DIARIO de los DEBATES

ORGANO OFICIAL DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Correspondiente al Primer  Periodo Ordinario del Segundo Año de Ejercicio

DIRECTOR GENERAL DE
CRONICA PARLAMENTARIA
Héctor de Antuñano y Lora t

PRESIDENTE

Diputada Beatriz Paredes Rangel

DIRECTOR DEL
DIARIO DE LOS DEBATES

Norberto Reyes Ayala
AÑO II                 México, D.F., miércoles 14 de noviembre de 2001       No. 26

S U M A R I O



ASISTENCIA

Pág.

3079

ORDEN DEL DIA

3079
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 3080

ESTADO DE COAHUILA

3085

Comunicación del Congreso estatal con la que remite acuerdo por el que plantea a la Cámara de Diputados, la necesidad de que en materia de sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales, la clausura de negocios turísticos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

3085

ESTADO DE QUINTANA ROO

3086
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado. 3086

COMISION DE CONCORDIA Y PACIFICACION

3087

Comunicación de dicha comisión por la que informa de la designación del diputado Carlos Raymundo Toledo, como presidente en turno de esa comisión, para el periodo comprendido del 1o. al 30 de noviembre de 2001. De enterado.

3087

LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES

3087

Comunicación de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por la que solicita modificar el turno de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma dicha ley, a efecto de que sea únicamente la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública la que la dictamine. Como se solicita, se modifica el turno de la iniciativa de referencia para que sea la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública la que formule el dictamen correspondiente.

3087

DISTRITO FEDERAL

3087

Oficio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con el que remite iniciativa de ese cuerpo colegiado, que reforma y adiciona los artículos 73 fracción VIII, 76 fracción IX, 89 fracción XIV, 108, 109, 110, 111 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Distrito Federal. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión del Distrito Federal.

3087

SERVIDORES PUBLICOS

3107

El diputado Martí Batres Guadarrama presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos: 214, 216, 221 y 224 del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, el artículo 194, referente a delitos cometidos por servidores públicos. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

3107

DISTRITO FEDERAL (II)

3111

A solicitud del diputado Jorge Alberto Lara Rivera, la Presidenta turna la iniciativa de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y del Distrito Federal.

3111

PETROLEOS MEXICANOS

3111

Segunda lectura a dictamen de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 7o., de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, referente al consejo de administración de dicho organismo.

3111

RECESO

3113

PETROLEOS MEXICANOS (II)

3113
Fundamenta el dictamen de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 7o., de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, el diputado José Guillermo Anaya Llamas y presenta modificaciones en su capítulo de consideraciones. 3113

ASISTENCIA (II)

3115

PETROLEOS MEXICANOS (III)

3115

Fijan la posición de sus respectivos grupos parlamentarios, respecto al dictamen de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, los diputados:

3115

Sara Guadalupe Figueroa Canedo

3115

Auldarico Hernández Gerónimo

3116

Suficientemente discutido, es aprobado. Pasa a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales.

3117

ESTADO DE GUERRERO

3118

El diputado José Félix Salgado Macedonio presenta proposición con punto de acuerdo, en relación con el Instituto Mexicano del Seguro Social y la estructura y funcionamiento de hospitales en diversos municipios de dicha entidad. Se turna a la Comisión de Salud, con opinión de las comisiones de Seguridad Social y de Presupuesto y Cuenta Pública.

3121

ESTADO DE HIDALGO

3121

El diputado Raúl Efrén Sicilia Salgado presenta proposición con punto de acuerdo respecto a incrementar el presupuesto de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, Sociedad Anónima, para mejorar el suministro de energía eléctrica a los municipios de esa entidad federativa. Se turna a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Energía.

3121

Habla sobre el tema, el diputado Carlos Nicolás Villegas Flores.

3123

DISTRITO FEDERAL (III)

3123

El diputado Francisco Ramírez Cabrera presenta proposición con punto de acuerdo sobre aspectos de protección civil, en el entubamiento del llamado gran canal de desagüe en tramo correspondiente a la delegación Venustiano Carranza. Se turna a las comisiones del Distrito Federal y de Presupuesto y Cuenta Pública.

3123

COMISION NACIONAL DEL AGUA

3125
La diputada Josefina Hinojosa Herrera presenta proposición con punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002, se destinen mayores recursos a los programas de agua potable, alcantarillado y saneamiento, que opera la Comisión Nacional del Agua. Se turna a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Recursos Hidráulicos. 3125

CIENCIA Y TECNOLOGIA

3127

La diputada Silvia Alvarez Bruneliere presenta proposición con punto de acuerdo referente a exhortar a los congresos de los estados, para que establezcan comisiones de ciencia y tecnología. Se turna a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo.

3127

INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

3129

El diputado José Antonio Magallanes Rodríguez presenta proposición con punto de acuerdo, para que el Procurador Fiscal de la Federación comparezca ante la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda y explique acusaciones realizadas a algunos miembros de la Junta de Gobierno del IPAB. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.

3129

Sobre el mismo tema, interviene el diputado Francisco Guadarrama López.

3130

SECTOR PESQUERO

3132

El diputado Edilberto Jesús Buenfil Montalvo presenta proposición con punto de acuerdo para que los pescadores en épocas de veda se incorporen a programas de empleo temporal.

3132

No se considera de urgente resolución y se turna la proposición a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Pesca.

3134

Para el mismo tema, se concede la palabra al diputado José Manuel del Río Virgen.

3135

Rectifican hechos o contestan alusiones personales, los diputados:

3136

Miguel Angel Gutiérrez Machado

3136

José Félix Salgado Macedonio

3136

Miguel Angel Gutiérrez Machado

3137

José Félix Salgado Macedonio

3138

Miguel Angel Gutiérrez Machado

3138

Edilberto Jesús Buenfil Montalvo

3139

Efrén Nicolás Leyva Acevedo

3139

Concepción Salazar González

3140

Francisco Salvador López Brito

3141

Martha Silvia Sánchez González

3142
Arturo Herviz Reyes 3143

Jaime Arturo Larrazábal Bretón

3143

A solicitud del diputado Buenfil Montalvo, la Presidenta turna su proposición únicamente a la Comisión de Pesca.

3144

PODER LEGISLATIVO

3145

El diputado Angel Enrique Herrera y Bruquetas presenta proposición con punto de acuerdo respecto a que todos los grupos parlamentarios elaboren y den a conocer a la opinión pública, un documento que aclare la preocupación de la presente legislatura, por servir al pueblo y a la nación mexicana, en respuesta a lo presentado por la Confederación Patronal de la República Mexicana.

3145

Se refiere al mismo tema la diputada Norma Patricia Riojas Santana.

3146

Se turna a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

3146

Se concede la palabra, para expresar sus opiniones sobre el mismo asunto, a los diputados:

3146

Rubén García Farías

3146

José Antonio Calderón Cardoso

3147

PODER LEGISLATIVO (II)

3148

El diputado Víctor Antonio García Dávila presenta proposición con punto de acuerdo, sobre la declaración y fiscalización de la Confederación Patronal de la República Mexicana, hacia los diputados integrantes de la LVIII Legislatura. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

3148

PODER LEGISLATIVO (III)

3150

Declaración de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativa a las opiniones de grupos sociales y económicos sobre el trabajo de la Cámara de Diputados. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

3150

Habla sobre el asunto, el diputado Martí Batres Guadarrama.

3152

ESTADO DE VERACRUZ

3153

La diputada Genoveva Domínguez Rodríguez, presenta proposición con punto de acuerdo en relación con problemas indígenas en dicho Estado.

3153

Para el mismo tema, interviene el diputado Francisco Ríos Alarcón.

3155

Rectifican hechos o contestan alusiones personales, los diputados:

3156

Genoveva Domínguez Rodríguez

3156
José Sergio Rodolfo Vaca Betancourt Bretón 3156

Francisco Ríos Alarcón

3157

Arturo Herviz Reyes

3159

Alba Leonila Méndez Herrera

3160

José María Guillén Torres

3160

Se turna la proposición con punto de acuerdo a la Junta de Coordinación Política.

3161

COMISIONES LEGISLATIVAS

3161

Comunicación de la Junta de Coordinación Política, con la que informa de cambios en la integración de la Comisión Especial Encargada de Coadyuvar y dar Seguimiento a los Proyectos de Desarrollo Regional relacionados con la Región Sur-Sureste de México. De enterado.

3161

Comunicación de la Junta de Coordinación Política, con acuerdo relativo a cambios en la integración de la mesa directiva de la Comisión Especial Encargada de Coadyuvar y dar Seguimiento a los Proyectos de Desarrollo Regional relacionados con la Región Sur-Sureste de México. Aprobada.

3162

ORDEN DEL DIA

3162

De la próxima sesión.

3162
CLAUSURA Y CITATORIO 3162

RESUMEN DE TRABAJOS

3163

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA PRESENTE SESION

3164

DIARIO de los DEBATES

Año lI  No. 26                     PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS         NOVIEMBRE 14, 2001

 

Presidencia de la diputada

María Elena Alvarez Bernal

ASISTENCIA

La Presidenta:

Ruego a la Secretaría, haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los diputados.

El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:

Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 268 diputados. Por lo tanto, hay quorum.

La Presidenta (a las 10:41 horas):

Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:

Se va a dar lectura al orden del día.

«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.— Segundo Año.— LVIII Legislatura.

Orden del día

Miércoles 14 de noviembre de 2001.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De los congresos de los estados de Coahuila y Quintana Roo.

De la Comisión de Concordia y Pacificación.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Iniciativa de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, II Legislatura

Que reforma y adiciona los artículos 73 fracción VIll, 76 fracción IX, 89 fracción XIV, 108, 109, 110, 111 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a comisión.)

Iniciativa de diputados

De reformas a diversos artículos del Código Penal, Federal y Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Dictamen a discusión

De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 7o., de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

Proposiciones

Con punto de acuerdo sobre la eliminación de las áreas naturales protegidas, que plantea hacer el Ejecutivo Federal, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en relación al IMSS, a cargo del diputado Félix Salgado Macedonio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo a efecto de que la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S.A., eficientice el suministro de energía eléctrica a 45 municipios del Estado de Hidalgo, a cargo del diputado Raúl E. Sicilia Salgado, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre aspectos de protección civil en el Distrito Federal, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo, en relación al proceso legislativo en torno a la Reforma Fiscal, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo, en relación a la reforma fiscal, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2002, se destinen mayores recursos a los programas de agua potable, alcantarillado y saneamiento que opera la Comisión Nacional del Agua, a cargo de la diputada Josefina Hinojosa Herrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que los congresos de los estados establezcan comisiones de Ciencia y Tecnología, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que el Procurador Fiscal de la Federación, comparezca ante la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, a cargo del diputado Antonio Magallanes Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para resolver la deuda de las empresas sociales en donde participa el Fonaes, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que los pescadores en épocas de veda se incorporen a programas de empleo temporal, a cargo del diputado Edilberto Buenfil Montalvo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución.)

Con punto de acuerdo sobre la necesidad de denunciar públicamente la conspiración contra el pueblo de México, orquestada por el fascismo reaccionario representado por la Coparmex, a cargo del diputado Enrique Herrera y Bruquetas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre la declaración y fiscalización de la Coparmex, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en relación al pacto indígena veracruzano, a cargo de la diputada Genoveva Domínguez Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo, a fin de que el 1% del ramo 33 del presupuesto sea entregado a los poderes judiciales locales, a cargo del diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Efemérides

Sobre la ciudadanización del Instituto Federal Electoral (31 de octubre de 1996), a cargo de la diputada Beatriz Lorenzo Juárez, del Partido Alianza Social.

Sobre el aniversario del natalicio de Felipe Carrillo Puerto, a cargo del diputado Feliciano Moo y Can, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Sobre el aniversario del héroe de Nacozari, a cargo de la diputada María del Rosario Oroz Ibarra, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Sobre el CCCL aniversario del natalicio de sor Juana Inés de la Cruz, a cargo de los grupos parlamentarios.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

La Presidenta:

El siguiente punto del orden del día es la discusión del acta de la sesión anterior.

Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria y copia de la misma fue entregada a los coordinadores de los grupos parlamentarios, para sus observaciones y se procede a su votación.

La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:

Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria y copia de la misma entregada a los coordinadores de los grupos parlamentarios, para sus observaciones y se procede a su votación.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes trece de noviembre de dos mil uno, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura.

Presidencia de la diputada

Beatriz Elena Paredes Rangel

En el Palacio Legislativo de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las diez horas con treinta y cinco minutos del martes trece de noviembre de dos mil uno, con la asistencia de doscientos cincuenta y tres diputados, la Presidenta declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día.

Presidencia del diputado
Eloy Cantú Segovia

La Asamblea aprueba en sus términos el acta de la sesión anterior, en votación económica.

Comunicaciones de los congresos de los estados de:

Aguascalientes, con acuerdo por el que solicita a la Cámara de Diputados contemple la posibilidad de reformar los artículos ciento setenta de la Ley Federal del Trabajo y ciento uno de la Ley del Seguro Social. Se turna a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

Aguascalientes, con acuerdo por el que solicita a la Cámara de Diputados contemplar la posibilidad de reformar el artículo ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de erradicar definitivamente la discriminación laboral. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Quintana Roo, con acuerdo por el que apoya el exhorto del Congreso del Estado de Baja California, en el sentido de solicitar al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión, para que en tanto no se cuenten con los recursos necesarios y el consenso de los trabajadores, no se transfieran a las entidades federativas los servicios de educación tecnológica en los niveles medio superior y superior. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Zacatecas, con acuerdo por el que solicita la intervención de la Cámara de Diputados ante el Ejecutivo Federal, para que se establezca en forma permanente el servicio de transporte por ferrocarril en la región del semidesierto zacatecano. Se turna a las comisiones unidas de Transportes y de Comunicaciones.

Tres comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, con acuerdos relativos a cambios en la integración de las mesas directivas del Grupo de Amistad MéxicoIsrael y de las comisiones Especial Encargada de Coadyuvar y dar Seguimiento a los Proyectos de Desarrollo Regional relacionados con la Región SurSureste de México y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Se aprueban en sendas votaciones económicas.

Comunicación de la Junta de Coordinación Política, con la que informa de cambios en la integración de la Comisión de Turismo. De enterado.

Otra comunicación de la Junta de Coordinación Política, con acuerdo relativo a la creación de la comisión especial para que conozca y dé seguimiento a las investigaciones relacionadas con los homicidios de mujeres perpetrados en Ciudad Juárez, Chihuahua, desde mil novecientos noventa y tres a la fecha. Se aprueba en votación económica.

Comunicación de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, por la que informa de la recepción del informe previo sobre la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al Ejercicio de Dos Mil, enviado por la Auditoría Superior de la Federación. De enterado.

Dos comunicaciones de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, con acuerdos:

Relativo a las sustituciones por inasistencias en la integración de las comisiones de la Cámara de Diputados. Se aprueba en votación económica.

Que modifica el acuerdo que establece los lineamientos que se observarán para acreditar las asistencias de los diputados a las sesiones plenarias, así como para la debida justificación de retardos e inasistencias a las mismas. En votación económica se aprueba.

Se da cuenta con los siguientes documentos del Poder Ejecutivo Federal:

Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil dos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Iniciativa con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de Dos Mil Dos. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

3079,3080,3081

Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel

Criterios generales de política económica. Remítase para conocimiento a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Desde su curul, el diputado Samuel Aguilar Solís solicita que los anteriores documentos sean distribuidos entre todos los diputados y la Presidenta informa que la Secretaría de Servicios Parlamentarios los está distribuyendo de manera simultánea y se está proveyendo lo necesario para su publicación en la Gaceta Parlamentaria.

Informe sobre el uso de la facultad conferida al Ejecutivo Federal en el artículo ciento treinta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia arancelaria, durante el periodo comprendido de diciembre de dos mil a octubre de dos mil uno. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Presentan iniciativas los diputados:

José María Guillén Torres, del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo setenta y cinco del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de Dos Mil Uno. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

José de Jesús López Sandoval, del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que deroga el párrafo quinto del artículo noventa y tres del Código Penal Federal.

Presidencia de la diputada
María Elena Alvarez Bernal

Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

A las once horas con treinta y seis minutos, la Secretaría informa del registro de cuatrocientos treinta y un diputados y ordena el cierre del sistema electrónico de asistencia y votación.

Rufino Rodríguez Cabrera, del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Presidencia del diputado
Eloy Cantú Segovia

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales y para su conocimiento a la Comisión de Defensa Nacional.

Marco Antonio Dávila Montesinos, del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Ley Reglamentaria del Sistema de Medición del Tiempo en los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las comisiones unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Energía.

Desde su curul, el diputado Mauricio Enrique Candiani Galaz hace observaciones sobre el turno y el Presidente turna la iniciativa únicamente a la Comisión de Energía.

Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo ciento dieciséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Feliciano Calzada Padrón, del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo a la fracción vigesimoprimera del artículo cuarenta y siete de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, adiciona la fracción sexta y modifica el último párrafo del artículo doscientos catorce del Código Penal Federal. Se turna a las comisiones unidas de Gobernación y Seguridad Pública y de Justicia y Derechos Humanos.

La Presidenta saluda la presencia de la Cónsul General de la República Dominicana y expresa sus condolencias al pueblo dominicano por sus connacionales fallecidos en el accidente aéreo de Nueva York.

Samuel Aguilar Solís, del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo cuarenta y tres y adiciona un artículo cuarenta y tresbis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social.

Lorena Martínez Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de ley federal de la cultura del sordo. Se turna a las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, de Cultura y de Atención a Grupos Vulnerables.

Narciso Alberto Amador Leal, del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma los artículos sesenta y uno y sesenta y cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos cuarto, veintiocho, cuarenta y seis, ciento treinta y uno y ciento treinta y dos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Presidencia del diputado
Eric Eber Villanueva Mukul

Se turna a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Dos oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita los permisos necesarios para que los ciudadanos Gustavo Iruegas Evaristo y Héctor Aragón Zapata, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de la República Federativa de Brasil y de Estados Unidos de América, respectivamente. Se turnan a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite, para los efectos del artículo setenta y dos inciso h, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la iniciativa que reforma el artículo ciento noventa y ocho y adiciona un artículo ciento noventa y ochoA a la Ley Federal de Derechos, presentada por el senador Eduardo Ovando Martínez, del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel

La Asamblea dispensa, en votación económica, la lectura al dictamen de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de decreto que concede permisos a ciudadanos mexicanos para que puedan prestar servicios en distintas representaciones diplomáticas de Estados Unidos de América, en México. Es de segunda lectura.

Sin discusión se aprueba en lo general y en lo particular por trescientos noventa y cuatro votos en pro y ninguno en contra. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

En votación económica, la Asamblea dispensa la lectura al dictamen de las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto que adiciona el artículo ciento sesenta y tres de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Es de segunda lectura.

Fijan la posición de sus respectivos grupos parlamentarios, los diputados: Francisco Patiño Cardona, del Partido de la Revolución Democrática; José Marcos Aguilar Moreno, del Partido Acción Nacional y José Luis Ugalde Montes, del Partido Revolucionario Institucional.

No habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular, en votación económica.

La Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por cuatrocientos siete votos en pro y ninguno en contra. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

Oficio de la Cámara de Senadores, por el que remite minuta con proyecto de decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional del veintitrés al veinticinco de noviembre de dos mil uno, a fin de que participe en la decimaprimera Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en la República de Perú. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

El diputado Auldárico Hernandez Gerónimo, del Partido de la Revolución Democrática, presenta excitativa a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos y cultura indígenas, presentada en la sesión de la Comisión Permanente de fecha dieciséis de mayo de dos mil uno. La Presidenta formula la excitativa correspondiente.

Presentan proposiciones con punto de acuerdo los diputados:

Martí Batres Guadarrama, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con la paz en Afganistán.

Habla sobre el tema el diputado José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional.

Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Rosa Delia Cota Montaño, del Partido del Trabajo, por la paz, contra la guerra y el terrorismo y por la soberanía nacional.

Se refiere al mismo asunto el diputado Jaime Cleofas Martínez Veloz, del Partido Revolucionario Institucional.

Presidencia de la diputada
María Elena Avarez Bernal

 Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Jaime Arturo Larrazábal Bretón, del Partido Revolucionario Institucional, con el propósito de ordenar y atender la problemática de la zona federal marítimoterrestre de los litorales mexicanos. Se turna a las comisiones de Pesca, de Turismo, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Transportes.

Habla sobre el mismo asunto el diputado Juan Carlos Pallares Bueno, del Partido Acción Nacional.

Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel

Juan Manuel Carreras López, del Partido Revolucionario Institucional, en relación con los trabajos de modernización de la carretera San Luis PotosíZacatecas y solicita trámite de urgente y obvia resolución.

La Asamblea, en votación económica, considera el tema de urgente y obvia resolución.

Hablan en pro del punto de acuerdo los diputados: Alfonso Oliverio Elías Cardona, del Partido de la Revolución Democrática; José Carlos Luna Salas, del Partido Acción Nacional;

Presidencia de la diputada
María Elena Alvarez Bernal

José Antonio García Leyva, del Partido Revolucionario Institucional.

Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel

La Asamblea considera suficientemente discutido el asunto en votación económica y de la misma forma aprueba el punto de acuerdo.

Alfredo Hernández Raigosa, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con niños desaparecidos.

Hablan sobre el asunto los diputados: Laura Hermelinda Pavón Jaramillo, del Partido Revolucionario Institucional, y Gumercindo Alvarez Sotelo, del Partido Acción Nacional.

Se turna a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de Atención a Grupos Vulnerables.

La Presidencia saluda a familiares de niños desaparecidos y expresa la solidaridad de la Cámara de Diputados.

La Presidenta informa que por acuerdo de los grupos parlamentarios, se incorpora en esta sesión una proposición con punto de acuerdo sobre el asesinato de magistrados federales en Mazatlán, Sinaloa y, para presentarlo, concede la palabra al diputado Armando Salinas Torre, del Partido Acción Nacional y a nombre de todos los grupos parlamentarios, quien solicita trámite de urgente y obvia resolución.

La Asamblea considera el asunto de urgente y obvia resolución, en votación económica.

Hablan en pro del punto de acuerdo los diputados: Ricardo Moreno Bastida, del Partido de la Revolución Democrática; Juan Manuel Martínez Nava, del Partido Revolucionario Institucional; María Guadalupe López Mares, del Partido Acción Nacional, y Gustavo Riojas Santana, del Partido de la Sociedad Nacionalista.

3082,3083,3084

En votación económica, la Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo, y de la misma manera lo aprueba por unanimidad. Comuníquese a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Ejecutivo Federal para sus efectos.

Agotado el tiempo acordado para la duración de las sesiones, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y la Presidenta clausura la de hoy a las dieciséis horas con treinta y seis minutos, citando para la que tendrá lugar el miércoles catorce de noviembre de dos mil uno, a las diez horas.»

Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señora Presidenta.

La Presidenta:

Continúe la Secretaría.

ESTADO DE COAHUILA

El secretario Adrián Rivera Pérez:

Comunicaciones.

«Escudo.— Coahuila de Zaragoza.— Poder Legislativo.— Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— México, D.F.

El honorable Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, en la 15 sesión de su diputación Permanente, correspondiente al segundo periodo de receso del segundo año de ejercicio constitucional, de esta LV Legislatura, celebrada el día 3 de octubre del año 2001, aprobó por votación unánime de sus integrantes, el siguiente

ACUERDO

Primero. Dirigir atento oficio a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Administración Local de Auditoría Fiscal con residencia en Piedras Negras, Coahuila, a efecto de manifestarles nuestra inquietud, con la posibilidad que la campaña de fiscalización a que nos referimos y de la cual tenemos conocimiento con motivo del atento oficio que nos hiciera llegar la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Piedras Negras, Coahuila se pueda traducir en daños irreparables a los prestadores de servicios con la clausura de las negociaciones si éstas se llevan a cabo sin considerar las disposiciones puntualizadas, destacadamente cuando se trata de negociaciones que se estime que no son reincidentes en el supuesto de incurrir en la violación relativa a la no expedición de comprobantes fiscales y

Segundo. Girar atento oficio a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión planteando la necesidad de que en materia de sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales, no quepa duda que la clausura de la negociación se reserve para los casos de faltas graves, es decir, cuando concurran dos o más agravantes que implique una práctica de contumaz rebeldía para el cumplimiento de obligaciones fiscales.

Le comunico lo anterior para la consideración y trámite que estime oportuno, anexando copia fotostática simple del documento, origen del presente acuerdo.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Saltillo, Coahuila, a 4 de octubre del año 2001.— Licenciado Alfonso Martínez Pimentel, oficial mayor del Congreso.»

«Escudo.— Coahuila de Zaragoza.— Poder Legislativo.

Ciudadanos miembros de la diputación Permanente del Congreso del Estado de Coahuila.— Presentes.

A partir del mes de agosto del año próximo pasado, la administración local de Auditoría Fiscal con residencia en Piedras Negras, Coahuila, supuestamente por instrucciones de la superioridad ha iniciado una campaña de visitas domiciliarias sobre todo a los contribuyentes a que se refieren las secciones II y III del Capítulo VI del Título Cuarto de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, es decir a los sujetos al régimen simplificado o causantes menores, a efecto de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en relación con la expedición de comprobantes fiscales y sin perjuicio de las facultades del fisco federal, se ha advertido que han llegado a aplicar sanciones drásticas de perjuicio irreparable, sin normar su arbitrio y apartándose de lo dispuesto por los artículos 83 fracción VII, 84 fracción IV y 75 todos del Código Fiscal de la Federación, puesto que de inmediato ha procedido a la clausura de los establecimientos cuando las disposiciones invocadas prevén como medida ordinaria la imposición de multas por la no expedición de comprobantes fiscales, multas que deben aplicarse considerando la situación económica del contribuyente, distinguiendo a los causantes menores de los causantes ordinarios, pero sobre todo, no se considera que la facultad de clausurar la negociación, se reserva para el caso de que operan agravantes en la comisión de la infracción, como sería el caso de que se tratase de contribuyentes reincidentes y resulta que en la campaña que se comenta, se viene aplicando la clausura en las negociaciones, no obstante que en el acta contentiva de la visita domiciliaria no aparece que se trate de contribuyentes reincidentes o que hubiesen incurrido en algún agravante y dada la capacidad económica de los contribuyentes afectados, el perjuicio ocasionado resulta sumamente grave, razón por la cual planteamos el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Dirigir atento oficio a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la administración local de Auditoría Fiscal con residencia en Piedras Negras, Coahuila, a efecto de manifestarle nuestra inquietud con la posibilidad de que la campaña de fiscalización a que nos referimos y de la cual tenemos conocimiento con motivo del atento oficio que nos hiciera llegar la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Piedras Negras, Coahuila se pueda traducir en daños irreparables a los prestadores de servicio con la clausura de las negociaciones si éstas se llevan a cabo sin considerar las disposiciones puntualizadas, destacadamente cuando se trata de negociaciones que se estime que no son reincidentes en el supuesto de incurrir en la violación relativa a la no expedición de comprobantes fiscales y

Segundo. Girar atento oficio a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión planteando la necesidad de que en materia de sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales, no quepa duda que la clausura de la negociación se reserve para los casos de faltas graves, es decir, cuando concurran dos o más agravantes que impliquen una práctica de contumaz rebeldía para el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Saltillo Coahuila, a 3 de octubre de 2001.— Grupo parlamentario del PRD; "Valentín Campa Salazar", diputado Luis Roberto Jiménez Gutiérrez; coordinador; grupo parlamentario del PRI; "Luis Donaldo Colosio Murrieta", diputado Heriberto Manuel Fuentes Maciel

La Presidenta:

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

ESTADO DE QUINTANA ROO

El secretario Adrián Rivera Pérez:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintanas Roo, Ciudad Chetumal, Quintana Roo, México.

Diputados secretarios del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

La IX Legislatura Constitucional del Estado, en cumplimiento al artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se permite comunicar que en sesión ordinaria celebrada el día 18 de octubre del año en curso, se procedió a la elección del presidente y vicepresidente de la mesa directiva del segundo mes, del segundo periodo de sesiones ordinarias, correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional, misma que fungirá del 21 de octubre al 20 noviembre de 2001, resultando electos por mayoría de votos los diputados: Juan Manuel Lara Duarte, presidente y Jaime Hernández Zaragoza, vicepresidente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, a 18 de octubre de 2001.— El diputado Angel de J. Marín Carrillo, secretario.»

La Presidenta:

De enterado.

COMISION DE CONCORDIA Y PACIFICACION

El secretario Adrián Rivera Pérez:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.— Comisión de Concordia y Pacificación.

Diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura.— Presente.

Por este conducto me permito comunicar a usted, que la Comisión de Concordia y Pacificación ha designado como presidente en turno por el periodo del 1o. al 30 de noviembre de 2001, al diputado Carlos Raymundo Toledo, por lo que se pone a sus apreciables órdenes para tratar cualquier asunto relacionado con las negociaciones de paz en el Estado de Chiapas.

Agradezco de antemano su atención y aprovecho la ocasión para reiterarle mi respeto.

Atentamente.

México, D.F., a 7 de noviembre de 2001.— Diputado Agustín Trujillo Iñiguez, presidente en turno.»

La Presidenta:

De enterado.

LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES

El secretario Adrián Rivera Pérez:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la mesa directiva.— Presente.

Con el propósito de facilitar los trámites para la dictaminación y posterior aprobación del pleno de la Cámara de Diputados acerca de la iniciativa de reformas a la Ley de Bienes Nacionales, turnada a las comisiones unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Gobernación y Seguridad Pública, me permito solicitar acepte que esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales decline participar en dicho dictamen, toda vez que nuestros comentarios fueron recogidos por la Comisión de Gobernación y ya ha elaborado un proyecto de dictamen.

Sin embargo, en virtud de que algunos integrantes de la mesa directiva de esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales se encuentran en el desempeño de una gira de trabajo, ruego a usted sea el conducto para que se consulte a los demás grupos parlamentarios que integramos esta comisión y proceda en consecuencia.

Sin más por el momento, le reitero mi más fina consideración.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 12 de noviembre de 2001.— Diputado Diego Cobo Terrazas, presidente.»

La Presidenta:

Como se solicita se modifica el turno a la iniciativa de bienes nacionales para que sea únicamente la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, la que formule el dictamen.

DISTRITO FEDERAL

El secretario Adrián Rivera Pérez:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Asamblea Legislativa del Distrito Federal.— II Legislatura.

Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la mesa directiva.— Presente.

Por este conducto y con fundamento en el artículo 122 base primera fracción V inciso ñ de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 42 fracción VIII, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, artículo 10 fracción II, 36 fracción XV de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y artículo 71 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me es grato comunicar a usted, que en sesión celebrada el día de hoy se resolvió remitir a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para los efectos constitucionales correspondientes, el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 73 fracción VIII, 76 fracción IX, 89 fracción XIV, 108, 109, 110, 111 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobado por este cuerpo colegiado.

3085,3086,3087

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración atenta y distinguida.

Recinto Legislativo, a 9 de noviembre de 2001.— Diputado Rafael Luna Alviso, presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Asamblea Legislativa del Distrito Federal.— II Legislatura.— Comisión de Estudios Legislativos y Practicas Parlamentarias.

Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 73 fracción VIII, 76 fracción IX, 89 fracción XIV, 108, 109, 110, 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Honorable Asamblea: a la Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal fue turnada para su estudio y dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 73 fracción VIII, 76 fracción IX, 89 fracción XIV, 108, 109, 110, 111 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, apartado C, base primera, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo previsto en los artículos 42 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 48 y 50 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 18 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, esta comisión es competente para conocer de la iniciativa mencionada en el párrafo que antecede; por lo que se abocó al estudio y elaboración del dictamen del citado documento, basándose en los siguientes

ANTECEDENTES

1. En sesión celebrada el día 8 de noviembre de 2001, por el pleno de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal II Legislatura, 62 diputados integrantes de ésta, presentaron la iniciativa de decreto de reformas y adiciones a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al régimen jurídico del Distrito Federal.

2. El diputado Rafael Luna Alviso, en su carácter de presidente de la mesa directiva de la Asamblea Legislativa turnó, el mismo 8 de noviembre de 2001, a esta comisión que dictamina, la iniciativa referida en el antecedente que precede.

3. En observancia a lo establecido en el artículo 23 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias se reunieron el día 8 de noviembre de 2001 para la discusión y, en su caso, aprobación del presente dictamen.

Congruente con lo expuesto y

CONSIDERANDOS

Considerando que el Distrito Federal es parte integrante de la Federación, capital de los Estados Unidos Mexicanos y sede de los poderes federales y que dicha naturaleza lo perfila como una entidad federativa sui generis en nuestro orden constitucional.

Que dicho carácter singular obliga a atender al Distrito Federal como una entidad radicalmente distinta a los estados de la República, pues si bien ambos son partes integrantes de la Federación, el Distrito Federal sirve de asiento a los poderes de la Unión y debe, por ello, estar sujeto a un régimen constitucional especial que garantice el funcionamiento seguro, eficaz y continuo de éstos.

Que el Distrito Federal, por su composición social, económica y geopolítica no puede ser considerado como un conjunto de poblaciones desarticuladas, sino que exige una visión integral, que lo entienda como un conglomerado urbano complejo y unitario.

Que una visión de tal naturaleza exige un diseño institucional que responda a las necesidades de una ciudad única, con problemas y requerimientos urbanos que abarcan la totalidad de su territorio y aún se expanden a las áreas conurbadas que componen la zona metropolitana de la Ciudad de México.

Que una ciudad única requiere instrumentos de gobierno interior que garanticen unidad, congruencia y continuidad territorial en su administración y en el diseño de políticas públicas.

Que el Distrito Federal, además, ha experimentado un proceso continuo de desarrollo en su vida política interna, siempre sirviendo al propósito superior de fungir como capital de todos los mexicanos, pero ampliando de manera gradual y persistente sus ámbitos de autonomía y autogobierno.

Que el desarrollo democrático del Distrito Federal y la sociedad que lo compone se ha enfocado primordialmente a la apertura y promoción de nuevos espacios de representación y participación política de los ciudadanos, a fin de dotarlos con oportunidades plenas de acceso a las decisiones colectivas.

Que este objetivo primordial de las sucesivas modificaciones al diseño constitucional y legal de las instituciones de gobierno del Distrito Federal se ha logrado en gran medida, sobre todo a partir de las reformas constitucionales de 1993 y 1996, que han dado por resultado la existencia de un órgano propio, encargado de legislar en un número amplio de materias de interés local, así como la elección de su jefe de Gobierno y de los titulares de las unidades político administrativas en que se divide su administración territorial.

Que toda reforma a las instituciones de gobierno, además de promover y construir nuevos espacios de representación y participación, debe buscar y lograr el equilibrio imprescindible entre democracia y eficacia gubernamental.

Que el diagnóstico que arroja la experiencia reciente, cuatro años después de la primera elección del Jefe de Gobierno y transcurridos 11 meses de la gestión de sus primeros jefes delegacionales electos, señala una serie de aspectos en el arreglo institucional y la organización jurídico, político, administrativa del gobierno, que se consideran ser redefinidos para la eficacia y la eficiencia en la labor gubernamental.

Que si bien las sucesivas reformas a la organización política de la entidad han significado enormes avances en su democratización, también es cierto que hoy plantean nuevos retos y necesidades, entre las que destaca una definición más clara de las competencias, principalmente entre la administración pública centralizada y las delegaciones.

Que los ciudadanos y habitantes del Distrito Federal han manifestado reiteradamente, por distintos medios, su voluntad de adquirir la mayor autonomía posible para su gobierno interior, pero respetando y fortaleciendo siempre el papel del propio distrito como capital del país y sede de los poderes de la Unión.

Que dicho objetivo aún no se ha logrado, a pesar del avance significativo que han representado las sucesivas reformas a la organización constitucional del Distrito Federal, ya que aún permanecen como facultades de los poderes federales una serie de materias que pueden y deben ser ejercidas por los órganos locales de gobierno.

Que una vida política interna cada vez más intensa, participativa y democrática, combinada con la existencia de problemas estructurales y necesidades urbanas cada vez más complejas, demanda a las instituciones, notoriamente al poder reformador de la Constitución, el análisis profundo de la actual organización jurídico política de la entidad, a fin de realizar los ajustes y adecuaciones que juzguen necesarias para otorgar mayor fuerza y certeza a la labor de gobierno, a la vez de ampliar la representación y participación ciudadana en la toma de decisiones públicas.

Que dicho análisis, realizado a lo largo de un periodo de más de nueve meses por los distintos grupos parlamentarios representados en la Asamblea Legislativa, apoyado por la opinión y experiencia de profesionales y especialistas en los diversos temas que ha dado por resultado un planteamiento integral de reforma política del Distrito Federal que, ahora respaldado por el consenso de todas las fuerzas políticas representadas en la propia Asamblea Legislativa, se considera oportuno, serio y adecuado para dar por resultado mejores instituciones de gobierno, un más eficaz control democrático entre órganos de gobierno y una relación más sólida, armónica y clara entre dichos órganos y los poderes de la Unión.

Finalmente, que por disposición constitucional la Asamblea Legislativa está facultada para iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión en materias relativas al Distrito Federal y que a dicho honorable Congreso corresponde, de inicio, el estudio, análisis y posible aprobación de los proyectos de decreto de reforma constitucional, de acuerdo con lo previsto por el artículo 135 de la Ley Fundamental, esta Asamblea Legislativa presenta una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fundándose en los siguientes antecedentes y justificaciones.

La vida institucional y política del Distrito Federal en 1824 surgió de una discusión que habría de durar prácticamente dos siglos. Desde aquellas discusiones fundacionales se planteó la problemática que podrían enfrentar dos soberanías en un mismo territorio al conformarse la República Federal y su asiento territorial, para el funcionamiento de los poderes de la Unión. La pugna surgía del enfrentamiento entre un gobierno que administrara el espacio territorial y resolviera los problemas que enfrentaba su población y la necesaria garantía para que los poderes federales no se vieran obstruidos en su funcionamiento por el ejercicio de dicho gobierno local.

En esos primeros años de independencia, la Constitución dispuso que el Congreso haría las veces de Poder Legislativo en el Distrito Federal.

