Presidencia del diputado Eric Eber Villanueva MukulASISTENCIA
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Proceda la Secretaría a pasar
lista de asistencia.
El Secretario diputado José Tomás
Lozano y Pardinas:
Señor Presidente, hay una
asistencia de 34 legisladores. Hay quórum.
El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul (a
las 11:29 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL
DIA
El Secretario diputado José Tomás
Lozano y Pardinas:
«Comisión Permanente.—
Primer Receso.— Tercer Año.— LVIII Legislatura.
Orden del día
Miércoles 26 de febrero de 2003.
Lectura del acta de la sesión
anterior.
Comunicaciones
La Secretaría de Cultura del
Gobierno del Distrito Federal, invita a la ceremonia cívica que con motivo del CDLXXVIII
aniversario luctuoso de Cuauhtémoc, último Huei
Tlatoani de la Triple Alianza, tendrá lugar el 28 de febrero a las 10:00 horas, en la
Plaza de las Tres Culturas, a un costado de la parroquia de Santiago Tlaltelolco.
La Secretaría de Cultura del
Gobierno del Distrito Federal, invita a la ceremonia cívica que con motivo del CLXXIV
aniversario luctuoso de doña Josefa Ortiz de Domínguez, tendrá lugar el 2 de marzo a
las 10:00 horas, en el monumento erigido a su memoria, Plaza de Santo Domingo.
El Congreso del estado de Morelos,
invita a todos y cada uno de los poderes legislativos del país, para que asistan a la V
Reunión Nacional de la "Asociación Mexicana de Institutos y Organismos de Estudios
e Investigaciones Legislativos", a partir del 18 de marzo, en la ciudad de
Cuernavaca, Morelos.
Del Presidente de la Mesa
Directiva.
Del diputado Francisco Javier
Cantú Torres.
De los congresos de los estados de
Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Oficio de la Comisión Nacional de
Inversiones Extranjeras.
Con el que remite Informe
Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México
(enero-diciembre de 2002).
Iniciativa del Congreso del estado
de Chihuahua.
Que reforma el artículo 109 de la
Ley del Impuesto Sobre la Renta. (Turno a comisión.)
Iniciativa del Congreso del estado
de Hidalgo.
Que reforma el artículo 62 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a comisión.)
Iniciativa del Congreso del estado
de Veracruz.
Que adiciona el artículo 164-ter
al Título Cuarto, Capítulo IV, del Código Penal Federal. (Turno a comisión.)
Iniciativa del Congreso del estado
de Zacatecas.
Que reforma el artículo segundo
transitorio del decreto por el que se reformaron los artículos 30, 32 y 37 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de
1997. (Turno a comisión.)
Iniciativas de
legisladores
Que reforma diversos artículos de
la Ley del Impuesto Sobre la Renta, relativo al Impuesto Sustitutivo del Crédito al
Salario, a cargo del diputado Salvador Cosío Gaona, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Que reforma diversas disposiciones
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del senador
Raymundo Cárdenas Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Turno a comisión.)
Que reforma los artículos 52, 53,
54, fracciones I, II, III, V, VI, y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, a cargo del senador Adrián Alanís Quiñones, del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Oficios de la
Secretaría de Gobernación
Dos con los que remiten copias de
los informes de los gobiernos de los estados de Campeche y Chiapas, en relación al punto
de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, sobre las condiciones que guardan los
centros de readaptación social. (Turno a comisión.)
Con el que remite oficio del
titular de la Unidad Especializada Contra la Delincuencia Organizada de la Procuraduría
General de la República, en relación al punto de acuerdo aprobado por la Comisión
Permanente, sobre el estado en que se encuentra la investigación del asesinato del
diputado Pánfilo Novelo Martín.
Con el que remite oficio del
subsecretario de Prevención y Protección de la Salud de la Secretaría de Salud, en
relación a puntos de acuerdo aprobados por las cámaras de Diputados y de Senadores,
sobre el apoyo a la población afectada por el huracán “Isidore”.
Dos con los que se remiten
respuestas de diversas dependencias, en relación a puntos de acuerdo, aprobados por la
Cámara de Senadores.
Dos por los que se comunica que el
ciudadano Presidente de la República, designó a los ciudadanos Arturo Sarukhan
Casamitjana y Jorge Lomónaco Tonda, como cónsules generales de México, en Nueva York y
Miami, EUA, respectivamente. (Turno a comisión.)
Dos por los que se solicita el
permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Sergio Ernesto Jacobo Patiño y
Laura Guadalupe Ramírez Domínguez, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les
confiere el Gobierno del Reino de España. (Turno a comisión.)
Ocho con los que se remiten hojas
de servicio de miembros del Ejército mexicano, para los efectos de la fracción VII del
artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a
comisión.)
Dictámenes de
primera lectura
De la Primera Comisión, con
proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Ruth Deutsch de Lechuga y Mario
Rafael Arias Hernández, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren
gobiernos extranjeros.
De la Primera Comisión, con
proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Juan Pablo Salazar Alfaro, Gloria
Silvia del Villar Núñez, Lyzeth Lozano Lázaro, Patricia Simpson Valadez, Mirna Teresita
Garduño Villalobos, María Elena Saint Martin Huidobro, Ernesto Coeto Solís, Linda Hendy
Mezrage y Rosalía Pérez Linares, para prestar servicios a gobiernos extranjeros.
Dictámenes a
discusión
De la Primera Comisión, con puntos
de acuerdo, relativos a los nombramientos de magistrados de los Tribunales Unitario y
Superior Agrario.
De la Primera Comisión, con
proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Miguel Luis León y Portilla,
Camilo Kawage Vera, Juan Serrat Viñas, Isaac Saba y Raffoul, René Tanaka Kumitake y
Henry Bremond Pellat, para aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos
extranjeros.
De la Primera Comisión, con
proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Lizette Olinda González Leal,
René Javier González Medina, Marco Antonio García, Maricela Martínez Ortiz, Héctor
Aldaco Reyna y Rosa María Castilla Sánchez, para prestar servicios en los consulados de
Estados Unidos de América, en Monterrey, Nuevo León y en Tijuana, Baja California.
De la Primera Comisión, con
proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Francisco Javier González García,
para desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Corea, en la ciudad de
Guadalajara, con circunscripción consular en el estado de Jalisco.
De la Primera Comisión, con
proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Carlos Hernández Muñoz y
Leonora Mónica Hammer Martínez, para prestar servicios en la Embajada de los Países
Bajos en México.
De la Tercera Comisión, con puntos
de acuerdo en relación a la proposición para solicitar se cumplan puntualmente los
acuerdos aprobados por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, sobre los
agricultores del Distrito de Riego 025.
De la Primera Comisión, con punto
de acuerdo en relación con la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones.
De la Primera Comisión, con puntos
de acuerdo en relación a la proposición sobre el uso de la papelería oficial del Poder
Ejecutivo Federal.
De la Segunda Comisión, con punto
de acuerdo en relación a la proposición para solicitar se autorice la conformación de
un grupo plural de legisladores miembros de ambas cámaras del Congreso de la Unión, para
entrevistarse con miembros del Congreso de Estados Unidos de América y Canadá, con
objeto de dialogar sobre la situación del campo.
Proposiciones
Con punto de acuerdo, sobre la
situación de persecución de legisladores y la violación al Estado de Derecho, a cargo
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo, en relación
a las finanzas públicas estatales, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo, para que la
Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, se pronuncie en torno a la
cuestión iraquí, a cargo del senador Raymundo Cárdenas Hernández, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo, en relación
con la postura de México ante el conflicto de Estados Unidos de América e Irak, a cargo
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo, en relación
a la postura de México ante la crisis de Irak, a cargo del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo, para apoyar
la postura del Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, en contra de la guerra, a
cargo del senador Marcos Carlos Cruz Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo, para impulsar
la transferencia de las administraciones portuarias integrales a los gobiernos de las
entidades federativas, suscrita por los senadores Fidel Herrera Beltrán, Noemí Guzmán
Lagunes y Ricardo Aldana Prieto, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo, para
solicitar a la Auditoría Superior de la Federación que practique una auditoría a la
Universidad Autónoma de Querétaro, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo, para que
comparezca el director general del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, a
cargo del diputado Ramón León Morales, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo, en apoyo a
los jubilados y pensionados de Talleres Gráficos de la Nación, a cargo del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo, por el que se
exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a efecto de que haga uso de las facultades
establecidas en los artículos 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 4o. de la Ley de Comercio Exterior y 2o. de la Ley de Ingresos de la
Federación, en materia de aranceles, en beneficio del sector ganadero, suscrita por los
senadores Georgina Trujillo Zentella y Fidel Herrera Beltrán, del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo, para
solicitar que se agilice el pago a ejidatarios afectados por la construcción de la presa
Cajón de Peña, en el municipio de Tomatlán, estado de Jalisco, a cargo del diputado
Salvador Cosío Gaona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
(Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo, para
implementar un programa emergente, con objeto de evitar la contaminación de las playas
nacionales, suscrita por el diputado Jaime Larrazábal Bretón, del grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo, sobre la
situación de las tarifas eléctricas en el estado de Yucatán, a cargo del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo, en relación
a los puestos de seguridad de las Fuerzas Armadas, a cargo del diputado Salvador Cosío
Gaona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a
comisión.)
Agenda política
Comentarios sobre el conflicto en
Irak, a cargo del senador Esteban Angeles Cerón, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
Comentarios sobre la situación de
Medio Oriente, a cargo del senador Raymundo Cárdenas Hernández, del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática.
Comentarios sobre la actividad
proselitista del Presidente de la República, afectándose la estabilidad del sistema
democrático, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Comentarios sobre el proceso
electoral en el estado de México, a cargo del diputado Ramón León Morales, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Comentarios sobre las declaraciones
de Eduardo Fernández, ex presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a
cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Comentarios sobre el voto de los
mexicanos en el extranjero, a cargo del diputado Ramón León Morales, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»
Es cuanto, señor Presidente.
ACTA
DE LA SESION ANTERIOR
El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
El siguiente punto del orden del
día es la discusión del acta de la sesión anterior.
Pido a la Secretaría consulte a la
Asamblea si se le dispensa la lectura al acta, tomando en consideración que ha sido
publicada en la Gaceta Parlamentaria, y se proceda a su
votación.
La Secretaria senadora Yolanda Eugenia
González Hernández:
Con mucho gusto, señor Presidente.
Se consulta a las señoras y
señores legisladores si es de omitirse la lectura.
Quienes estén por la afirmativa,
les ruego manifestarlo...
Quienes están por la negativa... Se dispensa la lectura.
«Acta de la Sesión de la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles diecinueve de
febrero de dos mil tres, correspondiente al Primer Receso del Tercer año de Ejercicio de
la Quincuagésima Octava Legislatura.
Presidencia del diputado Eric Eber
Villanueva Mukul
En el Salón Legisladores de la
República del Palacio Legislativo en San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión, con la asistencia de treinta y tres legisladores, a las once horas
con cuarenta y siete minutos del miércoles diecinueve de febrero de dos mil tres, el
Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden
del día.
La Asamblea dispensa la lectura del
acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma manera la aprueba
La Presidencia expresa
felicitaciones a las fuerzas armadas nacionales con motivo del Día del Ejército
mexicano.
Dos comunicaciones de la
Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, con las que invita a las
ceremonias cívicas conmemorativas del quinto centésimo cuarto aniversario del natalicio
de Cuauhtémoc, último Huei Tlatoani de la Triple Alianza, y del Día de la Bandera. Se
designan sendas comisiones para representar a la Comisión Permanente.
Comunicación del diputado Julián
Hernández Santillán, con la que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse
del cargo de diputado federal electo en el octavo distrito del estado de Nuevo León. La
Asamblea aprueba el punto de acuerdo que concede la licencia respectiva en votación
económica. Comuníquese a la Cámara de Diputados.
Comunicaciones de los congresos de
los estados de: Aguascalientes, cuatro; Baja California Sur, una; Campeche, siete; Colima,
dos y México, cuatro; con las que informan de actividades propias de su legislatura. De
enterado.
Comunicación de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, con la que informa de actividades propias de su
legislatura. De enterado.
Comunicación del Partido Acción
Nacional, con la que informa de la designación del diputado José Alejandro Zapata
Perogordo como coordinador del grupo parlamentario de ese partido en la Cámara de
Diputados. Remítase a la Cámara de Diputados.
Comunicación del doctor José
Franco, director del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de
México, con la que remite información relativa al punto de acuerdo aprobado por la
Comisión Permanente, en relación con el huso horario correspondiente al estado de
Durango. Se turna a la Primera Comisión.
La Presidencia saluda la presencia
en el recinto de tres diputados del Congreso del estado de Sinaloa.
Tres iniciativas con proyecto de
decreto del Congreso del estado de Sinaloa:
• Que adiciona un párrafo a
la fracción décima del artículo treinta y uno de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal.
Presidencia del diputado Bernardo Borbón
Vilches
Se turna a la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.
• Que reforma los artículos
treinta y treinta y uno de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Se turna a
la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.
• Que adiciona un párrafo al
numeral quinto de la fracción vigésima novena-A del artículo setenta y tres de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos
Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Iniciativas con proyecto de decreto
de los legisladores:
• Diputado Uuc-kib Espadas
Ancona, del Partido de la Revolución Democrática, que adiciona el artículo setenta y
cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que reforma,
adiciona y deroga diversos artículos de la Ley Federal de Radio y Televisión. La
Presidencia informa de la recepción de esta iniciativa y la turna a las comisiones de
Puntos Constitucionales y de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de
Diputados.
• Diputado César Horacio
Duarte Jáquez, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona el artículo
doscientos ochenta y tres de la Ley General de Salud.
Se turna a la Comisión de Salud de
la Cámara de Diputados.
• Diputada Antonia Irma
Piñeyro Arias, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma diversos artículos
de la Ley General de Población, del Código Penal Federal y de la Ley Federal contra la
Delincuencia Organizada, en relación con el régimen penal del tráfico de
indocumentados. El Presidente informa de la recepción de esta iniciativa y la turna a las
comisiones de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y de Justicia y Derechos Humanos
de la Cámara de Diputados.
• Diputado Salvador Rocha
Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, que crea la Ley de Transporte
Ferroviario, sus Servicios Auxiliares y Vías Férreas y que abroga la Ley Reglamentaria
del Servicio Ferroviario, publicada en el Diario
Oficial de la Federación de fecha doce de mayo de mil novecientos noventa y cinco. La
Presidencia informa de la recepción de la iniciativa referida y la turna a las comisiones
Unidas de Transportes y de Comunicaciones de la Cámara de Diputados.
Oficios de la Secretaría de
Gobernación:
• Uno, con el que remite copia
del oficio del subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, en relación con el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores,
para exhortar al Ejecutivo Federal a que en las negociaciones con el gobierno de Estados
Unidos de América, se consideren las peticiones de los trabajadores migrantes mexicanos.
Remítase a la Cámara de Senadores.
• Dos, con los que solicita
los permisos necesarios para que los ciudadanos Ruth Deutsch de Lechuga y Mario Rafael
Arias Hernández, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los
gobiernos de Austria y de la República Popular China, respectivamente. Se turnan a la
Primera Comisión.
• Cuatro, con los que solicita
el permiso necesario para que nueve ciudadanos mexicanos, puedan prestar servicios en las
embajadas de Austria, de Australia y de Suecia, en México. Se turnan a la Primera
Comisión.
• Quince, con los que remite
hojas de servicio de igual número de miembros del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos,
para los efectos de la fracción séptima del artículo setenta y ocho de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnan a la Segunda Comisión.
Oficio del Servicio de
Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que
se remiten los principales programas que llevará a cabo ese órgano desconcentrado
durante dos mil tres, la estructura programática con el presupuesto asignado para el
mismo ejercicio, así como la información sobre la actividad recaudatoria realizada en el
ejercicio fiscal de dos mil dos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público
de la Cámara de Diputados.
Oficio de la Dirección General de
Enlace Político de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el que remite una
resolución aprobada por la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, con motivo
del sismo del pasado veintiuno de enero de dos mil tres en México. Se turna a las
comisiones de Relaciones Exteriores de las cámaras de Diputados y de Senadores.
Cuatro dictámenes de la Primera
Comisión con proyectos de decreto:
• Que concede permiso a seis
ciudadanos mexicanos para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los
gobiernos del Reino de España, de la República Federativa de Brasil, de Japón y de la
República Francesa.
• Que concede permiso a seis
ciudadanos mexicanos para prestar servicios en distintos consulados de los Estados Unidos
de América y en la Embajada de Canadá, en México.
• Que concede permiso a dos
ciudadanos mexicanos para prestar servicios en la Embajada de los Países Bajos en
México.
• Que concede permiso al
ciudadano Francisco Javier González García, para desempeñar el cargo de cónsul
honorario de la República de Corea en la ciudad de Guadalajara, con circunscripción
consular en el estado de Jalisco.
Son de primera lectura.
Dictámenes a discusión:
• Catorce de la Segunda
Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares a igual número
de miembros del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos. Sin que motiven discusión se
aprueban en votación económica. Comuníquense al Ejecutivo.
• De la Primera Comisión, con
punto de acuerdo para que la Procuraduría General de la República y la Secretaría de
Seguridad Pública, informen sobre las medidas que han tomado para frenar a la
delincuencia en México. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.
• De la Primera Comisión, con
punto de acuerdo para que comparezca el Procurador General de la República, a efecto de
que informe sobre la desaparición de cuatro ciudadanos detenidos por supuestos elementos
de la Policía Judicial Federal y de la Policía Federal Preventiva. Sin discu- sión se
aprueba en votación económica. Comuníquese.
• De la Primera Comisión, con
punto de acuerdo relativo a los recursos adicionales para ayudar a los damnificados por el
sismo del veintiuno de enero de dos mil tres, en el estado de Colima. Hablan al respecto
los legisladores: senador Ernesto Gil Elorduy, del Partido Revolucionario Institucional;
diputado Ramón León Morales, del Partido de la Revolución Democrática y senador Jorge
Zermeño Infante, del Partido Acción Nacional. La Asamblea considera el asunto
suficientemente discutido en votación económica y de la misma manera aprueba el punto de
acuerdo. Comuníquese.
• De la Primera Comisión, con
punto de acuerdo en relación con la construcción de un muelle en Playa del Carmen,
Quintana Roo. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.
Solicitan excitativas los
diputados:
• Jaime Arturo Larrazábal
Bretón, del Partido Revolucionario Institucional, a las comisiones de Cultura, de Medio
Ambiente y Recursos Naturales y de Educación Pública y Servicios Educativos, en
relación con la proposición con punto de acuerdo sobre la zona arqueológica de Monte
Albán, presentada en la sesión de la Cámara de Diputados de fecha veintisiete de abril
de dos mil uno. La Presidencia informa de la recepción de esta solicitud y formula la
excitativa correspondiente.
• Ramón León Morales, del
Partido de la Revolución Democrática, a la Segunda Comisión, en relación con la
proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a revisar el
capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, presentada el
ocho de febrero de dos mil tres. La Presidencia formula la excitativa correspondiente.
• Víctor Antonio García
Dávila, del Partido del Trabajo, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la
Cámara de Diputados, en relación con la proposición con punto de acuerdo para que la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público disponga de recursos para cubrir el adeudo que
por consumo de energía eléctrica tiene el distrito agrícola de Altar, en el estado de
Sonora, presentada en la sesión de la Cámara de Diputados de fecha dos de octubre de dos
mil uno. La Presidencia formula la excitativa que corresponde.
Se refieren al Día del Ejército
los diputados: Víctor Emanuel Díaz Palacios, del Partido Revolucionario Institucional;
Raúl Martínez González, del Partido Acción Nacional y Víctor Antonio García Dávila,
del Partido del Trabajo.
El Presidente comunica que el
siguiente punto del orden es la presentación de proposiciones; informa de la recepción
de una solicitud del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para
permutar el orden de dos proposiciones en consenso con los otros grupos parlamentarios,
aclarando que dicha solicitud va en contra de un acuerdo de la Mesa Directiva para evitar
las permutas, tomado a raíz de un reclamo en la sesión pasada.
Atendiendo la voluntad de los
grupos parlamentarios, la Presidencia concede la palabra para presentar una proposición
con punto de acuerdo al senador Rutilio Cruz Escandón Cadenas, del Partido de la
Revolución Democrática, para solicitar al titular del Poder Ejecutivo Federal, exhorte
al gobierno de Texas a que acate el fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia y
suspenda la ejecución de tres mexicanos, y solicita trámite de urgente resolución. El
Presidente informa de un acuerdo de la Mesa Directiva en el sentido de que ninguno de los
puntos del orden del día de la presente sesión sería considerado de urgente resolución
y turna la proposición a la Primera Comisión. El senador Escandón Cadenas reitera su
solicitud y, por indicaciones de la Presidencia, la Secretaría recoge la votación
económica correspondiente, misma que no alcanza la mayoría calificada. No se considera
el asunto de urgente resolución y se turna la proposición de referencia a la Primera
Comisión.
Continúan la presentación de
proposiciones con punto de acuerdo los legisladores:
• Diputado Ramón León
Morales, del Partido de la Revolución Democrática, para que la Comisión Federal de
Electricidad, la Comisión Nacional del Agua, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, exenten de pago a las
personas físicas y morales afectadas por el sismo del veintiuno de enero de dos mil tres.
Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
• Senadora Yolanda Eugenia
González Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar la
comparecencia del Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, a efecto de que explique los apoyos para productores agropecuarios en
materia de subsidios al diesel. Se turna a la Tercera Comisión.
• Diputado Ramón León
Morales, del Partido de la Revolución Democrática, sobre el conflicto laboral en el
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Se turna a la Comisión de
Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.
• Diputado Ramón León
Morales, a nombre propio y de la diputada Petra Santos Ortiz, ambos del Partido de la
Revolución Democrática, en relación con la situación laboral de los profesores e
investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se turna a la Comisión
de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.
• Senador Antonio García
Torres, del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar al Ejecutivo Federal la
revisión, modificación y actualización de las reglas de operación del Fondo de
Desastres Naturales. Se turna a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores.
• Senador Orlando Paredes
Lara, del Partido Revolucionario lnstitucional, en relación con las demandas de
porcicultores mexicanos para detener las prácticas desleales de comercio internacional de
carne de cerdo. Se turna a las comisiones de Relaciones Exteriores y de Agricultura y
Ganadería de la Cámara de Senadores.
El Presidente informa de la
recepción de sendas solicitudes para modificar el turno de dos asuntos presentados en la
sesión del pasado doce de febrero de dos mil tres y, en atención a ellas, turna la
propuesta del Presidente de la República para la ratificación de cinco magistrados
numerarios en los tribunales unitarios agrarios y de dos magistrados del Tribunal Superior
Agrario, a la Primera Comisión y amplía el turno de la proposición con punto de acuerdo
de la senadora Yolanda Eugenia González Hernández sobre los nuevos esquemas de contrato
presentados por el Instituto Mexicano del Seguro Social para las guarderías subrogadas, a
las comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Seguridad
Social de la Cámara de Diputados.
• Diputado Juan Alcocer
Flores, del Partido Acción Nacional, en relación con el descarte de material
bibliográfico de desecho existente en la bodega de la Biblioteca de la Cámara de
Diputados. Se turna a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.
• Senadora Gloria Lavara
Mejía, del Partido Verde Ecologista de México, para que comparezca el Procurador General
de la República y explique la situación en la que se encuentran las investigaciones de
los asesinatos a mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se turna a la Primera Comisión.
• Diputado Víctor Antonio
García Dávila, del Partido del Trabajo, para que la Secretaría de Educación Pública
dé a conocer los resultados de la evaluación aplicada por el Instituto Nacional de
Evaluación Educativa a los planteles de educación básica. Se turna a la Comisión de
Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.
• Diputado Salvador Cosío
Gaona, del Partido Revolucionario lnstitucional, para solicitar una auditoría a la
aplicación de los recursos federales otorgados a los damnificados por el huracán
“Kenna” en el estado de Jalisco. Se turna a la Primera Comisión de la Comisión
Permanente y a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de
la Cámara de Diputados.
• Diputado Ramón León
Morales, a nombre propio y del diputado Alfredo Hernández Raigosa, ambos del Partido de
la Revolución Democrática, para que la Comisión Permanente proponga a la Secretaría de
Energía el retiro del contrato-permiso de distribución de gas licuado de petróleo a la
empresa Zeta. Se turna a la Tercera Comisión.
• Diputado Jesús Burgos
Pinto, a nombre propio y de la diputada Antonia Irma Piñeyro Arias, ambos del Partido
Revolucionario Institucional, en relación con la situación de los trabajadores migrantes
oaxaqueños, asentados en los valles de San Quintín y Maneadero en Ensenada, Baja
California. La Presidencia informa de la recepción de esta proposición y la turna a la
Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados.
• Diputado Ramón León
Morales, a nombre propio y de la diputada Petra Santos Ortiz, ambos del Partido de la
Revolución Democrática, sobre el saqueo de arena en el municipio de Tecate, Baja
California. Se turna a las comisiones de Comercio y Fomento Industrial y de Medio Ambiente
y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.
• Diputado César Horacio
Duarte Jáquez, a nombre propio y de los diputados Antonia Irma Piñeyro Arias y Jorge
Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucionario lnstitucional, en relación con la
situación de los trabajadores migrantes en la frontera sur del país. Se turna a la
Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados.
• Senador Víctor Manuel
Torres Herrera, del Partido Acción Nacional, para solicitar al Ejecutivo Federal, exima
parcialmente del pago del Impuesto Sobre la Renta a los afectados por el sismo del pasado
veintiuno de enero de dos mil tres, en los estados de Jalisco y de Colima. Se turna a la
Tercera Comisión.
Comenta la resolución de la Corte
Internacional de La Haya, en relación con la petición de suspensión de ejecuciones de
mexicanos en Estados Unidos de América, hecha por el Gobierno de México, la senadora
Micaela Aguilar González, del Partido Acción Nacional.
Comenta la comparecencia del
director general de Petróleos Mexicanos ante la Tercera Comisión el senador David
Jiménez González, del Partido Revolucionario Institucional y para referirse al mismo
tema se concede la palabra al diputado Ramón León Morales, del Partido de la Revolución
Democrática.
Agotados los asuntos en cartera, la
Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y la Presidencia clausura
la de hoy a las quince horas con veintiséis minutos, citando para la que tendrá lugar el
miércoles veintiséis de febrero de dos mil tres, a las once horas.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Proceda la Secretaría a someter a
discusión el acta.
La Secretaria senadora Yolanda Eugenia
González Hernández:
Está a discusión el acta,
señoras y señores legisladores.
No habiendo quien haga uso de la
palabra, se consulta, en votación económica, si es de aprobarse el acta.
Quienes estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Quienes estén por la negativa...
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Aprobada el acta.
Comunicaciones.
SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
La Secretaria senadora Yolanda Eugenia
González Hernández:
«Diputado Eric Eber Villanueva
Mukul, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.— Presente.
La Secretaría de Cultura del
Gobierno del Distrito Federal, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del
CDLXXVIII (478) aniversario luctuoso de Cuauhtémoc, último Huei Tlatoani de la Triple
Alianza el próximo domingo 28 de febrero a las 10:00 horas, en la Plaza de las Tres
Culturas, a un costado de la parroquia de Santiago Tlaltelolco, delegación Cuauhtémoc
Por tal motivo, me permito
solicitar muy atentamente se sirva girar sus respetables instrucciones, a efecto de que un
representante de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión que usted
preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se
sirva prestar a la presente y le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración.
Atentamente.
México, DF, a 25 de febrero de
2003.— Doctor Enrique Semo Calev,
secretario.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Para asistir, en representación de
esta Comisión Permanente se designa a los siguientes legisladores diputados: Jorge Carlos
Ramírez Marín, Francisco Guadarrama López y Ramón León Morales.
La
Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:
«Dip. Eric Eber Villanueva Mukul,
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.— Presente.
La Secretaría de Cultura del
Gobierno del Distrito Federal, ha programado la Ceremonia Cívica Conmemorativa CLXXIV
(174) aniversario luctuoso de doña Josefa Ortiz de Domínguez, el próximo domingo 2 de
marzo a las 10:00 horas, en el Monumento erigido a su memoria, en Plaza de Santo Domingo,
ubicado en República de Brasil y Belisario Domínguez, delegación Cuauhtémoc.
Por tal motivo, me permito
solicitar muy atentamente se sirva girar sus respetables instrucciones, a efecto de que un
representante de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión que usted
preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se
sirva prestar a la presente y le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración.
Atentamente.
México, DF, a 25 de febrero de
2003.— Secretario, Dr. Enrique Semo Calev.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Para asistir, en representación de
esta Comisión Permanente, se designa a los siguientes legisladores diputados: Carlos
Aceves del Olmo, José María Rivera Cabello y Ramón León Morales.
ESTADO
DE MORELOS
La Secretaria senadora Yolanda Eugenia
González Hernández:
«Escudo.— Poder
Legislativo.— XLVIII Legislatura.— 2000-2003.
CC. Secretarios del honorable
Congreso de la Unión.— Presentes.
Por instrucciones del ciudadano
diputado Joel Juárez Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado
de Morelos, por acuerdo de sesión ordinaria celebrada el día de hoy y en cumplimiento a
su artículo primero, le remito el siguiente acuerdo parlamentario mediante el cual este
Congreso, hace atenta invitación a todos y cada uno de los Poderes Legislativos del país
para que asistan a la V Reunión Nacional de la Asociación Mexicana de Institutos y
Organismos de Estudios e Investigaciones Legislativos.
Sin otro particular, le reiteramos
nuestra consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Cuernavaca, Morelos, a 30 de enero
de 2003.— El Secretario General de Servicios Legislativos y Parlamentarios del
Congreso del estado de Morelos, Dr. Armando Ramírez
Saldívar.»
«Escudo.— Poder
Legislativo.— XLVIII Legislatura.—2000-2003.
Honorable Asamblea:
Con fundamento en lo que disponen
los artículos 40, fracción XLV, de la Constitución Política local, y 58 del Reglamento
Interior de este Congreso, los ciudadanos diputados integrantes de la Junta de
Coordinación acordamos presentar a la consideración del Pleno un punto de acuerdo, de
conformidad con la siguiente
ExposiciOn
de Motivos
1. De acuerdo con nuestra Ley
Orgánica, el Instituto de Investigaciones Legislativas tiene a su cargo, entre otros
aspectos, organizar eventos académicos o de participación externa sobre tópicos
parlamentarios y legislativos que le permitan al Congreso por un lado difundir nuestra
función pública ante la ciudadanía y por el otro mantenernos actualizados sobre las
corrientes doctrinales de vanguardia y sobre las experiencias que se van generando en todo
el país, particularmente de las entidades federativas.
2. Desde hace cinco años se creó
la Asociación Mexicana de Institutos y Organismos de Estudios e Investigaciones
Legislativos, dentro de la cual se concentra un sistema de comunicación e intercambio
entre los estados que cuentan con este tipo de institutos, a efecto de fortalecer su
función y objeto. A partir de su constitución se ha ido realizando cada año una
reunión nacional que a manera de foro les ha permitido intercambiar directamente sus
respectivas experiencias, estrechar lazos de amistad y fortalecer la autonomía de los
estados que declara nuestro sistema republicano.
3. El año pasado, por acuerdo de
la entonces Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, se autorizó ofrecer
como sede de la V Reunión Nacional al estado de Morelos para el presente año, propuesta
que fue aprobada unánimemente por los integrantes de la asociación y que por supuesto
nos compromete a su realización.
El contexto que se propone dar a
este importante encuentro en el que se reúnen representaciones de todos los Congresos
locales, ya sea de diputados o funcionarios, se circunscribe a una serie de mesas de
trabajo y ponencias sobre temas del derecho parlamentario y de carácter político sobre
los que gira la actividad del Poder Legislativo en México y en el mundo, para ello se
está programando la participación de una serie de representaciones internacionales de
reconocido prestigio como la Universidad Complutense, la Universidad de Texas, la
Universidad de Nueva York, el Congreso de Texas o las Cortes de España, que le den un
realce y una repercusión en todo el país a dicho evento.
Por lo mismo, nos parece adecuado y
necesario expedir por parte de la Legislatura, una invitación formal a los Congresos de
cada estado para que asistan a esta importante y destacada reunión nacional de institutos
que estamos seguros se suma a ese deseo local de estructurar los mecanismos necesarios que
fortalezcan nuestro sistema republicano, donde cada estado tiene realmente en su
soberanía una capacidad interna de autodeterminación política.
Esta reunión tendría lugar aquí
en Cuernavaca, a partir del día 18 de marzo del presente año, de acuerdo con el
calendario que deberá realizar a la brevedad de forma conjunta el director del Instituto
de Investigaciones Legislativas de nuestro estado, Lic. Eleael Acevedo Velázquez, a quien
se le ha encargado la realización del evento con el comité organizador de la asociación
nacional de la cual se es parte fundadora, para ser enviado en su momento a cada estado
del país.
Por lo antes expuesto y fundado
tenemos a bien someter a la consideración del Pleno el siguiente
Acuerdo
Parlamentario
Primero. Envíese a manera de
invitación formal el presente acuerdo, a cada Poder Legislativo del país, para que
asistan a la V Reunión Nacional de la Asociación Mexicana de Institutos y Organismos de
Estudios e Investigaciones Legislativos, que se llevará a cabo en esta ciudad capital, a
partir del día 18 de marzo, de acuerdo con el calendario de actividades que se les
enviará posteriormente.
Transitorio
Primero. El presente acuerdo entrará en vigor a
partir de su aprobación por el Pleno del Congreso.
Salón de Comisiones del honorable
Congreso del estado, a 22 de enero de 2003.— Los CC. Integrantes de la Junta de
Coordinación Política, diputados: Víctor Hugo
Manzo Godínez, Presidente; Sergio Alvarez Mata,
secretario y Silvia Victoria Eugenia D´Granda y
Terreros, vocal.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Túrnese a los presidentes de la mesa
directiva de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.
COMISIONES
DE TRABAJO
La Secretaria senadora Yolanda Eugenia
González Hernández:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.
Propuesta de sustitución en la
Primera Comisión de Trabajo.
La Mesa Directiva, con fundamento
en lo que dispone el artículo 78, fracción III, de la Constitución General de la
República, los artículos 116, 123 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General, así
como los artículos 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General, se permite someter a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la sustitución de integrantes en
comisiones de trabajo conforme al siguiente
Punto
de acuerdo
Unico: Se incorpora y designa como secretario en
la Primera Comisión, de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, al diputado
José Tomás Lozano y Pardinas en sustitución del diputado Alejandro Zapata Perogordo.
Salón de Sesiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 26 de febrero de 2003.— Dip. Eric Eber Villanueva Mukul, Presidente de la
Comisión Permanente; Dip. Carlos Aceves del Olmo,
Dip. Bernardo Borbón Vilches, Vicepresidentes; Dip. Olga Margarita Uriarte Rico, Dip. José Tomás Lozano y Pardinas, Sen. Yolanda E. González Hernández y Sen. Micaela Aguilar González, secretarios
(rúbricas).»
En votación económica se
pregunta, señoras y señores legisladores, si es de aprobarse.
Quienes estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Quienes estén por la negativa...
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Aprobado.
DIPUTADO
QUE SOLICITA LICENCIA
La Secretaria senadora Yolanda Eugenia
González Hernández:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.
Diputado Eric Villanueva Mukul,
Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.— Presente.
Por este medio le envío un cordial
saludo y al mismo tiempo me permito solicitar de la manera más atenta y con fundamento en
el artículo 78 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, se otorgue a un servidor licencia temporal para apartarme de mi cargo como
diputado federal a partir del día 28 de febrero del 2003, por así convenir a mis
intereses.
Sin más por el momento y
agradeciendo de antemano las finas atenciones que sirva dar a la presente, quedo a sus
apreciables órdenes.
Atentamente.
Palacio Legislativo, a 20 de
febrero de 2003.— Diputado Francisco J. Cantú
Torres.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
De conformidad con lo que establece
el artículo 788, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
La Secretaria senadora Yolanda Eugenia
González Hernández:
Está a discusión el siguiente
punto
de acuerdo
Unico. Se concede licencia por tiempo indefinido
al diputado Francisco Javier Cantú Torres, para separarse de sus funciones como diputado
federal electo en el VI distrito del estado de Nuevo León, a partir del 28 de febrero.
No habiendo quien haga uso de la
palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Quienes estén por la negativa...
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Aprobado. Comuníquese a la Cámara de
Diputados.
ESTADO
DE GUANAJUATO
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— H. Congreso del Estado de Guanajuato.
H. Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión.— México, DF.
La Honorable Quincuagésima Octava
Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, comunica que en
sesión celebrada el día de hoy, se designó Presidenta y Vicepresidenta de la Mesa
Directiva a fungir durante el tercer mes del primer periodo ordinario de sesiones
correspondiente al tercer año de ejercicio legal, la cual quedó de la siguiente manera:
Presidenta: Dip. Karen Burstein
Campos; Vicepresidenta: Dip. María Beatriz Hernández Cruz.
Sin otro particular, nos es grato
reiterarle las seguridades de nuestra consideración distinguida.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guanajuato, Gto., a 22 de noviembre
de 2002.— Jorge Ignacio Tapia Santamaría, diputado
secretario; Federico Jaime Gómez, diputado
secretario.»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del Estado de Guanajuato.
H. Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión.— México, DF.
La honorable Quincuagésima Octava
legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, comunica que en
sesión celebrada el día de hoy, clausuró su periodo ordinario de sesiones,
correspondiente al tercer año de ejercicio legal, asimismo instaló la diputación
Permanente correspondiente al primer periodo del tercer año de ejercicio legal, la cual
quedó integrada de la siguiente manera:
Presidente: dip. Ricardo Alfredo
Ling Altamirano; vicepresidente: dip. Francisco Israel Pardo García; secretario: dip.
Federico Jaime Gómez; prosecretario: dip. Jesús Domínguez Aranda; primer vocal: dip.
Carlos Vidal Rojas Yerena; segundo vocal: dip. Ana Faviola Rionda Ornelas; tercer vocal:
dip. Alfonso Moreno Morán; cuarto vocal: dip. Antonio Rico Aguilera; quinto vocal: dip.
Mayra Angélica Enríquez Vanderkam; sexto vocal: dip. Enrique Ortiz Rivas y séptimo
vocal: dip. Rigoberto Saldaña Cervantes.
Sin otro particular, nos es grato
reiterarle las seguridades de nuestra consideración distinguida.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guanajuato, Guanajuato, a 22 de
diciembre de 2002.— Diputados: Jorge Ignacio
Tapia Santamaría y Federico Jaime Gómez,
secretarios.»
ESTADO
DE HIDALGO
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
«Escudo.— Poder
Legislativo.— Gobierno del Estado de Hidalgo.
H. Cámara de Diputados.—
Presente.
Con toda atención, me permito
comunicar a Ustedes, que la Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, dio
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
eligiendo al Presidente y Vicepresidente de la Directiva de este propio H. Congreso, que
fungirá durante el mes de noviembre del año en curso, habiendo resultado electos los CC.
Diputados: Mabel Calderón García y Alejandro Sánchez García.
Al hacer de su conocimiento lo
anterior, me es grato reiterar las seguridades de mi atenta consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Pachuca, Hgo., 31 de octubre del
2002.— El Oficial Mayor del H. Congreso, Lic. Jorge
Luis López del Castillo.»
ESTADO
DE MORELOS
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
«Escudo.— Congreso del estado
de Morelos.— Oficialía Mayor.— Proceso Legislativo y Parlamentario.
CC. Secretarios de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.
En cumplimiento a lo dispuesto por
el artículo 10 del Reglamento Interior para el Congreso del estado de Morelos, tengo el
honor de informar a ustedes, que en la Sesión Ordinaria, celebrada el día 26 de
septiembre del presente año, se eligió al Presidente y al Vicepresidente de la Mesa
Directiva que fungirá durante el mes de octubre, correspondiente al Primer Periodo
Ordinario del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, quedando la Presidencia de la Mesa
Directiva como sigue:
Dip. Tito Cesar Sagahón Velasco,
como Presidente; Dip. Arturo Roberto Huicochea Rodríguez, como Vicepresidente.
Reitero a ustedes la seguridad de
mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Cuernavaca, Mor., a 4 de octubre de
2002.— El C. Oficial Mayor del Congreso del estado de Morelos, Dr. Armando Ramírez Saldívar.»
«Escudo.— Poder Legislativo
del estado de Morelos.— Poder Legislativo.— XLVIII Legislatura 2002-2003.
CC. Secretarios de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En cumplimiento a lo dispuesto por
el artículo 10 del Reglamento Interior para el Congreso del estado de Morelos, tengo el
honor de informar a ustedes, que en la Sesión Ordinaria, celebrada el día 30 de octubre
del presente año, se eligió al Presidente y al Vicepresidente de la Mesa Directiva que
fungirá durante el mes de noviembre, correspondiente al Primer Periodo Ordinario del
Tercer Año de Ejercicio Constitucional, quedando la Presidencia de la Mesa Directiva como
sigue:
Dip. Gabriel Gutiérrez Albarrán,
como Presidente; Dip. José Sigona Torres, como Vicepresidente.
Reitero a ustedes la seguridad de
mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Cuernavaca, Mor., a 31 de octubre
de 2002.— El C. Oficial Mayor del Congreso del estado de Morelos, Dr. Armando Ramírez Saldívar.»
«Escudo.— Poder Legislativo
del estado de Morelos.— Poder Legislativo.— XLVIII Legislatura 2002-2003.
Ciudadanos secretarios de la
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En cumplimiento a lo dispuesto por
el artículo 10 del Reglamento Interior para el Congreso del Estado de Morelos, tengo el
honor de informar a ustedes, que en la sesión ordinaria, celebrada el día 28 de
noviembre del presente año, se eligió al Presidente y al vicepresidente de la Mesa
Directiva que fungirán durante el mes de diciembre, correspondiente al Primer Periodo
Ordinario del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, quedando la Presidencia de la Mesa
Directiva como sigue:
Dip. Isaías Cortés Vázquez, como
Presidente; dip. Rodolfo Esquivel Landa, como vicepresidente.
Reitero a ustedes la seguridad de
mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Cuernavaca, Morelos, a 29 de
noviembre de 2002.— El Oficial Mayor del Congreso del Estado de Morelos, doctor Armando Ramírez Saldívar.»
«Escudo.— Poder
Legislativo.— La Tierra Volverá a Quienes la Trabajan con sus Manos.— XLVIII
Legislatura.— 2000-2003.
CC. Secretarios de la H. Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.
En cumplimiento a la instrucción
del presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Morelos, tengo el honor de
informar a ustedes, que en la Sesión Ordinaria, celebrada el día 9 de enero del presente
año, quien suscribe Dr. Armando Ramírez Saldívar fue electo como Secretario General de
Servicios Legislativos y Parlamentarios de este Congreso y fungirá durante el periodo
comprendido del 1o. de enero al 31 de agosto del 2003, de conformidad con lo que se
establece en los artículos 38 inciso g), 67, 68, y 70 de la Ley Orgánica del Congreso
del Estado de Morelos, que inició su vigencia el día 1o. de Enero de los corrientes.
Reitero a ustedes la seguridad de
mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Cuernavaca, Mor., a 10 de enero de
2003.— El C. Secretario General de Servicios Legislativos y Parlamentarios del
Congreso del estado de Morelos, Dr. Armando Ramírez
Saldívar.»
«Escudo.— Poder Legislativo
del estado de Morelos.— Poder Legislativo.— XLVIII Legislatura 2002-2003.
CC. Secretarios de la H. Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.
En cumplimiento a la instrucción
del presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Morelos, tengo el honor de
informar a ustedes, que en la Sesión Ordinaria, celebrada el día 9 de enero del presente
año, fue electo como Secretario General de Servicios Administrativos y Financieros de
este Congreso el C.P. Manuel Ismael Urzúa Martínez y fungirá durante el periodo
comprendido del 1o. de enero al 31 de agosto del 2003, de conformidad con lo que se
establece en los artículos 38 inciso g), 67, 68 y 73 de la Ley Orgánica del Congreso del
Estado de Morelos, que inició su vigencia el día 1o. de Enero de los corrientes.
Reitero a ustedes la seguridad de
mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Cuernavaca, Morelos, a 10 de enero
de 2003.— El C. Secretario General de Servicios Legislativos y Parlamentarios del
Congreso del Estado de Morelos, Dr. Armando Ramírez
Saldívar.»
ESTADO
DE PUEBLA
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— LV Legislatura del honorable Congreso del Estado de Puebla.
Honorable Cámara de
Diputados.— México, DF.
De conformidad con lo dispuesto por
los artículos 25 y 27 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito comunicar a
Usted que la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Puebla, en Junta Preparatoria, celebrada con esta fecha, se declaró
constituida para funcionar durante el Primer Periodo Ordinario de Sesiones,
correspondiente al Segundo año de su Ejercicio Legal, comprendido del 15 de enero al 15
de marzo de 2003. Asimismo, se eligió a los diputados que integrarán la Mesa Directiva
quedando de la siguiente manera:
Diputado Víctor Manuel Giorgana
Jiménez, Presidente; diputado Carlos Manuel Meza Viveros, vicepresidente; diputada
Verónica Sánchez Agis y el diputado Jorge Arnulfo Camacho Foglia, secretarios; diputados
Odón Abad Sidar Fierro y José Rodolfo Herrrera Charolet, prosecretarios.
Lo que hago de su conocimiento por
disposición de esta legislatura para los efectos correspondientes.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Honorable Puebla de Zaragoza, enero
13 de 2003.— Diputado Germán Javier Hickman y
Morales, secretario.»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— LV Legislatura.— Honorable Congreso del Estado de Puebla.
Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión.— Avenida Congreso de la Unión s/n.
De conformidad con lo dispuesto por
los artículos 25 y 27 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos comunicar
a usted que la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Puebla, en Sesión Pública Ordinaria celebrada con esta fecha, tuvo a
bien clausurar el Tercer Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer año de
su Ejercicio Legal. Asimismo, se eligió a los diputados que integrarán la Mesa Directiva
que actuará durante el periodo de receso comprendido del 16 de diciembre de 2002 al 14 de
enero de 2003, quedando de la siguiente manera:
Presidente: dip. Jesús Edgar
Alonso Cañete; secretario: dip. Germán Javier Hickman y Morales; miembros: dip. Amalia
Bonifacio Jacinto, dip. Gregorio Raúl Flores Rosas, dip. Ninel González Gálvez, dip.
José Saúl Carmen Rivera Sosa, dip.Verónica Sánchez Agis; dip. José Gerardo H.
Garcilazo Martínez y dip. José Guadalupe Ruiz Contreras.
Lo que hacemos de su conocimiento
por disposición de esta legislatura para los efectos correspondientes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Honorable Puebla de Zaragoza, a 11
de diciembre de 2002.— Diputados: José Gerardo
Garcilazo Martínez, secretario y María Sara
Chilaca Martínez, secretaria.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
De enterado.
PRODUCTOS
AGROPECUARIOS
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.- Honorable Congreso del estado de Guanajuato.
CC. Secretarios de la Cámara de
Senadores del Congreso de la Unión.— Presentes.
Para los efectos correspondientes,
anexas me permito remitir a ustedes las consideraciones del dictamen y el acuerdo aprobado
por la LVIII Legislatura constitucional del estado, en sesión de Diputación Permanente,
celebrada en esta fecha, mediante el cual se solidariza y se adhiere al acuerdo aprobado
por el Congreso del estado de Jalisco, para que se autorice al Presidente de la República
decretar y aplicar cuotas compensatorias a las importaciones de productos agropecuarios
subsidiados, provenientes de territorio de cualquier país.
Aprovecho la ocasión para
reiterarles las seguridades de mi consideración distinguida.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guanajuato, Guanajuato, 28 de enero
de 2003.— El Presidente de la Diputación Permanente del Congreso del Estado Dip. Ricardo Alfredo Ling Altamirano (rúbrica).»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del estado de Guanajuato.
ACUERDO
La Diputación Permanente de la
LVIII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, acuerda
Artículo primero. El Congreso del estado de
Guanajuato, se solidariza y se adhiere al acuerdo aprobado por el Congreso del estado de
Jalisco, a efecto de solicitar a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del
honorable Congreso de la Unión, para que autoricen al Presidente de la República que
decrete y aplique cuotas compensatorias a las importaciones de productos agropecuarios
subsidiados, provenientes de territorio de cualquier país, sea o no parte del Tratado de
Libre Comercio para América del Norte.
Artículo segundo. Remítase el presente punto de
acuerdo a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la
Unión para los efectos correspondientes.
Artículo tercero. Remítase a las legislaturas de
los estados, con la atenta solicitud de que se pronuncien sobre el particular.
Guanajuato, Guanajuato, 28 de enero
de año 2003.— Dip. Ricardo Alfredo Ling
Altamirano), presidente; Dip. Federico Jaime
Gómez, secretario (rúbricas).»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del Estado de Guanajuato.
Presidenta del Congreso del
Estado.— Presente.
A la Comisión de Fomento
Agropecuario le fue turnado para su estudio y dictamen el punto de acuerdo que remite la
LVI Legislatura del estado de Jalisco relativo a exhortar a la Cámara de Diputados y a la
Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión para que autoricen al Presidente
de la República, decretar y aplicar cuotas compensatorias a las importaciones de
productos agropecuarios subsidiados, provenientes de territorio de cualquier país, sea o
no parte del Tratado de Libre Comercio para América del Norte.
Analizado el escrito de referencia
y con fundamento en los artículos 137 y 138 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
los integrantes de la Comisión de Fomento Agropecuario, nos permitimos presentar a la
consideración del pleno el siguiente
DICTAMEN
En el acuerdo que se dictamina, el
Congreso del estado de Jalisco expone que la inminente entrada en vigor de la apertura
comercial de productos agropecuarios provenientes de Estados Unidos y Canadá ha provocado
que los diversos congresos locales hayan enviado atentos exhortos al Presidente de la
República solicitándole sea sometido a revisión el Capítulo VII de la Segunda Parte
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, referente a la apertura comercial en
el sector agropecuario, solicitando además declare una moratoria temporal de la
aplicación del capítulo en mención; sin embargo, jurídicamente la moratoria unilateral
propuesta, no es la vía adecuada para contrarrestar los efectos de la próxima entrada en
vigor de la liberalización arancelaria, que afectará a los productores agropecuarios
mexicanos, debido a que la seriedad que debe prevalecer en la política exterior del
país, nos constriñe al cumplimiento de los compromisos que se adquieren a través de los
instrumentos multinacionales como lo es el Tratado de Libre Comercio.
De la misma forma, el acuerdo que
origina el presente dictamen argumenta que, declarar una moratoria unilateral es un
desafío que la política exterior mexicana no debe lanzar, sin una debida valoración de
sus consecuencias, debido a que el mensaje que México enviaría a la comunidad
internacional sería a todas luces contrario a nuestros intereses nacionales, pues se
proyectaría al exterior una imagen de país en donde no prevalece el Estado de Derecho,
lo que a su vez crearía un ambiente de desconfianza en torno a los negocios que se
pretendieran realizar con México.
Por otra parte, el Congreso del
estado de Jalisco refiere que los efectos perniciosos del TLC deben ser combatidos
precisamente en base a sus propias disposiciones, y fundamentalmente en los preceptos
aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concretamente lo
establecido en los artículos 73, fracción XXIX, inciso 1, y 131; señalando el primero
la facultad del honorable Congreso de la Unión para establecer contribuciones sobre el
comercio exterior; y el segundo, relativo a que el Ejecutivo puede ser facultado por el
honorable Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las
tarifas de exportación e importación, expedidas por el propio Congreso, y para crear
otras, así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el
tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular
el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional o
de realizar cualquier otro propósito en beneficio del país.
De la misma forma el acuerdo que
remite el Congreso de Jalisco señala que el artículo 705, párrafo 7, inciso b), del
Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, que regula
los subsidios a la exportación, refiere que "cada una de las partes se reserva el
derecho de aplicar cuotas compensatorias a las importaciones subsidiadas de productos
agropecuarios provenientes de territorio de cualquier país, sea o no parte".
Los integrantes de la Comisión de
Fomento Agropecuario no desconocemos la jerarquía jurídica de un tratado internacional
que ha sido suscrito por México, con la ratificación del Senado de la República; sin
embargo, coincidimos con lo expuesto por el Congreso del estado de Jalisco, ya que
efectivamente el honorable Congreso de la Unión tiene facultades para establecer
contribuciones especiales sobre el comercio exterior y el Presidente de la República, con
autorización del Congreso General, está facultado para aumentar las cuotas de las
tarifas de importación, a fin de regular el comercio exterior en beneficio del país,
además de que el propio TLC le reconoce a México el derecho de aplicar cuotas
compensatorias, a las importaciones subsidiadas de productos agropecuarios provenientes de
territorio de cualquier país, sea o no parte de ese tratado. En consecuencia, es
indiscutible que a nuestro país le asiste el derecho soberano de establecer cuotas
compensatorias a los productos provenientes de naciones que apliquen en su territorio
medidas proteccionistas y desleales al libre comercio.
En virtud de lo anterior, la
Comisión de Fomento Agropecuario considera oportuna la adhesión con el acuerdo emitido
por el Congreso del estado de Jalisco, toda vez que nuestro deber es velar no sólo por
los intereses de los campesinos y ganaderos, sino defender y resguardar nuestra
soberanía. Asimismo, dada la urgencia, solicitamos que la presente proposición sea
considerada de obvia resolución en los términos del artículo 142 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo.
Por lo anteriormente expuesto, los
diputados que integramos la Comisión de Fomento Agropecuario, ponemos a consideración de
la Asamblea, el siguiente
ACUERDO
Primero. El Congreso del estado de Guanajuato, se
solidariza y se adhiere al acuerdo aprobado por el Congreso del estado de Jalisco, a
efecto de solicitar a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del honorable
Congreso de la Unión que autoricen al Presidente de la República que decrete y aplique
cuotas compensatorias a las importaciones de productos agropecuarios subsidiados,
provenientes de territorio de cualquier país, sea o no parte del Tratado de Libre
Comercio para América del Norte.
Segundo. Remítase el presente punto de acuerdo a
la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión
para los efectos correspondientes.
Tercero. Remítase a las legislaturas de los
estados, con la atenta solicitud de que se pronuncien sobre el particular.
