Presidencia
del diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo
ASISTENCIA
El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:
Proceda la
Secretaría a pasar lista de asistencia.
El Secretario diputado José Tomás Lozano y Pardinas:
Se va a proceder
a pasar lista de asistencia de los integrantes de la Comisión Permanente.
Hay una
asistencia de 29 legisladores.
Hay quórum,
señor Presidente.
El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo (a las 11:24 horas):
Se abre la
sesión.
ORDEN DEL
DIA
El Secretario diputado José Tomás Lozano y Pardinas:
Se va a dar
lectura al orden del día.
«Comisión
Permanente.— Primer Receso.— Tercer Año.— LVIII Legislatura.
Orden del día
Miércoles 5 de
marzo de 2003.
Lectura del acta
de la sesión anterior.
Comunicaciones
De los congresos
de los estados de Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Nuevo León, Sinaloa y Sonora.
Informe
Semestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro,
correspondiente al periodo julio-diciembre de 2002, que fue aprobado por la Junta de
Gobierno de la Consar, que remite el Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de
Ahorro para el Retiro. (Turno a comisión.)
Del diputado
Víctor Hugo Cirigo Vázquez.
De la Comisión
de Comunicaciones.
Iniciativas del
Congreso del Estado de Jalisco
Que reforma la
fracción VIII, del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. (Turno a comisión.)
Que deroga el
artículo segundo transitorio del decreto que modificó los artículos 30, 32 y 37 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de
1997. (Turno a comisión.)
Iniciativas de
legisladores
Que reforma
diversos ordenamientos legales, en relación a la responsabilidad de funcionarios
públicos y familiares del Presidente de la República, a cargo del diputado Salvador
Cosío Gaona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a
comisión.)
Que deroga el
numeral 3 de la fracción II del artículo 3o. de la Ley General de Instituciones y
Sociedades Mutualistas de Seguros, a cargo del diputado José Tomás Lozano y Pardinas,
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Que reforma
diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,
a cargo del senador Raymundo Cárdenas Hernández, del grupo parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Que reforma los
artículos 23, 26 y 27 de la Ley Federal de Competencia Económica, suscrita por diversos
legisladores de los grupos parlamentarios de los Partidos: Revolucionario Institucional,
Verde Ecologista de México, de la Revolución Democrática y de la Sociedad Nacionalista.
(Turno a comisión.)
De Ley
Reglamentaria del artículo 4o. Constitucional, en materia de garantizar el acceso a la
alimentación a los infantes, a cargo de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
De Ley de la
Comisión Nacional de Fomento Marítimo y Portuario, a cargo del diputado José Tomás
Lozano y Pardinas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a
comisión.)
Que reforma el
artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por
los diputados Martí Batres Guadarrama y Ramón León Morales, del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Que crea una
Comisión Bicamaral para el seguimiento de los hechos relacionados con el presunto desvío
de fondos de Petróleos Mexicanos a la campaña electoral del PRI en 2000, así como la
presunta introducción de fondos ilegales en la Asociación Civil “Amigos de
Fox,” a cargo del senador Raymundo Cárdenas Hernández, del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Oficios de la
Secretaría de Gobernación
Dos con los que
remiten copias de las contestaciones del director general de Radio, Televisión y
Cinematografía y del subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, en
relación a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.
Con el que
remite copia de la contestación del subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de
Energía, en relación a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores.
Por el que
comunica que el Presidente de la República, designó al ciudadano Leandro Arellano
Reséndiz, embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Rumania. (Turno a
comisión.)
Por el que se
comunica que el ciudadano Presidente de la República, designó al ciudadano Salvador
Beltrán del Río Madrid, cónsul general de México en Toronto, Canadá. (Turno a
comisión.)
Por el que se
solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Víctor Manuel Solano
Montaño, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Cedro, en grado de Gran
Oficial, que le confiere el Gobierno de la República de Líbano. (Turno a comisión.)
Por el que se
solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Roberto Carlos
Rodríguez Romero, pueda desempeñar el cargo de Agente Consular Honorario de Estados
Unidos de América, en Reynosa, Tamaulipas, con circunscripción consular en esa ciudad.
(Turno a comisión.)
Oficio de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Con el que
remite los lineamientos técnicos para el diagnóstico integral de la situación actual de
las haciendas públicas estatales y municipales, para dar cumplimiento al artículo 33 de
la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2003. (Turno a
comisión.)
Dictámenes de
primera lectura
De la Primera
Comisión con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Sergio Ernesto
Jacobo Patiño y Laura Guadalupe Ramírez Domínguez, para aceptar y usar las
condecoraciones que les confiere el Gobierno del Reino de España.
De la Primera
Comisión con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Gabriel Hernández
Cuevas, para prestar servicios en el Consulado General de Estados Unidos de América en
Guadalajara, Jalisco.
Dictámenes a
discusión
De la Primera
Comisión con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Ruth Deutsch de
Lechuga y Mario Rafael Arias Hernández, para aceptar y usar las condecoraciones que les
confieren gobiernos extranjeros.
De la Primera
Comisión con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Juan Pablo Salazar
Alfaro, Gloria Silvia del Villar Núñez, Lyzeth Lozano Lázaro, Patricia Simpson Valadez,
Mirna Teresita Garduño Villalobos, María Elena Saint Martin Huidobro, Ernesto Coeto
Solís, Linda Hendy Mezrage y Rosalía Pérez Linares, para prestar servicios a gobiernos
extranjeros.
De la Segunda
Comisión con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Arturo Sarukhan
Casamitjana, como Cónsul General de México en Nueva York, Estados Unidos de América.
De la Segunda
Comisión con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Jorge Lomónaco
Tonda, como Cónsul General de México, en Miami, Estados Unidos de América.
Quince de la
Segunda Comisión con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares, a los
ciudadanos Quirino Castillo Saucedo, Salvador Gutiérrez Plascencia, Rodolfo Claudio
Ancona Rodríguez, Jesús Hernández Pérez, Martín Montaño Ulloa, Jesús Antonio
Montaño Juárez, Jorge García Ochoa, Juan Angel Jardón Aguilar, Guillermo Alberto Nava
Sánchez, Vicente Antonio Hernández Sánchez, Oscar René Rubio Sánchez, José Francisco
Camarena Hernández, Emilio Avendaño García, José Francisco Terán Valle y Julio César
López Baquera.
De la Tercera
Comisión con puntos de acuerdo en relación a la proposición para impulsar la
acuacultura, en los estados de Sonora y Nayarit y apoyar el proyecto del Distrito de
Desarrollo Acuícola del Litoral de Caborca, del estado de Sonora.
De la Tercera
Comisión con punto de acuerdo en relación a la proposición para que la Comisión
Nacional del Agua, utilice recursos que fueron ampliados en el Presupuesto de Egresos de
la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2003, en la reparación y revisión del muro de
contención del río Pantepec, en la ciudad de Alamo, Veracruz.
De la Primera
Comisión con puntos de acuerdo en relación a la proposición sobre el uso de la
papelería oficial del Poder Ejecutivo Federal.
De la Primera
Comisión con puntos de acuerdo en relación a las propuestas en torno a la publicación y
promulgación parcial del Código Financiero del Distrito Federal.
Excitativas
A la Comisión
de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Raúl
Martínez González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
A la Segunda
Comisión de la Comisión Permanente, a cargo del diputado Ramón León Morales, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión
de Pesca de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Víctor Antonio García Dávila,
del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
A las comisiones
de Gobernación y Seguridad Pública y de Puntos Constitucionales de la Cámara de
Diputados, a cargo del senador Raymundo Cárdenas Hernández, del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática.
Proposiciones
Con punto de
acuerdo sobre la posible violación a los Derechos Humanos y la situación jurídica del
ex presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a cargo del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de
acuerdo por el cual se solicita a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la
Unión se integre un grupo de trabajo plural de legisladoras y legisladores que vigile el
cumplimiento de las últimas reformas al Cofipe publicadas en el Diario Oficial del lunes 24 de junio de 2002,
referente al establecimiento de fórmulas para equilibrar la representación en términos
de género, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a
comisión.)
Con punto de
acuerdo en relación a la posición de México en el Consejo de Seguridad de la ONU, sobre
el conflicto en Irak, a cargo del diputado Ramón León Morales, del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución.)
Con punto de
acuerdo en relación a trabajadores despedidos del Programa Nacional con jornaleros
agrícolas de la Secretaría de Desarrollo Social, a cargo del grupo parlamentario del
Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)
Con punto de
acuerdo sobre la investigación a los Amigos de Fox, a cargo del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de
acuerdo para que se exhorte a las entidades federativas para que utilicen la
infraestructura de las telesecundarias también para los telebachilleratos, suscrita por
los diputados Francisco Esparza Hernández y Raúl Martínez González, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de
acuerdo para exhortar al ciudadano Francisco Gil Díaz, Secretario de Hacienda y Crédito
Público para que comparezca ante las comisiones de Hacienda y Crédito Público de ambas
cámaras, reunidas en conferencia, para que explique al Poder Legislativo las medidas
hacendarías, de política económica y presupuestarias, que el Gobierno Federal ha
previsto para evitar perturbaciones en la vida económica del país, en caso del
estallamiento del conflicto bélico en Irak, a cargo del senador Marcos Carlos Cruz
Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a
comisión.)
Con punto de
acuerdo en relación al daño ecológico de la empresa minera carbonífera Río Escondido
(Micare), en Piedras Negras, Coahuila, a cargo del grupo parlamentario del Partido del
Trabajo. (Turno a comisión.)
Con punto de
acuerdo sobre la defensa del Estado de Derecho, a cargo de la senadora Yolanda Eugenia
González Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
(Turno a comisión.)
Con punto de
acuerdo sobre el conflicto laboral en Euzkadi, a cargo del diputado Ramón León Morales,
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de
acuerdo en apoyo a los jubilados y pensionados de Talleres Gráficos de la Nación, a
cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a
comisión.)
Con punto de
acuerdo en relación con el conflicto entre tepehuanes del ejido de Bernalejo, en
Zacatecas y ejidatarios de Santa María Ixtahuatán y Xoconoxtle, de Durango, a cargo del
senador Raymundo Cárdenas Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de
acuerdo para implementar un programa emergente con el objetivo de evitar la contaminación
de las playas nacionales, suscrita por el diputado Jaime Larrazábal Bretón, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de
acuerdo para exhortar a las juntas de coordinación política de las cámaras que integran
el Poder Legislativo, para que convoquen al titular del Poder Ejecutivo y que en el
ambiente de respeto que señala el principio de la división de poderes, le expresen sus
opiniones para definir la posición que el Estado mexicano deberá asumir en torno a la
crisis iraquí en el seno del consejo de seguridad, a cargo del senador Marcos Carlos Cruz
Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a
comisión.)
Con punto de
acuerdo para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes a través de la Dirección General de Puertos y Marina
Mercante, la Tesorería de la Federación y demás autoridades involucradas en el proceso
de transferencia de las acciones de las administraciones portuarias integrales, acaten de
manera inmediata lo establecido en el artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos de
la Federación para el ejercicio fiscal de 2003, a cargo del senador Fidel Herrera
Beltrán, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a
comisión.)
Con punto de
acuerdo con relación a los puestos de seguridad de las fuerzas armadas, a cargo del
diputado Salvador Cosío Gaona, del grupo parlamentario de Partido Revolucionario
Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de
acuerdo sobre la situación de las tarifas eléctricas en el estado de Yucatán, a cargo
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de
acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Secretario de Comunicaciones y
Transportes, Pedro Cerisola Weber, a cargo de la senadora Yolanda Eugenia González
Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (Turno a
comisión.)
Memorial de
particulares.
Agenda política
Comentarios
sobre el Día Internacional de la Mujer, a cargo del diputado Ramón León Morales del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Comentarios
sobre la postura de la Secretaría de Educación Pública, ante la edición de la Guía
para Padres, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Comentarios
sobre el entorno económico y las fluctuaciones del tipo de cambio, a cargo del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»
ACTA
DE LA SESION ANTERIOR
El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:
El siguiente
punto del orden del día es la discusión del acta de la sesión anterior.
Pido a la
Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta, tomando en
consideración que ha sido publicada en la Gaceta
Parlamentaria y se proceda a su votación.
El Secretario diputado José Tomás Lozano y Pardinas:
Por
instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura al
acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria y se proceda a su votación.
Los legisladores
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura.
«Acta de la
sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles
veintiséis de febrero de dos mil tres, correspondiente al Primer Receso del Tercer Año
de Ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura
Presidencia del diputado Eric Eber
Villanueva Mukul
En el Salón
Legisladores de la República del Palacio Legislativo en San Lázaro, sede de la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión, con la asistencia de treinta y cuatro legisladores,
a las once horas con veintinueve minutos del miércoles veintiséis de febrero de dos mil
tres, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría
da lectura al orden del día.
La Asamblea
dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma
manera la aprueba
Dos
comunicaciones de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, con las que
invita a las ceremonias cívicas conmemorativas del cuadracentésimo septuagésimo octavo
aniversario luctuoso de Cuauhtémoc, último Huei
Tlatoani de la Triple Alianza y del centésimo septuagésimo cuarto aniversario
luctuoso de doña Josefa Ortiz de Domínguez. Se designan sendas comisiones para
representar a la Comisión Permanente.
Comunicación
del Congreso del estado de Morelos, con la que invita a la quinta reunión nacional de la
Asociación Mexicana de Institutos y Organismos de Estudios e Investigaciones
Legislativos. Se turna a las presidencias de las mesas directivas de las cámaras de
Diputados y de Senadores.
Comunicación
del Presidente de la Mesa Directiva, con acuerdo por el que se proponen cambios en la
integración de la Primera Comisión de la Comisión Permanente. Se aprueba en votación
económica.
Comunicación
del diputado Francisco Javier Cantú Torres, con la que solicita licencia por tiempo
indefinido para separarse del cargo de diputado federal electo en el sexto distrito del
estado de Nuevo León. La Secretaría da lectura al punto de acuerdo que concede la
licencia solicitada y la Asamblea lo aprueba en votación económica. Comuníquese a la
Cámara de Diputados.
Comunicaciones
de los congresos de los estados de:
•
Guanajuato, dos; Hidalgo, una; Morelos, cinco; y Puebla, dos, con las que informan de
actividades propias de sus respectivas legislaturas. De enterado.
•
Guanajuato, con acuerdo por el que se adhiere al similar del Congreso del estado de
Jalisco, para solicitar se autorice al Presidente de la República decretar y aplicar
cuotas compensatorias a las importaciones de productos agropecuarios subsidiados. Se turna
a las comisiones de Comercio y Fomento Industrial de las cámaras de Diputados y de
Senadores.
• Hidalgo,
con acuerdo para solicitar al Congreso de la Unión, legisle en lo referente a los
derechos de las comunidades de sordos del país. Se turna a la Comisión de Atención a
Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados.
•
Michoacán, con acuerdo en relación con la problemática agropecuaria del país. Se turna
a la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados.
• Tlaxcala,
con acuerdo por el que solicita una revisión y prórroga de la entrada en vigor del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en su capítulo agropecuario. Se turna a
las comisiones de Agricultura y Ganadería de las cámaras de Diputados y de Senadores.
• Tlaxcala,
con acuerdo por el que solicita se atienda con urgencia y visión de largo plazo al sector
azucarero del país. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público de las
cámaras de Diputados y de Senadores.
Oficio de la
Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, con el que remite el Informe Estadístico
sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, enero-diciembre de
dos mil dos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de
Diputados.
Iniciativas con
proyecto de decreto de los congresos de los estados de:
•
Chihuahua, que reforma el artículo ciento nueve de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se
turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
• Hidalgo,
que reforma el artículo sesenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
• Veracruz,
que adiciona el artículo ciento sesenta y cuatro - ter al Código Penal Federal. Se turna
a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
•
Zacatecas, que reforma el artículo segundo transitorio del decreto que reforma los
artículos treinta, treinta y dos y treinta y siete de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario
Oficial de la Federación de fecha veinte de marzo de mil novecientos noventa y siete.
Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Iniciativas con
proyecto de decreto de los legisladores:
• Diputado
Salvador Cosío Gaona, del Partido Revolucionario Institucional, que deroga el artículo
tercero transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta, relativo al impuesto
sustitutivo de crédito al salario.
Presidencia del diputado Carlos Humberto
Aceves del Olmo
Se turna a la
Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
• Senador
Adrián Alanís Quiñones, que reforma los artículos cincuenta y dos, cincuenta y tres,
cincuenta y cuatro y cincuenta y seis de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Se turna a las comisiones de Puntos Constitucionales, de Estudios Legislativos
y Especial para la Reforma del Estado, de la Cámara de Senadores.
Oficios de la
Secretaría de Gobernación:
• Dos, con
los que remite copias de los informes de los gobiernos de los estados de Campeche y
Chiapas, en relación con el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, sobre
las condiciones que guardan los centros de readaptación social en el país. Remítanse a
las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y Especial de Seguridad Pública de la
Cámara de Diputados, para su conocimiento.
• Uno, con
el que remite copia del oficio del titular de la Unidad Especializada Contra la
Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, en relación con el
punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, sobre el estado que guardan las
investigaciones del asesinato del diputado local del estado de Yucatán, Pánfilo Novelo
Martín.
Presidencia del diputado Eric Eber
Villanueva Mukul
Remítase a la
Primera Comisión para su conocimiento, y a solicitud hecha desde su curul por el diputado
Jorge Carlos Ramírez Marín atendida por la Presidencia, remítase copia al proponente y
al Congreso del estado de Yucatán.
• Uno, con
el que remite copia del oficio del subsecretario de Prevención y Protección de la Salud
de la Secretaría de Salud, en relación con puntos de acuerdo aprobados por las cámaras
de Diputados y de Senadores, sobre el apoyo a la población afectada por el huracán
“Isidore”. De enterado y remítase a las cámaras de Diputados y de Senadores
para su conocimiento.
• Dos, con
los que remite copias de oficios del presidente del Instituto Nacional de Ecología y de
la directora general de Programación y Presupuesto A de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, en relación con puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de
Senadores. Remítanse a la Cámara de Senadores.
• Dos, con
los que comunica la designación por parte del Presidente de la República, de los
ciudadanos Arturo Sarukhan Casamitjana y Jorge Lomónaco Tonda, como cónsules generales
de México en Nueva York y en Miami, Estados Unidos de América, respectivamente. Se
turnan a la Segunda Comisión.
• Dos, con
los que solicita el permiso necesario para que los ciudadanos Sergio Ernesto Jacobo
Patiño y Laura Guadalupe Ramírez Domínguez, puedan aceptar y usar las condecoraciones
que les confiere el gobierno del Reino de España. Se turnan a la Primera Comisión.
• Ocho, con
los que remite hojas de servicios de igual número de miembros del Ejército y Fuerza
Aérea mexicanos, para los efectos de la fracción séptima del artículo setenta y ocho
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnan a la Segunda
Comisión.
Dictámenes de
la Primera Comisión con proyectos de decreto:
• Que
concede permiso a los ciudadanos Ruth Deutsch de Lechuga y Mario Rafael Arias Hernández,
para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de Austria y de la
República Popular China, respectivamente.
• Que
concede permiso a nueve ciudadanos mexicanos para prestar servicios en diversas
representaciones diplomáticas de gobiernos extranjeros en México.
Son de primera
lectura.
Dictámenes a
discusión:
• De la
Primera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican los nombramientos de los
ciudadanos Luis Angel López Escutia y María del Carmen Laura López Almaraz, como
magistrados numerario y supernumerario, respectivamente, del Tribunal Superior Agrario, y
de los ciudadanos Rafael García Simerman, Francisco Marcos Hernández Báez, Arturo Lemus
Contreras, Sara Angélica Mejía Aranda y María Antonieta Villegas López, como
magistrados numerarios de los tribunales unitarios agrarios. Sin discusión se aprueba en
votación económica. Comuníquese al Ejecutivo. La Presidencia informa que a las puertas
del Salón de Sesiones se encuentran los ciudadanos cuyos nombramientos acaban de ser
ratificados y acompañados de una comisión designada, rinden su protesta de ley.
• De la
Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del
ciudadano Héctor Reynaldo Tinoco Jaramillo, como Vocal de la Junta de Gobierno del
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Sin discusión se aprueba en votación
económica. Comuníquese al Ejecutivo. La Presidencia informa que se encuentra a las
puertas del Salón de Sesiones el ciudadano Tinoco Jaramillo, cuyo nombramiento acaba de
ser ratificado por la Asamblea, y acompañado de una comisión designada, rinde su
protesta de ley.
• Cuatro de
la Primera Comisión, con proyectos de decreto: que concede permiso a seis ciudadanos
mexicanos para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos del
Reino de España, de la República Federativa de Brasil, de Japón y de la República de
Francia; que concede permiso a seis ciudadanos mexicanos para prestar servicios en
distintos consulados de Estados Unidos de América y en la Embajada de Canadá, en
México; que concede permiso al ciudadano Francisco Javier González García, para
desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Corea en la ciudad de
Guadalajara, con circunscripción consular en el estado de Jalisco; y que concede permiso
a dos ciudadanos mexicanos para prestar servicios en la Embajada de los Países Bajos en
México. Sin que motiven discusión se aprueban los proyectos de decreto en lo general y
en lo particular por treinta y un votos en pro y ninguno en contra. Pasan al Ejecutivo
para los efectos constitucionales.
• De la
Tercera Comisión, con puntos de acuerdo para solicitar se cumplan puntualmente los
acuerdos aprobados por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de
Diputados, relativos al distrito de riego cero veinticinco. Sin discusión se aprueba en
votación económica. Comuníquese.
• De la
Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa para convocar
al Congreso de la Unión a un periodo extraordinario de sesiones. Sin discusión se
aprueba en votación económica. Archívese el expediente respectivo.
• De la
Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que se autoriza la conformación de un
grupo plural de legisladores mexicanos, para que se entreviste con miembros de los
congresos de Estados Unidos de América y de Canadá, con objeto de dialogar sobre la
situación del campo. Sin que motive discusión se aprueba en votación económica.
Comuníquese.
Presentan
proposiciones con punto de acuerdo los legisladores:
• Diputado
Francisco Guadarrama López, del Partido Acción Nacional, en relación con las finanzas
públicas del estado de México, y es interrumpido por el diputado Jorge Carlos Ramírez
Marín, del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar una moción de orden que
la Presidencia atiende. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de
la Federación de la Cámara de Diputados.
• Senador
Marcos Carlos Cruz Martínez, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar al
Presidente de la República, mantenga la postura de México a favor de la paz en el
Consejo General de la Organización de las Naciones Unidas, en relación con el conflicto
entre Estados Unidos de América e Irak. Se turna a la Segunda Comisión.
• Senador
Esteban Angeles Cerón, del Partido Revolucionario Institucional, en relación con la
posición de México en el conflicto de Estados Unidos de América e Irak. Se turna a la
Segunda Comisión.
• Diputado
Ricardo Tarcisio Navarrete Montes de Oca, del Partido Acción Nacional, en relación con
la postura de México en el conflicto de Irak. Se turna a la Segunda Comisión.
• Senador
Fidel Herrera Beltrán, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al titular
del Poder Ejecutivo Federal, a que haga uso de sus facultades en materia arancelaria, para
imponer un arancel a la importación de carne de bovino.
Presidencia del diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo
Se turna, a
solicitud hecha desde su curul por la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, del Partido
Revolucionario Institucional, a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de
Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Diputados.
• Diputado
Raúl Martínez González, del Partido Acción Nacional, para solicitar a la Auditoría
Superior de la Federación, practique una auditoría a la Universidad Autónoma de
Querétaro. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la
Federación de la Cámara de Diputados.
• Diputado
Ramón León Morales, a nombre propio y de la diputada Raquel Cortés López, ambos del
Partido de la Revolución Democrática, para solicitar la comparecencia del subsecretario
de Desarrollo Urbano y Reordenación del Territorio de la Secretaría de Desarrollo Social
y del director general del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, a fin de
que expliquen el Programa Hábitat, en especial en lo referente a los apoyos de las
personas adultas mayores. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la
Cámara de Diputados.
• Senador
Orlando Paredes Lara, del Partido Revolucionario Institucional, en relación con el manejo
de residuos sólidos municipales en Mérida, Yucatán. Se turna a la Tercera Comisión.
• Diputado
Salvador Cosío Gaona, del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar se agilice
el pago a ejidatarios afectados por la construcción de la presa Cajón de Peñas, en el
municipio de Tomatlán, Jalisco. Se turna a la Primera Comisión.
Se refiere a la
actividad proselitista del Presidente de la República, que afecta la estabilidad del
sistema democrático, el diputado Ismael Estrada Colín, del Partido Revolucionario
Institucional.
Habla sobre el
proceso electoral en el estado de México el diputado Ramón León Morales, del Partido de
la Revolución Democrática. Se refieren al mismo tema los legisladores: senadora Micaela
Aguilar González, del Partido Acción Nacional; y diputado Ismael Estrada Colín, del
Partido Revolucionario Institucional.
Rectifican
hechos los legisladores: diputado Ramón León Morales, del Partido de la Revolución
Democrática; diputado Francisco Guadarrama López y senadora Micaela Aguilar González,
ambos del Partido Acción Nacional.
Para referirse a
las declaraciones del ex presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
Eduardo Fernández García, se concede la palabra al senador Raymundo Cárdenas
Hernández, del Partido de la Revolución Democrática. Para el mismo tema suben a la
tribuna los senadores: Sara Isabel Castellanos Cortés, del Partido Verde Ecologista de
México; y Héctor Larios Córdova, del Partido Acción Nacional,
Presidencia del diputado Bernardo Borbón
Vilches
Quien acepta
interpelación del senador Raymundo Cárdenas Hernández, del Partido de la Revolución
Democrática.
Presidencia del diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo
Rectifica hechos
el senador Raymundo Cárdenas Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, y
acepta interpelación del senador Héctor Larios Córdova, del Partido Acción Nacional.
Para el mismo
tema se concede la palabra al senador Fidel Herrera Beltrán, del Partido Revolucionario
Institucional; y para rectificar hechos al diputado Ramón León Morales, del Partido de
la Revolución Democrática.
La Presidencia
rectifica el turno dado a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos
artículos de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en materia de tarifas,
presentada por el diputado Jesús Burgos Pinto, del Partido Revolucionario Institucional,
en la sesión del día veintinueve de enero de dos mil tres, y la turna a la Comisión de
Hacienda y Crédito Público, con opinión de las comisiones de Energía y de Comercio y
Fomento Industrial, de la Cámara de Diputados.
Para hablar
sobre el voto de los mexicanos en el extranjero, sube a la tribuna el diputado Ramón
León Morales, del Partido de la Revolución Democrática. Rectifican hechos los
diputados: Beatriz Elena Paredes Rangel, del Partido Revolucionario Institucional; y José
Tomás Lozano y Pardinas, del Partido Acción Nacional.
Oficio de la
senadora Leticia Burgos Ochoa, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social de la
Cámara de Senadores, con el que remite Informe relativo al Tercer Foro Parlamentario
Mundial del Foro Social Mundial. Remítase copia a las cámaras de Senadores y de
Diputados.
Agotados los
asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y
la Presidencia clausura la de hoy a las quince horas con cincuenta y siete minutos,
citando para la que tendrá lugar el miércoles cinco de marzo de dos mil tres, a las once
horas.»
El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:
Proceda la
Secretaría, a someter a discusión el acta.
El Secretario diputado José Tomás Lozano y Pardinas:
Está a
discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se
pregunta si se aprueba.
Los legisladores
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:
Aprobada el acta.
ESTADO
DE COAHUILA
La Secretaria senadora Yolanda Eugenia
González Hernández:
«Escudo.—
Coahuila de Zaragoza.— Congreso del Estado Independiente Libre y Soberano de Coahuila
de Zaragoza.— LVI Legislatura.
C. Dip. Beatriz
Elena Paredes Rangel, Presidenta de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión.— México, DF.
El H. Congreso
del estado de Coahuila de Zaragoza, en la tercera sesión de su Diputación Permanente,
correspondiente al primer periodo de receso del primer año de ejercicio constitucional de
la LVI Legislatura, celebrada el 28 de enero de 2003, aprobó el siguiente
Acuerdo
Unico. Envíese un respetuoso exhorto al C.
director general y al Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social para que,
en ejercicio de las funciones que les otorgan los ordenamientos legales vigentes, se
sirvan autorizar y girar las instrucciones necesarias a fin de que, en todo el territorio
nacional, la cuota correspondiente al seguro voluntario pueda ser cubierta en
parcialidades por quienes se encuentren en extrema pobreza, los campesinos, las personas
con capacidades diferentes y quienes constituyen la economía informal. Asimismo, se
remita al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados el presente punto de
acuerdo, para su conocimiento.
Le comunico lo
anterior para la consideración y el trámite que estime oportunos; anexo copia
fotostática simple del documento que originó el presente acuerdo.
Atentamente.
Sufragio
Efectivo. No Reelección.
Saltillo,
Coahuila, a 28 de enero de 2003. — Prof. y Lic. Alfonso
Martínez Pimentel (rúbrica), Oficial Mayor del Congreso.»
«Punto de
acuerdo que presenta el diputado Ramón Verduzco González, en representación del grupo
parlamentario “Luis Donaldo Colosio Murrieta”, del Partido Revolucionario
Institucional, sobre el pago en parcialidades del seguro voluntario que ofrece el
Instituto Mexicano del Seguro Social.
Con su permiso,
señor Presidente;compañeras y compañeros legisladores:
Los gobiernos
emanados del Partido Revolucionario Institucional, desde su fundación como Partido
Nacional Revolucionario, se comprometieron con los postulados democráticos y de justicia
social. Para su cumplimiento, diseñaron instituciones, crearon normas y emprendieron
acciones que buscaron transformar la realidad social de México y que hoy, ante un
Gobierno Federal incapaz de comprender esa realidad, cobran mayor vigencia.
Como partido en
el gobierno, el PRI logró otorgar una cobertura en servicios de seguridad social a poco
menos de 60 millones de personas. A través de las políticas de salud, alimentación y
dotación de servicios básicos, se consiguió incrementar -en sólo 50 años- el promedio
de vida de 45 a 76 años para las mujeres en 2000 y a poco más de 72 para los hombres. El
conjunto de políticas enarboladas por el Partido Revolucionario Institucional ha sido y
continúa siendo el de mayor sentido social en el país y el de mayor capacidad para la
generación del bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y sus
familias.
Hoy, es
necesario reconocer que en nuestro país la pobreza es un problema real que enfrentan
millones de familias. México, es verdad, se encuentra entre las primeras 15 economías
del mundo, pero es necesario hacer corresponder este lugar con la disminución de la
pobreza, con mayor nivel de desarrollo social, con el mejoramiento y la ampliación de los
servicios médicos y la cobertura y calidad de la infraestructura de seguridad social.
El Partido
Revolucionario Institucional asume en consecuencia que la pobreza, la desigualdad y la
carencia de un sistema de seguridad social para todos, son los principales problemas
sociales que deben atenderse desde los ámbitos de lo público y el ejercicio de la
política. Sostenemos que, en el ámbito de la política social, es imperativo que
coincidan los esfuerzos de Federación, entidades federativas, municipios y ciudadanía en
general. Por ello reiteramos la importancia de construir consensos nacionales reales para
superar la pobreza, la marginación y la desigualdad social.
Por lo
anteriormente expuesto, los diputados integrantes del grupo parlamentario “Luis
Donaldo Colosio Murrieta” de la LVI Legislatura del Congreso del estado de Coahuila
se permiten proponer un punto de acuerdo, según los siguientes
Considerandos
Que la seguridad
social está reconocida como un derecho humano no sólo en nuestra Carta Magna, sino en el
artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala: “Toda
persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener,
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la
organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos,
sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su
personalidad”.
Que, por otra
parte, el artículo XVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,
promulgada en 1948, apunta: “Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la
proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que,
provenientes de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibiliten física o
mentalmente para obtener los medios de subsistencia”.
Que el
desarrollo de una nación está íntimamente ligado a los problemas de salud que la
aquejan y que, por tanto, el desarrollo de México se ve seriamente amenazado, toda vez
que el Estado mexicano no ha sido capaz de garantizar el fácil y rápido acceso de la
población al sistema de seguridad social.
Que es una
obligación indeclinable de cualquier Estado democrático proteger a las clases más
vulnerables, por lo que es urgente adecuar el sistema nacional de salud, a fin de que se
ajuste a la realidad del país.
Que no se puede
entender la construcción de un México moderno sin que se encuentre plenamente
garantizado el acceso de las clases sociales económicamente desfavorecidas a un sistema
de seguridad social que les facilite los medios para acceder a un nivel digno de vida.
Que es necesario
diseñar esquemas que permitan a toda la población contar con servicios integrales de
seguridad social durante su vida y prever esquemas que protejan a los mexicanos que se
encuentren en situación de pobreza y no cuenten con los servicios de seguridad social
necesarios para asegurar la consolidación de un piso social básico, a fin de lograr un
bienestar mínimo indispensable.
En atención a
lo antes expuesto, solicito a esta honorable Diputación Permanente su voto favorable para
el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Envíese un respetuoso exhorto al C.
director general del Instituto Mexicano del Seguro Social para que, en ejercicio de las
funciones que le otorgan los ordenamientos legales vigentes, se sirva autorizar y girar
las instrucciones necesarias a fin de que, en todo el territorio nacional, la cuota
correspondiente al seguro voluntario pueda ser cubierta en parcialidades por quienes se
encuentren en extrema pobreza, los campesinos y quienes constituyan la economía informal.
Asimismo, se remita al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados el
presente punto de acuerdo, para su conocimiento.
Saltillo,
Coahuila, a 23 de enero de 2003. — Por el grupo parlamentario “Luis Donaldo
Colosio Murrieta”, del Partido Revolucionario Institucional Dip. Ramón Verduzco González (rúbrica),
El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:
Túrnese a la Comisión de Seguridad
Social de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
ESTADO
DE GUANAJUATO
La Secretaria senadora Yolanda Eugenia
González Hernández:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— H. Congreso del estado de Guanajuato.
CC. Secretarios
de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
Para los efectos
correspondientes, anexo me permito remitir a ustedes las consideraciones del dictamen y el
acuerdo aprobado por la Quincuagésima Octava Legislatura Constitucional del estado, en
sesión de Diputación Permanente, celebrada en esta fecha, mediante el cual se exhorta a
diversas autoridades para que se realice un análisis de la Ley de Ahorro y Crédito
Popular y el marco normativo en la materia, a fin de que se instrumenten y fomenten los
mecanismos que faciliten la organización y expansión de las sociedades cooperativas
dedicadas al ahorro y préstamo.
Aprovecho la
ocasión para reiterarles las seguridades de mi consideración distinguida.
Atentamente.
Sufragio
Efectivo. No Reelección.
Guanajuato,
Guanajuato, a 28 de enero de 2003.— Dip.
Ricardo Alfredo Ling Altamirano (rúbrica), Presidente de la Diputación Permanente
del Congreso del Estado.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— H. Congreso del estado de Guanajuato.
Acuerdo
La Diputación
Permanente de la Quincuagésima Octava Legislatura Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Guanajuato, acuerda
Primero.- El Congreso del estado de Guanajuato
envía un atento exhorto al H. Congreso de la Unión para que se realice un análisis de
la Ley de Ahorro y Crédito Popular y el marco normativo en la materia, a fin de que se
instrumenten y fomenten los mecanismos que faciliten la organización y expansión de las
sociedades cooperativas dedicadas al ahorro y préstamo.
Segundo.- Remítase el presente punto de acuerdo
al H. Congreso de la Unión para los efectos correspondientes, y a las Legislaturas de los
estados, para que se pronuncien sobre el particular.
Guanajuato,
Guanajuato, a 28 de enero de 2003. — Diputados: Ricardo
Alfredo Ling Altamirano (rúbrica), Presidente; (rúbrica),
secretario.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— H. Congreso del estado de Guanajuato.
C. Presidente de
la Diputación Permanente del Congreso del Estado.— Presente.
Los que
suscribimos, diputados ante la Quincuagésima Octava Legislatura e integrantes de la
Comisión de Desarrollo Económico y Social, con fundamento en el artículo 133 fracción
II, en relación con el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo proponemos
un punto de acuerdo mediante el cual el Congreso del estado, envía un atento exhorto al
H. Congreso de la Unión para que se realice un análisis de la Ley de Ahorro y Crédito
Popular y el marco normativo en la materia, a fin de que se instrumenten y fomenten los
mecanismos que faciliten la organización y expansión de las sociedades cooperativas
dedicadas al ahorro y préstamo, sobre la base de la siguiente
Exposición de Motivos
En la década de
los años sesenta surge el sistema de cajas populares en el país, con la finalidad de que
los habitantes de las comunidades rurales e indígenas tuvieran acceso al
autofinanciamiento, la organización de la producción y el consumo bajo el sistema no
lucrativo de la ayuda mutua.
Es hasta el año
de 1994 que se promulga la Ley General de Sociedades Cooperativas, considerando legalmente
la existencia de esas organizaciones, bajo la figura de sociedades cooperativas de ahorro
y préstamo, en ella se fomentó el desarrollo del cooperativismo, se reconocía y
promovía la capacidad autogestiva de los miembros de la sociedad civil.
El 4 de junio de
2001 fue publicada la Ley de Ahorro y Crédito Popular, misma que tiene por objeto
regular, promover y facilitar el servicio de captación de recursos y colocación de
créditos en las organizaciones no bancarias, incluyendo a las sociedades cooperativas,
sociedades financieras de objeto limitado, uniones de crédito, sociedades de ahorro y
préstamo. Sin embargo, entidades federativas como Querétaro, Tlaxcala y Oaxaca, se han
manifestado respecto a esta Ley de Ahorro y Crédito Popular, señalando que surgió sin
realizar consulta a las bases cooperativas, lesionando con ello al movimiento
cooperativista y ocasionando la inconformidad de este sector.
Asimismo, los
integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico y Social, recibimos en varias
ocasiones a representantes de la Alianza Cooperativista Nacional (Alcona), quienes
manifestaron su rechazo a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, al considerar que ésta
contiene disposiciones que dificultan la organización, funcionamiento, trayectoria,
doctrina, principios y valores que practican las sociedades cooperativas; proponiendo se
excluya de la Ley de Ahorro y Crédito Popular a las sociedades cooperativas de ahorro y
préstamo y se realice la adecuación al marco normativo de la Ley General de Sociedades
Cooperativas, a efecto de incluir un apartado especial que regule su organización,
operación y fomento, pues es el ordenamiento legal y natural para ello.
Los integrantes
de la Comisión de Desarrollo Económico y Social consideramos que es un imperativo social
el continuar apoyando el fomento, la organización y el desarrollo del cooperativismo, no
sólo en el estado de Guanajuato sino en todo el país, por ser un medio para elevar el
nivel de vida de la población. Asimismo, ante la oposición a la Ley de Ahorro y Crédito
Popular, resulta necesario que ésta se analice, junto con el resto del marco normativo en
la materia para que se instrumenten los mecanismos que faciliten la organización y
expansión económica del sector social.
Por lo
anteriormente expuesto, los diputados que integramos la Comisión de Desarrollo Económico
y Social ponemos a consideración de los integrantes de la Diputación Permanente, el
siguiente
Acuerdo
Primero. El Congreso del estado de Guanajuato
envía un atento exhorto al H. Congreso de la Unión para que se rea-lice un análisis de
la Ley de Ahorro y Crédito Popular y el marco normativo en la materia, a fin de que se
instrumenten y fomenten los mecanismos que faciliten la organización y expansión de las
sociedades cooperativas dedicadas al ahorro y préstamo.
Segundo. Remítase el presente punto de acuerdo al
H. Congreso de la Unión para los efectos correspondientes, y a las Legislaturas de los
estados, para que se pronuncien sobre el particular.
Guanajuato,
Guanajuato, a 16 de enero del año 2003.— Los diputados integrantes de la Comisión
de Desarrollo Económico y Social: Jorge Ignacio
Luna Becerra (rúbrica), Ernesto Oviedo Oviedo,
Karen Burstein Campos (rúbrica), Antonio Osorio
Cuadros (rúbrica), Antonio Rico Aguilera
(rúbrica).»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— H. Congreso del estado de Guanajuato.
Acuerdo
La Diputación
Permanente de la Quincuagésima Octava Legislatura constitucional del Estado Libre y
Soberano de Guanajuato acuerda:
Primero. El Congreso del estado de Guanajuato
envía un atento exhorto al H. Congreso de la Unión para que se realice un análisis de
la Ley de Ahorro y Crédito Popular y el marco normativo en la materia, a fin de que se
instrumenten y fomenten los mecanismos que faciliten la organización y expansión de las
sociedades cooperativas dedicadas al ahorro y préstamo.
Segundo. Remítase el presente punto de acuerdo al
H. Congreso de la Unión para los efectos correspondientes, y a las Legislaturas de los
estados, para que se pronuncien sobre el particular.
Guanajuato,
Guanajuato, 28 de enero del año 2003. — Diputados: Ricardo Ling Altamirano (rúbrica), Presidente; Federico Jaime Gómez (rúbrica), secretario. »
El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:
Túrnese a las comisiones de Hacienda
y Crédito Público y de Fomento Cooperativo y Economía Social, de la Cámara de
Diputados.
La Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— H. Congreso del estado de Guanajuato.
CC. Secretarios
de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.
Para los efectos
correspondientes, anexos me permito remitir a ustedes las consideraciones del dictamen y
el acuerdo aprobado por la Quincuagésima Octava Legislatura constitucional del estado, en
sesión de Diputación Permanente, celebrada en esta fecha, mediante el cual se solidariza
y se adhiere al acuerdo aprobado por el Congreso del estado de Jalisco a efecto de
exhortar a diversas autoridades para que sea sometido a revisión el Capítulo VII de la
Segunda Parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Aprovecho la
ocasión para reiterarles las seguridades de mi consideración distinguida.
Atentamente
Sufragio
Efectivo. No Reelección.
Guanajuato,
Gto., a 28 de enero de 2003. — Dip. Ricardo
Alfredo Ling Altamirano (rúbrica) Presidente de la Diputación Permanente del
Congreso del Estado»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— H. Congreso del estado de Guanajuato.
Acuerdo
La Diputación
Permanente de la H. Quincuagésima Octava Legislatura constitucional del Estado Libre y
Soberano de Guanajuato acuerda
Primero. El Congreso del estado de Guanajuato se
solidariza y se adhiere al acuerdo aprobado por el Congreso del estado de Jalisco a efecto
de enviar un atento exhorto al H. Congreso de la Unión y al Presidente de la República
para solicitar que sea sometido a revisión el Capítulo VII de la Segunda Parte del
TLCAN, suscrito por México, Canadá y Estados Unidos de América, el cual contiene lo
referente a la apertura comercial en el sector agropecuario.
Segundo. Remítase el presente punto de acuerdo al
H. Congreso de la Unión y al Presidente de la República, para los efectos
correspondientes; y a las Legislaturas de los estados, para que se pronuncien sobre el
particular.
Guanajuato,
Gto., a 28 de enero de 2003. — Dip. Ricardo
Alfredo Ling Altamirano (rúbrica) Presidente, Dip. Federico Jaime Gómez (rúbrica), Secretario.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— H. Congreso del estado de Guanajuato.
C. Presidente de
la Diputación Permanente del Congreso del Estado.— Presente.
A la Comisión
de Desarrollo Económico y Social le fue turnado para su estudio y dictamen el punto de
acuerdo, que remite la Quincuagésima Sexta Legislatura del estado de Jalisco, relativo a
solicitar al Presidente de la República que se someta a revisión el Capítulo VII de la
Segunda Parte del TLCAN, referente al sector agropecuario.
Analizado el
escrito de referencia y con fundamento en los artículos 137 y 138 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico y Social nos
permitimos presentar a la consideración de los integrantes de la Diputación Permanente
el siguiente
Dictamen
En el acuerdo
que se dictamina, el Congreso del estado de Jalisco expone que “el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, suscrito el 17 de diciembre de 1992 por los gobiernos de
México, de Canadá y de Estados Unidos de América y publicado el 22 de noviembre de
1993, incluye en el Capítulo VII de su Segunda Parte lo concerniente a la apertura
comercial en el sector agropecuario. Dicho Tratado fue firmado por parte del gobierno
mexicano en un contexto económico-social donde las expectativas planteadas eran mejor
empleo y mejor pagado para los mexicanos y, en el ámbito del sector agropecuario, eran
lograr un impulso a la infraestructura, a los programas sanitarios y a la investigación
de productos específicos. Sin embargo, la situación actual del campo mexicano enfrenta
una situación de crisis muy distinta de las expectativas iniciales que llevaron a la
firma del TLCAN e, inmerso en esta situación, enfrentamos a partir de este año, 2003, el
ingreso sin gravamen a través de nuestras fronteras de los productos agropecuarios
procedentes de Estados Unidos y de Canadá”.
De la misma
forma, el acuerdo que origina el presente dictamen argumenta que “las cifras no dejan
lugar a dudas sobre la grave situación actual del campo mexicano y abundan en cuanto a
este hecho evidente ya que, de acuerdo con un estudio del Instituto de Investigaciones
Económicas de la UNAM, que tiene como fuente datos del Servicio de Información y
Estadística Agroalimentaria y Pesquera de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se prevé un déficit para este año de
aproximadamente 1.943,411 millones de dólares, situación que afectará de manera directa
a 130 mil familias campesinas”.
Ello ha
provocado que los diversos Congresos locales hayan enviado atentos exhortos al H. Congreso
de la Unión y al Presidente de la República para solicitar que sea sometido a revisión
el Capítulo VII de la Segunda Parte del TLCAN, referente a la apertura comercial en el
sector agropecuario.
Por otra parte,
hemos observado que, durante nueve años de vigencia del TLCAN, éste ha tenido diversas
repercusiones en la economía nacional y, en particular, en el sector agropecuario, que se
ha visto seriamente dañado, debido a que crecientes volúmenes de productos de los dos
países vecinos se introducen en nuestro mercado, a precios con que es imposible competir.
“Las
asimetrías entre México, Canadá y Estados Unidos de América fueron uno de los
principales puntos de discusión que se dieron en las negociaciones del acuerdo comercial.
Por un lado, la alta tecnificación de la producción, particularmente en Estados Unidos
de América; y, por otro, las políticas de apoyo que se otorgan a los productores en
Canadá y en Estados Unidos les permiten obtener sus productos a precios considerablemente
menores que los mexicanos. Sin embargo, a pesar de estas diferencias entre los tres
países, y las de subsidios y desarrollo tecnológico en el campo, México optó por una
apertura radical, al comprometer todo el sector en este proceso.”
La
liberalización ha repercutido de manera distinta en los países firmantes, ya que en el
sector agropecuario hay menores costos y mayores ventajas para Estados Unidos y grandes
pérdidas para el agro mexicano. “Lo mismo cabe decir respecto al sector ganadero ya
que, de 1993 a la fecha, las importaciones de productos cárnicos se han incrementado en
300%. Las consecuencias para México del Tratado de Libre Comercio en el agro no son
favorables, y lo que ha hecho es profundizar las tendencias negativas”.
Los diputados
que integramos la Comisión de Desarrollo Económico y Social no desconocemos la
jerarquía jurídica de un tratado internacional que ha sido suscrito por México, con la
ratificación del Senado de la República. Sin embargo, es necesario reconocer que esos
efectos jurídicos, que ponen sus disposiciones en el nivel de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, han pasado por alto la consideración de que el Tratado
pone a competir en un plano de igualdad a productores completamente diferentes.
La igualdad
jurídica no se ha podido traducir en una igualdad de producción y comercialización que
permita competir de manera leal con los productos del extranjero. Por ello, coincidimos
con lo expuesto por el Congreso del estado de Jalisco, ya que, efectivamente, es urgente
que sea sometido a revisión el Capítulo VII de la Segunda Parte del TLCAN, referente al
sector agropecuario.
En virtud de lo
anterior, la Comisión de Desarrollo Económico y Social considera oportuna la adhesión
con el acuerdo emitido por el Congreso del estado de Jalisco, toda vez que nuestro deber
es velar no sólo por los intereses de los campesinos y ganaderos sino de todos los
sectores sociales y económicos del país, en congruencia con los fines sociales de la
economía que establece nuestra Carta Magna.
Por lo
anteriormente expuesto, los diputados que integramos la Comisión de Desarrollo Económico
y Social ponemos a consideración de los integrantes de la Diputación Permanente el
siguiente
Acuerdo
Primero. El Congreso del estado de Guanajuato se
solidariza y se adhiere al acuerdo aprobado por el Congreso del estado de Jalisco a efecto
de enviar un atento exhorto al H. Congreso de la Unión y al Presidente de la República
para solicitar que sea sometido a revisión el Capítulo VII de la Segunda Parte del
TLCAN, suscrito por México, Canadá y Estados Unidos de América, el cual contiene lo
referente a la apertura comercial en el sector agropecuario.
Segundo. Remítase el presente punto de acuerdo al
H. Congreso de la Unión y al Presidente de la República, para los efectos
correspondientes; y a las Legislaturas de los estados, para que se pronuncien sobre el
particular.
Guanajuato,
Gto., a 22 de enero de 2003.— Los diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo
Económico y Social: Jorge Ignacio Luna Becerra
(rúbrica), Ernesto Oviedo Oviedo, Karen Burstein Campos (rúbrica), Antonio Osorio Cuadros (rúbrica), Antonio Rico Aguilera (rúbrica). »
El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:
Remítase a la Cámara de Senadores.
ESTADO
DE GUERRERO
La Secretaria senadora Yolanda Eugenia
González Hernández:
«Escudo.—
H. Congreso del estado de Guerrero.— LVII Legislatura.
CC. Secretarios
de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
Por
instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Séptima
Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, me permito
remitirles el acuerdo parlamentario por medio del cual y con pleno respeto a la esfera de
su competencia, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a efecto de que se realice
una revisión exhaustiva del Tratado de Libre Comercio suscrito por México, Estados
Unidos y Canadá, en los rubros de alimentos para consumo humano e insumos para la
producción agropecuaria, a efecto de proponer las adecuaciones correspondientes y lograr
un equilibrio e intercambio equitativo.
Sin otro
particular, les envío un cordial saludo y mi consideración distinguida.
Atentamente.
Chilpancingo de
los Bravo, Gro., diciembre 6 de 2002. — Lic. Luis
Camacho Mancilla, Oficial Mayor del Honorable Congreso del Estado.»
«La
Quincuagésima Séptima Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, en nombre del pueblo que representa, y
Considerando
Primero. Que es
motivo de gran preocupación para quienes integramos la Cámara de Diputados del estado de
Guerrero, el hecho de que las disposiciones en materia de agroalimentos y materias primas
de origen agropecuario, contenidas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
algunos a partir del primero de enero de 2003 y otros posteriormente, quedarán
prácticamente sin arancel alguno.
Segundo. Que las
condiciones adversas de competencia, así como factores externos de cambio climático han
impedido el pleno desarrollo del campo mexicano lo que lo mantiene en condiciones
precarias y desfavorables, que redundan en una producción insuficiente para cubrir los
requerimientos en materia alimentaria de la nación mexicana.
Tercero. Que por
las razones anteriormente vertidas, se hace necesario formular una nueva política
pública de inversión al campo que contemple objetivos claros, metas verificables y
mecanismos precisos de instrumentación que permitan un desarrollo sostenido del sector y
fortalecer con ello nuestra soberanía alimentaria.
Cuarto. Que la
sobrevaluación del peso frente al dólar ha provocado la disminución de nuestros
productos del campo, y considerando las dramáticas asimetrías en la estructura
productiva entre México y sus socios comerciales, Estados Unidos de América y Canadá,
las cuales no es posible ignorar, se reconoce la necesidad de homologar subsidios a todos
los productos que contempla el citado acuerdo comercial.
Quinto. Que las
duras condiciones nacionales se observan en mayor proporción en el campo guerrerense, las
cuales han impactado profundamente en forma negativa, principalmente en los productos de
fuerte tradición en nuestra entidad, como mango, copra, café, limón mexicano, melón y
miel, entre otros, que entrarán en vigor posteriormente como el frijol, arroz y maíz,
así como la actividad bovina.
Sexto. Que con
base en lo anterior, esta soberanía popular, considera necesario solicitar al titular del
Ejecutivo Federal, con objeto de que realice una revisión exhaustiva del apartado
agrícola del Tratado de Libre Comercio suscrito con Estados Unidos de América y Canadá,
así como solicitar al Senado de la República, el informe que el Ejecutivo le rinda al
respecto.
Séptimo. Que el
ánimo de encontrar acuerdos estratégicos entre las diversas fuerzas políticas del
Estado, nos impulsa a promover una política para el campo de igualdad y equidad que sea
eficaz y eficiente para el desarrollo social de nuestro pueblo.
Por lo
anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8o. de la
Constitución Política local y 127, párrafos primero y cuarto de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo en vigor, la Quincuagésima Séptima Legislatura del honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en nombre del pueblo que representa, tiene a bien
expedir el siguiente
Acuerdo Parlamentario
Artículo Primero. Esta soberanía popular, con
pleno respeto a la esfera de competencia, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a
efecto de que se realice una revisión exhaustiva del Tratado de Libre Comercio suscrito
por México, Estados Unidos y Canadá, en los rubros de alimentos para consumo humano e
insumos para la producción agropecuaria, a efecto de proponer las adecuaciones
correspondientes y lograr un equilibrio e intercambio equitativo entre los tres países
signantes, en razón de la evidente desigualdad en costos de producción, que no son
favorables a México y que afectarán profundamente al sector agropecuario y a los
consumidores mexicanos en el 2003, al abrirse la frontera norte a la libre importación de
granos, cárnicos y alimentos en general.
Artículo Segundo. Se exhorta al Poder Ejecutivo
Federal a iniciar de manera inmediata las negociaciones con sus contrapartes del TLCAN
para hacer una revisión exhaustiva del Capítulo Agropecuario y combatir con acciones
concretas sus efectos adversos.
Artículo Tercero. En el marco de la Convención
de Viena Sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales,
del 21 de marzo de 1986, nuestro país sustente legalmente una suspensión temporal del
Capítulo Agropecuario del TLCAN, como consecuencia de un cambio sustancial, en materia
específica de subsidios, de las circunstancias actuales respecto de las prevalecientes al
momento en que se llevó a cabo la firma y ratificación del Tratado mencionado.
Artículo Cuarto. Se solicita respetuosamente que
el Poder Ejecutivo Federal haga de conocimiento del Senado de la República, las acciones
que implementará para contrarrestar las duras condiciones actuales del campo guerrerense
en los productos citados en el considerando quinto del presente acuerdo, a fin de
otorgarle viabilidad y propiciar su desarrollo para beneficio de un mayor número de sus
pobladores.
Artículo Quinto. Esta soberanía, en forma
respetuosa y con pleno respeto a la división de poderes y la esfera de competencia,
acuerda solicitar al Senado de la República, el informe que el Ejecutivo Federal le haga
llegar respecto al motivo del presente exhorto.
Artículo Sexto. Esta representación popular,
respetuosa del ámbito de competencia, exhorta a las legislaturas de los estados y a la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a efecto de que se pronuncien a favor del
presente acuerdo, con la finalidad de que mediante la suma de esfuerzos, se lleve a cabo
la revisión solicitada.
Artículo Séptimo. Remítase el presente acuerdo
parlamentario al titular del Poder Ejecutivo Federal; al Senado de la República; a las
legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para su
conocimiento y efectos legales procedentes.
Transitorios
Primero. El presente acuerdo parlamentario
surtirá efectos a partir de la fecha de su aprobación.
Segundo. Publíquese el presente acuerdo
parlamentario en el Periódico Oficial del gobierno del estado, para el conocimiento
general y efectos legales procedentes.
Dado en el
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, a los cinco días del mes de diciembre
del año 2002.— Diputados: Carlos Sánchez
Barrios (rúbrica), Presidente; Marco A. de la
Mora Torreblanca (rúbrica), secretario; Félix
Bautista Matías (rúbrica), secretario.»
El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:
Remítase a la Cámara de Senadores.
ESTADO
DE NUEVO LEON
La Secretaria senadora Yolanda Eugenia
González Hernández:
«Escudo.—
H. Congreso del estado de Nuevo León.— LXIX Legislatura.— Secretaría.
C. Presidente de
la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente
Por
instrucciones del C. Presidente de este Poder Legislativo, acompañamos al presente copia
del dictamen aprobado durante la sesión de hoy relativo a diversos planteamientos en
materia de la aplicación de las tarifas eléctricas en el estado de Nuevo León.
Sin otro
particular, reciba un cordial saludo.
Atentamente.
Sufragio
Efectivo. No Reelección.
Monterrey, NL, a
29 de enero del 2003. — Dip. Miguel Angel
Sánchez Obregón (rúbrica), Secretario, Dip. David
Puente Rodríguez (rúbrica), Secretario.»
«Escudo.—
H. Congreso del estado de Nuevo León.— LXIX Legislatura.— Sala de Comisiones.
Honorable
Asamblea:
A esta Comisión
de Desarrollo Humano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 66 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, así como 37 y 39 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso del estado, le fueron turnados:
Primero. Escrito
registrado con el número 1708, presentado por el diputado Pedro Vázquez González, en
fecha 31 de enero de 2002, mediante el cual propone proyecto de acuerdo para solicitar que
esta Legislatura se pronuncie para rechazar la desaparición del subsidio a las tarifas
eléctricas residenciales y cualquier alza adicional a las mismas, así como solicitar la
aplicación de la tarifa 1C para los municipios del estado de Nuevo León durante la
temporada de verano.
Señala el
promovente que las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Energía, anunciaron
la desaparición del subsidio a las tarifas eléctricas domésticas, así como la
aplicación de un alza adicional; que hasta la fecha no se ha precisado cuáles segmentos
de los consumidores pagarán más, al no haberse publicado en el Diario Oficial de la Federación las nuevas tarifas
eléctricas para efectos de los costos de facturación por consumo de kilowatt-hora.
El grupo
legislativo del Partido del Trabajo hace manifiesta su oposición y rechazo a cualquier
decisión de incrementar desmedidamente las tarifas eléctricas residenciales y
desaparecer el subsidio para el fluido eléctrico, una aportación gubernamental que
apenas se empezó a desglosar en los recibos bimestrales que la Comisión Federal de
Electricidad emite.
Termina
expresando que por lo anteriormente expuesto está planteando que la Diputación
Permanente, en solidaridad con el rechazo generalizado de la ciudadanía a la impopular
medida, apruebe y comunique a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito
Público, y de Energía, un punto de acuerdo en el cual exprese que la LXIX Legislatura al
Congreso del estado de Nuevo León rechaza la desaparición del subsidio a las tarifas
eléctricas residenciales y cualquier alza adicional a las mismas de manera desmedida,
así como reiterar la petición de que se aplique la tarifa preferencial 1C para los
municipios del estado de Nuevo León durante la temporada de verano.
Segundo. Escrito
con número de registro 1808, presentado en fecha 29 de mayo de 2002, por los CC.
diputados Adrián Villagómez García y Miguel Angel Sánchez Obregón, mediante el cual
solicitan y proponen un punto de acuerdo para que esta Legislatura solicite al Presidente
de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, que a través de las dependencias
correspondientes como son la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de
Electricidad, se consideren también los municipios de Allende y Cadereyta Jiménez, NL,
para efectos de la aplicación de la tarifa 1C en el servicio de energía eléctrica.
Manifiestan los
promoventes que “la problemática de las altas tarifas del servicio de energía
eléctrica, se ha dejado sentir en todo el estado”.
Refieren que la
población de la región citrícola del estado no es ajena a esta problemática, ya que
surgen por la carga de los montos de los recibos del servicio de energía eléctrica.
Expresan que
“adicionalmente es de considerarse que con la entrada en vigor de la tarifa 1C muchos
neoleoneses se verán beneficiados”.
Continúan
señalando que “llama la atención que en el acuerdo para cambiar la tarifa 1B a 1C
se haya dejado de considerar a los municipios de Allende y de Cadereyta que al igual del
resto del estado y particularmente de los municipios con que colindan, también sufren de
extremismo climático en que se ha justificado el cambio tarifario”.
Concluyen su
escrito manifestando que en virtud de los hechos anteriormente narrados, solicitan un
punto de acuerdo para que este Congreso solicite al Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, a través de las dependencias correspondientes, como son la Secretaría de
Energía y la Comisión Federal de Electricidad, que se consideren también los municipios
de Allende y Cadereyta Jiménez, NL, para efectos de la aplicación de la tarifa 1C en el
servicio de energía eléctrica.
Tercero. Escrito
de número 1809 presentado por el C. diputado Adrián Villagómez García, en fecha 29 de
mayo de 2002, mediante el cual solicita y propone un punto de acuerdo para que esta
Legislatura solicite al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada,
que a través de las dependencias correspondientes, como son la Secretaría de Energía y
la Comisión Federal de Electricidad, se consideren también los meses de marzo y abril
como parte del periodo de verano determinado por la autoridad federal para el efecto del
cobro a un costo menor que el establecido para los meses que se consideran como periodo de
invierno.
Manifiesta el
promovente que “durante mucho tiempo fue un reclamo de los neoleoneses que la
Comisión Federal de Electricidad nos considerase, dado el extremismo climático en que
vivimos, con una tarifa distinta, es decir pasar de la tarifa 1B a la tarifa 1C y con ello
tener un costo menos oneroso por dicho servicio público”.
Comenta que las
autoridades de la CFE han atendido la exigencia mencionada, pero al mismo tiempo el
gobierno en turno ha eliminado el subsidio que recibía la más amplia capa de la
población y las tarifas se vuelven a incrementar.
Considera que el
“beneficio” que por su parte la Comisión Federal de Electricidad trata de
explicar, ha resultado “más caro que la enfermedad”.
Expresa que
independientemente de que se mantengan vigentes en la demanda de sus representados en el
sentido de que se dé marcha atrás a la eliminación del subsidio al servicio
domiciliario, se pronuncian a favor de que se haga una revisión de la temporalidad de
aplicación de cada tarifa, determinando que en la aplicación de la tarifa 1C también se
consideren los meses de marzo y abril.
Concluye su
escrito manifestando que, en virtud de los hechos anteriormente narrados, solicita un
punto de acuerdo para que este Congreso solicite al Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, a través de las dependencias correspondientes, como son la Secretaría de
Energía y Comisión Federal de Electricidad, que se consideren también los meses de
marzo y abril como parte del periodo de verano determinado por la autoridad federal para
el efecto del cobro a un costo menor que el establecido para los meses que se consideran
como periodo de invierno.
Cuarto. Escrito
con número de registro 1990 presentado por los CC. diputados Abraham Colunga Flores,
Pedro Vázquez González y Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, en fecha 18 de
septiembre de 2002, mediante el cual solicitan la aprobación de un punto de acuerdo a
efecto de que este Congreso solicite al C. Presidente de la República que deje sin efecto
el acuerdo publicado en el Diario Oficial de
la Federación de fecha 7 de febrero de 2002, relativo a la reducción del subsidio a las
tarifas domésticas del servicio público de energía eléctrica; que realice un estudio
en el cual participen representantes de la Comisión Federal de Electricidad, la
Secretaría de Economía y la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, y con base en los resultados del mismo, determine los
sectores prioritarios que deban recibir los subsidios, a efecto de emitir un nuevo acuerdo
y resuelva la propuesta presentada por los senadores y diputados campesinos del Congreso
de la Unión, de reducir la tarifa de energía eléctrica para el sector campesino.
Señalan los
promoventes que los integrantes de la LXIX Legislatura han manifestado reiteradamente su
preocupación por defender los intereses de los neoleoneses, sobre todo los que afectan
directamente su calidad de vida; han realizado acciones para gestionar ante las
autoridades federales la determinación de tarifas preferentes a las municipalidades del
estado, considerando esencialmente las altas temperaturas que les afectan y han pugnado
porque los sectores más desprotegidos de la población no se vean perjudicados por
acciones gubernamentales en esta materia.
Continúan
expresando que el acuerdo por el cual el Gobierno Federal autorizó el ajuste,
modificación y reestructuración a las tarifas para el suministro y venta de la energía
eléctrica, y reduce el subsidio a las tarifas eléctricas, publicado el pasado 7 de
febrero del año en curso, lesionó gravemente la economía de los hogares de más bajos
ingresos, por lo cual coinciden en afirmar que la determinación para disminuir el
subsidio a las tarifas de la energía, en términos reales, lejos de reducir sus montos ha
significado un incremento desmedido a las mismas.