Durante los siglos XIX y XX, el Distrito Federal y su organización política ha evolucionado con sus notas distintivas, siempre alrededor de la necesidad de evitar conflictos entre el ejercicio del Gobierno Federal y una autonomía local. En su concepción y desarrollo, la historia de ese conflicto y las alternativas de su solución, han sido reflejo de los cambios políticos que ha vivido nuestro país. Hoy nos encontramos, derivado de los acuerdos entre todos los grupos parlamentarios al interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ante la posibilidad de consolidar un espacio de autonomía en todo lo relativo a su gobierno local, garantizando los derechos y prerrogativas que, dentro de su territorio, debe tener el Gobierno Federal.

Ya durante el Constituyente de 18561857, se dio potencialmente al Distrito Federal el carácter de Estado con autoridades electas. Sin embargo, esto sólo se concretó en la elección de ayuntamientos en la municipalidad de México y en las otras que estaban en el territorio del Distrito Federal.

A principios del Siglo XX, el Congreso y las legislaturas de los estados aprobaron las reformas constitucionales que suprimieron la elección popular de las autoridades y establecieron, por primera vez a nivel constitucional, que el gobierno de la entidad estaría a cargo del Ejecutivo Federal.

En el Constituyente de 19161917 se incorporó, en el artículo 43 de la Constitución, al Distrito Federal como parte integrante de la Federación y se mantuvo la prescripción de que las funciones ejecutiva y legislativa del Distrito Federal correspondieran a los poderes federales. Los constituyentes revolucionarios sólo restablecieron la elección popular de los ayuntamientos que entonces había en la entidad.

En 1928, sin embargo, se volvió a reformar la Constitución y se eliminó la elección de autoridades locales, dados los conflictos surgidos entre los espacios municipales, suprimiéndose los ayuntamientos y encargándose su administración al Poder Ejecutivo Federal.

Con la expansión de la ciudad durante los últimos 80 años, el aumento explosivo de su población, la creciente complejidad urbana, el desarrollo de la diversidad social y la pluralidad política, la fórmula que hacía descansar la administración del Distrito Federal en los poderes federales mostró sus limitaciones. Estas se expresaron en la manifestación reiterada por parte de los partidos políticos de otorgar a los habitantes del Distrito Federal la posibilidad de darse su propia organización política y ejercer a plenitud los derechos políticos sobre su participación en el gobierno de dicha entidad.

En este contexto, en el curso de sucesivos procesos de reforma política del Distrito Federal durante los últimos 15 años, se fue abriendo paso a la construcción de las instituciones de gobierno representativo del Distrito Federal en lo relativo a su gobierno interior.

En 1988, se estableció la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, electa por los ciudadanos de la entidad, como órgano de representación ciudadana con importantes facultades reglamentarias y de intervención en los nombramientos de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, que fueron transferidas de la esfera competencial del Presidente de la República. Aunque tuvo desde su establecimiento la función de vigilar a la administración pública de la ciudad, la naciente Asamblea no tuvo las facultades determinantes para participar en la orientación del desarrollo de la ciudad, como la aprobación de las contribuciones locales y del presupuesto de la ciudad y mucho menos establecer los mecanismos que permitieran la adquisición de deuda o la definición clara de sus bienes patrimoniales. En esa reforma tampoco se aprobó la elección de autoridades ejecutivas y se mantuvo al Departamento del Distrito Federal como dependencia de la Administración Pública Federal, bajo la responsabilidad política y el mando administrativo del Presidente de la República.

En 1993 se abrió el camino constitucional para la existencia de un gobierno propio del Distrito Federal. Sin embargo, dicha solución parecía insuficiente para satisfacer las aspiraciones de la sociedad y los partidos políticos por constituir un gobierno plenamente representativo, puesto que se establecía que la elección del jefe de gobierno sería indirecta. La reforma otorgó, sin embargo, una autonomía considerable al Distrito Federal en materia legislativa, atribuyendo de manera expresa la mayoría de las materias locales a la Asamblea y conservando el Congreso las no asignadas a ésta.

Derivado de los acuerdos entre los grupos parlamentarios dentro de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hoy se propone revertir el hecho de que a la Asamblea Legislativa le sean otorgadas las facultades legislativas explícitas, mientras que al Congreso de la Unión las residuales. Otras facultades para el gobierno interior también fueron limitadas: el endeudamiento público de la entidad quedó en manos del Presidente de la República y del Congreso y los nombramientos de Procurador General de Justicia del Distrito Federal y del servidor público encargado del mando directo sobre la fuerza pública, aunque propuestos por el jefe de gobierno, se establecieron como facultades del Presidente de la República.

3088,3089,3090

En 1996 se aprobó la elección directa de Jefe de Gobierno del Distrito Federal y se estableció que a partir del año 2000 los delegados políticos serían electos por voto directo de los ciudadanos de cada demarcación político administrativa. En octubre de 1999 el Congreso de la Unión aprobó una reforma al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, que permitió la elección de jefes delegacionales en julio de 2000.

Todas estas reformas están inscritas en la coincidencia de esfuerzos para transformar la naturaleza jurídicopolítica del Distrito Federal y, de esta manera, establecer autoridades representativas y responsables ante los habitantes de la ciudad.

Tras tres lustros de reformas a las instituciones políticas del Distrito Federal, hoy todas las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa coinciden en la responsabilidad en el ejercicio de gobierno, comparten un lenguaje y preocupaciones comunes que dan pie a que existan bases sólidas de acuerdo en torno a lo que hay que reformar y cómo reformarlo. Hoy existe un consenso entre los habitantes de la ciudad, la opinión pública y las distintas fuerzas políticas, en torno a que la organización políticoconstitucional vigente es insuficiente para resolver los problemas que aquejan a la ciudad. La reforma para crear, fortalecer y consolidar las bases institucionales de su funcionamiento se convierte así en necesidad imperiosa para impulsar el desarrollo justo y equitativo de los capitalinos.

La realidad política de la ciudad y del país hacen posible concretar la visionaria fórmula de Francisco Zarco, quien durante el Constituyente de 1856 y 1857 defendió la compatibilidad entre la presencia de los poderes nacionales y los derechos políticos locales, bajo la condición de que se definieran ámbitos de competencia, se evitaran los posibles choques entre las esferas de gobierno y se respetaran la autonomía y las responsabilidades correspondientes al gobierno local de la entidad.

Derivado de lo anterior, lo más significativo, hasta la presentación misma de este proyecto de reformas, consiste en el acontecimiento político que significa la construcción del consenso sobre esta iniciativa de reforma constitucional acerca del Distrito Federal. La democracia implica, ciertamente, competencia e incertidumbre durante los procesos electorales. Inmediatamente después exige, sin embargo, respuestas responsables, profundas y serias para la solución de los problemas que aquejan a los ciudadanos que han confiado su voto a los representantes populares.

Exige, al mismo tiempo, construir certezas para permitir el sano y pleno desarrollo de la sociedad y con ello garantizar la rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio de gobierno, ambas condiciones consustanciales al ejercicio democrático de cualquier nación o ciudad. Sólo con una visión de estas dimensiones puede conjuntarse el imperativo liberal que permita el sano y pleno desarrollo del individuo y al mismo tiempo, la búsqueda de la igualdad entre los ciudadanos, con gobiernos eficaces, participativos y promotores del desarrollo.

La reforma plantea autonomía para el gobierno local y la definición de competencias específicas para el Gobierno Federal, pero más allá de ello, atiende una discusión central. Esta consiste en que la democracia es posible en un ambiente plural y de diversidad, garantizando la gobernabilidad que redunde en resultados concretos para la población. Es posible tener altos grados de representación y con ello una participación democrática que redunde en atender, al mismo tiempo, la necesidad de crear certezas y definir ámbitos de ejercicio gubernamental que permitan concentrar esfuerzos para atender los acuciosos problemas de pobreza, servicios insuficientes y atraso en la inversión pública para el mejoramiento y consolidación de ésta, como una ciudad viable y con un gran futuro.

Todo lo anterior debe recibir especial atención en la medida en la que la reforma propone atender a acuerdos y experiencias ganadas por todas las fuerzas políticas. De entre ellas, las más importantes consisten en el reconocimiento de ésta como una ciudad única e indivisible; única por su tamaño, por sus características, su desarrollo histórico y por el papel que ha jugado en el desarrollo económico, social y cultural del país.

En efecto, esta ciudad es diferente de un estado de la República y distinta de cualquier ciudad del país. La aspiración central de esta reforma, por lo tanto, es lograr con claridad la definición de ámbitos que permitan conservarla como una ciudad autónoma en su gobierno interior, capital de la nación y sede de los poderes federales, cuyo funcionamiento esté garantizado por el ordenamiento constitucional y, por lo tanto, renueva la idea de que la propia ley puede dar vida a instituciones y proyectos en los que todos nos podamos ver reflejados.

No se puede dejar de hacer hincapié, en el contexto de la reforma que ahora se presenta, sobre el hecho de que la Ciudad de México ha jugado un papel preponderante en el desarrollo de todo el país. Esta es la capital de todos los mexicanos. Una ciudad abierta, un reflejo fiel de la vida y la experiencia del país.

Modificaciones propuestas

Se describen a continuación las reformas y adiciones que se plantea efectuar al texto constitucional, señalando los puntos fundamentales de su justificación:

1. La reforma propone modificar la fracción VIII del artículo 73 constitucional, a fin de suprimir la parte conducente del texto en relación con la facultad del Congreso de la Unión para aprobar anualmente los montos de endeudamiento que requiera el gobierno del Distrito Federal y la obligación del Presidente de la República para rendir al propio Congreso los informes correspondientes al ejercicio de dicha deuda. El sentido de esta modificación obedece a la decisión de facultar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para aprobar el endeudamiento público del gobierno local y las entidades de su sector público y revisar el ejercicio de los recursos provenientes del mismo.

En esta atribución del órgano legislativo local se preservarán los principios que ya establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativos a la contratación de deuda pública, tanto federal como local, esto es, que no se podrán contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones o actividades productivas que generen un incremento en los ingresos públicos.

Esta modificación pretende dotar a los órganos de gobierno del Distrito Federal de la autonomía financiera necesaria para hacer frente a las necesidades de inversión y, por lo tanto, a los requerimientos de financiamiento. Sin embargo, dada la naturaleza del Distrito Federal se ha considerado conveniente el que la Asamblea Legislativa establezca, en el estatuto constitucional del Distrito Federal y en la Ley de Deuda Pública local, las bases, indicadores y el límite de endeudamiento neto que podrá contraer el Gobierno local. Al preverse, además, la rigidez del estatuto constitucional que exigirá el voto de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea para su modificación, se genera una garantía de que tal límite de endeudamiento no pueda ser modificado por una mayoría simple en el órgano legislativo local.

En el caso en que la solicitud de endeudamiento que formule el jefe de gobierno exceda dicho límite, corresponderá al Congreso de la Unión autorizar o no el monto de endeudamiento excedente, conforme a la ley que al efecto expida. Desde luego, el ejercicio de los recursos que provengan de la autorización del Poder Legislativo Federal será revisado por la entidad superior de fiscalización prevista en la fracción IV del artículo 74 constitucional. Como se observa, la modificación que se hace al artículo 73 fracción VIII tiene una vinculación directa con el nuevo apartado E del artículo 122 constitucional que se propone en el presente proyecto de decreto.

2. La modificación que se plantea a la fracción IX del artículo 76 constitucional se orienta a tres objetivos: elevar el quorum de votación exigido para la remoción del Jefe de Gobierno por el Senado de la República a dos terceras partes de los miembros de dicha Cámara; dejar asentado que dicha facultad sólo le corresponde al Senado de la República y no, como indica la previsión vigente, a la Comisión Permanente durante los recesos de aquél y someter el ejercicio de esta facultad a una legislación reglamentaria que deberá expedir el Congreso de la Unión, respecto de los casos y procedimientos que concreten las dos grandes hipótesis de remoción que dispone la propia fracción IX del artículo 76 de la Constitución.

Este proyecto considera que si bien es necesario preservar esta facultad del Senado de la República, en virtud de que las causas de remoción del artículo 76 constitucional no tienen una correspondencia con otras vías de sustanciación de los procedimientos de responsabilidades, como lo son los supuestos del artículo 110 constitucional, también estima que los tres objetivos ya referidos otorgarán un marco de mayor precisión y respaldo al ejercicio de una facultad tan trascendente para la vida política del Distrito Federal, como lo es la remoción de su Jefe de Gobierno. La facultad en cuestión se complementaría con otra que se conserva para el propio Senado, en cuanto al nombramiento del Jefe de Gobierno interino o sustituto, a propuesta del Presidente de la República.

La propuesta que se hace de la nueva fracción IX del artículo 76 constitucional, se complementa con la formulación que aparece en la fracción III del apartado A del artículo 122 que se propone a esa soberanía.

3. De igual forma, se modifica la fracción XIV del artículo 89, en donde deja de ser facultad del Ejecutivo Federal conceder el indulto a los reos sentenciados por la comisión de delitos del orden común, para que, de acuerdo al estatuto constitucional que expida la Asamblea Legislativa, esta atribución corresponda al jefe de gobierno del Distrito Federal.

La razón de ello obedece a que desde la reforma al artículo 122 constitucional realizada en el año de 1996, se otorgó a la Asamblea Legislativa la facultad de legislar en materia penal, facultad que entró en vigor el 1o. de enero de 1999, según lo dispuso el artículo decimoprimero transitorio del decreto de 21 de agosto de 1996, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto del mismo año. En esa ocasión, la nueva facultad para la Asamblea Legislativa no se acompañó de la adecuación a la fracción XIV del artículo 89 y ahora se ha considerado conveniente que, tratándose de una materia que legislativamente regula un órgano local del Distrito Federal, el indulto como parte de la misma materia penal, le corresponda, en su caso, otorgarlo al Jefe de Gobierno.

4. El proyecto de reformas que se presenta plantea la modificación de los artículos 108, 109, 110 y 111 del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual con la correspondiente modificación que se hace en el artículo 122, permitirá instaurar un régimen de responsabilidades locales para servidores públicos del Distrito Federal.

En efecto, las disposiciones constitucionales vigentes contemplan la intervención del Congreso de la Unión o de una de sus cámaras, para conocer y resolver sobre juicio político y declaratoria de procedencia de servidores públicos del Distrito Federal que están previstos en el párrafo primero de los artículos 110 y 111. Asimismo, con excepción de los servidores públicos de los órganos encargados de la función judicial del fuero común en el Distrito Federal, los que lo son de los otros órganos de gobierno local, se rigen en esta materia por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

El nuevo sistema de distribución de competencias que se plantea entre el Congreso de la Unión y la Asamblea Legislativa permitirá que, conforme al texto que se propone del artículo 109, la Asamblea Legislativa expida una ley de responsabilidades de los servidores públicos.

En consonancia con lo anterior, se propone modificar el artículo 108 para que los servidores públicos del Distrito Federal sean sustraídos de su mención en el párrafo primero y sean incorporados al tercer párrafo de dicho precepto.

De la misma forma, los servidores públicos del Distrito Federal que hasta ahora son contemplados en el párrafo primero de los artículos 110 y 111 de la Constitución, se reubican en nuevos párrafos que se propone adicionar a esos artículos, a fin de que sean sujetos de juicio político federal y declaratoria de procedencia por la Cámara de Diputados en los supuestos que se indican en los citados preceptos.

En consecuencia, tratándose de juicio político federal, los casos se circunscriben a las violaciones a la Constitución y a las leyes federales así como al manejo indebido de fondos y recursos federales. Para el caso de declaratoria de procedencia, el proyecto plantea que los servidores públicos que actualmente se mencionan en el primer párrafo del artículo 111 ya no estén sujetos al procedimiento y resolución respectivos, sino que para la procedencia penal por delitos del orden común se estará a lo que dispongan el estatuto constitucional y las leyes aplicables.

Las modificaciones a las que se ha hecho referencia tienen también relación con las que propone la fracción X del apartado C del artículo 122 constitucional, relativas a las responsabilidades de carácter local del Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

5. El proyecto de reformas que se presenta a esa soberanía tiene por vértice la modificación integral del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su estructura, se abordan las modificaciones propuestas en los siguientes términos:

a) El primer y segundo párrafos del artículo 122 establecerán la autonomía del Distrito Federal respecto de su régimen interior, de acuerdo a lo que establece, la propia Constitución y el estatuto constitucional. Su Gobierno estará a cargo de los órganos legislativo, ejecutivo y judicial de carácter local que más adelante se indican.

3091,3092,3093

El segundo párrafo resulta fundamental para comprender tanto la estructura que se le da al nuevo artículo 122, como el marco de referencia para establecer las facultades que le corresponden al Congreso de la Unión y al Presidente de la República. La referencia al artículo 44 de la Constitución que determina que el Distrito Federal es la sede de los poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos, motiva la existencia de un régimen específico para esta entidad y permite explicar el porqué la misma Constitución faculta a dichos poderes para ejercer una serie de facultades en y desde el territorio de su propia sede.

b) Una de las modificaciones más trascendentes que se plantea en el artículo 122, es variar el sistema de distribución de facultades entre el Poder Legislativo Federal y la Asamblea Legislativa.

Las reformas constitucionales de los años 1993 y 1996 al artículo 122, establecieron un régimen de facultades expresas para el órgano legislativo local, conservando el Congreso de la Unión, todas las no conferidas a la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, el texto constitucional vigente enlista una amplia gama de materias en las que la Asamblea Legislativa ha legislado para la entidad. En congruencia con el propósito de fortalecer y definir la autonomía de cada uno de los órganos locales de gobierno este proyecto plantea invertir el sistema de distribución de competencias, de tal forma que ahora corresponda a la Asamblea legislar en todo lo referente al Distrito Federal, salvo lo expresamente conferido por la Constitución al Congreso Federal.

Esto obedece no sólo al propósito mencionado de fortalecimiento de la autonomía local, sino al mismo hecho de que en el texto vigente la gran mayoría de las materias ya le están conferidas a la Asamblea. Actualmente, el Congreso de la Unión conserva sólo algunas materias en su esfera competencial, entre las que destacan las de legislar en materia de seguridad pública, responsabilidades de servidores públicos de los ámbitos Ejecutivo y Legislativo, deuda pública y expedición y reforma del estatuto de gobierno.

Esta inversión del sistema de distribución de competencias explica la propuesta que se formula a esa soberanía sobre los contenidos del nuevo apartado A del artículo 122 constitucional, respecto a las facultades del Congreso de la Unión. La primera de ellas, contemplada en la fracción I de dicho apartado, tiene fundamental relevancia al disponer que el Congreso dicte disposiciones que aseguren el ejercicio de las funciones de los poderes de la Unión en el Distrito Federal. Esta atribución subraya el carácter sui generis del Distrito Federal, en su calidad de capital de la República y sede de los poderes federales, destacando así su diferencia esencial respecto de un Estado de la República. El interés superior que respalda a las facultades de los poderes federales llevará al Constituyente a determinar que no puede ni debe haber obstáculo alguno para el ejercicio seguro y eficaz de las funciones de los propios poderes federales en su sede. Esto se ve complementado con lo que también prevé la propia fracción I, en cuanto a que esas disposiciones que dicte el Congreso de la Unión puedan comprender excepciones en la aplicación de normas locales de desarrollo urbano respecto de los bienes del dominio público de la Federación. Esto último ya ha sido previsto por el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en su artículo 96, pero en virtud de que ahora la Norma Fundamental de organización de gobierno de la entidad correspondería expedirla a la Asamblea Legislativa, se ha considerado necesario elevar dicha disposición a rango constitucional.

El aseguramiento tendiente a que siempre los poderes federales, en su sede, estén en aptitud de ejercer sus funciones, se refuerza con la prohibición para que las autoridades locales no puedan dictar normas ni ejecutar actos que afecten dicho ejercicio. Todo ello debido a que la órbita legislativa y ejecutiva de carácter local, pudiera eventualmente llevar a dictar una norma o un acto que vulnerara el normal funcionamiento de los poderes federales, que para el Constituyente reviste un interés prevalente sobre cualquier otro.

Si los poderes de la Unión no actuaran con libertad en el territorio donde se encuentran, si un órgano local disminuyera las atribuciones y facultades que le da el pueblo, ejerciendo su soberanía, estaríamos desconociendo nuestra esencia federalista y el principio básico de cohesión e integración nacional que está en el origen de la República.

El nuevo sistema de competencias está concebido para proteger el ejercicio de las atribuciones de los poderes federales y, al mismo tiempo, garantizar la representación democrática de que quienes habitan en los ámbitos de gobierno locales.

Las disposiciones a que se refiere la fracción I del apartado A que se propone se perfeccionan con el mandato de que, en caso de controversia constitucional, las disposiciones o actos locales queden suspendidos en su ejecución durante el trámite del proceso constitucional. Dicha suspensión garantiza, a la vez, la primacía de la legislación federal y el funcionamiento seguro de los poderes federales.

Por último, al Congreso de la Unión le corresponderá siempre dictar disposiciones sobre las relaciones entre los poderes de la Unión y las autoridades locales, con motivo de las facultades atribuidas a los mismos, que impliquen su necesaria vinculación.

d) La fracción II del apartado A que se plantea a esa soberanía faculta al Congreso de la Unión para legislar sobre las atribuciones del Presidente de la República respecto del mando de la fuerza pública en el Distrito Federal y en esta materia desde la propia Constitución se pretende establecer que, en cuanto a dicho mando, existe una relación de subordinación del Jefe de Gobierno del Distrito Federal y del servidor público que tenga a su cargo el mando directo de la fuerza pública, hacia el Ejecutivo Federal. Esta disposición se relaciona con la fracción I del apartado B propuesto en el presente proyecto, que da contenido a un elemento esencial del mando respecto a la autorización del Presidente de la República para que el Jefe de Gobierno nombre al servidor público encargado del mando directo de la fuerza pública. Como otro elemento esencial del mando, se reserva al Ejecutivo Federal la facultad de remover libremente a dicho servidor público.

En esta materia de seguridad pública y en virtud de que en ella convergen a nivel legislativo tanto el Poder Legislativo de la Unión como la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se proyecta en la fracción XVII del apartado C de este nuevo artículo 122, el que la propia Asamblea Legislativa, al legislar sobre dicha materia, regule los aspectos orgánicos de los cuerpos de seguridad, principios básicos de actuación, profesionalización y carrera policial, estímulos y régimen disciplinario, de acuerdo con las bases que establezca el estatuto constitucional.

e) Respecto de la fracción III del apartado A, la nueva disposición que se propone no sólo tiende a facultar al Congreso de la Unión para establecer casos y procedimientos de remoción del Jefe de Gobierno por el Senado de la República, sino también a modificar el sistema vigente de nombramiento de quien deba sustituir en sus funciones al Jefe de Gobierno removido. Hoy, en el supuesto de remoción del Jefe de Gobierno, independientemente del momento en que éste ocurriese, se nombraría un sustituto que habría de concluir el periodo. Ahora se plantea que la Constitución distinga dos supuestos: si la remoción se verifica durante los dos primeros años del periodo de gobierno, el Senado nombraría a un interino y si ha transcurrido más tiempo designaría a un Jefe de Gobierno sustituto.

El mismo criterio se sigue en la fracción VII del apartado C del propio artículo 122, para el caso de falta absoluta del Jefe de Gobierno, no por remoción, sino por cualquier otra causa, en cuyo supuesto correspondería a la Asamblea Legislativa hacer la designación del interino o el sustituto, según corresponda. Siempre que haya designación de Jefe de Gobierno interino por el Senado o por la Asamblea Legislativa, será ésta la que expida la convocatoria para la elección de quien deba concluir el periodo.

Para evitar cualquier vacío en la función ejecutiva local, se prevé en el último párrafo de la citada fracción VII del apartado C que, en tanto es designado un Jefe de Gobierno interino o sustituto, quede a cargo del despacho el servidor público que determine el estatuto constitucional.

f) La fracción II del apartado B del artículo 122 constitucional propuesto a esa soberanía, contempla una facultad de la mayor trascendencia para que uno de los poderes federales pueda hacer frente a situaciones que requieran salvaguardar la sede de los mismos, como pudiera ser el caso de desastres o contingencias graves. Para ello, el Presidente de la República podrá instruir, de manera fundada y motivada, a las autoridades del Distrito Federal para hacer frente a tales situaciones e incluso ordenar la participación de la Administración Pública Federal en lo que resulte necesario. Esta facultad, como se ve, constituye una excepción al régimen de autonomía en el Gobierno interior de la entidad, que se justifica ante circunstancias de la relevancia referida que ameritan la determinación de acciones urgentes.

g) La fracción III del propio apartado B contempla la facultad reglamentaria del Ejecutivo Federal respecto de las leyes que emita el Congreso concernientes al Distrito Federal. Esto resulta importante, puesto que el Presidente de la República proveería en la esfera administrativa local a la exacta observancia de las leyes expedidas por el Legislativo Federal relativas al Distrito Federal, lo cual constituye otro caso de singularidad en el régimen de autonomía para el gobierno local de la entidad.

h) El apartado C del nuevo artículo 122 constitucional prevé la existencia del ordenamiento de organización y funcionamiento del gobierno local, que se llamará estatuto constitucional del Distrito Federal. El proyecto no sólo pretende reformular su denominación con respecto al ordenamiento vigente, que se titula Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en cuanto a que éste propiamente no sólo organiza al gobierno local, sino también establece todo un capítulo de derechos y obligaciones de carácter público de habitantes y ciudadanos de la entidad; sino que tal cambio de denominación obedece también a conferirle un status singular a dicho ordenamiento fundamental, distinguiéndolo con claridad de las constituciones de los estados de la República. Una vez más, resalta aquí la voluntad de preservar la naturaleza sui generis del Distrito Federal, como distinta a la propia de los estados de la República.

Se preserva el término "estatuto" en virtud de que esta ley de organización fundamental del Distrito Federal precisamente instituye y funda los órganos de Gobierno de la entidad, a partir del principio ya asentado con anterioridad de autonomía en el gobierno local, siempre con las modalidades establecidas por la propia Constitución. Se califica como constitucional, pretendiendo que el Constituyente le otorgue una jerarquía distinta al resto de la legislación local. Esto no es ajeno a la tradición constitucional mexicana, la cual, por ejemplo, en el acta de reformas de 1847 determinó conferir el calificativo de leyes "constitucionales" a una serie de ordenamientos del Congreso de la Unión que se consideraron relevantes.

i) Además de prever su existencia, el apartado C del artículo 122 constitucional establece una serie de bases que deberá contener el Estatuto Constitucional del Distrito Federal, que será expedido por la Asamblea Legislativa. La importancia que reviste dicho estatuto justifica la exigencia constitucional respecto del quorum de votación requerido para su expedición o reforma, el cual deberá ser de las dos terceras partes del total de miembros de la Asamblea Legislativa. Esto aporta un sistema de rigidez que tiende a dar estabilidad a las disposiciones básicas de organización de gobierno. Desde luego, tratándose de un ordenamiento local, este estatuto no podrá imponer obligaciones o prohibiciones a los poderes federales.

j) La fracción II del apartado C del artículo 122 propuesto, ordena la aplicación al Distrito Federal de todas las prohibiciones y limitaciones que la propia Constitución establece para los estados de la República. Como entidad federativa y, más aún como capital del país, el Distrito Federal deberá observar dichas limitaciones a su autonomía en materias como la celebración de alianzas o tratados con potencias extranjeras, acuñación de moneda, gravamen del tránsito de personas o cosas por su territorio y las demás que impone la Constitución.

k) En su segundo párrafo, la misma fracción II del apartado C faculta a la Asamblea Legislativa a legislar en todas las materias que no estén expresamente conferidas al Congreso de la Unión. Esta disposición instituye de manera explícita el nuevo sistema de distribución de competencias entre poderes federales y órganos locales de gobierno, resultando en un régimen de facultades expresas para el Legislativo Federal, conservando el órgano local todas las demás.

l) El párrafo tercero de la propia fracción II del apartado C somete los bienes del dominio público de la Federación ubicados en el Distrito Federal a la jurisdicción exclusiva de los poderes de la Unión, y prevé la expedición de leyes por parte del Congreso Federal para regular dicha jurisdicción. Esta norma se hace fundamental para garantizar la operación eficaz, segura y continua de los poderes federales en su sede y excluye cualquier conflicto de competencias que pudiera suscitarse entre éstos y los órganos locales de gobierno respecto de los bienes del dominio público Federal.

En relación con este mismo tema, el último párrafo de la fracción II en cuestión, reitera la disposición vigente respecto de la aplicación a la Hacienda Pública del Distrito Federal de las normas contenidas en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución, relativas a la exclusividad de los órganos locales para establecer contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria y las relativas a ingresos derivados de la prestación de servicios públicos. Al igual que con las haciendas municipales, el precepto prohibe a la legislación local el establecimiento de exenciones o subsidios respecto de las contribuciones aludidas, en favor de personas físicas o morales ni de instituciones oficiales o privadas. Sin embargo, los bienes del dominio público de la Federación estarán exentos del pago de las contribuciones a que se refieren los incisos a y c de la fracción IV del artículo 115 referido, cuestión que se ha considerado necesaria dado que el propio Distrito Federal es la sede de los poderes federales.

m) La fracción III del apartado C del nuevo artículo 122 constitucional instituye a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal como depositaria de la función legislativa en el orden local. En la redacción que se propone, se introduce un nuevo parámetro para la definición del número de integrantes de la Asamblea Legislativa, que actualmente se ubica directamente en el Estatuto de Gobierno, fundado en un principio de carácter demográfico, a razón de un representante de mayoría relativa por cada 200 mil habitantes. La proporción entre los representantes electos por el principio de mayoría relativa y aquellos electos por el principio de representación proporcional será del 60% y 40% respectivamente. La indicación de dichos porcentajes permitirá, en caso de variar el número de integrantes de la Asamblea Legislativa por un movimiento demográfico que lo amerite, conservar la proporción actual entre representantes de ambos principios, que se juzga conveniente. Finalmente, la nueva norma constitucional prevé un porcentaje del 15%, ascendente o descendente, como margen de movilidad del número de habitantes de la entidad, en relación con el número de representantes que integren la Asamblea Legislativa. En todo caso, con la fórmula propuesta se mantiene el número actual de 76 diputados a la Asamblea Legislativa.

3094,3095,3096

n) En la fracción V del propio apartado C, destaca por su trascendencia la nueva facultad de la Asamblea Legislativa para iniciar leyes ante el Congreso de la Unión en cualquier materia. Hasta hoy, dicha facultad de iniciativa se encuentra limitada a materias relativas al Distrito Federal, cuestión que no se justifica en un marco de autonomía y ejercicio de atribuciones del Distrito Federal en su calidad de entidad federativa.

La misma fracción, además, prevé la participación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el procedimiento de reformas a la Constitución, en los términos del artículo 135 de la propia Ley Fundamental y con la misma calidad con que lo hacen las legislaturas de los estados. Se ha considerado que dicha participación implica un reconocimiento fundamental del derecho de los ciudadanos del Distrito Federal de participar, por conducto de su representación legislativa local, en las modificaciones a la Constitución, en su carácter de parte integrante de la Federación.

o) La fracción VI del aparcado C del artículo 122 constitucional que se propone a esa soberanía, establece al Jefe de Gobierno del Distrito Federal como órgano encargado de la función ejecutiva en la entidad. Se ratifican su carácter electivo, por voto universal, libre, secreto y directo de los ciudadanos del Distrito Federal y, la duración del periodo de gobierno que no podrá exceder de seis años. Además, se confirma el principio histórico de la no reelección absoluta, de tal manera que ningún ciudadano que haya ocupado el cargo de Jefe de Gobierno, cualquiera que sea la calidad con que lo haya realizado, pueda volver a ocupar dicho puesto. La misma fracción VI prevé el escenario en el que al comenzar un periodo constitucional no se presentase el Jefe de Gobierno electo o que la elección no estuviera hecha y declarada, caso en el que la Asamblea Legislativa deberá designar un interino.

p) La fracción VII del apartado C que se describe, prevé el caso de falta absoluta del Jefe de Gobierno, distinto al de su remoción por el Senado, y los dos supuestos que determinan el procedimiento para su sustitución. Como ya se comentó al referir la modificación al artículo 76 fracción IX de la Constitución, el proyecto propone que, en caso de ocurrir la falta absoluta dentro de los dos primeros años del periodo constitucional, la Asamblea Legislativa nombre un interino y expida la convocatoria para la elección de quien deba concluir el periodo; en caso contrario, la Asamblea Legislativa nombraría un Jefe de Gobierno sustituto, que estaría encargado de finalizar el periodo constitucional.

q) En la fracción IX del apartado C, que indica las facultades y obligaciones del Jefe de Gobierno, se propone introducir dos modificaciones de gran trascendencia: por una parte, en el inciso e, de la fracción en cuestión, se prevé que el Jefe de Gobierno presida un consejo de delegados políticos, que estará encargado de conocer y opinar sobre políticas territoriales y administrativas. De esta manera, el proyecto intenta dar respuesta a uno de los principales, problemas que ha planteado la experiencia reciente, desde la institución de los jefes delegacionales, electos el 2 de julio de 2000. En el Distrito Federal, son necesarios mecanismos y procedimientos que permitan armonizar las políticas públicas del ámbito territorial y administrativo. Esto con mayor razón, cuando la facultad de iniciar leyes y la reglamentación de éstas para proveer en la esfera administrativa a su exacta observancia, corresponde sólo al Jefe de Gobierno, quien consideraría en dicha instancia los resultados del análisis de la problemática delegacional. El consejo cuya creación prevé el inciso e, comentado podrá constituirse en un centro articulador para la gestión de la administración pública.

En segundo término, el inciso g de la fracción IX del apartado C que se comenta, establece una obligación de la máxima trascendencia a cargo del Jefe de Gobierno. El nuevo texto propone que dicho funcionario esté obligado a atender los requerimientos que le formulen los presidentes de las cámaras de Diputados y de Senadores y el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para resguardar y proteger los recintos en que se asienten dichos poderes. Asimismo, estará obligado a atender la instrucción que, para los mismos efectos, le formule el Ejecutivo Federal respecto de las representaciones diplomáticas y consulares ubicadas en el Distrito Federal. Esta obligación introduce una nueva singularidad al régimen de autonomía del Gobierno del Distrito Federal, que se justifica por el papel que desempeña la entidad como asiento de los poderes federales y de las representaciones diplomáticas y consulares. La colaboración de la autoridad local, encargada de la dirección de los servicios de seguridad pública en el Distrito Federal, debe ser obligatoria e inmediata a efecto de resguardar el interés superior en que descansa el buen funcionamiento de los poderes de la Federación.

r) La organización de la administración pública del Distrito Federal está prevista en la fracción XI del mismo apartado C del artículo 122 constitucional propuesto a esa soberanía. Se introduce una modificación al texto vigente, a fin de aclarar desde el nivel constitucional que las formas de organización administrativa en el Distrito Federal serán la centralizada, la desconcentrada, la paraestatal y la delegacional. Respecto de ésta, la norma constitucional prevé la división territorial del Distrito Federal en delegaciones políticas, para efectos de su administración pública. La naturaleza de las delegaciones se establece como unidades político administrativas, a cuyo cargo existirá un delegado político, de carácter electivo. Dicho servidor público durará tres años en su encargo y no podrá ser reelecto para el periodo inmediato. La fracción prevé, además, que dichos delegados políticos podrán ser removidos de su cargo, por las causas y por conducto de los procedimientos que se establecerán en el estatuto constitucional. Este mismo ordenamiento y las leyes fijarán con toda claridad la competencia de las delegaciones y por tanto sus funciones de ejercicio directo. Asimismo, se determina que las delegaciones actuarán bajo coordinación o dependencia de la administración pública, de conformidad con las leyes aplicables.

s) Respecto de las instituciones electorales del Distrito Federal, se propone mantener el reenvío a las disposiciones contenidas en el artículo 116 de la Constitución, en el párrafo segundo de la fracción XII del apartado C del proyecto de artículo 122 constitucional, adicionalmente, las fracciones XII y XIV, prevén expresamente la naturaleza y funciones del Instituto Electoral del Distrito Federal y el Tribunal Electoral del Distrito Federal, respectivamente. El primero tendrá el carácter de un organismo público autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, encargado de la organización de las elecciones, referendos y plebiscitos en el Distrito Federal.

La Constitución, además, dispondría que el Instituto Electoral del Distrito Federal celebre acuerdos con el Instituto Federal Electoral, con objeto de evitar erogaciones excesivas por concepto de organización electoral, conformación del padrón y lista nominal y otras actividades en las que la coordinación con el organismo federal puede significar un ahorro importante para el Distrito Federal. Por su parte, la fracción XIV define al Tribunal Electoral del Distrito Federal como órgano autónomo y máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, cuya organización, funcionamiento y administración estarán reguladas por las leyes que al efecto expida la Asamblea Legislativa, con excepción del número de sus integrantes, que será establecido por el estatuto constitucional. La misma fracción XIV, en su último párrafo, establece que los magistrados del Tribunal Electoral del Distrito Federal serán nombrados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Asamblea, a propuesta del Tribunal Superior de Justicia. Esta disposición fortalece la autonomía y plena independencia del órgano jurisdiccional electoral, asegurando imparcialidad y transparencia en el ejercicio de sus funciones.

t) El proyecto que se somete a la consideración de esa soberanía compacta las disposiciones constitucionales relativas a la función judicial del fuero común en el Distrito Federal, de tal manera que sean el estatuto constitucional y la ley orgánica correspondiente las que desarrollen las previsiones básicas constitucionales. Destacan en la fracción XIII del apartado C del proyecto de artículo 122, el que el estatuto constitucional determine el número y procedimiento de designación de los magistrados, que serán nombrados por la Asamblea legislativa a propuesta del Jefe de Gobierno, y se establece la obligación para éste de incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal el presupuesto de los órganos judiciales, una vez que se haya formulado de conformidad con dicho estatuto.

u) La fracción XV del apartado C del artículo 122 que se propone, prevé la existencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pero modifica sustancialmente la naturaleza y las funciones que ha tenido hasta el momento. Por una parte, se ha considerado oportuno incluir al tribunal como órgano especializado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, con plena autonomía para dictar sus resoluciones. Su inclusión dentro de la esfera del Tribunal Superior de Justicia le garantiza al Tribunal de lo Contencioso Administrativo plena independencia y autonomía respecto del Jefe de Gobierno, condición indispensable para el ejercicio libre e imparcial de la función de control jurisdiccional de los actos de la administración pública local.

