Diario de los Debates

 

ORGANO OFICIAL DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Poder Legislativo Federal, LVIII Legislatura

Comisión Permanente

Correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio

DIRECTOR GENERAL DE
CRONICA PARLAMENTARIA
Gilberto Becerril Olivares

PRESIDENTE

Diputado Eric Eber Villanueva Mukul

DIRECTOR DEL
DIARIO DE LOS DEBATES

Norberto Reyes Ayala
AÑO III                    México, DF, miércoles 12 de marzo de 2003            Sesión No. 13

S U M A R I O

       

ASISTENCIA

11

ORDEN DEL DIA

11

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

14

SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

19

Comunicación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, con la que invita a la ceremonia cívica conmemorativa del CDLXXVIII aniversario de la fundación de Tenochtitlan. Se designa comisión para representar a la Comisión Permanente.

19

SENADORES QUE SOLICITAN LICENCIA

19

Comunicaciones de los senadores José Natividad González Parás y Ricardo Canavati Tafich, por las que solicitan licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo de senador de la República, electos por el principio de representación proporcional y por el estado de Nuevo León, respectivamente. Aprobados, comuníquense a la Cámara de Senadores.

19

DIPUTADOS QUE SE REINCORPORAN

21

Comunicaciones de los diputados: Lucio Fernández González; Rafael Barrón Romero; Víctor Hugo Sondón Saavedra; Emilio Ulloa Pérez; María de los Angeles Sánchez Lira; Héctor Taboada Contreras; Moisés Alcalde Virgen y Mario Sandoval Silvera, con las que informan que se reincorporan a sus actividades legislativas. De enterado y comuníquense a la Cámara de Diputados.

21

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

23

Comunicación del Congreso estatal con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.

23

ESTADO DE MICHOACAN

24

Comunicación del Congreso estatal con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.

24

ESTADO DE QUINTANA ROO

24

Comunicación del Congreso estatal con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.

24

ESTADO DE YUCATAN

25

Comunicación del Congreso estatal con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.

25

ESTADO DE ZACATECAS

25

Comunicación del Congreso estatal con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.

25

ESTADO DE COLIMA

26

Comunicación del Congreso estatal con la que remite acuerdo por el que solicita se autoricen la transferencia y canalización de recursos emergentes para atender la infraestructura agropecuaria de esa entidad federativa, afectada por el sismo del 21 de enero de 2003. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados.

26

ESTADO DE MORELOS

29

Comunicación del Congreso estatal con la que remite acuerdo por el que solicita se autorice la no devolución de los recursos anticipados correspondientes a un mes de participaciones, entregadas en diciembre de 2002 a las entidades federativas. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

29

ESTADO DE OAXACA

31

Comunicación del Congreso estatal con la que remite acuerdo por el que solicita la reducción de las tarifas de suministro y venta de energía eléctrica para ese estado y para todo el país, en los términos concedidos a los estados de Sonora y Baja California. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.

31

ESTADO DE SONORA

32

Comunicación del Congreso estatal con la que remite acuerdo relativo al conflicto laboral en la empresa Minera de Cananea. Se turna a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Cámara de Diputados.

32

ESTADO DE SONORA

32

Comunicación del Congreso estatal con la que remite acuerdo por el que se pronuncia a favor de los productores agropecuarios sonorenses, en su solicitud de diálogo nacional para que el Gobierno Federal renegocie el apartado relativo al sector agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Se turna a las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

32

ESTADO DE ZACATECAS

33

Comunicación del Congreso estatal con la que remite acuerdo relativo al conflicto agrario entre tepehuanes de Santa María Ixtahuatán y Xoconoxtle, del estado de Durango, y ejidatarios de Bernalejo de la Sierra, del estado de Zacatecas. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.

33

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

34

Oficio del Presidente del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite el reporte de las mercancías de comercio exterior asignadas por esa institución, durante el mes de enero de 2003. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

34

DEUDA PUBLICA

36

Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal; del costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de enero de 2003; de la recaudación federal participable y del pago de las participaciones a entidades federativas; y sobre las finanzas y la deuda públicas al mes de enero de 2003. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.

36

CAMARA DE SENADORES

54

Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite: Presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos para el mes de marzo de 2003. Aprobado.

54

Informes de los presupuestos ejercidos durante los meses de diciembre de 2002 y enero de 2003. De enterado.

54

LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO

55

Oficio del Congreso del estado de Puebla con la que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 87 y 96 de la Ley de Instituciones de Crédito. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.

55

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

57

El diputado Salvador Cosío Gaona presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de dicha ley, respecto a establecer y normar actividades oficiales a cargo del cónyuge del Presidente de la República. Se turna a las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

57

LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION

64

El diputado Víctor Antonio García Dávila presenta iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona una fracción V al artículo 67 de la mencionada ley, en relación a la programación y publicidad de las transmisiones de radio y televisión y el uso del idioma español en ellas. Se turna a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados.

64

ARTICULO 37 CONSTITUCIONAL

65

El senador Adrián Alanís Quiñones presenta iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a la nacionalidad. Se turna a las comisiones de Puntos Constitucionales, de Estudios Legislativos y de Población y Desarrollo de la Cámara de Senadores.

65

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

69

El senador Fidel Herrera Beltrán presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma los artículos 73 fracción II; 89 fracción II; 90; 91; 92 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación al fortalecimiento de la institución presidencial. Se turna a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

69

VICENTE FOX QUESADA

74

El Presidente informa que ha concluido la intervención quirúrgica del Presidente de la República y ha resultado satisfactoria.

74

REPUBLICA LIBANESA

75

Dictamen de la Primera Comisión con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Víctor Manuel Solano Montaño, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República Libanesa. Es de primera lectura.

75

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

75

Dictamen de la Primera Comisión con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Roberto Carlos Rodríguez Romero, para desempeñar el cargo de agente consular honorario de Estados Unidos de América en Reynosa, Tamaulipas, con circunscripción consular en esa ciudad. Es de primera lectura.

75

Se les dispensa la segunda lectura a los dos anteriores dictámenes.

76

Sin discusión se aprueban. Pasan al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

76

REINO DE ESPAÑA

76

Dictamen de la Primera Comisión con proyecto de decreto, que concede permiso a los ciudadanos Sergio Ernesto Jacobo Patiño y Laura Guadalupe Ramírez Domínguez, para aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el Gobierno del Reino de España.

76

Sin discusión se reserva para su discusión nominal en conjunto.

77

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

77

Dictamen de la Primera Comisión con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Gabriel Hernández Cuevas, para prestar servicios en el Consulado General de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

77

Sin discusión se reserva para su discusión nominal en conjunto.

77

Son aprobados los anteriores dos dictámenes. Pasan al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

77

GRADOS MILITARES

78

Ocho dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo, por los que se ratifican grados militares a igual número de miembros del Ejército Mexicano. .

86

Sin discusión se aprueban. Comuníquense al Ejecutivo.

86

ESCUDO NACIONAL

86

Dictamen de la Primera Comisión con puntos de acuerdo, en respuesta a proposición presentada en la sesión del 4 de febrero pasado, relacionado con la papelería oficial del Poder Ejecutivo Federal y lo dispuesto en la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

86

A discusión, se concede la palabra a los diputados:

89

Bernardo Borbón Vilches .

89

Salvador Cosío Gaona .

90

Bernardo Borbón Vilches, para contestar alusiones personales.

91

Ramón León Morales, para rectificar hechos.

92

Suficientemente discutido el dictamen.

92

Después de diversas participaciones de legisladores, desde sus respectivas curules, a las que la Presidencia hace aclaraciones al respecto, se aprueban en votación nominal, los puntos de acuerdo. Comuníquense.

93

CODIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL

94

Dictamen de la Primera Comisión con punto de acuerdo, en respuesta a proposición presentada en la sesión del 4 de febrero pasado, para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, proceda a la inmediata publicación del texto íntegro del decreto que reforma y adiciona el Código Financiero del Distrito Federal.

94

El diputado Ramón León Morales, presenta voto particular.

96

Suficientemente discutido, se aprueban los puntos de acuerdo en los términos del dictamen. Comuníquense.

100

ESTADO DE JALISCO

100

Dictamen de la Primera Comisión con punto de acuerdo, en respuesta a proposición presentada en la sesión del 26 de febrero pasado, en relación con la expropiación de terrenos del ejido Nuevo Santiago, en Tomatlán, Jalisco, para la construcción de la presa Cajón de Peña.

100

Sin discusión se aprueba. Comuníquese.

103

SECTOR AGROPECUARIO

103

Dictamen de la Segunda Comisión con punto de acuerdo, en respuesta a proposición presentada en la sesión del 8 de enero pasado, para solicitar al Ejecutivo Federal la renegociación del Capítulo VII, sector agropecuario y medidas sanitarias y fitosanitarias, del Tratado del Libre Comercio de América del Norte.

103

A discusión intervienen, los legisladores:

106

Senador Héctor Larios Córdova .

106

Diputado Ramón León Morales .

106

Suficientemente discutido el asunto se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

107

PENA DE MUERTE

107

Dictamen de la Primera Comisión con punto de acuerdo, en respuesta a proposición presentada en la sesión del 19 de febrero pasado, para solicitar al titular del Poder Ejecutivo Federal, exhorte respetuosamente a los gobiernos de Texas y Oklahoma, para que acaten el fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia, y adopten en consecuencias las medidas necesarias para respetar la vida de tres mexicanos condenados a la pena de muerte.

107

Sin discusión se aprueba. Comuníquese.

109

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

109

Dictamen de la Primera Comisión con punto de acuerdo, en respuesta a proposición presentada en la sesión del 5 de marzo pasado, para que se designe un grupo plural que atienda e informe sobre la integridad física y el respeto de los derechos de los involucrados en denuncias contra la Asociación Civil denominada "Amigos de Fox".

109

Sin discusión se aprueba. Comuníquese.

111

"AMIGOS DE FOX"

112

Dictamen de la Primera Comisión con punto de acuerdo, en respuesta a proposición presentada en la sesión del 5 de marzo pasado, para solicitar al Presidente de la República, ordene de inmediato la designación de un fiscal especial para la investigación del caso de la organización denominada "Amigos de Fox", Asociación Civil.

112

A discusión, se concede la palabra a los legisladores:

113

Diputado José Alejandro Zapata Perogordo .

113

Senador Orlando Paredes Lara .

114

Senador Raymundo Cárdenas Hernández .

115

Senador Jorge Zermeño Infante, para rectificar hechos.

116

Diputado Felipe Solís Acero .

117

Senador Jorge Zermeño Infante, para contestar alusiones personales.

119

Senador Raymundo Cárdenas Hernández, para rectificar hechos.

119

Senador Antonio García Torres .

120

Suficientemente discutido el tema se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

121

HURACAN "KENNA"

121

Dictamen de la Primera Comisión con punto de acuerdo, en respuesta a proposición presentada en la sesión del 19 de febrero pasado, para solicitar una auditoría urgente de la aplicación de los recursos federales otorgados a los damnificados del huracán "Kenna", en el estado de Jalisco.

121

Sin discusión se aprueba. Comuníquese.

123

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE

123

La Presidencia informa de los legisladores que integrarán el grupo plural para entrevistarse con parlamentarios de Estados Unidos de América y de Canadá, con objeto de plantear iniciativas y acuerdos que aseguren el cumplimiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

123

MARIANO DE LA BARCENA Y RAMOS

124

El diputado Salvador Cosío Gaona solicita excitativa a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto para que se inscriba en letras de oro en los muros de honor de la Cámara de Diputados, el nombre de Mariano de la Bárcena y Ramos, presentada el 7 de noviembre de 2002. La Presidencia formula la excitativa que corresponde.

124

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

126

El diputado Ramón León Morales solicita excitativa a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Diputados, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 7º.-bis de la Ley de la Propiedad Industrial, presentada el 3 de diciembre de 2002. La Presidencia formula la excitativa correspondiente.

126

MUJERES

128

El senador Héctor Larios Córdova presenta proposición con punto de acuerdo, para hacer un llamado a los partidos políticos a no limitarse al cumplimiento de las reformas hechas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de igualdad de oportunidades para las mujeres en la postulación a cargos de elección popular.

128

Se considera el asunto de urgente resolución.

130

A discusión, intervienen los legisladores:

130

Senadora Yolanda Eugenia González Hernández .

131

Diputada Mónica Leticia Serrano Peña .

131

Senador Rafael Gilberto Morgan Alvarez .

131

Rectifica hechos la senadora Yolanda Eugenia González Hernández.

132

Suficientemente discutido el asunto se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

132

AUTOTRANSPORTE TRANSFRONTERIZO

133

La senadora Yolanda Eugenia González Hernández presenta proposición con punto de acuerdo, por el que solicita la comparecencia del Secretario de Comunicaciones y Transportes, a fin de que informe sobre presuntas irregularidades y prácticas monopólicas en la prestación del servicio de autotransporte transfronterizo. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores.

133

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA-IRAK

136

El diputado Salvador Cosío Gaona presenta proposición con punto de acuerdo, para solicitar a la Secretaría de Turismo, información sobre las acciones que se tomarían ante un posible conflicto bélico Estados Unidos de América-Irak, que afectaría al turismo internacional en México. Se turna a la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados.

136

ESTADO DE MEXICO

138

El diputado Francisco Guadarrama López presenta proposición con punto de acuerdo, sobre el presunto desvío de recursos públicos federales en el proceso electoral del estado de México. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.

138

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS

140

El diputado Ramón León Morales presenta proposición con punto de acuerdo, sobre el proyecto turístico de Playa Miramar, en Ciudad Madero, Tamaulipas. Se turna a la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados.

140

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

142

La diputada Julieta Prieto Furhken presenta proposición con punto de acuerdo, en relación con la construcción de una planta de gas natural en el municipio de Tijuana, Baja California. Se turna a las comisiones de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

142

TECATE, BAJA CALIFORNIA

143

La Presidencia informa que la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Diputados, declina participar en la elaboración del dictamen de la proposición con punto de acuerdo, presentada el 19 de febrero pasado, para integrar un grupo de trabajo que investigue el saqueo de arena en el municipio de Tecate, Baja California, y turna la proposición de referencia únicamente a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

143

ISLAS CORONADO

144

El diputado Víctor Antonio García Dávila presenta proposición con punto de acuerdo, para solicitar al titular del Poder Ejecutivo Federal, inicie en las cortes internacionales los juicios correspondientes para reclamar el Archipiélago del Norte, conocido como Islas Coronado, que usufructúa el Gobierno de Estados Unidos de América. Se turna a las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.

144

DURACION DE SESIONES

146

El senador Raymundo Cárdenas Hernández, respecto a prorrogar la sesión.

146

La Presidencia hace las aclaraciones reglamentarias correspondientes y la Asamblea no autoriza continuar con la sesión.

147

ORDEN DEL DIA.

147

De la próxima sesión.

147

CLAUSURA Y CITATORIO .

147

RESUMEN DE TRABAJOS .

148

LEGISLADORES QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION .

151

DIARIO de los DEBATES

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados                              Año III, Primer Receso, 12 de marzo de 2003

 

Presidencia del diputado Eric Eber Villanueva Mukul

ASISTENCIA

El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:

Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.

El Secretario diputado José Tomás Lozano y Pardinas:

Lista de la sesión del día 12 de marzo del año 2003.

Hay la presencia de 33 legisladores, señor Presidente. Por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul (a las 11:27 horas):

Se abre la sesión.

 

ORDEN DEL DÍA

El Secretario diputado José Tomás Lozano y Pardinas:

Procedemos a dar lectura al orden del día.

«Comisión Permanente.— Primer Receso.— Tercer Año.— LVIII Legislatura.

Orden del día

Miércoles 12 de marzo de 2003.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invita a la ceremonia cívica que con motivo del CDLXXVIII aniversario de la Fundación de Tenochtitlan, tendrá lugar el 13 de marzo a las 10:00 horas, en el monumento erigido a su memoria, en Pino Suárez, sin número, a un costado de la Plaza de la Constitución.

De legisladores.

De los congresos de los estados de Baja California, Colima, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Yucatán y Zacatecas.

Oficio del Presidente del Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 145 penúltimo párrafo, de la Ley Aduanera, remite el reporte de las mercancías de comercio exterior asignadas por el Servicio de Administración Tributaria durante el mes de enero del presente año. (Turno a comisión.)

Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Para dar cumplimiento al artículo 24 fracciones I y III de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2003, remite información relativa a la evolución de la recaudación, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de enero de 2003. (Turno a comisión.)

La Cámara de Senadores, para los efectos del inciso g) del artículo 66 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, remite el presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos, para el mes de marzo y los informes de los presupuestos ejercidos durante los meses de diciembre de 2002 y enero de 2003.

Iniciativa del Congreso del estado de Puebla

Que reforma los artículos 86 y 97 de la Ley de Instituciones de Crédito. (Turno a comisión.)

Iniciativas de legisladores

Que reforma diversos ordenamientos legales, en relación a la responsabilidad de funcionarios públicos y familiares del Presidente de la República, a cargo del diputado Salvador Cosío Gaona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Que reforma diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del senador Raymundo Cárdenas Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Que adiciona un párrafo quinto al artículo 67 de la Ley de Radio, Televisión y Cinematografía, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)

Que adiciona el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del senador Adrián Alanís Quiñones, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Que reforma los artículos 73 fracción II, 89 fracción II, 90, 91, 92 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del senador Fidel Herrera Beltrán, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Dictámenes de primera lectura

De la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Víctor Manuel Solano Montaño, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Cedro, en grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de la República Libanesa. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación.)

De la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Roberto Carlos Rodríguez Romero, para desempeñar el cargo de agente consular honorario de Estados Unidos de América en Reynosa, Tamau- lipas, con circunscripción consular en esa ciudad. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación.)

Dictámenes a discusión

De la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Sergio Ernesto Jacobo Patiño y Laura Guadalupe Ramírez Domínguez, para aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el Gobierno del Reino de España.

De la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Gabriel Hernández Cuevas, para prestar servicios en el Consulado General de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Ocho, de la Segunda Comisión con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares, a los ciudadanos Luis Alonso Ramón, Armando Sánchez Barredo, José Luis Juárez Maldonado, Juan Sánchez Pérez, Nahum Francisco Pérez Bernabé, Evaristo Valencia Olivares, Miguel Angel Coronel Vargas y Marco Polo Lezama Estrada.

De la Primera Comisión con puntos de acuerdo en relación a la proposición sobre el uso de la papelería oficial del Poder Ejecutivo Federal.

De la Primera Comisión con puntos de acuerdo en relación a las propuestas en torno a la publicación y promulgación parcial del Código Financiero del Distrito Federal.

De la Primera Comisión con punto de acuerdo en relación a la propuesta para solicitar se agilice el pago a ejidatarios afectados por la construcción de la Presa Cajón de Peña, en el municipio de Tomatlán, Estado de Jalisco.

De la Segunda Comisión con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Leandro Arellano Reséndiz, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Rumania.

De la Segunda Comisión con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Salvador Beltrán del Río Madrid, como cónsul general de México en Toronto, Canadá.

De la Segunda Comisión con punto de acuerdo en relación a la proposición para solicitar al Ejecutivo Federal, renegociar el Capítulo VII “Sector Agropecuario y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias”, del Tratado del Libre Comercio con América del Norte.

De la Primera Comisión con punto de acuerdo en relación a la proposición para que el titular del Poder Ejecutivo Federal, exhorte respetuosamente al Gobierno de Texas y Oklahoma, para que acaten el fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia y adopten en consecuencia las medidas necesarias y respeten la vida de nuestros connacionales.

De la Primera Comisión con punto de acuerdo en relación a la proposición para que se designe un grupo plural para atender e informar sobre la integridad física y el respeto de los derechos de los detenidos involucrados en denuncias contra “La Asociación Amigos de Fox, AC.”

De la Primera Comisión con punto de acuerdo en relación a la proposición para solicitar al Presidente de la República ordene de inmediato la designación de un fiscal especial para la investigación del caso de “La Organización Amigos de Fox”.

De la Primera Comisión con punto de acuerdo en relación a la proposición para solicitar auditoría urgente a la aplicación de los recursos federales otorgados a los damnificados del huracán “Kenna” en el estado de Jalisco.

Excitativas

A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Salvador Cosío Gaona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Diputados, suscrita por los diputados Rubén Aguirre Ponce y Ramón León Morales, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Salvador Cosío Gaona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Proposiciones

Con punto de acuerdo para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Dirección General de Puertos y Marina Mercante, la Tesorería de la Federación y demás autoridades involucradas en el proceso de transferencia de las acciones de las administraciones portuarias integrales; acaten de manera inmediata lo establecido en el artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2003, suscrita por los senadores Fidel Herrera Beltrán y Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, realice un llamado a los partidos políticos a no limitarse al cumplimiento de las reformas hechas al Cofipe en sus artículos 175-A, 175-B y 175-C, con respecto a dar igualdad de oportunidades a las mujeres, a cargo del senador Héctor Larios Córdova, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre la situación de las tarifas eléctricas en el estado de Yucatán, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del ciudadano Secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola Weber, a cargo de la senadora Yolanda Eugenia González Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Turismo, información sobre acciones que se tomarían ante un posible conflicto bélico, que afectaría al turismo de nuestro país, a cargo del diputado Salvador Cosío Gaona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre el uso de recursos públicos en el proceso electoral del estado de México, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre la playa de Miramar en Ciudad Madero, Tamaulipas, suscrita por los diputados Magdalena Núñez Monreal y Ramón León Morales, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Reguladora de Energía, al Gobierno del Estado de Baja California y al municipio de Tijuana, que suspendan la construcción de una planta de gas natural en el citado municipio, en tanto no se demuestre que se ha cumplido con los requerimientos ambientales y de ordenamiento urbano solicitados para dicha obra, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para solicitar a las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, el reclamo del Archipiélago del norte, hoy conocido como islas Coronado, que usufructúa el gobierno de Estados Unidos de América, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre la violencia contra los campesinos en el estado de Chiapas, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en relación a los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en relación a los múltiples asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo del senador Raymundo Cárdenas Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en relación con el conflicto agrario entre indígenas tepehuanos del estado de Durango y habitantes del Ejido de Bernalejo de la Sierra, del estado de Zacatecas, a cargo del senador Raymundo Cárdenas Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Agenda política

Comentarios sobre las elecciones del pasado 9 de marzo en el estado de México, a cargo de los grupos parlamentarios representados en la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.

Comentarios sobre la postura de la Secretaría de Educación Pública, ante la edición de la Guía para Padres, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Comentarios sobre el entorno económico y las fluctuaciones del tipo de cambio, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

 

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:

El siguiente punto del orden del día es la discusión del acta de la sesión anterior.

Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea, si se le dispensa la lectura del acta, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria y se procede a su votación.

El Secretario diputado José Tomás Lozano y Pardinas:

Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria y se procede a su votación.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles cinco de marzo de dos mil tres, correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura.

Presidencia del diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo

En el salón Legisladores de la República del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la asistencia de veintinueve legisladores, a las once horas con veinticuatro minutos del miércoles cinco de marzo de dos mil tres, el Presidente declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día.

La Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma manera la aprueba.

Comunicaciones de los congresos de los estados de:

• Coahuila, con acuerdo por el que solicita al Instituto Mexicano del Seguro Social, autorice que las cuotas del seguro voluntario puedan ser cubiertas en parcialidades por quienes se encuentran en extrema pobreza, los campesinos, los discapacitados y quienes constituyan la economía informal. Se turna a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

• Guanajuato, con acuerdo relativo a la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Cámara de Diputados.

• Guanajuato, con acuerdo por el que se adhiere al similar del Congreso del estado de Jalisco, por el que solicita la revisión del Capítulo Séptimo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Remítase a la Cámara de Senadores.

• Guerrero, con acuerdo por el que solicita al Ejecutivo Federal, la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en los rubros de alimentos para consumo humano y de insumos agropecuarios. Remítase a la Cámara de Senadores.

• Nuevo León, con acuerdo por el que solicita a la Secretaría de Energía considere y estudie la factibilidad de reinstalar el subsidio a las tarifas de energía eléctrica, así como la aplicación de la tarifa uno C en municipios de esa entidad federativa. Se turna a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

• Sinaloa, tres, y Sonora, tres, con las que informan de actividades propias de su legislatura. De enterado.

Comunicación del presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, con la que remite el informe semestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo julio-diciembre de dos mil dos. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.

Comunicación del diputado Víctor Hugo Cirigo Vázquez, con la que informa que se reincorpora a sus labores legislativas. De enterado y comuníquese a la Cámara de Diputados.

Comunicación de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, con la que solicita rectificar el turno de la iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley de Transporte Ferroviario sus Servicios Auxiliares y Vías Férreas, presentada por el diputado Salvador Rocha Díaz en la sesión de la Comisión Permanente de fecha diecinueve de febrero de dos mil tres, por no ser de su competencia. Como se solicita, se turna la iniciativa referida exclusivamente a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados.

Iniciativas con proyecto de decreto del Congreso del estado de Jalisco:

• Que reforma la fracción octava del artículo ciento diecisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

• Que deroga el artículo segundo transitorio del decreto que reforma los artículos treinta, treinta y dos y treinta y siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha veinte de marzo de mil novecientos noventa y siete. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Iniciativas con proyecto de decreto de los legisladores:

• Diputado José Tomás Lozano y Pardinas, del Partido Acción Nacional, que deroga el numeral tres de la fracción segunda del artículo tercero de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 • Diputados de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, de la Revolución Democrática y de la Sociedad Nacionalista, que reforma los artículos veintitrés, veintiséis y veintisiete de la Ley Federal de Competencia Económica. La Presidencia informa de la recepción de esta iniciativa y la turna a las comisiones de Comercio y Fomento Industrial y de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Cámara de Diputados.

• Diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, del Partido Revolucionario Institucional, que crea la Ley General de Alimentación y Nutrición de la Niñez, reglamentaria del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados.

• Diputado José Tomás Lozano y Pardinas, del Partido Acción Nacional, que crea la Ley de la Comisión Nacional de Fomento Marítimo y Portuario. Se turna a la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados.

• Diputado Ramón León Morales, a nombre propio y del diputado Martí Batres Guadarrama, ambos del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo veintisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

• Senador Raymundo Cárdenas Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, que crea una Comisión Bicamaral para el seguimiento de los hechos relacionados con el presunto desvío de fondos de la empresa Petróleos Mexicanos a la campaña electoral del Partido Revolucionario Institucional en el año dos mil, así como la presunta introducción de fondos ilegales en la Asociación Civil denominada Amigos de Fox. Se turna, a solicitud hecha desde su curul por la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, a las juntas de Coordinación Política de las cámaras de Diputados y de Senadores.

Oficios de la Secretaría de Gobernación:

• Tres, con los que remite copias de los siguientes oficios: del director general de Radio, Televisión y Cinematografía, en relación con un punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, que se turna a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores; y dos del subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, en relación con dos puntos de acuerdo, uno aprobado por la Cámara de Senadores, que se remite a esa Cámara, y otro aprobado por la Cámara de Diputados, que se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

• Uno, con el que comunica la designación por parte del Presidente de la República, del ciudadano Leandro Arellano Reséndiz, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Rumania. Se turna a la Segunda Comisión.

• Uno, con el que comunica la designación por parte del Presidente de la República, del ciudadano Salvador Beltrán del Río Madrid, como Cónsul General de México en Toronto, Canadá. Se turna a la Segunda Comisión.

• Uno, por el que solicita el permiso necesario para que el ciudadano Víctor Manuel Solano Montaño, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República Libanesa. Se turna a la Primera Comisión.

• Uno, por el que solicita el permiso necesario para que el ciudadano Roberto Carlos Rodríguez Romero, pueda desempeñar el cargo de agente consular honorario de Estados Unidos de América en Reynosa, Tamaulipas, con circunscripción consular en esa ciudad. Se turna a la Primera Comisión.

Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite los lineamientos técnicos para el diagnóstico integral de la situación actual de las haciendas públicas estatales y municipales. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

Dictámenes de la Primera Comisión con proyectos de decreto:

• Que concede permiso a los ciudadanos Sergio Ernesto Jacobo Patiño y Laura Guadalupe Ramírez Domínguez, para aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno del Reino de España.

• Que concede permiso al ciudadano Gabriel Hernández Cuevas, para prestar servicios en el Consulado General de Estados Unidos de América, en Guadalajara, Jalisco.

Son de primera lectura.

Dictámenes a discusión:

• Dos de la Primera Comisión, con proyectos de decreto que conceden permiso a los ciudadanos Ruth Deutsch de Lechuga y Mario Rafael Arias Hernández, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de Austria y de la República Popular China, respectivamente; y a nueve ciudadanos mexicanos para prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas de gobiernos extranjeros en México. Sin discusión se aprueban en lo general y en lo particular por treinta y un votos en pro y ninguno en contra. Pasan al Ejecutivo para los efectos cons- titucionales.

• De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Arturo Sarukhan Casamitjana, como Cónsul General de México en Nueva York, Estados Unidos de América. Habla al respecto el diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios, del Partido Revolucionario Institucional. Sin nadie más que solicite el uso de la palabra, la Asamblea aprueba el punto de acuerdo en votación económica. Comuníquese al Ejecutivo. La Presidencia informa que a las puertas del salón de sesiones se encuentra el ciudadano Sarukhan Casamitjana, cuyo nombramiento acaba de ser ratificado por la Asamblea y acompañado de una comisión designada, rinde su protesta de ley.

• De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Jorge Lomónaco Tonda, como Cónsul General de México en Miami, Estados Unidos de América. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese al Ejecutivo. La Presidencia informa que a las puertas del salón de sesiones se encuentra el ciudadano Lomónaco Tonda, cuyo nombramiento acaba de ser ratificado por la Asamblea y acompañado de una comisión designada, rinde su protesta de ley.

