Es importante destacar que a partir de mayo de 2001 las tasas de interés disminuyeron de manera importante, alcanzando mínimos históricos en agosto. Sin embargo, el menor costo del dinero no ha representado un incentivo suficiente para reactivar el gasto en inversión a la luz del deterioro de la situación económica mundial.

Por lo que respecta al comportamiento de la demanda externa, como se señaló con anterioridad, la menor actividad de la economía mundial y en particular la de los Estados Unidos se reflejó  en una menor expansión de nuestras ventas al exterior. A lo largo del primer semestre de 2001 las exportaciones de bienes y servicios registraron una expansión real de 2.0 por ciento anual, tasa significativamente inferior al 16.5 por ciento observado durante el primer semestre de 2000. De hecho, en el transcurso del segundo trimestre de 2001 se materializó por primera vez desde finales de 1991 una contracción real en los ingresos que recibió el país por concepto de la venta de bienes y servicios en el exterior.

De esta manera, el gasto en consumo del sector privado fue el único componente que ha contribuido al crecimiento de la demanda agregada de forma continua a lo largo de 2001. Esto ha sido consecuencia, al menos en parte, de la expansión del crédito otorgado a las personas, tanto por los bancos como por los propios establecimientos comerciales.

Sin embargo, es posible anticipar que el desempeño del consumo privado habrá de cambiar en los próximos meses. Entre los elementos que sustentan esta previsión destacan los siguientes: a) la reducción que se ha observado en los indicadores de empleo formal; b) el menor ritmo de expansión registrado en la masa salarial; c) la caída real en las compras de bienes durables durante el segundo trimestre de 2001; y, d) la disminución en el impulso de las ventas al menudeo y la persistencia negativa en las de mayoreo.

Sin duda alguna, el debilitamiento del consumo tendrá un impacto adverso en el desempeño del sector servicios, principalmente en cuanto a comercio se refiere. Por ello, y considerando la evolución reciente del resto de los componentes de la demanda agregada, se anticipan tasas anuales de crecimiento negativas del PIB durante los últimos dos trimestres de 2001.

Por lo que respecta a las finanzas públicas, es importante destacar el favorable desempeño de los ingresos tributarios durante los primeros nueve meses del año en respuesta a los esfuerzos instrumentados para facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes y para reducir la evasión y elusión fiscales. Dichos esfuerzos, entre los que destaca el programa “Cuenta Nueva y Borrón”, permitieron incrementar en aproximadamente 1 millón 500 mil el número de declaraciones de septiembre de 2000 a septiembre de 2001.

Sin embargo, la debilidad de la expansión económica, la fortaleza del peso frente al dólar y la reducción de la plataforma de exportación de petróleo, incidieron negativamente sobre los ingresos petroleros del sector público. Así, los ingresos totales del sector público acumulados al mes de septiembre resultaron inferiores en 13 mil 220 millones de pesos respecto al calendario publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero pasado. Por ello, con el fin de no rebasar el límite de endeudamiento autorizado por el H. Congreso de la Unión, se han realizado tres ajustes a los presupuestos de las dependencias y entidades públicas por un monto total equivalente a los menores ingresos, esfuerzo que se ha logrado, principalmente, en función de los ahorros generados en el gasto corriente.

                                                                                                                      2632,2633,2634

1.1. Reforma financiera

Es importante destacar que durante 2001 se avanzó sustancialmente en la reforma estructural del sector financiero. Gracias a la colaboración constructiva del H. Congreso de la Unión se ha realizado una serie de modificaciones legales e institucionales que busca desarrollar y fortalecer al sistema financiero mexicano.

La nueva legislación producirá una sólida y más efectiva estructura de gobierno corporativo para los bancos, emisores de valores y otras instituciones financieras. Esto mejorará la transparencia de operación de dichas instituciones y protegerá de manera más eficaz los intereses de los inversionistas minoritarios. La nueva legislación también promoverá el ahorro, en especial el de largo plazo y el popular, permitirá una canalización más eficiente de los recursos financieros a los proyectos de inversión productiva y reforzará la supervisión y regulación del sistema financiero.

El cuadro siguiente presenta una breve descripción de los elementos contenidos en la reforma financiera llevada a cabo durante los primeros diez meses del año. Es importante destacar que este paquete de reformas financieras será complementado con otras iniciativas que se espera sean aprobadas por el H. Congreso de la Unión en los próximos meses, así como con otras medidas que las autoridades instrumentarán gradualmente. Es pertinente recordar que un sistema financiero sano, acompañado de estabilidad en las principales variables macroeconómicas, constituye una base indispensable para recuperar el dinamismo de la economía, en particular una vez que mejore el escenario externo.

Objetivos y Estrategias de la Reforma Financiera

1.2. Estimaciones para el cierre de 2001

Los acontecimientos del 11 de septiembre afectarán severamente el comportamiento de las variables macroeconómicas durante el resto del año y en buena parte de 2002. Los indicios de recuperación que se atisbaban antes de septiembre se disiparon con los actos terroristas. El intercambio comercial entre México y los Estados Unidos se ha visto afectado desde entonces, no sólo por el deterioro de la confianza del consumidor norteamericano, sino también por la problemática de una frontera norte más restrictiva a los flujos de personas y mercancías. Por otra parte, el flujo de turistas estadounidenses que visita nuestro país se redujo de manera sensible e inmediata, por lo que se anticipa una actividad económica más débil en los principales centros turísticos de México. Aunado a lo anterior, las cifras de producción industrial de los Estados Unidos correspondientes a septiembre atestiguan la mayor caída del año, lo que permite prever un comportamiento similar en el sector industrial de México.

A la luz de los elementos mencionados, se estima el siguiente escenario de cierre de año para las principales variables macroeconómicas del país:

·           La tasa real de crecimiento del PIB se ubicará alrededor de cero por ciento anual. Muy probablemente durante el tercero y cuarto trimestres de este año se registrarán contracciones reales del producto en términos anuales.

·           El incremento anual en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) estará por debajo de la meta de inflación de 6.5 por ciento estipulada por el Banco de México.

·           El déficit en el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos se estima en un nivel equivalente a 3.1 por ciento del PIB. Esta magnitud es congruente con la disponibilidad de recursos externosde largo plazo pues se espera que más de dos terceras partes del mismo sean financiadas con Inversión Extranjera Directa.[2]

·           El balance público estará en línea con el déficit aprobado por el H. Congreso de la Unión, es decir, será equivalente a 0.69 por ciento del PIB.[3

                                                                                           2635,2636,2637

2. EL NUEVO ENTORNO ECONÓMICO MUNDIAL

La expansión de la economía mundial durante 2001 ha sido muy inferior a la esperada a finales del año pasado. La realidad ha superado, inclusive, las proyecciones más conservadoras, ubicando a 2001 como el año de menor crecimiento mundial en cerca de dos décadas. En particular, mientras que en octubre de 2000 el Banco Mundial anticipaba un crecimiento global para 2001 de 3.4 por ciento, los últimos pronósticos disponibles señalan una expansión de sólo 1.3 por ciento. Más importante aún es el hecho de que la etapa recesiva actual se ha extendido, a diferencia de ocasiones anteriores, a los principales bloques económicos.

El débil desempeño que venía registrando la economía mundial durante los primeros meses de 2001 se agudizará como consecuencia de los ataques terroristas a las ciudades de Nueva York y Washington.  Los atentados afectarán el desempeño de la economía mundial y retrasarán el inicio de una eventual recuperación a través del deterioro de la confianza de consumidores e inversionistas, de los mayores costos de transacción asociados al comercio internacional por motivos de seguridad y de la reducción de los recursos disponibles en los mercados financieros internacionales. Asimismo, el menor dinamismo de la economía mundial podría repercutir negativamente sobre el precio de las materias primas en los mercados internacionales.

Con estos antecedentes, en las siguientes secciones se analiza brevemente el desempeño de los principales bloques de la economía mundial en 2001 y las perspectivas para las economías emergentes en el 2002.

2.1. Estados Unidos

La disminución en el ritmo de expansión de la actividad económica de Estados Unidos que comenzó en la segunda mitad del 2000 se acentuó durante el presente año. De hecho, los indicadores disponibles previos a los ataques terroristas mostraban que la economía estadounidense se encaminaba hacia una contracción en su nivel de producción durante el tercer trimestre de 2001, expectativa que se confirmó con el reporte de las cifras preliminares del crecimiento del PIB que arrojaron una caída de 0.4 por ciento. De esta forma, se interrumpió la secuencia de 33 trimestres consecutivos con crecimiento económico, la más larga en el periodo de la posguerra.

Durante los primeros nueve meses del año el sector productivo norteamericano redujo fuertemente su actividad, satisfaciendo en gran parte la demanda a través de inventarios acumulados. Asimismo, el sector industrial disminuyó significativamente sus adquisiciones de maquinaria y equipo, especialmente aquéllas relacionadas con bienes de alta tecnología.

Los dos componentes de la demanda agregada más afectados durante el proceso de desaceleración económica en Estados Unidos fueron la inversión privada y las exportaciones, manteniéndose el consumo privado como el único soporte de la economía. Sin duda, los sectores económicos más afectados fueron los relacionados con la alta tecnología.

A pesar de que el gasto en consumo había evitado que la economía norteamericana cayera en una recesión en la primera mitad del año, algunos indicadores que reflejaban las condiciones económicas antes del 11 de septiembre apuntaban hacia un deterioro importante de esta variable. Entre ellos destaca la debilidad del mercado laboral, el incremento en el gasto total destinado al servicio de la deuda privada como porcentaje del ingreso disponible, la resistencia a la baja observada en las tasas de interés de largo plazo y la tendencia negativa en los índices de confianza del consumidor.

Por otra parte, la demanda estadounidense por importaciones ha caído de manera importante en el 2001, especialmente la relacionada con bienes de capital. Las importaciones de bienes de consumo, aunque también han registrado una marcada desaceleración, mostraron caídas más moderadas. Este patrón de comportamiento de las importaciones afectó de distinta forma a las diferentes regiones del mundo. Mientras que la fuerte reducción en la demanda por bienes tecnológicos afectó significativamente a las economías asiáticas, las caídas moderadas en las importaciones de bienes de consumo afectaron de manera más limitada a las economías europeas. Por su parte, la disminución en el volumen de ventas de vehículos se vio reflejada en un menor dinamismo de las importaciones provenientes de México, toda vez que el sector automotriz desempeña un papel fundamental en las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos.

                                                                                        2638,2639,2640

Ante esta situación, la Reserva Federal de los Estados Unidos reaccionó relajando la política monetaria, al tiempo que el Congreso norteamericano aprobó un recorte impositivo temporal distribuido en un periodo de 10 años. Esta combinación de políticas se ha traducido en una resistencia a la baja en la tasa de interés de largo plazo, variable determinante de las decisiones de inversión y de consumo.

Los trágicos sucesos del 11 de septiembre sin duda acentuarán la contracción de la economía norteamericana. Simplemente, la interrupción de las actividades productivas durante la semana posterior a los acontecimientos provocó una caída considerable en la producción, pues el número de horas laborables perdidas podría representar hasta el 8.3 por ciento de las horas laborables totales en el trimestre.

Asimismo, los atentados terroristas afectaron significativamente la confianza de los consumidores. El deterioro de la confianza reducirá el gasto de consumo en los próximos meses, lo que empujará muy probablemente a la economía norteamericana al inicio de una etapa recesiva.

La incertidumbre generada por estos sucesos inhibirá la puesta en marcha de nuevos proyectos de inversión. Los atentados mismos y la presencia de un conflicto bélico introducen mayores riesgos que se traducen en tasas de interés de mediano plazo más elevadas y en menores niveles de financiamiento. Por su parte, las reducciones en las ganancias corporativas conducirán a mayores recortes en la compra de bienes de capital por parte de las empresas.

En lo que se refiere al impacto económico de los atentados en el largo plazo, es posible que los mismos se traduzcan en una modificación en la asignación de los recursos entre los distintos sectores económicos. En especial, mayores recursos tendrán que ser destinados a actividades de seguridad, las cuales no representan proyectos rentables, sino que son una manifestación de la menor prosperidad mundial. Asimismo, el aumento en las medidas de seguridad tenderá a elevar los costos de transporte e incrementará el nivel de inventarios de equilibrio de las empresas. De esta manera, la presencia del terrorismo incidirá negativamente sobre la productividad y sobre el nivel general de bienestar.

En síntesis, se anticipa que la economía estadounidense haya iniciado un proceso recesivo a partir del tercer trimestre de este año y que comience un periodo de recuperación en la segunda mitad del año entrante. Las expectativas de crecimiento para Estados Unidos en 2001 y 2002 elaboradas por el sector privado, se han corregido significativamente a la baja después de los atentados del 11 de septiembre. Actualmente, se estima un tasa anual de 1.0 por ciento para 2001 y de 0.7 por ciento para el año siguiente. No obstante, las correcciones de las principales corredurías se han realizado sin cuantificar con precisión la magnitud que dichos eventos tendrán sobre las variables reales, pues todavía no existe información completa que abarque el periodo más reciente. Por ello y asumiendo una posición conservadora, el marco macroeconómico elaborado para estos Criterios Generales de Política Económica incorpora una expansión anual de la economía norteamericana de 0.3 por ciento para 2002 en su conjunto.

2.2. Zona Euro

En sintonía con los Estados Unidos, la economía europea inició desde la segunda mitad de 2000 un proceso de desaceleración resultado, principalmente, de un deterioro en el gasto de inversión, que se contrajo gradualmente hasta registrar un estancamiento en el segundo trimestre de 2001. El gasto en consumo, por su parte, registró una notable moderación en su ritmo de expansión desde finales del 2000, mientras que el crecimiento en las exportaciones se debilitó como resultado de la desaceleración económica en Estados Unidos y en Asia.

Simultáneamente, la demanda interna se vio afectada por los incrementos en precios de productos energéticos y en alimentos. El problema de la fiebre aftosa y los altos precios del petróleo registrados en los primeros meses de 2001 se reflejaron en presiones inflacionarias que incidieron negativamente sobre el gasto de consumo.

 En contraste con Estados Unidos, la Zona Euro tuvo en los primeros ocho meses del año poca libertad para instrumentar políticas económicas expansivas. El repunte en la inflación limitó las posibilidades de efectuar recortes importantes en las tasas de interés. Adicionalmente, los criterios fiscales impuestos por los acuerdos internos del bloque europeo han restringido la capacidad de estimular la economía a través de un mayor gasto público. A pesar de ello, el Banco Central Europeo ha reducido en el año las tasas de interés de referencia en 100 puntos base, incluyendo el recorte de 50 puntos instrumentado poco después de los atentados de septiembre.

En este marco, las estimaciones más recientes apuntan a que el producto de la Zona Euro en su conjunto crecerá 1.6 por ciento en 2001 y 1.5 por ciento en el 2002. La continua debilidad económica de la zona europea se mantendrá, evitando con ello que la misma emerja como sustituto de la economía norteamericana como motor de la economía mundial.

 2641,2642,2643

2.3. Japón

La economía de Japón, la tercera más grande del mundo, entró a principios de año en su cuarta recesión en la última década, alcanzando niveles no observados en el desempleo desde la Segunda Guerra Mundial.

La desaceleración en la actividad de los sectores tecnológicos a nivel internacional incidió negativamente sobre la débil economía japonesa, afectando sensiblemente el desempeño de las exportaciones. A pesar de que la economía todavía registró un ligero ritmo de expansión a comienzos de 2001, el entorno externo desfavorable, la nula efectividad de la política monetaria y los escasos márgenes de acción de la política fiscal dada la elevada carga de la deuda pública neta, la cual representa más del 100 por ciento del PIB, se reflejaron en una contracción del producto en el segundo trimestre del año.

Así, aun antes de los acontecimientos del 11 de septiembre, la economía japonesa se encontraba sumergida en un proceso recesivo y deflacionario. Las expectativas del sector privado respecto al crecimiento de esta economía contemplan una contracción de 0.6 por ciento en 2001 y de 0.4 por ciento durante el próximo año.

2.4. Implicaciones para las economías emergentes

Una recesión en los Estados Unidos debilitará aún más la ya de por sí frágil dinámica de las economías emergentes. En los últimos años, la tasa de expansión de la economía global ha estado fuertemente influenciada por el crecimiento económico de Estados Unidos, el cual ha funcionado como principal motor de la economía global, compensando en muchas ocasiones la caída en la demanda de otras economías y absorbiendo los excedentes de producción del resto del mundo.

El hecho de que los tres principales bloques económicos se encuentren simultáneamente en condiciones económicas débiles implica que el proceso de recuperación será más lento del que hubiera existido si alguna región mantuviera mayor dinamismo económico. De esta forma, la inminente recesión en Estados Unidos afectará a las economías emergentes principalmente en tres frentes: (a) las transacciones comerciales y de servicios; (b) los flujos de capital; y (c) los precios de materias primas.

a) Menores transacciones comerciales y de servicios

La entrada en recesión de la economía de los Estados Unidos reducirá los ingresos por concepto de venta de bienes y servicios en el exterior a través de tres canales: la búsqueda de un ambiente de seguridad y la aversión al riesgo de viajar por parte de los estadounidenses mermarán la captación de divisas por concepto de flujos de turismo; el menor consumo y la postergación de proyectos de inversión significarán menores exportaciones; y, finalmente, el incremento en las medidas de seguridad y el aumento de las primas de seguros se reflejará en mayores costos de transacción y en menores flujos de mercancías.

Los efectos anteriores serán más importantes para aquellas economías en desarrollo que tengan mayores vínculos comerciales con Estados Unidos y cuyo sector turístico represente una parte significativa del producto. Cabe destacar, sin embargo, que el impacto negativo para México derivado de mayores costos de transacción podría ser menor que el enfrentado por otras economías, en virtud de la cercanía geográfica con los Estados Unidos y de la posibilidad de sustituir el transporte aéreo por transporte terrestre.

b) Mayores restricciones de financiamiento externo

La incertidumbre provocada por los trágicos atentados terroristas y el ambiente recesivo mundial se reflejará en menores flujos de financiamiento para las economías en desarrollo. En este contexto, la percepción sobre la calidad crediticia de las distintas economías desempeñará un papel importante en los próximos meses. La mayor incertidumbre se reflejará en incrementos en el riesgo país, medido como el diferencial de rendimiento en el bono soberano en dólares con el bono equivalente del Tesoro de Estados Unidos y, por lo tanto, en condiciones más onerosas de financiamiento para las economías más débiles. Algunos países emergentes que planeaban acudir a los mercados internacionales de capitales en 2002 probablemente tendrán que posponer parte de sus operaciones, o bien, tendrán que reducir los montos y los periodos de maduración.

c) Efecto sobre precios de materias primas

La evolución esperada de la economía mundial para 2002 tendrá implicaciones importantes para los mercados de materias primas. En especial el mercado petrolero podría verse afectado, ya que la desaceleración en las economías de Estados Unidos, Europa y Japón, las cuales constituyen más del 52 por ciento del consumo de petróleo a nivel mundial, impactará la demanda por este producto.

Adicionalmente, los atentados terroristas podrían resultar en una disminución permanente del tráfico aéreo y, por lo tanto, en una menor demanda por turbosina, la cual representa cerca del 10 por ciento de la demanda mundial de petróleo. Asimismo, toda vez que la producción de turbosina incorpora una mayor cantidad relativa de crudos pesados, el menor consumo de turbosina podría incidir negativamente sobre el precio de la mezcla mexicana de exportación de petróleo.

2644,2645,2646

Los riesgos alrededor del mercado petrolero parecen inclinarse hacia una reducción en el corto plazo de los precios de petróleo. A raíz de los atentados terroristas, el precio del WTI cayó más de 6 dólares por barril, al reducirse de 27.53 a 21.16 entre el 10 de septiembre y el 31 de octubre. La percepción de un mercado petrolero más débil en los próximos meses también se reflejó en la curva de futuros del WTI, la cual mostró un desplazamiento generalizado a la baja. De este modo, el precio promedio de los contratos de futuros del WTI para 2002 cayó de 25.83 a 21.48 dólares por barril entre los días mencionados.

2.5. Consideraciones finales sobre el entorno económico mundial

El entorno externo para 2002 estará caracterizado por un crecimiento débil de la economía mundial, el cual afectará a las economías emergentes a través de una reducción en los volúmenes de comercio internacional de bienes y servicios, un acceso más restringido al financiamiento externo y una marcada incertidumbre sobre los precios de las materias primas. Ante esta situación, las economías en desarrollo que garanticen un entorno macroeconómico estable y que provean mayor certidumbre a los inversionistas nacionales y extranjeros serán aquellas que resultarán menos afectadas y que podrán reiniciar un proceso de reactivación económica más vigoroso. En este sentido, es necesario insistir en la relevancia de continuar con el proceso de reforma estructural y de fortalecimiento de las finanzas públicas para aumentar la productividad de la economía, de tal manera que México se diferencie aún más del resto de las economías emergentes.

3. ESTRATEGIA DE POLÍTICA ECONÓMICA PARA 2002

El principal reto que enfrentará la política económica para 2002 será el de propiciar la recuperación de la economía conservando la estabilidad en un entorno externo caracterizado por un elevado grado de incertidumbre. La consecución de este objetivo permitirá aminorar el impacto negativo causado por la pérdida de empleos que se observó a lo largo de 2001 y generar nuevas oportunidades laborales para las personas que por primera vez se incorporan al mercado de trabajo

El deterioro económico por el que atraviesa la economía global condiciona el diseño de la estrategia de política económica para 2002. En este sentido, el programa económico del próximo año es escrupulosamente prudente para conservar la estabilidad macroeconómica y sentar las bases de una recuperación rápida y sostenible.

Nuestra experiencia muestra clara y contundentemente la escasa efectividad de las políticas económicas expansivas para mantener un determinado ritmo de crecimiento. Cuando el país dispuso de amplias líneas de crédito externo, elevados niveles de gasto público han sido útiles únicamente para  impulsar el crecimiento de forma temporal y, en cambio, se han visto acompañados de presiones inflacionarias, de desplazamiento del gasto privado, de desequilibrios en las cuentas externas y, finalmente, de periodos de crisis agudas. Adoptar una medida de esa naturaleza para enfrentar la coyuntura debilitaría la capacidad competitiva de mediano plazo del país e impactaría de forma adversa las expectativas de los actores económicos sobre las posibilidades de desarrollo futuro del país, sin lograr siquiera un impulso económico de corta duración.

Por lo anterior, la estrategia contenida en estos Criterios Generales de Política Económica se cimienta en la disciplina fiscal y en la promoción de las reformas estructurales necesarias para fortalecer las bases de la economía. Ambas directrices resultan imprescindibles para atenuar los efectos que, conjuntamente, tendrán el menor ritmo de crecimiento económico de los Estados Unidos, el menor precio internacional del petróleo y el elevado grado de incertidumbre que prevalecerá durante la mayor parte del próximo año en torno al desenvolvimiento de la economía global y de los mercados financieros internacionales.

3.1. Política fiscal

El manejo prudente de la política fiscal constituye un instrumento poderoso y efectivo para propiciar la estabilidad macroeconómica y financiera. Por ello, la Administración refrenda su compromiso de ajustar la postura fiscal con miras a alcanzar el equilibrio presupuestal en el mediano plazo.

Considerando la relativa escasez de recursos presupuestales para el año entrante en virtud de que no se han alcanzado los consensos necesarios para la aprobación de la reforma hacendaria, el marco macroeconómico para el 2002 es congruente con un déficit público medido como proporción del tamaño de la economía similar al del presente año, es decir, equivalente a 0.65 por ciento del PIB. Por su parte, se anticipa un incremento en el superávit primario de cerca de 9 por ciento en términos reales.

Para coadyuvar a impulsar un mayor gasto en inversión en la economía, se propone aumentar el alcance de algunos de los proyectos en marcha bajo el esquema de inversión financiada (PIDIREGAS); en particular los relacionados con Burgos y Cantarell, así como iniciar una serie de nuevos proyectos que vendrán acompañados de una derrama importante de recursos durante el próximo año. De esta forma, se espera que el nuevo gasto de inversión impulsado a través de PIDIREGAS se incremente de 1.1 por ciento del PIB en 2001 a 2.0 por ciento en 2002.

De esta forma, la medida de balance público ampliado conocido como los requerimientos financieros del sector público (RFSP) registrará un ligero incremento de 3.0 por ciento del PIB en 2001 a 3.2 por ciento del tamaño esperado de la economía para 2002. Asimismo, es importante destacar que por sus propias  características, la mayor parte de los proyectos de inversión impulsada a través de PIDIREGAS se financia con recursos provenientes del exterior y, por tanto, no constituye una fuente importante de absorción de recursos financieros en los mercados internos.

3.1.1. Política de ingresos

Se estima que para el ejercicio fiscal de 2002 los ingresos del sector público, sin incluir los procedentes de financiamientos, alcanzarán la cifra de 1,352.2 miles de millones de pesos, monto equivalente a 21.87 por ciento del PIB.

En comparación con la proyección de cierre de los ingresos para el año 2001, el nivel de los recursos públicos de 2002 implicará una disminución de 0.22 puntos porcentuales del producto. Esta contracción se explica, fundamentalmente, porque para 2002 se estiman menores ingresos no recurrentes, así como una reducción en los ingresos propios de las entidades distintas de PEMEX.

Como se desprende de lo anterior, la reducción de los ingresos del sector público en el próximo año la explica la fuerte dependencia que tienen estos recursos de fuentes no recurrentes y de su muy próximo agotamiento. Esta dependencia propicia que la incertidumbre de los recursos se transmita, a su vez, hacia los programas de gasto federal, estatal y municipal, afectando de manera negativa las decisiones de gasto en inversión y en programas de carácter social. Además, al incidir sobre el balance público, reduce las posibilidades de fortalecer, de manera sostenida, el crecimiento de la actividad económica del país.

Es por ello que el Ejecutivo Federal ha planteado al H. Congreso de la Unión la necesidad de una reforma hacendaria, cuyo objetivo central sea reducir drásticamente la dependencia de los ingresos de fuentes poco estables, y fortalecer la capacidad de los tres órdenes de gobierno de atender, en el ámbito de sus atribuciones, las necesidades más urgentes de la población.

                                                                                2647,2648,2649

Por otro lado, el Gobierno Federal continuará introduciendo cambios en la administración tributaria, con el fin de fortalecer la recaudación procedente de los impuestos, simplificar los trámites que deben seguir los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones fiscales y mejorar los procesos de vigilancia del adecuado cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Cabe destacar, finalmente, que a pesar de que para 2002 se utilizó un precio promedio de la mezcla mexicana de petróleo menor en 2.0 dólares por barril al observado en 2001, se estima que los recursos procedentes de la actividad petrolera se contraerán en sólo 0.06 por ciento del PIB. Esta favorable situación se explica, sobre todo, por el nivel de gasto que se propone que ejerza PEMEX durante el próximo año, el cual, de aprobarse, propiciará una fuerte contracción del valor de las importaciones de petrolíferos.[4]

La política de precios y tarifas de los bienes y servicios que producen y comercializan los organismos y empresas del sector público tiene como objetivo central reflejar sus costos de oportunidad. Con ello se busca fomentar el saneamiento financiero de las empresas públicas, reducir los subsidios implícitos que se otorgan a los consumidores vía precios y tarifas, e incrementar la eficiencia productiva de las empresas y organismos. De esta manera, los usuarios recibirán una señal de precios adecuada para la toma de decisiones productivas y de consumo.

La propuesta de política para 2002 consiste, básicamente, en incrementar los precios y tarifas del sector público para compensar únicamente la inflación esperada del próximo año (4.5 por ciento). De esta forma los precios de las gasolinas y el diesel, las tarifas eléctricas de los sectores residencial, agrícola y de servicios, las cuotas de peaje de las carreteras de cuota federales y los servicios aeroportuarios se mantendrán constantes en términos reales.

Por otra parte, los precios de los combustibles industriales, petroquímicos y las tarifas eléctricas industriales y comerciales continuarán ajustándose de forma automática, dependiendo de los movimientos de sus referencias internacionales o de los costos en que incurren los organismos para producir y comercializar estos bienes y servicios.

3.1.2. Política de gasto

Con el propósito de atenuar los impactos negativos de la coyuntura, el gasto del sector público se reorientará hacia los segmentos de la población más pobres, a través de programas de salud, alimentación y educación, y hacia la inversión en infraestructura. Ello requerirá un esfuerzo importante para reducir los recursos destinados al consumo corriente de las entidades públicas.

Dentro de los límites dictados por la prudencia fiscal, se propone orientar el gasto del sector público fundamentalmente en dos vertientes: la primera en aquellos proyectos que cuenten con un fuerte impacto en la generación de empleos y la segunda hacia la protección de la población que se verá más afectada como resultado del nuevo entorno.

Con estos antecedentes, la política de gasto para 2002 estará dirigida fundamentalmente a atender los siguientes objetivos:

1.       Proteger los niveles de bienestar social de la población dándole particular atención al gasto en educación, salud, nutrición y seguridad pública.

