Presidencia de la
diputada
Beatriz Elena Paredes RangelASISTENCIA
La Presidenta:
Ruego a la Secretaría haga del
conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia de los
diputados.
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
Se informa a la Presidencia que existen
registrados previamente 308 diputados.
La Presidenta (a las 10:55 horas):
Hay quorum. Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
Se va a dar lectura al orden del día.
«Segundo Periodo de Sesiones
Ordinarias.— Segundo Año.— LVIII Legislatura.
Orden del día
Martes 19 de marzo de 2002.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
El Instituto de Cultura de la Ciudad de
México invita a la ceremonia cívica que con motivo del CXCVI aniversario del natalicio
del licenciado Benito Juárez García, tendrá lugar el 21 de marzo, en el hemiciclo
erigido a su memoria en la Alameda Central a las 9:00 horas.
De los congresos de los estados de:
Durango, Nayarit, Oaxaca y Sonora.
De la Comisión Permanente.
Oficios de la Secretaría de
Gobernación
Con los que remite copias de los oficios:
de la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior Agrario y del Secretario
Técnico de Planeación, Comunicación y Enlace de la Secretaría de Economía, en
relación a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente.
Seis, por los que se solicita el permiso
constitucional necesario para que los ciudadanos: José Martínez Güitrón, Jorge Andrés
Ocejo Moreno, Carlos Jaime Bazdresch y Parada, José María Antonio López Roufosse,
Amanda Mireya Terán Munguía y Enrique García Jaramillo, puedan aceptar y usar las
condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros. (Turno a comisión.)
Minutas
Con proyecto de decreto que reforma los
artículos 134, 136, 139, 140, 141, 142 y 143 y se intercambian en su orden la ubicación
de los vigentes 145 y 146 del Título Séptimo de la Ley Agraria. (Turno a comisión.)
Con proyecto de decreto que concede permiso
al ciudadano Rodolfo Waschsman Gombos, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de
Eslovenia en México, con circunscripción consular en toda la República. (Turno a
comisión.)
Solicitud de particular
El ciudadano Ricardo Franco Guzmán,
solicita el permiso constitucional necesario para prestar servicios como asesor jurídico
en la Embajada de Finlandia en México. (Turno a comisión.)
Iniciativas de diputados
De Ley Reguladora para el Control de la
Publicidad Gubernamental, en materia de prensa, radio y televisión, a cargo de la
diputada Lorena Beaurregard de los Santos, integrante del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Que reforma el artículo 74 de la Ley
Federal del Trabajo, a cargo del diputado Gumercindo Alvarez Sotelo, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
De reformas a diversos artículos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fortalecimiento al
Poder Legislativo, a cargo del diputado Martí Batres Guadarrama, del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Que reforma el artículo 68 de la Ley del
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, a cargo del grupo parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)
De reformas al artículo 2o.A de la Ley del
Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Eduardo Andrade Sánchez, integrante del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Que reforma las fracciones I, II y VII del
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la
diputada Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
(Turno a comisión.)
Que reforma el artículo 74 fracción IV de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 19 de la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, a cargo del diputado Tomás Torres
Mercado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a
comisión.)
Que reforma el artículo 39 de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)
Efemérides
Sobre el aniversario de la Expropiación
Petrolera, a cargo de los grupos parlamentarios y partidos políticos representados en la
Cámara de Diputados.
Sobre el aniversario luctuoso de Luis
Donaldo Colosio Murrieta, a cargo del diputado Rodolfo Echeverría Ruiz, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Sobre el Día del Artesano, a cargo de los
grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados.
Excitativas
A las comisiones de Medio Ambiente y
Recursos Naturales y de Recursos Hidráulicos, a cargo del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
A las comisiones de Puntos Constitucionales
y de Gobernación y Seguridad Pública, a cargo del diputado Ramón León Morales, del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Proposiciones
Con punto de acuerdo sobre el problema
agrario en el municipio de Santa María Ocotán, a cargo del diputado José Manuel Díaz
Medina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a
comisión.)
Con punto de acuerdo por el que se solicita
que en el marco de la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas, sobre la
financiación para el desarrollo, se exhorte al presidente Vicente Fox, abordar en la
reunión trilateral prevista con el Presidente de Estados Unidos de América y el Primer
Ministro de Canadá, la temática sobre la financiación para el desarrollo propio de la
zona de América del Norte, misma que demanda la ampliación del mandato del Banco de
Desarrollo de América del Norte (BDAN), a cargo de la diputada Heidi Storsberg Montes,
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución).
Con punto de acuerdo para que el municipio
de San Martín Texmelucan se integre al grupo carretero de gran visión del Estado de
Puebla, a cargo del diputado José Gaudencio Víctor León Castañeda, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para solicitar a la
autoridad educativa federal, que determine las acciones pertinentes que garanticen las
habilidades y actitudes indispensables que permitan la comprensión efectiva de
conocimientos para generaciones que se inician en la escuela primaria, a cargo de la
diputada Celita Trinidad Alamilla Padrón, del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que se establezca
la veda del borrego cimarrón, en el Estado de Baja California, a cargo del diputado
Juvenal Vidrio Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a
comisión.)
Con punto de acuerdo relativo a los
derechos humanos en México y la procuración e impartición de justicia, a cargo del
diputado José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia Partido Político
Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación al
Instituto Mexicano del Seguro Social, en Baja California y el municipio de Playas de
Rosarito, Baja California, a cargo del diputado Jaime Martínez Veloz. (Turno a
comisión.)
Con punto de acuerdo contra la
intervención policiaca en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja
California, campus Tijuana, a cargo del diputado Jaime Martínez Veloz. (Turno a
comisión.)
Agenda política
Comentarios del diputado Domingo Humberto
Mayans Canabal, sobre su reciente incorporación al grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Comentarios sobre la decisión del tribunal
estatal electoral de Quintana Roo, de anular la elección del municipio de Benito Juárez,
a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.»
La Presidenta:
Gracias, diputada.
Está a consideración el orden del día...
No habiendo ninguna observación.
ACTA
DE LA SESION ANTERIOR
La Presidenta:
Le ruego a la Secretaría proceda a dar
lectura al acta de la sesión anterior.
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
«Acta de la sesión de la Cámara de
Diputados del Congreso de La Unión, celebrada el viernes quince de marzo de dos mil dos,
correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de
la Quincuagésima Octava Legislatura.
Presidencia del diputado
Eloy Cantú Segovia
En el Palacio Legislativo en San
Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, a las trece horas con cuatro minutos del viernes quince de marzo de
dos mil dos, con la asistencia de cuatrocientos treinta diputados, el Presidente declara
abierta la sesión.
Puestos todos de pie, el Presidente
declara:
"La Cámara de Diputados, de
conformidad con lo que establece el artículo sesenta y cinco de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, hoy quince de marzo de dos mil dos, declara
formalmente iniciado el segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de la
Quincuagésima Octava Legislatura."
El Presidente informa que comunicará por
escrito al Ejecutivo Federal, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, que la Cámara de Diputados ha iniciado formalmente el
segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de la Quincuagésima Octava
Legislatura, y que promoverá visitas de cortesía a los poderes de la Unión.
Comunicación de la Mesa Directiva, con
acuerdo relativo al mecanismo para elegir al Presidente de la Cámara de Diputados. Se
aprueba en votación económica.
En consecuencia, se procede a la elección
correspondiente y por trescientos cincuenta votos en pro, veintinueve en contra y seis
abstenciones, se declara electa a la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, como
presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, quien rinde la protesta de ley
y toma de inmediato posesión de su cargo.
Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
La Presidenta agradece a la Asamblea su
voto y la visita del Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, del
Presidente del Senado de la República de Argentina, de la Presidenta del Senado de la
República de Belice y del representante de Canadá en el Foro Interparlamentario de las
Américas.
Dos oficios de la Comisión Permanente, con
los que informa de la aprobación de puntos de acuerdo con los que conceden sendas
licencias para separarse del cargo a las diputadas María Alejandra Barrales Magdaleno y
María del Rocío García Gaytán. Llámese a los suplentes.
39,40,41
La Presidenta informa que se encuentran a
las puertas del salón de sesiones los ciudadanos Víctor Manuel Ochoa Camposeco y
Humberto Muñoz Vargas, electos como diputados suplentes en la cuarta y primera
circunscripciones plurinominales, respectivamente, quienes acompañados de una comisión
designada, rinden la protesta de ley y entran en funciones de inmediato.
Comunicación del diputado Martí Batres
Guadarrama, con la que informa que el diputado Humberto Domingo Mayans Canabal, se integra
al grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. De enterado y túrnese
a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.
Hablan sobre el inicio del segundo periodo
de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la Quincuagésima Octava
Legislatura, los diputados: José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la
Democracia Partido Político Nacional; José Antonio Calderón Cardoso, del Partido
Alianza Social; Norma Patricia Riojas Santana, del Partido de la Sociedad Nacionalista;
José Narro Céspedes, del Partido del Trabajo; Francisco Agundis Arias, del Partido Verde
Ecologista de México; Martí Batres Guadarrama, del Partido de la Revolución
Democrática; Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional y Rafael
Rodríguez Barrera, del Partido Revolucionario Institucional.
Antes de la intervención del diputado
Martí Batres Guadarrama, la Secretaría informa del registro de cuatrocientos treinta y
cinco diputados y ordena el cierre del sistema electrónico de asistencia y votación.
Agotados los asuntos en cartera, la
Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión.
La Presidenta informa que la Mesa Directiva
enviará una solicitud a la Mesa Directiva del Senado de la República para que el martes
diecinueve de marzo de dos mil dos, por la tarde, se pueda recibir en sesión de Congreso
General al Secretario General de las Naciones Unidas.
La Presidenta clausura la sesión a las
quince horas con treinta y seis minutos, citando para la que tendrá lugar el martes
diecinueve de marzo de dos mil dos, a las diez horas.»
La Presidenta:
Está discusión el acta... No hay quien
haga uso de la palabra, por lo tanto pregunte si se aprueba.
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
No habiendo quien haga uso de la
palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo...
La Presidenta:
Aprobada el acta.
Pasamos al capítulo de comunicaciones.
Instituto
de Cultura de la Ciudad
de México
El secretario Adrián Rivera Pérez:
«Ciudadana Presidenta de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
El Instituto de Cultura de la Ciudad de
México, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del CXCVI aniversario del
natalicio del licenciado Benito Juárez García, que se llevará a cabo el próximo jueves
21 de marzo, a las 9:00 horas, en el hemiciclo erigido a su memoria, ubicado en la Alameda
Central, delegación Cuauhtémoc.
Por tal motivo, me permito solicitar muy
atentamente se sirva girar sus respetables instrucciones, a efecto de que un representante
de esa Cámara de Diputados que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirva
prestar a la presente y le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración.
Atentamente.
El director general, doctor Enrique Semo
Calev.»
La Presidenta:
Gracias.
Para asistir en representación de esta
Cámara de Diputados, se designa a los legisladores: Cándido Coheto Martínez, Mauro
Huerta Díaz y Enrique Herrera y Bruquetas.
ESTADO DE DURANGO
El secretario Adrián Rivera Pérez:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Congreso del Estado de Durango.— LXII Legislatura.
Cámara de Diputados.— México.
En sesión ordinaria verificada el día de
hoy, la Comisión Permanente de la LXII Legislatura del Estado Libre y Soberano de
Durango, aprobó un punto de acuerdo, el cual nos permitimos transcribir, para su
conocimiento y efectos legales convenientes:
"Que esta Comisión Permanente
solicite respetuosamente a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, promueva las modificaciones
necesarias a la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el
Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y de Apoyo a sus Ahorradores, que
permitan integrar a los beneficios de este último a los 92 ahorradores duranguenses entre
otros con saldos netos de ahorro superiores a los 190 mil pesos y que fueron perjudicados
por la suspensión de actividades de estas organizaciones auxiliares de crédito."
Nos es grato reiterar a ustedes, las
seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Victoria de Durango, Durango, a 26 de
febrero de 2002.— Diputados: Jorge Herrera Delgado y María del Rosario
Castro Lozano, secretarios.»
La Presidenta:
Túrnese a las comisiones unidas de
Fomento Cooperativo y Economía Social y de Hacienda y Crédito Público.
ESTADO DE
NAYARIT
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo.— Nayarit.— XXVI Legislatura.—
Presidencia.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Me permito remitir a ustedes para
conocimiento de la legislatura, el acuerdo número 69, aprobado por la XXVI Legislatura
del honorable Congreso del Estado de Nayarit, por conducto de su diputación Permanente,
en reunión celebrada el día 19 de febrero del año en curso.
Sin otro particular, hago propicia la
ocasión para expresarles la seguridad de nuestra atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Atentamente.
El Presidente de la Comisión de Gobierno
Legislativo, diputado Alonso Villaseñor Anguiano»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo.— Nayarit.
ACUERDO PREVIO NUMERO 69
La diputación Permanente del honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit representado por su XXVI Legislatura
ACUERDA
El pronunciamiento en contra del aumento de
la energía eléctrica.
Unico. La XXVI Legislatura al
honorable Congreso del Estado de Nayarit, por conducto de su diputación Permanente, se
pronuncia en contra del aumento a las tarifas de la energía eléctrica en los términos
de la publicación del 7 de febrero de 2002, del Diario Oficial de la Federación,
por considerar que esta medida afecta significativamente a la economía de un gran número
de familias. Esta representación popular considera pertinente que se implementen las
medidas necesarias para erradicar la toma clandestina del fluido eléctrico y solicita al
honorable Congreso de la Unión las modificaciones legislativas que permitan obtener y
destinar recursos adicionales para fortalecer la industria eléctrica en beneficio de los
mexicanos.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. Comuníquese el presente
acuerdo al honorable Congreso de la Unión para los efectos procedentes.
Dado en la sala de comisiones "General
Esteban Baca Calderón" de este honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic,
su capital, a los 19 días del mes de febrero del año 2002.— Diputación
Permanente.— diputados: Alonso Villaseñor Anguiano, presidente; Raúl
Mejía González, vicepresidente; Rodrigo González Barrios secretario; Jorge
Rubio Reynoso, vocal.»
La Presidenta:
Túrnese a las comisiones de Energía y
de Comercio y Fomento Industrial.
ESTADO DE OAXACA
El secretario Adrián Rivera Pérez:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca.— Poder Legislativo.
Ciudadanos secretarios del honorable
Congreso de la Unión.— México D.F.