Guanajuato, Guanajuato, a 20 de
diciembre de 2002.— La Comisión de Fomento Agropecuario: Dip. Mario Ernesto Dávila Aranda, Dip. Jesús Cobián Correa, Dip. J. Miguel Luna Hernández, Dip. Carlos Vidal Rojas Yerena y Dip. Lorenzo Chávez Zavala (rúbricas).»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Túrnese a la Comisión de Comercio y
Fomento Industrial de la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores.
SORDOS
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
«Escudo.— Poder
Legislativo.— Gobierno del Estado de Hidalgo.
Honorable Cámara de
Senadores.— Presente.
Los diputados integrantes de la
Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales de la LVIII
Legislatura, emitieron el acuerdo económico relativo al oficio de fecha 18 de junio de
2002, enviado por el honorable Congreso del estado de Jalisco, comunicando la aprobación
del acuerdo económico No. 605/02, mediante el cual solicita a esta soberanía se sume al
contenido, a efecto de que se legisle en lo referente a los derechos de las comunidades de
sordos del país, mismo que fue aprobado por el Pleno en sesión de esta fecha, del cual
le estoy enviando copia, en suplencia de la Secretaría, para su conocimiento y efectos.
Sin otro particular por el momento,
le reitero las seguridades de mi consideración distinguida.
Atentamente.
Pachuca, Hidalgo, a 26 de diciembre
de 2002.— El Oficial Mayor del honorable Congreso del Estado de Hidalgo, licenciado Jorge Luis López del Castillo.»
«Escudo.— Poder
Legislativo.— Gobierno del Estado de Hidalgo.
La LVIII Legislatura del honorable
Congreso del Estado de Hidalgo:
Honorable Asamblea:
Los integrantes de la Primera
Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales de esta honorable
soberanía hidalguense, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 82 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, tienen por recibido el oficio de fecha 18 de junio de
2002, enviado por la Presidencia de este honorable Congreso en donde nos remite a esta
Comisión el oficio No. OPL-903-LVI, de fecha 29 de mayo del año en curso, enviado por
parte del honorable Congreso del estado de Jalisco, comunicando la aprobación del acuerdo
económico No. 605/02 mediante el cual solicita a esta soberanía se sume al contenido, a
efecto de que se legisle en lo referente a los derechos de las comunidades de sordos del
país.
Por lo anterior se registró en el
libro de gobierno y se formó el expediente bajo el No. 34/02. Así como se procedió a
llevar a efecto el estudio, análisis y dictamen respectivo, en atención a los siguientes
ANTECEDENTES
Unico. La LVI Legislatura del honorable Congreso
del estado de Jalisco, en sesión de fecha 28 de mayo de 2002 aprobó el acuerdo
económico No. 605/02 mediante el cual se acordó girar a esta soberanía estatal, atento
y respetuoso oficio para manifestar que la legislatura jalisciense nos sumemos al
contenido de la iniciativa que se acompaña. Misma que se presentó con base en lo
siguiente:
I. Que en los diversos grupos que
conforman la sociedad, existen algunos que por sus características o habilidades
distintas enfrentan limitaciones para incorporarse de manera plena a la comunidad a la que
pertenecen, sectores como el de los discapacitados sufren de manera frecuente violación a
sus derechos fundamentales. En ocasiones por prejuicios basados en un desconocimiento de
las necesidades que éstos tienen y en otras porque no existen las condiciones que les
permiten desarrollar sus capacidades para llevar una vida independiente e integrarse a las
actividades normales que realiza cualquier persona, gracias en gran parte a la labor ardua
de los mismos discapacitados, la ciudadanía ha ido tomando conciencia de que su
condición de ninguna manera es motivo para excluirlos de la dinámica social, sino al
contrario, se les deben proporcionar los medios para que puedan superar los obstáculos,
tanto físicos como humanos, a los que diariamente tienen que enfrentarse. Si bien
todavía falta mucho tramo por recorrer para lograr que las personas con capacidades
especiales gocen de condiciones óptimas para su adecuado desenvolvimiento, ya se han dado
algunos pasos en legislaciones de varias entidades, para que el marco jurídico prevea la
obligatoriedad del respeto a sus derechos laborales, educativos, culturales, entre otros,
se adecuen asimismo los espacios físicos públicos y privados para facilitar su
desplazamiento.
II. No obstante estos avances,
existe un grupo al que no se le ha prestado la atención que requiere y que permanece
relegado del apoyo institucional y social que demanda su condición, refiriéndome en
específico a las comunidades de sordos que habitan en el país. La carencia del sentido
del oído, aunada en la mayoría de las veces a la imposibilidad de comunicarse
adecuadamente mediante la expresión oral, les obliga a utilizar un lenguaje propio,
diferente al usado por la generalidad pero no por ello menos rico en contenido y
estructura, que crea una identidad cultural propia de los sordos.
De manera latente, la falta de
comprensión a su forma de comunicarse, así como la indiferencia de la autoridad y la
sociedad en su conjunto para formar los medios que les permitan hacer entendible la
información que se genera día con día, ha proporcionado su marginación de la vida
social de la comunidad, sin que puedan tomar parte de actividades que complementen su
desarrollo integral como seres humanos. Asimismo, constantemente sufren de discriminación
laboral, siendo rechazados en puestos para los cuales están capacitados tanto intelectual
como físicamente y viéndose obligados a desempeñarse en trabajos informales para poder
mantener a sus familias. Los anteriores son hechos que no pueden tolerarse en una
democracia donde todo individuo tiene derecho a gozar de igualdad.
III. En el honorable Congreso de la
Unión se han presentado diversas iniciativas que tienden a garantizar los derechos de las
comunidades de sordos, reconociendo a nivel constitucional su identidad cultural propia y
creando disposiciones que permitan su desarrollo, participación y acceso en los ámbitos
laborales, educativos y culturales; y
CONSIDERANDO
Primero. Que la iniciativa de ley
en estudio pretende eliminar y frenar las limitaciones que tiene la comunidad de sordos en
el país, debido a que en la actualidad sufren de manera frecuente violaciones a sus
derechos fundamentales, porque no existen condiciones de ley permanente, desarrollar sus
capacidades para llevar una vida independiente y puedan integrarse a las actividades
normales que realiza cualquier persona. Asimismo, procurar de manera total que se les
proporcionen los medios para que puedan superar los obstáculos tanto físicos, como
humanos a los que diariamente tienen que enfrentarse y gocen de condiciones óptimas para
su desenvolvimiento. En esta iniciativa, además se aprecia un marco jurídico que prevea
la obligatoriedad del respeto a sus derechos laborales, educativos y culturales.
Segundo. Que la carencia del
sentido del oído es un obstáculo que no permite la comunicación adecuada mediante la
expresión oral, lo que obliga a los sordos a utilizar un lenguaje propio, creando una
identidad cultural propia de los sordos y los que comparten su situación. En este
contexto se aprecia que el espíritu de esta ley pretende además fomentar los medios que
les permitan hacer entendible la información que se genera día con día, ya que la falta
de ésta ha propiciado su marginación de la vida social de la comunidad. Por todo lo
anterior esta Comisión considera necesario apoyar la demandas de las comunidades de los
sordos, reconociendo a nivel constitucional su identidad cultural propia.
Con base en lo anterior y con
fundamento en lo que establecen los artículos 55 de la Constitución Política del Estado
y 71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos someter a su consideración
el siguiente
ACUERDO
ECONOMICO
Primero. Los ciudadanos diputados
integrantes de la LVIII Legislatura del honorable Congreso del estado, acuerdan procedente
girar atento y respetuoso oficio al honorable Congreso de la Unión. Mediante el cual se
le manifiesta para que legisle en lo referente a los derechos de las comunidades de sordos
del país, tomando en cuenta iniciativa de ley al respecto que con antelación sea
analizado.
Segundo. Gírense atentos oficios a
las legislaturas estatales, anexando copia de este acuerdo, manifestándoles la solicitud
de este honorable Congreso para que de considerarlo procedente, se sumen al contenido del
mismo.
Elaborado en la sala de comisiones
del honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, a 28 de
agosto de 2002.— Por la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos
Constitucionales.— Diputados: José Francisco
Olvera Ruiz,, Efraín Ramírez Gutiérrez, Francisco González Vargas, Mabel Calderón García y Jorge Alfredo Moctezuma Aranda, (rúbricas).»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Túrnese a la Comisión de Atención a
Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados.
SECTOR
AGROPECUARIO
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, Morelia.
Ciudadanos Secretarios de la
honorable Cámara de Dipu- tados.— México, DF.
Por este conducto hacemos de su
conocimiento que la LIX Legislatura Constitucional del honorable Congreso del Estado de
Michoacán, en sesión celebrada el día de hoy aprobó punto de acuerdo, en el que se
solicita la intervención de la honorable Cámara de Diputados al Congreso de la Unión
para la realización de una serie de acciones dentro del marco constitucional, en
relación a la problemática agropecuaria del país.
Por lo anterior, se envía la
minuta del acuerdo de referencia, con el propósito de que en el ámbito de sus
atribuciones, atiendan el exhorto que respetuosamente se plantea.
Sin otro particular, les reiteramos
las seguridades de nuestro respeto.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Morelia, Michoacán, a 11 de
febrero de 2003.— Diputados: Gabriel Ruiz
Romero, secretario y Juana Torres Ochoa,
secretaria, (rúbricas).»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.— Morelia.
El honorable Congreso del estado,
en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente
ACUERDO
“Primero. Se exhorta al
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Vicente Fox Quesada, a efectuar la
declaratoria oficial para que la problemática agropecuaria tenga carácter de prioridad
nacional y que en acatamiento a la obligación que le impone el artículo 89 fracción I
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, haga cumplir el
ordenamiento contenido en el artículo 27 fracción XX, del mismo texto constitucional.
Establezca políticas de apoyo y
desarrollo emergentes al sector agropecuario de los Estados Unidos Mexicanos, coordinadas
con las instancias de los estados y municipios.
Convoque al Congreso de la Unión,
con el único objeto de que realice el trámite legislativo para la expedición, reforma o
abrogación de leyes y/o decretos que den sustento a las políticas señaladas en el
párrafo primero.
Realice las acciones políticas,
jurídicas y diplomáticas con el fin de que sea revisado el apartado agropecuario del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte y en consecuencia se establezca la figura
jurídica que corresponda para lograr la adecuación de los subsidios agropecuarios,
redefinir el concepto de daño económico, establecer nuevos mecanismos de salvaguarda,
incluir cláusulas específicas respecto a la balanza comercial, establecer fracciones
arancelarias necesarias y modificar los plazos futuros de desgravación arancelaria.
Segundo. Se exhorta al Congreso de
la Unión, para que en el supuesto de no ser convocado por el titular del Poder Ejecutivo
Federal, sea convocado por sus integrantes y conforme a derecho realice lo conducente del
primer punto.
Tercero. Se exhorta al titular del
Poder Ejecutivo del estado, que haga lo propio ante el titular del Poder Ejecutivo
Federal.”
Palacio del Poder
Legislativo.— Morelia, Michoacán, a 11 de febrero de 2003.— Diputados: Esteban Arroyo Blanco, Presidente; Gabriel Ruiz Romero y Gerardo Lara Varga, secretarios; (rúbricas).»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Túrnese a la Comisión de Agricultura
y Ganadería de la Cámara de Diputados.
SECTOR
AGROPECUARIO
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Tlaxcala.— Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Tlaxcala.— LVII Legislatura.
Ciudadanos diputados secretarios
del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
Con fundamento en lo dispuesto en
el artículo 96 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Tlaxcala, y en términos de la resolución aprobada por el pleno de esta LVII Legislatura
en su sexta sesión ordinaria pública de fecha 30 de enero del año en curso, me permito
remitir a ustedes el acuerdo por el que este honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Tlaxcala exhorta al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y a todas las
secretarías del Ejecutivo Federal involucradas en el agro mexicano, para que en el
ámbito de sus respectivas competencias se aplique una medida de salvaguarda para efectos
de solicitar una revisión y prórroga de la entrada en vigor de las cláusulas del
Tratado de Libre Comercio en su capítulo agropecuario, ante la Comisión de Comercio del
Tratado de Libre Comercio, lo anterior, para su conocimiento y atención.
Sin otro particular, les envío un
cordial y respetuoso saludo.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Tlaxcala de X., a 4 de febrero de
2003.— El secretario parlamentario del honorable Congreso, licenciado Sergio Cuauhtémoc Lima López, (rúbrica).»
ACUERDO
Primero. Con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 77, 80 y 81 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 37
fracción XII; 50 fracción II del Reglamento Interior del Congreso del Estado de
Tlaxcala, el honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, exhorta al
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y a todas las secretarías del Ejecutivo
Federal involucradas en el agro mexicano, para que en ámbito de sus respectivas
competencias se aplique un medida de salvaguarda para efectos de solicitar una revisión y
prórroga de la entrada en vigor, de las cláusulas del Tratado de Libre Comercio en su
capítulo agropecuario, ante la Comisión de Comercio del Tratado Libre Comercio.
Segundo. El honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Tlaxcala, propone a las cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de
la Unión, a efecto de que analicen el antidumping,
subvenciones, salvaguardas, y las medidas de emergencia relacionadas con el Tratado de
Libre Comercio, y se establezcan nuevos mecanismos de apoyo en los presupuestos de egresos
de la Federación que mejoren la competitividad de los productores agropecuarios mexicanos
y se implementen políticas financieras para la modernización del sector agropecuario
nacional, necesarios para contrarrestar los efectos negativos de la desgravación
arancelaria en la importación de granos básicos, productos cárnicos y de leche.
Tercero. Remítase este acuerdo al Presidente de
la República Mexicana, así como a las cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso
de la Unión, para los efectos conducentes.
Cuarto. Envíese a las legislaturas de los estados
que conforman el territorio nacional, a efecto de enriquecer, apoyar y consolidar el
presente acuerdo.
Quinto. Se instruye al secretario parlamentario,
para que le dé el debido cumplimiento.
Sala de sesiones del Palacio
Juárez.— Tlaxcala de Xicohténcatl, a 30 de enero de 2003.— Diputados: José Gilberto Temoltzin Martínez, Presidente; Alberto Amaro Corona y José Víctor Morales Acoltzi, secretarios;
(rúbricas).»
El
Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Túrnese a la Comisión de Agricultura
y Ganadería de la Cámara de Diputados.
SECTOR AZUCARERO
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.—Tlaxcala.— Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Tlaxcala.— LVII Legislatura.
Ciudadanos diputados secretarios
del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
Con fundamento en lo dispuesto en
el artículo 96 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Tlaxcala, y en términos de la resolución aprobada por la Comisión Permanente de esta
soberanía en su cuarta sesión de fecha 10 de enero del año en curso, me permito remitir
a ustedes el acuerdo mediante el cual este honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Tlaxcala, convoca al Ejecutivo Federal para que atienda con urgencia y visión de largo
plazo al sector azucarero del país, puesto que constituye uno de los sectores económicos
que puede convertirse en una industria altamente rentable y generadora de mayores empleos
de los que a la fecha mantiene. Lo anterior, para su conocimiento y atención.
Sin otro particular, les envío un
cordial y respetuoso saludo.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Tlaxcala de X., a 15 de enero de
2003.— El Secretario parlamentario del honorable Congreso, licenciado Sergio Cuauhtémoc Lima López, (rúbrica).»
ACUERDO
Primero. Este honorable Congreso del Estado Libre
y Soberano de Tlaxcala, convoca al Ejecutivo Federal para que atienda con urgencia y con
visión de largo plazo, al sector azucarero del país, puesto que constituye uno de los
sectores económicos que puede convertirse en una industria altamente rentable y
generadora de mayores empleos de los que a la fecha mantiene.
Segundo. Que el Ejecutivo Federal facilite el
saneamiento financiero de la industria azucarera, financie el nuevo desarrollo dirigido a
su diversificación productiva, modernización y competitividad internacional e inhiba
todo tipo de contrabando de azúcar y de edulcorantes.
Tercero. Se solicita que el honorable Congreso de
la Unión busque soluciones legislativas y fiscales que promuevan el desarrollo de todos
los sectores económicos, estimulando más que restringiendo y buscando el trato
equitativo para los productores mexicanos en su ingreso a los países socios comerciales
de México.
Cuarto. Publíquese el presente acuerdo en el
Periódico Oficial del Gobierno del estado, para su conocimiento general.
Sala de sesiones del Palacio
Juárez.— Tlaxcala de Xicohténcatl, a 10 de enero de 2003.— Diputados: José Sergio Mendoza Cano, Presidente; Primo Librado Cabildo Pérez y José Gilberto Temoltzin Martínez, secretarios;
(rúbricas).»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Túrnese a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público de la Cámara de Senadores.
INVERSION
EXTRANJERA
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.
C. Diputado Eric Eber Villanueva
Mukul, Presidente de la Mesa Directiva del Tercer Año de Ejercicio de la LVIII
Legislatura (16 de diciembre 2002 al 14 de marzo 2003).—Presente.
En uso de las atribuciones
conferidas a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, de conformidad con lo
dispuesto en la fracción IV del artículo 27 de la Ley de Inversión Extranjera, me
permito enviarle el documento intitulado "Informe Estadístico sobre el
Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México (enero-diciembre de 2002).
"
Sin otro particular, me pongo a sus
órdenes para cualquier aclaración sobre este asunto.
Atentamente.
México, DF, a 24 de febrero de
2003.— El Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras,
licenciado Juan Antonio García Villa.»
"COMISION
NACIONAL DE INVERSIONES EXTRANJERAS
Informe
Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México.
(enero-diciembre de 2002)
1. Introducción.
2. Metodología para la
elaboración de la información sobre los flujos de IED.
2.1 Información sectorial y
regional sobre la IED.
2.2 Comisión Nacional de
Inversiones Extranjeras.
3. Comportamiento de la IED durante
el periodo enero-diciembre de 2002.
3.1 Distribución sectorial y por
país de origen de la IED notificada al RNIE y de las importaciones de activo fijo por
parte de empresas maquiladoras.
3.2 Proyectos autorizados por la
Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.
APENDICE
ESTADISTICO
Informe
Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México.
(enero-diciembre de 2002)
1. Introducción.
En uso de las atribuciones
conferidas a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, de conformidad con lo
dispuesto en la fracción IV del artículo 27 de la Ley de Inversión Extranjera, se hace
del conocimiento del honorable Congreso de la Unión el presente informe estadístico
sobre el comportamiento de la inversión extranjera en México durante el periodo
enero-diciembre de 2002.
El contenido de este informe es el
siguiente: en la segunda sección se presenta una explicación relativa a la cobertura y
método de recopilación de las diferentes fuentes de información utilizadas para
elaborar las estadísticas sobre inversión extranjera directa (IED) en México. En el
tercer apartado, se describe el comportamiento de la IED durante enero-diciembre de 2002,
destacando el sector económico al que se destinan las inversiones y el país de origen
del cual provienen; también se da a conocer el monto de IED correspondiente a los
proyectos de inversión autorizados por la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras
(CNIE). Finalmente se incluye un apéndice estadístico.
2. Metodología
para la elaboración de la información sobre los flujos de IED.
Las estadísticas sobre IED
presentadas en este reporte son generadas conjuntamente por la Secretaría de Economía y
el Banco de México, de acuerdo a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional
(FMI) en su Manual de Balanza de Pagos1 y de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)2. La estimación de la IED se integra con los
siguientes conceptos:
a) Los montos de la IED notificados
al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE). Son las inversiones notificadas al
RNIE por parte de personas físicas o morales extranjeras que realizan actos de comercio
en México y sucursales de inversionistas extranjeros establecidas en el país;3 de sociedades mexicanas con participación
extranjera y de instituciones fiduciarias que participan en fideicomisos de bienes
inmuebles de los que se derivan derechos en favor de inversionistas extranjeros. Estas
cifras corresponden a la inversión realizada por personas físicas o morales extranjeras
al establecerse en México4; a las nuevas
inversiones, reinversión de utilidades 5 y
cuentas entre compañías 6 de sociedades ya
establecidas; y, al monto de la contraprestación en los fideicomisos de bienes inmuebles.
De acuerdo a los artículos 32 y 33 de la Ley de Inversión Extranjera y 38 del Reglamento
de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, los
movimientos mencionados deben ser reportados al RNIE.
También se incluye en este
concepto el monto de inversión involucrado en las transmisiones de acciones por parte de
inversionistas mexicanos a inversionistas extranjeros, a través de las cuales la IED
adquiere total o parcialmente sociedades mexicanas ya establecidas.7
Las notificaciones al RNIE tienden
a darse con un importante rezago con respecto a las fechas en las que se realizan las
inversiones debido, entre otras razones, al periodo de tiempo que se requiere para
formalizar el acta de Asamblea en la cual se asienta la inversión realizada.
Este rezago se traduce en que el
monto de IED reportado al RNIE en un determinado mes corresponde en su mayoría a
inversiones realizadas varios meses antes, incrementando así las cifras de IED relativas
a los meses anteriores. Por ende, la cifra reportada como IED realizada en un determinado
plazo no es definitiva, ya que ésta aumenta posteriormente en la medida en que el RNIE
recibe las notificaciones del resto de las inversiones realizadas en dicho periodo. Debido
a la existencia de este rezago, se debe tener cuidado en la comparación de los flujos de
IED correspondientes a dos periodos, pues las inversiones realizadas durante el periodo
menos reciente han tenido más tiempo para haber sido dadas de alta ante el RNIE 8.
Por lo expuesto en los tres
párrafos inmediatos anteriores, se incluye en el monto total de IED una estimación de
los montos ya materializados en enero-diciembre de 2002 pero que no han sido notificados
al RNIE. Esta estimación se elabora tomando en cuenta el comportamiento mostrado por el
rezago mencionado durante los últimos ocho años y con la información de diversos
indicadores obtenidos por el Banco de México (información obtenida de diversas áreas
del propio Banco; de las empresas y de medios especializados de información.
b) El valor de las importaciones de
activo fijo realizadas por empresas maquiladoras. Comprende las inversiones en maquinaria
y equipo por parte de empresas maquiladoras 9.
Estas inversiones se realizan por medio de la aportación de activo fijo por parte de las
empresas matrices en el extranjero a sus filiales de México bajo un contrato de comodato
(préstamo gratuito). Dicho contrato transfiere gratuitamente el uso del activo a la
maquiladora para que desarrolle su actividad, pero no se le otorga la propiedad del mismo,
por lo cual la sociedad mexicana no puede reportarlo en su contabilidad.
Debido a que las transacciones
mencionadas en el párrafo anterior no se incluyen en la contabilidad de la sociedad
mexicana, éstas no tienen la obligación de notificar tales inversiones al RNIE. Por
ello, estas aportaciones de capital son captadas a través de la información estadística
de comercio exterior como importaciones temporales 10.
La información correspondiente se publica mensualmente, con un rezago de tres semanas.
2.1 Información sectorial y regional sobre la IED.
Se dispone de información
desagregada por sector económico, entidad federativa y país de origen, únicamente
respecto de los montos notificados al RNIE y de las importaciones de activo fijo
efectuadas por empresas maqui- ladoras, debido a que las estimaciones de la inversión que
aún no se reporta al RNIE no incluyen las desagregaciones correspondientes.
Con la entrada en vigor del
Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones
Extranjeras se amplió la cobertura del RNIE, de tal forma que ahora dicho registro capta
información oportuna sobre la reinversión de utilidades y cuentas entre compañías;
así, se ha incrementado notablemente el porcentaje de la IED total que se presenta
desagregado por sector económico, entidad federativa y país de origen.
La información geográfica de la
IED se refiere a la entidad federativa donde se ubica el domicilio del representante legal
o de la oficina administrativa de cada empresa (único dato que proporcionan los
inversionistas extranjeros cuando notifican al RNIE sus movimientos de inversión), y no
necesariamente a la entidad federativa donde se realizan las inversiones. Esta misma
situación se observa en la clasificación por entidad federativa de las importaciones de
activo fijo por parte de sociedades maquiladoras con IED.
2.2 Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.
Finalmente, los montos de IED
involucrados en los proyectos autorizados por la Comisión Nacional de Inversiones
Extranjeras de conformidad con lo establecido en los artículos 8o., 9o. y noveno
transitorio de la Ley de Inversión Extranjera, representan un importante indicador de las
inversiones por realizarse en el corto plazo. Estas inversiones se incluyen en las
estadísticas sobre IED, únicamente a partir de que se llevan a cabo y se notifican al
RNIE.
3.
Comportamiento de la IED durante el periodo enero-diciembre de 2002.
A continuación se presentan las
cifras que reflejan la evolución de la IED en el periodo enero-diciembre de 2002,
recopiladas hasta el 31 de diciembre de ese año, de acuerdo a la metodología descrita en
la sección anterior.
La IED notificada al RNIE. Durante
el periodo enero-diciembre de 2002, el RNIE recibió notificaciones sobre IED por 12,002.2
millones de dólares (md); de ellos, el 63.8% (7,652.9 md) se realizó en enero-diciembre
de 2002; el 18.0% (2,165.8 md), en 2001; el 10.8% (1,294.2 md), en 2000; y el restante
7.4% (889.3 md), antes de 2000 11.
De los 7,652.9 md de IED notificada
al RNIE y materializada durante enero-diciembre de 2002, el 39.7% (3,034.8 md) corresponde
a nuevas inversiones; el 24.5% (1,875.9 md), a reinversión de utilidades; y el 35.8%
(2,742.2 md), a cuentas entre compañías.
IED realizada pero aún no
notificada al RNIE. Asimismo, se estima que durante enero-diciembre de 2002, las empresas
con IED realizaron inversiones por 3,930.1 md, mismas que no habían sido notificadas al
RNIE al 31 de diciembre de ese año. Los 3,930.1 md aún no notificados al RNIE
corresponden a 3,576.4 md de nuevas inversiones y a 353.7 md de reinversión de utilidades
12.
Importación de activo fijo por
parte de maquiladoras. Por su parte, el valor de las importaciones de maquiladoras durante
enero-diciembre de 2002, se ubicó en 2,043.5 md.
De esta manera, al 31 de
diciembre de 2002, la estimación de la IED realizada en el lapso enero-diciembre de 2002
asciende a 13,626.5 md, y se integra en un 48.5% (6,611.2 md) de nuevas inversiones; 16.4%
(2,229.6 md) de reinversión de utilidades; 20.1% (2,742.2 md) de cuentas entre
compañías; y, 15.0% (2,043.5 md) de importación de activo fijo por parte de
maquiladoras.
Asimismo, 7,652.9 md (56.2%) de los
13,626.5 md de IED estimada para el periodo enero-diciembre de 2002, ya fueron notificados
al RNIE; 3,930.1 md (28.8%) corresponden a la estimación de la IED que aún no se ha
notificado; y 2,043.5 md (15.0 %) corresponden a importaciones de activo fijo por parte de
maquiladoras.
Los montos de IED correspondientes
al periodo enero-diciembre de 2002, fueron realizados por 4,193 sociedades mexicanas con
inversión extranjera directa en su capital social, de las cuales 1,346 son sociedades
maquiladoras que importaron temporalmente activo fijo.
3.1 Distribución sectorial y por país de origen de la
IED notificada al RNIE y de las importaciones de activo fijo por parte de empresas
maquiladoras.
Los 9,696.4 md de IED realizada en
enero-diciembre de 2002 (7,652.9 md de movimientos de inversión notificados al RNIE y
materializados durante ese periodo, y 2,043.5 md de importaciones de activo fijo por parte
de empresas maquiladoras), se canalizaron a la industria manufacturera que recibió 42.2%;
al sector de servicios financieros fue el 30.3%; a comercio, 11.6%; a transportes y
comunicaciones, el 7.7%; y a otros sectores, el 8.2%.
Asimismo, durante enero-diciembre
de 2002 la IED provino principalmente de Estados Unidos, que invirtió 7,071.4 md; Holanda
aportó 485.9 md; Alemania, 476.0 md; Suiza, 260.5 md; España, 239.8 md; Francia, 150.0
md; Dinamarca, 139.3 md; Irlanda, 116.3 md; Japón, 95.8 md; Reino Unido, 69.3 md; y otros
países, 592.1 md.
El total de las importaciones de
activo fijo por parte de maquiladoras (2,043.5 md, en enero-diciembre de 2002) fue
realizado por sociedades ubicadas en el sector industrial. Además, 1,810.8 md de las
importaciones corresponden a empresas provenientes de Estados Unidos; 44.5 md, de Japón;
38.2 md, de España; 33.9 md, de Holanda; 24.9 md, de Suiza; 19.7 md, de Finlandia; 19.6
md, del Reino Unido; 14.3 md, de Singapur; 13.3 md, de Francia; y 24.3 md, de otros
países.
3.2 Proyectos autorizados por la Comisión Nacional de
Inversiones Extranjeras.
Durante enero-diciembre de 2002, la
Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) autorizó 31 proyectos de inversión
por un total de 4,075.6 md. Los proyectos autorizados en ese periodo se espera que se
realicen entre dicho año y el 2003. Los proyectos se ubican en los sectores de servicios
(17 proyectos), construcción (5), transportes y comunicaciones (3), la industria
manufacturera (4) y el comercio (2).
1 Capítulo XVIII del Manual de Balanza de Pagos.
Editado en 1993 por el Fondo Monetario Internacional. Quinta Edición.
2 Benchmark Definition of Foreign direct Investment.
"Benchmark Definition", editado en 1996 por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos. Tercera Edición.
3 Se refiere a los establecimientos que para la
prestación de servicios abren en México personas morales extranjeras, sin que para ello
constituyan una sociedad mexicana.
4 Incluye inversiones en activo fijo y capital de
trabajo para la realización de actos de comercio en México. Este tipo de inversiones se
refiere a las realizadas por personas físicas o morales extranjeras a quienes el Código
de Comercio Reconoce personalidad jurídica y la Ley de Inversión Extranjera posibilita a
efectuar actividades económicas en México, sin constituirse como una sociedad mexicana.
5 Es la parte de las utilidades que no se distribuye
como dividendos y que, por representar un aumento de los recursos de capital propiedad del
inversionista extranjero, es parte de la IED. En la contabilidad de la balanza de pagos,
en congruencia con lo dispuesto en la quinta edición del Manual de Balanza de Pagos del
FMI, la contrapartida a la reinversión de utilidades de la IED (que se registra en la
cuenta de capital como entrada virtual) es una erogación (también virtual) en los pagos
factoriales de la cuenta corriente.
6 Se refiere a las transacciones originadas por deudas
entre empresas asociadas. Así, incluye tanto préstamo de las matrices residentes en el
exterior a sus filiales en México, como préstamos o adelantos de pagos de las filiales a
sus matrices; estas transacciones son consideradas como IED debido a que significan un
ingreso proveniente del exterior, financiado directamente por el inversionista extranjero
a su filial en México.
7 Los movimientos se consideran IED debido a que
tienen la finalidad de obtener un interés de largo plazo en empresas mexicanas, lo cual
es congruente con la definición de IED de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (Benchmark Definition of Foreign Direct lnvestment, página 7,
Tercera Edición, 1996), misma que señala lo siguiente: "La inversión extranjera
directa refleja el objetivo de obtener un interés duradero por parte de una entidad
residente en una economía (inversionista directo) en una entidad residente en otra
economía diferente a la del inversionista (empresa de inversión directa)". El
interés duradero implica la existencia de una relación de largo plazo entre el
inversionista directo y la empresa, así como un grado significativo de influencia en el
manejo de la empresa.
8 Por ejemplo sí sería válido comparar las cifras
de IED correspondientes al periodo enero-diciembre de 2002, que se tienen registradas
hasta el 31 de diciembre de 2002, con la información que se tenía registrada al 31 de
diciembre de 2001. relativa al periodo enero-diciembre de 2001.
9 El resto de las inversiones (movimientos en el
capital social) realizadas por las maquiladoras, son notificadas al RNIE e incorporadas en
las estadísticas correspondientes, toda vez que estas maquiladoras son sociedades
mexicanas con inversión extranjera y, por lo tanto, están obligadas a notificar al RNIE
sus inversiones en el capital social.
10 No se resta el valor de las exportaciones de activo
fijo que, en su momento, ingresó al país con carácter de importación temporal, debido
a que se supone un factor de depreciación al 100%.
11 Como ya se explicó, la diferencia entre la fecha
de inscripción en el RNIE y la de realización de la inversión, se debe a que los
inversionistas no acuden inmediatamente ante el RNIE una vez hecha la inversión, sino que
la inscripción tiende a darse tradicionalmente con un rezago importante.
12 La estimación de nuevas inversiones y reinversión
de utilidades se elabora tomando en cuenta el comportamiento mostrado por el rezago en las
notificaciones al RNIE durante los últimos ocho años. En el caso de cuentas entre
compañías, la estimación la obtiene el Banco de México por medio de diversos
indicadores elaborados por dicha institución.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Túrnese a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público de la Cámara de Diputados.
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
«Escudo.— Congreso del Estado
de Chihuahua.— LX Legislatura.
Diputada Beatriz Paredes Rangel,
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la
Unión.— México, DF.
Le remito el acuerdo número 495/02
IPO, así como copia del dictamen que le dio origen, aprobado por el honorable Congreso
del estado de Chihuahua con fecha 20 de diciembre del año en curso.
En observancia de tal acuerdo,
solicito a usted tenga al Congreso del estado de Chihuahua iniciando para su trámite y
aprobación la reforma del artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Sin otro particular de momento,
reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Chihuahua, Chihuahua, a 20 de
diciembre de 2002.— Diputado Manuel Guillermo
Márquez Lizalde, Presidente del honorable Congreso del Estado.»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Congreso del Estado de Chihuahua.— Secretaría.
Acuerdo Número 495/02 IPO
La LX Legislatura del honorable
Congreso del estado de Chihuahua, en su primer periodo ordinario de sesiones, dentro de su
segundo año de ejercicio constitucional
ACUERDA
Unico. La LX Legislatura del honorable Congreso
del estado de Chihuahua tiene a bien aprobar la siguiente iniciativa de ley ante el
Congreso de la Unión, a fin de que se adicione con un inciso c) la fracción XV del
artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar redactado de la siguiente
manera:
Artículo 109. No se pagará el Impuesto Sobre la
Renta por la obtención de los siguientes ingresos:
I a la XIV...
XV. Los derivados de la
enajenación de:
a)...
b)...
c) Los bienes inmuebles que, dentro
de un juicio laboral, se rematen y adjudiquen en favor del trabajador.
ARTICULO
TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Dado en el salón de sesiones del
Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a 20 de diciembre de 2002.—
Diputados: Manuel Guillermo Márquez Lizalde,
presidente; Jesús Roberto Corral Ordóñez y Pedro Martínez Chairez, secretarios.»
«Escudo.— Congreso del Estado
de Chihuahua.— LX Legislatura.
Honorable Congreso del Estado:
A la Comisión de Trabajo y
Previsión Social, le fue turnada para su estudio y dictamen, iniciativa con carácter de
decreto presentada por el diputado Luis Carlos Campos Villegas para formular iniciativa
ante el Congreso de la Unión, a efecto de que se adicione con un inciso "c" la
fracción XV del artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para que se, prevea
en dicho ordenamiento la exención al pago del Impuesto Sobre la Renta por concepto de
enajenación de inmuebles, en el caso de aquellos bienes que dentro de un juicio laboral,
se rematen y adjudiquen al trabajador.
ANTECEDENTES
La iniciativa de referencia fue
presentada el día 28 de noviembre del año 2002, en la cual el iniciador manifiesta que:
"la Ley Federal del Trabajo, en su Título Decimoquinto, contiene una serie de
disposiciones relativas a los procedimientos de ejecución, entre otros, de los laudos
dictados por las juntas de Conciliación y Arbitraje".
El autor de la iniciativa continua
diciendo que: "de conformidad con el artículo 975, la fracción II, inciso b),
resuelve el problema generado, por una importante laguna que habría dejado la ley de
1970, ya que ésta no contemplaba la cancelación de gravámenes al adjudicarse los
trabajadores en un procedimiento laboral y de manera efectiva bienes inmuebles y ocurría
que los registradores se negaban a cancelarlos, con lo que se impedía la debida
adjudicación, cuando carecían de medios económicos para cubrir los derechos de registro
y por ende la libre disposición de tales bienes".
Ahora bien, el autor de la
iniciativa señala que el propósito fundamental de su petición es lograr que se prevea
en dicho ordenamiento la exención al pago del impuesto por concepto de enajenación de
inmuebles, en el caso en que el patrón es condenado en un juicio de orden laboral,
procedimiento en el cual se le embarga y remata un inmueble dentro del procedimiento de
ejecución forzosa del laudo respectivo, adjudicándosele al trabajador.
CONSIDERACIONES
El derecho laboral es uno de los
pilares del llamado derecho social. Siendo esto así, se persigue el que la clase
trabajadora tenga garantías mínimas; dentro de estas protecciones se encuentran los
salarios de los trabajadores, así como otras prestaciones como la indemnización
constitucional, aguinaldos, prima vacacional, etcétera, ello representa gran importancia
debido a que tales prestaciones son la remuneración que otorga en efectivo el patrón al
trabajador, de conformidad con la ley, para que éste pueda en primer lugar adquirir los
satisfactores necesarios para sobrevivir como son la comida, la ropa, la salud, etcétera.
Estas prestaciones se tienen que
cubrir al trabajador con determinada periodicidad, el salario semanalmente, el aguinaldo
anualmente, la indemnización constitucional cuando se despide al trabajador
injustificadamente, etcétera pero resulta, que en ocasiones los patrones no cumplen con
estas obligaciones y es cuando el trabajador se ve en la necesidad de acudir a los
tribunales laborales a pedir que el Estado haga cumplir al patrón remiso. Seguido el
juicio laboral, el trabajador obtiene sentencia favorable y al ejecutarla se encuentra
frente a la situación en la que el patrón no cumple voluntariamente con la obligación
que le impone el laudo, por lo que se procede a embargar y a rematar bienes inmuebles, a
fin de que con los mismos se pague al trabajador.
Si bien es cierto, la Ley Federal
del Trabajo en su artículo 975 señala claramente que en el caso de la adjudicación de
un inmueble al trabajador, este debe basar libre de todo gravamen, impuestos y derechos
fiscales, sin embargo, en la práctica se da un conflicto que finalmente obliga al
trabajador a pagar el impuesto sobre la renta no obstante no estar obligado a ello, ya que
el notario público al protocolizar las constancias del juicio laboral; por disposición
expresa de esta misma Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como del Código Fiscal de la
Federación, tiene la obligación de retener el referido, impuesto, de otra forma si no es
pagado este, no será posible proseguir con los trámites correspondientes.
En este caso, y conforme a la
redacción actual de la ley, la obligación de pagar el Impuesto Sobre la Renta
corresponde al patrón que fue demandado y vencido en juicio, pero que, por esa misma
razón, jamás comparecerá a liquidar el citado impuesto.
Ante esta situación el trabajador
se ve injustamente obligado a efectuar el pago del multireferido impuesto para lograr el
registro de su escritura pública y así acreditar plenamente, con certeza y seguridad
jurídica, la propiedad sobre el inmueble objeto del remate y adjudicación.
Lo anterior de ninguna manera ya es
justo ya que pervierte el espíritu que anima a todo el derecho social y específicamente
a lo dispuesto en el artículo 975 de la Ley Federal del Trabajo.
Por las anteriores consideraciones
se estima pertinente el adicionar con un inciso "c" la fracción decimoquinta
del artículo 109, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para el preciso efecto de hacerlo
acorde con el texto de la Ley Federal del Trabajo, de tal manera que en lo sucesivo, el
trabajador no pague impuesto alguno o derecho con motivo de la adjudicación de bienes en
juicio.
Atentos a tales consideraciones y
de conformidad con lo que disponen los artículos 57 y 58 de la Constitución Política
del Estado 43, 52, 59, 101 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado, sometemos a la consideración de este Alto Cuerpo Colegiado la siguiente:
Resolución con carácter de
iniciativa de ley ante el Congreso de la Unión:
La LX Legislatura del Estado de
Chihuahua ha tenido a bien aprobar la siguiente iniciativa de ley ante el Congreso de la
Unión:
Unico. Se adiciona con un inciso
c), la fracción XV del artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar
redactado de la siguiente manera:
Artículo 109. No se pagará el
Impuesto Sobre la Renta por la obtención de los siguientes ingresos:
I a XIV…
XV. Los derivados de la
enajenación de:
a)...
b)...
c) Los bienes inmuebles, que dentro
de un juicio laboral, se rematen y adjudiquen a favor del trabajador.
ARTICULOS
TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de Federación.
Económico. Aprobado que sea
túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta en los términos en que deba enviarse
al Congreso de la Unión, en la inteligencia, de que se deberá remitir por conducto de la
Cámara de Diputados.
Leído en el salón de sesiones del
Palacio del Poder Legislativo, a 20 de diciembre de 2002.— Por la Comisión de
Trabajo y Previsión Social.— Dip. Luis Carlos
Campos Villegas, presidente; Dip. Jorge Pascual
Carreón León, secretario y Dip. Oscar
González Luna, vocal.»
El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público de la Cámara de Diputados.
ARTICULO
62 CONSTITUCIONAL
El Secretario diputado José Tomás
Lozano y Pardinas:
«Escudo.— Poder
Legislativo.— Gobierno del Estado de Hidalgo.
Honorable Cámara de
Senadores.— Presente.
Los diputados integrantes de la
Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales de la LVIII
Legislatura, emitieron acuerdo económico relativo al oficio número OPL-1047 enviado por
el honorable Congreso del estado de Jalisco, comunicando que se acordó solicitar la
aprobación del acuerdo económico número 650/02, en el que se recomienda reformar el
artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de
que se incluya como impedimento para diputados y senadores, el ejercer libremente la
profesión de abogados, mismo que fue aprobado por el pleno en sesión de esta fecha, del
cual le estoy enviando copia, en suplencia de la Secretaría, para su conocimiento y
efectos.
Sin otro particular por el momento,
le reitero las seguridades de mi consideración distinguida.
Atentamente.
Pachucha, Hidalgo, a 19 de
diciembre de 2002.— El Oficial Mayor del honorable Congreso del Estado de Hidalgo,
licenciado Jorge Luis López del Castillo.»
«Escudo.— Poder
Legislativo.— Gobierno del Estado de Hidalgo.
LVIII Legislatura del honorable
Congreso del Estado de Hidalgo.
Honorable Asamblea: los integrantes
de la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, en atención
al planteamiento y propuesta que nos fue turnada con fecha 7 de agosto del año en curso,
enviado por el honorable Congreso del estado de Jalisco, comunicando que se acordó
solicitar la aprobación del acuerdo económico número 650/02 en el que se recomienda
reformar el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a
efecto de que se incluya como impedimento para diputados y senadores el ejercer libremente
la profesión de abogados, para los efectos procedentes.
Por lo anterior se registró en el
libro de Gobierno y se formó el expediente bajo el número 41/02, así como se procedió
a llevar a efecto el estudio en atención a los siguientes
ANTECEDENTES
Unico. La LVI Legislatura del honorable Congreso
del Estado de Jalisco, mediante el cual se acordó girar a esta soberanía, atento y
respetuoso oficio para manifestar que la Legislatura se suma al contenido de la iniciativa
que acompaña, misma que se presentó con base en lo siguiente:
I. Todo servidor público, para el
buen desempeño de la función que le ha sido encomendada, debe estar consciente de que su
encargo implica, en muchas de las ocasiones, el sacrificar los intereses personales,
anteponiendo ante todo el beneficio de los ciudadanos. Este criterio adquiere mayor
relevancia cuando los servidores públicos son electos por voluntad popular, ya que los
mismos están obligados a no defraudar la confianza que los ciudadanos les han depositado
al haberlos elegido; asimismo, su responsabilidad se ve incrementada al considerar que la
buena marcha de las instituciones democráticas se sustenta en la eficiencia y honestidad
con que estos servidores públicos se conducen en la realización de su labor, por lo que
al obrar de manera contraria, se pone en riesgo la credibilidad en el sistema de gobierno
representativo. Por ello, a fin de garantizar en la medida de lo posible la idoneidad de
los aspirantes al poder público, la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece, por una parte, varios requisitos de elegibilidad para los integrantes
de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, pero a su vez, también establece una
serie de prohibiciones que norman el actuar de los integrantes de estos poderes, al
considerar el Constituyente que existen ciertas acciones que, si bien en otras
circunstancias es totalmente legítimo llevarlas a cabo, tratándose del Presidente de la
República, de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia o de los miembros del
honorable Congreso de la Unión, las mismas constituyen una distracción para el fiel
cumplimiento de los compromisos adquiridos, interfieren con el desarrollo normal de las
actividades propias de estos poderes o, peor aún, conllevan a conflictos que van en
contra de los intereses de la nación. De esta manera, al elevar estas prohibiciones a
nivel constitucional, se reafirma la necesidad de contar con servidores públicos cuyo
principal objetivo sea trabajar por el bien común de la sociedad.
II. En el caso específico de los
diputados y senadores, que en conjunto integran el honorable Congreso de la Unión, la
Carta Magna indica que durante el periodo de su encargo, no podrán desempeñar ninguna
otra comisión o empleo de la Federación o de los estados por los cuales se disfrute
sueldo sin licencia previa de la Cámara respectiva, pues al actuar en contra de este
mandato constitucional, se hacen acreedores a la pérdida del carácter de diputado o
senador. El Legislativo es un poder de representación ciudadana en donde no existe
homogeneidad de profesiones o carreras, sus integrantes pueden dedicarse a su actividad
profesional en tanto no interfiera con el cumplimiento de obligaciones. Sin embargo,
existen profesiones como la abogacía, en la que la utilización inadecuada o privilegiada
de la información a la que tienen acceso diputados y senadores para realizar su labor o
el uso del llamado tráfico de influencias, provocaría iniquidad en una relación
litigiosa, sobre todo si la contraparte es una entidad pública, lo anterior en demérito
de la imparcialidad que debe imperar en la impartición de justicia. Dado que la
Constitución Federal no contempla la situación antes expuesta no existe el impedimento
legal para que los legisladores incurran en dichas acciones. La ley, como la sociedad
misma, no es estática sino que se encuentra en constante cambio y debe ir a la par de las
circunstancias que se vayan presentando, para no quedar rezagada ante los acontecimientos
cotidianos. La Cons- titución, como norma suprema, debe prever situaciones como la
señalada, no para impedir el ejercicio legítimo de cualquier profesión, sino para
evitar que el uso de medios o circunstancias ilegítimos o contrarios a la ética
provoquen daños al patrimonio de las entidades públicas y, por ende, a los recursos de
todos los mexicanos. De esta manera, se coadyuvará a que nuestros representantes
populares, al aceptar su cargo, tengan siempre presente que antes que los beneficios
personales, deben anteponer el bien de la nación; y
CONSIDERANDO
Primero. Que frente a esta opinión
puede apreciarse si se toma en cuenta que el valor de un acto humano se mide por la
elevación del fin que persigue, y el fin del abogado es realizar la justicia por medio
del derecho. El derecho persigue fines enlazados entre sí como es: la justicia, el orden,
la seguridad, la libertad y la paz que, finalmente, se concreta en servir al
perfeccionamiento y realización del hombre en toda su plenitud e integridad. Pero, un
orden que no fuera justo sería un grave desorden moral que no realizaría los fines del
derecho, y una seguridad fundada en la arbitrariedad sería mera violación sin justicia y
en este caso que nos ocupa con la reforma propuesta es todo un verdadero tráfico de
influencias que provoca iniquidad en una relación litigiosa, sobre todo si la contraparte
es una entidad pública y por la otra un abogado con el carácter de diputado y senador
que tienen el privilegio de la información para realizar su labor.
Segundo. Que el artículo que se
pretende reformar únicamente impide a los diputados y senadores propietarios, que durante
el periodo de su encargo, no podrán desempeñar otra comisión o empleo de la Federación
o de los estados, por los cuales se disfrute sueldo. Mas no señala que no se pueda
dedicar a su actividad profesional. Sin embargo, existen profesiones como la abogacía, en
la que la utilización inadecuada o privilegiada de la información a la que tienen acceso
diputados y senadores. Esta reforma, es no para impedir el ejercicio legítimo de
cualquier profesión, sino para evitar que el uso de medios y circunstancias ilegítimos o
contrarios a la ética provoquen daños al patrimonio de las entidades públicas. De esta
manera, se coadyuvará a que nuestros representantes populares, al aceptar su cargo,
tengan siempre presente que ante los beneficios personales deben anteponer el bien de la
nación.
Con base en lo anterior y con
fundamento en lo que establecen los artículos 55 de la Constitución Política del
Estado, y 71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos someter a su
consideración el siguiente
ACUERDO
ECONOMICO
Primero. Gírese atento oficio al honorable
Congreso de la Unión, mediante el cual se le manifieste la recomendación de esta
soberanía, para reformar el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, a efecto de que se incluya como impedimento para diputados y senadores,
el ejercer libremente la profesión de abogado, no patrocinar negocios judiciales por sí
o por interpósita persona, cuando la contraparte sea la Federación, los estados, los
municipios o los organismos descentralizados de los anteriores, aun gozando de licencia,
salvo en causa propia, el cónyuge, de ascendientes o descendientes en línea recta sin
límite de grado.
Segundo. Gírense atentos oficios a las
legislaturas de los estados, anexando copia del presente acuerdo, para que, de
considerarlo procedente, se sumen al contenido del mismo.
Sala de comisiones del honorable
Congreso del Estado de Pachuca de Soto, Hidalgo, a 6 de junio 2002.—- Por la Primera
Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales.— Diputados: José Francisco Olvera Ruiz, Efraín Ramírez
Gutiérrez, Francisco González Vargas, Mabel Calderón García y Jorge Alfredo Moctezuma Aranda (rúbricas).»
El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de
Diputados.
CODIGO PENAL FEDERAL
El Secretario diputado José Tomás
Lozano y Pardinas:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo.— Estado Libre y Soberano de
Veracruz-Llave.
Ciudadano senador Enrique Jackson
Ramírez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable
Congreso de la Unión.— Presente.
En ejercicio de la facultad que a
las legislaturas de los estados confiere el artículo 71 fracción III de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la honorable LIX Legislatura del Congreso del
Estado de Veracruz-Llave, en sesión ordinaria celebrada hoy, acordó presentar iniciativa
ante el Congreso de la Unión para adicionar con un artículo 164-ter, en el Título
Cuarto, Capítulo IV, el Código Penal Federal.
Anexamos, para los efectos
procedentes, un ejemplar de la mencionada iniciativa.
Sin otro particular, le reiteramos
la seguridad de nuestras atentas y distinguidas consideraciones.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Jalapa, Ver., a 30 de enero de
2003.— Diputados: Felipe Amadeo Flores Espinosa,
Presidente; Natalio Alejandro Arrieta Castillo,
Secretario.»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo.— Estado Libre y Soberano de
Veracruz-Llave.
La honorable LIX Legislatura del
Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, en uso de la facultad que le
confieren los artículos 33 fracción III, y 38 de la Constitución Política local; 18
fracción III, y 47 segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 103 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo y en nombre del pueblo, expide
la siguiente
INICIATIVA
Ante el Congreso de la Unión.
Primero. Se aprueba presentar ante la Cámara de
Senadores del honorable Congreso de la Unión, en nombre de la LIX Legislatura del
honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, la iniciativa del
decreto que adiciona un artículo 164-ter al Capítulo IV, Título Cuarto, al Código
Penal Federal, en los términos siguientes:
Ciudadanos secretarios de la
Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
La LIX Legislatura del honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, en ejercicio de las atribuciones
concedidas por los artículos 71 fracción III de la Constitución General de la
República; 38 de la Constitución Política del Estado de Veracruz; y 47 segundo párrafo
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado, somete a vuestra consideración la
presente propuesta de iniciativa del decreto que adiciona un artículo 164-ter al
Capítulo IV, Título Cuarto, del Código Penal Federal. Lo anterior, con base en la
siguiente
EXPOSICION
DE MOTIVOS
En la Ley Federal de Armas de Fuego
y Explosivos, que data del 29 de diciembre de 1971 y que, con varias reformas sigue
vigente a la fecha, como su nombre lo indica, se contiene la regulación de todos los
rubros relacionados con ambos conceptos y de los objetos que se denominan
"municiones", "artificios" y "sustancias químicas", que
tienen como denominador común su peligrosidad. El ordenamiento en cita contiene diversas
hipótesis de violaciones de sus preceptos, unas de carácter administrativo y otras de
naturaleza penal, estableciéndose las sanciones correspondientes a cada una de las
citadas trasgresiones.
No se contiene en la citada ley,
sin embargo, una figura penal que específicamente sancione conductas de mero peligro
relacionadas no sólo con el manejo o tratamiento de los objetos y las sustancias que en
ella se regulan, sino con todos los productos que sean de naturaleza peligrosa, ocurriendo
lo mismo en el Código Penal Federal; esto es, que en el cuerpo de este último tampoco se
encuentra un tipo referente al peligro que representan, en condiciones de ilicitud, el
almacenamiento, el tránsito o el comercio de tales productos peligrosos.
Por las razones anteriores, para la
protección de la sociedad, por esta vía se propone la presentación ante la Cámara de
Senadores, como Cámara de origen, de una iniciativa con proyecto de decreto para la
creación de un tipo que sancione conductas de peligro, dentro del grupo de los delitos
contra la seguridad pública, para ubicarse como artículo 164-ter, en el Título Cuarto,
Capítulo IV, del Código Penal Federal, cuyo texto se propone a continuación:
Decreto
que adiciona un artículo 164-ter, en el Título IV, Capítulo Cuarto, del Código Penal
Federal
Unico. Se adiciona un artículo 164-ter al Título
Cuarto, Capítulo IV, del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
TITULO
IVDelitos contra la seguridad pública
CAPITULO
IV
Artículo 164-ter. A quienes, ilegalmente,
produzcan, trans- porten, suministren, adquieran, almacenen o comercialicen en cualquier
forma sustancias y objetos peligrosos para la seguridad pública que sean materia de
regulación federal se impondrán de tres a 10 años de prisión y hasta trescientos días
multa.
A los servidores públicos que
permitan la realización de las conductas tipificadas en este precepto se aplicarán de
tres a 10 años de prisión y hasta 500 días multa e inhabilitación para ocupar
cualquier cargo público por un periodo hasta de cinco años si por razón de sus
funciones están obligados a prevenir dichas conductas.
ARTICULOS
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se
opongan al presente decreto.
Segundo. Remítase la presente resolución a la
Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, para los efectos legales
conducentes.
Tercero. Publíquese en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del estado.
