DIARIO de los DEBATES

ORGANO OFICIAL DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio

DIRECTOR GENERAL DE
CRONICA PARLAMENTARIA
Héctor de Antuñano y Lora t

PRESIDENTE

Diputada Beatriz Elena Paredes Rangel.

DIRECTOR DEL
DIARIO DE LOS DEBATES

Norberto Reyes Ayala
AÑO II                          México, D.F., martes 30 de abril de 2002                     No. 18    

S U M A R I O



ASISTENCIA

PAG.

3469

ORDEN DEL DIA

3469

CAMBIO TURNO INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO PRESENTADOS

3471

Comunicación de la Presidenta de la Mesa Directiva, con la que modifica el turno de las siguientes iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo:

3471

Proposición con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2001, se considere un incremento a las partidas correspondientes al gasto social en relación a los trabajadores de la salud, presentada el 5 de diciembre de 2000 por la diputada Adela Graniel Campos. Se turna a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública; de Trabajo y Previsión Social; de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda; de Educación Pública y Servicios Educativos; de Salud y de Seguridad Social.

3471

Iniciativa de Ley de Bioseguridad presentada por el diputado Fernando Castellanos Pacheco el 13 de abril de 2000. Se turna a la Comisión de Salud, con opinión de la Comisión de Ciencia y Tecnología.

3472

Iniciativa de Ley de Protección al Usuario de los Servicios de Salud presentada por el diputado Miguel Barbosa Huerta el 4 de octubre de 2001. Se turna a la Comisión de Salud

3472

Iniciativa de reformas y adiciones de los artículos 35, 36, 40, 71, 73, 115, 122 y 135, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la diputada Fanny Arellanes Cervantes el 7 de septiembre de 2000. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Participación Ciudadana.

3472

Iniciativa de reformas, adiciones y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación al Poder Legislativo, presentada por el diputado Amador Rodríguez Lozano, de fecha 27 de marzo de 2001. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Participación Ciudadana.

3472

Iniciativa de reformas y adiciones de los artículos 40 y 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Bernardo Bátiz Vázquez el 2 de abril de 1998. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Participación Ciudadana.

3472

Iniciativa de reformas y adiciones de los artículos 35, 41, 71, 72, 74, 89, 93-bis y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Gilberto Parra Rodríguez el 31 de marzo de 1998. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Participación Ciudadana.

3472

Iniciativa que reforma las fracciones I, II, y deroga la IV del artículo 150 de la Ley Federal del Derecho de Autor, presentada por la diputada Sonia López Macías el 19 de abril de 2001. Se turna a las comisiones de Turismo, Educación Pública y Servicios Educativos, con opinión de la Comisión de Cultura.

3472

Proposición con punto de acuerdo para hacer un llamado a los titulares de la Secretaría de Educación Pública y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a fin de que se evite el uso del Castillo de Chapultepec con fines distintos a los establecidos en la normatividad vigente. Presentada por el diputado Elías Martínez Rufino el 16 de noviembre de 2000. Se turna a la Comisión de Cultura.

3472

Iniciativa de reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, remitida por el senador Carlos Rojas Gutiérrez en la sesión del 21 de noviembre de 2001. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Asuntos Indígenas.

3472

Iniciativa de reformas al artículo 259-bis del Código Penal Federal, presentada por la diputada Norma Patricia Riojas Santana, a nombre de los partidos: PSN, PAS y grupos parlamentarios del: PRI, PAN, PRD, PVEM y PT el 8 de noviembre de 2001. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con opinión de la Comisión de Equidad y Género.

3472

Iniciativa de Ley de Protección de Datos Personales, presentada por el diputado Miguel Barbosa Huerta el 6 de septiembre de 2001. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con opinión de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

3473

Iniciativa de Ley de Energía para el Campo, presentada por el diputado César Duarte Jáquez, a nombre de los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD, el 29 de noviembre de 2001. Se turna a la Comisión de Energía, con opinión de la Comisión de Agricultura y Ganadería.

3473

Iniciativa de reformas al párrafo 20, inciso c, de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por el senador Fidel Herrera Beltrán el 15 de agosto de 2001. Se turna a las comisiones de Puntos Constitucionales; y de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo.

3473

Proposición con punto de acuerdo para que se convoque a los poderes fede-ral, estatal y municipal, y funcionarios fiscales, para celebrar la IV Convención Nacional Fiscal, presentada por la diputada Miroslava García Suárez, a nombre de los grupos parlamentarios del PRD, PT y PRI el 9 de abril de 2001. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público; de Presupuesto y Cuenta Pública, con opinión de la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo.

3473

Proposición con punto de acuerdo para que comisiones de las cámaras de Diputados y Senadores, participen en la contratación de una empresa que audite a la Central Nuclear de Laguna Verde y la designación de los asesores que auxilien a los legisladores, presentada por la Junta Directiva de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, el 30 de agosto de 2000. Se turna a las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Energía.

3473

Proposición con punto de acuerdo para solicitar que el Procurador General de la República informe del estado que guardan las investigaciones sobre la intervención ilegal de comunicaciones privadas suscitadas en el Estado de México, presentada por el diputado Alejandro Enrique Gutiérrez Gutiérrez el 17 de septiembre de 2001. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

3473

Proposición con punto de acuerdo para que se establezca un grupo de trabajo entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, para la construcción de una agenda común, la creación de una política migratoria de Estado, la elaboración de una Ley Nacional de Migración y la revisión puntual de los programas y partidas presupuestales que tengan como finalidad el bienestar de los connacionales en Estados Unidos de Norteamérica, presentada por el diputado Jaime Martínez Veloz el 4 de octubre de 2001. Se turna a las comisiones de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y por lo que se refiere al segundo punto a la Comisión de Relaciones Exteriores.

3473

Acuerdo del Congreso del Estado de Oaxaca, por el que solicita al Congreso de la Unión, que sea atendida la situación de extrema gravedad y vulnerabilidad en que se encuentran miles de ciudadanos mexicanos y sus familiares en Estados Unidos y se legisle en materia de migración, presentada el 9 de octubre de 2001. Se turna a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

3473

Proposición con punto de acuerdo, para que se solicite a las comisiones de límites, tanto del Estado de México como del Distrito Federal, la información sobre los trabajos realizados en el convenio de fecha 24 de agosto de 1993 y se resuelva el problema planteado sobre los límites entre el Estado de México y el Distrito Federal, en la parte correspondiente al municipio de Valle de Chalco y a la delegación Tláhuac, presentada por el diputado José Delfino Garcés Martínez el 9 de octubre de 2001. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

3474

Proposición con punto de acuerdo para que la Comisión Permanente solicite al Ejecutivo Federal, información sobre los resultados de las reuniones, así como los acuerdos para tratar la temática del gas doméstico, presentada por el diputado Víctor Roberto Infante González el 11 de julio de 2001. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

3474

Proposición con punto de acuerdo para solicitar a los secretarios de: Economía y de Energía, de la Comisión Reguladora de Energía y de Petróleos Mexicanos, realicen los ajustes necesarios para congelar el precio del gas y para que comparezcan el Secretario de Energía y el Director de Petróleos Mexicanos, y expliquen y den solución a la problemática que está viviendo la población de México con el precio del gas LP, presentada por el diputado Alfredo Hernández Raigosa el 6 de septiembre de 2001. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

3474

Proposición con punto de acuerdo para que las comisiones de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, realicen una reunión de trabajo con los servidores públicos de la Federación, del Estado de Puebla, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, y de los municipios de Chignahuapan, Huauchinango, Juan Galindo, Xicotepec de Juárez y Zacatlán, así como con el Sindicato Mexicano de Electricistas, a efecto de determinar el proyecto de saneamiento integral del sistema hidrológico Necaxa, presentado por el diputado Narciso Alberto Amador Leal el 17 de septiembre de 2001. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

3474

COMISIONES LEGISLATIVAS

3474

Comunicación de la Presidenta de la Mesa Directiva, con la que informa de la recepción de informes de labores de las comisiones: de Desarrollo Social, de Energía, de Marina y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Túrnense los originales a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

3474

CAMBIO TURNO PUNTOS DE ACUERDO PRESENTADOS

3475

Comunicación de la Presidenta de la Mesa Directiva, con la que informa de solicitudes de cambio de turno de diversas proposiciones con punto de acuerdo. Comuníquese a las comisiones respectivas la reorientación de turnos.

3475

PRORROGA A DICTAMEN DE INICIATIVAS PRESENTADAS

3476

Comunicación de la Comisión de Puntos Constitucionales, con la que solicita prórroga indefinida para emitir los dictámenes correspondientes a diversas iniciativas sobre las cuales ha recibido excitativas. Se turna a la Mesa Directiva para su análisis y acuerdo respectivo.

3476

LAGUNA VERDE

3479

Comunicación de la Junta de Coordinación Política con acuerdo por el que se prorroga la duración del funcionamiento de la Comisión de Investigación de la Planta Nucleoeléctrica de Laguna Verde, Veracruz, hasta el 31 de agosto de 2002. Aprobado

3479

CAFETICULTURA

3480

Comunicación de la Junta de Coordinación Política con acuerdo por el que se prorroga la duración del funcionamiento del Grupo de Trabajo de Cafeticultura de la Comisión de Agricultura y Ganadería, hasta el 31 de diciembre de 2002. Aprobado

3480

TRABAJADORES MEXICANOS BRACEROS

3480

Comunicación de la Junta de Coordinación Política con acuerdo por el que se prorroga la duración del funcionamiento de la Comisión Especial para darle seguimiento a los fondos aportados por los trabajadores mexicanos braceros, hasta el 31 de diciembre de 2002. Aprobado

3480

COMISIONES LEGISLATIVAS (II)

3481

Tres comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, con las que informa de cambios en la integración de las comisiones de Atención a Grupos Vulnerables, de Gobernación y Seguridad Pública, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Pesca, de Justicia y Derechos Humanos, y de Juventud y Deporte. De enterado.

3481

Tres comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, con acuerdos relativos a cambios en la integración de las mesas directivas de las comisiones de Juventud y Deporte y de Atención a Grupos Vulnerables. Aprobados

3481

LEY GENERAL DE EDUCACION

3482

Comunicación de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, por la que solicita prórroga para presentar el dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de dicha ley. Se turna a la Mesa Directiva para su acuerdo.

3482

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

3485

Comunicación de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con la que solicita prórroga para emitir el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XXVIII del artículo 109 del dicha ley. Se turna a la Mesa Directiva para su acuerdo.

3485

PARTIDOS POLITICOS Y SINDICATOS NACIONALES

3486

El diputado Eric Eber Villanueva Mukul presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 1o., 4o., 6o., 36, 38, 69, 82, 83, 84, 86 y 117 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de las elecciones internas de los partidos políticos y de los sindicatos nacionales. Se turna a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Gobernación y Seguridad Pública.

3486

ARTICULO 89 CONSTITUCIONAL

3495

El diputado Ricardo Tarcisio Navarrete Montes de Oca presenta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a la política exterior. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

3495

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (II)

3499

La diputada Sara Guadalupe Figueroa Canedo presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de dicha ley. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

3499

DERECHOS DE AUTOR

3509

El diputado Roberto Eugenio Bueno Campos presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. y adiciona el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y que reforma el artículo 424-bis del Código Penal Federal, respecto a la piratería en la reproducción y comercialización de ejemplares sin el consentimiento del titular del derecho. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con opinión de las comisiones de Cultura y de Hacienda y Crédito Público.

3509

TRABAJO DE APRENDIZAJE

3516

La diputada Olga Patricia Chozas y Chozas presenta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 219 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Trabajo y Previsión Social.

3516

LEY GENERAL DE POBLACION

3523
El diputado Jaime Cleofas Martínez Veloz presenta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 112-bis a dicha ley, para crear la Procuraduría General de Migración. Se turna a las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios. 3523

ASISTENCIA (II)

3528

LEY FEDERAL PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES

3529

El diputado Víctor Manuel Ochoa Camposeco presenta iniciativa con proyecto de decreto de dicha ley. Se turna a la Comisión de Comunicaciones.

3529

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

3563

Primera lectura a dictamen de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 10, 11 y 12 de dicha ley, referente al procedimiento para el juicio político o declaración de procedencia. Se le dispensa la segunda lectura

3563

Sin nadie que haga uso de la palabra, es aprobado y de conformidad con el artículo 72, inciso e, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-canos, se devuelve a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales.

3567

VOLUMEN II

3569

PERMISO AL PRESIDENTE PARA AUSENTARSE DEL TERRITORIO NACIONAL

3569

Primera lectura a dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, con proyecto de decreto que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional del 13 al 18 de mayo de 2002, a fin de realizar una visita oficial al Reino de Bélgica, a las sedes del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa en Estrasburgo, Francia, participar en la Segunda Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea, en el primer encuentro a nivel presidencial entre México y la Unión Europea, y visitar la ciudad española de Valencia. Se le dispensa la segunda lectura

3569

Sin discusión es aprobado. Pasa al Poder Ejecutivo para los efectos constitucionales.

3572

LEY GENERAL DE SALUD

3572

Primera lectura a dictamen de las comisiones unidas de Salud y de Seguridad Social, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 29 de dicha ley, referente a la adquisición de medicamentos a un bajo costo para los usuarios de los servicios de salud públicos. Se le dispensa la segunda lectura.

3572

Fundamenta el dictamen por las comisiones el diputado Eduardo Abraham Leines Barrera.

3575

RECESO

3577

LEY GENERAL DE SALUD (II)

3577

Respecto al dictamen de las comisiones unidas de Salud y de Seguridad Social, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 29 de dicha ley, desde su curul, la diputada María Eugenia Galván Antillón, a nombre de las comisiones, solicita a la Presidencia retirar el dictamen.

3577

La Asamblea autoriza a la Presidencia retirar el dictamen para programarlo en otra sesión.

3577

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

3577

Primera lectura a dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se crea dicha ley. Se le dispensa la segunda lectura.

3577

Fundamenta el dictamen a nombre de la comisión, la diputada Raquel Cortés López.

3595

Fijan la posición de sus respectivos grupos parlamentarios los diputados:

3596

Sergio Acosta Salazar

3596

Alba Leonila Méndez Herrera

3597

Silvia Romero Suárez

3598

Suficientemente discutido es aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se crea la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Pasa al Poder Ejecutivo para los efectos constitucionales.

3600

LECHE DE VACA

3600

Dictamen de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con punto de acuerdo en relación con el interés del Congreso del Estado de Jalisco, para que la norma oficial denominada Leche de Vaca, sea tomada en cuenta por la Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para elaborar la norma oficial mexicana respectiva.

3600

Desde su curul, el diputado Ildefonso Guajardo Villarreal propone una adición al punto de acuerdo que la Asamblea aprueba.

3601

Se aprueba el punto de acuerdo con la adición aceptada. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

3602

MEDIOS DE COMUNICACION

3602

Dictamen de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación, dar seguimiento puntual a las transmisiones de radio y televisión y su contenido.

3602

Sin discusión se aprueba. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

3603

PRODUCTOS LACTEOS

3604

Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo relativo al cumplimiento de las normas oficiales mexicanas referentes a la leche y/o productos lácteos.

3615

Sin discusión se aprueba. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

3615

CARRETERAS

3615

Dictamen de la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo para que comparezca el Secretario de Hacienda y Crédito Público, a fin de que proporcione información sobre el programa de bursatilización carretero y sus implicaciones.

3615

Sin discusión se aprueba. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

3619

PRODUCTOS FARMACEUTICOS

3619

Dictamen de las comisiones unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Salud, con punto de acuerdo en relación con el impacto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en la venta de productos farmacéuticos al sector público.

3619

Sin discusión se aprueba. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

3624

DISTRITO FEDERAL

3624

Dictamen de la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo para solicitar a las autoridades correspondientes el entubamiento del llamado Gran Canal de Desagüe.

3624

Sin discusión se aprueba. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

3625

MEXICO-BELICE

3625

Dictamen de las comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo para exhortar a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que se promueva el establecimiento de una mesa de trabajo binacional entre México y Belice, a fin de analizar la viabilidad ambiental en la construcción de la hidroeléctrica Chalillo, en la zona fronteriza de ambos países.

3625

Sin discusión se aprueba. Comuníquese al Poder Ejecutivo y remítase copia a la Delegación de México al Parlamento Latinoamericano y a la Delegación de México Observadora en el Parlamento Centroamericano.

3629

COMISIONES LEGISLATIVAS (III)

3629

Comunicación de la Junta de Coordinación Política, con la que informa de cambios en la integración de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. De enterado.

3629

VICENTE FOX QUESADA

3630

Se recibe proposición con punto de acuerdo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, en relación con las declaraciones del Presidente de la República de fecha 9 de abril de 2002, referente a las relaciones con el Congreso. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

3630

REPUBLICA DE VENEZUELA

3631

Se recibe proposición con punto de acuerdo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, en relación con la situación política de Venezuela. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

3631

DERECHOS HUMANOS

3632

Se recibe proposición con punto de acuerdo del diputado Gregorio Arturo Meza de la Rosa, para que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos intervenga en el asunto relacionado con los actos violatorios de los derechos humanos cometidos contra los señores Víctor Javier García Uribe y Gustavo González Meza, recluidos en Chihuahua, Chihuahua. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

3632

TARIFAS ELECTRICAS

3634

Se recibe proposición con punto de acuerdo del diputado Claudio Mario Bres Garza, para solicitar el cambio de las tarifas eléctricas de verano para cuatro municipios del Estado de Coahuila. Se turna a las comisiones de Energía y de Hacienda y Crédito Público.

3634

ESTADO DE TABASCO

3636

Se recibe proposición con punto de acuerdo de la diputada Adela del Carmen Graniel Campos, en relación con la contaminación generada por Petróleos Mexicanos en esa entidad. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

3636

TRANSFERENCIAS FEDERALES

3638

Se recibe proposición con punto de acuerdo del diputado Julián Hernández Santillán, para exhortar al Ejecutivo Federal y a los ejecutivos de las entidades federativas, a publicar en el Diario Oficial de la Federación y en los diarios oficiales locales, de manera mensual, la información sobre los montos y evolución de los recursos transferidos a estados y municipios, así como la metodología utilizada para su cálculo. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

3638

ENTIDADES FEDERATIVAS

3640

Se recibe proposición con punto de acuerdo del diputado Julián Hernández Santillán, para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la restitución de los fondos destinados al programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las entidades federativas en caso de existir ingresos adicionales a los presupuestados. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

3640

TARIFAS ELECTRICAS (II)

3641

Se recibe proposición con punto de acuerdo del diputado Hugo Zepeda Berrelleza, para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incorpore la tarifa 9 ó 9-M, de energía eléctrica utilizada en procesos de filtrado de agua mediante ósmosis inversa para uso agrícola. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Agricultura y Ganadería.

3641

VIVIENDA

3642

Se recibe proposición con punto de acuerdo del diputado Mario Cruz Andrade, en relación con los créditos que otorga el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, conjuntamente con la banca privada. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social.

3642

NARCOTRAFICO

3647

Se recibe proposición con punto de acuerdo del diputado Humberto Muñoz Vargas, para solicitar a las autoridades intensifiquen la coordinación institucional en el combate al narcotráfico y la drogadicción en el país. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con opinión de la Comisión Especial de Seguridad Pública.

3647

ESTADO DE JALISCO

3649

Se recibe proposición con punto de acuerdo del diputado Jaime Aceves Pérez, a nombre de diputados federales del Estado de Jalisco, en relación con el pago complementario de 30 millones de pesos de Petróleos Mexicanos a los damnificados por las explosiones del 22 de abril de 1992, en Guadalajara, Jalisco. Se turna a las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y de Energía.

3649

JUAN JESUS POSADAS OCAMPO

3650

Se recibe proposición con punto de acuerdo del diputado Tomás Coronado Olmos, para que la Procuraduría General de la República, realice una valoración puntual de todas las pruebas en el expediente del homicidio del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

3650

PODER JUDICIAL

3652

Se recibe proposición con punto de acuerdo del diputado José Manuel del Río Virgen, en relación con la administración de la justicia en México. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

3652

CIVILIDAD POLITICA

3653

Se recibe proposición con punto de acuerdo del diputado José Manuel del Río Virgen, en relación con los trabajos del Congreso de la Unión, el Ejecutivo Federal, los gobernadores, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y los partidos políticos en la posible firma de un pacto de civilidad política. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias

3653

TELESECUNDARIAS

3655

Se recibe proposición con punto de acuerdo del diputado Miguel Bortolini Castillo, en relación con el Sistema Nacional de Telesecundarias y el que cuente con servicios médicos, de asistencia sicológica y de trabajo social. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

3655
ESTADO DE CHIAPAS 3656

Se recibe proposición con punto de acuerdo del diputado Santiago López Hernández, para que se constituya un fondo para financiar la reubicación de los campesinos pobres de la región de Montes Azules en dicha entidad federativa. Se turna a la Comisión de Reforma Agraria.

3656

PARTICIPACION CIUDADANA

3656

Se recibe proposición con punto de acuerdo del diputado Luis Villegas Montes, para solicitar al Instituto Federal Electoral instrumente diversas campañas en torno a la necesidad de que la ciudadanía se empadrone y participe en la vida política del país. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

3656

FRANCISCO J. MUGICA

3658

Se recibe comunicación del diputado Jaime Rodríguez López, con la que remite el texto de la efeméride sobre el XLVIII aniversario luctuoso del gene-ral Francisco José Múgica Velázquez.

3658

COMISION PERMANENTE

3660

Elección de los diputados integrantes de la Comisión Permanente del segundo receso del segundo año de ejercicio de la LVIII Legislatura.

3660

Comuníquese a la Cámara de Senadores.

3660

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

3669

MET-MEX PEÑOLES

3669

La Presidencia informa de la recepción de propuesta de modificación al resolutivo quinto del punto de acuerdo relativo a los problemas que genera la Empresa Met–Mex Peñoles, aprobado en la sesión del día 29 de abril de 2002. Queda integrado y sustituye al anterior resolutivo quinto.

3669

COMISIONES REGLAMENTARIAS

3670

La Presidenta designa a las comisiones de cortesía para participar al Poder Ejecutivo, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de la clausura de los trabajos de la Cámara de Diputados.

3670

MENSAJE DE LA PRESIDENCIA

3670

DECLARACION DE TERMINO DE TRABAJOS

3671

ACTA DE LA PRESENTE SESION

3671

CLAUSURA

3676

RESUMEN DE TRABAJOS

3677

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA PRESENTE SESION

3679

VOLUMEN III

3683

INFORME DE LABORES

3683

VOLUMEN IV

3851

Continuación del informe de labores.

3851

INDICE DE INTERVENCIONES

3903

INDICE TEMATICO

3911

DIARIO de los DEBATES

Año lI              No.18                      SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS                      ABRIL 30, 2002

 

Presidencia de la diputada Beatriz
Elena Paredes Rangel

ASISTENCIA

La Presidenta (a las 18:30 horas):

Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:

Se va a dar lectura al orden del día.

«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.— Segundo Año.— LVIII Legislatura.

Orden del día

Martes 30 de abril de 2002.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Presidenta de la Mesa Directiva.

De los presidentes de comisiones

De la Junta de Coordinación Política.

De las comisiones.

Iniciativas de diputados

De reformas a los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o., 4o., 6o., 36, 69, 82, 83, 84, 86 y 117 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Eric Eber Villanueva Mukul, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Tarcisio Navarrete Montes de Oca, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (certidumbre jurídica), a cargo de la diputada Sara Guadalupe Figueroa Canedo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

Que reforma la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y el Código Penal Federal, a cargo del diputado Roberto Bueno Campos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

De reformas a diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y de la Ley Federal del Trabajo (trabajo para jóvenes), a cargo de la diputada Olga Patricia Chozas y Chozas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

De reformas a la Ley General de Población para la creación del Ombudsman Nacional de los Migrantes, a cargo del diputado Jaime Martínez Veloz. (Turno a comisión.)

De Ley Federal de Telecomunicaciones, a cargo del diputado Víctor Manuel Ochoa Camposeco, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 10, 11 y 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación.)

De la Comisión de Relaciones Exteriores con proyecto de decreto por el que se autoriza al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional del 13 al 18 de mayo de 2002, a fin de realizar una visita oficial al Reino de Bélgica, a las sedes del Parlamento Europeo (UE) y del Consejo de Europa en Estrasburgo, Francia; participe en la II Cumbre de América Latina y el Caribe-Unión Europea, en el I encuentro a nivel presidencial entre México y la Unión Europea y visitar la ciudad española de Valencia, atendiendo una invitación que le extendiera el Presidente de la Generalitat de esa provincia española. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación.)

De la Comisión de Grupos Vulnerables con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación.)

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Comercio y Fomento Industrial con punto de acuerdo en relación al interés del Congreso del Estado de Jalisco para que la norma oficial denominada "Leche de Vaca", sea tomada en cuenta por la Secretaría de Economía y la Sagarpa para elaborar la Norma Oficial Mexicana respectiva.

De la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía con punto de acuerdo en relación a exhortar a la Secretaría de Gobierno, dar seguimiento puntual a las transmisiones de televisión y radio.

De la Comisión de Salud con punto de acuerdo en relación a que se estudien las iniciativas presentadas, para garantizar que la leche cumpla su papel de mejorar la nutrición de los mexicanos.

De la Comisión de Transportes con punto de acuerdo en relación a la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, a fin de que proporcione información sobre el Programa de Bursatilización Carretero.

De las comisiones unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Salud con punto de acuerdo en relación al impacto del TLCAN, en la venta de productos farmacéuticos al sector público.

De la Comisión del Distrito Federal con punto de acuerdo para solicitar a las autoridades correspondientes, el entubamiento del llamado gran canal de desagüe.

De las comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y Recursos Naturales con punto de acuerdo para exhortar a las secretarías de Relaciones Exteriores, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Instituto Nacional de Antropología e Historia para que se promueva el establecimiento de una mesa de trabajo binacional entre México y Belice, a fin de analizar los efectos ambientales.

Proposiciones

Con punto de acuerdo en relación a la declaración del presidente Vicente Fox Quesada, del 9 de abril de 2002, a cargo del diputado Juan Carlos Regis Adame, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en relación a la situación política de Venezuela, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos intervenga en el asunto relacionado con los actos violatorios de los derechos humanos cometidos contra los señores Víctor Javier García Uribe y Gustavo González Meza, a cargo del diputado Arturo Meza de la Rosa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para solicitar el cambio de las tarifas eléctricas de verano para los municipios de Acuña, Allende, Múzquiz y Villa Unión, del Estado de Coahuila, a cargo del diputado Claudio M. Bres Garza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en relación a la contaminación generada por Pemex en el Estado de Tabasco, a cargo de la diputada Adela del Carmen Graniel Campos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a publicar en el Diario Oficial y a los ejecutivos de las entidades federativas, a informar y publicar en sus diarios o periódicos oficiales de manera mensual, el monto y la evolución de los recursos transferidos a estados y municipios, así como la metodología utilizada para su cálculo, a cargo del diputado Julián Hernández Santillán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incorpore en la tarifa 9 ó 9M, la energía eléctrica utilizada en procesos de filtrado de agua mediante ósmosis inversa para uso agrícola, a cargo del diputado Hugo Zepeda Berrelleza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en relación a los créditos que otorga el Fovissste conjuntamente con la banca privada, a cargo del diputado Mario Cruz Andrade, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para solicitar a las autoridades, se intensifique la coordinación institucional en el combate al narcotráfico y la drogadicción en el país, a cargo del diputado Humberto Muñoz Vargas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en relación al pago complementario de 30 millones de pesos de Pemex a los damnificados de las explosiones del 22 de abril en Guadalajara, a cargo del diputado Jaime Aceves Pérez, a nombre de diputados federales del Estado de Jalisco. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que la Procuraduría General de la República realice una valoración puntual de todas las pruebas existentes en el expediente del homicidio del cardenal Posadas Ocampo, a cargo del diputado Tomás Coronado Olmos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo relativo a la administración de la justicia en México, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo relativo a los trabajos de este Congreso, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en relación a las telesecundarias del sistema educativo nacional, a cargo del diputado Miguel Bortolini Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para solicitar al Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito (Fideliq), atienda a los campesinos de la zona llanera de Durango y otras entidades federativas que así lo requieran, sobre la condonación de intereses moratorios, presentada por el diputado Francisco Esparza Hernández, a nombre de integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo para que se constituya un fondo para financiar la reubicación de los campesinos pobres de la región de Montes Azules, en el Estado de Chiapas, a cargo del diputado Santiago López Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para solicitar al Instituto Federal Electoral instrumente diversas campañas en torno a la necesidad de que el ciudadano participe en la vida política del país, a cargo del diputado Luis Villegas Montes, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Elección de miembros de la Comisión Permanente.

Comisiones protocolarias.

Clausura.»

La Presidenta:

Se somete a su consideración el orden del día... No habiendo ninguna intervención, continuamos con la sesión.

En virtud de que el acta de la sesión inmediata anterior se va a circular en el curso de la sesión, esta Mesa Directiva la someterá a votación en un momento ulterior del desarrollo de la sesión.

Pasamos a las comunicaciones.

CAMBIO TURNO INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO PRESENTADOS

La secretaria Martha Silvia Sánchez González:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.

La Mesa Directiva informa, que a solicitud de diversas comisiones, con fundamento en lo que establece el artículo 23 inciso f, de la Ley Orgánica, modifica los turnos de los siguientes asuntos:

La Comisión de Desarrollo Social, declinó por considerar que no es de su competencia:

Proposición con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del Año 2001, se considere un incremento a las partidas correspondientes al Gasto Social, en relación a la demanda de los Trabajadores de la Salud. Presentada por la diputada Adela Graniel Campos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de fecha 5 de diciembre de 2000.

Se turna a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública; de Trabajo y Previsión Social; de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda; de Educación Pública y Servicios Educativos; de Salud y de Seguridad Social.

La Comisión de Ciencia y Tecnología, solicitó ampliación de turno por considerar que es de su competencia:

Ley de Bioseguridad iniciativa presentada por el diputado Fernando Castellanos Pacheco, del grupo parlamentario del PAN, de fecha de 13 de abril de 2000.

Se turna a la Comisión de Salud, con opinión de la Comisión de Ciencia y Tecnología.

La Comisión de Comercio y Fomento Industrial, declinó por considerar que no es de su competencia:

Ley de Protección al Usuario de los Servicios de Salud iniciativa presentada por el diputado Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del PRD, de fecha 4 de octubre de 2001.

Se turna a la Comisión de Salud.

La Comisión de Participación Ciudadana, solicitó ampliación de turno, por considerar que los siguientes asuntos, son de su competencia:

Constituión Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformas y adiciones de los artículos 35, 36, 40, 71, 73, 115, 122 y 135 iniciativa presentada por la diputada Fanny Arellanes Cervantes, del grupo parlamentario del PAN, de fecha 7 de septiembre de 2000.

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Participación Ciudadana.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones (en relación al Poder Legislativo) iniciativa presentada por el diputado Amador Rodríguez Lozano, de fecha 27 de marzo de 2001.

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Participación Ciudadana.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformas a los artículos 40 y 115 iniciativa presentada por el diputado Bernardo Bátiz Vázquez, del grupo parlamentario del PRD, LVII Legislatura, de fecha 2 de abril de 1998.

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Participación Ciudadana.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reforma a los artículos 35, 41, 71, 72, 74, 89, 93-bis y 135 iniciativa presentada por el diputado Gilberto Parra Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, LVII Legislatura, de fecha 31 de marzo de 1998.

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Participación Ciudadana.

La Comisión de Cultura, solicitó ampliación de turno por considerar que es de su competencia:

Ley Federal del Derecho de Autor, reforma a las fracciones I, II y deroga la IV del artículo 150 iniciativa presentada por la diputada, Sonia López Macías, del grupo parlamentario del PAN, de fecha 19 de abril de 2001.

Se turna a las comisiones de Turismo; Educación Pública y Servicios Educativos, con opinión de la Comisión de Cultura.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, declinó por considerar que no es de su competencia:

Proposición con punto de acuerdo para hacer un llamado a los titulares de la Secretaría de Educación Pública y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a fin de que se evite el uso del Castillo de Chapultepec con fines distintos a los establecidos en la normatividad vigente. Presentada por el diputado Elías Martínez Rufino, del grupo parlamentario del PRD, de fecha 16 de noviembre de 2000.

Se turna a la Comisión de Cultura.

La Comisión de Asuntos Indígenas, solicitó ampliación de turno por ser asunto de su competencia:

Ley de Coordinación Fiscal, reformas iniciativa presentada por el senador Carlos Rojas Gutiérrez, del grupo parlamentario del PRI, de fecha 21 de noviembre de 2001.

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Asuntos Indígenas.

La Comisión de Equidad y Género, solicitó ampliación de turno por considerar que es de su competencia:

Código Penal Federal, reformas al artículo 259-bis iniciativa presentada por la diputada Norma Patricia Riojas Santana, a nombre de los partidos: PSN, PAS y grupos parlamentarios del: PRI, PAN, PRD, PVEM y PT, de fecha 8 de noviembre de 2001.

Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con opinión de la Comisión de Equidad y Género.

La Comisión de Comercio y Fomento Industrial, solicitó ampliación de turno por considerarlo asunto de su competencia:

Ley de Protección de Datos Personales iniciativa presentada por el diputado Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del PRD, de fecha 6 de septiembre de 2001.

Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con opinión de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

La Comisión de Agricultura y Ganadería, solicitó ampliación de turno por considerarlo de su competencia:

Energía para el Campo, ley de iniciativa presentada por el diputado César Duarte Jáquez, a nombre de los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD, de fecha 29 de noviembre de 2001.

Se turna a la Comisión de Energía, con opinión de la Comisión de Agricultura y Ganadería.

La Comisión de Fortalecimiento del Federalismo, solicitó ampliación de turno en los siguientes asuntos, por considerarlos de su competencia:

Constitución Política Estados Unidos Mexicanos, reformas al párrafo segundo, inciso c, de la fracción IV, del artículo 115 iniciativa presentada por el senador Fidel Herrera Beltrán del grupo parlamentario del PRI, de fecha 15 de agosto de 2001.

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales; Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo.

Proposición con punto de acuerdo para que se convoque a los poderes Federal, estatal y municipal y funcionarios fiscales, para celebrar la IV Convención Nacional Fiscal. Presentada por la diputada Miroslava García Suárez, a nombre de los grupos parlamentarios del PRD, PT y PRI, de fecha 9 de abril de 2001.

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público; de Presupuesto y Cuenta Pública, con opinión de la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo.

La Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, declina en los siguientes asuntos por considerar que no son de su competencia:

Proposición para que comisiones de las cámaras de Diputados y Senadores, participen en la contratación de una empresa que audite a la central nuclear de Laguna Verde y la designación de los asesores que auxilien a los legisladores. Presentada por la Junta Directiva de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, de fecha 30 de agosto de 2000.

Se turna a las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Energía.

Proposición con punto de acuerdo para solicitar que el Procurador General de la República informe del estado que guardan las investigaciones sobre la intervención ilegal de comunicaciones privadas suscitadas en el Estado de México. Presentada por el diputado Alejandro Enrique Gutiérrez Gutiérrez, del grupo parlamentario del PAN, de fecha 17 de septiembre de 2001.

Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Proposición con punto de acuerdo para que se establezca un grupo de trabajo entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, para la construcción de una agenda común, la creación de una política migratoria de Estado, la elaboración de una ley nacional de migración y la revisión puntual de los programas y partidas presupuestales que tengan como finalidad el bienestar de los connacionales en los Estados Unidos de América. Presentada por el diputado Jaime Martínez Veloz, del grupo parlamentario del PRI, de fecha 4 de octubre de 2001.

Se turna a las comisiones de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y por lo que se refiere al segundo punto a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Congreso del Estado de Oaxaca, en la que transcribe acuerdo por el que solicita al Congreso de la Unión, que sea atendida la situación de extrema gravedad y vulnerabilidad en que se encuentran miles de ciudadanos mexicanos y sus familiares en los Estados Unidos y se legisle en materia de migración, de fecha 9 de Octubre de 2001.

Se turna a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

Proposición con punto de acuerdo, para que se solicite a las comisiones de límites, tanto del Estado de México como del Distrito Federal, la información sobre los trabajos realizados en el convenio de fecha 24 de agosto de 1993 y se resuelva el problema planteado sobre los límites entre el Estado de México y el Distrito Federal, en la parte correspondiente al municipio Valle de Chalco y a la delegación Tláhuac presentada por el diputado José Delfino Garcés Martínez, del grupo parlamentario del PRD, de fecha 9 de octubre de 2001.

Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

La Comisión de Energía, declina en los siguientes asuntos por considerar que no son de su competencia:

Proposición con punto de acuerdo para que la Comisión Permanente solicite al Ejecutivo Federal, información sobre los resultados de las reuniones, así como los acuerdos para tratar la temática del gas doméstico. Presentada por el diputado Víctor Roberto Infante González, del grupo parlamentario del PRI, de fecha 11 de julio de 2001.

Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

Proposición con punto de acuerdo para solicitar a los secretarios de: Economía y Energía, de la Comisión Reguladora de Energía y de Petróleos Mexicanos, realicen los ajustes necesarios para congelar el precio del gas y para que comparezcan el Secretario de Energía y el director de Petróleos Mexicanos, explique y den solución a la problemática que está viviendo la población de México con el precio del gas LP. Presentada por el diputado Alfredo Hernández Raigosa, del grupo parlamentario del PRD, de fecha 6 de septiembre de 2001.

Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

Proposición con punto de acuerdo para que las comisiones de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, realicen una reunión de trabajo con los servidores públicos de la Federación, del Estado de Puebla, del Instituto de Ingeniería de la UNAM y de los municipios de Chignahuapan, Huauchinango, Juan Galindo, Xicotepec de Juárez y Zacatlán, así como con el Sindicato Mexicano de Electricistas, a efecto de determinar el proyecto de saneamiento integral del sistema hidrológico Necaxa. Presentada por el diputado Narciso Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del PRI, de fecha 17 de septiembre de 2001.

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Palacio Legislativo.— San Lázaro, Distrito Federal a los 15 días del mes de marzo de 2002.

México, D.F., a 30 de abril de 2002.— Diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, presidenta.»

La Presidenta:

Turno a las comisiones mencionadas o ratificarles el turno y la ratificación respectiva y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

COMISIONES LEGISLATIVAS

La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.

Ciudadanos secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Esta Presidencia ha recibido informe de actividades de las siguientes comisiones:

Desarrollo Social, septiembre 2001-marzo 2002; Energía, informe final de los grupos plurales parlamentarios de las LVII y LVIII legislaturas; Marina, tercer informe semestral, septiembre 2001-febrero 2002; Vigilancia de Auditoría Superior de la Federación, informe relativo a la comparecencia del presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Lo que comunico a ustedes, para que no hagan del conocimiento de la honorable Asamblea.

Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 30 de abril de 2002.— Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta.»

La Presidenta:

Túrnense los originales a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y publíquense en la Gaceta Parlamentaria.

CAMBIO TURNO PUNTOS DE ACUERDO PRESENTADOS

El seretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.

Ciudadanos secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Esta Presidencia ha recibido solicitudes de cambio de turno de iniciativas y de proposiciones con punto de acuerdo, de las siguientes comisiones.

VER TABLA EN EL DOC-1

VER TABLA EN EL DOC-1a

Solicito a ustedes lo hagan del conocimiento de la honorable Asamblea y se publiquen en la Gaceta Parlamentaria.

Atentamente.

Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 30 de abril de 2002.— Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta.»

La Presidenta:

Comuníquese a las comisiones respectivas la reorientación del turno y publíquese en la Gaceta Parlamenaria.

PRORROGA A DICTAMEN DE INICIATIVAS PRESENTADAS

El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de Puntos Constitucionales.

Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

La Comisión de Puntos Constitucionales recibió 119 iniciativas de anteriores legislaturas y a partir del 1o. de septiembre de 2000 se han recibido 163 iniciativas.

Esta comisión ha elaborado anteproyectos de dictámenes de todas y cada una de las iniciativas recibidas, pero los mismos no han recibido el consenso de sus integrantes, solamente se han llegado a los acuerdos en las reformas en materia indígena, reforma política del Distrito Federal y educación preescolar, mismos que han sido presentados al pleno.

La Comisión de Puntos Constitucionales ha recibido las siguientes excitativas durante la LVIII Legislatura:

El 10 de octubre de 2000 el diputado Luis Herrera Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática excitó a esta comisión para se aboque a la formulación del dictamen que corresponda sobre las iniciativas de reformas a los artículos 35, 41, 72, 74, 89, 93 y 135 constitucionales presentada el 31 marzo 1998, por el diputado Gilberto Parra Rodríguez y reformas a los artículos 40 y 115 constitucionales presentada el 2 de abril de 1998 por el diputado Bernardo Bátiz.

El 9 de noviembre de 2000 el diputado Elías Martínez Rufino, del Partido de la Revolución Democrática excitó a esta Comisión para que dictamine la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 3o. constitucional presentada el 9 de diciembre de 1999 por la diputada María de Lourdes Rojo e Inchaústegui.

El 16 de noviembre de 2000 el diputado Eric Eber Villanueva Mukul, del Partido de la Revolución Democrática, excitó a esta comisión para que emita, junto con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública el dictamen relativo a la iniciativa de reformas al artículo 74 fracción IV constitucional y a los artículos 20 y 25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, presentada el día 12 de octubre de 2000 por el mismo diputado.

El 7 de diciembre de 2000 la diputada Griselda Ramírez Guzmán, del Partido Acción Nacional, excitó a esta comisión para que dictamine la iniciativa de reformas al artículo 123, apartado A, fracción V constitucional presentada el 10 de diciembre de 1998, por la diputada Patricia Espinosa Torres.

El 20 de marzo de 2001 el diputado Francisco Javier Chico Goerne Cobián, del Partido Acción Nacional, excitó a esta comisión para que dictamine la iniciativa de reforma integral al Marco Jurídico que regula las responsabilidades de los servidores públicos, presentada, el 10 de diciembre de 1999 por el diputado Adalberto Antonio Valderrama Fernández.

El 20 de marzo de 2001 el diputado Eric Eber Villanueva Mukul, del Partido de la Revolución Democrática, excitó a esta comisión para que emita, junto con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública el dictamen relativo a la iniciativa de reformas al artículo 74 fracción IV, constitucional y a los artículos 20 y 25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, presentada el día 12 de octubre de 2000, por el mismo diputado.

El 29 de marzo de 2001 el diputado J. Jesús Garibay García, del Partido de la Revolución Democrática, excitó a esta comisión para que dictaminen la iniciativa de reformas a los artículos 26 y73 fracción XXIX inciso d de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el día 10 de octubre de 2000 por el diputado Rafael Hernández Estrada y el mismo diputado.

El 30 de abril de 2001 la diputada María Cruz Martínez Colín, del Partido de la Revolución Democrática, excitó a esta comisión para que dictaminen la iniciativa que adiciona una fracción XXVII al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el día 28 de noviembre de 2000 por la misma diputada.

El 18 de julio de 2001 el diputado Tomás Torres Mercado, del Partido de la Revolución Democrática, excitó a esta comisión para que dictamine la iniciativa de reformas al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 22 de marzo de 2001 por el diputado Pedro Rosado Salazar.

El 27 de septiembre de 2001 el diputado Pedro Miguel Rosaldo Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, excitó a esta comisión para que dictamine la iniciativa de reformas al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 22 de marzo de 2001 por el mismo diputado.

El 23 de octubre de 2001 el diputado Luis Alberto Villareal García, del Partido Acción Nacional, excitó a esta comisión para que dictamine la iniciativa que adiciona una fracción XXVIII al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentada el 28 de noviembre de 2000 por la diputada María Cruz Martínez Colín.

El 23 de octubre de 2001 el diputado Ramón Paniagua Jiménez, del Partido Acción Nacional excitó a esta comisión para que dictamine la iniciativa de reformas al artículo 123 apartado A fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 10 de diciembre de 1998 por la diputada María Elena Alvarez de Vicencio.

El 6 de noviembre de 2001 el diputado Javier Castañeda Pomposo, del Partido Acción Nacional, excitó a esta comisión para que dictamine la iniciativa que reforma la fracción XXIX-D del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 23 de abril de 1998 por el diputado Rubén Fernández Aceves.

El 13 de noviembre de 2001 el diputado Auldarico Hernández Gerónimo, del Partido de la Revolución Democrática, excitó a esta comisión para que dictamine junto con la Comisión de Asuntos Indígenas la iniciativa que adiciona, deroga y reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 16 de mayo de 2001 por el diputado Martí Batres Guadarrama.

El 27 de noviembre de 2001 el diputado José Manuel del Río Virgen, del Partido Alianza Social, excitó a esta comisión para que dictamine junto con las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de Gobernación y Seguridad Pública la iniciativa de Ley de Amnistía General, para todos los presos perseguidos por motivos políticos, presentada el 11 de abril de 2000 por el diputado Adolfo González Zamora.

El 15 de diciembre de 2001 el diputado Alberto Amador Leal, del Partido Revolucionario Institucional, excitó a esta comisión para que dictamine la iniciativa que adiciona los artículos 73 fracción XXIX-D y 115 fracción V constitucional, presentada el 30 de octubre de 2001 por el mismo diputado.

El 19 de marzo de 2002 el diputado Ramón León Morales, del Partido de la Revolución Democrática, excitó a esta comisión para que dictamine junto con la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública la iniciativa de reformas y adiciones a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo incorporar el Libro Noveno del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentada el 4 de octubre de 2001, (Ley de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral) por el diputado Gregorio Urías Germán.

El 25 de marzo de 2002 el diputado Sergio Acosta Salazar, del Partido de la Revolución Democrática excitó, a esta comisión para que dictamine junto con la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública la iniciativa de reformas y adiciones a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo incorporar el Libro Noveno del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentada el 4 de octubre de 2001, (Ley de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral) por el diputado Gregorio Urías Germán.

El 25 de marzo de 2002 el diputado Tomás Torres Mercado, del Partido de la Revolución Democrática, excitó a esta comisión para que junto con la Comisión de Justicia y Derechos Humanos dictaminen la iniciativa que reforma los artículos 17 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 93 y 158 de la Ley de Amparo, presentada el 8 de agosto de 2001 por el diputado Tomás Torres Mercado.

El 26 de marzo de 2002 el diputado Esteban Daniel Martínez Enríquez, del Partido de la Revolución Democrática, excitó a esta comisión para que junto con la Comisión de Desarrollo Social dictaminen la iniciativa de adiciones a los artículos 73 fracción XXIX-D y 115 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el día 30 de octubre de 2001 por el diputado Alberto Amador Leal.

El 2 de abril de 2002 el diputado Alfredo Hernández Raigoza, del Partido de la Revolución Democrática, excitó a esta comisión para que junto con la Comisión de Energía dictaminen la iniciativa que adiciona la fracción XXXI al artículo 73 y la fracción X al artículo 79, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y adiciona y reforma diversas disposiciones de las leyes: Orgánica de la Administración Pública Federal; Federal de Protección al Consumidor; de la Comisión Reguladora de Energía; Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios y Reglamentaria del artículo 27 constitucional, en el ramo del petróleo, presentada el 25 de abril de 2001 por el mismo diputado.

El 11 de abril de 2002 el diputado Raúl Gracia Guzmán, del Partido Acción Nacional, excitó a esta comisión para que junto con la Comisión Desarrollo Social dictaminen la iniciativa de reformas al artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 15 de diciembre de 1999 por la Comisión de Relaciones Exteriores y diversos grupos parlamentarios.

Con fundamento en lo establecido por el artículo 91 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar a usted se conceda la prorroga, a la Comisión de Puntos Constitucionales, para la presentación de los dictámenes de las excitativas antes mencionadas, en virtud de que aún y cuando ya se cuentan con los proyectos de dictámenes, no existe el consenso necesario entre las fuerzas políticas que integran esta Cámara, debiendo ser votados por dos terceras partes de la misma al tratarse de reformas a la Constitución, de acuerdo a lo establecido por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior pido a usted otorgue la prórroga indefinida para lograr los consensos necesarios a fin de que los dictámenes de referencia sean presentados al pleno de esta Asamblea, de acuerdo al artículo 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 29 de abril de 2002.— Diputado Salvador Rocha Díaz, presidente.

La Presidenta:

Túrnese a la Mesa Directiva para su análisis y acuerdo respectivo.

LAGUNA VERDE

El secretario Adrián Rivera Pérez:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.

Ciudadanos secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presentes.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura, con fundamento en el artículo 34 numeral 1 inciso b de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Primera. Que el 19 de septiembre de 2001, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo de creación de la Comisión de Investigación de la Planta Nucleoeléctrica de Laguna Verde, en Veracruz.

Segunda. Que el resolutivo cuarto, del citado acuerdo de creación, determina la extinción de la comisión para el 30 de abril de 2002.

Tercera. Que la Junta de Coordinación Política, después de presentado el informe de avance de los trabajos realizados, ha considerado oportuno otorgar una prórroga a la Comisión de Investigación de la Planta Nucleoeléctrica de Laguna Verde, en Veracruz, para que concluya con los trabajos que motivaron su conformación.

Por las consideraciones expuestas, la Junta de Coordinación Política propone al pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

ACUERDO

Primero. Se otorga una prórroga a la duración del funcionamiento de la Comisión de Investigación de la Planta Nucleoeléctrica de Laguna Verde, en Veracruz, hasta el 31 de agosto de 2002, a efecto de que concluya con los trabajos respectivos.

Segundo. Comuníquese a la Comisión de Investigación de la Planta Nucleoeléctrica de Laguna Verde, en Veracruz.

Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 25 de abril de 2002.— Junta de Coordinación Política.— Diputados: Felipe Calderón Hinojosa, presidente y coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Rafael Rodríguez Barrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Martí Batres Guadarrama, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Bernardo de la Garza Herrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.»

En votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado.

CAFETICULTURA

El secretario Adrián Rivera Pérez:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Ciudadanos secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presentes.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura, con fundamento en el artículo 34 numeral 1 inciso b de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera. Que el 6 de junio de 2001, la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo por el que solicita a la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados la conformación de un grupo de trabajo para analizar la problemática de la cafeticultura.

Segunda. Que con fecha 29 de enero de 2002, la Junta de Coordinación Política suscribió un acuerdo a efecto de solicitar al grupo de trabajo de cafeticultura la presentación de un informe de los trabajos realizados, mismo que fue ratificado por el pleno el 20 de marzo del mismo año.

Tercera. Que el 26 de marzo de 2002 se presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados el informe de los trabajos realizados por el grupo de trabajo de cafeticultura.

Cuarta. Que la Junta de Coordinación Política ha considerado oportuno otorgar una prórroga al grupo de trabajo de cafeticultura para que concluya con los trabajos que motivaron su conformación.

Por las consideraciones expuestas, la Junta de Coordinación Política propone al pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

ACUERDO

Primero. Se otorga una prórroga a la duración del funcionamiento del grupo de trabajo de cafeticultura, de la Comisión de Agricultura y Ganadería de esta Cámara, hasta el 31 de diciembre de 2002, a efecto de que concluya con los trabajos respectivos.

Segundo. Comuníquese al grupo de trabajo de cafeticultura, por conducto de la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Dado en el Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 25 de abril de 2002.— Diputados: Felipe Calderón Hinojosa, presidente y coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Rafael Rodríguez Barrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Martí Batres Guadarrama, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Bernardo de la Garza Herrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.»

En votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado.

TRABAJADORES MEXICANOS BRACEROS

El secretario Adrián Rivera Pérez:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presentes.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura, con fundamento en el artículo 34 numeral 1 inciso b de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera. Que el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el 17 de abril de 2001 el "acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para darle seguimiento a los fondos aportados por los trabajadores mexicanos braceros".

Segunda. Que con fecha 11 de diciembre de 2001, el pleno de la Cámara de Diputados acordó otorgar una prórroga a la duración del funcionamiento de dicha Comisión Especial hasta el 25 de abril de 2002.

Tercera. Que el 25 de abril de 2002 se presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados un informe de la Comisión Especial y con la misma fecha se turnó a la Junta de Coordinación Política dicho informe con la propuesta de prorrogar los trabajos de la referida comisión.

Cuarta. Que la Junta de Coordinación Política ha considerado oportuno promover ante el pleno la prórroga para el funcionamiento de la comisión especial, a efecto de que se concluyan los trabajos respectivos.

Por las consideraciones expuestas, la Junta de Coordinación Política propone al pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

ACUERDO

Primero. Se otorga una prórroga a la duración del funcionamiento de la Comisión Especial para darle seguimiento a los fondos aportados por los trabajadores mexicanos braceros, hasta el 31 de diciembre del 2002.

Segundo. Comuníquese a la Comisión Especial para darle seguimiento a los fondos aportados por los trabajadores mexicanos braceros.

México, D.F., a 25 de abril de 2002.— Diputados: Felipe Calderón Hinojosa, presidente y coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Rafael Rodríguez Barrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Martí Batres Gaudarrama, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Bernardo de la Garza Herrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.»

En votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado.

COMISIONES LEGISLATIVAS (II)

El secretario Adrián Rivera Pérez:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 34 numeral 1 inciso c, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador de relaciones internas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a usted la modificación en la integración de la siguiente comisión:

• Que la diputada Arcelia Arredondo García, salga de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo.— México, D.F., a 29 de abril de 2002.— Diputado Felipe Calderón Hinojosa, presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.

Diputado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados.— Presente.

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y para remitirle la siguiente salida:

La diputada Arcelia Arredondo García sale de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, como integrante. Deja libre el lugar.

Lo anterior para que se notifique a la comisión antes referida, para los trámites a los que haya lugar.

Sin otro particular de momento, le reitero las seguridades de mi consideración más alta y distinguida.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 29 de abril de 2002.— Diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoodinador de relaciones internas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacioal.»

La Presidenta:

De enterado.

El secretario Adrián Rivera Pérez:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 34 numeral 1 inciso c, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a solicitud del diputado Martí Batres Guadarrama, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, me permito solicitar a usted la modificación en la integración de la siguiente comisión:

• Que el diputado David Augusto Sotelo Rosas, sustituya a la diputada Hortensia Aragón Castillo, en la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo.— México, D.F., a 30 de abril de 2002.— Diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.

Diputado Felipe Calderón Hinojosa presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el numeral 2 del artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito informarle la sustitución de la diputada Hortensia Aragón Castillo en la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, por el diputado David Augusto Sotelo Rosas.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 30 de abril de 2002.— Diputado MartÍ Batres Guadarrama, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

La Presidenta:

De enterado.

El secretario Adrián Rivera Pérez:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 34 numeral 1 inciso c de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a solicitud del diputado Martí Batres Guadarrama, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, me permito solicitar a usted, la modificación en la integración de la siguiente comisión:

Que el diputado Donaldo Ortiz Colín, se incorpore en las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Pesca, para ocupar un lugar vacante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted

Atentamente.

México, D.F., a 30 de abril de 2002.— Diputado Felipe Calderón Hinojosa, presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.—

Diputado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el numeral 2 del artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito informarle la incorporación del diputado Donaldo Ortiz Colín, a las comisiones de Medio Ambiente y Pesca.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo.— de San Lázaro, a 29 de abril de 2002.— Diputado Martí Batres Guadarrama, coordinador.»

La Presidenta:

De enterado y verifique la Secretaría de Asuntos Parlamentarios que existan los lugares en dicha comisión.

El secretario Adrián Rivera Pérez:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 34 numeral 1 inciso c de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a solicitud del diputado Bernardo de la Garza Herrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, me permito solicitar a usted la modificación en la integración de la siguiente comisión:

Que el diputado Arturo Escobar y Vega sustituya como integrante a la diputada María Teresa Campoy Ruy Sánchez, en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y ésta a su vez sustituya al diputado Arturo Escobar y Vega en la Comisión de Juventud y Deporte.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 29 de abril de 2002.— Diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Partido Verde Ecologista de México.

Diputado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23 numeral 1 inciso f, 26 numeral 1; 27 numeral 1; 43, 44 numeral 2 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito informar a usted, los siguientes cambios:

Que el diputado Arturo Escobar y Vega sustituya como integrante a la diputada María Teresa Campoy Ruy Sánchez, en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y ésta a su vez sustituya al diputado Arturo Escobar y Vega en la Comisión de Juventud y Deporte.

Lo anterior para los efectos legales que haya lugar.

Sin otro particular agradezco de antemano la atención que se sirva brindar al presente.

Atentamente.

Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 29 de abril de 2002.— Diputado Bernardo de la Garza Herrera, coordinador.»

La Presidenta:

De enterado.

El secretario Adrián Rivera Pérez:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Con fundamento en el artículo 34 numeral 1 inciso c de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a solicitud del diputado Bernardo de la Garza Herrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, me permito solicitar a usted, la modificación en la integración de la siguiente comisión:

• Que la diputada Olga Patricia Chozas y Chozas, asuma la presidencia de la Comisión de Juventud y Deporte;

• Que la diputada María Teresa Campoy Ruy Sánchez, asuma la Secretaría de la Comisión de Juventud y Deporte.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

México, D. F., a 29 de abril de 2002.— Diputado Felipe Calderón Hinojosa, presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Partido Verde Ecologista de México.

Diputado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23 numeral 1 inciso f 26 numeral 1, 27 numeral 1, 43, 44 numeral 2 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; me permito informar a usted, los siguientes cambios:

• Que la diputada Olga Patricia Chozas y Chozas, asuma la presidencia de la Comisión de Juventud y Deporte;

• Que la diputada María Teresa Campoy Ruy Sánchez, asuma la Secretaría de la Comisión de Juventud y Deporte.

Lo anterior para los efectos legales que haya lugar.

Sin otro particular agradezco de antemano la atención que se sirva brindar al presente.

Atentamente.

México, D. F., a 29 de abril de 2002.— Diputado Bernardo de la Garza Herrera, coordinador.»

En votación económica, se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado.

El secretario Adrián Rivera Pérez:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a solicitud del diputado Rafael Rodríguez Barrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, me permito solicitar a usted, la modificación en la integración de la siguiente comisión:

• Que la diputada Lorena Martínez Rodríguez, asuma la secretaría de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, en sustitución de la diputada Laura Pavón Jaramillo y esta a su vez quede como integrante de dicha comisión.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 30 de abril de 2002.— Diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura. Coordinación del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Diputado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en los artículos 34, numeral 1, inciso c y 44 numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hago de su conocimiento, para los efectos a que haya lugar, el siguiente cambio de Mesa Directiva de este grupo parlamentario, en las comisiones legislativas que a continuación se indican:

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables:

Que la diputada Laura Pavón Jaramillo deja la secretaría y asume la secretaría la diputada Lorena Martínez Rodríguez.

• Sigue siendo integrante de la comisión.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi consideración distinguida.

México, D. F., a 30 de abril de 2002. Diputado Rafael Rodríguez Barrera, coordinador.»

En votación económica, se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado.

LEY GENERAL DE EDUCACION

La Presidenta:

«Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la Cámara de Diputados.— Presente.

De acuerdo con la excitativa que esa Presidencia decretó en sesión de 2 de abril de este año, fijando el 30 de abril para presentar el dictamen sobre la iniciativa de decreto para reformar el artículo 25 de la Ley General de Educación, nos permitimos informarle respetuosamente que en razón de los estudios de base que el tema requiere, así como los acuerdos parlamentarios que necesita, dado que en el análisis de la misma participan también las comisiones de Cultura, de Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Cuenta Pública, nos es indispensable contar con más tiempo para integrar junto con los consensos respectivos, las opiniones técnico jurídicas procedentes para cumplir con nuestra responsabilidad.

En razón de lo anterior, informamos a usted que no podremos presentar el dictamen de referencia el 30 de abril de 2001, a pesar de los esfuerzos dirigidos para ello, por lo que le rogamos que la Mesa Directiva de la Cámara considere la presentación del mismo dentro del programa y agenda que determine.

Agradeciendo su comprensión, reiteramos a usted la seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.

Atentamente.

México, D. F., a 30 de abril de 2002.— Diputados: Enrique Meléndez Pérez, presidente; Oscar Ochoa Patrón, Alfonso Vicente Díaz, Jorge Luis García Vera y Miguel Bortolini Castillo, secretarios.»

La Presidenta:

Túrnese a la Mesa Directiva para su acuerdo.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El secretario Adrián Rivera Pérez:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

En relación a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XXVIII del artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, relacionada con los correspondientes a la materia de derechos de autor, sobre la cual esa Presidencia determinó excitativas con fechas 2, 9 y 29 de abril de este año, nos permitimos comunicar a usted lo siguiente:

En la segunda de tales excitativas se fijó como fecha para presentar el dictamen el 30 de abril del año en curso; sin embargo, informamos a usted que dicho documento sigue en estudio y análisis de esta Comisión de Hacienda, dado que a esta misma le ha sido enviado un número elevado de proyectos sobre el mismo tema y que para dictaminarla, estamos realizando las consultas necesarias para obtener el consenso respectivo, de todo lo cual están enterados debidamente los grupos parlamentarios.

En razón de lo anterior, no estamos en posibilidad de presentar el dictamen el 30 de abril de 2002, como era nuestra decisión y deseo, pero le manifestamos la disposición de la Mesa Directiva de la Comisión de Hacienda que suscribe el presente, de preparar la presentación del dictamen en el programa que determine la Mesa Directiva bajo su digna Presidencia.

Con un saludo afectuoso, reiteramos a usted, las seguridades de nuestra más atenta y distinguida consideración.

México, D. F., a 30 de abril de 2002.— Diputados: Oscar Levín Coppel, presidente; Jorge A. Chávez Presa, Rosalinda López Hernández, José Manuel Minjares Jiménez y César A. Monraz Sustaita, secretarios.»

La Presidenta:

Túrnese a la Mesa Directiva para su acuerdo.

El siguiente capítulo es el relativo a las iniciativas de diputados.

Se ofrece el uso de la palabra al diputado Tarcisio Navarrete Montes de Oca, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En virtud de que no se encuentra en el salón, lo posponemos para el término de la presentación de iniciativas.

PARTIDOS POLITICOS Y SINDICATOS NACIONALES

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Eric Eber Villanueva Mukul, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de reformas a los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o., 4o., 6o., 36, 69, 82, 83, 84, 86 y 117 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Diputado, ya le di la palabra al diputado Eric. Inmediatamente después del diputado Eric.

El diputado Eric Eber Villanueva Mukul:

Gracias, señora Presidenta; con su permiso; honorable Asamblea; señoras y señores diputados:

Vengo a presentar una iniciativa de decreto de reformas al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de partidos políticos y sindicatos nacionales.

Cuando en julio del año 2000 se logra el desplazamiento del grupo y partido dominante durante siete décadas, que había detentado el poder en nuestro país, los actores políticos que habían participado en la contienda electoral y algunos estudiosos y analistas de los fenómenos de la alternancia se preguntaban si este cambio decidido por el voto ciudadano en las urnas impulsaría también el rompimiento de las formas y métodos de hacer política y de las relaciones y estructuras autoritarias enmarcadas en el Estado corporativo mexicano, formado y alentado por los gobiernos federales de hasta esa fecha.

Lamentable fue comprobar en los hechos hasta un pasado muy reciente, la falta de independencia de los poderes Legislativo y Judicial, contrariamente a lo que debiera darse en una verdadera democracia, lo que anulaba el espíritu de régimen republicano y de división de poderes contenido en nuestra Constitución General.

No obstante la tímida apertura de régimen a partir de 1987 y en el lapso de los siguientes 13 años en que se realizan cuatro reformas electorales, dichas reformas que fueron sin duda primordiales en el largo camino hacia la democratización de nuestro país, pues estuvieron acompañadas por los cambios que se gestaron en la cultura política de la sociedad mexicana que en gran medida gracias a ellos tuvieron éxito.

El vuelco electoral de julio del año 2000 que cimbró toda la estructura del poder en México, fundamentalmente se dio en el relevo del titular del Ejecutivo Federal. Tiene su importancia histórica por haber logrado la alternancia en el poder, pero el esquema centralista y autoritario de régimen es la herencia de la cual no se ha podido desprender el actual gobierno.

Continuar con el proceso de transición es una necesidad histórica en un contexto de desgaste de nuestro sistema político y en un escenario de alternancia en el gobierno. La situación que vive actualmente y que tal vez sea la tónica en el futuro político del país, es la que hoy se presenta en la distribución del poder, ya que tenemos un escenario de mayorías divididas, el titular del Ejecutivo Federal de un partido y el Congreso de la Unión con partidos que por sí mismos no pueden formar mayoría para la toma de decisiones.

En ese marco los partidos políticos juegan un papel indiscutible, en la lucha por la conquista del poder mediante vías institucionales. El artículo 41 constitucional los define como entidades de interés público que adquieren su real significado como promotores de la participación ciudadana del pueblo en la vida democrática y como organizaciones de ciudadanos que hacen posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público.

Sin embargo, un análisis de su quehacer político arrojaría en el presente serias dudas sobre su actuación, tanto en el plano de las contiendas constitucionales como en el funcionamiento al interior de los mismos. Basta sólo escuchar el desencanto de la sociedad que tiene por todas las promesas incumplidas al calor de las justas electorales, los partidos políticos hacen a los ciudadanos promesas a través de sus candidatos que luego no cumplen.

No constituye menor causa de irritación las considerables sumas que anualmente se destinan en el Presupuesto de Egresos a los partidos políticos, las costosas campañas publicitarias a través de los diversos medios de comunicación, con las que gracias a su frecuencia y mensaje reiterativo logran imponer al candidato con menos compromiso social en la preferencia del elector.

Mención aparte merecen las contiendas internas para los diversos cargos que organizan los principales partidos políticos nacionales. Esta situación provoca que la organización política sea a la vez juez y parte y entre en una dinámica de confrontación interna innecesaria que llega a violentar en ocasiones las disposiciones reglamentarias propias.

Recientemente hemos atestiguado relevo en las dirigencias de las tres fuerzas políticas principales del país, dos de ellas, el PRI y el PRD desarrollaron estos eventos que al final fueron cuestionados con resultados poco creíbles para la opinión pública.

En el caso del PAN, el cambio de su dirección nacional se encuentra lejos de haberse efectuado en condiciones democráticas, más bien su relevo se realizó de forma y modo extraordinariamente cupular, muy lejanos a los métodos modernos.

La posibilidad de que en México la democracia sea una realidad en todos los órdenes de la sociedad mexicana depende en mucho de que los partidos políticos nacionales sean congruentes con su declaración de principios y sus disposiciones reglamentarias con lo cual garanticen internamente un clima democrático.

El desarrollo de los sindicatos nacionales, pese a su gran aportación a la construcción del país, pese a su gran construcción en la parte de la equidad social del país, siguen siendo sobre todo aparatos corporativos.

A pesar de los avances al interior del movimiento obrero, es innegable que en su seno priva aún el verticalismo y el autoritarismo, lo cual se refleja en la ausencia de asambleas, congresos, consultas y elecciones obreras realmente democráticas.

La tarea democrática estaría incompleta si no incorporamos a los sindicatos a esta nueva etapa política de México; por ello, es de interés público que en la vida sindical se desarrolle una nueva cultura obrera, en la cual sean los propios trabajadores sujetos de su destino y esto dará lugar a una vida social más amplia y democrática en el país.

Los planteamientos antes señalados llevan a concluir que la superación cualitativa de los procesos electorales internos tanto de sindicatos como partidos políticos nacionales demandan la participación de un organismo que por sus características garantice que dichos procesos se lleven a cabo con imparcialidad, transparencia, legalidad y equidad lo cual asegure que se realicen en un clima efectivamente democrático.

Por consiguiente se considera que el Instituto Federal Electoral es la institución adecuada para llevar a cabo estas tareas en la medida en que es un organismo autónomo del Gobierno y de los partidos políticos. Esta situación permite definir a este Instituto como un órgano del Estado, el Instituto gracias a su autonomía, profesionalismo y eficacia, elementos de los cuales dan cuenta ciudadanos y partidos políticos, se ha convertido en una de las instituciones democráticas del país.

Por lo tanto es el coadyuvante idóneo por su imparcialidad, capacidad de organización y experiencia para transparentar y dar credibilidad democrático a los actos electorales internos de sindicatos y partidos políticos nacionales, sin que ello implique violentar, intervenir o limitar la vida interna de dichos organismos.

Honorable Asamblea; señoras y señores diputados; como antes he señalado en el cuerpo de esta iniciativa, la Reforma del Estado se encuentra estancada, no avanza y no se vislumbra voluntad de emprenderla por parte del Gobierno y el país que entró en la transición democrática en julio de 2000, reclama que está por una necesidad histórica y en un contexto de desgaste de nuestro sistema político, continúa y se profundice que es impostergable su consolidación a efecto de desmantelar el viejo régimen suprimiendo los resabios del autoritarismo y corporativismo y las formas de hacer política, así como también la necesidad de emprender las reformas de las instituciones y del marco jurídico que las sustenta.

Por tales razones, la iniciativa que hoy se presenta tiene la finalidad de que una entidad del Estado mexicano que ha probado su profesionalismo e imparcialidad en los comicios electorales sea dotada de nuevas atribuciones con la finalidad de que pueda organizar las elecciones internas de los partidos políticos y de los sindicatos nacionales.

Que esta nueva función del IFE contribuirá a dar legitimidad a dichos organismos, lograr dar certidumbre que reclama la sociedad y contribuir de este modo a la profundización y consolidación de la democracia en el país.

Señora Presidenta, nada más para terminar, medio minuto por favor.

La Presidenta:

Adelante, diputado.

El diputado Eric Eber Villanueva Mukul:

Por lo tanto, presentamos esta iniciativa de decreto de reformas al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los artículos 1o., 4o., 6o., 36, 38, 69, 82, 83, 84, 86 y 117 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Federales.

Firman esta iniciativa los diputados: Miguel Bortolini, Cuauhtémoc Montero, Rodrigo Carrillo Pérez, Uuc-kib Espadas, Rubén Aguirre Ponce, Mario Cruz, Rogaciano Morales, Alejandro Gómez, Tomás Torres, Enrique Herrera, Gregorio Urias, Elías Martínez, Ramón León, David Sotelo, Bonifacio Castillo, Pedro Rosaldo, Alfonso Oliverio Elías y un servidor.

Le solicito que se inserte íntegra, dado que es una síntesis, en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

Muchas gracias.

«Iniciativa de decreto de reformas al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de partidos políticos y sindicatos nacionales.

El suscrito diputado federal de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo reformas al artículo 41 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los artículos 1o., 4o., 6o., 36, 38, 69, 82, 83, 84, 86 y 117 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Cuando en julio del año 2000, se logra el desplazamiento del grupo y partido dominante que durante siete décadas había detentado el poder en nuestro país, los actores políticos que habían participado en la contienda electoral y algunos estudiosos y analistas de los fenómenos de la alternancia, se preguntaban si este cambio decidido por el voto ciudadano en las urnas, impulsaría también el rompimiento de las formas y modos de hacer política y de las relaciones y estructuras autoritarias enmarcadas en el Estado corporativo mexicano formado y alentado por los gobiernos federales hasta esa fecha.

Esos estilos de hacer política y de organización corporativa los encontramos desde el nacimiento mismo del partido que surge de la Revolución y convertido posteriormente en el Partido Revolucionario Institucional, que llevó a la Presidencia de la Republica a todos sus candidatos, estableciéndose una simbiosis entre partido y Gobierno y es por esta razón que se les llegó a identificar como dos piezas clave del sistema político mexicano.

Lamentable fue comprobar en los hechos hasta un pasado muy reciente, la falta de independencia de los poderes Legislativo y Judicial, contrariamente a lo que debiera darse en una verdadera democracia, lo que anulaba el espíritu del régimen republicano y la división de poderes contenidos en nuestra Constitución General.

En este ambiente asfixiante de la vida política mexicana, el partido oficial y el Gobierno buscaron un contrapeso para legitimar el ejercicio del poder en el país, creando en el año de 1963 la figura jurídico-electoral de los diputados de partido, y avanzando en 1978 con la institución de un sistema electoral mixto en el que surgen los diputados de representación proporcional. Así surgió un acercamiento burdo, desde la cúpula, a un precario régimen de partidos políticos; sin embargo faltaba lo esencial para que este régimen fuera real, es decir, que hubiera en los hechos elecciones libres, competitivas y equitativas. Sólo sobre la base de esto podría darse un verdadero Poder Legislativo autónomo y representativo, así como la posibilidad real de la alternancia en el Gobierno.

No obstante la tímida apertura del régimen, a partir de 1987 y en el lapso de los siguientes 13 años en que se realizan cuatro reformas electorales. Dichas reformas que fueron sin duda primordiales en el largo camino hacia la democratización en nuestro país, pues estuvieron acompañadas por los cambios que se gestaron en la cultura política de la sociedad mexicana que en gran medida, gracias a ello, tuvieron éxito.

Hoy podemos afirmar que fue el cambio social el que empujó el inicio de la transición política mexicana; fue la sociedad que en 1968 tuvo su primer despertar con el movimiento estudiantil y años después en las décadas de los años setenta y ochenta permitió el surgimiento de organizaciones campesinas independientes del control corporativo que se había instituido desde el Estado. Por esos años, también se logró el fortalecimiento del movimiento sindical independiente y se van dando expresiones cada vez más críticas de la prensa que poco a poco fue perdiendo su subordinación al Estado.

En la contienda electoral del año 1988, el régimen político mexicano vivió las elecciones más controvertidas de su historia, pues siempre existió las sospecha sobre el triunfo del candidato del PRI, que se había enfrentado a la oposición real representada por el Frente Democrático Nacional aglutinante de todas las fuerzas de izquierda del país, ese momento reveló dos hechos que cambiarían la vida política del país: uno, se marcaron las fisuras que después resquebrajarían el viejo entramado del régimen político mexicano y dos, la sociedad civil descubrió que con su voto podía cambiar el destino de México.

El vuelco electoral de julio del año 2000, que cimbró toda la estructura del poder en México fundamentalmente se dio en el relevo del titular del Ejecutivo Federal, tiene su importancia histórica por haber logrado la alternancia en el poder; pero el esquema centralista y autoritario del régimen es la herencia de la cual no se ha podido desprender el actual Gobierno del presidente Vicente Fox.

El desplazamiento del partido que por siete décadas detentó el poder en México se dio mediante una transición tersa, sí, pero no de manera gratuita, porque los ciudadanos exigían en ese momento, cambios en la conducción del quehacer gubernamental y hoy se mantiene esa exigencia, porque la demagogia, la corrupción y la mentira son los signos de la actual Administración Federal.

La transición política no avanza, se ha quedado solamente en el discurso, pospuesta de manera indefinida. De 1989 hasta este año 2002, todos los presidentes de nuestro país incluyendo al actual, hablan de modernización, pero se evita que ésta llegue a la esfera política, se concentran en la reforma económica neoliberal tratando de perfeccionar el modelo, se reforman leyes, se privatizan activos del Gobierno, se adelgaza al Estado, se instalan mesas para la Reforma del Estado, pero no se tiene la voluntad política para avanzar.

Continuar con el proceso de transición es una necesidad histórica en un contexto de desgaste de nuestro sistema político y en un escenario de alternancia en el Gobierno. La situación que se vive actualmente y que tal vez sea la tónica en el futuro político del país es la que hoy, se presenta en la distribución del poder, ya que tenemos un escenario de mayorías divididas: el titular del Ejecutivo Federal de un partido y el Congreso de la Unión con partidos que por sí mismos no pueden formar mayoría para la toma de decisiones.

Los partidos políticos.

En este marco, los partidos políticos juegan un papel indiscutible en la lucha por la conquista del poder mediante vías institucionales. El artículo 41 constitucional, los define como entidades de interés público que adquieren su real significado como promotores de la participación del pueblo en la vida democrática y como organizaciones de ciudadanos, que hacen posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público.

Sin embargo, un análisis de su quehacer político arrojaría en el presente serias dudas sobre su actuación, tanto en el plano de las contiendas constitucionales, como en el funcionamiento al interior de los mismos. Basta sólo escuchar el desencanto que la sociedad tiene por todas las promesas incumplidas, que al calor de las justas electorales los partidos políticos hacen a los ciudadanos a través de sus candidatos y no se diga si éstos llegan a triunfar y ya en el ejercicio del poder, no sólo incumplen sus promesas, sino que actúan en algunas ocasiones saqueando los bienes y recursos públicos a su cargo, cayendo en actos de corrupción, nepotismo, autoritarismo, tráfico de influencias y hasta la complicidad o comisión de delitos penales como el homicidio.

Ello ha provocado que la sociedad y los electores que votaron por determinado partido se vayan distanciando de él y vean con desdén e indiferencia los llamados que recurrentemente se les hace para seguir contando con su participación.

No constituye menor causa de irritación, las considerables sumas que anualmente se destinan en el presupuesto de egresos a los partidos políticos, las costosas campañas publicitarias a través de los diversos medios de comunicación con las que, gracias a su frecuencia y mensaje reiterativo, logran imponer al candidato con menos compromiso social, en la preferencia del elector. Sin un contenido de fondo en sus propuestas, las campañas electorales han llegado a sustituir el mensaje mediático sobre los principios y programas de acción de los partidos.

Mención aparte merecen las contiendas internas para los diversos cargos que organizan los principales partidos políticos nacionales. Esta situación provoca que la organización política sea a la vez juez y parte y entre en una dinámica de confrontación interna innecesaria, que llega a violentar en ocasiones las disposiciones reglamentarias propias. Se esté en contra del fraude electoral y sin embargo, en los propios partidos se repite el esquema criticado, es el caso de elecciones con padrones de militantes que no corresponden a la realidad, de una infraestructura electoral deficiente y de cuadros pobremente capacitados para cumplir eficaz y transparentemente estas tareas.

Recientemente hemos atestiguado el relevo en las dirigencias de las tres fuerzas políticas principales del país; dos de ellas, PRI y PRD, desarrollaron estos eventos que al final fueron cuestionados, con resultados poco creíbles para la opinión pública por todas las anomalías y vicios que salieron a relucir, por cierto, muy conocidos por una gran mayoría de mexicanos.

En el caso del PAN, el cambio de su dirección nacional se encuentra lejos de haberse efectuado en condiciones democráticas, más bien su relevo se realizó de forma y modo extraordinariamente cupular, con métodos electorales más cercanos al Siglo XIX que a nuestra época.

Por si esto fuera poco, los cambios en las direcciones nacionales del resto de los partidos que integra el espectro nacional, no va más allá, en la mayoría de los casos, de lo que decide el grupo familiar enquistado en su control.

Los partidos políticos se desarrollan cuando se conquista y ejerce el sufragio universal directo y secreto. Este mecanismo de expresión de la soberanía y de la voluntad popular está íntimamente vinculado a la presencia de un Poder Legislativo real y activo.

La posibilidad de que en México, la democracia sea una realidad en todos los ordenes de la sociedad mexicana depende en mucho de que los partidos políticos nacionales sean congruentes con su declaración de principios y sus disposiciones reglamentarias, con lo cual garanticen internamente un clima democrático. Sobre todo, cuando observamos que den más de un partido político con peso nacional, las dirigencias exigen un respeto del voto en las justas constitucionales, pero no viven internamente de acuerdo a las normas que exigen a los demás.

Por todo lo anterior, los partidos políticos en México deben construir vínculos profundos con la sociedad civil y convertirse en expresiones políticas reales de la misma y establecer puentes sólidos con las instituciones públicas que conforman el Estado nacional, para superar la estrechez y autoritarismo que aún existe en nuestra vida política.

Los sindicatos nacionales.

El desarrollo de una democracia profunda en los países, hoy denominados del primer mundo, especialmente europeos, tuvo su origen en las luchas obreras por el sufragios universal, directo y secreto; éstas dieron lugar a la primera formación de las grandes asociaciones sindicales de masas, ampliando de este modo; la vida democrática de esas naciones.

La historia jamás se repite del mismo modo, pero nunca deja de ser una maestra que permite acceder al ser humano a mejores condiciones de vida. En este sentido histórico, la democratización mexicana demanda instaurarla en los niveles básicos de la vida social, como es el caso de los sindicatos nacionales.

El sindicalismo mexicano que se forja después de los acontecimientos políticos de 1910-1917, se caracteriza por el control que el Estado ejerce sobre sus diversas organizaciones. Si en alguna instancia de la vida nacional el Estado ha impedido la existencia de organizaciones democráticas e independientes es en ámbito del movimiento obrero.

Las grandes organizaciones de trabajadores mexicanos han sido controladas desde la cúpula estatal mediante diversos y complejos medios jurídicos, económicos, sociales y políticos. Cuando éstos han sido insuficientes para controlar la disidencia de los obreros; el Gobierno y los patrones han recurrido al asesinato y a la represión abierta.

El Gobierno acudió en diversas épocas a realizar concesiones a los trabajadores para mantener el control sobre los mismos: el reconocimiento a lideres y sindicatos oficiales, la concesión parcial a las demandas obreras, la cooptación de dirigentes y su incorporación al partido oficial y gobierno en turno.

El clima anterior provocó una vida sindical vertical y corporativa, impidiendo la posibilidad de sindicatos representativos y democráticos. Por ello, la lucha obrera en México en las dos últimas décadas se ha caracterizado por recuperar la vida democrática en sus organizaciones sindicales y por construir nuevas organizaciones con un perfil más tolerante e incluyente.

A pesar de los avances al interior del movimiento obrero, es innegable que en su seno priva aún el verticalismo y el autoritarismo, lo cual se refleja en la ausencia de asambleas, congresos, consultas y elecciones obreras realmente democráticas. La tarea democrática estaría incompleta si no incorporamos a los sindicatos a esta nueva etapa política de México; por ello, es de interés público que en la vida sindical se desarrolle una nueva cultura obrera, en la cual sean los propios trabajadores, sujetos de su destino. Esto dará lugar a una vida social más amplia y democrática en el país.

El Instituto Federal Electoral; coadyuvante democrático en las elecciones internas de los partidos y sindicatos nacionales.

Los planteamientos antes señalados, llevan a concluir que la superación cualitativa de los procesos electorales internos tanto de sindicatos como de partidos políticos nacionales demandan la participación de un organismo que por sus características garantice que dichos procesos se lleven a cabo con imparcialidad, transparencia, legalidad y equidad, lo cual asegure que se realicen en un clima efectivamente democrático.

Por consiguiente, se considera que el Instituto Federal Electoral es la institución adecuada para llevar a cabo estas tareas, en la medida en que es un organismo autónomo del Gobierno y de los partidos políticos. Esta situación permite definir a este Instituto como un órgano de Estado. El Instituto gracias a su autonomía, profesionalismo y eficacia elementos de los cuales dan cuenta tanto ciudadanos como partidos políticos, se ha convertido en un promotor de la democracia en México, reconocido por todos los actores políticos nacionales. El IFE es el elemento coadyuvante idóneo, por su imparcialidad, capacidad de organización y experiencia, para transparentar y dar credibilidad democrática a los actos electorales internos de sindicatos y partidos políticos nacionales, sin que ello implique violentar, intervenir o limitar la vida interna de dichos organismos.

La participación del IFE como árbitro imparcial, eficaz y creíble en las elecciones internas de los partidos políticos y de los sindicatos nacionales, será una aportación democrática de un valor incuestionable para quienes aspiramos a una vida política en México apegada a los principios de legalidad y justicia.

Este Instituto y el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial se han convertido en garantes de un auténtico régimen electoral, plural y competitivo.

Señoras y señores diputados: como antes se ha señalado en el cuerpo de esta iniciativa, la Reforma del Estado se encuentra estancada, no avanza y no se vislumbra voluntad de emprenderla por parte del Gobierno del presidente Vicente Fox; y el país que entró en la transición democrática en julio del año 2000 reclama que ésta, por una necesidad histórica y en un contexto de desgaste de nuestro sistema político, continúe y se fortalezca.

Que es impostergable su consolidación, a efecto de desmantelar el viejo régimen, suprimiendo los resabios del autoritarismo y corporativismo y las formas de hacer política, así como también la necesidad de emprender las reformas de las instituciones y del marco jurídico que las sustenta.

Que por tales razones, la iniciativa que hoy se presenta tiene la finalidad de que una entidad del Estado mexicano que ha probado su profesionalismo e imparcialidad en los comicios electorales, sea dotada de nuevas atribuciones, con la finalidad que pueda organizar las elecciones internas de los partidos políticos y los sindicatos nacionales, que esta nueva función del IFE contribuirá a dar legitimidad a dichos organismos, lograr la certidumbre que reclama la sociedad y contribuir de este modo a la profundización y consolidación de la democracia en el país.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner a la consideración del honorable Congreso de la Unión, por conducto de esta Cámara de Diputados, la siguiente

INICIATIVA

De decreto de reformas al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los artículos 1o., 4o., 6o., 36, 38, 69, 82, 83, 84, 86 y 117 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo primero. Se reforma la fracción III del artículo 41 constitucional para quedar como sigue:

"Artículo 41. . .

. . .

I a la III...

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo en forma integral y directa, además de las que determine la ley, la organización de las elecciones internas de los partidos políticos y sindicatos nacionales, las actividades relativas... términos que señale la ley."

Artículo segundo. Se adiciona el inciso e, al numeral 2 del artículo 1o. del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

"Artículo 1o.

1. . .

2. Este Código reglamenta las normas constitucionales relativas a:

a) al d). . .

e) La función estatal de organizar las elecciones internas de los partidos políticos y de los sindicatos nacionales."

Artículo tercero. Se adiciona el numeral primero del artículo 4o. del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

"Artículo 4o.

1. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación del ciudadano que se ejerce para integrar los órganos del Estado de elección popular, así como también en el caso de los militantes y agremiados votar para integrar los diversos cargos de los partidos políticos y los sindicatos nacionales.

2 y 3. . ."

Artículo cuarto. Se adiciona el inciso a, del numeral 1 del artículo 6o. del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

"Artículo 6o.

1. Para el ejercicio del voto los ciudadanos deberán satisfacer, además de los que fija el artículo 34 de la Constitución, los siguientes requisitos:

a) Estar inscritos en el Registro Federal de Electores en los términos dispuestos por este Código y en el caso de las elecciones internas de los partidos políticos y de los sindicatos nacionales deberán además, exhibir su credencial de militantes o agremiados.

b). . .

2. . ."

Artículo quinto. Se adiciona el inciso 1, y se modifica el inciso k, del numeral 1, se adiciona el numeral 2 al artículo 36 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 36.

"1. Son derechos de los partidos políticos nacionales:

a) al j). . .

k) Gozar del apoyo del Instituto Federal Electoral si así lo disponen, para la realización de sus elecciones internas, corriendo los gastos que se originen, por cuenta de los mismos.

l) Los demás que le otorgue este Código.

2. Son derechos de los sindicatos nacionales:

a) Gozar del apoyo del Instituto Federal Electoral si así lo disponen, para la realización de sus elecciones internas, corriendo los gastos que se originen, por cuenta de los mismos."

Artículo sexto. Se adiciona el inciso t y se modifica el inciso s, del numeral 1, se adiciona el numeral 3 al artículo 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

"Artículo 38.

1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales:

a) al r). . .

s) Aceptar las resoluciones y acuerdos que emita el Instituto Federal Electoral respecto a sus elecciones internas, dejando a salvo el derecho de impugnación a los candidatos que pudieran sentirse agraviados.

t) Las demás que establezca este Código.

2. . .

3. Son obligaciones de los sindicatos nacionales.

a) Aceptar las resoluciones y acuerdos que emita el Instituto Federal Electoral respecto a sus elecciones internas, dejando a salvo el derecho de impugnación a los candidatos que pudieran sentirse agraviados."

Artículo séptimo. Se adiciona el inciso h, al numeral 1 del artículo 69 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

"Artículo 69.

1. Son fines del Instituto:

a) al g). . .

h) Contribuir a la celebración de las elecciones internas de los partidos políticos y de los sindicatos nacionales.

2 y 3. . ."

Artículo octavo. Se adiciona con el numeral 3 al artículo 82 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:

"Artículo 82.

1. El Consejo General tiene las siguientes atribuciones:

a) al z). . .

2. . .

3. El Consejo General, en el caso de las elecciones internas de los partidos políticos y sindicatos nacionales, tiene las siguientes atribuciones:

a) Registrar las candidaturas de las elecciones internas nacionales que presenten los partidos políticos y los sindicatos nacionales.

b) Efectuar el cómputo total de la elección para las dirigencias nacionales, hacer la declaración de validez y otorgar las constancias respectivas.

c) Resolver los recursos de revisión que se presenten.

d) Dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones y los que se requieran en los procesos internos de elección de los partidos y sindicatos nacionales."

Artículo noveno. Se adiciona con el numeral 2 el artículo 83 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

"Artículo 83.

1. Corresponden al Presidente del Consejo General las atribuciones siguientes.

a) al inciso o). . .

2. Corresponden al Presidente del Consejo General en el caso de las elecciones internas de los partidos políticos y los sindicatos nacionales las siguientes atribuciones:

a) Recibir de los partidos políticos y de los sindicatos nacionales las solicitudes de registro de los candidatos a las dirigencias nacionales.

b) Ordenar previo acuerdo del Consejo General, la realización de encuestas, a fin de conocer las tendencias electorales el día de la jornada electoral.

c) Dar a conocer la estadística electoral, una vez concluido el proceso electoral."

Artículo décimo. Se adiciona con el numeral 2 el artículo 84 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

"Artículo 84.

1. Corresponde al Secretario del Consejo General:

a) al q). . .

2. Corresponde al Secretario del Consejo General en el caso de las elecciones internas de los partidos y sindicatos nacionales, las siguientes atribuciones:

a) Integrar los expedientes con las actas de computo por cada entidad federativa o sección sindical y presentarlos oportunamente al Consejo General."

Artículo decimoprimero. Se adiciona el numeral 2 al artículo 86 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

"Artículo 86.

1. La Junta General Ejecutiva se reunirá por lo menos una vez al mes, siendo sus atribuciones las siguientes:

a) al m). . .

2. La Junta General Ejecutiva en el caso de las elecciones internas de los partidos políticos y sindicatos nacionales, se reunirá según lo determine el Consejo General mediante acuerdo y tendrá la siguiente atribución:

a) Resolver los medios de impugnación que le competan, en contra de los actos o resoluciones del secretario ejecutivo y de las juntas locales del Instituto Federal Electoral."

Artículo decimosegundo. Se adiciona el numeral 4 al artículo 117 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

"Artículo 117.

1. Corresponde a los presidentes de los consejos distritales:

a) al l) ...

2 y 3. . .

4. Corresponde a los presidentes de los consejos distritales en el caso de las elecciones internas de los partidos políticos y los sindicatos nacionales, las siguientes atribuciones:

a) Recibir las solicitudes de registro de las diversas candidaturas estatales y municipales de los partidos políticos nacionales y las correspondientes a las diversas secciones sindicales que existan en el país.

b) Expedir la constancia de mayoría y validez de las elecciones estatales y municipales de los partidos políticos y sindicatos nacionales, a los candidatos que hayan obtenido la mayoría de votos.

c) Custodiar la documentación de las elecciones, hasta que haya concluido el proceso electoral correspondiente.

d) Recibir las solicitudes de acreditación que presenten los ciudadanos mexicanos o las agrupaciones a las que pertenezcan para participar como observadores durante los procesos electorales internos de los partidos políticos o de los sindicatos nacionales."

ARTICULO TRANSITORIO

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente.

Palacio Legislativo.— San Lázaro, México, D.F., a 30 de abril de 2002.— Diputados: Eric Eber Villanueva Mukul, Miguel Bortolini, Cuauhtémoc Montero, Rodrigo Carrillo Pérez, Uuc-kib Espadas y Rubén Aguirre Ponce

Presidencia del diputado Eloy Cantú Segovia

El Presidente:

A usted muchas gracias diputado Eric Villanueva.

Tal como lo solicita, se instruye a la Secretaría para que se inserte íntegramente el texto de su iniciativa en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.

Hago propicia la ocasión para señalar a la Asamblea que es pertinente pedir respeto al orador, máxime cuando el reglamento autoriza hasta 30 minutos para las iniciativas de ley y cuando se está excediendo de medio minuto o un minuto, no hay razón para faltarle al respeto.

Segundo, cuando se extendiera más, la Mesa Directiva tiene el criterio para solicitarlo sin necesidad de que haya esos comportamientos.

ARTICULO 89 CONSTITUCIONAL

El Presidente:

Se le concede la palabra al diputado Tarcisio Navarrete, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Previo a lo anterior, el turno, el turno de la anterior iniciativa es a la Comisión de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Seguridad Pública.

Adelante… diga usted, diputada Beaurregard.

La diputada Lorena Beaurregard de los Santos (desde su curul):

Diputado, revisando el orden del día quisiera preguntar a la Presidencia por qué no está agendado el dictamen de exención de derechos de autor, siendo que en la sesión del día de ayer, la Presidencia emplazó a la Comisión de Hacienda a presentar a más tardar el día de hoy el dictamen.

El Presidente:

Sin duda alguna usted no estaba presente o estando presente se le pasó el registrar que ya hubo un comunicado en ese sentido previamente, diputada Beaurregard.

Tiene la palabra el diputado Tarcisio Navarrete.

El diputado Ricardo Tarcisio Navarrete Montes de Oca:

Con su permiso, señor Presidente; amigas y amigos diputados.

Iniciativa de reforma que adiciona un nuevo principio normativo de política exterior al artículo 89 fracción X.

Desde que se adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, éstos han ido adquiriendo carta de naturaleza a nivel mundial. Su promoción y protección no se puede soslayar ni evitar bajo pretexto alguno, sobre todo el de la soberanía absoluta que en última instancia busca dejar en la impunidad a sus violadores sistemáticos.