Asimismo,
señalan que a nivel nacional se han convocado acciones para atender la problemática de
los usuarios de la energía eléctrica del sector agrario; en tal virtud se celebraron
reuniones los días 19 de junio y 23 de julio del presente año, con el director general
de la Comisión Federal de Electricidad y diversas personalidades de representación
social, entre las que se encontraban integrantes de los diversos partidos políticos,
expresando que los acuerdos a la fecha logrados han resultado insuficientes para atender
la gran demanda social en relación con los incrementos de los costos de la energía
eléctrica y prevenir el impacto negativo que ello representa para la economía familiar.
En este tenor,
el pasado 10 de septiembre de 2002 se aprobó en el Senado de la República un punto de
acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal que se restituyan los subsidios a las altas
tarifas eléctricas, a propuesta del Partido Revolucionario Institucional y con el voto a
favor de los diputados del PRD y algunos legisladores del PAN.
En la misma
fecha se presentó en la Cámara de Diputados una propuesta en ese sentido, por la bancada
del PRD, misma que recibió el apoyo de los diputados priístas.
Terminan
expresando que por estas razones, sumándose a los esfuerzos encaminados a procurar un
mejor nivel de vida de los neoleoneses y de los mexicanos en general, los coordinadores de
los grupos legislativos representados ante este Congreso del estado de Nuevo León.
Quinto. Escrito
presentado registrado bajo el número 2058 por las CC. Liliana Flores Benavides, María
Esperanza Magallanes Terrones y Simona Reyna Rodríguez, en fecha 6 de noviembre de 2002,
mediante el cual solicitan la intervención de este Congreso para que con carácter de
urgente se plantee ante el Congreso de la Unión que en el marco de la aprobación de la
Ley de Ingresos para el año 2003, en la mesa de negociación se maneje el tema de las
tarifas eléctricas justas como primera prioridad para el pueblo de México y de Nuevo
León y a su vez se forme una comisión plural para gestionar, a nivel federal, continuar
con la tarifa 1C tomando en consideración los recursos que esta entidad aporta a la
Federación.
Señalan las
promoventes que el día 1o. de noviembre los usuarios de energía eléctrica en el estado,
que durante seis meses pagaron la tarifa 1C, pasaron a la tarifa 1B, sin subsidio.
Continúan
expresando que el incremento a las tarifas eléctricas va a perjudicar a las familias
menos favorecidas económicamente, encontrándose entre la disyuntiva de comer o pagar los
servicios de sus hogares.
Concluyen
señalando que ante esta problemática es urgente que el Poder Legislativo de Nuevo León
se pronuncie, por lo cual solicita sea aprobado el siguiente punto de acuerdo:
1. Que el
Congreso de Nuevo León plantee con carácter de urgente al Congreso de la Unión que en
el marco de la aprobación de la Ley de Ingresos para el año 2003, en la mesa de
negociación el tema de las tarifas eléctricas justas es de primera prioridad para el
pueblo de México y de Nuevo León.
2. Que se forme
una comisión plural para gestionar a nivel federal, continuar con la tarifa 1C tomando en
consideración los recursos que esta entidad aporta a la Federación.
Considerandos
Es deber de esta
Comisión de Desarrollo Humano el atender y dar cauce a las peticiones de los ciudadanos
neoleoneses que solicitan el apoyo o intervención de este Poder Legislativo, de acuerdo
con lo que marca el inciso i) de la fracción IV del artículo 39 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso del estado de Nuevo León.
Con base en el
anterior fundamento, quienes integramos la Comisión que suscribe el presente dictamen
hemos estudiado los cinco escritos presentados a esta representación popular, descritos
anteriormente, por lo que hacemos del conocimiento del Pleno las siguientes
consideraciones:
Como lo señalan
los promoventes en sus escritos de cuenta, existe un desacuerdo por parte de los
habitantes del estado, en razón de los altos costos de las tarifas aplicadas en la
entidad a los servicios de energía eléctrica, y en tal sentido hacen una serie de
solicitudes, todas con la finalidad de lograr que el costo del mencionado servicio sea
disminuido.
Los integrantes
de la Comisión de Desarrollo Humano estamos conscientes de la problemática planteada por
los promoventes en relación con la tarifa del mencionado servicio y coincidimos con ellas
en el sentido de que las autoridades deben de analizar la totalidad de los factores que
influyen en la entidad al momento de hacer los incrementos a las mismas, por lo que, con
fundamento en lo establecido en el artículo 109 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso del estado, consideramos importante que estas solicitudes sean revisadas por
las autoridades competentes para que, en el ámbito de sus atribuciones, se tomen en
cuenta y procedan a realizar las acciones que estimen convenientes, en aras de beneficiar
a todos los sectores de la población neoleonesa.
En consecuencia,
y en cumplimiento al mandato legal invocado al inicio de los considerandos de este
dictamen, consideramos conveniente remitir el presente dictamen así como los expedientes
que lo motivan, a la Secretaría de Energía del Poder Ejecutivo Federal, al considerar
que es la autoridad competente para conocer de esta problemática, atendiendo a lo
estipulado en el artículo 33, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, que a la letra establece:
“Artículo 33. A la Secretaría de Energía
corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
VIII. Realizar y
promover estudios e investigaciones sobre ahorro de energía, estructuras, costos,
proyectos, mercados, precios y tarifas, activos, procedimientos, reglas, normas y demás
aspectos relacionados con el sector energético, y proponer, en su caso, las acciones
conducentes.
En este contexto
y en lo referente a la propuesta con número de expediente 1708 del diputado Pedro
Vázquez González, quienes elaboramos el presente dictamen consideramos conveniente
turnarla a la Secretaría de Energía del Ejecutivo Federal, para que ésta considere y
estudie la factibilidad de reinstalar el subsidio a las tarifas de energía eléctrica,
así como la aplicación de nueva cuenta de la tarifa preferencial 1C, que cabe señalar,
fue creada e instituida por el C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, Vicente Fox Quesada.
Asimismo,
después de hacer el análisis correspondiente a los expedientes 1808, 1809 y 1990, hemos
concluido también en la conveniencia de hacer del conocimiento de los mismos a la citada
Secretaría de Energía, para que ésta, de igual forma, tome las medidas y realice los
estudios conducentes.
Por último, al
estudiar de fondo la propuesta planteada por las autoras del escrito con número de
expediente 2058, hemos encontrado que la misma ha quedado sin efecto ya que se refiere a
una solicitud para que este Congreso intervenga ante el Congreso de la Unión con la
finalidad de que en los ingresos del 2003 se tome como primera prioridad el análisis de
las tarifas de la energía eléctrica, y la Ley de Ingresos correspondiente al presente
año ya ha sido aprobada.
Es así que en
razón de lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de esta Comisión de
Desarrollo Humano sometemos al criterio de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto
de
Acuerdo
Primero. La LXIX Legislatura al Congreso del
estado de Nuevo León acuerda girar copia del presente dictamen así como de los
expedientes 1708, 1808, 1809 y 1990 a la Secretaría de Energía del Poder Ejecutivo
Federal, para que ésta considere los planteamientos que en los mismos se contienen y de
estimarlo conducente determine las acciones correspondientes.
Segundo. Se da por atendida la petición planteada
en el escrito con número de expediente 2058, en fecha 6 de noviembre de 2002, por las
consideraciones vertidas en el cuerpo del presente dictamen.
Tercero. Gírese copia del presente dictamen a las
Legislaturas de los estados para su conocimiento.
Cuarto. Comuníquese el presente a los promoventes
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso del estado.
Quinto. Archívese y téngase por concluido el
presente asunto.
Monterrey, Nuevo
León, a 29 de enero de 2003.— Comisión de Desarrollo Humano: Dip. Ramiro Moreno Ortega, Presidente; Dip. Oscar González Valle, vicepresidente; Dip. Gustavo Ramírez Villarreal, secretario; Dip. Alfredo Garza Reyna, vocal; Dip. Marcela Guerra Castillo, vocal; Dip. Santiago González Soto, vocal; Dip. José Ricardo Villarreal Barbarín, vocal; Dip. Ernesto Tijerina Cantú, vocal; Dip. Jorge Ruiz García, vocal; Dip. Humberto Treviño Landois, vocal; Dip. Francisco Javier Martínez Oviedo, vocal
(rúbricas). »
El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:
Túrnese a la Comisión de Energía de
la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
ESTADO
DE SINALOA
La Secretaria senadora Yolanda Eugenia
González Hernández:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Congreso del Estado Libre y Soberano de
Sinaloa.
CC. Secretarios
de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Palacio Legislativo, México,
DF.
Por medio de la
presente nos permitimos comunicar a ustedes que la Quincuagésima Séptima Legislatura del
H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa abrió y clausuró hoy, martes 20 de
agosto, su segundo periodo extraordinario de sesiones, correspondiente al primer año de
su ejercicio constitucional, quedando en funciones la Diputación Permanente:
Propietarios:
Dip. Jesús Alberto Aguilar Padilla, Dip. Alejandro Camacho Mendoza, Dip. Imelda Castro
Castro, Dip. Francisco Javier Luna Beltrán, Dip. Gustavo Soto Portillo, Dip. Miguel Angel
García Granados, Dip. Carlos Alberto Báez Montes; suplentes: Dip. Amadeo Zazueta
Lafarga, Dip. Raúl de Jesús Elenes Angulo, Dip. Arturo Sánchez Sainz, Dip. Saúl Pérez
Parra.
Lo comunicamos a
ustedes para su conocimiento y efectos legales correspondientes.
Atentamente.
Sufragio
Efectivo. No Reelección.
Culiacán
Rosales, Sin., a 20 de agosto de 2002. — Lic.
José Antonio García Becerra (rúbrica), Secretario General del H. Congreso del
Estado de Sinaloa .»
El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:
De enterado.
La Secretaria senadora Yolanda Eugenia
González Hernández:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Congreso del Estado Libre y Soberano de
Sinaloa.
CC. Secretarios
de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.— Palacio Legislativo.—
México, DF.
Por medio de la
presente, nos permitimos comunicar a ustedes que la Quincuagésima Séptima Legislatura
del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, abrió y clausuró el día de hoy
sábado 30 de noviembre, su cuarto periodo extraordinario de sesiones, correspondiente al
primer año de ejercicio constitucional, cuyo único objetivo fue el de recibir el Cuarto
Informe de Gobierno. Asimismo, la integración de la Mesa Directiva que fungió en esta
sesión solemne quedó integrada de la siguiente manera:
Presidente: Dip.
Miguel Angel García Granados, Vicepresidente: Dip. Juan Antonio Guerrero Quintero,
Vicepresidente: Dip. Raúl de Jesús Elenes Angulo, Secretaria: Dip. María Victoria Vega
Gastélum, Secretario: Dip. Justo Puerta Mariscal, Prosecretario: Dip. Gilberto García
Echeagaray, Prosecretario: Dip. Marco Antonio Camacho Gastélum.
Lo que
comunicamos a ustedes para su conocimiento y efectos legales correspondientes.
Atentamente.
Sufragio
Efectivo. No Reelección.
Culiacán
Rosales, Sin., a 30 de noviembre de 2002. — Lic. José Antonio García Becerra (rúbrica),
Secretario General del H. Congreso del Estado de Sinaloa.»
El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:
De enterado.
La Secretaria senadora Yolanda Eugenia
González Hernández:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Congreso del Estado Libre y Soberano de
Sinaloa.
CC. Secretarios
de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.— Palacio Legislativo.—
México, DF.
Por medio de la
presente, nos permitimos comunicar a ustedes que la Quincuagésima Séptima Legislatura
del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, abrió el día de hoy domingo 1o.
de diciembre, su primer periodo ordinario de sesiones, correspondiente al segundo año de
ejercicio constitucional; asimismo, se eligió la Mesa Directiva que fungirá durante el
mes de diciembre, quedando integrada de la siguiente manera:
Presidente: Dip.
Saúl Pérez Parra, Vicepresidente, Dip. Juan Antonio Guerrero Quintero, Vicepresidente:
Dip. Justo Puerta Mariscal, Secretario: Dip. Domingo Ramírez Armenta, Secretario: Dip.
Marco Antonio Camacho Gastélum, Prosecretaria: Dip. Florina Judith Olivarría Crespo,
Prosecretario: Dip. Gilberto García Echeagaray.
Lo que
comunicamos a ustedes para su conocimiento y efectos legales correspondientes.
Atentamente.
Sufragio
Efectivo. No Reelección.
Culiacán
Rosales, Sin., a 1o. de diciembre de 2002.— Lic. José Antonio García Becerra (rúbrica),
Secretario General del H. Congreso del Estado de Sinaloa.»
El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:
De enterado.
ESTADO
DE SONORA
La Secretaria senadora Yolanda Eugenia
González Hernández:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Congreso del Estado Libre y Soberano de
Sonora, Hermosillo.
H. Congreso de
la Unión.— México, DF.
La LVI
Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sonora, en sesión celebrada el
día de hoy, previa las formalidades de estilo, procedió a la designación de la Mesa
Directiva que funcionará durante el mes de diciembre del presente año, habiendo quedado
integrada de la siguiente manera:
Presidente:
Ricardo Rivera Galindo, Vicepresidente: José René Noriega Gómez, Secretario: Daniel
Hidalgo Hurtado, Secretario: Heleodoro Pacheco Vázquez, Suplente: Marco Antonio Coronado
Acuña.
Lo que nos
permitimos comunicar a usted para su conocimiento y demás fines.
Atentamente.
Sufragio
Efectivo. No Reelección.
Hermosillo,
Sonora, 30 de noviembre de 2002. — Diputados: Gustavo
I. Mendívil Amparan (rúbrica), secretario; C. Heleodoro
Pacheco Vázquez (rúbrica), secretario.»
El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:
De enterado.
La Secretaria senadora Yolanda Eugenia
González Hernández:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Congreso del Estado Libre y Soberano de
Sonora, Hermosillo.
H. Congreso de
la Unión.— México, DF.
La LVI
Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sonora, en sesión celebrada el
día de hoy, de conformidad con lo establecido por el artículo 102 del Reglamento
Interior de este órgano legislativo, previa las formalidades de estilo, procedió a la
designación de la Mesa Directiva de su Diputación Permanente que funcionará durante el
presente periodo de receso, habiendo quedado integrada de la siguiente manera:
Presidente: Dip.
Heleodoro Pacheco Vázquez, Vicepresidente: Dip. Alfredo López Aceves, Secretario: Dip.
Jesús Avila Godoy, Suplente: Dip. María Lourdes Cruz Ochoa, Suplente: Dip. Mario
Barceló Abril.
Lo que nos
permitimos comunicar a usted para su conocimiento y demás fines.
Atentamente.
Sufragio
Efectivo. No Reelección.
Hermosillo,
Sonora, 21 de diciembre de 2002. — Diputados: Daniel
Hidalgo Hurtado (rúbrica), secretario; C. Heleodoro
Pacheco Vázquez (rúbrica), secretario.»
El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:
De enterado.
La Secretaria senadora Yolanda Eugenia
González Hernández:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Congreso del Estado Libre y Soberano de
Sonora, Hermosillo.
H. Congreso de
la Unión.— Presente.
La LVI
Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sonora, inauguró, previas las
formalidades de estilo, la sesión extraordinaria a que fue convocada por su Diputación
Permanente, mediante convocatoria aprobada en sesión celebrada el día 20 de enero del
año en curso, quedando integrada la Mesa Directiva que funcionará durante el citado
periodo, en la forma siguiente:
Presidente: Dip.
Gustavo I. Mendívil Amparan, Vicepresidente: Dip. José René Noriega Gómez, Secretario:
Dip. Onésimo Aguilera Burrola, Secretaria: Dip. Hildelisa González Morales, Suplente:
Dip. Antonio Leyva Duarte.
Lo que nos
permitimos comunicar a usted para su conocimiento y efectos legales correspondientes.
Atentamente.
Sufragio
Efectivo. No Reelección.
Hermosillo,
Sonora, 22 de enero de 2003.— Dip. Jesús Avila
Godoy (rúbrica), secretario.»
El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:
De enterado.
COMISION NACIONAL DEL SISTEMADE AHORRO PARA EL RETIRO
La Secretaria senadora Yolanda Eugenia
González Hernández:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.— Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
Dip. Eric Eber
Villanueva Mukul, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión.— Presente.
Con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 5o., fracción XIII, 8o., fracción VIII, y 12
fracciones III, VIII y XIII de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y 98 de su
Reglamento, respetuosamente me permito enviar a usted, en original y dos copias, el
informe semestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro,* correspondiente al periodo julio-diciembre de
2002, que fue aprobado por la Junta de Gobierno de la Consar en su cuadragésima sesión
ordinaria, celebrada el pasado 26 de febrero, solicitándole sea el conducto para turnar
un ejemplar del documento a las Cámaras de Diputados y de Senadores del H. Congreso de la
Unión.
Reitero a usted
las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.
Atentamente.
México, DF, a
27 de febrero de 2003.— Mario Gabriel Budebo
(rúbrica), Presidente.»
*El informe semestral sobre la situación que guardan los Sistemas
de Ahorro para el Retiro se encuentra al final de esta sesión en la página 173, volumen
II.
El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:
Recibo y túrnese a las comisiones de
Hacienda y Crédito Público y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados y
de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.
DIPUTADO
QUE SE REINCORPORA
La Secretaria senadora Yolanda Eugenia
González Hernández:
«Dip. Fed. Eric
Eber Villanueva Mukul, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de
Diputados.— Presente
El que suscribe,
diputado federal por el XXV distrito, en Iztapalapa, DF, y que actualmente cuenta con
licencia debidamente aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados de la LVII
Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 62 y 78 fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, hace de su conocimiento su solicitud de reincorporarse a las labores que, como
legislador, le fueron conferidas a partir del día en que se inicie el nuevo periodo
ordinario de sesiones.
De igual forma,
tengo a bien solicitar que se dé cuenta al Pleno de nuestro órgano colegiado del
presente oficio y se instruya a quien corresponda a efecto de que se realicen los
trámites administrativos relativos a la presente solicitud.
Sin otro en
particular, le reitero mi más atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
México, DF, a 3
de marzo de 2003.— Lic. Víctor Hugo Círigo
Vázquez (rúbrica).»
El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:
De enterado y comuníquese a la
Cámara de Diputados.
LEY
DE TRANSPORTE FERROVIARIO
La Secretaria senadora Yolanda Eugenia
González Hernández:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.— Comisión de Comunicaciones.
Dip. Eric Eber
Villanueva Mukul, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.—
Presente.
Por medio de la
presente y con fundamento en el acuerdo tomado por las Mesas Directivas de las Comisiones
de Comunicaciones, y de Transportes de la LVIII Legislatura para la atención de los
asuntos del sector comunicaciones y transportes, asentado en la minuta de reunión de
trabajo de las Comisiones Unidas, de fecha 12 de diciembre de 2000, publicada en la Gaceta Parlamentaria el 26 de marzo de 2001, me
permito hacer de su conocimiento que la Comisión de Comunicaciones, que me honro en
presidir, tiene a bien declinar la competencia para estudiar y dictaminar la iniciativa de
Ley de Transporte Ferroviario, sus Servicios Auxiliares y Vías Férreas, presentada por
el Dip. Salvador Rocha Díaz ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión en
la sesión del 19 de febrero de 2003.
Lo anterior, por
tratarse de un asunto de competencia exclusiva de la Comisión de Transportes de esta H.
Cámara de Diputados. Asimismo, le solicito tenga a bien instruir a la Secretaría
correspondiente para que rectifique el turno de la iniciativa a dicha Comisión y ordene
que se realice el descargo de la misma por lo que respecta a la Comisión de
Comunicaciones.
Anexo a la
presente copia de la minuta citada en el primer párrafo del presente oficio.
Sin otro
particular, reciba un saludo cordial.
Atentamente.
Palacio
Legislativo, a 27 de febrero de 2003.— Dip.
Jesús Orozco Alfaro (rúbrica) Presidente.»
El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:
Túrnese a la Comisión de Transportes
de la Cámara de Diputados.
ARTICULO
117 CONSTITUCIONAL
La Secretaria senadora Yolanda Eugenia
González Hernández:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder
Legislativo.— Secretaría del Congreso.
H. Congreso de
la Unión.— México, DF.
La
Quincuagésima Sexta Legislatura del honorable Congreso del estado de Jalisco, en sesión
de fecha 18 de febrero del presente año, aprobó el acuerdo económico número 865/03,
del que le anexo copia para los efectos legales procedentes, mediante el cual el Congreso
del Estado Libre y Soberano de Jalisco pone a consideración del honorable Congreso de la
Unión, con fundamento en la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política
Federal, iniciativa de decreto mediante la cual se reforma la fracción VIII del artículo
117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por
instrucciones de la Directiva de esta honorable soberanía jalisciense, hago de su
conocimiento lo anterior en vía de notificación personal y para los efectos legales
subsecuentes.
Atentamente.
Sufragio
Efectivo. No Reelección.
Guadalajara,
Jalisco, a 18 de febrero de 2003.— LCTC Leonardo
García Camarena (rúbrica), Oficial Mayor.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder
Legislativo.— Secretaría del Congreso.
Ciudadanos
diputados:
El que suscribe,
diputado José Trinidad Muñoz Pérez, haciendo uso de la facultad que me confiere el
artículo 28, fracción I, de la Constitución Política del estado de Jalisco, y de
conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 85, 88 y 90, tercer
párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a la consideración de esta
soberanía iniciativa de acuerdo económico que remite una iniciativa de ley con proyecto
de decreto al H. Congreso de la Unión, la cual sustento en las siguientes
Consideraciones
I. La
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al regular lo relativo a la
iniciativa y formación de leyes competencia del orden federal, establece en el artículo
71 que el derecho de iniciar leyes o decretos compete al Presidente de la República y a
los diputados y los senadores del Congreso de la Unión, así como a las Legislaturas de
los estados.
II. La
administración pública, para la realización de los fines por los cuales se encuentra
organizada, requiere recursos provenientes de los ciudadanos, ya que es obligación
constitucional de los mexicanos contribuir para el sostenimiento de los gastos públicos
de la Federación, los estados y los municipios. Estos últimos, más que cualquier otro
nivel de gobierno, dependen en gran medida de esos ingresos, ya que se encargan de
proporcionar los servicios y las funciones básicos para satisfacer las necesidades más
inmediatas de sus habitantes. La Ley Fundamental autoriza a los municipios la libre
administración de su hacienda, sin autoridades intermedias para su manejo pues, como los
ayuntamientos son la autoridad más cercana a la ciudadanía, conocen de primera mano los
problemas y requerimientos de su jurisdicción territorial.
En este sentido,
la intervención de otros poderes o entidades en la decisión del destino de las
contribuciones que reciben las municipalidades obstaculizaría el cumplimiento eficiente
de las atribuciones que la misma Constitución otorga a este nivel de gobierno.
Por ello se
establece que los municipios aprobarán libremente sus Presupuestos de Egresos para cada
ejercicio fiscal, ordenamiento en el cual deben quedar señalados el importe y el rubro
específicos en que se distribuirá cada peso que ingrese en las arcas municipales.
III. La hacienda
pública de los municipios, para cubrir los gastos de su administración, recibe por lo
general los ingresos derivados de los impuestos, contribuciones especiales, derechos,
productos, aprovechamientos y participaciones que se establezcan en las leyes fiscales
respectivas y de acuerdo con las bases que fijen las Legislaturas estatales.
Sin embargo, es
una realidad para gran número de los municipios del país que los ingresos provenientes
de los conceptos anteriores no son suficientes para combatir el rezago que padecen y dar
respuesta a la problemática existente en su territorio.
Por tal motivo,
las autoridades municipales tienen que recurrir a la contratación de créditos que les
permitan afrontar la carencia de capital que no pueden obtener por los medios
convencionales previstos en las leyes. La anterior es una situación considerada incluso a
escala constitucional, ya que en el artículo 117 se indica que los estados y los
municipios podrán contraer obligaciones y empréstitos siempre que éstos se destinen a
inversiones públicas productivas, restricción que tiene su razón de ser en que las
obligaciones crediticias contraídas tengan un fin eminentemente social y no sean
empleadas en áreas que no beneficien a la generalidad.
IV. El
ayuntamiento, como cuerpo colegiado y con base en la facultad presupuestaria de que goza,
puede acordar el endeudamiento cuando así lo considere necesario, debiendo aprobar éste
mediante la resolución de las dos terceras partes de los regidores en caso de que
comprometan al municipio por un plazo mayor del periodo del ayuntamiento.
Es una constante
frecuente que los ayuntamientos, para resolver la situación inmediata de falta de
recursos en sus administraciones, se comprometan por montos excesivos, que ponen en riesgo
la estabilidad financiera del municipio en los años subsecuentes.
Así, cuando
llega la nueva autoridad municipal, se encuentra con que la disponibilidad de recursos es
limitada por los pagos para cubrir las deudas contraídas, frenando de esta manera
cualquier proyecto que pretenda implantarse.
Esta situación
sucede porque la autoridad en turno no comprende que la división de la administración
pública en periodos de tres años se debe solamente a cuestiones electorales para cumplir
el principio de representatividad y democracia que nos rige.
Sin embargo, el
ejercicio de la administración no puede sujetarse a esa división trienal, ya que el
ayuntamiento, como órgano de gobierno, es unitario y trasciende esos periodos. Por ello
es importante garantizar que decisiones con una visión limitada no afecten la continuidad
económica del propio municipio.
En un Estado de
derecho, la legislación debe considerar circunstancias como la expuesta para regularlas y
evitar su repetición. En este sentido va el propósito de la presente iniciativa.
Dado que la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la norma suprema que regula la
vida y el funcionamiento del municipio, se propone adicionar un párrafo al artículo 117
constitucional citado precedentemente, para dejar sentado que los municipios, durante los
dos últimos años de la administración respectiva, sólo podrán contraer obligaciones o
empréstitos hasta por el monto neto de diez por ciento del importe total de sus
respectivos Presupuestos de Egresos autorizados para el ejercicio fiscal en que se
contrate el crédito.
Es importante
recalcar la conveniencia de que los empréstitos que se contraten sirvan para cubrir
inversiones productivas especificadas en los planes municipales de desa-rrollo, de manera
que el endeudamiento esté previamente considerado para la realización de un objetivo
concreto, fomentando de esta manera una cultura de planeación en cualquier acto llevado a
cabo por las administraciones municipales.
De esa forma,
las administraciones entrantes se encontrarán con un municipio más sano financieramente
que permita la puesta en marcha de proyectos y obras en beneficio de la sociedad.
Por lo
anteriormente expuesto, someto a la consideración de este H. Congreso el siguiente punto
de
Acuerdo Económico
Unico. El Congreso del Estado Libre y Soberano de
Jalisco pone a consideración del H. Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción
III del artículo 71 de la Constitución Política federal, iniciativa de decreto mediante
la cual se reforma la fracción VIII del artículo 117 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:
Iniciativa de
decreto que reforma la fracción VIII del artículo 117 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
Unico. Se adiciona un párrafo tercero a la
fracción VIII del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 117...
I. a VII...
VIII...
Los municipios,
durante los dos últimos años de la administración respectiva, sólo podrán contraer
obligaciones o empréstitos hasta por el monto neto de diez por ciento del importe total
de sus respectivos Presupuestos de Egresos autorizados para el ejercicio fiscal en que se
contrate el crédito.
IX...
Transitorio
Unico. El presente decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Atentamente.
Guadalajara,
Jalisco, a 6 de febrero de 2003.— Dip. José
Trinidad Muñoz Pérez (rúbrica).»
El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:
Túrnese a la Comisión de Puntos
Constitucionales de la Cámara de Diputados
NACIONALIDAD
La Secretaria
senadora Yolanda Eugenia González Hernández:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder
Legislativo.— Secretaría del Congreso.
H. Congreso de
la Unión.— México, DF.
La
Quincuagésima Sexta Legislatura del honorable Congreso del estado, aprobó el acuerdo
económico número 874/03 del que le anexo copia para los efectos legales procedentes,
mediante el cual se aprueba remitir a esa alta tribuna, la iniciativa de ley que deroga el
artículo segundo transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que modificó los artículos 30, 32 y 37, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de
marzo de 1997, para el trámite correspondiente.
Por
instrucciones de la Directiva de esta honorable soberanía jalisciense, hago de su
conocimiento lo anterior en vía de notificación personal y para los efectos legales
subsecuentes.
Atentamente.
Sufragio
Efectivo. No Reelección.
Guadalajara,
Jalisco, 18 de febrero de 2003.— LCTC Leonardo
García Camarena (rúbrica), Oficial Mayor.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder
Legislativo.— Secretaría del Congreso.
Ciudadanos
diputados:
El suscrito,
diputado José Luis Leal Sanabria, en uso de las facultades que le confieren los
artículos 28 fracción I de la Constitución Política, y 85 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, ambos ordenamientos del estado de Jalisco, y con fundamento en el
artículo 71 fracción III de la Constitución General de la República, que otorga a las
entidades federativas facultades de iniciativa para la formación de leyes, presenta la
siguiente iniciativa de acuerdo legislativo mediante la cual se propone que esta Asamblea
haga suya la iniciativa de ley que deroga el artículo segundo transitorio del decreto
publicado en el Diario Oficial de la
Federación que reformó los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para lo cual hago la siguiente
Exposición de Motivos
1. El estatuto
jurídico de los ciudadanos mexicanos respecto a los conflictos de nacionalidad, se ha
transformado por el impulso del Constituyente, tanto originario como permanente, oscilando
desde una posición firmemente nacionalista a otra de mayor liberalidad.
El artículo 30
de la Constitución General de la República forma parte del Título Primero, Capítulo
II, denominado De los Mexicanos. Y establece las características que deben llenarse para
adquirir la nacionalidad mexicana. Después de su texto original de 1917 tuvo su primera
reforma aprobada el 23 de diciembre de 1933.
La segunda
reforma a este dispositivo fue aprobada el 13 de junio de 1968, y se modificó el texto a
fin de que se consideren mexicanos por nacimiento a todos los hijos de madre mexicana
nacidos en el extranjero, sin que importe, para el efecto, la nacionalidad o la identidad
del padre.
La tercera
reforma a este dispositivo fue aprobada el 27 de diciembre de 1974 y se establece que los
extranjeros que contraigan matrimonio con un nacional, por este solo hecho serán
considerados mexicanos, siempre que establezcan su domicilio dentro del país.
Y la cuarta
reforma a este dispositivo fue aprobada el 9 de diciembre de 1996 y su texto vigente
establece que:
La nacionalidad
mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización.
A. Son mexicanos
por nacimiento;
I. Los que
nazcan en el territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres.
II. Los que
nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de
padre mexicano nacido en territorio nacional o de madre mexicana nacida en territorio
nacional.
III. Los que
nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano
por naturalización o de madre mexicana por naturalización y
IV. Los que
nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes.
B. Son mexicanos
por naturalización:
I. Los
extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones Exteriores carta de
naturalización.
II. La mujer o
el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos, que
tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás
requisitos que al efecto señale la ley.
En su
oportunidad será materia de otra propuesta legislativa subsumir las fracciones II y III
del inciso a), en una sola que establezca que son mexicanos por nacimiento los que nazcan
en el extranjero, hijos de padre o madre mexicano o mexicana por nacimiento o
naturalización.
2. El artículo
32 de la Constitución General de la República también forma parte del Título Primero,
Capítulo II, denominado De los Mexicanos. Y establece que los mexicanos serán preferidos
a los extranjeros en igualdad de circunstancias, para toda clase de concesiones y para
todos los empleos, cargos o comisiones del gobierno en que no sea indispensable la calidad
de ciudadano. Y que para pertenecer a la Marina Nacional de Guerra y desempeñar cualquier
cargo o comisión en ella, se requiere ser mexicano por nacimiento. Su texto original fue
reformado por decreto publicado el 15 de diciembre de 1934, y se modificó el texto
original para hacer extensivo el requisito de nacionalidad mexicana por nacimiento a todos
los tripulantes, sin excepción, de los buques mercantes mexicanos, así como para quienes
desempeñaran las capitanías de puerto y los servicios de practicaje en la República.
La segunda
reforma a este dispositivo fue publicada el 10 de febrero de 1944, y se modificó el texto
para establecer que, para pertenecer a la Marina Nacional de Guerra, o a la Fuerza Aérea
y desempeñar cualquier cargo o comisión en ellas, se requiere ser mexicano por
nacimiento. Esta misma calidad sería indispensable en capitanes, pilotos, patrones,
maquinistas, mecánicos y, de una manera general, para todo el personal que tripule
cualquier embarcación o aeronave que se ampare con la bandera mexicana.
La más reciente
reforma a este dispositivo fue publicada el 20 de marzo de 1997, y quedó de la siguiente
forma:
La ley regulará
el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a los mexicanos que
posean otra nacionalidad y establecerá normas para evitar conflictos por doble
nacionalidad.
El ejercicio de
los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se
requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no
adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo
señalen otras leyes del Congreso de la Unión.
En tiempo de
paz, ningún extranjero podrá servir en el Ejército, ni en las fuerzas de policía o
seguridad pública. Para pertenecer al activo del Ejército en tiempo de paz y al de la
Armada o al de la Fuerza Aérea en todo momento, o desempeñar cualquier cargo o comisión
en ellos, se requiere ser mexicano por nacimiento.
Esta misma
calidad será indispensable en capitanes, pilotos, patrones, maquinistas, mecánicos y, de
una manera general, para todo el personal que tripule cualquier embarcación o aeronave
que se ampare con la bandera o insignia mercante mexicana. Será también necesaria para
desempeñar los cargos de Capitán de Puerto y todos los servicios de practicaje y
Comandante de Aeródromo.
Los mexicanos
serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias, para toda clase de
concesiones y para todos los empleos, cargos o comisiones de gobierno en que no sea
indispensable la calidad de ciudadano.
3. El artículo
37 de la Constitución General de la República forma parte del Título Primero, Capítulo
IV, denominado De los Ciudadanos Mexicanos y enumera los motivos por los cuales se pierde
la calidad de ciudadano mexicano. Su texto original fue reformado por decreto publicado el
18 de enero de 1934.
La segunda
reforma a este dispositivo fue publicada el 20 de marzo de 1997, y se modificó el texto
para establecer que no se pierda la nacionalidad mexicana, independientemente de que se
adopte alguna otra nacionalidad o ciudadanía, pretendiendo que, quienes opten por alguna
nacionalidad distinta de la mexicana, puedan ejercer plenamente sus derechos en su lugar
de residencia, en igualdad de circunstancias respecto a los nacionales del lugar. El
artículo actualmente dividido en tres incisos, señala que:
A) Ningún
mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad.
B) La
nacionalidad mexicana por naturalización se perderá en los siguientes casos:
I. Por
adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera, por hacerse pasar en cualquier
instrumento público como extranjero, por usar un pasaporte extranjero, o por aceptar o
usar títulos nobiliarios que impliquen sumisión a un Estado extranjero; y
II. Por residir
durante cinco años continuos en el extranjero.
C) La
ciudadanía mexicana se pierde:
I. Por aceptar o
usar títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros;
II. Por prestar
voluntariamente servicios oficiales a un gobierno extranjero sin permiso del Congreso
federal o de su Comisión Permanente;
III. Por aceptar
o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Congreso federal o de su Comisión
Permanente;
IV. Por admitir
del gobierno de otro país títulos o funciones sin previa licencia del Congreso federal o
de su Comisión Permanente, exceptuando los títulos literarios, científicos o
humanitarios, que pueden aceptarse libremente;
V. Por ayudar,
en contra de la nación, a un extranjero, o a un gobierno extranjero, en cualquier
reclamación diplomática o ante un tribunal internacional; y
VI. En los
demás casos que fijan las leyes.
En el caso de
las fracciones II a la IV de este apartado, el Congreso de la Unión establecerá en la
ley reglamentaria respectiva, los casos de excepción en los cuales los permisos y
licencias se entenderán otorgados, una vez transcurrido el plazo que la propia ley
señale, con la sola presentación de la solicitud del interesado.
4. El derecho
migratorio mexicano adoptó en 1997 la doble nacionalidad como una concesión a favor de
los millones de ciudadanos que perdieron la nacionalidad mexicana con motivo de su
migración y de aquellos mexicanos que la perderían si tramitaran su naturalización en
país extranjero. En virtud a la doble nacionalidad, los mexicanos que perdieron su
reconocimiento precisamente como mexicanos, podrán recuperarla y los que actualmente la
ostentan, no la perderán por el hecho de adquirir la naturalización en otra nación.
Resulta evidente
que la reforma del 97 tuvo como destinatarios principales a los millones de mexicanos que
perdieron su nacionalidad por haber adoptado la ciudadanía norteamericana y a sus hijos,
quienes aun sin perder arraigo en sus lugares de origen, llevando consigo el bagaje
cultural de nuestro país y aportando al desarrollo económico de sus regiones de origen
con el envío periódico de remesas de dinero, fueron considerados extranjeros en México,
por el hecho de haber emigrado a ese país.
No obstante la
discusión doctrinal que suscitó el acogimiento de la doble nacionalidad en México, su
valor pragmático jurídico resulta inobjetable. Si bien es cierto que la nacionalidad
tiene elementos intangibles, como lo es la vinculación del sujeto a los valores
nacionales, lo que supone imposible la posesión de una doble nacionalidad, toda vez que
no es dable -en términos absolutos- declarar subordinación a dos banderas distintas, por
otro lado, también lo es que por sus características generales el emigrante mexicano
sólo busca en la nacionalidad extranjera ventajas sociales que de otra manera le serían
escatimadas.
La más reciente
reforma del artículo 37 constitucional, posibilitó la doble nacionalidad y consagró el
principio de que ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad,
sin embargo, el artículo segundo transitorio del decreto publicado el 20 de marzo de
1997, que reformó dichos preceptos, expresamente dispone que:
Quienes hayan
perdido su nacionalidad mexicana por nacimiento, por haber adquirido voluntariamente una
nacionalidad extranjera y si se encuentran en pleno goce de sus derechos, podrán
beneficiarse de lo dispuesto en el artículo 37, apartado A), constitucional, reformado
por virtud del presente decreto, previa solicitud que hagan a la Secretaría de Relaciones
Exteriores, dentro de los cinco años siguientes a la citada fecha de entrada en vigor del
presente.
De donde se
sigue que, quienes deseen recuperar la nacionalidad mexicana, pero que no cumplan en
tiempo con el requisito administrativo que imperativamente prevé esta disposición
transitoria, no podrán hacerlo, privándolos con ello de su nacionalidad mexicana y, por
tanto, haciendo nugatorio su derecho constitucional. Por ello, en este ejercicio
legislativo se sustenta la posición de que dicho precepto transitorio es
inconstitucional, precisamente por ser contrario a la letra y al espíritu del apartado A)
del artículo 37.
Por otra parte,
el plazo que abrió el artículo segundo transitorio para solicitar a la Secretaría de
Relaciones Exteriores la recuperación de la nacionalidad mexicana, vence el próximo día
20 de marzo. Este plazo fatal traerá consigo que cerca de tres millones y medio de
ciudadanos norteamericanos, nacidos en México, perderán en definitiva su nacionalidad
mexicana. En Estados Unidos hay más de cuatro y medio millones de personas de origen
mexicano que se naturalizaron en ese país y resulta que en los últimos cinco años,
plazo establecido por el transitorio citado, sólo un millón de mexicano-estadounidenses
realizaron el trámite para tomar la binacionalidad. El resto verá frustrado su
pretensión de adquirir de nuevo su nacionalidad mexicana.
Por lo anterior,
el suscrito propone en primer orden, que esta honorable Asamblea de Jalisco haga suya la
presente iniciativa y la envíe a la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la
Unión, a efecto de que se derogue el dispositivo transitorio aludido, quitando con ello
el requisito de temporalidad para solicitar ante la Secretaría de Relaciones Exteriores
la recuperación de la nacionalidad mexicana. De esta manera aquellas personas que
habiendo nacido en México, o habiendo nacido en el extranjero de padre o madre mexicano o
mexicana, podrán en cualquier momento concurrir a dicha dependencia federal y regularizar
su nacionalidad en el país.
Evidentemente,
por su naturaleza, la modificación al decreto referido sólo podrá realizarse agotando
los mismos procedimientos que operaron en su creación, por lo que deberá ser el
Constituyente Permanente quien desahogue el trámite legislativo correspondiente a esta
iniciativa, de acuerdo con lo previsto en el artículo 135 de la Constitución General de
la República.
5. Como
consecuencia de lo anterior, y con la facultad de iniciativa que el artículo 71,
fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a las
entidades federativas en la formación de leyes, una vez aprobada esta propuesta por la
Asamblea de Jalisco, solicito sea enviada a la Cámara de Senadores para su trámite
legislativo, proponiendo se derogue el artículo segundo transitorio del decreto publicado
en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de marzo de 1997.
Con la
derogación de este precepto se salvaguarda el derecho a regularizar el estado de
nacionalidad de las personas que reúnan las condiciones y requisitos de los artículos 30
y 37 de la Constitución General de la República.
En mérito de lo
expuesto elevo a esta soberanía la siguiente iniciativa de
Acuerdo Legislativo
Primero. El honorable Congreso del estado de
Jalisco hace suya la iniciativa presentada por el diputado José Luis Leal Sanabria, en su
exposición y propuesta, que deroga del artículo segundo transitorio del decreto
publicado en el Diario Oficial de la Federación
el día 20 de marzo de 1997.
Segundo. El honorable Congreso del estado de
Jalisco envía a la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión la iniciativa
de ley que modifica el decreto publicado en el Diario
Oficial de la Federación el día 20 de marzo de 1997, en los siguientes términos:
Iniciativa de
ley que deroga el artículo segundo transitorio de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos contenido en el decreto que modificó los artículos 30, 32 y 37
de ese ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de
la Federación el día 20 de marzo de 1997.
Artículo Unico. Se deroga el artículo segundo
transitorio del decreto por el que se modificaron los artículos 30, 32 y 37 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de
marzo de 1997, para quedar como sigue:
Artículo Segundo. Se deroga.
Artículo transitorio
Primero. El presente decreto entrará en vigor a
día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Salón de
sesiones del Congreso del Estado.— Guadalajara, Jalisco, a 18 de febrero de
2003.— Dip. José Luis Leal Sanabria
(rúbrica).»
El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:
Túrnese a la Comisión de Puntos
Constitucionales de la Cámara de Diputados.
En el orden del
día están estas iniciativas de legisladores.
La intervención
del diputado Salvador Cosío Gaona, que reforma diversos ordenamientos legales en
relación con la responsabilidad de funcionarios públicos y familiares del Presidente de
la República, se pospone para la siguiente sesión.
LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE
SEGUROS
El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo:
Tiene la palabra
el diputado José Tomás Lozano y Pardinas, del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional, para presentar una iniciativa que deroga el numeral 3 de la fracción II del
artículo 3o. de la Ley General Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.
El diputado José Tomás Lozano y
Pardinas:
Iniciativa con
proyecto de decreto por el que se deroga el numeral 3 de la fracción II del artículo 3o.
de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.
Con el permiso
de la Presidencia; secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la
Unión; compañeras y compañeros legisladores:
El suscrito,
diputado federal de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión y a nombre
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así
como la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración la presente
iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el numeral 3 de la fracción II
del artículo 3o. de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros,
conforme a la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
El decreto no es
el mero reconocimiento oficial del hecho ni materia sujeta a ajustes estacionales que se
traduzcan en la expedición de normas visualizadas en forma prácticamente casuística.
Esto quiere
decir que quienes iniciamos leyes y quienes deliberamos respecto de su aprobación,
debemos estar imbuidos de una visión de largo plazo y de carácter integral, a fin de que
el espíritu y la letra de la norma se integren en un binomio indisoluble para que se
concrete en forma inmediata la seguridad jurídica de los gobernados y para que exista un
hilo conductor susceptible de trascender en mero paso del tiempo y sus eventos
accidentales.
Bajo esta tesis,
las condiciones que orientan la redacción de la Ley General de Instituciones y Sociedades
Mutualistas de Seguros de 1934, fueron, entre otros, la seguridad nacional en tiempos de
guerra, el sigilo en materia de métodos técnicos de la Marina Mercante y el sentido
patriótico y por último la soberanía.
Sin embargo, el
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, considera que estas condiciones se
encuentran altamente superadas dada la apertura comercial de los costos normales y el pago
de seguros le corresponde un 12% y hemos experimentado en los últimos años el grado de
competitividad que ha padecido nuestra industria.
Así, las
comunicaciones y los transportes son estratégicos para el desarrollo económico social
del país; de manera especial el transporte marítimo y aéreo, son de importancia
fundamental para el intercambio de mercancías y es determinante en los costos de
producción y distribución de los bienes y servicios. Su valor se incrementa al permitir
a las sociedades disponer de las mercancías o prestaciones en el lugar y en el momento en
que se necesitan.
Dentro de la
estrategia de modernización de la actual administración, el fomento de la
infraestructura de comunicaciones y transportes es una tarea esencial, ya que permitirá
apoyar las políticas de crecimiento y estabilidad económica, integración y desarrollo
regional, promoción de empleo, impulso al comercio exterior, atención a las demandas
sociales y fomento a la industria y al turismo.
Las
comunicaciones y transportes son la infraestructura fundamental para alcanzar los
propósitos de modernización integral del país. En este renglón y como estrategia del
Estado, se ha comentado la capacitación de los que intervienen en esta actividad, con
ello se garantiza la eficiencia profesional de los responsables en el manejo de esta clase
de artefactos.
En este sentido,
durante estos años, el sector Comunicaciones y Transportes, se ha reorganizado a fin de
fortalecer el mercado a la competencia, fortaleciendo la autoridad del Estado.
En México la
adecuación de la actividad marítima y aérea comercial, es una premisa fundamental en
razón de las circunstancias internacionales y de los propósitos de diversificación, en
sus relaciones con nuestro país, ha impulsado, a fin de dar equilibrio, a la intensa
relación con los vecinos y acercar a las naciones con mayor afinidad histórica y
cultural.
Se debe
reconocer el papel determinante que tiene el transporte marítimo y aéreo ante las nuevas
circunstancias económicas internacionales, asimismo se requiere activar a la Marina
Mercante Mexicana para que en forma competitiva participe en mayor e inmediatamente en el
mercado de tráfico marítimo, que supera los 50 millones de toneladas de cabotaje y los
160 millones de toneladas de altura.
Ahora bien,
dentro de los costos fijos o directos diarios de un buque, se encuentran:
1. El
mantenimiento,
2. La
tripulación,
3. Los seguros,
4. La
depreciación y
5. La
administración.
En costos
normales el pago de seguro le corresponde un 12% del total. Sin embargo en México, el
costo del seguro para nuestros buques, llega a ser hasta de un 50% de su renta diaria.
Esto se debe en gran medida a la mala interpretación que se le ha dado al numeral 3 de la
fracción II del artículo 3o. de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas
de Seguros, el cual dispone:
Artículo 3o. En materia de actividad aseguradora.
II. Se prohibe
contratar con empresas extranjeras.
III. Seguros de
casos de naves o aeronaves y de cualquier clase de vehículos, contra riesgos propios del
ramo marítimo y del transporte, siempre que dichas naves, aeronaves o vehículos, sean de
matrícula mexicana o propiedad de personas domiciliadas en la República.
Esta
disposición obliga a los buques y navieros mexicanos, a contratar seguros marítimos
exclusivamente en México. Este dispositivo tiene más de 65 años y tuvo el objeto de
promover a la industria aseguradora en este país. Sin embargo, esta obligación ya no se
encuentra aplicable en estos días, dada la gran competitividad y los esquemas de
globalización que imperan en el mundo.
Además debemos
tomar en cuenta que de las 66 compañías aseguradoras en el país, 50 de ellas son
extranjeras demostrando que la disposición transcrita anteriormente carece totalmente de
sentido y si nos vamos al caso concreto, las únicas tres de ellas que venden este tipo de
seguros, son totalmente extranjeras.
Compañeros
legisladores: es nuestra tarea de perfeccionar y actualizar los instrumentos jurídicos
para dar agilidad en la aplicación de los mismos. Propongo a esta soberanía, derogar el
numeral 3 de la fracción II del artículo 3o. de la Ley General de Instituciones y
Sociedades Mutualistas de Seguros, a efecto de que los buques mexicanos puedan contratar
libremente el seguro marítimo que corresponda. Esto representa un ahorro sustancial en
los costos de operación de los buques, que permitirá a los navieros mexicanos, competir
en condiciones de igualdad con los navieros extranjeros.
Por lo
anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta
soberanía por conducto de la Comisión Permanente, el siguiente decreto.
Su señoría
Presidente, solicito sea inscrito todo el decreto en el Diario de los
Debates y en la Gaceta, por favor señor Presidente.
«Iniciativa con
proyecto de decreto, por el que se deroga el numeral 3 de la fracción II del artículo
3o. de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.
Con el permiso
de la Presidencia; Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la
Unión; compañeras y compañeros legisladores:
El suscrito,
diputado federal de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, y a nombre del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así
como de la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración, la presente
iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el numeral 3 de la fracción II
del artículo 3 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros,
conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
El derecho no es
el mero reconocimiento oficial del hecho ni materia sujeta a ajustes estacionales que se
traduzcan en la expedición de normas visualizadas en forma prácticamente casuística.
Esto quiere
decir que quienes iniciamos leyes y quienes deliberamos respecto de su aprobación,
debemos estar imbuidos de una visión de largo plazo y de carácter integral, a fin de que
el espíritu y la letra de la norma se integren en un binomio indisoluble para que se
concrete en forma inmediata la seguridad jurídica de los gobernados y para que exista un
hilo conductor susceptible de trascender al mero paso del tiempo y sus eventos
accidentales.
Bajo esta tesis,
las condiciones que orientaron la redacción de la Ley General de Instituciones y
Sociedades Mutualistas de Seguros, en 1934, fueron, entre otras, la seguridad nacional en
tiempos de guerra, el sigilo en materia de los métodos técnicos de la marina mercante,
el sentido patriótico, la soberanía, etc.
Sin embargo, el
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional considera que estas condiciones se
encuentran altamente superadas, dada la apertura comercial que hemos experimentado en los
últimos años y el grado de competitividad que ha padecido nuestra industria.
Así, las
comunicaciones y los transportes son estratégicos para el desarrollo económico y social
del país. De manera especial el transporte marítimo y aéreo son de importancia
fundamental para el intercambio de mercancías y son determinantes en los costos de
producción y distribución de los bienes y servicios. Su valor se incrementa al permitir
a la sociedad disponer de las mercancías o prestaciones en el lugar y en el momento en
que se necesitan.
Dentro de la
estrategia de modernización de la actual administración, el fomento de la
infraestructura de comunicaciones y transportes es una tarea esencial, ya que permitirá
apoyar las políticas de crecimiento y estabilidad económica, integración y desarrollo
regional, promoción de empleo, impulso al comercio exterior, atención a las demandas
sociales y fomento industrial y turístico.
Las
comunicaciones y transportes son la infraestructura fundamental para alcanzar los
propósitos de modernización integral del país. En este renglón y como estrategia del
Estado, se ha fomentado la capacitación de los que intervienen en esta actividad. Con
ello se garantiza la eficacia profesional de los responsables en el manejo de esta clase
de artefactos.
En este sentido,
durante estos años el sector comunicaciones y transportes se ha reorganizado, a fin de
fortalecer el mercado a la competencia, fortaleciendo la autoridad del Estado.
En México, la
adecuación de la actividad marítima y aérea comercial es una premisa fundamental en
razón de las circunstancias internacionales y de los propósitos de diversificación en
sus relaciones que nuestro país ha impulsado, a fin de dar equilibrio a la intensa
relación con sus vecinos y acercar a las naciones con mayor afinidad histórica y
cultural.
Se debe
reconocer el papel determinante que tiene el transporte marítimo y aéreo ante las nuevas
circunstancias económicas internacionales. Asimismo, se requiere activar la marina
mercante mexicana para que en forma competitiva participe en mayor medida en el mercado de
tráfico marítimo, que supera los 50 millones de toneladas de cabotaje y 160 millones de
toneladas de altura.
Ahora bien,
dentro de los costos fijos o directos diarios de un buque, se encuentran:
•
Mantenimiento,
•
Tripulación,
• Seguros,
•
Depreciación,
•
Administración.
En costos
normales, al pago de seguros le corresponde un 12 por ciento del total. Sin embargo, en
México el costo del seguro para nuestros buques, llega a ser hasta de un 50 por ciento de
su renta diaria. Esto se debe en gran medida a la mala interpretación que se le ha dado
al numeral 3 de la fracción II del artículo 3o. de la Ley General de Instituciones y
Sociedades Mutualistas de Seguros, el cual dispone:
“...Artículo
3. En materia de actividad aseguradora:
...
II. Se prohibe
contratar con empresas extranjeras:
...
3) Seguros de
cascos de naves o aeronaves y de cualquier clase de vehículos, contra riesgos propios del
ramo marítimo y de transportes, siempre que dichas naves, aeronaves o vehículos sean de
matrícula mexicana o propiedad de personas domiciliadas en la República;...”.
Esta
disposición obliga a los buques y navieros mexicanos a contratar seguros marítimos
exclusivamente en México, este dispositivo tiene más de 65 años y tuvo el objeto de
promover la industria aseguradora en este país. Sin embargo, esta obligación ya no
encuentra aplicabilidad en estos días, dada la gran competitividad y los esquemas de
globalización que imperan en el mundo.
Además, debemos
tomar en cuenta que de las 66 compañías aseguradoras en el país, 50 por ciento de ellas
son extranjeras, demostrando que la disposición transcrita anteriormente carece
totalmente de sentido.
Compañeros
legisladores: en nuestra tarea de perfeccionar y actualizar los instrumentos jurídicos
para dar agilidad en la aplicación de los mismos, propongo a esta soberanía derogar el
numeral 3 de la fracción II del artículo 3o. de la Ley General de Instituciones y
Sociedades Mutualistas de Seguros, a efecto de que los buques mexicanos puedan contratar
libremente el seguro marítimo que corresponda.
Esto
representará un ahorro sustancial en los costos de operación de los buques, que
permitirá a los navieros mexicanos competir en condiciones de igualdad con los navieros
extranjeros.
Por lo
anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta
soberanía, por conducto de la honorable Comisión Permanente, el siguiente
Decreto por el
que se deroga el numeral 3 de la fracción II del artículo 3o. de la Ley General de
Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.
Artículo Unico: Se deroga el numeral 3 de la
fracción II del artículo 3o. de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas
de Seguros, para quedar en lo sucesivo de la siguiente manera:
Artículo 3o. En materia de actividad aseguradora:
...
II. Se prohibe
contratar con empresas extranjeras:
...
3) Se deroga.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones
legales que se opongan al contenido del presente decreto.
Tercero. Los buques que a la fecha de entrada en
vigor del presente decreto, tengan contratados seguros o reaseguros con empresas
mexicanas, podrán dar por vencidos los mismos, de conformidad con las estipulaciones del
contrato respectivo.
Atentamente.
México, DF, a 5
de marzo de 2003.— Diputados: José Tomás
Lozano y Pardinas (rúbrica) y César Reyes Roel
(rúbrica).»
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Túrnese a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público de la Cámara de Diputados y a la Gaceta
Parlamentaria para su publicación y al Diario
de los Debates.
En turno el
senador Raymundo Cárdenas Hernández, del grupo parlamentario del PRD, quien difiere para
la siguiente sesión su participación.
LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Esta Presidencia
recibió iniciativa que reforma los artículos 23, 26 y 27 de la Ley Federal de
Competencia Económica, suscrita por diversos legisladores de los grupos parlamentarios de
los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, de la Revolución
Democrática y de la Sociedad Nacionalista.
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara
de Diputados.— LVIII Legislatura.
Reforma los
artículos 23, 26 y 27 de la Ley Federal de Competencia Económica, presentada por los
diputados: Raúl Cervantes Andrade, Ildefonso Guajardo Villarreal y R. Antonio Silva
Beltrán, del grupo parlamentario del PRI; el diputado Rafael Servín Maldonado, del grupo
parlamentario del PRD; el diputado Francisco Agundis Arias, del grupo parlamentario del
PVEM; y la diputada Norma Patricia Riojas Santana, del PSN en la sesión del 5 de marzo de
2003.
Los suscritos
diputados, integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario
Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista de México
y Partido de la Sociedad Nacionalista, en la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión,
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55 fracción II del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos
permitimos formular ante esta H. Comisión Permanente la siguiente iniciativa de decreto
que reforma los artículos 23, 26 y 27 de la Ley Federal de Competencia Económica, al
tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En la actualidad
con la pluralidad política y en un proceso franco de democratización del país es
inaplazable que el Poder Legislativo participe en la designación de los comisionados de
la Comisión Federal de Competencia Económica, lo cual ha sido recogido como un amplio
consenso para que los mismos tengan el mayor respaldo político posible.
Han existido
dudas sobre la intervención del Poder Legislativo en este proceso, especialmente a la luz
de la interpretación al respecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esto
quedó de manifiesto en el proceso de creación de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, en la cual se creó el Instituto Federal de Acceso a
la Información Pública y que planteó el problema del nombramiento de los comisionados
que integrarían el mismo.
En este sentido,
esta Legislatura y el Congreso de la Unión resolvieron y optaron por establecer una nueva
forma que respetara el principio de la división de poderes pero permitiera su
colaboración, sin vulnerar la Constitución y su interpretación por el máximo tribunal
del país. Esta nueva figura implicó la posibilidad de que el Senado objete la
designación que haga el Ejecutivo, sin menoscabo de las facultades constitucionales que
le otorga la fracción II del artículo 89 de la Carta Magna.
Existe un
principio general de derecho que expresa: “donde hay la misma razón debe existir la
misma disposición” y en cumplimiento del mismo, haciendo congruente un sistema y
procedimiento de nombramiento de comisionados de diversos órganos para crear una
verdadera hermenéutica jurídica, es válido señalar que la Comisión Federal de
Competencia que regula la Ley Federal de Competencia Económica creó desde su inicio a la
misma como un órgano desconcentrado de una secretaría de Estado con autonomía técnica
y operativa. Sin embargo, en la actualidad esto ha sido rebasado ampliamente y se requiere
que la Comisión sea un órgano de la Administración Pública Federal descentralizado,
con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, encargada de promover y proteger
fundamentalmente el ejercicio de la libre competencia, la libre concurrencia y no sólo
por dichos procesos en sí mismos sino para evitar que los consumidores paguen precios
exagerados, se constituyan ventajas exclusivas a favor de una o varias personas
determinadas y en perjuicio del público en general o de alguna clase social, tal y como
lo establece el artículo 28 de nuestra Constitución Política.
Así debe
entenderse que la ley debe establecer con claridad que para efectos de sus resoluciones la
Comisión Federal de Competencia no estará subordinada a autoridad alguna, adoptará sus
decisiones con plena independencia y contará con los recursos humanos y materiales para
el desempeño de sus funciones.
La
Administración Pública Federal comprende muy diversas formas de organización
administrativa, las cuales varían no sólo en cuanto a su naturaleza jurídica sino en lo
que se refiere al grado de autonomía, reglas de organización, estructuras y tratamiento
presupuestario en otros elementos, y por ello se hace no sólo necesario sino
verdaderamente importante y trascendente reformar, para clarificar, la naturaleza
jurídica de la Comisión Federal de Competencia que le permita ejercer con toda plenitud
la autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, como requisitos esenciales que le
permitan ejercer mejor sus funciones, sustentando las mismas en la plenitud de su
autonomía operativa, técnica, presupuestaria y de decisión, indispensables para
asegurar, de manera más efectiva, su independencia en relación con otros órganos o
dependencias de la propia administración pública, en particular por las funciones cuasi
jurisdiccionales que realiza la Comisión en lo relativo a la resolución de los procesos
para evitar prácticas monopólicas en los términos de la ley, como reglamentaria del
artículo 28 constitucional.
La
descentralización administrativa, bajo su modalidad de organismo no sectorizado tiene
entre otras ventajas, la de suprimir el vínculo jerárquico que caracteriza a las
unidades administrativas centralizadas y desconcentradas, además de otorgar la autonomía
de gestión y patrimonial.
La autonomía de
la Comisión Federal de Competencia se dará así en varios niveles: el primero, se
actualiza con las autonomías de decisión, gestión y presupuestaria que se refuerzan; y
la ratificación de los requisitos de nombramiento y remoción; el escalonamiento de los
periodos de función de los comisionados; la rendición de cuentas mediante un informe al
Congreso de la Unión y la plena publicidad y apertura en la operación de la Comisión.
Lo anterior implica que para efecto de sus resoluciones la Comisión Federal de
Competencia no estará subordinada a autoridad alguna y adoptará sus decisiones con plena
independencia. El segundo nivel es que al ser el Poder Judicial de la Federación el
garante del control constitucional, la iniciativa preserva la jurisdicción constitucional
como el medio idóneo para la protección de los derechos fundamentales reconocidos en
nuestra Carta Magna, a través del juicio de amparo que es la última instancia de la que
disponen los justiciables. En otras palabras, las decisiones de la Comisión seguirán
estando sujetas a control judicial.
Por lo que se ha
expuesto la reforma que se propone al alejar de la esfera de influencia a la Comisión de
cualquier otra autoridad no la debilita de ninguna manera. El hecho de delegarle de esta
manera la función de hacer efectiva la prohibición de monopolios y prácticas
monopólicas en los Estados Unidos Mexicanos, así como promover actos que eviten o
impidan la libre concurrencia o la competencia entre sí, fortalece la actuación y
facultades de la Comisión Federal de Competencia que la ley le ha otorgado como
reglamentaria del artículo 28 constitucional.
No hay razón
para diferenciar a la Comisión Federal de Competencia Económica de la naturaleza
jurídica del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública ya que cumplen con
los mismos principios rectores sólo diferenciados por la materia en que intervienen, por
lo que dicha Comisión de ninguna manera debe estar sectorizada a la actual Secretaría de
Economía ni a ninguna otra secretaría de Estado.
De esta manera
la Comisión Federal de Competencia estará en mejores condiciones de ejercer las
funciones que le han sido encomendadas con independencia, eficacia, objetividad,
eficiencia e imparcialidad, sin perjuicio de su pertenencia a la administración pública
y de la sujeción a los límites presupuestarios aprobados por la Cámara de Diputados.
Por lo
anteriormente expuesto y fundado, presentamos ante esta soberanía la siguiente iniciativa
de reforma a los artículos 23, 26 y 27 de la Ley Federal de Competencia Económica, para
quedar redactados en los siguientes términos:
“Artículo 23.- La Comisión Federal de
Competencia es un órgano de la Administración Pública Federal, que es un organismo
descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con
domicilio legal en el Distrito Federal. La Comisión contará con autonomía operativa,
técnica, presupuestaria y de decisión, encargado de prevenir, investigar y combatir los
monopolios, las prácticas monopólicas y las concentraciones en los términos de esta
ley, y gozará de autonomía para dictar sus resoluciones.
Artículo 26.- Los comisionados serán designados
por el Ejecutivo Federal. La Cámara de Senadores podrá objetar dichos nombramientos por
mayoría, y cuando se encuentre en receso, por la Comisión Permanente, con la misma
votación. En todo caso, la instancia legislativa tendrá treinta días para resolver,
vencido este plazo sin que se emita resolución al respecto, se entenderá como no
objetado el nombramiento del Ejecutivo Federal.
Para ser
comisionado se requiere:
I. Ser ciudadano
mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad;
II. Estar en
pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
III. Ser
profesionales en materias afines al objeto de esta ley;
IV. No haber
sido condenado por la comisión de algún delito doloso;
V. Tener cuando
menos treinta y cinco años de edad al día de su designación; y
VI. Haberse
desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público o
académico, relacionadas con la materia de esta ley.
Los comisionados
deberán abstenerse de desempeñar cualquier otro empleo, trabajo o comisión, con
excepción de las actividades de docencia. Asimismo, estarán impedidos para conocer de
asuntos en que tengan interés directo o indirecto.
Artículo 27.- Los comisionados sólo podrán ser
removidos de sus funciones cuando transgredan en forma grave o reiterada las disposiciones
contenidas en la Constitución y esta ley, cuando por actos u omisiones se afecten las
atribuciones de la Comisión, o cuando hayan sido sentenciados por un delito, o cuando
hayan sido sentenciados por un delito grave que merezca pena corporal.