La LVIII Legislatura constitucional del
Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en sesión ordinaria celebrada hoy, tuvo a bien aprobar
el siguiente
ACUERDO
Unico. Esta legislatura, se adhiere
al acuerdo económico emitido por el Congreso del Estado Libre y Soberano de Jalisco, en
el sentido de solicitar a la Secretaría de Economía Federal investigue los hechos
relativos a la elusión del pago de la cuota compensatoria a la importación de cerdo vivo
para abasto, proveniente de Estados Unidos de América.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente acuerdo entrará
en vigor el día de su aprobación, publíquese en el periódico Oficial del
gobierno del Estado. Remítase copia del presente acuerdo a la Legislatura del Estado
Libre y Soberano de Jalisco, al honorable Congreso de la Unión para que en el ámbito de
sus respectivas competencias realicen las acciones necesarias para el apoyo del sector
porcícola; a las legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, para que se sumen a la propuesta. Lo tendrá entendido el gobernador del Estado y
hará que se publique y se cumpla.
Dado en el salón de sesiones del honorable
Congreso del Estado Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 19 de febrero de 2002.— Diputadas:
Sofía Castro Ríos, presidenta; Florencia Carolina Aparicio Sánchez y Otilia
Galindo García, secretarias.
Lo que nos permitimos transcribir a usted,
para su conocimiento y efectos legales consiguientes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
"El Respeto al Derecho Ajeno es la
Paz."
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 19 de febrero
de 2002.— Diputadas: Florencia Carolina Aparicio Sánchez y Otilia Galindo
García, secretarias.»
La Presidenta:
Túrnese a la Comisión de Comercio y
Fomento Industrial.
El secretario Adrián Rivera Pérez:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Gobierno constitucional del Estado de Oaxaca.— Poder Legislativo.
Ciudadanos diputados del honorable Congreso
de la Unión.— México, D.F.
La LVIII Legislatura constitucional del
Estado, en sesión ordinaria efectuada el día de hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente
ACUERDO
Primero. Gírese atento oficio al
titular de Economía, mediante el cual se le comunique la preocupación de este honorable
Congreso sobre la situación de los cafeticultores mexicanos, solicitándole investigue
los hechos relativos a:
a) La determinación de no obligatoriedad
del cumplimiento de la norma NMXF013SCFI2000 "café puro tostado, en grano o molido,
sin descafeinar o descafeinadoespecificaciones y métodos de prueba".
b) La modificación a los aranceles de la
tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación y la creación del "arancel
cupo" para el café verde sin descafeinar con arancel cero.
42,43,44
Segundo. Gírese atentos oficios al
gobernador constitucional del Estado de Oaxaca y al titular de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, donde se les haga la
recomendación de este honorable Congreso, para que en el ámbito de sus respectivas
competencias realicen las acciones necesarias para el apoyo del sector cafetícola.
Tercero. Remítase copia del
presente acuerdo al honorable Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados
para que de considerarlo precedente y en el ejercicio de sus respectivas soberanías, se
adhieran al contenido del mismo.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente acuerdo entrará
en vigor el día de su aprobación.
Dado en el salón de sesiones del honorable
Congreso del Estado.— Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 31 de enero de 2002.—
Diputados: Armando Demetrio Bohorquez Reyes, presidente; Florencia Carolina
Aparicio Sánchez y Luis de Guadalupe Martínez Ramírez, secretarios.
Lo que nos permitimos transcribir a usted,
para su conocimiento y efectos legales consiguientes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
"El Respeto al Derecho Ajeno es la
Paz"
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 31 de enero de
2002. — Diputados: Florencia Carolina Aparicio Sánchez y Luis de Guadalupe
Martínez Ramírez, secretarios.»
La Presidenta:
Túrnese a la Comisión de Agricultura y
Ganadería y a la Comisión Especial sobre Cafeticultura.
ESTADO DE SONORA
El secretario Adrián Rivera Pérez:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Congreso del Estado Libre y Soberano de Sonora.— Hermosillo,
Sonora.— Secretaría.
Ciudadana Presidenta de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F.
La LVI Legislatura constitucional del
Estado Libre y Soberano de Sonora, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, de
conformidad con lo establecido por el artículo 14 del Reglamento Interior de este órgano
legislativo, previas las formalidades de estilo, procedió a la designación de la mesa
directiva que funcionará durante la sesión extraordinaria, habiendo quedado integrada de
la siguiente manera:
Jesús Avila Godoy, presidente; Marco
Antonio Coronado Acuña, vicepresidente; Heleodoro Pacheco Vázquez y María Viola Corella
Manzanilla; secretarios; Francisco García Gámez, suplente.
Lo que nos permitimos comunicar a usted
para su conocimiento y demás fines.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
"2002 Año de la Lucha Contra el
Cáncer de la Mujer".
Hermosillo, Sonora, 1o. de marzo de
2002.— Diputado Jesús Rosario Rodríguez Quiñónez, secretario.»
La Presidenta:
De enterado.
El secretario Adrián Rivera Pérez:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Congreso del Estado Libre y Soberano del Sonora.— Hermosillo,
Sonora.— Secretaría.
Ciudadana Presidenta de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F.
El honorable Congreso del Estado de Sonora,
en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente
ACUERDO
Primero. El Congreso del Estado
Libre y Soberano de Sonora, manifiesta su más enérgico rechazo en contra del acuerdo
emitido por el Gobierno Federal, a través de las secretarías de Economía, de Hacienda y
Crédito Público y de Energía, mediante el cual se determinó la reducción y
eliminación del subsidio a las tarifas eléctricas, cuya medida lesiona considerablemente
a todos los sectores de la sociedad sonorense y además resulta injusta e inequitativa, al
ignorar las condiciones de necesidad de los habitantes y ciudadanos de esta entidad
federativa, que ameritan un índice de consumo mayor al del resto del país, como
consecuencia de las condiciones climatológicas y geográficas imperantes, por lo que
solicita el retiro de esa determinación.
Segundo. El Congreso del Estado
acuerda solicitar al titular del Poder Ejecutivo Federal, el establecimiento de una mesa
de negociaciones en la que participen representantes de las diferentes organizaciones de
tipo social y político que han hecho suya esta causa de lucha por el pueblo sonorense,
mismas que hemos relacionado en el considerando segundo del presente documento y al cual
nos remitimos en obvio de repeticiones, debiéndose invitar a participar también a los
titulares de los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado, gobiernos municipales de la
entidad y las cámaras del Congreso de la Unión, así como demás autoridades e
instancias competentes, con el fin de buscar mecanismos institucionales de concertación y
realizar todas aquellas acciones necesarias, tendientes a impedir la ejecución de la
reducción del subsidio, así como garantizar en todo caso la implementación de tarifas
eléctricas preferenciales para el Estado de Sonora.
Tercero. El Congreso del Estado,
atendiendo a la pluralidad de sus diputados integrantes, en términos de los artículos 79
y 84 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acuerda nombrar una comisión especial de
diputados, con objeto de dar seguimiento a la ejecución del presente punto de acuerdo,
debiendo participar además en la mesa de negociaciones cuya instalación se solicita,
así como informar oportunamente al pleno el resultado de sus gestiones, integrándose de
la siguiente manera:
Diputados: Raúl Acosta Tapia, presidente;
Jesús Avila Godoy y María Dolores del Río Sánchez, secretarios.
Cuarto. El Congreso del Estado
acuerda solicitar a las cámaras del honorable Congreso de la Unión, que en ejercicio de
sus facultades y atribuciones constitucionales, requieran a la Comisión Federal de
Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, a efecto de presentar un proyecto de
reestructuración que incluya todos los aspectos estratégicos y operativos de la
Comisión Federal de Electricidad y de Luz y Fuerza del Centro, que eventualmente permitan
el establecimiento de tarifas eléctricas justas para el usuario, sin afectar la calidad y
continuidad en la prestación del servicio; para lo cual, dicha información deberá
hacerse del conocimiento de este Poder Legislativo.
Asimismo, para que requiera a dichas
entidades paraestatales a efecto de que presenten toda aquella información relacionada
con la reducción y eliminación del subsidio a las tarifas eléctricas y su impacto en
términos económicos y sociales sobre la población del Estado de Sonora, cuyo resultado
deberá hacerse del conocimiento de este Poder Legislativo.
Quinto. Remítanse los presentes
puntos de acuerdo a las legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, para que, de estimarlo procedente, se adhieran a los mismos y remitan
los acuerdos respectivos ante las autoridades federales citadas.
Sexto. Háganse del conocimiento los
presentes acuerdos del titular del Poder Ejecutivo del Estado, a senadores y diputados
federales por el Estado de Sonora y presidentes municipales de la entidad, para los
efectos correspondientes.
Reiteramos a ustedes las seguridades de
nuestra alta consideración y respeto.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
"2002 Año de la Lucha Contra el
Cáncer de la Mujer".
Hermosillo, Sonora, a 1o. de marzo de
2002.— Diputados: Heleodoro Pacheco Vázquez y María Viola Corella
Manzanilla, secretarios.»
La Presidenta:
Túrnese a la Comisión de Energía.
Comisión
Permanente
El secretario Adrián Rivera Pérez:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados.— Presentes.
Tenemos el honor de remitir a ustedes el
informe de las actividades realizadas por la Comisión Permanente, durante el primer
receso del segundo año de ejercicio de la LVIII Legislatura, con el que se dio cuenta en
la sesión celebrada en esta fecha.
La Presidencia dictó el siguiente
trámite: "de enterado insértese en el Diario de los Debates y
remítase a las cámaras de Diputados y Senadores".
Reiteramos a ustedes las seguridades de
nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D.F., a 15 de marzo de 2002.—
Diputados: Manuel Medellín Milán y Magdalena Núñez Monreal,
secretarios.»
Informe sintetizado
Asunto Total
Sesiones realizadas 14
Oradores en tribuna: 201
PRI57; PAN55; PRD61;
PVEM18; PT10.
Horas transcurridas 36:24
Comisiones reglamentarias
y protocolarias 26
Comunicaciones de legislaturas
locales (de ellas 32 se turnaron
a comisiones legislativas) 59
Comunicaciones de diversas
instituciones públicas 8
Condecoraciones que otorgan
gobiernos extranjeros, permisos
para aceptar y usar 26
Cónsul general, nombramiento de 2
Cónsul honorario, nombramiento
de (dos solicitudes, fueron turnadas
a la Comisión de Gobernación y
Seguridad Pública de la Cámara
de Diputados) 1
Asunto Total
Convocatorias a periodo
extraordinario 2
Diputados que solicitan licencia 4
Diputados que se reincorporan 5
Senadores que solicitan licencia 2
Senador que se reincorpora 1
Embajadas o consulados, permiso
para prestar servicios 26
Embajadas o consulados, dejar de
prestar servicios 14
Embajador extraordinario y
plenipotenciario, nombramiento de 5
Excitativas a comisiones legislativas 1
Representante de México ante la
Organización de las Naciones
Unidas, nombramiento de 1
Grados militares, ratificación de 56
Magistrados de la Sala Superior
y de la Sala Regional del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, nombramiento de
(una propuesta para designación
de dos magistrados, se turnó a la
Comisión de Justicia de la Cámara
de Senadores) 5
Magistrados numerarios de los
tribunales unitarios agrarios,
nombramiento de (una propuesta
para designación de dos magistrados,
se turnó a las comisiones unidas
de Justicia y de Reforma Agraria de
la Cámara de Senadores) 2
Minutos de silencio 1
Presidente de la República, permiso
para ausentarse del territorio nacional 1
Procurador Fiscal de la Federación de
la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, nombramiento de 1
45,46,47
Asunto Total
Pronunciamientos conjuntos 2
Puntos de acuerdo, proposiciones de 52
Puntos de acuerdo, aprobados 9
Dictámenes con puntos de acuerdo
aprobados 6
Vocal de la Junta de Gobierno del
Instituto para la Protección al Ahorro
Bancario, nombramiento de 1
Temas de agenda política 8
Efemérides 2
Iniciativas presentadas:
Legislaturas estatales7
Diputado PRI2; Senador PRI5
Diputado PAN3; Senador PAN4
Diputado PRD14; PVEM2
Diputados federales del Estado
de Jalisco1;
Legisladores PRI, PAN,
PRD, PVEM, PT1
Legisladores PRI, PRD, PVEM, PT1 40
Oficios de la Secretaría de
Gobernación, relativos a puntos
de acuerdo aprobados por las
cámaras de Diputados y de
Senadores 34
Convenios, acuerdos y protocolos
internacionales, (remitidos por la
Secretaría de Gobernación.) 21
La Presidenta:
De enterado y túrnese a la Junta de
Coordinación Política para su conocimiento.
El secretario Adrián Rivera Pérez:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados.— Presentes.
Tenemos el honor de remitir a ustedes los
asuntos que fueron reservados por esta Comisión Permanente, para conocimiento de la
Cámara de Diputados, de conformidad con lo que dispone el artículo 129 de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales aparecen
listados en el inventario que se anexa.
Reiteramos a ustedes las seguridades
nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 15 de marzo de 2002.
Diputados: Manuel Medellín Milán y Magdalena Núñez Monreal,
secretarios.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.
Inventario de asuntos que la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión remite a la Cámara de Diputados, de
conformidad con el artículo 129 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos.
En trámite
Expediente número 290. Formado con
motivo de la proposición con punto de acuerdo, presentada por la diputada Magdalena
Núñez Monreal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en
relación con el exhorto a los congresos de las entidades federativas, a revisar el marco
legal sobre las facultades y atribuciones de asignación de sueldos y prestaciones de los
funcionarios municipales.
Expediente número 339. Formado con motivo
de la proposición con punto de acuerdo, presentada por el diputado José Rodolfo Escudero
Barrera, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en relación con
el exhorto a la Secretaría de Gobernación, para que explique el origen y destino de los
recursos monetarios que se entregó al Instituto Estatal Electoral del Estado de Quintana
Roo.
Expediente número 373. Formado con motivo
de la proposición con punto de acuerdo, presentada por el diputado Juan Carlos Regis
Adame, a nombre de los grupos parlamentarios de los partidos: del Trabajo, de la
Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Verde Ecologista
de México y de Convergencia por la Democracia.
México, D.F., a 15 de marzo de 2002.—
Legisladoras: Magdalena Núñez Monreal y Noemí Guzmán Lagunes,
secretarias.»
La Presidenta:
De enterado y túrnense los asuntos
respectivos a las comisiones correspondientes, de conformidad con el inventario anexo.
ESTADO DE
GUERRERO
El secretario Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En atención al oficio número DGPL
58II4766, de fecha 13 de febrero último, suscrito por los secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión, con el presente les acompaño para los
fines que estimen procedentes, copia del similar número SIP/445/2002, de fecha 22 de
febrero del año en curso, signado por la ciudadana Claudia D. Velázquez González,
secretaria general de acuerdos del Tribunal Superior Agrario, por el que comunica lo
procedente al punto de acuerdo relacionado con el expediente 94343/96 del poblado Potrero
o Plan de los Amates, municipio de Acapulco, Guerrero, promovido por el diputado Efrén
Leyva Acevedo.
Reitero a ustedes la seguridad de mi
consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 15 de marzo de 2002.—
El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Tribunal Superior Agrario.
Licenciado M. Humberto Aguilar Coronado,
director general de gobierno de la subsecretaría de Gobernación.— Presente.
