Presidencia de la
diputada
María Elena Alvarez BernalASISTENCIA
La Presidenta:
Ruego a la Secretaría haga del
conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los diputados.
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
Se informa a la Presidencia que existen
registrados previamente 287 diputados, por lo tanto hay quorum.
La Presidenta (a las 10:43
horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL
DIA
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
Se va a dar lectura del orden del día.
«Primer Periodo de Sesiones
Ordinarias.— Segundo Año.— LVIII Legislatura.
Orden del día
Martes 6 de noviembre de 2001.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
Del diputado Silvano Aureoles Conejo.
Del Congreso del Estado de Guanajuato.
Del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
De diputados integrantes del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
De la Comisión de Justicia y Derechos
Humanos.
Oficio de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público
Con el que remite los informes
sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública,
correspondientes al tercer trimestre de 2001. (Turno a comisión.)
Iniciativa del Congreso del Estado de
Tlaxcala
Que reforma el quinto párrafo del
artículo 80-A, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. (Turno a comisión.)
Iniciativas de diputados
De reformas al artículo 4o., de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
De reformas a diversos artículos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral, a cargo del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
De reformas al apartado B del artículo 102
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Relaciones Exteriores
con proyecto de decreto que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional del 8 al 11 de
noviembre de 2001, a efecto de que participe en el 56 periodo de sesiones ordinarias de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, que tendrá lugar en Nueva York, Estados Unidos
de América. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación.)
De la Comisión de Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias con proyecto de Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control,
de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.
Dictamen a discusión
De la Comisión de Justicia y Derechos
Humanos, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones y rubros de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Excitativa
A la Comisión de Puntos Constitucionales,
a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Proposiciones
Con punto de acuerdo para que la
Secretaría de Relaciones Exteriores, proponga al gobierno de Belice, la creación de una
reunión binacional, para analizar la viabilidad ambiental en la construcción de la
hidroeléctrica "Chalillo", a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que se realice
una auditoría política a todos los representantes populares de elección federal, a
cargo del diputado Jaime Martínez Veloz, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que la Sagarpa
ejerza los recursos relacionados con el apoyo a los productores de café, para la presente
cosecha, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
(Urgente resolución.)
Con punto de acuerdo sobre el caso de la
licenciada Digna Ochoa y Plácido, a cargo de la diputada Magdalena Núñez Monreal, del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que el crimen de
la licenciada Digna Ochoa y Plácido, tenga importante y tenaz seguimiento por parte de
esta Cámara de Diputados, hasta su esclarecimiento y castigo a los responsables, a cargo
del diputado Enrique Herrera y Bruquetas, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a las
elecciones extraordinarias en el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación con el
llamado impuesto TOBIN, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a la
función 14 del presupuesto, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista
de México. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación con la
defensa del Congreso, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a
comisión.)
Con punto de acuerdo para revisar la
política presupuestal de la Secretaría de Salud para el Estado de Oaxaca, a cargo del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre el
funcionamiento de la gasera ubicada en la colonia Aeronáutica Militar, en la delegación
Venustiano Carranza, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno
a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación al
desempeño de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a cargo del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a la
reforma fiscal, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
(Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación al
proceso electoral en el Estado de Puebla, a cargo del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a la
situación cañera, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre la situación
política en el Estado de Chiapas, a cargo del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Agenda política
Comentarios sobre el fuero de los
legisladores y su violación por parte de las autoridades, a cargo del grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional.
Comentarios sobre el derecho de asociación
sindical en el Estado de México, a cargo del diputado Lucio Fernández González, del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Comentarios sobre la política indígena,
en el Estado de Veracruz, a cargo del diputado Edgar Consejo Flores Galván, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Efemérides
Sobre el Día Mundial del Combate a la
Pobreza, a cargo de la diputada Norma Patricia Riojas Santana, del Partido de la Sociedad
Nacionalista.
Sobre el aniversario de la Constitución de
Apatzingán, a cargo de los diversos grupos parlamentarios y partidos políticos
representados en la Cámara de Diputados.
Sobre el LVI aniversario de la fundación
de la Organización de las Naciones Unidas, a cargo de la diputada Beatriz Lorenzo
Juárez, del Partido Alianza Social.
Sobre la ciudadanización del Instituto
Federal Electoral (31 de octubre de 1996), a cargo de la diputada Beatriz Lorenzo Juárez,
del Partido Alianza Social.
Sobre el primer aniversario luctuoso de don
Fernando Gutiérrez Barrios, a cargo del diputado Simón Iván Villar Martínez, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»
Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
La Presidenta:
Gracias, señora Secretaria.
ACTA
DE LA SESION ANTERIOR
La Presidenta:
El siguiente punto del orden del día es la
discusión del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea
si se le dispensa la lectura al acta, tomando en consideración que ha sido publicada en
la Gaceta Parlamentaria y copia de la misma entregada a los coordinadores de los
grupos parlamentarios para sus observaciones y se procede a su votación.
El secretario Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán:
Por instrucciones de la Presidencia, se
consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior,
tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria y copia
de la misma entregada a los coordinadores de los grupos parlamentarios para sus
observaciones y se procede a su votación.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura.
«Acta de la sesión de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles treinta y uno de octubre de
dos mil uno, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de
Ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura.
Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
En el Palacio Legislativo de la capital
de los Estados Unidos Mexicanos, a las nueve horas con cuarenta minutos del miércoles
treinta y uno de octubre de dos mil uno, con la asistencia de doscientos setenta y tres
diputados, la Presidenta declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del
día.
La Asamblea aprueba en sus términos el
acta de la sesión anterior, en votación económica.
Comunicaciones de los congresos de los
estados de:
Chihuahua, con la que informa de
actividades propias de su legislatura. De enterado.
Coahuila, con acuerdo por el que solicita
al Congreso de la Unión exhorte, en los términos de ley, al Presidente de Estados Unidos
de América, para que la acción política, diplomática y militar en respuesta a los
atentados sufridos en suelo norteamericano, cumpla con los principios del derecho
internacional y de la democracia. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Colima, con acuerdo por el que exhorta a
los tres poderes de la Unión, a contribuir al esclarecimiento de los hechos de la
historia ocurridos el dos de octubre de mil novecientos sesenta y ocho. De enterado.
2217,2218,2219
México, dos, con las que informa de
actividades propias de su legislatura. De enterado.
Puebla, con la que informa de actividades
propias de su legislatura. De enterado.
San Luis Potosí, con la que informa de
actividades propias de su legislatura. De enterado.
Tabasco, con la que informa de actividades
propias de su legislatura. De enterado.
Comunicaciones de la Junta de Coordinación
Política:
Con acuerdo relativo a cambios en la
integración de la mesa directiva de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Se
aprueba en votación económica.
Con la que notifica cambios en la
integración en la Comisión de Desarrollo Rural. De enterado.
Con proyecto de punto de acuerdo por el que
invita a los congresos locales a crear una comisión legislativa, donde no existe, que
atienda los asuntos de la juventud, y a los titulares de los ejecutivos locales, en
aquellas entidades en las que no existe, a establecer un instituto de la juventud. Sin
nadie que haga uso de la palabra, la Asamblea aprueba el punto de acuerdo en votación
económica. Comuníquese.
Con la que notifica cambios en la
integración de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. De enterado.
Con acuerdo relativo al funcionamiento de
la comisión especial para la reforma de Estado. Sin discusión se aprueba en votación
económica.
Oficio de la Secretaría de Gobernación,
con el que remite iniciativa de ley que autoriza al Ejecutivo Federal para otorgar apoyos
tendientes a salvaguardar los servicios de transporte aéreo. Se turna a las comisiones de
Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones.
Presentan iniciativas los diputados:
Benjamín Ayala Velázquez, del Partido
Revolucionario Institucional, con proyecto de ley que crea el Parlamento Nacional de la
Juventud. Se turna a la Comisión de Juventud y Deporte.
David Rodríguez Torres, del Partido
Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma los artículos veintiuno, setenta y
tres y ciento dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna
a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Félix Salgado Macedonio, del Partido de la
Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma el artículo treinta y siete
de la Ley Federal de Cinematografía. Se turna a las comisiones unidas de Radio,
Televisión y Cinematografía y de Cultura.
A las diez horas con cincuenta y nueve
minutos, la Secretaría informa del registro de cuatrocientos treinta y siete diputados y
ordena el cierre del sistema electrónico de asistencia y votación.
Diego Cobo Terrazas, del Partido Verde
Ecologista de México, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la
Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Se turna a la Comisión de
Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Oficio de la Cámara de Senadores, con el
cual remite minuta con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario
para que ciudadanos mexicanos puedan prestar servicios en distintas sedes diplomáticas de
Estados Unidos de América en México. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad
Pública.
La Asamblea dispensa la lectura a tres
dictámenes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyectos de decreto que:
Reforma el párrafo segundo del artículo
tercero de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
Reforma y adiciona diversos artículos de
la Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados,
del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales.
Reforma la Ley de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos.
Son de primera lectura.
Presentan excitativas a la Comisión de
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, los diputados:
Martí Batres Guadarrama, del Partido de la
Revolución Democrática, en relación con una iniciativa que reforma el Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. La Presidenta
formula la excitativa correspondiente.
Norma Patricia Riojas Santana, del Partido
de la Sociedad Nacionalista, en relación con una iniciativa que reforma los artículos
ochenta y siete y noventa y uno del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el dieciséis de noviembre de dos mil.
La Presidencia instruye a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para
presentar a más tardar en la sesión del quince de noviembre de dos mil uno, el dictamen
respectivo.
Presenta una proposición con punto de
acuerdo para que se establezca el día veintidós de octubre como fecha conmemorativa del
nombramiento de Miguel Hidalgo y Costilla, como generalísimo de la nación americana y de
la conformación del Ejército Insurgente Mexicano, el diputado Fernando Ugalde Cardona,
del Partido Acción Nacional. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad
Pública.
La Presidenta ofrece el uso de la palabra
al diputado José Narro Céspedes, del Partido del Trabajo, para presentar una
proposición con punto de acuerdo, para incorporar en el ramo veinte desarrollo social del
Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal dos mil dos y
subsecuentes, el Programa Iniciativa Ciudadana Tres por Uno, para crear proyectos
productivos sociales, inversión en infraestructura y equipamiento urbano.
Se refieren al mismo tema, los diputados:
José Carlos Luna Salas, del Partido Acción Nacional; Tomás Torres Mercado, del Partido
de la Revolución Democrática, y Oscar Alfonso del Real Muñoz, del Partido
Revolucionario Institucional.
Se turna la proposición a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública.
Se concede la palabra, para presentar una
proposición con punto de acuerdo, a la diputada Beatriz Cervantes Mandujano, del Partido
Revolucionario Institucional, para exhortar al Poder Ejecutivo Federal, a fin de que se
revisen y mejoren las indemnizaciones a los titulares de los predios expropiados para la
construcción del nuevo aeropuerto internacional de México.
La Presidenta da lectura a la lista de
oradores para hablar sobre el mismo tema y suben a la tribuna los diputados: Francisco
Patiño Cardona, del Partido de la Revolución Democrática y al término de su
intervención, la Presidenta le hace un extrañamiento por haber hecho uso de la palabra
sin que se le concediera previamente y el diputado Patiño Cardona, desde su curul, acepta
la observación; Rafael Ramírez Agama, del Partido Acción Nacional;
Presidencia del diputado
Eric Eber Villanueva Mukul
Bertha Alicia Simental García, del
Partido de la Sociedad Nacionalista; Armando Enríquez Flores, del Partido Acción
Nacional; Ricardo Moreno Bastida, del Partido de la Revolución Democrática; Héctor
Taboada Contreras, del Partido Acción Nacional; Miguel Bortolini Castillo, del Partido de
la Revolución Democrática, e Ismael Estrada Colín, del Partido Revolucionario
Institucional.
Se turna la proposición con punto de
acuerdo a las comisiones de Reforma Agraria y de Hacienda y Crédito Público y se
instruye al Comité de Información, Gestoría y Quejas, estar atento a este asunto.
La diputada Adela del Carmen Graniel
Campos, del Partido de la Revolución Democrática, presenta proposición con punto de
acuerdo sobre las tarifas telefónicas. Se turna a las comisiones de Comunicaciones y de
Comercio y Fomento Industrial.
Presenta proposición con punto de acuerdo,
el diputado Víctor Antonio García Dávila, del Partido del Trabajo, para que se exhorte
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que los fondos de
comercialización de granos que actualmente se otorgan a empresas procesadoras, sean
otorgados directamente a los productores.
Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
Se turna a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público.
Por instrucciones de la Presidenta, la
Secretaría da lectura a una comunicación de la Junta de Coordinación Política en
relación con el Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional. De enterado y
comuníquese.
Habla sobre los fondos de comercialización
de granos, el diputado Abelardo Escobar Prieto, del Partido Acción Nacional.
Sube a la tribuna el diputado Abel Guerra
Garza, del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto
de acuerdo sobre la problemática del gas en el Estado de Nuevo León.
Sobre el mismo asunto, sube a la tribuna el
diputado Francisco Javier Cantú Torres, del Partido Acción Nacional.
Se turna la proposición a las comisiones
de Energía y de Comercio y Fomento Industrial, exhortándolas para que puedan dictaminar
a la brevedad posible.
El diputado Héctor Pineda Velázquez, del
Partido Revolucionario Institucional, presenta proposición con punto de acuerdo para
solicitar a las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación y a la de Economía, la información necesaria de la importación de leche
en polvo de Argentina, cuyo ganado, de acuerdo a información internacional, está
infectado de fiebre aftosa y solicita trámite de urgente resolución.
En votación económica la Asamblea
considera el asunto de urgente resolución.
Para hablar en pro del punto de acuerdo, la
Presidenta concede la palabra al diputado Martín Gerardo Morales Barragán, del Partido
Acción Nacional.
Sin nadie más que haga uso de la palabra,
la Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo en votación
económica y de la misma manera lo aprueba. Comuníquese.
Por instrucciones de la Presidencia, la
Secretaría da lectura a una comunicación de la Junta de Coordinación Política, con
proyecto de punto de acuerdo para que las comisiones de Agricultura y Ganadería y de
Comercio y Fomento Industrial integren un grupo de trabajo, con objeto de promover y
realizar reuniones con las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de la Secretaría de Economía, gobiernos de los
estados, productores de copra e industriales, para realizar las medidas necesarias para
rescatar la producción nacional de copra y mejorar las condiciones de vida de sus
productores.
Se refieren al punto de acuerdo, los
diputados: Celestino Bailón Guerrero, del Partido Revolucionario Institucional y Ramón
Ponce Contreras, del Partido Acción Nacional.
La Asamblea considera suficientemente
discutido el punto de acuerdo en votación económica y de la misma forma lo aprueba.
Procédase a su implementación.
Presenta proposición con punto de acuerdo
el diputado Rubén Aguirre Ponce, del Partido de la Revolución Democrática, para apoyar
a los productores de copra del país. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería
y al grupo de trabajo creado para rescatar la producción nacional de copra y mejorar las
condiciones de vida de sus productores.
Hace uso de la palabra el diputado Daniel
Ramírez del Valle, del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con
punto de acuerdo para formular un pronunciamiento respecto a la obra inconclusa en el
cruce de la avenida Ignacio Zaragoza y el Eje Tres Oriente. Se turna a la mesa directiva,
a efecto de aplicar lo dispuesto en el numeral dos del artículo veintidós de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Elías Martínez Rufino, del
Partido de la Revolución Democrática, presenta proposición con punto de acuerdo, para
que la Comisión de Cultura realice los estudios conducentes para evitar que los
monumentos, zonas arqueológicas, artísticas e históricas, sean utilizadas para un uso
distinto al de su naturaleza. Se turna a la Comisión de Cultura.
Habla sobre el mismo tema el diputado Julio
César González Jiménez, del Partido Acción Nacional.
La Presidencia concede la palabra al
diputado Elías Martínez Rufino, del Partido de la Revolución Democrática, para
rectificar hechos.
Por indicaciones de la Presidenta, la
Secretaría da lectura a un oficio de la Cámara de Senadores, por el que remite minuta
con proyecto de decreto que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional del ocho al once
de noviembre de dos mil uno, a efecto de que participe en el quincuagésimo sexto periodo
de sesiones ordinarias de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que tendrá lugar en
Nueva York, Estados Unidos de América. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Agotado el tiempo acordado para la
duración de las sesiones, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima
sesión y la Presidenta clausura la de hoy a las catorce horas con cincuenta y siete
minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo martes seis de noviembre de dos mil
uno, a las diez horas.»
2220,2221,2222
Está a discusión el acta... No habiendo
quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Aprobada, señora Presidenta.
DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA
El secretario Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán:
Comunicaciones:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.
Diputada Beatriz Elena Paredes Rangel,
presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 47, 48 y 49 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar a esta soberanía, se me conceda
licencia del 6 al 14 de noviembre del año en curso.
Agradeciendo la atención que se sirva
prestar a la presente, aprovecho la ocasión para reiterarle las seguridades de mi atenta
y distinguida consideración.
Atentamente
Palacio Legislativo, San Lázaro, a 5 de
noviembre de 2001.— Diputado Silvano Aureoles Conejo, III distrito electoral,
Michoacán.»
La Presidenta:
Se ruega a la Secretaría poner a
discusión el punto de acuerdo.
El secretario Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán:
Está a discusión el siguiente
punto de acuerdo
Unico. Se concede licencia al
diputado Silvano Aureoles Conejo, para separarse de sus funciones como diputado federal
electo en el III distrito del Estado de Michoacán, del 6 al 14 de noviembre de 2001.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo...
La Presidenta:
Aprobado.
ESTADO
DE GUANAJUATO
El secretario Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Honorable Congreso del Estado de Guanajuato.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
Anexo al presente me permito remitir el
acuerdo aprobado por la LVIII Legislatura constitucional del Estado, en sesión ordinaria,
celebrada en esta fecha, mediante el cual se exhorta a diversas autoridades, para que se
concluya el proceso de liquidación del Fobaproa.
Aprovecho la ocasión, para reiterarles las
seguridades de mi distinguida consideración.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guanajuato, Guanajuato, 18 de octubre de
2001.— El presidente del Congreso del Estado, diputado Omar Octavio Chaire Chavero.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Honorable Congreso del Estado de Guanajuato.
ACUERDO
La LVIII Legislatura Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Guanajuato, acuerda:
Artículo único. El Congreso
del Estado Libre y Soberano de Guanajuato exhorta al Ejecutivo Federal, a la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, al Banco de México, así como a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
para que se concluya el proceso de liquidación del Fobaproa.
Comuníquese el presente acuerdo a las
autoridades mencionadas.
Guanajuato, Guanajuato, a 18 de octubre del
año 2001.— Diputados: Omar Octavio Chaire Chavero, presidente; Jesús
Domínguez Aranda y Enrique Ortiz Rivas, secretarios.»
La Presidenta:
Túrnese a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público.
ESTADO
DE VERACRUZ
El secretario Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán:
Otra comunicación:
Diputada Beatriz Elena Paredes Rangel,
presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Los suscritos, diputados originarios del
Estado de Veracruz y miembros del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional,
exponemos lo siguiente:
En los últimos días se ha reiniciado un
problema en el Estado de Veracruz que data de hace un año, en el que se encuentran
involucrados habitantes campesinos de la zona norte de la entidad y transportistas de la
propia región. Desde el origen de estas confrontaciones el gobierno del Estado suscribió
acuerdos con las organizaciones de campesinos, con la finalidad de resolver los graves
conflictos suscitados.
El Estado, dentro de sus diferentes
ámbitos, es el encargado y obligado de preservar la paz y la seguridad en la sociedad y
al no cumplir estos deberes, propicia ruptura y enfrentamientos entre diversos núcleos de
población desatendiendo además su mandato.
Preocupados por lo anterior y ante la
inseguridad que implican los acontecimientos que se viven en la zona de la huasteca
veracruzana, los diputados federales del grupo parlamentario del PAN del Estado de
Veracruz venimos a:
Exhortar al gobierno del Estado de Veracruz
para que a la brevedad posible, antes de que agudice intervenga en la problemática
presentada en el Estado, derivando de esto la resolución de manera justa y pronta en la
situación conflictiva que está viviendo el Estado de Veracruz.
Palacio Legislativo, San Lázaro, a 31 de
octubre de 2001.— diputados: Francisco Arano Montero, Roberto Eugenio Bueno
Campos, Abel Ignacio Cuevas Melo, Manuel Wistano Orozco Garza, Luis Alberto Pazos de la
Torre, Orestes Eugenio Pérez Cruz, Jaime Tomás Ríos Bernal, José Sergio Rodolfo Vaca
Betancourt Bretón, Apuleyo Viniegra Orta y Alba Leonila Méndez Herrera.»
La Presidenta:
Túrnese a la Conferencia para la
Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.
El secretario Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán:
Hay otra comunicación: a petición del
PRD, se retira la misma del orden del día.
INCONSTITUCIONALIDAD
DE LEYES
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.
Dictamen de la Comisión de Justicia y
Derechos Humanos.
Honorable Asamblea: a la Comisión de
Justicia y Derechos Humanos de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y análisis, la proposición
con punto de acuerdo para que esta comisión, dé cuenta al pleno de la Cámara de
Diputados, con las tesis jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
que hayan declarado la inconstitucionalidad de leyes federales.
La Comisión de Justicia y Derechos
Humanos, con fundamento en lo establecido por el artículo 70 segundo párrafo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con las
facultades que le confieren los artículos 39 párrafos primero y segundo, fracción
XVIII; 45 párrafo sexto incisos f y g, y demás relativos de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y las que se deriven al
caso, como son las contenidas en los artículos 58, 60, 87, 88, 89 y 93 del Reglamento
para el Gobierno Interior del propio Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
somete a consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea el presente
dictamen, bajo la siguiente
Metodología
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos
encargada del análisis, estudio y dictamen de la proposición con punto de acuerdo
presentada, desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se
describe:
1. En el capítulo de
"antecedentes", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo,
del recibo y turno para el dictamen de la proposición con punto de acuerdo y de los
trabajos previos de la comisión.
2. En el rubro de "exposición de
motivos", se hace referencia a la conveniencia que la Cámara de Diputados cuente con
la información actualizada sobre la declaración de inconstitucionalidad de leyes
federales, dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
3. En las "consideraciones" los
integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, expresan argumentos de
valoración de la proposición y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar en
lo general la proposición con punto de acuerdo en análisis.
1. Antecedentes
a) Con fecha 9 de noviembre del año 2000,
el diputado Tomás Torres Mercado, integrante del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, presentó al pleno de esta Cámara de Diputados, la proposición
con punto de acuerdo para que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con la
periodicidad que la propia comisión determine, dé cuenta al pleno de la Cámara de
Diputados con las tesis jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
que hayan declarado la inconstitucionalidad de leyes federales o se haya interpretado
directamente un precepto de la Constitución Federal.
b) En sesión celebrada el 9 de noviembre
del año 2000, la mesa directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la
Unión, turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su estudio y dictamen la
proposición de referencia.
c) En esa misma fecha, los integrantes de
la Comisión de Justicia y Derechos Humanos conocieron la proposición presentada y
procedieron a nombrar una subcomisión de trabajo, tendiente a analizar su aprobación o
modificación, sobre la base de la siguiente.
2. Exposición de motivos
La Constitución Política de nuestro país
establece la clásica división de poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
El Poder Legislativo tiene la misión de
crear y actualizar las normas jurídicas que respondan a las complejas necesidades
sociales y, con ello, sentar las bases para una convivencia justa y pacífica.
Al Poder Judicial de la Federación le
corresponde que se respete irrestrictamente la Constitución. Bajo esta premisa, además
de conocer de controversias o asuntos jurisdiccionales ordinarios, como lo hacen los
jueces en cada Estado, el Poder Judicial de la Federación conoce del juicio de amparo
para proteger las garantías individuales de los gobernados que consagra nuestra
Constitución Política.
Para preservar las competencias que
reconoce la propia Constitución a los órganos de los tres niveles de gobierno, a partir
de 1995 y según lo establece el artículo 105 de la Carta Magna, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación conoce de controversias constitucionales, excepto las relacionadas
con litigios electorales suscitadas entre los diferentes órganos y niveles de gobierno,
así como de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la
probable contradicción entre alguna norma jurídica secundaria y la Constitución.
De acuerdo con las bases que establece la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que reproduce la Ley de Amparo
vigente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus resoluciones, puede
establecer jurisprudencia obligatoria y declarar la inconstitucionalidad de una ley; sin
embargo, de acuerdo con el principio de relatividad (conocido también como Fórmula
Otero) la declaración de inconstitucionalidad no deroga o abroga dicha ley, es decir, se
limita a amparar y proteger a personas físicas y morales, únicamente en lo relacionado
con el caso concreto sobre el que verse la demanda de amparo.
2223,2224,2225
En este sentido, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación sólo juzga la aplicación de leyes dictadas por el Congreso de la
Unión, sin pronunciarse vigencia dentro del orden jurídico mexicano.
De acuerdo con lo anterior, esta Cámara de
Diputados debe plantearse que la solución en estos casos es la derogación o abrogación
de la ley, a fin que se garantice la supremacía de la Constitución.
3. Consideraciones
Los integrantes de la Comisión de Justicia
y Derechos Humanos de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, una vez que
analizamos la proposición turnada a esta comisión para estudiar su viabilidad,
consideramos que efectivamente el hecho que se siga aplicando un precepto legal no
obstante de haber sido declarado inconstitucional su resolución de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación en virtud del principio de relatividad, conocido también como
fórmula de Otero estipulado en la Ley de Amparo, constituye una injusticia para las
personas que por alguna circunstancia no promovieron amparo respecto de este precepto
legal.
Por esta razón y para efecto de que esta
Cámara asuma la responsabilidad social y jurídica ante el pueblo de México, es preciso
ir adecuando el orden jurídico positivo, conforme a las cambiantes necesidades de esta
sociedad cada vez más compleja; por lo que con fundamento en lo establecido por el
artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y
del artículo 48 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores consideramos necesario que la Suprema Corte
de Justicia de la Nación remita a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos las tesis
jurisprudenciales que hayan declarado la inconstitucionalidad de las leyes federales o se
haya interpretado directamente un precepto de la Constitución Federal, para efecto de
plantear las iniciativas para la reforma que en su caso corresponda.
Por lo anteriormente expuesto, los
integrantes de esta Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
RESUELVEN
Unico. La Comisión de Justicia y
Derechos Humanos presentará un informe al pleno de la Cámara al inicio de cada periodo
de sesiones ordinarias sobre las declaratorias de inconstitucionalidad de leyes federales
o la interpretación directa de algún precepto de la Constitución Federal. Para ello
solicitará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la información necesaria y a los
órganos técnicos de la Cámara el apoyo correspondiente.
Salón de sesiones del Palacio Legislativo,
San Lázaro, a 30 de octubre de 2001.— Diputados: José Elías Romero Apis,
presidente; Roberto Zavala Echavarría, Fernando Pérez Noriega, Gustavo César
Buenrostro Díaz, David Augusto Sotelo Rosas, secretarios; Eduardo Andrade
Sánchez, Flor Añorve Ocampo, Francisco Cárdenas Elizondo, Manuel Galán Jiménez,
Rubén García Farías, Ranulfo Márquez Hernández, Manuel Medellín Milán, Fernando
Ortiz Arana, José de Jesús Reyna García, Juan Manuel Sepúlveda Fayad, Benjamín Avila
Márquez, Gina Andrea Cruz Blackledge, Lucio Fernández González, Alejandro Enrique
Gutiérrez Gutiérrez, Silvia América López Escoffie, María Guadalupe López Mares,
Vicente Pacheco Castañeda, Germán Arturo Pellegrini Pérez, Víctor Hugo Sondón
Saavedra, Yadira Ivette Tamayo Herrera, Genoveva Domínguez Rodríguez, Tomás Torres
Mercado, José Manuel del Río Virgen, María Teresa Campoy Ruy y Norma Patricia
Riojas Santana.»
La Presidenta:
De enterado.
SECRETARIA
DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.— Secretaría
Particular.
Diputada Beatriz Elena Paredes Rangel,
presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Por instrucciones del Presidente de la
República, y a efecto de dar cumplimiento a lo señalado en el decreto aprobatorio del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2001, la Ley de
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2001 y la Ley General de Deuda
Pública, me permito anexar los informes sobre la situación económica, las finanzas
públicas y la deuda pública, correspondientes al tercer trimestre de 2001.
En caso de requerir información adicional,
me pongo a sus órdenes para atender oportunamente su petición.
Sin otro particular, le reitero a usted la
seguridad de mi atenta consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 4 de noviembre de
2001.— El secretario, José Francisco Gil Díaz.»
VER ANEXO 1
VER ANEXO 2
2226,2227,2228
VER ANEXO 3
VER ANEXO 4
VER ANEXO 5
2229,2230,2231
VER ANEXO 6
VER ANEXO 7
VER ANEXO 8
2232,2233,2234
VER ANEXO 9
VER ANEXO 10
VER ANEXO 11
2235,2236,2237
VER ANEXO 12
VER ANEXO 13
VER ANEXO 14
2238,2239,2240
VER ANEXO 15
VER ANEXO 16
VER ANEXO 17
2241,2242,2243
VER
ANEXO 18
VER ANEXO 19
VER ANEXO 20
2244,2245,2246
VER ANEXO 21
VER ANEXO 22
VER ANEXO 23
2247,2248,2249
VER ANEXO 24
VER ANEXO 25
VER ANEXO 26
2250,2251,2252
VER ANEXO 27
VER ANEXO 28
VER ANEXO 29
2253,2254,2255
VER ANEXO 30
VER ANEXO 31
VER ANEXO 32
2256,2257,2258
VER ANEXO 33
VER ANEXO 34
VER ANEXO 35
2259,2260,2261
VER ANEXO 36
VER ANEXO 37
VER ANEXO 38
2262,2263,2264
VER ANEXO 39
VER ANEXO 40
VER ANEXO 41
2265,2266,2267
VER ANEXO 42
VER ANEXO 43
VER ANEXO 44
2268,2269,2270
VER ANEXO 45
VER ANEXO 46
VER ANEXO 47
2271,2272,2273
VER ANEXO 48
VER ANEXO 49
VER ANEXO 50
2274,2275,2276
VER ANEXO 51
VER ANEXO 52
VER ANEXO 53
2277,2278,2279
VER ANEXO 54
VER ANEXO 55
VER ANEXO 56
2280,2281,2282
VER ANEXO 57
VER ANEXO 58
VER ANEXO 59
2283,2284,2285
VER ANEXO 60
VER ANEXO 61
VER ANEXO 62
VER ANEXO 63
VER ANEXO 64
VER ANEXO 65
2289,2290,2291
VER ANEXO 66
VER ANEXO 67
VER ANEXO 68
2292,2293,2294
VER ANEXO 69
VER ANEXO 70
VER ANEXO 71
2295,2296,2297
VER ANEXO 72
VER ANEXO 73
VER ANEXO 74
2298,2299,2300
VER ANEXO 75
VER ANEXO 76
VER ANEXO 77
VER ANEXO 78
VER ANEXO 79
VER ANEXO 80
2304,2305,2306
VER ANEXO 81
VER ANEXO 82
VER ANEXO 83
2307,2308,2309
VER ANEXO 84
VER ANEXO 85
VER ANEXO 86
2310,2311,2312
VER ANEXO 87
VER ANEXO 88
VER ANEXO 89
2313,2314,2315
VER ANEXO 90
VER ANEXO 91
VER ANEXO 92
2316,2317,2318
LEY
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— LVI Legislatura.—Tlaxcala.
Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Tlaxcala.
Cuidadanos secretarios del honorable
Congreso de la Unión.— Presentes.
Por instrucciones del presidente de la mesa
directiva de la LVI Legislatura del Estado, y con fundamento en el artículo 60 fracción
I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo estatal, les remito el expediente con minuta
proyecto de acuerdo relativo a la iniciativa de reforma al artículo 80-A de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta, en términos de los artículos 71 fracción III, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 50 fracción V, de la
Constitución Política del Estado de Tlaxcala.
Reitero a ustedes las seguridades de mi
atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Tlaxcala, Tlaxcala, a 30 de octubre de
2001.— Sergio Cuauhtémoc Lima López, oficial mayor del honorable Congreso.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— LVI Legislatura.—Tlaxcala.
ACUERDO
Primero. Con fundamento en el
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación
al artículo 54 fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tlaxcala, esta LVI Legislatura del honorable Congreso del Estado presenta a la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente
INICIATIVA
De reforma al artículo 80-A de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta.
Artículo único. Se reforma el
contenido del quinto párrafo del artículo 80-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta,
para quedar como sigue:
"Artículo 80-A. . .
. . .
. . .
Para determinar el monto del subsidio
acreditable contra el impuesto que se deriva de los ingresos por los conceptos a que se
refiere este capítulo, se tomará el subsidio que resulte conforme a la tabla, disminuido
en el monto que se obtenga de multiplicar dicho subsidio por el doble de la diferencia que
exista entre la unidad y la proporción que determinen las personas que hagan los pagos
por dichos conceptos.
La proporción mencionada se calculará
para todos los trabajadores del empleador dividiendo el monto total de los pagos
efectuados en el ejercicio inmediato anterior que sirva de base para determinar el
impuesto en los términos de este capítulo, entre el total de las erogaciones efectuadas
en el mismo por cualquier concepto relacionado con la prestación de servicios personales
subordinados, incluyendo, entre otras, a las inversiones y gastos efectuados en relación
con previsión social, con excepción de las aportaciones patronales al Instituto Mexicano
del Seguro Social, al Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores y
las aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al
Servicio del Estado, servicios de comedor, comida y transporte proporcionados a los
trabajadores, aun cuando no sean deducibles para el empleador ni el trabajador esté
sujeto al pago del impuesto por ingreso derivado de las mismas, sin incluir los útiles,
instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo a que se refiere la
Ley Federal del Trabajo. Cuando la proporción determinada sea inferior al 50% no se
tendrá derecho al subsidio."
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. La presente reforma
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. Instrúyase al
oficial mayor de este Congreso para que comunique de forma inmediata la presente
iniciativa al honorable Congreso de la Unión.
Dado en la sala de sesiones del Palacio
Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,
a los 26 días del mes de octubre de 2001.— Diputados: Edilberto Sánchez
Delgadillo, presidente; Joaquín Flores Nophal y Felipe Flores Pérez,
secretarios.»
La Presidenta:
Túrnese a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público.
Pasamos al capítulo de iniciativas de
diputados.
ARTICULO
4o. CONSTITUCIONAL
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Pedro Miguel
Rosaldo Salazar, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa de
reformas al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Pedro Miguel Rosaldo
Salazar:
Gracias, señora Presidenta; compañeras
diputadas y diputados:
«Iniciativa de decreto que reforma el
artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El suscrito, diputado integrante del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LVIII Legislatura del
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar la
siguiente iniciativa de decreto que adiciona el artículo 4o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
En nuestra Constitución Política se han
roto paradigmas al incorporar antes que ninguna otra legislación de esta naturaleza del
mundo, a la par de las garantías individuales de las que goza cualquier persona y la
parte organizativa de nuestro Estado, los derechos y garantías sociales, tales como al
trabajo, a la salud, a la vivienda etcétera.
Establecer esos derechos sociales como
parte integrante de nuestra Constitución como país, no es fruto de ocurrencias, de
afanes declarativos o expresión de buenas intenciones.
Se trató de caracterizar las prioridades
que como nación tiene México, fruto de una realidad de desigualdad y pobreza que han
acompañado a nuestro país desde su más primaria existencia y que en los últimos
tiempos a tendido a exacerbarse, por la implementación a rajatabla de una política
económica que sirve a la empresa trasnacional y opera en detrimento de la satisfacción
de las necesidades básicas de la mayoría de la población.
Por ello se han establecido menciones a
derechos sociales, para que cada poder en sus respectivos campos de competencia atienda y
dé viabilidad a dichas prerrogativas.