La fracción XV, además, le otorga al Tribunal de lo Contencioso Administrativo una nueva competencia, que será esencial para el buen funcionamiento de la administración pública del Distrito Federal: ahora, además de estar encargado de resolver las controversias que surjan entre la administración y los particulares, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo estará facultado para resolver, las posibles controversias competenciales que se susciten entre las delegaciones políticas, o entre éstas y las demás autoridades de la administración pública. De esta manera, se propone instituir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo como autoridad encargada de resolver cualquier conflicto que involucre a los delegados políticos, proveyendo así una instancia imparcial y autónoma de resolución de controversias, y conservando las mismas dentro de la esfera local del Distrito Federal.

La fracción XV propuesta, en su segundo párrafo, prevé la constitución de una comisión conformada por representantes del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que estará encargada de proponer los nombramientos de magistrados a la Asamblea Legislativa y tendrá a su cargo el sistema de vigilancia, administración, disciplina y carrera judicial del propio tribunal. Este punto constituye el motivo principal de ubicación del tribunal referido en la esfera del Tribunal Superior de Justicia.

v) Respecto de la institución del Ministerio Público, se introducen cambios estructurales en la fracción XVI del apartado C del artículo 122 propuesto. La disposición constitucional hoy vigente remite al Estatuto de Gobierno para la determinación de la forma en que será nombrado el Procurador General de Justicia del Distrito Federal y al efecto se prevé, en el artículo 10 del estatuto vigente, que dicho funcionario será nombrado y removido por el Jefe de Gobierno, con la aprobación del Presidente de la República. La fracción citada del apartado C que se propone a esa soberanía plantea ahora que, a nivel constitucional se disponga que dicho servidor público será nombrado por el Jefe de Gobierno y ratificado por la Asamblea Legislativa en los términos que establezca el estatuto constitucional. El proyecto no considera necesario el acuerdo del Presidente de la República en el nombramiento del procurador, en virtud de que la regulación misma de la institución del Ministerio Público que aquél debe presidir, corresponderá ahora a la Asamblea Legislativa y no ya al Congreso de la Unión; y en esa lógica, el nombramiento se estima que debe estar en la esfera de atribuciones de los órganos locales.

w) El proyecto considera, en la fracción XVIII del apartado C del artículo 122, que los únicos órganos legitimados para entablar o ser parte de controversias constitucionales, en los términos del artículo 105 fracción I, inciso k de la Constitución, sean la Asamblea Legislativa, el Jefe de Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia.

x) Por otra parte, el apartado D del artículo 122 constitucional propuesto, determina que el Distrito Federal participe de manera obligatoria en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, dada su importancia en la actividad económica nacional y su peso significativo en el producto interno bruto del país. Asimismo, se dispone que, de acuerdo con la legislación aplicable, participe en los fondos de aportaciones federales, todo ello de acuerdo con la ley que expida el Congreso Federal.

y) El proyecto de reformas propone mantener el esquema vigentes de coordinación para la planeación y ejecución de acciones de las zonas conurbadas, limítrofes con el Distrito Federal, prevista en el vigente apartado G del artículo 122 constitucional.

6. Con respecto a los artículos transitorios, se prevén 10 disposiciones orientadas a:

a) El primero de ellos establece la vacatio legis de las reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se determinan 90 días posteriores a la publicación de las mismas, para que entren en vigor, considerando la necesidad de adecuar y modificar el marco jurídico vigente.

b) El artículo 2o. tiene estrecha relación con el primero mencionado. Ordena que las disposiciones generales que establezcan facultades para los poderes federales respecto al Distrito Federal, en lo que no se opongan al decreto de reformas constitucionales, continuarán vigentes hasta en tanto no se dicten las nuevas.

c) El tercer artículo sujeta a la vigilancia de la Entidad Superior de Fiscalización de la Cámara de Diputados, los recursos provenientes de los montos de endeudamiento que en su caso apruebe el Congreso de la Unión, a efecto de ser incluidos en la Ley de Ingresos del Distrito Federal, hasta en tanto no entre en vigor el estatuto constitucional y la ley correspondiente que expida la Asamblea Legislativa. Esto, con el fin de que sean sujetos de vigilancia sobre su correcta aplicación y que siendo recursos aprobados por un poder federal, sean también revisados en su ejercicio por un órgano de carácter federal.

3097,3098,3099

d) El artículo cuarto transitorio prevé que el Congreso de la Unión, por virtud de un decreto, constituirá una comisión de verificación, seguimiento y actualización sobre la transferencia del patrimonio del Departamento del Distrito Federal y de sus entidades paraestatales, a la administración pública del Distrito Federal, ordenada por el Poder Legislativo de la Unión en los artículos octavo y décimo transitorios del decreto de reformas y adiciones al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 1997. En dicha comisión participarán representantes del Gobierno Federal y del Distrito Federal y tendrá la importante labor de acelerar y transparentar este proceso de transferencia.

e) La actual II Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal queda facultada para expedir el estatuto constitucional del Distrito Federal, que le confiere la reforma constitucional planteada. Una vez expedido dicho ordenamiento, quedará abrogado el actual Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, salvo las disposiciones que en su caso deban continuar en vigencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del presente proyecto de decreto. Adicionalmente, el artículo sexto transitorio prevé la posibilidad de que la Asamblea Legislativa acuerde, por el voto de las dos terceras partes del total de sus miembros, someter el nuevo estatuto constitucional a referendum.

f) Por su parte, el artículo séptimo garantiza que con estricto apego a la legalidad, los procedimientos que se encuentren en trámite o que se inicien de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a procedimientos de responsabilidad de servidores públicos del Distrito Federal, continuarán su curso de conformidad con las normas vigentes a la entrada en vigor del presente decreto, con lo cual se evitará que cualquier servidor público que se encuentre en algunas de las hipótesis de los artículos enunciados pueda sustraerse a la rendición de cuentas y responsabilidades.

g) Por cuanto respecta a las facultades que de acuerdo con el presente proyecto de decreto le correspondan a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y que para su ejercicio se requiera de disposición del estatuto constitucional del Distrito Federal, éstas entrarán en vigor en la misma fecha en que dicho estatuto determine, de acuerdo con lo previsto por el artículo octavo transitorio del decreto de reformas y adiciones que se ha propuesto al Constituyente Permanente.

h) El artículo noveno dispone que en tanto los órganos competentes no expidan los ordenamientos que regulen a los órganos locales de gobierno del Distrito Federal, las leyes que se encuentran en vigor continuarán normando su organización y funcionamiento.

i) Finalmente, el artículo décimo transitorio deroga todas las disposiciones que se opongan a las reformas establecidas en el decreto que se propone, salvo aquellas que se encuentren en los supuestos previstos por los artículos transitorios anteriores.

Por los argumentos expuestos, esta comisión considera conveniente aprobar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 73 fracción VIII, 76 fracción IX, 89 fracción XIV, 108, 109, 110, 111 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En virtud de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 10 fracción XXIV, 50 y 59 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como con lo previsto en los artículos 18, 22 párrafo primero y 23 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, somete a la consideración de la Asamblea Legislativa el siguiente

DICTAMEN

Primero. Tras un análisis de la iniciativa en comento, resulta viable resolver favorablemente respecto de la misma en sus términos planteados.

Segundo. Con fundamento en el inciso ñ de la fracción V, apartado C de la base primera del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la fracción VIII del artículo 42 y I del artículo 46 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; la fracción II del artículo 10, V del artículo 17, y I del artículo 84 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federa; la fracción I del artículo 66 y el artículo 71 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el pleno de esta honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, II Legislatura, resuelve se presente ante el Congreso de la Unión la siguiente iniciativa de

Proyecto de decreto

Que reforma y adiciona los artículos 73 fracción VIII, 76 fracción IX, 89 fracción XIV, 108, 109, 110, 111 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo único. Se reforman los artículos 73 fracción VIII, 76 fracción IX, 89 fracción XIV, 108, 109, 110, 111 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona un tercer párrafo al artículo 110, por lo que se recorren en su orden los vigentes y un sexto párrafo al artículo 111 y se recorren en su orden los vigentes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

"Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I a la VII. . .

VIII. Para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República en los términos del artículo 29.

Artículo 76.

I a la VIII. . .

IX. Remover, por el voto de dos terceras partes de sus miembros, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por actos u omisiones que afecten gravemente las relaciones con los poderes federales o el orden público, en los términos de la ley que al efecto expida el Congreso de la Unión. En este caso el Senado nombrará, por mayoría de sus integrantes, al Jefe de Gobierno a propuesta del Presidente de la República.

Artículo 89.

I a la XIII. . .

XIV. Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales.

Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal, los funcionarios y empleados y en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal, así como a los servidores del Instituto Federal Electoral, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

. . .

Los gobernadores de los estados, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, los diputados a las legislaturas locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los magistrados de los tribunales superiores de justicia locales y en su caso, los miembros de los consejos de las judicaturas locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

Las constituciones de los estados de la República y el estatuto constitucional del Distrito Federal precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los estados, en los municipios y en el Distrito Federal.

Artículo 109. El Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones:

I a la III. . .

. . .

. . .

. . .

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, los jefes de departamento administrativo, el Procurador General de la República, los magistrados de circuito y jueces de distrito, el consejero presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

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El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, los diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los consejeros de la Judicatura del Distrito Federal y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal serán responsables en los términos de lo dispuesto en el párrafo anterior y corresponderá al Congreso de la Unión conocer del juicio político.

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Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, los jefes de departamento administrativo y el Procurador General de la República, así como el consejero presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.

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Tratándose del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, corresponderá a la Cámara de Diputados conocer del supuesto a que se refiere el párrafo anterior.

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Artículo 122. El Distrito Federal tendrá autonomía en su régimen interior en los términos que establezcan esta Constitución y el estatuto constitucional del propio Distrito Federal, su gobierno está a cargo de los órganos legislativo, ejecutivo y judicial de carácter local, en los términos de este artículo.

De acuerdo con la naturaleza jurídica del Distrito Federal definida por el artículo 44 de este ordenamiento:

A. Corresponde al Congreso de la Unión:

I. Dictar las disposiciones que aseguren el ejercicio de las funciones de los poderes de la Unión en el Distrito Federal y sus relaciones con las autoridades locales. Estas disposiciones podrán comprender excepciones en la aplicación de normas locales de desarrollo urbano respecto de los bienes del dominio público federal. Las autoridades locales no podrán dictar normas ni ejecutar actos que afecten ese ejercicio; en caso de controversia constitucional de actos o disposiciones generales del Distrito Federal, quedarán suspendidos en su ejecución hasta en tanto se resuelva aquélla.

II. Legislar sobre las atribuciones del Presidente respecto del mando de la fuerza pública en el Distrito Federal y sobre las relaciones de subordinación del Jefe de Gobierno del Distrito Federal y del servidor público que tenga a su cargo el mando directo de dicha fuerza.

III. Establecer los casos y el procedimiento a seguir para la remoción del Jefe de Gobierno del Distrito Federal y para la designación de un interino, si han transcurrido menos de dos años del periodo, o de un sustituto que concluya el mandato, si ha transcurrido más tiempo.

IV. Las demás atribuciones que le señala esta Constitución.

B. Corresponde al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos:

3100,3101,3102

I. Tener el mando de la fuerza pública en el Distrito Federal. Previo acuerdo del Presidente, el jefe de gobierno del Distrito Federal nombrará al servidor público encargado de la fuerza pública en la entidad, quien podrá ser removido libremente por el Ejecutivo o a solicitud del Jefe de Gobierno.

II. Instruir, de manera fundada y motivada, a las autoridades del Distrito Federal, para hacer frente a situaciones cuya relevancia requiera de acciones urgentes y ordenar la participación de la Administración Pública Federal en lo que resulte necesario.

III. Expedir los reglamentos de las leyes emitidas por el Congreso concernientes al Distrito Federal.

IV. Las demás atribuciones que le señala esta Constitución.

C. La organización y funcionamiento del gobierno local se establecerá en el Estatuto Constitucional del Distrito Federal, con sujeción a las siguientes normas:

I. Para elaborar y reformar el estatuto constitucional se requiere el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

II. Las prohibiciones y limitaciones que esta Constitución establece para los estados se aplicarán para las autoridades del Distrito Federal.

Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los poderes federales, se entienden reservadas a los órganos locales del Distrito Federal.

Los bienes del dominio público de la Federación en el Distrito Federal estarán sujetos exclusivamente a la jurisdicción de los poderes de la Unión conforme a las leyes del Congreso de la Unión.

Serán aplicables a la hacienda pública del Distrito Federal, en lo que sea compatible con su naturaleza y régimen orgánico de gobierno, las disposiciones contenidas en el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 115 de esta Constitución.

II. La función legislativa en el Distrito Federal estará a cargo de una Asamblea que se integrará en un 60% por diputados electos conforme al principio de mayoría relativa y un 40% electos de acuerdo con el principio de representación proporcional, en los términos que establezcan el Estatuto Constitucional y el Código Electoral del Distrito Federal. El número de representantes electos por el principio de mayoría relativa será proporcional al número de habitantes, a razón de un representante por cada 200 mil habitantes. En todo caso, la relación de las representaciones entre sí no podrá ser mayor o menor al 15% de esa cifra.

IV. Los requisitos para ser diputado a la Asamblea Legislativa no podrán ser menores a los que se exigen para ser diputado federal. Serán aplicables a la Asamblea Legislativa y a sus miembros, en lo que sean compatibles, las disposiciones contenidas en los artículos 51, 59, 61, 62, 64 y 77 fracción IV de esta Constitución.

V. La Asamblea Legislativa tendrá derecho de iniciar leyes o decretos ante el Congreso de la Unión. También participará en el proceso de aprobación de las reformas y adiciones a la presente Constitución, en los mismos términos que las legislaturas de los estados.

VI. La función ejecutiva en el Distrito Federal estará a cargo de un Jefe de Gobierno, que no podrá durar en su encargo más de seis años y será electo por votación universal, libre, directa y secreta, de conformidad con lo que establezcan el Estatuto Constitucional del Distrito Federal y los ordenamientos legales aplicables. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de Jefe de Gobierno, electo popularmente o con el carácter de interino o sustituto, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto.

Si al comenzar un periodo constitucional no se presentase el Jefe de Gobierno electo o la elección no estuviere hecha y declarada, cesará el jefe de Gobierno cuyo periodo haya concluido y se encargará el que designe la Asamblea Legislativa como interino.

VII. En caso de falta absoluta del Jefe de Gobierno, ocurrida en los dos primeros años del periodo respectivo, la Asamblea Legislativa designará un interino; si hubiese transcurrido más tiempo, designará un sustituto.

Cuando haya sido designado un Jefe de Gobierno interino, por el Senado o por la Asamblea Legislativa, ésta deberá expedir la convocatoria para la elección de quien deba concluir el periodo, de conformidad con lo que disponga el estatuto constitucional.

En tanto es designado el Jefe de Gobierno interino o sustituto, quedará a cargo del despacho el servidor público que determine el estatuto constitucional.

VIII. Para ser Jefe de Gobierno del Distrito Federal se requiere:

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos y tener cuando menos 30 años cumplidos al día de la elección;

b) Ser originario del Distrito Federal con una residencia ininterrumpida de tres años o tener una residencia ininterrumpida de cinco años para los nacidos en otra entidad. La residencia no se interrumpe por el desempeño de cargos públicos de la Federación en otro ámbito territorial;

c) Los demás requisitos que establezca el estatuto constitucional.

IX. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

a) Cumplir con la Constitución, las leyes federales y la legislación del Distrito Federal.

b) Promulgar, publicar y ejecutar las leyes que expida la Asamblea Legislativa, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. Podrá formular observaciones a los proyectos de ley que la Asamblea Legislativa le envíe, en los términos que establezca el estatuto constitucional;

c) Nombrar y remover libremente a los servidores públicos en los términos constitucionales y legales aplicables;

d) Dirigir los servicios de seguridad pública, de conformidad con las disposiciones aplicables;

e) Presidir el consejo de delegados políticos que conocerá y opinará sobre políticas territoriales y administrativas en los términos que establezca el estatuto constitucional;

f) Presentar iniciativas de leyes o decretos ante la Asamblea Legislativa;

g) Atender los requerimientos de los presidentes de las cámaras de Diputados y de Senadores y del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para resguardar y proteger los recintos correspondientes, así como atender la instrucción del Ejecutivo Federal para que haga lo propio respecto de las representaciones diplomáticas y consulares;

h) Las demás que le confieran los ordenamientos jurídicos correspondientes.

X. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal será responsable por violaciones al estatuto constitucional del Distrito Federal y a las leyes locales y por el manejo indebido de fondos y recursos de la Administración Pública del Distrito Federal.

La Asamblea Legislativa conocerá de las violaciones a que se refiere el párrafo anterior y, en su caso, aplicará las sanciones que establezca el estatuto constitucional, mediante resolución adoptada por las dos terceras partes de sus miembros, una vez practicadas las diligencias que prevea la ley y con audiencia del acusado.

XI. La Administración Pública del Distrito Federal se podrá organizar en forma centralizada, desconcentrada, paraestatal y delegacional.

El Distrito Federal, para efectos de su administración pública, se dividirá territorialmente en delegaciones políticas, cuya población máxima y límites geográficos señalará el estatuto constitucional.

Las delegaciones tendrán el carácter de unidades políticoadministrativas y estarán a cargo de un delegado político, electo por votación universal, libre, secreta y directa de los ciudadanos de cada delegación. Los delegados serán elegidos por un periodo de tres años y no podrán ser reelectos para el periodo inmediato. Los delegados podrán ser removidos de sus cargos en los términos que establezca el estatuto constitucional.

El estatuto constitucional y las leyes aplicables establecerán la competencia de las delegaciones, las que actuarán bajo coordinación o dependencia de la administración pública, de conformidad con las leyes aplicables.

XII. Habrá un organismo público denominado Instituto Electoral del Distrito Federal, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, que organizará las elecciones, referendum y plebiscitos en el Distrito Federal, para lo cual celebrará los acuerdos necesarios con el Instituto Federal Electoral.

El estatuto constitucional y las leyes que en la materia expida la Asamblea Legislativa, tomarán en cuenta los principios establecidos en los incisos b al i de la fracción IV del artículo 116 de esta Constitución.

XIII. La función judicial en el Distrito Federal estará a cargo de un Tribunal Superior de Justicia, que se compondrá de una presidencia, de un pleno, un Consejo de la Judicatura y de los demás órganos que determinen el estatuto constitucional y la Ley Orgánica correspondiente. El estatuto constitucional también establecerá las bases para que el tribunal fije jurisprudencia. La autonomía del tribunal, así como la independencia e inamovilidad de los magistrados, consejeros y jueces, en el ejercicio de sus funciones, estará garantizada por el estatuto constitucional y las leyes. El estatuto constitucional determinará el número y procedimiento de designación de los magistrados, quienes serán nombrados por la Asamblea Legislativa a propuesta del Jefe de Gobierno; también establecerá la forma de elaboración del presupuesto del tribunal, que será remitido al Jefe de Gobierno para su inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos que se presente a la Asamblea Legislativa.

XIV. El Tribunal Electoral del Distrito Federal será un órgano autónomo y máxima autoridad jurisdiccional para resolver los medios de impugnación que se presenten durante el desarrollo de los procesos electorales ordinarios o extraordinarios o los que surjan entre dos procesos electorales, así como los demás asuntos de esta naturaleza, conforme lo establezca la legislación electoral del Distrito Federal.

La ley establecerá las normas para la organización, funcionamiento y administración en el Tribunal Electoral del Distrito Federal.

El Tribunal Electoral se integrará por el número de magistrados que establezca el estatuto constitucional; serán nombrados por la Asamblea Legislativa, a propuesta del Tribunal Superior de Justicia en los términos que disponga su Ley Orgánica, con el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los miembros presentes.

XV. Existirá un Tribunal de lo Contencioso Administrativo como órgano especializado del Tribunal Superior de Justicia, que será autónomo para dirimir controversias entre los particulares y las autoridades de la administración pública local del Distrito Federal. También conocerá las controversias en materia de competencia entre las delegaciones y entre éstas y las demás autoridades de la administración.

El tribunal se integrará por el número de magistrados que establezca el estatuto constitucional. Habrá una comisión, conformada por representantes del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que propondrán los nombramientos de magistrados a la Asamblea Legislativa y tendrá a su cargo el sistema de vigilancia, administración, disciplina y de carrera judicial.

El estatuto constitucional y las leyes de la Asamblea Legislativa establecerán las normas para la organización del tribunal, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones.

XVI. El Ministerio Público en el Distrito Federal estará a cargo de un Procurador de Justicia nombrado por el Jefe de Gobierno y ratificado por la mayoría de los integrantes de la Asamblea Legislativa en los términos que establezca el Estatuto Constitucional del Distrito Federal. El Jefe de Gobierno podrá removerlo libremente.

XVII. La Asamblea Legislativa expedirá la legislación relativa a los aspectos orgánicos de los cuerpos de seguridad, principios básicos de actuación, profesionalización y carrera policial, estímulos y régimen disciplinario, de acuerdo con las bases que establezca el estatuto constitucional.

XVIII. Para los efectos del artículo 105 fracción I inciso k de esta Constitución, son órganos de gobierno la Asamblea Legislativa, el Jefe de Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

D. En materia de coordinación fiscal, el Distrito Federal participará en los convenios correspondientes, de acuerdo con la legislación aplicable, así como en los fondos de aportaciones federales.

E. En materia de deuda pública el Distrito Federal no podrá contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional. Tampoco podrá contraer obligaciones o empréstitos, sino cuando se destinen a inversiones o actividades productivas, que apoyen los planes de desarrollo económico y social o la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, debiéndose generar los ingresos suficientes para su pago o que se utilicen para el mejoramiento de la estructura de endeudamiento público. Este endeudamiento y el que contraigan organismos descentralizados y empresas públicas deberá además estar conforme a las bases, indicadores y límite de endeudamiento neto que establezcan el estatuto constitucional y la ley de deuda pública correspondiente, por los conceptos y hasta por los montos que la misma fije anualmente en la Ley de Ingresos del Distrito Federal. Si la solicitud de endeudamiento neto del Distrito Federal rebasa esos límites, corresponderá al Congreso de la Unión conocer y aprobar el excedente solicitado conforme a las disposiciones que al efecto expida. En este caso el Jefe de Gobierno comunicará a la Asamblea Legislativa el ejercicio de los recursos y ésta informará al Congreso de, la Unión. La Entidad Superior de Fiscalización procederá en los términos de la fracción IV del artículo 74 de esta Constitución.

3103,3104,3105

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal informará del ejercicio de estas atribuciones al rendir la cuenta pública.

F. Para la eficaz coordinación de las distintas jurisdicciones locales y municipales entre sí y de éstas con la Federación y el Distrito Federal en la planeación y ejecución de acciones en las zonas conurbadas limítrofes con el Distrito Federal, de acuerdo con el artículo 115 fracción VI de esta Constitución, en materia de asentamientos humanos; protección al ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico, transporte, agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos y seguridad pública, sus respectivos gobiernos podrán suscribir convenios para la creación de comisiones metropolitanas en las que concurran y participen con apego a sus leyes.

Las comisiones serán constituidas por acuerdo conjunto de los participantes. En el instrumento de creación se determinará la forma de integración, estructura y funciones.

A través de las comisiones se establecerán:

a) Las bases para la celebración de convenios, en el seno de las comisiones, conforme a las cuales se acuerden los ámbitos territoriales y de funciones respecto a la ejecución y operación de obras, prestación de servicios públicos o realización de acciones en las materias indicadas en el primer párrafo de este apartado;

b) Las bases para establecer, coordinadamente por las partes integrantes de las comisiones, las funciones específicas en las materias referidas, así como para la aportación común de recursos materiales, humanos y financieros para su operación y

c) Las demás reglas para la regulación conjunta y coordinada del desarrollo de las zonas conurbadas, prestación de servicios y realización de acciones que acuerden los integrantes de las comisiones.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los 90 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las disposiciones generales que establezcan prerrogativas y facultades a los poderes federales respecto al Distrito Federal, de acuerdo con el decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de fecha 21 de agosto de 1996, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto del mismo año, en lo que no se opongan al presente decreto, continuarán vigentes hasta en tanto no se dicten las nuevas disposiciones, de conformidad con éste.

Tercero. Los recursos provenientes de los montos de endeudamiento que en su caso apruebe el Congreso de la Unión, a efecto de ser incluidos en la Ley de Ingresos del Distrito Federal hasta en tanto no entre en vigor. El estatuto constitucional y la ley correspondiente que expida la Asamblea Legislativa , serán sujetos de vigilancia sobre su correcta aplicación por la Entidad de Fiscalización Superior de la Cámara de Diputados.

Cuarto. El Congreso de la Unión, mediante decreto, constituirá una comisión de verificación, seguimiento y actualización sobre la transferencia del patrimonio del Departamento del Distrito Federal y el de sus entidades paraestatales, a la administración pública del Distrito Federal, ordenada por el Poder Legislativo de la Unión en los artículos octavo y décimo transitorios del decreto de reformas y adiciones al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 1997. En la comisión participarán representantes del Gobierno Federal y del Distrito Federal.

Quinto. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, integrada para el periodo 2000 a 2003, está facultada para expedir el Estatuto Constitucional del Distrito Federal y una vez que éste entre en vigor, quedará sin efectos el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 1994 y sus reformas y adiciones posteriores, salvo las disposiciones que en su caso sigan vigentes de conformidad con el artículo segundo transitorio del presente decreto.

Sexto. Si la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así lo acuerda por las dos terceras partes de sus miembros, podrá someter el estatuto constitucional a referendum.

Séptimo. Los procedimientos que se encuentren tramitando o que se inicien de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a los servidores públicos del Distrito Federal que en ellos se mencionan por actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho o por la comisión de delitos del orden local, continuarán tramitándose de conformidad con las normas existentes a la vigencia del presente decreto.

Octavo. Las facultades que de acuerdo al presente decreto le corresponden a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para cuyo ejercicio se requiera de disposición del Estatuto Constitucional del Distrito Federal, entrarán en vigor en la misma fecha en que éste determine.

Noveno. Todos los ordenamientos que regulan hasta la fecha a los órganos de gobierno locales en el Distrito Federal, seguirán vigentes en tanto no se expidan por los órganos competentes aquellos que deban sustituirlos conforme a las disposiciones señaladas en el presente decreto.

Décimo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a las reformas establecidas en el presente decreto, salvo las que se encuentren en los casos de los artículos anteriores.

Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias.

México, D.F. a 8 de noviembre de 2001.— Diputados: Walter Widmer López, Bernardo Ramos Iturbide, Miguel M. González Compean, María del Carmen Pacheco Gamiño, Raúl Armando Quintero Martínez, Marco Antonio Michel Díaz, María de los Angeles Moreno Uriegas, Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva, Jaime Guerrero Vázquez, José Luis Buendía Hegewisch, Alejandro Agundis Arias, Francisco F. Solís Peón y Jacobo M. Bonilla Cedillo

La Presidenta:

Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales con opinión de la Comisión del Distrito Federal.

SERVIDORES PUBLICOS

La Presidenta:

El siguiente punto del orden del día se refiere a iniciativas de diputados.

Tiene la palabra el diputado Martí Batres del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de reformas a diversos artículos del Código Penal Federal y Código Federal de Procedimientos Penales.

El diputado Martí Batres Guadarrama:

Con su permiso, señora Presidenta:

El suscrito, diputado integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar la siguiente iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversos artículos del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, al tenor de la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

La normatividad penal de cualquier país, busca atacar las conductas que por su gravedad lastiman de manera sensible la convivencia social y que por lo mismo requieren de una sanción que cumpla entre otros, con dos objetivos fundamentales: primero que permita la readaptación social de quien se apartó de la ley y vulneró la convivencia y segundo que sirva de ejemplo en un afán disuasivo para con la sociedad, para evitar la repetición de esos comportamientos.

En un sentido amplio, toda la sociedad es parte ofendida cuando se comete un delito, su seguridad es dañada cuando alguien decide apartarse de lo que las leyes establecen y en forma particular esa conducta es calificada por las normas como delictiva, por lo grave del actuar.

Quien delinque lo hace a costa de bienes jurídicamente tutelados.

La vida, la libertad, la propiedad y la seguridad de las personas se dañan de manera inmediata con esas conductas antisociales y ello tiene incidencia de manera directa con quien padece la conducta y de manera potencial con todos y cada uno de los que vivimos en ese entorno social.

De ahí deriva la importancia de que el marco jurídico sea lo suficientemente abarcador para cerrar el paso, al hecho de que dejen de sancionar actos que per se son dañinos y que por otro lado, las penas sean lo suficientemente severas para garantizar que haya sanciones que correspondan fehacientemente con la gravedad de lo causado con la conducta.

La pregunta en este terreno es: ¿qué ofende más a la sociedad, la conducta del delincuente o qué la sanción sea lo suficientemente flexible o tenue que provoque que no se resarza el daño causado y que antes bien el responsable mantenga privilegios por encima de quienes son sus ofendidos?

Al aspecto normativo tenemos que añadir un sistema de impartición de justicia que tampoco es lo suficientemente estricto y que en algunas ocasiones diluye toda intención por sancionar como se merecen a los delincuentes que tienen recursos para torcer las conciencias de los impartidores y lograr siempre una interpretación de la ley, ventajosa a sus intereses.

Se trata de un círculo, que se alimenta en la corrupción y regresa a través de un sistema normativo que sigue siendo defectuoso y que por lo mismo resulta necesario reformar.

La corrupción, más allá de cualquier otro factor, es el fenómeno que determina la confianza de la sociedad en sus instituciones y en el extranjero, hacia nuestros gobiernos.

Con esta conducta se impacta directamente el ámbito social, el ámbito político y el ámbito económico del país y su influencia no es de ninguna manera menor.

Por corrupción, por ejemplo se dejan de percibir en impuestos más de 70 mil millones de pesos anuales, situación que supera lo que se pretende recaudar por lVA en alimentos y medicinas según la propuesta del Gobierno Federal.

Ahí hay una veta que no ha sido siquiera parte del análisis de quienes reclaman más recursos para el Gobierno Federal.

Cuando hablamos de corrupción, inevitablemente tenemos que hablar de servidores públicos.

Hay corrupción por que hay quien se corrompe y quien se corrompe es el servidor público.

Considerar el asunto como una cuestión cultural es correcto, los ciudadanos que corrompen al servidor público también forman parte de este mal, pero resulta doblemente responsable aquel que teniendo un deber de cuidado y habiendo para ello protestado cumplir y hacer cumplir la ley, la vulnere.

Es inadmisible esa conducta porque se va tejiendo un camino fácil, que permea en la sociedad como un falso buen ejemplo para hacer dinero, ganar influencia y subir en la escala social a partir de la transgresión a las leyes, con el resguardo o protección de tener la condición de servidor público.

Intocables con credencial han sido durante muchos años los servidores públicos afines a quien detenta el poder en turno.

Las cosas ahora pueden ser diferentes o no y en eso tenemos nosotros una gran responsabilidad.

Estado de derecho e impunidad son dos temas que se corresponden en forma negativa.

Mientras más impunidad hay, menos cerca estamos de un verdadero Estado de Derecho y en ello no hay democracia que sobreviva a esa condición.

¿Quién gobierna en un país, dónde las acciones públicas cotidianas, pasan por decisiones apartadas del derecho y son condicionadas por prebendas y favores?

En la actualidad construir un verdadero Estado de Derecho es condición indispensable para garantizar la permanencia de los cambios políticos logrados últimamente, lo que no es un asunto menor, dado que las organizaciones criminales valiéndose de sus relaciones con el poder público, lo retan constantemente y pueden sustituirlo, como a veces lo hacen en algunas áreas gubernamentales.

Tenemos con urgencia que hacer lo que nos corresponde en el ámbito de nuestra competencia, para regresar la confianza de la sociedad.

Somos testigos, como la misma sociedad lo es, de cómo las cárceles del país se encuentran infestadas por gente de escasos recursos que no han podido encontrar la libertad por falta de defensa y de dinero y cómo con la misma regularidad gente que robó recursos públicos sea en su carácter de servidores públicos o gracias a su relación con éstos, se pasean impunemente en las calles y aun conceden entrevistas como prohombres del México moderno.

3106,3107,3108

Eso lastima más que cualquier otra cosa a una sociedad que busca justicia.

En ese tenor, la mención a Oscar Espinosa Villarreal es ineludible, pues resulta el ejemplo más fresco para documentar la profunda frustración que provoca en la gente presenciar tanta impunidad.

Pensamos que la sanción para los servidores públicos que cometen un delito debe ser mayor a la de cualquier ciudadano y que debe evitarse cualquier privilegio por su condición, por lo que resulta absurdo y grotesco que en el ámbito federal no se consideren graves los delitos cometidos por éstos y por lo tanto que tengan derecho a la libertad provisional mediante el pago de una caución, cuyo monto seguramente se cubre con las ganancias económicas que le reporta su conducta.

Quizá habrá quien lo ignore, pero a raíz de que en 1993 se reformó el artículo 20 constitucional y en consecuencia el código adjetivo en la materia al año siguiente, dejaron de ser graves todos los delitos cometidos por servidores públicos.

Dejó de ser grave y en consecuencia se permite la libertad mediante caución, de delitos calificados, tales como ejercicio indebido del servicio público, la coalición de servidores públicos, el uso indebido de atribuciones y facultades, la concusión, la intimidación, el ejercicio abusivo de funciones, el tráfico de influencias, el cohecho, el peculado, el enriquecimiento ilícito y delitos contra la administración de justicia.

Se trató esa reforma, de una reforma hecha por abogados a favor de sus clientes.

Son esos abogados, quienes cada vez se hacen más ricos utilizando la reforma en que participaron, para evitar que los Espinosa Villarreal, los Cabal Peniche y otros pisen las cárceles aun y cuando con sus actos hayan extraído millones de dólares de país y que haya en las cárceles del país quienes se robaron una gallina y se les acusó de robo con violencia sin derecho a fianza.

Pretendemos con esta iniciativa contribuir a revertir esa situación.

Por ello, proponemos reformar los artículos 214, 216, 221 y 224 del Código Penal Federal para incrementar las penas en los delitos de ejercicio indebido del servicio público, coalición de servidores públicos, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, para homologarlas a las que ya se establecen en otras entidades.

Asimismo, proponemos adicionar 10 incisos a la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para incluir como graves tipos agravados de delitos cometidos por servidores públicos y aquellos que en la sanción ya tienen una calificación que extrañamente no se corresponde en el vigente listado de dicho artículo.

Compañeros diputados, ésta es una iniciativa contra la impunidad y contra la corrupción.

Se trata de la reforma penal que el Partido de la Revolución Democrática plantea como asunto prioritario y urgente para resolver en este periodo ordinario de sesiones.

Resolvámosla, pues el riesgo de que sigan las cosas como están es que la gente se desencante de quienes ofrecimos cambios y sólo damos continuidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento ante esta soberanía la siguiente

INICIATIVA

De reformas a diversos artículos del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales

Artículo primero. Se reforman los artículos 214, 216, 221 y 224 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

"Artículo 214. Comete el delito de ejercicio indebido de servicio público, el servidor público que:

I a la III. . .

IV. . .

Al que cometa alguno de los delitos a que se refieren las fracciones I y II, se le impondrán de uno a tres años de prisión, multa de 30 a 300 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, en el momento de la comisión del delito y destitución en su caso e inhabilitación de uno a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

V. . .

Al infractor de las fracciones III, IV o V, se le impondrán de tres a ocho años de prisión, multa de 30 a 300 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos a siete años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión.

Artículo 216. (Coalición de servidores públicos).

Al que cometa el delito de coalición de servidores públicos se le impondrán de tres a ocho años de prisión y multa de 30 a 300 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, en el momento de la comisión del delito y destitución e inhabilitación de dos a siete años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Artículo 221. Comete el delito de tráfico de influencia:

I y II. . .

III. . .

Al que cometa el delito de tráfico de influencia se le impondrán de tres a ocho años de prisión, multa de 30 a 300 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos a seis años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Artículo 224. (Enriquecimiento ilícito).

. . .

. . .

. . .

Cuando el monto que ascienda al enriquecimiento ilícito no exceda del equivalente a 5 mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, se impondrán, de uno a cuatro años de prisión, multa de 30 a 300 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de uno a 10 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

. . ."

Artículo segundo. Se adicionan los incisos 35 a 45 de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

"Artículo 194. Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:

I. . .

1) al 34). . .

35) Ejercicio indebido del servicio público, en la modalidad prevista en las fracciones III, IV y V.

36) Coalición de servidores públicos, previsto en el artículo 216.

37) Uso indebido de atribuciones y facultades, en la modalidad prevista en el último párrafo del artículo 217.

38) Concusión, en la modalidad contenida en el último párrafo del artículo 218.

39) Intimidación, previsto en el artículo 219.

40) Ejercicio abusivo de funciones, en la modalidad prevista en el último párrafo del artículo 220.

41) Tráfico de influencia, previsto en el artículo 221.

42) Cohecho, en la modalidad prevista en el penúltimo párrafo del artículo 222.

43) Peculado, en la modalidad prevista en el último párrafo del articulo 223.

44) Enriquecimiento ilícito, en la modalidad prevista en el último párrafo del artículo 224.

45) Delitos contra la administración de justicia, cometidos por los servidores públicos, previstos en el artículo 225.

II a la XIV. . ."

ArtIculo transitorio

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente.

Palacio Legislativo, San Lázaro, a 14 de noviembre de 2001.— El diputado Martí Batres Guadarrama.

La Presidenta:

Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

DISTRITO FEDERAL (II)

La Presidenta:

Activen el sonido en la curul de diputado Jorge Lara, por favor.

El diputado Jorge Alberto Lara Rivera

(desde su curul):

Muchas gracias, señora Presidenta:

Al efecto de solicitarle a usted muy atentamente de parte de la Comisión del Distrito Federal, que se corrija el turno que se le ha dado a la iniciativa con la que se dio cuenta presentada por la Asamblea Legislativa respecto de la reforma política del Distrito Federal, que sean las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y del Distrito Federal que generen el dictamen de dicho documento.

La Presidenta:

Con mucho gusto, señor diputado.

Rectifíquese el turno y que sea a comisiones unidas de Puntos Constitucionales y del Distrito Federal.

 PETROLEOS MEXICANOS

La Presidenta:

El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 7o. de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:

Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se le dispensa la lectura.

La Presidenta:

Señor Secretario, parece ser que no hay una votación suficiente. Podemos darle lectura para mayor seguridad.

