Presidencia
de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
ASISTENCIA
La Presidenta:
Ruego a la Secretaría haga del
conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los diputados.
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
Se informa a la Presidencia que existen
registrados previamente 273 diputados, por lo tanto, hay quorum.
La Presidenta (a las 10:47 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL
DIA
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
Se va a dar lectura al orden del día.
«Segundo Periodo de Sesiones
Ordinarias.— Segundo Año.— LVIII Legislatura.
Orden del día
Martes 16 de abril de 2002.
Acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
De los congresos de los estados de
Morelos y Oaxaca.
De la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, II Legislatura.
De la Presidenta de la Mesa Directiva.
De la Junta de Coordinación Política.
De la Comisión de Energía.
Del licenciado Juan Ignacio García
Zalvidea.
Del diputado Elías Martínez Rufino.
Oficio de la Cámara de Senadores
Con el que remite iniciativa que
adiciona el artículo 31-bis, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que suscribe el
senador Adalberto Madero Quiroga, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
(Turno a comisión.)
Iniciativas de diputados
De Ley General de Desarrollo Social, a
cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a
comisión.)
De reformas al artículo 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María
Teresa Gómez Mont y Urueta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno
a comisión.)
De reformas a diversos artículos del
Cofipe, a cargo del diputado Rogaciano Morales Reyes, del grupo parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
De reformas a diversas disposiciones de la
Ley Federal de Radio y Televisión, en materia de concesiones, a cargo del grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)
De reformas a diversos artículos de la Ley
General de Sistemas de Medios de Impugnación, en materia electoral y del Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del grupo parlamentario del Partido
del Trabajo. (Turno a comisión.)
De reformas a diversos artículos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer la ratificación
del nombramiento de los secretarios de despacho, por el Senado de la República, a cargo
del diputado Enrique Garza Taméz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional. (Turno a comisión.)
Que reforma diversas disposiciones de la
Ley que Crea el Fideicomiso de Apoyo a los Ahorradores, a cargo del diputado Omar Fayad
Meneses, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a
comisión.)
Que reforma el artículo 82 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime
Martínez Veloz. (Turno a comisión.)
Excitativas
A la Comisión de Hacienda y Crédito
Público, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
A la Junta de Coordinación Política, a
cargo del diputado Ricardo Moreno Bastida, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
A la Comisión de Justicia y Derechos
Humanos, a cargo del diputado Esteban Daniel Martínez Enríquez, del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática.
Proposiciones
Con punto de acuerdo para que comparezca
ante la Comisión de Transportes, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, a fin de
que proporcione información sobre la forma y elementos que constituyen el programa de
bursatilización carretero y sus implicaciones, a cargo del diputado Eugenio Pérez Cruz,
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre las relaciones
entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, a cargo del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática. (Por acuerdo de los grupos parlamentarios, habrá
una participación de 10 minutos de cada grupo.)
Con punto de acuerdo para solicitar la
comparecencia del director general de Pemex, Raúl Muñoz Leos, para que explique las
causas de la adulteración de las gasolinas que distribuye Pemex a nivel nacional, a cargo
del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a la alta
incidencia de la delincuencia en el Estado de Guerrero, a cargo del diputado Esteban
Sotelo Salgado, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre la política
exterior mexicana, a cargo del diputado Miguel Bortolini Castillo, del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación al
aumento del precio del gas doméstico, a cargo del grupo parlamentario del Partido del
Trabajo. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para reactivar el
desarrollo económico y social del sureste de México (sur de Veracruz, Tabasco, Chiapas y
Campeche), a cargo del diputado Feliciano Calzada Padrón, del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para solicitar a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, modifique la metodología utilizada para el
cálculo de la temperatura media mínima mensual en verano, usada como referencia para la
aplicación de las tarifas eléctricas, a cargo del diputado David Rodríguez Torres, del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación al
conflicto de Aviacsa, a cargo del diputado Víctor Manuel Ochoa Camposeco, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que la Semarnap
entregue a esta soberanía los estudios y resultados realizados en el municipio de Mina,
en el Estado de Nuevo León, a la empresa Rimsa, así como las acciones emprendidas para
revertir la contaminación generada en la zona, a cargo del grupo parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo con relación al
precio del diesel marino en Baja California Sur, a cargo del grupo parlamentario del
Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que sea levantada
la veda del río Papaloapan, que prohibe el uso de aguas superficiales, afluentes y
subafluentes, a cargo del diputado Francisco Arano Montero, del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación al pago
anticipado de deuda que hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a cargo de la
diputada Rosalinda López Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a la zona
arqueológica de Comalcalco, Tabasco, a cargo de la diputada Adela del Carmen Graniel
Campos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a
comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a la
contaminación generada por Pemex en el Estado de Tabasco, a cargo de la diputada Adela
del Carmen Graniel Campos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a la
política laboral del Gobierno Federal, a cargo del diputado Pedro Miguel Rosaldo Salazar,
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que se solicite a
los organismos empresariales del Estado de Chihuahua, se abstengan de descalificar a
instituciones legalmente constituidas, organismos civiles, obreros y organizaciones
sociales, a cargo del diputado Jorge Esteban Sandoval Ochoa, del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para solicitar a la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, presente
a la brevedad posible, ante esta soberanía, la normatividad operativa de la Ley de
Capitalización del Procampo, a fin de que los productores puedan acceder a dichos
recursos, a cargo del diputado Carlos Pallares Bueno, del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre la política y
asignación del financiamiento para la educación superior, a cargo del diputado José
Antonio Magallanes Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para regular las
marchas y plantones en la Ciudad de México, a cargo del grupo parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a la
declaración del presidente Vicente Fox Quesada, del 9 de abril de 2002, a cargo del grupo
parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a la
participación de los adultos mayores en actividades culturales, a cargo del diputado
Jorge Luis García Vera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
(Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para dejar libre de
invasiones las zonas reservadas de la delegación Iztapalapa, a cargo del diputado Raúl
García Velázquez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a
comisión.).
Con punto de acuerdo en relación a la
portación y tenencia de armas de fuego por parte de la población civil, a cargo del
diputado Alfredo Hernández Raigosa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre el tema de Cuba
y la Quincuagésima Octava sesión de la Comisión de Derechos Humanos, en Ginebra, Suiza,
a cargo del diputado Tarcisio Navarrete Montes de Oca, del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a los
ingresos extraordinarios de Pemex, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre las
consecuencias del fallo de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos de América, a
cargo del diputado Tarcisio Navarrete Montes de Oca, del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre la situación de
los conflictos indígenas en Coyutla, Sochiapa, Ixhuatlán de Madero y Zocohuite, del
Estado de Veracruz, a cargo de la diputada Genoveva Domínguez Rodríguez, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre deudores de
Banrural, a cargo del diputado Francisco Esparza Hernández, del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo por el que se exhorta
al Ejecutivo Federal, para que regule el cobro de comisiones y gastos de envío de remesas
de dinero, de mexicanos en el exterior, a cargo del diputado Francisco Guadarrama López,
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que se
consideren, dentro de la franja fronteriza, a cinco municipios del norte del Estado de
Coahuila: Allende, Villa Unión, Morelos, Zaragoza y Nava, a cargo del diputado Claudio M.
Bres Garza, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
(Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para autorizar el
descarte del material de desecho, de las bibliotecas de la Cámara de Diputados, a cargo
del diputado Juan Alcocer Flores, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
(Turno a comisión.)
1663,1664,1665
Con punto de acuerdo en relación a los
vehículos de procedencia extranjera, a cargo del diputado Mario Cruz Andrade, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre política
ambiental, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno
a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a la
situación política de Venezuela, a cargo del grupo parlamentario del Partido del
Trabajo. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo, para solicitar a los
gobiernos de Puebla y Tlaxcala, firmen los convenios de conurbación y ratificación de
sus límites territoriales, para conformar la cuarta zona metropolitana del país, a cargo
del diputado Alberto Cano Cortezano, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
(Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre la venta de
acciones de Bancomer, anunciada por el Gobierno mexicano, a cargo del diputado Antonio
Magallanes Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
(Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo por el que se exhorta
al titular del Poder Ejecutivo Federal a hacer propios los objetivos del Plan de
Educación para el Desarrollo y la Integración de América Latina, promovido por el
Parlamento Latinoamericano y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) e implementar las acciones necesarias para su ejecución
y seguimiento en nuestro país, a cargo del diputado Eduardo Rivera Pérez, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre la
fiscalización a los partidos políticos en México anunciada por el IFE, a cargo del
diputado Antonio Magallanes Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para solicitar la
realización de una auditoría, por la Auditoría Superior de la Federación, a la tercera
etapa del río Tijuana, a cargo del diputado Jaime Martínez Veloz. (Turno a comisión.)
Agenda política
Pronunciamiento acerca del Convenio 159 de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por su entrada en vigor el 5 de abril, a
cargo del diputado Enrique Villa Preciado, del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Pronunciamiento político relativo a la
resolución de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos de América, respecto a los
trabajadores indocumentados, del pasado 27 de marzo, a cargo de integrantes de la
Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.
Efemérides
Sobre el Día Mundial de la Salud, a cargo
de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados.
Sobre el aniversario luctuoso del general
Francisco J. Mújica, a cargo del diputado Jaime Rodríguez López, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Sobre el aniversario luctuoso de don
Francisco González Bocanegra, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México.
Sobre el aniversario luctuoso de sor Juana
Inés de la Cruz, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México.»
La Presidenta:
Está a consideración el orden del día...
No habiendo ninguna observación.
ACTA
DE LA SESION ANTERIOR
La Presidenta:
Le ruego a la Secretaría que dado que el
acta ha sido publicada me haga el favor de someterla a discusión y votación, el acta de
la sesión anterior.
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
«Acta de la sesión de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves once de abril de dos mil dos,
correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de
la Quincuagésima Octava Legislatura.
Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
En el Palacio Legislativo en San
Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, a las once horas con siete minutos del jueves once de abril de dos
mil dos, con la asistencia de doscientos setenta y un diputados, la Presidenta declara
abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del
día.
La Asamblea aprueba el acta de la sesión
anterior en votación económica.
Comunicaciones de los congresos de los
estados de:
Guanajuato, con acuerdo por el que
recomienda al Congreso del Estado de Yucatán la creación de una Comisión Especial para
la investigación del homicidio del diputado Pánfilo Novelo Martín, de su hijo y de su
ayudante. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Michoacán, con acuerdo por el que exhorta
al Ejecutivo Federal a posponer los incrementos en las tarifas del servicio eléctrico
derivados de la cancelación de subsidios. Se turna a la Comisión de Energía.
Tamaulipas, con la que informa de
actividades propias de su legislatura. De enterado.
Tabasco, con la que informa de actividades
propias de su legislatura. De enterado.
Zacatecas, con acuerdo por el que solicita
se emita un pronunciamiento de condena a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de
Estados Unidos de América, respecto de los derechos laborales de los trabajadores en
situación migratoria irregular. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Comunicación de la Presidenta de la Mesa
Directiva, con la que informa que ha sido invitada, en su calidad de Presidenta del
Parlamento Latinoamericano, a la Decimasexta Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del
Grupo de Río, que se realizará en la ciudad de San José, República de Costa Rica, los
días once y doce de abril de dos mil dos. De enterado.
Comunicación de la Junta de Coordinación
Política, con la que informa de cambios en la integración de la Comisión de Hacienda y
Crédito Público. De enterado.
Cuatro oficios de la Secretaría de
Gobernación, con los que solicita el permiso constitucional necesario para que los
ciudadanos Luis Ernesto Derbez Bautista, Edgar Segura Ruiz, Alejandro Joaquín José
Legorreta y Chauvet y Antonio Dueñas Pulido, puedan aceptar y usar las condecoraciones
que les confieren los gobiernos de la República de Corea, de Estados Unidos de América,
del Reino de Bélgica y del Reino de Tailandia, respectivamente. Se turnan a la Comisión
de Gobernación y Seguridad Pública.
Oficio de la Cámara de Senadores, con el
que remite iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo ciento ochenta y
tres-B de la Ley Aduanera, suscrita por la senadora Gloria Lavara Mejía, del Partido
Verde Ecologista de México. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Presentan iniciativas con proyecto de
decreto los diputados:
José Socorro Velázquez Hernández, del
Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos sesenta y seis, sesenta y
ocho y ochenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se
turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Miguel Gutiérrez Hernández, del Partido
Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos treinta
y cinco, treinta y seis, cuarenta, setenta y tres, ciento quince y ciento veintidós de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de participación
ciudadana. Se turna a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Participación
Ciudadana.
Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, del
Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Ley Federal de Protección a
Informantes de Actos de Corrupción.
Presidencia de la diputada
María Elena Alvarez Bernal
Se turna a las comisiones de Justicia y
Derechos Humanos y de Gobernación y Seguridad Pública.
Jaime Cervantes Rivera, del Partido del
Trabajo, que adiciona el artículo trece de la Ley de Instituciones de Crédito y el
artículo séptimo de la Ley de Inversión Extranjera. Se turna a la Comisión de Hacienda
y Crédito Público.
Norma Patricia Riojas Santana, del Partido
de la Sociedad Nacionalista, que reforma los artículos setenta y tres; setenta y seis
fracción primera; ochenta y nueve fracción décima y ciento treinta y tres de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
Se turna a la Comisión de Puntos
Constitucionales.
Luis Alberto Villarreal García, del
Partido Acción Nacional, a nombre de integrantes de la Comisión de Turismo, que deroga
el numeral cuatro del inciso b de la fracción primera del artículo octavo
transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de Dos mil
Dos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
A las doce horas con cuarenta y tres
minutos la Secretaría informa del registro de cuatrocientos treinta y nueve diputados y
ordena el cierre del sistema electrónico de asistencia y votación.
José Francisco Yunes Zorrilla, del Partido
Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona el artículo setenta y uno de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para conferir a la Suprema Corte
de Justicia de la Nación el derecho restringido de iniciativa. Se turna a la Comisión de
Puntos Constitucionales.
Alejandro Zapata Perogordo, del Partido
Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos
cuarenta, ciento quince y ciento dieciséis de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de federalismo y fortalecimiento municipal. Se turna a las
comisiones de Puntos Constitucionales y de Fortalecimiento del Federalismo.
Rubén Benjamín Félix Hays, del Partido
Revolucionario Institucional, con proyecto de Ley de Coordinación para el Fomento de la
Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Se turna a la Comisión de
Comercio y Fomento Industrial.
Heidi Gertud Storsberg Montes, del Partido
Acción Nacional, que adiciona el artículo noventa y cuatro bis del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la
Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
José Manuel Medellín Milán, del Partido
Revolucionario Institucional, que adiciona un artículo doce a la Ley Sobre la
Celebración de Tratados.
Presidencia de la diputada
María Elena Alvarez Bernal
Se turna a las comisiones de Relaciones
Exteriores y de Gobernación y Seguridad Pública.
José Tomás Lozano Pardinas, del Partido
Acción Nacional, que adiciona el Título Vigesimoséptimo al Código Penal Federal,
denominado de los delitos en materia de asentamientos humanos. Se turna a la Comisión de
Justicia y Derechos Humanos.
La Presidenta informa de la presencia en el
recinto de servidores públicos de la Oficina Nacional de Auditoría de la República
Popular China, encabezados por el auditor general adjunto y de funcionarios de la Embajada
de ese país en México.
César Alejandro Monraz Sustaita, del
Partido Acción Nacional, que adiciona un último párrafo al artículo segundo y un
artículo doscientos dieciséis bis a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que adiciona una
fracción novena al artículo noveno y que reforma el artículo veintinueve de la Ley del
Impuesto al Valor Agregado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Luis Alberto Villarreal García, del
Partido Acción Nacional, que adiciona una fracción quinta al artículo dos-A de la Ley
del Impuesto al Valor Agregado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
José María Núñez Murillo, del Partido
Acción Nacional, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal
para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados. Se turna a las
comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de Hacienda y Crédito Público.
Comunicación de la Junta de Coordinación
Política, con la que informa de cambios en la integración de la Comisión de Fomento
Cooperativo y Economía Social. De enterado.
1666,16667,1668
Comunicación de la Junta de Coordinación
Política, con la que solicita cambios en la integración de las mesas directivas de las
comisiones de Trabajo y Previsión Social; de Agricultura y Ganadería; Especial de
Ganadería y de Fomento Cooperativo y Economía Social. Se aprueba en votación
económica.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y
Seguridad Pública, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Claus
Werner von Wobesser Hoepfner, Sara Santizo Barrientos y Gerardo Clemente Ricardo Vega y
García, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de la
República Federal de Alemania, de la República de Austria y de la República de
Colombia, respectivamente. Es de primera lectura.
La Asamblea le dispensa la segunda lectura
al dictamen en votación económica.
Sin nadie que haga uso de la palabra, se
aprueba el proyecto de decreto en lo general y en lo particular por trescientos sesenta y
nueve votos en pro, dos en contra y cuatro abstenciones. Pasa al Senado para los efectos
constitucionales.
Solicitan excitativas los diputados:
Julieta Prieto Fuhrken, del Partido Verde
Ecologista de México, a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de Medio Ambiente
y Recursos Naturales, en relación con la iniciativa con proyecto de Ley de
Responsabilidad Civil por el Daño y el Deterioro Ambiental, presentada el diecisiete de
octubre de dos mil.
Presidencia del diputado
Eric Eber Villanueva Mukul
La Presidencia formula la excitativa
respectiva.
Raúl Gracia Guzmán, del Partido Acción
Nacional, a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores, en
relación con la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo ochenta y
ocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el quince
de diciembre de mil novecientos noventa y nueve y acepta interpelación del diputado Eddie
James Varón Levy. La Presidencia formula la excitativa correspondiente.
Tomás Torres Mercado, del Partido de la
Revolución Democrática, a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de Presupuesto
y Cuenta Pública, en relación con una proposición con punto de acuerdo para que se
asigne una partida presupuestal a los tribunales de justicia locales y del Distrito
Federal, presentada el ocho de agosto de dos mil uno. La Presidencia formula la excitativa
correspondiente.
El diputado Félix Castellanos Hernández,
del Partido del Trabajo, presenta proposición con punto de acuerdo en relación con el
voto de México sobre Cuba en la Quincuagésima Octava Sesión de la Comisión de Derechos
Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Se turna a la Comisión de Relaciones
Exteriores.
Rectifica hechos la diputada Magdalena del
Socorro Núñez Monreal, del Partido de la Revolución Democrática, quien durante su
intervención es interrumpida por el diputado Alejandro Zapata Perogordo, para solicitar
una moción de orden que la Presidencia atiende.
Desde sus curules, los diputados José
Antonio Calderón Cardoso y Jorge Carlos Ramírez Marín, solicitan mociones de orden y de
procedimiento, respectivamente.
El diputado Martí Batres Guadarrama hace
aclaraciones desde su curul.
El diputado José Manuel del Río Virgen
solicita verificar el quorum y el Presidente declara que sí existe.
Desde sus curules los diputados Felipe de
Jesús Calderón Hinojosa, Martí Batres Guadarrama y Jorge Carlos Ramírez Marín,
solicitan continuar con el debate del asunto de referencia.
Se concede la palabra para el mismo tema a
los diputados: Ricardo Tarcisio Navarrete Montes de Oca, del Partido Acción Nacional,
quien acepta interpelación del diputado Pedro Miguel Rosaldo Salazar y Augusto Gómez
Villanueva, del Partido Revolucionario Institucional.
En votación económica, la Asamblea no
considera suficientemente discutido el tema y el Presidente concede la palabra, para
referirse al tema, a los diputados: Miguel Bortolini Castillo, del Partido de la
Revolución Democrática y Jaime Cleofas Martínez Veloz.
Presentan proposiciones con punto de
acuerdo los diputados:
José Manuel del Río Virgen, de
Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional, para solicitar al Gobierno
Federal un informe de la actual situación política, jurídica y social del campo
mexicano. Se turna a las comisiones de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Rural y de
Reforma Agraria.
José Antonio Calderón Cardoso, del
Partido Alianza Social, para solicitar al Senado de la República que las iniciativas de
reformas en materia electoral presentadas por los senadores, se consideren conjuntamente
con la comisión respectiva de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública.
José María Anaya Ochoa, del Partido
Acción Nacional, a nombre de la Comisión Especial de Ganadería, para solicitar a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, otorgue una prórroga por única vez a los
productores agropecuarios, a efecto de que puedan presentar su declaración fiscal y
solicita trámite de urgente resolución.
La Asamblea, en votación económica,
considera el asunto de urgente resolución.
Hablan en pro los diputados: Arturo
Bonifacio de la Garza Tijerina, del Partido Revolucionario Institucional y Petra Santos
Ortiz, del Partido de la Revolución Democrática.
Sin nadie más que haga uso de la palabra,
se aprueba el punto de acuerdo en votación económica. Comuníquese.
Transcurrido el tiempo acordado para la
duración de las sesiones, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima
sesión y la Presidencia clausura la de hoy a las dieciséis horas con treinta y dos
minutos, citando para la que tendrá lugar el martes dieciséis de abril a las diez
horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo
quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Aprobada el acta.
La Presidenta:
Pasamos a los oficios de diversos órganos.
ESTADO DE
MORELOS
El secretario Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán:
«Escudo.— Poder
Legislativo.— XLVIII Legislatura.— 2000-2003.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.
En cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 10 del Reglamento Interior para el Congreso del Estado de Morelos, tengo el
honor de informar a usted, que en la sesión ordinaria celebrada el día 31 de enero del
2002, se clausuraron los trabajos del primer periodo de sesiones ordinarias del segundo
año de ejercicio constitucional e igualmente se instaló la diputación Permanente que
fungirá durante el primer receso de este segundo año de ejercicio constitucional siendo
electos los ciudadanos diputados:
Presidente, José Sigona Torres;
vicepresidente, Arturo Roberto Huicochea Rodríguez; secretarios, Martha Leticia Rivera
Cisneros, Sylvia Victoria Eugenia D’Granda y Terreros y Basilides Nava Ariza.
Siendo sus suplentes, respectivamente, los
diputados: Diana Aurea Recio de Ramos, Nicolás Edmundo Venosa Peña, Juan David Suayfeta
González, Jorge Vicente Messeguer Guillén y Sergio Alvarez Mata.
Quienes conformarán la diputación
Permanente durante los meses de febrero y marzo del 2002.
Reitero a usted la seguridad de mi atenta y
distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Cuernavaca, Morelos, a 1o. de febrero de
2002.— El oficial mayor del Congreso del Estado de Morelos, Armando Ramírez
Saldívar.»
La Presidenta:
De enterado.
ESTADO DE
OAXACA
El secretario Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca.— Poder Legislativo.
Cámara de Diputados.— México, D.F.
En cumplimiento a los preceptos legales y
por instrucciones de los diputados secretarios, comunico a ustedes que la LVIII
Legislatura Constitucional del Estado, en sesión ordinaria efectuada el día de hoy, tuvo
a bien elegir a su diputación Permanente, quedando integrada de la siguiente forma:
Diputados: Juan Ramón Díaz Pimentel,
presidente; Raúl Antonio Corzo Llaguno, Reyna Gloria Vega Hernández, Javier Castellanos
García, Félix Antonio Serrano Toledo, Gabriel Cruz García y Juan Bautista Olivera
Guadalupe.
Lo que me permito hacer de su conocimiento,
para los efectos legales consiguientes.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección
"El Respeto al Derecho Ajeno es la
Paz"
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 22 de marzo de
2002.— La oficial mayor del honorable Congreso del Estado, María del Carmen
Ricárdez Vela.»
La Presidenta:
De enterado.
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL
DISTRITO FEDERAL
El secretario Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Asamblea Legislativa del Distrito Federal.— II Legislatura.
Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta
de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.—
Presente.
Por este conducto, me es grato comunicar a
usted que en la sesión celebrada el día de hoy, se resolvió y aprobó enviar para
conocimiento y efectos legales conducentes el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
"Primero. La Asamblea
Legislativa del Distrito Federal se pronuncia en contra del recorte de 2 mil 190 millones
de pesos al Programa de Apoyo al Fortalecimiento a las Entidades Federativas.
Segundo. La Asamblea Legislativa del
Distrito Federal formula un atento llamado a la Cámara de Diputados y a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, para que busquen alternativas que eviten el recorte en los
recursos del Programa de Apoyo a las Entidades Federativas.
Tercero. Túrnese a la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión y a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, para su conocimiento."
Anexo al presente copia del punto de
acuerdo en comento.
Sin otro particular, reitero a usted mi
consideración atenta y distinguida.
Recinto legislativo, a 9 de abril de
2002.— Por la Mesa Directiva, diputada Alicia Irina del Castillo Negrete y Barrera,
presidenta.»
«Proposición con punto de acuerdo
relativa al Programa de Apoyo al Fortalecimiento de las Entidades Federativas
En diciembre de 1999, al aprobar el primer
presupuesto de consenso, la Cámara de Diputados aprobó la creación del Programa de
Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, con un monto de 6 mil 870
millones de pesos, de los cuales 740 millones 720 mil pesos le correspondieron al Distrito
Federal para el ejercicio fiscal del año 2000.
Esta determinación del Poder Legislativo,
dominada por un profundo compromiso con el federalismo, se basó en la necesidad de
fortalecer las capacidades de las entidades federativas, mediante el destino de recursos
no etiquetados ni comprometidos para el pago de nóminas, ya que hasta ese entonces el
proceso descentralizador iniciado con la creación del Ramo 33, sólo había transferido
los recursos necesarios para el pago de los compromisos asumidos por los estados en
materia de educación, salud y asistencia social.
Así, en sólo dos años, se transfirieron
a los estados más de 21 mil 500 millones de pesos orientados a la solución de los
problemas de las finanzas públicas de las entidades federativas y a la realización de
obras de infraestructura. De esta forma, el Programa de Apoyo al Fortalecimiento de las
Entidades Federativas se convirtió en una importante fuente de ingresos para las
entidades, que amplió sus capacidades de acción y respuesta frente a los graves rezagos
que cotidianamente enfrentan.
1669,1670,1671
Para el ejercicio fiscal del año 2002, la
iniciativa de Presupuesto de Egresos de la Federación, enviada por el titular del
Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados, no contempló asignación presupuestal alguna
para el Programa de Apoyo al Fortalecimiento de las Entidades Federativas, pero el llamado
unánime de gobernadores, congresos locales (incluida la ALDF) y la sensibilidad de los
diputados federales de todos los partidos políticos logró que se incorporara este
programa en el Presupuesto de Egresos de la Federación y que se incrementaran sus
recursos para ubicarse en 14 mil 700 millones de pesos, de los cuales al D.F. le
corresponderían 1 mil 211.37 millones de pesos.
En virtud de la importancia estratégica de
este programa, nos genera gran preocupación el anuncio de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público de recortar el gasto público federal en 10 mil 100 millones de pesos y
particularmente el ajuste de 2 mil 190 millones que se aplicará al Programa de Apoyo a
las Entidades Federativas, ya que la reducción anunciada lesionará notablemente las
finanzas públicas de los estados y constituye un paso en la dirección contraria a los
consensos que en materia federalista han prevalecido en el Congreso de la Unión y en el
ánimo de todos los actores políticos de la nación.
De igual modo, los 2 mil 190 millones de
pesos que se reducirán a este programa cancela por la vía de los hechos el aumento
logrado con respecto a lo programado en el año anterior, donde la Cámara de Diputados
realizó un esfuerzo para rescatar este programa (que no se encontraba incluido en la
propuesta del Ejecutivo Federal) y aumentar sus recursos con 800 millones de pesos.
El impacto que tendrá este recorte en el
Distrito Federal es de alrededor de 200 millones de pesos (181 millones si se aplica en
forma proporcional a cada entidad federativa) y ello tendrá impactos fundamentalmente en
la construcción del sistema de educación media superior y en algunas obras de
infraestructura. Lo anterior significa un golpe para las finanzas, ya que neutraliza el
incremento en estos recursos de 127 millones de pesos con respecto al año anterior los 49
millones de pesos que se incrementó con respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos en
diciembre pasado y que mereció un periodo extraordinario para determinar el destino de
estos recursos.
A lo anterior habrá que sumar, las
disminuciones que registrarán los fondos de participaciones y aportaciones, que de
acuerdo a información oficial también registrarán decrementos, en virtud de la caída
de la recaudación federal participable.
Por ello e independientemente de las
posturas que cada partido tiene en torno a las justificaciones financieras del recorte
anunciado por la SHCP y al tema del déficit fiscal, consideramos que el ajuste en el
Programa de Apoyo al Fortalecimiento a las Entidades Federativas es injustificado, que en
todo caso se tendrían que haberse buscado alternativas que evitaran afectar las finanzas
públicas estatales y el gasto social.
Por lo antes expuesto y con fundamento en
el artículo 115 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, sometemos a consideración de este pleno el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. La Asamblea Legislativa del
Distrito Federal se pronuncia en contra del recorte de 2 mil 190 millones de pesos al
Programa de Apoyo al Fortalecimiento a las Entidades Federativas.
Segundo. La Asamblea Legislativa del
Distrito Federal formula un atento llamado a la Cámara de Diputados y a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, para que busquen alternativas que eviten el recorte en los
recursos del Programa de Apoyo a las Entidades Federativas.
Tercero. Túrnese a la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión y a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, para su conocimiento.
Atentamente.
Diputados: Clara M. Brugada Molina,
Salvador Abascal Carranza, Gilberto Ensástiga Santiago, María Guadalupe García Noriega,
Enoé Margarita Uranga Muñoz y María del Carmen Pacheco Gamiño.»
La Presidenta:
Túrnese a la Comisión Hacienda y Crédito
Público.
CONTROVERSIA
CONSTITUCIONAL
El secretario Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados.— Presentes.
Con fecha 15 de abril del presente,
informé a la Junta de Coordinación Política que, en cumplimiento al acuerdo del pleno
de esta Cámara de Diputados, tomado en la sesión plenaria del día 2 de abril del año
en curso, el pasado viernes 12 de abril se presentó ante la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, la demanda de controversia constitucional en la que se reclama la invalidez
del decreto que invade la esfera de competencia constitucional de este órgano
legislativo, mediante el cual se exime del pago de impuestos y se amplían estímulos
fiscales, emitido por el titular del Ejecutivo Federal el 1o. de marzo de este mismo año
y publicado en el Diario Oficial de la Federación del 5 de marzo último.
Por lo anterior, en concordancia con el
mandato del pleno, se informa en esta sesión a esta Cámara de Diputados sobre la
presentación de la citada controversia constitucional. Cabe hacer mención que la
documentación se encuentra en poder de la dirección general jurídica de este órgano
legislativo.
Sin otro particular, quedo de ustedes.
Atentamente.
Palacio Legislativo, a 16 de abril de
2002.— Diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, presidenta.»
La Presidenta:
De enterado.
COMISIONES
LEGISLATIVAS
El secretario Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de
Coordinación Política.
Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta
de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en el artículo 34 numeral 1
inciso c de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y
a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador de relaciones
internas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a
usted, la modificación en la integración de la siguiente comisión:
• Que el diputado Javier Rodríguez
Ferrusca sustituya al diputado Abelardo Escobar Prieto, como integrante en la Comisión
Especial de Ganadería.
Lo anterior, para los efectos a que haya
lugar.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente.
México, D.F., a 15 de abril de 2002.—
Diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.
Diputado Felipe Calderón Hinojosa,
presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.—
Presente.
Sirva el presente para enviarle un cordial
saludo y para remitirle la siguiente sustitución.
Que el diputado Javier Rodríguez Ferrusca,
en sustitución del diputado Abelardo Escobar Prieto entra a la Comisión Especial de
Ganadería, como integrante.
Lo anterior para que se notifique a la
comisión antes referida, para los trámites a los que haya lugar.
Sin otro particular de momento, le reitero
las seguridades de mi consideración más alta y distinguida.
Atentamente.
Palacio Legislativo, a 11 de abril de 2002.
— Diputado federal Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador de relaciones
internas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.»
La Presidenta:
De enterado.
El
secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de
Coordinación Política.
Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta
de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en el artículo 34 numeral 1
inciso c de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y
a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador de relaciones
internas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a
usted, la modificación en la integración de la siguiente comisión:
Que la diputada Beatriz Grande López,
entre como integrante en la Comisión de Reforma Agraria.
Lo anterior, para los efectos a que haya
lugar.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente.
México, D.F., a 15 de abril de 2002.—
Diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.
Diputado Felipe Calderón Hinojosa,
presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.—
Presente.
Sirva el presente para enviarle un cordial
saludo y para remitirle la siguiente integración.
Que la diputada Beatriz Grande López,
entra como integrante a la Comisión de Reforma Agraria, para ocupar lugar vacante.
Lo anterior para que se notifique a la
comisión antes referida, para los trámites a los que haya lugar.
Sin otro particular de momento, le reitero
las seguridades de mi consideración más alta y distinguida.
Atentamente.
México, D.F., a 11 de abril de 2002.—
Diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador de relaciones internas del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.»
La Presidenta:
Señor Secretario, disculpe. ¿En el
oficio de la Junta dice a quién sustituye la diputada Beatriz Grande?
El secretario Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán:
No, no dice, señora Presidenta.
La Presidenta:
Le ruego que suspendamos el trámite y que
le roguemos a la Junta nos precise a quién sustituye la diputada Beatriz Grande.
El secretario Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán:
Anotado, señora Presidenta.
TRABAJOS
LEGISLATIVOS
El secretario Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de
Coordinación Política.
Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta
de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Por este conducto, me permito comunicarle
que la Junta de Coordinación Política, en su reunión celebrada el día de hoy, acordó
sugerir a la Mesa Directiva que en la sesión ordinaria de esta Cámara de Diputados del
día de mañana martes 16 de abril de 2002, se les otorguen hasta cinco minutos a los
diputados para la presentación de proposiciones con punto de acuerdo sin debate;
asimismo, se les concedan hasta 10 minutos para la presentación de iniciativas.
Sin más por el momento, quedo de usted.
Atentamente.
México, D.F., a 15 de abril de 2002.—
Diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente.»
La Presidenta:
Esta Mesa Directiva toma nota de que para
la presentación de iniciativas se concederán hasta 10 minutos y para la presentación de
puntos de acuerdos hasta cinco minutos y que es un acuerdo vigente para la sesión del
día de hoy.
1672,1673,1674
HUSOS
HORARIOS
El secretario Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de
Energía.
Diputada Beatriz Elena Paredes Rangel,
presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Por este conducto, me dirijo a usted a fin
de solicitarle se archiven como asuntos total y definitivamente concluidos los expedientes
que en forma anexa se detallan.
Por una parte se trata de las iniciativas
de ley que en materia de zonas y husos horarios y horarios estacionales fueron propuestas
durante la pasada y actual legislaturas, mismas que al ser dictaminadas fueron la base
para la Ley del Sistema Horario de los Estados Unidos Mexicanos y el decreto del Horario
Estacional de los Estados Unidos Mexicanos para el año que corre, disposiciones aprobadas
por ambas cámaras del Congreso de la Unión y plenamente vigentes.
Por otro lado, se trata de diversos puntos
de acuerdo relativos a la aplicación del Programa Horario de Verano, materia que ha sido
normada con la legislación mencionada en el párrafo anterior. Estos expedientes se
mantuvieron sin dictaminar al inicio de la LVIII Legislatura, en tanto no se dictaminaran
las iniciativas de ley sobre la materia, lo cual se estableció como tarea primordial de
la misma.
Es importante mencionar que el material
aportado en todos y cada uno de los expedientes recibidos se incorporó al trabajo
legislativo que dio lugar a la mencionada ley y decreto, recientemente aprobados.
Atentamente.
México, D.F., a 8 de abril de 2002.—
Diputados: Juan Camilo Mouriño Terrazo, presidente; Noé Navarrete González,
Rosario Tapia Medina, Marco Antonio Dávila Montesinos y Roque Joaquín Gracia
Sánchez, secretarios.»
La Presidenta:
De enterado y archívese.
DIPUTADO QUE OPTA POR OTRO CARGO
El secretario Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán:
«Escudo.— Partido Verde Ecologista de
México.
Diputada Beatriz Elena Paredes Rangel,
presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
En atención a lo dispuesto por el
artículo 125 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y toda vez que
el pasado 17 de febrero de 2002 fui electo como presidente municipal de Benito Juárez,
Quintana Roo y en virtud de mi carácter de diputado federal con licencia por la LVIII
Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, hago de su
conocimiento que he tomado la determinación de optar por el cargo de presidente municipal
del referido municipio del Estado de Quintana Roo.
Lo anterior para los efectos conducentes.
Sin más por el momento quedo de usted.
Atentamente.
México, D.F., a 9 de abril de 2002.—
Licenciado Juan Ignacio García Zalvidea.»
La Presidenta:
De enterado.
VOTO DE MEXICANOS EN EL EXTRANJERO
El secretario Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.
Diputada. Beatriz Elena Paredes Rangel,
presidenta de la Mesa Directiva Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura.—
Presente.
Estimada señora diputada: reconociendo su
gran labor que realiza como Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, le
informo que el día 15 de marzo de 2001, un servidor presentó una proposición con punto
de acuerdo para crear una comisión especial que realice los estudios y consultas
necesarias para proponer, en su caso, las reformas legales correspondientes que permitan
el ejercicio de los derechos políticos de los mexicanos que residen en el extranjero y
actualizar la legislación en la materia. Esta proposición fue suscrita por diputados
federales del PRI, PAN, PRD, PT, PAS y CDPPN y turnada el mismo día a la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública.