Desprender de lo privado, la atención de
las necesidades primarias que son comunes a todos, es la razón del nacimiento de los
derechos sociales como ámbito autónomo del derecho, haciéndose especial hincapié con
ello en la responsabilidad del Estado en estas áreas en particular, donde el lucro, la
ganancia y la rentabilidad privada ceden su paso hacia la satisfacción sin distingo de
esas necesidades por parte de todos.
La justicia distributiva, se ejecuta a
través del reconocimiento de estos derechos, como un mecanismo para compensar y atenuar
las desigualdades que son fruto de las políticas públicas que no cumplen su principal
razón de ser.
Sin embargo, pasar de lo declarativo a lo
programático, resulta en algunos casos todavía una tarea pendiente, pero eso de ninguna
manera se debe a su sola mención en la Constitución, sino a la falta de atención por
quienes deben hacer efectivos esos derechos sociales.
Corresponde a los tres niveles de gobierno
y a los tres poderes públicos ejercer sus atribuciones para hacer asequible el ejercicio
de esos derechos.
Al Ejecutivo le corresponde fijar programas
con cargo al presupuesto para atender esos derechos fundamentales, de manera amplia y
generalizada; al Judicial le corresponde hacer de la impartición de justicia, también un
asunto de restitución social, como el que se espera que haga con el caso de los
ejidatarios de San Salvador Atenco.
Al Poder Legislativo nos corresponde
fundamentalmente dos cuestiones: vigilar como órgano de control político el exacto
cumplimiento de la norma por parte del Ejecutivo y realizar las reformas legales que
incluyan a los derechos sociales y hagan efectivo su ejercicio.
En esos esfuerzos se incluye la iniciativa
que presento ante esta soberanía.
Propongo adicionar un párrafo al artículo
4o. constitucional, para establecer el derecho a la alimentación de toda persona, como un
dispositivo constitucional que permita, a partir del mismo, establecer las políticas
públicas necesarias para satisfacer un reclamo que preocupa en estos tiempos por su poca
o nula atención por parte de la autoridad administrativa.
La enumeración de este derecho social en
la Constitución, no es una acción enunciativa, sino afirmativa, pues buscamos que de
ahí se deriven políticas públicas concretas para atender el problema de la
desnutrición de las y los mexicanos, por lo que en forma correlativa a la mención,
precisamos que el Estado debe proveer lo necesario para garantizar el pleno ejercicio de
este derecho.
Pensamos que hacer de la atención a este
problema un asunto de Estado, coloca en su justa dimensión la importancia que para el
México de ahora y del futuro, representa la alimentación de sus habitantes.
No resulta vano pues, establecer en la
Constitución estos derechos, aún y cuando ideológicamente haya quien se incomode ante
el punzante compromiso que significa que formen parte de nuestra carta fundamental, tales
derechos, sólo quien desconoce la historia de México, puede cuestionar la valía de que
nuestra Constitución incorpore estas menciones.
El Partido de la Revolución Democrática
es primero en esta solicitud y saludamos, que quienes en su momento se opusieron como
partido a ello, hoy recojan y prioricen la propuesta.
Fue desde el 13 de julio de 1994, que
presentamos ante esta soberanía una iniciativa de reformas al artículo 4o.
constitucional, buscando que en concordancia con el ya ratificado pacto internacional
sobre los derechos económicos, sociales y culturales de la ONU, se establecieron el
derecho a la alimentación; sin embargo, más de seis años de presentada dicha
iniciativa, es hasta esta legislatura cuando hay posibilidad de avanzar en ese terreno.
Las circunstancias han cambiado, por lo que
saludamos tal disposición.
Para abundar en esta necesaria reforma, es
preciso recordar la condición de México como país pobre y que nuestro reto desde ahora
en la globalidad es precisamente atacar la marginación en la que viven más de 60
millones de mexicanos.
Según datos de la FAO, el 40% de los
mexicanos padece desnutrición, situación que se agrava en más del doble para nuestra
población indígena.
Pensamos que el problema de la
redistribución de la riqueza es un asunto también de soberanía.
¿Qué tan libres podemos ser como país,
si más de la mitad de nuestra población se debate en niveles de infrasubsistencia,
mientras unos cuantos amasan fortunas al amparo de una política económica que se sigue
como dogma?
Pensamos que a 19 años de esa política
económica, los resultados han sido desastrosos y la polarización económica y social es
más marcada que antes, por lo que por gobernabilidad debemos cambiar desde este Congreso
ese rumbo.
Esta iniciativa se inscribe desde lo
simbólico y desde lo concreto en ese esfuerzo.
Por lo anteriormente expuesto y fundado,
someto a la consideración de este pleno, la siguiente reforma constitucional:
Artículo único. Se adiciona un
cuarto párrafo al artículo 4o. constitucional, para quedar como sigue:
"Artículo 4o. . .
. . .
. . .
Toda persona tiene derecho a la
alimentación que le permita un desarrollo integral adecuado a su edad y condiciones
especiales. El Estado proveerá lo necesario para garantizar el ejercicio de este derecho.
Toda familia tiene derecho a disfrutar de
vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin
de alcanzar tal objetivo.
Las niñas y los niños tienen derecho a la
satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento
para su desarrollo integral.
Los ascendientes, tutores y custodios,
tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para
propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.
El Estado otorgará facilidades a los
particulares para que se coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez."
2319,2320,2321
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Atentamente.
Palacio Legislativo, San Lázaro, a 6 de
noviembre de 2001.— Diputado Pedro Miguel Rosaldo Salazar.»
Presidencia del diputado
Eloy Cantú Segovia
El Presidente:
Túrnese a la Comisión de Puntos
Constitucionales.
En el orden del día el siguiente punto era
iniciativas, correspondía a la iniciativa de reformas a diversos artículos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral que estaría
a cargo del grupo parlamentario del PRD. A solicitud de este mismo grupo parlamentario se
pospone su presentación para una próxima sesión.
La siguiente iniciativa prevista en el
orden del día era la referente a reformas al apartado B del artículo 102 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos. El grupo parlamentario del PRD ha solicitado también que se
posponga la presentación de esta iniciativa para una próxima sesión.
Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
La Presidenta:
Pasamos al capítulo de dictámenes de
primera lectura.
Proceda la Secretaría.
PERMISO AL PRESIDENTE
PARA
AUSENTARSE DEL TERRITORIO NACIONAL
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de
Relaciones Exteriores.
Dictamen por el que se le concede
autorización, al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para
ausentarse del territorio nacional del 8 al 11 de noviembre del 2001, a fin de realizar un
viaje a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, para participar en el 56
periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Honorable Asamblea: a la Comisión de
Relaciones Exteriores de esta Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura le fue turnado
para su estudio y posterior elaboración de dictamen la iniciativa de decreto por la que
se solicita autorización para que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente
Fox Quesada, pueda ausentarse del territorio nacional del 8 al 11 de noviembre de 2001, a
fin de realizar un viaje a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América para
participar en el 56 periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea General de las Naciones
Unidas.
Honorable Cámara de Diputados: los
diputados federales de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, miembros de la
Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 88 de
la Constitución General de la República, 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso
General, y artículos 56, 57, 59, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la Asamblea, el siguiente
dictamen, por las siguientes
CONSIDERACIONES
Que el día 31 de octubre de 2001, le fue
turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores una iniciativa de decreto en la que se
solicita:
• Autorización al Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional del
8 al 11 de noviembre de 2001 a fin de realizar un viaje a la ciudad de Nueva York, Estados
Unidos de América, para participar en el 56 periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
Que los diputados miembros de la Comisión
de Relaciones Exteriores de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, aprobamos en
lo general la minuta proyecto de decreto aprobado por la Cámara de Senadores el 31 de
octubre de 2001, autorizando al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a ausentarse
del territorio nacional en las fechas indicadas y que fue remitida a esta comisión por la
mesa directiva de la Cámara de Diputados con oficio número: DGPL 58-II-3-464.
México está obligado a mantener presencia
destacada en el ámbito del nuevo sistema internacional, por lo que debe de consolidar una
política exterior activa, dirigida a promover los intereses nacionales e impulsarlos en
el contexto mundial, con estricta observancia de los principios que marca la
Constitución.
Nuestro Gobierno debe de contribuir y
participar, de manera responsable y eficaz, en los nuevos escenarios regionales y
mundiales que día a día generan nuevos cambios y exigen acciones determinantes que
conlleven al mejor entendimiento y cooperación entre las naciones.
México, al participar en el debate general
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, tendrá una gran oportunidad de enviar
señales inequívocas del papel activo que adoptará en los próximos años en el sistema
internacional.
Lo anterior tendrá un carácter y fuerza
de mayor relevancia, si se considera que el 8 de octubre del año en curso, nuestro país
fue electo, para el periodo 2002-2003, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad
de la ONU.
México está obligado a participar en el
diseño de la nueva arquitectura internacional, siendo éste el objetivo de nuestra
política exterior y con la participación de nuestro país en el debate general de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, se nos permitirá promover, en el ámbito
internacional, temas de interés nacional e influir en los que requieren una amplia
cooperación y concertación mundial.
Ante el surgimiento de nuevas amenazas,
como el terrorismo internacional, es de fundamental importancia que nuestro país
aproveche la oportunidad que le ha brindado el debate general de la Asamblea General para
exponer su visión respecto de la posición que deberá de asumir el consejo de seguridad
para el mantenimiento de la paz, la seguridad internacionales y la solución negociada de
los conflictos.
Por otra parte dentro de la Asamblea
General de las Naciones Unidas se analizan temas de gran relevancia para la comunidad
internacional, como lo son; el desarme, la cooperación para el desarrollo, el combate a
la pobreza, la promoción y protección de los derechos humanos, el combate al crimen
organizado transnacional, la protección al medio ambiente, la prevención de los
desastres naturales y la codificación del derecho internacional.
De manera paralela a la participación que
tenga México en el debate general de la Asamblea General, se buscará concertar reuniones
bilaterales con el mayor número posible de jefes de estado y de gobierno, así como con
los destacados funcionarios internacionales que estarán reunidos en la sede de la
Organización de las Naciones Unidas. En estos encuentros se buscará fortalecer las
relaciones políticas, económicas, sociales y culturales de nuestro país. De igual forma
esta visita se aprovecharía para sostener encuentros con líderes comunitarios mexicanos,
así como con empresarios, medios de comunicación y formadores de opinión
estadounidenses.
Ante pregunta expresa del diputado Eddie
Varón Levy, el subsecretario para Europa, Africa, Asia-Pacífico y Naciones Unidas,
Miguel Marín Bosch se comprometió, de ahora en adelante, que en las solicitudes de viaje
del Presidente se incluirán detalladamente las escalas técnicas.
Lo anterior deja ver la importancia que
tendrá la participación de nuestro país en el debate general de la Asamblea General en
comento, ya que en estos tiempos es importante mantener y consolidar una presencia
destacada de México dentro del nuevo orden internacional.
Con base en las consideraciones antes
vertidas y al análisis del proyecto de decreto presentado por la Cámara de Senadores, en
donde se establece la procedencia de la autorización para que el titular del Ejecutivo
pueda ausentarse del territorio nacional del 8 al 11 de noviembre de 2001, a fin de
realizar un viaje a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, para participar
en el 56 periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la
Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura
sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente
DECRETO
Unico. Se concede autorización al
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del
territorio nacional del 8 al 11 de noviembre de 2001, a efecto de que participe en el 56
periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que tendrá
lugar en Nueva York, Estados Unidos de América.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará
en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Atentamente
La Comisión de Relaciones
Exteriores.— Diputados: Gustavo Carvajal Moreno, presidente; F. Javier
Sánchez Campuzano, Tarcisio Navarrete Montes de Oca, José Carlos Borunda Zaragoza y
Erika Elizabeth Spezia Maldonado, secretarios; Sergio Acosta Salazar, Samuel
Aguilar Solís, Alberto Anaya Gutiérrez, Hilda Josefina Amalia Anderson Nevárez, Eduardo
Arnal Palomera, Edilberto J. Buenfil Montalvo, Raúl Covarrubias Zavala, María Elena
Chávez Palacios, Jorge Alejandro Chávez Presa, Víctor Emanuel Díaz Palacios, Lucio
Fernández González, Adrián Salvador Galarza González, Augusto Gómez Villanueva, Raúl
Gracia Guzmán, Efrén Leyva Acevedo, José Ramón Mantilla y González de la Llave,
Miguel Angel Moreno Tello, José Luis Novales Arellano, Bernardo Pastrana Gómez, María
de los Angeles Sánchez Lira, Heidi Gertud Storsberg Montes, Emilio Ulloa Pérez, Eddie
Varon Levy, José Socorro Velázquez Hernández y Alma Carolina Viggiano Austria.»
La Presidenta:
Es de primera lectura.
En virtud de que el dictamen se encuentra
publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se
le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
Por instrucciones de la Presidencia,
con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la
segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo...
La Presidenta:
Se le dispensa la segunda lectura.
Se consulta con la Comisión de Relaciones
Exteriores si algún diputado va a fundamentar el dictamen...
En virtud de que no hay por parte de la
comisión quien fundamente el dictamen, aquí tenemos el registro del diputado José
Carlos Borunda Zaragoza, quien declina. ¿Es correcto?
Se consulta a la Asamblea y se pone a
consideración, a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del
proyecto de decreto...
En virtud de que no hay registro de
diputados para hacer uso de la palabra en lo general y en lo particular, le ruego a la
Secretaría que consulte si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido.
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
En votación económica se pregunta a
la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el proyecto de decreto en lo general
y en lo particular.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señora Presidenta.
La Presidenta:
Se pide a la Secretaría se abra el sistema
electrónico hasta por 10 minutos, para proceder a la votación del proyecto de decreto.
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
Se pide se hagan los avisos a que se
refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por 10
minutos para proceder a la votación del proyecto de decreto.
(Votación.)
2322,2323,2324
ASISTENCIA
(II)
La Presidenta:
Le ruego a la Secretaría notifique el quorum
de asistencia y cierre el registro de asistencia.
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
Existen registrados 439 diputados.
Ciérrese el registro electrónico de asistencia.
PERMISO AL
PRESIDENTE PARA
AUSENTARSE DEL TERRITORIO NACIONAL (II)
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
Se emitieron 316 votos en pro y 48 en
contra.
La Presidenta:
Aprobado el proyecto de decreto por 316
votos.
Aprobado en lo general y en lo particular
el proyecto de decreto. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
REGLAMENTO INTERIOR DE LA UNIDAD
DE EVALUACION Y CONTROL
La Presidenta:
El siguiente punto del orden del día es la
primera lectura al dictamen con proyecto de Reglamento Interior de la Unidad de
Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.
En virtud de que el dictamen se encuentra
publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se
le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán:
Por instrucciones de la Presidencia, se
consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen, en virtud de que se
encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Se le dispensa la lectura.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.
Honorable Asamblea: a la Comisión de
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, fue turnada para su estudio y dictamen la
iniciativa de reglamento interior de la unidad de evaluación y control de la Comisión de
Vigilancia de la Cámara de Diputados, presentada por el diputado Ranulfo Márquez
Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y suscrita
por los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Analizada la iniciativa de referencia, con
fundamento en los artículos 71 fracción II y párrafo último y 73 fracción XXIV de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 numeral 1, 40 numeral 2 y
demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;
así como los artículos 55, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta comisión
dictaminadora somete a consideración de los integrantes de esta Asamblea, el presente
dictamen de acuerdo con la siguiente
Metodología
Esta comisión presenta el resultado de su
análisis y estudio de la iniciativa de Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y
Control, conforme al siguiente procedimiento:
I. En el capítulo de
"antecedentes" se menciona el trámite de inicio del proceso legislativo, el
turno para el dictamen de la iniciativa, así como los trabajos previos de la comisión.
II. En el siguiente apartado de
"contenido de la iniciativa", se exponen de manera breve cada uno de los temas
de la iniciativa, su exposición de motivos, así como el alcance del objeto de la
iniciativa en estudio.
III. En el capítulo de las
"consideraciones", se expresan los argumentos de valoración que los diputados
de la comisión hacen a la iniciativa en estudio y se exponen los motivos para presentar
al pleno la resolución que recoge el acuerdo alcanzado por la comisión de dictamen.
IV. Finalmente, en el apartado
"modificaciones a la iniciativa", los integrantes de esta comisión de dictamen
plantean enmiendas a la propuesta de Reglamento de la Unidad de Evaluación y Control.
I. Antecedentes
1. En sesión ordinaria de esta Cámara
celebrada el 27 de septiembre del año 2001, el diputado Ranulfo Márquez Hernández, del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a nombre de los integrantes
de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, presentó la iniciativa
con proyecto de Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control que nos ocupa.
2. En la misma sesión, la Presidenta de la
mesa directiva de la Cámara de Diputados ordenó el turno de la iniciativa a la Comisión
de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para su estudio y dictamen correspondiente.
3. En reunión de la Comisión de
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias se acordó la preparación del dictamen, con apego
a lo dispuesto por los artículos 67 fracción VII, 91, 92, 93, 94, 95, 96 de la Ley de
Fiscalización Superior de la Federación, mismo que sería presentado a la consideración
de los integrantes de la comisión, para su discusión y votación.
4. En reuniones de la comisión
dictaminadora, celebradas los días 17 y 30 de octubre del año en curso, los diputados
integrantes de la misma conocieron, analizaron, discutieron y votaron el dictamen de la
iniciativa de Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control y es el mismo que
hoy se pone a la consideración de esta soberanía, para su discusión y resolución
correspondiente.
II. Contenido de la iniciativa
Los diputados integrantes de la Comisión
de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, autores de la iniciativa, en uso de las
atribuciones que les confiere la Ley de Fiscalización Superior de la Federación,
presentaron para la consideración, dictamen y aprobación de la Cámara de Diputados, la
iniciativa de Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control citada.
La iniciativa plantea dotar de un
ordenamiento jurídico para regular la actividad de un órgano especializado y profesional
que será auxiliar en las labores de la Comisión de Vigilancia en la encomienda de
evaluar las funciones a cargo de los servidores públicos del órgano técnico de la
Cámara de Diputados que tiene a su cargo la revisión de la Cuenta Pública.
En la exposición de motivos se argumenta
que el control del poder constituye un principio democrático fundamental y un elemento
del estado de derecho. Sujetar el ejercicio gubernamental hacia un espacio más racional,
en el cual el derecho al buen Gobierno sea garantía de que las instituciones funcionen en
los términos de eficacia y de eficiencia que el orden constitucional democrático impone.
Sostienen los autores de la iniciativa que
la adecuación y fortalecimiento del instrumento de control sobre la fiscalización
superior en la gestión del Gobierno, sin duda es un gran avance que se inscribe en la
racionalización de la responsabilidad gubernamental y que fortalece también el control
parlamentario sobre la actividad misma del Gobierno.
Señalan que con la actividad de un órgano
auxiliar de las labores de la Comisión de Vigilancia, no se afectará la autonomía de
que goza la entidad de fiscalización superior, pues su función se concretará a vigilar
el estricto cumplimiento de las funciones a cargo de los servidores públicos de órgano
técnico de la Cámara de Diputados.
En la iniciativa de reglamento se menciona
que a partir de la función que desarrolle la unidad de Evaluación y Control se
permitirá conocer oportunamente, de manera técnica y profesional, si las actividades de
la Auditoría Superior de la Federación se apegan a la legalidad y se llevan a cabo en la
forma programada.
Con ello, la unidad de evaluación y
control permitirá una nueva práctica y adecuada coordinación de la propia comisión y
de la Cámara de Diputados con el órgano técnico revisor de la Cuenta Pública y dará
referentes a los diputados para orientar y mejorar la función de su órgano técnico.
Competencia y organización
En el Capítulo I, la iniciativa señala
que el objeto del reglamento será regular la actividad del órgano técnico especializado
denominado unidad de evaluación y control, el cual estará dentro de la estructura de la
Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
La unidad de evaluación será la encargada
de vigilar el estricto cumplimiento de las funciones, a cargo de los servidores públicos
de la Auditoría Superior de la Federación, a fin de aplicar, en su caso, las medidas
disciplinarias y sanciones administrativas previstas en la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos.
Por lo que se refiere a su estructura, esta
unidad tendría los siguientes servidores públicos: un titular de la unidad, un director
de evaluación y control de la gestión técnica, un director de evaluación y control de
la gestión administrativa, un director de asuntos jurídicos, un coordinador
administrativo y un secretario técnico.
La dirección de evaluación y control de
la gestión técnica contará con tres subdirecciones: de evaluación y control de
planeación y programas de evaluación y auditorías; de evaluación y control de
revisiones programático-presupuestales y económico-financieras; así como la de
evaluación y control de revisiones de regularidad.
La dirección de evaluación y control de
la gestión administrativa contará con dos subdirecciones: la de contraloría y la de
registro y control patrimonial. Finalmente, la dirección de asuntos jurídicos tendrá a
su cargo la subdirección jurídica.
De la Comisión de Vigilancia
En el Capítulo II del proyecto de
reglamento se desarrollan las atribuciones que tendrá la Comisión de Vigilancia en su
relación con la unidad. La comisión se apoyará en la unidad para la evaluación de la
actividad de la Auditoría Superior de la Federación.
La Comisión de Vigilancia será el
conducto de comunicación entre la unidad de evaluación y la Cámara de Diputados y entre
sus atribuciones se encuentra la de proponer, ante el pleno de la Cámara, el nombramiento
del titular de la unidad de evaluación, el presupuesto anual de la misma, así como el
informe anual de actividades de la unidad.
Entre otras atribuciones, la comisión
aprobará los manuales de organización de la unidad, así como las normas técnicas y los
procedimientos a los que se sujetarán las visitas, inspecciones y auditorías que se
practiquen a la Entidad de Fiscalización Superior.
La Comisión de Vigilancia autorizará la
solventación de observaciones que se hayan formulado a la Auditoría Superior de la
Federación y dispondrá que la unidad haga la presentación de denuncias o querellas
imputables a los servidores públicos de la Entidad de Fiscalización Superior.
Atribuciones de la unidad de
evaluación
En el Capítulo III de la iniciativa de
reglamento se desarrollan las atribuciones con las que contará la unidad de evaluación y
control, que principalmente son las que detalla el artículo 92 de la Ley de
Fiscalización Superior de la Federación.
Así, la unidad de evaluación
esencialmente vigilará que los servidores públicos de la Auditoría Superior de la
Federación se conduzcan en términos de lo dispuesto por la Ley de Fiscalización y
demás disposiciones aplicables.
La unidad practicará por sí o a través
de auditores externos, visitas, inspecciones o auditorías para verificar el desempeño,
cumplimiento de objetivos y metas de los programas anuales de la Entidad de Fiscalización
Superior.
Recibirá quejas y denuncias derivadas del
incumplimiento de las obligaciones por parte del auditor superior y demás servidores
públicos de la entidad de fiscalización. Iniciará investigaciones y, en su caso,
fincará las responsabilidades a que hubiere lugar; presentará denuncias o querellas si
el caso lo amerita; llevará el registro patrimonial de los trabajadores de la entidad;
conocerá y resolverá las inconformidades que presenten proveedores y contratistas;
sustanciará las solicitudes para dictaminar si ha lugar a iniciar el procedimiento de
remoción del auditor superior, así como de los demás auditores especiales de la entidad
de fiscalización.
Atribuciones del titular de la unidad
En el Capítulo IV de la iniciativa se
plantea que el titular de la unidad de evaluación y control dure en su encargo cuatro
años, sea el representante legal de la unidad, administre el patrimonio de la misma y dé
cuenta al pleno de la Cámara, por conducto de la comisión, de la gestión anual de la
unidad.
El titular propondrá a la comisión el
nombramiento y remoción de los directores, subdirectores, coordinadores, secretario
técnico y demás personal de confianza de la unidad.
El titular cumplirá y vigilará que se
cumplan los acuerdos que sobre su materia emitan la Cámara y la comisión; rendirá
informe sobre las revisiones que se practiquen a la entidad de fiscalización; propondrá
las políticas, procedimientos y programas para la práctica de auditorías a la entidad,
entre otras.
2325,2326,2327
Atribuciones de las direcciones
En el Capítulo V, la iniciativa presenta
atribuciones generales a las que se deberán sujetar las direcciones con las que contará
la unidad de evaluación y control.
Esencialmente, las disposiciones planteadas
señalan que los directores acordarán con su superior jerárquico el despacho de los
asuntos relaciones con la oficina a su cargo; planear y programar las actividades de su
dirección; proponer los planes y programas de las revisiones a la entidad de
fiscalización y supervisar las mismas; elaborar los informes de resultados de las
revisiones que practiquen, entre otras.
Asimismo, en este capítulo, la iniciativa
plantea las atribuciones particulares de cada una de las direcciones, subdirecciones,
coordinaciones y del secretario técnico.
La dirección de la gestión técnica
deberá programar y ejecutar la evaluación, seguimiento y control de los programas de
auditorías y evaluaciones que realiza la Auditoría Superior; verificar que los
servidores públicos de la Auditoría Superior se apeguen a la normatividad y cumplan con
las normas generales de auditoría pública; evaluar el contenido de los informes de la
Auditoría Superior e investigar los actos u omisiones de los servidores públicos de la
entidad de fiscalización superior.
A la dirección de la gestión
administrativa corresponderá planear las políticas para regular el funcionamiento de la
atención de quejas y denuncias relacionadas con el desempeño de los servidores públicos
de la entidad; investigar los actos de los servidores públicos de la entidad, que puedan
constituir probable irregularidad o responsabilidad administrativas; llevar y dirigir el
registro, evaluación y control de las declaraciones de situación patrimonial de los
servidores públicos de la Auditoría Superior, entre otras.
Por su parte, a la dirección de asuntos
jurídicos corresponde ser el representante legal del titular de la unidad ante los
tribunales de la República y demás autoridades administrativas; ejercitar las acciones
judiciales, civiles y administrativas en las que la unidad sea parte; dictaminar sobre las
sanciones administrativas a que se hicieren acreedores los servidores públicos de la
Auditoría Superior; sancionar los proyectos de recomendaciones derivados de las
auditorías practicadas a la entidad; dictaminar las solicitudes sobre la responsabilidad
de indemnizar a particulares, por reparación del daño atribuibles a servidores públicos
de la Auditoría Superior y dictaminar sobre la existencia de motivos de remoción de los
auditores especiales de la entidad de fiscalización superior.
Por lo que toca a las subdirecciones, la
iniciativa menciona la adscripción de la dirección a que corresponde cada una y les
compete auxiliar la labor que tiene, asignada cada dirección.
Al coordinador administrativo
corresponderá administrar los recursos financieros, humanos y materiales de la unidad;
preparar el anteproyecto de presupuesto anual de la unidad; proponer los manuales
administrativos internos, elaborar los informes de ejercicio presupuestal; entre otras.
Finalmente, el secretario técnico de la
unidad, será auxiliar de las labores del titular de la unidad en el desarrollo de los
asuntos de su competencia.
Régimen laboral, requisitos para
directores y suplencias
En los capítulos VI, VII y VIII, la
iniciativa menciona el régimen laboral a que se sujetarán los trabajadores de la unidad;
los requisitos para ser director o coordinador de la misma, así como el régimen de las
suplencias, respectivamente.
La propuesta de reglamento señala que los
futuros servidores públicos de la unidad se clasificarán como trabajadores de confianza
y sus relaciones laborales se regirán conforme a lo dispuesto por el apartado B del
artículo 123 constitucional.
Por lo que toca a los requisitos para ser
director o coordinador de la unidad de evaluación, la iniciativa señala que el candidato
deberá ser mexicano, mayor de 30 años, contar con título profesional en las materias
relacionadas con la actividad de la unidad, no haber desempeñado puestos de elección
popular cuando menos dos años antes de la elección y contar al día de su designación
con experiencia mínima de cinco años en el ejercicio de su profesión.
Finalmente, en lo que se refiere a las
suplencias, se propone que las ausencias del titular de la unidad sean suplidas por el
director de asuntos jurídicos, por el director de evaluación de la gestión técnica o
por el director de evaluación de la gestión administrativa, en ese orden, siempre que
las ausencias no excedan de tres meses.
Se plantea que durante las ausencias
temporales de los directores, el despacho y resolución de los asuntos de su competencia
queden a cargo de los subdirectores de su adscripción, en el ámbito de sus respectivas
competencias.
III. Consideraciones
Con la reforma constitucional publicada en
el Diario Oficial de la Federación en julio de 1999 quedaron sentadas las bases de
la fiscalización superior para contar con un renovado y fortalecido marco jurídico en el
control, revisión y vigilancia de la gestión financiera desde el ámbito del Poder
Legislativo.
La reforma aludida, en la fracción XXIV
del artículo 73 constitucional, faculta al Congreso de la Unión para expedir la ley que
regule la organización de la Entidad de Fiscalización de la Federación y las demás que
normen la gestión, control y evaluación de los poderes de la Unión y de los entes
públicos federales.
En diciembre del año 2000 entró en vigor
la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la cual en el artículo 91 señala
que para los efectos de evaluar si la Entidad de Fiscalización Superior cumple con sus
funciones existirá una unidad especializada a la que se le denominará unidad de
evaluación y control, que formará parte de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de
Diputados.
Por su parte, el artículo 96 de la ley
mencionada dispone que para el ejercicio de las atribuciones que tiene conferidas la
unidad, contará con los servidores públicos, unidades administrativas y los recursos
económicos que a propuesta de la Comisión de Vigilancia apruebe la Cámara y se
determinen en el presupuesto. También señala que el reglamento establecerá las
competencias de las áreas de la unidad mencionada.
Así, en ejercicio de la atribución que le
confiere la fracción X del artículo 67 de la Ley de Fiscalización Superior de la
Federación, la Comisión de Vigilancia presentó a la consideración de la Cámara de
Diputados la iniciativa de reglamento de la unidad de evaluación y control, en la que
propone la organización y estructura de la misma y desarrolla las atribuciones que
menciona la ley de la materia.
En esta tesitura, la Ley Orgánica del
Congreso de la Unión, en el artículo 40 numeral 4, señala que a la Comisión de
Vigilancia corresponde realizar las tareas que le marcan la Constitución y la Ley de
Fiscalización Superior de la Federación, reglamentaria de la Norma Suprema en la
materia.
La Ley de Fiscalización, en su artículo
66, dispone que la Comisión de Vigilancia tendrá por objeto coordinar las relaciones
entre la Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la Federación, constituir el
enlace que permita garantizar la debida coordinación entre ambos órganos, así como
evaluar el desempeño de la entidad de fiscalización.
Por lo que atañe a la facultad de evaluar,
la ley dispone que corresponde a la Comisión de Vigilancia valorar si la entidad de
fiscalización superior cumple con sus funciones de acuerdo con la Constitución y con la
propia ley. Para llevar a cabo lo anterior, el ordenamiento sobre la materia menciona que
la comisión contará con un órgano especializado que se denomina unidad de evaluación y
control.
Es con base en la Ley de Fiscalización
Superior que la Comisión de Vigilancia está planteando dotar de un ordenamiento
jurídico al órgano profesional y especializado que formará parte de su estructura.
Esta comisión dictaminadora advierte que
la propuesta de preceptos que se contienen en la iniciativa se ajustan a los principios
contenidos en la Ley de Fiscalización de la Federación, sobre todo respecto al objeto de
la unidad de evaluación, de vigilar el estricto cumplimiento de las funciones de los
servidores públicos de la ahora denominada Auditoría Superior de la Federación.
La unidad de evaluación y control no
tendrá injerencia en la autonomía de que goza la entidad de fiscalización, ya que no
intervendrá en la preparación de los programas de auditoría que la entidad lleve a cabo
para la revisión de la Cuenta Pública.
En este sentido, los diputados de esta
dictaminadora coinciden con los argumentos que se expónen en la iniciativa, de que la
actividad de la unidad de evaluación y control dará certidumbre y confianza de que la
función de la entidad de fiscalización se apega a lo que dispone la Constitución y su
ley reglamentaria.
Dado que el grupo de trabajadores que
colaborarán en la unidad de evaluación poseerá la especialización que se requiere en
las materias de auditoría, contabilidad, crédito público y jurídica, es claro que
será un órganó importante para que la Comisión de Vigilancia cumpla con atingencia y
responsabilidad la función de evaluar el desempeño de la entidad de fiscalización.
Es indudable también que contar con un
ordenamiento que regule la actividad del órgano que dependerá de la Comisión de
Vigilancia, permitirá que su actuación no invada la esfera de las atribuciones que
corresponden necesariamente a la Auditoría Superior.
En razón de lo anterior, a juicio de los
diputados integrantes de esta comisión, la iniciativa del Reglamento Interior de la
Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados
se ajusta al principio de evaluación contenido en la ley de la materia, y desarrolla
correctamente sus disposiciones, las cuales le permitirán cumplir con su función.
Por lo anteriormente expuesto, esta
Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias dictamina en sentido afirmativo la
INICIATIVA
De reglamento de la multicitada unidad de
evaluación y control, para quedar como sigue:
Artículo único. Se expide el
Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control dependiente de la Comisión de
Vigilancia de la Cámara de Diputados, al siguiente tenor:
REGLAMENTO INTERIOR DE LA UNIDAD
DE EVALUACION Y CONTROL
DE LA COMISION DE VIGILANCIA
DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
CAPITULO I
De la competencia y organización
Artículo 1o. El presente reglamento
tiene por objeto regular la actividad del órgano técnico denominado unidad de
evaluación y control de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.
Artículo 2o. Para efectos del
presente reglamento se entenderá por:
Cámara: la Cámara de Diputados del
Congreso General.
Comisión: la Comisión de Vigilancia de la
Auditoría Superior de la Federación.
Auditoría Superior: el órgano técnico de
la Cámara denominado por la ley como Auditoría Superior de la Federación.
Unidad: la unidad de evaluación y control
de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.
Ley: la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación.
Reglamento: el Reglamento Interior de la
Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.
Artículo 3o. La unidad de
evaluación y control es el órgano técnico de la Comisión de Vigilancia, por cuyo
conducto ésta vigilará el estricto cumplimiento de las funciones de los servidores
públicos de la Auditoría Superior de la Federación, así como las demás que
expresamente le encomiende la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.
Artículo 4o. Para el ejercicio de
las atribuciones y el despacho de los asuntos que le competen, la unidad contará con los
servidores públicos y las direcciones siguientes:
I. Titular de la unidad de evaluación y
control.
II. Director de evaluación y control de la
gestión técnica.
II.1 Subdirección de evaluación y control
de planeación y programas de evaluación y auditorías.
II.2 Subdirección de evaluación y control
de revisiones programático presupuestales y económico financieras.
II.3 Subdirección de evaluación y control
de revisiones de regularidad.
III. Director de evaluación y control de
la gestión administrativa.
III.1 Subdirección de contraloría.
III.2 Subdirección de registro y control
patrimonial.
IV. Director de asuntos jurídicos.
IV. 1 Subdirección jurídica.
V. Coordinador administrativo.
VI. Secretaría técnica.
Para el despacho de los asuntos de su
competencia, el titular de la unidad contará con una secretaría particular, la que
ejercerá las funciones que acuerde el titular y los manuales de organización que apruebe
la comisión.
2328,2329,2330
Artículo 5o. La unidad, por
conducto de sus servidores públicos y direcciones, llevará a cabo sus actividades en
forma programada y conforme a las políticas que para el logro de sus objetivos establezca
su titular con el acuerdo de la comisión.
CAPITULO II
De la Comisión de Vigilancia
Artículo 6o. La comisión se
apoyará en la unidad, para evaluar si la Auditoría Superior cumple con las funciones
que, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley, le
corresponden.