2.       Inducir un nivel de inversión impulsada por el sector público superior al crecimiento del PIB.

3.       Favorecer la creación de empleos.

4.       Asignar a PEMEX los recursos suficientes para mantener su operación  y aumentar sus inversiones, con el fin de asegurar su contribución a las finanzas públicas en los próximos años.

Asimismo, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2002 se ha integrado relacionando cada uno de los procesos y proyectos llevados a cabo por la Administración Pública Federal, con las prioridades, objetivos, metas y estrategias establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo.

3.1.3. Política de deuda pública

Como se destacó anteriormente, se prevé que el ejercicio del año fiscal del 2002 se desenvolverá en un entorno internacional adverso, caracterizado por bajas tasas de crecimiento en las principales economías del mundo y por mercados financieros internacionales inciertos. Por lo anterior, el manejo adecuado de los pasivos públicos durante el próximo ejercicio fiscal cobra particular relevancia para coadyuvar a generar un entorno de estabilidad macroeconómica en lo general y de fortaleza en las finanzas públicas en lo particular.

 Para lograr lo anterior, las medidas específicas de política para el manejo de la deuda pública serán las siguientes:

·           En materia de deuda externa las acciones del sector público se concentrarán, fundamentalmente, en buscar el refinanciamiento de los pasivos públicos externos en las mejores condiciones de plazo y costo, aprovechando a la vez oportunidades para capturar descuentos sobre nuestra deuda y liberar garantías. De esta forma, se propone al igual que en este año un techo nulo de endeudamiento externo neto del sector público en 2002.

·           Ante la incertidumbre del panorama externo, se considera que lo prudente para el próximo año es prever que el déficit del Gobierno Federal proyectado para el 2002 será cubierto en su totalidad con recursos provenientes del mercado interno, tal y como se tiene previsto para el presente ejercicio fiscal

A pesar de la volatilidad registrada recientemente en el exterior, el desempeño del mercado financiero interno se ha mantenido ordenado. Por ello, el programa de colocaciones para el próximo año contempla continuar con las acciones tendientes a ampliar gradualmente la curva de rendimiento de largo plazo en el mercado nacional, e incrementar el plazo promedio de vencimiento de las obligaciones gubernamentales.

3.1.4. Política de financiamiento a los sectores privado y social

En los próximos años el papel de la banca de desarrollo seguirá siendo fundamental para proporcionar financiamiento a aquellos sectores que por imperfecciones del mercado no son atendidos por intermediarios financieros privados. Entre ellos destacan los sectores de agricultura, vivienda, pequeña y mediana empresa, así como los estados y municipios.

En particular, en 2002 se anticipa que la intermediación financiera de la banca de desarrollo alcance los 12 mil millones de pesos, cifra que es congruente con el marco macroeconómico estimado para el año entrante.

Cabe mencionar que, con el objeto de consolidar la modernización de la banca de desarrollo en México, el Ejecutivo envió al H. Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a las disposiciones vigentes que pretende mejorar la canalización del crédito, la administración de riesgos y la rendición de cuentas, de tal forma que las tareas de promoción y fomento que lleva a cabo sean un esfuerzo perdurable

En lo que se refiere a las medidas para coadyuvar a que exista un mayor flujo de financiamiento hacia el sector privado, durante el 2002 el Gobierno Federal mantendrá su política de fomento a las actividades crediticias mediante las siguientes acciones:

·           Revisión del marco de resoluciones para las instituciones bancarias. Se diseñará un esquema de resoluciones bancarias que garantice un proceso claro de cierre de bancos, de cara a la reducción de la cobertura del IPAB a partir del 2003.

·           Fortalecimiento del régimen de garantías y concursos mercantiles. Se revisarán y se fortalecerán los procesos de ejecución y de juicios relacionados con la Ley de Concursos Mercantiles y la Miscelánea de Garantías, con el objeto de proporcionar mayor certidumbre a la actividad crediticia.

·           Consolidación de la tendencia hacia mejores prácticas en supervisión y vigilancia. Se revisarán las funciones de regulación y supervisión que desempeñan las autoridades, buscando un equilibrio entre dichas actividades y el costo regulatorio que implican.

                                                                  2650,2651,2652

Al mismo tiempo, el Ejecutivo Federal continuará con la reforma estructural del sistema financiero para promover una mayor y más eficiente canalización del ahorro a proyectos de inversión rentables. Entre las reformas estructurales que el Gobierno Federal implementará en el 2002, destaca la correspondiente al sector de seguros y fianzas. En particular, se someterá a consideración del H. Congreso de la Unión una profunda reforma a la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y a la Ley Federal de Fianzas. Dichas reformas buscan, además de consolidar la fortaleza financiera de los sectores de seguros y fianzas, promover el crecimiento de estas industrias que en otros países han mostrado ser claves para el fomento del ahorro de largo plazo y su canalización hacia proyectos rentables de larga maduración.

La aprobación de este nuevo marco jurídico permitirá una reducción del costo de capital de aseguradoras y afianzadoras y por ende fomentará un crecimiento más acelerado de las empresas del sector.  Asimismo, proporcionará mayor flexibilidad a las empresas para que éstas ofrezcan de manera más ágil productos adecuados a las necesidades del público. Estos cambios regulatorios redundarán en un crecimiento del ahorro más acelerado a través de seguros, en especial aquellos de vida y de pensiones, que por sus características permiten la inversión de las reservas técnicas que los respaldan en instrumentos financieros tanto de deuda como de capital de muy largo plazo

3.2. Política monetaria

Congruente con los objetivos inflacionarios de mediano plazo estipulados por el Banco de México, el programa económico para 2002 está diseñado para reducir el incremento en el INPC. Específicamente, se estima una inflación no mayor a 4.5 por ciento anual en 2002.

El abatimiento de la inflación favorecerá de manera primordial a los segmentos más pobres de la población, al tiempo que propiciará menores tasas de interés que redundarán en mayores niveles de inversión y empleo.

3.3. Política cambiaria

Considerando que el régimen cambiario de libre flotación permite que la economía absorba de forma eficiente las perturbaciones del exterior, protegiendo la actividad económica, el empleo y los salarios, se mantendrá el actual régimen cambiario. Esto contribuirá a disuadir la entrada de capitales especulativos y, a su vez, a fomentar la inversión extranjera de largo plazo.

3.4. Política de cambio estructural

Ante el entorno económico esperado para 2002, es necesario insistir en la relevancia de continuar el proceso de reforma estructural contenido en el Plan Nacional de Desarrollo. En estos momentos, más que nunca, es imprescindible efectuar reformas a nivel microeconómico que flexibilicen el mercado laboral, que coadyuven a incrementar la productividad de los trabajadores y la competitividad de las empresas. Asimismo, es necesario reformar el marco institucional para brindar mayor certidumbre y seguridad a las actividades productivas, generando así un ambiente más propicio para la competencia e innovación.

Paralelamente será oportuno instrumentar las reformas educativa, energética, de telecomunicaciones, y judicial que requiere la modernización del país y el crecimiento sostenido de la economía

4. PERSPECTIVAS ECONÓMICAS PARA 2002

 La aplicación de la estrategia de política económica delineada en el apartado anterior coadyuvará a que la economía recobre gradualmente un mayor ritmo de expansión y a que se adapte sin sobresaltos excesivos al entorno externo previsto

4.1. Fuentes de crecimiento en 2002

Los elementos que impulsarán la recuperación de la economía difieren de los que hasta ahora han apuntalado el crecimiento. En este sentido, se espera que el gasto interno en inversión en sus tres distintas modalidades, pública, privada e impulsada, se constituya como el componente de la demanda agregada más dinámico y que permita la reactivación del proceso productivo. En contraste, se prevé una moderación importante en el gasto de consumo del sector privado durante el primer semestre de 2002, principalmente en el rubro correspondiente a los bienes duraderos. No obstante, se espera que el consumo privado nuevamente recobre dinamismo en la segunda mitad del año. Por su parte, las exportaciones de bienes y servicios contribuirán al crecimiento del producto hacia finales de 2002, en congruencia con la recuperación de la economía estadounidense.

Respecto al comportamiento de la inversión, tal como se destacó anteriormente, el programa económico de 2002 incorpora un aumento del gasto en formación de capital impulsado a través de proyectos de inversión financiada, tanto aquellos que se encuentran en marcha como en una serie de nuevos proyectos concentrados en el sector energético. En este sentido, es importante mencionar que la inversión impulsada por el sector público, es decir, la suma de la inversión presupuestaria y la financiada, crecerá 8.7 por ciento en términos reales en 2002. De esta manera, el gasto en inversión impulsada aumentará como proporción del PIB de 3.5 a 3.8 por ciento entre 2001 y 2002. Con ello, el sector público constituirá una fuente importante para el crecimiento de la economía durante el próximo año.[5

Si bien la inversión impulsada por el sector público representará un aliciente para reactivar la economía, se requiere de la presencia de un conjunto de factores para garantizar el mayor gasto en inversión privada. En particular, es necesario que los incrementos a los salarios contractuales de jurisdicción federal no sean mayores al 4.5 por ciento, en congruencia con la inflación esperada para el año entrante y pese a las posibles pérdidas de productividad. Asimismo, se requiere que se mantenga un entorno de estabilidad macroeconómica, condición indispensable para preservar las tasas de interés en niveles reducidos, y que se avance en la agenda de reforma estructural.

Por lo que se refiere al consumo, durante el próximo año se estima que este rubro registrará una tasa anual de crecimiento positiva pero significativamente menor a la observada a lo largo de 2001. Esta previsión se sustenta en un menor dinamismo esperado de la masa salarial y en una actitud de mayor cautela en la compra de bienes, sobre todo de aquellos de naturaleza duradera, en respuesta a la presencia de un entorno de mayor incertidumbre.

Por su parte, se anticipa que las exportaciones de bienes y servicios contribuirán al crecimiento de la economía de forma moderada, principalmente como consecuencia del deterioro en la confianza del consumidor estadounidense. En paralelo, los atentados del 11 de septiembre tendrán un impacto negativo sobre la balanza de servicios al afectar el flujo de turistas que recibe México, fenómeno que podría ser atenuado por una disminución en la cantidad de mexicanos que viaja al exterior.

 2653,2654,2655

4.2. Requerimientos financieros del sector público en 2002

Con el fin de evaluar de una manera integral la participación del sector público en la absorción de recursos en la economía, es fundamental considerar las necesidades totales de financiamiento del sector público, incluyendo tanto los recursos necesarios para financiar las actividades que realizan las entidades del sector público como los recursos para financiar las actividades que realiza el sector privado por cuenta y orden del Gobierno Federal.

Para ello, a principios de este año se elaboró un nuevo indicador fiscal denominado requerimientos financieros del sector público que agrupa, entre otros, al balance público tradicional, el uso de recursos para financiar a los sectores privado y social a través de la banca de desarrollo, los requerimientos financieros del IPAB una vez descontadas las transferencias del Gobierno Federal, y los proyectos de inversión pública financiados por el sector privado.

Considerando que existe una impostergable necesidad de fortalecer el gasto en inversión, resulta oportuno ampliar en 2002 el monto de algunos de los proyectos PIDIREGAS en marcha y, al mismo tiempo, iniciar nuevos proyectos que incorporan una derrama importante de recursos durante el próximo año. Por esta razón, se proyecta un aumento de los RFSP en 2002:

 ·                  La meta del balance público se mantendrá como proporción del PIB en el mismo nivel que el año anterior, es decir, un déficit equivalente a 0.65 por ciento del PIB.

·                  El nuevo gasto asociado a los proyectos de inversión pública financiada por el sector privado y social con impacto en los RFSP representará el equivalente a 1.54 por ciento del PIB en 2002. Estos recursos corresponden a las necesidades de financiamiento para la inversión directa estimada en proyectos de infraestructura productiva de largo plazo que realizará durante el año el sector privado y social, menos la amortización asociada a estos proyectos que realizarán las entidades del sector público por proyectos realizados en años anteriores. ^[6] La inversión pública financiada por esta vía se caracteriza porque al finalizar la obra, los activos pasarán a formar parte del patrimonio público y generarán una obligación de la entidad pública (principalmente PEMEX y CFE) que los encomendó  a un tercero, pero su impacto económico es durante el periodo en que se realizan los proyectos.

·                  Es importante señalar que en 2001 la inversión financiada muestra variaciones con respecto a la estimación original por los siguientes factores: la fluctuación del tipo de cambio y de los intereses capitalizables, el mecanismo de construcción por etapas y el registro de avances parciales de cierre de obra, la magnitud de los proyectos y el elevado monto de los recursos involucrados, así como porque los avances en la inversión corresponden a estimaciones de los contratistas. Sin embargo, los desfases anuales en el proceso de cada proyecto con relación a la fecha pactada tienden a regularizarse, porque los contratos obligan a terminar en tiempo y forma.

·                  Las necesidades de financiamiento del IPAB en 2001, después de los apoyos fiscales, se incrementaron a 0.87 por ciento del PIB debido, principalmente, a una menor recuperación de activos que se reflejó en un aumento del saldo real de sus pasivos. En el 2002 se propone incluir en el ramo 34 del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación un monto de transferencias fiscales para el IPAB que le permita, junto con aquellos ingresos que el Instituto espera recibir producto de ventas de activos y cuotas bancarias, cubrir el componente real de su costo financiero. Esto último, aunado a una menor tasa de inflación en 2002,  permitirá que los requerimientos financieros del IPAB con impacto en los RFSP durante el año próximo asciendan a 0.51 por ciento del PIB.

·                  Las adecuaciones a registros presupuestarios se prevé que pasen de 0.37 por ciento del PIB en 2001 a 0.13 por ciento en 2002. Estos montos se refieren a transacciones virtuales o compensadas entre las que destaca el componente inflacionario de la deuda indexada. De esta forma se incluye como costo financiero tanto el pago de los intereses reales como el ajuste por inflación de la deuda indexada, homogeneizando el registro del costo financiero del sector público.

·                  Los requerimientos financieros del Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC) para 2002 se estiman en 0.17 por ciento del PIB, ligeramente inferiores a los del 2001. Estos recursos corresponden fundamentalmente al costo financiero que enfrenta el Fideicomiso y que no son cubiertos con el remanente de operación de las autopistas rescatadas.

·                  Las necesidades de financiamiento de los programas de apoyo a deudores se estiman en 0.02 por ciento del PIB, nivel ligeramente inferior al del año anterior. Este monto muestra el cambio en el valor de los compromisos de los programas de deudores al cierre del ejercicio, tanto en su versión de descuentos en pago como de reestructuración en UDI’s, una vez descontados los apoyos fiscales. El desembolso final que se tenga que hacer para estos programas dependerá del resultado de las auditorías sobre la correcta aplicación de los programas que se realizan por conducto de la CNBV a las instituciones bancarias, y de la evolución futura de las tasas de interés reales.

·                  Por último, los requerimientos de recursos para financiar a los sectores privado y social a través de la banca de desarrollo y los fondos de fomento en 2002 se estiman en el equivalente a 0.20 por ciento del PIB. El uso de recursos para financiar a los sectores privado y social se incluye como parte de los RFSP toda vez que representan un gasto impulsado por el sector público. Es importante destacar que hasta 1992 el balance público tradicional se presentaba incluyendo estos recursos.

4.3. Metas económicas en 2002

En resumen, las metas económicas para 2002 son las siguientes:

·           Incrementar el ritmo de la actividad económica, la generación de empleos formales y los ingresos reales de las familias. En particular, se propone alcanzar una tasa de crecimiento real del PIB de 1.7 por ciento anual. Esta cifra implica una recuperación importante durante la segunda mitad de 2002 y es congruente con la trayectoria de expansión esperada de la economía estadounidense.

                                                                                      2656,2657,2658

·           Contribuir al abatimiento del proceso inflacionario. En estrecha coordinación con el Banco de México, la política fiscal coadyuvará para que el incremento anual de los precios no sea superior al 4.5 por ciento anual, en línea con las metas de mediano plazo establecidas por dicha institución.

·           Conservar las cuentas externas del país en niveles moderados y sanamente financiables. Con base en las proyecciones de crecimiento económico de México y de los Estados Unidos, y acorde al precio internacional de petróleo estipulado en los mercados de futuros, se estima que la cuenta corriente de la balanza de pagos registrará un déficit equivalente a 3.4 por ciento del PIB durante 2002.

5. CONSIDERACIONES FINALES

A lo largo de este documento se ha esbozado la estrategia de política económica de las autoridades para coadyuvar a superar los retos que la economía mexicana enfrentará durante el 2002, año que se anticipa particularmente complicado a la luz del elevado grado de incertidumbre que prevalece en los mercados internacionales. 

La postura fiscal para 2002 que se delineó a lo largo de este documento, no considera el impacto sobre las finanzas del sector público de la reforma fiscal propuesta por el Ejecutivo. Es por ello que el programa fiscal del año entrante no logra corregir algunas de las debilidades estructurales que caracterizan a las finanzas públicas nacionales, al tiempo que no permite desarrollar la capacidad del gobierno para contribuir mejor a resolver las necesidades de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad.

De las secciones anteriores se desprende que el nivel de los RFSP respecto al tamaño de la economía en 2002 supera al crecimiento esperado del PIB.  Por esta razón, el nivel de endeudamiento público en el programa económico del 2002 supera aquel que sería deseable en un contexto de mediano plazo cuyo objetivo es el de reducir la razón de la deuda pública respecto al tamaño de la economía. Toda vez que la suma de la deuda al inicio de un periodo y el balance público de dicho periodo es igual a la deuda del periodo siguiente, la relación deuda pública a producto interno bruto disminuirá si el déficit público es menor al crecimiento de la economía. En las condiciones actuales de la economía la solvencia del gobierno será mayor si logra por lo menos cumplir con la condición recién enunciada. Idealmente, si se toman en cuenta los elevados requerimientos del sector público en relación con la generación anual de disponibilidades financieras en nuestro país, el sector público debiera estar generando superávit.

Dicho de otra manera, aun si no logra tener ingresos en exceso de sus egresos, el gobierno tiene algún margen de endeudamiento dado por el crecimiento de la economía y, si no lo excede, puede evitar al mismo tiempo comprometer su capacidad futura de pago. Por ello, debido a que se anticipa un bajo crecimiento de la actividad para el año entrante, mientras menor sea el nivel de endeudamiento público más rápido se logrará el objetivo de reducir el saldo de la deuda pública respecto al PIB y, paradójicamente, mayor será el crecimiento mismo del PIB. Otra paradoja es que a menor endeudamiento, menor será el nivel de las tasas de interés, mayor el superávit primario y mayor la posibilidad de aumentar permanentemente el gasto programable en el futuro.

El menor nivel de endeudamiento público fortalece el ahorro nacional, refuerza la capacidad de la economía para resistir perturbaciones inesperadas provenientes del exterior, coadyuva a abatir las tasas de interés internas y las que se ofrecen al país en los mercados internacionales y libera recursos para aumentar el gasto en inversión de los particulares. De esta forma, un menor nivel de deuda a PIB en el presente se traduce en mayores tasas de crecimiento y en una mayor posibilidad de que el crecimiento sea sostenido. 

Un segundo inconveniente de la ausencia de una reforma fiscal tiene que ver con la capacidad del Estado para brindar una mayor atención a las familias de menores ingresos y para cubrir cabalmente las necesidades del país en materia de infraestructura, seguridad, salud y educación, entre otras áreas. En este sentido, el programa fiscal de 2002 implica una reducción del gasto programable del sector público de 1.0 por ciento en términos reales, esfuerzo que se distribuyó en todas las dependencias y entidades procurando evitar afectar las tareas y objetivos de las áreas y sectores destacados anteriormente.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2002 presentado ante el H. Congreso de la Unión sin los ingresos correspondientes a la reforma, incide también sobre las finanzas de los estados y de los municipios. En este sentido, la proyección de la recaudación federal susceptible de participar para 2002 aporta apenas un modesto crecimiento de 0.3 por ciento en términos reales a las participaciones federales a los estados y municipios y una reducción de 0.1 por ciento real si se consideran las cantidades aprobadas el año anterior a través del Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF).

Por todas estas razones se requiere una reforma al sistema tributario que elimine o atenúe las debilidades que hoy lo aquejan y que se relacionan, entre otros, con los siguientes factores: su escasa efectividad para generar suficientes recursos para los tres órdenes de gobierno, la ausencia de incentivos para favorecer una mayor acumulación de capital y un elevado grado de complejidad que encarece el cumplimiento y contribuye a la evasión.

Con el fin de contribuir a solucionar los problemas que aquejan a nuestro sistema fiscal, en abril pasado el Ejecutivo Federal envió a consideración del H. Congreso de la Unión un conjunto de iniciativas de Ley que permitirán ofrecer un sistema tributario más eficiente, equitativo, moderno y competitivo y que contribuirá a reducir los costos de cumplimiento de los contribuyentes. Al coadyuvar a incrementar la captación de recursos públicos permanentes, las propuestas legislativas también permitirán impulsar y fortalecer los programas sociales, atender las necesidades crecientes de infraestructura y reducir el nivel relativo  de endeudamiento del sector público.

Entre los aspectos más relevantes de las iniciativas de Ley a nuestro sistema tributario enviadas a consideración del H. Congreso de la Unión destacan por su importancia las siguientes:

·                  La reforma en el impuesto al valor agregado se orienta a uniformar la aplicación de tasas, buscando con ello mejorar su efectividad recaudatoria, no sólo por la ampliación de la base que se produce, sino también por los menores niveles de evasión que se generarían al cerrarse espacios estructurales que permiten esas prácticas, y porque facilitan su administración al conllevar gran simplicidad, tanto para la autoridad como para el contribuyente.

·                  En el impuesto sobre la renta de empresas se contempla una serie de importantes estímulos a la inversión, como es la deducción inmediata, al tiempo que se adecua su tasa al contexto internacional. Con estas medidas se busca hacer más competitivo el esquema fiscal, al acrecentar la inversión y alentar nuevos proyectos productivos en el país, tanto de personas nacionales como extranjeras, y consecuentemente generar nuevas fuentes de empleo, y con ello un mayor nivel de vida para nuestros habitantes.

·                  En el impuesto sobre la renta de las personas físicas se propone simplificar el cálculo de este gravamen al eliminar múltiples tablas y, en su lugar, aplicar una sola tarifa, así como eliminar las distorsiones que genera la política de pagar vía prestaciones, en lugar hacerlo a través de salarios gravados. Además, se amplía el monto del crédito al salario que se les otorga a los trabajadores.

·                  Como parte de la estrategia para apoyar a las micro y pequeñas empresas, se establece en el impuesto sobre la renta un régimen tributario de base de efectivo, con el cual se les facilita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, ya que sólo estarían obligadas a registrar ingresos, inversiones y gastos. Adicionalmente, el impuesto al valor agregado se causaría sobre lo efectivamente pagado.

·                  En apoyo de las familias, tanto en lo que se refiere al acceso a la salud, como al gasto familiar, se propone establecer la deducción de las primas de seguros de gastos médicos, así como otorgar un crédito fiscal a los gastos en colegiaturas.

Se estima que la propuesta de reforma fiscal enviada a consideración del H. Congreso de la Unión generará recursos para los tres órdenes de gobierno por alrededor de 119 mil millones de pesos, monto equivalente a 1.93 por ciento del producto interno bruto y que podrá incrementarse en términos relativos en los años por venir como resultado de los mejores elementos de que dotará a las autoridades para exigir el cumplimiento de las obligaciones fiscales y a los contribuyentes para poder hacerlo. De estos, alrededor de 34 mil millones de pesos corresponden a estados y municipios a través de las figuras de participaciones y aportaciones, mientras que poco más de 6 mil millones de pesos se propondrá a esta Soberanía sean etiquetados para compensar el impacto de la reforma sobre las familias de menores ingresos.

                                                                                   2659,2660,2661

En comparación con las cantidades que permiten aportar el presupuesto presentado a esta Soberanía sin considerar los ingresos adicionales que generará la reforma propuesta, las nuevas disposiciones fiscales aportarán un crecimiento de 13.2 por ciento en los recursos de las entidades federativas y de sus municipios. Además, la propuesta de reforma fiscal del Ejecutivo Federal permite destinar mayores recursos a programas de gasto prioritarios y a reducir el déficit público.

De esta forma, el programa fiscal incluyente para 2002 es congruente con un menor nivel de endeudamiento público, con un gasto programable mayor en 7.4 por ciento en términos reales y con un aumento sustancial en el gasto que se canaliza a estados y municipios. Asimismo, mediante los canales de transmisión que se destacaron anteriormente, el menor nivel de endeudamiento público permitirá que la economía mexicana se expanda en el 2002 a un ritmo mayor del que obtendría sin los ingresos y programas relacionados con la reforma, en un contexto de menores tasas de interés y de inflación, fortaleciendo con ello la generación de empleo y el poder adquisitivo de los salarios.

ANEXO I

 ANEXO II

El Presidente:

Remítase para conocimiento a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.

                                                                                                  2662,2663,2664

LEY DE INGRESOS

La secretaria Martha Silvia Sánchez González:

Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En ejercicio de la facultad concedida al Ejecutivo Federal en el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación al artículo 73, fracción VII, y en cumplimiento del artículo 74, fracción IV del mismo ordenamiento, así como del artículo 7o. de la Ley de Planeación, por su digno conducto someto a la consideración de ese Honorable Congreso de la Unión la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2002.

Para tales efectos, se expresan a continuación los motivos que sustentan esta Ley en los rubros siguientes:

I. Entorno Económico

II. Política Económica

III. Crédito Público

IV. Medidas Tributarias

I. Entorno Económico

Antecedentes

La desaceleración económica observada en México desde finales de 2000 es en gran medida una consecuencia de la evolución del ciclo económico mundial, el cual a su vez está determinado primordialmente por el devenir de la economía estadounidense. En ese sentido, la estrecha vinculación comercial y financiera de México con los Estados Unidos de América ha tenido como resultado una sincronía cada vez mayor en la tendencia de ambas economías.

La ya debilitada economía global presenta un panorama económico más incierto a raíz de los ataques terroristas perpetrados contra Estados Unidos de América el pasado 11 de septiembre y condiciona en gran medida la recuperación de la actividad productiva nacional a que los consumidores e inversionistas de las principales economías del mundo recobren la confianza.

Debido a la elevada incertidumbre prevaleciente es difícil anticipar cuándo dará inicio la recuperación de las principales economías del mundo. Sin duda, la ocurrencia de dicho proceso dependerá del éxito que tenga la política económica de cada país para fortalecer la confianza de las empresas y familias, así como para propiciar un entorno de estabilidad y certidumbre. En este sentido, la respuesta de cada nación para enfrentar las nuevas condiciones podrá ser diferente puesto que el impacto y la capacidad de ajuste no son necesariamente común denominador.

El principal reto que enfrentará la política económica de México durante 2002 será el propiciar la restauración del dinamismo de la economía en un entorno mundial inestable e incierto. La consecución de este objetivo permitirá, por una parte, comenzar a revertir la pérdida de empleos que se observó a lo largo de 2001 y generar nuevas oportunidades laborales para las personas que, por primera vez, se incorporan al mercado de trabajo. Por otra parte, el gradual abatimiento de la inflación coadyuvará a mejorar el poder adquisitivo de los salarios y, por lo tanto, la calidad de vida de la población. Se podría decir que durante 2002 será de vital importancia reducir la volatilidad proveniente de causas internas para compensar, al menos parcialmente, la proveniente del exterior.

Evolución macroeconómica en 2000

La contracción en el ritmo de expansión de la actividad económica en México, cuyos primeros indicios se presentaron en el último trimestre de 2000, se ha profundizado a lo largo de los primeros nueve meses del año en curso. De hecho, la evolución de las principales variables macroeconómicas durante el tercer trimestre de 2001 anticipa un deterioro más profundo de la actividad productiva en la segunda mitad de este año.

En particular, la contracción en la producción industrial se profundizó a lo largo de 2001 y se extendió al sector servicios, que hasta entonces había apuntalado el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Durante el segundo trimestre de 2001 la expansión real de 1.3 por ciento anual del sector servicios no fue suficiente para revertir la contracción de la producción industrial. Esta situación se reflejó en un crecimiento nulo del producto nacional respecto al mismo periodo de 2000, interrumpiendo con ello una serie de veintiún trimestres consecutivos con tasas de crecimiento anual positivas.

Asimismo, a lo largo del primer semestre de 2001 las exportaciones de bienes y servicios registraron una expansión real de 2.0 por ciento anual, tasa significativamente inferior al 16.5 por ciento observado durante el primer semestre de 2000. De hecho, en el transcurso del segundo trimestre de 2001 se materializó, por primera vez desde finales de 1991, una contracción real en los ingresos que recibió el país por concepto de la venta de bienes y servicios en el exterior.

