardo Andrade Sánchez, Manuel Garza González, Gustavo
Nabor Ojeda Delgado, Juan Manuel Martínez Nava, Rafael Rodríguez Barrera, Omar Fayad
Meneses, Francisco Javier Chico Goerne, Fanny Arellanes Cervantes, Jaime Salazar Silva,
José de Jesús Hurtado Torres, José de Jesús López Sandoval, Edgar Eduardo Alvarado
García, Lorenzo Rafael Hernández Estrada, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta y Ricardo
Moreno Bastida.»
La Presidenta:
Gracias, señor Secretario.
Es de primera lectura.
ASISTENCIA
(II)
La Presidenta:
Señor Secretario, le ruego dar cuenta con
el registro electrónico de asistencia e instruir su cierre.
1403,1404,1405
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
Por instrucciones de la Presidencia
hacemos constar que se encuentran 390 diputados presentes.
Ciérrese el sistema electrónico.
La Presidenta:
Gracias, señora diputada.
Los siguientes puntos del orden del día
son los dictámenes relativos a las solicitudes de permiso de los ciudadanos: Teodoro
Amerlick y Zirión, Juan Antonio Mateos Cicero, Gerardo Clemente Ricardo Vega García,
Carlos Hurtado López, Eduardo Alberto Henkel y Pérez Castro, Angélica María Careaga
Mercadillo, Ricardo Ríos Cárdenas, Enrique Vilatela Riba, Ramiro Ayala Muñiz y Benito
Andión Sancho, para aceptar y usar condecoraciones de gobiernos extranjeros; Rodrigo
Solana Esposito, Concepción Isabel Pérez Mares y Josefina Zúñiga Vega, para prestar
servicios a gobiernos extranjeros.
CONDECORACIONES
(II)
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública.
Honorable Asamblea: a la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen,
el expediente con la solicitud de permiso constitucional para que los ciudadanos Teodoro
Amerlinck y Zirión y Juan Antonio Mateos Cicero, puedan aceptar y usar las
condecoraciones de la Orden Antonio José de Irisarri, en Grado de Comendador y la Orden
de Heung-In, en Segundo Grado, que les confieren los gobiernos de las repúblicas de
Guatemala y de Corea, respectivamente.
La comisión considera cumplidos los
requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de
acuerdo con lo que establece la fracción III del artículo 37 constitucional y el
artículo 60 segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de la
honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede
permiso al ingeniero Teodoro Amerlinck y Zirión, para aceptar y usar la condecoración de
la Orden Antonio José de Irisarri, en Grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de
la República de Guatemala.
Artículo Segundo. Se concede
permiso al licenciado Juan Antonio Mateos Cicero, para aceptar y usar la condecoración de
la Orden Heung-In, en Segundo Grado, que le confiere el Gobierno de la República de
Corea.
Sala de comisiones de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 10 de octubre de
2001.— Diputados: Armando Salinas Torre, presidente; José A. Hernández
Fraguas, Víctor M. Gandarilla Carrasco, José G. Anaya Llamas; Luis Miguel G. Barbosa
Huerta, secretarios; Manuel Añorve Baños, José Francisco Blake Mora, Tomás
Coronado Olmos, Omar Fayad Meneses, Ricardo Francisco García Cervantes, Arturo Escobar y
Vega, María Teresa Gómez Mont, Federico Granja Ricalde, Lorenzo Rafael Hernández
Estrada, Efrén Nicolás Leyva Acevedo, Miguel Angel Martínez Cruz, Rodrigo David Mireles
Pérez, José Narro Céspedes; Ricardo A. Ocampo Fernández, Fernando Ortiz Arana, Germán
Arturo Pellegrini Pérez, José de Jesús Reyna García, Eduardo Rivera Pérez, Jorge
Esteban Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago Ramírez, David Augusto Sotelo Rosas,
Ricardo Torres Origel, Jaime Vázquez Castillo, Néstor Villarreal Castro y Roberto
Zavala Echavarría.»
Es de primera lectura.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública.
Honorable Asamblea: a la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen
el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el
permiso constitucional necesario para que el general Gerardo Clemente Ricardo Vega
García, pueda aceptar y usar la medalla "Gran Cruz de la Victoria", que le
confiere el gobierno de la República de Chile, la que le será impuesta por el teniente
general Ricardo Izurieta Caffarena, comandante en jefe del ejército de Chile.
La comisión considera cumplidos los
requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de
acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C, del artículo 37 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la
aprobación de la Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único, Se concede permiso
al general Gerardo Clemente Ricardo Vega García, para aceptar y usar la medalla
"Gran Cruz de la Victoria", que le confiere el gobierno de la República de
Chile, la que será impuesta por el teniente general Ricardo Izurieta Caffarena,
comandante en jefe del ejército de Chile.
Sala de comisiones de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 10 de octubre de
2001.— Diputados: Armando Salinas Torre, presidente; José A. Hernández
Fraguas, Víctor M. Gandarilla Carrasco, José G. Anaya Llamas; Luis Miguel G. Barbosa
Huerta, secretarios; Manuel Añorve Baños; José Francisco Blake Mora, Tomás
Coronado Olmos, Omar Fayad Meneses, Ricardo Francisco García Cervantes, Arturo Escobar y
Vega, María Teresa Gómez Mont y Urueta, Federico Granja Ricalde, Lorenzo Rafael
Hernández Estrada, Efrén Nicolás Leyva Acevedo, Miguel Angel Martínez Cruz, Rodrigo
David Mireles Pérez, José Narro Céspedes; Ricardo A. Ocampo Fernández, Fernando Ortiz
Arana, Germán Arturo Pellegrini Pérez, José de Jesús Reyna García, Eduardo Rivera
Pérez, Jorge Esteban Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago Ramírez, David Augusto
Sotelo Rosas, Ricardo Torres Origel, Jaime Vázquez Castillo, Néstor Villarreal Castro y
Roberto Zavala Echavarría.»
Es de primera lectura.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública.
Honorable Asamblea: a la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen
el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso a los ciudadanos
Carlos Hurtado López, Eduardo Alberto Henkel y Pérez Castro, Angélica María Careaga
Mercadillo, Ricardo Ríos Cárdenas, Enrique Vilatela Riba, Ramiro Ayala Muñiz y Benito
Andión Sancho, para aceptar y usar condecoraciones, que en diferentes grados les
confieren los gobiernos de las repúblicas de Colombia, Singapur, Reino Unido de la Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, Rumania y Honduras.
La comisión considera cumplidos los
requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de
acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C de los artículos 37
constitucional y 60 segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de
la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede
permiso al ciudadano Carlos Hurtado López, para aceptar y usar la condecoración de la
Orden Nacional al Mérito, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la
República de Colombia.
Artículo segundo. Se concede
permiso al ciudadano Eduardo Alberto Henkel y Pérez Castro, para aceptar y usar la
condecoración de la Estrella al Servicio Público, que le confiere el gobierno de la
República de Singapur.
Artículo tercero. Se concede
permiso a la ciudadana Angélica María Careaga Mercadillo, para aceptar y usar la
condecoración de la Orden del Imperio Británico, en grado de miembro, que le confiere el
gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Artículo cuarto. Se concede permiso
al ciudadano Ricardo Ríos Cárdenas, para aceptar y usar la condecoración de la Orden
del Servicio Leal, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de Rumania.
Artículo quinto. Se concede permiso
al ciudadano Enrique Vilatela Riba, para aceptar y usar la condecoración de la Orden
Nacional al Mérito, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República
de Colombia.
Artículo sexto. Se concede permiso
al ciudadano Ramiro Ayala Muñiz, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la
Democracia Simón Bolívar, que le confiere el Gobierno de la República de Colombia.
Artículo séptimo. Se concede
permiso al ciudadano Benito Andión Sancho, para aceptar y usar la condecoración de la
Orden de Francisco Morazán, en grado de Gran Cruz Placa de Plata, que le confiere el
Gobierno de la República de Honduras.
Sala de comisiones de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 10 de octubre de
2001.— Diputados: Armando Salinas Torre, presidente; J. Antonio Hernández
Fraguas, Víctor Manuel Gandarilla Carrasco, José Guillermo Anaya Llamas, Luis Miguel
Barbosa Huerta, secretarios; Manuel Añorve Baños, José Francisco Blake Mora,
Tomás Coronado Olmos, Omar Fayad Meneses, Ricardo Francisco García Cervantes, Arturo
Escobar y Vega, María Teresa Goméz Mont y Urueta, Federico Granja Ricalde, Lorenzo
Rafael Hernández Estrada, Efrén Leyva Acevedo, Miguel Angel Martínez Cruz, Rodrigo
David Mireles Pérez, José Narro Céspedes, Ricardo Augusto Ocampo Fernández, Fernando
Ortiz Arana, Germán Pellegrini Pérez, José de Jesús Reyna García, Eduardo Rivera
Pérez, Jorge Esteban Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago Ramírez, David Augusto
Sotelo Rosas, Ricardo Torres Origel, Jaime Vázquez Castillo, Néstor Villarreal Castro y
Roberto Zavala Echavarría.»
Es de primera lectura.
REINO
DE ESPAÑA
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 2
de octubre del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta
proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Rodrigo Solana Esposito, para
desempeñar el cargo de cónsul honorario de España, en la ciudad de Hermosillo, con
circunscripción consular en el Estado de Sonora.
En sesión efectuada por la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 9 de octubre, se turnó a la suscrita
comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su
nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el propio
solicitante prestará al gobierno de España, serán de carácter estrictamente consular y
c) Que la solicitud se ajusta a lo
establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite
someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso
al ciudadano Rodrigo Solana Esposito, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul
honorario de España, en la ciudad de Hermosillo, con circunscripción consular en el
Estado de Sonora.
Sala de comisiones de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 10 de octubre de
2001.— Diputados: Armando Salinas Torre, presidente; J. Antonio Hernández
Fraguas, Víctor Manuel Gandarilla Carrasco, José Guillermo Anaya Llamas, Luis Miguel
Jerónimo Barbosa Huerta, secretarios; Manuel Añorve Baños, José Francisco Blake
Mora, Tomás Coronado Olmos, Omar Fayad Meneses, Ricardo Francisco García Cervantes,
Arturo Escobar y Vega, María Teresa Gómez Mont y Urueta, Federico Granja Ricalde,
Lorenzo Rafael Hernández Estrada, Efrén Leyva Acevedo, Miguel Angel Martínez Cruz,
Rodrigo David Mireles Pérez, José Narro Céspedes, Ricardo Augusto Ocampo Fernández,
Fernando Ortiz Arana, Germán Arturo Pellegrini Pérez, José de Jesús Reyna García,
Eduardo Rivera Pérez, Jorge Esteban Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago Ramírez,
David Augusto Sotelo Rosas, Ricardo Torres Origel, Jaime Vázquez Castillo, Néstor
Villarreal Castro y Roberto Zavala Echavarría.»
Es de primera lectura.
REPUBLICA
DE COSTA RICA
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública.
1406,1407,1408
Honorable Asamblea: en oficio de fecha 2 de
octubre de 2001, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de
decreto, que concede permiso a las ciudadanas: Concepción Isabel Pérez Mares y Josefina
Zúñiga Vega, para prestar servicios como auxiliar de telefonista y auxiliar de limpieza,
en la Embajada de Costa Rica en México, respectivamente.
En sesión celebrada por la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 9 de octubre del año en curso, se
turnó, a la suscrita comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que las peticionarias acreditan su
nacionalidad mexicana, con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que las propias
interesadas prestarán en la Embajada de Costa Rica en México, serán de carácter
administrativo y
c) Que las solicitudes se ajustan a lo
establecido en la fracción II, del apartado C de los artículos 37 constitucional y 60,
segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta comisión se permite
someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede
permiso a la ciudadana Concepción Isabel Pérez Mares, para prestar servicios como
auxiliar de telefonista, en la Embajada de Costa Rica en México.
Artículo segundo. Se concede
permiso a la ciudadana Josefina Zúñiga Vega, para prestar servicios como auxiliar de
limpieza, en la Embajada de Costa Rica en México.
Sala de comisiones de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 10 de octubre de
2001.— Diputados: Armando Salinas Torre, presidente; José A. Hernández
Fraguas, Víctor M. Gandarilla Carrasco, José G. Anaya Llamas y Luis Miguel G. Barbosa
Huerta, secretarios; Manuel Añorve Baños, José Francisco Blake Mora, Tomás
Coronado Olmos, Omar Fayad Meneses, Ricardo Francisco García Cervantes, Arturo Escobar y
Vega; María Teresa Gómez Mont y Urueta, Federico Granja Ricalde, Lorenzo Rafael
Hernández Estrada, Efrén Nicolás Leyva Acevedo, Miguel Angel Martínez Cruz, Rodrigo
David Mireles Pérez, José Narro Céspedes, Ricardo Augusto Ocampo Fernández, Fernando
Ortiz Arana, Germán Arturo Pellegrini Pérez, José de Jesús Reyna García, Eduardo
Rivera Pérez, Jorge Estebán Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago Ramírez, David
Augusto Sotelo Rosas, Ricardo Torres Origel, Jaime Vázquez Castillo, Néstor Villarreal
Castro y Roberto Zavala Echavarría.»
La Presidenta:
Es de primera lectura.
En virtud de que los dictámenes se
encuentra publicados en la Gaceta Parlamentaria del día 15 de octubre, consulte la
Secretaría a la Asamblea si se les dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y
votación de inmediato.
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
Por instrucciones de la Presidencia, con
fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la
segunda lectura a los dictámenes y se ponen a discusión y votación de inmediato.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo...
La Presidenta:
Se les dispensa la segunda lectura.
En consecuencia se pide a la Secretaría
someter a discusión los proyectos de decreto.
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
Está a discusión el proyecto de decreto
que concede permiso a los ciudadanos: Teodoro Amerlick y Zirión y Juan Antonio Mateos
Cicero, para aceptar y usar las condecoraciones de la Orden Antonio de Irisarri, en Grado
de Comendador, que le confiere el gobierno de la República de Guatemala y de la Orden
Heung-In en Segundo Grado, que le confiere el gobierno de República de Corea.
La Presidenta:
Está a discusión el dictamen en lo
general.
No habiendo quien haga uso de la palabra,
para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar
algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado
artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en
conjunto.
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
Está a discusión el proyecto de decreto
que concede permiso al general Gerardo Clemente Ricardo Vega García, para aceptar y usar
la condecoración de la Medalla Gran Cruz de la Victoria, que le confiere el gobierno de
la República de Chile.
No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación nominal en conjunto.
Está a discusión el proyecto de decreto
que concede permiso a los ciudadanos: Carlos Hurtado López, Eduardo Alberto Henkel y
Pérez Castro, Angélica María Careaga Mercadillo, Ricardo Ríos Cárdenas, Enrique
Vilatela Riba, Ramiro Ayala Muñiz y Benito Andión Sancho, para aceptar y usar
condecoraciones que en diferentes grados les confieren los gobiernos de las repúblicas de
Colombia, Singapur, Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Rumania y
Honduras.
La Presidenta:
Está a discusión el dictamen en lo
general.