Artículo 7o. A la comisión, en
ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 67 fracción VII, 91 y demás
relativos de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, corresponde:
I. Proponer, en los términos de la ley al
pleno de la Cámara, el nombramiento o remoción del titular de la unidad;
II. Aprobar y presentar al pleno de la
Cámara, por conducto de la Junta de Coordinación Política, el anteproyecto de
presupuesto anual de la unidad;
III. Aprobar el programa anual de
actividades, el manual general de organización, lineamientos y criterios generales y
demás manuales administrativos de la unidad;
IV. Aprobar las normas técnicas y los
procedimientos a que deban sujetarse las visitas, inspecciones y auditorías que se
practiquen a la Auditoría Superior;
V. Ordenar a la unidad, la práctica de
auditorías, inspecciones y visitas a la Auditoría Superior, para que las practique por
sí o de manera externa;
VI. Autorizar la solventación de las
recomendaciones formuladas a la Auditoría Superior, derivadas de las revisiones
practicadas por la unidad y vigilar que hayan sido plenamente atendidas;
VII. Presentar denuncias o querellas ante
la autoridad competente, en caso de detectar conductas presumiblemente constitutivas de
delito, imputables a los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación,
a través de la unidad de evaluación y control;
VIII. Ser el conducto de comunicación
entre la Cámara y la unidad;
IX. Autorizar el nombramiento y remoción
del personal de mando de la unidad, a partir del nivel de director;
X. Autorizar el nombramiento y remoción de
los trabajadores de confianza con que cuente la unidad;
XI. Interpretar el presente reglamento,
aclarar y resolver las consultas sobre su aplicación;
XII. Presentar a la Cámara el informe
anual de gestión de la unidad y
XIII. Las demás que se deriven de la ley,
del presente reglamento y de los acuerdos de la Cámara.
CAPITULO III
De las atribuciones de la unidad
Artículo 8o. La unidad tendrá las
siguientes atribuciones:
I. Vigilar que los servidores públicos de
la Auditoría Superior de la Federación se conduzcan en términos de lo dispuesto por la
ley y demás disposiciones legales aplicables;
II. Por acuerdo de la comisión, practicar
por sí o a través de auditores externos, auditorías, visitas e inspecciones, para
verificar el desempeño, el cumplimiento de objetivos y metas de los programas anuales de
la Auditoría Superior, así como la debida aplicación de los recursos a cargo de ésta;
IIl. Recibir quejas y denuncias derivadas
del incumplimiento de las obligaciones por parte del auditor superior de la Federación y
demás servidores públicos de la Auditoría Superior, iniciar investigaciones y, en su
caso, con la aprobación de la comisión, fincar las responsabilidades a que hubiere lugar
e imponer las sanciones que correspondan, en los términos de la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos;
IV. Conocer y resolver el recurso de
reconsideración que interpongan los servidores públicos sancionados conforme a lo
dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos;
V. Realizar la defensa jurídica de las
resoluciones que se emitan ante las diversas instancias jurisdiccionales;
VI. Por acuerdo de la comisión, presentar
denuncias o querellas ante la autoridad competente, en caso de detectar conductas
presumiblemente constitutivas de delito, imputables a los servidores públicos de la
Auditoría Superior;
VII. Llevar el registro y análisis de la
situación patrimonial de los servidores públicos de la Auditoría Superior;
VIII. Conocer y resolver de las
inconformidades que presenten los proveedores o contratistas, por el incumplimiento de las
disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas;
IX. Recibir, tramitar y resolver las
solicitudes de los particulares relacionadas con servidores públicos de la Auditoría
Superior de la Federación, en términos de lo dispuesto por el artículo 77-bis de la Ley
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos;
X. Sustanciar la investigación preliminar
por vía especial, para dictaminar si ha lugar a iniciar el procedimiento de remoción a
que se refiere la ley, relacionado con las quejas que reciba de los poderes de la Unión y
de los entes públicos federales sobre los actos del auditor superior de la Federación;
XI. A instancias de la comisión, opinar
sobre la existencia de los motivos de remoción de los auditores especiales de la
Auditoría Superior y
XII. Las demás que le atribuyan
expresamente la ley, demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables y los
acuerdos de la Cámara y la comisión.
CAPITULO IV
Del titular de la unidad
Artículo 9o. El titular de la
unidad será responsable administrativamente ante la propia Cámara. Durará en su encargo
por el periodo de cuatro años. A propuesta de la comisión, la Cámara podrá prorrogar
su nombramiento hasta por otro periodo igual.
Artículo 10. El titular de la
unidad podrá ser removido cuando en el desempeño de su cargo incurriere en falta de
honradez, notoria ineficiencia, incapacidad física o mental o cometa algún delito
intencional.
En tales casos, la comisión propondrá a
la Cámara, motivada y fundadamente, su remoción, la que resolverá, previo conocimiento
de lo que el titular de la unidad hubiere alegado en su defensa.
Durante el receso de la Cámara, la
comisión podrá suspenderlo en el ejercicio de sus funciones para que aquélla resuelva
en el siguiente periodo de sesiones ordinarias.
Artículo 11. Al titular de la
unidad corresponde:
I. Representar legalmente a la unidad ante
autoridades, entidades y personas físicas y morales;
II. Elaborar el anteproyecto de presupuesto
anual de la unidad, que será sometido a la Cámara por conducto de la comisión;
III. Administrar y ejercer el presupuesto
mensual, dando cuenta comprobada de su aplicación a la comisión dentro de los 10
primeros días del mes siguiente al que corresponda su ejercicio;
IV. Informar a la comisión, dentro de los
30 días siguientes al término del ejercicio del presupuesto anual, acerca de su
aplicación;
V. Rendir a la Cámara, por conducto de la
comisión, el informe anual de su gestión;
VI. Proponer a la comisión el nombramiento
y remoción de los directores, subdirectores, coordinadores, secretario técnico y demás
personal de confianza de la unidad;
VII. Rendir los informes de los resultados
de las auditorías, visitas e inspecciones practicados a la Auditoría Superior y los
demás que le soliciten la Cámara y la comisión;
VIII. Definir, formular y establecer los
sistemas de control interno y de evaluación, procurando que asuman un carácter integral,
congruente y homogéneo, de conformidad con las disposiciones legales vigentes;
IX. Proponer las políticas, procedimientos
y programas por los que se realizarán las auditorías, visitas e inspecciones a la
Auditoría Superior;
X. Planear, programar y llevar a cabo las
auditorías, visitas e inspecciones a las diversas áreas administrativas de la Auditoría
Superior;
XI. Planear, programar y proponer a la
comisión, la práctica de auditorías, visitas o inspecciones de carácter externo a la
Auditoría Superior;
XII. Comunicar a la comisión lo
relacionado con el personal que intervendrá en las auditorías, visitas e inspecciones
que realice la unidad a la Auditoría Superior;
XIII. Resolver las solicitudes de
particulares relacionadas con servidores públicos de la Auditoría Superior, en términos
de lo dispuesto por el artículo 77-bis de la Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos;
XIV. Cumplir y vigilar que se cumplan los
acuerdos y lineamientos emitidos por la Cámara y la comisión;
XV. Presentar denuncias o querellas ante la
autoridad competente, imputables a los servidores públicos de la Auditoría Superior, en
caso de detectar conductas que puedan constituir delito;
XVI. Fincar las responsabilidades a que
hubiere lugar e imponer las sanciones que correspondan a los servidores públicos de la
Auditoría Superior, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos, previa aprobación de la comisión;
XVII. Imponer a los servidores públicos de
la unidad las sanciones legales que procedan cuando incurran en responsabilidades
administrativas en el desempeño de sus funciones;
XVIII. Resolver el recurso de
reconsideración que interpongan los servidores públicos de la Auditoría Superior
sancionados conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos;
XIX. Mantener comunicación con el auditor
superior y los titulares de las áreas de la Auditoría Superior para facilitar la
práctica de auditorías, visitas e inspecciones;
XX. Requerir a las unidades administrativas
de la Auditoría Superior la información necesaria para cumplir con sus funciones;
XXI. Certificar copias de los documentos
que obren en los archivos de la unidad y
XXII. Los demás que le otorgue la ley, el
presente reglamento y los acuerdos que emitan la Cámara o la comisión.
Para la mejor distribución y desarrollo
del trabajo de la unidad, el titular podrá delegar sus facultades, en forma general o
particular, a servidores públicos subalternos, sin perjuicio de que las ejerza
directamente; teniendo carácter de indelegables las que se mencionan en las fracciones
IV, V y VI de este artículo.
CAPITULO V
De los atribuciones de las direcciones
Artículo 12. Para el ejercicio de
sus funciones, el titular de la unidad contará con direcciones y subdirecciones, las que
tendrán sin perjuicio de lo dispuesto en otros artículos, las siguientes atribuciones
generales:
I. Suplir las ausencias del titular de la
unidad, de conformidad a lo dispuesto en el presente reglamento;
II. Acordar con su superior jerárquico el
despacho de los asuntos relacionados con la oficina a su cargo o los programas cuya
coordinación se le hubieren asignado;
III. Planear y programar las actividades de
las oficinas a su cargo y someterlas a la consideración del titular de la unidad;
IV. Dirigir, supervisar y evaluar el
desarrollo de las funciones y la ejecución de los programas de la dirección a su cargo,
de conformidad con los lineamientos y criterios generales que apruebe la comisión;
V. Proponer los planes y programas de
auditorías, visitas e inspecciones a la Auditoría Superior, al titular de la unidad,
así como los programas de la dirección;
VI. Supervisar la práctica de auditorías,
visitas e inspecciones a la Auditoría Superior;
VII. Elaborar los informes de los
resultados de las auditorías, visitas e inspecciones que se realicen a la auditoría;
VIII. Dar seguimiento a la atención de las
recomendaciones formuladas a la Auditoría Superior, derivadas de las auditorías, visitas
e inspecciones;
IX. Participar en la preparación de
estudios, planes, programas y proyectos que competan a la unidad, en la forma que lo
determine el titular, el manual general de organización y los acuerdos de la Cámara y la
comisión;
2331,2332,2333
X. Aportar la información que corresponda
para formular el anteproyecto de presupuesto anual de la unidad, así como la
correspondiente para el informe anual de la unidad;
XI. Proponer al titular de la unidad el
personal que deba intervenir en las auditorías, visitas e inspecciones a su cargo y, en
su caso, comunicar los cambios que se efectúen al respecto y
XII. Requerir a las distintas áreas de la
Auditoría Superior, y a particulares y terceros que hubieren celebrado operaciones con
aquélla, la información y documentación que sea necesaria para realizar las labores de
auditoría, visita o inspección;
XIII. Las demás que les otorguen el
presente reglamento, el manual general de organización, el titular de la unidad y los
acuerdos de la Cámara y la comisión.
Para el despacho de los asuntos de su
competencia, los directores podrán ser auxiliados por subdirecciones, departamentos y
demás unidades administrativas. La organización y funciones de las mismas se precisarán
en el manual general de organización de la unidad.
Artículo 13. Al director de
evaluación y control de la gestión técnica corresponde:
I. Planear, programar y ejecutar la
evaluación, seguimiento y control de los programas de auditorías y evaluaciones que
realiza la Auditoría Superior, vigilando el desarrollo de las mismas;
II. Informar al titular de la unidad y
determinar la responsabilidad de los servidores públicos de la Auditoría Superior,
cuando al revisar la Cuenta Pública no formulen observaciones sobre las situaciones
irregulares que detecten;
III. Verificar que los resultados obtenidos
por la Auditoría Superior se apeguen a los objetivos trazados por la Cámara y la
comisión;
IV. Verificar que las actividades de los
servidores públicos de la Auditoría Superior se apeguen a la normatividad aplicable;
V. Verificar que los servidores públicos
de la Auditoría Superior cumplan con las normas generales de auditoría pública y con
las normas, políticas y procedimientos que tenga establecidos;
VI. Evaluar el contenido de los informes
derivados de la práctica de auditorías, visitas e inspecciones y conforme a sus
resultados, proponer al titular de la unidad las acciones pertinentes;
VII. Investigar los actos u omisiones de
los servidores públicos de la Auditoría Superior que pudieran constituir posibles
irregularidades o responsabilidades administrativas y
VIII. Las demás que le atribuyan
expresamente el titular de la unidad, el manual general de organización y la comisión.
Artículo 14. Al director de
evaluación y control de la gestión administrativa, corresponde:
I. Planear las políticas, bases,
lineamientos, criterios técnicos y operativos para regular el funcionamiento sobre la
recepción y atención de las quejas y denuncias relacionadas con el desempeño de los
servidores públicos de la Auditoría Superior;
II. Investigar, por medio de las denuncias
o quejas, a los servidores públicos de la Auditoría Superior, determinar si existen
indicios de responsabilidad y dictaminar sobre la imposición de sanciones en los
términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás
disposiciones legales aplicables;
III. Investigar los actos u omisiones de
los servidores públicos de la Auditoría Superior que pudieran constituir probable
irregularidad o responsabilidad administrativas;
IV. Llevar y dirigir el registro,
evaluación y control de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores
públicos adscritos a la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación;
V. Dirigir las acciones de coordinación
con otras instancias de fiscalización para la expedición de constancias que acrediten la
no existencia de registro de inhabilitación y
VI. Las demás que le atribuyan
expresamente el titular de la unidad y la comisión.
Artículo 15. Al director de asuntos
jurídicos corresponde:
I. Asesorar en materia jurídica a la
unidad y actuar como su órgano de consulta cuando lo requiera la comisión;
II. Estudiar, revisar y formular al titular
de la unidad proyectos de reglamento, circulares y demás disposiciones jurídicas en las
materias que sean competencia de la unidad;
III. Representar al titular de la unidad
ante los tribunales de la República y demás autoridades administrativas;
IV. Ejercitar las acciones judiciales,
civiles y administrativas en las que la unidad sea parte, contestar demandas, oponer
excepciones, presentar y objetar pruebas y alegatos, interponer toda clase de recursos y,
en general, dar debido seguimiento a los juicios;
V. Por acuerdo del titular de la unidad,
presentar denuncias y querellas relacionadas con hechos u omisiones que puedan constituir
delito que cometieren los servidores públicos de la Auditoría Superior;
VI. Expedir copias certificadas de las
constancias que obren en los archivos de la unidad, cuando deban ser exhibidas ante las
autoridades judiciales, administrativas o laborales, salvo que se traten de documentos
confidenciales;
VII. Asesorar y, cuando sea necesario,
intervenir en el levantamiento de las actas administrativas que procedan como resultado de
las auditorías, visitas e inspecciones que practique la unidad a la Auditoría Superior;
así como las que se elaboren internamente con motivo de la aplicación de la Ley Federal
de los Trabajadores al Servicio del Estado;
VIII. Dictaminar sobre las sanciones
administrativas a que se hicieren acreedores los servidores públicas de la Auditoría
Superior;
IX. Sancionar los proyectos de
recomendaciones u observaciones y demás documentos relacionados con aspectos legales que
elaboren las distintas áreas de la unidad;
X. Tramitar y resolver los recursos o
medios de impugnación que procedan y hagan valer los servidores públicos de la
Auditoría Superior respecto de las resoluciones en las que se impongan sanciones
administrativas.
XI. Por orden de la comisión, dictaminar
sobre la existencia de los motivos de remoción de los auditores especiales de la
Auditoría Superior;
XII. Analizar y dictaminar las solicitudes
de particulares para que se reconozca la responsabilidad de indemnizar reparaciones de
daños relacionadas con los servidores públicos de la Auditoría Superior de la
Federación, en términos de lo dispuesto por el artículo 77-bis de la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos;
XIII. Compilar y difundir las normas
jurídicas relacionadas con las atribuciones de la comisión y de la unidad;
XIV. Ser enlace por parte de la unidad, en
asuntos jurídicos, con las áreas correspondientes de la Auditoría Superior y de la
Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo y
XV. Las demás que le atribuyan el manual
general de organización, el titular de la unidad y la comisión.
Artículo 16. La subdirección de
evaluación y control de planeación y programas de evaluación y auditorías, estará
adscrita a la dirección de evaluación y control de la gestión técnica y le
corresponde:
I. Proponer los mecanismos de control para
la ejecución de las auditorías, visitas e inspecciones, que permitan evaluar la
operación y funcionamiento de las diversas áreas de la Auditoría Superior;
II. Diseñar los mecanismos de control para
la ejecución de las auditorías que lleve a cabo la unidad en materia de vigilancia de
las revisiones programático-presupuestales, económico-financieras y las de regularidad;
así como para evaluar el proceso de planeación y programación de las actividades de la
Auditoría Superior;
III. Proponer las políticas,
procedimientos y programas en materia de los procesos de auditoría y supervisión que
llevará a cabo la unidad para la evaluación de las actividades de los servidores
públicos de la Auditoría Superior;
IV. Diseñar y coordinar la formulación de
las guías de auditoría que aplicará la unidad conforme a los programas ejecutados en
las unidades administrativas de la Auditoría Superior, precisando sus alcances y
objetivos;
V. Evaluar las revisiones que la Auditoría
Superior practique a los sujetos de fiscalización superior, analizando los criterios de
selección, el procedimiento aplicado y la eficacia, así como el grado de cumplimiento de
los objetivos planteados;
VI. Dar seguimiento a las observaciones y
recomendaciones, pliegos de responsabilidades y aplicación de sanciones que determinó la
Auditoría Superior en su informe de resultados de la Cuenta Pública;
VII. Verificar que la operación y
funcionamiento de los sistemas de control de información de la Auditoría Superior se
apeguen a la normatividad aplicable y, en su caso, proponer las medidas correctivas que
procedan y
VIII. Las demás que le confieran el manual
general de organización de la unidad y la comisión.
Artículo 17. La subdirección de
evaluación y control de revisiones programático-presupuestales y económico-financieras
estará adscrita a la dirección de evaluación y control de la gestión técnica y le
corresponde:
I. Verificar que los resultados obtenidos
por la Auditoría Superior sean congruentes con los objetivos trazados por la Cámara y su
programa de actividades;
II. Verificar si en las auditorías de
desempeño que practique la Auditoría Superior a los sujetos de fiscalización superior
se cumplieron los objetivos trazados en su planeación;
III. Verificar si los actos realizados por
los servidores públicos de la Auditoría Superior se apegan a lo establecido en las
disposiciones legales aplicables;
IV. Verificar que los servidores públicos
de la Auditoría Superior cumplan con las normas generales de auditoría pública,
políticas y procedimientos que tenga establecidos;
V. Analizar el contenido de los informes
derivados de la práctica de auditorías, visitas e inspecciones a la Auditoría Superior
y conforme a los resultados, proponer las acciones pertinentes;
VI. Informar si del resultado de sus
auditorías, visitas e inspecciones a la Auditoría Superior existen presunciones de
responsabilidad en contra de los servidores públicos de aquélla para, en su caso,
proponer la aplicación de sanciones en los términos de la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás disposiciones legales aplicables;
VII. Investigar los actos u omisiones de
los servidores públicos de la Auditoría Superior que puedan constituir posibles
irregularidades o responsabilidades administrativas y
VIII. Las demás que le confieran el manual
general de organización de la unidad y la comisión.
Artículo 18. La subdirección de
evaluación y control de revisiones de regularidad estará adscrita a la dirección de
evaluación y control de la gestión técnica y le corresponde:
I. Verificar que los resultados obtenidos
por la Auditoría Superior, sean congruentes con los objetivos trazados por la Cámara y
con su programa de actividades;
II. Practicar auditorías, visitas e
inspecciones a la Auditoría Superior, para verificar si en sus revisiones a los sujetos
de fiscalización superior, se observó el cumplimiento de las disposiciones legales y
normativas para la ejecución y registro de los recursos federales asignados;
III. Verificar si los actos realizados por
los servidores públicos de la Auditoría Superior se apegan a lo establecido en las
disposiciones legales aplicables;
IV. Verificar que los servidores públicos
de la Auditoría Superior cumplan con las normas generales de auditoría pública,
políticas y procedimientos que tenga establecidos;
V. Analizar el contenido de los informes
derivados de la práctica de sus auditorías, visitas e inspecciones, y conforme a sus
resultados, proponer a sus superiores las acciones pertinentes;
VI. Informar si del resultado de sus
auditorías, visitas e inspecciones a la Auditoría Superior existen presunciones de
responsabilidad en contra de los servidores públicos de aquélla, para en su caso
proponer la aplicación de sanciones en los términos de la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás disposiciones legales aplicables;
VII. Investigar los actos u omisiones de
los servidores públicos de la Auditoría Superior que pudieran constituir posibles
irregularidades o responsabilidades administrativas y
VIII. Las demás que le confieran el manual
general de organización de la unidad y la comisión.
Artículo 19. La subdirección de
contraloría estará adscrita a la dirección de evaluación y control de la gestión
administrativa y le corresponde:
2334,2335,2336
I. Planear y coordinar el programa de
auditorías de la unidad, así como diseñar y ejecutar los planes y programas de trabajo
específicos en materia de control y evaluación;
II. Apoyar a la comisión, mediante la
realización de auditorías internas a la unidad en coordinación con la dirección de
contraloría de la Cámara, verificando que los sistemas de control interno y el ejercicio
del presupuesto se apeguen a las disposiciones vigentes;
III. Coordinar la administración y
operación permanente de un sistema de indicadores de desempeño que permitan analizar y
evaluar el comportamiento de los resultados obtenidos en el desarrollo de las actividades
de la unidad;
IV. Sustanciar la investigación preliminar
por vía especial, cuando se formule queja sobre los actos del auditor superior o de los
auditores especiales, notificando al quejoso el dictamen correspondiente;
V. Resolver las inconformidades que
presenten los proveedores o contratistas de la Auditoría Superior por incumplimiento de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de
Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas;
VI. Elaborar y proponer los mecanismos de
control para la ejecución de las auditorías que lleve a cabo la unidad en materia de
vigilancia de la gestión administrativa de la Auditoría Superior;
VII. Verificar que las unidades
administrativas y financieras de la Auditoría Superior realicen el manejo y aplicación
de los recursos asignados, con eficiencia y de acuerdo a las políticas de racionalidad,
austeridad y disciplina presupuestal;
VIII. Investigar los actos u omisiones de
los servidores públicos adscritos a la unidad que puedan constituir responsabilidades, de
acuerdo a la normatividad aplicable;
IX. Participar, en el ámbito de su
competencia, en los procesos de licitación que realice la unidad en materia de
adquisiciones y contratación de servicios de obra pública; así como en el proceso de
licitación de auditorías externas que se practicarán a la Auditoría Superior y
X. Las demás que le confieran el manual
general de organización de la unidad y la comisión.
Artículo 20. La subdirección de
registro y control patrimonial estará adscrita a la dirección de evaluación y control
de la gestión administrativa y le corresponde:
I. Proponer y ejecutar los programas
preventivos en materia de responsabilidad de los servidores públicos de la Auditoría
Superior;
Il. Proponer y ejecutar la recepción de
las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos de la Auditoría Superior;
III. Llevar el registro y análisis de la
situación patrimonial de los servidores públicos adscritos a la Auditoría Superior;
IV. Proponer los mecanismos de
coordinación con otras instancias de fiscalización para la obtención y expedición de
constancias que acrediten la no existencia de registro de inhabilitación y
V. Las demás que le confieran el manual
general de organización de la unidad y la comisión.
Artículo 21. La subdirección
jurídica estará adscrita a la dirección de asuntos jurídicos y le corresponde:
I. Presentar a la consideración del
director de asuntos jurídicos los proyectos de escritos de demandas, contestaciones,
recursos y alegatos de los juicios en que la unidad sea parte;
II. Por acuerdo del titular de la unidad y
del director de asuntos jurídicos, presentar denuncias y querellas relacionadas con
hechos que puedan constituir delito que cometieren los servidores públicos de la
Auditoría Superior;
III. Dar seguimiento a los juicios civiles,
penales, administrativos y laborales en que la unidad sea parte;
IV. Presentar a la consideración del
director de asuntos jurídicos los dictámenes sobre las sanciones administrativas a que
se hicieren acreedores los servidores públicos de la Auditoría Superior;
V. Dictaminar los proyectos de
recomendaciones y de observaciones, así como los demás documentos relacionados con
aspectos legales que elaboren las distintas áreas de la unidad;
VI. Dictaminar y presentar a la
consideración del director de asuntos jurídicos los proyectos de recursos o medios de
impugnación que procedan y hagan valer los servidores públicos de la Auditoría
Superior, respecto de las resoluciones en las que se impongan sanciones administrativas;
VII. Las demás que le atribuyan el manual
general de organización, el titular de la unidad, la comisión y el director de asuntos
jurídicos.
Artículo 22. Al coordinador
administrativo de la unidad le corresponde:
I. Coordinar la administración de los
recursos financieros, humanos, técnicos y materiales de la unidad, de conformidad con las
disposiciones legales y con las políticas y normas que emita la comisión;
II. Coordinar y preparar el anteproyecto de
presupuesto anual de la unidad, así como controlar su ejercicio;
III. Proponer al titular de la unidad los
manuales administrativos internos que presenten las diversas áreas de la unidad;
IV. Elaborar los informes mensual y anual
correspondientes de los presupuestos ejercidos por la unidad;
V. Mantener actualizados los registros
contables y elaborar los estados financieros y demás informes internos de la unidad;
VI. Proponer al titular de la unidad las
adecuaciones presupuestarias que se requieran para el óptimo aprovechamiento de los
recursos financieros asignados a la unidad;
VII. Las demás que le confieran el manual
general de organización, el titular de la unidad y la comisión.
Artículo 23. El secretario técnico
será el auxiliar de las labores del titular de la unidad para el despacho de los asuntos
de su competencia, ejercerá las funciones que acuerde el titular y las que se dispongan
en los manuales de organización que apruebe la comisión.
CAPITULO VI
Del régimen laboral
Artículo 24. Los servidores
públicos de la unidad se clasifican como trabajadores de confianza y sus relaciones
laborales se regirán conforme a lo establecido por el apartado B del artículo 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La relación jurídica de trabajo se
entiende establecida entre la unidad de evaluación y control, a través de su titular y
los trabajadores a su servicio, para todos sus efectos.
Artículo 25. A efecto de que
reciban las prestaciones de seguridad social, el titular de la unidad, por acuerdo de la
comisión, celebrará los convenios pertinentes con el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado.
CAPITULO VII
De los requisitos para directores
y coordinadores de la unidad
Artículo 26. Para ser director o
coordinador de la unidad, se requiere:
I. Ser mexicano, mayor de 30 años y en
pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
II. Contar con título profesional de
contador público, licenciado en derecho, en economía, en administración o cualquier
otro título profesional relacionado con actividades de fiscalización, legalmente
expedido por autoridad o institución facultada para ello;
En el caso de la dirección de asuntos
jurídicos, el título profesional deberá ser de licenciado en derecho.
III. Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito intencional;
IV. No prestar servicios profesionales a
los sujetos de fiscalización superior durante el desempeño de su cargo;
V. No haber desempeñado puestos de
elección popular, cuando menos dos años antes al momento de su designación y
VI. Contar al día de su designación con
una experiencia de cinco años en el ejercicio de su profesión.
CAPITULO VIII
De las suplencias
Artículo 27. El titular de la
unidad será suplido en sus ausencias por el director de asuntos jurídicos o por los
directores de evaluación de la gestión técnica o de evaluación de la gestión
administrativa, en ese orden, siempre que las ausencias no excedan de tres meses. Si la
ausencia fuere mayor, la comisión dará cuenta a la Cámara para que resuelva lo
procedente.
Durante los recesos, el director de asuntos
jurídicos ejercerá el cargo hasta en tanto la Cámara designe al titular en el siguiente
periodo de sesiones.
Artículo 28. Durante las ausencias
temporales de los directores, el despacho y la resolución de los asuntos
correspondientes, quedarán a cargo de los subdirectores de su adscripción, en el ámbito
de sus respectivas competencias.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente reglamento
entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Segundo. El manual general de
organización de la unidad de evaluación y control, deberá ser expedido 90 días
posteriores a la entrada en vigor del presente reglamento.
Tercero. En tanto se expidan los
manuales que este reglamento menciona, la comisión podrá facultar al titular de la
unidad para que resuelva las cuestiones internas de la unidad.
Dado en el Palacio Legislativo de San
Lázaro, México, D.F., a 30 de octubre de 2001.— Diputados: Augusto Gómez
Villanueva, presidente; Jesús Ali de la Torre, Sergio R. Vaca Betancourt Bretón,
Miguel Angel Martínez Cruz, Diego Cobo Terrazas, secretarios; Eduardo
Andrade Sánchez, Manuel Garza González, Gustavo Nabor Ojeda Delgado, Juan Manuel
Martínez Nava, Rafael Rodríguez Barrera, Omar Fayad Meneses, Francisco Javier Chico
Goerne, Fanny Arellanes Cervantes, Luis Villegas Montes, José de Jesús Hurtado Torres,
José de Jesús López Sandoval, Ricardo Francisco García Cervantes, Lorenzo Rafael
Hernández Estrada, Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta y Ricardo Moreno Bastida.»
La Presidenta:
Queda de primera lectura.
LEY DE LA COMISION NACIONAL
DE DERECHOS HUMANOS
La Presidenta:
El siguiente punto del orden del día es el
capítulo de dictámenes a discusión. En tal virtud se somete a consideración de esta
Asamblea el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones y rubros de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Dado que se encuentra publicado en la Gaceta
Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al
dictamen.
El secretario Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán:
Por instrucciones de la Presidencia se
consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen, en virtud de que se
encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Se le dispensa la lectura.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.
Dictamen de la Comisión de Justicia y
Derechos Humanos.
Honorable Asamblea: a la Comisión de
Justicia y Derechos Humanos de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados al
honorable Congreso de la Unión, fue turnada para su discusión y resolución
constitucional, la minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones y rubros de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Esta Comisión de Justicia y Derechos
Humanos con fundamento en lo establecido por los artículos 71 y 72 inciso e de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con las
facultades que le confieren los artículos 39 párrafos primero y segundo, fracción
XVIII; 45 párrafo sexto incisos f y g, y demás relativos de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y las que se deriven al
caso, como son las contenidas en los numerales 55, 56, 57, 60, 62 y 63 del Reglamento para
el Gobierno Interior del propio Congreso General, somete a consideración de los
integrantes de esta honorable Asamblea el presente dictamen bajo la siguiente
2337,2338,2339
Metodología
Esta Comisión de Justicia y Derechos
Humanos, encargada del análisis y dictamen de la minuta con proyecto de decreto enviada
por nuestra colegisladora, desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a
continuación se describe:
1. En el capítulo "antecedentes"
se hace una breve descripción de los trabajos realizados tanto por nuestra colegisladora,
como los efectuados por esta comisión para el estudio y elaboración de esta propuesta de
dictamen.
2. En el rubro "valoración de la
iniciativa", los integrantes de esta comisión dejan constancia del análisis
realizado por nuestra colegisladora sobre los motivos y alcances de la propuesta de
reformas y adiciones en estudio.
3. En las "consideraciones", los
integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos expresan argumentos de
valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar en lo
general la minuta en análisis.
1. Antecedentes
Primero. Con fecha 5 de abril de 2001,
senadores de diversos grupos parlamentarios de la LVIII Legislatura al honorable Congreso
de la Unión, presentaron al pleno de la Cámara de Senadores, iniciativa con proyecto de
decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones y rubros de la Ley de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos que comprenden los artículos 2o. y 3o. párrafo
cuarto; 6o. fracciones III y V; 9o. fracciones I a la VII: 10 adicionando un párrafo
segundo; 11, 14, 15 fracciones IV, V y VII; 17 párrafo segundo; 18, 19 primer párrafo y
fracción IV; 22, 46 primer párrafo y 52 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, turnada a las comisiones unidas de Estudios Legislativos Primera y de Derechos
Humanos.
Segundo. En sesión de 11 de octubre de
2001 fue aprobada por el Senado de la República como Cámara de origen la iniciativa en
comento y turnada a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales procedentes.
Tercero. En sesión celebrada el 16 de
octubre de 2001, la mesa directiva de esta Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de
Justicia y Derechos Humanos para su estudio y dictamen constitucional la minuta proyecto
de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones y rubros de la Ley de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos que comprenden los artículos 2o. 3o. párrafo
cuarto; 6o. fracciones III y V; 9o. fracciones I a la VII: 10 adicionando un párrafo
segundo; 11, 14, 15 fracciones IV, V y VII; 17 párrafo segundo; 18, 19 primer párrafo y
fracción IV; 22, 46 primer párrafo y 52, que remite la Cámara de Senadores.
Cuarto. En esa misma fecha, la Comisión de
Justicia y Derechos Humanos conoció la minuta proyecto de decreto, procediendo a nombrar
una subcomisión de trabajo para realizar reuniones de análisis e intercambio de puntos
de vista en su discusión, aprobación o modificación, en su caso.
2. Valoración de la iniciativa
Se resalta la conveniencia de adecuar la
ley reglamentaria que nos ocupa a las reformas del artículo 102 apartado B, de nuestra
Ley Fundamental. La actualización de dichas normas jurídicas se hace necesaria para el
eficaz y óptimo funcionamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y reconocen
que la protección y defensa no jurisdiccional de los derechos humanos por medio de
organismos técnico auxiliares para el control constitucional, es un signo distintivo de
cualquier estado democrático moderno.
En este contexto, los medios
institucionales tendientes a su protección y adecuada tutela son de especial importancia.
Los derechos humanos constituyen uno de los ejes fundamentales que sustentan el estado de
derecho y tienen como fin garantizar una vida digna para todas las personas. Son las
facultades y prerrogativas que todos podemos ejercer por nuestra condición humana, sin
distinción de género, etnia, situación económica, religión o ideología.
Compartimos la convicción en que el
derecho a la vida, a la libre expresión y participación en la organización social, a la
salud, la educación, al trabajo y a un ambiente sano, son algunos de los requerimientos
indispensables para el desarrollo integral de mujeres y hombres, en un ámbito de
libertad, justicia y dignidad.
Debido a su importancia existe una
tendencia, cada vez más generalizada, a incluir tales derechos entre los principios sobre
los que se estructura la vida social. En los tiempos recientes se ha buscado construir una
cultura de protección de los derechos humanos, cuyo objetivo radica no sólo en
incluirlos en los ordenamientos jurídicos, sino también en propiciar y fomentar acciones
de respeto y tolerancia entre los individuos, tanto en el ámbito familiar como el
comunitario, así como en el nacional y el internacional.
La cultura de los derechos humanos implica
la responsabilidad que su ejercicio demanda. Si bien se trata de derechos universales, es
preciso que cada persona nombre su vida social por el principio del respeto a los derechos
de sus semejantes, ya que con ello se asegura la reciprocidad. El desarrollo conceptual de
los derechos humanos ha requerido de la participación crítica de todos, como corresponde
a una sociedad plural, que aspira a instaurar la tolerancia sobre la base del
reconocimiento de la igualdad jurídica y la libertad y necesariamente el respeto a la
vida.
Se estiman fundadas las reformas y
adiciones a la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para adecuarla
esencialmente a las reformas del artículo 102 apartado B de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el
13 de septiembre de 1999, respetando así el espíritu que llevó al poder revisor de la
Constitución a tan trascendente reforma.
Se tiene la certeza que en nuestra historia
nacional han sido varios los documentos y cuerpos jurídicos que contribuyeron al
reconocimiento de los derechos humanos y a la creación de una cultura que los fomente y
proteja. Entre ellos destacan "Los Sentimientos de la Nación", redactados en
1813 por José María Morelos y Pavón, las constituciones de 1824, 1857 y 1917.
La defensa y protección de los derechos
humanos en México ha sido la constante preocupación del Estado y de la sociedad en
general, sobre todo porque en las últimas décadas se ha manifestado a través del
perfeccionamiento de las leyes y de las instituciones relacionadas con esta materia.
Surgieron así diversas instituciones defensoras de los derechos humanos destacando la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuya evolución se consolida con las reformas al
artículo 102 apartado B de la Constitución, que tuvo como objetivo central fortalecer la
autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con la finalidad de hacer más
inmediato su funcionamiento y con ello incrementar la eficacia de sus resoluciones y
recomendaciones, en beneficio de su encomienda social, que es la protección de los
derechos humanos.