Me permito referirlo a su atento oficio con
número DGG/21/0558/02, de febrero 14 en curso, dirigido al magistrado presidente de este
Tribunal Superior Agrario, licenciado Ricardo García Villalobos, mediante el cual se
sirve comunicar el acuerdo de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión,
de 13 de febrero de 2002, que dice:
"Unico. Solicitar al tribunal
agrario, que se sirva disponer que, a la brevedad posible, el Tribunal Unitario Agrario
del distrito XLI, con residencia en Acapulco, Guerrero, dicte la resolución en el
expediente número 94/0343/96 del poblado Potrero o Plan de los Amates, municipio de
Acapulco, Guerrero."
Sobre el particular, se hace de su
conocimiento que, de conformidad a la autonomía y plena jurisdicción de los tribunales
agrarios para administrar justicia y dictar sus fallos, prevista en los artículos 27
fracción XIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o. de su
Ley Orgánica, el Tribunal Unitario Agrario del distrito XLI, ha informado que la
sentencia correspondiente al juicio agrario 940343/96 será pronunciada en breve término,
una vez integrada debidamente la prueba pericial ofrecida por las partes en juicio.
Atentamente.
México, D.F., a 22 de febrero de
2002.— La secretaria general de acuerdos, Claudia D. Velázquez González.»
La Presidenta:
De enterado y comuniquese.
ALTA
FRUCTOSA
El secretario Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión. — Presentes.
En atención al oficio número DGPL
58II1711 de fecha 6 del presente mes, suscrito por los secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión, con el presente les acompaño para los
fines que estimen procedentes, copia del similar STPCE/171/ 2002, signado por el ciudadano
Gerónimo Gutiérrez Fernández, secretario técnico de Planeación, Comunicación y
Enlace de la Secretaría de Economía, por el que comunica lo relativo al punto de acuerdo
sobre el supuesto compromiso que se hizo con el senador estadounidense Charles Grassley,
en lo relacionado al tema de la fructosa, mismo que desahogará en la reunión de la
Comisión de Comercio y Fomento Industrial de esa Cámara, de la que forma parte el
diputado Ildefonso Guajardo Villarreal promovente del punto de acuerdo de referencia.
Reitero a ustedes la seguridad de mi
consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 15 de marzo de 2002.—
El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Economía.
Licenciado M. Humberto Aguilar Coronado,
director general de gobierno de la Secretaría de Gobernación.— Presente.
Hago referencia al oficio DGG/211/099/7/01
de fecha 7 de marzo de 2002, por el que remite un punto de acuerdo aprobado en sesión de
la Comisión Permanente del 6 de marzo, el cual solicita:
"Unico. Que informe el
secretario de Economía, Luis Ernesto Derbez, sobre el supuesto compromiso que se hizo con
el senador estadounidense Charles Grassley, en lo relacionado al tema de la
fructosa."
Al respecto, por instrucciones del doctor
Luis Ernesto Derbez Bautista, secretario de Economía y con fundamento en el artículo 10
fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, le informo que el
secretario de Economía asistirá el 20 de marzo a la reunión de la Comisión de Comercio
y Fomento Industrial de la Cámara de Diputados a petición de la mesa directiva de dicha
comisión. En esta reunión se tratarán diversos temas, entre ellos el aludido en el
punto de acuerdo antes mencionado. Por lo anterior, se considera que dentro de la reunión
del 20 de marzo se podrá dar respuesta al punto de acuerdo, en comento.
Atentamente, solicito a usted que haga esto
del conocimiento de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de
la Unión.
Sin otro particular, le reitero la
seguridad de mi consideración distinguida.
Atentamente.
México, D.F., a 12 de marzo de 2002.—
El secretario técnico, Gerónimo Gutiérrez Fernández.»
La Presidenta:
De enterado y comuníquese.
Reino de
Dinamarca
El secretario Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores se
dirigió a ésta de Gobernación, solicitando se tramite ante el honorable Congreso de la
Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado C del artículo 37 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el ciudadano José
Martínez Güitrón, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Dannebrog en
grado de Caballero, que le confiere el gobierno del Reino de Dinamarca.
Por lo anterior me permito anexar, para que
se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al honorable
Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia certificada del acta de
nacimiento y copias simples de su curriculum vitae y de la notificación en la que
le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.
Agradezco a ustedes su atención a la
presente reiterándoles la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 15 de marzo de 2002.—
El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.»
La Presidenta:
Recibo y túrnese a la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública.
RUMANIA
El secretario Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión. — Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores se
dirigió a ésta de Gobernación, solicitando se tramite ante el honorable Congreso de la
Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado C del artículo 37 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el ciudadano Jorge
Andrés Ocejo Moreno, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito, en
grado de Comendador, que le confiere el gobierno de Rumania.
48,49,50
Por lo anterior me permito anexar, para que
se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al honorable
Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia certificada del acta de
nacimiento y copias simples de su curriculum vitae y de la notificación en la que
le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.
Agradezco a ustedes su atención a la
presente reiterándoles la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 15 de marzo de 2002.—
El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.»
La Presidenta:
Recibo y túrnese a la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública.
El secretario Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores se
dirigió a ésta de Gobernación, solicitando se tramite ante el honorable Congreso de la
Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado C del artículo 37 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el ciudadano Carlos
Jaime Bazdresch y Parada, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de la
Estrella de Rumania en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de Rumania.
Por lo anterior me permito anexar, para que
se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al honorable
Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia certificada de su acta de
nacimiento y copia simple de su curriculum vitae y de la notificación en la que se
le comunica la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.
Agradezco a ustedes su atención a la
presente, reiterándoles la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 15 de marzo de 2002.—
El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.»
La Presidenta:
Recibo y túrnese a la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública.
Reino de
Belgica
El secretario Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores se
dirigió a ésta de Gobernación, solicitando se tramite ante el honorable Congreso de la
Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado C del artículo 37 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el ciudadano José
María Antonio López Roufosse, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de la
Corona en grado de Caballero, que le confiere el gobierno del Reino de Bélgica.
Por lo anterior me permito anexar, para que
se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al honorable
Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia certificada de su acta de
nacimiento y copia simple de su curriculum vitae y de la notificación en la que se
le comunica la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.
Agradezco a ustedes su atención a la
presente, reiterándoles la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 15 de marzo de 2002.—
El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.»
La Presidenta:
Recibo y túrnese a la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública.
Republica
Dominicana
El secretario Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores se
dirigió a ésta de Gobernación, solicitando se tramite ante el honorable Congreso de la
Unión, el permiso a que se refiere la fracción III inciso C del artículo 37 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la ciudadana Amanda
Mireya Terán Munguía, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito de
Duarte, Sánchez y Mella en grado de Gran Cruz Placa de Plata, que le confiere el gobierno
de la República Dominicana.
Por lo anterior me permito anexar, para que
se integren en su expediente, original de la carta de la interesada dirigida al honorable
Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia certificada del acta de
nacimiento y copias simples de su curriculum vitae y de la notificación en la que
le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.
Agradezco a ustedes su atención a la
presente, reiterándoles la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 15 de marzo de 2002.—
El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.»
La Presidenta:
Recibo y túrnese a la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública.
Estados Unidos de America
El secretario Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores se
dirigió a ésta de Gobernación, solicitando se tramite ante el honorable Congreso de la
Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado C del artículo 37 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el teniente coronel de
caballería DEM Enrique García Jaramillo, pueda aceptar y usar la condecoración de la
Medalla de Servicios Meritorios, que le confiere el gobierno de Estados Unidos de
América.
Por lo anterior me permito anexar, para que
se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al honorable
Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia certificada de su acta de
nacimiento y copia simple de su curriculum vitae y de la notificación en la que se
le comunica la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.
Agradezco a ustedes su atención a la
presente, reiterándoles la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 15 de marzo de 2002.—
El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.»
Presidencia del diputado
Eric Eber Villanueva Mukul
El Presidente:
Recibo y túrnese a la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública.
Ley Agraria
El secretario Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados.— Presentes.
Para los efectos legales correspondientes,
me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto de
reformas a los artículos 134, 136, 139, 140, 141, 142 y 143 y se intercambian en su orden
la ubicación de los vigentes 145 y 146 del Título Séptimo de la Ley Agraria.
Reitero a ustedes las seguridades de mi
atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 15 de diciembre de
2001.— Senador Diego Fernández de Cevallos Ramos, presidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
De reformas a los artículos 134, 136, 139,
140, 141, 142 y 143 y se intercambian en su orden la ubicación de los vigentes 145 y 146
del Título Séptimo de la Ley Agraria
Artículo único. Se reforman los
artículos 134, 139, 140, primer párrafo y fracciones I y IV; 141, fracciones I y III;
142 y 143; se adicionan las fracciones I y II del artículo 136, recorriéndose en su
orden las actuales del I al XI para pasar a ser del III al XIII, una fracción II al
artículo 140 y una fracción II al artículo 141, y se intercambia en su orden la
ubicación de los vigentes artículos 145 y 146, todos éstos de la Ley Agraria, para
quedar como sigue:
"Artículo 134. La
Procuraduría Agraria es un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio
propios, encargada de proporcionar la asesoría legal a los sujetos que tutela esta ley y
promover la procuración de la justicia agraria, conforme lo establece el artículo 27
fracción XIX de la Constitución.
Artículo 136. Son atribuciones de
la Procuraduría Agraria las siguientes:
I. Brindar asesoría legal a los
campesinos;
II. Promover la procuración de la justicia
agraria;
III a la XIII. . .
Artículo 139. La Procuraduría
Agraria estará presidida por un procurador. Se integra, además por los subprocuradores,
sustitutos del procurador en el orden que lo señale el reglamento interior, por un
secretario general y por un cuerpo de abogados capacitados, con experiencia en materia
jurisdiccional y agraria, adscritos a las diversas delegaciones y oficinas y otro de
servicios periciales, así como por las demás unidades técnicas, administrativas y
dependencias internas que se estime necesarias al adecuado funcionamiento de la misma.
Artículo 140. Para ser procurador
agrario deben reunirse los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno
ejercicio de sus derechos políticos y civiles, así como tener por lo menos 30 años
cumplidos el día de su designación;
II. Ser licenciado en derecho con título
debidamente registrado, expedido cuando menos cinco años antes de la fecha de la
designación;
III. Comprobar una práctica profesional
mínima de cinco años y experiencia en materia agraria y
IV. Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito intencional que amerite pena privativa de la libertad.
Artículo 141. Los subprocuradores
deberán reunir los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano, mayor de edad y
estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
II. Ser licenciado en derecho con título
debidamente registrado, expedido cuando menos tres años antes a la fecha de la
designación y acreditar una práctica profesional de tres años y
III. Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito intencional que amerite pena privativa de la libertad.
El secretario general deberá reunir los
requisitos previstos en las fracciones I y III anteriores.
Artículo 142. El procurador agrario
será designado por la Cámara de Senadores por medio del voto de las dos terceras partes
de los miembros presentes y, en su caso, en sus recesos, por la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión con la misma votación, a propuesta del Presidente de la República,
quien enviará una terna de candidatos y su remoción se sujetará a lo estipulado en el
Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 143. Los subprocuradores y
el secretario general serán designados y removidos libremente por el procurador.
Artículo 145. A los subprocuradores
corresponderá dirigir las funciones de sus respectivas áreas de responsabilidad, de
conformidad con el Reglamento Interior de la Procuraduría, atendiendo las tareas
relativas a la asistencia y defensa de los derechos e intereses de ejidos, comunidades,
ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios y comuneros, pequeños propietarios,
avecindados y jornaleros, la asistencia en la regulación de la tenencia de la tierra de
los mismos y la inspección y vigilancia en el cumplimiento de las leyes agrarias.
Artículo 146. Al secretario general
corresponderá realizar las tareas administrativas de la Procuraduría, coordinando las
oficinas de la dependencia de conformidad con las instrucciones y disposiciones del
procurador."
51,52,53
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. Se retiran del servicio de
la Secretaría de la Reforma Agraria, y se desincorporan del dominio público de la
Federación, los inmuebles de propiedad federal que actualmente ocupa el órgano
descentralizado Procuraduría Agraria, para que se realice la enajenación conducente
conforme a las leyes vigentes, para efectos de que sean utilizados con el objeto que viene
desempeñando.
Tercero. La Secretaría de la
Reforma Agraria realizará los trámites conducentes para que todos los recursos
materiales con que actualmente cuenta el organismo descentralizado Procuraduría Agraria,
se transfieran al organismo autónomo.
Cuarto. Los recursos humanos que
actualmente se encuentran al servicio del organismo descentralizado Procuraduría Agraria,
pasarán a formar parte del organismo autónomo. Los derechos laborales de los
trabajadores serán respetados conforme a la ley.
Salón de sesiones de la Cámara de
Senadores.— México, D.F., a 15 de diciembre de 2001.— Senadores: Diego
Fernández de Cevallos Ramos, presidente y María Lucero Saldaña Pérez,
secretaria.
Se remite a la Cámara de Diputados para
los efectos constitucionales.— Arturo Garita, secretario general de Servicios
Parlamentarios.»
El Presidente:
Túrnese a las comisiones de Justicia y
Derechos Humanos y de Reforma Agraria.
Republica
de Eslovenia
El secretario Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados.— Presentes.
Para los efectos legales correspondientes,
me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que
concede permiso al ciudadano Rodolfo Waschsman Gombos, para desempeñar el cargo de
cónsul honorario de Eslovenia en México, con circunscripción consular en toda la
República.
Reitero a ustedes las seguridades de mi
atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 11 de diciembre de
2001.— Senador Diego Fernández de Cevallos Ramos, presidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso
al ciudadano Rodolfo Waschsman Gombos, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de
Eslovenia en México, con circunscripción consular en toda la República.
Salón de sesiones de la Cámara de
Senadores.— México, D.F., a 11 de diciembre de 2001.— Senadores: Diego
Fernández de Cevallos Ramos, presidente y Yolanda E. González Hernández,
secretaria.
Se remite a la Cámara de Diputados, para
los efectos constitucionales.— Arturo Garita, secretario general de Servicios
Parlamentarios.»
El Presidente:
Túrnese a la Comisión de Gobernación
y Seguridad Pública.
REPUBLICA
DE FINLANDIA
El secretario Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán:
«Honorable Congreso de la Unión: Ricardo
Franco Guzmán, mexicano, licenciado en derecho, con domicilio para oír notificaciones y
recibir toda clase de documentos en Paseo de las Palmas 1505, colonia Lomas de
Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo, código postal 11010, de esta ciudad, con todo
respeto digo:
1. Soy mexicano por nacimiento como lo
acredito con la copia certificada que acompaño como anexo número uno.