No es casual que la mayoría de las guerras y conflictos internacionales casi siempre han sido provocados por países dominados por regímenes despóticos y han sido muy poco frecuentes guerras entre democracias que respetan los derechos humanos de sus pueblos en la historia reciente.

En tal sentido ha sido justamente la política, el derecho, los organismos y tratados internacionales los que gradual y puntualmente han ido acotando y limitando la soberanía absoluta.

Para México los principios de política exterior elevados a rango constitucional en la década de los años ochenta, siguen siendo el baluarte que nuestro país proclama en un mundo abierto y regionalizado. No obstante, ante la evolución doctrinal y la práctica que han alcanzado los derechos humanos y la democracia, se hace necesario incorporarlos como conceptos constitucional y doctrinario en el catálogo de principios, de política exterior, dada su relevancia.

De esta forma se exalta el principio original de que la soberanía reside en el pueblo, por lo que los gobiernos deben velar por respetar sus derechos y se precisa el alcance y límite del principio de la autodeterminación y no intervención en la vida de los estados.

En el texto íntegro que presentaré al final, se constatan diversos artículos de constituciones latinoamericanas y de otras regiones en las que se han integrado estos conceptos, como es la de Brasil, Guatemala, Colombia, Paraguay etcétera.

Por lo expuesto y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe, en mi carácter de diputado federal, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, someto a la consideración de esta Cámara, la iniciativa de reforma que adiciona el artículo 89 fracción X de nuestra Constitución, para quedar como sigue.

"Fracción X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, la lucha por la paz y la seguridad internacionales; la promoción y protección de los derechos humanos y del sistema democrático."

Palacio Legislativo, 30 de abril del año 2002.

Muchas gracias.

«Iniciativa de reforma al artículo 89 fraccion X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los suscritos diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71, así como en el artículo 55 fracción Il; 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la Cámara de Diputados a efecto de que se turne para dictamen a la comisión correspondiente, la iniciativa de reforma que adiciona un nuevo principio normativo de política exterior al artículo 89 fracción X.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Durante el Siglo XX la humanidad experimentó los horrores de dos guerras mundiales y múltiples regionales y locales, así como las consecuencias sufridas por varias generaciones que padecieron y vivieron los sistemas totalitarios caracterizados por la sistemática violación de los derechos humanos, incluidos los políticos, de millones de personas en gran parte del mundo, perpetrados por gobiernos que consideraban al Estado como una deidad y un fin en sí mismo y no como un instrumento al servicio de los individuos y la sociedad que, en principio y como finalidad, lo conforman.

Afortunadamente, tales experiencias han sido superadas y la humanidad ha sabido darse nuevas y mejores formas de convivencia, de organización política, económica y social, fincadas en la igualdad intrínseca de todos los seres humanos, en el reconocimiento universal de la dignidad y derechos fundamentales de cada individuo y en la conciencia, cada vez más generalizada, sobre el ejercicio de sus derechos inalienables e imprescriptibles para organizarse políticamente sobre bases y principios democráticos.

La realidad que abre el nuevo siglo y milenio implica nuevos retos y desafíos que habrá que encarar sobre bases, reglas y normas inéditas que respondan eficaz, oportuna y justamente a tales demandas. Estas deben diseñarse tomando en cuenta a la persona humana como centro y esencia de su campo de acción, a la libertad y la justicia como piedras de toque. La convivencia entre las naciones deberá normarse por el derecho y la jurisdicción internacionales, incluido el respeto y promoción a los derechos humanos.

Desde que se adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, éstos han ido adquiriendo carta de naturaleza a nivel mundial, incluso en aquellas naciones que no los han ratificado ni los respetan. Su promoción y protección, en todo el orbe y por encima de fronteras nacionales, se ha tornado en un valor indiscutible y en una preocupación universal que no se puede soslayar ni evitar bajo pretexto alguno, sobre todo, el de la soberanía absoluta que, en última instancia, busca dejar en la impunidad a sus violadores sistemáticos.

En el derecho internacional actual, los derechos humanos son concebidos en su universalidad, teniendo como fundamento común la dignidad de la persona.

La idea de que la persona humana es el objeto y el fin de la sociedad política y de que la comunidad internacional no es una mera suma de estados para coordinar intereses contrapuestos o antagónicos, sino que es o debería ser, un orden de paz y justicia, cuyo fin último es también el ser humano, se ha ido abriendo camino hacia su universal aceptación.

Los derechos humanos y la democracia son imprescindibles para el desarrollo equilibrado y pacífico de cualquier sociedad. Lo mismo podemos decir para la relación entre las naciones. No es casual que la mayoría de las guerras y conflictos internacionales casi siempre han sido provocados por países dominados por regímenes despóticos y han sido muy poco frecuente guerras entre democracias que respetan los derechos humanos de sus pueblos.

En sí mismos, la democracia y los derechos humanos están estrechamente relacionados. De tal forma que si se deteriora la democracia, los derechos humanos difícilmente serán respetados. En contraparte, sin la observación de los derechos humanos se vulnera el sistema democrático.

El concepto de la soberanía, que implica el poder soberano que recae en el Estado y ejerce el gobernante de turno, supone que por encima de éste no puede haber ni coexistir ningún otro poder de igual o superior jerarquía. Concebida la soberanía como potestad absoluta, el gobernante, es decir quien ejerce tal poder, no estará sujeto a ninguna ley ni jurisdicción o poder superior que limite o sancione el ejercicio de su propio poder.

Bajo tales concepciones y modalidades se acuñó e implantó progresivamente el concepto de soberanía en los estados nacionales modernos, fundamentalmente a partir de la paz de Westfalia pactada en 1648.

Sin embargo, como toda institución política, el concepto original de soberanía, así como las diversas teorías que sobre el tema se han elaborado, han ido cambiando con el tiempo, la experiencia y evolución de las sociedades políticas. Es consustancial a la política la continuidad y el cambio. Ninguna sociedad política permanece igual y para siempre en el tiempo, todas evolucionan y cambian, las que se resisten a tal dinámica decaen, perecen o son derrocadas por revueltas o revoluciones.

En tal sentido, han sido justamente la política, el derecho, los organismos y tratados internacionales, los que gradual y puntualmente han ido acotando y limitando a la soberanía otrora absoluta y como todos sabemos, los principales actores internacionales, como su nombre lo indica, son las naciones. De tal forma que son ellas las que se han autoimpuesto límites al poder soberano que detentan.

En la actualidad, casi nadie se opone al imperio de los derechos humanos a nivel mundial, por encima de las fronteras nacionales. Muchas naciones y grupos de ellas han implantado y aceptado las llamadas cláusulas democráticas, entre ellas nuestro país. Convenciones internacionales contra el genocidio, el terrorismo y otros crímenes de lesa humanidad rigen en alto número de naciones y constituyen la ley suprema.

Para que el Estado fortalezca su soberanía y autodeterminación, debe velar por la inviolabilidad de los derechos humanos, parte fundamental de un reclamo compartido en el derecho internacional que va desarrollando órganos con mayores y más amplias facultades. Estos preceptos de observancia obligatoria y universal, van constituyéndose en la forma práctica de legitimar el ejercicio del poder público.

La soberanía sólo puede mantenerse como concepto jurídico aceptable, si se usa en el sentido de libertad de acción de un país que vela por el interés, no del grupo gobernante, sino por el de la nación y su pueblo. Nadie puede justificar violaciones a los derechos humanos amparado en una errónea aplicación de la autodeterminación o en la idea de una soberanía sin restricciones.

Para México, los principios de política exterior elevados a rango constitucional en la década de los ochenta, siguen siendo el baluarte que nuestro país proclama en un mundo abierto y regionalizado. No obstante, ante la evolución doctrinal y práctica que han alcanzado los derechos humanos y la democracia, se hace necesario incorporarlos como concepto constitucional y doctrinario en el catálogo de principios de política exterior, dada su relevancia. De esta forma se exalta el principio original de que la soberanía reside en el pueblo, por lo que los gobiernos deben velar por respetar sus derechos. Se precisa con ello el alcance y condición en el que se da la aplicación del principio de autodeterminación y no intervención en la vida de los estados.

A nadie escapa que los procesos de transformación de nuestra democracia conllevan responsabilidades nacionales e internacionales. Asumirlos supone la necesidad de encarar nuestras obligaciones y adaptación al mundo en que vivimos.

De esta forma, el tema de los derechos humanos y la consolidación del sistema democrático permea la mayor parte de los temas relevantes de la agenda internacional. Inclusive, nuestro país es parte de una mayoría de tratados y convenciones sobre derechos humanos que complementan nuestra Carta Magna. Tales como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

En tal sentido, la iniciativa propone someter el ejercicio del poder soberano del Estado mexicano a la plena vigencia, respeto y protección de los derechos humanos y a la promoción de la democracia como principios rectores de su política exterior, en consonancia y congruencia con su vocación y determinación internas.

A manera de ilustración, en seguida se detallan algunas disposiciones sobre la materia de legislación comparada de algunos países de América Latina.

La Constitución de la República Federativa de Brasil en su artículo 4o. señala los principios que deben regular sus relaciones internacionales: "independencia nacional, protección de derechos humanos, autodeterminación de los pueblos, no intervención, igualdad entre los estados, defensa de la paz, solución pacífica de conflictos, repudio al terrorismo y al racismo, cooperación entre los pueblos para el progreso de la humanidad, concesión al asilo político".

La Constitución Política de Guatemala establece en su artículo 149: "de las relaciones internacionales, Guatemala normará sus relaciones con otros estados, de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los estados".

Asimismo, la Constitución Política de Colombia considera que los tratados y convenios internacionales que establecen derechos humanos son norma constitucional. En su artículo 93 establece: "los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen derechos humanos y que prohiben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados sobre derechos humanos ratificados por Colombia".

La Constitución de la República de Paraguay establece en su artículo 143 "de las relaciones internacionales lo siguiente: la República de Paraguay, en sus relaciones internacionales acepta el derecho internacional y se ajusta a los siguientes principios: la independencia nacional, la autodeterminación de los pueblos, la igualdad jurídica entre los estados, la solidaridad y la cooperación internacionales, la protección internacional de los derechos humanos, la libre navegación de los ríos internacionales, la no intervención y la condena contra toda forma de dictadura, colonialismo e imperialismo".

La Constitución de Perú sostiene en su artículo 56, que "los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el Presidente de la República, siempre que versen sobre las siguientes materias: derechos humanos, soberanía, dominio o integridad del Estado, defensa nacional y obligaciones financieras del Estado".

De igual forma, Mercosur y la Comunidad Andina en comunicados o declaraciones tienen de forma explícita el respeto y la protección de los derechos humanos.

Por lo anterior, esta reforma contribuirá en buena medida a fortalecer la imagen de nuestro ordenamiento jurídico en el exterior, pues además la realidad demuestra que inevitablemente cada vez son más fiscalizados y observados los gobiernos, por la sociedad internacional de naciones mediante organismos que los propios estados han creado y reconocido. La Conferencia Mundial de Viena en 1993, creó un alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas.

Es un hecho irreversible y cada día más generalizado que las relaciones internacionales actualmente y hacia el futuro están y estarán condicionadas por el respeto y protección que los gobiernos brinden a sus nacionales, así como el régimen de gobierno que practiquen, particularmente el sistema democrático, el único con legitimidad internacional.

Por lo expuesto y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Tarcisio Navarrete Montes de Oca en mi carácter de diputado federal, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional someto a la consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente

INICIATIVA

De reforma que adiciona el artículo 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:

I a la IX. . .

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los estados: la cooperación internacional para el desarrollo; la lucha por la paz y la seguridad internacionales; la promoción y protección de los derechos humanos y de los valores democráticos.

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. Esta reforma entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, D.F., a 30 de abril de 2002.— Diputado Tarcisio Navarrete Montes de Oca, del grupo parlamentario del PAN.»

El Presidente:

Gracias a usted diputado Tarcisio Navarrete. Como lo ha solicitado, el texto íntegro publíquese en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria y su iniciativa túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (II)

La Presidenta:

Para presentar una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, tiene la palabra la diputada Sara Guadalupe Figueroa Canedo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Sara Guadalupe Figueroa Canedo:

Con el permiso de la Presidencia; señoras y señores diputados:

Los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México solicitamos se turne a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su dictamen y posterior discusión en el pleno de esta soberanía, la siguiente iniciativa de ley.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Durante el año pasado la falta de recursos de nuestro país fue evidenciada por la disciplina fiscal implantada por nuestro Gobierno, realizando tres ajustes al presupuesto gubernamental a fin de compensar la caída de ingresos públicos que se estima fue de 15 mil millones de pesos.

Bajo este contexto fue clara la necesidad de mayores recursos por parte del sector público, siendo apremiante que el Legislativo discutiera la única solución que parecía considerar el Ejecutivo para este problema, una reforma fiscal.

De esta forma y con la premura del tiempo, se aprobó una iniciativa de ley que dio vida, entre otras cosas, a un régimen fiscal que sufrió algunas distorsiones que se plasman en nuevos impuestos.

Si bien la presente reforma fiscal no cumplió con las expectativas de algunos sectores de la población, debemos reconocer que ha sido un gran avance hacia el comienzo de la modernización del sistema fiscal. Además es la primera vez que una reforma de este tipo, surge del esfuerzo por lograr un consenso en el Congreso de la Unión y no de la mera disposición del Ejecutivo.

Esto último es importante, ya que este segundo año de vida de la Cámara de Diputados, fue destacado por la independencia que mostró respecto al Poder Ejecutivo. Hoy día, ambas cámaras cuentan con distintas fuerzas políticas claramente definidas y no necesariamente herméticas, lo cual garantiza su independencia y es una buena señal sobre la ruta de institucionalidad del país y de un verdadero régimen de división de poderes.

Por otro lado, con la reforma fiscal para el año 2002, se tuvieron ciertos avances, como el establecimiento de ciertas figuras relativas a la promoción de las actividades productivas, aunque de manera diferida para ejercicios siguientes.

Además se eliminó al crédito al salario como costo para el fisco y se avanzó en la globalización del ingreso de las personas físicas.

Sin embargo, debido a la gran expectación en torno a las modificaciones fiscales previstas, los diferentes sectores de la sociedad, han manifestado su inconformidad en muchos casos.

No cabe duda de que el tiempo dedicado a las discusiones en materia fiscal, no permitió sacar una reforma con la técnica legislativa mínima requerida y además se dejaron de discutir reformas al Código Fiscal de la Federación y a la Ley de Servicio de Administración Tributaria.

Así la reforma sale mal en cuanto a sus objetivos y mal técnicamente y además tarde, porque por primera vez en la historia del país, el presente ejercicio inició sin que se tuviera aprobado el Presupuesto de Egresos y sin que la Ley de Ingresos de la Federación hubiera entrado en vigor.

De igual forma, la publicación en el Diario Oficial de la Federación, se hizo con un gran número de errores y contradicciones, por las equivocaciones propias en que se incurre, cuando el proceso legislativo está altamente presionado por el tiempo.

No obstante todo lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, considera que dentro del nuevo esquema democrático que hoy se vive, es posible realizar modificaciones a las disposiciones ya aprobadas, con la finalidad de hacer las precisiones necesarias, para evitar vacíos legales que provoquen incertidumbre a los contribuyentes.

Por lo tanto, en atención a lo anteriormente expuesto y observando los intereses de la población, los suscritos diputados preocupados para alcanzar un mejor y más eficaz sistema tributario proponemos varias reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, decreto mediante el cual se deroga el párrafo segundo del artículo 8o., se reforma la fracción IV del artículo 18; la fracción V del artículo 20; se adiciona un párrafo noveno al artículo 24; se reforman las fracciones XII y XVI del artículo 31; el sexto párrafo del artículo 37; el párrafo primero del artículo 43; el párrafo cuarto del artículo 88; las fracciones XII, XIX y el penúltimo párrafo del artículo 95; se deroga el párrafo segundo de la fracción XI y el párrafo de la fracción XVII del artículo 109; se reforma la fracción V y se deroga la fracción VI del artículo 119; el párrafo segundo del artículo tercero transitorio, todos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por economía de tiempo, solicito a la Mesa Directiva, publique de manera íntegra la presente iniciativa y su articulado en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

México, D.F., a 30 de abril de 2002.— Firman los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.»

Es cuanto señor.

«Partido Verde Ecologista de México.

Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Bernardo de la Garza Herrera, Francisco Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González, Erika Elizabeth Spezia Maldonado, diputados de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen y posterior discusión en el pleno de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Durante el año pasado, la falta de recursos de nuestro país fue evidenciada por la disciplina fiscal implantada por nuestro gobierno, realizando tres ajustes al presupuesto gubernamental, a fin de compensar la caída de ingresos públicos, que se estima fue de 15 mil millones de pesos.

Bajo este contexto, fue clara la necesidad de mayores recursos por parte del sector público, siendo apremiante que el Legislativo discutiera la única solución que parecía considerar el Ejecutivo para este problema, una reforma fiscal.

De esta forma y con la premura del tiempo, se aprobó una iniciativa de ley que dio vida, entre otras cosas, a un régimen fiscal que sufrió algunas distorsiones que se plasman en nuevos impuestos.

Si bien la presente reforma fiscal no cumplió con las expectativas de algunos sectores de la población, debemos reconocer que ha sido un gran avance hacia el comienzo de la modernización del sistema fiscal. Además, es la primera vez que una reforma de este tipo surge del esfuerzo para lograr un consenso en el Congreso de la Unión y no de la mera disposición del Ejecutivo.

Esto último es importante, ya que este segundo año de vida de la Cámara de Diputados fue destacado por la independencia que mostró respecto al Poder Ejecutivo. Hoy día, ambas cámaras cuentan con distintas fuerzas políticas claramente definidas y no necesariamente herméticas, lo cual, garantiza su independencia y es una buena señal sobre la ruta de institucionalidad del país y de un verdadero régimen de división de poderes.

Por otro lado, con la reforma fiscal para el año 2002 se tuvieron ciertos avances, como el establecimiento de ciertas figuras relativas a la promoción de las actividades productivas, aunque de manera diferida para ejercicios siguientes. Además se eliminó el crédito al salario como costo para el fisco y se avanzó en la globalización del ingreso de las personas físicas.

Sin embargo, debido a la gran expectación en torno a las modificaciones fiscales previstas, los diferentes sectores de la sociedad han manifestado su inconformidad en muchos casos.

No cabe duda de que el tiempo dedicado a las discusiones en materia fiscal, no permitió sacar una reforma con la técnica legislativa mínima requerida y además se dejaron de discutir reformas al Código Fiscal de la Federación y a la Ley del Servicio de Administración Tributaria.

Así, la reforma sale mal en cuanto a sus objetivos, y mal técnicamente y además tarde, porque por primera vez en la historia del país, el presente ejercicio inició sin que se tuviera aprobado el Presupuesto de Egresos y sin que la Ley de Ingresos de la Federación hubiera entrado en vigor.

De igual forma, la publicación en el Diario Oficial de la Federación se hizo con un gran número de errores y contradicciones, por las equivocaciones propias en que se incurre cuando el proceso legislativo está altamente presionado por el tiempo.

No obstante todo lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, considera que dentro del nuevo esquema democrático que hoy se vive, es posible realizar modificaciones a las disposiciones ya aprobadas, con la finalidad de hacer las precisiones necesarias para evitar vacíos legales que provoquen incertidumbre a los contribuyentes.

Por lo tanto, en atención a lo anteriormente expuesto y observando los intereses de la población, los suscritos diputados, preocupados por alcanzar un mejor y más eficaz sistema tributario, proponemos varias reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de subsanar algunas imprecisiones.

A continuación se presentará una breve explicación de la motivación que el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México ha tenido para realizar las modificaciones a cada uno de los artículos siguientes:

Artículo 8o. Es de criticarse la falta de técnica legislativa, toda vez que la disposición del segundo párrafo de este artículo define el término de "acciones", el cual, debería estar en el artículo 24 que se refiere a la determinación de la ganancia por enajenación de acciones. De esta forma, consideramos eliminar y modificar el segundo párrafo de este artículo e incluirlo en el artículo 24 de esta ley.

Artículo 18. La fracción IV de este artículo, considera que para los ingresos derivados de deudas no cubiertas por el contribuyente, se considera que dichos ingresos se obtienen en el mes en el que se consume el plazo de prescripción. Sin embargo, la prescripción es una figura jurídica que debe ser determinada por autoridad judicial competente.

Por ello, proponemos reformar esta fracción para que en su caso, la prescripción sea determinada cuando la autoridad judicial competente emita una sentencia ejecutoria que así lo establezca. Lo anterior, con el fin de otorgar seguridad jurídica a los contribuyentes que se encuentren en un proceso legal y que los funcionarios hacendarios no tomen atribuciones que no les corresponden, en el sentido de que no son jueces que puedan determinar formalmente una prescripción.

Artículo 20. El artículo 14-B a que hace referencia la fracción V del presente artículo, no existe y el que establece los requisitos respectivos es el 14-A del Código Fiscal de la Federación.

El error proviene de que en la iniciativa para la nueva Hacienda Pública presentada por el Ejecutivo al Congreso, se hacía referencia al artículo 14-B dentro de este artículo, en virtud de las reformas que también se proponían al Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, como consecuencia de la aprobación al vapor de la reforma fiscal y de la no aprobación al Código Fiscal, esta referencia permaneció erróneamente.

Por otra parte, dentro de la misma fracción V y como resultado de la reforma fiscal, se eliminó el párrafo que establecía que cuando en los casos de fusión o escisión no se cumplieran los requisitos del Código Fiscal, se acumularía la ganancia derivada de la fusión o escisión y no serían aplicables las disposiciones de la ley referentes a los bienes adquiridos con motivo de la fusión o escisión.

La eliminación de dicha disposición fue hecha por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta soberanía, la cual según se desprende de la exposición de motivos de su dictamen, considera que esta disposición como un doble castigo, ya que por una parte se establece que si no se cumplen los requisitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación, la fusión o la escisión se considera enajenación sujeta al pago de impuestos y, por otra parte, la iniciativa establece que las acciones y activos transmitidos no tendrán costo para los efectos del Impuesto Sobre la Renta.

La confusión proviene de una mala interpretación de la disposición, al considerar que el hecho de que no sean aplicables las disposiciones de la ley que se refieren a bienes adquiridos con motivo de fusión o escisión de sociedades, implica que dichos bienes no tengan costo.

Por esto, consideramos que esto puede resultar equivocado, toda vez que para el caso de la fusión y escisión, la deducción de los bienes no se reinicia, sino que se continúa, como si la fusionante o escindida hubiera adquirido los bienes a los valores y en las fechas en que los adquirieron la escindente o la fusionada.

Si no se cumplen los requisitos del Código Fiscal de la Federación y se entiende que hay enajenación y para efectos del artículo 17 fracción V se considera que hay ganancia acumulable, resulta incongruente que la fusionante o escindida continúe con la deducción de los bienes adquiridos tomando en cuenta los valores y fechas de adquisición de la fusionada o escindente.

Por lo anterior, resulta necesario mantenerse la disposición de que en caso de no cumplirse los requisitos, no serían aplicables las disposiciones de ley que se refieren a los bienes adquiridos con motivo de fusión o escisión de sociedades.

Artículo 24. Por técnica legislativa se incluye en este artículo la definición contenida en el párrafo segundo del artículo 8o. de esta ley, referente a las acciones.

Adicionalmente esta disposición, que proponemos se incluya como párrafo noveno, está equivocada, debido a que el costo de adquisición de una parte social no tiene por qué ser relacionada con la parte alícuota que representa la parte social.

Lo anterior debido a que el costo comprobado de adquisición es lo que al contribuyente le costó la parte social, ya sea que la haya adquirido por compra, permuta, aportación o cualquier otra forma. De manera tal que, el costo comprobado de adquisición es uno, independientemente de la parte alícuota del capital que represente y no hay forma de considerar dicha parte en el costo de adquisición.

Por ello, proponemos modificar la redacción del párrafo que se incluye, a fin de dejar más claro cuál fue el espíritu del legislador.

Artículo 31. En la fracción XII se señala que tratándose de trabajadores de confianza, el monto de las prestaciones de previsión social excluidas las aportaciones de seguridad social, deducibles, no podrán exceder del 10% del total de las remuneraciones gravadas de dichos trabajadores, sin que en ningún caso exceda del monto equivalente de un salario mínimo general del área geográfica que corresponda al trabajador elevado al año.

Los requisitos anteriores aplicables tratándose de los gastos de previsión social, a que se refiere la fracción VI del artículo 109 de la ley y que son los subsidios por incapacidad, becas educacionales para los trabajadores o sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas y otras prestaciones de previsión social de naturaleza análoga, que se concedan de manera general de acuerdo con las leyes o por contratos de trabajo.

Sin embargo, resultan totalmente injustas estas nuevas limitaciones, ya que muchos contribuyentes ya se encuentran obligados, desde antes de entrar en vigor la nueva ley, a pagar prestaciones que pueden exceder los límites establecidos por la nueva ley y que eran deducibles conforme a lo anterior.

Por lo cual proponemos modificaciones a la fracción XII, a fin de eliminar la iniquidad que se pudiera generar y para incluir, como se establecía en la legislación pasada, claramente los conceptos de seguridad social que se incluyen para no causar confusiones, en virtud de que la fracción VI del artículo 109 no los incluye específicamente a todos.

En cuanto a las modificaciones a la fracción XVI, se tiene la misma fundamentación que la del artículo 18 en cuanto a la determinación de la prescripción.

Artículo 37. La nueva fracción II del artículo 20 de esta ley, establece que se considera ingreso acumulable la ganancia derivada de la transmisión de propiedad de bienes por pago en especie. Se señala también que para determinar la ganancia se considerará como ingreso, el valor de avalúo practicado, por persona autorizada, que el bien tenga a la fecha en que se transfiera su propiedades por pago en especie, pudiendo disminuir de dicho ingreso las deducciones que en el caso de enajenación permite la ley, siempre que se cumplan los requisitos que establezcan  la misma ley y otras disposiciones fiscales.

El error consiste en que solamente en el caso de la enajenación de bienes de activo fijo, la ley permite, en su artículo 37 sexto párrafo, la deducción del saldo pendiente a deducir.

En los demás casos no hay deducciones que se permitan con motivo de la enajenación. Tal es el caso de los terrenos, títulos valor que representan la propiedad de bienes, títulos valor cuyos rendimientos no se consideran intereses, piezas de oro o plata que hubieren tenido el carácter de moneda nacional, onzas troy, acciones. En todos esos casos, el ingreso acumulable en caso de enajenación según los artículos 20 fracción V, 21 y 24 de la ley, es la ganancia derivada de la enajenación y no existe ninguna deducción autorizada con motivo de la misma.

Por ello proponemos establecer la posibilidad de deducción, en este artículo, en los casos que corresponda, de los pagos en especie.

Artículo 43. El artículo 220 citado en el primer párrafo de este artículo, no contiene ninguna fracción III por lo que es necesario modificar este error y establecer que se trata del artículo 221, que prevé el tratamiento que se debe dar a los bienes por los que se haya aplicado la deducción inmediata cuando se enajenen, se pierdan o dejen de ser útiles.

Artículo 88. Consideramos que la reforma efectuada en el párrafo cuarto de este artículo para la determinación del saldo de la CUFIN podría llegar a ser poco equitativa, ya que si tomamos en cuenta que el cálculo de dicha cuenta y de la utilidad fiscal neta son, con objeto de determinar las unidades netas, esto es, ya disminuidas con el impuesto sobre la renta y las partidas no deducibles, de tal forma que se conozca el monto de las utilidades por las que ya se pagó el impuesto, mismas que al distribuirse como dividendos no generarían impuesto adicional.

Por lo que, si en un ejercicio resulta que el impuesto sobre la renta y las partidas no deducibles exceden el resultado fiscal, no significa que esa diferencia deba restarse de la CUFIN o de la UFIN, simplemente no se tendría UFIN por sumar al saldo de la cuenta en dicho ejercicio.

En otras palabras, resulta prácticamente imposible distribuir dividendos de una utilidad negativa, de hecho, no resulta lógico determinar una utilidad negativa.

Por ello, consideramos modificar este artículo, en virtud de que esta disposición no atiende al espíritu de la ley, en el sentido de determinar el monto de las utilidades que se encuentran libres de gravamen, por lo que resulta razonable que si no se obtiene en un ejercicio UFIN, deba afectarse el saldo de la CUFIN, con el monto de la diferencia que se determine en los términos arriba indicados, más aún que el saldo de la CUFIN se genera en ejercicios anteriores a aquél en que deba disminuirse en los términos mencionados.

Artículo 95. Reconocemos que una de las cualidades de un buen sistema impositivo es que la carga tributaria se distribuya en forma equitativa y proporcional. Por ello proponemos eliminar el segundo párrafo de la fracción XI de este artículo, ya que en él, se incluye una exención para que los trabajadores al servicio de la Federación y las entidades federativas no paguen el impuesto correspondiente a las gratificaciones que reciban con periodicidad distinta a la mensual, incluyendo al aguinaldo y prima vacacional. Lo anterior representa un trato inequitativo para los demás trabajadores mexicanos y es una disposición violatoria a nuestra Constitución.

En cuanto a la fracción XII de este artículo, proponemos su modificación con el fin de volver a otorgar un incentivo fiscal a todas aquellas asociaciones o sociedades civiles dedicadas a la promoción de la cultura, las artes y la educación, tengan o no fines lucrativos, ya que nuestro país requiere la promoción y conservación de su patrimonio cultural, así como la de la cultura universal. Por ello proponemos eliminar la restricción de que sólo las asociaciones organizadas sin fines de lucro y autorizadas para recibir donativos, sean las que cuenten con este incentivo fiscal.

Por otro lado, en la fracción XVII párrafo segundo, en donde se establece que en el caso de seguros de gasto médicos, así como los pagos que hagan las instituciones de seguros por jubilaciones, pensiones o retiro, se estará a lo dispuesto en las fracciones I y II de este mismo artículo, según corresponda.

Cabe hacer notar que las referencias que se hacen a las fracciones I y II son erróneas, toda vez que las mismas no tienen relación con estos conceptos, lo cual seguramente ocasionará que las restricciones que se pretenden imponer para la aplicación de esta exención no se logren. Por ello proponemos su modificación.

En la fracción XIX proponemos incluir a las sociedades o asociaciones civiles que realicen actividades de investigación, así como de preservación de la flora o fauna silvestre, terrestre o acuática.

En el penúltimo párrafo de este artículo, consideramos importante incluir a las asociaciones o sociedades civiles dedicadas a la promoción de la cultura, las artes y la educación (fracción XII) para que consideren como remanente distribuible el importe de las omisiones de ingresos o las compras no realizadas e indebidamente registradas, entre otras.

Artículo 119 (fracción V). El presentar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social la nómina de los trabajadores que tengan derecho al crédito al salario, añade un trámite burocrático al cumplimiento de las obligaciones fiscales y no aporta ningún beneficio al sistema tributario en general. Consideramos que es suficiente presentar esta nómina ante el Sistema de Administración Tributaria.

Suponemos que el nuevo requisito de presentar al IMSS esta información es sólo para fines informativos y estadísticos, toda vez que resulta claro que conforme a lo establecido en el párrafo siguiente a la tabla del artículo 115 de esta ley, los ingresos, que perciban los contribuyentes derivados del crédito al salario mensual, no forman parte del cálculo de la base gravable de cualquier otra contribución (IMSS), por no tratarse de una remuneración al trabajo personal subordinado.

Por otro lado, sabemos que todo sistema fiscal debe buscar ser más sencillo y eficaz, con el fin de facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de la normatividad fiscal. Por ello proponemos eliminar la fracción VI, ya que el pagar en fecha diferente y en nómina separada, el salario y el crédito al salario, implica un gasto administrativo mucho mayor para las empresas y modificar el flujo de ingresos al que están acostumbrados los trabajadores.

Asimismo resulta confuso el requisito establecido en la fracción VI, de que el monto del crédito al salario debe estar previamente autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Artículo tercero transitorio. No se establece en forma precisa cuál es la base del impuesto, ya que queda sujeto a interpretación cuáles son las demás prestaciones en efectivo o en especie que deben considerarse, lo cual podría ser un argumento para impugnar la legalidad de este gravamen. Por ello, este artículo requiere una mayor precisión.

Por todo lo anterior, sometemos a esta Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente

INICIATIVA

De decreto mediante el cual se deroga el párrafo segundo del artículo 8o., se reforma la fracción IV del artículo 18, se reforma la fracción V del artículo 20, se adiciona un párrafo noveno al artículo 24, se reforman las fracciones XII y XVI del artículo 31, se reforma el sexto párrafo del artículo 37, se reforma el párrafo primero del artículo 43, se reforma el párrafo cuarto del artículo 88, se reforman las fracciones XII, XIX y el penúltimo párrafo del artículo 95, se deroga el párrafo segundo de la fracción XI y el párrafo segundo de la fracción XVII del artículo 109, se reforma la fracción V y se deroga la fracción VI del artículo 119, se reforma el párrafo segundo del artículo tercero transitorio, todos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo primero. Se deroga el párrafo segundo del artículo 8o. de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

"Artículo 8o. Cuando en esta ley se haga mención a persona moral, se entienden comprendidas, entre otras, las sociedades mercantiles, los organismos descentralizados que realicen preponderantemente actividades empresariales, las instituciones de crédito, las sociedades y asociaciones civiles y la asociación en participación cuando a través de ella se realicen actividades empresariales en México.

El sistema financiero..."

Artículo segundo. Se reforma la fracción IV del artículo 18 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

"Artículo 18. Para los efectos del artículo 17 de esta ley, se considera que los ingresos se obtienen en aquellos casos no previstos en otros artículos de la misma, en las fechas que se señalan conforme a lo siguiente tratándose de:

I. a la III. ..

IV. Ingresos derivados de deudas no cubiertas por el contribuyente, en el mes en el que se consuma el plazo de prescripción de acuerdo a sentencia ejecutoria que emita la autoridad correspondiente, o en el mes en el que se cumpla el plazo a que se refiere el párrafo segundo de la fracción XVI del artículo 31 de esta ley."

Artículo tercero. Se reforma la fracción V del artículo 20 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

"Artículo 20. Para los efectos de este título, se consideran ingresos acumulables, además de los señalados en otros artículos de esta ley, los siguientes:

I. a la IV. ..

V. La ganancia derivada de la enajenación de activos fijos y terrenos, títulos valor, acciones, partes sociales o certificados de aportación patrimonial emitidos por sociedades nacionales de crédito, así como la ganancia realizada que derive de la fusión o escisión de sociedades y la proveniente de reducción de capital o de liquidación de sociedades mercantiles residentes en el extranjero, en las que el contribuyente sea socio o accionista.

En los casos de reducción de capital o de liquidación, de sociedades mercantiles residentes en el extranjero, la ganancia se determinará conforme a lo dispuesto en la fracción V del artículo 167 de esta ley.

En los casos de fusión o escisión de sociedades, no se considerará ingreso acumulable la ganancia derivada de dichos actos, cuando se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 14-A del Código Fiscal de la Federación.

Cuando en los casos de fusión o escisión de sociedades no se cumpla con los requisitos a que se refiere el párrafo anterior, se acumulará la ganancia señalada en esta fracción y no le serán aplicables las disposiciones de esta ley que se refieren a bienes adquiridos con motivo de la fusión y escisión de sociedades.

VI. a la XI..."

Artículo cuarto. Se adiciona un párrafo noveno al artículo 24 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

"Artículo 24. Para determinar la ganancia por enajenación de acciones cuyo periodo de tenencia haya sido superior a 18 meses, los contribuyentes disminuirán del ingreso obtenido por acción, el costo promedio por acción de las acciones que enajenen, conforme a lo siguiente:

I. a la III. ..

Para los efectos de este artículo, sólo se considerarán, en su caso, las utilidades, las pérdidas, los dividendos percibidos y los pagados, los reembolsos y la diferencia a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 88 de esta ley, correspondientes a los 10 ejercicios terminados inmediatos anteriores a aquél en el que se efectúe la enajenación.

Para determinar la ganancia en la enajenación de acciones cuyo periodo de tenencia sea de 18 meses o inferior, se considerará como monto original ajustado de las mismas, el costo comprobado de adquisición de las acciones disminuido de los reembolsos y de los dividendos ó utilidades pagados, por la persona moral emisora de las acciones, correspondientes al periodo de tenencia de las acciones de que se trate, actualizados en los términos de la fracción III de este artículo.

En el caso de que se enajenen acciones respecto de las cuales se hayan decretado dividendos y éstos no se hubiesen pagado al momento de la enajenación, los mismos se deberán considerar como dividendos pagados para la determinación del costo fiscal cuando quien tenga derecho al cobro del dividendo no sea el adquirente. En este caso, el adquirente no los considerará como dividendos pagados en la enajenación inmediata siguiente.

Cuando la suma de los dividendos o utilidades pagados, los reembolsos efectuados, las pérdidas y la diferencia a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 88 de esta ley, todos estos conceptos actualizados, correspondientes a las acciones que se enajenan, excedan a la cantidad que resulte de sumar al costo comprobado de adquisición actualizado, las utilidades y los dividendos o utilidades percibidos, actualizados, de las acciones que se enajenan, las acciones de que se trate no tendrán costo promedio por acción para los efectos de este artículo. El excedente determinado conforme a este párrafo, considerado por acción, se deberá disminuir, actualizado desde el mes de la enajenación y hasta el mes en el que se disminuya, del costo promedio por acción que en los términos de este artículo se determine en la enajenación de acciones inmediata siguiente o siguientes que realice el contribuyente, aun cuando se trate de emisoras diferentes.

Tratándose de acciones emitidas por personas morales residentes en el extranjero, para determinar el costo promedio por acción a que se refiere este artículo, se considerará como monto original ajustado de las acciones, el costo comprobado de adquisición de las mismas disminuido de los reembolsos pagados, todos estos conceptos actualizados en los términos de la fracción III de este artículo.

Las sociedades emisoras deberán proporcionar a los socios que lo soliciten, constancia con la información necesaria para determinar los ajustes a que se refiere este artículo. Tratándose de acciones inscritas en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, la sociedad emisora de las acciones, independientemente de la obligación de dar constancia a los accionistas, deberá proporcionar esta información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la forma y términos que señalen las autoridades fiscales.

Cuando una persona moral adquiera de una persona física o de un residente en el extranjero, acciones de otra emisora, el accionista de la persona moral adquirente no considerará dentro del costo comprobado de adquisición las utilidades o dividendos que se hayan generado con anterioridad a la fecha de adquisición y que, directa o indirectamente, ya se hayan considerado como parte del costo comprobado de adquisición de las acciones. La persona moral emisora antes mencionada no incluirá estas utilidades o dividendos en la información que para los efectos del cálculo a que se refiere este artículo proporcione a sus accionistas.

En los casos en los que se haga referencia a acciones, se entenderán incluidos los certificados de aportación patrimonial emitidos por las sociedades nacionales de crédito, las partes sociales, las participaciones en asociaciones civiles y los certificados de participación ordinarios emitidos con base en fideicomisos sobre acciones que sean autorizados conforme a la legislación aplicable en materia de inversión extranjera; asimismo, cuando se haga referencia a accionistas, quedarán comprendidos los titulares de los certificados a que se refiere este párrafo, de las partes sociales y de las participaciones señaladas.

Tratándose de sociedades cuyo capital esté representado por partes sociales, cuando en esta ley se haga referencia al costo comprobado de adquisición de acciones, se estará a lo siguiente: para la determinación del monto original de la inversión, la suma al costo comprobado de adquisición de utilidades actualizadas y dividendos o utilidades percibidos por la persona moral, así como la resta de pérdidas de ésta, se deberán efectuar en la parte que corresponda a la parte social que se enajena, considerando para estos efectos, la parte alícuota del capital que represente la parte social.

Cuando en este artículo se haga referencia a reembolsos pagados, se entenderán incluidas las amortizaciones y las reducciones de capital, a que se refiere el artículo 89 de esta ley.

Lo dispuesto en este artículo..."

Artículo quinto. Se reforman las fracciones XII y XVI del artículo 31 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

"Artículo 31. Las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos:

I. a la XI. ..

XII. Que cuando se trate de los gastos de previsión social a que se refiere la fracción VI del artículo 109 de esta ley, de prestaciones correspondientes que se destinen a jubilaciones, fallecimientos, invalidez, servicios médicos y hospitalarios, subsidios por incapacidad, fondos de ahorro, las prestaciones correspondientes se otorguen en forma general en beneficio de todos los trabajadores, debiendo ser las mismas para los trabajadores de confianza y para los otros trabajadores.

En el caso de las aportaciones a los fondos de ahorro, éstos sólo serán deducibles cuando se cumplan los requisitos a que se refiere la fracción VIII del artículo 109 de esta ley.

XIII. a la XV. ..

XVI. En el caso de pérdidas por créditos incobrables, éstas se consideren realizadas en el mes en el que se consuma el plazo de prescripción de acuerdo a sentencia ejecutoria que emita la autoridad correspondiente, que corresponda o antes si fuera notoria la imposibilidad práctica de cobro.

Para los efectos de este artículo, se considera notoria imposibilidad práctica de cobro:

..."

Artículo sexto. Se reforma el sexto párrafo del artículo 37 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

"Artículo 37. Las inversiones únicamente se podrán deducir mediante la aplicación, en cada ejercicio, de los por cientos máximos autorizados por esta ley, sobre el monto original de la inversión, con las limitaciones en deducciones que, en su caso, establezca esta ley. Tratándose de ejercicios irregulares, la deducción correspondiente se efectuará en el por ciento que represente el número de meses completos del ejercicio en los que el bien haya sido utilizado por el contribuyente, respecto de 12 meses. Cuando el bien se comience a utilizar después de iniciado el ejercicio y en el que se termine su deducción, ésta se efectuará con las mismas reglas que se aplican para los ejercicios irregulares.

...

...

...

...

Cuando el contribuyente enajene los bienes o cuando éstos dejen de ser útiles para obtener los ingresos, deducirá, en el ejercicio en que esto ocurra, la parte aún no deducida; lo mismo se aplicará para el caso del pago en especie con bienes distintos de activo fijo. En el caso en que los bienes dejen de ser útiles para obtener los ingresos, el contribuyente deberá mantener sin deducción un peso en sus registros. Lo dispuesto en este párrafo no es aplicable a los casos señalados en el artículo 27 de esta ley.

..."

Artículo séptimo. Se reforma el párrafo primero del artículo 43 del impuesto sobre la renta.

"Artículo 43. Las pérdidas de bienes del contribuyente por caso fortuito o fuerza mayor, que no se reflejen en el inventario, serán deducibles en el ejercicio en que ocurran. La pérdida será igual a la cantidad pendiente de deducir a la fecha en que se sufra. Tratándose de bienes por los que se hubiese aplicado la opción establecida en el artículo 221 de esta ley, la deducción se calculará en los términos de la fracción III del artículo citado. La cantidad que se recupere se acumulará en los términos del artículo 20 de esta ley.

..."

Artículo octavo. Se reforma el párrafo cuarto del artículo 88 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

"Artículo 88. Las personas morales llevarán una cuenta de utilidad fiscal neta. Esta cuenta se adicionará con la utilidad fiscal neta de cada ejercicio, así corno con los dividendos percibidos de otras personas morales residentes en México y con los ingresos, dividendos o utilidades percibidos de inversiones en territorios con regímenes fiscales preferentes en los términos del décimo párrafo del artículo 213 de esta ley y se disminuirá con el importe de los dividendos o utilidades pagados, con las utilidades distribuidas a que se refiere el artículo 89 de esta ley, cuando en ambos casos provengan del saldo de dicha cuenta.

Para los efectos de este párrafo, no se incluyen los dividendos o utilidades en acciones o los reinvertidos en la suscripción o aumento de capital de la misma persona que los distribuye, dentro de los 30 días siguientes a su distribución. Para determinar la utilidad fiscal neta a que se refiere este párrafo, se deberá disminuir, en su caso, el monto que resulte en los términos de la fracción II del artículo 11 de esta ley.

...

...

Cuando la suma del Impuesto Sobre la Renta pagado en los términos del artículo 10 de esta ley y las partidas no deducibles para efectos del Impuesto Sobre la Renta, excepto las señaladas en las fracciones VIII y IX del artículo 32 de esta ley, sea mayor al resultado fiscal del ejercicio, la diferencia se disminuirá del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta que se tenga al final del ejercicio o en su caso, de la utilidad fiscal neta que se determine en los siguientes ejercicios, hasta agotarlo. En este último caso, el monto que se disminuya se actualizará desde el último mes del ejercicio en el que se determinó y hasta el último mes del ejercicio en el que se disminuya. En el caso en que el Impuesto Sobre la Renta y las partidas no deducibles excedan al resultado fiscal, la diferencia no se disminuirá del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta o de la utilidad fiscal neta, ocasionando que en dicho ejercicio no se tenga utilidad fiscal neta por sumar al saldo de la cuenta."

Artículo noveno. Se reforman las fracciones XII, XIX y el penúltimo párrafo del artículo 95 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

"Artículo 95. Para los efectos de esta ley, se consideran personas morales con fines no lucrativos, además de las señaladas en el artículo 102 de la misma, las siguientes:

I. a XI...

XII. Asociaciones o sociedades civiles dedicadas a las siguientes actividades:

a) a e). . .

XIII. a XVIII...

XIX. Las sociedades o asociaciones civiles, organizadas sin fines de lucro que se constituyan y funcionen en forma exclusiva para la realización de investigación y actividades de preservación de la flora o fauna silvestre, terrestre o acuática, dentro de las áreas geográficas definidas que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, previa opinión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como aquéllas que se constituyan y funcionen en forma exclusiva para promover entre la población la prevención y control de la contaminación del agua, del aire y del suelo, la protección al ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico. Dichas sociedades o asociaciones, deberán cumplir con los requisitos señalados en las fracciones II, III, IV y V del artículo 97 de esta ley, para ser consideradas como instituciones autorizadas para recibir donativos en los términos de la misma.

XX...

Las personas morales a que se refieren las fracciones V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XVI, XVII, XVIII, XIX y XX de este artículo, así como las sociedades de inversión a que se refiere este título, considerarán remanente distribuible, aun cuando no lo hayan entregado en efectivo o en bienes a sus integrantes o socios, el importe de las omisiones de ingresos o las compras no realizadas e indebidamente registradas; las erogaciones que efectúen y no sean deducibles en los términos del Título Cuarto de esta ley, salvo cuando dicha circunstancia se deba a que éstas no reúnen los requisitos de la fracción IV del artículo 172 de la misma; los préstamos que hagan a sus socios o integrantes, o a los cónyuges, ascendientes o descendientes en línea recta de dichos socios o integrantes salvo en el caso de préstamos a los socios o integrantes de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo a que se refiere la fracción XIII de este artículo. Tratándose de préstamos que en los términos de este párrafo se consideren remanente distribuible, su importe se disminuirá de los remanentes distribuibles que la persona moral distribuya a sus socios o integrantes.

. . ."

Artículo décimo. Se deroga el párrafo segundo de la fracción XI y el párrafo segundo de la fracción XVII del artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

"Artículo 109. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos:

XI. Las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones, durante un año de calendario, hasta el equivalente del salario mínimo general del área geográfica del trabajador elevado a 30 días, cuando dichas gratificaciones se otorguen en forma general; así como las primas vacacionales que otorguen los patrones durante el año de calendario a sus trabajadores en forma general y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, hasta por el equivalente a 15 días de salario mínimo general del área geográfica del trabajador, por cada uno de los conceptos señalados. Tratándose de primas dominicales hasta por el equivalente de un salario mínimo general del área geográfica del trabajador por cada domingo que se labore.

Por el excedente de los ingresos a que se refiere esta fracción se pagará el impuesto en los términos de este título.

XII. a XVI...

XVII. Las cantidades que paguen las instituciones de seguros a los asegurados o a sus beneficiarios cuando ocurra el riesgo amparado por las pólizas contratadas, siempre que no se trate de seguros relacionados con bienes de activo fijo.

XVIII. a XXVII..."

Artículo decimoprimero. Se reforma la fracción V y se deroga la fracción VI del artículo 119 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

"Artículo 119. Quienes hagan los pagos a los contribuyentes que tengan derecho al crédito al salario a que se refieren los artículos 115 y 116 de esta ley sólo podrán acreditar contra el impuesto sobre la renta a su cargo o del retenido a terceros, las cantidades que entreguen a los contribuyentes por dicho concepto, cuando cumplan con los siguientes requisitos:

I a IV...

V. Presenten ante el Sistema de Atención Tributaria, dentro de los cinco días inmediatos siguientes al mes de que se trate, la nómina de los trabajadores que tengan derecho al crédito al salario, identificando por cada uno de ellos los ingresos que sirvan de base para determinar dicho crédito, así como el monto de este último."

Artículo decimosegundo. Se reforma el párrafo segundo del artículo tercero transitorio de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Artículo tercero transitorio. Del impuesto sustitutivo del crédito al salario.

Unico. Están obligadas al pago del impuesto sustitutivo del crédito al salario establecido en este artículo, las personas físicas y las morales que realicen erogaciones por la prestación de un servicio personal subordinado en territorio nacional, conforme a lo siguiente:

Se consideran erogaciones por la prestación de un servicio personal subordinado, los salarios, sueldos y toda prestación que se haga en efectivo o en especie y que sean pagadas por la persona física o moral a quienes les presten un servicio personal subordinado. Para estos efectos, también se considerarán erogaciones por la prestación de un servicio personal subordinado aquellas erogaciones que para los efectos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta se consideran ingresos asimilados a salarios.

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, D.F., a 29 de abril de 2002.—Diputados: Bernardo de la Garza Herrera, coordinador, Francisco Agundis Arias, vicecoordindor, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sáinz Arena, María Cristina Moctezuma Lule, Juieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González y Erika Elizabeth Spezia Maldonado.»

El Presidente:

Muchas gracias por su actitud frente al tiempo diputada Sara Guadalupe Fiigueroa Canedo, muy amable y tal como lo solicito, públiquese íntegramente el texto de esta iniciativa en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.

Por otra parte, túrnese dicha iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

DERECHOS DE AUTOR

El Presidente:

Para presentar una iniciativa que reforma la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y el Código Penal Federal, tiene la palabra el diputado Roberto Bueno Campos, del grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Roberto Eugenio Bueno Campos:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Los suscritos diputados federales del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa, con el fin de que la piratería cometida por la delincuencia organizada, se le aplique y sancione de conformidad con la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, así como para aumentar las penas privativas de libertad en estos delitos.

En virtud del tiempo, se pasa a hacer un resumen de los fundamentos y motivos de la presente iniciativa, misma que se va a entregar a esta mesa a efecto de que se inserte en su integridad en el Diario de los Debates.

México es un país rico en cultura con un gran mosaico de expresiones intelectuales y de sentimientos estéticos; la tradición artística y cultural de nuestro pueblo es varias veces centenarias, así como de igual manera se haya en una constante dinámica creativa, que lo demuestran no sólo las manifestaciones de alta cultura, las innovaciones dentro del ámbito de la comunicación y el arte, por lo tanto la protección de las creaciones intelectuales, deben constituirse en una preocupación fundamental del Estado mexicano, ya que la defensa de los derechos de propiedad intelectual, es al mismo tiempo la salvaguarda de la cultura propia y de la cultura universal.

La protección a los derechos de autor en nuestro país, es una de las grandes prioridades y decisiones del pueblo mexicano, su importancia lo reconoce el artículo 28 de nuestra Constitución General: "...toda obra intelectual de gran éxito o la más modesta, deben ser protegidas en igual grado y medida, pues el espíritu humano debe ser estimulado por la sociedad y protegido por la ley".

El marco jurídico autoral en vigor, por técnica legislativa y eficacia normativa, incorpora un título en el Código Penal Federal, en donde se describe con precisión los delitos que afectan a los derechos de autor y conexos. La posibilidad de aplicar una pena o un castigo, da fuerza a las leyes y permite lograr con grado de suficiencia el objetivo de la misma: salvaguardar el bien común y el respeto a los derechos de la comunidad y del individuo.

Una de las violaciones más graves y frecuentes se presenta con la piratería, tanto por la reproducción no autorizada o la comercialización indebida de ejemplares sin el consentimiento del titular del derecho, lo que motivó a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual a convocar dos foros mundiales para el tratamiento del tema, en donde en ambos eventos se condenó a la piratería como ilícito que atenta no solamente contra los intereses privados de los autores, los artistas y las industrias culturales y de comunicación, sino también contra las fuentes de empleo, el erario público y la creatividad, encomendando a los gobiernos establecer procedimientos eficaces y sanciones penales ejemplares como medida para combatir este delito.

En efecto, es del conocimiento público que el problema del combate a la reproducción y distribución ilícita de fonogramas, no está dando los resultados mínimos aceptables y no sólo no se ha logrado contener, por el contrario, aumenta, lo que se traduce en enormes pérdidas para los autores, comercializadoras y demás personas involucradas de manera lícita en esta artística, noble y honesta actividad.

La piratería está inhibiendo las oportunidades de las compañías disqueras, múltiples factores intervienen en el crecimiento de la piratería en menoscabo de la industria disquera nacional; la producción, a través de grabadores de discos compactos, la facilidad de ventas por vendedores ambulantes y tianguis.

Las consecuencias van más allá del aspecto puramente económico. Hablamos de la pérdida de generaciones de artistas, de un medio justo para competir y desarrollarse, del impacto negativo en la cultura, de la inhibición para el surgimiento de nuevas figuras, entre otras graves consecuencias.

Para sobrevivir las disqueras están dependiendo de producciones extranjeras que no generan costos de producción adicionales, ya que el producto es desarrollado fuera de México. Por lo que tristemente el mercado nacional cambia de ser un recurso de exportación de talento, cultura y música, a una red de importación en la que solamente son promocionadas producciones seguras y en su mayoría extranjeras.

Precisamente por eso se insiste que para la consolidación del Estado de Derecho, se requiere la implantación de medidas que garanticen la propiedad y posesión de los bienes que favorezcan la transparencia de las relaciones de los particulares entre si y con el gobierno, a fin de promover la inversión productiva que impulse el desarrollo económico del país.

La industria mexicana requiere de todas las herramientas que le permitan crecer y responder en forma competitiva, al desarrollo económico del país; que brinde una protección adecuada en los distintos campos, incluido el de los derechos de la propiedad industrial. Se requieren acciones de carácter frontal y eficaz contra las violaciones a los derechos de autor y de propiedad industrial.

La producción y comercialización ilícitas de productos apócrifos recientemente se ha incrementado en detrimento de la industria nacional. Clara manifestación de estos hechos se observan cotidianamente a través del comercio informal en la vía pública, en innumerables lugares se expenden productos apócrifos sin temor de que dichas conductas sean castigadas.

Si bien es verdad que México ha modernizado su marco normativo en materia de propiedad intelectual, lo cierto es que se hace necesaria la constante actualización de las disposiciones jurídicas que resuelvan los problemas que garanticen la protección eficaz de los derechos.

Para citar sólo algunos datos, mencionaremos que según Amprofon, México ocupa el tercer lugar mundial en el mercado de la piratería. Durante el año 2002 de 67 millones de unidades vendidas de manera legal, se calcula que se vendió la alarmante cifra de 104 millones de unidades de productos piratas.

Las pérdidas directas de la industria se encuentran cerca de los 3 mil millones de pesos. Basta imaginar el daño colateral que sufren los estudios de grabación, artistas, intérpretes y autores.

La disminución de las ventas se encuentran en el rango del 21%. El Gobierno mexicano pierde anualmente 800 millones de pesos en IVA y otros impuestos. ¡Ojo Secretario de Hacienda!

Ahora bien, nadie puede negar que la piratería es una actividad delictuosa que se ha extendido a grupos organizados que hacen de la violación de la ley a través de la piratería, su modo de vida.

Por ello la necesidad de actuar enérgicamente contra este tipo de conductas delictivas que no son de ninguna manera aisladas o de una simple asociación, sino de auténticos grupos organizados, por lo que es necesario la constante adecuación de las leyes a las realidades que están destinadas en regular y estar en correspondencia con las aspiraciones de la sociedad, de tal manera que el Estado de Derecho se perfeccione y fortalezca.

En tal virtud resulta oportuno modificar las normas penales vigentes con objeto de atacar enérgicamente la industria delictiva de la piratería. La piratería en muchas ocasiones es una actividad organizada de manera permanente, con estructura jerárquica respetada, compuesta por individuos disciplinados que se agrupan para cometer estos ilícitos. Es decir, llegan a tener las características de una auténtica delincuencia organizada.

En consecuencia es que se propone reformar el artículo 2o. de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, a fin de adicionar una fracción V recorriendo la actual para quedar en VI, con el fin de establecer que la piratería sea sancionada como delincuencia organizada, siempre y cuando tres o más personas, acuerden organizarse o se organicen para realizar en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras tengan como fin o resultado cometer el delito previsto en el artículo 424-bis del Código Penal Federal.

Asimismo, se propone incrementar las penas privativas de la libertad y las sanciones económicas con el fin de abatir la incidencia delictiva del tipo penal previsto en el artículo 424-bis para que aun sin tratarse de delincuencia organizada también sean sancionadas con mayor rigor dichas conductas, por lo que se solicita seguir manteniendo el mínimo, pero incrementar el máximo a 12 años de prisión y de 3 mil a 30 mil días de multa a quien produzca, reproduzca, importe, almacene, transporte, distribuya o venda copias ilícitas de obras, fonogramas, videogramas o libros protegidos por la Ley General del Derecho de Autor.

Reiteramos: este tipo de delincuencia, cuando es organizada, amenaza a la seguridad nacional porque vulnera valores importantes de un Estado, porque debilita las instituciones y daña el Estado de Derecho y porque la extraordinaria cantidad de recursos que maneja llega a poner en entredicho la capacidad de las autoridades para enfrentarlo.

Compañeras y compañeros diputados: nos basta con dar una somera mirada a la realidad de la piratería en México para preocuparse y ocuparse de la impunidad, de la inseguridad pública y del crimen organizado, por lo que debemos propugnar, con la instrumentación y puesta en práctica de medidas adecuadas y eficaces, en beneficio de los autores y productores legales de fonogramas y otras obras.

La presente iniciativa tiene precisamente como objeto la protección de los derechos de los autores de toda obra del ingenio y espíritu humano, de modo que se mantenga firme la salvaguarda del acervo cultural de la nación y se estimule la creatividad del pueblo mexicano en su conformación y diversidad cultural.

Muchas gracias y respetuosamente solicito se remita para opinión a las comisiones de Cultura y Hacienda.

«Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y el Código Penal Federal.

Ciudadano Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Los suscritos diputados federales del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, integrantes de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa, con el fin de que la piratería cometida por delincuencia organizada se le aplique y sancione de conformidad con la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, así como para aumentar las penas privativas de libertad en estos delitos, misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

México es país rico en cultura, con un gran mosaico de expresiones intelectuales y de sentimientos estéticos. La tradición artística y cultural de nuestro pueblo es varias veces centenaria, así como de igual manera, se halla en una constante dinámica creativa, que lo demuestran no sólo las manifestaciones de alta cultura, las innovaciones dentro del ámbito de la comunicación y el arte mundial y labor literaria, sino también en las expresiones del arte popular y artesanal y en el folclore y conocimientos tradicionales; por lo tanto, la protección de las creaciones intelectuales, deben constituirse en una preocupación fundamental del Estado mexicano, ya que la defensa de los derechos de propiedad intelectual, es al mismo tiempo, la salvaguarda de la cultura propia y de la cultura universal.

La protección a los derechos de autor en nuestro país, es una de las grandes prioridades y decisiones del pueblo mexicano. Su importancia lo reconoce el artículo 28 de nuestra Constitución General, el cual en la parte conducente establece que: "no constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora".

Desde las antiguas disposiciones y órdenes dictadas por los virreyes que favorecían o reconocían ciertos privilegios o derechos a los autores; hasta nuestra actual Ley Federal del Derecho de Autor en vigor desde el 24 de marzo de 1997, se ha puesto de relieve la importancia de contar con sólidas instituciones en materia de propiedad intelectual, como el eje sobre el cual deben girar el desarrollo espiritual y económico de nuestro pueblo.

Así tenemos que la producción intelectual es tan importante o más que la producción material en el proceso de construcción de un país, por la sencilla razón de que aquélla es la base de ésta; de donde se desprende que el mejor instrumento para el progreso, debe consistir en impulsar y tutelar de manera especial las creaciones del espíritu e ingenio humano, ya que éstas, como son las obras literarias, artísticas, científicas, los poemas, las canciones, las obras arquitectónicas, pictóricas y demás bienes culturales, son el hilo conductor por el que se transmiten los ideales de una nación, se difunden los conocimientos, las informaciones de mayor interés, así como los avances y descubrimientos de todas las disciplinas.

Las producciones intelectuales y artísticas poseen mucho valor para la promoción de un país y es de interés común proteger a los autores, pues así se incrementa el acervo cultural de la nación y se estimula a los creadores de las ciencias y las artes a proseguir sus esfuerzos.

La doctrina y protección de los derechos de autor comprenden dos grupos o series de derechos de diferente calidad; unos son los que integran el derecho moral, cuya esencia es la facultad del autor de exigir que le reconozca su carácter de creador, de dar a conocer su obra y que se respete la integridad de la misma; la otra categoría se refiere a los derechos de orden pecuniario o sea el disfrute o beneficio económico de la orden científico y didáctico, ya que en la realidad el derecho intelectual es uno indivisible.

Es incuestionable que la creación de una obra representa estudio, dedicación, tiempo, acuciosidad y muchos otros esfuerzos por parte del autor, los cuales deben ser protegidos no sólo por razones jurídicas, también más aún por elemental ética de respecto al trabajo ajeno; podemos afirmar que el autor al crear su obra "crea" también su propiedad, sin disminuir ni afectar el patrimonio de nadie el patrimonio de nadie, consecuentemente el derecho de autor es algo totalmente vinculado al creador de la obra, en su pensamiento, es su trabajo, en alguna forma en su persona; un autor, refiriéndose a la producción literaria, expresó que para éste, sus libros son "hijos de papel"; esta frase, en opinión personal, consideremos que además de bella, es rigurosamente cierta, en un sentido sentimental, respecto de la identificación y vinculación del autor con su obra.

Por tales razones, el derecho de autor es reconocido como uno de los derechos básicos de la persona en la declaración de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es así que el artículo 27 de dicha declaración dice: "toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la cultura de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. De igual manera, toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le corresponden por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora".

Nuestro país, reconoce y concurre desde hace varias décadas de esta convicción universal, en la que la participación de las personas en la vida cultural de su país constituye un derecho humano y que, por lo tanto, el Estado está obligado a protegerlo y garantizarlo adecuadamente en los llamados derechos morales y patrimoniales.

Para que México siga protegiendo con eficacia los derechos autorales, debe contar con un marco jurídico acorde a la realidad que vivimos, que apoye la industria y el comercio de la cultura, propicie un mejor ambiente para que los creadores puedan darse la misión de acrecentar y elevar nuestro acervo cultural y que establezca las bases para un futuro con mejores expectativas en la educación, la cultura, la ciencia, el arte y la cultura.

Toda obra intelectual de gran éxito o la más modesta deben ser protegidas en igual grado y medida, pues el espíritu humano debe ser estimulado por la sociedad y protegido por la ley. El marco jurídico autoral en vigor, por técnica legislativa y eficacia normativa, incorpora un título en el Código Penal Federal en donde se describe con precisión los delitos que afectan a los derechos de autor y conexos. La posibilidad de aplicar una pena o un castigo da fuerza a las leyes y permite lograr con grado de suficiencia, el objetivo de la misma: salvaguardar el bien común y el respeto a los derechos de la comunidad y del individuo.

Los delitos contra el derecho de autor son de naturaleza mixta, pues no sólo afectan los intereses patrimoniales, sino también los derechos morales que atañen a la personalidad del creador y a la protección de la obra como entidad propia.

La tutela penal del patrimonio estaría incompleta si el valor económico de los frutos del intelecto y del ingenio humano quedasen sin protección frente a las acciones humanas que tienden a usurpar la autoridad que el autor tiene sobre sus creaciones literarias, científicas y artísticas. Conforme a la naturaleza de las cosas corresponde a los autores obtener las ventajas económicas que pudieran derivarse de sus creaciones intelectuales.

Una de las violaciones más graves y frecuentes, se presenta con la figura conocida con el nombre popular de "piratería", tanto por la reproducción no autorizada o la comercialización indebida de ejemplares, como por la retransmisión ilícita de emisiones de radiodifusión o la distribución por cable de programas sin el consentimiento del titular del derecho, lo que motivó a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual a convocar a dos foros mundiales para el tratamiento del tema, en donde en ambos eventos se condenó a la piratería como un ilícito que atenta no solamente contra los intereses privados de los autores, los artistas y las industrias culturales y de comunicación, sino también contra las fuentes de empleo, el erario público y la creatividad, encomendando a los gobiernos establecer procedimientos eficaces y sanciones penales ejemplares, como medida para combatir este delito.

Cabe señalar, que de igual manera que los creadores intelectuales, los artistas, intérpretes y ejecutantes de obras de carácter musical, dramáticas, escenográficas, cinematográficas y demás, se ven afectados y perjudicados de manera sustancial por el uso ilícito y no autorizado de las fijaciones o grabaciones de sus actuaciones, máxime en esta época en que se dispone de tantos medios para tal objeto.

En efecto es del conocimiento público que el problema del combate a la reproducción y distribución ilícita de fonogramas no está dando los resultados mínimos aceptables, no sólo no se ha logrado contener, por el contrario, aumenta, lo que se traduce en enormes perdidas para los autores, comercializadores y demás personas involucradas de manera lícita en esta artística, noble y honesta actividad.

La piratería está inhibiendo las oportunidades de las compañías disqueras y la música mexicana corre peligro; múltiples factores intervienen en el crecimiento de la piratería en menoscabo de la industria disquera nacional, la producción a través de grabadores de discos compactos, la facilidad de venta por vendedores ambulantes y tianguis, la sofisticación de la delincuencia.

Las consecuencias van más allá del aspecto puramente económico, hablamos de la perdida de generaciones de artistas, de un medio justo para competir y desarrollarse, del impacto negativo en la cultura, de la inhibición para el surgimiento de nuevas figuras, entre otras graves consecuencias.

Para sobrevivir, la disqueras están dependiendo de producciones extranjeras que no generan costos de producción adicionales ya que el producto es desarrollado fuera de México, por lo que tristemente, el mercado nacional cambia de ser un recurso de exportación de talento y música, a una red de importación, en el que solamente son promocionadas producciones seguras y en su mayoría extranjeras.

Precisamente por eso, se insiste que para la consolidación del Estado de Derecho, la implantación de medidas que garanticen la propiedad y posesión de los bienes y que favorezcan la transparencia de las relaciones de los particulares entre sí y con el Gobierno, a fin de promover la inversión productiva que impulse el desarrollo económico del país. Asimismo para lograr un régimen de plena seguridad política se requiere, entre otros, de dos elementos fundamentales: primero, la existencia de un marco normativo preciso y congruente con las necesidades actuales, que defina con claridad el derecho de propiedad, así como las prerrogativas y obligaciones de todos los que intervienen en las actividades económicas y segundo, un sistema que garantice, eficaz y oportunamente el cumplimiento del marco normativo.

La industria mexicana requiere de todas las herramientas que le permitan crecer y responder en forma competitiva al desarrollo económico del país, para lo cual requiere de un marco jurídico que le brinde una protección adecuada en los distintos campos, incluido el de los derechos de propiedad industrial. En consecuencia, es fundada la demanda de las asociaciones de titulares de derecho de autor y derechos conexos, así como de las cámaras comerciales e industriales, que solicitan al Gobierno que incremente el nivel de protección y las acciones de combate frontal y eficaz contra las violaciones a los derechos de autor y de propiedad industrial.

La producción y comercialización ilícitas de productos apócrifos, recientemente se ha incrementado en detrimento de la industria nacional. Clara manifestación de estos hechos, se observan cotidianamente a través del comercio informal en la vía pública. En innumerables lugares se expenden productos apócrifos sin temor de que dichas conductas sean castigadas. Este fenómeno delictivo ha sido comentado por la propia sociedad que consume grandes cantidades de productos apócrifos; teniendo su origen en razones de orden cultural vinculadas con problemas sociales como el bajo nivel educativo, el desempleo, el bajo poder adquisitivo y una creciente economía informal.

Si bien es verdad que México ha modernizado su marco normativo en materia de propiedad intelectual, tanto en su parte sustantiva, para otorgar mayores derechos, como también en los procedimientos administrativos y penales para garantizar el respeto y la observancia de los mismos, sin embargo, la dinámica en materia intelectual e industrial, como la expansión de los mercados, hacen necesaria la constante actualización de las disposiciones jurídicas que resuelvan los problemas que garanticen la protección eficaz de los derechos, con el propósito de mantener y fomentar las inversiones nacionales y extranjeras.

Para citar sólo algunos datos mencionaremos que según la Amprofon:

• México ocupa el tercer lugar mundial en el mercado de la piratería.

• Durante el año 2000 de 67 millones de unidades vendidas de manera legal, se calcula que se vendió la alarmante cifra de 104 millones de unidades de producto pirata.

• Las pérdidas directas de la industria se encuentran cerca de los 3 mil millones de pesos, basta imaginar el daño colateral que sufren los estudios de grabación, artistas, interpretes y autores.

• La disminución de las ventas se encuentra en el rango del 21%.

• El Gobierno mexicano pierde anualmente 800 millones de pesos en IVA y otros impuestos.

Ahora bien, nadie puede negar que la "piratería", es una actividad delictuosa que se ha extendido a grupos organizados, que hacen de la violación de la ley, a través de la piratería su modo de vida. Por ello, la necesidad de actuar enérgicamente contra este tipo de conductas delictivas que no son de ninguna manera aislada o de una simple asociación, sino de auténticos grupos organizados, por lo que es necesario la constante adecuación de las leyes a las realidades que están destinadas en regular y estar en correspondencia con las aspiraciones de la sociedad, de tal manera que el Estado de Derecho se perfeccione y fortalezca.

En tal virtud, resulta oportuno modificar las normas penales vigentes, con objeto de atacar enérgicamente la industria delictiva de la piratería, cuyo bien jurídico tutelado es objeto constante de violación, debido a organizaciones perfectamente orquestadas para su cometido. La capacidad de las organizaciones criminales dedicadas a la piratería supera en mucho a una actividad individual. Se trata, de una delincuencia que daña y pone en peligro bienes y valores de la mayor importancia tanto para sus autores como para la propia industria. Se trata de crimen organizado como una sociedad que busca operar fuera del control del pueblo y del Gobierno, sus acciones no son impulsivas, sino más bien resultado de previsiones a corto, mediano y largo plazos, con el propósito de ganar control sobre la producción, reproducción, introducción, almacenamiento, transportación, distribución, venta ilícita de obras o productos apócrifos y así amasar grandes oportunidades de dinero y poder real.

La piratería, en muchas de las ocasiones, es una actividad organizada de manera permanente con estructura jerárquica respetada, compuesta por individuos disciplinados que se agrupan para cometer estos ilícitos; es decir, llegan a tener las características de una auténtica delincuencia organizada. En consecuencia, es que se propone reformar el artículo 2o. de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, a fin de adicionar una fracción V, recorriendo la actual para quedar en VI, con el fin de establecer que la piratería sea sancionada como delincuencia organizada, siempre y cuando tres o más personas acuerden organizarse o se organicen para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tengan como fin o resultado cometer el delito previsto en el artículo 424-bis del Código Penal Federal.

Es decir, que cuando se trate de miembros de la delincuencia organizada se sancione como tal a quienes produzcan, reproduzcan, introduzcan al país, almacenen, transporten, distribuyan, vendan o arrienden copias de obras, fonogramas, videogramas o libros, protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor, en forma dolosa, con fin de especulación comercial y sin la autorización que en los términos de la citada ley deba otorgar el titular de los derechos de autor o de los derechos conexos. Igualmente a quienes, a sabiendas, aporten o provean de cualquier forma, materias primas o insumos destinados a la producción o reproducción de obras, fonogramas, videogramas o libros a que se refiere el párrafo anterior o a quienes fabrique con fin de lucro un dispositivo o sistema cuya finalidad sea, desactivar los dispositivos electrónicos de protección de un programa de computación.

Asimismo se propone incrementar las penas privativas de la libertad y las sanciones económicas, con el fin de abatir la incidencia delictiva del tipo penal previsto en el artículo 424-bis, para que aun sin tratarse de delincuencia organizada, también sean sancionadas con mayor rigor dichas conductas, por lo que se solicita seguir manteniendo el mínimo pero incrementar el máximo a 12 años de prisión y de 3 mil a 30 mil días multa, a quien produzca, reproduzca, importe, almacene, transporte, distribuya o venda copias ilícitas de obra, fonogramas, videogramas o libros, protegidos por la Ley General de Derecho de Autor, así como a quien fabrique con fin de lucro, un dispositivo o sistema para desactivar los dispositivos electrónicos de protección de un programa de computación.

Reiteramos este tipo de delincuencia, más cuando es organizada, amenaza a la seguridad nacional porque vulnera valores importantes de un Estado, porque debilita las instituciones y daña el Estado de Derecho y porque la extraordinaria cantidad de recursos que maneja llega a poner en entredicho la capacidad de las autoridades para enfrentarlo.

Resulta desafortunado que quienes actúan honestamente y dentro del marco de la ley se ven agredidos por personas o grupos que incurriendo en conductas antijurídicas y dolosas se benefician económicamente e inundan el mercado con productos de los comúnmente llamados piratas, específicamente y de manera más acentuada por lo que se refiere a los derechos de autor en fonogramas.

Compañeras y compañeros diputados: nos basta con dar una somera mirada a la realidad de la "piratería" en México para preocuparse y ocuparse de la impunidad, de la inseguridad pública y del crimen organizado, por lo que debemos propugnar por la instrumentación y puesta en práctica de medidas adecuadas y eficaces en beneficio de los autores y productores legales de fonogramas y otras obras. La presente iniciativa, tiene precisamente como objeto la protección de los derechos de los autores de toda obra del ingenio y espíritu humano, de modo que se mantenga firme la salvaguarda del acervo cultural de la nación y se estimule la creatividad del pueblo mexicano en su conformación y diversidad cultural.

Por lo anteriormente expuesto, los suscritos, diputados federales, miembros del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentamos a la consideración de esta representación nacional el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Por el que se reforma la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y el Código Penal Federal.

Artículo primero. Se reforma el artículo 3o. y se adiciona la fracción V recorriéndose la fracción actual para quedar como fracción VI al artículo 2o. de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

"Artículo 2o. ..

I a la IV...

V. Piratería, previsto en el artículo 424-bis del Código Penal Federal;

VI. Asalto, previsto en los artículos 286 y 287; secuestro, previsto en el artículo 366; tráfico de menores, previsto en el artículo 366-ter y robo de vehículos, previsto en el artículo 381-bis del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales estatales.

Artículo 3o. Los delitos a que se refieren las fracciones I, II, III, IV y V del artículo anterior, que sean cometidos por algún miembro de la delincuencia organizada, serán investigados, perseguidos, procesados y sancionados conforme a las disposiciones de esta ley.

Los delitos señalados en la fracción VI de dicho artículo lo serán únicamente si, además de cometerse por un miembro de la delincuencia organizada, el Ministerio Público de la Federación ejerce la facultad de atracción. En este caso, el Ministerio Público de la Federación y las autoridades judiciales federales serán las competentes para conocer de tales delitos: bajo ninguna circunstancia se agravarán las penas previstas en las legislaciones de las entidades federativas."

Artículo segundo. Se reforma el artículo 424-bis del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

"Artículo 424-bis. Se impondrá prisión de tres a 12 años y de 3 mil a 30 mil días multa:

I y II..."

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. El presente decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, D.F., a 30 de abril de 2002.— Diputados: Roberto E. Bueno Campos, Sergio Vaca B., Mercedes Hernández Rojas, Martha Patricia Martínez Macías, Silvia López Escoffie, Manuel Minjarez Jiménez, Sonia López Macías, Francisco Arano Montero, José de Jesús López Sandoval, Mario Reyes Oviedo, Beatriz Grande y Alba L. Méndez Herrera.»

El Presidente:

Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con la opinión de las comisiones de Cultura y de Hacienda.

TRABAJO DE APRENDIZAJE

El Presidente:

Para presentar una iniciativa a diversas reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta y a la Ley Federal del Trabajo, tiene la palabra la diputada Olga Patricia Chozas y Chozas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Olga Patricia Chozas y Chozas:

Con permiso de la Presidencia; compañeros diputados:

Hoy se puede constatar que el mundo ha cambiado y con él la cantidad y la calidad de las competencias, habilidades y destrezas básicas y educativas que son necesarias para acceder a un empleo, pero como regla general están ausentes en los mecanismos de socialización de los adolescentes y jóvenes.

Por ello, uno de los desafíos más apremiantes que los países en desarrollo debemos enfrentar es el de disminuir los crecientes índices de desocupación juvenil y la particular vulnerabilidad ocupacional de los jóvenes, ya que la calidad de los puestos de trabajo a los que ellos acceden empeoran cada vez más, aun cuando mejora su nivel educativo.

Es necesario desarrollar una estrategia para la modernización del sistema de capacitación y empleo que cuente con la adhesión de los jóvenes a los sectores productivos y que contribuya a sentar las bases de un nuevo modelo de entrenamiento y empleo, orientado a la demanda de nuestro país y al respeto del derecho a la profesión profesional.

El reconocimiento internacional de este derecho es relativamente antiguo y ha ido perfeccionándose en sucesivos instrumentos. Varios de ellos cuentan con un elevado número de ratificaciones o han superado esa exigencia hasta el punto de ser aceptados por la conciencia jurídica universal.

En cuanto al reconocimiento por los ordenamientos internos del derecho a la profesión profesional de forma general e implicando fundamentalmente la obligación del Estado respectivo de poner a disposición los recursos públicos para hacerlo efectivo.

Se encuentra en los textos recientes de varios países, particularmente en los de América Latina como Brasil, Honduras, El Salvador etcétera.

En nuestro país la Ley Federal del Trabajo en su artículo 3o. establece que el trabajo es un derecho y un deber social, por lo que la sociedad tiene el derecho de exigir de sus miembros el ejercicio de una actividad útil y honesta.

Sin embargo, para que esto suceda, deben existir medios y facilidades para que los jóvenes ciudadanos puedan lograrlo.

Por otra parte paulatinamente se ha ido operando un proceso de descentralización caracterizado por la reversión de los recursos, de formación a la propia empresa contribuyente, así como por la intensificación de una vasta serie de incentivos fiscales y verdaderas subvenciones a favor de las que realizan actividades formativas, lo cual, como se comprende, significa una nueva asignación de los recursos públicos que van dejando de estar dirigidos fundamentalmente a las acciones implementadas por las instituciones de formación profesional, estatales o paraestatales, para pasar a apoyar o a retribuir las cumplidas por las empresas.

Por otro lado al analizar el desempleo de los jóvenes, según ingresos de los hogares a los cuales pertenecen, se comprueba que el peso del desempleo está recayendo principalmente entre los jóvenes pertenecientes a hogares de escasos recursos. Estos jóvenes forzados a ingresar prematuramente al mercado de trabajo, poseen baja escolaridad y por lo tanto deben optar la mayoría de las veces entre el desempleo y la inserción precaria. Se produce de este modo un círculo vicioso de bajos ingresos y se interrumpen los dos canales más importantes que fomentan el progreso y disminuyen la pobreza: el acceso a la educación y la movilidad en el mercado laboral.

Por todo esto el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México ha querido presentar esta iniciativa para que dentro del capítulo de incentivos fiscales de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se incluya la posibilidad de otorgar un crédito fiscal de 150% contra el impuesto sustitutivo o crédito al salario, según corresponda, en los casos de la movilidad del trabajo de aprendizaje, con la finalidad de generar mayor empleo, de jóvenes, de acuerdo a los ciclos económicos que caracterizan a nuestro país.

De igual forma proponemos que dentro de la Ley Federal del Trabajo se incorpore en el Título Sexto, referente a los trabajos especiales, un Capítulo XVIII en el que se establezca la modalidad del trabajo de aprendizaje. Esto con la finalidad de que los jóvenes estudiantes tengan acceso a un trabajo que les permita ejercer su derecho a la formación profesional a través de una relación especial de trabajo que al mismo tiempo otorgue beneficios al patrón, a fin de que tengan más incentivos para la contratación de un mayor número de jóvenes aprendices.

Por todo lo anterior sometemos a esta Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de decreto mediante la cual se adiciona un último párrafo al artículo 219 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y se adiciona una nueva fracción III, se recorre al orden de las fracciones restantes del artículo 37, se reforma el artículo 39, se adiciona una fracción VI al artículo 49 se reforma la fracción V del artículo 53 y se adiciona un Capítulo XVIII" trabajo de aprendizaje" y un artículo 353-V al Título Sexto de los trabajos especiales, todos de la Ley Federal del Trabajo.

"Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación."

Por economía de tiempo solicito a la Mesa Directiva que se publique de manera íntegra la presente iniciativa y su articulado en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

Firman los diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Muchas gracias.

«Partido Verde Ecologista de México.

Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Bernardo de la Garza Herrera, Francisco Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González, Erika Elizabeth Spezia Maldonado, diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y a la de Trabajo y Previsión Social, para su dictamen y posterior discusión en el pleno de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La preocupación de los legisladores ante las actuales dificultades de inserción en el mercado de trabajo, así como la búsqueda de soluciones a la reinserción de los que han perdido su empleo por procesos de reconversión de las empresas, está marcando uno de los objetivos prioritarios de la formación en la reciente normatividad legal.

Hoy se puede constatar que el mundo ha cambiado y con él, la cantidad y calidad de las competencias, habilidades y destrezas básicas y educativas que son necesarias para ceder a un empleo, pero que por regla general, están ausentes en los mecanismos de socialización de los adolescentes y jóvenes.

A pesar de ello, en la década de los noventa se observó que la población en edad de trabajar de América Latina, había experimentado una desaceleración en su ritmo de crecimiento; sin embargo, la inserción de los jóvenes al mercado laboral era cada vez más evidente, pero como hasta ahora, sin una regulación adecuada.

Por ello, uno de los desafíos más apremiantes que los países en desarrollo debían enfrentar, consistía en disminuir los crecientes índices de desocupación juvenil. Sin embargo, una mirada global sobre la situación de los jóvenes de la región al finalizar la década pasada, revela que el problema de la desocupación juvenil no ha sido superado y la particular vulnerabilidad ocupacional de los jóvenes se verifica al constatar que empeora la calidad de los puestos de trabajo a los que ellos acceden, aun cuando mejora su nivel educativo.

En este sentido, vale la pena mencionar que la participación en la fuerza laboral de los jóvenes, compite con la asistencia a la educación, especialmente en los grupos de población entre 15 y 19 años, aunque también ocurre este fenómeno en los grupos de los adultos jóvenes.

Es así, que estos hechos destacan la necesidad de crear nuevas vías de acceso a la capacitación y empleo para ciertos grupos sociales cuya urgencia por participar y generar ingresos no puede ser desconocida. Pensar que existe una única forma de aprendizaje y entrenamiento formal, igual para todos los grupos de una determinada sociedad, parece desconocer la heterogeneidad de las situaciones sociales y económicas de la población más joven.

Por ello, es necesario desarrollar una estrategia para la modernización del sistema de capacitación y empleo que cuente con la adhesión de los jóvenes a los sectores productivos y que contribuya a sentar las bases de un nuevo modelo de entrenamiento y empleo, orientado a la demanda de nuestro país y al respeto del derecho a la formación profesional.

En este punto, es necesario mencionar que el reconocimiento al derecho de la formación profesional es una tendencia mundial en la que pueden tomarse en cuenta dos ámbitos, el internacional y el nacional.

El reconocimiento internacional de este derecho es relativamente antiguo y ha ido perfeccionándose en sucesivos instrumentos. Varios de ellos cuentan con un elevado número de ratificaciones o han superado esa exigencia, hasta el punto de ser aceptados por la conciencia jurídica universal.

En cuanto al reconocimiento en la legislación interna de los países, todavía no se ha generalizado suficientemente, pero son pocas las leyes recientes en que se le da acogida.

De esta forma, el derecho a la formación profesional cuenta con un reconocimiento expreso en textos internacionales, pudiéndose rastrear en el preámbulo de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo que integraba el Tratado de Versalles de 1919; este derecho también está implícito en la Declaración de Filadelfia de 1944, relativa a los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo.

Sin embargo, el derecho a la formación profesional alcanzó su pleno y universal reconocimiento en dos instrumentos de singular jerarquía y alcance general: la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en cuyo artículo 26 se establece como una manifestación del derecho a la educación y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966.

En los últimos años, el derecho a la formación ha sido incorporado a instrumentos regionales como el protocolo de San Salvador de 1988, adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en materia de derechos económicos, sociales y culturales. También ha sido incluido, en términos muy explícitos, en la Carta de los Derechos Fundamentales de los Trabajadores de la Comunidad Europea.

Dichos instrumentos internacionales, sin perjuicio del reconocimiento del derecho a la formación profesional como parte del derecho a la educación, aceptan su especificidad y su pertenencia al mundo del trabajo y del derecho que regula sus relaciones.

De esta manera, observamos que la consagración internacional del derecho a la formación profesional tiene las siguientes consecuencias:

1. Por cuanto el derecho a la formación profesional es una condición para el goce del derecho al trabajo, su proclamación obliga a los estados a proveer los medios jurídicos y los servicios correspondientes, para asegurar que todas las personas, sin ninguna discriminación, tengan el máximo de oportunidades de acceder a una capacitación acorde con sus expectativas.

2. Para que la igualdad de oportunidades sea efectiva deben arbitrarse medidas especiales, de tal forma que se posibilite, de la manera más amplia, la formación profesional de las personas pertenecientes a grupos con características particulares o que, por diversas circunstancias, puede considerarse que se hallan en inferioridad de condiciones a ese respecto.

3. El derecho a la formación supone el derecho de quienes se hallan en una relación de trabajo a disponer del tiempo necesario para aprovechar, sin ninguna discriminación, las oportunidades de formación que se presenten y para gozar de las facilidades correspondientes incluida la licencia de estudios.

El reconocimiento por los ordenamientos internos, a nivel constitucional, del derecho a la formación profesional, de forma general e implicando fundamentalmente la obligación del Estado respectivo de poner a disposición los medios para hacerlo efectivo, se encuentra en los textos recientes de varios países, particularmente en los de América Latina, donde la constitucionalización de los derechos sociales representa un proceso permanente.

Así, en la Constitución de Colombia, de 1991, en el primer párrafo del artículo 54 se explicita la obligación del Estado de "ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes la requieren".

La Constitución de Brasil de 1988, dice en el numeral 3 del artículo 218, que el Estado "apoyará la formación de recursos humanos"; la de El Salvador de 1983, en su artículo 40, establece "un sistema de formación profesional para la capacitación y calificación de los recursos humanos"; la de Honduras de 1986, en su artículo 140, menciona que "el Estado promoverá la formación profesional y la capacitación técnica de los trabajadores" etcétera.

En nuestro país, la Ley Federal del Trabajo en su artículo 3o. establece que el trabajo es un derecho y un deber sociales. Por lo que, la sociedad tiene el derecho de exigir de sus miembros el ejercicio de una actividad útil y honesta; sin embargo, para que esto suceda deben existir medios y facilidades para que los ciudadanos puedan lograrlo, especialmente los jóvenes. De igual forma, debemos estar conscientes de que esta libertad no puede existir sin igualdad.

Sin duda, paulatinamente se ha ido operando un proceso de descentralización, caracterizado por la reversión de los recursos de formación a la propia empresa contribuyente, así como por la intensificación de una vasta serie de incentivos fiscales y verdaderas subvenciones a favor de las que realizan actividades formativas.

Lo cual, como se comprende, significa una nueva asignación de los recursos públicos, que van dejando de estar dirigidos fundamentalmente a las acciones implementadas por las instituciones de formación profesional estatales o paraestatales, para pasar a apoyar o a retribuir las cumplidas por las empresas.

Por ello, es fundamental establecer las bases que permitan ejecutar programas de capacitación laboral que le brinden las mejores oportunidades a los jóvenes para su inserción laboral y desarrollar competencias, hábitos y aptitudes que les faciliten el desempeño en el mercado del trabajo y les genere la motivación para el aprendizaje permanente.

Una política efectiva para fomentar el empleo de los jóvenes debería formar parte de una estrategia global de creación intensiva de empleo a través del crecimiento económico y adecuadas políticas macroeconómicas.

Lo anterior, debido a que el empleo y el desempleo de los jóvenes responden en gran parte al ciclo económic, y cuando éste se contrae, son los jóvenes los primeros en verse afectados. Las tasas de desempleo juvenil ante un periodo recesivo, aumentan mucho más que el desempleo de adultos, aun cuando ambos estén ligados a la evolución de la actividad global.

En América Latina la tasa de desempleo de jóvenes es, en promedio, dos veces y media la general.

Sin duda, desarrollar mayores oportunidades para la capacitación y empleo de los jóvenes, es un tema clave para garantizar su transición con éxito al mercado del trabajo y su acceso a puestos que les permitan desarrollar una carrera profesional. Es necesario que los jóvenes adquieran las capacidades, conocimientos y actitudes que les permitirán encontrar trabajo y hacer frente a los inesperados cambios del mercado laboral a lo largo de sus respectivas vidas profesionales.

Es aquí donde los sistemas educativos desempeñan un papel esencial en la preparación de los jóvenes para el mercado de trabajo. Las políticas deberían centrarse en asegurar que los jóvenes sean sujetos de empleo, tanto cuando entran en el mercado de trabajo como a lo largo del tiempo, pues el mercado laboral de América Latina en general, todavía no es capaz de generar fluidamente empleo de calidad suficiente a la población entrante al mercado.

Con relación a la remuneración percibida por los jóvenes trabajadores, las estadísticas disponibles muestran que los jóvenes perciben entre un quinto y la mitad de lo que ganan los adultos y por lo general, sus ingresos son inferiores a los salarios mínimos. Esto implica una relación laboral especial, que ha surgido por las distintas necesidades que ha desarrollado el mercado de trabajo, pero que no se encuentra regulada, permaneciendo así en la clandestinidad y propiciando la generación de abusos.

Por otra parte, al analizar el desempleo de los jóvenes según ingresos de los hogares a los cuales pertenecen, se comprueba que el peso del desempleo está recayendo principalmente entre los jóvenes pertenecientes a hogares de escasos recursos. Estos jóvenes, forzados a ingresar prematuramente al mercado de trabajo, poseen baja escolaridad y por lo tanto, deben optar, la mayoría de las veces, entre el desempleo y la inserción precaria.

Se produce de este modo un círculo vicioso de bajos ingresos y se interrumpen los dos canales más importantes que fomentan el progreso y disminuyen la pobreza: el acceso a la educación y la movilidad en el mercado laboral. Este es el mecanismo a través del cual se produce la segmentación social tanto del mercado de trabajo como del sistema educativo.

La segmentación del mercado laboral se vuelve más discriminativa y marcada en el trabajo juvenil, dado que las credenciales, las destrezas, las aptitudes, el perfil actitudinal y comportamental exigidos para el ingreso a los segmentos laborales modernizados son casi exclusivos de los jóvenes de las clases favorecidas.

El 50% de los reclutamientos para el trabajo en los jóvenes se realiza gracias a redes familiares o grupales, por lo que para la mayoría de los demás jóvenes, la inserción laboral se constriñe, en general, al sector de alta informalidad.

El desempleo juvenil es un caso crítico, pero, en última instancia, un caso, en el marco de la problemática del desempleo en general en nuestro país. Al mismo tiempo, el tema del desempleo juvenil, debería ser enfocado como un aspecto de la problemática general de los jóvenes en su dificultad por ejercer una ciudadanía plena.

En el nuevo paradigma de las políticas sociales, los jóvenes adquieren un valor trascendente y un papel preponderante, al constituir el recurso estratégico del desarrollo integral de la sociedad, siendo la educación, la formación y la capacitación las llaves para la construcción individual y social.

Por todo esto, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México ha querido presentar esta iniciativa para que dentro del capítulo de Incentivos Fiscales de la Ley del Impuesto Sobre la Renta se incluya la posibilidad de otorgar un crédito fiscal del 150% contra el impuesto sustitutivo o crédito al salario, según corresponda, en los casos de la modalidad del trabajo de aprendizaje, con la finalidad de generar mayor empleo de jóvenes de acuerdo a los ciclos económicos que caracterizan a nuestro país.

De igual forma, proponemos que dentro de la Ley Federal del Trabajo, se incorpore en el Título Sexto, referente a los trabajos especiales, un Capítulo XVIII en el que se establezca la modalidad del trabajo de aprendizaje.

Esto con la finalidad, de que los jóvenes estudiantes tengan acceso a un trabajo que les permita ejercer su derecho a la formación profesional, a través de una relación especial de trabajo, que al mismo tiempo, otorgue beneficios al patrón a fin de que tenga más incentivos para la contratación de un mayor número de jóvenes aprendices.

La inversión en capital humano como vehículo para construir círculos virtuosos que contrarresten las tendencias adversas en la población que se incorpora a los mercados laborales, puede constituirse en el axioma principal para la mayoría de los actores sociales y económicos.

Busquemos la universalización de los derechos y la igualdad de oportunidades, evitando caer en la pasividad frente a la crisis.