Salón de sesiones de la H. LIX
Legislatura del Congreso del Estado, en Xalapa-Enríquez, Veracruz, a 30 de enero de
203.— Diputados: Felipe Amadeo Flores Espinosa,
Presidente; Natalio Alejandro Arrieta Castillo,
Secretario (rúbricas).»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara
de Diputados.
NACIONALIDAD
El Secretario diputado José Tomás Lozano y Pardinas:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— LVII Legislatura.— Zacatecas.
CC. Secretarios de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México, DF.
Adjunto tenemos el honor de remitir
a ustedes un ejemplar del acuerdo número 4, emitido por la Comisión Permanente de la
LVII Legislatura del Estado, en sesión ordinaria de esta misma fecha, mediante el cual se
solicita a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y al Senado de la República,
que a la brevedad posible se presente en cualesquiera de dichas cámaras, una iniciativa
de reforma al artículo segundo transitorio del decreto por el que se reformaron los
artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 20 de marzo de 1997.
Nos es grato reiterarles las
seguridades de nuestra distinguida y especial consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Zacatecas, Zacatecas, a 13 de
febrero del año 2003.— Diputados: Leodegario
Varela González y Lorena E. Oropeza Muñoz,
secretarios, (rúbricas).»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.—LVII Legislatura.— Zacatecas.
Acuerdo
NUmero 4
La Comisión Permanente de la LVII
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas.
Resultando Unico. En sesión de la
Comisión Permanente de esta asamblea popular, correspondiente al día 13 de febrero del
año en curso, se dio lectura a una iniciativa de punto de acuerdo que en ejercicio de las
facultades que le confieren los artículos 14, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, 24 y 25 del Reglamento General, presentó el diputado Carlos Enrique
Hernández Escobedo. La iniciativa de referencia fue aprobada en la misma sesión en que
se presentó.
Exposición de Motivos
Primero. El artículo 37 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 establece tres circunstancias por las
que se pierde la calidad de "ciudadano mexicano".
Segundo. En enero de 1934 el citado artículo se
reforma de nueva cuenta y se incluye el concepto de "nacionalidad mexicana" en
el apartado A, fracción I, siendo una de las cuatro circunstancias por las que se pierde,
a la letra dice: "por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera".
Tercero. El 20 de marzo de 1998 entra en vigor el
decreto por el que se reforman los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos publicado el año anterior; el artículo 37 es modificado
sustancialmente y el apartado A establece lo siguiente: "ningún mexicano por
nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad".
Cuarto. El artículo segundo transitorio del
citado decreto, señala que, quienes hayan perdido su nacionalidad mexicana por
nacimiento, por haber adquirido voluntariamente una "nacionalidad extranjera"
podrán beneficiarse de lo dispuesto en el artículo 37, apartado A, previa solicitud a la
Secretaría de Relaciones Exteriores, dentro de los cinco años siguientes a la entrada en
vigor de dicho decreto.
Quinto. El 20 de marzo del año 2003 será la
fecha límite para que los mexicanos privados de su nacionalidad mexicana sean
beneficiados del apartado A del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Sexto. Aún quedan miles de mexicanos que por
cualquier circunstancia no han obtenido este beneficio, por lo tanto, no poseen su
"certificado de nacionalidad mexicana", expedido por la Secretaría de
Relaciones Exteriores.
Séptimo. En virtud de lo anteriormente expuesto,
esta LVII Legislatura del estado de Zacatecas, pide a las cámaras de Diputados y de
Senadores del Congreso de la Unión, que a través de las comisiones correspondientes
presenten ante cualesquiera de ambas cámaras, una iniciativa que reforme el artículo
segundo transitorio del decreto por el que se reformaron los artículos 30, 32 y 37 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de
1997, mismo que entró en vigor el 20 de marzo de 1998. Que la iniciativa en cuestión sea
llevada al trámite que corresponde al poder revisor constitucional y oportunamente inicie
su vigencia.
Por lo anteriormente expuesto y con
fundamento además en los artículos 22, 24, 25, párrafo quinto y relativos del
Reglamento General del Poder Legislativo, es de acordarse y se acuerda:
Primero. Se solicita a la Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión y al Senado de la República, que a la brevedad
posible se presente en cualesquiera de dichas cámaras, una iniciativa de reforma al
artículo segundo transitorio del decreto por el que se reformaron los artículos 30, 32 y
37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de
1997.
Segundo. Se propone que el nuevo
texto del referido artículo segundo transitorio, suprima, en beneficio de nuestros
connacionales, la temporalidad de cinco años para poseer la multinacionalidad. Por lo que
el texto de tal artículo transitorio deberá decir:
Quienes hayan perdido su
nacionalidad mexicana por nacimiento, por haber adquirido voluntariamente una nacionalidad
extranjera y se encuentren en pleno goce de sus derechos, podrán beneficiarse de lo
dispuesto en el artículo 37, apartado A constitucional reformado por virtud del presente
decreto, previa solicitud que hagan a la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Tercero. Se envíe el presente
punto de acuerdo a todas y cada una de las Legislaturas estatales, solicitándoles
expresen su adhesión ante las correspondientes cámaras de Diputados y de Senadores del
Congreso de la Unión.
Dado en la sala de comisiones de la
LVII Legislatura del Estado, a 13 de febrero de 2003.— Diputados: Javier Mendoza Villalpando, Presidente; Leodegario Varela González y Lorena E. Oropeza Muñoz, secretarios,
(rúbricas).»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Túrnese a la Comisión de Puntos
Constitucionales de la Cámara de Diputados.
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
El
Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Tiene la palabra el diputado
Salvador Cosío Gaona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
para presentar una iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley del Impuesto Sobre
la Renta, relativo al Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario.
El diputado Salvador Cosío Gaona:
Con la venia de la Presidencia.
El suscrito, integrante del grupo
parlamentario del PRI y con fundamento en lo que establece nuestra Carta Magna en sus
artículos relativos de nuestra Ley Orgánica y del Reglamento Interior, someto a la
consideración de la Cámara de Diputados, por conducto de esta Comisión Permanente, la
siguiente iniciativa que pretende se derogue el artículo 3o. transitorio de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta para el presente año, en el que se establece el incremento en un
punto porcentual al Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario que fue aprobado en el
anterior ejercicio fiscal.
El 1o. de enero del año 2002 se
publicó el decreto relativo a la Ley del Impuesto Sobre la Renta y en una forma un tanto
cuanto fuera de orden, en un transitorio tercero se aprobó un nuevo impuesto, ahí
empieza el problema de orden legislativo, denominado Impuesto Sustitutivo del Crédito al
Salario. Dicho nuevo impuesto entró en vigor el mismo día y el objetivo era que las
personas físicas o morales, patrones que hagan pagos por la prestación de un servicio
personal subordinado en territorio nacional, asuma el costo al crédito al salario.
El impuesto creado el año pasado
causó polémica, rechazo del sector productivo nacional; algunos empresarios fueron al
amparo, aduciendo inequidad, el estar siendo afectados con una carga económica excesiva
que corresponde al Estado y sobre todo el impacto en la disminución de la productividad y
el que se sigue a la baja en la creación de empleos, el incremento del PIB y que este
impuesto viene a acrecentar la problemática.
No obstante ello, lo polémico del
caso, el reclamo inicial, los empresarios aceptaron, en su mayoría el impuesto se vino
pagando. Lo que un gran porcentaje de empresarios reclaman el que en esta ocasión para el
ejercicio fiscal en curso, la soberanía legislativa haya aprobado el incremento de un
punto porcentual del 3% que fue creado al 4%.
En su oportunidad, al momento de la
discusión del dictamen correspondiente, tuve la oportunidad de venir a tribuna e
insistirles a mis compañeros legisladores en la Cámara de Diputados, sobre la desventaja
de este asunto y sobre la necesidad de revisarlo y en su caso mantenerlo en el 3% que ya
estaba asimilado por el sector empresarial.
El reclamo sigue vigente. El asunto
económico sigue a la baja. La generación de empleos no está en la numeraria que
conviene al país y creo que sería interesante que se revisara este asunto y que en un
espíritu de impulsar la productividad al mismo tiempo obtener mayor creación de empleos
y reducir la carga al sector productivo, es que su número de empresas, especialmente en
el caso que me ocupa, la industria hotelera, la cual tiene un número importante en la
zona de Puerto Vallarta, que es el destino que represento, me han solicitado insista, por
eso lo hago hoy en esta tribuna, para que la Cámara de Diputados a través de la
Comisión de Hacienda tenga a bien revisar este asunto. Yo insisto con esta iniciativa que
se derogue el artículo transi- torio que se aprobó y que aumenta en un punto porcentual
el Impuesto de Crédito al Salario para que al derogarse quede vigente en la forma y en la
tasa originalmente aprobada en su creación, es decir, el 3%.
Con esto consideramos debe
revisarse el impacto general y el que en contrario a lo que afirman que sería un
menoscabo en la recaudación, coincido con quienes me hacen el planteamiento y soy su
vocero, cumpliendo mi obligación, en que esto generaría el volverlo a su 3% original una
posibilidad de mayor inversión y mayor empleo.
Coincido en el espíritu original
que creó este impuesto que debe ser la empresa el que otorgue esta prestación al
trabajador, pero creo que como estaba establecido en su origen en 3%, es adecuado y que el
incremento al 1% lastima la economía.
Igual que la forma en que fue
creado creo que el introducirlo en un transitorio del Impuesto Sobre la Renta sin que sea
con motivo de una ley especial, de un impuesto especial es también motivo de revisión.
Me permití señor Presidente
simplemente expresar en breve los argumentos, dejo en manos de la Secretaría el texto
íntegro de la iniciativa con el planteamiento afirmado, solicitando sea publicado
íntegro en la Gaceta Parlamentaria.
«El que suscribe diputado Salvador
Cosío Gaona, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
con fundamento en lo dispuesto en el articulo 71, fracción II y 72 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 55, fracción II,
56, 62 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, me permito presentar la siguiente iniciativa de decreto que deroga el
articulo tercero de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto Sobre la Renta
relativo al Impuesto Sustitutivo de Crédito al Salario con base en la siguiente
EXPOSICION
DE MOTIVOS.
Con fecha 1o. de enero de 2002 se
publicó en el Diario Oficial de la Federación
(DOF) el decreto relativo a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en el cual, en su articulo
tercero transitorio, se establece un nuevo impuesto denominado “Impuesto Sustitutivo
del Crédito al Salario” (ISCAS).
El referido artículo tercero
transitorio entró en vigor a partir del 1o. de enero de 2002, según lo establece el
articulo cuarto transitorio del propio decreto mencionado.
El objetivo del Impuesto
Sustitutivo del Crédito al Salario es que los patrones, es decir, las personas físicas o
morales, que hagan pagos por la prestación de un servicio personal subordinado en
territorio nacional, absorban el costo del crédito al salario.
En enero de 2002, entró en
vigencia este Impuesto, que consiste en aplicar al total de las erogaciones realizadas por
la prestación de un servicio total subordinado se aplicará la taza del 3% esto para el
ejercicio 2002, ante ello hubo un rechazo casi generalizado por parte del sector
empresarial, al afirmar que está siendo seriamente afectado con motivo del
establecimiento del Impuesto del Crédito al Salario, ya que la intención de este
impuesto es que los patrones soporten la carga económica que el Estado tenía por
concepto de crédito al salario que los trabajadores cobran en efectivo considerando con
ello una carga fuerte a las empresas y con esto se han visto afectados varios factores
como creación de nuevos empleos e impulsos a los ya establecidos; al grado que varios de
los sujetos del Impuesto han decidido solicitar el amparo y la protección de la Justicia
Federal contra la aplicación de este Impuesto. Para el Ejercicio Fiscal de 2003, el
Impuesto Sustitutivo de Crédito al Salario fue modificado con una taza del 4%, no
obstante, la inconformidad que originó la creación de este impuesto, parte del sector
empresarial ya estaba absorbiendo esta disposición, y con esta nueva modificación a la
taza del 4%, se ha considerado un tributo excesivo, ante este reclamo expongo los
siguientes motivos:
Nuestra economía no es inmune a
los ciclos económicos ni a los acontecimientos mundiales, desde finales de 2000 y hasta
la primera mitad de 2002 la actividad económica mundial experimentó una desaceleración
sin precedente en las últimas décadas.
En nuestro país, de acuerdo con
cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el año 2001 se perdieron 373
mil 836 empleos formales y la economía mexicana en 2002 registró un incremento de 61 mil
133 puestos laborales.
La industria de la transformación
que concentró el 31.3% del empleo total del sector formal, registró una disminución de
2.13%, es decir, 83 mil 730 empleos.
De igual manera la agricultura,
ganadería, silvicultura, pesca y caza perdió 8 mil 659 empleos; la construcción 3 mil
566 y la industria extractiva 1 mil 108.
De acuerdo con el INEGI, la taza de
desempleo abierto que muestra la proporción de personas desocupadas con respecto a la
población económicamente activa, muestra también un decremento de 2.71% con relación a
la registrada en el 2001.
Asimismo la industria manufacturera
presenta un panorama desolador de acuerdo con datos proporcionados por el INEGI ya que de
enero a octubre de 2002 el índice de volumen físico de la producción manufacturera
mostró un decremento del 0.9% respecto al mismo periodo del año anterior y su situación
es desalentadora en virtud de que durante todo 2001 las tazas de crecimientos fueron
negativas; cabe citar que la industria manufacturera participa con el 21% en la
generación del producto interno bruto nacional.
La inversión continúa
descendiendo también, ya que los datos proporcionados por el INEGI reflejan que la
producción de capital fijo cayó 2.1% respecto al año anterior; la disminución de los
flujos de inversión se refleja en actividades del sector textil y de las industrias
maquiladoras.
En este contexto, los objetivos de
la política económica en México, deben estar encaminados a propiciar el vigor de la
recuperación económica, elevar permanentemente los niveles de empleo y las
remuneraciones reales, generando montos crecientes de recursos cuyo destino sea el gasto
social para ampliar las oportunidades de desarrollo de los grupos marginados y con ello
elevar el nivel de vida de los mexicanos.
El Estado debe apoyar y promover el
crecimiento de núcleos industriales, en especial aquéllos en que participan empresas
medianas y pequeñas en virtud de su potencial estratégico y su capacidad de generación
de empleo.
El Gobierno a través del gasto
público debe procurar estimular la actividad de las pequeñas y medianas empresas para
contribuir a estabilizar su desarrollo e impulsar su crecimiento.
El Estado debe darle prioridad a la
protección e impulso de las empresas medianas y pequeñas con estímulos fiscales y
financieros así como con mecanismos de capacitación, en especial a las que incrementan
su inversión en equipo, aumentan su empleo directo, o crean nuevas plantas en regiones
seleccionadas para impulso productivo.
Contrario a los objétivos
buscados, fue el incremento del 3% al 4% del Impuesto Sustitutivo de Crédito al Salario
que en la Ley del Impuesto Sobre la Renta correspondiente al presente año se autorizó
por esta soberanía para el año 2003.
Las reacciones del sector
empresarial han sido negativas, señalando que los afectados serán los trabajadores
porque las empresas reducirán el 3% del incremento salarial que pacten para el presente
ejercicio, y que el nuevo impuesto inhibirá la creación de empleos porque las empresas
enfrentarán una mayor carga fiscal.
Lo que no podemos soslayar es el
hecho, de que tanto la intención del legislador como del Gobierno fue que los patrones
soporten una carga económica adicional que el Estado venía absorbiendo por concepto del
crédito al salario con el consecuente deterioro de la capacidad de capitalización y
crecimiento de las empresas.
Las organizaciones patronales
tacharon la Reforma Fiscal 2002 como un completo fracaso, por incorporar nuevas cargas
fiscales a los empresarios del país con lo que se contribuye de manera decisiva a que el
balance del año 2003 resulte negativo por inhibir la inversión, el consumo y la
generación de empleo.
Asimismo se argumentó por las
organizaciones patronales que los ingresos tributarios del Gobierno Federal cayeron de
manera considerable así como también la recaudación por derechos y aprovechamientos
retrocedió de manera sensible.
Los organismos empresariales
señalan que los sectores productivos y sociales y gubernamentales coinciden en la
imperiosa necesidad de realizar un verdadero cambio estructural y de fondo a todo el
sistema impositivo mexicano, sólo así nuestras empresas serán competitivas y el país
tendrá un desarrollo y crecimiento sostenido.
Ante tales hechos diversas empresas
en el estado de Jalisco y específicamente en Puerto Vallarta, cabecera del V distrito que
tengo el alto honor de representar, me han manifestado los esfuerzos para que esas
empresas soporten la carga económica que el Estado tenía por concepto del Crédito al
Salario que los trabajadores cobran en efectivo. Por lo cual, debe ser modificado dicho
tributo que actualmente es con una taza del 4% a como fue originalmente creado con una
taza del 3%.
Por todo lo anteriormente expuesto
me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:
PROYECTO
DE DECRETO
Que deroga el artículo tercero
transitorio del decreto de la Ley del Impuesto sobre la Renta correspondiente al Impuesto
Sustitutivo del Crédito al Salario, con una taza del 4% publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 1o. de enero
de 2003.
Para quedar como única vigencia el
Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario con una taza del 3% publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de enero de
2002.
ARTICULO
TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor a
partir de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Atentamente.
Palacio Legislativo, a 26 de
febrero de 2003.— Diputado Salvador Cosío
Gaona.»
Es cuanto, muchas gracias.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público de la Cámara de Diputados y publíquese en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
En turno seguiría el senador
Raymundo Cárdenas Hernández quien ha pospuesto su participación para la siguiente
sesión.
PODER
LEGISLATIVO
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Tiene la palabra el senador Adrián
Alanís Quiñones, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para
presentar una iniciativa que reforma los artículos 52, 53, 54 fracciones I, II, III, V,
VI y LVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El senador Adrián Alanís Quiñones:
Muchas gracias señor Presidente,
con su permiso; honorable Asamblea:
La amplitud y la profundidad de las
transformaciones del Sistema de Partidos y del Sistema Electoral en México han impulsado
la madurez democrática de la nación pero también han inscrito nuevos pendientes en la
Agenda Política Nacional.
Si bien hasta hace poco tiempo
nuestros mayores retos estaban cifrados de cómo lograr una representación adecuada de
las diferentes fuerzas políticas que actúan a lo largo y ancho del territorio nacional y
cómo tener unas elecciones confiables. Esta etapa en la democracia ha sido exitosamente
superada, ahora el mayor reto se ubica en cómo construir una verdadera representación
social más eficaz y más eficiente.
Entre los inconvenientes en la
actual composición del Poder Legislativo, a pesar de que su integración ha permitido una
consistencia compleja entre los diferentes grupos parlamentarios, se encuentra el que en
ocasiones hay enormes dificultades para lograr los consensos que se traduzcan en leyes que
impactarán a los mexicanos en su esfera de derechos.
Así también debemos reconocerlo,
los dictámenes consensados o peor aún, los mayoriteados por cúpulas de algunas
fracciones parlamentarias con un trabajo legislativo que deja mucho qué desear.
Otro de los aspectos que es
importante considerar, es que existe una desproporcionalidad representativa y altamente
cuestionada en razón del excesivo número de legisladores y de los gastos que ello
significa para el erario, los contribuyentes han manifestado reiteradamente su
inconformidad ante la iniquidad existente en el acceso de las cámaras, a las cámaras se
llega por la vía del triunfo electoral de un candidato que se identificó con los
ciudadanos pero igualmente se accede a ellas sin ningún trabajo de acercamiento con el
pueblo, sin compromisos con ningún electorado, sin desgaste físico ni desembolso
económico.
Es necesario realizar una nueva
reforma constitucional que permita modernizar la composición del Congreso para que ésta
sea una institución fuerte, eficaz y eficiente que acorde a la nueva realidad política
del país refleja la pluralidad en que vivimos, constituya una expresión auténtica de
todos los sectores sociales y de todos los mexicanos residentes en el país y en el
extranjero de frente a una Reforma del Estado congruente a los nuevos tiempos de México.
Es oportuno revisar el esquema
actual de integración que incluye las curules plurinominales. En la nueva
recomposición que estamos proponiendo hoy, incluimos a las agrupaciones políticas
nacionales que como sociedad organizada en el marco de las instituciones del sistema
político mexicano avanzan cada vez más en la construcción de nuestro México
democrático y cuya bandera no es otra que la de la defensa y la lucha de las causas
ciudadanas.
Este esfuerzo al que ha llegado la
sociedad, debe ser reconocido a través de la representación de nuestras cámaras.
¿Por qué los ciudadanos han de
estar constreñidos a militar un partido político para acceder a representar a sus
compatriotas? Nos parece inminente hacer que las agrupaciones políticas gocen de mayores
espacios actualmente, ya que el avance democrático y plural que actualmente vive el país
requiere de una mayor interacción en las fuerzas reales de la sociedad organizadas
institucionalmente.
Esta medida incrementaría la
pluralidad de los comicios abriendo la participación a personalidades que cuenten con
programa y apoyo popular, aunque se hace necesario implementar algunas reformas al Cofipe
a efecto de determinar los requisitos para el registro de las candidaturas ciudadanas que
incluirían al menos una declaración de principios de un programa de acción.
En general, las ventajas de estas
candidaturas ciudadanas serían las de estimular una participación ciudadana ampliada y
comprometida; aumentar el interés de la población por los comicios en razón de
una oferta de mayor nivel de pluralidad; combatir la abstención; hacer más
competitiva y fluida la vida partidista interna; ampliar la agenda programática sujeta a
voto; garantizar plenamente el derecho constitucional ciudadano a la postulación de
puestos de elección; incrementar la competitividad en los comicios; debilitar
la actual tendencia a la consolidación de elites partidistas y disminuir los riesgos que
conlleva.
Me parece prioritario entonces,
para corresponder a las transformaciones habidas en el sistema de partidos y en el sistema
electoral, pensar en la recomposición del Poder Legislativo; abrir las
representaciones a la complejidad de los asuntos que va marcando la problemática del
país, y me refiero a los mexicanos que viven en el extranjero.
Estos connacionales en la mayoría
de los casos se han visto obligados a dejar la patria natal para buscar mejores
situaciones de vida, sin desear perder arraigo a sus tradiciones, cultura y origen;
siguen interesados en los asuntos del país, aquél en el cual no encontraron las
condiciones de vida digna a que constitucionalmente tienen derecho y que a pesar de sus
importantes participaciones en la economía del país por el ingreso de divisas, carecen
de una voz auténtica que atienda su problemática por lo que representarlos en el
Congreso del país es ya de elemental justicia.
Para lograr los fines anteriores,
nos permitimos proponer respetuosamente a esta soberanía, la revisión del esquema de
elección de diputados y senadores a través de la eliminación de un importante número
de legisladores federales electos por el principio de representación proporcional,
considerando en la Cámara de Diputados y del Senado la figura del principio de mayoría
relativa y de primera minoría como una fórmula más justa para conformar un Poder
Legislativo fuerte, dinámico y legítimamente representativo.
Por ello proponemos que el Congreso
de la Unión quede integrado por 496 legisladores: 400 diputados federales y 96 senadores
de la República. Actualmente el Poder Legislativo Federal está conformado por 628
legisladores de los cuales 500 son diputados y 128 son senadores. El impacto de ahorro que
obtendría el país al efectuar la eliminación de un número importante de legisladores,
permitiría destinar esos recursos financieros hacia programas sociales.
Adicionalmente el reducir el
número de legisladores favorecería la negociación, el diálogo y la solución a los
problemas que actualmente afronta nuestra Asamblea tan numerosa.
Actualmente a la Cámara de
Diputados se accede por dos vías: la de mayoría relativa, compuesta por 300
elementos y la de representación proporcional, es decir la de diputados plurinominales
que se integran por 200 diputados. Se propone que las vías de acceso aumenten a
cinco, manteniéndose el número de 300 diputados de mayoría relativa pero incluyendo una
primera minoría que podría ser de 50 diputados; los 200 plurinominales se disminuirían
a 30, abriríamos esa representación a 10 ciudadanos de la sociedad civil y a 10 más que
representan a connacionales residentes en el extranjero para hacer un total de 400
diputados.
Al referirnos a los connacionales
residentes en el extranjero, lo hacemos en relación a Estados Unidos, puesto que en ése
país se ubica más del 90% de los residentes fuera del territorio nacional y existen más
del 10% de mexicanos viviendo en el exterior y que necesitan ser representados en la
Cámara de Diputados con una proporcionalidad equitativa.
Por lo que respecta a la Cámara de
Senadores, que actualmente se compone de 128 y tres vías de acceso, que son mayoría
relativa, primera minoría y representación proporcional, proponemos que de ésta última
que incluye 32 plurinominales, sea eliminada en su totalidad, dejando únicamente las 2
vías de acceso que representan el esquema federalista, quedando 64 de mayoría relativa y
32 de primera minoría disminuyéndose a 96 el número de senadores.
Adicionalmente se propone que los
10 ciudadanos representantes de la sociedad, que entre otras características tendrían
las de no haber sido candidatos a ningún puesto de elección popular ni haber ocupado
cargo directivo de algún partido político, en los niveles distrital, municipal, estatal
o nacional, pudieran ser 2 por circunscripción, avalados por una agrupación política
nacional y por 40 mil firmas de ciudadanos proponentes, de tal manera que aquellos
candidatos que obtengan mayor votación en la circunscripción, serán diputados.
Compañeras legisladoras,
compañeros legisladores: un servidor Adrián Alanis Quiñones, el senador Fidel Herrera
Beltrán, la senadora Yolanda Eugenia González, el senador Esteban Miguel Angeles, el
senador Orlando Paredes, el senador Genaro Borrego, el senador Héctor Astudillo Flores,
el senador Antonio García Torres y el diputado Salvador Cosío y el diputado César
Duarte, proponemos con todo respeto y con el único afán de contribuir en el mejoramiento
de nuestro sistema democrático y con una visión amplia que refleje el mosaico y la
composición del pueblo mexicano, reformar los artículos constitucionales 52, 53 y 54 con
sus fracciones I, II, III, VI y el 56, con esta iniciativa que hoy sometemos a su
consideración y que tiene como único objeto posicionar al Poder Legislativo a la altura
de los cambios democráticos que está demandando la sociedad mexicana.
Señor Presidente, solicito
respetuosamente se turne a la Comisión de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos
del Senado de la República, para su estudio y dictamen y a la Comisión de Reforma para
el Estado del Senado, para que se incorpore dentro del cuerpo de todas las iniciativas que
tienen para su discusión y su debate.
Muchas gracias.
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.
Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman los artículos 52, 53, 54 fracciones I, II, III, V, VI y 56 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el senador Adrián
Alanís Quiñones del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Ciudadanos secretarios de la
Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
El que suscribe, Adrián Alanís
Quiñones, senador de la República a la LVIII y LIX legislaturas del honorable Congreso
de la Unión, en uso de la facultad que me confiere la fracción II del artículo 71 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General, presento a la consideración de esta Cámara, la
siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 52, 53,
54 fracciones I, II, III, V, VI y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en razón de la siguiente
EXPOSICION
DE MOTIVOS
Una característica singular de la
democracia en México durante los últimos tiempos, ha sido la evolución de sus
instituciones políticas y de los ordenamientos legales que regulan los procesos
electorales, lo que refleja el avance de la sociedad mexicana hacia una cultura de plena
participación ciudadana en la construcción de un sistema político plural.
La franca consolidación del
sistema de partidos en México, forma parte del desarrollo del sistema político mexicano,
cuya evolución ha permitido la expresión y la recreación institucionalizada de las
diferentes fuerzas que aglutinan a los distintos actores políticos que conforman nuestra
sociedad plural, tan diversa en todos aspectos. Este proceso que hemos vivido, ha sido
posible a través de reformas constitucionales y legales en materia electoral, las cuales
a su vez han sido producto de la concertación, el diálogo y la negociación entre los
actores políticos en México, esfuerzo del cual ha sido destacado promotor el Congreso de
la Unión impulsando el desarrollo justo y equilibrado de la participación política en
diferentes escenarios y momentos.
La amplitud y la profundidad de las
transformaciones del sistema de partidos y del sistema electoral en México, han impulsado
la madurez democrática en la nación, pero también han inscrito nuevos pendientes en la
agenda política del país y una infortunada consecuencia, es la percepción ciudadana de
que no existen soluciones a sus demandas por parte de los legisladores federales, que a
decir de la opinión pública, en los resultados legislativos hay deficiencias que
contribuyen a cuestionar la credibilidad democrática del conjunto del sistema político,
pero sobre todo de los individuos que en él interactúan, los "políticos" y
que lamentablemente hay sectores que descalifican y demeritan el quehacer legislativo.
Si bien, hasta hace poco tiempo
nuestros mayores retos estaban cifrados en cómo lograr una representación adecuada de
las diferentes fuerzas políticas que actúan a lo largo y ancho del territorio nacional,
y cómo tener unas elecciones confiables, esta etapa de la democracia ha sido exitosamente
superada. Ahora, el mayor reto se ubica en cómo adquirir una verdadera representación
más eficaz y más eficiente que incluya a los electores que están dentro y fuera del
país y que no represente un retroceso en la participación democrática sino que con una
perspectiva de avanzada se alcancen horizontes de pluralidad real, participativa y
representativa.
Las constantes preocupaciones de la
sociedad mexicana expresadas a través de asociaciones civiles, organizaciones no
gubernamentales y ciudadanos en general son encontrar en el seno del Congreso de la Unión
las respuestas a los problemas de importancia nacional, en aras de conseguir soluciones
que sean acordes a los reclamos de una sociedad que ha experimentado una madurez
democrática y política, que busca consolidarla y que al mismo tiempo obliga al Poder
Legislativo a entregar a la sociedad mejores resultados. Lo anterior debe realizarse al
interior de las cámaras, mediante el trabajo legislativo eficiente, el que por sí mismo
conlleva un largo y complejo proceso de debate, discusión de ideas, tendencias y
posicionamientos, en los que en ocasiones resulta de difícil manejo, pero sobre todo
avalado por el espíritu de un Congreso que es la más pura representación de los
ciudadanos y la equitativa representación en un órgano político de las entidades
federativas.
Es de trascendencia significativa,
que en las cámaras se pueda homogeneizar la verdadera representación popular que
ostentan los diputados y senadores, esto es, darle el sentido real y justo a la vida
democrática actual, y en consecuencia a la madurez política que el país ha alcanzado
sin actitudes simuladas ni vicios de origen y que correspondan a una realidad actual de la
democracia mexicana contemporánea
Entre los inconvenientes en la
actual composición del Poder Legislativo, a pesar de que su integración ha permitido una
coexistencia compleja entre los diferentes grupos parlamentarios, se encuentra el que en
ocasiones hay enormes dificultades para lograr los consensos que se traduzcan en leyes que
impactarán a los mexicanos en su esfera de derechos. Así también, debemos reconocerlo,
los dictámenes consensados o peor aún los mayoriteados por cúpulas de algunas
fracciones parlamentarias, son un trabajo legislativo que deja mucho que desear.
Otro de los aspectos que es
importante considerar es que existe una desproporcionalidad representativa y altamente
cuestionada, en razón del excesivo número de legisladores y de los gastos que ello
significa para el erario. En estos tiempos, los contribuyentes han manifestado diversas
inconformidades por diferentes medios y más por la inequidad existente en el acceso a las
cámaras. A las cámaras se llega, por la vía del triunfo electoral de un candidato que
se identificó con los ciudadanos, que tuvo desgastes físicos y económicos, que en
algunas ocasiones fue objeto de ataques a su imagen personal, que además adquirió
compromisos reales y permanentes en su distrito y entidad federativa y que constantemente
tiene que atender y cumplir puntualmente diversos aspectos legislativos y de gestoría
institucional con una vinculación ciudadana de respuesta social inmediata. Pero
igualmente se accede a las cámaras sin ningún trabajo de acercamiento ciudadano, sin
compromisos con ningún electorado, sin desgaste físico ni desembolso económico. Por
otro lado, atendiendo al derecho comparado en estados cuya población es similar al
nuestro, es fácil observar que sus órganos legislativos en cuanto a su integración son
representativamente menores, en comparación con nuestro Congreso de la Unión.
Es necesario realizar una nueva
reforma constitucional que permita modernizar la composición del Congreso para que éste
sea una institución fuerte, eficaz y eficiente que acorde a la nueva realidad política
del país, refleje la pluralidad que vivimos, constituya una expresión auténtica de
todos los sectores sociales y de todos los mexicanos residentes en el país y en el
extranjero, de frente a una reforma del Estado congruente a los nuevos tiempos de México.
Es oportuno revisar el esquema actual de integración que incluye las curules
plurinominales.
En la nueva recomposición que
estamos proponiendo incluimos a la sociedad organizada, la cual avanza cada vez más en la
construcción de nuestro México democrático a través de las Agrupaciones Políticas
Nacionales cuya bandera no es otra que la de la defensa y lucha de las causas ciudadanas.
Este esfuerzo al que ha llegado la sociedad debe ser reconocido a través de la
representación en nuestras cámaras. ¿Por qué los ciudadanos han de estar constreñidos
a militar en un partido político para acceder a representar a sus compatriotas? Si
nosotros mismos estamos viviendo une crisis de partidos políticos a nivel internacional y
México no es ajeno a este debilitamiento organizacional de los partidos políticos cuya
dinámica se fundamenta en los procesos electorales para la participación real de la
sociedad que no es militante de ningún partido político pero que el día de la elección
cumple con su deber cívico sufragando por un partido o por otro que incluso puede ser
distinto a aquél por el cuál votó en el proceso pasado o simplemente por el candidato
de su simpatía.
En los tiempos democráticos que
estamos viviendo, la sociedad civil se organiza con más frecuencia y abandera firmemente
sus causas, encontrando nuevas formas de manifestación de sus inquietudes y expectativas.
Tal es caso de las Agrupaciones Políticas Nacionales, espacios de expresión, discusión
y análisis de los problemas de la nación, cuyo principal objeto es participar en el seno
de las instituciones que conforman el sistema político mexicano, por lo que resulta
inminente hacer que éstas gocen de mayores espacios reales y reconocidos ya que el avance
democrático y plural que actualmente vive el país requiere de una mayor interacción de
las fuerzas reales de la sociedad mexicana organizadas institucionalmente.
Esta medida incrementaría la
pluralidad de los comicios abriendo la participación a personalidades que cuenten con
programa y apoyo popular aunque se hace necesario implementar algunas reformas al Cofipe a
efecto de determinar los requisitos para el registro de las candidaturas ciudadanas que
incluirían al menos una declaración de principios y un programa de acción. El
financiamiento público, deberá someterse a modalidades especiales tanto en abono de la
necesaria transparencia como para evitar incentivar una sobredemanda que solamente persiga
beneficiarse de las prerrogativas pero sin posibilidades reales de impacto electoral.
En general, las ventajas de estas
candidaturas serían las de: estimular una participación ciudadana ampliada y
comprometida; aumentar el interés de la población por los comicios, en razón de una
oferta de mayor nivel de pluralidad y localismo; combatir la abstención; hacer más
competitiva y fluida la vida partidista interna; ampliar la agenda programática sujeta a
voto; garantizar plenamente el derecho constitucional ciudadano a la postulación a
puestos de elección; incrementar la competitividad de los comicios; debilitar la actual
tendencia hacia la consolidación de élites partidistas y disminuir los riesgos que
conlleva.
Necesitamos un cambio en el sistema
de gobierno para corresponder a las transformaciones habidas en el sistema de partidos y
en el sistema electoral. Me parece prioritario, entonces, pensar en la recomposición del
Poder Legislativo, abrir las representaciones a la complejidad de los asuntos que va
marcando la problemática del país y me refiero a los mexicanos que viven en el
extranjero. Estos connacionales, en la mayoría de los casos se ven obligados a dejar la
patria natal para buscar mejores situaciones de vida sin desear perder arraigo a sus
tradiciones, cultura y origen, siguen interesados en los asuntos del país, aquél en el
cual no encontraron las condiciones de vida digna al que constitucionalmente tienen
derecho, y que a pesar de su importante participación en la economía del país por el
ingreso de divisas, carecen de una voz auténtica que atienda su problemática, por lo que
representarlos en el Congreso del país es ya de elemental justicia.
Por ello, al ser una población
importante en todos los sentidos, con demandas y esperanzas, considero que es nuestra
responsabilidad vigilar la defensa de sus derechos y dotarles de los medios para estar
presentes en la vida política nacional, a través de representantes legalmente
reconocidos y que al mismo tiempo sean parte en el Congreso de la Unión.
Para lograr los fines anteriores,
nos permitimos proponer respetuosamente a esta soberanía, la revisión del esquema de
elección de diputados y senadores, a través de la eliminación de un importante número
de legisladores federales electos por el principio de representación proporcional,
considerando en la Cámara de Diputados y en el Senado la figura del principio de mayoría
relativa y de primera minoría como una fórmula más justa para conformar un Poder
Legislativo fuerte, dinámico y legítimamente representativo.
Para ello, proponemos que el
Congreso de la Unión quede integrado por 496 legisladores; 400 diputados federales y 96
senadores de la República. Actualmente el Poder Legislativo federal está conformado por
628 legisladores, de los cuales 500 son diputados y 128 son senadores, el impacto de
ahorro que obtendría el país al contar con la eliminación de un número importante de
legisladores significaría generar inversión y desarrollo no tan sólo en obra pública,
sino en programas sociales y mejoraríamos el nivel de vida de millones de mexicanos
excluidos y marginados que tanto nos preocupa.
Es de resaltar, que está
plenamente comprobado tanto en México como en otros países que las asambleas
legislativas numerosas, reducen su capacidad de análisis y discusión, al mismo tiempo
que en pocas ocasiones están presentes todos sus integrantes, lo que en términos llanos
significaría que si por ejemplo, una asamblea la integran 500 legisladores, pero la media
del quórum en un periodo es de 400 legisladores presentes, es mejor que ese cuerpo
legislativo cuente desde el principio con 400 legisladores. Nuestra propuesta
significaría un notable ahorro presupuestal, material y político, favorecería la
negociación y la concertación, el diálogo y la solución a los problemas nacionales,
evitando con ello una pesada carga económica a los contribuyentes mexicanos, quienes en
todo momento se han manifestado por reducir la estructura del gobierno y eficientar la
aplicación de las contribuciones al gasto público, prioritariamente al gasto social.
La reducción del actual número de
integrantes del Congreso, favorecería considerables ahorros económicos en las
previsiones presupuestales, pudiendo destinarse estos recursos a otras áreas del
desarrollo nacional en beneficio directo de la sociedad mexicana. Adicionalmente se
obtendrían grandes beneficios, al permitir construir consensos con un número menor de
legisladores pues de esta manera se facilita la operatividad y funcionalidad del propio
trabajo legislativo.
Es incuestionable que el disminuir
el número de legisladores permitirá tener un ahorro considerable en el gasto público,
que sin duda será en beneficio de la población, ya que el presupuesto de las cámaras
proviene de las contribuciones.
Actualmente, a la Cámara de
Diputados se accede por dos vías; la de mayoría relativa compuesta por 300 elementos y
la de representación proporcional, es decir las diputaciones plurinominales que se
integran por 200 diputados. Se propone que las vías de acceso aumenten a cinco
manteniéndose el número de 300 diputados de mayoría relativa, pero incluyendo una
primera minoría que podría ser de 50 diputados; los 200 plurinominales se disminuirían
a 30; abriríamos esa representación a 10 ciudadanos de la sociedad civil y a 10 más que
representen a connacionales residentes en el extranjero para hacer un total de 400
diputados. Al referirnos a los connacionales residentes en el extranjero lo hacemos en
relación a Estados Unidos puesto que en este país se ubican más del 90% de los
residentes fuera del territorio nacional.
Por lo que respecta a la Cámara de
senadores que actualmente se compone de 128 y tres vías de acceso que son mayoría
relativa, primera minoría y representación proporcional, proponemos que de esta última
que incluye 32 plurinominales sea eliminada en su totalidad dejando únicamente las dos
vías de acceso que representan el esquema federalista, quedando 64 de mayoría relativa y
32 de primera minoría disminuyéndose a 96 el número de senadores
Adicionalmente se propone que los
10 ciudadanos representantes de la sociedad que entre otras características tendrían la
de no haber sido candidatos a algún puesto de elección popular ni haber ocupado cargo
directivo en algún partido político en los niveles distrital, municipal, estatal o
nacional, pudieran ser dos por circunscripción, avalados por una Agrupación Política
Nacional y por 40 mil firmas de ciudadanos proponentes de tal manera que aquellos
candidatos que obtengan mayor votación en la circunscripción serán diputados
ciudadanos.
El sistema cerrado de cuotas con
actores claves que se reparten prebendas que implica costos de oportunidad a los
ciudadanos de escoger o elegir candidatos comprometidos con la sociedad y con una escasa
representatividad obliga a que analicemos y, reflexionemos sobre la composición de
nuestras cámaras.
Por lo anteriormente expuesto,
presento a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto
por el que se reforman los artIculos 52, 53, 54 fracciones I, II, III, V, VI y 56 de la
ConstituciOn PolItica de los Estados Unidos Mexicanos .
Artículo único. se reforman los artículos 52,
53, 54 fracciones I, II, III, V VI y 56 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 52. La Cámara de Diputados estará
integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa,
mediante el sistema de distritos electorales uninominales; 50 diputados que serán electos
mediante el sistema de primera minoría, 30 diputados por el sistema de representación
proporcional, 10 diputados que serán avalados para registrarse por una Agrupación
Política Nacional en una lista abierta de ciudadanos por 40 mil firmas, serán dos en
cada circunscripción, y 10 diputados representantes de mexicanos residentes en el
extranjero.
Artículo 53. La demarcación territorial de los
300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total
del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales
uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo
general de población, sin que en ningún caso la representación de un estado pueda ser
menor de dos diputados de mayoría, y dos de primera minoría.
Artículo 54. La elección de los 50 diputados
según el sistema de primera minoría, se sujetará a las siguientes bases y a lo que
disponga la ley:
I. Serán asignados 10 diputados de
cada una de las cinco circunscripciones regionales que conforman la República Mexicana.
II. El orden de la asignación
iniciará en la entidad que mayor votación obtenga dentro de la circunscripción,
otorgando la constancia correspondiente a quien ocupe el segundo lugar de la votación en
el distrito uninominal que registre la mayor emisión de votos; y continuará el orden de
la asignación a la entidad que haya obtenido el segundo lugar de la votación, en el
distrito con mayor número de sufragios emitidos y así sucesivamente hasta completar el
total de las entidades de la circunscripción.
III. Una vez concluidas las
asignaciones a todas las entidades que conforman la circunscripción se iniciará la
segunda vuelta, iniciando por la entidad que numeralmente haya obtenido en un distrito la
votación más alta en segundo lugar, hasta completar la asignación de 10 diputados de
primera minoría.
IV. Todas las entidades tendrán
derecho a que se les asigne un mínimo de un diputado mediante el sistema de primera
minoría. La ley fijará los mecanismos a través de los cuales se garantizará que las
entidades estén proporcionalmente representadas en razón de su población y
participación electoral.
V. Todos los partidos políticos
tendrán derecho a la asignación de diputados mediante el sistema de primera minoría
dependiendo de su votación sin menoscabo del número de distritos que por el principio de
mayoría relativa se le haya asignado, por lo que para la integración de la Cámara de
Diputados no existe límite de número de diputados por partido político, salvo el
señalado en la fracción IV.
VI. Se entenderá por lista abierta
de ciudadanos, aquella que sea presentada por un ciudadano u organización civil, avalada
por una Agrupación Política Nacional y por 40 mil firmas de electores en las que se
considere al candidato que no tenga ningún antecedente político, partidista y podrán
ser electos hasta dos diputados por circunscripción, que obtengan los dos primeros
lugares de la votación.
VII. Se entenderá por lista
abierta en el extranjero, aquélla en la que cada partido político presente a 10
ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero como candidatos y los 10 que mayor
votación obtengan serán los diputados plurinominales.
Artículo 56. La Cámara de Senadores se
integrará por 96 senadores, de los cuales, en cada estado y en el Distrito Federal, dos
serán electos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado
a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una
lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada
al candidato que encabece la fórmula de candidatos que por sí mismo, haya obtenido el
segundo lugar en número de votos en la entidad federativa de que se trate.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Gracias, señor senador.
Túrnese a las comisiones de Puntos
Constitucionales y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores y a la Comisión de
Reforma del Estado del propio Senado de la República.
CENTROS DE READAPTACION SOCIAL
La Secretaria senadora Yolanda Eugenia
González Hernández:
Informo al pleno de los oficios que
remite la Secretaría de Gobernación, sobre los informes del estado de Campeche y Chiapas
en relación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, sobre las
condiciones que guardan los Centros de Readaptación Social.
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la
Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En atención al oficio número DGPL
58-II-4-986 de fecha 12 de septiembre último, suscrito por los secretarios de la Cámara
de Diputados, con el presente les acompaño copia del similar número SG1025/2002, signado
el 14 de enero último por el ciudadano Carlos Felipe Ortega Rubio, Secretario de Gobierno
del Estado de Campeche, mediante el que envía información relativa al punto de acuerdo
sobre las condiciones que guardan los centros de readaptación social, promovido por el
diputado Alfredo Hernández Raigosa.
Sin más por el momento, les
reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 11 de febrero de
2003.— El subsecretario, licenciado M. Humberto
Aguilar Coronado.»
«Escudo.— Campeche.—
XXI.
Ciudadano licenciado Carlos Felipe
Ortega Rubio, Secretario de Gobierno.— Presente.
En atención al memorando número
14478, mediante el cual envía oficio número SEL/522/02, de fecha 17 de septiembre del
año en curso, suscrito por el licenciado M. Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de
Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, en el que solicitan información
sobre las condiciones que guardan los centros de readaptación social del estado; me
permito comunicarle lo siguiente:
Cereso San Francisco Koben:
*Personal asignado y percepciones:
Se cuenta con 186 plazas, desde
director hasta operador "B" en un rango de salarios de $20,027.00 del director a
$2,178.26 del operador "B". Del total de personal, 140 son custodios, con una
percepción promedio de $2,251.66.
*Criterios de clasificación:
Se clasifica a los internos de
acuerdo a su situación jurídica en procesados y sentenciados, y en relación a su fuero,
en federales o comunes. Para determinar el área más adecuada para asignar su estancia
según su personalidad, adicionalmente se les evalúa mediante estudios psicométricos.
*Criterios y cifras de otorgamiento
de liberaciones:
Las liberaciones se otorgan
mediante las boletas de excarcelación giradas por los jueces correspondientes; en caso de
que el interno compurgue sentencia impuesta, se le otorga la libertad mediante un acta
administrativa. Durante el año 2002, que comprende del 1o. de enero al 31 de octubre, se
han otorgado 734 libertades del fuero común y 175 del fuero federal.
*Preliberaciones y demás
beneficios de ley:
En el caso de los beneficios
locales, la Ley de Ejecución de Sanciones y Penas Privativas de la Libertad del Estado
determina los requisitos que deben cumplirse para el otorgamiento de beneficios, entre los
que se señalan: haber cumplido las 3/5 partes de su pena, ser primodelincuentes o
reincidentes en primera ocasión, desenvolverse con disciplina, trabajar, asistir a
actividades educativas. Asimismo, se requiere que el interno no pertenezca a una
asociación criminal, y que haya cubierto la reparación del daño o que ésta haya
prescrito.
Durante el año 2002, que comprende
del 1o. de enero al 31 de octubre, el Ejecutivo Estatal concedió 27 libertades
anticipadas.
*Procedimientos de visitas
conyugales:
El interno a su ingreso registra a
su pareja o cónyuge en el estudio socioeconómico, posteriormente la visita realizará
los trámites correspondientes para la obtención de su credencial de visita familiar,
presentando los siguientes requisitos: (fotografías, copia de su credencial de elector,
comprobante de domicilio, copia del acta de matrimonio si son casados, y/o constancia de
concubinato si viven en unión libre o copia de las actas de nacimiento de los hijos
registrados o reconocidos, o en su defecto constancia expedida por el DIF. Al haber
cumplido con los requisitos se elabora la Credencial que acredita la relación familiar,
posteriormente los interesados solicitan el Kardex de visita íntima en el día y horario
establecido por la institución (miércoles, jueves, sábado y domingo, de 8:00 a 16:00
horas. Con la observación de que sólo se autoriza un día a elegir por los solicitantes
y la visita será dos veces al mes.
*Acciones para generar empleos al
interior del centro:
Las actividades laborales que los
internos desempeñan con más regularidad es el urdido de hamacas y la elaboración de
artesanías, cuya fuente de ingresos coadyuva en la economía familiar.
Se capacita a los internos en:
proyectos productivos agropecuarios, elaboración de piñatas y manualidades.
Adicionalmente, los internos son empleados en las acciones de remodelación y
mantenimiento que realicen en el centro.
El Cereso cuenta con los talleres
de carpintería, corte y confección y cultora de belleza.
*Proyectos educativos:
Se imparte, con el apoyo del
Instituto Estatal para la Educación de los Adultos, los niveles de:
• Primaria
• Secundaria
Con un promedio de 208 alumnos. De
enero a octubre del año 2002 se han entregado:
*20 Constancias de inglés.
*20 Constancias de Alfabetización.
*35 Certificados de Primaria.
*25 Certificados de secundaria.
*Trato y facilidades brindados al
personal de la comisión nacional y demás organismos de derechos humanos que supervisan
los centros de readaptación social:
Conforme al Reglamento Interno de
los Centros, se autoriza, previa identificación, la visita de aquellas personas física o
morales que favorecen calificadamente el contacto con los internos, incluyendo en este
rubro tanto a la Comisión Nacional como Estatal de Derechos Humanos; brindándoseles
siempre una atención digna.
De enero a octubre de 2002:
recibió el Centro Penitenciario cinco visitas de la CDHE.
Cereso ciudad del Carmen:
*Personal asignado y percepciones:
Se cuenta con 42 plazas, desde
director hasta trabajador social, en un rango de salarios de $16,213.24 del director a
$1,991.34 del trabajador social. Del total de personal, 33 son custodios, con una
percepción promedio de $2,543.02.
*Criterios de clasificación:
Se clasifica a los internos de
acuerdo a su situación jurídica, en procesados y sentenciados, y con relación a su
fuero, en federales o comunes. Para determinar el área más adecuada para asignar su
estancia según su personalidad.
*Criterios y cifras de otorgamiento
de liberaciones:
Las liberaciones se otorgan
mediante las boletas de excarcelación giradas por los jueces correspondientes; en caso de
que el interno compurgue sentencia impuesta, se le otorga la libertad mediante un acta
administrativa.
Durante el año 2002, que comprende
del 1o. de enero al 31 de octubre, se han otorgado 476 libertades del fuero común.
*Procedimientos de visitas
conyugales:
El interno a su ingreso registra a
su pareja o cónyuge en el estudio socioeconómico, posteriormente la visita realizará
los trámites correspondientes para la obtención de su credencial de visita familiar,
presentando los siguientes requisitos: (fotografías, copia de su credencial de elector,
comprobante de domicilio, copia del acta de matrimonio si son casados, y/o constancia de
concubinato si viven en unión libre o copia de las actas de nacimiento de los hijos
registrados o reconocidos, o en su defecto constancia expedida por el DIF. Al haber
cumplido con los requisitos se elabora la credencial que acredita la relación familiar,
posteriormente los interesados solicitan el Kardex de visita íntima en el día y horario
establecido por la institución (miércoles, jueves, sábado y domingo, de 8:00 a 16:00
horas. Con la observación de que sólo se autoriza un día a elegir por los solicitantes
y la visita será dos veces al mes.
*Acciones para generar empleos al
interior del centro:
Las actividades laborales que los
internos desempeñan con más regularidad es el urdido de hamacas y la elaboración de
artesanías, cuya fuente de ingresos coadyuva en la economía familiar.
Se capacitó a los internos en:
• Mecánica en general, por la
Facultad de Ingeniería de la Universidad A. del Carmen.
• Herrería, por un interno
que tiene este oficio.
Actualmente se capacita a los
internos en:
• Pintura y dibujo, por la
Facultad de Ciencias Educativas de la Universidad A. del Carmen.
• Repujado, por una alumna del
Instituto Nacional de Educación para Adultos.
Los Talleres Instalados en el
Centro son:
• Carpintería.
• Mecánica.
• Herrería.
• Sastrería.
• Proyectos educativos:
Se imparte, con el apoyo del
Instituto Estatal para la Educación de los Adultos, educación:
• Primaria.
• Secundaria.
Con un promedio de 160 alumnos. De
enero a octubre del año 2002 se han entregado dos certificados de secundaria.
Se continuarán impartiendo los
siguientes niveles:
• Primaria.
• Secundaria.
• Trato y facilidades
brindados al personal de la Comisión Nacional y demás organismos de derechos humanos que
supervisan los centros de readaptación social:
Conforme al Reglamento Interno de
los Centros, se autoriza, previa identificación, la visita de aquellas personas físicas
o morales que favorecen calificadamente el contacto con los internos, incluyendo en este
rubro tanto a la Comisión Nacional como Estatal de Derechos Humanos; brindándoseles
siempre una atención digna. De enero a octubre de 2002: recibió el Centro Penitenciario
una visita de la CNDH y cinco de la CDHE.
Sin otro particular, le envío un
cordial saludo.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, DF, a 11 de febrero de
2003.— El director, licenciado Gilberto Romero
Lavalle.
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En atención al oficio número DGPL
58-II-4-986 de fecha 12 de septiembre último, suscrito por los ciudadanos secretarios de
la Cámara de Diputados, con el presente les acompaño copia del similar No. SSP/032/2003,
signado por el licenciado Mauricio Gándara Gallardo, Secretario de Seguridad
Pública del Gobierno del estado de Chiapas, mediante el que envía la información
relativa al punto de acuerdo sobre las condiciones que guardan los centros de
Readaptación Social, promovido por el diputado Alfredo Hernández Raigosa.
Sin más por el momento, les
reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF., a 13 de febrero de
2003.— El subsecretario de Enlace Legislativo, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica).»
«Escudo.— Estado de
Chiapas.— Secretaría de Seguridad Pública.
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado,
subsecretario de Enlace Legislativo, de la Secretaría de Gobernación.— México,
DF.— Presente.