Es de vital importancia para los intereses
de la nación y de la institución encargada de velar por los derechos humanos de los
mexicanos, adecuar el texto de la ley a las modificaciones como es el cambio en la
denominación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para ajustar el nombre de la
ley misma; de igual manera se ajusta la denominación del consejo consultivo con el mismo
fin, al carácter autónomo en la gestión de la Comisión, ya que desde el año de 1999
es una institución de derecho público dotada de autonomía por disposición
constitucional.
En cuanto a la facultad de la Comisión
Nacional para conocer de las inconformidades que se presenten en relación con las
recomendaciones, acuerdos u omisiones de los organismos equivalentes al nivel local, se
cambia la expresión "estados de la Federación" por "entidades
federativas", ya que de esta manera queda comprendida en el supuesto con más
precisión, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; lo concerniente a la
elección de presidente de la Comisión Nacional por parte del Senado, así como su
duración en el cargo; se precisan también los términos en los que deberá rendir su
informe anual; se adecúan las facultades del presidente al nuevo régimen jurídico;
asimismo se señalan las condiciones sobre la elección y duración en el cargo de los
consejeros.
3. Consideraciones
Los diputados integrantes de la Comisión
de Justicia y Derechos Humanos coincidentes con el criterio vertido por nuestra
colegisladora y convencidos del papel que dentro de nuestra sociedad desempeña hoy día
la Comisión Nacional de Derechos Humanos, consideramos de suma importancia las
adecuaciones que se presentan a la ley reglamentaria del artículo 102 apartado B de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, obedeciendo a las reformas que se
dieron a dicho precepto constitucional y que fueron publicadas el 13 de septiembre de
1999, mecanismo con el que se pretende eficientar y optimizar el funcionamiento de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Los derechos humanos constituyen uno de los
pilares fundamentales que sustentan al Estado, para garantizar una vida digna a todas las
personas; son facultades y prerrogativas que todos podemos ejercer por nuestra condición
humana; se advierte, debido a su importancia, una tendencia más generalizada a incluir
tales derechos entre los principios sobre los que se estructura la vida social.
La cultura de los derechos humanos implica
la responsabilidad que su ejercicio demanda.
Si bien se trata de derechos universales,
es preciso que cada persona norme su vida social por el principio del respeto a los
derechos de sus semejantes, ya que con ello se asegura la reciprocidad.
El desarrollo de la conceptualización de
los derechos humanos ha requerido de la participación crítica de todos, como corresponde
a una sociedad plural, que aspira a instaurar la tolerancia sobre la base del
reconocimiento de la igualdad jurídica, la libertad y necesariamente el respeto a la
vida.
La protección y defensa no jurisdiccional
de los derechos humanos por medio de organismos técnicos auxiliares para el control
constitucional, es un signo distintivo de cualquier estado democrático moderno.
Por lo anteriormente expuesto los diputados
integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, convencidos de las bondades
que trae consigo tales reformas, sometemos a consideración de esta soberanía el
siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones y rubros de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que
comprenden los artículos 2o., 3o. párrafo cuarto, 6o. fracciones III y V; 9o. fracciones
I a la VII; 10 adicionando un párrafo segundo; 11; 14; 15 fracciones IV, V y VII; 17,
párrafo segundo; 18; 19 primer párrafo y fracción IV; 22, 46 primer párrafo y 52, de
la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Artículo primero. Se modifica la
denominación de la ley para quedar como sigue:
"Ley de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos."
Artículo segundo. Se reforman
diversas disposiciones de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos para quedar como
sigue:
"Artículo 2o. La Comisión
Nacional de Derechos Humanos es un organismo que cuenta con autonomía de gestión y
presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios y tiene por objeto esencial la
protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que
ampara el orden jurídico mexicano.
Artículo 3o. . .
. . .
. . .
Asimismo, corresponderá conocer a la
Comisión Nacional de Derechos Humanos de las inconformidades que se presenten en
relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de los organismos equivalentes en
las entidades federativas, a que se refiere el artículo 102 apartado B de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por la no aceptación
de sus recomendaciones por parte de las autoridades o por el deficiente cumplimiento de
las mismas.
Artículo 6o. . .
I y II. . .
III. Formular recomendaciones públicas no
vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas, en los términos
establecidos por el artículo 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;
IV. . .
V. Conocer y decidir en última instancia
las inconformidades por omisiones en que incurran los organismos de derechos humanos a que
se refiere la fracción anterior y por insuficiencia en el cumplimiento de las
recomendaciones de éstos por parte de las autoridades locales, en los términos
señalados por esta ley.
VI a la XIV. . .
TITULO SEGUNDO
CAPITULO II
De la elección, facultades y obligaciones
del presidente de la comisión
Artículo 9o. El presidente de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos deberá reunir para su elección los siguientes
requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y
estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos.
2340,2341,2342
II. Tener cumplidos 35 años de edad, el
día de su elección.
III. Contar con experiencia en materia de
derechos humanos o actividades afines reconocidas por las leyes mexicanas y los
instrumentos jurídicos internacionales.
IV. No desempeñar ni haber desempeñado
cargo de dirección nacional o estatal, en algún partido político en el año anterior a
su designación.
V. No desempeñar ni haber desempeñado
cargo de secretario o subsecretario de Estado, Procurador General de la República,
gobernador o Procurador General de Justicia de alguna entidad federativa o Jefe de
Gobierno del Distrito Federal, en el año anterior a su elección.
VI. Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de
prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro
que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, lo inhabilitará para el
cargo, cualquiera que haya sido la pena.
VII. Tener preferentemente título de
licenciado en derecho.
Artículo 10. El presidente de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, será elegido por el voto de las dos terceras
partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o en sus recesos, por la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. Para
tales efectos, la comisión correspondiente de la Cámara de Senadores procederá a
realizar una amplia auscultación entre las organizaciones sociales representativas de los
distintos sectores de la sociedad, así como entre los organismos públicos y privados
promotores o defensores de los derechos humanos.
Con base en dicha auscultación, la
comisión correspondiente de la Cámara de Senadores propondrá al pleno de la misma, una
terna de candidatos de la cual se elegirá a quien ocupe el cargo o, en su caso, la
ratificación del titular.
Artículo 11. El presidente de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos durará en su encargo cinco años y podrá ser
reelecto por una sola vez.
Artículo 14. El presidente de la
Comisión Nacional podrá ser removido de sus funciones y, en su caso, sujeto a
responsabilidad, sólo por las causas y mediante los procedimientos establecidos por el
Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
. . .
Artículo 15. El presidente de la
Comisión Nacional tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
I a la III. . .
IV. Distribuir y delegar funciones en los
términos del Reglamento Interno.
V. Presentar anualmente, en el mes de
febrero a los poderes de la Unión, un informe de actividades, en los términos del
artículo 52 de esta ley.
VI. . .
VII. Aprobar y emitir las recomendaciones
públicas y acuerdos que resulten de las investigaciones realizadas por los visitadores.
VIII a la X. . .
CAPITULO III
De la integración y facultades del consejo
Artículo 17. . .
El presidente de la Comisión Nacional lo
será también del consejo consultivo. Los cargos de los demás miembros del consejo
serán honorarios. A excepción de su presidente, anualmente, durante el mes de octubre,
serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen
propuestos y ratificados para un segundo periodo. Para el caso de que existan más de dos
consejeros con la misma antigüedad, será el propio consejo quien proponga el orden
cronológico que deba seguirse.
Artículo 18. Los miembros del
consejo consultivo serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros
presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión con la misma votación calificada.
La comisión correspondiente de la Cámara
de Senadores, previa auscultación a los sectores sociales, propondrá a los candidatos
para ocupar el cargo o, en su caso, la ratificación de los consejeros.
Artículo 19. El consejo consultivo
de la Comisión Nacional tendrá las siguientes facultades:
I a la III. . .
IV. Opinar sobre el proyecto de informe
anual que el presidente de la Comisión Nacional presente a los poderes de la Unión.
V y VI. . .
TITULO TERCERO
CAPITULO Il
De los acuerdos y recomendaciones
Artículo 46. La recomendación
será pública y no tendrá carácter imperativo para la autoridad o servidor público a
los cuales se dirigirá y, en consecuencia, no podrá por sí misma anular, modificar o
dejar sin efecto las resoluciones o actos contra los cuales se hubiese presentado la queja
o denuncia.
. . .
Artículo 52. El presidente de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos presentará anualmente en el mes de febrero, a los
poderes de la Unión un informe sobre las actividades que haya realizado en el periodo
comprendido entre el 1o. de enero y el 31 de diciembre del año inmediato anterior. Al
efecto comparecerá primero ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión; posteriormente ante el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y ante el pleno
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dicho informe será difundido en la forma
más amplia posible para conocimiento de la sociedad."
"Artículo tercero. Se derogan
las fracciones IV y V del artículo 22, para quedar como sigue:
Artículo 22. La Secretaria
Ejecutiva tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
I a la III. . .
IV. Derogada.
V. Derogada.
VI y VII. . ."
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto
entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. En el informe
correspondiente al año 2001, éste abarcará desde el día 16 de noviembre de 2000 hasta
el 31 de diciembre de 2001.
Tercero. Quedan sin efecto todas las
disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente decreto.
Cuarto. Toda referencia que se haga
en ésta y en otras disposiciones legales a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al
Consejo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, deberán entenderse hechas a la
Comisión Nacional de Derechos Humanos y al consejo consultivo respectivamente.
Salón de sesiones de la Cámara de
Diputados, a 30 de octubre de 2001.— Diputados: José Elías Romero Apis, presidente;
Roberto Zavala Echavarría, Fernando Pérez Noriega, Gustavo César Buenrostro Díaz y
David Augusto Sotelo Rosas, secretarios; Eduardo Andrade Sánchez, Flor Añorve
Ocampo, Francisco Cárdenas Elizondo, Manuel Galán Jiménez, Rubén García Farías,
Ranulfo Márquez Hernández, Manuel Medellín Milán, Fernando Ortiz Arana, José de
Jesús Reyna García, Juan Manuel Sepúlveda Fayad, Benjamín Avila Márquez, Gina Andrea
Cruz Blackledge, Lucio Fernández González, Alejandro Enrique Gutiérrez Gutiérrez,
Silvia América López Escoffie, María Guadalupe López Mares, Vicente Pacheco
Castañeda, Germán Arturo Pellegrini Pérez, Víctor Hugo Sondón Saavedra, Yadira Ivette
Tamayo Herrera, Genoveva Domínguez Rodríguez, Tomás Torres Mercado, José Manuel del
Río Virgen, María Teresa Campoy Ruy Sánchez y Norma Patricia Riojas Santana.»
La Presidenta:
Para fundamentar el dictamen, de
conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, se concede el uso de la palabra hasta por 15
minutos, al diputado Roberto Zavala Echavarría.
El diputado Roberto Zavala
Echavarría:
Señora Presidenta; compañeras y
compañeros diputados:
Aparte del indiscutible honor de ocupar
esta tribuna, la tarea que hoy me toca de sustentar este dictamen de reformas a la Ley de
la Comisión de Derechos Humanos es algo bastante sencillo, dado el trabajo realizado por
las comisiones unidas de Estudios Legislativos y de Derechos Humanos de la Cámara de
Senadores.
Sin embargo, preciso establecer algunos
conceptos que conviene establecer para sustentar de fondo el dictamen que hoy nos ocupa.
¿Cuál es el alcance que deben de tener
las resoluciones que emita la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como las que
emitan las comisiones estatales de la misma materia?
Nuestro texto constitucional es sumamente
amplio en la protección de los derechos de las personas en todas sus manifestaciones de
vida, en sus expresiones de relación con los demás, en su relación con el Estado y
frente a las autoridades del mismo. Es un debate largo y añejo que el Estado moderno no
puede dejar pasar por alto, la defensa y protección no jurisdiccional de los derechos
humanos, es el tema que nos ocupa.
La reforma involucra no solamente el cambio
de la propia ley para que quede hoy como Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
implica también cuestiones de fondo como son aquellas de revisar las recomendaciones
emitidas por las autoridades locales en materia de derechos humanos, cuando se presenten
omisiones en el cumplimiento de las mismas, cuando no se presenten también las debidas
atenciones por parte de los organismos, en cuanto a las denuncias presentadas por los
ciudadanos. Esto es algo que va muy delante de lo que sucede en otros países en esta
materia.
Pero debe prevalecer entre la ciudadanía,
entre todos nosotros, una cultura de responsabilidad en materia de derechos humanos. Esta
iniciativa presentada por distinguidos senadores, indiscutiblemente que contempla esto,
pero tiene muy presente el alcance de la misma y la situación que pone a México frente a
la cultura universal de los derechos humanos. Desde hace 10 años México es vanguardia en
este concepto.
Hemos rebasado, con mucho, al ombudsman
sueco, que atiende cosas puramente administrativas. Hemos consolidado una organización
nacional, federal y estatal, en la defensa de los derechos humanos. Hemos estructurado un
organismo nacional, autónomo, con decisiones propias y se establece en esta misma
iniciativa el proceso de cambio de los miembros del consejo consultivo cada año. Hemos
establecido también, después de un minucioso análisis, la conveniencia de la
reelección, por una sola vez, del presidente de la Comisión Nacional.
Todo esto hizo presumir al grupo de trabajo
designado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de esta Cámara, el acuerdo
favorable y unánime, para establecer con base en lo expuesto por la colegisladora, por el
Senado, unos nuevos requisitos para ser presidente de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, así como agregar otros para el secretario ejecutivo de la misma comisión y
cayeran bajo el imperio de la comisión en general.
Creo que la larga data que tenemos en
México en esta materia, hace innecesario discutir más lo que está a la vista, un avance
considerable, la necesidad de ir profundizando y de darle más jerarquía a las
recomendaciones de los organismos, tanto estatales como el nacional, para efecto de que
esta cultura y la protección de los derechos humanos, no sujetos a la jurisdicción, sean
eficaz y prontamente cumplidos.
La comisión hizo su trabajo con base en la
minuta enviada por el Senado de la República y llegamos a conclusión que el trabajo del
Senado fue excelente y nos bastó ratificarlo.
Creo que con esto, señoras y señores
diputados, les pedimos que aprueben el proyecto de dictamen que propone la Comisión de
Justicia y Derechos Humanos de esta Cámara de Diputados.
Muchas gracias.
Presidencia del diputado
Eloy Cantú Segovia
El Presidente:
Gracias a usted diputado Roberto Zavala
Echavarría.
En consecuencia, está a discusión en lo
general... No habiendo ningún orador, ningún diputado inscrito, le ruego consulte la
Secretaría a la Asamblea, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo
general.
El secretario Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán:
Por instrucciones de la Presidencia, en
votación económica, se consulta a la Asamblea, si el dictamen se encuentra
suficientemente discutido en lo general.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
2343,2344,2345
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo...
El Presidente:
Suficientemente discutido.
Para los efectos del artículo 134 para el
Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va reservar algún
artículo para discutirlo en lo particular.
El diputado José Manuel Medellín
Milán
(desde su curul):
Señor Presidente, si me permite, más que
una reserva que significaría una propuesta de modificación a la minuta del Senado, se
trata de una omisión parcial en el nombre de la ley vigente del artículo 2o. que está
mencionada como "Comisión de los Derechos Humanos", cuando se llama
"Comisión Nacional de los Derechos Humanos". Creo que si hacemos la corrección
no hay necesidad de hacer una propuesta y modificar la minuta.
El Presidente:
Se registra su aclaración y se pide
tome nota la Secretaría de ella. Muchas gracias, diputados.
En virtud de no haber reserva de artículo
alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría se abra el sistema
electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo
particular en un solo acto.
El secretario Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán:
Se pide se hagan los avisos a que se
refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico hasta por
cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los
artículos no impugnados.
Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
La Presidenta:
Esta Presidencia autoriza la
ampliación del tiempo de votación hasta por tres minutos; hasta por tres minutos se
autoriza la ampliación del tiempo de votación y les rogamos a los diputados emitan su
voto.
(Votación).
Informe a la Presidencia del sentido de la
votación, diputado Secretario.
El secretario Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán:
Se emitieron 406 votos en pro ninguno en
contra.
La Presidenta:
Aprobado en lo general y en lo particular
el proyecto de decreto por 406 votos.
Aprobado en lo general y en lo
particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones y rubros de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Pasa al Ejecutivo para los efectos
constitucionales.
ARTICULO
73 CONSTITUCIONAL
La Presidenta:
El siguiente capítulo del orden del día
es el relativo a excitativas.
Se concede el uso de la palabra al diputado
Javier Julián Castañeda Pomposo, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para
presentar una excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.
El diputado Javier Julián Castañeda
Pomposo:
Buenas tardes, distinguidos
legisladores; señora Presidenta de la Cámara de Diputados:
Excitativa a la Comisión de Puntos
Constitucionales, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional
«Ciudadana Presidenta de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión; distinguidos legisladores:
Los abajo firmantes diputados del grupo
parlamentario de Acción Nacional en la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la
Unión, con fundamento en el artículo 21 fracción XVI, 87 y demás relativos del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
solicitamos a la Presidencia de esta Cámara de Diputados, se sirva excitar a la Comisión
de Puntos Constitucionales, para que presente el dictamen correspondiente a la iniciativa
de decreto por el que se reforma la fracción XXIX-D del artículo 73 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bajo los siguientes
ANTECEDENTES
Primero. El 23 de abril de 1998 el diputado
Rubén Fernández Aceves y otros diputados a nombre del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional, presentaron iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción
XXIX-D del artículo 73 de la Constitución Político de los Estados Unidos Mexicanos,
para facultar al Congreso de la Unión a expedir leyes que establezcan la concurrencia de
los gobiernos Federal, estatal y municipal en materia de desarrollo social.
Segundo. Ese mismo día, la Presidencia de
la mesa directiva de la Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales la mencionada iniciativa para su dictamen.
Tercero. Ha transcurrido en exceso el
tiempo que señala el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, para que las comisiones presenten su dictamen.
Por ello, presentamos las siguientes
CONSIDERACIONES
Primera. Para el Partido Acción Nacional,
el principio de la eminente dignidad de la persona humana constituye el eje central de su
convicción doctrinal.
El ser humano es persona, con cuerpo
material y alma espiritual, con inteligencia y voluntad libre, con responsabilidad sobre
sus propias acciones y con derechos universales, inviolables e inalienables, a los que
corresponden obligaciones inherentes a la naturaleza humana, individual y social.
Es inhumano, por consiguiente, cualquier
modelo de Estado en el que la economía constituya el eje central de desarrollo y deje en
un segundo plano, con carácter utilitario y accesorio, el desarrollo humano y el
desarrollo social.
Segunda. El desarrollo social es un
concepto tan amplio como incluyente. De hecho, cualquier materia nacional tiene que ver,
en forma directa o indirecta, con el desarrollo de las personas.
Así por ejemplo, el desarrollo social
comprende las materias relativas a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo, a
la participación política, a los derechos humanos y al medio ambiente.
Temas específicos de la actividad del
Estado forman parte del desarrollo social, como la atención de la juventud, a la vejez, a
la niñez, a pensionados y jubilados y a las personas con discapacidad, la promoción del
deporte y la cultura, así como la organización social y comunitaria.
Tercera. El desarrollo social, tanto en
México como en muchas otras naciones, exige ser promovido protegiendo y conciliando dos
valores fundamentales: la garantía de niveles mínimos de desarrollo en toda la
República y la atención de las especificidades locales.
En un esquema federal como el mexicano, la
única manera de conciliar estos principios es mediante la concurrencia formal en la
legislación de estas materias.
De esta manera, al Congreso de la Unión se
le faculta para dictar niveles mínimos aceptables para toda la nación en cada una de las
materias y a las legislaturas de los estados y a los ayuntamientos, para atender con ese
marco de referencia, sus propias especificidades y exigencias locales.
Tal es el caso, por ejemplo de la
educación, el medio ambiente y la ecología, la salud y los asentamientos humanos.
Las leyes generales que sobre estas
materias ha dictado el Poder Legislativo Federal, sólo dan las bases conforme a las
cuales debe legislarse localmente en la materia, procurando un desarrollo equilibrado de
todo el país, a la vez que se permite la atención de las necesidades locales que pueden
diferir de manera importante entre las diferentes regiones.
Para ello, es necesario facultar al
Congreso de la Unión para dictar las leyes generales que establezcan las reglas de la
concurrencia, de forma tal que se eviten los riesgos que con un sistema exclusivamente
federal o exclusivamente local, pueden generarse. El desarrollo social, indiscutiblemente,
debe obedecer a esta regla.
La redacción actual de nuestro texto
constitucional permite al Congreso de la Unión legislar en esta materia, pero sólo en lo
que respecta a la planeación a nivel nacional. Este esquema es muy reducido, ya que con
el auténtico federalismo, el desarrollo social sólo puede operar en concurrencia de los
gobiernos Federal, estatal y municipal.
Por lo antes expuesto, a usted, señora
Presidenta de la Cámara de diputados en turno, le solicitamos:
Unico. Tenga por presentada esta
excitativa y se sirva exhortar a la Comisión de Puntos Constitucionales para que presente
el dictamen respecto de la iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción XXIX-D
del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para
facultar al Congreso de la Unión a expedir leyes que establezcan la concurrencia de los
gobiernos Federal, estatal y municipal en materia de desarrollo social.
Atentamente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de
noviembre de 2001.— Diputados: Francisco Javier Cantú Torres, Juan de la Cruz
Alberto Cano Cortezano, Hilario Esquivel Martínez, Lionel Funes Díaz, José Gaudencio
León Castañeda, Alba Leonila Méndez Herrera, Luis Fernando Sánchez Nava, Apuleyo
Viniegra Orta, Bernardo Pastrana Gómez, Felipe Velasco Monroy, María Isabel Velasco
Ramos y Javier Castañeda Pomposo.»
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
De conformidad con lo que establece el
artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, se hace una excitativa a la Comisión de Puntos
Constitucionales, para que emita el dictamen correspondiente.
MEXICO-BELICE
La Presidenta:
Pasamos al capítulo de proposiciones.
Tiene la palabra el diputado Diego Cobo
Terrazas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar
una proposición con punto de acuerdo, para que la Secretaría de Relaciones Exteriores
plantee al gobierno de Belice, la creación de una reunión binacional para analizar la
viabilidad ambiental en la construcción de la hidroeléctrica "Chalillo".
El diputado Diego Cobo Terrazas:
Con el permiso de la Presidencia;
compañeras y compañeros diputados:
México respetuoso de la soberanía de los
países que conforman el concierto de las naciones del orbe, ha mantenido una tendencia
clara y firma en sus principios normativos que se sustentan en el artículo 89 de nuestra
Carta Magna.
Principios que si bien nos obligan a la
autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de las
controversias, también nos obligan a la cooperación y seguridad internacionales para el
desarrollo. Este desarrollo debe ser considerado como el fin de los pueblos para realizar
sus objetivos en el marco del derecho internacional, sin menoscabo de la viabilidad del
ser humano como especie, así como de sus hábitats de los que forma parte.
En este sentido, los estados tienen la
responsabilidad de velar porque las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o
bajo su control, no causen daños al medio ambiente de otros estados ni expongan la
seguridad de las naciones a su propio desarrollo.
En los últimos años Belice, país que
colinda al sur con México y que forma parte de la Organización de las Naciones Unidas
desde el 25 de septiembre de 1981 y que lo vinculan a varios compromisos en materia
ambiental, así como diversos tratados para la conservación de la flora y fauna de los
países que conformamos la región, ha tenido un aumento significativo en la demanda de
electricidad para satisfacer sus necesidades de crecimiento.
En 1990 se realizó un estudio sobre
posibles soluciones para la generación de energía a fin de proveer las necesidades
energéticas a largo plazo de aquella nación. El estudio identificó que en la compra de
energía nuestro país era la mejor fuente técnica, económica y ambientalmente amistosa.
El estudio, sin considerar otros factores, también recomendó modificar el potencial
hidroeléctrico del río Macal, comenzando con el funcionamiento de la planta
hidroeléctrica de Mollejón del Río, cuya propietaria es Fortis Incorporated,
empresa canadiense a la que se le ha concesionado el suministro y producción de la
energía eléctrica desde mediados de los años noventa y que proporciona actualmente gran
parte de la demanda energética de Belice.
2346,2347,2348
Esa empresa canadiense se propone construir
un vaso de almacenaje de aproximadamente 120 millones de metros cúbicos de agua, con una
presa de 35 metros de altura contra la corriente del río Macal, para poder así dotar de
agua suficiente en las turbinas del complejo hidroeléctrico de "Chalillo". El
sitio de construcción se localiza a unos 12 kilómetros en sentido descendente de la
confluencia de los ríos Macal y Rascapulo, en la parte occidental de Belice, en un área
conocida como las montañas de Maya.
El depósito inundaría 1 mil 100
hectáreas de bosques primarios. De acuerdo con las leyes locales de protección al medio
ambiente, se requiere para realizar este proyecto, una descripción de los probables
efectos significativos directos e indirectos en el ambiente del desarrollo, explicando por
referencias a su impacto posible sobre seres humanos, flora, fauna, suelo, agua, aire,
clima, activos materiales, incluyendo el patrimonio cultural y el paisaje, situación que
hasta donde conoce el Partido Verde Ecologista de México no se ha cumplido.
Algunos de los efectos ambientales adversos
por la construcción de la hidroeléctrica "Chalillo" son: la reducción
significativa e irreversible de la diversidad biológica, inicialmente en el nivel de la
población circundante a la zona, pero potencialmente en las especies vecinas;
fragmentación del corredor biológico mesoamericano; reducción rápida en las
poblaciones de jaguares, loro rojo, tapir y ocelote, conduciendo a la extinción posible
de las especies en Belice y su disminución en Guatemala, Honduras y México; afectación
en los hábitats de aves migratorias de América del Norte; reducción en los alimentos y
los materiales biológicos esenciales que facilitan la productividad de los ecosistemas
marinos; impactos negativos en la biodiversidad y las interacciones ecológicas que se
extienden a las selvas tropicales mexicanas y el Caribe.
En el grupo parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México reconocemos que es necesario aplicar los tratados de los años
recientes que reconocen y protegen a los corredores biológicos y los recursos naturales
vitales a la salud ambiental de la región entera, los cuales son instrumentos confiables
en asegurar un futuro sostenible para México y Belice, así como nuestros vecinos
centroamericanos.
Además, el proyecto "Chalillo"
podría inundar las ruinas de Mayán, así como un nuevo descubrimiento arqueológico que
está situado a 5 kilómetros del sitio donde pretende ser construida la cortina de la
presa. Incluso si la presa se construye dentro del presupuesto y se realiza según lo
proyectado, no hay bastante información o evidencia para probar que es económicamente
factible, además de que no existe el conocimiento real de las características
culturales, geológicas, biológicas o antropológicas del área que será impactada, con
lo que se perderá para siempre este patrimonio de la humanidad.
El valor de estos recursos irremplazables
para nuestras naciones y a la vida en sí misma es más que significativo. No hacer nada
es ver cómo se nos escapa poco a poco el último reducto de la selva tropical y las
especies del hábitat.
México resultaría, desde nuestro punto de
vista, afectado de llevarse a cabo dicho proyecto hidroeléctrico, toda vez que los
servicios ambientales que proporciona la selva tropical de la región no reconocen
fronteras políticas.
La disminución en los flujos de agua que
desembocan en el mar Caribe afectarían sensiblemente los vastos manglares y arrecifes
coralinos, en cuyas entrañas se desarrollan procesos biológicos fundamentales para los
ecosistemas marinos.
Por otro lado, la destrucción de vastas
áreas boscosas de la selva imprimirían presión sobre las poblaciones de especies
silvestres, particularmente de aquellas que se encuentran en peligro de extinción y que
son un recurso compartido entre México, Belice y el resto de los países
centroamericanos.
Respetuosos de la soberanía e
independencia de Belice, de la cual México por cierto fue de las primeras naciones en
reconocer, acudimos a esta máxima tribuna de la nación para invocar lo que en derecho
internacional se denomina como el principio de prevención del daño transfronterizo.
Por todo lo anterior, es en extremo
cuestionable que la construcción de la hidroeléctrica "Chalillo" en Belice y
su operación no afecte los ecosistemas aledaños donde estaría localizada ni tampoco el
patrimonio arqueológico de la humanidad.
Así pues, el grupo parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México somete a la consideración de este pleno el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Se exhorta a la Secretaría
de Relaciones Exteriores del Poder Ejecutivo Federal para que promueva el establecimiento
de una mesa de trabajo binacional entre México y Belice a fin de analizar la viabilidad
ambiental en la construcción de la hidroeléctrica "Chalillo" y sus efectos
negativos en el ecosistema regional.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Poder Ejecutivo Federal para que realice, con
carácter de urgente, un estudio que presentará ante esta Cámara donde se conozcan los
posibles impactos para nuestro país y al corredor biológico mesoamericano por la posible
construcción de la hidroeléctrica "Chalillo" en Belice.
Tercero. Se exhorta al Instituto
Nacional de Antropología e Historia para que, por conducto de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, solicite información para conocer si en la zona que será
impactada por la construcción de la hidroeléctrica "Chalillo" en Belice
existen o no posibles vestigios de la cultura maya de la que ambos países somos
depositarios.
Cuarto. Que el Poder Ejecutivo
Federal, de resultar procedentes las violaciones al derecho internacional y sus tratados,
promueva ante los tribunales y organismos internacionales de los que forma parte, las
acciones conducentes para evitar o en su caso resarcir el daño ambiental y/o patrimonial
de la humanidad por la probable construcción de la hidroeléctrica "Chalillo"
en Belice.
Suscriben el presente punto de acuerdo los
integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Hago entrega a la Secretaría del presente
punto de acuerdo.
Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta:
Túrnese a la Comisión de Relaciones
Exteriores y a la Comisión de Medio Ambiente.
El grupo parlamentario del PRI ha
solicitado se posponga para una próxima sesión el punto de acuerdo del diputado Jaime
Martínez Veloz.
CAFE
La Presidenta:
En consecuencia, continuando con el orden
del día, se concede el uso de la palabra a la diputada Carolina Viggiano Austria, para
presentar un punto de acuerdo para que la Sagarpa ejerza los recursos relacionados con el
apoyo a los productores de café para la presente cosecha.
La diputada Alma Carolina Viggiano
Austria:
Con su permiso, señora Presidenta; con
el permiso de todos ustedes, compañeras y compañeros diputados:
"Los diputados federales, integrantes
del grupo plural de trabajo para la cafeticultura mexicana de la LVIII Legislatura, con
fundamento en los artículos 39 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos y 58, 65, 70 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos el presente punto de acuerdo
para la atención inmediata de los programas de apoyo a la cafeticultura nacional, bajo
las siguientes
CONSIDERACIONES
La producción de café desde hace dos
siglos ha constituido la principal actividad económica de las regiones más marginadas en
nuestro país, cultivándose en 760 mil hectáreas en 12 entidades y 391 municipios, el
80% de ellos marginados.
México es de los principales países
productores en el mundo, con una producción promedio anual de 350 mil toneladas, de las
que se exportan el 85%. Su valor representa el 8.15% del PIB agrícola, siendo una
importante fuente de divisas, además de que satisface el abasto nacional.
Su cultivo es una importante fuente de
empleo. A esta actividad se dedican 282 mil productores, el 66% de ellos son indígenas,
generando más de 65 millones de jornales agrícolas, más de 3 millones de mexicanos
dependen de esta agroindustria.
Las plantaciones de café y los cultivos
asociados constituyen un importante generador de servicios ambientales, evitando la
erosión, facilitando el escurrimiento hidrológico, la fijación de carbono y la
biodiversidad.
La especialización de este cultivo a las
regiones marginadas de nuestro país es una actividad de especial valor geopolítico,
social, económico y ambiental que enfrenta en la actualidad una grave crisis por la
debilidad estructural de la oferta y la demanda nacional y por las condiciones de los
mercados internacionales, entre otros factores.
La producción nacional presenta muy bajos
rendimientos por hectárea y una limitada participación de los productores en el valor
agregado, por el fuerte minifundio, carencia de insumos, equipo e infraestructura de alta
productividad y de equipamiento para participar en la cadena producción-consumo.
El consumo per capita en México es
uno de los más bajos de los países productores y una vigésima parte del consumo por
habitante de los países altamente consumidores. Se carece de una política para fomentar
el consumo interno, por favorecer tradicionalmente el mercado exterior y la falta de
campañas promocionales, abasto de mala calidad, uso indiscriminado de sucedáneos y
precios poco atractivos al consumidor.
El mercado exterior, que representa la
principal fuente de ingresos de esta actividad, se desarrolla sin estimular el control de
calidad, con altos castigos sobre los precios y limitada participación de los
productores. Estas condiciones se han agravado después del retiro de los acuerdos
internacionales de los países exportadores y consumidores y la desaparición del
Instituto Mexicano del Café.
Adicionalmente las condiciones de los
tratados comerciales internacionales imponen nuevas competencias para el café mexicano,
que demandan de una política integral en materia de comercio exterior. Las debilidades
estructurales de esta agroindustria se profundizaron por la desaparición del Instituto
Mexicano del Café, como lo he señalado y la ausencia de programas públicos con la
amplitud y profundidad adecuada, la importación y el contrabando, la falta de control en
la calidad de los productos finales y la participación limitada y desarticulada de los
agentes de la cadena productiva en programas de fomento a la producción y productividad,
al equipamiento industrial y al incremento de la participación en el mercado nacional y
exterior.
La cafeticultura mexicana en la actualidad
enfrenta la peor crisis en su historia reciente, por la disminución de los precios
internacionales a niveles de 45 centavos la libra, por la sobreoferta mundial. Estos
precios internacionales provocan que los precios del café cereza al inicio de la cosecha
sean menores que el costo de la pizca, con peligro de que el producto deje de cosechar el
café, con una grave repercusión social por la disminución del empleo e ingreso de estas
regiones marginadas, serios problemas de producción fitosanitarios y ecológicos de corto
y mediano plazo y una disminución de las divisas captadas por el país.
El Poder Ejecutivo Federal y los gobiernos
de los estados cafetaleros, conjuntamente con las organizaciones de productores,
industriales y comercializadores, han propuesto diversas medidas para atender la crisis de
coyuntura y los problemas estructurales de esta agroindustria, en las cuales es importante
la participación del Congreso de la Unión y especialmente de esta Cámara de Diputados,
para la conformación de un proyecto que contemple medidas económicas dentro del
Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Ingresos, así como el análisis de
iniciativas para normar jurídicamente la actividad de esta agroindustria y
específicamente la constitución de una institución con capacidad legal, administrativa
y financiera para atender su desarrollo.
Como respuesta a esta crisis y la necesidad
de fortalecer estructuralmente la agroindustria del café, la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión acordó que la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura
integrara un grupo especial de trabajo sobre cafeticultura, que en el desempeño de sus
responsabilidades con el sector público ha evaluado sus programas y con el sector social
y privado las consultas para conocer la situación de la agroindustria y sus propuestas
para su desarrollo, lo que ha permitido determinar que frente a la crítica situación que
enfrenta la cafeticultura es urgente que el Ejecutivo Federal cumpla oportuna y
suficientemente los siguientes programas de apoyo.
Coincidimos con la reiterada demanda de las
organizaciones de productores, que el padrón cafetalero es un instrumento básico
indispensable para destinar con certidumbre los programas de apoyo, además de constituir
un elemento fundamental para la planeación, programación y estudios de proyectos
cafetaleros. Por esta razón, demandamos que la Sagarpa cumpla en tiempo y forma con esta
actividad en los plazos fijados, el más reciente el anunciado por el titular de esa
dependencia en su comparecencia ante el Senado de la República el día jueves 25 de
octubre, que se comprometió a terminarlo en enero de 2002.