• Quince, de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares a igual número de miembros del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos. Sin que motiven discusión se aprueban en votación económica. Comuníquense al Ejecutivo.

• De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo para impulsar la acuacultura en los estados de Sonora, Sinaloa y Nayarit y apoyar el proyecto del distrito de desarrollo acuícola del litoral de Caborca, Sonora. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.

• De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión Nacional del Agua, que incluya dentro de los recursos que le fueran ampliados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil tres, la revisión técnica del puente José López Portillo y la reparación del muro de contención del río Pantepec, en la ciudad de Alamo, Veracruz. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.

• De la Primera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a publicar el decreto que contiene reformas y adiciones al Código Financiero del Distrito Federal. Desde su respectiva curul hablan los diputados: Ramón León Morales, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones, para solicitar que, en virtud de que en la sesión previa de la Mesa Directiva este punto no fuera considerado para incorporase en el orden del día de esta sesión y así lo había acordado también la comisión dictaminadora, se posponga para la próxima sesión; Jorge Carlos Ramírez Marín y José Alejandro Zapata Perogordo, para hacer comentarios sobre la práctica y el procedimiento parlamentarios de incorporación de dictámenes en el orden del día, y para señalar que no existe inconveniente de sus grupos parlamentarios, del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional respectivamente, para que este punto sea pospuesto. La Presidencia pospone el dictamen para la siguiente sesión.

Solicitan excitativas los legisladores:

• Diputado Ramón León Morales, del Partido de la Revolución Democrática, a la Segunda Comisión, en relación con la proposición con punto de acuerdo para que se revise el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, presentada el ocho de enero de dos mil tres. La Presidencia hace la excitativa que corresponde.

• Diputado Víctor Antonio García Dávila, del Partido del Trabajo, a la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo del artículo trece de la Ley de Pesca, presentada el catorce de diciembre de dos mil uno. La Presidencia formula la excitativa respectiva.

• Senador Raymundo Cárdenas Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, a las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, en relación con diversas iniciativas relativas a los salarios de los servidores públicos. La Presidencia formula la excitativa a la Presidencia de la Cámara de Diputados, para que a su vez la haga a las comisiones referidas.

Presentan proposiciones con punto de acuerdo los legisladores:

• Diputado Juan Manuel Carreras López, del Partido Revolucionario Institucional, para que la Comisión Permanente integre un grupo plural que atienda e informe sobre la integridad física y el respeto a los derechos humanos de los dos exfuncionarios de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, involucrados en denuncias contra la Asociación Civil denominada Amigos de Fox. Se turna a la Primera Comisión de la Comisión Permanente y a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

• Diputado Ramón León Morales, a nombre propio y del diputado Martí Batres Guadarrama, ambos del Partido de la Revolución Democrática, en relación con la posición de México en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, en el conflicto Estados Unidos de América-Irak. Se turna a la Segunda Comisión.

• Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar la creación de una fiscalía especial encargada de las investigaciones sobre la Asociación Civil denominada Amigos de Fox. Se turna a la Primera Comisión de la Comisión Permanente y a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Desde su curul el diputado José Alejandro Zapata Perogordo, del Partido Acción Nacional, solicita la palabra para rectificar hechos y el Presidente señala que no procede su solicitud. Desde sus respectivas curules hablan los diputados: Ramírez Marín, para solicitar la aplicación de las disposiciones reglamentarias al respecto, y Zapata Perogordo, para solicitar quede constancia de que no se le ha permitido el uso de la palabra. El Presidente señala que no es posible atender esta solicitud en virtud de que es el acuerdo parlamentario relativo a las sesiones de la Comisión Permanente, el que establece que no procede el uso de la palabra para rectificar hechos en la presentación de proposiciones.

• Diputado Raúl Martínez González, a nombre propio y del diputado Francisco Esparza Hernández, ambos del Partido Acción Nacional, para exhortar a las entidades federativas a utilizar la infraestructura de las telesecundarias en los telebachilleratos. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

• Senador Marcos Carlos Cruz Martínez, del Partido de la Revolución Democrática, para que comparezca el Secretario de Hacienda y Crédito Público ante las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público de las cámaras de Diputados y de Senadores, para que explique las medidas hacendarias, de política económica y presupuestarias, que el Gobierno Federal ha previsto para evitar perturbaciones en la vida económica del país, en caso del estallido del conflicto bélico en Irak. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público de las cámaras de Diputados y de Senadores.

• Diputado Víctor Antonio García Dávila, del Partido del Trabajo, en relación con el daño ecológico de la Empresa Minera Carbonífera Río Escondido, en Piedras Negras, Coahuila. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

• Diputado Víctor Antonio García Dávila, del Partido del Trabajo, en relación con los trabajadores despedidos del Programa Nacional con Jornaleros Agrícolas de la Secretaría de Desarrollo Social. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

• Senador César Camacho Quiroz, del Partido Revolucionario Institucional, para que México mantenga su posición de desarme pacífico y supervisado en el conflicto de Irak, y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea, en votación económica, considera el asunto de urgente resolución. Hablan al respecto los legisladores: senador Felipe de Jesús Vicencio Alvarez, del Partido Acción Nacional; senador Marcos Carlos Cruz Martínez y diputado Ramón León Morales, ambos del Partido de la Revolución Democrática. La Asamblea considera suficientemente discutido el asunto en votación económica y de la misma manera aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

• Diputado Ramón León Morales, del Partido de la Revolución Democrática, sobre el conflicto laboral en la compañía hulera Euzkadi.

Presidencia del diputado Bernardo Borbón Vilches

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

• Diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios, del Partido Revolucionario Institucional, en relación con los jubilados y pensionados de Talleres Gráficos de la Nación.

Presidencia del diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo

Se turna a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

• Senador Raymundo Cárdenas Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar al Poder Ejecutivo Federal, medie en el conflicto agrario entre tepehuanes de Santa María Ixtahuatán y Xoconoxtle, del estado de Durango, y ejidatarios de San José de Bernalejo, del estado de Zacatecas, y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea, en votación económica, no considera el asunto de urgente resolución y la Presidencia turna la proposición a la Primera Comisión.

• Diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios, a nombre propio y del diputado Jaime Arturo Larrazábal Bretón, ambos del Partido Revolucionario Institucional, para implementar un programa emergente con el objetivo de evitar la contaminación de las playas nacionales. El diputado Díaz Palacios solamente entrega la proposición, solicitando se le dé el turno correspondiente. En atención a lo solicitado, la Presidencia turna la proposición a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

Memorial de particulares:

• La Secretaría da lectura a una comunicación de la ciudadana Mónica Ballesteros de Fernández, en relación con el expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Eduardo Fernández García.

• La Secretaría inicia la lectura de una comunicación de la ciudadana Arely Manguini, en relación con el señor Luis Felipe González Villarreal, exsecretario particular del ex presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Desde su curul el senador Jorge Zermeño Infante interrumpe la lectura para solicitar una moción de procedimiento y, en atención a ella, el Presidente ordena la suspensión de la lectura de la comunicación de referencia.

Se turnan ambas comunicaciones a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

Comenta el Día Internacional de la Mujer, que dedica a las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, el diputado Ramón León Morales, del Partido de la Revolución Democrática. Para el mismo tema suben a la tribuna las legisladoras: senadora Sara Isabel Castellanos Cortés, del Partido Verde Ecologista de México; diputada María Teresa Tapia Bahena, del Partido Acción Nacional, y senadora Yolanda Eugenia González Hernández, del Partido Revolucionario Institucional. Antes de la intervención de la diputada Tapia Bahena, y a solicitud de la senadora Castellanos Cortés atendida por la Presidencia, la Asamblea guarda un minuto de silencio en memoria de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Transcurrido el tiempo acordado para la duración de las sesiones, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y la Presidencia clausura la de hoy a las quince horas con cuarenta y un minutos, citando para la que tendrá lugar el miércoles doce de marzo de dos mil tres, a las once horas.»

El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:

Proceda la Secretaría a someter a discusión el acta.

El Secretario diputado José Tomás Lozano y Pardinas:

Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...

El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:

Aprobada el acta.

SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

La Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:

«Dip. Eric Eber Villanueva Mukul, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.— Presente.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del CDLXXVIII (478) aniversario de la Fundación de Tenochtitlan, el próximo jueves 13 a las 10:00 horas, en el monumento erigido en memoria de la Fundación de Tenochtitlan, en Pino Suárez, sin número, a un costado de la Plaza de la Constitución, delegación Cuauhtémoc.

Por tal motivo, me permito solicitar muy atentamente se sirva girar sus respetables instrucciones, a efecto de que un representante de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirva prestar a la presente y le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

México, DF, a 12 de marzo de 2003.— Dr. Enrique Semo Calev, secretario.»

El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:

Para asistir en representación de esta Comisión Permanente se designa a los siguientes legisladores:

Diputados: Carlos Aceves y del Olmo, Mónica Leticia Serrano Peña, Ramón León Morales y Víctor Antonio García Dávila.

 

SENADORES QUE SOLICITAN LICENCIA

La Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.

Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.— Presente.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 62 y 78 fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y por lo señalado en el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior de este Congreso; solicito a usted se dé el trámite correspondiente a la licencia para separarme del cargo como senador de la República, mismo que asumí el 1o. de septiembre del año 2000, para las LVIII y LIX Legislaturas.

La anterior solicitud la hago en razón de que he sido electo y postulado como candidato al cargo de gobernador del estado de Nuevo León, primeramente por el Partido Revolucionario Institucional, y en fecha 12 de febrero del año en curso, por una alianza o coalición de partidos políticos, integrada por el Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México, Partido Fuerza Ciudadana y Partido Liberal Mexicano, para contender por la gubernatura de mi Estado en las próximas elecciones a celebrarse el 6 de julio de 2003 por el periodo, de resultar electo, del día  4 de octubre de 2003 al día 3 de octubre de 2009.

Asimismo, la presente solicitud de licencia la hago en cumplimiento de lo que dispone la fracción III en su segundo y último párrafos del artículo 82 de la Constitución Política del estado de Nuevo León.

Reitero a usted la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, 14 de febrero de 2003.— Sen. José Natividad González Parás (rúbrica).»

El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:

De conformidad con lo que establece el artículo 78 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.

La Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:

Señoras y señores está a discusión el siguiente punto de acuerdo:

Unico. Se concede licencia por tiempo indefinido al senador José Natividad González Parás, para separarse de sus funciones como senador de la República, a partir de esta fecha.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...

El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:

Aprobado, comuníquese a la Cámara de Senadores.

La Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:

«Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.— Presente.

Ricardo Canavati Tafich, en mi calidad de senador de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión solicito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 67 inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General y el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se me conceda licencia para separarme de mis funciones como senador de la República a partir del 15 de marzo de 2003.

Sin otro particular, manifiesto las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente.

México, DF, a 15 de marzo de 2003.— Sen. Ricardo Canavati Tafich (rúbrica).»

El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:

De conformidad con lo que establece el artículo 78 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.

La Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:

Está a discusión el siguiente punto de acuerdo:

Unico. Se concede licencia por tiempo indefinido al senador Ricardo Canavati Tafich, para separarse de sus funciones como senador de la República a partir del 15 de marzo.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Las señoras y señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...

El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:

Aprobado. Comuníquese a la Cámara de Senadores.

DIPUTADOS QUE SE REINCORPORAN

La Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.

Dip. Eric Eber Villanueva Mukul, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presente.

El suscrito licenciado Lucio Fernández González, diputado federal con licencia, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, le comunica de manera respetuosa a este órgano legislativo lo siguiente:

Con esta fecha 10 de marzo del año en curso, me estoy reincorporando al cargo de diputado federal, en virtud de que las causas que motivaron la licencia que me fue concedida han concluido, por lo que le ruego se sirva comunicar lo conducente a quien corresponda para todos los efectos a que haya lugar al respecto.

Agradezco la atención que se sirva prestar a la presente, quedo de usted.

Atentamente.

México, DF, a 10 de marzo de 2003.— Dip. Lucio Fernández González (rúbrica).»

El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:

De enterado, comuníquese a la Cámara de Diputados.

La Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:

«Dip. Eric Eber Villanueva Mukul, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de la H. Cámara de Diputados.— Presente.

El suscrito, diputado federal Rafael Barrón Romero, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, le comunica de manera respetuosa a este órgano legislativo lo siguiente:

Primero. La reincorporación al cargo de diputado federal a partir del 10 de marzo del 2003, de acuerdo a la licencia que se me concedió en el mes de enero de manera indefinida para ausentarme de forma temporal.

Segundo. Se sirva realizar los trámites necesarios para aprobar lo solicitado.

Sin otro particular, agradezco la atención que sirva prestar al presente, quedando de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 10 de marzo de 2003.— Dip. Rafael Barrón Romero (rúbrica).»

El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:

De enterado, comuníquese a la Cámara de Diputados.

La Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:

Dip. Fed. Eric Eber Villanueva Mukul, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Sirvan estas líneas para enviarle un cordial saludo, al tiempo que le informo que a partir de esta fecha me reintegro a mi cargo de diputado federal.

Sin más por el momento, agradezco la atención brindada a la presente.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 10 de marzo de 2003.— Dip. Víctor Hugo Sondón Saavedra (rúbrica).»

El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:

De enterado, comuníquese a la Cámara de Diputados.

La Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.

Dip. Eric Eber Villanueva Mukul, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con motivo de la licencia que he solicitado con anterioridad, del 5 de enero al 10 de marzo del presente año, me permito informarle que a partir del día de su vencimiento me reincorporaré a mis funciones como legislador, por lo que solicito a usted ordenar lo conducente para tal efecto.

Por la atención que se sirva otorgar a la presente, le envío mis agradecimientos.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 6 de marzo de 2003.— Dip. Emilio Ulloa Pérez (rúbrica).»

El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:

De enterado, comuníquese a la Cámara de Diputados.

La Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.

Dip. Eric Villanueva Mukul, Presidente de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.— LVIII Legislatura.— Presente.

Hago referencia a la licencia indefinida que me fue concedida por la H. Comisión Permanente, en sesión celebrada el pasado 6 de enero del año en curso.

Con relación a dicha licencia, que inició vigencia el día 6 de enero de este mismo año, me permito comunicarle mi deseo de reincorporarme a mis actividades como diputada federal a partir del día 10 de marzo de 2003, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar.

Agradeciendo las consideraciones recibidas, quedo de usted.

Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 6 de marzo de 2003.— De la Comisión de Equidad y Género, Dip. Fed. María de los Angeles Sánchez Lira (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:

De enterado, comuníquese a la Cámara de Diputados.

La Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.

Dip. Fed. Eric Villanueva Mukul, Presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.— Presente.

El que suscribe, diputado federal de la LVIII Legislatura, solicito respetuosamente a esta Mesa Directiva se me incorpore al trabajo legislativo a partir del día 10 de marzo del presente año.

Asimismo, le pido girar la instrucción correspondiente al área administrativa, a efecto de que me restituyan las garantías y prestaciones a las que tengo derecho.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que sirva a dar al presente, quedo de usted.

Atentamente.

México, DF, a 10 de marzo de 2003.— Dip. Héctor Taboada Contreras (rúbrica).»

El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:

De enterado, comuníquese a la Cámara de Diputados.

La Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.

Dip. Eric Eber Villanueva Mukul, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.— Presente.

El suscrito, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, le comunica de manera respetuosa a este órgano legislativo lo siguiente:

Primero. La reincorporación al cargo de diputado federal a partir del 10 de marzo del 2003, de acuerdo con la licencia que se me concedió en el mes de enero de manera indefinida, para ausentarme de forma temporal.

Segundo. Se sirva realizar los trámites necesarios para aprobar lo solicitado.

Sin otro particular, agradezco la atención que sirva prestar al presente.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 10 de marzo de 2003.— Dip. Moisés Alcalde Virgen (rúbrica).»

El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:

De enterado, comuníquese a la Cámara de Diputados.

La Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:

«Dip. Eric Eber Villanueva Mukul, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presente.

El suscrito, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, le comunica de manera respetuosa a este órgano legislativo lo siguiente:

Primero. Mi reincorporación al cargo de diputado federal a partir del 11 de marzo de 2003, ya que la licencia que se me concedió a partir del 30 de diciembre fue de manera indefinida.

Segundo. Se sirva realizar los trámites necesarios para aprobar lo solicitado.

Sin otro particular, agradezco la atención que sirva prestar al presente.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 11 de marzo de 2003.— Dip. Mario Sandoval Silvera (rúbrica).»

El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:

De enterado, comuníquese a la Cámara de Diputados.

 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

La Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:

«Escudo.— Poder Legislativo de Baja California.— XVII Legislatura.

H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— México, DF.

De conformidad con el artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Baja California, nos permitimos comunicarles la clausura del primer periodo ordinario de sesiones e instalación del segundo periodo ordinario así como la designación de la Mesa Directiva que comprende del 1o. de febrero al 31 de mayo del año en curso, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la H. XVIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Baja California, la cual quedó integrada de la siguiente forma:

Presidenta: Dip. Laura Sánchez Medrano; Vicepresidente: Dip. Nicolás Osuna Aguilasocho; Secretario: Dip. Jesús Alejandro Ruiz Uribe; Prosecretaria: Dip. María Rosalba Martín Navarro.

Al hacer de su conocimiento lo anterior, aprovechamos la oportunidad para reiterarles las seguridades de nuestra distinguida consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Mexicali, Baja California, a 1o. de febrero de 2003.— Diputados: Laura Sánchez Medrano, presidenta; Jesús Alejandro Ruiz Uribe, secretario (rúbricas).»

El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:

De enterado.

 

ESTADO DE MICHOACAN

La Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—  Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.— Morelia.— LXIX Legislatura.

CC. Diputados Secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— México, DF.

La Sexagésima Novena Legislatura constitucional del H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, por mi conducto informa a ustedes, que con esta fecha clausuró el tercer periodo ordinario de sesiones, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional. De igual forma hago de su conocimiento que la integración de la Comisión Permanente quedó de la siguiente forma:

Presidente: Dip. Juan Manuel Iriarte Méndez; Secretario: Dip. Mario Magaña Juárez; Secretario: Dip. Isidro Fausto Gutiérrez; Primera vocal: Dip. Edna Janette Martínez Nambo; Segundo vocal: Dip. Gerardo Correa Cosío.

Lo anterior para todos los efectos legales procedentes.

Aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi distinguida consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Morelia, Michoacán, a 15 de diciembre de 2002.— Lic. Daniel Mora Ortega (rúbrica), Oficial Mayor del H. Congreso del Estado.»

El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:

De enterado.

 

ESTADO DE QUINTANA ROO

La Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.— Cd. Chetumal, Q. Roo, México.

CC. Diputados Secretarios del H. Congreso de la Unión.— Presentes.

La X Legislatura constitucional del estado, en cumplimiento al artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se permite comunicar la apertura del segundo periodo extraordinario de sesiones, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional, previa elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos legislativos, la cual quedó integrada de la siguiente manera:

Presidente: Dip. Gildardo Palacios Herrera; Vicepresidente: Dip. Román Guzmán González.

Sin otro particular por el momento, me es grato aprovechar la ocasión para reiterarles las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Chetumal, Quintana Roo, a 13 de enero de 2003.— Dip. Sergio Manuel López Villanueva (rúbrica), Secretario.»

 

ESTADO DE YUCATAN

La Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Yucatán.— Poder Legislativo.

Dip. Dr. Eric Eber Villanueva Mukul, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.— Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Yucatán, me permito comunicar a usted que, con esta fecha, se clausuró el segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de su ejercicio constitucional de esta LVI Legislatura.

Lo anterior para su conocimiento y efectos legales que correspondan.

Atentamente.

Mérida, Yucatán, a 15 de enero de 2003.— Dip. MVZ José María Fernández Medina (rúbrica), Secretario de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Yucatán.»

El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:

De enterado.

ESTADO DE ZACATECAS

La Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LVII Legislatura.— Zacatecas.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

De conformidad con lo establecido por los artículos 57 de la Constitución Política del estado y 32 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, por este conducto nos permitimos comunicar a ustedes que en sesión solemne de esta misma fecha, la H. Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, clausuró su primer periodo ordinario de sesiones, dentro del segundo año de su ejercicio constitucional, quedando integrada la Comisión Permanente que presidirá los trabajos del primer periodo de receso de la siguiente manera:

Presidente: Dip. Javier Mendoza Villalpando, Suplente: Dip. Roberto Valadez González; Secretario: Dip. Leodegario Varela González, Suplente: Dip. Carlos Pérez Rico; Secretaria: Dip. Lorena E. Oropeza Muñoz, Suplente: Dip. Carlos E. Hernández E; Vocal: Dip. Ismael Murillo Murillo, Suplente: Dip. Gumaro E. Hernández Z.; Vocal: Dip. Marco Vinicio Flores Chávez, Suplente: Dip. Rubén Martínez Castillo; Vocal: Dip. Alfonso Aguilar Contreras, Suplente: Dip. Joel Hernández Peña; Vocal: Dip. Leoncio Miramontes R., Suplente: Dip. José Escobedo Domínguez; Vocal: Dip. Otilio Rivera Herrera, Suplente: Dip. Héctor Z. Pastor Alvarado; Vocal: Dip. Miguel Rivera Sánchez, Suplente: Dip. Patricia Salinas Alatorre; Vocal: Dip. Joel Arce Pantoja, Suplente: Dip. Pedro Martínez Flores; Vocal: Dip. Pablo L. Arreola Ortega, Suplente: Dip. Filomeno Pinedo Rojas.

Lo que nos permitimos hacer de su conocimiento para los efectos correspondientes.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Zacatecas, Zacatecas, a 27 de diciembre del año 2002.— H. LVII Legislatura del Estado.— Comisión Permanente.— Dip. Leodegario Varela González (rúbrica), Secretario; Dip. Lorena Esperanza Oropeza Muñoz (rúbrica), Secretaria.»

El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:

De enterado.

ESTADO DE COLIMA

La Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— H. Congreso del Estado de Colima.— LIII Legislatura.— 2000-2003.

CC. Diputados Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.— México, DF.

En sesión de la Comisión Permanente celebrada el día de hoy, los diputados integrantes de la misma emitieron y aprobaron un punto de acuerdo, el que textualmente en sus resolutivos señala:

Primero. Se solicita al honorable Congreso de la Unión su intervención ante el titular del Ejecutivo Federal para que éste realice las transferencias necesarias y autorice la canalización de recursos emergentes por la cantidad de 25 millones de pesos para atender la infraestructura agropecuaria del estado afectada por el sismo del 21 de enero del presente año.

Segundo. Se exprese al honorable Congreso de la Unión, que promueva la creación de un fondo especial de contingencia para el sector agropecuario, destinado a la atención de emergencias derivadas de fenómenos sísmicos e hidrometeorológicos, así como plagas, epidemias y otros tipos de siniestros que afecten al sector agropecuario.

Tercero. Se canalice el presente punto de acuerdo a los HH. Congresos de los estados de la Federación para que, si así lo determinan, se solidaricen con las presentes propuestas.

Lo que comunicamos a ustedes, en vía de petición y para los efectos de ley correspondientes.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

“2003, Año de Comparte”, “Por los Derechos de la Niñez Colimense”.

Colima, Colima, a 11 de febrero de 2003.— Dip. José Mancilla Figueroa (rúbrica), Secretario; Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios (rúbrica), Secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— H. Congreso del Estado de Colima.— LIII Legislatura.— 2000-2003.

Con base en lo dispuesto en el Capítulo Segundo, artículo 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo vigente, presento a esta LIII Legislatura, el siguiente punto de acuerdo relacionado con la solicitud al Gobierno Federal, de recursos financieros extraordinarios para atender la reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura agropecuaria del estado, afectada por el sismo del pasado 21 de enero, con base en los siguientes

CONSIDERANDOS

l. Que con fecha 30 de enero, la Comisión de Desarrollo Rural y Fomento Pesquero, recibió el oficio número SDR-048/2003, por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, en el que se expresa el acuerdo del Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable, relativo a solicitar la intervención de la LIII Legislatura de este H. Congreso del estado, ante el honorable Congreso de la Unión, para que éste proponga y autorice al titular del Ejecutivo federal, recursos financieros extraordinarios para atender la emergencia de reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura agropecuaria del estado, afectada por el sismo del día 21 de enero.

2. Que en las reglas de operación del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), no se contempla una gran cantidad de infraestructura afectada y en aquella que sí está considerada, los recursos destinados al respecto resultan altamente insuficientes, infiriéndose que los montos asignados son estimaciones estandarizadas, sin considerar los costos de construcción propios del estado.

3. Que ante la falta de recursos financieros extraordinarios para atender la emergencia, independientemente de las acciones que viene realizando la Comisión Nacional del Agua (CNA), el propósito de las dependencias del sector es el de canalizar recursos de los programas normales como Alianza para el Campo, uso pleno de la infraestructura hidroagrícola, uso eficiente del agua y energía, modernización de los distritos de riego, de fomento agrícola y porcícola, entre otros, así como la utilización de los productos financieros respectivos.

La utilización de dichos recursos no representa por sí un problema, toda vez que se destinaría a atender la emergencia para evitar que el desarrollo del sector se detenga; sin embargo, de materializarse este propósito, implicará la disminución de los apoyos a los productores y el incumplimiento de las metas programadas por las dependencias del sector para el presente ejercicio en cuanto a la realización de obras, acciones y proyectos.

4. Que los daños registrados a la infraestructura agropecuaria en el estado se estiman en 25 millones de pesos, afectándose principalmente sistemas de riego presurizado, canales, líneas de conducción de agua y de energía eléctrica, protecciones y equipo de bombeo, drenes, bodegas, bordos, canaletas, pozos profundos, transformadores, casetas de control, andenes, eras, empaques etcétera.

5. Que se requieren recursos no sólo para reconstruir y rehabilitar la infraestructura agropecuaria dañada, como son los pozos profundos, bordos y sistemas de riego, además de que en el corto plazo están en riesgo los cultivos de hortalizas, plátano y papayo, sino también se necesitan recursos para la recuperación de la capacidad reproductiva del sector agropecuario del estado, pues los efectos del fenómeno sísmico no sólo se reflejan en la infraestructura afectada sino también se observará en los niveles de producción que se tenían contemplados para el presente ejercicio.

6. Que los productores del estado tienen plena conciencia de la magnitud de los efectos del fenómeno sísmico, especialmente con relación a las viviendas destruidas y dañadas parcial o totalmente, así como la afectación a otros sectores como la industria y los servicios, a los cuales de manera casi inmediata se han canalizado importantes recursos financieros.

Se entiende que existen prioridades que se valoran, respetan y se asumen; sin embargo, los recursos para atender la emergencia en el sector agropecuario han sido mínimos y con el riesgo aún de que se transfieran recursos de los programas normales de las dependencias con las consecuencias señaladas anteriormente.

7. Que ante la magnitud del sismo se ha puesto en evidencia la necesidad de contar con recursos financieros suficientes para atender las consecuencias inmediatas y mediatas de sus efectos, cabe mencionar que para atender las emergencias de otro tipo de fenómenos, como los hidrometeorológicos, de alguna manera se consideran recursos diversos derivados del aseguramiento de la producción, no existiendo este tipo de esquemas para el caso de daños por fenómenos sísmicos que han puesto de manifiesto la necesidad de contar con un fondo de contingencia específico para el sector agropecuario.

Por lo anterior, en uso de las atribuciones que me confiere nuestro ordenamiento legal interno, propongo al pleno de esta Quincuagésima Tercera Legislatura el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se solicite al honorable Congreso de la Unión su intervención ante el titular del Ejecutivo Federal para que éste realice las trasferencias necesarias y autorice la canalización de recursos emergentes por la cantidad de 25 millones de pesos, para atender la infraestructura agropecuaria del estado afectada por el sismo del 21 de enero del presente año.

Segundo. Se exprese al honorable Congreso de la Unión que promueva la creación de un fondo especial de contingencia para el sector agropecuario, destinado a la atención de emergencias derivadas de fenómenos sísmicos e hidrometeorológicos, así como plagas, epidemias y otros tipos de siniestros que afecten al sector agropecuario.

Tercero. Se canalice el presente punto de acuerdo a los HH. Congresos de los estados de la Federación para que, si así lo determinan, se solidaricen con las presentes propuestas.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Colima, Colima, a 7 de febrero de 2003.— El Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Fomento Pesquero, Dip. Salvador Solís Aguirre (rúbrica).»

«H. Congreso del Estado de Colima.— LIII Legislatura.

Dip. Lic. Nabor Ochoa López, Presidente de la Comisión Permanente del H. Congreso del Estado.— Presente.

El pasado 30 de enero del presente, recibimos en esta Comisión la solicitud del Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable, en la cual nos plantean la posibilidad de integrar un punto de acuerdo, en el que este H. Congreso del Estado promueva y gestione ante el H. Congreso de la Unión, recursos extraordinarios para atender la emergencia de la infraestructura agropecuaria afectada por el sismo del pasado 21 del presente mes, así como la integración de un fondo especial de contingencia que atienda directamente situaciones emergentes propiciadas por fenómenos naturales como sismos, hidrometeorológicos, plagas o epidemias.

Atendiendo dicha solicitud canalizo a usted dicho punto de acuerdo, con el propósito de que, en el seno de la Comisión que usted preside, se analice, valore y dictamine en su próxima sesión ordinaria, en el afán de que pueda canalizarse a la brevedad al H. Congreso de la Unión considerando la importancia de su propósito y contenido en apoyo al sector agropecuario de la entidad.

Programar la presentación del punto de acuerdo mencionado hasta una nueva sesión extraordinaria del pleno, propiciaría su desfasamiento y el retraso en la gestión oportuna de recursos; sin embargo, de no existir otra alternativa le solicito se programe su integración en el orden del día correspondiente de la sesión extraordinaria más próxima.