Durarán en su
encargo diez años, renovables y durante el mismo no podrán tener ningún otro empleo,
cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia.”
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Palacio
Legislativo.— San Lázaro, a 5 de marzo de 2003.— Diputados: Raúl Cervantes Andrade, Ildefonso Guajardo Villarreal,
Rafael Servín Maldonado, Norma Patricia Riojas Santana, Antonio Silva Beltrán y Francisco Agundis Arias (rúbricas).»
Túrnese a las comisiones de Comercio
y Fomento Industrial y de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Cámara de
Diputados.
LEY GENERAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION DE LA NIÑEZ
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Tiene la palabra
la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa de ley reglamentaria del
artículo 4o. constitucional en materia de garantizar el acceso a la alimentación a los
infantes.
La diputada Beatriz Elena Paredes
Rangel:
Muchas gracias,
señor Presidente; estimados colegas integrantes de la Comisión Permanente:
El propósito de
mi intervención es someter ante este Cuerpo Colegiado, una iniciativa que tiene por
objeto garantizar la satisfacción de los niños en materia de alimentación y con ello
erradicar el hambre en la población infantil y asimismo garantizar que dispongan de los
nutrientes indispensables para que puedan desplegar sus potencialidades humanas a
plenitud.
También tiene
el propósito subyacente de evidenciar ante la opinión pública nacional que,
independientemente que los temas de carácter político lleven a una serie de
enfrentamientos cotidianos que pareciera que hacen de la arena política un espacio común
de descalificaciones, la sociedad mexicana, sus élites políticas, los representantes
sociales, no sólo estamos atrapados en esos dimes y diretes, sino tenemos aptitud para
trascender lo que son calificaciones mutuas que simplemente acaban por llevar a la
ciudadanía a desconfiar de la política en general y de los políticos en particular y
demandar el ejercicio pleno de la responsabilidad de las autoridades, como lo haremos en
un punto de acuerdo que presentará mi bancada en esta misma sesión, pero
simultáneamente seguir atendiendo las cuestiones que son verdaderamente trascendentes
para la sociedad mexicana.
Y estimo que no
puede haber mayor trascendencia que la de garantizar que en una estrategia consistente,
sistemática, las autoridades y la sociedad civil encuentren los mecanismos para que las
niñas y los niños tengan acceso a la satisfacción de sus necesidades básicas, a
través de alimentos debidamente balanceados.
Esta iniciativa
es reglamentaria del artículo 4o. constitucional. La bancada del PRI, en coordinación
con otras bancadas, hemos estado insistiendo a lo largo de esta Legislatura en la
posibilidad de que se eleve a rango constitucional el derecho a la alimentación.
Hemos tenido
reservas de algunos compañeros legisladores que señalan que es fundamental que nuestra
Carta Magna no sólo tenga conceptos enunciativos sino que éstos se correspondan con
acciones que lleven a la práctica lo que son un conjunto de derechos sociales
establecidos en nuestra Constitución.
Sin embargo, en
el caso de la alimentación infantil, nuestra Carta Magna, en el espacio que caracteriza
nuestra visión social del derecho, la Constitución ya señala la obligatoriedad del
Estado de respaldar la alimentación infantil.
Dice la
Constitución General de la República que: “corresponde al Estado la obligación
principal para garantizar el ejercicio y goce de los derechos de la niñez y los elementos
de bienestar enumerados, ya sea directamente o por conducto de los particulares”.
Los tres
párrafos del artículo 4o. constitucional que dan sustento a la iniciativa de ley que hoy
presentamos señalan lo siguiente:
“Los niños
y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud,
educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Los ascendientes, tutores y
custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario
para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de
los derechos de la niñez.”
La existe la
obligación para el Estado mexicano y la iniciativa que hoy presentamos pretende
reglamentarla y organizar una serie de mecanismos prácticos para que este derecho pueda
hacerse realidad.
El riesgo,
estimados amigos, estimados colegas, es que si los procesos de pobreza y desnutrición que
aquejan a la población infantil de México, continúan; existen millones de mexicanos que
por no haber accedido en la etapa de la formación en donde se desarrollan sus aptitudes
fundamentales por no haber accedido a los satisfactores elementales, estén en su vida
futura como adultos en condiciones reales de discriminación por no haber tenido el
soporte alimentario cuando se desarrollan sus fundamentales habilidades para ejercer a
plenitud su condición humana.
Quiero señalar
también con satisfacción que esta iniciativa contempla la participación de los tres
niveles de Gobierno, con una visión federalista que consideramos indispensable sea el eje
conductor de la transformación política del país, el respeto a las características de
las regiones y el reconocimiento a sus niveles de Gobierno y también propicia la
participación de la sociedad civil en mecanismos concurrentes que hagan posible la
satisfacción de la alimentación debidamente balanceada de la niñez mexicana.
Finalmente
concluyo con que esta iniciativa ha tenido la solidaridad de compañeros legisladores de
diversos grupos parlamentarios y que es nuestra aspiración pueda ser dictaminada por la
comisión correspondiente en el próximo periodo de sesiones.
Suscribimos la
presente iniciativa de ley, reglamentaria del artículo 4o. constitucional en materia de
garantizar la alimentación y la nutrición a la niñez, las siguientes diputadas y
diputados:
Su servidora
Beatriz Paredes Rangel, del grupo parlamentario del PRI; la diputada María Teresa Tapia,
del grupo parlamentario de Acción Nacional; la diputada Julieta Prieto Furhken, del
Partido Verde Ecologista; el diputado Ramón León Morales, del grupo parlamentario del
PRD; el diputado Víctor García Dávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo
y la diputada Olga Uriarte Rico, del grupo parlamentario del PRI.
Le ruego, señor
Presidente, pueda ser turnada a la Comisión de Desarrollo Social.
Muchas gracias.
«Ciudadano
Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente.
La que suscribe,
diputada federal Beatriz Elena Paredes Rangel, en uso de las facultades que me concede la
fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales mencionadas en
el cuerpo de este escrito, me permito presentar a la consideración y a la aprobación del
H. Congreso de la Unión, por conducto de la H. Comisión Permanente, esta iniciativa de
Ley General de Alimentación y Nutrición de la Niñez, de acuerdo con la siguiente
Exposición de Motivos
La alimentación
es un derecho constitucional a la vida, pero la vida sana, en plenitud, como lo demanda el
estado actual de la civilización del mundo, exige una buena alimentación de la
inteligencia, la sensibilidad y la voluntad humana.
Cultivar y
desarrollar las virtudes cardinales de todas las personas es una misión de la sociedad y
una obra imprescindible de la cultura. Pero esta obra y misión son incompletas cuando el
hambre vulnera la vida digna que todos merecemos por nuestra condición humana, o cuando
el desequilibrio alimenticio nulifica o reduce la capacidad creativa y el desarrollo
intelectual de un ser humano.
Tener los
alimentos y la oportunidad de una alimentación nutritiva es un derecho individual y una
responsabilidad colectiva. Como prerrogativa individual, es un derecho humano de valor
universal, como el derecho a la vida y a la libertad o como los derechos civiles y
públicos que acompañan a todas las personas a lo largo de su vida privada y de sus
relaciones sociales.
Como
responsabilidad colectiva, implica el deber de los padres o tutores, y desde luego de la
familia o los custodios, de atender la demanda alimentaria de quienes están bajo su
cuidado, pero se amplía como obligación de la sociedad, que debe ser representada por el
Estado, en razón de que el bienestar de hombres y de mujeres es bien y objetivo último
del quehacer colectivo y de la acción conjunta de la política y la historia.
La preocupación
social es la fuente de la ley y del deber del Estado. No existe mayor interés que el de
la sucesión generacional, que da continuidad a la vida común y sentido histórico a la
cultura. Por eso, la sociedad cuida a sus niñas y a sus niños por ser la parte más
sensible del sistema social. Son quienes motivan el ser y el hacer societarios, quienes
renuevan los proyectos grupales y quienes ponen la marca y seña de la grandeza de una
nación.
Esas
convicciones son las que subyacen en la entraña constitucional de México, donde se
expresa el compromiso de los mexicanos consigo mismos para construir sin reparo un país
con justicia, libertad, solidaridad y desarrollo compartido, a partir del amoroso cuidado
de sus hijos, sin duda la riqueza más preciada de la comunidad nacional y de las familias
que la forman.
El humanismo
social de nuestra Constitución Política distingue el amplio catálogo de las garantías
individuales y los derechos sociales reconocidos por nuestra Ley Fundamental. Entre otras
garantías y derechos, se articulan la igualdad de los varones y de las mujeres ante la
ley, el derecho a la protección de la salud y a un ambiente adecuado para su desarrollo y
bienestar. Comprende igualmente el derecho de toda familia a disfrutar de vivienda digna y
decorosa, con lo cual se completan los mínimos de bienestar sin los que no existe vida
digna.
El conjunto de
aquellos derechos, incluido en el texto del generoso artículo 4o. de nuestra Ley
Fundamental, se enriquece con los últimos tres párrafos, con los que de manera
inseparable se reconoce el derecho de las niñas y de los niños “a la satisfacción
de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su
desarrollo integral”.
Frente a este
derecho y garantía individual, que implica derechos y facultades, la Constitución
determina quiénes son los más obligados a satisfacer aquellos requerimientos, con lo
cual perfecciona la norma jurídica de establecer, bilateralmente frente a los facultados,
a los que están obligados a satisfacer las necesidades y exigencias de los primeros.
Por tratarse de
una garantía de los gobernados, la Constitución prescribe que corresponde al Estado la
obligación principal para garantizar el ejercicio y goce de los derechos de la niñez a
los elementos de bienestar enumerados, ya sea directamente o por conducto de los
particulares.
En efecto, los
tres párrafos del artículo 4o. constitucional, que la ley cuya iniciativa estamos
presentando reglamenta, dicen lo siguiente:
“Los niños
y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud,
educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.”
“Los
ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado
proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio
pleno de sus derechos.”
“El Estado
otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los
derechos de la niñez.”
La norma
transcrita tiene una naturaleza heteroaplicativa y requiere por ello su adecuada
reglamentación, a afecto de que vaya más allá de las meras declaraciones literarias y
mueva y promueva a la sociedad y al Estado para una acción conjunta que no admite ya
ninguna demora.
La ley
reglamentaria que se propone en esta iniciativa se circunscribe al derecho de las niñas y
de los niños a la alimentación y nutrición, en virtud de la importancia y trascendencia
que para la vida social, cultural, económica y productiva del país tiene la
configuración de una arquitectura social armoniosa, segura, sana y creativa, así como de
lo degradante e indignante de la injusta distribución de los alimentos nutritivos en
nuestro país y la concentración del hambre y la desnutrición en las capas desprotegidas
que pueblan la geografía del México injusto.
Reconocemos que
los servicios educativos de salud y esparcimiento corren por cuerdas separadas, aunque
mantienen fuertes vínculos de causa-efecto con el tema alimentario y están enlazados con
numerosos vasos comunicantes que explican su interrelación e interdependencia. Las
instituciones educativas y de salud, sin embargo, tienen una organización sistemática y
poseen procedimientos, metas y objetivos precisos, recursos presupuestales y aliento
social intensivo, de los que carece o que precariamente posee el tema de la alimentación
y nutrición infantiles, que merece también una atención especializada en la medida en
que lo considera y prevé nuestra Carta Magna.
Hay que
precisar, sin embargo, dos cuestiones significativas al respecto. La primera, que la
satisfacción de las necesidades de alimentación de las niñas y de los niños debe ser
atendida en forma especializada y no como un complemento o supuesto de la salud ni como
una simple agenda para la educación y el sistema educativo.
El servicio de
alimentación de la niñez mexicana no es un problema de hospitales y de clínicas, aunque
a nadie escapa que sin buena alimentación no es posible una salud buena. Tampoco la
alimentación infantil, como preocupación y servicio, se agota en desayunos escolares, si
bien todos sabemos que un desayuno suficiente permite incrementar el rendimiento escolar.
Lo que se
requiere es una niñez bien alimentada, a partir de la cual se asegure el bienestar
social, se promueva una niñez más apta para el aprendizaje y más vigorosa para la
formación de la nueva cultura de la sociedad del Siglo XXI, se prepare a una nueva
generación con sentido crítico, capaz de entender desde temprana edad la misión
histórica y de cambio que le corresponde cumplir en el devenir nacional y se renueve su
tejido social que en la pluralidad y la diversidad sea, no obstante, más libre y más
justo, de manera que ningún niño arranque tarde o lento en la carrera de la vida y todos
tengan igualdad de oportunidades para lograr su felicidad y para ser productivos.
La segunda
cuestión por precisar es que un posible sistema alimentario de la niñez debe valerse de
las ventajas y experiencias que ofrecen los sistemas de salud y educacionales del país,
de manera que los centros escolares sirvan para los programas alimentarios y que el
Consejo de Salubridad General, cuyas disposiciones generales son obligatorias en el país,
emita criterios y programas que sean atendidos y cumplidos en materia de alimentación
para la niñez, en la forma concurrente entre la Federación y las entidades federativas,
como lo previene el párrafo tercero del propio artículo 4o. constitucional y en la forma
en que lo propone esta iniciativa.
La iniciativa de
Ley General de Alimentación y Nutrición de la Niñez que se pone a la consideración de
esta soberanía toma en cuenta las necesidades y potencialidades, los apremios y los
recursos institucionales y naturales de nuestro país para acometer un proyecto de gran
magnitud como el que aquella plantea. Toma en cuenta la existencia de considerables y
graves trastornos de la nutrición de las niñas y de los niños mexicanos, provocados por
insuficiencias, excesos, desequilibrios nutrimentales o su combinación.
En México se
padece desnutrición primaria, endémica, en muchas regiones del país, a causa de una
alimentación crónicamente insuficiente o mal estructurada, en la que se advierten
insuficiencia de energía y, en grados variables, deficiencia de hierro, proteínas y
algunas vitaminas y minerales.
La desnutrición
primaria afecta mucho más a los niños, particularmente a los menores de tres años, y a
las mujeres embarazadas o lactantes, que para su gran número entran en el círculo
perverso de la desnutrición propia y transferida a sus hijos. Es de sobra conocido que la
desnutrición primaria hace pareja inseparable con la pobreza y la marginación, por lo
que expresa una doble injusticia: ser típica de la pobreza y colaborar para mantener
ésta o para llevarla al estado ominoso de la miseria.
La desnutrición
era en nuestro país, hasta hace pocos lustros, un problema de las áreas rurales, pero
hoy es también y de modo creciente de las zonas urbanas. La padecen de la forma más
lacerante los niños de edad preescolar, los que, al ser afectados por el hambre
endémica, quedarán lesionados y disminuidos, propiamente mutilados y en desventaja
frente a sus coetáneos de clases más favorecidas.
Los efectos de
la desnutrición se advierten externamente en la relación de edad-peso-estatura y
reflejan retraso en el crecimiento “ponderal” o “estatural”. Basta
asomarnos a los resultados de las más recientes encuestas nacionales de alimentación y
nutrición para corroborar los efectos perniciosos de la desnutrición sobre la población
infantil, particularmente la de los estados del sur-sureste y algunos del centro del
país, en los que se notan los desequilibrios en los siguientes rubros: “peso para la
edad”, “estatura para la edad” y “peso para la estatura”.
Es preocupante
hallar que en las comunidades indígenas del país la tasa de desnutrición de
preescolares se acerca al 59%, mientras que en las no indígenas es del 38.5%, que no es
pequeña. La prevalencia de desmedro (baja estatura para la edad), las deficiencias y
déficit de energía, vitamina A e ingestión no adecuada de muchos alimentos, así como
la presencia grave de otros fenómenos, mueven a preocupación seria, incrementada por el
hecho de que, durante el segundo y tercer años de vida, la anemia afecta a la mitad de
los niños, mientras que “26.4 y 20 por ciento de las mujeres en edad reproductiva
sufren anemia, estén embarazadas o no lo estén, sin que se observe predominio
geográfico”.
La pobreza,
asociada a la discriminación o abandono de los niños, es la fuente primigenia de los
males nutricionales endémicos y patológicos. Su atención debida implicaría llevar al
seno del hogar considerables alimentos, en variedad y cantidad, así como recursos
materiales e información culinaria e higiénica, mejor distribución entre los miembros
de la familia y capacidad económica incrementada. Se requiere una revolución cultural
alimentaria: nuevas relaciones, nuevos conocimientos, nuevos ideales, nuevos valores,
nuevas normas, nuevos actores.
Se requiere que,
frente a la penuria y la ignorancia de los grupos que padecen hambre, desnutrición y
pobreza, el Estado le entre al quite, sin menoscabo de la responsabilidad de parientes o
custodios de los niños y, en especial, de la familia.
Si, como hemos
advertido, las causas de la desnutrición son múltiples, también sus efectos son
variados y peligrosos. No sólo pone en riesgo la supervivencia, la salud, la capacidad
intelectual y volitiva y la sensibilidad de las personas y en especial de los niños, sino
que también está asociada a la desorganización social, a la aparición de la violencia
y el delito, a la permanencia de la sociedad conflictual, a la dificultad del consenso
social y político, a la sociedad desigual e injusta, a la improductividad económica, a
la dependencia del país de potencias extranjeras, a la desviación social y a la
ingobernabilidad, pues una sociedad con hambre no puede ser una sociedad tranquila.
La expresión
económica del fenómeno alimentario se precisa al analizar el porcentaje del gasto en
alimentación entre las familias de más bajo y más alto ingresos. Así, en las primeras,
en el estrato de más bajo ingreso, el gasto en alimentación llega a representar hasta
60% del ingreso, mientras que en los estratos de más alto ingreso no llega al 30%.
Por todo lo
anterior, es indispensable dar respuestas de fondo a un problema estructural como es la
desnutrición y la necesidad alimentaria y nutricional de las niñas y de los niños en
México.
La presente
iniciativa pretende contribuir con algunas soluciones de orden legal, que deberán
traducirse en política de Estado, programas, acciones y compromisos, en los que
participarán todos los actores de la vida social, política y económica.
El proyecto que
se presenta a la consideración del H. Congreso de la Unión, por conducto de esta H.
Comisión Permanente, observa las siguientes características:
1a. Se define
como una ley general de alimentación y nutrición, en cuanto a que obliga a todos los
habitantes del país y a todas las autoridades a su debido cumplimiento, sin menoscabo de
considerar algunas materias de atención concurrente.
2a. Es una ley
reglamentaria de los tres últimos párrafos del artículo 4o. de la Constitución.
3a. Su
fundamento constitucional, además, está contenido en los diferentes preceptos de la
Constitución enumerados en el artículo 1o., de los que se desprende que la materia de la
alimentación de los niños es de competencia concurrente de la Federación y las
entidades federativas, en tanto que está indisolublemente vinculada con la de salud y
admite por lo mismo la intervención del Consejo de Salubridad General, en los términos
de la base 1a. de la fracción XVI del artículo 73 constitucional.
4a. El Congreso
de la Unión puede legislar al respecto, en razón de las facultades implícitas que le
asigna la fracción XXX del propio artículo 73.
5a. El proyecto
de ley concuerda con los compromisos del gobierno mexicano derivados de la Convención
sobre los Derechos del Niño, en la que se establece el derecho a la alimentación.
6a. Es una ley
que garantiza la seguridad alimentaria de la niñez mexicana, en los términos en que lo
reconoce la FAO.
7a. Precisa las
obligaciones del Estado en favor de los niños y las niñas y de las familias, en general,
para informar y para proveerlos de alimentos, sin más condiciones que no perciban arriba
de tres salarios mínimos mensuales y participar en los programas respectivos a nivel
municipal.
8a. La ley
define un derecho inédito: la seguridad de la alimentación de todo niño o niña a lo
largo de su infancia, nacidos o avecindados en el territorio nacional, y la facultad que
se les otorga para reclamar sus derechos, que los ascendientes, tutores y custodios tienen
el deber de preservar.
9a. Los derechos
de los niños son exigibles por ellos mismos o por sus representantes legales y por el
Ministerio Público de la Federación, de manera que existe una gran seguridad jurídica
que los protege.
10. Se trata de
una ley programática, que sienta las bases de una acción coordinada entre los diversos
órdenes de gobierno, a través de reglamentaciones obligatorias para todos y/o la
celebración de convenios de colaboración.
11. La
población derechohabiente que determina la ley es la de los infantes de cero a quince
años, que representa 32.6 millones de niños, 34% de la población total según el XII
Censo General de Población y Vivienda 2000, así como las mujeres embarazadas y
lactantes.
12. El proyecto
de la ley determina la existencia de un sistema de coordinación intergubernamental e
interinstitucional, sin crear ningún organismo burocrático ni una sola plaza adicional
en el Presupuesto, dando bases y criterios de trabajo conjunto a las dependencias y
entidades del Gobierno Federal competentes.
13. Se prevé la
existencia del Programa Nacional de Alimentación y Nutrición Infantil, que debe aprobar
el Presidente de la República a propuesta del Consejo de Salubridad General, en el que
participan secretarías e instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México
y el Instituto Politécnico Nacional, lo cual se realiza en acatamiento a la Ley de
Planeación.
14. La
iniciativa contempla la adopción de la demarcación municipal como base territorial del
Programa de Atención a la Niñez en materia alimentaria y suma los planteles educativos
para coadyuvar en las actividades respectivas.
15. El proyecto
plantea una ley programática y a la vez operativa. Por esto, reglamenta el ejercicio de
la facultad presupuestaria de la Cámara de Diputados prevista en la Constitución y
establece el mecanismo para determinar anualmente el porcentaje de los recursos asignados
a cada dependencia y entidad que serán destinados al Programa Nacional de Alimentación y
Nutrición de la Niñez, así como el del presupuesto asignado a las entidades federativas
para igual fin. De igual forma, con base en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público, se autoriza al Ejecutivo Federal a concertar créditos para aquel programa,
cuando no alcancen los ingresos que se recaudan a fin de cubrir el Presupuesto de Egresos
de la Federación.
16. La
iniciativa de ley que se presenta es incluyente de la pluralidad social, por lo que
pretende promover la participación de todos los sectores en la planeación, seguimiento,
actualización y apoyo de los programas de alimentación y nutrición de la niñez.
Igualmente, enumera los derechos y las obligaciones de quienes ejerzan la patria potestad
o la tutela de los menores y prevé la promoción para fundar asociaciones de asistencia
privada, patronatos nacional y municipales para obtener recursos, bancos de alimentos a
cargo de los particulares y el apoyo de las autoridades, así como el establecimiento de
un servicio social alimentario, para la orientación nutricional de la población más
necesitada y alejada.
17. El proyecto
de ley fija prioridades en la atención de los menores de cinco años, en las comunidades
más alejadas y los grupos indígenas del país.
18. Se prevé
establecer estímulos e incentivos fiscales a los organismos de los sectores social y
privado que apoyen los programas que contempla el proyecto de ley.
19. Se establece
un régimen especial de responsabilidades de los servidores públicos y se mencionan las
sanciones administrativas y penales procedentes.
20. La ley
entraría en vigor el día 1o. de enero de 2004, a fin de que la vactio legis sirva para preparar programa(s) y
presupuesto, lo cual se establece en los artículos transitorios.
El proyecto
consta de 45 artículos, distribuidos en cinco capítulos, y de cinco artículos
transitorios, en los que se plasma una sólida esperanza de dar a las niñas y los niños
mexicanos aliento en su desarrollo y seguridad en su futuro. La niñez ha sido hasta hoy
objeto de muy numerosas preocupaciones, pero de muy insuficientes obras. Esta iniciativa
pretende ser una rica fuente de acciones y realizaciones, sostenidas en el marco de un
Estado de Derecho y de una sociedad democrática y justa.
Por las
motivaciones expuestas, pongo a la consideración del H. Congreso de la Unión la
siguiente iniciativa de
Ley General de Alimentación y Nutrición de la Niñez
Capítulo Primero
Disposiciones Generales
Artículo 1o. La presente ley es de observancia
general en toda la República y a su aplicación y obediencia concurrirán las autoridades
federales, estatales, municipales y del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas
competencias, conforme a las siguientes disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos:
1. Los párrafos
tercero, sexto, séptimo y octavo del artículo 4o.
2. La base 1a.
de la fracción XVI, así como la fracción XXX del artículo 73.
3. El párrafo
segundo del artículo 131.
4. La parte
conducente del artículo 133, respecto de la vigencia y alcances de los tratados
celebrados por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, en especial la
Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el gobierno mexicano el 28 de
marzo de 1994 y en vigor desde el 27 de abril de este último año.
5. La fracción
VII del artículo 116.
Artículo 2o. Las acciones del Estado mexicano, en
términos de corresponsabilidad de los órdenes de gobierno y los sectores, garantizarán
la seguridad alimentaria de la niñez mexicana bajo principios de sustentabilidad,
inocuidad, disponibilidad de alimentos básicos y orientación nutricional,
considerándola además como el derecho de los niños y las niñas del país a obtener
alimentación apropiada, en tanto prerrogativa fundamental de toda persona a no padecer
hambre.
De conformidad
con el postulado anterior, el Gobierno Federal realizará en primera instancia las
siguientes acciones básicas:
I. Proporcionar
a toda la población infantil del país, a los padres, tutores, escuelas y profesores de
educación preescolar y básica la información y orientación nutricional, mediante
cursos, elaboración de menús y asistencia de personal especializado integrante del
servicio social alimentario;
II. Proveer a
las familias con hijos menores, cuyos ingresos no excedan de tres salarios mínimos
mensuales, de alimentos enriquecidos nutricionalmente, complementando las aportaciones que
hagan al respecto otras autoridades y particulares;
III. Proporcionar a
toda la población ubicada en condiciones de extrema pobreza según las encuestas que al
efecto realicen el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática o las
demás instituciones públicas especializadas los alimentos necesarios para la nutrición
de los niños, tomando en cuenta la edad y el estado de salud de cada niño, así como la
distancia y condiciones socioeconómicas y geográficas de las localidades en situación
de rezago y alejamiento;
IV. Fomentar y
apoyar la investigación científica destinada a incorporar en la producción de alimentos
básicos la biotecnología de punta correspondiente, a fin de mejorar la calidad
alimentaria de los productos que consuma la población infantil del país;
V. Desalentar el
consumo de alimentos probablemente dañinos a la salud, de bajo o nulo contenido
nutricional, e implementar acciones permanentes para combatir la anemia y la obesidad en
la niñez; y
VI. Fortalecer
los programas y acciones generales para el abasto de alimentos, en concordancia con las
disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Artículo 3o. Por el solo hecho de su nacimiento y
vecindad en México, todos los niños y las niñas tienen asegurada su alimentación y
nutrición a lo largo de su infancia, por lo que podrán reclamar el derecho a la
satisfacción de sus necesidades de alimentación para su desarrollo integral. Los
ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos.
Artículo 4o. La alimentación, nutrición, salud,
educación y sano esparcimiento de la niñez mexicana son materias de interés público;
en consecuencia, el Estado mexicano proveerá lo necesario, en los términos de esta ley,
su reglamento y los convenios de coordinación que se celebren, para asegurar el ejercicio
del derecho de la niñez mexicana a satisfacer sus necesidades de alimentación.
El Gobierno
Federal, los gobiernos de los estados y de los municipios y el Gobierno del Distrito
Federal realizarán coordinadamente las acciones programáticas relativas a la
alimentación y nutrición de las niñas y los niños de México. Asimismo, otorgarán
facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos
alimentarios de la niñez.
Artículo 5o. El derecho a la alimentación
suficiente y nutritiva de las niñas y los niños será exigible por éstos a través de
sus representantes legales o, en su caso, por el Ministerio Público de la Federación que
corresponda, ante los ascendientes, tutores o custodios que los tengan bajo su cuidado.
Estos últimos podrán ejercer esas mismas prerrogativas para exigir a las autoridades
municipales, estatales y federales que provean lo necesario, en los términos de las
disposiciones aplicables, para la alimentación de las niñas y los niños a su cuidado.
Para este efecto, las autoridades deberán asegurar que los infantes se encuentren
debidamente inscritos en los programas que al efecto se implementen, en los que se dará
atención preferente e integral a los de más bajos recursos.
Artículo 6o. El Gobierno Federal, en los
términos de la Ley de Planeación y a través de las dependencias de la administración
pública que sean competentes, concertará con los gobiernos de los estados y del Distrito
Federal los convenios necesarios para instrumentar los programas de apoyo para la
alimentación y nutrición de la niñez.
Artículo 7o. Los programas de alimentación y
nutrición de las niñas y los niños a cargo de los diferentes órdenes de gobierno
deberán erradicar en todo el territorio nacional el hambre y la carencia, por lo que se
dirigirán de manera intensiva a atacar la desnutrición primaria de carácter endémico,
independientemente de los programas para combatir la pobreza y la marginación en las
zonas y localidades en que el niño desnutrido no tiene contacto con el sistema de salud,
ámbitos a los que debe llegar directamente la acción alimentaria y nutricional de las
instituciones públicas y de las organizaciones privadas coadyuvantes.
Artículo 8o. El Gobierno Federal vigilará que el
sistema comercial del país dé acceso a los productos alimentarios básicos y
fundamentales para la niñez en todas las regiones y localidades y que los precios que
paguen los consumidores por aquéllos no sean mayores de los que pagan los sectores
acomodados. Para este efecto, el Gobierno Federal otorgará los subsidios que compensen
esta situación ine-quitativa.
Artículo 9o. El Ejecutivo Federal proveerá lo
necesario para asegurar la coordinación de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal con los estados, municipios y el Distrito Federal, en el
cumplimiento de los programas y acciones interinstitucionales, multisectoriales y
regionales a los que concurran en materia de alimentación y nutrición de la niñez.
Artículo 10. La niñez derechohabiente de los
beneficios alimentarios que determina este ordenamiento es la que comprende a la
población del país de cero a quince años, de acuerdo con el Censo de Población
actualizado anualmente, con base en las proyecciones que realice el Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática, las cuales serán publicadas en el Diario Oficial
de la Federación, los periódicos oficiales de los estados y las gacetas o instituciones
correspondientes de los municipios, desagregados por localidades y con las
características técnicas y de fácil acceso y consulta que se aprueben en las normas
reglamentarias respectivas, así como con las encuestas nacionales de nutrición.
Para los efectos
de este artículo, serán consideradas población derechohabiente las mujeres embarazadas
y las que se encuentren en periodo lactante.
Para ejercer el
derecho a la alimentación, las niñas y los niños, así como las mujeres embarazadas y
en periodo de lactancia, deberán quedar inscritos en los padrones básicos que acuerden
anualmente las autoridades competentes.
Artículo 11. Compete a las autoridades federales,
estatales y municipales y del Distrito Federal la aplicación de la presente ley.
Los gobiernos de
los estados y del Distrito Federal atenderán la observancia de este cuerpo normativo y
harán cumplir las estipulaciones derivadas de los convenios de coordinación que celebren
con el Gobierno Federal, sin menoscabo del ejercicio de las facultades determinadas por
esta ley y las leyes estatales.
Capítulo Segundo
De la Planeación, Coordinación y Organización para la Seguridad
Alimentaria de la Niñez
Artículo 12. La planeación en materia de
seguridad alimentaria y derechos a la alimentación y nutrición de la niñez se regirá
por los criterios determinados en el artículo 2o. de la Ley de Planeación, por lo que a
ella concurrirán los tres órdenes de gobierno y la participación de los diversos grupos
de la sociedad.
La coordinación
y corresponsabilidad de la gestión pública serán criterios rectores para la planeación
e instrumentación de los programas de seguridad alimentaria. Los convenios que se
celebren entre el Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas se
ajustarán a dichos criterios y, conforme a los mismos, determinarán la
corresponsabilidad de ambos órdenes de gobierno en lo referente a la ejecución de las
acciones vinculadas al cumplimiento de la presente ley.
Artículo 13. Las acciones tendientes a alcanzar
los objetivos de esta ley se realizarán mediante un sistema de coordinación
intergubernamental e interinstitucional, entendido éste como el conjunto normativo y
programático constituido por las dependencias, entidades y órdenes de gobierno, así
como por las leyes, programas y demás mecanismos tendientes a garantizar el derecho a la
alimentación y nutrición infantiles.
Artículo 14. Los titulares de los ramos de
desarrollo social; de agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación; de
economía; de salud; y de educación en la Administración Pública Federal se reunirán
conjuntamente con las autoridades de las entidades federativas, de los municipios y los
sectores sociales a fin de aportar elementos de políticas y criterios para la
formulación y aplicación de los programas encaminados a la alimentación y nutrición de
la niñez mexicana.
Artículo 15. En materia de seguridad alimentaria,
se implementará el Programa Nacional de Alimentación y Nutrición Infantil, en cuyo
contenido se incluirán, por lo menos, los siguientes elementos:
I. El
diagnóstico de la situación alimenticia y nutricional de la niñez mexicana;
II. La
regionalización de la población derechohabiente de conformidad con las necesidades;
III. Las metas
respecto del universo por atender, así como los resultados concretos esperados; y
IV. Las materias
mínimas sobre las que se llevarán a cabo programas específicos, los cuales
establecerán objetivos, corresponsabilidad de los diferentes órganos de gobierno,
criterios de elegibilidad, asignación de recursos, calendarización, metas, prioridades,
coberturas, apoyos y beneficiarios.
Artículo 16. El Programa Nacional de
Alimentación y Nutrición Infantil combatirá por igual los factores adversos a la buena
alimentación y nutrición de los niños y las niñas, particularmente la pobreza, la
ignorancia y el aislamiento geográfico, por lo que promoverá el trabajo coordinado con
los programas a cargo de las Secretarías de Desarrollo Social y de Educación Pública,
así como con la política de población del Gobierno Federal.
Artículo 17. El Programa Nacional de
Alimentación y Nutrición Infantil será aprobado por el Presidente de la República con
base en un concepto de salud que considere el bienestar integral de las personas.
Este programa
asignará obligatoriamente a las dependencias y entidades del Gobierno Federal
responsabilidades específicas en la materia y determinará lo que corresponda a las
demás autoridades del país. Igualmente, incluirá:
a) Las reglas
técnicas operativas que deberán aplicar los responsables del programa.
b) Las metas
anuales y de mediano plazo, de carácter nacional, estatal, regional y municipal en
materia de atención a las demandas y necesidades alimenticias y nutricionales de la
niñez, para lo cual se allegará de la información suficiente sobre el estado de la
niñez al respecto, que le deberá ser proporcionada por las dependencias y entidades de
la Federación y por los gobiernos estatales y los municipales.
c) El acopio y
la distribución de alimentos para la satisfacción de las necesidades programadas
anualmente, considerando la participación de los sectores productivos y las aportaciones
de la sociedad civil.
d) El
diagnóstico de la situación alimentaria del país, particularmente de la población
infantil desnutrida y con desmedro en los principales indicadores de su desarrollo físico
y sicosocial.
e) Las acciones
por desarrollar para atender a la población infantil considerada prioritaria y para
privilegiar la alimentación y nutrición de los niños de cero a cinco años.
f) La
publicación de los cuadros de alimentos, con sus propiedades nutricionales, que deberán
estar disponibles en los municipios y localidades del país.
Artículo 18. Con base en el Programa Nacional, se
realizarán programas sectoriales, estatales y municipales y se determinarán los
convenios de colaboración y de concertación con las entidades federativas y las
asociaciones o grupos de la sociedad civil, respectivamente.
Artículo 19. Los programas serán evaluados
sistemáticamente, a fin de allegar a la Cámara de Diputados de información oportuna y
suficiente para la asignación de recursos presupuestales, en los términos del artículo
28 de este ordenamiento.
Artículo 20. Los productores de alimentos
básicos que se vinculan con el Programa Nacional y los programas sectoriales o regionales
recibirán los estímulos que determine el Gobierno Federal conforme a la legislación
aplicable.
Artículo 21. Los programas de seguridad
alimentaria para la niñez mexicana y todos los que se determinen y aprueben en
cumplimiento de lo dispuesto por esta ley precisarán, en unidades de medida cuantitativa
y cualitativamente evaluables, los objetivos que deberán alcanzarse, los recursos
destinados a las diferentes actividades y, en su caso, el monto y modo de la
participación en ellos del Gobierno Federal, de los gobiernos de las entidades
federativas y la de la propia sociedad.
Artículo 22. Los programas de apoyo alimentario y
nutricional a las niñas y los niños, tanto a nivel municipal como nacional o regional,
en el caso de las zonas indígenas, deberán definir el universo poblacional de atención,
los instrumentos y mecanismos que serán establecidos para el logro de los objetivos que
conforme a los mismos se persigan, así como los grupos de edades y municipios que cada
año serán atendidos prioritariamente, en consonancia con el Programa Nacional de
Alimentación y Nutrición Infantil.
Artículo 23. Los programas que contengan alguna
innovación tecnológica y científica en materia alimentaria aprovecharán, respetarán y
preservarán los usos, costumbres y elementos culturales de las comunidades, a fin de que
dichas innovaciones contribuyan al enriquecimiento de la vida social y cultural de las
mismas.
Artículo 24. Las dependencias y entidades del
sector público federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, apoyarán los
programas de alimentación y nutrición de la niñez a cargo de los municipios, así como
a las asociaciones y patronatos que participen en los mismos.
Artículo 25. El Gobierno Federal celebrará con
los gobiernos de los estados y del Distrito Federal los convenios necesarios para definir
las responsabilidades de cada uno de los órdenes de gobierno en el cumplimiento de los
objetivos y las metas de los programas sectoriales, estatales y municipales del Programa
Nacional de Alimentación y Nutrición Infantil. En estos convenios se establecerá la
responsabilidad de los propios gobiernos de las entidades federativas para promover la
concurrencia de otros programas sectoriales, estatales y federales, y los correspondientes
a la política de desarrollo social.
Artículo 26. Los convenios de coordinación a que
se refiere este ordenamiento establecerán los lineamientos conforme a los cuales las
entidades federativas realizarán las actividades necesarias para cumplir los objetivos y
las metas del Programa Nacional de Alimentación y Nutrición Infantil.
Dichos convenios
se elaborarán tomando en cuenta los siguientes aspectos:
I. La posible
concurrencia de las autoridades estatales y del Distrito Federal en el ejercicio de las
atribuciones que asigna a las dependencias y entidades federales la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal;
II. La
programación puntual de las actividades, en la que se especifiquen las responsabilidades
operativas y presupuestales de ambos órdenes de gobierno en el cumplimiento de los
objetivos y las metas del Programa Nacional de Alimentación y Nutrición Infantil;
III. El
compromiso de los estados y del Distrito Federal para promover regulaciones congruentes y
acordes con la planeación y legislación nacional en materia de alimentación infantil;
IV. El
compromiso de los gobiernos de las entidades federativas de hacer del conocimiento
público los compromisos derivados de estos convenios, así como la aplicación y
distribución de apoyos a nivel de beneficiario;
V. La adopción
de la demarcación municipal como base geo-gráfica para la cobertura territorial de
atención a los derechohabientes, así como para la operación y el seguimiento de los
programas;
VI. La
aceptación de los planteles educativos públicos como puntos iniciales de distribución
de los apoyos contenidos en los programas, independientemente de otros centros públicos o
privados de acopio y distribución; y
VII. La
participación de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios en la
elaboración y actualización del padrón de las niñas y los niños derechohabientes de
los programas, así como de las mediciones de mejora en la alimentación de los mismos.
Capítulo Tercero
Del Presupuesto Destinado a la Alimentación y Nutrición Infantiles
Artículo 27. Los programas a que se refiere esta
ley estarán sujetos a revisión y adecuación periódicas y, durante su vigencia, el
monto presupuestal anual destinado a los mismos no podrá ser menor, en términos reales,
que el del año anterior, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 21 y 27 de la
Ley de Planeación.
Artículo 28. La Cámara de Diputados, al aprobar
anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, determinará el porcentaje que de
los recursos asignados a cada dependencia y entidad de la Administración Pública Federal
será destinado al cumplimiento del Programa Nacional de Alimentación y Nutrición
Infantil.
De igual forma,
la Cámara de Diputados asignará el porcentaje del presupuesto para las entidades
federativas que deba ser aplicado al cumplimiento de las responsabilidades que hubiesen
adquirido en materia de alimentación y nutrición infantiles.
Artículo 29. Cuando no sea posible recaudar
ingresos suficientes que cubran las necesidades presupuestales para el debido cumplimiento
de los programas de atención alimentaria de la niñez, se autoriza al Ejecutivo Federal
para concertar créditos hasta por el 75% del presupuesto destinado al Programa Nacional
de Alimentación y Nutrición Infantil. Para este propósito, se observará en lo
conducente la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.
Capítulo Cuarto
De la Participación de la Sociedad
Artículo 30. En el ámbito del Programa Nacional
de Alimentación y Nutrición Infantil, el Gobierno Federal, en coordinación con los
gobiernos de los estados y los municipios y del Distrito Federal, impulsará la
participación de la sociedad, con el propósito de que la población colabore en la
consecución de los objetivos, políticas públicas, estrategias, líneas de acción y
planes para fortalecer y elevar la calidad de la nutrición y alimentación de la niñez,
así como la ampliación en la cobertura de los servicios relacionados con la
alimentación y nutrición infantiles.
Las
organizaciones nacionales de los sectores social y privado y que de acuerdo con sus
estatutos y reglamentos posean un carácter incluyente y representativo serán
consideradas para los efectos de esta ley como organismos consultivos del Gobierno
Federal, con el objetivo de ampliar su participación en la planeación, seguimiento,
actualización y apoyo de los programas de alimentación y nutrición de la niñez.
Artículo 31. Independientemente de las
responsabilidades que la legislación ordinaria determine para quienes ejerzan la patria
potestad o la tutela de menores de edad, estas personas tendrán los siguientes derechos y
obligaciones:
I. Recibir la
información y orientación nutricionales para la adecuada alimentación y nutrición de
las niñas y de los niños bajo su cuidado;
II. Colaborar
con las autoridades escolares a fin de implementar acciones tendientes a cubrir esta
necesidad durante el horario escolar;
III. Formar
parte de las asociaciones de padres de familia y de las organizaciones de participación
ciudadana a que se refiere este capítulo;
IV. Dar
alimentos a los hijos que satisfagan los requerimientos mínimos nutrimentales,
establecidos por la autoridad correspondiente, en función de la edad y sus condiciones
físicas y sicosociales;
V. Participar en
la aplicación de cooperaciones en numerario, bienes y servicios que las propias
asociaciones de padres de familia deseen hacer a los establecimientos escolares, bancos de
alimentos, instituciones públicas, privadas o mixtas que operen en las localidades o
municipios; y
VI. Proponer las
medidas que estimen conducentes para alcanzar los objetivos señalados en esta ley.
Asimismo y con
objeto de impulsar la participación de los padres de familia en la implementación de las
acciones que procuren la satisfacción de las necesidades alimentarias infantiles, los
municipios, en coordinación con las escuelas, promoverán la creación de asociaciones de
padres de familia y otras formas de agrupación con aquellos fines.
Artículo 32. El Gobierno Federal, en
coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios,
promoverá la participación de los sectores social y privado; para ello, incentivará la
creación de asociaciones de asistencia privada y otras instituciones de ese carácter,
las cuales apoyarán las acciones y los programas que se establezcan para la alimentación
y nutrición infantiles, mediante recursos propios o con liberalidades de cualquier
naturaleza que aporte la sociedad en general y de conformidad con los ordenamientos que
las rijan.
Artículo 33. El Gobierno Federal promoverá la
constitución de un patronato nacional y uno de carácter local en cada municipio
dedicados a la obtención de recursos para apoyar las acciones dirigidas a la buena
alimentación y nutrición de los niños y las niñas del país y de las diferentes
localidades. En dichos patronatos se contará con la participación de los sectores social
y privado, así como de las autoridades. Los representantes de éstos tendrán derecho de
voz, pero no de voto.
Artículo 34. Los patronatos y las asociaciones de
asistencia privada coordinarán su trabajo y acciones con las autoridades competentes y
prestarán su apoyo de manera prioritaria a los sectores de mayor rezago, procurando
extender sus beneficios a los grupos indígenas, en la forma en que lo determinen las
comunidades respectivas.
Artículo 35. El Gobierno Federal, en
coordinación con los gobiernos de los estados y de sus municipios y del Distrito Federal,
o sus demarcaciones políticas territoriales, promoverá el establecimiento de bancos de
alimentos para asistir y apoyar a la población derechohabiente de los programas para la
alimentación y nutrición de la niñez.
La operación y
el mantenimiento de dichos bancos se regirán por las normas aplicables a la asistencia
privada. En casos excepcionales debidamente fundados, en términos de necesidades
económicas y sociales, el Gobierno Federal, en coordinación con los gobiernos de las
entidades federativas y de los municipios, podrá sostener bancos de alimentos para la
niñez que aseguren su bienestar integral.
Artículo 36. El Gobierno Federal propiciará la
educación alimentaria de los niños y las niñas en México, con el auxilio de los
gobiernos de las entidades federativas y de los municipios y con la participación social
y privada del país y el apoyo técnico especializado del Instituto Nacional de
Nutrición.
Al efecto, se
instaurará un servicio social alimentario, integrado con profesionales en las áreas de
salud pública y nutriología, que prestarán sus servicios en clínicas, hospitales,
centros de salud y escuelas públicas, a fin de propor- cionar orientación nutricional al
público en general, particularmente a la población más alejada.
Artículo 37. El servicio social alimentario
estará a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, que celebrará todos los convenios
que sean necesarios para que los profesionistas, técnicos y especialistas en la materia
sirvan en los municipios y particularmente en las localidades de mayor rezago y
aislamiento.
Artículo 38. Este servicio social procurará
vincular las comunidades con las tecnologías más apropiadas para el aprovechamiento de
los recursos alimentarios de las zonas y cuidará que se respeten y preserven las
tradiciones y culturas de aquéllas. La transferencia tecnológica será realizada con el
mayor cuidado de la biodiversidad, el ambiente y el equilibrio ecológico.
Artículo 39. La dependencia competente de la
Administración Pública Federal establecerá estímulos e incentivos fiscales a los
organismos del sector social y del privado que apoyen los programas y las acciones para la
adecuada alimentación y nutrición de la niñez mexicana.
Capítulo Quinto
De los Recursos y Sanciones
Artículo 40. Será causa de responsabilidad
política, administrativa, penal o civil de las autoridades competentes, según sea el
caso, la no atención esmerada, cuidadosa y oportuna de la alimentación de los niños
incluidos en los programas a su cargo o que formen parte de la población infantil que
corresponda a su ámbito de gobierno.
Artículo 41. Fuera de los casos previstos por la
legislación ordinaria en materia de alimentos, los menores de edad tendrán acceso a la
autoridad judicial federal para demandar alimentación, en los términos de esta ley,
cuando las autoridades les denieguen el acceso a los programas vigentes o carezcan de los
mismos, en cuyo caso el juez ordenará de inmediato que se le atienda e inscriba en la
institución pública competente más cercana a su domicilio, dando vista al Ministerio
Público de la Federación y llamando a comparecer a quienes representen legalmente al
menor de edad.
Artículo 42. Para los efectos procedimentales de
este ordenamiento, la demanda de alimentación debe entenderse como de productos
alimenticios para eliminar el hambre y proveer de una buena nutrición, de manera que
sólo incluye la comida y no los demás elementos que enumera el artículo 308 del Código
Civil Federal.
Artículo 43. Si, de las pruebas que aporten el
demandante, su representante legal o el Ministerio Público, el juez advierte negligencia
o mala fe de la autoridad responsable, la hará comparecer y, oídos sus argumentos,
podrá multarla hasta con 500 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal,
según la gravedad de la falta. Si la misma autoridad reincide en igual comportamiento,
será sancionada conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos con la destitución e inhabilitación para desempeñar cargos
públicos, independientemente de otras responsabilidades que se le reclamen.
Artículo 44. Si el domicilio del menor está
retirado considerablemente del más próximo tribunal federal, podrá acudir ante un juez
de paz o ante el superior inmediato del responsable, quienes sin demora darán aviso al
juez de distrito competente.
Artículo 45. Cuando el juez o el Ministerio
Público consideren que hay indicios de que las autoridades demandadas han cometido un
ilícito penal, procederán conforme a las leyes aplicables de orden federal o local.
Transitorios
Primero. La presente Ley entrará en vigor el
primero de enero de 2004.
Segundo. La Cámara de Diputados hará comparecer
a los titulares de las dependencias y entidades que esta ley responsabiliza de los
servicios y programas alimenticios, a efecto de contar con elementos suficientes para la
aprobación del presupuesto correspondiente al año 2004 que proponga el Ejecutivo para
cumplir las finalidades de este ordenamiento.
Tercero. El Ejecutivo Federal procederá de
inmediato, por conducto del órgano previsto en esta ley, a la elaboración, aprobación y
difusión del Programa Nacional de Alimentación y Nutrición Infantil, así como a la
promoción de la participación social y privada y a la celebración de convenios de
colaboración con las entidades federativas.
Cuarto. Los programas de asistencia a la niñez en
materia de alimentación en operación a la fecha de inicio de la vigencia de esta ley se
integrarán al Programa Nacional de Alimentación y Nutrición Infantil, pero su
ejecución continuará a cargo de las autoridades actualmente responsables de los mismos,
y su elaboración y actualización se sujetarán a los criterios del organismo señalado
en el artículo 17 de este ordenamiento.
Quinto. Publíquese esta ley en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio
Legislativo.— San Lázaro, a 5 de marzo de 2003.— Diputados: Beatriz Paredes Rangel, María Teresa Tapia Bahena,
Julieta Prieto Fuhrken, Ramón León Morales, Víctor A. García Dávila y Olga Uriarte Rico (rúbricas).»
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Gracias, señora
diputada.
Túrnese a la Comisión de Desarrollo
Social de la Cámara de Diputados.
LEY DE LA COMISION NACIONAL DE FOMENTO MARITIMO Y PORTUARIO
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Tiene la palabra
el diputado José Tomás Lozano y Pardinas, del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional, para presentar una iniciativa de ley de la Comisión Nacional de Fomento
Marítimo y Portuario.
El diputado José Tomás Lozano y
Pardinas:
“José
Tomás Lozano y Pardinas, integrante del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo
dispuesto en los ar- tículos 71, fracción II y 76, fracción XXV de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 55 numeral 2, 56 y 52 y demás
relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de esta Comisión Permanente, la
siguiente iniciativa de decreto que propone la creación de la Ley de la Comisión
Nacional de Fomento Marítimo y Portuario, al tenor de la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
Misión y
trascendencia del servicio marítimo.
Se ha querido
comenzar esta exposición de motivos acercándose a la misión y trascendencia de nuestra
Marina Mercante. Trascendencia que deriva de ser una de las actividades primarias de
nuestro comercio internacional.
El transporte
marítimo, pieza angular del movimiento de mercancías a nivel mundial y México no es la
excepción; más del 80% del comercio mundial se mueve por esta vía y nuestra nación se
encuentra ante la disyuntiva de desa-rrollar o no su potencialidad marítima y portuaria.
La respuesta no
tiene alternativas. La posición geográfica privilegiada de México, entre dos océanos,
los más de 4 millones de kilómetros cuadrados de mar patrimonial, más del doble de
nuestros 2 millones de kilómetros cuadrados de superficie territorial, nos dan la
respuesta. No hay alternativa; México debe de ser una nación autosuficiente en
transporte marítimo.
La situación
actual. La realidad de nuestro transporte marítimo incluye tres fases actualmente:
Primero.
Carencia de buques mercantes de altura, especialmente en las áreas de buques mercantes
graneleros y portacontenedores.
Se hace la
observancia que de cada 5 mil barcas que zarpan o arriban anualmente a los puertos
nacionales, solamente dos son buques mercantes de altura mexicanos.
La industria de
construcción y mantenimiento naval por consecuencia es prácticamente inexistente, ya que
no se cuenta con las instalaciones necesarias para dar mantenimiento a los buques del
orden de 10 mil toneladas o más.
La generación y
desarrollo e intercambio de tecnología en las áreas mencionadas es prácticamente
inexistente. Pero más importante aún es que la elaboración de normas oficiales
mexicanas en las áreas marítimo, portuarias se han concretado merced a la buena fe y
voluntad de los organismos marítimos internacionales, ya que se carece de infraestructura
académica, tecnológica y de investigación para la elaboración de dichas normas
oficiales requiere:
Siendo México
una nación soberana no podemos, bajo ningún concepto, seguir supeditados a un coloniaje
desgastante en áreas de investigación y tecnología marítima portuaria.
La punta de
lanza de una adecuada política de fomento marítimo y portuario pasa obligadamente por
las etapas de información, capacitación y permanente actualización técnica y operativa
del personal marítimo portuario.
La creación del
Instituto que opere la capacitación y tecnología académica y científica de las áreas
marítimo portuarias, es el paso obligado para una auténtica política de impulso al
transporte marítimo.
El avance
cotidiano en todos los rincones del mundo, en las áreas operativas de seguridad laboral,
prevención y control de la prevención de la contaminación marítima y portuaria,
operación y seguridad laboral en astilleros y mantenimiento naval, así como en la
totalidad de las áreas del transporte marítimo.
No es posible
ser una marina mercante calificada sin un soporte académico, científico y tecnológico
en sus diversas fases: de intercambio y generación de tecnología, de desa-rrollo
científico actualizado conforme a la realidad técnica y operativa de nuestro transporte
marítimo.
Dicho soporte
debe permitir también la adecuada planeación a futuro de la política de desarrollo
marítimo y portuario nacionales, programar los avances a realizar y detectar las fallas
que produzcan en esta área.
Función
esencial también será la permanente actuación de la información estadística de las
áreas y servicios que integran el transporte marítimo.
Capacitación y
Actualización Permanente.
La permanente
actualización de orden técnico, operativo y administrativo del personal de la industria
de construcción naval pasa por la actualización cotidiana que no entra en los planes de
formación profesional de la educación náutica mercante, pero que es indispensable y
fundamental el buen desarrollo y aprovechamiento de los sectores profesionales técnicos y
administrativos del área.
La planeación y
sugerencia de los programas de control de la contaminación marítima y portuaria en una
forma científica y técnica y calificada, es el objetivo fundamental de la naciente
Comisión Nacional de Fomento Marítimo y Portuario.
Por lo
anteriormente expuesto someto a la consideración de esta Comisión Permanente para que
sea turnado a la Comisión de Marina la siguiente propuesta de decreto.
Por lo cual,
señor Presidente, solicito sea integrada en el Diario de los Debates y en la Gaceta
Parlamentaria.
«José Tomás
Lozano y Pardinas, integrante del grupo parlamentario Partido Acción Nacional, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 76 fracción XXV de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del 55 numeral II 56 y
62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos sometemos a la consideración del Pleno de la H. Cámara de
Diputados de esta soberanía, honorable Congreso de la Unión, por medio de la Comisión
Permanente, la siguiente iniciativa de decreto que propone la creación de la Ley de la
Comisión Nacional de Fomento Marítimo y Portuario, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Misión y
trascendencia del comercio marítimo.
Se ha querido
comenzar esta exposición de motivos acercándose a la misión y trascendencia de nuestra
marina mercante.
Trascendencia
que deriva de ser una de las actividades primarias de nuestro comercio internacional.
El transporte
marítimo, pieza angular del movimiento de mercancías a nivel mundial, y México no es la
excepción, más del 80% del comercio mundial se mueve por vía marítima.
Nuestra nación
se encuentra ante la disyuntiva de desarrollar o no su potencialidad marítima y
portuaria.
La respuesta no
tiene alternativas.
La posición
geográfica privilegiada de México entre dos océanos, los más de 4 millones de
kilómetros cuadrados de mar patrimonial, más del doble de nuestros dos millones de
kilómetros cuadrados de superficie territorial nos dan la respuesta.
No hay
alternativa: México debe ser una nación autosuficiente en transporte marítimo.
Situación
actual
La realidad de
nuestro transporte marítimo incluye tres fases actualmente:
1. Carencia de
buques mercantes de altura especialmente en las áreas de buques mercantes graneleros y
portacontenedores.
Se hace la
observación de que de cada 5 mil barcos que zarpan o arriban anualmente a puertos
nacionales solamente dos son buques mercantes de altura mexicanos.
2. La industria
de construcción y mantenimiento naval, por consecuencia, es prácticamente inexistente,
ya que no se cuenta con las instalaciones necesarias para dar mantenimiento a buques del
orden de 10 mil o más toneladas, TRB.
3. La
generación, desarrollo e intercambio de tecnología en las áreas mencionadas son
prácticamente inexistentes.
Pero más
importante aún es que la elaboración de normas oficiales mexicanas en las áreas
marítimo-portuarias se ha concretado merced a la buena fe y voluntad de organismos
marítimos internacionales, ya que se carece de la infraestructura académica,
tecnológica y de investigación que la elaboración de dichas normas oficiales requiere.
Siendo México
una nación soberana no podemos bajo ningún concepto, seguir supeditados a un coloniaje
desgastante en áreas de investigación y tecnología marítima y portuaria.
La punta de
lanza de una adecuada política de fomento marítimo y portuario pasa obligadamente por
las etapas de información, capacitación y permanente actualización técnica y operativa
del personal marítimo y portuario.
La creación de
la institución que opere la capitalización tecnológica, académica y científica de las
áreas marítimas y portuarias, es el paso obligado para una auténtica política de
impulso al transporte marítimo.
El avance
cotidiano en todos los rincones del mundo, en las áreas operativas de seguridad laboral,
prevención y control de la contaminación marítima y portuaria, operación y seguridad
laboral en astilleros y mantenimiento naval, así como en la totalidad de las áreas del
transporte marítimo.
No es posible
ser una marina mercante calificada sin un soporte académico científico y tecnológico en
sus diversas fases de:
Intercambio y
generación de tecnología.
Desarrollo
científico actualizado conforme a la realidad técnica y operativa de nuestro transporte
marítimo.
Dicho soporte
debe permitir también la adecuada planeación a futuro de la política de desarrollo
marítimo y portuario nacionales, programar los avances a realizar y detectar las fallas
que se produzcan en el área.
Función
esencial también será la permanente actualización de la información estadística de
las áreas y servicios que integran el transporte marítimo.
Capacitación y
actualización permanentes
La permanente
actualización de orden técnico-operativo y administrativo del personal de la industria
de construcción naval pasa por la actualización cotidiana que no entra en los planes de
formación profesional de la educación náutica mercante, pero que es indispensable y
fundamental para el buen desarrollo y aprovechamiento de los sectores profesionales
técnicos y administrativos del área.
La planeación y
sugerencia de los programas de control de la contaminación marítima y portuaria en una
forma científica y técnica calificada es objetivo fundamental de la naciente Comisión
Nacional de Fomento Marítimo y Portuario.
Por lo
anteriormente expuesto los abajo firmantes sometemos a la consideración de la H. Cámara
de Diputados a través de la Comisión Permanente la siguiente propuesta de
DECRETO
Ley de la
Comisión Nacional de Fomento Marítimo y Portuario
Artículo 1o.- Se crea la Comisión Nacional de
Fomento Marítimo y Portuario, en lo sucesivo la Comisión, como un organismo público
descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio.
La coordinación
sectorial de la Comisión corresponderá a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 2o.- El domicilio legal de la Comisión
se ubicará en la zona metropolitana de la ciudad y puerto de Tampico, sin perjuicio de
que dicha Comisión establezca delegaciones regionales en las zonas portuarias que juzgue
convenientes.
Artículo 3o.- La Comisión tendrá por objeto
esencial impulsar y desarrollar las actividades que fomenten y beneficien al transporte
marítimo tanto de altura como de cabotaje, al sector portuario así como la industria de
astilleros nacionales, tanto de construcción como de mantenimiento.
Serán
prioritarias al objeto de la Comisión las actividades de desarrollo y adquisición de
tecnología marítima y portuaria, investigación e intercambio académico con centros
nacionales y del extranjero en materia tecnológica y la actualización y permanente
capacitación del personal profesional técnico y operativo de las áreas mencionadas.
Artículo 4o.- Para cumplir con su objetivo la
Comisión tendrá las siguientes funciones:
I. Participar en
la planeación de los programas de desarrollo del sector marítimo-portuario y la
industria de construcción naval junto con las autoridades competentes del sector.
Asimismo,
participar con las autoridades competentes en el establecimiento y definición de la
política nacional del sector marítimo-portuario.
II. Participar y
asesorar en el estudio y planeación junto con las autoridades competentes los estímulos
de orden fiscal y financiero que se consideren necesarios para impulsar y fomentar el
sector marítimo y portuario así como la industria de construcción naval nacional.
III. Impulsar
las actividades de los astilleros nacionales promoviendo la integración de ofertas y
servicios de la industria de construcción y mantenimiento naval a las flotas de altura y
cabotaje nacionales.
IV. Apoyar o
sugerir en su caso a las autoridades del sector la ejecución de los programas de
prevención y control de la contaminación marítima y portuaria en mares nacionales y
zona económica exclusiva.
Así como
también, la contaminación generada por el tráfico marítimo internacional, durante el
tiempo que éste cruce aguas nacionales.
V. Establecer
las bases previas científicas, tecnológicas, así como operativas a la formulación de
normas oficiales mexicanas en el sector marítimo y portuario y la industria de
construcción naval.
VI. Fomentar el
estudio, la investigación y el desarrollo de tecnologías, así como el intercambio
científico y académico con instituciones públicas y privadas del extranjero en las
áreas mencionadas.
VII. Fomentar el
mercado nacional, así como el internacional de la venta y exportación de lanchones,
gabarras, remolcadores, buques para la industria pesquera, transbordadores, buques para la
educación náutica y oceanográfica, plataformas y artefactos petroleros, buques
deportivos y recreativos fabricados por la industria nacional.
VIII. Fomentar
el mercado nacional e internacional de la venta y exportación de partes y refacciones
terminados o semiterminados fabricados por la industria nacional.
IX. Recabar,
sistematizar y proporcionar los informes y datos que se requieran para el sistema nacional
de información en materia de producción y desarrollo del sector marítimo y portuario y
de construcción naval.
X. Promover y
desarrollar los planes y programas de capacitación y actualización tecnológica,
asistencia técnica, seguridad laboral y operativa del personal profesional técnico, así
como administrativo y auxiliar del sector marítimo y portuario.
XI. Promover y
participar en dicha capacitación y asesoría a centros e instituciones del sector
público y privado tanto nacionales como extranjeros que lo soliciten.
XII. Impulsar la
organización de asociaciones, colegios y sociedades de carácter profesional, académico
o técnico del sector marítimo y portuario de la industria de construcción naval.
XIII. Efectuar
las necesarias campañas de difusión sobre los logros alcanzados en las áreas de la
capacitación y actualización laboral del sector desarrollo e investigación científica
y tecnológica alcanzadas, así como también el intercambio alcanzado en dichas áreas.
XIV. Participar
junto con las autoridades competentes del sector en la planeación y participación del
sector público y privado en muestras, encuentros y exposiciones tanto de orden nacional
como internacional en las áreas de desarrollo científico y tecnológico, capacitación y
actualización, seguridad laboral, prevención y control de la contaminación y
comercialización en las áreas marítima y portuaria y de construcción naval.
XV. Las demás
que le otorguen las disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 5o.- El patrimonio de la Comisión se
integrará de la siguiente manera:
1. Los bienes
muebles e inmuebles que le transfiera el Gobierno Federal.
2. Los recursos
que le sean asignados anualmente conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación
correspondiente.
3. Las
aportaciones de las Administraciones Portuarias Integrales, donativos, adquisiciones,
créditos, préstamos y cooperaciones técnicas en numerario o en especie, que obtenga de
cualquier dependencia o entidad gubernamental, instituciones privadas u organismos
nacionales o internacionales, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
4. Los ingresos
que obtenga por los servicios que preste y por las actividades que realice.
5. Los demás
bienes, recursos y derechos que adquiera por cualquier título.
Artículo 6o.- La Comisión tendrá como órgano
de gobierno a la Junta de Gobierno, que será la máxima autoridad del organismo y estará
integrada por los titulares de las Secretarías de Marina; de Medio Ambiente y Recursos
Naturales; de Economía; de Desarrollo Social; de Hacienda y Crédito Público; y de
Turismo, así como por el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien
la presidirá.
Los miembros de
la junta gozarán de voz y voto en las sesiones de la misma.
Por cada
integrante titular de la Junta de Gobierno deberá nombrarse a un suplente mismo que
ostentará el rango mínimo de subsecretario.