Por todo lo anterior, sometemos a esta Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente

INICIATIVA

De decreto mediante el cual se adiciona un último párrafo al artículo 219 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y se adiciona una nueva fracción III y se establece como fracción IV la fracción III anterior del artículo 37; se reforma el artículo 39; se adiciona una fracción VI al artículo 49; se reforma la fracción V del artículo 53 y; se adiciona un Capítulo XVIII Trabajo de Aprendizaje y un artículo 353-V, al Título Sexto de los Trabajos Especiales; todos de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

Artículo primero. Se adiciona un último párrafo al artículo 219 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Artículo 219. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto; sobre la renta por los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico que realicen en el ejercicio, consistente en aplicar un crédito fiscal del 30%, contra el impuesto sobre la renta a su cargo en la declaración del ejercicio en que se determine dicho crédito, en relación con los gastos e inversiones en investigación o desarrollo de tecnología.

Para los efectos de este artículo, se considera como investigación y desarrollo de tecnología, los gastos e inversiones en territorio nacional, destinados directa y exclusivamente a la ejecución de proyectos propios del contribuyente que se encuentren dirigidos al desarrollo de productos, materiales o procesos de producción, que representen un avance científico o tecnológico, de conformidad con las reglas generales que publique el comité interinstitucional a que se refiere la Ley de Ingresos de la Federación.

El monto total del estímulo fiscal a distribuir entre los aspirantes del beneficio, así como los requisitos que se deberán cumplir, serán los que contemple la Ley de Ingresos de la Federación en esta materia y para su aplicación se estará a las reglas que expida el comité interinstitucional a que se refiere el párrafo anterior.

Para el caso de la contratación de jóvenes por aprendizaje, se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sustitutivo y crédito al salario, consistente en aplicar un crédito fiscal del 150%, contra el impuesto sustitutivo o crédito al salario, según corresponda, a su cargo en la declaración del ejercicio en que se determine dicho crédito, en relación con el personal contratado bajo la modalidad de trabajo de aprendizaje.

Artículo segundo. Se adiciona una nueva fracción III y se establece como fracción IV la fracción III anterior del artículo 37; se reforma el artículo 39; se adiciona una fracción VI al artículo 49; se reforma la fracción V del artículo 53 y se adiciona un Capítulo XVIII "trabajo de aprendizaje" y un artículo 353-V, al Título Sexto "de los trabajos especiales"; todos de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

Artículo 37. El señalamiento de un tiempo determinado puede únicamente estipularse en los caso siguientes:

I. Cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar;

II. Cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador;

III. Cuando se trate de trabajo de aprendizaje;

IV. En los demás casos previstos por esta ley.

Artículo 39. Si vencido el término que se hubiese fijado subsiste la materia del trabajo, la relación quedará prorrogada por todo el tiempo que perdure dicha circunstancia. Excepto en los casos en que se trate de trabajo de aprendizaje.

Artículo 49. El patrón quedara eximido de la obligación de reinstalar al trabajador, mediante el pago de las indemnizaciones que se determinan en el articulo 50 en los casos siguientes:

I. Cuando se trate de trabajadores que tengan una antigüedad menor de un año;

II. Si comprueba ante la junta de conciliación y arbitraje, que el trabajador, por razón del trabajo que desempeña o por las características de sus labores, está en contacto directo y permanente con el y la junta estima, tomando en consideración las circunstancias del caso, que no es posible el desarrollo normal de la relación de trabajo;

III. En los casos de trabajadores de confianza;

IV. En el servicio doméstico;

V. Cuando se trate de trabajadores eventuales;

VI. Cuando se mantenga una relación de trabajo de aprendizaje.

Artículo 53. Son causas de terminación de las relaciones de trabajo:

I. El mutuo consentimiento de las partes;

II. La muerte del trabajador;

III. La terminación de la obra o vencimiento del termino o inversión del capital, de conformidad con los artículos 36, 37 y 38;

IV. La incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador, que haga imposible la prestación del trabajo y

V. Los casos a que se refiere los artículos 434 y 353-V.

TITULO SEXTO

Trabajos especiales

CAPITULO XVIII

Trabajo de aprendizaje

Artículo 353-V. En cuanto al trabajo de aprendizaje se estará a lo siguiente:

I. El aprendizaje es una relación contractual especial que vincula a un empresario y a un joven sin empleo generando derechos y obligaciones.

II. La relación de aprendizaje tendrá una duración mínima de tres meses y una duración máxima de 24 meses.

III. Podrán participar en este tipo de relación:

a) Los empresarios que se inscriban en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y cumplan con los demás requisitos que establezcan para cubrir la diversidad de situaciones.

b) Los jóvenes sin empleo entre 18 y 24 años, que cuenten con comprobante que acredite su educación media superior y superior.

IV. Los empresarios suscribirán, en cada caso, un contrato obligándose a satisfacer la finalidad formativa de la relación de aprendizaje.

V. El aprendiz se obliga a cumplir las tareas que le encomiende el empresario relacionadas con el aprendizaje, asistiendo regularmente al establecimiento, que en ningún caso podrá superar las seis horas diarias o las 36 semanales.

VI. El monto de la compensación que deberá recibir el aprendiz no podrá ser inferior al salario mínimo general vigente de la zona geográfica correspondiente.

VII. Los empresarios y aprendices vinculados por la relación contractual especial de aprendizaje están excluidos por este tipo de contrato del pago de las contribuciones de seguridad social, en razón del carácter no laboral de dicho vínculo.

VIII. El aprendiz deberá contar, por parte del patrón, con una cobertura por los riesgos que pudiere sufrir en el lugar y en ocasión del aprendizaje.

IX. El empresario deberá entregar al aprendiz un certificado que acredite experiencia o especialización adquirida.

X. La protección especial referida a la permanencia del vínculo de aprendizaje correspondiente a situaciones jurídicas sobrevenidas en el curso del periodo de aprendizaje, perdurará exclusivamente hasta la finalización del mismo. Si el empleador rescindiere el contrato de trabajo, durante este lapso. Tal rescisión no generará derecho a indemnización con motivo de la extinción de la relación.

XI. No podrán ser contratados como aprendices quienes hayan tenido previamente una relación laboral con la empresa.

XII. Las empresas podrán contratar aprendices, siempre que con ello excedan el número promedio de los trabajadores ocupados en forma permanente en la misma en los 12 meses anteriores a la fecha de celebración del contrato, excluidos los aprendices que pudiere tener contratados durante dicho periodo.

El número de aprendices que se contraten no podrá exceder del 10% del total de trabajadores que cumplan con las características antes mencionadas. Durante su primer año de funcionamiento las empresas podrán contratar hasta el equivalente al 10% del total de trabajadores ocupados en forma permanente. Si por aplicación de este porcentaje resultare una cifra inferior a dos se podrá optar por este último número. Asimismo, las fracciones iguales o superiores a 0.5 se elevarán al entero siguiente.

XIII. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social con relación al contrato de aprendizaje y la autoridad de aplicación que en cada caso, vigilarán que no se desnaturalicen.

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, D.F., a 29 de abril de 2002.— Diputados: Bernardo de la Garza Herrera, coordinador; Francisco Agundis Arias, vicecoordinador; José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González y Erika Elizabeth Spezia Maldonado.»

Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

La Presidenta:

Gracias a usted, diputada.

Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y en la Gaceta y túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Trabajo y Previsión Social.

LEY GENERAL DE POBLACION

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Jaime Martínez Veloz, para presentar una iniciativa de reformas a la Ley General de Población, para la creación del ombudsman nacional de los migrantes.

El diputado Jaime Cleofas Martínez Veloz:

Con su permiso, señora diputada; compañeras diputadas; compañeros diputados:

El suscrito diputado a la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 y 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la fracción II del artículo 55 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados una iniciativa para adicionar la Ley General de Población con el artículo 12-bis, que crea el organismo autónomo de la Procuraduría General de Migración.

Para nadie constituye una sorpresa el que procesos integradores entre zonas geográficas, regiones y países se caractericen por una dinámica vertiginosa que ha modificado radicalmente el entorno tradicional sobre el que muchas sociedades basan sus interrelaciones. Esa dinámica vertiginosa de los procesos de integración económica ha agudizado la manifestación de insuficiencias abismales, en espera de la protección de los derechos de personas, derechos rezagados a compararse con la más ágil evolución de ramas del derecho para instituciones y otros entes abstractos.

El fenómeno de la globalización ha traído consigo una serie de procesos multiplicadores, cuyos efectos se traducen a final de cuentas en influencias positivas o negativas para la cohesión social y para el individuo mismo. En países con carencias significativas en el orden político los efectos de la globalización se manifiestan en impactos muy costosos para el grueso de la población, casi siempre en condiciones de marginalidad.

En esas circunstancias los intereses de los poderosos intentan prevalecer por sobre los intereses de aquellos sectores con menor capacidad institucional para hacer valer y respetar sus mínimas garantías. Una comunidad con deficiencias estructurales se arriesga a incrementar los rezagos acumulados por estructuras sociales ya rebasadas, pero que en las nuevas circunstancias globalizadoras suman el atraso un cambio radical que obligadamente marginará, aún más, a los menos favorecidos.

Nuestro país no es ajeno a las consecuencias del fenómeno globalizador. En algunos sectores minoritarios los beneficios han sido enormes. En otros sectores socialmente mayoritarios las consecuencias se han manifestado negativamente. Las ventajas de la globalización han sido inequitativamente distribuidas a consecuencias de estructuras injustas de origen.

En un mundo donde las relaciones de valor cada vez más adquieren una equivocada relevancia, preponderante sobre las personas de carne y hueso, no podemos olvidarnos de los factores reales que motivan el progreso y el desarrollo.

Arbitrariamente se supone que es la competencia despiadada y un darwinismo social el motor de las sociedades. Nada más equivocado y falso. Siempre ha sido la competencia despiadada entre las sociedades la causa de conflictos y aberraciones.

Por el contrario, han sido la cooperación, la fraternidad, el apoyo mutuo, los motores de avance indiscutibles para las sociedades. Las comunidades más prósperas en el campo del bienestar humano han debido su éxito a las actitudes de generosidad social, entendida ésta como la disposición natural del hombre a solidarizarse con sus semejantes en cualquier circunstancia.

Desgraciadamente en un entorno dominado por intereses particulares de poderosos grupos minoritarios, que velan por su convivencia individualista, los estados nacionales deben garantizar la preservación de los derechos para los menos favorecidos.

En estas circunstancias es bastante irónico que sean las corporaciones privadas y las empresas transnacionales como representaciones abstractas del capital las favorecidas por la legislación para zonas y regiones económicas, negando a personas de carne y hueso algún derecho o prerrogativa equiparable.

La desigual e injusta distribución de oportunidades y resultados es una consecuencia directa de estructuras socioeconómicas injustas, precisamente. Al margen de existir discrepancias acerca de los orígenes de las injusticias, lo cierto es que no podemos permitirlas y en tanto remediamos sus causas debemos avanzar en la atención de sus manifestaciones.

Una de las consecuencias naturales del proceso globalizador, es el intercambio comercial y la permanente afluencia múltiple de bienes, servicios y mercancías.

En un entorno económico cada vez más despiadado, la natural capacidad creativa del hombre, aquel don biológico que le caracteriza el trabajo, ha sido pervertido y se le concibe como una mercancía más con valor y precio.

Contra todo el discurso ideológico que se nos pretende inculcar para aceptar sumisamente una situación injusta, es contradictorio que bienes y mercancías fluyan libremente a través de la frontera y los trabajadores estén impedidos de esa facultad, dado que a las personas sólo se les considera valiosos por la generación de ganancias y no por el simple hecho de ser seres humanos.

La incertidumbre, la inseguridad, el futuro incierto, el peligro, el abuso, el riesgo contra la integridad personal y contra el poco o mucho patrimonio, son terribles acompañantes de quienes migran a otros lugares.

A las circunstancias que rodean largos viajes, donde lo único seguro es la incertidumbre ante el destino, debemos añadir la consustancial ausencia de la autoridad del Estado para garantizar la integridad de cualquier individuo en territorio nacional, cualquiera que sea su nacionalidad, así como la de los mexicanos migrantes en el extranjero.

La migración es una consecuencia natural de los procesos de globalización, con todas las desventajas de las restricciones que cada gobierno considera pertinente aplicar en los movimientos migratorios en sus territorios.

Desgraciadamente en México la debilidad de sus instituciones demanda esfuerzos increíbles para hacer valer el derecho en situaciones de las que muchos deberíamos de avergonzarnos.

El trato a nuestros migrantes nacionales en territorio nacional, a nuestros jornaleros, muy bien podría compararse con situaciones aberrantes que supondríamos forman parte de la historia, pero a las que asistimos como testigos mudos en la cotidianidad. Asimismo, no podemos cerrar los ojos ante el abuso de la autoridad contra extranjeros en situación de paso por nuestro territorio, principalmente provenientes de Centro y Suramérica.

Lejos de su país, sin garantías, sin derechos, el Estado mexicano comete verdaderos atropellos contra quienes tienen la desdicha de ser detenidos por irregularidades migratorias.

Creo que las permanentes violaciones a los derechos humanos de los indocumentados mexicanos en Estados Unidos no son nada nuevo y ejemplos y pruebas hay en cantidad suficiente como para identificar esa situación como estructural.

Al ser la violación de derechos humanos una condición estructural para los mexicanos en el país del norte, se debe asumir una postura institucional y de fondo para atender ese flagelo.

Este Gobierno ha dicho que está preocupado por los derechos humanos en el mundo, empecemos por nuestra casa entonces, pero garantizando este soberano derecho a cualquier persona que en territorio nacional esté de paso, sean mexicanos o extranjeros.

Los migrantes que sufran en México el abuso de la autoridad, deben por tanto contar con la figura institucional que garantice su integridad y los derechos que como seres humanos deben gozar. Asimismo, en el extranjero los mexicanos deben contar con el respaldo de una figura institucional mexicana que proteja los derechos que gobiernos extranjeros se niegan a reconocer y que se conflictúan con los derechos de que goza todo ser humano al margen de su situación, de su circunstancial situación migratoria.

Al momento los esfuerzos institucionales han sido insuficientes para proteger los derechos de cualquier migrante en territorio mexicano, sean compatriotas o extranjeros.

La defensa de los migrantes en nuestro territorio, tanto nacionales como extranjeros y de los emigrantes mexicanos en el extranjero, no se encuentra institucionalizada dentro de la estructura del Estado mexicano, lo que provoca un vacío en la defensa de los derechos de los mexicanos y los extranjeros que estén inmersos en fenómenos migratorios.

Dentro del territorio nacional los inmigrantes y los no inmigrantes, requieren de la asistencia para la defensa de sus derechos que les otorgan las leyes mexicanas y que por desconocimiento son sometidos a atropellos y violaciones.

Fuera del territorio los emigrantes mexicanos requieren de una defensa especializada que sea acorde con una política nacional que tutele de sus derechos humanos y de aquéllos que le conceden las legislaciones de los países donde se encuentran internados.

En consecuencia, se considera necesaria la creación de una Procuraduría General de Migración, como un organismo autónomo que se encargue de la defensa de los migrantes nacionales dentro del territorio nacional, de los inmigrantes y de los nacionales emigrantes conforme a la siguiente adición a la Ley General de Población.

DECRETO

Que adiciona el artículo 112-bis a la Ley General de Población.

Artículo único. Se adiciona el artículo 112-bis de la Ley General de Población, para quedar como sigue:

"Artículo 112-bis. Se crea el organismo autónomo denominado Procuraduría General de Migración. El nombramiento del procurador se hará por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión o por la Comisión Permanente en caso de receso, seleccionado de una terna que propondrá el Ejecutivo de la nación.

La Procuraduría General de Migración realizará sus funciones dentro del territorio nacional y en oficinas adscritas a las embajadas de México en el extranjero.

La Procuraduría General de Migración, tendrá las siguientes atribuciones:

1) Defender los derechos de los inmigrantes y no emigrantes dentro del territorio nacional relacionado con su calidad migratoria.

2) Llevar la defensa de los emigrantes mexicanos en el extranjeros dentro de sus controversias relacionadas con su calidad migratoria o violaciones a sus derechos humanos.

3) Defender a los emigrantes nacionales dentro del territorio mexicano, especialmente a los jornaleros agrícolas, trabajadores eventuales o grupos étnicos asentados fuera de sus territorios originales cuando sus usos y costumbres sean controvertidos por las legislaciones locales.

4) las demás que le otorgue las leyes aplicables.

Se incluye un transitorio único que se expedirá una ley que regule la estructura y funcionamiento de la Procuraduría General de Migración."

Atentamente.

El suscrito diputado Jaime Martínez Veloz. También firman esta iniciativa los diputados: Benjamín Ayala Velázquez, María Elena Chapa, María de las Nieves García y Josefina Hinojosa Herrera.

Es cuanto, señora Presidenta.

«Iniciativa de reforma a la Ley General de Población que presenta el diputado Jaime C. Martínez Veloz, para adicionar el artículo 112-bis, que crea el organismo autónomo de la Procuraduría General de Migración.

Diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, presidenta; compañeras y compañeros diputados; señoras y señores:

El suscrito, diputado a la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 y 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la fracción II del artículo 55 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados, una iniciativa para adicionar la Ley General de Población, con el artículo 112-bis, que crea el organismo autónomo de la Procuraduría General de Migración.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Para nadie constituye una sorpresa, el que procesos integradores entre zonas geográficas, regiones y países, se caractericen por una dinámica vertiginosa que ha modificado radicalmente el entorno tradicional sobre el que muchas sociedades basan sus interrelaciones.

Esa dinámica vertiginosa de los procesos de integración económica, ha agudizado la manifestación de insuficiencias abismales en esferas de la protección de los derechos de personas, derechos rezagados al compararse con la más ágil evolución de ramas del derecho para instituciones y otros entes abstractos.

El fenómeno de la globalización ha traído consigo una serie de procesos multiplicadores, cuyos efectos se traducen a final de cuentas en influencias positivas o negativas para la cohesión social y para el individuo mismo. En países con carencias significativas en el orden político, los efectos de la globalización se manifiestan, en impactos muy costosos para el grueso de la población, casi siempre en condiciones de marginalidad.

En esas circunstancias, los intereses de los poderosos intentan prevalecer por sobre los intereses de aquellos sectores con menor capacidad institucional para hacer valer y respetar sus mínimas garantías. Una comunidad con deficiencias estructurales, se arriesga a incrementar los rezagos acumulados por estructuras sociales ya rebasadas, pero que en las nuevas circunstancias globalizadoras suman al atraso, un cambio radical que obligadamente marginará aún más a los menos favorecidos.

Nuestro país no es ajeno a las consecuencias del fenómeno globalizador; en algunos sectores minoritarios, los beneficios han sido enormes; en otros sectores sociales mayoritarios, las consecuencias se han manifestado negativamente. Las ventajas de la globalización han sido inequitativamente distribuidas, a consecuencia de estructuras injustas de origen.

En un mundo donde las relaciones de valor cada vez más adquieren una equivocada relevancia preponderante sobre las personas de carne y hueso, no podemos olvidarnos de los factores reales que motivan el progreso y el desarrollo. Arbitrariamente, se supone que es la competencia despiadada y un darwinismo social el motor de las sociedades. Nada más equivocado y falso. Siempre ha sido la competencia despiadada entre las sociedades, la causa de conflictos v aberraciones.

Por el contrario, han sido la cooperación, la fraternidad, el apoyo mutuo, los motores de avance indiscutibles para las sociedades. Las comunidades más prósperas en el campo del bienestar humano han debido su éxito a las actitudes de generosidad social, entendida ésta como la disposición natural del hombre a solidarizarse con sus semejantes en cualquier circunstancia.

Desgraciadamente, en un entorno dominado por intereses particulares de poderosos grupos minoritarios, que velan por su conveniencia individualista, los estados nacionales deben garantizar la preservación de los derechos para los menos favorecidos.

En estas circunstancias, es bastante irónico que sean las corporaciones privadas y las empresas trasnacionales como representaciones abstractas del capital, las favorecidas por la legislación para zonas y regiones económicas, negando a personas de carne y hueso algún derecho o prerrogativa equiparable.

La desigual e injusta distribución de oportunidades y resultados es una consecuencia directa de estructuras socioeconómicas injustas, precisamente.

Al margen de existir discrepancias acerca de los orígenes de las injusticias, lo cierto es que no podemos permitirlas y en tanto remediamos sus causas, debemos avanzar en la atención de sus manifestaciones.

Una de las consecuencias naturales del proceso globalizador es el intercambio comercial y la permanente afluencia múltiple de bienes, servicios y mercancías. En un entorno económico cada vez más despiadado, la natural capacidad creativa del hombre, aquel don biológico que lo caracteriza, el trabajo, ha sido pervertido y se le concibe como una mercancía más, con valor y precio.

Contra todo el discurso ideológico que se nos pretende inculcar para aceptar sumisamente una situación injusta, es contradictorio que bienes y mercancías fluyan libremente a través de las fronteras y los trabajadores estén impedidos de esa facultad, dado que a las personas sólo se les considera valiosos por la generación de ganancias, no por el simple hecho de ser seres humanos.

La incertidumbre, la inseguridad, el futuro incierto, el peligro, el abuso, el riesgo contra la integridad personal y contra el poco o mucho patrimonio, son terribles acompañantes de quienes migran a otros lugares. A las circunstancias que rodean largos viajes, donde lo único seguro es la incertidumbre ante el destino, debemos añadir la consustancial ausencia de la autoridad del Estado para garantizar la integridad de cualquier individuo en territorio nacional, cualquiera que sea su nacionalidad, así como de los mexicanos migrantes en el extranjero.

La migración es una consecuencia natural de los procesos de globalización, con todas las desventajas de las restricciones que cada Gobierno considera pertinente aplicar en los movimientos migratorios en sus territorios.

Desgraciadamente, en México, la debilidad de sus instituciones demanda esfuerzos increíbles para hacer valer el derecho en situaciones de las que muchos deberíamos avergonzarnos. El trato a nuestros migrantes nacionales, en territorio nacional, a nuestros jornaleros, muy bien podría compararse con situaciones aberrantes que supondríamos forman parte de la historia, pero a las que asistimos como testigos mudos en la cotidianidad.

Asimismo, no podemos cerrar los ojos ante el abuso de la autoridad contra extranjeros en situación de paso por nuestro territorio principalmente provenientes del centro y Suramérica. Lejos de su país, sin garantías, sin derechos, el Estado mexicano comete verdaderos atropellos contra quienes tienen la desdicha de ser detenidos por irregularidades migratorias.

Creo que las permanentes violaciones a los derechos humanos de los indocumentados mexicanos en Estados Unidos no son nada nuevo y ejemplos y pruebas hay en cantidad suficiente como para identificar esa situación como estructural. Al ser la violación de derechos humanos una condición estructural para los mexicanos en el país del norte, se debe asumir una postura institucional y de fondo para atender ese flagelo.

Este Gobierno ha dicho que está preocupado por los derechos humanos en el mundo. Empecemos por nuestra casa, entonces, pero garantizando este soberano derecho a cualquier persona que en territorio nacional esté de paso. Sean mexicanos o extranjeros, los migrantes que sufran en México el abuso de la autoridad, deben por tanto contar con la figura institucional que garantice su integridad y los derechos que como seres humanos deben gozar.

Asimismo, en el extranjero, los mexicanos deben contar con el respaldo de una figura institucional mexicana que proteja los derechos que gobiernos extranjeros se niegan a reconocer y que se conflictúan con los derechos de que goza todo ser humano, al margen de su circunstancial situación migratoria.

Al momento, los esfuerzos institucionales han sido insuficientes para proteger los derechos de cualquier migrante en territorio mexicano, sean compatriotas o extranjeros, así como son mediocres los esfuerzos para garantizar los derechos de mexicanos en el exterior. Es necesario garantizar al migrante un respaldo institucional en la figura de una entidad que verdaderamente se preocupe de los derechos humanos de quienes migran por voluntad o forzados.

La defensa de los migrantes en nuestro territorio, tanto nacionales como extranjeros, y de los emigrantes mexicanos en el extranjero no se encuentra institucionalizada dentro de la estructura del Estado mexicano, lo que provoca un vacío en la defensa de los derechos de los mexicanos y los extranjeros que están inmersos en fenómenos migratorios.

Dentro del territorio nacional, los inmigrantes y los no inmigrantes requieren de la asistencia para la defensa de sus derechos que les otorgan las leyes mexicanas y, que por desconocimiento, son sometidos a atropellos y violaciones.

Fuera del territorio, los emigrantes mexicanos requieren de una defensa especializada que sea acorde con una política nacional que tutele de sus derechos humanos y de aquellos que les conceden las legislaciones de los países donde se encuentran internados.

En consecuencia, se considera necesaria la creación de una Procuraduría General de Migración, como un organismo autónomo que se encargue de la defensa de los migrantes nacionales dentro del territorio nacional, de los inmigrantes y de los nacionales emigrantes, conforme a la siguiente adición a la Ley General de Población.

DECRETO

Que adiciona el artículo 112-bis a la Ley General de Población.

Artículo único. Se adiciona el artículo 112-bis de la Ley General de Población, para quedar como sigue:

"Artículo 112-bis. Se crea el organismo autónomo denominado Procuraduría General de Migración.

El nombramiento del Procurador se hará por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión o por la Comisión Permanente, en caso de receso, seleccionado de una terna que propondrá el Ejecutivo de la Unión.

La Procuraduría General de Migración realizará sus funciones dentro del territorio nacional y en oficinas adscritas a las embajadas de México en el extranjero.

La Procuraduría General de Migración tendrá las siguientes atribuciones:

I. Defender los derechos de los inmigrantes y no inmigrantes dentro del territorio nacional, relacionados con su calidad migratoria.

II. Llevar la defensa de los emigrantes mexicanos en el extranjero, dentro de sus controversias relacionadas con su calidad migratoria o violaciones a sus derechos humanos.

III. Defender a los migrantes nacionales dentro del territorio mexicano, especialmente a los jornaleros agrícolas, trabajadores eventuales o grupos étnicos asentados fuera de sus territorios originales, cuando sus usos y costumbres sean controvertidos por las legislaciones locales.

IV. Las demás que le otorguen las leyes aplicables."

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. Se expedirá una ley que regule la estructura y funcionamiento de la Procuraduría General de Migración.

Atentamente.

Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 30 de abril de 2002.— Diputados: Jaime C. Martínez Veloz, Benjamín Ayala Velázquez, María Elena Chapa, María de las Nieves García y Josefina Hinojosa Herrera.»

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Gobernación y de Seguridad Pública.

ASISTENCIA (II)

La Presidenta:

Se pide a la Secretaría dar cuenta del registro electrónico de asistencia e instruya su cierre.

El secretario Adrián Rivera Pérez:

Se informa a la Presidencia que hasta el momento el sistema registra una asistencia de 419 diputados.

Ciérrese el sistema electrónico.

La Presidenta:

Gracias, señor Secretario.

La Presidenta:

La iniciativa anterior, a petición del proponente, se turna también a la Comisión de Migración.

LEY FEDERAL PARA EL DESARROLLO LAS TELECOMUNICACIONES

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Ochoa Camposeco, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones.

El diputado Víctor Manuel Ochoa Camposeco:

Gracias, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

En el Senado de la República, los integrantes de la fracción parlamentaria del PAN, particularmente el senador Javier Corral, como parte de la Conferencia Parlamentaria en materia de Telecomunicaciones, violentando los acuerdos sostenidos en dicha conferencia, decidió, con el apoyo de varios senadores, presentar una iniciativa de ley que se venía trabajando por consenso en la mencionada instancia parlamentaria sin haber concluido aún los trabajos.

Ante este incumplimiento que trastorna acuerdos y perjudica los avances logrados, los legisladores del PRI y del PRD, participantes en la conferencia parlamentaria, decidimos en honor a la palabra empeñada que nosotros respetamos, presentar ante este honorable pleno esta iniciativa que con anterioridad habíamos formulado, pero que en aras de agotar las posibilidades de presentar una sola iniciativa, habíamos postergado su presentación.

Con lo anterior y con esta iniciativa refrendamos nuestro compromiso con el desarrollo de las telecomunicaciones y sobre todo nuestro compromiso con los mexicanos, que como consumidores y usuarios se merecen mejores servicios y las mejores tarifas competitivas.

El sector de las telecomunicaciones está contemplado en nuestra Constitución como prioritario, no podía ser de otra manera, la realidad del mundo actual obliga al Estado a no desentenderse de uno de los sectores que explican el presente, pero que sobre todo determinan el futuro de las naciones.

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática no es ajeno a este hecho. Como grupo parlamentario siempre nos mueve el interés superior de la nación. Nuestras posturas y propuestas en cada foro, en cada reunión, en cada encuentro, ha sido invariable. Por México todo; en contra de México nada.

Es por ello que en esta sesión presentamos la iniciativa de Ley Federal para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, cuyo texto íntegro solicito a la Presidencia sea incluido en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.

A continuación, en obvio de tiempo, me permito exponer los elementos más relevantes de la iniciativa.

El proyecto que sometemos a su consideración tiene como objetivos promover un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones como un sector prioritario y estratégico del país:

• Ejercer la rectoría del Estado en la materia para garantizar la soberanía nacional;

• Garantizar condiciones de competencia sana estableciendo las bases de certidumbre jurídica para los inversionistas;

• Garantizar que ciudadanos mexicanos controlen el capital accionario de las concesiones y permisos que se otorguen;

• Facilitar el acceso de la población a los servicios de telecomunicaciones de calidad y precios competitivos.

• Promover el crecimiento de la infraestructura instalada a fin de ampliar la cobertura y no sólo la competencia en mercados ya existentes;

• Fortalecer la industria nacional y la consolidación de los mercados de telecomunicaciones y

• Procurar la eficiente supervisión y vigilancia en materia de telecomunicaciones para el cumplimiento de las disposiciones de esta ley y demás ordenamientos en la materia.

La iniciativa de Ley Federal para el Desarrollo de las Telecomunicaciones propone dar a cada poder de la Unión un papel justo para el impulso de este sector; así, el Poder Ejecutivo regula a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y una nueva Comisión Federal de Telecomunicaciones, cuyos integrantes serán nombrados por el Congreso a propuesta de los partidos políticos; el Judicial soluciona controversias a través de un tribunal especializado en la materia y, el Legislativo, fiscaliza por medio de las comisiones y del órgano superior.

De esta manera se evita que una sola instancia sea juez y parte y se permite que los actores tomen decisiones sobre las bases sólidas y sobre todo hacer de la certidumbre jurídica un instrumento clave para atraer inversiones.

Cabe señalar que las concesiones a que se refiere esta ley sólo se otorgarán a personas físicas o morales de nacionalidad mexicana y que la participación de la inversión extranjera con derecho a voto en ningún caso podrá exceder del 49%.

En el Programa Nacional de Cobertura Social, deberán participar todos los concesionarios y permisionarios de conformidad a los lineamientos que establezca la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Desarrollo Social. Este programa deberá ser enviado a las comisiones de desarrollo social y de comunicaciones del Congreso de la Unión para su estudio y opinión.

En cuanto a las tarifas, los concesionarios y permisionarios podrán fijarlas en términos que permitan la prestación de dichos servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad y permanencia. Se tratará de ofrecer a la población el mejor servicio al mejor precio.

Compañeras y compañeros legisladores: con esta iniciativa seguimos avanzando en la ardua tarea de normar a un sector dinámico.

Quienes en 1995 participaron en la aprobación de la Ley Federal de Telecomunicaciones, sabrán que las telecomunicaciones se mueven a un ritmo vertiginoso, por tanto es indispensable diseñar un marco jurídico pertinente que sea capaz de adaptarse al cambio y sobre todo dé certidumbre a todos los actores involucrados.

Mi grupo parlamentario actúa con responsabilidad. Esperamos que en comisiones se dé un debate serio que enriquezca esta iniciativa y permita que el sector telecomunicaciones siga siendo uno de los pilares de la economía nacional.

Firman esta iniciativa el de la voz y los diputados siguientes: Humberto Mayans Canabal, Martí Batres Guadarrama, Edilberto Buenfil Montalvo, Gerardo de la Riva Pinal, Enrique Herrera y Bruquetas y Jesús Orozco Alfaro.

Gracias.

«Honorable Asamblea: con base en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las legisladoras y legisladores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sometemos a la consideración de esta soberanía la iniciativa de Ley Federal para el Desarrollo de las Telecomunicaciones.

ANTECEDENTES

En 27 de febrero de 1995 el Constituyente Permanente concluyó el proceso aprobatorio del decreto que reforma el cuarto párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. El propósito de esa reforma a nuestra Carta Magna fue el abrir a la inversión privada dos sectores que hasta esa fecha la ley consideraba como estratégicos y como tales reservados en exclusiva a la nación.

La iniciativa proponía modificar el cuarto párrafo del artículo 28 constitucional, el cual establecía:

"Artículo 28...

No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas a las que se refiere este precepto: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión."

...

Las comisiones dictaminadoras en el Senado de la República, consideraron que con el fin de "evitar interpretaciones equivocadas que generen la falsa impresión de que el Estado se retira por completo del campo de las comunicaciones ferroviarias y satelitales, que puedan llevar a la idea de que la nación pierde soberanía en tales materias, estas comisiones unidas consideran indispensable establecer en el texto constitucional los principios básicos que orientarán la legislación secundaria.

Es así que ambas cámaras aprobaron un nuevo texto constitucional en el que tanto los ferrocarriles como las telecomunicaciones, pasaron de ser campos "estratégicos" a ser "prioritarios" en los términos en que el artículo 25 constitucional establece para dichas actividades:

"Artículo 25...

El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28 párrafo cuarto, de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan.

Asimismo, podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.

Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolas a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.

...

..."

El dictamen de la minuta enviada a la Cámara de Diputados estableció además que: "conforme a las propuestas que senadores y diputados presentamos en la conferencia de comisiones... se estima conveniente el afirmar que tanto los ferrocarriles como las comunicaciones vía satélite, constituyen áreas prioritarias para el desarrollo nacional; que debe expresamente mencionarse en la constitución la rectoría que el Estado habrá de ejercer sobre ellas, en protección de la seguridad y la soberanía nacionales y finalmente, se estima también indispensable que el texto constitucional preceptúe que al otorgarse concesiones o permisos para prestar dichos servicios, el propio Estado mantendrá o establecerá el dominio sobre las respectivas vías de comunicación, para cuyo efecto se cuidará de precisarlo así también en los procedimientos que se establezcan en las leyes que al efecto se expidan".

Con base en lo anterior el texto finalmente aprobado es el siguiente:

"Artículo 28...

No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radiactivos y generación de energía nuclear, electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y soberanía de la nación y al otorgar concesiones o permisos, mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia.

..."

Es decir, el espíritu del legislador fue muy claro al dejar al Estado como el responsable del desarrollo de estas áreas prioritarias para el desarrollo y la soberanía nacionales.

La ley reglamentaria de ese precepto constitucional fue aprobada en mayo de ese mismo año. El proceso de elaboración de esa iniciativa tuvo la característica del trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Legislativo. El Diario de los Debates en ambas cámaras así lo consigna. El voto aprobatorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones así lo deja claro: dos de las tres fuerzas políticas más importantes lo hicieron a favor.

La Ley Federal de Telecomunicaciones llenó un vacío en la materia que databa de los años cuarenta y reconoció el dinamismo de este sector. Los objetivos que buscaba esa ley eran:

• Fomentar la competencia en el sector telecomunicaciones, evitando prácticas que restrinjan el acceso a los servicios o sean discriminatorias, en perjuicio de los intereses de los usuarios.

• Asegurar en todo tiempo disponibilidad de capacidad satelital para las redes de seguridad nacional y la prestación de servicios de carácter social, como la telefonía rural y la educación a distancia.

• Promover que los servicios de telecomunicaciones sean un insumo competitivo, moderno, eficaz, eficiente y accesible para el resto de las actividades económicas y por lo tanto contribuir al desarrollo del país.

• Procurar una intensa competencia entre prestadores de servicios en beneficio de los usuarios y el público en general.

• Regulación eficiente y eficaz a través de un órgano adhoc.

• Promover la disponibilidad en todo el territorio nacional de telecomunicaciones de alta calidad y a precios internacionalmente competitivos.

• Asegurar que las telecomunicaciones aumenten la competitividad de la economía nacional.

• Estimular la investigación y desarrollo tecnológico en el campo de las telecomunicaciones.

• La participación de los particulares en el establecimiento, operación y explotación de satélites deberá realizarse a través del sistema de concesiones que otorgue el Gobierno Federal, en el entendido de que las posiciones orbitales y las frecuencias correspondientes quedarán bajo el dominio del Estado.

• Que el sector privado que participe en este proceso, obtenga un retorno de capital justo, para que sea una actividad capaz de atraer el esfuerzo y la inversión privada.

Cabe señalar que el cambio radical en el sector se inició con la privatización dada en 1991. En el título de concesión se estableció la posibilidad de competencia en el mercado local y en 1996 se abrió la larga distancia internacional. Es decir, el sector de las telecomunicaciones tiene más de 10 años en los que apertura y el libre acceso de la competencia es una realidad.

A siete años de su aprobación y a más de 10 de la apertura del sector, se precisa un balance objetivo para evaluar avances, calibrar rezagos y plantear soluciones a los retos que sin duda todavía están pendientes.

Según el dictamen que se comenta el diagnóstico sobre la situación del sector telecomunicaciones en 1995 era la siguiente:

• En 1962 existían en el mundo 150 millones de líneas telefónicas en el mundo; el fax era desconocido y las computadoras no se vinculaban. Una llamada de México a Europa costaba alrededor de 100 dólares de hoy por minuto; el servicio radiotelefónico transatlántico era limitado, el único cable interoceánico manejaba sólo 100 canales de voz y los satélites de comunicación no existían.

• En 1995 los satélites y los cables submarinos manejaban más de 800 mil llamadas transatlánticas simultáneas; una llamada telefónica costaba en 1992 un dólar por minuto; existían 600 millones de líneas telefónicas en 190 países y alrededor de 1 mil 200 millones de computadoras. El primer satélite fue puesto en órbita por los soviéticos en 1957, actualmente existen más de 3 mil 600 satélites.

• Dentro de los indicadores básicos de los mercados mundial y nacional de telecomunicaciones destacaban:

Los servicios públicos de telecomunicaciones en países de la OCDE alcanzaron ganancias de 395 miles de millones de dólares en 1992. El mercado fuera de la OCDE es de 63 mil millones de dólares.

El mercado de equipo para telecomunicaciones representó ventas de 120 mil millones de dólares en el mismo año.

El sector telecomunicaciones representaba 2.5% del PIB, en países desarrollados es el 10% del PIB.

En 1993, México contaba con 8.7 líneas de teléfono por cada 100 habitantes; Suecia 78; Estados Unidos 57; Canadá 60; Argentina 15; Colombia y Venezuela nueve y Brasil seis.

México contaba con tres satélites en operación. La inversión acumulada en todos los satélites mexicanos lanzados era de más de 700 millones de dólares. La inversión privada que se ha canalizado en redes y estaciones terrenas de transmisión y recepción satelital, sumaba cerca de 800 millones de dólares, sin contar con la inversión en antenas parabólicas para recepción doméstica.

La ocupación de los satélites era del 60%.

El sector generaba más de 1 mil empleos directos.

México contaba con cuatro posiciones orbitales, Estados Unidos y Canadá 54 y 13 posiciones registradas.

Asimismo, el teléfono celular que no existía en el país en 1990 hoy tiene facilidades instaladas en más de 160 ciudades y se tienen más de 630 mil abonados en todo el país.

En contraste después de siete años de operación del nuevo marco regulatorio, el perfil del sector telecomunicaciones en México es el siguiente:

México ha sido criticado por tener una de las teledensidades más bajas de América Latina. Definida como el número de líneas telefónicas fijas por cada 100 habitantes.

Al respecto, resulta infraestructura de telefonía indispensable el diseño de indicadores que reflejen mejor la situación del sector, toda vez que el dinamismo con el que evoluciona hace que el concepto clásico de teledensidad se ha rebasado.

Ello resulta más relevante cuando se evalúa la situación del sector telecomunicaciones en México, tomando como base una mayor variedad de indicadores. El desarrollo de este sector obliga a revisar las mediciones con criterios más flexibles. Sólo así se podrán tomar las mejores decisiones de política pública en esta materia.

Sobre la futura evolución de las telecomunicaciones influirán múltiples factores, desde las tradiciones culturales y la preservación de los vales nacionales, la preocupación por asuntos ambientales, la política interna y externa y la seguridad nacional, hasta la evolución de los mercados financieros internacionales. Sin embargo, los tres asuntos que probablemente están ejerciendo y ejercerán mayor influencia directa sobre el sector son los cambios tecnológicos, la reestructuración sectorial y globalización.

Los avances tecnológicos permiten generar nuevas aplicaciones y servicios. Entre ellos pueden identificarse tres vertientes de gran intensidad de cambio: la digitalización, la movilidad y el aumento en los anchos de banda disponibles y requeridos para los servicios. Lo que ocurra en estas áreas marcará el rumbo futuro de evolución de las telecomunicaciones. La digitalización ha roto las barreras entre la información que se procesa y se transmite y los servicios basados en información digital; no sólo permite agregar valor a la telefonía tradicional sino que además permite incrementar el número de llamadas que se completan adecuadamente. Las comunicaciones móviles, por otra parte, han permitido generar servicios adicionales basados en un acceso más fácil y cercano de los usuarios a los servicios. Los cambios han sido tales, que los servicios tradicionalmente basados en sistemas radioeléctricos televisión, por ejemplo se transmite de manera creciente por sistemas basados en comunicación alámbrica o con fibras ópticas (televisión por cable) y viceversa (por ejemplo, la telefonía, que se basaba en una infraestructura alámbrica y que ahora opera cada vez más con base en sistemas de radiocomunicación, como los de telefonía celular). El mejor manejo de los anchos de banda, la ampliación de la capacidad de los canales derivada del empleo de fibras ópticas o comunicaciones satelitales y los avances en técnicas de comprensión de ancho de banda de las señales están permitiendo explotar la infraestructura disponible de manera más eficiente, modificando de paso los esquemas de comercialización de los servicios tradicionales.

Por otra parte, en años recientes los sectores de las telecomunicaciones de muchos países han vivido procesos de reestructuración que los hicieron transitar de esquemas monopólicos, frecuentemente estatales, a esquemas en los que diversas empresas ofrecen sus servicios en el mercado en un régimen de competencia, propiciando un entorno de multiproveedores, multiservicios y multimedios. Los gobiernos han dejado de ser proveedores de servicios y operadores de sistemas, para convertirse en entidades promotoras y reguladoras que buscan fomentar y fortalecer el desarrollo de la industria en un ambiente de equidad de oportunidades para los agentes privados. Tan sólo durante 1997 las privatizaciones de empresas estatales de telecomunicaciones a nivel mundial llegaron a cerca de 50 mil millones de dólares.

En la mayoría de los países existen marcos regulatorios de reciente entrada en vigor que establecen como obligación para los operadores interconectar todas las redes, para que los servicios a usuarios y suscriptores no estén atados a un solo proveedor o un solo operador. La interconexión entre redes de diferentes países permitirá integrar una red global para todo tipo de servicios telemáticos, a la que se podrá tener acceso por medio de canales de radio (incluyendo satelitales o de microondas) o alámbricos en alguna de sus modalidades.

Los cambios tecnológicos, la reestructuración del sector y la globalización están interactuando entre sí, promoviendo el desarrollo de las telecomunicaciones. Los cambios tecnológicos abren nuevas oportunidades en el país en que se originan. Una vez demostrada la factibilidad y las ventajas de la innovación, éstos trascienden las fronteras del país de origen, fomentan las alianzas globales, explotan economías de escala y de alcance y promueven el desarrollo de ideas novedosas. Las innovaciones obligan a buscar estructuras de operación y modelos de regulación que, a su vez, abran oportunidades adicionales para la innovación tecnológica.

Entre los retos presentes y futuros de México en materia de telecomunicaciones está sin duda lograr mayor equidad en el acceso a los servicios; esto es, reducir la diferencia que hoy existe entre sectores ricos y pobres del país en materia de comunicaciones. Ello requeriría, entre otras cosas, mejorar la cobertura, para llevar los servicios a precios accesibles a quienes carecen de ellos, y también será necesario atender paralelamente los requerimientos de servicios adicionales de los segmentos más modernos de la economía y la sociedad. Las estrategias para atacar estos dos frentes (sectores rezagados y sectores modernos) deben diseñarse de manera coordinada, pues cuando los recursos económicos son limitados, las condiciones de mercado podrían favorecer a la segunda de ellas. La definición detallada de las metas por alcanzar y de las acciones que deben ser instrumentadas tendrán que tomar en cuenta las oportunidades que podrían ofrecer los cambios tecnológicos esperados.

En síntesis el futuro de la nueva economía tiene como eje a las telecomunicaciones. Por tanto el Estado no puede ser ajeno a esta realidad y debe jugar el papel activo que el marco constitucional establece.

Contenido de la iniciativa

El proyecto de ley tiene por objeto regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, el servicio público de telecomunicaciones, las redes de telecomunicaciones y la comunicación vía satélite. Ello en virtud de que corresponde al Estado la rectoría en materia de telecomunicaciones, en todo momento el Estado mantendrá el dominio sobre el espectro radioeléctrico y las posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales asignadas al país.

Para los efectos de esta ley, son vías generales de comunicación el espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones y los sistemas de comunicación vía satélite.

El proyecto de ley establece que las controversias entre operadores deberán someterse a un tribunal especializado dependiente del Poder Judicial de la Federación, el cual tendrá las atribuciones que la ley señale.

La presente ley tiene como objetivos:

• Promover un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones, como un sector prioritario y estratégico del país;

• Ejercer la rectoría del Estado en la materia, para garantizar la soberanía nacional;

• Garantizar condiciones de competencia equitativa, estableciendo las bases de certidumbre jurídica para los inversionistas;

• Garantizar que mexicanos controlen el capital accionario de las concesiones y permisos que se otorguen.

• Facilitar el acceso de la población a los servicios de telecomunicaciones de calidad y precios competitivos;

• Promover el crecimiento de la infraestructura instalada, a fin de ampliar la cobertura y no sólo la competencia en mercados existentes;

• Fortalecer la industria nacional y la consolidación de los mercados de telecomunicaciones;

• Promover la eficiente interconexión e interpolaridad de las redes de telecomunicaciones, con base en costos que reflejen la realidad de la industria de las telecomunicaciones;

• Procurar la eficiente supervisión y vigilancia en materia de telecomunicaciones, para el cumplimiento de las disposiciones de esta ley y demás ordenamientos en la materia;

• Procurar que en la prestación de los servicios de telecomunicaciones se respeten los derechos de privacidad y secrecía de los usuarios y

• Promover la investigación y el desarrollo, científico y tecnológico y la capacitación de recursos humanos, en materia de telecomunicaciones.

En cuanto al régimen de concesiones se propone se requiere concesión de la Comisión Federal de Telecomunicaciones para:

• Usar, aprovechar o explotar una banda de frecuencias del espectro radioeléctrico clasificada para uso comercial en el territorio nacional;

• Prestar servicios de telecomunicaciones mediante la operación o explotación de redes públicas de telecomunicaciones;

• Instalar, operar o explotar redes públicas de telecomunicaciones;

• Ocupar posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales asignadas al país y explotar sus respectivas bandas de frecuencias y

VER CUADRO EN EL DOC-2

• Explotar los derechos de emisión y recepción de señales de bandas de frecuencias asociadas a sistemas satelitales extranjeros que cubran y puedan prestar en el territorio nacional.

Cabe señalar que las concesiones a que se refiere esta ley sólo se otorgarán a personas físicas o morales de nacionalidad mexicana y que la participación de la inversión extranjera con derecho a voto, en ningún caso podrá exceder del 49%.

La misma comisión establecerá en las bases de licitación los criterios de selección del ganador, entre los cuales se deberá incluir:

• Del pago de una contraprestación a favor del Gobierno Federal;

• Obligaciones de cobertura, conectividad, penetración, plazo de inicio de operaciones;

• Compromisos de cobertura social y accesibilidad a poblaciones marginadas;

• Compromiso de inversión en infraestructura de telecomunicaciones:

Por su parte, se requiere permiso de la comisión para:

• Establecer y operar o explotar una comercializadora de servicios de telecomunicaciones sin tener el carácter de red pública;

• Instalar, operar o explotar estaciones terrenas transmisoras; y

• Utilizar espectro radioeléctrico de uso no comercial.

La propuesta establece que sólo empresas constituidas conforme a la ley mexicana pueden obtener estos permisos. Estos permisos serán intransferibles, salvo en los casos de fusión o escisión de sociedades.

Además, los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deberán adoptar diseños de arquitectura abierta de red para permitir la transparente, no discriminatoria y equitativa interconexión e interoperabilidad de sus redes en beneficio de los usuarios.

A tal efecto, la comisión elaborará y administrará los planes técnicos fundamentales de numeración, conmutación, señalización, transmisión, tasación, sincronización e interconexión, entre otros, a los que deberán sujetarse los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones. Dichos planes deberán considerar los intereses de los usuarios y de los concesionarios y tendrán los siguientes objetivos:

• Promover el desarrollo de las telecomunicaciones, mediante el fomento a la construcción e instalación de redes públicas de telecomunicaciones.

• Hacer llegar los servicios de telecomunicaciones al mayor número de mexicanos.

• Permitir un amplio desarrollo de nuevos concesionarios y servicios de telecomunicaciones.

• Dar un trato no discriminatorio a los concesionarios.

• Fomentar una sana competencia entre concesionarios.

• Promover un uso más eficiente de los recursos.

• Definir las condiciones técnicas necesarias para que la interoperatividad e interconexión de las redes públicas de telecomunicaciones, se dé de manera eficiente.

En los convenios de interconexión las partes deberán:

• Identificar, los puntos de conexión terminal de su red;

• Los mecanismos que permitan el uso de manera desagregada de servicios, capacidad y funciones e infraestructura de sus redes sobre bases de tarifas no discriminatorias;

• Abstenerse de otorgar descuentos por volumen en las tarifas de interconexión;

• Actuar sobre bases de reciprocidad en la interconexión entre concesionarios que se provean servicios, capacidades y funciones similares entre sí, en tarifas y condiciones;

• Llevar a cabo la interconexión en cualquier punto de conmutación u otros en que sea técnicamente factible;

• Para la coubicación, prever que los equipos necesarios para la interconexión puedan ser proporcionados por cualquiera de los concesionarios y ubicarse en las instalaciones de cualquiera de ellos;

• Establecer mecanismos para garantizar que exista adecuada capacidad y calidad para cursar, el tráfico demandado entre ambas redes;

• Entregar el tráfico al operador seleccionado por el suscriptor, en el punto más próximo en que sea técnicamente eficiente para las partes;

• Entregar la comunicación a su destino final o a un concesionario o combinación de concesionarios que puedan hacerlo;

• Proporcionar toda la información necesaria que les permita identificar los números de origen y destino, así como a los usuarios que deben pagar por la llamada, la hora y si hubo asistencia de operadora y

• Llevar a cabo, si así se solicita, las tareas de medir y tasar los servicios prestados a sus propios usuarios por parte de otros concesionarios, así como proporcionar la información necesaria y precisa para la facturación y cobro respectivos.

Los concesionarios que presten servicios de telecomunicaciones mediante la operación o explotación de redes públicas de telecomunicaciones deberán entre otras obligaciones:

• Permitir a concesionarios y permisionarios que comercialicen los servicios y capacidad que hayan adquirido de sus redes públicas de telecomunicaciones y proporcionarles, en condiciones similares; los mismos servicios y funcionalidades que a sí mismos, sus filiales o subsidiarias.

• Con la previa autorización de la comisión, suspender los servicios de interconexión por las causas siguientes:

a) Dejar de pagar las tarifas de interconexión por más de seis meses.

b) Por instalar equipos o accesorios que no se encuentran detallados en el contrato o convenio y

c) Por cursar tráfico distinto al establecido en el contrato o convenio.

• Abstenerse de realizar modificaciones a su red que afecten el funcionamiento de los equipos de los usuarios o de las redes con las que esté interconectada, sin contar con la anuencia de las partes afectadas y sin la aprobación previa de la comisión.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, procurará la adecuada provisión de servicios de telecomunicaciones en todo el territorio nacional, con el propósito de que exista acceso y conectividad a las redes públicas de telecomunicaciones para la atención de servicios públicos y sociales, de las unidades de producción y de la población en general.

Tomando en cuenta las propuestas de los gobiernos de las entidades federativas, de los prestadores de servicios de telecomunicaciones y otros interesados, la Secretaría elaborará un Programa Nacional de Cobertura Social que recoja los principios y objetivos de esta ley y del Programa Nacional de Desarrollo o su equivalente.

El Programa Nacional de Cobertura Social, se consideran de interés público y tendrán como prioridad aumentar la cobertura de los servicios de telecomunicaciones en las zonas urbanas y rurales marginadas, así como los pueblos y comunidades indígenas, con objeto de apoyar su desarrollo y conectar a todos los centros educativos y de salud públicos a la red pública de telecomunicaciones.

La misma Secretaría asegurará la disponibilidad de bandas de frecuencias en los casos en que el Programa Nacional de Cobertura Social así lo requiera, a cuyo efecto podrá acordar con los concesionarios la utilización de las bandas de frecuencias que no estén aprovechando o bien asignar directamente nuevas bandas de frecuencias a los concesionarios que participen en los programas.

En el Programa Nacional de Cobertura Social deberán participar todos los concesionarios y permisionarios, de conformidad a los lineamientos que establezca la Secretaría y la Secretaría de Desarrollo Social. Este programa deberá ser enviado a las comisiones de Desarrollo Social del Congreso de la Unión, para su estudio y opinión.

En cuanto a las tarifas, los concesionarios y permisionarios podrán fijarlas libremente en términos que permitan la prestación de dichos servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad y permanencia.

El proyecto de ley amplía las funciones de la Comisión Federal de Telecomunicaciones que llevará, entre otras de sus atribuciones, el registro de telecomunicaciones, el cual tendrá un carácter declarativo, en el que se inscribirán:

• Los títulos de concesión, los permisos y las asignaciones otorgadas y en su caso, las modificaciones autorizadas a los mismos;

• Los servicios de valor agregado;

• Los gravámenes impuestos a las concesiones y permisos;

• La cesión de derechos y obligaciones a que se refiere esta ley;

• Las bandas de frecuencias otorgadas en las distintas zonas del país;

•Los convenios de interconexión con otras redes;

• Las tarifas al público de los servicios de telecomunicaciones;

•Los contratos de adhesión celebrados con los suscriptores, así como los códigos de prácticas comerciales y

• Cualquier otro documento relativo a las operaciones de los concesionarios o permisionarios, cuando los reglamentos de esta ley exijan dicha formalidad.

Con el fin de transparentar las decisiones y la regulación misma, las controversias entre operadores de telecomunicaciones, así como las denuncias por prácticas desleales o por prácticas monopólicas relativas o absolutas, deberán someterse al Tribunal Federal de Telecomunicaciones quien deberá resolver mediante un procedimiento sustanciado.

Otro tema central para la presente iniciativa es la determinación del mercado relevante, para lo cual se deberán considerarse los siguientes criterios:

• Las posibilidades de sustituir el bien o servicio de que se trate por otros, tanto de origen nacional como extranjero, considerando las posibilidades tecnológicas, en que medida los consumidores cuentan con sustitutos y el tiempo requerido para tal sustitución;

• La existencia o la posibilidad de existencia de servicios sustitutos en un periodo que no exceda de un año;

• Los costos de distribución del bien mismo; de sus insumos relevantes; de sus complementos y sustitutos desde otras regiones y del extranjero, teniendo en cuenta fletes, seguros, aranceles y restricciones no arancelarias, las restricciones impuestas por los agentes económicos o por sus asociaciones y el tiempo requerido para abastecer el mercado desde esas regiones;

• Los costos y las probabilidades que tienen los usuarios o consumidores para acudir a otros mercados;

• Las restricciones normativas de carácter federal, local o internacional que limiten el acceso de usuarios o consumidores a fuentes de abasto alternativas o el acceso de los proveedores a clientes alternativos;

• Los segmentos de usuarios, como el tipo de clientes, según clase de servicio, como pueden ser los clientes residenciales, comerciales o de gobierno, su clasificación por nivel de consumo e ingreso;

• Los tipos de servicios o líneas utilizadas;

• Los planes tarifarios que se les aplican;

• Las diferencias regionales y

• Todo aquel factor que en la práctica haga distintos o distinguibles entre sí a los mercados.

Resulta importante señalar que, en los mercados de larga distancia internacional, en los que autoridades de otros países impongan restricciones a los operadores mexicanos, la Secretaría podrá a su vez imponer restricciones de la misma índole a los operadores extranjeros que participen directa o indirectamente en el mercado mexicano o celebren contratos para la terminación de llamadas de larga distancia internacional en México. Adicionalmente, el Gobierno mexicano deberá buscar y emplear los medios necesarios para que exista un trato nacional para los operadores mexicanos, cuando éste no se de, especialmente en los mercados de los principales socios comerciales de México.

Se establece a la Comisión Federal de Telecomunicaciones como un órgano administrativo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios con autonomía técnica y operativa, el cual tiene atribuciones para regular y promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones.

La comisión tendrá a su cargo el ejercicio de las siguientes atribuciones:

• Expedir disposiciones administrativas, elaborar y administrar los planes técnicos fundamentales y expedir las normas oficiales mexicanas, en materia de telecomunicaciones;

• Realizar estudios e investigaciones en materia de telecomunicaciones; así como elaborar anteproyectos de adecuación, modificación y actualización de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten pertinentes;

• Promover, en coordinación con las dependencias y entidades competentes, así como con las instituciones académicas y los particulares, el desarrollo de las actividades encaminadas a la formación de recursos humanos en materia de telecomunicaciones, así como el desarrollo tecnológico en el sector;

• Otorgar, modificar, prorrogar y autorizar la cesión de derechos de concesiones y permisos en materia de telecomunicaciones, así como su revocación;

• Aprobar el programa sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso comercial y uso no comercial, con sus correspondientes modalidades de uso y coberturas geográficas que serán materia de licitación pública y asignación mediante permiso; así como otorgar los permisos y coordinar los procesos de licitación correspondientes;

• Licitar la ocupación y explotación de las posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales asignadas al país, con sus respectivas bandas de frecuencias y derechos de emisión y recepción de señales;

• Establecer los procedimientos para la adecuada certificación de equipos, con base en lo dispuesto en esta ley, así como otorgar el certificado correspondiente o autorizar a terceros para que emitan dicho certificado y acreditar peritos y unidades de verificación en materia de telecomunicaciones;

• Administrar el espectro radioeléctrico y promover su uso eficiente y elaborar y mantener actualizado el cuadro nacional de atribución de frecuencias;

• Llevar el registro de telecomunicaciones, previsto en el Capítulo VI de esta ley;

• Promover y vigilar la eficiente interconexión de los equipos y redes públicas de telecomunicaciones, incluyendo la que se realice con redes extranjeras y determinar las condiciones que, en materia de interconexión, no hayan podido convenirse entre los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones;

• Regitrar las tarifas de los servicios de telecomunicaciones y establecer obligaciones específicas, relacionadas con tarifas, calidad de servicio e información, a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones que tengan poder sustancial en el mercado relevante, de conformidad con el Tribunal Federal de Telecomunicaciones;

• Recibir el pago por concepto de derechos, productos o aprovechamientos, que procedan en materia de telecomunicaciones, conforme a las disposiciones legales aplicables;

• Vigilar la debida observancia a lo dispuesto en los títulos de concesión y permisos otorgados en la materia y ejercer las facultades de supervisión y verificación, a fin de asegurar que, la prestación de los servicios de telecomunicaciones, se realice con apego a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables;

• Intervenir en asuntos internacionales en el ámbito de su competencia;

• Imponer sanciones por infracciones a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables;

• Acreditar peritos en materia de telecomunicaciones.

• Las demás que le confieran otras leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables.

La comisión contará con cinco comisionados, incluido a su presidente, designados por el honorable Congreso de la Unión, a propuesta de los partidos políticos. Se deberá conformar en un plazo que no exceda los 180 días a partir de la publicación de la ley.

La comisión contará con un consejo de planeación estratégica, como órgano propositivo y de opinión, que tendrá por objeto efectuar estudios y recomendaciones de políticas públicas en materia de telecomunicaciones y coadyuvar al eficiente desempeño de las atribuciones de la comisión. En este consejo podrán participar representantes de instituciones académicas, así como de las cámaras de industria y personas de reconocido prestigio en el ramo de las telecomunicaciones.

Se establece la necesidad de que la Auditoría Superior de la Federación elabore una evaluación de los resultados de las concesiones y permisos otorgados en el sector de telecomunicaciones, el cual deberá enviar al pleno de la Cámara de Diputados en un plazo no mayor de seis meses a partir de la publicación de la presente ley.

Con base en lo anterior se somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Que contiene la iniciativa de la Ley Federal para el Desarrollo de las Telecomunicaciones

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1o. En el marco de los artículos 25 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente ley tiene por objeto regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, el servicio público de telecomunicaciones, las redes de telecomunicaciones y la comunicación vía satélite, las cuales son prioritarias para el desarrollo de México.

Artículo 2o. Corresponde al Estado la rectoría en materia de telecomunicaciones, en todo momento el Estado mantendrá el dominio sobre el espectro radioeléctrico y las posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales asignadas al país.

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I. Acceso: la capacidad del usuario de establecer una comunicación a distancia, haciendo uso de una red pública de telecomunicaciones.

II. Arquitectura abierta: conjunto de características técnicas de las redes públicas de telecomunicaciones que les permite interconectarse entre sí, a nivel físico y lógico, de tal manera que exista interoperabilidad entre ellas.

III. Banda de frecuencias: porción del espectro radioeléctrico que contiene un conjunto de frecuencias determinadas.

IV. Certificación de equipos de telecomunicaciones: proceso por el cual la comisión reconoce oficialmente que las especificaciones técnicas de un producto destinado a las telecomunicaciones, de un producto que hace uso del espectro radioeléctrico destinado a servicios de telecomunicaciones o de un producto destinado para un uso diferente de las telecomunicaciones cuya operación pudiera causar daño o interferencia perjudicial a los sistemas y servicios de telecomunicaciones, satisfacen las normas y requisitos técnicos vigentes en México.

V. Comisión: la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

VI. Conectividad: la capacidad del usuario de tener acceso a la Red Mundial de Telecomunicaciones o Internet.

VIl. Coubicación: es la colocación de equipos y dispositivos de transmisión necesarios para la interconexión, mediante equipos pertenecientes a un concesionario en los espacios físicos, abiertos o cerrados, de otro concesionario de red pública de telecomunicaciones, con el que se tiene celebrado un convenio de interconexión. Incluye el suministro de energía, aire acondicionado y demás facilidades necesarias para su adecuada operación, así como el acceso a los espacios físicos mencionados durante las 24 horas del día, todos los días del año.

VIII. Elusión o puenteo ilegal de las redes públicas: la acción que realiza un operador de redes de telecomunicaciones para:

a) Alterar la información del origen o del destino de una llamada, violando lo dispuesto por los planes técnicos fundamentales de numeración y señalización y la "resolución administrativa mediante la cual se establece el calendario para el proceso del crecimiento de la numeración geográfica, de conformidad con el plan técnico fundamental de numeración" expedida por Cofetel el 26 de noviembre de 1998;

b) Enrutar mediante un enlace directo entre un domicilio y la central móvil, el tráfico originado en un teléfono fijo destinado a un teléfono móvil, para hacerlo parecer como una llamada proveniente de un móvil dirigida a otro móvil;

c) Prestar servicios que requieren concesión y que se prestan mediante la marcación local y que a través de una segunda marcación ya no regida por el plan de numeración se proporciona un servicio de larga distancia u otro que evita el pago de las tarifas correspondientes a las redes concesionadas que tenían derecho al trámite de la llamada;

d) Terminar tráfico de larga distancia nacional o internacional bajo la forma de una llamada local reoriginada desde un teléfono local;

e) Enrutar los tráficos nacionales por vías internacionales sujetas a retorno proporcional, con el efecto de que se contabilice como tráfico internacional de salida para tener derecho a mayor tráfico internacional de entrada y obtener así el derecho de recibir más intentos de llamadas internacionales de entrada con el consecuente pago de las tarifas de liquidación internacional;

f) Prestar, facturar y cobrar servicios de telecomunicaciones desde interconexión. Incluye el suministro de energía, aire acondicionado y demás facilidades necesarias para su adecuada operación, así como el acceso a los espacios físicos mencionados durante las 24 horas del día, todos los días del año.

VIII. Espectro radioeléctrico: el espacio que permite la propagación sin guía artificial de ondas electromagnéticas cuyas bandas de frecuencias se fijan convencionalmente por debajo de los 3 mil gigahertz;

IX. Estación terrena: la antena y el equipo asociado a ésta que se utilizan para recibir o transmitir señales de comunicación vía satélite;

X. Frecuencia: número de ciclos que por segundo efectúa una onda del espectro radioeléctrico;

XI. Interconexión: conexión física y lógica entre dos redes públicas de telecomunicaciones, que permite cursar tráfico público conmutado entre las centrales de ambas redes. La interconexión permite a los usuarios de una de las redes conectarse y cursar tráfico público conmutado a los usuarios de la otra y viceversa o utilizar servicios proporcionados por la otra red;

XII. Operador: persona física o moral que cuenta con un título de concesión, permiso o registro que lo autoriza a prestar servicios de telecomunicaciones;

XIII. Orbita satelital: trayectoria que recorre un satélite al girar alrededor de la tierra;

XIV. Posiciones orbitales geoestacionarias: ubicaciones en una órbita circular sobre el ecuador que permiten que un satélite gire a la misma velocidad de rotación de la tierra, permitiendo que el satélite mantenga en forma permanente la misma latitud y longitud;

XV. Prestador de servicios con poder sustancial en el mercado relevante: es aquel prestador de servicios de telecomunicaciones que tiene la capacidad de afectar significativamente los precios o la cantidad ofrecida en algún mercado relevante de servicios telecomunicaciones;

XVI. Red de telecomunicaciones: sistema integrado por medios de transmisión tales como canales o circuitos que utilicen bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, enlaces satelitales, cableados, redes de transmisión eléctrica o cualquier otro medio de transmisión, así como, en su caso, centrales, dispositivos de conmutación o cualquier equipo necesario;

XVII. Red privada de telecomunicaciones: la red de telecomunicaciones destinada a satisfacer necesidades específicas de servicios de telecomunicaciones de determinadas personas que no impliquen explotación comercial de servicios o capacidad de dicha red.

XVIII. Red pública de telecomunicaciones: la red de telecomunicaciones a través de la cual se explotan comercialmente servicios de telecomunicaciones. La red no comprende los equipos terminales de telecomunicaciones de los usuarios ni las redes de telecomunicaciones que se encuentren más allá del punto de conexión terminal;

XIX. Recursos esenciales: los recursos de una red pública de telecomunicaciones indispensables para la interconexión que:

a) Son exclusivamente suministrados por un sólo proveedor;

b) No pueden ser sustituidos técnicamente y

c) Consisten únicamente en el puerto de interconexión.

XXI. Secretaría: la Secretaría de Comunicaciones y Transportes;

XXII. Servicios de valor agregado: los que emplean una red pública de telecomunicaciones y que tienen efecto en el formato, contenido, código, protocolo, almacenaje o aspectos similares de la información transmitida por algún usuario y que comercializan a los usuarios información adicional, diferente o reestructurada o que implican interacción del usuario con información almacenada;

XXIII. Sistema de comunicación vía satélite: el que permite el envío de señales de microondas a través de una estación transmisora a un satélite que las recibe, amplifica y envía de regreso a la tierra para ser captadas por estación receptora;

XXIV. Telecomunicaciones: toda emisión, transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza que se efectúa a través de hilos, radioelectricidad, medios ópticos, físicos u otros sistemas electromagnéticos.

Artículo 4o. Para los efectos de esta ley, son vías generales de comunicación el espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones y los sistemas de comunicación vía satélite.

Artículo 5o. Las vías generales de comunicación materia de esta ley y los servicios que en ellas se presten, son de jurisdicción federal.

Para los efectos de esta ley se considera de interés público la instalación, operación y mantenimiento de infraestructura y equipo empleados en las redes públicas de telecomunicaciones, alámbricas e inalámbricas debiéndose cumplir las disposiciones estatales y municipales en materia fiscal, de desarrollo urbano y protección ecológica aplicables.

La Secretaría podrá concertar acuerdos de coordinación con los gobiernos del Distrito Federal, de los estados y municipios, a fin de que los concesionarios estén en aptitud de cumplir con los compromisos de inversión y cobertura previstos en sus títulos de concesión.

Artículo 6o. Corresponderá a los tribunales federales conocer de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de esta ley, sin perjuicio de que las partes puedan someterse al procedimiento arbitral en los términos de las disposiciones aplicables.

Las controversias entre operadores deberán someterse a un tribunal especializado dependiente del Poder Judicial de la Federación, el cual tendrá las atribuciones que la ley señale.

Artículo 7o. La presente ley tiene como objetivos:

I. Promover un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones, como un sector prioritario y estratégico del país;

II. Ejercer la rectoría del Estado en la materia, para garantizar la soberanía nacional;

III. Garantizar condiciones de competencia equitativa, estableciendo las bases de certidumbre jurídica para los inversionistas;

IV. Garantizar que mexicanos controlen el capital accionario de las concesiones y permisos que se otorguen;

V. Facilitar el acceso de la población a los servicios de telecomunicaciones de calidad y precios competitivos;

VI. Promover el crecimiento de la infraestructura instalada, a fin de ampliar la cobertura y no sólo la competencia en mercados existentes;

VII. Fortalecer la industria nacional y la consolidación de los mercados de telecomunicaciones;

VIII. Promover la eficiente interconexión e interpolaridad de las redes de telecomunicaciones, con base en costos que reflejen la realidad de la industria de las telecomunicaciones;

IX. Procurar la eficiente supervisión y vigilancia en materia de telecomunicaciones, para el cumplimiento de las disposiciones de esta ley y demás ordenamientos en la materia;

X. Procurar que en la prestación de los servicios de telecomunicaciones se respeten los derechos de privacidad y secrecía de los usuarios y

XI. Promover la investigación y el desarrollo científico y tecnológico y la capacitación de recursos humanos, en materia de telecomunicaciones.

Artículo 8o. Para el logro de los objetivos establecidos en el artículo 7o. de esta ley, corresponde a la Secretaría, sin perjuicio de las que se confieran a otras dependencias del Ejecutivo Federal, el ejercicio de las atribuciones siguientes:

I. Planear, formular y conducir las políticas y programas, así como regular el desarrollo de las telecomunicaciones, con base en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales correspondientes;

II. Fijar la posición del Gobierno Federal en las reuniones internacionales en materia de telecomunicaciones;

III. Gestionar la obtención de las posiciones orbitales geoestacionarias con sus respectivas bandas de frecuencias, así como las órbitas satelitales para satélites mexicanos y coordinar su uso y operación con organismos y entidades internacionales y con otros países;

IV. Participar en la negociación de tratados y convenios internacionales en materia de telecomunicaciones, considerando, entre otros factores, las diferencias existentes del sector con respecto al de los países con que se negocie y vigilar su observancia;

V. Adquirir, establecer y operar, en su caso, por sí o a través de terceros, redes de telecomunicaciones;

VI. Asignar las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico, para uso oficial y protegido, así como administrar las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico reservadas;

VII. Promover el fortalecimiento de los valores culturales y de la identidad nacional;

VIII. Interpretar esta ley para efectos administrativos y

IX. Las demás que esta ley y otros ordenamientos legales le confieran en la materia.

Artículo 9o. A falta de disposición expresa en esta ley y en sus reglamentos o en los tratados internacionales, se aplicarán:

I. Ley de Vías Generales de Comunicación;

II. Ley Federal de Procedimiento Administrativo;

III. Código de Comercio;

IV. Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en Materia Federal;

V. Ley Federal Sobre Metrología y Normalización;

VI. Ley Federal de Competencia Económica;

VII. Ley Federal de Protección al Consumidor;

VllI. Ley General de Bienes Nacionales y

IX. Ley Federal de Radio y Televisión.

CAPITULO II

Del espectro radioeléctrico

Artículo 10. El uso del espectro radioeléctrico deberá ajustarse a lo dispuesto en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, el cual deberá promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y garantizar la disponibilidad de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para servicios de seguridad nacional, conectividad y cobertura social.

Artículo 11. El uso de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico se clasificará de acuerdo con lo siguiente:

I. Espectro de uso libre: son aquellas bandas de frecuencias que pueden ser utilizadas por el público en general sin necesidad de concesión, permiso o registro;

II. Uso comercial: utilización de bandas de frecuencia para explotación con fines de lucro, mediante concesión que otorgue la comisión;

III. Espectro para uso oficial: son aquellas bandas de frecuencias destinadas para el uso exclusivo de la Administración Pública Federal, gobiernos estatales y municipales, otorgadas mediante asignación directa por parte de la Secretaría;

IV. Uso no comercial: utilización de bandas de frecuencia, mediante permiso que otorgue la comisión, para servicios de radiocomunicación privada; la comprobación de la viabilidad técnica y económica de tecnologías en desarrollo; fines científicos o pruebas temporales de equipo, radioaficionados; y

V. Uso protegido: utilización de bandas de frecuencias, mediante permiso que otorgue la Secretaría, atribuidas a la radionavegación marítima, aeronáutica y demás servicios que deban ser protegidos conforme a los acuerdos internacionales suscritos por el gobierno de Estados Unidos de América y

VI. Espectro reservado: son aquellas bandas de frecuencias no asignadas ni concesionadas por la autoridad.

Artículo 12. La atribución y asignación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico se hará:

I. A título primario: servicios que contarán con protección contra interferencias perjudiciales y

II. A título secundario: servicios cuyas estaciones radioeléctricas no deben causar interferencia perjudicial a las estaciones de un servicio a título primario ni pueden reclamar protección contra interferencias perjudiciales causadas por estaciones de un servicio a título primario; sin embargo, tienen derecho a la protección contra interferencias perjudiciales causadas por estaciones del mismo servicio a título secundario o de otro servicio a título secundario a los que se asignen frecuencias posteriormente:

CAPITULO III

De las concesiones y permisos

SECCION PRIMERA

De las concesiones en general

Artículo 13. Se requiere concesión de la comisión para:

I. Usar, aprovechar o explotar una banda de frecuencias del espectro radioeléctrico clasificada para uso comercial en el territorio nacional;

II. Prestar servicios de telecomunicaciones mediante la operación o explotación de redes públicas de telecomunicaciones;

III. Instalar, operar o explotar redes públicas de telecomunicaciones;

IV. Ocupar posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales asignadas al país y explotar sus respectivas bandas de frecuencias y

V. Explotar los derechos de emisión y recepción de señales de bandas de frecuencias asociadas a sistemas satelitales extranjeros que cubran y puedan prestar en el territorio nacional.

Artículo 14. Las concesiones a que se refiere esta ley sólo se otorgarán a personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.

La participación de la inversión extranjera con derecho a voto, en ningún caso podrá exceder del 49%.

Como lo establece el artículo 20 de la Ley General de Bienes Nacionales, para el otorgamiento de la concesión se deberá observar:

I. El monto de la inversión que el concesionario pretenda aplicar;

II. El plazo de amortización de la inversión realizada;

III. El beneficio social y económico que signifique para la región o localidad;

IV. La necesidad de la actividad o del servicio que se preste;

V. El cumplimiento por parte del concesionario de las obligaciones a su cargo y

VI. La reinversión que se haga para el mejoramiento de las instalaciones o del servicio prestado.

Artículo 15. Las concesiones o permisos para el uso, aprovechamiento o explotación de bandas de frecuencias atribuidas a los servicios de radiodifusión de radio y televisión abierta y su programación, estarán sujetas a lo dispuesto en la Ley Federal de Radio y Televisión.

SECCION SEGUNDA

De las concesiones sobre el espectro radioeléctrico

Artículo 16. Las concesiones sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso comercial se otorgarán mediante licitación pública, la cual adoptará las modalidades que establezcan las bases de licitación correspondientes.

La comisión establecerá en las bases de licitación los criterios de selección del ganador entre los cuales se deberá incluir:

I. El pago de una contraprestación a favor del Gobierno Federal;

II. Obligaciones de cobertura, conectividad, penetración, plazo de inicio de operaciones;

III. Compromisos de cobertura social y accesibilidad a poblaciones marginadas y

IV. Compromiso de inversión en infraestructura de telecomunicaciones.

Artículo 17. La comisión podrá exceptuar del procedimiento de licitación pública y asignar en forma directa mediante permiso, bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, exclusivamente en los siguientes casos:

I. Para programas de cobertura social contemplados en el Programa Nacional de Desarrollo Social o su equivalente y

II. Para la utilización de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico a título secundario.

La comisión expedirá un procedimiento expedito para el otorgamiento de estos permisos, considerando en el caso de la fracción I el criterio del logro de objetivos de cobertura, accesibilidad y conectividad y para el caso de la fracción II anterior podrá exigir el pago de una contraprestación que determinará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a propuesta de la primera.

Artículo 18. La comisión expedirá, cuando menos una vez al año, un programa de licitaciones públicas sobre las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso comercial, que son susceptibles de ser concesionadas y en el cual se indicarán los servicios a prestar y las coberturas geográficas.

Los interesados podrán solicitar que se liciten bandas de frecuencias, modalidades de uso y coberturas geográficas distintas de las contempladas en el programa mencionado en el párrafo anterior. En estos casos, la comisión resolverá lo conducente en un plazo que no excederá de 60 días naturales.

Artículo 19. Para llevar a cabo el procedimiento de licitación pública a que se refiere el artículo 16 de esta ley, la comisión publicará en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de la entidad o entidades federativas cuya zona geográfica sea cubierta por las bandas de frecuencia objeto de concesión, convocatoria para que cualquier interesado obtenga las bases correspondientes.

Las bases de licitación pública incluirán como mínimo:

I. Los requisitos que deberán cumplir los interesados para participar en la licitación, entre los que se incluirán:

a) Datos generales del solicitante;

b) Plan de negocios, que contendrá como mínimo los siguientes apartados: descripción y especificaciones técnicas del proyecto, programa de cobertura, programa de inversión y programa financiero.

II. Las bandas de frecuencias objeto de concesión, sus modalidades de uso y zonas geográficas en que pueden ser utilizadas;

III. Los programas de cobertura obligatoria, en su caso;

IV. El periodo de vigencia de la concesión;

V. Los criterios para seleccionar al ganador;

VI. Las condiciones y calendario de pago de la contraprestación, en su caso;

VII. El establecimiento de penas convencionales y la forma de garantizarlas, y

VIII. Acreditar la solvencia necesaria para dar cumplimiento a sus compromisos.

Artículo 20. Cuando las proposiciones presentadas en la licitación pública no aseguren las mejores condiciones para la prestación de los servicios, las contraprestaciones ofrecidas no sean satisfactorias a juicio de la comisión o no cumplan con los requisitos establecidos en las bases de la licitación, se declarará desierta la licitación y podrá expedirse una nueva convocatoria.

Artículo 21. El título de concesión contendrá como mínimo lo siguiente:

I. El nombre y domicilio del concesionario;

II. Las bandas de frecuencias objeto de concesión, sus modalidades de uso y zona geográfica en que pueden ser utilizadas.

III. Los programas de cobertura obligatoria que, en su caso, se hayan previsto en las bases de licitación correspondientes;

IV. Los servicios que podrá prestar el concesionario;

V. Las especificaciones técnicas del proyecto;

VI. El periodo de vigencia;

VII. Las contraprestaciones que, en su caso, deberán cumplirse por el otorgamiento de la concesión y la determinación específica de que sólo las bandas de frecuencia concesionadas se revertirán a favor de la nación al término de su vigencia y sus prórrogas y que el Gobierno Federal, tendrá derecho preferente para adquirir las instalaciones, equipos y demás bienes utilizados directamente en la explotación de las bandas de frecuencia;

VIII. Las penas convencionales;

IX. El monto de las garantías para el cumplimiento de las obligaciones de la concesión y

X. Los demás derechos y obligaciones de los concesionarios.

Una vez otorgada la concesión, el título respectivo se publicará en el Diario Oficial de la Federación.

Cuando la explotación de los servicios objeto de la concesión sobre el espectro radioeléctrico requiera de una concesión de red pública de telecomunicaciones, esta última se otorgará en el mismo acto administrativo.

Artículo 22. Las concesiones sobre bandas de frecuencias se otorgarán por un plazo hasta de 20 años y podrán ser prorrogadas hasta por plazos iguales a los originalmente establecidos, a juicio de la comisión.

Para el otorgamiento de las prórrogas será necesario que el concesionario hubiere cumplido con las condiciones previstas en la concesión que se pretenda prorrogar; lo solicite 24 meses antes de la terminación de su vigencia y acepte las nuevas condiciones que establezca la propia comisión de acuerdo a la presente ley y demás disposiciones aplicables. La comisión resolverá lo conducente en atención a los criterios previstos por el artículo 20 de la Ley General de Bienes Nacionales, a más tardar un año antes de la fecha de vencimiento de la concesión.

Artículo 23. Para obtener permiso sobre bandas de frecuencias para uso protegido se deberán reunir, en lo conducente, los requisitos a que se refiere el artículo 36 de esta ley.

Artículo 24. Los permisos para el uso, aprovechamiento o explotación de bandas de frecuencia para fines científicos o para pruebas temporales, se otorgarán por un plazo hasta de dos años y deberán sujetarse, invariablemente, a las disposiciones reglamentarias respectivas.

La Secretaría resolverá sobre la petición de uso de frecuencias para fines científicos o para pruebas temporales en un plazo no mayor a 45 días naturales.

Transcurrido dicho plazo, sin que medie contestación de la Secretaría, se entenderá otorgada la concesión, sobre bandas de frecuencias para fines científicos o para pruebas temporales.

Artículo 25. Las asignaciones para el uso, aprovechamiento o explotación de bandas de frecuencia para uso oficial, serán intransferibles y estarán sujetas a las disposiciones que en materia de concesiones prevé esta ley, con excepción de las referentes al procedimiento de licitación pública.

Artículo 26. La comisión podrá cambiar o rescatar una frecuencia o una banda de frecuencias concesionadas o permisionada, por causa de utilidad o interés público de conformidad a lo dispuesto por la Ley General de Bienes Nacionales, en los siguientes casos:

I. Por causas de interés o utilidad públicos;

II. Por razones de seguridad nacional;

III. Para la introducción de nuevas tecnologías;

IV. Para solucionar problemas de interferencia perjudicial y

V. Para dar cumplimiento a los tratados internacionales suscritos por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.

Para estos efectos, la Secretaría ordenará a la comisión el otorgamiento directo al concesionario de otras bandas de frecuencias mediante las cuales se puedan ofrecer los servicios originalmente prestados.

Cuando el uso actual de las frecuencias a rescatar sea un servicio de interés público, dicha reasignación será acompañada de la indemnización necesaria para la adquisición de los nuevos equipos con los que se seguirá dando el servicio público.

La reasignación de frecuencias deberá realizarse a las frecuencias más cercanas posible a la banda despejada y respetando las condiciones técnicas del tipo de servicio y proyecto de sustitución.

SECCION TERCERA

De las concesiones sobre redes públicas de telecomunicaciones

Artículo 27. Los interesados en prestar el servicio de telecomunicaciones mediante la operación y explotación de redes públicas de telecomunicaciones, deberán presentar, a satisfacción de la comisión, solicitud que contenga como mínimo:

I. Datos generales del solicitante;

II. Los servicios que desea prestar;

III. Las especificaciones técnicas del proyecto;

IV. Los programas y compromisos de inversión, de cobertura y calidad de los servicios que se pretenden prestar;

V. El plan de negocios y

VI. La documentación que acredite su capacidad financiera, técnica, jurídica y administrativa.

Lo anterior, sin perjuicio de obtener, en su caso, concesión para explotar bandas de frecuencias en los términos del artículo 16, de esta ley.

Artículo 28. La comisión analizará y evaluará la documentación correspondiente a la solicitud a que se refiere el artículo anterior en un plazo no mayor de 120 días naturales, dentro del cual podrá requerir a los interesados información adicional.

Una vez cumplidos, a satisfacción, los requisitos a que se refiere el artículo anterior, la comisión otorgará la concesión.

Las concesiones otorgadas y sus respectivos anexos, deben inscribirse en el Registro Público de Telecomunicaciones.

Artículo 29. El título de concesión contendrá como mínimo lo siguiente:

I. El nombre y domicilio del concesionario;

II. El objeto de la concesión;

III. Los diferentes servicios que pueda prestar el concesionario;

IV. Los derechos y obligaciones de los concesionarios;

V. Las características y el monto de la garantía que, en su caso, deberá otorgar el concesionario;

VI. Los compromisos de cobertura geográfica de la red pública;

VII. Las penas convencionales y

VIIl. La determinación específica de que sólo las bandas de frecuencias concesionadas se revertirán a favor de la nación al término de su vigencia y sus prórrogas y que el Gobierno Federal tendrá derecho preferente para adquirir las instalaciones, equipos y demás bienes utilizados directamente en la explotación de las bandas de frecuencia.

Una vez otorgada la concesión, el título respectivo se publicará en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 30. Las concesiones sobre redes públicas de telecomunicaciones se otorgarán por un plazo hasta de 30 años y podrán ser prorrogadas hasta por plazos iguales a los originalmente establecidos.

Para el otorgamiento de las prórrogas será necesario que el concesionario hubiere cumplido con las condiciones previstas en la concesión que se pretenda prorrogar, lo solicite antes de que inicie la última quinta parte del plazo de la concesión y acepte las nuevas condiciones que establezca la propia comisión de acuerdo a la presente ley y demás disposiciones aplicables. La comisión resolverá lo conducente en un plazo no mayor a 120 días naturales.

En caso de que la comisión no resuelva en dicho plazo, se entenderá prorrogada la concesión por el mismo plazo o, en su caso, por el plazo que haya solicitado el concesionario.

Artículo 31. Las redes privadas de telecomunicaciones no requerirán de concesión, permiso o registro para operar, salvo que utilicen bandas de frecuencias del espectro, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 16 de esta ley.

Para que los operadores de redes privadas puedan explotar comercialmente servicios, deberán obtener concesión en los términos de esta ley, en cuyo caso adoptarán el carácter de red pública de telecomunicaciones.

SECCION CUARTA

De las concesiones para comunicación vía satélite

Artículo 32. Las concesiones para ocupar y explotar posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales asignadas al país, con sus respectivas bandas de frecuencias y derechos de emisión y recepción de señales, se otorgarán mediante el procedimiento de licitación pública, la cual adoptará las modalidades que establezcan las bases de licitación correspondientes.

La comisión establecerá en las bases de licitación los criterios de selección del concesionario, entre los que se deberá incluir lo siguiente:

I. Pago de una contraprestación económica;

II. Obligaciones de conectividad y

III. Plazos de inicio de operaciones.

Tratándose de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la Secretaría otorgará mediante asignación directa dichas posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales.

Artículo 33. La Secretaría podrá exceptuar del procedimiento de licitación pública y asignar en forma directa concesiones para ocupar y explotar posiciones orbitales geoestacionarias u órbitas satelitales, con sus respectivas bandas de frecuencias y sus respectivos derechos de emisión y recepción de señales, entratándose de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Artículo 34. La comisión podrá otorgar concesiones sobre los derechos de emisión y recepción de señales y bandas de frecuencias asociadas a sistemas satelitales extranjeros que cubran y puedan prestar servicios en el territorio nacional, siempre y cuando se tengan firmados tratados en la materia con el país notificante ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones del sistema satelital que se utilice y dichos tratados contemplen reciprocidad para los satélites mexicanos. Estas concesiones sólo se otorgarán a personas morales constituidas conforme a las leyes mexicana.

La prestación de los diferentes servicios a través de las concesiones a que se refiere este artículo, se sujetará, además a lo dispuesto en esta ley y sus reglamentos, a los instrumentos complementarios que, en su caso, celebre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos con el país notificante.

El Gobierno Federal deberá requerir una contraprestación por el otorgamiento de estás concesiones.

Asimismo, podrán operar en territorio mexicano los satélites internacionales establecidos al amparo de tratados internacionales multilaterales de los que el país sea parte.

SECCION QUINTA

De los permisos

Artículo 35. Se requiere permiso de la comisión para:

I. Establecer y operar o explotar una comercializadora de servicios de telecomunicaciones sin tener el carácter de red pública;

II. Instalar, operar o explotar estaciones terrenas transmisoras y

III. Utilizar espectro radioeléctrico de uso no comercial.

Sólo empresas constituidas conforme a la ley mexicana pueden obtener estos permisos.

Los permisos a los que se refiere la fracción III serán intransferibles, salvo en los casos de fusión o escisión de sociedades.

Artículo 36. Se requiere permiso de la Secretaría para utilizar espectro radioeléctrico de uso protegido. Los permisos a los que se refiere este artículo serán intransferibles y se sujetarán a las disposiciones que al efecto emita la Secretaría.

Artículo 37. Los interesados en obtener los permisos a que se refiere el artículo 35 de esta ley, deberán presentar solicitud a la comisión, la que se sujetará a las disposiciones de carácter general que al efecto emita la Secretaría.

La comisión analizará y evaluará la documentación correspondiente a la solicitud a que se refiere el párrafo anterior y otorgará el permiso correspondiente, conforme a lo siguiente:

I. Dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de recepción de la solicitud, la comisión prevendrá al solicitante, en su caso, de la información faltante en la propia solicitud o de aquélla que no cumpla con los requisitos exigibles;

II. El plazo que fije la comisión para la entrega de la información no será mayor de 30 días naturales, y

III. Una vez entregada la información requerida, la comisión contará con un plazo de 60 días naturales para resolver sobre la solicitud del permiso correspondiente. En caso de que la resolución sea en sentido favorable, dentro de este mismo plazo se otorgará el permiso respectivo.

Si la comisión no hace requerimiento alguno de información dentro del plazo a que se refiere la fracción I anterior, no podrá resolver en sentido negativo fundándose en la falta de información.

La comisión desechará la solicitud cuando el solicitante no entregue la información en el plazo a que se refiere la fracción II o cuando tal información no cumpla con los requisitos aplicables.

En caso de que la comisión no resuelva en el plazo señalado y el solicitante haya presentado la información adicional que, en su caso, se hubiere requerido, se entenderá por otorgado el permiso.

Artículo 38. Para la prestación de servicios de valor agregado bastará su registro ante la comisión.

Artículo 39. No se requerirá permiso de la comisión para la instalación y operación de estaciones terrenas receptoras.

Sin perjuicio de la concesión o permiso que, en su caso, se requiera para la prestación de servicios de telecomunicaciones, la comisión podrá exentar de los requerimientos de permiso a aquellas estaciones terrenas transmisoras que, por cumplir con las normas establecidas, no ocasionen interferencia perjudicial en otros sistemas de telecomunicaciones.

SECCION SEXTA

De la cesión de derechos

Artículo 40. La comisión autorizará, dentro de un plazo de 90 días naturales, contados a partir de la presentación de la solicitud, la cesión o transmisión parcial o total de los derechos y obligaciones establecidos en las concesiones o permisos, siempre que el concesionario reúna los mismos requisitos y condiciones que se tuvieron en cuenta para el otorgamiento de la concesión o permiso respectivo, se comprometa a realizar las obligaciones que se encuentren pendientes y asuma las condiciones que al efecto establezca la comisión.

En los casos en que se pretenda transferir los derechos para operar y explotar una red pública de telecomunicaciones o una banda de frecuencias a otro concesionario o permisionario que preste servicios similares en la misma zona geográfica, la comisión autorizará la respectiva cesión, siempre y cuando se cumpla con los ordenamientos legales correspondientes.

La cesión a que se refiere este artículo, podrá solicitarse siempre y cuando haya transcurrido un plazo de cinco años a partir del otorgamiento de la concesión o permiso respectivo.

Cualquier operación que se realice en contra del tenor de este artículo será nula de pleno derecho, sin perjuicio de las sanciones a que se haga acreedor el concesionario o permisionario.

Artículo 41. En ningún caso se podrá ceder, gravar, dar en prenda, hipotecar o enajenar la concesión o el permiso, los derechos en ellos conferidos y los bienes afectos a los mismos, a ningún gobierno o Estado extranjero.

SECCION SEPTIMA

De la terminación y revocación de las concesiones y permisos

Artículo 42. Las concesiones y permisos terminan por:

I. Vencimiento del plazo establecido en el título o en su caso, en el permiso respectivo;

II. Renuncia del concesionario o permisionario;

III. Revocación;

IV. Rescate y

V. Liquidación o quiebra del concesionario o permisionario.

La terminación de la concesión o del permiso no extingue las obligaciones contraídas por el titular, durante su vigencia.

Artículo 43. Las concesiones y permisos se podrán revocar por cualquiera de las causas siguientes:

I. No iniciar operaciones en el plazo previsto en la concesión o permiso, salvo autorización de la comisión por causa justificada;

II. Interrumpir la operación de la vía general de comunicación o la prestación del servicio total o parcialmente, sin causa justificada o sin autorización de la comisión;

III. No cumplir con las obligaciones o condiciones establecidas en los títulos de concesión y en los permisos;

IV. Negarse a interconectar a otros concesionarios o permisionarios de servicios de telecomunicaciones, sin causa justificada;

V. Cambio de nacionalidad;

VI. Ceder, gravar o transferir las concesiones o permisos, los derechos en ellos conferidos o los bienes afectos a los mismos en contravención a lo dispuesto en esta ley;

VII. No cubrir al Gobierno Federal las contraprestaciones que se hubieren establecido;

VIII. Por reincidir en las prácticas de efusión o puenteo ilegal y

IX. Contravenir lo dispuesto en el artículo 14 de esta ley.

Durante la iniciación y tramitación del procedimiento de revocación, la Secretaría estará facultada para establecer al concesionario o permisionario las medidas precautorias que considere necesarias para salvaguardar los derechos de los usuarios.