Anticipándole mi agradecimiento por su apoyo, me despido de usted con el refrendo de mis mejores saludos.

Atentamente.

Sufrago Efectivo. No Reelección.

Colima, Colima, a 7 de febrero de 2003.— Dip. Salvador Solís Aguirre (rúbrica).»

«Escudo.— Gobierno del Estado Libre y Soberano de Colima.— Secretaría de Desarrollo Rural.

C. Diputado Salvador Solís Aguirre, Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Fomento Pesquero.— Presente.

El pasado 29 de enero del presente año, en sesión plenaria del Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable, se acordó solicitar a la Comisión que usted preside, la integración de un punto de acuerdo en el que se solicite el apoyo de los integrantes de la LIII Legislatura, para que intervenga como gestor y promotor de dos asuntos de carácter prioritario para los productores del estado, mismos que se refieren a:

1. Se solicite al H. Congreso de la Unión, que promueva ante el titular del Ejecutivo Federal, recursos financieros extraordinarios por un monto de 25 millones de pesos, cantidad en que se estiman los costos de reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura agropecuaria del estado, afectada por el siniestro del pasado 21 de enero.

2. Se manifieste a dicho órgano legislativo, la necesidad de que se promueva ante el Gobierno Federal, la creación de un fondo especial de contingencia para el sector agropecuario que permita atender las emergencias derivadas de fenómenos naturales, que por nuestra ubicación geográfica son propios en el estado, además de que permita atender otros imponderables que afectan al sector como plagas y epidemias.

Los integrantes del Consejo y los productores en general, tienen la certeza de contar con su respaldo en las gestiones que realiza al respecto, motivo por el cual le reiteran su confianza por el interés que siempre ha mostrado por la situación del sector agropecuario.

Agradeciendo de antemano su apoyo, me despido de usted, saludándolo cordialmente.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Colima, Colima, a 30 de enero de 2003.— El Secretario Ing. Lorenzo Hernández Arreguín (rúbrica).»

El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:

Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados.

ESTADO DE MORELOS

La Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:

«Escudo.— Poder Legislativo.— XLVIII Legislatura.— 2000-2003.

CC. Diputados Secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.

Por instrucciones del diputado Joel Juárez Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado de Morelos, por acuerdo de sesión ordinaria celebrada hoy y en cumplimiento de todos sus artículos, les remito el siguiente acuerdo parlamentario, mediante el cual este Congreso solicita al Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y a ustedes, integrantes de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la autorización de no devolución de los recursos anticipados que corresponde a un mes de participaciones y que se entregaron en diciembre a las entidades federativas y se exhorta a las legislaturas estatales y a la asamblea federal a sumarse a esta solicitud.

Sin otro particular, les reiteramos nuestra consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Cuernavaca, Morelos, a 30 de enero de 2003.— Dr. Armando Ramírez Saldívar (rúbrica), Secretario General de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso de Morelos.»

«Escudo.— Poder Legislativo.— XLVIII Legislatura.— 2000-2003.

Honorable Asamblea:

Los diputados del H. Congreso del estado que suscribimos presentamos a la consideración de esa H. asamblea legislativa la propuesta de punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal y al H. Congreso de la Unión la no devolución de los recursos que fueron anticipados a las entidades federativas en diciembre de 2002, con base en las siguientes

CONSIDERACIONES

Que conforme se establece en los artículos 32 y 38, incisos i) y j), de la Ley Orgánica del Congreso del estado, se faculta a la Junta de Coordinación Política como un órgano de expresión plural del Congreso del estado de Morelos para impulsar la formación de puntos de acuerdo de la misma asamblea legislativa.

Que la Constitución Política del estado de Morelos, en el artículo 40, fracción II, faculta a esta H. Asamblea Legislativa a fin de expedir acuerdos para el gobierno y la administración interiores del estado.

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra principios normativos para la conducción del desarrollo económico y social de la nación y establece bases para implantar mecanismos de planeación nacional que logren el ejercicio de las atribuciones que la propia Constitución y las leyes otorgan al Estado como rector de la vida económica, social, política y cultural de nuestro país. Inmersos en la idea del sistema nacional de planeación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público desarrolla una función de apoyo al proyectar y calcular los ingresos públicos tomando en un marco jurídico adecuado para cumplir objetivos inmediatos y prioridades de los programas plasmados en los planes de desarrollo nacional, estatal y municipal y que éstos se realicen de manera efectiva, reconociendo en todo momento que los cambios que imperan en el presente pueden obligar a su modificación y actualización.

De esa forma, se encontró un mecanismo de compensación que permite hacer una entrega de recursos con que cuenta la Federación dentro de lo que establece la Ley de Coordinación Fiscal para la participación de ingresos federales a entidades federativas.

Que mediante el decreto número 787, publicado en el Periódico Oficial número 4227, de fecha 13 de diciembre de 2002, se modifican la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del gobierno del estado de Morelos para el ejercicio fiscal 2002, autorizando adicionar 235 millones 682 mil 533 pesos en la recaudación de participaciones federales.

Que de acuerdo con la dinámica al alza que se ha observado desde finales del ejercicio fiscal de 2002 en los precios internacionales del petróleo, el Gobierno Federal podrá contar con recursos excedentes a los programados. Dichos recursos se verán reflejados en el primer trimestre del ejercicio 2003, margen financiero que se estima suficiente para apoyar las finanzas de entidades y de municipios.

Que de acuerdo con las modificaciones efectuadas a la iniciativa de Presupuesto de Egresos presentada por el Ejecutivo Federal ante el Congreso de la Unión, éste manifestó su intención de fortalecer los ingresos de los gobiernos locales, destinando mayores recursos y creando específicamente el Ramo 39; sin embargo, esa intención no se verá cristalizada en su totalidad, ya que la devolución al Gobierno Federal de los recursos anticipados en diciembre de 2000 a entidades federativas y a municipios deja a los gobiernos locales con la obligación de hacer frente a un compromiso de pago que, de manera sensible, provoca el desequilibrio de sus respectivos presupuestos.

Las condiciones sociales y económicas por las que actualmente atraviesan los diversos sectores de la economía nacional, por la apertura gradual del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, obligan a las entidades federativas a realizar las inversiones necesarias en los sectores de la producción y los servicios, a fin de elevar el nivel de competitividad en relación con los socios comerciales del norte del continente.

Por los motivos expuestos y con fundamento en los artículos 32 y 38 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; y 39, 43, 49, inciso a), y 59 del Reglamento Interior para el Congreso del estado de Morelos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, como asunto de obvia y urgente resolución, apruebe el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se solicita al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y al H. Congreso de la Unión la autorización de no devolución de los recursos anticipados que corresponden a un mes de participaciones y que se entregaron en diciembre de 2002 a las entidades federativas.

Segundo. Se exhorta a las Legislaturas estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a sumarse a la solicitud que se realiza en este acuerdo al titular del Poder Ejecutivo Federal y al H. Congreso de la Unión.

Tercero. Se ordena a la Secretaría General de Servicios Legislativos y Parlamentarios del H. Congreso del estado que notifique a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión, así como a las legislaturas estatales y a la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Honorable Congreso del Estado, a 31 de enero de 2003.— Por la Junta de Coordinación Política, Diputados: Víctor Hugo Manzo Godínez (rúbrica), Presidente; Sergio Alvarez Mata (rúbrica), Secretario; Sylvia Victoria E. D´Granda y Terreros (rúbrica), Vocal; Dip. Joel Juárez Guadarrama (rúbrica), Presidente del H. Congreso del Estado; Diana A. Recio Téllez de Ramos (rúbrica), Presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública.»

El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

ESTADO DE OAXACA

La Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca.— Poder Legislativo.

CC. Senadores Secretarios del Honorable Congreso de la Unión.— México, DF.

La Quincuagésima Octava Legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente acuerdo:

“Primero. La LVIII Legislatura constitucional del estado, hace una respetuosa solicitud al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que de acuerdo a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, decrete la reducción de las tarifas de suministro y venta de energía eléctrica para el estado de Oaxaca y en toda la República Mexicana, en los términos concedidos en los estados de Sonora y Baja California.

Segundo. Remítase el presente acuerdo a las cámaras federales de Diputados y de Senadores del honorable Congreso de la Unión, para que hagan suya esta solicitud y promuevan de acuerdo a sus atribuciones constitucionales ante el titular del Poder Ejecutivo Federal, la expedición de un decreto apegado a la legalidad, mediante el cual se reduzcan las tarifas de suministro y venta de energía eléctrica para el estado de Oaxaca y en todo el país.

Tercero. Remítase este acuerdo a todos los congresos estatales de la República Mexicana y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, solicitándoles se adhieran al mismo y hagan suya esta petición ante el Congreso de la Unión y el titular del Poder Ejecutivo Federal.

Dado en el salón de sesiones del H. Congreso del Estado; Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 23 de enero de 2003; Genaro Leonardo Sosa Gómez, Diputado Presidente (rúbrica); René Egremy Cruz, Diputado Secretario (rúbrica); Reyna Gloria Vega Hernández, Diputada Secretaria (rúbrica).”

Lo que nos permitimos transcribir a ustedes para su conocimiento y efectos legales consiguientes.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

“El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz”

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 23 de enero de 2003.— Dip. René Egremy Cruz (rúbrica), Secretario; Dip. Reyna Gloria Vega Hernández (rúbrica), Secretaria.»

El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.

ESTADO DE SONORA

La Secretaria senadora Micaela Aguilar González:

«Escudo Nacional de los Estados Mexicanos Unidos.— Congreso del Estado Libre y Soberano de Sonora, Hermosillo.— Secretaría.

Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.— Presente.

El H. Congreso del estado de Sonora, en sesión celebrada por su Diputación Permanente el día de hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente

ACUERDO

Primero. El Congreso del estado de Sonora hace un llamado al titular del Poder Ejecutivo de la Federación, C. licenciado Vicente Fox Quesada, para que, en uso de sus facultades constitucionales y legales, propicie las condiciones necesarias para establecer una mesa de negociación en el conflicto laboral que enfrenta la Minera de Cananea, subsidiaria del Grupo México, cuidando en todo momento no afectar las fuentes de empleo existentes hasta antes del inicio del movimiento obrero ni soslayar los derechos y prestaciones de la clase minera trabajadora, particularmente, el aumento salarial solicitado y el bono de productividad retenido por la empresa desde hace dos años.

Segundo. El Congreso del estado de Sonora solicita al honorable Congreso de la Unión, se pronuncie a favor del movimiento de huelga de los obreros de Minera de Cananea y proceda, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, a la más amplia investigación del proceso mediante el cual el Grupo México, SA de CV, se hizo acreedor a la explotación de los yacimientos de cobre en la Minera de Cananea, así como lo relativo a la obligación de la empresa compradora de realizar el pago del cinco por ciento del precio pactado de compraventa mediante la cesión de dicho porcentaje en acciones de la nueva empresa a favor de los trabajadores de la minera, lo que representaba, en ese año de la operación, un monto de alrededor de 19.5 millones de dólares estadounidenses.

Tercero. Remítase el presente acuerdo a las legislaturas de los estados a efecto de que de considerarlo oportuno, manifiesten su apoyo mediante la aprobación de un acuerdo en términos similares al de esta Legislatura.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

“2003. Año de los Derechos Políticos de las Mujeres Mexicanas”

Hermosillo, Sonora, a 3 de febrero de 2003.— Dip. Heleodoro Pacheco Vázquez (rúbrica), Presidente; Dip. Jesús Avila Godoy (rúbrica), Secretario.»

El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:

Túrnese a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Cámara de Diputados.

 

ESTADO DE SONORA

La Secretaria senadora Micaela Aguilar González:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Congreso del Estado Libre y Soberano de Sonora, Hermosillo.— Secretaría.

Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.— Presente.

El H. Congreso del estado de Sonora, en sesión celebrada por su Diputación Permanente el día de hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente:

ACUERDO

Primero. El Congreso del Estado Libre y Soberano de Sonora, se pronuncia de manera solidaria a favor de los productores agropecuarios sonorenses, los cuales están solicitando un diálogo nacional con objeto de que el Gobierno Federal, por conducto del Presidente de la República, renegocie el apartado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en lo relativo al sector agropecuario.

Segundo. El Congreso del Estado Libre y Soberano de Sonora acuerda solicitar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo Federal, que realicen las acciones que resulten necesarias para que los productores agropecuarios de nuestro país se encuentren en condiciones óptimas para competir con los productores de Estados Unidos de América y Canadá.

Tercero. Remítase el presente acuerdo a las legislaturas de los estados a efecto de que, de considerarlo oportuno, manifiesten su apoyo mediante la aprobación de un acuerdo en términos similares al de esta Legislatura.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

“2003: Año de los Derechos Políticos de las Mujeres Mexicanas.”

Hermosillo, Sonora, a 3 de febrero de 2003.— Diputados: Heleodoro Pacheco Vázquez, Presidente; Jesús Avila Godoy, Secretario (rúbricas).»

El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:

Túrnese a las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

ESTADO DE ZACATECAS

La Secretaria senadora Micaela Aguilar González:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LVII Legislatura.— Zacatecas.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.— México, DF.

Adjunto tenemos el honor de remitir a ustedes un ejemplar del acuerdo número 61, emitido por la H. Quincuagésima Séptima Legislatura del estado, en sesión ordinaria de esta misma fecha, mediante el cual se solicita a las Cámaras de Senadores y de Diputados del H. Congreso de la Unión, su intervención ante las instancias federales correspondientes, a fin de preservar la seguridad pública de los habitantes del ejido de Bernalejo de la Sierra, municipio de Valparaíso, Zacatecas.

Nos es grato reiterarles las seguridades de nuestra distinguida y especial consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Zacatecas, Zacatecas, a 4 de marzo del año 2003.— La H. LVII Legislatura del Estado.— Diputados: Héctor Pastor Alvarado y Gumaro Elías Hernández Zúñiga, secretarios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LVII Legislatura.— Zacatecas.

ACUERDO Número 61

La Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas.

Resultando único. En sesión ordinaria del Pleno correspondiente al día 4 del año en curso, los diputados integrantes de la LVII Legislatura del estado, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 14, fracción I; 133, fracción III; y 135 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 23, 24 y 25, del Reglamento General, presentaron al Pleno una iniciativa de punto de acuerdo relativo al ejido Bernalejo de la Sierra, municipio de Valparaíso, Zacatecas.

CONSIDERANDO

1o. Mediante resolución presidencial de fecha primero de febrero de 1956, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de abril del mismo año, se dotó a Bernalejo, municipio de Valparaíso, Zacatecas, con una superficie de 5,465 hectáreas, que se tomarían de la hacienda de San Juan Capistrano, para beneficiar a 64 campesinos capacitados. Tal resolución se ejecutó el primero de noviembre de 1956.

2o. En fecha 23 de junio de 1997, el entonces Presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, expidió un decreto expropiatorio que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 25 del mismo mes y año, ordenando se despojara como núcleo agrario de las 5, 465 hectáreas de terrenos ejidales, que en forma pacífica, continua, pública y en concepto de dueños como ejidatarios de Bernalejo de la Sierra, han poseído por muchos años.

3o. Contra el decreto expropiatorio de referencia, se interpuso juicio de nulidad número 393/2000, ante el Tribunal Unitario Agrario del primer distrito en el estado de Zacatecas, y en fecha 20 de febrero de 2003, el referido Tribunal Unitario dictó su resolución en primera instancia, declarando nulo el decreto expropiatorio con que se pretendía afectar injustamente a los ejidatarios de Bernalejo de la Sierra, municipio de Valparaíso, Zacatecas, quienes en ningún momento han dejado de tener la legítima posesión de sus tierras, ya que el decreto expropiatorio jamás se ejecutó.

4o. No obstante lo anterior, los comuneros de Santa María Ocotán y Xoconoxtle, municipio de Mezquital, estado de Durango, desde mediados de febrero de 2002, en forma violenta se posesionaron de las tierras ejidales, cometiendo entre otros, los delitos de despojo de inmueble, daño en las cosas, robo de ganado y amenazas.

5o. Como consecuencia de la resolución del Tribunal Unitario Agrario, que anuló el decreto de expropiación, los comuneros de Santa María Ocotán y Xoconoxtle, municipio de Mezquital, estado de Durango, han reaccionado con mayor violencia. Desde el día primero de marzo del año en curso, un grupo de aproximadamente 600 comuneros, bloquearon el acceso al ejido de Bernalejo de la Sierra, abriendo zanjas y atravesando troncos sobre los caminos y veredas, apostándose en los alrededores del ejido al que tienen sitiado. Para ello han levantado no menos de 70 campamentos, y continúan amenazando a las 62 familias de ejidatarios, con desalojarlos por medio de la fuerza, ya que portan machetes y armas de fuego.

6o. Ante tan graves acontecimientos que pueden desencadenar mayor violencia en vías de hecho, con alto riesgo para la vida, la seguridad o la integridad física de las personas, esta LVII Legislatura del estado de Zacatecas hace un urgente llamado al Senado de la República y a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que a través de sus comisiones intervengan ante las instancias federales que corresponda; y ante el gobierno del estado de Durango, a efecto de preservar la seguridad pública; se levante el violento asedio de que están siendo objeto los ejidatarios de Bernalejo de la Sierra, a quienes se deberá respetar la legítima posesión de las tierras que les pertenecen.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 14, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 24, 25 y relativos del Reglamento General, es de acordarse y se acuerda:

Unico. Con carácter de urgente, se solicita al Senado de la República y a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que a través de sus comisiones, intervengan ante las instancias federales que corresponda; y ante el gobierno del estado de Durango, a efecto de preservar la seguridad pública; se levante el violento asedio de que están siendo objeto los ejidatarios de Bernalejo de la Sierra, a quienes se deberá respetar la legítima posesión de las tierras que les pertenecen.

Dado en la Sala de Sesiones de la LVII Legislatura del Estado, a 4 de marzo de 2003.— Diputados: Lorena Esperanza Oropeza Muñoz, Presidenta; Héctor Zihuén Pastor Alvarado; Gumaro Elías Hernández Zúñiga, secretarios (rúbricas).»

El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:

Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

La Secretaria senadora Micaela Aguilar González:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dip. Eric Eber Villanueva Mukul, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 145, penúltimo párrafo de la Ley Aduanera, por este conducto me permito hacer llegar a esa H. Comisión Permanente el reporte de las mercancías de comercio exterior asignadas por el Servicio de Administración Tributaria durante enero del presente año, que se encuentra detallado en la relación que se adjunta.

De dicho reporte se desprende que, durante el periodo mencionado, las asignaciones se orientaron a atender las contingencias generadas por las ondas gélidas ocurridas en diversos regiones del territorio nacional, así como para la utilización de mercancías perecederas y de fácil descomposición o deterioro.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente.

México, DF, a 27 de febrero de 2003.— Lic. Rubén Aguirre Pangburn (rúbrica), Presidente del SAT.»

El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

DEUDA PUBLICA

La Secretaria senadora Micaela Aguilar González:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

C. Diputado Eric Eber Villanueva Mukul, Presidente de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 24, fracciones I y III, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2003, me permito enviar la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto; el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública; y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes a enero de 2003.

Asimismo, se informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente a enero de 2002.

Adicionalmente, se incluye la información sobre las finanzas públicas y la deuda pública a enero.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 4 de marzo de 2003.— Lic. José Francisco Gil Díaz (rúbrica), Secretario de Hacienda y Crédito Público.»

INFORMACION DE FINANZAS PUBLICAS Y DEUDA PUBLICA, ENERO DE 2003.

FINANZAS PUBLICAS

I.1 Balance del Sector Público

I.2 Situación Financiera del Sector Público

I.3 Ingresos Presupuestarios del Sector Público

I.4 Gasto Programable Pagado del Sector Público

I.5 Situación Financiera del Gobierno Federal

I.6 Situación Financiera de Entidades Bajo Control Presupuestario Directo

I.7 Situación Financiera del Gobierno Federal y Seguridad Social

I.8 Recaudación Federal Participable

I.9 Participaciones Pagadas a las Entidades Federativas, Enero de 2003

I.10 Participaciones Pagadas a las Entidades Federativas, Enero de 2002

DEUDA PUBLICA

II.1 Evolución de los Saldos de la Deuda Pública Externa, Enero de 2003

II.2 Evolución de los Saldos de la Deuda Interna del Gobierno Federal, Enero de 2003

II.3 Colocaciones del Sector Público, Enero de 2003

II.4 Colocaciones de Valores Gubernamentales, Enero de 2003

II.5 Tasas de Valores Gubernamentales, Enero de 2003

II.6 Costo de la Deuda Pública Externa, Enero de 2003

II.7 Costo de la Deuda Interna del Gobierno Federal, Enero de 2003

II.8 Deuda Externa del Sector Público, Financiamientos durante Enero de 2003

II.9 Deuda Interna del Gobierno Federal, Financiamientos durante Enero de 2003

El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:

Túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.

Proceda la Secretaría a dar cuenta con el presupuesto de la Cámara de Senadores.

CAMARA DE SENADORES

La Secretaria senadora Micaela Aguilar González:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.— Presentes.

Por su digno conducto, me permito remitir a la Comisión Permanente, la siguiente documentación:

1. Proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para el mes de marzo de 2003.

2. Informes de los presupuestos ejercidos por la Cámara de Senadores, en los meses de diciembre de 2002; y enero de 2003.

Aprovecho la oportunidad para reiterarles las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, DF, a 10 de marzo de 2003.— Sen. Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.— Comisión de Administración.

Presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para el mes de marzo de 2003.

Servicios Personales                    72.701,300

Materiales y Suministros                   1.919,400

Servicios Generales                      55.339,600

Bienes Muebles e Inmuebles              3.085,700

Ayudas y Subsidios                      91.700

TOTAL:                                   133.137,700

Importa el presente presupuesto la cantidad de ciento treinta y tres millones ciento treinta y siete mil setecientos pesos 00/100 Moneda Nacional.

México, DF, a 26 de febrero de 2003.— Sen. Mariano González Zarur, secretario; Sen. Antonio Soto Sánchez, secretario; Lic. Graciela Brasdefer H., tesorera.»

En votación económica se pregunta si se aprueba.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...

El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:

Aprobado.

La Secretaria senadora Micaela Aguilar González:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.— Comisión de Administración.

Presupuesto Ejercido por la Cámara de Senadores en el mes de diciembre de 2002*

Servicios Personales                    76.574,124

Materiales y Suministros                 4.228,219

Servicios Generales                      43.076,339

Bienes Muebles e Inmuebles            2.325,407

Ayudas y Subsidios                      355,492

TOTAL:                                         126.559,581

Importa el presente presupuesto la cantidad de ciento veintiséis millones quinientos cincuenta y nueve mil quinientos   ochenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional.

* El Presupuesto ejercido incluye el presupuesto pagado y el comprometido.

México, DF, a 26 de febrero de 2003.— Sen. Mariano González Zarur, secretario; Sen. Antonio Soto Sánchez, secretario; Lic. Graciela Brasdefer H., tesorera del Senado de la República.»

El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:

De enterado.

La Secretaria senadora Micaela Aguilar González:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.— Comisión de Administración.

Presupuesto Ejercido por la Cámara de Senadores en el mes de enero de 2003*

Servicios Personales                    72.689,453

Materiales y Suministros                   472,502

Servicios Generales                      59.732,991

Bienes Muebles e Inmuebles       229,354

Ayudas y Subsidios                      10,954

TOTAL:                                   133.135,254

Importa el presente presupuesto la cantidad de ciento treinta y tres millones ciento treinta y cinco mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional.

* El Presupuesto ejercido incluye el presupuesto pagado y el comprometido.

México, DF, a 26 de febrero de 2003.— Sen. Mariano González Zarur, secretario; Sen. Antonio Soto Sánchez, secretario; Lic. Graciela Brasdefer H., tesorera del Senado de la República.»

El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:

De enterado.

 

LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO

La Secretaria senadora Micaela Aguilar González:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— H. Congreso del Estado.— Puebla.

Honorable Congreso de la Unión de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por medio del presente informo a usted que en sesión pública ordinaria de esta fecha fue aprobado el punto de acuerdo suscrito por la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en el que solicita se envíe al honorable Congreso de la Unión, a las legislaturas de los estados de la República y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la propuesta para reformar la Ley de Instituciones de Crédito, mismo que anexo al presente.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi distinguida consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Heroica Puebla de Zaragoza, a 13 de febrero de 2003.— El Presidente de la Mesa Directiva del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, Dip. Víctor Manuel Giogana Jiménez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— H. Congreso del Estado.— Puebla.

El Honorable Quincuagésimo Quinto Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla.

Que en sesión pública ordinaria de esta fecha, los ciudadanos diputados del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla tuvieron a bien aprobar el acuerdo propuesto por la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, en el que solicitó al pleno del Congreso del estado acuerdo para enviar al honorable Congreso de la Unión, a las legislaturas de los estados de la República y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la propuesta de reformar la Ley de Instituciones de Crédito, y

CONSIDERANDO

Que es deber del Estado la salvaguarda y protección de la población tanto en su vida como en sus bienes, a través de la implantación de medidas de seguridad eficaces en las que la prevención sea prioritaria.

Que el nivel delictivo registrado en las últimas décadas en nuestro país, específicamente los asaltos a instituciones bancarias, ha dejado ver la imperiosa necesidad de implantar en las instituciones de crédito, los mecanismos de seguridad que cuenten con lo más vanguardista en tecnología y recursos humanos para combatir a la delincuencia, la cual es cada vez mayor en este tipo de delitos.

Que es de suma importancia la coordinación de acciones en materia de protección y seguridad, entre los organismos policiales de los tres niveles de gobierno y las instituciones de crédito, para la consecución de los fines propuestos en el resguardo de los bienes tanto de la nación como de la población en general.

Que es deber de las instituciones bancarias el mantener actualizados sus mecanismos de seguridad en la protección de valores, que permitan la utilización eficaz de los recursos materiales y humanos para ello.

Que la obligación de capacitar intelectual y físicamente al personal que está en contacto directo con el manejo de valores, es de suma importancia para la debida actuación ante la presencia de cualquier hecho constitutivo de delito, que ponga en peligro la vida del público, el personal bancario y su patrimonio.

Actualmente, la Ley de Instituciones de Crédito establece lo siguiente:

“...Artículo 87. Las instituciones de banca múltiple deberán dar aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e insertar en una publicación periódica de amplia circulación de la localidad de que se trate, un aviso dirigido al público que contenga la información relativa a la apertura, reubicación o clausura de las sucursales respectivas, con una anticipación de treinta días naturales a la fecha en que se tenga programada.

Las instituciones de crédito requerirán autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el establecimiento, cambio de ubicación y clausura de cualquier clase de oficinas en el extranjero, así como para la cesión del activo o pasivo de sus sucursales.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar que las sucursales de instituciones de crédito establecidas en el extranjero realicen operaciones que no estén previstas en las leyes mexicanas, para ajustarse a las condiciones del mercado en que operen, para lo cual tendrán que proporcionar a la mencionada Secretaría los antecedentes, procedimientos, disposiciones y formalidades inherentes a la práctica de cada tipo de operación, la instalación y el uso de equipos y sistemas automatizados, que se destinen a la celebración y a la prestación especializada de servicios directos al público, se sujetarán a las reglas generales que dicte en su caso la citada Secretaría.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público oirá la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para autorizar lo señalado en los dos párrafos precedentes.”

“Artículo 96. Las instituciones de crédito deberán establecer medidas básicas de seguridad que incluyan la instalación y funcionamiento de los dispositivos, mecanismos y equipo indispensable, con objeto de contar con la debida protección en las oficinas bancarias para el público, sus trabajadores y su patrimonio.

Para el cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior, dichas instituciones deberán contar con una unidad especializada.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, podrá dictar mediante reglas de carácter general, los lineamientos a que se sujetarán las medidas básicas de seguridad que establezcan las instituciones de crédito.

La Comisión Nacional Bancaria vigilará que las instituciones cumplan con las disposiciones aplicables en la materia...”

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 43, fracción XIII, 64, fracción II, 65 y 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado; y 19, 20 y 23, fracción XIII, del Reglamento Interior del H. Congreso del estado, se emite el siguiente

ACUERDO

Unico. Enviar al honorable Congreso de la Unión y a las Legislaturas de los estados, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la propuesta emitida por la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de esta Quincuagésima Quinta Legislatura, para reformar los artículos 86 y 97 de la Ley de Instituciones de Crédito, para que quede en los siguientes términos:

Artículo 87. Las instituciones de banca múltiple deberán dar aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a las autoridades de seguridad pública de las entidades federativas y localidades correspondientes, e insertar en una publicación periódica de amplia circulación regional de la zona de que se trate, dándole un aviso dirigido al público que contenga la información relativa a la apertura, reubicación o clausura de las sucursales respectivas, con una anticipación de treinta días naturales a la fecha en que se tenga programada.

Las instituciones de crédito requerirán autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el establecimiento, cambio de ubicación y clausura de cualquier clase de oficinas en el extranjero, así como para la cesión del activo o pasivo de sus sucursales.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar que las sucursales de instituciones de crédito establecidas en el extranjero realicen operaciones que no estén previstas en las leyes mexicanas, para ajustarse a las condi- ciones del mercado en que operen, para lo cual tendrán que proporcionar a la mencionada Secretaría los antecedentes, procedimientos, disposiciones y formalidades inherentes a la práctica de cada tipo de operación, la instalación y el uso de equipos y sistemas automatizados, que se destinen a la celebración y a la prestación especializada de servicios directos al público, se sujetarán a las reglas generales que dicte en su caso la citada Secretaría.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público oirá la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para autorizar lo señalado en los dos párrafos precedentes.