2349,2350,2351
La Sagarpa informó a esta soberanía un
programa de apoyo emergente para la cosecha de café 2001-2002, por 537 millones de pesos,
aun cuando se ha anunciado que empezó el ejercicio de estos recursos, los productores y
sus organizaciones reclaman urgente que estos apoyos se entreguen de inmediato conforme se
inicie la cosecha en las distintas regiones cafetaleras. Esto lo han manifestado
públicamente y en el encuentro nacional cafetalero llevado a cabo en Boca del Río los
días 20 y 21 de octubre; el grupo de diputados miembros de la mesa de trabajo para la
cafeticultura que asistimos, recogimos esta demanda.
Por lo anterior, la Sagarpa debe
implementar mecanismos con la información disponible y acuerdos con organizaciones y
autoridades locales para ejercer este programa emergente, aprovechando los avances del
padrón cafetalero, pero sin condicionarlo a su terminación.
Por otra parte, una preocupación adicional
es que la demanda real de los recursos termine en el primer trimestre del próximo año.
Para cumplir con esa demanda debe existir la previsión presupuestal en el presente año
por la totalidad de los recursos del programa emergente para el levantamiento de la
cosecha del café.
Por lo anteriormente expuesto y fundado,
proponemos los siguientes
PUNTOS DE ACUERDO
Primero. Que la Sagarpa inicie de
inmediato el Programa Emergente del Café de la Cosecha del año 2001 y que asigne la
totalidad de los requerimientos en el Presupuesto de Egresos de 2001, para evitar retrasos
en los primeros meses del año, sin condicionarlo necesariamente a la terminación del
padrón cafetalero, ya que a la fecha, según información de la propia Secretaría,
presenta serio retraso, ya que su avance es del 17%.
Segundo. Que la Sagarpa concluya en
tiempo y forma el padrón cafetalero, como oportunamente fue solicitado por las
organizaciones de productores, mismo que la propia Secretaría asumió como compromiso.
Tercero. Que la Sagarpa y la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público definan las normas para la creación y
operación del Fondo de Estabilización de Precios del Café y se autorice de inmediato el
ejercicio del 30% del fondo de 150 millones de dólares, que comprometió el Ejecutivo
Federal para la comercialización de la presente cosecha correspondiente a los meses de
septiembre a diciembre.
Cuarto. Que la Sagarpa ejerza
oportunamente el total de los recursos autorizados en el Programa Alianza para el Campo en
el Presupuesto de Egresos de 2001, asimismo informe sobre el ejercicio de dichos recursos
a esta fecha en un plazo no mayor de ocho días y que los que tenga que ejercer en el año
2002 se entregue en los primeros meses de ese mismo año.
Quinto. Que la Secretaría de
Economía establezca restricciones a las importaciones de café procedentes de países con
los que México no tiene celebrados convenios de Libre Comercio, en tanto no se acuerden
con los productores y los industriales las bases de la política de importaciones.
Sexto. Que la Secretaría de
Economía convoque a los representantes de los productores, torre factores e industriales
para establecer las bases para la celebración de convenios de abastecimiento."
Señora Presidenta, le solicitamos que el
presente punto de acuerdo se someta a la consideración del pleno como de urgente y obvia
resolución, en virtud de que la cosecha cafetalera ha iniciado en este mes pasado de
septiembre y este punto de acuerdo está firmado por todos los miembros del grupo de
cafeticultura, asimismo por un grupo de diputados de la diputación campesina y otros
diputados de estados cafetaleros.
Gracias, por su solidaridad.
La Presidenta:
Gracias, señora diputada.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en
votación económica, si se considera de urgente resolución el punto de acuerdo.
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
Por instrucciones de la Presidencia, de
conformidad con lo que establece el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en votación económica se pregunta
a la Asamblea si se considera de urgente resolución el punto de acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo...
La Presidenta:
Se considera de urgente resolución. En
consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo.
No habiendo intervenciones, le ruego a la
Secretaría consulte si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González.
En votación económica se pregunta a
la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.
La Presidenta:
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en
votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
En votación económica se pregunta a
la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo...
La Presidenta:
Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese
al Ejecutivo.
DIGNA
OCHOA Y PLACIDO
La Presidenta:
Tiene la palabra la diputada Magdalena
Núñez Monreal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para
presentar una proposición con punto de acuerdo sobre el caso de la licenciada Digna Ochoa
y Plácido.
La diputada Magdalena del Socorro
Núñez Monreal:
Con su permiso, diputada Presidenta:
La suscrita, integrante del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos
42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición de punto de acuerdo
con base en las siguientes
CONSIDERACIONES
Primera. Que el 19 de octubre próximo
pasado murió asesinada la licenciada Digna Ochoa y Plácido, destacada defensora de los
derechos humanos en circunstancias que cuestionan de raíz la voluntad del Gobierno
mexicano para brindar la debida protección a quienes luchan por la defensa de los
derechos humanos en nuestro país, máxime si se ha sido perseguida, hostigada, amenazada
y violentada como lo fue ella.
Segunda. Que por la trayectoria intachable
de esta digna exponente de lo mejor del ser humano y por la naturaleza de los asuntos en
los que estaba comprometida, el crimen no puede considerarse un asunto de delincuencia
común; por el contrario, este crimen pone en entre dicho a instituciones fundamentales de
nuestro país, evidencia las omisiones y lagunas de la impartición y procuración de
justicia, atenta contra el Estado de Derecho y se erige en un obstáculo para la
construcción democrática de un país libre, justo y equitativo, en la que el pueblo de
México está empeñado.
Constituye además, una amenaza clara y
directa no sólo contra los miembros del centro de derechos humanos "Miguel Agustín
Pro Juárez", sino contra toda persona comprometida en la defensa y promoción de los
derechos humanos.
Tercera. Que esta soberanía reconoció la
importancia política y social de este crimen al aprobar, el pasado 23 de octubre, un
punto de acuerdo por el que se condena enérgicamente el trágico suceso y se exige a las
autoridades competentes una investigación exhaustiva y expedita que lleve a proceso a los
culpables, además de solicitarles la debida protección a quienes defienden los derechos
humanos en México.
Cuarta. Que es obligación y
responsabilidad de esta Cámara de Diputados, contribuir al fortalecimiento de las
instituciones nacionales en el marco de la transparencia, la rendición de cuentas y la
plena legalidad.
Por lo expuesto y fundado, someto a la
consideración de esta Asamblea, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
La creación en el seno de esta soberanía
y en el marco de sus atribuciones, de una comisión especial pluripartidista que dé
seguimiento exhaustivo a las investigaciones que las autoridades competentes están
llevando a cabo sobre este asesinato.
Que la comisión mencionada dé seguimiento
a las denuncias de hostigamiento, amenazas y violencia que han sido y sean denunciadas por
miembros de organizaciones sociales cuyas actividades estén relacionadas con la defensa
de los derechos humanos en su sentido más amplio.
La comisión podrá realizar todas aquellas
actividades que considere pertinentes dentro de las facultades y atribuciones legales, con
el fin de velar porque las investigaciones se realicen con estricto apego a la ley;
contribuir al esclarecimiento de los hechos y mantener informada a esta soberanía, así
como a la sociedad en general.
Es cuanto, señora Presidenta.
Gracias.
Presidencia del diputado
Eloy Cantú Segovia
El Presidente:
Muchas gracias a usted, diputada
Magdalena Núñez Monreal.
Túrnese a la Junta de Coordinación
Política.
En el mismo tema, tiene la palabra el
diputado Emilio Ulloa Pérez, hasta por cinco minutos.
Estaba registrado en este mismo tema…
otra intervención está prevista justamente para el diputado. Entonces, pasamos al
siguiente orador, con punto de acuerdo para que el crimen de la licenciada Digna Ochoa y
Plácido tenga importante y tenaz seguimiento por parte de esta Cámara de Diputados hasta
su esclarecimiento y castigo a los responsables.
Para exponer este punto de acuerdo, se le
concede la palabra al diputado Enrique Herrera y Bruquetas.
El
diputado Angel Enrique Herrera y
Bruquetas:
Con su venia, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
En México, de unos años a la fecha, nadie
es responsable de nada frente a nadie.
Esto es grave. En la mayoría de los
asuntos que a todos nos competen y preocupan, las responsabilidades y las culpas se
diluyen en un océano de frívolas abstenciones y públicas cobardías.
Los crímenes no resueltos se acumulan en
la conciencia pública. De Colosio a Stanley; de las alucinaciones videntes de "La
Paca" y de sus patrocinadores, a la ejecución de los Carrola. Del crimen de Polo
Uscanga, a las calles, las esquinas, las casas, donde libremente se asesina sin castigo.
La impunidad y la corrupción definen el tiempo de México.
Las declaraciones de los funcionarios han
creado toda una ontología de la ambigüedad y no olvidemos que la ambigüedad es uno de
los ámbitos predilectos de la traición y del delito.
El Estado de Derecho, compañeras y
compañeros diputados, exige que los servidores públicos sean responsables de sus actos,
su responsabilidad no se prueba en los hechos cuando las obligaciones son meramente
declarativas, cuando no son exigibles, cuando hay impunidad o cuando las sanciones por su
incumplimiento sólo provocan la risa de los infractores. Estamos de acuerdo con quien nos
recordaba que la responsabilidad penal responde al criterio primigenio de la democracia.
En este Congreso vibra una voluntad de
justicia que nada ni nadie puede ignorar sin ponerse oprobiosamente de espaldas a la
historia. El crimen de Digna Ochoa es un crimen contra todos nosotros, las civilizaciones
antes que nada voluntad de convivencia pacífica, no la abortemos con la impunidad ante el
crimen de una defensora de todos nuestros derechos, los suyos, los míos, los nuestros.
2352,2353,2354
Todo aquel que no mida por el derecho ajeno
como por el propio, merece perder el propio, lo real es lo que importa, no lo aparente.
De todos los sistemas políticos el
democrático es el más exigente y por esa misma razón el menos ejercido, ética de la
responsabilidad y ética de la convicción no son contradictorias, sino que se
complementan.
El gobernante tiene obligaciones que
cumplir, que la opinión pública, los medios de comunicación y el Poder Legislativo
deben recordárselas críticamente si las olvidan, eso no es oposición por sistema, sino
democracia, al contrario, autoritarismo es gobernar una nación sin escuchar sus reclamos.
Libertad de información es en el fondo
sinónimo de moral y responsabilidad y una sociedad moderna y democrática no tolera ni
siervos ni encomenderos, sino que se define en una ciudadanía participativa, crítica y
solidaria.
El crimen de Digna Ochoa gotea infamia por
todos lados y no debemos quedarnos sentados entre declaraciones, mesas y comisiones,
dejando pasar un tiempo que sin voluntad política de por medio sólo conduce a la
impunidad.
El crimen de Digna Ochoa gotea infamia,
ella sabía y con su conducta lo afirmaba, que la perfectibilidad social se traduce en
aumento de justicia en las relaciones humanas; ella sabía y sabía muy bien, que donde
hay justicia se estima la virtud, el trabajo y el mérito esforzado, sabía que no se es
justo y honrado si no se lucha porque impere la justicia; sabía que en las sociedades
carcomidas por la injusticia y la corrupción los ciudadanos pierden el sentimiento y el
sentido del deber y se apartan del cumplimiento del derecho.
El crimen de Digna Ochoa, compañeras y
compañeros diputados, gotea sangre, infamia, corrupción, impunidad y miedo, exige
justicia ya, exige que esta Cámara asuma en estos momentos de suprema importancia para la
transición política su función de garante de la justicia, de ello depende no sólo una,
sino muchas de las esperanzas que en ella están puestas.
Si en el caso de Digna Ochoa no hay
justicia pronta, estaremos dando un requiem a todo lo que define una democracia.
Por lo anteriormente expuesto nos
permitimos proponer el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Que a partir de esta fecha y en plazos de
tiempo prudentes, para evitar la impunidad que el silencio determina como lo tenemos
sobradamente comprobado, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos integre un grupo de
seguimiento, para que después de consultar y evaluar lo conducente con quienes encabezan
las investigaciones, informe al pleno de esta Cámara el estado que guardan las
averiguaciones sobre el crimen de Digna Ochoa, que a todos los mexicanos agravia e
interesa, con ello estaremos cumpliendo con un justo reclamo de nuestros representados.
Decía León Felipe "que en muchos
países la justicia vale menos que el orín de los perros". Sin duda que México es
ya uno de ellos.
El Presidente:
Túrnese a la Comisión de Justicia y
Derechos Humanos.
En este mismo tema ha solicitado la palabra
hasta por cinco minutos, el diputado José Antonio Calderón Cardoso, del Partido Alianza
Social.
El
diputado José Antonio Calderón Cardoso:
Muchas gracias, señor Presidente; amigas y
amigos diputados:
La cadena de agresiones físicas y
hostigamiento sicológico en contra de los defensores de los derechos humanos es resultado
de la impunidad que a lo largo de años ha existido en México. La alternancia de partidos
políticos en el ejercicio del poder público en el ámbito Federal no ha sido obstáculo
para que los enemigos de los derechos humanos realicen atentados contra la dignidad y la
vida de las personas. Esto es algo que debe preocuparnos, ya que es el reflejo de que
grupos o individuos que realizan este tipo de actos poco les interesa el desarrollo y la
consolidación de las instituciones democráticas.
Cuando las agresiones a los defensores de
los derechos humanos son contraatacadas de manera ineficiente, no se podrá llegar muy
lejos en cuanto a que estos derechos sean efectivamente respetados. No proteger la
integridad física y sicológica de los defensores de estos derechos es sin duda avanzar
en sentido contrario a lo que recientemente hemos conseguido en nuestro país.
No sirve de mucho generar una conciencia de
que los derechos humanos deben ser protegidos, sino además, si no se crea un marco legal
que genere las condiciones necesarias para que estos derechos sean respetados en la
realidad y no sólo expresiones de buena voluntad, ya que ante esto la corrupción es la
que prevalece.
Cuando un Estado se compromete a combatir
la corrupción y la impunidad que generan los violadores de derechos humanos, debe
proteger también la integridad física y moral de los defensores de éstos mismos. La
delincuencia organizada, mediante su sistema de justicia alterno y el uso de la violencia,
da a la sociedad el aviso de que todo aquel que ponga en peligro sus intereses, sea quien
sea, será intimidado mediante una violencia que en el mayor de los casos y dependiendo de
los intereses que son afectados, puede ser cruelmente manifestada.
Las precarias condiciones con las que
realizan sus actividades los defensores de derechos humanos, provocan vulnerabilidad en su
persona, lo cual los hace constantemente víctimas de autoridades municipales, estatales,
pero lamentablemente y sobre todo, de grupos organizados que desean intimidar a los
ciudadanos.
Por lo anterior, la defensa de los derechos
humanos implica fortalecer el estado de derecho y la soberanía nacional. Cuando en el
ámbito nacional se eliminan con violencia exacerbada a los defensores de las libertades
inalienables y básicas del ser humano, ¿cómo podrá ser posible asumir una postura de
defensa internacional de estos mismos valores?, a fin de cuentas, cuando el asesinato se
convierte en advertencia, este acto se comete no sólo contra la sociedad en su conjunto,
sino contra el Estado y contra la gobernabilidad del país. A este asesinato debemos
añadir también las amenazas contra seis luchadores sociales, luchadores en pro de los
derechos humanos y esto está generando un ambiente de dificultad que si no buscamos
calmarlo, el país corre riesgos de entrar en una situación poco aconsejable.
Por último, amigas y amigos diputados,
para el Partido Alianza Social esclarecer este artero atentado así como el origen de las
amenazas, es una cuestión que está en el primer punto de la agenda nacional, porque
también de esto depende que nuestra normalidad democrática se siga consolidando.
Nos pronunciamos a favor de los
planteamientos que se han hecho y por tanto estamos a favor de los puntos de acuerdo
presentados.
Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias a usted, diputado José Antonio
Calderón Cardoso.
El siguiente punto de acuerdo en relación
con las elecciones extraordinarias en el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, a
petición del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se pospone para una
próxima sesión.
En relación al punto de acuerdo del
denominado impuesto TOBIN, que presentaría el grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, a solicitud de este mismo grupo, se pospone para una próxima
sesión.
El punto de acuerdo en relación a la
función 14 del presupuesto, a cargo del Partido Verde Ecologista de México, a solicitud
de este grupo parlamentario se pospone para el final de los puntos de acuerdo.
El punto de acuerdo en relación con la
defensa del Congreso, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, se difiere
también para el final de los puntos de acuerdo.
El siguiente punto de acuerdo es el
referente a la revisión de la política presupuestal de la Secretaría de Salud para el
Estado de Oaxaca. A petición del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, se pasa para el final, también, de los puntos de acuerdo.
DISTRITO
FEDERAL
El Presidente:
El siguiente es el punto de acuerdo sobre
el funcionamiento de la gasera ubicada en la colonia Aeronáutica Militar en la
delegación Venustiano Carranza. Para exponer este punto de acuerdo se le concede la
palabra al diputado Máximo Soto Gómez, del Partido Acción Nacional.
El diputado Máximo Soto Gómez:
Con el permiso de la Presidencia;
compañeras y compañeros diputados:
Presentamos una proposición con punto de
acuerdo los integrantes de la Comisión del Distrito Federal, con fundamento en el
artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos.
ANTECEDENTES
Al comienzo de 1999 se inició la
construcción de una gasera que está ubicada en Cecilio Robelo número 4, colonia
Aeronáutica Militar, la cual cuenta con un certificado de zonificación expedido por la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, mismo que no coincide en su dirección con la
ubicación del predio señalado que la gasera se construiría en la colonia Jardín
Balbuena. Asimismo, en este certificado de zonificación se determina que el uso actual
del suelo es de equipamiento y estacionamiento de seguridad pública y de uso solicitado
fue de encierro de vehículos con cuatro dispensarios de gas natural comprimido para
autoconsumo.
CONSIDERANDOS
No es posible que las autoridades
competentes permitieran la construcción de esa gasera que por sí sola constituye un
peligro para una zona de uso habitacional y comercial, sin contar que colinda con una
estancia infantil y dos escuelas, las cuales cuentan con una población aproximada de 8
mil alumnos, así como el Hospital General Balbuena, perteneciente a la Secretaría de
Salud del Distrito Federal.
Es inadmisible que las autoridades no
tomaran en cuenta el riesgo que implica tener como vecina una gasera, que en cualquier
momento puede tener una explosión o bien una fuga y con ello poner en riesgo la vida de
miles de personas que estudian, habitan, se extienden o transitan por esa comunidad.
Asimismo, hay que señalar que el Palacio
Legislativo, se encuentra ubicado en unas cuantas cuadras de la multicitada gasera y de
presentarse cualquier tipo de percance, nuestro recinto se puede ver afectado, así como
la seguridad y vida de los diputados y colaboradores que aquí laboramos.
Lo anterior no se expone con objeto de ser
alarmista, ya que esta gasera sufrió una explosión el 21 de mayo del año 2000 y esa
explosión se presentó en Pensador número 1 y con una manguera, la cual se derivó de la
consecuencia de la ruptura de la tubería de abastecimiento, según el parte informativo
de la Secretaría Pública del Distrito Federal.
Cabe mencionar que de acuerdo a la licencia
de uso de suelo, la gasera tenía como único propósito el suministrar combustible a
vehículos oficiales, sin embargo, taxis y microbuses del servicio público, se ven
beneficiados con el suministro de sus unidades.
Se suma a todo lo anteriormente expuesto,
que de acuerdo al plan de Desarrollo de las Delegaciones del Distrito Federal, está
prohibido este tipo de instalaciones en la demarcación correspondiente, ya que conforme
lo establece la tabla de uso del suelo de la delegación, no están permitidos depósitos
ni comercialización de combustible, gasolineras, verificentros o estaciones de gas
carburante en la zona.
Dicha reglamentación no fue respetada por
parte de Metrogas y Ecomex durante la pasada administración, la delegación Venustiano
Carranza, se encargó de hacer una verificación física, la cual se llevó a cabo el día
2 de diciembre de 1999, estando presente el delegado, el subdelegado de Obras y Desarrollo
Urbano, el presidente de la Asociación de Vecinos y Padres de Familia de las escuelas que
se ubican alrededor de la gasera.
De esta verificación se le permitió a los
representantes de las gaseras, que proporcionaran una explicación sobre la operación de
la estación y al terminar ésta el delegado se retiró sin efectuar la visita obligada,
para constatar la proximidad de las escuelas que rodean la gasera.
El día 28 de septiembre del año en curso,
la actual administración realizó una visita de verificación en la gasera, declarándose
ese mismo día la apertura de un proceso administrativo, el cual se solicitó a la gasera
entregar los permisos y demás trámites administrativos necesarios, para su correcto
funcionamiento. Dicho procedimiento se está llevando a cabo bajo estricto apego a la ley,
por lo que se están respetando los plazos y las formas que éstas señalan.
Muy largo ha sido el camino que han tenido
que seguir los vecinos de la colonia Aeronáutica Militar, desde la pasada administración
hasta el día de hoy, sin contar con un verdadero apoyo y sobre todo sin una explicación
clara de por qué se permitió la construcción de la gasera y la operación de la misma.
2355,2356,2357
Se debe de tomar en cuenta que esta gasera
podría ocasionar un accidente de igual o mayor magnitud de lo que vivió la ciudad de
Guadalajara en 1992 y San Juan Ixhuatepec en 1984.
Por lo anterior, es necesario que las
autoridades competentes analicen a fondo la instalación de la multicitada gasera y emita
una resolución a la brevedad posible, para así evitar poner en riesgo a toda la
población de la Ciudad de México.
«Por las consideraciones antes expuestas,
los integrantes de la Comisión del Distrito Federal, con fundamento en el artículo 58
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, someten al pleno de esta Cámara de Diputados, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Que el Gobierno del
Distrito Federal gire instrucciones a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, para
que se clasifique el certificado de zonificación, expedido el 21 de septiembre de 1998.
Segundo. Con base en los tristes y
lamentables sucesos ocurridos en la ciudad de Guadalajara y en San Juan Ixhuatepec, es
necesario que las autoridades competentes en materia de protección civil, tanto a nivel
local como federal, tomen todas las medidas precautorias y que se analicen a fondo las
condiciones de las instalaciones de la gasera, para evitar cualquier percance que ponga en
peligro la vida de la ciudadanía.
Tercero. De ser procedente la
operación de la gasera, estudiar las posibilidades de trasladarla a un sitio menos
riesgoso para los habitantes de la colonia Aeronáutica Militar.
Cuarto. De no ser procedente que la
delegación Venustiano Carranza proceda a la clausura de la gasera en forma inmediata y
permanente, de no hacerlo corre peligro la vida de los habitantes de la delegación.
Palacio Legislativo, a 6 de noviembre de
2001.— Diputados: Daniel Ramírez del Valle y Carlos Flores Gutiérrez,
del PAN; José Antonio Arévalo, del Verde Ecologista; Hilda Anderson, del
PRI; Benito Vital Ramírez, del PRI; Francisco Ramírez Cabrera, del
PAN; Raúl García Velázquez, del PAN; Griselda Ramírez Guzmán, del PAN; Eduardo
Arnal Palomera, del PAN; Enrique de la Madrid, del PRI; Jorge Lara, José
Lozano Pardiñas, del PAN; Víctor Hugo Círigo, del PRD y Teresa Gómez
Mont.»
El Presidente:
Muchas gracias, al diputado Máximo
Soto Gómez.
Túrnese su punto de acuerdo a la
Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
RESCATE
BANCARIO
El Presidente:
Para presentar el punto de acuerdo en
relación al desempeño de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se le concede la
palabra al diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática.
El diputado José Antonio Magallanes
Rodríguez:
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
La crisis económica y financiera que
inició en nuestro país a finales de 1994 y que manifestó sus más agudos efectos en
1995, puso de manifiesto no sólo la frágil situación del sistema bancario y los graves
errores cometidos durante el proceso de su desincorporación, sino también mostró el
tremendo rezago en la supervisión y control de los mismos por parte de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores.
De esta manera, durante el periodo
comprendido entre 1994 y 1998, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores intervino 12
instituciones financieras; la primera Banca Unión, el 1o. de septiembre de 1994 y la
última Banca Confía, en agosto de 1997.
CONSIDERANDOS
Primero. Que la mayor preocupación de los
grupos parlamentarios en torno al rescate bancario radica en disminuir el costo fiscal del
mismo y en el castigo a los funcionarios, banqueros y deudores que se aprovecharon de esta
situación para obtener beneficios a costa del erario público.
Segundo. Que derivado del informe
presentado el 25 de junio del presente año por la Entidad Superior de Fiscalización, se
observa que existen recomendaciones al IPAB que involucran para su cabal cumplimiento a la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Tercero. Que una de las recomendaciones
realizadas en este sentido por la Auditoría Superior de la Federación, consiste a la
entrega inmediata de la banca intervenida por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores al IPAB.
Cuarto. Que en el informe citado se señala
que en la mayoría de las operaciones ilegales realizadas durante el rescate bancario, el
tiempo que marcan las leyes de la materia expiró para entablar acciones penales en contra
de los responsables.
Quinto. Que el informe Mackey señala
textualmente lo siguiente: "la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha sido la
única autoridad con acceso total a la información de la banca" y que el acceso de
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a la información bancaria le proporcionó
mayor influencia en la toma de decisiones del comité técnico del Fobaproa.
Sexto. Que el mismo informe Mackey señala
que una de las obligaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en los
programas de compra de cartera, fue la de validar los créditos que fueran a ser
adquiridos por el Fobaproa y que muchas veces sin contar con las auditorías exigidas por
el mismo programa del Fobaproa fueron validados.
Séptimo. Que del total de pasivos del
IPAB, 747 mil millones de pesos, aproximadamente el 47%, es decir, 350 mil millones de
pesos, son producto de la banca intervenida y de programas de saneamiento.
Octavo. Que resulta inaceptable que el IPAB
haya asumido los pasivos de la banca intervenida y ésta aún no le pueda ser entregada.
Noveno. Que a pesar de haber sido la única
institución con acceso a la totalidad de la información haya permitido que los delitos
cometidos por diversas personas, hayan prescrito.
Por lo anteriormente expuesto y con
fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito muy atentamente a la Presidencia de la
mesa directiva, la siguiente proposición con
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Que la Comisión de
Vigilancia de la Cámara de Diputados cite a comparecer al presidente de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, para explicar el desempeño de la entidad durante el
proceso del rescate bancario, en particular las operaciones de compra de cartera.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente:
Muchas gracias, al diputado José Antonio
Magallanes Rodríguez.
De conformidad con su planteamiento,
túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, el presente
punto de acuerdo.
Con punto de acuerdo sobre la reforma
fiscal, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México solicita se
posponga para una próxima sesión.
El siguiente punto relacionado con el
proceso electoral en el Estado de Puebla se pospone para otra sesión, a petición del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El punto de acuerdo en relación a la
situación cañera, a cargo del diputado Arturo Herviz Reyes, del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, por no encontrarse presente se pospone para el
final de los puntos de acuerdo.
El punto de acuerdo sobre la situación
política en el Estado de Chiapas, a petición del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, se pospone para una próxima sesión.
En relación con el punto de acuerdo de la
función 14 del presupuesto, que había solicitado se difiriera para el final de los
puntos de acuerdo el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, solicita
a su vez, que se pase para una próxima sesión.
PODER
LEGISLATIVO
El Presidente:
El punto de acuerdo en relación con la
defensa del Congreso, para formular este punto de acuerdo, se le concede la palabra al
diputado Víctor Infante, en nombre de un grupo plural de diputados.
El diputado Víctor Roberto Infante
González:
Gracias, señor Presidente; compañeras
legisladoras; compañeros legisladores:
Hace unos días nos reunimos un grupo de
legisladores de diversas fracciones parlamentarias para comentar el problema que se estaba
presentando de los embates del Poder Ejecutivo hacia el Congreso de la Unión.
Es un tema de la mayor relevancia en las
actuales circunstancias que vive el país. Debe haber una gran preocupación sin duda en
la sociedad, por lo que está sucediendo en estas fechas. Hay un problema de
enfrentamiento del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo; hay posteriormente un
enfrentamiento del Poder Ejecutivo con los medios de comunicación y esto debe tener un
ambiente de incertidumbre nacional.
En razón de ello, este grupo de
legisladores ponemos a la consideración de ustedes este desplegado para el que estamos
recabando firmas de todos y cada uno de los legisladores en defensa del Congreso.
Vicente Fox ha patentado un
presidencialismo omnipresente que ataja toda posibilidad de consolidación democrática y
que tiene como estrategia por un lado un discurso aparentemente democrático y de apertura
y, por otro, un uso mediático para la presión de la opinión pública a favor de sus
posiciones políticas que han resultado ser autoritarias, frívolas, antinacionales y con
una clara tendencia de privilegio hacia el capital económico transnacional. Esta
estrategia de uso mediático de presión diseñada por el Gobierno Federal está
encaminada a influir en la opinión pública a favor de sus posiciones para vulnerar a la
institución estructural de la democracia: el Congreso de la Unión.
El único objetivo que busca alcanzar el
presidente Fox es su consolidación personal por encima de las instituciones
democráticas, olvidando el compromiso que adquirió con nuestro país el 2 de julio para
consolidar la transición democrática de México.
El Congreso de la Unión es la institución
fundamental de la democracia. Atentar contra el Congreso de la Unión es atentar contra la
democracia. El Congreso expresa en gran medida la pluralidad de la nueva sociedad
mexicana; su composición, en donde ninguna fuerza política tiene mayoría absoluta y los
acuerdos, son necesarios para el proceso legislativo; han sido una oportunidad para
avanzar más allá de lo rutinario y de la agenda legislativa de los partidos para pensar
de manera seria, responsable, pero sobre todo visionaria, en la construcción de acuerdos
institucionales que han permitido y abierto camino a una visión de largo alcance, a un
nuevo proyecto nacional.
El Congreso de la Unión ha demostrado que
es capaz de desarrollar nuevas formas políticas, una nueva cultura política tolerante,
incluyente y razonablemente propositiva de un nuevo arreglo institucional.
La campaña de presión y desprestigio al
Congreso y a los legisladores en particular y que hoy se ve también revertida a los
medios de comunicación, busca sólo hacer valer los intereses que representa el
presidente Fox por encima de los intereses de la nación.
Los legisladores que integramos la LVIII
Legislatura hemos asumido la defensa de los intereses del pueblo de México, por lo que
estamos recibiendo presiones y descalificaciones mezquinas, que pretenden limitar las
atribuciones republicanas del Congreso de la Unión para imponer, entre otras, una reforma
fiscal lesiva a los intereses del pueblo.
Que quede claro, que le quede claro al
Ejecutivo Federal: no aprobaremos una reforma fiscal que contemple la imposición del IVA
a alimentos, medicinas, libros y colegiaturas. Tampoco aprobaremos una reforma energética
que pretende entregar los recursos de la nación al capital extranjero.
Está signado este documento por un grupo
de legisladores del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución
Democrática, del Partido Verde Ecologista, del Partido del Trabajo y de Convergencia por
la Democracia.
Y hacemos un llamado desde esta alta
tribuna de la nación a la sensatez, a la prudencia del Ejecutivo Federal. No puede estar
buscando culpables de políticas erradas de su gabinete. Debe sentarse a platicar, a
conversar, a dialogar con el Poder Legislativo, a encontrar las mejores soluciones para el
país. No puede ser una política de enfrentamiento la que lleve al país al desarrollo
que tanto requiere.
2358,2359,2360
Por México, por los mexicanos, por los
pobres de México tenemos que hacer esta alianza con el Ejecutivo Federal, pero no con
base en el enfrentamiento y con base en la impugnación de otro de los poderes.
El respeto y el equilibrio de los poderes
será fundamental en los nuevos tiempos de México.
El Presidente:
Gracias, diputado.
Nada más una consulta. Su punto de acuerdo
se turnaría entonces a la Junta de Coordinación Política.
El diputado Víctor Roberto Infante
González:
La súplica es que se remita a la Junta de
Coordinación Política y el día de hoy continuaremos recabando firmas de compañeros
legisladores.
El Presidente:
Muy bien, diputado.
Túrnese a la Junta de Coordinación
Política el punto de acuerdo expresado por el diputado Víctor Infante, a nombre de un
grupo plural de diputados.
Con el mismo tema tiene la palabra el
diputado Víctor Antonio García Dávila, del Partido del Trabajo, hasta por cinco
minutos.
El
diputado Víctor Antonio García Dávila:
Con la venia de la Presidencia;
compañeras y compañeros:
Los momentos actuales exigen
responsabilidad y compromiso de los legisladores con la nación y con el pueblo. No
permitiremos que quienes le apuestan al tortuguismo de la democracia y la subordinación
del Poder Legislativo se salgan con la suya.
Por esa razón el grupo parlamentario del
Partido del Trabajo, con fundamento en lo que dispone el artículo 58 del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, apoyamos el
punto de acuerdo anterior.
En los últimos meses hemos sido testigos
de las calumnias y de la campaña de desprestigio auspiciadas desde el Poder Ejecutivo
Federal en contra del Congreso de la Unión y en particular de esta Cámara de Diputados.
El presidente Vicente Fox, en su
acostumbrado estilo de utilizar un lenguaje lleno de ligerezas y ocurrencias, ha
pretendido mantener con los integrantes del Congreso de la Unión, que no comulgamos con
sus propuestas, una actitud irresponsable e irrespetuosa, al señalar que los culpables de
que su reforma fiscal no sea aprobada en los términos en que fue enviada para su
discusión y análisis somos nosotros.
Mediante la confrontación mediática, el
titular del Ejecutivo Federal pretende asestar un golpe de suerte a los integrantes de
esta soberanía, con el propósito de lograr la aprobación de dicha reforma. Para
nosotros queda claro que si la reforma unilateral que promociona el Presidente de la
República no se ha aprobado, es porque lesiona los intereses de los sectores sociales
más desvalidos, al querer cobrar el IVA en alimentos, medicinas, transportes y
educación. En cambio beneficia sobremanera a los grupos económicos más poderosos del
país y del extranjero, al proponer la disminución de impuestos para ellos.
Para nadie es desconocido que incluso
algunos diputados panistas han planteado públicamente su desacuerdo con el contenido de
esta reforma fiscal, al considerarla lesiva a los intereses de las grandes mayorías. Los
felicitamos por ello.
En este contexto, las afirmaciones del
Ejecutivo Federal son totalmente falsas y carecen de toda ética política que pretenda
mejorar el funcionamiento y la relación entre las instituciones de nuestra nación.
Son falsas también, porque no le dice al
conjunto de la nación que las grandes empresas no van a pagar el IVA en los hechos, ya
que por estar integradas a los programas de promoción del comercio exterior que impulsa
la Secretaría de Economía les será devuelto en un plazo no mayor a cuatro días, con
simplemente mostrar su acreditación.
Por eso nosotros nos preguntamos: ¿a
quién pretende impresionar el Presidente con su reformón fiscal? ¿Acaso con su
aprobación se van a resolver todos los problemas que tienen los pobres de este país?
La realidad es clara y avasalladora. No
podemos dejarnos engañar por el Presidente y sus agoreros, a todos nos queda claro que
las necesidades del Gobierno Federal para resolver los lastres financieros del sector
público son enormes. Ahí están las deudas del Fobaproa y deI IPAB, ahí tenemos los
rescates carreteros, la deuda interna y externa, los Pidiregas y los fondos de pensiones
del Seguro Social, del ISSSTE y de las entidades federativas.
Fox necesita mayores recursos públicos
para pagar esos lastres; quiere que el pueblo los pague. Por eso necesita que de forma
perentoria se apruebe su reforma para cobrar más IVA a los consumidores y de paso
empobrecer más a los habitantes de este país, manteniendo el paraíso fiscal a los
grandes empresarios.
Compañeros diputados: dentro de este
conjunto de problemas inmediatos que enfrenta el país, el Presidente no ha querido
entender o tal vez ha olvidado la historia reciente de nuestra nación, porque desde la
LVII Legislatura de la Cámara de Diputados ningún partido tiene ya la mayoría para
determinar las reformas constitucionales por sí solo. Ese mismo hecho ocurre hoy día en
ambas cámaras y esto último es lo que se le olvida ya al Presidente.