Artículo 44. El titular de una concesión o permiso que hubiere sido revocado estará imposibilitado para obtener, nuevas concesiones o permisos de los previstos en esta ley, por un plazo de cinco años contados a partir de que hubiere quedado firme la resolución respectiva.

Asimismo, los socios de una persona moral cuya concesión le hubiere sido revocada o las sociedades en las que éstos hubieran participado con un 10% o más de acciones o partes sociales con derecho a voto, se encontrarán imposibilitadas para obtener nuevas concesiones o permisos, por un plazo igual al establecido en el párrafo anterior.

Artículo 45. Al término de la concesión o de las prórrogas que se hubieren otorgado, revertirán a la nación las bandas de frecuencias y las posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales que hubieren sido afectas a los servicios previstos en la concesión.

El Gobierno Federal tendrá derecho preferente para adquirir las instalaciones, equipos y demás bienes utilizados directamente en la explotación de las bandas de frecuencias, posiciones orbitales u órbitas satelitales, objeto de la concesión.

CAPITULO IV

De la operación de servicios de telecomunicaciones

SECCION PRIMERA

De la operación e interconexión de redes públicas de telecomunicaciones

Artículo 46. Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deberán adoptar diseños de arquitectura abierta de red para permitir la transparente, no discriminatoria y equitativa interconexión e interoperabilidad de sus redes en beneficio de los usuarios.

A tal efecto, la comisión elaborará y administrará los planes técnicos fundamentales de numeración, conmutación, señalización, transmisión, tasación, sincronización e interconexión, entre otros, a los que deberán sujetarse los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones. Dichos planes deberán considerar los intereses de los usuarios y de los concesionarios y tendrán los siguientes objetivos:

I. Promover el desarrollo de las telecomunicaciones, mediante el fomento a la construcción e instalación de redes públicas de telecomunicaciones;

II. Hacer llegar los servicios de telecomunicaciones al mayor número de mexicanos;

III. Permitir un amplio desarrollo de nuevos concesionarios y servicios de telecomunicaciones;

IV. Dar un trato no discriminatorio a los concesionarios;

V. Fomentar una sana competencia entre concesionarios;

VI. Promover un uso más eficiente de los recursos y

VII. Definir las condiciones técnicas necesarias para que la interoperatividad e interconexión de las redes públicas de telecomunicaciones, se dé de manera eficiente.

Artículo 47. Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones están obligados a interconectar sus redes con las de otros concesionarios, cuando así lo solicite cualquiera de ellos, en condiciones no discriminatorias, transparentes y basadas en criterios objetivos.

La obligación mencionada podrá ser limitada por la comisión, cuando existan alternativas más eficientes y que al mismo tiempo sean económica y técnicamente factibles, siempre y cuando la interconexión solicitada no pueda satisfacerse por insuficiencia de recursos para ello.

Esta obligación podrá ser cancelada para el proveedor del servicio de, interconexión, cuando exista reincidencia en la falta de pago de las tarifas de interconexión.

Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones acordarán libremente las condiciones bajo las cuales se lleve a cabo la interconexión de las mismas, de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas legales.

Si los concesionarios no llegaran a un acuerdo, los concesionarios deberán someter sus diferencias al Tribunal Federal de Telecomunicaciones.

Artículo 48. En los convenios de interconexión a que se refiere el artículo anterior, las partes deberán:

I. Identificar, los puntos de conexión terminal de su red;

II. Los mecanismos que permitan el uso de manera desagregada de servicios, capacidad y funciones e infraestructura de sus redes sobre bases de tarifas no discriminatorias;

III. Abstenerse de otorgar descuentos por volumen en las tarifas de interconexión;

IV. Actuar sobre bases de reciprocidad en la interconexión entre concesionarios que se provean servicios, capacidades y funciones similares entre sí, en tarifas y condiciones;

V. Llevar a cabo la interconexión en cualquier punto de conmutación u otros en que sea técnicamente factible;

VI. Para la coubicación, prever que los equipos necesarios para la interconexión puedan ser proporcionados por cualquiera de los concesionarios y ubicarse en las instalaciones de cualquiera de ellos;

VII. Establecer mecanismos para garantizar que exista adecuada capacidad y calidad para cursar, el tráfico demandado entre ambas redes;

VIII. Entregar el tráfico al operador seleccionado por el suscriptor, en el punto más próximo en que sea técnicamente eficiente para las partes;

IX. Entregar la comunicación a su destino final o a un concesionario o combinación de concesionarios que puedan hacerlo;

X. Proporcionar toda la información necesaria que les permita identificar los números de origen y destino, así como a los usuarios que deben pagar por la llamada, la hora y si hubo asistencia de operadora;

XI. Llevar a cabo, si así se solicita, las tareas de medir y tasar los servicios prestados a sus propios usuarios por parte de otros concesionarios, así como proporcionar la información necesaria y precisa para la facturación y cobro respectivos;

XII. Los servicios de interconexión objeto del acuerdo;

XIII. Las contraprestaciones económicas y, en su caso, los mecanismos de compensación que se estipulen y

XIV. Las penas convencionales.

Artículo 49. Los concesionarios que presten servicios de telecomunicaciones mediante la operación o explotación de redes públicas de telecomunicaciones deberán:

I. Permitir a concesionarios y permisionarios que comercialicen los servicios y capacidad que hayan adquirido de sus redes públicas de telecomunicaciones y proporcionarles, en condiciones similares, los mismos servicios y funcionalidades que a sí mismos, sus filiales o subsidiarias;

II. Con la previa autorización de la comisión, suspender los servicios de interconexión por las causas siguientes:

a) Dejar de pagar las tarifas de interconexión por más de seis meses.

b) Por instalar equipos o accesorios que no se encuentran detallados en el contrato o convenio y

c) Por cursar tráfico distinto al establecido en el contrato o convenio;

III. Abstenerse de realizar modificaciones a su red que afecten el funcionamiento de los equipos de los usuarios o de las redes con las que esté interconectada, sin contar con la anuencia de las partes afectadas y sin la aprobación previa de la comisión;

IV. Llevar contabilidad separada por servicios y atribuirse a sí mismo y a sus subsidiarias y filiales, tarifas desagregadas y no discriminatorias por los diferentes servicios de interconexión, en los casos y en la forma que establezca la comisión y conforme a las metodologías que emita para tal efecto;

V. Proporcionar de acuerdo a lo que establezcan los títulos de concesión respectivos, los servicios al público de manera no discriminatoria;

VI. Prestar los servicios sobre las bases tarifarias y de calidad contratadas con los usuarios;

VII. Permitir la conexión de equipos terminales, cableados internos y redes privadas de los usuarios, que cumplan con las normas establecidas;

VIII. Abstenerse de establecer barreras contractuales técnicas o de cualquier naturaleza a la conexión de cableados ubicados dentro del domicilio de un usuario con otros concesionarios de redes públicas;

IX. Actuar sobre bases no discriminatorias al proporcionar información; de carácter comercial, respecto de sus suscriptores, a filiales, subsidiarias o terceros y

X. Recuperar a través de la tarifa de interconexión los costos totales, incluido el costo de capital. Esta tarifa podrá ser distinta en cada área de servicio local, de acuerdo a los costos específicos de cada área.

Artículo 50. Cuando las condiciones técnicas de seguridad y operación lo permitan, los derechos de vía de las vías generales de comunicación; las torres de transmisión eléctrica y de radiocomunicación; las posterías en que estén instalados cableados de distribución eléctrica; los terrenos adyacentes a los ductos de petróleo y demás carburos de hidrógeno, que se hagan disponibles a algún concesionario de redes públicas deberán hacerse disponibles, de igual forma, a otros concesionarios sobre bases no discriminatorias.

Artículo 51. La Secretaría promoverá acuerdos con las autoridades extranjeras, con el propósito de que exista reciprocidad en las condiciones de acceso de los concesionarios nacionales, interesados en ofrecer servicios en el exterior y mayor competencia en larga distancia internacional y exigirá el cumplimiento de los mismos ante los otros países y en los foros a que haya lugar.

Artículo 52. Sólo podrán instalar equipos de telecomunicaciones y medios de transmisión que crucen las fronteras del país, los concesionarios de redes públicas o las personas que expresamente autorice la Secretaría, sin perjuicio de las demás disposiciones aplicables.

La interconexión de redes públicas de telecomunicaciones con redes extranjeras se llevará a cabo mediante convenios que negocien las partes interesadas.

Los concesionarios deberán presentar a la Secretaría, previamente a su formalización, los convenios de interconexión que se pretenden celebrar. Cuando se estime que dichos convenios perjudican los intereses del país en general, de los usuarios o de otros concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, la Secretaría podrá establecer las modalidades a que deberán sujetarse los convenios, a fin de incorporar condiciones de proporcionalidad y reciprocidad respecto de los servicios objeto de la interconexión.

Cuando fuere necesario celebrar convenios con algún gobierno extranjero para interconectar las redes concesionadas con redes extranjeras, los concesionarios solicitarán a la Secretaría su intervención para celebrar los convenios respectivos.

Artículo 53. La comisión establecerá las medidas conducentes para que los usuarios de todas las redes públicas de telecomunicaciones puedan obtener acceso bajo condiciones equitativas, a servicios de información, de directorio, de emergencia, de cobro revertido y vía operadora, entre otros.

Cuando la comisión determine que sea alguno de los operadores el que provea estos servicios, se deberá asegurar de remunerar al prestador de los mismos con tarifas que se fijen mediante acuerdos comerciales o en su defecto, con precios a los que se descuenten los costos no incurridos por la participación de los concesionarios relacionados.

Artículo 54. La información que se transmita a través de las redes y servicios de telecomunicaciones será confidencial, salvo aquella que, por su propia naturaleza, sea pública o cuando medie orden de autoridad competente.

Artículo 55. Los concesionarios y permisionarios que presten servicios de telecomunicaciones al público o sean titulares de una red pública de telecomunicaciones procurarán garantizar el secreto de las comunicaciones que se cursen por su infraestructura.

Asimismo, dichos operadores de servicios de telecomunicaciones procurarán garantizar en la prestación de sus servicios, la protección de los datos de carácter personal de los usuarios que sean cursados por su red, en términos de lo que dispongan las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Para tal efecto, la Secretaría estará facultada para regular y vigilar lo dispuesto por el presente artículo, en términos de las disposiciones reglamentarias o las normas oficiales mexicanas que se emitan al respecto.

SECCION SEGUNDA

De la cobertura social de las redes públicas

Artículo 56. La Secretaría procurará la adecuada provisión de servicios de telecomunicaciones en todo el territorio nacional, con el propósito de que exista acceso y conectividad a las redes públicas de telecomunicaciones para la atención de servicios públicos y sociales, de las unidades de producción y de la población en general.

Tomando en cuenta las propuestas de los gobiernos de las entidades federativas, de los prestadores de servicios de telecomunicaciones y otros interesados, la Secretaría elaborará un Programa Nacional de Cobertura Social que recoja los principios y objetivos de esta ley y del Programa Nacional de Desarrollo o su equivalente.

Artículo 57. El Programa Nacional de Cobertura Social, se considera de interés público y tendrán como prioridad:

I. Aumentar la cobertura de los servicios de telecomunicaciones en las zonas urbanas y rurales marginadas, así como los pueblos y comunidades indígenas, con objeto de apoyar su desarrollo y

II. Conectar a todos los centros educativos y de salud públicos a la red pública de telecomunicaciones.

La Secretaría asegurará la disponibilidad de bandas de frecuencias en los casos en que el Programa Nacional de Cobertura Social así lo requiera, a cuyo efecto podrá acordar con los concesionarios la utilización de las bandas de frecuencia que no estén aprovechando o bien asignar directamente nuevas bandas de frecuencias a los concesionarios que participen en los programas.

Artículo 58. En el Programa Nacional de Cobertura Social deberán participar todos los concesionarios y permisionarios, de conformidad a los lineamientos que establezca la Secretaría y la Secretaría de Desarrollo Social.

El Programa Nacional de Cobertura Social deberá ser enviado a la Comisión de Desarrollo Social del Congreso de la Unión, para su estudio y opinión.

Artículo 59. La Secretaría podrá promover ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el otorgamiento de incentivos fiscales a los prestadores de servicios de telecomunicaciones que participen en el Programa Nacional de Cobertura Social.

Artículo 60. En el caso de que no exista en una localidad determinada otro concesionario o permisionario que proporcione servicios similares, el concesionario de redes públicas de telecomunicaciones que dé servicio en dicha localidad, de conformidad con las condiciones que establezca su respectiva concesión, no podrá interrumpir la prestación de dichos servicios, salvo causa de fuerza mayor o que cuente con autorización expresa de la Secretaría.

SECCION TERCERA

De la operación de las comercializadoras de servicios

Artículo 61. Para los efectos de esta ley, se entiende por comercializadora de servicios de telecomunicaciones, toda persona que sin ser propietaria o poseedora de medios de transmisión, proporciona a terceros servicios de telecomunicaciones mediante el uso de capacidad de un concesionario de redes públicas de telecomunicaciones.

Artículo 62. Salvo aprobación expresa de la Secretaría, los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones no podrán participar, directa o indirectamente, en el capital de una empresa comercializadora de servicios de telecomunicaciones.

Artículo 63. El establecimiento y operación de las empresas comercializadoras de servicios de telecomunicaciones deberá sujetarse, invariablemente, a las disposiciones reglamentarias respectivas.

SECCION CUARTA

De la comunicación vía satélite

Artículo 64. La Secretaría asegurará, en coordinación con las dependencias involucradas, la disponibilidad de capacidad satelital suficiente y adecuada para redes de seguridad nacional y para prestar servicios de carácter social.

Para tal efecto, los concesionarios de posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales asignadas al país deberán reservar una porción de su capacidad en cada banda de frecuencias, la que será utilizada por el Estado en forma gratuita.

Artículo 65. Salvo lo previsto en sus respectivas concesiones, los concesionarios de posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales asignadas al país tendrán la obligación de poner un satélite en órbita, a más tardar cinco años después de haber obtenido la concesión.

Artículo 66. Los concesionarios que ocupen posiciones orbitales geoestacionarias asignadas al país, deberán establecer los centros de control y operación de los satélites respectivos en territorio nacional. Los centros de control de satélites serán operados preferentemente por mexicanos.

Artículo 67. Los concesionarios de posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales asignadas al país podrán explotar servicios de comunicación vía satélite en otros países, de acuerdo a la legislación que rija en ellos y a los tratados suscritos por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.

De igual forma, los operadores satelitales extranjeros podrán ofrecer sus servicios en México, de conformidad con las leyes mexicanas y los tratados internacionales.

Artículo 68. Los concesionarios que distribuyan señales en el país deberán respetar los derechos de propiedad intelectual e industrial de las señales que transmitan.

Los concesionarios de derechos de emisión y recepción de señales de satélites extranjeros deberán asegurarse de que las señales que se distribuyan por medio de dichos satélites respeten los ordenamientos legales, reglamentarios y administrativos aplicables.

Artículo 69. La activación directa o indirecta de equipos que reciban las señales de bandas de frecuencias asociadas a sistemas satelitales extranjeros o cualquier otra forma de aprovechamiento comercial de dichas señales, dentro del territorio nacional, requerirán de concesión de conformidad a esta ley.

CAPITULO V

De las tarifas

Artículo 70. Los concesionarios y permisionarios fijarán libremente las tarifas de los servicios de telecomunicaciones en términos que permitan la prestación de dichos servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad y permanencia.

Artículo 71. Las tarifas deberán registrarse ante la comisión, con cuando menos cinco días hábiles de anticipación a la fecha en que se pretenda inicie su vigencia la tarifa de que se trate.

La solicitud de registro deberá contener cuando menos:

I. El monto de la tarifa;

II. Fecha de inicio de vigencia;

III. Cuotas por modalidad, tipo de servicio, plan o paquete tarifario;

IV. Reglas de aplicación de las tarifas;

V. Políticas de comercialización y

VI. En su caso, tablas de descuento.

De cumplir con las formalidades antes señaladas, la comisión registrará las tarifas en un plazo que no excederá de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, expidiendo para tal efecto y a solicitud del interesado, una constancia de registro en favor del interesado.

Las tarifas entrarán en vigor una vez que se expida la constancia de registro respectiva.

Artículo 72. Los concesionarios o permisionarios que presten servicios de telecomunicaciones no podrán otorgar subsidios cruzados a los servicios que proporcionan en competencia, por sí o a través de sus empresas subsidiarias o filiales.

CAPITULO VI

Del registro de telecomunicaciones

Artículo 73. La comisión llevará el registro de telecomunicaciones, el cual tendrá un carácter declarativo, en el que se inscribirán:

I. Los títulos de concesión, los permisos y las asignaciones otorgadas y en su caso, las modificaciones autorizadas a los mismos;

II. Los servicios de valor agregado;

III. Los gravámenes impuestos a las concesiones y permisos;

IV. La cesión de derechos y obligaciones a que se refiere esta ley;

V. Las bandas de frecuencias otorgadas en las distintas zonas del país;

VI. Los convenios de interconexión con otras redes;

VII. Las tarifas al público de los servicios de telecomunicaciones;

VIII. Los contratos de adhesión celebrados con los suscriptores, así como los códigos de prácticas comerciales y

IX. Cualquier otro documento relativo a las operaciones de los concesionarios o permisionarios, cuando los reglamentos de esta ley exijan dicha formalidad.

Artículo 74. La información contenida en el registro a que se refiere el artículo anterior podrá ser consultada por el público en general, salvo aquella que, por sus propias características, se considere legalmente de carácter confidencial.

CAPITULO VII

De la requisa

Artículo 75. En caso de desastre natural, de guerra, de grave alteración del orden público o cuando se prevea algún peligro inminente para la seguridad nacional, la paz interior del país o para la economía nacional, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría, podrá hacer la requisa de las vías generales de comunicación a que se refiere esta ley y de los bienes muebles e inmuebles necesarios para operar dichas vías y disponer de todo ello como lo juzgue conveniente. El Gobierno Federal podrá igualmente utilizar el personal que estuviere al servicio de la vía requisada cuando lo considere necesario. La requisa se mantendrá mientras subsistan las condiciones que la motivaron.

El Gobierno Federal, salvo en el caso de guerra, indemnizará a los interesados, pagando los daños y perjuicios a su valor real. Si no hubiere acuerdo sobre el monto de la indemnización, los daños se fijarán por peritos nombrados por ambas partes y en el caso de los perjuicios, se tomará como base el promedio del ingreso neto en el año anterior a la requisa. Cada una de las partes cubrirá la mitad de los gastos que se originen por el peritaje. Los derechos de los trabajadores se respetarán conforme a la ley de la materia.

CAPITULO VIII

De la verificación e información

Artículo 76. La comisión verificará el cumplimiento de esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables. Para tal efecto, los concesionarios, permisionarios, asignatarios o cualquier otra persona que se presuma opere, explote o comercialice servicios de telecomunicaciones, estarán obligados a permitir a los inspectores o verificadores de la comisión el acceso a su domicilio y a sus instalaciones, así como a otorgarles todas las facilidades para que realicen la verificación en términos de la presente ley.

Los concesionarios y permisionarios que sean sujetos de verificación cubrirán las cuotas que por este concepto se originen.

Artículo 77. Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deberán proporcionar información contable por servicio de acuerdo a la metodología y periodicidad que para tal efecto establezca la comisión, así como aquella que permita conocer la operación y explotación de los servicios de telecomunicaciones.

Los prestadores de servicios de telecomunicaciones estarán obligados a proporcionar a la comisión, información para integrar el acervo estadístico de las telecomunicaciones.

La comisión vigilará que los prestadores de servicios de telecomunicaciones proporcionen al público información completa y veraz sobre los servicios de telecomunicaciones que presten.

La comisión publicará las estadísticas básicas del sector de telecomunicaciones mensualmente.

En caso de que la información que se haga pública en los medios de comunicación no cumpla con los requisitos anteriores, la comisión estará facultada para ordenar la suspensión de dicha publicidad en forma inmediata.

Artículo 78. En el caso de que un prestador de servicios de telecomunicaciones haya entregado información a otras autoridades nacionales o extranjeras y dicha información se haya hecho pública, la misma tendrá ese carácter para efectos de esta ley.

Artículo 79. Los dictámenes de las unidades de verificación establecidas por terceros, tendrán validez cuando dichas unidades hayan sido previamente autorizadas por la comisión, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización.

Artículo 80. La comisión establecerá los mecanismos necesarios para llevar a cabo la comprobación de las emisiones radioeléctricas, la identificación de interferencias perjudiciales y demás perturbaciones a los sistemas y servicios de telecomunicaciones, con objeto de asegurar el mejor funcionamiento de los servicios y la utilización eficiente del espectro.

CAPITULO IX

Infracciones y sanciones

Artículo 81. Las infracciones a lo dispuesto en esta ley, se sancionará por la comisión de conformidad con lo siguiente:

A. Con multa de 10 mil a 1 millón de salarios mínimos por:

I. Prestar servicios de telecomunicaciones sin contar con concesión por parte de la Secretaría, cuando ésta se requiera en términos de esta ley;

Il. No cumplir con las obligaciones en materia de operación e interconexión de redes públicas de telecomunicaciones señaladas en esta ley, títulos de concesión y demás disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables;

III. Ejecutar actos o incurrir en omisiones que impidan la actuación de otros concesionarios o permisionarios con derecho a ello;

IV. No llevar contabilidad separada por servicios de acuerdo a las disposiciones de esta ley o sus reglamentos;

V. Interceptar información que se transmita por las redes públicas o cualquier otra infraestructura destinada a proporcionar servicios de telecomunicaciones;

VI. Por eludir o puentear ilegalmente las redes concesionarias;

VII. Por prestar servicios a usuarios en territorio nacional desde el extranjero sin la concesión o permiso correspondiente;

VIII. Por cursar tráfico telefónico local, de larga distancia nacional y de larga distancia internacional en contravención o al margen de las regulaciones establecidas al efecto;

IX. Por declarar falsamente acerca del tráfico internacional entrante para terminación en el territorio nacional;

X. Por el envío doloso de información entre redes públicas interconectadas;

XI. Por el incumplimiento de las obligaciones de inversión y de cobertura que se establezcan en el título de concesión respectivo, imponiéndose como sanción una multa y hasta la revocación de la concesión;

XII. Por cursar tráfico local, de larga distancia nacional y de larga distancia internacional, en contravención o al margen de las regulaciones establecidas al efecto;

Xlll. Por operar en territorio mexicano sistemas satelitales internacionales sin contar con la autorización correspondiente;

XIV. No establecer los centros de control y operación de los sistemas satelitales mexicanos en territorio nacional;

XV. Explotar señales procedentes de satélites extranjeros sin contar con la concesión correspondiente;

XVI. Impedir a la autoridad la disposición de bandas de frecuencias, las posiciones orbitales geoestacionarias y las órbitas satelitales que hubieren sido afectas a los servicios previstos en la concesión, que hubieren revertido a favor de la nación;

XVII. Impedir a concesionarios y permisionarios que comercialicen los servicios y capacidad que hayan adquirido de sus redes públicas de telecomunicaciones o no proporcionarlos en condiciones similares a las que se presta a sí mismo, sus filiales o subsidiarias;

XVIII. Realizar modificaciones a su red que afecten el funcionamiento de los equipos de los usuarios o de las redes con las que esté interconectada, sin contar con la aprobación previa de la comisión;

XIX. Interrumpir, sin causa justificada o sin autorización de la comisión, la prestación total de servicios en poblaciones en que el concesionario sea el único prestador de ellos;

XX. Contravenir las disposiciones tarifarias;

XXI. Negarse u oponerse a las inspecciones o verificaciones que lleve a cabo la comisión;

XXII. Divulgar, sin autorización de las autoridades competentes o de los usuarios de que se trate, el contenido de menajes o la existencia de los mismos no destinados al público en general que se cursan a través de las redes o cualquier otra infraestructura destinada a proporcionar servicios de telecomunicaciones;

XXIII. No acatar oportunamente la orden de suspensión que emita la Secretaría respecto de información que el concesionario o permisionario haga pública en los medios de comunicación;

XXIV. Modificar la información de señalización con objeto de evadir pagos de interconexión y

XXV. Llevar a cabo la cesión o transmisión de los derechos y obligaciones establecidos en las concesiones y permisos, sin contar con la autorización previa de la comisión.

B. Con multa de 5 mil a 500 mil salarios mínimos por:

I. Operar o explotar comercializadoras de servicios de telecomunicaciones en contravención a lo dispuesto en esta ley y sus reglamentos;

II. No proporcionar oportunamente la información que deba incorporarse a la base de datos de usuarios, de directorios o proporcionarla con errores, previo el apercibimiento de la comisión;

III. No cumplir con las obligaciones o condiciones establecidos en los títulos de concesión o permiso;

IV. Importar, distribuir, vender o comercializar de cualquier forma, sin la certificación respectiva, los siguientes productos:

a) Los destinados a ser utilizados en la prestación de servicios de telecomunicaciones o que puedan ser conectados a una red pública de telecomunicaciones.

b) Los que hagan uso del espectro radioeléctrico.

c) Los destinados a servicios diferentes a los de telecomunicaciones, cuya operación pueda causar daño o interferencia perjudicial a los sistemas y servicios de telecomunicaciones.

V. Usar en condiciones distintas a las autorizadas el espectro radioeléctrico;

VI. No atender oportunamente la orden que emita la comisión para evitar interferencias perjudiciales y demás perturbaciones a los sistemas y servicios de telecomunicaciones;

VII. Llevar a cabo la activación directa o indirecta de equipos que reciban las señales de bandas de frecuencia asociadas a sistemas satelitales extranjeros o cualquier otra forma de aprovechamiento comercial de dichas señales, dentro del territorio nacional, sin contar con concesión;

VIII. Impedir al Estado el uso de la reserva satelital a que se refiere el artículo 64 de esta ley;

IX. Tratándose de bandas de frecuencias atribuidas y asignadas a título secundario, causar interferencia perjudicial a las estaciones de un servicio concesionado a título primario;

X. Prestar servicios de valor agregado sin contar con su registro previo ante la comisión;

XI. Incumplir con lo dispuesto en los planes técnicos fundamentales;

XII. No presentar oportunamente para su inscripción en el registro de telecomunicaciones los documentos y actos previstos por esta ley;

XIII. No entregar en tiempo y forma la información que le sea requerida por la Secretaría, y

XIV. Cursar tráfico público conmutado en contravención con lo dispuesto en esta ley, sus reglamentos, los planes técnicos fundamentales y demás disposiciones administrativas aplicables.

C. Con multa de 3 mil 500 a 350 mil salarios mínimos por:

I. Contravenir las disposiciones en materia de protección a los usuarios de telecomunicaciones;

II. Proporcionar los servicios al público de manera discriminatoria;

III. Interrumpir sin causa justificada y sin autorización de la comisión; la prestación parcial del servicio concesionado;

IV. Facturar servicios no contemplados en el contrato, sin contar con el expreso consentimiento del usuario;

V. Contravenir las disposiciones sobre la conexión de equipos y cableados;

VI. Establecer barreras contractuales, técnicas o de cualquier naturaleza a la conexión de cableados ubicados dentro del domicilio de un usuario con otros concesionarios de redes públicas;

VII. Operar sin permiso espectro de uso no comercial y estaciones terrenas transmisoras;

VIII. Incurrir en infracciones a las disposiciones de información y registro contempladas en la presente ley;

IX. Por no aportar al Programa Nacional de Cobertura Social;

X. Por no poner en servicio, en el tiempo comprometido, las poblaciones adjudicadas en el Programa Nacional de Cobertura Social;

XI. Por no mantener los niveles de calidad y características operativas establecidas en los títulos de concesión, permisos o en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas correspondientes y

XII. Otras infracciones a disposiciones de esta ley y las disposiciones reglamentarias y administrativas que de ella emanen.

En caso de reincidencia, la comisión podrá imponer una multa equivalente hasta el doble de las cuantías señaladas.

Para los efectos del presente capítulo, se entiende por salario mínimo, el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción.

Artículo 82. Las personas que presten servicios de telecomunicaciones o hagan uso del espectro radioeléctrico sin contar con la concesión o el permiso a que se refieren los artículos 16, 24 y 35 de esta ley o realicen prácticas de elusión o puenteo de las redes concesionadas, así como el servicio prestado, facturado o cobrado a los usuarios residentes en el país por empresas extranjeras no concesionadas ni con permiso para operar en México, que por cualquier otro medio invadan u obstruyan las vías generales de comunicación respectivas, perderán en beneficio de la nación los bienes, instalaciones y equipos empleados en la comisión de dichas infracciones.

Artículo 83. Las sanciones que se señalan en este capítulo se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que resulte o de que, cuando proceda, la Secretaría revoque la concesión o permiso respectivos.

Artículo 84. Para declarar la revocación de las concesiones y permisos; la imposición de las sanciones previstas en esta ley, así como para la interposición del recurso administrativo de revisión, se estará a lo previsto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

CAPITULO X

De la solución de controversias y de los operadores
con poder sustancial en el mercado

SECCION PRIMERA

Del procedimiento ordinario

Artículo 85. Las controversias entre operadores de telecomunicaciones, así como las denuncias por prácticas desleales o por prácticas monopólicas relativas o absolutas, deberán someterse al Tribunal Federal de Telecomunicaciones quien deberá resolver mediante un procedimiento sustanciado conforme a las siguientes reglas:

I. Se emplazará al operador demandado, corriéndole traslado de la denuncia del operador afectado, acompañando copia de la misma y de los documentos exhibidos con la denuncia, para que la conteste en un plazo de cinco días hábiles;

II. Se concederá un término ordinario de prueba por 10 días hábiles, transcurrido el cual el actor y denunciado, sucesivamente, gozarán de un plazo de tres días hábiles para alegar por escrito;

III. El Tribunal dictará sentencia en el plazo de cinco días hábiles;

IV. Contra las sentencias dictadas a que se refiere este artículo procederá el recurso de revisión;

V. Contra las resoluciones de trámite procederá el recurso de reconsideración.

En ambos casos se expresarán los agravios al interponer el recurso;

VI. Las sentencias, mandamientos de embargo y remate de bienes se ejecutarán conforme a las siguientes reglas:

a) Tratándose de sentencia que condene a pagar se requerirá el cumplimiento de la ejecutoria dentro de los tres días hábiles siguientes, después de que haya causado estado la misma.

b) Tratándose de mandamientos de embargo se asegurarán bienes suficientes que garanticen las obligaciones derivadas de la sentencia, teniendo facultades el tribunal incluso de intervenir la caja del operador condenado.

VII. El Código de Comercio y el Código Federal de Procedimientos Civiles, en ese orden, son supletorios de las reglas procésales contenidas en este artículo y son aplicables al procedimiento todas las instituciones procesales que establecen dichos ordenamientos.

Artículo 86. La comisión estará facultada para establecer obligaciones específicas relacionadas con tarifas, calidad del servicio e información a los operadores que tengan poder sustancial en determinado mercado relevante. La imposición de estas obligaciones se realizará mediante sentencia emitida por el Tribunal Federal de Telecomunicaciones, en la que declare que un operador tenga poder sustancial en determinado mercado relevante, conforme al siguiente procedimiento:

I. La comisión, quien en todo momento tendrá la carga de la prueba, presentará una denuncia en la que solicite del tribunal la declaración de poder sustancial de determinado mercado relevante del operador denunciado, con objeto de imponerle las obligaciones específicas señaladas;

II. El Tribunal notificará al operador denunciado del inicio del procedimiento, para que conteste dentro de los 60 días hábiles siguientes a su notificación, en donde manifieste por escrito lo que a su derecho convenga y presente los medios de prueba que considere pertinentes. Serán admisibles todos los medios de prueba que estén reconocidos por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos;

III. Para el desahogo de las pruebas el tribunal concederá un plazo de 30 días hábiles para su ordenación, preparación y desahogo;

IV. Una vez desahogadas las pruebas la comisión fijará un plazo no mayor de 10 días hábiles para que se formulen los alegatos por escrito y

V. Concluido el plazo para expresar los agravios, el tribunal deberá dictar sentencia que no excederá de 30 días hábiles.

El Código Federal de Procedimientos Civiles es supletorio de las reglas procesales contenidas en este artículo y son aplicables al procedimiento todas las instituciones procesales que establece este ordenamiento.

SECCION SEGUNDA

De las reglas para acreditar el poder
sustancial en el mercado relevante

Artículo 87. Para la determinación del mercado relevante, deberán considerarse los siguientes criterios:

I. Las posibilidades de sustituir el bien o servicio de que se trate por otros, tanto de origen nacional como extranjero, considerando las posibilidades tecnológicas, en qué medida los consumidores cuentan con sustitutos y el tiempo requerido para tal sustitución;

II. La existencia o la posibilidad de existencia de servicios sustitutos en un período que no exceda de un año;

III. Los costos de distribución del bien mismo; de sus insumos relevantes; de sus complementos y sustitutos desde otras regiones y del extranjero, teniendo en cuenta fletes, seguros, aranceles y restricciones no arancelarias, las restricciones impuestas por los agentes económicos o por sus asociaciones y el tiempo requerido para abastecer el mercado desde esas regiones;

IV. Los costos y las probabilidades que tienen los usuarios o consumidores para acudir a otros mercados;

V. Las restricciones normativas de carácter federal, local o internacional que limiten el acceso de usuarios o consumidores a fuentes de abasto alternativas, o el acceso de los proveedores a clientes alternativos;

VI. Los segmentos de usuarios, como el tipo de clientes, según clase de servicio, como pueden ser los clientes residenciales, comerciales o de gobierno, su clasificación por nivel de consumo e ingreso;

VII. Los tipos de servicios o líneas utilizadas;

VIII. Los planes tarifarios que se les aplican;

IX. Las diferencias regionales;

X. Todo aquel factor que en la práctica haga distintos o distinguibles entre sí a los mercados;

XI. Los mercados de servicio local, incluido en éste tanto el móvil como el fijo, se definirán, además, por regiones o áreas de servicio local;

XII. Los mercados de larga distancia nacional se definirán, además, por rutas o pares de ciudades y

XIII. Los mercados de larga distancia internacional se definirán, además, por rutas de países, incluyendo en cada mercado, el tráfico de entrada y el de salida.

Artículo 88. El criterio único para la determinación de que un operador tiene poder sustancial en un mercado relevante es su capacidad de fijar unilateralmente precios por arriba de su nivel competitivo y restringir el abasto. Para determinar la existencia de tal poder sustancial del operador se deberán tomar en cuenta los siguientes criterios:

I. Su participación en dicho mercado, medida en valor de ventas o un indicador que lo aproxime y si puede fijar precios unilateralmente o restringir el abasto en el mercado relevante sin que los agentes competidores puedan, actual o potencialmente, contrarrestar dicho poder;

II. La posibilidad de selección por parte del consumidor, especialmente vía presuscripción en el caso de larga distancia u otras formas de selección del operador de su preferencia para este servicio;

III. La existencia de barreras a la entrada y los elementos que previsiblemente puedan alterar tanto dichas barreras como la oferta de otros competidores;

IV. La existencia y poder de sus competidores y sus compañías tenedoras, sus empresas filiales y subsidiarias, así como su tamaño medido en ventas o un indicador que lo aproxime. También el tamaño y capacidad de sus redes utilizables para el servicio que se presta en el mercado relevante;

V. Las posibilidades de acceso del operador y sus competidores a fuentes de insumos, así como la posibilidad de acceso a los mercados por parte de los competidores, especialmente vía la interconexión y

VI. El control de la autoridad sobre los términos de interconexión.

En aquellos mercados de por sí abiertos a la competencia en donde otros operadores no hayan participado aún, no podrá considerarse al único operador presente en ellos con poder sustancial en dichos mercados.

Artículo 89. En ningún caso la determinación de un operador como agente con poder sustancial en un mercado relevante o el que exista un operador con regulación asimétrica, deberá implicarle a dicho operador un trato discriminatorio o la negación, por estos motivos, de concesiones nuevas o ampliaciones de anteriores o licitación o asignación de frecuencias a dicho operador.

En los mercados de larga distancia internacional, en los que autoridades de otros países impongan restricciones a los operadores mexicanos, la Secretaría podrá a su vez imponer restricciones de la misma índole a los operadores extranjeros que participen directa o indirectamente en el mercado mexicano o celebren contratos para la terminación de llamadas de larga distancia internacional en México. Adicionalmente, el Gobierno mexicano buscará y empleará los medios necesarios para que exista un trato nacional para los operadores mexicanos, cuando éste no se dé, especialmente en los mercados de los principales socios comerciales de México.

CAPITULO XI

De la Comisión Federal deTelecomunicaciones

Artículo 90. La Comisión Federal de Telecomunicaciones es un órgano administrativo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios con autonomía técnica y operativa, el cual tiene las atribuciones que en esta ley se le confieren, con el propósito de regular y promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones.

Artículo 91. Con sujeción a criterios de competencia, eficiencia, seguridad jurídica y acceso no discriminatorio a los servicios por parte de los usuarios, la comisión a que se refiere el artículo anterior tendrá a su cargo el ejercicio de las siguientes atribuciones:

I. Expedir disposiciones administrativas, elaborar y administrar los planes técnicos fundamentales y expedir las normas oficiales mexicanas, en materia de telecomunicaciones;

II. Realizar estudios e investigaciones en materia de telecomunicaciones, así como elaborar anteproyectos de adecuación, modificación y actualización de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten pertinentes;

III. Promover, en coordinación con las dependencias y entidades competentes, así como con las instituciones académicas y los particulares, el desarrollo de las actividades encaminadas a la formación de recursos humanos en materia de telecomunicaciones, así como el desarrollo tecnológico en el sector;

IV. Otorgar, modificar, prorrogar y autorizar la cesión de derechos de concesiones y permisos en materia de telecomunicaciones, así como su revocación;

V. Aprobar el programa sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso comercial y uso no comercial, con sus correspondientes modalidades de uso y coberturas geográficas que serán materia de licitación pública y asignación mediante permiso, así como otorgar los permisos y coordinar los procesos de licitación correspondientes;

VI. Licitar la ocupación y explotación de las posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales asignadas al país, con sus respectivas bandas de frecuencias y derechos de emisión y recepción de señales;

VII. Establecer los procedimientos para la adecuada certificación de equipos, con base en lo dispuesto en esta ley, así como otorgar el certificado correspondiente o autorizar a terceros para que emitan dicha certificado y acreditar peritos y unidades de verificación en materia de telecomunicaciones;

VIII. Administrar el espectro radioeléctrico y promover su uso eficiente y elaborar y mantener actualizado el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias;

IX. Llevar el registro de telecomunicaciones, previsto en el Capítulo VI de esta ley;

X. Promover y vigilar la eficiente interconexión de los equipos y redes públicas de telecomunicaciones, incluyendo la que se realice con redes extranjeras y determinar las condiciones que, en materia de interconexión, no hayan podido convenirse entre los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones;

XI. Registrar las tarifas de los servicios de telecomunicaciones y establecer obligaciones específicas, relacionadas con tarifas, calidad de servicio e información, a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones que tengan poder sustancial en el mercado relevante, de conformidad con el Tribunal Federal de Telecomunicaciones;

XII. Recibir el pago por concepto de derechos, productos o aprovechamientos, que procedan en materia de telecomunicaciones, conforme a las disposiciones legales aplicables;

XIII. Vigilar la debida observancia a lo dispuesto en los títulos de concesión y permisos otorgados en la materia y ejercer las facultades de supervisión y verificación, a fin de asegurar que la prestación de los servicios de telecomunicaciones, se realice con apego a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables;

XIV. Intervenir en asuntos internacionales en el ámbito de su competencia;

XV. Imponer sanciones por infracciones a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables;

XVI. Acreditar peritos en materia de telecomunicaciones y

XVII. Las demás que le confieran otras leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables.

Artículo 92. La comisión contará con cinco comisionados incluido a su presidente, designados por el honorable Congreso de la Unión, a propuesta de los partidos políticos.

Los comisionados deliberarán en forma colegiada y decidirán los asuntos por mayoría de votos, teniendo su presidente voto de calidad.

La comisión contará con las unidades administrativas necesarias para el ejercicio de sus atribuciones y con el personal requerido para el despacho eficaz de sus asuntos, de acuerdo con su presupuesto autorizado.

Artículo 93. Para ser comisionado se deberán cumplir los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos y

ll. Haberse desempeñado en forma destacada en cuestiones profesionales, de servicio público o académicas, relacionadas con el sector telecomunicaciones.

Artículo 94. Corresponde al presidente de la comisión el ejercicio de las siguientes facultades, sin perjuicio de lo que establezca su reglamento interior:

I. Planear, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de la comisión, con sujeción a las disposiciones aplicables;

II. Formular anualmente los anteproyectos de programas y presupuestos de la comisión, así como proponer el tabulador de la misma;

III. Actuar como representante legal de la comisión y celebrar los actos y convenios inherentes al objeto de la misma o designar representantes para tal efecto;

IV. Ejecutar las resoluciones de la comisión y proveer lo necesario para su debido cumplimiento y

V. Presentar un informe anual sobre el desempeño de las funciones de la comisión, ante la Auditoria Superior de la Federación, que incluya los resultados de sus acciones en materia de telecomunicaciones y los criterios que al efecto se hubieren aplicado.

Artículo 95. La comisión contará con un consejo de planeación estratégica, como órgano propositivo y de opinión, que tendrá por objeto efectuar estudios y recomendaciones de políticas públicas en materia de telecomunicaciones y coadyuvar al eficiente desempeño de las atribuciones de la comisión.

En el consejo de planeación estratégica podrán participar, a invitación del presidente de la comisión, representantes de instituciones académicas, así como de las cámaras de industria y personas de reconocido prestigio en el ramo de las telecomunicaciones.

Artículo 96. El presupuesto de la comisión y los lineamientos para su ejercicio se sujetarán a la normatividad que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establece para los organismos públicos descentralizados.

Para efectos de las remuneraciones de su personal, la comisión contará con un tabulador propio, que será acorde con las atribuciones que tiene conferidas.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. La presente ley entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se deroga la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 1995

Tercero. Las disposiciones reglamentarías y administrativas en vigor se continuarán aplicando, hasta en tanto se expidan nuevos ordenamientos que las sustituyan, salvo en lo que se opongan a la presente ley.

Cuarto. La Auditoría Superior de la Federación elaborará una evaluación de los resultados de los concesiones y permisos otorgados en el sector de telecomunicaciones, el cual deberá enviar al pleno de la Cámara de Diputados en un plazo no mayor de seis meses a partir de la publicación de la presente ley.

Quinto. Las concesiones y permisos otorgados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, se respetarán en los términos y condiciones consignados en los respectivos títulos, hasta su término.

Las solicitudes de concesión en trámite, se ajustarán a lo previsto en la presente ley, excepto cuando de conformidad con la Ley de Vías Generales de Comunicación, el resultado de los estudios técnicos les hubiere sido favorable y se hubiere publicado la solicitud en el Diario Oficial de la Federación, siempre que no se hubieren formulado objeciones o éstas se hubieren desechado. En ese caso, por lo que hace exclusivamente al trámite, se estará a lo previsto en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley.

Las solicitudes a que se refiere el párrafo anterior serán resueltas por la Secretaría en un plazo no mayor de 120 días naturales contados a partir de que entre en vigor el presente ordenamiento.

Las solicitudes de permiso en trámite se ajustarán a lo previsto en la presente ley.

Sexto. Los titulares de bandas de frecuencias que le hayan sido asignadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, que deseen prestar a través de dichas bandas de frecuencias, servicios no contemplados en su concesión o permiso, deberán solicitarlo a la comisión, quien a su juicio resolverá lo conducente, con base en lo establecido en esta ley.

Para tal efecto la comisión podrá requerir el pago de una contraprestación, cuyo monto se determinará tomando en cuenta la amplitud de la banda del espectro radioeléctrico y la cobertura geográfica que utilizará el concesionario para proveer el nuevo servicio y el pago que hayan realizado otros concesionarios en la obtención de bandas de frecuencias para usos similares en los términos de esta ley.

Séptimo. Los concesionarios de redes públicas autorizados para prestar el servicio de larga distancia, que hayan entrado en operación después del 1o. de mayo de 2002 o que hayan obtenido su concesión antes de esta fecha pero no hayan entrado en operación y no hayan aportado la contribución a las inversiones requeridas por las redes públicas telefónicas en operación anteriores a 1997 para hacer posible la competencia y la presuscripción a partir del 1o. de enero de 1997, deberán hacer la aportación correspondiente, según los lineamientos establecidos para tal efecto por la comisión.

Octavo. El Ejecutivo Federal y el honorable Congreso de la Unión constituirán a la Comisión Federal de Telecomunicaciones como órgano descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica y operativa, el cual tendrá la organización y facultades necesarias para regular y promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones en el país, en un plazo no mayor de 180 días, a partir de la publicación de la presente ley.

Noveno. El tribunal a que se refiere el artículo sexto de esta ley, deberá ser creado en un plazo no mayor de 180 días, a partir de la entrada en vigor de la presente ley. En tanto, el Poder Judicial de la Federación resolverá lo conducente.

Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 30 de abril de 2002.— Diputado Víctor Manuel O.Camposeco.»

La Presidenta:

Gracias a usted, señor diputado.

Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y en la Gaceta y túrnese la iniciativa a la Comisión de Comunicaciones.

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

La Presidenta:

El siguiente punto del orden del día es la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 10, 11 y 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La secretaria Martha Silvia Sánchez González:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública que suscribe, fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, aprobada por el Senado de la República.

Esta Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, de conformidad con las facultades que le confieren los artículos 39, 40, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos el presente dictamen a la consideración de los integrantes de este órgano legislativo, tomando en consideración los siguientes

ANTECEDENTES

a) Con fundamento en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 12 de septiembre del año 2000, diversos diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron iniciativa de adiciones y reformas a los artículos 10 al 27, 30, 31, 33, 35, 36, 38, 40 y 43 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados turnó dicha iniciativa a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, a efecto de que elaborara el dictamen respectivo.

b) El 21 de diciembre del año 2000, esta Comisión de Gobernación y Seguridad Pública aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que reforman los artículos 10, 11 y 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

c) Esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante sesión celebrada el 26 de diciembre de 2000 aprobó el proyecto de decreto contenido en el dictamen emitido por esta comisión, por lo que turnó la minuta respectiva al Senado de la República, a efectos de la continuación del procedimiento legislativo señalado en el artículo 72 constitucional.

d) El 27 de diciembre de 2000, el Senado de la República recibió la minuta con proyecto de decreto y ordenó turnarla a sus comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, a efectos de la elaboración del dictamen correspondiente.

e) Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores, el 31 de octubre de 2001, emitieron el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos;

f) El pleno de nuestra colegisladora aprobó el dictamen antes mencionado y remitió nuevamente a esta Cámara de Diputados, a efecto de cumplir con el artículo 72 inciso e de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo antes expuesto y

CONSIDERANDO

Primero. Esta Comisión de Gobernación y Seguridad Pública no coincide con el contenido del proyecto de decreto propuesto por el Senado de la República, por las razones expuestas en los siguientes considerandos.

Segundo. La colegisladora argumenta que es errónea la consideración de esta Cámara de Diputados relativa a mantener la competencia de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública en el procedimiento de juicio político. Ello en virtud de que el Senado considera que la competencia de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública no se encuentra íntimamente relacionada con la competencia que la ley otorga a la Secretaría de Gobernación, indicando además que "de atender a lo establecido por la colegisladora, estaríamos afirmando que todas aquellas comisiones ordinarias que no tienen una vinculación directa con alguna Secretaría de Estado, no tendrían objeto de trabajo". Lo anterior no es así.

En efecto, esta Comisión de Gobernación y Seguridad Pública advierte que las cámaras del Congreso de la Unión cuentan con las comisiones ordinarias que establece su propia Ley Orgánica, las cuales no necesariamente deben ni pueden limitarse a coincidir con el número de dependencias de la Administración Pública Federal, puesto que las necesidades, facultades y obligaciones del Poder Legislativo son diversas a las del Ejecutivo. Es decir, existen tantas comisiones como lo ha considerado prudente el legislador, pero lo anterior no implica, de ninguna forma, que de las comisiones existentes coincidan en sus atribuciones con las de las secretarías de despacho; hay algunas comisiones ordinarias que conforme al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos cuentan con competencias que se identifiquen con las que la ley otorga a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, tal y como acontece con la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, cuya competencia coincide con las establecidas por la ley a las secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública, respectivamente.

En tal virtud, debe observarse que el procedimiento de juicio político se encuentra encaminado a determinar responsabilidad política a los servidores públicos indicados en el artículo 110 constitucional, los cuales pertenecen a diversos poderes de la Unión o entidades federativas, por lo que no pasa por desapercibido a esta comisión que dicho procedimiento implica el sometimiento jurisdiccional por parte del Congreso de la Unión de servidores públicos de otros poderes u órdenes de gobierno, lo que se identifica con la facultad de la Secretaría de Gobernación, de mantener las relaciones del Ejecutivo Federal con los otros poderes federales y de las entidades federativas, de diversos órganos gubernativos del Estado, así como para dirimir las controversias que surjan entre las propias secretarías; materias todas éstas que se encuentran íntimamente relacionadas con la naturaleza jurídica del juicio político. Aunado a lo anterior, se advierte que las resoluciones en materia de juicio político emitidas por las cámaras del Congreso de la Unión, tienen un impacto en la política interior del país, la cual es dirigida desde la Secretaría de Gobernación.

En tal virtud, a efecto de lograr una interpretación armónica y la respectiva congruencia entre la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se considera que son las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de Gobernación y Seguridad Pública, aquellas que deben intervenir en el desarrollo del procedimiento de juicio político y por lo tanto integrar la subcomisión de examen previo.

Tercero. La colegisladora indica que el artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos otorga competencia a la subcomisión de examen previo para intervenir en el procedimiento de declaración de procedencia.

A este respecto, quienes votamos favorablemente el presente dictamen discrepamos con la interpretación que a dicho artículo da el Senado de la República y por el contrario, coincidimos con las resolución y criterios emitidos en la LVII Legislatura por la subcomisión de Examen Previo y la Sección Instructora de ésta Cámara de Diputados, en los que se establecía que dicha subcomisión carecía de competencia para intervenir en el procedimiento de declaración de procedencia.

Cuarto. Nuestra colegisladora argumenta que la intervención de la Comisión de Puntos Constitucionales resulta de toral importancia, "para que sea ésta la que garantice al servidor público, que no existirá violación alguna a las garantías individuales, ya sean de índole procesal o formal".

A este respecto, debe decirse que de admitir la consideración de la colegisladora en este sentido, implicaría aceptar, aunque sea tácitamente que las comisiones de esta Cámara de Diputados, diversas a la de Puntos Constitucionales, no estarían en aptitud de respetar las garantías individuales de los gobernados y, por ende, de respetar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Quinto. Esta Comisión de Gobernación y Seguridad Pública no considera correcto eliminar la competencia a favor de la sección instructora de los procedimientos de juicio político y de declaración de procedencia, sustituyéndola por subcomisiones instructoras integradas por miembros de las comisiones de Puntos Constitucionales, de Justicia y Jurisdiccional. Lo anterior en virtud de que la actual conformación de las secciones instructoras de esta Cámara de Diputados (por cuatro diputados) permite que los procedimientos respectivos sean más ágiles y sencillos, toda vez que, a menor número de integrantes de un órgano colegiado, mayor facilidad en la discusión y logro de consensos en el desarrollo del procedimiento.

Por otra parte, debe indicarse que de aprobarse el proyecto de decreto de la colegisladora, desaparecerían las secciones instructoras de ésta Cámara, por lo que la reforma a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, no estaría acorde con el artículo 40, punto 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y podría llevarnos a concluir que dicha disposición legal se derogaría, lo cual nos parece inadecuado.

Aunado a lo anterior, quienes votamos favorablemente el presente dictamen, consideramos que de aprobarse el proyecto de decreto remitido por el Senado de la República, desaparecería la subcomisión de Examen Previo, respecto de la cual, las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y de Justicia y Derechos Humanos, ya han designado a sus integrantes; esto a efecto de que se constituyeran las subcomisiones propuestas por la colegisladora. Lo anterior entorpecería y retardaría los procedimientos de juicio político pendientes a desarrollar por esta Cámara de Diputados, lo cual, desde luego, nos parece inoportuno.

Finalmente, en el proyecto de decreto remitido a este órgano Legislativo por el Senado de la República, se eliminan las competencias y facultades que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, encomiendan a la Secretaría General de la Cámara de Diputados, a efecto de que las mismas sean ejercidas por las subcomisiones propuestas, sin considerar que la Secretaría General cuenta actualmente con la infraestructura necesaria para llevar a cabo las mencionadas facultades y no así las subcomisiones de esta Cámara, por lo que de aprobarse lo anterior, implicaría dejar de aprovechar la infraestructura existente a efecto de crear una nueva con el correspondiente gasto presupuestal, lo cual nos parece inconveniente.

Sexto. En virtud de las consideraciones expuestas con anterioridad, quienes votamos favorablemente el presente dictamen creemos oportuno proponer al pleno de esta Cámara de Diputados, se apruebe nuevamente el proyecto de decreto propuesto por esta Comisión de Gobernación y Seguridad Pública el 21 de diciembre del año 2000, mediante el cual se reforman los artículos 10, 11 y 12 de la actual Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Por lo anteriormente expuesto esta Comisión de Gobernación y Seguridad Pública se permite someter a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Por el que se reforman los artículos 10, 11 y 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Artículo único. Se reforman los artículos 10 al 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:

"Artículo 10. . .

La Cámara de Diputados sustanciará el procedimiento de juicio político por conducto de las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y de Justicia y Derechos Humanos, quienes al momento de su instalación designarán a cinco miembros de cada una de ellas para que en unión de sus presidentes y un secretario por cada comisión, integren la subcomisión de examen previo de denuncias de juicios políticos que tendrá competencia exclusiva para los propósitos contenidos en el Capítulo II de esta ley.

Artículo 11. Al proponer a la Junta de Coordinación Política de cada una de las cámaras del Congreso de la Unión, la constitución de comisiones para el despacho de los asuntos, propondrá la integración de una comisión para sustanciar los procedimientos consignados en la presente ley y en los términos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

...

...

Artículo 12. . .

a) El escrito de denuncia se deberá presentar ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados y ratificarse ante ella dentro de los tres días naturales siguientes a su presentación;

b) Una vez ratificado el escrito, la Secretaría General de la Cámara de Diputados lo turnará a la subcomisión de examen previo a que se refiere el artículo 10 de esta ley, para la tramitación correspondiente.

c) al e) . . ."

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, a 29 de 2002.— Por la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.— Diputados: Armando Salinas Torre, presidente; José A. Hernández Fraguas, J. Guillermo Anaya Llamas, Víctor M. Gandarilla Carrasco, Luis Miguel G. Barbosa Huerta, secretarios; Manuel Añorve Baños, José Francisco Blake Mora, Tomás Coronado Olmos, Arturo Escobar y Vega, Omar Fayad Meneses, Ricardo F. García Cervantes, María Teresa Gómez Mont y Urueta, Federico Granja Ricalde, Rafael Hernández Estrada, Efrén Nicolás Leyva Acevedo, Miguel Angel Martínez Cruz, Rodrigo David Mireles Pérez, José Narro Céspedes, Ricardo A. Ocampo Fernández, Fernando Ortiz Arana, Germán Arturo Pellegrini Pérez, José Jesús Reyna García, Eduardo Rivera Pérez, Jorge Esteban Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago Ramírez, Hortensia Aragón Castillo, Ricardo Torres Origel, Jaime Vázquez Castillo, Néstor Villarreal Castro y Roberto Zavala Echavarría.»

La Presidenta:

Es de primera lectura.

En virtud de que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.

La secretaria Martha Silvia Sánchez González:

Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo..

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la segunda lectura.

Presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel

La Presidenta:

Se pregunta a la comisión si va a fundamentar el dictamen...

Se pregunta si hay registro de oradores en pro o en contra...

No habiendo registro de oradores ni en pro ni en contra, le ruego a la Secretaría preguntar a la Asamblea si se considera suficientemente discutido.

La secretaria Martha Silvia Sánchez González:

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo único del proyecto de decreto en lo general y en lo particular.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.

La Presidenta:

Se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico hasta por 10 minutos para proceder a la votación del proyecto de decreto.

La secretaria Martha Silvia Sánchez González:

Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación del proyecto de decreto.

(Votación.)

Se emitieron 369 votos en pro, uno en contra y una abstención.

La Presidenta:

Aprobado el proyecto de decreto por 369 votos.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos X, XI y XII de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

De conformidad con el artículo 72 inciso e de la Constitución General de la República, se devuelve al Senado para los efectos constitucionales.

PERMISO AL PRESIDENTE PARA AUSENTARSE DEL TERRITORIO NACIONAL

La Presidenta:

El siguiente punto del orden del día, es la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se autoriza al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional del 13 al 18 de mayo de 2002, a fin de realizar una visita oficial al Reino de Bélgica, a las sedes del Parlamento Europeo, Unión Europea y del Consejo de Europa en Estrasburgo, Francia.

También para participar en la Segunda Cumbre América Latina y el Caribe, Unión Europea, en el primer encuentro a nivel presidencial entre México y la Unión Europea y visitar la ciudad española de Valencia, atendiendo una invitación que le extendiera el presidente de la Generalitat de esa provincia española.

El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de Relaciones Exteriores.

Honorable Asamblea: a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la minuta por la que se solicita autorización para que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, pueda ausentarse del territorio nacional del 13 al 18 de mayo del 2002 a fin de realizar una visita oficial al Reino de Bélgica, a las sedes del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa en la ciudad de Estrasburgo, Francia, participar en la II Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea, en el I Encuentro a nivel presidencial entre México y la Unión Europea y realizar una visita a la ciudad de Valencia, España.

En atención a esta solicitud, presentada por el Ejecutivo Federal, con fundamento en lo establecido en los artículos 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General; 88 y 93 de su Reglamento Interior y con base en el análisis de la iniciativa de decreto presentada, los que suscriben se permiten someter a la consideración de esta honorable Asamblea el presente dictamen con base en las siguientes

CONSIDERACIONES

Nuestras relaciones con el resto del mundo poseen un gran significado para México, no podemos aislarnos de los procesos mundiales y regionales ni tampoco podemos ser ajenos a los problemas sociales que aquejan a las sociedades tales como, el terrorismo, la pobreza, el narcotráfico, la migración, la desnutrición, entre otros.

Participar en los foros regionales y multilaterales, aceptar invitaciones de jefes de Estado y de gobierno para visitar sus países, constituye una práctica esencial de nuestra política exterior para fortalecer la presencia de México a nivel regional e internacional.

El Titular del Ejecutivo expresa en la iniciativa de decreto que sus visitas al Reino de Bélgica, a las ciudades de Estrasburgo, Francia y Madrid, España, en el continente europeo, del 13 al 18 de mayo próximos, deben analizarse en el contexto de la importancia que ha adquirido ese continente para la diversificación de la política exterior mexicana, no sólo desde el ángulo comercial y financiero, sino político y de la cooperación técnica, educativa y cultural. Europa, se afirma en la iniciativa, representa una de las regiones con mayores posibilidades para estimular y fortalecer nuestros intercambios educativos, económicos, de cooperación y de diálogo político.

En la solicitud se afirma que el carácter estratégico de la Unión Europea en el escenario internacional se demuestra por su importancia económica y comercial y por la estabilidad de su integración política y el liderazgo que mantiene dentro de la comunidad internacional en temas de importancia para México, como democracia y participación ciudadana, fortalecimiento del Estado de Derecho, medio ambiente y derechos humanos.

La mayoría de los integrantes de esta comisión coincidimos en que el viaje puede representar una oportunidad para institucionalizar el diálogo político al más alto nivel entre las partes.

En lo que se refiere al encuentro del presidente Vicente Fox con el Parlamento Europeo en la ciudad de Estrasburgo, Francia, el 16 de mayo, resalta su participación en la sesión solemne en el pleno de esa cámara y su intención de dirigir a los eurodiputados un mensaje de los nuevos retos que enfrenta nuestro país, en particular en materia de derechos humanos y democracia, así como su entrevista con el presidente de dicho órgano, buscando identificar posiciones comunes en temas como derechos humanos y pena de muerte, cambio climático, migración, lucha contra el terrorismo y crimen organizado, que permitan, como afirma la iniciativa, "una acción coordinada para la defensa de principios compartidos en el ámbito internacional".

Los legisladores que analizamos esta iniciativa coincidimos en la importancia de este órgano parlamentario comunitario y la creciente participación de México en él.

El viaje presidencial contempla además para el mismo día 16 de mayo un encuentro con miembros del Comité de Ministros y de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, institución a la que el Congreso mexicano está estrechamente vinculado en su calidad de observador y del que recientemente fue anfitrión de su Comisión de Asuntos Políticos, que celebró su reunión en la Ciudad de México en enero pasado. Por ello nos parece acertado que el presidente Fox, durante su visita a ese órgano parlamentario europeo, refrende el compromiso de nuestro país con los principios que sustentan al Consejo de Europa.

Quienes participamos en el estudio y análisis de este dictamen damos una gran relevancia a la presencia del Titular del Poder Ejecutivo en la II Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de países de América Latina y el Caribe con la Unión Europea, que habrá de realizarse el 17 y 18 de mayo en Madrid, España, evento que pretende dar seguimiento a los compromisos consensados en la I Cumbre Eurolatinoamericana y caribeña de Río de Janeiro, realizada hace tres años.

México puede contribuir considerablemente en la propuesta de nuevos esquemas para consolidar la asociación estratégica entre ambas regiones, fundamental para el desarrollo sustentable y diversificado de las naciones de Latinoamérica y el Caribe. En la iniciativa citada, se afirma que México buscará ser la sede de la III Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea en el año 2004, lo que permitirá ubicar a nuestro país como uno de los principales interlocutores de nuestra región con la Europa comunitaria.

El mismo día 18 de mayo, el Ejecutivo mexicano aprovechará su presencia ante los jefes de Estado y de gobierno europeos asistentes para llevar a cabo el primer encuentro al más alto nivel entre México y la Unión Europea, previsto en el acuerdo de asociación donde se examinarán los avances en materia de concertación política, económico-comercial y de cooperación. Respecto al ámbito económico y comercial, se agrega que se evaluarán los mecanismos para promover e intensificar el comercio y la inversión que se ha multiplicado en un 32 a partir de la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre México y la Unión Europea.

Por lo que respecta a la visita oficial al Reino de Bélgica, con la que iniciará su gira por Europa el 13 de mayo, el presidente Vicente Fox informa que, en Bélgica, se incluyen encuentros al más alto nivel político con el primer ministro Guy Verhofstadt y con el presidente del Senado, Armand de Decker y su entrevista con el príncipe Felipe, heredero al trono de esa nación. Respecto a sus encuentros con el sector de negocios belga tendrá una reunión con la federación de empresas de Bélgica, participando como invitado de honor en la suscripción de la declaración solemne para la creación de la asociación de empresas belgoluxemburguesas amigas de México, cuyo objetivo es ampliar las relaciones comerciales de México con Bélgica y Luxemburgo.

El documento resalta la importancia de la visita del primer mandatario a Bélgica, ya que esta nación ha sido crucial en la creación de las organizaciones regionales europeas más relevantes y por ser un socio importante para México, en la medida en que, no sólo representa una puerta de entrada para nuestras exportaciones al mercado europeo, sino que éstas tienen un potencial para verse incrementadas en el futuro.

Finalmente respecto a la solicitud de permiso para ausentarse del país del 13 al 18 de mayo del 2002, el titular del Poder Ejecutivo informa que atendiendo una invitación que le extendiera el Presidente de la provincia de Valencia, España, se trasladará a esa ciudad española donde mantendrá conversaciones con las autoridades locales, quienes le explicarán los pormenores del éxito alcanzado por ese Gobierno local, en materia de educación técnica, turismo y descentralización político-administrativa.

Los legisladores integrantes de la comisión acordamos recomendar al pleno de la Cámara de Diputados, que conforme a la práctica ya establecida, se solicite al Ejecutivo, que una vez que concluya este viaje del Presidente de la República, autorizado por el Congreso de la Unión, se informe detalladamente a este órgano legislativo de los resultados del mismo.

Por lo anteriormente expuesto y estimando que la presencia del Presidente de la República en estos compromisos resulta de la mayor importancia, se propone a la Asamblea la aprobación del siguiente

PROYECTO DE  DECRETO

Artículo único. Se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional del 13 al 18 de mayo de 2002, a fin de realizar una visita oficial al Reino de Bélgica, a las sedes del Parlamento Europeo (UE) y del Consejo de Europa en Estrasburgo, Francia, participar en la II Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea, en el I Encuentro a nivel presidencial entre México y la Unión Europea y visitar la ciudad española de Valencia, atendiendo una invitación que le extendiera el Presidente de la Generalitat de esa provincia española.

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Diputados: Gustavo Carvajal Moreno, Presidente; Francisco Javier Sánchez Campuzano, Tarcicio Navarrete Montes de Oca, José Carlos Borunda Zaragoza, Erika Elizabeth Spezia Maldonado, secretarios; Sergio Acosta Salazar, Samuel Aguilar Solís, Alberto Anaya Gutiérrez, Hilda Josefina Amalia Anderson Nevárez, Eduardo Arnal Palomera, Edilberto J. Buenfil Montalvo, María Elena Chávez Palacios, Jorge Alejandro Chávez Presa, Víctor Emanuel Díaz Palacios, Lucio Fernández González, Adrián Salvador Galarza González, Augusto Gómez Villanueva, Raúl Gracia Guzmán, Efrén Leyva Acevedo, José Ramón Mantilla y González de la Llave, Miguel Angel Montero Tello, José Luis Novales Arellano, Bernardo Pastrana Gómez, María de los Angeles Sánchez Lira, Heidi Gertud Storsberg Montes, Emilio Ulloa Pérez, Eddie Varón Levy, José Socorro Velásquez Hernández, Alma Carolina Viggiano Austria, Gustavo Rijas Santana.»

La Presidenta:

En virtud de que el dictamen ha sido distribuido, se considera de primera lectura.

Dado que se distribuyó, como lo informé oportunamente, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.

El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:

Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se le dispensa la segunda lectura.

La Presidenta:

En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.

Se han registrado para fijar la posición de sus grupos parlamentarios, hasta este momento ningún colega diputado.

Se consulta con el pleno si existe registro de oradores en pro y en contra.

No habiendo registro de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea si el artículo único del proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo único del proyecto de decreto en lo general y en lo particular.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...

La Presidenta:

Suficientemente discutido.

Se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico hasta por 10 minutos para proceder a la votación del proyecto de decreto.

El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:

Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación del proyecto de decreto.

(Votación.)

Se emitieron 338 votos en pro, 19 en contra y 14 abstenciones.

La Presidenta:

Aprobado por 338 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se autoriza al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional del 13 al 18 de mayo de 2002, a fin de realizar una visita oficial al Reino de Bélgica, a la sede del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa en Estrasburgo, Francia y a que participe en la II Cumbre América Latina y El Caribe, Unión Europea, en el I Encuentro a Nivel Presidencial entre México y la Unión Europea y visitar la ciudad española de Valencia, atendiendo una invitación que le extendiera el Presidente de la Generalitat de esa provincia española.

Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE SALUD

La Presidenta:

El siguiente punto del orden del día es la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 29 de la Ley General de Salud publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El secretario Adrián Rivera Pérez:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisiones unidas de Salud y Seguridad Social.

Honorable Asamblea: a las comisiones unidas de Salud y de Seguridad Social de la Cámara de Diputados les fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la iniciativa de reforma de ley que adiciona dos párrafos al artículo 29 de la Ley General de Salud.

Estas comisiones, con fundamento en las atribuciones que les otorgan los artículos 39 numerales 1 y 3, 44 y 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 55, 56, 60, 87, 88, 89, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a la consideración de los integrantes de esta soberanía el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 24 de octubre de 2000, se presentó ante el pleno de esta soberanía, la iniciativa de reformas de ley que adiciona dos párrafos al artículo 29 de la Ley General de Salud, con la intención de establecer la posibilidad que la población abierta que reciba atención médica en las instituciones del sector salud y a través del programa IMSS Solidaridad, pueda adquirir los medicamentos prescritos en los mismos establecimientos a precios mínimos.

2. Recibida que fue la iniciativa en comento; el presidente de la Mesa Directiva, de acuerdo a la facultad conferida por el artículo 23 fracción I inciso f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la turnó a estas comisiones unidas de Salud y Seguridad Social, para su estudio, análisis y elaboración de dictamen respectivo.

3. Con fecha del 16 de enero del año 2001, se promulgó un punto de acuerdo por parte del Congreso del Estado de Coahuila, aceptado por el total de los partidos representados, para apoyar la iniciativa "medicamentos para todos", ante el honorable Congreso de la Unión.

4. Para la elaboración del dictamen se tomo en cuenta la opinión de la Secretaría de Salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de buscar siempre la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo, para la viabilidad de ejecución de la propuesta.

5. Toda vez que fue analizada, modificada según las opiniones y estudiada la iniciativa en cuanto a todos y cada uno de sus elementos, las comisiones que suscriben, en cumplimiento de lo previsto por la fracción III del artículo 49 de la Ley Orgánica citada, procedió a la elaboración del presente dictamen, bajo el siguiente:

Marco jurídico

El artículo 4o. constitucional, en la parte relativa a la salud señala que:

"Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución."

El texto constitucional del artículo antes transcrito se correlaciona con la Ley General de Salud que estipula lo siguiente:

Artículo 1o. La presente ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social.

También, el artículo 3o. de esta misma ley, estipula lo que es materia de salubridad pública, siendo entre otros, la organización, control y vigilancia respecto de los servicios de salud a población abierta; la coordinación, evaluación y seguimiento de los servicios de atención ala salud que prestan las instituciones públicas y de seguridad social.

Asimismo, la Ley General de Salud, la cual es reglamentaria del artículo 4o. constitucional, garantiza la realización de acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad y la extensión cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud, preferentemente a los grupos vulnerables.

Por otra parte y congruente con la Ley General de Salud, el artículo 111 de la Ley del Seguro Social, establece la obligatoriedad que tiene el IMSS de coordinarse con la Secretaría de Salud y con otras dependencias y organismos públicos con el propósito de proteger la salud y prevenir enfermedades.

La Sección Cuarta del Capítulo VII, la Ley del IMSS establece que entre las prestaciones o servicios de solidaridad social que se otorgan, comprende la asistencia médica, así como la farmacéutica y que éstas prestaciones de solidaridad social serán financiadas por la Federación y por los propios beneficiados con aportaciones en efectivo.

Siendo una actividad prevista en los ordenamientos que norman el desempeño de los institutos de seguridad social, las comisiones que dictaminan consideran que es adecuada la propuesta de incluir en la Ley Reglamentaria la inclusión de los mecanismos que permitan a la población no asegurada, tener acceso a un servicio tan importante como es el medico en beneficio de los ciudadanos más desprotegidos de nuestro país.

CONSIDERACIONES

Es un hecho contundente, el que existen más de 30 millones de mexicanos, que no pueden tener acceso a los medicamentos que requieren para vivir con ánimo de superación y desarrollo.

Si es tan cierto que queremos apoyar a este país, para que todos tengan oportunidades, debemos de darles nosotros la posibilidad de contar con un cuerpo sano y saludable, para accionar socialmente y así poder mejorar sus ingresos y preparación.

La salud, así como la educación, son la mejor herencia que un padre y una madre pueden dejar a sus hijos, hoy a nosotros se nos presenta la oportunidad de legislar y ser los principales actores de esta revolución en salud.

Para fines de elaboración de este dictamen, se han establecido pláticas de información e intercambio, con distintos grupos inmersos en el planteamiento de esta propuesta y debido a que se han tomado en cuenta las opiniones de las partes ejecutoras como los son la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde destacan la benevolencia de la propuesta, la iniciativa inicial, presenta algunos cambios sugeridos también por las instituciones antes mencionadas, lo cual dará mayor solidez en la forma de llevar a cabo esta propuesta y evitar problemas en su ejecución desde el punto de vista jurídico.

Se consultó de la misma forma, la iniciativa con algunos secretarios de Salud de estados de la República, quienes consideraron que uno de los problemas que se presenta en estados y municipios, es la falta de medicamentos a población abierta, pues las enfermedades en esas familias, son de carácter corporal y económico, es decir, en una familia que vive en pobreza y no tiene Seguro Social se incrementará el grado del gasto, al igual que el grado de desnutrición y otros aspectos, por dar preferencia a la compra de una medicina que no está en la posibilidades de adquirir, convirtiéndose esto en un círculo vicioso.

En estados y municipios, ven esta iniciativa como el principio de un círculo virtuoso, en donde la salud aumenta y las posibilidades de ingreso también por consecuencia y dan como resultados la búsqueda de trabajo y aprendizaje.

El pueblo de México espera mucho de nosotros, se da cuenta de la noble labor que un legislador tiene y depende de nosotros que la confianza en cada habitante de México, se deposite en esta legislatura, pues a final de cuentas esta iniciativa está directamente beneficiando a los que menos tienen e indirectamente a todo el país, pues un México sano, es un cuerpo con todos sus miembros funcionando.

Contamos con la infraestructura en la Secretaría de Salud y en el Sistema IMSS-Solidaridad, para distribuir en sus más de 10 mil medicamentos a bajo costo, además agregamos que la aplicación de este dictamen, no traería ningún costo adicional para el presupuesto, contamos en México con los médicos y médicos pasantes en dispensarios y centros de salud, para atender a la población.

Anexamos lista-propuesta del cuadro básico de medicamentos para este programa en la cual observamos que el costo ponderado promedio de compra del IMSS, para el primer semestre de 2002 es de 3.60 pesos por unidad, por lo que si la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA), vendiese estas medicinas a 10 pesos la unidad en forma general, tendría un margen suficiente para la compra del medicamento, pagar su distribución y tendrían excedentes que se pudiesen aplicar al mantenimiento de los propios centros de salud e IMSS-solidaridad donde se vendan, al aplicar el único precio a todos los medicamentos, se simplifica la operación de este programa y al no relacionarlo con un costo, no afecta el mercado privado de medicamentos.

Lo que hoy debemos de dar, es la voluntad y responsabilidad, que se que las tenemos, para brindar a México la posibilidad de vivir con salud y a nosotros los legisladores, la oportunidad de hacer un excelente trabajo.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 45 numeral 6, incisos e y f de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Salud someten al pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Por el que se adiciona el artículo 29 de la Ley General de Salud.

Artículo único. Se adicionan dos párrafos al artículo 29 de la Ley General de Salud, para quedar de la siguiente manera:

"Artículo 29...

Los usuarios de los servicios de salud públicos, podrán adquirir los medicamentos prescritos por los servicios de consulta de la Secretaría de Salud en sus farmacias, hospitales y centros de salud, también podrán hacerlo los usuarios correspondientes a los programas de salud que el Gobierno Federal establezca con el apoyo de las instituciones de seguridad social en beneficio de personas, grupos o núcleos de población de menores ingresos.

Para tal efecto, a través de la adquisición consolidada, en los términos previstos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, dentro del Cuadro Básico de Insumos, la Secretaría de Salud determinará qué medicamentos se conseguirán y el precio al que podrán ser adquiridos por la población, el cual será siempre equitativamente menor al precio máximo al público, autorizado por la Secretaría de Economía.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo Federal a la entrada en vigor del presente decreto establecerá la reglamentación necesaria para su instrumentación, respetando los medicamentos que el sector salud distribuye en forma gratuita a la población en sus programas y campañas de salud.

México, D. F., a 29 de abril del año 2002.— Así lo acordaron y firmaron los diputados integrantes de estas comisiones: Comisión de Salud: María Eugenia Galván Antillón, presidenta; Eduardo A, Leines Barrera, Rafael Orozco Martínez, Adela del C. Graniel Campos y Héctor Esquilano Solís, secretarios; Samuel Aguilar Solís, Juan Alcocer Flores, Francisco J. Cantú Torres, Celia Martínez Bárcenas, María L. A. Domínguez Ramírez, Neftalí S. Escobedo Zoletto, María de las Nieves Fernández, Federico Granja Ricalde, Policarpo Infante Fierro, Arturo León Lerma, Francisco S. López Brito, Santiago López Hernández, Enrique Meléndez Pérez, Magdalena Núñez Monreal, Felipe Olvera Nieto, Manuel Wistano Orozco Garza, Julieta Prieto Fuhrken, Víctor Antonio García Dávila, Pedro Miguel Rosaldo Salazar, Luis Miguel Santibáñez García, Ernesto Saro Boardman, Olga M. Uriarte Rico, Carlos A. Valenzuela Cabrales, José S. Velázquez Hernández y Juvenal Vidrio Rodríguez.

Comisión de Seguridad Social: diputados Cuauhtémoc Rafael Montero Esquivel, presidente; Samuel Aguilar Solís, Francisco Javier López González, José María Rivera Cabello y Ernesto Saro Boardman, secretarios, Carlos Humberto Aceves del Olmo, Rosa Elena Baduy Isaac, Rubén García Farías, María de las Nieves García Fernández, Rodolfo Gerardo González Guzmán, Víctor Roberto Infante González, Albino Mendieta Cuapio, José del Carmen Soberanis González, Juan Manuel Sepúlveda Fayad, Benito Vital Ramírez, José Manuel Quintanilla Rentería, Arcelia Arredondo García, Hilario Esquivel Martínez, Felipe Olvera Nieto, Manuel Wistano Orozco Garza, Rafael Orozco Martínez, Ramón Paniagua Jiménez, Alicia Concepción Ricalde Magaña, Verónica Sada Pérez, Francisco Ricardo Sheffield Padilla, Carlos Alberto Valenzuela Cabrales, Alejandro Gómez Olvera, Pedro Miguel Rosaldo Salazar, Rosalía Peredo Aguilar y Olga Patricia Chozas y Chozas.»

La Presidenta:

Es de primera lectura.

En virtud de que el dictamen se ha publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.

El secretario Adrián Rivera Pérez:

Por instrucciones de la Presidencia con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se le dispensa la segunda lectura.

La Presidenta:

Para fundamentar el dictamen a nombre de las comisiones, ha solicitado hacer el uso de la palabra el diputado Eduardo Abraham Leines Barrera y en términos del artículo 108, se le concede.

El diputado Eduardo Abraham Leines Barrera:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

El día de hoy vengo a esta tribuna a pedirles el apoyo para millones de familias mexicanas que desgraciadamente, a través de los años, no han tenido posibilidad de conseguir medicamentos para vivir en paz y superarse.

Cualquier país basa su desarrollo en dos pilares fundamentales que son la educación y la salud. Un pueblo con la preparación, tiene la visión de crecer y superarse, pues está consciente que el esfuerzo diario intelectual y físico, producirá siempre un mejor nivel de vida, sin embargo, para prepararse y dar este esfuerzo diario, se debe de tener salud.

Todos sabemos que en el país somos cerca de 100 millones de mexicanos, de los cuales aproximadamente 55 millones estamos dentro del Sistema de Seguridad Social o el ISSSTE; cerca de 15 millones podemos adquirir medicamentos y consulta directa y lamentablemente, alrededor de 30 millones de mexicanos no tienen acceso a medicamentos e incluso por circunstancias geográficas, con dificultad a consultar a la Secretaría de Salud.

Si es tan cierto que queremos apoyar a este país para que todos tengan oportunidades, debemos de darle nosotros la posibilidad de contar con un cuerpo sano y saludable, para accionar socialmente y así poder mejorar sus ingresos y preparación. La salud, así como la educación, son la mejor herencia que un padre y una madre puede dejar a sus hijos.

Hoy a nosotros se nos presenta la oportunidad de legislar y ser los principales actores de esta resolución en salud. Los problemas se resuelven principalmente en cualquier ámbito por las personas o instituciones que las tienen más cerca. En este caso uno de los problemas que se presentan en estados y municipios, es la falta de medicamentos a población abierta, pues las enfermedades en esas familias son de carácter corporal y económico.

Es decir, en una familia que vive en pobreza y no tiene Seguro Social, se incrementará el grado de gasto al igual que el grado de desnutrición y otros aspectos por dar preferencia a la compra de la medicina que no está en la posibilidad de adquirir, convirtiéndose esto en un círculo vicioso en las áreas rurales y periféricas de las ciudades.

Encontramos epilépticos, diabéticos, hipertensos que para curarse deben de consumir un tratamiento diario; llegan a los centros de salud cientos de personas, se atienden, se les da su receta y los encontramos con frecuencia pidiendo con pena, pero por necesidad, claro, lo que la gente voluntariamente les da para poder surtir dicha receta, que de antemano debe proporcionar el Gobierno pero no lo ha hecho.

Ante esto debemos de dar solución firme y contundente a este problema y sé que con confianza, que agregando estos dos párrafos al artículo 29, con acuerdo de los gobiernos estatales, la Secretaría de Salud podrán dar a los habitantes de este país la posibilidad de que no se sientan mal, de que sanen, de que vivan mejor.

El Instituto Mexicano del Seguro Social, es el primer comprador de medicamentos en el mundo. Esto hace que los medicamentos por el volumen de compra sean más económicos a comparación de la compra en farmacias.

Actualmente la Armada compra solidariamente a la Secretaría de Salud así lo hizo, ahora se pide que se haga de nuevo. Adquieren medicamentos muy baratos y por la descentralización de la Secretaría, cada Estado en lo individual; pidan los medicamentos que necesita; esto con base en los pasantes que están atendiendo cada centro de salud en todo el país y saben que enfermedades hay en cada comunidad o área, el medicamento se va a los estados y cada semana que el médico pasante se reporta antes de ir al centro de salud, se lleva los medicamentos y entregará a su vez la cuota de recuperación. Esta cuota servirá para pedir más medicamentos y así se creará el tener comunidades más sanas y un círculo virtuoso.

El pueblo de México espera mucho de nosotros, se da cuenta de la noble labor que un legislador tiene y depende de nosotros que la confianza en cada habitante se deposite en esta legislatura, pues al final de cuentas esta iniciativa está directamente beneficiando a los que menos tienen e indirectamente a todo el país, pues México sano es un cuerpo en todos su miembros funcionando.

Contamos con la infraestructrura en la Secretaría de Salud, para distribuir medicamentos a bajo costo. Además agregamos que la aplicación de este dictamen no traería ningún costo adicional para el presupuesto, pues como comentamos, contamos en México con los médicos y médicos pasantes en dispensarios y centros de salud, para atender a la población.

Lo que hoy debemos de dar es la voluntad y responsabilidad que tenemos que brindar a México la posibilidad de vivir con salud y a nosotros los legisladores la oportunidad de hacer excelente trabajo.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

Se abre la discusión. Se han registrado para fijar la posición de sus grupos parlamentarios, los siguientes legisladores; no hay registro de legisladores.

Se abre el registro de oradores en pro y en contra.

El diputado Jesús Garibay...

Activen el sonido en la curul del diputado Garibay.

El diputado J. Jesús Garibay García

(desde su curul):

Ruego a usted registrarme en contra.

La Presidenta:

El diputado Jesús Garibay, en contra.

En pro, se pregunta a la comisión si hay registro de algún orador en pro o registro de la comisión.

Diputado Ernesto Saro.

Se consulta si hay registro de algún otro orador en contra o en pro.

Se tiene el registro del diputado Jesús Garibay en contra. ¿En lo general, diputado?

En pro en lo general el diputado Ernesto Saro.

Tiene la palabra el diputado Jesús Garibay, en contra.

El diputado Ernesto Saro Boardman

(desde su curul):

Con todo respeto, señora Presidenta, quisiera pedir si nos concede un par de minutos para dialogar dentro de la Comisión.

RECESO

La Presidenta (a las 21:15 horas):

Si el orador al que ya le di el turno está en disposición... está en disposición

Se abre un receso por tres minutos.

(Receso.)

LEY GENERAL DE SALUD (II)

La Presidenta:

(21:19 horas) Se reanuda la sesión.

Esta Presidencia consulta con la comisión si tienen registro de oradores.

Diputada Galván.

La diputada María Eugenia Galván Antillón
(desde su curul):

Diputada: por acuerdo de los integrantes de la Comisión de Salud y de la de Seguridad Social, solicitamos muy atentamente retire usted de la discusión el dictamen que se propone por parte del diputado Saro y en consecuencia se suspenda también cualquier tipo de debate, ya que se retira la iniciativa.

La Presidenta:

Gracias, diputada.

Esta Presidencia recibe la solicitud de retirar el dictamen para programarlo en una nueva sesión. Dado que el trámite ya estaba en curso, le ruego a la Secretaría consulte, al pleno en votación económica, si autoriza a la Presidencia a atender positivamente la solicitud.

El secretario Adrián Pérez Rivera:

Se consulta a la Asamblea si aprueban atender la solicitud hecha por la Comisión de Salud de retirar el dictamen para presentarlo en próxima ocasión.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se retira el dictamen.

La Presidenta:

Diputado Garibay

El diputado J. Jesús Garibay García
(desde su curul):

Sólo para agradecer a usted y a la Asamblea la gentileza de su acuerdo por el bien de la población de este país.

La Presidenta:

Gracias, diputado.

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES

La Presidenta:

El siguiente punto del orden del día es la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de los Derechos de las Personas Mayores, que se está distribuyendo entre los legisladores.

La secretaria Martha Silvia Sánchez González:

«Honorable Asamblea: a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables fue turnada para su estudio y dictamen, por la Mesa Directiva de esta LVIII Legislatura, la minuta enviada por el Senado de la República el pasado 25 de abril del año en curso y que contiene la iniciativa de decreto por el que se crea la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en las facultades que le otorgan los artículos 39, 45 punto seis y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Asamblea el presente dictamen, a partir de los siguientes

ANTECEDENTES

La minuta con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores fue turnada del Senado de la República a esta Cámara de Diputados el 26 de abril en curso. Se presentó al pleno el 29 del mismo mes y la Mesa Directiva, a su vez, la turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y a su subcomisión de Adultos Mayores no les resultó materia nueva a analizar, ya que desde hace varios meses se ha participado en reuniones de análisis y reuniones en conferencia con las comisiones responsables en el Senado de la República, con el resultado de enriquecimiento de la iniciativa de ley que hoy se presenta.

Se integraron diversas propuestas de las iniciativas de Ley Sobre el Adulto Mayor presentadas en esta Cámara, por diputados del PAN (Germán Martínez Cázares), del PRI (Alberto Curi Naime) del PRD (Sergio Acosta Salazar) e independiente (Jaime Martínez Veloz).

Debe agregarse que previa a estas reuniones, la subcomisión de adultos mayores analizó y discutió la primera versión en ocho mesas de trabajo. En cada caso fue presidida por un diputado e integradas por un grupo de apoyo formado a tales fines, con dirigentes de organizaciones de adultos mayores, académicos, especialistas en el tema, geriatras y gerontólogos. La participación de este grupo de apoyo fue muy valiosa. Tienen años de experiencia, de estudio y lucha por los derechos de los adultos mayores. Además, en la mayoría de los casos sienten la problemática directamente al ser varios de ellos adultos mayores.

Las iniciativas de leyes de adultos mayores presentadas en esta Cámara y mencionadas anteriormente, están en la situación siguiente:

• Las de los diputados Germán Martínez Cázares, del Pan y Alberto Curi Naime, del PRI, fueron dictaminadas por esta Cámara el 29 de abril de 2000 y turnada la minuta, en la misma fecha al Senado de la República. Ahora dictaminadas en negativa.

• Las iniciativas de Ley Sobre los Adultos Mayores presentadas por los diputados Jaime Martínez Veloz y Sergio Acosta Salazar, se encuentran en reserva esperando la dictaminación de las dos iniciativas anteriores.

Recalcamos que de las cuatro iniciativas se tomaron propuestas para integrarse a la iniciativa que hoy se presenta. También se incorporaron propuestas surgidas de foros internacionales y de las intervenciones de representantes de organizaciones y grupos de adultos mayores.

Se trabajó, por parte de las comisiones responsables del Senado de la República, así como por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de esta Cámara, para la aprobación de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en conferencia parlamentaria entre ambas cámaras, el pasado mes de noviembre; pero al comprenderse la creación del instituto que se encargará del cumplimiento de la política pública que se trazaba en dicha ley, se presentó controversias y la aprobación se detuvo.

Posteriormente, el 17 de enero del presente año se emitió decreto por el Presidente de la República constituyendo el Instituto Nacional de Adultos en Plenitud.

En días recientes, el Ejecutivo presentó propuestas que enriquecieron la iniciativa que hoy es objeto de análisis, sin manifestar objeción a la creación en la misma del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y el formar parte de su patrimonio los bienes del actual Instituto Nacional de Adultos en Plenitud.

Por lo que se refiere a la facultad del Congreso de la Unión para legislar en esta materia, se sustenta para esta Cámara, como lo fue para el Senado de la República en: artículo 73 en sus incisos XVI, XXIX apartado D e inciso XXX, así como en el artículo 4o. constitucional y el artículo 1o. párrafo tercero, a partir de la reforma del 14 de agosto de 2001, donde establece la prohibición de la discriminación por edad.

CONSIDERACIONES

México se encuentra, como la mayoría de los países del mundo, en una transición demográfica, por la disminución de la tasa de natalidad y el incremento de la esperanza de vida. De los más de 100 millones de habitantes, que tiene México, 7 millones son adultos mayores y en un término de aproximadamente 20 años esta cifra se duplicará.

Esto obliga a Gobierno y sociedad a tomar medidas que aborden de la mejor manera las soluciones a las situaciones. El país tiene atraso al respecto, pero aún está a tiempo de aplicar las acciones correspondientes, para lo cual es indispensable contar con una ley que trace una política pública, con estrategias prácticas y concretas, centradas en nuestra realidad social, cultural, económica y demográfica.

En el marco internacional, desde el año de 1996, en la reunión del Parlatino celebrada en Brasil, se planteó como algo primordial establecer en cada país una ley-marco con la política pública sobre los adultos mayores, independientemente de la normatividad por sectores.

Es un tema de interés y preocupación internacional, así quedó demostrado en la recién celebrada "Segunda Asamblea Mundial Sobre el Envejecimiento", con sede en Madrid, España. Se enfatizó en la necesidad de un cambio de actitud, de la política y la práctica de todos los sectores para aprovechar el enorme potencial que el envejecimiento supone y una política que permita a todas las personas mayores poder envejecer con seguridad y dignidad y continuar formando parte de la sociedad como ciudadanos de pleno derecho.

Los organismos internacionales alertan a los gobiernos y sociedad, ya que de no tomarse las medidas oportunamente, las consecuencias abarcan lo económico, social y las sufrirán tanto adultos mayores como toda la sociedad.

Entendemos que el contenido de la iniciativa de ley enviada por el Senado de la República, permitirá avanzar en este campo. La consideramos una ley de transición.

En referencia al contenido específico por título y capítulo se analizó lo siguiente:

La "Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores", en la práctica abarca a toda la sociedad, no solamente a los adultos mayores, de ahí que adquiere mayor importancia.

Se aprecia fundamentalmente porque el adulto mayor se considera dentro del contexto familiar, en la comunidad, en la sociedad, no como un ser que se aísla. Además plantea el proceso de envejecimiento en toda su amplitud y fomenta en toda la población una cultura de la vejez.

En el capítulo único la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, artículos 1o. al 3o., deja sentado que es una ley de orden público, de interés social y de observancia general en los Estado Unidos Mexicanos. Es decir, abarca a toda la población adulta mayor del país.

En el artículo 1o. se establece que tiene como objeto el garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores y el establecimiento de las bases y disposiciones para su cumplimiento. Es una ley que va a establecer los mecanismos para que no sea letra muerta.

Para lograr lo anterior, señala en ese mismo artículo 1o., la regulación de:

• La política pública nacional para la observancia de los derechos de los adultos mayores. Aspecto tan necesario en nuestro país, es decir, contempla integralmente las situaciones y soluciones y establece el marco jurídico correspondiente, en el inciso I.

• En el inciso II los principios, objetivos, programas, responsabilidades e instrumentos que la Administración Pública Federal, las entidades federativas y los municipios deberán observar en la planeación de la política pública nacional. Aquí regula que la política pública sobre el adulto mayor, tendrá coherencia y homogeneidad en todo el país.

En el artículo 2o. se establece a quienes les corresponde la aplicación y seguimiento de esta ley.

En el artículo 3o. define 11 conceptos que intervienen en la ley, lo que permite su mejor interpretación.

El Título Segundo, de los principios y los derechos, Capítulo I, de los principios, artículo 4o., en cinco incisos comprenden la autonomía y autorrealización, la participación, la equidad, corresponsabilidad y atención preferente para garantizar los derechos de los adultos mayores, con objeto que tengan una vida de calidad.

El Capítulo II de los derechos, es uno de los contenidos de mayor importancia en la ley, establece ampliamente cuales son los derechos de los adultos mayores, quedando sentado que se hace de manera enunciativa, pero no limitativa. Comprende solamente un artículo, pero es muy amplio y abarcador, integrándolo siete incisos y a su vez se abren en 25 puntos que se refieren: de la integridad, dignidad y preferencia, de la certeza jurídica, de la salud, la alimentación y la familia, de la educación, del trabajo, de la asistencia social, de la participación y de la denuncia popular.

El contenido de este título, también permitirá a los adultos mayores conocer mejor cuáles son sus derechos y así reclamar su cumplimiento, para que no sea letra muerta esta ley.