Artículo 96. Las instituciones de crédito deberán establecer medidas obligatorias de seguridad que incluyan los elementos, materiales técnicos idóneos y humanos, con objeto de contar con la debida protección en las oficinas bancarias para el público, sus trabajadores y su patrimonio.

Para el cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior, dichas instituciones deberán contar con una unidad interna encargada del diseño, aplicación y supervisión de programas de seguridad y protección, coordinada con las instancias del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, podrá dictar mediante reglas de carácter general, los lineamientos a que se sujetarán las medidas básicas de seguridad que establezcan las Instituciones de Crédito, apegadas a lo previsto por la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La Comisión Nacional Bancaria, oyendo la opinión de las diferentes instancias del Sistema Nacional de Seguridad Pública, vigilará que las instituciones cumplan con las disposiciones aplicables en la materia.

Heroica Puebla de Zaragoza, a 13 de febrero de 2003.— Mesa Directiva del honorable Quincuagésimo Quinto Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla.— Dip. Víctor Manuel Giorgana Jiménez (rúbrica), Presidente; Dip. Carlos Manuel Meza Viveros (rúbrica), Secretario; Dip. Verónica Sánchez Agis (rúbrica), Secretaria; Dip. Jorge Arnulfo Camacho Foglia (rúbrica), Secretario.»

El Presdiente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

El Presdiente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:

Tiene la palabra el diputado Salvador Cosío Gaona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma diversos ordenamientos legales en relación a la responsabilidad de funcionarios públicos y familiares del Presidente de la República.

El diputado Salvador Cosío Gaona:

Con su venia, señor Presidente:

En uso de las facultades, como legislador, someto a la consideración de la Cámara de Diputados, a través de esta Comisión Permanente, iniciativa que reforma artículos diversos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a fin de establecer y normar actividades oficiales a cargo del cónyuge del Presidente de la República, acotando expresamente la integración, la estructura orgánica del Poder Ejecutivo Federal.

Resulta preocupante la forma discrecional como se han efectuado actividades diversas en la actual Administración Pública Federal. Así fue la creación de diversas supercoordinaciones del gabinete presidencial y de numerosas oficinas técnicas especiales de apoyo a la Presidencia. La mayoría de ellas sin razón lógica de existir ni mucho menos una tarea clara y definida a realizar y otras con funciones y facultades señaladas en contradicción o duplica a los que la ley vigente otorga ya a otras oficinas públicas federales legalmente establecidas.

Todas ellas han sido cuestionadas severamente en cuanto a la poca eficiencia que demuestran sus magros resultados, en contraste con lo oneroso de su funcionamiento.

Esto se ha originado por el simple deseo caprichoso de cumplir el compromiso de otorgarle empleo bien remunerado a un numeroso grupo de amigos del Presidente Fox, ratificando así los servicios personales y los apoyos diversos financieros otorgados en la previa campaña electoral.

Aunque algunas de estas oficinas presidenciales y supercoor- dinaciones ya han desaparecido, esto ha sido por la presión de actores políticos, sociales o la opinión pública que las cuestionó severamente; pero otras simplemente fueron eliminadas porque a los titulares se les encontró ya un mejor acomodo en el organigrama oficial.

No obstante muchas de estas oficinas aún existen con escasa o nula actividad y provocan confusiones y falta de adecuada claridad en el desempeño de sus funciones, generando una millonaria sangría en las erogaciones del Erario Público Federal.

Pero existe una situación que nos hace reflexionar más sobre la exacta aplicación de la ley. Es el caso de la exagerada discrecionalidad con la que se presume se ha manejado el respaldo financiero; actividades privadas, abusando, al margen de la ley, de fondos federales sin existir el soporte presupuestal correspondiente, utilizando recursos económicos asignados para su ejercicio por dependencias específicas del Poder Ejecutivo Federal y que en lugar de ser erogados por éstas, se han utilizado para sufragar gastos con motivos de actividades privadas de la ciudadana Marta Sahagún de Fox y de la Asociación Civil denominada “Fundación Vamos México”, que ella misma encabeza.

Asimismo resulta mucho muy cuestionable la legalidad como se ha delegado la representación oficial del Presidente de la República en eventos oficiales en territorio nacional o en el extranjero, al haberse otorgado sin fundamento jurídico alguno, a quien carece de personalidad oficial y/o cargo determinado en la estructura orgánica de la propia Administración Pública Federal.

Cabe destacar que la Carta Magna establece que el Poder Ejecutivo Federal se deposita en un ciudadano denominado: “Presidente de la República” y no consigna determinación o personería legal alguna en relación a la figura del cónyuge del Ejecutivo Federal.

En relación a los apoyos económicos y materiales provenientes del erario público federal para sufragar las actividades privadas de la esposa del ciudadano Presidente de la República, debe quedar claro que a ella sólo le correspondería, acaso, recibir los respaldos inherentes a las actividades oficiales si ocupara la Presidencia del Patronato del Sistema DIF Nacional, cargo que no obstante su carácter de honorífico y por tanto sin la posibilidad legal de recibir salario alguno, requiere sí, para su adecuado desempeño, de algunos apoyos administrativos, materiales, humanos y financieros. Pero en los hechos la señora Marta Sahagún Jiménez de Fox no ocupa siquiera dicho cargo, mismo que al parecer rechazó le fuera otorgado por considerarle de poca relevancia político-administrativa o de escaso campo de acción o de mínima influencia funcional en la esfera orgánica del Poder Ejecutivo Federal. Cabe recordar que dicho organismo gubernamental constituye el eje de la labor social del Gobierno Federal y fue establecido desde hace muchos años y es respetado por el pueblo de México.

Por lo anterior, es clara y contundente la conclusión en cuanto a que la mencionada ciudadana Marta Sahagún de Fox no tiene carácter legal alguno para ser proveída presupuestalmente salvo en lo conducente a la prerrogativa personal, como moradora de la residencia oficial de Los Pinos, que es exclusivamente en cuanto a habitación, subsistencia alimentaria y necesidades básicas humanas cotidianas; lo que además debe ser revisado y, en su caso, acotado debidamente y no nunca, jamás, en la forma como es público y notorio se le respalda desde el inicio de la actual Administración Pública Federal y hasta la fecha.

Porque es un hecho indubitable que a la señora Sahagún de Fox se le otorgan recursos fuera del parámetro normal que merece su calidad de cónyuge del Presidente de la República, dado que como se afirma ella no ostenta o desempeña cargo público alguno y es sabido que ella cuenta con una estructura oficial de apoyo administrativo a sus actividades personales que incluye un numeroso grupo de servidores públicos como son: secretario particular y privado, jefe de ayudantes, secretarios técnicos, asesores, analistas, personal de soporte técnico informático, personal de apoyo secretarial, oficial administrativo diverso, así como jefe de difusión y relaciones públicas, entre otros.

Nuestro lado derecho es que nadie podrá obtener emolumento o remuneración económica alguna con cargo al erario público sin que exista justificación legal y el soporte presupuestal específico y terminar con claridad y además no podrá dejarse erogación alguna a cargo del erario público sin que exista al respecto autorización presupuestal validada. Actuar en esta idea contraviniendo lo que ha establecido es incurrir en manejo ilegal de recursos públicos y está tipificado y penalizado en la ley.

Además, resulta muy claro que sólo puede acudir a representar al Presidente de la República en algún evento oficial alguien que detente formalmente una responsabilidad pública y ese no es el caso actual de la señora Sahagún de Fox, quien es sabido ha acudido a representar al Presidente de la República careciendo de legalidad y al efecto también se han canalizado recursos cuantiosos públicos para que la citada ciudadana cumpla dichas representaciones oficiales.

Por otra parte, ha sido muy difundido y criticado el respaldo oficial inadecuado en cuanto a recursos humanos, materiales y financieros que se le han venido otorgando en forma por demás discrecional a la Asociación Civil deno- minada “Fundación Vamos México”, sin que hasta ahora se conozca el monto real y justificado origen presupuestal de dichos recursos públicos. Le contraviene a la más elemental norma de aplicación de Administración de Recursos Públicos de la Federación y vulnera el principio de equidad en dichos fondos públicos.

Al respecto es evidente que resulta muy necesario adecuar el marco legal de la Administración Pública Federal para acotar la existencia legal de la estructura del Ejecutivo Federal y dar cabida accional a las actividades del cónyuge del Presidente de la República, con la finalidad de otorgar facultades expresamente conferidas pero también responsabilidades por ejercicio de dinero público a su cargo.

Por ello se propone reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para tener con claridad las dependencias oficiales que la conforman, eliminando menciones inadecuadas como el que actualmente establece departamentos administrativos que ya no existen, estableciendo también con claridad que el Presidente de la República sólo podrá contar con unidades de apoyo, asesoría técnica y coordinación, con aquellas que expresamente el presupuesto de la Federación aprobado por el Legislativo establezca.

El mismo caso en relación con las secretarías de Estado, a quienes con esta reforma se pretende ceñir estableciendo que sólo contarán con los subsecretarios, oficial mayor, coordinadores y demás funcionarios que estrictamente apruebe el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por esta soberanía legislativa.

Solicito, señor Presidente, en obvio de tiempo, que se imprima el texto íntegro de esta iniciativa que establece reforma a los artículos 1o., 2o., 7o., 8o., 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 y a la denominación del título del Capítulo II y se derogan los artículos 10 y 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

En el texto de esta iniciativa se detalla con claridad el planteamiento conducente, que consiste, como lo establecido, en acotar funciones discrecionales que hoy día se realizan con mancha muy ancha, otorgando recursos fuera de reglamentación, otorgando representaciones espurias a quienes no tienen derecho para realizarlas y actualmente se deja una manga muy ancha para que el Presidente de la República designe, como lo ha hecho, funcionarios, supercoordinadores, asesores y oficinas presidenciales fuera de la necesidad y fuera del marco republicano de austeridad.

Con resta reforma, que espero sea aprobada en su caso en la Cámara de Diputados, se da un paso hacia la certidumbre presupuestal y hacia la certidumbre de quién ocupa cargos y quién responde del dinero público ante la nación.

Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 1o., 2o., 7o., 8o., 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 y el título de los Capítulos I y II y deroga los artículos 10 y 15 todos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a fin de establecer y normar actividades oficiales a cargo del cónyuge del ciudadano Presidente de la República, acotando expresamente la integración de la estructura orgánica del Poder Ejecutivo Federal.

En nuestra calidad de legisladores Federales a la LVIII Legislatura, y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de este honorable Congreso de la Unión la presente Iniciativa de Reformas a Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de conformidad con la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

Es preocupante la forma discrecional como se han efectuado diversas actividades en el ámbito de la Administración Pública Federal durante la Administración de Vicente Fox.

Así fue la creación de las diversas supercoordinaciones del gabinete Presidencial y las numerosas oficinas temáticas especiales de tareas de apoyo a las responsabilidades presidenciales, la mayoría de ellas sin una razón lógica de existir ni mucho menos una tarea clara y definida a realizar, y, otras, con funciones y facultades señaladas en contradicción o duplica a las que la ley vigente otorga ya a diversas instituciones públicas federales legalmente constituidas anteriormente.

Todas ellas han sido cuestionadas severamente en cuanto a la poca eficiencia que demuestran sus magros resultados, en contraste con lo oneroso de su funcionamiento.

Esto se ha originado por el simple deseo caprichoso de cumplir el compromiso de otorgarle empleo bien remunerado a un numeroso grupo de amigos del Presidente Fox, gratificando así los servicios personales y diversos apoyos financieros otorgados en la previa campaña electoral.

Aunque algunas de estas oficinas presidenciales y supercoordinaciones ya han desaparecido, esto ha sido por la presión de muchos actores políticos, sociales o de agentes de opinión pública, al cuestionárseles severamente, pero, otras, simplemente fueron eliminadas porque a sus “titulares” se les encontró ya un mejor acomodo en el organigrama oficial. No obstante, muchas de estas oficinas aun existen, bajo escasa o nula actividad y provocando las confusiones y falta de adecuada claridad en el desempeño de ciertas atribuciones y responsabilidades del Ejecutivo Federal, y, sobre todo, generando millonaria sangría por las erogaciones cuantiosas al Erario Público Federal.

Pero existe una situación que nos hace reflexionar, aún más, sobre la necesaria exacta aplicación de la Ley.

Es el caso de la exagerada discrecionalidad con la que se presume se ha manejado el respaldo financiero a actividades privadas, abusando, al margen de la ley, de fondos federales, sin existir el soporte presupuestal correspondiente, utilizando recursos económicos asignados para su ejercicio por dependencias específicas del Ejecutivo Federal y, que en lugar de ser erogados por éstas, se han utilizado para sufragar gastos con motivo de actividades privadas de la ciudadana Marta Sahagún de Fox y de la Asociación Civil denominada “Fundación Vamos México”, que ella misma encabeza.

Asimismo, resulta mucho muy cuestionable la legalidad como se ha delegado la representación oficial del ciudadano Presidente de la República, sea en eventos oficiales en territorio nacional o en el extranjero, al haberse otorgado, sin fundamento jurídico alguno, a quién carece de personalidad oficial y/o cargo determinado en la estructura orgánica de la propia Administración Pública Federal.

Cabe destacar que la Constitución General de la República, establece que el Poder Ejecutivo se deposita en “UN” ciudadano denominado Presidente de la República, y no consigna determinación o personería legal alguna en relación a la figura del cónyuge del titular del Poder Ejecutivo Federal.

En relación a los apoyos económicos y materiales provenientes del erario público federal para sufragar las actividades privadas de la esposa del Ciudadano Presidente de la República, debe quedar claro que a ella sólo le correspondería, acaso, recibir los respaldos inherentes a las actividades oficiales si ocupare la Presidencia del Patronato del Sistema DIF Nacional, cargo que, no obstante su carácter de honorífico y por tanto sin la posibilidad legal de recibir salario alguno, requiere para su adecuado desempeño de algunos apoyos administrativos por medio de recursos humanos, materiales y financieros suficientes para tal caso.

Pero, en los hechos, la señora Marta Sahagún Jiménez de Fox no ocupa siquiera dicho cargo, mismo que al parecer rechazo le fuera otorgado, por considerarle de poca relevancia político administrativa o de escaso campo de acción o de mínima influencia funcional en la esfera orgánica del Poder Ejecutivo Federal. Cabe recordar que dicho organismo gubernamental, que constituye el eje de la labor asistencial del Gobierno Federal, fue constituido desde hace muchos años, y es respetado por el pueblo mexicano y no fue creado a capricho del presidente en turno y mucho menos para beneficiar a algún partido político.

Por lo anterior, es clara y contundente la conclusión en cuanto a que la mencionada ciudadana Marta Sahagún de Fox no tiene carácter legal alguno para ser proveída presupuestal mente, salvo en lo conducente a la prerrogativa personal como moradora de la residencia oficial de Los Pinos, que es exclusivamente en cuanto a habitación y subsistencia alimentaria y de necesidades básicas humanas cotidianas, lo que, además debe ser revisado y en su caso acotado debidamente y, NO, NUNCA, JAMÁS; en la forma como es público y notorio se le respalda desde el inicio de la actual administración pública federal y hasta la fecha, porque es un hecho indubitable que, a la señora Sahagún de Fox, se le otorgan recursos fuera del parámetro normal que merece en su calidad de cónyuge del Ciudadano Presidente de la Republica, dado que, como antes se afirma, ella no ostenta o desempeña cargo público alguno, pues, es sabido, que ella cuenta con una estructura oficial de apoyo administrativo a sus actividades personales, que incluye un numeroso grupo de servidores públicos como son: secretarios particular y privado, jefe de ayudantes, secretarios técnicos, asesores, analistas, personal de soporte técnico e informático, personal de apoyo secretarial y auxiliares administrativos diversos, así como jefes de difusión y de relaciones públicas, y otros muchos funcionarios y empleados públicos más, sin dejar de advertir los cuantiosos recursos materiales y financieros que se derivan de ello.

Es de explorado derecho que nadie podrá nunca obtener emolumento o remuneración económica con cargo al erario público sin que exista justificación legal y el soporte presupuestal específico y determinado con claridad, y que, además, no podrá realizarse erogación alguna a cargo del propio erario público sin que exista al respecto la autorización y la determinación validada cabalmente en el propio presupuesto oficial que corresponda.

Actuar en contravención a esta máxima legal, es incurrir en un manejo ilegal de los recursos públicos correspondientes y está tipificado y penalizado en la ley.

Además, es muy claro que sólo puede acudir a representar al Ciudadano Presidente de la República en algún evento oficial, alguien que detente formalmente una responsabilidad pública y no es ése el caso actual de la señora Sahagún de Fox, quién, es sabido, ha acudido a representar al titular del Poder Ejecutivo Federal careciendo de legalidad, y al efecto, también, se han canalizado cuantiosos recursos públicos para que la citada ciudadana cumpla dichas espurias encomiendas oficiales.

Por otra parte, ha sido muy difundido y criticado el respaldo oficial inadecuado, en cuanto a recursos humanos, materiales y financieros, que se le ha venido otorgando, en forma por demás discrecional, a la Asociación Civil denominada: “Fundación Vamos México”, sin que hasta ahora se conozca el monto real y el justificado origen presupuestal de dichos recursos públicos, lo que contraviene a la más elemental norma de aplicación y administración de los fondos públicos de la Federación y vulnera, además, el principio de justicia y equidad en la distribución de los mismos, y, aun cuando éstos sean supuestamente destinados a actividades de beneficio social, su ejercicio debe ceñirse a la legislación aplicable, por lo que es necesario solicitar la transparencia y el soporte legal era cuanto al manejo de los mismos.

Al respecto, nos reservamos el derecho para ejercer posteriormente las acciones legales que corresponden, porque, en su momento, todo esto deberá ser revisado muy cuidadosamente por la Auditoría Superior de la Federación, pues, es muy claro, que debe imperar el mandato de la legislación federal aplicable en materia de contabilidad, presupuesto y gasto público, así como la correspondiente Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la propia legislación civil y penal que deba aplicarse al caso.

Por todo lo anterior, es evidente que resulta muy necesario el adecuar el marco legal de la Administración Pública Federal, para acotar la existencia legal de las estructuras funcionales del Poder Ejecutivo, e institucionalizar las actividades del cónyuge del Ciudadano Presidente de la República, con la finalidad de llenar el vacío jurídico que al respecto existe, otorgando tanto facultades expresamente conferidas, como las responsabilidades ante el ejercicio de su cargo y de cualquier recurso público que al efecto sea manejado.

Por ello, es que se propone reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para determinar con claridad las dependencias oficiales que la conforman, eliminando cualquier mención inadecuada que existe en relación a los antiguos departamentos administrativos que desde hace muchos años dejaron de figurar en el organigrama oficial federal, y establecer que la Presidencia de la República solo podrá contar con las unidades de apoyo técnico, de asesoría y de coordinación, que expresamente establezca el Presupuesto Federal asignado, aclarándose, además, específicamente, que en cada Secretaría de Estado solo existirán las Subsecretarías y demás dependencias administrativas que se señalen expresamente en el propio citado Presupuesto Público Federal aprobado por el Poder Legislativo, así como, muy especialmente, incluir la figura de la Coordinación General de Asistencia Social de la Presidencia de la República, cuya titularidad podrá ser conferida sin contravención legal alguna al cónyuge del titular del Ejecutivo Federal, asimismo, se propone normar las facultades que podrá ejercer con objeto de cumplir los objetivos establecidos, prevaleciendo en todo momento la asistencia social.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración del Honorable Congreso de la Unión la siguiente Iniciativa de Reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de conformidad con el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se reforman los artículos 1o., 2o., 7o., 8o., 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 y el Título del Capítulo 2o. y se derogan los artículos 10 y 15, todos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Vigente; para quedar así:

1. Se suprimen, en el segundo párrafo del artículo 1o., las palabras “los departamentos administrativos” y en su lugar aparecerán las palabras “la Coordinación General de Asistencia Social” para quedar como sigue:

“Artículo 1o.

La presente Ley establece las bases de organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal.

La Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, La Coordinación General de Asistencia Social, y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, integran la Administración Pública Centralizada.

Los Organismos descentralizados...”

2. En el artículo 2o. en su fracción segunda se suprimen las palabras “Departamentos Administrativos” y en su lugar queda “Coordinación General de Asistencia Social”, para quedar como sigue:

“Artículo 2o.

En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión, habrá las siguientes dependencias de la Administración Pública Centralizada:

I. Secretarías de Estado;

II. Coordinación General de Asistencia Social;

III. Consejería Jurídica.”

3. En el artículo 6o. se suprimen las palabras “los Jefes de Departamentos Administrativos” para quedar como sigue:

“Artículo 6o.

Para los efectos del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la Republica acordara con todos los Secretarios de Estado y el Procurador General de la República.

4. En el artículo 7o. se suprimen las palabras “Jefes de Departamentos y el Secretariado Técnico de las mismas estará adscrito a la Presidencia de la República”; para quedar como sigue:

Artículo 7o.

El Presidente de la República podrá convocar a reuniones de Secretarios de Estado, y demás funcionarios competentes, cuando se trate de definir o evaluar la Política del Gobierno Federal en materias que sean de la competencia concurrente de varias dependencias o entidades de la Admi- nistración Publica Federal. Estas reuniones serán presididas por el titular del Ejecutivo Federal.

5. En el artículo 8o. se adiciona la palabra “solo” y se eliminan las palabras “el propio Ejecutivo” y “de acuerdo con”, para quedar como sigue:

Artículo 8o.

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos sólo contara con las unidades de asesoría, de apoyo técnico y de coordinación que se determine en el presupuesto asignado para la Presidencia de la Republica.

6. Se suprime en la denominación del Capítulo Primero las palabras: “y los departamentos administrativos”.

Para quedar así:

CapItulo I

De las Secretarías de Estado.

7. Se deroga el artículo 10, para quedar así:

Artículo 10. Derogado.

8. En el artículo 11 se derogan las palabras “y de los departamentos administrativos”; para quedar como sigue:

Artículo 11. Los titulares de las Secretarías de Estado ejercerán las funciones de su competencia por acuerdo del Presidente de la Republica.

9. En el artículo 12 se derogan las palabras “o Departamentos Administrativo”; para quedar como sigue:

Artículo 12.

Cada Secretaría de Estado formulara, respecto de los asuntos de su competencia los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la Republica.

10. En el artículo 13, primer párrafo, se derogan las palabras “o el Jefe del Departamento Administrativo” y “o Departamentos”; para quedar así:

Artículo 13.

Los Reglamentos, decretos y acuerdos expedidos por el Presidente de la Republica deberán, para su validez y observancia constitucionales ir firmados por el Secretario de Estado respectivo, y cuando se refieran a asuntos de la competencia de dos o más Secretarías, deberán ser refrendados por todos los titulares de los mismos.

Tratándose de los decretos promulgados...

11. En el artículo 14 se suprimen las palabras “el reglamento interior respectivo y otras disposiciones legales”, así como las palabras “y por los demás funcionarios”, y se adicionan las palabras “que establezca el presupuesto asignado a cada Secretaría de Estado”; para quedar como sigue:

Artículo 14.

Al frente de cada Secretaría habrá un Secretario de Estado, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará por los Subsecretarios, Oficial Mayor, Directores, Subdirectores, Jefes y Subjefes de Departamento, oficina, sección y mesa, que establezca el presupuesto asignado a cada Secretaría de Estado.

En los juicios de amparo...

12. Se deroga el artículo 15, para quedar así:

Artículo 15. Derogado.

13. En los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, se eliminan las palabras “Departamentos Administrativos”.

14. En la denominación del Capítulo II, se eliminan las palabras “Departamentos Administrativos”; para quedar así:

CapItulo II

De la competencia de las Secretarías de Estado y Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

15. Se adiciona el artículo 44, para quedar como sigue:

Artículo 44.

A la Coordinación General de Asistencia Social de la Presidencia de la República le corresponderá el despacho de los asuntos siguientes:

I. Promover e impulsar programas de asistencia social, que a la Presidencia de la República se le soliciten.

II. Coordinar dichos programas previa aprobación del Ejecutivo Federal. Estos programas estarán encaminados a fomentar la asistencia social; y se regirán por los principios de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad.

III. Apoyo y coordinación con Asociaciones, Fundaciones o cualquier otra figura encaminada para el logro de los objetivos en los programas de asistencia social.

IV. La relación entre el Ejecutivo Federal y la Coordinación de Asistencia Social de la Presidencia de la República se regirá bajo los lineamientos de congruencia administrativa y con los lineamientos generales en materia de gasto, financiamiento, control y evaluación; asimismo, deberá brindar informes trimestrales de sus actividades a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo que deberán contener de manera detallada la obtención de los recursos, así como su utilización.

La Titularidad de la Coordinación General de Asistencia Social, podrá recaer, sin que por ello exista contravención legal alguna, en el conyuge del titular del Ejecutivo Federal; en caso de negativa de aceptación, o de la ausencia o incapacidad contemplados en el Código Civil o revocación del cargo, recaerá en la persona que designe el Ejecutivo Federal.

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. Estas reformas y derogaciones entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente.

México, 12 de marzo de 2003.— Diputado Salvador Cosío Gaona.»

El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:

Gracias, señor diputado.

A solicitud del promovente, publíquese en la Gaceta Parlamentaria e insértese íntegra en el Diario de los Debates y túrnese a las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y de Justicia y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

La iniciativa del senador Raymundo Cárdenas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se pospone para otra sesión.

 

LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION

El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:

Tiene la palabra el diputado Víctor García Dávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa que adiciona una fracción V al artículo 67 de la Ley de Radio, Televisión.

El diputado Víctor Antonio García Dávila:

El cambio en México ya nadie lo para. La reversa también es cambio.

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:

En uso de las facultades que le confiere el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este servidor viene hasta esta tribuna para presentar la siguiente iniciativa, para agregar una fracción V al artículo 67 de la Ley Federal de Radio y Televisión, para lo cual hago la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

El contenido de las transmisiones que en radio y televisión se hacen diariamente en nuestro país son verdaderamente denigrantes para el público radioescucha. Las violaciones a la ley vigente son cotidianas y poco les importa a los concesionarios violarlas, pues nadie ejerce un control verdadero sobre estos poderosos que en complicidad con la Secretaría de Gobernación, encargada de hacer valer la ley, la convierten en letra muerta.

Es común, compañeras y compañeros escuchar palabras altisonantes que ni en esta tribuna nos atrevemos a decir, hay programas de alto contenido violento en clasificaciones para niños las programaciones de los consorcios electrónicos se hacen de manera libertina y son los receptores quienes cambian sus actitudes influenciados por las tradiciones.

Así, hemos visto desde desnudos, textos, violencia, drogas y escuchado un sinnúmero de groserías insulsas y ofensivas, todo ello escudados bajo el pretexto de gozar de libertad de expresión.

El resultado de esto, que nuestros jóvenes traten de imitar a sus personajes y sin importar las consecuencias inciten a la violencia y participen en actos violentos, lo que incrementa el número de delitos y créanmelo, compañeros, no estoy exagerando, es cosa de todos los días.

La Ley de Radio y Televisión contempla muchos aspectos que hay que cambiar, pero más bien se trata de obligar a cumplir, de nada serviría una nueva ley casi perfecta si los organismos creados para que se cumplan no realizan su labor como lo han hecho hasta ahora.

Programas infantiles con alto contenido de violencia que han sido prohibidos en otros países pueden ser vistos en nuestro país, telenovelas sangrientas y eróticas donde se denigra a la mujer, convirtiéndola sólo en objeto de deseo o poder. Programas cómicos donde el libertinaje sexual es el ejemplo a seguir y hasta en donde algún diputado los pone como mujeriegos.

Y todo esto en horario donde niños y jóvenes los vean pues son considerados como simple medición de audiencia, programas de radio donde lo último que piensa es en educar. Hay hasta programas donde juegan bromas y en donde se ha causado la desintegración de familias enteras, eso no lo permite la ley, pero se hace.

El uso en publicidad y programación de extranjerismos se ha venido acrecentando cada vez más y nuestro idioma ya se encuentra deformado al grado de que ya causa confusión entre los telespectadores y los radioescuchas. Así vemos y oímos a los actores, conductores y en la publicidad palabras como: light, forever, soft and right, best, Big Cola, Big Brother, nice, grand class, premier, sky, prodigy, cool, resort, pall kit y muchas, muchas otras más que hasta nos da la sensación que son en español ya como el luck, okay o el bye bye.

No podemos sólo quejarnos de ser un pueblo ignorante, tenemos que evitar que se siga fomentando la ignorancia en la generación, en lo que actualmente algunos medios de comunicación tienen inmerso a nuestro pueblo, no sólo de escasa escolaridad, sino también a universitarios y licenciados les está afectando todo eso.

Necesitamos radio y televisión que eduque y no deforme, que informe y no cause confusión, necesitamos simple y llanamente amar nuestro idioma.

En razón de lo expuesto y con fundamento en las disposiciones señaladas en el proemio, someto a consideración de esta honorable Asamblea la presente

 iniciativa

De decreto que adiciona una fracción V al artículo 67 de la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar como sigue:

“Artículo 67.

V. En la programación y la publicidad se usará el idioma español excepto cuando las marcas de productos provengan del extranjero y se exigirá a locutores y conductores revisen el uso de extranjerismos y malas palabras. Los títulos de los programas deberán ser en idioma español como lo dicta la ley en comento.”

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto.

El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:

Túrnese a la Comisión de Radio y Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados.

El diputado acepta desde luego que el diputado Solís Acero también suscriba la iniciativa.

 

ARTICULO 37 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:

Tiene la palabra el senador Adrián Alanís Quiñones, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que adiciona el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El senador Adrián Alanís Quiñones:

Gracias, señor Presidente, con su permiso.