El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:

Por instrucciones de la Presidencia, daré lectura al dictamen.

La Presidenta:

Es la segunda lectura y después entraremos al debate.

El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.

Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa presentada por los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, que propone la reforma del segundo párrafo del artículo 7o., de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 40 y 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los numerales 65, 66, 85, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Gobernación y Seguridad Pública somete a la consideración de esta Asamblea el presente dictamen, a partir de los siguientes

ANTECEDENTES

1. El 21 de febrero de 2001 los diputados referidos en el proemio de este dictamen, presentaron ante el pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, en su artículo 7o. segundo párrafo. En esa misma fecha, la mesa directiva de la Cámara de Diputados la turnó para su estudio y dictamen a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

3109,3110,3111

2. El objeto de la iniciativa es la reforma del segundo párrafo del artículo 7o. de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, a efecto de que los secretarios de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Hacienda y Crédito Público, formen parte del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos.

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, formulamos las siguientes

CONSIDERACIONES

I. Los autores de la iniciativa señalan en la exposición de motivos que es muy alta la responsabilidad de Pemex por el deterioro de numerosos sitios en los que realiza actividades de exploración, perforación y explotación. Que durante muchos años las comunidades han visto afectado su medio ambiente y han demandado que Petróleos Mexicanos restaure y aplique técnicas menos depredatorias. Asimismo, que en materia de contaminación es preferible la prevención a la restauración y por el considerable volumen de emisiones de Pemex y sus organismos subsidiarios como PemexExploración y Producción; PemexRefinación; PemexGas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica, consideran indispensable la presencia de un representante de Estado que tenga un profundo conocimiento aunado a una fuerte capacidad de gestión y de implementación y supervisión en asuntos ambientales, para que Pemex, la mayor empresa del Estado mexicano, sea un ejemplo de conciencia ecológica para el resto de las entidades públicas y privadas.

II. Esta comisión dictaminadora está de acuerdo con la justificación que los iniciadores hacen valer únicamente en cuanto a que el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales forme parte del consejo de administración de Petróleos Mexicanos, no así el Secretario de Hacienda y Crédito Público, toda vez que no existe justificación alguna y los iniciadores no esgrimieron motivación para ello.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 7o. de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

Artículo único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 7o. de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, para quedar como sigue:

"Artículo 7o. . .

Seis representantes del Estado designados por el Ejecutivo Federal, entre los que deberá estar el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales y cinco representantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que deberán ser miembros activos de dicho sindicato y trabajadores de planta de Petróleos Mexicanos.

. . .

. . ."

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 6 de noviembre de 2001.— Por la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.— Firman los diputados: Armando Salinas Torre, presidente; José A. Hernández Fraguas, Víctor M. Gandarilla Carrasco, José G. Anaya Llamas y Luis Miguel G. Barbosa Huerta, secretarios; Manuel Añorve Baños, José Francisco Blake Mora, Tomás Coronado Olmos, Omar Fayad Meneses, Alejandro R. García Sainz Arena, Federico Granja Ricalde, Lorenso Rafael Hernández Estrada, Efrén Nicolás Leyva Acevedo, Miguel Angel Martínez Cruz, Rodrigo David Mireles Pérez, José Narro Céspedes, Ricardo Francisco García Cervantes, Ricardo A. Ocampo Fernández, Fernando Ortiz Arana, Germán Arturo Pellegrini Pérez, José Jesús Reyna García, María Teresa Gómez Mont y Urueta, Eduardo Rivera Pérez, Jorge Estebán Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago Ramírez, David Augusto Sotelo Rosas, Ricardo Torres Origel, Jaime Vázquez Castillo, Néstor Villarreal Castro y Roberto Zavala Echavarría.»

Es de segunda lectura.

La Presidenta:

Gracias, señor Secretario.

RECESO

La Presidenta (a las 11:14 horas):

Decretamos un receso de cinco minutos, en virtud de que se están poniendo de acuerdo en algunos puntos de ese dictamen.

(Receso.)

(a las 11:21 horas):

Se reanuda la sesión.

PETROLEOS MEXICANOS (II)

La Presidenta:

Se concede el uso de la palabra al diputado José Guillermo Anaya Llamas, para fundamentar el dictamen, en términos del artículo 108 del Reglamento Interior, hasta por 15 minutos.

El diputado José Guillermo Anaya Llamas:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

El dictamen a discusión que se acaba de dar lectura, forma parte de las tareas ordinarias que hemos realizado los integrantes de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, la cual siempre ha procurado, en el desarrollo de sus trabajos, buscar el mayor consenso posible entre todos los grupos parlamentarios para que las modificaciones a la ley, como es el presente caso, sean lo más claro posible y cuenten con la anuen cia de todos puesto que a ese consenso logrado en la discusión del dictamen, evita procesos desgastantes e innecesarios en la reforma de ley.

El inicio de las propuestas o proyectos de dicha paraestatal… perdón.

El presente dictamen respecto de la iniciativa que presentó el Partido Verde Ecologista de México, con objeto de que en el consejo de administración de Pemex participe el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como uno de los seis representantes del Estado, ha sido considerado por parte de los dictaminadores, como procedente, toda vez que por las actividades que realiza Petróleos Mexicanos algunas de las cuales afecta directa o indirectamente el medio ambiente, requiere que dicho Secretario de Estado participe desde el inicio de las propuestas o proyectos de dicha paraestatal y haga valer sus consideraciones para la protección y conservación del medio ambiente.

Si bien es cierto que las actividades de Pemex tienen enorme repercusión económica para nuestro país, también es necesario que dichas actividades estén complementadas con la opinión del encargado de velar por el medio ambiente, ya que con ello puede evitarse que se inicien proyectos que posteriormente sean cancelados por no haber considerado el impacto ambiental o que a pesar del deterioro ambiental que se cause, continúen adelante, ya que el daño que se ocasiona al medio ambiente, en gran parte de los casos, es irreversible...

La Presidenta:

Un momento, señor diputado.

El diputado José Guillermo Anaya Llamas:

Sí, gracias.

La Presidenta:

Se ruega a los señores legisladores, sean tan amables de ocupar sus curules y prestar atención al orador.

Continúe, señor diputado.

El diputado José Guillermo Anaya Llamas:

Gracias, señora Presidenta:

La iniciativa presentada por el Partido Verde Ecologista de México, el pasado 21 de febrero de 2001 y turnada por la mesa directiva a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, proponía reformar el artículo 7o. de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, para que dentro de los representantes del Estado designados por el Ejecutivo Federal en el consejo de administración de Pemex a que se refiere el artículo 7o. vigente de la ley en referencia, figuraran el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

A criterio de los integrantes de la comisión dictaminadora y tomando en cuenta la exposición de motivos de la iniciativa, se justifica que se integre al consejo de administración de Pemex, al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mas no así al Secretario de Hacienda y Crédito Público.

Lo anterior resulta innecesario, ya que de conformidad con el artículo 9o. de la Ley de Entidades Paraestatales, es obligatorio que en los órganos de gobierno y en su caso en los comités técnicos de las entidades paraestatales, se encuentre representada dicha Secretaría.

En ese contexto, el pasado 6 de noviembre, la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública aprobó el dictamen sobre la iniciativa en comento, para que el artículo 7o. de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, quede de la siguiente manera:

Artículo 7o. El consejo de administración de Petróleos Mexicanos, se compondrá de 11 miembros propietarios, a saber: seis representantes del Estado designados por el Ejecutivo Federal, entre los que deberá estar el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales y cinco representantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que deberán ser miembros activos de dicho sindicato y trabajadores de planta de Petróleos Mexicanos.

El presidente del consejo será el titular de la coordinadora del sector al que esté adscrito Petróleos Mexicanos y tendrá voto de calidad.

Por cada uno de los consejeros que se designe se nombrará un suplente, los suplentes de los consejeros que representan al Estado serán designados por los respectivos titulares y los de los consejeros sindicales serán designados por el sindicato, debiendo reunir los mismos requisitos exigidos para los propietarios.

Luego entonces, si este dictamen es aprobado por esta soberanía y posteriormente por la colegisladora, entre los representantes del Estado designados por el Ejecutivo en el consejo de administración de Pemex; deberá estar un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esto de conformidad con el artículo 9o. de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

El Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, según la reforma que presenta.

Y cuatro representantes más del Estado que designe el Ejecutivo para completarse los seis representantes del Estado de que habla el artículo 7o. de la Ley Orgánica de Pemex.

Tampoco afecta la representación que tiene el Sindicato de Trabajadores de Petróleos Mexicanos, toda vez que dicha representación permanece inalterable.

Debe precisarse que los dictaminadores no proponen incluir al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales al consejo de administración y dejar fuera al Secretario de Hacienda y Crédito Público, sino que se reforma la Ley Orgánica de Pemex; para que en su consejo de administración se especifique que de los seis representantes del Estado que debe designar el Ejecutivo Federal. Uno de ellos lo será el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, no se consideró que otro de ellos lo sea el Secretario de Hacienda y Crédito Público, porque la Ley Federal de Entidades Paraestatales ya establece que en los órganos de gobierno de estas entidades es obligatorio que se encuentre representada la Secretaría de Hacienda.

Compañeros diputados: los integrantes de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública de nueva cuenta presentamos un dictamen más a este pleno, el cual toma en consideración las observaciones de todos sus integrantes en una previa discusión, ya que de esta manera se nutren los trabajos de esta Cámara de Diputados, trabajos y discusiones que benefician al país y a los ciudadanos.

Señora Presidenta: hace un momento solicitamos un receso, la Comisión de Gobernación, porque estábamos discutiendo y consideramos presentar al pleno una modificación al presente dictamen, para que en el capítulo de consideraciones en el inciso II se omita la palabra "únicamente", además de que el párrafo a partir de la palabra "no así el Secretario de Hacienda y Crédito Público" toda vez que no existe justificación alguna y los iniciadores no esgrimieron motivación para ello, se omita del presente dictamen, para quedar como sigue el capítulo de consideraciones en su inciso II. Diría así:

"Esta comisión dictaminadora está de acuerdo con la justificación que los iniciadores hacen valer, en cuanto a que el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales forme parte del consejo de administración de Petróleos Mexicanos."

Lo que sigue, se propone que se elimine del dictamen, toda vez que nos hemos puesto de acuerdo y consideramos necesario que quede como lo he presentado, ya que hay algunas iniciativas presentadas entre otros diputados; por el diputado Manuel Medellín y el diputado Eduardo Andrade, que proponen una reforma integral en este tema, por lo cual, compañeras y compañeros diputados, solicitamos su voto a favor con estas modificaciones al presente dictamen.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

ASISTENCIA (II)

La Presidenta:

Se pide a la Secretaría dar cuenta del registro electrónico de asistencia e instruya a su cierre.

El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:

Se informa a la Presidencia que hasta el momento el sistema registra la asistencia de 408 diputados. Ciérrese el sistema electrónico.

PETROLEOS MEXICANOS (iii)

La Presidenta:

Para fijar posiciones sobre el dictamen que acabamos de escuchar, se concede el uso de la palabra a la diputada Sara Guadalupe Figueroa Canedo, del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Sara Guadalupe Figueroa

Canedo:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:

El petróleo es un recurso natural que pertenece a los mexicanos, tal como lo establece nuestra Constitución. Pemex es una empresa comercial a la que se ha encargado la responsabilidad de extraer, procesar y comercializar el petróleo. El cuidado del medio ambiente debe ser condición para avanzar en la modernización de Pemex, para lograr la transformación de su estructura actual, es una condición para que pueda ser viable y sustentable en un mercado abierto a la competencia.

En el grupo parlamentario del Partido Vede Ecologista de México apoyamos un proceso de desarrollo más que de crecimiento, un proceso tal en el que los legítimos intereses de nuestra población, de vivir en un ambiente adecuado para su desarrollo, no sean dejados a un lado para dar prioridad a los intereses de industrias que deterioran su entorno y equilibrio ecológico.

Como todos sabemos, Pemex como la mayor empresa de México, ha tenido un desempeño ambiental muy por debajo de lo que debería, poniendo en peligro a la salud pública y a los valiosos ecosistemas de nuestro país. No podemos negar que Petróleos Mexicanos ha servido para que nuestra nación se desarrolle en materia de energía con paz y certidumbre, que no tiene paralelo en ningún otro Estado latinoamericano, sin embargo, nadie puede negar tampoco que muchos de los procesos productivos de la paraestatal involucran un manejo específico y cuidadoso del entorno ambiental.

Por ello, debemos fomentar que en los procesos de desarrollo del país se cuenten las áreas de dirección de las empresas y organismos nacionales, a las personas capaces de conformar un equipo que pueda realizar las acciones conducentes para un auténtico desarrollo sustentable.

Como legisladores, si no aplicamos las medidas y acciones oportunas arriesgaremos innecesariamente el porvenir de nuestro país en el futuro. De nosotros como mexicanos y como representantes populares depende que esto no suceda. Para evitarlo debemos aplicar acciones concretas en el futuro inmediato, tal es el caso del dictamen en comento, en el cual se manifiesta que este Poder Legislativo es el que tiene la determinación y la batuta en el concepto ambiental. Con este dictamen se busca revertir la decisión del 13 de febrero del presente año, fecha de la instalación del último consejo de administración de Pemex y en que hasta entonces había participado como representante del Estado el o la titular de la Semarnap, una posición importante, dada la alta incidencia que las actividades de la industria petrolera tienen en el medio ambiente en toda la nación.

No pretendemos frenar la modernización de Pemex; más aún, sabemos que para que el desarrollo pueda darse con calidad, es central cuidar el medio ambiente y dado que el ambiente en sí representa un derecho y la lucha por la defensa del entorno ecológico, implica un legítimo reclamo social que en muchas ocasiones es contrario a los intereses del corporativo estatal.

La lucha por la defensa del medio ambiente es simplemente impostergable. Hacer efectivo el derecho a un medio ambiente adecuado para nuestro desarrollo y bienestar, consagrado en nuestra Constitución Política, debe ser una realidad actual. Por tanto, el consejo de administración de Pemex, la mayor empresa de México, debe ser un ejemplo de conciencia ecológica para el resto de las entidades públicas y privadas.

3112,3113,3114

Nuestro país en especial tiene una importante responsabilidad con el mundo en tanto que Pemex, como una de las empresas petrolera más importantes del orbe, debe procurar el cuidado de una gran biodiversidad, reservas naturales, agua y subsuelos para beneficio de los seres humanos.

No obstante que algunas de las instalaciones de la empresa han recibido certificados de calidad ambiental, es de suma importancia apoyar a Pemex en su esfuerzo por reducir la contaminación ambiental.

También debemos extender un voto de confianza para llevar al mundo práctico la garantía constitucional de un medio ambiente sano para todos los mexicanos.

Por todo lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, votará de manera afirmativa el dictamen en comento, exhortando a las demás fuerzas políticas para que actúen en consecuencia y no le nieguen a esta gran empresa mexicana la posibilidad de un verdadero desarrollo sustentable.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta:

Gracias, señora diputada.

Para fijar posiciones también, se concede el uso de la palabra al diputado Auldarico Hernández Gerónimo, del grupo parlamentario del PRD.

El diputado Auldarico Hernández Gerónimo:

 Con su permiso, señora Presidenta:

El Partido de la Revolución Democrática manifiesta su apoyo al dictamen que se presenta a discusión en esta Asamblea. Apoyamos incorporar al consejo de administración de Pemex una visión ambientalista pero desde ahora lo señalamos, no avalaremos que la actuación, en dicho consejo, del Secretario de Medio Ambiente, vaya a avalar y legitimar las acciones que han resultado en detrimento del entorno natural de aquellos lugares donde está establecido la pareaestatal.

En los estados del sureste de México hemos padecido la contaminación y la corrupción de Pemex. Es hasta hoy, en la visión de los pueblos aledaños a su explotación motivo de graves problemas de contaminación a los suelos, a la tierra, al agua, en donde miles de campesinos y pescadores que viven de la tierra y de su explotación, han visto mermado totalmente sus trabajos que corresponden y que están ligados totalmente al medio ambiente.

Esta industria no ha producido otra cosa más que contaminación ambiental y social. Es paradójico ver a los pueblos sumidos en la marginación y la pobreza extrema sin servicios elementales, tales como agua potable, casas de salud, medicinas, caminos, vemos caminos destrozados por la misma paraestatal y que nunca los han reparado.

Vemos con buenos ojos de que este dictamen que hoy se plantea, se plantee pues velar por el cuidado de nuestro entorno natural, sobre todo en las zonas del sursureste del país en donde Petróleos Mexicanos, desde hace muchísimo tiempo está operando.

Del mismo modo señalamos también que la incorporación de dicho Secretario de Medio Ambiente, pues no quisiéramos ver y que también planteemos que no asegura que estos casos de contaminación vayan a ser diferentes.

Sin embargo, nosotros otorgamos un voto de confianza, que no significa que es un cheque en blanco, por lo que vigilaremos con lupa la participación de dicho Secretario. Nosotros vamos a estar pendientes, valoraremos en su momento, en su actuación dicho Secretario, estaremos atentos, aplaudiremos por supuesto las acciones que vaya a hacer en pro del medio ambiente y de no ser así, también nosotros demandaremos, denunciaremos en las instancias que corresponda.

Muchísimas gracias.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

Está a discusión en lo general y en lo particular, el artículo único del proyecto de decreto. No habiendo registrado oradores en pro ni en contra, se procede a la votación.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si el artículo único del proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:

Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo único del proyecto de decreto, en lo general y en lo particular.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...

La Presidenta:

Suficientemente discutido.

Pido a la Secretaría se sirva dar lectura al considerando numero dos, como queda después hecha las modificaciones propuestas por la comisión y leer el punto de acuerdo que se va a poner a votación, del decreto que se va a poner a votación.

El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:

De las consideraciones el inciso 2: "esta comisión dictaminadora está de acuerdo con la justificación que los iniciadores hacen valer en cuanto a que el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, formen parte del consejo de administración de Petróleos Mexicanos".

La Presidenta:

Ahora el artículo por favor, señor Secretario.

El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:

Artículo único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 7o., de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, para quedar como sigue:

Artículo 7o. . .

Seis representantes del Estado, designados por el Ejecutivo Federal, entre los que deberán estar el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales y cinco representantes del Sindicato de Trabajadores de Petróleos de la República Mexicana, que deberán ser miembros activos de dicho sindicato y trabajadores de planta de Petróleos Mexicanos.

. . .

. . .

La Presidenta:

Se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación del proyecto de decreto.

El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán.

Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico por 10 minutos, para proceder a la votación del proyecto de decreto.

( Votación. )

Ciérrese el sistema electrónico.

Se emitieron 379 votos en pro y tres votos en contra.

 Presidencia de la diputada

Beatriz Elena Paredes Rangel

La Presidenta:

Aprobado el proyecto de decreto por 379 votos.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 7o. de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

Pasamos al capítulo de proposiciones.

El punto de acuerdo relativo a la eliminación de las áreas naturales protegidas que plantea hacer el Ejecutivo Federal, ha solicitado el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista se posponga para una próxima sesión.

ESTADO DE GUERRERO

La Presidenta:

En tal virtud, continuando con el orden del día de las proposiciones, correspondería al diputado Félix Salgado Macedonio del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentar un punto de acuerdo en relación con el Instituto Mexicano del Seguro Social.

3115,3116,3117

Se concede el uso de la palabra al diputado Salgado Macedonio.

El diputado José Félix Salgado Macedonio:

Muchas gracias, compañera Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Hago uso de esta tribuna para solicitar de ustedes su solidaridad, sensibilidad para con el pueblo de Guerrero. Guerrero es un Estado que tiene mucha pobreza, mucha marginación y mucho atraso social. Hay muchos estados de la República que cuentan con una muy buena seguridad social, por ejemplo Nuevo León tiene más del 80% cubiertos sus servicios de salud pública; Guerrero, que es uno de los estados con mayor atraso y con mayor marginación, tan sólo tiene el 21%. Esto quiere decir que no hay equidad y que hay cierta incomprensión de los gobiernos federales.

Desde 1985 se le quitó a Guerrero el Programa IMSSSolidaridad; se descentralizó la salud, los recursos humanos y materiales pasaron a ser parte del Estado, pero ahora se ha visto que no han funcionado con eficiencia esos servicios y que por lo tanto estamos solicitando que vuelva ese Programa IMSSSolidaridad.

Los hospitales, los que eran hospitales del Seguro Social en Guerrero, ahora son cuarteles de los policías antimotines o de los policías motorizados. Eso es lo que no queremos que siga sucediendo. Hay mucha gente, sobre todo en la montaña, indígenas, campesinos y muchos ciudadanos que no tienen salario, que requieren del apoyo urgente para abatir la mortandad infantil, maternal y podamos tener un Estado con más salud pública.

Guerrero tiene una superficie de 63 mil 794 kilómetros, corresponde al 3.3% del territorio nacional; es un Estado muy rico y paradójicamente con habitantes muy pobres. Tenemos minas de oro, de plata, maderas, bosques, un gran litoral, minas de mármol, cobre; sin embargo, es un Estado con mucha pobreza, es un Estado saqueado.

El Copladeg lo ubica en siete regiones naturales que son Tierra Caliente, la zona Norte, zona Centro, la Montaña, Costa Grande, Costa Chica y Acapulco, pero las regiones más pobres son la Montaña y Costa Chica, algunas partes de la Costa Grande y Tierra Caliente y es allá donde queremos que lleguen los hospitales para que éstos apoyen la salud de los habitantes.

Nuestro Estado tiene 76 municipios, la mayoría tienen un alto grado de marginación; 13 de ellos corresponden a la Montaña y nueve a la Costa Chica. Por ejemplo Metlatónoc es el municipio más pobre de la República, seguido de Malinaltepec; éstas son poblaciones que están en la montaña alta de Guerrero.

¿Por qué pedimos que vuelva IMSSSolidaridad a Guerrero? Porque cuando estuvo se pudo constatar que se atendieron consultas de primer nivel integral y con enfoque preventivo; hubo también una campaña de prevención de enfermedades las 24 horas; se logró constatar también la disminución de la mortandad materna, así como la mortandad infantil; se profundizó en la educación para la salud.

La medicina preventiva no sólo fue aplicación de biológicos, el objetivo fundamental fue cumplir los esquemas y erradicar padecimientos prevenibles por vacunación. Había, pues, programas en todo el Estado y ahora vemos que el propio gobierno del Estado siente y reconoce que hubo ineficiencias y se ha vuelto una carga para ellos. Ojalá que el Secretario de Salud, que el Secretario de Hacienda, tomen en cuenta estas consideraciones y que pueda volver el programa IMSSSolidaridad a nuestro Estado de Guerrero.

Queremos entonces plantear este punto de acuerdo que dice así:

PUNTO DE ACUERDO

"Primero. La Cámara de Diputados, a través de las comisiones de Salud, Seguridad Social y Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones legales, recomienden al Instituto Mexicano del Seguro Social revise la estructura y funcionamiento actual de los hospitales de Atoyac de Alvarez, Tlapa de Comonfort, Huitzuco, Cuauyutla, Ayutla de los Libres, San Luis Acatlán y Arcelia, Guerrero, con el propósito de ampliar la cobertura en el régimen de la seguridad social en esas regiones del Estado de Guerrero.

Asimismo, con objeto de continuar ofreciendo los servicios estratégicos de salud a la población marginada en los municipios del área de influencia de dichos hospitales.

Segundo. Que esta Cámara de Diputados emita una recomendación al IMSS y al gobierno de Guerrero, para que las instalaciones, equipo, recursos materiales y humanos que fueron transferidos en 1985 al gobierno de Guerrero, sean reintegrados al Instituto Mexicano del Seguro Social y que este mismo opere nuevamente el Programa IMSSSolidaridad en el Estado de Guerrero, con la finalidad de que su población más necesitada continúe avanzando en el desarrollo, como es el caso de los estados de Chiapas y Oaxaca."

3118,3119,3120

Hemos visto, según los medios de comunicación, que por ahí viene la propuesta de Presupuesto de Ingresos y Egresos y uno de los planteamientos es incrementar el salario del Presidente de la República y algunos otros funcionarios. El dice que no, pero parece que acá en el paquete se habla que sí y como ya estamos acostumbrados a ese tipo de políticas de decir una cosa allá y otra cosa acá, así como la política del wonder bra, que oprime a los de adentro y engaña a los de afuera, entonces no descartemos pues que estemos aquí debatiendo al rato ambigüedades.

Yo creo que un buen mensaje que le podemos dar al pueblo de México en este momento de crisis y de recesión económica, es que nosotros, los que decimos que representamos al pueblo, seamos solidarios y en lugar de plantear incremento a salarios, deberíamos plantearnos cómo nos podemos reducir un poco el salario. ¿Cuánto ganan los Senadores de la República? Poquito más de 150 mil pesos; nosotros los diputados 55 mil más viáticos claro, más viáticos. ¿Cuánto ganan los ministros de la Suprema Corte, los magistrados? ¿Cuánto ganan los generales del Ejército mexicano que hay cerca de 500 ó más de 500?, también ganan su buen billete, más de 100 mil pesos, diputados locales, alcaldes.

Yo creo que todos podríamos plantearnos aquí la reducción de salarios y reducir los viajes, los viajes frívolos que no tienen ningún sentido y reducir el séquito de los que viajan. Igual aquí entre nosotros compañeros, hay compañeros que ya ni los conocemos, poco los vemos, porque se pasan viajando, conociendo todos los recovecos del mundo.

Hay que bajarle a los viajes, hay que bajarle a los gastos superfluos y hay que ir revisando los presupuestos, para que el dinero alcance y para que enviemos un mensaje solidario al pueblo de México.

Pido pues su solidaridad para con el pueblo de Guerrero y señora Presidenta, dejo la proposición en la Secretaría.

Muchas gracias por su atención.

«Proposición con punto de acuerdo sobre el Programa IMSSSolidaridad en el Estado de Guerrero.

El suscrito, diputado federal del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Asamblea una proposición con punto de acuerdo para que las comisiones de Salud, Seguridad Social y de Hacienda y Crédito Público, analicen y trabajen sobre la propuesta respecto a que el gobierno de Guerrero reintegre el programa IMSSSolidaridad al Instituto Mexicano del Seguro Social de este mismo Estado.

CONSIDERACIONES

1. El Estado de Guerrero tiene una superficie de 63,794 km2, que corresponde al 3.3% del territorio nacional, siendo la decimocuarta entidad por su tamaño.

2. El territorio estatal está dividido en 76 municipios y 19 distritos judiciales. La división regional, hecha por el Copladeg, considera siete regiones naturales con características socioeconómicas particulares, cuya denominación es la siguiente: Tierra Caliente, Norte, Centro, la Montaña, Costa Grande, Costa Chica y Acapulco. Existe además una gran dispersión.

3. Existe un alto grado de marginalidad en 22 municipios del Estado, los cuales se clasifican con un muy alto grado de marginación; 13 de ellos corresponden a la jurisdicción de la Montaña y nueve a la Costa Chica. Con alto grado de marginación se inscriben tres municipios en La Montaña mientras que seis de ellos se ubican en la Costa Chica.

4. Con objeto de coadyuvar el desarrollo social, económico, cultural y de salud, hace 15 años aproximadamente el Instituto Mexicano del Seguro Social aplicó en los municipios más marginados del Estado de Guerrero el programa IMSS Solidaridad, del que se obtuvo una experiencia por demás satisfactoria y de la cual se obtuvieron los siguientes beneficios en los siguientes ámbitos:

Salud

Se atendió la consulta de primer nivel, integral y con enfoque preventivo.

Enfoque anticipado con las enfermedades las 24 horas del día todo el año.

Se logró constatar la disminución de la mortalidad materna, así como la mortalidad infantil. Se profundizó en la educación para la salud.

La medicina preventiva no sólo fue aplicación de biológicos, el objetivo fundamental fue cumplir los esquemas y erradicar padecimientos prevenibles por vacunación.

Se mantuvo vigilancia para eliminar los endo y exoparásitos.

El programa de letrinización en algunos pueblos fue del 100%.

Económicos

Todos los servicios que se ofrecieron fueron absolutamente gratuitos, incluyendo los medicamentos y material de curación.

El programa fue gestor ante las diferentes instancias para: abrir brechas, construir puentes, escuelas, telesecundarias y otros. A través del técnico polivalente se daba capacitación para: instalaciones eléctricas, plomería y reparación de muebles.

Se mejoró la alimentación y la fuente de ingreso cuando se promovieron cursos de corte y confección, corte de pelo, avicultura y el huerto familiar, con apoyo del promotor de salud.

Con algunos pueblos se logró la introducción de agua enmanguerada, desde el manantial más cercano al centro del pueblo donde se construyó una pila que hacía la función de almacén.

Sociales

La comunidad vio la necesidad de organizarse en diferentes comités: de salud, pro mejora del pueblo y pro mejora de la iglesia.

Educación para integración familiar.

Se buscaba el acercamiento con diferentes grupos para autoayuda como: Alcohólicos Anónimos etcétera.

Políticos

A través de la organización social, los diferentes pueblos se organizaron para lograr un acercamiento con las autoridades a nivel local, municipal y del Estado.

Culturales

Incremento en el nivel de escolaridad por cursos.

Se respetaron íntegramente las costumbres, creencias y las ideas de proyectos que se observaban con éxito en zonas diferentes, se ofrecían y se intentaban aplicar en lugares que se pensaba tendrían éxito.

5. La salud física y mental de todo ser humano es un derecho de todo ciudadano, pues conlleva al logro de metas y objetivos, a luchar productivamente por un mejor nivel de vida integrados al núcleo familiar, por ello es de vital importancia continuar llevando los servicios estratégicos de salud a las poblaciones más marginadas.

6. Las necesidades de la población guerrerense en materia de salud y seguridad social, son enormes. Abatir los rezagos demanda un mayor esfuerzo de las instituciones públicas. Por tanto, la descentralización del programa IMSSSolidaridad en Guerrero se justifica, más aún por la alta marginación que existe en la entidad.

Por ello, les propongo y pido apoyen los siguientes

PUNTOS DE ACUERDO

Primero. Que la Cámara de Diputados, a través de las comisiones de Salud, Seguridad Social y Hacienda y Crédito Publico, en el ámbito de sus atribuciones legales, recomienden al Instituto Mexicano del Seguro Social revise la estructura y funcionamiento actual de los hospitales de Atoyac de Alvarez, Tlapa de Comonfort, Huitzuco, Coahuayutla, Ayutla de los Libres, San Luis Acatlán y Arcelia, Guerrero, con el propósito de ampliar la cobertura en el régimen de seguridad social en esas regiones del Estado de Guerrero. Asimismo, con objeto de continuar ofreciendo los servicios estratégicos de salud a la población marginada en los municipios del área de influencia de dichos hospitales.

Segundo. Que esta Cámara de Diputados emita una recomendación al IMSS y al gobierno de Guerrero para que las instalaciones, equipo, recursos materiales y humanos que fueron transferidos en 1985 al gobierno de Guerrero, sean reintegrados al Instituto Mexicano del Seguro Social y que este mismo opere nuevamente el programa IMSSSolidaridad en el Estado de Guerrero, con la finalidad de que su población más necesitada continúe avanzando en su desarrollo como es el caso de los estados de Chiapas y Oaxaca.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de noviembre de 2001.— Diputado Félix Salgado Macedonio

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Salud, con opinión de Seguridad Social y Presupuesto.

ESTADO DE HIDALGO

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Raúl Efrén Sicilia Salgado, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo, en relación a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, en cuanto a que eficientice el suministro de energía eléctrica a 45 municipios del Estado de Hidalgo.

El diputado Raúl Efrén Sicilia Salgado:

Con su venia, señora Presidenta; compañeras diputadas, compañeros legisladores:

Factor fundamental en la planeación del desarrollo integral a nivel municipal, regional, estatal y nacional lo es contar con una adecuada infraestructura de bienes y servicios que satisfagan los requerimientos de esa proyección.

Así, el sector energético, entre otros, es la base para lograr el éxito de ese desarrollo que debe fatalmente traducirse en mejores niveles de vida, no sólo a la ciudadanía, sino proyectarse firmemente en avance económico y social en los ámbitos que hemos señalado.

Al hacer un análisis retrospectivo y un diagnóstico del sector energético eléctrico en términos de lo aportado en los informes presidenciales, en donde no sólo se analiza el avance logrado, sino que gráficamente se detallan los montos de generación, transmisión y distribución de la energía en los últimos siete años; aunado a ello, los informes recabados al respecto por el grupo parlamentario priísta, debemos señalar que indudablemente hay un avance en ese servicio, aclarando que como sector estratégico, existen algunas vertientes que es necesario examinar, analizar y evaluar para plantear una reestructuración en los conceptos señalados de generación, transmisión, distribución y comercialización.

La capacidad instalada en operación y generación de energía eléctrica en este año será de 36 mil 268 megawatts, de las cuales la Comisión Federal de Electricidad produce el 93.5% y Luz y Fuerza del Centro el 6.5%. El avance es significativo pero insuficiente.

El desarrollo social, comercial e industrial del país, considerando la estabilidad de la macroeconomía, nos encamina a estimar la necesidad de promover el desarrollo regional como una respuesta parcial al reclamo social, quien aspira a la debida impartición de la justicia social equivalente a dar más a los que menos tienen.

La Compañía de Luz y Fuerza del Centro otorga el servicio de suministro de energía eléctrica a 45 municipios del Estado de Hidalgo, 81 del Estado de México, tres de Puebla y dos de Morelos y a 16 delegaciones políticas del Distrito Federal.

Quiero hacer mención que en Hidalgo, la prestación de ese servicio energético eléctrico es deficiente, siendo las causas de ello muy diversas y de las cuales enumeraré algunas: líneas y equipos obsolescentes, algunas de las primeras con casi 100 años de existencia, falta de mantenimiento a transformadores, líneas y equipos ilícitos y fraudes por robo de energía, falta de recursos para expansión, rehabilitación y modernización, lo que presenta un panorama preocupante en la prestación eficiente y de calidad del servicio y, por consecuencia, las limitaciones para promover un desarrollo regional sin contar con energía eléctrica suficiente y de calidad. Sin electricidad no hay avance, progreso y desarrollo.

Para el año 2001 el Estado de Hidalgo fue considerado por Luz y Fuerza del Centro en un programa de inversión en la suma de 374 millones de pesos, siendo 282 millones 500 mil pesos para expansión, 27 millones para rehabilitación y 64 millones 500 mil pesos para modernización, equivaliendo ello al 11% del total de inversión de la empresa, contra el 45% al Estado de México y 41% al Distrito Federal.

Si bien es cierto que estos porcentajes se programan de acuerdo al número de usuarios, también lo es que para Hidalgo es muy reducido el programa de inversión. Basta citar que para rehabilitación, únicamente se invierten 27 millones de pesos, para atender 1 mil 160 kilómetros de líneas y miles de transformadores obsoletos.

El bajo voltaje es el reclamo generalizado en los 45 municipios de la entidad, por las causas antes señaladas. Esto es algo que debe de atenderse con urgencia. Les resultaría increíble que no sólo en las zonas rurales, sino en las áreas urbanas y suburbanas de las ciudades, a la hora pico no es posible que funcionen al mismo tiempo un aparato televisor simultáneamente con un refrigerador o con una plancha o con una licuadora. Esto ha sido durante nuestra campaña políticoelectoral y en la actualidad, un reclamo generalizado de la ciudadanía y autoridades municipales.

La dirección y los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro hacen permanentemente un esfuerzo para abatir esta problemática en la entidad, pero no es suficiente. Finalmente la carencia de recursos son el cuello de botella de este asunto.

Es justo reconocer a Luz y Fuerza del Centro la actitud asumida para con los municipios a los que presta sus servicios, en lo que toca a alumbrado público y sistemas operadores de agua potable.

La junta de gobierno de la empresa acordó en junio del año en curso y como apoyo a las finanzas municipales de 131 municipios de los estados de: Hidalgo, México, Puebla y Morelos, que toda entidad municipal que liquidara los consumos de energía eléctrica de 2001 y garantice los pagos futuros al programarlos en sus presupuestos, los adeudos históricos de esas municipalidades quedarían pendientes en su solución hasta en tanto la propia empresa, las secretarías de Hacienda y Energía, los gobiernos estatales y municipales encuentren o concerten los mecanismos o acciones legales para solventar esos adeudos históricos que aproximadamente suman 2 mil millones de pesos.

Esta acción, digna de todo elogio a favor de Luz y Fuerza ha dado respiro y tranquilidad a las finanzas municipales, estando en la actualidad tramitándose los convenios respectivos. Esos adeudos históricos, objetiva y materialmente han sido impagables por los deudores.

Si esta medida beneficia a los municipios, en contrapartida afecta a los ingresos de la Compañía de Luz y Fuerza y la ata a programar inversiones más considerables en las entidades, como el caso del Estado de Hidalgo; ello nos lleva al círculo vicioso de no eficientar el suministro eléctrico para promover el desarrollo regional.

Si a Hidalgo no se le otorgó el aeropuerto alterno de la Ciudad de México, en lo que equivaldría un acto de justicia social, ahora el Gobierno Federal tiene la oportunidad de hacer esa justicia social al estado eficientando todo el sistema de suministro de energía eléctrica en la entidad para que pueda promover su desarrollo regional y estatal.

Por lo anterior y en el caso específico de los 45 municipios del Estado de Hidalgo, formulo la proposición con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de 2002 se considere una partida presupuestal de los recursos fiscales federales a favor de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro etiquetados para la rehabilitación de líneas y equipos en el Estado de Hidalgo en la suma de 380 millones de pesos en términos del proyectocosto anexo a esta proposición y así cumpla el Gobierno Federal con el compromiso legal constitucional de impartir esa justicia social al Estado de Hidalgo en esta área.

«Para: diputado Raúl Sicilia Salgado.

De: licenciado Marco Antonio González Pineda, secretario Ejecutivo de la CEE.

La rehabilitación de las líneas de distribución de energía eléctrica, en el área de operación y en el área de potencialización de Luz y Fuerza del Centro implica una inversión total estimada de 380 millones de pesos de acuerdo a la siguiente estimación:

Red de distribución $60.000,000.00

Re de potencia $320.000,000.00

Total $380.000,000.00

Atentamente.

Pachuca, Hidalgo, a 12 de noviembre de 2001.— Comisión Estatal de Energía.— Licenciado Marco Antonio González Pineda, secretario ejecutivo de la CEE.»