Artículo 7o.- La Junta de Gobierno de la
Comisión será presidida por el secretario de Comunicaciones y Transportes mismo que
será suplido en sus ausencias por el subsecretario que el mismo designe.
Artículo 8o.- La Junta de Gobierno de la
Comisión nombrará un secretario técnico a propuesta de su presidente entre personas
ajenas al organismo que será el encargado de convocar a sus sesiones, levantar las
minutas y hacer el seguimiento de los acuerdos correspondientes.
Artículo 9o.- La Junta de Gobierno tendrá las
atribuciones indelegables que le otorga la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y
demás disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 10.- La Junta de Gobierno de la
Comisión se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias. Para su legal integración
requerirá de la mitad más uno de sus integrantes.
Artículo 11.- El funcionamiento de la Junta de
Gobierno de la Comisión se sujetará a lo establecido en el artículo 18 de la Ley
Federal de las Entidades Paraestatales.
Artículo 12.- La Comisión estará a cargo de un
director general quien será designado por el Presidente de la República, debiendo recaer
tal nombramiento en persona que reúna los requisitos previstos en el artículo 21 de la
Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
El director
general representará legalmente a la Comisión en el cumplimiento de su objeto y
administrará sus bienes, pudiendo delegar sus atribuciones en servidores públicos
subalternos, de conformidad con el Estatuto Orgánico.
Los servidores
públicos que se ubiquen en las dos jerarquías inmediatas inferiores a la de director
general serán designados por la Junta de Gobierno a propuesta del propio director
general.
Artículo 13.- El director general de la Comisión
además de las facultades que le confiere la Ley Federal de las Entidades Paraestatales
tendrá las atribuciones siguientes:
I. Remitir la
información presupuestal y financiera que corresponda al organismo para su integración
en la cuenta anual de la hacienda pública federal.
II. Establecer
los sistemas de información, seguimiento, control y evaluación, que destaquen la
eficiencia, la eficacia y la productividad con que se desempeñe la Comisión, así como
presentar a la Junta de Gobierno por lo menos cuatro veces al año los resultados
alcanzados.
III. Asignar
responsabilidades, delegar atribuciones, proponer a la Junta de Gobierno el nombramiento
de los servidores públicos que ocupen cargos en las dos jerarquías inferiores a la de
director general de la Comisión, fijar los sueldos y demás prestaciones conforme a las
asignaciones globales del presupuesto de gasto corriente aprobado por la propia Junta de
Gobierno, nombrar el resto del personal del organismo y conducir las relaciones laborales
en términos de lo dispuesto en su Estatuto Orgánico.
IV. Celebrar
actos, contratos y convenios que sean necesarios para el cumplimiento del objeto de la
Comisión.
V. Asistir a las
sesiones de la Junta de Gobierno con voz pero sin voto.
VI. Formular y
someter a la Junta de Gobierno el Estatuto Orgánico y los manuales de organización y
funcionamiento de la Comisión.
VII. Presentar
para la aprobación de la Junta de Gobierno los proyectos de presupuesto, de ingresos y
egresos y el programa operativo anual del organismo.
VIII. Informar a
la Junta de Gobierno trimestralmente sobre las operaciones ejecutadas y los estados
financieros acompañados de los comentarios respectivos.
IX. Las demás
que determine el Estatuto Orgánico y las disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 14.- El órgano de vigilancia de la
Comisión estará integrado por un comisario público propietario y uno suplente,
designados por la Secretaría de Contraloría y De-sarrollo Administrativo, quienes
ejercerán sus funciones de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.
El comisario
asistirá con voz pero sin voto a las sesiones de la Junta de Gobierno de la Comisión.
Artículo 15.- La Comisión contará con una
contraloría interna, órgano de control interno al frente del cual estará el contralor
interno, designado en los términos del artículo 37, fracción XII, de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal, quien en el ejercicio de sus facultades se
auxiliará por los titulares de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades
designados en los mismos términos.
Los servidores
públicos a que se refiere el párrafo anterior en el ámbito de sus respectivas
competencias ejercerán las facultades previstas en la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y en los demás ordenamientos legales y
administrativos aplicables, conforme a lo previsto en el Reglamento Interior de la
Secretaría de Contraloría y De-sarrollo Administrativo.
Las ausencias
del contralor interno, así como de los titulares de las áreas de auditoría, quejas y
responsabilidades serán suplidas conforme a lo dispuesto en el Reglamento Interior de la
Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo.
Artículo 16.- El Estatuto Orgánico de la
Comisión determinará las bases así como las facultades y funciones que correspondan a
las unidades administrativas que integren el organismo.
Artículo 17.- Las relaciones de trabajo entre la
Comisión y sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en el apartado B del artículo
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Segundo. Para la operación y cumplimiento de las
funciones encomendadas a la Comisión en tanto se aprueba su presupuesto anual dispondrá
de los recursos que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le transfiera para el
ejercicio 2003, así como de las adecuaciones presupuestales que realice la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
Tercero. De conformidad con las disposiciones
aplicables la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aportará al patrimonio de la
Comisión activos y demás recursos a fin de que la Comisión pueda iniciar a la brevedad
posible sus funciones.
Cuarto. Se retiran del servicio de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes y se autoriza a la Secretaría de Contraloría y
Desarrollo Administrativo para que a nombre y representación del Gobierno Federal
transmita la propiedad de los inmuebles federales que determine la propia Secretaría a
favor de la Comisión de Fomento Marítimo y Portuario.
Quinto. Los derechos de los trabajadores de la
Secretaría que por este hecho pudieran pasar a formar parte de la Comisión serán
respetados conforme a la ley.
Sexto. Los asuntos que se encuentren en trámite a
la entrada de este decreto en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que por
este hecho pudieran pasar a la Comisión serán resueltos por las unidades administrativas
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a cuyo cargo se encuentren.
Séptimo. En un plazo no mayor a tres meses
contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, la Junta de Gobierno
deberá aprobar el Estatuto Orgánico de la Comisión.
México, DF, a 5
de marzo de 2003.— Así lo acuerdan y firma, diputado José Tomás Lozano y Pardinas (rúbrica).»
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Gracias, señor
diputado.
Túrnese a la Comisión de Marina de
la Cámara de Diputados e intégrese en la Gaceta
y en el Diario de los Debates.
ARTICULO
27 CONSTITUCIONAL
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Para presentar
una iniciativa que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Martí Batres Guadarrama y Ramón León
Morales, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tiene el uso
de la tribuna el diputado Ramón León Morales.
El diputado Ramón León Morales:
Muchas gracias,
señor Presidente:
La Revolución
Mexicana tuvo en sus causas, en un proceso de lucha y en sus resultados, un claro sentido
agrarista. Fueron fundamentales la gente del campo, quienes aportaron su vida por la
construcción de un régimen político más justo en lo social. Resultado de esa lucha fue
la incorporación en nuestra Carta Magna, en 1917, de los derechos sociales. Los
artículos 3o., 27 y 123 de la Carta Magna son claros ejemplos del sentido social de la
Constitución del Estado mexicano derivado de la Revolución.
Muchos
justificaron o más bien explicaron la ausencia de valores políticos-democráticos
durante muchos años en nuestra vida pública, con la amplia existencia de postulados y
aspiraciones de contenido social. Sin embargo, en la actualidad las estructuras políticas
son las mismas en lo fundamental y sin embargo en lo social se retrocedió en programas de
Gobierno y en diseño normativo.
Los gobiernos
neoliberales, incluyendo al actual, no son más democráticos que los anteriores, pero sí
más injustos desde el punto de vista social. Salinas de Gortari construyó en la segunda
mitad de su gobierno una mayoría calificada en el Congreso, para llevar a cabo reformas
constitucionales en detrimento de conquistas sociales. En ese terreno debemos ubicar las
contrarreformas constitucionales de 1991 al artículo 27, que terminaron de exacerbar la
situación del campo mexicano y cuyas consecuencias estamos viviendo ahora.
Parece que
desmantelar la capacidad del campo fue la verdadera intención oculta de esas reformas
aprobadas en tiempo récord, sin análisis y sin medir las consecuencias que se
generarían.
Se dijo entonces
que esa reforma era una, cito: “respuesta para dar oportunidades de bienestar a los
modos de vida campesina y fortalecer nuestra nación”.
También se dijo
pretender en las circunstancias actuales, que el camino nacionalista debe seguir siendo el
mismo que ayer. El del reparto agrario pone en riesgo los objetivos mismos que persiguió
la reforma agraria en la Revolución Mexicana, por lo que hoy, se dijo, debemos emprender
nuevos caminos.
Se justificó el
giro diciendo que la inversión del capital en las actividades agropecuarias tienen hoy,
así lo dijeron, pocos alicientes, debido en parte a la falta de certeza para todas las
formas de tenencia que se deriva de un sistema obligatorio para el Estado, de reparto
abierto y permanente.
Se afirmó que
el marco jurídico de entonces había provocado que una parte importante y creciente de
los alimentos esenciales que consumía el pueblo mexicano, tuviera que adquirirse fuera de
nuestras fronteras.
Se manifestó
que con esa reforma se reactivaría el crecimiento sostenido del campo a través de la
inversión.
Se decía que de
aprobarse la reforma sería el arranque de un nuevo proceso de crecimiento en el agro.
Se buscaba,
según la iniciativa, generar una mayor participación de los productores del campo en la
vida nacional.
Se utilizaron
eufemismos como el de tener como propósito dar certidumbre jurídica al campo.
Asimismo, se
afirmó como justificante que era necesario propiciar un ambiente de certidumbre en la
tenencia de la tierra ejidal, comunal y en la pequeña propiedad, que fomentara su
capitalización, transferencia y generación de tecnología para así contar con nuevas
formas de creación de riqueza en provecho del hombre del campo.
Se quiso
entusiasmar con la idea de que al aprobarse la iniciativa se iba a capitalizar el campo,
pues se superarían las restricciones productivas del minifundio para lograr, mediante la
asociación, las escalas de producción adecuadas.
Se afirmó en
clara exaltación oratoria, que con esa reforma se daría el carácter de adulto al
ejidatario.
Por eso se
plantearon cambios para: terminar por decreto con el reparto agrario; revertir el
minifundio en el campo, así se dijo, a través de eliminar impedimentos a las sociedades
mercantiles y sociedades por acciones en la propiedad de producción rural; flexibilizar
las normas para cambiar el uso agropecuario; fragmentar la propiedad social, sea ejidal o
comunal, al establecer que son tierras de ejidatarios y comuneros y dejarles a ellos las
decisiones sobre su manejo.
Asimismo se
permitió la libre enajenación de ejidos entre ejidatarios. En el colmo de la
argumentación, Salinas llegó a expresar en la exposición de motivos que los ejidatarios
que quisieran permanecer como tales recibirían el apoyo para su desarrollo, que no
habría ventas forzadas por deuda o por restricción y que a ellos les correspondería
resolver la forma de aprovechamiento de sus predios dentro de los rangos de libertad que
ofrecía la Constitución.
Conviene, a casi
12 años de esta reforma, evaluar cuáles son sus resultados. El campo en México
atraviesa por la peor crisis de su historia, se acabó el reparto agrario, se exacerbó la
descapitalización del agro y los ejidatarios por necesidad han tenido que vender sus
ejidos y emigrar principalmente a Estados Unidos y las sociedades no se han dado en
beneficio del campesino.
A esta realidad
que se traduce en pobreza extrema para millones de mexicanos, tenemos que sumarle las
políticas agropecuarias que le han acompañado, todas éstas han sido erróneas pues se
han abocado sólo a apoyar a las grandes empresas con capacidad de exportación.
En estos
momentos por el cumplimiento de los plazos desregulatorios del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte en materia agropecuaria, los restos de potencialistas. pues lo muy
poco que todavía se traduce en territorio nacional, puede ser desplazado de manera
irreversible por los productos norteamericanos.
El agro nacional
es un sector abandonado a las fuerzas del mercado bajo el mayor engaño neoliberal de que
precisamente el mercado determina el mayor reparto de capital. A esta situación adversa,
debemos añadir las barreras comerciales, la competencia desleal y las medidas
proteccionistas de Estados Unidos principalmente, por la cantidad de población que
depende de la actividad agropecuaria, por la gran dependencia alimentaria del exterior que
ya en la actualidad tiene nuestro país, misma que amenaza a la propia soberanía
nacional, el problema agropecuario es un problema de seguridad nacional.
Por ello
proponemos volver a la redacción del artículo 27 constitucional, anterior a la
contrarreforma impulsada por Carlos Salinas de Gortari en 1991 y establecer con claridad
los principios históricos de la propiedad ejidal y comunal y lo que se define como
inalienable, imprescriptible, inembargable e intransferible. Sabemos que esto sería una
parte fundamental para la solución de la problemática del campo; la otra, corresponde a
la exclusión o renegociación en términos más equitativos del apartado agropecuario del
Tratado de Libre Comercio y al cambio de la política agropecuaria hacia el apoyo y
fortalecimiento de nuestro campo y nuestros productores.
Como resultado
de las mesas de diálogo recientemente llevadas a cabo, se planteó esta reforma como un
asunto urgente; por ello y para que exista la iniciativa sobre la cual dictamine este
Congreso con fundamento en lo expuesto, presentamos la siguiente iniciativa de decreto de
reformas al artículo 27 constitucional.
Para no leer
todo el articulado señor Presidente, solicito que en forma completa sea publicada en el Diario Oficial y las instancias correspondientes y
esperamos congruencia de todos los miembros del Congreso de la Unión para que agilicemos
precisamente esta reforma que estamos proponiendo a fin de darle a los campesinos no
solamente seguridad jurídica sino también justicia social que han venido exigiendo desde
hace muchísimos años.
Muchas gracias.
«CC.
Secretarios de la Comisión Permanente:
El suscrito,
diputado integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en
la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 71 fracción II y 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar para su análisis y dictamen la siguiente
iniciativa de decreto que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La Revolución
Mexicana tuvo en sus causas, en su proceso de lucha y en sus resultados, un claro sentido
agrarista.
Fueron
fundamentalmente la gente del campo quienes aportaron su vida por la construcción de un
régimen político más justo en lo social.
Resultado de esa
lucha fue la incorporación en nuestra Carta Magna en 1917, de los derechos sociales.
Los artículos
3o., 27 y 123 de la Carta Magna, son claros ejemplos del sentido social de la
constitución del Estado mexicano, derivado de la Revolución.
Muchos,
justificaron o más bien explicaron la ausencia de valores político-democráticos durante
muchos años en nuestra vida pública, con la amplia existencia de postulados y
aspiraciones de contenido social.
Sin embargo, en
la actualidad, las estructuras políticas, son las mismas en lo fundamental y sin embargo
en lo social se retrocedió en programas de gobierno y en diseño normativo.
Los gobiernos
neoliberales, incluyendo al actual, no son más democráticos que los anteriores, pero sí
más injustos desde el punto de vista social.
Salinas de
Gortari, construyó en la segunda mitad de su gobierno, una mayoría calificada en el
Congreso, para llevar a cabo reformas constitucionales en detrimento de conquistas
sociales.
En ese terreno,
debemos ubicar las contrarreformas constitucionales de 1991 al artículo 27, que
terminaron de exacerbar la situación del campo mexicano, y cuyas consecuencias estamos
viviendo ahora.
Parece que
desmantelar la capacidad del campo, fue la verdadera intención oculta de esas reformas,
aprobadas en tiempo récord, sin análisis y sin medir las consecuencias de las
consecuencias que se generarían.
Se dijo entonces
que esas reformas eran una “respuesta para dar oportunidades de bienestar a los modos
de vida campesina y fortalecer nuestra nación”; que “pretender en las
circunstancias actuales que el camino nacionalista debe seguir siendo el mismo que ayer,
el del reparto agrario, pone en riesgo los objetivos mismos que persiguió la reforma
agraria de la Revolución Mexicana, por lo que hoy, debemos emprender nuevos
caminos”.
Se justificó el
giro diciendo que “la inversión de capital en las actividades agropecuarias tiene
hoy pocos alicientes debido en parte a la falta de certeza para todas las formas de
tenencia que se deriva de un sistema obligatorio para el Estado de reparto abierto y
permanente”.
Se afirmó que
el marco jurídico de entonces “ha provocado que una parte importante y creciente de
los alimentos esenciales que consume el pueblo mexicano, tuviera que adquirirse fuera de
nuestras fronteras”.
Se manifestó
que con esa reforma, se “reactivaría el crecimiento sostenido del campo, a través
de la inversión”.
Se decía que,
de aprobarse la reforma, “sería el arranque de un nuevo proceso de crecimiento en el
agro”.
Se buscaba,
según la iniciativa, generar “una mayor participación de los productores del campo
en la vida nacional”.
Se utilizaron
eufemismos, como el de tener como propósito “dar certidumbre jurídica en el
campo”.
Asimismo, se
afirmó como justificante, que era “necesario propiciar un ambiente de certidumbre en
la tenencia de la tierra ejidal, comunal y en la pequeña propiedad, que fomente su
capitalización, transferencia y generación de tecnología, para así contar con nuevas
formas de creación de riqueza en provecho del hombre del campo”.
Se quiso
entusiasmar con la idea de que, al aprobarse la iniciativa, se iba a capitalizar el campo,
pues se superaría las “restricciones productivas del minifundio para lograr,
mediante la asociación las escalas de producción adecuadas”.
Se afirmó, en
clara exaltación oratoria que con esa reforma se daría “el carácter de adulto al
ejidatario”.
Por eso, se
plantearon cambios para:
1. Terminar, por
decreto con el reparto agrario.
2.
“Revertir el minifundio en el campo” (sic), a través de eliminar impedimentos a
las sociedades mercantiles; y sociedades por acciones en la propiedad y producción rural.
3. Flexibilizar
las normas para cambiar el uso agropecuario.
4. Fragmentar la
propiedad social, sea ejidal o comunal, al establecer que son tierras de ejidatarios y
comuneros, y dejarles a ellos las decisiones sobre su manejo.
5. Permitir la
libre enajenación de ejidos entre ejidatarios.
En el colmo de
la argumentación, Salinas llegó a expresar en la exposición de motivos que los
ejidatarios que quisieran permanecer como tales recibirían el apoyo para su de-sarrollo;
que no habrían ventas forzadas por deuda o por restricción y que a ellos les
corresponderá resolver la forma de aprovechamiento de sus predios dentro los rangos de
libertad que ofrezca la Constitución.
Conviene a casi
doce años de estas reformas, evaluar cuáles son sus resultados.
El campo en
México, atraviesa por la peor crisis de su historia.
Se acabó el
reparto agrario, se exacerbó la descapitalización del agro, y los ejidatarios por
necesidad han tenido que vender sus ejidos y emigrar principalmente a Estados Unidos, y
las sociedades no se han dado en beneficio del campesino.
A esta realidad
que se traduce en pobreza extrema para millones de mexicanos, tenemos que sumarle las
políticas agropecuarias que la han acompañado son erróneas, pues se han abocado sólo a
apoyar a las grandes empresas con capacidad de exportación.
En estos
momentos, por el cumplimiento de los plazos desregulatorios del TLCAN en materia
agropecuaria, los riesgos se potencializan, pues lo muy poco que todavía se produce en
territorio nacional, puede ser desplazado de manera irreversible por los productos
norteamericanos.
El agro nacional
es un sector abandonado a las fuerzas del mercado, bajo el mayor engaño neoliberal de que
precisamente el mercado determina el mayor reparto de capital.
A esta
situación adversa, debemos añadir las barreras comerciales, la competencia desleal y las
medidas proteccionistas de Estados Unidos, principalmente.
Por la cantidad
de población que depende de la actividad agropecuaria, por la gran dependencia
alimentaria del exterior que ya en la actualidad tiene nuestro país, misma que amenaza la
propia soberanía nacional, el problema agropecuario es una problema de seguridad
nacional.
Por ello,
propongo volver a la redacción del artículo 27 constitucional, anterior a la
contrarreforma impulsada por Carlos Salinas de Gortari en 1991, y establecer con claridad
los principios históricos de la propiedad ejidal y comunal, los que lo definen como:
inalienable, imprescriptible, inembargable e intransferible.
Sabemos que esto
sería una parte fundamental para la solución de la problemática del campo, la otra
corresponde a la exclusión o renegociación en términos más equitativos del apartado
agropecuario del TLCAN; y al cambio de la política agropecuaria, hacia el apoyo y
fortalecimiento de nuestro campo y nuestros productores.
Como resultado
de las mesas de diálogo recientemente llevadas a cabo, se planteó esta reforma como un
asunto urgente.
Por ello, y para
que exista la iniciativa sobre la cual dictamine este Congreso, con fundamento en lo
expuesto presento la siguiente
Iniciativa de
decreto de reformas al artículo 27 constitucional.
Artículo único.- Se reforma el artículo 27 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 27...
...
La nación
tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que
dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el
aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de
hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación,
lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de
la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para
ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y
destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y
regular la fundación, conservación, mejoramiento y creci- miento de los centros de
población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento
de los latifundios; para disponer, en los términos de la Ley Reglamentaria, la
organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de
la pequeña propiedad agrícola en explotación; para la creación de nuevos centros de
población agrícola con tierras y aguas que le sean indispensables, para el fomento de la
agricultura, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la
propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. Los núcleos de población que
carezcan de tierras y aguas o no las tengan en cantidad suficiente para las necesidades de
su población, tendrán derecho a que se les dote de ellas, tomándolas de las propiedades
inmediatas, respetando siempre la pequeña propiedad agrícola en explotación.
...
...
...
...
...
...
...
I a la III...
IV. Las
sociedades comerciales no podrán adquirir, poseer o administrar fincas rústicas.
Las sociedades
de esta clase que se constituyeren para explotar cualquier industria fabril, minera,
petrolera, o para algún otro fin que no sea agrícola, podrán adquirir, poseer o
administrar terrenos únicamente en la extensión que sea estrictamente necesaria para los
establecimientos o servicios de los objetos indicados, y que el Ejecutivo de la Unión, o
de los estados, fijarán en cada caso;
V...
VI. Fuera de las
corporaciones a que se refieren las fracciones III, IV y V, así como los núcleos de
población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o de los núcleos
dotados, restituidos o constituidos en el centro de población agrícola, ninguna otra
corporación civil podrá tener en propiedad o administrar por sí bienes raíces o
capitales impuestos sobre ellos, con la única excepción de los edificios destinados
inmediata y directamente al objeto de la institución. Los estados y el Distrito Federal,
lo mismo que los municipios de toda la República, tendrán plena capacidad para adquirir
y poseer todos los bienes raíces necesarios para los servicios públicos.
...
...
VII. Los
núcleos de población, que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, tendrán
capacidad para disfrutar en común las tierras, bosques y aguas que les pertenezcan o que
se les hayan restituido o se les restituyeren.
Son de
jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos comunales,
cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o
más núcleos de población. El Ejecutivo Federal se abocará al conocimiento de dichas
cuestiones y propondrá a los interesados la resolución definitiva de las mismas. Si
estuvieren conformes, la proposición del Ejecutivo tendrá fuerza de resolución
definitiva y será irrevocable; en caso contrario, la parte o las partes inconformes
podrán reclamarla ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin perjuicio de la
ejecución inmediata de la proposición presidencial.
La ley fijará
el procedimiento breve conforme al cual deberán tramitarse las mencionadas controversias.
VIII...
a) al c)...
...
IX...
X. Los núcleos
de población que carezcan de ejidos o que no puedan lograr su restitución por falta de
títulos, por imposibilidad de identificarlos o porque legalmente hubieren sido
enajenados, serán dotados con tierras y aguas suficientes para constituirlos, conforme a
las necesidades de su población, sin que en ningún caso deje de concedérseles la
extensión que necesiten, y al efecto se expropiará, por cuenta del Gobierno Federal, el
terreno que baste a ese fin, tomándolo del que se encuentre inmediato a los pueblos
interesados.
La superficie o
unidad individual de dotación no deberá ser en lo sucesivo menor de diez hectáreas de
terrenos de riego o humedad o, a falta de ellos, de sus equivalentes en otras clases de
tierras, en los términos del párrafo 3o. de la fracción XV de este artículo.
XI. Para los
efectos de las disposiciones contenidas en este artículo y de las leyes reglamentarias
que se expidan, se crean:
a) Una
dependencia directa del Ejecutivo Federal encargada de la aplicación de las leyes
agrarias y de su ejecución.
b) Un cuerpo
consultivo compuesto de cinco personas que serán designadas por el Presidente de la
República y que tendrá las funciones que las leyes orgánicas reglamentarias le fijen.
c) Una comisión
mixta compuesta de representantes iguales de la Federación, de los gobiernos locales, y
de un representante de los campesinos, cuya designación se hará en los términos que
prevenga la ley reglamentaria respectiva, que funcionará en cada estado y en el Distrito
Federal, con las atribuciones que las mismas leyes orgánicas y reglamentarias determinen.
d) Comités
particulares ejecutivos para cada uno de los núcleos de población que tramiten
expedientes agrarios.
e) Comisariados
ejidales para cada uno de los núcleos de población que posean ejidos.
XII. Las
solicitudes de restitución o dotación de tierras o aguas se presentarán en los estados
directamente ante los gobernadores.
Los gobernadores
turnarán las solicitudes a las comisiones mixtas, las que sustanciarán los expedientes
en plazo perentorio y emitirán dictamen; los gobernadores de los estados aprobarán o
modificarán el dictamen de las comisiones mixtas y ordenarán que se dé posesión
inmediata de las superficies que, en su concepto, procedan. Los expedientes pasarán
entonces al Ejecutivo Federal para su resolución.
Cuando los
gobernadores no cumplan con lo ordenado en el párrafo anterior, dentro del plazo
perentorio que fije la ley, se considerará desaprobado el dictamen de las comisiones
mixtas y se turnará el expediente inmediatamente al Ejecutivo Federal.
Inversamente,
cuando las comisiones mixtas no formulen dictamen en plazo perentorio, los gobernadores
tendrán facultad para conceder posesiones en la extensión que juzguen procedente;
XIII. La
dependencia del Ejecutivo y el Cuerpo Consultivo Agrario dictaminarán sobre la
aprobación, rectificación o modificación de los dictámenes formulados por las
comisiones mixtas, y con las modificaciones que hayan introducido los gobiernos locales,
se informará al C. Presidente de la República, para que éste dicte resolución como
suprema autoridad agraria;
XIV. Los
propietarios afectados con resoluciones dotatorias o restitutorias de ejidos o aguas que
se hubiesen dictado a favor de los pueblos, o que en lo futuro se dictaren, no tendrán
ningún derecho, ni recurso legal ordinario, ni podrán promover el juicio de amparo.
Los afectados
con dotación, tendrán solamente el derecho de acudir al Gobierno Federal para que les
sea pagada la indemnización correspondiente. Este derecho deberán ejercitarlo los
interesados dentro del plazo de un año, a contar desde la fecha en que se publique la
resolución respectiva en el Diario Oficial de
la Federación. Fenecido ese término, ninguna reclamación será admitida.
Los dueños o
poseedores de predios agrícolas o ganaderos, en explotación, a los que se hayan
expedido, o en lo futuro se expida certificado de inafectabilidad, podrán promover el
juicio de amparo contra la privación o afectación agraria ilegales de sus tierras o
aguas;
XV. Las
comisiones mixtas, los gobiernos locales y las demás autoridades encargadas de las
tramitaciones agrarias, no podrán afectar, en ningún caso, la pequeña propiedad
agrícola o ganadera en explotación e incurrirán en responsabilidad, por violaciones a
la Constitución, en caso de conceder dotaciones que la afecten.
...
...
Se considerará,
asimismo, como pequeña propiedad, las superficies que no excedan de doscientas hectáreas
en terrenos de temporal o de agostadero susceptibles de cultivo; de ciento cincuenta
cuando las tierras se dediquen al cultivo de algodón, si reciben riego de avenida fluvial
o por bombeo; de trescientas, en explotación, cuando se destinen al cultivo del plátano,
caña de azúcar, café, henequén, hule, cocotero, vid, olivo, quina, vainilla, cacao o
árboles frutales.
Cuando debido a
obras de riego, drenaje o cualesquiera otras ejecutadas por los dueños o poseedores de
una pequeña propiedad a la que se le haya expedido certificado de inafectabilidad, se
mejore la calidad de sus tierras para la explotación agrícola o ganadera de que se
trate, la propiedad no podrá ser objeto de afectaciones agrarias aun cuando, en virtud de
la mejoría obtenida, se rebasen los máximos señalados por esta fracción siempre que se
reúnan los requisitos que fije la ley.
XVI. Las tierras
que deban ser objeto de adjudicación individual deberán fraccionarse precisamente en el
momento de ejecutar las resoluciones presidenciales, conforme a las leyes reglamentarias;
XVII. El
Congreso de la Unión y las Legislaturas de los estados, en sus respectivas
jurisdicciones, expedirán leyes para fijar la extensión máxima de la propiedad rural, y
para llevar a cabo el fraccionamiento de los excedentes de acuerdo a las siguientes bases:
a) En cada
estado y en el Distrito Federal, se fijará la extensión máxima de tierra de que pueda
ser dueño un solo individuo o sociedad legalmente constituida.
b) El excedente
de la extensión fijada deberá ser fraccionado por el propietario en el plazo que
señalen las leyes locales, y las fracciones serán puestas a la venta en las condiciones
que aprueben los gobiernos, de acuerdo con las mismas leyes.
c) Si el
propietario se opusiere al fraccionamiento, se llevará éste a cabo por el gobierno
local, mediante la expropiación.
d) El valor de
las fracciones será pagado por anualidades que amorticen capital y réditos, a un tipo de
interés que no excedan del 3% anual.
e) Los
propietarios estarán obligados a recibir bonos de la deuda agraria local para garantizar
el pago de la propiedad expropiada. Con este objeto, el Congreso de la Unión expedirá
una ley facultando a los estados para crear su deuda agraria.
f) Ningún
fraccionamiento podrá sancionarse sin que hayan quedado satisfechas las necesidades
agrarias de los poblados inmediatos. Cuando existan proyectos de fraccionamiento por
ejecutar, los expedientes agrarios serán tramitados de oficio en plazo perentorio.
g) Las leyes
locales organizarán el patrimonio de familia, determinando los bienes que deben
constituirlo, sobre la base de que será inalienable y no estará sujeto a embargo ni a
gravamen ninguno;
XVIII....
XIX. Con base en
esta Constitución, el Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta
impartición de la justicia agraria, con objeto de garantizar la seguridad jurídica en la
tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, y apoyará la asesoría
legal de los campesinos, y
XX...
Artículo Transitorio
Unico.- El presente decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Palacio
Legislativo.— San Lázaro, a 5 de marzo de 2003.— Diputados: Martí Batres Guadarrama y Ramón León Morales (rúbricas).»
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Túrnese a la Comisión de Puntos
Constitucionales de la Cámara de Diputados y publíquese íntegramente en la Gaceta y en el Diario de los Debates.
PEMEX
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Tiene la palabra
el senador Raymundo Cárdenas Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que crea una comisión bicamaral
para el seguimiento de los hechos relacionados con el presunto desvío de fondos de
Petróleos Mexicanos a la campaña electoral del PRI en el 2000, así como la presunta
introducción de fondos ilegales en la asociación civil “Amigos de Fox”.
El senador Raymundo Cárdenas
Hernández:
Gracias,
diputado Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
En el año 2000,
el PRI presentó ante el Consejo General del IFE una queja en relación con presuntas
irregularidades en el financiamiento de la campaña del candidato de Acción Nacional, el
licenciado Vicente Fox Quesada, a través de la Asociación “Amigos de Fox”.
A esa queja, el
PRD agregó otros elementos que justificaban el estudio a fondo y la participación de las
comisiones respectivas del IFE. El IFE decidió que la queja era infundada y ambos
partidos, PRI y PRD, concurrieron al Tribunal Electoral Federal para que consideraran los
elementos de prueba que habían presentado y el Tribunal decidió ordenar al IFE que
reabriera el expediente y ordenó también al Gobierno que le entregara toda la
información.
“Amigos de
Fox” ha presentado un conjunto de amparos que han perdido, prácticamente todos,
están ahora en otra instancia en los tribunales de circuito; eso es en lo que corresponde
al trámite que hay en el IFE y en el Tribunal. Sin embargo, el PRD también presentó a
través del compañero Pablo Gómez, representante nuestro en el IFE, en septiembre de
2002, denuncia penal contra el licenciado Vicente Fox por irregularidades en el
financiamiento de su propia campaña y dado que él operaba realmente como el coordinador
nacional de “Amigos de Fox”.
El PRD
presentó, en septiembre del año pasado, copias de cheques que fueron a dar a un
fideicomiso de “Amigos de Fox” que indudablemente sirvió como fuente de
financiamiento a la campaña, no a la precampaña de Vicente Fox; recursos que no fueron
enterados al IFE.
Ahora, como ya
todos sabemos, en las últimas semanas la opinión publica ha sido informada de que el
señor Eduardo Cervantes hizo la denuncia estridente de que había habido lavado de dinero
y manejos irregulares en el grupo “Amigos de Fox”; también sabemos por el
propio Presidente de la República, por la PGR, que el señor Fernández está siendo
perseguido por un lado, filtración de información y ahora también estamos enterándonos
de que está siendo acusado de enriquecimiento inexplicable, lo que conduce a la revisión
de sus cuentas bancarias en el mundo y lo que podría vincularlo con enriquecimiento
ilícito debido a las operaciones que él conoce muy bien del Fobaproa.
El tema también
se ha relacionado con el Pemexgate, porque Lino Korrodi, personaje muy conocido ahora por
la opinión pública, ha dicho que el señor Fernández lo intentó chantajear en el
sentido de que se le bajara al tema de Pemexgate, a cambio de que él no informará más
sobre el tema de “Amigos de Fox”.
Todo éste es un
asunto que se está manejando en la opinión pública, ya hemos señalado que el
Presidente Fox, está obligado a transparentar todos los movimientos que hicieron los
“Amigos de Fox” y que no es, de ningún modo descalificando al acusador como va
a dejar de lado su obligación de transparentar. Nosotros insistimos en que antes de las
denuncias del señor Fernández, estaban las quejas del PRI y del PRD y la denuncia penal
del propio PRD, sustentada en pruebas que indican sin lugar a dudas que hubo delitos en la
operación de “Amigos de Fox” y en la relación de esa asociación con la
campaña del Presidente Fox.
Por todas esas
razones, nosotros consideramos estimados legisladores, que el Congreso de la Unión, está
obligado a crear una comisión bicameral que le dé seguimiento a todos estos asuntos y
que con nuestra actuación, pudiéramos propiciar la solución rápida de estos asuntos
que están dañando gravemente a la institucionalidad del país.
Nosotros
sostenemos que a nadie sirve el estar retrasando la solución de los temas Pemexgate,
“Amigos de Fox” y ahora el involucramiento de todo el asunto de Fobaproa, a
través de la persecución que se está haciendo sobre el señor Fernández, por
enriquecimiento ilícito. Nosotros estamos seguros de que el señor Fernández cometió
ilícitos, ya lo hemos denunciado en ocasiones anteriores en todo el tema del Fobaproa y
el hecho de que la PGR ahora lo tenga arraigado, para nosotros nos queda claro que no se
debe al tema de la filtración de información, sino al tema del enriquecimiento ilícito
y ese enriquecimiento ilícito del señor Fernández, no puede derivar de otro asunto más
que el del Fobaproa. De tal modo que está todo ello ligado y ese sería el motivo de la
investigación de la comisión bicameral, que estamos proponiendo.
Por todo ello
señor Presidente, proponemos un acuerdo parlamentario que crea una comisión bicameral,
para el seguimiento de los hechos relacionados con el presunto desvío de fondos de
Petróleos Mexicanos a la campaña electoral de 2000, así como la presunta introducción
de fondos ilegales a dicho proceso electoral, por parte de la organización denominada
“Amigos de Fox”.
El acuerdo
tendría dos puntos, que leo:
Primero, las
juntas de Coordinación Política de las cámaras que integran el Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, crean una comisión bicameral para el seguimiento de los hechos
relacionados con el presunto desvío de recursos de la empresa Petróleos Mexicanos a la
campaña electoral federal de 2000, así como con la presunta introducción de recursos
ilegales a dicha campaña electoral, por parte de la organización denominada “Amigos
de Fox”. La comisión estará integrada por cinco diputados y cinco senadores,
electos por el pleno de cada Cámara a propuesta de la respectiva Junta de Coordinación
Política y estará presidida por un diputado y un senador.
Segundo, los
presidentes de la comisión podrán, por acuerdo de ésta, solicitar información o
documentación a las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal o de la
comisión para ilustrar su juicio, entrevistarse con los servidores públicos quienes
están obligados a guardar a sus integrantes las consideraciones debidas.
Firma, el
suscrito senador Raymundo Cárdenas Hernández.
Gracias.
«Por las
anteriores consideraciones, y con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, senador de la
República, somete a la consideración de las cámaras del Poder Legislativo Federal la
siguiente
Proposición de
acuerdo parlamentario que crea una Comisión Bicamaral para el seguimiento de los hechos
relacionados con el presunto desvío de fondos de Petróleos Mexicanos a la campaña
electoral de 2000, así como con la presunta introducción de fondos ilegales a dicho
proceso electoral por parte de la organización denominada “Amigos de Fox”.
Primero. Las Juntas de Coordinación Política de
las Cámaras que integran el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos crean una
Comisión Bicamaral para el seguimiento de los hechos relacionados con el presunto desvío
de recursos de la empresa Petróleos Mexicanos a la campaña electoral federal de 2000,
así como con la presunta introducción de recursos ilegales a dicha campaña electoral,
por parte de la organización denominada “Amigos de Fox”. La Comisión estará
integrada por cinco diputados y cinco senadores, electos por el Pleno de cada Cámara a
propuesta de la respectiva Junta de Coordinación Política, y estará presidida por un
diputado y un senador.
Segundo. Los Presidentes de la Comisión podrán,
por acuerdo de ésta, solicitar información o documentación a las dependencias y
entidades del Poder Ejecutivo Federal. Puede la Comisión, para ilustrar su juicio,
entrevistarse con los servidores públicos, quienes están obligados a guardar a sus
integrantes las consideraciones debidas.
Transitorio. El presente acuerdo no precisa de la
promulgación por parte del Presidente de la República, y entrará en vigor al día
siguiente de su aprobación por parte de la Cámara revisora.
México, DF, a 5
de marzo de 2000.— Senador Raymundo Cárdenas
Hernández (rúbrica).»
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Gracias, señor
senador.
Túrnese a las
comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.
La diputada Beatriz Elena Paredes Rangel (desde su
curul):
Diputado, tengo
la impresión de que el turno pertinente sería a la Junta de Coordinación Política o su
equivalente.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Es una
iniciativa.
La diputada Beatriz Elena Paredes Rangel (desde su
curul):
Sí, es una
iniciativa para constituir una comisión y las facultades para constituir las comisiones,
no están en las comisiones ordinarias sino en los órdenes de Gobierno.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Le damos turno con la conformidad del
senador, a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores y de la Cámara
de Diputados.
MEDIOS
DE COMUNICACION
La Secretaria senadora Yolanda Eugenia
González Hernández:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
En atención al
oficio número D.G.P.L. 58-II-4-918, de fecha 30 de abril de 2002, suscrito por los CC.
secretarios de la Cámara de Diputados, con el presente les acompaño, para los fines que
estimen procedentes, copia del similar DG/062/03, signado por el Lic. Manuel Gómez Morín
Martínez del Río, director general de Radio, Televisión y Cinematografía de esta
Secretaría, con el que acompaña el informe detallado y fundamentado de las sanciones,
observaciones y extrañamientos aplicados a los concesionarios por posibles infracciones
de la Ley Federal de Radio y Televisión, correspondiente a enero del presente año.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a
18 de febrero de 2003.— Lic. M. Humberto
Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»
PRECIOS
DE GASOLINA
La Secretaria senadora Yolanda Eugenia
González Hernández:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
En atención al
oficio número III-870, de fecha 13 de diciembre último, suscrito por el C. Sen. Enrique
Jackson Ramírez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, con el
presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número
500.-0017, signado por el C. Ing. Juan Antonio Bargés Mestres, subsecretario de
Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, por el que da contestación al punto de
acuerdo relativo a la homologación de precios de la gasolina en Baja California, Baja
California Sur y Sonora.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a
13 de febrero de 2003.— Lic. M. Humberto
Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Energía.
Lic. M. Humberto
Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo.— Secretaría de
Gobernación.— Presente.
Hago referencia
al oficio número SEL/300/180/03, de fecha 9 de enero del actual, dirigido al Ing. Ernesto
Martens Rebolledo, secretario de Energía, en el que se presenta el punto de acuerdo
legislativo del 13 de diciembre próximo pasado, donde se exhorta al Ejecutivo Federal a
“que determine si es imprescindible que se homologue el precio de venta al público
de la gasolina en los estados de Baja California y Baja California Sur y en la región
parcial del estado de Sonora, que forman parte de la región fronteriza de México, con el
de Estados Unidos de América; y, en su caso, aplique esta medida en dichos estados”.
Me permito
comentar que, a partir del 1° de enero de 2003, la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público autorizó a Pemex para que aplique una política de precios
“escalonados” (proporcionales a la distancia en que se localizan las estaciones
de servicio), considerando una distancia máxima de 45 km de la línea divisoria
internacional.
Para los
primeros 20 km, los precios son iguales a los de la gasolina Unleaded Regular 87 de la
zona de referencia de EUA; y a partir del kilómetro 20 y hasta el 45, las cotizaciones se
incrementarán cada 5 km en una sexta parte de la diferencia entre las aplicadas en la
franja de 20 km y las vigentes en el resto del país, de tal forma que más allá del
kilómetro 45 serán vigentes los precios del resto del país.
Sin otro
particular de momento, le reitero las seguridades de mi más alta estima.
Atentamente.
México, DF, a 6
de febrero de 2003.— Ing. Juan Antonio Bargés
Mestres (rúbrica), Subsecretario de Hidrocarburos.»
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Remítase a la Cámara de Senadores.
SECTOR
AGROPECUARIO
La Secretaria senadora Yolanda Eugenia
González Hernández:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
En atención al
oficio número D.G.P.L. 58-II-3-955, de fecha 29 de octubre de 2002, suscrito por los CC.
secretarios de la Cámara de Diputados, con el presente les acompaño copia del similar
500.-0020, signado por el C. Ing. Juan Antonio Bargés Mestres, subsecretario de
Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, mediante el cual da contestación al punto de
acuerdo relativo a los precios de combustibles y de lubricantes empleados en la actividad
agropecuaria para que los costos de producción no registren impactos negativos por esos
conceptos.
Lo hago de su
conocimiento para los fines procedentes, en relación con la propuesta presentada por el
Congreso del estado de Baja California.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a
18 de febrero de 2003.— Lic. M. Humberto
Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Energía.
Lic. M. Humberto
Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo.— Secretaría de
Gobernación.— Presente.
Hago referencia
al oficio número SEL/300/1055/02, dirigido al Ing. Ernesto Martens Rebolledo, C.
secretario de Energía, en el que se presenta el punto de acuerdo legislativo del 29 de
octubre próximo pasado, donde se exhorta al Ejecutivo Federal a “considerar el
establecimiento de apoyos a los precios de los combustibles y de lubricantes empleados en
la actividad agropecuaria para que los costos de producción no registren impactos
negativos por esos conceptos.”
Me permito
comentar que esta Secretaría se coordina con otras instancias del Ejecutivo para asegurar
la correcta instrumentación de la Ley de Energía para el Campo, en lo referente a los
artículos 5o. y 8o. de dicha normatividad, publicada en el Diario Oficial de la Federación en enero del
actual, contando con 75 días hábiles para la expedición de su Reglamento.
La Secretaría
de Energía, en coordinación con otras instancias del Ejecutivo, emitirá opinión para
el establecimiento de los precios y las tarifas de estímulo de los energéticos
agropecuarios (gasolinas, diesel, electricidad...), así como en la fijación de las
cuotas energéticas.
Informo a usted
que a partir del 4 de febrero del actual, el precio de estímulo para el diesel
agropecuario es de 2.74 pesos por litro, siendo la cotización al público de 4.67 pesos
por litro para las zonas con 10% y de 4.88 pesos por litro para las áreas con 15% de IVA.
Sin otro
particular de momento, le reitero las seguridades de mi más alta estima.
Atentamente.
Sufragio
Efectivo. No Reelección.
México, DF, a
13 de febrero de 2003.— Ing. Juan Antonio
Bargés Mestres (rúbrica), Subsecretario de Hidrocarburos.»
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Túrnese a la Comisión de Agricultura
y Ganadería de la Cámara de Diputados para su conocimiento.
RUMANIA
La Secretaria senadora Yolanda Eugenia
González Hernández:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría
de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta de Gobernación en oficio fechado el día
7 del presente mes, manifestando lo siguiente:
“En uso de
las facultades que le concede la fracción III del artículo 89 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el C. Presidente de la República ha tenido a
bien designar al C. Leandro Arellano Reséndiz embajador extraordinario y plenipotenciario
de México en Rumania.
“En
consecuencia, mucho agradeceré a usted ser el amable conducto para solicitar en los
términos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos la ratificación de la Comisión Permanente del H. Congreso de la
Unión al nombramiento del C. Arellano Reséndiz. Con este fin, le envío adjuntos los
datos biográficos del interesado.”
Lo hago de su
conocimiento, para los fines legales procedentes, acompañando al presente el documento
que en el mismo se menciona.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a
28 de febrero de 2003.— Lic. M. Humberto
Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Túrnese a la Segunda Comisión de la
Permanente.
CANADA
La Secretaria senadora Yolanda Eugenia
González Hernández:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría
de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta de Gobernación en oficio fechado el día
7 del presente mes, manifestando lo siguiente:
“En uso de
las facultades que le concede la fracción III del artículo 89 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el C. Presidente de la República ha tenido a
bien designar al C. Salvador Beltrán del Río Madrid cónsul general de México en
Toronto, Canadá.
“En
consecuencia, mucho agradeceré a usted ser el amable conducto para solicitar en los
términos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos la ratificación de la Comisión Permanente del H. Congreso de la
Unión al nombramiento del C. Beltrán del Río Madrid. Con este fin, le envío adjuntos
los datos biográficos del interesado.”
Lo hago de su
conocimiento, para los fines legales procedentes, acompañando al presente el documento
que en el mismo se menciona.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a
28 de febrero de 2003.— Lic. M. Humberto
Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Túrnese a la Segunda Comisión de la
Permanente.
REPUBLICA
LIBANESA
La Secretaria senadora Yolanda Eugenia
González Hernández:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría
de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación solicitando se tramite ante
el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C, del
artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C.
Emb. Víctor Manuel Solano Montaño pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del
Cedro, en grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de la República de Líbano.
Por lo anterior
me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del
interesado, dirigida al H. Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia
certificada del acta de nacimiento; y copias simples de su currículum vitae y de la
notificación en que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se
trata.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a
27 de febrero de 2003.— Lic. M. Humberto
Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Túrnese a la Primera Comisión de la
Comisión Permanente.
ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA
La Secretaria senadora Yolanda Eugenia
González Hernández:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría
de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación solicitando se tramite ante
el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere el artículo 37, inciso C),
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C.
Roberto Carlos Rodríguez Romero pueda desempeñar el cargo de agente consular honorario
de Estados Unidos de América en Reynosa, Tamaulipas, con circunscripción consular en esa
ciudad.
Por lo anterior
me permito anexar originales de la carta con que el interesado solicita dicho permiso, de
la carta de vecindad y del acta de nacimiento, así como copias simples de su currículum
vitae y de la nota de nombramiento formulada por la Embajada de Estados Unidos de
América.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a
24 de febrero de 2003.— Lic. M. Humberto
Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Túrnese a la Primera Comisión de la
Comisión Permanente.
HACIENDAS PUBLICAS ESTATALES Y MUNICIPALES
La Secretaria senadora Yolanda Eugenia
González Hernández:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
C. Dip. Eric
Villanueva Mukul, Presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.—
Presente.
Remito a usted
el oficio número 101-284 firmado por el ciudadano secretario de Hacienda y Crédito
Público, mediante el cual da cumplimiento al mandato contenido en el artículo 33, primer
párrafo, de la Ley de Ingresos de la Federación.
Sin otro
particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida
consideración.
Sufragio
Efectivo. No Reelección.
México, DF, a
28 de febrero de 2003.— David Colmenares
Páramo (rúbrica), Jefe de la Unidad de Coordinación Hacendaria con Entidades
Federativas.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
C. Dip. Oscar
Levín Coppel, Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la H. Cámara
de Diputados.— Presente.
En cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de Ingresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal de 2003, acompaño al presente los lineamientos técnicos para el
diagnóstico integral de la situación actual de las haciendas públicas estatales o
municipales a que se refiere el primer párrafo del citado artículo.
Sufragio
Efectivo. No Reelección.
México, DF, 27
de febrero de 2003.— Lic. José Francisco Gil
Díaz (rúbrica), Secretario.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
Lineamientos
Técnicos para el Estudio del Diagnóstico Integral de las Haciendas Públicas Estatales y
Municipales
En cumplimiento
de lo señalado en el artículo 33 de la Ley de Ingresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal de 2003, se entregan los “Lineamientos Técnicos para el Estudio del
Diagnóstico Integral de las Haciendas Públicas Estatales y Municipales” que
permitirán elaborar un diagnóstico integral de la situación actual de las haciendas
públicas estatales y municipales que coordinará la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
Objetivos
Los objetivos
específicos del Diagnóstico Integral de las Haciendas Públicas Estatales y Municipales
son:
• Analizar
el comportamiento y distribución de las participaciones federales de las entidades
federativas y de los municipios.
• Analizar
el comportamiento y distribución de las aportaciones federales y otras transferencias de
gasto federalizado.
•
Diagnosticar la situación actual de los ordenamientos públicos estatales en materia de
finanzas públicas.
• Conocer
los mecanismos de transparencia fiscal y la rendición de cuentas.
• Presentar
los esquemas de distribución de las transferencias federales.
• Mostrar
la situación de los sistemas estatales de contabilidad gubernamental y el avance de la
homologación con las cuentas nacionales.
• Analizar
el comportamiento de los ingresos propios de estados y municipios.
• Analizar
los resultados de la colaboración administrativa en materia de finanzas públicas.
• Conocer
la evolución y asignación del gasto público en las finanzas locales.
• Evaluar
la deuda y la sostenibilidad de las finanzas públicas locales.
Metodología y Requerimientos de Información
Para la
realización del estudio, se propone solicitar a las entidades federativas (en el seno de
la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales), a los municipios (directamente o a
través de sus asociaciones) y a los Congresos locales, la información estadística,
presupuestal y jurídica necesaria para la realización del estudio. Dicha información se
solicitará por medio de cuestionarios y formatos homogéneos por vía electrónica para
todas las entidades, a efecto de uniformar la información y facilitar el análisis. El
conducto formal para la solicitud de información será la Unidad de Coordinación
Hacendaria con Entidades Federativas, de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
Indice Temático
Presentación
Introducción
• Objetivo
• Método
del diagnóstico
• Periodo
de análisis
• Alcances
•
Información disponible
Entorno
• Entorno
económico (condiciones de las finanzas públicas en general)
•
Evolución de la coordinación fiscal (marco hacendario)
• Las
instituciones del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal
•
Transferencias
•
Facultades
•
Participaciones
•
Aportaciones federales y otras transferencias
• PAFEF
• La
evolución de la deuda pública
Análisis de las Haciendas
Públicas Estatales
Indicadores de la postura fiscal
•
Definición de la cobertura gubernamental
• Funciones
de gobierno
• Entidades
paraestatales
•
Resultados Financieros
Ingresos
públicos
• Ingresos
por transferencias
•
Participaciones federales
•
Aportaciones federales (Ramo 33)
• Convenios
de descentralización
• PAFEF
• Ingresos
propios
•
Estructura tributaria por tipo de impuesto
• Ingresos
financieros
• Relación
de las transferencias federales respecto a los ingresos propios
Gasto público
•
Composición del gasto por función
• Gasto
primario
•
Clasificación económica del gasto programable
• Gasto
corriente
• Gasto de
capital
Financiamiento
• Saldos de
la deuda
•
Composición de la deuda por acreedor, por vencimiento y por tasa promedio
• Servicio
de la deuda
•
Calificación de los bonos
• Pasivos
contingentes
• Saldo
actuarial del(los) sistema(s) de pensiones
• Personal
en funciones: educación, salud y otros
• Análisis
de sostenibilidad
• Esfuerzo
fiscal necesario para garantizar la sostenibilidad
•
Transferencias de entidades federativas a municipios
•
Relaciones fiscales
Transferencias de impuestos
federales
•
Transferencias estatales
• Fórmulas
de distribución
•
Transparencia local
Colaboración administrativa
• En
materia de fiscalización
• En
materia de recaudación
Análisis jurídico de la
legislaciones estatales
•
Aprovechamiento de las potestades tributarias existentes
•
Características jurídicas
• Objeto
• Sujeto
• Base
• Tasa
•
Transparencia fiscal
• Reglas
sobre la postura fiscal
•
Mecanismos de ajuste
• Reglas
que rigen la elaboración, discusión, ejecución y control del presupuesto
•
Prácticas Sobre Transparencia Fiscal
Anexos estadísticos
Este índice
temático es aplicable, en lo que corresponde, a los municipios.
Reporte Final
Se propone
integrar un sólo volumen que exponga los resultados del diagnóstico, y sugiera algunas
medidas para el fortalecimiento de las finanzas locales.
Artículo 33
La Secretaría
de Hacienda y Crédito Público coordinará un estudio en el que se muestre un
diagnóstico integral de la situación actual de las haciendas públicas estatales o
municipales.
Para la
realización de dicho estudio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público propondrá
los lineamientos técnicos a seguir a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la
Cámara de Diputados antes del 1o. de marzo de 2003. Este estudio deberá ser entregado a
la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a más tardar el
15 de mayo de 2003. Los resultados de dicho estudio estarán sujetos al dictamen de las
Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la
Cámara de Diputados, el cual determinará si el estudio cumple con los objetivos
establecidos.
De presentarse
un dictamen no favorable sobre dicho estudio, la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público tendrá hasta el 15 de agosto de 2003 para presentarlo a las comisiones de
Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados
con las modificaciones respectivas.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Túrnese a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público de la Cámara de Diputados.
REINO
DE ESPAÑA
La Secretaria senadora Yolanda Eugenia
González Hernández:
El siguiente
punto del orden del día son los dictámenes relativos a las solicitudes de permiso de los
ciudadanos Sergio Ernesto Jacobo Patiño y Laura Guadalupe Ramírez Domínguez, para
aceptar y usar condecoraciones que les confiere el Gobierno del Reino de España; de
Gabriel Hernández Cuevas para prestar servicios en el Consulado General de los Estados
Unidos Mexicanos en Guadalajara, Jalisco.
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión
Permanente.— Primera Comisión de Trabajo.
Honorable
Asamblea:
A la Primera
Comisión de Trabajo que suscribe le fueron turnados los oficios de la Secretaría de
Gobernación por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los
ciudadanos licenciados Sergio Ernesto Jacobo Patiño y Laura Guadalupe Ramírez
Domínguez, puedan aceptar y usar las condecoraciones, que les confiere el Gobierno del
Reino de España.
La comisión
considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado
y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado C), del
artículo 37 constitucional y el artículo 60, segundo párrafo del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter
a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano
licenciado Sergio Ernesto Jacobo Patiño para aceptar y usar la condecoración de la Orden
de Isabel la Católica, en grado de Cruz de Oficial, que le confiere el Gobierno del Reino
de España.
Artículo segundo. Se concede permiso a la
ciudadana licenciada Laura Guadalupe Ramírez Domínguez, para aceptar y usar la
condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Cruz de Plata, que le confiere
el Gobierno del Reino de España.
Sala de
comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México,
DF., a 27 de febrero de 2003.— Sen. Orlando
Paredes Lara, Presidente; dip. José Tomás
Lozano y Pardinas, secretario; dip. Salvador
Cosío Gaona, secretario; dip. Alfredo Ochoa
Toledo; dip, César Augusto Santiago Ramírez; sen. Jorge Zermeño Infante; sen. Gerardo Buganza Salmerón; sen. Federico Ling Altamirano; dip. Bernardo Borbón Vilches; dip. Mónica Leticia Serrano Peña; sen. Raymundo Cárdenas Hernández; dip. Ramón León Morales; dip. Julieta Prieto Furhken; sen. Antonio García Torres y sen. David Jiménez González.»
Es de primera lectura.
ESTADO
UNIDOS DE AMERICA
La Secretaria senadora Yolanda Eugenia
González Hernández:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.—
Primera Comisión de Trabajo.
Honorable
Asamblea:
En oficio de
fecha 22 de enero de 2003, el ciudadano Gabriel Hernández Cuevas solicita el permiso
constitucional necesario para prestar servicios como chofer, en el Consulado General de
Estados Unidos de América, en Guadalajara, Jalisco.
En sesión
celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 12 de
febrero del año en curso, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen,
el expediente relativo.
Considerando
Que el
peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de
nacimiento;
Que los
servicios que el propio interesado prestará en el Consulado General de Estados Unidos de
América, en Guadalajara, Jalisco, serán de carácter administrativo, y
Que la solicitud
se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado C) del artículo 37
constitucional.
Por lo expuesto,
esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el
siguiente
Proyecto de Decreto
Artículo único.- Se concede permiso al ciudadano
Gabriel Hernández Cuevas para prestar servicios como chofer en el Consulado General de
Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
Sala de
Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México,
DF, a 3 de marzo de 2003.— Sen. Orlando Paredes
Lara, Presidente; Dip. José Tomás Lozano y
Pardinas (rúbrica), secretario; Dip. Salvador
Cosío Gaona (rúbrica), secretario; Dip. Bernardo
Borbón Vilches (rúbrica), Sen. Gerardo Buganza
Salmerón, Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica),
Sen. Antonio García Torres, Sen. David Jiménez González, Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano, Dip. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica), Dip. Julieta Prieto Furhken (rúbrica), Dip. César Augusto Santiago Ramírez, Dip. Mónica Leticia Serrano Peña (rúbrica) y Sen. Jorge Zermeño Infante (rúbrica).»
En virtud de que los dictámenes se
encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, quedan
de primera lectura.
CONDECORACIONES
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Los siguientes
puntos del orden del día son los dictámenes a discusión.
En virtud de que
se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria,
consulte la Secretaría a la Asamblea si autoriza que sólo se dé lectura a los
decretos y a los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado José Tomás
Lozano y Pardinas:
Por
instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se
autoriza que solamente se dé lectura a los decretos y a los puntos de acuerdo.
Los legisladores
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se autoriza.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
En consecuencia,
se pide a la Secretaría poner a discusión los proyectos de decreto.
El Secretario diputado José Tomás
Lozano y Pardinas:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión
Permanente.— Primera Comisión de Trabajo.
Honorable
Asamblea:
A la Primera
Comisión de trabajo que suscribe le fueron turnados los oficios de la Secretaría de
Gobernación por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los
ciudadanos doctora Ruth Deutsch de Lechuga y general de Grupo Piloto Aviador DEMA Mario
Rafael Arias Hernández, puedan aceptar y usar las condecoraciones, que les confieren los
gobiernos de las repúblicas de Austria y Popular China, respectivamente.
La Comisión
considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado
y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado c), del
artículo 37 constitucional y el artículo 60, segundo párrafo del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter
a la aprobación de la honorable Asamblea el siguiente
Proyecto de Decreto
Artículo Primero. Se concede permiso a la
ciudadana doctora Ruth Deutsch de Lechuga, para aceptar y usar las condecoraciones Cruz de
Honor Austriaca para la Ciencia y las Artes, en grado de Caballero y la Insignia en Oro
del Land de Viena, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República de
Austria.
Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano
General de Grupo Piloto Aviador DEMA, Mario Rafael Arias Hernández, para aceptar y usar
la condecoración de la Medalla Conmemorativa “Primero de Agosto”, que le
confiere el Gobierno de la República Popular China.
Sala de
Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— México,
DF, 20 de febrero de 2003.— Sen. Orlando
Paredes Lara, Presidente; dip. José Tomás
Lozano y Pardinas, secretario; dip. Salvador
Cosío Gaona, secretario; dip. Alfredo Ochoa
Toledo; dip, César Augusto Santiago Ramírez; sen. Jorge Zermeño Infante; sen. Gerardo Buganza Salmerón; sen. Federico Ling Altamirano; dip. Bernardo Borbón Vilches; dip. Mónica Leticia Serrano Peña; sen. Raymundo Cárdenas Hernández; dip. Ramón León Morales; dip. Julieta Prieto Furhken; sen. Antonio García Torres y sen. David Jiménez González.»
El
Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo:
Está a
discusión el dictamen en lo general... No habiendo quien haga uso de la palabra, para los
efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún
artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que
no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su
votación nominal en conjunto.
PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS
El Secretario diputado José Tomás
Lozano y Pardinas:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión
Permanente.— Primera Comisión.
Honorable
Asamblea:
En oficios
fechados el 6 y 11 de febrero del año en curso, la Secretaría de Gobernación solicita
el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Juan Pablo Salazar Alfaro,
Gloria Silvia del Villar Núñez, Lyzeth Lozano Lázaro, Patricia Simpson Valadez, Mirna
Teresita Garduño Villalobos, María Elena Saint Martín Huidobro, Ernesto Coeto Solís,
Linda Hendy Mezrage y Rosalía Pérez Linares, puedan prestar servicios de carácter
administrativo en las embajadas de la República de Austria, Australia y de Suecia en
México, respectivamente.
En sesión
celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el día 19 de
septiembre se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente
relativo.
Considerando
a) Que los
peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de
nacimiento;
b) Que los
servicios que los propios interesados prestarán en las Embajadas de la República de
Austria, Australia y de Suecia, en México, serán de carácter administrativo, y
c) Que las
solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37
Constitucional y el artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior,
esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el
siguiente
Proyecto de Decreto
Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano
Juan Pablo Salazar Alfaro, para prestar servicios como chofer, en la Embajada de la
República de Austria en México.
Artículo Segundo. Se concede permiso a la
ciudadana Gloria Silvia del Villar Núñez, para prestar servicios como gerente
administrativo y de red local de la Sección Comercial, en la Embajada de Australia en
México.
Artículo Tercero. Se concede permiso a la
ciudadana Lyzeth Lozano Lázaro, para prestar servicios como recepcionista-asistente
consular, en la Embajada de Australia en México.
Artículo Cuarto. Se concede permiso a la
ciudadana Patricia Simpson Valadez, para prestar servicios como gerente de Desarrollo de
Mercados, en la Embajada de Australia en México.
Artículo Quinto. Se concede permiso a la
ciudadana Mirna Teresita Garduño Villalobos, para prestar servicios como traductora y
funcionaria de Relaciones con Medios de Comunicación, en la Embajada de Australia en
México.
Artículo Sexto. Se concede permiso a la ciudadana
María Elena Saint Martín Huidobro, para prestar servicios como gerente de Desarrollo de
Negocios, en la Embajada de Australia en México.
Artículo Séptimo. Se concede permiso al
ciudadano Ernesto Coeto Solís, para prestar servicios como gerente de Bie-nes y
Servicios, en la Embajada de Australia en México.
Artículo Octavo. Se concede permiso a la
ciudadana Linda Hendy Mezrage, para prestar servicios como ejecutiva de Mercadotecnia, en
la Embajada de Australia en México.
Artículo Noveno. Se concede permiso a la
ciudadana Rosalía Pérez Linares, para prestar servicios como asesora, en la Oficina
Comercial, en la Embajada de Suecia en México.
Sala de
Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— México,
DF, a 20 de febrero de 2003.— Sen. Orlando
Paredes Lara, Presidente; Dip. José Tomás
Lozano y Pardinas (rúbrica), secretario; Dip. Salvador
Cosío Gaona (rúbrica), secretario; Dip. Bernardo
Borbón Vilches (rúbrica), Sen. Gerardo Buganza
Salmerón, Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica),
Sen. Antonio García Torres, Sen. David Jiménez González, Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano, Dip. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica), Dip. Julieta Prieto Furhken (rúbrica), Dip. César Augusto Santiago Ramírez, Dip. Mónica Leticia Serrano Peña (rúbrica) y Sen. Jorge Zermeño Infante (rúbrica).»
El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo:
Está a
discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, para los
efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún
artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que
no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, proceda la
Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de este
proyecto de decreto y el anteriormente reservado, en un solo acto.