Honorable Asamblea: en el año de 1997, México ajustó su legislación para estar acorde a una práctica de la comunidad internacional que permite la preservación de una nacionalidad a pesar de haber adquirido otra, es decir la aceptación de la doble nacionalidad.

A partir de la consideración de que la nacionalidad es una institución común que no se agota en una delimitación geográfica ni en un espacio, sino que constituye una expresión de valores que trascienden las fronteras.

La disposición que permite preservar la nacionalidad mexicana, independientemente de que se adopte alguna otra nacionalidad, tuvo por objeto permitir que quienes optaran por otra distinta de la nuestra, pudieran ejercer plenamente sus derechos en su lugar de residencia, en igualdad de circunstancias, respecto a las nacionales de aquél país ya que la nacionalidad determina las condiciones de existencia de los habitantes de un país.

Se pretende coadyuvar con la Ley de la Binacionalidad a que los mexicanos residentes en Estados Unidos, lugar donde radica el 99% de los mexicanos emigrados al extranjero, puedan adquirir la nacionalidad estadounidense para asegurar la igualdad de condiciones sociales, laborales, educativas, económicas, etcétera sin menosprecio de su calidad de mexicanos, evitando así las situaciones de discriminación que son objetos en ambos países.

Hace algunos años, cuando el Poder Ejecutivo Federal inició los programas de naturalización y de trámite de la nacionalidad de los mexicanos que viven fundamentalmente en Estados Unidos, pero también en otros países se hicieron urgentes algunas medidas que hasta la fecha no han podido concretarse, entre ellas la de hacer una profunda campaña por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores a fin de que los probables interesados pudieran conocer a detalle los requisitos a través de los cuales se puedan recuperar sus derechos como mexicanos, preservando la otra nacionalidad.

La campaña de difusión de la Secretaría de Relaciones Exteriores penetraría básicamente a los estados de California, en donde reside más del 46% de mexicanos; en Texas, donde se ubica más de un 20%; seguido de los estados de Arizona, Illinois y Nueva York pero hasta esta fecha, el número de connacionales que han acudido a realizar el trámite apenas excede los 50 mil de un universo de casi 4 millones de mexicanos que son beneficiarios potenciales de las reformas que permiten la binacionalidad.

La Ley de Nacionalidad en vigor, en su artículo cuarto transitorio, establece que para beneficiarse de lo dispuesto en el artículo 37, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: “ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad; el interesado deberá presentar solicitud por escrito a la Secretaría de Relaciones Exteriores, embajadas o consulados de México, dentro de los cinco años siguientes al 20 de marzo de 1998”, plazo que vence el próximo 20 de marzo de este año de 2003.

A propuesta de los señores diputados Eddie Varón Levy y Héctor Sánchez López, el pasado 15 de diciembre de 2002, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión aprobó la iniciativa que reforma la fracción I del artículo cuarto transitorio de la Ley de Nacionalidad, en el sentido de que se amplíe el plazo establecido por cinco años más, para la realización del trámite para la adquisición de la doble nacionalidad.

Posteriormente los diputados Oscar Alvarado Cook y Jorge Carlos Marín, presentaron una propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones  Exteriores a iniciar una campaña de difusión sobre los requisitos para recuperar los derechos nacionales de nuestros compatriotas y se exhorta también al Senado de la República, a dictaminar el proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo cuarto transitorio de la Ley de Nacionalidad, en virtud de la eminencia del plazo de vencimiento.

Adicionalmente se han recibido otras iniciativas provenientes de los congresos estatales que tienen el mismo propósito, la ampliación o cancelación del plazo. Sin embargo, consideró que la reforma de la Ley de Nacionalidad no resuelve el problema del plazo, porque éste mismo se encuentra consignado en nuestra Carta Magna, que así lo establece por decreto que entró en vigor el 5 de marzo de 1998. En esa virtud, cualquier reforma a la Ley de Nacionalidad, no sólo es suficiente, sino inconstitucional, mientras que por otra parte la reforma al texto constitucional, permitiría las modificaciones pertinentes a la Ley de Nacionalidad.

Considerando lo anterior e insistiendo en la inminencia del plazo establecido en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presento a esta soberanía una iniciativa de decreto, por el que se adiciona el artículo 37 constitucional, inciso a) que actualmente establece: “ningún mexicano podrá ser privado de su nacionalidad”, para que en virtud ésta adición establezca: “ningún mexicano podrá ser privado de su nacionalidad y quiénes hayan perdido su nacionalidad mexicana por nacimiento, por haber adquirido voluntariamente una nacionalidad extranjera y se encuentran en pleno goce de sus derechos, podrán beneficiarse por lo dispuesto por este artículo, en los términos que dispongan las leyes”.

Compañeras y compañeros legisladores: esta iniciativa tiene como propósito el atender la solicitud de aquellos connacionales que lo están demandando y así lo han expresado, a través de diversas instancias y organismos y entre ellos la propia Cámara de Diputados y esta honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Señor Presidente, solicito respetuosamente se turne esa iniciativa a las comisiones de Población y Desarrollo, Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Primera, del Senado de la República, para su estudio y dictamen.

Vienen firmadas por un servidor el senador Antonio García Torres, la senadora Yolanda Eugenia González, el senador Héctor Astudillo Flores, el senador Netzahualcoyótl de la Vega, senador Jorge Ortega Zapata, senador Héctor Vicario Castrejón, la senadora Araceli Escalante Jasso, el senador Genaro Borrego Estrada, el senador Fernando Gómez Esparza, el senador Joaquín Cisneros, el senador Carlos Chaurand y la senadora Lucero Saldaña.

Muchas gracias a todos.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 37 constitucional presentada por el senador Adrián Alanís Quiñones, del grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

CC. Secretarios de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presentes.

El que suscribe, Adrián Alanís Quiñones, senador de la República a la LVIII y LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, en uso de la facultad que me confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presento a la consideración de esta Cámara la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las reformas constitucionales del 5 de marzo de 1997, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo del mismo año, por las que se modificaron los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tuvieron por objeto la no pérdida de la nacionalidad mexicana independientemente de que se adopte otra nacionalidad distinta de la mexicana. Así México ajustó su legislación a una práctica de la comunidad internacional dando pie para que sus nacionales defiendan sus intereses en el lugar donde residan sin menoscabo de conservar la nacionalidad mexicana.

La nacionalidad ha sido definida como un atributo que señala y otorga al individuo el derecho de ser considerado como miembro del pueblo constitutivo de un Estado como nación. Es decir establece un vínculo jurídico y cultural que relaciona al individuo con el Estado. La nacionalidad es una institución común que relaciona a todos los órganos jurídicos nacionales. No se agota en una delimitación geográfica ni en un espacio multicultural sino que constituye una expresión de valores que trasciende las fronteras.

La entonces iniciativa fue titulada “Nación Mexicana” integrada por un conjunto de programas para afianzar los vínculos culturales y los lazos con los mexicanos del exterior señalando como elemento esencial la promoción de las reformas constitucionales y legales necesarias para que los mexicanos preserven su nacionalidad independientemente de que adopten otra nacionalidad, ciudadanía o residencia. La fortaleza de nuestra soberanía reside en la cohesión social de los mexicanos vivan o no dentro del territorio nacional, por ello la iniciativa amplió de manera efectiva los lazos que unen a los mexicanos que residen en el exterior con la nación, contribuyendo a fortalecer a México como cultura y organización política.

La Ley de Nacionalidad, inserta en el marco de las reformas constitucionales a los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del mes de marzo de 1997, fue publicada el 23 de enero de 1998 entrando en vigor el 20 de marzo del mismo año.

Con esta ley se pretendió proteger a los mexicanos que residiendo en otro país, habían adoptado una nacionalidad distinta de la mexicana, para que pudiesen preservar su nacionalidad y al mismo tiempo disfrutar de los derechos que la otra ciudadanía les otorgaba; en términos generales se trató de propiciar una igualdad de circunstancias que favoreciera el desarrollo laboral, educativo, económico y social de los mexicanos en el extranjero al permitírseles la adopción de otra nacionalidad salvaguardando sus derechos como mexicanos.

La ley fue una respuesta fundamental al fenómeno de la migración hacia el país del norte en donde radica el 99% de los mexicanos en el extranjero. La ley que permite la doble nacionalidad, según estimaciones del Instituto Federal Electoral puede beneficiar a casi cuatro millones de mexicanos al abarcar a aproximadamente un millón de personas que habiendo nacido en México adquirieron otra nacionalidad por naturalización en Estados Unidos, como a los que nacieron en el extranjero siendo hijos de padre o madre mexicanos y que son cerca de tres millones de personas.

Fundamentalmente en Estados Unidos, los mexicanos viven en condiciones de desigualdad a pesar de que contribuyen con su trabajo a la riqueza del otro, no tienen las posibilidades de un desarrollo similar al de los nacionales. Ellos son los beneficiarios potenciales de las reformas que permiten la binacionalidad.

Hace algunos años, cuando el Poder Ejecutivo Federal inició los programas de naturalización y de trámite de la nacionalidad de los mexicanos que viven principalmente en Estados Unidos pero también en otros países, se hicieron urgentes dos medidas que hasta la fecha no han podido concretarse. La primera, hacer una profunda campaña por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores a fin de que los probables interesados conocieran a detalle los requisitos a través de los cuales se pueden recuperar sus derechos como mexicanos preservando la otra nacionalidad a que tienen derecho. La campaña de difusión de la Secretaría de Relaciones penetraría básicamente a los estados de California, en donde reside mas del 46% de mexicanos; Texas, donde se ubica más de un 20%, seguidos de los estados de Arizona, Illinois y Nueva York.

A pesar de los esfuerzos realizados por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la campaña no ha logrado respuesta en los principales lugares y concentraciones de mexicanos, ya que el número de connacionales que han efectuado el trámite apenas excede los 50,000 según cifras proporcionadas por la propia Secretaría. Los beneficios de la doble nacionalidad no han podido llegar a millones de posibles receptores porque la promoción ha sido insuficiente.

La preocupación del Estado mexicano por fortalecer la protección de los intereses e integridad de los emigrados propicia además una mejor perspectiva de desarrollo en el sitio de residencia en un plano de igualdad frente a los nacionales del país de destino. Esta preocupación hizo eco de una sentida demanda de las comunidades de mexicanos radicados en el exterior. Al respecto, el Estado hace uso de sus facultades soberanas tanto de identificar y determinar quiénes son sus nacionales como de establecer los supuestos legales que permitan preservar la nacionalidad mexicana con objeto siempre de la no pérdida de la nacionalidad mexicana independientemente de que se adopte otra nacionalidad.

Una característica del emigrante mexicano ha sido el mantener apego a sus raíces, cultura, valores y tradiciones. Este apego tal vez ha influido en que gran parte de ellos no busquen la adopción de otra nacionalidad aunque así lo aconsejen los intereses ya sean laborales o de bienestar familiar etcétera. Con esta reforma se dio un importante estímulo para quienes han vivido en el exterior toda vez que se eliminaron los obstáculos jurídicos para que después de haber emigrado pudieran repatriarse a nuestro país.

La migración mexicana tiene una serie de peculiaridades por las cuales, el sitio de destino suele ser temporal, comparado con los patrones de conducta de otras naciones. Es común encontrar mexicanos que después de cumplir una estancia equivalente a un ciclo productivo en el país del norte, busquen regresar temporal o definitivamente a sus comunidades. Sin embargo durante la estancia en el exterior suelen enfrentar situaciones adversas y en ocasiones discriminatorias por no adoptar la nacionalidad del país receptor; al aprobarse la reforma constitucional se pretendió subsanar las preocupaciones de esos mexicanos que por temor a perder la nacionalidad de origen no dan el paso para integrarse con plenos derechos a las sociedades donde viven.

La reforma respondió a una justa demanda que refleja la voluntad de un gran número de mexicanos que radican en el exterior utilizando los recursos del derecho nacional e internacional como los únicos caminos que hoy nos garantizan la vigencia de los principios históricos de nuestra política exterior así como aquellos principios universales de respeto a los derechos humanos y laborales en cualquier país en que se encuentren nuestros connacionales.

El artículo segundo transitorio por el que se reformaron los artículos 30, 32 y 37 constitucionales establece que “quienes hayan perdido su nacionalidad mexicana por nacimiento, por haber adquirido voluntariamente una nacionalidad extranjera y si se encuentran en pleno goce de sus derechos podrán beneficiarse de lo dispuesto en el artículo 37, apartado A, constitucional, previa solicitud que hagan a la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los cinco años siguientes a la citada fecha de entrada en vigor del presente”.

Consecuente con lo anterior, en la Ley de Nacionalidad se establece en el artículo cuarto transitorio también un plazo de 5 años para que el interesado presente la solicitud de Certificado de Nacionalidad o Declaración de Nacionalidad Mexicana ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, plazo que se cumple, en ambas disposiciones en marzo de este año de 2003.

Ante la inminencia del vencimiento existen algunas iniciativas que están promoviendo la extensión del mismo o bien la cancelación del plazo, a través de reformas a la Ley de Nacionalidad pero esas reformas resultarían inconstitucionales por existir en nuestra Carta Magna la disposición transitoria que establece el término de referencia, 20 de marzo de 2003.

En razón de lo expuesto y con fundamento en las disposiciones señaladas en el proemio someto a consideración de esta honorable Asamblea la presente

INICIATIVA DE DECRETO

Que adiciona el artículo treinta y siete constitucional.

Artículo 37-A) Ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad y quienes hayan perdido su nacionalidad mexicana por nacimiento, por haber adquirido voluntariamente una nacionalidad extranjera y si se encuentran en pleno goce de sus derechos podrán beneficiarse por lo dispuesto por este artículo en los términos que dispongan las leyes.

B)...

C)...

Salón de sesiones de la Comisión Permanente.— México, DF, a 12 de marzo de 2003.— Senadores: Adrián Alanís Quiñones, Antonio García Torres, Yolanda Eugenia González, Héctor Astudillo Flores, Netzahualcóyotl de la Vega,   Jorge Ortega Zapata, Héctor Vicario Castrejón, Araceli Escalante Jasso, Genaro Borrego Estrada, Fernando Gómez Esparza, Joaquín Cisneros, Carlos Chaurand y Lucero Saldaña.»

El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:

Gracias, señor senador.

Túrnese a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, así como a la de Población y Desarrollo de la Cámara de Senadores.

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:

Tiene el uso de la palabra el senador Fidel Herrera Beltrán, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma los artículos 73 fracción II, 89 fracción XI, 90, 91, 92 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El senador Fidel Herrera Beltrán:

Gracias, señor Presidente.

El artículo 85 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, requiere ante las faltas temporales del Jefe del Ejecutivo Federal, del funcionamiento de la Comisión Permanente o del Congreso General si éste estuviera en funciones, para los efectos de designación de un Presidente interino que funcione durante el tiempo que dure la falta temporal del jefe del Ejecutivo.

El mismo artículo constitucional señala que cuando la falta del Presidente fuese por más de 30 días y el Congreso de la Unión no estuviera reunido, la Comisión Permanente convocará a sesiones extraordinarias del Congreso para que éste resuelva sobre la licencia y nombre en su caso al Presidente interino.

El mandato de la Constitución es claro y refleja cómo con precisión el sistema de sustitución del Jefe del Ejecutivo contemplado en 85, así como en el 84 por lo que hace a la elección del Presidente interino o sustituto en su caso, no dejan lugar a dudas. Sin embargo, por lo que hace al ejercicio del poder unipersonal asentado en el artículo 80 de la Constitución y encomendado a un individuo cuyo nombre es Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y las necesarias reformas del poder público que acoten simultáneamente las facultades del Presidente de la República y fortalezcan las del Poder Legislativo en la búsqueda del sano equilibrio de poderes, han venido ganando terreno en las consecuentes convicciones de todas las fuerzas políticas de la nación que han venido proclamando la necesidad de ir hacia la Reforma del Estado.

Ya el 5 de febrero del año 2001, durante la conmemoración de la Promulgación de nuestra Carta Magna, el Presidente de la República propuso una revisión de la Constitución con vistas a su adecuación para una nueva etapa histórica. De acuerdo con el Presidente, el 2 de julio del año 2000 México había ingresado a una nueva etapa que representa la culminación de una larga historia de esperanza y sacrificios que marca a su vez el inicio de una nueva etapa: la de concretar la transición política en una profunda Reforma del Estado que actualice el instrumental jurídico que, afirmó, fue diseñado para una realidad política ya rebasada.

El impulso a las reformas constitucionales cuya necesidad es compartida por las fuerzas políticas y sociales del país, hacen evidente que el marco institucional existente resulta ya demasiado estrecho para los actores relevantes y la estabilidad a veces pareciera ser precaria. Los ajustes entre las nuevas reglas, las prácticas que subsisten, deben darse gradualmente y en el tiempo y hacen evidente que todos los actores involucrados en los procesos de cambio orienten su mirada hacia el diseño de instituciones que permitan estabilidad, eficacia y gobernabilidad.

Es comprensible que la modificación de las reglas electorales hayan ocupado la atención central de los actores políticos en la primera etapa de estas reformas, pero el solo recorrido esquemático por el mapa político-social de nuestra nación muestra que estas reformas no han sido suficientes y hacen necesarias las reformas de otra serie de cuerpos legales: la Constitución misma, para garantizar condiciones adecuadas para el desempeño político en un México de instituciones modernas.

Las transformaciones que requiere el nuevo diseño institucional del país se relacionan de manera sustantiva con lo que es la piedra angular de nuestro sistema político: la Presidencia de la República. No basta con dejar un espacio de poder público tan importante como la Presidencia de la República adquiriendo un nuevo perfil, casi determinado por el estilo personal o las características individuales del ciudadano que ejerza esta importante oficina, sino también es necesario pensar en las reformas constitucionales que una nueva institución presidencial debe tener.

Si bien es arduo imaginar un régimen político estable en México sin una Presidencia fuerte, una institución presidencial con las características casi voluntaristas del actual, es difícilmente compatible con el conjunto de reformas necesarias para consolidar el avance democrático.

El conjunto de reglas en que se basa el poder presidencial, constituye en consecuencia el nudo central del actual entramado institucional. Es necesario por tanto pensar en qué tipo de contrapesos orgánicos se deben construir para que la Presidencia fuerte, evite el protagonismo excesivo y se vuelva más sólida en lugar de quebradiza o ineficaz.

Un Congreso fuerte pero sin corresponsabilidad en la otra mano, se podría convertir en un obstáculo insalvable para la estabilidad, tal como lo demuestran las experiencias de los países latinoamericanos con presidencias cercadas por el juego pluripartidista en el Congreso, pero con gobiernos dependientes de la mayoría relativa del Presidente.

Optar por un sistema de mayoría relativa y elección en distritos uninominales con objeto de lograr mayorías estables que se correspondieran con la mayoría presidencial, sería altamente conflictivo, pues al tender hacia el bipartidismo dejaríamos a sectores importantes de la comunidad política sin representación.

Con un sistema proporcional, sin embargo, puede ocurrir que surja en el marco de una relación distinta entre el Legislativo y la Presidencia, un conflicto entre poderes que debilitaría la acción gubernamental o que podría conducir a una crisis seria de gobernabilidad.

Es por eso que las experiencias de casi todos los países con democracias consolidadas, tal vez con las únicas excepciones extremas de Estados Unidos donde existe un sistema presidencial fuerte con contrapeso en el Congreso, aunque basado en un bipartidismo sui generis e Italia donde el parlamentarismo en su extremo está empezando a hacer crisis junto con el resto del sistema político, tienden a demostrar que el parlamentarismo es más flexible y genera más estabilidad que el presidencialismo.

A su vez, la mayoría de las nuevas democracias latinoamericanas en las que impera el presidencialismo heredado del Siglo XIX se enfrentan ya a conflictos de gobernabilidad localizados en la falta de coincidencia entre mayoría legislativa y Gobierno.

Sin embargo, un escenario parlamentario es difícilmente imaginable con exclusividad en México. Sería muy complicado sustituir el papel nodal que ha jugado la Presidencia de la República y que nosotros consideramos debe seguir desempeñando.

Es necesario pues encontrar por encima de las fórmulas tradicionales de la teoría, de la separación, de la división de poderes entre Ejecutivo y Legislativo y encontrar una fórmula viable de colaboración entre ambos poderes.

Una de las experiencias más exitosas las encontramos en las democracias europeas. Una Presidencia fuerte puede no estar reñida con el Gobierno de origen parlamentario como lo demuestra el caso de Francia, la existencia de un jefe de gabinete o primer ministro de Gobierno diferenciado del jefe de Estado y con responsabilidad ante el Congreso por lo que hace a la conducción del aparato financiero y administrativo y aun el político, puede convertirse en un elemento muy útil para conservar el importante papel histórico que la Presidencia democrática de la República debe jugar en nuestro país.

La figura de un jefe de gabinete o de gobierno equivalente a lo que existe en los regímenes parlamentarios llamado primer ministro, ha sido planteada en México en diferentes foros, lo mismo por académicos muy destacados como los constitucionalistas, Carpizo McGregor y Diego Valadez o por actores políticos como el actual gobernador del estado de Zacatecas, Ricardo Monreal Avila.

El planteamiento que se ha venido construyendo y ha venido tomando fuerza a raíz de los resultados electorales de la elección del 2002 y busca constituir en parte fundamental de la Reforma del Estado, asume que como en nuestro régimen constitucional, no existe la segunda vuelta, y la legitimidad en la elección de Presidente de la República, que alcanza aun sin lograr la mayoría absoluta, el actual Ejecutivo lo hizo con el 42% de los votos, habría un mecanismo de compensación y equilibrio, con la designación de un jefe de gobierno o un primer ministro que fuese a propuesta del Ejecutivo designado por el Congreso.

Así pues con las experiencias que hemos visto, con las crisis institucionales que las presidencias han vivido al interior del régimen presidencial, que no es por cierto privativa de México, ya en 1994 la República Argentina de régimen presidencial, aprobó reformas a su Constitución, para introducir en la órbita del Poder Ejecutivo la figura de jefe de gabinete de ministros, equiparable a la figura de jefe de gabinete de los regímenes parlamentarios, y que la aparición de esta nueva instancia se encuentra en línea con lo que se denominó atenuación del sistema presidencialista.

Que las experiencias del régimen monárquico constitucional de conducción parlamentaria de España, donde junto al rey-monarca constitucional y jefe del Estado se desempeña un Presidente de Gobierno, equiparable a la figura del primer ministro del régimen parlamentario inglés, en el caso de España con dos de vicepresidentes, equiparables a las figuras de jefe de gabinete, uno responsable de la economía y otro de los asuntos de Gobierno interno, nos da experiencias muy útiles y dignas de ser consideradas.

Nuestra propuesta busca diferenciar la conducción estratégica, la jefatura de Estado, de la administración de los asuntos públicos. Creemos, que la primera tiene que permanecer confiada al Presidente de la República, al que se le reconocen los tradicionales papeles de jefe de Estado, jefe de las fuerzas armadas, especificando en esta reforma su carácter de responsable del gobierno y responsable político de la administración.

Sin embargo, generando una figura, en donde la segunda función sea atribuida a un jefe del gabinete presidencial o del Gobierno, que al ejercer la administración general del país, pase a complementar la dirección del aparato económico y financiero administrativo estatal.

El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:

Le suplico concluya su intervención.

El senador Fidel Herrera Beltrán:

La concluyo señalando, señor Presidente, que una reforma a la Presidencia de la República es lo que propone esta iniciativa, independientemente del criterio de sustitución del jefe del Ejecutivo, lo que buscamos con esta propuesta, es fortalecer la institución presidencial a favor de la democracia nacional.

Es cuanto.

«Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 73 fracción II, 89 fracción II, 90, 91, 92 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ciudadanos secretarios de la Mesa Directiva en la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.— Presente.

El que suscribe, Fidel Herrera Beltrán, senador de la República de la LVIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presento ante la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 73 fracción II, 89 fracción II, 90, 91, 92 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

El artículo 85 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, requiere ante las faltas temporales del jefe del Ejecutivo Federal, del funcionamiento de la Comisión Permanente o del Congreso General si éste estuviera en funciones, para los efectos de designación de un Presidente interino que funcione durante el tiempo que dure la falta temporal del jefe del Ejecutivo.

El mismo artículo constitucional señala que cuando la falta del Presidente fuese por más de 30 días y el Congreso de la Unión no estuviera reunido, la Comisión Permanente convocará a sesiones extraordinarias del Congreso para que éste resuelva sobre la licencia y nombre en su caso al Presidente interino.

El mandato de la Constitución es claro y refleja cómo con precisión el sistema de sustitución del jefe del Ejecutivo contemplado en el artículo 85, así como en el artículo  84 por lo que hace a la elección del Presidente interino o sustituto en su caso, no dejan lugar a dudas. Sin embargo, por lo que hace al ejercicio del poder unipersonal asentado en el artículo 80 de la Constitución y encomendado a un individuo cuyo nombre es Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y las necesarias reformas del poder público que acoten simultáneamente las facultades del Presidente de la República y fortalezcan las del Poder Legislativo en la búsqueda del sano equilibrio de poderes, han venido ganando terreno en las consecuentes convicciones de todas las fuerzas políticas de la nación que han venido proclamando la necesidad de ir hacia la Reforma del Estado.

El 5  de febrero de 2001, durante la conmemoración de la promulgación de nuestra Carta Magna, el Presidente de la República propuso una revisión de la Constitución, con vista a su “adecuación” para una nueva etapa histórica. De acuerdo con el Presidente, el 2 de julio de 2000 México había ingresado a una nueva etapa que representa la culminación de una larga historia de esperanzas y sacrificios que marca a su vez el inicio de una tarea histórica: la de concretar la transición política en una profunda Reforma del Estado que actualice el instrumental jurídico que, afirmó, fue diseñado para una realidad política ya rebasada.

El impulso a las reformas constitucionales, cuya necesidad es compartida por todas las fuerzas políticas y sociales del país, hacen evidente que el marco institucional existente resulta ya demasiado estrecho para los actores relevantes y la estabilidad parece ser precaria.

Los ajustes entre las nuevas reglas las prácticas que subsisten deben darse gradualmente y en el tiempo y hacen evidente que todos los actores involucrados en los procesos de cambio orienten su mirada hacia el diseño de instituciones que permitan estabilidad, eficacia y gobernabilidad.

Es comprensible que la modificación de las reglas electorales hayan ocupado la atención central de los actores políticos en la primera etapa de estas reformas, pero el solo recorrido esquemático por el mapa político-social de nuestra nación muestra que estas reformas no han sido suficientes y hacen necesarias las reformas de otra serie de cuerpos legales: la Constitución misma, para garantizar condiciones adecuadas para el desempeño político en un México de instituciones modernas.

Las transformaciones que requiere el nuevo diseño institucional del país se relacionan de manera sustantiva con lo que es la piedra angular de nuestro sistema político: la Presidencia de la República. No basta con dejar un espacio de poder público tan importante como la Presidencia de la República adquiriendo un nuevo perfil, casi determinado por el estilo personal o las características individuales del ciudadano que ejerza esta importante oficina, sino también es necesario pensar en las reformas constitucionales que una nueva institución presidencial debe tener.

Si bien es arduo imaginar un régimen político estable en México sin una Presidencia fuerte, una institución presidencial con las características casi voluntaristas del actual, difícilmente compatible con el conjunto de reformas necesarias para consolidar el avance democrático.

El conjunto de reglas en las que se basa el poder presidencial constituye el nudo central del actual entramado institucional. Es necesario, por tanto, pensar en qué tipo de contrapesos orgánicos se le deben poner a la Presidencia para evitar el protagonismo excesivo que ahora tiene, pero sin que se vuelva quebradiza o ineficaz: un Congreso fuerte, pero sin corresponsabilidad gubernamental, se puede convertir en un obstáculo insalvable para la estabilidad, tal como lo demuestran las experiencias de los países latinoamericanos con presidencias cercadas por el juego pluripartidista en el Congreso, pero con gobiernos dependientes de la mayoría relativa del Presidente; optar por un sistema de mayoría relativa y elección en distritos uninominales, con  objeto de lograr mayorías estables  que se correspondieran con la mayoría presidencial, sería altamente conflictivo pues, al tender hacia el bipartidismo, dejaría a sectores importantes de la comunidad política sin representación.

Con un sistema proporcional, sin embargo, puede ocurrir que surja, en el marco de una relación distinta entre el Legislativo y la Presidencia, un conflicto entre ambos poderes que debilite la acción gubernamental o que pudiera conducir a una crisis seria de gobernabilidad.

Es por eso que las experiencias de casi todos los países con democracias consolidadas, tal vez con las únicas excepciones extremas de Estados Unidos, con un sistema presidencial fuerte, con contrapeso en el Congreso, aunque basado en un bipartidismo sui generis e Italia donde el parlamentarismo ha hecho crisis, junto con el resto del sistema político, tienden a demostrar que el parlamentarismo es más flexible y genera más estabilidad que el presidencialismo.

A su vez, la mayoría de las nuevas democracias latinoamericanas en las que impera el presidencialismo heredado del Siglo XIX, se enfrentan ya a conflictos de gobernabilidad localizados en la falta de coincidencia entre mayoría legislativa y Gobierno. Sin embargo, un escenario parlamentario es difícilmente imaginable en México, ya que sería muy complicado sustituir el papel nodal que ha jugado la Presidencia.

Es necesario pues encontrar por encima de las fórmulas tradicionales de la teoría, de la separación, de la división de poderes entre Ejecutivo y Legislativo y encontrar una fórmula viable de colaboración entre ambos poderes.

Una de las experiencias más exitosas las encontramos en las democracias europeas. Una Presidencia fuerte puede no estar reñida con el Gobierno de origen parlamentario como lo demuestra el caso de Francia, la existencia de un Jefe de Gabinete o Primer Ministro de Gobierno diferenciado del Jefe de Estado y con responsabilidad ante el Congreso por lo que hace a la conducción del aparato financiero y administrativo y aún el político, puede convertirse en un elemento muy útil para conservar el importante papel histórico que la Presidencia democrática de la República debe jugar en nuestro país.