Por instrucciones del Titular del
Ejecutivo del Estado, y en atención a su oficio número SEL/525/02, de fecha 17 de
septiembre de 2002, me permito hacer las siguientes consideraciones:
1. El sistema penitenciario del
estado de Chiapas, cuenta con 14 centros de Readaptación Social, así como 10 cárceles
distritales; con una capacidad real de 2 mil 835 internos y una población actual
penitenciaria de 5 mil 569 internos. En los dos últimos años del actual gobierno
democrático se ha realizado una inversión en infraestructura penitenciaria de
$286'949,345.63 (doscientos ochenta y seis millones, novecientos cuarenta y nueve mil,
trescientos cuarenta y cinco pesos 63/100 M.N.), destinada a crear 2 mil 758 nuevos
espacios; en este sentido se ha puesto en funcionamiento el Cereso número 15 de
Copainalá con 120 espacios; prácticamente se encuentra terminada la infraestruc- tura
del Cereso número 14 de Cintalapa, destinado para 1 mil 800 espacios, mismo que en fecha
muy breve entrará en funcionamiento, por lo cual durante el presente año se podrá
resolver la sobrepoblación penitenciaria en el Estado. (Anexo 1).
Personal Asignado y Percepciones
1.1. El sistema penitenciario del
Estado cuenta con un total de personal de 1 mil 149 los cuales se dividen en personal,
administrativo, técnico y operativo, que depende de la Secretaría de Seguridad Pública,
y sus percepciones van desde $2 mil 258.26 (dos mil doscientos cincuenta y ocho pesos
26/100 M.N.) hasta $ 8 mil 248.02 (ocho mil doscientos cuarenta y ocho pesos 02/100 M.N).
(Anexo 2).
Criterios de clasificación
1.2. Se mantiene una clasificación
de los internos, en cuanto a su situación jurídica únicamente en lo que se refiere a
sus expedientes penitenciarios, mismos que se dividen en procesados y sentenciados, sin
embargo por problemas de espacio, (salvo el Cereso número 15 de Copainalá que es de
nueva creación y cuenta con una población únicamente de internos sentenciados), (Anexo
3), se encuentran mezclados, tanto procesados como sentenciados en las mismas áreas; cabe
señalar que cuando ingresan al reclusorio se ubican en la celda de observación y
clasificación (c.o.c.), hasta el momento que se les dicta auto de formal prisión,
posteriormente a esto se establecen en las diversas celdas del interior del centro.
Criterios y Cifras de Otorgamiento de Libertades
Anticipadas
1.3. Actualmente se cuenta con un
reglamento que regula las bases de aplicación de los artículos 9o. y 17 de la Ley de
Normas Mínimas para Sentenciados en el Estado, en este contexto, una Comisión
Interinstitucional integrada por ocho dependencias gubernamentales, es quien determina la
posibilidad de otorgar beneficios de libertad anticipada a reos sentenciados. (Anexo 4).
Clasificación de Internos
1.4. En cuanto al número de
internos por delito, edad, sexo, nivel de estudios y nivel socioeconómico, se observan en
hoja anexa los detalles de clasificación. (Anexo 5, 6, 7).
Evasiones
1.5. En lo que hace al tema de
evasión de presos, en esta administración se suscitó un hecho de esta naturaleza en el
Cereso número tres del Apachula el día 4 de abril de 2002, en el cual el interno
procesado del fuero federal Armando Robles Razo, a quien se le instruía el expediente
penal número 22/2002. en el Juzgado V de Distrito en el Estado de esa ciudad, por
el delito de violación a la Ley General de Población, se evadió al haber suplantado a
otro interno de nombre José Marlon Batrez Hernández, procesado del fuero común en el
expediente número 58/2002, del Juzgado I del Ramo Penal de este Distrito Judicial, por el
delito de robo: mismo que ese día había depositado fianza para obtener su libertad.
Internos por Dormitorio
1.6. Debido al problema de
sobrepoblación penitenciaria, como se deduce de lo citado al inicio del presente, se
tiene un número aproximado de 8 internos por dormitorio. (Anexo 8).
Visitas Conyugales
1.7. El procedimiento para las
visitas conyugales es controlado por el director de cada Cereso con el apoyo del área de
trabajo social del mismo centro; para la autorización de dicha visita, es necesario que
se reúnan la totalidad de los requisitos exigidos en el reglamento de los ceresos como
son:
El cónyuge deberá acreditar dicha
calidad con la copia fotostática del acta de matrimonio y si es concubino o concubina;
que presente 2 cartas que acrediten su situación de concubinato, anterior a la detención
legal del interno y se autoriza a criterio del área y director del centro.
Ninguna visita íntima o familiar
se autoriza sin que previamente haya sido promovida o aceptada por el interno y este puede
solicitar en cualquier momento la cancelación o suspensión de dichas visitas.
De acuerdo al instructivo de
visitas, el horario establecido es de 9:00 a 17:00 horas únicamente los sábados.
Empleos al Interior del Cereso y Proyectos Educativos
1.8. Se ha procurado capacitar y
facilitar los materiales necesarios, para la realización de las actividades laborales en
todos los centros: actualmente se cuenta con talleres de carpintería, herrería,
repujado, encuadernación, tallado en madera, tejido de hamacas y bolsas, panadería,
tortillería y sastrería.
Existe un bazar penitenciario
dependiente de la coordinación general de los ceresos, que promueve la venta de los
productos que se elaboran en los talleres antes citados, así mismo, se gestiona ante
instituciones gubernamentales y particulares, apoyo para la capacitación gratuita de los
internos en las diferentes actividades y oficios.
Los proyectos educativos que se han
establecido en los diferentes ceresos y que son acordes al plan de estudios del Instituto
Nacional para la Educación de los Adultos son: alfabetización, primaria, secundaria y
preparatoria.
Como apoyo al área educativa, los
ceresos cuentan con una biblioteca que cubre sus necesidades y se realizan torneos
deportivos permanentes de voleibol, básquetbol, fútbol y ajedrez.
Me es grato comentarle, que
respecto a las visitas recibidas por parte del personal de la Comisión Nacional y Estatal
de los Derechos Humanos, éstas han sido atendidas debidamente, brindándoles todas las
facilidades y medios necesarios para el desarrollo de sus encomiendas, proporcionándoles
toda la información y documentación que en su momento nos han solicitado.
Sn otro particular y esperando que
la información proporcionada le sea de gran utilidad, aprovecho la ocasión para enviarle
un cordial saludo.
Atentamente.
México, DF., a 13 de febrero de
2003.— El secretario Lic. Mauricio Gándara
Gallardo (rúbrica).»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Lic. Pablo Salazar Mendiguchía,
gobernador constitucional del estado de Chiapas.— Presente.
En oficio número
D.G.P.L.58-II-4-986 de fecha 12 del mes en curso los secretarios de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión se han dirigido al titular de esta
dependencia, comunicando los puntos de acuerdo acordados en sesión de esa fecha, los que
a continuación hago de su conocimiento:
Primero. Solicitar respetuosamente
al Secretario de Seguridad Pública que en el ámbito de su comparecencia. Informe a la
Comisión Esencial de Seguridad Pública y a la de Gobernación y Seguridad Pública de
esta soberanía sobre las condiciones que guardan los centros de readaptación social a
cargo de la Federación y que en dicho informe se incluyan: personal asignado y
percepciones, criterios de clasificación, criterios y cifras de otorgamiento de
liberaciones, preliberaciones y demás beneficios de el número de internos por delito,
edad, sexo y nivel de estudios y socioeconómico, número de procesados y de sentenciados,
fugas, así como número de internos por dormitorio, procedimientos de visitas conyugales,
acciones para generar empleos al interior del centro y proyectos educativos. Asimismo,
informe sobre el trato y facilidades en casos al personal de la Comisión Nacional y
demás organismos de Derechos Humanos que supervisan los centros de readaptación social
federales.
Segundo. Solicitar al Jefe de
Gobierno del Distrito Federal y a los gobernadores de las estados, la información
señalada en el punto anterior.
Por lo anterior le acompaño copia
del dictamen del acuerdo de referencia, para la atención que estime procedente.
Reitero a usted la seguridad de mi
consideración.
Atentamente.
México, DF., a 17 de septiembre de
2002.— El subsecretario de Enlace Legislativo, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica).»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Remítase a las comisiones de Gobernación y Seguridad
Pública y Especial de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, para su
conocimiento.
PANFILO
NOVELO MARTIN
La Secretaria senadora Yolanda Eugenia
González Hernández:
Asimismo, se remite contestación
del Titular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, de la Procuraduría
General de la República, en relación al punto de acuerdo aprobado por la Comisión
Permanente, sobre el estado en que se encuentra la investigación del asesinato del
diputado Pánfilo Novelo Martín.
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos Secretarios de la
Comisión Permanente, del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En atención a su oficio No. DGPL
58-II-4-1398 de fecha 22 de enero último, con el presente les acompaño copia del similar
No. UEDOI073/03 de fecha 5 del actual, signado por el licenciado José Luis Santiago
Vasconcelos, Titular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la
Procuraduría General de la República, por el que da contestación al Punto de Acuerdo
relativo al estado en que se encuentra la investigación del asesinato del diputado
Pánfilo Novelo Martín, promovido por el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín.
Sin más por el momento, les
reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF., 13 de febrero de
2003.— Licenciado M. Humberto Aguilar Coronado,
Subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Procuraduría General de la República.
Señor licenciado M. Humberto
Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de
Gobernación.— Presente.
Por este conducto y con relación a
su oficio número SEL/300/324/03, de fecha 23 de enero del 2003, en el que hace del
conocimiento de esta Procuraduría General de la República, el acuerdo de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el que se aprueba cuestionar a esta
Institución, si se atrajo la indagatoria incoada en el estado de Yucatán, relativa al
homicidio del diputado Pánfilo Novelo Martín, en su caso, el estado en el que se
encuentra la investigación y las condiciones en las que fue entregada por la
Procuraduría General de Justicia en el estado de Yucatán.
Al respecto me permito hacer de su
conocimiento que efectivamente en fecha 6 de septiembre del año próximo pasado la
Procuraduría General de Justicia del estado de Yucatán, dictó proveído en el que
declinó su competencia para seguir conociendo de dicha indagatoria en favor de esta
Fiscalía Federal, habiéndose radicado en esta Unidad Especializada, bajo el número de
averiguación previa PGR/UEDO/279/02, finalmente debe precisarse que la averiguación
previa número 34/13/2002, instruida por la de la Procuraduría Estatal, fue recibida
después de haberse practicado todas las diligencias necesarias en la investigación de
los delitos por los que fue iniciada, no se omite precisar que el estado que guarda la
indagatoria es precisamente en la investigación de tales eventos delictivos.
Sin más por el momento, le reitero
las seguridades de mi más alta, y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, DF., a 5 de febrero de
2003.— El Titular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, licenciado José Luis Santiago Vasconcelos.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Remítase a la Primera Comisión para
su conocimiento.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde su
curul):
Señor Presidente, solicito que se
remita por favor una copia al proponente y una copia al Congreso del estado de Yucatán.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Con mucho gusto. Se concede la
solicitud.
HURACAN
ISIDORE
La Secretaria senadora Yolanda Eugenia
González Hernández:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En atención a los oficios números
DGPL58-II-3-857 y I-1108, de fechas 26 y 24 de septiembre de 2002, respectivamente,
suscritos por los CC. Secretarios de la Cámara de Diputados y por el senador Enrique
Jackson Ramírez, Presidente de la Cámara de Senadores, con el presente les acompaño
para los fines que estimen procedentes, copia del escrito fechado el día 19 de noviembre
último, signado por el C. Dr. Roberto Tapia Conyer, subsecretario de Prevención y
Protección de la Salud de la Secretaría de Salud, que contiene información relativa a
los puntos de acuerdo por los que se solicita se brinde apoyo a la población afectada por
el huracán "Isidore".
Sin más por el momento, les
reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 12 de febrero de
2003.— El subsecretario de Enlace Legislativo, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica).»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.
Lic. Humberto Aguilar Coronado,
Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.
Por instrucciones del Dr. Julio
Frenk Mora, Secretario de Salud, y con relación a sus oficios SEL/300/698/02 y
SEL/300/671/092, relativo a los puntos de acuerdo adoptados en las cámaras de Senadores y
Diputados los días 24 y 26 de septiembre, respectivamente y mediante los cuales se
requiere a esta Secretaría brinde el apoyo necesario a la población afectada por el
huracán "Isidore", me permito informarle que el pasado 8 de noviembre, se
concluyó la fase de emergencia sanitaria en los estados de Yucatán y Campeche, no
obstante lo cual se dará continuidad a las acciones de prevención y protección de la
salud, con especial énfasis en los municipios considerados como prioritarios.
En ese sentido, me permito hacer de
su conocimiento que en ambos estados se instrumentaron, aún antes del impacto del
meteoro, sendos Operativos de Vigilancia Sanitaria, bajo la coordinación de los
respectivos Comités de Vigilancia Sanitaria, en los cuales participaron, además de las
instituciones de salud federales y estatales, las Secretarías de la Defensa Nacional y de
Educación Pública, la Comisión Nacional del Agua, el Sistema Nacional para el
Desa-rrollo Integral de la Familia y las autoridades municipales.
En el marco de dichos operativos,
con el apoyo de 10,131 trabajadores de la salud de los ámbitos federal, estatal y
jurisdiccional, agrupados en 321 brigadas, y con la decidida participación de la
comunidad se llevaron a cabo, entre otras, las actividades siguientes:
• Se realizaron recorridos
casa a casa visitando 253,213 viviendas en 454 localidades de 83 municipios, con búsqueda
de casos de enfermedades transmisibles con énfasis en diarreas, infecciones respiratorias
agudas, dengue y paludismo para, de ser el caso, darles el tratamiento oportuno. Con estas
acciones, tan sólo en Yucatán se ha reducido la tasa de enfermedades diarreicas en el
estado de 5.3 a 0.3 por 100 habitantes.
• Se otorgaron 180,959
consultas médicas, siendo las causas principales de demanda las infecciones
respiratorias, las enfermedades de la piel y las diarreicas.
• Se llevaron a cabo acciones
de saneamiento básico que incluyeron la disposición sanitaria de alrededor de 3 millones
de animales muertos para lo cual se utilizaron 500 toneladas de cal, así como la
cloración de 32,052 depósitos de agua.
• Se distribuyeron
66,678 frascos y más de 200,000 pastillas de plata coloidal, así como 78,431 sobres de
Vida Suero Oral.
• Se realizaron acciones de
prevención de enfermedades trasmitidas por vector en 167 localidades, protegiendo 228,751
viviendas, haciendo tratamiento de 1.722,518 criaderos de larvas y controlando otros
4.896,689. Además, se nebulizaron un total de 176,990 hectáreas entre fumigación por
avión y terrestre. Estas acciones han permitido la disminución histórica del número de
casas con presencia de criaderos en Yucatán y Campeche de alrededor de 90 por cada 100 a
2 por cada 100, lo que reduce de manera histórica el índice de riesgo de dengue en esos
estados.
• Se puso en marcha la
campaña denominada "Por la Salud: Comunidades en acción", la cual tiene como
base la participación comunitaria en actividades de mejoramiento de la salud y la calidad
de vida a través de las estrategias de agua limpia, vivienda sana, comunidades
protegidas, mercados limpios, escuelas saludables y seguras y unidades médicas con aseo
permanente, abasto oportuno y atención adecuada. Son ya más de 370 las localidades de
Yucatán y Campeche que han cumplido con los requisitos para ser certificadas con la
Bandera Blanca de Comunidad Protegida.
• Cabe resaltar que no se
presentaron brotes ni epidemias.
Si bien es cierto que, como se
señaló previamente, ha concluido la etapa de emergencia sanitaria, se ha iniciado la
fase de vigilancia, por lo que las brigadas de la Secretaría de Salud, en coordinación
con el personal de salud estatal y municipal, darán continuidad al trabajo realizado en
estos meses mediante la aplicación de las medidas de prevención y protección
siguientes:
• Se mantendrá la vigilancia
epidemiológica activa casa por casa en los municipios afectados.
• Se continuarán las acciones
para la prevención y control de las enfermedades transmitidas por vector en los
municipios afectados, incluyendo las nebulizaciones.
• Se concluirá la aplicación
de vacuna antihepatitis "A" a los niños y niñas.
• Se continuarán las
actividades de salud priorizando las acciones de vacunación, control de enfermedades
diarréicas, administración de vitamina A y desparasitación intestinal.
• Se mantendrá la Campaña
"Por la Salud... Comunidades en acción".
• Se seguirá dando prioridad
a la atención integral y oportuna de menores de edad y mujeres embarazadas, así como a
los adultos mayores.
• Se verificará continuamente
el abasto de medicamentos e insumos y la dotación oportuna de los mismos.
• Se mantendrán las acciones
de saneamiento básico en los municipios afectados, con acciones de vigilancia de la
calidad del agua, verificación de la calidad de alimentos, disposición sanitaria de
desechos y excretas, así como encalamiento de focos de infección, entre otros.
Sin otro particular, hago propicia
la ocasión para reiterarle la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
México, DF, a 19 de noviembre de
2002.— El Subsecretario de Prevención y Protección de la Salud, Dr. Roberto Tapia Conyer (rúbrica).»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
De enterado. Remítase a la Cámara de Diputados y de
Senadores para su conocimiento.
CAMARA
DE SENADORES
La Secretaria senadora Yolanda Eugenia
González Hernández:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la
Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En atención al oficio No.
CP/2R/2AE.-1189, de fecha 3 de julio de 2002, suscrito por el senador Diego Fernández de
Cevallos Ramos, con el presente les acompaño copia del similar número DOOP100.-021, de
fecha 11 del actual, signado por el ciudadano Exequiel Ezcurra, presidente del Instituto
Nacional de Ecología, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el
que da contestación al punto de acuerdo sobre los efectos que causa la contaminación
electromagnética producida por transformadores de luz y antenas de telefonía celular,
promovido por la senadora Sara I. Castellanos.
Sin más por el momento, les
reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 13 de febrero de
2003.— El subsecretario, licenciado M. Humberto
Aguilar Coronado (rúbrica).»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Licenciado José Luis Carmona Ruiz,
director de Coordinación Política con los Poderes de la Unión.— Presente.
En atención a su oficio número
SFC/211/1057/02, relacionado con el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente
del honorable Congreso de la Unión, mediante el cual solicita una investigación profunda
sobre los efectos que causa la contaminación electromagnética, me permito comentarle lo
siguiente:
El asunto fue revisado y sometido a
la opinión de las áreas técnicas del Instituto Nacional de Ecología, resultando que
aquél no incide en el ámbito de su competencia. No obstante, sería del interés del
instituto conocer los estudios que pudiera llevar a cabo la autoridad competente en cuanto
a los posibles efectos de estas actividades en la salud humana, a fin de tomar, en su
caso, las previsiones desde el punto de vista ambiental.
Sin otro particular, aprovecho la
oportunidad para enviarle un cordial saludo.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, DF, a 11 de febrero de
2003.— Exequiel Ezcurra (rúbrica).»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En atención al oficio No. III-638,
de fecha 24 de octubre último, suscrito por el senador. Enrique Jackson Ramírez,
Presidente de la Cámara de Senadores, con el presente les acompaño, para los fines que
estimen procedentes, copia del similar No. 315-A-00812, de fecha 7 del actual, signado por
la C. Cecilia Barra y Gómez Ortigoza, Directora General de Programación y Presupuesto
"A" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que da
contestación al apartado segundo del punto de acuerdo relativo a la atención de las
personas portadoras del virus de inmunodeficiencia humana, promovido por el senador.
Elías Moreno Brizuela.
Sin más por el momento, les
reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 13 de febrero de
2003.— El Secretario de Enlace Legislativo, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica).»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado,
subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.
Me refiero a su oficio número
SEL/300/1026/02, mediante el cual informa a esta Secretaría de Hacienda y Crédito
Público sobre los puntos de acuerdo que, con referencia a la atención del VIH-Sida y
pacientes sero positivos, fueron emitidos por la Cámara de Senadores del H. Congreso de
la Unión y comunicados a la Secretaría de Gobernación por el C. senador Enrique Jackson
Ramírez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara, mediante oficio de fecha 25 de
octubre de 2002.
Al respecto, relacionado con el
punto segundo del acuerdo, le informo que, dentro de los recursos destinados a la
Secretaría de Salud mediante el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para
el Ejercicio Fiscal de 2003, se incluye una partida destinada al Centro Nacional para la
Prevención y Control del VIH-Sida por 420.0 millones de pesos, de los cuales corresponden
367.5 millones a la partida destinada a la adquisición de medicamentos antirretrovirales.
Asimismo, los puntos primero y
tercero han sido hechos del conocimiento de la SSA para los efectos procedentes.
Sin otro particular, le envío un
cordial saludo.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, DF, a 7 de febrero de
2003.— La Directora General, Cecilia Barra y
Gómez Ortigoza (rúbrica).»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Remítase a la Cámara de Senadores.
CONSULES
GENERALES
La Secretaria senadora Yolanda Eugenia
González Hernández:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría de Relaciones
Exteriores se ha dirigido a ésta de Gobernación en oficio fechado el día 19 del
presente mes, manifestando lo siguiente:
"En uso de las facultades que
le concede la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, el C. Presidente de la República ha tenido a bien designar al C. Arturo
Sarukhan Casamitjana, cónsul general de México en Nueva York, EUA.
En consecuencia, mucho agradeceré
a ustedes ser el amable conducto para solicitar en los términos de la fracción VII del
artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la
ratificación de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión al nombramiento del
C. Sarukhan Casamitjana. Con este fin les envío adjuntos los datos biográficos del
interesado."
Lo hago de su conocimiento, para
los fines legales procedentes, acompañando al presente el documento que en el mismo se
menciona.
Sin más por el momento, les
reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF., a 24 de febrero de
2003.— El subsecretario de Enlace Legislativo, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica).»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría de Relaciones
Exteriores se ha dirigido a ésta de Gobernación en oficio fechado el día 19 del
presente mes, manifestando lo siguiente:
"En uso de las facultades que
le concede la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, el C. Presidente de la República ha tenido a bien designar al C. Jorge
Lomónaco Tonda, cónsul general de México en Miami, EUA.
En consecuencia, mucho agradeceré
a ustedes ser el amable conducto para solicitar en los términos de la fracción VII del
artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la
ratificación de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión al nombramiento del
C. Lomónaco Tonda. Con este fin, les envío adjuntos los datos biográficos del
interesado."
Lo hago de su conocimiento, para
los fines legales procedentes, acompañando al presente el documento que en el mismo se
menciona.
Sin más por el momento, les
reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF., 24 de febrero de
2003.— El subsecretario de Enlace Legislativo, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica).»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Túrnese a la Segunda Comisión.
REINO
DE ESPAÑA
La Secretaria senadora Yolanda Eugenia
González Hernández:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría de Relaciones
Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación, solicitando se tramite ante el H. Congreso
de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Lic. Sergio
Ernesto Jacobo Patiño, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la
Católica, en grado de Cruz de Oficial, que le confiere el Gobierno del Reino de España.
Por lo anterior me permito anexar,
para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al H.
Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, copia certificada del acta de
nacimiento, y copias simples de su currículum vitae y de la notificación en la que le
comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.
Sin más por el momento, les
reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, 19 de febrero de
2003.— El subsecretario de Enlace Legislativo, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica).
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría de Relaciones
Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación, solicitando se tramite ante el H. Congreso
de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la C. Lic. Laura
Guadalupe Ramírez Domínguez, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del
Mérito Civil, en grado de Cruz de Plata, que le confiere el Gobierno del Reino de
España.
Por lo anterior me permito anexar,
para que se integren en su expediente, original de la carta de la interesada dirigida al
H. Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, copia certificada del acta de
nacimiento, y copias simples de su currículum vitae y de la notificación en la que le
comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.
Sin más por el momento, les
reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, 19 de febrero de
2003.— El subsecretario de Enlace Legislativo, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica).»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Túrnese a la Primera Comisión.
GRADOS
MILITARES
La
Secretaria senadora Yolanda Eugenia Gonzalez Martínez:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría de la Defensa
Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de servicios del C.
Coronel Ingeniero Industrial Diplomado de Estado Mayor Miguel Angel Coronel Vargas
(B-1148297), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII
del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior les acompaño al
presente, con carácter devolutivo, la hoja de servicios del citado militar.
Sin más por el momento, les
reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 6 de enero de
2003.— El subsecretario de Enlace Legislativo, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría de la Defensa
Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de servicios del C.
Coronel Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica Luis Alonso Ramón (6404941), la que me
permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior les acompaño al
presente, con carácter devolutivo, la hoja de servicios del citado militar.
Sin más por el momento, les
reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF., a 6 de enero de
2003.— El subsecretario de Enlace Legislativo, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría de la Defensa
Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de servicios del C.
Coronel Ingeniero Industrial Marco Polo Ledesma Estrada (10561591), la que me permito
enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior les acompaño al
presente, con carácter devolutivo, la hoja de servicios del citado militar.
Sin más por el momento, les
reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF., a 6 de enero de
2003.— El subsecretario de Enlace Legislativo, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría de la Defensa
Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de servicios del C.
Coronel Ingeniero Industrial Juan Sánchez Pérez (8208467), la que me permito enviar para
los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior les acompaño al
presente, con carácter devolutivo, la hoja de servicios del citado militar.
Sin más por el momento, les
reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF., a 6 de enero de
2003.— El subsecretario de Enlace Legislativo, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría de la Defensa
Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de servicios del C.
Coronel Cirujano Dentista Nahum Francisco Pérez Bernabé (9728728), la que me permito
enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior les acompaño al
presente, con carácter devolutivo, la hoja de servicios del citado militar.
Sin más por el momento, les
reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF., a 6 de enero de
2003.— El subsecretario de Enlace Legislativo, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría de la Defensa
Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de servicios del C.
Coronel Cirujano Dentista Evaristo Valencia Olivares (9285880), la que me permito enviar
para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior les acompaño al
presente, con carácter devolutivo, la hoja de servicios del citado militar.
Sin más por el momento, les
reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 6 de enero de
2003.— El subsecretario de Enlace Legislativo, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría de la Defensa
Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de servicios del C.
Coronel Médico Cirujano Armando Sánchez Barredo....... (7099165), la que me permito
enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior les acompaño al
presente, con carácter devolutivo, la hoja de servicios del citado militar.
Sin más por el momento, les
reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 6 de enero de
2003.— El subsecretario de Enlace Legislativo, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría de la Defensa
Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la hoja de servicios del C.
Coronel Médico Cirujano José Luis Juárez Maldonado... (8405533), la que me permito
enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior les acompaño al
presente, con carácter devolutivo, la hoja de servicios del citado militar.
Sin más por el momento, les
reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 6 de enero de
2003.— El subsecretario de Enlace Legislativo, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Recibo y túrnese a la Segunda
Comisión.
condecoraciones
Dictámenes de primera lectura. El
siguiente punto del orden del día son los dictámenes relativos a las solicitudes de
permiso de los ciudadanos Ruth Deutsch de Lechuga, Mario Rafael Arias Hernández, para
aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros; de Juan Pablo
Salazar Alfaro, Gloria Silvia del Villar Núñez, Lyzeth Lozano Lázaro, Patricia Simpson
Valadez, Mirna Teresita Garduño Villalobos, María Elena Saint Martin Huidobro, Ernesto
Coeto Solís, Linda Hendy Mezrage y Rosalía Pérez Linares, para prestar servicios a
embajadas de gobiernos extranjeros.
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.—
Primera Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de Trabajo
que suscribe le fueron turnados los oficios de la Secretaría de Gobernación por los que
solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos doctora Ruth Deutsch
de Lechuga y general de grupo piloto aviador DEMA Mario Rafael Arias Hernández, puedan
aceptar y usar las condecoraciones, que les confieren los gobiernos de las repúblicas de
Austria y Popular China, respectivamente.
La comisión considera cumplidos
los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de
acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37
constitucional y el artículo 60, segundo párrafo del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la
aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO
DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la
ciudadana doctora Ruth Deutsch de Lechuga, para aceptar y usar las condecoraciones Cruz de
Honor Austriaca para la Ciencia y las Artes, en grado de Caballero y la Insignia en Oro
del Land de Viena, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República de
Austria.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano
general de grupo piloto aviador DEMA, Mario Rafael Arias Hernández, para aceptar y usar
la condecoración de la medalla conmemorativa "Primero de Agosto", que le
confiere el Gobierno de la República Popular China.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, DF, a 20 de febrero de
2003.— Senador Orlando Paredes Lara,
Presidente; dip. Alejandro Zapata Perogordo,
secretario; dip. Salvador Cosío Gaona,
secretario; dip. Alfredo Ochoa Toledo; dip. César Augusto Santiago Ramírez; sen. Jorge Zermeño Infante; sen. Gerardo Buganza Salmerón; sen. Federico Ling Altamirano; dip. Bernardo Borbón Vilches; dip. Mónica Leticia Serrano Peña; sen Raymundo Cárdenas Hernández; dip. Ramón León Morales; dip. Julieta Prieto Furhken; sen. Antonio García Torres y sen. David Jiménez González (rúbricas.)»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Es de primera lectura
prestar servicios en representaciones diplomaticas
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.—
Primera Comisión.
Honorable Asamblea:
En oficios fechados el 6 y 11 de
febrero del año en curso, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso
constitucional necesario para que los ciudadanos Juan Pablo Salazar Alfaro, Gloria Silvia
del Villar Núñez, Lyzeth Lozano Lázaro, Patricia Simpson Valadez, Mirna Teresita
Garduño Villalobos, María Elena Saint Martin Huidobro, Ernesto Coeto Solís, Linda Hendy
Mezrage y Rosalía Pérez Linares, puedan prestar servicios de carácter administrativo en
las embajadas de la República de Austria, Australia y de Suecia en México,
respectivamente.
En sesión celebrada por la
Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el día 19 de septiembre, se
turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan
su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que los
propios interesados prestarán en las embajadas de la República de Austria, Australia y
de Suecia en México, serán de carácter administrativo, y
c) Que las solicitudes se ajustan a
lo establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional y el
artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior, esta comisión se
permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO
DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano
Juan Pablo Salazar Alfaro, para prestar servicios como chofer, en la Embajada de la
República de Austria en México.
Artículo segundo. Se concede permiso a la
ciudadana Gloria Silvia del Villar Núñez, para prestar servicios como gerente
administrativo y de red local de la sección comercial, en la Embajada de Australia en
México.
Artículo tercero. Se concede permiso a la
ciudadana Lyzeth Lozano Lázaro, para prestar servicios como recepcionista/asistente
consular, en la Embajada de Australia en México.
Artículo cuarto. Se concede permiso a la
ciudadana Patricia Simpson Valadez, para prestar servicios como gerente de Desarrollo de
Mercados, en la Embajada de Australia en México.
Artículo quinto. Se concede permiso a la
ciudadana Mirna Teresita Garduño Villalobos, para prestar servicios como traductora y
funcionaria de Relaciones con Medios de Comunicación, en la Embajada de Australia en
México.
Artículo sexto. Se concede permiso a la ciudadana
María Elena Saint Martin Huidobro, para prestar servicios como gerente de Desarrollo de
Negocios, en la Embajada de Australia en México.
Artículo séptimo. Se concede permiso al
ciudadano Ernesto Coeto Solís, para prestar servicios como gerente de Bienes y Servicios,
en la Embajada de Australia en México.
Artículo octavo. Se concede permiso a la
ciudadana Linda Hendy Mezrage, para prestar servicios como ejecutiva de Mercadotecnia, en
la Embajada de Australia en México.
Artículo noveno. Se concede permiso a la
ciudadana Rosalía Pérez Linares, para prestar servicios como asesora en la oficina
comercial, en la Embajada de Suecia en México.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, DF, a 20 de febrero de
2003.— Sen. Orlando Paredes Lara, Presidente;
dip. Alejandro Zapata Perogordo, dip. Salvador Cosío Gaona, secretarios; dip. Bernardo Borbón Vilches, sen. Gerardo Buganza Salmerón, sen. Raymundo Cárdenas Hernández, sen. Antonio García Torres, sen. David Jiménez González, dip. Ramón León Morales, sen. Federico Ling Altamirano, dip. Alfredo Ochoa Toledo, dip. Julieta Prieto Furhken, dip. César Augusto Santiago Ramírez, dip. Mónica Leticia Serrano Peña y sen. Jorge Zermeño Infante (rúbricas.)»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
En virtud de que los dictámenes se encuentran
publicados en la Gaceta Parlamentaria, quedan de
primera lectura.
TRIBUNAL
SUPERIOR AGRARIO
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Los siguientes puntos del orden del
día son dictámenes a discusión.
En virtud de que se encuentran
publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte
la Secretaría a la Asamblea si autoriza que sólo se dé lectura a los dos puntos de
acuerdo y a los decretos.
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
Por instrucciones de la
Presidencia, en votación económica, se consulta a la Asamblea si autoriza que solamente
se dé lectura a los puntos del acuerdo y a los decretos.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo... Se autoriza.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
En consecuencia se pide a la
Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
«Primera Comisión de
Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia.
Honorable Asamblea: a la Primera
Comisión de esta Comisión Permanente fue turnada para su estudio y dictamen la
comunicación remitida por el Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, con la
propuesta de ratificación de dos magistrados del Tribunal Superior Agrario y cinco
magistrados numerarios de tribunales unitarios agrarios.
Esta Primera Comisión, en
acatamiento del mandato de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, con fundamento en
las facultades que le confieren los artículos 123 de la Ley Orgánica del Congreso
General y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior, presenta a consideración de los
integrantes de esta Asamblea el presente dictamen.
ANTECEDENTES
1. En sesión del 7 de febrero de
2003 se recibió comunicación del Presidente de la República sometiendo a la
consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la propuesta
de ratificación de siete magistrados que concluyen su encargo en el mes de febrero del
año en curso.
2. En esa misma sesión se turnó
la referida comunicación a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales
y Justicia de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a efecto de que
se elaborara el dictamen correspondiente.
3. Los integrantes de esta Primera
Comisión, en acatamiento al turno dispuesto y en reunión de trabajo, procedimos al
análisis, discusión y elaboración del presente dictamen en conjunto, con base en lo
siguiente.
Análisis de la posible
ratificación de magistrados
Conforme a la normatividad que
alude a la ratificación de magistrados de los tribunales agrarios, se cuenta solamente
con lo que dispone el artículo 17 de la Ley Orgánica correspondiente, que a
continuación reproducimos:
"Artículo 17. Los magistrados
rendirán su protesta ante la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente, durarán en
su encargo seis años. Si concluido dicho término fueren ratificados, serán
inamovibles."
La lectura de este artículo no nos
impone ninguna condición o procedimiento a seguir para cumplir con la facultad de
ratificar. Solamente indica que, ante la conclusión del cargo de magistrado después de
cumplido el periodo de seis años, es tiempo de analizar su ratificación. Con este
propósito fue que el titular de Poder Ejecutivo Federal se dirigió a la Comisión
Permanente, el pasado 7 de febrero, para participarle del cumplimiento del encargo de
magistrados, como se explicó en el apartado de antecedentes de este dictamen.
Siguiendo esta interpretación,
para ejercer la facultad de ratificación que el artículo 17, aludido, asigna a la
Cámara de Senadores o, en este caso, a la Comisión Permanente, los legisladores que
suscribimos el presente dictamen no encontramos argumento para asumir que debamos atender
propuesta, sugerencia o indicación alguna, proveniente de cualquier instancia, para estar
en posibilidad de resolver sobre los casos de magistrados del tribunal agrario que
concluyen su encargo. Una interpretación contraria que condicione esta facultad a la
existencia de alguna orientación para decidir si se ratifica o no a alguno de los
magistrados que se ubique en la situación que regula el artículo 17 trascrito iría en
contra de la categoría de autonomía que la fracción XIX del artículo 27 constitucional
consagra para los tribunales agrarios.
A partir de las anteriores
consideraciones, esta Comisión acuerda proponer al pleno de la Comisión Permanente la
ratificación en su cargo de magistrados del Tribunal Superior Agrario a los ciudadanos:
Luis Angel López Escutia y María del Carmen Laura López Almaraz y a los magistrados
numerarios de los Tribunales Unitarios Agrarios, Rafael García Simerman, Francisco Marcos
Hernández Báez, Arturo Lemus Contreras, Sara Angélica Mejía Aranda y María Antonieta
Villegas López.
Análisis de los candidatos
Para cumplir con la responsabilidad
de hacer una valoración detallada de la cobertura de los requisitos que impone el
artículo 12 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, así como la trayectoria y
aptitudes de los candidatos, esta Comisión cumplió una rigurosa revisión de los
expedientes que en cada caso se integraron con su información profesional.
Resultado de ese proceso de
revisión y conocimiento personal, la Primera Comisión puede afirmar que en todos los
casos se trata de personas que cumplen satisfactoriamente los requisitos legales para ser
ratificadas. En cada candidato se aprecia la experiencia en el ejercicio del derecho y es
digno de poner en relieve que, en la mayoría de los casos, se han desempeñado en forma
específica en lo que a las competencias y tareas de tribunales agrarios se refiere.
A partir de los razonamientos
expuestos y los antecedentes en los que se describe la metodología seguida para llevar a
cabo la ratificación y los nombramientos de magistrados del Tribunal Superior Agrario y
magistrados numerarios de los Tribunales Unitarios Agrarios, los legisladores integrantes
de la Primera Comisión se permiten someter a la consideración de esta Asamblea, el
siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Primero. Se ratifica al ciudadano Luis Angel
López Escutia como magistrado numerario del Tribunal Superior Agrario.
Segundo. Se ratifica a la ciudadana María del
Carmen Laura López Almaraz como magistrada supernumeraria del Tribunal Superior Agrario.
Tercero. Se ratifica a los ciudadanos Rafael
García Simerman, Francisco Marcos Hernández Báez, Arturo Lemus Contreras, Sara
Angélica Mejía Aranda y María Antonieta Villegas López como magistrados numerarios de
los tribunales unitarios agrarios.
Cuarto. En los términos de lo establecido por el
artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, los ciudadanos descritos en
los puntos primero, segundo y tercero presentarán la protesta de ley respectiva ante la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 19 de febrero de 2003.— Senador Orlando Paredes Lara, Presidente; diputado Alejandro Zapata Perogordo, diputado Salvador Cosío Gaona, secretarios; diputado Alfredo Ochoa Toledo, diputado César Augusto Santiago Ramírez, senador Jorge Zermeño Infante, senador Gerardo Buganza Salmerón, senador Federico Ling Altamirano, diputado Bernardo Borbón Vilches, diputada Mónica Leticia Serrano Peña, senador Raymundo Cárdenas Hernández , diputado Ramón León Morales, diputada Julieta Prieto Furhken, senador Antonio García Torres y senador David Jiménez González »
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Está a discusión el dictamen con
punto de acuerdo.
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
No habiendo quien haga uso de la
palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobados,
comuníquense al Ejecutivo.
El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Se encuentran a las puertas de este
recinto los licenciados: Luis Angel López Escutia, María del Carmen Laura López
Almaraz, Rafael García Simerman, Francisco Marcos Hernández Baez, Arturo Lemus
Contreras, Sara Angélica Mejía Aranda y María Antonieta Villegas López, cuyos
nombramientos como magistrados numerarios, supernume- rarios del Tribunal Superior Agrario
y numerarios de los Tribunales Unitarios Agrarios respectivamente, acaban de ser aprobados
por esta Asamblea.
Para que los introduzcan a este
salón y los acompañen a rendir la protesta de ley, se designa en comisión a los
siguientes legisladores:
Senador Orlando Paredes Lara,
diputado Alfredo Ochoa Toledo, diputado Julio Castellanos Ramírez, diputado Ramón León
Morales, diputado Diego Cobo Terrazas, diputado Víctor Antonio García Dávila.
Ruego a la comisión cumpla con su
encargo.
(La comisión cumple con su
encargo.)
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
Se ruega a los presentes ponerse de
pie.
El Presidente diputado Eric Eber
Villaneueva Mukul:
Ciudadanos licenciados: Luis Angel
López Escutia, María del Carmen Laura López Almaraz, Rafael García Simerman, Francisco
Marcos Hernández Baez, Arturo Lemus Contreras, Sara Angélica Mejía Aranda y María
Antonieta Villegas López.
¿Protestan desempeñar leal y patrióticamente el
cargo de magistrados numerarios, supernumerarios del Tribuna Superior Agrario y numerarios
de los Tribunales Unitarios Agrarios, respectivamente, que se les ha conferido y guardar y
hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que
de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
Los ciudadanos: Luis Angel López
Escutia, María del Carmen Laura López Almaraz, Rafael García Simerman, Francisco Marcos
Hernández Baez, Arturo Lemus Contreras, Sara Angélica Mejía Aranda y María Antonieta
Villegas López:
Sí, protesto.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Si así no lo hicieran, que la nación se los demande.
Continúe la Secretaría con los
asuntos en cartera.
ipab
El Secretario diputado José Tomás
Lozano y Pardinas:
Se dará lectura al dictamen con
punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Héctor Reynaldo Tinoco Jaramillo,
como vocal e la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.—
Tercera Comisión.
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión, Hacienda y
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y dictamen la propuesta
de nombramiento del licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, para la designación del abogado Héctor Reynaldo Tinoco Jaramillo, como vocal
de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (Periodo
comprendido del 1o. de enero de 2003, al 31 de diciembre de 2006).
Los integrantes de esta Tercera
Comisión, con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 116 y 127 de
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás artículos
relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea el
presente dictamen de conformidad con los siguientes:
ANTECEDENTES
l. El 15 de enero de 2003, la Mesa
Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, turnó a la Tercera
Comisión, el expediente que nos ocupa a efecto de que se elaborará el dictamen
correspondiente.
2. El 26 de febrero del presente
año, la Tercera Comisión se reunió para abocarse al análisis y discusión de la
proposición en cuestión.
3. De acuerdo a la documentación
presentada por el C. Héctor Reynaldo Tinoco Jaramillo, consta que cuenta con 45 años de
edad, de nacionalidad mexicana y que es licenciado en Derecho, egresado de la Escuela
Libre de Derecho. En tal virtud, reúne los requisitos para desempeñar el cargo para el
que ha sido designado. A su vez se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
De su curriculum se desprende que ha sido
Vicepresidente de Normatividad y Secretario de la Junta de Gobierno de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, de febrero de 2001 a la fecha; asimismo, ha sido empleado
de carrera con 18 años de antigüedad en el Banco de México, ocupando los siguientes
puestos: director de Disposiciones de Banca Central, de abril de 1997 a febrero de 2001;
Secretario de la Junta de Gobierno y de la Comisión de Cambios, de abril de 1997 a
febrero de 2001; Coordinador de Disposiciones de Banca Central, de diciembre de 1993 a
marzo de 1997; Gerente de Investigación Jurídica de Banca Central, de febrero de 1992 a
noviembre de 1993; Gerente de Disposiciones Cambiarías, de septiembre de 1990 a enero de
1992; Gerente Técnico de la Dirección de Disposiciones de Banca Central de noviembre de
1989 a agosto de 1990; Subgerente de Disposiciones Cambiarlas de febrero de 1989 a
noviembre de 1989; Jefe de la Oficina de Autorizaciones y Consultas Cambiarías y de
Control de Cambios, de junio de 1987 a febrero de 1989; Jefe de la Oficina de
Autorizaciones y Consultas de Banca Central y de Mercado de Valores, de septiembre de 1986
a mayo de 1987; Jefe de la Oficina de Disposiciones Cambiarías, de noviembre de 1984 a
agosto de 1986; abogado en la Dirección de Disposiciones de Banca Central, de octubre de
1981 a octubre de 1984.
Además es miembro de la Academia
Mexicana de Derecho Financiero, AC, y de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, AC y ha
impartido conferencias sobre diversos temas financieros y monetarios.
A partir de estos antecedentes, los
miembros de la Tercera Comisión que suscriben el presente dictamen, exponemos las
siguientes
CONSIDERACIONES
I. En acatamiento a los puntos de
acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores en sesión ordinaria celebrada el 7 de
diciembre de 2000, y publicados en el Diario Oficial
de la Federación el 12 de diciembre del mismo año, y continuado por la Comisión
Permanente para la elaboración de dictámenes referentes a ratificaciones de
nombramientos, la Comisión que suscribe citó al ciudadano referido a una reunión en
donde se conversó sobre la responsabilidad para la cual ha sido propuesto.
Dicha reunión tuvo verificativo el
pasado 30 de enero del año en curso, y en la misma los legisladores que integramos esta
Comisión que dictamina, conversamos con la persona designada, pudiendo comprobar por este
medio el conocimiento que tiene respecto a los temas que habrá de abordar como Vocal de
la Junta de Gobierno del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, así como la
experiencia y preparación que ha obtenido a lo largo de su carrera profesional.
II. Del análisis cuidadoso de los
documentos que acompañan al expediente que nos ocupa, se obtienen elementos suficientes
de juicio para realizar una valoración sobre la capacidad, experiencia administrativa y
profesional, del C. Reynaldo Tinoco Jaramillo, y sobre el cumplimiento de los requisitos
que establece el artículo 78 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.
Por lo anteriormente expuesto, y en
razón de que el C. Héctor Reynaldo Tinoco Jaramillo cumple con los requisitos que
establece el artículo 78 de la Ley de la Materia, los suscritos miembros de la Comisión
consideramos que el ciudadano nombrado reúne en su persona amplias cualidades y méritos
para el buen ejercicio del cargo de Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto de
Protección al Ahorro Bancario. En tal virtud, aprobamos su ratificación y nos permitimos
someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Unico. En uso de las facultades que le confiere la
fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, ratifica el nombramiento que
el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Héctor Reynaldo
Tinoco Jaramillo, como Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al
Ahorro Bancario para el periodo comprendido del 1o. de enero de 2003, al 31 de diciembre
de 2006.
Salón de Sesiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, DF., a 26 de febrero de
2003.— Diputado Julio Castellanos Ramírez,
Presidente; diputado Jesús Burgos Pinto y
senador Gerardo Buganza Salmerón, secretarios
diputados: Salvador Cosío Gaona, César Augusto
Santiago, Jorge Carlos Ramírez Marín, Raúl
Martínez González, Manuel Wistano Orozco Garza, Víctor Antonio García Dávila, José
Tomás Lozano y Pardinas; senadores: Adrián
Alanís Quiñónez, Esteban Angeles Cerón, David Jiménez González y Héctor Larios Córdova.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Está a discusión el dictamen con
punto de acuerdo.
El Secretario diputado José Tomás
Lozano y Pardinas:
No habiendo quien haga uso de la
palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el
punto de acuerdo. Comuníquese al Ejecutivo.
El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Se encuentra a las puertas de este
recinto el ciudadano Héctor Reynaldo Tinoco Jaramillo, cuyo nombramiento como vocal de la
Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario acaba de ser
aprobada por esta Asamblea.
Para que lo introduzcan a este
salón y lo acompañen a rendir la protesta de ley, se designa en comisión a los
siguientes legisladores:
Esteban Angeles Cerón, Salvador
Cosío Gaona, Gerardo Buganza Salmerón, Sara Isabel Castellanos Cortés y Víctor Antonio
García Dávila.
Suplico cumplan con su encargo.
(La comisión cumple su cometido.)
El Secretario diputado José Tomás
Lozano y Pardinas:
Se ruega a los presentes ponerse de
pie.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Ciudadano Héctor Reynaldo Tinoco
Jaramillo, ¿Protesta desempeñar leal y
patrióticamente el cargo de vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la
Protección al Ahorro Bancario, que se le ha conferido, y guardar y hacer guardar la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen,
mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?
El ciudadano Héctor Reynaldo Tinoco
Jaramillo:
Si, protesto.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Si
así no lo hiciera que la nación se lo demande.
Se pide a la Secretaría poner a
discusión los proyectos de decreto.
La Secretaria senadora Yolanda Eugenia
González Hernández:
Con mucho gusto, señor Presidente.
CONDECORACIONES
La Secretaria senadora Yolanda Eugenia
González Hernández:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.—
Primera Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: a la Primera
Comisión de Trabajo, que suscribe, le fueron turnados los oficios de la Secretaría de
Gobernación por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los
ciudadanos Miguel Luis León y Portilla, Camilo Kawage Vera, Juan Serrat Viñas, Isaac
Saba y Raffoul, René Tanaka Kumitake y Henry Bremond Pellat puedan aceptar y usar las
condecoraciones que les confieren los gobiernos del Reino de España, de la República
Federativa de Brasil, de Japón y de la República Francesa, respectivamente.
La comisión considera cumplidos
los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de
acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C del artículo 37
constitucional y el artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la
aprobación de la honorable Asamblea el siguiente
PROYECTO
DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano
Miguel Luis León y Portilla, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del
Mérito Civil, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno del Reino de España.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano
Camilo Kawage Vera, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la
Católica, en grado de Cruz de Oficial, que le confiere el Gobierno del Reino de España.
Artículo tercero. Se concede permiso al ciudadano
Juan Serrat Viñas, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil,
en grado de Cruz, que le confiere el Gobierno del Reino de España.
Artículo cuarto. Se concede permiso al ciudadano
Isaac Saba y Raffoul para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional de
Cruzeiro do Sul, en grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de la República
Federativa de Brasil.
Artículo quinto. Se concede permiso al ciudadano
René Tanaka Kumitake, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Sol Naciente,
en grado de Rayos Dorado y Plata, que le confiere el Gobierno de Japón.
Artículo sexto. Se concede permiso al ciudadano
Henry Bremond Pellat, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional de la
Legión de Honor, en grado de Oficial, que le confiere el Gobierno de la República
Francesa.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— México, DF, a 13 de febrero de
2003.— Senador Orlando Paredes Lara,
Presidente; diputado Alejandro Zapata Perogordo
diputado Salvador Cosío Gaona, secretarios;
diputado Alfredo Ochoa Toledo, diputado César Augusto Santiago Ramírez, senador Jorge Zermeño Infante, senador Gerardo Buganza Salmerón, senador Federico Ling Altamirano, diputado Bernardo Borbón Vilches, diputada Mónica Leticia Serrano Peña, senador Raymundo Cárdenas Hernández, diputado Ramón León Morales, diputada Julieta Prieto Furhken, senador Antonio García Torres y senador David
Jiménez González.»
El
Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Está a discusión el dictamen en
lo general.
No habiendo quien haga uso de la
palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea si se va a
reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado
artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en
conjunto.
PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS
La Secretaria senadora Yolanda Eugenia
González Hernández:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.—
Primera Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea:
En oficios fechados los días 20 y
29 de enero del año en curso, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso
constitucional necesario para que los ciudadanos: Lizette Olinda González Leal, René
Javier González Medina, Marco Antonio García, Maricela Martínez Ortiz, Héctor Aldaco
Reyna y Rosa María Castilla Sánchez, puedan prestar servicios de carácter
administrativo en los consulados de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León y
Tijuana, Baja California y en la Embajada de Canadá en México.
En sesión celebrada por la
Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el día 12 de febrero, se turnó
a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan
su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.
b) Que los servicios que los
propios interesados prestarán en los consulados de Estados Unidos de América, en
Monterrey, Nuevo León y Tijuana, Baja California; y en la Embajada de Canadá en México,
serán de carácter administrativo, y
c) Que las solicitudes se ajustan a
lo establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional y el
artículo 60 segundo párrafo del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta Comisión se
permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO
DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la
ciudadana Lizette Olinda González Leal, para prestar servicios como empleada de la
Oficina del Servicio Informativo y Cultural, en el Consulado de Estados Unidos de América
en Monterrey, Nuevo León.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano
René Javier González Medina, para prestar servicios como empleado de la Oficina del
Departamento de Estado, en el Consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo
León.
Artículo tercero. Se concede permiso al ciudadano
Marco Antonio García, para prestar servicios como operador de correos, en el Consulado de
Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.
Artículo cuarto. Se concede permiso a la
ciudadana Maricela Martínez Ortiz, para prestar servicios como empleada de oficina del
Departamento de Visas, en el Consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo
León.
Artículo quinto. Se concede permiso al ciudadano
Héctor Aldaco Reyna, para prestar servicios como empleado de oficina del Departamento de
Servicios Generales, en el consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo
León.
Artículo sexto. Se concede permiso a la ciudadana
Rosa María Castilla Sánchez, para prestar servicios como gerente de Protocolo y
Logística, en la Embajada de Canadá en México.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— México, DF, a 12 de febrero de
2003.— Senador Orlando Paredes Lara,
Presidente; diputado Alejandro Zapata Perogordo,
diputado Salvador Cosío Gaona, secretarios;
diputado Alfredo Ochoa Toledo, diputado César Augusto Santiago Ramírez, senador Jorge Zermeño Infante, senador Gerardo Buganza Salmerón, senador Federico Ling Altamirano, diputado Bernardo Borbón Vilches, diputada Mónica Leticia Serrano Peña, senador Raymundo Cárdenas Hernández , diputado Ramón León Morales, diputada Julieta Prieto Furhken, senador David Jiménez González y senador
Antonio García Torres.»
El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Está a discusión el proyecto de
decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo
en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado
artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en
conjunto.
REPUBLICA
DE COREA
La Secretaria senadora Yolanda Eugenia
González Hernández:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal— Comisión Permanente.—
Primera Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de Trabajo
que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que
solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Francisco Javier
González García, pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de
Corea en la ciudad de Guadalajara, con circunscripción consular en el estado de Jalisco.
La Comisión considera cumplidos
los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de
acuerdo con lo que establece la fracción IV, del apartado C del artículo 37
constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el
siguiente
PROYECTO
DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano
Francisco Javier González García, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de la
República de Corea en la ciudad de Guadalajara, con circunscripción consular en el
estado de Jalisco.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— México, DF, a 12 de febrero de
2003.— Senador Orlando Paredes Lara,
Presidente; diputado Alejandro Zapata Perogordo,
diputado Salvador Cosío Gaona, secretarios;
diputado Alfredo Ochoa Toledo, diputado César Augusto Santiago Ramírez, senador Jorge Zermeño Infante, senador Gerardo Buganza Salmerón, senador Federico Ling Altamirano, diputado Bernardo Borbón Vilches, diputada Mónica Leticia Serrano Peña, senador Raymundo Cárdenas Hernández, diputado Ramón León Morales, diputada Julieta Prieto Furhken, senador David Jiménez González y senador
Antonio García Torres.»
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su
votación nominal en conjunto.