En el Título Tercero: de los deberes del Estado, la sociedad y la familia, con un Capítulo único y cuatro artículos: 6o. al 9o., quedan establecido los deberes del Estado, la sociedad y la familia. Con este contenido se completa lo anterior, al plantearse quiénes deberán cumplir los derechos de los adultos mayores.

En el artículo 6o. queda establecido lo que le corresponde garantizar al Estado, señalando atención preferencial para la creación de condiciones adecuadas en referencia a transporte público y espacios arquitectónicos. Aquí también se comprende la difusión y la asesoría sobre las garantías consagradas en la ley.

El artículo 7o., está dedicado a señalar la publicación y difusión amplia de esta ley, por parte del Estado, lo que ayudará a su mejor cumplimiento.

El artículo 8o. establece que ninguna persona adulta mayor podrá ser socialmente marginada o discriminada por razón de edad, género, estado físico, creencia religiosa o condición social.

Por otra parte, el artículo 9o., es de gran importancia, contempla los deberes de la familia, responde y va encaminado a afianzar nuestra cultura ancestral, de una familia que respeta y considera al adulto mayor.

El Título Cuarto se refiere a la política pública nacional de las personas adultas mayores. En un solo artículo, 20 incisos traza la misma, determinándose sus objetivos. Cada inciso trata un componente de la política pública. Proporciona pautas claras hacia los mismos fines y como resultado su aplicación conlleva a una mejor atención del adulto mayor.

Es conveniente señalar brevemente su contenido, ya que resume el contenido de la ley: propiciar las condiciones para un mayor bienestar físico y mental a fin de que los adultos mayores puedan ejercer plenamente sus capacidades en el seno de la familia, de la sociedad, incrementando su autoestima y preservando su dignidad como ser humano.

Otros objetivos de la política pública que se traza son garantizar a las personas adultas mayores el pleno ejercicio de sus derechos, garantizar igualdad de oportunidades y una vida digna, promoviendo la defensa y representación de sus intereses. También están como objetivos el establecer las bases para la planeación y concertación de acciones entre las instituciones públicas y privadas; impulsar la atención integral e intersectorial; promover la solidaridad y la participación ciudadana; fomentar en la familia, el Estado y la sociedad una cultura de aprecio a la vejez.

Otros objetivos también de gran importancia son: promover la participación activa de las personas adultas mayores en la formulación y ejecución de las políticas públicas que los afecten; impulsar el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores, observando el principio de equidad y género; fomentar la permanencia del adulto mayor en su núcleo familiar, cuando así lo desee; propiciar formas de organización y participación de las personas adultas mayores, impulsar el fortalecimiento de redes familiares e institucionales de apoyo a las personas adultas mayores y garantizar la asistencia social para las personas que lo requieran.

Otros objetivos de la política pública son: establecer las bases para la asignación de beneficios sociales, tales como descuentos y otros; propiciar su incorporación a los procesos productivos; propiciar y fomentar programas especiales de educación; formación de especialistas en geriatría y gerontología; fomentar la realización de estudios e investigaciones de la problemática inherente al envejecimiento; promover la difusión de los derechos y valores en beneficio de las personas adultas mayores; programas compensatorios para personas adultas mayores en situación de rezago y por último está fomentar la creación de espacios de expresión para el adulto mayor.

En el Capítulo II: de la concurrencia entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, comprende en cuatro artículos: 11 al 14, la forma que ejercerán las mismas sus atribuciones para el cumplimiento de la política pública establecida en el Capítulo I.

Capítulo III, de los programas y las obligaciones de las instituciones públicas. En nueve artículos, del 15 al 23, queda establecido lo que corresponde a cada Secretaría e instituciones públicas comprender en sus programas en lo referente a los adultos mayores.

En relación al Titulo Quinto se considera altamente positivo que dentro de la propia ley que traza la política pública referida a las personas adultas mayores, se cree el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, con las facultades de ser rector de dicha política pública y con objeto de coordinar, promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones públicas, estrategias y programas que se deriven de ella.

En el artículo 24 queda establecido que es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones. Características que le permitirán a dicho instituto mejores condiciones para el cumplimiento de sus objetivos.

También se valoró que en el ejercicio de las atribuciones de dicho instituto deberá atender a los criterios de transversalidad y federalismo.

Queda establecido en el Capítulo I de dicho título, el objeto y atribuciones. En el Capítulo II se trata de su gobierno, administración y vigilancia; en el Capítulo III, el consejo ciudadano de adultos mayores.

Los capítulos IV, V y VI recogen aspectos sobre el patrimonio del instituto, de la Controlaría Interna, así como el régimen laboral, de las responsabilidades y sanciones y de la denuncia popular.

Por último están los transitorios donde se establece en el segundo que el patrimonio y los bienes del actual Instituto Nacional de Adultos en Plenitud pasarán a formar parte del patrimonio del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, asimismo los trabajadores seguirán siendo de este último, sin afectación alguna de sus derechos laborales.

Por los transitorios tercero y cuarto se abrogan los decretos del Ejecutivo Federal del 22 de agosto de 1979, por el que se crea el Instituto Nacional de la Senectud y el de 17 de enero de 2002 por el que se regula el organismo descentralizado Instituto Nacional de la Senectud.

Hemos valorado que la ley tiene como objeto fundamental el establecer los derechos, las garantías, la protección de las personas adultas mayores, con el ordenamiento legal correspondiente que garantice su cumplimiento. Además establece los mecanismos institucionales para su cumplimiento.

Es una ley que, en la práctica, nos atañe directamente a todos, ya sea porque al mejorar las condiciones de vida del adulto mayor, también mejora la de las personas que están a su lado o porque permitirá que los adultos mayores actuales, los que próximamente lo serán o las nuevas generaciones disfruten de las mejoras que esperamos se logren con la aplicación de esta ley, de aprobarse.

Señalado lo anterior, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, presenta este dictamen con base en las siguientes...

En virtud de las consideraciones expuestas, esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, somete a votación del pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Por el que se crea la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

TITULO PRIMERO

CAPITULO UNICO

Disposiciones generales

Artículo 1o. La presente ley es de orden público, de interés social y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos. Tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, así como establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento, mediante la regulación de:

I. La política pública nacional para la observancia de los derechos de las personas adultas mayores;

ll. Los principios, objetivos, programas, responsabilidades e instrumentos que la Administración Pública Federal, las entidades federativas y los municipios, deberán observar en la planeación y aplicación de la política pública nacional y

III. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

Artículo 2o. La aplicación y seguimiento de esta ley, corresponde a:

I. El Ejecutivo Federal, a través de las secretarías de Estado y demás dependencias que integran la administración pública, así como las entidades federativas, los municipios, los órganos desconcentrados y paraestatales, en el ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicción;

II. La familia de las personas adultas mayores vinculada por el parentesco, de conformidad con lo dispuesto por los ordenamientos jurídicos aplicables;

III. Los ciudadanos y la sociedad civil organizada y

IV. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

I. Personas adultas mayores. Aquellas que cuenten con 60 años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional;

II. Asistencia social. Conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva;

III. Entidades federativas. Los estados y el Distrito Federal que integran los Estados Unidos Mexicanos;

IV. Ley. La presente Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores;

V. Género. Conjunto de papeles, atribuciones y representaciones de mujeres y hombres en nuestra cultura que toman como base la diferencia sexual;

VI. Geriatría. Es la especialidad médica dedicada al estudio de las enfermedades propias de las personas adultas mayores;

VIl. Gerontología. Estudio científico sobre la vejez y de las cualidades y fenómenos propios de la misma;

VIII. Integración social. Es el resultado de las acciones que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal estatal y municipal, las familias y la sociedad organizada, orientadas a modificar y superar las condiciones que impidan a las personas adultas mayores su desarrollo integral;

IX. Atención integral. Satisfacción de las necesidades físicas, materiales, biológicas, emocionales, sociales, laborales, culturales, recreativas, productivas y espirituales de las personas adultas mayores. Para facilitarles una vejez plena y sana se considerarán sus hábitos, capacidades funcionales, usos y costumbres y preferencias;

X. Calidad del servicio. Conjunto de características que confieren al servicio la capacidad de satisfacer tanto las necesidades como las demandas actuales y potenciales y

XI. Instituto. Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

TITULO SEGUNDO

De los principios y los derechos

CAPITULO I

De los principios

Artículo 4o. Son principios rectores en la observación y aplicación de esta ley;

I. Autonomía y autorrealización. Todas las acciones que se realicen en beneficio de las personas adultas mayores orientadas a fortalecer su independencia, su capacidad de decisión y su desarrollo personal y comunitario;

II. Participación. La inserción de los adultos mayores en todos los órdenes de la vida pública. En los ámbitos de su interés serán consultados y tomados en cuenta; asimismo se promoverá su presencia e intervención;

III. Equidad. Es el trato justo y proporcional en las condiciones de acceso y disfrute de los satisfactores necesarios para el bienestar de las personas adultas mayores, sin distinción por sexo, situación económica, identidad étnica, fenotipo, credo, religión o cualquier otra circunstancia;

IV. Corresponsabilidad. La concurrencia y responsabilidad compartida de los sectores público y social, en especial de las comunidades y familias, para la consecución del objeto de esta ley;

V. Atención preferente. Es aquélla que obliga a las instituciones federales, estatales y municipales de gobierno, así como a los sectores social y privado a implementar programas acordes a las diferentes etapas, características y circunstancias de las personas adultas mayores.

CAPITULO II

De los derechos

Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:

I. De la integridad, dignidad y preferencia:

a. A una vida con calidad. Es obligación de las instituciones públicas, de la comunidad, de la familia y la sociedad, garantizarles el acceso a los programas que tengan por objeto posibilitar el ejercicio de este derecho.

b. Al disfrute pleno, sin discriminación ni distinción alguna, de los derechos que ésta y otras leyes consagran.

c. A una vida libre sin violencia.

d. Al respeto a su integridad física, sicoemocional y sexual.

e. A la protección contra toda forma de explotación.

f. A recibir protección por parte de la comunidad, la familia y la sociedad, así como de las instituciones federales, estatales y municipales.

g. A vivir en entornos seguros dignos y decorosos, que cumplan con sus necesidades y requerimientos y en donde ejerzan libremente sus derechos.

II. De la certeza jurídica:

a. A recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial que los involucre, ya sea en calidad de agraviados, indiciados o sentenciados.

b. A recibir el apoyo de las instituciones federales, estatales y municipales en el ejercicio y respeto de sus derechos.

c. A recibir asesoría jurídica en forma gratuita en los procedimientos administrativos o judiciales en que sea parte y contar con un representante legal cuando lo considere necesario.

d. En los procedimientos que señala el párrafo anterior, se deberá tener atención preferente en la protección de su patrimonio personal y familiar y cuando sea el caso, testar sin presiones ni violencia.

III. De la salud, la alimentación y la familia:

a) A tener acceso a los satisfactores necesarios, considerando alimentos, bienes, servicios y condiciones humanas o materiales para su atención integral.

b) A tener acceso preferente a los servicios de salud, de conformidad con el párrafo tercero del artículo 4o. constitucional y en los términos que señala el artículo 18 de ésta y, con objeto de que gocen cabalmente del derecho a su sexualidad, bienestar físico, mental y sicoemocional.

c. A recibir orientación y capacitación en materia de salud, nutrición e higiene, así como a todo aquello que favorezca su cuidado personal.

Las familias tendrán derecho a recibir el apoyo subsidiario de las instituciones públicas para el cuidado y atención de las personas adultas mayores.

IV. De la educación:

a. A recibir de manera preferente el derecho a la educación que señala el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con el artículo 17 de esta ley;

b. Las instituciones educativas, públicas y privadas, deberán incluir en sus planes y programas los conocimientos relacionados con las personas adultas mayores; asimismo los libros de texto gratuitos y todo material educativo autorizado y supervisado por la Secretaría de Educación Pública, incorporarán información actualizada sobre el tema del envejecimiento y los adultos mayores.

V. Del trabajo:

A gozar de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo o de otras opciones, que les permitan un ingreso propio y desempeñarse en forma productiva tanto tiempo como lo deseen, así como a recibir protección de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de otros ordenamientos de carácter laboral.

VI. De la asistencia social:

a. A ser sujetos de programas de asistencia social en caso de desempleo, discapacidad o pérdida de sus medios de subsistencia.

b. A ser sujetos de programas para contar con una vivienda digna y adaptada a sus necesidades.

c. A ser sujetos de programas para tener acceso a una casa hogar o albergue u otras alternativas de atención integral, si se encuentran en situación de riesgo o desamparo.

VII. De la participación:

a. A participar en la planeación integral del desarrollo social, a través de la formulación y aplicación de las decisiones que afecten directamente a su bienestar, barrio, calle, colonia, delegación o municipio.

b. De asociarse y conformar organizaciones de personas adultas mayores para promover su desarrollo e incidir en las acciones dirigidas a este sector.

c. A participar en los procesos productivos, de educación y capacitación de su comunidad.

d. A participar en la vida cultural, deportiva y recreativa de su comunidad.

e. A formar parte de los diversos órganos de representación y consulta ciudadana.

VIII. De la denuncia popular:

Toda persona, grupo social, organizaciones no gubernamentales, asociaciones o sociedades, podrán denunciar ante los órganos competentes, todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir daño o afectación a los derechos y garantías que establece la presente ley o que contravenga cualquier otra de sus disposiciones o de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con las personas adultas mayores.

TITULO TERCERO

De los deberes del Estado, la sociedad y la familia

CAPITULO UNICO

Artículo 6o. El Estado garantizará las condiciones óptimas de salud, educación, nutrición, vivienda, desarrollo integral y seguridad social a las personas adultas mayores. Asimismo, deberá establecer programas para asegurar a todos los trabajadores una preparación adecuada para su retiro. Igualmente proporcionará:

I. Atención preferencial: toda institución pública o privada que brinde servicios a las personas adultas mayores deberá contar con la infraestructura, mobiliario y equipo adecuado, así como con los recursos humanos necesarios para que se realicen procedimientos alternativos en los trámites administrativos, cuando tengan alguna discapacidad.

El Estado promoverá la existencia de condiciones adecuadas para los adultos mayores, tanto en el transporte público como en los espacios arquitectónicos;

Il. Información: las instituciones públicas y privadas, a cargo de programas sociales deberán proporcionarles información y asesoría tanto sobre las garantías consagradas en esta ley, como sobre los derechos establecidos en otras disposiciones a favor de las personas adultas mayores y

III. Registro: el Estado, a través del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, recabará la información necesaria del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, para determinar la cobertura y características de los programas y beneficios dirigidos a los adultos mayores.

Artículo 7o. El Estado promoverá la publicación y difusión de esta ley para que la sociedad y las familias respeten a las personas adultas mayores e invariablemente otorguen el reconocimiento a su dignidad.

Artículo 8o. Ninguna persona adulta mayor podrá ser socialmente marginada o discriminada en ningún espacio público o privado por razón de su edad, género, estado físico, creencia religiosa o condición social.

Artículo 9o. La familia de la persona adulta mayor deberá cumplir su función social; por tanto, de manera constante y permanente deberá velar por cada una de las personas adultas mayores que formen parte de ella, siendo responsable de proporcionar los satisfactores necesarios para su atención y desarrollo integral y tendrá las siguientes obligaciones para con ellos:

I. Otorgar alimentos de conformidad con lo establecido en el Código Civil;

II. Fomentar la convivencia familiar cotidiana, donde la persona adulta mayor participe activamente y promover al mismo tiempo los valores que incidan en sus necesidades afectivas, de protección y de apoyo y

III. Evitar que alguno de sus integrantes cometa cualquier acto de discriminación, abusó, explotación, aislamiento, violencia y actos jurídicos que pongan en riesgo su persona, bienes y derechos.

TITULO CUARTO

De la política pública nacional
de las personas adultas

CAPITULO I

De los objetivos

Artículo 10. Son objetivos de la política pública nacional sobre adultos mayores los siguientes:

I. Propiciar las condiciones para un mayor bienestar físico y mental a fin de que puedan ejercer plenamente sus capacidades en el seno de la familia y de la sociedad, incrementando su autoestima y preservando su dignidad como ser humano;

II. Garantizar a las personas adultas mayores el pleno ejercicio de sus derechos, sean residentes o estén de paso en el territorio nacional;

III. Garantizar igualdad de oportunidades y una vida digna, promoviendo la defensa y representación de sus intereses;

IV. Establecer las bases para la planeación y concertación de acciones entre las instituciones públicas y privadas, para lograr un funcionamiento coordinado en los programas y servicios que presten a este sector de la población, a fin de que cumplan con las necesidades y características específicas que se requieren;

V. Impulsar la atención integral e interinstitucional de los sectores público y privado y de conformidad a los ordenamientos de regulación y vigilar el funcionamiento de los programas y servicios de acuerdo con las características de éste grupo social;

VI. Promover la solidaridad y la participación ciudadana para consensar programas y acciones que permitan su incorporación social y alcanzar un desarrollo justo y equitativo;

VII. Fomentar en la familia, el Estado y la sociedad, una cultura de aprecio a la vejez para lograr un trato digno, favorecer su revalorización y su plena integración social, así como procurar una mayor sensibilidad, conciencia social, respeto, solidaridad y convivencia entre las generaciones con el fin de evitar toda forma de discriminación y olvido por motivo de su edad, género, estado físico o condición social;

VIII. Promover la participación activa de las personas adulta mayores en la formulación y ejecución de las políticas públicas que les afecten;

IX. Impulsar el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores observando el principio de equidad de género, por medio de políticas públicas, programas y acciones a fin de garantizar la igualdad de derechos, oportunidades y responsabilidades de hombres y mujeres, así como la revalorización del papel de la mujer y del hombre en la vida social, económica, política, cultural y familiar, así como la no discriminación individual y colectiva hacia la mujer;

X. Fomentar la permanencia, cuando así lo deseen, de las personas adultas mayores en su núcleo familiar y comunitario;

XI. Propiciar formas de organización y participación de las personas adultas mayores, que permitan al país aprovechar su experiencia y conocimiento;

XII. Impulsar el fortalecimiento de redes familiares, sociales e institucionales de apoyo a las personas adultas mayores y garantizar la asistencia social para todas aquéllas que por sus circunstancias requieran de protección especial por parte de las instituciones públicas y privadas;

XIII. Establecer las bases para la asignación de beneficios sociales, descuentos y exenciones para ese sector de la población de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

XIV. Propiciar su incorporación a los procesos productivos emprendidos por los sectores público y privado, de acuerdo a sus capacidades y aptitudes;

XV. Propiciar y fomentar programas especiales de educación y becas de capacitación para el trabajo, mediante los cuales se logre su reincorporación a la planta productiva del país y en su caso a su desarrollo profesional;

XVI. Fomentar que las instituciones educativas y de seguridad social establezcan las disciplinas para la formación en geriatría y gerontología, con el fin de garantizar la cobertura de los servicios de salud requeridos por la población adulta mayor;

XVII. Fomentar la realización de estudios e investigaciones sociales de la problemática inherente al envejecimiento que sirvan como herramientas de trabajo a las instituciones del sector público y privado para desarrollar programas en beneficio de la población adulta mayor;

XVIII. Promover la difusión de los derechos y valores en beneficio de las personas adultas mayores con el propósito de sensibilizar a las familias y a la sociedad en general, respecto a la problemática de este sector;

XIX. Llevar a cabo programas compensatorios orientados a beneficiar a las personas adultas mayores en situación de rezago y poner a su alcance los servicios sociales y asistenciales, así como la información sobre los mismos y

XX. Fomentar la creación de espacios de expresión para el adulto mayor.

CAPITULO II

De la concurrencia entre la Federación,
las entidades federativas y los municipios

Artículo 11. La Federación, las entidades federativas y los municipios ejercerán sus atribuciones en la formulación y ejecución de las políticas públicas para las personas adultas mayores, de conformidad con la concurrencia prevista en esta ley y en otros ordenamientos legales.

Artículo 12. Cuando las disposiciones de esta ley comprendan materias y acciones que incidan en diversos ámbitos de competencia de la Federación, las entidades federativas y los municipios, se aplicarán y ejecutarán mediante convenios generales y específicos entre cualesquiera de los tres niveles de gobierno que lo suscriban.

Artículo 13. La Federación, las entidades federativas y los municipios integrarán los instrumentos de información para cuyo efecto el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores establecerá los lineamientos y criterios generales de las bases de datos.

Artículo 14. Las autoridades competentes de la Federación, las entidades federativas y los municipios, concurrirán para:

I. Determinar las políticas hacia las personas adultas mayores, así como ejecutar, dar seguimiento y evaluar sus programas y acciones, de acuerdo con lo previsto en esta ley y

II. Desarrollar los lineamientos, mecanismos e instrumentos para la organización y funcionamiento de las instituciones de atención a las personas adultas mayores.

CAPITULO III

De los programas y las obligaciones de las instituciones públicas

Artículo 15. En su formulación y ejecución, el Plan Nacional de Desarrollo, particularmente de su capítulo de desarrollo social, deberá ser congruente con los principios, objetivos e instrumentos de los programas de atención a los adultos mayores, integrados en la política nacional respectiva.

Artículo 16. Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social:

I. Fomentar la participación de los sectores social y privado en la promoción, seguimiento y financiamiento de los programas de atención a los adultos mayores;

II. Promover, en coadyuvancia con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la suscripción de convenios internacionales en materia de atención a los adultos mayores y

III. Establecer convenios de colaboración con instituciones y organismos públicos, sociales y privados para acciones de atención dirigidas a las personas adultas mayores.

Artículo 17. Corresponde a la Secretaría de Educación Pública, garantizar a los adultos mayores:

I. El acceso a la educación pública en todos sus niveles y modalidades y a cualquier otra actividad que contribuya a su desarrollo intelectual y que le permita conservar una actitud de aprendizaje constante y aprovechar toda oportunidad de educación y capacitación que tienda a su realización personal, facilitando los trámites administrativos y difundiendo la oferta general educativa;

Il. La formulación de programas educativos de licenciatura y posgrado en geriatría y gerontología, en todos los niveles de atención en salud, así como de atención integral a las personas adultas mayores dirigidos a personal técnico profesional. También velará por que las instituciones de educación superior e investigación científica incluyan la geriatría en sus curricula de medicina y la gerontología en las demás carreras pertenecientes a las áreas de salud y ciencias sociales;

III. En los planes y programas de estudio de todos los niveles educativos, la incorporación de contenidos sobre el proceso de envejecimiento;

IV. Facilitar el acceso a la cultura promoviendo su expresión a través de talleres, exposiciones, concursos y eventos comunitarios, nacionales e internacionales;

V. El acceso gratuito o con descuentos especiales a eventos culturales que promuevan las instituciones públicas y privadas, previa acreditación de edad, a través de una identificación personal;

VI. Programas culturales y concursos en los que participen exclusivamente personas adultas mayores, otorgando a los ganadores los reconocimientos y premios correspondientes;

VII. El derecho de hacer uso de las bibliotecas públicas que facilitarán el préstamo a domicilio del material de las mismas, con la presentación de su identificación personal, credencial de jubilado o pensionado y/o credencial de adulto mayor y

VIII. Fomentar entre toda la población una cultura de la vejez, de respeto, aprecio y reconocimiento a la capacidad de aportación de las personas adultas mayores.

Artículo 18. Corresponde a las instituciones públicas del sector salud, garantizar a los adultos mayores:

I. El derecho a la prestación de servicios públicos de salud integrales y de calidad, en todas las actividades de atención médica, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley General de Salud;

II. Especial atención deberán recibir los programas de detección oportuna y tratamiento temprano de enfermedades crónicas y neoplasias entre las personas adultas mayores, así como de atención y asistencia a quienes sufren de discapacidades funcionales. Asimismo, los programas de salud dirigidos a atender las necesidades de las personas en las diferentes etapas del ciclo de vida incorporarán medidas de prevención y promoción de la salud a fin de contribuir a prevenir discapacidades y favorecer un envejecimiento saludable;

III. El acceso a la atención médica a las personas adultas mayores en las clínicas y hospitales, con el establecimiento de áreas geriátricas en las unidades médicas de segundo y tercer nivel públicas y privadas. Las especialidades médicas encargadas de la atención de la salud de las personas adultas mayores, son la geriatría y la gerontología;

IV. Una cartilla médica de salud y autocuidado, misma que será utilizada indistintamente en las instituciones públicas y privadas, en la cual se especificará el estado general de salud, enfermedades crónicas, tipo de sangre, medicamentos y dosis administradas, reacciones e implementos para ingerirlos, alimentación o tipo de dieta suministrada, consultas médicas y asistencias a grupos de autocuidado;

V. Mecanismos de coordinación interinstitucional para proporcionar medicamentos, previo estudio socioeconómico para su distribución sin costo alguno;

VI. Cursos de capacitación orientados a promover el autocuidado de la salud para que las personas adultas mayores sean más independientes;

VII. El apoyo a las unidades médicas y organizaciones civiles dedicadas a la atención de la salud física y/o mental de la población senecta;

VIII. Convenios con universidades públicas y privadas para recibir prestadores de servicio social en las áreas de trabajo social, sicología, medicina, odontología y enfermería para que apoyen las acciones institucionales en la atención de las personas adultas mayores en las unidades geriátricas y/o domicilio;

IX. Gestiones para apoyar y proteger a los grupos de adultos mayores en situación de vulnerabilidad social o familiar y

X. Los cuidados proporcionados a las personas adultas mayores por la familia, por los responsables de su atención y cuidado o en su caso por las instituciones públicas o privadas que tengan a su cargo a estas personas, comprenderán los siguientes aspectos:

a. Las personas adultas mayores tendrán el derecho de ser examinados cuando menos una vez al año, para el mantenimiento de su salud y recibir los tratamientos que requieran en caso de enfermedad.

b. Serán sujetos de la confidencialidad y participarán en las decisiones que sobre su estado de salud se generen.

c. Tendrán derecho a una nutrición adecuada y apropiada.

Artículo 19. Corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, garantizar en beneficio de los adultos mayores:

I. La implementación de los programas necesarios a efecto de promover empleos y trabajos remuneradores, así como actividades lucrativas o voluntarias, conforme a su oficio, habilidad o profesión, sin más restricción que su limitación física o mental declarada por la autoridad médica o legal competente;

II. El fomento a la creación de organizaciones productivas de personas adultas mayores en grupos productivos de diferente orden;

III. Impulso al desarrollo de programas de capacitación para que las personas adultas mayores adquieran conocimientos y destrezas en el campo de formulación y ejecución de proyectos productivos;

IV. La organización de una bolsa de trabajo mediante la cual se identifiquen actividades laborales que puedan ser desempeñadas por las personas adultas mayores y orientarlas para que presenten ofertas de trabajo;

V. Asistencia jurídica a las personas adultas mayores que decidan retirarse de sus actividades laborales;

VI. La capacitación y financiamiento para autoempleo, a través de becas, talleres familiares, bolsas de trabajo oficiales y particulares y

VII. La creación y difusión de programas de orientación dirigidos a personas adultas mayores cuando deseen retirarse de los centros de trabajo públicos y privados.

Artículo 20. Corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, garantizar:

I. El derecho de las personas adultas mayores para acceder con facilidad y seguridad a los servicios y programas que en esta materia ejecuten los gobiernos Federal, estatal y municipal:

II. Los convenios que se establezcan con aerolíneas y empresas de transporte terrestre y marítimo, nacional e internacional, para que otorguen tarifas preferenciales a las personas de la tercera edad;

III. Que los concesionarios y permisionarios de servicios públicos de transporte, cuenten en sus unidades con el equipamiento adecuado para que las personas adultas mayores hagan uso del servicio con seguridad y comodidad;

IV. El derecho permanente y en todo tiempo, a obtener descuentos o exenciones de pago al hacer uso del servicio de transporte de servicio público, previa acreditación de la edad, mediante identificación oficial, credencial de jubilado o pensionado o credencial que lo acredite como persona adulta mayor y

V. El establecimiento de convenios de colaboración con las instituciones públicas y privadas dedicadas a la comunicación masiva, para la difusión de una cultura de aprecio y respeto hacia las personas adultas mayores.

Artículo 21. Corresponde a las instituciones públicas de vivienda de interés social, garantizar:

I. Las acciones necesarias a fin de concretar programas de vivienda que permitan a las personas adultas mayores la obtención de créditos accesibles para adquirir una vivienda propia o remodelarla en caso de ya contar con ella y

II. El acceso a proyectos de vivienda de interés social que ofrezcan igual oportunidad a las parejas compuestas por personas adultas mayores, solas o jefes de familia.

Artículo 22. Corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, garantizar a las personas adultas mayores:

I. Los servicios de asistencia y orientación jurídica en forma gratuita, en especial aquéllos que se refieren a la seguridad de su patrimonio, en materia de alimentos y testamentaria;

II. Los programas de prevención y protección para las personas adultas mayores en situación de riesgo o desamparo, para incorporarlos al núcleo familiar o albergarlos en instituciones adecuadas;

III. Coadyuvar con la Procuraduría General de la República y las de las entidades federativas, en la atención y protección jurídica de las personas adultas mayores víctimas de cualquier delito:

IV. La promoción, mediante la vía conciliatoria, de la solución a la problemática familiar, cuando no se trate de delitos tipificados por el Código Penal o infracciones previstas en la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar;

V. La atención y seguimiento de quejas, denuncias e informes, sobre la violación de los derechos de las personas adultas mayores, haciéndolos del conocimiento de las autoridades competentes y, de ser procedente, ejercitar las acciones legales correspondientes;

VI. La denuncia ante las autoridades competentes, cuando sea procedente, de cualquier caso de maltrato, lesiones, abuso físico o síquico, sexual, abandono, descuido o negligencia, explotación y, en general, cualquier acto que perjudique a las personas adultas mayores;

VII. El establecimiento de los programas asistenciales de apoyo a las familias para que la falta de recursos no sea causa de separación de las personas adultas mayores y

VIII. Las demás que le confieran otros ordenamientos jurídicos.

Artículo 23. Corresponde a la Secretaría de Turismo:

I. Impulsar la participación de las personas adultas mayores en actividades de atención al turismo, particularmente las que se refieren al rescate y transmisión de la cultura y de la historia;

II. Promover actividades de recreación turística con tarifas preferentes, diseñadas para personas adultas mayores y

III. En coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Educación Pública, el establecimiento de convenios con las empresas del ramo para ofrecer tarifas especiales y/o gratuitas en los centros públicos o privados de entretenimiento, recreación, cultura y deporte, hospedajes en hoteles y centros turísticos.

TITULO QUINTO

Del Instituto Nacional de las
Personas Adultas Mayores

CAPITULO I

De su naturaleza, objeto y atribuciones

Artículo 24. Se crea el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines.

Artículo 25. Este organismo público es rector de la política nacional a favor de las personas adultas mayores, teniendo por objeto general coordinar, promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones públicas, estrategias y programas que se deriven de ella, de conformidad con los principios, objetivos y disposiciones contenidas en la presente ley.

El instituto procurará el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores y, entendiéndose por éste, el proceso tendiente a brindar a este sector de la población, empleo u ocupación, retribuciones justas, asistencia y las oportunidades necesarias para alcanzar niveles de bienestar y alta calidad de vida, orientado a reducir las desigualdades extremas y las iniquidades de género, que aseguren sus necesidades básicas y desarrollen su capacidad e iniciativas en un entorno social incluyente.

Artículo 26. El instituto tendrá su domicilio legal en la Ciudad de México, Distrito Federal y ejercerá sus funciones en todo el territorio nacional.

Artículo 27. En el ejercicio de sus atribuciones, el instituto deberá atender a los siguientes criterios:

I. Transversalidad en las políticas públicas a cargo de las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a partir de Ia ejecución de programas y acciones coordinadas;

II. Federalismo, por lo que hace al desarrollo de programas y actividades, para el fortalecimiento institucional de las dependencias responsables de la aplicación de las disposiciones jurídicas que regulen la materia en las entidades federativas y los municipios y

IlI. Coadyuvar en el fortalecimiento de vínculos con los poderes Legislativo y Judicial en los ámbitos federal y estatal, con el fin de cumplir con los objetivos de esta ley.

Artículo 28. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores tendrá las siguientes atribuciones:

I. Impulsar las acciones de Estado y la sociedad, para promover el desarrollo humano integral de los adultos mayores, coadyuvando para que sus distintas capacidades sean valoradas y aprovechadas en el desarrollo comunitario, económico, social y nacional;

II. Proteger, asesorar, atender y orientar a las personas adultas mayores y presentar denuncias ante la autoridad competente;

IIl. Ser el organismo de consulta y asesoría obligatoria para las dependencias y entidades de la Administración Publica Federal y, en su caso, voluntaria para las instituciones de los sectores social y privado, que realicen acciones o programas relacionados con los adultos mayores;

IV. Coadyuvar en la prestación de servicios de asesoría y orientación jurídica con las instituciones correspondientes;

V. Establecer principios, criterios, indicadores y normas para el análisis y evaluación de las políticas dirigidas a las personas adultas mayores, así como para jerarquizar y orientar sobre las prioridades, objetivos y metas en la materia, a efecto de atenderlas mediante los programas impulsados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, por los estados y municipios y por los sectores privado y social, de conformidad con sus respectivas atribuciones y ámbitos de competencia;

VI. Convocar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, estatales y municipales, a las organizaciones civiles dedicadas a la atención de los adultos mayores, así como a las instituciones de educación, investigación superior, académicos, especialistas y cualquier persona interesada en la vejez, a efecto de que formulen propuestas y opiniones respecto de las políticas, programas y acciones de atención para ser consideradas en la formulación de la política social del país en la materia y en el programa de trabajo del instituto;

VII. Diseñar, establecer, verificar y evaluar directrices, estrategias, programas, proyectos y acciones en beneficio de las personas adultas mayores;

VIII. Proponer criterios y formulaciones para la asignación de fondos de aportaciones federales para al cumplimiento de la política sobre las personas adultas mayores;

IX. Elaborar y difundir campañas de comunicación para contribuir al fortalecimiento de los valores referidos a la solidaridad intergeneracional y el apoyo familiar en la vejez; revalorizar los aportes de los adultos mayores en los ámbitos social, económico, laboral y familiar, así como promover la protección de los derechos de los adultos mayores y el reconocimiento a su experiencia y capacidades;

X. Fomentar las investigaciones y publicaciones gerontológicas;

XI. Promover en coordinación con las autoridades competentes y en los términos de la legislación aplicable, que la prestación de los servicios y atención que se brinde a los adultos mayores, en las instituciones, casas-hogar, albergues, residencias de día o cualquier otro centro de atención, se realice con calidad y cumplan con sus programas, objetivos y metas para su desarrollo humano integral;

XII. Brindar asesoría y orientación en la realización de sus programas y la capacitación que requiere el personal de las instituciones, casas-hogar, albergues, residencias de día o cualquier otro centro que brinden servicios y atención a los adultos mayores;

XIII. Realizar visitas de inspección y vigilancia a instituciones públicas y privadas, casas-hogar, albergues, residencias de día o cualquier otro centro de atención a los adultos mayores, para verificar las condiciones de funcionamiento, capacitación de su personal, modelo de atención y condiciones de la calidad de vida;

XIV. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes, de las anomalías que se detecten durante las visitas realizadas a los lugares que se mencionan en la fracción anterior; podrá también hacer del conocimiento público dichas anomalías;

XV. Establecer principios, criterios y normas para la elaboración de la información y la estadística, así como metodologías y formulaciones relativas a la investigación y el estudio de la problemática de los adultos mayores;

XVI. Analizar, organizar, actualizar, evaluar y difundir la información sobre los adultos mayores, relativa a los diagnósticos, programas, instrumentos, mecanismos y presupuestos, que estarán para su consulta y que se coordinarán con el INEGI y Conapo;

XVII. Elaborar y mantener actualizado el diagnóstico, así como promover estudios e investigaciones especializadas sobre la problemática de los adultos mayores, para su publicación y difusión;

XVIII. Celebrar convenios con los gremios de comerciantes, industriales o prestadores de servicios profesionales independientes, para obtener descuentos en los precios de los bienes y servicios que presten a la comunidad a favor de las personas adultas mayores;

XIX. Expedir credenciales de afiliación a las personas adultas mayores con el fin de que gocen de beneficios que resulten de las disposiciones de la presente ley y de otros ordenamientos jurídicos aplicables;

XX. Promover la inclusión de consideraciones, criterios y previsiones sobre las demandas y necesidades de la población de adultos mayores en los planes y programas de desarrollo económico y social de los tres órdenes de gobierno;

XXI. Establecer convenios de coordinación con los gobiernos estatales, con la participación de sus municipios, para proporcionar asesoría y orientación para el diseño, establecimiento y evaluación de modelos de atención, así como de las políticas públicas a implementar;

XXII. Celebrar convenios, acuerdos y todo tipo de actos jurídicos que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto;

XXIII. Promover la coordinación de acciones y programas que realicen otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de los gobiernos estatales y municipales y del Distrito Federal, que tengan como destinatarios a los adultos mayores; buscando con ello optimizar la utilización de los recursos materiales y humanos y evitar la duplicidad de acciones;

XXIV. Establecer reuniones con instituciones afines, nacionales e internacionales, para intercambiar experiencias que permitan orientar las acciones y programas en busca de nuevas alternativas de atención;

XXV. Promover y difundir las acciones y programas de atención integral a favor de los adultos mayores, así como los resultados de las investigaciones sobre la vejez y su participación social, política y económica;

XXVI. Promover la participación de los adultos mayores en todas las áreas de la vida pública, a fin de que sean copartícipes y protagonistas de su propio cambio;

XXVII. Promover, fomentar y difundir en las actuales y nuevas generaciones, una cultura de protección, comprensión, cariño y respeto a los adultos mayores en un clima de interrelación generacional, a través de los medios masivos de comunicación;

XXVIII. Elaborar y proponer al titular del Poder Ejecutivo Federal los proyectos legislativos en materia de adultos mayores, que contribuyan a su desarrollo humano integral y

XXIX. Expedir su estatuto orgánico.

CAPITULO II

De su gobierno, administración y vigilancia

Artículo 29. Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos que le competen, el instituto contará con un consejo directivo y una dirección general y las estructuras administrativas que establezca el estatuto orgánico.

Artículo 30. El consejo directivo es el órgano de gobierno del instituto y responsable de la planeación y el diseño específico de las políticas públicas anuales que permitan la ejecución transversal a favor de las personas adultas mayores. Estará integrado por los titulares de las siguientes dependencias:

a. Secretaría de Desarrollo Social, quien fungirá como presidente.

b. Secretaría de Gobernación.

c. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

d. Secretaría de Educación Pública.

e. Secretaría de Salud.

f. Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

g. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

h. Instituto Mexicano del Seguro Social.

i. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Los representantes propietarios designarán a sus suplentes, quienes deberán tener un nivel mínimo de director general.

Artículo 31. Se invitará como miembros del órgano de gobierno hasta cinco representantes de los sectores social o privado que sean adultos mayores y que por su experiencia en la materia, puedan contribuir con el objeto del Instituto. Dichos representantes tendrán derecho a voz y voto. La convocatoria será formulada por el director general del Instituto.

Se podrá invitar también, con la aprobación de la mayoría de sus asistentes, a los representantes de otras dependencias e instituciones públicas federales, estatales o municipales, los que tendrán derecho a voz y no a voto en la sesión o sesiones correspondientes.

Artículo 32. El consejo directivo se reunirá con la periodicidad que señale el estatuto orgánico, sin que pueda ser menos de cuatro veces al año, de acuerdo con el calendario que será aprobado en la primera sesión ordinaria de su ejercicio, pudiendo celebrar las reuniones extraordinarias que se requieran.

Artículo 33. Para la celebración de las reuniones, la convocatoria deberá ir acompañada del orden del día y de la documentación correspondiente, los cuales deberán ser enviados por el director general del Instituto o, secretario técnico, en su caso y recibidos por los miembros del consejo directivo y comisario público, con una anticipación no menor de cinco días hábiles.

Para la validez de las reuniones del consejo directivo se requerirá de la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros, siempre que la mayoría de los asistentes sean representantes de la Administración Pública Federal.

En caso de que la reunión convocada no pudiera llevarse a cabo por falta de quorum; deberá celebrarse ésta, en segunda convocatoria, entre los cinco y 15 días hábiles siguientes.

Artículo 34. Las resoluciones o acuerdos del consejo directivo se tomarán por mayoría de los miembros presentes, teniendo el presidente del consejo voto de calidad en caso de empate.

El director general del Instituto asistirá a las sesiones del consejo directivo con voz, pero sin voto.

Artículo 35. El consejo directivo tendrá además de las atribuciones a que se refiere el artículo 58 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, las siguientes:

I. Tomar las decisiones que considere necesarias para el buen despacho de los asuntos y las demás que con carácter indelegable establezca la Ley Federal de las Entidades Paraestatales;

II. Autorizar la creación de los comités de apoyo que se requiera para cumplir con el objeto del Instituto y

III. Verificar el ejercicio de los presupuestos.

Artículo 36. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores tendrá un director general y los servidores público-administrativos, operativos y técnicos que requiera para el cumplimiento de su objeto.

El director general será nombrado por el Presidente de la República y deberá cumplir con los requisitos señalados en el artículo 21 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

El director general tendrá la representación legal del organismo, con todas las facultades de un apoderado general, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y estará facultado para otorgar y revocar poderes generales y especiales en términos de la legislación aplicable.

Artículo 37. El director general tendrá las atribuciones a que se refieren los artículos 22 y 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

 

CAPITULO III

Del consejo ciudadano de adultos
mayores

Artículo 38. El Instituto contará con un consejo ciudadano de adultos mayores, que tendrá por objeto conocer el seguimiento dado a los programas, opinar sobre los mismos, recabar las propuestas de la ciudadanía con relación a las personas adultas mayores y presentarlas al consejo directivo.

Este Consejo se integrará con 10 adultos mayores de sobresaliente trayectoria en el área en que se desempeñen, de manera equitativa en cuanto a género, los cuales serán seleccionados por el consejo directivo a convocatoria formulada a las instituciones públicas o privadas.

El cargo de consejero será de carácter honorario. Los requisitos, atribuciones y funcionamiento del consejo se establecerán en las disposiciones orgánicas del Instituto.

CAPITULO IV

Del patrimonio del instituto

Artículo 39. El patrimonio del Instituto se integrará con:

I. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título;

II. Los recursos que le sean asignados de acuerdo al presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación;

III. Las aportaciones voluntarias, donaciones, herencias o legados que reciba de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras;

IV. Los ingresos que obtenga por las actividades que realice, conforme a las disposiciones legales aplicables;

V. Las aportaciones de los gobiernos de las entidades federativas y ayuntamientos, así como del Distrito Federal, por la prestación de los servicios a su cargo y

VI. Los demás bienes, recursos y derechos que adquiera por cualquier título, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

CAPITULO V

De la contraloría interna

Artículo 40. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores contará con una Contraloría Interna, órgano interno de control, al frente del cual su titular designado en los términos del artículo 37 fracción XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el ejercicio de sus facultades, se auxiliará por los titulares de las áreas de responsabilidades, auditoría y quejas, designados en los mismos términos.

Los servidores públicos a que se refiere el párrafo anterior, en el ámbito de sus respectivas competencias, ejercen las facultades previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de Entidades Paraestatales, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y en los demás ordenamientos legales y administrativos aplicables, conforme a lo previsto por el Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo.

Las ausencias del contralor interno, así como las de los titulares de las áreas de responsabilidades, auditoría y quejas, serán suplidas conforme a lo previsto por el Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo.

El Instituto proporcionará al titular del órgano interno de control, los recursos humanos y materiales que requieran para la atención de los asuntos a su cargo. Asimismo, los servidores públicos del Instituto estarán obligados a proporcionar el auxilio que requiera el titular de dicho órgano para el desempeño de sus funciones.

CAPITULO VI

Régimen laboral

Artículo 41. Las relaciones de trabajo entre el Instituto y sus trabajadores, se regirán por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 42. El personal del Instituto queda incorporado al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

TITULO SEXTO

De las responsabilidades y sanciones

CAPITULO I

De la denuncia popular

Artículo 43. La denuncia a que se refiere la fracción VIII del artículo 5o. de este ordenamiento, podrá ejercitarse por cualquier persona, bastando que se presente por escrito y contenga:

I. El nombre o razón social, domicilio, teléfono si lo tiene, del denunciante y en su caso, de su representante legal;

II. Los actos, hechos u omisiones denunciados;

III. Los datos que permitan identificar a la presunta autoridad infractora y

IV. Las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante.

Artículo 44. La queja que será presentada ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos si se tramita en contra de una autoridad federal o ante las comisiones estatales de Derechos Humanos en el caso de autoridades del orden estatal o municipal.

Artículo 45. Las formalidades del procedimiento se regirán de acuerdo con lo que establece la ley y el reglamento del Organismo de Protección de los Derechos Humanos que conozca del asunto.

Artículo 46. Los procedimientos se regirán conforme a los principios de inmediatez, concentración y rapidez y se procurará, en la medida de lo posible, el contacto directo con quejosos, denunciantes y autoridades para evitar la dilación de las comunicaciones escritas.

Artículo 47. Si la queja o denuncia presentada fuera competencia de otra autoridad, la autoridad ante la cual se presente acusará de recibo al denunciante pero no admitirá la instancia y la turnará a la autoridad competente para su tramite y resolución notificándole de tal hecho al denunciante, mediante acuerdo fundado y motivado.

CAPITULO II

De las responsabilidades y sanciones

Artículo 48. Las instituciones públicas y privadas, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier otro centro de atención a los adultos mayores, deberán ajustar su funcionamiento a lo dispuesto por las normas oficiales mexicanas, normas mexicanas, normas técnicas y los reglamentos que se expidan para este efecto.

Artículo 49. El incumplimiento a la disposición contenida en el artículo anterior será sancionado administrativamente por la Secretaría de Salud y por el Instituto, conforme a sus atribuciones, de conformidad con la Ley Federal del Procedimiento Administrativo y por las autoridades locales, según lo previsto en las leyes estatales correspondientes.

Artículo 50. Cualquier persona que tenga conocimiento del maltrato o violencia contra las personas adultas mayores deberá denunciarlo ante las autoridades competentes.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. Esta ley entrará en vigora los 30 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El patrimonio y los bienes del actual Instituto Nacional de Adultos en Plenitud, pasarán a formar parte del patrimonio del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Asimismo, sus trabajadores seguirán siéndolo de este último, sin afectación alguna de sus derechos laborales.

Tercero. Se abroga el decreto del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 22 de agosto de 1979, por el que se crea el Instituto Nacional de la Senectud.

Cuarto. Se abroga el decreto del Ejecutivo Federal de fecha 17 de enero de 2002, por el que se regula el organismo descentralizado Instituto Nacional de Adultos en Plenitud.

Quinto. La expedición del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, se dará dentro de los 120 días posteriores a la entrada en vigor de la presente ley.

Sexto. Cualquier referencia al Instituto Nacional de Adultos en Plenitud o al Instituto Nacional de la Senectud, en otras disposiciones jurídicas, se entenderá hecha al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

Salón de comisiones de la Cámara de Diputados. México, D.F., a 30 de abril de 2002.— Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.— Diputados: Laura Pavón Jaramillo, Librado Treviño Gutiérrez, Nemesio Domínguez Domínguez, Jorge Luis García Vera, Sergio Maldonado Aguilar, Lorena Martínez Rodríguez, Jaime Cleofas Martínez Veloz, Ricardo A. Ocampo Fernández, Silvia Romero Suárez, Patricia Aguilar García, Teodora Elba Arrieta Pérez, Benjamín Ayala Velázquez, Jesús A. Cruz Gutiérrez, Arcelia Arredondo García, Beatriz Grande López, Gumercindo Alvarez Sotelo, Pedro Pablo Cepeda Sierra, José A. Cisneros Gómez, María Elena Chávez Palacios, Julio César Lizárraga López, José Bañales Castro, Raúl Martínez González, Alba Leonila Méndez Herrera, Gregorio A. Meza de la Rosa, Enrique Adolfo Villa Preciado, Raquel Cortés López, Luis Herrera Jiménez, Esteban D. Martínez Enríquez, Esveida Bravo Martínez y Beatriz Lorenzo Juárez.»

La Presidenta:

Quiero, para ilustrar a la Asamblea, informar que el dictamen que se está distribuyendo entre ustedes y del que ha tenido conocimiento esta Mesa Directiva, es la atención a una minuta del Senado de la República por medio de la cual hace algunos ajustes al dictamen que presentó esta Cámara de Diputados y tengo entendido que la comisión de referencia acepta las observaciones del Senado.

Esto lo informo para el caso de los legisladores que no tienen en su poder todavía el dictamen, subrayando que ya ha sido entregado en un número significativo de volúmenes.

Es de primera lectura.

En virtud de que el dictamen está siendo distribuido y el contenido esencial es al que hicimos referencia, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato.

La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:

Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa.

La Presidenta:

Tiene la palabra la diputada Raquel Cortés López para fundamentar el dictamen en términos del artículo 108 del Reglamento Interior.

La diputada Raquel Cortés López:

Muchísimas gracias, señora Presidenta.

Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables en sentido positivo sobre la minuta recibida del Senado de la República con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Honorable Asamblea: a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables fue turnada para su estudio y dictamen por la Mesa Directiva de esta LVIII Legislatura la minuta enviada por el Senado de la República el pasado 25 de abril del año en curso y que contiene la iniciativa de decreto por el que se crea la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en las facultades que le otorgan los artículos 39, 45.6 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la votación de esta honorable Asamblea, el presente dictamen a partir de los siguientes antecedentes:

La minuta con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores no resultó materia nueva a analizar por esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y en especial a la Subcomisión de Adultos Mayores de esta comisión.

Desde hace varios meses hemos efectuado reuniones de análisis y reuniones en conferencias con las comisiones responsables en el Senado de la República, con el resultado del enriquecimiento de la minuta presentada.

Se integraron diversas propuestas de la iniciativa de Ley Sobre el Adulto Mayor presentadas en esta Cámara por diputados del PAN Germán Martínez Cázares; del PRI, Alberto Curi Naime; del PRD, Sergio Acosta Salazar y el diputado independiente Jaime Martínez Veloz.

Debe agregarse que previo a estas reuniones la Subcomisión de Adultos Mayores analizó y discutió la primera versión en nueve mesas de trabajo. En cada caso fue presidida por un diputado e integrada por un grupo de apoyo formado a tales fines, con dirigentes de organizaciones de adultos mayores, académicos, especialistas en el tema, geriatras y gerontólogos.

La participación de este grupo de apoyo fue muy valiosa, ya que tienen años de experiencia por su estudio y lucha por los derechos de los adultos mayores.

Además en la mayoría de los casos sienten la problemática directamente al ser adultos mayores.

La ley que hoy se presenta a votación ha integrado las iniciativas de leyes de adultos mayores, presentadas tanto en esta Cámara como en el Senado de la República, habiendo sido estudiadas; las del diputado Germán Martínez Cázares, del PAN y del diputado Alberto Curi Naime, del PRI, mismas que fueron dictaminadas por esta Cámara el 29 de abril del 2000 y turnadas mediante minutas al Senado de la República y si bien ahora han sido dictaminadas en sentido negativo, sus contenidos han sido integrados en la iniciativa de ley que hoy es objeto de votación.

Asimismo las iniciativas de ley sobre los adultos mayores presentadas por el diputado independiente Jaime Martínez Veloz y el diputado Sergio Acosta Salazar, del PRD, las que se encuentran en reserva esperando la dictaminación de las dos iniciativas anteriores, pero que han enriquecido de forma determinante la ley que hoy ponemos a votación.

Importante resulta señalar que se han incorporado propuestas surgidas de foros internacionales y de las intervenciones de representantes de organizaciones y grupos de adultos mayores.

El trabajo en conferencia parlamentaria de las comisiones responsables del Senado de la República, como la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de esta Cámara, dio lugar a la creación del instituto que se encargará del cumplimiento de la política pública que se trazaba en dicha ley.

Posteriormente el 17 de enero del presente año se emitió el decreto por el Ejecutivo en el que se constituye el Instituto Nacional de Adultos en Plenitud.

Asimismo en días recientes el Ejecutivo presentó propuestas que enriquecieron la iniciativa sin presentar en ella objeción alguna, a la creación del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

La transmisión del patrimonio del actual Instituto Nacional de Adultos en Plenitud, pasa al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

Por lo que se refiere a la facultad del Congreso de la Unión, para legislar en esta materia, el sustento jurídico se encuentra en el artículo 73 en sus incisos 16, 79 apartado D inciso 30, así como en el artículo 4o. constitucional y el artículo 1o. párrafo tercero a partir de la reforma del 14 de agosto del 2001, donde establece la prohibición de la discriminación por edad.

Considerando lo anteriormente dicho pedimos su voto ya que ésta es una ley que realmente estaríamos garantizando la estabilidad de nuestros adultos mayores, ya que ellos han proporcionado a nuestra patria el avance que tenemos hasta ahora.

Muchísimas gracias, compañeras y compañeros.

La Presidenta:

Gracias, señora diputada.

Está a discusión en lo general.

Para fijar posiciones se han registrado los siguientes legisladores:

El diputado Sergio Acosta Salazar, a nombre del grupo parlamentario del PRD.

La diputada Alba Leonila Méndez Herrera, a nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional.

La diputada Silvia Romero Suárez, a nombre del grupo parlamentario del PRI.

Tiene la palabra el diputado Sergio Acosta Salazar, del PRD.

El diputado Sergio Acosta Salazar:

Con su permiso, diputada Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Efectivamente algunas sorpresas son de mis compañeros y de ustedes también en el sentido de que nosotros hemos hablado de temas muy importantes, como lo es el caso de los braceros. Pero nosotros al inicio de esta legislatura como diputados federales presentamos una iniciativa, una iniciativa de ley que era precisamente encaminada a la protección de los adultos mayores.

A petición y viendo como ha sido muy lacerante la participación a compañeros e inclusive a familiares, que los hemos tenido en el rezago, es por eso que nosotros presentamos esta iniciativa de ley y que me da mucho gusto que el día de hoy, cuando termina un periodo, se dé este dictamen, donde esta Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores sea aprobada por el pleno.

¿Cuántas veces no hemos visto a una persona adulta mayor como indigente en la calle? ¿Cuántas veces no hemos visto a personas esperando a bien morir? ¿Cuántas veces no hemos visto a las personas que inclusive por ser mayores no se les toma en cuenta porque ya sus votos no son tan importantes para nosotros? ¿Cuántas veces se les ha rezagado, metiéndolos, inclusive enclaustrándolos en algunos asilos, donde de una manera no moral son tratados?

Es por eso que esta ley de orden público, de carácter general, de interés social y bajo los principios de esta ley emana principalmente el fortalecimiento de la independencia de los adultos mayores. Garantizar las condiciones óptimas de salud, educación, nutrición, vivienda y todo aquello que conlleve a una mejor vida para nuestros adultos.

La de atención preferente a las personas adultas en instituciones públicas o privadas. Garantizar a las personas mayores el pleno ejercicio de sus derechos residentes en México o que se encuentren de paso en territorio mexicano. La igualdad de oportunidades y una vida digna, que es la que se merece.

¿Cuántos de nosotros, los que estamos aquí, no hemos visto el padecimiento en carne propia? ¿Cuántos de los diputados y senadores no hemos visto una lágrima que corre por su mejilla por los años que nos dieron y que definitivamente nunca se había hecho nada a favor de nuestros viejos?

Es por eso que el día de hoy se presenta como un dictamen de esta Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y que vuelvo a repetir, es un tema muy noble. A veces aquí debatimos situaciones que la verdad para muchas personas que se encuentran afuera no son trascendentales, pero que olvidamos los puntos medulares del principio de una familia y que son aquellas personas que cuentan con 50 años en adelante.

Este tema, vuelvo a repetir, es un tema muy importante, donde nosotros como partido obviamente vemos bien el dictamen y que definitivamente compartimos y que me congratulo de que este dictamen de ley lleve parte de la iniciativa nuestra, lleve parte del diputado Alberto Curi, lleve parte del diputado Jaime Martínez Veloz y de los que presentamos de una manera independiente las iniciativas correspondientes y que con la colaboración del Senado hubo esa amalgama.

Cuando se trata de asuntos importantes me parece correcto que senadores y diputados nos hayamos puesto de acuerdo y que aquí no importaba cuál iniciativa pasara o cuál no pasara, lo importante es que exista una ley que beneficie, proteja y estimule a las personas adultas mayores y que aquí no importa quién fue el que dio esa iniciativa, sino que el Senado y la Cámara de Diputados recogieron e hicieron posible ese dictamen donde, vuelvo a repetir, en temas muy nobles y en temas que realmente son de trascendencia, el Senado y la Cámara de Diputados siempre vamos en un mismo sentido.

Yo aplaudo esa decisión de que cada partícula de ley que se emitió por diversos diputados, esté en esta iniciativa y esté en este corazón que es la que le va a dar vida y le va a dar resurgimiento a nuestros viejos, a las personas que ya no van a ser segregadas, a las personas que ya no van a estar inmunes, a las personas adultas que no van a ser vulneradas.

Por eso, de veras, compañeros, me siento muy contento de que en este tema tan importante, en esta noche y en este cierre de sesiones, se hayan coligado el Senado y la Cámara de Diputados para la gente de la tercera edad que reclama mucho y que poco le damos.

Gracias, muy amables.

Presidencia del diputado Eric Eber Villanueva Mukul

El Presidente:

Gracias, señor diputado.

Para fijar posición por el Partido Acción Nacional, tiene el uso de la tribuna la diputada Alba Leonila Méndez Herrera, hasta por 10 minutos.

La diputada Alba Leonila Méndez Herrera:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Los adultos mayores de 60 años y más actualmente representan más del 7% de la población nacional, es decir, que uno de cada 20 mexicanos pertenece a este segmento y que proyecciones a futuro nos indican que en el año 2050 será uno de cada cuatro mexicanos.

Menos del 50% es derechohabiente y sólo alrededor del 12% recibe el seguro de pensión, cuyo monto promedia alrededor de 1 mil 300 pesos mensuales. La escolaridad de este segmento en general es nula o muy baja, 1 millón 829 mil 138 carecen de cualquier tipo de instrucción, aun cuando la mayoría manifiesta no presentar algún tipo de discapacidad, el 76% se clasifica dentro de la población económicamente inactiva.

Esta es, pues, la triste y real situación de los adultos mayores en donde no se les ha atendido de forma integral. Pese al discurso político, la atención integral a los adultos mayores no es una prioridad dentro de las políticas nacionales, no obstante que los problemas derivados del envejecimiento poblacional se verán agravados en un futuro no muy lejano debido a la transición demográfica y epidemiológica presente y futura de nuestro país.

Tarde o temprano los que hoy somos jóvenes seremos viejos por lo que debemos repensar las políticas y acciones que el Gobierno habrá de implementar para satisfacer las necesidades de este importante grupo, así como a corresponsabilidad que todos dentro de cada uno de nuestros ámbitos de acción debemos de tener hacia ellos.

La vejez no es el fin de la vida productiva sino una etapa que requiere de acciones preferentes acordes a sus distintas pero importantes y valoradas capacidades.

Es por ello que en Acción Nacional nos congratulamos con el dictamen que hoy votaremos porque recoge el espíritu y en buena parte el contenido coincidente de las iniciativas sobre el adulto mayor para atender, fomentar y apoyar a todos los adultos mayores en una óptica de integración e inclusión al desarrollo.

Coincidimos en la aprobación del dictamen que crea la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, toda vez que es resultado del trabajo en conferencia que se realizó entre las comisiones involucradas del Congreso de la Unión y que satisfactoriamente vemos hoy culminado.

Definitivamente reconocemos que estos tiempos nos reclaman leyes integrales que involucren la acción pública de todas las dependencias gubernamentales y sectores de la sociedad a favor de grupos de población específicos.

En esta virtud, la ley que hoy dictaminamos cumple este propósito al proteger, apoyar y garantizar los derechos de los adultos mayores a través de la definición de políticas públicas preferentes y del propio Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, en todos los ámbitos de su vida familiar, social y productiva, ya que preservar y reconocer la dignidad de la persona humana es condición indispensable para que cada uno sea tratado razonablemente y no según factores arbitrarios que no dependen de la voluntad personal, tales como la edad, la raza, el sexo, la condición física entre otros.

Por otra parte, la ley precisa derechos específicos para las personas adultas mayores que si bien tratan en términos más amplios de las garantías individuales establecidos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para beneficiar a toda persona sin distinción alguna de edad, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. Permiten dar certeza jurídica a este grupo de población en el sentido de hacerlos exigibles y buscar la acción contundente de las dependencias y secretarías de la Administración Pública Federal para con ellos.

Compañeras y compañeros legisladores, estamos en un buen momento para trabajar con ahínco por nuestros adultos mayores y por las próximas generaciones. Brindémosle oportunidades para un envejecimiento activo y tracemos el rumbo hacia una cultura de desarrollo humano a lo largo del ciclo vital.

El Presidente:

Gracias, señora diputada.

Para fijar posición por el Partido Revolucionario Institucional, tiene el uso de la palabra la diputada Silvia Romero Suárez, hasta por 10 minutos.

La diputada Silvia Romero Suárez:

Con permiso de la Presidencia; compañeras diputadas; compañeros diputados:

En esta ocasión hago uso de la palabra para fijar la posición del Partido Revolucionario Institucional sobre el dictamen con proyecto de decreto sobre la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores enviada a esta soberanía por la colegisladora, aclarando que el presente dictamen es resultado de la participación de diputados y senadores, así como de la opinión de algunas áreas del Ejecutivo Federal y de manera especial, del reclamo de la sociedad civil organizada.

Agradezco a la Comisión de Grupos Vulnerables y a la Subcomisión de Adultos Mayores, la oportunidad de poder informar ante este pleno los logros alcanzados dentro de la pluralidad y después de intensos trabajos, la materialización del presente dictamen.

Sin lugar a dudas, compañeras y compañeros diputados, que la aprobación de esta nueva iniciativa de Ley Sobre los Derechos de las Personas Adultas Mayores, colocará a nuestro país a la vanguardia de los programas sociales porque se contemplan acciones que habrán de responsabilizar a diversas secretarías de la Administración Pública Federal para atender y prever el déficit de atención a este importante grupo núcleo de población.

El proceso de transición demográfica del país nos advierte que el envejecimiento en los próximos 15 años habrá de alcanzar en la población mayor de 60 años un crecimiento considerable, por lo que se hace necesario e inaplazable tomar medidas que contemplen los principales puntos de atención en diferentes materias como lo son la atención de la salud en dos rubros importantísimos que tienen que ver con los adultos mayores, como lo es la geriatría y la gerontología.

Se promueve en esta ley el hecho de que la Secretaría de Salud pueda dar promoción y oportunidades a que más médicos cirujanos puedan especializarse en estas ramas. De igual forma, para mejorar los aspectos nutricionales con el establecimiento de dietas balanceadas que preserven la integridad física de estas personas, así como de todas aquellas enfermedades de los adultos mayores y de igual forma se establece en el dictamen el mejoramiento de los contenidos de los programas educativos que propicien una nueva cultura de respeto a los derechos humanos de las personas adultas mayores.

Por otro lado, el espíritu de esta ley busca que de manera coordinada con los estados y municipios se cumplan los programas de asistencia social integrados con los de desarrollo urbano y vivienda para contar con una infraestructura adecuada que permita la convivencia integral de quienes nos han entregado su inteligencia, trabajo, creatividad y experiencia en la construcción de este país.

Otro de los renglones de mayor trascendencia de esta ley es la de evasión apolítica de Estado la atención de adultos mayores, puesto que esta ley sin un respaldo presupuestal quedaría incompleta, por ello, desde ahora debemos de pensar en que cada vez más deberán destinarse mayores partidas presupuestales a la atención de este importante segmento de población.

Finalmente, quiero destacar que esta ley no es sólo el cumplimiento a la exigencia de una demanda social presente o futura, es ante todo y sobre todo, una obligación moral que se determina por la evolución de nuestra propia vida. Porque estoy segura de que su voto habrá de ser a favor, a nombre del Partido Revolucionario Institucional y de las mujeres y los hombres que se encuentran ya en este importante grupo social de mexicanos, de antemano, les damos las gracias por su comprensión y solidaridad.

Muchísimas gracias.

El Presidente:

Gracias, señora diputada.

Está el proyecto, en la discusión en lo general. Esta Presidencia pregunta si hay algún orador inscrito en contra y en pro del proyecto.

El diputado Jaime Cleofas Martínez Veloz

(desde su curul):

Señor Presidente.

El Presidente:

Activen el sonido en la curul del diputado Martínez Veloz

El diputado Jaime Cleofas Martínez Veloz

(desde su curul):

Con su permiso, señor Presidente:

No quiero participar, solamente quiero señalar que solicito se inscriba en el Diario de los Debates, en la lectura del documento que leyó la compañera de la Comisión de Grupos Vulnerables para justificar el dictamen, que se incluya el nombre del diputado Amador Rodríguez Lozano con quien presenté conjuntamente esta iniciativa y agradecer especialmente al grupo de asesores parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, que nos dieron su apoyo para esta iniciativa.

El Presidente:

Tome nota la Secretaría.

En virtud de que no hay oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La secretaria Martha Silvia Sánchez González:

Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.

El Presidente:

Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

Se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:

Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación.)

Se emitieron 273 votos en pro, 11 en contra y 66 abstenciones.

Presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel

La Presidenta:

Aprobado en lo general y en lo particular por 273 votos.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se crea la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

El siguiente punto del orden del día, es el relativo a dictámenes a discusión relativos a punto de acuerdo turnados a comisiones.

Recuerdo a la honorable Asamblea que la votación en estos casos es económica.

En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte a la Secretaría a la Asamblea si se autoriza que solamente se dé lectura a los puntos de acuerdo.

El secretario Adrián Rivera Pérez:

Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se autoriza que se dé lectura a los puntos de acuerdo.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se autoriza.

La Presidenta:

Inicie, por favor, señor Secretario

LECHE DE VACA

El secretario Adrián Rivera Pérez:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

Honorable Asamblea: a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Diputados correspondiente a la LVIII Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen "la comunicación del honorable Congreso del Estado de Jalisco, con la que remite acuerdo económico por el que comunica el interés de esa legislatura, para que el proyecto de Norma Oficial Denominada "la leche de vaca, su denominación, especificaciones, formación comercial y métodos de prueba", elaborado por el Consejo para el Fomento de la Calidad de la Leche y sus Derivados, AC, sea tomado en cuenta por las secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a fin de elaborar la Norma Oficial Mexicana respectiva. Enviada por el Congreso del Estado de Jalisco, turnada a la comisión el día 18 de octubre de 2001, que en ejercicio de la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometió a la consideración del honorable Congreso de la Unión.

La Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la LVIII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45 párrafo sexto incisos d, e y f, así como en el tercero transitorio fracción IV inciso a de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94, del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis del punto de acuerdo descrito, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

Primero. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados, el día 18 de octubre de 2001, los secretarios de la misma dieron cuenta al pleno del punto de acuerdo que envió el Congreso del Estado de Jalisco. El Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: "túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Diputados".

Segundo. Mediante oficio número CCFI/00866/2000, de fecha 12 de noviembre de 2001, se dio cuenta a los integrantes de la comisión, del contenido de los mencionados puntos de acuerdo.

Tercero. El punto de acuerdo establece que el ganadero en toda la cadena de producción y comercialización de la leche de vaca siempre ha sido al que más se Ie exige para mejorar la calidad de la leche, eficientándose y tecnificándose sin recibir casi ningún apoyo por parte del Gobierno Federal o estatal, por lo que continuamente tiene que hacer inversiones para no quedarse fuera del contexto de la tecnología lechera que actualmente existe.

CONSIDERANDO

Primero. Que en fecha 3 de octubre de 2001, esta comisión aprobó el punto de acuerdo denominado punto de acuerdo por el que se solicita a las dependencias de la Administración Pública Federal se emita la Norma Oficial Mexicana para la leche de vaca, su denominación, especificaciones, formación comercial y métodos de prueba.

Segundo. Que en el mismo se dio el siguiente dictamen: "solicítese a la Secretaría de Economía y a la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que de manera conjunta con toda la cadena involucrada en la producción, industrialización y comercialización de la leche de vaca se elabore el proyecto de modificación de la Norma Mexicana NMX-F026-1997-SCFI, leche, denominación, especificaciones comerciales y métodos de prueba (NOM publicada el día 18 de agosto de 1997), así como del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios".

RESULTANDO

Primero. Solicítese a la Secretaría de Economía y a la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que tome en cuenta para la adecuación de la Norma Mexicana NMX-F-026-1997-SCFI, leche, denominación, especificaciones comerciales y métodos de prueba, así como del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, el proyecto al que hace referencia el presente punto de acuerdo.

Dado en el Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 20 de febrero de 2002.— Diputados: Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, presidente; Jesús Mario Guevara, Ildefonso Guajardo Villarreal, R. Antonio Silva Beltrán y Francisco Agundis Arias, secretarios; José Bañales Castro, Orlando Alfonso García Flores, Sergio García Sepúlveda, Moisés Alcalde Virgen, José Ramón Mantilla y González de la Llave, Francisco Javier Ortiz Esquivel, María Teresa Tapia Bahena, Jorge Urdapilleta Núñez, Carlos Nicolás Villegas Flores, Samuel Yoselevitz Fraustro, Miguel Castro Sánchez, Elías Dip Rame, María Luisa Domínguez Ramírez, Rubén Benjamín Félix Hays, Jaime Hernández González, Julián Luzanilla Contreras, Hermilo Monroy Pérez, Manuel Payán Novoa, Roberto Ruiz Angeles, Jorge Schettino Pérez, Adolfo Zamora Cruz, Miroslava García Suárez, Rafael Servín Maldonado, Gregorio Urías Germán y Norma Patricia Riojas Santana.»

La Presidenta:

Está a discusión el punto de acuerdo.

Sí, diputado Ildefonso Guajardo.

El diputado Ildefonso Guajardo Villarreal

(desde su curul):

Sí, señora Presidenta, sólo para proponer una adecuación al párrafo, para que se lea: "solicítese a la Secretaría de Economía y a la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que tome en cuenta y, mi sugerencia es agregar" "en lo procedente", para poderle dejar sujeto a la conveniencia de su adecuación. Simplemente agregar después de: tome en cuenta, agregar "en lo procedente".

La Presidenta:

Diputado Ildefonso, ¿habla usted a nombre propio o en consulta con la directiva de la comisión?

El diputado Ildefonso Guajardo Villarreal

(desde su curul):

Es que la mayor parte de los miembros de mi comisión no todos se encuentran presentes, pero es una adecuación que al menos hubo una consulta rápida con algunos miembros de la Mesa Directiva.

La Presidenta:

Gracias, diputado.

Consulte a la Secretaría si es de admitirse la adición de "en lo procedente" al punto de acuerdo específico.

El secretario Adrián Rivera Pérez:

Se consulta a la Asamblea si es de aceptarse la adición propuesta "en lo procedente" al resolutivo del punto de acuerdo en comento.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aceptada.

La Presidenta:

Consulte en votación económica si se aprueba el punto de acuerdo con la adición de "en lo procedente".

El secretario Adrián Rivera Pérez.

En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo con la adición aceptada "en lo procedente".

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese al Ejecutivo.

La Presidenta:

Adelante.

MEDIOS DE COMUINICACIÓN

El secretario Adrián Rivera Pérez.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

A la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados le han sido turnados una serie de puntos de acuerdo relacionados con su competencia, siendo éstos los siguientes:

1. Punto de acuerdo para solicitar la intervención de la Cámara de Diputados para que supervise la programación televisiva que tiene un alto contenido de violencia, con objeto de evitar influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez y la juventud. Comunicación del Congreso del Estado de Jalisco. Turnado el 21 de octubre de 1999.

2. Punto de acuerdo aprobado por el Congreso del Estado de Baja California para vigilar la calidad de la programación infantil. Turnado el 1o. de junio de 2000.

3. Acuerdo del honorable Congreso del Estado de Chihuahua, para que en cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Radio y Televisión, se implementen las políticas necesarias encaminadas a supervisar y mejorar el servicio en materia de comunicación. Turnado el 25 de octubre de 2000.

4. Punto de acuerdo de la diputada Sonia López Macías, para que la Secretaría de Gobernación vigile que se dé cumplimiento de la legislación vigente en materia de radio y televisión, especialmente la transmisión del programa Big Brother. Turnado el día 6 de marzo del 2002.

Sobre éstos nos permitimos manifestar los siguientes:

CONSIDERANDOS

Primero. Debe atenderse y dar puntual respuesta a la preocupación social sobre los contenidos televisivos, particularmente aquellos que afectan el desarrollo armónico de la niñez.

Segundo. El Ejecutivo Federal debe utilizar una parte suficiente de los tiempos oficiales que administra para promover, en corresponsabilidad entre las autoridades, los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto, contenidos que impulsen una visión analítica sobre los medios electrónicos.

Tercero. Los medios de comunicación deben manifestar su responsabilidad social a través del apego a la ley, sobre todo en lo que se refiere a los contenidos que se dirigen a la infancia y la juventud mexicana.

En atención a lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 39 numerales 1 y 3 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos; 65, 87 y 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la subcomisión de dictamen proponen la siguiente

RESOLUCION

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación y en particular a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, a dar seguimiento puntual a las transmisiones de televisión y radio, a fin de cuidar el apego estricto a la Ley Federal de Radio y Televisión en materia de horarios de transmisión y contenidos de la programación.

Segundo. Igualmente, se exhorta al Gobierno Federal a que, a través de los medios de comunicación del Estado, así como en los tiempos oficiales del Estado que actualmente administra, se programen contenidos orientados al público infantil y juvenil, donde se difundan valores cívicos, culturales, educativos, humanos; de carácter universal, basados en la equidad y la igualdad.

Tercero. En el mismo sentido, solicitamos a la Secretaría de Gobernación sea entregada a la Cámara de Diputados, para que ésta remita a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, un informe detallado y fundamentado de las sanciones, observaciones y extrañamientos, aplicados a los concesionarios y permisionarios por las posibles infracciones a la Ley Federal de Radio y Televisión del periodo comprendido del 1o. de diciembre del año 2000 a la fecha.

Asimismo, solicitamos se entregue a partir del mes de mayo, en los primeros 10 días de cada mes, el informe referido, hasta el término de la presente legislatura.

Palacio Legislativo.— San Lázaro, 25 abril de 2002.— Diputados: Lionel Funes Díaz, presidente; Amado Olvera Castillo, Juan Carlos Pallares Bueno, Gumercindo Alvarez Sotelo, Gabriela Cuevas Barrón, Alejandro García Sainz, Enrique Herrera y Bruquetas, Víctor Hugo Cirigo Vázquez, Víctor Antonio García Dávila, Pedro Manterola Sáinz, Fernando Díaz de la Vega, Francisco J. Sanchez Campuzano, Agustín Trujillo Iñiguez, Raúl García Velázquez, Ma. Teresa Gómez Mont y Urueta, Manuel Arturo Narváez, Francisco E. Jurado Contreras, Tereso Martínez Aldana, Rodolfo G. Ocampo Velázquez, Heidi G. Storsberg Montes, Ney González Sánchez, Salvador Cosío Gaona, J. Félix Salgado Macedonio, Claudio Mario Bres Garza, Adela Cerezo Bautista, María Elena Chapa Hernández, Rodolfo A. Echevarría Ruiz, J. Jesús Orozco Alfaro, Lorena Beaurregard de los Santos y Marcos Paulino López Mora.»

La Presidenta:

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo registro de oradores, consulte la Secretaría en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo.

El secretario Adrián Rivera Pérez:

En votación económica, se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado.

La Presidenta:

Continúe la Secretaría.

Comuníquese el anterior punto de acuerdo al Ejecutivo.

PRODUCTOS LÁCTEOS

La secretaria Martha Silvia Sánchez González:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de Salud.

A la Comisión de Salud, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo, para que estudie la legislación vigente y las iniciativas ya en comisiones, presentadas para garantizar que la leche cumpla su papel de mejorar la nutrición de los mexicanos y al mismo tiempo promover el sector productivo lechero, mismo que fue presentado por el diputado Neftalí Salvador Escobedo Zoletto del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional ante el pleno de la Cámara de Diputados el 24 de octubre de 2000.

Esta comisión dictaminadora, de conformidad con las atribuciones que le otorgan los artículos 39 numerales 1, 3, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 55, 56, 60, 87, 88, 89, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de los integrantes de esta Asamblea el siguiente dictamen, de acuerdo con los siguientes:

ANTECEDENTES

Con fecha 24 de octubre el diputado Neftalí Salvador Escobedo Zoletto del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presentó al pleno de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo para que las comisiones de Salud, Comercio y Agricultura y Ganadería estudien la legislación vigente y las iniciativas pendientes de dictaminar en las comisiones, para garantizar que la leche cumpla su papel de mejorar la nutrición de los mexicanos y al mismo tiempo se promueva el sector productivo lechero. Esta proposición fue turnada por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados únicamente a la Comisión de Salud, en la fecha citada.

La proposición incluye información sobre la leche, y sobre las leyes y reglamentos de la Ley General de Salud, así como de la Norma Oficial Mexicana NMX-F-026-1997-SCFI; de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial que regula la denominación, especificación y métodos de prueba de la leche y de productos similares. La propuesta manifiesta las alteraciones de la que son objeto estos productos y que los mexicanos consumimos "productos lácteos" sin ningún valor nutrimental real.

Por todo esto se señala en la proposición que:

Resulta urgente retomar la discusión y solución de esta problemática. El día 28 de abril de 1999, la entonces diputada María Antonia Durán López, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó para su discusión la iniciativa que crea la Comisión Nacional de la Leche. Posteriormente, el diputado Maximiano Barbosa Llamas, del Partido del Trabajo, presentó con fecha 26 de octubre de 1999 la iniciativa de decreto para la creación de la Ley General de la Leche, misma que fue turnada a la Comisión de Salud. De la misma manera, el diputado Joaquín Montaño Yamuni, de Acción Nacional, presentó el dictamen que reforma y adiciona la Ley de Metrología y Normalización con lo cual se pretende evitar fraudes al consumidor final, "es decir, busca que todos los productos de origen y subproductos pecuarios sean etiquetados, normalizados y controlados con una inspección de calidad para que no entren al país artículos que atenten contra la salud de la población, además de que no haya competencia desleal".

Una de sus principales motivaciones de la iniciativa antes citada es que ante la necesidad de alimentar a la población mexicana, que en su mayoría tienen un nivel de ingresos bajo, la leche se presenta como una de las principales alternativas, sobre todo para la niñez de nuestro país. Pero para que cumpla con este fin, es necesaria su consolidación como un bien básico accesible a todos los niveles y en todos los lugares. Por ello, en la medida que aumente la importancia del consumo de este producto en la dieta básica de la población, la leche será un producto estratégico que ayude a mejorar la alimentación y la salud de los mexicanos.

De otra parte, se enfatiza en la iniciativa que el sector lechero mexicano se encuentra ante una disyuntiva que deberá solucionar antes de que se reduzcan los aranceles a cero. Crecer, igualando su productividad a la de los nuevos socios comerciales de México, o admitir la existencia de ventajas comparativas que favorecen a Estados Unidos y en particular a Canadá, es aceptar, también la desaparición del sector lechero en México.

Con estos antecedentes se propone como punto de acuerdo, solicitar que la Comisión de Salud, la Comisión de Agricultura y Ganadería y la Comisión de Comercio analicen en forma conjunta la legislación vigente, así como las propuestas e iniciativas relativas, aún pendientes por dictaminar, para que las discutan y enriquezcan con el sector productivo y con las secretarías del ramo, con objeto de llevar a cabo reformas en el sentido de:

1. Permitir que se mejore de manera real la nutrición de los mexicanos con leche que cumpla con las especificaciones de contenido proteínico.

2. Unificar la legislación con relación a la producción, industrialización, distribución y calidad de la leche.

3. Se norme adecuadamente la etiquetación de productos lácteos similares a la leche, a fin de que la población sepa realmente lo que adquiere y consume.

4. Se prohíba la utilización de insumos no aptos para el consumo humano, tales como el suero de uso veterinario, en estos productos.

5. Logremos que el sector ganadero-lechero salga finalmente de la crisis en que se encuentra, mediante la implementación de incentivos al productor y la limitación o eliminación de la competencia desleal existente, regulando las importaciones de leche en polvo de acuerdo con las necesidades del mercado nacional.

6. Lograr que las instancias de supervisión de la producción y calidad lecheras funcionen de manera real y adecuada.

Hoy día, la Ley General de la Leche reglamenta una norma jurídica para hacer obligatoria la planeación en la actividad lechera y sus derivados, "actualmente nos encontramos con un gran déficit de ordenamientos para controlar la importación de sueros lácteos que viene a distribuirse y a consumirse en México como leche pura, lo cual es un fraude al consumidor, pero también tenemos la obligación de darle una norma jurídica que obligue al Ejecutivo para que en materia de planeación de la actividad lechera establezca las bases para que haya objetividad y certidumbre a largo plazo para los productores pecuarios".

Nuestro país tiene un deficit en producción de leche aproximadamente del 50%, es decir, que se produce un 50% de leche que se consume y esta situación a dado cabida a que con la apertura comercial y el Tratado de Libre Comercio, una serie de empresas que se dedican a industrializar la leche y buscando satisfacer la demanda nacional, privilegian la importación de leche en polvo descremada y en la mayoría de las ocasiones importan suero de uso veterinario, producto no apto para el consumo humano, el cual revuelven con leche producida en México, misma que primero descreman y extraen sus propiedades nutricionales y posteriormente adulteran con grasa vegetal y otros productos que no son propios de la leche, ocasionando, con ello un gran fraude al consumidor, afectando principalmente a los más indefensos que son los niños. Al extremo de que existen muchas fábricas de leche que compran un litro de leche a los productores nacionales, lo descreman, lo adulteran y de ese litro de leche que compraron venden tres litros.

Asimismo se envíe una excitativa a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, para que cumpla con la revisión periódica y veraz de los productos lácteos en el mercado para asegurar con ello el que los mexicanos recibamos lo que pensamos, adquirimos y que debe ser lo que en realidad necesitamos para una correcta nutrición,

Por lo expuesto y fundado, esta comisión que dictamina formula lo siguientes

CONSIDERANDOS

Primeramente es importante mencionar la problemática que se deriva de la comercialización de la leche que evidentemente no cumple con las especificaciones y normatividad establecida, por tanto surgen recomendaciones en relación con el proyecto de norma:

PROY-NOM-000-SCFI-2001, leche, imitaciones y formulas lacteas, denominación, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba.

PROY-NOM-184-SSA1-2000, bienes y servicios. leche para consumo humano especificaciones sanitarias.

Al respecto la doctora Belinda Vallejo del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, opina:

En México, la producción de leche no es suficiente para abastecer las necesidades de la población, a pesar de que el sector primario ha incrementado su producción en más del 50% durante los últimos 12 años. Esto conduce a que cada año México importa más de 200 mil toneladas de leche en polvo, además de otros componentes de origen lácteo como sueros, caseinatos y grasa butírica anhidra, con la consecuente pérdida de divisas. Todos estos productos de importación provienen de países industrializados como Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda que tienen la necesidad de dar salida a los excedentes de sus productos en los mercados internacionales principalmente orientadas a países en vías de desarrollo. El factor determinante del aumento del total de la producción láctea mundial ha sido el aumento del rendimiento por vaca en los principales países productores. Por lo que es posible que México llegue a ser autosuficiente en leche, en la medida que se implementen programas de mejoramiento genético que permitan aumentar la producción de leche por vaca. El Programa de Fomento Lechero implementado por el Gobierno Federal ofrece condiciones favorables para la recuperación del sector, asimismo éste deberá cumplir con estándares para producir leche de calidad que les permita operar bajo condiciones competitivas frente al exterior.

El sector primario, la industria láctea y los mexicanos consumidores requieren de una normativa en materia de leche, que asegure que todas las actividades involucradas en la cadena que abarcan desde la producción e industrialización hasta la comercialización y consumo, brinden una seguridad que la leche disponible en el mercado, es un producto definido de acuerdo a la naturaleza de su origen y que sea un instrumento para asegurar altos estándares de calidad sanitaria, composicional, organoléptica y nutricional. Dicha normatividad no debería incluir ningún producto que sea de imitación, sustituto o producto alternativo, ya que si bien es cierto que estos productos existen en el mercado, es primordial enfatizar que pertenecen a una categoría diferente de producto por lo que deben ser regulados en una norma diferente a la de la leche. Aún más, deberían ser expendidos en anaqueles separados de la leche para evitar la confusión del consumidor en el momento de la compra.

Aunque existen las normas y reglamentos que rigen a la leche, la laxitud para asegurar su cumplimiento han propiciado las conocidas prácticas desleales en todo el sector lácteo, consistentes en la adulteración de la leche con diversos ingredientes de origen lácteo como lo son sueros, caseinatos y leche en polvo, así como ingredientes de origen vegetal como lo son las grasas vegetales hidrogenadas o proteínas de soya. Todos estos ingredientes que se utilizan para adulterar a la leche de vaca, generalmente son de importación, por lo que causan un desequilibrio económico originando una merma al sector primario de nuestro país, además de que constituyen un engaño al consumidor.

Por otro lado, el valor nutricional de varias de estas formulaciones expendidas como "leche" es inferior al de la leche de vaca, ya sea por la elevada concentración de ácidos grasos "trans" provenientes de las grasas vegetales hidrogenadas o por la menor disponibilidad de aminoácidos esenciales de los productos deshidratados utilizados como sustitutos. El caso particular del consumo de grasas vegetales hidrogenadas, que poseen un alto contenido de ácidos grasos "trans", en la leche y los productos lácteos, ya sean adicionados fraudulentamente (sin indicar en la etiqueta) o legalmente (indicando en la etiquetada), podría convertirse en un problema de salud pública. Está documentado científicamente el efecto perjudicial a la salud, el consumo de los ácidos grasos "trans", abundantes en las grasas vegetales y su relación con las enfermedades del corazón.

Si bien es cierto que existe un mercado para productos "tipo leche" como son, conocidos, pero no permitidos en países industrializados como Canadá y Estados Unidos, ambos países los consideran en género diferente de producto y por lo tanto no están incluidos en la legislación de la leche y son considerados alimentos adulterados.

Asimismo, la Norma General del Codex Alimentarius para el uso de términos lecheros de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (WHO) sólo considera el uso del término leche, para denominar lo que es propiamente leche como es definida en la NOM-091-SSA1-1994.

Por lo anterior, a continuación se fundamentan tanto los aspectos regulatorios con implicaciones económicas para el sector productivo en México, como aspectos nutritivos con implicaciones económicas para el sector productivo en México, como aspectos nutritivos con implicaciones en la salud pública de los consumidores, por los cuales se recomienda no incluir en las normas de la leche, todos aquellos productos de imitación, fórmulas lácteas o leches combinadas o recombinadas o reconstituidas con grasa vegetal, que constituyen otro género de producto que difieren sustancialmente de uno de los alimentos esenciales en la alimentación del ser humano: la leche.

Aspectos regulatorios e implicaciones económicas:

Las normas que legislan la calidad de la leche en nuestro país, tanto en aspectos sanitarios como en denominación y especificaciones comerciales deben ser congruentes, consistentes y homólogas a las internacionales. Ante la apertura mundial de la economía y el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá, México tiene que estar preparado para competir en igualdad de circunstancias en un mercado abierto. Las normas, objeto de esta revisión, no son congruentes ni con los estándares internacionales (Codex Alimentarius), ni con las respectivas legislaciones de Estados Unidos y Canadá.

El TLC establece que cuando México o Estados Unidos apliquen una medida relativa a la normalización o comercialización de un producto agropecuario nacional, el país que aplique dichas medidas otorgará trato no menos favorable a los productos de importación similares cuando sean destinados para su procesamiento. Asimismo, con el propósito de evitar barreras innecesarias al comercio, el TLC alienta a los tres países a utilizar las normas internacionales relevantes para el desarrollo de sus medidas sanitarias. No obstante, permite a cada país adoptar medidas más estrictas que las internacionales, apoyadas en resultados científicos, cuando sea necesario para alcanzar los niveles de protección que considere apropiados.

Los tres países acordaron promover el desarrollo y revisión de normas sanitarias internacionales en el marco de las organizaciones de normalización, internacionales y de América del Norte sobre la materia, como: la Comisión del Codex Alimentarius. Con esto se ha acordado promover la armonización y equivalencia de las normas en medidas sanitarias, sin reducir el nivel de protección de la salud humana determinado por cada país. Cada uno de los países parte aceptará como equivalentes a sus medidas sanitarias la de otros países miembros del TLC, a condición de que el país exportador demuestre que sus medidas cumplen con el nivel adecuado de protección (Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, 1992).

De acuerdo a la US Food and Drug Administratión de Estados Unidos de América (1998), en el "Filled Milk Act" (Title 21-Food and Drugs Act), se define el término "filled milk" como cualquier leche, crema, leche descremada, condensada o no, evaporada, concentrada, en polvo, a la cual se le ha añadido o mezclado cualquier grasa o aceite que no sea la característica de la leche (grasa de leche), de manera que el producto resultante sea una imitación o semejanza de los respectivos productos. La misma acta declara que "filled milk" es un alimento adulterado, dañino para la salud pública y que su venta constituye un fraude al público y que es ilegal su fabricación.

De manera similar el artículo B.08.002 (División 8) del Food and Drugs Act and Regulations de Canadá (1998) legisla que cualquier producto lácteo que contiene una grasa que no sea la grasa de la leche es un producto adulterado.

El Codex Alimentarius es un código internacional legislativo en alimentos, éste es importante porque garantiza a los gobiernos que si su legislación está de acuerdo con los estándares del Codex, ésta no puede ser refutada bajo las reglas de la Organización del Tratado Mundial (WTO). El Codex Alimentarius es operado por dos agencias: la Organización de Alimentos y Agricultura (FAO, Food and Agriculture Organization) y la Organización Mundial de la Salud (World Health Organization, WHO).

La norma general del Codex Alimentarius para el uso de términos lecheros sólo considera el uso del término leche, para denominar lo que es propiamente leche: es la secreción mamaria normal de animales lecheros obtenida mediante uno o más ordeños sin ningún tipo de adición o extracción, destinada al consumo en forma de leche líquida o a elaboración ulterior (Codex Stan 206-1000). Asimismo, la legislación de Estados Unidos de América y Canadá en materia de leche y productos lácteos, son acordes con los estándares internacionales del Codex Alimentarius.

A partir de 1995, el Tratado Comercial Mundial (WTO) determinó que los estándares del Codex serán usados para resolver conflictos comerciales entre los países miembros, de manera que si existiera un problema de intercambio comercial entre países sobre la aceptabilidad de un producto producido en un país para venta en un segundo país, un estándar del Codex podrá ser usado para resolver el desacuerdo.

Actualmente, la balanza comercial de nuestro país es deficitaria, influyendo de manera significativa la importación de leche en polvo. Sin embargo la instrumentación del Programa de Fomento Lechero ofrece condiciones favorables para la recuperación del sector, asimismo éste deberá cumplir con estándares para producir leche de calidad que les permita operar bajo condiciones competitivas frente al exterior, por lo que el sector lechero en México debe contar con normas acordes con los estándares de sus socios comerciales.

Aspectos nutricionales e implicaciones en la salud pública

La leche es el primer alimento del hombre, su única fuente de nutrientes en el momento del nacimiento. Es el mejor alimento natural porque contiene cantidades relativamente importantes de unos 55 nutrientes esenciales. Según los datos publicados por el Servicio de Nutrición de la Junta Lechera de Canadá, el consumo de productos lácteos contribuye en gran parte a asegurar los aportes nutritivos recomendados. Más del 20% de las necesidades de los adolescentes y adultos en proteínas, calcio, fósforo, vitamina A, riboflavina y niacina, se cubren con el consumo de leche y productos lácteos. Estos componentes en la leche tienen una especial importancia nutritiva, por lo que es necesario conservarlos durante su manipulación y tratamiento.

Las proteínas de la leche tienen una doble importancia nutritiva. Por una parte, suponen más del 22% de las sustancias proteicas recomendadas y por otra, como su composición es muy equilibrada, son una excelente fuente de aminoácidos esenciales: isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, triptófano, fenilalanina y valina. Las proteínas constituyen aproximadamente eI 16% de la composición total del cuerpo humano y su función nutritiva más importante es la de suministrar al organismo, a través de los procesos de digestión y absorción, cantidades suficientes y equilibradas de aminoácidos esenciales que el organismo no es capaz de sintetizar.

Las proteínas de origen animal y principalmente las de la leche presentan la ventaja de tener una composición bien equilibrada en aminoácidos, en especial de aminoácidos esenciales. De aquí se deriva la excelente calidad nutritiva de las proteínas de la leche, sobre todo para niños en desarrollo que tienen mayores necesidades para la formación de nuevos tejidos. Asimismo, la alta digestibilidad de las proteínas de la leche presenta una ventaja nutricional para los adultos, sobre las proteínas vegetales, como las de la soya.

El valor nutritivo de la leche es negativamente afectado por los tratamientos térmicos severos como el secado, concentración o esterilización, de manera que la lisina que es un aminoácido esencial es convertido en un compuesto que no es biodisponible. La pérdida de lisina biodisponible con el secado llega a ser hasta de un 20% con respecto a la leche sin procesar, de manera que el valor nutritivo de una leche en polvo, es menor que el de una leche sometida a un tratamiento térmico ligero como lo es la pasteurización. Por todo lo anterior, el valor nutritivo de una "leche de imitación" fabricada a base de polvos de origen lácteo o de ingredientes de otro origen (vegetal) tiene un valor nutritivo menor al de la leche en su estricta definición.