El Secretario diputado José Tomás
Lozano y Pardinas:
Por
instrucciones de la Presidencia se va a proceder a recoger la votación nominal en lo
general y en lo particular de este proyecto de decreto y el anteriormente reservado en un
solo acto.
Se pide se hagan
los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Por la
afirmativa el diputado José Lozano.
Por la negativa
la senadora Yolanda González Hernández.
Se emitieron 31
votos en pro y cero en contra.
El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo:
Aprobados en lo general y en lo
particular por 31 votos, los proyectos de decreto.
Pasan al Ejecutivo para los efectos
constitucionales.
Se pide a la
Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.
CONSUL
GENERAL
La Secretaria senadora Yolanda Eugenia
González Hernández:
Con mucho gusto,
señor Presidente, se procede a dar lectura al dictamen con punto de acuerdo, relativo al
nombramiento del ciudadano Arturo Sarukhan Casamitjana.
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión
Permanente.— Segunda Comisión de Trabajo.
Honorable
Asamblea:
A la Segunda
Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa y Educación Pública de la Comisión
Permanente fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el
expediente relativo al nombramiento que el ciudadano Presidente de la República hace a
favor del ciudadano Arturo Sarukhan Casamitjana, como cónsul general de México en la
ciudad de Nueva York, para los efectos de la fracción III del artículo 89, en relación
con la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Después de
haber analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el
expediente respectivo, esta Comisión desea señalar que, de acuerdo con la copia
certificada del acta de nacimiento presentada por el ciudadano Arturo Sarukhan
Casamitjana, consta que nació en la Ciudad de México, el 14 de septiembre de 1963. En
tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima para
desempeñar el cargo para el que ha sido designado. A su vez, se encuentra en pleno goce
de sus derechos civiles y políticos.
En su curriculum vitae se establece que Arturo Sarukhan
Casamitjana es licenciado en relaciones internacionales por el Colegio de México y con
estudios en historia por la UNAM. Obtuvo una maestría en política exterior de Estados
Unidos como becario de las Fundaciones Fulbrigth y Ford y otra en economía internacional
en la School of Advanced International Studies (SAIS) de la Universidad de John Hopkins en
Washington, DC.
Es miembro de
carrera del Servicio Exterior Mexicano desde 1994. Se ha desempeñado como secretario
ejecutivo de la Comisión sobre el Futuro de las Relaciones México-Estados Unidos.
En el año de
1991 colaboró con el secretario de Relaciones Exteriores como su asesor encargado de los
temas de seguridad nacional e internacional, fue director de Negociación Regional,
teniendo a su cargo los mecanismos de concertación regional latino e iberoamericanos
(Grupo de Río, Cumbre Iberoamericana, Grupo de los 3) y fue el responsable de negociar la
adhesión plena de Argentina, Chile y Brasil al Tratado de Tlatelolco, en este campo
fungió como representante de México ante la Organización para la Proscripción de Armas
Nucleares en América Latina y el Caribe (OPANAL).
A partir de 1993
estuvo comisionado a la Embajada de México en Estados Unidos donde se desempeñó como
secretario particular del embajador Jorge Montaño, posteriormente se incorporó a la
sección política de esta represen- tación diplomática, con objeto de hacer el
seguimiento en Estados Unidos del impacto del proceso electoral mexicano para renovación
de los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales.
Un año más
tarde fue designado por el embajador de México en Estados Unidos para manejar los temas
de narcotráfico y procuración de justicia; y posteriormente para instrumentar el Grupo
de Contacto de Alto Nivel, relaciones políticas entre miembros de los gabinetes de ambos
Ejecutivos, y negociar los documentos derivados de este grupo que se sometían a aquellos.
En 1998
colaboró en la Cancillería, como asesor para América del Norte y crimen organizado y a
su vez como director adjunto para planeación política de la SRE. Posteriormente se
desempeñó como coordinador nacional para el Mecanismo de Evaluación Multilateral contra
las Drogas (MEM) de la OEA; fue coordinador general de asesores del canciller y es miembro
de diversas organizaciones y foros internacionales.
Conforme al
acuerdo tomado por la honorable Cámara de Senadores el 22 de diciembre de 1982, para la
elaboración de dictámenes referentes a ratificaciones de nombramientos diplomáticos,
continuado por la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la Comisión
que suscribe invitó al ciudadano Arturo Sarukhan Casamitjana a una entrevista en donde se
conversó sobre el estado actual de la situación política, económica y social en la
jurisdicción consular de Nueva York, con especial énfasis en el impacto que ésta tiene
en la situación de los trabajadores migrantes y la población de origen mexicano en
general, así como en las relaciones económico-comerciales, culturales, educativas y las
de tipo político con esa región de la costa este de Estados Unidos de América.
El ciudadano
Sarukhan Casamitjana señaló que la figura del cónsul general de México en Nueva York
debe convertirse en una instancia de gestión que refuerce la agenda bilateral con Estados
Unidos y que responda a las nuevas necesidades de la política exterior mexicana y a los
intereses de nuestro país, señaló que la circunscripción del Consulado General de
México en Nueva York abarca una de las regiones más importantes para los intereses de
México en ese país, ello se debe primordialmente a su ubicación en esa ciudad del mismo
nombre, considerada como el corazón financiero, mediático y cultural más importante de
Estados Unidos y uno de los centros de operación bursátiles, informáticos y económicos
de mayor peso en el mundo.
La
circunscripción consular abarca además del estado de Nueva York los de Nueva Jersey y
Connecticut donde viven mexicanos que trabajan en esos lugares como es el caso del
primero, o residen y se trasladan diariamente a sus lugares de trabajo, como es el caso
del segundo estado.
Respecto a Nueva
York, representa también una de las zonas de Estados Unidos con el mayor índice de
crecimiento de población de origen mexicano; cifras no oficiales estiman que hay ya entre
800,000 y un millón de mexicanos en la zona metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey,
lo que lo convierte en el tercer estado con el mayor número de población de origen
hispano, después de California y Texas.
La propuesta de
programa de trabajo que presenta el C. Sarukhan Casamitjana, está dividida en cuatro
importantes rubros con objetivos y metas específicas. Estos rubros son:
1. Protección,
gestión consular y el programa de comunidades mexicanas.
2. Promoción
comercial, de inversiones, turística y de industria cultural.
3. Monitoreo,
cabildeo y enlace político.
4. Enlace con
centros de reflexión y análisis, con medios de comunicación, con universidades y con
ONG.
En materia de
protección y gestión consular propone agilizar los trámites y la expedición de
documentos en el Consulado General, redoblar y mejorar los esfuerzos y mecanismos para la
protección a mexicanos asentados en esa región, apoyar las labores de la Cancillería y
la Embajada de México en Estados Unidos con la finalidad de cabildear a favor de una
negociación migratoria integral y de largo aliento entre México y EUA, pugnar para que
la nueva matrícula consular de alta seguridad sea reconocida por las autoridades, bancos
y otras instituciones estatales y locales como identificación válida, promover arreglos
de transferencia que permitan el envío de las remesas a México a bajo costo, en forma
segura y con facilidad; redoblar las labores de proselitismo para lograr que los mexicanos
asentados en esa zona consular puedan acceder a colegiaturas y becas estatales, ahondar y
mejorar las relaciones con organizaciones hispanas y mexicanoamericanas, y lograr un mejor
nivel de vida para las comunidades de mexicanos, así como mantener una relación
constructiva con iglesias, organizaciones políticas como los llamados Comités de Acción
Política (PAC), académicos interesados en México, articulistas de medios impresos o
electrónicos y de congresistas del estado como la senadora Clinton o los senadores
Christopher Dodd y Lieberman, que son actores políticos con gran influencia en los
círculos de toma de decisiones o que se han convertido en aliados naturales de las
políticas de defensa y promoción de los derechos humanos.
De igual manera
propone en el ámbito de las relaciones comerciales y de inversión en el contexto de la
situación que vive esa ciudad después de los lamentables acontecimientos del 11 de
septiembre y la retracción de la economía regional y nacional, facilitar la
participación ágil del capital productivo y de inversión en la economía mexicana,
profundizar las relaciones con cámaras de comercio, asociaciones de banqueros y de
industriales, coadyuvar en los esfuerzos de la Secretaría de Turismo para promover a
México como un destino turístico atractivo, capitalizar los avances logrados por la
cultura y las artes mexicanas para promover la industria cultural mexicana y aprovechar
los espacios que se han abierto para la cultura mexicana en ese país para consolidar la
presencia internacional de México.
En materia de
los asuntos de cabildeo y enlace político la propuesta consiste en ampliar y fortalecer
el contacto y la interacción con el Consejo de la Alcaldía de Nueva York y con el propio
alcalde, aprovechar que el sistema político estadounidense es un sistema descentralizado
que otorga poder a los congresos estatales para incidir en las deliberaciones y decisiones
de esas instancias legislativas, entablar una relación activa y productiva con los
gobiernos de Nueva Jersey y Connecticut; apoyar las labores de cabildeo de la Embajada
mexicana y coadyuvar al fortalecimiento de las relaciones interparlamentarias entre
México y Estados Unidos proponiendo que con el aval del Senado mexicano pueda coadyuvar
con la Embajada mexicana para que la próxima interparlamentaria se lleve a cabo en la
ciudad de Nueva York.
En el ámbito
del enlace con los medios de comunicación, académicos y miembros de la sociedad señalan
que buscarán reforzar las interacción entre el Consulado General y los medios de
comunicación escrita, construir relaciones con los despachos de agencias de noticias,
redoblar esfuerzos en el tipo de cobertura que dan los medios electrónicos a temas
mexicanos y a la relación bilateral, reforzar la presencia de México en universidades e
institutos de investigación, buscar canalizar hacia México recursos de investigación
científica y establecer relaciones de intercambio y cooperación para la investigación y
el desarrollo, mantener una presencia activa en los centros de reflexión y análisis
político y, construir una red binacional de alianzas para la enseñanza básica, así
como impulsar la instrucción del español como segundo idioma, cuyo tema es parte central
del programa de comunidades mexicanas en el exterior.
Así, con base
en el expediente presentado por el cónsul general designado y la entrevista referida, los
legisladores miembros de la Comisión que suscribe constatamos que las actividades
profesionales que el ciudadano Sarukhan Casamitjana ha desempeñado durante los últimos
años, así como el trabajo que ha realizado en los diversos cargos públicos ocupados, le
han brindado una experiencia en el sistema político estadounidense, mantenerse en
contacto con actores políticos de esa nación y liderazgos de la comunidad
mexicano-norteamericana y de origen mexicano viviendo en esa circunscripción;
conocimientos que redundarán en el buen desempeño de sus funciones. Por esto
consideramos que reúne en su persona las cualidades y méritos necesarios
para el eficaz desempeño del cargo de cónsul general de México en la ciudad de Nueva
York para el que ha sido designado por titular del Poder Ejecutivo mexicano con base en la
fracción III del artículo 89 constitucional. Cabe mencionar que los miembros de esta
Segunda Comisión corroboramos que posee los requisitos ordenados por el artículo 20 de
la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano para ser designado cónsul general.
En tal virtud,
nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del
siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. En uso de las facultades que le confiere la
fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, ratifica el
nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano
Arturo Sarukhan Casamitjana, como cónsul general de México en Nueva York, Estados Unidos
de América.
Sala de
Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.—
México, DF, a 5 de marzo de 2003.— Sen. Fidel
Herrera Beltrán (rúbrica), Presidente; Sen. Felipe
de Jesús Vicencio Alvarez (rúbrica), secretario; Dip. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica), secretario; Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica), Sen. Adrián Alanís Quiñones, Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Dip. Jesús Burgos Pinto, Sen. Micaela Aguilar González (rúbrica), Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano, Dip. Manuel Wistano Orozco Garza (rúbrica), Dip. Raúl Martínez González (rúbrica), Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica) y Sen. Rafael Gilberto Morgan Alvarez.»
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Está a
discusión el dictamen con punto de acuerdo.
Tiene la palabra
el diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios.
El diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios:
Con la venia de
la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:
Es nada más
hacer un planteamiento, ya que en el estado de Puebla tenemos casi 600 mil poblanos que
están viviendo en el área de Nueva York y por ende tenemos una gran preocupación en
tres temas fundamentales.
La primera es
una recomendación muy respetuosa al próximo cónsul en el sentido que exista una
interlocución real con los dirigentes de las diferentes comunidades que están allá, con
todas ellas, para que él pueda tener una visión propia de lo que sucede ahí y evitar
con esto que algunas organizaciones se aprovechen de la ignorancia de los connacionales y
les estén vendiendo una credenciales que de nada les sirven pero sí atrasan que obtengan
ellos su matrícula consular, que es un documento que en la mayoría de los estados de ese
país es reconocido como oficial, que les permite accesar a la apertura de cuentas de
cheques y que además tienen la oportunidad de tener su licencia de manejar.
Los otros dos
puntos, y no menos importantes, son los siguientes: el Departamento de Protección a la
Comunidad debe estar muy pendiente del trato que les dan a los connacionales cuando tienen
la desgracia de verse involucrados en un accidente.
En muchas
ocasiones, por el desconocimiento que tienen de las leyes de ese país, los están
obligando a firmar confesiones porque, al no tener conocimiento ni de la legislatura ni
del idioma, con tal de quitarse la presión ellos están firmando prácticamente un cheque
en blanco. Si el Consulado no pone una atención especial en este programa, vamos a tener
serios problemas.
El tercero es la
atención a las comunidades en donde, por alguna razón que desconocemos, la licenciada
Lourdes Chávez, cuando estuvo de encargada en esa oficina, cambió los teléfonos y no
tuvo la atención de publicitar los nuevos. Entonces, dejó en la orfandad a muchos
connacionales.
Estos puntos
creo yo que, con la ayuda que le dimos los legisladores de todos los partidos aquí
representados para que los consulados tuviesen los recursos suficientes, ya que lo que
generan por las visas y por las matrículas se les quedan a ellos para la atención de los
connacionales, ojalá lo lleve a cabo el próximo cónsul Arturo Sarukhan.
De ser así,
tendrá como siempre el respaldo de los legisladores. Estamos muy pendientes en esa
comunidad por la importancia de todos los poblanos, en este caso, pero de los mexicanos
que viven de ahí.
De atender esta
propuesta, que es realizada con todo respeto, mi voto será afirmativo.
Por su
atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Gracias, señor
diputado.
Sigue a
discusión el dictamen con punto de acuerdo.
La Secretaria senadora Yolanda Eugenia
González Hernández:
No habiendo
quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores
que estén por la afirmativa, les rogamos manifestarlo...
Quienes estén
por la negativa...
El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo:
Aprobado el punto de acuerdo.
Comuníquese al Ejecutivo.
Se encuentra a
las puertas de este recinto el ciudadano Arturo Sarukhan Casamitjana, cuyo nombramiento
como cónsul general de México en Nueva York, Estados Unidos de América, acaba de ser
aprobado por esta Asamblea.
Para que lo introduzcan a este salón y lo acompañen a
rendir la protesta de ley, se designa en comisión a las siguientes legisladoras y a los
siguientes legisladores:
Senador Fidel
Herrera Beltrán; diputada Beatriz Elena Paredes Rangel; senador Felipe de Jesús Vicencio
Alvarez; diputada María Teresa Tapia Baena; senador Marcos Carlos Cruz Martínez;
diputada Julieta Prieto Furhken; diputado Víctor Antonio García Dávila.
(La comisión
cumple con su encargo.)
La Secretaria senadora Yolanda Eugenia
González Hernández:
Se ruega a los
presentes ponerse de pie.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Ciudadano Arturo
Sarukhan Casamitjana: ¿Protesta de-sempeñar leal y
patrióticamente en cargo de cónsul general de México, en Nueva York, Estados Unidos de
América, que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y
prosperidad de la Unión?
El ciudadano Arturo Sarukhan
Casamitjana:
Sí, protesto.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande.
Se ruega a la
comisión designada acompañar al señor cónsul cuando desee retirarse.
Continúe la
Secretaría con los asuntos en cartera.
CONSUL
GENERAL
El Secretario diputado José Tomás
Lozano y Pardinas:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión
Permanente.— Segunda Comisión de Trabajo.
Honorable
Asamblea:
A la Segunda
Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública de la Comisión
Permanente fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente el
expediente relativo al nombramiento que el ciudadano Presidente de la República hace en
favor del ciudadano Jorge Lomónaco Tonda como cónsul general de México en la ciudad de
Miami, para los efectos de la fracción III del artículo 89, en relación con la
fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Después de
haber analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el
expediente respectivo, esta Comisión desea señalar que, de acuerdo con la copia
certificada del acta de nacimiento presentada por el ciudadano Lomónaco Tonda, consta que
nació en la Ciudad de México, DF, el 23 de octubre de 1963. En tal virtud, reúne los
requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima para desempeñar el cargo para el
que ha sido designado. A su vez, se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
En su
currículum vitae se establece que es licenciado en arquitectura por la Universidad
Iberoamericana, profesor de la misma y de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Participó en cursos de urbanismo en Italia, realizó diversos proyectos arquitectónicos
y dirigió obras civiles. Como empresario, fue representante en México de Eagle
Management; y socio fundador de Grupo Aedificatoria, SA de CV, y de Constructora Tectonos,
SA de CV.
Es miembro de la
carrera del Servicio Exterior Mexicano, en el que ingresó por concurso público en 1991.
Se ha
desempeñado como jefe de departamento en la Dirección General para Europa, asesor y
coordinador administrativo del subsecretario “A” y coordinador de asesores del
subsecretario “A” en la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde participó
en temas como migración y asuntos fronterizos México-Estados Unidos.
Fungió como
secretario particular del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Durante ese
encargo fue miembro de la Comisión de Personal del Servicio Exterior Mexicano. En
noviembre de 2002 fue nombrado oficial mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
cargo que desempeñó hasta el 31 de enero pasado.
En el exterior
fungió como encargado de asuntos multilaterales en la Embajada de México en Reino Unido
en 1995. Durante esta comisión fue representante permanente alterno ante la Organización
Marítima Internacional (OMI) y la Organización Internacional del Café, y comisionado
alterno ante la Comisión Ballenera Internacional, posición que volvió a ocupar en 2001,
lo que le permitió encabezar la delegación mexicana correspondiente en más de 60
reuniones internacionales y cinco conferencias multilaterales. Fue electo presidente de
diversos comités y subcomités de dichas organizaciones, incluyendo dos periodos como
Presidente del Comité de Cooperación Técnica de la OMI.
Fue jefe de la
Oficina de Enlace Consular en la Embajada de México en Estados Unidos y responsable de la
coordinación entre la Embajada y los entonces 42 consulados de México en Estados Unidos,
así como de un esquema para fortalecer la presencia de la Embajada más allá de la
capital estadounidense. Participó activamente en una redefinición de la conflictiva
relación con el estado de Florida, que tuvo como resultado la visita del gobernador Jeff
Bush a México, en el año de 1999, al frente de una delegación política y comercial de
primer nivel y representación.
Fue responsable
del proceso de identificación de necesidades y posterior negociación con autoridades
federales y locales para la apertura de tres nuevos consulados en Raleigh, Omaha y
Presidio.
Conforme al
acuerdo tomado por la honorable Cámara de Senadores el 22 de diciembre de 1982, para la
elaboración de dictámenes referentes a ratificaciones de nombramientos diplomáticos y
retomada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la Segunda Comisión que
suscribe invitó al ciudadano Jorge Lomónaco Tonda a una entrevista, donde se conversó
sobre el estado actual de la relación bilateral con Estados Unidos dentro de las nuevas
funciones que deben desarrollar los consulados mexicanos para realizar las tareas de
protección de los trabajadores migrantes y sus familias en el contexto de política
interna y externa de ese país. Se habló asimismo sobre la situación política,
económica y social de la circunscripción y de las múltiples actividades para consolidar
esa relación y explorar otros campos de colaboración en beneficio de México.
El ciudadano
Lomónaco Tonda señaló que a lo largo de los años México ha establecido en Estados
Unidos la red consular más grande del mundo en un solo país, constituida hoy por 46
representaciones consulares, más la sección consular en la Embajada en Washington. Esta
red consular constituye la columna vertebral de la presencia de México en Estados Unidos;
esto es un reflejo de la dinámica de la relación de nuestro país con Estados Unidos,
pero sobre todo de la intensa presencia de mexicanos en el territorio estadounidense.
Comentó que hoy
día el Consulado de Miami realiza labores no sólo de documentación sino de promoción
cultural, turística, de comercio e inversión, así como una intensa labor política ante
autoridades locales y estatales que se debe incrementar.
Sostuvo lo
anterior en el hecho de ser Florida el cuarto estado en población de Estados Unidos y,
por tanto, un estado con mucha presencia en el Congreso estadounidense y votos
significativos en la Cámara de Representantes y el Colegio Electoral. Económicamente,
ocupa el quinto lugar, lo que significa que representa un enorme potencial para la
promoción del turismo, el comercio y la inversión, así como para la difusión de la
cultura mexicana.
Señaló la
importancia, desde el punto de vista geoestratégico, de dar seguimiento a la comunidad
cubana: por una parte, dada su influencia en la política interna estadounidense, su
unidad frente a determinadas causas y su capacidad económica y de organización; y, por
otra, por la sensibilidad política que debe acompañar la relación del titular del
Consulado con dicha comunidad, evitando herir susceptibilidades hacia dentro de ella y
hacia países con que México mantiene relaciones diplomáticas.
Miami,
considerada informalmente “la capital de América Latina”, puerto de acceso a
Estados Unidos de una proporción importante de productos y mercancías latinoamericanas,
es además un centro financiero de primer orden en la Unión Americana y primero en
presencia de instituciones de origen latinoamericano. El aeropuerto de Miami es el primero
en el país en el manejo de carga internacional y tercero en Estados Unidos en cuanto a
pasajeros internacionales, lo que lo convierte en centro de conexiones para vuelos desde y
hacia América Latina.
El Consulado de
Miami centra su actividad en la atención de una creciente comunidad mexicana. Se estima
que en esa ciudad residen cerca de 500,000 mexicanos, lo que provoca una creciente demanda
de servicios consulares, que en 2002 sumaron más de 24,000 actos consulares y 1,190 actos
de protección. Dentro de los primeros, destaca la expedición de la matrícula de alta
seguridad, que paulatinamente ha venido aceptándose como documento secundario de
identificación entre algunos sectores e instituciones.
Los miembros de
la Segunda Comisión sabemos que la geo-grafía migratoria ha variado durante las últimas
décadas, convirtiendo Florida en una región de atracción de trabajadores mexicanos
destacada. El cónsul general designado comentó que la circunscripción del Consulado
abarca Miami, su zona metropolitana, cinco ciudades y 30 municipalidades. Dependen del
mismo el Consulado de Carrera en Orlando, que abarca Tampa, y uno honorario en
Jacksonville. Florida cuenta con una comunidad multicultural, donde la población de
origen hispano representa 55% de la población, donde hablar español o ser bilingüe en
este idioma es una ventaja comparativa y donde la cadena Univisión es líder en
audiencias, por encima de cualquier competidor en inglés.
El funcionario
del Servicio Exterior Mexicano comentó que tiene contemplado consolidar la relación con
los actores políticos locales. Puso especial énfasis en el gobernador Jeff Bush y su
esposa, de origen mexicano; y en el papel que juegan los gobernadores mexicanos de
entidades del golfo de México que, con sus contrapartes estadounidenses, han creado una
Asociación de Gobernadores del Golfo, en particular el reconocimiento e interés que
recibe aquélla del gobernador de Florida, quien ha promovido una estrategia mucho más
agresiva, que incluye visitas de misiones comerciales y de inversionistas.
Agregó que se
comprometía a mantener una comunicación fluida con autoridades y empresarios para que
los puntos de vista diferentes, lógicos en una relación (el injusto bloqueo a Cuba o los
diferendos en exportación de cítricos), no contaminen otros temas de la agenda
bilateral.
El cónsul
general designado, Lomónaco Tonda, propone en su plan de trabajo como acciones en la
relación política las siguientes:
• Atender
las demandas de documentación y defensa de intereses de la comunidad mexicana con
eficiencia, calidad y oportunidad; e intensificar las actividades de promoción y
difusión cultural y el intercambio académico.
• Brindar
una atención continua de temas relevantes de protección, como son, en primer lugar, los
casos de condenados a pena de muerte, seguido de otras violaciones de derechos humanos,
laborales o políticos de la población de origen mexicano en su circunscripción.
• Promover
un acercamiento con el estado de Florida, mediante una reidentificación de la relación,
lograr una presencia más intensa tanto en Miami como en el resto del estado y buscar el
acercamiento con comunidades en el estado a las que se ha prestado poca atención.
• Estrechar
vínculos con autoridades estatales, locales y líderes comunitarios, a fin de mejorar la
imagen de México y fortalecer la capacidad de influencia sobre cuestiones relevantes para
nuestro país en el ámbito local o regional; influir con el apoyo local en la política
nacional (los consulados son cada vez más un valioso instrumento político para la
Embajada en Washington, DC); y participar con efectividad en cuestiones estatales y
locales que son relevantes para la relación bilateral en su conjunto.
• Promover
intercambios entre autoridades estatales y representantes de la industria y el comercio de
ambos países, a fin de estrechar las relaciones políticas y aprovechar cabalmente el
potencial para la promoción del comercio y la inversión.
• Dar
seguimiento puntual a iniciativas locales y eventos políticos de relevancia para nuestro
país o en las comunidades mexicanas y promover la organización de visitas de altos
funcionarios y mexicanos distinguidos y de funcionarios locales o estatales
estadounidenses a México; y realizar misiones comerciales en ambos sentidos.
•
Instrumentar un programa de atención a comunidades mexicanas y dar seguimiento a las
actividades de carácter político de la comunidad cubana en el exilio.
Así, con base
en el expediente presentado por el cónsul general designado y en la entrevista referida,
los legisladores miembros de la Comisión que suscribe constatamos que las actividades
profesionales que el ciudadano Lomónaco Tonda ha desempeñado durante los últimos años,
así como el trabajo que ha realizado en los diversos cargos públicos ocupados, le han
brindado conocimientos que redundarán en el buen desempeño de sus funciones.
Por esto,
consideramos que reúne en su persona las cualidades y méritos necesarios para el eficaz
desempeño del cargo de cónsul general de México en Miami, para el que fue designado por
el Presidente de la República, de acuerdo con las facultades que le confiere la fracción
III del artículo 89. Asimismo, posee los requisitos ordenados por el artículo 20 de la
Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano para ser designado cónsul general.
En tal virtud,
nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Asamblea la aprobación del
siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. En uso de las facultades que le confiere la
fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión ratifica el
nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en favor del ciudadano
Jorge Lomónaco Tonda como cónsul general de México en Miami, Florida, Estados Unidos de
América.
Sala de
comisiones de la honorable Comisión Permanente.— México, DF, a 5 de marzo de
2003.— Sen. Fidel Herrera Beltrán
(rúbrica), Presidente; Sen. Felipe de Jesús
Vicencio Alvarez (rúbrica), secretario; Dip. Alfredo
Ochoa Toledo (rúbrica), secretario; Sen. Ernesto
Gil Elorduy (rúbrica), Sen. Adrián Alanís
Quiñones, Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín
(rúbrica), Dip. Jesús Burgos Pinto, Sen. Micaela Aguilar González (rúbrica), Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano, Dip. Manuel Wistano Orozco Garza (rúbrica), Dip. Raúl Martínez González (rúbrica), Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica) y Sen. Rafael Gilberto Morgan Alvarez.»
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Está a
discusión el dictamen con punto de acuerdo.
El Secretario diputado José Tomás Lozano y Pardinas:
No habiendo
quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese al
Ejecutivo.
El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo:
Se encuentra a
las puertas de este recinto el ciudadano Jorge Lomónaco Tonda, cuyo nombramiento como
cónsul general de México en Miami, Estados Unidos de América, acaba de ser aprobado por
esta Asamblea.
Para que lo
introduzcan a este salón y lo acompañen a rendir la protesta de ley, se designa en
comisión a los siguientes legisladores:
Ernesto Gil
Elorduy, Felipe Solís Acero, Rafael Gilberto Morgan Alvarez, Raúl Martínez González,
Raymundo Cárdenas Hernández, Sara Isabel Castellanos Cortés, y Víctor Antonio García
Dávila.
(La comisión
cumple con su encargo.)
El Secretario diputado José Tomás
Lozano y Pardinas:
Se ruega a los
presentes ponerse de pie.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Ciudadano Jorge
Lomónaco Tonda: ¿Protesta desempeñar leal y
patrióticamente el cargo de cónsul general de México, en Miami, Estados Unidos de
América, que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ello emanen, mirando en todo por el bien y
prosperidad de la Unión?
El ciudadano Jorge Lomónaco Tonda:
¡Sí, protesto!
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande.
Se ruega a la
comisión designada acompañar al señor cónsul, cuando desee retirarse.
Continúe la
Secretaría.
GRADOS
MILITARES
La Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión
Permanente.— Segunda Comisión de Trabajo.— Relaciones Exteriores, Defensa
Nacional y Educación Pública.
Honorable
Asamblea:
A la Comisión
que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente número 645, año
tercero, sección primera, índice “G”, fojas 82/2 del libro respectivo que
contiene la hoja de servicio y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año
2002, por el Presidente de la República, a favor del Coronel de Caballería Diplomado de
Estado Mayor Quirino Castillo Saucedo, como General Brigadier Diplomado de Estado Mayor,
que el Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanente para los efectos de lo
dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de
los antecedentes del interesado esta Comisión advierte que:
a) Ingresó el
29 de enero de 1966 al Heroico Colegio Militar graduándose como Subteniente de
Caballería el 1o. de septiembre de 1969.
b) Para los
efectos de ascenso se le computan 36 años, 9 meses y 21 días de tiempo de servicios y 14
años de antigüedad en el grado anterior.
c) Todos sus
ascensos los obtuvo por riguroso escalafón.
d) Su
preparación profesional abarca el curso de formación como Oficial de Caballería; el
curso correspondiente en la Escuela Militar de Aplicación de Caballería
“Hermenegildo Galeana”; el seminario de vehículos blindados en París, Francia;
el curso de mando y Estado Mayor General en la Escuela Superior de Guerra; y, el curso de
administración militar para la seguridad y defensa nacionales en el Colegio de Defensa
Nacional.
Posee amplia
experiencia en el mando de tropas en unidades blindadas; se desempeñó como Comandante
del Cuerpo de Cadetes de la Escuela Médico Militar; ejerció el mando del 5o. Cuerpo de
Caballería de Defensa Rurales; ejerció el mando del 28o. Regimiento Blindado de la
Brigada de Policía Militar y del 17o. Regimiento Blindado; se trasladó a EUA en
comisión oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como en visita oficial al
Quinto Ejército de dicho país; fungió como Subjefe de Estado Mayor de la 26a. Zona
Militar y de la 6a. Región Militar y como Subjefe Administrativo del Centro Coordinador
de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa Nacional; fue Jefe de Estado Mayor de la
17a. Zona Militar; fungió como Agregado Militar y Aéreo a la Embajada de México en la
República de Honduras y como Jefe de la Sección de Estudios de la Situación Nacional e
Internacional del Colegio de Defensa Nacional, participó en el Cuartel General de la VII
Región Militar en el Plan de Operaciones “Aguila” en el estado de Chiapas; y
actualmente se desempeña como Jefe del Estado Mayor del Agrupamiento “Venzor”
en Taniperla, Chiapas.
f) Se le han
otorgado las condecoraciones de perseverancia hasta la “Especial”,
correspondiente a 35 años de servicios ininterrumpidos y la condecoración “Cruz de
las Fuerzas Armadas” que le otorgó el Gobierno de la República de Honduras.
De la revisión
del expediente personal y la hoja de servicio del nombrado Coronel de Caballería
Diplomado de Estado Mayor Quirino Castillo Saucedo, y en atención a su gran aptitud
personal, amplia instrucción militar y destacado desempeño de sus cargos, se deduce que
el interesado reunió los requisitos legales que merecen la obtención del grado de
General Brigadier Diplomado de Estado Mayor sujeto a ratificación.
Por lo anterior
y para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita Comisión se permite
someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:
Punto de Acuerdo
Unico: Se ratifica el grado de General Brigadier
Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del
ciudadano Quirino Castillo Saucedo.
Sala de
Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— México,
DF, a 26 de febrero del año 2003.— Sen. Fidel
Herrera Beltrán (rúbrica), Presidente; Sen. Felipe
de Jesús Vicencio Alvarez (rúbrica), secretario; Dip. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica), secretario; Sen.
Ernesto Gil Elorduy (rúbrica), Sen. Adrián Alanís Quiñones, Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Dip. Jesús Burgos Pinto, Sen. Micaela Aguilar González (rúbrica), Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano, Dip. Manuel Wistano Orozco Garza (rúbrica), Dip. Raúl Martínez González (rúbrica), Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica) y Sen. Rafael Gilberto Morgan Alvarez.»
Está a
discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva
para su votación económica en conjunto.
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión
Permanente.— Segunda Comisión de Trabajo.— Relaciones Exteriores, Defensa
Nacional y Educación Pública.
Honorable
Asamblea:
A la Comisión
que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente número 648, año
tercero, sección tercera, índice “G”, fojas 82/2, del libro respectivo, que
contiene la hoja de servicio y el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2002 por el
Presidente de la República en favor del Coronel de Caballería Diplomado de Estado Mayor
Salvador Gutiérrez Plascencia como General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el
Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto en
la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Del análisis de
los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte que:
a) Ingresó en
el Ejército Mexicano como Soldado de Caballería el 7 de noviembre de 1972 y como Cadete
en el Heroico Colegio Militar el 1o. de septiembre de 1973, graduándose como Subteniente
de Caballería el 1o. de septiembre de 1977.
b) Para los
efectos de ascenso, se le computan 30 años, cero meses y 13 días de tiempo de servicio y
5 años de antigüedad en el grado anterior.
c) Todos los
ascensos los obtuvo por riguroso escalafón en los concursos de selección
correspondientes.
d) Su
preparación profesional abarca el curso de formación como Oficial de Caballería;
realizó el curso de profesor de equitación en la Escuela Militar de Equitación, el
curso de Mando y Estado Mayor General en la Escuela Superior de Guerra y el curso de
perspectivas ejecutivas de la tecnología de información en el Centro de Educación para
Ejecutivos de la empresa IBM en Cuernavaca, Morelos.
e) Posee amplia
experiencia en el mando de tropa en unidades de su arma y Caballería Motorizada; formó
parte de la Fuerza de Tarea “Marte IV” contra el narcotráfico; se desempeñó
como docente en la Escuela Militar de Ingenieros y en la Escuela Superior de Guerra y como
coordinador de equitación y profesor en diferentes materias, así como Jefe del Area
Pedagógica de Ciencias y Humanidades y Jefe de la Subsección de Admisión del mismo
plantel; fungió como Subjefe de Estado Mayor de la 17a. Zona Militar, Jefe de Estado
Mayor del Area Norte del Estado de Chiapas y el mismo cargo en la 15a. Zona Militar;
ejerció el mando del Agrupamiento Gutiérrez en El Limar, Chiapas, y el mando del 19o.
Regimiento de Caballería Motorizado; se desempeñó como Agregado Militar y Aéreo de la
Embajada de México en la República de Guatemala; en el Estado Mayor de la Defensa
Nacional se desempeñó como Subjefe de la Sección Sexta; y actualmente presta sus
servicios como Jefe de la Subsección de Programación y Evaluación en la Sección Cuarta
del mismo organismo.
f) Se le han
otorgado las condecoraciones de perseverancia hasta la de Primera Clase, correspondiente a
30 años de servicio ininterrumpidos, así como la condecoración al “Mérito
Docente”.
De la revisión
del expediente personal y de la hoja de servicio del nombrado Coronel de Caballería
Diplomado de Estado Mayor Salvador Gutiérrez Plascencia, y en atención a su gran aptitud
personal, amplia instrucción militar y destacado desempeño de sus cargos, se deduce que
el interesado reunió los requisitos legales que merecen la obtención del grado de
General Brigadier Diplomado de Estado Mayor sujeto a ratificación.
Por lo anterior
y para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita Comisión se permite
someter a la consideración de esta honorable Asamblea la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Se ratifica el grado de General Brigadier
Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en favor del
ciudadano Salvador Gutiérrez Plascencia.
Sala de
Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— México,
DF, a 26 de febrero del año 2003.— Sen. Fidel
Herrera Beltrán (rúbrica), Presidente; Sen.
Felipe de Jesús Vicencio Alvarez (rúbrica), Dip. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica), secretarios; Sen.
Micaela Aguilar González (rúbrica), Sen. Adrián Alanís Quiñones (rúbrica), Dip. Jesús Burgos Pinto (rúbrica), Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica),
Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica), Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica ratificación de
grado), Sen. Federico Ling Altamirano, Dip. Raúl Martínez González, Dip. Manuel Wistano Orozco Garza y Dip. Jorge
Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»
Está a
discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra se reserva para
su votación económica en conjunto.
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión
Permanente.— Segunda Comisión de Trabajo, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y
Educación Pública.
Honorable
Asamblea:
A la Comisión
que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente número 647, año
tercero, sección segunda, índice “A”, fojas 82/2, del libro respectivo, que
contiene la hoja de servicio y el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2002 por el
Presidente de la República en favor del Teniente Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador
Diplomado de Estado Mayor Aéreo Rodolfo Claudio Ancona Rodríguez como Coronel de Fuerza
Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo Federal envió a
esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del
artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de
los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte que:
a) Ingresó el 4
de septiembre de 1972 en la Escuela Militar de Aviación, dependiente del Colegio del
Aire, graduándose como Subteniente de Fuerza Aérea Piloto Aviador el 1o. de septiembre
de 1976.
b) Para los
efectos de ascenso, se le computan 30 años, 2 meses y 16 días de tiempo de servicio y 10
años de antigüedad en el grado anterior.
c) Todos los
ascensos los obtuvo por riguroso escalafón en los concursos de selección
correspondientes.
d) Su
preparación profesional abarca el curso de formación como Piloto Aviador; el curso de
aplicación y adiestramiento táctico en el Escuadrón Mixto de Entrenamiento Táctico y
el curso de mando y Estado Mayor Aéreo en la Escuela Superior de Guerra; los cursos de
formación de profesores en derechos humanos y de administración en derechos humanos y el
de administración de adiestramiento en el Centro de Estudios del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos; el curso para Pilotos del avión Mitsubishi MU-II-1550, así como el
curso de refresco correspondiente en Houston, Texas; y los cursos de refresco en aviones
Jet-Star L-1329 y Boeing 737 y 737-200.
e) Posee amplia
experiencia como Piloto Aviador, habiendo prestado sus servicios en los Escuadrones
Aéreos 204, 205, 208 de Búsqueda, Rescate y Evacuación, el de Transportes Medianos,
así como en la Unidad Especial de Transporte Aéreo del Alto Mando; su actuación como
Piloto Aviador es destacada, manteniéndose actualizado de forma permanente en su
especialidad.
f) Se le han
otorgado las condecoraciones de perseverancia hasta la de 1a. Clase, correspondiente a 30
años de servicio ininterrumpidos.
De la revisión
del expediente personal y de la hoja de servicio del nombrado Teniente Coronel de Fuerza
Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Rodolfo Claudio Ancona Rodríguez,
y en atención a su gran aptitud personal, amplia instrucción militar y destacado
desempeño de sus cargos, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que
merecen la obtención del grado de Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de
Estado Mayor Aéreo sujeto a ratificación.
Por lo anterior
y para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita Comisión se permite
someter a la consideración de esta honorable Asamblea la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Se ratifica el grado de Coronel de Fuerza
Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo que el titular del Poder Ejecutivo
Federal expidió en favor del ciudadano Rodolfo Claudio Ancona Rodríguez.
Sala de
Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— México,
DF, a 26 de febrero del año 2003.— Sen. Fidel
Herrera Beltrán (rúbrica), Presidente; Sen. Felipe
de Jesús Vicencio Alvarez (rúbrica), secretario; Dip. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica), secretario; Sen.
Ernesto Gil Elorduy (rúbrica), Sen. Adrián Alanís Quiñones, Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Dip. Jesús Burgos Pinto, Sen. Micaela Aguilar González (rúbrica), Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano, Dip. Manuel Wistano Orozco Garza (rúbrica), Dip. Raúl Martínez González (rúbrica), Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica) y Sen. Rafael Gilberto Morgan Alvarez.»
Está a
discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva
para su votación económica en conjunto.
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión
Permanente.— Segunda Comisión de Trabajo, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y
Educación Pública.
Honorable
Asamblea:
A la Comisión
que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente número 649, año
tercero, sección cuarta, índice “H”, fojas 83-2 del libro respectivo que
contiene la hoja de servicio y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año
2002, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel de Artillería
Diplomado de Estado Mayor Jesús Hernández Pérez, como Coronel de Artillería Diplomado
de Estado Mayor, que el Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanente para los
efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de
los antecedentes del interesado esta Comisión advierte que:
a) Ingresó al
Ejército Mexicano como Soldado Mecánico el 14 de diciembre de 1972 y como Cadete al
Heroico Colegio Militar el 1o. de septiembre de 1973, graduándose como Subteniente de
Artillería el 1o. de septiembre de 1977.
b) Para los
efectos de ascenso se le computan 29 años, 11 meses y 6 días de tiempo de servicios y 6
años de antigüedad en el grado anterior.
c) Todos sus
ascensos los obtuvo por riguroso escalafón en los concursos de selección
correspondientes.
d) Su
preparación profesional abarca el curso de formación como Oficial de Artillería;
realizó el curso de mando y Estado Mayor General en la Escuela Superior de Guerra; el
diplomado en planeación prospectiva y conformación de escenarios en el Centro de
Investigación y Seguridad Nacional; el curso de perfeccionamiento para analistas de
inteligencia estratégica en la República de Argentina; y, el Curso Superior de Guerra en
la Escuela Superior de Guerra.
e) Posee amplia
experiencia en el mando de tropa en unidades de su arma, así como profesor e instructor
militar en el Heroico Colegio Militar y en la Escuela Superior de Guerra; se desempeñó
como Jefe de la Oficina de Divulgación de este último plantel; fungió como Jefe de la
S-1 del Estado Mayor de la 29a. Zona Militar y como Subjefe de Estado Mayor de la 26a.
Zona Militar; ejerció el mando del 3er. Grupo de Cañones Sin Retroceso Calibre 106 mm.;
y, actualmente, se desempeña como Director de la Escuela de Administración Militar y
Pública dependiente del Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
f) Se le han
otorgado las condecoraciones de perseverancia hasta la de Segunda Clase, correspondiente a
25 años de servicios ininterrumpidos, así como la condecoración al “Mérito
Docente”.
De la revisión
del expediente personal y la hoja de servicio del nombrado Teniente Coronel de Artillería
Diplomado de Estado Mayor Jesús Hernández Pérez, y en atención a su gran aptitud
personal, amplia instrucción militar y destacado desempeño de sus cargos, se deduce que
el interesado reunió los requisitos legales que merecen la obtención del grado de
Coronel de Artillería Diplomado de Estado Mayor sujeto a ratificación.
Por lo anterior
y para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita Comisión se permite
someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Se ratifica el grado de Coronel de
Artillería Diplomado de Estado Mayor, que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió
a favor del ciudadano Jesús Hernández Pérez.
Sala de
Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a
26 de febrero del año 2003.— Sen. Fidel
Herrera Beltrán (rúbrica), Presidente; Sen. Felipe
de Jesús Vicencio Alvarez (rúbrica), secretario; Dip. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica), secretario; Sen.
Ernesto Gil Elorduy (rúbrica), Sen. Adrián Alanís Quiñones, Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Dip. Jesús Burgos Pinto, Sen. Micaela Aguilar González (rúbrica), Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano, Dip. Manuel Wistano Orozco Garza (rúbrica), Dip. Raúl Martínez González (rúbrica), Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica) y Sen. Rafael Gilberto Morgan Alvarez.»
Está a
discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva
para su votación económica en conjunto.
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión
Permanente.— Segunda Comisión de Trabajo, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y
Educación Pública.
Honorable
Asamblea:
A la Comisión
que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente número 650, año
tercero, sección quinta, índice “M”, fojas 83-2 del libro respectivo que
contiene la hoja de servicio y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año
2002, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel del Arma Blindada
Martín Montaño Ulloa, como Coronel del Arma Blindada, que el Ejecutivo Federal envió a
esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del
artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de
los antecedentes del interesado esta Comisión advierte que:
a) Ingresó el
1o. de septiembre de 1974 al Heroico Colegio Militar, graduándose como Subteniente de
Caballería el 1o. de septiembre de 1978.
b) Para los
efectos de ascenso se le computan 28 años, 2 meses y 19 días de tiempo de servicios 4
años de antigüedad en el grado anterior.
c) Todos sus
ascensos los obtuvo por riguroso escalafón en los concursos de selección
correspondientes.
d) Su
preparación profesional abarca el curso de formación como Oficial de Caballería;
realizó los cursos siguientes: el correspondiente en la Escuela Militar de Aplicación de
Caballería “Hermenegildo Galeana”, el de instructores y tiradores del Sistema
Milán, curso de administración pública en el Centro de Estudios del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos; el curso superior de armas y servicios en la Escuela Superior de Guerra;
y el curso de inducción al puesto y a la docencia para jefes y oficiales del Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos en la Escuela Superior de Guerra.
e) Posee amplia
experiencia en el mando de tropa en unidades de caballería blindada y motorizada; prestó
sus servicios como instructor de equitación en el 24o. Regimiento de Caballería
Motorizado; en la Escuela Superior de Guerra se desempeñó como docente y coordinador de
curso; ejerció el mando del Agrupamiento del 3er. Regimiento Blindado de Reconocimiento,
formando parte de la Fuerza de Tarea “Arco íris” en el estado de Chiapas; en la
Dirección General del Arma Blindada, fue Jefe de las Subsecciones Técnica y de
Adiestramiento; fungió también como Segundo Comandante y Jefe del Grupo de Comando del
2o. Regimiento Mecanizado.
f) Se le han
otorgado las condecoraciones de perseverancia hasta la de 2a. Clase, correspondiente a 25
años de servicios ininterrumpidos.
De la revisión
del expediente personal y la hoja de servicio del nombrado Teniente Coronel del Arma
Blindada Martín Montaño Ulloa, y en atención a su gran aptitud personal, amplia
instrucción militar y destacado desempeño de sus cargos, se deduce que el interesado
reunió los requisitos legales que merecen la obtención del grado de Coronel del Arma
Blindada sujeto a ratificación.
Por lo anterior
y para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita Comisión se permite
someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Se ratifica el grado de Coronel del Arma
Blindada que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Martín
Montaño Ulloa.
Sala de
comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a
26 de febrero del año 2003.— Sen. Fidel
Herrera Beltrán (rúbrica), Presidente; Sen. Felipe
de Jesús Vicencio Alvarez (rúbrica), secretario; Dip. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica), secretario; Sen.
Ernesto Gil Elorduy (rúbrica), Sen. Adrián Alanís Quiñones, Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Dip. Jesús Burgos Pinto, Sen. Micaela Aguilar González (rúbrica), Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano, Dip. Manuel Wistano Orozco Garza (rúbrica), Dip. Raúl Martínez González (rúbrica), Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica) y Sen. Rafael Gilberto Morgan Alvarez.»
Está a
discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva
para su votación económica en conjunto.
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión
Permanente.— Segunda Comisión de Trabajo.— Relaciones Exteriores, Defensa
Nacional y Educación Pública.
Honorable
Asamblea:
A la Comisión
que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente número 651, año
tercero, sección primera, índice “M”, fojas 82/2 del libro respectivo que
contiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año
2002, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel de Fuerza Aérea
Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Jesús Antonio Montaño Juárez, como
Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo
Federal envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la
fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte que:
a) Ingresó el 3
de diciembre de 1974 a la Escuela Militar de Aviación, dependiente del Colegio del Aire,
graduándose como Subteniente de Fuerza Aérea Piloto Aviador el 1o. de septiembre de
1978.
b) Para los
efectos de ascenso se le computan 27 años, 11 meses y 17 días de tiempo de servicios y 4
años de antigüedad en el grado anterior.
c) Todos sus
ascensos los obtuvo por riguroso escalafón en los concursos de selección
correspondientes.
d) Su
preparación profesional abarca el curso de formación como piloto aviador y realizó los
siguientes cursos: de mando y Estado Mayor Aéreo en la Escuela Superior de Guerra, el de
simulador GAT-1 y de instrucción aereo-médica en las instalaciones de la plataforma
militar (GAVI), de inducción a la docencia en la Escuela Superior de Guerra, y el de
docencia del desarrollo humano en la Escuela Militar de Administración de Recursos
Humanos.
e) Posee amplia
experiencia como piloto aviador, habiendo prestado sus servicios en la Fuerza de Tarea
“Marte II” contra el narcotráfico como asesor aéreo; ejerció el mando
accidental del escuadrón aéreo 201 y titular del escuadrón aéreo 211 y del escuadrón
avanzado de la Escuela Militar de Aviación; se desempeñó como profesor en la Escuela
Superior de Guerra; fungió como jefe del grupo de información del Centro Coordinador de
Operaciones Aéreas; se desempeñó como Subjefe de la A-3 del Estado Mayor de la Fuerza
Aérea.
f) Se le han
otorgado las condecoraciones de perseverancia hasta la de 2a. Clase, correspondiente a 25
años de servicios ininterrumpidos, así como la condecoración al “Mérito
Docente”.
De la revisión
del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado Teniente Coronel de Fuerza
Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Jesús Antonio Montaño Juárez en
atención a su gran aptitud personal, amplia instrucción militar y destacado desempeño
de sus cargos, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecen la
obtención del grado de Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor
Aéreo sujeto a ratificación.
Por lo anterior
y para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita Comisión se permite
someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:
Punto de Acuerdo
Unico. Se ratifica el grado de Coronel de Fuerza
Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo que el titular del Poder Ejecutivo
Federal expidió a favor del ciudadano Jesús Antonio Montaño Juárez.
Sala de
comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. México, DF, a
26 de febrero de 2003.— Sen. Fidel Herrera
Beltrán (rúbrica), Presidente; Sen. Felipe de
Jesús Vicencio Alvarez (rúbrica), secretario; Dip. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica), secretario; Sen.
Ernesto Gil Elorduy (rúbrica), Sen. Adrián Alanís Quiñones, Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Dip. Jesús Burgos Pinto, Sen. Micaela Aguilar González (rúbrica), Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano, Dip. Manuel Wistano Orozco Garza (rúbrica), Dip. Raúl Martínez González (rúbrica), Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica) y Sen. Rafael Gilberto Morgan Alvarez.»
Está a
discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva
para su votación económica en conjunto.
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión
Permanente.— Segunda Comisión de Trabajo.— Relaciones Exteriores, Defensa
Nacional y Educación Pública.
Honorable
Asamblea:
A la Comisión
que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente número 652, año
tercero, sección segunda, índice “G”, fojas 84/2 del libro respectivo que
contiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año
2002, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel del Arma Blindada
Jorge García Ochoa, como Coronel del Arma Blindada, que el Ejecutivo Federal envió a
esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del
artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de
los antecedentes del interesado esta Comisión advierte que:
a) Ingresó el
1o. de septiembre de 1975 al Heroico Colegio Militar, graduándose como Subteniente de
Caballería el 1o. de septiembre de 1979.
b) Para los
efectos de ascenso se le computan 27 años, 2 meses y 19 días de tiempo de servicios 5
años de antigüedad en el grado anterior.
c) Todos sus
ascensos los obtuvo por riguroso escalafón en los concursos de selección
correspondientes.
d) Su
preparación profesional abarca el curso de formación como Oficial de Caballería;
efectuó el curso respectivo en la Escuela Militar de Aplicación de Caballería
“Hermenegildo Galeana”; el curso superior de armas y servicios en la Escuela
Superior de Guerra; asistió al seminario de técnicas de interrogatorio Kinesica, niveles
I y II en el Instituto Panamericano de Ciencia y Tecnología Forense.
e) Posee amplia
experiencia en el mando de tropa en unidades de caballería motorizada y blindadas,
habiendo prestado sus servicios en los regimientos 4o. y 7o. de caballería motorizado,
4o., 25o., y 29o blindados, 1o. y 9o. blindados de reconocimiento, y 8o. mecanizado; se
desempeñó como instructor en el Heroico Colegio Militar; fungió como Segundo Comandante
y Jefe del grupo de comando del 8o. regimiento mecanizado y como Subjefe administrativo de
la Policía Judicial Federal Militar.
f) Se le han
otorgado las condecoraciones de perseverancia hasta la de 2a. Clase, correspondiente a 25
años de servicios ininterrumpidos.
De la revisión
del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado Teniente Coronel del Arma
Blindada Jorge García Ochoa, y en atención a su gran aptitud personal, amplia
instrucción militar y destacado desempeño de sus cargos, se deduce que el interesado
reunió los requisitos legales que merecen la obtención del grado de Coronel del Arma
Blindada sujeto a ratificación.
Por lo anterior
y para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita Comisión se permite
someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Se ratifica el grado de Coronel del Arma
Blindada que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Jorge
García Ochoa.
Sala de
comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, México, DF, a
26 de febrero del febrero del año 2003.— Sen. Fidel
Herrera Beltrán (rúbrica), Presidente; Sen. Felipe
de Jesús Vicencio Alvarez (rúbrica), secretario; Dip. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica), secretario; Sen.
Ernesto Gil Elorduy (rúbrica), Sen. Adrián Alanís Quiñones, Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Dip. Jesús Burgos Pinto, Sen. Micaela Aguilar González (rúbrica), Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano, Dip. Manuel Wistano Orozco Garza (rúbrica), Dip. Raúl Martínez González (rúbrica), Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica) y Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica).»
Está a
discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva
para su votación económica en conjunto.
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión
Permanente.— Segunda Comisión de Trabajo.— Relaciones Exteriores, Defensa
Nacional y Educación Pública.
Honorable
Asamblea:
A la Comisión
que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente número 653, año
tercero, sección tercera, índice “J”, fojas 84/2 del libro respectivo que
contiene la hoja de servicio y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año
2002, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel de Fuerza Aérea
Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Juan Angel Jardón Aguilar, como Coronel
de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo Federal
envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII
del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de
los antecedentes del interesado esta Comisión advierte que:
a) Ingresó al
Heroico Colegio Militar el 1o. de septiembre de 1975, graduándose como Subteniente de
Zapadores el 1o. de septiembre de 1979; y posteriormente realizó el curso de Piloto
Aviador en la Escuela Militar de Aviación dependiente del Colegio del Aire, graduándose
como Piloto Aviador el 1o. de septiembre de 1984.
b) Para los
efectos de ascenso se le computan 27 años, 2 meses y 19 días de tiempo de servicios y 4
años de antigüedad en el grado anterior.
c) Todos sus
ascensos los obtuvo por riguroso escalafón en los concursos de selección
correspondientes.
d) Su
preparación profesional abarca el curso de formación como Oficial de Zapadores y el de
Piloto Aviador; además, realizó los siguientes cursos: el básico de entrenamiento
táctico aéreo en el Escuadrón Mixto de Entrenamiento Táctico; el de mando y Estado
Mayor Aéreo en la Escuela Superior de Guerra; el de medicina de aviación en el Grupo de
Adiestramiento de Vuelos por Instrumentos; y, el curso de vuelos por instrumentos en el
simulador GAT-II en el Grupo de Adiestramiento de Vuelos por Instrumentos.
e) Inicialmente
se desempeñó en unidades de ingenieros, y posteriormente en unidades de la fuerza aérea
donde adquirió amplia experiencia como piloto aviador, habiendo prestado sus servicios en
los Escuadrones Aéreos 203 de Transportes Medianos y 205 de Operaciones Especiales;
prestó sus servicios en el Estado Mayor de la Primera Ala de Combate; como Subjefe de
Estado Mayor del 1er. Grupo Aéreo y como Jefe de Estado Mayor del 5o.; fungió como
Evaluador del Cuarto y Quinto Nivel de Adiestramiento Aéreo y fue integrante de dos
comisiones investigadoras y dictaminadoras de accidentes aéreos; y, actualmente es
Comandante del Escuadrón Aéreo 104.
f) Se le han
otorgado las condecoraciones de perseverancia hasta la de 2a. Clase: correspondiente a 25
años de servicios ininterrumpidos.
De la revisión
del expediente personal y la hoja de servicio del nombrado Teniente Coronel de Fuerza
Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Juan Angel Jardón Aguilar en
atención a su gran aptitud personal, amplia instrucción militar y destacado desempeño
de sus cargos, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecen la
obtención del grado de Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor
Aéreo sujeto a ratificación.
Por lo anterior
y para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita Comisión se permite
someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Unico: Se ratifica el grado de Coronel de Fuerza
Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo que el titular del Poder Ejecutivo
Federal expidió a favor del ciudadano Juan Angel Jardón Aguilar.
Sala de
Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— México,
DF, a 26 de febrero de 2003.— Sen. Fidel
Herrera Beltrán (rúbrica), Presidente; Sen. Felipe
de Jesús Vicencio Alvarez (rúbrica), secretario; Dip. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica), secretario; Sen.
Micaela Aguilar González (rúbrica), Sen. Adrián Alanís Quiñones (rúbrica), Dip. Jesús Burgos Pinto (rúbrica), Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica), Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano, Dip. Raúl Martínez González, Dip. Manuel Wistano Orozco Garza y Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»
Está a
discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva
para su votación económica en conjunto.
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión
Permanente.— Segunda Comisión de Trabajo, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y
Educación Pública.
Honorable
Asamblea:
A la Comisión
que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente número 654, año
tercero, sección cuarta, índice “N”, fojas 84-2 del libro respectivo que
contiene la hoja de servicio y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año
2002, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel de Artillería
Diplomado de Estado Mayor Guillermo Alberto Nava Sánchez, como Coronel de Artillería
Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanente
para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de
los antecedentes del interesado esta Comisión advierte que:
a) Ingresó el
1o. de septiembre de 1976 al Heroico Colegio Militar, graduándose como Subteniente de
Artillería el 1o. de septiembre de 1980.
b) Para los
efectos de ascenso se le computan 26 años, 2 meses y 19 días de tiempo de servicios y 6
años de antigüedad en el grado anterior.
c) Todos sus
ascensos los obtuvo riguroso escalafón en los concursos de selección correspondientes.
d) Su
preparación profesional abarca el curso de formación como Oficial de Artillería;
realizó los siguientes cursos: intensivo de lectura de cartas y acondicionamiento físico
en la Sección Tercera del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, de mando
y Estado Mayor e inglés como segundo idioma en el Fuerte Benning, Ga. EUA, el de
operaciones de patrullas en el Fuerte Gulick, en la República de Panamá; asimismo
efectuó el curso correspondiente en la Escuela Militar de Aplicación de las Armas y los
Servicios y el curso de mando y Estado Mayor General en la Escuela Superior de Guerra.
e) Posee amplia
experiencia en el mando de tropa en unidades de su arma, prestó sus servicios en 3o. y
7o. Regimientos de Artillería y 1o. del Cuerpo de Guardias Presidenciales; se desempeñó
en el Estado Mayor Presidencial, habiéndose trasladado en comisión oficial de dicho
organismo a los siguientes países: EUA, Bélgica, Holanda-Países Bajos, Suecia,
Venezuela, Trinidad y Tobago, Colombia, Cuba y Panamá; fungió como instructor en la
Escuela Superior de Guerra, y como Jefe de la Subsección de Relaciones Públicas y Jefe
de la Sección de Investigación y Doctrina Militar; se desempeñó como coordinador en la
fase de operaciones en la selva en Xtomoc y la Unión en QR y con el mismo carácter en la
fase de operaciones en la selva del curso especializado de instructores para fuerzas
especiales, en la región de Marqués de Comillas, Chiapas; ha sido Subjefe de Estado
Mayor de las Zonas Militares 10a. 15a. 9a. y de la 1a. Brigada de Fuerzas Especiales.
f) Se le han
otorgado las condecoraciones de perseverancia hasta la de 2a. Clase, correspondiente a 25
años de servicios ininterrumpidos.
De la revisión
del expediente personal y la hoja de servicio del nombrado Teniente Coronel de Artillería
Diplomado de Estado Mayor Guillermo Alberto Nava Sánchez, y en atención a su gran
aptitud personal, amplia instrucción militar y destacado desempeño de sus cargos, se
deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecen la obtención del
grado de Coronel de Artillería Diplomado de Estado Mayor sujeto a ratificación.
Por lo anterior
y para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita Comisión se permite
someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Se ratifica el grado de Coronel de
Artillería Diplomado de Estado Mayor, que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió
a favor del ciudadano Guillermo Alberto Nava Sánchez.
Sala de
comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— México,
DF, a 26 de febrero del año 2003.— Sen. Fidel
Herrera Beltrán (rúbrica), Presidente; Sen. Felipe
de Jesús Vicencio Alvarez (rúbrica), secretario; Dip. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica), secretario; Sen.
Ernesto Gil Elorduy (rúbrica), Sen. Adrián Alanís Quiñones, Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Dip. Jesús Burgos Pinto, Sen. Micaela Aguilar González (rúbrica), Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano, Dip. Manuel Wistano Orozco Garza (rúbrica), Dip. Raúl Martínez González (rúbrica), Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica) y Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica).»
Está a
discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva
para su votación económica en conjunto.
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión
Permanente.— Segunda Comisión de Trabajo.— Relaciones Exteriores, Defensa
Nacional y Educación Pública.
Honorable
Asamblea:
A la Comisión
que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente número 655, año
tercero, sección quinta, índice “H”, fojas 85-2, del libro respectivo, que
contiene la hoja de servicio y el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2002 por el
Presidente de la República en favor del Teniente Coronel de Caballería Diplomado de
Estado Mayor Vicente Antonio Hernández Sánchez como Coronel de Caballería Diplomado de
Estado Mayor, que el Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanente para los efectos
de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de
los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte que:
a) Ingresó el
1o. de septiembre de 1976 en el Heroico Colegio Militar, graduándose como Subteniente de
Caballería el 1o. de septiembre de 1980.
b) Para los
efectos de ascenso, se le computan 26 años, 2 meses y 19 días de tiempo de servicio y 6
años de antigüedad en el grado anterior.
c) Todos los
ascensos los obtuvo por riguroso escalafón en los concursos de selección
correspondientes.
d) Su
preparación profesional abarca el curso de formación como Oficial de Caballería;
realizó los siguientes cursos: el correspondiente en la Escuela Militar de Aplicación de
Caballería “Hermenegildo Galeana”, el de mando y Estado Mayor General en la
Escuela Superior de Guerra, el superior de guerra en el mismo plantel y la maestría en
administración en la Universidad La Salle, en esta Ciudad.
e) Posee amplia
experiencia en el mando de tropa en unidades de Caballería Motorizada, habiéndose
desempeñado en los Regimientos 21o., 12o. y 8o. de Caballería Motorizado y 25o.
Blindado; se desempeñó como docente en el H. Colegio Militar y en la Escuela Superior de
Guerra, plantel en que fungió también como Jefe de la Subsección de Difusión; prestó
sus servicios en los Estados Mayores de las Zonas Militares 15a., 31a. y 7a., así como
Subjefe del Estado Mayor de la 4a. Brigada Blindada; y actualmente funge como Jefe de la
Subsección de Programación y Evaluación de la S-4 de la Defensa Nacional.
f) Se le han
otorgado las condecoraciones de perseverancia hasta la de 2a. Clase, correspondiente a 25
años de servicio ininterrumpidos.
De la revisión
del expediente personal y de la hoja de servicio del nombrado Teniente Coronel de
Caballería Diplomado de Estado Mayor Vicente Antonio Hernández Sánchez, y en atención
a su gran aptitud personal, amplia instrucción militar y destacado desempeño de sus
cargos, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecen la
obtención del grado de Coronel de Caballería Diplomado de Estado Mayor sujeto a
ratificación.
Por lo anterior
y para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita Comisión se permite
someter a la consideración de esta honorable Asamblea la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Se ratifica el grado de Coronel de
Caballería Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió
en favor del ciudadano Vicente Antonio Hernández Sánchez.
Sala de
comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— México,
DF, a 26 de febrero del año 2003.— Sen. Fidel
Herrera Beltrán (rúbrica), Presidente; Sen. Felipe
de Jesús Vicencio Alvarez (rúbrica), secretario; Dip. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica), secretario; Sen.