REINO
DE LOS PAISES BAJOS
La Secretaria senadora Yolanda Eugenia
González Hernández:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.—
Primera Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: en escritos de
fecha 6 de diciembre de 2002 y 28 de enero de 2003, los ciudadanos Carlos Hernández
Muñoz y Leonora Mónica Hammer Martínez solicitan el permiso constitucional necesario
para que puedan prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada de los
Países Bajos en México, respectivamente.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan
su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de sus actas de nacimiento.
b) Que los servicios que los
propios interesados prestarán en la Embajada de los Países Bajos en México serán de
carácter administrativo.
c) Que las solicitudes se ajustan a
lo establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional y el
artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta comisión se
permite someter a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente
PROYECTO
DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano
Carlos Hernández Muñoz para prestar servicios como chofer de asuntos generales en la
Embajada de los Países Bajos en México.
Artículo segundo. Se concede permiso a la
ciudadana Leo-nora Mónica Hammer Martínez para prestar servicios como asesora del
departamento de agricultura, naturaleza y pesca en la Embajada de los Países Bajos en
México.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— México, DF, a 5 de febrero de
2003.— Senador Orlando Paredes Lara,
Presidente; diputado Alejandro Zapata Perogordo,
diputado Salvador Cosío Gaona, secretarios;
diputado Alfredo Ochoa Toledo, diputado César Augusto Santiago Ramírez, senador Jorge Zermeño Infante, senador Gerardo Buganza Salmerón, senador Federico Ling Altamirano, diputado Bernardo Borbón Vilches, diputada Mónica Leticia Serrano Peña, senador Raymundo Cárdenas Hernández, diputado Ramón León Morales, diputada Julieta Prieto Furhken, senador David Jiménez González y senador
Antonio García Torres.»
El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Está a discusión el proyecto de
decreto.
No habiendo quien haga uso de la
palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea si se va a
reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado
artículo alguno para discutirlo en lo particular, se va a proceder a recoger la votación
nominal de este proyecto de decreto y los anteriormente reservados, en un solo acto.
La
Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:
Por instrucciones de la
Presidencia, se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo
particular de este proyecto y los anteriormente reservados en un solo acto.
(Votación.)
La
Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:
Señor Presidente, se emitieron 31
votos en pro y ninguno en contra.
El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Aprobados en lo general y en lo particular los
proyectos de decreto.
Pasan al Ejecutivo para los efectos
constitucionales.
ESTADO
DE TAMAULIPAS
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.—
Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y
Obras Públicas.
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión, Hacienda y
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y dictamen la
proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, cumpla puntualmente los acuerdos aprobados por la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública, en relación a los agricultores del Distrito de Riego 025, presentada por
el diputado Ramón León Morales, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Los integrantes de esta Tercera
Comisión, con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 116 y 127 de
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás artículos
relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea el
presente dictamen, de conformidad con los siguientes
ANTECEDENTES
1. El 22 de enero de 2003, la Mesa
Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, turnó a las comisiones de
Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados
y a la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, el expediente que nos ocupa a efecto
de que se elaborara el dictamen correspondiente.
2. El 19 de febrero del presente
año, la Tercera Comisión se reunió para abocarse al análisis y discusión de la
proposición en cuestión.
3. Se menciona en la proposición
que nos ocupa que, el "Senado de la República exhortó al Poder Ejecutivo Federal
para dar cumplimiento inmediato al Convenio de Coordinación y Concertación que
suscribieron el Ejecutivo Federal por conducto de la Comisión Nacional del Agua, el
Ejecutivo del estado de Tamaulipas y las Asociaciones Civiles del Distrito 025 Bajo Río
Bravo que resultaron afectados al haber utilizado sus derechos de agua para saldar el
déficit con Estados Unidos de América.
Además, el Senado de la República
solicitó a la Cámara de Diputados destinar una partida presupuestal para compensar los
daños ocasionados a los 14 mil 500 usuarios del Distrito de Riego 025 Bajo Río Bravo.
Por su parte, el pasado 13 de
diciembre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación favorable
en la cual se dan a conocer las violaciones a los derechos fundamentales en que
incurrieron la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la
Comisión Nacional del Agua (CNA) y la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de
la Comisión Internacional de Límites y Aguas, Sección Mexicana (CILA)."
Ante la gravedad de la
problemática, continúa el texto de la proposición, principalmente, "por el número
de familias afectadas y el cúmulo de pruebas contundentes y dictámenes del Senado de la
República y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el pasado periodo
ordinario de sesiones los diversos grupos parlamentarios que integran la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública, tomando en consideración todos y cada uno de los
antecedentes, acordaron proponer la asignación, en el Presupuesto de Egresos de
Federación 2003, de una partida presupuestal por 460 millones de pesos para compensar los
daños causados a los usuarios del Distrito de Riego 025 Bajo Río Bravo que permitirá
reactivar su desarrollo social y económico".
Con base en lo anterior, el autor
de la proposición presenta como parte del punto de acuerdo, lo siguiente:
"Primero. Se solicite a la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, vigile que se
cumpla el acuerdo tomado entre las diversas fracciones parlamentarias de asignar 460
millones de pesos a 14 mil 500 familias de agricultores, integrantes del Distrito de Riego
025 Bajo Río Bravo del estado de Tamaulipas, por los daños ocasionados.
Segundo. Se exhorte a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que cumpla puntualmente los acuerdos
aprobados por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados
relativos al Distrito de Riego 025.
Tercero. Se exhorta al Poder
Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación tome las medidas necesarias e inmediatas a fin de que se
establezcan los mecanismos necesarios para la entrega de 460 millones de pesos al Distrito
de Riego 025 Bajo Río Bravo, tomando en consideración la gravedad del caso y la precaria
situación en que viven las 14 mil 500 familias de agricultores, informando a esta
soberanía de manera clara y a la brevedad posible de las decisiones tomadas para la
entrega de estos recursos.
A partir de estos antecedentes, los
miembros de la Tercera Comisión que suscriben el presente dictamen, exponemos las
siguientes
CONSIDERACIONES
Los integrantes de esta Comisión
tienen presente que el agua reviste de enorme importancia para cualquier persona en el
desarrollo de sus actividades cotidianas y tratándose de quienes la utilizan para
actividades agrícolas contar con ella es determinante, por lo que al ser disminuido el
suministro de ésta, se afecta a un sinnúmero de familias que viven de la agricultura.
Toda vez que, en torno a este
problema, que aborda la proposición que se dictamina, son varios los antecedentes que al
respecto existen, así como varias las instancias que han venido participando en su
solución, a tal grado que para reparar los daños ocasionados, en el pasado periodo
ordinario de sesiones los diversos grupos parlamentarios que integran la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados, acordaron proponer una partida
presupuestal por 460 millones de pesos para compensar los daños causados a los usuarios
del Distrito de Riego 025 Bajo Río Bravo que permitiera reactivar su desarrollo social y
económico; los legisladores integrantes de esta Comisión, consideramos procedente la
propuesta de punto de acuerdo.
No obstante ello, se modifica en
cuanto a forma la redacción de los resolutivos y, al mismo tiempo, se considera
innecesario el primer punto de la propuesta en razón de que la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública, forma parte de las instancias encargadas de buscar solución al problema,
por lo que en la programación de sus actividades y conforme a los tiempos que la misma se
ha impuesto, seguramente que dará puntual seguimiento a los acuerdos y compromisos que se
han suscrito en su interior.
Los legisladores integrantes de
esta Comisión dictaminadora, queremos hacer la precisión que, aprobamos la presente
propuesta con punto de acuerdo, con la finalidad de que las autoridades involucradas en la
problemática lleven a cabo puntualmente sus tareas, sin perjuicio de las acciones que al
respecto lleven a cabo las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a las cuales también se turnó la citada
proposición; en el entendido de que dichas Comisiones por ser ordinarias, de conformidad
con la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, como ya se hizo
referencia líneas arriba, cuentan con un programa de trabajo y mecanismos internos para
abordar cada uno de los asuntos que le son turnados.
En tal virtud, nos permitimos
someter a la consideración de esta Asamblea la aprobación del siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público para que cumpla puntualmente los acuerdos aprobados por la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados relativos al Distrito de Riego
025 Bajo Río Bravo.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación tome las medidas
necesarias e inmediatas a fin de que se establezcan los mecanismos necesarios para la
entrega de 460 millones de pesos al Distrito de Riego 025 Bajo Río Bravo, tomando en
consideración la gravedad del caso y la precaria situación en que viven las familias de
agricultores de dicha región, informando a esta soberanía de manera clara y a la
brevedad posible de las acciones realizadas al respecto.
Salón de Sesiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, DF, a 19 de febrero de
2003.— Por la Tercera Comisión: Dip. Julio
Castellanos Ramírez, Presidente; Dip. Jesús
Burgos Pinto, Sen. Gerardo Buganza Salmerón,
secretarios; Dip. Salvador Cosío Gaona, Dip. César Augusto Santiago, Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín, Sen. Adrián
Alanís Quinoñes, Sen. Esteban Miguel Angeles
Cerón, Sen. David Jiménez González, Sen. Héctor Larios Córdova, Dip. Raúl Martínez González, Dip. Manuel Wistano Orozco Garza, Sen. Rutilio Cruz Escandón Cadenas, Dip. Víctor Antonio García Dávila y Sen. Federico Ling Altamirano (rúbricas).»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
En consecuencia están a discusión
los puntos de acuerdo.
Se abre el registro de oradores.
Consulte la Secretaría a la
Asamblea si se consideran suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.
La Secretaria senadora Micaela Aguilar
González:
En votación económica se pregunta
a la Asamblea si se consideran suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Suficientemente discutidos los
puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada Micaela Aguilar
González:
En votación económica se pregunta
si se aprueban los puntos de acuerdo.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Aprobados
los puntos de acuerdo. Comuníquense.
PERIODO
EXTRAORDINARIO
La Secretaria senadora Yolanda Eugenia
González Hernández:
Procedo a dar lectura al dictamen
con punto de acuerdo para que se convoque a un periodo extraordinario de sesiones.
«Primera Comisión de
Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia.
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión, fue turnada para estudio y elaboración del dictamen, la iniciativa
para que la Comisión Permanente convoque a un periodo extraordinario de sesiones,
suscrita por los diputados Martí Batres Guadarrama y Tomás Torres Mercado, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para abordar la problemática
derivada del Capítulo Agropecuario del TLC.
ANTECEDENTES
1. En sesión de la Comisión
Permanente de fecha 15 de enero del año en curso, los diputados Martí Batres Guadarrama
y Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, presentaron una iniciativa para que la Comisión Permanente convoque a un
periodo extraordinario de sesiones, para abordar la problemática derivada del Capítulo
Agropecuario del TLC.
2. En esa misma sesión, se turnó
la referida iniciativa a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y
de Justicia, de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a efecto de
que se elaborara el dictamen correspondiente.
3. Los integrantes de esta Primera
Comisión en acatamiento al turno dispuesto y en reunión de trabajo procedimos al
análisis, discusión y elaboración del presente dictamen en conjunto con base en los
siguientes
CONSIDERANDOS
Los proponentes de la iniciativa
que se dictamina solicitan que la Comisión Permanente convoque a un periodo
extraordinario de sesiones con objeto de ocuparse del siguiente tema: expedición de
decretos de reformas legales y expedición de leyes para salvaguardar la actividad
agropecuaria del país, por la entrada en vigor del Capítulo Agropecuario del TLC.
Mencionan los autores de la
iniciativa que se dictamina que "desde hace más de veinte años el campo mexicano ha
padecido una apertura indiscriminada a la competencia exterior, acompañada de un abandono
cada vez mayor de políticas públicas de fomento y apoyo al mismo.
En este gobierno se ha profundizado
esa misma política económica. Es la política neoliberal que ha generado más de 60
millones de pobres y que en el caso del campo ha venido extinguiendo las posibilidades de
supervivencia para su población.
En estos momentos, con el
cumplimiento de los plazos desregulatorios del TLC en materia agropecuaria, los riesgos se
potencializan, pues lo muy poco que todavía se produce en territorio nacional, puede ser
desplazado de manera irreversible por los productos norteamericanos.
Los resultados de esta realidad son
pobreza y marginación, que tiende a exacerbarse aceleradamente a partir del 10 de enero
del año en curso, con consecuencias concretas para el país: significa más pobreza, más
tensión y más pérdida de soberanía alimentaria del país."
Más adelante agregan que
"desde el 10 de enero de 2003, se inició la mayor desregulación arancelaria de la
que se tenga conocimiento desde la entrada en vigor del TLCAN en materia agropecuaria.
Mientras Estados Unidos significa
para México casi el 80% de su comercio agropecuario, México para Estados Unidos no
representa ni el 6% en este renglón. De ese tamaño es nuestra diferencia.
Los plazos que se establecieron de
10 y 15 años, para la desregulación en materia agropecuaria, no significaron realmente
ninguna oportunidad para reducir la desigualdad existente, pues en el transcurso de
éstos, no se puso en práctica por parte de México una política macroeconómica y
sectorial que acelerara la capitalización y el progreso técnico de nuestra agricultura a
un ritmo superior al de Estados Unidos. Sólo significó un aplazamiento del problema.
Actualmente en nuestro país, en
los productos donde hay ventaja, no se ocupa ni el 10% de la superficie agrícola nacional
y, en contrapartida, aquéllos en que no se puede resistir la competencia con Estados
Unidos en un régimen de libre comercio, se ocupa más del 80% de la agricultura nacional.
Por la cantidad de población que
depende de la actividad agropecuaria, por la gran dependencia alimentaria del exterior que
ya en la actualidad tiene nuestro país, misma que amenaza la propia soberanía nacional,
el problema agropecuario es un problema de seguridad nacional.
El TLCAN, tal y como se aprobó,
permite el establecimiento de salvaguardas a las actividades económicas de cada país
suscribiente y la renegociación parcial del tratado y aún la denuncia del mismo.
Por ello es urgente citar a un
periodo de sesiones extraordinarias para abordar lo relativo al problema agropecuario y
tomar decisiones para proteger nuestro sector agropecuario ante el cumplimiento de plazos
del TLCAN en dicha materia.
Aunado a lo anterior y en virtud de
que no hay sustento para convocar a un periodo extraordinario de sesiones, por no existir
una agenda legislativa precisa, basada en dictámenes elaborados y aprobados por las
diversas comisiones ordinarias de Cámara de Diputados y Senadores, además por cuanto
hace a esta Comisión, no se tiene solicitud por parte de dichas comisiones ordinarias.
Motivo por el cual, esta Primera
Comisión de Trabajo considera que no es procedente lo solicitado por los diputados
promoventes.
Por lo anteriormente expuesto y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 77 fracción II; 78 fracción III de la
Constitución Federal; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos; y 58, 60, 87 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Primera Comisión
de Trabajo que suscriben el presente, someten a la consideración del Pleno de la
Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el presente dictamen con
PUNTO
DE ACUERDO
Unico. No es de aprobarse la iniciativa de decreto
promovida por los legisladores proponentes, en virtud de lo señalado en el considerando
que antecede.
Dado en el salón de comisiones de
la Cámara de Diputados, a 12 de febrero de 2003.— Sen. Orlando Paredes Lara, Presidente; Dip. Alejandro Zapata Perogordo, Dip. Salvador Cosío Gaona, secretarios; Dip. Alfredo Ochoa Toledo, Dip. César Augusto Santiago Ramírez, Sen. Jorge Zermeño Infante, Sen. Gerardo Buganza Salmerón, Sen. Federico Ling Altamirano, Sen. David Jiménez González, Sen. Antonio García Torres, Dip. Bernardo Borbón Vilches, Dip. Mónica Leticia Serrano Peña, Sen. Raymundo Cárdenas Hernández, Dip. Ramón León Morales (rúbrica en contra) y Dip. Julieta Prieto Furhken (rúbricas).»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
En consecuencia está a discusión
el punto de acuerdo.
Se abre el registro de oradores.
Consulte la Secretaría a la
Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
La
Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:
Pregunto a las señoras y señores
legisladores si se encuentra suficientemente discutido el punto de acuerdo.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Quienes estén por la negativa...
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Suficientemente discutido el punto
de acuerdo.
La
Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:
En votación económica se pregunta
si se aprueba el punto de acuerdo.
Las señoras y señores
legisladores que estén por la afirmativa les rogamos manifestarlo...
Quienes están por la negativa...
El
Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Aprobado el dictamen del punto de acuerdo. Archívese
el expediente.
ESCUDO
NACIONAL
El Secretario diputado José Tomás
Lozano y Pardinas:
Se va a dar lectura al dictamen con
punto de acuerdo en relación a la proposición sobre el uso de la papelería oficial del
Poder Ejecutivo Federal.
PUNTO
DE ACUERDO
Primero. La Comisión Permanente del honorable
Congreso exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que en los términos del artículo 55 de
la Ley Sobre el Escudo y la Bandera Nacionales atienda el exhorto de fecha 2 de octubre a
fin de que vigile estrictamente el uso, reproducción y difusión de los símbolos patrios
por las dependencias de los poderes federales y las entidades federativas, así como de
los gobiernos municipales del país.
Asimismo, que la imagen que
identifica al Poder Ejecutivo Federal y que…
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Permítame, señor Secretario. Sí,
senador Paredes Lara
El Senador Orlando Paredes Lara:
Solicitamos atentamente a la Mesa
Directiva que lo pospongamos para la siguiente sesión.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Se concede la solicitud de la
Primera Comisión.
SECTOR
AGROPECUARIO
El Secretario diputado José Tomás
Lozano y Pardinas:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.—
Segunda Comisión: Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública.
DICTAMEN
A la Segunda Comisión de
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente
del honorable Congreso de la Unión, fue turnado para su estudio y elaboración del
dictamen respectivo el punto de acuerdo, presentado por el Dip. Jesús Burgos Pinto, sobre
la conformación de un grupo de legisladores para entrevistarse con legisladores de EUA y
Canadá.
Es por ello, que los integrantes de
esta Comisión, con fundamento en los artículos 86, 103 y demás relativos de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58, 60, 87
y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, procedió al examen y discusión de la proposición con Punto de Acuerdo que
dispone de los siguientes
ANTECEDENTES
1. La proposición con Punto de
Acuerdo presentada en la sesión del 12 de febrero de 2003 por el Dip. Jesús Burgos Pinto
para que se autorice la conformación de un grupo plural de legisladores miembros de ambas
cámaras del Congreso de la Unión que se entreviste con miembros de ambas cámaras tanto
del Congreso de Estados Unidos de América, como de Canadá, para dialogar entre pares,
sobre la situación del campo y plantear iniciativas que garanticen que la ejecución del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sea una fuente de prosperidad para los
sectores agrícolas de los tres países, sobre la base de la competitividad, la equidad y
el interés regional común, en apoyo a la superación de las desventajas que hoy padece
el sector agropecuario mexicano.
2. La visita de trabajo realizada
por un grupo de senadores al Congreso de Estados Unidos, el pasado 5 de febrero, los
cuales conformaron un vínculo de diálogo y cooperación entre ambos congresos con objeto
de impulsar y apoyar al sector agropecuario mexicano.
En acatamiento al turno dispuesto,
los integrantes de la Comisión que suscribe analizaron la proposición referida, la cual
se fundamenta en la exposición de las siguientes
CONSIDERACIONES
I. Que la apertura comercial
establecida en el TLCAN no es la fuente principal de los problemas agrarios, pero si
incrementa las circunstancias adversas ante las cuales se enfrenta el sector agropecuario,
por lo cual es necesario emprender acciones eficaces para que se cumpla el objetivo de
cooperación contenido en el Tratado y se puedan disminuir los inconvenientes que hacen
que este importante sector se encuentre fuertemente afectado.
II. Que el diálogo y la
construcción de acuerdos son la base para encontrar las formulas adecuadas que lleven a
plantear conjuntamente con nuestros homólogos firmantes del TLC, políticas eficaces, que
permitan al sector agropecuario competir equitativamente y exitosamente en los nuevos
mercados.
III. Que el mismo Tratado, en el
Capítulo VIII contempla la posibilidad de aplicar diversas medidas emergentes, cuando las
importaciones provenientes de otro país miembro del TLC causen o amenacen causar daño
serio a una industria nacional.
IV. Que también es posible, la
negociación de acuerdos complementarios, los cuales representarían una solución
paralela y viable ante la crisis que atraviesa el sector agropecuario en México y a su
vez fortalecería el Tratado a largo plazo.
V. Que como Poder Legislativo
tenemos la posibilidad de contribuir utilizando la diplomacia parlamentaria activa, frente
a los congresos de las naciones con las que nos hemos asociado comercialmente.
VI. Que a través del diálogo
interparlamentario podemos plantear iniciativas, remover obstáculos y construir una
visión de interés y responsabilidad compartida, que nos lleve así, a un libre comercio
que haga posible obtener una mejor calidad de vida para nuestros pueblos.
Del análisis y ponderación de
estas consideraciones, esta Comisión expone los siguientes elementos de:
VALORACION
La proposición con Punto de
Acuerdo aporta motivos y sustentos viables y razonables que justifican la propuesta que
contienen.
Que la grave crisis ante la cual se
encuentra el campo mexicano, nos lleva a buscar mecanismos de apoyo y cooperación que
permitan el amplio desarrollo de éste y la posibilidad de competir de manera igualitaria
con nuestros socios comerciales.
Dada la situación en la que se
encuentra el sector agropecuario mexicano, esta comisión considera que es necesario
actuar de inmediato para aportar soluciones eficaces en términos de cooperación con
nuestros homólogos firmantes del Tratado.
El Poder Legislativo tiene la
obligación de tomar las medidas pertinentes para contribuir de manera contundente mejorar
las condiciones de competencia y nivel de vida de los productores agropecuarios y de los
habitantes del medio rural, para lo cual es necesario establecer un diálogo que permita
implementar acciones conjuntas de beneficio y cooperación entre los tres países.
Por medio del diálogo entre el
Poder Legislativo de los tres países firmantes se puede llegar al establecimiento de
soluciones reales que protejan al sector nacional y a su vez enriquezcan el Tratado a
largo plazo.
Atendiendo a lo anterior, los
integrantes de la Comisión que dictamina, reunidos en fecha 26 de febrero de 2003, han
considerado pertinente someter a la consideración del pleno de la Comisión Permanente
del honorable Congreso de la Unión, el siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Unico. Se autoriza la conformación de un grupo
plural de legisladores miembros de las Cámaras del Congreso de la Unión para que se
entreviste con miembros, tanto del Congreso de Estados Unidos de América como del
Parlamento de Canadá, con objeto de plantear iniciativas y acuerdos que aseguren que el
cumplimiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte sea una fuente de
prosperidad para los tres países firmantes sobre la base de la competitividad; la equidad
y el interés regional común, en apoyo a la superación de las desventajas que hoy padece
el sector agropecuario mexicano.
México, DF, a 26 de febrero de
2003.— Sen. Fidel Herrera Beltrán, Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez, Dip. Alfredo Ochoa Toledo, Sen. Ernesto Gil Elorduy, Sen. Adrián Alanís Quiñones, Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín, Dip. Jesús Burgos Pinto, Sen. Micaela Aguilar González, Sen. Héctor Larios Córdova, Sen. Federico Ling Altamirano, Dip. Manuel Wistano Orozco Garza, Dip. Raúl Martínez González, Sen. Raymundo Cárdenas Hernández, Dip. Ramón León Morales y Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbricas).»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
En consecuencia, está a discusión
el punto de acuerdo.
Se abre registro de oradores.
Dado que no existe registro de
oradores y antes de consultar si se encuentra suficientemente discutido el punto, yo
quisiera expresar, a título personal, mi apoyo a este punto de acuerdo y me parece que es
fundamental en este momento que el Congreso mexicano inicie el diálogo con sus
homólogos, con nuestros socios de América del Norte.
Creo que uno de los grandes temas
para solucionar el problema del campo en el presente siglo, no sólo en los años por
venir, es muy posiblemente empezar a discutir la posibilidad de establecer una política
agrícola común para Estados Unidos de América.
Yo expreso, y lo expreso en
términos individuales, mi solidaridad de apoyo a este punto de acuerdo.
Consulte la Secretaría a la
Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
El Secretario diputado José Tomás
Lozano y Pardinas:
En votación económica se pregunta
a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Suficientemente discutido el punto
de acuerdo.
El Secretario diputado José Tomás
Lozano y Pardinas:
En votación económica se pregunta
si se aprueba el punto de acuerdo.
los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el
punto de acuerdo.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Comuníquese.
Estamos en el apartado de
proposiciones.
La proposición de la fracción del
Partido Revolucionario Institucional, relativa al punto de acuerdo sobre la situación de
persecución de legisladores y la violación al Estado de Derecho, solicitan se posponga
para la siguiente sesión.
ESTADO
DE MEXICO
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Por tal motivo tiene entonces el
uso de la palabra el diputado Francisco Guadarrama López, del Partido Acción Nacional,
con punto de acuerdo en relación con las finanzas públicas estatales, hasta por 10
minutos.
El diputado Francisco Guadarrama
López:
Con el permiso de la Presidencia;
compañeras y compañeros legisladores:
El suscrito, diputado federal por
el Partido Acción Nacional, Francisco Guadarrama López, somete a la consideración del
pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente proposición con punto de acuerdo
para que se exija al licenciado Arturo Montiel Rojas, titular del gobierno del estado de
México, la declaración del destino y utilización de los recursos derivados de
inversiones realizadas por el estado con transferencias federales, para el desarrollo
municipal, así como también la respuesta a las observaciones pendientes realizadas por
la Auditoría Superior de la Federación con base en las siguientes
CONSIDERACIONES
Recientemente el Gobierno del
estado de México encabezado por el licenciado Arturo Montiel Rojas, ha realizado una
serie de inversiones cuyo resultado se desconoce.
Primeramente el Gobierno del estado
de México invirtió recursos públicos de transferencia federal destinados al
fortalecimiento de la acción municipal en distintos tipos de instrumentos financieros que
generaron rendimientos por un monto de 1.36 millones de pesos. Estos recursos provenían
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal (Fortamun), lo que contraviene directamente el
artículo 46 de la Ley de Coordinación Fiscal al disponer de recursos públicos para la
realización de inversiones privadas.
Estos recursos deberían haberse
destinado al mejoramiento de la infraestructura y calidad de vida de los habitantes del
estado de México y sin embargo recibieron una utilización enteramente distinta.
Más aún, no ha sido declarado el
destino ni aplicación de los rendimientos de dichas operaciones financieras. Esto supone
nuevas ilegalidades y la necesidad de fincar las responsabilidades por las acciones
emprendidas en este sentido por el Gobierno del estado de México.
En segundo lugar, el licenciado
Montiel realizó otras inversiones, esta vez con recursos provenientes del Fondo para la
Infraestructura Social Municipal, obteniendo rendimientos de 821.6 miles de pesos,
contraviniendo de nueva cuenta lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Coordinación
Fiscal y omitiendo declarar su destino y utilización.
Debido al ambiente electoral que
predomina en los estados de la República y principalmente en el estado de México, donde
hemos constatado el gran derroche de dinero por parte del PRI, es posible suponer que los
recursos están siendo utilizados para ganar a toda costa las elecciones a favor del
Partido Revolucionario Institucional.
El
diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde su curul):
Señor Presidente...
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Permítame, diputado.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde su
curul):
Nuevamente se utilizan los puntos
de acuerdo cuando deberían de estar formando parte de la agenda política. El punto dice.
"Sobre las finanzas estatales", no sobre las campañas políticas. Le suplico
pida al orador, como se ha hecho en sesiones anteriores, rectificar el sentido de su
intervención.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Gracias. Suplico al orador ceñirse
al tema.
Continúe.
El diputado Francisco Guadarrama
López:
Por otro lado, el gobierno que el
licenciado Montiel Rojas encabeza recibió el año pasado 102 acciones promovidas por la
Auditoría Superior de la Federación como resultado de la revisión de la Cuenta Pública
del año 2000. De éstas al 18 de diciembre del año anterior habían quedado pendientes
de resolver 68, con el antecedente de que el plazo para solventarlas venció en noviembre
del año pasado.
Estas acciones se deben a
irregularidades detectadas en la gestión del gobernador Montiel Rojas y la falta de
respuesta hace suponer la existencia de desviaciones y malos usos de los recursos
públicos a su cargo.
Por las consideraciones
anteriormente expuestas me permito presentar el siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Primero. Esta Cámara solicita que se tomen las
medidas pertinentes para sancionar, en caso necesario, las violaciones a lo dispuesto por
el artículo 46 de la Ley de Coordinación Fiscal en relación a las inversiones privadas
llevadas a cabo por el Gobierno del estado de México con recursos públicos.
Segundo. Que el Gobierno del estado de México
encabezado por el licenciado Arturo Montiel Rojas, declare con precisión y prontitud el
monto, destino y utilización de los recursos obtenidos como resultado de estas
inversiones.
Tercero. Que el Gobierno del estado de México
conteste en forma y de manera urgente las acciones promovidas por la Auditoría Superior
de la Federación con motivo de las irregularidades en la gestión del gobernador Arturo
Montiel Rojas, que aún tiene pendientes.
Atentamente.
Palacio Legislativo.— San
Lázaro, 21 de febrero de 2003.»
Muchas gracias. Es cuanto, señor
Presidente.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Túrnese a la Comisión de Vigilancia
de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA-IRAK
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Tiene la palabra el senador Marcos
Carlos Cruz Martínez, del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo
para que la Comisión del Congreso de la Unión se pronuncie en torno a la cuestión
iraquí.
El senador Marcos Carlos Cruz
Martínez:
Gracias, señor Presidente;
honorable Asamblea:
En la actualidad el tema mundial de
mayor jerarquía es la crisis política y militar que se vive en torno a Irak, porque la
irresponsabilidad del Gobierno de George Bush ha colocado al mundo bajo un estado de
terror. Sin embargo, la comunidad internacional ha rechazado contundentemente los ímpetus
imperiales del grupo de halcones que gobierna desde Washington.
Las manifestaciones de rechazo a la
guerra se han visto en todas las sociedades de los cinco continentes y los líderes
mundiales han expresado su condena a las acciones unilaterales y a la irracionalidad de la
guerra. Así se demostró en la reciente crisis de la OTAN y en la declaración de los 144
países que conforman el Movimiento de los Países No Alineados.
Estas manifestaciones por la paz
han sido ignoradas y Washington insiste en que la guerra es la única salida a la crisis
con Irak y ha amenazado que actuará militarmente al margen de la ONU, si el consejo de
seguridad no le autoriza el uso de la fuerza.
Esta actitud del gobierno
norteamericano ha provocado una crisis institucional de las Naciones Unidas, porque si
ésta no es capaz de encontrar una salida pacífica al conflicto se habrá decretado la
muerte de la única institución supranacional que puede canalizar a la convivencia entre
las naciones por la vía de la cooperación y del derecho internacional.
El día 24 de febrero la diplomacia
norteamericana presentó ante el consejo de seguridad una nueva resolución en contra de
Irak, la cual se adelanta al informe que los inspectores de la ONU deberán presentar el 7
de marzo. Esta resolución contempla un ultimátum y pretende legimizar el uso de la
fuerza para lograr el desarme y el cambio de régimen político en Irak.
La mayoría de las naciones que
integran el Consejo de Seguridad se han resistido a alinearse a los propósitos belicistas
de Estados Unidos. La postura de países como Francia, Rusia y China, los cuales son
miembros permanentes y tienen derecho a voto en el Consejo de Seguridad, han impedido que
Washington haya emprendido los ataques militares.
Por esta razón, la diplomacia
norteamericana ha violentado toda formalidad y está presionando a otras naciones que son
miembros no permanentes, para que apoyen una nueva resolución que incluya un ultimátum y
el uso automático de la fuerza en contra de Irak.
México se ha convertido en blanco
de las presiones de la diplomacia de fuerza de Estados Unidos. La visita del presidente
español, las declaraciones groseras y las amenazas del embajador mexicano Tony de la
Garza y las llamadas telefónicas del Presidente Bush al Presidente Fox, son actos que
muestran con claridad la fuerte presión que está ejerciendo Estados Unidos para que
México se alineé a favor de la guerra.
Para los intereses de George Bush
el voto mexicano en el Consejo de Seguridad es fundamental, por lo que se espera que
continuarán las presiones sobre México.
La postura del Gobierno mexicano ha
sido hasta hoy acorde con el sentir de la gran mayoría de los mexicanos, que rechazan una
salida militar y que aspiran a que el desarme de Irak se logre mediante un mecanismo de
permanente inspección por parte de las Naciones Unidas.
Es de reconocerse la postura que
hasta hoy a asumido el Presidente Fox en la presente crisis, al aplicar los principios
constitucionales que forma la política exterior de nuestro país. Por esto, actualmente
todas las fuerzas políticas y sociales apoyan esa postura, para que las presiones
imperiales no se impongan sobre el interés estratégico de México de preservar la paz y
la estabilidad mundial, y por eso resulta crucial que el consenso nacional en este tema
sea preservado y fortalecido.
Por las anteriores consideraciones
y con fundamento en lo que dispone el artículo 76 de la Constitución Política, el 58 y
el 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, me permito poner a consideración de este honorable pleno, el siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Unico. Exhorta al Presidente de la República a
que mantenga invariable la posición de México en el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, para encontrar una solución pacífica a la crisis iraquí; que rechace cualquier
nueva resolución que implique el recurso de la guerra y que por lo tanto fortalezca la
posición para que el desarme de Irak se realice mediante la acción multilateral y a
través de un mecanismo permanente de inspección por parte de las Naciones Unidas y que
México insista en que el desarme de Irak por la vía armada sólo intensificará las
acciones bélicas y contribuirá a la desestabilización mundial.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Túrnese a la Segunda Comisión.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA-IRAK
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Tiene la palabra el senador Esteban
Angeles Cerón, con punto de acuerdo en relación con la postura de México ante el
conflicto de Estados Unidos de América-Irak.
El senador Esteban Angeles Cerón:
Con su venia, señor Presidente;
compañeras y compañeros legisladores:
México históricamente ha contado
con una tradición diplomática respetuosa de sus principios de política y de los
instrumentos de Derecho Internacional vigentes.
Hemos actuado en el escenario
mundial con responsabilidad propia, hemos sabido reconocer y afrontar con determinación
los desafíos de un orden internacional en constante construcción. En momentos de
definición regional y mundial la Política Exterior de México se ha formulado conforme a
la experiencia de una sociedad que ha estado sujeta al asedio, despojos e invasiones.
Las raíces que dieron forma a los
principios que por convicción han normado nuestra política exterior, son profundas e
insoslayables, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de las
amenazas o el uso de la fuerza, la cooperación internacional, la lucha por la paz y la
seguridad internacional no son pronunciamientos vacíos sujetos a interpretación o
negociación; lejos de ello, se trata de preceptos que por su legítimo sustento, se han
erigido como lineamientos sólidos que nos han permitido participar de manera activa en un
contexto internacional dinámico y cambiante.
En la ardua tarea de conducción de
una política exterior responsable y meritoria, México se ha destacado por su
participación en distintos episodios de la esfera internacional. Son varios los sucesos
que dan prueba de ello.
Resulta innegable que uno de los
mayores logros de una larga tradición diplomática mundial, es la articulación de un
andamiaje jurídico internacional, gracias a esta estructura, el mundo cuenta hoy con un
instrumento efectivo y legítimo para normar la conducta global a través de fundamentos
construidos alrededor de dos importantes principios, el repudio a la guerra y la
consecución de una solución pacífica de controversias.
No obstante, el mundo enfrenta hoy
una crisis sin precedente en donde la arbitrariedad y la sinrazón, amenazan no sólo con
desatar un nuevo conflicto bélico con alcances impensables sino con demoler una
estructura mundial que ha requerido décadas para configurarse como bastión de la paz y
las seguridades internacionales.
Es evidente que el desarme efectivo
de Irak representa un imperativo para garantizar la paz y estabilidad mundiales, la
comunidad de naciones, han hecho esfuerzos en esa dirección, las voces de impaciencia
reclaman acciones beligerantes que pueden originar un nuevo desorden internacional que
lesionará irreversiblemente el complejo institucional garante del desenvolvimiento
pacífico de la comunidad global.
El grupo parlamentario del PRI ha
seguido con particular preocupación las evidentes y claras presiones de algunos países
que pretenden llevar a la sociedad de naciones hacia la irrevocable aceptación de que las
vías diplomáticas y de negociación no son alternativas plausibles en la resolución del
diferendo iraquí.
Hemos reiterado en diversas
ocasiones que un ataque militar, que un ataque militar como único recurso para asegurar
el desarme iraquí es una falacia, la sociedad global a través de inmensos esfuerzos ha
logrado construir los instrumentos que eviten recurrir al uso de la fuerza como una
opción eficaz.
El mecanismo legítimo y viable que
garantizará la paz y la seguridad internacional, no sólo será aquél que haya resultado
de los esfuerzos multilaterales que se alcancen en el seno del Consejo de Seguridad de la
Organización de las Naciones Unidas, sino el que pretenda agotar toda alternativa que
evite hacer uso de la fuerza.
La Carta de las Naciones Unidas
establece que el Consejo de Seguridad es el órgano que debe garantizar la paz y la
seguridad mundiales. Así, el instrumento que por excelencia es garante de estos objetivos
internacionales históricos, no puede ser manipulado por intereses que mediante
justificaciones nebulosas y poco contundentes busca llevar a la globalidad a un desastre
mundial. El uso de la fuerza debe ser el último recurso.
Al tiempo que se ha incluido un
proyecto de resoluciones con miras punitivas, también se han planteado nuevos mecanismos
que mediante el reforzamiento de las misiones, el establecimiento de programas de acción
claros y la puntualización de calendarios precisos, permitirá a los inspectores
continuar con una tarea que ha funcionado hasta ahora. Es una realidad que el desarme
efectivo de Irak debe hacerse y el cumplimiento de las resoluciones pertinentes del
Consejo de Seguridad es una premisa invariable para la paz.
Sin embargo, es preciso reconocer
los cauces legales que la propia comunidad de naciones ha creado antes de iniciar
cualquier acción militar. La pérdida de vidas humanas, la desestabilización regional y
los posibles riesgos que se ciernen sobre la paz universal ante el posible quebrantamiento
de los magros equilibrios derivados del fin de la guerra fría no pueden ser soslayados.
La construcción de la paz y la
exigencia de que se cumpla la normativa internacional es una responsabilidad común de la
sociedad global. Los inspectores requieren tiempo y espacio para continuar con su trabajo
y así poder entregar dictámenes veraces que permitan decidir a los miembros del Consejo
de Seguridad sobre cuáles deben ser los siguientes pasos. Sólo de esta forma, puede
preservarse y consolidarse la credibilidad del máximo organismo multilateral que ha
creado la humanidad.
La posición de México frente al
caso de Irak debe ser ine-quívoca. Nuestra participación en el Consejo de
Seguridad debe pugnar por una decisión justa y acorde con las normas internacionales.
México no debe votar a favor de una resolución que dé luz verde para iniciar una
acción militar en contra de Irak mientras existan alternativas pacifistas.
Al respecto, a lo señalado en la
Carta de las Naciones Unidas no está sujeto a concesión. Esa es la única forma de
aplicar el derecho internacional.
Es claro que hoy la comunidad
internacional enfrenta un parteaguas definitivo: erosionar los frágiles equilibrios del
mundo contemporáneo violentando la Carta de la ONU implica abrir los espacios para el
advenimiento de mayores riesgos para la estabilidad global; por ello, consideramos
que es vital darle más tiempo a los mecanismos previstos por la resolución 1441
fortaleciendo el trabajo de los inspectores que ha mostrado estar lejos de haber agotado
sus alcances.
Por las anteriores consideraciones
y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner a la alta
consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con
PUNTO
DE ACUERDO
Unico. México debe cuidar que el principio de la
solución pacífica de las controversias sea la base de todo acercamiento a esta crítica
coyuntural. Más aún ante la presentación de nuevas alternativas viables en el Consejo
de Seguridad que evitarían desatar un guerra, nuestro país no debe caer en percepciones
simplistas que aconsejan decisiones precipitadas, nuestra firme convicción en la fuerza
de los organismos multilaterales, debe sustentar el repudio a cualquier acción unilateral
que atente contra los principios mundialmente consensuados. Es indispensable conservar la
unidad del Consejo de Seguridad, la ruptura de este organismo significaría un retroceso
para la humanidad.
Por su atención, muchísimas
gracias.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Túrnese a la Segunda Comisión.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA-IRAK
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Tiene la palabra el diputado
Tarcisio Navarrete Montes de Oca, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional,
para presentar una proposición con punto de acuerdo en relación a la postura de México
ante la crisis de Irak.
El
diputado Ricardo Tarcisio Navarrete Montes de Oca:
Con permiso de la Presidencia.
Punto de acuerdo del grupo
parlamentario de Acción Nacional, frente a la postura de México ante la crisis de Irak.
Compañeras y compañeros diputados
y senadores:
Los que suscriben diputados y
senadores de la República, miembros del grupo parlamentario de Acción Nacional, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable
Asamblea, el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes consideraciones:
Como es bien sabido, en los
actuales momentos el mundo entero presta particular atención a los hechos, acciones y
resoluciones, que los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU están realizando y
considerando en torno a Irak.
El espectro de la guerra se cierne
sobre la humanidad. Frente a tal escenario internacional nuestro país juega un papel
decisivo por tener un asiento con derecho a voto en este organismo de la ONU. En tal
sentido, estimamos pertinente pronunciarnos para que México busque desempeñar un rol
constructivo, para lograr que el Consejo de Seguridad tenga éxito en su resolución que
pide el desarme de Irak.
El proceso de elaboración y
negociación de una segunda resolución acaba de empezar, por el que debemos darle
oportunidad y el tiempo necesario, para que el Consejo de Seguridad cumpla cabalmente su
papel y esperar que los inspectores rindan su nuevo informe. En política exterior como en
otros ámbitos, adoptar grandes decisiones implica riesgos y oportunidades. Hoy estamos
ante la oportunidad de contribuir para la defensa del derecho internacional y confiamos
que la posición de nuestro país en el Consejo de Seguridad, será definida por nuestros
intereses nacionales, así como la búsqueda de la armonía internacional y la
participación responsable de los miembros de la Sociedad de Naciones.
En la medida que todas las naciones
y otros grupos e individuos no gubernamentales participen activamente en los asuntos
mundiales, éstos irán adquiriendo mayor dimensión democrática, diversa, plural y
dejando de ser coto exclusivo de una o pocas potencias. Por ello hay que fortalecer los
foros multilaterales normados por el derecho internacional, así como las acciones
adoptadas por la mayoría de las naciones a fin de contrarrestar posiciones unilaterales o
hegemónicas.
Por vocación histórica, México
se ha opuesto a la proliferación de armas de destrucción masiva y debemos recordar que
la comunidad internacional a través del Consejo de Seguridad ha declarado que Irak se
debe desarmar. México continuará promoviendo dicho desarme. En este contexto es urgente
que Irak cumpla con las demandas de los inspectores referentes al desmantelamiento
inmediato de los misiles prohibidos.
En el Consejo de Seguridad México
fortalece los principios de solución pacífica de las controversias, igualdad jurídica
de las naciones, así como la búsqueda de la paz y la seguridad colectivas. La misión de
las Naciones Unidas es hoy insustituible y en esta coyuntura debemos actuar todos para que
salga fortalecida. En tan delicado contexto internacional, en el que está en juego la paz
y la seguridad mundiales, es fundamental que todos los mexicanos y los actores políticos
nacionales estemos al lado de México, que apoyemos al responsable de la política
exterior, que por mandato constitucional es el titular del Poder Ejecutivo. En el frente
externo es necesaria la unidad nacional evitando la fragmentación y división política e
ideológica propia de la política interna.
Ciertamente la administración del
Presidente Fox se encuentra ante una delicada responsabilidad frente a los hechos
mundiales que están ocurriendo, por ello nos congratula que recientemente se hayan dado
en lo interno expresiones de apoyo solidario de diversos actores comprometidos con
México.
Hacemos votos para que prevalezca
la política, el diálogo y el entendimiento entre las naciones, buscando en todo caso la
seguridad colectiva. Asimismo, nos adherimos a los esfuerzos en la lucha mundial contra el
terrorismo; rechazamos los fundamentalismos, las tiranías y rechazamos cualquier otra
forma de intolerancia entre las naciones que amenaza y pone en peligro la paz mundial.
No dejamos de demandar al régimen
de Irak para que cumpla cabalmente las resoluciones del Consejo de Seguridad, en
particular la 1441. Se le exhorta resueltamente teniendo en cuenta que es un mandato de la
ONU que ha sido reiterado. Deseamos de igual manera que se mantenga un compromiso con la
paz y nadie puede escatimar apoyos a este propósito. Insistimos que frente a hechos que
amenazan y ponen en peligro la seguridad y la paz internacionales, México debe permanecer
unido y solidario con la posición a favor del desarme y el respeto a las resoluciones de
los organismos multilaterales.
Por lo anteriormente expuesto, los
diputados federales y senadores de la República miembros del grupo parlamentario del PAN
sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Unico. Expresamos nuestra solidaridad y apoyo al
Presidente de la República en relación a la postura que adopte México ante la crisis
internacional, para que el Consejo de Seguridad logre el desarme de Irak, así como por el
voto que sobre el particular emita en este órgano de las Naciones Unidas nuestro país,
con apego a lo que establece nuestra Constitución Política Mexicana.
Palacio Legislativo.— San
Lázaro, a 26 de febrero del 2003.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Túrnese a la Segunda Comisión.
CARNE
DE BOVINO
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
La proposición del senador Fidel
Herrera Beltrán, relativa a la transferencia de las administraciones portuarias
integrales a los gobiernos de las entidades federativas, nos solicita se posponga pero nos
pide que a la vez, dado que ha agendado otra propuesta, nos pide ocupar su turno para
presentar el punto de acuerdo por el que se exhorta el titular del Poder Ejecutivo Federal
a efecto de que haga uso de las facultades establecidas en los artículos 131 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4o. de la Ley de Comercio
Exterior y Segundo de la Ley de Ingresos de la Federación en materia de aranceles en
beneficio del sector ganadero, suscrita esta proposición por la senadora Georgina
Trujillo Zentella, la diputada Beatriz Paredes y que presenta el senador Fidel Herrera
Beltrán.
Tiene por lo tanto, el uso de la
palabra hasta por 10 minutos.
El senador Fidel Herrera Beltrán:
Gracias, señor Presidente:
Gracias por acordar este turno que
da prioridad a un problema que afecta a los productores ganaderos del país, de manera muy
singular a los del trópico húmedo de los estado de Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana
Roo, Yucatán, Chiapas, Oaxaca.
Los suscritos, diputada federal
Beatriz Elena Paredes Rangel y Arturo Bonifacio de la Garza Tijerina y los senadores
Georgina Trujillo Zentella y el de la voz, Fidel Herrera Beltrán, con fundamento en las
disposiciones legales aplicables y que se invocan en nuestra proposición publicada con
esta fecha en el Diario Oficial, hemos
considerado con toda claridad que los últimos años han sido de enormes dificultades para
los productores mexicanos de ganado pero sobre todo para los de la ganadería bovina.
La eliminación de aranceles,
unilateralmente la firma de acuerdos comerciales, las crisis financieras, las
devaluaciones, entre otros factores de distorsión de la economía, han sido el origen de
una serie de eventualidades a las cuales los productores ganaderos han tenido que irse
adecuando de manera acelerada con la afectación implícita de sus parámetros productivos
y de rentabilidad de las empresas ganaderas del país.
A principios de los noventa, la
Confederación Nacional Ganadera logró demostrar al Gobierno Federal el daño provocado
por la importación excesiva de carne de bovino y fue ya en 1992 que el Gobierno Federal
fijó aranceles de 15%, 20% y 25% para los animales en pie, para los de abasto, carne
fresca y carne congelada respectivamente, con lo cual, se logró en ese momento restituir
un cierto nivel de competitividad a la producción nacional en el propio mercado
doméstico.
Sin embargo, a principios de 1994,
ya con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá,
donde se pacta la desgravación gradual de la carne de cerdo y de pollo de las ganaderías
porcina y avícola, se establece que los aranceles para la carne de bovino caen a cero
para las exportaciones de los países socios de este acuerdo comercial. Es así como
nuestros socios y principalmente Estados Unidos obtienen un mercado potencial, el
mexicano, para su sobreproducción o para su producción subsidiada con cantidades muy
altas.
En 1995, en 1996, en 2000 y en
2001, la ganadería de México enfrenta todavía otra circunstancia adversa, la
naturaleza, sequías extraordinarias y así bajo estas condiciones los ganaderos se ven
obligados a eliminar el ganado que sobrepasa su capacidad financiera para alimentarlo.
Esta condición se conjuga con la imposibilidad de acceder a nuevos financiamientos
bancarios, se desarrollan las carteras vencidas, venden una parte importante de su hato,
se trata de la crisis del sistema de intermediación financiera de 1995 y empieza, por
cierto, al ser insuficientes los ranchos ganaderos para ofrecer empleo en el medio rural,
el enorme desplazamiento de flujos labores de nuestras mejores personas de jóvenes y de
mujeres, a los estados de la frontera norte y fuera del país.
Sin embargo, aún en ese momento,
1995, nuestra ganadería, el talento, el trabajo, la cultura de producción, en muchos
casos incrementada con inmigraciones que como la italiana traían una enorme capacidad de
producción y de eficiencia, hacen que México pueda exportar y en 1995 hay un año
récord de exportación: 1 millón 650 mil cabezas, que comparadas con el millón 92 mil
exportadas el año anterior de 1994, representan la venta de más de 500 mil cabezas en
adición por año respecto de nuestro volumen de exportación anual hasta esa etapa.
De 1995 hacia delante el problema
de falta de créditos, de los litigios de las carteras vencidas, de la adjudicación de
ganado y rancho por las instituciones bancarias, Fobaproa y ahora IPAB, la disminución
del flujo de los créditos bancarios a las actividades primarias productivas, la
importación excesiva de carne, la falta de precio para la carne mexicana y para la leche
mexicana, hacen que quiebren prácticamente la mayoría de las instalaciones de ganadería
productiva empresarial, entren en crisis las de carácter medio y prácticamente
desaparezca la ganadería social y la ejidal.
Aunado a lo anterior, Estados
Unidos, nuestro principal socio comercial, aprueba su Ley de Seguridad Agropecuaria e
Inversión Rural, les destina enormes cantidades a la producción agropecuaria y
recientemente con 183 mil millones de dólares para los próximos 10 años, con un
promedio anual de 18.3 mil millones de dólares, para canalizarlo a programas de apoyo
directo a productores y programas de conservación ambiental en el campo, nos ponen
todavía una condición de dificultad adicional a la larga serie de problemas que
afrontaban los productores ganaderos mexicanos.
Más todavía, el Departamento de
Agricultura de Estados Unidos, acaba de iniciar, tan sólo ayer, un nuevo programa, bajo
el cual otorgará 752 millones de dólares adicionales a pagos directos a ganaderos, que
fueron afectados en Estados Unidos por las sequías de 2001 y 2002.
En el plano interno, según la
Auditoría Superior de la Federación, en los últimos años, la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ha permitido la
importación de productos cárnicos de Estados Unidos, sin que los certificados sanitarios
incluyan la declaración de que son aptos para el consumo humano, y se han expedidos
certificados zoosanitarios y fitosanitarios, para que estas mercancías se distribuyan en
el mercado nacional, sin contar con los resultados de los laboratorios, para constatar que
no estén contaminados o representen riesgos a la salud humana.
En el nuevo marco que la política
económica ha impuesto en los Acuerdos de Libre Comercio a las entidades productivas,
resulta indispensable contar con las instancias necesarias de análisis y evaluación,
para poder responder con la prontitud necesaria, a las diversas necesidades que plantean
nuestros sectores productivos y a las amenazas que afrontan nuestros sectores productivos.
Así nosotros, en el Congreso,
impulsamos a la Ley de Comercio Exterior, para acelerar las declaratorias de daños en
caso de la producción agropecuaria. Y en la pasada aprobación de la Ley de Ingresos,
establecimos un mecanismo que da facultades al Congreso, para evaluar las condiciones de
importación excesiva de productos de nuestros socios comerciales al mercado interno y en
especial la de carne, para ir estableciendo los equilibrios que conforman nuestra
legislación pudiéramos determinar.
Es por eso que nosotros sostenemos
que basados en la distribución de poderes que nuestra Constitución y leyes le otorga a
los poderes de la Unión, debemos concurrir en defensa de la ganadería mexicana.
El Ejecutivo Federal tiene las
facultades establecidas en el artículo 4o. de la Ley de Comercio Exterior, para crear,
aumentar, distribuir o suprimir aranceles, regular, restringir o prohibir la exportación,
importación, circulación o tránsito de mercancías cuando lo estime urgente.
La Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, responde a la necesidad de regular los efectos de la apertura
comercial y proteger, en primera instancia, la economía del país y de sus productores
agropecuarios. En el artículo 131 se establece que es facultad privativa de la
Federación, gravar las mercancías que se importen o exporten o que pasen de tránsito
por el territorio nacional cuando se estime urgente y de emergencia; citamos el artículo
específico.
Por eso creemos que con base en las
disposiciones que el Ejecutivo tiene para ejercer la facultad que el Congreso de la Unión
le ha entregado para aumentar, distribuir, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas
de exportación o importación expedidas por el propio Congreso y para crear otras, así
como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito
de productos, artículos y efectos cuando lo estime urgente a fin de regular el comercio
interior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional o de realizar
cualquier otro propósito en beneficio del país, el propio Ejecutivo, al enviar al
Congreso el presupuesto fiscal de cada año, someterá a su aprobación el uso que hubiera
hecho de la facultad concebida.
Con base en esas consideraciones:
las de carácter legal, las de carácter económico y social y la urgencia de acudir en
apoyo y rescate de un sector productivo de alta trascendencia y de impacto indudable en la
economía nacional, es que proponemos a esta soberanía el siguiente:
PUNTO
DE ACUERDO
Unico. Que se exhorte al titular del Poder
Ejecutivo Federal, para que conforme a las facultades que le otorga el artículo 131 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 4o. de la Ley de
Comercio Exterior y el artículo 2o. de la Ley de Ingresos de la Federación, imponga un
arancel del 30% a la importación de carne de bovino en cualquiera de sus presentaciones,
a fin de regular las importaciones de ese producto, el comercio exterior, la economía del
país y la estabilidad de la producción nacional.
Es cuanto, señor Presidente.
«Honorable Comisión Permanente
del Congreso de la Unión.