Por lo anteriormente expuesto, le solicito
respetuosamente lo siguiente:
Rectificación de turno de la proposición
con punto de acuerdo mencionada, para que sea enviada a la Junta de Coordinación
Política, ya que según nuestra propia ley en materia legislativa, el órgano facultado
para la integración de comisiones especiales es dicha Junta de Coordinación Política y
no la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
Anexo copia de la proposición con punto de
acuerdo citada.
Agradeciendo su generosa atención a la
presente, quedo a sus órdenes y le deseo éxito en su trabajo como Presidenta de la Mesa
Directiva, por el bien de México.
Palacio Legislativo, a 10 de abril de
2002.— Diputado Elías Martínez Rufino.»
«Proposición con punto de acuerdo
relativo a la creación de una comisión especial que realice la propuesta conducente para
que los mexicanos en el extranjero ejerzan sus derechos políticos.
La coalición por los derechos políticos
de los mexicanos en el extranjero, organización plural y multinacional reunida los días
30 de noviembre y 1o. de diciembre del presente año en el Estado de Zacatecas, a través
de los suscritos diputados federales, solicita a la Cámara de Diputados analizar y en su
caso aprobar la siguiente proposición con punto se acuerdo.
En nuestro país el Constituyente
Permanente reformó en 1996 la fracción tercera del artículo 36 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el ejercicio del voto se desvinculara
de la residencia en un distrito electoral determinado. El motivo de dicha reforma,
suscrita por los coordinadores parlamentarios y el Presidente de la República, como bien
lo dice en la exposición de motivos, "es a efecto de posibilitar a nuestros
compatriotas que se encuentran fuera del territorio nacional, el ejercicio del
sufragio...". Hecho que determinó constitucionalmente la obligación y el derecho
ciudadano de que el ejercicio del voto sea extensivo a los mexicanos que residen en el
extranjero o al voto sin fronteras. Con ello, se adquieren nuevos retos para el sistema
electoral mexicano y para la joven democracia de nuestro país.
A partir de ese momento, el tema de los
derechos políticos de los mexicanos en el extranjero ha generado una gran polémica en el
Congreso de la Unión a lo largo de las tres últimas legislaturas. Al tiempo que dicha
demanda se ha socializado en los grupos de especialistas y académicos, así como en la
sociedad en general y en las comunidades de mexicanos de varios países del mundo,
principalmente de Estados Unidos de América, país en el cual se encuentra más del 90%
de mexicanos fuera de su país de origen.
Esta discusión, por demás positiva, abre
nuevas brechas de la democracia en nuestro país, particularmente de la democracia
electoral y la calidad democrática de los procesos electorales, con los cuales se
fortalece la participación de la sociedad. Por ello, el perfeccionamiento de dichos
procesos es también un constante reto para los poderes de la Unión, los partidos
políticos y la sociedad mexicana.
No debemos olvidar que el modelo
democrático que se ha desarrollado en nuestro país, se ha dado gracias a una lucha
constante por la defensa de los valores democráticos, lucha que se ha visto en un
sinnúmero de países del mundo que, incluso, ha sido adoptado por los diferentes sistemas
económicos, que han existido en la historia contemporánea.
En ese contexto, vale la pena señalar que
más de 40 países han contribuido responsablemente a la aventura de perfeccionar dicho
modelo y han otorgado el ejercicio del voto de sus ciudadanos fuera de sus países de
origen. Por lo que en México tenemos el gran reto de lograr que el derecho al voto sea
extensivo a nuestros connacionales que residen en otros países y con ello, contribuir al
cumplimiento de nuestra Constitución Política y al legado de legitimidad de representar
a millones de mexicanos que se encuentran fuera de nuestras fronteras.
En este debate, los partidos políticos han
contribuido con diversas propuestas para enriquecer la demanda del voto sin fronteras y
explorado sobre la aplicación de dicho derecho, tales son los casos de la iniciativa de
reformas y adiciones al artículo octavo transitorio del Cofipe, presentada por el
diputado Lázaro Cárdenas Batel; la iniciativa de reformas y adiciones al artículo 35 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado
Rafael Castilla Peniche; la adición del libro noveno del Cofipe, presentada por el
diputado Javier Algara Cossío; la iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución
Política para establecer una circunscripción especial, presentada por el diputado Felipe
de Jesús Preciado Coronado; la iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución
Política presentada por el diputado Sergio Acosta Salazar y la iniciativa de decreto en
virtud del cual se adicionan y reforman los artículos 52, 53, 54, 55, 56 y 60 de la
Constitución Política y se incorpora el libro noveno al Cofipe, para establecer una
sexta circunscripción electoral, presentada por el diputado federal Gregorio Urías
Germán.
1675,1676,1677
Relativo a lo anterior, las iniciativas
presentadas en la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, fueron retomadas
en la propuesta integral de reformas y adiciones al Cofipe, como parte de la agenda
político-electoral, la cual fue rechazada en una votación histórica, por el Partido
Revolucionario Institucional en el Senado de la República. Al respecto, es necesario
reconocer que el PAN, PRD, PVEM y PT hicieron el mejor esfuerzo, pero dicho paquete de
reformas no resolvió el problema del voto ni las preocupaciones centrales de las
iniciativas de esa legislatura.
Respecto de las propuestas que se han
presentado a partir de la presente legislatura, se encuentran en el proceso legislativo
respectivo en comisiones, por lo que es necesaria la presentación de los dictámenes
correspondientes, si no en este periodo ordinario, en el siguiente, para concluir los
procesos legislativos conforme a derecho.
Por su parte, la Comisión de Especialistas
del Instituto Federal Electoral, presentó el 12 de noviembre de 1998, el informe final
que estudia las modalidades del voto de los mexicanos residentes en el extranjero en el
cual concluyó que "es técnicamente viable llevar a cabo la elección presidencial
del año 2000 con la participación de los votantes mexicanos en el exterior y para ello
es posible acudir a diversas modalidades para la emisión del voto (...) que cumplen con
la racionalidad jurídica del sistema electoral mexicano". En dicho documento,
destacan las seis modalidades de voto, tres modalidades de registro, campañas y medios de
fiscalización, autoridades electorales, arreglos internacionales, un nuevo libro del
Cofipe y aspectos penales, entre otros.
Por otro lado, en México y Estados Unidos
se han realizado más de una decena de eventos para discutir sobre este tema, en ellos los
partidos políticos se han manifestado a favor del voto de los mexicanos en el extranjero.
Vale la pena aclarar que en la realización de los últimos eventos el Partido
Revolucionario Institucional se sumó a esta demanda.
Por lo que corresponde a la participación
de los grupos sociales y de las comunidades de mexicanos en otros países, ha sido muy
enriquecedora y se ha incrementado con el anhelo de tener representantes en el Congreso
Federal e incluso en los gobiernos y congresos estatales.
Por su parte, el Poder Ejecutivo Federal
tiene también la obligación de coadyuvar a la realización del voto sin fronteras, ya
que durante la campaña presidencial de Vicente Fox, ahora titular de ese Poder, se
comprometió a realizar lo conducente para hacer realidad el voto de los mexicanos en el
extranjero. Por ello, es responsabilidad del presidente Fox cumplir con dicho compromiso.
En ese contexto, no existe ningún
impedimento para que sea cristalizado dicho derecho y con ello, México pase a formar
parte de los países que hacen extensivo a sus connacionales el derecho a votar desde el
lugar de su residencia. En consecuencia, es necesario que nuestro Congreso Federal legisle
en la materia.
En conclusión, los diputados y senadores
cuentan con los elementos necesarios para realizar las reformas y adiciones
correspondientes, tanto a la Constitución, como a las leyes. Sólo falta la decisión
acertada para echar andar uno de los procesos electorales más importantes de la historia
de nuestro país y con ello escalar un peldaño más de la democracia y ganar un reto más
de la transición política de nuestro país.
El establecimiento de dicho derecho debe de
estar lejos de los intereses electorales de los partidos políticos y muy cerca del
respeto al Estado de Derecho y al cumplimiento de la Constitución Política Mexicana,
tanto en el derecho a votar, como al derecho a ser votado; por ello, es necesario, a
nuestro parecer, impulsar el acuerdo, al menos verbal, del Foro de Chicago realizado los
días 25 y 26 de agosto de 2001, en el que participaron legisladores de los tres
principales partidos políticos y donde se manifestó, la necesidad de crear una comisión
especial plural, a través de la cual el Poder Legislativo Federal convoque a los
involucrados y proponga las reformas legales correspondientes para hacer realidad que
nuestros compatriotas ejerzan su voluntad a través del sufragio en las elecciones
mexicanas.
Lo anterior con la finalidad de que más
allá de los intereses políticos, nos pongamos de acuerdo y no nos desgastemos en la
lucha por convertirnos en los padres del voto sin fronteras, ya que más allá de la
autoría del derecho, está el cumplimiento de nuestra Constitución Política, la cual es
de todos y donde los deberes de nuestra República se anteponen a los intereses políticos
y particulares.
Por lo anteriormente expuesto y con
fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados firmantes nos permitimos someter a
consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Que se autorice a la Junta
de Coordinación Política integre una comisión especial plural que realice los estudios
y consultas necesarias para proponer, en su caso, las reformas legales correspondientes
que permitan el ejercicio de los derechos políticos de los mexicanos que residen en el
extranjero y actualizar la legislación en la materia.
Segundo. Que dicha comisión plural
sea integrada proporcionalmente de la siguiente manera: tres miembros del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tres miembros del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional, dos miembros del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, un miembro del grupo parlamentario del Partido del
Trabajo y un miembro del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México,
México, D.F., a 13 de diciembre de
2001.— Firmas de apoyo a la proposición con punto de acuerdo para que se autorice a
la Junta de Coordinación Política integre una comisión especial plural que realice los
estudios y consultas necesarias para proponer, en su caso, las reformas legales
correspondientes que permitan el ejercicio de los derechos políticos de los mexicanos que
residen en el extranjero y actualizar la legislación en la materia.— Diputados Magdalena
Núñez, Víctor R. Infante, Juan Carlos Regis, J. Carlos Luna, José Manuel del Río,
Elías Martínez Rufino, Mario Cruz, Hortensia Aragón, Víctor Hugo Cirigo, Emilio Ulloa
Pérez, Daniel Martínez, Rafael Hernández, Alfredo Hernández, Miguel Botolini, Manuel
Duarte, Alfonso Oliverio Elías, Miroslava García Suárez, Raquel Cortés López,
Josefina Hinojosa Herrera, Jaime Martínez Veloz, Rosario Tapia, María de los Angeles
Sánchez Lira, Jesús Garibay, Tomás Torres, Rafael Servín y Adela del Carmen
Graniel.»
La Presidenta:
Gracias, señor Secretario.
Nada más hay una errata en el texto, la
presentación fue el 15 de diciembre, no el 15 de marzo y atendiendo la solicitud del
diputado, se rectifica el turno y se turna nuevamente y de manera exclusiva a la Junta de
Coordinación Política.
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
El secretario Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.— Mesa Directiva.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados.— Presentes.
Me permito informarles que en sesión
celebrada en esta fecha, el senador Adalberto Madero Quiroga, del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se
adiciona el artículo 31-bis a la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
La Presidencia dispuso que dicha iniciativa
se turnara a la Cámara de Diputados.
Reitero a ustedes las seguridades de mi
atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 11 de abril de 2002.—
Senador César Jáuregui Robles, vicepresidente en funciones.»
«Cámara de Senadores:
El que suscribe, senador por el Estado de
Nuevo León integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LVIII
Legislatura del honorable Congreso de la Unión; con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
así como el 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, ocurro formulando iniciativa con proyecto de decreto por el que
se reforma por adición la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de crear el artículo
31-bis, con base en la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
Hemos sido testigos del crecimiento en
nuestro país de personas con diversas disfunciones físicas o síquicas, así, según
datos arrojados por el censo de población y vivienda practicado por el Instituto Nacional
de Estadística, Geografía e Informática, en el año 2000, 1 millón 800 mil personas
padecen alguna discapacidad. En efecto, según dichos datos, el 45.5% de las personas
mencionadas padecen alguna forma de discapacidad motriz; 26.1% sufren discapacidad visual;
16.2% discapacidad mental; 15.8% sufren de incapacidad auditiva; 4.9% la sufren del
lenguaje y por último sin precisarse qué clase o tipo de padecimiento sufren el 0.7%
completa al 100% de los 1 millón 800 mil habitantes que sufren algún tipo de
incapacidad.
Dichas personas, sin embargo, tienen la
necesidad de consumir, en la gran mayoría tienen asimismo la sana intención de
contribuir con su esfuerzo y trabajo a la obtención de los satisfactores necesarios para
su existencia. Sin embargo, dada la discapacidad que sufren, los empleadores no los
contratan.
Se debe por consiguiente crear un mecanismo
por medio del cual sea atractivo para el empleador o creador de fuentes de trabajo, el
contratar los servicios de personas, que si bien, no cuentan con el 100% de capacidad
física o mental, sí están en posibilidad de crear bienes o proporcionar servicios
útiles para ellos mismos y para la sociedad en general.
A la fecha no existe incentivo alguno de
carácter fiscal a favor de las personas que dan empleo a los discapacitados, llamados
también personas con capacidades diferentes. Estos son capaces de contribuir en bien de
la nación. Pueden llevar a cabo trabajos físicos de acuerdo a sus aptitudes, son capaces
de efectuar reparaciones en equipos eléctricos, electrónicos, mecánicos etcétera.
Asimismo pueden laborar en diversas actividades académicas, de oficina y hasta
deportivas, tal y como hemos sido testigos por medio de las trasmisiones televisivas de
las competencias paraolímpicas.
Entonces, debemos estar conscientes de la
necesidad de incentivar a las personas que los emplean, a fin de que se efectúe una mayor
contratación de quienes tienen una capacidad diferente o disminuida. El millón 800 mil
mexicanos que sufren algún tipo de discapacidad no deben ser relegados por falta de
oportunidades tal y como en la actualidad sucede. Si bien es cierto que tal relegación
pudiera ser considerada como una especie de discriminación, también lo es que los
dueños de empresas prefieran a quien no presenta algo de invalidez.
Para evitar ese tipo de exclusión, a fin
de darles la oportunidad de que se allegue los recursos necesarios para sufragar sus
necesidades vitales y al propio tiempo que contribuya al crecimiento de la economía
nacional, deviene necesario incentivar a los empleadores. El incentivo deberá ser de tal
naturaleza que cumpla con su función, es decir, que se haga atractivo crear fuentes de
trabajo para personas con capacidades insuficientes con relación al grueso de la
población del país. El mejor de los incentivos será siempre de carácter fiscal, ya
que, quien contribuye con la creación de riqueza lo hace de mejor manera cuando sus
ingresos no son gravados de manera excesiva.
En tal caso, el incentivo deberá
concederse sin mayores trámites y directo al Impuesto Sobre la Renta. Al causado por los
ingresos de personas físicas o morales, independientemente de la actividad de las
primeras, es decir, con independencia de que la persona física tenga una actividad
empresarial o bien que sea una persona física que se dedique a la práctica de cualquier
oficio o profesión liberal. O sea, que puede ser un profesionista o artista o artesano
quien emplee al discapacitado. Lo importante es que se integre este último a la planta
productiva, sintiéndose a la vez persona útil para él mismo y para la sociedad.
Para ello se propone la creación del
artículo 31-bis, de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, mismo que estaría inserto en la
Sección Primera del Capítulo II del Título Segundo de la Ley del Impuesto Sobre la
Renta, que se refiere a las deducciones en general. A fin de permitir que quien contrate a
personas con capacidades diferentes pueda disminuir de su Impuesto Sobre la Renta, una
cantidad igual al 150% la cantidad que por concepto de sueldo liquidó a su empleado con
discapacidad, siempre y cuando dicho empleador esté cumpliendo con todas sus obligaciones
como patrón, es decir, que no quedarán comprendidas las personas que contraten por
honorarios a discapacitados, por ende, quien pretenda efectuar la deducción del Impuesto
Sobre la Renta como en el caso que nos ocupa, deberá estar inscrito como patrón ante el
Instituto Mexicano del Seguro Social, demostrando que cumple con la obligación contenida
en el artículo 12 de la Ley del Seguro Social.
Por lo anteriormente expuesto y con
fundamento en las disposiciones arriba mencionadas, presento a consideración de esa
Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que es creado el
artículo 31-bis en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:
DECRETO
Artículo único. Se crea el
artículo 31-bis de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:
"Artículo 31-bis. El patrón
que contrate a personas que padezcan discapacidad motriz, visual, mental, auditiva, de
lenguaje o de cualquiera índole que la haga con capacidad diferente al promedio de los
habitantes del país, podrá deducir del impuesto a su cargo, una cantidad igual al 150%
de la cantidad pagada por concepto de salario a su trabajador discapacitado. Siempre y
cuando el contribuyente patrón, demuestre al Servicio de Administración Tributaria que
está cumpliendo con la obligación contenida en el artículo 12 de la Ley del Seguro
Social."
1678,1679,1680
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. La presente reforma entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Salón de sesiones del Senado de la
República, a 11 de abril de 2002.— Senador Adalberto Madero Quiroga.»
La Presidenta:
Túrnese a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público.
Pasamos al capítulo relativo a las
iniciativas de diputados.
LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
La Presidenta:
Se concede el uso de la palabra al diputado
Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
para presentar una iniciativa de Ley General de Desarrollo Social.
El diputado Narciso Alberto Amador Leal:
Muchas gracias, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
Con fundamento en los artículos 71
fracción II y 73 fracción XXIX de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y del artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados federales
integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ponemos a
consideración de esta soberanía la presente iniciativa de Ley General de Desarrollo
Social.
Mucho le agradeceré a la Presidencia, se
inserte la presente de manera íntegra en el Diario de los Debates para
limitarme a reseñar los rasgos más importantes de la misma.
El esfuerzo que los mexicanos hemos
realizado es de enormes dimensiones, la gran transformación social y económica que
realizaron varias generaciones fue positiva para millones de mexicanos, sin embargo quedan
pendientes de resolver múltiples rezagos y surgieron nuevos desafíos que en este nuevo
siglo exigen respuestas más comprometidas y eficaces para disminuir la desigualdad, no
sólo en términos jurídicos, sino de acceso efectivo a mejores condiciones de vida. A
ello responde esta ley general que proponemos, su objeto es impulsar una política para el
desarrollo social cuyo marco legal principios rectores y nuevas medidas institucionales
reafirmen la responsabilidad social del Estado y propicien la participación democrática
y plural de la sociedad en este desafío.
Las evidencias muestran que ninguna
política social es viable a largo plazo, bajo condiciones de deficit público o
inflación creciente, por el contrario, para garantizar un financiamiento sostenido de los
programas sociales, resulta indispensable sustentarlos en la política fiscal sana, de
ahí la pertinencia de las reformas económicas emprendidas.
No obstante, la experiencia de México ha
demostrado en los hechos que los buenos resultados económicos, baja inflación,
equilibrio financiero, competitividad, superávit comercial y crecimiento del Producto
Interno Bruto por sí solos no se traducen en beneficios directos para toda la sociedad.
Existen grupos sociales y regiones en donde las desigualdades son más profundas, ahí las
condiciones de pobreza y marginación son tan amplias y complejas que es indispensable
concentrar las energías y los recursos de las instituciones públicas y de la sociedad
para que esos mexicanos puedan alcanzar en el menor tiempo posible por lo menos los
promedios nacionales de bienestar.
En esta Asamblea se han presentado ya
diversas iniciativas, unas de reforma a la Constitución General de la República, otras
iniciativas de Ley de Desarrollo Social, por parte de las diversas fracciones
parlamentarias. Pensamos que es imperativo encontrar ante la imposibilidad inmediata de un
acuerdo sobre una reforma constitucional federalista en materia social, encontrar un punto
medio que nos permita avanzar en las condiciones actuales. Esta ley propone esencialmente
lo siguiente.
Las obligaciones del Gobierno y el
establecimiento de mecanismos e instituciones para el pleno disfrute de los derechos
sociales; los lineamientos a los que deben sujetarse las políticas públicas dirigidas al
desarrollo social para la superación de la pobreza y la exclusión social. Es decir,
será obligatoria en la lucha contra la pobreza, en los términos de ley, la coordinación
de los tres órdenes de gobierno para evitar duplicidad, ineficacia y desperdicio en el
ejercicio de los recursos públicos.
El Ejecutivo Federal no podrá reducir el
gasto social de los programas de interés público y prioritario dirigido a los grupos
sociales vulnerables y a las regiones de atención prioritaria, si no es con la
aprobación previa de la Cámara de Diputados.
Serán de interés público y prioritario
los programas de alimentación, educación y salud, las becas de capacitación, la
construcción de infraestructura social estatal y municipal para la superación de la
pobreza y los subsidios a la vivienda de interés popular y rural, al consumo de energía
eléctrica y gas doméstico, así como los dirigidos a generar oportunidades de ingreso a
las familias de escasos recursos.
Serán igualmente de interés público y
prioritario las zonas de atención prioritaria que son aquellas regiones que tienen
indicadores de bienestar social por debajo de la media nacional, que serán declaradas
como tales por la Cámara de Diputados al aprobarse el Presupuesto de Egresos de la
Federación anual.
Se amplían los mecanismos de
participación de la sociedad en el desarrollo social. Se establece que las comisiones de
Desarrollo Social, en un transitorio, y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de
Diputados, realizarán una consulta con los gobiernos locales y las dependencias
federales, de manera previa a la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de
Egresos para el 2002, a efecto de revisar las fórmulas de asignación de las aportaciones
federales y los ramos generales asignados al gasto social y regional, de tal suerte que se
corrijan las desviaciones y se asegure la equidad en la asignación de recursos para, en
un tiempo prudente, igualar el gasto social per capita en todas las entidades
federativas.
Se establece que los programas sociales en
su publicidad e información se identificarán con el Escudo Nacional, en los términos
que establece la ley correspondiente.
Asimismo, se propone un Instituto de
Evaluación de la Política Social, de carácter autónomo y federalista.
La presente iniciativa, compañeras,
compañeros diputados, es producto de un esfuerzo colectivo en el que han tenido una
intensa participación nuestros compañeros senadores Carlos Rojas Gutiérrez, Héctor
Astudillo, Ismael Hernández Deras, Ernesto Gil Elorduy, Araceli Escalante Jasso, Manuel
Bartlett Díaz, César Camacho Quiroz, Eduardo Bando Martínez, Eduardo García Torres,
Mariano González Arur, Georgina Trujillo, Yolanda Eugenia González Hernández, Carlos
Chabram Alzate, Ramón Mota Sánchez, Fernando Gómez Esparza y Joel Ayala.
Asimismo, los diputados: David Pechyna
Grub, su servidor Aarón Irizar López, Celestino Baylón, José Jaime Barrón Fonseca,
Salvador Castañeda Salcedo, Nemesio Domínguez, Hortensia Enríquez Ortega, Sergio
Maldonado Aguilar, Juan Manuel Martínez Nava, José Ignacio Mendicuti Pavón, Maricruz
Montelongo Gordillo, Irma Piñeyro Arias, Ney González Sánchez y Araceli Domínguez
Ramírez, que hoy suscribimos la iniciativa que se presenta.
Muchas gracias.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.
Iniciativa de Ley General de Desarrollo
Social.
Con fundamento en los artículos 71
fracción II y 73 fracción XXIX-D de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y del artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados federales
integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ponemos a
consideración de esta soberanía, la presente iniciativa de Ley General de Desarrollo
Social, con base en la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
Desde el nacimiento de México a la vida
independiente, en nuestro país se consagraron derechos para los mexicanos con el
propósito de garantizar la igualdad entre todos los individuos. La lucha contra la
desigualdad ha sido un eje permanente en nuestra historia. Esta es una de las razones
fundamentales que dieron origen y sentido a la Revolución. Por eso, el Constituyente de
1917 incluyó los ideales de justicia como mandato de ley y se incorporaron los derechos
sociales.
El Estado adoptó así un carácter
eminentemente social. El cumplimiento de esas obligaciones y la realización de las
aspiraciones de la sociedad, implicó un gran esfuerzo para construir instituciones y
poner en marcha programas que permitieran avanzar en el propósito superior de lograr que
cada uno de los mexicanos tuviera la oportunidad de participar en condiciones de igualdad.
El desarrollo social se entendió como el
cumplimiento de un compromiso y la necesidad de responder a una sociedad que se
transformaba rápidamente, para lo cual era indispensable consolidar el proyecto nacional.
En este sentido, el esfuerzo que los
mexicanos hemos realizado es de enormes dimensiones. La educación y el empleo han sido
decisivos para configurar una sociedad diferente. La mayor parte de la gente aprendió a
leer y escribir, el nivel de escolaridad aumentó sensiblemente; las expectativas de vida
se incrementaron, al ritmo de que se eliminaban enfermedades de origen transmisible. En el
acceso a la vivienda y a los servicios públicos hubo un avance incuestionable; los
derechos laborales de los trabajadores fueron tutelados por el Estado y millones de
campesinos reivindicaron sus derechos agrarios.
La gran transformación social y económica
que realizaron varias generaciones fue positiva para millones de mexicanos. Sin embargo,
quedaron pendientes de resolver otros rezagos y surgieron nuevos desafíos que en este
nuevo siglo exigen respuestas más comprometidas y eficaces para disminuir la desigualdad,
no sólo en términos jurídicos, sino de acceso efectivo a mejores condiciones de vida.
A ello responde esta ley general que
proponemos: su objeto es impulsar una política para el desarrollo social, cuyo marco
legal, principios rectores y nuevas medidas institucionales, reafirmen la responsabilidad
social del Estado y propicien la participación democrática y plural de la sociedad.
Las evidencias muestran que ninguna
política social es viable a largo plazo bajo condiciones de déficit público o
inflación crecientes. Por el contrario, para garantizar un financiamiento sostenido de
los programas sociales, resulta indispensable sustentarlos en una política fiscal sana.
De ahí la pertinencia de las reformas económicas emprendidas durante las décadas
pasadas.
No obstante, la experiencia en México ha
demostrado, en los hechos, que los buenos resultados económicos —baja inflación,
equilibrio financiero, competitividad, superávit comercial y crecimiento del Producto
Interno Bruto—, por sí solos no se traducen en beneficios directos para toda la
sociedad.
Existen grupos sociales y regiones en donde
las desigualdades son más profundas. Ahí, las condiciones de pobreza y marginación son
tan amplias y complejas que es indispensable concentrar las energías y los recursos de
las instituciones públicas y de la sociedad para que esos mexicanos puedan alcanzar, en
el menor tiempo posible, por lo menos, los promedios nacionales de bienestar.
Por eso, el Estado tiene la función
primordial de intervenir en el desarrollo social. Por ello, se requieren acciones
integrales, incluyentes y con la participación de los tres órdenes de gobierno y de la
sociedad organizada. Las vías para reducir la desigualdad, es cierto, están vinculadas
necesariamente al crecimiento y la estabilidad económica, a la recuperación de los
salarios, pero sobre todo están relacionadas con el acceso a la educación de calidad, a
la erradicación de las enfermedades prevenibles, a la posibilidad de contar con una
vivienda digna con servicios básicos, a las comunicaciones y a la creación y apoyo a las
actividades productivas que generen empleo e ingreso. Todo ello exige la participación de
todos y demanda un marco jurídico que dé certidumbre, continuidad y garantice compromiso
y transparencia en la gestión pública.
Una política de desarrollo social adecuada
a los problemas y necesidades de la población parte de la flexibilidad en su diseño y
operación. La atención a los problemas sociales es más eficaz cuando se conjugan los
esfuerzos de las instituciones entre sí y con las organizaciones civiles. La intrincada
red compuesta por las causas y los efectos de la pobreza requiere del diseño y
aplicación de una medida particular a cada una de las necesidades sociales de una
población que vive la progresiva disminución de su calidad de vida, de una sociedad cada
día más empobrecida.
Debe reconocerse que el esfuerzo
institucional para superar la pobreza y la marginación todavía resulta insuficiente para
reducir las desigualdades.
1681,1682,1683
También debe aceptarse que la
modernización de las instituciones, dependencias y procedimientos del Gobierno, ha
generado una trama compleja de normas y regulaciones que, muchas veces, desalientan la
iniciativa social, complican la toma de decisiones y el ejercicio de los recursos, además
de que encarecen la gestión gubernamental y hacen ineficiente el servicio que debe
prestarse a la sociedad.
La transformación social y democrática
del país requiere de una política de desarrollo social puesta al servicio de la gente,
cercana a las necesidades e intereses de la ciudadanía, que responda con flexibilidad y
oportunidad a los cambios que vive y demanda y que, además, promueva el uso eficiente de
los recursos públicos.
Para construir una política de desarrollo
social de Estado, con objetivos claros, estable, con indicadores precisos y públicos, hay
que dar un paso hacia delante y definir con precisión los derechos para el desarrollo
social. Por eso, es indispensable una ley que impulse la construcción y adecuación de
una nueva red institucional y social en la que se establezcan derechos y
responsabilidades, así como los principios y criterios que guíen la acción pública y
que ésta pueda ser evaluada y supervisada por todos.
Para darle un nuevo impulso al desarrollo
social se requiere fortalecer todas las instituciones y los programas sociales con una
visión integral, federalista, solidaria, equitativa e incluyente. Esto significa una
política de Estado que asuma el compromiso con la justicia social. Por eso es un asunto
de Estado, porque rebasa a los partidos, trasciende el tiempo, exige la participación de
todos y demanda un marco jurídico que dé certidumbre, continuidad y transparencia a los
programas sociales.
Así como cambiaron los paradigmas
económicos y políticos para ajustarnos a las exigencias de un nuevo escenario
internacional, también es necesario poner al día la política social para hacer frente a
los antiguos y nuevos desafíos y sobre todo, para elevar la competitividad social del
Estado y de sus instituciones.
Se trata de dotar al desarrollo social de
nueva dirección y nuevas estrategias para abrir oportunidades vitales a toda la sociedad,
pero especialmente a quienes dentro de ella se encuentran en una situación de desventaja.
El fin último es contar con políticas públicas y soportes institucionales que permitan
reconstruir el tejido comunitario, reforzar el sentido de solidaridad y alentar la más
amplia participación popular.
En este sentido, el derecho debe participar
en la reorganización social. Requerimos una ley que armonice y articule el esfuerzo
institucional para el desarrollo social. Se requiere una Ley General de Desarrollo Social
que consolide el marco institucional, basado en la división y equilibrio de poderes, la
colaboración entre los tres órdenes de gobierno y la corresponsabilidad de la sociedad.
La ley que se propone es un paso
indispensable en esa dirección y está diseñada para detonar un nuevo ciclo de reformas
que garanticen, entre otras:
• Las obligaciones del Gobierno y el
establecimiento de mecanismos e instituciones para el pleno disfrute de los derechos
sociales consagrados en la Constitución.
• Los lineamientos a los que deben
sujetarse las políticas públicas dirigidas al desarrollo social.
• Considerar prioritarios los
programas, fondos y recursos públicos destinados al desarrollo social, los cuales no
puedan sufrir disminución alguna en sus montos presupuestales sin previa aprobación de
la Cámara de Diputados.
• Los programas destinados a
educación básica y media superior de calidad; prevención de enfermedades transmisibles
y atención médica a personas en condiciones de pobreza, grupos vulnerables y zonas de
atención prioritaria; alimentación y nutrición materno-infantil, abasto social de
productos básicos; vivienda rural y popular; proyectos productivos y empresas sociales;
servicios básicos; comunicación y equipamiento urbano y los subsidios para proteger la
economía familiar como de interés público y prioritario.
• El incremento anual del presupuesto
destinado a la política de desarrollo social será, al menos en la misma proporción que
el crecimiento real del Producto Interno Bruto, de acuerdo a los datos oficiales del Banco
de México.
• Identificar con el Escudo Nacional
la publicidad e información relativa a los programas de desarrollo social en los
términos que establece la ley correspondiente.
• Reconocer derechos e imponer
obligaciones a todos los mexicanos para el desarrollo social y definir las tareas
coordinadas y concurrentes para el desarrollo social entre los tres órdenes de gobierno.
• Asumir como prioritarias las
diferentes zonas en las que los rezagos son mayores, por lo que deben sumarse las acciones
del gobierno y el Congreso de la Unión.
• Prestar en las zonas prioritarias
una atención integral, asignando recursos y determinando metas precisas; previendo
estímulos fiscales para la expansión de actividades productivas y el empleo;
estableciendo apoyo y financiamiento a la actividad productiva local; programas de
generación de oportunidades de ingreso y diversificación económica y ejecutar las obras
públicas necesarias.
• El derecho de los beneficiarios y de
la sociedad en las tareas del desarrollo social deben ampliarse y fortalecerse las
instancias de participación a través de una efectiva representación social.
• Asumir como una acción fundamental
la evaluación del impacto de los programas de desarrollo. Se requiere una institución
que garantice objetividad, veracidad y precisión en el análisis de los resultados que se
obtengan con las políticas públicas en la materia y sea capaz de emitir recomendaciones
para su perfeccionamiento.
• Abrir espacios para que la sociedad
intervenga directamente en la verificación del cumplimiento correcto de las acciones y
metas del Gobierno en materia de desarrollo social, así como vigilar la transparencia de
su aplicación. Para ello, se requiere incluir la figura de la contraloría social y
establecer las bases y mecanismos que faciliten su operación.
El reto es detonar un proceso de reforma
social para el Siglo XXI, equivalente a la abolición de la esclavitud y la instauración
del régimen de libertades en el Siglo XIX o a la consagración de los derechos sociales,
educación, salud, vivienda, medio ambiente sano y trabajo, en la Constitución Política
de 1917, sin los cuales el Estado mexicano y nuestra viabilidad como nación soberana
serían impensables.
Es cierto, el problema de la desigualdad es
enorme, pero no podemos resignarnos a que millones de mujeres y hombres del campo y de las
ciudades, los niños y los jóvenes tengan como único destino la pobreza, la marginación
y la desesperanza. La obligación de todos, de las instituciones, de las organizaciones
civiles, de las familias y de cada ciudadano es contribuir a la transformación de la
sociedad mexicana, mediante leyes, políticas y acciones que nos permitan alcanzar la
igualdad real entre todos.
Por lo anterior, los que suscribimos,
diputados federales del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
ponemos a consideración de la LVIII Legislatura esta
INICIATIVA DE LEY GENERAL
DE DESARROLLO SOCIAL
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 1o. La presente ley regula
las políticas y los programas para el ejercicio de los derechos sociales y la promoción
del desarrollo nacional con libertad y equidad. Sus disposiciones son de orden público,
interés social y observancia obligatoria en todo el país.
Artículo 2o. La ley tiene por
objeto:
I. Señalar las obligaciones del Gobierno y
establecer los mecanismos e instituciones, para garantizar el disfrute a todos los
mexicanos de los derechos sociales consagrados en la Constitución.
II. Garantizar la igualdad de oportunidades
a los mexicanos para asegurar el desarrollo pleno de sus capacidades intelectuales y
materiales, así como promover la movilidad social y el mejoramiento integral de sus
niveles de vida.
III. Definir los lineamientos generales a
los que deben sujetarse las políticas públicas dirigidas al desarrollo social y a la
superación de la pobreza.
IV. Instituir un Sistema Nacional para el
Desarrollo Social en el que participen el Gobierno Federal, el de los estados, del
Distrito Federal y el de los municipios que procure condiciones de equidad para todos los
mexicanos sin distinción ni discriminación alguna.
V. Determinar la competencia de la
Federación y la concurrencia de los gobiernos estatales, del Distrito Federal y
municipales en materia de desarrollo social, así como las bases para la concertación de
acciones con los sectores social y privado.
VI. Regular y garantizar la prestación de
los bienes y servicios contenidos en los programas sociales, dando prioridad a las
personas vulnerables y núcleos de población que mayores carencias presenten.
VII. Determinar las bases para la
participación social en la materia.
VIII. Establecer mecanismos de evaluación
sobre el desempeño e impacto de los programas públicos relacionados con los derechos
para el desarrollo social reconocidos en el artículo 8o. de esta ley.
Artículo 3o. Queda prohibida
cualquier práctica discriminatoria en la prestación de los bienes y servicios contenido
en los programas para el desarrollo social.
Artículo 4o. Para los efectos de
esta ley se entenderá por:
I. Derechos para el desarrollo social. Los
relativos a la educación, salud, vivienda, alimentación, trabajo, la no discriminación
y el disfrute de un medio ambiente sano, reconocidos como los que más inciden en el
mejoramiento de la calidad de vida de las personas, de la familia y de las comunidades. Es
deber del Gobierno garantizar su pleno ejercicio y goce mediante políticas públicas
integrales y sistemáticas.
II. Política social. El conjunto de
decisiones, instrumentos y acciones institucionales para cumplir y hacer cumplir los
derechos sociales consagrados en la Constitución e impulsar, con criterios de justicia y
equidad, un desarrollo nacional que promueva la integración social, la igualdad de
oportunidades, la superación de la pobreza y la supresión de la vulnerabilidad social.
III. Sistema Nacional de Desarrollo Social.
La red de instituciones y el conjunto de programas, fondos, actividades públicas,
federales, estatales y municipales, y privadas e instancias de participación social que
articula el diseño, la ejecución y la evaluación del desarrollo social y la superación
de la pobreza.