No habiendo quien haga uso de la palabra,
para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar
algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado
artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en
conjunto.
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
Está a discusión el proyecto de decreto
que concede permiso al ciudadano Rodrigo Solana Esposito, para desempeñar el cargo de
cónsul honorario de España, en la ciudad de Hermosillo, con circunscripción consular en
el Estado de Sonora.
No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación nominal en conjunto.
Está a discusión el proyecto de decreto
que concede permiso a la ciudadanas Concepción Isabel Pérez Mares y Josefina Zúñiga
Vega, para prestar servicios en la Embajada de Costa Rica en México.
La Presidenta:
Está a discusión el dictamen en lo
general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo
particular.
En virtud de que no se ha reservado
artículo alguno para discutirlo en lo particular, se va a proceder a recoger la votación
nominal de éste y los anteriormente reservados, en un solo acto.
Se pide a la Secretaría se abra el sistema
electrónico por 10 minutos, para proceder a la votación de los proyectos de decreto.
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
Se pide se hagan los avisos a que se
refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior.
Abrase el sistema electrónico por 10
minutos para tomar la votación nominal de los proyectos de decreto.
(Votación).
Se emitieron 390 votos a favor y uno en
contra.
La Presidenta:
Aprobados los proyectos de decreto por
390 votos.
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
Pasan al Senado y al Ejecutivo para los
efectos constitucionales.
LEY DEL CONGRESO DE LA UNION
La Presidenta:
Continuando con el orden del día,
pasamos al capítulo de excitativas. Tiene la palabra el diputado Ricardo García
Cervantes, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una
excitativa a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
El diputado Ricardo Francisco García
Cervantes:
Con su permiso, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
Con razón o sin razón la Cámara de
Diputados y el Congreso de la Unión en su conjunto, vienen en los últimos días
sufriendo de una crítica que finalmente produce una denigración de esta institución de
la República, del trabajo, de la responsabilidad y también de las personas que integran
este poder de la Unión.
Con razón o sin razón, de manera objetiva
o interesada, pero el hecho es que la Cámara de Diputados no cuenta con nadie más que
los propios diputados para salir al frente de esa crítica, asumiéndola como un hecho,
reflexionando sobre ella y actuando en consecuencia. Es una realidad incontrovertible que
los ciudadanos, los electores forjan sus criterios, generan su opinión a partir de lo que
a través de los medios de comunicación se difunde, de lo que hacen sus representantes,
de lo que hace la Cama de Diputados, de lo que hace el Congreso de la Unión.
La Cámara de Diputados no cuenta con más
fuerza que la que podamos aportar los miembros de esta Asamblea, para orientar al
ciudadano sobre el valor que tiene la representación nacional y popular, sobre el
esfuerzo que aquí se hace por representarlos con dignidad, por el trabajo que se realiza
atendiendo las prioridades nacionales y teniendo en cuenta las necesidades de los
ciudadanos.
Para estar en las mejores condiciones de
aportar ese esfuerzo, de demostrar nuestra vocación de servicio, de asumir la
responsabilidad que tenemos frente a la nación, es importante que tengamos, por un lado
presente la crítica, pero es importante que nosotros mismos generemos autocrítica una
actitud de reflexión y de revisión, que nos permita encontrar todos aquellos aspectos
que atendidos, permitirán que seamos mejores diputados, mejores representantes de la
sociedad, mejores representantes populares y una mejor institución al servicio de la
República.
No olvidemos, está ahí la crítica que,
insisto, informada o desinformadamente, interesada o desinteresadamente, afecta al
prestigio de la Cámara de Diputados. Pero debe también estar ahí la autocrítica
constructiva, la revisión permanente de nuestro trabajo, de nuestra actitud y lo más
importante, de las reglas con las cuales este órgano colegiado, esta Asamblea, este poder
de la Unión ejerce sus funciones.
Sus funciones de representación política,
sus funciones y facultades de generación de normas jurídicas, de estructuración del
marco jurídico, sus funciones de fiscalización, sus funciones jurisdiccionales en
materia política, es decir, para estar a la altura de las circunstancias y para poder
satisfacer las necesidades de la sociedad a la que representamos.
Y para cumplir con las responsabilidades
constitucionales que se le asignan al Poder Legislativo y en particular a la Cámara de
Diputados, se han presentado más de 15 iniciativas referentes a las modificaciones del
marco jurídico, que regula la vida de la Cámara de Diputados y del Congreso en su
conjunto.
Personalmente, a título personal, motivado
por la riquísima experiencia y el más alto honor de mi vida, de haber presidido la
Cámara de Diputados, el día 22 de agosto a través de la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión, presenté la iniciativa de ley del Congreso de la Unión, que junto
con más de cinco iniciativas de reformas constitucionales y más de una docena de
iniciativas de reformas a la Ley Orgánica y al Reglamento, forman parte del testimonio y
de la preocupación de los grupos parlamentarios y de los diputados, por actualizar el
marco jurídico que rige a esta Cámara y al Congreso en su conjunto.
1409,14010,1411
Hay ahí cerca de 20 iniciativas de
reformas constitucionales, legales y reglamentarias, ninguna de ellas dictaminada.
Está en la agenda de los cinco grupos
parlamentarios el tema del fortalecimiento del Poder Legislativo. Existe en la comisión
especial para la reforma de Estado una mesa de trabajo para el fortalecimiento del Poder
Legislativo, pero si no acudimos a ese sentido autocrítico, de exigencia personal e
institucional, podríamos seguir presentando iniciativas, tratar de convertir esas
iniciativas en meros testimonios de voluntad, de deseo, de alguna apreciación subjetiva
del interés que se tiene por fortalecer al Poder Legislativo.
Yo creo, compañeras y compañeros
diputados, que así como se encuentra en las agendas de los grupos parlamentarios, así
como existe la comisión para la reforma de Estado, era mi obligación venir a esta
tribuna para decir que no es posible subordinar la responsabilidad legal e institucional,
que se les ha asignado a las comisiones dictaminadoras de esta Cámara de Diputados.
Varias de las iniciativas presentadas por
diversos compañeras y compañeros diputados, se refieren precisamente a la obsolescencia
del Reglamento, en cuanto al tiempo que dispone para que las comisiones emitan dictamen.
Venimos operando con un reglamento aprobado en 1933, ese reglamento plantea cinco días
para que las comisiones emitan su dictamen. Ninguna comisión, ninguna de las de la
Cámara, puede estar en los términos de ese añejo y obsoleto Reglamento.
Pero si ésa es una realidad y si nuestra
facultad es modificarlo, yo pregunto ¿qué falta para que esa norma que no se puede
aplicar y que nos pone a todos en entredicho y denigra a esta representación por estar
siempre al margen del Reglamento, qué nos falta para ya cambiar ese Reglamento? ¿Por
qué no se dictaminan?
Voy más allá. ¿Por qué hay dictámenes
generados por las comisiones que no integran el orden del día, que no pasan al
conocimiento de la Asamblea? ¿Por qué hay conflictos entre las determinaciones y las
facultades propias de la mesa directiva con la Junta de Coordinación Política y la
Conferencia para la Programación y Dirección de los Trabajos? Esos problemas están no
sólo en la nueva Ley Orgánica, sino en el trabajo cotidiano de esta Asamblea.
¿Por qué si tenemos la facultad de
avanzar, de reconocer todo el esfuerzo que significó la nueva Ley Orgánica para la
anterior legislatura, qué nos falta en esta legislatura y a esta Asamblea y a estas
comisiones para avanzar y estar en posibilidades de responder cabalmente a las
expectativas de la sociedad, de nuestros electores y del momento histórico?
Está ahí afuera una crítica que viene
denigrando y denostando el trabajo de los legisladores; que sea con el trabajo interno
como podamos contrarrestar esa corriente de denigración y de menoscabo de la dignidad del
Poder Legislativo.
Debo terminar, no puedo hacer uso abusivo
del tiempo, pero podemos avanzar en generar mejor el orden del día, que la mesa directiva
pueda ejercer con toda energía y a cabalidad las facultades y también responder a las
responsabilidades que todos le hemos asignado eligiéndola por unanimidad y que sólo
cuenta con nosotros como el resto de la institución, para poder conducir cabal, adecuada
y dignificantemente para el Poder Legislativo los trabajos de esta Cámara.
Pasemos ya a revisar rápidamente qué
funcionario queremos, qué servicio civil, la comunicación social.
Por ello me permití presentar una ley
integral del Congreso de la Unión, trabajo que me representó mucho esfuerzo, al que le
dediqué mucho tiempo y que como diputado federal, exijo sea tomado en cuenta y se
dictamine.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, diputado García Cervantes.
De conformidad con lo que establece el
artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, se hace una excitativa a la Comisión de Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias para que emita el dictamen correspondiente.
Tiene la palabra el diputado Auldarico
Hernández Gerónimo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
para presentar una excitativa a la Comisión de Energía.
El diputado José Sergio Rodolfo Vaca
Betancourt Bretón (desde su curul):
Pido la palabra.
La Presidenta:
Diputado Sergio Vaca, ¿con qué objeto?
El diputado José Sergio Rodolfo Vaca
Betancourt Bretón (desde su curul):
Diputada Presidenta, soy secretario de la
Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y respetuosamente le pido el uso de
la tribuna para referirme al tema expuesto por el diputado Ricardo García Cervantes.
La Presidenta:
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
(desde su curul):
Señora Presidenta, aun cuando en el
Reglamento ya varias veces calificado en esta Cámara, se permite el uso de la palabra
para hechos, ha sido una costumbre que sería sano respetar que en lo que se refiere a
excitativas no hay más intervención que la del orador que hace la excitativa.
Le agradeceríamos el grupo parlamentario
que del diputado de que se trata, respetáramos esta costumbre.
La Presidenta:
Diputado Sergio Vaca, muy respetuosamente
el articulado para rectificar hechos está considerado en el capítulo relativo del
Reglamento de la discusiones. En este caso no estamos presenciando ninguna discusión, en
uso de sus facultades un diputado que ha presentado una iniciativa, está haciendo una
excitativa a la Comisión de Régimen y Prácticas Parlamentarias. Yo le solicito
atentamente en el caso de que la Comisión de Régimen y Prácticas Parlamentarias quiera
dar un informe sobre la materia, puedan inscribirse en la agenda respectiva de la próxima
sesión, para estar acorde con el mandato de nuestro Reglamento.
¿Quiere hacer algún comentario diputado
Vaca?
El diputado José Sergio Rodolfo Vaca
Betancourt Bretón (desde su curul):
Por respeto y consideración para usted,
diputada Presidenta, que me lo merece en demasía, aunque el compañero diputado que
habló carece de razón, acepto su indicación y nos inscribiremos para la próxima
sesión.
La Presidenta:
Se lo aprecio mucho, señor diputado Vaca.
INDUSTRIA
ELECTRICA
La Presidenta:
En el uso de la palabra el diputado
Auldarico Hernández Gerónimo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, para presentar una excitativa a la Comisión de Energía.
El diputado Auldarico Hernández
Gerónimo:
Muchísimas gracias, señora Presidenta:
«El suscrito, diputado integrante del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en la
fracción XVI del artículo 21 y artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta soberanía la
siguiente excitativa con base en los siguientes
ANTECEDENTES
Primero. El 15 de agosto del año en curso
se presentó en la sesión de la Comisión Permanente una proposición con punto de
acuerdo para citar a comparecer ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados,
al director general de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y al director general de
la Comisión Federal de Electricidad, para explicar el contenido y alcance de los
mecanismos de inversión privada nacional e internacional que a la fecha han implementado
las empresas públicas a su cargo, proposición que en esta misma fecha fue turnada para
su análisis y dictamen a la Comisión de Energía de esta Cámara.
La Junta de Coordinación Política de esta
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, acordó en el marco de la glosa
del primer informe citar a comparecer a los directores de la Compañía de Luz y Fuerza
del Centro y de la Comisión Federal de Electricidad.
Con fecha 24 de septiembre del actual, se
acordó con la Junta de Coordinación Política separar las comparecencias de los
titulares de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y de la Comisión Federal de
Electricidad y que esta última se llevará a cabo el día 10 de octubre del año en curso
ante las comisiones de Energía, Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, en
razón de que la materia de la comparecencia involucra asuntos que tienen qué ver con la
situación laboral de los trabajadores de la empresa y derivados del estatuto orgánico
recientemente expedido y del fondo de pensiones.
El 9 de octubre del 2001 se aplazó la
comparecencia del titular de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro; el motivo por el
cual se pospusieron las comparecencias de los responsables de las empresas públicas de
electricidad, se fundamentó en los siguientes
CONSIDERANDOS
Que del proceso por medio del cual el
Estado mexicano se desentendió de sus responsabilidades como instrumento de desarrollo
económico bajo falsos esquemas de una modernización inevitable, atravesó estrategias de
abandono de las actividades donde participa la creación ficticia de escenarios de caos y
el irónico sentimiento impulsado por el propio Gobierno de que la intervención del
Estado en actividades económicas es sinónimo de ineficiencia, corrupción, altos costos
y ningún beneficio para la población. Con ese afán fue que se desmantelaron áreas
estratégicas de la economía nacional, mismas que hoy sólo conservan de nacional
evocaciones, sólo el nombre y en otras se han tornado ya inexistentes.
Que en esta discusión ubicamos
precisamente el tema de la industria eléctrica, industria eléctrica que fue expropiada
en tiempos del ex presidente López Mateos por situaciones de interés nacional, que no
han variado y que sin embargo se inició un proceso para crear sensaciones de
inafectabilidad para privatizar la producción y comercialización de la industria
eléctrica nacional. En este proceso no ha faltado la transgresión de los derechos
laborales individuales y colectivos, lo que ha sido parte de la estrategia seguida por la
autoridad.
En ese tenor, por ejemplo, el 21 de marzo
de 2000 indebidamente se expidió el Estatuto Orgánico de Luz y Fuerza del Centro por
medio del cual se crean unidades de generación con la participación de capital privado.
Con dicho estatuto, además de vulnerar la Constitución al permitir la intervención
privada en áreas reservadas al Estado, se plantea el desplazamiento de los trabajadores
de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
Por ese motivo se demandaron amparos por
parte de un grupo de trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas en materia
laboral y administrativa, mismos que se encuentran pendientes de resolución y esperamos
se ganen, dada la trascendencia de los conceptos de violación ahí enunciados.
Que tenemos que asumir oportunamente una
posición irrestricta de defensa a nuestra industria nacional, so pena de actuar
sobre situaciones consumadas que difícilmente podrían revertirse.
Que no podemos olvidar que en países donde
se ha implementado la privatización del sector eléctrico, se han tenido los siguientes
resultados de forma repetida: deterioro de la calidad del servicio, aumento de tarifas,
despido masivo de trabajadores, inhibición de la contratación de personal para atender
las plantas y creación de grandes monopolios que concentran ganancias sin invertir nada
en el país.