Por lo que respecta a los componentes de la demanda agregada, éstos han mostrado un comportamiento diferenciado ante la desaceleración de la actividad productiva debido a que cada uno de ellos tiene una sensibilidad específica al ciclo y a las expectativas económicas. El gasto destinado a la formación bruta de capital fue el rubro que con más rapidez y fuerza se ha contraído; ajuste incluso mayor al observado en las exportaciones de bienes y servicios. De hecho, a pesar de que las tasas de interés internas alcanzaron mínimos históricos a partir de mayo de 2001, el menor costo del dinero no ha representado un incentivo suficiente para reactivar el gasto en inversión.

Así, el gasto en consumo del sector privado fue el único componente que ha contribuido al crecimiento de la demanda agregada de forma continua a lo largo de 2001. Esto ha sido consecuencia, al menos en parte, de la expansión del crédito otorgado a las personas, tanto por los bancos como por los propios establecimientos comerciales. Sin embargo, es posible anticipar que el desempeño del consumo privado habrá de cambiar en los próximos meses. Sin duda alguna, el debilitamiento del consumo tendrá un impacto adverso en el desempeño del sector servicios, principalmente en cuanto a comercios se refiere. Por ello y considerando la evolución reciente del resto de los componentes de la demanda agregada, se anticipan tasas de crecimiento negativas del PIB durante los últimos dos trimestres de 2001.

II. Política Económica

El deterioro económico observado durante este año y la ausencia de elementos externos que permitan prever una recuperación inminente y vigorosa, condicionan el diseño de la estrategia de política económica para 2002. En este sentido, el programa económico para el próximo año es escrupulosamente prudente para conservar la estabilidad macroeconómica y para sentar las bases de una recuperación más rápida de la que se obtendría en otras circunstancias pero, sobre todo, duradera.

Para enfrentar las nuevas condiciones es imperativo redoblar los esfuerzos en materia de disciplina fiscal. No es factible compensar el impacto de una caída significativa en la demanda externa a través de un mayor gasto público. La ampliación del déficit fiscal por la vía de un mayor gasto público debilitaría la capacidad competitiva del país e impactaría de forma adversa las expectativas de los actores económicos. Por el contrario, la política fiscal podrá contribuir a superar la coyuntura en la medida en la que ésta se oriente a facilitar una reducción en los costos que enfrentan las empresas.

Así, en 2002 la disciplina fiscal tendrá un doble objetivo: coadyuvar a que las tasas de interés se mantengan en niveles moderados, contribuyendo con ello a reducir la carga financiera sobre las empresas y las familias y, liberar recursos internos y externos para ampliar el gasto de inversión de los particulares. La mayor disponibilidad de recursos y el menor costo de los mismos deberá traducirse en mayores niveles de inversión y en nuevas fuentes de empleo.

Por otro lado, la posición de los ingresos públicos continúa siendo estructuralmente frágil y constituye un obstáculo para lograr un crecimiento más dinámico, situación que obliga a alcanzar los acuerdos y consensos que permitan sentar las bases de un sistema tributario más justo y suficiente. La adopción de un nuevo marco tributario moderno y competitivo debe mejorar la equidad de la distribución de la carga fiscal, entendida en su sentido más amplio, el cual comprende tanto la incidencia de los ingresos públicos como el gasto del gobierno. El nuevo esquema fiscal también debe fortalecer la competitividad del aparato productivo y reducir los costos de cumplimiento. El nuevo marco tributario deberá permitir ampliar los ingresos públicos e imprimirles mayor estabilidad.

Sobra decir que el Gobierno Federal redoblará los esfuerzos para combatir la evasión y elusión fiscales. El incremento en los ingresos públicos permitirá destinar una mayor cantidad de recursos para atender las necesidades más apremiantes del país en materia de abatimiento de pobreza, nutrición, educación, vivienda, salud, desarrollo rural, infraestructura y administración de justicia. También permitirá reducir gradualmente los requerimientos financieros del sector público, al tiempo de canalizar mayores recursos a las entidades federativas.

2665,2666,2667

El principal reto que enfrentará la política económica de México durante 2002 será el propiciar la restauración del dinamismo de la economía en un entorno mundial inestable e incierto. Por ello, se han propuesto para 2002 las metas económicas siguientes:

• Incrementar el ritmo de la actividad económica, la generación de empleos formales y los ingresos reales de las familias. En particular, se propone alcanzar una tasa de crecimiento real del PIB de 1.7 por ciento anual. Esta cifra implica una recuperación importante durante la segunda mitad de 2002 y es congruente con la trayectoria de expansión esperada de la economía estadounidense.

• Contribuir al abatimiento del proceso inflacionario. En estrecha coordinación con el Banco de México, la política fiscal coadyuvará para que el incremento anual de los precios no sea superior al 4.5 por ciento anual, en línea con las metas de mediano plazo establecidas por dicha institución.

• Conservar las cuentas del país con el exterior en niveles moderados y sanamente financiables. Con base en las proyecciones de crecimiento económico de México y de los Estados Unidos de América y acorde al precio internacional del petróleo estipulado en los mercados de futuros, se estima que la cuenta corriente de la balanza de pagos registrará un déficit equivalente a 3.4 por ciento del PIB durante 2002.

III. Crédito Público

los fondos de aportaciones.

De acuerdo a los últimos indicadores disponibles, se prevé que el ejercicio fiscal de 2002 se desenvolverá en un entorno internacional adverso, caracterizado por bajas tasas de crecimiento en las principales economías del mundo y por mercados financieros internacionales inciertos. Por lo anterior, el manejo adecuado de los pasivos públicos durante el próximo ejercicio fiscal cobra particular relevancia para coadyuvar a generar un entorno de estabilidad macroeconómica en lo general y de fortaleza en las finanzas públicas en lo particular.

Para lograr lo anterior, se considera que lo prudente para el próximo año es prever que los recursos necesarios para financiar el déficit del Gobierno Federal proyectado para el 2002 sea cubierto en su totalidad en el mercado interno, tal y como se tiene previsto suceda para el presente ejercicio fiscal. En la Iniciativa de Ley que se somete a la consideración de esa Soberanía, se solicita un monto de endeudamiento interno neto para el Gobierno Federal por 110 mil millones de pesos. El monto solicitado resulta congruente con las metas fiscales establecidas en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2002, en el cual se establece un balance deficitario del sector público presupuestario por 40 mil 194.1 millones de pesos, que resulta de un déficit del Gobierno Federal de 88 mil 997.3 millones de pesos, y un superávit de los organismos y empresas del sector público de 48 mil 803.2 millones de pesos.

El monto de endeudamiento interno neto solicitado para el Gobierno Federal resulta superior a su déficit en virtud de lo siguiente: i) por las características propias de ciertos valores gubernamentales (Bondes y Udibonos), el flujo de efectivo que se obtiene de su colocación resulta generalmente menor a su valor nominal, que corresponde a su valor de registro, lo que implica que para obtener el flujo necesario para financiar el déficit se requiere la emisión de deuda por un monto superior y ii) al igual que en los años anteriores, se solicita a ese H. Congreso de la Unión contar con un margen de maniobra, que resulta necesario considerando la magnitud de las operaciones requeridas para obtener el monto de endeudamiento solicitado.

En el marco para la obtención del financiamiento interno solicitado, el Gobierno Federal continuará con las acciones tendientes a crear gradualmente una curva de rendimiento de largo plazo en el mercado doméstico, a la vez que se tratará de incrementar el plazo promedio de vencimiento de las obligaciones gubernamentales. Lo anterior resulta indispensable para que la política de deuda sea no sólo un mecanismo de captación del Gobierno Federal sino, adicionalmente, se convierta en un instrumento para el desarrollo del mercado de valores.

En materia de deuda externa, como se mencionó en un inicio, el panorama externo que se prevé para el próximo año resulta sumamente incierto en lo que a montos y costos potenciales de financiamiento se refiere. Por ello, el paquete económico planteado por el Ejecutivo Federal para el próximo año hace posible que no se requiera solicitar, por segunda vez consecutiva en este Gobierno, monto alguno de endeudamiento externo neto.

Así, las acciones del sector público se centrarán en buscar, fundamentalmente, el refinanciamiento de los pasivos públicos externos en las mejores condiciones de plazo y costo que los mercados permitan. En el entorno previsto, se considera de la mayor importancia reforzar las gestiones para la obtención de nuevos financiamientos con los Organismos Financieros Internacionales, los cuales han sido tradicionalmente una fuente permanente de recursos externos en condiciones favorables.

Adicionalmente y sujeto a la evolución de los mercados financieros internacionales, en la presente Iniciativa de Ley, al igual que en años anteriores, se propone establecer la posibilidad de realizar operaciones que permitan mejorar la composición del portafolio de la deuda externa del Gobierno Federal mediante el intercambio o retiro de instrumentos de deuda.

De conformidad con lo autorizado en años previos, en esta Iniciativa de Ley se solicita que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario cuente con la autorización para realizar operaciones de refinanciamiento. Lo anterior, resulta de gran importancia para que dicho Instituto esté en posibilidades de continuar mejorando gradualmente el perfil de vencimientos de su deuda con lo cual se logra, simultáneamente, reducir de manera importante las presiones en el Presupuesto, en virtud de lo establecido en la Ley de Protección al Ahorro Bancario y cumplir con las obligaciones del Instituto vinculadas a los programas de saneamiento.

En la presente Iniciativa de Ley se solicita a esa Soberanía el que Financiera Nacional Azucarera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en liquidación, cuente con la autorización para canjear o refinanciar sus obligaciones financieras en el mercado interno, a fin de hacer frente a sus obligaciones de pago y en general, para mejorar los términos y condiciones de sus obligaciones financieras, contando para ello con el respaldo del Gobierno Federal. Dicha autorización resulta indispensable para buscar adecuar de mejor manera el flujo esperado por la recuperación de sus activos con el vencimiento de sus obligaciones, lo que evita incorporar presiones innecesarias en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año.

Finalmente, a solicitud del Gobierno del Distrito Federal, se solicita un techo de endeudamiento neto para el año 2002 de 5 mil millones de pesos, el cual permitirá el financiamiento del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para ese ejercicio fiscal.

IV. Medidas Tributarias

Los ingresos que obtiene el Gobierno Federal permiten sufragar los gastos que realiza para el cumplimiento de las responsabilidades que tiene encomendadas. Si bien las necesidades por servicios públicos son, en principio, ilimitadas, todos los países del mundo requieren identificar los aspectos prioritarios a atender. Bajo estas restricciones se fijan, consecuentemente, las cargas tributarias y la estructura fiscal que servirá de base para recaudar los ingresos correspondientes.

La estructura fiscal y los niveles de carga impositiva deben guardar correspondencia con la situación económica del país. Así deben estar diseñados para generar recursos suficientes para hacer frente a las necesidades antes señaladas, ser equitativos y proporcionales y ser eficientes, en el sentido de producir las menores distorsiones sobre las actividades productivas.

Con base en las consideraciones vertidas anteriormente, esta Iniciativa plantea para 2002 la estimación de ingresos del sector público. Así, se prevé que para el próximo año los ingresos consolidados del sector público federal, sin considerar los procedentes de financiamientos y de programas de infraestructura productiva de largo plazo, alcancen un monto total de 1,352.1 miles de millones de pesos.

Del total de los ingresos del sector público estimados para 2002, los ingresos por concepto de impuestos ascenderán a 733.1 miles de millones de pesos, los relativos a aportaciones de seguridad social alcanzarán un monto de 91.6 miles de millones de pesos, los correspondientes a derechos representarán un ingreso de 164.3 miles de millones de pesos, los productos alcanzarán un monto de 5.9 miles de millones de pesos y por concepto de aprovechamientos se espera obtener un ingreso de 63.4 miles de millones de pesos. Asimismo, se estima que la Federación percibirá por concepto de proyectos de infraestructura productiva de largo plazo un monto de 244.5 miles de millones de pesos.

2668,2669,2670

De esta forma, el monto de ingresos que se estima obtendrá el sector público a lo largo del año 2002 resulta compatible con el programa económico planteado en los Criterios Generales de Política Económica para ese año.

Como en años anteriores, se establece en la Ley de Ingresos de la Federación la tasa de recargos aplicable a los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, estableciendo una formula que permite reducir la tasa en comento de acuerdo a la variación que experimente la tasa de interés interbancaria de equilibrio.

Actualmente, la Ley de Ingresos de la Federación establece que no se pagarán los impuestos a la exportación por las mercancías a que se refieren las fracciones arancelarias y subpartidas de la Ley del Impuesto General de Exportación que se señalan en las disposiciones de la citada Ley de Ingresos.

Al respecto, cabe señalar que todas y cada una de las mercancías que se encuentran exentas del pago de los impuestos a la exportación en los términos de la Ley de Ingresos de la Federación, se encuentran también exentas en la propia Ley del Impuesto General de Exportación.

En este sentido, con el objeto de evitar confusión a los contribuyentes en la interpretación y aplicación de las leyes correspondientes y considerando que el ordenamiento especial en tratándose del impuesto a la exportación es la Ley del Impuesto General de Exportación, la cual regula las exenciones antes comentadas, se propone no establecer el artículo correspondiente en la Ley de Ingresos de la Federación que se propone.

En la Iniciativa se concentran y conservan las disposiciones relativas al destino de los ingresos que obtengan las dependencias de la Administración Pública Federal por concepto de productos y aprovechamientos, estableciéndose que los mismos se destinarán a las dependencias que los generen, hasta por el tope que se les hubiera autorizado.

Asimismo, se establece un tratamiento especial para el caso de ingresos que obtengan las dependencias de la Administración Pública Federal, los Poderes Legislativo y Judicial, de la Federación, así como los Tribunales Administrativos, el Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por concepto de productos y aprovechamientos, mediante el cual se les permite el descuento de los gastos indispensables que hayan efectuado y que sean necesarios para la generación de los ingresos correspondientes.

En la iniciativa de Ley que se somete a consideración de ese H. Congreso de la Unión, se propone concentrar los tratamientos especiales que ya se contenían en la Ley de Ingresos de la Federación en materia de bienes decomisados y bienes que pasan a propiedad del fisco federal, estableciéndose con claridad que el ingreso neto obtenido por la enajenación de acciones, cesión de derechos y desincorporación de entidades, son los recursos efectivamente recibidos por el Gobierno Federal, una vez descontados las erogaciones realizadas.

Mediante disposición contenida en la Iniciativa se propone homologar para los Poderes de la Unión y los organismos autónomos, el tratamiento que se establece para la Administración Pública Federal en materia de ingresos excedentes, con el propósito de que dichos Órganos estén en posibilidad de recuperar los ingresos que generen en exceso a lo que les fue presupuestado. Para los efectos de lo dispuesto anteriormente, se establece una clasificación de los ingresos excedentes acorde con los lineamientos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2002.

La Ley de Ingresos de la Federación, en los últimos años, ha facultado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para cancelar por incosteabilidad los créditos cuyo importe hubiera sido inferior o igual al equivalente en moneda nacional a 2,500 unidades de inversión. En este sentido, se afina el criterio antes señalado para establecer que cuando un mismo contribuyente tenga dos o más créditos cuyo importe individual no rebase las 2,500 unidades de inversión, pero que sumados dichos créditos resulte un monto superior al citado, no se podrán cancelar dichos créditos.

De igual manera que en años anteriores, se propone establecer en la Iniciativa que se somete a la consideración de ese H. Congreso de la Unión, los estímulos fiscales aplicables para el ejercicio fiscal de 2002.

En ese sentido, se proponen otorgar, entre otros, los siguientes estímulos fiscales en materia de impuesto al activo:

• Acreditamiento a los contribuyentes de los sectores agropecuario y forestal, de la inversión realizada contra un monto equivalente al del impuesto al activo determinado en el ejercicio.

• Acreditamiento a los contribuyentes que se dediquen al transporte aéreo o marítimo, del impuesto sobre la renta que se hubiera retenido contra el impuesto al activo a su cargo.

• Reducción del impuesto al activo a los Almacenes Generales de Depósito por los inmuebles de su propiedad que se utilicen para el almacenamiento, guarda o conservación de bienes o mercancías.

También se propone otorgar un estímulo fiscal a los contribuyentes que adquieran diesel para su consumo final, consistente en el acreditamiento o devolución del impuesto especial sobre producción y servicios que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios hayan causado por la enajenación de dicho combustible.

Con el objeto de continuar apoyando a las empresas que realizan inversiones en investigación y desarrollo de tecnología, en beneficio de nuestro país, se propone continuar con el estímulo consistente en aplicar un crédito fiscal por los gastos e inversiones adicionales en investigación y desarrollo de tecnología que se realicen en el ejercicio, permitiendo con su mecánica que los proyectos de mayor prioridad para el país sean los que obtengan este beneficio.

Por último, en la Iniciativa que se somete a la consideración de ese H. Congreso de la Unión, se establece una disposición transitoria para prever la no imposición de multas formales en materia aduanera. Ello, con el objeto de eliminar los rezagos y esfuerzos infructuosos, ya que las mismas, dado su monto, serían canceladas por incosteabilidad en los términos de la presente Iniciativa.

Por lo anteriormente expuesto, por el digno conducto de usted, Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados, me permito someter a la consideración del Honorable Congreso de la Unión la siguiente Iniciativa de

Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2002

Artículo 1o. En el ejercicio fiscal de 2002, la Federación percibirá los ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas que a continuación se enumeran:

Cuando una ley que establezca alguno de los ingresos previstos en este artículo, contenga disposiciones que señalen otros ingresos, estos últimos se considerarán comprendidos en la fracción que corresponda a los ingresos a que se refiere este artículo.

El Ejecutivo Federal informará al Congreso de la Unión de los ingresos pagados en especie o en servicios por contribuciones, así como, en su caso, el destino de los mismos.

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informará al Congreso de la Unión, trimestralmente, dentro de los 35 días siguientes al trimestre vencido, sobre los ingresos percibidos por la Federación en el ejercicio fiscal de 2002, en relación con las estimaciones que se señalan en este artículo.

2671,2672,2673,2674,2675,2676

Artículo 2o. Se autoriza:

A. Al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para contratar, ejercer y autorizar créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, en los términos de la Ley General de Deuda Pública y para el financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2002, por un monto de endeudamiento neto interno hasta por 110 mil millones de pesos. Asimismo, podrá contratar endeudamiento interno adicional al autorizado, siempre que los recursos obtenidos se destinen íntegramente a la disminución de la deuda pública externa. Para el cómputo de lo anterior, se utilizará el tipo de cambio que publique el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación y que se haya determinado el último día hábil bancario del ejercicio fiscal del año 2002.

También se autoriza al Ejecutivo Federal para que, a través de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emita valores en moneda nacional y contrate empréstitos para canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública. Asimismo, el Ejecutivo Federal queda autorizado para contratar créditos o emitir valores en el exterior con el objeto de canjear o refinanciar endeudamiento externo.

El Ejecutivo Federal queda autorizado, en caso de que así se requiera, para emitir en el mercado nacional, en el ejercicio fiscal del año 2002, valores u otros instrumentos indizados al tipo de cambio del peso mexicano respecto de monedas del exterior, siempre que el saldo total de los mismos durante el citado ejercicio no exceda del 10 por ciento del saldo promedio de la deuda pública interna registrada en dicho ejercicio y que, adicionalmente, estos valores o instrumentos sean emitidos a un plazo de vencimiento no menor a 365 días.

Las operaciones a las que se refieren el segundo y tercer párrafos de este apartado no deberán implicar endeudamiento neto adicional al autorizado para el presente ejercicio.

Del ejercicio de estas facultades, el Ejecutivo Federal, dará cuenta trimestralmente al Congreso de la Unión, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dentro de los 35 días siguientes al trimestre vencido, especificando las características de las operaciones realizadas.

El Ejecutivo Federal también informará trimestralmente en lo referente a aquellos pasivos contingentes que se hubieran asumido con la garantía del Gobierno Federal, durante el ejercicio fiscal del año 2002.

Se autoriza al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario a contratar créditos o emitir valores con el único objeto de canjear o refinanciar sus obligaciones financieras, a fin de hacer frente a sus obligaciones de pago, otorgar liquidez a sus títulos y, en general, mejorar los términos y condiciones de sus obligaciones financieras.

El Banco de México actuará como agente financiero del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, para la emisión, colocación, compra y venta, en el mercado nacional, de los valores representativos de la deuda del citado Instituto y, en general, para el servicio de dicha deuda. El Banco de México también podrá operar por cuenta propia con los valores referidos.

En el evento de que en las fechas en que corresponda efectuar pagos por principal o intereses de los valores que el Banco coloque por cuenta del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, éste no tenga recursos suficientes para cubrir dichos pagos, en la cuenta que para tal efecto le lleve el Banco de México, el propio Banco deberá proceder a emitir y colocar valores a cargo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, por cuenta de éste y por el importe necesario para cubrir los pagos que correspondan. Al determinar las características de la emisión y de la colocación, el Banco procurará las mejores condiciones para el Instituto dentro de lo que el mercado permita.

El Banco deberá efectuar la colocación de los valores a que se refiere el párrafo anterior en un plazo no mayor de quince días hábiles contado a partir de la fecha en que se presente la insuficiencia de fondos en la cuenta del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Excepcionalmente, la Junta de Gobierno del Banco podrá ampliar este plazo una o más veces por un plazo conjunto no mayor de tres meses, si ello resulta conveniente para evitar trastornos en el mercado financiero.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, se dispone que, en tanto se efectúe la colocación referida en el párrafo anterior, el Banco podrá cargar la cuenta corriente que le lleva a la Tesorería de la Federación, sin que se requiera la instrucción del Tesorero de la Federación, para atender el servicio de la deuda que emita el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. El Banco de México deberá abonar a la cuenta corriente de la Tesorería de la Federación, el importe de la colocación de valores que efectúe en términos de este artículo.

Se autoriza a Financiera Nacional Azucarera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en liquidación, para que en el mercado interno y por conducto de su liquidador, contrate créditos o emita valores con el único objeto de canjear o refinanciar sus obligaciones financieras, a fin de hacer frente a sus obligaciones de pago, y en general, a mejorar los términos y condiciones de sus obligaciones financieras. Las obligaciones asumidas en términos de la presente autorización, estarán respaldadas por el Gobierno Federal en los términos previstos para los pasivos a cargo de las Instituciones de Banca de Desarrollo conforme a sus respectivas Leyes Orgánicas.

B. Al Distrito Federal a contratar y ejercer créditos, empréstitos y otras formas de crédito público para un endeudamiento neto de 5 mil millones de pesos para el financiamiento de obras y proyectos de inversión contemplados en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal del año 2002.

El endeudamiento a que se refiere este apartado se ejercerá de acuerdo a lo siguiente:

1. Los proyectos y programas que se realicen se apegarán a las estipulaciones constitucionales y legales aplicables.

2. El endeudamiento deberá contratarse, en las mejores condiciones que el mercado crediticio ofrezca y que redunde en un beneficio para las finanzas del Distrito Federal.

3. El monto de los desembolsos de los recursos crediticios y el ritmo al que procedan deberá conllevar una correspondencia directa con las ministraciones de recursos que vayan presentando tales obras, de manera que el ejercicio y aplicación de los recursos crediticios deberá darse a paso y medida en que proceda el pago de las citadas ministraciones. En todo caso el desembolso de recursos crediticios deberá destinarse directamente al pago de aquellas obras y proyectos que ya hubieren sido adjudicados bajo la normatividad correspondiente.

4. El Gobierno del Distrito Federal informará trimestralmente al Congreso de la Unión sobre el estado de la deuda pública de la entidad y el ejercicio del monto autorizado.

5. La Auditoría Superior de la Federación, en coordinación con la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, realizará auditorías a los contratos y operaciones.

Artículo 3o. En el ejercicio fiscal de 2002, la Federación percibirá los ingresos por proyectos de infraestructura productiva de largo plazo de inversión directa, de acuerdo a lo siguiente:

	Millones de pesos
I. Comisión Federal de Electricidad.	11,461.4
II. Petróleos Mexicanos.	233,124.4
TOTAL:	244,585.8

Los ingresos anuales a que se refiere este artículo, que genere cada proyecto durante la vigencia de su financiamiento, sólo podrán destinarse al pago de cada año de las obligaciones fiscales atribuibles al propio proyecto, las de inversión física y costo financiero del mismo, así como de todos sus gastos de operación y mantenimiento, en los términos del Presupuesto de Egresos de la Federación y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 de la Ley General de Deuda Pública; 30 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y 38-B de su Reglamento. Los remanentes serán destinados a programas y proyectos de inversión y sus gastos asociados, de las propias entidades, distintos a aquellos de infraestructura productiva de largo plazo.

2677,2678,2679

A más tardar el 31 de enero las entidades deberán enviar, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los montos de las obligaciones fiscales referidas en el párrafo anterior, atribuibles a cada proyecto de infraestructura productiva de largo plazo durante el ejercicio fiscal de 2002.

Artículo 4o. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda autorizado para fijar o modificar las compensaciones que deban cubrir los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, por los bienes federales aportados o asignados a los mismos para su explotación, o en relación con el monto de los productos o ingresos brutos que perciban.

Artículo 5o. Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios estarán obligados al pago de contribuciones y sus accesorios, de productos y de aprovechamientos, excepto el impuesto sobre la renta, de acuerdo con las disposiciones que los establecen y con las reglas que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conforme a lo siguiente:

I. Derecho sobre la extracción de petróleo.

Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios pagarán el derecho que establece esta fracción por cada región petrolera de explotación de petróleo y gas natural, aplicando la tasa del 52.3% al resultado que se obtenga de restar al total de los ingresos por ventas de bienes o servicios que tenga Pemex-Exploración y Producción por cada región, el total de los costos y gastos efectuados en bienes o servicios con motivo de la exploración y explotación de dicha región por el citado organismo, considerando dentro de estos últimos las inversiones en bienes de activo fijo y los gastos y cargos diferidos efectuados con motivo de la exploración y explotación de la región petrolera de que se trate, sin que exceda el monto del presupuesto autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a Pemex-Exploración y Producción para el ejercicio de 2002.

Para los efectos de esta fracción, se estará a lo siguiente:

a) El precio que se tomará en cuenta para determinar los ingresos por la venta de petróleo crudo no podrá ser inferior al precio promedio ponderado de la mezcla de petróleo crudo mexicano de exportación del periodo correspondiente.

b) El precio que se tomará en cuenta para determinar los ingresos por la venta de gas natural no podrá ser inferior al precio del mercado internacional relevante que al efecto fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante la expedición de reglas de carácter general.

c) Las mermas por derramas o quema de petróleo o gas natural se considerarán como ventas de exportación y el precio que se utilizará para el cálculo del derecho será el que corresponda de acuerdo a los incisos a) o b) anteriores, respectivamente.

d) Las regiones petroleras de explotación de petróleo y gas natural serán las que dé a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general.

Pemex-Exploración y Producción enterará diariamente, incluyendo los días inhábiles, anticipos a cuenta de este derecho como mínimo, por 112 millones 571 mil pesos durante el año. Además, Pemex-Exploración y Producción enterará el primer día hábil de cada semana un anticipo de 790 millones 163 mil pesos.

El derecho se calculará y enterará mensualmente por conducto de Pemex-Exploración y Producción, mediante la presentación de la declaración correspondiente ante la Tesorería de la Federación, a más tardar el último día hábil del segundo mes posterior a aquél al que correspondan los pagos provisionales. Contra el monto del derecho que resulte a su cargo en la declaración mensual, Pemex-Exploración y Producción podrá acreditar los anticipos efectuados por el mes de que se trate en los términos del párrafo anterior, sin que causen recargos las diferencias que, en su caso, resulten. Las diferencias que resulten a cargo de Pemex-Exploración y Producción con posterioridad a la presentación de la declaración del pago provisional de que se trate deberán enterarse mediante declaración complementaria que presentará ante la Tesorería de la Federación, incluyendo la actualización y los recargos aplicables en los términos del Código Fiscal de la Federación.

Pemex-Exploración y Producción calculará y enterará el monto del derecho sobre la extracción de petróleo que resulte a su cargo por el ejercicio fiscal de 2002, mediante declaración que presentará ante la Tesorería de la Federación a más tardar el último día hábil del mes de marzo de 2003. Contra el monto que resulte a su cargo, Pemex-Exploración y Producción podrá acreditar los pagos provisionales efectuados durante el año en los términos de esta fracción.

II. Derecho extraordinario sobre la extracción de petróleo.

Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios pagarán el derecho que establece esta fracción aplicando la tasa del 25.5% sobre la base del derecho sobre la extracción de petróleo a que se refiere la fracción I anterior y lo enterará por conducto de Pemex-Exploración y Producción, conjuntamente con este último derecho.

Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios enterarán diariamente incluyendo los días inhábiles, por conducto de Pemex-Exploración y Producción, anticipos a cuenta de este derecho, como mínimo, por 48 millones 365 mil pesos durante el año. Además, Pemex-Exploración y Producción enterará el primer día hábil de cada semana un anticipo de 339 millones 485 mil pesos.