Pido respetuosamente se turne la presente proposición a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y Energía.

Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta:

Muchas gracias, diputado.

Turno a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Energía.

Sobre el mismo tema ha solicitado el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Carlos Villegas Flores, del grupo parlamentario de Acción Nacional.

El diputado Carlos Nicolás Villegas Flores:

Con su permiso, señora Presidenta; amigas y amigos legisladores:

La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional y especialmente los diputados del Estado de Hidalgo recibimos y apoyamos con gusto la inquietud que en esta tribuna hemos escuchado en voz de nuestro compañero del PRI, que me antecedió en el uso de la palabra. Es muy claro que apoyaremos siempre cualquier iniciativa que dignifique la calidad de vida de los hidalguenses.

Mi fracción parlamentaria siempre se ha manifestado a favor de la calidad de los servicios que el Gobierno debe prestar a los ciudadanos mexicanos, así como del mejoramiento de las instalaciones que generan estos servicios. Por tal razón, quiero puntualizar algunas situaciones de interés general.

Primeramente no debemos pasar por alto que los servicios que prestan empresas administradas por el Gobierno Federal conllevan un costo que en ocasiones difícilmente es recuperado por estas mismas y que en un momento ni siquiera es negociado por los usuarios. Tal es el caso de algunos ayuntamientos en los estados de Hidalgo, México, Morelos y Puebla, que han desviado recursos en lugar de cubrir sus adeudos por energía eléctrica.

Por lo que, aprovechando este punto de acuerdo, debemos llevar siempre a una mesa de negociación la recuperación o reestructura de los mismos.

En segundo lugar, consideramos que los activos fijos manejados por Luz y Fuerza del Centro, S.A., se encuentran de tal manera deteriorados, que es inminente dotarla de los recursos necesarios para el mejoramiento del servicio que ellos otorgan.

Por otro lado, en Luz y Fuerza del Centro los ingresos netos para el 2002 se estiman en 2 mil 657. 8 millones de pesos, en tanto que su gasto programable ascenderá a 14 mil 551.1 millones de pesos, con lo que obtendrá un déficit de operación por 11mil 893.3 millones de pesos y requerirá de transferencias por el mismo monto. De tal manera que el déficit que se indica propone estrictamente cubrir el costo de la nómina del personal, adquirir gas para plantas de generación y cubrir los compromisos de operación indispensables.

Por lo anteriormente expuesto, el Partido Acción Nacional se manifiesta a favor de que todas las fracciones parlamentarias que integran esta Cámara de Diputados estudien y analicen en el debate de las comisiones la búsqueda de los medios económicos, técnicos y financieros, para poder dotar a este sector vital para el desarrollo del país de una infraestructura suficiente en cantidad y calidad que responda a las necesidades de los hidalguenses y de todo el pueblo mexicano.

Es cuanto, señora Presidenta. Muy amable.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

DISTRITO FEDERAL (III)

La Presidenta:

Pasando al siguiente punto del orden del día, se concede el uso de la palabra al diputado Francisco Ramírez Cabrera, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo, en relación a la protección civil en el Distrito Federal.

El diputado Francisco Ramírez Cabrera:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

Vengo a presentarles un punto de acuerdo para el entubamiento del gran canal, que está aquí a una cuadra de esta honorable Cámara de Diputados.

Desde el comienzo de la urbanización de ésta, nuestra ciudad capital, uno de los criterios a seguir fue el de desecar o utilizar como alternativa de desagüe a los ríos, que en aquél entonces corrían por la ciudad.

Con esta finalidad los ríos que no fueron desecados comenzaron a ser entubados para servir como flujo de drenaje de aguas negras y para este efecto las administraciones de la Ciudad de México invirtieron fuertes capitales para entubar dichos ríos y así dotar de este indispensable servicio a toda la población.

3121,3122,3123

El gran canal del desagüe del valle de México, quedó instaurado formalmente en el año de 1900, para ese entonces se lograron atender las necesidades de descarga fuera del valle de México, lo que hizo pensar que se había dado una solución definitiva al problema de las inundaciones de la ciudad, la que albergaba cerca de 1 millón de habitantes. Sin embargo, este sistema logró funcionar hasta mediados de los años veinte, donde se volvieron a presentar problemas de inundaciones de magnitud considerables.

Desde esos años han sido evidentes los constantes hundimientos diferenciales que hicieron perder pendiente al sistema de colectores que conforman al gran canal del desagüe. En los años cuarenta, esto fue corroborado por científicos en la materia.

A partir de los años treinta, el crecimiento de la población en el valle de México comenzó a despegar. En 1930, en la región habitaron más de 1 millón de personas. Para 1940 se alcanzaron los 2 millones. Y en los años sesenta más de 6 millones. Actualmente habitan en la zona metropolitana cerca de 18 millones y en las delegaciones de la Ciudad de México 8.5 millones de habitantes. Esto ha implicado inversiones ininterrumpidas para diversos conductos para el drenaje y el inicio del sistema de presas para la regulación de las avenidas de la ciudad. Sin embargo, las inundaciones continúan haciéndose presentes y a riesgos mayores.

Si bien desde los años cincuenta se comenzó la construcción de grandes plantas de bombeo de los colectores principales al gran canal, las inundaciones en la ciudad continuaron, lo que derivó en la instauración del sistema de drenaje profundo a fines de los años sesenta.

El sistema de drenaje profundo actualmente cuenta con más de 80 kilómetros de interceptores, además de los 50 kilómetros del emisor profundo. El objeto básico del sistema es evitar las inundaciones que causen daños directos a la vida de la población en todos sus aspectos, así como a sus bienes.

El gran canal recibe las descargas de toda la zona urbana situada al oriente, del interceptor poniente y al norte del Río Churubusco.

Como consecuencia del hundimiento de la ciudad, las descargas al gran canal tienen que efectuarse por bombeo, para aprovechar las pendientes que originalmente tenía y que permitía el desagüe por gravedad. Desafortunadamente el hundimiento de la Ciudad de México ha ocasionado que éste pierda pendiente, al grado de que en los primeros 20 kilómetros ya es prácticamente cero y se pronostica que en los próximos años es probable que la pendiente se torne positiva, lo que acarrearía como consecuencia que en vez de trabajar como desfogue de aguas negras fuera del valle de México, tendería a retenerlas aquí mismo.

El gran canal ha venido perdiendo capacidad de descarga, al pasar de 90 metros cúbicos por segundo en los años sesenta, hoy sólo 12 metros cúbicos.

En la actualidad, para suplir esta falta de capacidad, se construyó el sistema de drenaje profundo, al cual se le han agregado las descargas del sur y sureste de la Ciudad de México. No obstante estas obras gigantescas, sigue latente el riesgo de inundaciones en nuestra gran ciudad.

En la actualidad la composición de las aguas residuales del Distrito Federal no cumplen las normas ambientales en la materia. A esto hay que agregar otro problema, las aguas del gran canal y sus afluentes, presentan indicadores de contaminación altísimos sobrepasan por mucho a todas las normas mexicanas aplicables.

La concentración de metales pesados, arsénico y organismos patógenos son igualmente elevados, la mayor parte del gran canal está entubado excepto un tramo en la delegación Venustiano Carranza el cual al estar a cielo abierto genera malos olores, fauna nociva y afecta la salud de los habitantes de las colonias 10 de Mayo, Moctezuma, 20 de Noviembre, Simón Bolívar y otras.

Por lo anterior y con fundamento en lo que disponen los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en mi calidad de integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional y los diputados que firman el presente documento, nos permitimos someter a consideración de esta Asamblea, el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Túrnese este documento a la Comisión del Distrito Federal por medio de su Secretaría de Obras y Servicios el entubamiento del llamado gran canal del desagüe en el tramo correspondiente a la delegación Venustiano Carranza que corresponde desde su punto inicial, en la colonia 10 de Mayo hasta el límite de la delegación en la avenida Río Consulado.

Esto con la finalidad de dotar a la población de un ambiente más sano así como de servicios más eficientes, esto con la finalidad de dotar a la población de un ambiente, que así como también se dé servicios más eficientes.

Por su atención amigos y que nos ayuden a resolver este problema del gran canal, su servidor diputado Francisco Ramírez Cabrera les da las gracias.

La Presidenta:

Muchas gracias, señor diputado.

Túrnese a las comisiones de Distrito Federal y Presupuesto el planteamiento de la proposición de referencia.

El siguiente punto de acuerdo relativo al proceso legislativo en torno a la reforma fiscal ha solicitado el grupo parlamentario del PRD se posponga para una próxima sesión.

El punto de acuerdo en relación a la reforma fiscal, ha solicitado el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México se posponga para una próxima sesión.

COMISION NACIONAL DEL AGUA

La Presidenta:

En consecuencia se concede el uso de la palabra a la diputada Josefina Hinojosa Herrera del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, quien nos solicita pasemos el turno al final de las proposiciones.

Está llegando la diputada Hinojosa; la diputada Josefina Hinojosa Herrera presentará un punto de acuerdo con el tema vinculado con que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2002, considere mayores recursos para los programas de agua potable, alcantarillado y saneamiento que opera la Comisión Nacional del Agua. Hasta por 10 minutos diputada.

La diputada Josefina Hinojosa Herrera:

Con su permiso, señora Presidenta:

He solicitado hacer uso de esta tribuna para exponer un punto de acuerdo que tiene especial relevancia para miles de familias y ciudadanos cuyas carencias quizá no ocupan lugares privilegiados en el debate nacional, por lo que pido atentamente a mis compañeros legisladores un esfuerzo para atender esta propuesta.

Espero asimismo, que los compañeros de los medios de comunicación se interesen por recuperar para sus medios un asunto que hoy nos ocupa y que es de vital importancia, la problemática del agua potable.

Elevar los niveles de vida, de bienestar de la población, es un objetivo primordial del desarrollo social, por lo que toda acción, programa o política pública que contribuya al logro de éste, se constituye como fundamental y requiere del impulso en nuestro criterio y exigencia de todos los órdenes de gobierno para promoverse y consolidarse.

Una de las demandas populares más sentidas es un justo reclamo por mejorar sus condiciones de vida. Este ha sido, contar con servicios básicos indispensables, como lo es el agua potable. De ahí la importancia, compañeros legisladores, de administrar y preservar tan vital líquido, de asegurar la cantidad y calidad de la misma para lograr su uso integral sustentable y ampliar y conservar la infraestructura hidráulica destinada a tales fines.

Los recursos que deberán canalizarse para impulsar el desarrollo de dicha infraestructura, son fundamentales, esto es urgente para nuestros conciudadanos, que se lleven a cabo acciones que resultan de manera radical los rezagos existentes en el abastecimiento de agua potable y en la cobertura de alcantarillado y saneamiento, tanto en poblaciones urbanas como rurales.

Ciertamente, compañeros legisladores, las acciones emprendidas en esta materia por la Comisión Nacional del Agua en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, han coadyuvado a ampliar y mejorar la infraestructura en estos servicios; sin embargo, este esfuerzo es aún insuficiente, pues un grupo representativo de la sociedad como seguramente nos consta a todos nosotros, a los compañeros de Guerrero, de Puebla, de Zacatecas, de San Luis Potosí, en cada uno de sus municipios, cientos de pobladores no tienen agua potable y carecen de este elemental servicio miles y miles de familias, con todas las consecuencias que ello implica para la vida cotidiana de amas de casa y familias enteras.

Sobre el particular, los recursos canalizados por parte de la Federación a través de la Comisión Nacional del Agua en el Presupuesto de Egresos de este año, fueron del orden de 3 mil 074 millones de pesos, monto presupuestal que se ajustó en 593 millones de pesos además de dos recortes presupuestales en este último periodo, de 250 y 151 millones de pesos aplicados, esto es por la Secretaría de Hacienda.

Aún, compañeros legisladores, cuando el agua ha sido tratada deliberativamente como un asunto de seguridad nacional, esto se queda por supuesto en las declaraciones. Esto último, no obstante, además también que el artículo 32 fracción II del decreto presupuesto, establece que la Secretaría de Hacienda efectuará ajustes y reducciones al gasto buscando no afectar metas sustantivas del gasto social, con lo que queda en entredicho entonces, compañeros legisladores, la supuesta prioridad del agua potable y se ha violado flagrantemente como en otras ocasiones lo que establece el decreto de presupuesto que esta Cámara aprobó en diciembre pasado.

Los recortes presupuestales mencionados afectaron en mayor medida a la aplicación de las personas rurales, que son las que presentan mayores rezagos en la materia, según datos del I Informe de Gobierno del Presidente y del informe de labores de la Semarnap al final del año 2000, la población sin servicio de agua potable ascenderá a 11 millones de personas, 2.6 millones de personas en zonas urbanas y 8.5 millones en zonas rurales.

El alcantarillado igualmente. La población sin este servicio será de 26 millones, 9.3 millones en zonas urbanas y 17 millones en zonas rurales.

En cuanto a la cobertura de los servicios de agua potable por entidad federativa para este año, entidades como Tabasco, Veracruz, Guerrero, Chiapas, Campeche, San Luis Potosí, Puebla y Zacatecas, presentan los más graves rezagos en la materia, considerando que entre un 56.8% de su población y 20.6% de la población de estos estados, carecen de este elemental servicio.

En alcantarillado, son los estados de Puebla, Oaxaca, Yucatán, Guerrero, Chiapas, Campeche, Hidalgo y Zacatecas, los que presentan los más altos porcentajes también en el rezago, entre un 30% y hasta un 60% de la población carece de este servicio.

En materia de saneamiento, se prevé que de un total de 1 mil 27 plantas de tratamiento de aguas residuales municipales, sólo operarán 802 con las cuales se podrá tratar sólo el 25% del total de aguas recolectadas.

En cuanto a plantas potabilizadoras, se espera que al final del año operen sólo 340 de un total de 406 plantas.

Es tal entonces, compañeros legisladores la problemática de agua potable en el país, que es común escuchar a lo largo y ancho de la República, el reclamo ciudadano por la misma. Debemos entonces ocuparnos con responsabilidad, esta soberanía, compañeros legisladores, está mandatada para ello.

Con nuestro impulso daremos realidad a lo que el Plan Nacional de Desarrollo y el acuerdo político nacional establece, un valor esencial al agua como elemento estratégico para atender las necesidades sociales básicas de la población e impulsar el desarrollo de las actividades económicas del país.

«Por lo antes expuesto y con fundamento con lo que establece el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en mi carácter de diputada federal integrante del grupo parlamentario del PRI, someto a esta soberanía el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio 2002 se otorguen mayores recursos financieros a la Comisión Nacional del Agua, para que la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento se amplíe sustantivamente a un mayor número de habitantes.

Segundo. Que se establezca por esta soberanía mecanismos de supervisión adicionales para fortalecer las reglas de operación de los programas de agua potable, alcantarillado y saneamiento, garantizando la operación eficaz de los mismos en las entidades federativas, además de dar prioridad a aquellas que presenten los mayores rezagos en la materia.

Tercero. Que esta soberanía establezca en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para este próximo año, una disposición que limite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para efectuar recortes a los programas de agua potable, alcantarillado y saneamiento, buscando con ello subsanar el rezago generado en este ejercicio fiscal.

3124,3125,3126

Compañeros legisladores: leía que el Programa de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca contiene una programación para este año de 45 mil 378 millones de pesos, según se propone el Ejecutivo, aprobemos en este programa para seguir financiando los programas de saneamiento de apoyo a ahorradores y deudores que finalmente son programas que financian fundamentalmente al capital financiero.

Tenemos la obligación como legisladores, compañeros, de reorientar el gasto y hacer ajustes necesarios y atender las prioridades nacionales, las prioridades de la gente a la que representamos, no nos costaría mucho destinar un mayor presupuesto a una prioridad básica, agua potable, alcantarillado y saneamiento, con lo que miles y miles de familias mexicanas satisfacerían una demanda y una exigencia básica.

Firman el punto de acuerdo, acompañan este punto de acuerdo los compañeros Silverio López, Jorge Luis García Vera, José Antonio Leyva, José Jaime García, Eduardo Andrade, Francisco Ríos, Jaime Larrazábal, Lorena Beaurregard, Roque García, Juan Carrasco, Elías Dip, Justino Hernández, Miguel Ortiz, Tomás Torres, Celestino Bailón, Héctor Pineda, Raúl González Villanueva, Jaime Alcántara, Eréndida Coba, Araceli Domínguez, Concepción González Molina, Efrén Leyva, Alejandro Cruz, Roberto Domínguez, Francisco González, Patricia Aguilar, Olga Margarita, Magdalena Núñez, Víctor Roberto Infante César Duarte y Alfonso Elías Cardona

Gracias, compañeros.

La Presidenta:

Gracias, compañera, muy amable.

Túrnese a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Recursos Hidráulicos.

CIENCIA Y TECNOLOGIA

La Presidenta:

El siguiente punto del orden del día es la presentación de un punto de acuerdo para que los gobiernos de los estados y los congresos locales establezcan comisiones de ciencia y tecnología, a cargo de la diputada Silvia Alvarez Bruneliere, del grupo parlamentario de Acción Nacional.

La diputada Silvia Alvarez Bruliere:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Los integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología sometemos a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente punto de acuerdo, a través del cual los diputados integrantes de diversas fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhortan a los congresos de los estados para que conformen en su interior una comisión ordinaria en ciencia y tecnología a fin de incrementar el desarrollo en esta materia, al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

Desde ya varias décadas atrás los avances científicos y tecnológicos revolucionan al mundo a una velocidad vertiginosa. Los márgenes del conocimiento se presentan cada vez más distantes de los parámetros culturales del ciudadano común, especialmente entre aquellos pueblos o sectores más desfavorecidos. No obstante, una vez que las bondades de la ciencia y la tecnología llegan a manos de las naciones, éstas asimilan rápidamente sus ventajas; paralelamente las naciones sufren de una dependencia cada vez más profunda, así como también de un ensanchamiento mayor entre las diferencias educativas, tecnológicas, económicas y sociales, en comparación con los países más industrializados del orbe.

No debemos interpretar esta idea como una edificación del conocimiento, sino por el contrario, pretendemos evidenciar en su justa medida el importante papel de la ciencia y la tecnología como factor de desarrollo, que conjuntamente con la economía y la política bien pudiera catalogarse como factor de soberanía nacional.

Ciertamente la ciencia y la tecnología se constituyen como un elemento constituyente de lo económico, lo político y social que en los últimos años ha ido ganando terreno y hoy se le empieza a reconocer como motor que impulsa el desarrollo integral de las sociedades.

Por otra parte, la ciencia y la tecnología deberían ser concebidos, como el mismo Plan Nacional de Desarrollo considera, área prioritaria del desarrollo de la nación. El resultado es que vivimos en un México de fuertes contrastes económicos y sociales y evidentemente científicos y tecnológicos, dado en parte por una tradicional centralización de instituciones, recursos humanos y financieros que dan lugar a un desarrollo desigual, tanto a lo largo como a lo ancho de nuestro territorio.

Efectivamente, la atención que se ha prestado en nuestro país al impulso de la ciencia y la tecnología es muy débil aún. La preparación científica y la introducción, producción y dominio de la tecnología es insuficiente. Se han hecho esfuerzos para formar un núcleo científico de alta calidad; sin embargo, sigue siendo reducido el interés del sector privado y de la industria por la generación de conocimiento e innovación y aunque el gasto en investigación y desarrollo registró un incremento del 28%, si consideramos las fechas entre 1977 y 1999, éste ha pasado del 0.34% del Producto Interno Bruto, al 0.4%, esto representa una cifra muy por debajo del promedio registrado por los países con los que tenemos más relaciones comerciales, lo cual coloca a nuestra nación en la posición competitiva número 36 en relación con otros países.

Por mencionar algunos datos, España aplica el 0.9% de su Producto Interno Bruto, Brasil el 0.91%, Canadá el 1.58% y Estados Unidos el 2.65%, contra naturalmente 0.4% de México.

La innovación es otro de los indicadores que nos revela el estado de la ciencia y la tecnología en el país. Tenemos que el número de patentes solicitadas y concedidas en México por nacionalidad de los titulares, en el año de 1999 fue: Alemania 351, Estados Unidos 2 mil 324, España 152, Francia 209 y México 120. Estos indicadores son muestra clara que en México no se ha logrado establecer una política para hacer que la ciencia y la tecnología sea parte de una cultura nacional.

En este escenario el Poder Legislativo ha jugado un papel apenas incipiente. Tenemos que la función legislativa se materializa a lo largo de un proceso creativo de normas jurídicas destinadas a reglamentar la organización del Estado, el funcionamiento de sus órganos y las relaciones entre el Estado y sus habitantes y de éstos entre sí.

Ahora bien, si tenemos en cuenta que de los 31 estados del país y el Distrito Federal, tan sólo cinco congresos estatales y la Asamblea de este último cuentan con una comisión de ciencia y tecnología, nos daremos cuenta del poco interés o información de la materia a nivel nacional. Entre los estados con ese tipo de comisión legislativa se encuentran Chihuahua, Coahuila, México, Zacatecas y Yucatán.

¿Cómo entonces daremos cumplimiento al mandato constitucional y legal que en materia de ciencia y tecnología señala, en su artículo 73, como una facultad del Congreso, la de expedir leyes tendientes a la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional?

Las características geográficas, ecológicas, climatológicas y de riqueza natural, de diversidad biológica de nuestra población, hacen que cada Estado de la República sea diferente a los demás y por ende su problemática y desarrollo también.

Así, cada Estado tiene su propio perfil de situaciones particulares y especiales que requieren de acciones específicas para su resolución. Por ello, en muchas acciones las actividades científicas y tecnológicas dirigidas hacia la solución de urgentes problemas nacionales, tienen poco o ninguna incidencia en los problemas locales y estatales.

Estos requieren de un enfoque y énfasis diferente, dirigido a la problemática puntual y que es de gran importancia y relevancia para el estado correspondiente. De aquí que debe existir a nivel de congreso estatal, la estructura adecuada para abocarse a la solución a través de la creación de instrumentos legales y formar parte de la solución y del desarrollo estatal.

Esa estructura corresponde a la comisiones de ciencia y tecnología, así la sociedad de cada estado contará con el instrumento adecuado para creación de leyes acorde a la realidad de cada estado, así como de los medios para definir y jerarquizar la problemática y retos que deben dirigir los instrumentos requeridos para su estudio y solución.

Lo que no hagan los estados para resolver los problemas científicos y tecnológicos específicos que tienen y consecuentemente no identifiquen sus necesidades y demandas específicas, tampoco será observable para otras entidades que no tienen conocimiento de ello. Lo peor, es que no podremos hablar de una cooperación regional para la solución de problemas concretos de las entidades federativas. Esos problemas que tendrían un aliado determinante en el conocimiento y desarrollo tecnológico e innovación tales como la pobreza, la alimentación insuficiente, la falta de salud y de las tecnologías que pudieran proveerla o la educación parcial o deficiente.

Por ello la creación de comisiones de ciencia y tecnología en los congresos locales, apoyarán fuertemente la descentralización del ejercicio científico y tecnológico; fortalecerán las comunidades académicas y técnicas locales; reforzarán los lazos de entendimiento y confianza entre academia, sociedad, aparato productivo y gobiernos estatales y serán una demostración real de la federalización de la ciencia y la tecnología.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos legisladores presentan el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se exhorta con respeto irrestricto a la soberanía de los estados a que los congresos locales favorezcan la creación de comisiones ordinarias de ciencia y tecnología para que a través de sus tareas de dictamen, información y control, brinden un mayor impulso a este sector tan importante para el desarrollo de su entidad y en consecuencia del desarrollo de la nación.

Firman los diputados integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología.

Es todo, señora Presidenta.

La Presidenta:

Muchas gracias, distinguida diputada.

Túrnese a la Junta de Coordinación Política, túrnese a la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo.

INSTITUTO PARA LA PROTECCION
AL AHORRO BANCARIO

La Presidenta:

Continuando con el orden del día tiene el uso de la palabra el diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un punto de acuerdo, con objeto de que el Procurador Fiscal de la Federación comparezca ante la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.

El diputado José Antonio Magallanes

Rodríguez:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Desde hace algunos meses el Procurador Fiscal de la Federación ha realizado múltiples señalamientos en torno a diversos temas que están relacionados con la crisis y el rescate bancario, incluyendo las relacionadas con el conflicto de intereses de los vocales independientes de la Junta de Gobierno del IPAB.

Ha señalado públicamente que la Procuraduría a su cargo realiza investigaciones sobre funcionarios que protegieron a los banqueros Angel Isidoro Rodríguez y Carlos Cabal Peniche y ha acusado ante la Secodadm a tres vocales independientes del IPAB, por tener conflicto de intereses.

Con respecto al último escándalo del IPAB, ha señalado que ya se tienen identificadas diversas cuentas bancarias, mediante las cuales a través del secretario adjunto jurídico del IPAB, se llevan a cabo operaciones de lavado de dinero, inclusive una de ellas encontrada en islas Gran Caimán.

CONSIDERANDO

1o. Que el licenciado Gabriel Reyes Orona antes de ser procurador fiscal de la Federación, se desempeñó durante algunos años como director jurídico del Fondo de Protección al Ahorro Bancario (Fobaproa), como consta en los informes del Banco de México de 1996 a 1997.

2o. Que el día de ayer el contralor interno del IPAB señaló que la Secodadm no encontró elementos que demostraran la existencia de conflicto de intereses de los vocales independientes.

3o. Que debido al cargo que detentaba en el Fobaproa, debió estar presente en las reuniones del Comité Técnico del Fobaproa.

4o. Que el licenciado Reyes Orona fue, entre otras cosas, uno de los encargados de concluir las operaciones de compra de cartera.

5o. Que el informe de Michael Mackey, respecto de los programas de compra de cartera, señalaba textualmente lo siguiente: la inclusión de créditos aparte relacionados Banamex, Atlántico, Bromex y Bancomer, pueden inducir a pensar que algunos deudores recibieron trato preferencial. El comité técnico del Fobaproa decidió modificar los lineamientos del programa, que excluían cierto tipo de créditos, como los créditos "E" o los dados a parte relacionadas.

3127,3128,3129

6o. Esto fue la respuesta de las autoridades al hecho de que el programa no fue instrumentado de manera eficiente y que esto no solucionó el problema fundamental.

7o. Que en el argot financiero, la calificación de "E" es aplicada a los créditos que son irrecuperables, es decir, aquéllos de los que nada se va a obtener de recuperación y que en el working paper de Bancomer, claramente se ilustra la manera en que fueron transferidos al Fobaproa, aproximadamente 38 millones de pesos, producto de 21 créditos en diciembre de 1995.

Lo que constituye una muestra fehaciente de la inconstitucionalidad de estas operaciones de compra de cartera, ya que en el momento de que el Fobaproa adquiría un crédito irrecuperable, era equivalente a comprar una deuda y para adquirir una misma, el Gobierno Federal requiere la aprobación del Congreso mexicano y esta autorización jamás fue solicitada.

8o. Que es de suma importancia que, todos y cada uno de los diputados contemos con la mayor información en torno al proceso del rescate bancario y del IPAB.

9o. Que la información respecto de las diversas declaraciones que ha hecho el Procurador Fiscal de la Federación en torno al rescate bancario, seguramente nos brindará mayores elementos para esclarecer y resolver de mejor manera el tema FobaproaIPAB.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a este pleno, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Que la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados cite a comparecer al licenciado Gabriel Reyes Orona, Procurador Fiscal de la Federación, para que explique las acusaciones realizadas a algunos miembros de la Junta de Gobierno del IPAB, así como las acciones y responsabilidades que tuvo a su cargo como director jurídico del Fobaproa.

Segundo. Que la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados exhorte a la Secodadm a realizar una investigación sobre un posible conflicto de intereses en el caso del Procurador Fiscal de la Federación, licenciado Gabriel Reyes Orona.

Este punto de acuerdo lo firman los diputados Victor Infante González, Adela Arenso Bautista, Francisco Cárdenas, Policarpio Infante, Aarón Irizar López, Benjamín Ayala Velázquez, compañeros del PRI; Martí Batres Guadarrama, Miroslava García Suárez, Magdalena Núñez Monreal, Bonifacio Morales Reyes, son del PRD; José Manuel del Río Virgen, de Convergencia y José Antonio Arévalo González, del Partido Verde Ecologista, así también como Simón Villar Martínez, del Partido Revolucionario Institucional y quien manifiesta este punto de acuerdo, Antonio Magallanes, del Partido de la Revolución Democrática.»

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.

Sobre el mismo tema ha solicitado hacer uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Francisco Guadarrama López, del grupo parlamentario de Acción Nacional.

El diputado Francisco Guadarrama López:

 Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Nuevamente el tema de la controvertida y muy discutible impugnación del Procurador Fiscal de la Federación en contra de los vocales independientes de la junta de gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario mejor conocido como el IPAB, ocupa nuestro tiempo.

Señalo muy discutible la impugnación orquestada por parte del procurador Fiscal de la Federación, Gabriel Reyes Orona, en contra de los vocales independientes del IPAB, porque para que un alto funcionario del Gobierno Federal emprenda acciones de esta naturaleza, debe tener la suficiente integridad y autoridad moral para cuestionar la conducta de los mencionados servidores públicos.

El pasado 24 de octubre ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República, en sesión de trabajo en la que comparecieron tres de los cuatro vocales independientes y el secretario ejecutivo del IPAB, se desahogó suficientemente el punto de controversia en la que se demostró plenamente el fallo emitido por la Secodadm.

Después de una minuciosa y profesional investigación realizada, llegó a la conclusión que dos de los vocales independientes: el ingeniero Adalberto Palma Gómez, así como el licenciado Carlos Isoart Iviesca, no tenían absolutamente ningún problema respecto a conflicto de intereses que el susodicho Procurador Fiscal aseguró; en tanto que los vocales Creel, Covián y Murrieta Necoechea tenían abierto un procedimiento administrativo que permitiría esclarecer públicamente su situación y que el día de ayer la Secodadm emitió su fallo favorable, en el sentido de la no existencia de conflicto de intereses en torno a su desempeño actual.

El senador Jesús Ortega, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), manifestó que con respecto al asunto del conflicto de intereses, los señalamientos los hizo Reyes Orona, que es el Procurador Fiscal y francamente me parece un juego el decir que lo hizo en su calidad de ciudadano y no de Procurador Fiscal.

Al senador Jesús Ortega le asiste la razón cuando afirma: "ningún funcionario, mucho menos altos funcionarios de la administración pública de otro poder, ya sea del Legislativo, del Judicial tienen la calidad de funcionarios o servidores públicos de primer nivel solamente por la mañana y no por la tarde o por la noche". Nada más falaz que eso, es decir, el servidor público, es servidor público las 24 horas del día y los 365 días del año; se es diputado representante popular las 24 horas y todos los días del año. Es una mentira quien afirme que es funcionario por la mañana y ciudadano por la noche. La función que otorga el cargo es permanente hasta que se da la separación del mismo. Sin embargo, no es el momento de distraer la atención y el tiempo que requiere el Congreso de la Unión, en polémicas o enfrentamientos personales.

Es absurdo que ahora el señor Procurador fiscal acuse a estas personas de conflicto de intereses cuando él mismo en su carácter de director jurídico y siendo secretario del comité técnico del Fobaproa, firmó parte del equipo que ocultó información y se negó rotundamente a que el auditor Michel Mackey realizara las auditorías que el Congreso de la Unión le había encomendado, como lo cita textualmente en su informe Mackey, en la página 16 que dice: "en un inicio tanto la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como el Fobaproa, estaban muy renuentes a hablar con nosotros y se tuvieron retrasos considerables en septiembre, octubre y noviembre de 1998". Durante este periodo el comité de contrataciones nos proporcionó varias cajas de documentación; sin embargo, nadie estaba disponible para proporcionarnos ningún contexto de los documentos o ni siquiera para explicar su importancia.

Derivado de lo anterior el proyecto tenía más tiempo del necesario para avanzar en las etapas preliminares.

Adicionalmente es importante recordar que el señor Reyes Orona, carga con dos responsabilidades más que gravitan en el fuerte daño a las finanzas del país, ya que participó en el otorgamiento de los avales de las operaciones de compra de cartera y también participó directamente en el diseño de los contratos como el de la operación entre los bancos "Bital" y "Atlántico", por mencionar algunos.

Compañeros legisladores: no debemos olvidar que existe una serie de tareas pendientes que requieren pronto acuerdo y resolución por parte de esta Asamblea, como unas reformas a la Ley de Protección al Ahorro Bancario, con el propósito de lograr obtener un mejor funcionamiento del IPAB.

Sólo por citar un asunto, es importante que el propio instituto en casos especiales lleve a cabo las visitas de inspección y auditoría a las instituciones de crédito correspondientes, toda vez que actualmente el artículo 33 faculta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para cumplir con esta actividad y en forma marginal podrá participar el instituto en dichas revisiones que son fundamentales para medir la situación financiera, contable y legal de las instituciones, que corresponda a las metas establecidas en el programa correctivo.

Otra prioridad no menos importante y en la que todos los grupos parlamentarios coincidimos, es en reducir el costo fiscal del rescate bancario, conforme lo mandata expresamente el artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB.

Asimismo afirmamos que es urgente revisar la cartera transferida de algunos bancos como Banamex y Bancomer, que el día de hoy se sabe dichas instituciones entregaron cartera, no respetando las reglas que estableció el Fobaproa, acumulando intereses moratorios o quizá cartera ya descontada o alguna otra forma del propio programa de capitalización y compra de cartera que no se cubrió.

En la misma línea podemos mencionar los asuntos urgentes y de obvia resolución que tiene que cumplir la propia Procuraduría Fiscal de la Federación, que representa el señor Reyes Orona, conforme a la estructura de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene funciones como representar a la Secretaría ante los tribunales de la República ante las demás autoridades en la materia de amparo. Además representar el interés de la Federación en controversias fiscales a la Secretaría y a las autoridades que de ella dependan en toda clase de juicios, investigaciones y procedimientos administrativos ante los tribunales de la República y ante otras autoridades competentes.

Dicho en otros términos, es la dependencia que tiene bajo su responsabilidad evitar y perseguir los delitos de evasión y elusión fiscal; asunto éste que basta abrir cada día un periódico de circulación nacional para atestiguar escándalos de evasión y elusión fiscal comprobables de manera concreta.

En materia de juicios de amparo también tenemos conocimiento de las cuantiosas pérdidas por concepto de devolución de impuestos, por citar alguno en los que particulares le ganan el juicio al Fisco…

La Presidenta:

Diputado, sólo para decirle que concluya a la brevedad.

El diputado Francisco Guadarrama López:

Concluyo.

El grupo parlamentario de Acción Nacional ratifica una vez más su posición de no a la impunidad, deslinde de responsabilidades y la aplicación directa de la ley en los casos en que se compruebe responsabilidad.

Por ello compañeros diputados integrantes de esta Asamblea, si el motivo de citar al señor Reyes Orona, es para que responda por los actos cometidos como responsable jurídico del Fobaproa, Acción Nacional avala la comparecencia propuesta por el PRD.

Es cuanto, señora diputada.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

El punto de acuerdo relativo a la deuda de las empresas sociales, en donde participa Fonaes, ha solicitado el grupo parlamentario del PT, se posponga para una próxima sesión.

SECTOR PESQUERO

La Presidenta:

En consecuencia se concede el uso de la palabra al diputado Edilberto Buenfil Montalvo, para presentar un punto de acuerdo relativo a los pescadores para que en épocas de veda se incorporen a programas de empleo temporal.

El diputado Edilberto Jesús Buenfil Montalvo:

Con su venia, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

El acuerdo que se establece en las reglas generales de operación del Programa de Empleo Temporal considera que son proyectos productivos aquellos que propicien tanto el arraigo de la población en sus lugares de origen como el desarrollo de sus capacidades.

Asimismo señala que las políticas de desarrollo social del Ejecutivo Federal tienen como objetivo propiciar la igualdad de oportunidades, elevar los niveles de bienestar y calidad de vida que los mexicanos hoy y de manera prioritaria han disminuido y ha aumentado la pobreza, la exclusión social, estableciendo la necesidad de asegurar el uso eficiente de los recursos humanos y materiales de que dispone el país, mediante la creación de empleo en el sector rural, cuando se reduce por efectos de temporalidad de sus actividades.

Como vemos, el Programa de Empleo Temporal ha sido un instrumento básico de la estrategia global del Gobierno Federal para la superación de la pobreza en las zonas marginadas del medio rural; sin embargo, nosotros creemos que este programa debe extender su cobertura hacia otro segmento del sector primario: los pescadores en temporada de veda.

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¿Por qué los pescadores cuando hay veda? Bueno, porque como es sabido la pesca ha constituido una de las actividades más importantes en la economía nacional al generar una enorme cantidad de alimento que la población requiere y a la vez ocupar a un gran número de personas en forma directa e indirecta.

Sin embargo, las cifras señalan una significativa disminución en los volúmenes de captura debido a diversos factores, entre los que se encuentran: establecimiento de periodos de veda y regulaciones en algunas especies, restricciones en las áreas de pesca por la actividad petrolera, contaminación ambiental de las lagunas, esteros y arroyos considerados como criaderos naturales de algunas especies, sobrexplotación de especie de alto valor comercial, aumento en el esfuerzo pesquero ribereño.

Todo esto ha ocasionado una dramática descapitalización del sector, el cual se ubica al borde de una crisis, al grado de no obtener a veces los ingresos suficientes para cubrir al menos los costos de operación, afectándose con ello a miles de familias que dependen exclusivamente de esta actividad.

Ante esta situación, en esta tribuna expreso mi irrestricto compromiso con los hombres del mar para tratar de dar respuesta al reto que significa redimir a la actividad pesquera y coadyuvar a que se visualice como una expectativa real de desarrollo.

Es urgente acrecentar las oportunidades de inclusión en el mercado laboral de los pescadores en épocas de veda; a través de actividades que empleen mano de obra no calificada y que se orienten a la creación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura portuaria pesquera, estas acciones lo permitirán.

Robustecer y diversificar el ingreso permanente de los pescadores durante las vedas y al mismo tiempo propiciarán un sustancial incremento en la rentabilidad y capitalización de los activos con que cuentan.

Por ello solicito se considere la incorporación de los pescadores en temporada de veda al Programa de Empleo Temporal, tomando en cuenta las vocaciones regionales de nuestros litorales como son los sistemas lagunarios, estuarinos y las aguas marinas del Golfo de México, del Océano Pacífico y del Mar Caribe.