IV. Beneficiarios. Los mexicanos con
derecho a recibir con oportunidad y calidad los servicios que les permitan el ejercicio y
goce de los derechos para el desarrollo social.
V. Organizaciones civiles. Las
agrupaciones, legalmente constituidas, en las que participan personas o grupos sociales,
con el propósito de realizar actividades relacionadas con el desarrollo social.
VI. Grupos sociales vulnerables. Aquellos
núcleos de población y personas que por razones de edad, género, salud, situación
física o de riesgo, estado de abandono, indigencia, desventaja social o condición
económica, entre otras, no gozan de los niveles mínimos de bienestar como el promedio de
los mexicanos, por lo cual ven restringido su acceso a mejores niveles de vida y requieren
de parte del Estado, medidas compensatorias o asistenciales, así como oportunidades de
desarrollo productivo e ingreso.
VII. Políticas compensatorias. Las
políticas públicas temporales orientadas a beneficiar a un grupo social determinado para
lograr equipararlo e incluirlo en las mismas condiciones y oportunidades que el promedio
de la población tiene.
VIII. Subsidios. Las asignaciones de
recursos federales que se otorgan a través de programas sociales de interés prioritario
y público.
IX. Financiamiento. El gasto público y la
cooperación de origen social o privado, nacional y extranjera, que de acuerdo con la ley
se destinan y contribuyen de manera directa al desarrollo social.
X. Sistema Nacional de Evaluación del
Desarrollo Social. El conjunto de instituciones, procedimientos y mecanismos, mediante los
cuales el Gobierno Federal, el Congreso de la Unión, los beneficiarios y los ciudadanos
en general, pueden medir el cumplimiento de las políticas y metas del desarrollo social y
el uso correcto de los recursos que se destinan a ella; así como producir la información
y el balance de resultados en la materia.
Artículo 5o. Son principios
rectores de la política social los siguientes:
I. Universalidad. Todo individuo gozará de
los derechos sociales establecidos en la Constitución.
II. Solidaridad. La colaboración entre
personas, grupos sociales y órdenes de gobierno con propósito de unir esfuerzos en torno
a las causas sociales.
III. Equidad. El acceso de todas las
personas a los programas, acciones, bienes y servicios públicos que posibiliten el
desarrollo social.
IV. Dignidad. El respeto irrestricto a las
personas y a su derecho a la privacidad en la prestación de los servicios sociales a
cargo del Gobierno.
V. Inclusión. Derecho de todos los
mexicanos a participar y disfrutar, en condiciones de libertad y equidad, de las
oportunidades y los beneficios del desarrollo social.
1684,1685,1686
VI. Responsabilidad pública. Facultad y
deber del Gobierno Federal de definir las prioridades, establecer las instituciones
públicas y apoyar las acciones que en esta materia realicen organizaciones sociales y
privadas.
VII. Corresponsabilidad. El deber de los
tres órdenes de gobierno de coordinar y complementar sus esfuerzos entre sí y con la
sociedad para cumplir y hacer cumplir los derechos para el desarrollo social, y de
garantizar que las facultades y recursos que se descentralicen del Gobierno Federal a los
gobiernos de las entidades federativas y de éstos a los municipios, contribuyan al
desarrollo social.
VIII. Participación. El derecho de las
personas y organizaciones de la sociedad a participar en la definición, operación,
evaluación y supervisión de los programas y fondos públicos de la política social.
IX. Descentralización. La política social
y la aplicación de sus programas y fondos, a través de instituciones y organizaciones
públicas y civiles, distribuidas con criterios de equidad y proporcionalidad en todo el
territorio nacional.
X. Información y transparencia.
Obligación del Gobierno Federal de proporcionar a quien la solicite toda la información
relativa a los programas, fondos, recursos públicos, beneficiarios, estudios y
evaluaciones para el desarrollo social.
CAPITULO II
Los sujetos del desarrollo social
Artículo 6o. Todos los mexicanos
tienen el derecho a recibir del Gobierno servicios públicos de calidad y a beneficiarse
de programas y obras sociales de acuerdo con los principios rectores de la política
social establecidos en el artículo 5o. de esta ley.
Artículo 7o. Los grupos sociales
vulnerables tienen el derecho a recibir del Gobierno acciones y apoyos tendientes a
disminuir su situación de desventaja.
El Gobierno tiene la obligación de
elaborar y aplicar políticas públicas compensatorias o asistenciales, así como
oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de los grupos sociales
vulnerables, destinando los recursos económicos necesarios y estableciendo metas
cuantificables.
CAPITULO III
Derechos para el desarrollo social
Artículo 8o. Son derechos para el
desarrollo social los relativos a la no discriminación, educación, salud, alimentación,
vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano y al trabajo.
Artículo 9o. Los derechos para el
desarrollo social son aquellos que el Gobierno tiene la obligación de prestar,
garantizando el acceso universal a los mismos.
Artículo 10. Las instituciones
públicas deben elaborar y publicar los programas para el desarrollo social y destinar
anualmente los recursos necesarios para el cumplimiento de las disposiciones establecidas
en el artículo 8o. de esta ley.
Artículo 11. El Gobierno promoverá
y facilitará la participación de la sociedad en la elaboración, seguimiento, operación
y evaluación de las políticas, programas y metas que se establezcan para el ejercicio de
los derechos para el desarrollo social.
CAPITULO IV
Del gasto público
Artículo 12. Los programas, fondos
y recursos destinados al desarrollo social son prioritarios y de interés público, por lo
cual serán objeto de seguimiento y evaluación en los términos del Capítulo XI de esta
ley, y no podrán sufrir disminuciones en sus montos presupuestales sin previa
autorización de la Cámara de Diputados.
Artículo 13. Son prioritarios y de
interés público:
I. Los programas destinados a garantizar el
acceso y la permanencia de estudiantes en los ciclos de educación básica y media
superior y los instrumentos para mejorar constantemente su calidad.
II. Las campañas de prevención y control
de enfermedades transmisibles y los programas de atención médica dirigidos a las
personas en condiciones de pobreza, grupos vulnerables y zonas de atención prioritaria.
III. Las políticas, programas y acciones
públicas para que mejoren la alimentación y nutrición materno-infantil.
IV. Los programas de abasto social de
productos básicos.
V. Los programas de vivienda rural y
popular.
VI. Los fondos públicos destinados a la
promoción y desarrollo de proyectos productivos y empresas sociales.
VII. Las obras de infraestructura social
para la superación de la pobreza en materia de: agua potable, drenaje, electrificación,
caminos, saneamiento ambiental y equipamiento urbano.
VIII. Los subsidios a: educación, seguros
de salud, vivienda, alimentación y a: consumo de agua, energía eléctrica y gas
doméstico.
Artículo 14. El presupuesto
destinado a la política social deberá incrementarse anualmente al menos en la misma
proporción que el crecimiento real del PIB de acuerdo a los datos oficiales del Banco de
México.
Artículo 15. Los fondos de
aportaciones federales y los ramos generales, relativos a los programas sociales de
educación, salud, alimentación, infraestructura social y creación de oportunidades de
ingreso serán distribuidos con base en los criterios de equidad que para el efecto
establezca el Congreso de la Unión.
Artículo 16. Con el propósito de
asegurar la equidad y eficacia de los programas de desarrollo social, el Gobierno Federal,
por conducto de la Se cretaría de Desarrollo Social y los gobiernos de las entidades y
los municipios, en el ámbito de sus competencias, integrarán el padrón único de
beneficiarios de los programas sociales.
Artículo 17. El Gobierno Federal
deberá elaborar y publicar en el Diario Oficial de la Federación las reglas de
operación de los programas de desarrollo social incluidos en el Presupuesto de Egresos de
la Federación.
Artículo 18. La publicidad y la
información relativa a dichos programas deberán identificarse con el Escudo Nacional en
los términos que establece la Ley correspondiente.
CAPITULO V
De los derechos y obligaciones de los beneficiarios
Artículo 19. La ley reconoce
derechos e impone obligaciones a todos los mexicanos para el desarrollo social.
Artículo 20. En materia de
desarrollo social, los mexicanos tienen derecho a:
I. Recibir y disfrutar de servicios
públicos oportunos y de calidad.
II. Recibir un trato respetuoso, oportuno y
sin condicionamiento.
III. Contar con la información necesaria
sobre los programas sociales, su estructura, modalidades y recursos.
IV. A la reserva y privacidad de la
información personal.
V. A un sistema expedito de resolución de
quejas y controversias por el incumplimiento de las disposiciones de esta ley.
VI. Los servicios y prestaciones sociales
previstos por la ley no pueden ser suspendidos, sino por resolución administrativa
debidamente fundada y motivada.
Artículo 21. En materia de
desarrollo social, son obligaciones de los mexicanos:
I. Contribuir al esfuerzo nacional para el
desarrollo social.
II. Proporcionar la información
socioeconómica que le sea requerida por las autoridades, en los términos que establezcan
la ley y su reglamento.
III. Cumplir con las obligaciones
libremente aceptadas.
IV. Respetar la normatividad de los
programas a que se refiere esta ley.
CAPITULO VI
De las facultades y competencias
Artículo 22. La aplicación de la
presente ley corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de sus dependencias y
entidades, a los gobiernos de los estados, al del Distrito Federal, a través del Poder
Ejecutivo respectivo y a los municipios en el ámbito de sus competencias.
Artículo 23. En el ámbito de sus
atribuciones, las legislaturas de los estados, la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal y los ayuntamientos, emitirán normas en materia de desarrollo social, tomando en
cuenta sus particularidades.
Los órganos ejecutivos de los gobiernos
estatales, del Distrito Federal y de los municipios, elaborarán las políticas y
programas en los términos de la Ley General de Planeación y de las disposiciones
establecidas en esta ley y, de manera coordinada con el Gobierno Federal, vigilarán que
los recursos públicos aprobados se ejerzan con honradez, oportunidad, transparencia y
equidad.
Artículo 24. Corresponden al
Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social las siguientes
atribuciones:
I. Proyectar y coordinar la planeación
nacional del desarrollo social con la participación que, de acuerdo con la Constitución
y demás leyes aplicables, corresponda a los gobiernos de las entidades federativas y los
municipales.
II. Formular el Programa Nacional de
Desarrollo Social, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal relacionadas con la materia, de conformidad con lo establecido en la Ley
de General de Planeación.
lll. Promover la celebración de convenios
con dependencias del Ejecutivo Federal, entidades federativas, municipios y organizaciones
sociales y privadas, para la instrumentación de los programas relacionados con el
desarrollo social.
IV. Diseñar los criterios de ejecución
anual del programa en el ámbito de su competencia.
V. Promover y fomentar la participación de
la sociedad, en la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas públicas de
desarrollo social.
VI. Promover y apoyar instrumentos de
financiamiento en materia de desarrollo social.
VII. Diseñar y coordinar los programas y
apoyos federales en la zonas de atención prioritaria.
VIII. Sistematizar y mantener actualizada
la información estadística en materia de bienestar y desarrollo humano.
IX. Establecer y dar a conocer los
indicadores, resultados y avances en el cumplimiento de los derechos sociales de la
población del país y de manera especial los de las zonas de atención prioritaria.
X. Realizar y mantener actualizado el
diagnóstico y las previsiones de los asuntos relativos al desarrollo social, así como
sus indicadores.
XI. Mantener informada a la sociedad sobre
las acciones en torno al desarrollo social.
XII. Las demás que le señale esta ley, su
reglamento y otras disposiciones aplicables.
Artículo 25. Corresponden a los
gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de su competencia, las siguientes
atribuciones:
I. Formular y ejecutar el programa estatal
de desarrollo social.
II. Convenir acciones y programas sociales
con el Gobierno Federal y los municipios.
III. Concertar acciones con organizaciones
civiles en materia de desarrollo social.
IV. Proponer a la legislatura del Estado la
declaratoria de zonas de atención prioritaria.
V. Fomentar la organización y
participación ciudadana en los programas de desarrollo social.
VI. Las demás que le señala la ley, su
reglamento y demás disposiciones aplicables.
Artículo 26. Corresponden a los
ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, las siguientes atribuciones:
I. Formular y ejecutar el programa
municipal de desarrollo social.
II. Coordinar, con el gobierno de su
entidad, la ejecución de los programas de desarrollo social.
III. Coordinar acciones con municipios de
su propia entidad o de otras, en materia de desarrollo social.
IV. Ejercer los fondos y programas
federales descentralizados o convenidos en materia social en los términos de las leyes
respectivas; así como informar a la Secretaría de Desarrollo Social sobre el avance y
resultados de esas acciones.
V. Concertar acciones con los sectores
social y privado en materia de desarrollo social.
VI. Establecer mecanismos para incluir la
participación social organizada en los programas y acciones de desarrollo social.
VII. Las demás que le señala la ley, su
reglamento y demás disposiciones aplicables.
1687,1688,1689
Artículo 27. Los convenios de
coordinación que se celebren entre las autoridades federales, estatales y municipales se
sujetarán a las siguientes bases:
I. Indicarán los objetivos y las metas del
programa de que se trate.
II. Identificarán los recursos que
deberán aportar las partes debidamente calendarizados.
III. Establecerán claramente las
obligaciones de las partes y las sanciones por incumplimiento.
IV. Asegurarán que la parte
correspondiente a los gastos administrativos no sea mayor del 10% del monto total del
programa respectivo.
V. Establecerán los mecanismos para
asegurar la participación social.
VI. Incluirán esquemas de auditoría
externos para asegurar la transparencia.
CAPITULO VII
Zonas de atención prioritaria
Artículo 28. Se considera zona de
atención prioritaria el área o región cuya población registra índices de desarrollo
inferiores al promedio nacional de los derechos para el desarrollo social establecidos en
esta ley.
Artículo 29. La Cámara de
Diputados, al aprobar el presupuesto anual de la Federación, hará la declaratoria de
zona o zonas de atención prioritaria, a propuesta del titular del Ejecutivo.
Artículo 30. La declaratoria
tendrá los efectos siguientes:
I. Asignar recursos y establecer metas
precisas para elevar los índices promedio de los niveles de bienestar de la población en
los rubros deficitarios.
II. Recibir estímulos fiscales para el
establecimiento, inicio o expansión de actividades productivas generadoras de empleo.
III. Generar programas de apoyo y
financiamiento a la actividad productiva local.
IV. Implantar programas de generación de
oportunidades de ingreso y diversificación productiva.
V. Ejecutar las obras públicas necesarias
para asegurar el disfrute y ejercicio de los derechos para el desarrollo social.
Artículo 31. El Gobierno Federal,
los de las entidades federativas y los ayuntamientos convendrán acciones y destinarán
recursos para la ejecución de programas especiales en estas zonas.
Artículo 32. El Instituto de
Evaluación del Desarrollo Social deberá medir los resultados de los programas y de los
avances en el abatimiento de la marginación; emitir recomendaciones a las autoridades
competentes e informar al Congreso de la Unión de manera previa a la presentación del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el año subsecuente.
CAPITULO VIII
De la planeación
Artículo 33. Los programas que en
esta materia se formulen son parte del sistema nacional de desarrollo social y deben
orientarse al cumplimiento del objeto de la ley.
Artículo 34. La planeación del
desarrollo social se lleva a cabo a través de:
I. El Plan Nacional de Desarrollo.
II. El Programa Nacional de Desarrollo
Social.
III. Los planes y programas estatales de
desarrollo social.
IV. Los programas municipales de desarrollo
social.
V. Los programas especiales.
Artículo 35. La elaboración del
Programa Nacional de Desarrollo Social estará a cargo del Ejecutivo Federal en los
términos y condiciones de la Ley de Planeación.
CAPITULO IX
De la ejecución
Artículo 36. La ejecución de las
acciones previstas en los planes y programas de desarrollo social queda a cargo de los
respectivos poderes ejecutivos federal, estatales, del Distrito Federal y de las
presidencias municipales, en el ámbito de sus atribuciones.
Artículo 37. Los objetivos y metas
del Programa Nacional de Desarrollo Social y los correspondientes a entidades y municipios
son de interés público y obligan a las instituciones a realizar las acciones y proveer
los recursos necesarios para garantizar su cumplimiento.
CAPITULO X
De la participación social
Artículo 38. Los tres órdenes de
gobierno garantizarán el derecho de los beneficiarios y de la sociedad, a participar de
manera activa y corresponsable en la planeación, ejecución, evaluación y supervisión
de la política social.
Artículo 39. Para los efectos del
artículo anterior el Consejo Ciudadano para el Desarrollo Social es el órgano plural y
colegiado que coadyuva a promover la participación de la sociedad en el desarrollo
social.
Artículo 40. El consejo tendrá las
siguientes atribuciones:
I. Opinar y formular recomendaciones sobre
las políticas y los programas de desarrollo social.
II. Recomendar al Ejecutivo la declaratoria
de zonas de atención prioritaria.
III. Alentar la participación ciudadana en
la materia.
IV. Proponer a la Secretaría de Desarrollo
Social los temas que por su importancia ameriten ser sometidos a consulta pública.
V. Proponer y propiciar la colaboración de
organismos públicos y privados en el desarrollo social.
VI. Proponer la realización de estudios e
investigaciones en la materia.
VII. Solicitar a las dependencias
responsables de la política social información sobre los programas y acciones que éstas
realizan.
VIII. Recomendar la realización de
auditorías a programas prioritarios cuando existan causas que lo ameriten.
IX. Promover y fomentar la participación
de la sociedad, en la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas públicas
de desarrollo social.
X. Promover la celebración de convenios
con dependencias del Ejecutivo Federal, entidades federativas, municipios y organizaciones
sociales y privadas, para la instrumentación de los programas relacionados con el
desarrollo social.
XI. Las demás que le señale esta ley, su
reglamento y otras disposiciones aplicables.
Artículo 41. La organización y
funcionamiento del consejo estarán previstas en el reglamento de la ley.
Artículo 42. Las organizaciones
civiles que tengan como objetivo impulsar el desarrollo social de los mexicanos podrán
participar en las acciones relacionadas con el diseño, ejecución y evaluación de las
políticas, programas y acciones públicas en esta materia.
Artículo 43. El Gobierno Federal
deberá invitar a las organizaciones civiles, mediante convocatorias públicas que
incluyan los requisitos, objetivos y modalidades de participación.
Artículo 44. Las organizaciones
civiles podrán recibir fondos públicos y operar programas sociales específicos, a
excepción de aquéllas en las que formen parte de sus órganos directivos servidores
públicos, sus cónyuges o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado o
parientes civiles, en los términos del reglamento que para la participación social
expida la Secretaría con la aprobación del consejo.
Artículo 45. Las organizaciones
civiles para recibir fondos públicos u operar programas deberán estar formalmente
constituidas ante autoridad competente o fedatario público, además de cumplir con lo que
establezca el reglamento respectivo.
Artículo 46. Las organizaciones
mencionadas en el artículo anterior estarán sometidas al escrutinio del Instituto de
Evaluación del Desarrollo Social, sin perjuicio de lo que establezcan las leyes
respectivas para el uso de fondos públicos.
CAPITULO XI
De la evaluación y la contraloría social
Artículo 47. Se crea el Instituto
de Evaluación del Desarrollo Social, como órgano técnico colegiado encargado de la
evaluación de la política de desarrollo social y de los programas respectivos.
Artículo 48. El instituto tendrá
las funciones siguientes:
I. Aprobar y publicar los lineamientos y
criterios generales para la evaluación y seguimiento de la política de desarrollo
social, del programa nacional y las metas respectivas.
II. Conocer las reglas de operación de los
programas y emitir opinión.
III. Proponer al Ejecutivo Federal la
declaratoria de zonas de atención prioritaria.
IV. Proponer la realización de estudios
para contar con información actualizada sobre problemas sociales y de marginación
específicos.
V. Establecer el sistema nacional de
indicadores para el desarrollo social.
VI. Formular recomendaciones para alentar
la participación de organizaciones civiles en las políticas de desarrollo social.
VII. Recomendar fuentes alternativas de
financiamiento de la política de desarrollo social.
VIII. Evaluar en forma sistemática la
ejecución de los programas de las zonas de atención prioritaria y hacer las
recomendaciones para lograr el cumplimiento de las metas establecidas.
IX. Informar sobre la situación de
desarrollo social del país.
X. Establecer convenios de colaboración
con instituciones públicas, sociales y privadas para llevar a cabo tareas de evaluación.
XI. Mantener una estrecha coordinación con
el consejo ciudadano para el desarrollo social y con sus equivalentes en las entidades
federativas.
XII. Recomendar el establecimiento de
mecanismos y procedimientos administrativos que garanticen la transparencia y rendición
de cuentas en la ejecución de los programas de desarrollo social.
Artículo 49. El comité técnico
será el órgano de gobierno del instituto.
El comité técnico lo integran:
I. Representantes de las secretarías de
Desarrollo Social, de Hacienda y Crédito Público y del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática.
II. Los gobernadores de los estados y el
Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
III. Los secretarios de desarrollo social o
sus homólogos de las 32 entidades federativas del país.
IV. Diez presidentes municipales que
reflejen la pluralidad y heterogeneidad del país.
V. Cinco especialistas de reconocido
prestigio académico en materia de desarrollo social y superación de la pobreza, por
invitación.
Artículo 50. El instituto contará
con un secretario ejecutivo designado por el comité técnico.
Artículo 51. La organización y el
funcionamiento del instituto estarán previstos en el reglamento respectivo.
Artículo 52. Se reconoce a la
contraloría social como el mecanismo de los beneficiarios para verificar el cumplimiento
de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los programas
de desarrollo social.
Artículo 53. Es obligación del
Gobierno Federal promover la organización de la contraloría social y facilitarle el
acceso a la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones.
Artículo 54. Son funciones de la
Contraloría Social:
I. Solicitar la información a las
autoridades federales, estatales y municipales responsables de los programas de desarrollo
social que considere necesaria para el desempeño de sus funciones.
II. Vigilar el ejercicio de los recursos
públicos y la aplicación de los programas de desarrollo social conforme a la ley y a las
reglas de operación.
III. Emitir informes sobre el desempeño de
los programas y ejecución de los recursos públicos.
IV. Atender e investigar las quejas y
denuncias presentadas sobre la aplicación y ejecución de los programas.
V. Presentar ante la autoridad competente
las quejas y denuncias que puedan dar lugar al fincamiento de responsabilidades
administrativas, civiles o penales relacionadas con los programas sociales.
CAPITULO XII
Infracciones y sanciones
Artículo 55. Serán sancionados los
servidores de las instituciones públicas que nieguen o condicionen la prestación de los
servicios y el disfrute de los derechos para el desarrollo social garantizados por esta
ley.
1690,1691,1692
Artículo 56. Incurren en
responsabilidad los servidores públicos encargados de la ejecución y manejo de los
programas, fondos y recursos materiales cuando:
I. Utilicen los programas, fondos
presupuestales o recursos materiales de los programas de desarrollo social para fines
electorales o con propósitos políticos.
II. Desvíen o malversen los fondos o
recursos destinados a actividades de desarrollo social.
III. Condicionen la prestación de los
servicios o programas al cumplimiento de requisitos ajenos a los establecidos en la
normatividad que corresponda.
IV. Violen la normatividad de los programas
con la finalidad de favorecer a personas sin derecho a recibir beneficios.
V. Retrasen sin causa justificada el
cumplimiento o prestación de los servicios o programas a su cargo.
VI. Nieguen, sin causa legal justificada,
los servicios o programas a quien tenga derecho a ello, sin causa legal justificada.
VII. Usen la información de los programas
y beneficiarios para fines contrarios a los que establece la ley.
Artículo 57. En los términos de la
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la
Secretaría de Desarrollo Social deberá denunciar ante la Secretaría de la Contraloría
y Desarrollo Administrativo las acciones que presumiblemente constituyan irregularidades o
impliquen incumplimiento con lo dispuesto por la ley.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. Esta ley entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. En un plazo de 90 días
naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberán quedar
constituidos e instalados el Instituto de Evaluación del Desarrollo Social y el Consejo
Ciudadano para el Desarrollo Social.
Tercero. En un plazo de 60 días
naturales contados a partir de la instalación del instituto y el consejo deberán
publicarse los reglamentos respectivos sobre su organización y funcionamiento.
Cuarto. Las comisiones de Desarrollo
Social y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados realizarán una
consulta con los gobiernos locales y las dependencias federales para, en su caso,
presentar, de manera previa a la aprobación de la Ley de Ingresos y el Decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2003 las iniciativas, de modificación o
adición a la Ley de Coordinación Fiscal, que permitan establecer los criterios de
equidad a que se refiere el artículo 15 de esta ley.
Quinto. Se derogan todas las
disposiciones que se opongan al presente decreto.
Atentamente.
México, D.F., a 16 de abril de 2002.—
Diputados: Alberto Amador Leal, David Penchyna Grub, Aarón Irizar López, Juan Manuel
Martínez Nava, Celestino Bailón Guerrero, José Ignacio Mendicuti Pavón, José Jaime
Barrón Fonseca, Maricruz Montelongo Gordillo, Salvador Castañeda Salcedo, Irma Piñeyro
Arias, Nemesio Domínguez Domínguez, Ney González Sánchez, Hortensia Enríquez Ortega,
Araceli Domínguez Ramírez, Sergio Maldonado Aguilar, Jaime Alcántara Silva, Augusto
Gómez Villanueva, Víctor Díaz Palacios, Guillermo Hopkins Gámez, Laura Pavón
Jaramillo y Enrique Garza Taméz.»
La Presidenta:
Gracias, diputado Amador.
Publíquese de manera íntegra en la Gaceta
Parlamentaria y en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de
Desarrollo Social.
ARTICULO
73 CONSTITUCIONAL
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Jorge Alberto
Lara Rivera, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar una iniciativa de
reformas al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Jorge Alberto Lara Rivera:
Agradezco a la Presidencia, señora
Presidenta; secretarios de la Mesa Directiva; compañeras y compañeros diputados de esta
Cámara:
Los suscritos legisladores de esta
legislatura, con fundamento en el conjunto de facultades que la Constitución y la ley nos
otorgan para presentar iniciativas de reforma constitucional, venimos a exponer a su
consideración la siguiente reforma al artículo 73, que como ustedes saben, es el
artículo en que se encuentran contenidas las facultades sustantivas del Congreso de la
Unión.
Al tenor de la siguiente exposición de
motivos, fundamentamos esta propuesta que consideramos tiene una importancia relevante
dentro del marco de la Reforma del Estado y dentro de esta discusión que se ha dado en la
opinión pública respecto del cumplimiento de las facultades de los cuerpos legislativos.
Sabemos que hoy día, la sociedad se
encuentra muy interesada en el grado de desempeño y en la calidad de éste respecto de
nuestro trabajo como legisladores y en buena medida se emiten algunas opiniones que no
encuentran un fundamento en lo que es realmente el trabajo parlamentario.
Creemos nosotros que esta propuesta puede
contribuir a clarificar cuál es la misión de un Congreso, cuál ha sido la misión de la
institución parlamentaria desde que ésta se inició, en el Siglo XIII, con las
características que hoy tenemos en nuestras instituciones.
Primero. Dentro del esquema constitucional
de división de poderes que ha regido a nuestra nación, se ha dispuesto de un conjunto de
facultades, potestades y deberes para el ejercicio de la función pública en un entorno
de vigilancia recíproca, pesos y contrapesos de acuerdo a la teoría clásica que se
adoptó por el Constituyente mexicano como decisión política fundamental.
Segundo. La razón de ser de la
Federación, como entidad receptora de facultades delegadas por parte de los estados,
guarda íntima relación con la distribución de potestades entre los tres poderes
constituidos, a saber: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.
Tercero. Como es sabido, el artículo 73 de
nuestra Carta Magna, contiene un catálogo muy amplio de facultades propias de este
Congreso que se ha venido haciendo cada vez más grande conforme la Federación ha venido
a recoger facultades que inicialmente correspondían a los estados.
Sobre este particular, el Partido Acción
Nacional, ante esta soberanía, ha indicado cómo es que el régimen de facultades
residuales dispuesto por el artículo 124 ha orillado al Constituyente Permanente a ir
adicionando diversas atribuciones expresas a favor del poder federal.
Una cantidad importante de estas adiciones,
implican en realidad la creación de lo que los técnicos consideran reservas de ley a
favor de la Federación lo cual, como todos podemos entender, explica la exclusividad
federal para legislar y administrar en las señaladas a lo largo de las más de 30
fracciones que contiene este prolijo artículo 73 constitucional.
Lo anterior ha generado consecuencias de
diversa índole. La intención de esta iniciativa, que complementa la propuesta realizada
en sesiones anteriores por el coordinador de nuestro grupo parlamentario, diputado Felipe
Calderón Hinojosa, consiste en un primer momento en clarificar la nomenclatura y los
distintos tipos de facultades concedidas a favor de este poder.
Consideramos que aprovechar el impulso que
esta legislatura quiere darle a la denominada reforma del Estado, reorganizando de una
manera más específica el contenido formal y material del artículo 73, será de gran
utilidad, ya que permitirá a cualquier ciudadano que esté interesado en acercarse con
mayor seguridad al análisis de las tareas propias de la actividad congresional.
En tal sentido no debemos olvidar que en
muchas ocasiones se presenta una imagen distorsionada de la función legislativa, ya que
se hace creer que la única clase de obligaciones que tiene este poder para con el pueblo
de México, que es el que nos ha enviado, tiene qué ver en exclusiva con la emisión de
piezas y ordenanzas legislativas, dejando de lado en su análisis puntual otras funciones,
tanto o más importante que la tramitación del procedimiento legislativo, como por
supuesto lo han indicado grandes teóricos del parlamentarismo, destacándose entre ellos
el maestro italiano Giovanni Sartori.
Por las razones anteriormente aducidas, es
que proponemos al Constituyente Permanente, clarificar el tipo de facultades que
cotidianamente son ejercidas por el poder representativo. El contenido de esta iniciativa,
que solicito a esta Presidencia, se haga transcribir íntegramente en el Diario de
los Debates, a efecto de no darle lectura total, consiste en establecer los
cajones de facultades de control y fiscalización, hacer la clarificación de cuáles son
éstas, de cuáles son las facultades legislativas propiamente, de cuáles son las
facultades de contenido jurisdiccional, como todos sabemos, fundamentalmente la
tramitación de juicio político y declaración de procedencia, así como abrir un espacio
para todas aquellas funciones que podríamos considerar no admiten una clasificación
especial dentro de este orden sugerido.
Quiero concluir esta exposición de
motivos, compañeras y compañeros, recalcando la importancia que tiene el hecho de
clarificar ante la opinión pública, que este Congreso tiene facultades muy importantes,
más allá del orden materialmente legislativo y que tienen qué ver con el control y la
fiscalización.
Desafortunadamente en los tiempos que
corren, con las notas de democracia que nos hacen ser optimistas respecto del presente,
del futuro político de nuestra nación, en muchas ocasiones, lejos de cumplimentarse y
acreditarse estas funciones de control y fiscalización, se cae más bien en un escarnio
público en contra de servidores públicos, lo cual también lo dicen los teóricos, le
resta eficacia a esta función de control.
Esta es una aportación que la bancada del
Partido Acción Nacional, respaldada por varios de sus integrantes, quiere dejar a esta
legislatura, para ser sometida a la consideración del Constituyente y de todos ustedes.
Muchas gracias, señora Presidenta.
«Iniciativa de decreto que reforma el
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
fortalecimiento al Poder Legislativo, dentro de la Reforma del Estado.
Señora Presidenta; secretarios de la Mesa
Directiva; compañeras y compañeros diputados del honorable Congreso de la Unión.—
Presentes.
Los suscritos, legisladores a la LVIII
Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo
71 y 135, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la
fracción II del artículo 55 del Reglamento Interior del Congreso General, sometemos a la
consideración del Constituyente Permanente, la presente iniciativa de decreto que reforma
el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia
de Fortalecimiento al Poder Legislativo, dentro de la Reforma del Estado, acorde a la
siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
Primero. Dentro del esquema constitucional
de división de poderes que ha regido en nuestra nación, se ha dispuesto de un conjunto
de facultades, potestades y deberes para el ejercicio de la función pública en un
entorno de vigilancia recíproca, pesos y contrapesos, de acuerdo a la teoría clásica
que se adoptó por el Constituyente como decisión política fundamental.
Segundo. La razón de ser de la
Federación, como entidad receptora de facultades delegadas por parte de los estados,
guarda íntima relación con la distribución de potestades entre los tres poderes
constituidos, a saber, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.
Tercero. Como es sabido, en este orden de
ideas, el artículo 73 de nuestra Carta Magna contiene un catálogo muy amplio de
facultades propias del Congreso de la Unión. Sobre este particular, el Partido Acción
Nacional ante esta soberanía ha indicado cómo es que el régimen de facultades
residuales dispuesto por el artículo 124 de la misma Constitución, ha orillado al
Constituyente Permanente a ir adicionando diversas atribuciones expresas en favor del
poder federal. Una cantidad importante de estas adiciones implican en realidad la
creación de reservas de ley a favor de la Federación, lo cual, como es de entenderse,
implica la exclusividad federal para legislar en las materias señaladas a lo largo de las
más de 30 fracciones del artículo 73 constitucional.
Cuarto. Lo anterior ha generado
consecuencias de diversa índole. La intención de esta iniciativa, que complementa la
propuesta realizada en sesiones anteriores por el coordinador del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional, el diputado Felipe Calderón Hinojosa, consiste en clarificar la
nomenclatura y los distintos tipos de facultades concedidas a favor del Poder Legislativo.
Consideramos que aprovechar el impulso que esta legislatura quiere darle a la denominada
reforma del Estado reorganizando de una manera más específica el contenido formal y
material del artículo 73 será de gran utilidad, ya que permitirá a cualquier ciudadano
interesado acercarse con mayor seguridad al análisis de las tareas propias de la
actividad congresional. En tal sentido, no debemos olvidar que muchas ocasiones se
presenta una imagen distorsionada de la función legislativa, ya que se hace creer que la
única clase de obligaciones que tiene el poder al que el pueblo de México nos ha enviado
tiene que ver en exclusiva con la emisión de piezas legislativas, dejando de lado otras
funciones tan o más importantes que la tramitación del procedimiento legislativo.
1693,1694,1695
Quinto. Por las razones anteriormente
aducidas, es que proponemos al Constituyente Permanente el clarificar el tipo de
facultades que cotidianamente son ejercidas por el poder representativo del pueblo
mexicano, dividiéndolas en: facultades de control y fiscalización y legislativas,
además de abrir un espacio para todas aquellas funciones que acaso no puedan ser
clasificadas dentro del orden sugerido.
Con fundamento en lo anteriormente expuesto
sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente
INICIATIVA
De decreto que reforma el artículo 73 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fortalecimiento
al Poder Legislativo.
Artículo único. Se reforma el
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar
como sigue:
"Artículo 73. El Congreso
tiene facultad:
A. En cuanto a sus funciones de control y
fiscalización:
I. Para realizar a través de sus
comisiones ordinarias, con base en su competencia, actividades de control del estado que
guarden las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en lo que
respecta a los programas, planes y proyectos de trabajo;
II. Para realizar actividades de
fiscalización, a efecto de supervisar y verificar los ingresos y egresos de los poderes
de la Unión y de los órganos autónomos federales, así como el manejo, custodia y
aplicación de los recursos; asimismo, determinar las responsabilidades, así como los
daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los
entes públicos federales, en los términos del artículo 79 de esta Constitución;
III. Para establecer casas de moneda, fijar
las condiciones que éstas deban tener, dictar reglas para determinar el valor relativo de
la moneda extranjera y adoptar un sistema general de pesas y medidas y lo referente a
husos horarios;
IV. Para dar bases sobre las cuales el
Ejecutivo Federal pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación, para
aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional.
Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente
produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con
propósitos de regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que se
contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República en los
términos del artículo 29 constitucional.
Asimismo, aprobar anualmente los montos de
endeudamiento que deberán incluirse en la Ley de Ingresos, que en su caso requiera el
gobierno del Distrito Federal y las entidades de su sector público, conforme a las bases
de la ley correspondiente. El Ejecutivo Federal informará anualmente al Congreso de la
Unión sobre el ejercicio de dicha deuda a cuyo efecto el Jefe del Distrito Federal le
hará llegar el informe que sobre el ejercicio de los recursos correspondientes hubiere
realizado. El Jefe del Distrito Federal informará igualmente a la Asamblea de
Representantes del Distrito Federal, al rendir la Cuenta Pública;
B. En cuanto a su función legislativa, el
Congreso tiene facultad para dictar leyes en las siguientes materias:
I. Comercio e impedir que en el comercio de
Estado a Estado se establezcan restricciones;
II. Intermediación y servicios
financieros;
III. Hidrocarburos y minería;
IV. Energía eléctrica y nuclear;
V. Juegos con apuestas y sorteos;
VI. Industria cinematográfica y propiedad
industrial intelectual;
VII. Sistemas de radiodifusión y
telecomunicaciones;
VIII. Laboral para expedir leyes del
trabajo reglamentarias del artículo 123 constitucional;
IX. Delitos y faltas contra la Federación
y fijar los castigos que por ellos deban imponerse. Las autoridades federales podrán
conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con
delitos federales;
X. Sobre las características y usos de la
Bandera, Escudo e Himno nacionales;
XI. Monumentos arqueológicos, artísticos
e históricos;
Xll. Agricultura y su programación,
promoción, concertación y ejecución de acciones, especialmente las referentes al abasto
y otras que tengan como fin la producción suficiente y oportuna de bienes y servicios,
social y nacionalmente necesarios;
XIII. Preservación y restauración del
equilibrio ecológico, así como del desarrollo sustentable;
XIV. Armas de fuego, explosivos y
pirotecnia;
XV. Salubridad general y la protección de
la salud en toda la República.