La dinámica del trabajo legislativo de la
presente legislatura se ha traducido en que la mayor parte de iniciativas de ley han sido
presentadas por este cuerpo legislativo y una buena parte de ellas han sido dictaminadas y
aprobadas de manera unánime.
La forma en que se encuentra trabajando
esta Cámara muestra claramente la independencia y autonomía del Poder Legislativo,
previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que a través del
voto le ha sido otorgado por el pueblo de México, reconociendo que la gobernabilidad del
país sólo puede hacerse con la pluralidad y el consenso.
Al Presidente le debe quedar claro que el
pueblo de México otorgó un mandato al Poder Ejecutivo y otro al Poder Legislativo.
Decidió que en este último ningún partido tuviera por sí mismo mayoría absoluta. La
autonomía que ha logrado el Poder Legislativo con respecto a los otros poderes de la
Unión representa un paso importante en el establecimiento de un sistema de contrapesos
que evite las decisiones unilaterales de cualquier otro poder, como es el caso que nos
ocupa.
El grupo parlamentario del Partido del
Trabajo va a continuar trabajando a favor del pueblo de México y en particular de las
grandes mayorías más necesitadas. Nuestro trabajo legislativo se enfocará siempre a
proponer reformas constitucionales y leyes secundarias que mejoren las condiciones de vida
de nuestra sociedad.
A eso nos comprometemos, por eso nos
opondremos a aprobar leyes que perjudiquen a los más pobres.
Por las consideraciones expuestas, el grupo
parlamentario del Partido del Trabajo apoya el punto de acuerdo presentado por el grupo
plural.
Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias a usted, diputado Víctor
Antonio García Dávila.
En el mismo tema, se le concede la palabra
al diputado Alfredo Hernández Raigosa, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.
El
diputado Alfredo Hernández Raigosa:
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputadas y diputados:
En nuestra fracción parlamentaria, en el
PRD, hemos decidido apoyar esta iniciativa del grupo plural, porque significa la
reflexión con mucha claridad de cuál es el papel del Congreso en este momento en nuestro
país.
El Congreso es un ente que se encarga de la
vigilancia y del control de los actos públicos del Ejecutivo. El Congreso dejó de ser
desde hace algunos años solamente el que avalaba o levantaba el dedo para aprobar las
iniciativas que presentaba el Presidente de la República al Congreso de la Unión.
El desgaste actualmente del Ejecutivo no se
debe a la labor del Legislativo. Ha quedado de manifiesto que el 98% de los asuntos
aprobados en esta Cámara han sido de consenso. Solamente tenemos dos temas que fueron de
manera diversa aprobados en este Congreso y que tienen qué ver con los autos chocolates y
con la Ley Indígena. Mas sin embargo, hoy nos damos cuenta que el Ejecutivo ha tenido un
proceso rápido, raudo, veloz de desgaste y de envejecimiento no por el actuar del
Legislativo, ha sido por la manera frívola, por la manera tan a veces difícil de
entender, pero sin principios para actuar de parte de la Presidencia de la República.
Baste señalar que quien hizo mención en
la radio en Alemania, en relación a las botas de charol, no fue la prensa, fue el propio
Presidente de la República. Quienes decidieron ofertar un beso en el Vaticano a la
opinión pública no fue este Legislativo, fue el presidente Fox y su esposa.
Por ello creemos que un espíritu centrado
de lo que está pasando en este país, es reconocer la crítica como parte fundamental de
un régimen democrático, donde el Presidente de la República se comprometió en esta
tribuna a que el Legislativo decidiera los asuntos que tenía que definir y no supeditarse
a las decisiones del Ejecutivo.
Por ello creemos que esta embestida que ha
tenido en estos días el Legislativo no se justifica de ninguna manera cuando hubo un
espacio de diálogo, de consensos en la mayoría de los asuntos de este Congreso.
Por ello creemos que el Ejecutivo debe de
serenarse, de no lanzar piedras a todos los sectores de la sociedad, como está sucediendo
actualmente hoy con la prensa, con el Legislativo y seguramente con la iniciativa privada
después, con los sectores de la sociedad mañana. Porque nos parece que una política
antipopular que ha emprendido el Ejecutivo en nuestro país, no puede ser avalada a
ultranza.
Nosotros no podemos aceptar que se grave
con el IVA a los sectores más desprotegidos de esta sociedad. No podemos entender que el
Ejecutivo, que se comprometió a no incrementar los impuestos, se los quiera aplicar a
aquéllos que lo han perdido en esta etapa de crisis casi todo.
Por ello refrendamos el espíritu del
planteamiento que se hizo en esta tribuna, porque creemos que el equilibrio de poderes, el
régimen republicano, el reconocimiento del adversario no como un enemigo a derrotar a
ultranza, debe de ser una premisa que se valore en un régimen democrático que se precia
de ello.
Y en ese ámbito consideramos central que
la cabeza máxima del Ejecutivo tenga un ámbito de reflexión con su gabinete, que le
permita entender qué es el proceso de transición que se está viviendo en este país,
que los procesos de transición implican necesariamente reconocer la crítica, la
autocrítica al adversario, reconocer la disidencia como un elemento propositivo para
construir una nación que tenga auge y que tenga desarrollo y hasta este momento
lamentablemente el Ejecutivo ha carecido de los elementos básicos de un régimen
republicano representativo y que reconozca estos valores de la democracia.
Por ello, el PRD suscribe en todos sus
puntos el punto que se vino a plantear aquí con la debida responsabilidad y haciendo un
llamado al Ejecutivo de que recapacite, reflexione y entienda que el Legislativo dejó de
ser un Legislativo levantadedos y hoy discute, analiza y critica.
El Presidente:
Gracias al diputado Alfredo Hernández
Raigosa.
En el mismo tema ha solicitado la palabra
el diputado Juan Manuel Sepúlveda Fayad, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
El diputado Juan Manuel Sepúlveda Fayad:
Con su permiso, señor Presidente:
Rendir cuentas es un principio
indispensable de toda democracia, los poderes públicos, cada único en el ámbito de sus
atribuciones tienen la obligación de informar a la ciudadanía el avance de sus trabajos
y sus resultados en el ejercicio de su función que es precisamente el servicio público.
Por esa razón los diputados integrantes de
la fracción del Partido Revolucionario Institucional consideramos indispensable hacer del
conocimiento de la opinión pública, los siguientes datos respecto de la gestión de la
LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Del inicio de esta legislatura a la fecha,
se han aprobado por esta Cámara 41 dictámenes de leyes y decretos, durante el primer
periodo de sesiones del primer año legislativo, el Ejecutivo Federal envió seis
iniciativas a la Cámara de Diputados, todas ellas fueron aprobadas.
2361,2362,2363
Durante el segundo periodo de sesiones del
primer año legislativo el jefe del Ejecutivo Federal envió a esta Cámara 22
iniciativas, de éstas tres fueron aprobadas y nueve más, dada la complejidad del debate
político y público en torno a su contenido, se encuentran en proceso de dictamen para
someterlas a votación.
Ha sido una legislatura que está
legislando y lo hace privilegiando la orientación social de las iniciativas; de ahí que
18 de las iniciativas aprobadas tengan un contenido primordialmente social. En esa misma
actitud de cumplir a plenitud las atribuciones de la ley, de las 41 leyes y decretos
aprobados, 23 han sido a iniciativa de los propios legisladores.
De septiembre de 2000 a octubre de 2001 la
Cámara ha realizado 1 mil 127 sesiones de comisiones, lo que equivale a un promedio de
cuatro sesiones diarias que aunadas a actividades tales como foros, consultas,
conferencias y presentaciones entre otras, suman más de 2 mil eventos. En el ejercicio de
sus atribuciones constitucionales la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados ha
cumplido con la obligación de fiscalizar y evaluar la actividad del Poder Ejecutivo.
Eso explica que los secretarios de Estado
hayan comparecido en la Cámara de Diputados en 73 ocasiones y que se hayan sostenido 194
reuniones con funcionarios federales. Ha sido una legislatura que ha dejado constancia en
el desempeño de sus funciones, de un invariable ánimo de colaboración y de respeto en
su relación con los otros poderes y que ya probó por su capacidad para la generación de
consensos y la superación de diferencias partidarias, a la vista del interés público.
De este modo, de los 41 dictámenes
aprobados, 35 han sido votados a favor por todos los grupos parlamentarios y solamente
seis por mayoría.
En el mismo periodo de actividades, la
Cámara ha resuelto 67 puntos de acuerdo, muchos de ellos considerados sustantivos por
diversos ámbitos de población beneficiaria en temas como el costo de las medicinas
contra el SIDA, la inclusión de diversas entidades en la declaración de zonas de
desastre, la ampliación de pago del 100% del Procampo a zonas temporaleras y la
protección a pescadores de Sinaloa.
Ha sido ésta una legislatura que se
vincula con los temas de interés nacional y que se ha vuelto espacio abierto para el
debate y procesamiento de demandas sentidas por la población. Esa fue la razón por la
que el 22 de marzo de 2001 se instruyó a las comisiones de Puntos Constitucionales y de
Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados para que recibieran a los representantes del
EZLN en el salón de sesiones de esta Cámara.
Por igual haciendo eco a las preocupaciones
de la opinión pública, la Cámara de Diputados solicitó al jefe del Ejecutivo Federal
la reconsideración del nombramiento de cuatro empresarios al consejo de administración
de Pemex. También, ante el reclamo público, la Junta de Coordinación Política de esta
Cámara, el 31 de julio de este año solicitó al Presidente de la mesa directiva la
entrega de la lista completa de la información respecto de los créditos incluidos en la
cartera adquirida por el Fondo de Protección al Ahorro Bancario.
Asimismo y ante la necesidad de una mayor
vinculación de esta Cámara con organismos y comunidades de interés público para toda
la nación, se celebró una sesión con motivo del CDL aniversario de la Universidad
Nacional Autónoma de México, lo que le permitió significar y enaltecer como corresponde
a su jerarquía, a nuestra máxima casa de estudios.
La LVIII Legislatura de la Cámara de
Diputados es un órgano de liberación de las diversas fuerzas políticas de México y una
instancia de decisión de la representación nacional. Ni va a declinar en sus facultades
y obligaciones ni va, por lo contrario, a precipitar procesos que no reflejen fielmente la
voluntad de sus representados.
Ha cumplido en ese marco hasta ahora y lo
seguirá haciendo de igual modo hasta el término de su mandato.
Gracias.
Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
La Presidenta:
Sobre el mismo tema ha solicitado hacer uso
de la palabra el diputado Alonso Ulloa Vélez, del grupo parlamentario de Acción
Nacional.
El
diputado Alonso Ulloa Vélez:
Muchas gracias, diputada Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
No sólo en los últimos días sino en los
últimos meses, hemos visto en los medios de comunicación, en la sociedad, una serie de
críticas, algunas más feroces que otras, hacia el trabajo del Congreso, pero no sólo
hacia el trabajo del Congreso, me parece que ha estado en la crítica nacional el trabajo
de todas las instituciones públicas.
Estas críticas, son sin duda producto de
una nueva realidad política y social de México; es producto de algo que se ha construido
desde aquí, desde el Congreso, probablemente; una nueva relación entre los poderes
públicos y una nueva relación que se está construyendo entre los poderes públicos y la
sociedad.
Por supuesto que muchas de estas críticas
hacia el Congreso son infundadas.
De la misma manera que muchas de las
críticas hacia el Ejecutivo, hacia el Poder Judicial son infundadas. Pero al mismo
tiempo, tenemos que aprender a abrir los oídos a las críticas y que esta Cámara de
Diputados sea capaz también de aprender y de crecer frente a esas críticas. El poder
público no puede ni el Congreso ni el Ejecutivo ni el Judicial, puede ignorar las voces
de la sociedad en los temas que le interesan.
Tenemos aquí un gran reto, tenemos el reto
de demostrar más que con desplegados, con resultados, con trabajo legislativo, que esas
críticas son infundadas, pero también tenemos que aprender a escuchar cada vez con más
atención esas críticas y dar mejor respuesta a la sociedad, a una sociedad que cada vez,
cada vez nos exige más.
Con información, con trato respetuoso
entre los poderes, con atención a la sociedad, habremos de superar esto y habremos,
insisto, de avanzar en esta construcción de la nueva relación entre los poderes
públicos, pero más importante, entre los poderes públicos y la sociedad mexicana.
Muchas gracias.
Presidencia de la diputada
María Elena Alvarez Bernal
La Presidenta:
Se concede el uso de la palabra a la
diputada Beatriz Paredes, para referirse al mismo tema.
La diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Gracias, señora Presidenta:
De manera muy breve y para precisar que la
Cámara de Diputados aprecia y valora la libertad de expresión y la función de la
crítica de los medios de comunicación y de quienes ejercen el respetable oficio del
periodismo hacia todos los poderes públicos, es una conquista de la democracia el que la
ciudadanía pueda encontrar cauces en donde se manifiesten sus diversos puntos de vista y
de ningún modo quienes formamos parte del poder, que constituimos la expresión de la
pluralidad por excelencia, podemos expresar una actitud que niegue el valor de la
expresión pública crítica, al contrario, las sociedades democráticas se construyen en
el marco de un debate intenso en donde objetividad, en donde conocimiento, en donde
profundización sobre los temas enriquece la capacidad de los poderes públicos para
autorregenerarse. Bienvenida la crítica, bienvenida la capacidad autocrítica de todos
aquellos que tenemos una responsabilidad social, porque por encima del cuidado de
imágenes está el cumplimiento de nuestra tarea trascendente.
Por eso, en medio de una etapa en donde
diversos espacios se expresan preocupación por la capacidad del Congreso de desplegar su
capacidad legislativa, queremos ratificar que en esta Cámara de Diputados hay mujeres y
hombre libres y responsables y que por encima de sus grupos parlamentarios sabrán elevar
la función legislativa para que siga engrandeciendo la democracia mexicana.
Aprendemos de las opiniones, las
respetamos, actuamos en consecuencia y cuidamos la potestad y la grandeza de nuestra
investidura.
Gracias.
La Presidenta:
Gracias, señora diputada.
Para presentar una proposición con punto
de acuerdo para revisar la política presupuestal de la Secretaría de Salud para el
Estado de Oaxaca...
Activen el sonido de la curul del diputado
Martí Batres.
El diputado Martí Batres Guadarrama
(desde su curul):
Pido la palabra para el mismo tema.
La Presidenta:
Se concede el uso de la palabra al
diputado Martí Batres, para el mismo tema.
El diputado Martí Batres Guadarrama:
Con su permiso, señora Presidenta:
Apreciamos la lectura del documento que han
signado un conjunto amplio de legisladores de diversas fuerzas políticas, que ha sido
traído a tribuna por el compañero diputado Víctor Infante, que significa un esfuerzo de
legisladores, un esfuerzo plural para atender diversos temas de la agenda y para abordar
la problemática del Congreso de la Unión.
Este esfuerzo plural que plantea temas tan
importantes, como la reforma indígena, la paz en el mundo, el tema de la reforma fiscal
justa y equitativa, entre otros temas de la agenda. También ha planteado la defensa del
Congreso de la Unión.
Coincidimos en que la Cámara de Diputados
defiende su trabajo acelerando sus decisiones y consideramos que la Cámara de Diputados
debe tomar decisiones, sobre todo en los temas que aquí se han presentado. La riqueza de
temas, de puntos de vista, de planteamientos de los legisladores, es una parte fundamental
de la agenda que aquí se ha construido. Consideramos entonces que la Cámara debe tomar
decisiones sobre cada uno de los puntos y que su mejor defensa es tomar decisiones y tomar
buenas decisiones, decisiones que coincidan con el sentir de la población, de la
sociedad.
Consideramos que vivimos momentos de
debates muy interesantes que se entrelazan, por ejemplo esta discusión sobre la crítica
al Ejecutivo, sobre la libertad de expresión se entrelaza también con las nuevas
responsabilidades del Poder Legislativo, porque en el fondo la capacidad crítica del
Poder Legislativo en el cumplimiento de una de sus atribuciones, que es la de ser
contrapeso en este país, coincide esencialmente en la capacidad crítica de los medios de
comunicación que vigilan el quehacer de todos aquellos que tenemos responsabilidades
públicas.
Nos parece entonces que es importante
señalar que el Ejecutivo Federal no debería estar inconforme con que exista la libertad
de expresión y el ejercicio de la crítica, debería ser el más satisfecho de que exista
cada vez más una crítica amplia y una libertad de expresión que se desarrolla.
El Presidente de la República se debe
preocupar cuando esta crítica sea ahogada, cuando esta crítica no se pueda manifestar,
ahí es cuando debe haber preocupación del Presidente de la República. El debe ser el
garante de la libertad de expresión, el principal preocupado en que ésta se pueda
realizar.
Por otra parte también, es importante
señalar que las decisiones que ha tomado la Cámara de Diputados, aun cuando nosotros los
perredistas hemos diferido en la decisión que se tomó en torno a la reforma indígena,
reconocemos que la mayoría de las decisiones de la Cámara han tenido una orientación
social positiva y en ese sentido, incluso hasta el Presidente de la República ha retomado
decisiones nuestras y las ha incorporado en sus programas de decisión.
Ahí está la decisión para crear el
Instituto Nacional de la Mujer, fue una decisión de esta Cámara de Diputados y apareció
en la publicidad del Gobierno de la República. Ahí está la decisión también de abrir
esta tribuna a los indígenas zapatistas, que no fue una decisión del Presidente de la
República, que fue una decisión soberana de esta Cámara de Diputados y que apareció
también en la difusión de la Presidencia de la República, lo cual quiere decir que esta
Cámara de Diputados toma decisiones importantes y puede tomar otras decisiones
importantes.
Aquí reiteramos que si la Cámara de
Diputados no ha aprobado el IVA en medicinas, alimentos, libros, transportes o los
impuestos en prestaciones sociales y en las pensiones, es porque la sociedad le ha exigido
a esta Cámara de Diputados que dichos impuestos no pueden ir en contra de las condiciones
de vida de la gran mayoría de la población.
Para terminar diría, en relación con
estos debates que hemos tenido, que el punto de vista de los empresarios es muy
importante, pero no es el único. Vamos a escuchar a las cámaras, a Concamin, Concanaco,
Canacintra, Coparmex, a todos, pero no es el único punto de vista, también tenemos que
escuchar a los trabajadores, a las amas de casa, a los desempleados, a los estudiantes,
jóvenes, mujeres, a toda la sociedad y lo que estamos escuchando también es un clamor
para que no se apruebe el IVA en medicinas y alimentos, para que se apruebe otra reforma
fiscal y somos representantes populares y tenemos que representar lo que esa gran mayoría
de la sociedad nos está pidiendo y plasmarlo en nuestra decisión, en nuestra posición y
en nuestro voto en esta Cámara de Diputados.
2364,2365,2366
Y por otra parte coincido también con
nuestra Presidenta de la Cámara de Diputados, en el sentido de que tomar buenas
decisiones en la Cámara ayudará sin lugar a dudas a mantener, a cuidar la estabilidad en
el país y en un asunto tan delicado como el de la reforma fiscal, nos parece que tomar
una buena decisión es lo que va a ayudar a mantener y a cuidar la estabilidad en el país
y tomar una decisión equivocada nos llevaría a polarizaciones y a confrontaciones.
Gracias, por su atención.
Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
La Presidenta:
El diputado José Narro Céspedes ha
solicitado el uso de la palabra para rectificar hechos.
El
diputado José Narro Céspedes:
Con su permiso, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
Este tema es un tema fundamental e
importante para la República, para nuestro país.
Esta Cámara, este Congreso empieza, ya
tiene algunos años para acá, a vivir y a plasmar su independencia, su autonomía, su
vitalidad creadora en el terreno político, en la pluralidad, en la construcción de los
consensos y en el gran espacio de diálogo que nos damos los mexicanos. Por eso estamos de
acuerdo con el punto que se presentó aquí en tribuna, de que es necesario el
fortalecimiento de este Poder Legislativo, ante la desesperación, ante las turbulencias y
las fragilidades del propio Poder Ejecutivo. Creo que este Poder Legislativo debe de
continuar siendo ejemplo de diálogo y de tolerancia, de pluralidad y de democracia a su
interior.
Hemos escuchado las críticas que se le han
hecho a este Congreso y creo que ante esas críticas esta Cámara ha buscado responder
siendo más exigentes al interior de la propia Cámara con los diputados, en cuanto a su
presencia, en cuanto a su participación.
Hemos escuchado la opinión de la
ciudadanía, pero también hemos escuchado voces que no pretenden un Congreso fuerte, sino
por el contrario, quieren un Congreso débil, quieren un foximurato, quieren un Congreso
debilitado y a eso nos vamos a oponer, nos vamos a oponer cuando quieren avasallar al
Legislativo para que apruebe una reforma fiscal que va en contra de los intereses del
pueblo. Creo que el Ejecutivo debería de oír claramente que este Legislativo no está de
acuerdo con esa reforma y por eso no ha pasado y por eso no va a pasar.
También con la reforma energética
necesitan ellos hacer política, dialogar con las fracciones, con los diputados, pero
sobre todo con la sociedad, para escuchar sus puntos de vista. Necesitamos un México cada
vez más democrático y en donde la autoridad cada vez escuche más a su pueblo; eso es lo
que necesitamos, que hable menos la autoridad y que hable más el pueblo, que se le
escuche y que aquí en este Congreso defendamos, representámos con dignidad esa voz del
pueblo de México, esa voz de los mexicanos.
Por ello estamos aquí y esperamos con
dignidad representarlos en los grandes temas que la nación ahora tiene a debate; en el
caso de la lucha contra la impunidad y por la defensa de los derechos humanos; en el caso
de nuevo por una ley indígena que rescate los Acuerdos de San Andrés y que rescate los
derechos y la cultura de los pueblos indígenas de México; por una reforma fiscal, que
estamos de acuerdo en que se requiere una reforma fiscal pero que grave a aquellos que han
sido los privilegiados y que apoye en un México de justicia y equidad, a aquellos que
merecen con derecho vivir en un país mejor para ellos y para sus hijos.
Por eso, hoy, me congratulo de estar y de
ser miembro de esta LVIII Legislatura y mi esfuerzo y el esfuerzo de mi fracción
parlamentaria va a ser para fortalecer este espacio, que es el espacio privilegiado del
diálogo y de la política y de la tolerancia de los mexicanos: el Congreso de la Unión.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Muchas gracias, señor diputado.
Ha solicitado hacer uso de la palabra el
diputado Felipe Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario de Acción Nacional.
El diputado Felipe de Jesús Calderón
Hinojosa:
Gracias, diputada; compañeros
diputados de la LVIII Legislatura:
A nombre de los diputados del Partido
Acción Nacional y en refrendo de lo que han expresado mis compañeros en esta tribuna
antes, nosotros nos sumamos a la defensa del Congreso de la Unión, a la defensa en la que
hemos participado y que hemos impulsado desde diversas perspectivas si se quiere, pero con
la profunda convicción de que la construcción democrática de este país, como la de
cualquier nación, pasa por un Congreso, no sólo verdaderamente representativo, sino por
un Congreso respetado y que es respetado precisamente en la medida que sirve a una
ciudadanía, que se sabe ella representada, respetada y servida por su Poder Legislativo.
Así y sólo así, podrá el Congreso de la
Unión reivindicar lo que es suyo, reivindicar respeto, credibilidad, autoridad moral,
porque más allá del peso de los votos, que cada uno de los 500 tiene entre pares en esta
Cámara, lo que debe pesar en la conciencia colectiva de la opinión pública es la
autoridad moral de los diputados y ésa tenemos que rescatarla.
Es cierto que hay un espíritu crítico y
severo contra la labor legislativa y es cierto también que la existencia de tal rigor y
severidad hacia la Cámara reclama la respuesta unida, solidaria, clara e indubitable de
los diputados.
Pero también es cierto que este Congreso
de la Unión ha tenido una larga trayectoria, una larga lucha por encontrar ese sitio de
aprecio en los ciudadanos. Yo respeto, y valoramos todos, las opiniones que sobre este
tema se vierten y externamos también la nuestra, en el sentido expresado ya.
Hay en la sociedad mexicana en este momento
de transición y de cambio, un mayor rigor, una mayor severidad, una mayor exigencia sobre
el Congreso de la Unión, sí, pero no nos equivoquemos y examinémoslo con objetividad,
sobre todos los poderes públicos y sobre todos aquellos elementos e instituciones
públicas, en los cuales el ciudadano haya depositado un mínimo de esperanza.
Hay en esta transformación de la sociedad
mucho mayor exigencia, mucho mayor escrutinio, mucho mayor reclamo de los ciudadanos y me
parece que los medios de comunicación, lo que hacen en buena parte es precisamente eco de
ese reclamo y esa exigencia mayor. Honestamente, nunca como hoy se le exige a la Cámara
de Diputados, nunca como hoy se le exige a las autoridades, al propio Ejecutivo, y me
parece que en esta valoración lo que debiéramos es comprender esta nueva realidad y al
propio tiempo, reclamar los principios elementales que pueden construir la vida pública
de mejor manera: los principios de veracidad, de objetividad, de transparencia, que a
todos se nos reclama y que también debemos reclamar por igual. Tener la capacidad, sí,
de defender aciertos como también reconocer errores y eso tiene que ver para todos
aquellos sin excepción, que estamos involucrados en la labor pública.
Hay además, señoras y señores diputados,
un punto sobre el cual, si la Presidencia me autoriza, quisiera enfatizar y concluir.
Hay en esta sociedad, sea por las
condiciones de cambio que enfrentamos, sea por las graves circunstancias que se viven en
el entorno internacional, una serie de peligros, una serie de riesgos que a nosotros, como
representantes del pueblo de México, no pueden pasar desapercibidos.
Hay una amenaza, hay una amenaza a nuestra
economía y a nuestra realidad económica; hay un riesgo real encarnado en un entorno cada
vez más adverso para México; hay también amenazas concretas, lacerantes, contra
mexicanos concretos que están viviendo en carne propia la amenaza, el amago, la amenaza
literal de muerte, como en el caso de los defensores de derechos humanos; hay una
ciudadanía también amagada por muchos problemas, desde la miseria hasta la delincuencia;
hay, en síntesis, una sociedad en tensión, hay una ciudadanía en tensión que también
por ello reclama más y más de sus representantes.
Yo creo que un diagnóstico correcto
debiera llevarnos a concluir que sí, efectivamente, debemos defender este Congreso de la
Unión, pero más que eso debiéramos defender la vida democrática, la pluralidad y todas
las instituciones democráticas que tanto trabajo nos ha costado construir.
Debemos defender la vida pública en sus
términos; debemos defender, sí, la relación, sí, la diferencia entre poderes, pero no
equivocarnos. Lo que está en juego es una defensa integral de la vida republicana y de la
vida democrática de México; lo que está en juego es demostrar que las instituciones
democráticas, este Congreso de la Unión en concreto, servimos como servimos, pero no
sólo a los ojos nuestros, sino a los ojos de los ciudadanos y en eso es justo el reclamo.
Que se diga todo lo que hemos hecho; que
hemos hecho más que otras legislaturas, que hemos adoptado además un método que es el
camino largo, pero al final de cuentas el más constructivo en una democracia; que hemos
adoptado el método de consenso, que nos obliga a detenernos hacia dentro de las bancadas
a buscar los apoyos y hacia otras bancadas, independientemente del peso de los votos en
esta Cámara.
Ese esfuerzo de consenso, que es un
esfuerzo de fortalecimiento democrático, nos hace tomar decisiones más fuertes, pero al
mismo tiempo nos hace andar un camino a un menor ritmo si se quiere.
Yo exhorto, señoras y señores diputados,
a que defendamos al Congreso, a que exhortemos a su vez a la opinión pública a que
recoja con veracidad y objetividad lo que aquí ocurre; que sí se cuestione y se critique
las deficiencias que sí tenemos, pero también que se justiprecie lo que hacemos.
Es inconcebible, es triste cuando menos,
que una reforma, por ejemplo, una ley como la de Desarrollo Rural, que implicó cientos de
horas en trabajo de comisiones y miles de horas del trabajo de los diputados, si se miden
individualmente, no haya merecido el mínimo reconocimiento de la opinión pública. La
misma ley que hoy aprobamos o reformamos en materia de derechos humanos ignoro qué suerte
corra mañana, pero sé que habrá más interés por lo que no hacemos y las deficiencias
que tenemos, que por lo que construimos.
Así es tal vez el momento de México,
seamos conscientes de ello, pero también pidamos objetividad y veracidad, equilibrio y
entre nosotros mismos una palabra final. El país, el país sí tiene amenazas claras de
muy diversa índole, desde económicas, sociales o políticas, pero no van sobre una u
otra institución.
A mí me parece que lo que está
verdaderamente en juego es este cambio republicano y democrático, pleno y completo y que
va más allá de fracciones parlamentarias o partidos. Va más allá de divisiones entre
mexicanos.
Creo que la salida es que generemos un
espíritu constructivo de nuevo país, antes de que cedamos a la tentación de la
confrontación interminable, de la ruptura y de la división entre los mexicanos.
La hora del país reclama unidad, reclama
congruencia, reclama colaboración y construcción entre los partidos, entre los grupos,
entre los poderes. Yo creo que este Congreso ha dado testimonio de ello; sigámoslo dando
y perseveremos, perseveremos decididamente en la construcción de una nueva patria
generosa, ordenada y que dé vida mejor a todos los mexicanos.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Ha solicitado el uso de la palabra el
diputado Del Río Virgen.
El diputado José Manuel del Río Virgen:
Con su permiso, señora Presidenta:
Estoy de acuerdo con todo lo que han
señalado aquí mis compañeros diputados.
También con lo que usted dice, diputado
Efrén Leyva. Pero me quedo con dos frases particularmente de la Presidencia de la mesa
directiva, porque nos representa a todos.
En defensa del Congreso los legisladores
tenemos obligaciones muy claras que cumplir y las hemos estado atendiendo y las hemos
estado cumpliendo. En defensa del Congreso, los legisladores tenemos también que trabajar
para responsabilizarnos más de la demanda de la ciudadanía.
Por eso este Congreso plural, este Congreso
representativo que trabaja en sus comisiones y en sus comités y que tiene su
responsabilidad, también es cierto que tiene la obligación de actuar con la actitud
republicana que heredamos de Benito Juárez. Seamos críticos y seamos autocríticos,
compañeras y compañeros.
2367,2368,2369
Efectivamente la prensa dice lo que ve
aquí y lo que escucha aquí. Efectivamente la prensa critica al Ejecutivo y critica al
Legislativo y critica al Judicial. Para que podamos avanzar, para que podamos nosotros
avanzar en lo que nos exigen los ciudadanos que nos enviaron a este Congreso, tenemos
nosotros que asumir una actitud absolutamente republicana y trabajar con una elevada
responsabilidad. Efectivamente los medios, insisto, sólo reflejan lo que sucede en el
Congreso mexicano y en el Ejecutivo. Pero hay algo particularmente que a quienes firmamos
este documento en defensa del Congreso, hoy quiero señalar: el Presidente de la
República ha insistido y supone y le hace suponer a la prensa y le hace suponer a los
medios y a la nación, que el país está al borde del colapso económico por la falta de
aprobación de una reforma fiscal. Una reforma fiscal que como está presentada no
beneficia a nadie aun cuando él y miembros de su gabinete así lo señalen.
Yo creo que esta reforma fiscal no
necesariamente tiene que ser una reforma que vaya a incrementar los impuestos, que vaya a
incrementar el IVA a los medicamentos, a los alimentos, a los libros, a las colegiaturas y
al transporte.
El Presidente de la República no debe de
presionar a esta soberanía para aprobar una reforma fiscal que tiene mucho de discutible
y mucho menos se deben de realizar recortes presupuestales coactivos que pongan en tela de
juicio la actuación de los legisladores, porque aquí nosotros aprobamos un presupuesto y
ya están hablando de un tercer recorte.
Aquí nosotros nos hemos dado cuenta de que
se han recortado casi 65 mil millones de pesos y este Congreso debe exigirle al Presidente
que cumpla con lo que le ordenó esta soberanía.
Aquí nadie está apanicado, nadie está
pasmado. En cambio en el Ejecutivo, que ha aventado el caballo a este Congreso, hay
algunos miembros que continuamente están responsabilizando a este Congreso y por eso era
importante que todos los partidos políticos hablaran en defensa del Congreso para decirle
al Ejecutivo particularmente que este Congreso trabaja en sus tiempos y trabaja bien.
Yo les agradezco mucho y les quiero decir
que también estoy por la defensa del Congreso.
Muchas gracias.
Presidencia del diputado
Eric Eber Villanueva Mukul
El Presidente:
Gracias, señor diputado.
Para referirse al mismo tema, tiene el uso
de la tribuna el diputado Bernardo de la Garza Herrera, del Partido Verde Ecologista de
México, hasta por cinco minutos.
El diputado Bernardo de la Garza Herrera:
Muchas gracias:
¡Qué bueno que se ha agendado este tema
el día de hoy! Creo que es un tema que si bien hemos tratado en otros ámbitos, hacía
falta que se utilizara esta tribuna para hacerlo.
Parece que es común denominador que todos
nos sentimos responsables, sentimos que hay que acotar de una vez por todas este ataque
que ha sufrido nuestra institución.
Sin duda alguna hay que fortalecer este
Congreso. Nosotros siempre hemos manifestado, yo estoy convencido de que gran parte de
ello tiene que empezar haciéndose por nosotros mismos y desde adentro.
El trabajo del Congreso ha sido superior al
de las legislaturas anteriores, pero no por eso óptimo. Hay que reconocerlo y hay que
buscar mejorar en ese sentido. Hay que actuar aquí con la verdad y no hay que viciar las
cosas por su origen.
A veces pareciera que la falta de
directrices por parte de los grupos parlamentarios le quita institucionalidad a la Cámara
de Diputados.
Nosotros sentimos que hay dos tipos de
críticas: Una crítica que proviene de la sociedad y que es real y que hay que atender.
Que no se trata de pequeñeces ni que se deben dejar pasar de lado.
Y otra crítica interesada, que ésa hay
que evidenciarla y hay que demostrarle a esa misma sociedad que no corresponde a la
realidad de cómo trabaja este Congreso ni de cómo los legisladores hemos atendido los
problemas que nos han llegado aquí.
La autocrítica, por lo que empecé, creo
que es necesaria. Creo que reconociendo que hay cosas en las que hemos fallado no harán
más que abonar para hacer las cosas mejor a pesar —como dije— de haber
trabajado más o mejor o más eficientemente, en cuanto a estadísticas se refiere, que
legislaturas anteriores.
Hay que trabajar para fortalecer al Poder
Legislativo porque hemos visto en otras naciones, donde incluso se ha dado la disolución
del mismo por líderes carismáticos que, utilizando campañas de desprestigio y que
señalando algunos defectos de sus congresos, han logrado quitar de esos países,
modificar cómo se llevaban a cabo y cómo se daban las tomas de decisiones y cómo se
atendía y cómo se representaba a las ciudadanías respectivas.
No podemos ni debemos jamás permitir que
esta posibilidad quepa en nuestra nación, porque ha sido defendida durante muchos años
por muchos otros ciudadanos.
Sin duda, hay grupos que atacan sin razón
al Poder Legislativo. Creo que hoy, por vestirse bien con el Presidente, hay críticas de
confederaciones que dicen que el Poder Legislativo no está trabajando para la reforma
fiscal, lo cual es totalmente falso.
Hay gente, rectores, que en búsqueda de
quedar bien ante el Poder Ejecutivo, han dicho que aquí estamos viendo cómo aumentar los
impuestos, cuando en realidad los impuestos sólo planteados hasta el momento han sido
originados por el propio Gobierno, por el propio Poder Ejecutivo.
El 2 de julio México decidió no otorgarle
poder infinito a nadie. Los mexicanos hicieron un voto razonado. Nosotros respaldamos ese
voto, voto inteligente sin duda alguna. Tan es así que ya incluso en los estados de la
República sólo existe uno, en donde un partido tiene la mayoría absoluta. La gente se
ha dado cuenta de lo importante que es repartir el poder para que no haya abusos y para
que haya respeto.