2. En oficio de 11 de marzo de 2002, el
señor Hannu UusiVidenoja, embajador de Finlandia en México, tuvo a bien designarme
asesor jurídico (abogado de confianza) de dicha representación diplomática, con
carácter honorario y, por tanto, sin retribución económica, como lo acredito con la
copia del oficio que acompaño como anexo número dos.
3. De acuerdo con lo dispuesto en artículo
37B fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito
permiso de ese Congreso de la Unión para prestar voluntariamente mis servicios a la
Embajada de Finlandia en México, como asesor jurídico (abogado de confianza).
Protesto mi respeto.
México, D.F., a 20 de marzo de 2002.—
Ricardo Franco Guzmán, abogado.»
El Presidente:
Túrnese a la Comisión de Gobernación y
Seguridad Pública.
LEY
FEDERAL PARA LA REGULACION Y CONTROL DE LA PUBLICIDAD
GUBERNAMENTAL EN MATERIA DE PRENSA, RADIO Y TELEVISION
El Presidente:
Iniciativas de diputados.
Tiene la palabra la ciudadana diputada
Lorena Beaurregard de los Santos, integrante del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa de Ley Reguladora para el
Control de la Publicidad Gubernamental en Materia de Prensa, Radio y Televisión.
La diputada Lorena Beaurregard de
los Santos:
Con su permiso, diputado Presidente:
La que suscribe, Lorena Beaurregard de los
Santos, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la
LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, en uso de las facultades que me otorga la
fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento
ante este honorable Congreso de la Unión, la iniciativa de Ley General para la
Regulación y Control de la Publicidad Gubernamental en Materia de Prensa, Radio y
Televisión, ante la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
Por más de dos décadas, legisladores,
académicos, gobernantes, empresarios y los trabajadores de la prensa, hemos discutido las
ventajas y desventajas sobre la reglamentación de los medios de información; sin
embargo, poco hemos profundizado sobre los métodos que el Gobierno ha utilizado para
regularlos.
La presente iniciativa de ley, tiene como
propósito fundamental establecer nuevas reglas para el uso correcto de los recursos
públicos que el Gobierno ejerce en materia de publicidad, difusión y comunicación
social.
Aunque los nuevos tiempos exigen cambios
profundos desde el punto de vista legal que gradualmente nos han conducido a crear nuevas
condiciones frente a los medios de información, pues muchos de éstos son cada vez más
poderosos, lo cierto es que uno de los primeros pasos sería demostrar la disposición del
Estado a someterse al escrutinio de Legislativo en esta materia. No sería congruente
demandar un nuevo comportamiento de las empresas periodísticas, cuando el Legislativo ha
incurrido en omisiones, al permitir que el Gobierno cree sus propias reglas para el uso de
sus recursos en materia de difusión y comunicación, se sancione y se otorgue asimismo
los permisos para excederse en gastos, cuando lo considera necesario.
Si queremos plena legalidad en el ejercicio
periodístico, los legisladores y servidores públicos debemos empezar por arreglar
nuestra casa. Necesitamos modificar los parámetros que permitieron al viejo sistema
político generar un modelo proteccionista que propició vacíos legales, que generó
relaciones de corrupción con los distintos medios de comunicación, a través de apoyos
financieros estatales, el rescate de empresas informativas, estímulos fiscales y hasta el
subsidio de papel periódico que, en su momento, limitó las libertades de expresión e
información.
Si proponemos nuevas reglas para los medios
de comunicación, el Gobierno está obligado a enviar señales de disposición a ser
vigilado por el Poder Legislativo. Un Poder Legislativo que sólo se ha interesado en
limitar a las empresas periodísticas. Así como los medios sin reglas son capaces de
manipular la opinión pública, los gobiernos sin una auténtica vigilancia del
Legislativo, son proclives a crear condiciones para que los medios actúen siempre
subordinados a sus intereses.
Porfirio Díaz supo la importancia de los
medios de comunicación, cuando bajo su tutela se fundó El Imparcial, periódico
nacido de los apoyos oficiales y constituido como el primer medio al servicio de la
dictadura.
El general Lázaro Cárdenas también
entendió la importancia de la difusión masiva. Fue él, quien inteligentemente utilizó
la naciente radiodifusión para su servicio y afirmó: "el desarrollo de un programa
definido de gobierno requiere de órganos de publicidad y propaganda coordinados bajo una
sola dirección y aplicados a realizar una obra continua de difusión, de hechos y
doctrinas en la mente pública". Cabe destacar que en esta época nace también El
Nacional, órgano oficial del Partido Nacional Revolucionario y el famoso DAPP
(Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad), creado para difundir masivamente las
actividades del general Lázaro Cárdenas.
Otro que entendió rápidamente, la
importancia del control de los medios, fue el expresidente José López Portillo, quien
ingenuamente sintetizó en seis palabras los motivos por los que es urgente limitar el uso
de los recursos públicos en materia de publicidad: "Yo no pago para que me
peguen".
Este tipo de prácticas permitió al Estado
a subsidiar durante 55 años el papel periódico, a través de PIPSA, como un mecanismo
eficaz de control de los medios impresos y, por lo tanto, de la opinión pública. Sin
embargo, con su privatización, en 1990, se dio un primer paso, aunque insuficiente, hacia
una nueva relación de los medios con el Estado.
Si nuestros gobernantes de antaño no
desconocieron la utilidad de los medios de comunicación, es de suponerse que los
actuales, ya sean del PRI, del PAN, del PRD o de cualquier otro partido político, tampoco
la desconocen. Prueba de ello, es la evidente fascinación que muchos políticos tienen
hacia la letra impresa, las cámaras y los micrófonos. Hoy la política en México pasa
necesariamente por los medios de comunicación, por lo que el que no está en los medios
no existe.
Los gobiernos se han interesado en
reglamentar los medios, pero no así en permitir que el Legislativo regule a un gobierno,
que emanado de cualquier partido, utilice los recursos públicos discrecionalmente.
A lo largo de su historia, el PRI siempre
tuvo conciencia sobre la importancia de controlar los medios; sin embargo, esta debilidad
no es exclusiva de este partido, pues en los otros también han existido excesos
ampliamente conocidos por todos.
Por ejemplo, mientras que para muchos
quedó en duda el origen de los recursos que utilizó el hoy presidente del CEN del PRI,
Roberto Madrazo Pintado, para promocionar sus aspiraciones a la candidatura presidencial
del PRI; para otros, los 621 millones de pesos que gastó la virtual dirigente nacional
del PRD, Rosario Robles, en campañas gubernamentales de publicidad, fueron excesivos. A
pesar de que en el caso de la perredista, se declaró improcedente la denuncia por
malversación de fondos en comunicación social, lo cierto es que este hecho sentó un
precedente sobre los excesos en que suelen incurrir funcionarios públicos de todos los
partidos políticos que gobiernan. Si bien, se han dado algunos indicios de transparencia
en el uso de los recursos públicos, aún es insuficiente, ya que debemos seguir avanzando
hacia la modernización de la relación del Estado y los medios de comunicación.
La falta de una supervisión correcta sobre
el uso y destino de los tiempos oficiales, ha propiciado que otros funcionarios, como el
propio presidente Vicente Fox, aprovechen los vacíos existentes para publicitar
indiscriminadamente la figura presidencial.
En 1992 se publica, por primera vez, el
decreto del Ejecutivo titulado "Lineamientos para la aplicación de los recursos
federales destinados a la publicidad, difusión y en general a las actividades de
comunicación social". En esta norma, se establecieron algunos criterios para la
dotación de la publicidad oficial, además de que se obligó a efectuar los pagos con
cheques nominativos, para evitar que se ocultara el destino de las erogaciones. A estos
avances se sumó la reforma más importante que se dio en el seno de la legislación
electoral, al lograrse una distribución equitativa de los tiempos oficiales que se
otorgan a los partidos políticos en época de elecciones.
54,55,56
Llegamos entonces, al acuerdo publicado en
el Diario Oficial de la Federación, en enero de 2001, en el que se establecen los
nuevos lineamientos para la aplicación de los recursos federales destinados a la
publicidad, difusión y en general a las actividades de comunicación social. Un decreto
emanado del Ejecutivo y basado en los proyectos de un nuevo partido en el Gobierno, en el
que se incorporan nuevas ideas sobre el cómo y cuándo ejercer los recursos públicos.
Recientemente, el pasado 25 de enero de
2002, nuevamente la Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la
Federación un acuerdo por el que se establecen las normas y lineamientos generales para
la aplicación de los recursos presupuestales en materia de comunicación social, que es
el resultado del conocimiento de la Subsecretaría de Comunicación Social sobre la
inminente presentación de la presente Ley General, no como un deseo genuino de
transparentar, sino como una manera de adelantarse al Poder Legislativo.
Sin duda estamos avanzado en este sentido;
sin embargo, en la medida en que se creen mayores controles para la aplicación de estos
recursos, se evitarán los excesos que los propios medios de comunicación han denunciado
en sus espacios electrónicos e impresos.
Sólo para el Ejercicio Fiscal de 2001, el
Gobierno contó con un total de 3mil 510 millones de pesos, para ejercer en los programas
de difusión de las dependencias y organismos gubernamentales.
La presente ley tiene como finalidad
otorgar al Legislativo el poder de control sobre los actos del Ejecutivo en materia de
recursos públicos para la difusión y publicidad del Gobierno. Frente a la tentación de
los partidos gobernantes, tiene que existir una vigilancia constante, a fin de que se
cumplan los objetivos que se proyectaron en materia de difusión de las campañas
gubernamentales. Sin embargo, tenemos que asegurarnos que tales egresos se apliquen
únicamente para gastos de propaganda e imagen institucional y no la individual.
Se trata de establecer los criterios para
que en el ejercicio de estos recursos públicos no se cometan excesos o se modifique el
propósito para los cuales fueron autorizados por esta Cámara, razón por la que se
propone en el artículo 5o. de la presente iniciativa, que todos los programas en materia
de comunicación y difusión sean aprobados por el Ejecutivo y la Cámara de Diputados.
No basta con la vigilancia del Ejecutivo,
por lo que debemos, los legisladores, demandar que para la aprobación de los programas,
las entidades y las dependencias de la administración pública se justifiquen en todo
momento, el uso correcto de los recursos públicos.
Es importante que el presupuesto aprobado
se aplique exclusivamente para las actividades de difusión, información y promoción,
pero que adicionalmente a la aprobación del Presupuesto de Egresos de cada año,
trimestralmente el Legislativo revise que las campañas institucionales se justifiquen
debidamente, cumplan los objetivos del proyecto de gobierno y se evite así cualquier
intento de promoción personal o partidista.
Para ello, se propone que en los criterios
sobre la difusión de las campañas institucionales, los funcionarios públicos no
aparezcan en imagen, a menos que se justifique debidamente a la Cámara de Diputados y a
la Secretaría de Gobernación, instancia que por ley se encarga de aplicar la política
de comunicación social.
Los gobiernos democráticos han adoptado
como práctica cotidiana la racionalidad en el ejercicio de sus recursos públicos, por lo
que en la presente iniciativa, proponemos que en la contratación de los servicios, las
entidades o dependencias comprueben al Legislativo y a sus superiores en la
administración pública, que en la contratación de espacios en medios escritos y
electrónicos se busque el ahorro y la transparencia.
Conocida la historia sobre el control del
Estado hacia los medios, es fundamental que los servidores públicos demuestren a sus
superiores y a los legisladores, que no se privilegió a una empresa periodística por
razones distintas a la eficacia para difundir la información, el prestigio, la
circulación u otros requisitos que se enumeran en la iniciativa.
Respecto a la difusión de las campañas,
se propone que el Legislativo y la Secretaría de Gobernación autoricen, de común
acuerdo, la difusión de las campañas institucionales, con base en una solicitud que
justifique plenamente tiempo, costo, estudios de mercado, encuestas de opinión y grupos
hacia donde estará dirigida. Se trata de conocer el costo, el impacto de las campañas y
si éstas fueron onerosas o no.
Sobre los tiempos oficiales, se propone que
los legisladores y Gobierno, vigilen el uso y distribución correcta de los mismos, para
lo cual se sugiere un informe trimestral y que las dependencias y entidades que comprenden
esta iniciativa, conozcan con anticipación los espacios y las frecuencias que les serán
asignadas para sus campañas institucionales.
Por lo anteriormente expuesto y con
fundamento, someto a consideración de esta Cámara la siguiente
INICIATIVA
De Ley Federal para la Regulación y
Control de la Publicidad Gubernamental en Materia de Prensa, Radio y Televisión
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 1o. La presente ley es de
carácter general y sus disposiciones son de orden público e interés social.
Artículo 2o. Para efectos de esta
ley se entiende por:
Secretaría de Gobernación: secretaría
de Estado que de acuerdo con el artículo 27 inciso XXXII de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, está encargada de formular, regular y conducir la
política de comunicación social del Gobierno y las relaciones con los medios masivos de
información.
Cámara de Diputados: órgano
colegiado encargado de vigilar y regular la aplicación de los recursos públicos para la
difusión de campañas gubernamentales en prensa, radio y televisión.
Comunicación social: el intercambio de
información de interés público que se da entre personas físicas, morales, públicas o
privadas.
Campaña institucional emergente: material
comunicacional elaborado por las Dependencias y Entidades para su difusión inmediata ante
una coyuntura determinada. Este material se difunde, como su nombre lo señala, de manera
emergente, ante la presencia de un peligro, alteración al orden social, los servicios
públicos, la economía, la salud, así como la seguridad o el ambiente de alguna zona o
región del país. Este tipo de campaña puede también tener fines exclusivamente
militares o para la Armada, con el propósito de garantizar la seguridad interna de la
nación;
Campaña institucional: material
comunicacional elaborado por las dependencias y entidades, de acuerdo con sus programas
autorizados para su difusión;
Dependencias: las dependencias que
conforman la Administración Pública Federal, enunciadas en el artículo 26 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, incluyendo sus órganos desconcentrados,
incluida en esta definición exclusivamente para los efectos de la presente ley, la
Procuraduría General de la República;
Entidades: las entidades que conforman la
Administración Pública Federal, enunciadas en el artículo 3o. de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal.
Dirección General: Dirección General de
Comunicación Social Gubernamental, adscrita a la subsecretaría;
Erogación: todo recurso presupuestario
gastado, ejercido, comprometido o contratado por las dependencias y entidades, con
cualquier prestador de bienes y servicios que sean susceptibles de ser registrados en las
partidas de gasto para el rubro de la comunicación social (actualmente concepto 3600 del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2001);
Medios oficiales: medios de comunicación
del sector público;
Programa: instrumento mediante el cual, se
justifican y especifican las actividades y recursos presupuestarios para el ejercicio
fiscal del año, en materia de comunicación social de las dependencias y entidades;
Recursos presupuestarios: aquellos
incluidos en el rubro de Comunicación Social del Presupuesto de Egresos de la Federación
(actualmente, el concepto 3600 "Servicios de impresión, publicación, difusión e
información", de conformidad con el acuerdo por el que se expide el clasificador por
objeto del gasto para la Administración Pública Federal, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 13 de octubre de 2000);
Tiempos oficiales: tiempos de
transmisión asignados, tanto en los medios de difusión del sector público, como en
aquellos que por ley otorgan al Estado las empresas de comunicación que operan mediante
concesión federal.