XVI. Seguridad pública.
XVII. Para imponer las contribuciones
necesarias a cubrir el presupuesto;
XVIII. Para establecer contribuciones:
a) Sobre el comercio exterior;
b) Sobre el aprovechamiento y explotación
de los recursos naturales comprendidos en los párrafos cuarto y quinto del artículo 27
constitucional;
c) Sobre instituciones de crédito y
sociedades de seguros;
d) Sobre servicios públicos concesionados
o explotados directamente por la Federación y
e) Especiales sobre energía eléctrica,
producción y consumo de tabacos labrados, gasolina y otros productos derivados del
petróleo, cerillos y fósforos, aguamiel y productos de su fermentación, explotación
forestal, producción y consumo de cerveza.
Las entidades federativas participarán en
el rendimiento de las contribuciones especiales sobre energía eléctrica, en la
proporción que la ley secundaria federal determine y las legislaturas de los estados
fijarán el porcentaje correspondiente a los municipios;
XIX. Según las cuales deban declararse
buenas o malas las presas de mar y tierra y para expedir leyes relativas al derecho
marítimo de paz y guerra;
XX. Sobre nacionalidad, condición
jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e
inmigración;
XXI. Sobre vías generales de
comunicación, sobre postas y correos;
XXII. Sobre el uso y aprovechamiento de las
aguas de jurisdicción federal;
XXIII. De organización del cuerpo
diplomático y del cuerpo consular mexicano;
XXIV. Las que establezcan las bases de
coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en
materia de seguridad pública; así como para la organización y funcionamiento, ingreso,
selección, promoción y reconocimiento de los integrantes de las instituciones de
seguridad pública en el ámbito federal;
XXV. La que regule la organización de la
Entidad de Fiscalización Superior de la Federación y las demás que normen la gestión,
control y evaluación de los poderes de la Unión y de los entes públicos federales;
XXVI. En materia de asentamientos humanos,
con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo tercero del artículo 27 de esta
Constitución, en zonas que sean federales;
XXVII. Sobre planeación nacional del
desarrollo económico y social;
XXVIII. Tendientes a la promoción de la
inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de
tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y
tecnológicos que requiere el desarrollo nacional;
XXIX. Que instituyan tribunales de lo
contencioso administrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y que
tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administración
Pública Federal y los particulares, estableciendo las normas para su organización, su
funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones;
XXX. Que establezcan las bases sobre las
cuales la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, coordinarán sus
acciones en materia de protección civil;
XXXI. Que señale los lineamientos, de
carácter general, a los que se sujetará la determinación de las percepciones para los
servidores públicos, en los ámbitos Federal, estatal, municipal y del Distrito Federal.
XXXII. La ley reglamentaria en materia de referendum,
plebiscito e iniciativa popular y
XXXIII. Para aprobar los tratados
internacionales que celebre el Ejecutivo de la Unión, mediante el voto de la mayoría
absoluta de los miembros presentes en cada una de las cámaras que lo integran. En el
ejercicio de esta facultad, la Cámara de Senadores siempre actuará como Cámara de
origen.
Asimismo, el Congreso tendrá las
facultades:
I. Para admitir nuevos estados al pacto
federal;
II. Para formar nuevos estados dentro de
los límites de los existentes, siendo necesario al efecto:
a. Que la fracción o fracciones que pidan
erigirse en estados, cuenten con una población de 120 mil habitantes, por lo menos;
b. Que se compruebe ante el Congreso que
tiene los elementos bastantes para proveer a su existencia política;
c. Que sean oídas las legislaturas de los
estados de cuyo territorio se trate, sobre la conveniencia o inconveniencia de la
erección del nuevo estado, quedando obligadas a dar su informe dentro de seis meses,
contados desde el día que se les remita la comunicación respectiva;
d. Que igualmente se oiga al Ejecutivo de
la Federación, el cual enviará su informe dentro de siete días contados desde la fecha
en que le sea pedido;
e. Que sea votada la erección del nuevo
estado por dos terceras partes de los diputados y senadores presentes en sus respectivas
cámaras;
f. Que la resolución del Congreso sea
ratificada por la mayoría de las legislaturas de los estados, previo examen de la copia
del expediente, siempre que hayan dado su consentimiento las legislaturas de los estados
de cuyo territorio se trate y
g. Si las legislaturas de los estados de
cuyo territorio se trate, no hubieren dado su consentimiento, la ratificación de que
habla la fracción anterior, deberá ser hecha por las dos terceras partes del total de
legislaturas de los demás estados;
III. Para arreglar definitivamente los
límites de los estados, terminando las diferencias que entre ellos se susciten sobre las
demarcaciones de sus respectivos territorios, menos cuando esas diferencias tengan un
carácter contencioso;
IV. Para cambiar la residencia del Supremo
Poder de la Federación;
V. Para conceder licencia al Presidente de
la República y para constituirse en Colegio Electoral y designar al ciudadano que deba
sustituir al Presidente de la República, ya sea con el carácter de sustituto, interino o
provisional, en los términos de los artículos 84 y 85 de esta Constitución;
VI. Para aceptar la renuncia al cargo de
Presidente de la República;
VII. Para declarar la guerra, en vista de
los datos que le presente el Ejecutivo Federal;
VIII. Para levantar y sostener a las
instituciones armadas de la Unión, a saber: Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea
nacionales y para reglamentar su organización y servicio;
IX. Para fijar las reglas a que debe
sujetarse la ocupación y enajenación de terrenos baldíos y el precio de éstos;
X. Para conceder amnistías por delitos
cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la Federación;
XI. Para crear y suprimir empleos públicos
de la Federación y señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones;
XII. El Congreso tendrá la facultad de
conocer y resolver sobre la declaración de procedencia y juicio político.
El Congreso podrá expedir todas las leyes
que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades enunciadas en este
artículo y para emitir y armonizar el resto de sus potestades y las demás concedidas por
la Constitución a los poderes de la Unión.
1696,1697,1698
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará
en vigor a los 90 días después de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Palacio Legislativo, a 16 de abril de
2002.— Diputados: Felipe Calderón Hinojosa, Jorge Lara R., María Teresa Gómez
Mont, Miguel Gutiérrez Hernández, Alejandro Zapata P., José Carlos Luna, Mauricio E.
Candiani, José T. Lozano P., Alberto Cano Cortezano, Francisco Jurado, Manuel Narváez,
Valdemar Romero, Manuel Castro y del Valle, Amado Olvera, María Elena Chávez Palacios,
Yadira Tamayo Herrera, José María Tejeda, Jaime Salazar, Luis Alberto Villarreal,
Lizbeth Medina Rodríguez, Eduardo Rivera, Martha P. Martínez Macías, Fanny Arellanes,
Marcos Pérez Esquer, Eduardo Anaya Sánchez, Emilio Goicoechea, Verónica Pérez, Mario
Reyes Oviedo y Carlos A. Flores G.»
La Presidenta:
Insértese de manera íntegra en la Gaceta
Parlamentaria y en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos
Constitucionales.
CODIGO
FEDERAL DE INSTITUCIONES
Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Rogaciano
Morales Reyes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para
presentar una iniciativa de reformas a diversos artículos del Cofipe.
El diputado Rogaciano Morales Reyes:
Antes que nada, señora Presidenta, con
su permiso y le ruego dos cosas:
Una, que es de adiciones y se haga la
precisión correspondiente en la publicación del caso.
Otra, que como no voy a leer esta
iniciativa, voy a tratar más bien de explicarla brevemente en obvio de tiempo y para dar
margen a que se desahogue la agenda, solicito muy respetuosamente se haga la publicación
íntegra de esta iniciativa en la Gaceta, en el Diario y, por
supuesto, que se turne a la comisión que usted estime pertinente.
Compañeras y compañeros diputados: uno de
los compromisos de campaña de éste, su servidor, dado los reiterados planteamientos que
en mi distrito se hicieron en el sentido de que sigamos contribuyendo en el esfuerzo de
abatir el problema político electoral que caracteriza nuestras elecciones, dado que como
todos sabemos, por ejemplo en las últimas presidenciales, de un padrón de
aproximadamente 60 millones de electores votaron poco más de 37 millones y hubo una
abstención de poco más de 21 millones de ciudadanos y ahí están los mexicanos que por
diversas razones se han ido de nuestro país de braceros a otros países y respecto de los
que ya esta Cámara aprobó una iniciativa en la legislatura anterior y que por ahí está
durmiendo la siesta en la Cámara de Senadores.
Pero es nuestro deber seguir insistiendo en
que necesitamos aperturar la posibilidad de que los votos sean cada vez más, porque de
alguna manera si analizamos los porcentajes de los votos que obtuvieron los diferentes
candidatos a la Presidencia de la República y muy a pesar de que festinamos en su momento
de que había sido copiosa la votación, en el fondo veríamos que hay una grave falta de
sustento popular en nuestras elecciones y que esto, de alguna manera estamos obligados
cada vez a hacerle la lucha para abatir ese asunto.
Hoy vengo a proponerles una iniciativa de
adiciones al artículo 223 del Cofipe, para posibilitar que los enfermos internos en
clínicas particulares y oficiales, el día de las elecciones, naturalmente, puedan votar.
Se prevé un mecanismo sencillo que permita que casillas auxiliares se constituyan en las
citadas clínicas y recaben el voto.
No le entro a la discusión de que habrá
riesgos, naturalmente que los habrá, porque alguien podrá decir sanamente que a lo mejor
algún enfermo no está consciente, no está en condiciones de querer, de entender y que
no está ubicado en el tiempo y en el espacio etcétera y que por lo tanto no tiene la
capacidad jurídica de emitir su voto en esas condiciones. Pero esta misma observación la
podríamos hacer de quien de manera libre y espontánea va a una casilla. Creo que esto
queda a buen juicio de los funcionarios de la misma, para ver si la persona reúne, de
acuerdo con la legislación vigente, los requisitos indispensables para que se vote.
De eso se trata en resumen, compañeras,
compañeros: dar facilidad para que los que están ahí internos voten.
Yo he observado personalmente que el día
de las elecciones, a veces las clínicas están testas de ciudadanos que no votan, porque
no hay quien les lleve esa facilidad ahí; entonces esto tiende de buena fe a hacer este
aporte y yo espero que la generosidad que nos ha caracterizado cuando se hacen aquí
propuestas despojadas de colores, se saque ésta como muchas que hemos sacado, de consenso
llegado el caso y bueno, apelo a la generosidad de los miembros de la comisión a donde se
remita esta iniciativa, para que además consideren la posibilidad si así a bien lo
tienen y hago mía esa parte que en todo caso no se incluye aquí y la rubricamos los del
Partido de la Revolución Democrática para que también se analice en su momento, digo,
reitero, qué otros sectores de la población carecen de estas facilidades que ya en
ciertos respectos la legislación correspondiente la otorga.
Hay casos, los conocemos todos, cuando
estamos fuera de sesión cómo podemos votar, cuando damos facilidad de acuerdo con la
legislación a que voten los turistas etcétera etcétera. Pues ésta es una facilidad
más a la que se apela y les reitero mi agradecimiento por su comprensión.
Es todo. Entrego el texto.
Muchas gracias.
«Señora Presidenta de la Mesa Directiva;
compañeras y compañeros diputados:
El suscrito, integrante del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto
por la fraccion II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y en los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General, someto a la consideración del honorable Congreso de la
Unión, la presente iniciativa de decreto, que adiciona diversas disposiciones al Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de los siguientes
CONSIDERANDOS
Que la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos dispone en su articulo 35: "son prerrogativas del ciudadano:
I. votar en las elecciones populares; II...".
Que la prerrogativa de que trata la
fracción anterior se establece en la fracción III del artículo 36 de nuestra
Constitución como una obligación de los ciudadanos de la República.
Que los derechos o prerrogativas de los
ciudadanos se suspenden, entre otras causas, según lo determina el artículo 38
constitucional en su fracción II, "por estar sujeto a un proceso criminal por delito
que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión".
De acuerdo a lo asentado, en el artículo
4o. párrafo primero del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se
estatuye también que el votar en las elecciones constituye un derecho y obligación del
ciudadano.
Que el artículo 34 constitucional
prescribe que son ciudadanos de la República los que hayan cumplido 18 años y tengan un
modo honesto de vivir.
Que el Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales regula la instalación de apertura de casillas, la votación,
el escrutinio y computo en las casillas y que, específicamente el artículo 223 versa
sobre la votación de los electores que transitoriamente se encuentren fuera de su
sección electoral.
Que el día de las elecciones por causa de
fuerza mayor los ciudadanos internos en clínicas particulares o publicas, no están en
posibilidad de concurrir a emitir su voto a ningún tipo de casillas de su sección
electoral correspondiente.
Que la Convención Americana Sobre Derechos
Humanos, también conocida como "Pacto San José de Costa Rica", señala como
deberes de los estados y derechos protegidos en su artículo 1o., "... los estados
Parte en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos
en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma,
religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social".
Luego, la misma convención, dispone en su
artículo 2o. "deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Si en el ejercicio
de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1o. no estuviere ya garantizado
por disposiciones legislativas o de otro carácter, los estados Parte se comprometen a
adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta
convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer
efectivos tales derechos y libertades."
Que siendo de fundamental importancia que
nuestros representantes populares y servidores públicos en general, estén sustentados en
una amplia base de legitimación popular, hasta donde sea posible, es imprescindible
propiciar mediante este tipo de mecanismos (como por el ejemplo también el voto de los
mexicanos en el extranjero, pendiente de dictaminarse en el Senado), que de manera
resuelta contribuyamos a abrir la llave de la democracia: el voto, a la posibilidad de
abatir el problema político-electoral del abstencionismo.
Que sobre el particular y como es de todos
conocido, si se observa las cifras, en la última elección presidencial tenemos que de un
padrón de 59 millones 584 mil 615 empadronados, sufragaron 37 millones 601 mil 618,
habiéndose abstenido 21 millones 181 mil 119 ciudadanos, lo cual representa una
participación de un 63.97% y un abstencionismo de 36.03%.
Por lo anterior es de proponerse y se
propone:
Como en el caso a que se refieren los
considerandos anteriores no existe a la fecha disposición legal que prevea la captación
de los votos correspondientes a internos en clínicas particulares y oficiales, según se
asienta y sin que haya prohibición o disposición en contrario al respecto, es que
procede se adicione al artículo 223 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales un numeral 5.
DECRETO
Artículo único. Se adiciona un
numeral 5 al artículo 223 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales para quedar así:
"Artículo 223...
1. al 4...
5. Los directores o responsables de las
clínicas particulares o públicas, están obligados a permitir el acceso a los
funcionarios de casillas y a permitir que los internos sufraguen, en los términos
dispuestos por este código, para lo cual: ..
a) Los consejos locales formularán con
anticipación un censo de clínicas.
b) Los consejos locales proveerán lo
necesario para que de las casillas que se instalen y en cuya sección se localicen las
citadas clínicas, las más cercanas cuenten con una casilla auxiliar, que en el curso de
la jornada electoral se constituya en dichos lugares y reciba la votación de los internos
citados, debiendo sujetarse para el caso al resto de las disposiciones de este
código."
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
México, D.F., a 16 de abril de 2002.—
Diputados: Rogaciano Morales Reyes, Martí Batres y Ricardo Moreno Bastida.»
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Intégrense las precisiones al texto a
las que hizo referencia el diputado y túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad
Pública.
LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Alejandro
García Sainz Arena, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para
presentar una iniciativa de reformas a diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y
Televisión en materia de concesiones.
El diputado Alejandro Rafael García
Sainz Arena:
Con el permiso de la Presidencia;
compañeras y compañeros diputados:
La primera estación de radio surge en
1919, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, llegando a consolidarse en 1921 con la
emisora CIO, posteriormente identificada como XEH.
El primer programa radiofónico se origina
la noche del 27 de septiembre de 1921 en la Ciudad de México.
Las concesiones existentes por número de
estaciones ya funcionando en la década de los años treinta llegaban a poco más de 86.
Pero en el último decenio superan las 740 concesiones, sin contar las 377 estaciones de
frecuencia modulada que existen en nuestro país, situación que demuestra el crecimiento
de esta actividad para finales del siglo pasado.
Por otra parte, los primeros pasos de la
televisión en México en su etapa experimental, se remontan al año 1934, por uno de sus
logros más significativos, que fue la invención del sistema tricromático secuencial de
campos, del ingeniero Guillermo González Camarena.
1699,1700,1701
La primera transmisión en blanco y negro
en México se lleva a cabo el 19 de agosto de 1946, para que el 7 de septiembre de ese
año, a las 8:30 de la noche, se inaugurara oficialmente la primera estación experimental
de televisión en Latinoamérica, la XEIGC, la cual se convierte en la punta de lanza para
las 466 estaciones funcionando actualmente.
El primer canal comercial de televisión en
México y América Latina, se inaugura el 31 de agosto de 1950, hasta llegar a las
tecnologías más avanzadas en transmisión radiofónica y televisiva, principalmente con
capacidad para ofrecer servicios de telecomunicaciones a todo el territorio nacional y a
23 países del continente americano.
Actualmente existe confusión, complejidad
en el refrendo y otorgamiento de concesiones de radio y televisión en México porque
éstas se han otorgado con base en prebendas y negociaciones no del todo apegadas a la ley
y su reglamento respectivos.
Con esta iniciativa el Partido Verde
Ecologista de México en la Cámara de Diputados, pretende hacer más transparente el
proceso de asignación para el aprovechamiento de las ondas electromagnéticas, las cuales
son de jurisdicción federal en todo lo relativo a la radio y la televisión, conforme al
artículo 8o. de la Ley Federal de Radio y Televisión.
La Secretaría de Comunicaciones y
Transportes es la encargada de otorgar y revocar las concesiones para la operación de la
transmisión de radio y televisión. En este proceso la sociedad mexicana no participa
para que ellos, como los principales beneficiarios de la información y la comunicación,
puedan saber si las personas interesadas en explotar este negocio, que incide directamente
en los hábitos y cultura de las familias mexicanas, tienen la capacidad de otorgar lo que
la ciudadanía demanda.
Es por ello que la Cámara de Diputados,
como garante y corresponsable del buen manejo de los recursos públicos, debe incidir, a
petición de ella, en el proceso para otorgar las concesiones y lograr con ello una mejor
relación entre el Gobierno Federal y los particulares.
Asimismo y en concordancia a la iniciativa
presentada por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México el pasado 20
de abril, en donde se establece el procedimiento para que la Cámara pueda actuar en esta
materia, consideramos necesaria la aprobación de ambas iniciativas para su correcto
desempeño y eficacia jurídica.
Por ello sometemos a esta Cámara de
Diputados en la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión la presente
INICIATIVA
De decreto, mediante el cual se adiciona un
artículo 28-bis a la Ley Federal de Radio y Televisión.
Artículo primero. Se adiciona un
artículo 28-bis a la Ley Federal de Radio y Televisión para quedar como sigue:
"La Cámara de Diputados y a petición
de ella, podrá intervenir de manera definitoria en el proceso de asignación de las
concesiones y permisos a que se hace alusión en este capítulo.
La Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos establecerá el procedimiento y la discrecionalidad en que se
llevará a cabo el proceso de aprobación o rechazo a dichas concesiones y permisos.
La Cámara de Diputados tendrá 30 días
naturales para resolver lo conducente a que hace alusión el párrafo anterior, contados a
partir de la resolución de la Secretaría."
Hago entrega a la Secretaría de la
presente iniciativa y solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva turne la presente a
la Comisión de Comunicaciones.
Muchas gracias.
«Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura del honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Bernardo de la Garza Herrera, Francisco
Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa
Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y
Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García
Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta
Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González, Erika Elizabeth Spezia Maldonado, diputados
de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71
fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56,
60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Comunicaciones, para su dictamen
y posterior discusión en el pleno de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del
honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley
EXPOSICION DE MOTIVOS
La primera estación de radio surge en 1919
en la ciudad de Monterrey, llegando a consolidarse en 1921 con la emisora CIO,
posteriormente identificada como XEH. El primer programa radiofónico se origina la noche
del 27 de septiembre de 1921 en la Ciudad de México.
Las concesiones existentes por número de
estaciones ya funcionando en la década de los años treinta llegaban a poco más de 86,
pero en el último decenio superan los 740 concesionarios, sin contar las 377 estaciones
de frecuencia modulada que existen en nuestro país, situación que demuestra el
crecimiento de esta actividad para finales del siglo pasado.
Por otra parte, los primeros pasos de la
televisión en México, en su etapa experimental, se remontan al año 1934, pero uno de
sus logros más significativos fue la invención del sistema tricromático secuencial de
campos del ingeniero Guillermo González Camarena.
La primera transmisión en blanco y negro
en México, se lleva a cabo el 19 de agosto de 1946, para que el 7 de septiembre de ese
año, a las 20:30 horas, se inaugura oficialmente la primera estación experimental de
televisión en Latinoamérica; la XEIGC, la cual se convierte en punta de lanza para las
466 estaciones funcionando actualmente.
El primer canal comercial de televisión en
México y América Latina se inaugura el 31 de agosto de 1950, hasta llegar a las
tecnologías más avanzadas en transmisiones radiofónicas y televisivas, principalmente,
con capacidad para ofrecer servicios de telecomunicaciones a todo el territorio nacional y
a 23 países del continente americano.
Actualmente existe confusión complejidad
en el refrendo y otorgamiento de concesiones de radio y televisión en México, porque
éstas se han otorgado en base a prebendas y negociaciones no del todo apegadas a la ley y
sus reglamentos respectivos.
Con esta iniciativa el grupo parlamentario
del Partido Verde Ecologista de México, pretende hacer más transparente el proceso de
asignación para el aprovechamiento de las ondas electromagnéticas, las cuales son de
jurisdicción federal en todo lo relativo a la radio y televisión, conforme al artículo
octavo de la Ley Federal de Radio y Televisión.
La Secretaría de Comunicaciones y
Transportes es la encargada de otorgar y revocar las concesiones para la operación de la
transmisiones de radio y televisión. En este proceso la sociedad mexicana no participa,
para que ellos, como los principales beneficiarios de la información y la comunicación,
puedan saber si las personas interesadas en explotar este negocio que incide directamente
en los hábitos y cultura de las familias mexicanas, tienen la capacidad de otorgar lo que
la ciudadanía demanda.
Es por ello que la Cámara de Diputados
como garante y corresponsable del buen manejo de los recursos públicos, debe incidir a
petición de ella en el proceso para otorgar las concesiones y lograr con ello una mejor
relación entre el Gobierno Federal y los particulares.
Asimismo y en concordancia a la iniciativa
presentada por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el pasado
20 de abril, en donde se establece el procedimiento para que la Cámara pueda actuar en
esta materia. Consideramos necesaria la aprobación de ambas iniciativas para su correcto
desempeño y eficacia jurídica.
Por ello sometemos a esta Cámara de
Diputados en la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente
INICIATIVA
De decreto mediante el cual se adiciona un
artículo 28-bis a la Ley Federal de Radio y Televisión.
Artículo primero. Se adiciona un
artículo 28-bis a la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar como sigue:
"Artículo 28-bis.
La Cámara de Diputados y a petición de
ella, podrá intervenir de manera definitoria en el proceso de asignación de las
concesiones y permisos que se hacen alusión en este capítulo.
La Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos establecerá el procedimiento y la discrecionalidad en que se
llevará a cabo el proceso de aprobación o rechazo a dichas concesiones y permisos.
La Cámara de Diputados tendrá 30 días
naturales para resolver lo conducente que hace alusión el párrafo anterior, contados a
partir de la resolución de la Secretaría.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. Este decreto entrará en
vigor hasta en tanto se realicen las reformas conducentes en la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos y se publiquen en el Diario Oficial de la
Federación.
Palacio Legislativo, a 16 de abril del
2002.— Diputados: Bernardo de la Garza Herrera, coordinador; Francisco
Agundis Arias, vicecoordinador; José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo
Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo
Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa
Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejadro Rafael García Sainz Arena, María Moctezuma
Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González y Erika Elizabeth
Spezia Maldonado.»
Presidencia del diputado
Eloy Cantú Segovia
El Presidente:
Gracias, señor diputado.
La Mesa Directiva había previsto, además
de la Comisión de Comunicaciones, incluir a la de Radio, Televisión y Cinematografía.
¿Desea usted que se quede exclusivamente en la de Comunicaciones?
El diputado Alejandro Rafael García
Sainz Arena:
Así es, sería mi solicitud.
El Presidente:
De acuerdo.
De conformidad con la solicitud del
diputado Alejandro Sainz Arena, túrnese la presente iniciativa a la Comisión de
Comunicaciones.
La siguiente iniciativa referente a las
reformas a diversos artículos de la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en
materia electoral y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que
presentaría el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, a petición del mismo se
pospone para la próxima sesión.
SERVIDORES
PUBLICOS
El Presidente:
En consecuencia, tiene la palabra, para
presentar una iniciativa, el diputado Enrique Garza Taméz, del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, iniciativa referente a la reforma a diversos
artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer
la ratificación del nombramiento de los secretarios de despacho por el Senado de la
República.
El diputado Enrique Garza Taméz:
Con el permiso de la Presidencia;
Cámara de Diputados:
«Los suscritos, diputados integrantes del
grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo
establecido en los artículos 71 fracción II de la Constitución General de los Estados
Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General, presentamos a la consideración de esta honorable representación popular
iniciativa de decreto por medio del cual se reforman diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en atención a la siguiente
exposición de motivos.
Una de las facultades más importantes de
carácter político del Ejecutivo Federal en cualquier sistema, es la del nombramiento de
servidores públicos responsables de la ejecución de políticas, planes y programas de la
Administración Pública Federal.
1702,1703,1704
Si bien este poder de nombrar y remover a
los servidores públicos por parte del Presidente de la República está dentro del
ámbito de sus facultades, en la evolución histórica de regímenes presidencialistas
hacia otros de mayor equilibrio de poderes, se han introducido matices a esta facultad, al
grado que los doctrinarios, lejos de justificarlo, se han pronunciado por establecer
ciertos límites a este inmenso poder.
Esto lleva a los sistemas políticos a
transitar en esta materia, de la absoluta discrecionalidad del titular de la rama
ejecutiva del Gobierno, al requerimiento de la ratificación del Congreso.
En México se han concretado dos pasos en
ese sentido: La ratificación por parte del Senado, de la designación del Procurador
General de Justicia de la República; y la de los titulares de otros cargos públicos,
particularmente del servicio exterior y de las fuerzas armadas, aunque también debe
preverse la posibilidad de que el Presidente se autolimite en su facultad y sólo decida
los nombramientos de algunos servidores públicos, cuyo desempeño implica la ejecución
directa y discrecional de las políticas establecidas por su administración.
El Ejecutivo Federal ha establecido que a
través del acuerdo político para el desarrollo nacional conjuntamente con las fuerzas
políticas, cito:
Coincidimos en la necesidad de avanzar en
la Reforma del Estado, en la exigencia de adaptar el diseño constitucional a la nueva
pluralidad política del país; la agenda que conduce a transformaciones de fondo, plantea
la revisión de las instituciones políticas y de las formas para ejercitar el poder,
tarea en la que participan los tres poderes del Gobierno Federal, partidos políticos,
ejecutivos locales y sectores productivos, quienes se han comprometido a revisar las
esferas de autoridad y competencia de los poderes de la Unión con el fin de mejorar los
equilibrios y la gobernabilidad."
A través de distintos voceros ha sostenido
en diferentes foros que la voluntad ciudadana expresada en las urnas ha originado un
gobierno de responsabilidad compartida y que por lo tanto cualquier decisión sobre el
rumbo del país, debe ser producto del consenso de los actores políticos y sociales de la
nación.
Es necesario entonces avanzar en la Reforma
del Estado, establecer congruencia entre el discurso y la acción, y en el particular caso
que nos ocupa, que los poderes compartan responsabilidades, en un marco de estabilidad,
gobernabilidad y colaboración en la designación y remoción en su caso, de los titulares
de las dependencias del Ejecutivo, para que así sean también responsables ante el Poder
Legislativo y de esta manera auténticos secretarios de Estado.
En el sistema político mexicano, por
mandato constitucional, al Poder Legislativo le corresponde expedir las leyes que normen
la vida jurídica de la sociedad.
En la actualidad, en la integración del
Congreso de la Unión ningún partido político constituye por sí mismo mayoría
absoluta, por lo que son precisos el diálogo y el debate para generar como último
producto, leyes surgidas del consenso y acuerdos políticos.
Así en el ejercicio constitucional del
derecho de iniciativa, los promoventes, por la reforma propuesta a la fracción II del
artículo 76, consideramos pertinente establecer como requisito para el nombramiento y
remoción, además del Procurador General de la República, las de los secretarios del
despacho mediante la ratificación de la Cámara de Senadores por votación de dos tercios
de los integrantes de ese órgano legislativo, al momento del nombramiento o remoción.
De igual manera se propone adicionar dos
párrafos al artículo 76, a efecto de conceder a la Cámara de Senadores la facultad de
delegar o cancelar la delegación de la atribución contenida en la redacción propuesta
para la fracción II del citado numeral, con la cual se fortalece el trabajo de las
comisiones.
Asimismo se plantea derogar las fracciones
V y VII del artículo 78 en atención a que en el caso del texto de la fracción V se
considera que dada la importancia del asunto, es de considerarse que debe de ser el Senado
el órgano que otorgue o niegue la ratificación de los nombramientos o remociones y por
lo que se refiere a la fracción VII, ya que la disposición actual se sintetiza en el
texto de la fracción propuesta.
Por otra parte consideramos la adición de
un segundo párrafo al artículo 87, en el cual se dispone que los secretarios del
despacho y del Procurador General de la Republica, cuyos nombramientos ratifique la
Cámara de Senadores, rindan la protesta de ley ante este órgano colegiado.
La presenta iniciativa conlleva una
invitación para que dentro del desarrollo de los trabajos de comisiones los legisladores
de las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso, tras el análisis y
discusión correspondientes, logren consensos y en el momento oportuno, se expida el
dictamen necesario para su inserción en la Carta Magna, una vez efectuado el
procedimiento legislativo previsto para las reformas constitucionales.
Por lo anteriormente expuesto y fundado,
presentamos ante esta Asamblea:
Iniciativa
De decreto por la cual se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución General de la República.
Artículo primero. Se reforman los
artículos 76, 78, 87 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
para quedar como sigue:
"Artículo 76. Fracción II.
Ratificar por mayoría calificada de dos tercios de los legisladores presentes al momento
de la votación los nombramientos que el mismo funcionario haga de los secretarios del
despacho, del Procurador General de la República y de los ministros, agentes
diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás
jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales, en los términos que la
ley disponga, así como disponer su separación del cargo a propuesta del Ejecutivo o por
decisión de ese órgano legislativo con los mismos requisitos de votación.
Segundo párrafo a la fracción X. La
Cámara de Senadores podrá delegar mediante acuerdo votado de la mitad más uno de sus
integrantes presentes a las comisiones respectivas la facultad contenida en la fracción
II de este artículo y podrá dejar sin efecto la delegación hasta antes que la comisión
respectiva resuelva el asunto. La ratificación o negativa del nombramiento o remoción
que, en su caso, acuerde la comisión respectiva, deberá hacerse con el voto favorable de
cuando menos dos tercios de sus integrantes presentes. Una vez aprobada o negada la
ratificación del nombramiento o remoción, en la comisión respectiva la mesa directiva
acordará el trámite correspondiente.
Artículo 87. Los secretarios del
despacho y el Procurador General de la República al tomar posesión de su cargo
prestarán ante el Senado o ante la Comisión Permanente, en su caso, la protesta a que se
refiere el párrafo anterior en los términos aplicables.
Artículo 89. Fracción II. Nombrar
y remover con aprobación del Senado a los secretarios del despacho, al Procurador General
de Justicia, a ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, coroneles y demás
oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales y empleados
superiores de Hacienda y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión,
cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en
las leyes.
Segundo párrafo a la fracción II. Cuando
la Cámara de Senadores no esté en sesiones y el Presidente de la República expida
nombramientos o efectúe remociones de servidores públicos a los que se refiere la
fracción II de este artículo y cuya ratificación sea necesaria por los senadores, lo
comunicará a la Comisión Permanente, la que convocará al Senado a periodo de sesiones
extraordinarias para su discusión y resolución."
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Palacio Legislativo, 16 de abril de
2002.— Diputados: Juan Manuel Martínez Nava, José Yunes Zorrilla, Celestino
Bailón, Gustavo González Balderas, Luis Priego Ortiz, Felipe Solís Acero, Jaime
Vázquez Castillo y el de la voz.»
Solicito, señor Presidente, el turno de
esta iniciativa a las comisiones de Puntos Constitucionales y a la Comisión Especial para
la Reforma del Estado.
«Honorable Cámara de Diputados.
Los suscritos, diputados integrantes del
grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo
establecido en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General, presentamos a la consideración de esta honorable representación popular,
iniciativa de decreto por medio del cual se reforman diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en atención a la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
Una de las facultades más importantes de
carácter político, del Ejecutivo Federal en cualquier sistema, es la de nombramiento de
servidores públicos responsables de la ejecución de políticas, planes y programas de la
Administración Pública Federal.
Si bien este poder de nombrar y remover a
los servidores públicos por parte del Presidente de la República, está dentro del
ámbito de sus facultades, en la evolución histórica de regímenes presidencialistas
hacia otros de mayor equilibrio de poderes, se han introducido matices a esa facultad, al
grado que los doctrinarios, lejos de justificarlo, se han pronunciado por establecer
ciertos límites a este inmenso poder.
Esto lleva a los sistemas políticos a
transitar en esta materia, de la absoluta discrecionalidad del titular de la rama
ejecutiva del gobierno, al requerimiento de la ratificación del Congreso.
En México, se han concretado dos pasos en
ese sentido: la ratificación por parte del Senado, de la designación de Procurador
General de Justicia de la República y la de los titulares de otros cargos públicos,
particularmente del servicio exterior y fuerzas armadas; aunque también debe preverse la
posibilidad de que el Presidente se autolimite en su facultad y sólo decida los
nombramientos de algunos servidores públicos, cuyo desempeño implica la ejecución
directa y discrecional de las políticas establecidas por su administración.
El Ejecutivo Federal ha establecido que a
través del acuerdo político para el desarrollo nacional, conjuntamente con las fuerzas
políticas, cito: "coincidimos en la necesidad de avanzar en la Reforma del Estado,
en la exigencia de adaptar el diseño constitucional a la nueva pluralidad política del
país. La agenda que conduce a transformaciones de fondo, plantea la revisión de las
instituciones políticas y de las formas para ejercitar el poder, tarea en la que
participan los tres poderes del Gobierno Federal, partidos políticos, ejecutivos locales
y sectores productivos, quienes se han comprometido a revisar las esferas de autoridad y
competencia de los poderes de la Unión con el fin de mejorar los equilibrios y la
gobernabilidad". Fin de la cita. A través de distintos voceros, ha sostenido en
diferentes foros, que la voluntad ciudadana expresada en las urnas, ha originado un
gobierno de responsabilidad compartida y que por lo tanto, cualquier decisión sobre el
rumbo del país debe ser producto del consenso de los actores políticos y sociales de la
nación.
Es necesario entonces, avanzar en la
Reforma del Estado, establecer congruencia entre el discurso y la acción y en el
particular caso que nos ocupa, que los poderes compartan responsabilidades, en un marco de
estabilidad, gobernabilidad y colaboración, en la designación y remoción, en su caso,
de los titulares de las dependencias del Ejecutivo, para que así, sean también
responsables ante el Poder Legislativo y de esta manera, auténticos secretarios de
Estado.
En el sistema político mexicano, por
mandato constitucional, al Poder Legislativo le corresponde expedir las leyes que normen
la vida jurídica de la sociedad.
En la actualidad, en la integración del
Congreso de la Unión, ningún partido político constituye por sí mismo mayoría
absoluta, por lo que son precisos el diálogo y el debate para generar como último
producto, leyes surgidas del consenso y acuerdos políticos.
Así, en el ejercicio constitucional del
derecho de iniciativa, los promoventes, por la reforma propuesta a la fracción II del
artículo 76, consideramos pertinente establecer como requisito para el nombramiento y
remoción, además del Procurador General de la República, las de los secretarios de
despacho, mediante la ratificación de la Cámara de Senadores, por votación de dos
tercios de los integrantes de este órgano legislativo, al momento del nombramiento o
remoción.
De igual manera, se propone adicionar dos
párrafos al artículo 76 a efecto de conceder a la Cámara de Senadores, la facultad de
delegar o cancelar la delegación de la atribución contenida en la redacción propuesta
para la fracción II del citado numeral, con lo cual se fortalece el trabajo de las
comisiones.