Micaela Aguilar González (rúbrica), Sen. Adrián Alanís Quiñones (rúbrica), Dip. Jesús Burgos Pinto (rúbrica), Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica), Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano, Dip. Raúl Martínez González, Dip. Manuel Wistano Orozco Garza y Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»
Está a
discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva
para su votación económica en conjunto.
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión
Permanente.— Segunda Comisión de Trabajo, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y
Educación Pública.
Honorable
Asamblea:
A la Comisión
que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente número 656, año
tercero, sección primera, índice “R”, fojas 85/2 del libro respectivo que
contiene la hoja de servicio y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año
2002, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel de Fuerza Aérea
Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Oscar René Rubio Sánchez, como Coronel
de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo Federal
envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII
del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de
los antecedentes del interesado esta Comisión advierte que:
a) Ingresó el
10 de diciembre de 1976 a la Escuela Militar de Aviación, dependiente del Colegio del
Aire, graduándose como Subteniente de Fuerza Aérea Piloto Aviador el 1o. de septiembre
de 1980.
b) Para los
efectos de ascenso se le computan 25 años, 11 meses y 10 días de tiempo de servicios y 5
años de antigüedad en el grado anterior.
c) Todos sus
ascensos los obtuvo por riguroso escalafón en los concursos de selección
correspondientes.
d) Su
preparación profesional abarca el curso de formación como Piloto Aviador; realizó los
siguientes cursos: de pilotos y mecánicos para aviones Bonanza F33C en Wichita, Kansas,
adiestramiento para piloto y vuelos de prueba en el avión Maule MXT-7180 en Moultrie,
Ga., ambos en EUA; de mando y Estado Mayor Aéreo en la Escuela Superior de Guerra; de
inglés especializado en la base aérea Lackland, en Texas, EUA; y, el internacional de
administración de defensa en el mencionado país.
e) Posee amplia
experiencia como Piloto Aviador, habiendo ejercido el mando del Escuadrón Aéreo 112; en
la Escuela Superior de Guerra se desempeñó como docente, como Jefe de la Subsección
Editorial, Jefe del Area de Estado Mayor Aéreo, Jefe de la Sección de Difusión y
Relaciones Públicas, y Jefe del Area Pedagogía y de Estrategia; fungió como Jefe del
Departamento de Contabilidad de la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana, y Subjefe de
la A-4 del Estado Mayor de dicha Comandancia; se trasladó en comisión oficial de la
Secretaría de la Defensa Nacional a EUA y participó en la visita del Batallón de
Helicópteros UH-1H en el Fuerte Benning, Ga. EUA; y actualmente se desempeña como
Comandante del Escuadrón Aéreo 206.
f) Se le han
otorgado las condecoraciones de perseverancia hasta la de 2a. Clase correspondiente a 25
años de servicios ininterrumpidos, la de “Mérito Facultativo 2a. Clase” y la
de “Mérito Docente”.
De la revisión
del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado Teniente Coronel de Fuerza
Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Oscar René Rubio Sánchez en
atención a su gran aptitud personal, amplia instrucción militar y destacado desempeño
de sus cargos, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecen la
obtención del grado de Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor
Aéreo sujeto a ratificación.
Por lo anterior
y para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita Comisión se permite
someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Se ratifica el grado de Coronel de Fuerza
Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo que el titular del Poder Ejecutivo
Federal expidió a favor del Ciudadano Oscar René Rubio Sánchez.
Sala de
Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a
26 de febrero de 2003.— Sen. Fidel Herrera
Beltrán (rúbrica), Presidente; Sen. Felipe de
Jesús Vicencio Alvarez (rúbrica), secretario; Dip. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica), secretario; Sen.
Ernesto Gil Elorduy (rúbrica), Sen. Adrián Alanís Quiñones, Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Dip. Jesús Burgos Pinto, Sen. Micaela Aguilar González (rúbrica), Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano, Dip. Manuel Wistano Orozco Garza (rúbrica), Dip. Raúl Martínez González (rúbrica), Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica) y Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica).»
Está a
discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva
para su votación económica en conjunto.
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión
Permanente.— Segunda Comisión de Trabajo, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y
Educación Pública.
Honorable
Asamblea:
A la Comisión
que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente número 657, año
tercero, sección segunda, índice “C”, fojas 85-2 del libro respectivo que
contiene la hoja de servicio y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año
2002, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel de Caballería
Diplomado de Estado Mayor José Francisco Camarena Hernández, como Coronel de Caballería
Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanente
para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del análisis de los antecedentes del
interesado esta Comisión advierte que:
a) Ingresó el
1o. de septiembre de 1977 al Heroico Colegio Militar, graduándose como Subteniente de
Caballería el 1o. de septiembre de 1981.
b) Para los
efectos de ascenso se le computan 25 años, 2 meses y 19 días de tiempo de servicios y 5
años de antigüedad en el grado anterior.
c) Todos sus
ascensos los obtuvo por riguroso escalafón en los concursos de selección
correspondientes.
d) Su
preparación profesional abarca el curso de formación como Oficial de Caballería, así
como el curso de mando y Estado Mayor General en la Escuela Superior de Guerra.
e) Posee amplia
experiencia en el mando de tropa en unidades de caballería y caballería motorizada;
posee amplia experiencia en actividades del Estado Mayor Presidencial, habiendo
desempeñado en dicho organismo el cargo de Subjefe Administrativo de la Secciones 1a. y
4a. y Subjefe del Estado Mayor del Cuerpo de Guardias Presidenciales; en comisiones del
servicio de dicho organismo se trasladó a los siguientes países: Venezuela, Japón,
Ecuador, Panamá, Canadá y China; se desempeñó como Coordinador General de la visita
que hizo a nuestro país el C. Presidente de la República de Costa Rica; fungió como
Comandante del Primer Grupo de Caballería del Cuerpo de Guardias Presidenciales y como
Subjefe del Estado Mayor del Agrupamiento “Torres” en Altamirano, Chiapas y del
Estado Mayor de la 17a. Zona Militar; y, actualmente, ocupa el cargo de Agregado Militar y
Aéreo Adjunto a las Embajadas de México en Francia, Bélgica, Países Bajos-Holanda,
Italia e Israel.
f) Se le han
otorgado las condecoraciones de perseverancia hasta la de 2a. Clase, correspondiente a 25
años de servicios ininterrumpidos, así como la condecoración al “Mérito
Facultativo de Primera Clase”. Se le otorgó reconocimiento por el C. Presidente de
la República por su destacada participación en la Primera Cumbre Iberoamericana
realizada en Guadalajara, Jalisco.
De la revisión
del expediente personal y la hoja de servicio del nombrado Teniente Coronel de Caballería
Diplomado de Estado Mayor José Francisco Camarena Hernández, y en atención a su gran
aptitud personal, amplia instrucción militar y destacado desempeño de sus cargos, se
deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecen la obtención del
grado de Coronel de Caballería Diplomado de Estado Mayor sujeto a ratificación.
Por lo anterior
y para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita Comisión se permite
someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Se ratifica el grado de Coronel de
Caballería Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió
a favor del ciudadano José Francisco Camarena Hernández.
Sala de
Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— México,
DF, a 26 de febrero del año 2003.— Sen. Fidel
Herrera Beltrán (rúbrica), Presidente; Sen. Felipe
de Jesús Vicencio Alvarez (rúbrica), secretario; Dip. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica), secretario; Sen.
Ernesto Gil Elorduy (rúbrica), Sen. Adrián Alanís Quiñones, Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Dip. Jesús Burgos Pinto, Sen. Micaela Aguilar González (rúbrica), Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano, Dip. Manuel Wistano Orozco Garza (rúbrica), Dip. Raúl Martínez González (rúbrica), Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica) y Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica).»
Está a
discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva
para su votación económica en conjunto.
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión
Permanente.— Segunda Comisión de Trabajo, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y
Educación Pública.
Honorable
Asamblea:
A la Comisión
que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente número 658, año
tercero, sección tercera, índice “A”, fojas 86-2 del libro respectivo que
contiene la hoja de servicio y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año
2002, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel de Fuerza Aérea
Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Emilio Avendaño García, como Coronel de
Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo Federal
envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII
del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de
los antecedentes del interesado esta Comisión advierte que:
a) Ingresó el
1o. de septiembre de 1977 a la Escuela Militar de Aviación, dependiente del Colegio del
Aire, graduándose como Subteniente de Fuerza Aérea Piloto Aviador el 1o. de septiembre
de 1981.
b) Para los
efectos de ascenso se le computan 25 años, 2 meses y 19 días de tiempo de servicios y 5
años de antigüedad en el grado anterior.
c) Todos sus
ascensos los obtuvo por riguroso escalafón en los concursos de selección
correspondientes.
d) Su
preparación profesional abarca el curso de formación como Piloto Aviador, realizó el
curso de aplicación y adiestramiento táctico en el escuadrón mixto correspondiente del
primer grupo aéreo, así como el curso de mando y Estado Mayor Aéreo en la Escuela
Superior de Guerra.
e) Posee amplia
experiencia como piloto aviador, prestó sus servicios en los escuadrones aéreos 207, 201
y ejercido el mando accidental del escuadrón aéreo 207 y el mando titular del Escuadrón
Aéreo 204; se desempeñó como docente en la Escuela Superior de Guerra; prestó sus
servicios en el Estado Mayor de la Fuerza Aérea como Jefe de Subsección y Jefe de la
Sección 5a.; formó parte del puesto de mando del operativo “Sellamiento de la
Península de Yucatán” a cargo del director general del Centro Nacional de Control
de Drogas dependiente de la PGR; viajó en dos ocasiones a EUA en comisión oficial de la
Secretaría de la Defensa Nacional; y, actualmente se desempeña como Jefe de la Sección
de Estudios Pedagógicos en el Colegio del Aire.
f) Se le han
otorgado las condecoraciones de perseverancia hasta la de 2a. Clase, correspondiente a 25
años de servicios ininterrumpidos.
De la revisión
del expediente personal y la hoja de servicio del nombrado Teniente Coronel de Fuerza
Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Emilio Avendaño García en
atención a su gran aptitud personal, amplia instrucción militar y destacado desempeño
de sus cargos, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecen la
obtención del grado de Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor
Aéreo sujeto a ratificación.
Por lo anterior
y para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita Comisión se permite
someter a la consideración de esta honorable Asamblea la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Se ratifica el grado de Coronel de Fuerza
Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo que el titular del Poder Ejecutivo
Federal expidió a favor del ciudadano Emilio Avendaño García.
Sala de
Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— México,
DF, a 26 de febrero del año 2003.— Sen. Fidel
Herrera Beltrán (rúbrica), Presidente; Sen. Felipe
de Jesús Vicencio Alvarez (rúbrica), secretario; Dip. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica), secretario; Sen.
Ernesto Gil Elorduy (rúbrica), Sen. Adrián Alanís Quiñones, Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Dip. Jesús Burgos Pinto, Sen. Micaela Aguilar González (rúbrica), Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano, Dip. Manuel Wistano Orozco Garza (rúbrica), Dip. Raúl Martínez González (rúbrica), Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica) y Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica).»
Está a
discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva
para su votación económica en conjunto.
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión
Permanente.— Segunda Comisión de Trabajo, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y
Educación Pública.
Honorable Asamblea:
A la Comisión
que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente número 659, año
tercero, sección cuarta, índice “T”, fojas 86-2 del libro respectivo que
contiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año
2002, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel del Arma Blindada
Diplomado de Estado Mayor José Francisco Terán Valle, como Coronel del Arma Blindada
Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanente
para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de
los antecedentes del interesado esta Comisión advierte que:
a) Ingresó el
1o. de septiembre de 1978 al Heroico Colegio Militar, graduándose como Subteniente de
Caballería el 1o. de septiembre de 1982.
b) Para los
efectos de ascenso se le computan 24 años, 2 meses y 19 días de tiempo de servicios y 4
años de antigüedad en el grado anterior.
c) Todos sus
ascensos los obtuvo por concurso de selección en el primer intento.
d) Su
preparación profesional abarca el curso de formación como oficial de caballería; el
curso de mando y Estado Mayor General en la Escuela Superior de Guerra, así como los
cursos de instructores de equitación en la Escuela Militar de Equitación, el de
capitanes en la Escuela Militar de Aplicación del Arma Blindada y de Caballería, y el de
interfuerzas de defensa, ambos realizados en Francia; el curso de organización del
adiestramiento en el fuerte Benning, GA., EUA; el curso superior de análisis en la
Escuela de Capacitación de Grupos de Comando; el VII diplomado en política
internacional, medios de comunicación y relaciones internacionales en el Instituto
Matías Romero de Estudios Diplomáticos; diplomados en periodismo en la Universidad de
Ciencias y Artes en el estado de Chiapas y el de dirección de programas de protección
civil y prevención de desastres en el Instituto Nacional de Administración Pública;
efectuó el curso superior de guerra en la Escuela Superior de Guerra.
e) Posee
destacada preparación académica y amplia experiencia en el mando de tropa en unidades
del arma blindada, así como en actividades de Estado Mayor; se trasladó en comisión
oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional a EUA, Belice y la República de
Honduras; se desempeñó como docente en la Escuela Superior de Guerra; fue jefe del
Departamento de Producción de Publicaciones de la Dirección General de Comunicación
Social de la Secretaría de la Defensa Nacional; formó parte del Estado Mayor del Cuartel
General, coordinador en la aplicación del Plan DN-III.E de auxilio a la población civil
en el estado de Chiapas; y, actualmente, se desempeña como subjefe administrativo del
Centro Nacional de Adiestramiento.
f) Se le han
otorgado las condecoraciones de perseverancia hasta la de 3a. clase, correspondiente a 20
años de servicios ininterrumpidos, así como la condecoración al “Mérito
Facultativo” de 2a. clase.
De la revisión
del expediente personal y la hoja de servicio del nombrado Teniente Coronel del Arma
Blindada Diplomado de Estado Mayor José Francisco Terán Valle, y en atención a su gran
aptitud personal, amplia instrucción militar y destacado desempeño de sus cargos, se
deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecen la obtención del
grado de Coronel del Arma Blindada Diplomado de Estado Mayor sujeto a ratificación.
Por lo anterior
y para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita Comisión se permite
someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:
Punto de Acuerdo
Unico. Se ratifica el grado de Coronel del Arma
Blindada Diplomado de Estado Mayor, que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a
favor del ciudadano José Francisco Terán Valle.
Sala de
Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— México,
DF, a 26 de febrero del año 2003.— Sen. Fidel
Herrera Beltrán (rúbrica), Presidente; Sen. Felipe
de Jesús Vicencio Alvarez (rúbrica), secretario; Dip. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica), secretario; Sen.
Ernesto Gil Elorduy (rúbrica), Sen. Adrián Alanís Quiñones, Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Dip. Jesús Burgos Pinto, Sen. Micaela Aguilar González (rúbrica), Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano, Dip. Manuel Wistano Orozco Garza (rúbrica), Dip. Raúl Martínez González (rúbrica), Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica) y Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica).»
Está a
discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva
para su votación económica en conjunto.
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión
Permanente.— Segunda Comisión de Trabajo, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y
Educación Pública.
Honorable
Asamblea:
A la Comisión
que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente número 660, año
tercero, sección quinta, índice “L”, fojas 86-2, del libro respectivo, que
contiene la hoja de servicio y el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2002 por el
Presidente de la República en favor del Teniente Coronel de Caballería Diplomado de
Estado Mayor Julio César López Baquera como Coronel de Caballería Diplomado de Estado
Mayor, que el Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanente para los efectos de lo
dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de
los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte que:
a) Ingresó el
1o. de septiembre de 1978 en el Heroico Colegio Militar, graduándose como Subteniente de
Caballería el 1o. de septiembre de 1982.
b) Para los
efectos de ascenso, se le computan 24 años, 2 meses y 19 días de tiempo de servicio y 4
años de antigüedad en el grado anterior.
c) Todos los
ascensos los obtuvo por concurso de selección en el primer intento.
d) Su
preparación profesional abarca el curso de formación como Oficial de Caballería;
efectuó el curso respectivo en la Escuela Militar de Aplicación de Caballería
“Hermenegildo Galeana”; realizó el curso de mando y Estado Mayor General en la
Escuela Superior de Guerra; cursó el diplomado en estrategia de recursos humanos en la
Universidad La Salle y el curso de mando y Estado Mayor General en el Fuerte Benning, Ga.,
EUA.
e) Posee
experiencia en el mando de tropa en Unidades de Caballería Motorizada; se desempeñó
como instructor en el Heroico Colegio Militar; formó parte de la Fuerza de Tarea
“Marte XXIV” contra el narcotráfico; prestó servicios en los Estados Mayores
de la 5a. y 14a. y se desempeñó como Subjefe del Estado Mayor de la 14a. Zona Militar y
del Estado Mayor del 3o. Agrupamiento de Adiestramiento, 4o. y 5o. Niveles, en el Centro
Nacional de Adiestramiento en Santa Gertrudis, Chih.
f) Se le han
otorgado las condecoraciones de perseverancia hasta la de 3a. Clase, correspondiente a 20
años de servicio ininterrumpidos.
De la revisión
del expediente personal y de la hoja de servicio del nombrado Teniente Coronel de
Caballería Diplomado de Estado Mayor Julio César López Baquera, y en atención a su
gran aptitud personal, amplia instrucción militar y destacado desempeño de sus cargos,
se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecen la obtención del
grado de Coronel de Caballería Diplomado de Estado Mayor sujeto a ratificación.
Por lo anterior
y para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita Comisión se permite
someter a la consideración de esta honorable Asamblea la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Se ratifica el grado de Coronel de
Caballería Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió
en favor del ciudadano Julio César López Baquera.
Sala de
Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— México,
DF, a 26 de febrero del año 2003.— Sen. Fidel
Herrera Beltrán (rúbrica), Presidente; Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez
(rúbrica), Dip. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica), secretarios; Sen. Micaela Aguilar González (rúbrica), Sen. Adrián Alanís Quiñones (rúbrica), Dip. Jesús Burgos Pinto (rúbrica), Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica), Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica ratificación de
grado), Sen. Federico Ling Altamirano, Dip. Raúl Martínez González, Dip. Manuel Wistano Orozco Garza, Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»
No habiendo quien haga uso de la palabra,
en votación económica se pregunta si se aprueba éste y todos los demás puntos de
acuerdo que anteriormente fueron reservados.
Los legisladores
que estén por la afirmativa, les rogamos manifestarlo...
Los puntos de
acuerdo de los grados militares, están a votación.
Gracias.
Los legisladores
que estén por la negativa...
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Aprobados los puntos de acuerdo.
Comuníquense al Ejecutivo.
ACUACULTURA
El Secretario diputado José Tomás
Lozano y Pardinas:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión
Permanente.— Tercera Comisión.
Honorable
Asamblea:
A la Tercera
Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras
Pública de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio
y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo, para impulsar la acuacultura, en los
estados de Sonora y Nayarit y apoyar el proyecto del Distrito de Desarrollo Acuícola del
Litoral de Caborca, del Estado de Sonora, presentada por el senador Héctor Larios
Córdova, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Los integrantes
de esta Tercera Comisión, con fundamento en las facultades que nos confieren los
artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos y demás artículos relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la
consideración de esta honorable Asamblea el presente dictamen de conformidad con los
siguientes
Antecedentes
1. El 4 de
febrero de 2003, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
turnó a las Comisiones de Agricultura y Ganadería, y de Desarrollo Rural de la Cámara
de Senadores y a la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, el expediente que nos
ocupa a efecto de que se elaborara el dictamen correspondiente.
2. El 26 de
febrero del presente año, la Tercera Comisión se reunió para abocarse al análisis y
discusión de la proposición en cuestión.
3. Se menciona
en la proposición que nos ocupa que, “según el informe sobre el Estado Mundial de
la Pesca y Acuacultura, preparado en 1997 por la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO), durante 1995 se alcanzó una producción total
del orden 21.3 millones de toneladas de producto derivado de la acuacultura, cifra que
refleja el que la producción acuícola mundial ha venido en aumento.
Que la
acuacultura ofrece muchas posibilidades para su diversificación y desarrollo
prácticamente en todo el mundo. En la actualidad, los productos marinos contribuyen con
el 3% del suministro mundial de alimentos, con el 6% de la producción total de proteínas
y con el 18% del total de las proteínas de origen animal. Adicionalmente, entre las
carnes, los pescados y mariscos son los más importantes, ya que participan con el 33% de
la producción de carnes en el ámbito mundial. En 1999, la acuacultura en todas sus
modalidades contribuyó con el 12.9% de la producción total y el valor de la producción
se estimó en 11,166.7 millones de pesos.
Que la pesca y
la acuacultura de las entidades del Océano Pacífico, contribuyen con 966 mil toneladas,
equivalente al 72% de la producción nacional; las del Golfo de México y Mar Caribe, con
377 mil toneladas (25.11%); y las de los Estados sin litoral con 38 mil 100 toneladas
(2.84%).
Que la
acuacultura, ha venido año con año experimentando un crecimiento sostenido, durante
1999, contribuyó con 166 mil 337 toneladas, es decir, el 13% de la producción nacional.
En ese mismo año, la acuacultura en sistemas controlados aportó el 3%. El cultivo de
camarón siguió ocupando el primer sitio con un registro de cosecha del orden de las 29
mil 120 toneladas, que representó aproximadamente el 75% de toda la producción acuícola
de los sistemas controlados según el Anuario Estadístico de Pesca, en 1999, el país
contó con 347 granjas para la producción comercial de camarón, consistentes en 26 mil
291 hectáreas de superficie cultivable. El 97% de ellas se encuentran ubicadas en los
estados de Sinaloa, Sonora y Nayarit. En las entidades del Golfo de México y Mar Caribe,
se encuentran distribuidas 510 de ellas, principalmente en los estados de Tamaulipas y
Campeche.
Que durante el
año 2000, la acuacultura en el Estado de Sonora empleó a 21,405 personas, que laboraron
en 53 granjas cuya superficie destinada a la actividad fue de 6,975 hectáreas, aportando
el 39.23% de la producción pesquera anual del litoral pacífico por un valor de $880,914
millones de pesos, ocupando el segundo lugar después de Sinaloa.
Que estas
cifras, demuestran que la acuacultura es una alternativa a la pesca, tomando en cuenta la
eventual sobreexplotación de algunas especies, ya que esta actividad podría restar
presión sobre los recursos pesqueros y coadyuvaría al combate de la pobreza extrema, por
lo que su fomento en áreas costeras y aguas territoriales debería ser prioritario para
ciertas regiones del País.
Que actualmente
no se han propuesto programas acordes con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en
materia de acuicultura en la región.
Con base en lo
anterior, el autor de la proposición presenta como Punto de Acuerdo, lo siguiente:
Primero. Fomente
e impulse proyectos de acuacultura en los estados de Sonora, Sinaloa y Nayarit. Con
fundamento en lo dispuesto en las Leyes: Orgánica de la Administración Pública Federal,
Desarrollo Rural Sustentable; Aguas Nacionales y Pesca.
Segundo. La
SAGARPA, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, diseñe y ponga en
operación programas piloto para el apoyo y financiamiento del proyecto del Distrito de
Desarrollo Acuícola del Litoral de Caborca, estado de Sonora, como modelo industrial
camaronícola sustentable que reconvierta una zona de 4 mil hectáreas que han dejado de
ser productivas para la agricultura y se cree un parque camaronícola integral, con
expectativas de generación de 1.5 jornales por hectárea con 7 mil 500 empleos directos y
con un volumen de producción estimado de 8 mil toneladas.
Tercero. Que la
Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, establezca acciones y
programas sectoriales de acuacultura y en especial para el proyecto planteado, a efecto de
disponer y ejercer el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2003 de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, los recursos
necesarios para este fin.
A partir de
estos antecedentes, los miembros de la Tercera Comisión que suscriben el presente
dictamen; exponemos las siguientes
Consideraciones
I. Los
integrantes de esta Comisión tienen presente que la propuesta que se dictamina aborda
unos de los asuntos que deben ser aprobados de manera inmediata, con la finalidad de que
se brinde a los habitantes de las regiones que se mencionan, los mecanismos y acciones
adecuadas por parte de las autoridades, de conformidad a las disposiciones establecidas.
Teniendo presente al mismo tiempo que impulsando los proyectos productivos relativos a la
acuacultura, serán múltiples los beneficios que se obtendrán tal y como se indica en la
propuesta que nos ocupa.
Sin duda que un
problema importante para el sector lo es el escaso financiamiento y la falta de programas
y apoyos sustantivos apropiados, como lo dice el autor de la proposición, no obstante que
la Ley de Desarrollo Rural Sustentable contempla a la acuacultura como una actividad
agropecuaria, a través del fomento de las actividades pro- ductivas, procurando el uso
óptimo, la conservación y el mejoramiento de los recursos naturales y orientándose a la
diversificación de la actividad productiva en el campo, incluida la no agrícola, a
elevar la productividad, la rentabilidad, la competitividad, el ingreso y el empleo de la
población rural.
II. No obstante
ello, se modifica en cuanto a forma la redacción de los resolutivos, en razón de que la
propuesta fue turnada a las Comisiones de Agricultura y Ganadería de la Cámara de
Senadores, mismas que forman parte de las instancias encargadas de buscar solución al
problema, por lo que en la programación de sus actividades y conforme a los tiempos que
la misma se ha impuesto, seguramente que dará puntual seguimiento a los acuerdos y
compromisos que se han suscrito en su interior.
Los legisladores
integrantes de esta Comisión dictaminadora, queremos hacer la precisión que, aprobamos
la presente propuesta con punto de acuerdo, con la finalidad de que las autoridades a que
se hace referencia y encargadas de atender los asuntos que se abordan por el autor de la
propuesta lleven a cabo puntualmente sus tareas, sin perjuicio de las acciones que al
respecto lleven a cabo las Comisiones de Agricultura y Ganadería y de Desarrollo Rural de
la Cámara de Senadores, a las cuales también se turnó la citada proposición; en el
entendido que dichas Comisiones por ser ordinarias, de conformidad con la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, como ya se hizo referencia líneas
arriba, cuentan con un programa de trabajo y mecanismos internos para abordar cada uno de
los asuntos que les son turnados.
En tal virtud,
nos permitimos someter a la consideración de esta H. Asamblea, la aprobación del
siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través de la
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, diseñe y ponga en operación programas piloto
para el apoyo y financiamiento del proyecto del Distrito de Desarrollo Acuícola del
Litoral de Caborca, Estado de Sonora, asimismo fomente e impulse proyectos de acuacultura
en los estados de Sonora, Sinaloa y Nayarit.
Segundo. Que la Comisión Intersecretarial para el
Desa-rrollo Rural Sustentable, establezca acciones y programas sectoriales de acuacultura,
a efecto de disponer y ejercer el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2003 de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, los
recursos necesarios para este fin.
Salón de
Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— México, DF, a 26
de febrero de 2003.— Por la Tercera Comisión: Dip. Julio Castellanos Ramírez (rúbrica), Presidente;
Dip. Jesús Burgos Pinto (rúbrica), secretario;
Sen. Gerardo Buganza Salmerón, secretario; Dip.
Salvador Cosío Gaona (rúbrica), Dip. César Augusto Santiago, Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Sen. Adrián Alanís Quiñones, Sen. Esteban Angeles Cerón (rúbrica), Sen. David Jiménez González, Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Dip. Raúl Martínez González (rúbrica), Dip. Manuel Wistano Orozco Garza, Sen. Rutilio Cruz Escandón Cadenas, Dip. Víctor Antonio García Dávila (rúbrica) y Dip. José Tomás Lozano Pardinas (rúbrica).
El Secretario diputado José Tomás
Lozano y Pardinas:
En consecuencia
están a discusión los puntos de acuerdo.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Se abre el
registro de oradores.
Consulte la
Secretaría a la Asamblea si se consideran suficientemente discutidos los puntos de
acuerdo.
El Secretario diputado José Tomás
Lozano y Pardinas:
En votación
económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de
acuerdo.
Los legisladores
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo:
Suficientemente
discutidos los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado José Tomás
Lozano y Pardinas:
En votación
económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo.
Los legisladores
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Aprobados los puntos de acuerdo.
Comuníquese.
ESTADO
DE VERACRUZ
La Secretaria senadora Yolanda Eugenia
González Hernández:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión
Permanente.— Tercera Comisión.
Honorable
Asamblea:
A la Tercera
Comisión: de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras
Públicas de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, fue turnada para su
estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo, para que la Comisión Nacional
del Agua, incluya dentro de la utilización de los recursos que fueron ampliados en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2003, la revisión
técnica del Puente José López Portillo y la reparación del muro de contención del
Río Pantepec por la inundación de 1999, en la Ciudad de Alamo, Veracruz, presentada por
el Senador Fidel Herrera Beltrán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión, el 8 de enero de 2003.
Los integrantes
de esta Tercera Comisión, con fundamento en las facultades que nos confieren los
artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, y demás artículos relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la
consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con los
siguientes:
Antecedentes
l. El 8 de enero
de 2003, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, turnó a
la Tercera Comisión, la Proposición que nos ocupa a efecto de que se elaborara el
dictamen correspondiente.
2. El 26 de
febrero del presente año, la Tercera Comisión se reunió para abocarse al análisis y
discusión de la proposición en cuestión.
3. Se menciona
en la proposición que el “6 de octubre del año de 1999, la Ciudad de Alamo,
Veracruz, sufrió una inundación de tal magnitud que la región fue declarada zona de
desastre dejando pérdidas materiales y humanas tanto en comercios como en los hogares de
muchos veracruzanos que habitan la zona.
La región vive
constantemente amenazada por las inundaciones, tiene un promedio de dos a tres anegaciones
por año, originando además de pérdidas económicas, la proliferación de un sinnúmero
de enfermedades, falta de fuentes de trabajo y de inversión, daños al comercio,
agricultura y ganadería.
El H.
Ayuntamiento de Alamo de Temapache, Veracruz, ha realizado diferentes gestiones ante las
dependencias correspondientes, a fin de encontrar solución a un problema que le aqueja
año con año debido a la situación geográfica que presenta, sin que hasta el momento,
las autoridades hayan cumplido con los compromisos adquiridos en aquel entonces, pese a
los peligros y riesgos que pudieran presentarse en la eventualidad de un desastre.
Debido a que las
riberas de los ríos fueron invadidas por construcciones que en muchos de los casos
obstruyeron o bloquearon arroyos, la ciudad no cuenta con un sistema de drenaje pluvial,
además de que la red natural se encuentra bloqueada y el colector es insuficiente pues su
diámetro varía entre doce y quince pulgadas por lo que actualmente es obsoleto.”
Menciona el
proponente que la región requiere urgentemente de:
“1.
Revisión Técnica del Puente José López Portillo, que presenta daños importantes desde
el siniestro referido.
2. La
reparación del muro de contención del Río Pantepec.
Compromisos que
fueron adquiridos por las autoridades a quienes les compete la protección y seguridad de
los habitantes de la demarcación.”
Por lo tanto,
señala el proponente, en “el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de
2003, los Diputados acordaron ampliar el presupuesto a la Comisión Nacional del Agua
hasta por 3 mil cuatrocientos millones de pesos, recursos que deberán ser destinados a la
solución de los problemas que presentan estados como Veracruz y que se ven continuamente
amenazados por los fenómenos naturales.”
Con base en lo
anterior, el autor de la propuesta, solicita como Punto de Acuerdo:
“Que la
Comisión Nacional del Agua incluya dentro de la utilización de los recursos que fueron
ampliados hasta por 3 mil 400 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2003, la revisión técnica del puente José
López Portillo y la reparación del muro de contención del Río Pantepec por la
inundación de 1999 en la Ciudad de Alamo, Veracruz.”
A partir de
estos antecedentes, los miembros de la Tercera Comisión que suscriben el presente
dictamen, exponemos las siguientes:
Consideraciones
Los integrantes
de esta Comisión coincidimos con el autor de la Proposición de Punto de Acuerdo, en el
sentido de que los daños causados a la población de Alamo, Veracruz, requieren ser
atendidos con oportunidad para evitar nuevos siniestros. En razón de que las tareas de
revisión técnica del Puente José López Portillo y de reparación del muro de
contención del Río Pantepec, corresponden en gran parte a la Comisión Nacional del Agua
y que el presupuesto a la misma fue ampliado hasta por 3 mil 400 millones de pesos en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2003, tal y como lo
señala el autor de la proposición, consideramos procedente exhortar a la citada
Comisión para que en el ejercicio del referido presupuesto, sean tomadas en cuenta las
obras que se requieren en la revisión técnica del Puente José López Portillo y la
reparación del muro de contención del Río Pantepec por la inundación de 1999, en la
Ciudad de Alamo, Veracruz.
Por las razones
anteriores, la Comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la
Comisión Permanente el siguiente proyecto de
Punto de Acuerdo
Unico. Se exhorta al titular de la Comisión
Nacional del Agua para que incluya dentro de la utilización de los recursos que le fueron
ampliados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2003,
la revisión técnica del Puente José López Portillo y la reparación del muro de
contención del Río Pantepec, en la Ciudad de Alamo, Veracruz:
Salón de
Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— México, DF, a 26
de febrero de 2003. Por la Tercera Comisión: Dip. Julio
Castellanos Ramírez (rúbrica), Presidente; Dip. Jesús Burgos Pinto (rúbrica), secretario; Sen. Gerardo Buganza Salmerón, secretario; Dip. Salvador Cosío Gaona (rúbrica), Dip. César Augusto Santiago, Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Sen. Adrián Alanís Quiñones, Sen. Esteban Angeles Cerón (rúbrica), Sen. David Jiménez González, Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Dip. Raúl Martínez González (rúbrica), Dip. Manuel Wistano Orozco Garza, Sen. Rutilio Cruz Escandón Cadenas, Dip. Víctor Antonio García Dávila (rúbrica) y Dip. José Tomás Lozano Pardinas (rúbrica).
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
En consecuencia
está a discusión el punto de acuerdo...
Se abre el
registro de oradores.
Consulte la
Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
La Secretaria senadora Yolanda Eugenia
González Hernández:
Se consulta a la
honorable Asamblea si se encuentra suficientemente discutido.
Los legisladores
que estén por la afirmativa, les rogamos manifestarlo...
Los legisladores
que estén por la negativa...
El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo:
Suficientemente
discutido el punto de acuerdo.
La Secretaria senadora Yolanda Eugenia
González Hernández:
Procedo a
solicitar la votación para la aprobación del punto de acuerdo.
Quienes estén
por la afirmativa, les rogamos manifestarlo...
Quienes estén
por la negativa...
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Aprobado el punto de acuerdo.
Comuníquese.
CODIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL
La Secretaria senadora Yolanda Eugenia
González Hernández:
Se da lectura al
punto de acuerdo en relación a las propuestas en torno a la publicación y promulgación
parcial del Código Financiero del Distrito Federal.
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Los integrantes de esta Primera Comisión
de trabajo no consideran necesario solicitar más información relativa a la iniciativa,
debate, aprobación y publicación del decreto que contiene diversas reformas y adiciones
al Código Financiero del Distrito Federal 2003, en virtud de que todos los legisladores
integrantes de esta Comisión, con anterioridad se les allegó de la información
referente para su valoración y análisis correspondiente.
Segundo. Se exhorta al Jefe de Gobierno del
Distrito Federal a cumplir con las obligaciones establecidas en los distintos
ordenamientos jurídicos aplicables y proceda a la inmediata publicación del texto
íntegro del decreto que contiene diversas reformas y adiciones al Código Financiero del
Distrito Federal aprobado por el Pleno de la Asamblea Legislativa el pasado mes de
diciembre de 2002.
Salón de
comisiones de la Comisión Permanente, a 5 de marzo de 2003.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
En consecuencia
está a discusión el punto de acuerdo.
Se abre el
registro de oradores.
Sí, diputado.
Activen el sonido en la curul del diputado León Morales.
El diputado Ramón León Morales (desde su curul):
Gracias, señor
Presidente.
Quiero comentar
que el día de ayer asistimos a la reunión previa de la Mesa Directiva en el que se
acordó la agenda para el día de hoy, el orden del día. Este punto no fue acordado, me
parece muy extraño que en este momento pretenda meterse. Esto se acaba de discutir en la
comisión respectiva, sí, pero de ninguna manera hay un acuerdo porque aparezca en el
orden del día, por lo que pido seamos respetuosos de los acuerdos tomados y no se trate
en la sesión del día de hoy.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Sí, señor
diputado.
Esta fue una
solicitud de la comisión que esta Presidencia aceptó, pero en virtud de que usted es
miembro de esa comisión y no está de acuerdo, yo le propondría que platicara con los
demás miembros de la comisión o con el Presidente, para el trámite que se le dé.
El diputado Ramón León Morales (desde su curul):
Si me permite
nada más, señor Presidente.
Lo que pasa es
que yo solicité en la comisión que me permitieran presentar un voto particular; es un
voto que yo estoy elaborando en virtud de que no fue acuerdo de la comisión presentarlo
el día de hoy, sino hasta la próxima semana.
Entonces, yo sí
solicitaría respeto a los acuerdos. Primeramente respeto a lo que el día de ayer acordó
la comisión, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, que nos rijamos estrictamente
a lo que el día de hoy acordó la comisión y no violentamos, no violentemos ninguno de
los acuerdos respectivo.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
El diputado
Ramírez Marín. Activen el sonido en la curul del diputado Ramírez Marín.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde su
curul):
En primer
término, señor Presidente, la comisión simplemente está siguiendo el procedimiento que
se señala en el propio Reglamento: una vez que existe dictamen está absolutamente
facultado a turnarlo a Mesa Directiva y ésta, absolutamente facultada para incluirla en
el orden del día.
De hecho el
Reglamento señala que debe ser en el orden del día de la sesión siguiente a este
dictamen; sin embargo, no tenemos nosotros en particular ninguna objeción porque el
asunto en cuestión en el ánimo de escuchar preparado el voto particular del PRD, se
puede discutir la próxima sesión, pero sí es importante señalar que no debemos de
tener tratamientos diferentes en los temas.
Cuando en
ocasiones se requiere exigir premura, le exigimos premura; le exigimos premura a la Mesa
Directiva y cuando no nos conviene, pedimos que se retrase.
La fracción del
PRI no tiene inconveniente en que se posponga a la próxima sesión el dictamen en el
ánimo de coadyuvar a escuchar la intervención del PRD, pero sí queremos que se tome en
cuenta esta aportación.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Gracias, señor
diputado.
Se toma nota de
su propuesta.
El diputado
Zapata Perogordo. Activen el sonido en la curul del diputado Zapata.
El diputado José Alejandro Zapata Perogordo (desde
su curul):
Sí, señor
Presidente.
Nada más, para
establecer que dentro de la práctica parlamentaria que hemos estado realizando en esta
Comisión Permanente, las mismas comisiones han anunciado previamente que se les reservé
el espacio para tratar determinados puntos. Y todos hemos estado, hemos coincidido, en que
ése es el procedimiento adecuado que se debe estar utilizando.
En esta ocasión
nosotros tampoco tenemos ningún inconveniente para que sea hasta la semana que entra
cuando se aborde el tema del Jefe del Gobierno capitalino, por no haber publicado el
Código Fiscal, pero sí queremos hacer patente que ese procedimiento lo hemos seguido de
manera regular y solamente cuando hemos estado consensando entre las partes, previamente a
la sesión, es cuando se ha decidido por las razones que se han argumentado determinados
puntos.
Así pues, no
tenemos ningún inconveniente de acceder a la petición prácticamente que ha hecho el
compañero del PRD para poder seguir discutiendo este asunto y que se trate hasta la
semana que entra, pero que no se convierta en una cuestión de causa delis, algo que regularmente se ha estado haciendo
en la Comisión Permanente.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Gracias,
diputado Zapata.
Se pospone el
punto para la siguiente sesión.
Continué la
Secretaría.
Pasamos al
capítulo de excitativas.
Tiene la palabra
el diputado Raúl Martínez González, del grupo parlamentario de Acción Nacional para
tratar una excitativa a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de
Diputados.
El diputado Raúl Martínez
González:
Declino, señor
Presidente.
SECTOR
AGROPECUARIO
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Gracias, señor
diputado.
Tiene la palabra
el diputado Ramón León Morales del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, para presentar una excitativa a la Segunda Comisión de la Comisión
Permanente.
El diputado Ramón León Morales:
Gracias, señor
Presidente:
En la primera
sesión de esta Comisión Permanente, después de que fue debidamente instalada, presenté
una proposición con punto de acuerdo a fin de que se pudiera hacer una invitación al
titular del Ejecutivo, para que se revisará el Capítulo VII del Tratado de Libre
Comercio con América del Norte.
Me preocupa que
estemos en la penúltima sesión y no tengamos el dictamen correspondiente, aún después
de haber presentado ya una excitativa al respecto. En unas semanas en que ha sido el tema
de la agenda nacional el diálogo entre los campesinos y el propio Poder Ejecutivo, no se
ha escuchado la voz del Poder Legislativo, no se ha escuchado la voz, la posición de la
Comisión Permanente con respecto a este tema.
Me consta que
hay buena voluntad por algunas fuerzas políticas; me niego a pensar que sean tácticas
dilatorias para no resolver, a más tardar en la próxima sesión, un tema tan importante
como es el que precisamente nos están exigiendo los campesinos de México, la mayoría de
ellos representados y sentados en la negociación con el Ejecutivo.
De ahí que esta
excitativa de nueva cuenta tiene el objetivo de llamar la atención, de que volteemos a
ver al campo, de que escuchemos lo que los campesinos están exigiendo y que finalmente
asumamos la responsabilidad que tenemos de dictaminar, ojalá que sea favorable, yo creo
que hay el ánimo para que sea favorable en todas las fuerzas políticas y que la próxima
semana estemos aprobando esta proposición con punto de acuerdo que se presentó el 8 de
febrero.
Presento el
escrito completo para que sea publicado en los órganos correspondientes.
«Excitativa a
la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa y Educación Pública de la
Comisión Permanente para que se elabore el dictamen respecto de la proposición con punto
de acuerdo en la que se solicita se exhorte al Ejecutivo Federal a renegociar el Capítulo
VII del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y Canadá.
Antecedentes
1.- Con fecha 8
de enero del presente año, el que suscribe integrante de la fracción parlamentaria del
PRD, presentó a la consideración del Pleno de esta comisión, un punto de acuerdo para
que esta Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo Federal a renegociar el Capítulo VII,
“Sector Agropecuario y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias”, del Tratado de
Libre Comercio con América del Norte y Canadá, con objeto de proteger la producción
agropecuaria nacional.
La proposición
fue turnada la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa y Educación Pública.
2.- Con fecha 19
de febrero de este año, presenté una excitativa para que fuera elaborado el dictamen
respectivo; sin embargo a la fecha no ha sido presentado a la consideración del Pleno de
esta Comisión Permanente.
Consideraciones
Para obviar las
consideraciones me concretaré a decir algunos de los aspectos importantes por los cuales
se solicita se elabore el dictamen correspondiente.
A partir de la
entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), las
importaciones agropecuarias han sido mayores que las exportaciones, ampliando con ello el
déficit comercial agropecuario de nuestro país, en muchos casos se ha desplazado a los
productores nacionales. Solamente algunos productores están reci- biendo los beneficios,
mientras una gran cantidad de pequeños y medianos productores tienen que buscar
alternativas para sobrevivir.
El abandono del
campo mexicano se manifiesta por la pobreza de su población: de 24.5 millones de
habitantes que viven en zonas rurales, se estima que 17 millones viven en condiciones de
extrema pobreza y, según cifras del Banco Mundial, una cuarta parte de la población
rural carece de los recursos para comprar alimentos básicos.
En este año,
México acordó la inmediata eliminación de aranceles para una lista muy amplia de
productos agrícolas. Al mismo tiempo, se acordó la desgravación gradual de las barreras
arancelarias restantes en un plazo de 10 años, a partir de la entrada en vigor del
Tratado.
En contraste,
los Estados Unidos, con la implementación de la Ley de Seguridad Agropecuaria e
Inversión Rural 2002 (Farm Bill), avalada por el gobierno norteamericano, se destinarán
183 mil 500 millones de dólares, los cuales se distribuirán a lo largo de los próximos
10 años a un promedio anual de 18.3 mil millones de dólares, los cuales se canalizarán
a programas de apoyo directo a productores y a programas de conservación ambiental en el
campo.
Con ello nos
imponen condiciones de desventaja e iniquidad y se acentúan las asimetrías entre ambos
países, violando con ello el Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, pues es sabido que nosotros nunca alcanzaremos a entregar esa suma de
dinero.
El sector
agropecuario en México es uno de los más liberalizados del mundo, en los principales
países desarrollados, el sector más protegido de sus economías es precisamente el
agropecuario; en tanto que el nuestro no logra fortalecerse y sin embargo se le expone a
la competencia internacional.
Las protestas de
los diferentes productores del campo, como cañeros, frijoleros, cafetaleros y piñeros,
entre otros, nos muestran que los programas destinados a apoyar al campo no están dando
los resultados que se esperarían; al contrario, observamos que las protestas son
crecientes y cada vez más violentas.
En este
contexto, el Gobierno Federal blindó el sector agroalimentario destinando 102 mil 563 mil
millones de pesos, recursos que se tienen contemplados para el Programa Especial
Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable. En él se conjuntan varios programas de
14 dependencias de la Administración Pública Federal; sin embargo, muchos de estos
programas tienen carácter social, de asistencia y de inversión. No se distingue un apoyo
destinado específicamente a la competencia agropecuaria que tendrán los productores
nacionales con sus contrapartes norteamericanos frente a la apertura prácticamente total
del sector agropecuario para este año.
Por ello, es
imperativo que el Ejecutivo inicie un proceso de renegociación del Capítulo VII,
“Sector Agropecuario y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias”, del TLCAN con los
gobiernos de Estados Unidos y de Canadá.
Ya hemos
señalado el artículo 2202 del TLC, que se refiere a las enmiendas, señala que las
partes podrán convenir cualquier modificación o adición a este Tratado y que las
modificaciones y adiciones acordadas y que se aprueben según los procesos procedimientos
jurídicos correspondientes de cada parte, constituirán parte integral de este Tratado.
El diálogo que
sostiene el Gobierno Federal con el sector campesino en las instalaciones de Lecumberri,
va a conducir necesariamente a la exigencia de la revisión del Capítulo Agropecuario, no
exagero al decir que a los vecinos del norte les conviene más a un campo mexicano fuerte
que devastado.
Por último para
que se reactive la actividad económica en el campo, el Ejecutivo debe tomar medidas
urgentes y asumir una política agropecuaria integral, que acompañada de la
renegociación, reconstruya el papel e importancia que tiene el campo dentro del
desarrollo nacional.
Por lo anterior
y en términos del artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso de la Unión, solicito respetuosamente lo siguiente:
Unico. Se envíe excitativa a la Segunda Comisión
de Relaciones Exteriores, Defensa y Educación Pública para que emita el dictamen
respecto de la proposición con punto de acuerdo presentada el pasado 8 de enero por el
suscrito y que les fue turnado en la misma fecha.
Respetuosamente.
Salón de
Sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 5 de marzo de 2003.—
Dip. Ramón León Morales (rúbrica).»
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Gracias, señor
diputado.
De conformidad con lo que establece el
artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Segunda Comisión de la Comisión
Permanente para que emita el dictamen correspondiente y se instruye para que sea publicado
en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.
LEY DE
PESCA
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Tiene la palabra
el diputado Víctor Antonio García Dávila, del grupo parlamentario del Partido del
Trabajo, para presentar una excitativa a la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados.
El diputado Víctor Antonio García
Dávila:
Con el permiso
de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
¡El cambio en
México, no tiene freno! ¡El chofer no sabe conducir!
El grupo
parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna para presentar a la Presidencia
de la Mesa Directiva una formal, muy formal solicitud para que con fundamento en la
fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos formule una excitativa a la Comisión de Pesca de
la Cámara de Diputados, en lo particular a la subcomisión creada para ex profeso, con el propósito de que se analice y
dictamine la iniciativa que reforma el segundo párrafo del artículo 13 de la Ley de
Pesca, presentada por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo en voz de un servidor
desde el 14 de diciembre de 2001.
A la exposición
de motivos presentada en su oportunidad debemos agregar que según estudios del Instituto
Nacional de la Pesca, en la actualidad el pez dorado no es una especie que se encuentre en
extinción, ya que en lapso de tres meses en su estancia en territorio mexicano, esta
especie es altamente abundante para luego emigrar y ser capturada en Ecuador, donde sí
está abierta su captura a la pesca social.
Con esta
iniciativa se favorecería un amplio sector de pescadores de escasos recursos en la zona
del Pacífico y adicionalmente se legalizaría la práctica clandestina que se realiza por
parte de embarcaciones extranjeras asociados con algunos malos mexicanos. Hace apenas tres
semanas se logró el decomiso de siete toneladas de esa especie.
Ante tales
injusticias, donde aprovechando que el dorado no se ha liberado y que en la actualidad
México importa, sí, México importa el mismo dorado que nace y crece en nuestro país y
que los pescadores se ven impedidos de participar en su captura y comercialización, ya
que se están realizando también acciones en el país como la toma de las oficinas de
Conapesca en Mazatlán y que ante la imposibilidad de capturarlo, nuestras familias de
pescadores se encuentran desesperados y dispuestos a todo para llevar el sustento a sus
familias.
Es preciso
agregar que a los pocos días de que presentamos la iniciativa y que ésta fuera turnada a
la Comisión de Pesca, se integró un grupo de trabajo para su análisis y elaboración
del predictamen.
Sin embargo,
hasta la fecha, a casi dos años, no se ha convocado a una sola reunión para iniciar los
trabajos correspondientes.
Compañeras y
compañeros, no podemos sucumbir como legisladores a los intereses de empresarios
millonarios que compran conciencias legislativas y proteger sus ilícitos intereses. En
esta iniciativa existen intereses de extranjeros que pugnan porque no se lleve a efecto,
pero por otro lado, están los intereses de miles de familias mexicanas que sólo buscan
llevar el sustento a su casa y para eso, los legisladores estamos para protegerlos.
Por ese motivo
se excita a la Comisión de Pesca y a la subcomisión creada, para que de inmediato reúna
los estudios necesarios para dictaminar la iniciativa en comento.
Palacio
Legislativo.— San Lázaro, a 5 de marzo del 2003.— Grupo parlamentario del
Partido del Trabajo.
Sin con esto no
están excitados, pues les traeremos a Maribel Guardia o algo así.
Gracias.
«Con el permiso
de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
El grupo
parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna para presentar a la Presidencia
de la Mesa Directiva, una formal solicitud para que con fundamento en la fracción XVI del
artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, formule una excitativa a la Comisión de Pesca de la Cámara de
Diputados, y en lo particular a la Subcomisión creada ex profeso, con el propósito de que se analice y
dictamine la iniciativa que reforma el segundo párrafo del artículo 13 de la Ley de
Pesca presentada por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo en voz de un servidor
desde el 14 de diciembre de 2001.
A la exposición
de motivos presentada en su oportunidad debemos agregar que según estudios del Instituto
de la Pesca, en la actualidad el pez dorado no es una especie que se encuentre en
extinción, ya que en el lapso de 3 meses de su estancia en territorio mexicano esta
especie es altamente abundante, para luego emigrar y ser capturada en Ecuador, donde sí
está abierta su captura en la pesca social, con esta iniciativa, se favorecería a un
amplio sector de pescadores de escasos recursos y adicionalmente se legalizaría la
práctica clandestina que se realiza por parte de embarcaciones extranjeras y algunos
malos empresarios. Hace apenas 3 semanas se logró el decomiso de 7 toneladas de pez
dorado.
Ante tales
injusticias, donde aprovechando que el dorado no se ha liberado y que en la actualidad
México importa el mismo dorado que nace y crece en nuestro país, y que los pescadores se
ven impedidos de participar en la captura y comercialización de esta especie, ya se
están realizando acciones en el país, como la toma de las oficinas de Conapesca en
Mazatlán, Sinaloa, y que ante la imposibilidad de capturarlo, nuestras familias de
pescadores se encuentran desesperados y dispuestos a todo para llevar el sustento honrado
a sus familias.
Es preciso
agregar, que a los pocos días de que presentamos la iniciativa y que ésta fuera turnada
a la Comisión de Pesca, se integró un grupo de trabajo para su análisis y elaboración
del predictamen; sin embargo hasta la fecha, a casi dos años, no se ha convocado a una
reunión para iniciar los trabajos correspondientes.
Compañeras y
compañeros, no podemos sucumbir como legisladores a los intereses de empresarios
millonarios que compran conciencias para proteger sus ilícitos intereses, en esta
iniciativa existen intereses de extranjeros que pugnan porque no se lleve a efecto, pero
por otro lado están los intereses de miles de familias que sólo buscan llevar el
sustento a su casa, y los legisladores estamos para protegerlos, por ese motivo se excita
a la Comisión de Pesca y a la Subcomisión creada, para que de inmediato reúna los
estudios necesarios para dictaminar la iniciativa en comento.
Dado en el
Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 5 de marzo de 2003.— Dip. Víctor Antonio García Dávila (rúbrica).»
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Gracias, señor
diputado.
De conformidad con lo que establece el
artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Pesca de la Cámara de
Diputados para que emita el dictamen correspondiente.
REMUNERACIONES DE SERVIDORES PUBLICOS
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Tiene la palabra
el senador Raymundo Cárdenas Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, para presentar una excitativa a las comisiones de Gobernación y
Seguridad Pública y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
El senador Raymundo Cárdenas
Hernández:
Gracias, señor
Presidente; señoras legisladoras, señores legisladores:
El año pasado y
durante el mes de enero de este año, fueron presentadas en la tribuna de la Cámara de
Diputados iniciativas de decreto y proposiciones de punto de acuerdo, cuyo objeto era, a
pesar de sus diferencias, el mismo: el de someter los ingresos de los servidores públicos
a normas elementales de probidad republicana.
El 7 de febrero
de 2002, la diputada Magdalena Núñez Monreal, del grupo parlamentario del PRD, así como
el senador Zermeño Infante del PAN, presentaron en la tribuna de la Comisión Permanente
sendas proposiciones de puntos de acuerdo para moderar los salarios de los servidores
públicos.
Por otra parte,
la iniciativa de reformas constitucionales presentada el 19 de abril de 2002 por el
diputado Calderón Hinojosa, no ha sufrido el trámite reglamentario, a pesar de que ya
han transcurrido varias veces los cinco días legislativos que el propio Reglamento del
Congreso contempla como plazo para que las comisiones competentes realicen el dictamen.
En el mismo
sentido, los diputados Martí Batres Guadarrama y Ramón León Morales del PRD,
presentaron iniciativa de reformas constitucionales durante el presente receso
legislativo.
El tema de los
salarios de los servidores públicos es de una relevancia que parece poco comprendida por
este Congreso; se trata ni más ni menos que de la credibilidad y la legitimidad misma del
Estado. La opinión pública ha tomado conocimiento de los altísimos salarios que un gran
número de servidores públicos percibe, todo en el marco de un país que se caracteriza
por la pobreza de los salarios que perciben la mayoría de sus trabajadores.
La injusticia de
la estructura salarial en México y de ingresos es evidente y contribuye a fortalecer las
diferencias salariales también escandalosas del sector privado. Para nadie es un misterio
que la percepción de desigualdad económica y salarial, que casi siempre lleva aparejada
la percepción de injusticia, es uno de los factores determinantes, en combinación de la
pobreza, de la inseguridad pública. En todo caso, un Estado que propicia la desigualdad
desde su propia estructura salarial, pierde legitimidad. Estamos seguros que la
percepción de los ciudadanos así lo indica.
Se argumenta, a
favor de los altos salarios en el sector público, la suposición de que son necesarios
para traer a los profesionistas más capaces al sector público o de otra forma,
preferirían laborar en el sector privado.
Suponiendo sin
conceder que los actuales altos funcionarios del Gobierno Federal y de los municipios, que
pagan salarios exhorbitantes exhiban un gran desempeño como servidores públicos, nos
parece muy poco probable que no hubiesen aceptado sus puestos con salarios decorosos pero
no excesivos; y en el caso de que así fuera, la única conclusión posible es simplemente
que no merecerían ser servidores públicos.
Si la
motivación esencial de un individuo para ingresar al servicio público es el dinero,
podemos estar casi seguros que no pondrá en primer término los intereses de la nación,
sino de los de su propio peculio, lo cual especialmente en los casos de altos
funcionarios, así como de representantes populares, equivale a propiciar la corrupción.
Consideramos que
este tema que se está ventilando a través de spots
y de medios publicitarios en las campañas electorales, debe tratarse con seriedad.
Nosotros
invitamos a los partidos que han hecho uso de este asunto de los altos salarios en las
campañas electorales especialmente del estado de México, a que muestren la seriedad de
su preocupación, legislando ya en relación con este tema.
Por las razones
anteriores y con fundamento en el artículo 78, fracción III de la Constitución General,
así como en el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General, se pide muy atentamente al presidente de esta Comisión Permanente,
obsequie turno al presidente de la Cámara de Diputados, a la siguiente solicitud:
“Se
solicita al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión, se sirva girar excitativa a las comisiones de Gobernación y
Seguridad Pública, Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión, a fin de que sean dictaminadas todas las iniciativas presentadas ante dicha
Cámara, en materia de salarios de los servidores públicos, cuyo trámite reglamentario
se encuentra ya en retraso; entre ellas la presentada por el diputado Felipe Calderón, el
19 de abril de 2002.
Atentamente,
Raymundo Cárdenas Hernández.”
«EXCITATIVA
Señoras
legisladoras, señores legisladores:
El año pasado y
durante el mes de enero de este año fueron presentadas en la tribuna de la Cámara de
Diputados, iniciativas de decreto y proposiciones con punto de acuerdo cuyo objeto era, a
pesar de sus diferencias, el mismo: el de someter los ingresos de los servidores públicos
a normas elementales de probidad republicana.
El 7 de febrero
de 2002, la diputada Magdalena Núñez Monreal, del grupo parlamentario del PRD, así como
el senador Zermeño Infante, del Partido Acción Nacional, presentaron en la tribuna de la
Comisión Permanente sendas proposiciones con punto de acuerdo para moderar los salarios
de los servidores públicos.
Por otra parte,
la iniciativa de reformas constitucionales presentada el 19 de abril de 2002 por el
diputado Calderón Hinojosa, no ha sufrido el trámite reglamentario, a pesar de que ya
han transcurrido varias veces los cinco días legislativos que el propio Reglamento del
Congreso contempla como plazo, para que las comisiones competentes realicen el dictamen.
En el mismo
sentido, los diputados Martí Batres Guadarrama y Ramón León Morales presentaron
iniciativa de reformas constitucionales durante el presente receso legislativo.
El tema de los
salarios de los servidores públicos es de una relevancia que parece poco comprendida por
este Congreso. Se trata ni más ni menos que de la credibilidad y la legitimidad misma del
Estado. La opinión pública ha tomado conocimiento de los altísimos salarios que un gran
número de servidores públicos percibe, todo en el marco de un país que se caracteriza
por la pobreza de los salarios que percibe la mayoría de sus trabajadores.
Los casos más
sonados son, desde luego, los de varios presidentes municipales, particularmente del
estado de México, quienes obtienen, porque difícilmente podría decirse que ganan,
salarios que rebasan los 300 mil pesos mensuales. Sin embargo, el ejemplo de exceso
comienza con el propio Presidente de la República, quien recibe más de 150 mil pesos al
mes, más de cien veces el salario mínimo, más de cien veces lo que reciben muchos
servidores públicos de base.
La injusticia de
esta estructura salarial es evidente y contribuye a fortalecer las diferencias salariales,
también escandalosas del sector privado. Para nadie es un misterio que la percepción de
desigualdad económica y salarial, que casi siempre lleva aparejada la percepción de
injusticia, es uno de los factores determinantes, en combinación con la pobreza, de la
inseguridad pública. En todo caso, un Estado que propicia la desigualdad desde su propia
estructura salarial pierde legitimidad. Estamos seguros de que la percepción de los
ciudadanos así lo indica.
Se argumenta a
favor de los altos salarios en el sector público la suposición de que son necesarios
para atraer a los profesionistas más capaces al servicio público o de otra forma
preferirían laborar en el sector privado. Suponiendo sin conceder que los actuales altos
funcionarios del Gobierno Federal, y de los municipios que pagan salarios exorbitantes,
exhiban un gran desempeño como servidores públicos, nos parece muy poco probable que no
hubiesen aceptado sus puestos con salarios decorosos, pero no excesivos y, en el caso de
que así fuera, la única conclusión posible es simplemente que no merecerían ser
servidores públicos, pues, si la motivación esencial de un individuo, para ingresar al
servicio público es el dinero, podemos estar casi seguros de que no pondrá en primer
término los intereses de la nación, sino los de su propio peculio, lo cual,
especialmente en los casos de altos funcionarios, así como de representantes populares,
equivale a propiciar la corrupción.
Por lo
anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 78 fracción III de la
Constitución General, así como en el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General, ambos de los Estados Unidos Mexicanos, se pide muy
atentamente al Presidente de esta Comisión Permanente, obsequie turno al Presidente de la
Cámara de Diputados a la siguiente
Solicitud: Se
solicita al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de
la Unión se sirva girar excitativa a las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública
y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a fin
de que sean dictaminadas todas las iniciativas presentadas ante dicha Cámara, en materia
de salarios de los servidores públicos, cuyo trámite reglamentario se encuentre ya en
retraso, entre ellas la presentada por el diputado Felipe Calderón, el 19 de abril de
2002.
México, DF, a 5
de marzo de 2003.— El senador de la República, Raymundo
Cárdenas Hernández (rúbrica).»
El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo:
Gracias, señor
senador.
De conformidad con lo que establece el
artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Presidencia de la Cámara de Diputados,
para que a su vez excite a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública y de Puntos
Constitucionales de la Cámara de Diputados, para que emitan el dictamen correspondiente.
Pasamos a puntos
de acuerdo.
COMISION NACIONAL BANCARIAY DE VALORES
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Tiene la palabra
el diputado Juan Manuel Carrera López, para presentar un punto de acuerdo sobre la
posible violación a los derechos humanos y la situación jurídica del ex presidente de
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
El diputado Juan Manuel Carrera
López:
Muchas gracias,
señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Vengo a esta
tribuna en nombre de legisladoras y legisladores de los grupos parlamentarios del Partido
Verde Ecologista de México y del Partido Revolucionario Institucional, para presentar el
siguiente proyecto de punto de acuerdo en relación a la situación jurídica y personal
de los ex funcionarios de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y las
investigaciones de los “Amigos de Fox”.
Esto en virtud
de que, como es de todos conocido y dadas las circunstancias que rodean la situación de
los señores Eduardo Fernández García y Luis Felipe González Villarreal que, como es
del conocimiento público, han sido detenidos y arraigados por la Procuraduría General de
la República, hecho que, hay que decirlo con toda claridad, a los ojos de la mayoría de
los mexicanos ha representado una grave y preocupante violación al Estado de Derecho del
país, es imperativo responder a la demanda que han formulado sus familiares, y que ya se
han hecho públicas, para que este honorable Congreso intervenga en dicho caso.
En este asunto
un primer nivel y elemental sentido de intervención es el de verificar el estado de salud
de los detenidos, su condición jurídica y la certeza, si es que pudiera haberla, de que,
por el carácter de las acusaciones que se les han formulado, no son objeto de tratamiento
alguno que busque inhibir o alterar el sentido de las acusaciones que estas personas han
hecho a la opinión pública.
Existe un
criterio muy razonable para esto, ya que los detenidos están acusando a personas
íntimamente ligadas o relacionadas con el poder político, en especial con el Poder
Ejecutivo y sus estados de ánimo. Es decir, se trata de un asunto de la mayor
trascendencia nacional, en el que están en juego, viéndose desde cualquier ángulo, el
Estado de Derecho e intereses políticos y económicos de tal magnitud que resulta
indispensable verificar que las autoridades responsables no continúen conculcando ni
atropellando los derechos de los señores Fernández García y González Villarreal.
Por ello, dado
que este propio honorable Congreso ha recibido y ha sido públicamente requerido para su
intervención por los familiares de las dos personas citadas, nos dirigimos a esta
soberanía para proponer el siguiente punto de acuerdo.
Que esta
Comisión Permanente designe un grupo plural de diputados y senadores para atender e
informar sobre la integridad física y el respeto a los derechos de los dos detenidos
involucrados en denuncias contra la asociación “Amigos de Fox”, Asociación
Civil.