El derecho se calculará y enterará mensualmente por conducto de Pemex-Exploración y Producción, mediante la presentación de la declaración correspondiente ante la Tesorería de la Federación, a más tardar el último día hábil del segundo mes posterior a aquél al que correspondan los pagos provisionales. Contra el monto del derecho que resulte a su cargo en la declaración mensual, Pemex-Exploración y Producción podrá acreditar los anticipos efectuados por el mes de que se trate en los términos del párrafo anterior, sin que causen recargos las diferencias que, en su caso, resulten. Las diferencias que resulten a cargo de Pemex-Exploración y Producción con posterioridad a la presentación de la declaración del pago provisional de que se trate deberán enterarse mediante declaración complementaria que se presentará ante la Tesorería de la Federación, incluyendo la actualización y los recargos aplicables en los términos del Código Fiscal de la Federación.

Pemex-Exploración y Producción calculará y enterará el monto del derecho extraordinario sobre la extracción de petróleo que resulte a su cargo por el ejercicio de 2002, mediante declaración que presentará ante la Tesorería de la Federación, a más tardar el último día hábil del mes de marzo de 2003. Contra el monto que resulte a su cargo, Pemex-Exploración y Producción podrá acreditar los pagos provisionales efectuados durante el año en los términos de esta fracción.

Los ingresos que la Federación obtenga por este derecho extraordinario no serán participables a los Estados, Municipios y al Distrito Federal.

III. Derecho adicional sobre la extracción de petróleo.

Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios pagarán el derecho que establece esta fracción aplicando la tasa del 1.1% sobre la base del derecho sobre la extracción de petróleo a que se refiere la fracción I anterior.

El derecho se calculará y enterará mensualmente por conducto de Pemex-Exploración y Producción, mediante la presentación de la declaración correspondiente ante la Tesorería de la Federación, a más tardar el último día hábil del segundo mes posterior a aquél al que corresponda. Las diferencias que resulten a cargo de Pemex-Exploración y Producción con posterioridad a la presentación de la declaración del pago provisional de que se trate deberán enterarse mediante declaración complementaria que presentará ante la Tesorería de la Federación, incluyendo la actualización y los recargos aplicables en los términos del Código Fiscal de la Federación.

2680,2681,2682

Pemex-Exploración y Producción calculará y enterará el monto del derecho adicional sobre la extracción de petróleo que resulte a su cargo por el ejercicio de 2002, mediante declaración que presentará ante la Tesorería de la Federación, a más tardar el último día hábil del mes de marzo de 2003. Contra el monto que resulte a su cargo, Pemex-Exploración y Producción podrá acreditar los pagos provisionales efectuados durante el año en los términos de esta fracción.

IV. Impuesto a los rendimientos petroleros.

Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios pagarán el impuesto a los rendimientos petroleros, de conformidad con lo siguiente:

a) Cada organismo deberá calcular el impuesto a que se refiere esta fracción aplicando al rendimiento neto del ejercicio la tasa del 35%. El rendimiento neto a que se refiere este párrafo, se determinará restando de la totalidad de los ingresos del ejercicio, el total de las deducciones autorizadas que se efectúen en el mismo, siempre que los ingresos sean superiores a las deducciones. Cuando el monto de los ingresos sea inferior a las deducciones autorizadas, se determinará una pérdida neta.

b) Cada organismo efectuará dos anticipos a cuenta del impuesto del ejercicio a más tardar el último día hábil de los meses de agosto y noviembre de 2002 aplicando la tasa del 35% al rendimiento neto determinado conforme al inciso anterior, correspondiente a los periodos comprendidos de enero a junio, en el primer caso y de enero a septiembre, en el segundo caso.

El monto de los pagos provisionales efectuados durante el año se acreditará contra el monto del impuesto del ejercicio, el cual se pagará mediante declaración que presentará ante la Tesorería de la Federación, a más tardar el último día hábil del mes de marzo de 2003.

c) Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán determinar el impuesto a que se refiere esta fracción en forma consolidada. Para tal efecto, Petróleos Mexicanos calculará el rendimiento neto o la pérdida neta consolidados aplicando los procedimientos que establecen las disposiciones fiscales y las reglas específicas que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en esta fracción se aplicarán, en lo conducente, las disposiciones fiscales y las reglas de carácter general expedidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de ingresos, deducciones, cumplimiento de obligaciones y facultades de las autoridades fiscales.

V. Derecho sobre hidrocarburos.

Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios pagarán el derecho sobre hidrocarburos aplicando la tasa del 60.8%, al total de los ingresos por las ventas de hidrocarburos y petroquímicos a terceros, que efectúen en el ejercicio de 2002. Los ingresos antes citados se determinarán incluyendo el impuesto especial sobre producción y servicios por enajenaciones y autoconsumos de Pemex-Refinación sin tomar en consideración el impuesto al valor agregado.

El derecho se calculará y enterará mensualmente por conducto de Petróleos Mexicanos, mediante la presentación de la declaración correspondiente ante la Tesorería de la Federación, a más tardar el último día hábil del segundo mes posterior a aquél al que correspondan los pagos provisionales. Contra el monto del derecho que resulte a su cargo en la declaración mensual, Petróleos Mexicanos podrá acreditar las cantidades efectivamente pagadas de acuerdo con lo establecido en las fracciones I, II, III y IV de este artículo y en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, correspondientes al periodo de que se trate. Cuando el monto a acreditar en los términos de este párrafo sea superior o inferior al derecho sobre hidrocarburos a pagar por el periodo de que se trate, se reducirán o incrementarán respectivamente, las tasas de los derechos a que se refieren las fracciones I y II de este artículo para dicho periodo, en el porcentaje necesario para que el monto acreditable sea igual a la cantidad a pagar por el derecho sobre hidrocarburos, de acuerdo con las reglas que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Las diferencias que resulten a cargo de Petróleos Mexicanos con posterioridad a la presentación de la declaración del pago provisional a que se refiere el párrafo anterior deberán enterarse mediante declaración complementaria que se presentará ante la Tesorería de la Federación, incluyendo la actualización y los recargos aplicables en los términos del Código Fiscal de la Federación.

Petróleos Mexicanos calculará y enterará el monto del derecho sobre hidrocarburos que resulte a su cargo por el ejercicio de 2002, mediante declaración que presentará ante la Tesorería de la Federación, a más tardar el último día hábil del mes de marzo de 2003. Contra el monto que resulte a su cargo en la declaración anual, Petróleos Mexicanos podrá acreditar las cantidades efectivamente pagadas en el ejercicio, de acuerdo con lo establecido en las fracciones I, II, III y IV de este artículo y en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Cuando el monto a acreditar en los términos de este párrafo sea superior o inferior al derecho sobre hidrocarburos a pagar en el ejercicio, se reducirán o incrementarán, respectivamente, las tasas de los derechos a que se refieren las fracciones I y II de este artículo para el ejercicio, en el porcentaje necesario para que el monto acreditable sea igual a la cantidad a pagar por el derecho sobre hidrocarburos, de acuerdo con las reglas que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

VI. Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, por la enajenación de gasolinas y diesel, enterarán por conducto de Pemex-Refinación, diariamente, incluyendo los días inhábiles, anticipos por un monto de 259 millones 453 mil pesos, como mínimo, a cuenta del impuesto especial sobre producción y servicios, mismos que se acreditarán contra el pago provisional que establece la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, correspondiente al mes por el que se efectuaron los anticipos. El pago provisional de dicho impuesto deberá presentarse a más tardar el último día hábil del mes posterior a aquél al que corresponda el pago, mismo que podrá modificarse mediante declaración complementaria que se presentará a más tardar el último día hábil del tercer mes siguiente a aquél en que se presentó la declaración que se complementa, sin que se causen recargos por las diferencias que, en su caso, resulten, siempre que éstas no excedan del 3% del impuesto declarado. Cuando estas últimas diferencias excedan a dicho porcentaje, se pagarán recargos por el total de las mismas. Todas estas declaraciones se presentarán en la Tesorería de la Federación.

Por lo que se refiere a la enajenación de gas natural para combustión automotriz, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios por conducto de Pemex-Gas y Petroquímica Básica deberán efectuar los pagos provisionales de este impuesto a más tardar el último día hábil del mes posterior a aquél al que corresponda el pago, mismo que podrá modificarse mediante declaración complementaria que se presentará a más tardar el último día hábil del tercer mes siguiente a aquél en que se presentó la declaración que se complementa, sin que se causen recargos por las diferencias que, en su caso, resulten, siempre que éstas no excedan del 3% del impuesto declarado. Cuando estas últimas diferencias excedan a dicho porcentaje, se pagarán recargos por el total de las mismas. Todas estas declaraciones se presentarán en la Tesorería de la Federación.

Los pagos mínimos diarios por concepto del impuesto especial sobre producción y servicios por la enajenación de gasolinas y diesel, se modificarán cuando los precios de dichos productos varíen, para lo cual se aplicará sobre los pagos mínimos diarios un factor que será equivalente al aumento o disminución porcentual que registren los productos antes señalados, el cual será determinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a más tardar el tercer día posterior a su modificación.

Cuando las gasolinas y el diesel registren diferentes porcentajes de incremento, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará el factor a que se refiere el párrafo anterior, tomando en consideración el aumento o la disminución promedio ponderada de dichos productos, de acuerdo con el consumo que de los mismos se haya presentado durante el trimestre inmediato anterior a la fecha de incremento de los precios.

El Banco de México deducirá los pagos diarios y semanales que establecen las fracciones anteriores de los depósitos que Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios deben hacer en dicha institución, conforme a la Ley del propio Banco de México y los concentrará en la Tesorería de la Federación.

Cuando en un lugar o región del país se establezca un sobreprecio al precio de la gasolina, no se estará obligado al pago del impuesto especial sobre producción y servicios por dicho sobreprecio en la enajenación de este combustible.

2683,2684,2685

VII. Impuesto al Valor Agregado.

Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios efectuarán individualmente los pagos provisionales de este impuesto en la Tesorería de la Federación, mediante declaraciones que presentarán a más tardar el último día hábil del mes siguiente, las que podrán modificarse mediante declaración complementaria que presentarán a más tardar el último día hábil del tercer mes siguiente a aquél en que se presentó la declaración que se complementa, sin que se causen recargos por las diferencias que, en su caso, resulten, siempre que éstas no excedan del 3% del impuesto declarado. Cuando estas últimas diferencias excedan a dicho porcentaje, se pagarán recargos por el total de las mismas.

VIII. Contribuciones causadas por la importación de mercancías.

Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios determinarán individualmente los impuestos a la importación y las demás contribuciones que se causen con motivo de las importaciones que realicen, debiendo pagarlas ante la Tesorería de la Federación a más tardar el último día hábil del mes posterior a aquél en que se efectúe la importación.

IX. Impuestos a la Exportación.

Cuando el Ejecutivo Federal, en ejercicio de las facultades a que se refiere artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establezca impuestos a la exportación de petróleo crudo, gas natural y sus derivados, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios deberán determinarlos y pagarlos a más tardar el último día hábil del mes siguiente a aquél en que se efectúe la exportación.

X. Derechos.

Los derechos que causen Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios se determinarán y pagarán en los términos de esta Ley y de la Ley Federal de Derechos.

XI. Aprovechamiento sobre rendimientos excedentes.

Cuando en el mercado internacional el precio promedio ponderado acumulado mensual del barril del petróleo crudo mexicano exceda de 17.00 dólares de los Estados Unidos de América, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios pagarán un aprovechamiento que se calculará aplicando la tasa del 39.2% sobre el rendimiento excedente acumulado, que se determinará multiplicando la diferencia entre el valor promedio ponderado acumulado del barril de crudo y 17.00 dólares de los Estados Unidos de América por el volumen total de exportación acumulado de hidrocarburos.

Para los efectos de lo establecido en esta fracción, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios calcularán y efectuarán anticipos trimestrales a cuenta del aprovechamiento anual, que se pagarán el último día hábil de los meses de abril, julio y octubre de 2002 y enero de 2003. Pemex y sus organismos subsidiarios presentarán ante la Tesorería de la Federación una declaración anual por este concepto a más tardar el último día hábil del mes de marzo de 2003, en la que podrán acreditar los anticipos trimestrales enterados en el ejercicio.

XII. Otras Obligaciones.

Petróleos Mexicanos será quien cumpla por sí y por cuenta de sus subsidiarias las obligaciones señaladas en esta Ley y en las demás leyes fiscales, excepto la de efectuar pagos provisionales diarios y semanales cuando así se prevea expresamente. Para tal efecto, Petróleos Mexicanos será solidariamente responsable del pago de contribuciones, aprovechamientos y productos, que correspondan a sus organismos subsidiarios.

Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios presentarán las declaraciones, harán los pagos y cumplirán con las obligaciones de retener y enterar las contribuciones y aprovechamientos a cargo de terceros, incluyendo los establecidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta, ante la Tesorería de la Federación.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público queda facultada para variar el monto de los pagos provisionales, diarios y semanales, establecidos en este artículo, cuando existan modificaciones en los ingresos de Petróleos Mexicanos o de sus organismos subsidiarios que así lo ameriten; así como para expedir las reglas específicas para la aplicación y cumplimiento de las fracciones I, II, III, V y XII de este artículo.

Petróleos Mexicanos presentará una declaración a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los meses de abril, julio y octubre de 2002 y enero de 2003 en la que informará sobre los pagos por contribuciones y los accesorios a su cargo o a cargo de sus organismos subsidiarios, efectuados en el trimestre anterior.

Petróleos Mexicanos presentará conjuntamente con su declaración anual del impuesto a los rendimientos petroleros, declaración informativa sobre la totalidad de las contribuciones causadas o enteradas durante el ejercicio anterior, por sí y por sus organismos subsidiarios.

Petróleos Mexicanos descontará de su facturación a las estaciones de servicio, por concepto de mermas, el 0.74% del valor total de las enajenaciones de gasolina PEMEX Magna y PEMEX Premium, que realice a dichas estaciones de servicio. El monto de ingresos que deje de percibir Petróleos Mexicanos por este concepto, podrá ser disminuido de los pagos mensuales que del impuesto especial sobre producción y servicios debe efectuar dicho organismo en los términos del artículo 2o-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Artículo 6o. Se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que durante el año de 2002, mediante disposiciones de carácter general, pueda otorgar facilidades administrativas para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes que tributen o hayan tributado conforme al Régimen Simplificado de la Ley del Impuesto sobre la Renta. La citada Secretaría queda asimismo autorizada para expedir reglas que faciliten el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes cuyas actividades no persiguen fines de lucro, y para autorizar a los contribuyentes que por las características de su actividad adquieran bienes sin comprobantes, para comprobar dichas adquisiciones ellos mismos, evitando que se dejen de pagar los impuestos generados por dichas operaciones.

Artículo 7o. En los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales se causarán recargos al 2.0% mensual sobre los saldos insolutos, durante el año de 2002. Esta tasa se reducirá, en su caso, a la que resulte mayor entre:

I. Aplicar el factor de 1.5 al promedio mensual de la tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) que publica el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación del penúltimo mes inmediato anterior a aquél por el que se calculan los recargos y de dividir entre doce el resultado de dicha multiplicación. A la tasa anterior se le restará el incremento porcentual del Indice Nacional de Precios al Consumidor del penúltimo mes inmediato anterior a aquél por el que se calculan los recargos, y

II. Sumar 8 puntos porcentuales al promedio mensual de la tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) que publica el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación del penúltimo mes inmediato anterior a aquél por el que se calculan los recargos y de dividir entre doce el resultado de dicha suma. A la tasa anterior se le restará el incremento porcentual del Indice Nacional de Precios al Consumidor del penúltimo mes inmediato anterior a aquél por el que se calculan los recargos.

La reducción a que se refiere el primer párrafo del presente artículo también será aplicable a los intereses a cargo del fisco federal a que se refiere el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación.

2686,2687,2688

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará los cálculos a que se refiere este artículo y publicará la tasa de recargos vigente para cada mes en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 8o. Se ratifican los acuerdos expedidos en el Ramo de Hacienda, por los que se haya dejado en suspenso total o parcialmente el cobro de gravámenes y las resoluciones dictadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la causación de tales gravámenes.

Artículo 9o. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda autorizado para fijar o modificar los aprovechamientos que se cobrarán en el ejercicio fiscal de 2002, por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público o por la prestación de servicios en el ejercicio de las funciones de derecho público por los que no se establecen derechos.

Para establecer el monto de los aprovechamientos a que hace referencia este artículo, por la prestación de servicios, y por el uso o aprovechamiento de bienes, se tomarán en consideración criterios de eficiencia económica y saneamiento financiero de los organismos públicos que realicen dichos actos conforme a lo siguiente:

I. La cantidad que deba cubrirse por concepto de uso o aprovechamiento de bienes y servicios que tienen referencia internacional, se fijará considerando el cobro que se efectúe por el uso o aprovechamiento o la prestación del servicio de similares características en países con los que México mantiene vínculos comerciales.

II. Los aprovechamientos que se cobren por el uso o disfrute de bienes y por la prestación de servicios que no tengan referencia internacional, se fijarán considerando el costo de los mismos, siempre que se derive de una valuación de dichos costos en los términos de eficiencia económica y saneamiento financiero.

III. Se podrán establecer aprovechamientos diferenciales por el uso o aprovechamiento de bienes o prestación de servicios, cuando éstos respondan a estrategias de comercialización o racionalización y se otorguen de manera general. A los organismos que omitan total o parcialmente el cobro o entero de los aprovechamientos establecidos en los términos de esta Ley, se les disminuirá del presupuesto que les haya sido asignado para el ejercicio a las entidades correspondientes, una cantidad equivalente a dos veces el valor de la omisión efectuada.

Durante el ejercicio de 2002, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante resoluciones de carácter particular, aprobará los montos de los aprovechamientos que cobren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, salvo cuando su cobro se encuentre previsto en otras leyes. Para tal efecto, las dependencias o entidades interesadas estarán obligadas a someter para su aprobación, durante los meses de enero y febrero de 2002, los montos de los aprovechamientos que tengan una cuota fija o se cobren de manera regular.

Los aprovechamientos que no sean sometidos a la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrán ser cobrados por la dependencia o entidad de que se trate a partir del 1o. de marzo de dicho año. Asimismo, los aprovechamientos cuya autorización haya sido negada por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrán ser cobrados por la dependencia o entidad de que se trate, a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución respectiva.

Las autorizaciones para fijar o modificar las cuotas de los aprovechamientos que otorgue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante el ejercicio fiscal de 2002, sólo surtirán sus efectos para dicho año y, en su caso, en las mismas se señalará el destino específico que se apruebe para los aprovechamientos que perciba la dependencia o entidad correspondiente.

En tanto no sean autorizados los aprovechamientos a que se refiere este artículo para el ejercicio fiscal de 2002, se aplicarán los vigentes al 31 de diciembre de 2001, multiplicados por el factor que corresponda según el mes en el que fueron autorizados o, en el caso de haberse realizado un incremento posterior, a partir de la última vez en el que fueron incrementados en dicho ejercicio fiscal, conforme a la siguiente tabla:

MES	FACTOR
Enero	1.0560
Febrero	1.0502
Marzo	1.0508
Abril	1.0442
Mayo	1.0390
Junio	1.0366
Julio	1.0342
Agosto	1.0369
Septiembre	1.0308
Octubre	1.0212
Noviembre	1.0166
Diciembre	1.0092

Asimismo, en tanto no se emita la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el ejercicio de 2002, los montos de los aprovechamientos se actualizarán en los meses de abril, julio y octubre de dicho año, con el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el cuarto mes anterior, hasta el mes inmediato anterior, a aquél por el cual se efectúa la actualización, mismo que se obtendrá de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación.

En el caso de aprovechamientos que en el ejercicio inmediato anterior se hayan fijado en por cientos, se continuarán aplicando durante 2002 los por cientos autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se encuentren vigentes al 31 de diciembre de 2001, hasta en tanto dicha Secretaría no emita respuesta respecto de la solicitud de autorización para el presente ejercicio fiscal.

Los aprovechamientos por concepto de multas, sanciones, penas convencionales, cuotas compensatorias, recuperaciones de capital, así como aquellos a que se refiere la Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados, y los accesorios de los aprovechamientos, no requieren de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su cobro.

Tratándose de aprovechamientos que no hayan sido cobrados en el ejercicio inmediato anterior o que no se cobren de manera regular, las dependencias y entidades interesadas deberán someter para su aprobación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el monto de los aprovechamientos que pretendan cobrar, en un plazo no menor a diez días anteriores a la fecha de su entrada en vigor.

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, deberán informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a más tardar en el mes de marzo de 2002, los conceptos y montos de los ingresos que por aprovechamientos hayan percibido, así como de los enteros efectuados a la Tesorería de la Federación por dichos conceptos, durante el ejercicio fiscal inmediato anterior.

Asimismo, las dependencias y entidades a que se refiere el párrafo anterior, deberán presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un informe durante el mes de julio de 2002, respecto de los ingresos y su concepto que hayan percibido por aprovechamientos durante el primer semestre del ejercicio fiscal en curso, así como de los que tengan programado percibir durante el segundo semestre.

Artículo 10. Los ingresos por aprovechamientos a que se refiere el artículo anterior, se destinarán, previa aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a cubrir los gastos autorizados de operación, conservación, mantenimiento e inversión hasta por el monto autorizado en el presupuesto de la entidad, para la unidad generadora de dichos ingresos.

Se entiende por unidad generadora de los ingresos de la entidad, cada uno de los establecimientos de la misma en los que se otorga o proporciona, de manera autónoma e integral, el uso o aprovechamiento de bienes o el servicio por el cual se cobra el aprovechamiento. Cuando no exista una asignación presupuestal específica por unidad generadora, se considerará el presupuesto total asignado a la entidad en la proporción que representen los ingresos de la unidad generadora respecto del total de los ingresos de la entidad.

Las entidades a las que se les apruebe destinar los ingresos por aprovechamientos para cubrir sus gastos autorizados de operación, conservación, mantenimiento e inversión, en los términos del primer párrafo de este artículo, lo harán en forma mensual y hasta por el monto presupuestal autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el mismo periodo. La parte de los ingresos que exceda el límite autorizado para el mes que corresponda, se enterará a la Tesorería de la Federación a más tardar el décimo día del mes siguiente a aquél en el que obtuvo el ingreso la entidad de que se trate.

2689,2690,2691

Los ingresos que se obtengan por los productos señalados en la fracción VI del artículo 1o. de esta Ley, se podrán destinar a las dependencias que enajenen los bienes, otorguen su uso o goce o presten los servicios, para cubrir sus gastos autorizados de operación, conservación, mantenimiento e inversión, hasta por el monto que señale el presupuesto de egresos de la entidad para la unidad generadora de dichos ingresos, que les hubiere sido autorizado para el mes de que se trate. Los ingresos que excedan del límite señalado no tendrán fin específico y se enterarán a la Tesorería de la Federación a más tardar el décimo día del mes siguiente a aquél en el que se obtuvo el ingreso.

Se entiende por unidad generadora de los ingresos de la entidad, cada uno de los establecimientos de la misma, en los que se enajena el bien o se otorga o proporciona, de manera autónoma e integral, el uso o goce de bienes o el servicio por el cual se cobra el producto. Cuando no exista una asignación presupuestal específica por unidad generadora, se considerará el presupuesto total asignado a la entidad en la proporción que representen los ingresos de la unidad generadora respecto del total de ingresos de la entidad.

Tratándose de ingresos recaudados por concepto de productos o aprovechamientos, excepto multas y cuotas compensatorias, durante el año 2002, las dependencias de la Administración Pública Centralizada, de los Poderes Legislativo y Judicial, de la Federación, así como los Tribunales Administrativos, el Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, previa autorización que les otorgue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para deducir de los ingresos que se obtengan por dichos conceptos, los gastos mínimos indispensables realizados por las dependencias para lograr la generación de los ingresos, deberán enterar a la Tesorería de la Federación el ingreso neto que se genere por dichos conceptos, a más tardar el día 10 del mes de calendario inmediato posterior a aquél en que se genere el ingreso.

Las dependencias de la Administración Pública Centralizada, de los Poderes Legislativo y Judicial, de la Federación, así como los Tribunales Administrativos, el Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que apliquen lo dispuesto en el párrafo que antecede, deberán presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe mensual de las deducciones efectuadas a sus ingresos por concepto de productos o aprovechamientos, a más tardar dentro del mes siguiente a aquél al que corresponda el informe.

Cuando las deducciones que en el mes haga la dependencia a los ingresos generados en el mismo mes por concepto de productos o aprovechamientos, sean superiores a los ingresos obtenidos por dichos conceptos, la diferencia que resulte podrá descontarse de los ingresos de la misma naturaleza jurídica que obtenga las dependencias, Tribunales, Instituto o Comisión, señalados en el párrafo anterior, en periodos posteriores, hasta agotarla, siempre y cuando dichas deducciones correspondan al mismo ejercicio fiscal en el que se obtengan los ingresos respecto de los cuales se resten.

Artículo 11. Las autorizaciones para fijar o modificar las cuotas de los productos, que otorgue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante el ejercicio fiscal de 2002, sólo surtirán sus efectos para dicho año y, en su caso, en dichas autorizaciones se señalará el destino específico que se apruebe para los productos que perciba la dependencia o entidad correspondiente.

El Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante resoluciones de carácter particular, autorizará para el ejercicio fiscal de 2002, las modificaciones y las cuotas de los productos, aun cuando su cobro se encuentre previsto en otras leyes, así como el destino de los mismos a la dependencia correspondiente.

Para tal efecto, las dependencias o entidades interesadas estarán obligadas a someter para su aprobación, durante los meses de enero y febrero de 2002, los montos de los productos que tengan una cuota fija o se cobren de manera regular. Los productos que no sean sometidos a la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrán ser cobrados por la dependencia o entidad de que se trate a partir del 1o. de marzo de dicho año. Asimismo, los productos cuya autorización haya sido negada por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrán ser cobrados por la dependencia o entidad de que se trate, a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución respectiva.

En tanto no sean autorizados los productos a que se refiere este artículo para el ejercicio fiscal de 2002, se aplicarán los vigentes al 31 de diciembre de 2001, multiplicados por el factor que corresponda según el mes en que fueron autorizados o, en el caso de haberse realizado un incremento posterior, a partir de la última vez en el que fueron incrementados en dicho ejercicio fiscal, conforme a la siguiente tabla:

Asimismo, en tanto no se emita la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el ejercicio de 2002, los montos de los productos se actualizarán en los meses de abril, julio y octubre de dicho año, con el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el cuarto mes anterior, hasta el mes inmediato anterior a aquél por el cual se efectúa la actualización, mismo que se obtendrá de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación.

En el caso de productos que en el ejercicio inmediato anterior se hayan fijado en por cientos, se continuarán aplicando durante 2002 los por cientos autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se encuentren vigentes al 31 de diciembre de 2001, hasta en tanto dicha Secretaría no emita respuesta respecto de la solicitud de autorización para el presente ejercicio fiscal.

Los productos por concepto de penas convencionales, los que se establezcan como contraprestación derivada de una licitación, subasta o remate, los intereses, así como aquellos productos que provengan de enajenaciones efectuadas por el Servicio de Administración de Bienes Asegurados y los accesorios de los productos, no requieren de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su cobro.

Tratándose de productos que no se hayan cobrado en el ejercicio inmediato anterior o que no se cobren de manera regular, las dependencias y entidades interesadas deberán someter para su aprobación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el monto de los productos que pretendan cobrar, en un plazo no menor a diez días anteriores a la fecha de su entrada en vigor.

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a más tardar en el mes de marzo de 2002, los conceptos y montos de los ingresos que por productos hayan percibido, así como de los enteros efectuados a la Tesorería de la Federación por dichos conceptos durante el ejercicio fiscal inmediato anterior.

Asimismo, las dependencias y entidades a que se refiere el párrafo anterior, deberán presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un informe durante el mes de julio de 2002 respecto de los ingresos y su concepto que hayan percibido por productos durante el primer semestre del ejercicio fiscal citado, así como de los que tengan programado percibir durante el segundo semestre.

Artículo 12. Los ingresos que se recauden por los diversos conceptos que establece esta Ley se concentrarán en la Tesorería de la Federación y deberán reflejarse, cualquiera que sea su naturaleza, tanto en los registros de la propia Tesorería como en la cuenta de la Hacienda Pública Federal.

Tratándose de los ingresos a que se refiere el párrafo que antecede que se destinen a un fin específico, deberán depositarse en una cuenta a nombre de la dependencia generadora de los ingresos, debidamente registrada ante la Tesorería de la Federación, a fin de que la propia Tesorería ejerza facultades para comprobar el cumplimiento del destino específico autorizado en los términos de esta Ley.

2692,2693,2694

Cuando los ingresos por productos y aprovechamientos se destinen a un fin específico y para el cumplimiento de dicho destino se hubiere creado un fideicomiso, la Tesorería de la Federación deberá formar parte del Comité de Vigilancia del mismo, para verificar que los ingresos referidos se destinen al fin para el que fueron autorizados.

No se concentrarán en la Tesorería de la Federación los ingresos provenientes de las aportaciones de seguridad social destinadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas, los que podrán ser recaudados por las oficinas de los propios Institutos y por las instituciones de crédito que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debiendo cumplirse con los requisitos contables establecidos y reflejarse en la cuenta de la Hacienda Pública Federal.