Los suscritos, diputados federales
Beatriz Elena Paredes Rangel y Arturo Bonifacio de la Garza Tijerina y los senadores,
Fidel Herrera Beltrán y Georgina Trujillo Zentella, integrantes del grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo
55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de ésta soberanía, la
siguiente propuesta con punto de acuerdo para que el titular del Poder Ejecutivo Federal
conforme a las facultades que le otorgan, el artículo 131 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 4o. de la Ley de Comercio Exterior y el
artículo 2o. de la Ley de Ingresos de la Federación, imponga un arancel del 30% a la
importación de carne de bovino, a fin de regular las importaciones de este producto, el
comercio exterior, la economía del país y la estabilidad de la producción nacional, de
conformidad con las siguientes:
CONSIDERACIONES
Los últimos años han sido para
los productores mexicanos de ganado bovino de grandes dificultades. La eliminación de
aranceles unilateralmente, la firma de acuerdos comerciales, las crisis financieras las
devaluaciones y sobrevaloración del peso, han sido origen de una serie de eventualidades
a las cuales los ganaderos han tenido que adecuarse de manera acelerada con la afectación
implícita en los parámetros productivos y rentabilidad de las empresas ganaderas.
A principios de los años noventas,
mediante gestiones de la organización nacional de los ganaderos, la Confederación
Nacional Ganadera logró demostrar al Ggobierno Federal el daño provocado por la
importación excesiva de carne de bovino y en 1992, el Gobierno Federal fijó los
aranceles 15,20 y 25% para los animales en pie, para los de abasto, carne fresca y carne
congelada respectivamente, con lo cual se logró restituir cierta competitividad a la
producción nacional en el mercado doméstico.
Sin embargo, a principios de 1994
con la entrada en vigor del TLCAN, se pacta igualmente la desgravación gradual de la
carne de cerdo y pollo y los aranceles para la carne de bovino caen a cero para las
exportaciones de los países socios de este acuerdo comercial. En este marco, nuestros,
socios y principalmente Estados Unidos obtienen un mercado potencial para su
sobreproducción.
En 1995, 1996, 2000 y 2001 la
ganadería nacional enfrenta condiciones naturales de sequías extraordinarias que afectan
a los 100 mil productores veracruzanos. Bajo estas condiciones los ganaderos se ven
obligados a eliminar el ganado que sobrepasa a su capacidad financiera para alimentarlos,
esta condición se conjuga con la imposibilidad de acceder a nuevos financiamientos
bancarios y carteras vencidas, vendiendo una parte importante de su hato.
Por su parte, la exportación de
ganado bovino se incrementa de manera significativa, alcanzando un récord de 1,656
millones de cabezas, que comparadas con 1,092 millones de cabezas exportadas el año
anterior, representan la venta de más de 500 mil cabezas respecto al promedio histórico.
Por otra parte, desde el año de
1995 a la fecha un gran número de ganaderos ha tenido que enfrentar el problema de
encarecimiento de los créditos, litigios por carteras vencidas, adjudicación de ganado y
ranchos por las instituciones bancarias, disminución del flujo de los créditos bancarios
a las actividades productivas primarias etcétera.
Aunado a lo anterior Estados
Unidos, nuestro principal socio comercial, aprobó la Ley de Seguridad Agropecuaria e
Inversión Rural, en la cual se destinan 183 mil 500 millones de dólares, mismos que se
distribuirán a lo largo de los próximos 10 años, a un promedio anual de 18.3 mil
millones de dólares, los cuales se canalizarán a programas de apoyo directo y a
productores y programas de conservación ambiental en el campo.
De manera adicional el Departamento
de Agricultura de Estados Unidos anunció un nuevo programa bajo el cual otorgará US$ 752
millones en pagos directos a ganaderos afectados por las sequías durante 2001 y 2002.
En el plano interno a decir, según
la Auditoria Superior de la Federación, en los últimos años la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación ha permitido la
importación de productos cárnicos de Estados Unidos sin que los certificados sanitarios
incluyan la declaración de que son aptos para el consumo humano y expide certificados
zoosanitarios y fitosanitarios para que estas mercancías se distribuyan en el mercado
nacional sin contar con los resultados de los laboratorios para constatar que no estén
contaminados.
En el nuevo marco que la política
económica ha impuesto de "libre comercio" a las actividades productivas,
resulta indispensable contar con las instancias necesarias de análisis y evaluación para
poder responder con la prontitud necesaria a las diversas iniciativas que amenacen
trastocar el correcto funcionamiento de las actividades económicas.
Se debe de propugnar por
condiciones que coadyuven al mejor desempeño de la producción, industrialización,
distribución y consumo de los productos cárnicos ya que las importaciones desmedidas han
ocasionado un daño al país.
Es necesario la actuación por
parte de los tres poderes de la Unión, apegados a lo dispuesto en la legislación
mexicana, para solucionar la situación del sector agropecuario comenzando con la
implementación de políticas suficientes y eficaces para contrarrestar las situaciones
adversas ante las cuales se enfrenta la ganadería específicamente el ganado bovino.
El Ejecutivo Federal tiene las
facultades establecidas en el artículo cuarto de la Ley de Comercio Exterior para crear,
aumentar, disminuir o suprimir aranceles, regular, restringir o prohibir la exportación,
importación, circulación o tránsito de mercancías, cuando lo estime urgente.
La Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, responde a la necesidad de regular los efectos de la apertura
comercial y proteger, en primera instancia, la economía del país y de sus productores
agropecuarios. En el artículo 131, establece que es facultad privativa de la Federación
gravar las mercancías que se importen o exporten o que pasen de tránsito por el
territorio nacional cuando se estime urgente y de emergencia; dicho artículo en el
segundo párrafo a la letra reza:
"El Ejecutivo podrá ser
facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de
las tarifas de exportación e importación, expedidas por el propio Congreso, y para crear
otras; así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el
tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular
el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional o
de realizar cualquiera otro propósito, en beneficio del país, el propio Ejecutivo al
enviar al Congreso el presupuesto fiscal de cada año, someterá a su aprobación el uso
que hubiese hecho de la facultad concedida."
En base a todas y cada una de las
consideraciones anteriormente expuestas, y dada la delicada situación de la ganadería
bovina con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la
consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente propuesta de
PUNTO
DE ACUERDO
Unico. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo
Federal para que conforme a las facultades que le otorgan el artículo 131 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 4o. de la Ley de
Comercio Exterior y el artículo 2o. de la Ley de Ingresos de la Federación, imponga un
arancel del 30% a la importanción de carne de bovino, en cualquiera de sus
presentaciones, a fin de regular las importaciones de este producto, el comercio exterior,
la economía del país y la estabilidad de la producción nacional.
Así lo suscribieron los diputados
federales Beatriz Elena Paredes Rangel, Arturo Bonifacio de la Garza Tijerina y los
senadores Fidel Herrera Beltrán y Georgina Trujillo Zentella, los miembros del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la Ciudad de México, Distrito
Federal, a 26 de febrero de 2003.— Diputados:
Beatriz Elena Paredes Rangel, Arturo Bonifacio de la Garza Tijerina, y senadores: Fidel Herrera Beltrán y Georgina Trujillo Zentella.»
Presidencia del diputadoCarlos Humberto Aceves del
Olmo
El Presidente diputado Carlos
Humberto Aceves del Olmo:
Gracias, señor senador.
Túrnese a las comisiones de Hacienda
y Crédito Público y de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores.
Tiene la palabra el diputado Raúl
Martínez...
La diputada Beatriz Elena Paredes Rangel (desde su
curul):
Señor Presidente.
El Presidente diputado Carlos
Humberto Aceves del Olmo:
La diputada Beatriz Elena Paredes Rangel (desde su
curul):
Nuestra respetuosa solicitud, a
menos que el señor senador Fidel Herrera tenga otra opinión, sólo tiene facultades en
materia de aranceles la Cámara de Diputados. Tengo la impresión de que el turno debe ser
a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y en su caso a la Comisión de
Comercio.
¿Coincide, senador Herrera?
El senador Fidel Herrera Beltrán (desde su
curul):
Está bien, así es.
El Presidente diputado Carlos
Humberto Aceves del Olmo:
Muy bien, se da el turno que solicitó
la diputada Paredes a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y a la de
Comercio y Fomento Industrial.
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO
El Presidente diputado Carlos
Humberto Aceves del Olmo:
Tiene la palabra el diputado Raúl
Martínez González del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar
una proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Auditoría Superior de la
Federación, practique una auditoría a la Universidad Nacional Autónoma de Querétaro .
El diputado Raúl Martínez González:
Con su permiso, señor Presidente;
compañeros legisladores:
El suscrito, Raúl Martínez
González, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional, con fundamento en la fracción III de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración
de esta honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo, en el cual se propone que el
Auditor Superior de la Federación realice una auditoría inmediata a la Universidad
Autónoma de Querétaro en relación a los recursos públicos federales que le son
otorgados a través del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Querétaro de
Arteaga, de conformidad con las siguientes
CONSIDERACIONES
El principio de autonomía
universitaria contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha
sido recientemente definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este máximo
tribunal constitucional de nuestro país, ha considerado que esta cualidad que la Carta
Magna le otorga, no debe ser considerado como una excepción al imperio de la ley o de su
aplicación.
La segunda sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación mencionó: "La autonomía universitaria no significa
inmunidad ni extraterritorialidad en excepción del orden jurídico, pues como se señaló
en el dictamen de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y
Educación Pública, de la Cámara de Diputados, respecto a la iniciativa que propuso la
reforma aludida, la reforma jamás podrá ser interpretada o concebida como fórmula de
enfeudamiento que implique un derecho territorial por encima de las facultades primigenias
del Estado.
Confirma el principio
constitucional de igualdad de los mexicanos ante la ley: "contra el pueblo y contra
México no caben fueros ni privilegios". Tiene aplicación el precepto de que no hay
libertad sin ley y que es el Estado en uso pleno de la soberanía popular, el que otorga y
en su caso limita o restringe, el uso de tales facultades. No cabe otro estado
dentro del Estado mexicano. No existe en el orden jurídico nada sobre ni más allá del
régimen constitucional.
El ser universitario no implica una
prerrogativa superior a los derechos del común de los ciudadanos, ni le excluye de los
ordenamientos jurídicos que considera a todo hombre igual frente a sus semejantes, frente
a las autoridades y frente a la ley. De lo que deriva que la autonomía de las
universidades no las exime de sujetarse a la ley y al orden jurídico mexicano, dentro del
cual la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos constituye la Ley Suprema,
por lo que como se señala en el artículo 78, la libertad de administración de su
patrimonio es por sujeción a la Constitución Federal y al régimen legal aplicable.
Por otra parte, y en cuanto ve a
los recursos públicos, la misma autoridad jurisdiccional señala: "es
incontrovertible por tanto, que los subsidios federales que reciben las universidades
públicas, se otorguen con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación y forma
parte por tanto, de la Cuenta Pública, cuya remisión se encomienda en el artículo 74,
fracción IV de la Carta Magna de la Cámara de Diputados, que se auxilia a través del
órgano especializado que para ello es la Contaduría Mayor de Hacienda, actualmente
Auditoría Superior de la Federación".
Sin que obste a lo anterior el que
la Secretaría de Educación Pública sea responsable de que los subsidios que reciben las
universidades públicas, se utilicen para los fines conducentes y que con base en ello la
universidad quejosa haya celebrado el convenio relativo con la Secretaría de Educación
Pública, a quien rinde informes sobre el uso de los recursos económicos relativos, pues
es con independencia y sin detrimento en la facultad que constitucionalmente se otorga a
la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, para revisar la Cuenta
Pública.
Definida la autonomía
universitaria y establecida la obligatoriedad de las universidades públicas, de rendir
cuentas y ser fiscalizadas, resulta ineludible la obligación de supervisar que
efectivamente se hayan destinado los recursos públicos al fin para el cual fueron
otorgados y no se haya hecho un uso inadecuado o se haya incurrido en desvío de los
fondos relativos.
A partir de las declaraciones
públicas de las autoridades del estado de Querétaro de haber entregado a la Universidad
Autónoma de Querétaro una cantidad de recursos superiores a la que ésta reconoce
también de manera pública, resulta imperante que la autoridad competente revise la
entrega efectiva de los recursos públicos, así como la aplicación adecuada de los
mismos, y realice con carácter de urgente e inmediato la revisión exhaustiva de los
fondos que maneja dicha Universidad.
Lo anterior toda vez que la
Universidad Autónoma de Querétaro reporta en sus informes aportaciones menores a las
otorgadas por la Federación, a través del Poder Ejecutivo del estado de Querétaro,
cuando los montos reales recibidos por ésta son superiores en más de dos veces a lo
reclamado por la Universidad para dar cumplimiento a lo que aduce no completar.
Este argumento está sirviendo a la
Universidad para amenazar con entrar en un proceso de huelga de maestros por el mencionado
faltante de presupuesto, cuando ésta no es la realidad y siendo ésta la razón por la
que se investigue dónde quedaron esos recursos que le han sido asignados en su
oportunidad.
Por lo anteriormente expuesto y con
fundamento en la fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta
honorable Asamblea el siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Primero. Se solicite al Auditor Superior de la
Federación a que practique una auditoría urgente e inmediata a la Universidad Autónoma
de Querétaro de los recursos públicos federales que le son otorgados a través del Poder
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Querétaro, Arteaga, así como de la aplicación
de las disposiciones relativas a los mismos para que, en su caso, se finquen las
responsabilidades legales a que haya lugar.
Segundo. De igual forma, solicítese a la
Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, así como a la Contaduría
Mayor de Hacienda de la legislatura del estado de Querétaro para que, en el marco de sus
respectivas atribuciones legales, investiguen esta situación y que se haya cumplido con
el ordenamiento y la normatividad vigente aplicable para que, en su caso, se finquen las
responsabilidades legales a que haya lugar.
El presente punto de acuerdo se
solicita sea turnado a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados para que
ésta, a su vez, haga la petición formal a la Auditoría Superior de la Federación.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Carlos
Humberto Aceves y del Olmo:
Túrnese a la Comisión de Vigilancia
de la Cámara de Diputados.
PERSONAS
ADULTAS MAYORES
El
Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo:
Tiene la palabra el diputado Ramón
León Morales, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para
presentar una proposición con punto de acuerdo para que comparezca el director general
del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.
El diputado Ramón León Morales:
Gracias, señor Presidente:
De acuerdo a información divulgada
en los medios de comunicación, a partir del próximo mes de abril la Secretaría de
Desarrollo Social comenzará la operación del programa Hábitat, incluyendo dentro de sus
modalidades de operación la entrega de apoyos en efectivo a personas adultas mayores.
A pesar de que la regla de
operación de éste, como la de otros programas adscritos a la Sedesol no se han dado a
conocer, la información disponible permite conocer las características de estos apoyos.
La información de los medios
corroborada hasta ahora por autoridades de Sedesol y el director general del Instituto
Nacional para las Personas Adultas Mayores (Inapam), coinciden en que el Gobierno Federal
entregará mensualmente 750 pesos a personas mayores de 60 años que habiten en bolsones
de pobreza urbana, previamente seleccionados por la dependencia siempre y cuando los
destina- tarios del programa sepan leer y escribir. Se comprometan a colaborar en tareas
comunitarias y a parte de esto tengan su credencial del Inapam y preferentemente se
encarguen de la manutención de otras personas.
Este programa beneficiaría a unos
200 mil hogares. Su presupuesto sería de 1 mil millones de pesos, aunque no todos estos
recursos se destinarían al apoyo a adultos mayores.
En el debate de los medios, el
titular del Inapam refutó las acusaciones de que "Hábitat" sea un programa
populista, pues, según publicó Reforma el 1o.
de febrero, los programas del Gobierno Federal no son asistencialistas, o sea, que para el
señor Borda la pureza de los programas sociales federales es de origen.
De inmediato surgieron comentarios
sobre este programa en torno a tres tópicos:
Primero. Que imitaba al Programa de
Apoyos para Adultos Mayores instrumentado por el Gobierno del Distrito Federal.
El Programa de Apoyo Alimentario,
Atención Médica y Medicamentos Gratuitos para Adultos Mayores de 70 años, residentes en
el Distrito Federal, es un componente central de la política integral de protección
social a este sector de la población, que se fundamenta en los ordenamientos de la Ley de
los Derechos de las Personas Adultas Mayores, así como en la Ley de Salud para el
Distrito Federal.
Actualmente el apoyo que se entrega
sin condiciones a mayores de 70 años, es de 668 pesos mensuales y tiene a 325 mil
beneficiarios. El Programa tiene un presupuesto de 2 mil 600 millones de pesos.
El hecho de que el Gobierno Federal
entregue apoyos a los adultos mayores, hizo parecer que se imitaba una política
perredista, pero no es así.
La entrega de apoyos en el Distrito
Federal no está sujeta a condicionamientos que seguramente serían difíciles de cumplir
para el amplio sector de la población a la que supuestamente va dirigida, ni exige el
cumplimiento de un trabajo.
Los adultos mayores ya dieron su
parte para la construcción de gran parte de lo que nos rodea. Es justo corresponder a su
legado.
En segundo lugar, se cuestionó que
un programa de apoyo de este tipo, posee un carácter electorero. Efectivamente.
La aceptación de la política
social del Gobierno de la Ciudad de México ha constituido un tema en la agenda electoral,
en especial en el vecino estado de México, donde forma parte de los ofrecimientos de
campaña de diversos candidatos.
Para nuestro grupo parlamentario es
claro que el Gobierno Federal no quiere quedarse atrás y con este programa busca atender
a un sector al que no se le han dirigido hasta el momento la atención ni los apoyos que
se merecen.
En 2003 el Inapam tendrá un
presupuesto de 190 millones de pesos. Este dinero equivale a una erogación de 27 pesos
por adulto mayor. Además los beneficiarios del Inapam sólo son 4.4 millones, poco más
del 60% de los 7 millones de mayores de 60 años que registró el censo del año 2000.
Finalmente, se ha argumentado que
este programa estaba contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación y que así
lo aprobó la Cámara de Diputados. Sin embargo ni en el proyecto ni en el decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación se habla específicamente de una modalidad de
"Hábitat" destinada a los adultos mayores.
En el tomo dos del Presupuesto
2003: Estrategia Programática del Ramo 20. Desarrollo Social, página 11, dice: la
característica sobresaliente de este programa es la ejecución de un paquete de
intervenciones dirigidas simultáneamente a transformar el espacio urbano, atender el
hábitat popular y a encarar el problema de la pobreza en las ciudades.
El presupuesto habla de modalidades
pero no cita una línea de apoyo para las personas adultas mayores, como sí lo hace en el
caso de mujeres jefas de familia.
En las páginas 12 a 17 del anexo
de análisis programático establece montos de 5 millones de pesos para ejercerse por cada
delegación de Sedesol en las 31 entidades federativas y 771 millones de pesos para el
Programa Hábitat, con la clave del ISO/48.
Resulta preocupante que el
Ejecutivo modifique discrecionalmente el uso de los recursos públicos aprobados por esta
soberanía y cargue indebidamente en la Cámara de Diputados la responsabilidad de sus
proyectos e intenciones.
Por lo que se sabe de la modalidad
de Hábitat destinada a los adultos mayores, será un pésimo instrumento para promover la
justicia social. El Programa es triplemente excluyente:
1o. Sólo atenderá algunos focos
de pobreza urbana.
2o. Deja afuera al 40% de la
población adulta mayor no afiliada al Inapam y
3o. Desatenderá a más de 2
millones de 60 años que no saben leer ni escribir. El 30% del total, según datos
censales y seguramente los más pobres entre los adultos mayores.
La seguridad económica de los
adultos mayores es un problema social de primer orden, no solo por razones éticas y de
solidaridad, sino porque concierne a un número creciente de personas. La seguridad social
cubre sólo el 30% de los adultos mayores y depende de una relación laboral formal
previa. Ni las familias ni el mercado pueden enfrentar exitosamente la creación de
condiciones seguras y dignas que permitan a los adultos mayores disfrutar de sus últimos
años de vida.
El Partido de la Revolución
Democrática ha postulado que las políticas universalistas instrumentadas por
instituciones públicas tienen una eficacia social mayor que las políticas de mercado
complementadas con políticas asistenciales. El derecho a la pensión universal ciudadana
significa que toda ciudadana y ciudadano de determinada edad debe recibir una pensión
haya o no haya hecho aportaciones a un fondo de pensiones. Este derecho se sustenta en que
con poquísimas excepciones toda la gente ha contribuido a la sociedad, independientemente
de haber tenido una relación laboral formal. Es de elemental justicia que la sociedad les
proporcione cierta seguridad económica durante su vejez.
En ese sentido nuestro grupo
parlamentario ha propuesto elevar a rango constitucional este derecho.
Por lo anteriormente expuesto y
fundado, los suscritos sometemos a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Unico. La Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión solicita la comparecencia ante las comisiones de Desarrollo Social y
de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados de los ciudadanos doctor
Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación del
Territorio de la Secretaría de Desarrollo Social, y al licenciado Pedro Borda Hackman,
director general del Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores, a fin de que
expliquen el diseño, objetivos, metas, cobertura y característica del Programa Hábitat,
especialmente en lo referido a apoyos para personas adultas mayores.
Presentamos este punto de acuerdo
la diputada Raquel Cortés López y un servidor.
Muchas gracias, señor Presidente.
«Proposición con punto de acuerdo
sobre el Programa "Hábitat".
Los suscritos, diputados federales
integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con
fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable
Asamblea una proposición con punto de acuerdo a fin de citar a los ciudadanos doctor
Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación del
Territorio de la Secretaría de Desarrollo Social y al licenciado Pedro Borda Hartman,
director general del Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores, a fin de que
expliquen el diseño, objetivos, metas, cobertura y características del Programa
"Hábitat", al tenor de las siguientes
CONSIDERACIONES
1. De acuerdo a información
divulgada en los medios de comunicación, a partir del próximo mes de abril, la
Secretaría de Desarrollo Social comenzará la operación del Programa
"Hábitat", incluyendo dentro de sus modalidades de operación la entrega de
apoyos en efectivo a personas adultas mayores.
A pesar de que las reglas de
operación de éste, como las de otros programas adscritos a la Sedesol, no se han dado a
conocer, la información disponible permite conocer las características de estos apoyos.
La información de los medios,
corroborada hasta ahora por autoridades de la Sedesol y el director general del Instituto
Nacional para las Personas Adultas Mayores (Inapam), coincide en que el Gobierno Federal
entregará mensualmente 750 pesos a personas mayores de 60 años que habiten en
"bolsones de pobreza urbana" previamente seleccionados por la dependencia,
siempre y cuando los destinatarios del programa sepan leer y escribir, se comprometan a
colaborar en tareas comunitarias, tengan su credencial del Inapam y preferentemente se
encarguen de la manutención de otras personas. Este programa beneficiaría a unos 200 mil
hogares. Su presupuesto sería de 1 mil millones de pesos (aunque no todos estos recursos
se destinarían al apoyo a adultos mayores).
En el debate de los medios, el
titular del Inapam refutó las acusaciones de que "Hábitat" en un programa
populista, pues ¿según publicó Reforma el 19
de febrero? "los programas del Gobierno Federal no son asistencialistas". O sea
que para el señor Borda, la pureza de los programas sociales federales es de origen.
2. De inmediato, surgieron
comentarios sobre este programa en torno a tres tópicos. Primero, que imitaba al Programa
de Apoyos para Adultos Mayores instrumentado por el Gobierno del Distrito Federal.
El Programa de Apoyo Alimentario,
Atención Médica y Medicamentos Gratuitos para Adultos Mayores de 70 Años Residentes en
el Distrito Federal es un componente central de la política integral de protección
social a este sector de la población que se fundamenta en los ordenamientos de la Ley de
los Derechos de la Personas Adultas Mayores, así como en la Ley de Salud para el Distrito
Federal. Actualmente, el apoyo que se entrega, sin condiciones, a mayores de 70 años es
de 668 pesos mensuales y tiene a 325 mil beneficiarios. El programa tiene un presu- puesto
de 2 mil 600 millones de pesos.
El hecho de que el Gobierno Federal
entregue apoyos a los adultos mayores hizo parecer que se imitaba una política
perredista. Pero no es así. La entrega de apoyos en el DF no está sujeta a
condicionamientos que seguramente serían difíciles de cumplir para un amplio sector de
la población a la que supuestamente va dirigida ni exige el cumplimiento de un trabajo.
Los adultos mayores ya dieron su parte para la construcción de gran parte de lo que nos
rodea. Es justo corresponder a su legado.
En segundo lugar, se cuestionó que
un programa de apoyos de este tipo posee un carácter electorero. Efectivamente, la
aceptación de la política social del Gobierno de la Ciudad de México ha constituido un
tema en la agenda electoral, en especial en el vecino estado de México, forma parte de
los ofrecimientos de campaña de diversos candidatos.
Para nuestro grupo parlamentario es
claro que el Gobierno Federal no quiere quedarse atrás y con este programa busca atender
a un sector al que no se le han dirigido hasta el momento la atención ni los apoyos que
se merecen. En 2003, el Inapam tendrá un presupuesto de 190 millones de pesos: este
dinero equivale a una erogación de 27 pesos por adulto mayor. Además, los beneficiarios
del Inapam sólo son 4.4 millones, poco más del 60% de los 7 millones de mayores de 60
años que registró el Censo de 2000.
Finalmente, se ha argumentado que
este programa estaba contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación y que así
lo aprobó la Cámara de Diputados. Sin embargo, ni en el Proyecto ni en el Decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación se habla específicamente de una modalidad de
"Hábitat" destinada a los adultos mayores. En el Tomo II del Presupuesto 2003,
Estrategia Programática del Ramo 20 Desarrollo Social, página 11, se dice:
La característica sobresaliente de
este programa es la ejecución de un paquete de intervenciones dirigidas simultáneamente
a transformar el espacio urbano, atender el hábitat popular y a encarar el problema de la
pobreza en las ciudades.
El Presupuesto habla de modalidades
pero no cita una línea de apoyo para las personas adultas mayores. Como sí lo hace en el
caso de Mujeres Jefas de Familia. En las páginas 12 a 17 del Anexo de Análisis
Programático establece montos de 5 millones de pesos para ejercerse por cada delegación
de Sedesol en las 31 entidades federativas y 771 millones para el Programa
"Hábitat" con la clave del 1S048.
Resulta preocupante que el
Ejecutivo modifique discrecionalmente el uso de los recursos públicos aprobados por esta
Soberanía y cargue indebidamente en la Cámara de Diputados la responsabilidad de sus
proyectos e intenciones.
3. Por lo que se sabe de la
modalidad de "Hábitat" destinada a los adultos mayores será un pésimo
instrumento para promover la justicia social. El programa es triplemente excluyente.
Primero: sólo atenderá algunos focos de pobreza urbana; segundo: deja fuera al 40% de la
población adulta mayor no afiliada al Inapam y tercero: desatenderá a más de 2 millones
de mayores de 60 años que no saben leer ni escribir, el 30 por ciento del total, según
datos censales y seguramente los más pobres entre los adultos mayores.
La seguridad económica de los
adultos mayores es un problema social de primer orden, no sólo por razones éticas y de
solidaridad, sino porque concierne a un número creciente de personas. La seguridad social
cubre sólo el 30% de los adultos mayores y depende de una relación laboral formal
previa. Ni las familias ni el mercado pueden enfrentar exitosamente la creación de
condiciones seguras y dignas que permitan a los adultos mayores disfrutar de sus últimos
años de vida. El Partido de la Revolución Democrática ha postulado que las políticas
universalistas instrumentadas por instituciones públicas tienen una eficacia social mayor
que las políticas de mercado complementadas con políticas asistenciales.
El derecho a la pensión universal
ciudadana significa que todo ciudadano y ciudadana de determinada edad debe recibir una
pensión haya o no hecho aportaciones a un fondo de pensiones. Este derecho se sustenta en
que, con poquísimas excepciones, toda la gente ha contribuido a la sociedad,
independientemente de haber tenido una relación laboral formal. Es de elemental justicia
que la sociedad les proporcione cierta seguridad económica durante su vejez. En ese
sentido, nuestro grupo parlamentario ha propuesto elevar a rango constitucional este
derecho.
Por lo anteriormente expuesto y
fundado, los suscritos sometemos a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Unico. La Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión solicita la comparecencia ante las comisiones de Desarrollo Social y
Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados de los ciudadanos doctor Rodolfo
Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio de la
Secretaría de Desarrollo Social y al licenciado Pedro Borda Hartman, director general del
Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores, a fin de que expliquen el diseño,
objetivos, metas, cobertura y características del Programa "Hábitat",
especialmente en lo referido a apoyos para personas adultas mayores.
Sala de Sesiones de la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de febrero de 2003.— Diputados: Raquel Cortés López y Ramón León Morales.»
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos
Vulnerables de la Cámara de Diputados.
En turno estaría un punto de
acuerdo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar
una proposición en apoyo a los jubilados y pensionados de Talleres Gráficos de la
Nación. Se pospone para la siguiente sesión.
Tiene la palabra el diputado
Salvador Cosío Gaona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
para presentar una proposición con punto de acuerdo para solicitar que se agilice el pago
a ejidatarios afectados por la construcción de la presa Cajón de Peña, en el municipio
de Tomatlán, estado de Jalisco.
No está presente el diputado
Cosío.
Esta Presidencia recibió una
proposición con punto de acuerdo para implementar un programa emergente, con objeto de
evitar la contaminación de las playas nacionales, suscrita por el diputado Jaime
Larrazábal Bretón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se
pospone para la siguiente sesión.
También está inscrito el punto de
acuerdo del Partido Revolucionario Institucional para presentar una proposición sobre la
situación de las tarifas eléctricas en el estado de Yucatán. Se pospone.
MERIDA,
YUCATAN
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Tiene la palabra el senador Orlando
Paredes Lara, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para
presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar a los titulares de las
secretarías de Desarrollo Social, de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Educación Pública; de la
Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Nacional de Agua, para que se implante el
Programa de Reciclaje y Autofinanciamiento para el manejo y disposición de residuos
sólidos en el municipio de Mérida, Yucatán.
El senador Orlando Paredes Lara:
Gracias, señor Presidente.
Honorable Asamblea; legisladoras y
legisladores:
El pasado 22 de febrero los
regidores del PRI en el cabildo de Mérida, presentaron a la contadora pública Ana Rosa
Payán Cervera, Primera Edil de la capital yucateca, una propuesta para el manejo de los
residuos sólidos municipales, en la que desarrollan una alternativa para el
autofinanciamiento del servicio municipal que actualmente se cobra a los emeritenses.
Como referencia, en la ciudad de
Mérida se cobra el servicio de recolección de basura, en promedio 30 pesos por vivienda,
lo que en muchos casos representa un gasto importante para las familias del municipio.
Además, se destinan alrededor de 25 millones de pesos anuales del Ramo 33 para el
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos municipales, por lo que se dejan
de atender otras necesidades de inminente prioridad, para seguir enterrando la basura en
los rellenos sanitarios.
Por esta razón, el ingeniero
Ignacio Mendicuti Priego, la licenciada Ingrid Priego Cárdenas y la licenciada Gabriela
Santineli Recio, regidores del PRI, decidieron llevar a cabo el desarrollo de esta
alternativa que hoy quiero comentar en esta tribuna, porque además del beneficio que
representaría para las familias de la ciudad de Mérida, dejar de desembolsar esos 30
pesos que en promedio pagan por el servicio de recolección, se plantean una serie de
beneficios adicionales de los que quisiera hablarles para pedirles su respaldo en el
impulso de este proyecto.
En el año de 1988 Estados Unidos
ahorró en electricidad tan sólo con el reciclaje de latas de aluminio, más de 11 mil
millones de kilowatios-hora, electricidad suficiente para abastecer a los hogares de la
ciudad de Nueva York durante medio año.
Por cada tonelada de papel y
cartón reciclada, se dejan de cortar 17 árboles o se dejan de usar dos toneladas y media
de madera, lo que representa también un ahorro de 27 mil litros de agua y más de 4 mil
kilowatts-hora de energía.
Que cada botella de vidrio
reciclado permite ahorrar la energía consumida por un foco de 100 watts durante cuatro
horas por la reducción en energía eléctrica durante su proceso de producción.
Pues estos datos, resultados de la
investigación para el de-sarrollo y sustento de esta propuesta que les menciono, nos
hacen pensar que tenemos en nuestras manos una solución alterna para el grave problema de
abasto en materia de energía eléctrica en el país que además podría coadyuvar para el
fortalecimiento y crecimiento de la industria que produce materias primas en México, lo
que significaría un detonante para nuestra economía.
Esta reflexión la hacemos
partiendo de la idea de lograr la reducción en los costos de la materia prima así como
de los insumos básicos de las industrias en el país, toda vez que si recuperamos los
desechos para volverlos a procesar y obtener nuevos insumos derivados del reciclaje, eso
supone una reducción en los costos de producción, además un mejor aprovechamiento de
los recursos naturales de nuestro país para la conservación de nuestro entorno.
Como ejemplo, la producción de
aluminio a partir del material reciclado, logra un ahorro del 95% de energía, el proceso
de fundición es simple y no representa ningún tipo de dificultades, las diferencias de
calidad en el material reciclado sólo afectan al precio y su aplicación y no al producto
final.
El aluminio es una materia prima
tan versátil que permite convertir botes usados en nuevas piezas de automóvil, persianas
o nuevos envases. El 95% de los plásticos son reciclables pero casi el 76% de ellos son
desechados inmediatamente después de abrir el producto, por lo que ante la falta de una
adecuada cultura del reciclaje y el mal manejo de los residuos municipales, se genera un
problema serio de contaminación y gastos en recursos cuando podría ser la solución de
muchos otros problemas que urge que atiendan en nuestro país.
Además, uno de los planteamientos
que también se contemplan en esta propuesta, es la producción de composta a partir del
material orgánico de desecho, producto que podría destinarse al campo mexicano para
mejorar las tierras de cultivo. Esta acción representaría una ayuda concreta para la
producción del campo, pues los nutrientes naturales que contiene el abono orgánico que
resulta de la composta, son mucho más abundantes, de más rápida absorción y de mayor
aprovechamiento.
Con la puesta en marcha de esta
propuesta, también encontramos la posibilidad de apoyar a los campesinos de México pues
además de enriquecer las tierras de cultivo y dejar de dañar las extensiones de tierra
que sacrificamos para la instalación de rellenos sanitarios, esta ayuda representa la
reducción en los gastos de fertilizantes y halo químicos ya que como lo mencionaba, la
composta o abono orgánico contiene nutrientes mucho más fáciles de asimilar por las
plantas y sin el riesgo que representa el uso de los químicos porque se trata de un
producto natural.
Ahora bien, si logramos que este
proyecto se lleve a cabo, desde luego pidiendo que sea Mérida la ciudad piloto para el
inicio, podríamos crear conciencia con campañas de difusión para otras entidades de la
República, quizá, me atrevo a sugerir, que simultáneamente se lleve a cabo en las pocas
entidades que cobran el servicio de recolección de basura para lograr en primera
instancia, ayudar a la ciudadanía a liberarnos de este gasto que puede ser
autofinanciable con la comercialización de los productos reciclables que se recuperen,
para después extenderlo a otras ciudades del país que podrían reducir sus gastos en el
tratamiento y disposición final de sus residuos sólidos.
Desde luego, un problema mayúsculo
al que pocas veces ponemos la atención necesaria, es sin lugar a dudas el poder reducir
notablemente la contaminación a nuestro medio ambiente y entre esta reducción de
contaminantes valdría la pena recordar la cantidad de filtraciones que generan los
rellenos sanitarios y que van a parar directamente a los mantos friáticos.
Por esto, al reducir
considerablemente la cantidad de dese-chos que llegarían a los rellenos sanitarios,
combatimos este problema que de no atenderse de inmediato, quizá luego sea muy tarde para
revertir los daños causados al medio ambiente.
Por todo esto que les menciono,
quiero destacar la importancia y alcances en este proyecto, mismos que representan en este
momento atender de manera inmediata varios problemas del orden nacional, como serían: el
apoyo al campo; la reducción en el consumo de energía eléctrica; el mejor
aprovechamiento de los recursos que se destinan para el tratamiento de los desechos
humanos, como sería el rubro del Ramo 33 que por insólito que parezca se utiliza para
este fin aun cuando se supone que esa partida presupuestal está destinada al combate a la
pobreza; el fomento al empleo.
Para lograr esto, se contemplan
cuatro puntos medulares: la creación de un fideicomiso; la puesta en marcha de las
plantas de disposición final que se requieren tanto para la separación de los desechos,
como para el acopio de éstos; se pide también la participación ciudadana para la
separación de los desechos, aunque desde luego en el caso de Mérida sería mucho más
fácil involucrar a la ciudadanía pues el primer beneficio directo o estímulo para
participar sería el dejar de pagar el servicio de recolección.
Definitivamente, estoy convencido
de la visión social y los alcances de esta propuesta misma que por su naturaleza e
impacto en beneficio de todos, considero compañeras y compañeros de la Comisión
Permanente, hacerlos partícipes de ésta y pedirles su respaldo, por lo que propongo el
siguiente:
PUNTO
DE ACUERDO
Unico. Exhortar a los titulares de las
secretarías de Desa-rrollo Social; del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; de Educación Pública; Comisión Federal de
Electricidad y Comisión Nacional del Agua para que con la participación económica e
infraestructura de todas estas dependencias, se implemente el programa de reciclaje y
autofinanciamiento para el manejo y disposición final de residuos sólidos municipales.
Primeramente en el municipio de
Mérida, Yucatán, como piloto y posteriormente en el resto de los municipios del país.
Suscribimos esta propuesta, señor
Presidente, el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín y un servidor.
Solicitamos que se turne a la
Tercera Comisión, si es tan amable.
«Proposición con punto de acuerdo
para exhortara los titulares: de las secretarías de Desarrollo Social; del Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; de
Educación Pública; Comisión Federal de Electricidad; y Comisión Nacional del Agua,
para que con la participación económica e infraestructura de todas estas dependencias,
se implemente el programa de reciclaje y autofinanciamiento para el manejo y disposición
final de residuos sólidos municipales, primeramente en el municipio de Mérida, Yucatán
como piloto y posteriormente en el resto de los municipios del país.
Con su venia señor Presidente;
honorable Asamblea; legisladoras y legisladores:
El pasado sábado 22 de febrero,
los regidores del PRI en el cabildo de Mérida, presentaron a la C.P. Ana Rosa Payán
Cervera, primera edil de la capital yucateca, una propuesta para el manejo de los residuos
sólidos municipales en la que desarrollan una alternativa para el autofinanciamiento del
servicio municipal que actualmente se cobra a los emeritenses.
Como referencia, en la ciudad de
Mérida se cobra el servicio de recolección de basura, en promedio $30 pesos por
vivienda, lo que en muchos casos representa un gasto importante para las familias del
municipio, además, se destinan alrededor de 25 millones de pesos anuales del Ramo 33,
para el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos municipales, por lo que
se dejan de atender otras necesidades de inminente prioridad para seguir enterrando la
basura en los rellenos sanitarios.
Por esta razón, el lng. Ignacio
Mendicuti Priego, la Lic. Ingrid Priego Cárdenas y la Lic. Gabriela Santinelli Recio,
decidieron llevar acabo el desarrollo de esta alternativa que hoy quiero comentar en esta
tribuna, porque además del beneficio que representaría para las familias de la ciudad de
Mérida dejar de desembolsar esos 30 pesos que en promedio pagan por el servicio de
recolección, se plantean una serie de beneficios adicionales de los que quisiera
hablarles para pedirles su respaldo en el impulso de este proyecto.
En el año de 1988 Estados Unidos
ahorró en electricidad, tan sólo con el reciclaje de latas de aluminio, más de 11 mil
millones de Kilovatios-hora, electricidad suficiente para abastecer a los hogares de la
ciudad de Nueva York durante medio año.
Por cada tonelada de papel y
cartón reciclada se dejan de cortar 17 árboles o se dejan de usar dos toneladas y media
de madera, lo que representa también un ahorro de 27 mil litros de agua y más de 4 mil
kilowatts-hora de energía.
Que cada botella de vidrio
reciclado permite ahorrar la energía consumida por un foco de 100 watts durante 4 horas
por la reducción en energía eléctrica durante su proceso de producción.
Pues estos datos resultado de la
investigación para el desa-rrollo y sustento de esta propuesta que les menciono, nos hace
pensar que tenemos en nuestras manos una solución alterna para el grave problema de
abasto en materia de energía eléctrica en el país, que además podría coadyuvar para
el fortalecimiento y crecimiento de la industria que produce materias primas en México,
lo que significaría un detonante para nuestra economía.
Esta reflexión la hacemos
partiendo de la idea de lograr la reducción en los costos de la materia prima, así como
de los insumos básicos de las industrias en el país, toda vez que si recuperamos los
deshechos para volver a procesarlos y obtener nuevos insumos derivados del reciclaje, esto
supone una reducción en los costos de producción además de un mejor aprovechamiento de
los recursos naturales de nuestro país para la conservación de nuestro entorno.
Como ejemplo, la producción de
aluminio a partir del material reciclado logra un ahorro del 95% de energía, El proceso
de fundición es simple y no presenta ningún tipo de dificultad. Las diferencias de
calidad en el material clasificado sólo afectan al precio y su aplicación y no al
producto final. El aluminio es una materia prima tan versátil que permite convertir botes
usados en nuevas piezas de automóvil, persianas o nuevos envases.
El 95% de los plásticos son
reciclables, pero casi el 66% de ellos son desechados inmediatamente después de abrir el
producto. Por lo que ante la falta de una adecuada cultura del reciclaje y el mal manejo
de los residuos municipales se genera un problema serio de contaminación y gastos de
recursos, cuando podría ser la solución de muchos otros problemas que urge se atiendan
en nuestro país.
Además uno de los planteamientos
que también se contemplan en esta propuesta, es la producción de composta a partir del
material orgánico de deshecho, producto que podría destinarse al campo mexicano para
mejorar las tierras de cultivo. Esta acción representaría una ayuda concreta para la
producción del campo, pues los nutrientes naturales que contiene el abono orgánico que
resulta de la composta, son mucho más abundantes, de más rápida absorción y de mayor
aprovechamiento.
Con la puesta en marcha de esta
propuesta, también encontramos la posibilidad de apoyar a los campesinos de México, pues
además de enriquecer las tierras de cultivo y dejar de dañar las extensiones de tierra
que sacrificamos para la instalación de rellenos sanitarios, esta ayuda representa la
reducción en los gastos de fertilizantes y agroquímicos, ya que como les mencionaba, la
composta o abono orgánico contiene nutrientes mucho más fáciles de asimilar por las
plantas y sin el riesgo que representa el uso de los químicos porque se trata de un
producto natural.
Ahora bien, si logramos que este
proyecto se lleve acabo, desde luego pidiendo que sea Mérida la ciudad piloto para el
inicio, podríamos crear conciencia con campañas de difusión para otras entidades de la
República, quizá me atrevo a sugerir que simultáneamente se lleve acabo en las pocas
entidades que cobran el servicio de recolección de basura, para lograr en primera
instancia ayudar a la ciudadanía al liberarlos de este gasto que puede ser
autofinanciable con la comercialización de los productos reciclables que se recuperen,
para después extenderlo a otras ciudades del país que podrían reducir sus gastos en el
tratamiento y disposición final de sus residuos sólidos.
Desde luego un problema mayúsculo
al que pocas veces ponemos la atención necesaria, es sin lugar a dudas el poder reducir
notablemente la contaminación a nuestro medio ambiente y entre esa reducción de
contaminantes, valdría la pena recordar la cantidad de filtraciones que generan los
rellenos sanitarios y que van a parar directamente a los mantos freáticos. Por esto, al
reducir considerablemente la cantidad de desechos que llegarían a los rellenos
sanitarios, combatimos este problema que de no atenderse de inmediato quizá luego sea muy
tarde para revertir los daños causados al medio ambiente.
Por todo esto que les menciono,
quiero destacar la importancia y alcances de este proyecto, mismos que representan en este
momento atender de manera inmediata varios problemas del orden nacional, como serían;
El apoyo al campo, con la
producción de composta para el mejoramiento de las tierras de cultivo.
La reducción en el consumo de
energía eléctrica y por lo tanto en la enorme demanda que tiene la paraestatal.
El mejor aprovechamiento de los
recursos que se destinan para el tratamiento de los desechos urbanos como sería el rubro
del Ramo 33, que por insólito que parezca se utiliza para este fin aun cuando se supone
que esta partida presupuestal está destinada al combate a la pobreza.
El fomento al empleo al impulsar
una industria que por su expansión generaría nuevos empleos que tanta falta le hace a
las familias mexicanas.
Para lograr esto se contemplan
cuatro puntos medulares para su funcionamiento y puesta en marcha, que son:
La creación de un fideicomiso
integrado por las grandes empresas, mismas que han demostrado a través de los años su
interés en el desarrollo de este tipo de iniciativas en beneficio de nuestra sociedad;
Otro de los puntos sería la puesta
en marcha de las plantas de disposición final que se requieren tanto para la separación
de los desechos, como para el acopio de éstos y las plantas de producción de composta
que servirían para la producción del abono orgánico.
Se pide también la participación
ciudadana para la separación de los desechos, aunque desde luego en el caso de Mérida
sería mucho más fácil involucrar a la ciudadanía, pues el primer beneficio directo o
estímulo para participar sería el dejar de pagar el servicio de recolección, ya que en
el caso de las familias que opten por no hacerlo, se les seguiría cobrando esta
mensualidad, ingresos que se destinarán a la contratación de los pepenadores que
trabajarían en las plantas de separación, acopio y producción de composta.
Por último se contempla una
campaña de difusión para crear conciencia entre los ciudadanos de los beneficios que
implica la cultura del reciclaje.
Definitivamente estoy convencido de
la visión social y los alcances de esta propuesta, misma que por su naturaleza e impacto
en beneficio de todos, considero urgente compañeros y compañeras de la Comisión
Permanente, hacerlos partícipes de ésta y pedirles su respaldo, por lo que propongo el
siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Unico. Exhortar a los titulares de las
secretarías de Desa-rrollo Social; del Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca; de
Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural; de Educación Pública; Comisión Federal de
Electricidad; y Comisión Nacional del Agua, para que con la participación económica e
infraestructura de todas estas dependencias, se implemente el programa de reciclaje y
autofinanciamiento para el manejo y disposición final de residuos sólidos municipales,
primeramente en el municipio de Mérida, Yucatán como piloto y posteriormente en el resto
de los municipios en el país.
México, DF, a 25
de febrero de 2003.— Sen. Orlando A. Paredes Lara.»
El
Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo:
Gracias, señor senador.
Se turna a la Tercera Comisión de la
Comisión Permanente de este Congreso.
ESTADO
DE JALISCO
El
Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo:
Tiene la palabra el diputado
Salvador Cosío Gaona, con punto de acuerdo para solicitar se agilice el pago a
ejidatarios afectados por la construcción de la Presa Cajón de Peña en el municipio de
Tomatlán, estado de Jalisco.
El diputado Salvador Cosío Gaona:
Con la venia, señor Presidente;
compañeras y compañeros legisladores:
Para fortuna de los jaliscienses,
especialmente los habitantes de Tomatlán, y de un numeroso grupo de productores
agrícolas de la zona costera norte de Jalisco, el Ejecutivo Federal construyó a
principios de los años noventa, la presa denominada "Cajón de Peñas" que es
una de las más grandes e importantes de Jalisco y la región occidental del país.
Para efectuar la construcción del
envase citado, el Ejecutivo Federal expropió aproximadamente 1 mil hectáreas del ejido
Nuevo Santiago, enclavado en Tomatlán, Jalisco, mediante decreto de fecha 11 de marzo de
1991 a favor de la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
Desde esa fecha de expropiación, transcurrieron casi cinco años de gestión
administrativa infructuosa que incluye un centenar de visitas de la directiva ejidal para
un número muy grande de oficinas gubernamentales federales, tanto en Guadalajara como en
la Ciudad de México, con el consecuente desgaste físico y la erogación de sumas
cuantiosas de recursos económicos a cargo de los campesinos, con traslados costosos desde
Tomatlán a cinco horas de Guadalajara y en ocasiones obligados a venir a la Ciudad de
México.
Ninguna instancia federal resolvió
nada a favor de ellos y fue en el año 1997, que con el argumento de requerir fundamentar
la acción de pago a los ejidatarios afectados, la entonces Secretaría de Agricultura y
Recursos Hidráulicos, solicitó a la Mesa Directiva del Ejido Nuevo Santiago que
procediera a presentar demanda ante el Tribunal Unitario Agrario con sede en Guadalajara,
como requisito indispensable a fin que la Tesorería General de la Federación pudiera
entregar el pago correspondiente al afectado, con la promesa de allanarse a dicha demanda
y emitir de inmediato el documento de pago a favor de ellos.
Pero todo fue un engaño, el
Ejecutivo Federal decidió alargar el trámite en forma injusta, producto de su influencia
y en la complacencia de autoridades agrarias, encontrando diversas formas de continuar
evadiendo el pago, inventando pretextos fútiles para dilatar el proceso y ocasionar
gastos millonarios a los campesinos, que llevan ya más de 10 años en busca de obtener la
compensación que les corresponde por la afectación que recibieron y casi seis años de
batallar en un proceso legal muy desigual, seis años de enfrentar la influencia del
Gobierno que se niega a pagar lo que debe y que no le importa que el procedimiento dure
muchos años más y sea cada vez más costoso para los campesinos, que continúan gastando
elevadas sumas de honorarios de abogados, peritajes, certificaciones, traslados diversos,
entre otros y para los que, cuando llegue el pago que merecen, será de un valor muy
menoscabado en relación de los bienes que poseían.
Finalmente la lucha de los
campesinos en busca de justicia tuvo un primer fruto, el Tribunal Agrario Unitario Décimo
Cuarto de Distrito, emitió resolución el 5 de abril del año pasado, en el expediente
489/97 y determinó una sentencia que condenó al Ejecutivo Federal, a través de la
Sagarpa, al pago inmediato de indemnización correspondiente a las hectáreas afectadas a
los ejidatarios de Nuevo Santiago en Tomatlán, Jalisco.
Pero el vía crucis de los
campesinos no termina aún, no obstante la promesa que hiciera la Sagarpa de liquidar el
pago en cuanto resultara sentencia condenatoria y evitar recurrirla. Esto fue de nuevo una
promesa incumplida, fue un engaño más. Más aún, la Sagarpa, ha obstaculizado
sistemáticamente por casi un año, la ejecución de la sentencia del Tribunal Agrario con
recursos denostables, como la ausencia premeditada en audiencias judiciales, para promover
se fije nueva fecha, misma que en contubernio con la autoridad agraria se determina
sistemáticamente a mucha distancia, para dilatar aún más, el procedimiento de
ejecución de sentencia.
Además de incumplir sistemática y
premeditadamente también, con la presentación de documentos como peritajes y avalúos
para dilatar más las audiencias y seguir complicando el proceso. Es muy claro, la Sagarpa
se niega por mero capricho a pagar a los afectados campesinos y se propone alargar el
proceso con artimañas legaloides y la complicidad de autoridades agrarias para, en su
caso, quizá, cumplir y pagar pesos alrededor de corcholatas en al menos cinco o seis
años más.
Es por ello que solicito la
intervención inmediata del Poder Legislativo, a favor de los campesinos de Nuevo Santiago
en Tomatlán, Jalisco, los cuales su único reclamo es de justicia, es decir, que cese el
imperio legal del más fuerte o sea el Gobierno Federal, sobre el más débil, que son
ellos, los campesinos. La exigencia de los campesinos es muy clara y es muy justa que el
Poder Ejecutivo Federal, cumpla con su responsabilidad de pagarles por lo afectado.
Por los motivos expuestos, solicito
que esta Comisión Permanente, intervenga y requiera de inmediato al Poder Ejecutivo
Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, de la Sagarpa, la Secretaría de la
Reforma Agraria y la Procuraduría Agraria, la información oficial del caso, exhortando a
liquidar de inmediato a los campesinos de Nuevo Santiago, en Tomatlán, Jalisco y de ser
necesario, para hacer este exhorto requiera la comparecencia de cualquier funcionario que
esté involucrado en el asunto que venga a aportar la información que esclarezca el
fundamento del porqué la negativa a liquidar lo que les corresponde. Ante hechos
como éste no podemos quedarnos callados y dejar en la desesperación a campesinos que son
pisoteados por el único reclamo de exigir lo que se les expropió, dejándolos en el
desamparo, sin tierras y sin pago.
Por lo anteriormente expuesto es
que presento el siguiente punto de acuerdo que dice así:
Primero. Que esta Comisión
Permanente requiera de inmediato al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría
de Gobernación, la Sagarpa, Secretaría de la Reforma Agraria y la Procuraduría Agraria,
la información oficial en cuanto a la expropiación y el pago a los afectados por la
construcción de la Presa Cajón de Peñas, en el Ejido Nuevo Santiago, en Tomatlán,
Jalisco.
Se citen a comparecer ante esta
Comisión Permanente a los funcionarios de las diversas dependencias federales que les
corresponda y se exhorte de entregar el pago correspondiente reclamado.
Solicito a la Presidencia por ser
conducente, se turne esta propuesta de punto de acuerdo a la Primera Comisión de la
Comisión Permanente, que ve asuntos de justicia, para que pueda resolver el tema.
Muchas gracias.
«Proposición con punto de acuerdo
para solicitar información oficial citando a funcionarios de Sagarpa, para agilizar el
pago de indemnización a ejidatarios afectados por la construcción de la presa Cajón de
Peñas, del ejido del Nuevo Santiago en el municipio de Tomatlán, estado de Jalisco, a
cargo del diputado Salvador Cosío Gaona, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
Para fortuna de los Jaliscienses,
especialmente de los habitantes de Tomatlán, y, especialmente de un numeroso grupo de
productores agrícolas de la zona costera norte del estado de Jalisco, el Poder Ejecutivo
Federal construyó a principios de los años noventa la presa denominada "Cajón de
Peñas", que es una de las más grandes e importantes de Jalisco y de la región
occidental del país.