Finalmente, otro aspecto nutricional de gran importancia es la sustitución de la grasa de la leche por las grasas vegetales. Aunque existe la percepción de que dicha sustitución resulta en productos más saludables porque no contienen colesterol, se ha comprobado que es exactamente lo contrario. Las grasas vegetales utilizadas obtenidas por tratamiento térmico e hidrogenación que transforma los ácidos grasos del aceite en su forma "trans", los cuales está comprobado que contribuyen a niveles más altos de colesterol. De hecho, un alto contenido de ácidos grasos "trans" en la dieta está asociado con un mayor riesgo de enfermedades del corazón. Algunos investigadores inclusive han propuesto que los ácidos grasos "trans" provenientes de las grasas vegetales son una causa más importante de enfermedades del corazón, que el colesterol y las grasas saturadas. Un alto consumo en la dieta de los mexicanos, de leche y productos lácteos de imitación, que contienen altas concentraciones de ácidos grasos "trans", podría ser un factor de riesgo para la salud pública que debe ser considerado.

En las leches de imitación o combinadas o recombinadas mencionadas en las normas bajo revisión, sólo se consideran aspectos de calidad sanitaria, composicional y sensorial, sin embargo la calidad nutricional es completamente omitida. El público consumidor, en general, consume leche con la certeza que este alimento cumple con cada uno de los aspectos de calidad, siendo el aspecto nutricional uno de los más importantes para su consumo. Asimismo, el consumidor esperaría en estos productos de imitación, una calidad nutricional equivalente al de la leche que imitan o sustituyen, por lo que al no llenar las expectativas del consumidor constituyen un engaño y un fraude. Por lo anterior, las leches de imitación, combinadas, recombinadas o reconstituidas con grasa vegetal, son alimentos adulterados de acuerdo a la legislación de nuestros socios comerciales en el TLC.

Finalmente, la no concordancia con normas internacionales y la justificación final: "esta norma no concuerda con ninguna norma internacional por no existir referencia alguna al momento de su elaboración". Debe ser considerada de suma importancia, ya que la falta de referencia está fundamentada en lo anteriormente expuesto.

En resumen, se recomienda excluir de la norma de la leche todas las leches de imitación, combinadas, recombinadas, con grasa vegetal y formulas lácteas. Asimismo, si dichos productos de menor calidad nutricional han de permanecer en el mercado, se recomienda la elaboración de una norma por separado para éstos que incluya lo siguiente:

1. Su comercialización debería ser en anaqueles diferentes a los de la leche, para evitar la confusión del consumidor al momento de la compra.

2. El envase no debería contener imágenes que lo relacionen con la leche, para evitar la confusión del consumidor.

3. Los productos deberían ser claramente etiquetados, estableciendo su denominación e incluir el etiquetado nutricional.

4. Aquellos productos que contengan grasas vegetales hidrogenadas no deberían promover su producto como recomendable para la salud por ser "libres de colesterol".

Sobre el PROY-NOM-184-SSA1-2000, bienes y servicios. Leche para consumo humano. Especificaciones sanitarias, esta comisión dictaminadora opina:

Excluir:

3. Definiciones

Leche combinada, a la elaborada a partir de los ingredientes propios o no de la leche y agua potable en las cantidades necesarias para ajustar el producto a las especificaciones de composición y sensoriales de la leche, denominadas de conformidad con la norma correspondiente.

6. Especificaciones sanitarias

6.2 Los ingredientes que se utilicen en la elaboración de la leche combinada deben cumplir con lo establecido en el reglamento y las normas correspondientes.

6.3 La leche deshidratada y los ingredientes importados, que se empleen para la elaboración de los productos objetos de esta norma, deben cumplir con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-088-SSA1-1994, citada en el apartado de referencias.

6.4 En su elaboración, se debe emplear agua potable según corresponda de conformidad con lo señalado en la NOM-127-SSA1-1994, citada en el apartado de referencias.

6.6 La leche y leche combinada, deben someterse a pasteurización o ultrapasteurización conforme a lo siguiente:

6.16.1. En la elaboración de la leche combinada que no haya sido saborizada o aromatizada, sometida a pasteurización o ultrapasteurización, únicamente se permite el empleo de los siguientes aditivos para alimentos, dentro de los límites que se indican:

Emulsificantes o emulsivos, estabilizantes, espesantes y gelificantes.

En relación al PROY-NOM-000-SCFI-2001. Leche, imitaciones y fórmulas lácteas. Denominación, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba.

Excluir:

De las denominaciones comerciales de los diferentes tipos de leche:

Leche reconstituida con grasa vegetal. Es el producto que se obtiene a partir de leche descremada en polvo o fluida, grasa vegetal y en su caso agua purificada, en las cantidades necesarias para ajustar el producto a las especificaciones técnicas de la leche que se denomine.

Tabla 1. Denominaciones comerciales de leche denominación definición.

Leche enriquecida. Es la leche de vaca que se obtiene al adicionar una o varias vitaminas, minerales y/o proteínas (aminoácidos) en concentraciones superiores a los que normalmente contiene el producto.

Leche modificada con grasa vegetal. Es el producto elaborado a partir de leche de vaca descremada en polvo o fluida, grasa vegetal y en su caso agua potable o purificada, en las cantidades necesarias para ajustar el producto a las especificaciones fisicoquímicas de la leche que se denomine.

Leche modificada recombinada. Es el producto elaborado a partir de ingredientes propios de la leche de vaca, tales como caseína, grasa y suero, agua potable y grasa vegetal, en las cantidades necesarias para ajustar el producto a las especificaciones fisicoquímicas, sensoriales y sanitarias de la leche que se denomine.

Leche modificada combinada Es el producto elaborado a partir de ingredientes propios de la leche o no y agua potable, en las cantidades necesarias para ajustar el producto a las especificaciones fisicoquímicas, sensoriales y sanitarias de la leche que se denomine.

2.2. Imitaciones de la leche

5.2.2.1. Imitación de leche. Es el producto elaborado a partir de componentes propios o no de la leche y que cumple con las especificaciones de calidad del producto al que imita.

Se denomina anteponiendo la palabra imitación al producto leche, seguido del proceso al que ha sido sometido y a su contenido de grasa.

La denominación imitación de leche comprende los siguientes productos:

a) Imitación de leche pasteurizada entera.

b) Imitación de leche pasteurizada parcialmente descremada.

c) Imitación de leche pasteurizada semidescremada.

d) Imitación de leche pasteurizada descremada.

e) Imitación de leche ultrapasteurizada entera.

f) Imitación de leche ultrapasteurizada parcialmente descremada.

g) Imitación de leche ultrapasteurizada semidescremada.

h) Imitación de leche ultrapasteurizada descremada.

i) Imitación de leche en polvo entera.

j) Imitación de leche en polvo parcialmente descremada.

k) Imitación de leche en polvo semidescremada.

I) Imitación de leche en polvo descremada.

m) Imitación de leche evaporada entera.

n) Imitación de leche evaporada parcialmente descremada.

ñ) Imitación de leche evaporada semidescremada.

o) Imitación de leche evaporada descremada.

p) Imitación de leche rehidratada entera.

q) Imitación de leche rehidratada parcialmente descremada.

r) Imitáción de leche rehidratada semidescremada.

s) Imitación de leche rehidratada descremada.

t) Imitación de leche deslactosada entera.

u) lmitación de leche deslactosada parcialmente descremada.

v) Imitación de leche deslactosada semidescremada.

x) Imitación de leche deslactosada descremada.

y) Imitación de leche pasteurizada con sabor entera.

z) Imitación de leche pasteurizada con sabor parcialmente descremada.

az) Imitación de leche pasteurizada con sabor semidescremada.

bz) Imitación de leche pasteurizada con sabor descremada.

cz) Imitación de leche ultrapasteurizada con sabor entera.

dz) Imitación de leche ultrapasteurizada con sabor parcialmente descremada.

ez) Imitación de leche ultrapasteurizada con sabor semidescremada.

fz) Imitación de leche ultrapasteurizada con sabor descremada.

5.2.3. Fórmula láctea.

Es el producto elaborado a partir de la recomposición de los ingredientes propios de la leche siendo: caseina en cualquiera de sus formas, lactosa, suero de mantequilla, suero de queso, lactosuero, grasa butírica y agua potable o purificada. Se denomina fórmula láctea seguido del proceso al cual ha sido sometido y a su contenido de grasa.

Dentro de la denominación fórmula láctea se encuentran los productos:

a) Fórmula láctea pasteurizada entera.

b) Fórmula láctea pasteurizada reducida en grasas.

c) Fórmula láctea pasteurizada baja en grasas.

d) Fórmula láctea pasteurizada sin grasa.

e) Fórmula láctea ultrapasteurizada entera.

f) Fórmula láctea ultrapasteurizada reducida en grasas.

g) Fórmula láctea ultrapasteurizada baja en grasa.

h) Fórmula láctea ultrapasteurizada sin grasa.

i) Fórmula láctea en polvo entera.

j) Fórmula láctea en polvo reducida en grasa.

k) Fórmula láctea en polvo baja en grasa.

I) Fórmula láctea en polvo sin grasa.

m) Fórmula láctea concentrada entera.

n) Fórmula láctea concentrada reducida en grasa.

o) Fórmula láctea concentrada baja en grasa.

p) Fórmula láctea concentrada sin grasa.

q) Fórmula láctea pasteurizada con sabor entera.

r) Fórmula láctea pasteurizada con sabor reducida en grasa.

s) Fórmula láctea pasteurizada con sabor baja en grasa.

t) Fórmula láctea pasteurizada con sabor sin grasa.

u) Fórmula láctea ultrapasteurizada con sabor entera.

v) Fórmula láctea ultrapasteurizada con sabor reducida en grasa.

w) Fórmula láctea ultrapasteurizada con sabor baja en grasa.

x) Fórmula láctea ultrapasteurizada con sabor sin grasa.

Análisis que esta comisión hace sobre la concordancia con normas internacionales.

El PROY-NOM-000-SCFI-2001 no concuerda con ninguna norma internacional por no existir referencia alguna al momento de su elaboración.

Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana.

PROY-NOM-000-SCFI-2001-11-27

Leches, fórmula láctea y alimento lácteo denominación, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba.

Se emiten los siguientes cometarios por parte de la comisión dictaminadora:

1. Objetivo.

El presente proyecto de Norma Oficial Mexicana establece las denominaciones comerciales de los diferentes tipos de leches, fórmula láctea y alimento lácteo, que se comercializan dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos, así como las especificaciones fisicoquímicas que deben reunir esos productos para ostentar dichas denominaciones, los métodos de prueba para demostrar su cumplimiento y la información comercial que deben contener los envases que los contienen.

2. Campo de aplicación.

El presente proyecto de Norma Oficial Mexicana es explicable a los diferentes tipos de leches, fórmula láctea y alimento lácteo, que se comercializan dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales deben corresponder a las denominaciones comerciales establecidas en este proyecto de Norma Oficial Mexicana.

3. Referencias.

Para la correcta aplicación de este proyecto de Norma Oficial Mexicana se deben consultar las siguientes normas oficiales mexicanas vigentes:

NOM-002-SCFI-1993. Productos preenvasados. Contenido neto. Tolerancias y métodos de verificación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre de 1993.

NOM-008-SCFI-1993. Sistema General de Unidades de Medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de octubre de 1993.

NOM-030-SCFI-1993. Información comercial. Declaración de cantidad en la etiqueta. Especificaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de octubre de 1993.

NOM-051-SCFI-1994. Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero de 1996.

NOM-086-SSA1-1994. Bienes y servicios. Alimentos y bebidas no alcohólicas con modificación en su composición. Especificaciones nutrimentales. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 1995.

NOM-091-SSA1-1994. Bienes y servicios. Leche pasteurizada de vaca. Disposiciones y especificaciones sanitarias, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de febrero de 1996.

NOM-116-SSA1-1994. Bienes y servicios. Determinación de humedad en alimentos por tratamiento térmico. Método por arena o grasa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de agosto de 1995.

PROY-NOM-185-SSA1. Bienes y servicios. Mantequilla, cremas, leche condensada azucarada, leches fermentadas y acidificadas, dulces a base de leche. Especificaciones sanitarias.

NMX-F-068-51980. Alimentos lácteos. Determinación de proteínas. Declaratoria de vigencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 1980.

NMX-FI083-1986. Alimentos. Determinación de humedad en productos alimenticios. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 1986.

NMX-F-148-S-1982. Alimentos para humanos. Determinación de índice de refracción en leche fluida. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 1982.

NMX-F-183-1986. Alimentos lácteos. Determinación del índice de insolubilidad de la leche en polvo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 1986.

NMX-F-206-1996. Alimentos lácteos. Determinación de acidez expresada como ácido láctico en leche en polvo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 1986.

NMX-F-210-1971. Método de prueba para la determinación de grasa butírica en leche en polvo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 1972.

NMX-F-219-1972. Método de pruebas para la determinación de Íactosa en leche. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 1972.

NMX-F-387-1984. Alimentos, leche fluida. Determinación de grasa butírica por el método Gerber. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de octubre de 1982.

NMX-F-424-S-1982. Productos alimenticios para uso humano. Determinación de la densidad en leche fluida. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre de 1982.

NMX-F-426-1982. Productos alimenticios para su uso humano. Determinación de sólidos totales en leche fluida. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de octubre de 1982.

NMX-F.-512-1988. Alimentos determinación de grasa en leche reconstituida Método de Roese Gottlieeb. Declaratorio de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 1988.

NMX-F-513-1988. Alimentos, determinación de proteínas en leche reconstituida. Método de Kjeldhal Gunning. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación de diciembre de 1988.

Ante la propuesta del diputado Neftalí Salvador Escobedo Zoletto esta comisión se abocó a la tarea de revisar y analizar la iniciativa de decreto que crea la Comisión Nacional de la Leche, aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados el 10 de diciembre de 1999, la Ley General de la Leche, aprobada por el pleno de la Cámara el 29 de abril del año 2000 y las reformas y adiciones a la Ley de Metrología y Normalización, aprobadas el 29 de abril del año 2000.

Dentro del ámbito de su competencia la Comisión de Salud ha solicitado a las secretarías de Salud, de Economía y de Ganadería, información sobre el cumplimiento de las leyes y las normas referentes a la leche, en particular sobre la vigilancia y el control de lo que se señala en las siguientes normas y los temas que se indican.

Sobre la NMX-F-026-1997-SCFI, La Comisión de Salud recomienda:

5.2. Denominación.

Leche reconstituida con grasa vegetal o leche con grasa vegetal: es el producto que se obtiene a partir de leche descremada en polvo o fluida, grasa vegetal y en su caso agua potable o purificada, en las cantidades necesarias para ajustar el producto a las especificaciones técnicas de la leche que se denomine.

Comentario. Por tratarse de una norma referente a la leche, la "leche" reconstituida con grasa vegetal no es una verdadera leche, sino una imitación de leche y con este nombre debe etiquetarse.

Fórmula Láctea: es la leche recombinada obtenida a partir de la recomposición de los ingredientes propios de la leche siendo: caseína en cualquiera de sus formas, lactosa, suero de mantequilla, suero de queso, lactosuero y agua potable o purificada en las cantidades necesarias para ajustarlo a las especificaciones técnicas de la leche que se denomine, debiéndose indicar el origen de la grasa.

La fórmula láctea debe contar con un mínimo de 22 g/l de proteína propia de la leche por litro; la cual debe contener un mínimo de 70% de proteína caseína.

Comentario. La fórmula láctea no es leche, sino imitación de leche y así debe etiquetarse. Este producto, además de no ser leche, no tiene el valor nutritivo de la leche pasteurizada, que en la misma norma se señala que debe contener un mínimo de 30 g de proteínas por litro como mínimo. Aunque sirve para el consumo humano, lo hacen con condiciones nutricionales diferentes a la leche.

Etiquetado.

Las etiquetas de los productos objeto de esta norma además de cumplir con las disposiciones establecidas en las normas oficiales mexicanas NOM-002-SCFI, NOM-030-SCFI, NOM-051-SCFI y NOM-091-SSA1, deben indicar lo siguiente:

a) El contenido y origen de la grasa, así como de la proteína de la leche correspondiente al producto, expresado en gramos por litro o en porcentaje, según sea el caso.

b) El nombre del producto declarado en la presentación comercial debe ser "leche", seguido por su denominación, de acuerdo con sus especificaciones técnicas y de calidad (por ejemplo: leche pasteurizada descremada, leche evaporada entera, leche ultrapasteurizada deslactosada entera).

c) La etiqueta de la fórmula láctea sólo y únicamente puede ostentar la denominación de fórmula láctea. La información comercial o etiquetada debe señalar que este producto está elaborado específicamente para niños mayores de un año, jóvenes y adultos.

d) Cuando la leche provenga de otra especie distinta a la de la vaca se deberá designar el nombre de la especie de procedencia.

Comentario. El nombre de fórmula láctea puede fácilmente confundir al consumidor, por lo que debe sustituirse por el de imitación de leche.

Comentario sobre la norma mexicana......... NMX-F-026-1997-SCFI.

Ya que las normas mexicanas son de cumplimiento voluntario y no obligatorio, esta norma debe convertirse en una norma oficial mexicana. La importancia de la relación de la leche con la nutrición del pueblo de México, sobre todo durante los primeros años de la vida, exige que se dé a los consumidores leche verdadera con las especificaciones que se señalan.

La Ley Federal Sobre Metrología y Normalización tuvo su última reforma el 19 de mayo de 1999. Se señalan los artículos que de acuerdo con los integrantes de esta Comisión de Salud tienen ingerencia en el problema de la "leche" que consume la población mexicana.

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se entenderá por norma mexicana: la que elabore un organismo nacional de normalización o la Secretaría, en los términos de esta ley, que prevé para un uso común y repetido reglas, especificaciones, atributos, métodos de prueba, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación u operación, así como servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado.

Norma Oficial Mexicana: la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes, conforme a las finalidades establecidas en el artículo 40, que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación.

Artículo 38. Corresponde a las dependencias según su ámbito de competencia.

Contribuir en la integración del programa nacional de normalización con las propuestas de normas oficiales mexicanas; está en manos de la Comisión de Salud el anteproyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-000-SCFI-2001 sobre: leches, fórmula láctea y alimento lácteo (sic). Denominación, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba.

Sobre este proyecto la Comisión de Salud considera que son útiles los siguientes comentarios:

En el numeral 6 "clasificación y denominación comercial" se incluye en el inciso 6.2.1. las denominaciones comerciales para el consumo humano, en el 6.2.2. se habla de la fórmula láctea y en el 6.2.3. del alimento lácteo. Sin embargo no se señala que la fórmula láctea ni el alimento lácteo tienen características alimenticias y nutricionales diferentes a los de la leche, lo que debe especificarse con toda claridad en el etiquetado de estos productos. De otra manera puede fácilmente engañarse al consumidor que puede adquirir estos productos por el precio un poco más bajo que se le ofrece. Algunos miembros de esta comisión han comprobado este engaño.

En el anteproyecto hay una seria contradicción. Cuando descubre la fórmula láctea en el inciso 6.2.2 indica que es:

El producto elaborado a partir de ingredientes propios de la leche, tales como caseína, grasa, lacto-sueros, agua potable, con un mínimo de 22 g/l de proteína de la leche y de ésta, 70% de caseína con respecto a la proteína total, pudiendo contener otras grasas comestibles en las cantidades necesarias para ajustarlo a las especificaciones establecidas en las tablas cinco a ocho del presente proyecto de Norma Oficial Mexicana.

Los 22 g/l de proteína se contradicen con los 30 g/l que manifiesta la tabla cinco, correspondiente al Inciso 7.5.1 que debe contener la fórmula láctea.

La misma incongruencia se presenta en la descripción del alimento lácteo que en el inciso 6.2.3 se indica que debe contener como mínimo 15 g/l de proteínas propias de la leche y en la tabla nueve, del inciso 7.6.1 se indica que deben ser 30 g/l como mínimo. Tanto en la tabla nueve como en la 10, 11, 12 y 13 se trata de los alimentos lácteos pasteurizados, en polvo, evaporados, rehidratados y deslactosados. En ninguna de estas tablas se menciona que las proteínas deben ser las que son propias de la leche, lo que permitirá utilizar otras proteínas de más bajo valor nutritivo.

Ya que la iniciativa fue enviada para su revisión únicamente a la Comisión de Salud y de acuerdo con sus atribuciones, analizaron la presente propuesta. Por lo anterior, la Comisión de Salud con fundamento en los artículos 45 numeral 6 incisos e y f de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de ésta emiten los siguientes

RESOLUTIVOS

Primero. Solicitar información a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Economía sobre la vigilancia en el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas referentes a la leche y/o productos lácteos.

Segundo. Solicitar a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Economía prohiban la comercialización como leche de todo aquel producto que no cumpla estrictamente con las especificaciones y componentes de leche y en su caso obligar tanto a los productores como a los vendedores finales, que etiqueten estos productos conforme a su composición.

Tercero. Solicitar a la Secretaría de Economía, quien es responsable de la emisión de la NOM-000-SCFI-2001, que en concordancia con el artículo 208 de la Ley General de Salud, se considere alterado un producto cuando haya sufrido modificaciones en su composición intrínseca e incorpore en dicha norma la composición estricta de la leche, así como tome en cuenta los puntos esgrimidos en el presente dictamen.

Así lo acordaron y firmaron los diputados integrantes de esta comisión.

México, D.F., a 27 de febrero de 2002.— Diputados de la Comisión de Salud: María Eugenia Galván Antillón, presidenta; Eduardo A. Leines Barrera, Rafael Orozco Martínez, Adela del C. Graniel Campos y Héctor Esquiliano Solís, secretarios; Samuel Aguilar Solís, Juan Alcocer Flores, Francisco J. Cantú Torres, Celia Martínez Bárcenas, María L. A. Domínguez Ramírez, Salvador Escobedo Zoletto, María de las Nieves García Fernández, Federico Granja Ricalde, Policarpo Infante Fierro, Arturo León Lerma, Francisco S. López Brito, Santiago López Hernández, Enrique Meléndez Pérez, Magdalena Núñez Monreal, Felipe Olvera Nieto, Manuel Wistano Orozco Garza, Julieta Prieto Fuhrken, Víctor Antonio García Dávila, Pedro Miguel Rosaldo Salazar, Luis Miguel Santibáñez García, Ernesto Saro Boardman, Olga M. Uriarte Rico, Carlos A. Valenzuela Cabrales, José Velázquez Hernández y Juvenal Vidrio Rodríguez.»

La Presidenta:

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo.

La secretaria Martha Silvia Sánchez González:

En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se considera de aprobarse el punto de acuerdo.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado.

La Presidenta.

Comuníquese al Ejecutivo.

Adelante.

La secretaria Martha Silvia Sánchez González:

Punto de acuerdo en relación a la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, a fin de que proporcione información sobre el programa de bursatilización carretero.

La Presidenta:

Un momento, señora Secretaria.

Activen el sonido en la curul número 38.

El diputado Víctor Manuel Ochoa Camposeco (desde su curul):

Señora Presidenta, hace unos minutos presenté una iniciativa en la cual hay alusiones a la Conferencia Parlamentaria de Telecomunicaciones y al senador Javier Corral.

Le solicito respetuosa y atentamente, que dichas alusiones sean retiradas del Diario de los Debates y de la versión estenográfica.

La Presidenta:

Con todo gusto, señor diputado.

Tome nota la Secretaría de Servicios Parlamentarios y revisen la intervención del diputado y retiren las alusiones a las que hizo referencia.

Volvemos a dar continuidad a la sesión, diputada Secretaria.

CARRETERAS

La secretaria Martha Silvia Sánchez González:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de Transportes.

Honorable Asamblea: a la Comisión de Transportes fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo, para que comparezca ante la Comisión de Transportes, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, a fin de que proporcione información sobre la forma y elementos que constituyen el programa de bursatilizacíón carretero y sus implicaciones, presentada por el diputado Orestes Eugenio Pérez Cruz, a nombre de integrantes de los grupos parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y Verde Ecologista de México.

Analizada la propuesta de referencia, la Comisión de Transportes, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, 71 último párrafo, 72, 73, fracción XVII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en ejercicio de las facultades que les confieren los preceptos 39, 40, y demás concordantes de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 56, 60, 65, 87, 88, 93 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración y en su caso, aprobación de los integrantes de esta Asamblea, el presente dictamen, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

1. En fecha 16 de abril de 2002; el diputado Orestes Eugenio Pérez Cruz, a nombre de los integrantes del Partido Acción Nacional y otro firmante dé Partido Verde Ecologista de México, presentaron proposición con punto de acuerdo, para que comparezca ante la Comisión de transportes, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, a fin de que proporcione información sobre la forma y elementos que constituyen el Programa de Bursatilización Carretero y sus implicaciones.

2. En la misma fecha de su presentación la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23 fracción f de la Ley Orgánica que rige el citado Congreso, acordó turnar dicha proposición a la Comisión de Transportes para su estudio y dictamen.

3. Con el fin de dar cumplimiento al mandato de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, esta comisión se abocó al análisis detallado de la proposición para emitir el presente dictamen en atención al siguiente:

II. Contenido de la proposición

Los suscritos, diputados de la LVIII Legislatura de esta Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 73 fracción XVII, 77 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 39, 40 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General; en los artículos 60 y 85 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo, sustentado en los siguientes

ANTECEDENTES

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha estimado que el estado actual que presenta la red federal de carreteras, es el siguiente: el 25% de la red se encuentra en buen estado; el 35% en regulares condiciones y el 40% restante con un alto deterioro físico. En la presente administración, el Gobierno Federal aspira a que al concluir el año 2006, a la red federal conformada por 47 mil 366 kilómetros a lo largo de todo el país, corresponda, al menos, la clasificación del 50% de carreteras en buen estado y 50% de carreteras regulares, conforme a los estándares internacionales. Con esta medida, entre otros beneficios, se contribuirá a reducir el número de accidentes que ocurren en la red carretera nacional. Por lo que toca a la transferencia de los corredores troncales a vías de altas especificaciones, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha estimado indispensable alcanzar en el año 2006 la meta de modernización del 90% de los 19 mil 247 kilómetros que integran dichos corredores. Sin embargo, existe la necesidad de incrementar la densidad en infraestructura carretera en todas las regiones; es indispensable impulsar la integración del país. Habremos de alcanzar esta meta manteniendo una red de carreteras federales en condiciones de funcionalidad, con el propósito de facilitar el tránsito y la transportación comercial y de pasajeros al interior del país; una red de carreteras con calidad que cumpla con las leyes y normas de operación en beneficio de los usuarios.

Como bien sabemos, la construcción y modernización de caminos y carreteras es una tarea fundamental, porque son la vía principal de la infraestructura de las comunicaciones del país; además, son factor determinante en la integración de la economía. La adecuada infraestructura en caminos representa la conexión de las zonas rurales y las de alto índice de marginación con la modernidad; de mantenerse en las condiciones actuales, seguirán estas comunidades experimentando altos grados de rezago en su desarrollo económico.

En nuestro país, por las carreteras se transporta cerca de un 98.5% del total de pasajeros, con lo que este sistema se coloca como el principal medio de transporte al interior del país. Lograr con éxito un programa integral en infraestructura carretera, según las estimaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, requiere de la realización de obras en 111 tramos de la red, con una inversión de 72 mil 500 millones de pesos. Por tanto, la situación de las carreteras mexicanas hace necesario implementar nuevos mecanismos de inversión para su ampliación, mantenimiento y modernización, de forma tal que es necesario buscar mayor colaboración con los gobiernos estatales, con los ayuntamientos y con la iniciativa privada. Ante tales condiciones, estimamos conveniente que el Gobierno Federal impulse mecanismos idóneos de concesión carretera, garantizando nuevos esquemas de financiamiento para la atención de un necesario programa de infraestructura carretera, que tienda tanto a la operación de la red como a su ampliación y modernización.

Se ha difundido de manera no oficial la posibilidad de que algunos tramos carreteros de cuota operados y administrados por Caminos y Puentes Federales, puedan ser asignados para que el Gobierno Federal implemente un programa de bursatilización, lo que nos obliga a considerar la importancia de invitar al secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz; para que en comparecencia ante los diputados integrantes de la Comisión de Transportes de esta Cámara de Diputados, nos proporcione la información precisa sobre este programa financiero por ser de gran relevancia y para conocer los mecanismos de financiamiento que utilizará el Gobierno Federal para ampliar la cobertura, modernizar y conservar los corredores carreteros de nuestro país, así como la directriz que se implementará para atraer la inversión privada para el desarrollo del sector.

Por todo esto, los diputados firmantes consideramos de gran trascendencia este encuentro. Tenemos el interés de informarnos sobre las repercusiones que tendrá, en todo caso, este novedoso esquema financiero. Es importante contar con esta información que nos permita analizarla y evaluarla, para que realmente impulse el desarrollo de una manera sustentada dentro del sector y otorgue la garantía de inversión suficiente para quienes participarán en este importante proyecto carretero. Por todo lo expuesto, los diputados firmantes presentamos a esta soberanía el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Primero. En uso de nuestras facultades constitucionales, solicitamos se llame a comparecer en reunión de trabajo y ante los integrantes de la Comisión de Transportes de esta Cámara de Diputados, al secretario Francisco Gil Díaz, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que nos proporcione información sobre la forma y elementos que constituye el Programa de bursatilización Carretera y sus implicaciones.

Segundo. Se turne el presente a la Comisión de Transportes de esta Cámara de Diputados.

IV. Consideraciones

Es cosa bien sabida, que con la bursatilización de las autopistas México-Querétaro y México-Puebla, el Gobierno Federal prevé obtener unos 25 mil millones de pesos, cifra que representa más de la tercera parte del presupuesto requerido para obras de infraestructura en lo que resta del presente sexenio.

Según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para construir y modernizar cerca de 5 mil 500 kilómetros adicionales de carreteras se necesita una inversión de 72 mil 911 millones de pesos.

Del total de inversión se estima que 23 mil millones provendrán de recursos fiscales durante los próximos cinco años y la aplicación de otros tres esquemas permitiría a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes obtener el resto de los recursos para cubrir la meta.

Este año la Secretaría cuenta con recursos por 13 mil 500 millones de pesos; de ellos 39% se destinarán a la construcción y modernización carretera; 34% a la conservación; 6.23% a caminos rurales y 7.3% al empleo temporal.

Igualmente prevé dar conservación a una red de 42 mil kilómetros, de los cuales 19 mil 200 corresponden a los 14 ejes troncales.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, explica que en 2002 también se realizaran 34 obras dentro de los 14 corredores con recursos presupuestales; 23 obras que no forman parte de los mismos y cuatro con recursos del Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas (FARAC).

Además de cinco obras bajo el esquema de Proyectos de Inversión con Impacto Diferido en el Registro del Gasto (Pidiregas). Dentro de este proceso se busca descentralizar la red carretera secundaria para que sean los estados quienes operen las vialidades.

También se trabaja en el proyecto de ingeniería de ocho tramos carreteros, que aún no tiene fecha para salir a concesión y en donde el 80% del riesgo estará en manos de los inversionistas.

De acuerdo con el proyecto ejecutivo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para 2002-2006, las metas físicas y los requerimientos de inversión suman 99 obras que incluyen los corredores más transitados, otros corredores y obras de desarrollo regional, cuya inversión es de 72 mil 911 millones de pesos.

Dichas vialidades requieren cada año de una inversión de 14 mil 600 millones de pesos, para lograr una meta de modernización de 90%.

Actualmente, tan sólo para eliminar el mal estado de las carreteras (34% del total de la red), es necesaria una inversión privada de 8 mil millones de pesos anuales.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes prevé que en 2002 se logrará que 4% forme parte de las carreteras catalogadas entre regular y buen estado, con el apoyo de los cuatro esquemas de concesión carretera.

Dichos esquemas contarán con mecanismos alternos de financiamiento mixto en los que participen los tres órdenes de gobierno, la iniciativa privada y la banca nacional extranjera.

El primero refiere el concesionamiento a la iniciativa privada, cuya oferta más favorable al correr la mayor parte del riesgo y consiste en que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgue al inversionista una concesión hasta por 30 años para construir, operar, explotar y mantener autopistas de peaje.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes reconoce que los proyectos susceptibles de concesión pudieran no ser 100% financialmente rentables desde el punto de vista privado, por lo que se creará un fondo perdido en donde el Gobierno aporte capital justificado para detonar un proyecto carretero.

Asimismo, el organismo cuenta con un blindaje económico basado en un conjunto de instrumentos, como son lo seguros, para sortear los riesgos que no son inevitables.

El concesionario aportaría recursos crediticios y de capital para la ejecución de la obra, los cuales podrían complementarse con recursos gubernamentales, atrayendo la participación de capital de riesgo y crédito de largo plazo.

Una vez en generación la carretera, el Ejecutivo podría aplicar el esquema de ingreso mínimo; cuando los ingresos de la vialidad no sean suficientes para pagar los créditos, entonces el Gobierno aportará la diferencia.

En este orden de ideas, esta comisión dictaminadora estima que ante el interés legitimo de los legisladores en obtener información relativa al programa financiero del Gobierno Federal y que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 45 numeral 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, resulta apropiado solicitar la comparecencia del licenciado Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda y Crédito Público, ante la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a efecto de que se informe sobre el Programa de Bursatilización Carretera.

Por tanto, si es llegado el caso de que la Asamblea de esta soberanía apruebe el dictamen con proyecto de decreto que presenta esta comisión dictaminadora, se proceda conforme a lo dispuesto en el inciso a del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En atención a todas las consideraciones que se han expresado en el cuerpo del presente dictamen los suscritos, miembros de esta Comisión de Transportes, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 40 inciso b, 45 punto cinco inciso e y demás concordantes de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58, 60, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la aprobación de esta alta tribuna se dictamine en el siguiente sentido

DICTAMEN

Unico. Que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 45 numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se llame a comparecer ante los integrantes de la Comisión de Transportes de esta Cámara de Diputados, al secretario Francisco Gil Díaz, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que nos proporcione información sobre la forma y elementos que constituye el Programa de Bursatilización Carretera y sus implicaciones.

México, D.F., a 24 de abril de 2002.— Diputados por la Comisión de Transportes: Juan Manuel Duarte Dávila, presidente; Raúl Cervantes Andrade, Elías Dip Rame, Orestes Eugenio Pérez Cruz, José Rodolfo Escudero Barrera, secretarios; Salvador Cosío Gaona, Arturo Bonifacio de la Garza Tijerina, Gustavo Alonso Donis García, Ismael Estrada Colín, Edgar Consejo Flores Galván, Alonso Ulloa Vélez, Emilio Rafael Goicoechea Luna, Alejandro Enrique Gutiérrez Gutiérrez, Mercedes Hernández Rojas, José Tomás Lozano Pardinas, Jaime Mantecón Rojo, Noé Navarrete González, Jesús Orozco Alfaro, Francisco Patiño Cardona, Manuel Payán Novoa, Francisco Raúl Ramírez Avila, Arturo San Miguel Cantú, Esteban Sotelo Salgado, José Soto Martínez, José Ramón Soto Reséndiz, Jesús Adelfo Taracena Martínez, Emilio Pérez Ulloa y Adolfo Zamora Cruz.»

La Presidenta:

Está a discusión el punto de acuerdo... Se abre el registro de oradores...

No habiendo registro de oradores, consulte la Secretaría en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo.

La secretaria Martha Silvia Sánchez González:

En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado.

La Presidenta:

Comuníquese al Ejecutivo.

PRODUCTOS FARMACEUTICOS

La secretaria Martha Silvia Sánchez González:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Comisiones unidas de Comercio y Fomento Industrial y Salud.

Honorable Asamblea: a las comisiones unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Salud de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, fue turnado para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo sobre el impacto del TLCAN en la venta de productos farmacéuticos al sector público, presentada por el diputado Pedro Miguel Rosaldo Salazar, del grupo parlamentario del PRD, en la sesión del martes 16 de octubre de 2001.

Los integrantes de estas comisiones unidas, con fundamento en las atribuciones que le otorgan los artículos 39 numerales 1 y 3, 43, 44 y 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 55, 56, 60, 87, 88, 89, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de los miembros de esta Asamblea, el presente dictamen de conformidad con los siguientes

ANTECEDENTES

El 16 de octubre del 2001 el diputado Pedro Miguel Rosaldo Salazar, del grupo parlamentario del PRD presentó la proposición con punto de acuerdo sobre el impacto del TLCAN en la venta de productos farmacéuticos al sector público. Posteriormente el diputado Ernesto Saro Boardman, del grupo parlamentario del PAN y la diputada María de las Nieves García Fernández, del grupo parlamentario del PRI, apoyan la propuesta del diputado Pedro Miguel Rosaldo Salazar, exponiéndose las siguientes

CONSIDERACIONES

Como ya lo señalamos en el anterior periodo de sesiones ordinarias, respecto a la proposición que presentamos solicitando al Senado de la República la revisión de los efectos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en la industria farmacéutica de capital nacional, esa industria conforma uno de los pilares del desarrollo nacional debido a la importancia que guarda en el desarrollo industrial del país, en la salud de la población y en el fortalecimiento del mercado interno.

No obstante, con la política de apertura comercial, acelerada e indiscriminada, puesta en marcha desde finales de los años setenta y cuya culminación encontramos en el tratado comercial mencionado, la industria farmacéutica nacional ha sido severamente golpeada. En efecto, la apertura comercial fue verdaderamente desfavorable para el sector. En 1987 contaba con 88 empresas que producían el 75% de las necesidades de los laboratorios farmacéuticos y actualmente quedan solamente 11, las cuales cubren aproximadamente el 15% de esos requerimientos, teniéndose que importar el 85% restante.

Dentro de este panorama, debe destacarse que, de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a partir del 1o. de enero del año 2002, las transnacionales farmacéuticas podrán vender sus productos al sector público mexicano. En el anexo 1001.2-A, correspondiente al Capítulo X, compras al sector público, del tratado, se establecen los mecanismos de transición para México. En el punto seis de ese anexo se lee:

Productos farmacéuticos 6. Este capítulo no se aplicará, hasta el 1o. de enero de 2002, a las compras de medicamentos efectuadas por la Secretaría de Salud, el IMSS, el Issste, la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Marina, que no estén actualmente patentados en México o cuyas patentes mexicanas hayan expirado. Nada en este párrafo prejuzgará los derechos de conformidad con el Capítulo XVII, "propiedad intelectual".

La mayoría de las empresas farmacéuticas de capital nacional han surtido con éxito al sector salud. Las adquisiciones del sector público se realizan por medio de concursos consolidados. Esta competencia regulada ha provocado que los precios promedio de los medicamentos demandados por el sector salud, presenten una curva descendente por unidad adquirida. De acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos, AC (Anafam), el precio promedio por unidad adquirida ofrecido por las empresas nacionales al sector público, en 1993, fue de 0.83 dólares y para 1999 descendió a 0.56, es decir, se presentó una reducción de 33%. En tanto, en el sector privado la evolución fue a la inversa, los precios promedio por unidad adquirida fueron, en 1993, de 3.04 dólares, en tanto que en 1999 ascendieron a 4.80, es decir, presentaron un incremento del 58%.

Todo lo anterior, dadas las condiciones anotadas, permite prever el desplazamiento de la industria farmacéutica de capital nacional, la concentración de esa oferta en unos cuantos laboratorios transnacionales y un futuro incremento en los precios de los medicamentos, incluidos los de la canasta básica.

De esta manera, se rebasa al artículo 28 constitucional que establece:

"...La ley castigará severamente y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento, en una o pocas manos, de artículos de consumo necesario y que tengan por objeto obtener el alza de los precios;..."

Sin embargo, el TLCAN favorece esa concentración y ese aumento de precios. En conclusión, la aplicación del TLCAN implica sujetarse al derecho extranjero, olvidando el estado del desarrollo nacional, su fomento y la salud de la población mexicana.

Por ello, si bien es necesario realizar una revisión y renegociación profundas del TLCAN, en su conjunto, sobre las bases de un reconocimiento real de las asimetrías existentes, entre los tres países miembros, de una verdadera cooperación internacional y de un gobierno democrático y por ende, fuerte, capaz y decidido a negociar mejores términos para todos los mexicanos, el peligro que implica el vencimiento del plazo para que las transnacionales farmacéuticas inicien ventas al sector público nacional obliga a promover de manera inmediata, a través del Senado de la República, una extensión de ese término.

Se considera viable promover que la prórroga se extienda hasta el año 2008. Esto implicaría que el sector farmacéutico de capital nacional recibiera, de acuerdo con el TLCAN, trato igual al de otros productos nacionales sensibles, social y económicamente, como el maíz, el frijol y la leche en polvo.

Los comentarios aquí vertidos, se hacen sin desconocer las facultades exclusivas del Senado de la República en materia de aprobación de tratados internacionales. Tienen el propósito de plantear un grave problema que afecta en primer lugar la salud de millones de mexicanos, así como a la industria farmacéutica y sugerir una vía de solución.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 23 inciso f de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores suscritos, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, solicitamos a la Presidencia de la Cámara de Diputados turne a la Cámara de Senadores la siguiente

PROPOSICION

Unica. Dada la importancia del sector farmacéutico nacional en el desarrollo industrial del país, la salud de los mexicanos y el fortalecimiento del mercado interno, esta Cámara de Diputados se pronuncia porque se amplíe el plazo, establecido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, para que los laboratorios farmacéuticos transnacionales inicien ventas al sector público mexicano. El término deberá extenderse hasta el año 2008. Lo anterior implicaría que el sector farmacéutico de capital nacional recibiera, de acuerdo con el propio TLCAN, trato igual al de otros productos nacionales sensibles, social y económicamente, como el maíz, el frijol y la leche en polvo.

Adición a la propuesta del diputado Pedro Miguel Rosaldo Salazar y presentada por el diputado Ernesto Saro Boardman, del grupo parlamentario del PAN en las sesión del martes 16 de octubre de 2001.

El grupo parlamentario de Acción Nacional, apoya la propuesta, de ampliación del plazo para la libre importación de medicamentos, por las instituciones de salud mexicanas, que son grandes compradoras, como el IMSS y el Issste y que se siga requiriendo de un mínimo de integración nacional del 50% de sus insumos, como está hasta el día de hoy, realizando primero un concurso con estas características y de no haber abasto suficiente, se hace un concurso internacional, privilegiando así a los proveedores de medicamentos producidos en México, con insumos mexicanos.

Esto permite que las adquisiciones, hechas por estas instituciones, sean producidas en nuestro país por empresas nacionales y multinacionales, generando empleos y fortaleciendo la economía nacional. Asimismo, permite que tanto nuestras autoridades sanitarias, como las instituciones adquirentes, vigilen estrechamente los procesos productivos de estos medicamentos, para garantizar la calidad y la salud de millones de mexicanas y mexicanos.

Por lo que atentamente solicitamos se añadan al punto de acuerdo presentado por el diputado Rosaldo los siguientes párrafos.

El grupo parlamentario de Acción Nacional, solicita a la Secretaría de Economía verifique el ámbito de aplicación en esta materia de los artículos 1001 al 1007 del TLCAN, en lo referente a compras y arrendamientos de empresas gubernamentales y establecer las reservas y negociaciones que sean pertinentes, para eximir o en su caso prolongar el periodo de protección al considerar las compras del IMSS e Issste, como gubernamentales y proteger a la industria asentada en México.

Solicitamos a la Secretaría de Salud revise su reglamentación, para que en este lapso se aproveche, para que se exija en el caso de futuras compras internacionales, los mismos requisitos sanitarios que a las empresas establecidas en nuestro país, así como prever, por esta Secretaría y las entidades adquirentes, que la supervisión y control en los medicamentos importados esté debidamente contemplada en nuestra legislación sanitaria, para garantizar su calidad y por ende la salud de las mexicanas y mexicanos que consuman estos medicamentos.

Acción Nacional apoya la solicitud de ampliación de este periodo, no sólo con un simple afán proteccionista, sino preocupados porque de abrirse la importación el próximo año, no estaríamos preparados para garantizar la calidad de los medicamentos que se importan, al no tratarse desde un punto de vista sanitario igual que los fabricados en México e insistimos: lo primero es la salud de las mexicanas y los mexicanos y además el fortalecimiento de la industria farmacéutica nacional y multinacional, que confiando en nuestro país, invirtieron para construir sus plantas en él.

Adición a la proposición con punto de acuerdo del diputado Pedro Miguel Rosaldo Salazar, presentada por la diputada María de las Nieves García Fernández, del grupo parlamentario del PRI, en la sesión del martes 16 de octubre de 2001.

Con el propósito de profundizar sus relaciones económicas, políticas y de cooperación, México, Estados Unidos y Canadá, en 1994 firmaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a través del cual convinieron elaborar un marco favorable para, entre otros objetivos, desarrollar los intercambios de mercancías, servicios e inversiones, incluyendo su liberalización progresiva y recíproca, dentro de un marco de equidad en condiciones que favorecieran una competencia comercial de los países firmantes.

Sin embargo aún hay sectores para los cuales los plazos acordados no han sido suficientes y requieren más tiempo para ser competitivos. Pero no debemos soslayar que los acuerdos signados deben tener cumplimiento. El sector salud en el rubro de productos farmacéuticos puede continuar adquiriendo sus insumos en la industria farmacéutica nacional como acuerdo interno, a pesar de que en el año 2002 se dé cumplimiento a la apertura de fronteras sobre dichos productos cumpliendo con las fechas pactadas.

Por otro lado, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional sugiere analizar los pros y contras que afecten o beneficien la prórroga propuesta por los compañeros del partido de la Revolución Democrática, ya que haciendo una reflexión no tenemos la certeza de en qué grado la competencia internacional perjudique a la planta productiva nacional. También debe evaluarse el beneficio que podrían tener los casi 100 millones de mexicanos ante la posibilidad de adquirir productos farmacéuticos con una mejora en la relación calidad-precio.

No olvidemos que los acuerdos pueden ser sujetos a varias interpretaciones, como nos hemos podido dar cuenta con la industria azucarera y en materia de transportes, que en nuestro concepto, deberían de haberse cumplido. Con lo anterior, es palpable que nuestros socios comerciales del norte no han cumplido con lo que nosotros esperábamos, haciendo argumentaciones que consideramos son violatorias a los acuerdos establecidos.

Es decir, nuestros socios comerciales del norte nos han dado razones suficientes para que en el caso que nos ocupa respecto a que el próximo 1o. de enero de 2002, las transnacionales farmacéuticas podrán vender sus productos al sector público en nuestro país, les correspondiéramos con igual trato de no cumplir el mencionado acuerdo de libre comercio y de acceder al planteamiento del grupo parlamentario del PRD, para que se amplíe el plazo que en sentido nacionalista debemos apoyar y así proteger nuestra industria farmacéutica y los empleos que genera entre otros rubros, para no caer en actividades anticompetitivas y conductas o prácticas que restrinjan la competencia nacional.

Por lo anterior expuesto y con la finalidad de consensar el plazo que se deba requerir, solicitamos que este punto se turne a las comisiones de Comercio y Fomento Industrial y Salud de esta Cámara y en su oportunidad se envíe a la colegisladora del Senado, para que dentro de sus competencias señaladas en el artículo 76 párrafo primero de la Carta Magna, determine lo conducente.

Por lo expresado y fundado, estas comisiones que dictaminan formulan los siguientes

CONSIDERANDOS

Estas comisiones realizaron un estudio detallado sobre el tema, en lo dispuesto en el Tratado de Libre Comercio celebrado entre los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos (México), de Canadá y de Estados Unidos de América (Estados Unidos), exponiendo que efectivamente el:

Anexo 1001.2a. Mecanismos de transición para México.

...

Productos farmacéuticos

6. Este capítulo no se aplicará hasta el 1o. de enero de 2002, a las compras de medicamentos efectuadas por la Secretaría de Salud, el IMSS, el Issste, la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Marina, que no estén actualmente patentados en México o cuyas patentes mexicanas hayan expirado. Nada en este párrafo menoscabará los derechos establecidos en el Capítulo XVII, "propiedad intelectual".

9. Las partes deberán consultar cada año durante los primeros cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor de este tratado, para revisar los problemas del periodo de transición y establecer soluciones mutuamente acordadas. Dichas soluciones podrán incluir, cuando sea apropiado, ajustes temporales a las obligaciones de México dentro de este capítulo, tales como las relativas a los requisitos de presentar informes.

10. Canadá y Estados Unidos deberán cooperar con México para brindarle asistencia técnica, como sea apropiado y mutuamente acordado según el artículo 1020, para apoyar la transición de México.

Derivado de lo anterior, son evidentes los compromisos a los que se obligaron los países firmantes, no obstante en el cuerpo del mismo tratado existen las figuras pertinentes que permiten un equilibrio sano entre éstos, como lo son "la cooperación técnica" (artículo 1020), las "disciplinas de negociación" (artículo 1014), los "procedimientos de impugnación" (artículo 1017). A mayor abundamiento nuestro país, según los que dispone el apéndice 1001.1b-2-A "lista provisional" podrá completar la lista de cobertura de servicios excluidos de la observancia del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, si nuestras autoridades competentes lo estiman pertinente.

Aunado a lo anterior, interpretando lo dispuesto en el anexo 1001.2a "mecanismos de transición" antes transcrito, México según las excepciones contenidas en este anexo, puede hasta en tanto superemos la etapa de transición por la que atravesamos, estar en la posibilidad de competir equilibradamente con nuestros socios comerciales, por lo tanto quedó excluida la adquisición de medicamentos patentados en México y aquellas patentes que hayan expirado a favor del Gobierno mexicano, respetando desde luego los términos de la propiedad intelectual. Pese a los argumentos anteriormente esgrimidos, es importante puntualizar las facultades exclusivas de la Cámara de Senadores, las cuales se encuentran enunciadas en el artículo 76 constitucional que a la letra reza:

"Artículo 76.

Son facultades exclusivas del Senado:

I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el secretario del despacho correspondiente rindan al Congreso; además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión;

lI a la X...

Por ello y como atinadamente lo apuntó el diputado Pedro Miguel Rosaldo Salazar, el peligro que implica el vencimiento del plazo para que las transnacionales farmacéuticas inicien ventas al sector público nacional obliga a promover de manera inmediata, a través del Senado de la República, una extensión de ese término, conociendo desde luego las facultades exclusivas de dicha Cámara en materia de aprobación de tratados internacionales, de conformidad a lo dispuesto en nuestra Carta Magna.

A su vez el diputado Ernesto Saro Boardman, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional solicita la inclusión en este punto de acuerdo que se dictamina, que la Secretaría de Economía verifique el ámbito de aplicación en esta materia de los artículos 1001 al 1007 del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, en lo referente a compras y arrendamientos de empresas gubernamentales y establecer las reservas y negociaciones que sean pertinentes, para eximir o en su caso prolongar el periodo de protección al considerar las compras del IMSS e Issste, como gubernamentales y proteger a la industria asentada en México, asimismo el diputado extiende la solicitud a la Secretaría de Salud, a efecto que revise su reglamentación y exija en el caso de futuras compras internacionales, los mismos requisitos sanitarios requeridos a las empresas establecidas nacionales, así como prever, por esta Secretaría y las entidades adquirentes, que la supervisión y control en los medicamentos importados esté debidamente contemplada en nuestra legislación sanitaria.

Finalmente la diputada María de las Nieves García del Partido Revolucionario Institucional, apoya el punto de acuerdo arguido por el diputado Pedro Miguel Rosaldo Salazar, integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 45 numeral 6 incisos e y f de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Salud emiten el siguiente

RESOLUTIVO

Primero. De conformidad en lo que dispone la fracción II del artículo 77 constitucional, Túrnese el punto de acuerdo a la Cámara de Senadores como colegisladora, a efecto que resuelva sobre la ampliación del plazo para que los laboratorios farmacéuticos transnacionales, inicien ventas al sector público mexicano, lo cual fue establecido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Segundo. Que la Secretaría de Economía verifique el ámbito de aplicación en esta materia de los artículos 1001 al 1007 del TLCAN, en lo referente a compras y arrendamientos de entidades gubernamentales y establecer las reservas y negociaciones que sean pertinentes, para eximir o en su caso prorrogar la entrada en vigor de lo dispuesto en el numeral 6 del anexo 1001.2a del Tratado de Libre Comercio con América del Norte.

Tercero. Que la Secretaría de Salud, revise su marco normativo y exija en las futuras compras internacionales, por lo menos, los mismos requisitos sanitarios requeridos a las empresas nacionales y que la supervisión y control en los medicamentos importados estén debidamente contemplados en la legislación sanitaria.

Así lo acordaron y firmaron los diputados integrantes de esta comisión.

México, D. F., a 20 de febrero de 2002.— Diputados por la Comisión de Salud: María Rugenia Galván Antillón, presidenta; Eduardo A. Leines Barrera, Rafael Orozco Martínez, Adela del C. Graniel Campos, Héctor Esquiliano Solís, secretarios; Samuel Aguilar Solís, Juan Alcocer Flores, Francisco J. Cantú Torres, Celia Martínez Bárcenas, María L. A. Domínguez Ramírez, Neftalí S. Escobedo Zoletto, María de las Nieves García Fernández, Federico Granja Ricalde, Policarpo Infante Fierro, Arturo León Lerma, Francisco S. López Brito, Santiago López Hernández, Enrique Meléndez Pérez, Magdalena Nuñez Monreal, Felipe Olvera Nieto, Manuel Wistano Orozco Garza, Julieta Prieto Fuhrken, Víctor Antonio García Dávila, Pedro Miguel Rosaldo Salazar, Luis Miguel Santibáñez García, Ernesto Saro Boardman, Olga M. Uriarte Rico, Carlos A. Valenzuela Cabrales, José S. Velázquez Hernández, Juvenal Vidrio Rodríguez; diputados por la Comisión de Comercio y Fomento Industrial: Diego Alonso Honojosa Aguerrevere, presidente; Jesús Mario Garza Guevara, Reyes Antonio Silva Beltrán, Ildelfonso Guajardo Villareal, Francisco Agundis Arias, secretarios; Moisés Alcalde Virgen, José Bañales Castro, Orlando Alfonso García Flores, Sergio García Sepúlveda, Francisco Javier Ortiz Esquivel, María Teresa Tapia Bahena, Jorge Urdapilleta Núñez, Samuel Yoselevitz Fraustro, José Mantilla y González, Carlos Nicolás Villegas Flores, Miguel Castro Sánchez, Rubén Benjamín Félix Hays, María Luisa A. Domínguez Ramírez, Elías Dip Rame, Jaime Hernández González, Julián Luzanilla Contreras. Hermilo Monroy Pérez, Manuel Payan Novoa, Roberto Ruiz Angeles, Jorge Schettino Pérez, Adolfo Zamora Cruz, Miroslava García Suárez, Rafael Servín Maldonado, Gregorio Urias Germán y Norma Patricia Riojas Santana.»

La Presidenta:

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo registro de oradores, consulte la Secretaría en votación económica si es de aprobarse.

La secretaria Martha Silvia Sánchez González:

En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado.

La Presidenta:

Comuníquese al Ejecutivo.

DISTRITO FEDERAL

La secretaria Martha Silvia Sánchez González:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión del Distrito Federal.

Honorable Asamblea: con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos el pasado 14 de noviembre se presentó, por el diputado Francisco Ramírez Cabrera a nombre de los integrantes de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Revolución Democrática, Verde Ecologista de México y del Trabajo, una proposición con punto de acuerdo para formular un pronunciamiento respecto de la necesidad de entubar el llamado gran canal del desagüe. La Mesa Directiva turnó la proposición a la Comisión del Distrito Federal para su estudio y dictamen. Esta comisión, con fundamento en el artículo 39 numeral 3, el artículo 40 incisos e y f del numeral 6, el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del mismo Congreso General, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea el presente dictamen de conformidad con los siguientes

ANTECEDENTES

1o. En sesión del pleno celebrada el día 14 de noviembre de 2001, se presentó la proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal la necesidad de entubar el llamado gran canal del desagüe.

2o. La Presidenta de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: "túrnese a la Comisión del Distrito Federal".

3o. El objeto general de esta proposición consiste en hacer un llamado al gobierno de la Ciudad de México para que a través de su Secretaría de Obras y Servicios, lleve a cabo las obras necesarias para entubar el llamado gran canal del desagüe.

4o. Analizados los puntos de vista de los diversos diputados y sus opiniones respectivas, esta comisión somete a consideración del pleno el presente dictamen con base en los siguientes

CONSIDERANDOS

Primero. Que desde el comienzo de la urbanización del Distrito Federal, los diversos ríos que aún corrían por el valle de México y que no fueron desecados, se entubaron para ser utilizados como flujo de drenaje de aguas negras.

Segundo. Que no obstante las fuertes cantidades de capital invertidas en la infraestructura de drenajes en la Ciudad de México, el Gran Canal de Desagüe aún tiene un tramo expuesto al aire libre. Este tramo se encuentra en la delegación Venustiano Carranza, afectando a los habitantes de las colonias 10 de Mayo, Moctezuma, 20 de Noviembre, Simón Bolívar y otras.

Tercero. Que dadas las condiciones de exposición al aire libre de gran cantidad de aguas residuales, los habitantes de las colonias afectadas padecen la generación de malos olores, fauna nociva y contaminación ambiental por la exposición de partículas contaminantes provenientes de este canal esparcidas por el viento, así como el riesgo de futuras inundaciones derivadas del hundimiento de la Ciudad de México, lo que provoca que se invierta la pendiente del Gran Canal y se invierta el flujo de las aguas negras generando grandes inundaciones.

Cuarto. Que con fundamento en lo anteriormente expuesto sometemos a esta Cámara de Diputados, los siguientes

ACUERDOS

Unico. Se solicita a la Comisión Nacional de Agua, al Gobierno del Distrito Federal, al Gobierno del Estado de México y a la Comisión del Agua del Estado de México, que realicen un análisis minucioso de lo antes expuesto y se inicien las obras necesarias para el entubamiento del denominado Gran Canal de Desagüe en el tramo que aún está al aire libre contaminando una parte importante de la zona metropolitana de la Ciudad de México.

México, D.F., a 23 de abril del 2002.— Comisión del Distrito Federal.— Diputados: Jorge Alberto Lara Rivera, presidente; Mauricio Enrique Candiani Galaz, Enrique de la Madrid Cordero, Víctor Hugo Círigo Vázquez, José Antonio Arévalo González, secretarios; Manuel Castro y del Valle, Carlos Alberto Flores Gutiérrez, Raúl García Velásquez, Héctor González Reza, Mauro Huerta Díaz, José Benjamín Muciño Pérez, Daniel Ramírez del Valle, Mario Reyes Oviedo, Armando Salinas Torre, Máximo Soto Gómez, Carlos Humberto Aceves del Olmo, Enrique Alonso Aguilar Borrego, Raúl Cervantes Andrade, Jorge Chávez Presa, José Gerardo de la Riva Pinal, Rodolfo Antonio Echeverría Ruiz, Javier García González, Oscar Levín Coppel, Maricruz Montelongo Gordillo, Luis Priego Ortiz, Salvador Rocha Díaz, Reyes Antonio Silva Beltrán, Delfino Garcés Martínez y Alfredo Hernández Raigosa.»

La Presidenta:

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien se registre, consulte la Secretaría en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo.

La secretaria Martha Silvia Sánchez González:

En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...

La Presidenta:

Aprobado.

Comuníquese al Ejecutivo.

MEXICO-BELICE

La secretaria Martha Silvia Sánchez González:

Punto de acuerdo para exhortar a la secretarías de Relaciones Exteriores, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Instituto Nacional de Antropología e Historia para que se promueva el establecimiento de una mesa de trabajo binacional entre México y Belice a fin de analizar los efectos ambientales.

La Presidenta:

Está a discusión el punto de acuerdo. Diputado Cobo.

El diputado Diego Cobo Terrazas (desde su curul):

Muchas gracias. Nada más para señalar que no se leyeron los resolutivos.

La Presidenta:

Diputada Secretaria. Se repone la lectura de este punto de acuerdo desde el principio.

La secretaria Martha Silvia Sánchez González:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisiones unidas de Relaciones Exteriores y Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Proposición con punto de acuerdo de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y Recursos Naturales del punto de acuerdo para exhortar a las secretarías de Relaciones Exteriores, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que promueva el establecimiento de una mesa de trabajo binacional entre México y Belice, a fin de analizar los efectos ambientales por la posible construcción de la Hidroeléctrica Chalillo; en Belice presentado por el diputado Diego Cobo Terrazas, a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el día 6 de noviembre de 2001.

Honorable Asamblea: a las comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y resolución, la proposición con punto de acuerdo, para exhortar a las secretarías de Relaciones Exteriores, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que se promueva el establecimiento de una mesa de trabajo binacional entre México y Belice, a fin de analizar los efectos ambientales por la posible construcción de la Hidroeléctrica Chalillo, en Belice, presentada por e! diputado Diego Cobo Terrazas, el día 6 de noviembre de 2001.

Ambas comisiones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 40, 44 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 58, 59, 60, 93 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Asamblea el presente punto de acuerdo de conformidad con los siguientes

I. Antecedentes

1. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente de 1972, en su principio 21 establece:

"De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los principios del derecho internacional, los estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos en aplicación de su propia política ambiental y la obligación de asegurar que las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control, no perjudiquen al medio de otros estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional."

2. El 25 de septiembre de 1981 Belice, país que colinda con el sureste mexicano se integra a la ONU.

3. En 1991 se suscribe el "Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y Belice sobre la protección y mejoramiento del ambiente y conservación de los recursos naturales en la zona fronteriza".

4. En 1992 se firma el Convenio Centroamericano de Biodiversidad, entre México, Guatemala y Belice.

A partir de estos antecedentes, los miembros de las comisiones que suscribimos el presente dictamen, exponemos las siguientes

II. Consideraciones

1. Belice ha tenido un aumento significativo de la demanda de electricidad para satisfacer sus necesidades. En 1990 se realizó un estudio sobre posibles soluciones para la generación de energía, a fin de proveer las necesidades energéticas a largo plazo de aquella nación. Dicho estudio recomendó modificar el potencial hidroeléctrico del río Macal, comenzando con el funcionamiento de la planta hidroeléctrica del Mollejón del río, cuya propietaria es Fortis Incorporated, empresa canadiense a la que se le ha concesionado el suministro y producción de la energía desde mediados de los años noventa y que proporciona actualmente gran parte de la demanda de energía a Belice.

2. Esta empresa canadiense propone construir un vaso de almacenaje de aproximadamente 120 millones de metros cúbicos de agua, con una presa de 35 metros de altura contra la corriente del río de Macal, para poder así dotar de agua suficiente a las turbinas del complejo hidroeléctrico de Chalillo.

3. El sitio de construcción se localiza en un área conocida como las montañas mayas donde hundirá 1 mil 100 hectáreas de bosque tropical húmedo. De acuerdo con las leyes locales de protección al medio ambiente se requiere para realizar este proyecto, una descripción de los probables efectos significativos, directos e indirectos, en el ambiente del desarrollo, explicando por referencias a su impacto posible sobre seres humanos; flora, fauna, suelo, agua, aire, clima, activos minerales, incluyendo el patrimonio cultural y el paisaje. Dicho sitio tiene una gran importancia ambiental no sólo para Belice, si no también para los países centroamericanos vecinos, importancia que se sustenta en la riqueza biológica de la región que le permite ser corredor biológico entre las naciones vecinas y que ofrece además múltiples servicios ambientales en la región.

4. Todos los estados tienen el derecho soberano de utilizar sus recursos para satisfacer sus necesidades de desarrollo y la responsabilidad de promover y ejecutar un plan nacional para la protección y preservación del ambiente dentro de los niveles de su jurisdicción nacional, asimismo tienen el deber internacional de asegurar que las actividades dentro de su jurisdicción o control no causen daño potencial o real al ambiente de otros estados o áreas más allá de los límites de su jurisdicción nacional, de conformidad a lo establecido por la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente de 1972.

5. Tanto México como Belice, han aceptado el principio según el cual cada país tiene la obligación de asegurar que sus actividades no causen un daño ambiental significativo en el otro, es decir que reconocen una responsabilidad extraterritorial en lo relativo a la protección del medio ambiente transfronterizo; prueba de ello, es la firma del convenio que se llevó acabo el 28 de enero de 1992, donde los dos países suscribieron el titulado "Convenio Entre los Estados Unidos Mexicanos y Belice Sobre la Protección y Mejoramiento del Ambiente y Conservación de los Recursos Naturales en la Zona Fronteriza". Este convenio suscrito por mutua preocupación y responsabilidad en la protección y mejoramiento del ambiente en la zona fronteriza y en la conservación de los recursos naturales que se encuentran en ambos lados de la frontera y que forman parte de sus propios patrimonios, es resultado de la cooperación en materia ambiental de beneficio mutuo y busca atender problemas similares en cada país.

En dicho convenio ambos países acuerdan cooperar entre sí en las tareas de protección y mejoramiento ambiental y en las de conservación de los recursos naturales en la zona fronteriza, sobre las bases de igualdad, reciprocidad y beneficio mutuo y de conformidad con sus respectivas leyes, reglamentos y políticas nacionales en la materia, los obliga a adoptar las medidas apropiadas para prevenir, reducir y eliminar en su respectivo territorio, las fuentes de contaminación que afecten la zona fronteriza, así como las fuentes de deterioro y degradación de los hábitats y poblaciones silvestres presentes en la zona fronteriza.

De acuerdo con el convenio, ambos países llevarán a cabo acciones necesarias para la conservación de áreas naturales protegidas y de aquellos ecosistemas frágiles presentes en la zona fronteriza, con la finalidad de preservar los diferentes ecosistemas y de permitir la continuidad de los procesos evolutivos ecológicos, fomentarán y tomarán las medidas necesarias para la protección de especies amenazadas o en peligro de extinción.

De igual forma, se establece que las partes evaluarán, de conformidad con sus respectivas leyes, reglamentos y políticas nacionales, aquellos proyectos que puedan tener impactos significativos en el ambiente de la zona fronteriza, particularmente en la conservación de los diferentes ecosistemas y considerarán medidas apropiadas para evitar o mitigar efectos adversos.

6. En vista de lo anterior, algunos de los efectos ambientales regionales adversos por la construcción de la hidroeléctrica serían:

1. Reducción significativa de la diversidad biológica.

2. Fragmentación del corredor biológico mesoamericano, en particular del corredor Sian KaianCalakmul en México, que comprende un área de aproximadamente 2 mil 200 millones de hectáreas, que tienen como finalidad la conservación y uso sustentable de la biodiversidad.

3. Reducción rápida en poblaciones de especies compartidas y de importancia para México, como el jaguar (Panthera Onca) en peligro de extinción y que se encuentra en el apartado I de la Convención Internacional Sobre el Tráfico de Especies en Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (Cites) y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), lo considera como especie vulnerable, al igual que el ocelote (leopardos Pardalis), la guacamaya roja (Ara Macao) y el tapir centroamericano (Tapirus Bairdii).

Todas éstas son especies que la propia Comisión Nacional de Uso y Conocimiento de la Biodiversidad (Conabio) reconoce como de relevancia para la nación dado su status de conservación.

4. Afectación a los hábitat de aves migratorias de América del Norte.

5. Reducción en cantidad y calidad de nutrientes orgánicos esenciales para la productividad de los ecosistemas marinos, con su consecuente impacto sobre las pesquerías compartidas y los arrecifes del sur de Quintana Roo.

6. Impactos negativos en la biodiversidad y las interacciones ecológicas que se extienden a las selvas tropicales mexicanas y de la región caribeña.

7. México resultaría afectado toda vez que los servicios ambientales que proporciona la selva tropical de la región no reconoce las fronteras políticas, siendo estos servicios ambientales un recurso compartido.

En virtud de lo expuesto y fundado estas comisiones unidas de Relaciones Exteriores y Medio Ambiente y Recursos Naturales, consideramos procedente la propuesta con punto de acuerdo presentada por el diputado Diego Cobo Terrazas y acuerdan realizar modificaciones a los puntos de acuerdo originalmente propuestos, eliminando el acuerdo tercero por no contar con elementos suficientes que prueben la presencia de vestigios arqueológicos patrimonio de la humanidad y el cuarto pasa a ser tercero y se agrega un cuarto acuerdo.

Por l anterior las comisiones de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión

ACUERDAN

Primero. Se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores del Poder Ejecutivo Federal valore la conveniencia de promover el establecimiento de una mesa de trabajo binacional entre México y Belice en el marco del convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y Belice sobre la protección y mejoramiento del ambiente y conservación de los recursos naturales en la zona fronteriza, a fin de analizar la viabilidad ambiental en la construcción de la hidroeléctrica Chalillo y sus efectos negativos en el ecosistema regional.

Segundo. Se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Poder Ejecutivo Federal, para que realice con carácter de urgente, una evaluación ambiental que presentará ante esta Cámara, donde se conozcan los posibles impactos para nuestro país y al corredor biológico mesoamericano por la construcción de la hidroeléctrica Chalillo en Belice.

Tercero. Que el Poder Ejecutivo Federal, de resultar procedentes las violaciones al derecho internacional y sus tratados: promueva ante los tribunales y organismos internacionales de los que forma parte, las acciones conducentes para evitar o en su caso resarcir, el daño ambiental por la construcción de la hidroeléctrica Chalillo en Belice.

Cuarto. Comuníquese al Senado de la República para que a través de las instancias que la colegisladora juzgue conveniente, lo haga del conocimiento de la representación diplomática de Belice en México y de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

México, D.F., a 18 de abril del año 2002.— Por la Comisión de Relaciones Exteriores.— Diputados: Gustavo Carvajal Moreno, presidente; Francisco Javier Sánchez Campuzano, Tarcisio Navarrete Montes de Oca, José Carlos Borunda Zaragoza y Erika Elizabeth Spezia Maldonado, secretarios; Sergio Acosta Salazar, Samuel Aguilar Solís, Alberto Anaya Gutiérrez, Hilda Josefina Amalia Anderson Nevárez, Eduardo Arnal Palomera, Edilberto J. Buenfil Montalvo, Raúl Covarrubias Zavala, María Elena Chávez Palacios, Jorge Alejandro Chávez Presa, Víctor Emanuel Díaz Palacios, Lucio Fernández González, Adrián Salvador Galarza González, Augusto Gómez Villanueva, Raúl Gracia Guzmán, Efén Leyva Acevedo, José Ramón Mantilla y González de la Llave, Miguel Angel Moreno Tello, José Luis Novales Arellano, Bernardo Pastrana Gómez, Gustavo Riojas Santana, María de los Angeles Sánchez Lira, Heidi Gertud Storsberg Montes, Emilio Ulloa Pérez, Eddie Varón Levy, José Socorro Velázquez Hernández y Alma Carolina Viggiano Austria.

Por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.— Diputados: Diego Cobo Terrazas, presidente; Jesús de la Rosa Godoy, Gustavo Lugo Espinoza, Miguel Angel Gutiérrez Machado yJesús Garibay García, secretarios; Francisco Arano Montero, Silvano Aureoles Conejo, Miguel Bortolini Castillo, Vitalico Cándido Coheto Martínez, Rosa Delia Cota Montaño, José Manuel Díaz Medina, Sergio García Sepúlveda, Rómulo Garza Martínez, Raúl Gracia Guzmán, José María Guillén Torres, Pedro Manterola Sainz, Albino Mendieta Cuapio, José Jacobo Nazar Morales, Juan Carlos Pallares Bueno, Héctor Pineda Velázquez, Ramón Ponce Contreras, Rafael Ramírez Agama, Rafael Ramírez Sánchez, Jaime Rodríguez López, Juan Carlos Sainz Lozano, Raúl Efrén Sicilia Salgado, José María Tejeda Vázquez, Miguel Angel Torrijos Mendoza, Librado Treviño Gutiérrez y Julio César Vidal Pérez.»

La Presidenta:

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría, en votación económica, si es de aprobarse.

La secretaria Martha Silvia Sánchez González:

En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado.

La Presidenta:

Comuníquese al Ejecutivo y envíese una copia a la delegación de México al Parlatino y a la delegación de México observadora en el Parlacen.

Vamos a dar lectura a solicitudes de la Junta de Coordinación Política en torno a cambios en comisiones. Le ruego a la Secretaría proceder.

COMISIONES LEGISLATIVAS (III)

El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diutados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 34 numeral 1 inciso c, de la Ley Orgáinica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador de relaciones internas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a usted la modificación en la integración de la siguiente comisión:

• Que la diputada Lizbeth Evelia Medina Rodríguez, entre a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para ocupar una vacante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

México, D.F., a 30 de abril de 2002.— Diputado Felipe Calderón Hinojosa presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.

Diputado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.— Presente.

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y para remitirle la siguiente integración:

La diputada Lizbeth Evelia Medina Rodríguez entra a la Comisión de Grupos Vulnerables como integrante.

Para ocupar vacante que dejó la diputada Arcelia Arredondo García.

Lo anterior para que se notifique a la comisión antes referida, para los trámites a los que haya lugar.

Sin otro particular de momento, le reitero las seguridades de mi consideración más alta y distinguida.

México, D.F., a 30 de abril de 2002.— Diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador de relaciones internas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.»

La Presidenta:

De enterado.

Esta Mesa Directiva va a turnar una serie de proposiciones que los legisladores habían enlistado en los órdenes del día de sesiones anteriores y que por falta de tiempo no pudieron presentar de manera directa.

Queremos expresar nuestro reconocimiento a los señores legisladores por entregarnos estos documentos, los que tendrán el procesamiento pertinente.

VICENTE FOX QUESADA

La Presidenta:

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo entregó proposición con punto de acuerdo en relación a la declaración del presidente Vicente Fox Quesada, del 9 de abril de 2002.

«Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

Para el grupo parlamentario del Partido del Trabajo es altamente preocupante el enorme desprecio en contra del Poder Legislativo, que el titular del Ejecutivo Federal ha manifestado desde que asumió la Presidencia. Son muy claras las muestras que ha dado el señor Fox de su inconformidad con el Congreso, porque a casi año y medio sus iniciativas y propuestas de política económica no han sido aceptadas.

Resulta todavía más preocupante que el presidente Fox se haya puesto al frente de la campaña política del Partido Acción Nacional para el año 2003 con todos los medios a su alcance. Es decir, ha instrumentado toda una campaña de Estado a favor de su partido político. Al señor Fox sólo le faltó decir abiertamente que los mexicanos deben votar el próximo año por su partido y darle mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.

Lo anterior significaría volver a los tiempos, supuestamente ya extintos, en los que el Presidente controlaba a las dos cámaras del Congreso y que éstas se le subordinaban en todo y le cumplían sus caprichos.

El mensaje del Presidente es altamente riesgoso, ya que evidencia una figura autoritaria que desea avasallar a los poderes públicos que tienen la misión constitucional de actuar como contrapeso del Ejecutivo.

En su mensaje el Presidente culpa al Senado de que por no autorizarle el viaje pretendido no podría cumplir los objetivos planteados y señala: "tal parece que la oposición se ha empeñado en que mi gobierno no cumpla con el cambio por el que ustedes votaron". Afirmación más falsa no podríamos encontrar. El Presidente olvida que en la elección en que obtuvo la Presidencia de la República, no ganó con mayoría absoluta, sin embargo nadie le cuestiona ni la legalidad ni la legitimidad de su triunfo.

Sin embargo, en ese mismo proceso electoral los mexicanos, como antes ocurrió en 1997 respecto del PRI en la elección de diputados de ese año, decidieron no darle mayoría absoluta en las cámaras del Congreso a ningún partido político.

Que a Fox le quede claro, en la elección en que ganó la Presidencia, los mexicanos decidieron no votar por el PAN para darle mayoría en ambas cámaras; con esta sabia decisión política los electores se manifestaron por un diálogo respetuoso y republicano entre los poderes públicos.

La actitud de Fox, al utilizar en provecho propio el tiempo oficial que al Estado corresponde, para confrontar al Senado de la República, constituye una violación directa al artículo 61 constitucional al reconvenir una decisión mayoritaria de la colegisladora.

El Presidente olvida que en las cámaras se discute y vota, que las decisiones, al ser tomadas por mayoría de votos, se tornan una voluntad colectiva del órgano que la aprueba. Miente Vicente Fox cuando acusa al Senado de que al impedírsele salir del país, la atracción de nuevas inversiones y negocios para México no podrá concretarse.

Vicente Fox quiere engañar al pueblo cuando afirma que "deseaba establecer de manera inequívoca la posición y la preocupación de México con respecto al fallo de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos en perjuicio del mexicano José Castro...", sin duda también ignora que el Poder Judicial de Estados Unidos es independiente de la rama ejecutiva y, lo más grave es el establecimiento de precedentes judiciales que sí afectan a nuestros connacionales.

Lo que el Gobierno mexicano debió hacer en su momento, era exigir el cumplimiento de los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y de trabajo que protegen a toda persona sin importar su condición migratoria y no preocuparse por lo que ocurre en otros países y hacerse de la vista gorda con lo que sucede en nuestro país.

La conducta mediática del Ejecutivo de hacerse pasar por mártir y de afirmar que el Legislativo lo obstruye, es solamente una más de sus acciones publicitarias con la que busca resarcir la popularidad de que gozó al asumir la Presidencia.

Por enésima ocasión, el Presidente de la República busca culpables para no reconocer lo que han sido manifiestos fracasos en la conducción de los asuntos públicos.

Por las consideraciones anteriores y con base en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados abajo firmantes sometemos al pleno de esta soberanía el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Artículo único. Que el pleno de esta Cámara de Diputados exhorte al Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, a que actúe dentro del marco de nuestra Constitución en el sentido de que los legisladores no pueden ser reconvenidos y, asimismo que deponga su actitud en contra del Congreso y que cuando a éste se dirija lo haga con respeto como se le debe dar a los otros poderes.

Atentamente.

México, D.F., a 30 de abril de 2002.— Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo.— Diputados: Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador; José Narro Céspedes, vicecoordinador; Rosalía Peredo Aguilar, Jaime Cervantes Rivera, Rosa Delia Cota Montaño, Félix Castellanos Hernández, Víctor Antonio García Dávila y Juan Carlos Regis Adame.»

La Presidenta:

Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

 

REPUBLICA DE VENEZUELA

La Presidenta:

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo entregó proposición con punto de acuerdo sobre la situación política de Venezuela.

«Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

La situación política vivida en Venezuela durante las últimas semanas, revela que Estados Unidos en combinación con las fuerzas reaccionarias domésticas, dieron lugar a que se generaran una serie de problemas políticos, que más tarde o más temprano, se han convertido en un verdadero obstáculo en contra del avance de la democracia y de la institucionalidad en aras de satisfacer los más mezquinos intereses de la burguesía financiera nacional e internacional.

Nuevamente, el gobierno estadounidense ha puesto a funcionar su maquinaria intervensionista para derrocar a aquellos gobiernos que no se han sometido a sus caprichos o que incluso, han afectado a los capitales de sus connacionales.

Los casos más recientes de la política injerencista del gobierno de Estados Unidos en América Latina, los pudimos ver en el derrocamiento del presidente Bucaram en Ecuador y De la Rúa en Argentina, que son un vivo ejemplo de cómo la ambición de poder de la burguesía norteamericana y de los intereses de sus empresas transnacionales, pesan más que los deseos de autonomía y de progreso al que aspiran nuestros pueblos.

En Venezuela, en menos de una semana las relaciones políticas se vieron violentadas de la noche a la mañana con la imposición de un efímero gobierno que rompió con el Estado de Derecho.

Masacrar a un pueblo indefenso ha sido el resultado de la actitud injerencista del imperio norteamericano, que en clara contradicción con lo que demandan a los demás pueblos no lo cumplen ellos mismos, como es el respeto a los derechos humanos, la libre determinación de los pueblos y el cumplimiento de la democracia.

Hemos visto como su decidida promoción en el seno de la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU, estimuló el voto de censura contra Cuba, mientras que la muerte de civiles en Venezuela a manos de francotiradores afines a los intereses norteamericanos no les mereció la mínima importancia.

Compañeras y compañeros diputados: ¿acaso debe México considerar como su aliado natural a un gobierno que actúa guiado sólo por sus mezquinos intereses económicos, antes que por la solidaridad internacional y la convivencia pacífica entre las naciones?

El caso de Venezuela nos debe servir como un suceso aleccionador y nos debe recordar experiencias similares que tuvimos en el pasado cuando, inclusive, perdimos más de la mitad de nuestro territorio en el Siglo XIX.

También nos debe quedar claro que la recuperación de la hegemonía política en el mundo por parte de Estados Unidos, se esté convirtiendo en un obstáculo cada vez más agresivo que amenaza la democracia de las naciones subordinadas a sus intereses y ponen en peligro permanente la estabilidad política mundial, porque al coloso del norte sólo le interesa la seguridad de sus intereses allende sus fronteras y el saqueo de los recursos de nuestros pueblos.

No se requiere ser muy perspicaz para entender que el fallido levantamiento contra el régimen de Chávez, sólo tuvo como objetivo inmediato reposicionar a un gobierno que fuera afín a los intereses norteamericanos, de garantizarle acceso fácil y preferente a los recursos petroleros de la nación, así como de permitir sin problemas la instauración plena del ALCA, que constituye la nueva forma en que el imperialismo norteamericano busca subordinar a los países latinoamericanos en condiciones favorables para continuar saqueando sus recursos.

Frente a la intentona por derrocar al gobierno de Chávez surgen experiencias aleccionadoras reconocidas por él mismo y que es necesario reflexionar, porque nos permiten extraer conclusiones que señalan hacia dónde puede derivar cualquier régimen que no sigue como práctica política la búsqueda de consensos y acuerdos entre los actores políticos.

Consideramos que esta experiencia resulta particularmente aleccionadora para México, porque cuando el Poder Ejecutivo Federal utiliza como mecanismo sistemático y sostenido la confrontación mediática, antes que la búsqueda de acuerdos y consensos con los poderes de la Unión y las fuerzas políticas de oposición.

Estamos generando las condiciones no sólo para arribar a la inestabilidad y para violentar el proyecto de nación que queremos, sino que además, estamos debilitando nuestro Estado de Derecho y propiciando con ello la posibilidad de algún tipo de intervención en nuestro país.

También ilustra que todo gobernante que no respeta la autonomía de poderes y la pluralidad de ideas y de fuerzas políticas está condenado a sufrir descalabros y en última instancia al fracaso.

Ante los sucesos ocurridos en Venezuela la posición que debe mantener el Gobierno mexicano, desde el punto de vista del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, están claramente asentados en los principios de política exterior que se señalan en el artículo 89 fracción X, así como en la Doctrina Estrada a la cual aludió el presidente Fox en su intervención en ocasión de su visita a la República de Costa Rica durante la reunión del Grupo de Río y que fue la postura oficial del Gobierno mexicano.

Por las consideraciones anteriores, nos permitimos plantear con fundamento en lo que se dispone en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Que el pleno de esta Cámara de Diputados se pronuncie a favor de que se haga un atento exhorto al Ejecutivo Federal, para que sus expresiones ante acontecimientos políticos ocurridos en otras naciones, el Presidente se maneje bajo los principios marcados por nuestra Carta Magna, fundamentalmente, por lo estipulado en el artículo 89 fracción X.

Atentamente.

México, D.F., a 30 de abril de 2002.— Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo.— Diputados: Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador; José Narro Céspedes, vicecoordinador; Rosalía Peredo Aguilar, Jaime Cervantes Rivera, Rosa Delia Cota Montaño, Félix Castellanos Hernández, Víctor Antonio García Dávila y Juan Carlos Regis Adame.»

La Presidenta:

Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.

DERECHOS HUMANOS

La Presidenta:

El diputado Gregorio Arturo Meza de la Rosa, del grupo parlamentario de Acción Nacional entregó proposición con punto de acuerdo para que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos intervenga con el asunto relacionado con los actos violatorios de los derechos humanos cometidos contra los señores Víctor Javier García Uribe y Gustavo González Meza.

«Señora Presidenta de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; compañeras y compañeros diputados.

Los abajo firmantes, diputados federales del grupo parlamentario de Acción Nacional en esta LVIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los incisos b y d del artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar ante esta Asamblea.

Punto de acuerdo para que la Comisión de Justicia y de Derechos Humanos, intervenga en el asunto relacionado con los actos violatorios de los derechos humanos cometidos contra los señores Víctor Javier García Uribe y Gustavo González Meza, al tenor de los siguientes.

ANTECEDENTES

El día 9 de noviembre del año pasado, los señores Víctor Javier García Uribe y Gustavo González Meza, fueron sacados de sus domicilios de manera violenta por un grupo de personas encapuchadas o enmascaradas, sin que para tal efecto se hayan identificado como miembros de alguna corporación policíaca y sin que hayan presentado alguna orden de aprehensión.

Las esposas de los secuestrados, pensando que lo anterior había sido la acción criminal de algún grupo de "sicarios" hecho tan común en Ciudad Juárez donde se asesina a cualquier hora del día impunemente, se dieron a la tarea de buscar en todas las corporaciones policiacas a sus esposos sin encontrar respuesta positiva, sólo burlas y sarcasmo de funcionarios, agentes policíacos y agentes del Ministerio Público, insinuándoles que quizá ya habrían sido ejecutados por alguna mano asesina en virtud de la forma tan mafiosa de actuar de los enmascarados.

Sin embargo después de buscar e investigar por su cuenta, los familiares lograron enterarse que habían sido recluidos en una casa particular ubicada en el cruce de las avenidas López Mateos y Ejército Nacional, lugar donde los sometieron a brutales torturas con golpes y descargas eléctricas, aplicándoles la "chicharra" en sus genitales después de mojar sus cuerpos para que las descargas eléctricas fueran más fuertes y se declararan culpables de los homicidios en contra de ocho mujeres de las cuales seis no han sido identificadas oficialmente, (debido que a cinco meses de haber sido encontrados los cuerpos las pruebas genéticas de ADN no han sido entregadas al juez de la causa), después de algunas presiones por parte de sus familiares, los secuestrados fueron trasladados a la Academia de Policía de Ciudad Juárez donde los siguieron torturando, dirigiendo estas acciones se encontraba la exfiscal Zuly Ponce y el agente del Ministerio Público, Jesús Manuel González Guerrero, quienes se sorprendieron al ver que los familiares y amigos de los secuestrados se encontraban ahí, ordenando los funcionarios a los torturadores que sacaran a los familiares violentamente del lugar.

Posteriormente el 12 de noviembre de 2001, fueron presentados a declarar en vía preparatoria ante el juez tercero de lo penal del Distrito Judicial Bravos, quien les instruyo la causa penal identificada con el numero 426/01 por los delitos de homicidio, violación y asociación delictuosa y dentro del termino de ley, el juez de la causa al dar fe ocular, dio contestaciones burlonas, manifestando que las lesiones que presentaban (quemaduras en el pene, testículos, bajo vientre, pecho, abdomen y golpes generalizados en todo el cuerpo) eran por enfermedad y por el uso de reloj en la muñeca de la mano por estar muy apretados.

Funcionarios de la Procuraduría manifestaron reiteradamente que a ellos los pusieron a disposición del juez en la dirección del Cereso en esta ciudad completamente sanos, intentando probarlo con el certificado-médico expedido por el médico legista Samuel Villalba Calleros, quien labora en la oficina de servicios periciales y medicina legal. Pero el certificado del médico adscrito al Cereso, que obra en el expediente, se asienta que fueron recibidos por dicho centro penitenciario con quemaduras en el pene, en los testículos, bajo vientre, pecho, de manera poli contundidos en el cuerpo, con esto se desprende que hubo falsedad de los funcionarios para ocultar que fueron torturados para que se declararan culpables.

Con todo lo anterior, el juez de la causa dicto auto de formal prisión, convalidando con esto la tortura y la impunidad con que actuaron los actores.

Acusándolos de delitos de asociación delictuosa, violación y homicidio en contra de las ocho mujeres en la ciudad fronteriza, consideramos que por estos hechos, la fiscalía especial de crímenes Contra Mujeres en Ciudad Juárez, creó chivos expiatorios con la intención de reducir la presión de la ciudadanía sobre estos crímenes.

Es importante resaltar que el licenciado Mario Cesar Escobedo Anaya, defensor particular y honorario del ciudadano Gustavo González Meza, (pues es persona sin recursos económicos) el día 1o. de febrero del presente año, hizo públicas las amenazas de que era objeto para que dejara el caso, cuatro días después es asesinado por un primer comandante y agentes de la Judicial del Estado a su mando, a los cuales el día 8 de abril del actual, la juez sexto de lo penal, negó librar la orden de aprehensión en contra de estos agentes policíacos.

Asimismo, este 10 de abril, el juez séptimo del distrito, notificó al juez cuarto de lo penal, del Distrito Judicial Morelos, que se les otorgaba el amparo y la protección de la Justicia Federal, dictándoles a su favor auto de libertad por los delitos de violación y asociación delictuosa, quedando pendientes del proceso por el delito de homicidio.

Por lo expuesto, ocurrimos ante esta elevada representación popular, a fin de presentar propuesta de punto de acuerdo, al tenor del siguiente

PROYECTO DE ACUERDO

Artículo único. Que intervenga la Comisión Legislativa de Justicia y Derechos Humanos en la investigación de los actos violatorios de los derechos humanos cometidos en contra de los señores Víctor Javier García Uribe y Gustavo González Meza, actualmente recluidos en la penitenciaria de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

Atentamente.

México, D.F., a 30 abril de 2002.— Diputados: Francisco Ezequiel Jurado Contreras, César Patricio Reyes Roel, José Carlos Borunda Zaragoza, Abelardo Escobar Prieto, María Eugenia Galván Antillón, Manuel Arturo Narváez Narváez, Luis Villegas Montes, David Rodríguez Torres y Gregorio Arturo Meza de la Rosa.»

La Presidenta:

Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

TARIFAS ELECTRICAS

La Presidenta:

El diputado Claudio Bres Garza, del grupo parlamentario del PRI, entregó proposición con punto de acuerdo para solicitar el cambio en las tarifas eléctricas de verano para los municipios de Acuña, Allende, Muzquiz y Villa Unión, del Estado de Coahuila.

«Punto de acuerdo que presenta el diputado Claudio M. Bres Garza en relación al establecimiento por parte de la Comisión Federal de Electricidad de la tarifa eléctrica 1-E para los municipios de Acuña, Allende, Morelos y Villa Unión del Estado de Coahuila y 1-D para el municipio de Muzquiz, Coahuila.

Ciudadana Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura.

Compañeros diputados: con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, presento el siguiente punto de acuerdo, para solicitarle a la Comisión Federal de Electricidad la reclasificación de las tarifas eléctricas de verano aplicadas en los municipios de Acuña, Allende, Morelos, Muzquiz y Villa Unión, del Estado de Coahuila.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Desde hace muchos años una de las demandas más sentidas de los habitantes del norte del país ha sido la solicitud de tarifas eléctricas más bajas en las temporadas de verano, donde el intenso calor los obligan a utilizar aparatos de alto consumo de energía eléctrica.

Este consumo es aún mayor cuando es indispensable el uso de aparatos de alto consumo, que utilizan energía 220, para poder contrarrestar las fuertes temperaturas con altos índices de humedad, como es el caso de los municipios de Coahuila, donde los aparatos conocidos como de aire lavado no abaten el calor.

Estos altos consumos de energía eléctrica obligados durante los meses de verano, provocan un alto costo en los recibos de energía eléctrica, afectando sobretodo la economía familiar de la población con menores ingresos.

Aún más, ahora con la decisión del Gobierno Federal de reducir el subsidio a las tarifas domésticas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 7 de febrero, el pago de los recibos durante la temporada de intenso calor se hara aún más difícil.

Atendiendo esta justa demanda y en base a lo anterior, en diversas ocasiones legisladores de los diferentes grupos parlamentarios hemos solicitado a la Comisión Federal de Electricidad y presentado puntos de acuerdo, a fin de beneficiar a los habitantes de estas zonas cálidas con los cambios de tarifas eléctricas.

Al respecto, desde el 31 de octubre del año 2000 junto con otros compañeros diputados presentamos un punto de acuerdo para solicitar la tarifa 1-F para todos los usuarios de los municipios de Mexicali, Baja California, San Luis Río Colorado, Sonora, así como Piedras Negras y Acuña, Coahuila.

Después de una reunión entre la Comisión de Energía y la Comisión Federal de Electricidad, esta última autorizó a partir del 1o. de enero de 2001, la aplicación de la tarifa doméstica 1-E para el municipio de Piedras Negras del Estado de Coahuila, pero no así para el municipio de Acuña. Solicitado también en el punto de acuerdo.

Posteriormente en el mes de junio autorizó el cambio a la tarifa 1-E a los municipios de Nava, Hidalgo, Guerrero, Jiménez y Zaragoza y a la 1-D a Sabinas y San Juan de Sabinas.

Sin embargo, y aún cuando son municipios colindantes a los autorizados y con las mismas condiciones climáticas, la Comisión Federal de Electricidad no ha autorizado el cambio para los municipio de Acuña, Allende, Morelos, Muzquiz y Villa Unión basándose en su normatividad, que establece que para la reclasificación tarifaria se debe aplicar los registros de temperatura media mensual de las estaciones climatológicas avaladas por la Comisión Nacional del Agua correspondientes a la localidad en cuestión.

Por lo anteriormente expuesto, presento a ustedes las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera. En los municipios de Villa Unión y Morelos no existen estaciones climatológicas avaladas por la Comisión Nacional del Agua. Por ello solicitamos a la Comisión Federal de Electricidad consideraran la estación climatológica del municipio de Zaragoza como representativa, ya que es la estación cercana a estos municipios.