Igualmente, no se concentrarán en la Tesorería de la Federación los ingresos provenientes de las aportaciones y de los abonos retenidos a trabajadores por patrones para el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Las contribuciones, productos o aprovechamientos a los que las leyes de carácter no fiscal otorguen una naturaleza distinta a la establecida en las leyes fiscales, tendrán la naturaleza establecida en las leyes fiscales. Se derogan las disposiciones que se opongan a lo previsto en este artículo, en su parte conducente.

Los ingresos que obtengan las dependencias, organismos, empresas, instituciones, organizaciones y fideicomisos, que integran la Administración Pública Federal, a los que las leyes de carácter no fiscal otorguen una naturaleza distinta a los conceptos previstos en el artículo 1o. de esta Ley, se considerarán comprendidos en la fracción que les corresponda conforme al citado artículo 1o.

Las oficinas cuentadantes de la Tesorería de la Federación, deberán conservar, durante dos años, la cuenta comprobada y los documentos justificativos de los ingresos que recauden por los diversos conceptos que establece esta Ley.

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal presentarán, a más tardar en el mes de marzo de 2002, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, una declaración informativa sobre los ingresos percibidos durante el ejercicio de 2001 por concepto de contribuciones, aprovechamientos y productos.

Artículo 13. Los ingresos que se recauden por concepto de bienes que pasen a ser propiedad del Fisco Federal se concentrarán en la Tesorería de la Federación o se reportarán a ésta, según sea el caso, hasta el momento en que se cobre la contraprestación pagada por dichos bienes o cuando los mismos se enajenen.

Tratándose de los gastos de ejecución que reciba el fisco federal, éstos se reportarán a la Tesorería de la Federación hasta el momento en el que efectivamente se cobren, sin clasificarlos en el concepto de la contribución o aprovechamiento del cual son accesorios.

Los ingresos que se concentren o reporten a la Tesorería de la Federación por concepto de bienes que pasen a ser propiedad del fisco federal o gastos de ejecución, serán los netos que resulten de restar al ingreso percibido, las erogaciones efectuadas para realizar la enajenación de los bienes o para llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución que dio lugar al cobro de los gastos de ejecución, así como las erogaciones a que se refiere el párrafo siguiente.

Los ingresos netos por enajenación de acciones, cesión de derechos y desincorporación de entidades son los recursos efectivamente recibidos por el gobierno federal, una vez descontadas las erogaciones realizadas tales como comisiones que se paguen a agentes financieros, contribuciones, gastos de administración, de mantenimiento y de venta, honorarios de comisionados especiales que no sean servidores públicos encargados de dichos procesos, así como pagos de las reclamaciones procedentes que presenten los adquirentes o terceros, por pasivos ocultos, fiscales o de otra índole, activos inexistentes y asuntos en litigio y demás erogaciones análogas a todas las mencionadas. Los ingresos netos a que se refiere este párrafo se concentrarán en la Tesorería de la Federación, y deberán manifestarse, tanto en los registros de la propia Tesorería como en la cuenta de la Hacienda Pública Federal.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable a la enajenación de acciones y cesión de derechos cuando impliquen contrataciones de terceros para llevar a cabo tales procesos, las cuales deberán sujetarse a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Artículo 14. Salvo lo dispuesto en el artículo anterior, se aplicará el régimen establecido en esta Ley, a los ingresos que por cualquier concepto reciban las entidades de la administración pública federal paraestatal que estén sujetas a control presupuestario en los términos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2002, entre las que se comprende, de manera enunciativa a las siguientes:

Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios.

Comisión Federal de Electricidad.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.

Instituto Mexicano del Seguro Social

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Lotería Nacional para la Asistencia Pública.

Luz y Fuerza del Centro.

Las entidades a que se refiere este artículo deberán estar inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes y llevar contabilidad en los términos de las disposiciones fiscales, así como presentar las declaraciones informativas que correspondan en los términos de dichas disposiciones, aun cuando se sujeten al régimen establecido en esta Ley.

Artículo 15. Se faculta para el ejercicio de 2002 a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para cancelar los créditos derivados de contribuciones o aprovechamientos, cuyo cobro tenga encomendado, cuando el importe del crédito al 31 de diciembre de 2001, sea inferior o igual al equivalente en moneda nacional a 2,500 unidades de inversión. No se podrá efectuar la cancelación de los créditos, cuando existan dos o mas créditos a cargo de una misma persona y la suma de todos ellos exceda el límite de 2,500 unidades de inversión.

La cancelación de dichos créditos por única vez libera al contribuyente de su pago.

Artículo 16. En materia de estímulos fiscales, durante el ejercicio fiscal de 2002, se estará a lo siguiente:

I. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes de los sectores agropecuario y forestal que tributen en el régimen simplificado, consistente en permitir el acreditamiento de la inversión realizada contra una cantidad equivalente al impuesto al activo determinado en el ejercicio, mismo que podrá acreditarse en ejercicios posteriores hasta agotarse.

II. Se otorga un estímulo fiscal en el impuesto al activo a los contribuyentes residentes en México que se dediquen al transporte aéreo o marítimo de personas o bienes por los aviones o embarcaciones que tengan concesión o permiso del Gobierno Federal para ser explotados comercialmente, en los siguientes términos:

a) Tratándose de aviones o embarcaciones arrendados, acreditarán contra el impuesto al activo a su cargo, el impuesto sobre la renta que se hubiera retenido de aplicarse la tasa del 21% en lugar de la tasa del 5% que establece el artículo 149 de la Ley del Impuesto sobre la Renta a los pagos por el uso o goce de dichos bienes, siempre que se hubiera efectuado la retención y entero de este último impuesto y que los aviones o embarcaciones sean explotados comercialmente por el arrendatario en la transportación de pasajeros o bienes.

b) En el caso de aviones o embarcaciones propiedad del contribuyente, el valor de dichos activos que se determine conforme a la fracción II del artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Activo, se multiplicará por el factor de 0.1 tratándose de aviones y por el factor de 0.2 tratándose de embarcaciones, y el monto que resulte será el que se utilizará para determinar el valor del activo de esos contribuyentes respecto de dichos bienes conforme al artículo mencionado.

2695,2696,2697

Los contribuyentes a que se refiere esta fracción que hubieran ejercido la opción a que se refiere el artículo 5o.-A de la Ley del Impuesto al Activo, podrán efectuar el cálculo del impuesto que les corresponda, aplicando para tal efecto lo dispuesto en esta fracción.

Los contribuyentes a que se refiere esta fracción, no podrán reducir del valor del activo del ejercicio las deudas contratadas para la obtención del uso o goce o la adquisición de los aviones o embarcaciones, ni aquellas que se contraten para financiar el mantenimiento de los mismos, por los que se aplique el estímulo a que la misma se refiere.

III. Se otorga un estímulo fiscal en el impuesto al activo a los Almacenes Generales de Depósito por los inmuebles de su propiedad que utilicen para el almacenamiento, guarda o conservación de bienes o mercancías, consistente en permitir que el valor de dichos activos que se determine conforme a la fracción II del artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Activo, se multiplique por el factor de 0.2; el monto que resulte será el que se utilizará para determinar el valor del activo de esos contribuyentes respecto de dichos bienes, conforme al artículo mencionado.

Los contribuyentes a que se refiere esta fracción, que hubieran ejercido la opción a que se refiere el artículo 5o.-A de la Ley del Impuesto al Activo, podrán efectuar el cálculo del impuesto que les corresponda, aplicando para tal efecto lo dispuesto en esta fracción.

IV. Se otorga un estímulo fiscal en el impuesto al activo a las personas físicas que tributen conforme al régimen de pequeños contribuyentes a que se refiere la Ley del Impuesto sobre la Renta, consistente en el monto total del impuesto que hubiere causado.

V. Se otorga un estímulo fiscal en el impuesto al activo por el monto total del mismo que se derive de la propiedad de cuentas por cobrar derivadas de contratos que celebren los contribuyentes con organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal, respecto de inversiones de infraestructura productiva destinada a actividades prioritarias, autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos del artículo 18 de la Ley General de Deuda Pública.

VI. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes de los sectores agrícola, ganadero, pesquero y minero que adquieran diesel para su consumo final y siempre que dicho combustible no sea para uso automotriz en vehículos que se destinen al transporte de personas o efectos a través de carreteras o caminos, consistente en permitir el acreditamiento del impuesto especial sobre producción y servicios que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios hayan causado por la enajenación de este combustible, siempre que se utilice exclusivamente como combustible en:

a) Maquinaria fija de combustión interna, maquinaria de flama abierta y locomotoras.

b) Vehículos marinos y maquinaria utilizada en las actividades de acuacultura.

c) Tractores, motocultores, combinadas, empacadoras de forraje, revolvedoras, desgranadoras, molinos, cosechadoras o máquinas de combustión interna para aserrío, bombeo de agua o generación de energía eléctrica, que se utilicen en actividades de siembra, cultivo y cosecha de productos agrícolas; cría y engorda de ganado, aves de corral y animales; cultivo de los bosques o montes, así como en la cría, conservación, restauración, fomento y aprovechamiento de la vegetación de los mismos.

d) Vehículos de baja velocidad o bajo perfil, que por sus características no estén autorizados para circular por sí mismos en carreteras federales o concesionadas, y siempre que se cumplan los requisitos que mediante reglas de carácter general establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Asimismo, los contribuyentes que adquieran diesel para su consumo final que se utilice exclusivamente como combustible en maquinaria fija de combustión interna, maquinaria de flama abierta y locomotoras, independientemente del sector al que pertenezcan, podrán aplicar el estímulo fiscal a que se refiere esta fracción.

VII. Para los efectos de lo dispuesto en la fracción anterior, los contribuyentes estarán a lo siguiente:

a) Podrán acreditar únicamente el impuesto especial sobre producción y servicios que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios hayan causado por la enajenación del diesel. Para estos efectos, el monto que dichas personas podrán acreditar será el que se señale expresamente y por separado en el comprobante correspondiente.

En los casos en que el diesel se adquiera de agencias o distribuidores autorizados, el impuesto que los contribuyentes antes mencionados podrán acreditar, será el que se señale en forma expresa y por separado en el comprobante que les expidan dichas agencias o distribuidores y que deberá ser igual al que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios hayan causado por la enajenación a dichas agencias o distribuidores del diesel, en la parte que corresponda al combustible que las mencionadas agencias o distribuidores comercialicen a esas personas. En ningún caso procederá la devolución de las cantidades a que se refiere este inciso.

b) Las personas que utilicen el diesel en las actividades agropecuarias o silvícolas señaladas en el inciso c) de la fracción VI de este artículo, podrán acreditar un monto equivalente a la cantidad que resulte de multiplicar el precio de adquisición del diesel en las estaciones de servicio y que conste en el comprobante correspondiente, incluido el impuesto al valor agregado, por el factor de 0.355, en lugar de aplicar lo dispuesto en el inciso anterior.

Tratándose de la enajenación de diesel que se utilice para consumo final, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios o sus agencias o distribuidores autorizados, deberán desglosar expresamente y por separado en el comprobante correspondiente el impuesto especial sobre producción y servicios que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios hubieran causado por la enajenación de que se trate.

El acreditamiento a que se refiere la fracción anterior, únicamente podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta que tenga el contribuyente a su cargo o, en su caso, contra el impuesto al activo, que se deba enterar, utilizando la forma oficial que mediante reglas de carácter general dé a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

VIII. Las personas que adquieran diesel para su consumo final en las actividades agropecuarias o silvícolas a que se refiere el inciso c) de la fracción VI del presente artículo, podrán solicitar la devolución del monto del impuesto especial sobre producción y servicios que tuvieran derecho a acreditar en los términos de la fracción VII que antecede, en lugar de efectuar el acreditamiento a que el mismo se refiere, siempre que cumplan con lo dispuesto en esta fracción.

Las personas a que se refiere el párrafo anterior que podrán solicitar la devolución, serán únicamente aquéllas cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de veinte veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente elevado al año. En ningún caso el monto de la devolución podrá ser superior a $625.64 mensuales por cada persona física, salvo que se trate de personas físicas que registren sus operaciones en el cuaderno de entradas y salidas previsto para el régimen simplificado en la Ley del Impuesto sobre la Renta, en cuyo caso podrán solicitar la devolución de hasta $1,251.30 mensuales.

2698,2699,2700

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitirá las reglas necesarias para simplificar la obtención de la devolución a que se refiere el párrafo anterior, a más tardar el 31 de enero de 2002.

Las personas morales que podrán solicitar la devolución serán aquéllas cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior, no hayan excedido de veinte veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente elevado al año, por cada uno de los socios o asociados, sin exceder de doscientas veces dicho salario mínimo. El monto de la devolución no podrá ser superior a $625.64 mensuales, por cada uno de los socios o asociados sin que exceda en su totalidad de $6,597.89 mensuales, salvo que se trate de personas morales que registren sus operaciones en el cuaderno de entradas y salidas previsto para el régimen simplificado en la Ley del Impuesto sobre la Renta, en cuyo caso podrán solicitar la devolución de hasta $1,251.30 mensuales, por cada uno de los socios o asociados, sin que en este último caso exceda en su totalidad de $12,507.85 mensuales.

Las cantidades en moneda nacional establecidas en los párrafos anteriores, se actualizarán en los meses de enero y julio con el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el séptimo mes inmediato anterior hasta el último mes inmediato anterior a aquél por el cual se efectúa la actualización, mismo que se obtendrá de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará las operaciones aritméticas previstas en este artículo y publicará los resultados de la actualización en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el día 10 de los meses citados.

La devolución correspondiente deberá ser solicitada trimestralmente en los meses de abril, julio y octubre del mismo año y enero del siguiente.

Las personas a que se refiere el primer párrafo de esta fracción, deberán llevar un registro de control de consumo de diesel, en el que asienten mensualmente la totalidad del diesel que utilicen para sus actividades agropecuarias o silvícolas en los términos del inciso c) de la fracción VI de este artículo, distinguiendo entre el diesel que se hubiera destinado para los fines a que se refiere dicho inciso, del diesel utilizado para otros fines. Dicho registro deberá estar a disposición de las autoridades fiscales por el plazo a que se esté obligado a conservar la contabilidad en los términos de las disposiciones fiscales.

Para obtener la devolución a que se refiere esta fracción, se deberá presentar la forma oficial 32 de devoluciones, ante la Administración Local de Recaudación que corresponda, acompañada de la documentación que la misma solicite, así como la establecida en la presente fracción.

El derecho para la recuperación mediante acreditamiento o devolución del impuesto especial sobre producción y servicios, tendrá una vigencia de un año contado a partir de la fecha en que se hubiere efectuado la adquisición del diesel cumpliendo con los requisitos señalados en esta fracción, en el entendido de que quien no lo acredite o solicite oportunamente su devolución, perderá el derecho de realizarlo con posterioridad a dicho ejercicio.

Los derechos previstos en esta fracción no serán aplicables a los contribuyentes que utilicen el diesel en bienes destinados al autotransporte de personas o efectos a través de carreteras o caminos.

Los beneficiarios del estimulo previsto en la fracción VI del presente artículo, quedarán obligados a proporcionar la información que le requieran las autoridades fiscales dentro del plazo que para tal efecto le señalen.

Los beneficios que se otorgan en las fracciones VI, VII y VIII del presente artículo, no podrán ser acumulables con ningún otro estímulo fiscal y están condicionados a que los beneficiarios cumplan con los requisitos establecidos en las mismas.

Se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para emitir las reglas generales que sean necesarias para la obtención de los beneficios previstos en este precepto.

IX. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta, por los proyectos en investigación y desarrollo que realicen, consistente en aplicar un crédito fiscal por los gastos e inversiones adicionales en investigación y desarrollo de tecnología que realicen en el ejercicio, siempre que dichos gastos e inversiones no se financien con recursos provenientes del fondo a que se refieren los artículos 27 y 108 fracción VII de la Ley del Impuesto sobre la Renta y, además, se dé cumplimiento a lo dispuesto en las reglas generales a que hace referencia el inciso a) de esta fracción. Dicho crédito fiscal será del 20% de la diferencia que resulte de restar al monto de los conceptos a que se refiere esta fracción, a realizar en el ejercicio de 2002, el monto total promedio actualizado de las inversiones y gastos realizados por tales conceptos en los ejercicios de 2000 y 2001, siempre que el primer monto sea mayor que el segundo.

Los gastos e inversiones se actualizarán por el periodo comprendido desde el mes de su realización o adquisición y hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio por el que se determina el crédito fiscal a que se refiere esta fracción.

El contribuyente podrá aplicar el crédito fiscal a que se refiere esta fracción, contra el impuesto sobre la renta o el impuesto al activo que tenga a su cargo, en la declaración anual del ejercicio en el que se determinó dicho crédito o en los ejercicios siguientes hasta agotarlo.

La parte del crédito fiscal no aplicada se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en que se presentó la declaración del ejercicio en que se determinó el crédito fiscal y hasta el mes inmediato anterior a aquél en que se aplique. La parte del crédito fiscal actualizada pendiente de aplicar, se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en que se actualizó por última vez y hasta el mes inmediato anterior a aquél en que se aplique.

Para la aplicación del estímulo a que se refiere esta fracción, se estará a lo siguiente:

a) Se creará un Comité Interinstitucional que estará formado por un representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, uno de la Secretaría de Economía, uno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y uno de la Secretaría de Educación Pública, el cual deberá dar a conocer a más tardar el 31 de marzo de 2002, las reglas generales con que operará dicho Comité, así como los sectores prioritarios susceptibles de obtener el beneficio, las características de las empresas y los requisitos adicionales que se deberán cumplir para poder solicitar el beneficio del estímulo.

b) El monto total del estímulo a distribuir entre los aspirantes del beneficio, no excederá de $500 millones de pesos para el año de 2002.

c) El Comité Interinstitucional estará obligado a publicar a más tardar el último día de los meses de julio y diciembre de 2002, el monto erogado durante el primer y segundo semestres, según corresponda, así como las empresas beneficiarias del estímulo fiscal y los proyectos por los cuales fueron merecedoras de este beneficio.

Artículo 17. Cuando los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal del Gobierno Federal, incrementen sus ingresos como consecuencia de aumentos en la productividad o modificación en sus precios y tarifas, los recursos así obtenidos serán aplicados prioritariamente a reducir el endeudamiento neto del organismo o empresa de que se trate, o a los programas a que se refiere el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2002.

Artículo 18. Se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para otorgar los estímulos fiscales y subsidios siguientes:

I. Los relacionados con comercio exterior:

a) A la importación de artículos de consumo a las regiones fronterizas.

b) A la importación de equipo y maquinaria a las regiones fronterizas.

II. A cajas de ahorro y sociedades de ahorro y préstamo.

Se aprueban los estímulos fiscales y subsidios con cargo a impuestos federales, así como las devoluciones de impuestos concedidos para fomentar las exportaciones de bienes y servicios o la venta de productos nacionales a las regiones fronterizas del país en los porcientos o cantidades otorgados o pagadas en su caso, que se hubieran otorgado durante el ejercicio fiscal de 2001.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para conceder los estímulos a que se refiere este artículo escuchará, en su caso, la opinión de las dependencias competentes en los términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público expedirá las disposiciones necesarias para el cumplimiento de lo establecido por este artículo en materia de estímulos fiscales y subsidios.

2701,2702,2703

Artículo 19. Se derogan las disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones federales, otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones federales, distintos de los establecidos en el Código Fiscal de la Federación, ordenamientos legales referentes a organismos descentralizados federales que prestan los servicios de seguridad social, Decretos Presidenciales, tratados internacionales y las leyes que establecen dichas contribuciones, así como los reglamentos de las mismas.

Lo dispuesto en el párrafo anterior también será aplicable cuando las disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones federales, otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones, federales, se encuentren contenidas en normas jurídicas que tengan por objeto la creación de organismos descentralizados, órganos desconcentrados y empresas de participación estatal.

Se derogan las disposiciones que establezcan que los ingresos que obtengan las dependencias o entidades por concepto de derechos, productos o aprovechamientos, tienen un destino específico, distintas de las contenidas en el Código Fiscal de la Federación, en la presente Ley y en las demás leyes fiscales.

Asimismo, se derogan las disposiciones contenidas en leyes de carácter no fiscal que establezcan que los ingresos que obtengan las dependencias, incluyendo a sus órganos administrativos desconcentrados, o entidades, por concepto de derechos, productos, o aprovechamientos, e ingresos de cualquier otra naturaleza, serán considerados como ingresos excedentes en el ejercicio fiscal en que se generen.

Artículo 20. Los ingresos que obtengan en exceso a los previstos en esta Ley los Poderes Legislativo y Judicial, de la Federación, los Tribunales Administrativos, el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las dependencias del Ejecutivo Federal y sus órganos administrativos desconcentrados, así como las entidades sujetas a control presupuestario directo, se deberán aplicar a los fines que al efecto establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2002, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de esta Ley.

Las entidades no sujetas a control presupuestario directo que obtengan ingresos de los previstos en esta Ley, deberán informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el monto de dichos ingresos, para formular los informes trimestrales a que se refiere el artículo 23 de esta Ley y la cuenta de la Hacienda Pública Federal.

Tratándose de ingresos provenientes del extranjero que se reciban mediante cheque en moneda extranjera para su canje en moneda nacional, éstos se deberán enterar a la Tesorería de la Federación a más tardar el último día del mes siguiente a aquél en el que se recibió el ingreso.

Los ingresos excedentes a que se refiere este artículo, se clasifican de la siguiente manera:

I. Ingresos inherentes a las funciones de la dependencia o entidad los cuales se generan en exceso a los previstos en esta Ley o, en su caso, a los previstos en los presupuestos de las entidades, por actividades relacionadas directamente con las atribuciones de la institución,

II. Ingresos no inherentes a las funciones de la dependencia o entidad, los cuales se obtienen en exceso a los previstos en esta Ley o, en su caso, a los previstos en los presupuestos de las entidades, por actividades recurrentes que no guardan relación directa con las atribuciones de la institución;

III. Ingresos de carácter excepcional, los cuales se obtienen en exceso a los previstos en esta Ley o, en su caso, a los previstos en los presupuestos de las entidades, por actividades de carácter excepcional que no guardan relación directa con las atribuciones de la institución, tales como la recuperación de seguros, los donativos en dinero, y la enajenación de bienes muebles, y

IV. Ingresos de los Poderes Legislativos y Judicial, así como de los Tribunales Administrativos, Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Los ingresos excedentes de las entidades u órganos de la Administración Pública Centralizada, serán determinados con base en las estimaciones de ingresos previstas en el artículo 1o. de esta Ley o, en su caso, en sus respectivos presupuestos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2002.

Artículo 21. Quedan sin efecto las exenciones relativas a los gravámenes a bienes inmuebles previstas en leyes federales a favor de organismos descentralizados sobre contribuciones locales, salvo en lo que se refiere a bienes propiedad de dichos organismos que se consideren del dominio público de la Federación.

Artículo 22. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el año de 2002 la tasa aplicable será del 15%.

Artículo 23. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estará obligado a proporcionar en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, la información siguiente al Congreso de la Unión:

I. Informes trimestrales sobre la evolución de la recaudación, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa. Dichos informes deberán presentarse a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a más tardar 35 días después de terminado el trimestre de que se trate.

II. La información sobre el costo total de las emisiones de deuda interna y externa deberá identificar por separado el pago de las comisiones y gastos inherentes a la emisión de los del pago a efectuar por intereses. Estos deberán diferenciarse de la tasa de interés que se pagará por los empréstitos y bonos colocados. Asimismo, deberá informar sobre la tasa de interés o rendimiento que pagará cada emisión, el plazo, y el monto de la emisión; y

III. Los datos estadísticos y la información que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenga disponibles que puedan contribuir a una mejor comprensión de la evolución de la recaudación y del endeudamiento, que los Diputados y Senadores soliciten por conducto de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público respectivas. Dicha información deberá entregarse en forma impresa y en medios magnéticos en los términos que estas Comisiones determinen. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público proporcionará dicha información en un plazo no mayor de 30 días hábiles, contados a partir de la solicitud que haga una de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público.

La información que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proporcione en los términos de este artículo deberá ser completa y oportuna. En caso de incumplimiento se estará a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y las demás disposiciones aplicables.

2704,2705,2706

Artículo 24. En los informes trimestrales a que se refiere el artículo 23 de esta Ley, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá señalar los avances de los programas de recaudación y de financiamiento, así como las principales variaciones en los objetivos y en las metas de los mismos. Dichos informes contendrán lo siguiente:

I. Los ingresos recaudados u obtenidos con la desagregación que se establece en el artículo 1o. de esta Ley.

II. Los ingresos recabados u obtenidos por el Gobierno Federal, atendiendo al origen petrolero y no petrolero de los recursos, especificando los montos que corresponden a impuestos, derechos, aprovechamientos e ingresos propios de PEMEX.

III. Los ingresos recabados u obtenidos conforme a la clasificación institucional de los recursos.

IV. Los ingresos excedentes a los que hace referencia la fracción I del artículo 19 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2002.

V. Informe de deuda pública que contenga la evolución detallada de la misma al trimestre, incluyendo el perfil de amortizaciones internas y externas. Este informe deberá incluir un apartado que refiera las operaciones activas y pasivas del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, así como de su posición financiera, incluyendo aquéllas relativas a la enajenación de bienes, colocación de valores y apoyos otorgados.

En este informe se deberá incluir la información sobre las comisiones de compromiso pagadas por los créditos internos y externos contratados.

VI. Dentro del Informe trimestral, un comparativo que presente las variaciones de los ingresos obtenidos al trimestre por cada concepto indicado en la fracción I del presente artículo respecto a las estimaciones mencionadas en el último párrafo de este artículo, así como las razones que expliquen estas variaciones.

Los informes a que se refiere este artículo deberán integrarse bajo una metodología que permita hacer comparaciones consistentes a lo largo del ejercicio fiscal.

Para los propósitos de este artículo, se entenderá por ingresos a aquellos que deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación conforme a lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002, conforme a la desagregación establecida en el artículo 1o. de esta Ley.

Artículo 25. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá informar trimestralmente en una sección específica lo relativo a:

I. Recaudación, saldos de los créditos fiscales, número de contribuyentes por sector de actividad y por tamaño de contribuyente, de acuerdo a la clasificación siguiente:

A. Personas físicas

B. Personas físicas con actividades empresariales

C. Personas morales;

II. Saldos sobre las devoluciones de cada uno de los impuestos. Esto se refiere al saldo resultante de la compensación de los pagos provisionales al entero de los diversos impuestos, en que dicho saldo puede ser a favor o a cargo del contribuyente;

III. Aplicación de multas.

Para la presentación de esta información las Comisiones de Hacienda y Crédito Público definirán el contenido de los cuadros estadísticos requeridos. Asimismo, deberá informar sobre los resultados de las tareas de auditoría y de fiscalización y del costo en que se incurre por estas tareas.

Artículo 26. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluirá trimestralmente en el Informe Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, la información relativa a los requerimientos financieros y disponibilidades de la Administración Pública Centralizada, de órganos autónomos, del sector público federal y del sector público federal consolidado, lo cual implica considerar a las entidades paraestatales contempladas en los anexos IV y V del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2002.

Artículo 27. En la recaudación y el endeudamiento público del Gobierno Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las entidades, estarán obligadas a proporcionar a la Contraloría y a la Contaduría Mayor de Hacienda, en el ámbito de sus respectivas competencias y en los términos de las disposiciones que apliquen, la información en materia de recaudación y endeudamiento que éstas requieran legalmente.

El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo será sancionado en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y las demás disposiciones aplicables.

Artículo 28. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria difundirán a la brevedad entre la población en general, a través de las páginas electrónicas que tengan establecidas en el sistema "internet", la información relativa a la legislación, reglamentos y disposiciones de carácter general así como las tablas para el pago de impuestos. Para tal efecto, deberán incluir la información en sus páginas electrónicas a más tardar 24 horas posteriores a la hora que se haya generado dicha información o disposición.

Artículo 29. La Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, en el ámbito de su competencia y de acuerdo con las leyes, verificará periódicamente los resultados de la ejecución de los programas de recaudación y fiscalización. Para tal efecto, dispondrá lo conducente para que se lleven a cabo las auditorías que se requieran, así como para que se finquen las responsabilidades y se apliquen las sanciones que procedan conforme a las disposiciones aplicables, sin perjuicio de las sanciones penales que determinen las autoridades competentes.

Tratándose de las dependencias y entidades, la citada Contraloría pondrá en conocimiento de tales hechos a la Auditoría de Fiscalización Superior de la Federación, en los términos que establecen las disposiciones aplicables.

Transitorios

Primero. La presente Ley entrará en vigor el día 1o. de enero de 2002.

Segundo. Se aprueban las modificaciones a las Tarifas de los Impuestos Generales a la Exportación y a la Importación efectuadas por el Ejecutivo Federal durante el año de 2001, a las que se refiere el informe que en cumplimiento de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131 Constitucional, ha rendido el propio Ejecutivo al Congreso de la Unión.