Artículo 3o. Son objetivos de esta
ley:
a) Establecer los criterios generales para
el ejercicio de los recursos que el Gobierno Federal destina al rubro de comunicación
social y a la publicidad gubernamental en materia de prensa, radio y televisión.
b) Se aplicará a los rubros de publicidad,
propaganda y a las actividades de comunicación social de las dependencias y entidades que
conforman la Administración Pública Federal, enunciadas en los artículos 3o. y 26 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, incluyendo sus órganos
desconcentrados, así como la Procuraduría General de la República.
c) Garantizar la transparencia en el
ejercicio de los recursos públicos para la contratación de servicios de publicidad en
prensa escrita, radio y televisión.
d) El Poder Legislativo, concretamente la
Cámara de Diputados, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, será la
instancia facultada para la vigilancia, revisión y aprobación de todo lo relacionado con
la comunicación social gubernamental.
CAPITULO II
De las erogaciones de recursos presupuestarios
Artículo 4o. La erogación de
recursos presupuestarios de las dependencias y entidades requerirá la autorización
previa de la Cámara de Diputados y la comisión que se designe para tal efecto. La
Secretaría de Gobernación será la encargada de proponer, con la previa aprobación y
supervisión de la Cámara de Diputados los programas y campañas institucionales
correspondientes.
Artículo 5o. Para cumplir con lo
dispuesto en el artículo 3o. de esta ley, los programas deberán someterse a la
aprobación de la comisión que designe la Cámara de Diputados y la Secretaría de
Gobernación, en los siguientes 30 días naturales después de la publicación de la
presente ley.
Artículo 6o. La solicitud de
aprobación de los programas deberá incluir los siguientes elementos:
a) Estrategia en materia de comunicación
social acorde con las funciones y atribuciones de las dependencias o entidades, que
deberán adecuar sus programas a los lineamientos elaborados por el Gobierno, así como a
los objetivos y prioridades establecidos en los programas sectoriales, institucionales,
regionales y especiales que de él emanen, siempre y cuando los programas inicialmente
presentados no lo contemplen. Los programas ajustados deberán presentarse ante la Cámara
de Diputados y la Secretaría de Gobernación, dentro de los 30 días naturales
posteriores a la publicación del Plan Nacional de Desarrollo;
b) Líneas generales de acción a través
de las cuales se dará cumplimiento y se garantizará el derecho a la información
establecido en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, a fin de difundir entre la población el quehacer gubernamental, en forma
transparente, congruente, integral, permanente, objetiva, veraz y oportuna;
c) Justificación y descripción de las
campañas institucionales que se pretende llevar a cabo;
d) Propuesta y justificación de la
selección de medios de difusión de acuerdo con el público y el objetivo que se quiere
lograr, la cobertura, equilibrio informativo e impacto de los mismos. Debe sustentarse
técnica, teórica y políticamente, la razón por la que una determinada entidad o
dependencia eligió a determinados medios de manera preferente, para no dar lugar a
situaciones que privilegien injustificadamente a empresas periodísticas.
e) En su caso, descripción, justificación
y sustento de las publicaciones oficiales comprendidas por el programa, distintas a las
que, por ley deban realizarse en el Diario Oficial de la Federación y
f) Proyecto de presupuesto para llevar a
cabo las acciones comprendidas en el programa y síntesis del contenido del mismo, de
acuerdo con los criterios establecidos para tal efecto por la Secretaría de Gobernación.
Cualquier modificación al contenido de los programas o en la erogación de recursos
presupuestarios, deberá ser autorizado previamente por la Cámara de Diputados, que
resolverá lo conducente, en los cinco días hábiles posteriores a la recepción de la
solicitud correspondiente.
Artículo 7o. Las erogaciones de
recursos presupuestarios deberá limitarse al desarrollo de las actividades de difusión,
información y promoción comprendidos en los programas, así como sujetarse a las
disposiciones que, en materia de austeridad y racionalidad del gasto público que emitan
las autoridades competentes. Las dependencias y entidades se abstendrán de realizar
erogaciones de recursos presupuestarios cuya finalidad sea distinta a la promoción de la
imagen institucional.
57,58,59
Los materiales que sean difundidos por las
dependencias y entidades en medios electrónicos e impresos, deberán respetar los
siguientes criterios:
a) Hacer referencia a los bienes o
productos que comercializan o a los servicios públicos que prestan;
b) Deberán estar orientados a incidir en
el aumento del consumo de los bienes o servicios respectivos;
c) Fomentar el ahorro de recursos naturales
o la actualización tecnológica;
d) Promover una cultura preventiva en la
sociedad respecto a los asuntos que competen a la salubridad, seguridad pública y
recursos naturales, entre otros;
e) Informar de las acciones adoptadas en
materia de salud, preservación del medio ambiente, uso eficiente de recursos naturales y
seguridad de la población, entre otros;
f) Informar y orientar a los consumidores
de los bienes o servicios en cuestión;
g) Informar la ejecución de los planes y
programas a cargo de las dependencias; así como para la promoción de la cultura en todas
sus expresiones y de los valores cívicos, entre otros.
Artículo 8o. Las dependencias y
entidades no podrán erogar recursos presupuestarios en beneficio de candidato a puesto de
elección popular o partido político alguno, de conformidad con lo establecido en la
legislación electoral aplicable.
Artículo 9o. Cualquier campaña
institucional, a excepción de las emergentes, deberán considerar los siguientes
criterios para su difusión en los medios electrónicos e impresos:
a) Ningún funcionario de la dependencia
que publicite la campaña de información podrá aparecer en las inserciones que se paguen
en medios impresos, spots televisivos y radiofónicos que se difundan, a menos que
se solicite un permiso a la comisión que designe la Cámara de Diputados y la Secretaría
de Gobernación;
b) La contratación de servicios para la
difusión de la campaña institucional en prensa, radio y televisión, deberá, en todo
momento, anteponer los criterios de racionalidad impuestos por el Gobierno, a menos que
sea una campaña emergente, de vital y urgente difusión para la población.
c) Toda entidad o dependencia deberá
comprobar en tiempo y forma, como lo establece la presente ley, las razones por las que se
eligió a determinado medio escrito o electrónico para la difusión de su campaña
institucional, exceptuando la de carácter emergente, buscar en todo momento que los
recursos que se eroguen para el pago de las inserciones a medios impresos o spots
televisivos y radiofónicos, no sean onerosos, de acuerdo con las tarifas ofrecidas por
las empresas periodísticas.
d) En la elección de empresas
publicitarias, la entidad o dependencia deberá notificar a la Secretaría de Gobernación
y a la comisión que designe la Cámara de Diputados, las razones por las que contrató
estos servicios para la elaboración de una campaña institucional específica y sustentar
los motivos por los que eligió la contratación de ese servicio. La entidad o dependencia
que adquiera los servicios de empresas privadas de publicidad, buscará mantener los
criterios de racionalidad impuestos por el Gobierno y no privilegiar a una sola empresa, a
menos que las erogaciones que se hagan estén sustentadas por las tarifas, el prestigio,
la cartera y la eficacia de las prestadoras de servicios.
CAPITULO III
De la difusión de las campañas
Artículo 10. La difusión de las
campañas institucionales, requerirá la autorización de la Cámara de Diputados y de la
Secretaría de Gobernación. La solicitud de autorización a que se refiere el artículo
anterior, deberá incluir lo siguiente:
a) Muestrario de la campaña institucional,
con los materiales respectivos o, en su caso, con la descripción de los mismos y
acompañada de imágenes como impresos, audiovisuales y libretos para medios
electrónicos;
b) Inicio y término de la campaña;
c) Número, horario (rango) y ubicación
(emisoras) de los impactos de radio y televisión solicitados;
d) Costos estimados para el desarrollo y
difusión de las mismas;
e) Presentación a la Secretaría de
Gobernación y a la Cámara de Diputados, de los resultados obtenidos en los estudios de
mercado, encuestas de opinión, grupos de enfoque o cualquier otro análisis similar
practicado por las dependencias o entidades;
f) La participación de empresas privadas
en la elaboración de campañas institucionales o emergentes, estará sujeta al
presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados en materia de comunicación social y su
contratación no deberá ser superior a las tarifas manejadas en el ramo de la publicidad.
Artículo 11. La Cámara de
Diputados y la Secretaría de Gobernación emitirán, de común acuerdo, la resolución
correspondiente dentro de los dos días hábiles siguientes a la recepción de la
solicitud, siempre y cuando ésta cumpla con los requisitos establecidos en los incisos
anteriores y que se apegue a los objetivos en el programa respectivo, así como con las
políticas de comunicación social definidas por el Gobierno Federal en el ámbito de su
competencia. Cualquier modificación en el contenido de las campañas institucionales,
deberá ser notificada para su aprobación.
Artículo 12. Las campañas
institucionales emergentes quedan excluidas de la autorización a que se refiere el
artículo X de esta ley. Su contenido deberá ser notificado a la Cámara de Diputados y a
la Secretaría de Gobernación dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de
inicio de su difusión.
CAPITULO IV
De la contratación de los servicios
Artículo 13. En la contratación de
servicios, las dependencias y entidades sólo darán preferencia a los medios oficiales
respecto de los medios de comunicación privados, si éstos acreditan debidamente sus
condiciones de servicio, calidad, costo de mercado y cobertura.
Artículo 14. La contratación de
servicios de información, diseño, producción y difusión que ofrecen de comunicación
privados, se llevará a cabo bajo la estricta responsabilidad de la dependencia o entidad
de que se trate; sin embargo, las órdenes de compra emitidas por las dependencias y
entidades deberán especificar el concepto, título del anuncio, mensaje, cobertura y
circulación certificada del medio en cuestión, así como los costos que ofrece para tal
efecto.
Artículo 15. Las órdenes de compra
emitidas por las dependencias y entidades se presentarán semestralmente a la comisión
que designe la Cámara de Diputados, para el seguimiento y vigilancia que pretende esta
ley y a la Secretaría de Gobernación, en su calidad de órgano rector de la
comunicación social gubernamental, para demostrar el uso correcto de los recursos
presupuestales destinados a la difusión e información.
CAPITULO V
Del uso de los tiempos oficiales
Artículo 16. Las dependencias y
entidades únicamente podrán destinar recursos presupuestarios para actividades
relacionadas con la comunicación social a través de la radio y la televisión, una vez
que hayan agotado los tiempos oficiales disponibles, tanto en los medios de difusión del
sector público, como en aquellos que por ley otorgan al Estado las empresas de
comunicación que operan mediante concesión federal. Las dependencias y entidades que por
la naturaleza de sus programas y campañas emergentes, quedará fuera de esta
disposición.
Artículo 17. Los tiempos oficiales
serán administrados por el Consejo Nacional de Radio y Televisión y serán asignados
exclusivamente a campañas institucionales o materiales previamente aprobados por la
Secretaría de Gobernación e informarse trimestralmente a la Cámara de Diputados.
Artículo 18. La asignación de los
tiempos oficiales para la difusión de las campañas institucionales deberá seguir
criterios de equidad y transparencia, para mantener una distribución equilibrada entre
todas las entidades y dependencias a las que se refiere la presente ley.
Artículo 19. El Consejo Nacional de
Radio y Televisión determinará el formato y los requisitos de calidad que deberán
cumplir los materiales remitidos por las dependencias y entidades solicitantes, así como
los materiales impresos y audiovisuales, atendiendo los requerimientos de tiempo y
audiencia necesarios para la consecución de los objetivos de comunicación de la campaña
institucional de que se trate, siempre, en función de la disponibilidad de tiempos
oficiales existentes durante la vigencia de la misma.
Artículo 20. La Secretaría de
Gobernación deberá justificar a la comisión encargada por la Cámara de Diputados, en
su informe trimestral, los criterios que empleó para la utilización de los tiempos
oficiales.
Artículo 21. La Secretaría de
Gobernación presentará una propuesta a la comisión encargada por la Cámara de
Diputados, su propuesta de distribución de los tiempos oficiales para cada una de las
dependencias y entidades.
Artículo 22. La Secretaría de
Gobernación informará a las instituciones y dependencias que comprenden esta ley, los
tiempos oficiales con los que contarán a partir de los primeros cinco días hábiles del
mes de enero de cada año, a fin de que conozcan la disponibilidad de los mismos y
elaboren sus programas de difusión.
Artículo 23. El Consejo Nacional de
Radio y Televisión llevará el seguimiento de los tiempos de transmisión, distribución,
así como el uso que se le da que por ley otorgan al Estado las empresas de comunicación
que operan mediante concesión federal. Igualmente, a los espacios contratados en radio y
televisión para las campañas institucionales de difusión, a fin de que se integren en
el informe que señalado anteriormente en la presente ley.
CAPITULO VI
Sobre la vigilancia de los recursos presupuestarios
Artículo 24. Las dependencias y
entidades informarán trimestralmente a su órgano rector en materia de comunicación
social gubernamental y a la Cámara de Diputados, sobre las erogaciones de recursos
presupuestarios, dentro de los primeros cinco días hábiles siguientes a la conclusión
del periodo referido en el presente artículo, conforme a los formatos que al efecto
establezca la Secretaría de Gobernación.
Artículo 25. La Cámara de
Diputados podrá solicitar a las dependencias y entidades o bien a la Secretaría de
Gobernación, que está encargada de establecer la política de comunicación social de la
Administración Pública Federal, la información adicional para verificar el cumplimiento
de lo establecido en la presente ley. Esta información deberá ser entregada dentro de
los 10 días hábiles posteriores a su solicitud.
Artículo 26. La Secretaría de
Gobernación informará trimestralmente a la Cámara de Diputados, las erogaciones
destinadas a los rubros de publicidad, propaganda, publicaciones oficiales y, en general,
a todas las relacionadas con actividades de comunicación social.
Artículo 27. La Secretaría de
Gobernación, dependencia encargada de la política de comunicación social gubernamental,
informará trimestralmente a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo
Administrativo, de los programas y campañas institucionales autorizados de conformidad
con la presente ley, a fin de que se apliquen las sanciones correspondientes a los
servidores.