Asimismo, se plantea derogar las fracciones
V y VII del artículo 78 en atención a que en el caso del texto de la fracción V, se
considera que dada la importancia del asunto, consideramos que debe ser el Senado el
órgano que otorgue o niegue la ratificación de los nombramientos o remociones y, por lo
que se refiere a la fracción VII, ya que la disposición actual, se sintetiza en el texto
de la fracción propuesta.
Por otra parte, se propone la adición de
un segundo párrafo al artículo 87 en el cual se dispone que los secretarios de despacho
y el Procurador General de la República cuyos nombramientos ratifique la Cámara de
Senadores, rindan la protesta de ley ante este órgano colegiado.
1705,1706,1707
En el mismo orden de ideas, por congruencia
de redacción y en tanto su correlación, se propone modificar la fracción II del
artículo 89 para definir el procedimiento a seguir por el Ejecutivo, relativo a los
nombramientos de los servidores públicos multicitados y en atención a la redacción de
esta fracción, se propone derogar las fracciones III, IV y XVI y la adición de un
segundo párrafo a la fracción X del mismo artículo.
La presente iniciativa conlleva una
invitación para que dentro del desarrollo de los trabajos de comisiones, los legisladores
de las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso, tras el análisis y
discusión correspondientes, logren consensos y, en el momento oportuno, se expida el
dictamen necesario para su inserción en la Carta Magna, una vez efectuado el
procedimiento legislativo previsto para las reformas constitucionales.
Por lo anteriormente expuesto y fundado,
presentamos ante esta Asamblea:
INICIATIVA
De decreto por el cual se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución General de la República.
Artículo primero. Se reforman los
artículos 76, 78, 87 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
para quedar como sigue:
"Artículo 76 . . .
I. . .
II. Ratificar por mayoría calificada de
dos tercios de los legisladores presentes al momento de la votación, los nombramientos
que el mismo funcionario haga de los secretarios de despacho, del Procurador General de la
República y los de los ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados
superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza
Aérea nacionales, en los términos que la ley disponga; así como disponer su separación
del cargo a propuesta del Ejecutivo o por decisión de este órgano legislativo, con los
mismos requisitos de votación;
II a la X. . .
La Cámara de Senadores podrá delegar
mediante acuerdo votado de la mitad más uno de sus integrantes presentes, a las
comisiones respectivas, la facultad contenida en la fracción II de este artículo y
podrá dejar sin efectos la delegación, hasta antes de que la comisión respectiva
resuelva el asunto.
La ratificación o negativa del
nombramiento o remoción que en su caso acuerde la comisión respectiva, deberá hacerse
con el voto favorable de cuando menos dos tercios de sus integrantes presentes. Una vez
aprobada o negada la ratificación del nombramiento o remoción en la comisión
respectiva, la Mesa Directiva acordará el trámite correspondiente.
Artículo 78. . .
. . .
I a la IV. . .
V. Derogada.
Vl. . .
VII. Derogada.
Vlll. . .
Artículo 87. . .
Los secretarios de despacho y el Procurador
General de la República, al tomar posesión de su cargo prestarán ante el Senado o ante
la Comisión Permanente, en su caso, la protesta a que se refiere el párrafo anterior, en
los términos aplicables.
Artículo 89. . .
I . . .
II. Nombrar y remover con aprobación del
Senado, a los secretarios de despacho, al Procurador General de Justicia, ministros,
agentes diplomáticos, cónsules generales, coroneles y demás oficiales superiores del
Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales y empleados superiores de Hacienda y nombrar
y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no
esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes;
IIl. Derogada.
IV. Derogada.
V a la VIII. . .
IX. Derogada.
X. . .
Cuando la Cámara de Senadores no esté en
sesiones y el Presidente de la República expida nombramientos o efectúe remociones de
servidores públicos a los que se refiere la fracción II de este artículo y cuya
ratificación sea necesaria por los senadores, lo comunicará a la Comisión Permanente,
la que convocará al Senado al periodo de sesiones extraordinarias, para su discusión y
resolución;
XI a la XV. . .
XVI. Derogada.
XVII a la XX. . .
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario oficial de la
Federación.
Palacio Legislativo, a 16 de Abril de
2002.— Diputados: Enrique Garza Taméz, Juan Manuel Martínez Nava, José Yunes
Zorrilla, Celestino Bailón G., Gustavo González Balderas, Alma Carolina Viggiano
Austria, Luis Priego Ortiz, Felipe Solis Acero y Jaime Vázquez Castillo.»
El Presidente:
Gracias, diputado.
Siendo una iniciativa que presenta
reformas a la Constitución, ha sido práctica de esta Mesa Directiva el turnarla
exclusivamente a la Comisión de Puntos Constitucionales. Ciertamente se le pueda dar
opinión a la de Reforma del Estado, pero para efectos del dictamen la comisión
correspondiente es la de Puntos Constitucionales.
El diputado Enrique Garza Taméz:
Modifico entonces mi propuesta en el
sentido de que se turne a la Comisión de Puntos Constitucionales y se dé vista para
opinión a la Comisión Especial para la Reforma del Estado.
El Presidente:
Muy bien diputado, diputado Enrique
Garza Taméz.
Túrnese la presente iniciativa a la
Comisión de Puntos Constitucionales y con opinión de la Comisión para la Reforma del
Estado.
AHORRADORES
El Presidente:
Para presentar una iniciativa, mediante la
cual se reforman diversas disposiciones a la Ley que Crea el Fideicomiso de Apoyo a los
Ahorradores, se le concede la palabra al diputado Omar Fayad Meneses, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Omar Fayad Meneses:
Muy buenos días compañeras y compañeros
diputados; con la venia de la Presidencia:
En el primer periodo de sesiones ordinarias
del primer año de gestión de esta LVIII Legislatura, motivados por la problemática que
había suscitado la mala operación de las llamadas "cajas de ahorro", fue
aprobada la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento
de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a los Ahorradores. Esta se
publicó en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre del año 2000,
con la noble intención de dar una pronta solución a este conflicto social que fue
calificado de interés público.
En el mes de noviembre del año 2001,
durante el pasado periodo de sesiones ordinarias, presenté ante el pleno de esta
soberanía, una iniciativa que reformaba la Ley que Crea que el Fideicomiso de este Fondo
para el Fortalecimiento de Sociedades y de Ahorro, fundamentada en que la solución
planteada por ella no era suficiente, en virtud de que los lineamientos marcados por la
ley que lo regula, sólo apoyó a un número determinado de sociedades de ahorro y
crédito, pero no así a muchas otras organizaciones que si bien se crearon y operaron de
manera distinta a lo previsto por la Ley General de Organizaciones y Actividades
Auxiliares de Crédito o a la Ley General de Sociedades Cooperativas, sí realizaban
actividades de ahorro y crédito, por lo que en estricto sentido cumplían con la misma
finalidad.
Lamento referir a este pleno que por
múltiples razones, todas ellas ajenas a la naturaleza de la función a la que nos obliga
el mandato social que nuestros representados nos otorgan como legisladores, esta
iniciativa de carácter eminentemente social ha sido vista con muy poco interés por la
comisión a la que fue enviada, sin que hasta la fecha recaiga sobre ella cualquier
opinión en cualquier sentido.
Gracias a esta incapacidad y a no haber
aprobado la posibilidad de continuar con una segunda etapa que permitiera seguir apoyando
en la restitución del patrimonio de cientos de ahorradores defraudados y avanzar así de
manera firme hacia la solución total del problema, hoy podemos aseverar que a 15 meses de
haber sido aprobada la creación del fideicomiso, los resultados obtenidos al respecto
siguen siendo insuficientes.
Nuevamente con profunda pena y
preocupación, les refiero que la desesperante e impotente situación que desde hace años
vienen arrastrando muchos de esos ahorradores defraudados del país, continúa
aquejándolos. Siguen siendo reiteradas las peticiones de auxilio de las diversas
comisiones de ahorradores defraudados de Hidalgo, Coahuila, San Luis Potosí, Sinaloa,
Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Oaxaca, Tabasco, Aguascalientes, Chihuahua, Nayarit,
Durango, Baja California, Baja California Sur, el Estado de México y Zacatecas, lo que
demuestra que la solución que ofreció el fideicomiso a este problema sólo fue parcial.
Como lo expuse en la anterior iniciativa,
la ley que crea el fideicomiso en su artículo 7o., prevé que sólo serán beneficiarias
del mismo las sociedades y cooperativas que se hayan constituido bajo la Ley General de
Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito y la Ley General de Sociedades
Cooperativas, lo que impide que también sean beneficiados muchos ahorradores en el país,
cuyas agrupaciones de ahorro y préstamo que los defraudaron, se constituyeron bajo otras
figuras jurídicas, como sociedades civiles, sociedades anónimas de capital variable,
asociaciones civiles o sociedades cooperativas de responsabilidad limitada.
Debido a las restricciones establecidas en
el texto de dicha ley, que impiden continuar hacia la solución definitiva, los diputados
de diversos estados de la República que recibimos de viva voz el reclamo de nuestros
representados, consideramos que el problema que dio origen a este fideicomiso aún existe,
habiendo aún un gran número de ahorradores de bajos recursos que por simples tecnicismos
jurídicos siguen reclamando apoyo para la restitución en alguna medida de su patrimonio.
Para poder razonar con sentido social una
iniciativa de esta envergadura, debemos comprender que en esta situación que se nos
presenta, nada tuvo que ver la voluntad de los ahorradores defraudados, ya que es
entendible que por desconocimiento del complicado marco jurídico en esta materia, no
supieron advertir el riesgo que implicaba confiar y dejar sus ahorros en manos de personas
sin escrúpulos que no sólo los despojaron de su patrimonio, sino que hicieron caso omiso
de las disposiciones y previsiones financieras y legales para operar esta clase de
negocio.
Con la presentación de esta nueva
iniciativa sobre el tema de los ahorradores defraudados, se abre una segunda posibilidad
para que los diputados respondamos con hechos a esta confianza que la gente nos dio por lo
que debemos entrarle seriamente a este asunto y encontrar una solución para este penoso
problema.
Esta nueva iniciativa plantea de manera
distinta una solución al problema, con el propósito de encontrar consensos que nos
permitan avanzar de manera fluida en la aprobación de la misma y así atender
expeditamente este asunto que ya no debe de esperar más tiempo.
Es por ello que consideramos necesario y
urgente reformar la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el
Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus
Ahorradores para que también sean beneficiados los ahorradores cuyas cajas de ahorro se
constituyeron u operaron bajo otras figuras jurídicas o formas diversas a las que ahora
se exige como requisito.
Para utilizar en pago a ahorradores los 500
millones de pesos que actualmente destina la ley a salvar a las sociedades que registran
problemas graves de liquidez y/o solvencia y para prever la obtención de más recursos
con los que se hará frente a este problema.
Es así como se propone reformar el
artículo 7o. para incluir en su texto a otras organizaciones o entidades constituidas
como entidades civiles, sociedades anónimas de capital variable, asociaciones civiles y
cooperativas de responsabilidad limitada, cuya actividad era similar a la de ahorro y
préstamo autorizadas.
1708,1709,1710
Como consecuencia de la reforma a este
artículo, se plantea también la reforma a la fracción II del artículo 8o. para
adicionar los requisitos de haber presentado las denuncias penales correspondientes y el
haber dejado de realizar actividades de ahorro y préstamo con antelación al 30 de
noviembre del año 2000, para que sean cumplidos por las cajas de ahorro que estén siendo
incluidas por esta reforma, lo que permitiría que realmente sean apoyados quienes
demuestren realmente y fehacientemente tener derecho a ser incluidos por este fideicomiso.
Para continuar de manera inmediata con el
pago a ahorradores, se hace necesaria la reforma y adición del artículo 12, de este
ordenamiento, dicho artículo actualmente establece la cantidad de 500 millones de pesos
para destinarse exclusivamente a las acciones que el fideicomiso realice con el propósito
de apoyar el fortalecimiento de las sociedades que registren problemas graves de liquidez
y/o solvencia y que ya están ahí , estos recursos se encuentran ahí en este fondo y no
han sido aún tocados.
Consideramos que es necesario darle una
mayor rentabilidad social al dinero que contempla este artículo 12 ya que su texto
dispone beneficiar a un reducido número de personas que dirigen y reciben los beneficios
de los negocios de las cajas de ahorro. Además, esto abre la posibilidad de que los
titulares de dichos negocios tomen a la ligera la responsabilidad de responder a sus
obligaciones visualizando la posibilidad de ser salvados con recursos del fideicomiso una
vez que hagan malos manejos de las cajas de ahorro.
Compañeras y compañeros diputados, no
permitamos hacer un nuevo Fobaproa para empresarios de estas cajas populares, con estos
500 millones de pesos es imperativo no rescatar a empresarios corruptos o negligentes,
está en manos de esta legislatura decidir que se destinen en su totalidad al
resarcimiento de un número mayor de ahorradores que hasta ahora no tienen ninguna
esperanza de ver recuperado su dinero.
Este párrafo se reformaría quitando la
palabra "exclusivamente" y adicionando al final de su texto la frase "y/o
para apoyo al pago de ahorradores", con lo que abre la posibilidad de que el uso de
este dinero se reoriente con un mayor sentido social y conforme la primera aportación
inicial para esta segunda etapa de la solución.
Para prever la obtención de más recursos
con los que se hará frente al problema, se propone adicionar.
El Presidente:
Le ruego diputado, respetuosamente
terminar
El diputado Omar Fayad Meneses:
Gracias señor Presidente, le pido un
minuto para concluir.
El diputado Omar Fayad Meneses:
Con lo que abre la posibilidad del uso
de estos recursos.
Finalmente compañeras diputadas y
compañeros diputados, estamos solicitando se incluya en el presupuesto para el 2003 una
nueva disposición presupuestal que puedan ya desde hoy comprometerse recursos por 1 mil
millones de pesos para el presupuesto del 2003 y esto permitiría que, como se dio inicio
a este problema y la solución al mismo, se destinaron 1 mil 700 millones de pesos
iniciales; 500 que estamos proponiendo y que existen actualmente se sumen a esos recursos
y el año que entra se puedan destinar 1 mil millones de pesos más. Estos 500 que les
refiero, hoy están para resarcir a los empresarios y estamos proponiendo se cambie para
pagar a los ahorradores.
Ojalá que cuente con la simpatía de
muchos de ustedes y que podamos darle una solución definitiva a un problema al que ya
iniciamos, a darle solución en esta misma legislatura.
Muchísimas gracias.
Es cuanto señor Presidente.
«Iniciativa de decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley que crea el Fideicomiso que
Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y
Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, presentada por el diputado Omar Fayad Meneses, del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Compañeras y compañeros diputados: el
suscrito diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio
de la facultad que otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el artículo 55 fracción II, del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, somete
a la consideración de este honorable pleno la presente iniciativa de decreto por el que
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que
Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y
Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, de conformidad con la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
En el primer periodo de sesiones ordinarias
del primer año de gestión de esta LVIII Legislatura, motivados por la problemática que
habían suscitado la mala operación de las llamadas cajas de ahorro, fue aprobada la Ley
que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y
Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores y publicada en el Diario
Oficial de la Federación del 29 de diciembre del año 2000, con la noble intención
de dar una pronta solución a este conflicto social, que fue calificado como de interés
público.
En el mes de noviembre de 2001, durante el
pasado periodo de sesiones ordinarias, presente ante el pleno de esta soberanía una
iniciativa que reformaba la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el
Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus
Ahorradores, fundamentada en que la solución planteada por ella, no era suficiente, en
virtud de que los lineamientos marcados por la ley que lo regula, sólo apoyó a un
número determinado de sociedades de ahorro y crédito, pero no así a muchas otras
organizaciones que si bien se crearon y operaron de manera distinta a lo previsto por la
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito o a la Ley General de
Sociedades Cooperativas, sí realizaban actividades de ahorro y crédito, por lo que en
estricto sentido, cumplían con la misma finalidad.
Lamento referir a este pleno, que por
múltiples razones, todas ellas ajenas a la naturaleza de la función a la que nos obliga
el mandato social que nuestros representados nos otorgan como legisladores, esta
iniciativa de carácter eminentemente social ha sido vista con muy poco interés por la
comisión a la que fue enviada, sin que hasta la fecha recaiga sobre ella cualquier
opinión.
Gracias a esta incapacidad y a no haber
aprobado la posibilidad de continuar con una segunda etapa que permitiera seguir apoyando
en la restitución del patrimonio de cientos de ahorradores defraudados y avanzar así de
manera firme hacia la solución total del problema, hoy podemos aseverar que a 15 meses de
haber sido aprobada la creación del fideicomiso, los resultados obtenidos al respecto
siguen siendo insuficientes.
Nuevamente, con profunda pena y
preocupación, les refiero que la desesperante e impotente situación que desde hace años
vienen arrastrando muchos de estos ahorradores defraudados del país, continúa
aquejándolos.
Siguen siendo reiteradas las peticiones de
auxilio de las diversas comisiones de ahorradores defraudados de Hidalgo, Coahuila, San
Luis Potosí, Sinaloa, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Oaxaca, Tabasco, Aguascalientes,
Chihuahua, Nayarit, Durango, Baja California, Baja California Sur, Estado de México y
Zacatecas, lo que demuestra que la solución que ofreció el fideicomiso a este problema
social fue parcial.
Como lo expuse en la anterior iniciativa,
la Ley que Crea el Fideicomiso, en su artículo 7o., prevé que sólo serán beneficiarias
del mismo, las sociedades y cooperativas que se hayan constituido bajo la Ley General de
Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito y la Ley General de Sociedades
Cooperativas, lo que impide que también sean beneficiados muchos ahorradores en el país,
cuyas agrupaciones de ahorro y préstamo que los defraudaron se constituyeron bajo otras
figuras jurídicas como sociedades civiles, sociedades anónimas de capital variable,
asociaciones civiles o sociedades cooperativas de responsabilidad limitada.
Debido a las restricciones establecidas en
el texto de dicha ley, que impiden continuar hacia la solución definitiva, los diputados
de diversos estados de la República que recibimos de viva voz el reclamo de nuestros
representados, consideramos que el problema que dio origen a este fideicomiso aún existe,
habiendo aún un gran número de ahorradores de bajos recursos que por simples tecnicismos
jurídicos siguen reclamando apoyo para la restitución, en alguna medida, de su
patrimonio.
Para poder razonar con sentido social una
iniciativa de esta envergadura, debemos comprender que en esta situación, que se nos
presenta, nada tuvo que ver la voluntad de los ahorradores defraudados, ya que es
entendible que por desconocimiento del complicado marco jurídico en esta materia, no
supieron advertir el riesgo que implicaba confiar y dejar sus ahorros en manos de personas
sin escrúpulos que no sólo los despojaron de su patrimonio, sino que hicieron caso omiso
de las disposiciones y previsiones financieras y legales para operar esta clase de
negocios.
Con la presentación de esta nueva
iniciativa sobre el tema de los ahorradores defraudados, se abre una segunda posibilidad
para que los diputados respondamos con hechos, a esa confianza que la gente nos dio, por
lo que debemos entrarle seriamente a este asunto y encontrar una solución para este
penoso problema.
Esta nueva iniciativa, plantea de manera
distinta una solución al problema, con el propósito de encontrar consensos que nos
permitan avanzar de manera fluida en la aprobación de la misma y así atender
expeditamente este asunto que ya no debe esperar más tiempo.
Es por ello que consideramos necesario y
urgente, reformar la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el
Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus
Ahorradores, para que también sean beneficiados los ahorradores cuyas cajas de ahorro se
constituyeron u operaron bajo otras figuras jurídicas o formas diversas a las que ahora
se exigen como requisito; para utilizar en pago a ahorradores los 500 millones de pesos
que actualmente destina la ley a salvar a las sociedades que registren problemas graves de
liquidez y/o solvencia y para prever la obtención de más recursos con los que se hará
frente al problema.
Es así como se propone reformar el
artículo 7o., para incluir en su texto a otras organizaciones o entidades constituidas
como sociedades civiles, sociedades anónimas de capital variable, asociaciones civiles y
cooperativas de responsabilidad limitada, cuya actividad era similar a la de ahorro y
préstamo autorizadas.
Como consecuencia de la reforma a este
artículo, se plantea también la reforma a la fracción II del artículo 8o., para
adicionar los requisitos de haber presentado las denuncias penales correspondientes y el
haber dejado de realizar actividades de ahorro y préstamo con antelación al 30 de
noviembre de 2000, para que sean cumplidos por las cajas de ahorro que están siendo
incluidas por esta reforma, lo que permitiría que realmente sean apoyados quienes
demuestren fehacientemente tener derecho a ser incluidos por el fideicomiso.
Para continuar de manera inmediata con el
pago a ahorradores, se hace necesaria la reforma y adición del artículo 12 de este
ordenamiento. Dicho artículo, actualmente establece la cantidad de 500 millones de pesos
para destinarse exclusivamente a las acciones que el fideicomiso realice con el propósito
de apoyar el fortalecimiento de las sociedades que registren problemas graves de liquidez
y/o solvencia y que ya están ahí intocados.
Consideramos que es necesario darle una
mayor rentabilidad social al dinero que contempla este artículo 12, ya que su texto
dispone beneficiar a un reducido número de personas que dirigen y reciben los beneficios
de los negocios de las cajas de ahorro. Además, esto abre la posibilidad de que los
titulares de dichos negocios, tomen a la ligera la responsabilidad de responder a sus
obligaciones, visualizando la posibilidad de ser salvados con recursos del fideicomiso una
vez que hagan malos manejos en sus cajas de ahorro.
Compañeros, no permitamos el nuevo
Fobaproa para empresarios de estas cajas de ahorro popular.
Con estos 500 millones de pesos, es
imperativo no rescatar a empresarios corruptos o negligentes; está en manos de esta
legislatura decidir que se destinen en su totalidad al resarcimiento de un número mayor
de ahorradores, que hasta ahora, no tienen ninguna esperanza de ver recuperado su dinero.
Este párrafo, se reformaría quitando la
palabra exclusivamente y adicionando al final de su texto la frase "y/o para apoyo al
pago de los ahorradores", con lo que abre la posibilidad de que el uso de este dinero
se reoriente con un mayor sentido social y conforme la primera aportación inicial para
esta segunda etapa de solución.
Para prever la obtención de más recursos
con los que se hará frente al problema, se propone adicionar un nuevo párrafo al
artículo 12, para prever una partida adicional por 1 mil millones de pesos que serían
asignados del próximo Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
del Año 2003.
Como lo prevé la ley en cuestión, los
ahorradores al momento de ser beneficiados al 70% por el fideicomiso, ceden sus derechos
de crédito al 100% a favor del mismo, por lo que la Federación repondrá las cantidades
señaladas, que ahora se solicita se aporte para el pago a los ahorradores, a través de
las sumas de dinero y bienes que con toda seguridad obtendrá a la conclusión de los
juicios respectivos.
1711,1712,1713
Esta cantidad que se solicita del
presupuesto 2003, adicional a los ya existentes 500 millones de pesos que prevé el propio
artículo 12, permitiría contar en los próximos meses con un fondo total de 1 mil 500
millones de pesos más, que estarían destinados a avanzar en una solución ampliamente
incluyente, a este grave problema social.
Por último, se hace necesario reformar la
fracción I del artículo 5o. con el propósito de adecuarlo a las cantidades que se
están solicitando del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
del Año 2003, así como modificar su vigencia de dos a cuatro años, contados a partir
del inicio de actividades del fideicomiso o cuando se extinga su patrimonio, lo que ocurra
primero.
En virtud de que la propia ley que aquí se
propone reformar, en su artículo 14 prevé que la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público será la encargada de emitir reglas de carácter general para la mejor
observancia de los preceptos que en ella se establecen, ruego a la Presidencia de este
pleno se sirva remitir la presente iniciativa a las comisiones de Hacienda y Crédito
Público y a la de Presupuesto y Cuenta Pública.
Por lo anteriormente expuesto y con
fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la fracción II del artículo 55, del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto
a la consideración de este honorable pleno el presente proyecto de
INICIATIVA
De decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el
Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de
Apoyo a sus Ahorradores.
Artículo primero. Se reforma la
fracción I del artículo 5o. para quedar como sigue:
"Artículo 5o...
I. Las aportaciones del Gobierno Federal
por un 1 mil 785 millones de pesos a que se refiere el artículo 9o. de esta ley y de los
recursos a que se refiere el artículo 12 de la misma. Estos montos se administrarán en
subcuentas independientes entre sí y distintas a aquéllas en que se administre el resto
de las aportaciones."
Artículo segundo. Se reforma el
párrafo primero del artículo 7o. para quedar como sigue:
"Artículo 7o. Se entenderá
por sociedades a las sociedades de ahorro y préstamo y a las cooperativas de ahorro y
préstamo a que hace referencia la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares
de Crédito y la Ley General de Sociedades Cooperativas, respectivamente; así como
aquellas organizaciones, sociedades civiles, sociedades anónimas de capital variable,
asociaciones civiles y sociedades cooperativas de responsabilidad limitada, que hayan
ofrecido y prestado servicios al público, similares o equivalentes a las actividades de
ahorro y préstamo autorizadas."
Artículo tercero. Se reforma la
fracción II del artículo 8o. para quedar como sigue:
"Artículo 8o...
I...
II. Haber iniciado los trámites para
efectuar los procesos de auditoría con el propósito de determinar su insolvencia con
antelación al 30 de noviembre de 2000 y que dichos procesos se hubiesen pagado con
recursos públicos o sean, en su caso, aprobados por el comité técnico a que se refiere
el artículo 3o. de esta ley y/o haber presentado las denuncias penales correspondientes y
haber dejado de realizar actividades de ahorro y préstamo con antelación al 30 de
noviembre de 2000 y"
Artículo cuarto. Se reforma y
adiciona el artículo 12 para quedar como sigue:
"Artículo 12. El Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2001 dispondrá de una
partida de 500 millones de pesos que se destinará para las acciones que el fideicomiso
realice con el propósito de apoyar el fortalecimiento de las sociedades que registren
problemas graves de liquidez y/o para apoyo al pago de los ahorradores.
De igual forma, en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del Año 2003, se deberá disponer de
una partida de 1 mil millones de pesos, que se destinarán para los pagos a ahorradores
previstos en esta ley."
Artículo quinto. Se reforma el
artículo tercero y cuarto transitorios, para quedar como sigue:
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero...
Segundo...
"Tercero. El periodo durante el
cual operará el fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de
Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores será de
cuatro años contados a partir del inicio de sus actividades o cuando se extinga su
patrimonio en los términos de esta ley, lo que ocurra primero.
Cuarto. Los pagos a los ahorradores
afectados se iniciarán a más tardar 10 días hábiles después del día en que se hayan
cumplido los requisitos previstos en esta ley, y continuarán en el orden sucesivo en que
se presenten dichos ahorradores, efectuando pagos hasta agotar el patrimonio del
fideicomiso conforme a lo previsto al artículo 5o. de esta ley.
El fideicomiso revisará los casos de
organizaciones de ahorradores que a pesar de no cumplir con los supuestos o requisitos
establecidos en los artículos 7o. y 8o., pudieran, de acuerdo a sus características, ser
susceptibles de que se beneficie a sus integrantes, conforme a lo dispuesto por esta ley y
de acuerdo a los requisitos y lineamientos que para cada supuesto en particular emita el
propio fideicomiso."
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto
entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
Segundo. Se derogan todas las
disposiciones que se opongan a lo previsto por este decreto.
Tercero. El Comité Técnico del
Fideicomiso deberá publicar nuevamente dentro de los 30 días siguientes a la entrada en
vigor del presente decreto, el procedimiento conforme al cual se llevará a cabo el pago
correspondiente a que alude el artículo 11 de la ley, respetando las formalidades y
plazos consignados en este numeral para que el fideicomiso efectúe los pagos derivados de
sus fines.
México, D.F., a 11 de abril de 2002.—
Diputado Omar Fayad Meneses.»
El Presidente:
Diputado Eloy Cantu Segovia: gracias
diputado Omar Fayad Meneses.
Túrnese a las comisiones de Hacienda y
Crédito Público y de Comercio y Fomento Industrial.
El diputado Omar Fayad Meneses:
Señor Presidente, una aclaración.
Quisiera pedirle turno no sólo a la
Comisión de Hacienda, sino a la de Presupuesto porque trae un apartado que tiene que ver
con Presupuesto para el año 2003. Si fuera tan amable de darle turno a ambas comisiones.
Gracias.
El Presidente:
Está la de Comercio también porque en la
iniciativa, en cuestión de la ley que usted presenta su iniciativa, originalmente se
dictaminó por Hacienda y Crédito Público y por la de Comercio y Fomento Industrial, por
eso originalmente se había turnado a ellas.
Dado la especificidad del tema, que es como
se ha presentado una vez conocida su iniciativa, de montos presupuestales a asignar
entonces tiene sentido que sea Comisión de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto
y Cuenta Pública como usted lo ha solicitado.
El diputado Omar Fayad Meneses:
Muchísimas gracias, señor Presidente.
ARTICULO
82 CONSTITUCIONAL
El Presidente:
Para presentar una iniciativa que reforma
el artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene la
palabra el diputado Jaime Martínez Veloz.
El diputado Jaime Cleofas Martínez
Veloz:
Con su permiso Presidente; compañeras
diputadas y compañeros diputados:
El suscrito diputado a la LVIII Legislatura
del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo
71 y 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la
fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Constituyente
Permanente el siguiente proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 82 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de restablecer los
requisitos que para ser Presidente de la República señaló el Constituyente de 1917, de
acuerdo con la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
En un mundo desigual, donde los pueblos de
muchas naciones sufren las consecuencias de una despiadada competencia económica, para
algunos sectores de las elites gobernantes, el sentimiento de nacionalidad cada vez se
hace más extraño, lejano o exótico.
La globalización, nueva expresión del
capitalismo financiero ha traído la mundialización del intercambio comercial pero ha
trastocado asimismo las raíces de la cultura, los valores, las tradiciones y costumbres y
con ello los fundamentos de nuestra nacionalidad.
En aquellas naciones que se caracterizan
por su pluriculturalismo, las formas de integración o acoplamiento comunitarios a los
grandes cambios implícitos en la globalización, varían en forma y grado.
En las sociedades con fuertes vínculos de
fraternidad y sentido de pertenencia al país, los efectos nocivos de la globalización
son resistidos y repudiados sin conflictuarse con los aspectos positivos de un mundo más
interrelacionado.
En aquellas naciones, sin la fortaleza
institucional que refleje nítidamente el involucramiento democrático social, los efectos
de la globalización son más perjudiciales, sin lugar a dudas.
Hoy en nuestro país los conceptos patrios
parecen estar en confusión, parecemos olvidar a la nación, ese conjunto de vínculos que
nos une con la tierra de nuestros antepasados, las convicciones en el destino libre, la
herencia a las generaciones anteriores, el lazo que nos une al pasado, el presente y el
futuro de una comunidad humana sobre una geografía que nos cobija.
Las convicciones sociales, especialmente
aquellas que se refieren a la nación y a la patria, se adquieren en el seno familiar, los
hombres y mujeres son reflejo de sus infancias, los sentimientos de nacionalidad y
patriotismo se nutren en el seno de la comunidad más inmediata, la de los padres,
hermanos y parientes.
Reflexionar por las luchas pasadas de
nuestro pueblo, emocionarse por las victorias nacionales sobre quienes nos quisieron
doblegar o someter, la nación y la patria son esos hilos invisibles que nos conectan con
los sucesos de la historia y nos identifican como una sola identidad, aquí no se aceptan
sentimientos difusos o confusos, la nación requiere definiciones absolutas, entregas
totales.
El artículo 82 de nuestra Constitución,
en lo que se refiere al requisito de ser hijo de padres mexicanos para ser Presidente de
la República, ha tenido tres etapas:
En la primera, que abarca del decreto
constitucional para la libertad de la América mexicana, hasta la Constitución de 1917,
no se exigió a los presidentes que fueran hijos de padres mexicanos por nacimiento.
No fue, sino hasta la Constitución de
Querétaro, cuando se impone dicho criterio, como consecuencia de los debates que se
suscitaron con motivo de la ley de extranjería de 1886, cuando José Ivest Limantour, el
representante más puro de los científicos porfirianos, solicitó la modificación de
esta ley, para permitir que los hijos de extranjeros nacidos en territorio nacional
pudieran ocupar cargos públicos.q
El criterio Revolucionario de 1917 fue
consecuencia del espíritu reaccionario que caracterizó al porfirismo, con su natural
desprecio a la identidad nacional y su seudo ideario de progreso, factible sólo por la
virtual entrega del país a intereses extranjeros.
La segunda etapa restrictiva de este tema
se sitúa de 1917 a 1999, año en el cual entra en vigor el decreto del 1o. de julio de
1994 que modificó el artículo para permitir que los hijos de padres mexicanos
naturalizados, puedan ocupar el cargo de Presidente de la República.
1714,1715,1716
La tercera etapa, que va de 1999 a la
fecha, nos demuestra lo sabio que fueron los próceres nacionales. Por ejemplo, la
Constitución de Apatzingán de 1814 exigía para ser miembro del supremo gobierno, ser
ciudadano con ejercicio de sus derechos, 30 años de edad, patriotismo acreditado con
servicios positivos y tener luces no vulgares.
El sentimiento patrio languidece cuando los
símbolos patrios empiezan a ser mutilados, los héroes abandonan las paredes del recinto
presidencial y Morelos, Hidalgo, Juárez, Zapata y Cárdenas se registran en el discurso
oficial como simples difuntos.
No se debe permitir la sustitución de la
historia por la pericia propagandística, el sentimiento patrio se ofende cuando sus hijos
dejan la ira a un lado frente a las ofensas a la dignidad de nuestros nacionales. No
podemos perder la capacidad de indignación, es la historia la que ha forjado nuestro
país, descartarla, olvidarla, significa traicionar la memoria de los próceres y
comprometer el presente y el futuro de México y el de nuestros seres queridos.
El sentimiento patrio se vulnera cuando
preferimos proteger a los agricultores del exterior que a nuestros campesinos, en aras de
un cuestionable respeto a tratados comerciales francamente inequitativos.
El sentimiento patrio se postra cuando
abandonamos nuestras tradiciones internacionales que nos han hermanado con los pueblos de
América y del mundo, es tiempo pues, de restablecer las bases de nuestro nacionalismo.
Hoy, cuando en aras de la globalización se
pone en peligro la soberanía nacional.
El actual texto se introdujo en el contexto
de la modernidad del neoliberalismo impulsado en 1993 por Carlos Salinas de Gortari, en un
acuerdo popular con el Partido Acción Nacional, sin el consenso del pueblo mexicano y
desoyendo las razones de los legisladores progresistas de esa legislatura.
Por las razones antes expuestas y con
fundamento en las normas jurídicas invocadas, me permito someter a la consideración del
Constituyente Permanente, la siguiente
INICIATIVA
De decreto que reforma la fracción I del
artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo único. Se reforma la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a través de la modificación
primera del artículo 82, para quedar como sigue:
"Artículo 82. Para ser
Presidente se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento,
en pleno goce de sus derechos, hijo de padres mexicanos por nacimiento y haber residido en
el país al menos durante los últimos 20 años."
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Atentamente.
Palacio Legislativo, a 16 de abril del año
2002.— Diputado Jaime Martínez Veloz.
Es cuanto, señora Presidenta.
Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Puntos
Constitucionales.
Pasamos al capítulo de excitativas y en
ese sentido se ofrece el uso de la palabra al diputado Ricardo Moreno Bastida, del grupo
parlamentario del PRD, hábida cuenta que el grupo parlamentario del PRI ha solicitado se
posponga para la próxima sesión la primera excitativa, que era hacia la Comisión de
Hacienda y Crédito Público.
ZONAS
METROPOLITANAS
La Presidenta:
Por ello, se concede el uso de la palabra
al diputado Ricardo Moreno Bastida, para presentar una excitativa a la Junta de
Coordinación Política.
El diputado Ricardo Moreno Bastida:
Muchas gracias, con su permiso, diputada
Presidenta:
El suscrito, integrante del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por este conducto
respetuosamente solicito a la Presidencia de esta Cámara tenga a bien formular excitativa
a la Junta de Coordinación Política, de conformidad con lo establecido en la fracción
XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, en razón de los siguientes
ANTECEDENTES
Primero. El 27 de noviembre del año 2001
el suscrito presentó proposición con punto de acuerdo para la creación de la Comisión
Especial de Estudios y Desarrollo Metropolitano de esta Cámara, la cual tendría entre
otras, las siguientes funciones:
Formular estudios y propuestas en materia
de legislación metropolitana; realizar consultas en los tres órdenes de gobierno y las
legislaturas de los estados, para elaborar un proyecto de ley reglamentaria de los
artículos 27 párrafo tercero; 115 fracción IV y 122 inciso g de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como para impulsar la realización de
estudios sobre desarrollo metropolitano y diseñar propuestas relacionadas con la
asignación del presupuesto para el desarrollo de las zonas metropolitanas del país.
Segundo. En su oportunidad, la Presidencia
de la Mesa Directiva dictó el trámite respectivo y turnó a la Junta de Coordinación
Política el punto de acuerdo de referencia para su dictamen, mismo que hasta la fecha no
se ha producido.
Tercero. Que la propuesta en cuestión fue
respaldada en tribuna por los diputados Gerardo de la Riva Pinal, a nombre del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Jaime Martínez Veloz y el mismo
punto de acuerdo fue signado por Convergencia por la Democracia, el Partido del Trabajo y
respaldado también por el Partido Verde Ecologista de México, bajo la consideración de
que el tema del desarrollo urbano y del ordenamiento territorial, entre otros, resulta de
suma importancia para el presente y futuro del país, razón por la cual el Poder
Legislativo debe intervenir a efecto de encontrar alternativas de solución a los graves
problemas que le son inherentes a dicho tema.