En estas zonas se establecen diversos tipos de veda en diferentes épocas para especies tales como el camarón, el pulpo, la tortuga, el delfín, abulón, ballena, langosta y caracol.

Esto permitirá generar alternativas de ocupación temporal que permitan rehabilitar y mejorar la infraestructura social y productiva del medio pesquero y a la vez propiciar la creación de puestos de ocupación temporal que posibiliten obtener ingresos a la población que se dedica a esta actividad durante las épocas de veda.

Dentro de las acciones que podrían realizarse con el apoyo de este programa, se encuentran las siguientes: liberar de contaminantes a las áreas que han sido consideradas como criaderos naturales de algunas especies; limpiar los atracaderos de las embarcaciones que en algunos casos han recibido las descargas de aguas negras y contaminantes orgánicos e inorgánicos; construcción y rehabilitación de infraestructura pesquera; actividades en beneficio de sus tareas como son: reparación y mantenimiento y equipo e infraestructura pesquera.

Por lo anteriormente expuesto, les pido que nos unamos en torno a esta noble petición de apoyo para este subsector que acusa bajos niveles de productividad en cierta época del año y regiones del país que se ve frenada su actividad en razón de las vedas. De esta manera solicito al pleno un punto de acuerdo de urgente resolución, solicito se aprueben recursos económicos suficientes para que los pescadores en época de veda, sean incorporados al Programa de Empleo Temporal que prevé el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del Año 2002.

Firman esta propuesta, diputados: Alberto Anaya, del PT; Martí Batres Guadarrama, del PRD; Bernardo de la Garza Herrera, del Partido Verde; José Manuel del Río Virgen, de Convergencia; Berta Alicia Simental, por el PSN y por el Partido Revolucionario Institucional, don Rafael Rodríguez Barrera.

Asimismo, tenemos las firmas de los compañeros que de alguna manera están involucrados en esto y que son los compañeros de Tamaulipas, Simón Villar; de Veracruz, Eduardo Andrade; de Tabasco, Feliciano Calzada; de Campeche, José del Carmen Soberánis y un servidor Edilberto Buenfil Montalvo; de Yucatán, el compañero Granja Ricalde; de Quintana Roo, Héctor Esquiliano; de Baja California, Enriqueta Bacilio; de Sonora, Arturo León; de Sinaloa, Víctor Manuel Gandarilla; de Nayarit, don Miguel Castro; de Jalisco, José María Correa; de Michoacán, Jaime Rodríguez; de Guerrero, Raúl González; de Oaxaca, Jaime Larrazábal y de Chiapas, Andrés Carballo.

Asimismo, tenemos compañeros como la diputada Rosa Elena Baduy; Augusto Gómez Villanueva; Marcos López Mora; Roque Gracia Sánchez; José Ignacio Mendicuti; Efrén Leyva; José Antonio Calderón; José Esteban Sandoval; Jesús de la Rosa; Juan Manuel Martínez; José Gerardo de la Riva; Claudio Bres; Jaime Mantecón y Timoteo Martínez.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La Presidenta:

Muchas gracias, señor diputado.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución el punto de acuerdo.

La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:

Por instrucciones de la Presidencia, de conformidad con lo que establece el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera de urgente resolución el punto de acuerdo.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...

La Presidenta:

Señora diputada, quisiera yo consultar con esta Asamblea nuevamente en votación económica, la votación para que en caso de que no fuese evidente el resultado de la misma, pudiéramos proceder de otra forma. Le ruego vuelva a preguntar.

La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...

La Presidenta:

Solicito a la Secretaría abra el registro de la votación electrónica hasta por 10 minutos y procedan a hacer los avisos correspondientes.

La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:

Con base en el artículo 161 del Reglamento, se solicita se abra el registro electrónico por 10 minutos y se den los avisos correspondientes.

(Votación.)

La Presidenta:

Consulte la Secretaría si oportunamente algunos diputados señalaron que había problema con su registro electrónico.

El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:

Tenemos únicamente reportado al diputado Florentino Castro, para que por favor exprese el sentido del voto.

Se emitieron 178 votos en pro y 165 votos en contra, señora Presidenta.

La Presidenta:

Le ruego a la Secretaría dé lectura al artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:

Reglamento para el Gobierno Interior.

Artículo 59. "En los casos de urgencia u obvia resolución, calificados por el voto de las dos terceras partes de los individuos de la Cámara que estén presentes, podrá ésta, a pedimento de alguno de sus miembros, dar curso a las proposiciones o proyectos en hora distinta de la señalada y ponerlos a discusión inmediatamente después de su lectura".

La Presidenta:

En virtud del resultado de la votación y habida cuenta de que no se considera de urgente y obvia resolución el punto de acuerdo, se turna a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Pesca.

Sobre el mismo tema ha solicitado hacer uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado José Manuel del Río Virgen.

El diputado José Manuel del Río Virgen:

Con el permiso de la Presidencia; honorable Asamblea:

Es increíble que alguien se pueda oponer a destinarle recursos a los pescadores mexicanos. ¡No va a haber IVA por ningún motivo para los más pobres de este país! ¡No aceptamos de ustedes que quieran pedirle..!

La Presidenta:

Esta Presidencia exhorta a la Asamblea a prestar atención a la intervención del diputado.

Continúe diputado.

El diputado José Manuel del Río Virgen:

¡Es el tema y es el tema de los recursos para los más pobres!

No lloramos. No lloramos...

La Presidenta:

Nada más les recuerdo que no son válidos los diálogos y le ruego intervenga en relación al tema que se le ha otorgado la palabra.

El diputado José Manuel del Río Virgen:

Gracias, señora Presidenta:

Solamente para decir que los programas de empleo temporal son proyectos productivos que propician tanto el arraigo de la población en sus lugares de origen, como el desarrollo de sus capacidades. Son una compensación económica ante la imposibilidad de obtener ingresos por falta de capacitación profesional o infraestructura laboral, como pasa en otros sectores.

Existen en el país grandes demandas de apoyo para los más pobres de la patria. Falta una política integral de atención a personas que viven de los productos del agua y esto lo complica todo. Tan sólo del área potencial para la pesca, acuacultura, la Semarnap estimó en el año 2000 dos millones de hectáreas y solamente se utilizan 46 mil. Este es el caso de los municipios que tienen pescadores en temporada de veda, quienes no gozan de apoyo de empleo temporal.

Por lo tanto, los municipios con pescadores en veda del país deben urgentemente gozar de este apoyo que ayudará a evitar la migración y la pobreza. Ejemplos de municipios pobres con pescadores en temporada de veda hay muchos, tan sólo en la región norte del Estado de Veracruz, que abarca regiones como Tecolutla, Nautla, Casitas, Tuxpan, muchos pobladores solicitan que el Gobierno Federal los apoye con programas y recursos necesarios para salir de la pobreza.

En este sentido requieren del apoyo decidido de las grandes capacidades e inteligencia del Secretario de la Sagarpa y del Gobierno y de sus tres niveles de gobierno, porque la pobreza los agobia.

Mientras todo esto se da, mientras el Gobierno decide apoyar a los pescadores en temporada de veda, los pescadores de Tecolutla, Nautla, Casitas y Tuxpan, así como de todo el país, en el mejor de los casos se emplean como albañiles, boleros, mozos, limpia parabrisas y barrenderos, que aunque no dejan de ser subempleos honestos los desarraiga de sus costumbres, familia e histórica tradición pesquera. En el peor de los casos se dedican a delinquir, a emigrar en busca del sueño norteamericano encontrando muchas veces la muerte, al deambular de un lugar a otro y luego a la indigencia, que es el grado más triste al que puede llegar un ser humano o mejor dicho al que el Estado, al no cumplir con su obligación los orilla.

Los pescadores libres que trabajan para permisionarios no tienen seguridad, las cooperativas padecen la época de veda y no hay otras alternativas. Debemos incorporar a los pescadores en temporada de veda al Programa de Empleo Temporal, ya que este sector trabaja con bajos niveles de productividad en varias épocas del año, por lo que no pueden salir de la pobreza, porque las épocas de veda son largas y constantes y por ello no pueden pagar el IVA que quieren algunos compañeros.

Gracias.

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La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

¿Para rectificar hechos, diputado Buenfil?

Esta Presidencia con todo gusto abre el registro de oradores para rectificar hechos. Sin embargo, queremos hacer para conocimiento del pleno, una información.

La mesa directiva recibió oportunamente el registro de este tema como de urgente y obvia resolución. El mandato de la Asamblea señaló que ese trámite no era el pertinente y por tanto se turnó a comisiones. No está a debate el turno a comisiones del tema. Se abre el registro de oradores para rectificar hechos por una sola ronda.

Le ruego entonces a los diputados que quieran hacer uso de la palabra para rectificar hechos, nos hagan el favor de registrarse.

Esta Presidencia informa que se han registrado para rectificar hechos los diputados de los grupos parlamentarios: Gutiérrez Machado, de Acción Nacional; Félix Salgado Macedonio, del PRD; Edilberto Buenfil, Efrén Leyva y Martha Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional; López Brito, de Acción Nacional; Concepción Salazar, del Partido Verde Ecologista de México; Jaime Larrazábal, del Partido Revolucionario Institucional y Hervis, del PRD.

En consecuencia, se concede el uso de la palabra al diputado Gutiérrez Machado, del grupo parlamentario de Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

El diputado Miguel Angel Gutiérrez Machado:

Con el permiso de la mesa directiva:

Que quede claro para esta Cámara y para el pueblo de México que el PAN, la fracción parlamentaria del PAN, nunca ha estado en contra de ningún grupo en este país y mucho menos de los pescadores mexicanos.

Que lo que las voces improvisadas puedan decir en esta máxima tribuna no conocen las pláticas que se dieron antes de la presentación del punto de acuerdo, desconocen y utilizan falaz y trapaceramente esta tribuna, lo que se habló e incluso el diputado que presenta el punto de acuerdo no desmentirá mis palabras, en que estuvimos en el contenido del mismo totalmente de acuerdo, pero en contra del trámite que se solicitaba para el mismo.

Los prontismos, las prisas descocadas, las discusiones sin consenso, discutir por discutir, sin darle tiempo al tiempo y a la plática de lo que se está discutiendo, nos lleva al fracaso, señores diputados; lo que pedíamos era que se turnara a la comisión para su estudio y análisis y pudiera ser integrado al presupuesto.

Nunca hemos estado en contra de los pescadores ni de apoyar a nadie en este país que se deba apoyar, es una irresponsabilidad, señor diputado, pedir más recursos cuando no se sabe todavía de dónde van a salir y cuando lo mejor es sentarnos a la mesa a poner los puntos de cómo darle camino a esto a través de la reforma fiscal.

Sentémonos señores diputados a darle camino a lo que estamos pidiendo en esta tribuna; las improvisaciones nos llevan sólo a improvisar y 70 años de improvisaciones tienen a México como lo tienen hoy.

Amigos diputados, el PAN estará dispuesto a sentarse en la mesa de las discusiones cuando los temas lo ameriten y este tema lo amerita al 100%, nada más que la urgente y obvia resolución; el prontismo y las prisas no nos llevan a ningún lado. Sentémonos a discutir, pongamos y tracemos los caminos que nos lleven a apoyar no sólo a los pescadores, sino a sectores desprotegidos que sus gobiernos crearon y vayamos caminando para el beneficio de las clases más desprotegidas de este país.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

Se concede el uso de la palabra al diputado Félix Salgado Macedonio, del grupo parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.

El diputado José Félix Salgado Macedonio:

Gracias, compañera Presidenta:

En esta proposición del compañero Buenfil pensé que podíamos sacarla de común acuerdo, es decir, de consenso todas las fracciones parlamentarias, pero ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que la bancada azul se opuso y esto me recuerda a los viejos tiempos, pues, cuando el PRI era mayoría, así le hacía exactamente como lo están haciendo ustedes, igualito, pero le hacían igualito, su comportamiento es como si tuvieran la mayoría; qué bueno que no tienen la mayoría, porque si la tuvieran, qué íbamos a hacer.

Bueno, la proposición es clara y me parece muy justo que los pescadores en épocas de veda puedan ser tomados en cuenta para participar en programas de empleo temporal. ¿Qué de malo tiene? ¿Dónde está el problema? ¿Por qué esa oposición?

El diputado Machado en la comisión dijo estar de acuerdo, pero ya después dice que pues su grupo le dijo que siempre no. Qué pena que los diputados tengan que responder aquí a intereses de grupo y no a intereses de la gente que dicen que representan.

¿Qué acaso en Yucatán no hay litoral? ¿Qué acaso no hay pescadores? Entonces yo estoy viendo la misma situación del PRI y el PAN que están iguales y qué bueno, saludo ahora la posición aquí del PRI, porque se tome en cuenta a los pescadores.

Nosotros venimos de Guerrero, tenemos un gran litoral; tenemos muchos pescadores, muchos de ellos a la vez campesinos u otros que viven exclusivamente de la pesca; son gente de escasos recursos económicos; no cuentan con apoyos y efectivamente, en épocas de veda ¿qué va a ocurrir con ellos? ¿Qué pretendemos hacer de ellos: delincuentes, asaltantes en las carreteras? Ellos tienen familia, tienen hijos que sostener, que enviar a las escuelas.

Yo creo que debemos de pensar en ellos y no está por demás que se le rasguñe un poquito al presupuesto. Esto es de urgente y obvia resolución y no le anden haciendo como el chango, maromas y maromas, de mecate en mecate, que se vaya a comisiones. Si no quieren, que ya se vio que no quieren, claramente, eso digan: que no quieren. ¿Qué caso tiene estar aquí entreteniendo una discusión que no le veo el sentido?

Esto es de justicia elemental para los pescadores y se está viendo muy mal la bancada del PAN, porque se entiende que la gente votó por el cambio; que ustedes iban a hacer el cambio y que iban a hacer las cosas mejores que el PRI; pero por lo que estamos viendo, sigue siendo lo mismo.

No hay cambio, más que de colores; se salió el tricolor y entró el azul, pero la situación sigue siendo de desastre para las clases más desprotegidas.

Muchas gracias, por su atención.

La Presidenta:

El diputado Miguel Angel Gutiérrez Machado solicitó la palabra para contestar alusiones personales. Hasta por cinco minutos, diputado.

El diputado Miguel Angel Gutiérrez Machado:

Con el permiso de la mesa directiva y tratando de entender y esperando que el diputado que me antecedió en el uso de la palabra no se haya confundido de foro, yo quisiera puntualizar lo que dije en mi anterior intervención.

El PAN está totalmente de acuerdo con el contenido del punto que presentó el diputado Edilberto Buenfil. En lo que no estamos de acuerdo, porque consideramos que no son los caminos que enriquecen las discusiones en esta Cámara, es en el prontismo y en la prisa de urgente y obvia resolución.

Reiteramos que estamos a favor de los pescadores y a favor de cualquier otro grupo vulnerado que necesite recursos; pero no estamos a favor y estaremos siempre en contra de las prisas que dañan a este país.

El diputado pide justicia para los pescadores y yo le digo que legislar a la carrera, con prisas y sin planeación, es más injusto que lo que vino usted a decir acá, señor diputado.

Y por último, estamos aquí para legislar con toda la seriedad que esperan los mexicanos que votaron por nosotros, señores diputados. La Cámara y el Congreso no son una telenovela ni una película; estamos en la vida real y hay que votar y trabajar para la vida real de los mexicanos.

La Presidenta:

Tiene la palabra el… diputado Félix Salgado… Para contestar alusiones personales el diputado Félix Salgado.

El diputado José Félix Salgado Macedonio:

Diputado Machado, me parece que es muy incongruente en su planteamiento.

Dice que no está en contra de los pescadores y si no está en contra entonces ¿por qué no apoya a los pescadores aquí con su voto? ¿Por qué no vota a favor de que ellos puedan tener empleo temporal cuando están en época de veda?

Eso de aducir de que no les gusta hacer las cosas a la carrera, que no les gusta hacer las cosas con prisa, pues me parece muy infantil, esa es una propuesta muy infantil. Yo creo que aquí está muy claro cuál es la posición de ustedes. No quieren a la carrera que se vote el presupuesto y la reforma hacendaría de su jefe Vicente Fox. Además el diputado que hace rato habló, del PAN, dio a entender: "aprobemos lo que viene, el IVA a la medicina, al alimento etcétera y ahora sí hablamos de lo demás". Están recurriendo a una política de chantaje, eso sí me parece que es vil y que es criminal.

Nosotros no vamos a aprobar la reforma hacendaria de Fox, no vamos a aprobar el punto referente a que se le ponga IVA a las medicinas, a la comida, a los libros, al transporte, a colegiaturas; ahí de una vez vayan poniéndose bien de acuerdo porque nosotros no vamos a votar en contra de la gente, en contra del pueblo.

Entonces, fijemos bien las posiciones aquí, seamos congruentes. La política es como una película y estrenamos maleante cada seis años, tenemos un actor cada seis años, por cierto, a veces grotescos, criminales, asesinos, corruptos. Hoy tenemos uno de botas de charol y de grandes bigotes y esto es lo que hay en este país y yo espero que no nos convirtamos en lacayos del poderoso, que seamos de verdad independientes, congruentes con nuestro pensamiento y con nuestro sentir y que trabajemos escuchando el reclamo de quienes nos mandaron aquí.

Me da pena su posición, compañero diputado, se lo digo con todo cariño, qué vergüenza tener diputados que defiendan los intereses del patrón y no defiendan los intereses del pueblo. Luego haremos una película de un ranger con botas matando indios.

Muchas gracias.

La Presidenta:

El diputado Machado ha solicitado el uso de la palabra para contestar alusiones personales.

Esta Presidencia desea hacer una respetuosa exhortación a los legisladores para que estemos en aptitud de cumplir nuestra obligación reglamentaria de otorgar la palabra cuando haya alusiones, pero subrayo que encerrar el debate en controversias de carácter personal debilita la fuerza de análisis de esta Cámara.

Con esa observación previa, diputado, se le concede el uso de la palabra para contestar alusiones personales.

El diputado Miguel Angel Gutiérrez Machado:

Con su permiso, señora Presidenta:

Y precisamente por la dignidad de este Congreso asumo nuevamente esta tribuna, para puntualizar tres cosas.

Número 1. Estamos a favor de los pescadores, estamos en contra del trámite y por si no se entendió, mi voto fue en contra del trámite con prisas, sin camino, sin consenso y a la carrera, pero a favor de lo que trae el punto de acuerdo, a favor de apoyar a los pescadores de México.

Y precisamente el PAN ha dado muestras de ese apoyo a ese sector mexicano y fue a iniciativa de la bancada del PAN la solicitud de aumento al combustible de los pescadores y también aumentar el presupuesto el año pasado, que por cuestiones de políticas económicas se redujo, pero ha sido y será motivo de las decisiones de la fracción parlamentaria del PAN, el apoyar a ese sector y a otros, como ya se ha mencionado.

Nos da pena que en esta tribuna se manifiesten los desconocimientos de los trámites que aquí se han aprobado; no votamos en contra de los pescadores, sino en contra del trámite que no conduce a nada en el Congreso de la Unión y por supuesto que estoy de acuerdo en que la política es una película que dura seis años; la suya duró dos semanas en cartelera, señor diputado.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Edilberto Buenfil Montalvo, del grupo parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.

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El diputado Edilberto Jesús Buenfil Montalvo:

No cabe duda que cada vez se les olvidan más las cosas. El año pasado el presupuesto llevó una cierta cantidad para aplicarla en pesca. El primer recorte se lo aplicaron a pesca y con ello una gran cantidad de proyectos del sector pesquero se vieron frenados. Es por eso que el día de hoy, aquí en esta tribuna y después de haber consensado con todos y todos estuvieron de acuerdo y por qué de urgente resolución, porque estamos acá —como dijo el diputado—, para legislar y estamos a punto de tener un nuevo presupuesto y en ese presupuesto si no queda contemplado el recurso para apoyar a esos pescadores, no los podremos apoyar durante el año 2002.

Es por eso que era urgente la resolución, es por eso que le pedíamos a todos los compañeros que nos apoyaran para apoyar al sector pesquero. Por eso estábamos aquí, pero vemos cómo hoy llega un presupuesto alejado del sector social otra vez, pero veremos cómo a la Presidencia hay un aumento.

¿Qué tendremos que hacer los compañeros que de alguna manera tenemos contacto con los pescadores, de tener que dar un concierto en beneficio de ellos? ¿Qué tenemos que hacer los que verdaderamente tenemos contacto con los pescadores, que no estamos con las ciudades y que nada más comemos las viandas porque son ricas y son frescas?

No, señores, hay que ver cómo sufre el pescador cuando le ponen la veda, que no tiene recursos para vivir, y ¿qué es lo que hacen?, fomentar la pesca ilegal en esa temporada.

Jerónimo Ramos, funcionario de la Secretaría del Instituto de Pesca hoy, sabe muy bien cómo sufren los pescadores en época de veda y él ha implementado algunos elementos para poder, pero son insuficientes, por eso es que hoy nosotros queríamos que pasara a Programación y Presupuesto, no por la obviedad, por la rapidez, por legislar rápido, no, porque queríamos que el próximo año el pescador quedara incluido, un pescador que nos lo ha pedido en campaña y no solamente a nosotros los priístas, a los perredistas, a todos los partidos políticos, quieren salir de esa especie de atraso que tienen y la única manera que hay de salir de ese espacio de atraso en que se encuentran es con el apoyo de las autoridades y con el apoyo de nosotros los legisladores.

No podemos nosotros soportar que Petróleos Mexicanos nos contamine las costas en Campeche, nos reduzca las áreas de pesca y todavía nos imponen una veda. ¿Cómo vamos a salir a ayudar a esos pescadores?, con acciones aquí y que a ustedes les quedará en la conciencia haber votado en contra.

Como dicen: estábamos de acuerdo, sí, un gatopardismo, estábamos de acuerdo pero que las cosas sigan igual. No, compañeros, los pescadores hoy necesitan del apoyo de todos ustedes, de todos nosotros, de las autoridades y por eso es que debemos de implementar acciones aquí y la primera acción era contemplarlos en el presupuesto, porque después no va a haber tiempo para ello y lo único que buscan ustedes es el presupuesto, una administración correcta, olvidándose de las clases sociales. No cambian.

Sepan que las clases sociales tienen que ser apoyadas y tienen que ser apoyadas en programas productivos, en programas con la gente que lo necesita. No podemos estar apoyando, como decían muchas veces, al sector de cuello blanco, tenemos que apoyar al pescador, a las clases sociales. Hoy es el pescador, mañana será el agricultor, pero hoy es el pescador, apoyémoslo, hagamos que tengan presupuesto para salir del atraso en que se encuentra en esa temporada de veda.

Muchas gracias, compañeros.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Efrén Leyva Acevedo, del grupo parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.

El diputado Efrén Nicolás Leyva Acevedo:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeros:

Sin duda lo que da la impresión es que se desconoce cuál es el camino procedimental por parte del diputado de Acción Nacional. No se trata de estar legislando al vapor como lo mencionaba o con las prisas, sino que se trata de obviar un trámite burocrático que habrá de mantener olvidados, como ha mantenido a los pescadores en estos últimos tiempos.

La urgente y obvia resolución no es un trámite más que solicitarle a la Presidencia que haga el trámite directo a la Comisión de Presupuesto para que lo considere directamente en el presupuesto, pero no es ni siquiera una instrucción para que pueda borrarse o quitarse algún rubro sino se trata de que se obvie la acción de irse a la Comisión de Pesca, de irse a comisiones conjuntas y de que tardemos un buen rato en estar discutiendo si va a ser o no va a ser. Yo creo que eso no es el asunto que se trata de discutir aquí.

Aquí lo que hemos manifestado con nuestro voto, hace un momento y queda ahí en el tablero y en las cámaras y en las fotografías, para la historia y para el pueblo de México a quién sí le interesa que de urgente y obvia resolución se resuelvan los problemas y se atiendan a su grupo vulnerable que son los pescadores de México.

Quienes contamos en nuestras entidades con litorales, sí nos preocupa que sea de urgente y obvia resolución y de urgente y obvia resolución para evitar que este trámite de dos, de tres semanas, después alteremos ya lo que vaya avanzado la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para poder enredarnos y estarle poniendo parches como siempre lo hacemos. Se trata de que veamos qué podemos hacer.

Pero hoy ha quedado ante la sociedad qué cosa es lo qué queremos. Ya nos dijo el diputado de Yucatán, también que efectivamente ustedes fueron los que promovieron el aumento al combustible de los pescadores y así textualmente lo dijo, qué bueno que en ese lapsus se dé cuenta aquí la sociedad de que eso sí son prisas y no lo nuestro.

Lo nuestro consensado con todas las fuerzas políticas se trata de ir viendo cómo esos recursos, pocos, que se van a tener hoy en el año 2002, puedan ser realmente para reactivar la economía y hoy vemos que estamos ante una actitud igual o peor que en los últimos meses, de que la Presidencia de la República por un lado manda un presupuesto y por otro lado niega el Presidente ese presupuesto.

Se ignora lo que es la actividad real en el desarrollo social. Se hacen recortes en la seguridad social y se hacen acciones que realmente nos dejan muy preocupados y vemos hoy que la Presidencia de la República más que estar preocupada en los pescadores, más que estar preocupada en los campesinos, más que estar preocupada en la seguridad social y en el futuro que habrán de tener el próximo año los pensionados, los jubilados o las mismas instituciones educativas u hospitalarias, hoy vemos que la Presidencia de la República está más preocupada en rentar un circo para tener funciones gratuitas. Un circo en 250 mil pesos que está gastando dinero que seguramente le sobra y que, sin duda, este dinero que está tirando la Presidencia es del subejercicio de lo que no ha podido gastar y de lo que ha estado simulando permanentemente.

Estos son los 15 minutos en los que iba a resolver los problemas de México, seguimos pero lo que no nos explicaron bien es que eran tres minutos cada año, entonces a lo mejor no le alcanzan ni los seis años para resolver los problemas de México.

Ahí se ha quedado ya a la lectura de la sociedad quiénes están preocupados por resolver los problemas de los pescadores. Ustedes no se han preocupado a que vengan a decir: estamos de acuerdo en todo lo que dicen; es demagogia; eso es nada más pura y simple palabrería, hay que resolver los problemas y hay que obviar los trámites burocráticos en lugar de estar haciendo ahí con cuentos, en un voto ciego que no lleva a nada en la solución de los problemas que tienen los pescadores.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Gracias. Tiene la palabra el diputado Concepción Salazar González, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México hasta por cinco minutos.

El diputado Concepción Salazar González:

Quizá el pensar que tenemos más de 11 mil kilómetros de litoral, nos hace pensar que los pescadores pueden librar las batallas a las que se enfrentan, el no querer saber las condiciones a las cuales los pescadores tienen que enfrentarse en un periodo de veda y que éstas, después de que se levantan, esperar a que las condiciones del clima les puedan permitir realizar sus actividades, nos lleva a pensar que no sabemos la realidad de lo que está sufriendo el sector.

Lo digo por las comisiones que hemos tenido dentro de la Comisión de Pesca con la realización de foros, en donde seguramente muchos de mis compañeros estarán conmigo y me darán la razón de saber y el acercamiento con el sector que lo está padeciendo.

Quizá este punto de acuerdo ya no fue lo que se esperaba en el momento, pero tenemos la próxima semana para poder dictaminarlo, hacer una reflexión dentro de las comisiones a las cuales fueron turnados y saber que con la votación que ahorita se obtuvo, con esa misma votación se va a aprobar el punto de acuerdo.

El saber que el sector piensa que puede desarrollar sus actividades de pesca, sabemos que no es cierto, el no darles esa oportunidad de que puedan emplearse con un trabajo temporal, es una condición que no nos queda como sociedad, es una condición de que no vemos las necesidades de la gente que más lo necesita y que si queremos hacer o perder un tiempo que sabemos que va a pasar el punto y lo podemos sumar y sumamos todos estos votos, no estamos desarrollando un trabajo con criterio, del cual la gente estuvo y lo condicionó en su apoyo.

Es por eso que, finalmente, convoco a las comisiones a las que fueron turnados, a que nos sentemos, a que lo trabajemos y que se dictamine en un tiempo rápido.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario de Acción Nacional.

El diputado Francisco Salvador López Brito:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

Es importante, creo yo, tomar este tema con la seriedad que lo amerita y por eso debemos de venir aquí a la tribuna a hablar con la verdad.

Este punto de acuerdo mediante el cual se propone que los pescadores en épocas de veda se incorporen a los programas de empleo temporal, lo asumimos con responsabilidad y estamos con él. Simplemente que la posición de la comisión al analizarlo fue que, esto se turnara a comisiones, para analizarlo con responsabilidad, con seriedad, sin olvidar que el trámite puede ser en cinco días y sin olvidar que los pescadores en estos momentos no están en periodo de veda, están trabajando.

Así que esa prontitud, esa urgencia, realmente yo la vería si estuvieran ahorita en tiempos de veda, pero están trabajando. Así es que yo pienso que el pueblo de México espera de este Congreso, de sus diputados, que se legisle con responsabilidad. Que no se legisle al vapor, como ya nos han expresado aquí otros compañeros y es precisamente lo que todos queremos: no legislar al vapor.

Tenemos aquí, en esta Cámara ya, la propuesta al proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos. Es nuestra responsabilidad en estos momentos, por segundo año consecutivo en muchas décadas de la historia de nuestro México, que precisamente aquí lo vamos a analizar, lo vamos a estudiar, lo podemos modificar y distribuir de acuerdo a lo que la conciencia y de acuerdo a lo que las necesidades del pueblo de México lo amerite.

Así es que amigos, compañeros, no hagamos una tempestad en un vaso de agua, cuando precisamente lo que queremos en esta Cámara es legislar primero para los más necesitados y más marginados y de acuerdo que los pescadores no precisamente en un año se han empobrecido, sino por deficiencias y erróneas políticas públicas de décadas atrás, estamos viendo lo que tenemos como problemática de la pesca en México.

Los programas de desarrollo social deben de apoyar a los grupos más marginados y más necesitados y en Acción Nacional, eso claro que estamos convencidos y lo vemos con toda satisfacción.

En este aspecto los gobiernos estatales y municipales, también deberán tomar su decisión, puesto que la distribución del recurso que les llega para aplicarlo en materia de programas de empleo temporal, también deberán de analizarlo y distribuirlo concienzudamente y con responsabilidad.

Finalmente quiero decirles, compañeros, que compartimos nuestro interés todos en esta Cámara, todos los grupos parlamentarios aquí representados, porque los recursos lleguen a los más necesitados pero también, también amigos compartamos, compartamos el interés y compartamos nuestra responsabilidad por ver la forma cómo obtener los recursos que van a llegar a esa gente más necesitada, no únicamente veamos el problema sin ver cómo vamos a buscar la resolución y a eso los invito, amigos, a sentarnos en la mesa de la discusión, a sentarnos en la mesa del diálogo para sacar propuestas viables de cómo obtener recursos que llegarán en materia de jubilados, de educación, de problemas de salud, de problemas de deporte, de deficiencias en el salario y no únicamente estemos aquí enfrentándonos por un problema que no es más que una parte de los tantos y tantos problemas que tenemos en México.

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Tenemos pues, la gran responsabilidad no únicamente de ver el problema, sino ubicar la respuesta, ubicar la solución y eso aquí lo tenemos en este momento; hagámoslo con seriedad, hagámoslo con responsabilidad y definitivamente Acción Nacional está decidido a apoyar a todos los pescadores de México.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

Tiene la palabra la diputada Martha Silvia Sánchez González del grupo parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.

La diputada Martha Silvia Sánchez González:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

En todo lo que se ha planteado aquí, estamos conscientes de que hay un acuerdo que se firmó y que dentro de esas acciones importantes, dice: ampliar los programas de empleo temporal por lo que resta del año.

Efectivamente, se han dicho muchas cosas sobre lo de pesca, sobre la veda, sobre la no urgencia. Creo que la necesidad y el hambre sí es urgente y es urgente cuando la población ha crecido tanto, cuando la explotación de los productos ha ido más allá, ha rebasado todos los aspectos de permitir que existan, que estas vedas son importantes pero que en este tiempo, si no estamos ahorita en la veda, ésta se va a aproximar y que dentro de esa aproximación tenemos que velar porque exista dentro del presupuesto todo lo que se va a requerir para poder apoyar a nuestros compañeros pescadores.

Dentro de toda la zona, la que a nosotros nos corresponde en pesca, nos hemos dado cuenta la necesidad que ha habido en los programas que se dieron dentro de los foros nacionales y donde aquí se ha mencionado y donde han pasado compañeros que han estado en todo esto y se dan cuenta y saben la urgencia y la necesidad que hay de programar y de estar preocupados por esto.

En todo el tiempo que hemos estado, en este año y fracción, no hemos descuidado a los pescadores, a las cooperativas, a los libres, ha habido reuniones con la Comisión Nacional de Pesca que se formó. Hemos estado en el Estado, hemos trabajado, hemos luchado y sabemos que esto que hoy se planteó aquí, es urgente; se requiere que si pasa a comisiones, bueno, pues que todos los que no se han involucrado con el Programa de Pesca, con la Comisión de Pesca, sepan que sí hay una gran necesidad y una urgencia. Y al escuchar que esto no puede ser importante, pues entonces, ¿cuál va a ser lo más importante dentro de nuestra función como gestores?

Sabemos que como legisladores tenemos la obligación de hacer leyes, pero también hay que ver que esas leyes que se han hecho, se apliquen para que nuestra sociedad esté consciente de que los legisladores no estamos haciendo las cosas al "ahí se va", de que quienes estamos involucrados en el trabajo de gestoría, sabemos perfectamente de toda la necesidad que se requiere para apoyar a los pescadores; que estamos trabajando con cooperativas para sacarlos adelante de los problemas fiscales que tienen de las malas administraciones internas, de ellos; de darles capacitación; de darle la oportunidad de que mejoren sus condiciones para que puedan tener mayores beneficios.

Hemos estado trabajando creo, todos los diputados seamos o no de la Comisión de Pesca, para buscar dentro del mismo Estado, que los programas lleguen; hemos estado preocupados por alcanzar una regulación dentro de las mismas cooperativas para que legalmente ellos puedan tener una representación ante cualquier problema que se les presente.

Por eso yo considero que todos debemos estar conscientes de algo: que estamos trabajando para México; que estamos trabajando por los partidos que representamos. Pero al final, lo que nos interesa es la sociedad, es el pueblo y es México.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Gracias, señora diputada.

Tiene la palabra el diputado Arturo Herviz Reyes, del grupo parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.

El diputado Arturo Herviz Reyes:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras diputadas y diputados:

Hoy, a 10 meses de Gobierno, tenemos que ir buscando mecanismos para darle rumbo precisamente a este Gobierno. Pero también tenemos que buscar soluciones a los problemas ancestrales que tenemos en este país. Y tenemos graves problemas en todos los sectores. El campo, todos sabemos que está desarticulado y olvidado. Los pescadores, que es una situación muy grave que se vive y efectivamente el punto de acuerdo es importante, pero aquí la pregunta, ¿Por qué las contradicciones del PAN? ¿Por qué no este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución? ¿Por qué votar en contra cuando sabemos que hay diputados aquí de Veracruz y que conocen a muchos pescadores, de Sinaloa, en fin, de todos los estados que tienen pescadores y son del PAN y votan en contra?

Lamentamos esa decisión, porque no tienen absolutamente ningún pretexto; no se está diciendo una cantidad específica que vaya a afectar directamente el presupuesto. Se está planteando un criterio que es importante, en un programa que ya existe de empleo temporal. No ha planteado ningún programa nuevo el Gobierno de Fox, sigue con los mismos programas del PRI, pero en ese sentido el Programa de Empleo Temporal, que es importante para los tiempos de veda, ¿de qué viven nuestros pescadores? ¿Han analizado las repercusiones que tienen nuestros pescadores en tiempos de veda? ¿De qué viven? ¿De qué se sostienen? muchos, muchos pescadores violentan la etapa de veda ¡van y pescan! y con esto hay repercusiones que afectan obviamente los ecosistemas.

Pero también hay repercusiones de carácter social cómo viven nuestros pescadores y al final tenemos repercusiones de carácter judicial; ¿por qué? ahí está el caso de los pescadores de Pátzcuaro, quienes interrumpieron la veda, fueron detenidos; posteriormente ellos la Semarnap actuó, ellos detuvieron, retuvieron a algunos funcionarios de la Semarnap y ahora no están detenidos porque hayan violentado la veda; ahora están consignados a 20 años por secuestro a funcionarios federales.

Creo que la propuesta de la mayoría de los diputados de los grupos parlamentarios en este sentido es correcta y lamentamos mucho que el PAN no visualice la urgencia de que este punto de acuerdo debería de ser de urgente y obvia resolución, creo que esto le va a quedar al PAN como experiencia para que en lo sucesivo valoremos nuestra votación y no nos veamos con posturas totalmente encontradas que al final, creo que si se valora, al final podremos coincidir en puntos de acuerdo en bien de los pescadores y, desde luego, en bien del pueblo de México.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Jaime Larrazábal Bretón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Jaime Arturo Larrazábal Bretón:

Muchas gracias, señora Presidenta; compañeras diputadas; compañeros diputados:

Trataré de reiterar lo que aquí ya se ha dicho y que tiene qué ver con el trámite a una propuesta que un compañero diputado, a nombre de diputados de varios estados de la República en donde tenemos litorales, hizo a favor de la mayor parte de los pescadores de este país.

De este país, México, que cuenta con 12 mil kilómetros de litoral que desaprovechamos y que tenemos subutilizados por malas políticas diseñadas por el Gobierno Federal, por los gobiernos estatales y que hoy se encuentran y se frenan frente al obstáculo de la burocracia en la que meten al Congreso de la Unión.

Acabamos desafortunadamente de desechar un trámite de urgente y obvia resolución y yo vengo a esta tribuna no a ganar un debate ni tampoco a agraviar a mi adversario. Vengo con el antecedente de haber hecho hasta la fecha cuatro propuestas que tienen que ver con los pescadores ribereños y de alta mar, sobre todo los ribereños, que son los que menos tienen, pero también los que menos nos creen.

Y ahí quiero decir que de qué sirve el trabajo que hicimos los diputados de este Congreso, que inventamos foros de pesca en todo el país, que recogimos, entre otras, estas propuestas y hoy, en un trámite, estamos echando prácticamente al bote de la basura.