Artículo 28. Las dependencias y
entidades, a las que alude esta ley, establecerán y mantendrán permanentemente
actualizada una dirección electrónica en Internet incorporando, como mínimo, la
siguiente información:
a) Ley Orgánica, Reglamento Interior;
decreto de creación o estatuto orgánico, según sea el caso;
b) Marco jurídico aplicable a las
actividades u objeto de la dependencia o entidad, incluyendo las disposiciones
administrativas de carácter general emitidas por la misma;
c) Manual de organización, incluyendo
organigrama;
d) Directorio y curriculum de los
principales servidores públicos;
e) Plan Nacional de Desarrollo y programas
sectoriales;
f) Programa anual de trabajo, incluyendo
una descripción de las principales actividades que lo integran;
g) Principales indicadores de gestión, las
estadísticas históricas del sector correspondiente;
h) Servicios públicos que se ofrecen a la
comunidad y unidades administrativas responsables de prestarlas, así como los horarios,
domicilios y números telefónicos de atención;
i) Boletines, comunicados de prensa, y la
información general emitida por la dependencia y entidad;
60,61,62
j) El informe trimestral emitido por la
Secretaría de Gobernación sobre el manejo de los recursos presupuestales para las
campañas de difusión e información de la dependencia o entidad;
k) Vínculos con la información de las
campañas institucionales difundidas en cualquier medio de comunicación masivo, que
incluya un formato de encuesta de opinión sobre la percepción de cada campaña. Los
resultados que se obtengan deberán ser remitidos a la Cámara de Diputados para su
conocimiento y registro.
l) Todos los materiales difundidos en
prensa y televisión, deberán contener la dirección electrónica respectiva.
m) Las entidades podrán cumplir con el
requisito a que se refiere el presente artículo, mediante la incorporación de un
vínculo relativo a sus actividades dentro de la dirección electrónica de la
coordinadora del sector correspondiente.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. Esta ley entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Queda sin efectos cualquier
otra disposición que contravenga la presente ley.
Tercero. A partir de los 90 días de
la publicación de la presente ley, el Consejo Nacional de Radio y Televisión deberá
asumir las responsabilidades que se le confieren en este decreto, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 91 de la Ley Federal de Radio y Televisión, así como el
artículo 52 de su reglamento.
México, D.F., a 19 de marzo de 2002.—
Diputados: Lorena Beaurregard de los Santos (PRI); Humberto Mayans Canabal
(PRD); Bertha Alicia Simental García (PSN); Norma Patricia Riojas Santana
(PSN); José Narro Céspedes (PT); Juan Manuel del Río Virgen (CDPPN), Enrique
Herrera (PRD), José Rodolfo Escudero Barrera (PVEM) y Martha Silvia Suárez
González (PRI).»
Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
La Presidenta:
Muchas gracias, señora diputada.
Túrnese a las comisiones de
Gobernación y Seguridad Pública y de Radio, Televisión y Cinematografía y reciban
opinión de la Comisión de Presupuesto.
Deseo saludar muy especialmente e informar
a los distinguidos parlamentarios, que se encuentra con nosotros en el salón de sesiones
de la Cámara de Diputados, el excelentísimo señor Rodrigo Samayoa Rivas, presidente del
Parlamento Centroamericano, a quien saludamos con afecto y respeto, a la vez que le
deseamos el mayor de los éxitos durante su estancia en México.
Hacemos votos desde esta tribuna para que
su visita fortalezca los lazos de amistad, el diálogo y la cooperación entre México y
nuestros países hermanos de Centroamérica.
LEY FEDERAL
DEL TRABAJO
La Presidenta:
Continuando con el orden del día, se
ofrece el uso de la palabra al diputado Gumercindo Alvarez Sotelo, del grupo parlamentario
de Acción Nacional, para presentar una iniciativa de ley que reforma el artículo 74 de
la Ley Federal del Trabajo.
El diputado Gumercindo Alvarez Sotelo:
Gracias, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
«Con fundamento en lo dispuesto en la
fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y los artículos 55 fracción II; 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los abajo firmantes,
diputados federales integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional de esta LVIII
Legislatura, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea, la presente
iniciativa de decreto por el que se adicionan tres párrafos al artículo 74 de la Ley
Federal del Trabajo, con el propósito de fomentar el turismo nacional mediante los
denominados fines de semana largos, al tenor de la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
El turismo es actualmente uno de los
sectores más importantes para el desarrollo de la economía mexicana. En la actualidad,
la industria turística contribuye con más del 8% del Producto Interno Bruto y emplea al
6% del personal ocupado a nivel nacional.
Durante el primer semestre del 2001, los
ingresos turísticos registraron un crecimiento de 8.6% respecto al año anterior,
alcanzando un nivel de 4 mil 702 millones de dólares.
Del total de los ingresos de cuenta
corriente, excluyendo las exportaciones de petróleo, 14.6% corresponden a recursos
captados de visitantes internacionales. Adicionalmente, la industria turística contribuye
con el 12.4% de los ingresos fiscales, provenientes del cobro de impuestos a actividades
relacionadas con el turismo, tales como alojamiento, restaurantes, transporte y comercio.
Recibimos, anualmente, al 3% del turismo
internacional, lo que nos coloca en el octavo lugar mundial por el número de visitantes
foráneos y el doceavo, por el monto de divisas captadas. En el primer semestre del año
en curso, se registró la mayor entrada de divisas y una cifra máxima histórica de
llegadas de turistas a México: 10 millones 800 mil turistas internacionales, de los
cuales el 52% corresponde a turismo de internación.
Con estas cifras, es evidente que el
desempeño del sector turístico ha repercutido favorablemente en el saldo de la balanza
de pagos y ha permitido prevenir y contrarrestar en cierta medida las condiciones adversas
que el contexto internacional pudiera generar en la economía.
Sin embargo, los acontecimientos
internacionales nos han permitido ver que se requiere fortalecer la industria turística
nacional. Es necesario dar importancia al turismo doméstico, que tan sólo en el año
2000 generó un ingreso por 53 mil millones de dólares, mientras que los extranjeros
dejaron una derrama de 13 mil millones de dólares. Es necesario reorientar la demanda por
destinos internacionales hacia el potencial mercado que representa el turismo doméstico.
Uno de los objetivos de la Ley Federal de
Turismo es el de determinar los mecanismos necesarios para la creación, conservación,
mejoramiento, protección, promoción y aprovechamiento de los recursos y atractivos
turísticos nacionales y el de promover el turismo social.
En las reuniones de trabajo de la Comisión
de Turismo de esta Cámara de Diputados y la Secretaría de Turismo, se ha hecho patente
la necesidad de fomentar el turismo social como un mercado específico.
Atendiendo esta necesidad, la iniciativa de
reforma de ley que hoy presento ante este pleno, pretende incorporar un mecanismo que, sin
lugar a dudas, favorecería el desarrollo del mercado nacional. Este mecanismo es el
denominado "fines de semana largos" y consiste en mover al lunes siguiente el
disfrute y goce de ciertos días de descanso obligatorio que señala la Ley Federal del
Trabajo, de forma tal que los días de descanso se conviertan en un fin de semana largo y
se pueda fomentar entre la población el turismo doméstico con las ventajas que se
señalan.
La Ley Federal del Trabajo vigente, en su
artículo 74 considera como días de descanso obligatorio los siguientes:
• 1o. de enero
• 5 de febrero
• 21 de marzo
• 1o. de mayo
• 16 de septiembre
• 20 de noviembre
• 1o. de diciembre de cada seis años
• 25 de diciembre
• Cuando existan elecciones
La propuesta que aquí se hace de su
conocimiento considera que, en caso de que los días de descanso obligatorio: 5 de
febrero, 21 de marzo, 1o. de mayo y 20 de noviembre sean en martes, miércoles, jueves,
viernes o sábado, deberán ser disfrutados por el trabajador el lunes siguiente a la
fecha señalada.
Es pertinente hacer notar que esta
propuesta considera sólo el movimiento del día de descanso. Las celebraciones,
conmemoraciones y ceremonias que se lleven a cabo en dependencias oficiales y escuelas,
deberán seguirse realizando en la fecha histórica que se celebre.
Efectivamente, compañeras y compañeros,
la propuesta de los "fines de semana largos" tiene, sin lugar a dudas, muchos
otros beneficios, entre los cuales se encuentran los siguientes:
No sólo incentivaría el turismo social a
nivel local y nacional, sino que, como consecuencia, propiciaría una mayor derrama
económica en las localidades con productos de turismo social.
Es un mecanismo eficaz para combatir las
ausencias injustificadas a las fuentes de trabajo por parte de los trabajadores. El
trabajo sería más productivo en los días hábiles existentes entre los fines de semana
y el día festivo, ya que disminuiría considerablemente la probabilidad de realizar los
bien conocidos "puentes vacacionales".
Permite que los trabajadores sean más
eficientes y productivos, pues tienen más días continuos para descansar y recuperar
fuerzas para la jornada de trabajo; el descanso suficiente y oportuno de los trabajadores
incrementa su productividad en sus actividades cotidianas.
Fomenta el conocimiento y disfrute de
sitios turísticos en donde la cultura, las tradiciones y las costumbres mexicanas están
presentes.
Incentiva la continuidad en la actividad
educativa, pues evita la interrupción de la actividad escolar, tanto de alumnos y
maestros. Esta medida permitiría incrementar la cultura entre los alumnos en la medida en
que puedan aprender efectivamente sobre nuestra historia y sobre el desarrollo de nuestro
país.
Fortalece los lazos de unión familiar en
la medida en que las familias pueden disfrutar momentos más largos de descanso en unión,
convivencia y viajando al interior del país, con una mayor planeación.
Permite que los prestadores de servicios
puedan ofrecer y promocionar paquetes turísticos al alcance de las personas de todos los
niveles de ingreso. Pero también permite que las personas planeen adecuadamente sus
viajes.
Algunos de los países más desarrollados a
nivel mundial han instrumentado políticas como éstas para fomentar la productividad de
sus trabajadores e incentivar su turismo nacional. La aprobación de esta propuesta,
permitiría que México se homologara a las tendencias internacionales.
El común denominador de los países que
han incorporado esta práctica en su legislación es que algunas celebraciones o
festividades permanecen inamovibles por su solemnidad y otras se cambian a un lunes
predeterminado.
Por ejemplo, en Argentina, ésta práctica
se adoptó en su legislación en 1988. Los días festivos cuyas fechas coinciden con
martes o miércoles se trasladan al lunes anterior y los días festivos que coinciden con
jueves o viernes se trasladan al lunes siguiente.
En Colombia, para evitar los días feriados
a media semana, se aprobó en la ley que las festividades religiosas se celebraran los
días lunes de la semana en que ocurren, en caso de corresponder a días martes,
miércoles o jueves, o los días lunes de la semana siguiente, en caso de corresponder a
día viernes.
En Estados Unidos, las festividades se
trasladan al lunes más cercano, con excepción de la celebración del 4 de julio y de las
fiestas de fin de año.
En Canadá, se establecen lunes fijos para
la celebración de sus festividades.
En Chile, esta práctica se adoptó en el
año 2000, trasladándose al lunes anterior las festividades que caen en martes,
miércoles o jueves y al lunes posterior las que caen en viernes.
Y finalmente, aunque no queda agotada la
lista, en Ecuador y en Irlanda, los días festivos se trasladan al lunes más cercano.
Compañeras y compañeros diputados: sin
duda alguna esta propuesta busca fomentar la equidad en la medida en que abre espacios
para que la población de menores ingresos pueda disfrutar del descanso, de la recreación
y del disfrute de los destinos turísticos que nuestro país ofrece.
Por los motivos anteriormente expuestos, en
cumplimiento con lo dispuesto en la fracción ll del artículo 71 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II; 56 y 62 del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los abajo
firmantes, diputados federales integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional en esta LVIII Legislatura, sometemos a la consideración de esta honorable
Asamblea la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO
Por el que se adicionan tres párrafos al
artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.
Unico. Se reforma el artículo 74 de
la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:
"Artículo 74. Son días de
descanso obligatorio:
I a la VIII. . .
IX. . .
63,64,65
Cuando los días de descanso obligatorio 5
de febrero, 21 de marzo, 1o. de mayo y 20 de noviembre ocurran en martes, miércoles,
jueves, viernes o sábado, deberán ser disfrutados por el trabajador el lunes siguiente.
Los días lunes que resulten festivos por
aplicación de lo señalado con anterioridad, gozarán en el aspecto remunerativo de los
mismos derechos que establece esta ley respecto de los días de descanso obligatorio.
Para los efectos anteriores, el
representante del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, publicarán durante el primer mes de cada año los días lunes de descanso."
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto
entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. La Secretaría del Trabajo
y Previsión Social publicará durante el primer mes de cada año los días lunes de
descanso obligatorio.
México, D.F., a 19 de marzo de 2002.—
Diputados: Gumercindo Alvarez Sotelo, Ricardo Francisco García Cervantes, Adrián
Rivera Pérez, Bernardo Pastrana Gómez, Tarcisio Navarrete, José Luis Novales, Raúl
Gracia Guzmán, J. Mario Garza G., Sonia López Macías, Beatriz Grande, J. Antonio Lorca
M., Hugo Camacho Gavilán, Mercedes H. R., Francisco Luis Treviño Cabello, J. Ramón
Mantilla González de la Llave, Martha Patricia Martínez Macías, Silvia Alvarez
Bruneliere, Pablo Arnaud, Luis Alberto Villarreal, Miguel Angel Torrijos Mendoza, Germán
A. Pellegrini, Gina Andrea Cruz B., Concepción Salazar González, Carlos Alberto
Valenzuela, Carlos Raymundo Toledo, Celia Martínez B., Sergio Maldonado, Silvia Romero
Juárez, Héctor Pineda V., Santiago Guerrero Gutiérrez, Fernando Ortiz Arana, Cándido
Coheto Martínez, José Feliciano y Can, Fernando Ugalde Cardona, María Teresa Tapia B. y
Oscar Maldonado.»
La Presidenta:
Gracias, diputado.
Túrnese a la Comisión de Trabajo y
Previsión Social.
Ley
del Instituto para la Proteccion
al Ahorro Bancario
La Presidenta:
Se ofrece la palabra el diputado José
Antonio Arévalo González, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México, a efecto de presentar una iniciativa que reforma el artículo 68 de la Ley del
IPAB.
El diputado José Antonio
Arévalo González:
Con el permiso de la Presidencia;
compañeras y compañeros diputados:
«Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión de la LVIII Legislatura.— Presente.
Bernardo de la Garza Herrera, Francisco,
Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa
Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Lobo Terrazas, Arturo Escobar y
Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García
Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta
Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González, Erika Elizabeth Spezia Maldonado, diputados
de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71
fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II; 56,
60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, para
su dictamen y posterior discusión en el pleno de la Cámara de Diputados de la LVIII
Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa
EXPOSICION DE MOTIVOS
El pasado 13 de diciembre el grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentó ante esta soberanía la
iniciativa que reforma el artículo 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público; con la finalidad de que aquellas personas que mantienen
alguna deuda o vencimiento con el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, no
puedan participar para suministrar bienes y/o servicios a la Administración Pública
Federal:
En dicha iniciativa, manifestamos que es
necesario que como legisladores y representantes populares, realicemos las reformas
necesarias para evitar que aquellos que han demostrado una nula capacidad para administrar
financieramente los créditos, que se le han otorgado; vuelvan a contraer deudas
incobrables, en las que nuevamente saldría a financiarlas el pueblo de México. Hoy
reiteramos esa afirmación.