Cuarto. Resulta prioritario que los
legisladores mostremos alto grado de sensibilidad frente a los problemas que entraña la
creación y la concentración urbana en áreas muy focalizadas del territorio nacional y
el impacto que ello tiene para la calidad de vida de millones de mexicanos. Tema éste que
debemos contextualizar en la etapa de transición democrática que experimenta la nación.
Quinto. La creciente creación de zonas
metropolitanas en el territorio nacional han desplazado, en muchos de los casos, a la
legislación y al régimen político competencial de las instituciones, razón por la cual
ha causado deterioro en la calidad de vida de los ciudadanos asentados en esas zonas y en
general lesionan las relaciones entre distintos ámbitos de gobierno.
Por eso, creemos indispensable y urgente la
creación de esta comisión en el seno de la Cámara de Diputados, que entre otras cosas,
inicie a la brevedad los estudios respectivos para la adecuación del marco legal de las
zonas metropolitanas existentes en el país.
En virtud de que ha transcurrido con exceso
el término establecido en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y ante la urgencia de tomar definiciones
sobre el tema, consideramos oportuno que la Presidencia de esta Cámara proceda a enviar
excitativa, en los términos reglamentarios, a la Junta de Coordinación Política, con la
finalidad de que proceda con la mayor brevedad posible a emitir su dictamen y estemos en
condiciones de discutirlo durante el presente periodo de sesiones ordinarias.
Es cuanto, diputada Presidenta.
La Presidenta:
Gracias diputado.
De conformidad con lo que establece el
artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos , se realiza una excitativa a la Junta de Coordinación
Política para que atienda el planteamiento respectivo.
ASISTENCIA
(II)
La Presidenta:
Ruego a la Secretaría dar cuenta del
registro electrónico de asistencia e instruir su cierre.
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
Se informa a la Presidencia que hasta
el momento el sistema registra la asistencia de 444 diputados.
Ciérrese el sistema electrónico.
CODIGO
FEDERAL PENITENCIARIO
La Presidenta:
Para presentar una excitativa a la
Comisión de Justicia y Derechos Humanos, se ofrece el uso de la palabra al diputado
Daniel Martínez Enríquez, del grupo parlamentario del PRD.
El diputado Esteban Daniel Martínez
Enríquez:
Con el permiso de la Presidencia.
Vengo a hacer una excitativa a la Comisión
de Justicia y Derechos Humanos y fundo mi petición en las siguientes
CONSIDERACIONES
Creo que el último eslabón de la
seguridad pública es la reclusión social de los sentenciados. Sin embargo, ni el Sistema
Nacional ni el Plan Nacional de Seguridad Pública han logrado diseñar políticas de
seguridad pública integrales y efectivas.
El castigo social, la pena corporal que
restringe la libertad ambulatoria de los que han delinquido no es, hasta este momento,
garantía de seguridad en el patrimonio e integridad personal de los ciudadanos mexicanos.
Los motines y quejas públicas de abusos,
asesinatos, hacinamiento y corrupción en los penales del país, son algunas muestras de
la realidad penitenciaria en el territorio nacional.
Por las violaciones al Estado de Derecho y
carga de violencia en las cárceles del país, la acción reguladora y de control y
sanción de las normas del castigo penal debe priorizarse tanto por las instituciones
públicas como por la sociedad.
Sin embargo no hemos podido establecer ni
dirigir o centrar las actividades penitenciarias por el camino de la ley. Ejemplo de esto,
es la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados,
que es el ordenamiento vigente en la materia y que desde 1971 no ha sido sujeto de
revisión alguna. Por ello nos atrevemos a sentenciar que por su observancia y aplicación
son prácticamente nulas.
Esto ha provocado hacinamiento,
contaminación social de los procesados, así como de los primodelincuentes y sancionados
por delitos graves, que conviven por igual con los sentenciados reincidentes y
sentenciados por delitos graves, obvio es que esto provoca una cadena de constantes
violaciones a los derechos humanos.
Tan grave es la situación penitenciaria,
que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, define al sistema penitenciario nacional
como auténticas escuelas del crimen.
El objetivo de nuestra Constitución
Política al establecer penas privativas de la libertad, es la readaptación social. No
hay reclusorio en el país que base la ejecución de las sentencias penales en el trabajo
y en la educación, que son los principios constitucionales de la readaptación social.
Por lo antes expuesto, debe ser prioridad
para esta legislatura la discusión parlamentaria y un marco jurídico moderno para la
vida en reclusión.
En el mes de diciembre pasado, presenté
una iniciativa de Código Federal Penitenciario, que tiene como objeto reglamentar la
readaptación social, no sólo prohibiendo la corrupción, el hacinamiento, la violación
de las garantías individuales, que actualmente existen en el sistema carcelario mexicano,
sino promoviendo la dignificación del sentenciado a través del trabajo, la educación y
el ejercicio de los derechos que no están restringidos al privárseles de la libertad.
Busca enfrentar los problemas de
procuración y administración de justicia, que llenan las cárceles del país de muchos
ciudadanos que por pobreza o ignorancia, han sufrido de procesos jurídicos injustos y
cuyo marco de derecho es estrecho y constantemente violado, pudiendo cumplir su sentencia
en libertad mediante sustitutivos o beneficios penales.
1717,1718,1719
Restablece la justicia en los procesos de
reclusión social, tanto en materia de ejecución de las sanciones penales como en el
tratamiento y la vida penitenciaria, al negar el Apando los castigos administrativos
superiores a las 72 horas, la corrupción, el narcotráfico y la violencia institucional o
de la población interna, así como de impedir abusos y omisiones judiciales a
disposiciones en materia de sentencias y sustitutivos de pena corporal, que han hecho
inexistentes por su inobservancia a los sustitutivos penales comprendidos en el Código
Penal Federal.
Como fórmula de readaptación social la
iniciativa que urge se dictamine, propone que el Ejecutivo clasifique a los internos por
su causa penal o por su reincidencia, así como por el momento de su proceso judicial en
sentenciados y procesados y a motivar la vida en prisión, con la aplicación de
beneficios de libertad anticipada, a los que por su educación, trabajo y condición
jurídica, pudieran recobrar su libertad.
También se propone garantizar la atención
pospenitenciaria que promueva acciones de seguimiento y apoyo de los excarcelados, como
ejercicio final del derecho a la readaptación.
Por lo anteriormente expuesto y con
fundamento en el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior,
solicito a esta Mesa Directiva excite a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para
que emita dictamen sobre la iniciativa de Código Federal Penitenciario, que crea el marco
jurídico penitenciario en la Federación.
Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
De conformidad con lo que establece el
artículo 21 fracción XVI para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, se realiza una excitativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos
para que emita el dictamen correspondiente.
RED
CARRETERA
La Presidenta:
Pasamos al capítulo de proposiciones.
Tiene la palabra el diputado Eugenio Pérez
Cruz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una
proposición con punto de acuerdo, para que comparezca ante la Comisión de Transportes el
Secretario de Hacienda y Crédito Público, a fin de que proporcione información sobre la
forma y elementos que constituyen el Programa de Bursatilización Carretera y sus
Implicaciones.
El diputado Orestes Eugenio Pérez Cruz:
Con su permiso, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
Los suscritos, diputados de la LVIII
Legislatura de esta Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos
73 fracción XVII, 77 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, de los artículos 39, 40 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General y en los
artículos 60 y 85 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General,
sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente punto de acuerdo sustentado
en los siguientes:
ANTECEDENTES
La Secretaría de Comunicaciones y
Transportes ha estimado que el estado actual que presenta la red federal de carreteras es
el siguiente: el 25% de la red se encuentra en buen estado, el 35% en regulares
condiciones y el 40% restante con un alto deterioro físico.
En la presente administración, el Gobierno
Federal aspira a que al concluir el año 2006, a la red federal conformada por 47 mil 366
kilómetros a lo largo del país, corresponda al menos la clasificación del 50% de
carreteras en buen estado y 50% de carreteras regulares, conforme a los estándares
internacionales. Con esta medida, entre otros beneficios, se contribuirá a reducir el
número de accidentes que ocurren en la red carretera nacional.
Por lo que toca a la transferencia de los
corredores troncales a vías de altas especificaciones, la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes ha estimado indispensable alcanzar en el año 2006, la meta de modernización
del 90% de los 19 mil 247 kilómetros que integran dichos corredores.
Sin embargo, existe la necesidad de
incrementar la densidad en infraestructura carretera en todas las regiones. Es
indispensable impulsar la integración del país. Habremos de alcanzar esta meta
manteniendo una red de carreteras federales en condiciones de funcionalidad, con el
propósito de facilitar el tránsito y la transportación comercial y de pasajeros al
interior del país. Una red de carreteras con calidad que cumpla con las leyes u normas de
operación en beneficio de los usuarios.
Como bien sabemos, la construcción y
modernización de caminos y carreteras, es una tarea fundamental porque son la vía
principal de la infraestructura de las comunicaciones del país. Además, son factor
determinante en la integración de la economía. La adecuada infraestructura en caminos
representa la conexión de las zonas rurales y las de alto índice de marginación con la
modernidad. De mantenerse en las condiciones actuales, seguirán estas comunidades
experimentando altos grados de rezago en su desarrollo económico.
En nuestro país por las carreteras se
transporta cerca de un 98.5% del total de pasajeros, con lo que este sistema se coloca
como el principal medio de transporte al interior del país.
Lograr con éxito un programa integral en
infraestructura carretera, según las estimaciones de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, requiere de la realización de obras en 111 tramos de la red con una
inversión de 72 mil 500 millones de pesos.
Por tanto, la situación de las carreteras
mexicanas, hace necesario implementar nuevos mecanismos de inversión para su ampliación,
mantenimiento y modernización de forma tal, que es necesario buscar mayor colaboración
con los gobiernos estatales, con los ayuntamientos y con la iniciativa privada.
Ante tales condiciones, estimamos
conveniente que el Gobierno Federal impulse mecanismos idóneos de concesión carretera,
garantizando nuevos esquemas de financiamiento para la atención de un necesario programa
de infraestructura carretera, que tienda tanto a la operación de la red como a su
ampliación y modernización.
Se ha difundido de manera no oficial la
posibilidad de que algunos tramos carreteros de cuota, operados y administrados por
caminos y puentes federales, puedan ser asignados para que el Gobierno Federal implemente
un programa de bursatilización, lo que nos obliga a considerar la importancia de invitar
al secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, para que en
comparecencia ante los diputados integrantes de la Comisión de Transportes de esta
Cámara de Diputados, nos proporcione la información precisa sobre este programa
financiero por ser de gran relevancia y para conocer los mecanismos de financiamiento que
utilizará el Gobierno Federal para ampliar la cobertura, modernización y conservar los
corredores carreteros de nuestro país.
También es necesario que nos explique la
directriz que se implementará para atraer la inversión privada para el desarrollo del
sector.
Por todo esto, los diputados firmantes
consideramos de gran trascendencia este encuentro. Tenemos el interés de informarnos
sobre las repercusiones que tendrá en todo caso este novedoso esquema financiero. Es
importante contar con esta información que nos permita analizar y evaluar para que
realmente impulse el desarrollo de una manera sustentada dentro del sector y otorgue la
garantía de inversión suficiente para quienes participarán en este importante proyecto
carretero.
Por todo lo expuesto los diputados
firmantes presentamos a esta soberanía, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
"Primero. En uso de nuestras
facultades constitucionales solicitamos se llame a comparecer en reunión de trabajo y
ante los integrantes de la Comisión de Transportes de esta Cámara de Diputados, al
secretario Francisco Gil Díaz, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
a fin de que nos proporcione información sobre la forma y elementos que constituyen el
programa de bursatilización carretera y sus implicaciones.
Segundo. Se turne el presente a la
Comisión de Transportes de esta Cámara de Diputados."
Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Transportes.
POLITICA
EXTERIOR
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Martí Batres
Guadarrama, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para
presentar una proposición con punto de acuerdo, relativo a las relaciones entre el Poder
Ejecutivo y el Poder Legislativo.
Preciso que es sobre las relaciones entre
el Ejecutivo y el Legislativo, en torno a la política exterior.
El diputado Martí Batres Guadarrama:
Muchas gracias, señora Presidenta:
La ofensiva política del Gobierno mexicano
contra el Congreso de la Unión y la política exterior del Presidente, son una y la misma
cosa. Entre más se subordina el Gobierno mexicano al gobierno de Estados Unidos, más
agrede al Poder Legislativo.
El centro de la soberanía de la nación
mexicana, se ha desplazado hacia el Congreso: energía eléctrica, impuestos, relaciones
laborales. En cada caso la agenda del Gobierno mexicano es la agenda del gobierno de
Estados Unidos; no es la agenda de México y su diversidad; no es siquiera la agenda que
el PAN registró para las elecciones del año 2000.
El Gobierno mexicano defiende las
exigencias fiscales de las calificadoras internacionales y se pelea con el Congreso. El
Gobierno mexicano defiende los intereses de los productores de alta fructosa de Estados
Unidos y se confronta con el Congreso. El Gobierno mexicano defiende los intereses de las
empresas eléctricas de Estados Unidos y se pelea con el Congreso de la Unión.
Para Vicente Fox, al parecer George Bush es
su amigo y los legisladores mexicanos sus enemigos. Nunca como ahora ha quedado tan claro
que una cosa es el Gobierno y otra el Estado y el Gobierno mexicano no representa hoy el
interés del Estado mexicano.
Así se explica la política exterior del
Gobierno mexicano, se avalan los bombardeos a Irak; se defiende el derecho a la venganza
de una superpotencia, se ceden aguas nacionales a Estados Unidos, se promueven comandos
militares de América del Norte. Así se entiende la posición del Gobierno mexicano hacia
Cuba.
Nada gana México debilitando su relación
con Cuba, a México no le conviene ese distanciamiento. Perdemos aliados, fuerza,
autonomía, soberanía, equilibrio, prestigio, liderazgo y capacidad de negociación con
Estados Unidos.
Cuba es un país que no nos ha invadido,
que no nos ha quitado nuestro territorio ni se queda con nuestras riquezas. Sólo a
Estados Unidos le conviene la distancia entre México y Cuba, pues necesita dividirnos
para vencernos.
La política del Gobierno de México contra
Cuba no tiene nada que ver con los derechos humanos y nuestra defensa de la amistad con
Cuba no es la defensa de un modelo político determinado. Todo este debate es una
cuestión de geopolítica. De un lado Estados Unidos busca aislar a Cuba y restarle a
México capacidad para establecer alianzas propias, aunque no tengan su autorización. De
otro lado, México necesita construir relaciones multipolares para sobrevivir como
nación, junto a la gran super potencia política, económica, tecnológica y militar del
mundo.
Se pretende ahora que México se convierta
en una suerte de guardián de los derechos humanos y de la democracia en América: candil
de la calle y oscuridad de su casa.
Las muertas de Juárez, la homofobia de los
gobiernos panistas, los torturados de la PGR, los asesinatos de defensores de derechos
humanos. Ahí están los ejemplos de nuestros pendientes.
Pero además los derechos humanos no sólo
son las libertades individuales. El artículo 22 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos señala que toda persona tiene derecho a la seguridad social. Dicha
declaración también señala que toda persona tiene derecho al trabajo y que toda persona
tiene derecho a la educación. ¿Se cumplen estos derechos humanos en México, en Uruguay
y en los países que cada año condenan a Cuba?
Si México es el guardián de los derechos
humanos, tiene que empezar por respetar y exigir el respaldo a los derechos humanos de los
mexicanos. ¿Tendrá el Gobierno mexicano la valentía de llevar el caso de Estados Unidos
a Ginebra para condenarlo por la continua violación a los derechos humanos de los
mexicanos que viven en ese país?
1720,1721,1722
¿En su nuevo papel de guardián de la
democracia en América, el Gobierno mexicano se atrevería a señalar que en Estados
Unidos no gobierna el candidato presidencial que tuvo más votos y que a estas alturas del
Siglo XXI no existe en ese país el voto directo?
Suponemos que no se atreverá porque la
política exterior del Gobierno mexicano está dominada por el miedo y la cobardía. La
doctrina Castañeda es muy clara: atacar al débil y obedecer al fuerte.
A propósito de doctrinas, se afirma ahora
desde el Gobierno mexicano que los principios de política exterior contenidos en la Carta
Magna ya son viejos. Sin embargo, los derechos humanos datan por lo menos de los siglos
XVII y XVIII.
Y, por otra parte, en el otro polo de las
ideologías, los principios intervencionistas de Estados Unidos tienen más de 200 años y
se continúan ejerciendo; son los mismos principios que promueven golpes de Estado contra
gobiernos con posiciones distintas.
Por eso los principios mexicanos de no
intervención, autodeterminación, solidaridad entre los pueblos, equidad entre los
estados son todos plenamente vigentes y mientras existan potencias intervencionistas,
seguirá vigente el principio de la no intervención.
La política exterior del gobierno de
México está llena de contradicciones. Frente a unos casos no se convoca la Doctrina
Estrada, pero cuando se trata de evitar la condena a un golpe de Estado, se habla de la
aplicación de la Doctrina Estrada.
En algunos casos las decisiones se basan en
el derecho internacional, pero cuando se trata de Estados Unidos se habla de que tiene
derecho a la venganza. Si se trata de defender los principios constitucionales de
política exterior, se dice que son viejos. Si se trata de la política exterior de
Estados Unidos, ahí no se señala la antigüedad.
Aquí sólo hay un hilo de coherencia entre
tanta contradicción, es lo que le convenga a Estados Unidos.
Una política exterior se deriva de una
concepción del mundo y la concepción del Gobierno Federal no es la de los derechos
humanos, sino la del dominio de una superpotencia en el planeta.
La política exterior que México necesita
hoy en día para su sobrevivencia y desarrollo, no es esa. Los principios de política
exterior son la base para que México despliegue la lucha por la equidad global.
Esto no es simplemente una cuestión de
tradición y no es tampoco sólo un asunto de formalidad legal para cumplir la
Constitución, es sobre todo un asunto de estrategia internacional actual.
Para el Gobierno Federal en este debate
México debe plegarse a Estados Unidos. Para nosotros a México le conviene el equilibrio
internacional, las relaciones multipolares, la equidad jurídica de los estados, la
solidaridad de los pueblos, el respeto a la diversidad del mundo, en una palabra, la
equidad global.
El Poder Legislativo tiene aquí una enorme
responsabilidad para definir lo que el Gobierno no ha querido hacer, una política
exterior de Estado.
En ese sentido valoramos altamente la
decisión tomada por el Senado de la República hace una semana, ejerciendo sus
atribuciones y precisamos lo siguiente: ejercicio de estas atribuciones no es ninguna
reminiscencia del pasado, la división de poderes no es ninguna reminiscencia del pasado,
al contrario, la división de poderes apenas se empieza a ejercer ahora y le aclaramos al
Presidente que descalifica a los partidos de oposición: "no son los partidos de
oposición quienes tomaron la decisión de que no viajara el Presidente, sino el Congreso
de la Unión".
El Ejecutivo debe serenarse y asumir la
democracia como costumbre, no atacar de manera facciosa al Legislativo cada vez que no
coincide con sus determinaciones.
Por estas razones proponemos el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. La Cámara de Diputados
considere que la política exterior del Gobierno mexicano no es una política exterior de
Estado. Sus relaciones internacionales y su posición sobre Cuba, no corresponden a los
principios internacionales plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, no tienen el consenso de los poderes de la Unión y debilita la posición de
México en el mundo.
Muchas gracias, por su atención.
La Presidenta:
Gracias, diputado Martí Batres.
Túrnese a la Comisión de Relaciones
Exteriores.
Para referirse al mismo tema, ha solicitado
hacer uso de la palabra el diputado José Antonio Calderón Cardoso, de Alianza Social y
tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos.
El diputado José Antonio Calderón
Cardoso:
Con la venia de la Presidencia; amigas
y amigos legisladores:
Todos sabemos que en México se vive una
nueva realidad política y gubernamental, por lo que juzgamos natural que entre los
poderes Ejecutivo y Legislativo existan pesos y contrapesos.
Una de las demandas más sentidas de la
sociedad ha sido y es que se dé efectivamente la alternancia en el poder y como
consecuencia, que termine el predominio de un poder sobre otro y que se vea con toda
claridad la división de poderes. En esto no tiene qué ver la militancia partidista de
los factores y no creemos que algún partido político esté apostando a la derrota del
régimen del presidente Fox, porque de ser así, estaríamos promoviendo lo contrario a lo
que predicamos.
Junto a las constantes confrontaciones y
diferendos que en materia de relaciones exteriores se han dado, sin duda la más reciente
fue la decisión del Senado de no autorizar al Presidente para que viajara a América del
Norte. No estamos de acuerdo con la forma en que el Presidente de México ha planteado a
la nación su discrepancia con el Senado de la República. Las razones que expresó debió
decirlas precisamente al Senado y que éste valorara si eran suficientes para autorizar el
viaje, pero si su solicitud al respecto no tuvo tales argumentos no podía calificarse
realmente la utilidad o inutilidad del viaje solicitado.
Por otra parte, también creemos que los
partidos políticos representados en el Congreso deben pugnar por una mejor relación
entre poderes y por consiguiente quizá debió haberse hecho un mejor esfuerzo de cabildeo
para evitar la confrontación que lamentablemente se está dando entre el Ejecutivo y el
Legislativo, que por desgracia no avizora nada bueno para México.
Lo que se requiere es que haya
confrontación de ideas y de razones, no de caprichos ni de revanchas políticas, mucho
menos cobro de facturas pendientes. Preocupa que el ambiente político esté lleno de
encono por todas partes. Si los integrantes de los poderes de la Unión pierden la
serenidad que reclama el discernimiento y solución de asuntos tales como la pobreza y la
violencia en las calles, por dar solo dos ejemplos, ¿qué podemos esperar del pueblo, que
es el que sufre las consecuencias de desatinos y desaciertos del Gobierno? En tal caso
estamos en riesgo de que sobrevenga el caos y la ingobernabilidad.
Con la forma en que se están dando las
cosas pareciera que se está medio orientizando la política nacional y lo peor que puede
ocurrir es que se cierren los espacios de diálogo y se pretenda tomar al pueblo de
México como muro de lamentaciones y de acusaciones de un poder contra el otro, cuando lo
que espera ese pueblo son soluciones. Ya bastante tiene con sufrir una serie de
ineficiencias de quienes debieran estar dialogando sensatamente sobre la forma de acercar
el bien social, lo cual por cierto no se logrará cerrando espacio a la confrontación de
ideas y dando paso al encono y al enfrentamiento.
Por desgracia hay quienes piensan que el
envalentonamiento, el sarcasmo y el avasallamiento contra nosotros es sinónimo efectivo
de desempeño político. Están en un error, debe retornar la sensatez al ejercicio
gubernamental, legislativo y político.
Es preocupante el uso que se dio a los
medios informativos por parte del Presidente de la República, haciendo un monólogo de lo
que debió haber sido un diálogo, una negociación o al menos un cabildeo con su
contraparte, en este caso el Senado de la República.
Nos pareció que se estaba planteando que
"los malos" son los mexicanos que no le permitieron a Vicente Fox realizar el
viaje solicitado y "los buenos" son aquéllos con los que se iba a
reunir, que sí merecen toda suerte de explicaciones y justificaciones. Esto es muy grave
si quien lo plantea es precisamente el Presidente de México.
El Partido Alianza Social hace una
invitación al presidente Fox y al Poder Legislativo, a ambas cámaras, para que dejemos
al lado el resentimiento, las filias, las fobias, el interés político o hasta personal y
nos centremos en buscar aquello a lo que estamos obligados: el bienestar de México.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias.
Tiene la palabra el diputado Juan Carlos
Regis Adame, del grupo parlamentario del PT, hasta por 10 minutos, para referirse al mismo
tema.
El diputado Juan Carlos Regis Adame:
Con el permiso de la Presidencia;
compañeras y compañeros diputados:
l grupo parlamentario del Partido del
Trabajo hace uso de esta honorable tribuna con objeto de expresar su posicionamiento con
respecto a la tensa relación que se ha dado entre el Poder Legislativo y el Poder
Ejecutivo, desde que el licenciado Vicente Fox Quesada asumió como Presidente.
A lo largo de su breve mandato el titular
del Ejecutivo ha manifestado, todas las ocasiones que ha podido, un desprecio al Poder
Legislativo; regresando con ello a la senda del autoritarismo presidencialista vivido en
nuestro país durante muchas décadas y que según Fox había fenecido a partir de la
elección del 2 de julio de 2000.
El grupo parlamentario del Partido del
Trabajo reitera su repudio a la actitud bravucona que el titular del Ejecutivo Federal ha
manifestado en distintas ocasiones y reivindica el respeto a la división de poderes
prevista en nuestra norma fundamental.
Es preciso que el presidente Fox se ubique
históricamente, estamos en un país que se precia de ser muy democrático, por lo que es
imprescindible que haga a un lado sus actitudes caprichosas y al margen de la
Constitución, actuando como en la época imperial.
El pasado día nueve del mes en curso, el
Senado de la República negó la salida del país del señor Fox para realizar una visita
de trabajo por Canadá y Estados Unidos. La respuesta del Presidente no se hizo esperar,
el mismo día por la noche el Presidente de la República emitió un mensaje a la nación
para manifestar su descontento y como es usual, de manera burda mintió y asumió una
actitud facciosa y como es su costumbre mediática, culpa a la Cámara de Senadores de no
poder defender a nuestros connacionales en Estados Unidos.
Este hecho sin precedente en toda la
historia de México debe verse en primer término como una actitud que ejerció el Poder
Legislativo en la búsqueda de controlar los ímpetus desbocados mostrados por el
presidente Fox y para que éste ejerza con responsabilidad las atribuciones que la
Constitución General de la República le ha conferido, cuando es claro que el acuerdo
migratorio propuesto por México no es ni será una prioridad para el gobierno
norteamericano, ya que a casi un año y tres meses de la gestión del presidente Bush, no
se ha avanzado un ápice en este aspecto.
Miente Vicente Fox cuando afirma que al
impedírsele salir del país, la atracción de nuevas inversiones y negocios para México
no podrá concretarse. Miente Vicente Fox cuando afirma que deseaba establecer de manera
inequívoca la posición y la preocupación de México con respecto al fallo de la Suprema
Corte de Justicia de Estados Unidos, en perjuicio del mexicano José Castro. Sin duda
también ignora que el Poder Judicial de Estados Unidos es independiente de la rama
ejecutiva y lo más grave es el establecimiento de precedentes judiciales que sí afectan
a nuestros connacionales.
Lo que el Gobierno mexicano debió hacer en
su momento, era exigir el cumplimiento de los acuerdos internacionales en materia de
derechos humanos y de trabajo, que protegen a toda persona sin importar su condición
migratoria.
La conducta mediática del Ejecutivo de
hacerse pasar por mártir y de afirmar que el Legislativo lo obstruye, nos hace pensar que
existe un germen fascistoide similar el principio mediático de Weber, de la Alemania
nazi, cuando afirmaba: "repite una mentira mil veces y se hará verdad".
Por enésima ocasión el Presidente de
la República busca culpables para no asumir lo que han sido manifiestos fracasos en la
conducción de sus asuntos públicos.
Que a Fox le quede claro el mismo proceso
electoral en el que obtuvo la Presidencia de México, los electores determinaron no dar
mayoría absoluta a ningún partido político en el Congreso.
Miente Vicente Fox cuando dice que los
senadores o los diputados obstaculizan su labor de cambio por el que la gente votó; nada
más falso. Millones de mexicanos siguen en la miseria, el gobierno foxista no ha sido
capaz de generar los empleos ni el crecimiento al Producto Interno Bruto que prometió en
campaña.
Este Gobierno no podrá ofrecer cambios a
favor del pueblo, porque sigue siendo aliado a los grupos oligárquicos que ayer apoyaban
a los presidentes del PRI y hoy lo hacen con él. Los empresarios que antes firmaban
grandes desplegados en los principales diarios en apoyo a Díaz Ordaz, a Luis Echeverría,
a José López Portillo, a Carlos Salinas de Gortari, son los mismos que hoy apoyan a Fox;
cómo no hacerlo si es un gobierno de ellos y para ellos.
1723,1724,1725
Por supuesto, lo dicho por Fox al tomar la
Presidencia de la República, de que el Ejecutivo propone y el Legislativo dispone, al
igual que muchas otras de sus expresiones no fue sino una frase vana y sin contenido que
podría adaptar de acuerdo a las circunstancias específicas una y otra vez.
Al presidente Fox ya se le había hecho
costumbre realizar viajes sin ton ni son sin que le hayan hecho mella alguna los
constantes llamados de atención para que cada viaje hacia al exterior estuviera
debidamente justificado y sobre todo, que se tuvieran resultados concretos que se
tradujeran en beneficios para las mayorías de este país.
El presidente Fox seguramente pretende
seguir en la misma actitud de no respetar lo que el Congreso apruebe. Como muestra podemos
mencionar los cambios que está operando en la industria eléctrica, en petróleo y gas,
su complacencia en la extranjerización de los bancos, sólo por mencionar algunos casos.
El grupo parlamentario del Partido del
Trabajo reitera su preocupación por la actitud del Presidente en contra del Congreso y le
hace un llamado para que el respeto entre los poderes de la Unión se dé dentro del marco
constitucional. Asimismo convoca a todas las fuerzas políticas de este país a efecto de
canalizar y vigilar que en México se respeten las atribuciones y facultades de cada uno
de los poderes por el bien del país.
Es cuanto.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Para hablar sobre el mismo tema tiene la
palabra el diputado Arturo Escobar y Vega del grupo parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México.
El
diputado Arturo Escobar y Vega:
Gracias, señora Presidenta.
La relación entre el Poder Legislativo y
el Poder Ejecutivo en materia internacional tiene desacuerdos, como lo señala el
canciller Castañeda porque, según él, la Secretaría de Relaciones Exteriores es la
Secretaría que ha demostrado más cambios.
Nosotros consideramos que el primer cambio,
el primer elemento de cambio o elementos de cambio que tiene que ser una relación, es el
respeto a la división de poderes y valorar como instrumento fundamental en dicha
relación el diálogo.
Consideramos que el Presidente de la
República no se ha dado cuenta del mal que le hace a su Gobierno el canciller Castañeda,
un funcionario que siente que está arriba de los tres poderes, consideramos que el
canciller es un pasivo para el Gobierno de Vicente Fox. El canciller tiene una mala
relación con el PRD, con el PRI, con el Verde, con el PT y hasta con el PAN; sin embargo
él sostiene que los verdaderos cambios del Gobierno de Fox inician con la política
exterior.
No podemos ser miopes al señalar que
reconocemos que la relación más importante que tiene México a nivel internacional, sin
duda es con Estados Unidos, sin duda tenemos acuerdos que se deben de respetar, pero por
ningún motivo por arriba o por de lado de otro Estado violando sus garantías.
Reconocemos también que en Cuba se violan
los derechos humanos, pero también hay que reconocer que en el mismo país donde gobierna
Vicente Fox se violan de manera cotidiana, ¿por qué no tocar el tema de las mujeres que
mueren de manera cotidiana en Ciudad Juárez o de los mexicanos migrantes donde después
de 12 años de un juicio en la Suprema Corte de Estados Unidos, apenas se da cuenta el
Gobierno a través del Poder Ejecutivo de cómo venía la resolución?
Mi partido no va a caer en el juego de la
venganza entre el Legislativo y el Ejecutivo, México no se lo merece, la resolución o el
voto del Senado de la República o por lo menos de la oposición del Senado de la
República, de no conceder el permiso al Presidente de la República para que hiciera un
viaje a América del Norte, está sustentado en la Constitución, no podemos creer que es
una falta de cortesía o falta de elementos políticos, la oposición valoró que no
había los elementos suficientes para dar un permiso constitucional al Presidente de la
República para que saliera del país.
En una reunión donde estuvo presente el
Canciller, algunos coordinadores de grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados y el
vicecoordinador de Acción Nacional, diputado Alejandro Zapata, me comentan que el
canciller señaló que si la resolución por parte del Acuerdo de Uruguay venía en el
mismo sentido del año anterior, es decir que lo más importante era la parte del relator,
México votaría de la misma manera que el año pasado; es decir, absteniéndose en esta
parte del relator, que era la parte fundamental.
Hoy nos damos cuenta que ni siquiera el
Canciller, ante los coordinadores de los grupos parlamentarios, sostiene los acuerdos; hoy
nos damos cuenta que ni siquiera ante altos militantes del Partido Acción Nacional se
sostienen los acuerdos.
Consideramos en mi grupo parlamentario y en
mi partido, que es urgente no dilatar una reunión entre el Presidente de la República,
el Secretario de Gobernación, los coordinadores de los grupos parlamentarios y los
presidentes de los partidos para que esta relación no lleve a una absoluta
ingobernabilidad.
Hoy México está cayendo ante la opinión
pública internacional que tanto le importa al Presidente de la República, en un Estado
de no gobierno. Hoy platicamos muchos, entre todos, pero ninguno nos comunicamos. Tenemos
que entender que la política mexicana de no intervención, a decir del Canciller, se ha
modificado. Aquí no nos hemos enterado pero a decir de él se ha modificado.
Si vamos a ser consistentes en el tema de
derechos humanos y vamos a señalar que en Cuba se están violando, también tenemos que
señalar que en Estados Unidos de América, en el tema de bloqueo a Cuba, en el tema de
los migrantes mexicanos, lo viola de manera diaria y decirle al Canciller y al Presidente
de la República que no voltee al extranjero, aquí en nuestro país se violan los
derechos humanos de manera diaria, agresiva y sin solución alguna por lo tanto nos
sumamos al punto de acuerdo presentado por el diputado Martí Batres.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, diputado Escobar y Vega.
Tiene la palabra la diputada María Elena
Alvarez Bernal, del grupo parlamentario de Acción Nacional, hasta por 10 minutos para
referirse al mismo tema.
La diputada María Elena Alvarez Bernal:
Con su venia, señora Presidenta; señoras
y señores legisladores:
El incidente acaecido en el Senado de la
República hace unos días ha propiciado esta oportunidad de reflexionar en este recinto
sobre el momento que está viviendo el país. El incidente en el Senado no es en sí mismo
quien merece nuestra atención y sobre todo el análisis por su trascendencia; es el
momento en que se da y a dónde puede conducirnos el comportamiento del Poder Legislativo,
por eso es intención del Partido Acción Nacional que analicemos en esta ocasión el tipo
de relaciones que tenemos que seguir manteniendo entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo
para realmente tener procesos saludables para el país y llevar la transición que vivimos
hacia feliz término.
México, como es sabido por nosotros y lo
estamos sintiendo cada uno, vive una transición. Algunos consideran que la transición en
los países es sólo un momento y otros dicen que esto es solamente la alternancia, pero
que la transición es todo un proceso y que puede ser un proceso que se lleve un periodo
bastante largo, un proceso de superación y concretando en nuestra realidad, hay quienes
afirman que la transición en nuestro país no se va a dar mientras la pobreza en México
no se acabe. Ciertamente que el abatir las desigualdades y la pobreza es el problema
central y crucial de nuestro país.
Nuestra transición, por otra parte, sufre
de insuficiencia institucional; muchas leyes no pueden ser cumplidas, la ciudadanía se ha
vuelto descreída y muchas leyes para ella es letra muerta.
Tenemos el mandato de un Gobierno dividido
por voluntad de la ciudadanía en las pasadas elecciones y en la teoría política
conceptualizan esta división favorable como para la separación de poderes, que viene a
ser un mecanismo institucional para evitar el abuso del poder por parte del Estado, al
separar el Estado en un Poder Ejecutivo, un Legislativo y un Judicial se evita la
arbitrariedad en el ejercicio del poder, ya que el órgano que crea las leyes no es el
mismo que está encargado de ejecutarlas o de juzgar con base en ellas.
Además, desde una perspectiva realista,
cada uno de los tres poderes busca mantener o aumentar su poder, lo que genera un
incentivo para que funjan como balanza y contrapeso frente a los demás.
El sistema político mexicano se había
caracterizado por un presidencialismo exacerbado, dado que el control del partido
hegemónico lo tenía el Presidente, se creaba de ipso una subordinación hacia él
de los demás poderes, ya que un partido mantenía la mayoría en las dos cámaras.
Al reunir el poder en una sola persona, el
Estado era, como lo estipulaba en sus afirmaciones Montesquieu, fuente de arbitrariedades
y de abusos de poder, pero a partir de 1997 el Poder Ejecutivo se vio obligado a negociar
y a llegar a compromisos con las demás fuerzas políticas representadas en el Congreso
para lograr la aprobación de las iniciativas de ley. Esto ha incrementado
exponencialmente la importancia del Congreso, ya que muchas de las decisiones
trascendentales que afectan al país se toman aquí, por eso es tan importante atender y
acelerar la Reforma del Estado en todo lo concerniente a la reafirmación y a la
consolidación del Poder Legislativo.