La figura de Jefe de Gabinete o de Gobierno de México ha sido planteada en distintos foros, lo mismo por académicos muy destacados como los constitucionalistas Jorge Carpizo Mac Gregor y Diego Valadés, que por actores políticos como el actual gobernador del estado de Zacatecas, Ricardo Monreal Avila. El planteamiento que ha venido tomando fuerza a raíz de los resultados electorales de la elección federal del año 2000 y busca constituirse en parte fundamental de la Reforma del Estado, asume que como en nuestro régimen constitucional, no existe la segunda vuelta y la legitimidad en la elección de Presidente de la República, que alcanza aun sin lograr la mayoría absoluta, el actual Ejecutivo lo hizo con el 42% de los votos, habría un mecanismo de compensación y equilibrio, con la designación de un Jefe de Gobierno o mi Primer Ministro que fuese a propuesta del Ejecutivo designado por el Congreso.

Así pues con las experiencias que hemos visto, con las crisis institucionales que las presidencias han vivido al interior del régimen presidencial, que no es por cierto privativa de México, ya en 1994 la República Argentina de régimen presidencial aprobó reformas a su Constitución, para introducir en la órbita del Poder Ejecutivo la figura de Jefe de Gabinete de ministros, equiparable a la figura de Jefe de Gabinete de los regímenes parlamentarios y que la aparición de esta nueva instancia se encuentra en línea con lo que se denominó atenuación del sistema presidencialista.

Que las experiencias del régimen monárquico constitucional de conducción parlamentaria de España, donde junto al Rey-Monarca constitucional y Jefe del Estado se desempeña un presidente de Gobierno, equiparable a la figura del Primer Ministro del régimen parlamentario inglés, en el caso de España con dos de vicepresidentes, equiparables a las figuras de Jefe de Gabinete, uno responsable de la economía y otro de los asuntos de gobierno interno, nos da experiencias muy útiles y dignas de ser consideradas.

Nuestra propuesta busca diferenciar la conducción estratégica, la jefatura de Estado, de la administración de los asuntos públicos. Creemos, que la primera tiene que permanecer confiada al Presidente de la República, al que se le reconocen los tradicionales papeles de Jefe de Estado, Jefe de las Fuerzas Armadas, especificando en esta reforma su carácter de responsable del Gobierno y responsable político de la administración.

Sin embargo, generando una figura, en donde la segunda función sea atribuida a un Jefe de Gabinete presidencial o del Gobierno, que al ejercer la administración general del país, pase a complementar la dirección del aparato económico y financiero-administrativo estatal.

Reforma a la Presidencia de la República es lo que propone esta iniciativa, independientemente del criterio en los artículos 84 y 85 sobre los procedimientos de sustitución del Presidente de la República; lo que busca esta iniciativa es fortalecer la institución presidencial.

Entre las funciones que la figura de Jefe de Gabinete o de Gobierno debe contar a afecto de ser incluida, primero en la Constitución, tal como lo propone la siguiente iniciativa y posteriormente en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, serán las de resolver sobre las materias que le indique el Poder Ejecutivo o por su propia decisión, en aquellas que por su importancia estime necesario, en el ámbito de su competencia; coordinar, preparar y convocar las reuniones de Gabinete, presidiéndolas en caso de ausencia del Presidente; dar seguimiento puntual a los acuerdos de Gabinete, enviar al Congreso los proyectos de ley que remita el Ejecutivo, así como los relativos al presupuesto, previa aprobación del Poder Ejecutivo; producir los informes y explicaciones verbales o escritas que cualquiera de las cámaras solicite al Poder Ejecutivo; concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus cámaras, para informar de la marcha del Gobierno, entre otras.

Se trata de construir una nueva institución que siendo respetuosa de las facultades del Poder Ejecutivo establecidas en la Constitución, proceda al despacho de los asuntos públicos y administrativos derivados de la función presidencial, en estrecha colaboración con el Poder Legislativo.

Es por ello que el Jefe del Gabinete será propuesto por el titular del Poder Ejecutivo Federal y ratificado por las dos terceras partes de las cámaras de Diputados y Senadores.

Por lo anteriormente expuesto, presento a la consideración de esta soberanía la siguiente

 INICIATIVA

Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 73 fracción II, 89 fracción II, 90, 91, 92 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo único. Se reforman los artículos 73 fracción II, 89 fracción II, 90, 91, 92 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

“Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. . .

II. Ratificar el nombramiento que el Ejecutivo Federal haga del Jefe de Gabinete presidencial que deberá ser aprobado por las dos terceras partes de los miembros presentes de las cámaras de Diputados y Senadores.

III. . .

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:

I. . .

II. Nombrar al Jefe de Gabinete Presidencial con ratificación del Congreso de la Unión; nombrar y remover libremente a los secretarios del despacho, remover a los agentes diplomáticos y empleados superiores de Hacienda y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes;

III . . .

Artículo 90. La Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo del Gabinete Presidencial, las secretarías de Estado y departamentos administrativos y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación.

. . .

Artículo 91. Para ser Jefe de Gabinete Presidencial o Secretario del Despacho se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en ejercicio de sus derechos y tener 30 años cumplidos.

Artículo 92. Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente deberán estar firmados por el Jefe de Gabinete Presidencial y por el Secretario de Estado o jefe de Departamento Administrativo que el asunto corresponda y sin este requisito no serán obedecidos.

Artículo 93. El Jefe de Gabinete Presidencial, los secretarios de despacho y los jefes de los departamentos administrativos, luego de que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del Estado que guarden sus respectivos ramos.

 . . .

 . . .”

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente.—  México, DF, a 12 de marzo de 2003.— Senador Fidel Herrera Beltrán.»

El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:

Muchas gracias, señor senador.

Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

VICENTE FOX QUESADA

El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:

Esa Presidencia ha recibido información de que ha concluido la intervención quirúrgica del Presidente y ha resultado satisfactoria.

REPUBLICA LIBANESA

El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:

El siguiente punto del orden del día son los dictámenes relativos a las solicitudes de permiso de los ciudadanos: Víctor Manuel Solano Montaño, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República Libanesa.

De Roberto Carlos Rodríguez Romero, para prestar servicios como agente consular honorario de Estados Unidos de América.

En virtud de que los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, son de primera lectura.

Consulte a la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato.

La Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:

Con mucho gusto, señor Presidente.

Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interior del Congreso General, se consulta al pleno si se le dispensa la segunda lectura a los dictámenes y se ponen a discusión y a votación de inmediato.

Las señoras y señores legisladores que estén por la afirmativa, les rogamos manifestarlo... Gracias.

Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se les dispensa la segunda lectura.

El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:

Se pide a la Secretaría poner a discusión los proyectos de decreto.

La Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.— Primera Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen la solicitud de permiso constitucional necesario para que el ciudadano embajador Víctor Manuel Solano Montaño, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Cedro, en grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de la República Libanesa.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único.- Se concede permiso al ciudadano embajador Víctor Manuel Solano Montaño, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Cedro, en grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de la República Libanesa.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, DF, a 6 de marzo de 2003.— Sen. Orlando Paredes Lara, Presidente; Dip. José Tomás Lozano y Pardinas (rúbrica), secretario; Dip. Salvador Cosío Gaona (rúbrica), secretario; Dip. Bernardo Borbón Vilches (rúbrica), Sen. Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica), Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Sen. Antonio García Torres, Sen. David Jiménez González, Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano, Dip. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica), Dip. Julieta Prieto Furhken (rúbrica), Dip. César Augusto Santiago Ramírez, Dip. Mónica Leticia Serrano Peña (rúbrica), Sen. Jorge Zermeño Infante (rúbrica).»

No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

La Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.— Primera Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnada la solicitud de permiso constitucional necesario para que el ciudadano Roberto Carlos Rodríguez Romero, pueda desempeñar el cargo de agente consular honorario de Estados Unidos de América en Reynosa, Tamaulipas, con circunscripción consular en esa ciudad.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción IV del apartado C) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Roberto Carlos Rodríguez Romero, para desempeñar el cargo de agente consular honorario de Estados Unidos de América en Reynosa, Tamaulipas, con circunscripción consular en esa ciudad.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Union.— México, DF, a 6 de marzo de 2003.— Sen. Orlando Paredes Lara, Presidente; Dip. José Tomás Lozano y Pardinas (rúbrica), secretario; Dip. Salvador Cosío Gaona (rúbrica), secretario; Dip. Bernardo Borbón Vilches (rúbrica), Sen. Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica), Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Sen. Antonio García Torres, Sen. David Jiménez González, Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano, Dip. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica), Dip. Julieta Prieto Furhken (rúbrica), Dip. César Augusto Santiago Ramírez, Dip. Mónica Leticia Serrano Peña (rúbrica), Sen. Jorge Zermeño Infante (rúbrica).»

No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal de este proyecto de decreto y el anteriormente reservado, en un solo acto.

Les rogaríamos se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior, procediendo a recoger la votación nominal.

(Votación.)

A favor 29 votos, ninguno en contra.

Presidencia del diputadoCarlos Humberto Aceves y del Olmo

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Aprobados por 29 votos a favor los proyectos de decreto.

Aprobados en lo general y en lo particular los proyectos de decreto. Pasan al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

REINO DE ESPAÑA

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Los siguientes puntos del orden del día, son los dictámenes a discusión.

En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se autoriza a que sólo se les dé lectura a los decretos y a los puntos de acuerdo.

La Secretaria senadora Micaela Aguilar González:

Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si autoriza que solamente se dé lectura a los decretos y a los puntos de acuerdo.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se autoriza.

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

En consecuencia, se pide a la Secretaría poner a discusión los proyectos de decreto.

La Secretaria senadora Micaela Aguilar González:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.— Primera Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fueron turnados los oficios de la Secretaría de Gobernación por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos licenciados Sergio Ernesto Jacobo Patiño y Laura Guadalupe Ramírez Domínguez, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el Gobierno del Reino de España.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional y el artículo 60, segundo párrafo del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano licenciado Sergio Ernesto Jacobo Patiño, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Cruz de Oficial, que le confiere el Gobierno del Reino de España.

Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana licenciada Laura Guadalupe Ramírez Domínguez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Cruz de Plata, que le confiere el Gobierno del Reino de España.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, DF, a 27 de febrero de 2003.— Sen. Orlando Paredes Lara (rúbrica), Presidente; Dip. José Tomás Lozano y Pardinas (rúbrica), secretario; Dip. Salvador Cosío Gaona (rúbrica), secretario; Dip. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica), Dip. César Augusto Santiago Ramírez, Sen. Jorge Zermeño Infante, Sen. Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano, Dip. Bernardo Borbón Vilches (rúbrica), Dip. Mónica Leticia Serrano Peña (rúbrica), Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Dip. Julieta Prieto Furhken, Sen. Antonio García Torres, Sen. David Jiménez González.»

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Está a discusión el dictamen en lo general... No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.

 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

La Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.— Primera Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

En oficio de fecha 22 de enero de 2003, el ciudadano Gabriel Hernández Cuevas, solicita el permiso constitucional necesario para prestar servicios como chofer en el Consulado General de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 12 de febrero del año en curso, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana, con la copia certificada de su acta de nacimiento;

b) Que los servicios que el propio interesado prestará en el Consulado General de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco, serán de carácter administrativo y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado C) del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Gabriel Hernández Cuevas, para prestar servicios como chofer en el Consulado General de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, DF, a 3 de marzo de 2003.— Sen. Orlando Paredes Lara, Presidente; Dip. José Tomás Lozano y Pardinas (rúbrica), secretario; Dip. Salvador Cosío Gaona (rúbrica), secretario; Dip. Bernardo Borbón Vilches (rúbrica), Sen. Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica), Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Sen. Antonio García Torres, Sen. David Jiménez González, Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano, Dip. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica), Dip. Julieta Prieto Furhken (rúbrica), Dip. César Augusto Santiago Ramírez, Dip. Mónica Leticia Serrano Peña (rúbrica), Sen. Jorge Zermeño Infante (rúbrica).»

No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal de este proyecto de decreto y el anteriormente reservado en un solo acto.

Se pide que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 y procedemos a recoger la votación.

(Votación.)

Se emitieron 27 votos a favor y ninguno en contra.

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Aprobados en lo general y en lo particular los proyectos de decreto por 27 votos.

Pasan al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

En consecuencia, se pide a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

GRADOS MILITARES

La Secretaria senadora Micaela Aguilar González:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.— Segunda Comisión de Trabajo.— Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente número 691, año tercero, sección segunda, índice “A”, fojas 8712 del libro respectivo que contiene la hoja de servicio y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2002 por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica Luis Alonso Ramón, como Coronel Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica, que el Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte que:

a) Ingresó el 17 de febrero de 1967 a la Escuela Militar de Clases de Transmisiones y posteriormente a la Escuela Militar de Transmisiones, graduándose como Subteniente de Transmisiones el 1o. de septiembre de 1975.

b) Para los efectos de ascenso se le computan 35 años, 9 meses y 3 días de tiempo de servicios y 9 años de antigüedad en el grado anterior.

c) Todos sus ascensos los obtuvo por riguroso escalafón en los concursos de selección correspondientes.

d) Su preparación profesional abarca los cursos de formación respectivos en la Escuela Militar de Transmisiones, así como el curso de formación de oficiales tácticos del servicio en la Escuela Militar de Transmisiones; realizó los cursos de técnico en transmisiones militares en la Escuela Militar del Servicio y de Conocimientos y Empleo del Equipo SR-206/210, SR-610M, SR-110 y SR-650, en Rochester, New York, EUA; realizó estudios profesionales de ingeniero en comunicaciones y electrónica en la Escuela Militar de Ingenieros, así como el curso superior de armas y servicios en la Escuela Superior de Guerra.

e) Posee amplia experiencia como oficial de transmisiones y como ingeniero en comunicaciones y electrónica; se de-sempeñó como Comandante del Pelotón de Transmisiones y de la Escuadra de Mantenimiento del mismo en el 33/o. Batallón de Infantería; ha sido docente en la Escuela Militar de Ingenieros y en la Escuela Superior de Guerra, plantel donde se desempeñó como jefe de la Subsección de Apoyos Didácticos; participó en la Fuerza de Tarea “Anáhuac” de Ayuda Humanitaria en la República de Honduras; en la Dirección General de Fábricas de la Secretaría de la Defensa Nacional, se desempeñó como Jefe de la Unidad de Control de Calidad Interfactorías, y como director de la Planta de Organización y Carga de Proyectiles; llevó a cabo la labor de inspección de granadas de mortero de diferentes calibres en diversas unidades del Ejército con matrices en el interior de la República y fungió como Comandante de la Sección de Transmisiones en las Zonas Militares 2a. y 25a.

f) Se le han otorgado las condecoraciones de perseverancia hasta la “Especial”, correspondiente a 35 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión del expediente personal y la hoja de servicio del nombrado Teniente Coronel Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica Luis Alonso Ramón, y en atención a su gran aptitud personal, amplia instrucción militar y destacado desempeño de sus cargos, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecen la obtención del grado de Coronel Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica sujeto a ratificación.

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se ratifica el grado de Coronel Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Luis Alonso Ramón.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, DF, a 5 de marzo de 2003.— Sen. Fidel Herrera Beltrán (rúbrica), Presidente; Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez (rúbrica), Secretario; Dip. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica), Secretario, Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica), Sen. Adrián Alanís Quiñones, Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Dip. Jesús Burgos Pinto, Sen. Micaela Aguilar González, Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano, Dip. Manuel Wistano Orozco Garza (rúbrica), Dip. Raúl Martínez González (rúbrica), Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica).»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.— Segunda Comisión de Trabajo.— Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública.

Honorable Asamblea:

A la comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente número 696, año tercero, sección segunda, índice “S”, fojas 89/2 del libro respectivo que contiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2002, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel Médico Cirujano Armando Sánchez Barredo, como Coronel Médico Cirujano, que el Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte que:

a) Ingresó el 1o. de septiembre de 1971 a la Escuela Médico Militar, graduándose como Mayor Médico Cirujano el 1o. de septiembre de 1978.

b) Para los efectos de ascenso se le computan 31 años, 2 meses y 19 días de tiempo de servicios y 12 años de antigüedad en el grado anterior.

c) Todos sus ascensos los obtuvo por riguroso escalafón en los concursos de selección correspondientes.

d) Su preparación profesional comprende los estudios profesionales de médico cirujano; ha realizado los cursos de anestesiología en la Escuela Militar de Graduados de Sanidad; así como los cursos avanzados de apoyo vital al paciente en trauma, al paciente traumatizado, y, de apoyo vital prehospitalario en trauma.

e) Posee amplia experiencia como médico cirujano y en la especialidad de traumatología; en el Hospital Militar Regional de Monterrey ha desempeñado diversos cargos: jefe del Departamento de Anestesiología, jefe de Quirófano y Anestesia, jefe de Quirófanos, jefe del Comité de Auditoría Médica, jefe de Anestesia, jefe de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento, subdirector, jefe de Enseñanza y subjefe de la Jefatura Regional de los Servicios de Sanidad de la IV Región Militar, así como experiencia docente.

f) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de 2a. clase, correspondiente a 25 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado Teniente Coronel Médico Cirujano Armando Sánchez Barredo, y en atención a su gran aptitud personal, amplia instrucción militar y destacado desempeño de sus cargos, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecen la obtención del grado de Coronel Médico Cirujano sujeto a ratificación.

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se ratifica el grado de Coronel Médico Cirujano que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Armando Sánchez Barredo.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, DF., a 5 de marzo del año 2003.— Sen. Fidel Herrera Beltrán (rúbrica), Presidente; Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez (rúbrica), secretario; Dip. Gral. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica), secretario, Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica), Sen. Adrián Alanís Quiñones, Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Dip. Jesús Burgos Pinto, Sen. Micaela Aguilar González, Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano, Dip. Manuel Wistano Orozco Garza (rúbrica), Dip. Raúl Martínez González (rúbrica), Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica).»

Se deja en reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.— Segunda Comisión de Trabajo.— Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente número 697, año tercero, sección tercera, índice “J”, fojas 89-2 del libro respectivo que contiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2002, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel Médico Cirujano José Luis Juárez Maldonado, como Coronel Médico Cirujano, que el Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte que:

a) Ingresó el 1o. de septiembre de 1971 a la Escuela Médico Militar, graduándose como Mayor Médico Cirujano el 1o. de septiembre de 1977.

b) Para los efectos de ascenso se le computan 31 años, 2 meses y 19 días de tiempo de servicios y 10 años de antigüedad en el grado anterior.

c) Todos sus ascensos los obtuvo por riguroso escalafón en los concursos de selección correspondientes.

d) Su preparación profesional comprende los estudios profesionales de médico cirujano, así como el de especialización en neurología en la Escuela Militar de Graduado de Sanidad.

e) Posee amplia experiencia como médico cirujano especialista en neurología y neurocirugía; participó como jefe del Equipo Médico número 10 en la operación de labor social “Michoacán 1991”; prestó sus servicios en el Hospital Central Militar en el que ocupó los siguientes cargos: jefe del Departamento de su especialidad, jefe de la Sala de Neurología dependiente de la Jefatura de Servicios Médicos; y, actualmente es jefe de la Subsección de Consulta de no Urgencias en la Sección de Urgencias de Adultos.

f) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de 1a. clase, correspondiente a 30 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado Teniente Coronel Médico Cirujano José Luis Juárez Maldonado, y en atención a su gran aptitud personal, amplia instrucción militar y destacado desempeño de sus cargos, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecen la obtención del grado de Coronel Médico Cirujano sujeto a ratificación.

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se ratifica el grado de Coronel Médico Cirujano, que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano José Luis Juárez Maldonado.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, DF, a 5 de marzo del año 2003.— Sen. Fidel Herrera Beltrán (rúbrica), Presidente; Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez (rúbrica), secretario; Dip. Gral. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica), secretario, Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica), Sen. Adrián Alanís Quiñones, Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Dip. Jesús Burgos Pinto, Sen. Micaela Aguilar González, Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano, Dip. Manuel Wistano Orozco Garza (rúbrica), Dip. Raúl Martínez González (rúbrica), Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica).»

Se deja en reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.— Segunda Comisión de Trabajo.— Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente número 693, año tercero, sección cuarta, índice “S”, fojas 88-2 del libro respectivo que contiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2002, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel Ingeniero Industrial Juan Sánchez Pérez, como Coronel Ingeniero Industrial, que el Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII, del artículo 78, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte que:

a) Ingresó el 1o. de septiembre de 1972 al Heroico Colegio Militar, graduándose como Subteniente de Infantería el 1o. de septiembre de 1976; posteriormente, el 1o. de septiembre de 1979 ingresó a la Escuela Militar de Ingenieros, graduándose como Capitán Primero Ingeniero Industrial el 31 de agosto de 1985.

b) Para los efectos de ascenso se le computan 30 años, 2 meses y 19 días de tiempo de servicios y 10 años de antigüedad en el grado anterior.

c) Todos sus ascensos los obtuvo por riguroso escalafón en los concursos de selección correspondientes.

d) Su preparación profesional abarca los cursos de formación en el Heroico Colegio Militar; realizó estudios profesionales de ingeniería industrial en la Escuela Militar de Ingenieros; y, en la Escuela Superior de Guerra, efectuó el curso superior de armas y servicios.

e) Posee experiencia como Oficial de Infantería y un importante desempeño como ingeniero industrial; prestó sus servicios como jefe del Area de Ingeniería Industrial de la Fábrica de Proyectiles y Morteros, así como jefe de Control de Calidad de la Fábrica de Proyectiles y Morteros en el Departamento de la Industria Militar; ejerció la Jefatura del Servicio de Mantenimiento del Hospital Militar en Mérida, Yucatán; fue jefe regional del Servicio de Materiales de Guerra de la IV Región Militar; ejerció el mando de la Compañía Regional de Materiales de Guerra de la misma región militar; y, a la fecha, se desempeña como jefe regional del Servicio de Materiales de Guerra de la V Región Militar.

f) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de 2a. clase, correspondiente a 25 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado Teniente Coronel Ingeniero Industrial Juan Sánchez Pérez, y en atención a su gran aptitud personal, amplia instrucción militar y destacado desempeño de sus cargos, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecen la obtención del grado de Coronel Ingeniero Industrial sujeto a ratificación.

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se ratifica el grado de Coronel Ingeniero Industrial, que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Juan Sánchez Pérez.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, DF, a 5 de marzo de 2003.— Sen. Fidel Herrera Beltrán (rúbrica), Presidente; Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez (rúbrica), secretario; Dip. Gral. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica), secretario, Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica), Sen. Adrián Alanís Quiñones, Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Dip. Jesús Burgos Pinto, Sen. Micaela Aguilar González, Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano, Dip. Manuel Wistano Orozco Garza (rúbrica), Dip. Raúl Martínez González (rúbrica), Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica).»

Se deja en reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.— Segunda Comisión de Trabajo.— Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente número 694, año tercero, sección quinta, índice “P”, fojas 88-2 del libro respectivo que contiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2002, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel Cirujano Dentista Nahum Francisco Pérez Bernabé, como Coronel Cirujano Dentista, que el Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte que:

a) Ingresó el 1o. de septiembre de 1974 al Heroico Colegio Militar, graduándose como Subteniente de Infantería el 1o. de septiembre de 1978; posteriormente, ingresó el 1o. de septiembre de 1982 a la Escuela Militar de Odontología, graduándose como Capitán Primero Cirujano Dentista el 1o. de septiembre de 1986.

b) Para los efectos de ascenso se le computan 28 años, 2 meses y 19 días de tiempo de servicios y 9 años de antigüedad en el grado anterior.

c) Todos sus ascensos los obtuvo por riguroso escalafón en los concursos de selección correspondientes.

d) Su preparación profesional comprende el curso de formación como Oficial de Infantería; realizó el curso correspondiente en la Escuela Militar de las Armas y los Servicios, así como el curso de educación militar básico en el Heroico Colegio Militar; y, realizó los estudios profesionales como cirujano dentista en la Escuela Militar de Odontología.

e) Posee experiencia como Oficial de Infantería, así como en la profesión de cirujano dentista, se ha desempeñado como Comandante del Escalón Dental del 28o. Batallón de Infantería; y, actualmente, desempeña el cargo de jefe del Servicio Médico Dental en el Hospital Militar Regional de Tuxpan, Veracruz.

f) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de 2a. Clase, correspondiente a 25 años de servicios ininterrumpidos, así como la del “Mérito Militar” de 2a. Clase.

De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado Teniente Coronel Cirujano Dentista Nahum Francisco Pérez Bernabé, y en atención a su gran aptitud personal, amplia instrucción militar y destacado desempeño de sus cargos, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecen la obtención del grado de Coronel Cirujano Dentista sujeto a ratificación.

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se ratifica el grado de Coronel Cirujano Dentista que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del Ciudadano Nahum Francisco Pérez Bernabé.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, DF, a 5 de marzo del año 2003.— Sen. Fidel Herrera Beltrán (rúbrica), Presidente; Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez (rúbrica), secretario; Dip. Gral. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica), secretario, Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica), Sen. Adrián Alanís Quiñones, Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Dip. Jesús Burgos Pinto, Sen. Micaela Aguilar González, Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano, Dip. Manuel Wistano Orozco Garza (rúbrica), Dip. Raúl Martínez González (rúbrica), Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica).»

Se deja en reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.— Segunda Comisión de Trabajo.— Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente número 695, año tercero, sección primera, índice “V”, fojas 89-2 del libro respectivo que contiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2002, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel Cirujano Dentista Evaristo Valencia Olivares, como Coronel Cirujano Dentista, que el Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte que:

a) Ingresó el 1o. de septiembre de 1974 al Heroico Colegio Militar, graduándose como Subteniente de Infantería el 1o. de septiembre de 1978; posteriormente, ingresó el 1o. de septiembre de 1981 a la Escuela Militar de Odontología, graduándose como Capitán Primero Cirujano Dentista el 1o. de septiembre de 1985.

b) Para los efectos de ascenso se le computan 28 años, 2 meses y 19 días de tiempo de servicios y 8 años de antigüedad en el grado anterior.

c) Todos sus ascensos los obtuvo por riguroso escalafón en los concursos de selección correspondientes.

d) Su preparación profesional comprende el curso de formación como Oficial de Infantería; realizó los cursos de patrullas en la 27a. zona militar y de educación militar básico en el H. Colegio Militar; realizó estudios profesionales de odontología en la Escuela Militar de Odontología; realizó el curso de especialización y residencia en odontopedriatría en la Escuela Nacional de Graduados de Sanidad; en su formación como cirujano dentista realizó los cursos: teórico práctico de avances epidemiológicos y clínicos de la terapia mio-funcional en dentición mixta en Cuernavaca, Morelos, XI curso de la Academia de Odontología Pediátrica en la ciudad de Puebla, XII curso de la Academia Mexicana de Odontología Pediátrica, AC, y el curso intermedio de odontología pediátrica en el Hospital Central Militar; y, realizó el curso superior de armas y servicios en la Escuela Superior de Guerra.

e) Posee experiencia como Oficial de Infantería; como cirujano dentista se desempeñó como docente en la Escuela Militar de Odontología; su preparación como especialista en odontología pediátrica es destacada; se desempeñó como Comandante del Escalón Dental del 14o. Regimiento de Caballería Motorizado; fue jefe del Servicio de Odontopediatría en el Hospital Central Militar; y, actualmente se desempeña como jefe del Gabinete Dental de la 6a. zona militar.

f) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de 2a. clase, correspondiente a 25 años de servicios ininterrumpidos, así como la del “Mérito Docente”

De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado Teniente Coronel Cirujano Dentista Evaristo Valencia Olivares, y en atención a su gran aptitud personal, amplia instrucción militar y destacado desempeño de sus cargos, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecen la obtención del grado de Coronel Cirujano Dentista sujeto a ratificación.

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se ratifica el grado de Coronel Cirujano Dentista que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Evaristo Valencia Olivares.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, DF, a 5 de marzo del año 2003.— Sen. Fidel Herrera Beltrán (rúbrica), Presidente; Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez (rúbrica), secretario; Dip. Gral. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica), secretario, Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica), Sen. Adrián Alanís Quiñones, Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Dip. Jesús Burgos Pinto, Sen. Micaela Aguilar González, Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano, Dip. Manuel Wistano Orozco Garza (rúbrica), Dip. Raúl Martínez González (rúbrica), Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica).»

Se deja en reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.— Segunda Comisión de Trabajo.— Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente número 690, año tercero, sección primera, índice “C”, fojas 87-2, del libro respectivo, que contiene la hoja de servicio y el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2002 por el Presidente de la República en favor del Teniente Coronel Ingeniero Industrial Diplomado de Estado Mayor Miguel Angel Coronel Vargas como Coronel Ingeniero Industrial Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte que:

a) Ingresó el 1o. de septiembre de 1976 en el Heroico Colegio Militar, graduándose como Subteniente de Infantería el 1o. de septiembre de 1980. Posteriormente, el 1o. de septiembre de 1983, ingresó en la Escuela Militar de Ingenieros, graduándose como Capitán Primero Ingeniero Industrial el 1o. de septiembre de 1989.

b) Para los efectos de ascenso, se le computan 26 años, 2 meses y 19 días de tiempo de servicio y 4 años de antigüedad en el grado anterior.

c) Todos los ascensos los obtuvo por riguroso escalafón en los concursos de selección correspondientes.

d) Su preparación profesional abarca los cursos de formación como Oficial de Infantería; realizó los cursos de Paracaidistas en el 2o. Batallón de Fusileros Paracaidistas; realizó estudios profesionales de ingeniería química en la Escuela Militar de Ingenieros; efectuó los siguientes cursos: de mando y Estado Mayor General en la Escuela Superior de Guerra, de soporte técnico sobre simuladores de tiro en Atlanta, Ga., EUA, de adiestramiento para el fusil Barret calibre 0.50”, en Tennesse, EUA, de administración docente para oficiales en EUA, el superior de guerra en la Escuela Superior de Guerra y el del idioma alemán en el Centro Superior de Estudios Navales de la Armada de México.

e) Posee experiencia como Oficial Paracaidista, así como una esmerada preparación y desempeño en la profesión de ingeniero industrial con el carácter de Diplomado de Estado Mayor; se desempeñó como coordinador académico en el Colegio de Defensa Nacional y en la Escuela de Administración Militar y Pública; fungió como Jefe del 5o. Escalón de Mantenimiento de la Fábrica de Armas del Departamento de la Industria Militar; se trasladó en comisión oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional a Italia, a Estados Unidos de América y a la República de Colombia.

f) Se le han otorgado las condecoraciones de perseverancia hasta la de 2a. Clase, correspondiente a 25 años de servicio ininterrumpidos, así como la de “Mérito Deportivo” de 4a. Clase.