Con esta iniciativa pretendemos actuar en
concordancia a nuestra propuesta del pasado diciembre y otorgarle con ello al Instituto
para la Protección al Ahorro Bancario la facultad de otorgar al solicitante, persona
moral o física, documento en el que conste que no tiene obligaciones financieras vencidas
ante ese Instituto.
El control, en este sentido, debe ser
considerado como una práctica sana para evitar en la medida de lo posible, que se recurra
a actividades que lucran con el patrimonio de los mexicanos en beneficio de unos cuantos;
de no hacerlo podríamos perder de vista, lo que se ha hecho e incluso incurrir en
retrocesos graves, en detrimento de las condiciones sociales de los ciudadanos de nuestro
país.
Por ello, el establecer mecanismos
encargados de fiscalizar la actividad de adquisiciones y arrendamientos del sector
público, resulta un ejercicio recomendable para nuestro sistema democrático. Evaluar la
actividad gubernamental con los particulares para poder así programar y fiscalizar el
desarrollo de la administración pública es por consiguiente, imperativo para nuestro
desarrollo político y democrático.
Actualmente los lineamientos de ambas leyes
que pretendemos reformar, no contemplan mecanismos para evitar los abusos que han cometido
personas y empresas sin escrúpulos, que en aras de su beneficio personal han mermado el
patrimonio de millones de mexicanos.
El trabajo desarrollado por los entes de
fiscalización que actualmente existen, se han visto frenados por el serio inconveniente
de que dichos preceptos no han sido reformados; en síntesis, tal ordenamiento ha sido
rebasado por el desarrollo de las condiciones políticas prevalecientes y merece y debe
ser reformado, pues en la actualidad, en lugar de contribuir al desarrollo político y
económico, lo obstaculiza.
Para nosotros como legisladores, es de suma
importancia recobrar la ya tan fracturada confianza de todos los mexicanos en sus
instituciones, no basta decir que se generó un cambio si éste no es percibido por los
ciudadanos, es momento de demostrar que se terminaron los privilegios a cualquier nivel,
que desde el lugar en que ahora nos encontramos, sumaremos esfuerzos para velar por los
intereses generales del país y procurar que los beneficios del desarrollo lleguen a todos
sus rincones.
El futuro de las adquisiciones,
arrendamientos y servicios del sector público va a ser enmendado, hay que modificar las
leyes para que tenga una mayor normatividad que garantice la transparencia y esclarezca
los procedimientos para tener confiabilidad en el uso de los recursos públicos.
Por ello sometemos a esta Cámara de
Diputados en la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente
INICIATIVA DE DECRETO
Mediante el cual se reforma el artículo 68
de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.
Artículo único. Se reforma el
artículo 68 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, para quedar como sigue:
Artículo 68.
Para la consecución de su objeto, el
Instituto tendrá las atribuciones siguientes:
I a la XIX...
XX. Expedir documento a persona moral o
persona física en el que conste que no tiene obligaciones financieras vencidas ante el
Instituto.
XXI. Las demás que le otorguen esta ley,
así como otras leyes aplicables.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. Este decreto entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo.— San
Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los
Estados Unidos Mexicanos, a los 19 días del mes de marzo de 2002.— Diputados: Bernardo
de la Garza Herrera, coordinador; Francisco Agundis Arias, vicecoordinador; José
Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy
Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José
Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez,
Alejandro Rafael García Sainz Arena, Juan Ignacio García Zalvidea, María Cristina
Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González y Erika
Elizabeth Spezia Maldonado.»
Hago entrega a la Secretaría de la
presente iniciativa.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, diputado.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público.
ASISTENCIA (II)
La Presidenta:
Se pide a la Secretaría dar cuenta del
registro electrónico de asistencia e instruir su cierre.
El secretario Adrián Rivera
Pérez:
Se da cuenta a la Presidencia que hasta el
momento se han registrado 441 diputados.
Ciérrese el sistema electrónico.
La Presidenta:
Diputado Batres, ¿está solicitando hacer
uso de la palabra?
El diputado Martí Batres
Guadarrama
(desde su curul):
Señora Presidenta, hay una mala noticia
que se nos ha comunicado en relación con el deceso del padre del diputado Ricardo García
Cervantes. Queremos solicitar que haya un minuto de silencio en esta Cámara por esta
razón.
La Presidenta:
Con todo gusto, diputado.
Esta mesa directiva tiene el registro, nos
han informado de lo mismo y si no tiene usted inconveniente, inmediatamente terminen las
iniciativas procedemos a convocar a un minuto de silencio.
Le agradecemos su convocatoria.
LEY
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Eduardo
Andrade Sánchez, para presentar una iniciativa de reformas al artículo 2o.A de la Ley
del Impuesto al Valor Agregado.
El diputado Justino Eduardo Andrade
Sánchez:
Con su permiso, señora Presidenta;
compañeras diputadas y compañeros diputados:
El asunto que me trae a esta tribuna se
inscribe en el marco de la muy compleja situación que se ha creado en relación con la
industria azucarera de nuestro país, que es una industria fundamental en el campo
mexicano, que da empleo a cientos de miles de personas y de la cual de manera directa o
indirecta dependen dos millones y medio de mexicanos.
En ese marco estamos los diputados de la
fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional y en particular en este
caso los miembros de la diputación veracruzana de dicha fracción, planteando un conjunto
de medidas que permitan hacer frente en una primera instancia al atropello que se ha
cometido por parte del Ejecutivo Federal a disposiciones emanadas de este Congreso de la
Unión, como en su momento fue la aprobación del impuesto especial a los refrescos
endulzados con alta fructosa.
Ese impuesto aprobado unánimemente y que
no mereció las observaciones del Ejecutivo, qué tenía en todo caso si no estaba de
acuerdo la posibilidad de vetarlo, debió aplicarse porque la Constitución señala
claramente que es una facultad del Ejecutivo de la Unión el promulgar las leyes, ya la
había promulgado y proveer en la esfera administrativa a su exacta observancia, no a su
inobservancia, que es lo que promovió el Ejecutivo al emitir un indebido e
inconstitucional decreto que suspende la aplicación de un impuesto establecido por la
soberanía del Congreso de la Unión.
66,67,68
Pero en fin, así están las cosas y en ese
esquema nuestra fracción parlamentaria está impulsando un conjunto de medidas que hagan
que el ambiente en que se desenvuelve la industria azucarera permita su desarrollo, su
evolución y la preservación de esta gran cantidad de empleos que genera.
No se trata y quiero ser muy cuidadoso
porque luego nos dicen que no hablemos de proteccionismo porque ahora tenemos hasta que
cuidar las palabras que empleamos los diputados porque pueden ser usadas en nuestra contra
en los procesos jurisdiccionales que se realizan con motivo de las disputas comerciales.
Pues no, realmente no se trata de proteger
en el sentido comercial a la industria azucarera, que no necesita protección porque ha
demostrado su productividad, su capacidad, el trabajo de los cañeros, en el campo de los
trabajadores, de los ingenios, de los industriales, ha permitido una expansión productiva
que fue precisamente lo que preocupó a nuestros socios norteamericanos cuando vieron que
en condiciones de lo pactado en el Tratado de Libre Comercio teníamos una amplia
posibilidad de exportación de nuestros excedentes azucareros que deberían ser recibidos
por el mercado norteamericano como lo dispone dicho tratado.
Y precisamente por eso se han dado las
condiciones que impiden el ingreso de esa azúcar mexicana a Estados Unidos, por eso digo
no necesita protección desde el punto de vista comercial, quizá de lo único que hay que
proteger a nuestra industria azucarera sea del entreguismo y de la incapacidad negociadora
del Ejecutivo Federal para defender los intereses de México.
De ahí que en este caso nos encontremos
con que paradójicamente en lugar de una protección lo que requerimos es la plena
observancia del flujo derivado del Tratado de Libre Comercio de manera que al respetarse
sus términos pueda ingresar el azúcar mexicana a Estados Unidos.
Y en ese sentido creo que es obligación
del Congreso mexicano además no sólo atender a esta industria. ¿Por qué pueden otros
países y ahí están los propios Estados Unidos, dictar medidas que tienden a la
protección de sus industrias como la acerera?, ahí sí, el libre comercio es muy bueno
hasta que no afecta los intereses concretos de las industrias específicas de Estados
Unidos, porque entonces aparecen los aranceles aunque ello implique tener que entrar en un
conflicto con la Unión Europea, porque están y creo que hacen bien desde el punto de
vista nacional, actuando a favor de los empleos y de las industrias dentro de sus
fronteras, que es lo que debemos hacer nosotros por las industrias nacionales.
Pero en este caso, insisto, lo que queremos
es simplemente que se cumpla con el tratado y que se tomen, por lo tanto, por el Congreso
las medidas necesarias para ese efecto y entre esas medidas podemos recurrir y así lo
estamos planteando los diputados miembros de la diputación veracruzana de la fracción
parlamentaria del PRI, a las medidas que den consistencia a la acción de este Congreso,
frente, por otro lado, a ese atropello indebido, inconstitucional e inmoral del Ejecutivo,
contra medidas legislativas que fueron debidamente aprobadas y que no tiene por qué
derogar. Eso también está en juego y por eso creo que es importante que el Congreso
asuma su papel como el órgano representativo de los mexicanos que vela por los intereses
generales del país.
De esa manera planteamos que la industria
azucarera nacional se ha visto sujeta a graves vaivenes derivados de acciones gubernativas
que han propiciado un desajuste en la necesaria relación que debe darse en la cadena
productiva, constituida por el cultivo de la caña, su transformación agroindustrial en
azúcar y el empleo de ésta como insumo de la industria refresquera nacional, la cual a
su vez desempeña un importante papel en el proceso alimentario del pueblo mexicano. No
podemos desconocer el papel que juega el consumo de refrescos en nuestro país, por todos
los mexicanos, pero también particularmente por grandes grupos sociales de menores
ingresos.
Que a raíz de la aplicación del impuesto
a los refrescos elaborados con alta fructosa, se habían generado expectativas favorables
a la integración de la mencionada cadena productiva, nos decían los representantes de
distintos sectores que, por primera vez, una acción concreta del Poder Legislativo,
estaba dando resultados benéficos para esta importante industria y ahí vino el Ejecutivo
y la echó abajo.
Este impuesto se suspendió por la
aplicación indebida, decíamos, del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación
que, por otro lado, ya está caminando la iniciativa que me permití presentar ante la
Comisión Permanente, para que se dejen sin efecto esas indebidas facultades de carácter,
ésas sí metas constitucionales, porque van más allá de la Constitución, que permiten
al Ejecutivo tomar este tipo de medidas derogatorias de las decisiones legislativas.
El empleo de la mencionada facultad ha
atropellado determinaciones tomadas por el Congreso de la Unión con la participación de
todos los partidos y es indispensable hacer prevalecer las disposiciones legislativas, por
encima de las actitudes unilaterales adoptadas por el Ejecutivo.
Además se requiere alentar el consumo de
azúcar de caña por su valor alimentario, porque éste es otro elemento que hay que
considerar, como ingrediente de los refrescos, que constituyen elemento esencial en la
alimentación y nutrición cotidiana de millones de mexicanos.
De acuerdo con informes elaborados por
expertos en la materia, el consumo de alta fructosa, da lugar a un proceso metabólico,
que en lugar de incrementar la energía corporal y tenemos esos estudios para que puedan
sustentar esta propuesta, esta energía corporal disponible a partir de la ingestión de
alta fructosa disminuye, en virtud de que el tratamiento químico en el hígado humano da
lugar a la formación de acetatos, que a su vez se convierten en colesterol, generando
problemas en el hígado y produciendo un impacto sobre la salud humana, cuyo posible daño
es necesario determinar con precisión.
Independientemente de la existencia de
estos factores negativos, es evidente que el azúcar de caña tiene valores alimenticios
efectivamente comprobados, que aconsejan el fomento de su consumo.
Para alentar los propósitos antes
mencionados, los suscritos, miembros de la diputación veracruzana de la fracción
parlamentaria del PRI, hemos encontrado conveniente aplicar el régimen de tasa cero del
IVA, de impuesto al valor agregado a los refrescos endulzados con azúcar de caña, a fin
de equipararlos con otros productos alimenticios, a los que se aplica un régimen fiscal
semejante.
Por eso proponemos la reforma al artículo
2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para que su inciso c, que ahora dice:
…que se aplicará la tasa cero del IVA al hielo y aguas no gaseosas, etcétera, ahora
diga: "inciso c, para aplicarse en tasa cero: refrescos endulzados con azúcar
de caña, hielo y agua no gaseosa ni compuesta, excepto cuando en este último caso su
presentación sea en envases menores de 10 litros".
El efecto sería pues, ya que no se aceptó
una medida impositiva que estaba dando resultados y que elevaba el impuesto aplicable a
los refrescos endulzados con alta fructosa, bajar entonces la tasa correspondiente del IVA
a los refrescos endulzados con azúcar. A ver de dónde sacan facultades de algún
decreto, para derogar algo que ya nosotros estaríamos haciendo descender y que
afortunadamente no hay ninguna disposición legal que le permita el Ejecutivo elevar un
impuesto.
En esas condiciones y de manera realista,
tratando de que esto se inscriba en el marco de negociaciones que permitan un trato
equitativo al azúcar mexicana y que permitan también el desarrollo de nuestra industria
azucarera, queremos dejar constancia de que estamos dispuestos a acudir a todas las
medidas congresionales posibles para defender nuestros puntos de vista y la dignidad de
este Congreso de la República.
Muchas gracias.
«El grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, a través de los suscritos, en ejercicio de la facultad que
nos confiere el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y
CONSIDERANDO
Que la industria azucarera nacional se ha
visto sujeta a graves vaivenes derivados de acciones gubernativas que han propiciado un
desajuste en la necesaria relación que debe darse en la cadena productiva constituida por
el cultivo de la caña, su transformación agroindustrial en azúcar y el empleo de ésta
como insumo de la industria refresquera nacional, la cual a su vez desempeña un
importante papel en el proceso alimentario del pueblo mexicano.
Que a raíz de la aplicación de un
impuesto a los refrescos elaborados con alta fructosa se habían generado expectativas
favorables a la integración de la mencionada cadena productiva, que se vieron frustradas
por la desafortunadísima decisión del Presidente de la República de dejar sin efecto el
mencionado impuesto haciendo uso de una facultad inconstitucional contenida en el
artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, a partir de una interpretación
irracional de la misma, que en lugar de beneficiar a una rama productiva, afecta
gravemente a una industria nacional implantada en 15 entidades federativas y beneficia a
través del empleo que genera a 2 millones y medio de mexicanos.