Recordemos los caos de Argentina, en donde
hubo apagones que duraron más de dos semanas y la empresa no se hizo responsable de los
daños causados. Todo debido a la falta de inversión en las estaciones. En el caso de
Inglaterra, en donde las tarifas aumentaron más del 150% y se redujo la planta laboral en
un 70%. En Nueva Zelanda, donde por falta de inversión y mantenimiento se produjo el
apagón más grande de la historia, que duró cinco semanas y en últimas fechas la crisis
energética ocurrida en el estado de California.
Que aunado a lo anterior, en la Compañía
de Luz y Fuerza del Centro se han presentado asociaciones con diversas empresas, como es
el caso de la española Unión Fenosa para la realización de un proyecto unilateral y de
reestructuración y modernización de Luz y Fuerza del Centro, así como los sistemas de
gestión, sin que este Congreso esté enterado de los alcances y objetivos de dicho
convenio y si el mismo pudiera afectar a la planta laboral de dicha empresa.
1412,1413,1414
Estas consideraciones son suficientes para
que quienes deban desahogar la comparecencia denoten lo importante y trascendental de la
misma, por lo que no puede aplazarse ni sustituirse con reuniones privadas de trabajo. Por
lo anterior expuesto y fundado formulo la siguiente excitativa para que:
Unico. La Presidencia de la mesa
directiva solicite a las comisiones correspondientes que procedan a dictaminar la
profusión aludida y citen a comparecer a los titulares de la Compañía de Luz y Fuerza
del Centro y de la Comisión Federal de Electricidad, para explicar el alcance y contenido
de los mecanismos de inversión privada nacional e internacional que a la fecha han
implementado las empresas públicas a su cargo y la situación laboral de sus trabajadores
derivada de la expedición del estatuto orgánico y el manejo financiero de su fondo de
pensiones.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 16 de
octubre de 2001.»
Por su atención, señor Presidente,
muchísimas gracias.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Señor diputado, de conformidad con lo
que establece el artículo 21 fracción XVI y en virtud de la mecánica que se ha
establecido en torno a la comparecencia de algunos funcionarios, esta Presidencia le
solicita a la Junta de Coordinación Política pueda revisar el punto y en su caso, si
así lo estima pertinente la Junta de Coordinación Política, nos instruya para excitar a
las comisiones.
Muchas gracias, señor diputado.
El siguiente punto del orden del día era
la presentación del diputado Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática, para presentar una excitativa a la Comisión de Justicia y
Derechos Humanos. El diputado Tomás Torres nos ha solicitado posponerlo para la próxima
sesión.
En tal virtud, pasamos al capítulo de
proposiciones e iniciamos este capítulo con el uso de la palabra del diputado Manuel
Castro y del Valle, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar una
proposición con punto de acuerdo sobre procuración de justicia.
Presidencia de la diputada
María Elena Alvarez Bernal
POLITICA EXTERIOR
La Presidenta:
En virtud de que no se encuentra presente
el diputado, seguimos con la proposición con punto de acuerdo sobre política exterior, a
cargo del diputado Tarcisio Navarrete Montes de Oca, del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional, hasta por 10 minutos.
El diputado Ricardo Tarcisio Navarrete
Montes de Oca:
Con su permiso, señora Presidenta:
Punto de acuerdo para fortalecer la
cooperación mundial y la paz, así como la tolerancia en México.
Al cumplirse más de 35 días de los
terribles actos terroristas, queremos recordar a las víctimas y hacemos votos por el
restablecimiento de la paz. Expresamos que ante este crimen de lesa humanidad, nace
la obligación de todos los gobiernos del mundo a cooperar para erradicar la cultura y
práctica del terrorismo, que preserve la convivencia civilizada propia de los seres
humanos.
Teniendo en cuenta que la aplicación firme
de la legislación internacional, en la que se promueva el desarrollo de una jurisdicción
universal para la prevención, persecución y sanción de prácticas terroristas, es lo
propio de las democracias modernas como única manera de evitar acciones autoritarias
unilaterales en la lucha contra el terrorismo y la intolerancia.
Considerando que la presencia brutal del
terrorismo niega y rompe con el sistema democrático y destruye el ambiente para la
vigencia de los derechos humanos como la seguridad y la libre circulación, entre otros,
surge la necesidad de hacer un compromiso explícito de los gobiernos para prevenir y
erradicar este mal, no sólo en el marco de los convenios especializados de la ONU y la
OEA, sino también en el ámbito comercial, dada la estrecha vinculación de lo político
y lo económico. Por ello, deberá en el futuro considerarse la integración de una
cláusula antiterrorista en dichos acuerdos.
En el aspecto humanitario, estamos,
diputadas y diputados, ante una tragedia de proporciones dramáticas. Cifras de la ONU
estiman que en Afganistán 7 millones 500 mil personas dependen del socorro internacional
para sobrevivir; de esos, 70% son niños y mujeres.
Actualmente el alto comisionado de las
Naciones Unidas para los refugiados, se enfrenta a graves problemas como la afluencia
masiva de refugiados.
La fragilidad de la situación de la
seguridad en esta región, ha limitado drásticamente la libertad de movimiento y ayuda
del personal internacional de este organismo y ya el Programa de Naciones Unidas había
advertido que el 70% de la población afgana presenta desnutrición y sólo 13% tiene
acceso a servicios de agua potable, uno de cada cuatro niños que nacen en territorio
afgano no llegarán a los cinco años de edad.
Ante este aspecto humanitario en la
confrontación instamos a la comunidad internacional a cuidar y asistir a estos millones
de afganos; en el ámbito interno considerando nuestra tradición en México como nación
de instituciones y promotores de la tolerancia, expresamos preocupación, porque el
ambiente es cotidiano y en escuelas infantiles mexicanas hubo ciertas expresiones de
rechazo y palabras con carga xenófoba.
Por ello debemos propugnar por una campaña
que permita respetar y descubrir la riqueza de esta cultura.
Por las consideraciones anteriormente
expuestas y con fundamento en lo que dispone el artículo 58 y demás relativos del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores sometemos a la consideración de
esta Cámara, la siguiente proposición con
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Solicitar a la Secretaría
de Relaciones Exteriores que en el marco de la Organización de Estados Americanos, en la
próxima reunión del comité especial sobre terrorismo que se está llevando a cabo del
15 al 26 de octubre, se promueva la reactivación del Comité Interamericano Contra el
Terrorismo.
Segundo. Solicitar a la Secretaría
de Relaciones Exteriores promueva ante la ONU, un instrumento internacional sobre el
terrorismo que unifique el concepto de terrorismo y su normatividad a través del derecho
internacional, se fortalezca asimismo la operatividad del Comité Internacional Contra el
Terrorismo y se pueda establecer un sistema mundial de información y una red de
recopilación y transmisión de datos para eficientar el combate contra el terrorismo.
Tercero. Solicitar al Gobierno
Federal que regularmente transmita información a la Cámara de Diputados para conocer
cómo atiende nuestro país las resoluciones del consejo de seguridad y de otros
organismos internacionales que pide a los gobiernos tomar medidas para combatir el
terrorismo.
Cuarto. Recomendar al Gobierno
Federal que por medio de la Secretaría de Educación o de otras dependencias competentes,
se desarrollen campañas en las instituciones educativas tanto públicas como privadas del
país, a fin de fomentar la tolerancia, la convivencia armoniosa y el respeto por otras
culturas. Además, reconocemos en la presencia de las familias y los ciudadanos
provenientes del mundo árabe a personas con una dignidad humana a las que les debemos
respeto todos los mexicanos y por añadidura reconocemos que realizan valiosas
aportaciones a nuestra sociedad en los ámbitos cultural, económico y social.
Quinto. La Cámara de Diputados se
compromete a realizar el mayor esfuerzo dentro de sus atribuciones para prevenir y
combatir este fenómeno que amenaza la paz, estabilidad y seguridad internacionales. Para
ello se propondrán todos los instrumentos legales a nuestro alcance para lograr recuperar
la seguridad de las naciones y de sus ciudadanos.
Finalmente, señora Presidenta, ¿me
permite terminar con un mensaje? Amigas, amigos, una última palabra a favor de la vida.
El dolor de la tragedia humana, ¿quién podrá pararlo? Pasarán sobre millones el
hambre, la miseria, la guerra y el invierno, por eso ante esta preocupación, amigos, les
digo: "allá, allá en el fondo una pequeña lucecita, en esta noche oscura de la
humanidad, tenemos que decir, la esperanza no está enterrada, no nos vamos a destruir
unos a otros, es hermoso vivir en paz y es doloroso perder la paz, esa lucecita, ese faro
allá a lo lejos es el premio que han otorgado a las Naciones Unidas, por eso, Premio
Nobel que exalta la nobleza de vivir en paz; hoy, la peor de las noticias es que los
gobiernos están perdiendo de vista dónde está la paz, cómo explicarles a nuestros
niños cuando nos preguntan ¿por qué la guerra?, porque esta guerra que lo único que
construye son tumbas para los padres.
Por eso quiero terminar invitando a todos a
esta reflexión. Dicen algunos: vivimos en paz, pero en el mundo se da la opresión, no
hay equidad, dolor que oprime si no hay libertad. ¿Por qué la guerra, por qué la
ambición? Hacemos con estas palabras un breve homenaje a la paz: ¡Viva la Paz!
Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
La Presidenta:
Gracias, diputado Tarcisio Navarrete y
nos sumamos a su sentido homenaje a la paz.
Túrnese el punto de acuerdo sobre
política exterior, presentado por el diputado Navarrete, a la Comisión de Relaciones
Exteriores.
PUEBLOS
INDIGENAS
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Héctor
Sánchez López, a nombre de la Comisión de Asuntos Indígenas, para presentar una
proposición con punto de acuerdo sobre los programas gubernamentales de apoyo a los
pueblos indios.
El diputado Héctor Sánchez López:
Con su permiso, señora Presidenta:
Proposición con punto de acuerdo por el
que se solicita al titular del Ejecutivo Federal información relativa al Presupuesto
2002, para atender a los pueblos indígenas.
Las diputadas y diputados integrantes de la
Comisión de Asuntos Indígenas de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la
Unión, así como otras y otros legisladores suscribimos el siguiente punto de acuerdo con
base a las siguientes
COSIDERACIONES
Que México es una nación pluricultural
sustentada en sus pueblos indígenas, con instituciones sociales, económicas, políticas
y culturales propias.
Que en nuestro país existen más de 10
millones de indígenas en todo el territorio nacional que requieren de programas
gubernamentales específicos para atender las condiciones ancestrales de pobreza,
marginación y exclusión en la que viven.
Que los aproximadamente 2 mil 430
municipios que existen en el país, 805 de ellos cuentan con un 30% de población
indígena, mismos que se concentran a más del 70% de población eminentemente indígena y
más del 90% de su población requiere proyectos productivos específicos para el
desarrollo personal y de sus comunidades.
Que la población indígena económicamente
activa es sólo el 40%; que el 69% se ocupa de actividades primarias en el sector
primario, 14% en el sector secundario y 15% en el terciario, pero el resto en actividades
no específicas cuyo ingreso es de dos salarios mínimos mensuales.
Que los 805 municipios con 30% y más de
población indígena, aproximadamente 700 presentan un grado de marginación que fluctúa
entre alta y muy alta; sólo 90 se encuentran en el rango de media y 40 oscilan entre baja
y muy baja.
Entre la población indígena las
principales causas de enfermedad son las llamadas enfermedades de la pobreza, sobre todo
el cólera y la prevalencia de enfermedades residuales tales como la tuberculosis, bocio
endémico, tétanos, neonatal, tracoma, oncosercosis, paludismo, dengue y alcoholismo.
Que el 75% de la población indígena
presenta graves signos de desnutrición, que en materia de vivienda más del 50% de las
ubicadas en las regiones indígenas no cuentan con electricidad, el 68% carece de agua
entubada, el 90% no tiene acceso a instalaciones de drenaje y el 76% sus viviendas son de
piso de tierra.
Que el pasado 14 de agosto se publicó en
el Diario Oficial de la Federación las reformas constitucionales a los artículos
1o., 2o., 4o., 18 y 115 en los que se establecen diversas disposiciones constitucionales,
por los que se obliga a la Federación, estados y municipios, a promover la igualdad de
oportunidades de los indígenas, eliminando cualquier práctica discriminatoria,
establecer las instituciones y determinar las políticas necesarias para garantizar la
vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y
comunidades, los cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.
1415,1416,1417
Que en el artículo 2o. apartado B de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción IX párrafo
segundo, se establece que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas
en dicho apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de
las entidades federativas y los ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas
competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas
obligaciones en los presupuestos de egresos que se aprueben, así como las formas y
procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las
mismas.
Que el 7 de octubre del presente año el
Ejecutivo Federal y los presidentes de los partidos políticos suscribieron un acuerdo
político para el desarrollo nacional, mismo que establece en su numeral 5.6 del apartado
económico, lo siguiente:
Destine partidas presupuestales
específicas para dar cumplimiento a las obligaciones del Estado frente a las comunidades
indígenas.
Que la situación económica y social por
la que atraviesa el país a partir de la crisis económica que experimentan nuestros
principales socios-económicos, nos obliga a determinar de manera específica los
proyectos productivos para revertir la descapitalización del campo, la falta de
inversión productiva, la baja productividad, la erosión del suelo etcétera y, que
tienen que ver con los territorios en los que habitan los pueblos indígenas.
Que estamos convencidos que para lograr un
desarrollo económico con justicia y equidad social, es imperativo impulsar políticas
gubernamentales que atiendan el deterioro económico de los pueblos indígenas, mismos que
se manifiestan en la ausencia de servicios básicos, alto índice de analfabetismo,
insalubridad, desnutrición y bajos ingresos.
Que es necesario construir una nueva
relación entre el Estado y los pueblos indígenas, basado en el respeto a la
pluriculturalidad, a la divergencia y diferencias propios existentes en una nación como
la nuestra.
Por todo lo anterior, las diputadas y
diputados que concurren a esta Cámara de Diputados, reconociendo que es necesario cumplir
con las responsabilidades que constitucionalmente tienen encomendadas, con fundamento en
los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a la consideración de este pleno la siguiente
proposición con
PUNTO DE ACUERDO
Para que sea discutida y aprobada por obvia
y urgente resolución.
Unico. Esta Cámara de Diputados
solicita al titular del Ejecutivo Federal para que en el marco de la división de poderes
gire las instrucciones pertinentes a los titulares de las diversas secretarías y
organismos descentralizados, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal del 2002, misma que en su momento remitirá a esta
Cámara de Diputados, se especifiquen de manera detallada los proyectos, programas y
presupuestos que se destinarán a las comunidades, municipios y micro regiones indígenas,
de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución Política en su artículo 2o. apartado
B, que a la letra dice: "la Federación, los estados y los municipios, para promover
la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica
discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias
para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de
sus pueblos y comunidades, de las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente
con ellos". Y en el párrafo segundo de la fracción XI, en el que se establece:
"para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades
federativas y los ayuntamientos, en los presupuestos de egresos que se aprueben, así como
a las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y
vigilancia de las mismas". Más aún en el numeral 5.6 del Acuerdo Político para el
Desarrollo Nacional suscrito por el Ejecutivo Federal y los partidos políticos
nacionales, en el que se establece que se destinen partidas presupuestarias para dar
cumplimiento a las obligaciones del Estado frente a las comunidades indígenas.