De la revisión del expediente personal y de la hoja de servicio del nombrado Teniente Coronel Ingeniero Industrial Diplomado de Estado Mayor Miguel Angel Coronel Vargas, y en atención a su gran aptitud personal, amplia instrucción militar y destacado desempeño de sus cargos, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecen la obtención del grado de Coronel Ingeniero Industrial Diplomado de Estado Mayor sujeto a ratificación.

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se ratifica el grado de Coronel Ingeniero Industrial Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en favor del ciudadano Miguel Angel Coronel Vargas.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, DF, a 5 de marzo del año 2003.— Sen. Fidel Herrera Beltrán (rúbrica), Presidente; Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez (rúbrica), Dip. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica), secretarios; Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica), Sen. Adrián Alanís Quiñones, Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Dip. Jesús Burgos Pinto, Sen. Micaela Aguilar González, Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano, Dip. Manuel Wistano Orozco Garza (rúbrica), Dip. Raúl Martínez González (rúbrica), Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica).»

Se deja en reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.— Segunda Comisión de Trabajo.— Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente número 692, año tercero, sección tercera, índice “L”, fojas 88-2 del libro respectivo que contiene la hoja de servicio y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2002 por el Presidente de la República a favor del Teniente Coronel Ingeniero Industrial Marco Polo Lezama Estrada, como Coronel Ingeniero Industrial, que el Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte que:

a) Ingresó el 1o. de septiembre de 1977 al Heroico Colegio Militar, graduándose como Subteniente de Artillería el 1o. de septiembre de 1981. Posteriormente, el 1o. de septiembre de 1983 ingresó a la Escuela Militar de Ingenieros, graduándose como Capitán Primero Ingeniero Industrial el 1o. de septiembre de 1989.

b) Para los efectos de ascenso se le computan 25 años, 2 meses y 19 días de tiempo de servicios y 6 años de antigüedad en el grado anterior.

c) Todos sus ascensos los obtuvo por riguroso escalafón en los concursos de selección correspondientes.

d) Su preparación profesional abarca los cursos de formación como Oficial de Artillería; realizó estudios profesionales en la especialidad de ingeniería mecánica en la Escuela Militar de Ingenieros; recibió adiestramiento para fabricar tubos de cartón para cargas “Cero” M5 y M6 para granadas de mortero calibre 60 y 81 mm. en Ohio, EUA.

e) Posee experiencia como Oficial de Artillería, así como en el área de ingeniería industrial; prestó sus servicios en los 3er. y 2o. Regimientos del Arma; se trasladó en comisión oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional y en asuntos relativos de su profesión a los siguientes países: Bélgica, Estados Unidos de América, Canadá, República Popular de China y Sudáfrica; se ha desempeñado como jefe de Planeación y Control de Producción de la Fábrica de Armas, y como subdirector de la Planta de Organización de Carga de Proyectiles en el Departamento de la Industria Militar; fue director de la Planta Central de Herramientas, jefe del Tren de Transportes, director de la Fábrica de Cartuchos y director de la Ensambladora Militar de la Dirección General de Industria Militar.

f) Se le han otorgado las condecoraciones de perseverancia hasta la de 2a. Clase, correspondiente a 25 años de servicios ininterrumpidos, así como la de “Mérito Técnico” de 2a. Clase.

De la revisión del expediente personal y la hoja de servicio del nombrado Teniente Coronel Ingeniero Industrial Marco Polo Lezama Estrada, y en atención a su gran aptitud personal, amplia instrucción militar y destacado desempeño de sus cargos, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecen la obtención del grado de Coronel Ingeniero Industrial sujeto a ratificación.

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se ratifica el grado de Coronel Ingeniero Industrial, que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Marco Polo Lezama Estrada.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, DF, a 5 de marzo del año 2003.— Sen. Fidel Herrera Beltrán (rúbrica), Presidente; Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez (rúbrica), secretario; Dip. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica), secretario, Sen. Micaela Aguilar González, Sen. Adrián Alanís Quiñones, Dip. Jesús Burgos Pinto, Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica), Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano, Dip. Raúl Martínez González (rúbrica), Dip. Manuel Wistano Orozco Garza (rúbrica), Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

Se deja en reserva para su votación económica en conjunto.

Este y los anteriores están a discusión... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba este punto de acuerdo y los anteriormente reservados.

Las señoras y los señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Quienes están por la negativa.

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Aprobados los puntos de acuerdo.

Comuníquense al Ejecutivo.

 

ESCUDO NACIONAL

La Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:

«Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia.

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, fue turnada para estudio y elaboración del dictamen, la proposición con punto de acuerdo, presentada por el diputado Federal Salvador Cosío Gaona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

ANTECEDENTES

1. En sesión de la Comisión Permanente de fecha 4 de febrero del año en curso, el diputado Salvador Cosío Gaona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una proposición con punto de acuerdo con relación al uso de la papelería oficial del Poder Ejecutivo Federal, la cual no cumple con lo establecido por la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

2. En esa misma sesión, se turnó el referido punto de acuerdo a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a efecto de que se elaborara el dictamen correspondiente.

3. Con fecha 19 de febrero de 2003, los integrantes de esta Primera Comisión en acatamiento al turno dispuesto y en reunión de trabajo procedimos al análisis, discusión y elaboración del presente dictamen en conjunto, con base en los siguientes

CONSIDERANDOS

En ejercicio de sus atribuciones, el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos expidió la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 1984. Conforme a la misma, sus normas son de orden público y obligan por igual a gobernantes y a gobernados.

El 2 de octubre del 2001 el pleno de la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo correspondiente a un dictamen de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, mismo que resolvió favorablemente las propuestas de punto de acuerdo que sobre el uso de los Símbolos Patrios, específicamente el Escudo Nacional, presentaron previamente el 14 de diciembre de 2000 y el 25 de diciembre de 2001, los diputados Alfredo Ochoa Toledo, del PRI, y Enrique Herrera y Bruquetas, del PRD, respectivamente.

Dicho dictamen aprobado por el Pleno, estableció que el logotipo que el Poder Ejecutivo Federal diseñó y tiene en uso en papelería y otras impresiones de propaganda oficial, es una impresión incompleta del Escudo Nacional diseñado a partir de la impresión oficial del mismo, comprobado esto al cotejarse el Escudo utilizado en banderas y documentos oficiales permitidos, con la parte del mismo que se reproduce como un supuesto logotipo diferente al escudo oficial, como lo usa el Ejecutivo Federal.

En el dictamen de referencia resulta evidente que el Ejecutivo Federal contraviene lo establecido en los artículos 2o., 5o., 6o. y 55 de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

El cual a la letra prescribe lo siguiente:

“Artículo 2o. El Escudo Nacional está constituido por un águila mexicana, con el perfil izquierdo expuesto, la parte superior de las alas en un nivel más alto que el penacho y ligeramente desplegadas en actitud de combate; con el plumaje de sustentación hacia abajo tocando la cola y las plumas de ésta en abanico natural. Posada su garra izquierda sobre un nopal florecido que nace en una peña que emerge de un lago. Sujeta con la derecha y con el pico, en actitud de devorar, a una serpiente curvada, de modo que armonice con el conjunto. Varias pencas del nopal se ramifican a los lados. Dos ramas, una de encino al frente del águila y otra de laurel al lado opuesto, forman entre ambas un semicírculo inferior y se unen por medio de un listón dividido entre franjas, que cuando se representa al Escudo Nacional en colores naturales, corresponden a los de la Bandera Nacional.”

El logotipo que identifica al Gobierno Federal del Presidente Vicente Fox, viola la ley en razón de que es una expresión mutilada del Escudo Nacional, que comprende únicamente “parte del águila que muestra el pico y las alas incompletas, parte de la serpiente, adornadas con una representación aparente de la banda presidencial”, por lo que resulta obvio, a la menor observación, que “desaparecen del Escudo Nacional entre otras partes fundamentales los soportes y las garras del águila que constituyen su símbolo de agresividad y ataque; el nopal, que es simbolismo indígena de la mexicanidad y las dos ramas de encino y de laurel que significan la fuerza y la victoria”.

Para los legisladores firmantes del mencionado dictamen, el logotipo del Gobierno Federal es una expresión incompleta del Escudo Nacional, diseñado a partir de la expresión oficial del mismo, lo cual se comprueba al hacer el cotejo de esa parte, con la correspondiente del Escudo uti- lizado normalmente en las banderas o en los documentos en los cuales se permite su uso, por lo que es obvio que la versión mutilada no reúne las características que determina la ley y por lo tanto conculca lo establecido por el artículo 5o. de la misma, cuyo texto establece: “toda reproducción del Escudo Nacional deberá corresponder fielmente al que se refiere el artículo 2o. de esta ley”, por lo que aquel logotipo no respeta la fidelidad del modelo ni se ajusta, por otra parte, a las determinaciones contenidas en el artículo 6o. de la propia ley invocada.

En efecto, el artículo 6o. de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, dice textualmente:

“Artículo 6o. Con motivo de su uso en monedas, medallas oficiales, sellos, papel oficial y similares, en el Escudo Nacional sólo podrán figurar por disposiciones de la ley o de la autoridad, las palabras Estados Unidos Mexicanos, que formarán el semicírculo superior.”

“El Escudo Nacional sólo podrá figurar en los vehículos que utilice el Presidente de la República, en el papel de las dependencias de los poderes federales y estatales, así como de las municipalidades, pero queda prohibido utilizarlo para documentos particulares. El Escudo Nacional sólo podrá imprimirse y usarse en la papelería oficial, por acuerdo de la autoridad correspondiente.”

Por lo anterior, la dictaminadora considera que la banda tricolor ondulada, sobrepuesta en el Escudo del llamado logotipo, simula en efecto un lienzo en el que queda oculta la parte señalada por los proponentes como omitida o mutilada, lo cual implica la adhesión al Escudo, de una característica que de acuerdo con el primer párrafo del artículo 6o. transcrito, no puede figurar en el mismo, violándose así la norma legal.

Por otra parte, la ley que regula los símbolos patrios responsabiliza a la Secretaría de Gobernación, en su artículo 55, de vigilar el cumplimiento de dicho ordenamiento legal, mandato que obliga a dicha dependencia a impedir que autoridad alguna continúe utilizando el logotipo con el Escudo Nacional alterado.

El punto de acuerdo aprobado en octubre, es contundente. Acordó exhortar a la Secretaría de Gobernación como entidad responsable del Ejecutivo a vigilar el uso, reproducción y difusión de los símbolos patrios por parte de dependencias federales y al considerar tajantemente como un hecho comprobado, sustentado debidamente en derecho, que el uso incompleto del Escudo Nacional de la imagen o logotipo que identifica al Poder Federal actual, es violatoria de la ley correspondiente, exhortó a retirar dicha imagen ilegal de toda la papelería y propaganda e imágenes en que se utiliza.

Por su parte, es público y notorio, que casi todas las dependencias del Ejecutivo Federal hacen caso omiso de la instrucción, la Secretaría de Gobernación evita incluir en papelería o propaganda oficial al Escudo Nacional íntegro.

Asimismo, el promovente de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina señala por otra parte, “en un tema análogo pero que se liga, en diversos impresos, en la mayoría de las imágenes de la República, se utiliza como firma, como rúbrica la leyenda: Gobierno de la República”. Arrogando con ésta la representación absoluta de los tres poderes que conforman el Gobierno Federal.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77 fracción II, 78 fracción III de la Constitución Federal; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Primera Comisión del Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión presentamos el presente dictamen con

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que en los términos del artículo 55 de la Ley Sobre el Escudo y la Bandera Nacionales, atienda el exhorto de fecha 2 de octubre, a fin de que vigile estrictamente el uso, reproducción y difusión de los símbolos patrios por las dependencias de los poderes federales y las entidades federativas, así como de los gobiernos municipales del país.

Asimismo, que la imagen que identifica al Poder Ejecutivo Federal y que contiene parte del Escudo Nacional, sea retirada de la papelería, propaganda e imágenes del mismo.

Segundo. Toda vez que no está facultado legalmente a arrogarse la representación absoluta de los tres poderes que conforman el Gobierno Federal, se exhorta al Poder Ejecutivo Federal, para que de inmediato sea retirada de toda papelería, propaganda e imágenes del mismo la leyenda “Gobierno de la República”, con la que inadecuadamente ru- brica dichos elementos de comunicación.

Tercero. Se solicita a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, que previa revisión, estudio y aprobación del Pleno, se inicie de inmediato el procedimiento legal correspondiente a efecto de lograr que las acciones del Poder Ejecutivo Federal en materia de difusión oficial y comunicación social, se respete la Constitución General de la República y la Ley Sobre el Escudo, la Bandera, el Himno Nacionales y se evite a toda costa la utilización inadecuada de los símbolos patrios en especial el Escudo Nacional, en toda papelería, propaganda e imágenes oficiales.

Dado en el salón de comisiones de la H. Comisión Permanente, a los diecinueve días del mes de febrero del año dos mil tres.— Sen. Orlando Paredes Lara (rúbrica), Presidente; Dip. Alejandro Zapata Perogordo, Dip. Salvador Cosío Gaona (rúbrica), secretarios; Dip. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica), Dip. César Augusto Santiago Ramírez, Sen. Jorge Zermeño Infante (rúbrica en contra), Sen. Gerardo Buganza Salmerón, Sen. Federico Ling Altamirano, Sen. David Jiménez González (rúbrica), Sen. Antonio García Torres (rúbrica), Dip. Bernardo Borbón Vilches (rúbrica en contra), Dip. Mónica Leticia Serrano Peña (rúbrica en contra), Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Dip. Julieta Prieto Furhken (rúbrica).»

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

En consecuencia, están a discusión los puntos de acuerdo.

Se abre el registro de oradores.

En contra el diputado Borbón Vilches, del Partido Acción Nacional; a favor el diputado Solís Acero, del Partido Revolucionario Institucional.

Tiene la palabra el diputado Borbón Vilches, hasta por cinco minutos.

El diputado Bernardo Borbón Vilches:

Posición en contra del dictamen para que el Congreso exhorte al Presidente de la República a no usar su logotipo ni la expresión: “Gobierno de la República”.

En las consideraciones del dictamen se afirma que el logotipo del Poder Ejecutivo Federal usen la papelería de otras impresiones, de propaganda; es una impresión incompleta el Escudo Nacional.

Por otra parte dice que usar la leyenda: “Gobierno de la República”, está abrogándose la representación absoluta de los tres poderes que conforman el Gobierno Federal.

La desafortunada resolución no distingue entre “publicidad” y “propaganda” ni entre “logotipo” ni “escudo” y mucho menos distingue entre “Gobierno” y “Estado”.

Además viola las reglas de la lógica, parte de silogismos basados en premisas erróneas, pues uno afirma que logotipo es el “Escudo “ y la otra dice que: “los tres poderes son parte del Gobierno, no del Estado mexicano”. Al ser falsas las premisas, obviamente son falsas las conclusiones.

El artículo 5o. de la Ley para el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales dispone que toda reproducción del Escudo Nacional deberá corresponder fielmente a las características que ese artículo describe.

La imagen que se critica, obviamente, no es el Escudo Nacional ni está usado como tal, sólo identifica a un Ejecutivo ¡es un logotipo! Desde mi punto de vista, de mal gusto, pero un logotipo no un escudo.

Siguiendo con las formalidades, cualquiera que fuera el sentido de la resolución es violatoria del principio de legalidad, pues ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica ni en ley o reglamento alguno existe facultad para que la Comisión Permanente tome resoluciones en este sentido. Podrá legislar sobre ello, pero no este tipo de resoluciones.

El dictamen también es infundado en cuanto al sentido, pues afirma que el Ejecutivo contraviene lo establecido en los artículos: 2o., 5o., 6o. y 55 de la ley. Ninguno de éstos declara animales sagrados al águila ni a la serpiente, que no puedan reproducirse ni tampoco las ramas de olivo ni las pencas de nopal.

Lo que el Legislativo debiera de hacer, es corregir las graves violaciones a la ley, aquí sí en el uso impropio del Escudo Nacional.

En la oficina del Presidente de la Cámara de Diputados se exhibe una imagen de madera que pretende ser el Escudo Nacional. Podrá ser una bella artesanía, pero no reúne las características de ley.

En la sala de sesiones, en la Mesa Directiva, está también, y en los atriles, aquí, que usamos en la Comisión Permanente, está algo que está violando la ley. Este no es el Escudo Nacional para este efecto. Solamente puede usarse la leyenda “Estados Unidos Mexicanos” cuando se use en medallas, cuando se use en monedas, cuando se use en papelería; pero no aquí. Ese es el Escudo Nacional, no éste, para este uso.

Como si fuera poco, en la fachada del edificio de la Cámara de Diputados existe un enorme remedo, monumental remedo del Escudo Nacional. Podrá ser una obra de arte, pero no reúne las características de Ley del Escudo Nacional. Y desafío a cualquier legislador que nos demuestre lo contrario.

Pero dejemos la representación oficial del Escudo Nacional y vayamos a las representaciones parciales:

¿No han visto ustedes en cada una de las manijas de cada puerta de la Cámara de Diputados un águila, la parcialmente, tomada la cabeza y el pecho del Escudo Nacional? ¿Es o no un águila mocha, como se ha dado en llamar a una representación parcial del escudo?

Y vayamos a la Cámara de Senadores. ¿No han visto el Escudo Nacional de bulto con las alas desplegadas, que es un águila entre imperial y porfirista?

Y señores diputados, señores legisladores en general: ¿Y los escudos que usan los legisladores en la solapa, y sus ayudantes, y sus secretarios, y sus choferes, y en su papelería? ¿En dónde está el fundamento para reproducir ahí el Escudo Nacional? Vayamos a la ley y no existe fundamento para este abuso que por años se ha hecho en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. ¿Quién acordó todos estos dislates?

Por ello quiero presentarles gráficamente, para terminar, estos errores gravísimos en el Poder Legislativo.

Esta es la representación en la Presidencia de la Cámara de Diputados. ¡No es el Escudo Nacional!

Esta es la representación en la fachada del edificio de la Cámara de Diputados. ¡No es el Escudo Nacional!

Esto está en cada una de las puertas de la Cámara de Diputados. ¡No es el Escudo Nacional!

Pero aquí no está usado como tal, por lo tanto no es una violación a la ley. Pero esto sí es una violación a la ley.

¡La papelería de los legisladores, es una violación a la ley! ¡Las felicitaciones y la correspondencia particular, son una violación flagrante a la ley puesto que existe la prohibición expresa de que se use el Escudo Nacional en la papelería particular!

Por lo tanto, señores legisladores, no tiremos pedradas al vecindario cuando tenemos techo de cristal.

Pero si volviéramos al Ejecutivo, ¿qué opinan ustedes del escudo de la Armada de México en donde se ha suprimido el nopal y los olivos para posar el águila sobre dos anclas? Tiene su propia normatividad, pero no reúne las características del Escudo Nacional.

Y en el segundo resolutivo se dice que al Presidente de la República se le exhorte o se le prohiba usar la expresión Gobierno de la República. Suscribir esto, señores legisladores, sería suscribir una confesión de ignorancia. Sin entrar a discutir la teoría del Estado, bastaría con recordar que el concepto incluye no solamente a los tres poderes sino también al territorio, a la población y al régimen jurídico.

Ante esto preguntémonos: ¿Es o no es el Presidente de la República representante del Estado mexicano? Si no lo es él, quién lo es.

Los legisladores mexicanos que le hemos dado tratamiento de jefes de Estado a Ejecutivos de otras repúblicas ¿se lo vamos a negar a nuestro propio Presidente? Si así es, señores legisladores, entonces reformemos la Constitución para que ahí lo digamos.

¡Lo que debiéramos prohibir, señores legisladores, es que un partido político que solamente agrupa a una pequeña parte de la sociedad, como todos los partidos políticos, use como propios los colores de la bandera nacional, que pertenece a todos los mexicanos! ¡Esto sí es un atropello a lo nacional, una negación de la equidad, un insulto a la democracia!

¡Por favor, señores legisladores, no cometamos un dislate más aprobando este dictamen absurdo, infundado y sin sustancia!

Muchas gracias.

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

En sustitución del diputado Felipe Solis Acero, tiene la palabra para el mismo tema el diputado Salvador Cosío.

El diputado Salvador Cosío Gaona:

Con la venia de la Presidencia:

En un tema del que incluso han expresado en muchas ocasiones actitudes burlescas y se han mofado de que insistamos, pero que no es menor, está en juego el que permitamos se siga pisoteando la dignidad de la nación. Lo dije cuando tuve a bien presentar el punto de acuerdo como propuesta, lo tocamos en la discusión al seno de la Comisión Primera de Trabajo de esta Permanente y hoy nos toca repetirlo aquí. Se obstinan los legisladores del partido que, espero por poco tiempo, hoy está en el gobierno, en defender lo indefendible, en tratar de encontrar argumentos que no existen, para cumplir con la encomienda de mantener a rajatabla un capricho de alguien que se le ocurrió diseñar un logotipo en el cual tritura un símbolo nacional, lo somete incompleto y tiene aún la osadía de establecer dos razones a remedo de banda nacional, banca presidencial; como lo dije en su momento, más bien parecen la F y la S de la pareja presidencial.

Se obstinan en tratar de defender lo indefendible pero sin argumentos. Yo creo que el punto de acuerdo que está plasmado es contundente y es muy claro. Primero, ya hubo una amplia discusión del asunto en la Cámara de Diputados, ya existía un voto en particular de la bancada del Partido Acción Nacional, que perdieron debate y votación; ya se aprobó un exhorto para que el Ejecutivo Federal, específicamente la Secretaría de Gobernación, vigilara, resarciera el daño a la imagen nacional, sin aceptarlo completamente pero con una señal de aceptación parcial se autoimponen una sentencia de utilizar solamente ese logotipo de mal gusto, aquí se dijo, en papelería que no tiene que ver con lo oficial; se comprometen directamente a establecerlo además junto con el logotipo, con el escudo completo, y es la propia Secretaría de Gobernación como queda asentado ya, la que incumple directamente este compromiso, sigue utilizando el logotipo del águila cercenada, mutilada, mocha, burlándose de los mexicanos y no sé si esperan que en los libros de texto de primaria también se establezca el cambio de esa imagen.

Es muy claro. No hay argumentos. Lo que establece aquí el diputado Borbón, no está hablando de papelería oficial, está hablando de cuestiones diferentes. Yo lo invito a él y a cualquier otro legislador, a que someta a consideración de este Poder Legislativo propuesta diversa si considera que existen otros elementos en el Poder Legislativo, en el Judicial, si la Marina tiene su propio escudo también es parte del Ejecutivo, y que lo sometamos a discusión.

Lo que nos ocupa es que la papelería oficial, la propaganda, la imagen del Ejecutivo Federal, sigue incumpliendo su propia sentencia, sigue sin utilizar el Escudo Nacional completo como se comprometió, se sigue arrogando la afectación general del Estado y creo que es de explorado derecho que el Estado lo conforma el Gobierno, el territorio de la población; que el Gobierno son tres poderes, no uno sólo y que además aquí simplemente trata de un nuevo exhorto, un nuevo exhorto para que ahora sí cumpla y una petición a la mesa directiva de la Cámara de Diputados para que analice e implemente ya el dispositivo legal de controversia o cualquier otro que considere oportuno, para que en el caso de no acatar, de empecinarse al capricho, se proceda por la vía legal correspondiente. Pero lo que sí es claro es que se está violentando normas muy claras, el texto del dictamen es sumamente claro, es contundente, sus argumentos caen por su propio peso.

Creo que no es posible insistir en defender lo indefendible y sí es contundente que el texto que estamos proponiendo, que se propone por la comisión en su mayoría, primera de esta Permanente es contundente, es lógico, está apegado a derecho, está centrado y debe ser atendido y aprobado por quienes sí pensamos que México es más allá de personajes que a lo mucho durarán un sexenio.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Para contestar alusiones personales tiene la palabra el diputado Bernardo Borbón Vilches.

El diputado Bernardo Borbón Vilches:

Muy brevemente, sólo para precisar lo que dice estrictamente la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales que es el texto vigente desde el 8 de febrero de 1984 y en su artículo 6o. dice:

“Con motivo de su uso en monedas, medallas oficiales, sellos, papel oficial y similares en el Escudo Nacional, sólo podrán figurar por disposiciones de la ley o de la autoridad las palabras Estados Unidos Mexicanos que forman el semicírculo superior.

Por lo tanto cualquier otro uso que se le esté dando a la expresión Estados Unidos Mexicanos es violatorio del artículo 2o. de la ley que es el que describe las características del escudo.

Por otro lado, también dice el artículo 6o. en su segundo párrafo: Queda prohibido utilizarlo para documentos particulares y así cualquiera es testigo de que los legisladores estamos usando indebidamente el Escudo Nacional en la papelería que imprime la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.

Es importante pues precisarlo. Permítanme un segundo. Este es el escudo porfirista que usa el Senado de la República y este es el escudo, remedo de escudo que tiene la Armada de México, si estas no son violaciones a la ley ¿qué son, señores legisladores?

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se consideran suficientemente discutidos los puntos de acuerdo...

Para rectificar hechos tiene la palabra el diputado León Morales hasta por cinco minutos.

El diputado Ramón León Morales:

Gracias señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

El supuesto cambio por el que votó la sociedad el 2 de julio de 2000 no era el de mutilar nuestros símbolos patrios, pasando por alto lo establecido en la Ley del Escudo, la Bandera y el Himno Nacional.

Los símbolos nacionales no son un logro de marketing ni tampoco propiedad del Ejecutivo Federal para que anteponiendo sus deseos, sus gustos, ocurrencias y/o necesidades, los cambie, modele y diseñe cuando así le venga en gana.

El señor Fox, como representante de uno de los poderes y no como dueño de la Unión, deberá ser el primero en acatar, restar y hacer cumplir las normas y las leyes establecidas en nuestra Carta Magna por respeto a su investidura y a la nación.

Es por eso que la pugna, que el llamado de atención que ahora se le hace al Ejecutivo Federal como responsable directo del manejo que se hace de los símbolos patrios en la papelería oficial por esta honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión con el dictamen aprobatorio del punto de acuerdo del que ahora se da cuenta, tiene como propósito primordial mantener el orden y el bienestar de la República; en México ninguna persona, independientemente de su investidura se encuentra por encima de nuestra Constitución.

El cambio en los símbolos nacionales implica más que una simple mutilación, una violación a nuestra Carta Magna, cosa que el Poder Legislativo no puede permitir. Para noso-tros, los legisladores del Partido de la Revolución Democrática, mantener el imperio de la ley así como el respeto a los símbolos patrios, no es un elemento menor, es por ello que nos congratulamos y reivindicamos con el dictamen del punto de acuerdo por el que se exhorta el Ejecutivo Federal para que el conducente respete lo establecido en la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, particularmente en lo que se refiere a los artículos 2o., 5o., 6o. y 55.

Invitamos al señor Fox a que se someta al imperio de la ley. 

Muchas gracias.

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Gracias, señor diputado.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.

La Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:

Con mucho gusto señor Presidente, se consulta al honorable pleno si se encuentra suficientemente discutido.

Las señoras y señores legisladores que estén por la afirmativa, les rogamos manifestarlo si está suficientemente discutido.

Gracias.

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Suficientemente discutido los puntos de acuerdo.

La Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:

En votación económica, se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense. Sí, señor diputado.

El diputado José Alejandro Zapata Perogordo (desde su curul):

No se ve la mayoría señor Presidente. ¿Se confirmaría esa votación?

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Sí, 14 contra 11; 14 a favor y 11 en contra.

Continúe la Secretaría...

El diputado José Alejandro Zapata Perogordo (desde su curul):

Señor Presidente, pediría una rectificación en ese sentido y a través de que se haga nominal para evitar conflictos... ¿Se puede pedir rectificación?..

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Ya se votó y ya se comunicó señor diputado… Permítanme, permítanme. Sí, señor diputado.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde su curul):

Me parece inadecuado que se esté dudando de la honorabilidad de la Mesa Directiva…

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Con objeto de dejar perfectamente claro… Sí.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(desde su curul):

Señor Presidente, con todo respeto y sin ánimo de cambiar un debate que ya es votado, muy respetuosamente le pedimos al diputado Zapata retire la afirmación que acaba de hacer; hemos respaldado todas las mesas directivas de todos los colores y acabamos de anunciar que no tenemos inconveniente señor Presidente, en que verifique usted el sentido del voto solamente para satisfacción de una fracción que en todo derecho puede tener dudas pero no de la honorabilidad de la Mesa en la que cada uno de los integrantes ha demostrado su valía.