Para determinar la representatividad de las estaciones climatológicas para los municipios de Allende, Morelos y Villa Unión del Estado de Coahuila, la coordinación del servicio meteorológico nacional llevó a cabo una revisión por consultores de la organización meteorológica mundial.

La opinión técnica de los consultores determinó que se podría seleccionar como estación climatológica representativa a cualquiera entre Allende y Zaragoza, ya que las dos tienen registros suficientemente largos para que sus datos sean considerados representativos y además existe una buena correlación entre las temperaturas de los dos municipios.

Asimismo estableció que la temperatura es función directa de la altitud y al existir una mínima diferencia de altitud y además tomando en cuenta la mínima diferencia de distancia entre Morelos, Allende, Villa Unión y Zaragoza, se podría considerar como estación representativa para estos municipios a cualquiera de las dos.

No obstante lo anterior, se seleccionó a la estación de Allende y no la de Zaragoza para determinar las temperaturas basándose en que esta estación tenía registros desde 1960.

Esta consideración nos pareció injusta, ya que la estación climatológica de Zaragoza contaba con registros suficientes desde 1979 y según la normatividad de la Comisión Federal de Electricidad sólo se requiere el registro de temperaturas medias mensuales en los meses de mayor calor de los últimos cinco años.

Además, cabe aclarar que a partir de 2001, la comisión autorizó la tarifa 1-E para el municipio de Zaragoza, por lo que si se consideraba a la estación climatológica de este municipio como representativa, se deberían entonces autorizar los cambios para los municipios para los cuales se estimaran desde ahí sus temperaturas.

Segunda. En el caso de los municipios de Muzquiz y acuña del Estado de Coahuila, se ha solicitado a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Nacional del Agua se hagan estudios similares a los que se hicieron en los municipios antes mencionados para actualizar sus registros de temperatura.

Al respecto, la Comisión Federal de Electricidad sigue negando la autorización del cambio de tarifas para estos dos municipios basándose en los registros anteriores.

En el caso del municipio de Acuña, la estación climatológica se encuentra instalada en la presa de la amistad ubicada a 22 kilómetros de distancia de la cabecera municipal, la cual cuenta con un espejo de agua de una superficie de 357 kilómetros cuadrados y una profundidad de 138 kilómetros, lo que sin duda hace que se registren temperaturas muy diferentes a las que se registran en la ciudad.

Además, el municipio de Acuña está conurbado con el municipio de Jiménez, para el cual a partir de junio de 2001 se autorizó el cambio de tarifa a la 1-E, por lo que se podría aplicar el mismo criterio que en otros municipios para autorizar su cambio.

En el caso de Muzquiz, aun cuando cuentan con estación climatológica, no cuentan con personal permanente de la Comisión Nacional del Agua, por lo que solamente periódicamente acuden supervisores a recoger mediciones que hacen las personas que habitan donde se encuentran instalados los instrumentos de medición.

Por otra parte es difícil entender para los habitantes Muzquiz que todos los demás municipios colindantes sean beneficiados con tarifas de verano y ellos no, lo que les hace suponer que existen errores en las lecturas y solicitan revisión de las mismas

Además el municipio de Muzquiz está conurbado con el de San Juan de Sabinas y la distancia con el municipio de Sabinas es mínima, para los cuales la Comisión Federal de Electricidad autorizó el cambio de tarifa a la 1-D, a partir de junio de 2001, por lo que si se toman en cuenta las mínimas diferencias de distancias y altitudes como se ha hecho en otros casos se podría autorizar también el cambio de tarifa de Muzquiz.

Tercera. De acuerdo a la Comisión Federal de Electricidad es necesario el registro de los dos meses de mayor temperatura durante los últimos cinco años y aun cuando en la mayoría de ellos se registren las temperaturas suficientes requeridas para el cambio de tarifa y en alguno de ellos incluso la supera, basta con que uno de esos meses le falten décimas para que la autorización sea denegada.

Cuarta. Para la determinación de las temperaturas medias mínimas mensuales, se toman en cuenta las temperaturas de las 24 horas del día, por lo que al promediar con las temperaturas nocturnas los resultados se ven afectados hacia la baja y sobre todo no reflejan con exactitud el intenso calor que prevalece durante el día, que es cuando se utilizan con mayor frecuencia los aparatos eléctricos.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se propone a esta legislatura el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Solicitar a la Comisión Federal de Electricidad tome en cuenta los registros de temperaturas medias de los meses de verano de la estación climatológica de Zaragoza, Coahuila. Para determinar las temperaturas de los municipios de Allende, Villa Unión y Morelos, del Estado de Coahuila.

Segundo. Que en base a esos registros se autorice el cambio de tarifa eléctrica a 1-E para los municipios de Allende, Villa Unión y Morelos, como ya se hizo para el municipio de Zaragoza.

Tercero. Se haga un estudio similar al que se hizo en estos tres municipios para determinar las temperaturas de los municipios de Acuña y Muzquiz y tomar en cuenta las mínimas diferencias de altitud y distancia entre el municipio de Acuña y Jiménez para autorizar el cambio a la tarifa 1-E y las de Muzquiz y San Juan de Sabinas para autorizar el cambio a la tarifa 1-D.

Cuarto. Que la Comisión Federal de Electricidad, así como realiza la media de la temperatura mes por mes, lo hago en su totalidad por los cinco años de registro, a fin de que si en alguno de los meses la temperatura no alcanza por décimas la requerida al promediarla con los otros meses que si la alcanzan e incluso la superan, pueda tener los requisitos necesarios para autorizar los cambios

Quinto. Que se modifique la metodología para determinar la temperatura media mínima mensual diaria a fin de que las temperaturas muy bajas de la noche no afecten el registro total.

México, D.F., a 18 de abril de 2002.— Diputado federal Claudio M. Bres Garza.»

La Presidenta:

Túrnese a las comisiones de Energía y de Hacienda y Crédito Público.

ESTADO DE TABASCO

La Presidenta:

La diputada Adela del Carmen Graniel Campos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, entregó proposición con punto de acuerdo en relación a la contaminación generada por Pemex en el Estado de Tabasco.

«Proposición con punto de acuerdo para que Petróleos Mexicanos genere programas productivos para las comunidades afectadas por contaminación en el Estado de Tabasco.

Con la venia de la Presidencia; honorable Asamblea:

CONSIDERACIONES

Tabasco se ubica entre las principales entidades petroleras del país, el número de instalaciones de Pemex en la entidad es aproximadamente de 4 mil 185 pozos; 53 baterías de separación; 31 estaciones de compresión; tres centros de almacenamiento y bombeo; cinco plantas deshidratadoras; ocho de inyección de agua, una terminal marítima en Dos Bocas y 2 mil 500 kilómetros de ductos para el manejo de crudo.

El petróleo es un recurso estratégico cuya producción y uso están causando serios problemas sociales, ambientales y de salud en la región. Las estadísticas revelan que las fugas, como causas de un accidente, arrojan un 39% de los mismos, a diferencia de los incendios que representan únicamente el 13%.

Los problemas ocasionados por la extracción de petróleo en el Estado de Tabasco son ecológicos, sociales y económicos. El proceso de extracción de petróleo afecta el entorno ecológico y la calidad de vida de los tabasqueños, en particular de las comunidades contaminadas.

Con mayores consecuencias se han expresado los problemas de inseguridad y falta de mantenimiento de las instalaciones que han cobrado vidas de los lugareños.

Entre las afectaciones más recurrentes están: la retención de aguas; la salinización de tierras, lagunas y estuarios; fragmentación y pérdida de pantanos; desmonte, tala y contaminación de manglares, pérdida de biodiversidad, grietas en las paredes de las casas ocasionadas por las vibraciones de la maquinaría pesada de Pemex que transitan por las carreteras y caminos rurales.

Se afectan sobre todo ríos, arroyos, pantanos y tierras bajas inundables, suelos y tierras aptas para la agricultura, además de la contaminación atmosférica.

De acuerdo con información de Petróleos Mexicanos, en los últimos seis años se han destinado 1 mil 970 millones de pesos para impulsar el desarrollo social de la entidad, a través de la construcción de obras de infraestructura, la realización de proyectos de beneficio social y la donación de productos en especie.

En el mismo periodo y por medio del acuerdo de Coordinación Especial Tabasco-Pemex, la paraestatal ha invertido 331 millones de pesos en beneficio de comunidades, a través de los programas de reactivación económica que incluye proyectos productivos.

Sin embargo, denuncian los pobladores de distintos municipios que la presencia de Pemex no ha repercutido en ningún beneficio económico ni social en el lugar.

Las reclamaciones por afectación han aumentado en los últimos años y son abundantes las solicitudes de indemnización por daños ocasionados por Pemex. Hasta la fecha no se efectúa ninguna política efectiva de prevención de daños.

Además de que en todo momento se ha dejado fuera de las decisiones a las comunidades, como colectivos coadyuvantes y se trata constantemente de individualizar los casos cuando en la mayoría afectan a colectivos de producción, sean agrícolas, ganaderos o piscícolas.

Es en este contexto que un grupo de ciudadanos de los municipios de Nacajuca, Jalpa de Méndez, Paraíso, Comalcalco y Cárdenas se acercaron a esta soberanía para manifestar lo siguiente:

Que Pemex ha mostrado una creciente incapacidad para cumplir con las leyes y reglamentos de seguridad y protección ambiental, incapacidad que nos ha perjudicado afectando nuestras comunidades de manera permanente, impidiendo el derecho a una vida mejor, un medio ambiente sano y perjudicando la salud de los ciudadanos.

Que la evidencia muestra que se ha registrado un aumento del número de casos de cáncer y de leucemia, principalmente en la población infantil y que este incremento se ubica particularmente en las cercanías de las zonas de producción petrolera.

Que los días 16 y 17 de marzo de 2001, una comisión plural de diputados federales, autoridades estatales y municipales del Estado de Tabasco, así como también personal de Pemex, realizaron una inspección en algunas zonas donde la ciudadanía se ha quejado acerca de los impactos ecológicos y sociales por las obras realizadas por la empresa Petróleos Mexicanos, sin que hasta la fecha se tenga un balance de dicha visita.

Que es importante contar con un estudio técnico imparcial, para poder determinar el grado de contaminación en agua, suelo, plantas etcétera.

Que Petróleos Mexicanos es una empresa de todos los mexicanos y sin embargo, el petróleo, lejos de beneficiar, ha perjudicado, porque a pesar de que han sido millonarias las cantidades extraídas de petróleo de esta tierra, no hemos recibido ningún beneficio que haya mejorado nuestra forma de vida, sino al contrario la extracción de petróleo nos ha perjudicado en muchos aspectos.

Que ante esta problemática se han emprendido algunos intentos para solucionar en parte las consecuencias del proceso de extracción de petróleo, intentos que no han tenido resultados satisfactorios en la conservación del entorno ecológico de las comunidades ni han mejorado la calidad de vida de sus habitantes.

Que a fin de buscar una salida integral a los problemas ocasionados por la extracción de petróleo, se debe incorporar la participación colectiva de las comunidades afectadas.

Estos ciudadanos han expresado que es urgente detener la expansión de las actividades económicas industriales inapropiadas en ecosistemas costeros por considerarlas destructivas y contaminantes.

Así como también que se debe obtener de Pemex el estricto cumplimiento de las leyes y la reparación de los daños ocasionados a las comunidades y a los ecosistemas.

Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los diputados suscritos, proponemos el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión instruye a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en el marco de la discusión sobre la afectación ambiental de Pemex en el Estado de Tabasco, informe al pleno las conclusiones de la visita efectuada por dicha comisión a la entidad durante el mes de marzo de 2001.

Segundo. Asimismo que Pemex haga público el informe detallado de los recursos otorgados al Estado de Tabasco originados por las afectaciones de la paraestatal en diversas zonas y, con el objetivo de lograr una transparencia total que permita una supervisión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a través de su órgano técnico.

Tercero. Esta soberanía solicita que la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo realice una auditoria a la Comisión Interinstitucional para el Medio Ambiente y el Desarrollo Social (Cimades), que determine el destino de los recursos otorgados por la empresa petrolera, en el marco del acuerdo de Coordinación Especial Tabasco-Pemex, particularmente de los recursos destinados a proyectos de beneficio social y económico de las comunidades afectadas.

Cuarto. También se recomienda respetuosamente, a los directivos de Pemex, que consideren la pertinencia de incorporar la participación colectiva de las comunidades afectadas en la selección de proyectos productivos del programa "reactivación económica".

México, D. F., a 30 de abril de 2002.— Diputados: Adela del Carmen Graniel Campos, Auldarico Hernández y Rosalinda López Hernández.»

La Presidenta:

Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

TRANSFERENCIAS FEDERALES

La Presidenta:

El diputado Julián Hernández Santillán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, entregó proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a publicar en el Diario Oficial y a los ejecutivos de las entidades federativas, a informar y publicar en sus diarios o periódicos oficiales, de manera mensual, el monto y la evolución de los recursos transferidos a estados y municipios, así como la metodología utilizada para su cálculo.

«Punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal y a los ejecutivos de las entidades federativas a informar y a publicar en sus diarios o periódicos oficiales, según el caso, de manera mensual, el monto y la evolución de los recursos transferidos a estados y municipios, así como la metodología utilizada para su cálculo.

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros legisladores:

Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, en mi calidad de diputado federal integrante de la LVIII Legislatura, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, someto a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, el siguiente punto de acuerdo bajo las siguientes

CONSIDERACIONES

Como de todos es sabido, nuestro país se constituye como una República, representativa, democrática y Federal compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una Federación establecida según principios contenidos en nuestra Ley Fundamental. De esta concepción de Estado se desprende el más puro sentir federalista, el cual por su sinergía hace que el todo sea mayor a la suma de cada una de las partes. Se trata así de la unión de distintos esfuerzos en aras de un bien común.

Si bien es cierto que el Pacto Federal propone la unión para lograr el beneficio colectivo, también lo es que los frutos de dicha cooperación no deben centralizarse en una única instancia; deben más bien distribuirse entre aquéllos que en su conjunto no sólo generan la riqueza, sino también dan sustento a la Federación. Este precepto, traído a nuestros días y medido en pesos y centavos, encuentra eco en nuestro Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y especialmente en la llamada Ley de Coordinación Fiscal, la cual tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con los de los estados, municipios y Distrito Federal; establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento.

Se trata así de un convenio donde los gobiernos locales ceden parte de sus facultades y atribuciones fiscales a cambio de recibir ciertas transferencias monetarias por parte de la Federación.

Si bien es cierto que este convenio ha estado sujeto a una serie de discusiones tales como la perversidad del incentivo, la falta de motivación a incrementar el esfuerzo recaudatorio de los gobiernos locales o la alta dependencia de éstos a las transferencias federales para el ejercicio de su función pública, también lo es que resulta inaplazable lograr la transparencia en la asignación y distribución de los recursos transferidos a estados y municipios bajo las reglas vigentes.

Actualmente, los estados y municipios dependen en gran medida de las transferencias federales para cumplir con sus necesidades de gasto. Ello, si bien evidencia la dependencia financiera de los gobiernos locales de las transferencias federales, también nos habla de lo prioritario que para estos gobiernos resulta el contar con información veraz, suficiente y oportuna en cuanto a los recursos que les serán transferidos.

Bajo esta óptica, es imperativo que la información de los recursos federalizables a estados y municipios vía aportaciones y participaciones federales, subsidios, programas especiales y convenios de descentralización, entre otros, fluya entre la Federación y los gobiernos locales de mejor manera. Se requiere de información oportuna que dé seguimiento a su evolución y difunda a la brevedad los efectos de posibles contingencias presupuestarias en el gasto federalizable.

Por ejemplo, si bien la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene la obligación de publicar en el Diario Oficial de las Federación los montos estimados que cada entidad federativa recibirá en el ejercicio fiscal correspondiente por concepto de Fondo General de Participaciones y Fondo de Fomento Municipal, éste es insuficiente para que los gobiernos locales conozcan los recursos efectivos que les serán entregados y en consecuencia, realicen una programación adecuada para la utilización de estos recursos.

No está tampoco por demás recordar que como consecuencia de la falta de información actualizada de los recursos efectivos con que contarían los estados y municipios durante el ejercicio fiscal anterior, varios de éstos sufrieron ajustes a la baja en sus participaciones, lo que limitó su capacidad de atención de las necesidades de su población y obstaculizó el desarrollo local previsto con anterioridad en sus planes estatales y municipales de desarrollo.

Por otro lado, el Gobierno está obligado a que todos y cada uno de sus actos se rijan por la transparencia y la responsabilidad. El acceso a la información de la gestión pública debe ser un derecho que se privilegie de manera permanente, ya que al no haber una política clara de información que facilite la actividad gubernamental y que pueda nutrirla de elementos de juicio, es difícil evaluar con objetividad el quehacer de la Administración Pública Federal.

Por lo antes expuesto y por la trascendencia que implica para los estados y municipios el contar con información sobre la evolución mensual de los recursos que le son transferidos por la Federación, así como de la metodología utilizada para su cálculo, presento y someto a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informe de manera mensual a esta soberanía y publique en el Diario Oficial de la Federación el monto y la evolución de los recursos transferidos a estados y municipios, así como la metodología utilizada para su cálculo.

Segundo. Se exhorta a los ejecutivos de las entidades federativas y del Distrito Federal a publicar de manera mensual en sus respectivos diarios o periódicos oficiales el monto y la evolución de los recursos transferidos a sus municipios y a las demarcaciones territoriales del D. F., así como la metodología utilizada para su cálculo.

Es cuanto, señora Presidenta.

México, D. F., a 18 de abril de 2002.— Diputado Julián Hernández Santillán.»

La Presidenta:

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

ENTIDADES FEDERATIVAS

La Presidenta:

El diputado Julián Hernández Santillán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional entregó proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la restitución de los fondos destinados al Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, en caso de existir ingresos adicionales a los presupuestados.

«Punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la restitución de los fondos destinados al Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las entidades federativas en caso de existir ingresos adicionales a los presupuestados.

Ciudadana Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura; compañeros diputados:

Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento el siguiente punto de acuerdo para solicitarle a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la restitución de los fondos destinados al programa de apoyos para el fortalecimiento de las entidades federativas, en caso de existir ingresos adicionales a los presupuestados, bajo la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

La situación de las finanzas públicas de las entidades federativas y por consiguiente su capacidad para responder a las necesidades de su población, llevó a los diputados del Partido Acción Nacional en la LVII Legislatura a proponer se incluyera en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio del Año 2000 el Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF). Esta propuesta fue apoyada, desde el inicio, por las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión. Desde entonces, esta Cámara de Diputados ha incluido por tres años consecutivos una partida destinada al PAFEF, adicional a los proyectos de Presupuesto de Egresos enviados por el Ejecutivo.

El Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, se diseñó como un mecanismo para ayudar a los estados de acuerdo su necesidad y tomando en cuenta su situación específica. Para el ejercicio fiscal del 2002, las entidades federativas, deberán destinar los recursos de este programa, exclusivamente, al saneamiento financiero, al apoyo a los sistemas de pensiones locales (de manera prioritaria a sus reservas actuariales), así como a la inversión en infraestructura.

Como todos recordamos, los proyectos de presupuesto enviados por el Poder Ejecutivo no han contemplado esta partida. Ha sido la Cámara de Diputados la responsable de su diseño e inclusión en el presupuesto, a diferencia de otros rubros donde esta soberanía se limita a revisar y corregir las propuestas del Ejecutivo. La responsabilidad de esta partida y sus efectos en las entidades federativas, son de especial interés para esta Cámara de Diputados. Es por ello que estamos especialmente atentos a las modificaciones a esta partida.

Entendemos y estamos de acuerdo que en situaciones extraordinarias, cuando las previsiones de ingresos no se cumplen y las perspectivas económicas no se ciñen a lo pronosticado, es necesario hacer ajustes. Prueba de ello es que en el presupuesto dimos la facultad al Ejecutivo de ajustar los egresos (dentro de ciertos parámetros y lineamientos), en caso de que los ingresos disminuyeran y no se ajustaran a los montos esperados.

Sin embargo, como lo hemos expresado en esta tribuna, los diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, preocupados por respetar y mantener el "compromiso" de apoyo a los estados de la Federación, materializado en la figura del PAFEF, hemos solicitado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mayores esfuerzos para no afectar esta partida.

Como se anunció por parte del Ejecutivo el pasado 2 de abril, se prevé una reducción de 2 mil 190 millones de pesos en el Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, con objeto de garantizar que la meta establecida por esta Cámara de Diputados en cuanto al déficit público se cumpla.

El Ejecutivo tiene por ley 15 días hábiles para informar a esta soberanía la composición de las modificaciones al presupuesto por dependencia y entidad. Esta fecha se cumple el 22 del mes en curso. Es entonces cuando tendremos confirmación de lo comunicado por la Secretaría de Hacienda en cuanto a la disminución de los fondos para el PAFEF.

Se reitera así el exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de no modificar el monto destinado al citado programa y se propone adicionalmente que, en caso de hacerse efectivo el ajuste anunciado al PAFEF, se revise con cuidado la trayectoria de los ingresos en los meses siguientes para que en caso de haber una recuperación, se restituya aquel monto que pudiera haber sido ajustado del PAFEF.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados de Acción Nacional ponemos a consideración de este pleno el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Que esta honorable Asamblea solicite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que en caso de existir ingresos adicionales a los presupuestados se restituya la reducción anunciada de 2 mil 190 millones de pesos en el Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, restableciendo los fondos de este programa a las cantidades originalmente aprobadas por esta Cámara en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002.

Palacio Legislativo.— San Lázaro, 18 de abril de 2002.— Julián Hernández Santillán

La Presidenta:

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

TARIFAS ELECTRICAS (II)

La Presidenta:

El diputado Hugo Zepeda, del grupo parlamentario de Acción Nacional entregó proposición con punto de acuerdo para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incorpore en la tarifa 9 ó 9M la energía eléctrica utilizada en procesos registrados de agua mediante ósmosis inversa para uso agrícola.

«Proposición con punto de acuerdo para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incorpore en la tarifa 9 ó 9M la energía eléctrica utilizada en procesos de filtrado de agua mediante ósmosis inversa para uso agrícola.

Ciudadana Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Compañeras y compañeros diputados:

Quisiera someter a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente:

Proposición con punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que modifique las tarifas 9 y 9M de energía eléctrica con en fin de que incluyan la energía utilizada en procesos de filtrado de agua mediante ósmosis inversa para uso agrícola, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

En la zona de la costa del municipio de Ensenada, Baja California, se encuentran dos valles agrícolas, Maneadero y San Quintín, en los cuales se siembran alrededor de 20 mil hectáreas de hortalizas diversas y se generan miles de empleos directos e indirectos.

En la década de los años setenta, gracias a la utilización de modernos sistemas de irrigación; los productores de la región lograron optimizar el uso del agua y con ello incrementar la superficie de cultivo, principalmente de hortalizas como jitomate, fresas, calabaza, pepino y chile, entre otras:

La sequía que ha afectado al Estado de Baja California durante los últimos 10 años, ha provocado la disminución de la superficie de siembra. Esto a su vez ha reducido la demanda laboral, trayendo como consecuencia un buen número de personas desocupadas.

Además de la sequía, la creciente demanda para uso doméstico ha agudizado la escasez de agua para uso agrícola. No obstante, se puede recurrir a la desalinización de agua. El municipio cuenta con cuencas de agua con concentraciones salinas importantes. Para tratarla, el procedimiento más viable es el de filtrado mediante ósmosis inversa, que consiste en pasar agua salobre a través de membranas a presión, obteniendo como resultado agua de excelente calidad para riego de hortalizas. Con este sistema, los productores de la zona han logrado en los últimos dos años abrir áreas de cultivo que ya no se utilizaban.

El bajo costo de energía es necesario para no perder competitividad ante los productores de California, que reciben subsidios de su gobierno y contra quienes se compite en eI mercado. Actualmente, para apoyar a los agricultores, existe una tarifa especial de energía eléctrica, la 9 ó 9M para media tensión. Sin embargo, esta tarifa solamente aplica al bombeo para riego agrícola, a pesar de que en el proceso de desalar agua no intervienen factores distintos a los que aplican en el bombeo de pozos. Más aún, el tratamiento de agua salina puede liberar recursos para otros usos.

Si se cobra la tarifa de bombeo en la energía utilizada en el proceso de filtración mediante ósmosis inversa, será rentable para los productores seguir recuperando tierras y con ello generar empleo y mantenerlos. Esto sería especialmente importante en este momento, principalmente para el municipio de Ensenada, Baja California debido a que actualmente hay una disminución importante en las principales actividades económicas cómo son la industria maquiladora y los servicios turísticos.

Compañeras y compañeros diputados: por las consideraciones anteriormente, expuestas y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se considere la tarifa 9 o en su caso, 9M para la energía eléctrica utilizada en procesos de filtración mediante ósmosis inversa, siempre y cuando se especifique en el título de concesión correspondiente que es para uso exclusivamente agrícola y que se cuente con la anuencia de las gerencias regionales de la Comisión Nacional del Agua. Se sugiere también que el usuario cuente con un permiso de siembra otorgado por la Sagarpa y la autorización del comité técnico de aguas subterráneas de su cuenca.

México, D. F., a 30 de abril de 2002.— Diputado Hugo Adriel Zepeda Berrelleza.»

La Presidenta:

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público con opinión de la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos.

VIVIENDA

La Presidenta:

El diputado Mario Cruz Andrade, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática entregó proposición con punto de acuerdo sobre los créditos que otorga el Fovissste.

«Proposición como punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo que a través del Fondo de Vivienda para los Trabajadores al Servicio del Estado (Fovissste) se establezca un programa denominado "de pago pronto o anticipado" sin penalidad sobre los créditos cofinanciados con la banca privada.

Con fundamento en el artículo 58 deI Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados sometemos a esta sesión plenaria la siguiente: proposición para que se solicite al titular del Poder Ejecutivo la conveniencia de crear un programa denominado "de pago pronto o anticipado" al Fondo de Vivienda para los Trabajadores al Servicio del Estado (Fovissste), a los convenios de cofinanciamiento que opere a través del Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda y otras instituciones del sistema financiero mexicano firmados en los años noventa

EXPOSICION DE MOTIVOS

Considerando por una parte que el artículo 4o. constitucional expresa... "Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa, la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo..." y por otra parte.

Que en lo general en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y en particular en el Programa Sectorial de Vivienda se plantea una política general orientada a consolidar el derecho de disfrutar de una unidad habitacional digna y decorosa, pero sobre todo con certidumbre jurídica del bien inmueble adquirido y además se plantea terminar con el rezago habitacional, que actualmente se estima poco más de 4 millones de viviendas pueda abatirse con mejoras, cobertura limitada de créditos, seguridad jurídica, en su tenencia, además de constituir la base del patrimonio familiar y asegure un valor de cambio o dicho de otra forma de capital propicie el arraigo de la población, sea un factor para la ordenación del territorio.

ANTECEDENTES

En la década de los noventa el fondo impulsó el otorgamiento de créditos hipotecarios, cofinanciados con la banca privada, a favor de sus derechohabientes, los cuales consistían en que, del total del monto de crédito hipotecario otorgado a los trabajadores, éstos pagarían una parte al Fovissste y la otra a banca privada, dichos montos tendrían un comportamiento financiero de acuerdo a la política y reglamentación de cada una de las partes prestamistas.

Los esquemas de crédito cofinanciados se fundamentan en la Ley del ISSSTE y las reglas para el otorgamiento de créditos de vivienda para trabajadores derechohabientes del ISSSTE y sus reformas; en el Capítulo II de los Derechos de los Créditos para la Vivienda leemos: la capacidad de pago estará determinada por el monto de la mensualidad suficiente para cubrir la amortización del capital y los intereses del crédito otorgado por el instituto, en el plazo que se haya determinado para tal efecto, mediante un descuento hasta del 30% del sueldo básico del trabajador.

Sexta... "Los créditos para vivienda otorgados por el instituto" con cargo a los recursos del fondo de la vivienda, se garantizará con hipoteca constituida en primer lugar a favor del propio instituto, quien sólo girará instrucciones para la cancelación de la hipoteca otorgarle en los siguientes casos:

a) Cuando los créditos otorgados en los términos del presente capítulo hayan sido cubiertos en su totalidad, incluidos los intereses y accesorios, ya sea dentro del plazo concedido o por pago anticipado, en cuyo caso no se generan penalizaciones.

b) Por el dictamen jurídico emitido por la "Comisión Ejecutiva" que declare procedente la aplicación del seguro a que se refiere el artículo 111 de la Ley del ISSSTE y

c) Cuando se haya procedido a la cancelación del saldo por el transcurso del plazo establecido para el pago del crédito, en los términos establecidos en la regla decimocuarta que a la letra dice; "el plazo de amortización de los créditos otorgados con cargo a recursos del fondo no serán mayor a 30 años o 720 quincenas de pagos efectivos".

De acuerdo a datos proporcionados por el mismo instituto y los trabajadores que en el año 1999 con el ánimo de mejorar las condiciones crediticias para el pago de los mismos, debido a devaluación del peso en el primer semestre de 1995, efecto llamado "error de diciembre" y al aumento de las tasas de intereses bancarias, el Fovissste decidió adquirir la cartera crediticia del Banobras.

Derivado de esta situación el Fovissste contrató un despacho externo, con el propósito de administrar la cartera crediticia adquirida e integrar los expedientes de los beneficiados con dichos créditos, sin embargo, esta empresa nunca pudo actualizar los datos de los beneficiados y al contrario contribuyó a que los estados de cuenta quedaran confusos y que existen aproximadamente 30 mil créditos en el país sin poder actualizar su situación de adeudo con esa institución.

Es necesario mencionar que de manera casi general a partir de los descuentos que iniciaron en la quincena 20 del año 1994, los trabajadores se encuentran en un estado de incertidumbre e intranquilidad porque no han tenido la información actualizada de los estados de cuenta y aunque la voluntad del fondo de vivienda ha querido brindar la información, los resultados que presenta han sido insuficientes y su capacidad para elaborarlos es muy reducida por falta de infraestructura y recursos humanos, dicho así por los propios funcionarios de la institución.

Ante la incapacidad del instituto de y aportar a los deudores de los créditos ya señalados estados de cuenta confiables permanente y pormenorizado, hoy a sus nueve años del otorgamiento del crédito y cuando beneficiados han agotado todas las instancias de procedimiento, incluyendo que en algunos casos se han quejado ante la Comisión de Derechos Humanos que ya emitió una recomendación en el caso de la asociación civil "Los trabajadores unidos de Maravatío" radicada en Michoacán; al respecto el instituto proporcionó estados de cuenta que nunca concordaron con las aportaciones realizadas por los trabajadores a través de sus talones de cheques en donde aparecen sus descuentos por lo que no fueron ni correctos ni confiables.

Que el crédito inicial otorgado en el año 1993 para el programa de cofinanciados para casa-habitación por el Fovissste aproximadamente fue de un monto entre los 55 mil y 60 mil pesos y que actualmente la deuda de estos prestamos ascienda a más o menos 180 mil pesos moneda nacional y que algunos trabajadores han pagado hasta la fecha el triple del crédito, por tanto existe una inconformidad justificada, ya que están pagando más de lo convenido.

Por lo anteriormente expuesto proponemos lo siguiente:

Primero. Que esta Cámara de Diputados recomiende al Issste actualizar la información de los créditos de vivienda, crear una base de datos actualizada con la certidumbre necesaria y revise la necesidad de tener un mejor control de sus créditos.

Segundo. Que el Issste proponga una solución urgente a la situación que enfrenta con los aproximadamente 30 mil créditos del país, los cuales se encuentran en la incertidumbre jurídica por no contar con la información actualizada del total de su deuda y que se reconozca la deuda real de cada uno de los acreditados a través de una constancia de descuento emitida y comprobada por su dependencia laboral y se proceda conforme a derecho.

Tercero. Que se revise la conveniencia de crear un programa de pago pronto o pago anticipado, incentivando al trabajador a liquidar el total de su adeudo, sin penalización y se le estimule con un porcentaje de descuento sobre el saldo que pague. (Anexo la propuesta del programa de descuento por pago anticipado para deudores del Fovissste).

México, D.F., a 30 de abril de 2002.— Diputados: Mario Cruz Andrade, Raquel Cortés López y Martí Batres.

VER TABLA EN EL DOC-3

PROPUESTA

Programa de Descuento por Pago Anticipado para Deudores del Fovissste

6. Condiciones para los descuentos.

Del análisis practicado devienen una serie de observaciones y consideraciones de suma importancia que se deben tomar en cuenta para la instrumentación de un programa de descuentos.

• El acreditado debe estar al corriente de sus pagos. Calidad imprescindible para que pueda obtener el derecho al descuento. La situación de estar a corriente de sus pagos implica que el acreditado no se encuentre en mora, sin menoscabo de que la forma de pago sea menos al 30%, siempre y cuando demuestre dicha condición en su escritura.

• El descuento no aplica para las negociaciones con deudores en mora. El descuento es exclusivo para los acreditados vigentes y al corriente del Fovissste, no se podrá ofertar como parte de una mecánica de negociación con deudores morosos del fondo, para que dicho acreditado aspire al programa deberá en principio regularizar su adeudo atrasado y a partir de ese momento podrá gozar de los derechos del programa.

• El acreditado debe tener un tiempo mínimo con el crédito. Que se recomienda sea de por lo menos tres años a partir de la fecha de otorgamiento para poder tener derecho al descuento. Esta recomendación es para no proporcionar situaciones especulativas con el uso del crédito Fovissste.

• El descuento se aplica sobre el saldo insoluto actual. Vigente a la fecha de solicitud del acreditado para liquidar en forma anticipada su crédito.

• Aplicar en forma adicional al descuento el saldo acumulado en su subcuenta individual de vivienda SAR. Aspecto normativo y legal que la administración del fondo debe cumplir para con sus acreditados. En estos casos el descuento se debe aplicar una vez que se haya demandado el saldo insoluto con la cantidad acumulada en su subcuenta individual de vivienda.

• Aplicar el descuento correspondiente al nivel de ingreso del acreditado. Se debe identificar el nivel de ingreso del acreditado a fin de ubicar en la tabla el porcentaje de descuento correspondiente. Es importante señalar que los acreditados con salarios inferiores tienen una alta probabilidad de generar quebranto al fondo, por lo que en sus casos el descuento es mayor. Caso contrario de los acreditados con mayores ingresos en cuyas situaciones se recomienda un descuento menor, a fin de evitar acciones especulativas con el crédito Fovissste.

• El descuento es para liquidar el crédito en una sola exhibición. No aplica para pagos anticipados (prepagos) ni para créditos ya liquidados con anterioridad.

Ejemplo del descuento

• Se supone el caso de un acreditado cuyo crédito presenta un saldo insoluto de 120 mil pesos; el ingreso actual del acreditado es equivalente a tres salarios mínimos, el crédito fue contratado a un plazo de 30 años con una tasa de interés del 5% anual, más la actualización del saldo en función del incremento del salario mínimo general vigente en el D.F. El status del crédito al mes de julio de 2000 es el siguiente:

Status del crédito

Fecha de contratación 1/07/94.

Mensualidades transcurridas 72, Eq. 6 años.

Mensualidades por transcurrir 288, Eq. 24 años.

Plazo estimado de pago 156, Eq. 13 años.

Como se puede observar el crédito ha amortizado 72 mensualidades y se calcula que de acuerdo a la capacidad de pago del acreditado este finalice en la mensualidad 156 (13 años a partir de julio de 2000), anticipándose en 132 mensualidades del plazo máximo de 24 años.

• El acreditado solicita al mes de julio una liquidación anticipada del crédito, la cual se calcula de conformidad a la metodología expuesta en esta propuesta:

CALCULO DEL DESCUENTO

Saldo actual 120,000

Intereses por pagar 39,960

Intereses/saldo 33%

Descuento a aplicar 30%

Saldo descontado 84,000

Cantidad descontada 36,000

La Presidenta:

Túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social.

NARCOTRAFICO

La Presidenta:

El diputado Humberto Muñoz Vargas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, entregó proposición con punto de acuerdo para solicitar a las autoridades se intensifique la coordinación institucional en el combate al narcotráfico y la drogadicción en el país.

«Proposición con punto de acuerdo para solicitar a las autoridades se intensifique la coordinación institucional en el combate al narcotráfico y la drogadicción en Puerto Vallarta, Jalisco y en el resto del país, a cargo del diputado Humberto Muñoz Vargas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Los suscritos, diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Orgánica y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para solicitar a las autoridades competentes se concreten acciones para atacar y erradicar en Puerto Vallarta, Jalisco y en el resto del país, la distribución y venta "hormiga" de estupefacientes, drogas, alcaloides, tóxicos, enervantes, sicotrópicos y demás sustancias que afectan la salud y a la sociedad en su conjunto, intensificando la coordinación en el combate al narcotráfico y la drogadicción, al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

Un Estado de Derecho democrático, se distingue por el auténtico interés de respetar y hacer respetar el orden jurídico establecido y garantizar los derechos humanos de las personas.

La importancia de la seguridad pública radica en que la persona humana al tener una eminente dignidad y un destino material y espiritual que cumplir, obviamente exige que la colectividad y sus órganos le aseguren el conjunto de libertades y de medios necesarios para cumplir dignamente ese destino.

Para cumplir ese destino, la persona humana se ha agrupado en comunidades naturales, como la familia, el municipio, organizaciones laborales, culturales, entre otras, apareciendo así la vida social y más adelante el propio Estado, como una organización humana y jurídicamente reconocida, ideada para el bienestar de esa misma humanidad, para la realización de sus libertades, la justicia, la seguridad y la tranquilidad.

Es así que Acción Nacional reconoce que una convivencia social justa, libre y ordenada, es medio necesario para el fortalecimiento de la persona, haciéndose ineludible la conservación y el desenvolvimiento de una seguridad y de un orden social que armonice los aspectos individuales y colectivos de la vida humana.

Nadie puede negar, que no hay desarrollo sin seguridad, que no hay progreso sin orden social y sin paz. Que todos necesitamos condiciones mínimas de seguridad para desarrollar las diversas actividades que emprendemos cada día; requerimos seguridad para el trabajo, para el estudio, para la investigación, para la cultura, la recreación y la convivencia. Es así que las garantías de justicia y seguridad se conciben, en una primera instancia, como un componente clave de la gobernabilidad y factor esencial de la cohesión social.

En este contexto es innegable la existencia de elementos que alteran la sana convivencia, en virtud de intereses perversos que lamentablemente azotan a nuestra comunidad, me refiero a la acción criminal que representa el narcotráfico, en este caso a través de la distribución y venta "hormiga" de estupefacientes, drogas, alcaloides, tóxicos, enervantes, sicotrópicos y demás sustancias que afectan la salud, la integridad física y mental de las personas.

En este sentido quiero exponer en ésta, la más alta tribuna del país, el grave problema que se ha estado presentando en uno de los principales municipios turísticos de México, me refiero a un municipio que anualmente es visitado por cerca de tres millones de turistas nacionales y extranjeros, me refiero a un municipio de poco más de 250 mil habitantes, que genera importantes recursos a la Federación, gracias a su gran esfuerzo, a su trabajo, a sus atractivos naturales y sobre todo a la calidez de su gente, me refiero al municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

Puerto Vallarta, al igual que muchos otros destinos turísticos del país y del mundo entero, presenta un importante desarrollo en muchos aspectos: cultural, social, económico, pero también lamentablemente y gracias a gente sin escrúpulos, se dan prácticas que resultan nocivas para nuestra sociedad en su conjunto.

Como resultado de esto, nuestro municipio lamentablemente se ha visto afectado por un grave cáncer, como lo es la venta y distribución "hormiga" de estupefacientes, drogas, alcaloides, tóxicos, enervantes, sicotrópicos y demás sustancias que afectan la salud, la integridad física y mental de las personas, afecta a un importante segmento de nuestra comunidad, afecta a nuestros activos más valiosos, me refiero a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros hombres y a nuestras mujeres.

Esta actividad, realizada por gente sin escrúpulos, por individuos que sólo piensan en el dinero fácil, sin reparar en el grave daño que este infame comercio causa y que desafortunadamente las consecuencias de estas actividades son muy difíciles de contrarrestar, cierto que hubo diversas y variadas acciones por parte de las autoridades competentes, de los gobiernos Federal, estatal, municipal, de los consejos estatales y regionales de seguridad pública, de los diversos organismos que combaten estas prácticas ilícitas, pero que lamentablemente han sido insuficientes, sobre todo por la imposibilidad por parte de las autoridades locales de realizar acciones que actualmente son competencia exclusiva de la autoridad federal en la materia.

Ante este contexto y ante las recurrentes peticiones, solicitudes, reclamos y quejas de la ciudadanía que se han planteado ante las diversas instancias, autoridades y medios de comunicación, así como en los distintos foros donde se ha ventilado esta situación, exigimos el que se lleven al cabo acciones más enérgicas, acciones más concretas, que frenen y desalienten estas actividades, que permitan dar una lucha frontal al narcotráfico en este comercio "hormiga" y sobre todo que den confianza y certidumbre a la ciudadanía, acciones que conlleven a una corresponsabilidad entre las diversas fuerzas de seguridad, entre la autoridad más cercana, como lo es la autoridad municipal, quien vive de manera cotidiana esta problemática en su demarcación, en su municipio y es quien recibe el reclamo de sus gobernados, así como entre las autoridades estatales, quienes padecen también está grave situación, porque éste no es un problema exclusivo de un solo municipio o estado y por supuesto de la autoridad federal.

Esto nos obliga a tomar decisiones en lo referente a los ámbitos de competencia, nos compromete a tomar decisiones para lograr avances significativos en esta materia.

Señoras diputadas, señores diputados: tenemos la palabra, llevemos al cabo acciones que nos permitan garantizar de manera firme y decidida, la construcción de un mejor país para todos, con un gran sentido de responsabilidad y sobre todo con una gran convicción y amor por México.

Por las consideraciones antes expuestas, los abajo firmantes, diputados del grupo parlamentario de Acción Nacional, proponemos el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Que esta Cámara de Diputados exhorte a la Procuraduría General de la República para que realice las acciones correspondientes que permitan dar resultados concretos a este problema en Puerto Vallarta, Jalisco, así como en el resto del país y que intensifique la coordinación de ésta y las procuradurías locales en la investigación y persecución de los delitos contra la salud y el narcotráfico.

Segundo. Que esta Cámara de Diputados exhorte al Consejo General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que intensifique las medidas, acciones y convenios necesarios para fortalecer y lograr una más eficiente coordinación de las autoridades federales y locales en la investigación y persecución de los delitos contra la salud y el narcotráfico.

Tercero. Que las instituciones públicas antes referidas, informen en su momento ante este pleno, sobre las medidas y acciones solicitadas en este punto de acuerdo y a su vez que se instruya a las comisiones de Seguridad Pública, de Gobernación y de Puntos Constitucionales de esta Cámara de Diputados, para realizar, de ser pertinentes, las adecuaciones al marco legal que permitan una adecuada corresponsabilidad en esta materia, entre las autoridades federales, estatales y municipales.

Atentamente.

México, D.F., a 16 de abril de 2002.— Diputados: Humberto Muñoz Vargas, Jorge Urdapilleta Núñez, Oscar Ochoa Patrón, María Elena Chávez Palacios, Juan Carlos Pallares Bueno, Manuel Castro y del Valle, Heidi Storsberg Montes, Fanny Arellanes C., María Guadalupe López Mares, María Teresa Tapia B., Francisco Javier Flores Chávez, Fernando Herrera Avila, Juan Carlos Sáinz Lozano, Germán Pellegrini, Carlos A. Valenzuela C., Rodolfo Ocampo Velázquez, Juan Abraham Cisneros Gómez, Tomás Coronado Olmos, César A. Monraz Sustaita, Juan Camilo Mouriño Terrazo, Francisco Javier Cantú Torres, Guillermo Padrés Elías, Rómulo Garza Martínez, Ulises Ramírez Núñez, Hugo Zepeda, Rafael Ramírez A., J. Guillermo Anaya, Orlando García Flores, Sergio García Sepúlveda, María Teresa Campoy, José T. Lozano, Francisco Jurado C., Adrián Rivera Pérez, María Isabel Velasco Ramos, Martín Gerardo Morales Barragán, José de Jesús López Sandoval, Herbert Taylor, Javier Rodríguez, J. Antonio Gloria Morales, Jaime Salazar Silva, Ramón Ponce Contreras, Fernando Ugalde Cardona, Gregorio Arturo Meza de la Rosa, Bernardo Pastrana Gómez, Fernando Martínez, Abelardo Escobar Prieto, Ernesto Saro B. y Julio César Lizárraga López.»

La Presidenta:

Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública con opinión de la Comisión Especial de Seguridad Pública.

ESTADO DE JALISCO

La Presidenta:

El diputado Jaime Aceves Pérez, a nombre de diputados federales del Estado de Jalisco, entregó proposición con punto de acuerdo en relación al pago complementario de 30 millones de Pemex a los damnificados de las explosiones del 22 de abril de 1992 en Guadalajara.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.

Punto de acuerdo para solicitar a Petróleos Mexicanos y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se apliquen los 30 millones aprobados por el Consejo de Administración de Pemex para el fideicomiso de apoyo a la seguridad social en beneficio de los afectados por las explosiones ocurridas el 22 de abril de 1992 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Compañeras y compañeros diputados: en la antigua Grecia la palabra alethea designaba algo que no puede olvidarse. Alethea quiere decir verdad. La verdad es aquello que no puede olvidarse y debemos entender que hay cosas que no deben olvidarse.

ANTECEDENTES

A 10 años de las explosiones del 22 de abril de 1992 en el sector Reforma de Guadalajara, fuentes de Pemex revelaron que la tragedia fue provocada por un error de bombeo de gasolina desde la planta de Salamanca.

El 21 de abril de 1992, los operadores del poliducto en la terminal de recibo y distribución, de la planta de Pemex La Nogalera, cerraron las válvulas que permitían el paso del combustible,que procedía de Salamanca, 20 minutos antes de lo programado. La gasolina Nova dejó de caer en el tanque de la capital jalisciense, pero en la otra punta, en Salamanca, el bombeo continuaba.

Durante esos 20 minutos la presión dentro del ducto fue creciendo hasta que los infinitos puntos de corrosión que tenía ya el tubo cedieron. Cada 12 metros el poliducto estaba soldado y por ahí surgieron lo que los técnicos llaman "poros".

El famoso "agujerito", que en un principio las autoridades culparon del desastre, no era uno, sino cientos o miles. En cuestión de horas cientos de miles, quizá millones de litros de gasolina se fugaron y se depositaron sobre el manto freático, entre la glorieta del Alamo y La Nogalera. De ahí se filtraron al colector 30 horas después, a las 10:05 horas del miércoles 22 de abril, estalló la tragedia.

Explotaron varios kilómetros de calles en el sector Reforma de Guadalajara por gasolina en el drenaje. Hubo más de 200 muertos, oficialmente reconocidos. Nunca fueron sancionados altos mandos de la paraestatal federal Petróleos Mexicanos ni se dio la reparación del daño por vía judicial.

La tragedia dejó una estela de dolor entre deudos, lesionados, vecinos y afectados. Pero dio a luz una inusitada solidaridad de la sociedad jalisciense. Brotó una estrategia de redes ciudadanas y de solícita ternura con los semejantes en necesidad.

CONSIDERACIONES

La colectividad y el Gobierno deben asegurar al gobernado, el cumplimiento de sus fines en todas sus dimensiones; evidentemente es garantizar la seguridad personal y la vida de los integrantes de esa colectividad, es tarea primaria del Gobierno y responsabilidad de todos los mexicanos.

Más allá de acusaciones fundadas o no, debemos, los representantes de la nación hacer un enérgico llamado, no para destruir, sino para insistir en que la correcta aplicación de las disposiciones legales, las medidas administrativas y los recursos en materias como la protección civil y la ambiental deban darse de manera coordinada entre autoridades federales, estatales y municipales, solo así podremos prevenir que hechos funestos como este, se repitan en el futuro.

Ciertamente el caso fortuito y la fuerza mayor son acontecimientos de realización incierta pero probable, que escapan a la voluntad del hombre, pero un país que se precia de respetar la dignidad de su población, no puede permitirse que por negligencia, culpa o dolo, sufran una vez más víctimas inocentes.

Ahora bien, se han realizado esfuerzos para mitigar las consecuencias de aquella explosión, en efecto se constituyó el fideicomiso de apoyo a la seguridad social, por el gobierno de Jalisco el cual, ha ingresado 7 millones de pesos de los 17 que lo integran, por otra parte el consejo de administración de Pemex autorizó 40 millones de los cuales a la fecha sólo se han entregado 10 millones, razón por la cual, solicitamos en el presente punto de acuerdo se apliquen los 30 millones restantes.

Es importante mencionar que dichos recursos se utilizarán para la atención medica, intervenciones quirúrgicas, medicamentos, instrumentos médicos, rehabilitación y pensiones de los afectados.

Es urgente la aplicación de esos recursos, dado que, de lo contrario, el fideicomiso pudiera quedar descapitalizado, con la consecuencia de dejar en el desamparo a los afectados por aquellas lamentables explosiones en Guadalajara hace ya una década.

Hoy queremos la llave, para abrir cerrazones históricas y políticas, para abatir silenciamientos o distorsiones.

Las llaves son metáforas por excelencia. Las metáforas abren en el reino del lenguaje múltiples posibilidades de nombrar y evocar las cosas; las llaves son signo real de apertura y metáfora del gesto de abrir, en este caso, la memoria.

Por que "si pudiéramos usar las palabras correctas, invocando a la autoridad de la memoria, podríamos crear una mayor sensibilidad en las personas que tienen el poder o los medios para salvarlos".

La llave a la cual nos referimos es y será la voluntad política y el hecho de hacer lo que a justicia corresponde.

Por lo anteriormente expuesto, los abajo firmantes diputados federales de Jalisco de la LVIII Legislatura, nos permitimos presentar a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se solicite respetuosamente a Petróleos Mexicanos otorgue al Gobierno del Estado de Jalisco los 30 millones de pesos para ser aplicados a los fondos del fideicomiso que apoyarán a las personas lesionadas por la explosión ocurrida el 22 de abril de 1992.

Segundo. De ser procedente y necesario para el cumplimiento de lo solicitado en el resolutivo anterior, se solicite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público amplíe el presupuesto de la paraestatal en la cantidad señalada.

México, D.F., a 30 de abril de 2002.— Diputados de Jalisco: Jaime Aceves Pérez, José Bañales Castro, José A. Cisneros Gómez, Tomás Coronado Olmos, Francisco Flores Chávez, Sergio García Sepúlveda, José A. Gloria Morales, José de J. Hurtado Torres, Julio C. Lizárraga López, Miguel A. Martínez Cruz, Rodrigo D. Mireles Pérez, Humberto Muñoz Vargas, José M. Núñez Murillo, Rodolfo Ocampo Velázquez, Gérman A. Pellegrini Pérez, Rafael Ramírez Sánchez, Enrique Villa Preciado, Herbert Taylor Arthur, José M. Tejeda Vázquez, Alonso Ulloa Vélez y Jorge Urdapilleta Núñez.— Por el Partido de la Revolución Democrática: Juan Antonio Magallanes Rodríguez: Por el Partido Revolucionario Institucional: Salvador Cosío Gaona, José Manuel Correa Ceseña, Marcelo García Morales, Jaime Hernández González y José Socorro Velázquez Hernández.»

La Presidenta:

Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública y de Energía.

JUAN JESUS POSADAS OCAMPO

La Presidenta:

El diputado Tomás Coronado Olmos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, entregó proposición con punto de acuerdo para que la Procuraduría General de la República realice una valoración puntual de todas las pruebas existentes en el expediente del homicidio del cardenal Posadas Ocampo.

«Proposición con punto de acuerdo para que la Procuraduría General de la República, realice una valoración puntual de todas las pruebas en el expediente del homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, a cargo del diputado Tomás Coronado Olmos.

El que suscribe diputado federal Tomás Coronado Olmos, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, somete a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los incisos b y d del artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo.

Con su permiso señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados

CONSIDERACIONES

Los hechos ocurridos el 24 de mayo de 1993 en el aeropuerto internacional de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en donde fue privado de la vida el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, su chofer el señor Pedro Pérez Hernández y cinco personas más, representa un atentado contra la garantía de seguridad jurídica y la dignidad humana, la inactividad procesal y ausencia de resultados jurídicos que durante tantos años ha sometido a nuestro país, tiene como consecuencia la violación de los derechos humanos en la denegación de justicia, no sólo para este caso sino para todos los mexicanos.

En términos de los artículos 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Ministerio Público de la Federación, presidido por el Procurador General de la República, es la institución competente para investigar y perseguir a quienes comenten delitos del orden federal.

Cuando en el mundo histórico aparece la comisión de un delito, el derecho abstracto del Estado se concreta surgiendo la obligación de actuar o lo que es lo mismo aparece la acción penal, constituida así, por el derecho concreto de acudir al órgano jurisdiccional para que aplique la ley.

En consecuencia el Ministerio Público tiene el ejercicio de la acción penal, es decir, de su conocimiento, su rectitud y su justo criterio depende que ya integrada la averiguación previa decida si están demostrados el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado.

Que con motivo de las diversas diligencias practicadas en la averiguación previa SE/001/95, donde obran declaraciones de: Girolamo Prigione, Patrocinio González Blanco Garrido, José Gerardo Montaño Rubio, Jorge Carpizo McGregor, Alejandro Arenas Gallardo, Antonio García Torres, General Jesús Héctor Gutiérrez Rebollo, Horacio Montenegro Ortiz, Eduardo Miguel Valle Espinosa, el doctor José Luis Stein Velasco, entre otros, es por ello que se investigue todos los actos anómalos en la investigación de los hechos ocurridos el 24 de mayo de 1993 y se ejercite acción penal en contra de quien o quienes resulten responsables.

Como antecedente de este instrumento encontramos:

1. Los integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en la LVI Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco y la sociedad en su conjunto se han manifestado en pro de que se esclarezcan los hechos ocurridos en aquel triste 24 de mayo de 1993 y que existen declaraciones y pruebas que no han sido valoradas o tomadas en cuenta en el expediente del caso que nos ocupa;

2. Siendo contundente el reclamo de justicia, me permito anexar dos acuerdos económicos presentados por integrantes de la LVI Legislatura en el Congreso del Estado de Jalisco.

Por lo antes expuesto y fundado, se pone a consideración de esta Asamblea el presente

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Que la Procuraduría General de la República desahogue y valore puntual y objetivamente todas las probanzas que obran en el expediente del homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.

Segundo. Que se realice una exhaustiva investigación y se esclarezca dicho caso, que tanto daño hace a nuestro país, asimismo, fortalecer y motivar a las instituciones que detentan la justicia, desempeñando su labor como lo marca nuestra Carta Magna, misma que deberá ser pronta y expedita.

México, D.F., a 30 de abril de 2002.— Diputados: Tomás Coronado Olmos, José Alfredo Botello, Alfonso Bravo, Javier Rodríguez, Ulises Ramírez, Enrique Villa, Germán A. Pellegrini, Martha Patricia Martínez, Alejandro Gutiérrez, Gregorio Meza, Bernardo Pastrana, José María Núñez, Joel Vilches, Julio César Lizárraga, Fernando Pérez, Francisco Ramírez, José Francisco Blake, Roberto Aguirre, Gina Andrea Cruz, Gumersindo Alvarez, Eduardo Rivera, Gabriela Cuevas, Nelly Campos, Guillermo Anaya, Celita Alamilla, Francisco E. Jurado y Armando Enriquez.»

La Presidenta:

Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

PODER JUDICIAL

La Presidenta:

El diputado José Manuel del Río Virgen entregó proposición con punto de acuerdo relativo a la administración de la justicia en México.

«Con su permiso señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

La aplicación, administración y procuración de justicia en México, fue ahora ampliamente cuestionada por el relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la Organización de las Naciones Unidas, señor Dato, Param Coomaraswamy, respecto a la situación que actualmente guarda el Poder Judicial mexicano, para nosotros es parcial el pronunciamiento.

Pero lejos de comentar sobre el particular, quisiera hacer las siguientes reflexiones sobre la justicia en México.

El enorme esfuerzo que el Poder Judicial, "el poder mas noble del país", está realizando en la búsqueda constante del respeto irrestricto al Estado de Derecho, no debe ser ignorado, porque ignoraríamos la aspiración de 100 millones de mexicanos a que la justicia otorgue realmente a cada quien lo que le corresponde.

Si bien es cierto que en el país existe corrupción en el Poder Judicial principalmente en asuntos menores, que no dejan de ser preocupantes, cierto es también que su estructura en lo general no ha sido aún trastocada por la corrupción y la impunidad.

Incluso, existe el antecedente muy triste, de jueces y magistrados federales que han pagado con sus propias vidas y las de sus familias, la "satisfacción del deber ético cumplido".

La plena vigencia de justicia en México es lejana aún, pero reconocemos en este poder y sus integrantes, principalmente los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la voluntad, la visión, la valentía y las agallas, para colocar a la justicia en las manos de todos los mexicanos.

Nuestro sistema penitenciario está en crisis, mantiene a hombres que no han tenido acceso pleno a la imparticición de la justicia pronta y expedita millones de mexicanos no gozan en algún juicio ante tribunales, de un defensor de oficio por falta de ellos y algunos de los pocos que hay se corrompen por sus bajos salarios.

Los juzgados de paz no funcionan como tales y su ineficacia alenta la posibilidad de un delito sancionado con privación de libertad. Entrar a un juzgado da hasta miedo, cuando llegar a ellos, debería ser, entrar al mundo de la justicia y la legalidad.

La redistritación judicial en sus niveles, se hace indispensable y en ello, los gobiernos estatales debieran participar, lo que muchas veces no sucede por priorizar obras de relumbrón.

La justicia en México parece que no llega, cuando

queda impune un delito o crimen, cuando no existe la garantía real de la reparación del daño, cuando existe el "usted disculpe" después de varios años preso injustamente.

La justicia en México parece que no llega, cuando puede ser más penado el abigeato que la violación de nuestras mujeres, cuando se penaliza lo que corresponde a la justicia cívica y se deja libre bajo fianza al promotor de la pornografía infantil, por Internet, casi en el hogar. Cuando nuestros hijos son vejados en sus derechos humanos, física y moralmente, bajo el pretexto de la paternidad responsable.

Así nunca llegará la justicia al país. Menos aún, cuando no escuchamos las voces de los expertos en justicia, cuyas propuestas son ignoradas porque de ser reforma, no representa los intereses políticos del gobernante en turno.

Cuando la posibilidad de darle vigencia a la justicia duerme el sueño de los justos, en muchas de esas más de 365 iniciativas sin dictaminarse aquí en la Cámara de Diputados. Eso es lamentable; pero más injusto que le demos trato indigno a la justicia que reclaman los mexicanos, como si realmente hubiera mexicanos de primera y hasta de quinta.

El pueblo mexicano piensa que el peso de la historia no debe ser obstáculo para que se reestructure la moral social del Gobierno y del Estado mexicano. Ya no deberemos retroceder a los tiempos en que la nación estaba pendiente de un solo hombre y no de la ley de la que somos responsables todos. Lo pasado nadie debe destruirlo, pues vivimos una nueva etapa.

Como bien lo manifiesta el doctor Genaro Góngora Pimentel, presidente la de Suprema Corte de Justicia de la Nación, "la renovación moral en la sociedad mexicana ya no pertenece al Presidente de la República, tampoco es del Poder Legislativo que, en su oportunidad, aprueba iniciativas de ley ni puede considerarse del Poder Judicial, que conoce de los asuntos de esta materia, pertenece a la historia del pueblo todo, de México".

Pero lo que sí está en nuestras manos, es darle al Poder Judicial todo nuestro respaldo moral y la seguridad de que legislaremos en bien de la justicia mexicana, eso no se lo podemos negar a la justicia mexicana.

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con los artículos 55 al 59 del Reglamento Interior del Congreso de la Unión, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Que la Cámara de Diputados haga manifiesto su respaldo al trabajo del Poder Judicial, invitando a sus representantes a una reunión de trabajo en un plazo no mayor de 45 días, para conocer los puntos de vista del Poder Judicial sobre los temas que en materia de administración y procuración de justicia, deban ser incorporados en los trabajos de la Reforma de Estado pendiente y parte fundamental para la transición democrática en el país.

México, D. F., a 24 de abril de 2002.— Diputado José Manuel del Río Virgen.»

La Presidenta:

Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

CIVILIDAD POLITICA

La Presidenta:

El diputado José Manuel del Río Virgen entregó proposición con punto de acuerdo relativo a los trabajos de este Congreso.

«Con su permiso señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Estamos a punto de dar fin a un periodo más de sesiones y bien vale la pena hagamos un balance sobre el mismo de cara a la nación. Después de terminados los trabajos del periodo extraordinario de diciembre pasado, las condiciones políticas y sociales surgidas inmediatamente, llamaban, exigían a las fuerzas políticas nacionales representadas en el Congreso, a realizar un gran esfuerzo en busca de la unidad nacional.

El desgaste que sufrieron todos los partidos sin excepción de ninguno, después de esas sesiones de trabajo, sólo reflejaron que el acuerdo para arribar a la transición a la democracia está aún muy lejos de lo que suponíamos. Si bien es cierto que los mexicanos votaron el 2 de julio de 2000 por el cambio, también lo es que éste no es prioridad actualmente, al menos eso se palpa, de los actores políticos más importantes del país.

Pareciera que la etapa de vendettas y ajuste de cuentas políticas marcó el primer año de esta administración. Muchos actores de la vida nacional se enfrascaron en luchas viscerales y estériles que hizo retroceder la esperanza nacional de una vida con justicia social y pleno respeto a la legalidad. Afloraron en algunos actores políticos un afán protagónico que sólo mostró la cara de su evidente ineficacia.

Llegó incluso a acusarse a la prensa democrática del país, de ser maquiavélicamente los principales desestabilizadores y en efecto lo fueron y lo son, pero de los gobiernos dictatoriales y antidemocráticos. Sin los medios de comunicación no hubiéramos experimentado un año carente de propuestas y lamentablemente abundantes dicotomías políticas.

Con todo esto, los mexicanos no vieron una actitud responsable y visionaria por parte de los partidos políticos representados en el Congreso, para concretar temas torales de la Reforma del Estado, que indudablemente debe abarcar la del propio Congreso, donde la transparencia y rendición de cuentas en todos los sentidos sean las premisas primordiales a respetar.

Se quedan pendientes, parece ser para el 1o. de septiembre próximo, más de 645 iniciativas pendientes, desde hace mucho tiempo, de ser dictaminadas y presentadas al pleno para su aprobación o no, lo que constituye un gran rezago legislativo. Tampoco aspirábamos a que se legislara al vapor. La experiencia inmediata de la aprobación de la Miscelánea Fiscal en diciembre pasado, es un claro ejemplo de lo que pasa si se legisla en forma apresurada.

Convergencia por la Democracia propuso un periodo de sesiones extraordinarias donde pudimos haber sacado adelante asuntos de importancia nacional, como la Reforma del Estado, el cambio en el formato del informe del Presidente, la reforma electoral, la plena participación ciudadana mediante el plebiscito y referendum, una ley de amnistía para los presos políticos y perseguidos de conciencia, el caso de digna Ochoa sigue quebrando a la justicia y la reforma penal no llegó. Se privilegió todo menos la eficiencia.

La pregunta es: ¿estuvimos a la altura que los tiempos reclaman e hicimos lo conducente por el bien del país o por intereses de grupo? eso lo sabremos muy pronto.

Por otra parte la nación se quedó esperando la Reforma del Estado del propio Congreso, donde la transparencia y rendición de cuentas no llegó. La ciudadanía mexicana tiene derecho a saber cómo se distribuyen los recursos en general dentro del Congreso.

El Congreso requiere absoluta transparencia, pues a falta de ésta parten principalmente los ataques sistemáticos contra el Congreso, quien exige cuentas al Ejecutivo Federal y muchas veces por ley a los estados, pero nadie se la exige al Congreso. Esta ironía legislativa es sin duda alguna, un mal para su credibilidad.

Decidimos pasar de la etapa de partido único, de partido hegemónico, a la etapa de partidos y alternancia en el poder. Queríamos presenciar a partir del 2 de julio de 2000, el surgimiento de un porvenir más promisorio, justo. La ineptocracia, la cleptocracia y últimamente la kakistocracia traducida como el gobierno de los peores, no debe jamás tener cabida en la incipiente y obstaculizada democratización nacional.

Así llegamos al término de un periodo más de sesiones por terminar, sin agenda, sin reforma política de Estado y con muchos pendientes. Esperamos que en los días por venir podamos rectificar muchas cosas por el bien de México.

Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Que el Congreso de la Unión convoque a los partidos políticos nacionales y las fuerzas políticas del país, a la firma de un pacto de civilidad política y al respeto pleno de la Constitución mexicana, para asegurar la restauración del Estado de Derecho y dar paso a la anhelada transición democrática.

Segundo. Dicho pacto de civilidad política y respeto a la Constitución, debe ser signado por supuesto, por el Ejecutivo Federal, los gobernadores de estados y el jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Tercero. La agenda para la firma de este pacto de civilidad política y respeto a la Constitución deberá ser presentado al Congreso de la Unión, por los partidos políticos nacionales en un plazo no mayor de 60 días a partir de su aprobación por esta soberanía.

Cuarto. La firma del pacto de civilidad política y respeto a la Constitución deberá buscar como fin, la agenda para la Reforma del Estado que deberá discutirse en el próximo periodo de sesiones ordinarias, a fin de realizar las adecuaciones legales pertinentes.

Quinto. La Reforma del Estado deberá incluir una gran e incluyente consulta nacional antes de firmarse.

México, D. F., a 23 de abril de 2002.— Diputado José Manuel del Río Virgen.»

La Presidenta:

Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Asimismo, se instruye a la Secretaría para que sean publicados los textos de todos los puntos de acuerdo referidos en la Gaceta Parlamentaria.

TELESECUNDARIAS

La Presidenta:

El diputado Miguel Bortolini entregó a esta mesa directiva proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública para que garantice que el Sistema Nacional de Telesecundarias cuente con médico escolar, un especialista en trabajo social, un sicólogo que imparta orientación vocacional y que atienda la problemática sicosocial inherente a la población escolar.

«Proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública para que el Sistema Nacional de Telesecundarias cuente con servicios médicos, asistencia sicológica y de trabajo social.

El suscrito diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presenta ante esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

Hoy en día, en pleno Siglo XXI el acceso universal a la educación secundaria en México es todavía una asignatura pendiente. No obstante el importante crecimiento en la matricula que se ha dado en las últimas décadas, todavía uno de cada 10 adolescentes en edad escolar, se encuentra sin posibilidad de acceder a la educación.

Al problema de la insuficiente cobertura, debemos sumarle el de la deficiente calidad de los servicios educativos, que hoy en día sólo se explican por la poca atención que por décadas le pusieron las autoridades educativas del país y que se reflejan en dos problemas estructurales que enfrenta, desde por lo menos hace 20 años, ese nivel educativo: nos referimos a la pertinencia de su programación curricular y las deplorables condiciones de trabajo de sus docentes.

Pero si nuestra visión global sobre la educación secundaria es poco alentadora, la calidad y cumplimiento de las obligaciones de las autoridades de ese nivel educativo se encuentra niveles verdaderamente alarmantes, si transitamos del medio urbano al rural y particularmente si nos situamos en el sistema de telesecundarias.

Desde su instauración en 1968 como un modelo de educación a distancia, hasta nuestros días, el sistema de telesecundarias fue pensado básicamente por el Estado mexicano como un instrumento para ampliar la cobertura de los servicios educativos en el área rural y semiurbana de nuestro país para abatir costos.

En virtud de que este sistema es considerablemente menos costoso que el sistema convencional y que mediante las telesecundarias se pudo garantizar el acceso a la educación a la población de zonas marginadas, a lo largo de tres décadas el Estado mexicano estableció miles de estas escuelas a lo largo del territorio nacional, poniendo más énfasis en la cobertura, que en la calidad.

Uno de esos factores clave para desarrollar una mayor calidad es el propio modelo educativo de telesecundarias, mismo que no se ha actualizado debidamente. No obstante, el desarrollo vertiginoso de las tecnologías de la información a distancia que se ha dado en los últimos 30 años, el sistema de telesecundarias en todo este tiempo ha puesto a disposición de aquellos sectores marginados a quienes sistemáticamente les ha sido negado el acceso a la escuela convencional, programas con conocimientos muy básicos y herramientas de información elementales que permiten justificar la existencia de ese nivel educativo, no obstante su enorme potencial aún por explotar.

El modelo educativo continúa estructurado en torno a los mensajes que emite un aparato televisor. Estas escuelas trabajan con mobiliario en mal estado, sin talleres, además de que muchas de ellas no cuentan con infraestructura para la educación física. Aunado a ello, los profesores que acompañan el proceso de aprendizaje de los alumnos, no cuentan con todos los apoyos pedagógicos con los materiales didácticos adecuados que debe proveer este sistema, mucho menos, con el apoyo de personal especializado:

Es decir, médico escolar, trabajadora o trabajador social y sicólogo, mismos con el que ya cuentan las secundarias generales.

Compañeras diputadas y compañeros diputados: quienes conocemos de cerca el sistema de telesecundarias, conocemos de las bondades y del enorme potencial que encierran. Sabemos de las oportunidades que se abren con la educación a distancia que ya es un servicio educativo común en todas latitudes del planeta, pero que desgraciadamente en México sólo ha sido promovido en la educación superior o entre los usuarios de la educación privada.

Creemos que el sistema de telesecundarias debe contar con todos los medios para elevar el nivel de educación en México, con calidad y equidad.

En virtud de lo anterior y con base en el artículo referido del reglamento que rige los trabajos de esta Cámara de Diputados, me permito proponer el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que garantice que el Sistema Nacional de Telesecundarias cuente con:

a) Médico escolar;

b) Un especialista en trabajo social;

c) Un sicólogo que imparta orientación vocacional y que atienda la problemática sicosocial inherente a la población escolar.

México, D.F., a 30 de abril de 2002.— Diputado Miguel Bortolini Castillo

La Presidenta:

Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

ESTADO DE CHIAPAS

La Presidenta:

Se recibe proposición con punto de acuerdo del diputado Santiago López Hernández, para que se constituya un fondo para financiar la reubicación de los campesinos pobres de la región de Montes Azules en dicha entidad federativa.

«Honorable Asamblea, pido a la Mesa Directiva que de conformidad con el artículo 23 fracción f y demás aplicables de la Ley Orgánica y del Reglamento Interior, dé curso y trámite este punto de acuerdo que someto a la consideración de la Asamblea.

En el curso de los últimos decenios, numerosas familias campesinas necesitadas de tierra se han venido asentando en los municipios de Margarita, Ocosingo y Altamirano, en la región de los Montes Azules en nuestro Estado de Chiapas, asentamientos irregulares que el día de hoy son centros de población que ya afectan a la reserva de la biosfera, creada en ese lugar.

La Secretaría de Reforma Agraria ha estado trabajando en la conformación del censo de estos centros de población y localizando, incluso invasiones donde quiera que éstas se han dado.

Estos trabajos aunque concluyan no podrán culminarse si no existe un fondo de reserva que permita reacomodar a estos campesinos pobres en lugares donde no afecten la reserva y sí en cambio puedan realizar su trabajo y vivir con sus familias.

Someto a consideración de la Asamblea, el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Es necesario que la Secretaría de la Reforma Agraria constituya un fondo para financiar la reubicación de los campesinos pobres de la región de Montes Azules en el Estado de Chiapas, fuera de la reserva de la biosfera. Con el propósito de resolver a fondo el problema, es conveniente que la Secretaría de la Reforma Agraria establezca una partida en el presupuesto del año 2003, que será aprobado en esta Cámara de Diputados.

Dejo este punto de acuerdo en manos de la Secretaría y pido atentamente a la Asamblea se sirva a aprobarlo en su caso.

México, D.F., a 30 de abril de 2002.— Diputado Santiago López Hernández.»

La Presidenta:

Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria.

PARTICIPACION CIUDADANA

La Presidenta:

Se recibe proposición con punto de acuerdo del diputado Luis Villegas Montes, para solicitar al Instituto Federal Electoral instrumente diversas campañas en torno a la necesidad de que la ciudadanía se empadrone y participe en la vida política del país.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.

Camara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Los suscritos, en nuestro carácter de diputados a la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos ante esta elevada representación, a fin de presentar una propuesta de acuerdo respecto a la publicidad emitida por el Instituto Federal Electoral; para hacerlo, nos basamos en la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

1. Como la mayoría de nosotros lo sabe, la credencial para votar con fotografía es el instrumento mediante el cual los ciudadanos pueden ejercer su derecho al voto en los diferentes procesos electorales previstos en la ley; por no hablar de que en los últimos tiempos, se ha constituido en la identificación oficial de mayor aceptación en México.

Sabemos también que este documento cuenta con diversos elementos de seguridad que garantizan su originalidad y el buen uso de ella en la jornada electoral y asimismo, que la credencial es emitida por el Instituto Federal Electoral, a través del Registro Federal de Electores y se compone, entre otros, de los siguientes datos: nombre y domicilio de los ciudadanos; folio; clave de elector; año de registro; número de credencial; la fotografía a color y la edad. Los datos anteriores, entre otros, como ya se apuntó, sirven para dar garantías a los actores políticos en las lides electorales de que no habrá irregularidades en el transcurso de las contiendas de ese tipo; sin embargo, en nuestra opinión, se ha omitido ir más allá de este mínimo por parte de la autoridad competente, como se aprecia de los párrafos siguientes.

2. No se pretende, en este punto, cuestionar el quehacer del Instituto Federal Electoral sobre el particular ni tampoco, por razones de tiempo y de oportunidad, hacer un recuento de las razones que motivaron los intensos debates y los prolongados y complejos procesos de reforma en materia electoral que se han desarrollado en el transcurso de los últimos años en nuestro país; baste señalar que quizá esas mismas razones han sido causa de desaliento por parte del público elector, lo que se ha traducido en que en enormes zonas y regiones del territorio nacional, el abstencionismo alcance proporciones, porqué no decirlo, alarmantes. Elecciones hay donde no vota ni siquiera el 40% de los electores empadronados y en algunos casos las proporciones son todavía menores.

3. Así las cosas, atentos a que en uso de sus atribuciones el IFE ha emprendido campañas publicitarias diversas cuyo objetivo es convencer a la ciudadanía de la necesidad de empadronarse y participar, con ello, en la toma de decisiones públicas de nuestro país; creemos que dicho esfuerzo es muy loable, empero que hasta el momento, no es suficiente el enfoque contenido en aquellas. Sobre el particular, estamos convencidos que no basta con persuadir al ciudadano de la necesidad de que se empadrone y obtenga su credencial para votar con fotografía; es necesario, además de que esté convencido del valor del voto y de que dicha credencial tiene más valor precisamente si además de documento de identificación, sirve para que el elector participe activamente en la vida política del país; dicho en pocas palabras: no basta con obtener la credencial, hay que darle un uso adecuado conforme a su fin original y último.

No tiene sentido enfrascarnos ahora en una disputa o confrontación respecto de si en nuestro país la participación ciudadana es ya una realidad plena o si la cultura democrática y participativa ha permeado lo suficiente todas las capas sociales; donde no podemos discrepar es en la necesidad de reconocer, de admitir, que entre mayores esfuerzos se emprendan para alentarla más cerca estaremos de resolver nuestros problemas como nación. El Gobierno no es, no puede ser más, el resultado de un ejercicio de democracia acotada; el Gobierno debe ser fruto de la decisión consciente, responsable y compartida de los ciudadanos todos; no basta pues, con la promoción del empadronamiento como acto único, contemplado como un fin en sí mismo; sería útil y deseable que además se promoviera la activa participación del ciudadano en la materia electoral y se hiciera especial énfasis en la importancia del acto de votar.

4. Por lo anteriormente expuesto, los suscritos diputados federales a esta LVIII Legislatura, en la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a la LVIII Legislatura, respetuosamente solicita al Instituto Federal Electoral que, adicional o conjuntamente, a las campañas publicitarias diversas cuyo objetivo es convencer a la ciudadanía de la necesidad de empadronarse, se instrumenten campañas destinadas a persuadir al ciudadano de la necesidad de que participe activamente en la vida política del país y se haga especial énfasis en la importancia del acto de votar.

Atentamente.

México, D.F., a 23 de abril de 2002.— Diputados: César Patricio Reyes Roel, Luis Villegas Montes, María Eugenia Galván Antillón, Hortensia Enríquez Ortega, Francisco Ezequiel Jurado Contreras, Manuel Narváez Narváez, César Horacio Duarte Jáquez, David Rodríguez Torres, Hortencia Aragón Castillo, Jorge Esteban Sandoval y Carlos Borunda Zaragoza.»

La Presidenta:

Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

FRANCISCO J. MUGICA

La Presidenta:

Se recibe comunicación del diputado Jaime Rodríguez López, con la que remite el texto de la efemérides sobre el XLVIII aniversario luctuoso del general Francisco José Múgica Velázquez.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.

Diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado Rafael Rodríguez Barrera, solicito a usted que se incluya en la orden del día de mañana martes 23 de abril, en el rubro de comunicaciones, la petición del diputado Jaime Rodríguez López por la que solicita atentamente se dé cuenta al pleno de la presentación del texto de la efemérides sobre el aniversario del general Francisco J. Múgica, así como su debida inclusión en el Diario de los Debates y su publicación en la Gaceta Parlamentaria correspondiente.

Lo anterior obedece a que han transcurrido 10 días en que se conmemora esta efemérides y en virtud de que la orden del día presenta numerosos asuntos, se solicita que de ser procedente esta petición se retire la participación en tribuna del diputado Jaime Rodríguez, registrada para el mismo tema en sesiones anteriores.

Anexo al presente encontrará el texto original de la efemérides.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 22 de abril de 2002.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, vicecoordinador del grupo parlamentario del PRI.»

«Intervención del diputado Jaime Rodríguez López, para conmemorar el aniversario luctuoso del general Francisco J. Múgica, en la sesión del 16 de abril de 2002, en la Cámara de Diputados.

"Un hombre dondequiera es útil; lo importante es servir a México" Francisco José Múgica.

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros legisladores:

Los pueblos que niegan su historia y evitan loar a sus prohombres, son pueblos con destino incierto y visión confusa de su propia realidad.

Es por ello que rendir homenaje a un insigne luchador por la libertad, la paz y la justicia social, es motivo de orgullo y, sin duda alguna, dignifica la actividad de esta legislatura.

El 12 de abril de 1954, marcó el punto final tanto de una vida, como de una etapa de México entero. En efecto, el pasado viernes se cumplieron 48 años del fallecimiento del revolucionario Francisco José Múgica Velázquez, cuya vida, fue una vida fecunda en ideas y hechos.

La obra realizada por Múgica tiene un gran significado en la historia de este país y en especial en la historia del agrarismo mexicano. Su profundo sentido revolucionario y su fe en el pueblo de México debe ser ejemplo para todos.

Ejemplo, por su destacada labor no sólo como legislador; impulsor de la Reforma Agraria; como hombre público fue honesto hasta la necedad; como funcionario impulsó el desarrollo económico, político y social; como soldado defensor de nuestra soberanía y como político fiel a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos e intransigente con la reacción, los intereses y la traición.

Periodista en su adolescencia, firmante del Plan de Guadalupe, alma del Constituyente en 1917.

En 1910, se levantó en armas contra Porfirio Díaz al lado de Madero; en 1913, contra el usurpador Victoriano Huerta junto a Carranza; gobernador de tres entidades: Tabasco, su Estado natal, Michoacán y el entonces territorio Baja California Sur.

Siendo director del penal de las Islas Marías emprende un importante proceso de transformación de los confinados a través del trabajo creativo.

Con el presidente Cárdenas, primero como Secretario de Economía Nacional y luego como Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, tuvo una actuación decisiva en los hechos que culminaron con la Expropiación Petrolera.

En todo tiempo su actuación estuvo siempre encaminada a la protección de los sectores populares y al campesino, por el luchó, tenazmente, desde los inicios de la Revolución con el propósito de hacer valer sus derechos sobre la tierra. De hecho, al convencer al general Lucio Blanco para repartir las tierras de la hacienda de Los Borregos en Matamoros, Tamaulipas, se convierte en el primer agrarista de la Revolución.

Es indudable que hombres valientes abundaron en la Revolución, de entre ellos, destaca, por su recia personalidad y limpia trayectoria, el general Múgica.

Su acción en el movimiento revolucionario se remonta a la anterioridad del inicio de aquél en sí, con sus artículos candentes en los periódicos El Ideal, El Demócrata Zamorano y El 1910. En 1909, cuando todo era alabanza para Porfirio Díaz, lanza su artículo titulado "Luchar es Vivir" en el que dice: "que el reposo simboliza la muerte no sólo de los individuos, sino de los pueblos, que el silencio, la paz que humilla y el reposo que envilece, debían sustituirse por la lucha legal, porque ésta es la vida de la democracia, la muerte del despotismo y el antídoto del abuso".

Puede considerarse al general Múgica el paladín del Congreso Constituyente de 1917, ya que su participación como Presidente de la Primera Comisión determinó, en mayor o menor medida, la aprobación de casi todas las principales reformas que en materia social contiene nuestra Carta Magna. Fundamentó el texto del artículo 3o.; luchó a favor de la clase obrera y en el artículo 5o. propuso introducir los derechos de los trabajadores que, finalmente, se plasmaron en el artículo 123 y, durante el debate del artículo 27 se pronunció a favor del reparto de tierras.

En resumen, Múgica luchó porque la Constitución alentara una revolución económica y no sólo una reforma política. Marcó líneas directrices y fue uno de los creadores más fecundos y elocuentes del Congreso.

Francisco J. Múgica es uno de los michoacanos que ganan su sitio en la historia, al constituirse en portavoz de la voluntad y aspiración colectiva en una época particular de la vida de México.

En estos momentos en que nuestro país demanda clarificar su rumbo y discutir sus grandes problemas nacionales, los planteamientos formulados por el general Francisco J. Múgica adquieren singular importancia.

Es cierto que no somos la misma sociedad de la década de los años treinta del siglo pasado. A diferencia de esa época, ahora somos una nación en la que la industria y los servicios tienen un lugar privilegiado, por encima, desafortunadamente, del campo. Somos, también, una sociedad que pretende una transición democrática que vaya más allá de la sola alternancia en el poder. Somos un país que sostiene relaciones con casi todas las naciones del mundo.

Tenemos que discutir cuáles deben ser las orientaciones del desarrollo nacional. Superar la pobreza y la marginación en la que viven, entre 25 y 45 millones de mexicanos, no sólo mediante programas asistencialistas, sino también y sobre todo, por la vía de estrategias productivas; el objetivo no debe ser aliviar la situación momentánea, sino sentar bases para un futuro estable.

Tenemos que discutir cómo, en medio del proceso de globalización en el que se encuentran inmersas los países del mundo entero, los principios del respeto al derecho ajeno y autodeterminación de los pueblos, siguen siendo vigentes en nuestra política internacional. El Estado mexicano tiene que elaborar y consensar políticas de Estado en diferentes aspectos de la vida nacional.

Tenemos que discutir si nuestro país puede y debe continuar siendo la nación solidaria que, por tradición, ha sido y bajo qué nuevos principios debe serlo. El pragmatismo de los intereses, aun cuando se encubra con las necesidades de millones de mexicanos que laboran en el vecino país del norte, no puede sustituir a los principios.

Tenemos que discutir cuáles son las líneas para avanzar en nuestra Reforma del Estado y en el diálogo constructivo entre los poderes que supere las descalificaciones.

Pero sobre todo, tenemos que actuar más que hablar, es decir, encaminar nuestras acciones bajo la máxima que guio la vida del general Francisco José Mújica Velázquez: con "hechos, no palabras".

Muchas gracias.

México, D.F., a 22 de abril de 2002.— Diputado Jaime Rodríguez López»

COMISION PERMANENTE

La Presidenta:

Pasando a otro punto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución General de la República, se va a proceder a la elección de diputados que formarán parte en su calidad de titulares y sustitutos de la Comisión Permanente.

Se solicita atentamente a los diputados pasen a depositar su cédula al escuchar su nombre.

Proceda la Secretaría con el conteo de las cédulas recibidas.

(Votación.)

Dé a conocer el resultado de la votación.

El diputado Adrián Rivera Pérez:

Hecho el escrutinio y el cómputo de la votación éste da el siguiente resultado:

Son 295 votos a favor de la lista propuesta, nueve en contra y 16 de diversas planillas.

La Presidenta:

Son 295 votos.

En consecuencia, se declaran integrantes de la Comisión Permanente de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados para el segundo receso del segundo año, los siguientes diputados:

Propietarios: José Elías Romero Apis, Manuel Añorve Baños, Julián Luzanilla Contreras, Carlos Aceves del Olmo, Jesús de la Rosa Godoy, Alvaro Vallarta Ceceña, Juan Manuel Martínez Nava, Felipe Calderón Hinojosa, Ricardo García Cervantes, Beatriz Grande López, José Francisco Blake Mora, José Carlos Borunda Zaragoza, Jorge Lara Rivera, María Eugenia Galván Antillón, Gabriela Cuevas Barrón, Luis Miguel Barbosa Huerta, Miguel Bortolini Castillo, Fernando de la Garza Herrera y Rosa Delia Cota Montaño.

Sustitutos: Beatriz Paredes Rangel, Augusto Gómez Villanueva, Francisco Yunes Zorrilla, Marco Antonio Dávila Montesinos, Jorge Esteban Sandoval Ochoa, Alma Carolina Viggiano Austria, Edilberto Buenfil Montalvo, Alejandro Zapata Perogordo, Abel Cuevas Melo, Esteban Sotelo Salgado, Salvador Escobedo Zoletto, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Raúl Gracia Guzmán, Armando Enríquez Flores, Francisco Flores Chávez, Sergio Acosta Salazar, Alfredo Hernández Raigosa, Arturo Escobar y Vega y José Manuel del Río Virgen.

Comuníquese a la colegisladora y proceda en su momento a integrarse la Comisión Permanente.

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

La Presidenta:

En virtud de que ha sido distribuida el acta de la sesión anterior, le solicito atentamente a la Secretaría someta a discusión y votación de inmediato el acta de referencia.

La secretaria Martha Silvia Sánchez

González:

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el lunes veintinueve de abril de dos mil dos, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura

Presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel

En el Palacio Legislativo en San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de trescientos treinta y cinco diputados, a las doce horas con treinta y un minutos del lunes veintinueve de abril de dos mil dos, la Presidenta declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día.

La Asamblea aprueba el acta de la sesión anterior en votación económica.

Comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, con acuerdo relativo al funcionamiento del Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Se turna a la Mesa Directiva.

Comunicación de la Comisión de Investigación de la Planta Nucleoeléctrica de Laguna Verde, Veracruz, con la que remite su Informe de Avance de Trabajos. De enterado.

Comunicación de la Cámara de Senadores, con la que remite la intervención del senador Francisco Fernández de Cevallos y Urueta, del Partido Acción Nacional, de fecha dieciocho de abril de dos mil dos, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo ciento nueve fracción undécima, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada el treinta de enero de dos mil dos. Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Oficio del Gobernador del Banco de México, con el que remite informe sobre la Ejecución de la Política Monetaria durante el segundo semestre de dos mil uno, la exposición sobre la política monetaria y, en general, sobre las actividades del banco en dicho ejercicio. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Cámara de Senadores remite minuta con proyecto de decreto, por el que se crea la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Presentan iniciativas con proyecto de ley o decreto los diputados:

Enrique Martínez Orta Flores, del Partido Revolucionario Institucional, para que se inscriba en letras de oro en el muro de honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de Netzahualcóyotl. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Oscar Ochoa Patrón, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

César Augusto Santiago Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los párrafos tercero y cuarto del artículo veintiséis y el párrafo cuarto de la fracción cuarta del artículo setenta y cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Tomás Torres Mercado, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Planeación. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Efrén Nicolás Leyva Acevedo, del Partido Revolucionario Institucional, de Ley Federal para Regular la Actividad Profesional de Cabildeo y la Promoción de Causas. Se turna a las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

A las trece horas con treinta y cuatro minutos, la Secretaría informa del registro de cuatrocientos treinta y cinco diputados y ordena el cierre del sistema electrónico de asistencia y votación.

César Horacio Duarte Jáquez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona los artículos ochenta y cinco del Código Penal Federal y ocho y dieciséis de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social del Sentenciado Federal. Se turna a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de Gobernación y Seguridad Pública.

Concepción Salazar González, del Partido Verde Ecologista de México, que adiciona un último párrafo a los artículos cuarenta y cinco y cuarenta y nueve de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Jorge Alejandro Chávez Presa, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio de Administración Tributaria. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

María Cristina Moctezuma Lule, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos cincuenta y nueve, ciento uno, ciento tres, ciento cuatro y ciento seis de la Ley Federal de Radio y Televisión. Se turna a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

Uuc-kib Espadas Ancona, del Partido de Revolución Democrática, que reforma la fracción vigesimaoctava del artículo ciento nueve de la Ley del Impuesto Sobre Ia Renta y solicita trámite de urgente resolución.

Por indicaciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a los artículos cincuenta y ocho, cincuenta y nueve y sesenta del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Desde su curul, el diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta solicita que la votación sea nominal y la Presidencia instruye a la Secretaría, para ilustrar a la Asamblea, dar lectura al artículo ciento cuarenta y ocho del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Los diputados Alejandro Zapata Perogordo y Martí Batres Guadarrama, desde sus curules, hacen observaciones sobre el procedimiento del trámite solicitado y la Presidenta hace las aclaraciones correspondientes.

La Presidenta recuerda a la Comisión de Hacienda y Crédito Público que está emplazada para emitir un dictamen correspondiente a una iniciativa con igual contenido que la de referencia; a más tardar el día treinta de abril de dos mil dos y solicita a la Secretaría dar lectura nuevamente a los artículos cincuenta y nueve y sesenta del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La Secretaría recoge la votación nominal solicitada, misma que arroja los siguientes resultados: ochenta y nueve votos en pro, trescientos nueve en contra y dieciséis abstenciones. En consecuencia, no se considera de urgente resolución la iniciativa y la Presidenta la turna a !a Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Desde sus curules, los diputados José Manuel Correa Ceseña y Uuc-Kib Espadas Ancona, hacen aclaraciones sobre el sentido del voto de sus grupos parlamentarios, el del Partido Revolucionario Institucional y el del Partido de la Revolución Democrática, respectivamente.

Para contestar alusiones en relación con el trabajo respectivo de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, se concede la palabra al diputado Oscar Guillermo Levín Coppel, del Partido Revolucionario Institucional.

La Presidencia recuerda de nueva cuenta que la Comisión de Hacienda y Crédito Público deberá presentar un dictamen sobre el tema de referencia a más tardar el treinta de abril de dos mil dos y, desde su curul, el diputado Uuc-kib Espadas Ancona solicita la palabra para rectificar hechos.

También desde su curul, el diputado Alejandro Zapata Perogordo solicita moción de orden y la Presidenta solicita a la Asamblea su comprensión para conceder la palabra en ese sentido.

Para rectificar hechos se concede la palabra al diputado Uuc-kib Espadas Ancona, del Partido de la Revolución Democrática.

Continúan la presentación de iniciativas con proyecto de ley o decreto los diputados:

José Elías Romero Apis, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley General de Educación.

Presidencia de la diputada María Elena Alvarez Bernal

Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con opinión de las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y de Educación Pública y Servicios Educativos.

Gumercindo Alvarez Sotelo, del Partido Acción Nacional, de Ley General de Lenguas Indígenas. Se turna a las comisiones de Asuntos Indígenas y de Educación Pública y Servicios Educativos.

Eric Eber Villanueva Mukul, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona los artículos cincuenta y dos, cincuenta y tres y ciento veintisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Gobernación y Seguridad Pública.

Comunicación de la Junta de Coordinación Política, con la que informa de cambios en la integración de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. De enterado.

Dictamen de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se expide el Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri, legisladores de mil novecientos trece, que otorga la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Es de primera lectura.

En votación económica, la Asamblea dispensa la segunda lectura al dictamen.

A nombre de la comisión fundamenta el dictamen el diputado Augusto Gómez Villanueva, del Partido Revolucionario Institucional.

Sin nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría recoge la votación nominal del proyecto de decreto, misma que resulta aprobatoria por trescientos noventa y cinco votos en pro, uno en contra y una abstención. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

Dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley del Servicio Exterior Mexicano y la Ley Federal de Derechos. Es de primera lectura.

La Asamblea dispensa la segunda lectura al dictamen en votación económica.

A nombre de las comisiones, fundamenta el dictamen el diputado Eddie James Varón Levy, del Partido Revolucionario Institucional.

La Secretaría da lectura a una fe de erratas del dictamen de referencia, remitida por las comisiones.

Sin nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría recoge la votación nominal del proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos veinte, veintidós y veintitrés de la Ley Federal de Derechos, misma que resulta aprobatoria en lo general y en lo particular por trescientos ochenta y seis votos en pro, ninguno en contra y dos abstenciones. Remítase a la Cámara de Senadores.

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional los días ocho y nueve de mayo de dos mil dos, a fin de que partícipe en el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, para el Seguimiento de la Cumbre Mundial a Favor de la Infancia y realizar una visita de trabajo a la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos de América.

 

Presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel

 

Es de primera lectura.

La Asamblea, en votación económica, dispensa la segunda lectura al dictamen y sin discusión se aprueba por trescientos treinta y tres votos en pro, cincuenta y nueve en contra y veintiún abstenciones. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo relativo a la veda del Borrego Cimarrón, en el Estado de Baja California.

Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese al Ejecutivo.

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo relativo al proyecto denominado Escalera Náutica del Mar de Cortés.

Sin nadie que haga uso de la palabra se aprueba en votación económica. Comuníquese al Ejecutivo y a las comisiones de Turismo y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con punto de acuerdo relativo a dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo relativo al Programa Integral de Manejo de los Recursos Naturales del Parque Nacional lztaccíhuatlPopocatépetl.

Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese al Ejecutivo.

Dictamen de las comisiones de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo relativo a los problemas que genera la empresa Met-Mex Peñoles, Sociedad Anónima de Capital Variable.

Se concede la palabra al diputado Mauricio Enrique Candiani Galaz, del Partido Acción Nacional, para proponer una adición al punto de acuerdo. La Presidenta solicita a las comisiones una opinión sobre la propuesta del diputado Candiani Galaz.

Habla sobre el tema el diputado Francisco Patiño Cardona, del Partido de la Revolución Democrática, y solicita que la Comisión de Ciencia y Tecnología pueda emitir una opinión al respecto.

Desde su curul, el diputado Cuauhtémoc Rafael Montero Esquivel solicita que la Comisión de Seguridad Social pueda dar su opinión al respecto.

La Presidenta suspende momentáneamente la discusión y votación del punto de acuerdo de referencia y solicita a las comisiones dictaminadoras platicar con el diputado Montero Esquivel para que quede claro el sentido de los resolutivos respectivos y con el diputado Candiani Galaz a fin de llegar a algún acuerdo.

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo para establecer medidas de protección coordinadas con los gobiernos de los estados de México y Michoacán, para salvaguardar la integridad de la mariposa Monarca.

No habiendo quien haga uso de la palabra se aprueba en votación económica. Comuníquese al Ejecutivo.

Se reanuda la discusión del dictamen de las comisiones de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo relativo a los problemas que genera la empresa Met-Mex Peñoles, Sociedad Anónima de Capital Variable y la Secretaría, por indicaciones de la Presidencia, da lectura a sus resolutivos.

Desde su curul, el diputado Miguel Angel Gutiérrez Machado informa del acuerdo al que llegaron las comisiones dictaminadoras con el diputado Mauricio Enrique Candiani Galaz, en el sentido de aprobar el punto de acuerdo en sus términos.

También desde su curul, el diputado Cuauhtémoc Rafael Montero Esquivel acepta el dictamen en los términos propuestos originalmente.

La Presidenta manifiesta una preocupación jurídica respecto a las atribuciones de la Cámara de Diputados planteadas en el resolutivo quinto del punto de acuerdo y, desde su curul, el diputado Tomás Torres Mercado hace consideraciones al respecto.

La Presidencia propone una adición al quinto resolutivo del punto de acuerdo que las comisiones aprueban. La Asamblea aprueba el punto de acuerdo, con la adición aceptada, en votación económica. Comuníquese al Ejecutivo.

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo en relación con el impacto ambiental generado por la extracción de materiales pétreos de los causes de los arroyos en el municipio de Ensenada, Baja California.

Sin nadie que solicite el uso de la palabra se aprueba en votación económica. Comuníquese al Ejecutivo.

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo para que el Ejecutivo Federal decrete un programa integral de recuperación y conservación de la cuenca hidrológica Lerma-Chapala.

Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese al Ejecutivo.

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo en relación con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América, con respecto a los trabajadores en situación migratoria irregular.

Sin nadie que haga uso de la palabra se aprueba en votación económica. Comuníquese al Ejecutivo, remítase copia al Congreso de los Estados Unidos de América y facúltese a la Mesa Directiva para dar cauce a los resolutivos del punto de acuerdo de manera pertinente.

Dictamen de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con punto de acuerdo en relación con la importación de bienes destinados a personas con discapacidad.

Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese al Ejecutivo.

Dictamen de las comisiones unidas de Comunicaciones y de Transportes, con punto de acuerdo en relación con la información relativa a la concesión y operación de los grupos aeroportuarios en el país.

Se aprueba sin discusión en votación económica. Comuníquese al Ejecutivo.

Dictamen de las comisiones unidas de Comunicaciones y de Transportes, con punto de acuerdo para solicitar información del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

La Presidenta hace la observación de que el enunciado del punto de acuerdo vinculaba al tema con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y los resolutivos correspondientes no hacen referencia a ello.

Desde su curul, el diputado Juan Manuel Duarte Dávila, en su calidad de Presidente de la Comisión de Transportes, hace aclaraciones al respecto.

La Presidenta reitera su observación y solicita a las comisiones dictaminadoras informar a la Mesa Directiva, cuando presenten su reporte de actividades, sobre la información específica requerida del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el ramo de transportes.

No habiendo nadie que solicite hacer uso de la palabra, se aprueba el punto de acuerdo en votación económica. Comuníquese a las comisiones respectivas e infórmese al Ejecutivo.

La Cámara de Senadores remite minuta proyecto de decreto que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional del trece al dieciocho de mayo de dos mil dos, a fin de realizar una visita oficial al Reino de Bélgica, a las sedes del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa en Estrasburgo, Francia, participar en la Segunda Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea, en el Primer Encuentro a nivel presidencial entre México y la Unión Europea y visitar la ciudad española de Valencia. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

La Presidenta informa que en consulta con los grupos parlamentarios, se abrirá un receso para continuar la sesión el día de mañana, treinta de abril de dos mil dos, a las once horas, para posteriormente tener una sesión por la tarde.

En consecuencia, a las diecisiete horas con veinticuatro minutos, la Presidenta declara un receso.

Presidencia de la diputada María Elena Alvarez Bernal

A las once horas con veintidós minutos del martes treinta de abril de dos mil dos, se reanuda la sesión.

Ocho dictámenes negativos en relación con iniciativas de la Quincuagésima Octava Legislatura:

De la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, en relación con la iniciativa que reforma el artículo octavo de la Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera, presentada por la diputada Rosalía Peredo Aguilar, del Partido del Trabajo. Se aprueba en votación económica. Archívese el expediente como asunto concluido.

De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, sobre la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo cuarto de la Ley de la Policía Federal Preventiva, presentada por diputados del Partido Verde Ecologista de México. Se aprueba en votación económica. Archívese el expediente como asunto concluido.

De la Comisión de Salud, sobre la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo veinte de la Ley General de Salud, remitida por el Congreso del Estado de Baja California. Se aprueba en votación económica. Archívese el expediente como asunto concluido.

De la Comisión de Seguridad Social, sobre la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos ciento sesenta y cuatro A, C, D, E y F de la Ley del Seguro Social, remitida por el Congreso del Estado de Baja California. Se aprueba en votación económica. Archívese el expediente como asunto concluido.

De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto que deroga la fracción décima-bis del artículo treinta y cuatro, para pasar a ser fracción octava, actualmente derogada, del artículo treinta y dos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se aprueba en votación económica. Archívese el expediente como asunto concluido.

De la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo doscientos veintiséis de la Ley de Propiedad Industrial. Se aprueba en votación económica. Archívese el expediente como asunto concluido.

De la Comisión de Salud, sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Salud, remitida por el Congreso del Estado de Tlaxcala.

Se aprueba en votación económica. Archívese el expediente como asunto concluido.

De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos trescientos veintitrés-bis y trescientos veintitrés-ter y que adiciona los artículos trescientos veintitrés-quárter y trescientos veintitrés-quinquies del Código Civil para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal. Se aprueba en votación económica. Archívese el expediente como asunto concluido.

El diputado Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas, del Partido Revolucionario Institucional, solicita excitativa a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, en relación con una proposición con punto de acuerdo sobre el sector pesquero. La Presidencia formula la excitativa correspondiente.

La Presidenta informa de la recepción de una solicitud de excitativa del diputado Arturo Bonifacio de la Garza Tijerina, del Partido Revolucionario Institucional, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo cuarto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de Dos Mil Dos. La Presidenta realiza la excitativa.

Solicitan excitativas los diputados:

Elías Martínez Rufino, del Partido de la Revolución Democrática, a la Comisión de Puntos Constitucionales, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el nueve de diciembre de mil novecientos noventa y nueve. La Presidencia hace la excitativa respectiva y emplaza a la comisión de referencia a presentar el dictamen correspondiente en la primera sesión ordinaria del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura.

Adela del Carmen Graniel Campos, del Partido de la Revolución Democrática, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en relación con una proposición para eliminar del Presupuesto de Egresos de la Federación, la partida destinada a los expresidentes de la República. La Presidenta formula la excitativa correspondiente.

Víctor Antonio García Dávila, del Partido del Trabajo, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en relación con las iniciativas con proyecto de decreto que reforman el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentadas el veinticinco y veintiséis de marzo de dos mil dos. La Presidencia obra en consecuencia.

Héctor Sánchez López, del Partido de la Revolución Democrática, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto que deroga el artículo decimosexto transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de Dos Mil Dos, presentada el veinte de marzo de dos mil dos. La Presidencia formula la excitativa correspondiente.

Ramón León Morales, del Partido de la Revolución Democrática, a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, presentada el dieciocho de octubre de dos mil uno. La Presidenta hace la excitativa.

Ramón León Morales, del Partido de la Revolución Democrática, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo dos-A de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada el veintiocho de noviembre de dos mil uno. La Presidencia hace la excitativa respectiva.

Jaime Cleofas Martínez Veloz, a la Comisión de Energía, en relación con una proposición con punto de acuerdo sobre la instalación de una empresa gasera en el municipio de Playas de Rosarito, Baja California, presentada el veintiuno de noviembre de dos mil uno. La Presidencia obra en consecuencia.

Elías Martínez Rufino, del Partido de la Revolución Democrática, a la Junta de Coordinación Política, en relación con la proposición con punto de acuerdo para crear una Comisión Especial que realice los trabajos conducentes, a fin de posibilitar el ejercicio de derechos políticos de los mexicanos radicados en el extranjero, presentada el quince de diciembre de dos mil uno. La Presidencia formula la excitativa correspondiente.

Narciso Alberto Amador Leal, del Partido Revolucionario Institucional, a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos sesenta y uno y sesenta y cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el trece de octubre de dos mil uno. La Presidencia formula la excitativa correspondiente.

Miguel Bortolini Castillo, del Partido de la Revolución Democrática, a las comisiones unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Agricultura y Ganadería y de Salud, en relación con diversas iniciativas con proyecto de ley en materia de bioseguridad, presentadas el veintidós de abril de mil novecientos noventa y nueve y el trece de abril de dos mil. La Presidencia hace la excitativa respectiva.

Presentan proposiciones con punto de acuerdo, los diputados:

Laura Hermelinda Pavón Jaramillo, del Partido Revolucionario Institucional, a nombre de integrantes de las comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de Participación Ciudadana, para establecer anualmente la realización del Parlamento de las Niñas y Niños de México y solicita trámite de urgente resolución.

Para referirse al tema, sube a la tribuna el diputado Miguel Gutiérrez Hernández, del Partido Acción Nacional y durante su intervención es interrumpido, por la diputada Laura Hermelinda Pavón Jaramillo, quien desde su curul hace aclaraciones sobre la proposición presentada.

En votación económica la Asamblea considera de urgente resolución el asunto.

Para hablar en pro, suben a la tribuna los diputados: Gumercindo Alvarez Sotelo, del Partido Acción Nacional; Alfredo Hernández Raigosa, del Partido de la Revolución Democrática y Esveida Bravo Martínez, del Partido Verde Ecologista de México.

Presidencia del diputado Eric Eber Villanueva Mukul

La Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo en votación económica y de la misma manera lo aprueba. Comuníquese a la Junta de Coordinación Política.

Juan Carlos Pallares Bueno, del Partido Acción Nacional, para solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, presente a la brevedad posible la normatividad operativa de la Ley de Capitalización del Procampo. Se turna a la Mesa Directiva para que solicite la información.

José Antonio Magallanes Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática, sobre la política y la asignación del financiamiento para la educación superior.

Para hablar sobre el mismo tema, se concede la palabra a los diputados: Humberto Muñoz Vargas, del Partido Acción Nacional y José Manuel Correa Ceseña, del Partido Revolucionario Institucional.

 

Presidencia de la diputada María Elena Alvarez Bernal

Se turna a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación Pública y Servicios Educativos.

La Presidencia informa de la recepción de una proposición con punto de acuerdo sobre política ambiental, suscrita por diputados del Partido Verde Ecologista de México y la turna a la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo.

Continúan la presentación de proposiciones con punto de acuerdo los diputados:

Juan Carlos Regis Adame, del Partido del Trabajo, sobre la situación de los campesinos presos en Chiapas de la Organización Movimiento Campesino Regional Independiente-Coordinadora Nacional Plan de Ayala. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Jorge Luis García Vera del Partido Revolucionario Institucional, en apelación con la participación de los adultos mayores en actividades culturales. Se turna a la Comisión de Cultura.

Raúl García Velázquez del Partido Acción Nacional, para dejar libre de invasiones las zonas arqueológicas reservadas del cerro de la Estrella y del cerro de Santa Catarina en la delegación Iztapalapa. Se turna a las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Reforma Agraria y del Distrito Federal.

Alfredo Hernández Raigosa, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con la portación y tenencia de armas de fuego por parte de la población civil. Se turna a las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y de Defensa Nacional.

Francisco Esparza Hernández, del Partido Acción Nacional, sobre deudores del Banco Nacional de Crédito Rural, Sociedad Nacional de Crédito. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Rodrigo Carrillo Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con los ingresos extraordinarios de Petróleos Mexicanos. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Francisco Guadarrama López, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que regule el cobro de comisiones y gastos de envíos de remesas de dinero de mexicanos en el exterior. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión Especial para darle seguimiento a los fondos aportados por los trabajadores mexicanos braceros.

La Presidenta informa de la recepción de una proposición con punto de acuerdo, suscrita por el diputado Alberto Cano Cortezano, del Partido Acción Nacional, para solicitar a los gobiernos de los estados de Puebla y de Tlaxcala, firmen los convenios de conurbación y ratificación de sus límites territorrales, para conformar la cuarta zona metropolitana del país. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.

Presenta proposición con punto de acuerdo el diputado Claudio Mario Bres Garza, del Partido Revolucionario Institucional, para que se considere como región fronteriza a cinco municipios del norte del Estado de Coahuila.

Presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel

Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

La Presidenta informa de la recepción de un dictamen de las comisiones unidas de Gobernación y Seguridad Pública y de Equidad y Género y la Asamblea, en votación económica, aprueba incorporarlo en el orden del día.

Dictamen de las comisiones unidas de Gobernación y Seguridad Pública y de Equidad y Género, con proyecto de decreto que adiciona y deroga diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Es de primera lectura.

En votación económica, la Asamblea dispensa la segunda lectura al dictamen.

A nombre de las comisiones, fundamenta el dictamen y presenta una fe de erratas la diputada Concepción González Molina, del Partido Revolucionario Institucional.

Se concede la palabra, para fundamentar el dictamen, a la diputada Hortensia Aragón Castillo, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado José Manuel del Río Virgen entrega a la Secretaría la posición al respecto de Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional. Insértese en el Diario de los Debates.

A discusión en lo general, fijan la posición de sus respectivos grupos parlamentarios las diputadas: Rosa Delia Cota Montaño, del Partido del Trabajo; Esveida Bravo Martínez, del Partido Verde Ecologista de México; María de los Angeles Sánchez Lira, del Partido de la Revolución Democrática; Griselda Ramírez Guzmán, del Partido Acción Nacional y Flor Añorve Ocampo, del Partido Revolucionario Institucional.

En votación económica, la Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en lo general y la Presidenta informa que se reservan para su discusión en lo particular los artículos ciento setenta y cinco-C, numeral tres y ciento setenta y cinco-A.

La Secretaría recoge la votación nominal del dictamen en lo general y en lo particular de los artículos no reservados, con la fe de erratas presentada por las comisiones, misma que resulta aprobatoria por cuatrocientos tres votos en pro, siete en contra y doce abstenciones.

Para referirse a los artículos ciento setenta y cinco-C numeral tres y ciento setenta y cinco-A reservados, se concede la palabra al diputado David Augusto Sotelo Rosas, del Partido de la Revolución Democrática y propone modificaciones que la Asamblea admite a discusión en votación económica.

Desde sus curules, el diputado Armando Salinas Torres y la diputada Concepción González Molina, a nombre de las comisiones dictaminadoras, aceptan las modificaciones propuestas.

Sin nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría recoge la votación nominal de los artículos ciento setenta y cinco-A, en los términos del dictamen y ciento setenta y cinco-C, con las modificaciones aceptadas, misma que resulta aprobatoria por trescientos cuarenta y un votos en pro, veintiuno en contra y treinta y seis abstenciones.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona y deroga diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

Continúan la presentación de proposiciones con punto de acuerdo los diputados:

Eduardo Rivera Pérez, del Partido Acción Nacional, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal, a hacer propios los objetivos del Plan de Educación para el Desarrollo y la Integración de América Latina, promovido por el Parlamento Latinoamericano y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura e implementar las acciones necesarias para su ejecución y seguimiento en México. Se turna a las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, de Ciencia y Tecnología y de Cultura e infórmese a la delegación mexicana al Parlamento Latinoamericano.

Mario Cruz Andrade, del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar la comparecencia de los secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Economía, a fin de que expliquen el estado que guarda la inscripción de vehículos de procedencia extranjera. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

José Rodolfo Escudero Barrera, del Partido Verde Ecologista de México, para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales entregue los estudios y resultados realizados en el municipio de Mina, en el Estado de Nuevo León, a la empresa Residuos Industriales Multiquim, Sociedad Anónima de Capital Variable, así como información sobre las acciones emprendidas para revertir la contaminación que genera esa empresa en la zona. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Feliciano Calzada Padrón, del Partido Revolucionario Institucional, en relación con las medidas que se deben instituir para frenar al contrabando de plátano procedente de Centroamérica. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura y Ganadería.

José Antonio Magallanes Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática, sobre la venta de acciones de Bancomer anunciada por el Gobierno mexicano. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, en lo referente al inciso correspondiente.

Enrique Meléndez Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, en relación con el presupuesto para desarrollo social. Se turna a las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Oficio de la Secretaría de Gobernación, con la que remite iniciativa del Ejecutivo Federal, con proyecto de decreto que reforma el artículo quinto transitorio del decreto que reforma la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil uno. Se turna a las comisiones de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social.

Comunicación de la Cámara de Senadores, con la que informa de la constitución de la Comisión Especial para la Reforma del Estado de la Cámara de Senadores. De enterado y comuníquese a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión Especial para la Reforma del Estado de la Cámara de Diputados.

La Presidenta informa de la recepción de una proposición con punto de acuerdo del diputado Jaime Cleofas Martínez Veloz, para solicitar que la Auditoría Superior de Fiscalización realice una auditoría a la tercera etapa del río Tijuana. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y cada uno de sus resolutivos a la comisión correspondiente.

Se concede el uso de la palabra al diputado Bulmaro Rito Salinas, del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo en relación con los incendios forestales en el Estado de Oaxaca. Se turna a las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y la Presidencia clausura la presente a las diecisiete horas con seis minutos del martes treinta de abril de dos mil dos, citando para la que tendrá lugar el mismo día de hoy, a las diecisiete horas con treinta minutos.»

Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada el acta.

MET-MEX PEÑOLES

La Presidenta:

Esta Presidencia ha recibido una propuesta de modificación al resolutivo quinto del punto de acuerdo relativo a los problemas que genera la empresa Met-Mex Peñoles, aprobado el 29 de abril de 2002. Esta modificación la han hecho los legisladores en consulta con el área de Servicios Parlamentarios y Jurídica de la Cámara y con legisladores abogados.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.

Propuesta de modificación al resolutivo quinto del punto de acuerdo relativo a los problemas que genera la empresa Met-Mex Peñoles, aprobado el 29 de abril de 2002.

Propuesta

Quinto. Una vez rendido el informe por dichas autoridades, con estricto apego a la ley, implementen las medidas que resulten necesarias y procedentes para la solución del caso, comunicando a esta soberanía, en un plazo razonable, de ello.

México, D.F., a 30 de abril de 2002.— Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.— Diputados: Policarpo Infante Fierro, Diego Cobo Terrazas, Gustavo Lugo Esparza, Miguel Gutiérrez Machado, Adela del C. Graniel C., Eugenia Galván A., Jesús Garibay García, Rafael Orozco Martínez, Oscar R. Maldonado, Eduardo A. Leines Barrón y Héctor Esquiliano Solís

Queda integrado y sustituye al anterior resolutivo quinto.

COMISIONES REGLAMENTARIAS

La Presidenta:

Estaba previsto el que hubiese posicionamiento de los grupos parlamentarios y los compañeros coordinadores han comunicado que declinan los grupos parlamentarios hacer uso de la palabra.

La Presidencia de la Mesa Directiva designa las siguientes comisiones de cortesía para notificar a los otros poderes y a la Asamblea del Distrito Federal.

Al Poder Ejecutivo Federal:

Los integrantes de la conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y la Mesa Directiva de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

A la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

La Mesa Directiva de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y un representante de cada grupo parlamentario.

A la Asamblea Legislativa del Distrito Federal:

La Mesa Directiva de la Comisión del Distrito Federal y un representante de cada grupo parlamentario.

MENSAJE DE LA PRESIDENCIA

La Presidenta:

Compañeras y compañeros legisladores: tengo la certeza de que formamos parte de una legislatura que no obstante la difícil circunstancia en la que está inmersa la vida política del país, tiene consistencia y trascendencia. Ustedes son los que hacen una realidad esa consistencia y esa trascendencia.

Es también una legislatura con vocación social, eso nos define.

Al expresar mi reconocimiento a todas las legisladoras y legisladores, mi respeto porque en medio de la solidez de las convicciones de cada uno y de las corrientes ideológicas aquí representadas, se ha evidenciado capacidad de diálogo y de generación de acuerdos, deseo subrayar que este periodo gracias a la capacidad de acuerdos y a la capacidad creadora de cada uno de los legisladores y a su voluntad política, ha sido un periodo extraordinariamente fructífero; así lo sabemos nosotros. Esperamos poder difundirlo suficientemente y solicitamos de los medios de comunicación masiva su invaluable colaboración, para que juntos logremos que nuestra sociedad esté objetivamente informada.

Hemos aprobado en este periodo un conjunto de leyes y decretos de extraordinaria relevancia, algunos de singular avance para una nueva etapa del Estado mexicano y para la profundización democrática.

Estamos avanzando desde la Cámara de Diputados en la Reforma del Estado. Por ello destaca la Ley de Acceso a la Información y las reformas al Cofipe, que impulsan la equidad de género en la representación política.

Otras para impulsar medidas esenciales que apoyan el desarrollo y modernización del país, como las reformas a la Banca de Desarrollo y modernización del país, como las reformas a la banca de desarrollo y a la Ley General del Conacyt, otras más que evidencian el compromiso social de nuestra legislatura , como las Reformas a la Ley de Salud, como la Ley del Adulto Mayor que hoy se ha aprobado.

No quiero detallar cada una de las reformas a las leyes, de los decretos y de las leyes completas que se han aprobado, simplemente quiero que todos, con orgullo ante propios y extraños, defendamos la potestad, la calidad, el compromiso y el trabajo de esta Cámara de Diputados, porque es el trabajo de ustedes y es un trabajo que engrandece el desarrollo del país y la democracia mexicana.

Yo les ruego, estimadas compañeras, estimados compañeros, no sin antes reconocer la responsabilidad y el compañerismo de nuestros colegas de la Mesa Directiva y del equipo de apoyo para el desempeño de nuestras tareas, que dado que se han agotado los asuntos en cartera, me hagan el favor de ponerse de pie.

DECLARATORIA DE TERMINO DE TRABAJOS

La Presidenta:

Hoy, 30 de abril de 2002, la Cámara de Diputados de la LVIII legislatura del honorable Congreso de la Unión, declara formalmente terminados sus trabajos correspondientes al segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio.

Se va a proceder a entonar el Himno Nacional.

(Himno Nacional.)

ACTA DE LA PRESENTE SESION

La Presidenta:

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que el acta de esta sesión se dé por leída y copias de la misma se distribuyan a los grupos parlamentarios para su revisión y aprobación.

El secretario Adrián Rivera Pérez:

Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el acta de esta sesión se dé por leída y copias de la misma se distribuya a los grupos parlamentarios para su revisión y aprobación.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se da por leída.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes treinta de abril de dos mil dos, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura.

Presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel

En el Palacio Legislativo en San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de doscientos ochenta y seis diputados, a las dieciocho horas con treinta minutos del martes treinta de abril de dos mil dos, la Presidenta declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día.

Comunicación de la Presidenta de la Mesa Directiva, con la que modifica el turno de diversas iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo. Se turna a las comisiones involucradas.

Comunicación de la Presidenta de la Mesa Directiva, con la que informa de la recepción de informes de labores de las comisiones de Desarrollo Social, de Energía, de Marina y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Túrnense los originales a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

Comunicación de la Presidenta de la Mesa Directiva, con la que informa de solicitudes de cambio de turno de diversas proposiciones con punto de acuerdo. Comuníquese a las comisiones respectivas la reorientación de turnos.

Comunicación de la Comisión de Puntos Constitucionales, con la que solicita prórroga indefinida para emitir los dictámenes correspondientes a diversas iniciativas sobre las cuales ha recibido excitativas. Se turna a la Mesa Directiva para su análisis y acuerdo respectivo.

Comunicaciones de la Junta de Coordinación Política:

Con acuerdo por el que se prorroga la duración del funcionamiento de la Comisión de Investigación de la Planta Nucleoeléctrica de Laguna Verde, Veracruz, hasta el treinta y uno de agosto de dos mil dos. Se aprueba en votación económica.

Con acuerdo por el que se prorroga la duración del funcionamiento del grupo de trabajo de Cafeticultura de la Comisión de Agricultura y Ganadería, hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dos.

Presidencia del diputado Eloy Cantú Segovia

Se aprueba en votación económica.

Con acuerdo por el que se prorroga la duración del funcionamiento de la Comisión Especial para darle seguimiento a los fondos aportados por los trabajadores mexicanos braceros, hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dos. Se aprueba en votación económica.

Presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel

Tres, con las que informa de cambios en la integración de las comisiones de Atención a Grupos Vulnerables, de Gobernación y Seguridad Pública, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Pesca, de Justicia y Derechos Humanos y de Juventud y Deporte. De enterado.

Dos, con acuerdos relativos a cambios en la integración de las mesas directivas de las comisiones de Juventud y Deporte y de Atención a Grupos Vulnerables. Se aprueban en votación económica.

Comunicación de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, por la que solicita prórroga para presentar el dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo veinticinco de la Ley General de Educación. Se turna a la Mesa Directiva para su acuerdo.

Comunicación de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con la que solicita prórroga para emitir el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción vigesimaoctava del artículo ciento nueve de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.Se turna a la Mesa Directiva para su acuerdo.

Presentan iniciativas con proyecto de ley o decreto los diputados:

Eric Eber Villanueva Mukul, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo cuarenta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Presidencia del diputado Eloy Cantú Segovia

Se turna a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Gobernación y Seguridad Pública.

Desde su curul, la diputada Lorena Beaurregard de los Santos solicita información sobre un dictamen que la Comisión de Hacienda y Crédito Público debería presentar en esta sesión, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción vigesimaoctava del artículo ciento nueve de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y el Presidente aclara que la Secretaría dio cuenta en su oportunidad con una comunicación de esa comisión al respecto.

Ricardo Tarcisio Navarrete Montes de Oca, del Partido Acción Nacional, que adiciona la fracción décima del artículo ochenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Sara Guadalupe Figueroa Canedo, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Roberto Eugenio Bueno Campos, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo tercero y adiciona el artículo segundo de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y que reforma el artículo cuatrocientos veinticuatro-bis del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con opinión de las comisiones de Cultura y de Hacienda y Crédito Público.

Olga Patricia Chozas y Chozas, del Partido Verde

Ecologista de México, que adiciona el artículo doscientos diecinueve de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

Presidencia de la diputada María Elena Alvarez Bernal

Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Trabajo y Previsión Social.

Jaime Cleofas Martínez Veloz, que adiciona un artículo ciento doce-bis a la Ley General de Población, para crear la Procuraduría General de Migración. Se turna a las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

A las veinte horas con veintiséis minutos, la Secretaría informa del registro de cuatrocientos diecinueve diputados y ordena el cierre del sistema electrónico de asistencia y votación.

Víctor Manuel Ochoa Camposeco, del Partido de la Revolución Democrática, de Ley Federal para el Desarrollo de las Telecomunicaciones. Se turna a la Comisión de Comunicaciones.

Dictamen de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos diez, once y doce de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Es de primera lectura.

La Asamblea, en votación económica, dispensa la segunda lectura al dictamen.

Presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel

Sin nadie que haga uso de la palabra, la Secretaría recoge la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, misma que resulta aprobatoria por trescientos sesenta y nueve votos en pro, uno en contra y una abstención. De conformidad con el artículo setenta y dos, inciso e, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se devuelve a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales.

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, con proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del trece al dieciocho de mayo de dos mil dos, a fin de realizar una visita oficial al Reino de Bélgica, a las sedes del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa en Estrasburgo, Francia, participar en la Segunda Cumbre América Latina y el Caribe, Unión Europea, en el Primer Encuentro a nivel presidencial entre México y la Unión Europea y visitar la ciudad española de Valencia. Es de primera lectura.

La Asamblea, en votación económica, dispensa la segunda lectura al dictamen.

Sin nadie que solicite hacer uso de la palabra, la Secretaría recoge la votación nominal del proyecto de decreto, misma que resulta aprobatoria por trescientos treinta y ocho votos en pro, diecinueve en contra y catorce abstenciones. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

Dictamen de las comisiones unidas de Salud y de Seguridad Social, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo veintinueve de la Ley General de Salud. Es de primera lectura.

La Asamblea dispensa la segunda lectura al dictamen en votación económica.

Fundamenta el dictamen por las comisiones el diputado Eduardo Abraham Leines Barrera, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado J. Jesús Garibay García solicita se le inscriba para hablar en contra del dictamen y el diputado Ernesto Saro Boardman solicita a la Presidencia se le permita dialogar a miembros de las comisiones.

En consecuencia, a las veintiuna horas con quince minutos, la Presidenta declara un receso.

A las veintiuna horas con diecinueve minutos se reanuda la sesión.

Desde su curul, la diputada María Eugenia Galván Antillón, a nombre de las comisiones, solicita a la Presidencia retirar el dictamen.

La Asamblea, en votación económica, autoriza a la Presidencia retirar el dictamen para programarlo en otra sesión.

Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Es de primera lectura.

En votación económica, la Asamblea dispensa la segunda lectura al dictamen.

Fundamenta el dictamen a nombre de la Comisión, la diputada Raquel Cortés López, del Partido de la Revolución Democrática.

Fijan la posición de sus grupos parlamentarios los diputados: Sergio Acosta Salazar, del Partido de la Revolución Democrática;

Presidencia del diputado Eric Eber Villanueva Mukul

Alba Leonila Méndez Herrera, del Partido Acción Nacional y Silvia Romero Suárez, del Partido Revolucionario Institucional.

No habiendo nadie más que solicite el uso de la palabra y sin que se reserven artículos para su discusión en lo particular, la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que arroja los siguientes resultados: doscientos setenta y tres votos en pro, once en contra y sesenta y seis abstenciones.

Presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se crea la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

Dictamen de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con punto de acuerdo en relación con el interés del Congreso del Estado de Jalisco, para que la norma oficial denominada Leche de Vaca, sea tomada en cuenta por la Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para elaborar la norma oficial mexicana respectiva.

Desde su curul, el diputado Ildefonso Guajardo Villarreal propone una adición al punto de acuerdo que la Asamblea aprueba en votación económica.

Se aprueba el punto de acuerdo con la adición aceptada en votación económica. Comuníquese al Ejecutivo.

Dictamen de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación, dar seguimiento puntual a las transmisiones de radio y televisión.

Sin que motive debate se aprueba en votación económica. Comuníquese al Ejecutivo.

Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo relativo al cumplimiento de las normas oficiales mexicanas referentes a la leche y/o productos lácteos.

Sin nadie que solicite hacer uso de la palabra, se aprueba en votación económica. Comuníquese al Ejecutivo.

Dictamen de la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo para que comparezca el Secretario de Hacienda y Crédito Público, a fin de que proporcione información sobre el programa de bursatilización carretero.

No habiendo quien haga uso de la palabra, se aprueba en votación económica. Comuníquese al Ejecutivo.

Dictamen de las comisiones unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Salud, con punto de acuerdo en relación con el impacto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en la venta de productos farmacéuticos al sector público.

Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese al Ejecutivo.

Dictamen de la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo para solicitar a las autoridades correspondientes el entubamiento del llamado Gran Canal de Desagüe.

Sin que motive debate se aprueba en votación económica. Comuníquese al Ejecutivo.

Dictamen de las comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo para exhortar a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que se promueva el establecimiento de una mesa de trabajo binacional entre México y Belice, a fin de analizar la viabilidad ambiental en la construcción de la hidroeléctrica Chalillo, en la zona fronteriza de ambos países.

Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese al Ejecutivo y remítase copia a la delegación de México al Parlamento Latinoamericano y a la delegación de México observadora en el Parlamento Centroamericano.

Comunicación de la Junta de Coordinación Política, con la que informa de cambios en la integración de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. De enterado.

La Presidencia informa de la recepción de las siguientes proposiciones con punto de acuerdo:

Del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, en relación con las declaraciones del Presidente de la República de fecha nueve de abril de dos mil dos. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, en relación con la situación política de Venezuela. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Del diputado Gregorio Arturo Meza de la Rosa, del Partido Acción Nacional, para que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos intervenga en el asunto relacionado con los actos violatorios de los derechos humanos cometidos contra los señores Víctor Javier García Uribe y Gustavo González Meza. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Del diputado Claudio Mario Bres Garza, del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar el cambio de las tarifas eléctricas de verano para cuatro municipios del Estado de Coahuila. Se turna a las comisiones de Energía y de Hacienda y Crédito Público.

De la diputada Adela del Carmen Graniel Campos, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con la contaminación generada por Petróleos Mexicanos en el Estado de Tabasco. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Del diputado Julián Hernández Santillán, del Partido Acción Nacional, para exhortar al Ejecutivo Federal y a los ejecutivos de las entidades federativas, a publicar en el Diario Oficial de la Federación y en los diarios oficiales locales, de manera mensual, la información sobre los montos y evolución de los recursos transferidos a estados y municipios, así como la metodología utilizada para su cálculo. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Del diputado Julián Hernández Santillán, del Partido Acción Nacional, para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la restitución de los fondos destinados al Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas en caso de existir ingresos adicionales a los presupuestados. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Del diputado Hugo Zepeda Berrelleza, del Partido Acción Nacional, para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incorpore la tarifa nueve o nueve-M, de energía eléctrica utilizada en procesos de filtrado de agua mediante ósmosis inversa para uso agrícola. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Del diputado Mario Cruz Andrade, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con los créditos que otorga el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, conjuntamente con la banca privada. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social.

Del diputado Humberto Muñoz Vargas, del Partido Acción Nacional, para solicitar a las autoridades intensifiquen la coordinación institucional en el combate al narcotráfico y la drogadicción en el país. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con opinión de la Comisión Especial de Seguridad Pública.

Del diputado Jaime Aceves Pérez, del Partido Acción Nacional, a nombre de diputados federales del Estado de Jalisco, en relación con el pago complementario de treinta millones de pesos de Petróleos Mexicanos a los damnificados por las explosiones del veintidós de abril de mil novecientos noventa y dos, en Guadalajara, Jalisco. Se turna a las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y de Energía.

Del diputado Tomás Coronado Olmos, del Partido Acción Nacional, para que la Procuraduría General de la República, realice una valoración puntual de todas las pruebas en el expediente del homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Del diputado José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional, en relación con la administración de la justicia en México. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Del diputado José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional, en relación con los trabajos del Congreso de la Unión. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Del diputado Miguel Bortolini Castillo, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con las telesecundarias del sistema educativo nacional. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Del diputado Santiago López Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, para que se constituya un fondo para financiar la reubicación de los campesinos pobres de la región de Montes Azules, Chiapas. Se turna a la Comisión de Reforma Agraria.

Del diputado Luis Villegas Montes, del Partido Acción Nacional, para solicitar al Instituto Federal Electoral instrumente diversas campañas en torno a la necesidad de que la ciudadanía se empadrone y participe en la vida política del país. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Comunicación del diputado Jaime Rodríguez López, con la que remite el texto de la efemérides sobre el cuadragésimo octavo aniversario luctuoso del general Francisco José Múgica Velázquez. Insértese en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

Se procede a la elección de los diputados integrantes de la Comisión Permanente del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura y resulta electa por doscientos noventa y cinco votos en pro y nueve en contra, la cédula integrada por los diputados:

José Elías Romero Apis, Manuel Añorve Baños, Julián Luzanilla Contreras, Carlos Humberto Aceves del Olmo, Jesús de la Rosa Godoy, José Alvaro Vallarta Ceceña, José Manuel Martínez Nava, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Ricardo Francisco García Cervantes, Beatriz Guadalupe Grande López, José Francisco Blake Mora, José Carlos Borunda Zaragoza, Jorge Alberto Lara Rivera, María Eugenia Galván Antillón, Gabriela Cuevas Barrón, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, Miguel Bortolini Castillo, Bernardo de la Garza Herrera y Rosa Delia Cota Montaño.

Y como sustitutos, los diputados: Beatriz Elena Paredes Rangel, Augusto Gómez Villanueva, José Francisco Yunes Zorrilla, Marco Antonio Dávila Montesinos, Jorge Esteban Sandoval Ochoa, Alma Carolina Viggiano Austria, Edilberto Jesús Buenfil Montalvo, Alejandro Zapata Perogordo, Abel Ignacio Cuevas Melo, Esteban Sotelo Salgado, Neftalí Salvador Escobedo Zoletto, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Raúl Gracia Guzmán, Armando Enríquez Flores, Francisco Javier Flores Chávez, Sergio Acosta Salazar, Alfredo Hernández Raigosa, Arturo Escobar y Vega y José Manuel del Río Virgen.

La Presidenta los declara electos para formar parte de la Comisión Permanente que funcionará durante el Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura. Comuníquese a la Cámara de Senadores.

La Asamblea aprueba el acta de la sesión anterior en votación económica.

La Presidencia informa de la recepción de una propuesta de modificación al resolutivo quinto del punto de acuerdo relativo a los problemas que genera la empresa Met-Mex Peñoles, aprobado en la sesión del día veintinueve de abril de dos mil dos. Queda integrado y sustituye al anterior resolutivo quinto.

La Presidenta designa a las comisiones de cortesía para participar al Poder Ejecutivo, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de la clausura de los trabajos de la Cámara de Diputados.

La Presidenta dirige un mensaje a la Asamblea e inmediatamente después, puestos todos de pie, declara:

"Hoy, treinta de abril de dos mil dos, la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso de la Unión, declara formalmente terminados sus trabajos correspondientes al segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio".

La Asamblea entona el Himno Nacional.

Agotados los asuntos en cartera, la Asamblea dispensa la lectura del acta de la presente sesión y la Presidenta la clausura a las veintitrés horas con treinta y un minutos.»

CLAUSURA

La Presidenta (a las 23:31 horas):

Se levanta la sesión.

RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 5 horas 1 minuto.

Quorum a la apertura de sesión: 286 diputados.

• Asistencia al cierre de registro: 419 diputados.

• Comisiones reglamentarias: 3.

• Proposiciones con puntos de acuerdo: 17.

• Acuerdos aprobados: 3.

• Efemérides: 1.

• Elección de los diputados integrantes de la Comisión Permanente del segundo receso del segundo año de ejercicio de la LVIII Legislatura.

• Declaración de termino de trabajos.

• Oradores en tribuna: 12

PRI–2; PAN–3; PRD–4; PVEM–2; Dip.Ind.–1.

Se recibió:

• 2 comunicaciones de la Presidenta de la Mesa Directiva, con las que se modifican los turnos de iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo;

• 1 comunicación de la Presidenta de la Mesa Directiva, con la que informa de la recepción de informes de labores de las comisiones: de Desarrollo Social, de Energía, de Marina y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación;

• 1 comunicación de la Comisión de Puntos Constitucionales, con la que solicita prórroga indefinida para emitir los dictámenes correspondientes a diversas iniciativas sobre las cuales ha recibido excitativas;

• 1 comunicación de la Junta de Coordinación Política con acuerdo por el que se prorroga la duración del funcionamiento de la Comisión de Investigación de la Planta Nucleoeléctrica de Laguna Verde;

• 1 comunicación de la Junta de Coordinación Política con acuerdo por el que se prorroga la duración del funcionamiento del grupo de trabajo de Cafeticultura de la Comisión de Agricultura y Ganadería;

• 1 comunicación de la Junta de Coordinación Política con acuerdo por el que se prorroga la duración del funcionamiento de la Comisión Especial para darle seguimiento a los fondos aportados por los trabajadores mexicanos braceros;

• 6 comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, con las que informa de cambios en la integración de comisiones legislativas;

• 1 comunicación de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, por la que solicita prórroga para presentar el dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación;

• 1 comunicación de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con la que solicita prórroga para emitir el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XXVIII del artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta;

• 2 iniciativas del PRD;

• 2 iniciativas del PAN;

• 2 iniciativas del PVEM;

• 1 iniciativa de Dip. Ind.;

• 1 propuesta de modificación al resolutivo quinto del punto de acuerdo relativo a los problemas que genera la empresa Met–Mex Peñoles, aprobado en la sesión del día 29 de abril de 2002.

Dictámenes aprobados:

• 1 de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 10, 11 y 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos;

• 1 de la Comisión de Relaciones Exteriores, con proyecto de decreto que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional del 13 al 18 de mayo de 2002, a fin de realizar una visita oficial al Reino de Bélgica, a las sedes del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa en Estrasburgo, Francia, participar en la Segunda Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea, en el Primer Encuentro a nivel presidencial entre México y la Unión Europea y visitar la ciudad española de Valencia;

• 1 de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores;

• 7 de diversas comisiones con puntos de acuerdo relativos a diversos temas.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA PRESENTE SESION

(en orden alfabético)

Diputado

Tema

• Acosta Salazar, Sergio (PRD) Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se crea dicha ley.
• Bueno Campos, Roberto Eugenio (PAN) Derechos de autor, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo tercero y adiciona el artículo segundo de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y que reforma el artículo 424-bis del Código Penal Federal, respecto a la piratería en la reproducción y comercialización de ejemplares sin el consentimiento del titular del derecho.
• Cortés López, Raquel (PRD) Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se crea dicha ley. Fundamenta el dictamen a nombre de la comisión.
• Chozas y Chozas, Olga Patricia (PVEM) Trabajo de aprendizaje, presenta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 219 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
• Figueroa Canedo, Sara Guadalupe (PVEM) Ley del Impuesto Sobre la Renta, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de dicha ley.
• Leines Barrera, Eduardo Abraham (PRI) Ley General de Salud, dictamen de las comisiones unidas de Salud y de Seguridad Social, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 29 de dicha ley, referente a la adquisición de medicamentos a un bajo costo para los usuarios de los servicios de salud públicos. Fundamenta el dictamen por las comisiones.
• Martínez Veloz, Jaime Cleofas (Dip.Ind.) Ley General de Población, presenta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 112-bis a dicha Ley General de Población, para crear la Procuraduría General de Migración.
• Méndez Herrera, Alba Leonila (PA Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se crea dicha ley.
• Navarrete Montes de Oca, Ricardo Tarcisio (PAN)

Artículo 89 constitucional, presenta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a la política exterior.

• Ochoa Camposeco, Víctor Manuel (PRD) Ley Federal para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, presenta iniciativa con proyecto de decreto de dicha ley.
• Romero Suárez, Silvia (PRI) Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se crea dicha ley.
• Villanueva Mukul, Eric Eber (PRD) Partidos políticos y sindicatos nacionales, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 1o., 4o., 6o., 36, 38, 69, 82, 83, 84, 86 y 117 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de las elecciones internas de los partidos políticos y de los sindicatos nacionales.

NOTAS

Siglas y abreviaturas

AC Asociación Civil
ALCA Area de Libre Comercio de las Américas.
ADN Acido Desoxirribonucleico
Bancomer Banco de Comercio, Sociedad Anónima
Banobras Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional  de Crédito
Cofetel Comisión Federal de Telecomunicaciones
Cofipe Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
Conapo Consejo Nacional de Población
D.F. Distrito Federal
Fovissste Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
IFE Instituto Federal Electoral
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social
INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
IVA Impuesto al Valor Agregado
NOM Norma Oficial Mexicana
ONY Organización de las Naciones Unidas
PAFEF Programa de Apoyo a las Entidades Federativas.
PAN Partido Acción Nacional.
Parlacen Parlamento Centroamericano
Parlatino Parlamento Latinoamericano
Pemex Petróleos Mexicanos
PRD Partido de la Revolución Democrática.
PRI Partido Revolucionario Institucional.
Procampo Programa de Apoyos Directos al Campo.
TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
US Estados Unidos (siglas en inglés)

VOLUMEN III

INFORME DE LABORES

VER EN EL DOCUMENTO-202(18)2.

VOLUMEN IV

CONTINUACIÓN DEL INFORME DE LABORES

VER EN EL DOCUMENTO-202(18)3.

INDICE DE INTERVENCIONES

Aceves y del Olmo, Carlos Humberto

86 a

Acosta Salazar, Sergio

331 a 333, 1322, 1462 a 1465, 1905 a 1907, 2607 a 2609, 2937 a 2938, 3596 a 3795

Aguilar Borrego, Enrique

2510 a 2512

Aguilar Moreno, José Marcos

2736 a 27

Aguilar Solís, Samuel

2218 a 22

Agundis Arias, Francisco

19 a 20, 201 a 204, 105 a 106

Alamilla Padrón, Celita Trinidad

105 a 106

Alcalde Virgen, Moisés

317 a 322

Aldana Burgos, Luis Artemio

2855 a 2859

Alvarado Cook Oscar

422 a 424

Alvarez Bernal, María Elena

1727 a 1729

Alvarez Bruneliere, Silvia

615, 2851 a 2853

Alvarez Sotelo, Gumercindo

63 a 66, 1443 a 1444, 3062 a 3069, 3183 a 3184

Amador Leal, Narcizo Alberto

1681 a 1693, 2749 a 2755, 3172 a 3175

Anaya Gutiérrez, Alberto

2212 a 2213

Anaya Ochoa, José María

1645 a 1646

Anderson Nevárez, Hilda Josefina Amalia

2111

Andrade Sánchez, Justino Eduardo

68 a 71

Añorve Ocampo, Flor

1741 a 1742, 3232 a 3233

Aragón Castillo, Hortensia

339 a 340, 472 a 475, 613 a 615, 3224 a 3226

Arano Montero, Francisco

348 a 349,1759 a 1761

Arévalo González, José Antonio

66 a 67, 1830 a 1836

Arnal Palomera, Eduardo

1907 a 1932

Ayala Velázquez, Benjamín

1923

Baduy Isaac, Rosa Elena

475 a 479

Bañales Castro, José

1368 a 1393

Barbosa Huerta, Luis Miguel Gerónimo

90 a 92, 245 a 246, 595 a 606, 1267 a 1272, 1277 a 1286, 1319, 1513 a 1523, 1933,2220, 2287 a 2292, 2396, 2422 a 2423,2433 a 2434, 2519 a 2538, 3051

Batres Guadarrama, Martí

21 a 22, 68, 114 a 115, 150 a 153, 251 a 252, 366 a 369, 1218 a 1219, 1320, 1633 a 1634, 1722 A 1723, 1917 a 1918,2113 a 2117, 2219, 2439, 2517 a 2521, 3052

Beaurregard de los Santos, Lorena

55 a 62, 3495

Bortolini Castillo, Miguel

208 a 210, 490 a 493, 499 a 500, 1469 a 1470, 1638,1746 a 1748, 1752 a 1753, 2111, 2514 a 2547, 3175 a 3176

Botello Montes José Alfredo

378 a 379, 1918 a 1920

Bres Garza, Claudio Mario

3213 a 3215

Bravo Martínez, Esveida

3185 a 3186, 3228 a 3229

Buenfil Montalvo, Edilberto Jesús

1454 a 1455

Bueno Campos Roberto Eugenio

3509 a 3516,

Buenrostro Díaz, Gustavo César Jesús

2704 a 2727

Burgos Pinto, Jesús

501 a 502

Calderón Cardoso, José Antonio

15 a 16, 81, 360 a 361, 373 a 374, 1470, 1633, 1642 a 1645, 1724, 2126 a 2132, 22210 a 2211, 2437 a 2439

Calderón Hinojosa, Felipe de Jesús

22 a 24, 177 a 188, 368, 1634, 2216 a 2217, 2517 a 2565

Calzada Padrón, Feliciano

1751 a 1752, 3243 a 3244

Campoy Ruy Sánchez, María Teresa

226 a 227, 1441 a 1442

Candiani Galaz, Mauricio Enrique

1470, 3112

Cano Cortezano, Juan de la Cruz

3211 a 3212

Cantú Torres, Francisco Javier

455 a 469

Carreras López, Juan Manuel

2547

Carrillo Pérez, Rodrigo

3204 a 3207

Carvajal Moreno, Gustavo

380 a 381, 1318 a 1319

Castañeda Pomposo Javier Julián

85 a 86

Castellanos Hernández, Félix

1312 a 1314, 1629 a 1631

Castillo Cruz, Bonifacio

485 a 486

Cervantes Mandujano, Beatriz

2111

Cervantes Rivera, Jaime

93 a 94, 597 a 598, 1523 a 1527, 1904 a 1905, 2430 a 2431

Chávez Presa, Jorge Alejandro

1836 a 1843, 2279 a 2287, 2541 a 2546, 2924 a 2926, 3032 a 3043

Chozas y Chozas, Olga Patricia

308 a 313, 3516 a 3523

Cobo Terrazas, Diego

3625

Correa Ceseña, José Manuel

559 a 563, 3053, 3189 a 3190

Cortés López, Raquel

3595 a 3596

Cota Montaño, Rosa Delia

1301 a 1304,1758, 3227 a 3228

Cosío Gaona, Salvador

231 a 235, 2652 a 2661

Cruz Andrade, Mario

2766 a 2766, 3239

Cruz Gutiérrez, Jesús Alejandro

2673 a 2693

Cuevas Barrón Gabriela

72 a 75

Dávila Montesinos, Marco Antonio

502 a 503

De la Garza Herrera, Bernardo

208, 241 a 242, 369 a 381, 1304 a 1305, 2213 a 2214

De la Garza Tijerina, Arturo Bonifacio

1646, 2767 a 2768

De la Madrid Cordero, Enrique Octavio

2094 a 2104, 2917 a 2933

De la Riva Pinal, José Gerardo

2544 a 2567

De la Rosa Godoy, Jesús

2811 a 2814

Del Río Virgen José Manuel

13 a 14, 79 a 80, 153 a 155, 210 a 211, 361 a 362, 375 a 376, 479 a 480, 596 a 595, 629 a 632, 1448 a 1449, 1634, 1639 a 1642, 2208 a 2210, 2428, 2745 a 2749, 3226 a 3227

Díaz de la Vega Fernando

1362 a 1368

Díaz Palacios, Víctor Emanuel

1204 1208, 3197

Domínguez Domínguez, Nemesio

2298 a 2318

Domínguez Rodríguez, Genoveva

1934, 2817

Donis García, Gustavo Alonso

3136

Duarte Jáquez, César Horacio

340, 1297 a 1299, 3024 a 2929

Dueñas Llerenas, José de Jesús

634 a 635

Echeverría Ruiz Rodolfo Antonio

88

Escobar Prieto Abelardo

228 a 230

Escobar y Vega, Arturo

237 a 245, 598, 1213 a 1217, 1726 a 1727, 2176 a 2177, 24 32

Escudero Barrera, José Rodolfo

1654 a 1469, 2765 a 2766, 3240 a 3243, 612 a 613, 1252 a 1262, 1914 a 1920, 2538 a 2553, 3048 a 3056

Esparza Hernández, Francisco

3201 a 3204

Espino Barrientos, Manuel de Jesús

2635 a 2639

Esquiliano Solís, Héctor Nemecio

239 a 242

Fayad Meneses, Omar

563 a 568, 611, 1409 a 1918, 1709 a 1715

Félix Hays, Rubén Benjamín

1556 a 1583

Fernández González, Lucio

2767,83 a 84, 498 a 499,2853 a 2854, 3499 a 3509

Figueroa Canedo, Sara Guadalupe

83 a 84,498 a 499, 2853 a 2854, 3499 a 3509

Flores Galván, Edgar Consejo

485

G

Galván Antillón, María Eugenia

1437 a 1438, 3577

Gandarilla Carrasco, Víctor Manuel

2423 a 2425

García Cervantes, Ricardo Francisco

1915 a 1917, 2523

García Dávila Víctor Antonio

225 a 226, 1450 a 1451, 1733 a 1736, 1748 a 1749, 2504 a 2529, 2920 a 2921,3165 a 3166

García Domínguez, Nicasia

94 a 95

García Farías, Rubén

1444 a 1447

García Sainz Arena, Alejandro Rafael

162 a 164, 436 a 439, 486 a 490, 1701 a 1704

García Suárez, María Miroslava

598 a 600, 1304 a 1308, 2512 a 2514, 2647 a 2652

García Velázquez, Raúl

3195 a 3197

García Vera, Jorge Luis

3194 a 3195

Garibay García, J. Jesús

84 a 85, 3576 a 3577

Garza Guevara, Jesús Mario

Garza Martínez, Rómulo

2816

Garza Taméz Enrique

1704 a 1709, 2433

Gloria Morales, José Antonio

2104 a 2106,2508 a 2550

Gómez Villanueva, Augusto

495 a 497, 1636 a 1637, 1729 a 1731, 3078 a 3079

González Molina, Concepción

1447 a 1448, 3222 a 3224, 3235

González Reza, Héctor

500 a 501

González Villalva, Raúl Homero

568 a 571

Gracia Guzmán, Raúl

368, 1623 a 1627, 1912 a 1915

Graniel Campos, Adela del Carmen

1419 a 1423, 1762 a 1764, 2530 a 2541, 3163 a 3164

Guadarrama López, Francisco

3207 a 3211

Guajardo Villarreal, Ildefonso

608 a 609, 3601 a 3602

Guillén Torres José María

480 a 484

Gutiérrez Hernández, Miguel

1505 a 1513, 2081 a 2094, 3181 a 3182

Gutiérrez Machado, Miguel Angel

3119

H

Hernández Estrada, Lorenzo Rafael

1286 a 1294

Hernández Raigosa, Alfredo

246 a 251, 616 a 620, 1427 a 1433, 1736 a 1737, 1750, 2111, 2516,2520 a 2528, 2464 a 2673, 3184 a 3185, 3197 a 3201

Herrera y Bruquetas, Angel Enrique

370 a 380, 1912 a 1913, 2214 a 2216

Herviz Reyes, Arturo

345, 358 a 360, 603

Hinojosa Aguerrevere, Diego Alonso

287 a 293, 1209 a 1213

Hinojosa Herrera, Josefina

2106 a 2111

Hopkins Gamez, Guillermo

2385 a 2386

Huicochea Vázquez, Heriberto

2053 a 2054, 2856 a 2858

I

Infante González, Víctor Roberto

2565 a 2567

L

Lara Rivera, Jorge Alberto

1694 a 1699

Larrazábal Bretón, Jaime Arturo

632 a 635

Leines Barrera, Eduardo Abraham

3575 a 3576

León Castañeda, José Gaudencio Víctor

102 a 105

León Morales, Ramón

98 a 100, 1737 a 1738, 2515 a 2556, 2858 a 2859, 3167 a 3169

Levín Coppel, Oscar Guillermo

3054

Leyva Acevedo, Efrén Nicolás

242 a 244, 1744 a 1746, 2631 a 2635,3015 a 3024

López Escoffie, Silvia América

449 a 455

López González Francisco Javier

2561 a 2563

López Hernández, Rosalinda

2921 a 2922

López Sandoval, J. Jesús

2393 a 2395

Lorenzo Juárez, Beatriz Patricia

224 a 225, 1228 a1239, 1439 a 1440, 2429 a 2430

Lozano Pardinas, José Tomás

1590 a 1595

M

Magallanes Rodríguez, José Antonio

2503, 3188 a 3189, 3244 a 3246

Martínez Barcenas, Celia

341 a 344

Martínez Enríquez, Esteban Daniel

198 a 201, 473 a 474, 1299, 1455 1456, 1719 a 1720

Martínez Macías, Martha Patricia

305 a 308, 424 a 427

Martínez Nava, Juan Manuel

521, 571 a 575, 1262 a 1267, 1923

Martínez Orta Flores, Enrique

1809 a 1812, 2995 a 2999

Martínez Rufino, Elías

2059 a 2072, 3162 a 3163, 3171 a 3172

Martínez Veloz, Jaime Cleofas

211 a 223, 377 a 378, 442 a 449, 1324, 1398 a 1908, 1638 a 1639, 1715 a 1717, 1925 a 1927, 2119 a 2125,2208 a 2209, 3170, 3523 a 3528, 3599 a 3560

Medellín Milán, José Manuel

1587 a 1590, 1815 a 1824,2815 a 2816

Meixueiro González Ángel Artemio

2292 a 2298

Meléndez Pérez Enrique

3247 a 3250

Méndez Herrera, Alba Leonila

3597 a 3598

Mendoza Cruz, María Lilia Arcelia

2817

Minjarez Jiménez, José Manuel

1926, 2642 a 2647

Moctezuma Lule, María Cristina

322 a 327, 3043 a 3048

Monraz Sustaita, Cesar Alejandro

1308 a 1309, 1595 a 1602

Montero Esquivel, Cuauhtémoc

2132 a 2137, 2507 a 2508, 2524 a 2567, 3113 a 3114, 3119

Morales Reyes, Rogaciano

1699 a 1701

Morales Sánchez, J. Melitón

493 a 495

Monraz Sustaita César Alejandro

1458 a 1462

Moreno Bastida, Ricardo

497 a 498, 595 a 611, 1315 a 1316, 1321, 1449 a 1450, 1718, 2397 a 2398, 2504 a 2539

Muñoz Vargas Humberto 3189

N

Narro Céspedes, José

17 a 19, 313 a 317, 369, 439 a 442, 2517, 2525

Narváez Narváez, Manuel Arturo

2076 a 2080

Navarrete Montes de Oca, Ricardo Tarcisio

1634 a 1636, 2661 a 2664, 3495 a 3499

Núñez Monreal, Magdalena del Socorro

515 a 616, 1322 a 1324, 1457,1631 a 1633

Núñez Murillo, José María Eugenio

1607 a 1617, 2264 a 2269

N

Ocampo Fernández, Ricardo Augusto

1752

Ochoa Camposeco Víctor Manuel

1756 a 1757, 3529 a 2563, 3615

Ochoa Patrón, Oscar

1245 a 1251, 3000 a 3006

Ortiz Arana Fernando

88 a 89, 91

Ortiz Colín Donaldo

1442 a 1443, 2639 a 2642

P

Padres Elías Guillermo

2389

Pallares Bueno, Juan Carlos

240 a 241, 3186 a 3188

Paredes Rangel, Beatriz Elena

116 a 119, 2520 a 2521

Patiño Cardona, Francisco

2854 a 2855, 3113

Pavón Jaramillo, Laura Hermelinda

3177 a 3182

Pellegrini Pérez, Germán Arturo

2727

Peredo Aguilar, Rosalía

82 a 83, 301 a 305

Pérez Cruz, Orestes Eugenio

1720 a 1721

Pérez Esquer, Marcos

622 a 626

Pérez Noriega, Fernando

600 a 602

Preciado Cuevas, Roberto

1824 a 1830

Priego Ortiz Luis

538 a 543

Prieto Fuhrken, Julieta

253 a 254, 555 a 559, 1620 a 1622

R

Ramírez Guzmán, Griselda

3230 a 3232

Ramírez Marín, Jorge Carlos

155 a 156, 338 a 339, 368 a 369, 1318, 1625, 1633 a 11634, 2519 a 2537, 2699 a 2704

Regis Adame, Juan Carlos

372 a 373, 1220 a 1228, 1725 a 1726, 1800 a 1808, 2275 a 2279, 2765, 3192 a 3194

Reyes Roel, César Patricio

1766 a 1767

Ricalde Magaña Alicia

238 a 239, 243 a 244

Riojas Santana, Gustavo

82, 225, 376 a 377, 2211 a 2212, 2437 a 2240

Riojas Santana, Norma Patricia

16 a 17, 1440 a 1441, 1527 a 1534,1903 a 1904

Ríos Bernal, Jaime Tomas

2763 a 2764

Rito Salinas, Bulmaro

3259 a 3261

Rivera Pérez, Adrián

3236 a 3239

Rivera Pérez, Eduardo

155 a 162

Rocha Díaz, Salvador

2117 a 2119

Rodríguez Alvarez, José Mario

Rodríguez Barrera, Rafael

24 a 27

Rodríguez Cabrera Rufino

294 a 301, 2269 a 2275

Rodríguez Lozano, Amador

88, 90, 594 a 605, 1731 1732, 1916 a 1929, 2389 a 2390, 2522 a 2540

Rodríguez Pasos, Jorge Alberto

Rodríguez Torres, David

335 a 338, 1753 a 1756, 1767 a 1768

Romero Aceves, Rigoberto

2693, 2694 a 2699

Romero Apis, José Elías

602 a 603, 2396, 2441 a 2442, 3056 a 3061

Romero Suárez, Silvia

1239 a 1245, 3598 a 3599

Rosaldo Salazar, Pedro Miguel

580 a 593, 1635 a 1636, 1764 a 1765

Rubio Valdez, Luis Gerardo

96 a 97

Ruiz Angeles, Roberto

2500 a 2504, 2530 a 2533

S

Salazar González, Concepción

1393 a 1398, 2506 a 2507, 3029 a 3032

Salazar Silva, Jaime

543 a 555, 2922 a 2924

Salgado Macedonio, José Félix

92 a 93, 1452 a 1454,1732 a 1733, 1743 a 1744, 1929 a 1934

Salinas Torre, Armando

329 a 330, 2425 a 2427, 3235

San Miguel Cantú, Arturo

2386 a 2387

Sánchez Lira, María de los Angeles

3229 a 3230

Sánchez López, Héctor

189 a 194, 1300 a 1301, 1321, 3166 a 3167

Sánchez Nava, Fernando Luis

175 a 177

Sánchez Rodríguez, Alfonso

629, 1329

Sandoval Ochoa, Jorge Esteban

1765 a 1770

Santiago Ramírez, César Augusto

2072 a 2076, 3006 a 3011

Santos Ortíz, Petra

626 a 628, 1646 a 1647, 2557 a 2558, 2727 a 2732,2735

Saro Boardman, Ernesto

3577

Sepúlveda Fayad, Juan Manuel

1451 a 1452

Serrano Peña, Mónica Leticia

363 a 364

Servín Maldonado, Rafael

97 a 98, 428 a 435, 2560 a 2561

Simental García, Bertha Alicia

2740 a 2745

Sosa Castelán, Gerardo

2860

Sotelo Rosas, David Augusto

227 a 228, 3233 a 3235

Sotelo Salgado, Esteban

1738 a 1741

Soto Martínez, José

345 a 350, 1761 a 1762, 2318 a 2320,

Spezia Maldonado, Erika Elizabeth

374 a 375, 1314 a 1315

Storsberg Montes, Heidi Gertud

100 a 101, 1583 a 1587, 1924 a 1925,

T

Tamayo Herrera, Yadira Ivette

165 a 175

Tapia Bahena, María Teresa

95 a 96, 1743

Torres Mercado, Tomás

76 a 79, 252 a 253, 333 a 335, 366 a 367, 612, 1423 a 1426, 1627 a 1629,2387 a 2389, 2395 a 2396, 2442, 2545 a 2565, 3011 a 3015, 3119

Trejo González, Abel

230 a 231

U

Urdapilleta Nuñez, Jorge

2551, 2938 a 2939

V

Vaca Betancourt Bretón, José Sergio Rodolfo

344 a 347, 484, 606 a 610, 1921 a 1934

Varón Levy, Eddie James

1624 a 1627, 2935 a 2937, 3082

Vázquez Castillo, Jaime

575 a 580, 1272 a 1277

Velasco Monroy Felipe

235 a 237

Velázquez Hernández, José Socorro

1504 a 1505

Vidrio Rodríguez, Juvenal

204 a 208, 350 a 358, 2054 a 2059, 2732 a 2735

Viggiano Austria, Alma Carolina

1909 a 1910

Villanueva Mukul, Eric Eber

3069 a 3075, 3486 a 3494

Villegas Montes Luis

1769 a 1770

Villar Martínez Simón Iván

1309 a1312

Villarreal García, Luis Alberto

1534 a 1540, 1602 a 1606

Y

Yoselevitz Frausto, Samuel

1316 a 1318

Yunes Zorrilla, José Francisco

620 a 622, 1540 a 1544

Z

Zamora Cruz, Adolfo

1325 a 1329

Zapata Perogordo, José Alejandro

366, 378, 521 a 522, 1544 1 556, 1623 a 1625, 1632, 2397, 2512, 3051 a 3055

Zorrilla Cuevas, Nahum Ildefonso

1921 a 1923, 3160 a 3161

INDICE TEMATICO
SEGUNDO PERIODO DE SESIONES
ORDINARIAS DEL SEGUNDO AÑO
DE EJERCICIO DE LA LVIII LEGISLATURA

A

Actas de sesiones

3 a 4, 41 a 42, 136 a 139, 271 a 274, 397 a 400, 522 a 525, 1170 a 1173, 1348 a 1351, 1491 a 1494, 1666 a 1670,1788 a 1791, 1959 a 1962, 2245 a 2249, 2593 a 2601, 2974 a 2978, 3660 a 3669, 3671 a 3676

Administración Pública Federal

1423 a 1426, 2287 a 2292

Adultos mayores

1239 a 1245, 3194 a 3195

Aeropuertos

3130

Agenda política e intervenciones en tribuna

3715 a 3808

Aguas residuales

322 a 327

Ahorradores bancarios

1709 a 1715

Alta fructosa

49 a 50, 358 a 360, 361 a 362, 1354

Armas de fuego

3197 a 3201

Artesanía

341 a 344

Artículo 3o. constitucional

559 a 563, 3162 a 3163, 3176

Artículo 14 constitucional

449 a 455

Artículo 22 constitucional

449 a 455

Artículo 28 constitucional

2647 a 2652

Artículo 43 constitucional

442 a 449

Artículo 70 constitucional

575 a 580

Artículo 73 constitucional

473 a 474, 563 a 568, 1694 a 1699

Artículo 74 constitucional

568 a 571

Artículo 82 constitucional

1715 a 1717

Artículo 89 constitucional

3495 a 3499

Artículo 93 constitucional

2287 a 2292

Artículo 105 constitucional

1267 a 1272

Artículo 115 constitucional

72 a 76, 473 a 474, 1204 a 1209

Artículo 116 constitucional

1277 a 1281

Artículo 123 constitucional

305 a 308

Artículo 133 constitucional

2292 a 2298

Artículo 135 constitucional

1809 a 1812

Asamblea Legislativa del Distrito Federal

147, 1175, 1671 a 1672, 2249

Asentamientos humanos

1590 a 1595

Asesinato del diputado Pánfilo Novelo Martínez y su hijo, en Yucatán

407 a 408, 1494 a 1496

Asistencia a sesiones

3688

Auditorías políticas

2119 a 2125

Aumento de precios

283 a 287

Aviacsa

1756 a 1757

B

Bahía de Banderas, Puerto Vallarta

231 a 235

Banca de Desarrollo

2320 a 2375, 2862 a 2934

Banco de México

2647 a 2652, 2981, 3271 a 3452

Bancomer

3244 a 3246

Benito Juárez García

224 a 231, 493 a 495

Benito Juárez, Quintana Roo

237 a 246

Bienes de dominio público

1393 a 1398

Bienes inmuebles

1798 a 1800

Bioseguridad

3175 a 3176

Borrego Cimarrón

204 a 208, 3085 a 3090

C

Café

44, 144 a 145, 408 a 424, 480 a 485

Cámara de Senadores

148, 531 a 538, 1195 a 2004, 1501 a 1503, 1679 a 1681, 1997 a 2003, 2610 a 2630, 2980 a 2995, 3251 a 3252

Campo mexicano

1639 a 1642

Cargos de elección popular

308 a 313

Carreteras

3615 a 3619

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

2979 a 2980

Cerro de la Estrella

363 a 364

Civilidad política

3653 a 3654

Código Civil de la Federación

2664 a 2673, 3155 a 3160

Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales

294 a 301, 472 a 473, 538, 543, 1699 a 1701, 1800 a 1808

Código Federal de Procedimientos Penales

1368 a 1393, 2610 a 2630, 3056 a 3061, 3484 a 3486

Código Federal Penitenciario

1719 a 1720

Código Fiscal de la Federación

301 a 305, 2117 a 2119, 3165 a 3166

Código Penal Federal

1368 a 1393, 1423 a 1426, 1590 a 1595, 2146 a 2148, 2391 a 2398, 2441 a 2442, 3024 a 3029, 3056 a 3061, 3509 a 3516

Comalcalco, Tabasco

1762 a 1764

Comisión Permanente

46 a 49, 3660

Comisiones legislativas ordinarias

145 a 146, 195, 408, 526 a 529, 1175 a 1178, 1355 a 1358, 1499 a 1500, 1617 a 1618, 1673 a 1674, 1796 a 1797, 2221, 2249 a 2250, 2940 a 2942, 3075 a 3076, 3474, 3629

Comisiones reglamentarias y protocolarias

3689

Compañía Hulera Euzkadi

615 a 620

Comunicaciones de legislaturas locales

3689 a 3693

Concesiones

162 a 165, 1701 a 1704, 2740 a 2745, 3130 a 3132

Condecoraciones, permiso para aceptar y usar

50 a 52, 469 a 470, 1194 a 1195, 1500 a 1501, 1520 a 1618, 1844, 2051 a 2052, 2178 a 2179, 2375 a 2376, 3693 a 3694

Consejo General de Radio y Televisión

2652 a 2661

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

150 a 155, 165 a 175, 175 a 188, 449 a 455, 555 a 580, 1197 a 1228, 1252 a 1272, 1277 a 1281, 1368 a 1393, 1398 a 1409, 1503 a 1513, 1527 a 1534, 1540 a 1544, 1694 a 1699, 1704 a 1709, 1715, 1717, 1809 a 1812, 1815, 2072 a 2076, 2113 a 2117,2119 a 2125,2264 a 2269, 2287 a 2298, 2318 a 2320, 2647 a 2652, 2699 a 2704, 2745 a 2755, 3006 a 3011, 3060 a 3075, 3486 a 3484, 3495 a 3499

Cónsul honorario, permiso para desempeñar cargo de

54, 470 a 472, 2140, 2376, 3694

Contribuyente social

1286 a 1294

Controversia constitucional

1673

Corte Penal Internacional

360 a 361

Crimen organizado

218 a 223

Cuenca hidrológica Lerma Chapala

3122 a 3126

Cultivos agrícolas

1465 a 1470

Cumbre sobre el Financiamiento para el Desarrollo

365 a 381

D

Declaratoria de apertura

3, 9

Derechos de autor

3048 a 3055, 3509 a 3515

Derechos humanos

210 a 211, 2745 a 2749, 3632 a 3634

Derechos indígenas

189 a 194

Derechos sindicales

1756 a 1757

Deuda pública

1178 a 1194

Deudores de la banca

3201 a 320

Día de la Expropiación Petrolera

79 a 87

Día del Artesano

93 a 98

Día Mundial de la Forestación

253 a 254

Día Mundial del Agua

498 a 502

Dictámenes con puntos de acuerdo aprobados

3851 a 3853

Dictamenes con sentido negativo aprobados

3854 a 3855

Diesel marino, precios

1758

Digna Ochoa y Plácido

1457

Diputado que cambia de partido político

12 a 13, 146 a 147, 3694

Diputado que opta por otro cargo

1676, 3694

Diputados que participaron en cada sesión

29, 108 a 110, 256 a 259, 384 a 388, 507 a 509, 638 a 642, 1332 a 1335, 1474 a1477, 1649 a 1652,1773 a 1778, 1938 a 1941, 2225 a 2227, 2572 a 2577, 2944 a 2949, 3263 a 3270, 3679 a 3680

Diputado que solicita licencia

11 a 12, 139, 3695

Diputado suplente que se incorpora

12, 274, 3695

Discapacitados

1679 a 1681, 3128 a 3130

Disposiciones fiscales

593 a 612, 1286 a 1294

Distrito Federal

3624 a 3625

División de poderes

155 a 162

E

Ecoturismo

632 a 634, 2732 a 2735

Educación

1239 a 1251, 3056 a 3061, 3247 a 3250

Educación primaria

105 a 106

Educación superior

3188 a 3190

Elusión del pago de la cuota compensatoria a la importación de cerdo vivo para abasto

44

Embajadas o consulados, permiso para prestar servicios

3695

Emiliano Zapata Salazar

1439 a 1447

Ensenada, Baja California

3120 a 3122, 3170 3171

Entidades federativas

3640 a 3641

Estado de Aguascalientes

1173 a 1174, 3122 a 3126

Estado de Baja California

204 a 208, 212 a 218, 442 a 449, 3085 a 3090, 3120 a 3122, 3252 a 3259

Estado de Baja California Sur

1758, 1791

Estado de Campeche

1751 a 1753

Estado de Chiapas

490 a 493, 1751 a 1753, 3192 a 3194, 3656

Estado de Chihuahua

274 a 276, 335 a 340, 1174, 1352, 1457 a 1458, 1765 a 1770, 2601

Estado de Coahuila

3213 a 3216, 3634 a 3636

Estado de Colima

1352

Estado de Durango

43, 1354

Estado de Guanajuato

276 a 278, 1494 a 1496, 1798 a 1800,1962, 3122 a 3126

Estado de Guerrero

49, 278 a 279, 1738 a 1746

Estado de Jalisco

279 a 281, 400 a 407, 486 a 490, 615 a 620, 3122 a 3126, 3600 a 3602

Estado de México

235 a 237, 3114 a 3118, 3122, 3126

Estado de Michoacán

1496, 2639 a 2642, 3114 a 3118, 3122 a 3126

Estado de Morelos

1670, 1792 a 1793

Estado de Nayarit

43 a 44, 486 a 490, 3122 a 3126

Estado de Nuevo León

1354, 3240 a 3243

Estado de Oaxaca

44 a 45, 1671, 1793 a 1794, 3259 a 3261

Estado de Puebla

102 a 106

Estado de Querétaro

3122 a 3126

Estado de Quintana Roo

237 a 246, 1354 a 1355

Estado de San Luis Potosí

525

Estado de Sinaloa

1174, 1794

Estado de Sonora

45 a 46

Estado de Tabasco

147, 407 a 408, 1497, 1751 a 1753, 1762 a 1764, 3636 a 3638

Estado de Tamaulipas

281 a 282, 1497

Estado de Veracruz

1751 a 1753, 1759 a 1762

Estado de Yucatán

475 a 479, 525, 1355

Estado de Zacatecas

1497 a 1499

Estados Unidos de América

52, 469 a 470, 1500, 2137 a 2138, 2378 a 2379

Estatuto del Gobierno del Distrito Federal

1830 a 1836

Excitativas a comisiones

198 a 201, 333 a 335, 472 a 475, 612 a 620, 1300 a 1301, 1452 a 1457, 1620 a 1629, 1719 a 1720, 3160 a 3178, 3695 a 3699

Excitativas a la Junta de Coordinación Política

201 a 204, 1718 a 1719, 3171 a 3172

Expresidentes

629 a 632

F

Federalismo

1544 a 1556

Financiación para el desarrollo

100 a 102

Fondo Bancario de Protección al Ahorro

276 a 278

Foro Interparlamentario de las Américas

3

Fortalecimiento a organismos autónomos

175 a 177

Fortalecimiento de las entidades
paraestatales

1359 a 1360

Fortalecimiento del Poder Legislativo

177 a 188, 1252 a 1262

Fortalecimiento del Poder Judicial

155 a 162, 165 a 175

Fortalecimiento municipal

1544 a 1556

Francisco J. Múgica

3658 a 3660

G

Ganado bovino

634 a 635

Gas LP, precios de

616 a 620, 1748 a 1750

Gasolina, adulteración de

1733 a1738

Gasolina, precios de

622 a 626

Grupo de Trabajo de Cafeticultura

408 a 424, 480 a 485

Grupo Nacional de Exlegisladores

2661 a 2664

H

Heberto Castillo Martínez

1449 a 1452

Hidrocarburos

1815 a 1824

Horario de verano

1675 a 1676

Horas transcurridas

3699 a 3700

Husos horarios

504, 1675 a 1676

I

Impuesto al servicio o suministro de agua para uso doméstico

439 a 442

Industria azucarera

344 a 350

Industria maquiladora

1595 a 1602

Industria platanera

3243 a 3244

Industria turística

1360 a 1361

Informe de actividades de la Comisión Permanente Primer Receso Segundo Año de Ejercicio

46 a 49

Informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006

643 a 1158

Informe de labores

3683 a 3902

Informes de gobierno

153 a 155, 555 a 559, 571 a 575, 1427 a 1432, 2699 a 2704

Iniciativas presentadas, orden cronológico

3859 a 3880

Iniciativas presentadas, por proponente

3880 a 3902

Inicio de trabajos

9

Instituciones de banca múltiple

1523 a 1527

Instituto de Cultura de la Ciudad de México

42, 1352

Instituto Mexicano del Seguro Social

212 a 215

Instituto Nacional Indigenista

189 a 194, 1300 a 1301

Inventario de asuntos reservados, Comisión Permanente

48 a 49

Israel–Palestina

1312 a 1322

Iztaccíhuatl-Popocatépetl

3100 a 3105

J

Japón

2138

Juan Jesús Posadas Ocampo

3650 a 3652

Junta de Coordinación Política

139 a 146, 195, 201 a 204, 1358 a 1359, 1674, 1797 a 1798, 1962 a 1965, 2979 a 2980

K

Kofi Annan, secretario general de las
Naciones Unidas

119 a 121, 495 a 498

L

Laguna Verde

2980

Letras en oro

2995 a 2999

Ley Aduanera

531 a 533, 1501 a 1503, 2143 a 2146,2382 a 2390

Ley Agraria

52 a 54, 148 a 149

Ley de Aeropuertos

2740 a 2745

Ley de Aguas Residuales

322 a 327

Ley de Ahorro y Crédito Popular

Ley de Amnistía

1455 a 1456

Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Nacionales

2269 a 2275

Ley de Cámaras Empresariales

317 a 322

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte
Federal

436 a 439, 2740 a 2745

Ley de Capitalización del Procampo

2727 a 2732, 2735, 3186 a 3188

Ley de Ciencia y Tecnología

2818 a 2861

Ley de Coordinación Fiscal

3169

Ley de Coordinación para el Fomento de la Competitividad en las Micro, Pequeña y Mediana Empresas

1556 a 1583

Ley de Desarrollo Rural

1419 a 1423

Ley de Energía para el Campo

1297 a 1299, 1359

Ley de Entidades Paraestatales

2052 a 2053

Ley de Planeación

2172 a 2178, 3011 a 3015

Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles

195 a 198, 327 a 331

Ley de Fomento a Actividades de Desarrollo Social Realizadas por Organizaciones Civiles

2081 a 2094

Ley de Fomento a la Micro, Pequeña

y Mediana Empresas

2182 a 2185

Ley de Ingresos de la Federación

1195 a 1196, 1534 a 1540, 1836 a 1843, 2264 a 2269, 3161 a 3162

Ley de Instituciones de Crédito

1523 a 1527, 2076 a 2080

Ley de Inversión Extranjera

1523 a 1527,

Ley de Investigación, Desarrollo
Biotecnológico y Bioseguridad

2673 a 2693

Ley de la Guardia Nacional

2191 a 2196

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

2982 a 2995, 3577 a 3600

Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro

1844 a 1902, 2442 a 2568

Ley de Navegación

1824 a 1830

Ley de Propiedad Industrial

3149 a 3152

Ley de Protección al Ahorro Bancario

543 a 555

Ley de Puertos

2740 a 2745

Ley de Sanidad Animal

2755 a 2768

Ley de Vías Generales de Comunicación

2740 a 2745

Ley de la Policía Federal Preventiva

3140 a 3142

Ley de la Propiedad Industrial

287 a 293, 2736 a 2740

Ley del Impuesto al Valor Agregado

68 a 71, 439 a 442, 1595 a 1602, 1602 a 1606, 1798 a 1800, 3165 a 3166

Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios

1836 a 1843, 2000 a 2003

Ley del Impuesto Sobre la Renta

313 a 317, 533 a 538, 612 a 613, 1595 1602, 1679 a 1681, 1798 a 1800, 1824 a 1830, 2631 a 2635, 2642 a 2647, 2980 a 2981, 3048 a 3083, 3165 a 3166, 3499 a 3509, 3516 a 3523

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

424 a 427, 2199 a 2201

Ley del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

66 a 68

Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro

428 a 435, 580 a 593

Ley del Servicio Exterior

2318 a 2320, 3080 a 3083

Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica

2054 a 2059

Ley de Responsabilidad Civil

1620 a 1622

Ley del Seguro Social

424 a 427, 2104 a 2111, 2132 a 2137, 2201 a 2205, 3144 a 3146, 3250 a 3251

Ley del Servicio Exterior Mexicano

2664 a 2673

Leyes tributarias

1836 a 1843, 3032 a 3043

Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada

1368 a 1393, 3509 a 3516

Ley Federal de Archivos

2059 a 2072

Ley Federal de Derechos

322 a 327, 1393 a 1398, 1815 a 1824, 1997 a 2000, 2693, 2699, 2732 a 2735, 3080 a 3983

Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos

278 a 279

Ley Federal de la Cultura del Sordo

274 a 276

Ley Federal de las Entidades Paraestatales

2769 a 2771

Ley Federal de Protección a Informantes de Actos de Corrupción

1513 a 1523

Ley Federal de y Televisión

1701 a 1704, 2652 a 2661, 3043 a 3048

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos

1197 a 2004, 3563 a 3567

Ley Federal del Trabajo

63 a 66, 2106 a 2111, 3516 a 3523

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

2149 a 2171, 2399 a 2442

Ley Federal para el Desarrollo de las

Telecomunicaciones

3529 a 3563

Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados

1607 a 1617

Ley Federal para la Regulación y Control de la Publicidad Gubernamental en Materia de Prensa, Radio y Televisión

55 a 63

Ley Federal que Crea el Organo Corporativo Desconcentrado de Petróleos Mexicanos

2185 a 2191

Ley General de Asentamientos Humanos

2298 a 2318

Ley General de Desarrollo Social

198 a 201, 455 a 469, 1681 a 1693

Ley General de Equilibrio Ecológico

y Protección al Ambiente

1419 a 1423, 3029 a 3032

Ley General de Educación

613 a 615, 1239 a 1251, 2179 a 2182, 3000 a 3006, 3056 a 3061, 3167 a 3168

Ley General de Lenguas Indígenas

3062 a 3069

Ley General del Sistema de Medios de

Impugnación

1800 a 1808, 2275 a 2279

Ley General de Población

2664 a 2673, 3523 a 3528

Ley General de Salud

1419 a 1423, 1433 a 1439, 2664 a 2673, 3142 a 3144, 3152 a 3155, 3572 a 3577

Ley General para la Atención y Protección a las Víctimas del Delito

2704 a 2727

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

2771 a 2817

Ley Monetaria

2140 a 2143, 2172, 2250 a 2263

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

1409 a 1418, 2196 a 2199, 2318 a 2320, 3056 a 3061, 3146 a 3149

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República

1965 a 1997

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

153 a 155, 162 a 165, 555 a 559, 1262 a 1267, 1272 a 1277, 1427 a 1433, 2094 a 2104, 2126 a 2132, 2264 a 2269, 2279 a 2287, 2635 a 2639, 2661 a 2664, 2699 a 2704

Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

2818 a 2861

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

1368 a 1393, 2664 a 2673, 3652 a 3653

Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal

1409 a 1418

Ley para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público

2610 a 2630

Ley para la Comprobación, Ajuste y Cómputo de Servicios de la Armada de México

2205 a 2207

Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera

3139 a 3140

Ley para Regular la Actividad Profesional de Cabildeo y la Promoción de Causas

3015 a 3024

Ley que Crea el Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Apoyo a sus Ahorradores

42, 1709 a 1715

Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados

3024 a 3029

Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario

2740 a 2745

Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales

2639 a 2642

Ley Sobre la Celebración de Tratados

1587 a 1590

Luis Barragán Morfin

279 a 281

Luis Donaldo Colosio Murrieta

87 a 93

M

Maíz

208 a 210

Mar de Cortés

3090 a 3100

Marina Mercante

1824 a 1830

Mario César Escobedo Anaya

335 a 340

Mariposa Monarca

3114 a 3118

Materia electoral

1642 a 1645, 1800 a 1808

Medio ambiente, protección del

1419 a 1423, 1812 a 1815, 3625 a 3629

Medios de comunicación

3602, 3603

Menores infractores

1409 a 1918

Mensaje de la Presidencia

3670 a 3671

Mesa Directiva

9 a 11, 1499, 1673 a 1674, 3687

Met-Mex Peñoles

3105 a 3114, 3118 a 3120, 3669 a 3670

México-Belice

3629 a 3635

México-Cuba

1902 a 1935, 2208 a 2221

México-Estados Unidos de América

1902 a 1935, 1962 a 1963

Miguel Hidalgo y Costilla

140 a 142, 1964 a 1965

Migración de trabajadores

1462 a 1465

Minuto de silencio

593, 1361, 2818, 3700

Modificación a trámite de documentos

208 a 210, 237, 1796, 2140, 2537, 3471 a 3476

Montes Azules, Chiapas

490 a 493, 3656

Mujeres asesinadas

474 a 475, 1358 a 1359, 1457 a 1458, 2601

Mujeres y política

472 a 473, 3216 a 3236

N

Narcotráfico

3647 a 3649

Netzahualcóyotl

2995 a 2999

Norma Oficial Mexicana de la Leche

1458 a 1462, 3600 a 3602

Norma Oficial Mexicana denominada "Jamón, denominación, especificaciones y métodos de prueba"

400 a 407

O

Oficios de dependencias públicas que dan respuesta a puntos de acuerdo

3856

Oradores en tribuna

3809

Organización de las Naciones Unidas

116 a 121, 282

P

Parlamento Centroamericano

1963 a 1964, 3069 a 3075

Parlamento de las Niñas y Niños de México

3177 a 3186

Parlamento Latinoamericano

2292 a 2298

Participación ciudadana

1220 a 1228, 1505 a 1513, 3656 a 3658

Partidos políticos

2072 a 2076, 3486 a 3494

Partidos políticos y sindicatos nacionales

3484 a 3486

Pedofilia

3061 a 3065

Pena de muerte

449 a 455

Pensionados y jubilados

2132 a 2135

Pensiones vitalicias a expresidentes

629 a 632

Periodo de sesiones extraordinarias

479 a 480

Permiso a Presidente para ausentarse del Territorio Nacional

505, 1294 a 1297, 1623 a 1627, 2861 a 2862, 3083 a 3085, 3136 a 3137, 3569 a 3572, 3701

Petróleos Mexicanos

1733 a 1738, 1764 a 1765, 3204 a 3207, 3636 a 3638

Plan de Educación para el Desarrollo y la integración de América Latina

3236 a 3239

Plan de Guadalupe

502 a 503

Plan Nacional de Desarrollo

529

Playas de Rosarito, Baja California

212 a 215, 3170

Poder Ejecutivo

1965 a 1997

Poder Judicial

165 a 175, 333 a 335, 1540 a 1544

Poder Legislativo

150 a 152, 177 a 188, 1252 a 1267, 1272 a 1277, 1503 a 1505, 1694 a 1699, 2094 a 2104, 2264 a 2269, 2279 a 2287, 3172 a 3175

Política ambiental

3190 a 3192

Política laboral

1764 a 1765

Política exterior

1281 a 1286, 1722 a 1733, 1746 a 1748, 2318 a 2320

Política monetaria, informe del segundo semestre de 2001

3271 a 3452

Potrero o Plan de los Amates, Guerrero

49

Presidencia de la República

1213 a 1217

Presidencialismo

1218 a 1219

Presupuesto de Egresos

76 a 79, 189 a 194,1762 a 1764, 2264 a 2269, 3163 a 3164, 3166 a 3167

Problemas agrarios

148 a 149

Proceso legislativo

1209 a 1213, 3813 a 3850

Procesos electorales

1765 a 1770

Procuraduría General de la República

1965 a 1997

Productos agropecuarios

1645 a 1647

Productos farmacéuticos

3619 a 3624

Productos lácteos

3604 a 3615

Productores de papa

620 a 622

Programa de Apoyo al Fortalecimiento de las Entidades Federativas

1671 a 1672

Programa de Bursatilización Carretera

1720 a 1721

Programa de los Pueblos Mágicos, en Izamal, Yucatán

475 a 479

Programa Nacional de Becas y
Financiamiento

531

Prórroga a dictámenes de iniciativas

presentadas

3476 a 3485

Prostitución infantil

1368 a 1393

Proyecto de electrificación de la región del Gran Nayar, en los estados de Nayarit y Jalisco

486 a 490, 3649 a 3650

Pueblos indígenas

189 a 194, 490 a 493, 1398 a 1409

Puntos de acuerdo, aprobados

3714 a 3715

Puntos de acuerdo, proposiciones de

3701 a 3713

R

Robo de infantes

2669 a 2673

Recortes presupuestales

1301 a 1312

Referendum

1228 a 1239

Reforma Fiscal

142 a 143

Reformas aprobadas

3857 a 3858

Región Sur-Sureste

1751 a 1753, 3076 a 3080

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

1427 a 1433, 1583 a 1587, 2094 a 2104, 2279 a 2287

Reino de Bélgica

51, 469 a 470, 1500 a 1501

Reino de Dinamarca

50, 469 a 470

Reino de Tailandia

1501

Relaciones interparlamentarias

1583 a 1587

República de Austria

1195, 2140, 2232

República de Colombia

1195

República de Corea

1500, 2052

República de Croacia

471 a 472

República de Cuba

1629 a 1639,1902 a 1935, 2208 a 2221

República de Eslovenia

54

República de Finlandia

55, 2377 a 2378

República de Ecuador

2052

República de Venezuela

2139, 2376 a 2377, 3631 a 3632

República de Chipre

2138 a 2139, 2379 a 2380

República Dominicana

52, 469 a 470

República Federal de Alemania

470 a 471, 1194 a 1195

República Francesa

2051 a 2052

Resumen de trabajos

4, 28, 107, 122, 255, 383, 506, 637, 1331, 1472 a 1473, 1648, 1772, 1937, 2223 a 2224, 2570 a 2571, 2943, 3261 a 3262, 3677 a 3678

Río Bravo

281 a 282

Río Colorado

350 a 358

Río Papaloapan

1759 a 1762

Río Tijuana

3252 a 3259

Rumania

50 a 51, 469 a 470

S

Salvador Alvarado

1362 a 1368

San Martín Texmelucan, Puebla

102 a 105

Secretaría de Economía

1765 a 1770, 2004 a 2051

Secretaría de Gobernación

282 a 287, 529, 529 a 531,1360 a 1361,1965 a 2004, 2051, 2250 a 2263, 3250

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

1178 a 1194, 1720 a 1721

Sector eléctrico

486 a 490

Sector pesquero

1454 a 1455, 3160 a 3161

Seguridad nacional

2749 a 2755

Seguridad social

424 a 427

Servidores públicos

1704 a 1709

Sesión de Congreso General

3 a 4

Sesión solemne

113 a 121

Sistema de bibliotecas

139 a 140

Sistema de información empresarial

317 a 322

Sistema de patentes

2736 a 2740

Sistema tributario

3165 a 3166

Suprema Corte de Justicia de la Nación

1540 a 1544, 1673

T

Tala inmoderada de bosques

235 a 237

Tarifas eléctricas

43 a 45, 246 a 253, 485 a 486, 529 a 531, 626 a 629, 1324 a 1329, 1496, 1753 a 1756, 2249, 3634 a 3636, 3641 a 3642

Teléfonos de México

1352 a 1353

Telesecundarias

3655 a 3656

Temas agenda política

3811 a 3812

Temas de efemérides

3810 a 3811

Teziutlán, Puebla

1447 a 1449

Trabajo de aprendizaje

3516 a 3523

Trabajadores mexicanos en el extranjero

1322 a 1324, 1497 a 1499, 1793 a 1794, 2601 a 2609, 2934 a 2940, 3127 a 3128, 3171 a 3172, 3207 a 3211

Trabajos legislativos

13 a 27, 1694 a 1699

Transferencias federales

3638 a 3640

Transportistas

3132 a 3136

Tratado de Libre Comercio con América del Norte

3132 a 3136, 3619 a 3624

Tratados internacionales

1527 a 1534

Tribunales

1627 a 1629

Turismo

2732 a 2735

U

Universidad Autónoma de Baja California

218 a 220

Universidad Nacional Autónoma de México

143 a 144

V

Vehículos extranjeros

3239

Vicente Fox Quesada

3630 a 3631

Vivienda

3642 a 3646

Voto de mexicanos en el extranjero

98 a 100, 331 a 333, 1676 a 1679

Voto de personas que se encuentran en clínicas y hospitales

1699 a 1701

Z

Zonas arqueológicas

1762 a 1764, 3195 a 3197

Zonas metropolitanas

1718, 3211 a 3212