Firman esta proposición con punto de
acuerdo diputadas y diputados de la Comisión de Asuntos Indígenas y diputadas y
diputados de los diversos partidos políticos representados en esta Cámara de Diputados.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Muchas gracias, señor diputado.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en
votación económica, si se considera de urgente y obvia resolución el punto de acuerdo.
El secretario Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán:
Por instrucciones de la Presidencia, de
conformidad con lo que establece el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en votación económica se pregunta
a la Asamblea si se considera de urgente resolución el punto de acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por negativa,
sírvanse manifestarlo...
La Presidenta:
Se considera de urgente resolución.
En consecuencia está a discusión el punto
de acuerdo.
Se abre el registro de oradores,
habiéndolo solicitado previamente en pro, el diputado Cándido Coheto, la diputada Nelly
Campos, del grupo parlamentario de Acción Nacional, se registra también.
Tiene la palabra el diputado Cándido
Coheto, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en pro, hasta por
10 minutos.
El
diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez:
Con su permiso, señora Presidenta:
Padiux buni gulash shclenle zole niga
par cuiru ditza, par inabru bish narquíne buni lazru*
En zapoteco les he dicho que muchas gracias
por escuchar esta exposición para analizar cuáles son las necesidades de nuestros
pueblos.
Compañeras y compañeros diputados:
Hace cinco siglos el violento asalto del
viejo al nuevo mundo, detuvo y destruyó el proceso evolutivo de nuestras elevadas
culturas indígenas e impuso los privilegios de una monarquía extranjera sobre la
libertad, la dignidad y la voluntad de los fundadores originarios de esta gran nación.
Así, 509 años después, los indios de
México, herederos legítimos de este país, siguen relegados al último lugar de nuestra
estructura social. Atrapados en la pobreza, el abandono y la indiferencia, su evidente
postración social indigna y lastima la conciencia de muchos mexicanos, no sólo el
imperativo de la justicia social nos obliga a atender los reclamos de los pueblos
indígenas.
Nuestra fortaleza como nación frente a la
integración y la globalización mundial radica en aprovechar íntegramente la riqueza de
nuestra composición pluriétnica y cultural, que ya reconoce y consagra nuestra
Constitución.
Para la construcción del México fuerte y
vigoroso que anhelamos, requerimos la activa participación de todos y cada uno de sus
habitantes. La reciedumbre, la sabiduría ancestral, los valores morales, la conciencia
social y el arraigado sentido comunitario de los 62 grupos étnicos de México, tienen
mucho que aportar en la consolidación de nuestra nación y en el intercambio de sus
bienes culturales y materiales con el resto del mundo. México debe exportar talentos no
mano de obra barata.
En el rostro y en el alma indígena de
México, en sus extraordinarios valores está el esplendor de su pasado y la potencialidad
plena de su porvenir, no queremos más un México dividido con mexicanos de primera y de
segunda, queremos un solo México con igualdad de oportunidades.
Atender hoy los justos reclamos de las
comunidades indígenas, significa también cancelar los resentimientos y la desesperación
que conducen a las rebeliones y alzamientos enfrentando a mexicanos contra mexicanos.
Las reformas aprobadas por el Congreso de
la Unión, aunque no satisfacen del todo las expectativas de los pueblos indios,
representan sí un significativo avance. En consecuencia, debemos ahora traducirlas en
políticas gubernamentales con un sólido sustento presupuestal. De no ser así, quedarán
sólo como buenas intenciones y los indios de México exigen eso, no más ilusiones ni
promesas.
El Congreso reformó la Constitución
pensando en el bienestar de las comunidades indígenas. Por lo mismo esta Cámara debe
autorizar los medios y solicitar al Ejecutivo Federal políticas precisas para darle
concreción al apartado B del artículo 2o. constitucional, así como vigilar que los
programas de desarrollo que se impulsen, respeten sus formas de organización y que sean
las propias comunidades, quienes diseñen las acciones y evalúen su cumplimiento.
Compañeras y compañeros diputados: en
próximos días estaremos debatiendo el Presupuesto de Egresos de la Federación para el
año 2002. Es el momento histórico de asumir como asunto prioritario de la nación, la
asignación de recursos importantes, por lo menos el 10% del presupuesto, igual al
porcentaje de población indígena en el país, para iniciar una verdadera reivindicación
y justicia para los 62 grupos étnicos de México.
Esta Cámara simboliza la conciencia de la
nación, por ello debemos, con voluntad, compromiso y decisión, impulsar acciones para
combatir abandonos ancestrales y escribir la nueva historia, la de la equidad y la
justicia social. Con base en estas consideraciones la fracción parlamentaria del PRI
apoya la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo
Federal, información relativa al presupuesto 2002 para atender a los pueblos indígenas
de México.
Pensemos pues, compañeros, en esos pueblos
que tienen depositada su esperanza en todos y cada uno de los aquí presentes.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Muchas gracias, señor diputado.
Tiene la palabra la diputada Nelly Campos
Quiroz, del grupo parlamentario de Acción Nacional, en pro.
La
diputada Nelly Campos Quiroz:
Señora Presidenta; compañeros
legisladores:
Los legisladores de Acción Nacional
refrendamos nuestro compromiso con los pueblos indígenas del país y apoyamos
decididamente el punto resolutivo aprobado en la reunión plenaria de la Comisión de
Asuntos Indígenas, que solicita a las secretarías de Estado y organismos
descentralizados, que se especifique de manera detallada en el proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002, los proyectos, programas,
presupuestos que se destinarán a las comunidades indígenas como lo exige y establecen
las reformas que en materia de derechos y cultura indígena en su artículo 2o. en el
apartado B de nuestra Carta Magna, para que así de manera conjunta y comprometida
restituyamos a nuestros hermanos indígenas lo que por tanto tiempo se les ha negado.
Compañeros legisladores: celebro,
verdaderamente celebro en este momento que hoy en esta tribuna todas las fuerzas
políticas coincidamos en reconocer la vigencia y legalidad de las reformas que en derecho
y cultura indígena han sido aprobadas, ya que resulta de explorado derecho, que el
problema de las comunidades indias, ha estribado principalmente en la falta de aplicación
de la ley.
Tendremos que hacer nuestro mayor esfuerzo
para dotar al Ejecutivo Federal, de los recursos económicos necesarios, para así atender
la demanda indígena y habremos de contar también con lo que en materia le corresponda
hacer a los legisladores y gobiernos de los estados y a las autoridades municipales.
Muchas gracias y celebro hoy su decisión.
La Presidenta:
Muchas gracias, señora diputada.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, si
se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
El
secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
En votación económica se pregunta a la
Asamblea, si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señora Presidenta.
1418,1419,1420
La Presidenta:
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en
votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.
El secretario Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán:
En votación económica se pregunta a la
Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Aprobado, señora Presidenta.
La Presidenta:
Aprobado por unanimidad el punto de
acuerdo. Comuníquese.
BANCA UNION
La Presidenta:
Para presentar un punto de acuerdo sobre la
información de los fideicomisos de Banca Unión que se remitió a esta Cámara, en
acatamiento a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene la
palabra la diputada Adela del Carmen Graniel Campos, del grupo parlamentario del PRD.
La diputada Adela del Carmen Graniel
Campos:
Con su permiso, señora Presidenta;
honorable Asamblea:
La suscrita, diputada integrante del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo
58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con
punto de acuerdo, con base en las siguientes
CONSIDERACIONES
El grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática ha luchado por evitar que en esta legislatura, el tema Fobaproa e
IPAB, se constituya una anécdota del pasado y los hechos escandalosos que ahora se viven
confirman lo que siempre denunciamos, con la seguridad de que la solución diseñada para
este quebranto no fue la mejor, con la convicción que no debe haber impunidad de quienes
actuaron al margen de la ley y sobre todo con la intención de recuperar los créditos
irregulares e ilegales y así evitar en lo posible una sangría presupuestal, que
representa al día de hoy el 15% del PIB, lo que supera nuestra deuda externa y en los
próximos 30 años seguirá siendo una gran carga económica para nuestro país. Seguimos
empujando para actuar y no dejar en el olvido el asunto.
Hasta ahora ni siquiera han concluido las
auditorías que ordenó la Cámara de Diputados y de cuyos resultados se implementarían
mecanismos para la recuperación de los créditos ilegales y el fincamiento de
responsabilidades. Nada de ello se ha hecho, por la ausencia de decisiones fundamentales,
como son las que tienen qué ver con la información que se remitió a esta Cámara, en
relación a los fideicomisos de Banca Unión. El riesgo sigue siendo la impunidad derivada
de una posible prescripción de las acciones legales.
Desde el 22 de septiembre de 2000 nuestro
grupo parlamentario dirigió un oficio al contador mayor de Hacienda de la Cámara de
Diputados, por medio del cual se le solicita remita la información que le hizo llegar el
Ejecutivo Federal a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto a los fideicomisos de Banca Unión,
oficio al que contestó el 25 de septiembre de 2000 donde confirma la recepción de dicha
información y refiere que espera decisiones que corresponden tomar a la Cámara de
Diputados y que en tanto la Contaduría Mayor sólo resguardará dicha información.
El 11 de junio de este año solicitamos
nuevamente se agendara para la discusión en la Junta de Coordinación Política lo
relativo a la información de los fideicomisos de Banca Unión. Finalmente, el 25 de junio
de este año se efectúo una reunión de la Junta de Coordinación Política y el titular
de la Auditoría Superior de la Federación, de la que resaltó en ese tema en particular
que ha esa fecha no se ha recibido ninguna instrucción por parte de la Cámara de
Diputados, respecto a los expedientes de los fideicomisos de Banca Unión, mismos que
siguen bajo su resguardo.
El día 10 de octubre pasado el presidente
de la asociación de banqueros de México se pronunció por desaparecer el IPAB; ahora
resulta que después de saquear las finanzas públicas quieren desaparecerlo, cuando los
verdaderos culpables caminan impunes por las calles.
De entonces, señoras y señores diputados,
al día de hoy con seguridad no ha recibido ninguna instrucción, pues ni siquiera se ha
tenido la voluntad política por parte de quien fue beneficiario de los fideicomisos para
tomar cualquier decisión respecto al tema. Esta situación es muy delicada, dado que es
una apuesta por la impunidad al permitir deliberadamente la prescripción de cualquier
acción jurídica que haga posible la recuperación de los recursos que recibió un
partido político y que indebidamente estamos pagando todos los mexicanos.
Es necesario que no olvidemos lo que
señala de manera textual el último párrafo del artículo séptimo transitorio de la Ley
del IPAB, en el sentido de que si de las auditorías realizadas aparecen operaciones de
mutuo o préstamos otorgados por las instituciones auditadas, cuyos recursos se hayan
donado u aportado por los acreditados directamente o por interpósita persona a entidades
de interés público que reciban financiamiento público y que por tal motivo haya
generado quebrantos financieros a las instituciones acreditantes, dichas entidades
devolverán el monto de las operaciones de crédito involucradas con cargo a los
financiamientos públicos que conforme a las leyes que las rigen, reciban ordinariamente.
Este artículo significó incluso que
algunos votaran a favor de la impugnada Ley del IPAB y no debe ser olvidado por
presumibles acuerdos a la espalda de los intereses del país.
No debemos tampoco olvidar que el 31 de
julio de este año la Cámara de Diputados ya tomó una decisión fundamental para dar a
conocer la lista de los créditos irregulares e ilegales del Fobaproa e IPAB, contenidos
en el CD-Rom de la auditoría de Mackey y para ello se basó en la resolución de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a los fideicomisos de Banca Unión,
haciendo incluso cita textual de dicha resolución: "cuando se señala que el secreto
bancario y el fiduciario no son absolutos, pues la misma legislación reconoce que éstos
no deben de constituirse en obstáculos para la procuración e impartición de
justicia".
A veces parece que la red de intereses
mezclados en este tema evita cualquier acción que pretenda desentrañar la verdad
histórica de los hechos, la sanción de quienes son responsables de conductas ilícitas y
recuperar los créditos que indebidamente endeudan al país.
Todos sabemos que los arquitectos de los
quebrantos de Banca Unión fueron Carlos Cabal Peniche y Roberto Madrazo Pintado, que a la
fecha gozan de total impunidad ante la pasividad de quienes deben tomar decisiones en esta
Cámara.
Por lo anteriormente expuesto y fundado,
someto a la consideración de este pleno el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Este pleno instruye a la
Comisión de Vigilancia del Organo Superior de Fiscalización para que solicite a la
entidad superior de fiscalización los expedientes relativos a los fideicomisos de Banca
Unión que se remitieron a esta soberanía, en acatamiento a una resolución de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, para hacerlos del conocimiento de los diputados que
integran esta legislatura.
Segundo. Se solicita a la Comisión
de Vigilancia, instruya al órgano técnico para que lleve a cabo o en su defecto agilice,
si se están haciendo las auditorías correspondientes, para que en los términos del
artículo 79 constitucional y séptimo transitorio de la Ley del IPAB, se deslinden las
responsabilidades y se recuperen los créditos que indebidamente estamos pagando todas las
mexicanas y los mexicanos.
Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta:
Gracias, señora diputada.
Sobre el mismo tema ha solicitado hacer uso
de la palabra el diputado Jaime Cervantes, del grupo parlamentario del Partido del
Trabajo, hasta por cinco minutos diputado.
El
diputado Jaime Cervantes Rivera:
Con la venia de la Presidencia; compañeras
y compañeros legisladores:
La necesidad de transparentar los manejos
del Fobaproa, hoy IPAB, deben llegar hasta sus últimas consecuencias. En esa dirección
se encuadra la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la
información que esta soberanía solicitó al Ejecutivo Federal, para determinar el monto
del daño que se cometió contra el erario público por las operaciones ilícitas del
Banco Unión.
Como todos sabemos, entre las
irregularidades que se atribuyeron a Carlos Cabal Peniche, entonces presidente del consejo
de administración de Banca Unión, puede haber financiado las campañas políticas de
Luis Donaldo Colosio, Ernesto Zedillo y Roberto Madrazo. Este hecho acaba de ser
reconocido ante la autoridad y ante la opinión pública por el propio Cabal Peniche. Sin
embargo, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ordenó que dicha
información sea conocida por los integrantes de esta Cámara, hasta la fecha ello no ha
ocurrido así.
El grupo parlamentario del Partido del
Trabajo ha planteado en numerosas ocasiones que la necesidad de transparentar las
operaciones del Fobaproa, hoy IPAB, constituye una prioridad para el sano funcionamiento
de las instituciones públicas de este país, porque no hacerlo significa avalar las
fechorías de quienes se beneficiaron con las operaciones financieras fraudulentas que hoy
se encuentran en la panza del IPAB.
Nosotros no estamos de acuerdo, ni lo
estaremos nunca, que el megafraude perpetrado contra la nación quede impune. No es fácil
dejar en el olvido el daño patrimonial contra el país por más de 100 mil millones de
dólares, que con todo y que se han pagado cuantiosos montos de amortizaciones, el saldo
de ese robo sigue rebasando la cifra de 80 mil millones de dólares en la actualidad. Pero
no sólo importa el monto de ese fraude, sino que también los contribuyentes de este
país y en particular del pueblo trabajador, tuvieron que desembolsar 24 mil 500 millones
de pesos este año por los intereses que devenga ese fraude y que por cierto representa
más de la mitad de las ganancias de los bancos por la capitalización de los pagarés que
avala el IPAB y en los próximos 30 años continuaremos pagando ese robo.