Pedimos, señor
Presidente, que sea turnado este punto de acuerdo a la Primera Comisión y a las
comisiones de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Gracias, señor
diputado.
Túrnese a la Primera Comisión de la
Comisión Permanente y a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de
Diputados.
El siguiente
punto de acuerdo el senador Héctor Larios del Partido Acción Nacional lo pospone para
otra sesión.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA-IRAK
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Tiene la palabra
el diputado Ramón León Morales para presentar un punto de acuerdo en relación con la
posición de México en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre el conflicto en Irak.
El diputado Ramón León Morales:
Gracias, señor
Presidente.
Con mucha
preocupación observamos la enorme presión que ejerce el gobierno de Estados Unidos sobre
el Gobierno de nuestro país con el propósito de conducirlo a una postura favorable a la
guerra que aquel país quiere librar en contra de Irak.
El Presidente de
México tiene la atribución de conducir la política exterior del país, pero sólo lo
puede hacer sobre la base de los principios que establece la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos que, entre otros, ordena, cito: “la solución pacífica
de las controversias; la proscripción del uso de la fuerza o la amenaza y la lucha por la
paz”.
Por eso nuestro
Gobierno no puede avalar ésta ni ninguna otra guerra; no puede renunciar a defender la
paz; no puede declinar la conducta pacifista de México.
El Presidente no
tiene derecho a romper el consenso mexicano que se plasma en la Constitución y se
ratifica en la opinión pública nacional de nuestro país.
Ni la guerra, ni
el horror, ni la muerte, ni el genocidio, ni el holocausto, son políticas de México.
Irak se debe
desarmar; pero Estados Unidos también. Las resoluciones de la ONU, que obligan a Irak,
deben cumplirse; pero también las que obligan a Israel y a otros países. Y ello debe
lograrse mediante caminos pacíficos, con el ejercicio de la política y la diplomacia.
¡Nunca de la guerra!
La presencia de
México en el Consejo de Seguridad de la ONU, sólo puede ser a favor de la paz, marcando
ruta y rumbo e inclinando las decisiones en ese sentido. Esto es lo que ordena el sentido
común, la vocación humanista, la responsabilidad con el conjunto del planeta, pero
también, y sobre todo, la Constitución mexicana, que el Presidente protestó cumplir.
Por lo
anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la
consideración de este pleno el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. La Comisión Permanente del Congreso de la
Unión, exhorta al Ejecutivo Federal para que la posición de nuestro país en el Consejo
de Seguridad de la ONU, se apegue estrictamente a los principios consagrados en el
artículo 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
particular los que se refieren a la solución pacífica de las controversias, la
proscripción de la amenaza y el uso de la fuerza en las relaciones internacionales y la
lucha por la paz y la seguridad internacional.
Firmamos esta
proposición con punto de acuerdo, los diputados Martí Batres Guadarrama y un servidor.
Señor
Presidente, muchísimas gracias.
«Propuesta de
punto de acuerdo en relación a la posición de México en el Consejo de Seguridad de la
ONU, sobre el conflicto en Irak.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente:
El suscrito,
diputado federal integrante del grupo parlamentario del PRD, con fundamento en los
artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Asamblea, la siguiente
propuesta de punto de acuerdo de conformidad con las siguientes
Consideraciones
Con mucha
preocupación observamos la enorme presión que ejerce el gobierno de Estados Unidos sobre
el gobierno de nuestro país, con el propósito de conducirlo a una postura favorable a la
guerra que aquel país quiere librar en contra de Irak.
El Presidente de
México tiene la atribución de conducir la política exterior del país, pero sólo lo
puede hacer sobre la base de los principios que establece la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos que, entre otros, ordena: “La solución pacífica de las
controversias, la proscripción del uso de la fuerza o la amenaza” y “la lucha
por la paz”.
Por eso, nuestro
gobierno no puede avalar ésta ni ninguna otra guerra. No puede renunciar a defender la
paz; no puede declinar la postura pacifista de México. El Presidente no tiene derecho a
romper el consenso mexicano que se plasma en la Constitución y se ratifica en la opinión
pública nacional de nuestros días. Ni la guerra, ni el horror, ni la muerte, ni el
genocidio, ni el holocausto, son políticas de México.
Irak se debe
desarmar, pero Estados Unidos también. Las resoluciones de la ONU que obligan a Irak
deben cumplirse, pero también las que obligan a Israel y a otros países. Y ello debe
lograrse mediante caminos pacíficos, con el ejercicio de la política y la diplomacia;
nunca de la guerra.
La presencia de
México en el Consejo de Seguridad de la ONU sólo puede ser a favor de la paz, marcando
ruta y rumbo e inclinando las decisiones en ese sentido. Esto es lo que ordena el sentido
común, la vocación humanista, la responsabilidad con el conjunto del planeta pero
también la Constitución mexicana que el Presidente protestó cumplir.
Por lo
anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la
consideración del Pleno de esta Comisión Permanente, como de urgente y obvia resolución
el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. La Comisión Permanente del Congreso de la
Unión exhorta al Ejecutivo Federal, para que la posición de nuestro país en el Consejo
de Seguridad de la ONU, se apegue estrictamente a los principios consagrados en el
artículo 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
particular los que se refieren a la solución pacífica de las controversias; la
proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales y la
lucha por la paz y la seguridad internacional.
Atentamente.
Palacio
Legislativo.— San Lázaro, a 5 de marzo de 2003.— Diputados: Martí Batres Guadarrama y Ramón León Morales (rúbricas).»
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Gracias, señor
diputado.
Túrnese a la Segunda Comisión de la
Comisión Permanente.
Para presentar
un punto de acuerdo en relación con los trabajadores despedidos del Programa Nacional de
Jornaleros Agrícolas, de la Secretaría de Desarrollo Social, tiene la palabra el
diputado Víctor Antonio García Dávila, del Partido del Trabajo.
No está
presente el diputado García Dávila.
AMIGOS DE
FOX
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Para presentar
un punto de acuerdo sobre la investigación respecto a la Asociación Civil Amigos de Fox,
tiene la palabra el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucionario
Institucional.
El diputado Jorge Carlos Ramírez
Marín:
Con su venia,
señor Presidente; señores legisladores:
Como es de todos
conocido, la agrupación “Amigos de Fox, AC”, fundada por el señor Lino Korrodi
y en beneficio del ciudadano Vicente Fox Quesada, habría sido la vía para que recursos
del extranjero se apartaran de las disposiciones legales y aportaran financiamiento
ilícito a la campaña política del Presidente de la República.
La misma
Asociación y sus beneficiarios podrían haber incurrido en delitos de carácter grave al
haber utilizado el sistema bancario nacional para llevar a cabo operaciones con recursos
de procedencia presumiblemente ilícita.
Sin embargo,
señores, se hace evidente una creciente campaña y se puede afirmar campaña cuando se
observa el método, el sistema, la frecuencia, el ritmo, que pretende apuntar hacia la
discusión sobre la honorabilidad de quienes fundaron las denuncias, en lugar de resolver
el fondo del asunto, el porqué y la razón de las denuncias.
En el péndulo
con el que se acostumbra el tratamiento de los asuntos en el Poder Ejecutivo Federal se va
de la gravedad a la frivolidad y el Gobierno pone énfasis en los presuntos métodos y
obras del señor Fernández, y pasa por alto el asunto fundamental y radical que nos
interesa a nosotros que es: la resolución del caso Amigos de Fox.
Bromea con las
gravísimas denuncias que se hacen, se convierten en un asunto estrictamente trivial,
porque a lo mejor es trivial que uno de los implicados sea el hoy Secretario de Relaciones
Exteriores; otro de los implicados el ex secretario de Relaciones Exteriores.
Acaso
insignificante que se ponga en tela de juicio la calidad de la actuación de las
instituciones de la República como la Procuraduría General de Justicia y la propia
Presidencia de la República.
Está en
entredicho la institución presidencial, está en entredicho la autoridad investigadora,
está en entredicho, para mayor gravedad, el Estado de Derecho en nuestro país.
La procuración
de justicia y la aplicación de la ley tiene sombras de duda sobre la imparcialidad a que
está obligada. Hay una campaña para denunciar al soplón, pero seguimos sin conocer a
los que cometieron los ilícitos.
Las denuncias
públicas sobre el financiamiento con recursos del extranjero contra la agrupación Amigos
de Fox, tiene una seria y grave implicación que afecta la legitimidad de la institución
presidencial y lesiona a toda la República.
Los titubeos,
señores diputados, refuerzan las sospechas. La tardanza en unas cosas y la celeridad de
otras crean fundadas suspicacias, ya rayanas en la certeza. Por ello es urgente que se
disipen las dudas y salga a relucir la verdad, sin presiones ni hostigamientos que impidan
una actuación ética, legal, imparcial, para dar respuesta a un asunto por demás
delicado.
Es inaceptable y
sospechoso, por decir lo menos, que en un asunto penal los denunciados estén libres.
¡Qué clase de impunidad puede llegar a tenerse trabajando en una campaña presidencial!
Y los denunciantes secuestrados o arraigados, según se entienda el término, ¡pasándose
por alto disposiciones legales!
¿Dónde queda
entonces el llamado para que la ciudadanía tenga el valor civil de denunciar conductas
ilícitas para acabar con la impunidad? ¿Qué seguridad jurídica pueden tener los
denunciantes frente a estas conductas poco claras de quienes se supone representan de
buena fe a la sociedad?
¿Cómo
garantizar que la ley se aplique sin distingos y sea pareja para todos? Lo primero,
cumplir con el principio general de derecho de que no se puede ser juez y parte cuando
existe y hay conflicto de intereses, y la dependencia del cargo aun superior hace suponer
que no hay imparcialidad en el ejercicio de la impartición de justicia.
No hay línea,
pero el anuncio se da por televisión y en red nacional 24 horas antes. El asunto es grave
porque la acusación no puede ser trivial, ¡es contra el propio Presidente de la
República! Por ello, a fin de evitar mayor deterioro a la imagen y funciones del jefe de
las instituciones, debe analizarse a fondo esta denuncia, hasta llegar a sus últimas
consecuencias.
Decíamos en la
Cámara de Diputados, cuando se trataba simplemente de presentar un exhorto, que cualquier
hombre de buena fe obraría en consecuencia exigiendo de inmediato el esclarecimiento de
los hechos. No hacerlo con imparcialidad, con profundo compromiso ético y legalidad, pone
en riesgo a todas las instituciones republicanas que están en tela de juicio, que pierden
la legitimidad necesaria para conducir los destinos del país.
Conocemos y
reconocemos, señores, que la facultad de investigación y persecución de los delitos
compete a la Procuraduría, que con autonomía técnica depende del Poder Ejecutivo
Federal. Pero es inadmisible que dicha facultad pueda estar sujeta a arbitrios del
Procurador o del propio Presidente, si fuera el caso: que al contrario, siendo acusados,
están obligados a exigir plena objetividad de imparcialidad en la aplicación de la ley y
en el ejercicio de la acción persecutoria. En particular al Procurador General de la
República lo ciñe en el cumplimiento de sus actos el artículo 102 constitucional, que
es tajante en su párrafo quinto.
No pretendemos
que unos hagan a un lado responsabilidades y otros asumamos las que no nos competen. Sin
embargo, expresamos aquí que nuestra fracción examina con cuidado la posibilidad de
exigir el cumplimiento de la función investigadora del Poder Legislativo, que recae
exclusivamente en la Cámara de Diputados y se ciñe a los términos del artículo 74
constitucional fracción V y en lo relativo al Presidente de la República, en lo
referente al artículo 108 y demás relativos de la Constitución.
Hoy presentamos
este punto de acuerdo, basándonos en el artículo 11 fracción A y 15 de la Ley Orgánica
de la Procuraduría General de la República, con un exhorto al Poder Ejecutivo, para que
pueda resolver lo que le compete a su ámbito, sin que sea necesaria la intervención de
otro poder, para que se resuelva lo que no se ha resuelto en tres años, para que se
preserve la credibilidad de las instituciones.
Por eso,
señores legisladores, y confiados en que nos anima el espíritu de Ponciano Arriaga, que
en el Constituyente señalaba a todos que si en una República no debe haber funcionarios
impunes, es inadmisible en una República que el titular de su Poder Ejecutivo sea
inviolable, pedimos a ustedes crear, votar para que se cree una Fiscalía Especial APRA
llevar a cabo la investigación de la organización denominada Amigos de Fox AC, cargo que
deberá recaer en una persona de probada honorabilidad y reconocimiento profesional y de
reconocida imparcialidad política.
Asumimos, aquí
las palabras que decía nuestro compañero Eduardo Rivera, del grupo parlamentario del
PAN, cuando en la Cámara debatíamos sobre el exhorto al Presidente de la República:
“Los grupos parlamentarios sólo podemos estar comprometidos con la justicia”.
Esperamos que así se cumpla.
«Proposición
con punto de acuerdo sobre las investigaciones respecto a la Asociación Civil
“Amigos de Fox”
Antecedentes
• La
agrupación “Amigos de Fox, AC”, fundada por los ciudadanos Vicente Fox Quesada
y el señor Lino Korrodi Cruz, habría sido la vía para que recursos del extranjero se
aportaran al financiamiento de dichas actividades políticas, contraviniendo las
disposiciones del artículo 33 párrafo final de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
• La misma
asociación y los beneficiarios de su actividad, podrían haber incurrido en delitos de
carácter grave al utilizar el sistema bancario nacional para llevar a cabo operaciones
con recursos de procedencia presumiblemente ilícita.
• Una
creciente campaña, se puede decir así cuando se contempla dotada de método, frecuencia,
su lema pretende apuntar a la honorabilidad del señor Fernández y hacer a un lado el
carácter grave de las denuncias que formula.
• En el
péndulo que acostumbra con quienes lo apoyan, de la gravedad a la frivolidad el Gobierno
pone énfasis en el presunto historial del acusado y trivializa, bromea con las
gravísimas denuncias que hace.
• Pero no
es un asunto trivial, acaso es insignificante que exista sin resolver una denuncia desde
hace tres años.
• O acaso
es insignificante que entre los involucrados en el manejo irregular de los recursos de
Amigos de Fox esté el actual Secretario de Relaciones Exteriores, y el anterior
Secretario de Relaciones Exteriores.
• Está en
entredicho la institución de la autoridad investigadora, está en entredicho el propio
Presidente de la República.
• Pero para
mayor gravedad el Estado de Derecho está en entredicho. La procuración de justicia y la
aplicación de la ley tiene sombras de duda sobre la imparcialidad a que está obligada.
• Las
denuncias públicas sobre el financiamiento con recursos del extranjero contra la
agrupación Amigos de Fox, utilizados presuntamente en la campaña electoral que llevó al
triunfo al actual Presidente de la República, de ser ciertas, tienen una seria y grave
implicación que afecta la legitimidad de la institución presidencial y lesiona a la
República.
• Los
titubeos refuerzan la sospecha. La tardanza de unos casos y la celeridad en otros crean
fundadas suspicacias, ya cerca de la certeza. Es por ello urgente que se disipen las dudas
y de que salga a relucir la verdad sin presiones y hostigamientos que impidan la
actuación ética, legal e imparcial para dar respuesta al reclamo de la sociedad en este
delicado asunto de la nación.
• Es
inaceptable y sospechoso, por decir lo menos, que en un asunto penal, los denunciados
estén libres y los denunciantes secuestrados.
• ¿Dónde
queda entonces, el llamado para que la ciudadanía tenga el valor civil de denunciar
conductas ilícitas para acabar con la impunidad?
• ¿Qué
seguridad jurídica pueden tener los denunciantes frente a estas conductas poco claras de
quienes se suponen representen, de buena fe, a la sociedad?
• ¿Cómo
garantizar que la ley se aplique sin distingos y sea pareja para todos?
• Lo
primero, cumplir con el principio general de derecho de que no se puede ser juez y parte,
porque el conflicto de intereses y la dependencia del cargo a un superior, hace suponer
que no hay imparcialidad en el ejercicio de la impartición de justicia.
• El asunto
es grave porque la acusación es contra el Presidente de la República.
• Por ello,
y a fin de evitar mayor deterioro a la imagen y funciones del jefe de las instituciones,
debe analizarse a fondo esta denuncia hasta llegar a sus últimas consecuencias.
• De no
hacerlo con imparcialidad y profundo compromiso con la ética y la legalidad, las
instituciones republicanas estarán en tela de juicio y perderán la legitimidad necesaria
para conducir los destinos del país.
Reconocemos que
la facultad de investigación y persecución de los delitos compete a la Procuraduría
General de la República que con autonomía técnica depende del Poder Ejecutivo Federal.
• Pero es
inadmisible que dicha facultad pueda estar al arbitrio del Procurador o el Presidente
quienes están obligados a demostrar y exigir plena objetividad e imparcialidad en la
aplicación de la ley y en el ejercicio de la acción persecutoria.
• En
particular el Procurador de la República debe actuar y responder de sus actos en los
términos del artículo 102 constitucional, apartado A, párrafo quinto.
• No se
pretenden hacer a un lado responsabilidades, es competencia del Poder Ejecutivo cuya
actuación es cuestionada con sustento.
• Ante
ello, nuestra fracción parlamentaria examina la posibilidad de exigir el cumplimiento de
la Facultad de Investigación del Poder Legislativo que recae con exclusividad en la
Cámara de Diputados, con el propósito de deter- minar si existen elementos que den lugar
a formación de causa y en su caso proceder a investigar los ilícitos denunciados, sólo
en el que se refiere a la probable responsabilidad del Presidente de la República, en
términos del artículo 74 inciso V de la Constitución General de la República, 108 y
demás relativos de la Carta Magna.
•
Presentamos hoy este punto, basándonos en los artículos 11 al 15 de la Ley Orgánica de
la Procuraduría General de la República, con el exhorto al Poder Ejecutivo para que
pueda resolver lo que le compete sin que sea necesaria la intervención de otro poder,
para que resuelva lo que no ha resuelto en tres años, para que preserve la credibilidad
de nuestras instituciones.
Por todo ello, y
con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable
Asamblea, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
La Comisión
Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita al C. Presidente de la República
ordene de inmediato la designación de un Fiscal Especial para llevar a cabo la
investigación del caso de la organización denominada Amigos de Fox, AC, cargo que
deberá recaer en una persona de probada honorabilidad y reconocimiento profesional y de
reconocida imparcialidad política.
Túrnese a la
Primera Comisión y a las comisiones unidas de Gobernación y Seguridad Pública y de
Justicia y Derechos Humanos.
Palacio
Legislativo, a 6 de marzo de 2003.— Diputados: Ramón
león Morales, Julieta Prieto Furhken y Jorge
Carlos Ramírez Marín.»
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Gracias, señor
diputado.
Túrnese a la Comisión de Vigilancia
de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.
El diputado Jorge Carlos Ramírez
Marín:
Con su permiso,
señor Presidente.
Le solicito
respetuosamente lo turne a la Primera Comisión de la Comisión Permanente y a las
comisiones de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Túrnese a la Primera Comisión de la
Comisión Permanente y a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de
Diputados.
El diputado Jorge Carlos Ramírez
Marín:
Y quiero
subrayar para constancia y además nuestra gratitud, a los señores diputados Ramón León
Morales, por el grupo parlamentario del PRD, a la diputada Julieta Prieto Furhken, por el
grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista.
Gracias.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
¿Sí, diputado
Zapata?
El diputado José Alejandro Zapata Perogordo
(desde su curul):
Pido la palabra
para rectificar hechos.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Estamos en
puntos de acuerdo y ahí no hay hechos señor diputado.
No hay debate
por temas. Si lo quieren platicar entre los coordinadores, con mucho gusto.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde su
curul):
Señor
Presidente, nada animaría más nuestro ánimo que tener la oportunidad aquí de debatir
el punto, en tal caso lo hubiéramos solicitado de urgente resolución.
Por respeto a la
Asamblea y al turno que le dimos ayer y solicitamos ayer, en esta ocasión no podemos
acceder a la petición del diputado Zapara Perogordo y le solicitamos atentamente nos
signamos al Reglamento.
¿Sí? Activen
el sonido en la curul del diputado Zapata.
El diputado José Alejandro Zapata Perogordo
(desde su curul):
Señor
Presidente, de hecho la práctica parlamentaria que hemos seguido se ha determinado que
sí se puede, en caso de que haya por cuestiones de procedencia, pasar a tribuna para
hacer uso de la palabra, así lo hemos hecho en las sesiones, inclusive de la Cámara de
Diputados y por un acuerdo parlamentario hemos determinado que para abreviar tiempo en una
serie de puntos de acuerdo, con voluntad política de todos los grupos, no haya debate en
ese sentido aunque en ocasiones, cuando se ha pedido la palabra para hacer algunas
aclaraciones se ha llevado a cabo.
No voy a hacer
uso de la palabra porque efectivamente se niegan a quien lo llegue a realizar, sin embargo
sí me gustaría dejar constancia de que se me ha impedido hacer uso de la palabra
precisamente en las sesiones donde se debe haber el intercambio de ideas.
Muchas gracias y
podemos seguir adelante.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Señor diputado,
solamente con la aclaración de que lo que se convino el 8 de enero, para esta Comisión
Permanente no está presente la posibilidad de lo que usted acaba de decir, entonces
simplemente se le da turno al punto de acuerdo que presentó el diputado Ramírez Marín y
seguimos con la sesión.
TELESECUNDARIAS
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Para presentar
una proposición con punto de acuerdo para que se exhorte a las entidades federativas para
que utilicen la infraestructura de las Telesecundarias y también para los
Telebachilleratos, suscrita por los diputados Francisco Esparza Hernández y Raúl
Martínez González del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene el uso de
la tribuna el diputado Raúl Martínez González.
El diputado Raúl Martínez González:
Con su permiso,
señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Los diputados
Francisco Esparza Hernández y un servidor del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional, con fundamento en la fracción III del artículo 78 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso Nacional de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos
a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo, en el cual
se proponen las autoridades educativas federal y locales, que la infraestructura de las
Telesecundarias sea utilizada también para los Telebachilleratos de conformidad con las
siguientes
CONSIDERACIONES
La educación a
distancia se definió como la trasmisión de conocimientos por conducto de los medios de
comunicación y la información en sus diversas combinaciones.
La educación a
distancia abre la oportunidad de atender en forma continua a poblaciones de gran magnitud
pero también a las más pequeñas, dispersas y de difícil acceso.
En México
contamos con experiencias exitosas en la utilización de los medios de comunicación a
favor de las tareas educativas, destaca la Telesecundaria y el Telebachillerato, siendo la
primera de éstas la modalidad más dinámica del nivel básico.
La
Telesecundaria es un servicio público, formal y escolarizado del Sistema Educativo
Nacional y conjuntamente con los niveles de Preescolar y Primaria contribuye a
proporcionar educación básica principalmente a los jóvenes de localidades rurales y
marginales del país.
Este servicio
funciona preferentemente en comunidades con menos de 2 mil 500 habitantes donde el número
de alumnos que egresan de la primaria hace inviable el establecimiento de un plantel de
secundaria general o técnica.
Durante el ciclo
lectivo 2000-2001, 1 millón 53 mil 462 estudiantes se matricularon en Telesecundaria,
cifra que representa un crecimiento de 6.1% en relación con el período anterior y
equivale al 43.3% del incremento total de la matrícula de secundaria observado en el
mismo ciclo.
Para el periodo
escolar 2001-2002, la inscripción nacional aumentó 67 mil alumnos, lo que significa más
de 1.1 millones de jóvenes que se beneficiaron en este sistema de servicio educativo.
En lo que se
refiere al telebachillerato, éste constituye un modelo educativo encaminado a tres
aspectos fundamentales: la atención a las necesidades educativas en comunidades
marginadas, generalmente en regiones indígenas; el ofrecimiento de una modalidad
educativa audiovisual de calidad y la formación de educandos competentes para acceder a
la educación superior, esta modalidad además tiene la función de ser formativa y de
preparación para el trabajo.
Asimismo, el
modelo curricular de este modelo de bachillerato se caracteriza por ser flexible porque
aprovecha los medios electrónicos de comunicación y la infraestructura para abordar
aspectos básicos de la cultura y conocimientos específicos en los distintos campos del
saber y porque facilita el intercambio de experiencias entre los alumnos y los asesores.
Por otro lado,
el bachillerato tecnológico representa una modalidad de carácter bivalente de la
educación media superior, la cual al mismo tiempo que propicia la incorporación de sus
egresados a la actividad productiva como técnicos profesionales, los prepara para la
continuación de estudios de nivel tipo superior.
En Acción
Nacional estamos convencidos que el nivel medio superior constituye un espacio educativo
muy valioso para la adopción de los valores y el desarrollo de las actitudes para la vida
en la sociedad.
Es indudable que
este nivel educativo desempeña un papel relevante en el desarrollo de cualquier nación
como promotor de la participación creativa de las nuevas generaciones en la economía y
en el trabajo, en la sociedad, en los ámbitos de la familia, la vida comunitaria y la
participación ciudadana.
Es necesario
tener presente cómo se reconoce el Programa Nacional de Educación 2001-2006 que aunque
en nuestro país el sistema de educación media superior ha registrado avances notables en
las últimas décadas, sobre todo en relación con el crecimiento de la matrícula,
todavía está lejos de alcanzar la fortaleza necesaria para desplegar todas sus
potencialidades.
En el ámbito
nacional se manifiestan diferencias entre las entidades federativas en el acceso a la
educación media superior y por otro lado, entre las causas de la baja eficiencia terminal
sobre la deficiente orientación vocacional de los estudiantes, la rigidez de los
programas educativos, así como la interrupción de los estudios por motivos económicos.
En términos
generales, el curriculum se encuentra desfasado
en relación con las demandas y necesidades de los jóvenes de los sectores productivos y
de una sociedad en constante transformación.
En este
contexto, los problemas que se identifican como asignatura pendiente en la educación
media superior, son: el acceso, la cobertura, la calidad y gestión y la coordinación del
sistema. Dichas deficiencias se acentúan más en la educación media superior a distancia
en su modalidad de telebachillerato, de ahí la importancia de que la infraestructura de
las telesecundarias sea aprovechada para los telebachilleratos, compartiendo así tiempos
y responsabilidades, lo cual permitiría a los estudiantes que viven en comu- nidades
pequeñas, que no cuentan con otras opciones educativas, que puedan continuar con sus
estudios en la misma entidad.
Por ello debemos
buscar que los servicios educativos del telebachillerato se amplíen de manera importante
y promover acciones encaminadas a que los estudiantes de esta modalidad de bachillerato,
egresen con capacidades, actitudes y valores y con los conocimientos básicos, humanistas,
técnicos y científicos necesarios para enfrentar en mejores condiciones los retos de la
vida en sociedad, de la ciudadanía responsable, de la inserción en el mundo laboral y de
su eventual ingreso a la educación superior.
Por lo
anteriormente expuesto y con fundamento en la fracción III de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la
consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Que la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión exhorte a las entidades federal y locales para que realicen las
acciones necesarias, con objeto de que la infraestructura de las telesecundarias sea
utilizada también para los telebachilleratos.
Por su
atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Gracias, señor
diputado.
Túrnese a la Comisión de Educación
Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.
CONFLICTO
BELICO EN IRAK
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Con punto de
acuerdo para exhortar al ciudadano Francisco Gil Díaz, Secretario de Hacienda y Crédito
Público, a que comparezca antes las comisiones de Hacienda y Crédito Público de ambas
cámaras reunidas en conferencia, para que explique al Poder Legislativo las medidas
hacendarias de política económica y presupuestarias que el Gobierno Federal ha previsto
para evitar perturbaciones en la vida económica del país, en caso del estallamiento del
conflicto bélico en Irak.
Tiene la palabra
el senador Marcos Carlos Cruz Martínez.
El senador Marcos Carlos Cruz
Martínez:
Gracias, señor
Presidente; compañeros legisladores:
Desde que se
intensificó la presión norteamericana sobre la región del golfo Pérsico, los precios
internacionales del petróleo han sido inestables. Esto debido a que en esa conflictiva
región se asientan las mayores reservas energéticas del mundo. La economía mundial
depende en gran medida de los energéticos que de esa zona se extraen. Tan sólo Estados
Unidos depende actualmente del crudo para cubrir el 40% de sus requerimientos
energéticos. Para esto recibe alrededor del 53% de sus requisitos energéticos de fuentes
extranjeras y para el año 2020 se prevé que esa cifra se elevará al 62%. En términos
prácticos esto significa elevar el consumo de petróleo importado en un 50%, de 24.4 a
37.1 millones de barriles por día. Sin estas importaciones adicionales, al imperio le
resultará imposible sostener su expansión económica y su inmensa industria militar.
El gobierno de
George Bush ha caracterizado explícitamente esta dependencia como una amenaza a la
seguridad nacional. Si seguimos en el curso actual, advierte, en su programa nacional de
energía, de aquí a 20 años Estados Unidos importará casi dos de cada tres barriles de
petróleo. Mientras occidente dependa más de fuentes extranjeras, más tendrá que
recurrir al golfo Pérsico, pues la mayor parte del crudo no explotado del mundo, al menos
dos terceras partes se localiza en esta área.
Abastecedores
como Rusia, Venezuela, México, los estados del mar Caspio y Africa, cuentan con mucho
menos crudo y se lo están acabando con rapidez. Así, mientras más se mira hacia el
futuro, más es la dependencia que tienen las economías occidentales del golfo Pérsico.
Esta circunstancia hace que cualquier factor que estabilice a esa región, produce un
impacto inmediato en los precios del petróleo.
México es
actualmente un importante productor de crudo. Pemex, es la sexta productora mundial y
principal generadora de ingresos del fisco y para el presente año prevé producir 3.5
millones de barriles diarios, 11% más que en el 2002, de los cuales, 1.9 millones serán
para exportación. El año pasado exportó un promedio de 1.4 millones de barriles diarios
de crudo sólo a Estados Unidos.
Los últimos
acontecimientos de la política mundial han puesto bajo amenaza de conflagración a la
zona del golfo Pérsico, por lo que los precios de las mezclas de crudo mexicano se han
mantenido durante el presente año por encima de los 18.35 dólares que se previó en los
criterios generales de política económica.
La Secretaría
de Hacienda ha hecho público el anuncio que el Gobierno mexicano espera tener recursos
adicionales por más de 60 mil millones de pesos a causa del repunto en el precio del
petróleo. Estos ingresos extraordinarios permitirán compensar la caída de la
recaudación tributaria, impulsar el crecimiento económico e impedir un recorte en el
gasto social.
Además, el
Presupuesto de Egresos de la Federación contempla que cuando se obtengan ingresos
extraordinarios a los previstos, el 25% deberá destinarse al pago de la deuda; otro 25%
deberá ir al Fondo de Estabilización Petrolero y el 50% restante deberá invertirse en
infraestructura en las entidades federativas.
Sin embargo, la
Secretaría de Hacienda en lugar de aplicar estos excedentes, como lo señala la ley, ha
estado condicionando los ingresos extraordinarios a las entidades federativas a cambio de
obtener apoyo político por parte de los gobernadores para un eventual voto del Gobierno
Federal a favor de la postura de guerra que promueve Estados Unidos en el Consejo de
Seguridad de la ONU.
Ante esta sucia
maniobra del Gobierno Federal, la respuesta de la Asociación Nacional de Gobernadores,
Anago, ha exhortado al Gobierno Federal para que asuma un fiel desempeño de la
Constitución en materia de política exterior y le exigió que no espere más y
distribuya cuanto antes a las entidades federativas los ingresos fiscales extraordinarios
obtenidos por el sobreprecio del petróleo.
Las cuentas
alegres que ha hecho la Secretaría de Hacienda en relación a los ingresos
extraordinarios fiscales, tienen un enfoque de corto plazo y obedecen a desatar la codicia
de ciertos grupos de interés nacional para crear un ambiente de aceptación entre la
sociedad mexicana y que al final se vea como un buen negocio para México el hecho de que
Estados Unidos invada militarmente a Irak.
No debemos
olvidar que en el escenario que contempla una solución militar de decisión rápida, los
analistas han previsto que una guerra corta contra Irak le facilitaría a la
administración de George Bush, lograr su objetivo de rebajar en un tercera parte el
precio del petróleo y así ubicarlo alrededor de los 15 dólares por barril.
Es por esto que
las decisiones de nuestro país deberán tomarse con la más amplia visión y con el más
estricto apego a los intereses estratégicos de nuestra nación.
Por las
anteriores consideraciones y con fundamento en lo que disponen los artículos 98 de la Ley
Orgánica y los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito proponer a este honorable pleno el
siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. La Comisión Permanente del Congreso de la
Unión hace un exhorto al ciudadano Francisco Gil Díaz, Secretario de Hacienda, para que
comparezca ante las comisiones de Hacienda y Crédito Público de ambas cámaras reunidas
en conferencia, para que explique al Poder Legislativo las medidas hacendarias de
política económica y presupuestaria que el Gobierno Federal ha previsto para evitar
perturbaciones en la vida económica del país, en el caso de estallamiento del conflicto
bélico en Irak.
Por su
atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Gracias, señor
senador.
Túrnese a las comisiones de Hacienda
y Crédito Público de las cámaras de Diputados y de Senadores.
ESTADO
DE COAHUILA
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Tiene la palabra
el diputado Victor Antonio García Dávila, para presentar un punto de acuerdo en
relación con el daño ecológico de la empresa minera carbonífera Río Escondido en
Piedras Negras, Coahuila.
El diputado Víctor Antonio García
Dávila:
Antes quisiera
solicitarle, señor Presidente, ante mi ausencia anterior, precisamente por los documentos
del punto de acuerdo anterior, si se me fuera posible a la Asamblea leer los dos puntos
que traía contemplado.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Está
contemplado, señor diputado, el punto en donde no estuvo usted presente, ponerlo al final
de la relación, pero no sé si hubiera algún inconveniente; seguramente usted de-
sahogará los dos en 10 minutos.
El diputado Víctor Antonio García
Dávila:
Sí, sí, en
menos.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Adelante, señor
diputado.
El diputado Víctor Antonio García
Dávila:
Gracias. Con el
permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:
Acudimos a esta
tribuna para referirnos a un problema que está cobrando cada vez mayor importancia y
gravedad. Nos referimos al grave daño ecológico que la Empresa Minera Carbonífera Río
Escondido Micare, está ocasionando en el municipio de Piedras Negras, Coahuila.
ANTECEDENTES
Desde hace
años, la empresa Micare dio a conocer su intención de explotar un yacimiento de carbón
ubicado en el municipio de Piedras Negras, Coahuila, colindante con los límites de la
zona urbana. Desde siempre, los vecinos de la localidad cercana se opusieron a la
instalación de dicha mina, por los enormes daños ecológicos que implica dicha
explotación al contaminar los mantos acuíferos, afectar la salud de los habitantes y el
medio ambiente en general.
La población de
esta zona fronteriza no quitará el dedo del renglón y mantendrá el rechazo unánime a
dicha planta, porque a lo ya mencionado, se afectará también el crecimiento urbano de la
ciudad de Piedras Negras y se pondrá en riesgo el suministro de agua potable proveniente
del río Bravo.
No obstante
todos esos daños que hemos mencionado, en agosto de 2002, la Semarnat emitió su dictamen
en sentido favorable para la empresa Micare, con lo que dio inicio la explotación del
yacimiento carbonífero en el predio denominado “las sacatotas” por el método
de mina, cielo abierto o tajo. No obstante que las autoridades municipales de Piedras
Negras y el gobierno estatal conocen perfectamente las consecuencias negativas de la
puesta en marcha de la mina, autorizaron el cambio de uso del suelo en más de 700
hectáreas situadas en una zona en la que están asentadas industria maquiladoras,
escuelas y áreas habitacionales.
Los efectos
perniciosos de la empresa Micare, además, se han extendido a los municipios que colindan
con dicho complejo industrial al utilizar sus mantos freáticos, con los que se pone en
riesgo el vital líquido.
Por todo lo
antes señalado, demandamos que el Congreso del estado intervenga y tome las medidas
necesarias para detener este crimen brutal en contra de la población y de su entorno
natural. Demandamos a la administración municipal y al Gobierno del estado para que
cumpla con la obligación de proteger a la población afectada y por supuesto, conminamos
a que la Semarnat reconsidere de manera seria y responsable el dictamen emitido.
Por las
consideraciones expuestas y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su
consideración el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Para que esta Comisión Permanente demande
al titular de la Semarnat se revise y rectifique el dictamen emitido por esa dependencia
en el mes de agosto de 2002, con base en los elementos que hemos vertido en el presente
punto de acuerdo y con ello se ajuste la operación de la empresa Micare o en su caso se
clausure si persisten los daños a la población y a la ecología de la región.
Dado en el
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2003.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Túrnese a la Comisión de Medio
Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.
ESTADO
DE VERACRUZ
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Para presentar
otro punto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Víctor Antonio García Dávila. El
punto de acuerdo relacionado con los trabajadores despedidos del Programa Nacional con
Jornaleros Agrícolas de la Secretaría de De-sarrollo Social.
El diputado Víctor Antonio García
Dávila:
Con el permiso
de la Presidencia:
El grupo
parlamentario del Partido del Trabajo, acude a esta tribuna con objeto de exponer la
problemática por la que pasan los hoy ex trabajadores del Programa de Jornaleros
Agrícolas de la Secretaría de Desarrollo Social en el estado de Veracruz.
Los hechos son
los siguientes: con fecha 12 de diciembre de 2002 trabajadores del mencionado programa
interpusieron una demanda ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, bajo el
amparo del artículo 123 de nuestra Constitución y de la Ley Federal del Trabajo,
solicitaron su reconocimiento como trabajadores de la Sedesol, así como de todos los
derechos otorgados por la legislación vigente.
Por ese motivo,
el 9 de abril de 2002 el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, citó a los
demandantes a fin de realizar la audiencia confesional en la ciudad de Jalapa, Veracruz,
reunión a la cual asistieron los 58 trabajadores.
Como resultado
de lo anterior la Sedesol a través del licenciado Pérez San Luis, de las oficinas
centrales en el Distrito Federal y el representante del Programa de Jornaleros Agrícolas
de Veracruz, Ramón Zamudio Navarrete, les notificaron: que a partir de esa fecha, estaban
despedidos, sin que mediara otra justificación más que el haber asistido a la audiencia
confesional.
Además, se les
notificó que quien quisiera continuar laborando podría hacerlo previa renuncia a todo
derecho que como trabajadores otorgan las leyes mexicanas. Pero sobre todo, de desistir en
la demanda interpuesta en contra de la Sedesol. Obviamente, las amenazas surtieron efecto
provocando que algunos trabajadores asumieran las demandas de las autoridades de la
Secretaría.
A la fecha
continúan en la lucha 31 personas, la mayoría de ellas trabajadoras que son jefas de
familia que en la actualidad se encuentran desempleadas.
Como respuesta
de los 31 trabajadores que siguen en lucha, el 11 de julio de 2002 presentaron una segunda
demanda ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, misma que a la fecha no han tenido
respuesta. La situación por la que pasan miles de trabajadores al servicio del Estado en
distintas dependencias del Ejecutivo Federal o estatal es muy incierta, debido a que
tienen que aceptar laborar al margen de la ley, sin las prestaciones a que tienen derecho.
Como ejemplo de
conflictos laborales en las distintas dependencias gubernamentales, tenemos el caso del
INEGI, la Secretaría de Salud, Agricultura, Ganadería, Pesca, De-sarrollo Rural, Reforma
Agraria y del propio Congreso de la Unión.
Es importante
mencionar que hasta ahora las autoridades responsables de emitir resoluciones de carácter
laboral, actúan con mucha tardanza. No sabemos si lo hacen premeditadamente para provocar
que los demandantes desistan de sus peticiones o simplemente abandonen su lucha por falta
de apoyo en los tribunales.
Por las
consideraciones expuestas el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento
en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, somete al pleno de esta Comisión Permanente, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Que esta Comisión Permanente exija al
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, la pronta solución a la demanda antes
mencionada y que además el resolutivo esté apegado a derecho.
Palacio
Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2003.
Muchas gracias.
«Con el permiso
de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:
El grupo
parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna con objeto de exponer la
problemática por la que pasan los hoy ex trabajadores del Programa de Jornaleros
Agrícolas de la Secretaría de Desarrollo Social en el estado de Veracruz.
Los hechos son
los siguientes:
Con fecha 12 de
diciembre de 2000, trabajadores del mencionado programa interpusieron una demanda ante el
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con la que, bajo el amparo del artículo
123 de nuestra Constitución y de la Ley Federal del Trabajo, solicitaron su
reconocimiento como trabajadores de la Sedesol, así como de todos los derechos otorgados
por la legislación vigente.
Por ese motivo
el 9 de abril de 2002 el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje citó a los
demandantes a fin de realizar la audiencia confesional en la ciudad de Jalapa, Veracruz,
reunión a la cual asistieron los 58 trabajadores.
Como resultado
de lo anterior, la Sedesol, a través del licenciado Pérez San Luis, de las oficinas
centrales en el Distrito Federal, y el representante del Programa de Jornaleros Agrícolas
en Veracruz, el MVZ Ramón Zamudio Navarrete, les notificaron que a partir de esa fecha
estaban despedidos sin que mediara otra justificación más que el haber asistido a la
audiencia confesional.
Además, se les
notificó que quien quisiera continuar laborando podría hacerlo, previa renuncia a todo
derecho que como trabajadores otorgan las leyes mexicanas, pero sobre todo de desistir en
la demanda interpuesta en contra de la Sedesol.
Obviamente, las
amenazas surtieron efecto provocando que algunos trabajadores asumieran las demandas de
las autoridades de la Secretaría; a la fecha continúan en la lucha 31 personas, la
mayoría de ellas trabajadoras que son jefas de familia, que en la actualidad se
encuentran desempleadas.
Como respuesta
de los 31 trabajadores que siguen en lucha, el 11 de julio de 2002 presentaron una segunda
demanda ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, de la cual a la fecha no han tenido
respuesta.
La situación
por la que pasan miles de trabajadores al servicio del Estado, en distintas dependencias
del Ejecutivo Federal o estatal es muy incierta, debido a que tienen que aceptar laborar
al margen de la Ley, sin las prestaciones a que se tienen derecho; trabajar bajo amenazas
permanentes ya que no se tiene definitividad en las plazas; con horarios fuera de la ley y
sobre todo, que pueden ser despedidos en el momento en que los jefes así lo decidan.
En el caso
concreto del Programa de Jornaleros Agrícolas, hasta diciembre de 2002 se encontraban
laborando 839 personas a nivel nacional, contratados bajo la modalidad de honorarios.
Resulta
importante destacar que es inconcebible que en el propio gobierno se contrate a su
personal de todos niveles en condiciones fuera de la ley. Cuando las mismas autoridades
deberían de dar el ejemplo en lo tocante al respeto al trabajo de las personas, pero
sobre todo al respeto a la legislación.
Como ejemplos de
conflictos laborales en las distintas dependencias gubernamentales tenemos el caso del
INEGI, las secretarías de Salud; de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; de
Reforma Agraria, y del propio Congreso de la Unión.
Es importante
mencionar que hasta ahora las autoridades responsables de emitir resoluciones de carácter
laboral, actúan con mucha tardanza. No sabemos si lo hacen premeditadamente para provocar
que los demandantes desistan de sus peticiones o simplemente abandonen su lucha por falta
del apoyo de los tribunales.
Por las
consideraciones expuestas, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento
en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, somete al Pleno de esta honorable Comisión Permanente el
siguiente
Punto de Acuerdo
Artículo Unico. Que esta H. Comisión Permanente
exija al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje la pronta solución a la demanda
antes mencionada, y que además el resolutivo esté apegado a derecho.
Dado en el
Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 5 de marzo de 2003.— Por el grupo
parlamentario del Partido del Trabajo, Dip. Víctor
Antonio García Dávila (rúbrica).»
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Gracias, señor
diputado.
Túrnese a la Comisión de Trabajo y
Previsión Social de la Cámara de Diputados.
CONFLICTO
EN IRAK
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Para presentar
un punto de acuerdo sobre la Defensa del Estado de Derecho, tiene la palabra el senador
César Camacho Quiroz, del Partido Revolucionario Institucional.
El senador César Camacho Quiroz:
Gracias, señor
Presidente; compañeras, compañeros legisladores:
La comunidad
internacional vive hoy una crisis sin precedente en la que una inminente guerra, nacida de
la arbitrariedad y la intransigencia amenaza con desarticular equilibrios precarios y
abrir escenarios riesgosos para la estabilidad global.
Los principios
que norman nuestra política exterior son claros y se apegan a una sólida tradición
diplomática con la que el país ha sabido reconocer y afrontar los desafíos que plantea
un orden mundial en continuo cambio.
La solución
pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en
las relaciones internacionales, la lucha por la paz y la seguridad internacionales son,
entre otros, preceptos que es imposible soslayar pues se sustentan en el derecho y en la
razón.
La posición de
México en el caso de Irak no puede prestarse a ambigüedades ni oscilaciones. Nuestra
participación en el Consejo de Seguridad debe darnos la oportunidad de incidir en la
configuración del panorama mundial. Nuestra presencia temporal en el órgano decisorio de
la comunidad de naciones, garante por excelencia de la paz y la seguridad mundiales, nos
compromete con un papel más firme y claro a favor del desarme pacífico de Irak.
Esto implica que
cada quien haga la parte que le toca. No es conveniente ni moralmente legítimo que los
países miembros permanentes del Consejo de Seguridad pretendan trasladar sus
responsabilidades a los miembros temporales ni que se propongan, al no ejercer su veto,
hacer recaer el peso de las decisiones en la votación de los otros.
A todos
corresponde hallar una solución basada en el derecho y la funcionalidad del andamiaje
institucional internacional.
El Senado de la
República ha sostenido repetidamente que el único mecanismo legítimo para garantizar la
paz y seguridad internacionales es el que provenga del esfuerzo multilateral que se logre
en el Consejo de Seguridad y sobre todo que dé prioridad a toda alternativa que evite la
guerra.
Tenemos claro
que el desarme efectivo y pacífico de Irak es urgente. El gobierno de ese país está
emplazado a cumplir las disposiciones que al respecto ha emitido el Consejo de Seguridad y
debe apercibirse que el incumplimiento de las mismas es inaceptable.
Sin embargo,
nada autoriza a que México haga suyas o avale las acciones punitivas que, lejos de ser
instrumentos viables para la convivencia entre países, lesionan grave e irreversiblemente
su coexistencia.
No es válido
recurrir a la opción militar cuando las inspecciones han acreditado ser útiles para
verificar el desarme de un país. Por el contrario, debe concederse el tiempo necesario a
los inspectores de Naciones Unidas para que continúen una labor que, como prueba la aún
incipiente pero esperanzadora destrucción de misiles, apenas comienza y requiere del
apoyo de todos para alcanzar los resultados deseados.
La guerra
representa la derrota de la diplomacia. Mientras haya voluntad política y se recurra al
derecho internacional con el fin de evitar la irreparable pérdida de vidas humanas, la
desestabilización regional y las incontables calamidades que la guerra acarrea a la
población civil, sobre todo en un país pobre, darle oportunidad a la paz será una
exigencia moral y una demostración de civilidad.
Exaltar la vía
militar como la única forma de obtener el desarme irakí no sólo es una falacia, es
también una ofensa histórica para el mundo.
El Senado de la
República rechaza vigorosamente cualquier argumento o medida de presión, provenga de
donde sea, que se encamine a convencernos o a intimidarnos para no ver en la negociación
el instrumento más adecuado para resolver el conflicto.
El único
imperio al que México debe disciplina, es al del derecho, el que emana de nuestra
Constitución y el de la Carta de las Naciones Unidas.
Independientemente
de nuestras diferencias políticas domésticas, en este grave y delicado asunto, el Poder
Ejecutivo y el Poder Legislativo, debemos estar juntos.
Por todas las
consideraciones anteriores, sometemos a esta soberanía el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. En tanto el conflicto de Irak no entre en
el supuesto del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, México debe mantener su
posición por un desarme pacífico y supervisado. Es decir, de acuerdo con el artículo 42
de dicha carta, antes de que el Consejo de Seguridad ejerza la acción militar que
considere necesaria para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales, es
necesario agotar todas las medidas que el referido capítulo contempla.
El Senado de la
República exhorta al Ejecutivo de la Unión para que en ejercicio de la facultad
consignada en el artículo 89 fracción X de la Constitución Federal, reafirme la postura
que ya fue asumida por nuestra representación en el Consejo de Seguridad y se ajusta a la
resolución 1441 cuyos términos y condiciones para dicho desarme siguen vigentes.
Cualquier otro
proyecto de resolución que sea presentado a ese Consejo, será considerado en sus
méritos por el Gobierno de México, tomando en cuenta el marco legal señalado.
Gracias,
compañeros legisladores.
Le ruego, señor
Presidente, poner a consideración de la Asamblea la posibilidad de que el asunto sea de
urgente y obvia resolución.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Gracias, señor
senador.
Señora
Secretaria, por favor.
La Secretaria senadora Yolanda Eugenia
González Hernández:
Por
instrucciones de la Presidencia se consulta a las señoras y a los señores legisladores,
si el anterior asunto se considera de urgente y obvia resolución y se pone a discusión
de inmediato.
Las señoras y
señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén
por la negativa... Sí se considera de urgente y obvia resolución, señor Presidente.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Se considera de
urgente y obvia resolución.
En consecuencia
está a discusión la proposición y se abre el registro de oradores.
Tiene la palabra
el senador Vicencio.
El senador Felipe de Jesús Vicencio Alvarez:
Con el permiso
de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:
Los momentos que
se viven en el entorno internacional, los tiempos que corren, nos exigen actuar con
responsabilidad y como se ha señalado aquí, también obligan al Poder Legislativo a
asumir una posición conforme con los lineamientos de nuestra política exterior, tal como
se encuentran delineados en nuestra Carta Fundamental, y respaldar al Ejecutivo de la
Unión en la medida en que el desempeño de la chancillería en efecto ratifica en los
hechos, esos principios y esos lineamientos constitucionales.
Acción Nacional
considera que es precisamente con fundamento en esta consistencia de la representación
mexicana en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que hay que reforzar
justamente los valores que le dan orientación a la política exterior del país. Porque,
en efecto, el Gobierno de México lo ha manifestado desde que se discutió la resolución
1441. “Nosotros estamos —se dijo en aquél momento— por una solución que
implique el desarme de Irak, pero al mismo tiempo una solución que no lleve adelante la
guerra”.
Estamos hablando
de reivindicar a los órganos internacionales de que dispone hoy por hoy la comunidad
internacional. Podríamos discutir si estos órganos internacionales requieren
renovación, si requieren ajuste; pero lo que no podemos discutir es que son los únicos
instrumentos con los que contamos actualmente para dirimir las diferencias entre las
naciones. Y por ello hay que reforzar las soluciones multilaterales en el marco de las
Naciones Unidas.
Por ello nos
pronunciamos en contra de la guerra y en contra del armamentismo. En contra del
armamentismo, porque representa una amenaza a la paz; pero por la misma razón en contra
de la guerra, en la medida en que es la negación misma de la condición de paz.
Reivindiquemos a
la Organización de las Naciones Unidas y apostemos a que las soluciones multilaterales,
en el marco de las disposiciones de nuestra Constitución y de la propia Carta de las
Naciones Unidas, abrirán la ruta de la solución en este momento que atraviesa la
comunidad internacional.
¡Acción
Nacional respalda a su Gobierno en estos términos!
Muchas gracias.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Tiene la palabra
el senador Marcos Carlos Cruz, del Partido de la Revolución Democrática.
El senador Marcos Carlos Cruz Martínez:
Este viernes 7
de marzo del presente año Hans Blix, Jefe de Inspectores de las Naciones Unidas, rendirá
su informe ante el Consejo de Seguridad acerca del armamento iraquí, en cumplimiento a la
resolución 1441 emitida por el propio consejo. Todo indica que este informe confirmará
lo que es del dominio de la opinión pública internacional: que en Irak no existen armas
que conviertan a este país en una amenaza para la seguridad mundial.
Sin embargo,
desde el pasado 24 de febrero las diplomacias de Estados Unidos, Gran Bretaña, España,
promueven en el Consejo de Seguridad una nueva resolución, la cual contiene un ultimátum
y la legitimación del uso de la fuerza en contra de Irak y la cual podría ser votada una
vez que conozca el reporte de los inspectores.
Frente a este
hecho la opinión pública mundial ha manifestado su rechazo categórico a la guerra y a
favor de que la ONU encuentre la vía pacífica para resolver esta crisis. El voto de
México será fundamental y junto con Chile y otros países africanos podrán definir si
avalan los planes militares de George Bush y su equipo de halcones.
Es por ello que
las presiones de espionaje, el chantaje y las amenazas se han implementado sobre nuestro
país para lograr que México se alinee con la propuesta de guerra de Estados Unidos. Las
diversas encuestas revelan que el 87% de los mexicanos rechazan el uso de la fuerza como
forma de resolver las controversias entre las naciones.
Según el Plan
de Contingencia Humanitaria para Irak y Países Vecinos, elaborado por la ONU, más de 10
millones de iraquíes resultarían muertos, heridos o desplazados por la guerra de
agresión de Estados Unidos. Esto generaría una catástrofe humanitaria con tintes
apocalípticos, que dejaría a 1 millón 200 mil niños muertos, que representan el 30% de
la población infantil de Irak.
Por estas
razones los líderes religiosos y humanitarios del mundo, destacando al Papa Juan Pablo
II, han aportado su activismo a favor de la paz, para evitar el ataque militar en contra
del pueblo iraquí.
Pero desde
Washington se ha trazado un plan militar que incluye 300 mil soldados y cientos de aviones
de guerra que lanzarán miles de toneladas de explosivos sobre Irak. Tan sólo en las
primeras 48 horas de ataque, las fuerzas de agresión lanzarán más de 3 mil misiles
crucero teledirigidos.
Los funcionarios
del Pentágono hablan abiertamente de destrucción sistemática y de ocupación prolongada
y se ufanan que en seis días podrían definir su victoria sobre el ejército iraquí.
Los arquitectos
de la muerte han planeado el genocidio con el más mínimo detalle táctico y sus
economistas han determinado los costos de los movimientos de sus tropas, han calculado el
impacto de la guerra en su presupuesto nacional, han anticipado los costos de la
ocupación, han estimado las fluctuaciones del precio del petróleo, pero sobre todo han
estimado las futuras ganancias del botín de guerra.
Para el general
retirado y máximo estratega ruso, Vladimir Splichenko, Estados Unidos ocupará Irak
durante tres años; en este tiempo las empresas norteamericanas se beneficiarán con los
contratos para la reconstrucción, elevarán la producción petrolera iraquí a 5 millones
de barriles diarios, por lo que el precio del crudo se ubicará entre los 12 y 15 dólares
por barril. Pero además, esta guerra tendrá un carácter experimental para validar
novedosos modelos de armamentos que sólo siendo probados bajo condiciones de guerra real,
pueden acceder a los más jugosos contratos del Pentágono.
Los mexicanos
hemos visto con preocupación cómo la postura del Presidente Fox en torno a la crisis
iraquí se ha ido tornando más proclive a la posición norteamericana. Desde aquel
discurso valiente y digno que el Presidente dirigió el año pasado a la Asamblea Nacional
Francesa y luego la postura firme anterior a la visita del presidente Aznar, en donde él
comentó a los medios de comunicación que la postura de México en la ONU sería una
posición de Estado, que reflejaría la opinión de todos los actores nacionales.
Las actuales
expresiones presidenciales en torno al tema, reflejan una diferencia abismal. Baste
recordar el pronunciamiento que hiciera el 28 de febrero en Tapachula, Chiapas, en donde
rectificó y previó que la postura de su Gobierno en el Consejo de Seguridad puede
cambiar o la expresión: “Que los mexicanos no tenemos de qué preocuparnos, ya que
México no saldría afectado”.
Todo esto hace
suponer que posiblemente el Presidente pueda tomar la decisión de apoyar a Estados Unidos
y que ha empezado a preparar a la opinión pública nacional para que acepte un cambio en
su postura en el Consejo de Seguridad. No sería la primera vez que el Presidente Fox se
desdiga y cambie de opinión, pero esta vez el costo político es un costo político que
se pagará este próximo 6 de julio.
Si el Presidente
Fox apoya a Estados Unidos, estaría avalando el holocausto iraquí que la ONU ha
previsto, lo que es contrario a los principios católicos que ha reiterado el Presidente;
estaría violentando los principios constitucionales que rigen nuestra política exterior
y el país seguiría perdiendo prestigio y liderazgo regional en América Latina.
Por eso
nosotros, compañeras y compañeros senadores, los llamamos a una reflexión. ¿Valdría
la pena que México apoyara la guerra sólo por el interés mezquino de obtener algunos
pesos a costa de la vida de millones de iraquíes? ¿Valdría la pena ser serviles a
Washington a expensas de colaborar en la debacle de las Naciones Unidas la cual ha sido
hasta hoy Parlamento entre naciones, foro mundial de libertades y esperanza de
advenimientos y concordias? ¿Sería ético que contribuyéramos a generar un profundo
dolor en miles de familias mexicanas cuyos hijos están en el frente de batalla y que
pudieran regresar en ataúdes?
Por las
anteriores consideraciones y reflexiones nos sumamos al punto de acuerdo que ha propuesto
aquí nuestro colega el senador del PRI, senador Camacho.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Gracias, señor
senador.
Consulte la
Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
¿Sí, diputado
León Morales? Adelante, tiene el uso de la palabra el diputado León Morales, del PRD.
El diputado Ramón León Morales:
Desde el día de
ayer yo planteé la posibilidad de que pudiera sacar un punto de urgente y obvia
resolución, estoy sorprendido de que me hayan dicho que no era posible, el argumento
fundamental que me dio el Partido Acción Nacional que ya existían cuatro distintas y que
se analizarían las cuatro.
Entonces hay una
sorpresa de que finalmente sin que noso-tros nos enteráramos venía ya un acuerdo para
sacar una resolución de ésta, de urgente y obvia resolución.
La postura
nuestra es en el sentido, ya aquí se ha planteado, es en el sentido de un voto
contundente a favor de la paz, la postura de México no puede tener condicionante alguna,
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 89 fracción X es
contundente y nadie, nadie, ningún mexicano y mucho menos el Presidente de la República
, y mucho menos nuestro representante ante el consejo general podrá actuar por encima de
la Constitución.
Es un no rotundo
a la guerra y el voto tendrá que ser contundente, insisto, a favor de la paz, sin
condicionamiento alguno. A mí me preocupa, a mí me preocupa, quiero decirlo, que a
nuestra proposición de punto de acuerdo se ponga una condicionante. Nuestra postura debe
ser, bajo ninguna condición, avalaremos la guerra, ésa debe ser la postura de México.
Mucho menos en momento en que según el informe que tenemos de los Inspectores de la ONU
en Irak, Irak está dando muestras de buena voluntad para desarmarse.
Aquí me planteo
yo en las posturas, ¿cuándo vamos a tratar aquí el desarme en Estados Unidos? Yo creo
que también deberíamos plantearlo aquí, ¿cuándo sobre el desarme de Israel? Porque es
muy fácil plantear que Irak es una amenaza cuando realmente quien está atacando, es como
aquel que dice: al ladrón, al ladrón, y resulta que es el verdadero ladrón.
Entonces a mí
sí me preocupa esta cuestión, no debemos condicionar la paz, el voto a favor de la paz a
condición del desarme de Irak, lo que sí debemos exigir lo exigimos, es a Irak que de
buena voluntad se desarme pero de ninguna manera condicionando ese voto, de ninguna manera
buscando pretextos para que México en algún momento diga: sí a la guerra porque no se
cumplió alguna condicionante que nosotros ya lo estamos planteando de esta manera.
Votaremos a
favor de este punto de acuerdo, pero sí decimos: ¡Alerta, Alerta!, no dejemos ningún
resquicio porque no lo tiene constitucionalmente el Presidente, porque no lo quiere
constitucionalmente el Representante ante el Consejo General de la ONU, bajo esta premisa
decimos , no hay resquicio constitucional en México para votar a favor de la guerra,
aprobaremos, es decir, votaremos a favor de este punto de acuerdo, pero para el PRD queda
muy claro, que nuestro voto a favor de la paz debe ser contundente y no dejar resquicio
alguno para que en un futuro próximo o lejano alguien tenga un pretexto para avalar la
guerra. ¡No rotundo a la guerra!
Gracias, señor
Presidente.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Gracias, señor
diputado.
Consulte la
Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
La Secretaria senadora Yolanda Eugenia
González Hernández:
Se consulta a
las señoras y señores legisladores si el anterior asunto se encuentra suficientemente
discutido.
Quienes estén
por la afirmativa, les rogamos manifestarlo...
Quienes estén
por la negativa...
El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo:
Suficientemente
discutido.
La Secretaria senadora Yolanda Eugenia
González Hernández:
Se consulta al
honorable pleno si es de aprobarse el anterior punto de acuerdo.
Quienes estén
por la afirmativa, les rogamos manifestarlo...
Quienes estén
por la negativa... Aprobado. Comuníquese.
COMPAÑIA
HULERA EUZKADI
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Con punto de
acuerdo sobre el conflicto laboral en Euzkadi, tiene la palabra el diputado Ramón León
Morales.
El diputado Ramón León Morales:
Gracias, señor
Presidente:
El 16 de
diciembre de 2001, los trabajadores del último turno de la Compañía Hulera Euzkadi,
ubicada en El Salto, Jalisco, se encontraron con un comunicado donde se anunciaba la
determinación empresarial de dar por terminadas sus operaciones en el país y poniendo a
disposición de los operarios su liquidación.
El cierre se
efectuó sin cumplir lo estipulado en los artículos 434 y 435 de la Ley Federal del
Trabajo que obliga a las empresas a dar aviso de la terminación de las relaciones
laborales a la Junta de Conciliación y Arbitraje para su aprobación o desaprobación. Al
no cumplirse este procedimiento y obrar de forma arbitraria y unilateral, este cierre es a
todas luces ilegal y así permanece hasta el día de hoy.
Ante el cierre,
los trabajadores agremiados al independiente Sindicato Nacional Revolucionario de
Trabajadores de Euzkadi, fundado en 1935, deciden dar la lucha por reabrir su centro de
trabajo, rechazar las indemnizaciones ofrecidas y emplazar a huelga por la violación del
contrato o ley que rige la industria del hule dado que el cierre de la empresa suspendió
todas las obligaciones contractuales del patrón.
Cumplidos los
requisitos legales, la huelga estalla el 22 de enero de 2002, la empresa sin ningún
fundamento legal solicitó la improcedencia del movimiento; sin embargo al cumplir los
trabajadores con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, la huelga es considerada
existente para todos los efectos legales en los términos del artículo 929 de la ley.
No obstante, el
22 de marzo del año pasado, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje emitió una
resolución considerando inviable jurídicamente el emplazamiento a huelga promovido por
el Sindicato de Euzkadi, argumentando, escúchese bien, la improcedencia de la huelga ya
que la empresa estaba cerrada al estallar la misma.
El principal
obstáculo para encontrar una solución justa a un conflicto de casi 15 meses, ha sido
además del empecinamiento patronal, la actuación facciosa y sin apego a derecho de la
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que, utilizando una figura que no aparece en la
ley, calificó de improcedente el movimiento huelguístico argumentando que al estar
cerrada la empresa no había suspensión de labores y por tanto a los trabajadores sólo
les quedaba recoger una magra liquidación y engrosar las filas del desempleo sumándose a
casos como el de la compañía papelera “Atenquiche”, que ya se trató en alguna
ocasión en esta tribuna.
La figura de
improcedencia de la huelga, no existe legalmente. De acuerdo a lo establecido en la Ley
Federal del Trabajo la calificación de la huelga sólo admite tres supuestos:
Primero. Que la
huelga sea ilícita por darse uno de los supuestos del artículo 445.
Segundo. Que la
huelga sea legalmente inexistente por darse algunas de las hipótesis contempladas en el
artículo 459 y
Tercero. Que la
huelga sea considera legalmente existente.
La junta debe
limitar su actuación a lo que expresamente establece la ley. Tal autoridad no sólo
ignoró las disposiciones legales en materia de calificación de la huelga, fue más
allá, inventando una nueva calificación, la procedencia o la improcedencia de la misma.