Aunado a esta realidad, el 2 de julio y el
fin de la hegemonía de un partido, coloca al Poder Legislativo en una situación de
insuficiencia para poder asegurar que la relación entre poderes se dé en forma sana, no
habíamos vivido esta experiencia y al país le está costando mucho trabajo asimilarla.
La relación entre el Legislativo y el
Ejecutivo primeramente tenemos que afirmar que debe ser de corresponsabilidad, a partir de
esa responsabilidad los dos órganos de Gobierno deben sostener un compromiso para
garantizar la gobernabilidad.
La separación de poderes funciona siempre
cuando se evita caer en una parálisis legislativa, producto de partidos políticos que
anteponen sus intereses partidistas a la responsabilidad que tenemos de gobernar.
La responsable actuación de los partidos
políticos representados en el Congreso es de vital importancia debido a que el carácter
predominante tripartita de nuestro sistema dificulta que cualquiera de los partidos logre
conseguir la mayoría necesaria para gobernar por sí mismo. Esto implica que el peligro
de ingobernabilidad traspase los límites temporales y es una realidad que ya vemos en la
puerta, que este peligro de ingobernabilidad puede no sólo acabarse en esta legislatura,
sino que puede pasar a la siguiente.
La parálisis legislativa si no le ponemos
remedio, además de afectar la sana relación entre poderes puede minar la legitimidad del
régimen democrático, al hacerlo aparentar como un tipo de Gobierno ineficiente,
inefectivo para hacerle frente a las demandas sociales, éste sería un juego en el que
todos perdemos.
Las relaciones entre los poderes Ejecutivo
y Legislativo requieren para su buen funcionamiento, ampliar y profundizar las vías de
comunicación existentes, éstas son fundamentales para llegar a acuerdos que cuenten con
la aprobación de la mayoría de las fuerzas políticas.
Los partidos políticos son necesarios, son
trascendentales y determinantes en esta transición, pero no deben perder la confianza de
la sociedad, cuando la sociedad no confía en sus partidos, los partidos no pueden cumplir
con su misión, por el contrario, cuando se gana la confianza, la ciudadanía colabora.
Sería útil para el país que los partidos
pudiéramos darnos espacios, espacios libres de ambiciones partidistas para la reflexión
y para tomar las decisiones y no continuamente confundir los tiempos electorales, con los
tiempos de gobernar.
En la Reforma del Estado sería muy
importante poder diferenciar estos tiempos para que nuestras decisiones como legisladores
no se vieran contaminadas por la influencia de los procesos electorales que continuamente
afectan el tipo de decisiones que el Poder Legislativo debe tomar.
La oposición naturalmente que está en su
derecho y podría decir que es su deber ejercer la crítica del poder, pero lo que no
puede permitirse, pues sería una desviación que no ayuda al país para nada, es usar
como arma permanente el poder de la crítica. El diálogo y la concertación con espíritu
solidario es el arma que ayudará a una sana y productiva relación de poderes, la
concentración entre partidos ahora nos es obligada. No debemos temerle, pero sí debemos
transparentarla.
Recordamos la historia cuando Adolfo Crisli
inició el diálogo siendo oposición, que había sido intransigente y contestataria y
decide hacer una oposición racional y cómo empieza a hacer ese diálogo transparente y
público y que hoy día es una anécdota que no pedimos repetir, pero que sí evaluemos y
consideremos cómo llamó a los medios de comunicación al centro del Palacio Legislativo,
para que ahí hablaran los representantes de los dos partidos y todo lo que ellos
concertaran y dialogaran fuera escuchado por los medios. Es sólo una referencia
histórica, pero sí sigue siendo válido el principio.
1726,1727,1728
No debemos temerle pues a la concertación
y al diálogo, cuando esta concertación y este diálogo está hecho a la luz pública,
porque hecho así garantiza el cumplimiento de lo que se concerta, crea confianza en la
ciudadanía y beneficia definitivamente al país.
En una concertación todas las partes ganan
algo y ceden algo, pero la transparencia exige que se concerte sólo lo que se pueda dar a
conocer. No tengamos miedo a la concertación y al diálogo, se le tiene miedo a la
oscuridad, por eso es negativo y no debe hacerse lo que tanto se ha criticado de concertar
en lo oscurito. Creo que tenemos que aprender a concertar a la luz del día con los medios
de comunicación, informándose de ello para que todas las fuerzas que concertan cumplan
el compromiso que la concertación los compromete.
El diálogo constructivo, como el que
ponía de modelo Adolfo Crisli un diálogo que requiere la convicción de que una
solución debe proponerse o aceptarse no como condición para el triunfo de una idea sobre
las demás o de un proyecto propio, sino porque resulta humanamente digno y valioso de por
sí para todo el país.
Con esta idea del diálogo y con el deseo
de concertar sólo lo que pueda ser conocido y que pueda ser para bien de México, creo
que podemos mejorar enormemente nuestras relaciones entre poderes y el único que va a
salir beneficiado es nuestro país.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, señora diputada.
Tiene la palabra para hablar sobre el mismo
tema, hasta por 10 minutos, el diputado Augusto Gómez Villanueva, a nombre del grupo
parlamentario del PRI.
El diputado Augusto Gómez Villanueva:
Con permiso, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
En unos cuantos días el mundo de nuevo ha
mostrado a la humanidad entera cómo transcurren las páginas de la historia del
calendario de la globalización en la que se agudizan los graves conflictos
internacionales, del Medio Oriente, entre Israel y Palestina y luego la convulsa América
Latina y desde los Andes hasta la tierra del libertador Simón Bolívar se plantean los
grandes desafíos entre la economía, la política y la democracia.
México, aquella gran nación reconocida
por su política exterior en el mundo entero, defensora de los principios de derecho
internacional, respeto pleno a la soberanía de las naciones, la no intervención y la
libre indeterminación, se encuentra ahora con rumbo errático, por la casuística y el
pragmatismo, que invoca lo que niega y niega lo que invoca y que olvida la historia y
carente de memoria, no advierte que lo que se tolera para los demás tarde que temprano
será el quiebre del muro de nuestra defensa y de nuestra soberanía.
El paso de los años y el juicio de la
historia volverán, en el futuro, polvo la conseja del cambio si no acertamos a una
conducción firme y segura.
En estos días he querido evocar a José
Elías Romero Apis, cuando nos ha hecho una descripción de un pasaje histórico, dice:
"he tenido en la mente durante muchos años una imagen que observé y que no puedo y
no quiero olvidar por el orgullo que se infunde como mexicano, en el vestíbulo de la
residencia de la Embajada de México, en La Habana, hay una fotografía en tono sepias,
amplificada a dimensiones de mural. La imagen refleja a la junta de cancilleres de la OEA,
en la histórica noche en que se resolvió la exclusión de Cuba.
"Todos lo cancilleres del continente
aparecen con la diestra levantada votando por la exclusión, todos, menos uno, sólo el
canciller Manuel Tello, permanecía con las manos bajas. Sólo él y el embajador Vicente
Sánchez Gavito estaban solos, en medio de todos, sólo México estaba solo."
Es bueno recordar la historia porque no
solamente es inspiradora y brújula, sino además maestra en la conducta de los pueblos y
los gobernantes.
Oportunidad propicia para señalar que el
Partido Revolucionario Institucional no acepta que se le impute ser obstáculo para las
gestiones del Ejecutivo en el extranjero y menos obstáculo para el cambio, usar como
pretexto las fallas propias para gritar la paja en el ojo ajeno, busca probablemente
disimular sus deficiencias.
El Senado usó el derecho que le asiste
ante las numerosas fallas de fondo, de procedimiento y ante la forma errática y
deficiente en que se ha manejado la política exterior desde de los actos de Asia y
América Latina hasta las lamentables fallas en el caso de la República de Cuba.
Cuando reclama una política exterior
coherente, el Senado como cuerpo busca que ésta se ajuste a los artículos 88, 89 y 61 de
la Constitución y se defienda el derecho a la autodeterminación de las naciones y el
derecho de los legisladores a poder expresar sin reconvención, con libertad, sus puntos
de vista.
Nos preocupa que el Presidente a
posteriori intente justificar lo injustificable. El silencio y la omisión de no haber
fundando en su solicitud los datos de la Cancillería, sabían, eran indispensables. El
punto de acuerdo aprobado por ambas cámaras exige la presentación de la solicitud con 15
días de anticipación a la fecha del permiso y se expliquen detalladamente sus objetivos.
Además, un funcionario idóneo de la propia Secretaría debe acudir ante comisiones para
abundar en los motivos o alcances de la visita, bien sea de Estado o simplemente de
cortesía.
Un jefe de Estado y los miembros de su
gobierno, no puede transformar un asunto de incapacidad en una reyerta nacional y mucho
menos enviar señales al exterior, buscando suplir debilidades, como acusador de un
partido, pretendiendo culparlo de agravios imaginarios, cuando los caminos de la ley y la
concertación, aquí se ha mencionado, pueden evitar o corregir las inexperiencias
burocráticas o las omisiones procesales.
Rafael Rodríguez Barrera, coordinador de
nuestra fracción, al fijar la posición de nuestro partido en el inicio de este periodo
de sesiones, subrayó las disposiciones constitucionales en materia de división del poder
supremo de la Federación, dijo y es momento de recordarlo que: "el poder es uno y
que al dividirse por la ley, es con el propósito de generar los equilibrios que pongan al
pueblo a cubierto de los excesos del poder".
Esta disposición, al exigir que los
poderes colaboren en el ejercicio del Gobierno, relacionada con el universo jurídico y
político, hace que los órganos del poder compartan el Gobierno. No es entonces la tarea
de gobernar función única de uno de sus órganos, sino responsabilidad compartida, que
exige y norma la Constitución General de la República.
En el órgano legislativo como en ningún
otro, las decisiones se toman colegiadamente, la democracia que estamos mejorando y
construyendo, exige como en todos los tiempos que el cuerpo colegiado se exprese por su
mayoría, la mayoría no sólo decide en los actos electorales, lo hace también en el
Congreso, por voluntad expresa del pueblo que decidió que el Poder Legislativo jamás
pueda depositarse en una sola persona. La numerosidad de las cámaras es precisa para
garantizar la seguridad jurídica y la representatividad de las decisiones.
Nadie se puede llamar a engaño, los
poderes tienen delimitadas sus competencias y facultades y el modo de llevarlas a efecto;
los actos del Congreso no son caprichosos ni sus resultados menos acertados, porque los
toma un grupo numeroso de representantes.
Es más probable la equivocación de un
solo individuo que la del Congreso, cuyo ejercicio de gobierno se debate dilatadamente y
por muchos. Los partidos que están representados en el Congreso, no son partidos en la
oposición; en su ejercicio legislativo compartido, son partidos en el Gobierno, que
asumen las responsabilidades y actos que les corresponden.
Conviene destacar el hecho, porque las
recientes decisiones tomadas por el Senado, la geometría política quiere acusar a la
institución del Senado, por hacer uso de sus facultades constitucionales, no obsequiando
una petición expresa del depositario del Poder Ejecutivo.
En la democracia que estamos
perfeccionando, esto es lo que se espera de sus instituciones, actuar con responsabilidad
y eficacia en el control mutuo que tenemos encomendado; no se trata de oponerse por
sistema ni de actitudes tozudas e irracionales, sino de analizar en serio la vida nacional
y la forma como se quiere usar los instrumentos para mejorarlos.
Requiere respeto entre los depositarios de
los órganos del poder, ninguno somos dueños del poder del pueblo, lo tenemos
temporalmente, sólo podemos hacerlo florecer y pasarlo a otras manos como lo dispone la
ley.
Como en ninguna otra parte del mundo
estamos en el Gobierno de muchos partidos políticos, la democracia en México no tiene un
propietario, porque estamos logrando que sea de todos.
Hago un llamado a la cordura, la
improvisación tiene su precio, hago un llamado a la serenidad para entendernos, para
acordar los rumbos y para ejercer el poder con verdadera vocación democrática.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
El turno ya había sido dado a la Comisión
de Relaciones Exteriores, por lo cual pasamos al siguiente punto del orden del día, que
es la presentación de una proposición con punto de acuerdo.
Diputados: Rodríguez y Félix Salgado.
El diputado Amador Rodríguez Lozano
(desde su curul):
Señora Presidenta.
La Presidenta:
Perdón, diputado Amador Rodríguez,
¿para rectificar hechos?
El diputado Amador Rodríguez Lozano
(desde su curul):
Hacer uso de la palabra en este tema.
La Presidenta:
Correcto, señor diputado.
El área de Servicios Parlamentarios no me
lo había notificado.
Diputado Félix Salgado, le daré la
palabra al diputado Amador Rodríguez e inmediatamente a usted.
El diputado Amador Rodríguez Lozano:
Gracias, señora Presidenta; amigas y
amigos legisladores:
Como legislador y como ciudadano, me
preocupé extraordinariamente ante la irrupción del presidente Fox en las cámaras de
televisión para lanzar su acusación en contra del Senado.
Me preocupé, porque en lugar de que un
hombre que hizo campaña buscando el cambio saludara el fortalecimiento de las
instituciones y saludara que estaba funcionando el Poder Legislativo y el bicamaralismo,
se enfrentó a esta realidad utilizando el poderío que da el Poder Ejecutivo y los medios
de comunicación a su alcance.
Durante muchos años, cientos de
compañeros legisladores en esta tribuna y en Donceles, exigieron, del Partido Acción
Nacional, exigieron el fortalecimiento del Poder Legislativo; que funcionara el
bicamaralismo. ¿Cómo no recordar a Conchello, cómo no recordar a Juan de Dios Castro, a
Jiménez Remus? Hombres que durante mucho tiempo exigieron que lo que hoy es una realidad,
se impulsara más rápidamente.
Aquí discutimos hace unos días cómo el
Presidente de la República ejerció una facultad del artículo 39 del Código Fiscal, que
no compartimos su ejercicio, pero que era una atribución que estaba reflejada en una ley.
Lo mismo sucede ahora con el Senado de la República, así es como funcionan las
instituciones cuando realmente se ejercen democráticamente. Esa es la pluralidad, ésa es
la tolerancia, ése es el camino que está exigiendo México.
Cuando sucedió lo del artículo 39 del
Código Fiscal, me gustó la posición del Secretario de Economía, Derbez, cuando le
preguntaron que si había un enfrentamiento entre poderes y él señaló que no, que
simplemente se estaban ejerciendo las atribuciones y se estaban haciendo vivas las
instituciones que se encuentran en la Constitución General de la República. Ese es
exactamente el mismo principio. Hay una atribución que tiene el Senado de la República
que no la oposición, porque una vez que se vota y es una votación mayoritaria, no es la
votación de un partido, de dos o de tres, sino es la decisión de una institución del
bicamaralismo mexicano que es el Senado de la República. Tiene la atribución, no
compartió las razones del Ejecutivo y ejerció la facultad.
Bienvenido, ése es precisamente el
fortalecimiento de las instituciones que requiere México.
Durante muchos años se ha dicho que en
México no funcionaba el bicamaralismo, hubo incluso propuestas del PPS para que
desapareciera el Senado, se decía que era el reducto de la oposición, que ahí iban a
vegetar los políticos ya retirados. Hoy vemos que no es así, vemos que el Senado ejerce
sus atribuciones y ésa es la pluralidad y ésa es precisamente una de las esencias de la
democracia.
1729,1730,1731
Apoyo la propuesta de Martí; no comparto
una aseveración que hizo de que hay una doctrina Castañeda, es elevar muy alto a un
hombre que no ha demostrado tener precisamente esa figura y esa estatura como lo han
tenido otros secretarios de Relaciones Exteriores. Es un conjunto de políticas confusas.
Doctrina es aquella que se asienta en el
tiempo, aquella que persevera a pesar de los cambios institucionales y es la que está
reflejada en la Constitución en el artículo 88, no ha cambiado la política exterior de
México, porque la política exterior de México, sus principios fundamentales se
encuentran en la Constitución y si el Canciller tomara una decisión contraria a la
Constitución, sería sujeto de juicio político y tendríamos nosotros el deber y la
responsabilidad de exigir la sanción política que establece la Constitución; porque la
Constitución, amigas y amigos legisladores, tiene que ser respetada, porque es una norma,
es la norma de normas y en ella se encuentran instrumentos suficientes para hacerla valer,
para que sea efectiva.
El Congreso de la Unión, esta Cámara,
están siempre abiertos a trabajar por el beneficio del país. Las comisiones permanecen
siempre activas buscando tomar las decisiones adecuadas para el país.
Nosotros no tenemos la culpa que haya
parálisis legislativa, es la falta de operación política del Presidente de la
República y de sus secretarios de Estado.
Nosotros siempre estamos dispuestos a
apoyar aquellas iniciativas que sean benéficas para el pueblo. Pero se necesitan
argumentos, se requiere operación; se requiere...
Perdón señora Presidenta, ¿me permite un
minuto? porque vi que usted me dio cinco minutos.
La Presidenta:
Diputado, le ruego que termine, le dimos a
los grupos parlamentarios, porque así lo acordó la Junta de Coordinación Política para
los representantes de los grupos parlamentarios, 10 minutos. En el caso de las otras
intervenciones he estado autorizando cinco minutos.
El diputado Amador Rodríguez Lozano:
Gracias, señora Presidenta.Termino...
Hoy amigas y amigos, debemos rechazar todo
ataque al Poder Legislativo. El Poder Legislativo es la institución representativa de
México. Nosotros somos los verdaderos representantes del pueblo de México. Nosotros
queremos por el pueblo. Nosotros nos encontramos frente a la nada jurídica y tomamos las
decisiones por él.
El Presidente de la República solamente es
el mandatario, el que ejecuta las leyes que nosotros hacemos.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra para rectificar hechos
sobre el mismo tema hasta por cinco minutos, el diputado Félix Salgado Macedonio.
El diputado José Félix Salgado
Macedonio:
Gracias, señora Presidenta:
Si esto fuera un big brother, donde
estuviera el Presidente, todo su gabinete y todos nosotros, el primer nominado para salir
sería precisamente Jorge Castañeda Gutman y estoy seguro que ganaría la vaca.
Más de 250 mujeres asesinadas en
Chihuahua, la regidora asesinada en Atizapán, la matanza de Aguas Blancas, El Charco,
Chiapas. ¡Cuánta violación a los derechos humanos hay en este país! Y el presidente
Fox condenando la violación de los derechos humanos en otros países y curiosamente
contra Cuba. Esto no es nuevo, el canciller mexicano, el señor Castañeda, hace años era
comunista, socialista, ahora es proimperialista, un gran defensor de Estados Unidos.
En los años sesenta, cuando en Estados
Unidos mataban a los negros de costa a costa, nadie levantaba su voz. No se les dice nada
a los gringos porque si se les dice algo, son "los amos del mundo", ¡cuidado!
Lo que estamos viendo es una política exterior entreguista, que llena de vergüenza a los
mexicanos.
Cuánta condescendencia hacia este señor
Castañeda Gutman, que salió más Gutman que Castañeda. ¿De dónde le sale este cariño
a Vicente Fox por este señor güerito? se me hace un cariño hasta sospechoso. Es el
único secretario que se atreve a regañar a la primera dama, el único y Fox no le dice
nada.
Se habla de que hay una loca carrera por la
Presidencia de la República entre Santiago Creel, el secretario de Gobernación y Jorge
Castañeda. Ya se están peleando para el 2006.
Uno endurece su posición y el otro
también la endurece. Antes decía sus tarugadas Castañeda y Creel matizaba; ahora ya no,
ya también Creel también ya está endureciendo, traen un pleito en grande y en todo esto
se llevan, en su loca carrera, la política exterior.
El Congreso de la Unión, de donde emanan
las leyes, tiene que ser respetado por quien esté de Presidente de la República y si el
Presidente no respeta al Congreso de la Unión, ya no respetó a nadie. Ahí hay una
resolución, en el Senado de la República, abstención o no votar en contra de Cuba. Ya
el señor Fox anunció que el voto mexicano es porque se vigilen, se forme la comisión
que vigile los derechos humanos en Cuba.
¿Y aquí no habrá una comisión que nos
venga a vigilar? Vamos a formar una comisión que vigile los derechos humanos en
Atizapán, en Chihuahua, en Guerrero, en San Mateo. La votación ya va a ser este viernes,
en Ginebra y el voto ya sabemos que es en contra de la hermana República de Cuba.
Cuba tiene derecho a ser socialista. Los
cubanos tienen derecho a su régimen, a su sistema de Gobierno y nosotros no tenemos por
qué andarnos metiendo.
Este señor Castañeda ha embrocado a
Vicente Fox en muchos problemas. Primero les dijo ardidos a los cubanos, luego se fue a
meter al Consejo General de Seguridad de las Naciones Unidas; ahora andamos vigilando el
comportamiento de ejércitos en el mundo. Cada problema que ha ocasionado.
La negativa del Senado a Vicente para salir
del país se debe precisamente a la soberbia de Castañeda. Lo citaron para que
compareciera y no tenía tiempo el señor Castañeda.
A ver si al rato no se le ocurre a algún
diputado del PAN proponer una iniciativa para quitar las letras grandes que están arriba:
entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.
¿Ustedes creen que esas letras se hicieron así por así y por qué están así de
grandes? Esto es lo que distingue a nuestro país: la no intervención. Al rato las van a
quitar para poner: vivan los yanquis. No lo descarto.
Y eso de mocharle al águila las patas me
imagino que también está muy sospechoso porque le han de estar reservando el espacio
para ponerle las botas de Bush o de Fox o una retahíla de estrellitas también.
Hay que estar muy abusados, compañeras y
compañeros. Tenemos que unificarnos para fortalecer el Congreso de la Unión y el
Presidente de la República que esté en turno tendrá que ajustarse a la Constitución.
Por lo tanto, yo, a título personal, exijo la renuncia del big brother de la
Cancillería mexicana, Jorge Castañeda Gutman, por inepto y antipatriota.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
GASOLINAS
La Presidenta:
Pasando al siguiente punto del orden del
día, se ofrece el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, al diputado Víctor Antonio
García Dávila, para presentar una proposición con objeto de solicitar la comparecencia
del director general de Pemex, Raúl Muñoz Leos.
El diputado Víctor Antonio García
Dávila:
Con la venia de la Presidencia;
compañeras y compañeros diputados:
El grupo parlamentario del Partido del
Trabajo acude a esta tribuna con fundamento en lo que dispone el artículo 58 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
para someter al pleno de esta soberanía un punto de acuerdo para que comparezcan ante
esta Cámara los funcionarios del Gobierno Federal y de Pemex responsables de la
producción y distribución de gasolinas, así como de la titular de la Profeco para que
expliquen en torno a la adulteración de las gasolinas que distribuye Pemex en el
territorio nacional, bajo las siguientes
CONSIDERACIONES
El pasado 1o. de abril del año en curso
apareció en las primeras columnas de los principales diarios la denuncia pública sobre
la adulteración de las gasolinas que distribuye Pemex a lo largo y ancho de nuestro
territorio, realizada por el presidente de la Asociación Nacional de Distribuidores de
Combustibles y Lubricantes.
Este hecho no tendría importancia si no
fuera porque en este megafraude se presume que están involucrados los funcionarios de la
paraestatal con conocimiento público de parte del subsecretario de Energía Juan A.
Bargés, así como del director general de Pemex-Refinación, Armando L. Santa Anna, ante
lo cual no tenemos conocimiento que la Profeco haya intervenido.
Llama mucho la atención que el presidente
Fox se haya comprometido con la sociedad mexicana a realizar una profunda revisión de las
estructuras administrativas del Gobierno Federal, con el propósito de acabar con la
corrupción en todos los niveles, incluso de forma sistemática y sostenida el llamado
"fiscal de hierro", Francisco Barrio Terrazas ha documentado de forma amplia y
profusa a través de los diversos medios de comunicación masivos, que el costo de la
corrupción alcanza anualmente en México la cifra de 30 mil millones de dólares.
Sin embargo, la actuación de la Secodadm
se ha quedado sólo en declaraciones porque la corrupción sigue viva y toma visos cada
vez más perversos de nuestra nación.
No fue suficiente que conociéramos la
forma en que la paraestatal financió la campaña presidencial de Francisco Labastida, con
más de 1 mil 500 millones de pesos, sino que ahora nos estamos enterando que los
consumidores de gasolinas han transferido parte de su patrimonio a manos de los
funcionarios de Pemex y de los distribuidores de gasolinas en todo el territorio nacional.
on cinismo nos hemos enterado que las
gasolinas Magna y Premium son adulteradas y mezcladas con productos refinados de menor
calidad como son las mezclas elaboradas con aceites quemados y lodos de desecho de la
perforación de pozos petroleros, obteniendo sus beneficiarios enormes ganancias que
rebasan porcentajes del 800%. Estamos hablando de miles de millones de dólares que los
consumidores hemos pagado a favor de delincuentes y de bandas organizadas al interior de
la propia paraestatal, presumiblemente con el conocimiento de funcionarios de primer nivel
a la cabeza de tales bandas criminales.
En este asunto se ha defraudado tanto a los
consumidores como al propio erario público, además del daño que han ocasionado al medio
ambiente. En este punto queremos plantear detenidamente la forma en que la sociedad
mexicana ha sido engañada de forma miserable.
Con enormes sacrificios los propietarios de
vehículos para el autotransporte tanto público como privado han participado en los
diversos programas que se han implementado para cuidar la calidad del aire, incluso en el
área metropolitana de la Ciudad de México, el programa "Hoy no Circula". Ha
tenido un éxito relativo, cuando menos disminuyendo el congestionamiento vial de nuestra
ciudad. Lo que resulta lamentable además, es la burla que hemos sufrido millones de
consumidores de gasolina Magna y Premium porque no sólo han esquilmado nuestros
bolsillos, sino que además han atentado contra la duración de la vida de los motores de
los vehículos que consumen estas gasolinas.
Esta burla alcanza niveles insospechados de
cinismo por parte de los funcionarios de Pemex, que son acusados directamente por los
consumidores, de estar coludidos con los distribuidores de gasolinas en México, quienes
tampoco cumplen con la ley al ofrecer menor cantidad de gasolina de la que cobran a los
dueños de los automotores.
Por esta razón el grupo parlamentario del
Partido del Trabajo no descansará hasta lograr que quienes han atentado contra los
bolsillos del pueblo, contra el medio ambiente, así como contra el erario público,
terminen en la cárcel, que es el lugar en donde deben de estar para acabar con las lacras
que siguen sangrando al patrimonio de los mexicanos.
Por las consideraciones antes expuestas,
sometemos al pleno de esta soberanía el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Con fundamento en el artículo 58 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
solicitamos la comparecencia ante este pleno, de los siguientes funcionarios públicos:
señor Ernesto Martens, secretario de Energía; señor Raúl Muñoz Leos, director general
de Pemex; señor Juan A. Bargés, subsecretario de Energía; señor Armando L. Santa Anna,
director general de Pemex-Refinación, así como a la señora María Eugenia Bracho,
titular de la Profeco, para que expliquen por qué razón conociendo este fraude no han
actuado contra quienes resulten responsables.
1732,1733,1734
Atentamente,, por el grupo parlamentario
del Partido del Trabajo.
Muchas gracias.
«Con la venia de la Presidencia;
compañeras y compañeros diputados:
El grupo parlamentario del Partido del
Trabajo, acude a esta tribuna con fundamento en lo que se dispone en el artículo 58 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de Estados Unidos Mexicanos,
para someter al pleno de esta soberanía un punto de acuerdo para que comparezcan ante
esta Cámara los funcionarios del Gobierno Federal y de Pemex, responsables de la
producción y distribución de gasolinas, así como de la titular de la Profeco, para que
expliquen en torno a la adulteración de las gasolinas que distribuye Pemex en el
territorio nacional, bajo las siguientes
CONSIDERACIONES
El pasado 1o. de abril del año en curso
apareció en las primeras columnas de los principales diarios, la denuncia pública sobre
la adulteración de las gasolinas que distribuye Pemex a lo largo y ancho de nuestro
territorio, realizada por el presidente de la Asociación Nacional de Distribuidores en
Combustibles y Lubricantes.
Este hecho no tendría importancia si no
fuera porque en este megafraude, se presume que están involucrados los funcionarios de la
paraestatal, con conocimiento público de parte del subsecretario de energía, Juan A.
Bargés, así como del director general de Pemex-Refinación, Armando L. Santa Anna, ante
lo cual no tenemos conocimiento que la Profeco haya intervenido.
Llama mucho la atención, que el presidente
Fox se haya comprometido con la sociedad mexicana a realizar una profunda revisión de las
estructuras administrativas del Gobierno Federal, con el propósito de acabar con la
corrupción en todos los niveles.
Incluso, de forma sistemática y sostenida,
el llamado fiscal de hierro, Francisco Barrio Terrazas, ha documentado de forma amplia y
profusa a través de los diversos medios de comunicación masivos, que el costo de la
corrupción alcanza anualmente en México la cifra de 30 mil millones de dólares.
Sin embargo, la actuación de la Secodadm
se ha quedado sólo en declaraciones, porque la corrupción sigue viva y toma visos cada
vez más perversos en nuestra nación. No fue suficiente que conociéramos la forma en que
la paraestatal financió la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa, con más
de 1 mil, 500 millones de pesos, sino que ahora nos estamos enterando que los consumidores
de gasolinas han transnsferido parte de su patrimonio a manos de los funcionarios de Pemex
y de los distribuidores de gasolinas en todo el territorio nacional.
Con cinismo nos hemos enterado que las
gasolinas magna y premium son adulteradas y mezcladas con productos refinados de menor
calidad, como son las mezclas elaboradas con aceites quemados y Iodos de desecho de la
perforación de pozos petroleros, obteniendo sus beneficiarios enormes ganancias que
rebasan porcentajes del 800%.
Estamos hablando de miles de millones de
dólares que los consumidores hemos pagado a favor de delincuentes y de bandas organizadas
al interior de la propia paraestatal, presumiblemente con el conocimiento de funcionarios
de primer nivel a la cabeza de tales bandas criminales.
En este asunto se ha defraudado tanto a los
consumidores como al propio erario público, además del daño que han ocasionado al medio
ambiente. En este punto queremos plantear detenidamente la forma en que la sociedad
mexicana ha sido engañada de forma miserable.
Con enormes sacrificios, los propietarios
de vehículos para el autotransporte, tanto público como privado, han participado en los
diversos programas que se han implementado para cuidar la calidad del aire. Incluso, en el
área metropolitana en la Ciudad de México el Programa Hoy no Circula ha tenido un éxito
relativo, cuando menos disminuyendo el congestionamiento vial de nuestra ciudad, al margen
de que tenga o no una incidencia real en el cuidado de la calidad del aire que respiramos.
Lo que resulta lamentable, además, es la
burla que hemos sufrido millones de consumidores de gasolina magna y premium, porque no
sólo han esquilmado nuestros bolsillos, sino que además han atentado contra la duración
de la vida de los motores de los vehículos que consumen estas gasolinas.
Esta burla alcanza niveles insospechados de
cinismo por parte de los funcionarios de Pemex, que son acusados directamente por los
consumidores de estar coludidos con los distribuidores de gasolinas en México, quienes
tampoco cumplen con la ley, al ofrecer menor cantidad de gasolina de la que cobran a los
dueños de los automotores.
En este contexto, queda claro que las
autoridades de Pemex, de la Secretaría de Energía, la Secodadm, la Profeco y el propio
Ejecutivo Federal no han tenido la suficiente voluntad política para acabar con la
corrupción que existe en las dependencias gubernamentales a nivel federal ni tampoco
tienen interés en velar por los intereses de los ciudadanos mexicanos que desean que las
organizaciones criminales enquistadas en las actividades del Gobierno Federal
desaparezcan, para dar lugar a la vigencia del Estado de Derecho en nuestra nación.
Por esa razón, el grupo parlamentario del
Partido del Trabajo no descansará hasta lograr que quienes han atentado contra los
bolsillos del pueblo, contra el medio ambiente, así como contra el erario público
terminen en la cárcel, que es el lugar en el que deben estar, para acabar con las lacras
que siguen sangrando el patrimonio de los mexicanos.
Por las consideraciones antes expuestas,
sometemos al pleno de esta soberanía el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Con fundamento en el artículo 58 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
solicitamos la comparencia ante este pleno de los siguientes funcionarios públicos:
señor Ernesto Martens, secretario de Energía; señor Raúl Muñoz Leos, director general
de Pemex; señor Juan A. Bargés, subsecretario de Energía; señor Armando L. Santa Ana,
director general de Pemex-Refinación, así como a la señora María Eugenia Bracho,
titular de la Profeco. Para que expliquen por qué razón, conociendo este fraude no han
actuado contra quienes resulten responsables.
Atentamente.
Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 4
de abril de 2002.— Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo.—
Diputados: Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador; José Nárro Céspedes,
vicecoordinador; Rosalía Peredo Aguilar, Jaime Cervantes Rivera, Rosa Delia Cota
Montaño, Félix Castellanos Hernández, Víctor Antonio García Dávila y Juan
Carlos Regis Adame.
La Presidenta:
Se turna esta proposición de punto de
acuerdo a la Comisión de Energéticos y a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.
El diputado Alfredo Hernández Raigosa
(desde su curul):
¡Para rectificar hechos!
La Presidenta:
Diputado Hernández Raigosa, para
rectificar hechos.
Hasta por cinco minutos el diputado
Hernández Raigosa, para rectificar hechos.
El diputado Alfredo Hernández Raigosa:
Con su permiso, compañera Presidenta;
compañeras y compañeros legisladoras y legisladores:
Esta área de la petroquímica secundaria,
lo que tiene que ver particularmente con las gasolinas, con el gas LP, es un sector que
poco se ha tocado por el Gobierno actual y después de año y medio casi de gestión nos
parece ya dudoso el comportamiento de diversas instancias del Gobierno Federal, como puede
ser Pemex, como puede ser la Secretaría de Energía.
Una y otra vez hemos demostrado en los
hechos los vicios de origen que existen en la cadena de producción de gas LP, los abusos
en la ordeña, los sobreprecios y las prácticas monopólicas y ahora en materia de
gasolinas hemos encontrado una serie de irregularidades, en las cuales se ha demostrado
que hay en el mercado sustancias que no son propiamente la gasolina que vende Pemex, sino
son productos de ínfima calidad y que están introducidos al mercado para venderle al
consumidor gasolinas chafas, gasolinas que no tienen los mínimos de calidad para poder
carburar los vehículos automotores en nuestro país.
Hemos también encontrado que este mercado
ilícito, auspiciado aparentemente por la paraestatal, vende este producto a las
gasolineras en 1 peso 50 centavos, cuando el litro de gasolina está en más
de 5 pesos 60 centavos.
Hemos también encontrado que más del
8% de las gasolineras en nuestro país venden litros de 800 mililitros. ¡Están robando
al consumidor 200 mililitros en cada litro que expenden en esas gasolineras!
Nada menos que en días pasados, con la
Profeco realizamos un operativo, acompañando algunos legisladores a funcionarios de esta
institución y encontramos que de dos gasolineras donde había más de 16 bombas, todas
tenían una adulteración de estos 200 mililitros por cada litro que se expendía.
Si fuera un consumidor, una ama de casa que
tomara unas tortillas, un litro de leche o un pan, seguramente estaría en el reclusorio,
estaría en la cárcel; pero en el caso de estas empresas que defraudan a los
consumidores, venden productos que son altamente contaminantes porque son de ínfima
calidad, no sucede absolutamente nada y no vemos que ni Petróleos Mexicanos ni la
Secretaría de Energía ni la Comisión Reguladora de Energía ni ninguna otra
institución del Gobierno Federal, haga nada, lo cual nos parece verdaderamente ya
preocupante porque pareciera que hay un contubernio con funcionarios y con empresarios sin
escrúpulos que hacen de esta actividad un negocio redondo al estar defraudando a los
consumidores.
Por esta razón creemos que es central, es
importante, porque son ganancias estratosféricas, los millones de litros de gasolina que
se venden en el país son una cantidad que podría volver en un solo día a una persona
multimillonaria por la defraudación de 200 mililitros en cada litro de gasolina que se
expende.
Y creemos entonces que los funcionarios de
Pemex deben de dar una explicación puntual, exacta, pormenorizada, de lo que está
sucediendo con las gasolinas adulteradas, con la merma en la cantidad que se vende a los
consumidores y también exigir que las empresas gasolineras que no vendan litros completos
sean sancionadas y se les retire el permiso, la concesión o el contrato de suministro de
gasolinas para poner un ejemplo que permita ir saneando este mercado que daña a millones
de automovilistas y de consumidores de gasolinas en nuestro país.
Creemos, sin lugar a dudas, que después de
más de un año del Gobierno actual no hemos visto acciones contundentes para modificar
este tipo de conductas y hoy resulta predominante que la autoridad comparezca y por ello
nos sumamos al punto de acuerdo que plantean nuestros compañeros del PT, porque es
central que esta industria pueda ser saneada de fondo, en virtud de las constantes
irregularidades y las quejas de los consumidores.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias.
Para rectificar hechos, el diputado Ramón
León Morales.
El
diputado Ramón León Morales:
Gracias, señora Presidenta; compañeras y
compañeros diputados:
Me parece que éste es un tema que debiera
preocuparnos a todas y todos nosotros, en el sentido de que la gasolina adulterada está
afectando no solamente algún Estado, sino a todo lo largo y ancho del país y me voy a
referir concretamente a lo que está sucediendo en el Estado de Colima.