Incluso los fraudes con las operaciones del
IPAB, no han terminado, las recientes investigaciones realizadas por la PGR sobre cohecho
y lavado de dinero entre funcionarios del IPAB y del Banco de Comercio Exterior así lo
prueban.
En esas circunstancias nuestro grupo
parlamentario no sólo considera necesario que las investigaciones sobre este fraude deben
continuar hasta sus últimas consecuencias, porque la recuperación de los créditos
reportables por más de 72 mil millones de pesos que señaló el informe Mackey, deben ser
objeto de una minuciosa revisión por parte de la Auditoría Superior de la Federación,
para que se esclarezcan las responsabilidades penales a que haya lugar y se castigue a los
culpables de ese fraude.
Por esa razón no entendemos por qué la
entidad superior de fiscalización de la Federación no quiere facilitar a los diputados
que solicitan la información relativa a los créditos que fueron a parar al IPAB, puedan
ser del conocimiento de los integrantes de esta soberanía, máxime cuando la Suprema
Corte ha ordenado tal disposición. Esta disposición de la Suprema Corte ha dejado claro
que en tanto se trató de la conversión de créditos que asumieron particulares en deuda
pública, se trató en los hechos y de forma legal, de la contratación de deuda pública
de parte del Gobierno Federal. En esas circunstancias el Congreso de la Unión está
facultado a conocer cada una de las operaciones porque se trató de una forma de endeudar
al país.
Por las consideraciones antes expuestas el
grupo parlamentario del Partido del Trabajo se suma a la propuesta con punto de acuerdo
que presenta el Partido de la Revolución Democrática para que esta Cámara de Diputados
instruya a la Comisión de Vigilancia del órgano superior de fiscalización para que
solicite a la entidad superior de fiscalización todos los expedientes que dan cuenta de
las operaciones de los fideicomisos que manejó Banca Unión y que por decisión de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación fueron remitidos a esta soberanía.
Es cuanto, señora Presidenta.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, diputado Cervantes.
Sobre el mismo tema, hasta por cinco
minutos, el diputado Manuel Galán.
El
diputado Manuel Galán Jiménez:
Con su venia, señora diputada
Presidenta; compañeras diputadas;compañeros diputados:
He solicitado el uso de la palabra para
hacer algunas puntualizaciones con referencia a la proposición que se acaba de presentar.
1421,1422,1423
Como miembro del Partido Revolucionario
Institucional y como presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de
Hacienda desde luego que apoyo este tipo de acciones, sobre todo de que en el proceso de
saneamiento financiero y rescate bancario se deslinden las responsabilidades y se
recuperen los créditos para aminorar esta pesada carga fiscal.
Sin embargo, quiero informar a esta
Asamblea sobre las diversas actuaciones que la Comisión de Vigilancia ha llevado a cabo
en lo que respecta a los fideicomisos operados por Banca Unión, ya que en las
consideraciones de la proposición que se acaba de presentar se dijo lo siguiente:
El 25 de junio de este año se efectuó una
reunión de la Junta de Coordinación Política y el titular de la Auditoría Superior de
la Federación. De entonces al día de hoy con seguridad no ha recibido ninguna
instrucción.
Sobre el particular me permito significar
que del 25 de junio que se señala al día de hoy se han llevado a cabo las siguientes
acciones que me voy a permitir comentar:
El 25 de junio de 2001. El Presidente de la
Cámara de Diputados informa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aún no se
satisface el cumplimiento de la ejecutoria recaída en la controversia constitucional
26/99.
El 5 de julio de 2001. En cumplimiento al
auto de la unidad de controversias constitucionales del 28 de junio de 2001, la Comisión
Nacional Bancaria hace entrega a la Auditoría Superior de la Federación la información
complementaria de los fideicomisos operados por Banca Unión.
El 6 de julio de 2001. La unidad de
controversias constitucionales requiere nuevamente a la Cámara de Diputados que
manifieste lo que a su derecho convenga respecto al cumplimiento de la ejecutoria.
El 11 de julio de 2001. La Comisión de
Vigilancia solicita a la Auditoría Superior de la Federación se sirva informar si la
documentación enviada por la comisión cumple a satisfacción la solicitud de
información y documentación que hizo la Cámara de Diputados.
El 17 de julio de 2001. El auditor superior
hace llegar al Presidente de la Comisión de Vigilancia un dictamen elaborado por la
dirección general de auditorías especiales, en el que se señala que la documentación
revisada satisface la pretensión para lo cual se solicitó y por tanto se encuentra
cumplimentada la ejecutoria dictada en la controversia constitucional.
El 18 de julio de 2001. El presidente de la
Comisión de Vigilancia remite el dictamen de la Auditoría Superior a la mesa directiva
de la Cámara de Diputados.
El 20 de julio de 2001. El Presidente de la
mesa directiva de la Cámara de Diputados hace del conocimiento de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación del dictamen emitido por la Auditoría Superior de la Federación,
para que se determine lo procedente.
El 27 de agosto de 2001. La Comisión de
Vigilancia solicita a la Auditoría Superior de la Federación analice la información
recibida en cumplimiento de la ejecutoria recaída en la controversia constitucional
respecto de los fideicomisos operados por Banca Unión y que opine sobre las acciones a
que haya lugar.
El 29 de agosto de 2001. La Auditoría
Superior de la Federación emite opinión en el sentido de que la auditoría ordenada a
los fideicomisos operados por Banca Unión no se concluyó, por lo que pide autorización
a la Comisión de Vigilancia para proceder al efecto.
El 5 de septiembre de 2001. La Comisión de
Vigilancia acuerda que la Auditoría Superior de la Federación concluya la auditoría
respecto de los fideicomisos operados por Banca Unión.
Como se puede apreciar, no se ha dejado en
el olvido este asunto, pues ha sido atendido en forma puntual, contando con la
participación de todos los grupos parlamentarios representados en la Comisión de
Vigilancia.
Por consecuencia, la Auditoría Superior se
encuentra trabajando en la auditoría Banca Unión ordenada por la Comisión de Vigilancia
y en tanto se cuente con el informe del resultado correspondiente, se dará cuenta a esta
Asamblea.
Pero también hay que agregar que la
Comisión de Vigilancia se encuentra trabajando en el análisis y seguimiento de las
actividades al rescate bancario, sobre todo de las disposiciones transitorias de la Ley
del IPAB. Para ello se ha conformado una subcomisión o grupo de trabajo integrada
proporcionalmente por todos los grupos parlamentarios representados en la comisión y que
además analizará las actividades del Sistema de Protección al Ahorro y de los programas
de Apoyo y Saneamiento Financiero.
Por otra parte, también quiero destacar
que para la revisión de la Cuenta Pública del año 2000 que está en curso, la Comisión
de Vigilancia aprobó la práctica de dos auditorías al IPAB. Adicionalmente se pedirá
otra para revisar el proceso de licitación y adjudicación de bienes muebles e inmuebles
que se encuentran a cargo del IPAB:
"Compañeras y compañeros diputados,
lo anterior es muestra de que tanto en o referente a los fideicomisos operados por Banca
Unión, como el proceso del rescate bancario, la Comisión de Vigilancia ha tomado las
acciones que han sido pertinentes."
Muchas gracias.
La Presidenta:
Diputado Barbosa, ¿con qué objeto?
El diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa
Huerta (desde su curul):
Para hechos, señora Presidenta.
La Presidenta:
Para rectificar hechos sobre este tema,
el diputado Barbosa, hasta por cinco minutos.
El diputado Luis Miguel Gerónimo
Barbosa Huerta:
Gracias, señora Presidenta.
Desde luego que agradecemos al presidente
de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de Fiscalización de la
Federación, la mención que hace sobre los trámites o sobre el desahogo de los trámites
para cumplimentar la formalidad entre la Cámara y la Corte respecto a su resolución.
Pero el asunto es otro.
Tal parece que se quisiera proteger desde
la Cámara de Diputados a gente como Cabal Peniche. Empieza lo erróneo de esto con el
hecho de enviar desde la Comisión Nacional Bancaria y de Valores esa información de
manera directa al órgano técnico, cuando debió haberse hecho a la mesa directiva de la
Cámara de Diputados.
El órgano técnico refiere que no ha
recibido ninguna instrucción sobre la información. Tal parecería que desde aquí, desde
los órganos de la Cámara, se pretende que la información quede ahí, olvidada, que
transcurra el plazo para que opere la prescripción de las acciones penales sobre los
responsables.
No le demos más vueltas al asunto,
señores. La mesa directiva, inclusive sin acuerdo del pleno, podría instruir a la
Auditoría Superior de Fiscalización para que le entregara esa información e hiciera dos
cosas.
Uno, remitirla a la Comisión de
Vigilancia, para que ésta la haga llegar a cada uno de los grupos parlamentarios.
Dos, para que se inicie la auditoría sobre
esa información.
El fondo de la resolución de la Corte no
es en el sentido de que la Cámara recibiera la información, información por
información, el fondo del asunto es que la Cámara de Diputados instruya a quien
corresponda para llevar a cabo las auditorías correspondientes a los fideicomisos en
comento; ése es el fondo del asunto y lo puede resolver la mesa directiva de esta
Cámara.
Está muy en boga el derecho al acceso a la
información. Señores diputados, la Cámara de Diputados ganó una controversia que
reconoció y defendió el derecho de ustedes a tener acceso a esta información. La
pregunta es: ¿cuántos de nosotros hemos tenido acceso a estos expedientes?, defendamos
nuestro derecho de hacer valer nuestra representación popular y no sigamos haciendo el
juego sucio para defender a gente como Cabal Peniche.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
El asunto que nos ocupa es un punto de
acuerdo con propuestas específicas, perdón, el diputado Sergio Vaca.
El diputado José Sergio Rodolfo
Vaca
Betancourt Bretón (desde su curul):
Diputada, solicito pasar a la tribuna para
hechos relacionados con el tema que se está tratando.
La Presidenta:
Tiene la palabra, hasta por cinco
minutos, para rectificar hechos el diputado Sergio Vaca.
El diputado José Sergio Rodolfo Vaca
Betancourt Bretón:
Con su autorización, señora
Presidenta:
He escuchado con atención lo que se ha
dicho sobre este problema del Fobaproa, Carlos Cabal Peniche y Roberto Madrazo Pintado.
Sobre estos particulares quiero hacer las
siguientes precisiones: no es cierto que gocen de impunidad por culpa de los diputados
federales que integramos actualmente esta legislatura. Los asuntos que se han perdido de
manera consecutiva, dos diputados panistas nos entrevistamos hace aproximadamente 20 días
con el subprocurador de la República encargado del ramo, Gilberto Higueras.
Se han perdido porque tienen un mal
congénito, nacieron para perder y nacieron para perderse por la gente que intervino en
estos asuntos en el sexenio pasado, no por culpa de nosotros. Abundo en la información.
¿Cómo es posible que se haya imputado a
Cabal Peniche la comisión de un delito que solamente puede ser perpretado por los
funcionarios y servidores bancarios? Es como si alguien que no es funcionario público le
inculpan de un delito cometido contra la función pública, simplemente es insensato.
¿Cómo es posible que se hayan demorado
cuatro años y medio para formular la querella respectiva?, eso tampoco fue culpa de
nosotros. En concreto, si hay algunos ilícitos que son difíciles de demostrar en
averiguación previa y en la instrucción son los bien llamados "de cuello
blanco".
Pero, además tenemos en este momento dos
impedimentos legales que ahí sí será culpa nuestra si no lo quitamos: el secreto
bancario, es tan secreta, tan secreta la información que no se la dan ni a la
Procuraduría General de la República ni tampoco a la Contraloría de la Federación; eso
sí está en nuestras manos, ni nos convertimos en cómplices, hagamos el trabajo
legislativo que se requiere para que en casos muy específicos cuando se trate de
indagatorias penales cuando esté auditándose sin reticencias, la Comisión Nacional
Bancaria no se haga la desentendida para proporcionar la información que se requiere.
Por añadura, yo no puedo entender como se
requirió para algunos de los asuntos de Cabal Peniche la querella previa del Procurador
Fiscal de la Federación. Si no eran delitos fiscales, no había interés fiscal que
perseguir; eso debemos quitarlo.
Por ejemplo: para el lavado de dinero, que
lo delictivo es su origen y que trata de volverse lícito, no tiene por qué intervenir la
Procuraduría Fiscal de la Federación y en dos o tres casos de los imputados a Cabal
Peniche, se perdió porque la querella se dio a los cuatro años y medio, siendo que tuvo
tres para hacerlo.
Algún compañero diputado hablaba de que
posiblemente la prescripción penal vaya a operar. Permítanme disentir, a lo mejor ya
operó y ahí tenemos otro tema jurídico que bien podemos enfocar.
¿Qué les parecería que pusiéramos,
yéndonos al extremo, que los delitos de cuello blanco y los delitos contra la función
pública, que son los que menos se castigan, porque uno sabe lo indebido cuando salen de
la función, no mientras son funcionarios públicos, que fueran imprescriptibles, como los
delitos contra la humanidad, para que en cualquier momento se les pueda sancionar.
Termino: desvanezcamos el secreto bancario,
modifiquemos las normas de prescripción penal en cuanto a esos ilícitos y entonces
podremos enfrentar a los que perpetran estas conductas ilegales y sí seremos responsables
si cuando termine nuestro periodo en el año 2003 no lo hemos hecho.
Gracias.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
El diputado Barbosa, para rectificar hechos
hasta por cinco minutos.
1424,1425,1426
El diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa
Huerta:
Gracias, señora Presidenta.
Muy breve, solamente para de manera muy
fraternal referirme a lo expresado por el diputado que me antecedió en el uso de la
palabra, en el sentido de que de los 15 procesos que tenía el señor Cabal Peniche y de
los cuales 13 obtuvo libertad por falta de elementos, son distintos hechos, diferentes
cosas a los que se refieren a los fideicomisos de los que estamos comentando. Respecto de
ellos no ha habido siquiera auditoría y por tanto no hay ni siquiera el inicio de una
investigación de carácter penal.
Es todo.
La Presidenta:
La diputada Rosalinda López, del grupo
parlamentario del PRD para rectificar hechos, hasta por cinco minutos.
La
diputada Rosalinda López Hernández:
Con el permiso de la Presidencia:
Nuestro grupo parlamentario coincide con el
diputado Vaca de que efectivamente las averiguaciones contra Cabal Peniche fueron mal
orquestadas.
Yo le recuerdo nada más que el 21 de abril
de 1995, la Procuraduría General de la República, en aquel entonces cuyo titular era un
miembro muy prominente de su partido, instruyó la demanda contra el delito de lavado de
dinero, que era el delito más grave que tiene Cabal Peniche. Hace apenas unas pocas
semanas se le concedió un amparo contra ese delito al señor Cabal Peniche.