A eso hay que responder y a eso es por lo
que yo he querido pasar a la tribuna para referirme precisamente a eso.
El Poder Legislativo por lo demás hasta el
momento sólo ha contribuido al buen desarrollo y al buen caminar de la nación. En el
presupuesto fue el Poder Legislativo el que incrementó en la cuestión social, en la
cuestión de federalismo y en la cuestión educativa los recursos que venían en la
iniciativa del propio Ejecutivo. Lo mismo sucedió con materia ambiental.
Gracias al Poder Legislativo tendremos una
Ley de Desarrollo Rural completa, sustentable, consensuada y dialogada. Gracias al Poder
Legislativo los niños en las escuelas no tendrán esa presencia que los induce a los
vicios por parte de los productos de tabaco y alcohol en los espectaculares cerca de las
escuelas, entre muchas otras cosas.
Si se hace un balance real nadie creo que
pueda diferir en que el Poder Legislativo, si bien tiene cosas qué mejorar está
atendiendo y está cumpliendo con la demanda ciudadana y más allá de eso con su
responsabilidad inicial y de origen.
El Poder Legislativo ha aprobado y ha
apoyado y ha contribuido a que todas las iniciativas del Ejecutivo salgan adelante, en
ocasiones incluso contra nosotros mismos. Cuando el Presidente ha enviado iniciativas las
hemos atendido y concluyo Presidente, Presidenta, las hemos atendido con más veracidad,
con más velocidad de lo que hemos atendido las nuestras propias y esa crítica la hemos
hecho en otros foros.
Por lo tanto, el Poder Ejecutivo primero
también tendrá que dar un vistazo adentro de cómo están haciendo las cosas y luego
tratar de señalar a otro poder, que lo único que ha hecho es contribuir a la
gobernabilidad y atender sus deseos, incluso sus caprichos con algunos viajes.
Muchas gracias, señora Presidenta.
Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Ha solicitado hacer uso de la palabra,
hasta por cinco minutos, el diputado José Antonio Calderón Cardoso, del Partido Alianza
Social.
El diputado José Antonio Calderón Cardoso:
Gracias, señora Presidenta; amigas y
amigos legisladores:
Pasamos a la tribuna por una obligación
moral, por una obligación institucional, ya que formamos parte de este órgano
legislativo que, sin duda, juega un papel preponderante en el desarrollo político de
nuestro país.
Coincidimos desde luego con lo aquí
expresado, de que el Congreso debe ser justipreciado y defendido de los ataques que
socavan su autoridad moral. Estamos plenamente convencidos que un desarrollo sano de la
política de nuestro país pasa desde luego por la fortaleza del Poder Legislativo. Pero
para poder fortalecer al Poder Legislativo más que las buenas intenciones, más que los
buenos deseos, más que las expresiones en favor, se necesita entrar al terreno de las
acciones. Ser capaces de levantar nuestra voz cuando nos agreden, pero también ser
capaces de reconocer los errores, los rezagos, en los que nosotros estemos incurriendo.
Dentro de esta línea de argumentación y
para no repetir lo que mis compañeros diputados ya expresaron, yo quisiera abonar este
planteamiento en el terreno de las actitudes y en el terreno de las mentalidades que todos
los servidores públicos, después del 2 de julio, debemos tener. Porque si las
instituciones fueron distintas a partir del voto, falta todavía que quienes ejercemos un
espacio de poder público también actualicemos nuestra mentalidad para que vaya a la par
con los esfuerzos de cambio que el pueblo de México quiere.
¿Y a qué me refiero? Quiero empezar
señalando que si anteriormente en el Congreso la mentalidad preponderante era de que los
legisladores eran representantes soberanos del pueblo, cambiar la actitud para que seamos
representantes del pueblo soberano.
Por otra parte, este cambio de actitud, que
no tengo la menor duda este Congreso está día a día tratando de realizar, también debe
pasar por otro poder, por el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo también debe jugar su
parte en este cambio de actitudes y mostrar una posición si bien férrea en la defensa de
sus planteamientos, también sensata y también ética. Porque si bien es cierto la
teoría de la división de poderes fue atemperada por el concepto de coordinación de
poderes, esto si no existe la actitud condescendiente de un debate honesto, sincero y
serio, puede convertir que la coordinación se convierta en un elemento de rezago y de
enfrentamiento.
Coincidimos con el diagnóstico de que son
muchas las agresiones que vive la sociedad, que son muchas las agresiones que viven las
instituciones democráticas, pero poco se contribuye a distender ese ambiente de tensión,
generando un encono inútil, generando mediante una agresión verbal un enfrentamiento que
lo único que propicia es aumentar esa tensión que creo que en nada beneficia al bien de
las decisiones.
Son muchas y muy complejas las decisiones
que debemos de tomar, pero si no partimos de la tolerancia y del reconocimiento del
contrario y del planteamiento del contrario, seremos entonces no parte de la solución,
sino parte del problema.
Quiero concluir señalando aquel
pensamiento de que entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, entre la pluralidad de este
Congreso y entre la sociedad plural del país, debemos aplicar que en lo fundamental debe
haber unidad, en lo accidental libertad y en todo, absolutamente en todo, tolerancia.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Sobre el mismo tema se concede el uso de la
palabra al diputado Rafael Rodríguez Barrera, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
El
diputado Rafael Rodríguez Barrera:
Muchas gracias, señora Presidenta; con su
permiso, compañeras y compañeros diputados:
Por primera vez en lo que llevamos en el
ejercicio de esta legislatura, todos los compañeros diputados que han desfilado por esta
tribuna, hemos coincidido plenamente en el sentido de defensa a esta Institución, el
Congreso y particularmente a esta Cámara, lo cual es sumamente venturoso para el destino
de nuestra nación, porque la sabiduría de la humanidad a lo largo de los siglos fue
construyendo sistemas de gobierno distintos en búsqueda de la mejor condición para la
vida del hombre y dentro de ellos, aquellos sistemas en los que priva la división de
poderes, destacaron y permitieron que los pueblos se desarrollaran plenamente, porque
evitaron que el poder público se concentrara en un solo individuo o en una sola
institución y dieron históricamente una batalla contra las tiranías y las dictaduras.
2370,2371,2372
Y es que el equilibrio de poderes es un
valor jurídico que garantiza el ejercicio de las libertades y ése es el sistema en el
que vivimos y hay que cuidarlo, porque en equilibrio entre poderes permite el más pleno
ejercicio de esas libertades y por eso coincidimos todos en la defensa de ese equilibrio y
también en la defensa de la validez de nuestro sistema legislativo, que es muy sabio y al
que no se le debe afrentar porque la tarea legislativa en México es la que permitió que
se construyera el andamiaje jurídico, merced al cual vivimos hoy en una democracia plena
y con claro ejercicio de todos nuestros derechos.
Por esa razón nos ofende el agravio, nos
ofende que se califique al Congreso negativamente; nunca se habían visto calificativos de
tal naturaleza que nos lleven hasta la paradoja de considerarnos, por una parte, como un
conjunto de legisladores que actúan y trabajan al vapor con excesiva premura y por otra,
que nuestra tarea es lenta y tediosa.
Por el contrario, en el Congreso trabajamos
con un profundo sentido de responsabilidad, buscando el consenso, el consentimiento
racional, procurando el acuerdo y al mismo tiempo teniendo que rechazar la imposición, la
amenaza o el conformismo y una dialéctica que va en contra de nuestra realidad.
El Congreso como la ley es la expresión de
la voluntad popular y general de la nación, es una voluntad de decisión de vivir en la
libertad y la primera de ellas es la libertad de pensamiento, por eso es tan importante
que preservemos y defendamos la vida de nuestra Cámara.
A nosotros como grupo parlamentario nos
importa y nos compromete a hacer de esta Cámara el centro de la política de
conciliación y del acuerdo y más nos preocupa tomar decisiones que conviertan a nuestra
sociedad en una sociedad precisamente de consenso, fundados en la justicia y en la
democracia.
Nuestro grupo parlamentario, en la Cámara,
defendemos todos los días nuestros puntos de vista, es cierto que vivimos una etapa en la
que el cambio de signos en la Presidencia de la República marcó confrontaciones
ideológicas, las hay entre mi partido y el Gobierno, pero nadie puede negar que el
respeto del priísmo a la decisión electoral abrió las puertas a la nueva
administración para que actuara sin conflictos políticos y también es cierto que aquí
la bancada priísta resiste embates defendiendo sus puntos de vista, pero lo hacemos en el
marco de la ley y en el ejercicio del más valioso de nuestros derechos, el de la libertad
de expresión.
Por eso cuando recibimos mensajes para
apremiar nuestra tarea, para variar el sentido de nuestra ideología, pedimos respeto a
los demás poderes y particularmente al Ejecutivo, aquí la bancada priísta es respetuosa
y constructiva, por eso han salido tantos proyectos presentados por el Ejecutivo Federal,
no se diga que somos un obstáculo ni que somos un valladar para la marcha de la
República y sin embargo, todos los días estamos escuchando ese llamado a cumplir nuestra
tarea, a sacar los proyectos del Ejecutivo porque de otra manera el país no va a marchar.
Y nosotros decimos, que es saludable para
la nación que esta Cámara ejerza su derecho de revisión de los proyectos del Ejecutivo,
porque por la composición de esta Cámara está en ella representado el gran mosaico de
nuestra nación y ese mosaico tiene que hacer oír sus puntos de vista para que los
proyectos se conviertan en leyes para bien de la nación.
Y quiero expresar aquí, que tenemos plena
solidaridad con la libertad de prensa y con la misión incluso, crítica de los medios,
porque sin ella no existiría democracia ni régimen republicano.
Esta Cámara no le teme a ninguna libertad,
con esa libertad haremos el cambio que exige el México de hoy pero haciendo valer los
puntos de vista que nos da la propia ciudadanía.
Pueden tener la certeza de que con esas
ideas seguiremos a la vista de los medios y de la nación construyendo la vida de nuestro
país.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
El diputado Gustavo Riojas, del Partido de
la Sociedad Nacionalista.
El
diputado Gustavo Riojas Santana:
Gracias, señora Presidenta:
En este punto de acuerdo, el Partido de la
Sociedad Nacionalista quiere unir su voto a favor, porque yo creo que es necesario retomar
el posicionamiento, la fuerza y sobre todo la jerarquía y la investidura que tiene este
poder.
Nosotros creemos que independientemente de
la libertad de expresión, que independientemente de que después de este cambio que
muchos millones de mexicanos deseábamos, existen excesos que muchas veces no se quiere,
desde esta tribuna, señalar.
Para nosotros nos queda claro que los
medios de información deben distinguir entre opinión e información. Para nosotros nos
queda claro que los medios de comunicación tienen que tomar su responsabilidad histórica
en esta transición democrática.
Los señalamientos que se hacen a través
de diferentes medios, no se distingue si son a través de una investigación, si son a
través de información que tienen o si simple y sencillamente es porque se les ocurrió y
están dando algún refrito de noticias que ni siquiera han podido investigar.
Una cosa es el respeto a la prensa, que por
supuesto el Partido de la Sociedad Nacionalista le tiene y otra muy diferente el temor.
Nosotros nos hemos concebido como un partido en el cual, independientemente de los
errores, de las fallas, de las carencias, que pudiéramos tener, creo que hemos aportado
nuestro mejor esfuerzo; hemos estado dentro de las comisiones y hemos visto y vivido
realmente el trabajo de todos y cada uno de nuestros compañeros.
Dicen que alabanza en boca propia es
vituperio, pero de alguna otra manera se tiene que plantear nuestro posicionamiento y que
se sepa también que al menos si se quiere hablar de un tema, lo más responsable y lo
más decente es, primero, saber de él.
Yo estoy de acuerdo en que exista una total
y abierta libertad de expresión en los medios de comunicación, así como a nosotros nos
es permitido expresar constitucionalmente nuestras ideas sin que seamos requeridos por
ellos, yo creo que también la responsabilidad que ha mostrado este Congreso de la Unión
va más allá, va más allá de lo que antiguamente se hacía.
Y en este sentido, reiteramos, reiteramos
el Partido de la Sociedad Nacionalista, que debemos de hacer un gran llamado a todos los
mexicanos y las mexicanas para que juntos podamos determinar los límites y las fronteras
de las responsabilidades de cada uno de nosotros.
Que quede claro, que quede bien
especificado, solicitaremos también a la Presidencia como representante de esta Cámara
de Diputados, para que las denuncias y los señalamientos que se hagan a miembros de esta
Cámara sean totalmente investigados, que sean profundamente investigados, que si se
tienen pruebas se llegue hasta las últimas consecuencias, independientemente de la
investidura que tenemos, pero que si nada más son inventos o son señalamientos de gente
frustrada, amargada, que quiere llamar la atención, también que se les aplique la Ley de
Responsabilidades en este sentido.
Nosotros apoyamos este punto de acuerdo y
ojalá que juntos los 500 diputados podamos unirnos como una gran familia, no para
defender el honor manchado o no para defendernos porque nos están atacando, simple y
sencillamente para hacer prevalecer la ley y la ley es justicia y la ley es honestidad y
la ley es para todos, diputados o no, medios de comunicación o no, presidentes de la
República o no.
En ese sentido nosotros aprobaríamos este
punto de acuerdo.
Por su atención, muchas gracias
compañeros.
ESTADO DE
OAXACA
La Presidenta:
Para continuar con el orden del día, dado
que ya fue turnado el punto de acuerdo de origen de este interesante debate a la Junta de
Coordinación Política, concedemos el uso de la palabra a la diputada Irma Piñeyro
Arias, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un
punto de acuerdo, para revisar la política presupuestal de la Secretaría de Salud para
el Estado de Oaxaca.
La diputada Antonia Irma Piñeyro Arias:
Con su permiso, señora Presidenta:
Me permito pasar a esta alta tribuna de la
nación, para denunciar una situación que golpea una vez más al Estado de Oaxaca.
Considerando que Oaxaca tiene 570
municipios y una población de 3 millones 500 mil habitantes, las cifras son
impresionantes.
Si pasamos a los números relativos a salud
y sanidad, son muy escasos los servicios que se pueden brindar, muy pocos los recursos.
Que del total de esta población distribuida en regiones geográficas sumamente abruptas y
algunas con una vialidad difícil, sólo 950 mil cuentan con cobertura de servicios
médicos, entre el Seguro Social, ISSSTE, Pemex; Secretaría de la Defensa Nacional y la
Secretaría de Marina, según los datos del INEGI. A esta cifra tendríamos que agregar
los muy pocos que están en condiciones de obtener servicios médicos privados.
Que la Secretaría de Salud del gobierno
del Estado elaboró un documento para presentar las necesidades del ejercicio presupuestal
para el año 2002, en el que establecen asignaciones mínimas para gastos de operación,
no estamos hablando de montos necesarios para operar bien, sino de montos mínimos.
Que por gastos de operación se entienden
medicamentos, material de curación, equipo médico, de laboratorio y electromecánico.
Fueron dejados de lado por incosteables los presupuestos para brindar adecuado
mantenimiento a instalaciones, como equipos con 20 años de servicio o más de urgente
reemplazo a la fecha.
Que mediante un comunicado emitido por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público se da a conocer que el techo presupuestal
autorizado para el ejercicio 2002 asignado a los servicios de salud de Oaxaca, muestra un
decremento importante, contrastando con una población creciente y la incorporación de
nuevas unidades de atención.
Que la Secretaría de Salud del gobierno
del Estado cuenta en el presente ejercicio con un presupuesto general autorizado, partida
que ha sufrido un decremento del 3% y lo que es más grave, los gastos de operación han
tenido un recorte del 26%.
Que no es posible que se pretenda que la
atención médica sea, no ya digna, sino medianamente aceptable, con presupuestos que no
permiten la adquisición de materiales básicos o el mantenimiento de las ya obsoletas
instalaciones o equipos.
Que nos enfrentamos a un proyecto de país
que no percibe la realidad de sus habitantes, que ignora a sus pobres, a sus enfermos, que
cree que las necesidades básicas de la población no son obligación del Estado.
Que estamos padeciendo un Gobierno que cree
y vive para el poder de las imágenes, de la presencia en los medios, gastando 12.5
millones de pesos diarios en el cultivo fetichista de sus personas, olvidando al pueblo a
quien debe servir, al que serviría si con esos millones diarios se construyeran escuelas,
centros de salud, carreteras.
Necesita este país que sus gobernantes
asuman el compromiso con las atribuciones y obligaciones que la Constitución y las leyes
les confieren y les obligan.
Que vivimos en un país mayoritariamente de
pobres, de muy pobres. La tendencia de que la riqueza pública beneficie más al rico que
al pobre debe ser neutralizada por actos políticos decididos a conciencia, dirigidos a
una población que necesita ser libre, libre de miseria, libre de necesidades, libre de
temores y de paternalismos ofensivos.
Que la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos dispone en el artículo 4o., que toda persona tiene derecho a la
protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los
servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades
federativas en materia de salubridad general, conforme lo dispone la fracción XVI del
artículo 73 de esta Constitución.
Que dicha fracción establece que el
Congreso de la Unión tiene facultad para dictar leyes sobre salubridad general de la
República. Que muy contrariamente a lo dispuesto en nuestra Constitución, la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público restringe presupuestalmente la operación de los servicios
de salud, haciendo imposible la efectividad de derecho a la salud de toda persona
consagrado en su artículo 4o.
Que esta soberanía debe resguardar el
estricto respeto a las disposiciones de nuestra Carta Magna, no permitiendo que
consideraciones administrativas emitidas con criterio distorsionado eviten hacer efectivas
las garantías que en ella se establecen.
Que no se justifica de ninguna manera la
inequitativa distribución que se pretende hacer de los recursos presupuestales, los
cuales deben ser distribuidos teniendo en cuenta las prioridades necesarias para un sano y
equitativo desarrollo social.
Que de acuerdo al artículo 74 de la
Constitución, es facultad exclusiva de esta Cámara de Diputados el examen, discusión y
aprobación anual del Presupuesto de Egresos de la Federación, discutiendo primero las
contribuciones que a su juicio deben decretarse para cubrirlo.
2373,2374,2375
Que ante la situación planteada por la
resolución de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con respecto al Presupuesto
de la Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca, me permito presentar el siguiente
«PUNTO DE ACUERDO
Que la Comisión de Programación y
Presupuesto de esta Cámara de Diputados asuma la responsabilidad de atender
prioritariamente, de acuerdo al mandato constitucional, la política social, que
garantice, dentro del marco presupuestal, la protección de la salud de los mexicanos,
especialmente de los más pobres, que están en condiciones de desigualdad, para lograr el
acceso a servicios de salubridad acordes a la dignidad de las personas.
Este punto de acuerdo está firmado por los
diputados de Oaxaca, Lilia Mendoza, Bulmaro Rito Salinas, Ildefonso Zorrilla Cuevas,
Cándido Coheto, José Soto, Trejo González y 80 diputados más de diferentes
fracciones parlamentarias del Verde Ecologista, del Partido de la Revolución Democrática
y del Partido del Trabajo.»
Muchas gracias.
Presidencia del diputado
Eloy Cantú Segovia
El Presidente:
Gracias a usted, diputada Irma Piñeyro.
El tema es de la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública. ¿Desea usted que también se turne a otra comisión, además de
Presupuesto y Cuenta Pública?.. ¿Unicamente?.. Muy bien.
Túrnese a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública.
En el mismo tema se le concede la palabra
al diputado Luis Miguel Santibáñez García, del grupo parlamentario del Partido de
Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
El diputado Luis Miguel Santibáñez
García:
Con el permiso de la Presidencia;
compañeras diputadas; compañeros diputados:
En el grupo parlamentario de Acción
Nacional concordamos con el punto de acuerdo que presenta el Partido Revolucionario
Institucional; coincidimos en que en Oaxaca hacen falta mayores recursos para combatir los
rezagos existentes, no sólo en materia de salud, sino en un amplio número de rubros.
Pero no podemos estar de acuerdo en solicitar indiscriminadamente el aumento de recursos
cuando las cuentas no han sido debidamente entregadas y está en duda el buen desempeño
de las dos pasadas administraciones de la Secretaría de Salud del Estado.
Desafortunadamente Oaxaca mantiene en su
Secretaría de Salud un número muy alto de empleados administrativos, es decir, de
burócratas, contra una proporción muy baja de personal médico La corrupción impera en
el sector salud del Estado de Oaxaca, es más, en el organo superior de fiscalización de
esta soberanía existe una denuncia en contra de un ex secretario de salud del Estado y al
momento no hay dictamen en torno a dicha denuncia.
Proponemos que se revise el estado que
guarda la utilización de los recursos que se han entregado al gobierno del Estado para el
ejercicio 2001, cuando se ha asignado un monto de 90 millones de pesos para la
construcción de un hospital y a la fecha no se ha colocado ni la primera piedra.
Para ilustrar aún más mi dicho, debo
mencionar que hasta la fecha no ha sido entregada la cuenta pública del año de 1999 por
el pasado secretario de Salud, Héctor Matus, quien ha recibido como premio, la
presidencia municipal de Juchitán de Zaragoza.
Estamos de acuerdo en la necesidad y de la
misma manera podremos sumarnos a la idea central del punto de acuerdo presentado por el
PRI, siempre y cuando se revisen los estados financieros de los recursos manejados por
dicha entidad, no sólo en el papel, sino sea revisada físicamente la infraestructura que
se ha edificado durante los últimos años.
Muchas gracias.
El Presidente:
Muchas gracias al diputado Luis Miguel
Santibáñez García.
En el mismo tema tiene la palabra el
diputado Efrén Leyva Acevedo, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco
minutos.
El
diputado Efrén Nicolás Leyva Acevedo:
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras diputadas; compañeros diputados:
Sin duda el tema de la salud es un tema que
a todos nos interesa y que habremos de estar de acuerdo en este punto presentado por la
compañera diputada de Oaxaca, Irma Piñeyro.
Las condiciones de estados como Oaxaca
requieren una atención especial por su marginación, por su atraso y por su falta de
atención en la prioridad que requiere ante la dispersión de la población que existe en
esa entidad.
Estamos de acuerdo en que se haga una
revisión puntual a los recursos que deben destinarse hacia la atención de la salud.
Signamos en todas sus partes este punto de acuerdo porque del Estado donde provenimos
nosotros, del Estado de Guerrero, un Estado con iguales condiciones de marginación, un
Estado con similares condiciones de dispersión, también ha sido objeto en las últimas
fechas de recortes considerables a diversos rubros, no tan sólo en la educación.
A la fecha el Estado de Guerrero, en estos
dos recortes anteriores sin conocer exactamente cómo nos corresponderá este tercero
anunciado apenas anteayer por el Ejecutivo Federal, al Estado de Guerrero le han hecho un
recorte de casi 500 millones de pesos y sobre todo a áreas prioritarias como son la
salud, la educación, la vivienda y la alimentación.
No puede ser posible que se tase a todas
las entidades de la misma manera, cuando entidades como Guerrero, Chiapas, Oaxaca,
Hidalgo, entre otras, tenemos un grado de marginación mucho más alto.
Todavía no podemos decir aquí y estarnos
festinando de que las acciones que hemos realizado los legisladores han sido observadas a
cabalidad por el Ejecutivo Federal. Hay aprobaciones que hemos realizado en los
presupuestos, sobre todo para el 2000, donde casi 75 centavos de cada peso, son invertidos
simplemente en gasto corriente, cuando sólo 25 centavos se destinan a la inversión.
Esta inversión que requiere sobre todo, el
construir más y mejores centros de salud, el construir más y mejores escuelas, el tener
mejores condiciones de vivienda para millones de mexicanos, que están todavía en un
grado extremo de marginación.
Por ello, hoy, como guerrerenses, como
mexicanos, preocupados realmente por este alto índice de marginación que aún vivimos,
venimos a reiterar nuestro apoyo a este punto de acuerdo presentado por la diputación
oaxaqueña, sumándonos a él y estaremos muy pendientes y muy atentos que en la
presentación de este nuevo proyecto de presupuesto de egresos, que habrá de presentarse
en breve ante este Congreso, habremos de estar muy atentos y muy pendientes de que estos
rubros de salud, de educación y vivienda, para estas entidades, tengan una mayor
inversión y sobre todo que estemos muy observantes de que esto se cumpla a cabalidad y no
se sigan ejerciendo estos recortes, que más que un recorte para ahorro o para evitar una
caída o un colapso económico, nos da la impresión de que es un disfraz hacia el
subejercicio que estamos seguros está ocultando el Gobierno Federal.
Muchas gracias.
El Presidente:
Muchas gracias a usted, diputado Efrén
Leyva Acevedo.
CAÑA DE
AZUCAR
El Presidente:
Para expresar el punto de acuerdo en
relación a la situación cañera, se le concede el uso de la palabra al diputado Arturo
Herviz Reyes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Arturo Herviz Reyes:
Con el permiso de la Presidencia;
compañeras y compañeros diputados:
El suscrito, diputado integrante del grupo
parlamentario del PRD y secretario de la Comisión Especial de la Industria de la Caña de
Azúcar, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso, acudo ante esta tribuna para proponer el siguiente punto de acuerdo.
CONSIDERACIONES
Después de las movilizaciones y protestas
de los productores de caña de azúcar en la capital del país y en los diferentes estados
productores de caña, el Gobierno Federal y los propietarios de los ingenios deberán de
terminar de liquidar en la presente semana, el total de los pasivos de las zafras que le
adeudan a los productores de caña.
En este mismo sentido, la política del
sector agropecuario de la actual administración, parece no entender la crisis de la
industria de la caña de azúcar, pues a casi dos meses de haberse expropiado los 27
ingenios, que producen el 50% del azúcar nacional, no se dan pasos concretos para atender
y resolver este grave problema, que se agudizará en los próximos años si no revertimos
las políticas públicas, aplicadas equivocadamente al sector azucarero.
El pasado 22 de octubre la Organización
Mundial de Comercio resolvió la controversia y le dio la razón al gobierno de Estados
Unidos, en el conflicto con México, en torno al comercio de la alta fructosa. Ante la
delicada resolución, el gobierno de Vicente Fox, y concretamente los responsables del
gabinete económico, no han dado un pronunciamiento claro, que obligue al gobierno de
Washington a cumplir los acuerdos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en
materia de la industria de la caña de azúcar.
Después de este duro golpe que sufrirá la
agroindustria de la caña de azúcar, en un conflicto que duró casi cuatro años, cuyo
fallo reconoce que no existe dumping en las 235 mil toneladas de azúcar anuales
que se importan del jarabe de maíz de alta fructosa.
El Gobierno mexicano, ante la
determinación de la Organización Mundial de Comercio, debería negociar los términos
para ejecutar la resolución. El primer paso de la negociación para aplicar la ejecución
de la Organización Mundial de Comercio, es que el gobierno de Estados Unidos cumpla con
los compromisos en materia de endulzocolorantes en el marco del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte y que acepte los excedentes de azúcar mexicana en su mercado, como
lo establece originalmente dicho tratado.
Pasando a otro punto, los criterios
aplicados en la expropiación de los ingenios parecen seguir el mecanismo engañoso de
proteger al sector de la agroindustria, rescatar para beneficiar a los grupos que
monopolizan el mercado de la caña de azúcar.
Esta ha sido la política que predominó en
el siglo pasado en el sector. Los recursos de los contribuyentes se han utilizado para
rescatar la producción azucarera; así el gobierno de Luis Echeverría intervino e hizo
que el Estado fuese más allá del control, para asumirse como productor directo de
azúcar, llegando a ser el principal elaborador del producto a mediados de los años
setenta. Este salvamento lo aprovechó la administración salinista para privatizarlos y
venderlos a grupos financieros inexpertos. Nuevamente el gobierno de Fox los interviene y
todo parece indicar que seguirá el Gobierno Federal el mismo camino que antes. Esperamos
que no sea así.
El Gobierno Federal, casi a dos meses de la
expropiación, no ha nombrado aún su administrador. La Comisión Especial de la
Agroindustria de la Caña de Azúcar de la Cámara de Diputados, deberá llamarlo a
comparecer para que nos explique en la comisión los criterios y las políticas que se
aplicarán en los ingenios.
En este sentido, la Comisión Especial de
la Agroindustria Azucarera deberá de vigilar y evaluar las políticas que se estén
aplicando al sector, así como también le dé seguimiento a todo el proceso
administrativo que llevará a la próxima desincorporación de los ingenios. Con esto se
evitará repetir los viejos vicios de vender o regalar a sus cuates y para que los mismos
no se les asignen a los empresarios que desconocen el sector azucarero.
Por todo lo antes expuesto y fundado,
proponemos los siguientes
PUNTOS DE ACUERDO
Primero. Que se cite a comparecer al
secretario de Economía, Luis Ernesto Derbez, para que explique cómo el Gobierno Federal
habrá de enfrentar los términos para ejecutar la resolución de la Organización Mundial
del Comercio contra México, en la controversia sobre la alta fructosa y cómo hacer valer
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en su texto original, para poder
exportar todos los excedentes de azúcar.
2376,2377,2378
Segundo. Que se cite a comparecer
ante la Comisión Especial de la Agroindustria Azucarera, al nuevo administrador de los 27
ingenios expropiados por la incertidumbre que existe en el campo cañero del país y para
que informe sobre las políticas que habrán de aplicarse para reorganizar y resolver la
profunda crisis por la que atraviesa el sector azucarero en el país, así como también
dar a conocer el nombramiento de los administradores o gerentes de los ingenios, porque
deben tener experiencia dentro de la rama de la administración azucarera, en virtud de
que no se puede seguir experimentando con personas que desconozcan el sector de la
agroindustria de la caña de azúcar, en detrimento de los productores; pero tampoco
ratificar a gerentes que hayan sido culpables de la situación en que se encuentran los
cañeros en el país.
Pedimos a esta Presidencia que ponga a
consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo como de urgente resolución, dado
que la zafra empieza en el mes de noviembre o sea en este mes y el Gobierno Federal tiene
hasta el 23 de noviembre para decidir cómo atenderá el resolutivo de la Organización
Mundial de Comercio; si aceptará la decisión y devolverá las cuotas compensatorias que
impuso desde 1998 o recalculará el daño que ocasionaron éstas a la industria azucarera
en México.
Es cuanto, señora Presidenta.
Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
La Presidenta:
Diputado, le informo que en las notas que
la Junta de Coordinación Política transmite a esta mesa directiva, el punto no estaba
considerado como de urgente y obvia resolución. Cuestión que podemos resolver
sometiéndolo al pleno en ese sentido. Pero déjeme hacerle una consulta. El trámite que
pensábamos darle era turnarlo a la Comisión Especial de la Industria Azucarera de
México y en ese sentido, al ser turnado a una comisión en donde usted forma parte y la
mayoría de los miembros están de acuerdo con el planteamiento que presenta,
probablemente la propia comisión pueda acordarlo de manera inmediata. Si usted desea que
lo sometamos de urgente y obvia resolución, lo haré porque está en todo su derecho y en
ese caso le corresponderá al pleno determinar cuál es la tramitación. Pero
probablemente dada la naturaleza de las propuestas que tiene, la propia Comisión de la
Agroindustria Azucarera lo pueda resolver.
El diputado Arturo Herviz Reyes:
Consideramos que se turne a la
comisión especial. La mayoría de los miembros de esta comisión estamos signando este
punto de acuerdo, lo signamos diputados del PRD, del PRI, del PAN, de Convergencia,
también del PT y creo que estamos representados todos en la comisión. Por lo tanto,
aceptamos la sugerencia.
La Presidenta:
Muchas gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión Especial de la
Agroindustria Azucarera de México.
FUERO
DE LEGISLADORES
La Presidenta:
Pasamos al capítulo de agenda política,
hábida cuenta que varios puntos de acuerdo fueron, a solicitud de sus proponentes,
pospuestos para otra sesión.
En ese sentido se ofrece el uso de la
palabra al diputado Eduardo Alvarado García, del grupo parlamentario de Acción Nacional,
para hacer comentarios sobre el fuero de los legisladores, hasta por 10 minutos.
El diputado Edgar Eduardo Alvarado
García:
Con su permiso, señora Presidenta;
compañeros diputados:
La Constitución nos otorga a nosotros como
diputados del Congreso de la Unión, la protección normativa que impide que durante el
desempeño de nuestras funciones pudiéramos ser acusados por la comisión de ciertos
delitos o molestados por ciertas conductas. De ninguna manera se trata de privilegios
personales, porque éstos se encuentran prohibidos en el artículo 13 constitucional. Es
en realidad una protección al desempeño del cargo público que tampoco se traduce en
impunidad, ya que al dejar el servicio público los servidores públicos —entre ellos
nosotros— podemos ser sujetos a los procesos que correspondan según la falta
cometida.
Además, de conformidad con lo que dispone
el artículo 111 constitucional, tampoco podemos ser sometidos a procesos penales durante
el tiempo de nuestro encargo. Para ello se requiere que previamente esta Cámara de
Diputados declare por mayoría absoluta de sus miembros, si ha o no lugar a proceso contra
el inculpado.
Señores legisladores: en relación a estos
puntos, me permito narrar los hechos que en agravio de un servidor y del fuero
constitucional que recae sobre mi persona, sucedieron en la ciudad de Santa Engracia,
Tamaulipas, a raíz de las elecciones pasadas del 7 de octubre.
Quiero decirles que me encontraba en esta
ciudad de Tamaulipas, vigilando que las elecciones fueran limpias; que el proceso
democrático fuera ejemplar para todos los tamaulipecos. Encontré personas que estaban
coartando la voluntad del pueblo.
Quise decirles a ellos que esto que hacían
no estaba apegado a derecho, quise dialogar con ellos y quise hacerles entender que no se
podía coartar la voluntad del pueblo tamaulipeco, que no se podría practicar ningún
acto en contra de la democracia.
Sin embargo, éstos llamaron a la autoridad
municipal, donde sufrí el secuestro, se puede decir el secuestro, por parte de éstos.
Quiero decirles, compañeros diputados, que
por un espacio de seis horas permanecí hincado y esposado y por distintas ocasiones con
gas lacrimógeno torturado en el rostro de un servidor, hasta terminar con el contenido de
dicho frasco.
Se me dejó de advertencia que en
Tamaulipas no manda ningún diputado federal ni ningún fuero constitucional ni se hace
valer nada de esto. Se me dejó en claro que en Tamaulipas manda Tomás Yarrington
Ruvalcaba, el gobernador de este Estado y que solamente se hace su voluntad.
Por si fuera poco, compañeros diputados,
se comete el delito sobre el delito. Una vez que terminaron la tortura con un servidor, al
otro día desataron la maquinaria publicitaria del gobierno del Estado para hacerme
víctima ahora del delito de calumnia, inventando comedias que no han podido probar ni
sustentar jurídicamente para poder degradar mi imagen y para poder, en este caso,
pisotear el fuero constitucional que recae sobre mi persona y sobre todos ustedes,
compañeros diputados.
A todos mis compañeros diputados les pido
la solidaridad necesaria. A todos mis compañeros diputados les pido que, por el respeto a
ese fuero que recae sobre ustedes, se solidaricen con un servidor. A los mismos diputados
del partido al que pertenece el gobierno de Tamaulipas, toda vez que a ellos también les
afecta la actitud del representante que tienen en este Estado.
Pido la solidaridad a todos ustedes.
Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Sobre el tema ha solicitado hacer uso de la
palabra, en el marco de la agenda política de debate, el diputado Enrique Garza Támez,
hasta por 10 minutos, considerando que está registrado en el marco del debate de agenda
política.
El
diputado Enrique Garza Támez:
Con el permiso de la Presidencia; honorable
Asamblea legislativa:
La diputación tamaulipeca, por mi
conducto, expresa respetuosa pero enérgicamente su rechazo al intento de presentar ante
esta soberanía supuestos hechos que así planteados lesionan la imagen de legalidad y de
pleno derecho que preevalece en la entidad.
Es lamentable que tras el binomio
autoridad-fuero constitucional se oculten conductas que sólo logran pervertir el sentido
genuino de la prerrogativa que confieren los artículos 61 y 111 de la Carta Magna.