Para realizar la construcción del
citado embalse, el Ejecutivo Federal expropió un importante número de hectáreas de
régimen Ejidal, aproximadamente 1 mil, correspondientes al ejido "Nuevo
Santiago", enclavado dentro de los límites del municipio de Tomatlán en el estado
de Jalisco, mediante decreto expropiatorio de fecha 11 de Marzo de 1991, a favor de la
entonces denominada Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
Desde la fecha de la expropiación
en el año 1991, transcurrieron casi 5 años de gestión administrativa infructuosa, que
incluye un centenar de visitas en la directiva ejidal a un número muy grande de oficinas
gubernamentales federales tanto en la capital jalisciense como en la Ciudad de México,
con el consecuente desgaste físico y la erogación de sumas cuantiosas de recursos
económicos a cargo de los campesinos, con costosos traslados desde Nuevo Santiago en
Tomatlán, que está a mas de 5 horas de camino a Guadalajara y en ocasiones obligados a
trasladarse hasta esta ciudad capital, ninguna instancia federal resolvió nada a favor de
ellos. Fue en el año de 1997 que, con el argumento de necesitar fundamentar la acción de
pago a los ejidatarios afectados, la entonces denominada Secretaría de Agricultura y
Recursos Hidráulicos, solicitó a la mesa directiva del ejido Nuevo Santiago que
procediera a presentar demanda ante el Tribunal Unitario Agrario con sede en Guadalajara,
como requisito indispensable a fin de que la Tesorería General de la Federación pudiera
entregar el pago correspondiente a las hectáreas afectadas, con la promesa de allanarse a
ella y emitir de inmediato el documento de pago a favor de los Ejidatarios.
Pero todo fue un engaño, el Poder
Ejecutivo Federal decidió alargar el trámite, en forma injusta, producto de su
influencia y de la complacencia de autoridades judiciales agrarias, encontrando diversas
formas de continuar evadiendo el pago, inventando pretextos fútiles para dilatar el
proceso y ocasiona y gastos millonarios a los campesinos, que llevan ya más de 10 años
en busca de obtener la compensación que les corresponde por la, afectación que
recibieron, y casi 6 años de batallar en un proceso legal muy desigual, 6 años de
enfrentar la influencia del Gobierno que se niega a pagar lo que debe y que no le importa
que el procedimiento dure muchos años más y sea cada vez más costoso para los
campesinos, que continúan pagando gastos elevados en honorarios de abogados, peritajes,
documentos certificados, traslados diversos, entre otros, y, para los que cuando llegue el
pago de lo que merecen, será de un valor muy menoscabado en relación de los bienes que
poseían.
Finalmente, la lucha de los
campesinos en busca de justicia, tuvo un primer fruto, pues el Tribunal Unitario del XIV
Distrito emitió resolución el 5 de abril del año pasado, en el expediente 489/97, y
determinó una sentencia que condenó al Poder Ejecutivo Federal a través de la Sagarpa
al pago inmediato de la indemnización correspondiente a las hectáreas afectadas a los
ejidatarios de Nuevo Santiago, en Tomatlán, Jalisco.
Pero el vía crucis de los
campesinos no termina aún, no obstante la promesa que hiciera la Sagarpa, de liquidar el
pago en cuanto resultara sentencia condenatoria y evitar recurrirla, esto fue de nuevo una
promesa incumplida, fue un engaño más. Más aún, la Sagarpa ha obstaculizado
sistemáticamente, por casi un año, la ejecución de la sentencia del Tribunal Agrario,
con recursos denostables como la ausencia premeditada en audiencias judiciales para fijar
nueva fecha, misma que en contubernio con la autoridad agraria se determina siempre a
mucha distancia para dilatar aún más el proceso de ejecución, además de incumplir,
premeditadamente también, con la presentación de documentos oficiales, como peritajes y
avalúos, para dilatar más la celebración de la audiencia y seguir complicando el
proceso.
La situación es muy clara, la
Sagarpa se niega por mero capricho a pagar a los campesinos afectados, y se propone
alargar el proceso con artimañas legaloides y la complicidad de autoridades agrarias,
para, en su caso quizá, cumplir y pagar pesos a valor de corcholatas en al menos 5 ó 6
años más.
Por ello, se solicita la
intervención inmediata del Poder Legislativo a favor de los campesinos de Nuevo Santiago
en Tomatlán, Jalisco, quienes en su único reclamo exigen justicia, es decir, que cese ya
el imperio legal del más fuerte sobre el más débil. La exigencia de los campesinos es
muy clara y es muy justa, que el Poder Ejecutivo Federal cumpla ya con su responsabilidad
de pagarles por lo afectado.
Por los motivos antes expuestos, se
solicita que intervenga esta Comisión Permanente y requiera de inmediato al poder
Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Gobernación, la Sagarpa, la Secretaría
de la Reforma Agraria y la Procuraduría Agraria, la información oficial del caso, cite a
comparecer a los funcionarios involucrados y exhorte a liquidar de inmediato a los
campesinos de Nuevo Santiago de Tomatlan, Jalisco.
Ante hechos como este, no podemos
quedarnos callados y dejar en la desesperación a campesinos que son pisoteados por el
único reclamo de exigir lo que se les expropió dejándolos en el desamparo, sin tierras
y sin pago.
Por lo anteriormente expuesto se
presenta el siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Unico. La Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión solicita al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de
Gobernación, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, la Secretaría de la Reforma Agraria y la Procuraduría Agraria, la
información oficial relativa a la dilación y el pago correspondiente a ejidatarios del
Ejido de Nuevo Santiago en Tomatlán, Jalisco, afectados por la expropiación de tierras
para la construcción de la presa "Cajón de Peñas", citando a comparecer a los
funcionarios de las dependencias federales involucradas en el proceso, exhortando a
liquidar de inmediato el pago que se adeuda a los ejidatarios afectados.
Atentamente.
Dado en Palacio Legislativo.—
San Lázaro, DF, a 26 de febrero de 2003.— Dip. Salvador
Cosío Gaona.»
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Primera Comisión de esta Comisión
Permanente.
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Pasamos a la agenda política.
Tiene la palabra el diputado Ismael Estrada Colín, para hacer comentarios en relación a
la actividad proselitista del Presidente de la República, afectándose la estabilidad del
sistema democrático.
El diputado Ismael Estrada Colín:
Con el permiso de la Presidencia;
compañeras y compañeros legisladores:
La doble función que realiza
Vicente Fox Quesada como Presidente de la República y jefe de campaña de Acción
Nacional y de sus candidatos, sin duda alguna afecta la estabilidad del sistema
democrático que nos rige al utilizar con fines eminentemente electorales su investidura,
recursos y programas federales. Vicente Fox, al tomar posesión de su encargo de manera
por cierto muy a su estilo, con desapego a lo ordenado por el artículo 87 de nuestra
Carta Magna, protestó guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan.
Fox Quesada en sus conferencias de
prensa, giras de trabajo y actos oficiales a los que asiste en su calidad de Presidente de
todos los mexicanos, se ha dedicado a promover al Partido Acción Nacional, a sus
candidatos y a denostar a sus adversarios políticos, levantando el telón para dar a
conocer el doble sentido de su actuar con miras a las elecciones locales que se llevarán
a cabo este año en Campeche, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, México,
Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco, así como la
elección federal para renovar la Cámara de Diputados.
Resalta el hecho de que en la gira
de trabajo que el titular del Ejecutivo Federal llevó a cabo el 16 de enero en el estado
de Sonora, en donde se realiza el proceso electoral local en el que habrá de elegir
gobernador, diputados locales y miembros de los ayuntamientos, se dieron dos acciones con
tinte eminentemente electoral: por un lado hizo el anuncio de la reducción de las tarifas
al consumo de la energía eléctrica que paradójicamente el año pasado él autorizó y
publicó generando en esa entidad en aquel entonces fuertes reclamos y movilizaciones.
En esta nueva faceta de jefe de
campaña de Acción Nacional y de sus candidatos, ha incorporado a su esposa, Martha
Sahagún y a diferentes funcionarios públicos federales, de entre los que destaca el
Secretario de Economía, Fernando Canales Clarión y el subsecretario de Normatividad de
Medios, de la Secretaría de Gobernación, José Luis Durán Reveles.
El martes 21 de enero del presente
año, en la gira de trabajo del titular del Ejecutivo, Fox de manera abierta se convirtió
en el jefe de la campaña electoral del Partido Acción Nacional en el estado de México,
al hacerse acompañar en cada uno de los actos oficiales que llevó a cabo, de los
candidatos del PAN a presidentes municipales y diputados locales quienes portaban
orgullosamente sus gafetes que les acreditaban como invitados especiales.
El hecho de que al concluir su gira
Fox se acercó a un grupo de reporteros y dirigiéndose a uno del diario La Jornada le preguntó: ¿qué les pareció y que
si era esto muy de campaña?
En otro momento, en el caso de
Huixquilucan estuvieron presentes los candidatos Andrés Mauricio Grajales Díaz, a la
Presidencia Municipal y Jorge Ernesto Izunza Armas, a la diputación local por el XVII
distrito con cabecera en el mismo municipio.
En Ecatepec asistieron Ignacio
Labra Delgadillo, candidato a la presidencia municipal, así como Héctor Taboada
Contreras y Lourdes Rojas Linares, candidatos a diputados locales por los distritos XXI y
XXVII.
En Lerma, José Luis Vera Troche,
candidato alcalde y Adolfo Aguilar Camacho, candidatos a diputado local por el IV distrito
y en Morelos, San Bartolo Morelos, sus candidatos a presidentes municipales, José Luis
Martínez Monroy, Jesús Federico Molina Garrido por Timilpan, Fidel Hugo Téllez Salazar
por Ixtlahuaca y el candidato a diputado local por el XIII Distrito, Jesús Alfonso
Huitrón Garduño.
Asimismo, en Toluca donde
asistieron Armando Enríquez Flores, Juan Rodolfo Sánchez Gómez y Armando Javier Enrique
Romo, candidatos del PAN a presidente municipal y a diputados por los distritos locales, I
y II respectivamente en la gira mencionada del Presidente Fox.
A los cinco eventos oficiales, los
candidatos del PAN asistieron acompañados de grupos de personas vestidos con pantalones
de color azul y playeras blancas, cascos de tipo obrero color naranja, gorras y chamarras
con el logotipo del PAN, con leyendas como construyamos el futuro y juntos hacemos el
cambio, con el nombre y eslogan de sus campañas de sus candidatos, personas que lo mismo
organizaban vallas y porras a favor de sus candidatos y de Vicente Fox; que regalaban
playeras, gorras, trípticos, carteles y calendarios proselitistas de sus candidatos con
el logotipo del PAN, o bien colocaban en postes y comercios carteles y mantas en apoyo a
Fox y a sus candidatos, de esto dieron fé y testimonio diversos medios de comunicación.
El 12 de febrero la principal
colaboradora de la campaña emprendida por Fox, Martha Sahagún acudió al municipio de
Nezahualcóyotl, en donde participó en el encuentro municipal para la prevención de las
adicciones, el cual fue organizado por organizaciones no gubernamentales y por el
candidato a presidente municipal del PAN en este municipio Leonel Funes, que se realizó
en el Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl y en el cual hizo patente la importancia
de que la ciudadanía apoye los programas gubernamentales.
El 16 de febrero Vicente Fox, junto
con su esposa Martha Sahagún, acudió a misa en una parroquia de Satélite en el
municipio de Naucalpan en donde estuvieron presentes el presidente municipal, diferentes
servidores públicos y militantes ataviados con playeras que contenían propaganda de los
candidatos del PAN, en este municipio para luego comer en un restaurante de Tlanepantla.
Evidentemente y con toda falta de respeto a la Iglesia mexicana el Presidente usa así,
hasta a los mismos templos como escenografía de campaña.
El martes 18 de febrero, Vicente
Fox se presentó en el municipio de Chalco, en donde visitó el Centro Comunitario y se
reunió con microempresarios, actos en los que estuvieron presentes funcionarios públicos
entre estos el Décimo Primer Regidor del municipio del Valle de Chalco, José Leonel
Meneses Fuentes, candidatos y militantes del PAN ataviados con playeras y gorras que
tenían el logotipo del PAN y los eslogan de sus candidatos.
El miércoles 19 de febrero, se
dieron dos eventos propagandísticos, el primero en el campo militar 37 en el municipio de
Temamatla, en donde Fox encabezó la ceremonia del Ejército y el segundo en el municipio
de Ecatepec, en donde Martha Sahagún y el Secretario de Economía, Fernando Canales
Clariond, inauguraron la Jornada de Capacitación para Empresarios cuyos discursos fueron
enfocados en el supuesto cambio y que se ha logrado en México con los programas
gubernamentales.
El sábado 22 de febrero, Martha
Sahagún de Fox presidió un evento de campaña a favor del Partido Acción Nacional y sus
candidatas acompañada de José Luis Durán Reveles, Secretario de Medios de la
Secretaría de Gobernación, en donde utilizó recursos y vehículos, propiedad del
Gobierno Federal. No obstante que un día antes había asegurado que el sábado visitaría
el estado de México en respuesta a una invitación que le hiciera el Partido Acción
Nacional, del que es militante, y que no habría ningún interés proselitista y que iba
como panista sin hacer uso de ningún recurso federal.
Asimismo, dijo incluso que se
trasladarían automóviles particulares, sin utilizar recursos del Estado Mayor
Presidencial.
Hoy los medios han estado manejando
la verdadera realidad de los recursos con los que se movilizó Martha Sahagún en el
mencionado evento.
Finalmente, Fox ha olvidado, que
como Presidente de la República, debe de circunscribirse a lo que le compete como titular
del Ejecutivo, y debe dejarle a su partido y a los candidatos que éste postule, el libre
juego político electoral. Como miembro del PAN tiene derecho a hacer valer su militancia,
como ciudadano manifestar libremente sus ideas, pero con su investidura de Presidente de
todos los mexicanos, debe abstenerse de realizar cualquier declaración o acto político o
comentario que transgreda el ámbito electoral, tal y como los que ha realizado a últimas
fechas, de los cuales han dado cuenta diferentes medios de comunicación, afectando con
estas actitudes la estabilidad del sistema democrático.
¿Cuáles son las consecuencias de
la actitud del Ejecutivo? Imaginémonos solamente que ahora, con la justificación del
Ejecutivo, cada gobernador, cada presidente municipal salgan a hacer campaña con sus
candidatos. ¿Dónde quedaron los esfuerzos de evitar que la investidura, los programas y
los recursos del erario público se usen como campaña? ¿Dónde la intención que
encabezó el PAN hace unos años, para que 30 días antes de las elecciones, en Tabasco,
por ejemplo, y luego en la de Yucatán, se suspendieran la propaganda y la gira de los
gobernadores?
El pueblo no votó ni nunca se le
propuso, por qué ahora los ejecutivos se suman a las campañas, ni el artículo 89
constitucional ni ningún otro se han modificado, para autorizar al Presidente a hacer
campaña política. El pueblo quiere respuestas, y que se cumplan las promesas que le
hicieron. Ojalá Fox rectifique en su actitud y se ubique como Presidente de todos los
mexicanos.
Es cuanto, señor Presidente.
El
Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo:
Gracias, señor diputado.
ESTADO
DE MEXICO
El
Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo:
El siguiente punto del orden del
día son comentarios sobre el proceso electoral en el estado de México.
Tiene la palabra el diputado Ramón
León Morales del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Ramón León Morales:
Muchas gracias, señor Presidente.
El grupo parlamentario del PRD
condena enérgicamente la agresión de que fue objeto María Luisa Ferrara Paniagua,
consejera presidenta del Instituto Electoral del estado de México. El ataque contra la
funcionaria constituye una abierta provocación contra el proceso electoral que se
de-sarrolló en la entidad, enturbia el clima político, y de no ser esclarecido y
castigado puede generar un clima de zozobra que a nadie conviene.
En tal virtud, el PRD exige a las
autoridades judiciales del estado de México y a la Procuraduría General de la República
en el ámbito de sus atribuciones, el pronto esclarecimiento de los hechos y castigo
contra quienes resulten responsables.
Asimismo, nos sumamos a la
solicitud del órgano electoral mexiquense, de demandar garantías para los actores de los
procesos electorales y para los integrantes del Consejo General del IEEM.
Hoy, más que nunca, las
condiciones de la contienda y los sucesos violentos de que fue víctima la licenciada
Ferrara Paniagua, demandan de las fuerzas políticas, conducirse con civilidad y apego a
la ley. Es preciso restablecer la tranquilidad política en el estado como garantía de
una contienda democrática.
Compañeros y compañeras
legisladores, en el estado de México se fragua una elección de estado, al más viejo
estilo priísta. En el proceso electoral en curso, han vuelto a aparecer los fenómenos
que perturban el clima político de la entidad en pasadas contiendas. El 9 de marzo
próximo se desarrollará la elección, considerada por todos, como el preámbulo de una
contienda federal para renovar la Cámara de Diputados.
El significado político que
encierran estas elecciones y el interés que el PRD tiene por generar un clima de equidad
y democracia en la contienda, motivan las presentes reflexiones.
Las hacemos con independencia de
los recursos que en tiempo y forma hemos presentado ante las instancias electorales. El
tránsito hacia la democracia, implica no sólo un crecimiento pluralismo, alternancia en
el poder y la posibilidad de gobierno dividido, significa erradicar para siempre la
herencia del estado autoritario y de partido casi único, que tenía a su disposición un
enorme caudal de recursos públicos y privados durante las campañas electorales. Exige
eliminar de nuestra práctica política el patrimonialismo, la inducción del voto, el
clientelismo y la compra de voluntades para ganar una elección a costa de lo que sea;
requiere del respeto absoluto al estado de derecho y a las normas democráticas y de
convivencia que nos hemos dado para conformar el poder público.
El aprendizaje democrático de
nuestra sociedad debe ir en ese camino y los partidos políticos que se disputan sus
preferencias, coadyuvar a generar ese clima político. Nada de esto sucede en el estado de
México.
La profunda iniquidad observada en
las campañas, en donde los candidatos de la Alianza Pri-Verde Ecologista, por un lado y
del PAN por el otro, hacen derroche de recursos públicos y privados, nos remite a un
escenario de conflicto.
El rompimiento de los topes de
campaña por parte de candidatos de ambos partidos es evidente: los municipios se han
inundado de carteles, espectaculares, parabuses, bardas, camiones, volantes y mantas en
número y costo muy superior a lo establecido por el Instituto Electoral del Estado de
México.
Por si ello no fuera suficiente, el
gasto en publicidad televisiva es escandaloso. Un ejemplo de este dispendio lo constituye
lo realizado por el candidato priísta a presidente municipal de Ecatepec, Euribiel Avila,
quien permanentemente se anuncia en televisión y que en enero compró espacio en la
transmisión televisiva del encuentro de fútbol americano conocido como "Súper
Tazón". De acuerdo con nuestros datos, 30 segundos de este espacio tienen un costo
de un millón de pesos; el anuncio se transmitió en varias ocasiones durante el
encuentro. Conviene recordar que el tope de campaña en este municipio es de 22 millones
de pesos. Con 22 anuncios de esta naturaleza o su equivalente en televisión, el candidato
del PRI ya superó dicho tope legal.
En ese mismo sentido, en todo el
estado de México se ha utilizado ilegalmente la propaganda institucional que el propio
gobierno local usa para difundir sus obras. En efecto, en espectaculares, carteles,
mantas, parabuses y aún en los camiones de transporte público de pasajeros, los
candidatos del PRI han clonado una parte del logotipo oficial "juntos
avanzamos", que contiene una silueta con brazos en alto al colocarla junto a los
rostros de los candidatos de la coalición, de la coalición Pri-Verde Ecologista.
La pretensión obvia es inducir al
voto buscando que la gente relacione las obras realizadas por el gobierno de la entidad
con la gestión actual o futura de sus candidatos, tanto a las presidencias municipales
como a las diputaciones locales.
Obra en nuestro poder un peritaje,
que ratifica este peritaje la clonación de la publicidad en los términos en que lo
estamos planteando y esto por supuesto que estará para uso, por si la Mesa Directiva de
la Presidencia quiere ver. Son idénticas las publicidades.
El PAN, por su parte, también
entró a la guerra de propaganda subliminal. En diferentes municipios promueve la obra de
sus ediles con propaganda ambigua, con sus colores blanco y azul sin firma, utilizando los
lemas "contigo es posible", "contigo vamos por más", que se
identifica claramente con la estrategia de combate a la pobreza extrema, adoptada por
Vicente "Fox contigo".
"Contigo" engloba todos
los programas de combate a la pobreza extrema del pasado sexenio que con algunas
variaciones aplica el actual Ejecutivo Federal. Conviene señalar que el "Programa
Oportunidades", que no es otra cosa que el anterior "Progresa", está
incluido en el programa estratégico "Contigo"; ello contrario a las
declaraciones de Josefina Vázquez Mota, Secretaria de Desarrollo Social, de que la
dependencia a su cargo llevaría a cabo una especie de blindaje electoral para garantizar
la transparencia y el apartidismo en el manejo de los recursos destinados a los programas
sociales.
"Oportunidades", se ha
demostrado, fue uno de los programas más socorridos por el PRI para inducir el voto en el
estado de México, de conformidad con las propias autoridades de la Sedesol. El Programa
"Oportunidades", tiene una cobertura de 278 mil familias en más de 3 mil
localidades. La maniobra del PAN es inocultable; a ello se suma el activismo de Vicente
Fox en la entidad y de su esposa Martha Sahagún, promoviendo abiertamente el voto por el
PAN, como en el pasado lo hacían los presidentes surgidos del PRI.
Por otra parte, en una contienda
que se espera muy reñida, sectores de la iglesia católica mexiquense, militan a favor
del PRI. El obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, ha dado instrucciones de repartir
despensas durante las misas dominicales, entregadas a nombre de Uribel Avila, haciendo
abierto proselitismo por ese candidato, contrario a lo que señala el artículo 130 de
nuestra Constitución Política.
Ese precepto establece con toda
claridad que los ministros de cultos no podrán asociarse con fines políticos ni realizar
proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Sin
embargo, el obispo de Ecatepec, ha mandado a los párrocos que controla y que se han
prestado a ello, a obtener votos para el PRI, de la gente más necesitada. ¿Qué
adaptación de los Mandamientos se aplicará en esta acción, "no matarás" o
"no mentirás"?
La hipocresía de la jerarquía
católica del estado de México, su doble moral y falta de ética, han aflorado en este
proceso electoral. ¿Dónde quedó el principio juarista de la división del Estado y la
Iglesia?
A este ámbito político se agregan
las denuncias que nuestro partido ha hecho en los otros municipios. Jugadores de futbol
extranjeros, utilizados en la propaganda de Leonardo Bravo, candidato a presidente
municipal por Zinancatepec, de la alianza PRI-Verde Ecologista.
En Atizapán de Zaragoza, el
ayuntamiento panista en pleno proceso electoral pintó de azul y blando el interior de
palacio municipal. En diversos municipios como Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Naucalpan,
Los Reyes, Jilotepec, entre otros, se ha destruido propaganda del PRD.
En Chimalhuacán, el PRI está
traficando con el agua destinada a la población. En Atlautla, Ecatzingo y Ozumba, han
sido hostigados los brigadistas del "Sol Azteca".
Por si lo anterior no fuera
suficiente, los candidatos de la Alianza PRI-Verde Ecologista, reparten tinacos de agua,
tanques de gas, cemento, varillas, entre otras cosas.
En fin, en el estado de México, el
PRI y su nuevo aliado Verde, operan el voto al más viejo estilo.
Para abreviar y ser puntual con el
tiempo señor Presidente, nada más quiero plantear lo siguiente: en el estado de México,
las despensas se están entregando atrás de las parroquias; tenemos todas las pruebas;
tenemos aquí nada más un dato: el caso del párroco Engelberto Contreras, de la iglesia
Santa Rita de Casia. Tengo su dirección. El día 2 de febrero, día de la Candelaria,
entregó despensas con una leyenda que es eso y no otra cosa que el agradecimiento del
candidato del PRI en Ecatepec.
Pedimos compañeros y compañeras
diputadas, limpieza y equidad en estas elecciones; que las marrullerías se acaben; que
las marrullerías terminen y que podamos tener una contienda verdaderamente como lo espera
el pueblo de México, con equidad y transparencia.
Muchas gracias.
El
Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo:
Gracias, diputado.
Para el mismo tema tiene la palabra
la senadora Micaela Aguilar González, del Partido Acción Nacional.
La senadora Micaela Aguilar González:
Compañeras y compañeros
legisladores:
Quisiera aprovechar esta
participación para decirles que qué nos pensamos los políticos; qué creemos que la
ciudadanía no tiene inteligencia. No nos quedó claro la muestra que nos dieron el 2 de
julio y que yo tengo mucha confianza en que de ahí para adelante los pleitos de los
políticos no van a influir en el voto de la ciudadanía.
Creo que para dar y hablar
deberemos de dar el ejemplo. A mí me da mucha tristeza las estadísticas que muestran que
el 60% de la ciudadanía no quiere saber nada de los políticos; porque precisamente por
este tipo de discursos es que hemos perdido la confianza y la credibilidad de la
ciudadanía.
Yo respeto en mi estado y siempre
lo he respetado a mi señor gobernador, porque así lo eligió el pueblo de otro partido
diferente al mío. Y le agradezco el respeto que a mi persona siempre ha tenido, porque
para exigir respeto hay que respetar.
Pero eso no quiere decir que yo no
me dé cuenta y que esto que les voy a decir, lo he comentado personalmente con el
Secretario de Gobierno de mi estado, y le he dicho: cuando yo critico es porque me consta
y porque lo he vivido.
En días pasados, en los dos
informes de gobierno de mi estado, al que tuve oportunidad de ir, a dos de ellos, qué
derroche de dinero. Eso no era necesario. En el recorrer por los municipios, tapizados de
láminas, poste tras poste, diciendo: gracias, señor gobernador, por esta obra, gracias
por la otra, gracias por la otra. Eso fastidia a la ciudadanía.
La ciudadanía camina sobre las
guarniciones y banquetas, camina y va a la escuela a dejar a sus hijos; no hay necesidad
de ese despilfarro de recursos propagando lo que hizo cada quien.
Por otro lado, estamos diciendo que
las obras públicas no se las puede abanderar una sola persona; es un trabajo en equipo.
Vamos en equipo haciendo y construyendo el estado de México.
Qué se gana con esas láminas:
¿desacreditar el trabajo de los presidentes municipales, quitarles la parte que les
corresponde como gestores y administradores de su obra en los municipios? Pues bueno, esto
es parte de la crítica que se da en los mexiquenses.
Por otro lado, el abuso de poder
cuando en un congreso local no somos mayoría. En el período pasado estuvimos tres años
ocho meses los presidentes municipales y los regidores. Pero como el señor gobernador
tiene mayoría en el Congreso, se le ocurrió desempatar las elecciones y hoy tendremos
presidentes electos en marzo y seis meses después entrarán en funciones.
Yo les pregunto, legisladores, a
qué se presta todo esto. Seis meses para preparar que entre el próximo presidente.
Otro abuso en el Congreso local fue
que un día se divorciaba uno y tenía uno un año para la posible reconciliación y en
cosas tan personales que la verdad pues cada quien es libre de hacer en su vida personal
lo que quiera, el señor gobernador propone que se modifique la legislatura para que hoy
se divorcie y mañana se case. Eso es su vida personal, pero lo que me irrita es usar al
Congreso para este tipo de cosas.
Les podría decir que si respeto
pedimos respeto nos deben de dar y están tapizados los municipios y yo paso esto a la
comisión de diputados que se organizó para esto que vayan a ver cómo están tapizadas
las bardas diciendo en los municipios: gracias, señor gobernador, por esta carretera, que
costó tanto. Los candidatos a diputado y a presidente, abajo sus nombres. Qué es eso.
Si nosotros estamos pidiendo un
respeto, demos ese respeto. Ahí están las bardas, en el municipio que vayan.
Están llegando los trailers
cargados de cemento, de 70 y 80 toneladas cada trailer, y de lámparas. Ahí traigo, igual
que el diputado del PRD, fotografías y muestras de cómo hemos perseguido a los trailers;
se les pide la factura, no traen para dónde son ni de dónde vienen. Entran a las casas
que están alrededor, pintadas de propaganda del PRI y les pregunto para que querría un
Pedro Pérez 72 toneladas de cemento en su casa. La lógica indica.
Y también les diría: aquí nadie,
nadie podemos escupir que a la cara no nos caiga. Me asombra del PRD, que también, cuando
me consta las camionetas del PRD del Distrito Federal, en San Juan Teotihuacán, prestando
servicios médicos y rotuladas del Distrito Federal.
Me asombra también que me dice que
el Presidente de la República del PRI andaba en campaña y el del PAN también. Pues
seguramente el del PRD no porque nunca ha sido gobierno, entonces pues cómo va a andar
ahí.
Y terminaría diciendo que si
nosotros los legisladores que hacemos y modificamos las leyes y creemos en las
instituciones de México no acudimos a ellas para que alivianen estos conflictos y nos
vamos a una guerra de palabrería, de ataques sin fundamento, pues señores, si nosotros
que hacemos las instancias y corregimos y todo no acudimos a ellas para exigir que ellas
cumplan con la función que les hemos encomendado, pues oiga, si a guerra de palabras
vamos pues a ver a cómo nos damos y nos insultaremos hasta que queramos, pero una cosa si
les digo, legisladores, el pueblo está cansado de que ocho veces al día le toquen su
puerta y le hablen mal del otro candidato y al rato llega el otro y le hable mal del otro.
La ciudadanía está cansada de
prender su televisión, su radio y escuchar puros ataques y pura palabrería y ofensas. El
pueblo quiere propuestas. Entonces vayamos con las manos llenas de propuestas.
Y yo tengo confianza, les digo,
plenamente confianza porque he platicado con muchos ciudadanos, de que no son tontos y que
con estos debates lo único que demostramos es que seguimos creyendo que los ciudadanos de
México son tontos, y que se van a dejar llevar por la palabrería vana de los políticos
que nos estamos atacando.
Yo tengo confianza en que el pueblo
analizará quién va con propuestas, quién va con trabajo demostrado y a quién va a
elegir, del partido que sea.
Les pido el respeto mutuo entre
todos y además que demos ejemplo de ese respeto en los hechos y no vengamos a meternos
ahora hasta con la vida personal y las creencias de cada ser humano. Yo creo que la vida
privada de cada uno es muy respetable. La creencia de cada uno es muy respetable y ahora
vamos a meter hasta a las religiones en esto y vamos a usar de todo y de lo que venga para
atacarnos. Yo creo que no es válido tocar los fundamentos básicos de las creencias de
nuestro pueblo.
Les agradezco su atención y muchas
gracias.
El
Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo:
Está en turno para hacer uso de la
tribuna, para el mismo tema, el diputado Ismael Estrada Colín, del Partido Revolucionario
Institucional, hasta por 10 minutos.
El diputado Ismael Estrada Colín:
Con su permiso, señor Presidente;
compañeros legisladores:
Primeramente quisiera solidarizarme
a nombre de los compañeros de mi fracción y reconocer obviamente la caballerosidad de lo
planteado aquí por el diputado Ramón León Morales respecto a la actitud solidaria para
la compañera María Luisa Ferreira, dado el atentado que obviamente esperamos los
órganos de justicia de este país, procedan con la celeridad y bajo los cánones
establecidos y próximamente deslinden esto; también hacemos votos para que desde aquí
la señora se restablezca y se reintegre próximamente a sus actividades en beneficio del
proceso electoral del estado de México, mi estado.
Pero no puedo dejar de comentar
algunos temas que aquí se han dado. Se dice que el asunto de la policromía, en la
campaña del 9 de marzo habrá de afectar los resultados del proceso. Yo creo —como
dijo la señora senadora— en la madurez política de los mexiquenses y creo que
finalmente ya no estamos en situaciones tan infantiles para creer que simplemente los
colores de un partido nos sigan jalando a votar. Esa época creemos que ya ha pasado.
Pero además vale la pena aclarar
que si hay coincidencia, no deja de ser mera coincidencia porque la policromía del
gobierno del estado se maneja desde el inicio del gobierno de Arturo Montiel.
Pero vamos más allá; tenemos que
ser congruentes. Si no-sotros y sólo bastaría visitarlos, vamos a los municipios
gobernados por las otras expresiones políticas, y no solamente están pintados de azul
los edificios, que ya es verdaderamente delicado; la papelería también lleva toda la
policromía del color azul y las patrullas a cualquier lugar del estado de México que
vayamos.
Y lo mismo sucede con el PRD, en
donde los postes y los propios edificios de gobierno están imbuidos de la policromía que
a su juicio se usa para inducir el voto.
Nosotros no coincidimos con que los
electores sustenten fundamentalmente su decisión de electores mismos en este tipo de
asuntos.
Se dice que hay un exceso de
recursos en el proceso electoral del estado de México. También habría que reconocer que
bueno, si los recursos que cada partido recibe se desprende del número de votos que
obtuvieron en la última elección. Nosotros lamentamos mucho que el PRD no obtenga más
recursos dado que simple y sencillamente se le da lo que le corresponde en ese sentido.
Que se puede aventurar que hay
recursos oficiales de los gobiernos, bueno, como alguien dijo aquí mismo, lamentamos
mucho que en el estado sólo gobierne por suerte, el Partido Revolucionario Institucional,
porque no puede haber tres gobiernos de diferentes colores y ahí habría que demostrar y
llevarlo ante los órganos legales, si efectivamente hay desviación de recursos.
Pero también habría que checar,
dado que tal parece que aquí nos queremos sumar a lo que nosotros en lo particular no
estamos de acuerdo, a los dimes y diretes que se manejan en la prensa. Habría que revisar
también lo que se dice que los gobernadores de extracción perredista, en el caso del de
Tlaxcala, en el caso de Zacatecas y del propio Jefe de Gobierno del Distrito Federal,
tienen a su cargo regiones del estado de México no solamente para inducir el voto sino
para bajar recursos que los lleven.
Se dijo aquí que en Chimalhuacán
se negocia con el agua a favor del PRI: yo los invitaría a los compañeros del PRD que
vayan a Valle de Chalco-Solidaridad, donde el candidato, por cierto un ex priísta, está
exactamente condicionando el voto de los ciudadanos para poder obtener a través de pipas
el preciado líquido y esto vaya que obvia- mente en ninguno de los casos de ser cierto es
válido y tendríamos los diputados que buscar corregir.
Se pide aquí, por otro lado,
respeto. Yo iría más allá. Creo que debemos retomar primero el respeto en nosotros los
integrantes de este Congreso y no involucrarnos en asuntos de partidos políticos ni en
asuntos de medios de comunicación. Porque hoy nos hemos dado cuenta, cuando menos el que
habla así lo considera, que los medios trabajan a veces diciendo una cuestión y al día
siguiente contradiciéndose. Pero ese respeto tiene que ir más allá. No creemos ético
el mencionar incluso actitudes de carácter personal como se ha dicho en el del gobernador
Arturo Montiel, porque no-sotros no nos hemos puesto a analizar públicamente la
situación de Vicente Fox respecto a su situación matrimonial con la señora Sahagún.
Seamos entonces congruentes y
seamos respetuosos. Que en el estado de México se hace proselitismo con la Iglesia. Bueno
yo quiero también recordar que no solamente la religión católica se aplica en el estado
y en el país. Yo creo que no debiéramos meternos en estas cuestiones.
Y yo preguntaría cuál fue la
actitud del PRD cuando, según los medios, Marcela González Salas había logrado un
acuerdo con el mismo respetable Onésimo Cepeda y teóricamente les habría de apoyar. Por
qué ahora parece ser que las condiciones, según lo que se ha dicho aquí, han variado y
entonces se viene a señalar cosas distintas.
Pero bueno compañeros diputados en
el estado de México, como en todas las elecciones que se han suscitado en el país y se
suscitarán, debemos procurar por encima de todos los legisladores que se sujeten al
Estado de Derecho. Para eso debemos poner el ejemplo, para eso debemos hacer valer que si
tenemos efectivamente pruebas de lo que se pueda mencionar las traigamos y no solamente
vengamos con suposiciones que en nada apoyamos como legisladores para que el proceso se
lleve adecuadamente el 9 de marzo.
Pero quiero recordar finalmente
algo muy importante, con fecha 13 de febrero y por decisión de la dirigencia de este
honorable organismo, Cámara de Diputados, se integró una Comisión Observadora del
Proceso Electoral como se hizo en procesos anteriores en los que se han dado en el país
mismo. Ahí estábamos integrados cinco de los principales partidos representados en este
Congreso de la Unión.
Creo que debemos darle un voto de
confianza a la Comisión, tal cual fue su efecto de crearla y si es necesario reforzarla
porque, bueno, valga decir que quien más empujaba la creación de la Comisión de
Vigilancia del Proceso del estado de México, y ahí está la prueba con los compañeros
que nos hemos dado cita para tratar de avanzar en el plan de trabajo y en ese caso el PRD
simple y sencillamente ha brillado por su ausencia para cumplir con la función de la
comisión, tan importante, porque a través de esa comisión sí podríamos dar vigilancia
como observadores respetables en el proceso electoral.
Es cuanto, señor Presidente.
El
Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo:
Para el mismo tema tiene la palabra
el diputado Ramón León Morales, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por
cinco minutos.
El diputado Ramón León Morales:
Gracias, señor Presidente:
Vamos a aclarar algunas cuestiones.
Se ha planteado aquí que no debiéramos meter cuestiones de carácter particular ni
religiosos. Le quiero comentar a la Senadora que esto lo dijo, que si alguien se metió
aquí en la vida particular de alguien pues fue ella al mencionar al gobernador, ¿si?
Y lo otro decirle que efectivamente
nosotros somos...
La senadora Micaela Aguilar González
(desde su curul):
¿Me permite?
El
Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo:
Permítame, señor diputado.
La senadora Micaela Aguilar González
(desde su curul):
Para contestar alusiones
personales, señor diputado. Yo...
El diputado Ramón León Morales:
No he mencionado; no he mencionado
ningún nombre, señor Presidente.
El
Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo:
No, no, no. Quiere usted hacer una
pregunta o para contestar alusiones espera usted turno cuando termine el diputado.
La senadora Micaela Aguilar González
(desde su curul):
Para hacerle la aclaración
sobre...
El diputado Ramón León Morales:
No he mencionado, no he hecho
ninguna alusión de carácter personal.
El
Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo:
No se admiten diálogos senadora,
por favor.
Continúe diputado.
El diputado Ramón León Morales:
Asimismo se ha dicho aquí de que
nos estamos metiendo en asuntos de carácter religioso. Yo quiero dejar muy claro que
hemos sido sumamente respetuosos en éste y en otros momentos para poder entender el lugar
que ocupan las religiones y el lugar que ocupa el Estado. Defendemos, eso sí, el
carácter laico del Estado y exigimos también el respeto al artículo 130 constitucional,
por lo que nos oponemos a cualquier, sea a favor de un partido, sea en otro, en este caso
estamos denunciando en el caso de un partido político, del PRI, que no se inmiscuyan
asociaciones de carácter religioso para inducir al voto.
No estamos hablando, también
quiero decirles, de problema de policromía, estamos hablando de clonación y aquí
tenemos autoridades, aquí tenemos un dictamen en ese sentido, en que se nos dice en el
peritaje de que se ha clonado. Entonces, ¿para qué deja el Gobierno del estado de
promover sus obras si por otro lado todos los candidatos traen, dicen ustedes policromía,
para nosotros es clonación de propaganda?
No estamos hablando de falta o
exceso de recursos, estamos hablando de superación de gastos de campaña, es decir, esto
tendrá que probarse, o sea, ir al súper bowl, al súper tazón, hacer todo eso, implica
precisamente que nos metamos a ver de dónde están saliendo todos estos gastos y
esperemos que todos sean legítimos y no andemos con problemas como los actualmente y en
otro tema tendremos que tratar.
Estamos hablando de compra de
votos, estamos hablando de que despensas y estamos hablando de que materiales de
construcción están siendo entregados con el nombre de los candidatos, entregados por
gente muy respetable pero que algunos de ellos forman parte del clero y esto para nosotros
no se llama otra cosa que compra de votos e inducción del voto.
Quiero decirles que me extraña que
aquí se diga que una comisión no funciona y me extraña porque siendo mayoría los
miembros de la Comisión que se nombró del PRI y del PAN, ¡no la hayan instalado! Y me
extraña porque la única vez que nos reunimos fue a instancias de un servidor en que se
tuvo que comunicar personalmente con cada uno de los integrantes de este grupo de trabajo,
para que pudiéramos reunirnos.
No se venga aquí a decir que hay
falta de voluntad, cuando nosotros impulsamos el punto de acuerdo, cuando no-sotros
impulsamos la reunión misma del grupo de trabajo y hemos estado en las demás reuniones.
Y si ellos han tenido mayoría, si en alguna reunión no fue un miembro del Partido de la
Revolución Democrática, disculpen compañeros pero ustedes son mayoría en un grupo de
trabajo como para poder tener al menos ya su instalación o mínimamente una propuesta de
plan de trabajo.
Y con respecto al grupo de trabajo
aquí sí yo quiero decir: ¡La mayoría que conforman PRI y PAN en ese grupo de trabajo,
no tiene voluntad de trabajar ni tiene voluntad para que verdaderamente se vigilen los
abusos que electoralmente se están cometiendo por parte de autoridades federales para el
favor del PAN y autoridades locales a favor del PRI en el estado de México!
Muchas gracias.
El
Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo:
Gracias diputado.
Para el mismo tema ha solicitado el
uso de la palabra el diputado Francisco Guadarrama, del Partido Acción Nacional.
El diputado Francisco Guadarrama
López:
Con el permiso de la Presidencia:
Realmente lamentamos los hechos
ocurridos en contra de María Luisa Farrera, yo creo que son situaciones que debemos
reprobar como ciudadanos y principalmente como legisladores, y exigimos el esclarecimiento
de los hechos para tranquilidad de todos.
Ya está siendo costumbre en
funciones del Gobierno del estado aprovechar cualquier situación para hacer proselitismo
en ese sentido y específicamente el procurador, que debería estar cuidando precisamente
que se respetara el Estado de Derecho en el estado y aprovecha el dolor humano para
comercializar a favor de su partido. Yo creo que ésas son situaciones que debemos ponerle
un alto pero de ya.
Se necesita moral para actuar en
consecuencia y el señor procurador tiene el nada honroso primer lugar en delincuencia en
el estado y tal parece que no le importa. Le importa más hacer declaraciones muy a su
estilo, tratando de involucrar a otras personalidades de otros grupos que no son
precisamente de su partido.
Yo creo que estas situaciones deben
terminar para beneficio de todos, la violencia no nos va a llevar a nada, en la violencia
todos perdemos y es la gran oportunidad de que se den unos comicios limpios y apegados a
derecho. Yo quiero preguntarles ¿por qué cuando se trata de aplicar la justicia a gente
que no es de su partido son muy diligentes? Y ¿qué pasa con la gente de su partido? ¿A
dónde está el Presidente Municipal de Chalco? ¿Por qué no han hecho justicia? ¿Qué,
se trata simplemente de aplicar la justicia a los adversarios políticos o realmente
están ahí para cumplir con sus obligaciones?
Se habla de que tenemos que poner
el ejemplo y yo creo que eso es finalmente lo que tenemos que hacer. En cuanto a venir
aquí a decir verdades a medias tampoco se vale porque el compañero del PRD propone que
se cree una Comisión y son los primeros en no asistir a las pláticas para precisamente
instalar la Comisión. Se les ha buscado, en lo personal he tratado de hacer comunicación
tanto con el proponente como quien se designó como Coordinador, a lo cual no he recibido
respuesta porque no han sido localizables.
Entonces no se vale venir a decir
aquí verdades a medias y decir que los dos partidos hacemos mayoría cuando el proponente
o el partido que propone precisamente la Comisión no está presente para las pláticas.
Es todo, muchas gracias.
El
Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo:
Gracias señor diputado.
Para el mismo tema hasta por cinco
minutos, tiene la palabra la senadora Micaela Aguilar González.
La senadora Micaela Aguilar González:
Muy rápidamente sólo para aclarar
que afortunadamente se graba lo que uno aquí dice y yo fui muy clara al decir que
respetaba la decisión de su vida personal del señor gobernador. Que metí este tema acá
y lo traje a colación porque se utilizó una Cámara, una mayoría en la Cámara para
hacer una reforma de esa magnitud. La vida de quien se case cuando él quiere y se
divorcie cuando él quiere, está en su justo derecho, solamente aclaro eso que lo traje
por el abuso en la toma de decisiones en la Cámara.
Y, por otro lado, quisiera también
decirles y lo dije hace rato también, que seguramente el diputado no ha recorrido el
estado de México pero yo lo invito, uno entra al municipio que es de cualquier ciudadano,
sabe quién está gobernando en cada municipio porque efectivamente entramos a un
municipio perredista y está todo de amarillo y negro, el jardín, la Presidencia, los
policías, las secretarias, todo; entra un panista y están todos de azul y el kiosko
está de azul y, bueno, si lo hacemos todos señores para qué venimos aquí a decir que
tú lo haces y yo no lo hago, qué bueno que lo hiciera, fíjense, qué bueno que lo
hicieran en esta pluralidad y en esta competencia sana de trabajo porque la ciudadanía
entraría a un municipio perredista y diría qué limpio está este municipio, verdad,
mira qué avance en las escuelas, y gobierna el PRD.
Entrarían a otro y dirían, mira
en el PAN qué bueno, éste está mejor que el del PRD, yo a eso no le veo, son cosas que
no son de fondo, vayámonos a lo verdadero y no a cosas que todo mundo hacemos y que no
podemos estar diciendo tú lo haces, yo no lo hago, en el estado de México se identifica
plenamente quién está gobernando en cada municipio.
Gracias.
El
Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo:
Gracias senadora.
-----Eduardo Fernandez Garcia
El
Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo:
Para hacer comentarios sobre las
declaraciones del ciudadano Eduardo Fernández, ex presidente de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores , tiene la palabra hasta por 10 minutos el Senador Raymundo
Cárdenas Hernández.
El senador Raymundo Cárdenas Hernández:
Gracias señor Presidente;
compañeras y compañeros legisladores:
Otro escándalo de corrupción
está cimbrando a las instituciones de la República y al sistema político mexicano.
Las acusaciones, los señalamientos
que ha hecho el ex presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores acerca de que
hubo lavado de dinero a través de la Organización "Amigos de Fox" y de que
está en marcha un operativo de estado para intimidar a funcionarios de la institución,
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para desaparecer toda la actuación que se
dio durante la campaña del candidato Fox y del precandidato Fox.
Las declaraciones del señor
Fernández, vienen a demostrar una vez más el poco compromiso que tiene el Presidente de
la República con el Estado de Derecho.
El Partido de la Revolución
Democrática en junio del 2000 presentó, en el IFE, una denuncia sobre este tema.
Pocos días después asegundó y presentó una denuncia que involucraba a la señora
Carlota Robinson, a Valeria Corrodi y en general a los "Amigos de Fox";
el IFE declaró que no existían indicios suficientes de que se hubiese violado alguna
disposición del Cofipe relacionada con el régimen de financiamiento de los partidos y
coaliciones y cerró el caso.
Sin embargo el PRD recurrió al
Tribunal Federal Electoral y éste reabrió el caso al revocar la negativa de
investigación por parte del IFE y ordenó la remisión del expediente a la Comisión
Fiscalizadora del Instituto hasta agotar todas las líneas de investigación. Hasta ahora,
la investigación del IFE va demasiado lenta porque no ha tenido toda la información que
requiere y es evidente que hay una decisión tomada desde la más alta personalidad del
sistema político mexicano que es el Presidente, para impedir que esa información fluya.
Cabe señalar también que la
denuncia del señor Fernández despertó una irritación visible en el Presidente de la
República, mostrada por los medios el día de ayer quien amenazó directamente al
denunciante de que quien debía… diciendo que él era el que debía cuidarse.
Cabe presentar aquí algunas
inquietudes. Miren ustedes, ayer el Presidente hablaba de que él está siendo
acusado, dijo textualmente el Presidente refiriéndose al señor Fernández, por haber
extraído toda esa información ilegalmente y haberla entregado a los partidos políticos;
luego, el subprocurador Gilberto Higuera Bernal, anoche en un programa televisivo,
habló de que había varias averiguaciones en relación con el asunto y que al señor
Fernández se le estaba investigando también por el mismo tema de la filtración.
Pero hoy en la mañana, el señor
Procurador Rafael Macedo de la Concha, ya señaló que en la Procuraduría se había
presentado por una persona de la que no recordaba el nombre o no lo quiso señalar, dijo
él "por obvias razones", que ya había una denuncia sobre Fernández por lavado
de dinero. Eso no lo había manejado ni el Presidente ni el subprocurador.
Esa declaración del señor
Procurador Rafael Macedo, frente a… en el programa "Monitor", lo hizo a mi
juicio para justificar el hecho de que la fiscalía que investiga el lavado de dinero haya
detenido, el día de hoy, al señor ex presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores y que lo tenga todavía haciendo declaración o emitiendo su declaración, en una
instancia que aparecería como, digamos "rara". Si se trataba de investigar a el
señor Fernández, por el tema de "filtración de documentos", ¿por qué se le
lleva a la instancia de "lavado de dinero"? Habría que esperar la respuesta del
señor Procurador.
Pero yo creo que lo principal,
estimados compañeros, compañeras, que debemos tomar en cuenta de este asunto, es que a
todo lo que ya señalaron en el anterior debate se suman estos temas que se ligan al de
Pemexgate y que se liga a todo un conjunto de escándalos de los que no terminamos de
salir los políticos, los partidos, las instituciones de la República y que están
generando en la población un gran desazón y una incredulidad bárbara ante las
instituciones. Yo creo que estamos generando un ambiente que va a conducir a que la gente
diga: "que la democracia no era conveniente y que es mejor el régimen anterior
autoritario" y eso sería lo más lamentable para la transición democrática de
México.
Por estas razones a nuestro juicio
lo que procede en este momento es exigirle al IFE que insista con mayor fuerza en que se
le dé toda la información que existe en el sistema financiero de México, que está
sentado ya en el banquillo de los acusados, para que todo el tema de: "Amigos de
Fox", quede expuesto a la opinión pública con toda transparencia y que sí hubo
lavado de dinero, utilización de recursos del extranjero en una campaña presidencial,
todo el pueblo de México lo sepa y se proceda en consecuencia con las sanciones que
amerite.
Es necesario que el IFE también
termine de una vez por todas con todo el tema del Pemexgate, que la Cámara de Diputados
también haga lo propio, para que la ciudadanía no siga pensando lo que mucha gente ya
piensa, de que este tema de "Amigos de Fox" se hace estallar en este momento
para conducir a una gran negociación para simplemente meter bajo la alfombra, por un lado
el tema del Pemexgate y por otro el tema de "Amigos de Fox". Sí estos dos temas
no se resuelven pronto, sí se les echa tierra, sí se llega a una negociación en lo
oscurito sobre ambos, le habremos dado un golpe de muerte a la transición democrática de
este país.
Creo, compañeras y compañeros,
para terminar, que debiéramos formar la próxima reunión de la Permanente, una comisión
para dar seguimiento a este tema de la denuncia del señor Fernández. Tenemos que
garantizar que esta Comisión Permanente y el Congreso de la Unión tenga toda la
información que está persona dice tener. El señor Fernández no es santo de la
devoción del PRD, hemos dudado de él, desde que encubrió a nuestro juicio transacciones
en el Fobrapoa, IPAB. Sin embargo, no obstante todas las dudas, señalamos que el
Presidente de la República, en lugar de descalificar al denunciante, lo que tiene que
hacer es abrir todas las cuentas de "Amigos de Fox". Tiene que, el Presidente de
la República ser el primer interesado en que no quede resquicio alguno del sistema
financiero de México, sin quedar expuesto al escrutinio de la Comisión Investigadora del
IFE o a una comisión que formemos nosotros, el próximo miércoles.
La descalificación del acusador no
va a resolver el grave entredicho en el que hoy está el Presidente de este nuestro país.
Necesitamos dar una respuesta a la altura de lo que necesita el pueblo de México;
necesitamos quitarnos de dimes y diretes y hacer que las instituciones de este país le
den una respuesta ya al tema de Pemexgate, al de “Amigos de Fox” y a todos los
problemas de duda del sistema financiero de México.
Gracias.
El
Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo:
Gracias, señor senador.
Para el mismo tema, tiene la
palabra hasta por 10 minutos la senadora Sara Isabel Castellanos Cortés, del Partido
Verde Ecologista de México.
La senadora Sara Isabel Castellanos Cortés:
Compañeros legisladores:
Las graves acusaciones que lanzó
anteayer el ex Presidente de la Comisión Bancaria y de Valores contra el Procurador
General de la República, Rafael Macedo de la Concha y el Presidente Vicente Fox, exigen
una respuesta clara y convincente. Dichas denuncias difundidas a nivel nacional por
Joaquín López Dóriga y los distintos medios de comunicación, atentan contra la
estabilidad nacional porque golpean al corazón mismo de la política y de las finanzas.
De no haber respuesta en el Estado
de Derecho, explicaciones convincentes y un comportamiento radicalmente distinto de las
autoridades ministeriales, policiacas, judiciales y financieras involucradas en este
asunto, nos amenaza una escalada que bien puede articular todo tipo de conflictos en un
nudo que genere condiciones más que favorables para la ingobernabilidad del país.
La situación que enfrentamos no
tiene precedente y su salida sólo puede ser una: poner por encima el interés nacional y
la racionalidad del Estado y sus instrumentos, el derecho, la ley y las instituciones. Por
ello, ante este asunto denominado los “Amigos de Fox”, ahora rebautizados como
el "Caso de los Muchachos de Fernández", nuestro partido exige con toda
energía: "el Estado mexicano y el Gobierno del Presidente Fox deben retomar con la
máxima diligencia la actuación dentro del marco de derecho". El Presidente tiene
que excusarse de este asunto porque no puede convertirse en defensor oficioso de quienes
antes fueron sus compañeros de campaña. Ahora su investidura lo obliga a otro
comportamiento.
Exhortamos a las autoridades a
evitar la venganza como motivación para fincar responsabilidades penales a quien sólo
cumple sus tareas de investigación de delitos financieros como el lavado de dinero, que
se encuentran normados internacionalmente y de los que dependen la credibilidad del
sistema financiero mexicano.
Alertamos contra el riesgo de que
se junten y estallen al mismo tiempo todo tipo de problemas, el político, los penales,
electorales, el financiero, de presiones inclusive presiones del exterior, de delincuencia
organizada, de prestigio de las autoridades y de credibilidad en el Estado de Derecho.
Esta situación, compañeros, es delicadísima. Insisto en exhortar a la cordura y la
serenidad del Ejecutivo Federal.
Muchas gracias, por su atención.
El
Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo:
Gracias, señora senadora.