Que el empleo de la mencionada facultad ha
atropellado determinaciones tomadas por el Congreso de la Unión con la participación de
los partidos con mayor representación y que es indispensable hacer prevalecer las
disposiciones legislativas por encima de las actitudes unilaterales y metaconstitucionales
adoptadas por el Ejecutivo.
Que además se requiere alentar el uso del
azúcar de caña por su valor alimentario como ingrediente de los refrescos que
constituyen un alimento esencial de la nutrición cotidiana de millones de mexicanos de
todas las clases sociales.
Que de acuerdo con informes elaborados por
expertos en la materia, el consumo de alta fructosa da lugar a un proceso metabólico que
en lugar de incrementar la energía corporal disponible a partir de su ingestión, la
disminuye en virtud de que su tratamiento químico en el hígado humano da lugar a la
formación de acetatos, que a su vez se convierten en colesterol, generando problemas en
el hígado y produciendo un impacto sobre la salud humana, cuyo posible daño es necesario
determinar con precisión.
Que independientemente de la existencia de
estos efectos negativos, es evidente que el azúcar de caña tiene valores alimenticios
efectivamente comprobados que aconsejan el fomento de su consumo.
Que para alentar los propósitos antes
mencionados, los suscritos encuentran conveniente aplicar el régimen de tasa cero del IVA
a los refrescos endulzados con azúcar de caña a fin de equipararlos con otros productos
alimenticios a los que se aplica un régimen fiscal semejante, por lo que proponemos la
reforma al artículo 2o.A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para quedar como sigue:
Artículo 2o.A. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
4. . .
c) Refrescos endulzados con azúcar de
caña, hielo y agua no gaseosa ni compuesta, excepto cuando en este ultimo caso su
presentación sea en envases menores de 10 litros.
México, D.F., a 19 de marzo de 2002.—
Gustavo Carvajal M., Marcos P. López Mora, R. Márquez, Francisco Castro, Eduardo
Andrade, Nemesio Domínguez, José María Guillén Torres, Eduardo A. Leines Barrera,
Enrique Ramos Rodríguez, Jorge Schettino Pérez, Juan N. Callejas Arroyo, Francisco Ríos
Alarcón, Pedro Manterola S., Edgar Consejo Flores, Martha Silvia Sánchez González,
José F. Yunes Z., Martha Silvia Sánchez G. y José Manuel del Río V.»
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público, con opinión de la Comisión Especial para la Industria Azucarera.
Luis
Fernando Garcia Izaguirre
La Presidenta:
Distinguidos diputados, como es del
conocimiento de varios de ustedes, el señor licenciado Luis Fernando García Izaguirre,
padre del diputado Ricardo García Cervantes y destacado abogado, ha fallecido.
Al expresarle nuestras sinceras
condolencias al diputado García Cervantes, le solicito atentamente al diputado Dorador
que le acompañe en representación de la Mesa Directiva en las honras fúnebres de su
señor padre y les ruego a todos los presentes ponerse de pie, para guardar un minuto de
silencio.
(Se guarda un minuto de silencio.
Muchas gracias.
ARTICULO
115 CONSTITUCIONAL
La Presidenta:
Tiene la palabra la diputada Gabriela
Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una
iniciativa que reforma las fracciones I, II y VII del artículo 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
69,70,71
La diputada Gabriela Cuevas Barrón:
Con su venia, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
Los suscritos, diputados a la LVIII
Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la
fracción II del artículo 71 y 135, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como de la fracción II del artículo 55, del Reglamento Interior del
Congreso General, sometemos a la consideración del Constituyente Permanente, el decreto
que reforma a través de modificación la fracción I y adecúa la fracción VIII del
artículo 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de
regular la forma de elección de presidentes, síndicos y regidores municipales, acorde a
la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
"...Todo régimen democrático debe
respetar, promover y garantizar, mediante procedimientos electorales imparciales y
objetivos, la expresión y representación de las minorías, los derechos del ciudadano
para intervenir en el proceso de integración del Gobierno al que vive sujeto y a formar
parte del propio Gobierno y debe asegurar a los ciudadanos la libertad de información y
su libertad de criticar a quienes ejercen el poder". Manuel Gómez Morín.
El origen de la representación se
encuentra en la ideología de la democracia; en la necesidad que el Gobierno tiene de ser
legitimado por la sociedad y en la necesidad que a su vez tiene la sociedad de encontrar
mejores formas de organización política delegando algunas de sus funciones a la
autoridad.
Anteriormente los gobiernos lograban
legitimar su autoridad en varias fuentes, sin embargo muy pocas veces tomaban en cuenta a
los gobernados.
Esta visión fue evolucionando hacia el
derecho de gobernar sólo cuando la población otorga su consentimiento; cuando la
posibilidad de mantener o no esa autoridad dependería en gran parte de la capacidad de
responder a las necesidades de la comunidad.
Así surge la representación como la
autorización que una comunidad otorga a algunas personas para actuar, escoger y hablar
por todo el grupo.
La representación consiste en basar las
preferencias e ideas del debate político en los problemas y deseos de sus constituyentes.
La representación debe actuar como espejo de la nación. La democracia representativa
como forma de gobierno pierde todo significado si no responde a los intereses de las
personas.
Para que una nación sea plenamente
democrática debe manifestarse en todas las esferas de la vida política, es decir, en los
ámbitos nacional, estatal y municipal. No se puede pensar en ser ciudadano en sólo un
espacio, pues en cada nivel, donde se creó algún aparato público, existe una demanda de
participación ciudadana, de intervención y en definitiva, de representación.
El municipio concebido como un orden de
gobierno, se entiende como el nivel primario de la organización estatal e incluso
nacional. Debe ser una expresión concreta de la realización de la democracia. En él
está el espacio político inmediato en el que los ciudadanos ven protegidos sus intereses
de manera directa y se encuentran reflejados en su inclusión política.
Por ello es indispensable que exista una
representación real de los ciudadanos en los municipios y que se realicen las
atribuciones ciudadanas. Sólo con ayuntamientos representativos y claramente
democráticos, podremos pensar que los estados lleguen a ser también representativos y
democráticos.
El municipio se formula a partir de la idea
de la descentralización política y administrativa, cuya finalidad es el manejo de los
intereses colectivos que corresponden a la población radicada en una circunscripción
territorial para posibilitar una gestión más eficaz de los servicios públicos.
Sin embargo, el actual mecanismo de
elección de los regidores por planilla hace que el cabildo no responda a los intereses de
toda la población, sino que se concentra normalmente en determinadas zonas como la
cabecera municipal mientras que otras regiones carecen de representación.
Es necesario generar un contenido
democrático en todas nuestras instituciones empezando por la regulación de los procesos
electorales municipales, a fin de generar desde este ámbito una verdadera representación
de las demandas ciudadanas, mucho más allá de la representación proporcional que se
otorga a los partidos políticos.
Las prácticas electorales de los
municipios son objeto de una fuerte demanda democrática, pues aún existen muchas
estructuras que incentivan claramente prácticas autoritarias. Entre estas prácticas se
encuentra la manera en que se construyen las planillas; la ausencia de autonomía
política de algunos regidores, y el poco pluralismo existente en varios municipios y en
la toma de decisiones al interior de los cabildos.
Aún con la introducción del principio de
representación proporcional en 1983, no ha sido suficiente para crear una verdadera
democracia dentro de éstos.
El diseño institucional que rige
actualmente de las elecciones municipales obliga a una votación por fórmula y en muchos
casos la fórmula o planilla no está constituida de forma que represente de forma clara a
todo el territorio y población municipal, lo que puede derivar en políticas públicas
incompletas o sesgadas a los intereses de ciertas áreas del municipio.
Es en la creación de la planilla donde se
puede inducir una hegemonía del presidente municipal al interior de ésta y al mismo
tiempo, la ausencia de autonomía política de los regidores que lo acompañan. La
afinidad y la coincidencia son algunos valores predominantes en la planilla por encima de
la representación política.
Este presidencialismo existente en muchos
de los cabildos de México, devalúa el papel político del regidor, que en muchos casos
sigue la inercia del presidente municipal y parece perder su oficio y olvidar su papel
como representante de los ciudadanos.
Por otro lado, los regidores difícilmente
tienen la posibilidad de acercarse a un determinado distrito, es decir, a una base social
de representación que le posibilite un margen de autonomía política frente al
presidente.
Aun cuando en teoría, al votar por una
planilla se elige al presidente municipal, al síndico y a los regidores que la integran,
en la práctica muchas veces se vota por el candidato para presidente municipal, con lo
que se obstruye la capacidad del regidor para formar su propia base social.
El perfil predominante de la integración
de los ayuntamientos en México, con excepción de los que su sistema electoral es por
usos y costumbres, es de sistema mixto. Lo que cambia en la legislación electoral entre
los diferentes estados es el tamaño de los ayuntamientos, el peso de los puestos de
mayoría relativa y de representación proporcional en el cabildo y el procedimiento
matemático utilizado para distribuir las regidurías de representación proporcional, lo
que ha generado numerosas fórmulas a lo largo del territorio nacional. No todas estas
fórmulas se encuentran basadas en la idea de justicia, de proporcionalidad o de
representación ideológica.
Además de esta integración, en algunas
elecciones municipales los partidos políticos pueden obtener triunfos únicamente en los
puestos de mayoría relativa o en los de representación proporcional, siendo esto
insuficiente para una efectiva representación de las muy diversas comunidades que
conviven en el territorio de un municipio.
En 26 estados de la República, las
fórmulas previstas en la legislación electoral aseguran la mayoría de los puestos que
integran el ayuntamiento al partido político que gana la elección, generando una injusta
distorsión de la representatividad de la sociedad y una desproporcionalidad con respecto
a los resultados de la elección. Con esto se segrega a las minorías, pues son las
principales relegadas de los procesos de toma de decisión.
Bajo el esquema actual, el presidente
municipal y sus regidores pueden ignorar a los regidores de las minorías, pues apenas
existen decisiones de Gobierno sujetas a principios de mayoría absoluta o de mayoría
calificada en la reglamentación municipal.
Las decisiones se toman por mayoría simple
o en su caso por la mitad, más uno de los miembros del cabildo, votos que normalmente
tiene asegurados el partido mayoritario independientemente de lo competida que se haya
presentado la elección.
Los únicos casos donde se contempla la
mayoría calificada desde la reforma al texto del artículo 115 son: i) para dictar
resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario o ii) para celebrar actos o convenios
que comprometan al municipio por un plazo mayor al periodo del ayuntamiento.
Por lo anteriormente expuesto, queda claro
que los regidores en su mayoría no suponen una representación de los ciudadanos hacia el
ayuntamiento, pues no traen bajo su cargo la representación de zonas geográficas o
núcleos de población específicos y, por lo tanto, no están vinculados con los
problemas de la localidad.
En México los centros de población
ubicados fuera de la cabecera municipal han sido tradicionalmente comunidades abandonadas,
no contempladas en el diseño de las políticas públicas y por tanto en el presupuesto
municipal, son localidades que han carecido de adecuados mecanismos de representación
ante las autoridades municipales.
Este sistema de elección por planillas no
sólo debilita la representación ciudadana en el cabildo, sino que además genera
autoridades que no tienen una clara rendición de cuentas frente a la población que los
eligió, ya que la responsabilidad se comparte con el resto de los regidores.
La propuesta que hoy se presenta busca una
forma distinta de elegir a los cabildos excepto en aquellos municipios que se rigen por
usos y costumbres. Es nuestro deber forjar instituciones democráticas, representativas y
responsables frente a la población, por ello esta propuesta pretende que en el artículo
115 constitucional se contemple la elección de regidores por mayoría relativa en
distritos uninominales, conservando la representación proporcional en la integración del
cabildo mediante listas establecidas por un sólo distrito municipal.
Con la incorporación de la elección por
distritos uninominales se busca fortalecer la figura de los regidores garantizándoles un
mayor respaldo social, una mayor autonomía del presidente municipal y así crear un
vínculo más estrecho con la ciudadanía a quien deberán representar y rendir cuentas
permanentemente.
El principio de elección por distritos
electorales submunicipales, es decir, por un cierto territorio, facilita la suma de
voluntades y de expresiones concretas como de hecho sucede en los demás órganos de
representación política de nuestro país: los congresos locales y el honorable Congreso
de la Unión.
Bajo este esquema, los cabildos podrán
contar con una función ya no sólo administrativa, sino también legislativa, mientras
que el control último de la administración municipal recaerá nuevamente en el
ciudadano, que en cada elección será quien evalúe el desempeño del funcionario.
Por otro lado, con esta reforma, finalmente
los municipios encontrarían la forma de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción
VII del artículo 2o. de la Constitución Federal, que obliga a elegir, en los municipios
con población indígena, representantes de los ayuntamientos para fortalecer la
representación y participación política de los indígenas.
La elección de los regidores por distritos
uninominales también busca que todos los partidos políticos puedan competir tanto por
los puestos de mayoría relativa y como por los de representación proporcional en todas
las entidades federativas. Con esto se espera que los diversos actores políticos se
encuentren representados con la debida y justa proporcionalidad, evitando así la
sobrerrepresentación del partido mayoritario.
De esta manera la oposición tendrá más
presencia al interior del ayuntamiento y las decisiones que se tomen en éste tendrán que
contar con la anuencia de la oposición política, es decir, el consenso será la base
necesaria para el desarrollo municipal, lo que servirá como un importante contrapeso para
los intereses parciales o de facciones.
No se trata de imaginar diseños
institucionales de los que no se conozcan sus consecuencias, ya que en los años
posteriores a 1917 existió esta división al interior de los municipios para elegir a los
regidores. Tal fue el caso del Distrito Federal y de algunos estados como Guanajuato,
Hidalgo y Michoacán, donde en sus constituciones se hizo referencia a la elección de los
regidores por secciones electorales, es decir, la elección sí se realizaba por
planillas, pero a la vez las municipalidades se dividían en distritos electorales, no
forzosamente uninominales donde se llevaban a cabo los comicios por renovación de
mitades.
También es materia de esta iniciativa el
dotar a cada uno de los miembros del cabildo de un peso específico tal, que no suponga
más valor en el voto de uno de sus miembros que pudiese sesgar la votación.
Es decir, el síndico sólo contará con
voz al interior del cabildo, lo que lo llevará a poder actuar con menor presión
política en el desempeño de sus funciones administrativas y, para el caso del presidente
municipal, éste contará con derecho a voz y podrá votar solamente en caso de empate, ya
que el derecho que se contempla en varias legislaciones estatales sobre el voto de
calidad, hace que el voto del presidente pueda tener el peso de dos votos (en lugar de
uno, que es el que le corresponde) lo que genera una distorsión en las votaciones.
Como sucede en otros ayuntamientos del
mundo, con la elección de regidores por distritos y con la debida ponderación del voto
de cada uno de los miembros del cabildo se puede reforzar el papel de los regidores como
gestores de los intereses comunitarios de la zona que les corresponde y así cumplir con
la idea original que da origen a la formación del municipio.
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