Y en lo relativo a los fideicomisos,
efectivamente en el año de 1997 el licenciado Roberto Madrazo admitió públicamente
haber recibido dinero de Cabal Peniche. Y más todavía, el 29 de mayo de 1999, voy a
citar textualmente una nota del licenciado José Antonio González Fernández, en aquel
entonces ex dirigente nacional del PRI que dice: "lo que se me informó y lo que vi,
es que Cabal Peniche aportó en julio de 1993, 47 millones de pesos al PRI y los depositó
a través de dos o tres fideicomisos públicos y que en 1994 aportó 1 millón de pesos.
Eso es lo que vi y eso es lo que sé". Aquí acaba la cita textual del licenciado
José Antonio González Fernández.
Nosotros estamos solicitando justamente que
se dé a conocer a cada uno de nosotros los diputados, la documentación que ampara los
tres fideicomisos de Banca Unión. Esperemos que al igual que el juicio político contra
dos prominentes miembros del PRI, no se quede en el olvido.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, señora diputada.
Túrnese a la Junta de Coordinación
Política.
Tiene la palabra el diputado...
El
diputado Manuel Galán Jiménez
(desde su curul):
Solicito la palabra para rectificar hechos.
La Presidenta:
Para rectificar hechos sobre el tema
anterior. De cualquier manera el turno ya está dado. Se le concede la palabra para
rectificar hechos, hasta por cinco minutos al diputado Manuel Galán.
El diputado Manuel Galán Jiménez:
En forma también muy breve.
Solamente para dejar claro que la
presidencia de la comisión de vigilancia del órgano técnico de fiscalización rechaza
categóricamente que cualquier órgano de esta Cámara pretenda cubrir a Cabal Peniche; ni
a Cabal Peniche ni a nadie. Nuestra actuación es honorable y responsable, pero
precisamente por ello tiene que sujetarse a los términos legales y procesales.
Creo que no se escuchó adecuadamente, pero
en la narrativa que hice de todas las acciones que ha tomado la Comisión de Vigilancia,
está la del 5 de septiembre, en la cual se ordena a la Auditoría Superior realice una
auditoría sobre toda la información que se recibió relacionada con los fideicomisos de
Banca Unión. Ya está llevándose a cabo esa auditoría y en cuanto tengamos cualquier
resultado será informado a este pleno con mucho gusto.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Diputado Barbosa. Para rectificar hechos el
diputado Barbosa, hasta por cinco minutos.
El diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa
Huerta:
Gracias, señora Presidenta.
Solamente para aceptar el compromiso que en
esta tribuna lleva a cabo el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría
Superior de Fiscalización de la Federación, para empezar a tomar decisiones.
Tuvo que transcurrir un año, casi un año
para que se tomara esa decisión. Vamos a estar pendientes del curso de esa auditoría, de
que la información enviada de ella tengamos acceso todos los diputados para poder
evaluarla y que vayamos hasta el fondo señores, a recuperar el importe de los créditos
para no seguir engrosando el patrimonio de los pillos de México.
Gracias.
La Presidenta:
Gracias.
El punto de acuerdo planteado ya había
sido turnado formalmente hacia la Junta de Coordinación Política.
DETENIDOS-DESAPARECIDOS
La Presidenta:
Continuando con el desahogo del orden del
día, para presentar un punto de acuerdo en relación a los detenidos y desaparecidos en
México, tiene la palabra hasta por 10 minutos el diputado Miguel Bortolini Castillo, del
grupo parlamentario del PRD.
El diputado Miguel Bortolini Castillo:
Con su permiso, señora Presidenta;
señoras y señores diputados:
Durante su campaña electoral el licenciado
Vicente Fox, en reiteradas ocasiones señaló que una serie de problemas de violación de
los derechos humanos serían investigados.
Más aún, en el transcurso del segundo
debate entre los candidatos a la Presidencia de la República, hizo una referencia
explícita a todos esos personajes públicos sin los cuales era imposible entender los
cambios y las posibilidades democráticas que se abrían en México. Explícitamente,
ubicó su búsqueda por ganar la Presidencia de la República como un producto de la lucha
de los estudiantes de 1968.
Del accionar de Manuel Clouthier, del grupo
de mexicanos que formaron el Frente Democrático Nacional en 1988; de la lucha de Heberto
Castillo; de la dignidad del doctor Salvador Nava y de la infatigable luchadora por los
derechos humanos, Rosario Ibarra de Piedra. Muchos, en ese momento, nos sentimos
indignados ante ese hecho.
Vicente Fox echaba mano de símbolos que no
tenían nada que ver con él, pero no cabe duda que fue un golpe de audacia.
El problema que tiene Vicente Fox y todos
los que son como él, es que después de que baja la espuma la ciudadanía juzga en
función de lo que se hace y no de lo que se dice. A casi un año de haber tomado
posesión de su responsabilidad como Presidente de la República, no han sido aclarados
ninguno de los casos que han conmovido a la nación ni los asesinatos políticos que ahí
están, el caso de Polo Uscanga, el del cardenal Posadas, el de Francisco Ruiz Massieu y
de Luis Donaldo Colosio, que siguen sin ser aclarados.
Tampoco han sido aclaradas las matanzas del
2 de octubre ni las del 10 de junio de 1971 ni las de Acteal y el Bosque en Chiapas.
Tampoco las de Aguas Blancas y el Charco en Guerrero han sido aclaradas, para nada. Parece
que no tan sólo se ha heredado un modelo económico excluyente, sino que también todo el
entramado de impunidad.
En el caso de los detenidos desaparecidos,
la situación ha sido similar o peor en tanto que desde el poder se ha querido utilizar el
problema de los desaparecidos como parte de la pugna interna para definir quién es el
delfín.
La polémica sobre una eventual comisión
de la verdad encubre esta situación. La divergencia entre el inefable Secretario de
Relaciones Exteriores aliado al señor que tiene algún tipo de responsabilidad en
seguridad nacional, por un lado y el Secretario de Gobernación por el otro, revela no
únicamente la incapacidad del actual régimen por poner orden entre su equipo, sino
también la impresionante debilidad de las instituciones del país.
En el caso de los detenidos desaparecidos
el problema no es establecer una verdad histórica sino llevar justicia en un acto de
cabal justicia, cientos de mexicanos fueron detenidos de la manera más ilegal, además de
que fueron torturados, no fueron presentados ante el Ministerio Público y no fueron
juzgados, que es lo más grave.
Señoras y señores diputados: estamos
hablando de alrededor de 1 mil mexicanos que padecieron todo esto, encarcelamiento ilegal
y sobre todo tortura. Los familiares, los amigos, la sociedad requieren una información
precisa y clara de lo que pasó con ellos, requieren que se les presente, que se finquen
responsabilidades y que todo eso se haga a satisfacción de los directamente involucrados,
si esto se logra como una comisión de la verdad o no, eso es lo de menos.
Desgraciadamente no existen indicios que nos permitan concluir que se avanza en ese
sentido, más bien al contrario.
Desde el 1o. de septiembre del año pasado,
en el 2000, el comité de familiares agrupados en el comité Eureka que coordina la
admirable Rosario Ibarra, pidió formalmente, repito, pidió formalmente una cita con el
presidente Fox, sin que hasta la fecha haya recibido algún tipo de respuestas. Atrás
quedaron los elogios y la utilización de una figura y de una lucha con fines
publicitarios y electorales.
Ahora se recibe a equipos de fútbol, más
aún, creo que se ha recibido más a jugadores de fútbol que a miembros del Poder
Legislativo o Judicial, en Los Pinos, o se recibe también a atletas destacados, pero no
se recibe y ni se dignan siquiera a responder negativamente el pedido de esas infatigables
y dignas luchadoras por los derechos humanos.
El problema es que con esa ausencia de
respuesta, el Presidente está violando el artículo 8o. de la Constitución en el cual se
garantiza el derecho de audiencia, igualmente se contraviene la tesis 768 de la Suprema
Corte de Justicia en la que se plantea que el funcionario o la dependencia a quien se le
solicita la entrevista, tiene la obligación de responder positiva o negativamente en un
plazo no mayor de cuatro meses. Los familiares de los detenidos desaparecidos que integran
el comité Eureka, decidieron volver a hacer el recorrido que han hecho sexenio tras
sexenio y llevaron una vez más los expedientes de sus familiares a la Procuraduría
General de la República con una doble esperanza: en primer lugar que ahora gracias a esta
legislatura existe una ley que los protege al haberse establecido la desaparición como un
delito y en segundo lugar ante la alternancia que se vivió en el Gobierno de este país.
Si esa alternancia es verdaderamente el inicio de la transición a la democracia, aquí
existe una posibilidad de demostrarlo, resolviendo el terrible caso de los desaparecidos
en este país.
Pero un primer paso que mostraría voluntad
política y sensibilidad social es que el presidente Fox reciba a una comisión del
comité Eureka para escuchar su reclamo y sus propuestas. Y si hablamos de sensibilidad,
es porque es indispensable recordar al primer desaparecido, el profesor Epifanio Avilés
Rojas, quien fue detenido ilegalmente el 19 de mayo de 1969 en el Estado de Guerrero por
miembros del Ejército mexicano bajo el mando del general Miguel Bracamontes y el mayor
Antonio López. Estamos hablando de hace más de 32 años. A esos ciudadanos como Epifanio
Avilés Rojas, independientemente de lo que hacían, se les violentaron sus derechos
elementales y se puso a sus familiares en situaciones límites. Ningún estado de derecho
puede sustentarse sobre esas bases de ilegalidad e injusticia.
«Por todo lo anterior y con fundamento en
el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos los legisladores suscritos, integrantes de varios grupos
parlamentarios, sometemos a la consideración de esta Cámara de Diputados, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. "La Cámara de Diputados
le formula la siguiente excitativa al Presidente de la República: recibir a una comisión
del Comité Eureka para comenzar los trabajos para dar una solución justa a la demanda de
la presentación de los presuntos detenidos desaparecidos que existen en México.
1427,1428,1429
Y firman los diputados: José Narro
Céspedes, del PT; Humberto Mayans Canabal, independiente; Miguel Barbosa Huerta,
del PRD; José Hernández Fraguas, del PRI; Víctor M. Gandarilla, del PRI; José
Romero Apis, del PRI; David Sotelo, del PRD; Roberto Zavala, del PRI; Alberto
Anaya, del PT; José Manuel del Río Virgen, por Convergencia Democrática; José
Calderón Cardoso, del PAS; Martí Batres Guadarrama, del PRD; Petra Santos,
del PRD; Ramón León Morales, del PRD; Juan M. Carreras, del PRI; Manuel
Medellín, del PRI; Jesús Garibay, del PRD; Diego Cobo Terrazas, del
PVEM; Bernardo de la Garza, del PVEM, con un acotación: "si no, que lo reciba
el de Gobernación"; Erika Spezia, del PVEM; María Cristina Moctezuma,
del PVEM; Francisco Agundis, del PVEM; Enrique Herrera, del PRD y Jaime
Martínez Veloz, del PRI.»
(Queremos enfatizar que lo único que
estamos poniendo a votación, es la redacción del punto de acuerdo.)
Es todo, señora Presidenta, muchísimas
gracias.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Le solicito a la Secretaría dé lectura al
artículo 22...
Perdón, diputado…
El diputado Ramón León Morales
(desde su curul):
Solicito la palabra para rectificar hechos,
señora Presidenta.
La Presidenta:
El diputado Ramón León ha
solicitado la palabra para rectificar hechos, hasta por cinco minutos, sobre este tema,
por favor.
El
diputado Ramón León Morales:
Muchas gracias, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
En primer lugar, quiero reconocer la lucha
que ha dado el movimiento Eureka, que coordina la compañera Rosario Ibarra de Piedra.
Quiero decirles que el último caso que está planteando el Comité Eureka y la señora
Rosario Ibarra de Piedra, tiene que ver precisamente con dos desaparecidos en la ciudad de
Colima, dos desaparecidos el día 30 de junio.
Quiero decirles que estos dos
desaparecidos, el señor Alejandro Martínez Dueñas y el señor José de Jesús González
Medina, han sido buscados por sus familiares. Hemos recorrido conjuntamente con ellos
todas las instancias, hemos llegado hasta la Secretaría de Gobernación, para que nos den
algunos datos al respecto.
Sabemos que fueron detenidos por alguna
policía, la policía de Colima, de la Procuraduría de Justicia estatal, nos dice que
envió dos expedientes a la PGR sobre estas dos personas y la PGR nos dice que no tiene
nada que seguir, que no hay ninguna acta levantada en contra de estas personas. Nos ha
recibido la PGR, nos dice que no hay nada, que no tienen nada al respecto.
Hemos solicitado información a la
Secretaría de Gobernación, estamos esperando ser recibidos, hemos hablado ya con el
Secretario de Gobernación, se comprometió a que un subsecretario nos daría toda la
información al respecto.
Pero lo más grave, compañeros, es que
presentamos ante este pleno un punto de acuerdo para que se conformara una comisión que
se abocara a dar seguimiento a esta investigación y no tenemos una respuesta de esta
Cámara de Diputados.
Cuando presentamos la proposición con
punto de acuerdo vinieron a esta tribuna compañeros del Partido Acción Nacional,
vinieron a esta tribuna compañeros del Partido Revolucionario Institucional.
Todos estamos de acuerdo en que se
esclarezca, todos estamos de acuerdo en darle seguimiento a esta investigación. Hemos
hablado con los secretarios, hemos hablado con el presidente de la Comisión de Justicia y
Derechos Humanos, nos ha prometido que próximamente estará ya conformada esta comisión
y es momento en que nadie nos hace caso.
Quiero decir que, tristemente, tampoco en
esta Cámara se ha escuchado el clamor de una familia que anda buscando a estos
desaparecidos.
Es por eso que en este momento nos sumamos
a la propuesta que aquí se ha dado, queremos que el presidente Fox conozca de todos los
desaparecidos, particularmente de estos que corresponden a su administración; son los
primeros desaparecidos del gobierno de Vicente Fox y por lo tanto tendrá que dar cuenta
de ello. Pero también, compañeros, pedimos atingencia por parte de esta Cámara, pedimos
que verdaderamente nos involucremos en la problemática social.
Solicitamos, solicitamos en este momento a
la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para que de inmediato, de inmediato, creo que
no hay ni por parte del PAN ni por parte del PRI y por supuesto por parte del PRD, ningún
problema para que se conforme esta comisión que dé seguimiento a la investigación de
estos dos desaparecidos.
Por lo tanto, solicitamos atentamente a la
comisión para que cuanto antes se conforme esta comisión y dé seguimiento a estos dos
desaparecidos del gobierno de Vicente Fox.
Muchas gracias.
La Presidenta:
El diputado Lucio Fernández González,
del grupo parlamentario de Acción Nacional, ha solicitado la palabra hasta por cinco
minutos para el mismo tema.
El diputado Lucio Fernández González:
Gracias, diputada Presidenta:
Los integrantes de la fracción legislativa
de Acción Nacional se suman al interés para aclarar las responsabilidades que puedan
surgir respecto a las personas desaparecidas y detenidas.