Para el mismo tema, tiene la
palabra el senador Héctor Larios Córdoba, del Partido Acción Nacional, hasta por 10
minutos.
El senador Héctor Larios Córdova:
Con el permiso de la Presidencia:
En anteriores debates en esta
sesión de la Permanente se ha invitado a la cordura, ahorita mismo lo hacía la senadora,
a la prudencia y me parece que la cordura y la prudencia empieza por distinguir la
diferencia entre una acusación y aportación de pruebas sobre esa acusación; entre un
señalamiento y el comprobar la verdadera emisión de ilícitos. Aquí verdaderamente sin
cordura se asume como hecho las afirmaciones de una persona, independientemente de la
credibilidad o no credibilidad que pueda tener esta persona, se ha asumido y se construyen
afirmaciones tan radicales como que el nuevo escándalo que cimbra las estructuras de
poder el país por un señalamiento que no ha sido acompañado con la aportación de
ningún elemento probatorio.
Me parece que tenemos que hacer
caso a nuestros propios exhortos y hacer caso a la cordura y actuar en términos de
derecho y permitir que las instancias de gobierno destinadas a la administración de
justicia apliquen precisamente esto.
Y bueno, también se ha hablado de
la credibilidad o no credibilidad del portavoz y este portavoz que hizo esta denuncia el
día de antier, quien fue Presidente de la Comisión Nacional Bancaria por seis años y
medio de 1994 a 2000, está sujeto desde hace varios meses a dos investigaciones: una de
ellas a partir de una denuncia del señor Korrodi por violación del secreto bancario y
otra investigación diferente por lavado de dinero, en donde también está implicado
quien fuera su secretario particular.
Y es curioso que en el avance de
esta segunda investigación, cuando está citado para comparecer salga a hacer estas
declaraciones. Yo creo...
El senador Raymundo Cárdenas Hernández(desde su
curul):
Señor, Presidente, si el orador me
permite una pregunta.
Presidencia del diputadoBernardo Borbón
Vilches
El Presidente diputado Bernardo
Borbón Vilches:
Se pregunta al senador si admite
una pregunta del senador Cárdenas.
El senador Héctor Larios Córdova:
Con todo gusto.
El
Presidente diputado Bernardo Borbón Vilches:
Adelante, senador.
El senador Raymundo Cárdenas Hernández (desde su
curul):
Acaba usted de decir que estaba
citado el senador Fernández para comparecer, ¿afirma usted eso? Lo acaba de señalar.
El Procurador hoy admitió en todos
los medios que no había citatorio, que había una orden para la presentación, que no es
lo mismo, pero usted lo afirma que estaba citado en virtud del proceso o de la denuncia
sobre el lavado de dinero.
La pregunta es: si había tal
denuncia y había ya una investigación en curso, ¿por qué no lo habían citado a
declarar sino hasta después del enojo del Presidente del día de ayer?
El senador Héctor Larios Córdova:
Me parece, señor senador, que
usted mismo leyó las declaraciones del Procurador y sabe con certeza de la investigación
que se le seguía a esta persona por un delito que denunció el señor Korrodi, es una
investigación, averigua- ción previa que se está integrando y aquí lo que estaba
afirmando yo, en primer lugar, es que esta persona estaba sujeta a dos investigaciones:
Que al estar sujeta a dos
investigaciones su reacción, cuando ve acercarse la conclusión de estas investigaciones,
es hacer una denuncia de la cual no ha aportado elementos de prueba y usted da más valor
a una denuncia y lo que estoy simplemente apuntando elementos por los cuales podría
explicarse la denuncia que hace sin fundamento hasta ahorita.
Para el Partido Acción Nacional es
importante el que se investigue y se aclare todo elemento de sospecha en todos los
aspectos y en todas las investigaciones que están en curso, tiene que dilucidarse la
verdad, no nos oponemos a ello, lo que nos oponemos es a construir toda una historia a
partir de afirmaciones de una persona que usted mismo declaró, no es santo de la
devoción del PRD. Es más, no es santo de la devoción del Congreso. El Congreso en 1999
aprobó la Ley de Protección al Ahorro Bancario y le dio la distinción, deshonrosa, por
cierto, a esta persona de mencionarlo en la ley y de prohibirle expresamente ocupar un
cargo en la Junta Directiva o ser Secretario Ejecutivo del Instituto de Protección al
Ahorro Bancario.
En el segundo artículo transitorio
de esta ley, se explicitó que esta persona no podría formar parte de esto, porque
precisamente, insisto, no es santo de la devoción del Congreso.
Yo creo que tenemos que poner las
cosas en su justa dimensión, si hay una acusación, un señalamiento que insisto, no ha
sido acompañado con elementos probatorios, habrá que ver si en todo caso existen estos
elementos. Si existieran estos elementos, bueno el que acusa tiene que probar y ¿por qué
encubrió?, porque si dice, afirma, haber conocido esto desde mayo de 2000, ¿por qué
encubrió?, encubrir es un delito, ¿no habrá encubierto también otros delitos en el
conocimiento de la función de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores?
Creo que lo que tenemos que hacer
es volver al debate que estaba anteriormente, volver a la cordura, volver a tratar los
asuntos diferentes, cuando son señalamientos que cuando sean hechos y aquí no se cimbra
absolutamente nada, simple y sencillamente, hay unos señalamientos de una persona que
pudiera ser explicable que los hiciera al sentir que está acorralado por la acción de la
justicia.
Es cuanto, señor Presidente.
Presidencia del diputadoCarlos Humberto
Aceves y del Olmo
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Gracias, señor senador.
Tiene la palabra para rectificar
hechos el senador Raymundo Cárdenas, hasta por cinco minutos.
El senador Raymundo Cárdenas Hernández:
Gracias, señor Presidente:
Nosotros no estamos tomando el tema
de “Amigos de Fox” a partir de la denuncia del señor Fernández, el PRD
presentó la denuncia en el IFE desde el 2000 y presentamos pruebas que indican que ahí
hubo graves irregularidades, y luego el PRI presentó otra denuncia. Y lo que es más
importante, senador, el Tribunal Electoral consideró que la decisión del IFE de cerrar
el caso y de no valorar las denuncias del PRD y del PRI era incorrecto y le ordenó que
investigara.
Lo que hacen las declaraciones del
señor Fernández, es simplemente darnos la certeza de que ahí hay mucho mar de fondo, y
que todos los amparos de Korrodi y toda la alarma de Korrodi cuando denuncia al PAN de que
no lo está apoyando, todo eso indica que ahí hubo graves irregularidades, creo que ello
justifica que nosotros le pidamos al Presidente que en lugar de estar amenazando a quien
lo acusa, en lugar de eso, dé instrucciones para que todo el sistema financiero en lo que
corresponde a “Amigos de Fox”, aporte toda la información que le solicite el
IFE, de inmediato, sí.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Senador, el senador Héctor Larios
pregunta si le acepta un cuestionamiento.
El senador Raymundo Cárdenas
Hernández:
Sí, claro.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Adelante.
El senador Héctor Larios Córdova (desde su
curul):
Señor senador, acaba usted de
afirmar que las declaraciones del señor Fernández, le dan la certeza a usted, de que
efectivamente hay cosas que investigar ahí. Eso es, ¿el señor Fernández es una persona
de total credibilidad para usted, en éste y en todos los temas que tengan que ver con las
funciones que desempeñaba?
El senador Raymundo Cárdenas
Hernández:
No, no, de ningún modo,
simplemente les señalo que de la propias investigaciones y de la información que tiene
el PRD, que sustentó su denuncia en el IFE, se deducía que ahí había un agujero negro,
sobre el cual había que echar la luz.
¿Quién se ha negado a echar luz a
ese agujero negro de Amigos de Fox? El Presidente de la República y Korrodi que empezó
amparándose y luego Korrodi denuncia al PAN porque no lo defiende. ¿Qué indica eso? Que
hay algo totalmente incorrecto, para no llamarle de otro modo.
Entonces no es la declaración de
Eduardo Fernández lo que nos lleva a esa convicción, simplemente confirmamos nues- tras
propias suposiciones, ése es el hecho.
Ahora, si el señor cometió un
delito por no denunciar oportunamente, allá él; que la justicia en serio se aplique. Si
el señor dice que le informó al Presidente Zedillo, pues que la Procuraduría invite al
señor Zedillo para que testifique. ¿Por qué todo eso no se puede hacer rápido? Yo creo
que se puede hacer rápido y ése sería el planteamiento.
Nosotros en el Congreso de la
Unión, debemos de abrirle al camino, a mi juicio, a la posibilidad de que el pueblo de
México conozca qué pasó exactamente con el tema "Amigos de Fox". ¿Por qué
el desazón del señor Korrodi?, ¿por qué la acción de la justicia sobre este señor
Fernández se da hasta el día de hoy? Si estaba ya, como acusado de lavado de dinero,
¿por qué no lo habían citado a declarar, sino hasta el día de hoy? y da toda la
impresión de que ante el enojo del Presidente, del día de ayer, hoy la Procuraduría
reacciona como para decir, dar un mensaje a todos los involucrados de que mejor ya no le
muevan.
Creo que este movimiento de la
Procuraduría General de la República, lo que hizo hoy, es una expresión del
presidencialismo autoritario en sus peores momentos; creo que no había razón para obrar
de este modo. Los únicos que se ven mal son las autoridades.
Yo espero, pues, que haya cordura,
insisto. No estoy dándole toda la credibilidad al señor Fernández, simplemente decimos,
por los propios elementos de información que tiene el PRD, ahí hay mar de fondo y el
Presidente de la República está obligado a informarle con plenitud a todo el pueblo de
México.
El
Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo:
Gracias, señor senador.
Para el mismo tema tiene la palabra
el senador Fidel Herrera Beltrán del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10
minutos.
El senador Fidel Herrera Beltrán:
Señor Presidente; honorable
Comisión Permanente:
La posición del grupo
parlamentario del PRI, con el mayor rigor y apego a la legalidad y a la verdad, quiere
contribuir a desentrañar esta confusión en la que se han venido, lamentablemente,
desarrollando las investigaciones que con motivo de la queja que el Partido Revolucionario
Institucional presentó el 23 de junio del año 2000 ante el Consejo General del Instituto
Federal Electoral, por la posible comisión de violaciones a la legislación electoral y a
otras disposiciones legales de la organización civil llamada "Amigos de Fox" se
recrió.
Vuelve este asunto a tensionar a
los actores políticos de la sociedad mexicana a cuatro meses y días de la celebración
de la elección general para renovar la Cámara de Diputados y es un evento de disparidad,
cuando en esta sociedad, lo que queremos es construir instituciones muy sólidas, muy
fuertes, asentadas en el estado de derecho, donde frente a la ley todos valgamos igual y
frente a la ley todos seamos igualmente tratados; establecen estos desequilibrios que
arrojan por lo menos en estas asimetrías en el tratamiento o la aplicación de la ley,
las suspicacias que hacen renacer las hipótesis de que algo está oculto o que algo se
quiere impedir que se conozca.
Y es que cuando en el 2000, con
apego a lo que dispone el artículo 41 de la Constitución, que regula el financiamiento
con los impuestos del pueblo, de las entidades de interés público que son los partidos y
las contribuciones que en el marco de la ley tienen o pueden hacer los particulares para
el financiamiento de los partidos y de sus campañas y de sus candidatos, recayó una
acción contraria de desacreditación, de persecución, de calumnia, sobre el partido
promovente.
Como una reacción casi inmediata,
la utilización de testimonios que no tienen validez en el proceso del sistema de medios
de impugnación electoral, sirvieron para enderezar la más feroz campaña de desprestigio
del Sindicato Petrolero, del Partido Revolucionario Institucional y de sus candidatos,
sobre todo el candidato a la Presidencia de la República y nada se investigó.
Después, haciendo valer nuestros
derechos, concurrimos a la instancia correspondiente: al Tribunal Electoral y éste
resuelve que en la materia denunciada debería el Instituto Federal Electoral conocer de
las operaciones relacionadas para establecer si lo que había sido denunciado era
constitutivo o no, de delito; que ha sido todo lo que nosotros hemos reclamado y pedido:
que se aplique la ley y que se sepa con todo rigor la aplicación de su peso a quien
hubiera podido cometer el delito y también en el caso que esto ocurriera, con la misma
claridad y calidad, la restitución del prestigio del daño de quien no hubiera cometido
alguna falta.
Pero no, no ocurre y luego de tres
largos años hay un nuevo capítulo, un nuevo hecho denunciado, en que un servidor
público de larga trayectoria en el sector financiero del Estado, con 20 años de trabajar
en el Banco Central y en el Banco Popular y en la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, nos hace saber que desde el año pasado había rendido testimonio ministerial y
que al igual que otros colaboradores de la institución donde se desempeñaba en su
calidad de inspectores, habrían dado testimonio de la posible comisión de un delito;
actualizar una hipótesis jurídica muy grave; muy delicada: el lavado de dinero, que
había podido ocurrir y sobre el cual no se había avanzado.
Y el tratamiento desigual otra vez.
En lugar de ir al fondo a investigar lo denunciado o lo declarado, la persecución de los
declarantes aduciendo que la posible violación del secreto bancario, haría de estas
filtraciones un delito grave, casi de lesa patria. Como si el de filtrar no hubiera sido
un ejercicio muy practicado en esta administración, por cierto.
Y que si se aplicara el mismo
parámetro, yo creo que más de la mitad del Gobierno, de todo el gabinete, tendría que
ser procesado porque son filtradores contumaces.
Pero bueno, bien. Nuevamente las
acciones que no guardan el orden, la propiedad, la serenidad, la frialdad con la que deben
aplicarse las disposiciones de la ley. Y eso genera este tipo de confusiones en la que
después se llevan a otro tipo de interpretaciones y que incluyen un factor que
distorsiona o que dificulta el cumplimiento de los objetivos que tiene la ley para ser
justa.
Y frente a esto qué hacer. Frente
a esto pues reclamar el imperio de la ley, que la autoridad cumpla con su responsabilidad,
que el Instituto Federal Electoral, en donde están radicadas las acusaciones y que es la
instancia que tiene la facultad fiscalizadora para saber con exactitud si se cometieron o
no faltas, cumpla con su tarea y que si en el cumplimiento de su tarea encuentra posibles
comisiones de delitos de otra naturaleza, pues que dé vista y cuenta a la autoridad
investigadora, a la Procuraduría General de la República.
Pero sin levantar patíbulos
adelantados, sin introducir eventos abusivos de autoridad que por lo menos descompongan la
sana relación, la de respeto, la de civilidad que debe operar entre ciudadanos con
responsabilidades iguales frente a la ley que debiéramos saber y aceptar que cada quien
tiene, frente a la ley, un mismo rasero y que las instituciones cumplan con su tarea: las
electorales, las de procuración de justicia y las jurisdiccionales.
Si hay delitos, que quien tenga que
consignarlos los consigne, quien tenga que juzgarlos los califique y aplique las
sentencias que reclama la sociedad.
Por eso, frente a todo este hecho
en el que no han respetado las instancias del poder, el Estado de Derecho, en el que hay
una inusitada eficacia para corresponder a la denuncia de un particular, muy respetable o
muy amigo, de un particular que concurre a la Procuraduría General de la República a
iniciar una averiguación sobre la posible comisión de un delito de violación de una
legislación bancaria o mercantil, todo el peso de la ley a quienes pudieran haber sido
señalados.
Y frente a otras circunstancias no
se hace nada. Se contribuye así al descrédito de las instituciones, se pone en
entredicho así la vitalidad y la fuerza de las instituciones democráticas del país, que
a nadie conviene, que nadie quiere y que somos los legisladores de México los obligados a
fortalecer a las instituciones y, en consecuencia a actuar en cumplimiento de nuestra
responsabilidad constitucional y de nuestro mandato político para exigir, para reclamar
que sea la ley, sólo la ley y nada más que la ley la que impere en el esclarecimiento de
los posibles hechos delictivos que pudiera haber cometido cualquier ciudadano mexicano
ayer o ahora.
Por eso nuestra convocatoria y
nuestro exhorto a las fuerzas políticas, a los servidores públicos de los tres poderes
de la Unión, a las instituciones autónomas, las electorales y las administrativas, las
de procuración y las de administración de justicia y a los ciudadanos para que cumplamos
con nuestras obligaciones.
Y a que este asunto se dirima en
las instancias y con los procedimientos de debida legalidad. Que ahora que ha sido
invocada esta extraordinaria instancia que hemos creado en el Congreso, la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, cumpla ella también con su tarea.
No confundamos los papeles: ni los
legisladores nos volvamos jueces, de la misma manera que no hemos permitido que los jueces
se vuelvan legisladores, pero sobre todo que el ciudadano jefe del Ejecutivo conserve la
extraordinaria calidad: el mandato que le dieron los mexicanos en la elección, en que le
depositaron los destinos de la nación bajo su responsabilidad.
Eso es lo que exigimos, es lo que
pedimos. No queremos más, tampoco aceptamos menos, sólo la ley, nada más que la ley,
siempre la ley.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Gracias, señor senador.
Para rectificar hechos tiene la
palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Ramón León Morales, del Partido de la
Revolución Democrática.
El diputado Ramón León Morales:
Gracias, señor Presidente:
La multicitada entrevista y
declaraciones del señor Eduardo Fernández, está dando mucho de qué hablar, dado que se
refiere precisamente a uno de los puntos más importantes de la agenda nacional y es nada
más y nada menos que sobre la democratización del país.
En estas afirmaciones el señor
Fernández ha hablado de cómo se urdió una red de lavado de dinero operada por Lino
Korrodi, así lo dijo, por parte del equipo de campaña del ahora Presidente de la
República.
De muchas cosas que dijo resalta el
hecho de que el IFE recibe de la Fiscalía Especial de Atención a Delitos Electorales,
información seleccionada previamente.
Así, según su dicho, el 17 de
febrero pasado el ex supervisor bancario José Camargo, con más de 30 años de
antigüedad en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, declaró que hubo lavado de
dinero en la campaña del señor Fox y señaló que sus comparecencias ante el Ministerio
Público fueron sustraídas del expediente.
Y aunque Camargo confirmó que hubo
lavado de dinero, se siguió por parte del Gobierno de Fox la misma estrategia de
silenciar -estoy citando- a como dé lugar, a los testigos de un crimen de Estado y
encubrir al Presidente.
Esas afirmaciones provienen de
quien en el año 2000 ocupó un lugar privilegiado en el sistema financiero mexicano y que
por ello mismo pudo observar los movimientos bancarios de los "Amigos de Fox".
Al respecto conviene recordar que
el PRD presentó en la víspera de las elecciones del año 2000, una queja ante el IFE por
un presunto financiamiento privado a la campaña de Vicente Fox.
El origen de la denuncia fue la
evidencia difundida en la prensa nacional de que agencias gubernamentales de Estados
Unidos realizaban una investigación por presuntas irregularidades en transferencias
bancarias cercanas a los 30 millones de dólares a nombre de: Cristóbal Fox Quesada, de
las que se sospechaba podrían haber sido utilizadas para la campaña electoral de su
hermano Vicente.
De acuerdo a lo difundido en la
investigación, se descubrió que la empresa "Vegetales Frescos" podría haber
sido utilizada como fachada para la realización de presuntas transferencias relacionadas
con la recaudación de fondos ajenos -estoy citando- a tratos comerciales y muy cercanos a
su financiamiento político, dada la relación con su hermano Vicente Fox.
En aquel entonces se supo que
también el First National Bank documentó ante la PGR que otro miembro de la familia Fox
Quesada, Juan Pablo, utilizó las cuentas de cheques 1003596 y 145556, la primera a su
nombre y la segunda bajo la razón social de: "Vegetales Frescos", para
triangular dinero procedente de México y Estados Unidos a compañías con las cuales
tenían relaciones "extrañas" porque están dedicadas a la refrigeración y a
la curtiduría, e incluso casas de consultoría internacional, cuando el guanajuatense se
dijo presidente de una empresa dedicada a la explotación de recursos renovables y no
renovables en forma individual o colectiva, tales como la agricultura, la silvicultura,
entre otros.
El adeudo en disputa por el First
National Bank y Juan Pablo Fox, era de 100 mil dólares que no habían sido cubiertos. Sin
embargo, los abogados de la institución confirmaron que habían existido, pido un poco
más de tiempo, señor Presidente, para poder terminar con la idea que tenemos para
plantear.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Adelante, diputado.
El diputado Ramón León Morales:
En junio de 2000 el PRD presentó
la denuncia correspondiente ante el IFE y durante ese mismo mes el PRI presentó otra en
la que estaban involucrados Lino Korrodi, secretario de finanzas de la compañía de Fox y
entre otros Carlota Robinson, Valeria Korrodi y más.
Como se recordará, ambas quejas
fueron desechadas. En el caso de la del PRD se señaló que no existían indicios
suficientes de que se hubiese violado alguna disposición del Cofipe relacionada con el
régimen de financiamiento de los partidos y coaliciones. El IFE consideró la relación
entre el banco extranjero, la empresa Vegetales Frescos y Juan Pablo Fox como de
naturaleza estrictamente privada.
El Tribunal Federal Electoral
reabrió el caso al revocar la negativa de investigación por parte del IFE y al ordenar
la remisión del expediente a la Comisión Fiscalizadora del instituto, hasta agotar todas
las líneas de investigación.
Fue una decisión histórica porque
puede ayudar a trasparentar el uso ilegal de recursos privados para las campañas
electorales, los intereses, compromisos económicos y políticos que se generan a su
alrededor, así como sobre el poder del dinero en la vida política del país.
"El desvío de recursos
públicos para el sostenimiento de las campañas electorales en México fue un hecho
político inocultable del que se benefició tanto el partido oficial, todavía tenemos
mucho que aclarar sobre el Pemex-Gate, como el partido actual en el Gobierno en el caso de
los Amigos de Fox."
Para avanzar, aunque pediría yo a
la Presidencia se pudiera publicar todo el documento que estoy leyendo y concluyo de esta
manera.
"En estas condiciones las
revelaciones de Eduardo Fernández sobre las transferencias ilegales de los Amigos de Fox
y el operativo para encubrir delitos electorales que ha denunciado deben integrarse a las
investigaciones que las autoridades realizan. No hay razón para que nadie encubra ningún
delito, aun cuando esté en juego la credibilidad del Presidente de la República. Poner
fin a la impunidad es un requisito para la verdadera democratización del país.”
Muchas gracias.
«Posición del PRD sobre las
declaraciones de Eduardo Fernández, ex presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores.
1. Las recientes declaraciones de
Eduardo Fernández, ex titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre el
caso Amigos de Fox, ha reabierto uno de los expedientes más importantes de la agenda
política, de cuyo desenlace depende el futuro de nuestra democracia. Según este ex
funcionario zedillista, el Gobierno de Vicente Fox lleva a cabo un operativo de Estado
para encubrir, "a como dé lugar, al Presidente" y destruir las evidencias de
cómo en la campaña panista de 2000 se manejó "mucho dinero del extranjero".
De manera inusitada en una amplia
entrevista en el programa de Joaquín López Dóriga, Fernández afirmó que parte de ese
operativo consiste en tortura sicológica a supervisores de la CNBV, que saben como se
urdió "la red de lavado de dinero operada por Lino Korrodi"; así como el cateo
de casas y oficinas de la comisión por elementos de la Agencia Federal de
Investigaciones, en busca de los documentos que detallan las transferencias para
destruirlas.
Entre las muchas cosas que dijo
resalta el hecho de que el IFE recibe de la Fiscalía Especial de Atención a Delitos
Electorales, información seleccionada previamente. Así, según su dicho, el 17 de
febrero pasado el ex supervisor bancario José Camargo, con más de 30 años de
antigüedad en la comisión, declaró que hubo lavado de dinero en la campaña y señaló
que sus comparecencias ante el Ministerio Público "fueron sustraídas" del
expediente y aunque Camargo confirmó que hubo lavado de dinero se siguió "por parte
del gobierno de Fox la misma estrategia de silenciar a como dé lugar a los testigos de un
crimen de Estado y encubrir al Presidente".
Estas afirmaciones provienen de
quien en el año 2000 ocupó un lugar privilegiado en el sistema financiero mexicano y que
por ello mismo pudo observar los movimientos bancarios de los Amigos de Fox.
2. Al respecto conviene recordar
que el PRD presentó en la víspera de las elecciones de 2000 una queja ante el IFE por un
presunto financiamiento privado a la campaña de Vicente Fox. El origen de la denuncia fue
la evidencia difundida en la prensa nacional, de que agencias gubernamentales de Estados
Unidos realizaban una investigación por presuntas irregularidades en transferencias
bancarias cercanas a los 30 millones de dólares a nombre de Cristóbal Fox Quesada, de
las que se sospechaba podrían haber sido utilizadas para la campaña electoral de su
hermano Vicente. De acuerdo a lo difundido en la investigación se descubrió que la
empresa Vegetales Frescos podría haber sido utilizada como fachada para la realización
de presuntas transferencias relacionadas con la recaudación "de fondos ajenos a
tratos comerciales y muy cercanos a financiamiento político, dada la relación con su
hermano Vicente Fox".
En aquel entonces se supo que
también el First National Bank documentó ante la PGR que otro miembro de la familia Fox
Quesada, Juan Pablo, utilizó las cuentas de cheques 1003596 y 145556 la primera a su
nombre y la segunda bajo la razón social de Vegetales Frescos, para triangular dinero
procedente de México y Estados Unidos a compañías con las cuales tenían relaciones
"extrañas", porque están dedicadas a la refrigeración y a la curtiduría e
incluso casas de consultoría internacional, cuando el guanajuatense se dijo presidente de
una empresa dedicada a la explotación de recursos "renovables y no renovables en
forma individual o colectiva tales como la agricultura, la silvicultura, piscicultura y la
ganadería. El adeudo en disputa por el First National Bank y Juan Pablo Fox era de 100
mil dólares, que no habían sido cubiertos. Sin embargo los abogados de la institución
confirmaron que habían existido triangulaciones de capital que superaron los 200 mil
dólares y cuyo destino fueron empresas con giro comercial distinto a lo que estaba
destinado el financiamiento otorgado.
En junio de 2000 el PRD presentó
la denuncia correspondiente ante el IFE y durante ese mismo mes el PRI presentó otra en
la que estaban involucrados Lino Korrodi, secretario de finanzas de la campaña de Fox,
Carlota Robinson, Valeria Korrodi y los amigos de Fox. Como se recordará ambas quejas
fueron desechadas. En el caso de la del PRD se señaló que no existían indicios
suficientes de que se hubiese violado alguna disposición del Cofipe relacionada con el
régimen de financiamiento de los partidos y coaliciones. El IFE consideró la relación
entre el banco extranjero, la empresa Vegetales Frescos y Juan Pablo Fox, como de
naturaleza estrictamente privada.
3. El Tribunal Federal Electoral
reabrió el caso al revocar la negativa de investigación por parte del IFE y al ordenar
la remisión del expediente a la Comisión Fiscalizadora del instituto hasta agotar todas
las líneas de investigación. Fue una decisión histórica porque puede ayudar a
trasparentar el uso ilegal de recursos privados para las campañas electorales, los
intereses y compromisos económicos y políticos que se generan a su alrededor, así como
sobre el poder del dinero en la vida política del país.
El desvío de recursos públicos
para el sostenimiento de las campañas electorales en México fue un hecho político
inocultable del que se benefició el partido oficial; prueba de ello es el caso
Pemex-gate, aún pendiente de resolverse. Pero la participación de recursos privados en
las contiendas ha demostrado que no hubo una sola fuente de recursos disponibles,
éstos van desde aportaciones millonarias en efectivo o mediante transacciones financieras
fraudulentas como en el caso del Fobaproa/Cabal Peniche, los hermanos y los Amigos de Fox;
utilización de infraestructura gubernamental de recursos humanos y materiales; hasta el
uso indiscriminado de los programas sociales para inducir el voto a favor de los
candidatos apoyados por el Gobierno en turno. Lo anterior ha provocado una profunda
inequidad en las contiendas electorales, cuyos efectos se ven reflejados en los resultados
de los comicios, pervirtiendo la competencia política.
Las sucesivas reformas legales para
reglamentar el origen y destino del financiamiento de los partidos políticos, la mayor
actividad fiscalizadora del Congreso y una sociedad más crítica como es en la actualidad
la mexicana, no han eliminado una de las peores herencias del régimen autoritario y
corrupto: disponer ilegalmente de recursos públicos y "pasar la charola" para
obtener ilegalmente recursos privados para perpetrar en el poder a un partido político o
ganar a toda costa una elección.
Por ello, creemos que la
transición mexicana no será posible si no se consiguen condiciones de igualdad en las
contiendas electorales, se ejerce con transparencia y honestidad el presupuesto y se
castiga severamente el desvío de recursos públicos, la utilización de los programas
sociales para fines distintos a los aprobados por el Congreso, así como el financiamiento
privado nacional y extranjero a los partidos políticos y sus candidatos. Las
transformaciones políticas y jurídicas que acompañen la democratización de nuestro
país en el futuro no pueden ser ajenas a estos requerimientos. Más aun cuando millones
de mexicanos reclaman honestidad y rendición de cuentas, fin a la impunidad y a la
corrupción que ha degradado el ejercicio público.
En estas condiciones las
revelaciones de Eduardo Fernández sobre las transferencias ilegales de los Amigos de Fox
y el operativo para encubrir delitos electorales que ha denunciado deben integrarse a las
investigaciones que las autoridades realizan. No hay razón para que nadie encubra ningún
delito, aun cuando esté en juego la credibilidad del Presidente de la República. Poner
fin a la impunidad es un requisito para la verdadera democratización del país.
México, DF, a 26 de febrero de
2003.— Diputado Ramón León Morales.»
El
Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo:
Como lo solicitó, publíquese en la Gaceta Legislativa y en el Diario de los Debates.
LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA
El
Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo:
Esta Presidencia rectifica el turno
dado a la iniciativa de reformas a diversos artículos de la Ley del Servicio Público de
Energía Eléctrica en materia de tarifas, presentada en la sesión de la Comisión
Permanente del 29 de enero último por el diputado Jesús Burgos Pinto.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público, con opinión de las comisiones de Energía y de Comercio y Fomento Industrial de
la Cámara de Diputados.
VOTO DE MEXICANOS EN EL EXTRANJERO
El
Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo:
Para hacer comentarios sobre el
voto de los mexicanos en el extranjero, tiene la palabra el diputado Ramón León Morales,
del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Ramón León Morales:
Gracias, señor Presidente:
Mucho se ha dicho y escrito del
tema del voto de los mexicanos en el extranjero. En México se ha venido desarrollando
desde hace aproximadamente una década, una serie de discusiones en foros académicos,
políticos y sociales. Estos eventos han sido lo más amplios posibles e incluyentes. La
finalidad de estas discusiones ha tenido como objetivo principal el de recoger todos los
elementos necesarios que permitan a cada uno de los responsables de implementar el voto de
los mexicanos en el extranjero, tomar de manera informada y con alto grado de
responsabilidad las medidas pertinentes para llevarlo a cabo.
Uno de los puntos medulares que han
imposibilitado la concreción es el político. La falta de claridad en las definiciones
para abordarlo por parte de los partidos políticos, ha hecho que el tránsito sea cada
vez más lento, toda vez que el costo político que traería en votos a cada uno de los
institutos políticos.
En 1998 la Secretaría de
Gobernación reinició los trabajos de la mesa de negociación para la Reforma del Estado.
En el mes de octubre de ese año y el mismo Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la
Revolución Democrática tomó la decisión de conformar un grupo especializado en el tema
electoral, entre los que destacaban funcionarios del mismo y legisladores para que
participaran en esas negociaciones.
Inmediatamente en el marco en que
se instaló la mesa en la Secretaría de Gobernación, para que se dieran las propuestas
para la reforma del Estado, el PAN y el PRD tuvieron contactos para ponerse de acuerdo
sobre posibles cambios en materia electoral. Entre los cambios que más se destacan y que
buscaban pactar las condiciones del proceso electoral del año 2000, sobresalía la
segunda vuelta en las elecciones, la reelección legislativa y el voto de los mexicanos en
el extranjero; fueron temas de aquel tiempo.
Como era de esperarse, el Gobierno
Federal tenía como objetivo el estancamiento de éstas, así fue como nació la idea de
conformar una reforma electoral, acordada en principio por el PRD, el PAN, el PT y el
Partido Verde Ecologista de México, así como diputados independientes, donde se
intercambiaron propuestas para su análisis.
Par el PRD fue prioritario la
definición de las reglas electorales del año 2000. Teníamos que saber de qué manera se
iba a competir en el proceso electoral del país. Para los diputados del PRD era claro que
estos cambios al Código Federal Electoral tenían que pasar por una reforma electoral.
De los acercamientos que se dieron
entre los diferentes partidos, surgieron discrepancias como lo referente al voto de los
mexicanos en el extranjero. El Partido de la Revolución Democrática decidió ir a fondo
del asunto, queriendo introducir este tema en el Cofipe.
En esta legislatura, los tres
principales partidos políticos hemos presentado iniciativas para que se pueda operar ya
el voto de los mexicanos en el extranjero, asimismo, la iniciativa del PRD de que pueda
haber una reforma para la creación de una sexta circunscripción que permita que los
mexicanos residentes en el extranjero puedan tener voz y voto en esta Cámara.
En el año 2000, por estas fechas,
se hablaba de la imposibilidad ya de que se pudiera implementar el voto de los mexicanos
en el extranjero para el 2003. En este momento estamos en la misma situación, en este
momento decimos: Por no poderse modificar el Código Federal Electoral, no podremos estar
hablando del voto de los mexicanos en el extranjero, mucho menos podríamos estar hablando
de la creación de la sexta circunscripción plurinominal.
Los argumentos que utilizaron en la
pasada Legislatura miembros del Partido Revolucionario Institucional, son argumentos que
ahora utiliza el Partido Acción Nacional, a fin de que no lleguemos a algo que es una
demanda y podemos decir una demanda histórica de nuestros connacionales.
Tenemos más de 10 años en que nos
están exigiendo no solamente el voto de los mexicanos, sino que también nos están
exigiendo la participación en el Congreso de la Unión.
Yo quiero plantearles, y está
aquí una delegación de Chicago, y quiero plantear cuál ha sido la postura del Partido
de la Revolución Democrática. El Partido de la Revolución Democrática está por el
voto de los mexicanos en el extranjero. El Partido de la Revolución Democrática está
por la creación de la sexta circunscripción.
Y aquí lo que ha faltado y tenemos
que verlo con mucha claridad, son definiciones de carácter político, porque una cosa es
lo que se ha dicho y hemos estado en distintos foros en la Unión Americana frente a
nuestros connacionales, y ahí hemos escuchado compromisos de todos los partidos
políticos, compromisos quiero decirles, que no se han materializado en voluntad política
para que podamos sacar adelante estas reformas.
El grupo parlamentario del PRD
ratifica la voluntad política que tiene, para que en lo que queda de esta legislatura
podamos sacar adelante el voto de los mexicanos en el extranjero para el 2006 y que
podamos asimismo lograr acuerdos políticos para que se haga una realidad la
representación de los mexicanos en este Congreso de la Unión, a través de la creación
de la sexta circunscripción.
Que no quede duda, la voluntad
política del Partido de la Revolución Democrática está con los connacionales donde
faltan definiciones no son de este lado, estas definiciones compañeros representantes de
distintas organizaciones de mexicanos en el extranjero, no es por parte del PRD,
explicaciones exíjanselas a los Representantes del PRI y a los Representantes del PAN.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Gracias diputado. Para rectificar
hechos tiene la palabra la diputada Beatriz Paredes Rangel.
La diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
De manera muy breve señor
Presidente y sólo por considerar que éste es un tema de la mayor trascendencia, subrayar
que en el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados y en los documentos de
nuestro partido y en el Consejo Político Nacional del Partido Revolucionario
Institucional hay una comisión específica en torno al tema del sufragio de los mexicanos
en el extranjero y que muchos legisladores les hemos expresado de manera directa a
nuestros compatriotas que viven en el extranjero nuestra decisión de respaldar el
cumplimiento de una añeja aspiración.
Es un tema que nosotros no
abordamos desde una expectativa proselitista, no pretendemos adelantar el que haya
simpatías electorales por ninguna opción política, lo queremos tratar con la
importancia que tiene puesto que sin duda nuestros compatriotas que radican en el
extranjero, por razones de trabajo, por razones de circunstancia de búsqueda de
oportunidades tienen la legítima aspiración de que su visión política encuentre cauce
en nuestro país.
Ha habido un trabajo, al que ya
hizo referencia quien me antecedió en el uso de la palabra, tanto en el IFE como en
diversos partidos políticos y nosotros queremos subrayar que es un tema del mayor
interés para la bancada priísta tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de
Senadores y ratificar nuestra disposición de encontrar alternativas para que esa
aspiración tenga un cauce legítimo dentro de los marcos constitucionales que rigen
nuestra vida nacional. Gracias.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Gracias diputada. Para el mismo
tema tiene la palabra para rectificar hechos el diputado Tomás Lozano.
El diputado José Tomás Lozano y Pardinas:
Buenas tardes señores
legisladores.
Para el PAN el tema de la votación
de nuestros connacionales en el extranjero es primordial, es primordial porque siempre lo
hemos considerado y ha sido una de nuestras plataformas políticas y siempre hemos estado
de acuerdo en otorgar dicha votación a nuestros connacionales, por lo que nosotros hemos
estado presentes en los foros y hemos estado presentes en los foros y hemos estado
presentes en cuanto a sitios se nos ha invitado para verter nuestra opinión a favor de
dicha situación.
Lo que nos ha impedido poder
realizar este ideal y esta plataforma en nuestro partido es el cómo, el porqué ya lo
tenemos y única y exclusivamente es el cómo realizarlo, pero el PAN está totalmente de
acuerdo y difiero de mi compañero el diputado que nosotros hemos puesto obstáculos, lo
difiero totalmente porque por lo menos como partido Acción Nacional no hemos puesto los
obstáculos que nos señalan, por lo que lo único por lo que no lo hemos realizado es el
cómo. Es cuanto señor Presidente.
FORO
SOCIAL MUNDIAL
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Hay un documento de último
momento. Se está recibiendo la comunicación, un escrito de la licenciada Celín García,
secretaria técnica de la Presidencia de la Cámara de Diputados, por el que remite el
siguiente documento:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.
Por este conducto me permito
remitir al pleno de esta Comisión Permanente un breve informe relativo al Tercer Foro
Parlamentario Mundial que tuvo lugar los días 22, 23 y 24 de enero, en el marco del Foro
Social Mundial, realizado en la ciudad de Porto Alegre, Brasil, al cual asistimos un grupo
de legisladores integrantes de la Comisión de Desa-rrollo Social de la Cámara de
Senadores.
Se hace llegar también para
conocimiento y consideración de ambas Cámaras del honorable Congreso de la Unión la
Declaración Final de los Parlamentarios aprobada en el citado evento.
Sin otro particular, les reitero la
seguridad de mi más distinguida consideración.
Atentamente.
México, DF, a 18 de febrero de
2003.— Senadora Leticia Burgos Ochoa,
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social.»
«Informe sobre la participación
de los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social del Senado de la República en el
Tercer Foro Parlamentario Mundial.
La puesta en marcha de la Red
Parlamentaria Internacional (RPI), además de establecer contactos solidarios con los
movimientos sociales y de ciudadanos ha constituido y constituye uno de los principales
objetivos adoptados en los encuentros del Foro Parlamentario Mundial.
Es así que con motivo del Foro
Social Mundial llevado a cabo en Porto Alegre, Brasil, del pasado 23 al 28 de enero, se
reunió el Tercer Foro Parlamentario Mundial, al cual asistió una Comisión de
Parlamentarios Mexicanos conformada por la Senadora Leticia Burgos Ochoa, el Senador José
Francisco Fernández de Cevallos Urueta, el Senador Miguel Angel Navarro Quintero y el
Senador Marcos Carlos Cruz Martínez, integrantes de la Comisión de Desarrollo Social del
Senado de la República.
En ocasión del Foro Parlamentario
en su tercera edición desde Porto Alegre, Brasil, pueden destacarse los siguientes
acuerdos:
Se planteó una nueva
configuración del sistema financiero y comercial del mundo; la democratización del
Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas; se presentaron alternativas
al Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA); se lanzó un no rotundo a la guerra y
una condena a Estados Unidos por el terrorismo mundial que despliega; se defendió el
medio ambiente así como los derechos humanos; además de la propiedad intelectual ante
las empresas transnacionales; se reclamó una nueva cultura del reconocimiento a la
diversidad y a la diferencia; y la equidad de género.
En el caso de la delegación
mexicana se propuso y se acordó promover los siguientes acuerdos:
1. Que la Red Parlamentaria
Internacional en coordinación con legisladores de los diversos partidos políticos en el
Senado de la República Mexicana invitara a promover una iniciativa política de
parlamentarios, en el marco de la Cumbre de los Jefes de Estado de la OMC a realizar en el
mes de septiembre próximo.
2. El Foro Parlamentario Mundial
expresó su apoyo incondicional a las demandas del movimiento campesino de México que
plantea al Gobierno mexicano la renegociación y revisión del apartado agropecuario del
TLC con Estados Unidos y Canadá.
Tercer Foro Parlamentario Mundial
Porto Alegre, 24 de enero de 2003.
Resolución sobre la Red
Parlamentaria Internacional y sus actividades.
Por tercera vez consecutiva, el
Foro Parlamentario Mundial (FPM) se ha reunido en Porto Alegre, del 22 al 24 de enero de
2003, en el seno del Foro Social Mundial. Esta reunión se ha celebrado días después del
acceso a la Presidencia de la República Federativa de Brasil de Luis Ignacio Lula da
Silva, protagonista de los Foros anteriores. El triunfo de Lula representa para millones
de mujeres y hombres de Brasil, de América Latina y del mundo una esperanza. Que vea el
día una nueva forma de gobierno y de desarrollo económico y social basado en la
inclusión social.
La puesta en marcha de la Red
Parlamentaria Internacional (RPI), además de establecer contactos solidarios con los
movimientos sociales y de ciudadanos, constituye uno de los principales objetivos
adoptados en los encuentros anteriores del FPM. El primer FPM, enero 2001, definió las
bases y las perspectivas. El segundo, en febrero 2002, precisó sus modalidades de
estructuración (en torno a los polos regionales cuya coordinación debe asegurar su
dimensión internacional y su funcionamiento (con la creación de listas electrónicas
mundiales y regionales).
Los temas retenidos en la
declaración de referencia del primer FPM, y completados por el segundo FPM, han suscitado
numerosas intervenciones e iniciativas de miembros de la Red en sus parlamentos nacionales
o regionales (por una tasa tipo Tobin, en favor de la paz,). Estos han aportado su apoyo a
los procedimientos de los foros sociales, respetando la Declaración de Principios del
FSM, y han participado en sus encuentros mundiales, regionales o temáticos.
A lo largo de 2002, la red comenzó
a intervenir de manera más colectiva con la declaración preparada con ocasión de la
Cumbre de Johanesburgo ("Río +10") y la campaña contra la OMC sobre los
servicios públicos (en el marco de la AGCS actualmente en negociación). Los polos
regionales del RPI comenzaron a formarse, sobre todo en Europa.
Sin embargo, el desarrollo de la
Red Parlamentaria sigue siendo muy desigual dependiendo de las regiones y países. Es
importante hoy en día extenderla y reforzar su capacidad de acción, con la prolongación
de la declaración final del primer FPM (de 28 de enero de 2001). En este sentido habrá
que poner en marcha coordinaciones nacionales del RPI con el objetivo de permitir a los
diputados nacionales o regionales de los diferentes países de aunar sus esfuerzos en el
seno de los polos regionales del RPI.
La Red Parlamentaria internacional
se movilizará, en 2003, tanto en el plano legislativo como mediante campañas emprendidas
por los movimientos sociales y de ciudadanos.
Contra la guerra. Es la primera
urgencia. Actuar sin plazo para evitar la guerra en Irak y poner fin a la ocupación
militar israelí en territorios palestinos.
Los parlamentarios de los países
miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas deben exigir a los gobiernos que se
opongan a la guerra y que rechacen el concepto de "guerra preventiva". En este
caso hay que recurrir al "veto por la paz" por parte de los países que se
benefician del derecho de veto en el seno del Consejo ONU. Debemos manifestar de forma
clara nuestro rechazo a cualquier ataque que constituye una amenaza para la paz y que
elimina la credibilidad que la ONU necesita para hacer frente a sus misiones. Apelamos a
las Naciones Unidas para que tomen todas las iniciativas a favor de la paz. Los
inspectores de la ONU deben disponer del tiempo necesario en su misión.
Nos oponemos al nuevo orden militar
mundial que Washington quiere imponer y a su doctrina de "guerra preventiva"
cuyos efectos ya se hacen sentir, directamente e indirectamente, desde América Latina a
Oriente Medio (Palestina,...), a Europa (Chechenia..), a Africa (Costa de Marfil,...) y a
Asia ( Filipinas,...). La RPI actuará en concordancia con el nuevo movimiento antiguerra
que se está formando a escala internacional, con ocasión de las movilizaciones previstas
para el 15 de febrero de 2003. La RPl propone que una serie de delegaciones parlamentarias
se desplace a Irak, durante las próximas semanas, sobre la base de una oposición radical
a la guerra, de solidaridad con el pueblo iraquí (víctima de la dictadura de Saddam
Hussein), del embargo económico y de las amenazas militares de Washington. Pedirá
también ser recibido por el Consejo de Seguridad de la ONU para expresarle su oposición
a la guerra y se entrevistará, con ocasión de este viaje, con los miembros del Congreso
de Estados Unidos así como con el movimiento antiguerra americano para manifestarle su
apoyo.
La RPI se propone asimismo asegurar
una presencia en Palestina para la protección de la población civil. Expresa su apoyo a
todas las fuerzas y a todos los movimientos que, en Israel y en Oriente Medio actúan por
una paz justa y duradera.
Cancún. La Conferencia Ministerial
de la OMC en Cancún (México), del 10 al 14 de septiembre de 2003, constituye un reto
para todos los movimientos de resistencia a la mundialización liberal.
El compromiso adquirido en Doha de
revisar los acuerdos TRIPs sobre la propiedad intelectual, de manera que nada de este
acuerdo pueda impedir a los países en desarrollo de llevar a cabo políticas de salud
pública debe ser respetado. Es una condición para la puesta en marcha de un nuevo ciclo
comercial. Es inaceptable que las poblaciones pobres no puedan tener acceso a los
medicamentos en nombre de los derechos de propiedad y de los imperativos de beneficios.
La RPI deberá ampliar la lucha
emprendida desde otoño 2002 contra el Acuerdo General sobre el Comercio de los Servicios
(AGCS) y en defensa de los servicios públicos (la petición se inició en Europa y ya ha
recogido 215 firmas de parlamentarios). La fecha límite para el envío de ofertas de
liberalización siendo el 31 de marzo de 2003, este mes será una etapa importante en esta
movilización que finalizará en septiembre.
La Conferencia de Cancún será
para nosotros la ocasión de reafirmar que el derecho comercial debe estar subordinado a
las exigencias sociales y ecológicas, que los acuerdos sobre el derecho del trabajo y la
defensa del medio ambiente deben imponerse a la OMC, que el sistema comercial y el sistema
financiero internacional deben ser profundamente reformados para ser democráticos. Los
bienes comunes (como el agua) no deben ser tratados como mercancías. Resulta escandaloso
que las poblaciones pobres se vean privadas del acceso a los medicamentos en nombre de
imperativos de beneficio. Reiteramos nuestro rechazo a la negociación, en el seno de la
OMC, de un acuerdo multilateral sobre la inversión en provecho de las transnacionales. La
OMC y las instituciones financieras internacionales no deben hacer la ley.
La RPI en coordinación con
legisladores de los diversos partidos políticos en el Senado de la República Mexicana
invitan a promover una iniciativa política de parlamentarios, previo a la Cumbre de los
Jefes de Estado de la OMC a realizar en el mes de septiembre próximo.
Después de Johannesburgo. Las
Cumbre sobre el Desarrollo Duradero ("Río + 10") en Johannesburgo, finales de
agosto principios de septiembre de 2002, fue un fracaso patente. La ratificación de los
acuerdos de Kyoto, aunque limitados; no ha sido lograda. Nuevas catástrofes
medioambientales y sociales, como las ocurridas en el sector del transporte marítimo de
sustancias peligrosas se han vuelto a producir. El llamamiento internacional iniciado por
la RPI y firmado en su momento por 233 parlamentarios de numerosos países sigue siendo de
actualidad. Por consiguiente, la RPI difundirá de nuevo ampliamente este llamamiento
("Después de Johannesburgo, la urgencia sigue siendo salvar la tierra") y
relanzará la recogida de firmas para preparar nuevas acciones en este campo.
Tasación de los movimientos de
capitales. Frente a las necesidades de financiación del desarrollo y a la necesidad de
apoyar el acceso de todas y todos a los bienes públicos mundiales, la RPI ampliará sus
campañas a favor de la redistribución de la riqueza a escala mundial, en particular en
favor de una tasa tipo Tobin sobre las transacciones financieras internacionales. Esta
tasa supondría un control político y democrático de los mercados financieros y
contribuiría a la lucha contra la especulación monetaria. La RPI ayudará a coordinar
las campañas llevadas a cabo en los parlamentos, concretamente a favor de un tratado
internacional que establezca una tasa sobre el mercado de divisas en provecho de los
fondos de Naciones Unidas.
Transparencia en las negociaciones,
condiciones de la democracia. Con la mundialización liberal, la democracia está siendo
vacíada de contenido. La negociación secreta de acuerdos de los cuales depende el futuro
de las poblaciones es la regla común. Los miembros de la RPI intervendrán en sus países
para exigir que los documentos discutidos en el marco de esas negociaciones, que las
deliberaciones en curso y que las posturas defendidas por cada gobierno sean públicas. La
transparencia no es más que una de las condiciones indispensables para el real ejercicio
de la democracia pero se trata de una de las condiciones esenciales.
Los parlamentarios de los países
del norte deben hacer un llamamiento a sus gobiernos sobre las políticas que llevan a
cabo con respecto a esos países (incluido en el seno del FMI) y preguntar públicamente
cómo apoyar la puesta en marcha de programas para combatir el hambre a escala mundial.
Los parlamentos deben tener la
oportunidad de hacer su papel de legisladores, de control del Ejecutivo y de las
políticas presupuestarias, y expresar la vida política del país. Deben estar abiertos a
los movimientos de la sociedad y a sus aspiraciones.
Solidaridad. Reafirmamos nuestro
rechazo al actual proyecto de la ALCA que supondría una subordinación económica de
América Latina a los EEUU. Pedimos otro tipo de integración democrática y económica
regional. La RPI deberá seguir atentamente las negociaciones en curso con el fin de
impedir todo acuerdo desigual.
Reafirmamos nuestro apoyo a una
solución política al conflicto de Colombia mediante la promoción de la justicia social
y sin ninguna intervención militar extranjera.
El FPM expresa su apoyo y su
solidaridad a los campesinos de Bolivia, condena la sangrienta represión llevada a cabo
contra ellos en días recientes y exige una solución pacífica y favorable a sus
legítimas reivindicaciones.
El FPM expresa su total apoyo a la
voluntad e inalienable derecho de independencia, soberanía hay autodeterminación del
pueblo cubano, de elegir y regir su propio destino.
Exigimos el levantamiento sin
condiciones del embargo de Estados Unidos contra Cuba así, como de las Leyes Torricelli,
Helms-Burton y de "Ajuste Cubano" y de sus decretos de aplicación.
El FPM expresa su apoyo
incondicional a las demandas del movimiento campesino de México que plantea al Gobierno
mexicano la reenegociación y revisión del apartado agropecuario del TLC con Estados
Unidos y Canadá.
En el marco de las Naciones Unidas,
pedimos la aplicación de las resoluciones de la ONU sobre la autodeterminación y la
independencia del pueblo Saharaui mediante la realización de un referendum.
En el marco de su compromiso contra
la guerra y la mundialización desigual, los miembros de la RPI participarán en las
grandes movilizaciones previstas en 2003 por los movimientos sociales y de ciudadanos,
así como en las que se celebrarán con ocasión de la Cumbre del G8, en junio, en Evian
(Francia).
Un debate sobre las relaciones
entre los partidos políticos y los movimientos sociales y de ciudadanos es necesario.
Aportamos como elemento a este debate la contribución del grupo de trabajo que trató
esta cuestión durante nuestro foro.
La RPI preparará de forma activa
el próximo FPM, en la India, que deberá presentar un balance de las actuaciones llevadas
a cabo en 2003, preparar iniciativas para el 2004 y permitir auténticos intercambios
políticos.
(Texto original en frances al
español.)
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Trámite. Remítase copia a la Cámara de Diputados, a
la Cámara de Senadores y publíquese en la Gaceta
Parlamentaria y en el Diario de los Debates.
ORDEN DEL DIA
El Secretario diputado José Tomás
Lozano y Pardinas:
«Comisión Permanente.—
Primer Receso.— Tercer Año.— LVIII Legislatura.
Orden del día.
Miércoles 5 de marzo de 2003.
Lectura del acta de la sesión
anterior.
Comunicaciones.
De los congresos de los estados de
Guanajuato, Guerrero y Yucatán.
Oficios de la
Secretaría de Gobernación.
Dos, con los que remiten copias de
las contestaciones del director general de Radio, Televisión y Cinematografía y del
subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, en relación a los puntos de
acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.
Con el que remite copia de la
contestación del subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, en
relación a los puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores.
Dictámenes a
discusión.
De la Primera Comisión, con
proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Ruth Deutsch de Lechuga y Mario
Rafael Arias Hernández, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren
gobiernos extranjeros.
De la Primera Comisión, con
proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Juan Pablo Salazar Alfaro, Gloria
Silvia del Villar Núñez, Lyzeth Lozano Lázaro, Patricia Simpson Valadez, Mirna Teresita
Garduño Villalobos, María Elena Saint Martín Huidobro, Ernesto Coeto Solís, Linda
Hendy Mezrage y Rosalía Pérez Linares, para prestar servicios a gobiernos extranjeros.
Y los demás asuntos con los que la
Mesa Directiva dé cuenta.»
Es cuanto, señor Presidente.
CLAUSURA
Y CITATORIO
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo (15:55 horas):
Gracias, señor Secretario.
Se levanta la sesión y se cita para la próxima que
tendrá lugar el miércoles 5 de marzo de 2003, a las 11:00 horas.
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