En los primeros meses del año 2002
empezaron a aparecer por todo el Estado autobuses descompuestos, maquinaria agrícola
descompuesta, taxis descompuestos, automóviles particulares descompuestos; empezaron a
llegar a la Profeco infinidad de denuncias para que se pagaran esos desperfectos. Aquí
intervino, quiero decirles, tanto Pemex-Refinación como Pemex-Comercialización, como el
Programa Pemex-Profeco, para supuestamente investigar este asunto y después de hacer
supuestamente un análisis en la mayoría de las gasolineras del Estado, determinaron que
solamente una gasolinera era la que había ocasionado el problema en todo el Estado.
Nos dimos a la tarea de ver de qué
gasolinera se trataba y se trataba de una gasolinera que está en plena carretera, una
gasolinera que está entre Colima y el municipio de Cuauhtémoc. Era increíble pensar que
la gente de Manzanillo o de Tecomán o de otros lados, tuviera que haber ido precisamente
a esa gasolinera a cargar su gasolina.
1735,1736,1737
Curiosamente esta gasolinera había
demandado al gobernador, había demandado al gobierno del Estado por invasión de algunos
terrenos. Entonces, nos dimos cuenta que las instancias de Pemex como las instancias de la
Profeco se estaban prestando para cobrar facturas de tipo político.
Acudimos a las instancias de Pemex, del
Programa Pemex-Profeco y nos dijeron que habría una investigación a fondo y nos dijeron
que si Pemex era el responsable de las descomposturas de todos estos automóviles, Pemex
respondería por ello. Quiero decirles que jamás Pemex se ha dado a la tarea de hacer una
verdadera investigación.
Por eso nos sumamos al punto de acuerdo que
presenta el PT, pero añadiendo dos cuestiones: que se presente también el responsable de
Pemex- Comercialización y se presente también el responsable del Programa Pemex-Profeco,
que creemos que están de alguna manera soslayando este gran problema, incluso creemos que
de alguna manera lo están provocando.
No hay quien responda ante los consumidores
a quienes se les ha descompuesto sus automóviles, porque Pemex no ha hecho un verdadero
análisis.
Hay otro problema que tendremos que
preguntarle al señor de Pemex y es: ¿por qué Pemex es juez y parte en el análisis de
sus propias gasolinas? Es obvio, es obvio que si el propio Pemex analiza sus gasolinas,
sus gasolinas siempre saldrán bien.
Desde esta tribuna planteamos que sí hay
responsabilidad, sí hay responsabilidad del cuerpo directivo de Pemex, como del cuerpo
directivo de la Profeco, responsabilidad por los cientos, miles de automóviles que se
están descomponiendo en este país en virtud de las gasolinas adulteradas. Esperemos que
la comisión que corresponda, cuanto antes nos dé una respuesta y pueda comparecer esta
gente responsable de lo que está sucediendo con el problema de las gasolinas adulteradas,
es decir, estamos hablando de las autoridades de Pemex y de la Profeco.
Gracias.
El Presidente:
Gracias diputado.
Envíese la versión estenográfica de
la intervención del diputado a las comisiones a las que se ha turnado el punto de acuerdo
para que lo consideren en su análisis.
ESTADO
DE GUERRERO
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Esteban
Sotelo Salgado, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar una
proposición con punto de acuerdo en relación con la alta incidencia de la delincuencia
en el Estado de Guerrero, hasta por cinco minutos.
El diputado Esteban Sotelo Salgado:
Con su permiso, señora Presidenta:
Los diputados integrantes del grupo
parlamentario de Acción Nacional, sometemos a la consideración del pleno de esta Cámara
de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente punto
de acuerdo en relación a la alta influencia de la delincuencia en el Estado de Guerrero,
con base en las siguientes
CONSIDERACIONES
La sangre entre los guerrerenses ha vuelto
a correr, la ola de asaltos, secuestros y crímenes en general ha crecido sin que la
autoridad estatal encuentre aún la manera de combatir eficazmente la delincuencia, quizá
porque para el señor gobernador del Estado René Juárez Cisneros es más importante su
seguridad personal.
De acuerdo con información publicada en un
diario de circulación nacional el martes 3 de abril del presente año, el Estado de
Guerrero cuenta con 1 mil 96 elementos operativos de la Policía Judicial, de los cuales
nada menos que el 11%, 120 judiciales están asignados como escoltas del gobernador y de
su familia.
De acuerdo con un documento de la
Dirección General de la Policía Judicial de Guerrero, 251 de los 1 mil 96 elementos
operativos estatales, realizan labores de escolta para el gobernador y otras personas.
A grandes rasgos nos encontramos ante el
siguiente panorama personal operativo: 1 mil 96, asignados como escolta 251, aparte de los
que cuidan al señor gobernador y a su familia, los otros 131 están asignados a ilustres
personajes guerrerenses, 23 cuidan al exgobernador Rubén Figueroa acusado por los
bochornosos actos de Aguas Blancas, así como a sus familias, 17 vigilaban al ahora
exprocurador Rigoberto Pano, nótese que el día cuatro de este mes renunció a la
Procuraduría y es el momento que no hay sustituto.
Los 17 al exprocurador Gustavo Adolfo
Borlet, seis al exgobernador Angel Aguirre y uno respectivamente a Humberto Calvo y Jesús
Bernal, líderes priístas en Chilpancingo y Acapulco.
Estamos hablando de que cerca del 20% del
personal operativo de la Policía Judicial del Estado realiza funciones de escolta.
Haciendo pues un cálculo aproximado, podemos concluir que con otras 30 personas a las que
tuviere que proteger el Estado, se quedaría sin policía ministerial.
La seguridad pública no es solamente una
función del Estado, ante tal panorama no puede aducirse falta de recursos públicos para
poder combatir la delincuencia, pues la presente administración estatal desde 1999 ha
recibido del Fondo Federal para la Seguridad Pública más de 450 millones de pesos; no
obstante la delincuencia ha crecido como se demuestra en las cifras oficiales.
Los índices de criminalidad además de los
grados de inseguridad pública son al extremo preocupantes en esta entidad, por no
mencionar que paralelamente el nivel de respeto a los derechos humanos no es nada
envidiable.
Ante tal situación, que no sólo no
mejoró, sino que tiende a agravarse, las autoridades guerrerenses responden sustrayendo a
la policía ministerial de las funciones que les son propias y asignando, como ya
mencionamos, un número ofensivo de elementos a funciones de protección personal.
Debemos de hacer un llamado para que los
recursos y acciones sean llevados a cabo con transparencia, de cara a la sociedad, para
que las policías estatales y quienes las tienen bajo su mando materialicen los principios
de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez; a eso apostamos con el presente
punto de acuerdo.
En tal virtud, consideramos conveniente
solicitar la intervención de la Auditoría Superior de la Federación a efecto de aclarar
las probables irregularidades cometidas en el Estado de Guerrero. A esta realidad no
debemos sustraernos.
En el Estado de Guerrero, los índices
delictivos son alarmantes, la impunidad es la nota; la inseguridad pública y el crimen
organizado, lejos de solucionarse, se ha venido agravando con el paso del tiempo. Por lo
tanto resulta inaplazable para esta soberanía, en tanto representante de la nación,
proponer las medidas necesarias a fin de dar respuesta a esta problemática.
En tal virtud, compañeras y compañeros
diputados, proponemos el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Que esta Cámara de
Diputados solicite respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación para que en
el ámbito de sus atribuciones constitucionales fiscalice el manejo, custodia y
aplicación de los fondos federales que ejerce el gobierno del Estado de Guerrero en el
rubro correspondiente a seguridad pública.
Segundo. Que en caso de detectar
irregularidades se proceda a fincar las responsabilidades legales a que haya lugar.
Firman el presente punto de acuerdo más de
50 diputados de Acción Nacional, diputados del Partido de la Revolución Democrática,
del Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo.
Es cuanto, señora Presidenta.
Punto de acuerdo para solicitar a la
Auditoría Superior de la Federación que fiscalice el manejo, la custodia y aplicación
de los fondos federales que ejerce el gobierno del Estado de Guerrero en los rubros de
seguridad pública y procuración de justicia.
«Ciudadana Presidenta de la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados.— Presente.
Compañeras y compañeros diputados: los
diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional sometemos a la
consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, el siguiente
Punto de acuerdo
Para solicitar a la Auditoría Superior de
la Federación que fiscalice el manejo, la custodia y aplicación de los fondos federales
que ejerce el gobierno del Estado de Guerrero en los rubros de seguridad pública y
procuración de justicia, al tenor de las siguientes
CONSIDERACIONES
La sangre entre los guerrerenses ha vuelto
a correr, la ola de asaltos, secuestros y crímenes en general ha crecido sin que la
autoridad estatal encuentre aún la manera de combatir eficazmente la delincuencia, quizá
porque para el señor gobernador del Estado, René Juárez Cisneros, es más importante su
seguridad personal.
De acuerdo con información publicada en un
diario de circulación nacional el martes 2 de abril del presente año, el Estado de
Guerrero cuenta con 1 mil 96 elementos operativos de la Policía Judicial, de los cuales
nada menos que el 11%, 120 judiciales, están asignados como escoltas del gobernador del
Estado: René Juárez Cisneros.
Se menciona que los 120 agentes están
comisionados no sólo al resguardo del mandatario, sino también a la custodia de su
esposa, Mirna Acevedo de Juárez y a los familiares de ambos; quienes no viven en
Guerrero.
De acuerdo con un documento de la
dirección general de la Policía Judicial de Guerrero, 251 de los 1 mil 96 elementos
operativos estatales realizan labores de escolta para el gobernador y otras personas.
A grandes rasgos nos encontramos ante el
siguiente panorama: personal operativo: 1 mil 96; asignados como escolta: 251. De los
cuales tan sólo 120 cuidan a Juárez Cisneros y a su familia; los otros 131 a
"aclamados e ilustres personajes"; 23 al exgobernador Rubén Figueroa (acusado
por los bochornosos y lamentables hechos de Aguas Blancas) y a su familia; 17 vigilaban al
ahora ex procurador Rigoberto Pano; 17 al exsubprocurador Gustavo Adolfo Morlet; seis al
exgobernador Angel Aguirre y uno respectivamente a Humberto Calvo Memije y Jesús Bernal,
líderes priístas en Chilpancingo y Acapulco, entre otros.
Estamos hablando de que cerca del 20% del
personal operativo de la Policía Judicial del Estado realiza funciones de escolta.
Haciendo pues un cálculo aproximado, podemos concluir que con otras 30 personas a las que
"tuvieren" que proteger, el Estado quedaría sin policía ministerial.
Ante tal panorama, no puede aducirse falta
de recursos públicos para el combate a la delincuencia, pues la presente administración
estatal desde 1999 ha recibido del Fondo Federal para la Seguridad Pública, más de 450
millones de pesos y no obstante la delincuencia ha crecido como lo demuestran las
estadísticas oficiales. Si esta cifra la convirtiéramos a precios constantes del 2002,
aumentaría sustancialmente a más de 500 millones.
La seguridad pública no es sólo una
función del Estado, es la función primaria, la que le da origen; prestarla y
garantizarla es una obligación inaplazable de la Federación, los estados y municipios.
En este contexto y de conformidad con la Ley que Establece las Bases de Coordinación del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, estos ámbitos de gobierno realizan tareas algunas
en coordinación y otras de manera exclusiva. Es necesario decir que en este panorama, los
mayores índices de impunidad se presentan en el fuero local y que el Estado de Guerrero
no es de manera alguna la excepción.
Los índices de criminalidad y por ende los
grados de inseguridad pública son al extremo preocupantes en esta entidad, por no
mencionar que paralelamente el nivel de respeto a los derechos humanos no es nada
envidiable. Ante tal situación, que no sólo no mejora, sino que tiende a agravarse, las
autoridades guerrerenses responden sustrayendo a la policía ministerial de las funciones
que le son propias y asignando como ya mencionamos un número ofensivo de elementos a
funciones de protección personal tal situación es evidentemente inaceptable.
El artículo 21 de nuestro máximo
ordenamiento señala que para la investigación y persecución de los delitos el
Ministerio Público se auxiliará de una policía que estará bajo su mando inmediato; de
lo cual se desprende que la función esencial de las policías mal llamadas judiciales, es
coadyuvar en la persecución e investigación de los delitos y no la de proteger,
desviando una enorme cantidad de recursos materiales o humanos a sujetos en particular;
esto se hace, en su caso, por excepción y previa justificación.
El mismo numeral mandata que la seguridad
pública es una función pública a cargo de los diferentes ámbitos de gobierno en sus
respectivas competencias, de lo que deriva que la seguridad pública no es sólo una
obligación del Estado, sino una garantía del gobernado, pero no de un gobernado
determinado, sino de un individuo universal e indeterminado, el cual posee un derecho
público subjetivo en este sentido, es decir, es un derecho de todos.
Debemos hacer un llamado para que los
recursos y acciones sean llevados a cabo con transparencia y de cara a la sociedad, para
que las policías estatales y quienes las tienen bajo su mando materialicen los principios
de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, a eso apostamos con el presente
punto de acuerdo. En tal virtud, consideramos conveniente solicitar la intervención de la
Auditoría Superior de la Federación, a efecto de aclarar las probables irregularidades
cometidas en el Estado de Guerrero.
1738,1739,1740
Debemos mencionar que en efecto, de
conformidad con el artículo 79 constitucional, dicho órgano posee esta facultad, dado
que en el párrafo segundo de la fracción I se señala que: "también fiscalizará
los recursos federales que ejerzan las entidades federativas..." en éste caso,
particularmente por lo que atañe a la correcta utilización de las aportaciones federales
en el rubro de seguridad pública.
El Estado mexicano moderno no puede
permitir situaciones como la descrita; en un régimen democrático, el principio de
legalidad no es negociable, la fortaleza de las instituciones debe sustentarse en el
honesto y transparente ejercicio de las atribuciones y de los recursos, no debemos tolerar
desviaciones en el ejercicio de la administración pública, como las que infortunadamente
están ocurriendo en el Estado de Guerrero.
A esta realidad no podemos ni debemos
sustraernos. En el Estado de Guerrero los índices delictivos son alarmantes, la impunidad
es la nota característica, la inseguridad pública y el crimen organizado lejos de
solucionarse se han venido agravando con el paso del tiempo. Por lo tanto, resulta
inaplazable para esta soberanía, en tanto representantes de la nación, proponer las
medidas necesarias a fin de dar respuesta a esta problemática; en tal virtud:
Compañeras y compañeros diputados: por
las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo que dispone el
artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Cámara el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Que esta Cámara de
Diputados, solicite respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación, para que
en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, fiscalice el manejo, la custodia y
aplicación de los fondos federales que ejerce el gobierno del Estado de Guerrero en el
rubro correspondiente a la seguridad pública.
Segundo. Que en caso de detectar
irregularidades, se proceda a fincar las responsabilidades legales a que haya lugar.
México, D.F., a 4 de abril de 2002.—
Diputados: Esteban Sotelo Salgado, María Teresa Tapia B., Pablo Arnaud, Miguel A.
Mantilla, José Bañales Castro, Juan Carlos P. Bueno, Amado Olvera, María Guadalupe
López, Germán Pellegrini, Mauro Huerta Díaz, Oscar Ochoa Patrón, Marcos Pérez Esquer,
Carlos N. Villegas Flores, Ricardo F. García Cervantes, Gregorio Arturo Meza de la Rosa,
Manuel Arturo Narváez, María Teresa Gómez Mont, Francisco E. Jurado, Ulises Ramírez,
Jaime Salazar Silva, Francisco Salvador López Brito, José de Jesús López Sandoval,
Luis Miguel S. García, Arturo San Miguel, Martín Gerardo Morales Barragán, Ramón Ponce
Contreras, Alejandro E. Gutiérrez Gutiérrez, Luis A. Aldana Burgos, Luis Alberto
Villarreal García, José Ramón Mantilla González, José R. Escudero, Sergio R. Valle,
Francisco Guadarrama López, Tarcisio Navarrete, Felipe Olvera Nieto, Valdemar Romero,
Alfonso Sánchez, Armando Enrique Flores, Yadira Tamayo, Miguel Gutiérrez Machado,
Rómulo Garza Martínez, Ramón Soto Reséndiz, María Isabel Velasco, Cuauhtémoc
Cardona, Oscar Ochoa Patrón, Jaime Aceves Pérez, Rubén Aguirre Romero, Félix
Castellanos Hernández, Clemente Padilla Silva, Daniel Ramírez del Valle, Roberto E.
Bueno Campos y Alejandro Zapata P.»
La Presidenta:
Gracias. Sí, diputada Añorve.
La diputada Flor Añorve Ocampo:
Para rectificar hechos, señora
Presidenta;
La Presidenta:
Para rectificar hechos, la diputada Flor
Añorve, hasta por cinco minutos.
La
diputada Flor Añorve Ocampo:
Con su permiso, señora Presidenta;
compañeros diputados:
La delincuencia y la inseguridad son uno de
los graves problemas que históricamente han aquejado a nuestro país. En el Estado de
Guerrero no ha sido la excepción. Los crímenes perpetrados por la delincuencia
organizada sobre todo en los últimos años, han lesionado profundamente a toda la
sociedad nacional.
En Guerrero, el gobierno que encabeza el
licenciado René Juárez Cisneros ha instrumentado diversos programas y ha invertido
permanentemente recursos para erradicar dicha problemática. La inversión acumulada,
proveniente del fondo de seguridad pública, ha sido de 612 millones de pesos.
Para reforzar las acciones de seguridad
pública, se adquirieron aproximadamente 600 vehículos nuevos. El Instituto de Formación
y Capacitación Policial tuvo a bien trabajar y capacitar a 4 mil 600 policías. El
Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública y los Servicios de Emergencia
066 que operan en Chilpancingo, se ampliaron a las ciudades de Iguala; a sí mismo, se han
construido importantes obras de infraestructura como el Instituto de Formación y
Capacitación Policial; en el stand de tiro, la rehabilitación del cuartel de policía
"Nicolás Bravo", de Chilpancingo; el cuartel regional de policía en Tlapa; el
Centro de Control "Comando, Comunicación y Cómputo C4" en Chilpancingo; la
aeropista Cuamustitlán en la región de la montaña; las oficinas de las agencias del
Ministerio Público en Zihuatanejo y coyuca de Catalán, así como la rehabilitación del
Colegio del Policía Judicial en Atoyac.
Los servicios periciales se han fortalecido
con personal, material y equipo así como con la construcción del laboratorio de
investigación y estudios criminalísticos en Chilpancingo y la remodelación de los
laboratorios en Iguala, Metepec, Ayutla, Atoyac, Tlapa y Ciudad Altamirano.
Acciones, las anteriores, que dan muestra
clara del compromiso adquirido por parte del gobierno del Estado, compromiso plasmado con
toda nitidez en el programa de seguridad pública. Si bien falta mucho por hacer en esta
materia, es menester reconocer que de acuerdo al Sistema Nacional de Información sobre
seguridad pública, la incidencia delictiva en Guerrero ha disminuido un 12.9%, por lo que
en ese contexto nacional nuestra entidad pasó al lugar 18 en el año de 1998, al 22 en el
2001.
El delito de violación decreció en un
17.8%, el de homicidio doloso disminuyó en un 25.1%; el de secuestro disminuyó en un
21.3% y el de robo tuvo un decremento de un 26.8%, es decir, que los esfuerzos en la
materia han rendido buenos resultados, a pesar del recorte presupuestal que el Ejecutivo
Federal ha sometido a nuestra entidad. Así que en estos momentos la prioridad es acatar
de manera frontal la delincuencia, por lo que es necesario no politizar dicha
problemática y anteponer por encima de los intereses privados a los de la sociedad
guerrerense.
Por lo que hace referencia, diputado
Esteban Sotelo, quisiera comentar que conozco la nota periodística a que se refiere y que
me antecedió sobre todo en el uso de la palabra, antes de calificarla tendría que
asegurarse primero, de que se trate de una información veraz, porque en diversas
ocasiones he acompañado al gobernador del Estado y nunca he visto que tenga ese número
de escoltas, lo que a mí parecer no las tiene. Incluso es del dominio general que el
licenciado René Juárez Cisneros acostumbra hacer ejercicio en el parque y en la vía
pública y jamás hemos visto a 150 personas correr detrás de él cuidándolo.
Esto es parte de lo que se trabaja en
Guerrero y que es muy importante para todos los mexicanos y sobre todo los guerrerenses,
que para poder erradicar la inseguridad y seguir manteniendo un ambiente de gobernabilidad
es necesaria la asignación de más recursos al Estado, sobre todo a los estados del sur.
. .
La Presidenta:
Diputada, su tiempo.
La diputada Flor Añorve Ocampo:
Termino, señora Presidenta:
Este ha sido un reclamo que en diversas
ocasiones hemos hecho al Ejecutivo Federal de esta tribuna y que no ha sido atendido
oportunamente.
Compañeras y compañeros legisladores,
sólo con recursos suficientes podremos enfrentar con éxito la delincuencia organizada y
sus consecuencias.
Muchísimas gracias.
La Presidenta:
Gracias.
Me había pedido la palabra para rectificar
hechos la diputada María Teresa Tapia, del grupo parlamentario de Acción Nacional y la
ha solicitado para rectificar hechos el diputado Félix Salgado Macedonio.
La diputada Tapia tiene el uso de la
palabra hasta por cinco minutos.
La diputada María Teresa Tapia Bahena:
Con el permiso, diputada Presidenta:
El día de hoy estamos discutiendo en esta
máxima tribuna de la nación un problema que efectivamente es un problema nacional, pero
que hoy aqueja mucho más fuerte y con mucha más incidencia al Estado de Guerrero.
Comparto con la diputada Flor Añorve el hecho de que se han hecho esfuerzos, pero hoy los
ciudadanos guerrerenses reclaman seguridad. Esto quiere decir que los esfuerzos no se han
hecho con eficiencia y con eficacia.
Respecto al presupuesto que se le ha
destinado a seguridad pública, creo que el Gobierno Federal ha hecho un gran esfuerzo por
incrementarlo y desde esta tribuna quisiera decirle que no solamente en el aspecto de
seguridad pública, sino en otros muchos aspectos, el Estado de Guerrero ha sido
beneficiado. Por ejemplo, en el ramo de participaciones a estados y municipios hemos
tenido un incremento a partir del año 2000, en que gobernaba el presidente Zedillo, hoy
que gobierna el presidente Fox el Estado de Guerrero tiene un incremento del 358% arriba
de lo dotado en el año 2000.
Yo le quiero decir que efectivamente no
estamos de acuerdo con los recortes presupuestales. Acción Nacional ha luchado por el
federalismo desde su fundación, pero también queremos aprovechar esta máxima tribuna de
la nación para decir que el Gobierno Federal ha hecho grandes esfuerzos para dotar a los
estados y municipios de recursos no solamente para seguridad pública, sino para los
diferentes ramos que hoy por hoy componen el Presupuesto Federal.
Y quisiera decirle también que no se vale
un doble discurso, que aquí hemos luchado porque se den mayores recursos a estados y
municipios, que estuvimos muy pendientes de una reforma fiscal y que en ella aportamos
propuestas para que hubiera mejores condiciones para dotar al país de recursos, pero
desgraciadamente su partido nunca estuvo de acuerdo con estas propuestas y aprobamos una
reforma federal que hoy por hoy no dota al Ejecutivo Federal de todos los recursos que
quisiéramos tener.
Entonces es muy importante que señalemos
las cosas tal y como son. Por supuesto que apoyamos al Estado de Guerrero, por supuesto
que apoyamos a México, pero es necesario que esto lo hagamos en el marco del derecho y en
el marco de la corresponsabilidad.
Muchísimas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Félix Salgado
Macedonio, hasta por cinco minutos.
El diputado José Félix Salgado
Macedonio:
Gracias, compañera Presidenta:
A propósito de este tema, anda por aquí
René Juárez Cisneros, porque tiene una comida aquí en el pasillo, el que todos sabemos
en Guerrero él no ganó las elecciones. Dicen que ganaron, pero no es así, gracias al
doctor Zedillo Ponce de León, en paz descanse.
Me sumo al punto de acuerdo que está
presentando aquí el compañero Esteban Sotelo. Yo creo que no es incongruente pedir,
exigir al Gobierno Federal mayores recursos para los estados, yo quiero que haya más
recursos federales para Guerrero que es un Estado muy pobre, pero también que estos
recursos sean vigilados por la Federación, que se controlen porque no alcanza el dinero
en Guerrero, Guerrero es un Estado muy rico, tenemos minas de oro, de plata, maderas y un
gran litoral, tierras fértiles; sin embargo, es un Estado que puntea en pobreza nacional.
Tenemos municipios en la montaña donde los
indígenas mueren de enfermedades que pueden curarse, de mujeres que mueren de parto,
niños picados de alacrán, de desnutrición. Tenemos el primer lugar en violencia, en
secuestros, en analfabetismo, último lugar en cultura, en deporte, en ciencia, en
tecnología, motivo por el cual yo creo que es necesario que la Federación ponga sus ojos
a Guerrero.
Hemos tenido gobernantes, caciques,
corruptos y no tan solo eso, asesinos. Los que hicieron la matanza en El Charco, los que
hicieron la matanza en Aguas Blancas, Aguirre Rivero, René, éste todavía no, Rubén
Figueroa Alcocer, bueno este cuate cuando menos no se la ha ocurrido echarnos bala pero
sí se roban la lana, no les alcanza el dinero, son un barril sin fondo.
1741,1742,1743
Yo tengo una nómina donde hay diputados,
senadores, dirigentes políticos del PRI que están en la nómina, cobran 100 mil al mes.
¡Ah verdad, ya les gustó! Ya les voy a dar pronto la nómina a los medios de
comunicación.
La Presidenta:
Están prohibidos los diálogos,
diputado.
El diputado José Félix Salgado
Macedonio:
No estoy dialogando, señora Presidenta.
La Presidenta:
Por favor continúe su intervención.
El diputado José Félix Salgado
Macedonio:
Y bueno, René Juárez que viene
producto del fraude, pues no puede estar acostumbrado a otra cosa, a no ser fraudes,
robos, atracos.
Hace poco mataron a un empresario de
Chilpancingo, prominente el señor, combatiendo a los secuestradores, el señor Ibáñez y
lo mataron en pleno centro de Chilpancingo; estaba un fulano ahí todo el día parado con
un cuerno de chivo, que según lo tenía cubierto, pero se sospecha que fueron policías
judiciales, fue de la misma Procuraduría los que lo mataron.
Ya tiene más de 15 días que no está el
Procurador, aduciendo razones de salud y es la fecha que no se designa al nuevo
Procurador. Hay una terna por ahí y entre los que se mencionan es uno de los que tienen
un negro pasado, Jesús Ramírez Guerrero, asesino de primera, él fue secretario de
gobierno con José Francisco Ruiz Massieu cuando nos tiraban a los perredistas a matar,
250 perredistas asesinados en Guerrero y ahora René Juárez quiere poner a este señor, a
Ramírez Guerrero o bien a la señora Virginia López Valencia que está en el Trife, el
Trife local, Tribunal Estatal Electoral, ahí está la señora que ha venido haciendo los
fraudes electorales desde hace muchos años, ya está bien enseñoreada ahí, también la
tienen como propuesta para la Procuraduría de Justicia.
En Guerrero no hay justicia, en Guerrero
hay mucha pobreza, mucho atraso social y los gobernantes no hacen nada por resolver el
problema de fondo. Por eso, ojalá que la Secodadm pudiera tomar en sus manos esta
propuesta que estamos haciendo, el PRD la respalda para que vigile la aplicación de los
recursos y no se desvíen.
Hace poco, saben los compañeros diputados
del PRI, que la señora Secretaria de Salud fue a indemnizar a los indígenas mixtecos
esterilizados, 15 mil pesos a cada uno, cuatro toneladas de cemento y paquete escolar y
una beca para que sus niños estudien en la escuela rural La Fátima del municipio de
Ayutla de los Libres.
Y yo le preguntaría a ellos si estarían
dispuestos a una castración de esa naturaleza a cambio de 15 mil pesos. Hay fobia a los
indígenas, hay fobia a los negros, aunque ahora, bueno, ahorita quieren a uno, el que
está en el Palacio de Chilpancingo, si lo quieren.
No querían a los negros en Guerrero, pero
ahorita ya a René Juárez lo aman, lo adoran, una clase pudiente.
Bueno, me sumo a la propuesta del
compañero Esteban Sotelo, para que la Federación vigile la explicación de los recursos
en Guerrero.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Muchas gracias, señor diputado.
Tiene la palabra para rectificar hechos
hasta por cinco minutos, el diputado Efrén Leyva Acevedo.
El diputado Efrén Nicolás Leyva
Acevedo:
Con su permiso, compañera Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
Sin duda si hay un tema que nos inquieta y
nos preocupa a todos los mexicanos, es el grave crecimiento de la inseguridad pública en
nuestro país, el primer lugar en la inseguridad pública sin duda es el Distrito Federal,
la ciudad más grande del mundo con problemas, lejos de decrecer están creciendo y no
encontramos todavía o no encuentra el Gobierno de la Ciudad de México la salida a dicho
problema.
Guerrero no es la excepción, no es la
excepción y es un problema que verdaderamente nos tiene preocupados y que se está
atendiendo permanentemente para encontrar la solución, sólo con la suma de esfuerzos de
todos los sectores de la sociedad.
Ese no es un problema que habrá de
resolver solamente quienes ejerzan el gobierno, sino que la sociedad misma tiene que
aportar para resolver ese grave problema. Efectivamente en Guerrero hace unos días, el
día cuatro, renunció el Procurador General de Justicia, pero no se ha nombrado, no
porque se quiera dejar vacío el espacio, se le olvidó a quien comentó aquí que
seguramente fue el diputado proponente del punto de acuerdo, de que en Guerrero tenemos
una modificación constitucional, donde solamente se puede nombrar al señor procurador a
través de una propuesta, de una terna, ante el Congreso local.
Y esa terna se presenta al Congreso y,
proponen ante el pleno del Congreso, sus puntos de vista y su programa de trabajo para que
posteriormente el Congreso pueda aprobar quien puede ser el nuevo procurador.
Y se le olvidó también a nuestro amigo
Félix, que no está en esa terna la licenciada Virginia López Valencia, aparece
efectivamente el licenciado Jesús Ramírez Guerrero, quien en su haber, aparte de ser
funcionario, haber sido presidente municipal de Chilapa, diputado local, también fue en
sus inicios agente del Ministerio Público, y tiene experiencia también en el ámbito de
procuración de justicia. Y está también la licenciada Violeta Parra Reynada, una mujer
con una gran experiencia, que ha sido subprocuradora, agente del Ministerio Pública,
directora de Averiguaciones Previas, incluso magistrada. Y está también el licenciado
Manuel Saavedra Flores, un distinguido abogado chilpancinguense, que también ha tenido
una gran experiencia.
No se ha determinado, se espera que el
Congreso determine en estos días también quién habrá de ser el procurador y sumado a
este esfuerzo entre el Legislativo, con su corresponsabilidad que tiene en el Estado de
Guerrero, para poder avalar el nombramiento en esta propuesta, pueda también sumar su
esfuerzo para hacer algunas modificaciones al Código Penal que son tan necesarias.
Y modificaciones que aquí mismo ha hacer
la propuesta el licenciado Romero Apis a través de nuestra fracción, donde también
nosotros proponemos que, por ejemplo, el delito de secuestro se federalice, que no sea un
delito que se persiga por el fuero común, sino que sea un delito que se persiga a través
de que ser un delito del fuero federal.
Por varias razones que conocemos todos y
que no es privativo insisto del Estado de Guerrero, y no es privativo también de otras
entidades, como lo que ha sucedido en el Estado de México, en el caso de Jalisco, lo que
ha sucedido en la Ciudad de México, donde a veces nos damos cuenta, ya no es siquiera
asombro por desgracia, hemos perdido la capacidad de asombro, que son a veces las mismas
policías o expolicías quienes son los culpables de esos delitos y que tenemos que llegar
a fondo.
Por eso es la corresponsabilidad entre
todos los sectores de la sociedad, para poder ir buscando y denunciando estas acciones.
Yo creo que la seguridad pública es un
tema que nos preocupa a todos y nosotros no tenemos ningún inconveniente ni ningún
empacho en sumarnos al punto de acuerdo. Pero un punto de acuerdo que tienda realmente a
buscar soluciones a las acciones que tienda a buscar realmente cómo sumamos nuestro
esfuerzo desde el Legislativo para contribuir ante la sociedad guerrerense, porque además
es nuestra responsabilidad, compañeros diputados.
Estamos hoy aquí generando leyes que vayan
a sancionar más los delitos y que nos permitan también a nosotros que vigilemos que se
actúe realmente con energía y con eficacia, con transparencia para que esas leyes
realmente funcionen y puedan desalentar el ejercicio de delitos que se están dando en
toda la República.
No tenemos ningún inconveniente en que si
tienen verdaderamente la nómina por ahí, que la exhiban, es un delito muy grave el
exhibir y a veces señalar que a la mejor algunos diputados como nosotros estamos metidos
en esa nómina y nos preocupa mucho que se diga eso con tanta ligereza.
Reitero la posición de nuestra fracción
parlamentaria: ningún inconveniente tenemos en sumarnos en buscar acciones que permitan,
juntos, encontrar esta solución que hemos venido pugnando permanentemente y que a veces
la politizamos y creo que es más allá de politizar o partidizar un problema tan serio
como éste.
Sumemos nuestro esfuerzo, busquemos
acciones que tiendan verdaderamente a abatir la inseguridad pública que todos queremos,
para tranquilidad nuestra y de nuestras familias.
La Presidenta:
Gracias, diputado.
Túrnese el punto de acuerdo a la
Comisión de Justicia y Derechos Humanos y a la comisión... Túrnese el punto de acuerdo,
corrijo el turno, a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública y a la Comisión
Especial de Seguridad Pública.
POLITICA
EXTERIOR (II)
La Presidenta:
Se ofrece el uso de la palabra al
diputado Miguel Bortolini Castillo, para presentar una proposición con punto de acuerdo
en materia de política exterior.
El diputado Miguel Bortolini Castillo:
Con su permiso, señora Presidenta;
compañeras diputadas y compañeros diputados:
El reciente affair, suscitado a
raíz de la Cumbre de Monterrey con el jefe de Estado de Cuba no es sino la punta del iceberg
de algo mucho, mucho más profundo de lo que sucede en Relaciones Exteriores.
Ahora, éste se ha expresado en toda su
dimensión con el apoyo del Gobierno mexicano a la iniciativa de Estados Unidos planteada
formalmente por Uruguay en contra del estado cubano. A saber, la modificación sustancial
de lo que hasta hace algunos años ha sido la tradicional política internacional de
México, el Congreso de la Unión, en particular la Cámara de Diputados, no puede quedar
al margen de este grave problema.
Expliquémonos: la política internacional
del Estado mexicano, está definida en el artículo 89 fracción X de nuestra
Constitución, que entre otras cosas dice: "...En la conducción de tal política, el
titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos:
La autodeterminación de los pueblos, la no
intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza
o el uso de la fuerza entre relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los
estados, la cooperación internacional para el desarrollo, la lucha por la paz y la
seguridad internacionales".
Comparemos estas formulaciones con las
elaboradas por el secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, el cual en la
Revista Nexos del mes de diciembre de 2001 señaló y cito textualmente:
Lo que estamos presenciando es la
edificación de un nuevo sistema internacional basado en las reglas que no son las de la
Carta de las Naciones Unidas ni son los principios tradicionales de la política exterior
mexicana. Algunos tal vez hubieran pretendido que el sistema internacional del Siglo XXI,
tras el fin de la Guerra Fría, se estableciera sobre la base de esos principios: los de
la no intervención, la igualdad jurídica de los estados y el rechazo al uso de la
fuerza, pero la realidad es que aquél, el sistema internacional, ya no descansa en ellos.
Para bien o para mal, el hecho es que las
reglas que se tienden a construir sin injerencistas más que antiintervencionistas, para
finalizar diciendo él: la postura del gobierno del presidente Fox, ha sido clara. Y
señala textualmente, debemos apoyar a Estados Unidos. A confesión de parte, relevo de
culpas."
Por eso en otra declaración, el citado
secretario señaló y también cito textualmente: "con Estados Unidos no podemos
mamar y dar de topes". Eso es lo que dijo.
Lo que sucedió el día martes 9 en el
Senado de la República, no debe ser banalizado, el Ejecutivo debe entender que la
política exterior debe realizarse con base en el marco jurídico que nos rige y en lugar
de responder con berrinche, lanzando una ofensiva mediática, lo que debería estar
privilegiando es el uso de la política y el consenso, a riesgo de no hacerlo, de
convertirse en el nuevo solitario de palacio y del país, con todos los quebrantos que
para la nación significa.
El problema fundamental que nosotros
observamos no es que Fox, Castañeda y el Partido Acción Nacional piensen que es mejor
una política internacional diferente a la que hasta hoy nos ha regido; lo que nos
preocupa es que están violando flagrantemente la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. Si ellos tienen una propuesta de modificación para hacer nuestra
política internacional acorde a los intereses del gobierno norteamericano, tienen la
obligación de plantearla abiertamente de cara a la nación aquí y deben promover una
cambio constitucional. Pero mientras nos siga rigiendo el artículo 89 en su fracción X
están obligados esta tríada, a respetarla.
1744,1745,1746
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