Hasta esta fecha y quiero decir algo que es fundamental para que se entienda por parte de nuestros compañeros Gutiérrez Machado y López Brito. Hace 400 días vine a hacer una propuesta para favorecer a los pescadores ribereños de la costa del Estado de Oaxaca, en relación a la pesca del atún.

Hace 400 días se hizo la propuesta y aún no hemos conocido el dictamen de la comisión respectiva. Esto es grave. Esta es la burocracia en la que estamos cayendo y que no debemos de seguir fomentando.

Hablamos hace unos días sobre el turismo social y tiene que ver con los pescadores. Hablamos el día de ayer mismo del tema de la zona federal marítimoterrestre y también tiene qué ver con los pescadores. Hablé del atún y tiene qué ver con los pescadores.

Yo quiero señalar y subrayar algo que daría el voltear la hoja al tema de que aquí se viene a decir de las prisas, no son prisas nuestras, son prisas de los que no tienen calzado, de los que no tienen escuela, de los que no tienen techo, de los que no tienen esperanza, de los más, de los que menos nos creen, de los que más esperan de nosotros y que en trámites como éstos, echamos a la basura la construcción de ideas de ilusiones y de necesidades que se tienen en los 12 mil kilómetros de litorales que tiene este país y que no estamos aprovechando.

Yo pienso que si el Partido Acción Nacional recapacita, hoy le hago yo una respetuosa excitativa para que el turno de este punto de acuerdo lo conozca de inmediato la Comisión de Pesca, lo tratemos como debe de ser, como debían de ser todos los puntos que aquí venimos a proponer, de urgente y de obvia resolución, que lo aprobemos, que lo vengamos a dictaminar al pleno del Congreso, que lo apoyemos y que no nos quedemos en las palabras y que nos ahorremos aquí frases que suenan a demagogia y que aquí se han dicho, me parece que innecesariamente: alguien de mis compañeros dijo: "nos da pena tener que votar esto por el trámite normal". No nos debiera de dar pena, nos debería de dar vergüenza.

No es ganar un debate, no es ganar yo para que pierdas tú; es que flexibilicemos las cosas nosotros que somos el Congreso, para que también nuestras propuestas deban ser tomadas por el Ejecutivo como debe de ser, porque el día de mañana que nosotros cercamos al Ejecutivo con una gestoría, cuando ya no hay respuesta financiera, la respuesta es: "que el Congreso nos dé más dinero".

Esta es una cuestión sería y ésta es una cuestión que debiéramos de reflexionar como tal, que dejemos la burocracia, que dejemos las pasiones, que actuemos no en las palabras ni en los discursos, que actuemos en las comisiones, que dictaminemos rápido y que demos respuesta a los miles de pescadores que hoy en un reclamo justo y en voz de un diputado y avalado por varios de nosotros, está haciendo un planteamiento no demagógico, sino un planteamiento de orden y de justicia social.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

He recibido la solicitud del proponente, de que el punto de acuerdo planteado se turne exclusivamente a la Comisión de Pesca. ¿Es así, señor diputado?

El diputado Edilberto Jesús Buenfil Montalvo
(desde su curul):

Sí.

La Presidenta:

En tal sentido corrijo el turno y se turna el punto de acuerdo exclusivamente a la Comisión de Pesca.

Tiene la palabra el diputado Enrique Herrera y Bruquetas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar...

El diputado José Alejandro Zapata Perogordo
(desde su curul):

Señora Presidenta:

Escuché que se iba solamente a la Comisión de Pesca este asunto, pero tratándose de recursos económicos y teniendo aquí el presupuesto y como se ha vinculado por todos los oradores de que se refiera a cuestiones presupuestales, yo consideraría que debe ser el turno inicial de presupuesto con opinión de la Comisión de Pesca.

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La Presidenta:

Le ruego, diputado Zapata y con todo gusto atenderíamos la solicitud en esta mesa directiva, pero he girado un turno y yo estaría atenta, de recibir la solicitud de la Comisión de Presupuesto, para corregir el turno. En el momento en que reciba la solicitud de la Comisión de Presupuesto, con todo gusto lo desahogamos.

PODER LEGISLATIVO

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Enrique Herrera.

El diputado Angel Enrique Herrera
y Bruquetas:

Diputada Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

México ha sido una nación de construcción solidaria a través de su historia. Luces y sombras se han alternado, pero entre todos, todos, hemos ido edificando un país soberano, independiente, que ocupa un lugar destacado en el concierto mundial. Obreros, campesinos, clases medias y empresarios, muchos empresarios esforzados, de visión nacionalista, han logrado una patria de la que todos nos enorgullecemos. Ideologías disímbolas se entrecruzan para lograr un tejido social fuerte y justo.

El Partido de la Revolución Democrática dialoga, escucha y respeta todas las expresiones del pensamiento libre. Donde hay autenticidad, donde hay autocrítica y donde hay buena fe hay política de la buena.

Respetamos, volvemos a repetir, respetamos a todos aquellos que defienden con honestidad sus puntos de vista, cualesquiera que éstos sean, pero al mismo tiempo rechazamos enérgicamente a los mercenarios y a los golpistas de siempre.

Los principales beneficiarios del Fobaproa están nerviosos. Los que sexenio tras sexenio fueron colaboradores serviles o chantajistas a ultranza, están molestos. Los que siempre hicieron grandes fortunas al amparo del favor oficial, están ofendidos, están asustados, están iracundos. ¡A la cárcel, a la cárcel iban los hombres de izquierda, los de derecho al tedeum presidencial! Los que conformadamente año con año, hace 40 años, han llenado los espacios de los periódicos, de la radio y de la televisión con elogios al Presidente de la República en turno, ya fuera por las devaluaciones económicas o por las privatizaciones sumarias convertidas en ventas de garage, están temerosos.

¡Los servidores de la antipatria, fieles personeros del capital monopolista internacional, se rasgan las vestiduras! Los explotadores del obrero y del campesino lloran sus desventuras. No han tenido nunca amor a la patria; su único dios ha sido el dinero; ellos están por la limosna, no por la justicia.

Revisemos la historia, revisemos la historia, que hay un tomo de Gastón García Cantú: El Pensamiento de la Reacción Mexicana de 1810 a 1962 y podía haber cinco más de 1962 a la fecha. Revisemos la historia: la reacción ha dejado honda huella de traiciones en la nación mexicana.

Los riquillos que vinieron en días pasados a llorar sus desventuras son sus muy dignos representantes. México los conoce y los ubica. Ellos fueron los enemigos acérrimos del Libro de Texto Gratuito, los adversarios de los desayunos escolares, del Seguro Social y del ISSSTE. Los opositores de siempre al artículo 3o., al 27 y al 123. Los que cuando las cosas no caminan como ellos quieren, sacan a gritos su dinero del país. Nunca, pero nunca, han estado con los que nada tienen; su discurso siempre ha sido fariseo.

Los reaccionarios, en minoría por cierto, de la Coparmex, porque ya empezaron los deslindes, hoy en los medios aparece el deslinde de Carlos Slim, los reaccionarios de la Coparmex que con su conducta dan vida a la lucha de clases... ¡dije que con su conducta dan vida a la lucha de clases!, no deben olvidar que no puede haber progreso ni paz social para México sin justicia para obreros y campesinos, clases medias y pequeños empresarios.

Esta Cámara de Diputados ha trabajado, trabaja y trabajará para servir al pueblo y a la nación mexicana y no acepta adjetivaciones de quienes quisieran convertirla de rodillas en gestores de sus mercenarios y personales intereses.

Los reaccionarios de la Coparmex que nos visitaron se equivocaron, se equivocaron mucho. La nación los ha ubicado, revisemos los periódicos, como lo que siempre han sido, vulgares golpistas de Estado.

Por lo anteriormente expuesto, presentamos a la consideración de esta Cámara, el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Que con todos los grupos parlamentarios se elabore y se dé a conocer a la opinión pública un documento donde quede perfectamente claro el ser y el hacer de esta Cámara, de esta legislatura y su probada preocupación y lo hemos vivido, todos, desde el primer día, por servir al pueblo y a la nación mexicana.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

Sobre el mismo tema ha solicitado hacer uso de la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Norma Patricia Riojas Santana, del Partido de la Sociedad Nacionalista.

La diputada Norma Patricia Riojas Santana:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras diputadas y diputados:

Los diputados del Partido de la Sociedad Nacionalista, sin calificar la forma en que los empresarios miembros de la Coparmex calificaron, este honorable Congreso de la Unión y reconociendo su derecho de expresión y manifestación de sus ideas, tal como lo establece nuestra Carta Magna, son válidas, pudiendo ser retomadas para beneficio de la sociedad, siempre y cuando se realicen de manera objetiva y propositiva. Coartar esta libertad sería una negación al derecho de expresión y un retroceso en nuestra actual democracia.

Para el Partido de la Sociedad Nacionalista es importante que la población tenga conocimiento de que en la actual legislatura se está trabajando con conciencia, tolerancia, buscando consensos con los cuales se vean favorecidos todos los mexicanos y este trabajo se realiza en las diferentes comisiones y órganos que se han creado para dar cabida a todas las propuestas de la sociedad y en su conjunto que lleguen a través de los legisladores de esta Cámara.

La LVIII Legislatura tiene que mostrar madurez e inteligencia, porque bajo ninguna circunstancia debemos destacar una guerra de papel, porque los intereses supremos de la nación están por encima de cualquier encono.

Los nacionalistas sostenemos que es dentro del diálogo y la negociación como debemos resolver los problemas de México.

En el Partido de la Sociedad Nacionalista reconocemos que en estos tiempos de cambio, de reacomodo de un nuevo orden económico, político y social, es necesario un Congreso a la altura de estos tiempos. Es necesario que nuestro raciocinio esté por encima de nuestras reacciones y de nuestras actitudes viscerales. Es necesario impulsar el diálogo entre todos. El cuestionarles, el expresar su opinión o su sentir en estos momentos, sería actuar en contra de lo que sostenemos en esta tribuna.

Nosotros, los diputados, por ningún concepto debemos de caer en la soberbia de no permitir que nada ni nadie cuestione nuestro trabajo. Es así que el Partido de la Sociedad Nacionalista, desde esta alta tribuna, hacemos un llamado a la nación, a la unidad, a la unidad de todas y todos los mexicanos, para que conjuntamente, independientemente de nuestras diferencias, pongamos como premisa y recordemos permanentemente que antes que los diputados, antes que los medios de comunicación, antes que todo, la patria es primero.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta:

Túrnese el punto de acuerdo… ¿si diputado García Farías? Con todo gusto, diputado Farías. Diputado García Farías voy a dar el turno e inmediatamente le concedo el uso de la palabra.

Túrnese el punto de acuerdo a la Conferencia para la Programación de los Trabajos Legislativos.

Tiene la palabra sobre el tema, hasta por cinco minutos, el diputado Rubén García Farías.

El diputado Rubén García Farías:

Muchas gracias, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Me ha interesado hacer uso de esta tribuna porque para mí el tema es de la mayor importancia para la nación y quiero hacer de una buena vez una muy pertinente aclaración.

Hago uso de la palabra a título personal como integrante de esta Cámara, ante mis pares, ante representantes populares de todas las fuerzas políticas de la nación.

Creo que efectivamente con la presencia, como dijo el diputado Herrera, de los riquillos ante las fuerzas de este recinto de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, estamos sufriendo un amago, una amenaza; la presencia de los empresarios es ominosa y execrable. Creo que el punto de acuerdo que va a ser turnado debe también contemplar la exigencia de los empresarios de que se vote a favor del IVA en alimentos, medicinas, colegiaturas y libros.

Nos dicen los empresarios que nosotros no somos capaces de llegar a consenso. Deben de saber los cacerolistas de la Coparmex que no llegamos fácil a un consenso, no porque no podamos entender el asunto fiscal en esta Cámara de Diputados, sino porque eminentemente el pueblo de México abomina de esa reforma fiscal.

Nosotros, en lo personal su servidor, que he manifestado mi decisión de votar en contra de la reforma hacendaria presentada por Vicente Fox, lo hago no por un capricho, sino porque obreros, campesinos, maestros, personas de las clases medias y aun empresarios de mi Estado y de otros lugares por donde he transitado, me han exigido que así me comporte en la Cámara de Diputados

¿Por qué los empresarios de la Coparmex en lugar de acudir a este recinto no van a las colonias populares, a las comunidades rurales, con los indígenas, con quienes van a sufrir si es que aceptáramos que subiera el IVA, que se implantara el IVA en estos rubros?.

Yo creo que los empresarios están cometiendo un exceso, porque tienen una aspiración: decidir por el pueblo de México. No les interesan las grandes masas campesinas y obreras depauperadas; les interesa seguir teniendo ganancias multimillonarias para sus negocios.

Por eso, creo que debemos de repudiar… yo repudio la política seguida por las iniciativas privadas, por el sector privado. Yo repudio el posible entendimiento entre el Presidente de México y estos sectores de la oligarquía financiera capitalista del país. De haber esta conjunción, habría de ser el fascismo el que se enseñoreara sobre nuestro país.

He de votar en contra y voy a calificar también a los ricos empresarios de mi patria. Nos dan calificaciones deleznables; yo les doy a los empresarios reaccionarios de la Coparmex, por explotadores, por enriquecidos con la miseria del pueblo, menos de un cero de calificaciones.

Gracias.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado José Antonio Calderón Cardoso, del Partido Alianza Social.

El diputado José Antonio Calderón Cardoso:

Gracias, señora Presidenta; diputadas y diputados:

He de confesar que vengo a esta tribuna porque a nadie le gusta ser reprobado por alguien que por cierto no sabemos cuáles fueron los métodos o los intereses que utilizaron para descalificarnos.

Pero más allá de esto y antes de hacer las reflexiones que quiero compartir con ustedes, quisiera asentar dos cosas para no ser objeto nuevamente de un punto cinco o tal vez de un cero.

Primero. No estamos en contra de que todos los sectores, inclusive desde luego los empresarios, hagan uso del derecho a la libre expresión. Podemos estar en contra de lo que dicen pero, como señalara Voltaire, respetaremos siempre el derecho que tienen para decirlo.

Tampoco, por cierto, estamos en contra de la clase empresarial o del capital; el capital, señoras y señores, es uno de los factores de la producción y cuando el capital es bien habido, puede ayudar a generar riqueza y a generar empleos.

Entonces, pues, para que no se cubran después algunas personas, diremos que tienen derecho a expresarse y que el capital, repetimos, es importante en el desarrollo de la riqueza.

¿Qué es lo que a nosotros nos preocupa, amigas y amigos diputados?

Lo que a nosotros nos inquieta es el fondo de la manifestación; lo que a nosotros nos inquieta es el fondo o la interpretación que podemos darle a la descalificación de esta institución pública.

¿Qué es lo que les molesta a los empresarios o más bien a algunos de ellos?

Que no se apruebe alguna reforma como ellos la desean; que no se apruebe una reforma que en todo caso busque disminuir sus ganancias para que el pueblo pobre tenga un mejor nivel de vida.

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¿Qué es lo que les preocupa a los empresarios que en todo caso sus negocios sigan teniendo pingües ganancias y que el costo nuevamente del desarrollo sea en las espaldas del pueblo pobre? ¿No será acaso que los empresarios lo que quieren es presionarnos para que se haga la voluntad en los bueyes del compadre?

Pero todavía más y ya que los señores entraron en una situación entiendo yo subjetiva, tenemos en todo caso el derecho también para entrar a las elucubraciones y yo apuntaría una: será acaso que un sector de empresarios quiso, de manera abierta, tácita o explícita, seguir la misma línea de presión de la Presidencia de la República. ¿Acaso están siendo impulsados directamente por la Presidencia de la República o en todo caso quisieron hacerle un flaco favor a la Presidencia en la búsqueda del desprestigio de este poder?

Yo quisiera recordar a ese sector de empresarios, que hay un principio que yo espero que reconozcan, que es el principio de la subsidiaridad y que significa que el que más tiene, más puede y más sabe, ayude al que menos tiene y al que menos sabe.

Yo me preguntaría entonces también, ¿cuál es el compromiso social de los ricos y de los poderosos de este país, cuando tradicionalmente ellos se han venido beneficiando con los rescates y con los apoyos aviesos de algunos sectores del Gobierno?

Para terminar quisiera señalar, amigas y amigos legisladores, que como dijera Fernando La Salle, que una constitución no es otra cosa, sino un fuego o una relación de los factores reales de poder. Yo me preguntaría si el factor real de poder, que es la clase pudiente de este país está dispuesta a asumir un compromiso político, social y solidario en el desarrollo o van a preferir haciéndolo como en los últimos años, que el costo del desarrollo de nuestra nación lo siga pagando precisamente la clase más pobre. ¿Acaso quieren seguir manteniendo a algún sector, repito, la idea de que el hilo se rompe por lo más delgado?

Yo quiero solamente terminar señalando en esto de las elucubraciones, que los peligros, lo verdaderamente peligroso es que no existen equilibrios en este país y que primero viene el poder económico, después el poder mediático y teniendo el poder económico y el poder mediático, el poder político es fácil de conseguir.

Lo siento, yo en todo caso seguí una misma línea que los que vinieron a presionarnos afuera también la hicieron.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

PODER LEGISLATIVO (II)

La Presidenta:

Para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre la declaración y fiscalización de la Coparmex; tiene la palabra el diputado Víctor Antonio García Dávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Víctor Antonio García Dávila:

Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo y Convergencia por la Democracia, con fundamento en lo que se dispone en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acude a esta tribuna para presentar proposición con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se pronuncie en contra de las acciones de denostación hacia los integrantes de este órgano legislativo realizadas por la dirigencia de la Confederación Patronal de la República Mexicana, bajo las siguientes

CONSIDERACIONES

En principio, queremos aclarar que nuestro grupo parlamentario y Convergencia por la Democracia no le vio mayor importancia a este suceso, ya que la misma se realizó al amparo de las disposiciones constitucionales que garantizan a todos lo mexicanos la libertad de asociación y de reunión, así como de la libre expresión de las ideas; sin embargo, más allá de la simple reunión, el motivo de la misma es cuestionable, la evaluación del trabajo que los integrantes de dicha organización patronal realizaron respecto del trabajo de los legisladores es por decir lo menos, "papito" ya que carece de metodología científica que explique los resultados obtenidos.

Más allá de lo anecdótico de dicha evaluación, la Coparmex, cual dios tronante en el día del juicio final, juzga lo mismo a diputados vivos, que a diputados muertos; juzga lo mismo a diputados en funciones, que aquellos que se separaron de su función legislativa, reprueba a la gran mayoría de los legisladores y concluye que en esta Cámara de Diputados no se trabaja.

Los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo y Convergencia, estamos ciertos de que esta manifestación se inscribe en el conjunto de medidas de presión iniciadas por el Presidente de la República y continuadas por sus mercachifles, en este casi dicha organización patronal, para lograr que se apruebe el "reformón fiscal" del presidente Fox.

Desde luego que es claro que la parte patronal desea que la propuesta foxista se apruebe sin cambios, ya que ahí se plantea la disminución del impuesto sobre la renta a las personas físicas de altos ingresos y por supuesto que a ellos no les interesa que esta pérdida de ingresos tributarios se compense con el incremento del IVA a medicinas y alimentos, situación que lesionaría severamente a las clases marginadas y de menor capacidad económica.

Estamos convencidos de que el Gobierno de la República y esta organización patronal, como no le pueden dar al pueblo pan, refiriéndonos al alimento, entonces le dan circo, refiriéndonos a los otros, creyendo que con estas conductas distraerán indefinidamente al pueblo, prueba de ello son la sarta de despropósitos que el Ejecutivo Federal ha cometido y que pasan desde el lucimiento de su incultura hasta su confrontación con el Poder Legislativo o con la prensa.

En ese contexto, la actitud de la Coparmex nos lleva a la reflexión de que nuestro trabajo como legisladores se debe dar en beneficio de la población toda, no del sector más rico de este país. En esta situación nuestro trabajo consiste en equilibrar los extremos, lo que no podemos permitir es el inicio de conductas "caserolistas" como la que tuvo la burguesía chilena en 1973 en contra del presidente Allende.

Ahora que la Coparmex enfila sus baterías de descalificación en contra de los legisladores, les decimos que como representantes de la nación y sin olvidar nuestro origen, los legisladores tendremos presente siempre el beneficio de todos los mexicanos. Estas actitudes fascistas en nada abonan a la consolidación del régimen democrático, da nada sirve para probar el denominado "reformón fiscal". La Coparmex, como muchos grupos de mexicanos, han sido recibidos en esta soberanía, siempre serán escuchados, ya que son un grupo organizado que en libertad planea sus respuestas y sus propuestas, pero no son esas actitudes infantiles las que ayudan para conseguir consensos, obedecen sólo al patrón de los patrones, el hijo desobediente.

En el caso de los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo y Convergencia por la Democracia y a contrario sensu la calificación de la Coparmex nos hace entender que vamos en el camino correcto, ya que nuestro compromiso es obtener logros que beneficien a las mayorías marginadas de nuestro país.

Si la Coparmex quiere hacer algo por el país, debe de ocuparse de generar más empleos, debe abstenerse de defraudar al fisco, debe repatriar de bancos extranjeros sus depósitos e invertirlos en México. En suma, se la deben jugar por México, como sí lo hace el pueblo mexicano allá afuera.

«Compañeras y compañeros diputados: por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo que se dispone en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a su consideración la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

Artículo único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se pronuncia en contra de las acciones de demostración hacia los integrantes de este órgano legislativo, realizadas por la dirigencia de la Confederación Patronal de la República Mexicana.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 13 días del mes de noviembre del año 2001.— Diputados: por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, Alberto Anaya Gutiérrez, José Narro Céspedes, Rosalía Peredo Aguilar, Jaime Cervantes Rivera, Rosa Delia Cota Montaño, Félix Castellanos Hernández, servidor, Víctor Antonio García Dávila, Juan Carlos Regis Adame, Humberto Mayans Canabal, Independiente y Juan Manuel del Río Virgen, por Convergencia.»

Muchas gracias.

La Presidenta:

Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

PODER LEGISLATIVO III

La Presidenta:

Esta Presidencia informa al pleno que se ha recibido una comunicación de la Conferencia, suscrita por los coordinadores de los grupos parlamentarios y por la Presidencia de la Cámara.

Le solicito a la Secretaría dé lectura de la misma.

La secretaria Martha Silvia Sánchez

González:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal. — Cámara de Diputados.

DECLARACION

1. La diputación de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión sabe y reconoce el legítimo interés de la sociedad mexicana y de sus agrupaciones por el trabajo y la orientación de las decisiones legislativas de esta Cámara.

2. Es de suma utilidad para el ejercicio de la política democrática que las distintas voces de la sociedad se articulen y expresen públicamente puntos de vista en materias tanto de interés particular como del interés general de la ciudadanía. La libertad de expresión es una garantía constitucional irrenunciable. Bienvenida la manifestación de las ideas. Reafirmamos nuestro compromiso de ejercer y defender la libertad de expresión, de hacer y recibir la crítica como oportunidad de mejoramiento y corrección, pero, sobre todo, refrendamos nuestro compromiso por defender y ejercer nuestras funciones legislativas y políticas, en mérito del argumento y no de la presión o del chantaje; en aras de la justicia, no del aplauso o la simpatía banal; sin más requisito que el respeto a la posición del otro.

3. La presente legislatura de la Cámara de Diputados sabe y reconoce el compromiso de los empresarios mexicanos en la creación de empleos y la generación de ingresos y de la capacidad de los inversionistas nacionales para asumir riesgos y para contribuir al desarrollo de México.

4. Las condiciones inherentes a un sistema democrático, como el que constituye la etapa actual de las instituciones mexicanas, hacen que sea inadmisible que la expresión de un grupo, por respetable y valiosa que éste sea, se pretenda convertir en instrumento de imposición a instancias decisorias de la sociedad mexicana, que a través del voto las convirtió en Gobierno, como es el caso del Poder Legislativo. Nuestra obligación es velar por el interés de todos y no sólo de una parte. Esta Cámara está sujeta a reglas y prácticas políticas en tiempos y en formas y se encuentra en una etapa que la singulariza por el principio y la búsqueda de amplios consensos cuyo logro requiere de deliberación, negociación y un complejo ejercicio de conciliación de intereses.

5. Para evaluar el desempeño de los legisladores existen ordenamientos. Concretamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica del honorable Congreso de la Unión. La ciudadanía tiene acceso y recurso a esas normas, a las que se agrega la sanción periódica en donde se expresa la voluntad ciudadana, que es el proceso electoral. Bienvenida la crítica objetiva, por severa que parezca. Bienvenida la crítica, mejor la propuesta. Rechazo categórico a cualquier pretensión de descalificar o de calificar por diferencias ideológicas o programáticas.

Como representantes populares, con origen y mandato legítimo, producto de un proceso electoral incuestionable, podemos juntos convocar a la corresponsabilidad de todos los mexicanos en la consolidación de la República.

6. Estamos comprometidos en hacer del desempeño político un ejercicio público: seguiremos procesando los consensos y los disensos en forma civilizada, como expresión del ejercicio democrático e institucional que nos han encomendado; seguiremos transparentando a través de los medios a nuestro alcance el trabajo que estamos realizando y nos sometemos al escrutinio de nuestros representados.

La diputación de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, escucha y recoge, en el diálogo respetuoso, todas las formulaciones y propuestas temáticas que enriquezcan la representatividad que se ejerce en el trabajo legislativo mirando siempre por el interés superior de la nación. Desde esa posición, esta legislatura estará atenta a todas las opiniones que fortalezcan al consenso social y el equilibrio de poderes en México; las comisiones respectivas seguirán actuando con apertura y tolerancia. Ninguna provocación socavará nuestra voluntad de seguir siendo un foro plural, de análisis y debate en donde todas las expresiones de los grupos sociales y de interés tengan interlocución. Apertura, tolerancia y respeto para todos aquellos que quieran aportar al proceso legislativo del país. Plena independencia ejerciendo la potestad del Poder Legislativo, en la emisión de nuestro voto soberano y representativo de la pluralidad de la nación.

3148,3149,3150

Palacio Legislativo, San Lázaro, a 14 de noviembre de 2001.— Diputados: Beatriz Elena Paredes Rangel, presidenta de la mesa directiva; María Elena Alvarez Bernal, Eloy Cantú Segovia, Eric Eber Villanueva Mukul, vicepresidentes; Martha Silvia Sánchez González, Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, Adrián Rivera Pérez, secretarios; Felipe Calderón Hinojosa, coordinador del grupo parlamentario del PAN; Rafael Rodríguez Barrera, coordinador del grupo parlamentario del PRI; Martí Batres Guadarrama, coordinador del grupo parlamentario del PRD; Bernardo de la Garza Herrera, coordinador del grupo parlamentario del PVEM y Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del grupo parlamentario del PT.»

La Presidenta:

Insértese en la Gaceta Parlamentaria y publíquese.

El diputado Ricardo Francisco García
Cervantes (desde su curul):

Señora Presidenta.

La Presidenta:

Sí, diputado Ricardo García Cervantes.

Activen el sonido en la curul del diputado García Cervantes.

 El diputado Ricardo Francisco García
Cervantes
(desde su curul):

Señora Presidenta, esta Asamblea tomó conocimiento de un documento aprobado en la Conferencia. Yo quiero impugnar las facultades de la
Conferencia para presentar ese documento. En su caso correspondería a la Junta de Coordinación Política, quien tiene la facultad de proponer al pleno resoluciones que involucren posicionamientos políticos, para que sea la expresión de la Asamblea, la expresión de la Cámara de Diputados.

La Presidenta:

Diputado García Cervantes, aprecio mucho su planteamiento. Sin embargo, este documento al que se ha hecho lectura es una "declaración", es una declaración. En ese sentido ésta es una declaración que se da en el marco del órgano superior de la Cámara de Diputados en donde concurre la Presidencia del órgano de gobierno que es la mesa directiva y la presencia de los coordinadores de los grupos parlamentarios.

En ese sentido, por ello lo que hizo la Secretaría fue dar a conocer al pleno una declaración. Hay dos puntos precedentes que suponen el análisis de posicionamientos políticos que han sido turnados y fue juicio de los coordinadores parlamentarios el que la Conferencia puede emitir declaraciones puesto que no hay ningún ordenamiento ni en la Ley Orgánica ni en el Reglamento que se lo prohiba.

Continúe la Secretaría y le solicito a la diputada Genoveva Domínguez Rodríguez, del grupo parlamentario....

El diputado Martí Batres Guadarrama
(desde su curul):

Señora Presidenta.

La Presidenta:

¿Diputado Martí Batres?

El diputado Martí Batres Guadarrama
(desde su curul):

Sí, señora Presidenta. Quisiera hacer algunos comentarios sobre el tema en cuestión.

La Presidenta:

¿El tema anterior?

El diputado Martí Batres Guadarrama
(desde su curul):

Así es.

La Presidenta:

Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Martí Batres.

El diputado Martí Batres Guadarrama:

Con su permiso, señora Presidenta:

No quiero referirme a un hecho muy particular, pero sí a la situación que estamos viviendo, no desde la semana pasada sino desde hace semanas, alrededor de las discusiones que tiene la Cámara de Diputados, particularmente en torno al tema de la reforma fiscal y a diversas expresiones de algunos grupos de la sociedad.

Quisiera decir que cada grupo de la sociedad, cualquiera que sea, tiene la libertad de manifestar lo que piense, libertad consagrada en la Constitución.

Podemos o no coincidir en lo que se diga, en lo que se manifieste o no, pero cada sector de la sociedad expresa lo que considera.

Sin embargo, quisiera yo ir más allá y señalar que estamos atrapados en una especie de discusión enrarecida, absurda, ilógica y en cierto sentido hasta ilegítima.

Aquí el diputado Jaime Martínez Veloz ha planteado de manera abierta la idea de realizar auditorías a los servidores públicos que obtienen su cargo por la vía del voto popular, contrastando lo que han ofrecido en campaña con lo que es su obra de gobierno o su obra legislativa.

Quiero retomar el hilo de este planteamiento, porque me parece que ése es un punto central que tiene qué ver con esta discusión y con este ambiente que estamos viviendo.

Nosotros nos preguntamos: ¿por qué va a haber una presión sobre nosotros a partir de que no hemos aprobado una propuesta que nunca ofrecimos en campaña?, ¿por qué nos presionan para aprobar el IVA en medicinas y alimentos si nunca en campaña dijimos que queríamos el IVA en medicinas y alimentos? Nos parece que aquí hay una gran incongruencia desde el exterior.

¿Por qué nos descalifican, incluso, a partir de que no hemos aprobado el IVA en medicinas y alimentos? No es lógico, no es coherente y no es legítimo, porque nunca ofrecimos en campaña, venir a proponer aquí, a la Cámara de Diputados, eso, nuestras propuestas son otras y queremos que nos evalúen por nuestras propuestas, como lo ha sugerido el diputado Martínez Veloz.

Punto por punto hay una plataforma que presentamos, y que nos digan qué punto de esa plataforma sí cumplimos y cuál no cumplimos, pero ésa es la base de nuestra evaluación, porque las cosas deben ser completamente al revés, aquí en realidad tendría que haber una evaluación muy crítica del presidente Vicente Fox, porque nunca en campaña propuso imponer el IVA en medicinas y alimentos.

Es más, planteó que era posible ampliar la recaudación, sin aumentar impuestos, y dijo cómo: combatiendo la corrupción, combatiendo la evasión fiscal, recuperando recursos del derroche, transfiriendo recursos a las entidades federativas. Bueno, entonces, la evaluación crítica se tiene que hacer, a partir del incumplimiento que sobre su oferta electoral hizo el ciudadano Vicente Fox.

Pero a nosotros, a cada legislador y a cada grupo parlamentario, que nos digan si hemos cumplido o no con lo que ofrecimos en campaña, ahí sí, nos parecería muy lógico, legítimo y absolutamente necesario. Por eso comparto el concepto central que ha difundido el diputado Martínez Veloz, sobre la auditoría política.

Que nos digan a nosotros, si en el punto de la reforma fiscal no hemos propuesto lo que ofrecimos y que nos critiquen cuando nos apartemos de lo que ofrecimos, porque si no es así, el discurso en una campaña electoral, se vuelve un mero engaño. Entonces, ¿qué se ofrece en campaña electoral, cuando lo que se propone una vez estando en el cargo público es completamente distinto?

Así es que aquí lo que requerimos, es que la evaluación, sea de quien sea, de la sociedad, de los propios legisladores, de cualquier esfera, se base en el contraste entre lo que se dice en campaña y lo que se hace como servidor público, de otra manera, no habría punto para hacer una evaluación legítima.

Por lo demás terminaría diciendo, que nosotros, aún teniendo discrepancias con el Presidente, si queremos ayudarlo, es más, manifestamos todo nuestro empeño en ayudarlo a cumplir sus promesas electorales. Ya lo dijimos aquí, no le decimos que aplique nuestro programa, lo que le decimos es que por lo menos aplique su propia plataforma electoral.

Y si el Presidente va a trabajar para cumplir con su plataforma electora, ahí lo apoyaremos. Y como en su plataforma electoral no está lo del IVA en medicinas y alimentos, ahí no lo podemos apoyar.

Muchas gracias, por su atención.

ESTADO DE VERACRUZ

La Presidenta:

Gracias.

Continuando con el orden del día se concede el uso de la palabra a la diputada Genoveva Domínguez Rodríguez del grupo parlamentario de la Revolución Democrática, para presentar un punto de acuerdo en relación con el pacto indígena veracruzano.

La diputada Genoveva Domínguez Rodríguez:

Con su permiso, señora Presidenta:

«Proposición con punto de acuerdo. Palacio Legislativo, San Lázaro, 14 de noviembre de 2001. Compañeras y compañeros diputados: la tolerancia es una cualidad que en la vida política de cualquier país, viene a engrandecer los valores humanos e impulsa a la sociedad a un nivel más justo de vida, más democrático, más creativo, más comprensivo.

En México, por fortuna tenemos un sistema político de división de poderes, en el cual las responsabilidades inherentes a cada uno de ellos se ejercen por mandato y en beneficio de la ciudadanía en general. Nada hay más valioso que la tolerancia y la armonía para el ejercicio del poder.

Gobernar con tolerancia también pude ser el mejor instrumento para proyectar los valores humanos. Un gobierno tolerante y un gobierno creativo puede contribuir a engrandecer la cultura del bienestar social.

Las frases emanadas de nuestra Carta Magna que dicen: "protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y todas las leyes que de ella emanen y si no lo hiciere así, que la nación me lo demande", nos recuerdan que hace tres años allá en Veracruz así juró ante el pueblo veracruzano el gobernador, el licenciado Miguel Alemán Velasco, mismo que a la fecha no sólo no ha cumplido sus promesas de campaña, sino que ha utilizado el poder para demostrar sus actitudes fascistas y represoras contra el pueblo que ilusionado, lo llevó al palacio de gobierno.

Un ejemplo claro es la indiferencia a la problemática y a los graves conflictos que en diferentes estratos de la sociedad veracruzana ocurren, pero que se recrudecen más, mucho más en las poblaciones más marginadas, en particular en las zonas indígenas del Estado de Veracruz que viven en una cruda realidad, por lo que cansados de la impunidad, del hambre y de la desesperación, los indígenas veracruzanos se han unido en un gran pacto indígena veracruzano dentro del marco jurídico constitucional.

Esta forma de organizarse para plantear sus problemas a una respuesta trágica y funesta por parte del gobierno que ha provocado hasta la fecha muertos, lisiados, encarcelados y perseguidos políticos que tienen a las comunidades indígenas en estado de grave tensión sicológica, de depresión y de inseguridad, ya que toda aquella persona que se pone al frente de esta lucha indígena es intimidada y hasta amenazada de muerte, como es el caso de su servidora.

Incluso se llegó al límite de la barbarie política ayer, aquí en esta Cámara, en donde estuvieron presentes representantes de diversas comunidades del pacto indígena veracruzano; en la sala de prensa de este recinto ofrecieron una conferencia de prensa para plantear sus problemas, buscando ayuda y solidaridad de este honorable Congreso. Anexo a este documento el boletín informativo de la conferencia de ayer.

Como consecuencia de esto, al salir un representante de las comunidades indígenas del norte de Veracruz de nombre Lauro Cruz, fue intervenido, fue llevado a un automóvil con policía judicial y hasta esta hora tenemos conocimiento de que otras tres personas más del norte de Veracruz han sido detenidas por seguridad pública allá en Veracruz.

Este clima de intolerancia que ha caracterizado al gobierno de Miguel Alemán que no sólo es la ingobernabilidad, sino la negligencia de sus funcionarios en secretarías tan medulares como son la Secretaría de Seguridad Pública y sobre todo la Procuraduría de Justicia del Estado, que en manos del maestro Pericles Namorado Urrutia, se ha convertido en una institución más subordinada a los fines políticos particulares del Ejecutivo estatal y no al servicio de la sociedad veracruzana.

El gobierno de Alemán se ha caracterizado por violar sus propias propuestas en materia constitucional; por ejemplo, en la Constitución local del Estado de Veracruz, aprobada recientemente, señala en su artículo 5o. el reconocimiento a la composición pluricultural y multiétnica de la entidad federativa; el respeto y protección a las leyes, a sus culturas, a sus recursos y formas específicas de organización social. El derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas dentro del marco jurídico constitucional, su autonomía y sus formas de gobierno de acuerdo a sus usos y costumbres.

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Esta reforma a la Constitución local también contiene las figuras jurídicas, del plebiscito y referendum, mismas que ha sido objeto de elogios dentro y fuera de Veracruz, vertidos hacia el Congreso y el propio Ejecutivo del Estado. Sin embargo, en los hechos, el Congreso local y el gobierno de Alemán, no cumplen con los derechos establecidos en el artículo 5o. de la Constitución local en materia de derechos y cultura indígena.

Sería bueno que en el informe que presenta mañana por escrito al Congreso local el licenciado Miguel Alemán Velasco, mencionara puntualmente sobre los muertos, sobre los lisiados por las golpizas que les ha propinado la policía estatal.

Sería bueno que enumerara las diversas órdenes de aprehensión por delitos de conciencia y la lista de los presos políticos indígenas que existen en las cárceles veracruzanas, como es el caso del caso del reclusorio en Perote.