Apoyamos el interés de aclarar esos casos,
que están ya encaminados los trabajos por las autoridades del Estado, como lo han
anunciado recientemente y lo apoyamos porque consideramos que ésa es la vía que
permitirá conocer ampliamente las responsabilidades que hubieren. Damos un voto de
confianza a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a los trabajos que viene realizando
en este tema.
Respetamos todos los esfuerzos de la
Organización Eureka, respetamos a su dirigente, señora Rosario Ibarra de Piedra.
Hoy tenemos la gran oportunidad de sumarnos
a la voluntad que ya existe por parte de las autoridades correspondientes para abrir los
archivos a las autoridades correspondientes que tienen en su poder el Centro de
Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Una nación como la nuestra necesita
conocer los acontecimientos que han hecho historia, con el fin de que algunos de ellos no
se vuelvan a repetir, como son las desapariciones de personas en los años 70. Solidarios
con los familiares de esos desaparecidos en los años 70, debemos de contribuir en lo que
más podamos para esclarecer el pasado, lo que nos permitirá continuar hacia el camino de
la verdad, toda vez que la Secretaría de Gobernación le ha otorgado la autorización a
la Comisión Nacional de Derechos Humanos, autorización publicada en el Diario Oficial
de la Federación el pasado 2 de octubre del presente año, edición vespertina, en
relación con los archivos que están bajo custodia del Cisen para acceder a la
información contenida en los archivos de las extintas direcciones Federal de Seguridad y
General de Investigaciones Políticas y Sociales, actualmente bajo custodia del Centro de
Investigación y Seguridad Nacional.
Apoyamos cualquier acción que busque
información que dentro del marco del programa especial sobre presuntos desaparecidos ha
realizado la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Acción Nacional, además en este asunto,
le solicita respetuosamente al Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
que en su próximo informe que enviará en pocas semanas a esta Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión, incluya toda la información concerniente a las
desapariciones en los años 1968 y 1970, así como los resultados de las indagaciones que
ha realizado, con datos concretos, con el propósito de que esta soberanía cuente con
información veraz y pueda realizar en el marco de su competencia las acciones
pertinentes.
Por su atención, gracias.
La Presidenta:
Muchas gracias, señor diputado.
Le solicito a la Secretaría dé lectura al
artículo 22 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión.
El secretario Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán:
"Artículo 22. El Presidente de
la mesa directiva es el Presidente de la Cámara de Diputados y expresa su unidad,
garantiza el fuero constitucionalidad de los diputados y vela por la inviolabilidad del
recinto legislativo.
El Presidente conduce las relaciones
institucionales con la Cámara de Senadores, con los otros poderes de la Unión, los
poderes de los estados y las autoridades locales del Distrito Federal. Asimismo tiene la
representación protocolaria de la Cámara, en el ámbito de la diplomacia
parlamentaria."
La Presidenta:
En tal virtud y en uso de la facultad
que establece el inciso ll del artículo 22, esta Presidencia de la Cámara de Diputados
hace suya la propuesta de punto de acuerdo presentada por el diputado Bortolini y la
transmitirá a la Presidencia de la República.
SEQUIA
La Presidenta:
Continuando con el orden del día se
concede el uso de la palabra para presentar un punto de acuerdo en torno al pago del 100%
de los recursos del Procampo, a los beneficiarios del mismo en las zonas temporaleras del
país.
Tiene la palabra el diputado Juan Carlos
Regis Adame, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Juan Carlos Regis Adame:
Con el permiso de la Presidencia;
compañeras y compañeros diputados:
«Los suscritos, diputados integrantes de
los diferentes grupos parlamentarios y partidos políticos, acudimos a esta tribuna con
fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, para plantear ante el pleno de esta soberanía,
el siguiente punto de acuerdo para apoyar a los productores agropecuarios que son
afectados por las sequías u otros desastres, para que puedan recibir el 100% de los
recursos del Procampo bajo las siguientes
CONSIDERACIONES
Como a todos nos consta, el campo mexicano
pasa por los peores momentos de su historia. Los problemas que tienen los campesinos son
considerables: sequías en varias entidades federativas entre las que se encuentran varios
estados como Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí,
Aguascalientes y algunos otros; abandono del Gobierno Federal; competencia desleal como
resultado de la puesta en vigor del capítulo agropecuario en el marco del Tratado de
Libre Comercio; fijación de los precios agrícolas por parte de acaparadores y empresas
transnacionales procesadoras de alimentos, bebidas y tabaco; así como el hambre y la
desnutrición de los pobladores rurales, sin dejar de lado la impresionante miseria en la
que viven, siendo ésta más acusada en las zonas indígenas y las zonas áridas.
Como legisladores no desconocemos que la
economía campesina ha sido atacada de forma deliberada por parte del Gobierno Federal y
los grandes empresarios capitalistas del campo, con objeto de impulsar su desaparición
gradual para que las tierras ejidales y comunales pasen a propiedad de estos grandes
capitales agrícolas.
La aplicación de las reformas al artículo
27 constitucional realizadas en 1992 dan cuenta de ello, pero más todavía el desinterés
que muestran las autoridades encargadas de la aplicación de las políticas agrarias, para
quienes es más importante impulsar la conversión de estos productores en empresarios
agrícolas, que canalizarles recursos para aumentar la productividad y con ello asegurar
la autosuficiencia alimentaria.
Pero frente a todos estos problemas
descritos, nos interesa, el día de hoy, destacar uno en particular: nos referimos al
apoyo que reciben los campesinos a través del Procampo y los problemas que enfrentan para
obtener estos recursos cuando se presentan situaciones de desastres naturales, como son
las sequías, trombas, granizadas, heladas, entre otros.
Conforme a la normatividad que regula el
funcionamiento del citado programa, los poseedores de parcelas elegibles para el cultivo
previamente señalado, reciben de forma anticipada los recursos correspondientes de 829
pesos por hectárea actualmente.
1430,1431,1432
Para llevar a cabo las siembras el
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias que depende de la
Sagarpa, determina qué siembran y qué variedades pueden realizarse, así como las
regiones en donde pueden instrumentarse estos cultivos. En resumen, este instituto hace
recomendaciones técnicas para la factibilidad de la siembra.
Por lo tanto, las recomendaciones del
Inifap sirven de base a los productores para ejecutar las siembras si las condiciones
climatológicas son adecuadas para los cultivos. Sólo en esas circunstancias podrán
recibir la totalidad de los recursos del Procampo, señalados por hectárea elegible que
haya sido sembrada.
Cosa muy distinta ocurre con los
productores, que en caso de que llegaran a presentarse problemas de sequías o cualquier
otro desastre imprevisto no lleguen a realizar las siembras. Estos productores reciben
apoyo sólo si mediante la gestión del gobierno del Estado de las entidades
correspondientes se crean programas emergentes, los cuales funcionan mediante recursos del
Procampo, que la Secretaría de Hacienda reasigna a esos programas. Pero en este caso
sólo se les apoya con el 75% de los recursos que corresponden por hectárea elegible.
Compañeros legisladores: el grupo
parlamentario del Partido del Trabajo quiere dejar claro que en nuestra nación los
campesinos reciben anualmente recursos en cantidades tan pequeñas que resultan
insuficientes para impulsar el aumento de la producción agropecuaria. También hemos
señalado cómo Estados Unidos canalizan recursos anuales por 92 mil millones de dólares
a sus productos. Para la producción de maíz lanzan anualmente recursos por 28 mil
millones de dólares. En el caso de Corea del Sur, que es una nación con similar
desarrollo industrial que la nuestra, se otorgan recursos al campo por 24 mil millones de
dólares al año, mientras que en nuestro país, entre el Procampo y el Aserca, los
recursos apenas suman al año 1 mil 563 millones de dólares.
Entonces nos preguntamos, ¿por qué la
Secretaría de Hacienda otorga sólo el 75% de los recursos a los productores
agropecuarias, cuando por problemas de sequía o cualquier otro fenómeno imprevisto no
logran consumarse las siembras? ¿Acaso depende de los productores la precipitación
pluvial que pueda lograrse?
Por esta razón, los suscritos diputados,
integrantes de los diferentes grupos parlamentarios representados en esta Cámara y
partidos políticos, con base en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos al pleno de esta
soberanía, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Para que sea considerado como de urgente y
obvia resolución:
Artículo único. Que el pleno de
esta soberanía solicite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que autorice que
los recursos que se destinan al Procampo se otorguen al 100% a los productores que
tuvieron problemas de sequía, siempre y cuando hayan realizado alguna labor de
preparación de las tierras. Estos recursos deben canalizarse a través de la Sagarpa para
que sean entregados a los productores de manera directa.
Atentamente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de
octubre de 2001.— Firman los diputados: José Narro Céspedes y Jaime
Cervantes Rivera por el Partido del Trabajo; del PRI, César Duarte y José
Jaimes García; José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la
Democracia; Alberto Anaya Gutiérrez, del Partido del Trabajo; Martí Batres,
del PRD; Santiago Guerrero, del PRI; Alfonso Oliverio Elías Cardona, del
PRD; José Antonio Calderón Cardoso, del Partido Alianza Social; Víctor
Antonio García Dávila, Rosa Delia Cota Montaño, del PT; José Escudero, del
Partido Verde Ecologista de México; Petra Santos, del PRD; Félix Castellanos
Fernández, del PT y el de la voz, su servidor, Juan Carlos Regis.»
Gracias.
Presidencia de la diputada
María Elena Alvarez Bernal
La Presidenta:
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en
votación económica, si se considera de urgente resolución el punto de acuerdo.
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
Por instrucciones de la Presidencia, de
conformidad con lo que establece el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en votación económica se pregunta
a la Asamblea si se considera de urgente resolución el punto de acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo...
La Presidenta:
Se considera de urgente resolución.
En consecuencia, está a discusión el
punto de acuerdo.
Se han registrado para hablar en pro el
diputado José Carlos Luna, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y el
diputado Timoteo Martínez Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Tiene la palabra el diputado José Carlos
Luna, hasta por cinco minutos.
El
diputado José Carlos Luna Salas:
Con la venia de la Presidencia; compañeras
y compañeros diputados:
El grupo parlamentario de Acción Nacional
está de acuerdo en apoyar todas aquellas iniciativas que beneficien a los productores
mexicanos y en especial a los productores agrícolas que son afectados por las sequías y
otros desastres naturales, para que puedan recibir el 100% de los recursos del Procampo.
Todos estamos de acuerdo que el campo
mexicano está pasando por situaciones demasiado difíciles y quiero hablar a nombre de
todos los productores en general y en especial por los productores afectados por las
sequías en los diferentes estados de la República y muy en particular los productores de
Zacatecas, por las condiciones geográficas que se tienen. Pero no estamos de acuerdo con
algunas observaciones que se hacen, como abandono por parte del Gobierno Federal, puesto
que éste, el Gobierno Federal, ha intervenido de una manera especial para regular la
comercialización del frijol, producto donde Zacatecas es uno de los principales
cultivadores y que aportan más frijol a la producción nacional.
El año pasado se comercializaba el frijol
a 2.50 y 2.80 en esta entidad. Hoy nos encontramos que el precio del frijol, el más
barato se comercializa a seis pesos al productor y en algunos casos a ocho, nueve y hasta
10 pesos, dependiendo de las diferentes variedades producidas.
Aquí también se ha dicho que la economía
de los campesinos ha sido atacada de una forma deliberada por el Gobierno Federal, más
sin embargo, los comentarios que he hecho anteriormente respecto a poner orden en las
diferentes cadenas productivas, demuestran con hechos que la voluntad del Gobierno Federal
es fortalecer la economía de los productores primarios.
También quiero mencionar que los decomisos
que se han hecho de piña importada de Tailandia por parte del Gobierno Federal y hoy el
cierre de fronteras a este producto es una realidad, así como la expropiación de 27
ingenios azucareros; estos hechos nos demuestran que la voluntad del Gobierno Federal es
poner orden a las diferentes cadenas productivas, repito, para fortalecer la economía de
los productores del campo mexicano.
En mi partido, el Partido Acción Nacional,
estamos conscientes que muchas tierras que no tenían y que no tienen vocación agrícola,
se destinen a la producción agrícola y sabemos y en eso estamos de acuerdo, que estas
tierras o estas áreas que se siembran periódicamente se van a ver afectadas por las
sequías, porque este fenómeno es recurrente y en estas zonas es frecuente que se
adelante o se atrasen las lluvias o sea, podemos considerarlas como de precipitación
errática y por tal motivo sugerimos y estamos de acuerdo en la reconversión de cultivos
en estas zonas, donde se pueden producir forrajes, plantaciones forestales, producción de
frutales como el nopal tunero, entre otros.
En relación a los apoyos del Procampo,
estamos de acuerdo que se les apoye a todas las parcelas y predios donde se prepararon las
tierras y donde no se pudo sembrar por falta de lluvias o de sequías. Pero en lo
sucesivo, no estaremos de acuerdo que se les dé el 100% a los productores que no preparan
o que no prepararon sus tierras por desidia, porque esto sería premiar la ineficiencia.
Estamos dispuestos a apoyar todas las
iniciativas que tiendan al beneficio de los productores, para hacerlos más productivos,
más eficientes, para mejorar su economía familiar. Estamos dispuestos a reunirnos con
las diferentes fracciones parlamentaria para analizar las diferentes cadenas productivas,
para que de una manera madura nuestras acciones se reflejen en el mejoramiento económico
de los productores mexicanos.
Hoy, compañeras diputadas y diputados
coincidimos en algo muy importante, en hacerle llegar el beneficio que todos nuestros
campesinos o nuestros productores están demandando; con esto, vayamos pues a apoyar las
acciones que sean benéficas para las familias que tanto lo apremian y tanto lo necesitan.
Muchas gracias, es todo, señora
Presidenta.
La Presidenta:
Gracias señor diputado.
Para referirse al mismo punto de acuerdo en
discusión, hará uso de la palabra el diputado Timoteo Martínez Pérez, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos
El diputado J. Timoteo Martínez Pérez:
Con su venia, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
Primeramente debemos de reconocer que el
campo mexicano pasa por uno de sus peores momentos de la historia y quienes los sufren
más sin duda son los directamente afectados, nuestros compañeros campesinos de las zonas
áridas y temporaleras, siendo muchos de ellos indígenas los que aparte de enfrentar la
problemática de no contar con los servicios más elementales para vivir dignamente como
son: agua, luz, drenaje, caminos etcétera, están sujetos a las inclemencias del tiempo
tanto de heladas, sequías, exceso de humedades, inundaciones, calor, entre otros; en
esto, el Gobierno destina una mínima parte de subsidios a los productores agrícolas si
los comparamos con nuestros principales socios comerciales de Canadá y Estados Unidos,
enfrentando un desigual e injusto Tratado de Libre Comercio, esto ni siquiera les preocupa
porque ellos con mucho esfuerzo y sacrificio siembran con la esperanza e ilusión de poder
cosechar algo para su autoconsumo y poder de algún modo hacer frente a las múltiples
dificultades y se animan a sembrar para poder producir algo de su precaria alimentación,
aun sabiendo que la precipitación pluvial en estas zonas es muy irregular, estamos de
acuerdo en que se lleve a cabo la reconversión productiva.