De consumarse
esta arbitrariedad quedaría asentado el más nefasto de los precedentes. Las empresas
evitarían el cumplimiento de sus responsabilidades legales y sociales, cerrando
unilateralmente sus instalaciones, para impedir que los trabajadores reivindiquen sus
derechos, dejando sin efecto el derecho social de huelga.
Ante el
inverosímil resolutivo de la junta, el sindicato interpuso una demanda de garantías ante
el Juzgado III de Distrito en Materia de Trabajo del Distrito Federal. El 5 de julio el
juzgado decide por unanimidad conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a
los trabajadores en huelga, ordenando a la autoridad laboral señalar una audiencia para
que se cite a las partes para ofrecer y rendir pruebas.
La audiencia se
realizó el 22 de octubre y 19 de febrero de 2003. La Junta, pese a todo y contra todo,
reincide en la conculcación de derechos constitucionales y sigue premiando la actuación
ilegal de un patrón irresponsable. La autoridad laboral sencillamente reitera que debe
archivarse el expediente por resultar, cito nuevamente “improcedente el
movimiento”. De inmediato los afectados solicitaron de nuevo al Poder Judicial el
amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos de la autoridad
responsable, solicitando la suspensión de la resolución invocada.
Al momento
existe el riesgo de que la empresa sustraiga por la fuerza los bienes que garantizan el
derecho y los créditos de los huelguistas. La empresa cuenta con guardias privadas,
guardias blancas, que amedrentan a los trabajadores y a la población Del Salto. Además
ha pretendido introducir transportes pesados para sacar maquinaria y equipo, no conforme
ha presentado denuncias penales contra los miembros del Comité Ejecutivo Sindical.
Por las
tensiones generadas, esta semana es clave, aunque ha prevalecido la unidad sindical y la
organización se mantiene firmemente decidida a defender su fuente de trabajo, el clima de
hostigamiento de agresión ha crecido. Evitar que se consume las amenazas contra los
trabajadores y que prevalezca la paz y la justicia social, debe ser del mayor interés de
esta honorable Asamblea.
Para el Partido
de la Revolución Democrática, la preservación del derecho de huelga y la garantía de
legalidad en el actuar de las autoridades laborales, es una cuestión de orden público,
esencial para mantener la estabilidad y gobernabilidad del país. En el caso de Euzkadi se
ha violentado el estado social de derecho. Una empresa ha parado labores sin el aval de la
autoridad. La Junta Federal se ha erigido en legislador, inventando categorías
jurídicas, violentando las garantías de organización sindical y sus agremiados. La
autoridad laboral ha llegado al extremo inconcebible de anular un derecho, el derecho de
huelga, por un acto ilegal, el cierre unilateral y arbitrario de una empresa.
Por lo
anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable Asamblea, el
siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. La Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión, exhorta a los ciudadanos Carlos Abascal Carranza, Secretario del
Trabajo y Previsión Social y Virgilio Mena Becerra, Presidente de la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje, para que cumplan estrictamente con lo dispuesto en el artículo
123 de la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo y eviten excederse en sus
facultades como ha sucedido en el caso aquí referido.
Segundo. De igual manera, solicita a dichas
autoridades laborales a que en el caso material de la presente proposición, normen su
intervención con estricto respeto a las garantías constitucionales y legales del
Sindicato Nacional Revolucionario de Trabajadores de la Compañía Hulera Euzkadi y sus
agremiados.
Tercero. Asimismo demanda a las autoridades
laborales intervenir en este caso sin vulnerar como lo han hecho los fundamentos de
legalidad y seguridad jurídica constitutivos de nuestro estado social de derecho, uno de
los cuales es dar a los trabajadores las garantías necesarias para el ejercicio del
derecho de huelga.
Cuarto. Esa soberanía exige que en cumplimiento
de lo estipulado en la Ley Federal del Trabajo, la Junta Federal de Conciliación y
Arbitraje conozca del cierre de la Compañía Hulera Euzkadi, Sociedad Anónima de Capital
Variable y que en caso de que no haya razón que lo justifique, ésta reinicie sus labores
de manera inmediata.
Quinto. Esta Asamblea manifiesta su reprobación a
las actitudes extralegales mostradas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a
lo largo de este conflicto, en especial cuando emite laudos que califican a un movimiento
huelguístico con figuras inexistentes en la ley, conculcando en los hechos la defensa de
los derechos de los trabajadores contenida en nuestra Ley Fundamental.
Sexto. Finalmente, insta a la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje y a las autoridades civiles correspondientes, a hacer respetar
las garantías de los huelguistas, dándoles las garantías necesarias en los términos de
la legislación vigente, lo que significa que es su responsabilidad evitar a toda costa
una acción de fuerza de parte de la empresa para despojar de las instalaciones a los
trabajadores.
Por su
atención, señor Presidente, muchísimas gracias.
«Proposición
con punto de acuerdo sobre el conflicto laboral en Euzkadi.
El suscrito,
diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión una proposición con punto de acuerdo
sobre el conflicto laboral en la Compañía Hulera Euzkadi, al tenor de las siguientes
consideraciones:
1. En la fría
noche del 16 de diciembre de 2001, los trabajadores del último turno de la Compañía
Hulera Euzkadi, ubicada en El Salto, Jalisco, se encontraron con un comunicado donde se
anunciaba la determinación empresarial de dar por terminadas sus operaciones en el país
poniendo a disposición de los operarios su liquidación.
El cierre se
efectúo sin cumplir lo estipulado en los artículos 434 y 435 de la Ley Federal del
Trabajo, que obliga a las empresas a dar aviso de la terminación de las relaciones
laborales a la junta de Conciliación y Arbitraje, para su aprobación o desaprobación.
Al no cumplirse este procedimiento y obrar de forma arbitraria y unilateral, este cierre
es a todas luces ilegal, y así permanece hasta el día de hoy.
Ante el cierre,
los trabajadores agremiados al independiente Sindicato Nacional Revolucionario de
Trabajadores de Euzkadi, fundado en 1935, deciden dar la lucha por reabrir su centro de
trabajo, rechazar las indemnizaciones ofrecidas y emplazar a huelga por la violación del
contrato-ley que rige la industria del hule, dado que el cierre de la empresa suspendió
todas las obligaciones contractuales del patrón.
Cumplidos los
requisitos legales, la huelga estalla el 22 de enero de 2002. La empresa, sin ningún
fundamento legal, solicitó la improcedencia del movimiento; sin embargo, al cumplir los
trabajadores con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo la huelga es considerada
existente para todos los efectos legales en los términos del artículo 929 de la ley.
2. No obstante,
el 22 de marzo del año pasado, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje emitió una
resolución considerando inviable jurídicamente el emplazamiento a huelga promovido por
el sindicato de Euzkadi argumentando la “improcedencia” de la huelga, ya que la
empresa estaba cerrada al estallar la misma.
El principal
obstáculo para encontrar una solución justa a un conflicto de casi 15 meses ha sido,
además del empecinamiento patronal, la actuación facciosa y sin apego a derecho de la
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que, utilizando una figura que no aparece en la
ley, calificó de “improcedente” el movimiento huelguístico, argumentando que
al estar cerrada la empresa no había suspensión de labores y, por tanto, a los
trabajadores sólo les quedaba recoger una magra liquidación y engrosar las filas del
de-sempleo, sumándose a casos como el de la compañía papelera de Atenquique, traído a
esta tribuna.
La figura de
“improcedencia” de una huelga, no existe legalmente. De acuerdo con lo
establecido en la Ley Federal del Trabajo, la calificación de la huelga sólo admite tres
supuestos: 1) Que la huelga sea ilícita por darse uno de los supuestos del artículo 445;
2) Que la huelga sea legalmente inexistente, por darse algunas de las hipótesis
contempladas en el artículo 459 y 3) Que la huelga sea considerada legalmente existente.
La Junta debe
limitar su actuar a lo que expresamente establece la ley. Tal autoridad no sólo ignoró
las disposiciones legales en materia de calificación de la huelga. Fue más allá,
inventando una nueva calificación: la “procedencia” o “improcedencia”
de la misma.
De consumarse
esta arbitrariedad, quedaría sentado el más nefasto de los precedentes. Las empresas
evitarían el cumplimiento de sus responsabilidades legales y sociales cerrando
unilateralmente sus instalaciones para impedir que los trabajadores reivindiquen sus
derechos, dejando sin efecto el derecho social de huelga.
Ante el
inverosímil resolutivo de la Junta, el sindicato interpuso una demanda de garantías ante
el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Trabajo del Distrito Federal. El 5 de julio,
el juzgado decide, por unanimidad, conceder el amparo y protección de la justicia federal
a los trabajadores en huelga, ordenando a la autoridad laboral señalar una audiencia en
que se cite a las partes para ofrecer y rendir pruebas.
La audiencia se
realiza el 22 de octubre y el 19 de febrero de 2003 la Junta, pese a todo y contra todo,
reincide en la conculcación de derechos constitucionales y sigue premiando la actuación
ilegal de un patrón irresponsable. La autoridad laboral sencillamente reitera que debe
archivarse el expediente por resultar “improcedente” el movimiento. De
inmediato, los afectados solicitaron de nuevo al Poder Judicial el amparo y protección de
la justicia federal en contra de los actos de la autoridad responsable, solicitando la
suspensión de la resolución invocada.
Al momento,
existe el riesgo de que la empresa sustraiga por la fuerza los bienes que garantizan el
derecho y los créditos de los huelguistas. La empresa cuenta con guardias privadas que
amedrentan a los trabajadores y a la población de El Salto; además, ha pretendido
introducir transportes pesados para sacar maquinaria y equipo; no conforme, ha presentado
denuncias penales contra los miembros del comité ejecutivo sindical. Por las tensiones
generadas, esta semana es clave: aunque ha prevalecido la unidad sindical y la
organización se mantiene firmemente decidida a defender su fuente de trabajo, el clima de
hostigamiento y agresión ha crecido. Evitar que se consumen las amenazas contra los
trabajadores y que prevalezca la paz y la justicia social debe ser del mayor interés de
esta honorable Asamblea.
3. Para el
Partido de la Revolución Democrática, la preservación del derecho de huelga y la
garantía de legalidad en el actuar de las autoridades laborales es una cuestión de orden
público, esencial para mantener la estabilidad y gobernabilidad del país. En el caso de
Euzkadi se ha violentado el Estado social de Derecho: una empresa ha parado labores sin el
aval de la autoridad; la Junta Federal se ha erigido en legislador inventando categorías
jurídicas, violentando las garantías de una organización sindical y sus agremiados. La
autoridad laboral ha llegado al extremo inconcebible de anular un derecho (el derecho a la
huelga) por un acto ilegal (el cierre unilateral y arbitrario de una empresa).
Por lo
anteriormente expuesto y fundado, el suscrito somete a consideración de esta honorable
Asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión exhorta a los ciudadanos Carlos Abascal Carranza, secretario del
Trabajo y Previsión Social, y Virgilio Mena Becerra, presidente de la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje, para que cumplan estrictamente con lo dispuesto en el artículo
123 de la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo y eviten excederse en sus
facultades, como ha sucedido en el caso aquí referido.
Segundo. De igual manera, solicita a dichas
autoridades laborales que, en el caso materia de la presente proposición, normen su
intervención con estricto respeto a las garantías constitucionales y legales del
Sindicato Nacional Revolucionario de Trabajadores de la Compañía Hulera Euzkadi y sus
agremiados.
Tercero. Asimismo, demanda a las autoridades
laborales intervenir en este caso sin vulnerar, como lo han hecho, los fundamentos de
legalidad y seguridad jurídica, constitutivos de nuestro Estado social de Derecho, uno de
las cuales es dar a los trabajadores las garantías necesarias para el ejercicio del
derecho de huelga.
Cuarto. Esta soberanía exige que, en cumplimiento
de lo estipulado en la Ley Federal del Trabajo, la Junta Federal de Conciliación y
Arbitraje conozca del cierre de Compañía Hulera Euzkadi, SA de CV, y que, en caso de que
no encuentre razón que lo justifique, ésta reinicie sus labores de manera inmediata.
Quinto. Esta Asamblea manifiesta su reprobación a
las actitudes extralegales mostradas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a
lo largo de este conflicto, en especial, cuando emite laudos que califican a un movimiento
huelguístico con figuras inexistentes en la ley, conculcando en los hechos la defensa de
los derechos de los trabajadores contenida en nuestra Ley Fundamental.
Sexto. Finalmente, insta a la Junta de Federal de
Conciliación y Arbitraje y a las autoridades civiles correspondientes a hacer respetar
las garantías de los huelguistas, dándoles las garantías necesarias, en los términos
de la legis- lación vigente, lo que significa que es su responsabilidad evitar a toda
costa una acción de fuerza de parte de la empresa para desalojar de las instalaciones a
los trabajadores.
Salón de
Sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 5 de marzo de
2003.— Dip. Ramón León Morales (rúbrica).»
Presidencia del diputado Bernardo Borbón
Vilches
El Presidente diputado Bernardo
Borbón Vilches:
Gracias, señor
diputado.
Túrnese a la Comisión de Trabajo y
Previsión Social de la Cámara de Diputados.
LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA
El Presidente diputado Bernardo
Borbón Vilches:
Se instruye a la
Secretaría.
Que se le haga
llegar el mensaje a la Secretaría, que la iniciativa que reforma a los artículos 23, 26,
y 27 de la Ley Federal de Competencia Económica presentada el día de hoy por diversos
legisladores, sea turnada a las comisiones de
Comercio y Fomento Industrial y de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Cámara de
Diputados.
TALLERES GRAFICOS DE LA NACION
El Presidente diputado Bernardo
Borbón Vilches:
Para presentar
una proposición con punto de acuerdo en apoyo de jubilados y pensionados de Talleres
Gráficos de la Nación, tiene la palabra el diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios, del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Víctor Emanuel Díaz
Palacios:
Muchas gracias,
señor Presidente; señoras y señores legisladores:
Primero, quiero
agradecer la solidaridad en este punto de acuerdo que hemos recibido los legisladores del
Partido Revolucionario Institucional en donde se ha sumado el Partido del Trabajo, el
Partido de la Revolución Democrática, el Partido Verde Ecologista y el Partido de
Acción Nacional.
Muchas gracias,
señores legisladores por su solidaridad.
Talleres
Gráficos de la Nación fue creado por acuerdo del Presidente Lázaro Cárdenas del Río,
el 13 de enero de 1938; desde esa fecha se constituyó bajo la figura de “sociedad
cooperativa”, asimismo para el cumplimiento de sus fines, les fueron proporcionados,
a Talleres Gráficos de la Nación, algunos bienes propiedad de la nación. Por ello la
empresa se constituyó como participación estatal y éste nombró un representante ante
la Asamblea, a fin de cuidar los intereses y sus bienes.
Con el tiempo el
Gobierno Federal se constituyó como propietario con el 50% de los rendimientos anuales,
no obstante que éste no estaba considerado como socio en el acta constitutiva de la
cooperativa. Los rendimientos se distribuyeron de la siguiente manera: una parte para el
Gobierno Federal, una parte para la renovación de la maquinaria y el equipo y otra
tercera parte se distribuía entre los cooperativistas.
Para el pago de
pensiones vitalicias de los trabajadores de los Talleres Gráficos de la Nación, se
constituyó un fideicomiso legalmente en el año de 1990, pero debido a que fue
intervenido por la Secretaría de Gobernación desde el mes de noviembre del año de 1993,
además no se ha cumplido con el pago de las pensiones de dichos trabajadores.
No obstante que
mediante la liquidación sin legitimación en causa, el Gobierno Federal se apropió de
todos los activos de la empresa cooperativa y apoyándose en la figura de participación
estatal. Además, en dicho fideicomiso se establece que la aportación del 10% de la
nómina mensual, así como los rendimientos anuales de la cooperativa, fueran a los fondos
de los “fideicomitidos”, deben ser aportados por las instituciones que explotan
el centro de trabajo desde 1993 hasta la fecha, porque ellos son los que están obteniendo
las utilidades.
La Secretaría
de Gobernación, bajo el argumento que todavía desconocemos, se apoderó de los fondos
del fideicomiso creado con fondos propios de los cooperativistas para el pago de las
pensiones vitalicias.
Es así que a la
fecha ninguno de los 200 compañeros jubilados y pensionados de Talleres Gráficos de la
Nación ha recibido su pensión, lo que ha representado para ellos y sus familias un
ambiente de zozobra y decadencias, a pesar de que legalmente les corresponde el pago
puntual de estas pensiones.
Sin embargo,
esos compañeros no han bajado la guardia, han acudido a las diferentes instancias. En
algunas de plano no han sido recibidos, en otros no han tenido la decencia para contestar
a estas personas que han brindado gran tiempo de su vida al trabajo y decirles en qué
situación se encuentra su fideicomiso, por lo tanto los tienen en el total abandono.
Además aquí,
señores legisladores, yo quiero pedirles su atención, vean de la magnitud que estamos
hablando para estas personas: la mayoría de esas 200 personas de que estamos hablando, en
ese momento tenían una pensión de 450 pesos, 450 pesos. Sólo tres personas recibían
poco más de 2 mil 500 pesos. Vean ustedes del monto del que estamos hablando. Quizá para
la mayoría en este momento no representa nada, pero para ellos, para ellos significa
tener el alimento cuando menos para ellos, ya no su familia. Aunque hablamos de 450 pesos
de 1993, si los trasladamos al 2003, de todos modos no hablamos de una gran cantidad.
El Poder
Legislativo Federal, ha buscado siempre encontrar mecanismos que mejoren la condición de
los trabajadores, siempre con justicia social. Durante varios años estas personas han
prestado sus servicios a la Administración Pública Federal y así hemos actuado con la
Ley del ISSSTE, con la Ley del Seguro Social, con las reformas a la Ley del Infonavit y un
ejemplo, el más reciente, el que se hicieron para los jubilados de los Ferrocarriles, que
fueron antes de 1982 a quienes todos los legisladores federales diputados, haciendo un
esfuerzo en la composición del Presupuesto de Egresos de 2001, se dio una partida para un
pago único a favor de estas personas y para crear este fideicomiso.
Los legisladores
federales en nuestro carácter de representantes populares apelando a nuestro sentido
común, yo les pido a todos ustedes sumarse a este punto de acuerdo, para quedar como
sigue:
Primero. Se
exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que en aras del compromiso social con los
trabajadores mexicanos, instruya a las secretarías correspondientes a efecto de que sea
otorgada puntualmente la pensión correspondiente a los jubilados y pensionados de
Talleres Gráficos de la Nación.
Asimismo se
solicita que se realicen las adecuaciones correspondientes con la finalidad de regularizar
el fideicomiso para que el pago de las pensiones vitalicias de los jubilados, así como la
reintegración de las cantidades no pagadas desde el último pago realizado, se actualicen
hasta la fecha.
Segundo. Se
exhorta al Ejecutivo Federal, para que a la brevedad posible informe a esta soberanía
anexando al soporte documental correspondiente el estado que guarda la situación
referente al fideicomiso para el pago de las pensiones vitalicias de jubilados y
pensionados de Talleres Gráficos de la Nación, así como el proceso de liquidación de
la sociedad cooperativa de Talleres Gráficos de la Nación.
Nuevamente
agradezco la solidaridad de los grupos parlamentarios representados así, para este punto
de apoyo. Están servidos señores jubilados y pensionados.
Muchas gracias.
«Proposición
con punto de acuerdo en apoyo a los jubilados y pensionados de los Talleres Gráficos de
la Nación, suscrita por legisladores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Presidencia de
la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.— Presente.
Compañeras y
compañeros legisladores:
Los suscritos
legisladores federales, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
con fundamento en lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, comprometidos con la causa
de los mexicanos que han dejado los mejores años de su vida al servicio de nuestro país,
nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea proposición con punto de
acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a que instruya a los titulares de las
secretarías correspondientes para que den solución a la problemática que afecta a más
de 200 jubilados y pensionados de Talleres Gráficos de la Nación, de conformidad con los
siguientes
Considerandos
Talleres
Gráficos de la Nación fue creada por acuerdo del Presidente Lázaro Cárdenas del Río
el 13 de enero de 1938 y, desde esa fecha, se constituyó bajo la figura de sociedad
cooperativa. Asimismo, para el cumplimiento de sus fines, le fueron proporcionados algunos
bienes propiedad de la nación. Por ello, la empresa se constituyó como de participación
estatal y nombró a un representante ante la Asamblea a fin de cuidar sus bienes.
Con el tiempo,
el Gobierno Federal se constituyó como propietario del 50 por ciento de los rendimientos
anuales, no obstante que no estaba considerado como socio en el acta constitutiva de la
cooperativa. Los rendimientos se distribuyeron de la siguiente manera: una parte para el
Gobierno Federal, una parte para la renovación de maquinaria y equipo y una tercera parte
para distribuirse entre los cooperativistas.
Para el pago de
pensiones vitalicias a los trabajadores de Talleres Gráficos de la Nación se constituyó
un fideicomiso legalmente en 1990, pero fue intervenida ilegalmente por la Secretaría de
Gobernación desde noviembre de 1993. Además, no se ha cumplido el pago de las pensiones
de dichos trabajadores, no obstante que, mediante la liquidación sin legitimación en
causa, el Gobierno Federal se apropió de todos los activos de la empresa cooperativa
apoyándose en la figura de “participación estatal”.
Además, en
dicho fideicomiso se establece que la aportación del 10 por ciento de la nómina mensual,
así como de los rendimientos anuales de la cooperativa a los fondos fideicomitidos, debe
ser efectuada por las instituciones que explotan el centro de trabajo desde 1993 hasta la
fecha.
La Secretaría
de Gobernación, con argumentos que todavía se desconocen, se apoderó de los fondos del
fideicomiso, creado con fondos propios de los cooperativistas para el pago de pensiones
vitalicias.
Así, a la fecha
ninguno de los 200 jubilados y pensionados de Talleres Gráficos de la Nación ha recibido
pensión, lo que ha representado para ellos y sus familias sobrevivir en un ambiente de
zozobra y carencias, muy a pesar de que legalmente les corresponde el pago puntual de las
pensiones.
Sin embargo,
estas personas pensionadas no han bajado la guardia ante la lucha de sus legítimos
derechos y han tratado de conseguir ser escuchadas ante diversas dependencias de la
Administración Pública Federal. En algunas de ellas no las han recibido y en otras
tantas han presentado sus peticiones, mas no existe hasta el momento alguna respuesta que
dé señal de que sus intereses se han estado protegiendo y menos garantizado, para lo que
fue constituido el fideicomiso.
Además, para
tener una idea de la magnitud del problema, cabe mencionar que la mayoría de las
pensiones mensuales, que en su momento recibían, era de 450 pesos y que, de todos ellos,
sólo tres recibían un poco más de 2,500 pesos. (Para dejar constancia, entrego a la
Mesa Directiva copia de la relación del último pago que recibieron estas personas.)
Debemos buscar
los caminos adecuados para hallar soluciones que ayuden a mejorar la situación de
ingresos y, por tanto, las condiciones de vida de estas familias que dependen de
trabajadores pensionados. De manera particular, señalamos que estas propuestas ahora sean
orientadas para apoyar a los pensionados de Talleres Gráficos de la Nación que desde
1993 no han recibido un solo peso del dinero que por derecho les corresponde.
El Poder
Legislativo Federal ha buscado siempre mecanismos que mejoren con justicia social la
situación de los trabajadores que durante varios años han prestado servicios al Gobierno
Federal, como han sido, entre otros, las reformas de la Ley del ISSSTE, las reformas de la
Ley del Seguro Social y las reformas de la Ley del Infonavit. El ejemplo más claro
ocurrió con los jubilados ferrocarrileros de antes de 1982, a quienes se asignó en el
Presupuesto de Egresos de la Federación de 2001 una partida para un pago único en su
favor, así como recursos para el establecimiento de un fideicomiso.
Los legisladores
federales que suscribimos, en nuestro carácter de representantes populares y apelando a
nuestro sentido común, pedimos a ustedes sumarnos en este punto de acuerdo, que consiste
fundamentalmente en lo siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo
Federal a que, en aras del compromiso social con los trabajadores mexicanos, instruya a
las secretarías correspondientes a efecto de que se otorgue puntualmente la pensión
correspondiente a los jubilados y pensionados de Talleres Gráficos de la Nación.
Asimismo, se solicita que se realicen las adecuaciones correspondientes, con la finalidad
de regularizar el fideicomiso para el pago de pensiones vitalicias de jubilados, así como
la reintegración de las cantidades no pagadas desde el último pago realizado actualizado
hasta la fecha.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo Federal a que con
la mayor brevedad informe a esta soberanía, anexando el soporte documental
correspondiente, del estado que guarda la situación referente al fideicomiso para el pago
de pensiones vitalicias de jubilados y pensionados de Talleres Gráficos de la Nación,
así como del proceso de liquidación de la Sociedad Cooperativa de Talleres Gráficos de
la Nación.
Atentamente.
México, DF, a 5
de marzo de 2003.— Diputados: Víctor Emanuel
Díaz Palacios, Víctor A. García Dávila, Ramón León Morales, Julieta Prieto Furhken
y José Tomás Lozano y Pardinas (rúbricas).»
Presidencia del diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Gracias
diputado.
Túrnese a las comisiones de Trabajo y
Previsión y de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.
DURANGO-ZACATECAS
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Tiene la palabra
el senador Raymundo Cárdenas Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo en
relación con el conflicto entre tepehuanos del ejido Bernalejo, Zacatecas y ejidatarios
de Santa María Ixtahuacán y Xoconoxtle, Durango.
El diputado Raymundo Cárdenas
Hernández:
Gracias,
diputado señor Presidente; compañeras y compañeros:
En la zona
serrana colindante entre los municipios de Mezquital en Durango y Valparaíso, Zacatecas,
se está escenificando en estos momentos una serie de acciones que lesionan gravemente el
Estado de Derecho y los derechos humanos de 62 familias de ejidatarios de San José de
Bernalejo, en el municipio de Valparaíso, Zacatecas.
Lo lamentable
del asunto está en que los actores de dichas acciones son miles de indígenas tepehuanos,
de la comunidad de Santa María Ocotán y Xoconoxtle, que habitan mayoritariamente en el
municipio de Mezquital. Indígenas tan pobres y marginados como las víctimas de sus
acciones, los ejidatarios zacatecanos.
El fondo del
asunto no es un conflicto de límites entre los estados de Zacatecas y Durango. Todos
tenemos claro dónde está el límite entre ambos. Tampoco es una reacción, la acción de
los indígenas, a acciones racistas que se hayan desarrollado en contra de los indígenas
tepehuanos.
El problema, en
el fondo, es un problema agrario que se deriva de un conjunto de actos y decisiones
equivocadas y sobre todo infundadas de diversas autoridades agrarias, que han hecho creer
a los miembros de la comunidad indígena que tienen derecho a las tierras de los
ejidatarios de Bernalejo.
El conflicto
agrario tiene muchísimo de estarse litigando y sólo quisiera informar a los miembros de
esta comisión algunos asuntos relevantes.
Mediante
resolución presidencial de fecha 1o. de febrero de 1956 se dotó a Bernalejo, municipio
de Valparaíso, Zacatecas, con una superficie de 5 mil 465 hectáreas, que se tomarían de
la hacienda de San Juan Capistrano, ubicada en Zacatecas, para beneficiar a 64 campesinos
capacitados. Tal resolución se ejecutó el 1o. de noviembre de 1956. Cabe señalar que en
esa hacienda nunca han vivido indígenas tepehuanos.
En fecha 23 de
junio de 1997, el Presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León expidió un
decreto expropiatorio que se publicó en el Diario
Oficial de la Federación el día 25 del mismo mes y año, despojando con ello al
núcleo agrario de 5 mil 465 hectáreas que en forma pacífica, continua, pública y en
concepto de dueños como ejidatarios de Bernalejo de la Sierra han poseído por muchos
años.
El decreto
expropiatorio del presidente Zedillo está plagado de errores y de irregularidades. Una
perla es un texto que señala que las tierras en litigio están tanto en el municipio de
Mezquital, en Durango, como en el municipio de Valparaíso, Zacatecas, lo cual es absurdo.
Contra ese
decreto expropiatorio se interpuso juicio de nulidad ante el Tribunal Unitario Agrario del
Primer Distrito en el estado de Zacatecas y en fecha 20 de febrero de este año el
referido Tribunal Unitario dictó su resolución, en primera instancia, declarando nulo el
decreto expropiatorio con que se pretendía afectar injustamente a los ejidatarios de
Bernalejo de la Sierra, quienes en ningún momento han dejado de tener la legítima
posesión de sus tierras, ya que el decreto expropiatorio jamás se ejecutó.
Esta
declaración de nulidad de la expropiación se tardó mucho y los comuneros se estaban
movilizando preventivamente desde hace un año invadiendo las tierras de los ejidatarios.
El problema es
que el 1o. de marzo del año en curso, una vez que se conoció la resolución del
tribunal, aproximadamente 600 comuneros bloquearon el acceso al ejido de Bernalejo de la
Sierra, abrieron zanjas y atravesaron troncos sobre los caminos y veredas, apostándose en
los alrededores del ejido al que tienen sitiado. Para ello han levantado no menos de 70
campamentos y continúan amenazando a las 62 familias de ejidatarios con desalojarlos por
medio de la fuerza, ya que portan visiblemente machetes y armas de fuego.
A través de
diversos medios de comunicación, los dirigentes de los comuneros han estado invitando a
que haya una gran concentración de los mismos en la zona para desalojar violentamente a
los comuneros.
En la zona hay
un pequeñísimo destacamento de la Policía Estatal Preventiva de Zacatecas. Se ha estado
obrando con prudencia, sin embargo en cualquier momento va a ocurrir algún hecho que
todos vamos a lamentar, porque repito, estaremos viendo una lucha de pobres contra pobres.
Por tales
razones diversas autoridades del estado de Zacatecas, los tres poderes han estado
insistiendo ante el Poder Ejecutivo Federal, para que tome cartas en el asunto, actúe en
la región con objeto de restituir el Estado de Derecho, evitar que se sigan violentando
los derechos humanos de los ejidatarios, que no pueden salir de su comunidad, y que busque
ya una solución de fondo al conflicto.
Por todas esas
razones, estimados compañeros y compañeras, con fundamento en los artículos 59 y 60 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
someto a la consideración de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, bajo el
procedimiento de obvia y urgente resolución, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. La Comisión Permanente del Congreso de la
Unión solicita al Ejecutivo Federal, medie en el conflicto agrario existente entre
comuneros tepehuanes de Santa María Ocotlán y Xoconoxtle, Durango, y ejidatarios de San
José de Bernalejo, Zacatecas, a objeto de encontrar en el marco del Estado de Derecho,
una solución definitiva al conflicto agrario, así como los ancestrales problemas de
pobreza y marginación que aquejan a ambos grupos.
Ante la
necesidad imperiosa de evitar actos graves de violencia, se requiere la presencia
inmediata en la zona de la Policía Federal Preventiva.
Como ustedes
observarán, en este punto de acuerdo no se toma partido ni se le da razón a ninguna de
las partes. Lo único que estamos sugiriendo es que el Poder Ejecutivo Federal a través
de la Secretaría de Gobernación, ya participe con mucha atingencia para impedir que vaya
a haber pronto un grave hecho de derramamiento de sangre, lo cual está muy cerca de
ocurrir. Por esa razón proponemos que el tema se trate como un asunto de obvia y urgente
resolución .
Gracias.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Gracias, señor
senador.
Adelante,
Secretaria.
La Secretaria senadora Yolanda Eugenia
González Hernández:
Por
instrucciones de la Presidencia se consulta al honorable pleno si el anterior asunto se
considera de urgente y obvia resolución y se pone a discusión de inmediato.
Las señoras y
señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las señoras y
señores legisladores que estén por la afirmativa, les rogamos manifestarlo...
No se considera
de urgente y obvia resolución.
Perdón. Me hace
un buen señalamiento el senador ponente.
Quienes estén
por la negativa favor de manifestarlo...
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
No se considera
de urgente resolución.
Preguntaría
senador: ¿A qué comisión quiere usted que se turne?
El senador Raymundo Cárdenas
Hernández:
A Gobernación.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
A Gobernación a
la Primera Comisión.
Se turna a la Primera Comisión de la
Comisión Permanente.
CONTAMINACION
EN PLAYAS
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
El siguiente
punto de acuerdo es relacionado con un programa emergente con objeto de evitar la
contaminación en las playas nacionales, suscrito por el diputado Jaime Larrazábal
Bretón y que presenta el diputado Víctor Manuel Díaz Palacios.
El diputado Víctor Manuel Díaz Palacios (desde
su curul):
Señor
Presidente, en obviedad del tiempo quiero pedirle que sea tan amable sea inscrito en su
totalidad en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria y darle oportunidad a otros
compañeros que hagan uso de la tribuna, si usted lo autoriza, señor Presidente.
«Proposición
con punto de acuerdo para que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión
exhorte a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Secretaría de
Marina (Semar), y demás instituciones involucradas, a implementar un Programa Emergente
para evitar la contaminación de las playas nacionales.
Con el permiso
de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:
Consideraciones
La región
latinoamericana y caribeña en su conjunto cuenta con el 6% del producto geográfico bruto
del mundo, 8.1% de la población mundial, el 21% de la pesca, el 8.5% de las costas y el
15.3% de la zona económica exclusiva. Eso significa que en términos relativos el medio
ambiente marino es más importante para América Latina que para el promedio mundial o
para otras regiones.
Destaca el
turismo costero, el cual es un factor relevante en la economía de los países de la
región en general y en algunos países en particular, el cual se ha orientado
principalmente a las playas y zonas costeras. No obstante este potencial económico, la
contaminación e insalubridad de las playas está afectando radicalmente este recurso.
En México
existen áreas costeras y playas que por sus características únicas han sido reconocidas
como “santuarios ecológicos”. También hay numerosos arrecifes coralinos y
extensiones de manglares, entre otros, que son áreas especialmente sensibles a la
contaminación y que por consiguiente requieren de una preocupación especial.
Es fácil
encontrar contaminantes y desperdicios en las aguas que rodean el continente sudamericano
y las costas de México y Centroamérica. Las zonas de alta mar están relativamente
limpias, aunque en las líneas de navegación pueden observarse manchas de hidrocarburos y
desperdicios. Por consiguiente, la vida marina de las aguas alejadas de la costa no sufre
mayormente con la contaminación del mar.
En contraste, la
mayor parte de las aguas costeras están siendo afectadas por la contaminación que
produce el hombre. Extensas zonas de playas, arrecifes, coralinos y manglares están
siendo destruidos y la erosión costera ha aumentado notablemente. En el caso de las
bahías más o menos cerradas, con alta concentración urbana e industrial y una tasa de
renovación de las aguas muy lenta, los niveles de contaminación han llegado a ser
críticos para la vida marina y dañinos para la salud. Prácticamente en todos los
países latinoamericanos se presenta este problema en áreas adyacentes a las ciudades
costeras.
El turismo
representa una participación de casi 12% del Producto Interno Bruto en Latinoamérica y
el Caribe. México ocupa un lugar preponderante en el ámbito internacional, pues es uno
de los diez países que reciben mayor número de visitantes cada año. La diversidad de
sus climas, la belleza escénica de sus paisajes; y sobre todo, las zonas costeras han
sido los principales destinos turísticos.
No obstante este
potencial, recientemente autoridades ambientales de nuestro país reconocieron que al
menos 16 playas mexicanas se encuentran altamente contaminadas e incluso ya han provocado
problemas de salud entre residentes y turistas. Han señalado que la contaminación por
desechos fecales, aguas negras, basura y residuos industriales ha provocado desde
enfermedades gastrointestinales hasta infecciones respiratorias agudas.
Entre los
factores más comunes de contaminación se encuentran: la presencia de descargas de aguas
residuales sin tratamiento o medianamente tratadas, liberadas en cuerpos de agua en la
zona costera incluyendo bahías, lagunas costeras, playas y muelles. Introducción a la
zona costera de contaminantes por escurrimientos y arroyos provenientes de la actividad
agrícola, principalmente fertilizantes, plaguicidas y por crianza de animales en sus
márgenes.
Liberación de
materias primas, producto de la carga y descarga como granos, hidrocarburos y
fertilizantes. Depósito en la franja costera de desechos sólidos en lugares que no
cumplen con los requisitos establecidos por la normatividad oficial; liberación de
contaminantes a la atmósfera y la erosión en la zona costera por fenómenos naturales y
por modificaciones antropogénicas en la línea de costa.
Durante el año
pasado, la Secretaría de Marina recolectó en las playas mexicanas 58 mil toneladas de
desechos sólidos y 848 mil litros de desperdicios líquidos. Esto equivale a una
recolección diaria en las costas de 159 toneladas de desechos sólidos y 2 mil 323 litros
de desechos líquidos.
El control y la
prevención de la contaminación de las playas y mares mexicanos recae en dos
dependencias: la Secretaría de Marina y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales.
A través de
diversas leyes, ambas dependencias están obligadas a sancionar a aquéllos que contaminen
los océanos y las playas y se encargan también de diseñar acciones que prevengan la
contaminación.
La Ley Federal
del Mar establece que la prevención, reducción y control de la contaminación de los
océanos deben ser regulados bajo la Ley de Equilibrio Ecológico, la Ley de Aguas
Nacionales, la Ley General de Salud y sus respectivos reglamentos.
En este sentido,
el Reglamento de la Zonas Costeras establece que todas las demás leyes federales o
comunes, costumbres, usos y principios generales, incluidas las leyes de control de la
contaminación ambiental, se deben aplicar y adicionar al Reglamento de las zonas
costeras.
La Ley de
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente estipula las normas sobre el control de
la contaminación que se aplican a los ecosistemas acuáticos, la cual incluye los mares.
Además señala
que la Semarnat deberá actuar coordinadamente con las Secretarías de Marina, Energía,
Salud y Comunicaciones y Transportes para que cada una contribuya a prevenir y controlar
la contaminación.
La Ley de Aguas
Nacionales señala que la prevención de la contaminación marina estará a cargo de la
Comisión Nacional del Agua, y organismo descentralizado de la Semarnat.
Por su parte,
Marina debe administrar y aplicar el Reglamento de Descargas en el Mar en la Zona
Económica Exclusiva, los mares territoriales y las zonas marítimas de pesca.
En este
contexto, y dado el carácter multisectorial e interinstitucional de los problemas
ambientales, la estrategia de protección del medio ambiente marino, aparte de la
obligación gubernamental, deberá tener alcances que vayan más allá de las
instituciones que las desarrollan, de manera de fortalecer la coordinación con todos los
entes que tienen participación en ella, lo que se presenta como una condición necesaria
e indispensable para asegurar un trabajo coherente y efectivo entre los organismos e
instituciones tanto regionales, como nacionales con competencia en materia ambiental, de
tal manera que no afecte el desarrollo económico del país.
Por todo lo
anterior los que suscribimos, reiteramos su intervención para exhortar a solucionar el
problema de la contaminación de nuestras playas.
Es por ello que
hoy, con fundamento en los artículos 58, 60 y demás relativos aplicables del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos
a solicitar se turne a la comisión correspondiente de esta Comisión Permanente de la
LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Unico.- Esta soberanía exhorte a la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Secretaría de Marina (Semar) y demás
instituciones involucradas, para que implementen un programa emergente para evitar la
contaminación de las playas nacionales.
Atentamente.
Dado en el
Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 26 de febrero de 2003.— Diputados: Jaime Larrazábal Bretón, Víctor E. Díaz Palacios y
Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbricas).»
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Claro que sí.
Muchas gracias por su comprensión diputado.
Se turna la proposición a la
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados
El siguiente
punto de acuerdo estaba inscrito por el senador Marcos Carlos Cruz Martínez y lo ha
pospuesto.
Pasaríamos al
punto siguiente que es del senador Fidel Herrera Beltrán, que también se pospone para la
siguiente.
A ver aclaremos.
El caso de lo de la limpieza de playas se turna, se publica en la Gaceta. Y el caso del senador Fidel Herrera lo
pospone para la siguiente sesión.
El siguiente
punto sería en relación con los puestos de seguridad de las fuerzas armadas. También se
solicita que se posponga para la siguiente sesión.
El punto de
acuerdo siguiente sobre la situación de las tarifas eléctricas en el estado de Yucatán,
propuesto por el Partido Revolucionario Institucional, se pospone para la siguiente
sesión.
Con punto de
acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Secretario de Comunicaciones y
Transportes, Pedro Cerisola Weber, tiene la palabra la senadora Yolanda Eugenia González
Hernández. También lo pospone para la siguiente.
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Pasaríamos al
capítulo de Memorial de Particulares. Le suplico a la Secretaría dar lectura a las
comunicaciones.
El Secretario diputado José Tomás
Lozano y Pardinas:
«Honorable
Congreso de la Unión.— Presente.
Mi nombre es
Arely Manning, me dirijo a ustedes con el debido respeto; con la finalidad de señalar la
persecución política de la que mi pareja y padre de mis hijos Luis Felipe González
Villarreal, ha sido sujeto por el Poder Ejecutivo, es decir, la Presidencia de la
República, así como la Procuraduría General de la República; de forma por demás
violenta y sin causa alguna legítima, Luis Felipe fue privado de la libertad con un
injusto e ilegal arraigo, violando con esto la Constitución de nuestro país.
El Presidente de
la República, en un acto inusitado en los medios de comunicación, amenazó, dio
instrucciones y aseguró que Eduardo Fernández “este personaje” y aquellos que
quieren ver caer a la pareja presidencial (Luis Felipe González y demás servidores
públicos que cumplieron con su deber); lo anterior nos hace ver con toda claridad, que
somos víctimas del enojo del Presidente y que no va a parar hasta ver al padre de mis
hijos tras las rejas.
Es necesario
comentar que estoy esperando a mi segundo hijo, con 8 meses de gestación y que por todo
lo anteriormente narrado, que es conocido por el público en general, gracias a los medios
de comunicación, solicito a este H. Congreso de la Unión, se conforme una comisión
integrada por diputados de todos los partidos, así como senadores de la República, con
la finalidad de que sean oídos ante un órgano independiente, como es el Congreso de la
Unión, tanto Luis Felipe González como Eduardo Fernández, debido a que la Procuraduría
General de la República forma parte del Poder Ejecutivo, el cual ha atacado sin
misericordia al padre de mis hijos, dejándome en un estado de inseguridad.
Espero que de
manera urgente, hagan caso a esta solicitud. Porque creo que no se han respetado las leyes
y que se violan minuto a minuto en esta persecución.
Atentamente.
México a 4 de
marzo de 2003.— Ciudadana Arely Manning
(rúbrica).»
«Honorable
Congreso de la Unión.— Presente.
Respetuosamente
expondré a través de este medio la terrible injusticia y persecución política de las
que está siendo objeto mi marido, el Sr. Eduardo Fernández García.
Quien ha sido
funcionario público por más de 25 años, primero trabajando para el Banco de México y
posteriormente para la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en los últimos seis años
y medio.
En toda su
trayectoria política ha sido una gente honesta y de intachable reputación.
Como es de
conocimiento público, días atrás, el Presidente de la República dijo ante los medios
de comunicación que iba a perseguir a mi marido, que se cuidara, que se preo-cupara
porque lo iba a encarcelar, al día siguiente, efectivamente, mi esposo fue detenido sin
que mediara citatorio alguno por parte de la Procuraduría General de la República y fue
puesto a disposición del Ministerio Público Federal el cual le dio a conocer la supuesta
comisión de diversos delitos y en específico de un supuesto lavado de dinero cometido en
coparticipación con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La acusación es
hecha por la simple imputación de una mujer que fue esposa de un secretario particular de
mi esposo diciendo que él había recibido diversas cantidades de dinero para que el PRI
obtuviera una información de las cuentas de los Amigos de Fox.
Quiero
manifestarles que después de estar puesto a disposición del Ministerio Público y sin
que existan pruebas en su contra, fue arraigado por la Procuraduría por un periodo de 30
días. Mi esposo prácticamente se encuentra incomunicado, se nos están grabando todas
nuestras conversaciones, así como también nuestra imagen es grabada a través de
videocámaras, no dejan el acceso a sus amigos, ni a todos sus familiares, no lo dejan
hablar por teléfono las veces que él quiere, es decir se están violando diversas
garantías constitucionales.
Tengo el fundado
temor por todo lo que he narrado anteriormente que se le puedan imputar delitos que no ha
cometido, no aplicándose el Estado de derecho, por lo cual, ruego a ustedes
respetuosamente intervengan urgentemente y sea nombrada una comisión para que acudan los
senadores que se determinen para que observen las condiciones y el trato de delincuente
que se le está dando a mi esposo.
Nuevamente y con
todo el caso de urgencia, solicito su intervención, ya que me siento atemorizada en mi
vida personal y sobre todo la de mi marido.
Atentamente.
México, DF, a 4
de marzo de 2003.— Ciudadana Mónica
Ballesteros de Fernández (rúbrica).»
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Permítame,
señor Secretario.
¿Sí, señor
senador? Activen el sonido al senador, por favor.
El
senador Jorge Zermeño Infante (desde su curul):
Nada más
preguntar a la Presidencia si todas las comunicaciones de los ciudadanos se les va a dar
lectura aquí ante el pleno. Me parece que esto debiera turnarse a la comisión respectiva
para su análisis, pero no creo que el pleno de esta Comisión Permanente tenga que
conocer todas las cartas que envíe cualquier ciudadano, como a las que se les está dando
lectura. No sé quién lo haya autorizado ni cuál sea el motivo.
El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo:
Sí, senador.
Desde luego, podemos operarlo de la manera que usted lo está solicitando.
Le suplicaría al Secretario que deje
hasta ahí la lectura y que se turnen a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos de
la Cámara de Diputados.
DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Seguimos con la
agenda legislativa.
Para el primer
punto tiene la palabra el diputado Ramón León Morales, para hacer comentarios sobre el
Día Internacional de la Mujer.
El diputado Ramón León Morales:
Gracias, señor
Presidente.
La mujer ha
estado en una constante lucha contra las desi-gualdades sociales. Fue apenas el siglo
pasado que los derechos de las mujeres empezaron a ser discutidos y definidos. La lucha ha
dado frutos. Con la refundación de la vida privada y de la vida pública, a partir de la
visión feminista y de género, mujeres y hombres estamos aprendiendo nuevas formas de
relacionarnos y de valorarnos.
Si de algo
podemos dar cuenta positiva, es de la profunda revolución hecha por la mujer, revolución
continua e intensa que sin hacer uso de las armas o de la violencia ha logrado grandes
transformaciones sociales; revolución silenciosa que ha penetrado a los hogares, a las
escuelas, a las fábricas y que está pugnando por abrirse camino en los espacios donde se
ejerce el poder.
Con más
intensidad, la segunda mitad del siglo pasado se convirtió en el tiempo de la identidad
de la mujer, ya que ésta se incorporó masivamente a la educación y con ello al mundo
del conocimiento formal. Se convirtió en más de la tercera parte de la población
económicamente activa; accedió a métodos de control de la natalidad, que le permitió
reapropiarse de su cuerpo y su sexualidad; ingresó al mundo de la ciudadanía en 1953,
cuando se le reconoce el derecho a votar; incursionó en la investigación; se hizo notar
en la cultura y las artes; encabezó la lucha por mejorar el ambiente; desarrolló
entonces una intensa actividad en busca de ese papel en la historia que injustamente se
les había negado.
Logros
indudablemente importantes pero aun insuficientes. Desventajas, desigualdades y opresiones
se acentúan a partir de la pertenencia al sexo femenino, situación contradictoria con
posturas que en lo público aplauden y apoyan y en lo privado desacreditan y minimizan,
imposibilitando la celebración plena del Día Internacional de la Mujer este próximo 8
de marzo.
En México, hoy
menos que nunca podemos hacer de este día una fiesta, en virtud del amargo y desolador
sabor que imprime la muerte de más de 290 mujeres y la desaparición de más de 500 en la
ciudad fronteriza de Juárez.
Hace 146 años
tuvo lugar la masacre que dio pie en la conmemoración de un día internacional en honor a
la mujer y hoy, esa masacre continúa en el norte del país mezclándose en torno a las
víctimas cifras oficiales y extraoficiales, firmas de acuerdos y audiencias
internacionales, sentencias penales, condenas sociales y fabricación de presuntos,
fideicomisos de atención y hostigamiento a ONG y a pesar de que el mosaico de
circunstancias, posturas y hechos es amplísimo y diverso, carece de un elemento
fundamental, resultados.
Los niveles de
ineficiencia que han demostrado las autoridades de Ciudad Juárez a lo largo de 10 años,
así como la indolencia del Gobierno estatal independientemente del color político que
matice a dichas autoridades, nos torna imposible seguir acusándolos de ineptos e
incompetentes, lo único viable en este momento, viable y creíble, es la complicidad, esa
complicidad que nace de la participación y del miedo.
La obscenidad no
sólo se encuentra en los homicidios mismos, la más grandes deshumanización se encuentra
en las declaraciones ligeras de aquellos empotrados en un cargo cuyas expresiones han
encubierto a los culpables y justificado las atrocidades, culpabilidad que se comparte
también mediante el silencio.
El grado de
inseguridad en esta zona fronteriza, el nivel de misoginia que se revelan los crímenes y
el abierto tráfico y comercio de drogas exigen la toma de decisiones que aporten
resultados que garantices los derechos de las mujeres que den lugar a una vida sin
violencias, sin torturas y sin muertes.
Ante una
seguridad pública que en Ciudad Juárez es mínima si no es que simplemente nulas se
requieren disposiciones de inmediata ejecución en virtud de la urgencia del caso, medida
que contemplen un tratamiento integral, real y efectivo.
Es necesario
detener definitivamente los homicidios de mujeres que actualmente caracterizan
mundialmente a Ciudad Juárez; se impone que el Gobierno estatal reconozca la magnitud de
los hechos y su imposibilidad material de concluirlos, siendo una posibilidad la
instauración del estado de emergencia y la solicitud de la intervención del Gobierno
Federal mediante la atracción de los casos al ámbito federal de investigación y el
auxilio de las fuerzas armadas y policiales federales para la salvaguarda de la seguridad
interior.
La vida de 300
mujeres y la desaparición de más de 500 no puede seguirse considerando un fenómeno
aislado o sin trascendencia, el riesgo de nuevas víctimas debe motivarnos para la
búsqueda de soluciones racionales y definitivas. Aboquémonos a que el año próximo, el
Día Internacional de la Mujer pueda ser un auténtico día de fiesta, desde el PRD
gritamos: ¡Ni una muerta más!
Gracias.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Gracias, señor
diputado.
Para el mismo
tema y hasta por 10 minutos, tiene la palabra la senadora Sara Isabel Castellanos Cortés,
del Partido Verde Ecologista de México.
La senadora Sara Isabel Castellanos Cortés:
Gracias, señor
Presidente; estimados legisladores:
Como cada año,
la celebración del “Día Internacional de la Mujer” nos brinda la posibilidad
de hacer un balance sobre la situación de este género.
A lo largo del
último siglo hemos constatado que la lucha por la apertura de mayores espacios de
participación política de la mujer no ha concluido en ningún país del mundo; la mujer
sigue teniendo problemas en todos los ámbitos para desarrollarse en igualdad de
condiciones con el hombre.
Existen muchas
temáticas que podría abordar sobre las mujeres en este momento, sin embargo, por su
trascendencia e importancia me centraré en tres cuestiones:
La primera. En
este año se celebra en México el L aniversario del voto de las mujeres, nosotras
adquirimos ese derecho en octubre de 1953, incluso 30 años antes que las ciudadanas de
Suecia.
No obstante,
seguimos siendo víctimas de la discriminación en materia política a pesar de que nos
hemos constituido en recursos humanos con importantes aportaciones para la misma. Estoy
plenamente convencida que un sistema político que no haga uso de la experiencia del
hombre y de la mujer, se perfila como un sistema ineficiente.
En el marco de
este aniversario, en el Senado de la República se constituyó una comisión especial para
su conmemoración; uno de los retos que tiene dicha comisión es la observación del
cumplimiento de la única reforma electoral que se ha aprobado en esta legislatura y que
se centra en el artículo 175 del Cofipe, relativo a la llamada Ley de Cuotas.
A pesar de que
las mujeres debiéramos de estar muy contentas con esta celebración que nos plantea
nuevos retos y desafíos, hay dos cuestiones que la ensombrecen: una, se ubica en el plano
nacional y la otra en el plano internacional.
Empezaré con
aquella que nos atañe directamente: las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez.
Sobre este
asunto, la senadora Gloria Lavara y la de la voz, presentamos el 19 de febrero en esta
Comisión Permanente, un punto de acuerdo solicitando la comparecencia del Procurador
General de la República, con la finalidad de que explicara la situación en que se
encuentran las investigaciones de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez.
Es claro que en
México no puede haber ninguna celebración relativa a los avances de la mujer en la
política, economía o sociedad sin que antes sea resuelto el asunto de los asesinatos;
éstos son el corolario perfecto de la impunidad, es la conservación de una cultura
salvajemente machista que busca someter y pisotear por la fuerza a las mujeres, por ello
nosotras condenamos estos hechos y exigimos su aclaración.
No es posible
que a más de 10 años, lo único que se ha encontrado sean más víctimas y ninguna
acción de fondo. Las frías estadísticas señalan que son más de 300 mujeres asesinadas
y 500 desaparecidas.
Durante la
presente administración estatal, siguen de manera cotidiana apareciendo mujeres
asesinadas. Las autoridades han sido incapaces para resolver esta situación, su actitud
no sólo ha sido de indiferencia, sino de desprecio para las muertas y las familias, como
si las mujeres no fueran seres humanos.
Compañeros,
¿qué es lo que pasa?, ¿por qué ese rencor y odio contra las mujeres?, ¿por qué no ha
podido ser contenido y castigado?, ¿por qué no se ha podido llegar al fondo del
problema, si el propio Presidente de la República el 13 de diciembre de 2001, instruyó a
la PGR para que trabajara en colaboración con las autoridades estatales?
Hasta el momento
no hemos tenido respuestas positivas ni de la Federación ni del Gobierno estatal.
Compañeros, ha
llegado el momento de que se sumen todas las autoridades obligadas a resolver estos
delitos. Como nunca antes se requiere utilizar la figura de concurrencia para que las
autoridades locales, estatales y federales, sumen esfuerzos para aclarar dicha situación.
No hay problema
más serio referido a las mujeres, que de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Por
ello exijo que las autoridades esclarezcan inmediatamente este asunto. ¿Cuántas mujeres
muertas más deben de aparecer para que las autoridades lleguen a resolver este asunto?
Reitero mi
solidaridad con los familiares de las víctimas y el compromiso de mi partido por seguir
de cerca las investigaciones y exigirle a las autoridades su pronto esclarecimiento.
Por otra parte,
en el ámbito internacional de concretarse algún movimiento armado las mujeres tendremos
un nuevo desafio. Quiero señalar que no es que los hombres no padezcan los estragos
amargos de la guerra, lo que sucede es que las mujeres tienen que hacerse cargo de los
hijos con la que su responsabilidad se extiende, sobre todo cuando hay niños en la
familia, quizá los niños y las mujeres son los que padecen más en las guerras. Al
partir los hombres a los campos de batallas, las mujeres tienen que hacerse cargo de la
casa y de la familia.
De acuerdo con
su condición física los posibles daños por la utilización de armas biológicas
podrían dañar más a las mujeres, porque somos más propensas a sufrir enfermedades que
no padecen los hombres. Una posible guerra también tendrá efectos perversos para
aquellos que no se encuentran en los campos de batalla. En primer lugar con el hambre, la
falta de productos básicos, el temor, la posibilidad de que sean utilizados como carne de
cañón etcétera.
Ojalá que este
8 de marzo sirva a otras naciones para reflexionar sobre los efectos negativos que podría
tener un movimiento armado internacional. Estamos a tiempo de reflexionar y de actuar.
Señor
Presidente, le solicito atentamente, solicite a este honorable Congreso se guarde un
minuto de silencio no como acto de condolencia, sino como un acto de protesta.
Gracias.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Gracias, señora
senadora.
Cumpliendo la
petición de la senadora Sara Isabel Castellanos Cortés, esta Presidencia invita a los
asistentes a ponerse de pie y guardar un minuto de silencio.
(Se guarda un
minuto de silencio.)
Para el mismo
tema tiene la palabra la diputada María Teresa Tapia Bahena, del Partido Acción
Nacional, hasta por 10 minutos.
La diputada María Teresa Tapia Bahena:
Con su venia,
señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
En el marco de
la celebración del Día Internacional de la Mujer, en Acción Nacional reconocemos la
participación histórica de las mujeres tanto a nivel nacional como internacional.
Desde los años
setenta y hasta la fecha, en los foros nacionales e internacionales la mujer ha alzado la
voz para que se reconozcan los derechos de las mismas, así como las acciones para lograr
la equidad de género.
En la Cámara de
Diputados, en esta LVIII Legislatura, logramos aprobar la iniciativa de ley para que en
las candidaturas a puestos de elección popular se apruebe el 30% como mínimo para las
mujeres.
Actualmente, en
nuestro país, las mujeres estamos dando la batalla desde la trinchera en la cual nos
encontramos. Las legisladoras hacemos nuestro trabajo dentro de las comisiones y en este
Congreso Federal.
Quiero reconocer
desde esta tribuna el trabajo que hacen las amas de casa, las jornaleras agrícolas, las
campesinas, las maestras, las empresarias y todas aquellas mujeres que aportan con su
trabajo el esfuerzo y la dedicación para cambiar la vida de este país.
Asimismo, quiero
reconocer en esta tribuna el trabajo que han hecho las funcionarias públicas y quienes
hoy nos encontramos dentro de esta actividad en beneficio de los ciudadanos de este país.
Reprobamos la
acción negativa de algunas personas que denostan el esfuerzo de las mujeres que aportan
al desarrollo de este país. También hacemos un enérgico llamado para que las
autoridades federales, estatales y municipales en el municipio de Ciudad Juárez, unan
esfuerzos y coadyuven al esclarecimiento de los crímenes de mujeres de este municipio.
Con esto,
estaremos reconociendo la labor de todas aquellas personas que coadyuvan a esclarecer
estos crímenes que hoy por hoy no van a favor de la reivindicación y sobre todo de los
derechos de las mujeres.
Por eso, Acción
Nacional desde esta tribuna nuevamente valora el trabajo de cada una de las mujeres desde
la trinchera en la cual nos encontramos.
Pido a todos,
unamos esfuerzos y reconozcamos que las mujeres podemos cambiar el rumbo de este país.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Gracias, señora
diputada.
Para el mismo
tema, tiene la palabra la senadora Yolanda Eugenia González Hernández del Partido
Revolucionario Institucional.
La senadora Yolanda Eugenia González Hernández:
Con su permiso,
señor Presidente.
No quisiera ser
la voz discordante esta tarde en relación al aniversario de la mujer, pero hablar este
día de los logros y reconocimientos históricos sería ser ocioso puesto que mis demás
compañeros han señalado con mucha puntualidad.
Sin embargo, en
el marco de una sesión de la Cámara del Congreso de la Unión, se está hablando con
motivo del Día Internacional de la Mujer.
Yo no quisiera
que solamente por tratarse del día 8 se trajera a la tribuna del Congreso de la Unión el
tema de las causas y de las reivindicaciones de la mujer.
Yo quisiera
solicitar de una manera más contundente y respetuosa, que la conmemoración de la mujer
se diera en acciones concretas de reivindicaciones en la ley. Estamos hablando del año
2003, en el que estamos discutiendo aquí en muchas ocasiones el regatear los derechos a
la mujer. Estamos hablando de las mujeres que tienen doble y hasta triple jornada de
trabajo, que tienen un rol que tienen que cubrir como madres, como esposas, como
trabajadoras.
Sí, qué
importante y qué bueno que se traiga este tema aquí, pero no se trata de ser un día por
el “Día de la Mujer”. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer nosotras
mismas la mujeres es reivindicarnos y no permitir jamás que nosotras mismas demos pie a
que solamente seamos usadas por fechas o por circunstancias tan difíciles como las que se
viven en el estado de Ciudad Juárez.
Creo que las
acciones afirmativas no deben seguirse dando en razón de la buena voluntad o políticas
feministas para reivindicar la causa de la mujer. Tuvimos que llevar una reforma al Cofipe
para que pudiera considerarse el derecho a que la mujer tenga espacios de mayor
representación en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Después de 50
años en los que México está conmemorando el voto de la mujer.
Si nos remitimos
a lo que fue el principio de la acción del voto, tienen derecho a votar las mujeres
siempre y cuando sepan leer y escribir y su marido les permita, dice alguno de los
decretos donde se ha señalado la posibilidad de hace 40 años para que pudiéramos tener
el derecho a la mujer.
Es una lucha
constante, es una lucha diaria y aquí simplemente yo solicitaría, más que homenajes y
reconocimientos, el compromiso de mis compañeros legisladores porque yo agradezco y
reconozco mucho a quienes se quedaron, pero muchos más, al ver el tema de la agenda de la
mujer, el tema de la mujer, pues a lo mejor no es tema de importancia como para quedarse a
ver qué dicen las mujeres. Reconozco y valoro a todos los que están aquí, muchísimas
gracias, pero bueno, finalmente es algo que es parte de la formación que lamentablemente
tenemos.
Educación a la
mujer, respeto a la mujer todos los días del año, no solamente por conmemorarse un día
de la mujer. No solamente hoy porque el próximo día 8, habrá, una vez más, de
conmemorarse y darle un día de reconocimiento a la mujer.
Hagamos todos un
gran esfuerzo y un gran compromiso en que entendamos que las mujeres de este país y de
todo el mundo, tenemos derecho a la mitad del cielo, a la mitad de la tierra, pero
fundamentalmente a la mitad del compromiso que los varones deben de tener con las mujeres.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Carlos Humberto
Aceves y del Olmo:
Gracias, señora
senadora.
En virtud de que
se han cumplido las cuatro horas que corresponden a la presente sesión, según lo dispone
el artículo 4o., del Acuerdo Parlamentario Relativo a las Sesiones de la Comisión
Permanente aprobado el 8 de enero, proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día
de la próxima sesión.
ORDEN DEL DIA
El Secretario diputado José Tomás
Lozano y Pardinas:
«Comisión
Permanente.— Primer Receso.— Tercer Año.— LVIII Legislatura.
Orden del día
Miércoles 12 de
marzo de 2003
Lectura del acta
de la sesión anterior.
Comunicaciones
La Secretaría
de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invita a la ceremonia cívica que con motivo
del CDLXXVIII aniversario de la Fundación de Tenochtitlán, tendrá lugar el 13 de marzo
a las 10:00 horas, en el monumento erigido a su memoria en Pino Suárez, sin número.
De los congresos
de los estados de Baja California, México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana
Roo, Sonora, Yucatán y Zacatecas.
Oficio del
Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Con el que se
remite el reporte de las mercancías de Comercio Exterior asignadas por el Servicio de
Administración Tributaria durante el mes de enero del presente año, para dar
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 145, penúltimo párrafo, de la Ley Aduanera.
(Turno a comisión.)
Oficio de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Para dar
cumplimiento al artículo 24, fracciones I y III de la Ley de Ingresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal de 2003, remite información relativa a la evolución de la
recaudación, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de
obligaciones del erario federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública y el
costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de enero
de 2003. (Turno a comisión.)
Dictámenes de
primera lectura
De la Primera
Comisión con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Víctor Manuel Solano
Montaño, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Cedro, en grado de Gran
Oficial, que le confiere el Gobierno de la República Libanesa. (Dispensa de segunda
lectura, discusión y votación.)
De la Primera
Comisión con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Roberto Carlos
Rodríguez Romero, para desempeñar el cargo de agente consular honorario de Estados
Unidos de América en Reynosa, Tamaulipas, con circunscripción consular en esa ciudad.
(Dispensa de segunda lectura, discusión y votación.)
Dictámenes a
discusión
De la Primera
Comisión con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Sergio Ernesto
Jacobo Patiño y Laura Guadalupe Ramírez Domínguez, para aceptar y usar las
condecoraciones que les confiere el Gobierno del Reino de España.
De la Primera
Comisión con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Gabriel Hernández
Cuevas, para prestar servicios en el Consulado General de Estados Unidos de América en
Guadalajara, Jalisco.
Y los demás
asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»
CLAUSURA
Y CITATORIO
El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del
Olmo (a las 15:41 horas):
Se levanta la sesión y se cita para
la próxima que tendrá lugar el miércoles 12 de marzo a las 11:00 horas.
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