Tercero. En los casos en que con anterioridad al 1o. de noviembre de 2001, una persona hubiere incurrido en infracción a las disposiciones aduaneras que no impliquen omisión en el pago de impuestos y a la fecha de entrada en vigor de esta Ley no le haya sido impuesta la sanción correspondiente, dicha sanción no le será determinada, sí por las circunstancias del infractor o de la comisión de la infracción, la multa aplicable no excedería del equivalente en moneda nacional al 1o. de enero de 2002, a 2,500 unidades de inversión.

Reitero a Usted, Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.

Palacio Nacional, a 9 de noviembre de 2001.

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

VICENTE FOX QUESADA

El Presidente:

Recibo y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

2707,2708,2709

PRESUPUESTO DE EGRESOS

La secretaria Martha Silvia Sánchez González:

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

A través de su apreciable conducto y de acuerdo con lo establecido en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como titular del Poder Ejecutivo Federal atiendo la obligación de entregar a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2002, para que lo examine, discuta y en su caso, lo apruebe.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2002 está sustentado en las proyecciones de finanzas públicas y las líneas generales expresadas en los Criterios Generales de Política Económica.

Como ahí se señala, el mundo vive hoy condiciones económicas de mayor incertidumbre y menor crecimiento económico. Conforme a esta situación y a la responsabilidad de mi gobierno de mantener la estabilidad y de crear las condiciones para un despegue temprano de nuestra economía, el presupuesto que hoy se presenta busca: preservar la disciplina fiscal, proteger el gasto en educación, salud y seguridad pública, apoyar los programas públicos que fomenten la creación de empleos, promover un desarrollo regional más equilibrado, elevar la inversión física impulsada por el sector público y hacer de PEMEX una empresa que pueda modernizarse y mantener su contribución al desarrollo del país durante los próximos años.

De merecer su aprobación en los términos en que se envía a esa Soberanía el proyecto de presupuesto, el gasto neto total a nivel devengado alcanzará la cifra de 1 billón 410 mil 654.4 millones de pesos, que significarán un crecimiento real de sólo 0.3 por ciento respecto al año anterior y, como proporción del PIB, una disminución de cuatro décimas de punto porcentual.

Dentro de las limitaciones prevalecientes, mi gobierno ha hecho un considerable esfuerzo por distribuir cuidadosamente los recursos disponibles para los programas y proyectos de las dependencias y entidades, atendiendo las prioridades que ha marcado la población y buscando que la operación gubernamental se traduzca en servicios más eficientes, con un serio esfuerzo de innovación y simplificación de los procesos administrativos.

El gasto programable presupuestario alcanzará la cifra de 980 mil 095.7 millones de pesos, lo que significa una reducción real de uno por ciento respecto al cierre esperado para el presente año. Como proporción del PIB, pasará de 16.3 a 15.9 por ciento, es decir, representará una caída de 4 décimas del producto.

No obstante esta restricción de recursos, se ha procurado proteger el nivel del gasto en servicios sociales dirigidos hacia la población más vulnerable y las asignaciones vinculadas a la seguridad pública. De igual manera, se ha dado prioridad a los programas dirigidos a las regiones más marginadas y a los que generan empleo.

La inversión impulsada por el sector público alcanzará en 2002 una cifra de 234 mil 086.7 millones de pesos, lo que representa un crecimiento real de 9.0 por ciento, cifra muy superior al crecimiento estimado del PIB.

Aunque se ha buscado realizar la mejor distribución posible de los recursos disponibles, muchos programas y acciones importantes no han podido alcanzar cobertura presupuestaria. Aumentar el impacto de varios programas educativos, elevar el número de familias atendidas por el Progresa, ampliar los programas dirigidos al sector rural, incrementar el número de personas convocadas por el Programa de Empleo Temporal, mejorar la cobertura y calidad de los servicios de salud, atender a mayor número de jóvenes con becas para que puedan seguir con sus estudios, disponer de mayor volumen de créditos para los pequeños negocios, construir y mantener carreteras, aumentar los programas de vivienda y fortalecer las finanzas de los estados y municipios, requiere de mayores recursos presupuestarios.

La iniciativa de reforma hacendaria que el Gobierno de la República envió a consideración del honorable Congreso de la Unión, brinda la oportunidad para superar las debilidades estructurales que caracterizan a las finanzas públicas nacionales y cumplir los compromisos que el país tiene con las mexicanas y mexicanos que hasta hoy han sido excluidos del desarrollo.

Con los recursos de la reforma hacendaria podríamos invertir más de 35 mil millones de pesos adicionales, en el desarrollo humano de los mexicanos, en educación, salud y combate a la pobreza. Podríamos canalizar más de 15 mil millones directamente para apoyar la generación de empleos en el campo, en la construcción de carreteras y de viviendas, en la micro, pequeña y mediana empresa y el turismo. Podríamos destinar más de 5 mil millones a la seguridad de los mexicanos y de su patrimonio.

Con los recursos de la reforma hacendaria los estados y municipios podrían destinar para inversión hasta 38 mil millones de pesos. Esto se compara con los recursos disponibles en este Proyecto de Presupuesto de Egresos, en los fondos de infraestructura social, fortalecimiento municipal y aportaciones múltiples que ascienden a 43 mil millones de pesos.

Si queremos construir una economía más competitiva y una sociedad más justa y más humana, necesitamos invertir mayores recursos en aspectos esenciales para el desarrollo de la nación. Si contemplamos los rezagos ancestrales y la incapacidad presupuestal del Estado para superarlos, podremos ver claramente las consecuencias y las diferencias que tendríamos como país de no contar con la reforma hacendaria.

La iniciativa de reforma hacendaria se puede modificar, pero no se puede perder. Con la reforma hacendaria ponemos los cimientos de un México justo y exitoso; sin ella, arriesgamos el presente y comprometemos nuestro futuro.

Con el propósito de explicar de manera amplia y detallada el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2002 se entrega a esa honorable soberanía en seis tomos.

El primero de ellos contiene la Exposición de Motivos, la cual está dividida en nueve apartados. En los primeros siete se realizan consideraciones acerca del nivel y la composición del gasto público que se presenta en el proyecto de presupuesto, e igualmente contiene los principales programas y proyectos que integran el gasto programable del Ejecutivo Federal, así como los resultados presupuestarios del sector público. Asimismo, en estos apartados se presentan los componentes del gasto no programable y la información sobre los proyectos de presupuesto que enviaron al Ejecutivo los poderes Legislativo y Judicial, el Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El apartado número nueve comprende la iniciativa de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2002.

El segundo tomo contiene la información programática de los denominados Ramos autónomos, correspondientes a los Poderes y Entes Públicos Autónomos. El tercer tomo expone la información relativa a los poderes y entes públicos autónomos, así como a los ramos administrativos y generales del Ejecutivo Federal.

El cuarto tomo presenta el presupuesto de ingresos y egresos de los organismos y empresas de control presupuestario directo y el quinto los flujos de efectivo de las entidades de control presupuestario indirecto. Finalmente, en el tomo seis se presenta la información analítica de la inversión contenida en este proyecto. Adicionalmente, se entrega en disco compacto la información que comprende este Proyecto, a efecto de simplificar a esa honorable representación y a la ciudadanía su análisis y discusión.

Al someter a consideración de la Cámara de Diputados el presente Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002, me es grato reiterar a ustedes la seguridad de mi mayor respeto.

Palacio Nacional, a 9 de noviembre de 2001. El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada.»

2710,2711,2712

INDICE

I. FUENTES, USO Y ANALISIS GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO

I.1. Fuentes de los Recursos del Sector Público Federal 2002

I.1.1. Fuentes de Recursos del Gobierno Federal

I.1.2. Fuentes de Recursos de los Organismos y Empresas de Control Presupuestario Directo

I.2. Uso de los Recursos del Sector Público

I.3. Análisis general del gasto

I.3.1. Clasificación general del gasto

I.3.2. Resultado presupuestario del sector público

I.4. Consideraciones adicionales

I.4.1. Desarrollo Social y Humano

I.4.2. Crecimiento con Calidad

I.4.3. Orden y Respeto

I.4.4. Impacto de la Reforma Fiscal en el gasto programable

II. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

II.1. Introducción

II.1.1. La evolución de la población

II.1.2. Características socioeconómicas

II.1.3. Los retos sociales

II.1.4. Políticas y acciones públicas sociales

II.2. Acciones Generales

II.2.1. La educación de calidad

II.3. Ciencia y Tecnología

II.3.1. Fondos sectoriales

II.4. Cultura y Deporte

II.4.1. Cultura

II.4.2. Educación física y

II.5. Salud

II.5.1. Nuevos programas

II.6. Seguridad Social

II.7. El mejoramiento de la vida laboral

II.8. Vivienda

II.8.1 de los Organismos Nacionales de Vivienda

II.8.2. Diversificación de Servicios de Financiamiento

II.9. Equidad e igualdad de oportunidades

II.9.1. Introducción

II.9.2. Eliminación de la discriminación y la violencia hacia las mujeres

II.9.3. Promoción de oportunidades e incorporación de la juventud en el desarrollo del país

II.9.4. Participación de los pueblos indígenas en el desarrollo nacional

II.9.5. Atención a población en desamparo y grupos vulnerables

II.10. Superación de la Pobreza

II.10.1. Vertientes de la red social integral

III. CRECIMIENTO CON CALIDAD

III.1. Promoción del desarrollo y competitividad sectorial

III.1.1. Acciones productivas para el desarrollo rural

III.1.2. Turismo

III.1.3. Impulso a la competitividad del sector minero

III.1.4. Creación de infraestructura y servicios públicos

III.2. Competitividad y desarrollo incluyente

III.2.1. Apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas

III.2.2. Desarrollo empresarial incluyente

III.2.3. Mejora regulatoria, eliminación de prácticas desleales, metrología y normalización y modernización de los registros públicos

III.2.4. Inserción de México en el entorno internacional e inversión extranjera directa

III.2.5. Desarrollo de la región Sur-Sureste

lll.2.6. Armonización del crecimiento y distribución territorial de la población

III.2.7. Desarrollo económico regional equilibrado e incluyente

III.3. Medio Ambiente y Recursos Naturales

III.3.1. Contención del deterioro del medio ambiente y los recursos naturales

IV. ORDEN Y RESPETO

IV.1. Soberanía y Seguridad Nacional

IV.1.1. Introducción

IV.1.2. Defensa de la soberanía en el orden interno

IV.1.3. Participación en las prioridades de seguridad nacional y apoyo a la población civil

IV.1.4. Modernización del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México

IV.1.5. Relaciones exteriores

IV.1.6. Agenda de riesgos de seguridad nacional

IV.2. Gobernabilidad democrática

IV.2.1. Introducción

lV.2.2. Gobierno

IV.2.3. Comunicación social

IV.3. Población, protección civil y asuntos religiosos

IV.3.1. Introducción

IV.3.2. Política poblacional

IV.3.3. Migración

IV.3.4. Prevención y atención de desastres naturales y protección civil

IV.3.5. Asociaciones religiosas y culto público

IV.4. Seguridad pública

IV.4.1. Introducción

IV.4.2. Prevención del delito para garantizar la seguridad ciudadana

IV.4.3. Reforma del Sistema Nacional de Seguridad Pública

IV.4.4. Reestructuración del Sistema Penitenciario

IV.4.5. Combate a la corrupción, depuración y dignificación de los cuerpos policiales

IV.5. Procuración de justicia

IV.5.1. Introducción

IV.5.2. Fortalecimiento del marco legal y la organización para la procuración de justicia

IV.5.3. Combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada

IV.5.4. Depuración, desarrollo y dignificación de los responsables de la procuración de justicia

V. TRANSPARENCIA Y CALIDAD EN LA GESTION DE GOBIERNO

V.1.La función pública en un buen gobierno

V.2. Magnitud de los servicios personales

V.1.1. Universo de la Administración Pública Federal

V.3.Presupuesto de los servicios personales

V.4.Previsiones salariales y económicas en Ramos Administrativos

V.5.Programa salarial del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas

V.6. Percepciones de los servidores públicos

V.6.1. Percepciones ordinarias

V.6.2. Percepciones extraordinarias

V.7.Honorarios

VI. PODERES Y ENTES PUBLICOS FEDERALES

VI.1. Introducción

VI.1.1. Poder Legislativo

VI.1.2. Poder Judicial de la Federación

VI.1.3. Instituto Federal Electoral

VI.1.4. Comisión Nacional de los Derechos Humanos

VI.2. Poder Legislativo

VI.2.1. Cámara de Diputados

VI.2.2. Auditoría Superior de la Federación

VI.2.3. Cámara de Senadores

VI.3 Poder Judicial de la Federación

VI.4 Instituto Federal Electoral

VI.5. Comisión Nacional de los Derechos Humanos

VI.5.1. Introducción

VI.5.2.Los aspectos Programático-Presupuestarios

VI.5.3. Exposición especifica de Motivos del Proyecto de Presupuesto 2002

VI.5.4. Presentación de la Exposición de Motivos

VII. FEDERALIZACION DEL GASTO

VII.1.Transferencia de recursos a las Entidades Federativas y Municipios

VII.2. Transferencias vía gasto

VII. 2.1 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios (Ramo 28)

VII.2.2. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (Ramo 33) y Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos (Ramo 25)

VII.2.3. Transferencias totales vía gasto

VIII. COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA PUBLICA PRESUPUESTARIA Y EROGACIONES PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA

VIII.1. Costo Total

VIII.2. Costo Financiero de la Deuda del Gobierno Federal (Ramo 24)

VIII.3. Costo de los Programas, de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca (Ramo 34)

VIII.3.1. Apoyo a ahorradores

VIII.3.2. Apoyo a deudores

VIII.4. Costo de la deuda de los Organismos y Empresas de Control Presupuestario Directo

IX. INICIATIVA DE DECRETO APROBATORIO

2713,2714,2715,2716

I.       FUENTES, USO Y ANÁLISIS GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO

La política fiscal es uno de los instrumentos más importantes de que dispone el gobierno para materializar sus objetivos y propósitos cuando se usa adecuadamente.  Para que sea efectiva, requiere reconocer sus límites, ya que de lo contrario puede perjudicar el desempeño de la economía y causar así perjuicios en vez de los beneficios que procura generar.0

Un creciente número de países ha reconocido, hasta en sus Constituciones, la importancia de guardar una correspondencia entre los ingresos y los gastos públicos.  Esta restricción se ha constituido en una premisa general para apoyar el desarrollo económico y mantener la estabilidad de las variables financieras.

Nuestro país cuenta ya con varios años de procurar la salud fiscal, a fin de avanzar hacia la estabilidad económica, aún bajo condiciones externas adversas como las que se viven actualmente.

Para el año 2002, la economía mundial presentará rasgos de bajo crecimiento e incluso es posible que algunas economías padezcan inestabilidad a consecuencia de la menor disponibilidad de recursos financieros.

En el caso de México, la situación internacional y la menor actividad productiva afectarán la obtención de financiamiento en los mercados y la captación de ingresos.  Esta situación será particularmente apremiante para el sector público.

Ante este panorama, se plantea para el año 2002 una meta de endeudamiento o déficit fiscal equivalente a 0.65 por ciento del producto interno bruto, compatible con una previsión prudente de generación de recursos financieros.

No obstante que nuestro país se ha distinguido de otras economías emergentes por su menor riesgo-país, no resultaría conveniente considerar un mayor endeudamiento público con recursos del exterior.

La meta de déficit público, la estimación de ingresos públicos y la de gasto no programable determinan los recursos que, a través del gasto programable, se aplicarán para la ejecución de los programas y proyectos en el año 2002, en el caso de que esa H. Soberanía lo apruebe, y que fueron establecidos como propósitos por el Ejecutivo Federal en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006.

I.1.       Fuentes de los Recursos del Sector Público Federal 2002

De acuerdo con la iniciativa de la Ley de Ingresos, los recursos totales de que dispondrá el sector público federal para el próximo año sumarán 1,410,654.4 millones de pesos, monto que representa un nivel superior al de 2001.

Como proporción del PIB, estos recursos serán equivalentes a 22.8 por ciento, es decir 0.4 puntos porcentuales por debajo de lo registrado este año.

En la gráfica I.1 se muestran los componentes del ingreso neto total de 2002.

I.1.1.      Fuentes de Recursos del Gobierno Federal

El Gobierno Federal aportará el 71.5 por ciento de los ingresos presupuestarios totales, contribución equivalente a 15.6 por ciento del PIB.

I.1.1.1.                  Ingresos Tributarios

La recaudación tributaria del Gobierno Federal alcanzará en el año 2002 un monto de 733,290.8 millones de pesos, que representa 11.9 por ciento del PIB y significa un crecimiento real de 7.8 por ciento.

Las principales contribuciones al crecimiento de los ingresos tributarios provendrán del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), especialmente de la recaudación vinculada al sector petrolero (gasolina y diesel, entre otros) y del esfuerzo adicional que realizará el Gobierno Federal para mejorar la administración de la recaudación tributaria, equivalente a 0.5 por ciento del PIB. Por sí solo, este esfuerzo representa más de la mitad del incremento absoluto de la recaudación tributaria esperada para 2002.

I.1.1.1.                  Ingresos no Tributarios

Los ingresos no tributarios del Gobierno Federal en 2002 serán de 233,795.3 millones de pesos. Representan 3.8 por ciento del PIB y una caída real de 24.0 por ciento, la cual se debe fundamentalmente al deterioro de los ingresos petroleros y a la disminución de los ingresos no recurrentes.  

I.1.2.     Fuentes de Recursos de los Organismos y Empresas de Control Presupuestario Directo

En 2002, los ingresos por la venta de bienes y servicios y por el cobro de aportaciones a la seguridad social de estos organismos y empresas ascenderán a 385,097.8 millones de pesos, lo que representa 6.2 por ciento del PIB y un crecimiento real de 8.6 por ciento.

Después de pagar sus contribuciones al Gobierno Federal, Pemex contribuye con aproximadamente dos quintas partes de los ingresos del sector paraestatal controlado y el dinamismo de sus ingresos esperados para 2002 constituye la base del crecimiento real estimado en los ingresos del conjunto de los organismos y empresas de control presupuestario directo.

Cabe señalar que los ingresos brutos totales de Pemex incluyendo los que se pagan como impuestos al Gobierno Federal y los que cuentan para el balance primario de la empresa, representan 33.6 por ciento de los ingresos totales del sector público.

2717,2718,2719

I.1.        Uso de los Recursos del Sector Público

Para el ejercicio fiscal 2002, se propone que el gasto neto total ascienda a la cantidad de 1,410,654.4 millones de pesos. Representa un crecimiento real respecto al cierre de 2001 de 0.3 por ciento y como proporción del PIB disminuye 0.4 puntos porcentuales.

Del total de gasto neto presupuestario, se propone que 980,095.7 millones de pesos, es decir, un 69.5 por ciento, se destinen a erogaciones programables. El restante 30.5 por ciento se destinará a erogaciones no programables, que corresponden al costo financiero de la deuda, las participaciones de ingresos a entidades federativas y municipios, y los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas).

I.1.                 Análisis general del gasto

En el Plan Nacional de Desarrollo, el Ejecutivo se comprometió a mantener una política de financiamiento sano del gasto público. Ello será posible a través de un incremento de las contribuciones de la sociedad, de un ejercicio prudente del gasto público y de la innovación y modernización de las funciones de gobierno para elevar la productividad y calidad de sus acciones en beneficio de la sociedad.

La disminución del ritmo de la actividad económica esperada para 2002 y la ausencia de una nueva hacienda pública que aumente las contribuciones de la sociedad, provocará que el gasto del gobierno se vea limitado. El Proyecto de Presupuesto de Egresos que se presenta a consideración de la H. Cámara de Diputados para 2002, ante el crecimiento de diversos compromisos de carácter estructural como el pago de salarios y pensiones y los servicios que por ley tiene que proveer el Gobierno Federal, ha contado con escaso margen para poder realizar reasignaciones de recursos entre programas y ampliar su cobertura, o impulsar nuevos.  Sin embargo, dentro de esas limitadas posibilidades se ha procurado proteger las asignaciones presupuestarias prioritarias para el desarrollo nacional.

Durante 2001, el gobierno aplicó medidas de ahorro, productividad, desregulación y transparencia para que la administración pública sea una organización eficiente.

El Ejecutivo Federal propone a esa H. Soberanía aplicar los recursos del presupuesto de egresos 2002 con base en las siguientes políticas generales de gasto:

·       reducir el costo financiero de la deuda del Gobierno Federal

·       promover que todo programa, proceso o proyecto opere más eficientemente, tenga claros tanto sus fines como su población objetivo, establezca sus resultados, rinda cuentas, utilice criterios transparentes y aplique esquemas de ejecución adecuados

·       modernizar el marco jurídico y normativo que regula el proceso presupuestario, haciéndolo más eficiente

·       apoyar la recuperación del empleo y el desarrollo de la infraestructura energética

·       mantener los niveles del gasto descentralizado e introducir mecanismos que hagan más eficiente el uso de los recursos federalizados

·       favorecer las asignaciones de recursos para la atención de la educación, la salud, la vivienda, la equidad y el combate a la pobreza

·       fortalecer las acciones de política interior y exterior, en especial las relacionadas con la seguridad de los ciudadanos y el combate al tráfico de personas y estupefacientes

I.1.1.   Clasificación general del gasto

El gasto neto total comprende el conjunto de erogaciones que realizan las instituciones y ramos del sector público presupuestario.  El monto que se pone a consideración de la H. Cámara de Diputados para su autorización en el ejercicio 2002 representa 22.8 por ciento del PIB.

2720,2721,2722

I.1.1.1.                  Costo financiero de la deuda pública

En el 2002, se propone destinar un total de 211,411.3 millones de pesos para cubrir el costo financiero de la deuda; este monto representa 3.4 por ciento del PIB y es mayor 6.0 por ciento en términos reales respecto al cierre previsto para el año 2001.  Ello incluye los intereses, comisiones y gastos de la deuda interna y externa tanto del Gobierno Federal como de los Organismos y Empresas de Control Presupuestario Directo.

En este monto se incluyen también 45,378.1 millones de pesos para el Ramo 34 Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca. De estos recursos, 16,884.5 millones de pesos corresponden a los programas de apoyo a deudores de la banca comercial y de desarrollo y 28,493.6 millones de pesos a los programas de apoyo a ahorradores a través del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

I.1.1.2.                  Gasto primario

De ser aprobado, el gasto primario para 2002, que se obtiene al descontar del gasto neto total el costo financiero de la deuda, ascendería a 1,199,243.1 millones de pesos, lo que significa una reducción real de 0.6 por ciento respecto al cierre de 2001.

Además de la escasez general de recursos disponibles, la asignación propuesta por los ramos autónomos, integrados por los poderes Legislativo y Judicial y los entes públicos federales, Instituto Federal Electoral (IFE) y Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), reduce adicionalmente el monto disponible para las actividades del Poder Ejecutivo, de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios.

La asignación presupuestaria a los ramos autónomos sería la siguiente:

I.1.1.1.                  Gasto programable.

El monto de gasto programable que se presenta a esa H. Soberanía, para su aprobación que incluye las asignaciones a los ramos autónomos, asciende a 980,095.7 millones de pesos. Representa 15.9 por ciento del PIB, lo que significa una reducción real de 1.0 por ciento y una caída de 4 décimas del producto.

No obstante esta reducción, el presupuesto de gasto programable ha sido integrado para cumplir con los siguientes objetivos generales:

·       proteger el gasto en educación, salud y seguridad pública,

·       apoyar los programas públicos que fomentan la creación de empleos,

·       elevar la inversión física impulsada por el sector público a una tasa superior al crecimiento del PIB, y

·      hacer de Petróleos Mexicanos una empresa que mejore sus operaciones e incremente sus inversiones a fin de que su contribución a las finanzas públicas se mantenga adecuadamente en los próximos años

                                                                     2723,2724,2725

I.1.1.1.1.                 Gasto programable del Sector Público en clasificación administrativa

En el cuadro siguiente, puede verse el total del gasto programable del sector público para 2002 presentado para cada una de las dependencias y entidades de control presupuestario directo, así como para los llamados ramos autónomos y ramos generales.

I.3.1.3.2 Gasto programable del Sector Público en clasificación económica

La propuesta de gasto programable para 2002 que se presenta ante la H. Cámara de Diputados asegura un monto de 851,672.0 millones de pesos a gasto corriente.   Estos recursos representan 86.9 por ciento del gasto programable y son 3.4 por ciento superiores en términos reales respecto a lo erogado en 2001.

El principal componente del gasto corriente es el gasto en servicios personales. A este rubro destinarán la mayor parte de sus recursos totales los poderes Legislativo y Judicial, los Entes Públicos Federales, el Poder Ejecutivo Federal y también constituye el principal componente del gasto federalizado, que ejercen directamente los gobiernos de las entidades federativas y municipios. El Gobierno Federal, consciente de la magnitud de estas erogaciones, se ha propuesto ejercerlas con la mayor austeridad, eficiencia y eficacia posibles, aplicando medidas de productividad y ahorro, como las siguientes:

·          la política salarial se apega estrictamente a la inflación esperada,

·          no se otorgarán aumentos salariales para los niveles superiores de la Administración Pública Federal,

·          se fortalecen y amplían los esquemas de retiro voluntario,

·        no se crean nuevas plazas, excepto en el sector educación para la contratación del personal docente,

·        las economías en servicios personales podrán utilizarse para inversión o destinarse a programas prioritarios, siempre y cuando se cancelen las plazas correspondientes.

                                                                   2726,2727,2728

No obstante, al pago de servicios personales en el Sector Público Presupuestario se destinarán 460,195.3 millones de pesos, que representan 47.0 por ciento del gasto programable y son superiores en un 5.6 por ciento en términos reales respecto al año anterior.

Es importante señalar que el incremento neto en las erogaciones por servicios personales a pesos de 2002, respecto a 2001, asciende a 24,519.0 millones de pesos y que, de este incremento, 45.3 por ciento, es decir, 11,101.4 millones de pesos, corresponden a funciones de desarrollo social, es decir, están vinculados al pago de salarios de maestros, médicos, enfermeras y otros trabajadores del sector público vinculados a labores sociales.

Por otra parte, 10.6 por ciento de este incremento está relacionado con las entidades paraestatales del sector energético, es decir, Pemex, CFE y LFC.

Un total de 9,153.0 millones de pesos, 37.3 por ciento del total del incremento, está dirigido a las dependencias que tienen que ver con la procuración e impartición de justicia, así como con la seguridad pública. Finalmente, solo 6.8 por ciento del incremento neto en el gasto de servicios personales tiene que ver con otras áreas gubernamentales.

Así, en la práctica, el incremento en el gasto corriente y especialmente en servicios personales del Sector Público se corresponde con las políticas generales de gasto que se proponen para el Proyecto de Presupuesto, es decir, la atención a la salud, la educación y la seguridad pública, así como el fortalecimiento de Pemex.

Los recursos para las pensiones y jubilaciones, que están a cargo de las instituciones públicas de seguridad social, ascienden a 119,613.8 millones de pesos, que constituyen 12.2 por ciento del gasto programable y son 4.3 por ciento superiores a las de 2001.

El gasto de capital de carácter presupuestario para el año 2002 sería de 128,423.7 millones de pesos lo que representa una disminución, en términos reales de 22.8 por ciento con respecto al año anterior. En particular, el gasto destinado a inversión física alcanzará 125,965.2 millones de pesos, lo que representa una reducción real de 20.4 por ciento. Este monto de recursos se destinarán principalmente a mantener la ejecución de obras iniciadas en el 2001, especialmente en los sectores de infraestructura carretera, agua potable, riego, alcantarillado y saneamiento, así como obras para proporcionar servicios de educación y salud.

Al sumar a estos recursos presupuestarios los recursos para inversión financiada para los cuales se solicita autorización, el gasto destinado a inversión física alcanzará la cifra de 234,086.8 millones de pesos, que representa un crecimiento real de 9.0 por ciento y de tres décimas del PIB respecto al año anterior, al pasar de 3.5 a 3.8 por ciento.

I.1.1.        Resultado presupuestario del sector público

Como parte de los resultados presupuestarios previstos para el ejercicio fiscal 2002,  el Ejecutivo Federal somete a consideración de la H. Cámara de Diputados para su aprobación, los balances primarios y las cuentas dobles.

El balance primario incluye la información tanto de los ramos autónomos y administración pública centralizada como de los Organismos y Empresas de Control Presupuestario Directo. El sector público registrará en 2002 un superávit primario de 172,046.8 millones de pesos, que representa un incremento de 8.8 por ciento real respecto a lo logrado el año anterior.

El resultado presupuestario del sector público revela el compromiso de la presente administración por procurar finanzas públicas sanas y un mejor uso de los recursos públicos.