En el primero se indica claramente la
inviolabilidad de los diputados y senadores por las opiniones que manifiesten en el
desempeño de sus cargos. Estoy seguro que la directiva de la Cámara hubiera actuado en
consecuencia si esta situación hubiera ocurrido en la persona de cualquiera de los
integrantes de esta soberanía.
Lo que ha motivado a un compañero diputado
tamaulipeco a presentar su caso personal y aislado debería ser revisado con seriedad por
su bancada para evitar incurrir en un acto de simulación que a todos nos lastima, pero
sobre todo a los tamaulipecos.
No es justificable asumirse víctima de
actos de autoridad y manifestar vulnerado su fuero quien, en una acción más cercana al
vandalismo que al ejercicio de la función y a la expresión de sus opiniones, utiliza un
arma de fuego; sí, un arma de fuego y agrede a un ciudadano.
Ahí están las actas. La denuncia pública
presentada por el agredido. Los informes de las autoridades municipales, estatales e
incluso federales, en los que se asienta en qué consistió el presunto abuso de
autoridad; que no fuera otra cosa, sino evitar que la agresión y el uso de armas de fuego
de parte del legislador derivaran en una desgracia.
Se falta a la verdad, no sólo porque se
evita decir que la autoridad no debe abstenerse de actuar ante denuncia expresa e incluso
sin ésta cuando un ciudadano, legislador o no, incurra en un delito o ponga en riesgo la
seguridad de terceros.
El sometimiento al orden es un paso
necesario y obligado y no implica necesariamente sujeción a proceso penal. Hay que dejar
claro que aun habiendo sido conminado al orden opuso resistencia y aún más: una vez
establecida su identidad y en respeto a su fuero, el legislador en dos actos subsecuentes
hizo públicas sus opiniones, nuevamente utilizando su arma.
El fuero, protección extraordinaria, bajo
una utilización poco ética, puede derivar fácilmente en impunidad, en divisa para
delinquir, olvidando que el mecanismo de declaración de procedencia que establece la
Constitución sólo otorga protección procesal cuando se intenta inculpar o juzgar por
delitos, pero no concede inmunidad total, sólo establece que la autoridad puede ejercer
acción penal contra cualquiera de nosotros y para eso se requeriría previamente la
declaración de procedencia de esta soberanía.
Quiero decirle a mi compañero legislador y
paisano que si estuviese acreditado su dicho en forma legal y transparente, esta
intervención sería para rechazar cualquier pretensión autoritaria de imputarle delitos
no cometidos. El caso es que ocurro a esta tribuna para impedir que prospere la idea de
presentar a Tamaulipas como un Estado donde se violentan derechos y prerrogativas de la
población y particularmente el fuero constitucional.
Por supuesto no es el caso de extender la
idea de que las policías en sí mismas son eventualmente proclives al abuso y a la
impunidad. Por lo demás, ofrezco un dato de contexto: la situación en que se vio
involucrado el compañero legislador tiene qué ver, como él mismo lo ha dicho, con un
proceso electoral de orden estatal: a dos días antes de las votaciones en la cual, por
cierto, personas allegadas suyas, contendían por un cargo de elección popular. Las
descargas del arma de fuego, en todo caso, eran las opiniones y el recurso
propagandístico que, entendemos, tenía deseos de expresar en favor de las candidaturas
de su partido. Pero francamente el fuero no da para tanto.
Nos solidarizamos sí por el respeto al
fuero constitucional, pero nunca para utilizar este instrumento jurídico para acciones
que no dignifican la función legislativa ni el servicio público.
Gracias.
La Presidenta:
Ha solicitado hacer uso de la palabra sobre
el mismo tema, el diputado David Sotelo. Diputado Sotelo antes el diputado Eduardo
Alvarado García nos está solicitando la palabra, para contestar alusiones personales,
hasta por cinco minutos.
Tiene la palabra diputado Alvarado.
El
diputado Edgar Eduardo Alvarado García:
Solamente quiero decirle al diputado que me
antecedió en la palabra, que de ninguna manera es una simulación. Este secuestro y esta
tortura la sufrieron seis simpatizantes más del Partido Acción Nacional, quienes tienen
ya su testimonial ante la Procuraduría General de la República bien sustentada.
Quiero decirles también que todo obra en
autos en el expediente 251 de 2001. Quiero decirles también que por perito de la misma
Procuraduría y a solicitud de un servidor, se me aplicó prueba de radiosonato, misma que
salió negativa y aquí en este momento traigo el dictamen médico que en ese momento me
aplicara el doctor que estaba a disposición de la policía preventiva municipal, mismo
que recalca que estoy sobrio, en mis cinco sentidos y también dice los grados de tortura;
aquí especifica claramente las consecuencias físicas de la tortura que sufrió un
servidor.
2379,2380,2381
Quiero decirle, diputado Garza Támez, con
todo respeto, tiene usted todo el derecho de defenderse, puede defender lo que usted
quiera y cuantas veces quiera, más aquí las cosas se prueban, yo las estoy probando, las
he probado jurídicamente y quiero decirle que en esta tribuna no valen las artimañas que
se utilizan en Tamaulipas ni los trucos de publicidad que allá suelen hacer. En esta
tribuna se viene a hablar con la verdad porque se viene a hablarle al pueblo de México.
¡Lo exhorto a que se conduzca con la verdad y si los hechos no le constan, absténgase
mejor de opinar en una cosa que ni siquiera usted tiene conocimiento ni el jurídico ni el
moral, porque no le constan!
Muchas gracias.
Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado Enrique Garza
Taméz, para contestar alusiones personales, hasta por cinco minutos.
El
diputado Enrique Garza Taméz:
Con el permiso de la Presidencia;
señoras y señores legisladores:
Si de pruebas hablamos quiero exhibir las
que obran en mi poder y consisten en documentales que han sido formuladas por autoridades
de los tres órdenes de gobierno, en materia de seguridad pública.
Hay, por una parte, un informe que
presentan las autoridades municipales, las autoridades ministeriales del Estado e
inclusive autoridades de la Procuraduría General de la República, en la cual, entre
otras cosas, se cita que intervinieron por parte de las autoridades de la Procuraduría
General de la República al llamado que mediante un teléfono celular hiciera el
legislador para que acudieran a ayudarle en ese trance. Y es así como se señala en este
documental, que a las autoridades federales, autoridades de la Procuraduría General de la
República, los funcionarios Gerardo Soto Gálvez y Víctor Manuel Acosta Torres, fue
entregada el arma de fuego, de la cual se cita la marca y la matrícula y también un
vehículo que conducía el legislador acompañado de algunos de sus amigos, vehículo que
por cierto no portaba la matrícula de circulación, lo cual es evidentemente una
infracción también a las leyes locales.
Pero más allá de las documentales que ha
pedido y que he mostrado, también está el testimonio que fue publicado en los
periódicos de la localidad y de la región centro del Estado, así como la profusión de
noticias que se difundieron a través de la televisión y de la radio al día siguiente de
que ocurrieron los hechos.
El testimonio que ha dado la parte
ofendida, el testimonio que han dado los medios de comunicación, las documentales que han
levantado autoridades municipales, estatales y federales sobre este caso, están ahí.
La denuncia, inclusive, que presentara por
estos hechos el legislador ante autoridades federales, está siguiendo su curso. Pero hay
algo por encima de todo esto, la opinión que tienen nuestros representados, aquellos que
hacen que con sus contribuciones se sostengan órganos legislativos como el nuestro y que
no merecen ni con mucho la desatención, la descortesía y la actitud ofensiva y en su
agravio por parte de quienes hemos estado más obligados y lo estaremos, a respetar la
ley.
Me apena mucho tener que acudir a esta
tribuna a tratar este asunto, cuando hay asuntos seguramente de mayor importancia; no
obstante ya está ejerciendo su derecho y ahí están las autoridades; finalmente, darán
sus conclusiones y finalmente se impartirá justicia para aquél a quien le corresponda.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias. Procedo a darle la palabra al
diputado David Sotelo Rosas del grupo parlamentario del PRD, sobre este tema.
El
diputado David Augusto Sotelo Rosas:
Muchas gracias, señora Presidenta;
compañeros diputados:
Para el Partido de la Revolución
Democrática el fuero de un legislador no es asunto menor porque afecta a toda la Cámara
y si me apuran, a todo el Congreso y afecta precisamente la soberanía nacional.
Ya habíamos planteado el año pasado, el
grupo parlamentario del PRD precisamente los atentados para violar el fuero tanto de una
diputada de nuestro grupo parlamentario, como del grupo parlamentario de Acción Nacional
en Tabasco.
Aquí hemos también venido a defender la
inviolabilidad del recinto parlamentario contra irrupciones que por más justas que sean
sus demandas, han sido violatorias del propio fuero constitucional.
No queremos pronunciarnos sobre hechos que
no nos constan, pero sí sobre las manifestaciones que el diputado de Acción Nacional ha
venido a manifestar en esta tribuna. En primer lugar es un legislador que tiene autoridad
moral y política de suyo, nosotros creemos su dicho y queremos solicitarle a la
Presidencia, a la mesa directiva y si lo tienen a bien a ustedes señores diputados, que
precisamente de conformidad con lo que establece el artículo 61, segundo párrafo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la mesa directiva, su Presidenta,
es decir cubra, proteja el fuero constitucional de un diputado que ha venido con autoridad
política y moral y con valor civil a denunciar estas conductas, que por demás deben de
ser condenadas por todos nosotros, independientemente del partido político al que
pertenezcamos tenemos que velar todos los diputados, a asegurar a todos los diputados, a
todos los senadores, por ese fuero constitucional que el pueblo de México nos ha dado.
Es grave lo que sucede en México y que
está sucediendo, que grupos oscuros, de muy oscuros intereses amenacen o traten de
amedrentar a la población y además a líderes de opinión y líderes que defienden los
derechos humanos. Así también como se quiere atentar contra estas personas, también se
quiere atentar y violar el fuero constitucional de un diputado, no esperemos a venir a
esta tribuna a lamentar la pérdida de la vida de algún diputado, sino que tengamos el
valor, la firmeza y la contundencia de única y exclusivamente velar porque se cumpla la
ley, nadie por encima de la ley, todos unidos bajo el imperio de ésta.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Esta Presidencia estima de la mayor
relevancia el debate que aquí se ha dado y solicita atentamente al diputado interesado,
nos ratifique de manera directa su interés para que tengamos una intervención en torno
al tema aquí manifestado.
Esta Presidencia asume la preocupación
aquí planteada y estamos atentos a actuar en el cuidado estricto del fuero de cualquier
individuo de la Cámara, independientemente de su filiación política cumpliendo con
nuestra obligación constitucional.
El
diputado Edgar Eduardo Alvarado García
(desde su curul):
Si voy a presentar un escrito… por
escrito...
La Presidenta:
Bien diputado, nosotros estaremos atentos
de recibir su comunicación y registramos las características de este debate.
¿Si usted desea hacer uso de la palabra
aún para rectificar hechos? Para rectificar hechos, se concede el uso de la palabra al
diputado Eduardo Alvarado García.
El diputado Edgar Eduardo Alvarado
García:
Con su permiso, diputada Presidenta:
Quiero para rectificar hechos, nuevamente
referirme al tema.
Es lógico y era de esperarse que trajeran
sus recortes de periódicos, ya que éstos les sirven a ustedes mismos, señor diputado.
Todavía recuerdo la semana pasada, cuando intentaba negociar con un servidor, que yo no
interviniera aquí en tribuna.
Pero bueno, también quiero decirle, quiero
decirle señor diputado, que lo que le dije hace un momento o no lo entendió o no tiene
la capacidad de entenderlo. Le dije yo que las cosas se sustentaban jurídicamente…
Muy bonito su mensaje, muy coloquial, muy enarbolado, más no es eso lo que yo le estaba
diciendo. Yo le dije que probara jurídicamente y no lo han hecho.
En ninguna de las autoridades de
Tamaulipas, el hecho de que ustedes paguen a una persona para que denuncie no quiere decir
que estén acreditando la verdad y le voy a decir por qué. Porque la denuncia a la que
usted hace referencia, se trata compañeros legisladores, nada más y nada menos que el
delegado… subdelegado de la policía municipal de la región donde fui secuestrado.
Fíjense nada más. El subdelegado,
empleado del mismo gobierno de Tamaulipas, del gobierno municipal, estaba coartando la
voluntad popular y él mismo dio la orden y él mismo maquinó todas estas cosas.
Yo no creo que haya sido por iniciativa
propia, seguramente ustedes señores diputados de Tamaulipas, saben muy bien de dónde
salió esto.
Quiero decirle también que tenemos más
pruebas y más denuncias en contra de más funcionarios en Tamaulipas. No es el tema pero
lo voy a tocar ya que la situación lo amerita.
La elección en Tamaulipas, que constituyó
un verdadero fraude, es el meollo del asunto. Quisieron hacer las cosas tan bien que les
salieron mal y les salieron tan mal que secuestraron a un compañero de ustedes, a un
diputado federal.
Quiero decirles también que si dicen que
yo tenía un arma, entonces porque no han logrado probarlo en la averiguación previa. No
me estoy… y si trajera el arma como ustedes dicen, que es una aberrante mentira,
entonces por qué no existe dicha arma. Si fui arrestado, sometido y torturado, ¿dónde
está la dichosa arma?
Si bien es cierto sobre mi persona recae el
fuero constitucional, también es cierto que la portación de arma de fuego necesita un
permiso, por una autoridad. Por lo tanto, no puede portar una arma de fuego ni siquiera un
diputado federal si no tiene su permiso correspondiente.
Que quede claro señor diputado. No es
congruente lo que usted acaba de decir.
A esta tribuna se viene a decir verdades y
se viene a hablar con congruencia.
Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta:
Tiene el uso de la palabra el diputado
Enrique Garza Taméz para rectificar hechos, hasta por cinco minutos.
El
diputado Enrique Garza Taméz:
Gracias, diputada Presidenta;
compañeras y compañeros legisladores:
Es lamentable que después de una
intervención tan afortunada como la que aquí vino a presentar el diputado Sotelo y que
también ante la voz de la Presidenta de la mesa directiva acerca del tema, hubiera
necesidad de volverse a hacer uso de la tribuna para plantearse lo que aquí se ha dicho y
si el trasfondo es el asunto electoral, quiero decir que en Tamaulipas en las pasadas
elecciones del 7 de octubre el PRI ganó y ganó bien, ganó 16 de los 19 distritos
electorales y ganó la mayoría de los ayuntamientos. Pero además, si hubiera cualquier
duda al respecto de la limpieza de las elecciones, ahí están los tribunales electorales,
en las instancias locales y en la instancia federal para que sean éstas autoridades
legítimamente investidas de poder para hacerlo, las que diriman las controversias.
Que lamentable es que se utilice la
credencial de legislador como un escudo protector para cometer atrocidades, finalmente
también ahí están las autoridades del fuero común y del ámbito Federal para que
determinen quien tiene la razón o no en lo que se ha afirmado, porque hay una cosa que
debemos de considerar, el fuero para los diputados dura tres años, pero para el ciudadano
que ha sido diputado, la dignidad o la vergüenza dura para toda la vida.
De tal manera entonces, que quiero agotar
esta intervención afirmando con toda certeza de que invitar a alguien a la reflexión no
es negociar como se ha dicho, es simplemente en el plano de las ideas, en el plano de la
formación profesional y en el plano del ejercicio público, reflexionar acerca de la
propia conducta, pero finalmente ése es un asunto de conciencia personal.
Quede aquí asentado que ahí están las
autoridades, para que determinen quien en su dicho tiene la razón y si el trasfondo fuera
electoral, que sean también los tribunales los que determinen quién en las justas
electorales ha ganado.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
El diputado Alejandro Zapata, para
rectificar hechos.
2382,2383,2384
El
diputado José Alejandro Zapata Perogordo:
Con su permiso, diputada Presidenta;
compañeros:
En principio creo que aquí se ha dado la
máxima de que podemos no coincidir con la forma de pensar de algunas otras personas, pero
sin embargo hemos estado dispuestos a dar la vida por respetar el derecho que tiene de
decir lo que piensa y eso es lo que se ha estado dando aquí. Hay dos versiones, hay dos
verdades, pero existe un hecho irrefutable: un compañero nuestro que fue privado de su
libertad en determinada zona, en determinado lugar, gozando de un fuero y no quiero entrar
a la discusión de todo lo que representa el fuero constitucional, que finalmente no es
una prerrogativa especialísima de la persona o del individuo, sino del poder al que
representa y para ello ya desde hace muchos años ha existido un acuerdo legal,
constitucional, para los efectos de que haya en ese sentido la no intervención entre un
poder y otro.
Así pues, estando contemplado en nuestras
leyes yo quisiera pedir a la Presidencia autorizar a la Secretaría, para los efectos de
ilustrar este debate, se diera lectura a los artículos 61 constitucional y 22 de la Ley
Orgánica que nos rige.
La Presidenta:
Solicito a la Secretaría dé lectura al
artículo planteado.
El secretario Adrián Rivera Pérez:
Artículo 61 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos: "los diputados y senadores son inviolables
por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser
reconvenidos por ellas. El Presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero
constitucional de los miembros de las mismas y por la inviolabilidad del recinto donde se
reúnan a sesionar".
Artículo 22 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Unión. Artículo 22:
1. El Presidente de la mesa directiva es el
Presidente de la Cámara de Diputados y expresa su unidad. Garantiza el fuero
constitucional de los diputados y vela por la inviolabilidad del recinto legislativo.
2. El Presidente conduce las relaciones
institucionales con la Cámara de Senadores, con los otros dos poderes de la Unión, los
poderes de los estados y las autoridades locales del Distrito Federal. Asimismo, tiene
representación protocolaria de la Cámara en el ámbito de la diplomacia parlamentaria.
3. El Presidente, al dirigir las sesiones,
velará por el equilibrio entre las libertades de los legisladores y de los grupos
parlamentarios y la eficacia en el cumplimiento de las funciones constitucionales de la
Cámara; asimismo, hará prevalecer el interés general de la Cámara por encima de los
intereses particulares o de grupo.
4. El Presidente responderá sólo ante el
pleno cuando en el ejercicio de sus atribuciones se aparte de las disposiciones que las
rigen".
El
diputado José Alejandro Zapata Perogordo:
Como se desprende de los artículos, creo
que el punto a seguir es en principio, cuando hay una violación al fuero de algún
compañero diputado, el que quien preside la mesa directiva se aboque al conocimiento y
pueda, en su oportunidad y de acuerdo al caso, tomar las medidas necesarias para
garantizar que ello no vuelva a ocurrir y adicionalmente pedir la información necesaria y
las investigaciones, a fin de que si hubo quien se excediera y vulneró el fuero de un
compañero, se proceda en consecuencia conforme a derecho.
Que es de lo que se trata y aquí lo
dijeron muy acertadamente, del cumplimiento de la ley, pero también en su oportunidad se
manifestó de la nueva relación que debe existir entre los poderes públicos, las
dependencias y la de éstos con la sociedad.
Así pues, creo que es necesario que dado
que se ha ventilado el caso del compañero en esta tribuna, pueda en consecuencia abocarse
la Presidencia a verificar la violación en relación al fuero constitucional y en
términos de ley proceder en consecuencia.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Ha solicitado la palabra para rectificar
hechos el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional y también tenemos registrado al diputado Tomás Torres, del
grupo parlamentario del PRD.
El diputado Jorge Carlos Ramírez
Marín:
Con su venia, señora Presidenta;
distinguidos compañeros:
No es efectivamente un asunto menor; se
trata ni más ni menos que de la protección con la que la ciudadanía quiere investir a
quienes son sus representantes. Se trata, y la ilustración que la Secretaría nos ha
hecho es precisa, del respeto absoluto, irrevocable a las opiniones de los señores
diputados y se trata también de un asunto de ley, se trata, de dos afirmaciones.
Una, que afirma que su fuero ha sido
violado y, otra, que afirma que no hubo tales violaciones y hubo otra que afirma que la
autoridad obra en protección de la ciudadanía.
El fuero constitucional no es el escudo de
Dios; el fuero constitucional no es una patente de corso ni en tiempos electorales ni en
tiempos regulares. El fuero constitucional indigna sea usado como invocación para tratar
de obrar con impunidad; pero se trata de dos afirmaciones, se trata de un compañero
nuestro que afirma que su fuero ha sido violado y tiene la Presidencia la obligación, al
dictar su trámite, de verificar que esto haya ocurrido y en caso de que así sea,
verificar que se obre en consecuencia. Esa es la obligación a la que hace referencia el
artículo 22 de la Ley Orgánica.
Pero no nos sintamos protegidos por nuestro
fuero para que en cualquier momento sea invocado como figura que presente a los
sacrosantos diputados como intocables. No es ésa su finalidad. Por lo que sumándonos al
trámite de la Presidencia, quisiéramos solicitar un pequeño añadido.
Señora Presidenta quisiéramos que usted
dictara este trámite, además del sentido en que lo ha dictado, sumándole lo siguiente:
"que una vez conocidos los hechos y comprobado si hubo violación o no, rinda la mesa
directiva un informe y se desenmascare a quien hubiere pretendido usar el fuero
constitucional como una patente de impunidad".
Le demos esta rendición de cuentas a la
sociedad también en esta materia. Que se cumpla con el artículo 61. Le pedimos a la mesa
directiva cumpla con el artículo 22, pero le pedimos también se rinda un informe para
que los diputados y la sociedad sepamos quién miente y también se obre en consecuencia.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Tomás Torres.
El
diputado Tomás Torres Mercado:
Con su permiso, señora Presidenta:
Convencidas las diputadas y los diputados
de que no será ésta una audiencia judicial en la que se ofrezcan, se admitan o se
desahoguen pruebas, convencidas las diputadas y los diputados de que ocupamos esta alta
tribuna del país ante el reclamo del diputado Alvarado García, de la fracción
parlamentaria del Partido Acción Nacional, lo cual puede reclamar cualquier otro de los
diputados del PRI, del PRD, del Partido del Trabajo o del Verde, que reclama la tutela a
su investidura constitucional.
En estos tiempos en donde a veces lo nimio
desplaza a lo importante, se discute ahora y parece que ése era el tono de quien me ha
precedido en el uso de la palabra, que resulte enjuiciado el diputado quejoso.
No enjuiciaría el hecho objetivo. Hay
constancia de la detención y de la vejación en la actividad política de un diputado
miembro de esta legislatura. Se le ha invocado, señora Presidenta, un imperativo
constitucional contemplado en el segundo párrafo del artículo 61. De suerte, señora
Presidenta, que el diputado que habla y su fracción parlamentaria, el PRD, inquiere de
usted para que informe a la Asamblea respecto de las medidas para velar que de modo
imperativo, repito, el artículo 61 de la Constitución Federal establece.
Con relación a estos temas, no podemos dar
respuesta con ambigüedades; el día de hoy es un miembro de una fracción parlamentaria,
distinta a la que pertenezco; el día de mañana reclamaremos que el respeto sea de suyo
al Poder Legislativo y no a personas con nombres y apellidos concretos.
El señor diputado referido, de que hay un
expediente de averiguación previa, iniciado con motivo de estos hechos, por qué no el
desglose correspondiente, la calidad específica del señor diputado, pudiera encuadrarse
en el supuesto de competencia de la autoridad federal, que consagra el artículo 50 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Pero, aún más, yo no sería defensor
oficioso del titular del Ejecutivo del Estado o del procurador, porque sería más grave
que ellos hubieran tenido conocimiento, por qué defensores de oficio a quintos o sextos
niveles de la autoridad policíaca de la entidad.
Le sugeriría, con respeto, señora
Presidenta, que llame al respeto permanente de la condición de los representantes
populares de este país que, bien se ha dicho hoy, no sólo de cosas menores, sino de las
relevantes que tienen qué ver con el curso de nuestra nación nos estamos ahora ocupando.
Muchas gracias.
La
Presidenta:
Gracias.
Esta Presidencia quiere dejar constancia de
que el planteamiento formal para actuar en consecuencia, con sus responsabilidades
constitucionales, en torno al caso del diputado Eduardo Alvarado García, se ha recibido
por primera ocasión en esta sesión.
Subrayo esto, porque no quisiera que
quedara en la Asamblea, la impresión de ninguna negligencia, y al mismo tiempo nos
comprometemos a utilizar todos los recursos a nuestro alcance para que en el caso de que
hubiese existido alguna violación al fuero constitucional del legislador, los
responsables actúen y sean calificados como la ley lo señala.
Pasando al siguiente punto del orden del
día, entramos al capítulo de efemérides.
Quisiera destacar que la sesión se inició
a las 10:40 de la mañana, por lo que sería oportuno, de conformidad con el acuerdo de la
Junta de Coordinación Política para la duración de las sesiones, proceder a levantar la
sesión del día de hoy y citar a la sesión que se llevará a cabo el día de mañana,
miércoles, a las 10:00 de la mañana, en la que desahogaremos los puntos del orden del
día que quedaron pendientes.
Proceda la Secretaría.
Un momento, señor Secretario. El diputado
Calderón.
El diputado Felipe de Jesús Calderón
Hinojosa (desde su curul):
Unicamente, señora Presidenta, para dejar
en el acta de la sesión, que el personal de la mesa directiva había estado atendiendo el
asunto desde el día que fue denunciado, desde el día de los hechos, en que lo
comunicamos y de hecho está en la agenda política del Congreso desde hace un mes.
La Presidenta:
Es correcto, está registrado en la agenda
política, es exacta su afirmación, diputado.
Adelante, diputado.
ORDEN DEL
DIA
El secretario Adrián Rivera Pérez:
«Primer Periodo de Sesiones
Ordinarias.— Segundo Año.— LVIII Legislatura.
Orden del día
Miércoles 7 de noviembre de 2001.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
De los congresos de los estados de
Jalisco y Nuevo León.
De la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal II Legislatura.
De la Junta de Coordinación Política.
Dictamen de primera lectura
De la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: Carolina
Marín Hernández, Zaida Leovana Castro Alcalde, Luis Roberto Morales Gómez, Mónica
Gabriela Morales Juárez, Marco Antonio García Cárdenas, María del Carmen Uruñuela
Martínez, Héctor Omar Canales González, María Delgado Rendón, Salvador Alejandro
Jiménez Castillo, Alejandra Abigahy Domínguez Saldaña, Misi Dalila Espinoza Jurado,
José Carlos Lira Caballero, Iván Villaseñor Martínez, Ana Cristina Covarrubias
Carrillo, José Luis Chávez Hernández, Ceciliano González Plácido, Elisa Ledesma
Martínez, Mónica Gabriela Marquina Gaxiola y Martha Alicia Beltrán Alanís, para
prestar servicios en la Embajada y consulados generales de Estados Unidos de América, en
Matamoros, Tamaulipas; Tijuana, Baja California; Guadalajara, Jalisco y Ciudad Juárez,
Chihuahua, respectivamente.
2385,2386,2387
Dictamen a discusión
De la Comisión de Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias, con proyecto de Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control,
de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.
Y de los demás asuntos con los que la mesa
directiva dé cuenta.»
CLAUSURA
Y CITATORIO
La Presidenta (a las 15:47 horas):
Se levanta la sesión y se cita para la próxima que
tendrá lugar mañana, miércoles 7 de noviembre, a las 10:00 horas.
RESUMEN
DE TRABAJOS
• Tiempo de duración: 5 horas 4
minutos.
• Quorum a la apertura de
sesión: 287 diputados.
• Asistencia al cierre de registro:
439.
• Diputado que solicita licencia: 1.
• Excitativa a comisiones: 1.
• Proposiciones con punto de acuerdo:
8.
• Acuerdo aprobado: 1.
• Agenda política: 1.
• Oradores en tribuna: 37
PRI–12; PAN–9; PRD–8;
PVEM–2; PT–2; PSN–1; PAS–2; CDPPN–1.
Se recibió:
• 1 comunicación del Congreso del
Estado de Guanajuato;
• 1 comunicación de diputados
integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional;
• 1 comunicación de la Comisión de
Justicia y Derechos Humanos;
• 1 oficio de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público;
• 1 iniciativa del Congreso del Estado
de Tlaxcala;
• 1 iniciativa del PRD.
Dictámenes aprobados:
• 1 de la Comisión de Justicia y
Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo de la Comisión
de Relaciones Exteriores, con proyecto de decreto que concede autorización al Presidente
de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio
nacional del 8 al 11 de noviembre de 2001, a efecto de que participe en el 56 periodo de
sesiones ordinarias de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que tendrá lugar en
Nueva York, Estados Unidos de América;
• 1 de la Comisión de Justicia y
Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma la Ley de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos.
DIPUTADOS QUE
PARTICIPARON DURANTE LA PRESENTE SESION
(en orden alfabético)
Diputado |
Tema |
| • Alvarado García, Edgar
Eduardo (PAN) en tres ocasiones |
Fuero de legisladores, denuncia
agravios y violaciones a su fuero constitucional por parte de autoridades de Tamaulipas. |
| • Batres Guadarrama, Martí
(PRD) |
Poder Legislativo, sobre la
defensa del Congreso. |
| • Calderón Cardoso, José
Antonio (PAS) |
Digna Ochoa y Plácido, para
que el crimen de la licenciada Digna Ochoa y Plácido, tenga importante y tenaz
seguimiento por parte de la Cámara de Diputados, hasta su esclarecimiento y castigo a los
responsables. |
| • Calderón Cardoso, José
Antonio (PAS) |
Poder Legislativo, sobre la
defensa del Congreso. |
| • Calderón Hinojosa, Felipe
de Jesús (PAN) |
Poder Legislativo, sobre la
defensa del Congreso. |
| • Castañeda Pomposo, Javier
Julián (PAN) |
Artículo 73 constitucional,
solicita excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, en relación con una
iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XXIX-D de dicho artículo de
la Carta Magna, presentada en la sesión del 23 de abril de 1998, en materia de desarrollo
social. |
| • Cobo Terrazas, Diego (PVEM)
|
México-Belice, presenta
proposición con punto de acuerdo sobre el establecer mesa de trabajo binacional entre
México y Belice, a fin de analizar la viabilidad ambiental de la construcción de la
hidroeléctrica "Chalillo", en la República de Belice. |
| • De la Garza Herrera,
Bernardo (PVEM) |
Poder Legislativo, sobre la
defensa del Congreso. |
| • Del Río Virgen, José
Manuel (CDPPN) |
Poder Legislativo, sobre la
defensa del Congreso. |
| • García Dávila, Víctor
Antonio (PT) |
Poder Legislativo, sobre la
defensa del Congreso. |
| • Garza Támez, Enrique (PRI)
en tres ocasiones |
Fuero de legisladores, sobre
agravios y violaciones a fuero constitucional de diputado, por parte de autoridades de
Tamaulipas. |
| • Hernández Raigosa, Alfredo
(PRD) |
Poder Legislativo, sobre la
defensa del Congreso. |
| • Herrera y Bruquetas, Angel
Enrique (PRD) |
Digna Ochoa y Plácido,
presenta proposición con punto de acuerdo, para que el crimen de la licenciada Digna
Ochoa y Plácido, tenga importante y tenaz seguimiento por parte de la Cámara de
Diputados, hasta su esclarecimiento y castigo a los responsables. |
| • Herviz Reyes, Arturo (PRD) |
Sector cañero,
presenta proposición con punto de acuerdo sobre la situación cañera. |
| • Infante González, Víctor
Roberto (PRI) |
Poder Legislativo, a nombre de
un grupo plural de diputados, presenta proposición con punto de acuerdo sobre la defensa
del Congreso. |
| • Leyva Acevedo, Efrén
Nicolás (PRI) |
Estado de Oaxaca, sobre revisar
la política presupuestal de la Secretaría de Salud para dicha entidad federativa. |
| • Magallanes Rodríguez,
José Antonio (PRD) |
Rescate bancario, presenta
proposición con punto de acuerdo, sobre el desempeño de la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores durante el proceso de rescate bancario. |
| • Narro Céspedes, José (PT) |
Poder Legislativo, sobre la
defensa del Congreso. |
| • Núñez Monreal, Magdalena
del Socorro (PRD) |
Digna Ochoa y Plácido,
presenta proposición con punto de acuerdo, para crear comisión especial pluripartidista
que dé seguimiento a las investigaciones del asesinato de la licenciada Ochoa y Plácido.
|
| • Paredes Rangel, Beatriz
Elena (PRI) |
Poder Legislativo, sobre la
defensa del Congreso. |
| • Piñeyro Arias, Antonia
Irma (PRI) |
Estado de Oaxaca, presenta
proposición con punto de acuerdo para revisar la política presupuestal de la Secretaría
de Salud, para dicha entidad federativa. |
| • Ramírez Marín, Jorge
Carlos (PRI) |
Fuero de legisladores, sobre
agravios y violaciones a fuero constitucional de diputado, por parte de autoridades de
Tamaulipas. |
| • Riojas Santana, Gustavo
(PSN) |
Poder Legislativo, sobre la
defensa del Congreso. |
| • Rodríguez Barrera, Rafael
(PRI) |
Poder Legislativo, sobre la
defensa del Congreso. |
| • Santibáñez García, Luis
Miguel (PAN) |
Estado de Oaxaca, sobre revisar
la política presupuestal de la Secretaría de Salud, para dicha entidad federativa. |
| • Sepúlveda Fayad, Juan
Manuel (PRI) |
Poder Legislativo, sobre la
defensa del Congreso. |
| • Sotelo Rosas, David Augusto
(PRD) |
Fuero de legisladores, sobre
agravios y violaciones a fuero constitucional de diputado, por parte de autoridades de
Tamaulipas. |
| • Soto Gómez, Máximo (PAN) |
Distrito Federal, presenta
proposición con punto de acuerdo sobre el funcionamiento de la gasera ubicada en la
colonia Aeronáutica Militar, en la delegación Venustiano Carranza. |
| • Torres Mercado, Tomás
(PRD) |
Fuero de legisladores, sobre
agravios y violaciones a fuero constitucional de diputado, por parte de autoridades de
Tamaulipas. |
| • Ulloa Vélez, Alonso (PAN) |
Poder Legislativo, sobre la
defensa del Congreso. |
| • Viggiano Austria, Alma
Carolina (PRI) |
Café, presenta proposición
con punto de acuerdo en relación con los apoyos del Ejecutivo Federal a los productores
de café para la cosecha 2001. |
| • Zapata Perogordo, José
Alejandro (PAN) |
Fuero de legisladores, sobre
agravios y violaciones a fuero constitucional de diputado, por parte de autoridades de
Tamaulipas. |
| • Zavala Echavarría, Roberto
(PRI) |
Ley de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de
decreto que reforma dicha ley. Fundamenta el dictamen. |
NOTAS
Siglas y abreviaturas incluidas en
esta edición:
| Canacintra |
Cámara Nacional de la Industria
de Transformación |
| Concamin |
Confederación Nacional de
Cámaras Industriales |
| Concanaco |
Confederación de Cámaras
Nacionales de Comercio |
| Coparmex |
Confederación Patronal de la
República Mexicana |
| D.F. |
Distrito Federal |
| EZLN |
Ejército Zapatista de Liberación
Nacional |
| FAO |
Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (por las siglas en inglés) |
| Fobaproa |
Fondo Bancario de Protección al
Ahorro |
| INEGI |
Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática |
| IPAB |
Instituto para la Protección al
Ahorro Bancario |
| ISSSTE |
Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado |
| IVA |
Impuesto al Valor Agregado |
| ONU |
Organización de las Naciones
Unidas |
| PAN |
Partido Acción Nacional |
| Pidiregas |
Proyectos de Impacto Diferido en
el Registro del Gasto |
| PRD |
Partido de la Revolución
Democrática |
| PRI |
Partido Revolucionario
Institucional |
| Procampo |
Programa de Apoyos Directos al
Campo |
| PT |
Partido del Trabajo |
| Sagarpa |
Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación |
| SIDA |
Síndrome de Inmuno Deficiencia
Adquirida |
|