Es de todos sabido que una gran parte de la
superficie de cultivo es en zonas de temporal las que se encuentran en áreas de riesgo,
de siniestro o zonas áridas principalmente en los estados de Zacatecas, Oaxaca, San Luis
Potosí, Hidalgo, Querétaro, Aguascalientes, Puebla, Campeche y otros estados, situación
que nos preocupa porque una gran parte de los compañeros campesinos han dejado de sembrar
sus parcelas por falta de agua, porque los trabajos de barbeche y siembra son de desgaste
físico, además que el de económico con la adquisición de semillas y fertilizantes, ven
mermado su patrimonio con los altos costos del mercado.
En estos días un importante grupo de
compañeros de la zona norte del Estado de Campeche se han visto en la necesidad de
trasladarse hasta esta capital desesperados por su situación pues no han podido sembrar
por la falta de lluvia.
Por estos motivos le solicitamos a la
Sagarpa y a la Secretaría de Gobernación que intervengan para que se les apoye con este
programa y además que se les ayude con el Fonden a esos compañeros en desgracia.
Valoramos la decisión del Gobierno Federal
en cuanto a la realización del pago anticipado a los compañeros productores en las zonas
del país con alta siniestralidad y que contemplan a los que tienen de una a cinco
hectáreas, pero esto deja fuera a un alto número de compañeros agricultores de más de
cinco hectáreas, con la honrosa representación de la fracción parlamentaria de mi
partido el Revolucionario Institucional, manifestamos que apoyamos la propuesta del grupo
parlamentario del Partido del Trabajo con respecto a que se pague el 100% del padrón de
productores del Procampo en zonas temporaleras del país, sobre todo porque estos recursos
del Procampo ya vienen destinados o etiquetados dentro del presupuesto de egresos y no
implicaría un gasto adicional al erario público.
Compañeras y compañeros diputados:
apoyemos con acciones efectivas a nuestros hermanos los agricultores temporaleros del
país, aprobando este punto de acuerdo de urgente resolución.
1433,1434,1435
Es cuanto. Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se
considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
En votación económica se pregunta a la
Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.
La Presidenta:
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en
votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
En votación económica se pregunta a la
Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo...
La Presidenta:
Aprobado el punto de acuerdo.
El siguiente punto del orden del día
consiste en una proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se recomienda al
gobierno de Nayarit que acate la decisión del Congreso local sobre las reformas
electorales, se retira a petición de los proponentes, se retira del orden del día.
PRODUCTOS
FARMACEUTICOS
La Presidenta:
El siguiente, es una proposición con punto
de acuerdo sobre el impacto del Tratado de Libre Comercio en la venta de productos
farmacéuticos al sector público. Para presentarlo tiene la palabra el diputado Pedro
Miguel Rosaldo Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
hasta por 10 minutos.
El diputado Pedro Miguel Rosaldo
Salazar:
Gracias. Con su permiso, señora
Presidenta; compañeras diputadas y diputados:
Como ya lo señalamos en el anterior
periodo de sesiones ordinarias respecto a la proposición que presentamos, solicitando al
Senado de la República la revisión de los efectos del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, en relación a la industria farmacéutica de capital nacional, esa
industria conforma uno de los pilares del desarrollo nacional, debido a la importancia que
guarda en el desarrollo industrial del país, en la salud de la población y en el
fortalecimiento del mercado interno.
No obstante, con la política de apertura
comercial acelerada e indiscriminada, puesta en marcha desde finales de los años setenta
y cuya culminación encontramos en el tratado comercial mencionado, la industria
farmacéutica nacional ha sido severamente golpeada. En efecto, la apertura comercial fue
verdaderamente desfavorable para el sector. En 1987 contaba con 88 empresas que producían
el 75% de las necesidades de los laboratorios farmacéuticos. Actualmente quedan solamente
11, las cuales cubren aproximadamente el 15% de esos requerimientos, teniéndose que
importar el 85% restante.
Dentro de este panorama debe destacarse
que, de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a partir del 1o.
de enero del año 2002, las transnacionales farmacéuticas podrán vender sus productos al
sector público mexicano.
En el anexo 1001 2-A, correspondiente al
Capítulo X de compras al sector público del tratado, se establecen los mecanismos de
transición para México. En el punto seis de este anexo se lee: "productos
farmacéuticos: este capítulo no se aplicará hasta el 1o. de enero de 2002, a las
compras y medicamentos efectuadas por la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE, la
Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina, que no estén actualmente
patentados en México o cuyas patentes mexicanas hayan expirado".
Nada en este párrafo prejuzgará los
derechos de conformidad con el Capítulo XVII de propiedad intelectual. La mayoría de las
empresas farmacéuticas de capital nacional han surtido con éxito el sector salud. Las
adquisiciones del sector público se realizan por medio de concursos consolidados, esta
competencia regulada ha provocado que los precios promedio de los medicamentos demandados
por el sector salud presenten una curva descendente por unidad adquirida.
De acuerdo con datos de la Asociación
Nacional de Fabricantes de Medicamentos, AC, ABNAFAM, el precio promedio por unidad
adquirida ofrecido por las empresas nacionales al sector público en 1993 fue de 0.83
dólares y para 1999 descendió a 0.56 dólares, es decir, se presentó una reducción del
33%. En tanto, en el sector privado la evolución fue a la inversa, los precios promedio
por unidad adquirida fueron en 1993 de 3.04 dólares, en tanto que en 1999 ascendieron a
4.80, es decir, presentaron un incremento del 58%.
Todo lo anterior, dadas las condiciones
anotadas, permite prever el desplazamiento de la industria farmacéutica de capital
nacional, la concentración de esa oferta en unos cuantos laboratorios transnacionales y
un futuro incremento en los precios de los medicamentos, incluidos los de la canasta
básica.
De esta manera se rebasa el artículo 28
constitucional, que establece: "la ley castigará severamente y las autoridades
perseguirán con eficacia toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos, de
artículos de consumo necesario y que tengan por objeto obtener el alza de precios".
Sin embargo, el TLC favorece esa concentración y ese aumento de precios.
En conclusión, la aplicación del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte implica sujetarse al derecho extranjero olvidando
el estado del desarrollo nacional, su fomento y la salud de la población mexicana. Por
ello, si bien es necesario realizar una revisión y renegociación profundas del TLC en su
conjunto sobre las bases de un reconocimiento real de las asimetrías existentes entre los
tres países miembros, de una verdadera cooperación internacional y de un gobierno
democrático y por ende fuerte, capaz y decidido a negociar mejores términos para todos
los mexicanos, el peligro que implica el vencimiento del plazo para que las
transnacionales farmacéuticas inicien ventas al sector público nacional obliga a
promover de manera inmediata, a través del Senado de la República, una extensión de ese
término.
Se considera viable promover que la
prórroga se extienda hasta el año de 2008, esto implicaría que el sector farmacéutico
de capital nacional recibiera, de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte, trato igual al de otros productos nacionales sensibles, social y económicamente,
como el maíz, el frijol y la leche en polvo.
Los comentarios aquí vertidos se hacen sin
desconocer las facultades exclusivas del Senado de la República en materia de aprobación
de tratados internacionales. Tienen el propósito de plantear un grave problema que afecta
en primer lugar a la salud de millones de mexicanos, así como a la industria
farmacéutica y sugerir una vía de solución.
Por lo expuesto y con fundamento en los
artículos 23 inciso f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, los legisladores suscritos integrantes del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática, solicitamos a la Presidencia de la Cámara de
Diputados, turne a la Cámara de Senadores la siguiente
PROPOSICION
Unica. Dada la importancia del
sector farmacéutico nacional en el desarrollo industrial del país, la salud de los
mexicanos y el fortalecimiento del mercado interno, esta Cámara de Diputados se pronuncia
porque se amplíe el plazo establecido en el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte, para que los laboratorios farmacéuticos transnacionales inicien ventas al sector
público mexicano. El término deberá extenderse hasta el año 2008.
Lo anterior implicaría que el sector
farmacéutico de capital nacional recibiera de acuerdo con el propio tratado, trato igual
al de otros productos nacionales sensibles, social y económicamente como el maíz, el
frijol y la leche en polvo.
Es todo, muchas gracias.
La Presidenta:
Túrnese a la Comisión de Comercio y
Fomento Industrial.
Para referirse al mismo punto de acuerdo,
han solicitado hacer uso de la palabra, los diputados: Ernesto Saro Boardman y María de
las Nieves García Fernández.
Hará uso de la palabra hasta por cinco
minutos, el diputado Ernesto Saro Boardman del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
El
diputado Ernesto Saro Boardman:
Con su permiso, señora Presidenta:
El grupo parlamentario de Acción Nacional
apoya la propuesta de ampliación de plazo para la libre importación de medicamentos por
las instituciones de salud mexicanas que son grandes consumidores, como el Instituto
Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE y que se siga requiriendo de un mínimo de
integración nacional del 50% de sus insumos como está hasta el día de hoy, realizando
primero un concurso con estas características y de no haber abasto suficiente se hace un
concurso internacional privilegiando así a los proveedores de medicamentos producidos en
México con insumos mexicanos.
Esto permite que las adquisiciones hechas
por estas instituciones sean producidas en nuestro país por empresas nacionales y
multinacionales generando empleos y fortaleciendo la economía nacional.
Asimismo, permite que tanto nuestras
autoridades sanitarias como las instituciones adquirentes, vigilen estrechamente los
procesos productivos de estos medicamentos para garantizar la calidad y la salud de
millones de mexicanas y mexicanos, por lo que atentamente solicitamos se añada al punto
de acuerdo presentado por el diputado Rosaldo, los siguientes párrafos:
"El grupo parlamentario de Acción
Nacional, solicita a la Secretaría de Economía verifique el ámbito de aplicación en
esta materia de los artículos 1001 al 1007, del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte, en lo referente a compras y arrendamientos de empresas gubernamentales y establecer
las reservas y negociaciones que sean pertinentes para eximir o en su caso prolongar el
periodo de protección al considerar las compras del Instituto Mexicano del Seguro Social
y el ISSSTE, como gubernamentales y proteger a la industria asentada en México."
"Solicitamos también a la Secretaría
de Salud revise su reglamentación para que en este lapso de tiempo se aproveche para que
se exija en el caso de futuras compras internacionales los mismos requisitos sanitarios
que a las empresas establecidas en nuestro país, así como prever que esta Secretaría y
las entidades adquirentes que la supervisión y el control en los medicamentos importados,
esté debidamente contemplada en nuestra legislación sanitaria para garantizar la calidad
y por ende la salud de las mexicanas y mexicanos que consumen estos medicamentos."
Acción Nacional apoya la solicitud de
ampliación de este periodo, no sólo con un simple afán proteccionista, sino preocupados
porque de abrirse la importación el próximo año, no estaríamos preparados para
garantizar la calidad de los medicamentos que se importen, al no tratarse desde un punto
de vista sanitario igual que los fabricados en México. Insistimos, lo primero es la salud
de las mexicanas y los mexicanos y además el fortalecimiento de la industria
farmacéutica nacional y multinacional que confiando en nuestro país, invirtieron para
construir sus plantas en él.
Es todo, señora Presidenta.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Túrnense los puntos, que se proponen
agregar al punto de acuerdo, a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.
Tiene la palabra la diputada María de las
Nieves García Fernández del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, hasta por cinco minutos.
La diputada María de las Nieves
García
Fernández:
Con el permiso de la Presidencia;
compañeras y compañeros diputados:
Con el propósito de profundizar sus
relaciones económicas, políticas y de cooperación, México, Estados Unidos y Canadá en
1994 firmaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a través del cual
convinieron elaborar un marco favorable para, entre otros objetivos, desarrollar los
intercambios de mercancías, servicios e inversiones, incluyendo su liberalización
progresiva y recíproca dentro de un marco de equidad en condiciones que favorecieran una
competencia comercial de los países firmantes. Sin embargo, aún hay sectores para los
cuales los plazos acordados no han sido suficientes y requieren de más tiempo para ser
competitivos.
1436,1437,1438
Pero no debemos soslayar que los acuerdos
signados deben de tener cumplimiento. El sector salud en el rubro de productos
farmacéuticos puede continuar adquiriendo sus insumos en la industria farmacéutica
nacional, como acuerdo interno, a pesar de que en el año 2002 se dé cumplimiento a la
apertura de fronteras sobre dichos productos cumpliendo con las fechas pactadas.
Por otro lado, el grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional sugiere analizar los pros y los contras que afecten o
beneficien la prórroga propuesta por los compañeros del Partido de la Revolución
Democrática, ya que haciendo una reflexión no tenemos la certeza de en qué grado la
competencia internacional perjudique a la planta productiva nacional; también debe
evaluarse el beneficio que podrían tener los casi 100 millones de mexicanos ante la
posibilidad de adquirir productos farmacéuticos con una mejora en la relación
calidadprecio.
No olvidemos que los acuerdos pueden ser
sujetos a varias interpretaciones, como nos hemos podido dar cuenta con la industria
azucarera y en materia de transportes, que en nuestro concepto deberían de haberse
cumplido.
Con lo anterior es palpable que nuestros
socios comerciales del norte no han, en este momento, cumplido con lo que nosotros
esperábamos, haciendo argumentaciones que consideramos son violatorias a los acuerdos
establecidos. Es decir, nuestros socios comerciales del norte nos han dado razones
suficientes para que en el caso que nos ocupa, respecto que el próximo 1o.de enero de
2002 las transnacionales farmacéuticas podrán vender sus productos al sector público de
nuestro país, les corresponderíamos en este sentido con igual trato de no cumplir el
mencionado Acuerdo de Libre Comercio y de acceder al planteamiento aquí expuesto por los
dos grupos parlamentarios que me antecedieron en la palabra.
En sentido nacionalista debemos de apoyar y
así proteger nuestra industria farmacéutica y los empleos que genera; entre otros
rubros, para no caer en actividades anticompetitivas y conductas o prácticas que
restrinjan la competencia nacional.
Por lo anterior expuesto y con la finalidad
de consensar el plazo que se deba requerir, solicitamos que este punto se turne a las
comisiones de Comercio y Salud de la Cámara y en su oportunidad se envíe a la
colegisladora del Senado para que dentro de sus competencias señaladas en el artículo 76
párrafo uno de la Carta Magna, determine lo conducente.
Muchas gracias por su atención.
La Presidenta:
Si el diputado Pedro Miguel Rosaldo Salazar
no tiene inconveniente, turnaremos la proposición también a la Comisión de Salud.
El diputado Pedro Miguel Rosaldo Salazar
(desde su curul):
No hay inconveniente.
La Presidenta:
Entonces túrnese también a la
Comisión de Salud y posteriormente se le informará al Senado de la República.
INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL
AHORRO BANCARIO
La Presidenta:
Para hacer una proposición con punto de
acuerdo sobre el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, se concede el uso de la
palabra al diputado Jaime Salazar Silva, del grupo parlamentario de Acción Nacional, por
10 minutos.
El diputado Jaime Salazar Silva:
Con su permiso, señora Presidenta:
Proposición como punto de acuerdo
presentado por el grupo parlamentario de Acción Nacional.
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