Pero lo que vemos venir seguramente será un informe maquillado, como tantos otros, sobre todo que aparezca como un buen gobierno, cuando la realidad indica todo lo contrario, pues no pueden ocultarse la existencia y necesidades de más de 800 mil indígenas en el Estado de Veracruz, que piden el respeto a su libre determinación, de acuerdo a sus usos y a sus costumbres.

Los indígenas han decidido marchar a la Ciudad de México. Por tal motivo responsabilizamos al gobierno de Miguel Alemán de los actos negativos que se puedan suscitar en la marcha que este día saldrá de las zonas indígenas a la Ciudad de México. Esta preocupación la expreso por los antecedentes de represión que hay en los tres años de gobierno de Alemán, de las marchas que no dejan llegar a la ciudad de Jalapa; que muchas han sido interrumpidas violentamente.

Por lo antes expuesto propongo el siguiente punto de acuerdo a consideración de esta Cámara.

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorte, por intermediación de la Presidenta de la mesa directiva, al titular del gobierno del Estado de Veracruz, licenciado Miguel Alemán Velasco, a respetar de manera incondicional el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: "los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas" a que respete también a los derechos humanos de los pueblos indígenas de Veracruz, que demandan atención a sus problemas.

Segundo. Que se forme de inmediato una comisión de diputados federales plurales, para que intervengan, protejan y acudan al llamado de los pueblos indígenas veracruzanos, específicamente los casos de Coyutla, de Xochiapa, de Zocohuite, de Progreso de Zaragoza y tomen cartas en el asunto, a fin de que se respeten las formas de organización y las garantías constitucionales de la población indígena veracruzana. Es urgente esta medida debido a los antecedentes y al clima de ingobernabilidad y de inseguridad que prevalece en las zonas indígenas del norte, del centro y del sur del Estado de Veracruz.

Firman los diputados: Genoveva Domínguez Rodríguez, Auldarico Hernández Gerónimo, Miguel Bortolini, Adela del Carmen Graniel, Alberto Anaya Gutiérrez, Martí Batres Guadarrama, Rafael Hernández, Rubén Aguirre, Rogaciano Morales, Luis Herrera Jiménez, Petra Santos, Arturo Herviz, José Manuel del Río Virgen, de Convergencia y Pedro Miguel Rosaldo y Rufino Rodríguez

Es cuanto, señora Presidenta. Muchas gracias.

Presidencia de la diputada
María Elena Alvarez Bernal

La Presidenta:

Gracias, señora diputada.

Para referirse al mismo tema, se concede el uso de la palabra al diputado Francisco Ríos Alarcón, del grupo parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.

El diputado Francisco Ríos Alarcón:

Con su autorización, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Quiero aclarar, primero que nada, que en Veracruz no existe ningún pacto indígena. El único pacto que existe en Veracruz es el que el gobernador, Miguel Alemán, convocara a todos los veracruzanos a la nueva aprobación de una nueva constitución, en donde todos los veracruzanos participemos a lo largo y ancho del Estado de Veracruz y que, sin lugar a dudas, fue del conocimiento que la legislatura pasada lo aprobara.

Es necesario ilustrar a esta Asamblea en donde la diputada que me antecedió en el uso de la palabra manifestara de que el gobierno de Miguel Alemán ofrece un gobierno intolerante; yo quisiera decirle lo contrario y quiero decirle a todos los compañeros que vengo a esta tribuna porque conozco del tema.

Represento a una de las comunidades y precisamente de donde es originario el compañero que el día de ayer, por razones seguramente justificadas, fue aprehendido, no reprimido, fue aprehendido.

Se nos informó, y también desde luego con la preocupación de que se trata de un indígena al cual nosotros también representamos, pedimos información del porqué había sido detenido. Lo cierto es que bueno, se nos ha informado que los diferentes motivos por el cual este señor, junto con otro compañero, fuerón detenidos, fue porque han incurrido en delitos. Lo cierto es que en la zona de Zocohuite, del municipio de Izhuatlán de Madero, en donde por más de un año el gobierno ha sido tolerante con estas personas, donde se ha tratado de buscar una salida de manera política y pacífica.

o cierto es que la gran mayoría de esta zona por más de un año ha estado sufriendo el no tener un transporte que tanto demanda la gente. Estoy enterado de que el día de ayer efectivamente fue aprehendida esta gente, pero lo cierto es que también estoy enterado que en esa zona, en la zona de conflicto, en la zona de Zocohuite, pues la gente ha reaccionado de manera normal y hubo comentarios que lo que quiere esta gente es que el problema se resuelva.

Y qué bueno que el licenciado Miguel Alemán haya tomado ya cartas en el asunto y que le dé la razón a quien la tenga.

Este es un problema que se ha venido padeciendo en la zona de Izhuatlán de Madero por más de un año, por lo que yo quisiera pedirles a los compañeros diputados de Veracruz y los que estamos involucrados en este tema a que seamos realistas y que veamos las cosas de manera positiva, porque los únicos afectados, los únicos que están padeciendo y la gente seguramente que nos está viendo ahorita lo sabe que lo que quiere, es que se solucione este problema, porque no podemos nosotros estar sujetos a la voluntad o al capricho de algunos campesinos o seudolíderes, como se les ha denominado en la zona.

Lo que quiere la gente es que se solucione el problema y una de las soluciones es que quiere que el transporte, sobre todo en esa zona de Zocohuite, se regularice.

No confundamos y quiero pedirle aquí a los compañeros la famosa tolerancia con la impunidad. Si esta gente y las autoridades competentes de ejercer la autoridad en el Estado de Veracruz giraron las órdenes de aprehensión, seguramente fue porque tienen sustento

Yo los invito a todos los compañeros diputados interesados en darle solución a este problema, no tan sólo el de Zocohuite, sino a otros que se han atravesado en el Estado de Veracruz, a que actuemos con congruencia, con mucha responsabilidad.

No debemos utilizar a los indígenas solamente para fines políticos; tenemos que hablar con ellos, tenemos que ser conscientes en cada uno de los temas, porque son distintos temas; no es uno solo, son distintos temas que se han planteado aquí. Pero el caso específico de la aprehensión de los compañeros que aquí se señaló, seguramente las autoridades competentes tienen elementos para poderlos haber detenido. Así es que mi invitación, compañeras y compañeros, que coadyuvemos, que ayudemos a la solución de estos problemas que solamente afectan precisamente a todos nuestros compañeros indígenas.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

Para rectificar hechos se concede la palabra hasta por cinco minutos a la diputada Genoveva Domínguez Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD.

La diputada Genoveva Domínguez Rodríguez:

Estoy de acuerdo en que este Congreso, en que los diputados federales del Estado de Veracruz, debemos sumarnos, debemos hacerle frente, debemos estar unidas todas las fracciones, del PAN, del PRI, del PRD, de Convergencia, para solucionar toda esta problemática que está dañando más que nada a los más desprotegidos; pero también hay que hablar muy claro.

La situación en Veracruz, más que caer en particularidades, es una situación que en lo general tiene una característica que en este país en diversos momentos de la historia de nuestro país en diferentes estados, en el Distrito Federal, se ha caracterizado por la represión. No podemos tapar el Sol con un dedo.

Cuando hablamos de represión estamos hablando de grandes movimientos que han marcado la historia en este país, como fue el de 1968, en donde se fabricaban delitos a diestra y siniestra.

Lo que ha pasado en el Estado de Veracruz tiene características de represión muy específicas. No se trata, creo, aquí, de que los diputados del PRI vengan a defender a Miguel Alemán Velasco, porque el mayor compromiso que tienen, lo tienen con la gente que los trajo aquí, por el electorado que confió en ellos. Están, y quiero recordarles, al servicio del pueblo de Veracruz; no al servicio del Ejecutivo estatal.

Quiero exhortar al Partido Acción Nacional, a los diputados federales veracruzanos, a que volteen sus ojos al Estado de Veracruz, a que se metan en el problema, que estén inmersos, porque pruebas hay, muy claras, hay todo un expediente de convenios firmados por diferentes autoridades de Veracruz, desde la subsecretaría de gobierno, desde la Secretaría de Seguridad Pública y hay aquí un convenio firmado allá en el norte de Veracruz, donde dice que el gobierno del Estado atenderá lo relativo a las denuncias existentes en las agencias del Ministerio Público de Xicontepec, levantada en los hechos, ocurrida en la comunidad de Zocohuite, a efecto de que dentro del marco de la ley se trate de que no se ejerzan acciones legales y penales para los integrantes del movimiento indígena.

Y un convenio así también se firmó en Xochiapa y también se firmó en Coyutla y también se firmó en Progreso de Zaragoza. Hay una gran cantidad de convenios, como prometerles que les darán permisos para que circulen sus camiones de transporte, como para prometerles lo que no les ha cumplido.

Yo creo que ya basta de que los funcionarios encargados de resolver los problemas en Veracruz firmen convenios, alienten esperanzas y no cumplan con sus responsabilidades. Yo hago un llamado, desde esta tribuna, a la sociedad veracruzana, a sus representantes, a sus diputados locales, para que se sensibilicen y recuerden que las zonas indígenas en Veracruz son de carne y hueso y no sólo son historia y que no sólo son zonas arqueológicas; están allá, son más de 800 mil y están sufriendo hambre, persecución y sobre todo desesperados de que en este año se ha recrudecido más la persecución y la intolerancia y, lo vuelvo a repetir: la ingobernabilidad del Ejecutivo estatal.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Gracias, señora diputada.

Se concede el uso de la palabra al diputado Sergio Vaca Betancourt, del grupo parlamentario de Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

El diputado José Sergio Rodolfo Vaca
Betancourt Bretón:

Con su permiso, diputada Presidenta:

Voy a referirme de manera breve a las afirmaciones del diputado Ríos, paisano mío y a quien por cierto aprecio.

Qué bueno que aquí reconoció que lo que se aprobó en Veracruz, con el voto en contra de los nueve diputados locales de mi partido, entre ellos el de la voz, y con el voto en contra de dos mujeres diputadas locales perredistas, fue una nueva Constitución. Que allá se disfrazó y le pusieron un maquillaje resplandeciente y caro, diciendo que era una Constitución reformada integralmente.

No es tal. Ni es ejemplar para Veracruz, en México y el mundo, como han propalado sus aplaudidores. Pero además cómo podemos decir que la administración priísta de Miguel Alemán en Veracruz es tolerante, especialmente con los indígenas.

3154,3155,3156

Comencemos por Xochiapan. Un líder indígena hoy está en la cárcel. Pero en Perote, donde mandan a los que ya están condenados con sentencia penal ejecutoria y a él apenas se le está instruyendo el proceso, donde están los delincuentes de la peor ralea. No sé si es inocente o culpable, pero en técnica jurídica no debiera estar con los peores de los más malos, de cualquier recluso de una cárcel veracruzana.

¿Y qué decir de Coyutla, donde se firmó un convenio, donde yo intervine y el 11 de julio, a las 11:30 pm, salieron del palacio de gobierno indígenas totonacos con la certeza de que podían entregar el palacio municipal entre la una y dos de la tarde, acuerdo que se hizo con el subsecretario de gobierno Jorge Uzcanga y a las tres y media de la madrugada, cuando estaba corriendo el plazo, 1 mil agentes de seguridad pública invadieron, como si fuera un país extraño, el municipio indígena de Coyutla.

Y llegamos a Xocohuite, ahí hay tres convenios que obran en mi poder que no cumplió la administración del licenciado Miguel Alemán, como tampoco cumplió un acuerdo escrito y otro verbal en Coyutla. Pero además, dijo el diputado Ríos, que tomó cartas en el asunto ahora. ¡Falso! Tomó cartas en el asunto de Xocohuite desde octubre del año pasado. Han transcurrido más de 13 meses.

Y para terminar, yo fui de los que voté en contra de que los indígenas pasaran a la tribuna, porque creo que eso no resolvía nada y en verdad que no resolvió nada. Mucho mejor, pero sobre todo mucho más útil sería tratarlos como lo que son, como iguales y cumplirles la palabra.

Termino. Ojalá y esa represión galopante, en crescendo, contar los que no se someten en el Estado de Veracruz, termine, porque hasta hoy se aplica la "ley del garrote" para cualquiera que es disidente y la "manga ancha" para todos los complacientes que cada vez somos menos.

Gracias.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

Para contestar alusiones personales, se concede el uso de la palabra al diputado Francisco Ríos Alarcón.

El diputado Francisco Ríos Alarcón:

Con su autorización, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Con el mismo afecto, diputado Vaca, le reitero a usted mi respeto y mi admiración. Pero efectivamente hay no tres convenios, quiero decirle que en el último de los derechos que se suscribiera con el señor Lauro, precisamente se habla de los cumplimientos que las dos partes, tanto los campesinos como el gobierno del Estado, deberían darle seguimiento y cumplimiento desde luego a estos convenios.

Lo cierto es que a partir de estos convenios y quiero referirme específicamente del problema de Xocohuite, es que el asunto estaba solucionado, porque precisamente se hablaba de la firma de estos convenios.

Lamentablemente y yo aquí quiero decirlo públicamente, lamentamos que de manera inesperada sucede un nuevo accidente, que en esa indemnización de las personas, de los familiares de esta persona, estuve presente y firmé el acta de la indemnización que se diera. Lo cierto es que, y hay que decirlo, que esta gente buscaba un pretexto para no darle cumplimiento a los acuerdos ya tomados.

Y quiero decirles que tan ha sido tolerante el gobierno de Miguel Alemán, como usted aquí atinadamente lo ha dicho, es que han transcurrido 13 meses buscando y tratando de darle una solución de manera pacífica, conciliando con los intereses de los indígenas.

Lo cierto es que los indígenas, y me consta porque soy de la zona, es que piden un mejor transporte, pues claro que pedimos un mejor transporte, queremos mejores condiciones de vida, indudablemente porque somos de la zona, pero de manera irregular, violando la ley, sin ningún permiso autorizado, meten unos camiones y de veras decirlo aquí es lamentable, pues peores que con los que actualmente contaban en esta zona con el transporte.

Entonces, no se vale que se nos diga una cosa y en los hechos sean otras. Lo cierto es que en el último de los convenios, para su conocimiento el día 12, el gran número de compañeros que habían iniciado esta lucha, bueno firman un nuevo convenio en donde están totalmente en desacuerdo en el seguimiento que se le ha dado a este problema y cuento aquí con el último de los acuerdos, en donde denuncian sus mismos compañeros el hecho de que se les está utilizando para otros fines, según ellos, y constan aquí en las actas.

Pero lo más grave es que estas personas que han venido aquí a denunciar en que al gobierno de Miguel Alemán se le acusa de ser un gobierno represor, lo cierto es que hay elementos, porque también tengo aquí constancia en donde han incurrido en una serie de delitos y con la ley obviamente que no se puede negociar, se han cometido delitos, bueno pues lo sentimos como también sentimos que la empresa de autotransportes que presta sus servicios allá no reúna todos los requisitos, bueno pues haremos en su momento el reclamo los diputados y las autoridades de allá para que se preste desde luego un mejor servicio.

Pero no podemos nosotros venir aquí a esta tribuna a decir que el gobierno que ejerce Miguel Alemán ha sido intolerante, a nosotros nos consta y creo que vamos a asumir la responsabilidad, porque estamos allá en las zonas de que la gente nos dé o no nos dé la razón, sabemos que lo que quiere la gente es que el gobierno de Miguel Alemán resuelva el problema conforme a derecho, que este problema debe de dársele solución porque son 13 meses de que hemos estado padeciendo en este conflicto, en este problema y que el licenciado Miguel Alemán lejos de ser intolerante ha sido tolerante por buscar una salida de manera pacífica y de manera política a este problema.

Yo insisto…

La Presidenta:

Diputado, está solicitando el diputado Vaca hacerle una interpelación ¿la autoriza usted?

El diputado Francisco Ríos Alarcón:

Si me permite diputado, al final. Los invito pues a los diputados sobre todo a los diputados que conocemos del problema, los que estamos inmersos en este asunto, yo me refiero exclusivamente al tema de Xocohuite y sobre el tema de la gente que el día de ayer fue aprehendida.

Yo los invito a que pongamos cada una de nuestra parte mayor esfuerzo para que el gobierno del Estado resuelva y resuelva de una vez este problema conforme a derecho.

Muchas gracias.

Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel

La Presidenta:

¿Aceptará usted la interrogante del diputado Vaca?

El diputado Francisco Ríos Alarcón:

Adelante, señor diputado.

El diputado José Sergio Rodolfo Vaca
Betancourt Bretón (desde su curul):

Gracias, diputada Presidenta y gracias diputado Ríos mi amigo y paisano; una sola pregunta, usted acaba de decir que el derecho no se negocia, negociar puede utilizarse como sinónimo de llegar a un convenio, de llegar a un acuerdo y parte del honor de una mujer o de un hombre, es respetar sus acuerdos independientemente que sean verbales o escritos.

¿Tiene usted conocimiento, y ésta es la pregunta, que en tres convenios de octubre 19 del año pasado, octubre 23 del año pasado y febrero 2 del año en curso, en representación del señor gobernador Miguel Alemán, del licenciado Manuel Guevara Ortiz, director general de coordinación regional de la Secretaría de Gobierno, del general Rafael Renato Susnaga, director operativo de la dirección general de Seguridad Pública del Estado de Veracruz y finalmente del general brigadier del Ejército mexicano, Valentín Romano López, hoy subsecretario de Seguridad Pública, firmaron tres compromisos estableciendo que no se reservaba acción penal contra Lauro y los demás indígenas contra los que se ha, algunos de ellos ya están detenidos, si sabe usted que en estos tres documentos firmados por altos funcionarios del gobierno de Veracruz, se comprometieron a no ejercer acción penal y dijeron que no se reservaba acción alguna?

El diputado Francisco Ríos Alarcón:

Bueno, en referencia a lo que comentaba el diputado es que ha sido una serie de convenios, diputado, que se han firmado y que en donde el gobierno del Estado y quiero aquí invocar a la Comisión de Asuntos Indígenas porque fue donde acudimos en el gobierno del Estado a presenciar una serie de acuerdos que se han venido dando, lo cierto es que vemos que el gobierno del Estado ha ido cumpliendo puntualmente e insisto, creo que el punto de partida de la detención de estos elementos, además de que hay suficientes elementos para consignarlos, creo que el punto de partida es el no cumplimiento del último acuerdo que se tomó y que es ahí donde a partir de ese momento miembros del propio organismo se desligan totalmente de este movimiento porque creen que ha tomado otros rumbos.

Ojalá que haya dado respuesta a su pregunta e insisto que ojalá los diputados de Veracruz que estamos involucrados y sobre todo los diputados de la zona, pongamos nuestro esfuerzo para dar solución a este problema que afecta a los indígenas del Estado de Veracruz de la zona norte.

Muchas gracias.

La Presidenta:

El diputado Herviz solicitó el uso de la palabra para rectificar hechos.

El diputado Arturo Herviz Reyes:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

Como en los viejos tiempos, la represión, la persecución y los delitos inventados a muchos indígenas de Veracruz, ahora se les está inculpando por delitos de los viejos gobiernos represores; la sedición, el motín, el secuestro, cuando la realidad es que los indígenas de Xochiapan inician una lucha por un municipio libre, fundado en la Ley Orgánica del Estado, justa la petición.

Y creo que esto se le debe de dar curso y se debe de resolver y, respuesta del gobierno encarcela a Miguel Bautista y a Andrés Cano. Miguel, precisamente el líder del movimiento promunicipio Libre de Xochiapan.

Esto ya no puede seguir sucediendo y menos en Veracruz. Hay acuerdos firmados por funcionarios de un grupo y de otro del gobierno de Miguel Alemán.

Lamentamos que los funcionarios de Miguel Alemán no tengan una misma línea o no cumplan lo que les diga el señor gobernador, porque uno acuerda una cosa y el otro hace otra. El problema es que están las órdenes de aprehensión de muchos más y el problema es que tenemos ahí presos que decimos que son presos políticos.

El Xocohuite, un caso simple, que solamente pedían los pobladores de la zona de Alamo que les cancelaran la concesión a algunos o a una persona que tenía la concesión de transporte por estar violentando muchas cosas o bien simplemente que les dieran también a ellos una concesión para poder atender bien el servicio de transporte y precisamente por eso, Lauro Cruz Cruz, Hilario de la Cruz y Felipe, ex presidente municipal de Benito Juárez, ayer fueron detenidos después de una conferencia de prensa.

Lamentamos mucho que esto se esté dando en el Estado de Veracruz, qué bueno que el diputado del Río dice que está preocupado; qué bueno que los diputados de todas las fracciones aquí en el Congreso nos preocupemos y llamemos al gobierno de Veracruz a actuar con cordura, pero sobre todo a atender las peticiones de los indígenas de Veracruz que bueno, son peticiones simples… hay peticiones ancestrales que no le han cumplido los gobiernos de Veracruz a los indígenas de Veracruz.

El otro problema de Coyutla es un problema poselectoral que se ha complicado por falta de visión, de capacidad política, precisamente de los operadores del gobierno de Miguel Alemán, no sé si aquí lo que hace falta es que Miguel Alemán busque operadores con capacidad y con habilidad para atender los asuntos o simplemente se resuelva cambiando a algunos secretarios que actúan en forma represiva, porque no es posible que se firmen convenios y luego seguridad pública o la dependencia correspondiente esté actuando, no solamente es eso. También hay órdenes de aprehensión para 34 ciudadanos de la zona de los tuxtlas, también y habrá muchas órdenes de aprehensión de muchos ciudadanos más que desconocemos, a lo mejor por peticiones justas, pero, ¿por qué a veces se llega a todo esto? Es porque no ha habido la capacidad del gobierno para sentarse a buscar soluciones a los problemas que son simples, pero que se complican al paso del tiempo, por eso el llamado al gobierno de Veracruz a atender los asuntos que están ahí y que nos están afectando a una represión enorme para muchos ciudadanos en el Estado.

3157,3158,3159

Ojalá Miguel Alemán, el señor gobernador de Veracruz, atienda los graves problemas de Veracruz.

Es cierto que el gobierno ha manifestado que por problemas protagónicos de muchos diputados o muchos actores no atiende, que atienda directamente a los indígenas, si ése es un problema, pero también los diputados son representantes populares y tienen esa capacidad de gestoría, que no lo vea en función de la elección de 2004, que lo vea en función de los grandes problemas que tenemos en Veracruz y que se atiendan y que se resuelvan.

Exigimos libertad para los presos que están en Perote, para Miguel, para los compañeros que fueron detenidos ayer, inmediata libertad porque sus peticiones son justas, si se han cometido algunos delitos es porque los han prefabricado.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

Para rectificar hechos tiene la palabra la diputada Alba Leonila Méndez Herrera, del grupo parlamentario de Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

La diputada Alba Leonila Méndez Herrera:

Con su permiso, compañera Presidenta; compañeros diputados:

Es preocupante para los diputados del grupo parlamentario de Acción Nacional por el Estado de Veracruz, la problemática manifestada por los compañeros que me antecedieron.

Considero importante señalar que los enfrentamientos y rupturas manifestados en el Estado de Veracruz y que acaban de mencionar los compañeros no son los únicos, existen muchos más en diversas regiones.

Los problemas suscitados en su mayoría son debido a la falta de cumplimiento por convenios establecidos por el mismo gobierno del Estado y reitero, la inseguridad vivida actualmente es provocada en su mayoría por esos convenios y que a pesar de que muchas veces el gobierno del Estado al estarlos realizando, a pesar de estar consciente de que no son viables, de que no se van a poder cumplir, los proponen, los aceptan, pero el problema está en que no los cumplen.

Y no se trata de hacer un acuerdo tras otro acuerdo, sino se trata de cumplirlos, de cumplir su palabra.

Quisiera recordarle a nombre de mis compañeros diputados, al señor gobernador, que es el Estado el encargado y obligado de preservar la paz y la seguridad en la sociedad y no es válido que actualmente el mismo gobierno del Estado es el que provoca estos enfrentamientos y rupturas en diversos sectores de la sociedad, al no cumplir esos convenios.

Ya basta de mentiras por parte del señor gobernador al hacer creer y mencionar que existe una verdadera gobernabilidad, porque eso no es cierto y los que vivimos ahí lo sabemos perfectamente.

Desde esta alta tribuna, los diputados veracruzanos de Acción Nacional exhortamos al señor gobernador del Estado para que a la brevedad posible intervenga y solucione mediante el diálogo, la problemática existente en nuestro Estado y hacemos responsable al señor gobernador de estos enfrentamientos provocados por falta de acuerdos.

También nos unimos a la solicitud que hizo la diputada, a que se haga una comisión especial para poder vigilar y para poder solucionar este problema.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado José María Guillén Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos para rectificar hechos.

El diputado José María Guillén Torres:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Si alguien en Veracruz ha tenido disposición para el diálogo y para la tolerancia, ése es el señor gobernador Miguel Alemán.

Hace algunos meses recibió con todos sus colaboradores y secretarios de despacho, a la Comisión Plural de Asuntos Indígenas, precisamente para atender los reclamos y justas demandas de ellos. Ahí estuvo el diputado Héctor Sánchez López, ahí estuvieron otros compañeros diputados, y cada uno de esos convenios fueron puntualmente atendidos. Por ejemplo, ahí se les dijo que la auditoría que solicitaban al municipio de Coyutla no se podía efectuar, por el hecho de que estaba tomado el palacio municipal y toda la documentación se encuentra en el interior de la institución. Ahí se trató el problema también de Zocohuite, el problema de Xochiapa y se les hizo ver que era un asunto que competía exclusivamente al Congreso local.

Ha sido tolerante y ha escuchado a los indígenas, su trabajo lo demuestra a lo largo y ancho de Veracruz. Tanto en el centro como en el norte, de ahí son testigo de sus acciones todos los actores políticos de norte y del centro del Estado, como un servidor lo es en el sur.

Hace unos meses se construyó un puente, por ejemplo, en la comunidad de Minsapan, de un pueblo indígena que se llama Pajapan, Veracruz. Hoy se construye un hospital en la comunidad de Tonalapa, que atenderá sin duda a los indígenas populucas, a los indígenas náhuatl y a todos los indígenas de la zona sur de Veracruz. Se construyeron casi 40 kilómetros que comunican al municipio indígena de Oteapan con el municipio de Zoteapan.

Se construye otro puente en Peña Blanca, que tiene un valor de casi 40 millones de pesos y así podría llevarme un gran tiempo enumerando las obras a favor de los indígenas que realiza el gobernador Miguel Alemán.

Pero está muy claro que no es un gobernador protagónico y que no tiene excesos de la publicidad, esas obras las agradecen y las reciben los indígenas de nuestro Estado.

Compañeras y compañeros diputados: creo que tenemos en la agenda legislativa grandes temas nacionales. Las actividades primarias, por ejemplo, en donde están involucrados los productores indígenas, sobre todo, tienen muchos problemas, los cafeticultores, los cañeros, los piñeros, los citricultores, los maiceros, vengamos a ésta, la tribuna más grande la nación, con propuestas para resolver los problemas del campo indígena. Eso espera el gobernador Alemán de sus legisladores, eso espera la sociedad veracruzana, que vengamos con propuestas serias y contundentes para resolver el problema del agroindígena que tiene que ver con la soberanía alimentaria, que tienen que ver con los empleos que tanto necesitamos.

Sentémonos a la mesa del diálogo, a resolver los problemas de fondo de la nación y de Veracruz.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Gracias.

Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Los siguiente puntos del orden del día se tratarán en la próxima sesión. Ruego a la Secretaría dar lectura al orden del día...

Antes, le rogaría a la Secretaría dé lectura a dos comunicaciones de la Junta de Coordinación Política.

COMISIONES LEGISLATIVAS

El secretario Adrián Rivera Pérez:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política

Diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Presente.

Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a solicitud del diputado Martí Batres Guadarrama, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, me permito solicitar a usted:

Que el diputado Auldarico Hernández Gerónimo sustituya a la diputada Adela del Carmen Graniel Campos, en la comisión encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los proyectos de desarrollo regional relacionados con la Región SurSureste de México.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, San Lázaro, México D.F., a 13 de noviembre de 2001.— Diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente»

La Presidenta:

De enterado.

El secretario Adrián Rivera Pérez:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Presente.

Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a solicitud del diputado Martí Batres Guadarrama, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, me permito solicitar a usted:

Que el diputado Auldárico Hernández Gerónimo quede en el lugar del diputado Augusto Sotelo Rosas, como secretario en la comisión encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los proyectos de desarrollo regional relacionados con la Región SurSureste de México y éste a su vez quede como integrante de la misma.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, San Lázaro, México D.F., a 13 de noviembre de 2001.— Diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente.»

En votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...

La Presidenta:

Aprobada.

Continúe la Secretaría.

ORDEN DEL DIA

El secretario Adrián Rivera Pérez:

«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.— Segundo Año.— LVIII Legislatura.

Orden del día

Jueves 15 de noviembre de 2001.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

El Instituto de Cultura de la Ciudad de México, invita a la ceremonia cívica que con motivo del CLXXVII aniversario de la expedición del decreto de creación del Distrito Federal, tendrá lugar el 18 de noviembre a las 9:00 horas, en el patio poniente del palacio del ayuntamiento del Distrito Federal, Plaza de la Constitución y 5 de febrero.

Del diputado Silvano Aureoles Conejo.

De los congresos de los estados de Guanajuato y San Luis Potosí.

De la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Oficio de la Secretaría de Gobernación

Por el que comunica que se ha establecido contacto con funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como de la Secretaría de Economía, para analizar la situación actual que vive la producción de copra en el país.

Y los demás asuntos con los que la mesa directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

La Presidenta (a las 16:15 horas):

Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar mañana jueves 15 de noviembre a las 10:00 horas.

3160,3161,3162

RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 5 horas 34 minutos.

Quorum a la apertura de sesión: 268 diputados.

• Asistencia al cierre de registro: 408 diputados.

• Proposiciones con punto de acuerdo: 10.

• Declaraciones: 1.

• Oradores en tribuna:40

PRI–11; PAN–11; PRD–12; PVEM–2; PT–1; PSN–1; PAS–1; CDPPN–1.

Se recibió:

• 2 comunicaciones de los congresos de los estados de Coahuila y Quintana Roo;

• 1 comunicación de la Comisión de Concordia y Pacificación;

• 1 comunicación de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

• 1 iniciativa de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;

• 1 iniciativa del PRD;

• 2 comunicaciones de la Junta de Coordinación Política.

Dictámenes aprobados:

• 1 de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 7o. de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, referente al consejo de administración de dicho organismo.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA PRESENTE SESION
(en orden alfabético)

Diputado Tema
• Alvarez Bruneliere, Silvia (PAN) Ciencia y tecnología, presenta proposición con punto de acuerdo referente a exhortar a los congresos de los estados, para que establezcan comisiones de ciencia y tecnología.
• Anaya Llamas, José Guillermo (PAN) Petroleos Mexicanos, segunda lectura a dictamen de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 7o. de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organis-mos Subsidiarios, referente al consejo de administración de dicho organismo.Fundamenta el dictamen.
• Batres Guadarrama, Martí (PRD) Servidores públicos, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos: 214, 216, 221 y 224 del Código Penal Federal, y del Código Federal de Procedimientos Penales, el artículo 194; referente a delitos cometidos por servidores públicos.
• Batres Guadarrama, Martí (PRD) Poder Legislativo, sobre declaración de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativa a las opiniones de grupos sociales y económicos sobre el trabajo de la Cámara de Diputados.
• Buenfil Montalvo, Edilberto Jesús (PRI) en dos ocasiones Sector pesquero, presenta proposición con punto de acuerdo para que los pescadores en épocas de veda se incorporen a programas de empleo temporal.
• Calderón Cardoso, José Antonio (PAS) Poder Legislativo, respecto a que todos los grupos parlamentarios elaboren y den a conocer a la opinión pública, un documento que aclare la preocupación de la presente legislatura, por servir al pueblo y a la nación mexicana, en respuesta a lo presentado por la Confederación Patronal de la República Mexicana.
• Del Río Virgen, José Manuel (CDPPN) Sector pesquero, respecto a que los pescadores en épocas de veda se incorporen a programas de empleo temporal.
• Domínguez Rodríguez, Genoveva (PRD) en dos ocasiones

Estado de Veracruz, presenta proposición con punto de acuerdo en relación con problemas indígenas en dicho Estado.

• Figueroa Canedo, Sara Guadalupe (PVEM)

Petroleos Mexicanos, segunda lectura a dictamen de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 7o. de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organis-mos Subsidiarios, referente al consejo de administración de dicho organismo.
• García Dávila, Víctor Antonio (PT) Poder Legislativo, presenta proposición con punto de acuerdo, sobre la declaración y fiscalización de la Confederación Patronal de la República Mexicana, hacia los diputados integrantes de la LVIII Legislatura.
• García Farías, Rubén (PRI) Poder Legislativo, respecto a que todos los grupos parlamentarios elaboren y den a conocer a la opinión pública, un documento que aclare la preocupación de la presente legislatura, por servir al pueblo y a la nación mexicana, en respuesta a lo presentado por la Confederación Patronal de la República Mexicana.
• Guadarrama López, Francisco (PAN) Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, respecto a que el procurador fiscal de la Federación comparezca ante la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda y explique acusaciones realizadas a algunos miembros de la junta de gobierno del IPAB.
• Guillén Torres, José María (PRI) Estado de Veracruz, en relación con problemas indígenas en dicho Estado.

• Gutiérrez Machado, Miguel Angel (PAN) en tres ocasiones

Sector pesquero, respecto a que los pescadores en épocas de veda se incorporen a programas de empleo temporal.
• Hernández Gerónimo, Auldarico (PRD) Petroleos Mexicanos, segunda lectura a dictamen de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 7o. de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organis-mos Subsidiarios, referente al consejo de administración de dicho organismo.
• Herrera y Bruquetas, Angel Enrique (PRD) Poder Legislativo, presenta proposición con punto de acuerdo respecto a que todos los grupos parlamentarios elaboren y den a conocer a la opinión pública, un documento que aclare la preocupación de la presente legislatura, por servir al pueblo y a la nación mexicana, en respuesta a lo presentado por la Confederación Patronal de la República Mexicana.
• Herviz Reyes, Arturo (PRD) Sector pesquero, respecto a que los pescadores en épocas de veda se incorporen a programas de empleo temporal.
• Herviz Reyes, Arturo (PRD) Estado de Veracruz, en relación con problemas indígenas en dicho Estado.
• Hinojosa Herrera, Josefina (PRI) Comisión Nacional del Agua, presenta proposición con punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002, se destinen mayores recursos a los programas de agua potable, alcantarillado y saneamiento que opera dicha comisión.
• Larrazábal Bretón, Jaime Arturo (PRI) Sector pesquero, respecto a que los pescadores en épocas de veda se incorporen a programas de empleo temporal.
• Leyva Acevedo, Efrén Nicolás (PRI) Sector pesquero, respecto a que los pescadores en épocas de veda se incorporen a programas de empleo temporal.
• López Brito, Francisco Salvador (PAN) Sector pesquero, respecto a que los pescadores en épocas de veda se incorporen a programas de empleo temporal.
• Magallanes Rodríguez, José Antonio (PRD) Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, presenta proposición con punto de acuerdo para que el procurador fiscal de la Federación comparezca ante la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda y explique acusaciones realizadas a algunos miembros de la junta de gobierno del IPAB.
• Méndez Herrera, Alba Leonila (PAN) Estado de Veracruz, en relación con problemas indígenas en dicho Estado.
• Ramírez Cabrera, Francisco (PAN) Distrito Federal, presenta proposición con punto de acuerdo sobre aspectos de protección civil, en el entubamiento del llamado gran canal de desagüe en tramo correspondiente a la delegación Venustiano Carranza.
• Riojas Santana, Norma Patricia (PSN) Poder Legislativo, respecto a que todos los grupos parlamentarios elaboren y den a conocer a la opinión pública, un documento que aclare la preocupación de la presente legislatura, por servir al pueblo y a la nación mexicana, en respuesta a lo presentado por la Confederación Patronal de la República Mexicana.
• Ríos Alarcón, Francisco (PRI) en dos ocasiones Estado de Veracruz, en relación con problemas indígenas en dicho Estado
• Salazar González, Concepción (PVEM) Sector pesquero, respecto a que los pescadores en épocas de veda se incorporen a programas de empleo temporal.
• Salgado Macedonio, José Félix (PRD) Estado de Guerrero, presenta proposición con punto de acuerdo, en relación con el Instituto Mexicano del Seguro Social y la estructura y funcionamiento de hospitales en diversos municipios de dicha entidad.
• Salgado Macedonio, José Félix (PRD) en dos ocasiones Sector pesquero, respecto a que los pescadores en épocas de veda se incorporen a programas de empleo temporal.
• Sánchez González, Martha Silvia (PRI) Sector pesquero, respecto a que los pescadores en épocas de veda se incorporen a programas de empleo temporal.
• Sicilia Salgado, Raúl Efrén (PRI) Estado de Hidalgo, presenta proposición con punto de acuerdo respecto a incrementar el presupuesto de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, Sociedad Anónima, para mejorar el suministro de energía eléctrica a los municipios de esa entidad federativa.
• Vaca Betancourt Bretón, José Sergio Rodolfo (PAN) Estado de Veracruz, en relación con problemas indígenas en dicho Estado.
• Villegas Flores, Carlos Nicolás (PAN) Estado de Hidalgo, respecto a incrementar el presupuesto de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, Sociedad Anónima, para mejorar el suministro de energía eléctrica a los municipios de esa entidad federativa.

   NOTAS

Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición:

Banamex Banco Nacional de México, Sociedad Anónima
Bancomer Banco de Comercio, Sociedad Anónima
Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Coparmex Confederación Patronal de la República Mexicana
Copladeg Comisión de Planeación y Desarrollo del Estado de Guerrero
D.F. Distrito Federal
Fobaproa Fondo Bancario de Protección al Ahorro

Fonaes

Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social

IPAB

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
IVA Impuesto al valor agregado
km Kilómetro

Liconsa

Leche Industrializada de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares,
ONU Organización de las Naciones Unidas

PAN

Partido Acción Nacional

Pemex

Petróleos Mexicanos

pm

Pasado meridiano

PRD

Partido de la Revolución Democrática

PRI

Partido Revolucionario Institucional

PSN

Partido de la Sociedad Nacionalista

PT

Partido del Trabajo

PVEM

Partido Verde Ecologista de México

S.A.

Sociedad Anónima

Secodadm

Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo

Semarnap

Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca

UNICEF

Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (por las siglas en inglés)