I.1.1.1.                  Balances Primarios

El proyecto de presupuesto que se somete a consideración de la H. Cámara constituye una propuesta austera que permitirá continuar con el fortalecimiento de la economía, la cimentación de la estabilidad y la elevación de la competitividad. Se estima que los ramos autónomos y la administración pública centralizada tendrán un superávit primario de 92,481.1 millones de pesos, lo que implica un decremento de 8.2 por ciento real respecto de 2001 (cuadro I.8).

La asignación presupuestaria propuesta para los Organismos y Empresas de Control Presupuestario Directo se muestra en el cuadro I.9.  El superávit primario previsto para 2002 será de 78,736.1 millones de pesos, y representa un crecimiento real de 41.9 por ciento.  Cabe señalar que este nivel está significativamente influido por el elevado nivel del superávit primario previsto para Pemex.

2729,2730,2731

I.1.1.1.                  Cuentas Dobles

I.1.1.1.1.                     Cuenta doble de ramos autónomos y administración pública centralizada

El cuadro I.10 muestra el requerimiento neto necesario para que los ramos autónomos y la administración pública centralizada lleven a cabo las funciones que les encomienda la legislación vigente.  Para 2002, de ser aprobado este rubro será de 88,997.3 millones de pesos.

I.1.1.1.1.                 Cuenta doble de organismos y empresas de control presupuestario directo

La cuenta doble de los Organismos y Empresas de Control Presupuestario Directo del cuadro I.11 presenta el resultado superavitario que se propone para 2002, por un monto de 48,803.2 millones de pesos.  Cabe señalar que este superávit será utilizado para reducir el requerimiento de financiamiento neto del sector público.

I.3.2.2.3 Cuenta doble del sector público consolidado

A nivel consolidado, la cuenta doble presenta el financiamiento que se propone para el año 2002 de 40,194.1 millones de pesos, que corresponde al déficit público para el próximo año, así como 18,276.4 millones de pesos de diferimiento de pagos.

I.1.      Consideraciones adicionales

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2002 que se pone a su consideración, constituye un esfuerzo responsable para adecuar el nivel de gasto programable a las restricciones de ingresos y financiamiento que enfrentará el Sector Público el próximo año.

En un contexto en el que el Gobierno Federal tiene que hacer frente a diversas obligaciones contractuales como el pago de servicios personales, Pidiregas y pensiones, entre los más importantes, la reducción del gasto programable, ha limitado sustancialmente los márgenes de acción que se requieren para poder impulsar el desarrollo integral, sustentable, sólido, permanente y equitativo que demanda la población.

En abril pasado el Ejecutivo envió al Congreso una iniciativa de reforma hacendaria que pretende aumentar la capacidad del Gobierno Federal para atender con mayores recursos los rezagos sociales de nuestro país, mejorar la seguridad pública y promover la competitividad de la economía. A la vez la reforma permitiría corregir paulatinamente las debilidades estructurales de las finanzas públicas.

Mientras menor sea el nivel de endeudamiento público, más rápido será posible disminuir el saldo de la deuda pública respecto al PIB.

Un menor endeudamiento público fortalece la capacidad de financiamiento en el país, protege a la economía ante la ocurrencia de eventos inesperados del exterior, permite disminuir las tasas de interés internas y aumenta la disponibilidad de recursos para la inversión de los particulares. Un menor nivel de deuda permitirá tener en el futuro tasas más altas de crecimiento económico.

Asimismo, si la deuda pública se reduce, el costo de servirla se reduce consecuentemente, lo que amplía la capacidad del Gobierno Federal para canalizar recursos hacia los programas y actividades públicas.

Se estima que la iniciativa de reforma fiscal enviada, de ser aprobada en los términos propuestos, permitiría contar con una disponibilidad adicional de recursos por 117,389.0 millones de pesos.

Sería prudente y adecuado que parte de estos recursos fueran utilizados para reducir el nivel de déficit público propuesto de 0.65 a 0.50 por ciento del PIB, lo que implicaría destinar 9,200.0 millones de pesos a ese fin. Adicionalmente, la aplicación de la reforma generaría recursos adicionales para las entidades federativas por concepto de participaciones y aportaciones vinculadas a la recaudación federal participable por 33,174.0 millones de pesos.

El proyecto de reforma consideraba distribuir mediante diversas vías, recursos entre la población de menores ingresos para compensar algunos de sus efectos (Programa Contigo), lo que representaría erogaciones para el Gobierno Federal por 7,128.0 millones de pesos.

De aprobarse la iniciativa de reforma fiscal y si se aceptara la propuesta de distribución antes descrita el Gobierno Federal estaría en condiciones de incrementar los programas de atención a la población de menores recursos, tanto en los centros urbanos, como en el medio rural, de fortalecer las acciones dirigidas a grupos vulnerables, de mejorar la seguridad pública, de fortalecer sustancialmente la atención a la salud y los servicios educativos, de aumentar la inversión en infraestructura y de apoyar en general la estrategia de desarrollo establecida en el Plan Nacional de Desarrollo.

De contarse con dichos recursos, se podría realizar una asignación que atendiera las tres prioridades nacionales expuestas en el Plan de la siguiente manera:

A continuación se presenta una idea del Ejecutivo respecto a como podrían darse dichas asignaciones.

2732,2733,2734

I.1.1.       Desarrollo Social y Humano

En el área del desarrollo social y humano de esta Administración se fortalecerían siete áreas básicas: superación de la pobreza, apoyo a la educación, desarrollo de los pueblos indígenas, apoyo a la ciencia y la tecnología, ampliación de los servicios de salud, fortalecimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social e incremento de becas y capacitación para el trabajo.

Para la superación de la pobreza, a la que se destinarían 6,263.8 millones de pesos, adicionales a lo previsto en este proyecto, se incorporaría un millón de familias más al Progresa, se incrementaría el Programa de Empleo Temporal, se fortalecería la labor de Diconsa, se incrementaría la labor de IMSS-Solidaridad para aumentar sus niveles de atención, se quedaría operando dentro de la Sedesol para diferenciarlo del Fonaes Urbano que se mantendría como parte de la Secretaría de Economía.

A la educación se destinarían más de 20,000.0 millones de pesos, con lo cual se avanzaría en materia de capacitación para adultos a través del sistema INEA-Conevyt, que duplicaría el número de certificados de secundaria que se otorgaron este año. También se destinarían fondos suficientes para absorber el total de la demanda tanto en educación básica como en educación media superior y superior.

A través del Programa Nacional de Becas, se apoyarían los estudios de 700 000 niños en educación básica y 126 000 en el nivel medio superior, se dotaría de un centro de cómputo con 20 computadoras a 6 000 escuelas en el país y se incorporarían 10 000 escuelas al programa Escuelas de Calidad.

Los recursos además permitirían fortalecer los gastos de operación e inversión en educación básica que se transfieren a través del Ramo 33 a las entidades federativas y se contaría con más recursos para el Instituto Nacional de Evaluación.

Al desarrollo de los pueblos indígenas se podrían asignar más de 900.0 millones de pesos, lo que permitiría incorporar 32 000 niños y niñas indígenas de las zonas más desfavorecidas del país a la educación básica entre otras asignaciones favorables para la población, así como apoyar las acciones del Instituto Nacional Indigenista y poner en marcha un programa de salud y nutrición para pueblos indígenas.

Para la promoción del desarrollo científico y tecnológico del país se podrían destinar alrededor de 2,000.0 millones de pesos, lo que permitiría fortalecer los centros del sistema SEP- Conacyt e incrementar los fondos sectoriales y mixtos con los que opera esta institución.

Para el fortalecimiento de los servicios de salud se podrían destinar cerca de 2,500.0 millones de pesos, que permitirían apoyar significativamente el gasto de operación e inversión en servicios de salud de las entidades federativas a través del Ramo 33. Asimismo, se podría apoyar en mayor medida el Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en servicios de salud, así como la Cruzada Nacional de Servicios de Salud.

Adicionalmente, se podría fortalecer el programa de vacunación universal, los hospitales psiquiátricos y generales de la SSA y apoyar programas dirigidos a grupos especiales como migrantes, mujeres y personas con VIH positivo. Así mismo, el programa “Arranque parejo en la vida” podría comenzar a operar dando a muchos niños y niñas de escasos recursos una oportunidad de desarrollo.

Para fortalecer al IMSS, se destinaría un monto de recursos importante, con el que se incrementaría significativamente el número de lugares para niños de madres trabajadoras en las guarderías, se ampliaría la construcción, equipamiento y mantenimiento de unidades médicas y se fortalecería el aprovisionamiento de medicamentos.

Al renglón de becas y capacitación para el trabajo se destinarían 150.0 millones de pesos.

I.1.1.        Crecimiento con Calidad

Los recursos adicionales de la iniciativa de reforma hacendaria permitirían que, dentro de la prioridad de crecimiento con calidad, se avanzara en asegurar las actividades para la conducción responsable de la economía, incrementar y ampliar la competitividad del país con la construcción de infraestructura y promover un crecimiento estable, dinámico, incluyente, sostenido y sustentable.

El Ejecutivo ha identificado diez áreas estratégicas de acción que permitirían aumentar el impacto de las políticas públicas y mejorar la correspondencia entre éstas y los programas de las distintas dependencias, lo que haría posible apoyar en mejor medida a las poblaciones, regiones y sectores rezagados o vulnerables a través de la inclusión social.

Por ejemplo, se buscaría destinar recursos adicionales a la construcción y mantenimiento de la infraestructura carretera, así como a la construcción del tren suburbano de la zona metropolitana de la ciudad de México.

La infraestructura carretera es crucial para aumentar la competitividad y la inclusión al desarrollo de regiones, sectores y personas. Algunos proyectos que podrían ser considerados serían la construcción de los siguientes libramientos: sur poniente de Querétaro, Xalapa, Calpulalpan, Pachuca y Actopan; asimismo se construirían los tramos carreteros de Río Verde – Ciudad Valles, Xoxtla – Tlaxcala, Las Lajas-Tejocotal, Chetumal-Escarcega-Tulum y Alpuyeca-E.C. Miacatlán, entre otros. Los proyectos mencionados responden a prioridades identificadas con los gobiernos de las entidades federativas. 

Se desarrollarían acciones para una política integral para el desarrollo empresarial a fin de elevar la competitividad del país, así como una política de apoyo a los microempresarios que asegure un desarrollo incluyente.  Se podrían destinar apoyos adicionales a las pequeñas y medianas empresas durante el ejercicio de 2002, que se canalizarían a través del Programa para las Pequeñas y Medianas Empresas y de la Banca de Desarrollo.

La política energética considera como premisa que la energía no es sólo un insumo sino un detonador del desarrollo económico y social.  Por esto, se propondría asignar más recursos para garantizar la disponibilidad de electricidad por medio de inversiones y el presupuesto necesario para la operación de la Comisión Federal de Electricidad y de Luz y Fuerza del Centro.  Con ello, entre otras cosas, se permitiría la entrada en operación de 3 centrales eléctricas en 2002.

Se podrían también destinar recursos adicionales al campo mexicano, para el apoyo de la comercialización agropecuaria y pesquera y el fomento de la competitividad, la rentabilidad, el desarrollo de los mercados regionales y las regiones. También se destinarían mayores recursos a la Alianza para el Campo, especialmente para los programas de agricultura y desarrollo rural, así como recursos para apoyar microcuencas y el desarrollo regional.   A través del Fondo de Apoyo Especial a la Inversión en el Fomento de la Pequeña Industria Rural se destinarían recursos para fortalecer las capacidades organizativas, técnicas y administrativas de la población rural, así como para apoyar la inversión en maquinaria y equipo en agroindustrias localizadas en zonas de alta marginación.

Asimismo, se podría mejorar la atención de la ciudadanía por medios electrónicos y en instituciones como Profeco, mejorar el Registro Público de Comercio, así como fortalecer el papel de México en el extranjero y mejorar la operación del comercio exterior.  Los recursos adicionales también permitirían mejorar la supervisión y la defensa legal en el sector financiero y fortalecer las operaciones de Fideliq.

Los proyectos ambientales que se apoyarían durante el año 2002 permitirían dar una mejor atención al bosque y el agua, que han sido considerados elementos de seguridad nacional. Así, se podría apoyar más el Programa Nacional de Reforestación y dar un nuevo uso a suelos que actualmente no tienen uso forestal por medio de un fondo para potenciar los proyectos de plantaciones comerciales.

Con el objetivo de atenuar los efectos adversos de la desaceleración económica se podrían asignar recursos adicionales para la creación de empleos entre la población más vulnerable.  Se ampliaría el alcance del seguro social para desempleados en los términos establecidos en el Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional.

La banca social y la promoción del empleo en las zonas menos desarrolladas constituye una alta prioridad para el Gobierno Federal que convendría apoyar con nuevos recursos en el año 2002.

El turismo es una de las actividades más importantes en materia de empleo, inversión y actividad económica, además de que se ha convertido en la tercera actividad generadora de divisas para el país por lo que sería necesario destinarle mayores recursos.

Atendiendo las prioridades del Programa Nacional de Turismo, se daría mayor impulso a las actividades de ecoturismo y al Programa de Pueblos Mágicos con el fin de llevar los beneficios de esta industria a regiones tradicionalmente excluidas pero con alto potencial.

Uno de los objetivos del Gobierno Federal es promover los programas de vivienda y consolidar el mercado habitacional para convertir a este sector en un motor de desarrollo.  En este sentido, se podrían destinar recursos adicionales para el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda.  La industria de la vivienda es un fuerte generador de empleo con efectos multiplicadores sobre diversas ramas industriales, que permiten mejorar adicionalmente las condiciones de bienestar de los mexicanos.

                                                                  2735,2736,2737

I.1.1.      Orden y Respeto

En el área de orden y respeto se podrían destinar alrededor de 6,500.0 millones de pesos adicionales, con el objeto de fortalecer la procuración de justicia, dar mayores recursos a las labores de apoyo que realizan las Fuerzas Armadas, incrementar la seguridad pública, fortalecer la labor del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y construir los elementos para dar más transparencia a la acción de gobierno.

Para el fortalecimiento de la procuración de justicia se crearían dentro de la PGR nuevas plazas y se construirían nuevas delegaciones. Además se mejorarían las condiciones de trabajo de dicha institución homologando salarios y modernizando el equipo informático y de comunicaciones. Por otra parte, se podrían crear nuevas unidades, destacando la Agencia Federal de Investigaciones.

Para fortalecer las labores de apoyo que proporcionan las fuerzas armadas, se utilizarían recursos para apoyar la labor que Semar y Sedena realizan en actividades como combate a la delincuencia, apoyo a la población civil en caso de desastres y protección del mar territorial.

A la seguridad pública se destinarían alrededor de 3,000.0 millones de pesos adicionales, lo que permitiría crear nuevas plazas para los egresados de los centros de capacitación de la Policía Federal Preventiva, construir nuevos Ceferesos e incrementar las aportaciones federales a entidades federativas a través del FASP, fortaleciendo los recursos asignados al Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Adicionalmente, sería conveniente apoyar la creación de 4 nuevas salas del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa y mejorar y aumentar el alcance de los servicios electrónicos que proporciona el Gobierno Federal tales como el proyecto Tramitanet.

I.1.1.                Impacto de la Reforma Fiscal en el gasto programable.

Los recursos que aportaría la iniciativa de reforma hacendaria que fue enviada al Congreso, permitirían que el gasto programable para el 2002, aumentara de 980,095.7 a 1,062,012.7 millones de pesos. Esto significaría un incremento de 7.3 por ciento en términos reales y de 8 décimas del PIB respecto al cierre previsto para 2001.

El gasto en las funciones de desarrollo social crecería en 5.8 por ciento real, destacando el crecimiento de Educación, de 8.6 por ciento real y de Abasto y Asistencia Social de 62.6 por ciento.

2738,2739,2740

La inversión física presupuestaria crecería 2.9 por ciento en términos reales, en vez de reducirse 20.4 por ciento.

II.                                     DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

II.1.             Introducción

El Gobierno de la República tiene como objetivo primordial garantizar un nivel de vida digno a toda la población, y generar condiciones que le permitan a los mexicanos integrarse a las actividades productivas y sociales del país de manera plena y en igualdad de oportunidades.

El crecimiento económico no elimina por sí solo los graves rezagos que padece gran parte de la población del país, por lo que se requiere la intervención expresa del Estado para coadyuvar a abatir la pobreza y a revertir la desigualdad existente entre grupos, etnias, regiones y generaciones.

Como se consigna en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, el Gobierno Federal busca atender las necesidades básicas, promover el bienestar y elevar las capacidades individuales de los mexicanos. Para ello las instituciones encargadas de proveer los servicios sociales básicos como educación, salud, seguridad social, capacitación laboral y vivienda reforman sus estructuras para lograr un mejor desempeño.

Los planes, programas y procesos de las instituciones públicas se modifican constantemente para que puedan responder con mayor efectividad a las vastas transformaciones que el país experimenta en una realidad cada vez más exigente y compleja, cuidando siempre que su sustentabilidad financiera, presente y futura, quede asegurada. De esta actualización permanente, destaca el compromiso de que la acción gubernamental se oriente a atender con especial énfasis a los mexicanos que viven en situación de pobreza para que puedan integrarse activamente al desarrollo del país.

El contexto económico desfavorable para las finanzas públicas que se prevé para el año 2002, obliga a revisar la pertinencia de los planes y los programas sociales a efecto de fortalecer, en la medida de lo posible, aquellos que presentan una mayor eficiencia y efectividad, y para reorientar los recursos de los que han concluido su misión o que han dejado de ser pertinentes en la atención de las necesidades sociales del país.

No obstante los escasos recursos de que dispondrá el Gobierno Federal, se propone asignar la mayor parte al gasto para el Desarrollo Social y Humano. De merecer la aprobación de esa H. Cámara de Diputados, éste representará 60.4 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación 2002.

Los programas para el desarrollo social y humano rinden mayores beneficios cuando los norma un enfoque integral tanto en concepción como en objetivos comunes y definidos. Las acciones concurrentes hacen que los efectos positivos que éstos inducen se multipliquen y potencien entre sí, además de que reducen duplicidades y desperdicios.

La participación de los distintos órdenes de gobierno contribuye también a elevar la eficiencia de los programas sociales. La transferencia de recursos, responsabilidades y capacidad de decisión al gobierno local que responda mejor y más rápido a las demandas y necesidades de la población, continuará siendo un elemento central de la política social y humana de la presente administración. Por ello, los recursos continuarán transfiriéndose en forma crecientemente federalizada a los gobiernos locales.

El Gobierno Federal preservará todas aquellas acciones que sean de interés de la sociedad y que no pueden ser encomendadas ni al sector privado ni al social. Simultáneamente, esto obliga a seguir revisando todas aquellas acciones que puedan transferirse a los demás sectores sociales.

Como parte fundamental de las estrategias para elevar la eficiencia de los programas sociales, se promueve el fortalecimiento de las instituciones y dependencias, tanto operativa como financieramente, para que se corrijan los costos ocultos que generan pasivos. Es obligación y responsabilidad del Estado no trasladar pasivos a las generaciones futuras.

En suma, y de acuerdo a los criterios establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, la política de desarrollo social y humano del Gobierno de la República es integral, federalista, sostenible desde el punto de vista financiero, y promotora de la iniciativa y el desarrollo de los distintos sectores sociales, lo que le confiere un carácter participativo e incluyente. Todos estos son principios imprescindibles de su orientación humanista.

Así, mediante la conjunción de los esfuerzos institucionales, de los distintos órdenes de gobierno y de los sectores que componen nuestra sociedad, los programas sociales se ordenan e integran de acuerdo a las necesidades, características y grado de desarrollo que presentan los distintos grupos sociales del país. Con tal propósito se parte de un análisis específico de cada uno de ellos, a efecto de elaborar los programas y acciones requeridos para la atención de sus necesidades.

II.1.1.            La evolución de la población

La población de México es en la actualidad de aproximadamente 100 millones de habitantes, cuatro veces la de 1950, y podría ascender a entre 130 y 150 millones en 2050. Crece a una tasa de 1.7 por ciento. La esperanza media de vida es de 75 años; y la tasa de fecundidad promedio, de 2.4 hijos por mujer.

El 61.3 por ciento del total de la población es menor de 30 años y 43.0 por ciento menor de 20 años de edad. La población de entre 5 y 14 años constituye 22.5 por ciento de la total.

2741,2742,2743

La población de menos de 15 años de edad ascendía en 2000 a 33 millones de personas, 50.0 por ciento más que en 1970. Por su parte, el grupo de 15 a 64 años fue de 58 millones, contra 24 millones en 1970. Dos fenómenos de importancia se derivaron de tales crecimientos:

• la razón de dependencia disminuyó entre 1970 y 2000 de 92 a 56 menores de 15 años por cada 100 personas en edad de trabajar; y
• a partir de los años 80, se verificaron los incrementos anuales más elevados de la población en edad de trabajar.

La transformación demográfica del país continuará. En las próximas décadas, se prevé un crecimiento cada vez más reducido y un perfil envejecido. Disminuirá la población menor de 15 años. Mientras, el grupo de 15 a 64 años pasará de 59 millones en 2000 a 75 millones en 2010 y a 87 millones en 2030. La población económicamente activa aumentará de poco más de 43 millones de trabajadores en 2000 a casi 55 millones en 2010 y a cerca de 69 millones en 2030.

A su vez, el grupo de adultos mayores, de 65 años y más, pasará de 5.0 por ciento a 12.5 por ciento del total entre 2000 y 2030.

En virtud de la modificación y estrechamiento de la pirámide poblacional, al país se le presentará en las próximas dos décadas un "bono demográfico". Disminuirá la presión relativa sobre el mercado de trabajo; el número de empleos demandados será de 1.2 millones anuales entre 2000 y 2005; de 1.1 millones entre 2005 y 2010; de poco menos de un millón entre 2010 y 2015; de 800 000 por año entre 2015 y 2025; y de   500 000 entre 2025 y 2035.

El número de niños por trabajador disminuirá con rapidez y los pensionados todavía no estarán aumentando fuertemente. Una muy alta proporción de la población será productiva económicamente. Esto debe hacer posible lograr incrementos en el gasto en educación por niño sin aumentar la carga fiscal. Mientras llega el momento de que los trabajadores de hoy se retiren y consuman el ahorro interno acumulado por el sistema de pensiones, esos recursos podrán financiar la inversión, el crecimiento y el empleo.

De estas circunstancias y proyecciones se desprenden grandes retos para los sectores educativo y de salud, así como para los sistemas de seguridad social y los mercados laborales y de vivienda, lo mismo que para las finanzas públicas y nacionales, que deberán reasignar recursos cuantiosos para atender a los grupos de tercera edad en el futuro.

II.1.1.            Características socioeconómicas

Lograr un crecimiento económico sostenido con una distribución más igualitaria del ingreso continúa siendo el reto clave del desarrollo en México.

La pobreza y la desigualdad continúan siendo grandes problemas en nuestro país.

El estancamiento y la inflación de la crisis de los años 80 exacerbaron la concentración del ingreso. No obstante, en años recientes se ha logrado revertir ese desarrollo, como se ve en la Gráfica II.2, debido al crecimiento económico con estabilidad y a las políticas sociales que reorientaron recursos de manera dirigida a núcleos seleccionados de población en condiciones de pobreza extrema. El índice de Gini es un índice de concentración, que toma valores de entre 0 y 1; a mayor valor, mayor la desigualdad y viceversa.

A las desigualdades económicas se agregan las que existen entre los grupos sociales, y entre las regiones del país, además de las de tipo étnico y cultural.

La provisión de servicios de salud y educación a la población, particularmente a las mujeres, desempeña un papel clave en el combate a la pobreza. Propicia el desarrollo humano de las personas y las comunidades, eleva la productividad e incrementa los ingresos. Coadyuva, asimismo, a disminuir las tasas de fertilidad y a mejorar la nutrición de las familias.

II.1.1.            Los retos sociales

El papel redistributivo del Estado mexicano y el compromiso de éste con el desarrollo social y humano son un componente central del nuevo patrón de crecimiento económico.

En educación, los retos son la cobertura, la calidad, la equidad, el cambio institucional, la participación de la sociedad y de los gobiernos locales, y el incremento del financiamiento al sector.

En la próxima década el crecimiento del grupo de edad de 15 a 24 años creará fuerte presión en educación media superior y superior, el mercado laboral y la vivienda. A su vez, la reducción de la tasa de crecimiento poblacional determinará la disminución de la matrícula de los niños de entre 6 y 11 años de edad, y abrirá espacios para mejorar la calidad.

Simultáneamente, el crecimiento de la población de la tercera edad presionará la infraestructura de salud y seguridad social y provocará la reasignación de recursos reclamada por la atención de sus necesidades. De ahí se deriva el reto de fortalecer a la seguridad social, ampliando la cobertura y los beneficios sobre bases financieras sanas y realizando cambios en las estructuras y procedimientos para abatir los costos y mejorar la calidad, oportunidad y eficiencia de los servicios.

En salud, el desafío de extender su cobertura y elevar la calidad de los servicios, al igual que responder a las presiones que generan el aumento poblacional y la transición demográfica y epidemiológica en curso.

En vivienda, las nuevas necesidades y los rezagos demandan una gran tarea de financiamiento y construcción  tanto pública como privada, que exige el concurso y el mejor desempeño de organismos públicos, empresas de construcción y proveedores, inversionistas, instituciones financieras y beneficiarios.

Es preciso ampliar y mejorar la capacitación a fin de apoyar a la población más necesitada, elevar la productividad y las posibilidades de empleo de la fuerza de trabajo y aminorar los costos sociales de la movilidad de la mano de obra.

Para que los rezagos no continúen acumulándose, el país requiere un nuevo marco regulatorio para el mercado laboral. Es preciso que el nuevo marco genere inversiones, estimule la demanda de empleo, eleve el poder de compra de los salarios, abata los costos de las empresas sin menoscabo de los derechos laborales; y promueva la incorporación de los trabajadores a la economía formal, donde existen mejores remuneraciones y se proporcionan las prestaciones básicas de la seguridad social y las pensiones para el retiro.

Un gran reto es extender el combate a la pobreza a las poblaciones semi-urbanas y urbanas. Al respecto será necesario, de un lado, ampliar las opciones del desarrollo humano y social para garantizar permanentemente un mínimo de bienestar a las familias, y del otro, simultáneamente ampliar el acceso formal de familias e individuos a las instituciones que proporcionan los servicios de seguridad social.

                                                            2744,2745,2746

II.1.2.            Políticas y acciones públicas sociales

Las políticas de desarrollo social y humano comprenden dos tipos diferentes de intervenciones. La primera de ellas son las políticas que atienden las necesidades de educación, cuidado de la salud, seguridad social, capacitación para el empleo y la vivienda de los mexicanos. Se trata de acciones generales realizadas por conducto de las instituciones, y que buscan beneficiar a la población en general.

Las segundas son intervenciones especiales para la población a la que la desigualdad y la exclusión le impiden beneficiarse de las acciones generales. Son programas diferenciados para atacar las causas de la pobreza extrema, concebidos para que aumenten el consumo de los pobres hoy y generen un aumento de sus ingresos mañana.

Se trata de abatir los rezagos que perpetúan la condición de pobreza extrema de estas familias, mediante el fortalecimiento de sus:

·          Capacidades básicas a través de acciones de educación, salud y nutrición, centradas principalmente en las mujeres y niños;

·          Oportunidades de ingreso, con programas de empleo y proyectos de financiamiento productivo;

·          Activos, con acciones de fomento al ahorro, vivienda e infraestructura social básica; y,

·          Protección social, garantizando un nivel mínimo de seguridad.

El objetivo de estas medidas de apoyo es satisfacer las necesidades inmediatas de la población marginada y al mismo tiempo, en un marco de corresponsabilidad, impedir que la pobreza continúe transmitiéndose de generación en generación.

Al tiempo que se avanza en el abatimiento de las desigualdades, el campo de los políticas sociales se especializa para atender con mayor eficiencia a los grupos sociales vulnerables.

Por ello se reconoce la pertinencia de construir programas que favorezcan su protección social y su incorporación activa al quehacer del país. Estos nuevos programas buscan atender a los indígenas, las mujeres, los jóvenes, los niños, los adultos en plenitud, las personas de capacidades diferentes y los migrantes, entre otros.

En el largo plazo, y a medida que los resultados acumulados de las políticas de desarrollo social y humano a favor del mejoramiento del nivel de vida de los pobres contribuyan a reducir las desigualdades socioeconómicas de la población, las acciones generales y especiales de dichas políticas deberán dar paso a la conformación progresiva de un sistema universal de seguridad social.

II.2.             Acciones Generales

De ser aprobado el Proyecto de Presupuesto, en el año 2002 los programas que integran las acciones generales de la política social contarán con un presupuesto de 523,245.3 millones de pesos. Este nivel de gasto permite la prestación de los bienes y servicios a cargo del Estado en materia de educación, cuidado de la salud, capacitación laboral y vivienda.

II.2.1.            La educación de calidad

La educación representa la inversión de mayor beneficio en el desarrollo humano. Permite ampliar y mejorar las destrezas y capacidades del individuo y aumentar su participación activa en los ámbitos económico, social y cultural. Genera, asimismo, igualdad de oportunidades, especialmente para los grupos sociales rezagados y vulnerables.

El Gobierno de la República considera a la educación de la mayor prioridad para el desarrollo del país. Por ende, en la medida en que la estructura financiera del Sector Público genere mayores recursos, sin duda, serán canalizados a reforzar los programas educativos y a conformar otros nuevos que permitan reducir los rezagos en el combate del analfabetismo, la evaluación permanente de la calidad y la modernización de la infraestructura educativa.

De merecer la aprobación de esa H. Soberanía, en el año 2002 se canalizarán a la educación 258,715.5 millones de pesos.

El presupuesto considera 101,657.8 millones de pesos para cubrir el pago de servicios personales y de becas; los gastos de operación en el sector central y los apoyos para que operen los organismos encargados de la educación básica, media superior y superior en todo el país; al igual que los recursos para la ciencia y la tecnología, la cultura, el deporte y la juventud. De igual manera, contiene los recursos para la operación y expansión de los programas que buscan reducir la pobreza.

Dentro de estos últimos se favorece la cobertura de servicios educativos básicos en zonas de alta marginación mediante los programas de educación comunitaria y compensatorios; la producción y distribución de libros de texto; los programas para fomentar la calidad en las escuelas; y para abatir el rezago educativo, el Programa de Educación para la Vida y el Trabajo.

II.1.1.1.               Estrategias generales

La transformación y actualización de la educación tiene por objetivos la equidad, la calidad, el fortalecimiento del federalismo, la mejor gestión institucional y la participación social. Para el logro de estos propósitos se han diseñado tres estrategias institucionales:

• Educación para todos. Se impulsará la ampliación de la atención educativa formal y la multiplicación de oportunidades de educación no formal, combinadas con apoyos económicos para que los niños y jóvenes pobres no se queden sin estudiar por falta de recursos.

• Educación de calidad. Se promoverá, junto con los gobiernos locales, una cultura de mejora continua de la calidad y la evaluación. Esta se apoyará en la descentralización educativa a favor de los gobiernos locales; la profesionalización de los maestros; y la mejora de la organización, la gestión y los contenidos de los procesos. Un componente de gran importancia en este esquema consiste en la Reforma de los centros de educación.

• Educación de vanguardia. Se promoverá un sistema educativo que provea a los estudiantes de conocimientos sólidos y pertinentes y que asegure que éstos posean las destrezas y habilidades requeridas por el mundo contemporáneo. Al efecto se efectuará la incorporación de las nuevas tecnologías de la información a los centros educativos.

II.1.1.2.              Cobertura, calidad y equidad educativas

A lo largo de la década de los años 90 el país realizó un gran esfuerzo educativo, a efecto de ampliar la cobertura de la educación, especialmente para incorporar a los grupos más desfavorecidos; mejorar la calidad; y descentralizar recursos y facultades a los gobiernos locales. Esto requirió presupuestos crecientes e importantes cambios institucionales y sociales.

Por su estructura y crecimiento demográficos, en los próximos años el país tendrá que gastar mejor y con un sentido claro de las prioridades, a fin de lograr más avances en cobertura, calidad, pertinencia y equidad de la educación. Será necesario fortalecer los presupuestos totales, y los de los niveles medio superior y superior, sin descuidar a la educación básica. De gran importancia en este contexto será realizar cambios institucionales y movilizar recursos de los gobiernos locales y la sociedad, a favor del esfuerzo educativo nacional.

El sistema educativo mexicano atiende a 30.8 millones de alumnos en unos 226 142 planteles en los que prestan sus servicios 1.5 millones de maestros. Los servicios que brinda son de las modalidades escolarizada, no escolarizada y mixta. Es de hacerse notar que el pago de esta nómina significa 83.6 por ciento del total de gasto asignado, lo que impone rigidez a la movilidad de recursos para la inversión.

Las tendencias demográfico-educativas anticipan grandes retos a mediano y largo plazos. Casi la cuarta parte de la población, 23.0 por ciento, está constituida por el grupo de entre 5 y 14 años de edad. A esto se agrega un incremento poblacional de 1.4 millones de personas al año.

                                                               2747,2748,2749

De 2001 a 2010 la matrícula total aumentará de 29.7 millones de educandos a 33.1 millones.

La población en edad preescolar, de menos de 6 años, está disminuyendo en términos absolutos desde mediados de los años 90. Actualmente lo hace a un ritmo de 120 mil por año. Se estima que hoy en día existen 12.9 millones de niños de menos de seis años. Por su parte, el grupo de 6 a 14 años se ha estabilizado en alrededor de 20 millones de niños, y ha empezado a disminuir gradualmente. No obstante, la matrícula de este segmento educativo continuará creciendo, especialmente en preescolar y secundaria, debido a que la cobertura todavía no alcanza 100.0 por ciento. En particular el grupo de edad de 12 a 14 años se ha estabilizado y comenzará a disminuir en términos absolutos a partir del año 2005.

Hoy en día, hay más de 20.3 millones de personas entre 15 y 24 años de edad. El número continuará aumentando hasta un máximo estimado de 21.2 millones en el año 2010.

La cobertura del ciclo primario es casi universal y el grupo en edad de cursarla se ha estabilizado y tiende a reducirse. De ahí que el gran reto haya dejado de ser la provisión de servicios para ese ciclo. Todos estos factores tienen una implicación central para la planeación. En la década en curso, el sistema educativo nacional deberá reorientar recursos de la enseñanza básica, infraestructura y personal administrativo y docente, a la atención de los niveles y tipos medio superior y superior.

En el ciclo escolar 2002-2003, la matrícula del Sistema Educativo Nacional totalizará 30.8 millones de niños y jóvenes, 1.8 por ciento más en relación con el anterior, y 16.7 por ciento más que en el ciclo 1994-95. La tasa de analfabetismo será de 9.1 en el año 2002, y el promedio de escolaridad de la población ascenderá a 7.7 grados.

En el esfuerzo por llevar educación a todo el país, sobresale el avance alcanzado en las zonas aisladas, de marginación y pobreza altas. En el año 2002 los presupuestos de los programas dirigidos a la población en desventaja equivaldrán a 8.8 por ciento del gasto educativo básico, contra 2.0 por ciento en 1994. Mediante estos apoyos la educación se ha convertido en una realidad para 5.3 millones de alumnos que en 1994 carecían del servicio y que actualmente cursan la educación indígena, la comunitaria y la telesecundaria.

Una preocupación central del Gobierno de la República es el mejoramiento continuo de la calidad de la educación. En el ámbito de la enseñanza básica destacan los esfuerzos de distribución de libros de texto gratuitos, la revisión y modernización de los contenidos y materiales educativos, el establecimiento de un programa de actualización permanente del magisterio y la transformación de la educación normal. Los resultados que estas acciones han arrojado se reflejan en los principales indicadores, contenidos en el cuadro II.5. Cabe destacar la elevación de la eficiencia terminal en primaria, que en 2002 ascenderá a 87.9 por ciento, contra 70.1 por ciento en 1990 y 77.7 en 1994. Por su parte, la tasa de absorción de secundaria será de 92.7 por ciento.

La federalización educativa ha contribuido al mejoramiento de los servicios, a la aplicación de modalidades acordes a las características locales, y al fomento de una mayor participación de las autoridades estatales y municipales y de la sociedad, en el quehacer educativo. En la actualidad, los recursos descentralizados para la educación representan 69 centavos de cada peso, contra 65 centavos de cada peso en 1994.

II.1.1.1.1.                    Los retos por ciclos

Una de las principales acciones que se ha determinado llevar a cabo es atender al 100.0 por ciento de los niños en edad de asistir a la educación preescolar. Hoy, 92 de cada 100 tienen acceso a este tipo educativo, por lo cual se requiere ampliar la inversión pública y promover la participación privada a efecto de atender a la población infantil, que no cuenta con acceso. 

En educación primaria, 93.0 por ciento de los niños de entre 6 y 14 años asisten a la escuela. Esto significa que un millón aún se encuentra al margen de las aulas, principalmente en centros de población geográficamente aislados.

En educación secundaria y educación media superior, es preciso abatir los índices de reprobación y deserción por medio del aumento de los espacios educativos y de los programas de estímulos y becas. Esto permitirá que en 2010, 90.0 por ciento de los jóvenes de 18 años tengan su educación básica completa, contra 65.0 por ciento en 2000.

Pese a la expansión y diversificación de la educación superior lograda en los años 90, la cobertura es igual a 18.0 por ciento en promedio, inferior a la de países de desarrollo similar al nuestro.

En el ciclo escolar 2002-2003 se atenderá una matrícula pública de 2.51 millones de alumnos de educación media superior y de 1.5 millones de alumnos en educación superior, mayor en 4.1 y 4.5 por ciento respectivamente, con relación al ciclo escolar 2001-2002.

El presupuesto que se propone para estos niveles es de 26,400.0 millones de pesos para la educación media superior y de 35,100.0 millones de pesos para la educación superior. De éstos 21,200.0 millones serán canalizados vía subsidios a los estados, con la intención de apoyar a los sistemas universitario, tecnológico y a los colegios de bachilleres.

La UNAM recibirá un apoyo de 12,390.7 millones de pesos, lo que le permitirá actualizar su estructura ocupacional y cubrir las obligaciones que en el pasado le impedían cumplir con sus programas académicos.

La cobertura regional varía entre 8.0 y 38.0 por ciento. Será preciso expandir la infraestructura y los servicios en las regiones que carecen de ellos, y ofrecer apoyos a la población económicamente desfavorecida para que continúe sus estudios. La mejora del profesorado, la calidad y pertinencia profesional de los estudios, y los desafíos del financiamiento son cuestiones que figuran en la agenda relativa a estos ciclos.

II.1.1.1.2.                    Educación para la vida y el trabajo

El Gobierno Federal impulsará en mayor escala la educación para adultos. El 51.8 por ciento  de la población mayor de 15 años no terminó la educación básica, lo que equivale a 32.5 millones de adultos. Anualmente 800 000 jóvenes se incorporan al rezago. En virtud de quienes hacen uso de los servicios remediales y del deceso de parte de la población rezagada, el incremento neto del rezago es 200 000 personas por año.

Actualmente se atiende a 3.2 por ciento de la población con rezago en la educación básica. En el periodo 2001-2006 se pretende disminuir el rezago en educación básica de 51.8 a 44.0 por ciento.

El analfabetismo afecta a 9.1 por ciento de la población de más de 15 años, lo cual equivale a 5.9 millones de personas. De este número,   el grupo que tiene posibilidades de incorporarse a dichos servicios está representado por 3 millones de adultos de 15 a 65 años de edad, el cual concentra el 59.0 por ciento del rezago en lecto-escritura. De ese total, 1.6 millones tienen menos de 45 años.

Para avanzar en el abatimiento del analfabetismo, el Consejo Nacional para la Vida y el Trabajo, Conevyt, instalará las Plazas Comunitarias de bajo costo y alto impacto, que serán centros equipados e instalados en espacios públicos. Estarán conectadas a un sistema de educación y capacitación a distancia, unido a un gran centro de información social denominado Portal e-México.

Tendrán una sala con 10 computadoras y una más para el asesor encargado del centro. Contarán con conexión a Internet, señal de recepción para video y señal satelital con capacidad para un mínimo de 10 personas, además de acceso a Edusat, telesecundaria y teleconferencias.

Habrá un aula medioteca, para el proceso de educación presencial y para el almacenamiento y consulta de los distintos materiales educativos y culturales requeridos por la comunidad.

II.1.1.1.3.                    Programas innovadores

·          Tecnologías Educativas. La meta es incorporar tecnologías de la información a los centros educativos para apoyar proyectos prioritarios de educación a distancia, como el proyecto e-sep. En 2002 se equipará a 2 400 centros educativos de la Red Edusat, a  3 200 aulas de medios de la Red Escolar y a 32 centros estatales de tecnología educativa para escuelas primarias y secundarias. Se trabajará en la consolidación de 2 000 telesecundarias y centros de maestros. Además, se producirán programas televisivos de alto contenido educativo y cultural para capacitar a los directivos de los planteles escolares. Para tal propósito se propone ejercer un presupuesto de 661.7 millones de pesos.

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·          Programa Nacional de Becas. Este proyecto es parte fundamental de la estrategia para promover la equidad educativa, mediante el cual se brindará la oportunidad de desarrollo a jóvenes de escasos recursos. Se otorgarán 140 000 becas de nivel superior, casi tres veces las de 2001. El presupuesto que se propone para este fin asciende a 702.3 millones de pesos.

·          Educación Permanente. Con este proyecto se trabajará para consolidar el Consejo Nacional para la Vida y el Trabajo, Conevyt, y para avanzar en la atención del rezago de la educación básica y el combate al analfabetismo. Se impulsará la capacitación para y en el trabajo, mediante el Programa para la Modernización de la Educación Técnica y la Capacitación, con la participación de distintas dependencias. El presupuesto que se propone para este fin es 454.9 millones de pesos, tan sólo de la SEP.

·          Instituto Nacional de Evaluación. Mediante este organismo se dará un vigoroso impulso al seguimiento de los resultados del proceso de enseñanza aprendizaje de alumnos y maestros, particularmente en centros educativos, regiones y asignaturas fundamentales de mayor deficiencia. El propósito es construir indicadores educativos para establecer los parámetros de desempeño que permitan efectuar comparaciones en los ámbitos regional, nacional e internacional. En 2002 se le asignarán 241.0 millones de pesos.

·          Apoyo a la Educación Bicultural-Bilingüe. Este programa tiene por objetivo desarrollar un modelo pedagógico de atención intercultural bilingüe en la educación básica, para mejorar la calidad educativa en la población indígena y disminuir la deserción y la reprobación. Pretende, además, atender a los grupos indígenas con educación de calidad y pertinencia cultural, de manera que se alcancen los objetivos nacionales de educación básica. Atenderá a 32 000 niños indígenas de las zonas más desfavorecidas que demandan este servicio, para lo cual se propone destinar 83.5 millones de pesos.

·          Migrantes agrícolas. Como parte de las acciones desarrolladas por el Programa Nacional de Migrantes, se pondrá en marcha una propuesta educativa que se adecue a sus necesidades, características y condiciones de vida. En el contexto del Programa Binacional de Educación Migrante se pretende revisar y mejorar las estrategias de atención educativa que se brinda a la población infantil que emigra temporalmente hacia zonas agrícolas de exportación con sus padres. El presupuesto que se propone es de 15.6 millones de pesos.

·          Escuelas de Calidad. El proyecto tiene por objetivo elevar la calidad a partir de las propuestas que planteen conjuntamente las sociedades de padres de familia y los maestros. En el próximo ciclo escolar la meta es incorporar a 2 900 escuelas primarias, de las 99 000 existentes. La federación aportará 50.0 por ciento de los recursos, 25.0 por ciento el municipio y el resto, organizaciones sociales. El presupuesto de 2002 será de 609.1 millones de pesos.

II.2.             Ciencia y Tecnología

La ciencia y la tecnología representan una alternativa para influir en el nivel de vida de las personas y en las posibilidades de desarrollo del país. La generación y aplicación del conocimiento en este ámbito resulta fundamental para atender las demandas y mejorar el nivel de bienestar de los diversos sectores de la sociedad.

El desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, requiere de la labor integral y conjunta de la sociedad, del sector académico, del sector productivo, de los gobiernos estatales y del Gobierno Federal. Todos estos actores deben estar convencidos de la elevada rentabilidad social y privada de invertir en este sector, ya que sólo así se dispondrá de los recursos suficientes para que el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología de México alcance el nivel de desarrollo de los países más industrializados.

Uno de los propósitos es que el gasto nacional en ciencia y tecnología se eleve hasta 1.0 por ciento del PIB para el año 2006; sin embargo, dada la evolución económica del país, se requerirá de esfuerzos extraordinarios para alcanzar la meta planteada.

Por lo anterior, el Conacyt enfocará sus acciones a:

·       suscribir convenios con dependencias y entidades del Gobierno Federal y los Estados, para la creación de fondos sectoriales y mixtos de apoyo a la ciencia y la tecnología; y

·       desarrollar los programas de apoyo a la formación de recursos humanos, investigación científica y desarrollo tecnológico, a través de los fondos institucionales.

II.1.1.            Fondos sectoriales

Los fondos sectoriales serán suscritos por el Conacyt con las Secretarías de Estado y entidades del Gobierno Federal, y complementan el presupuesto regular que éstas destinan a la ciencia y tecnología. La creación de estos fondos obedece a la atención de proyectos de investigación de vital importancia para la sociedad.

En educación se analizará la conformación de un sistema de educación superior abierto, innovador y dinámico, coordinado con los otros niveles educativos, con el sistema de ciencia y tecnología, y con los programas de cultura y arte.

En energía, los recursos se destinarán a investigación en biotecnología para el petróleo; modelado de procesos nucleares; tratamiento de crudo; recursos energéticos del subsuelo; tecnología de la seguridad; aprovechamiento de las fuentes de energía no convencionales; visualización y simulación de procesos químicos, físicos y nucleares; entre otras.

En sector agropecuario se realizarán investigaciones sobre inocuidad alimentaria; sanidad vegetal; salud animal; manejo poscosecha; biotecnología aplicada a la agricultura; reconversión productiva; recursos fitogenéticos; bioseguridad y organismos genéticamente modificados; manejo integrado de cuencas, y uso y conservación de suelos.

En el sector economía, se invertirá en la modernización tecnológica, capacitación y calidad en las empresas; tecnologías de mercado y autodiagnósticos; metrología y protección de la propiedad industrial; desarrollo de patrones nacionales; e información geológico minera.

En salud se investigará el tratamiento de discapacidades; enfermedades infecciosas y parasitarias; enfermedades crónicas o degenerativas; neoplasias malignas; desarrollo y evaluación de tecnologías para la salud; entre otras.

En medio ambiente, se trabajará en el ordenamiento ecológico y protección de los ecosistemas; contaminación y degradación ambiental; política y economía ambiental; derecho ambiental; comunicación y educación ambiental; entre otros.

II.1.1.1.              Fondos mixtos

Como resultado del compromiso de impulsar actividades científicas y tecnológicas acordes a las necesidades de las entidades federativas, estos fondos buscan atender situaciones concretas de interés local. El Conacyt conviene con los diversos órdenes de gobierno, el establecimiento y operación de estos fondos integrados por aportaciones de las partes de acuerdo a la proporción que en cada caso se determine.

Cabe destacar que el apoyo a proyectos que tienen repercusión en el desarrollo regional y que contribuyen a acelerar la descentralización de las actividades en este sector es un elemento principal del cambio estructural planteado.

II.1.1.2.              Fondos institucionales

Los fondos institucionales estarán orientados a la formación de recursos humanos que satisfagan los requerimientos de cuadros profesionales de alto nivel que demandan los sectores académico, productivo y gubernamental; y el incremento en la vinculación, competitividad e innovación con las empresas.

En el primer caso, Conacyt otorgará apoyos en el marco del Programa de Becas Crédito, el Sistema Nacional de Investigadores, el Fondo para la Creación de Cátedras Patrimoniales, y el Fondo para Retener en México y Repatriar a Investigadores Mexicanos, entre otros.

Para fomentar una mayor vinculación entre las empresas y las instituciones académicas, el Conacyt fortalecerá programas como el de Conocimiento e Innovación, Redes de Investigación y el Fondo de Investigación y Desarrollo para la Modernización Tecnológica.

En suma, para el año 2002 se propone a esa H. Soberanía que el presupuesto federal para ciencia y tecnología ascienda a 21,936.7 millones de pesos. De este monto, el Conacyt contará con 3,377.8 millones de pesos mientras que el Sistema SEP-Conacyt recibirá 3,221.0 millones de pesos; adicionalmente se canalizarán 15,418.3 millones de pesos a través del gasto de diversas dependencias y entidades del Gobierno Federal.

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II.2.             Cultura y Deporte

II.2.1.            Cultura

Una de las tareas prioritarias del Gobierno Federal consiste en acrecentar la igualdad de oportunidades en materia de desarrollo cultural, a partir de la preservación y difusión del patrimonio en todas sus manifestaciones, y del impulso y acceso a la educación y creación artísticas.

II.2.1.1.              Libro y lectura

La lectura es un elemento indispensable para estimular el desarrollo intelectual del ser humano. El próximo año se construirán 91 bibliotecas en todo el país con lo que la Red Nacional contará con 6 200 espacios. Asimismo, se establecerá un nuevo sistema colegiado de nuevas bibliografías básicas y se enriquecerá el acervo general de la Red.

Estos esfuerzos se complementarán con activas campañas de promoción y difusión de la lectura, que despierten y eleven el interés de la ciudadanía, para lo cual se ha creado la Comisión para el Fomento de la Lectura y el Libro.

Uno de los compromisos del sector es conservar el patrimonio cultural a través de acciones de investigación, registro, documentación, preservación y restauración.

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Conaculta, intensificará la promoción, difusión y acceso, para que el próximo año, el número de visitas a los sitios artísticos, históricos y arqueológicos alcance 16.4 millones de personas. También se dará mantenimiento a 128 museos, 170 zonas arqueológicas y 136 monumentos históricos. Destacan los trabajos que se realizarán en el Palacio Nacional, Catedral y Sagrario Metropolitanos, Antigua Basílica de Guadalupe, Casa del Marqués del Apartado, Museo de Antropología e Historia y Castillo de Chapultepec.

El Centro Nacional de las Artes, Cenart, y el Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA, continuarán con la revisión de planes y programas de estudio, además de fortalecer los consejos académicos de escuelas y centros de investigación para consolidar las bases de la educación artística.

El Conaculta emprenderá acciones para la creación, producción y divulgación televisiva, radiofónica, cinematográfica y audiovisual. En particular, el cine mexicano presenta un gran potencial de desarrollo por lo que se impulsará su producción, distribución y exhibición, mediante el Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad, Foprocine, y el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, Fidecine, que en conjunto producirán 7 largometrajes en 2002.

Para estimular la generación de programas y proyectos adicionales, por parte de algunos centros culturales, históricos y museos, entre otros, se prevé dotarlos de una mayor autonomía en la generación y administración de recursos autogenerados. Con esta finalidad, en el Decreto del PEF 2002, se propone establecer la normatividad que así lo permita.

En suma, se propone a esa H. Soberanía destinar a las acciones de Cultura una asignación presupuestaria de 4,834.3 millones de pesos para el año 2002.

II.1.1.            Educación física y deporte

El deporte contribuye al desarrollo integral de las capacidades físicas y mentales de las personas y favorece su integración social.

Uno de los principales objetivos es el establecimiento de un modelo nacional de desarrollo de la cultura física y del deporte, que promueva el acceso de la población a su práctica masiva y sistemática.

Con el propósito de ofrecer a la población opciones para incorporar las actividades físicas y deportivas a sus hábitos diarios, Conade impulsará el Programa Nacional de Activación Física y apoyará la consolidación de los Centros Deportivos Escolares y Municipales.

Asimismo, promoverá el desarrollo de eventos de carácter nacional y selectivo, donde participan niños y jóvenes. Destacan la olimpiada juvenil, los juegos nacionales paralímpicos, juegos nacionales autóctonos y la universiada nacional.

Para apoyar los eventos institucionales, se llevarán a cabo acciones de rehabilitación, remodelación, equipamiento y construcción, de instalaciones deportivas de los Organismos Deportivos Nacionales.

En suma, para las actividades de Cultura Física y Deporte se pone a consideración de esta H. Soberanía una asignación presupuestaria de 719.0 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2002.

II.2.             Salud

El Gobierno Federal confiere la mayor importancia al financiamiento y desarrollo del sector salud, con el propósito de que responda eficientemente a las demandas de la población, mediante criterios de equidad, calidad y esquemas de protección financiera.

Como resultado de la acción conjunta de la sociedad y el Gobierno Federal, México cuenta al iniciar el siglo XXI con un sistema de salud cuyas instituciones y servicios se extienden a todo el territorio nacional y cubren el 99.7 por ciento del total de la población.

Los contrastes en las condiciones de bienestar de la población obligan a dar atención especial a los problemas epidemiológicos característicos de las sociedades en proceso de desarrollo, al mismo tiempo que se presenta una demanda creciente de atención a enfermedades emergentes no infecciosas.

También se requiere promover formas culturales y hábitos de vida para la prevención de enfermedades crónico degenerativas, de transmisión sexual, adicciones y problemas mentales, y disminuir la incidencia de accidentes y de violencia tanto en las familias como en los espacios públicos.

Durante los próximos años será necesario promover la concertación y la integración de las instituciones del sector con el fin de optimizar los recursos y consecuentemente la calidad de los servicios médicos.

Para el financiamiento del Sector Salud en el ejercicio fiscal 2002 se pone a consideración de esa H. Soberanía un presupuesto de 152,497.3 millones de pesos, 15.6 por ciento del gasto programable total del Gobierno Federal.

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El gasto propuesto permitirá sostener el porcentaje de cobertura alcanzado en los servicios de salud; elevar la calidad y la eficiencia de los servicios; profundizar las funciones de rectoría del Sector; dar continuidad a la estrategia de federalización del sistema nacional y avanzar en el diseño y operación de nuevas opciones de seguridad social que ofrezcan incentivos a la formalización de la población no asegurada.

Para las funciones y servicios a cargo de la Secretaría de Salud se propone una asignación de 18,847.4 millones de pesos, 12.4 por ciento del gasto programable en salud.

Para los órganos desconcentrados y organismos descentralizados, que realizan investigación científica y brindan servicios clínicos y atención hospitalaria de alta especialidad, se propone un gasto de 8,008.9 millones de pesos, 42.5 por ciento del presupuesto total de la Secretaría.

Por medio del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud del Ramo 33, FASSA, se destinarán 25,758.8 millones de pesos, 16.9 por ciento del gasto propuesto para el Sector, lo que permitirá la operación de los servicios a cargo de los Sistemas Estatales de Salud.

Para los servicios de salud de los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, se propone destinar 107,891.1 millones de pesos, 70.7 por ciento del total del Sector.

El programa IMSS-Solidaridad que proporciona servicios de salud básicos y de segundo nivel en beneficio de 11 millones de residentes de localidades rurales de 17 entidades federativas, se propone una asignación de 3,715.8 millones de pesos, monto que no considera el componente en salud del Programa de Educación, Salud y Alimentación, Progresa.

Para el otorgamiento del Paquete Básico de Servicios de Salud, a través del Programa de Ampliación de Cobertura, PAC, en beneficio de una población de 9 millones de habitantes de 44 138 localidades de 19 entidades federativas, se considera una asignación de 1,176.0 millones de pesos.

Para la operación del componente de salud del Progresa, que permite brindar atención a 3,240 000 familias en condiciones de pobreza extrema que residen en localidades y zonas urbanas de alta marginación, se propone un gasto de 2,344.4 millones de pesos.

II.1.1.            Nuevos programas

II.1.1.1.              Cruzada nacional por la calidad de los servicios de salud

Como respuesta a la justa demanda de la población de elevar la calidad y calidez de la atención de los Servicios de Salud, se crea este programa para promover un conjunto de proyectos dirigidos a mejorar los servicios médicos en aspectos como tiempos de espera en consultas y atención hospitalaria; información para el paciente y sus familiares sobre los problemas de salud y los aspectos clínicos de su tratamiento; en los procesos de ingreso, referencia y contrarreferencia de pacientes; y en el surtimiento de medicinas, materiales de curación y de diagnóstico. A ello se destinarán 30.6 millones de pesos.

II.1.1.2.              Programa de comunidades saludables

A fin de apoyar en áreas y regiones prioritarias el desarrollo de acciones comunitarias en las materias de prevención sanitaria, mejoramiento y difusión de prácticas para el cuidado de la salud; y para favorecer la consolidación de una cultura de vida saludable, mediante la participación comprometida de organizaciones ciudadanas, instituciones educativas y municipios, se propone asignar 50.2 millones de pesos al programa.

II.1.1.3.              Programa de salud para todos

En concordancia con la política de equidad para el desarrollo social, este programa inicia operaciones con el propósito de promover la creación de un seguro popular de salud que permita a las familias de escasos recursos enfrentar los gastos contingentes catastróficos. Este apoyo beneficiará a familias pobres y que no estén afiliadas a los esquemas de seguridad social, se propone una partida de 202.6 millones de pesos.

Como parte de las acciones concomitantes, el Sector Salud avanzará en la conformación de estándares de calidad en la prestación de los servicios a fin de aprovechar la capacidad instalada de las unidades médicas, independientemente de la institución a la que pertenezca. Para que cualquiera de ellas proporcione el servicio médico a la población que lo requiera, estarán en estudio durante el ejercicio los mecanismos para el cobro o recuperación del costo del servicio.

Esta estrategia traerá varios beneficios, ya que reducirá costos, optimizará el uso de la infraestructura disponible, evitará duplicidades en el gasto de inversión y sobre todo permitirá atender con oportunidad a la población que requiera del servicio médico, haciendo innecesarios los grandes desplazamientos que hoy se realizan.

II.2.             Seguridad Social