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Señor diputado, le agradecería mucho retirara usted su apreciación.

El diputado José Alejandro Zapata Perogordo (desde su curul):

Señor Presidente, lo único que sí hemos estado pidiendo es que si tenemos duda y pedimos una reconsideración a la Presidencia, que no a la Mesa Directiva, mucho agradeceríamos que en ese sentido, en términos de equidad, pudiera efectivamente aceptar nuestra propuesta.

Tuvo que intervenir otro grupo parlamentario para ubicarlo y efectivamente, para los efectos de que no haya en ese sentido malas interpretaciones, retiramos la posición que habíamos hecho en relación a su persona.

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Gracias, señor diputado.

Yo solamente le quiero aclarar que la Mesa Directiva está compuesta por todos: el Presidente, los vicepresidentes y los secretarios y que los criterios que hemos seguido durante todo el manejo de la Permanente han sido equitativos; usted tiene la posibilidad de consultarlo con la gente que ustedes nombraron para estar aquí y seguramente que ella no tendrá argumentos para decir que se ha hecho algo en contra de partido alguno.

Se repite la votación, por favor la Secretaría.

La Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:

¿Nominal?.. Se procede a recoger la votación nominal a solicitud del grupo parlamentario del PAN y concedida por el señor Presidente de la Mesa Directiva.

(Votación.)

Señor Presidente, se emitieron 20 votos a favor, 14 en contra, una abstención.

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Aprobados los puntos de acuerdo, comuníquense.

Sí, diputado Zapata.

El diputado José Alejandro Zapata Perogordo(desde su curul):

Nada más, para dejar constancia que era lo que queríamos efectivamente determinar, que no estaba correcta la votación anterior como la habían tomado. Por lo tanto cambió.

La Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:

Perdón, se incluyeron la asistencia de compañeros que estaban fuera del recinto, señor Presidente.

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Está votado. Por favor si me permiten, está votado. Se le obsequió su petición y el hecho de que vengan otros legisladores a votar, no está en el control de esta Mesa.

Aprobados los puntos de acuerdo, comuníquense.

CODIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL

El Secretario diputado José Tomás Lozano y Pardinas:

Se dará lectura a los puntos de acuerdo en relación a las propuestas en torno a la publicación y promulgación parcial del Código Financiero del Distrito Federal.

«Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia.

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión fueron turnadas para su estudio y elaboración del dictamen las proposiciones con punto de acuerdo presentadas por los diputados federales José Tomás Lozano y Pardinas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Ramón León Morales, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; y Carlos Aceves y del Olmo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

ANTECEDENTES

1. En sesión de la Comisión Permanente de fecha 4 de febrero del año en curso, los diputados José Tomás Lozano y Pardinas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Ramón León Morales, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; y Carlos Aceves y del Olmo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron diversas proposiciones con punto de acuerdo orientadas a solicitar a la Primera Comisión de Trabajo su intervención, dentro de las facultades legales que le competen, en torno a la publicación y promulgación parcial del Código Financiero.

2. En esa misma sesión se turnaron los referidos puntos de acuerdo a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a efecto de que se elaboraran los dictámenes correspondientes.

Sin embargo, esta Comisión coincide en que los puntos de acuerdo presentados por los promoventes concuerdan en sentido general; por tal motivo, se resuelven en un solo dictamen.

3. Los integrantes de esta Primera Comisión, en acatamiento al turno dispuesto y en reunión de trabajo, procedimos al análisis, discusión y elaboración del presente dictamen en conjunto, con base en las siguientes

CONSIDERACIONES

1a. En sesión del Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, II Legislatura, celebrada el 26 de diciembre de 2002 se aprobó en tiempo y forma el Código Financiero del Distrito Federal.

2a. El paquete financiero fue enviado al jefe de Gobierno el día 30 de diciembre pasado para que, de acuerdo con lo establecido por los artículos 122, base segunda, fracción II, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y 86 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, lo publicara en la Gaceta Oficial y estuviera en posibilidades de aplicarlo desde el día primero de enero del presente año o que, en caso de que no estuviera de acuerdo con lo aprobado, hiciera sus observaciones y lo devolviera a la Asamblea Legislativa para su corrección o ratificación.

3a. Con fecha 31 de diciembre de 2002, el jefe de Gobierno publicó parcialmente el Código Financiero del Distrito Federal. Lo anterior se constata en el decreto publicado en la Gaceta Oficial, omitiendo publicar 30 artículos que forman parte del decreto aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

4a. Que la Jefatura de Gobierno de la Ciudad aparentemente no se condujo conforme a lo dispuesto por la ley y publicó parcialmente el Código Financiero omitiendo disposiciones en 30 artículos, acción que constituye una posible violación a la legalidad, invadiendo la competencia del órgano legislativo al tratar de anular sus decisiones y erigiéndose como legislador, violentando con esto el principio constitucional de división de poderes y atentando contra las instituciones democráticas establecidas.

5a. Que al omitir las disposiciones del Código Financiero, el Gobierno del Distrito Federal anula de facto una serie de reglas que la Asamblea Legislativa diseñó para ordenar y dar transparencia a la aplicación de los recursos públicos y mejorar la rendición de cuentas del Gobierno durante el ejercicio fiscal del año 2003.

6a. La manera de proceder del Gobierno de la Ciudad constituye una posible violación a los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 y 67, fracción II, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 86 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.

7a. El día 8 de enero, la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa envió un escrito al jefe de Gobierno solicitándole procediera a publicar de manera inmediata el articulado completo del Código Financiero.

8a. El pasado 29 de enero, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó por mayoría una propuesta con punto de acuerdo para interponer una demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el jefe de Gobierno del Distrito Federal por publicar parcialmente el Código Financiero del Distrito Federal 2003.

9a. Con fecha 27 de febrero de 2003, la diputada Mónica Serrano Peña envió a todos los integrantes de esta Comisión el decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y versión estenográfica de la sesión de la Asamblea Legislativa con la que se aprueba el Código Financiero del Distrito Federal. Lo anterior, a efecto de que los legisladores integrantes de esta Comisión de Trabajo se allegaran de elementos para dictaminar las proposiciones con punto de acuerdo.

10a. Siendo el Distrito Federal sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos, es menester de esta Comisión Permanente prestar atención a lo que en éste suceda.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución federal; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Primera Comisión de Trabajo que suscriben el presente someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión los siguientes

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Los integrantes de esta Primera Comisión de Trabajo no consideran necesario solicitar más información relativa a la iniciativa, debate, aprobación y publicación del decreto que contiene diversas reformas y adiciones al Código Financiero del Distrito Federal 2003, en virtud de que a todos los legisladores integrantes de esta Comisión con anterioridad se les allegó de la información referente para su valoración y análisis correspondiente.

Segundo. Se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal a cumplir las obligaciones establecidas en los distintos ordenamientos jurídicos aplicables y proceda a la inmediata publicación del texto íntegro del decreto que contiene diversas reformas y adiciones al Código Financiero del Distrito Federal aprobado por el Pleno de la Asamblea Legislativa el pasado mes de diciembre de 2002.

Dado en el Salón de Comisiones de la H. Comisión Permanente, a 5 de marzo de 2003.— Primera Comisión de Trabajo: Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.— Sen. Orlando A. Paredes Lara, Presidente; Dip. José Tomás Lozano y Pardinas (rúbrica), Dip. Salvador Cosío Gaona (rúbrica), secretarios; Dip. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica), Dip. César Augusto Santiago Ramírez, Sen. Jorge Zermeño Infante (rúbrica), Sen. Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano, Sen. David Jiménez González, Sen. Antonio García Torres, Dip. Bernardo Borbón Vilches (rúbrica), Dip. Mónica Leticia Serrano Peña (rúbrica), Sen. Raymundo Cárdenas Hernández, Dip. Ramón León Morales, Dip. Julieta Prieto Furhken (rúbrica).»

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

En consecuencia, están a discusión los puntos de acuerdo.

El diputado Ramón León Morales, para presentar su voto en lo particular.

El diputado Ramón León Morales:

Gracias, señor Presidente.

Voy a obviar los antecedentes.

Compañeras y compañeros legisladores: las proposiciones con punto de acuerdo presentadas en la sesión del 4 de febrero por los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional, solicitan en concreto se exhorte al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que publique el texto íntegro del decreto que contiene diversas reformas y adiciones al Código Financiero del Distrito Federal, aprobado por la Asamblea Legislativa en el mes de diciembre del año 2002.

La proposición con punto de acuerdo que presenté a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática solicita a la Asamblea Legislativa y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, toda la información referente a la iniciativa, debate, aprobación y publicación del decreto que contiene diversas reformas y adiciones al Código Financiero del Distrito Federal del año 2003, con el propósito de que este órgano legislativo tome las resoluciones pertinentes.

En el capítulo antecedentes del proyecto de dictamen aprobado en la Primera Comisión se menciona que los puntos de acuerdo concuerdan en sentido general; sin embargo, el presentado por el PRD no se analiza ni se valora, por lo que se actúa de manera parcial. Además se menciona que la diputada Mónica Serrano.

Peña envió a todos los legisladores integrantes de la comisión el decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y versión estenográfica de la sesión de la Asamblea Legislativa en la que se aprueba, y con esa información deciden someter el dictamen a discusión de esta Comisión Permanente, sin tomar en cuenta lo que pudiera agregar la Asamblea Legislativa y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Además, la Primera Comisión no consideró que el martes 11 de febrero del año en curso, la diputada Patricia Garduño Morales, presidenta de la comisión de Gobierno y representante legal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, presentó ante el licenciado Mariano Azuela Huitrón, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, controversia constitucional en contra de los actos del Jefe de Gobierno del Distrito Federal y de los secretarios de Gobierno y de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. Cabe señalar que los actos cuya invalidez se demanda refieren a la promulgación y orden de publicación en forma parcial del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal y su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, de fecha 31 de diciembre del año 2002.

A su vez, se indica que la demanda tiene por objeto dirimir conflictos derivados de la invasión de esferas de competencia constitucional entre la Asamblea Legislativa y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, indicando en el cuerpo del documento que estos hechos no tienen precedente en la historia constitucional mexicana.

Adicionalmente se procede a señalar que la propia Doctrina Constitucional Mexicana es omisa respecto a la existencia del veto parcial en nuestra Ley Suprema, indicando que se coincide con las tesis de la Doctrina Constitucional Mexicana que aprecia que el voto parcial no trae aparejada la promulgación también parcial del proyecto; sin embargo, esa tesis se enfrenta a la corriente que sostiene que promulgar parcialmente la parte no vetada de un proyecto de ley objetado en parte por el Ejecutivo, no se sustenta en la reglamentación constitucional del veto, sino en la facultad discrecional con que cuenta la autoridad ejecutiva en esa materia.

Lo anterior concuerda con las argumentaciones que sustentan el punto de acuerdo presentado por un servidor ante el pleno de esta Comisión Permanente, en el sentido de que estos hechos resultan inéditos en la relación de poderes locales Legislativo y Ejecutivo, mismos que han rebasado el ámbito político y requieren de una determinación jurídica de la autoridad competente.

Por lo anterior, el Partido de la Revolución Democrática reitera que no debe limitarse el derecho constitucional de la Asamblea Legislativa y del Jefe de Gobierno del Distrito Federal para acudir y presentar los alegatos y pruebas procedentes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que conforme a derecho se determine la procedencia de vetar de manera parcial el proyecto de decreto de reformas y adiciones al Código Financiero del Distrito Federal.

Frente a este escenario, consideramos que este Organo Legislativo debe ser respetuoso de las atribuciones constitucionales otorgadas al Poder Judicial y esperar su resolución, toda vez que al promover una controversia consti- tucional los legisladores del Distrito Federal utilizan un recurso que la Carta Magna otorga a un órgano legislativo que considera ha visto vulneradas sus atribuciones, dado que la Asamblea Legislativa tiene el derecho de acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presentar este recurso, lo cual le da al Ejecutivo local el derecho de presentar los argumentos jurídicos a que haya lugar.

Por ello, el grupo parlamentario del PRD considera que no es procedente el exhorto que se pretende realizar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ya que primero se deben tener los elementos suficientes que permitan analizar y resolver lo conducente. Por ello proponemos se procede a invitar a las partes para que remitan todo tipo de información que se genere al respecto y estar atentos a las resoluciones que en su momento genere la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De esta manera, se contribuye a no violentar el marco jurídico que norma la relación entre dos poderes locales, en este caso la Asamblea Legislativa y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, evitando con ello emitir un acuerdo precipitado que vicie el proceso jurídico en marcha.

Por lo antes expuesto, el suscrito, se permite presentar voto particular en contra por la forma y fondo del contenido del dictamen con proyecto de punto de acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a que procede a la inmediata publicación del texto íntegro del decreto que contiene diversas reformas y adiciones al Código Financiero del Distrito Federal 2003.

En consecuencia, sometemos a consideración de esta Comisión Permanente el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda solicitar en forma respetuosa ante la honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, toda la información referente a la iniciativa, debate, aprobación y publicación del decreto que contiene diversas reformas y adiciones al Código Financiero del Distrito Federal 2003, así como mantener informado a este órgano legislativo en todo momento respecto al avance y consideraciones legales que se presenten en torno a la controversia constitucional presentada por la honorable Asamblea Legislativa y los alegatos y pruebas que presente el Jefe de Gobierno del Distrito Federal con  objeto de que esta comisión tome las resoluciones pertinentes.

Por su atención, muchas gracias.

«Voto particular en contra del dictamen para exhortar el Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que proceda a la inmediata publicación del texto íntegro del decreto que contiene diversas reformas y adiciones al Código Financiero del Distrito Federal aprobado por el pleno de la Asamblea Legislativa el pasado mes de diciembre que presenta el diputado Ramón León Morales.

Honorables diputados y senadores de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

El suscrito diputado federal, integrante de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y miembro del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Federal; 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 88 y 119 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, procede a formular voto particular en contra del dictamen con proyecto de punto de acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que proceda a la inmediata publicación del texto íntegro del decreto que contiene diversas reformas y adiciones al Código Financiero del Distrito Federal, en los siguientes términos:

ANTECEDENTES

1. En sesión de la Comisión Permanente de fecha 4 de febrero del año en curso los diputados federales José Tomás Lozano y Pardinas, del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional; Carlos Aceves del Olmo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y el suscrito, miembro del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron proposiciones con punto de acuerdo orientadas a solicitar a la Primera Comisión de Trabajo su intervención, dentro de las facultades legales que le competen, en torno a la publicación y promulgación parcial del Código Financiero del Distrito Federal 2003.

2. En dicha sesión se turnaron los referidos puntos de acuerdo a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a efecto de que se elaborara el dictamen correspondiente.

3. En consecuencia, en sesión de trabajo de la Primera Comisión, celebrada el 26 de febrero del año en curso, se analizaron los puntos de acuerdo en cuestión resolviéndose recabar mayor información y tratar el asunto en la próxima reunión.

4. El pasado 5 de marzo, la Primera Comisión de la Comisión Permanente aprobó, por mayoría, el proyecto de dictamen que contiene dos puntos de acuerdo, en el primero se señala que los integrantes de la comisión no consideran necesario solicitar más información relativa a la iniciativa, debate, aprobación y publicación del decreto que contiene diversas reformas y adiciones al Código Financiero del Distrito Federal 2003 y en el segundo se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal a cumplir con las obligaciones establecidas en los distintos ordenamientos jurídicos aplicables y proceda a la inmediata publicación del texto íntegro del decreto que contiene diversas reformas y adiciones al Código Financiero del Distrito Federal, aprobado por el pleno de la Asamblea Legislativa el pasado mes de diciembre de 2002.

Nuestro grupo parlamentario por no estar de acuerdo con el dictamen aprobado se permite, por mi conducto, presentar un voto particular en contra con base en las siguientes

CONSIDERACIONES

1. Las proposiciones con punto de acuerdo presentadas en la sesión del 4 de febrero por los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional solicitan en concreto se exhorte al jefe de Gobierno del Distrito Federal para que publique el texto íntegro del decreto que contiene diversas reformas y adiciones al Código Financiero del Distrito Federal aprobado por la Asamblea Legislativa en el mes de diciembre del 2002.

2. La proposición con punto de acuerdo que presentó el suscrito a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, determina solicitar a la Asamblea Legislativa y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal toda la información referente a la iniciativa, debate, aprobación y publicación del decreto que contiene diversas reformas y adiciones al Código Financiero del Distrito Federal 2003, con el propósito de que este órgano legislativo tome las resoluciones pertinentes.

3. En el capítulo de antecedentes del proyecto de dictamen aprobado en la Primera Comisión se menciona que los puntos de acuerdo concuerdan en sentido general, sin embargo, el presentado por el PRD no se analiza ni se valora por lo que se actúa de manera parcial, además, se menciona que la diputada Mónica Serrano Peña envió a todos los legisladores integrantes de la comisión el decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y la versión estenográfica de la sesión de la Asamblea Legislativa en la que se aprueba y con esta información deciden someter el dictamen a discusión de esta Comisión Permanente, sin tomar en cuenta lo que pudiera agregar la Asamblea Legislativa y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

4. Además, la Primera Comisión no consideró que el martes 11 de febrero del año en curso, la diputada Patricia Garduño Morales, Presidenta de la Comisión de Gobierno y representante legal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, presentó ante el licenciado Mariano Azuela Güitrón, ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, controversia constitucional en contra de los actos del Jefe de Gobierno del Distrito Federal y de los secretarios de Gobierno y de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.

Cabe señalar que los actos cuya invalidez se demanda refieren a la promulgación y orden de publicación en forma parcial del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal y su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 31 de diciembre de 2002.

A su vez, se indica que la demanda tiene por objeto dirimir conflictos derivados de la invasión de esferas de competencia constitucional entre la Asamblea Legislativa y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, indicando en el cuerpo del documento que estos hechos no tienen precedente en la historia constitucional mexicana.

Adicionalmente, se procede a señalar que la propia doctrina constitucional mexicana, es omisa respecto a la existencia del veto parcial en nuestra Ley Suprema, indicando que se coincide con las tesis de la doctrina constitucional mexicana que aprecia que el veto parcial no trae aparejada la promulgación también parcial del proyecto; sin embargo, esta tesis se enfrenta a la corriente que sostiene que promulgar parcialmente la parte no vetada de un proyecto de ley objetado en parte por el Ejecutivo no se sustenta en la reglamentación constitucional del veto, sino en la facultad discrecional con que cuenta la autoridad ejecutiva en esta materia.

5. Lo anterior concuerda con las argumentaciones que sustentan el punto de acuerdo presentado por el suscrito ante el pleno de esta Comisión Permanente, en el sentido de que estos hechos resultan inéditos en la relación de poderes locales, Legislativo y Ejecutivo, mismos que han rebasado el ámbito político y requieren de una determinación jurídica de la autoridad competente.

Por lo anterior, el Partido de la Revolución Democrática reitera que no debe limitarse el derecho constitucional de la Asamblea Legislativa y del Jefe de Gobierno del Distrito Federal para acudir y presentar los alegatos y pruebas procedentes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que conforme a derecho se determine la procedencia de vetar de manera parcial el proyecto de decreto de reformas y adiciones al Código Financiero del Distrito Federal.

Frente a este escenario, consideramos que este honorable organo Legislativo debe ser respetuoso de las atribuciones constitucionales otorgadas al Poder Judicial y esperar su resolución, toda vez que al promover una controversia constitucional, los legisladores del Distrito Federal utilizan un recurso que la Carta Magna otorga a un órgano legislativo que considera ha visto vulneradas sus atribuciones; dado que la Asamblea Legislativa tiene el derecho de acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presentar este recurso, lo cual le da al Ejecutivo local el derecho de presentar los argumentos jurídicos a que haya lugar.

Por ello, el grupo parlamentario del PRD considera que no es procedente el exhortó que se pretende realizar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal; ya que primero se deben tener los elementos suficientes que permitan analizar y resolver lo conducente, por ello, proponemos se proceda a invitar partes para que remitan todo tipo de información que, se genere al respecto y estar atentos a las resoluciones que en su momento genere la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De esta manera, se contribuye a no violentar el marco jurídico que norma la relación entre dos poderes locales, en este caso la Asamblea Legislativa y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, evitando con ello emitir un acuerdo precipitado que vicie el proceso jurídico en marcha.

Por lo antes expuesto, el suscrito se permite presentar voto particular en contra por la forma y fondo del contenido del dictamen con proyecto de punto de acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a que proceda a la inmediata publicación del texto integro del decreto que contiene diversas reformas y adiciones al Código Financiero del Distrito Federal 2003.

En consecuencia, se somete a consideración de esta Comisión Permanente el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda solicitar, en forma respetuosa, a la honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, toda la información referente a la iniciativa, debate, aprobación y publicación del decreto que contiene diversas reformas y adiciones al Código Financiero del Distrito Federal 2003, así como mantener informado a este órgano legislativo, en todo momento, respecto al avance y consideraciones legales que se presenten en torno a la controversia constitucional presentada por la honorable Asamblea Legislativa y los alegatos y pruebas que presente el jefe de Gobierno del Distrito Federal, con  objeto de que esta comisión tome las resoluciones pertinentes.

Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 6 de marzo de 2003.— Dip. Ramón León Morales (rúbrica).»

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se consideran suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado José Tomas Lozano y Pardinas:

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se consideran suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado José Tomás Lozano y Pardinas:

En votación económica, se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.

ESTADO DE JALISCO

La Secretaria senadora Micaela Aguilar González:

«Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia.

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, fue turnado para estudio y elaboración del dictamen, la proposición con punto de acuerdo presentado por el diputado Salvador Cosío Gaona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar que se agilice el pago de la indemnización a ejidatarios afectados por la construcción de la presa Cajón de Peñas, en el municipio de Tomatlán, estado de Jalisco, citando a comparecer a los funcionarios de las dependencias federales involucradas.

ANTECEDENTES

1. En sesión de fecha 26 de febrero del año en curso el diputado Salvador Cosío Gaona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó una proposición con punto de acuerdo para solicitar que se agilice el pago de la indemnización a ejidatarios afectados por la construcción de la presa Cajón de Peñas, en el municipio de Tomatlán, estado de Jalisco, citando a comparecer a los funcionarios de las dependencias federales involucradas.

2. En esa misma fecha, se turnó el referido punto de acuerdo a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a efecto de que se elaborara el dictamen correspondiente.

3. Los integrantes de esta Primera Comisión de Trabajo, en acatamiento al turno dispuesto y en reunión de trabajo procedimos al análisis, discusión y elaboración del presente dictamen, tomando en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES

El punto de acuerdo presentado por el diputado Salvador Cosío Gaona, a la letra dice:

Unico. Que esta Comisión Permanente solicita al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Secretaría de la Reforma Agraria y la Procuraduría Agraria, la información oficial en cuanto a la expropiación y el pago a los afectados por la construcción de la presa Cajón de Peñas, en el ejido Nuevo Santiago, en Tomatlán, Jalisco, citando a comparecer a los funcionarios de las dependencias federales involucradas en el proceso, exhortando a liquidar de inmediato el pago que se adeuda a los ejidatarios afectados.

Los integrantes de esta Primera Comisión estiman pertinente reproducir textualmente los antecedentes que motivan el punto de acuerdo que se dictamina, tal y como fue presentada por el proponente y que contiene el punto de vista personal del legislador:

“A principios de los años 90 se construyó la presa denominada Cajón de Peñas, que es una de las más grandes e importantes de Jalisco y la región occidental del país.

Para efectuar la construcción del envase citado, el Ejecutivo Federal expropió aproximadamente mil hectáreas del ejido Nuevo Santiago, enclavado en Tomatlán, Jalisco, mediante decreto de fecha 11 de marzo de 1991 a favor de la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.

Desde esa fecha de expropiación, transcurrieron casi cinco años de gestión administrativa infructuosa que incluye un centenar de visitas de la directiva ejidal para un número muy grande de oficinas gubernamentales federales, tanto en Guadalajara como en la Ciudad de México, con el consecuente desgaste físico y la erogación de sumas cuantiosas de recursos económicos a cargo de los campesinos, con traslados costosos desde Tomatlán a cinco horas de Guadalajara y en ocasiones obligados a venir a la Ciudad de México.

Ninguna instancia federal resolvió nada a favor de ellos y fue en el año 1997, que con el argumento de requerir fundamentar la acción de pago a los ejidatarios afectados, la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, solicitó a la mesa directiva del ejido Nuevo Santiago que procediera a presentar demanda ante el Tribunal Unitario Agrario con sede en Guadalajara, como requisito indispensable a fin que la Tesorería General de la Federación pudiera entregar el pago correspondiente al afectado, con la promesa de allanarse a dicha demanda y emitir de inmediato el documento de pago a favor de ellos.

Sin embargo, el Ejecutivo Federal decidió alargar el trámite en forma injusta, producto de su influencia y en la complacencia de autoridades agrarias, encontrando diversas formas de continuar evadiendo el pago, inventando pretextos fútiles para dilatar el proceso y ocasionar gastos millonarios a los campesinos, que llevan ya más de 10 años en busca de obtener la compensación que les corresponde por la afectación que recibieron y casi 6 años de batallar en un proceso legal muy desigual, 6 años de enfrentar la influencia del gobierno que se niega a pagar lo que debe y que no le importa que el procedimiento dure muchos años más y sea cada vez más costoso para los campesinos, que continúan gastando elevadas sumas de honorarios de abogados, peritajes, certificaciones, traslados diversos, entre otros y para los que, cuando llegue el pago que merecen, será de un valor muy menoscabado en relación de los bienes que poseían.

Finalmente la lucha de los campesinos en busca de justicia tuvo un primer fruto, e1 Tribunal Agrario Unitario Décimo Cuarto de Distrito, emitió resolución el 5 de abril del año pasado, en el expediente 489/97 y determinó una sentencia que condenó al Ejecutivo Federal, a través de la Sagarpa, al pago inmediato de indemnización correspondiente a las hectáreas afectadas a los ejidatarios de Nuevo Santiago en Tomatlán, Jalisco.

No obstante la promesa que hiciera la Sagarpa de liquidar el pago en cuanto resultará sentencia condenatoria y evitar recurrirla. Esto fue de nuevo una promesa incumplida, fue un engaño más. Más aún, la Sagarpa ha obstaculizado sistemáticamente por casi un año, la ejecución de la sentencia del Tribunal Agrario con recursos denostables, como la ausencia premeditada en audiencias judiciales, para promover se fije nueva fecha, misma que en contubernio con la autoridad agraria se determina sistemáticamente a mucha distancia, para dilatar aún más, el procedimiento de ejecución de sentencia.

Además de incumplir sistemática y premeditadamente también, con la presentación de documentos como peritajes y avalúos para dilatar más las audiencias y seguir complicando el proceso. Es muy claro, la Sagarpa se niega por mero capricho a pagar a los afectados campesinos y se propone alargar el proceso con artimañas legaloides y la complicidad de autoridades agrarias para, en su caso, quizá, cumplir y pagar pesos alrededor de corcholatas en al menos 5 ó 6, años más.

El promovente manifiesta que por ello solicita la intervención inmediata del Poder Legislativo, a favor de los campesinos de Nuevo Santiago en Tomatlán, Jalisco, los cuales su único reclamo es de justicia, es decir, que cese el imperio legal del más fuerte o sea el Gobierno Federal, sobre el más débil, que son ellos, los campesinos. La exigencia de los campesinos es muy clara y es muy justa que el Poder Ejecutivo Federal, cumpla con su responsabilidad de pagarles por lo afectado.

Por los motivos expuestos, solicito que esta Comisión Permanente intervenga y requiera de inmediato al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, de la Sagarpa, la Secretaría de la Reforma Agraria y la Procuraduría Agraria, la información oficial del caso, exhortando a liquidar de inmediato a los campesinos de Nuevo Santiago, en Tomatlán, Jalisco, y de ser necesario, para hacer este exhorto requiera la comparecencia de cualquier funcionario que esté involucrado en el asunto que venga a aportar la información que esclarezca el fundamento del por qué la negativa a liquidar lo que les corresponde. Ante hechos como éste no podemos quedarnos callados y dejar en la desesperación a campesinos que son pisoteados por el único reclamo de exigir lo que se les expropió, dejándolos en el desamparo, sin tierras y sin pago.

Los miembros de esta Primera Comisión de Trabajo consideran conveniente solicitar la información oficial relativa a la expropiación de terrenos ejidales ubicados en el ejido Nuevo Santiago en Tomatlán, Jalisco, con relación a la construcción de la presa Cajón de Peñas, y se turne para su análisis y seguimiento a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados a efecto que determine lo conducente.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77 fracción II, 78 fracción III de la Constitución Federal; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Primera Comisión de Trabajo que suscriben el presente, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el presente dictamen, con el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Esta Comisión Permanente solicita al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Secretaría de la Reforma Agraria y la Procuraduría Agraria, la información oficial en cuanto a la expropiación de terrenos ejidales relativos al ejido Nuevo Santiago, en Tomatlán, Jalisco, con relación a la construcción de la presa Cajón de Peñas, y se turne para su análisis y seguimiento a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados a efecto que determine lo conducente y solicite toda la información y/o documentación ulterior que requiera para la posible agilización del procedimiento respectivo.

Dado en el salón de comisiones de la H. Cámara de Diputados, a los cinco días del mes de marzo del año dos mil tres.— Sen. Orlando A. Paredes Lara, Presidente; Dip. José Tomás Lozano y Pardinas (rúbrica), secretario; Dip. Salvador Cosío Gaona (rúbrica), secretario; Dip. Alfredo Ochoa Toledo, Dip. César Augusto Santiago Ramírez, Sen. Jorge Zermeño Infante (rúbrica), Sen. Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano, Sen. David Jiménez González, Sen. Antonio García Torres, Dip. Bernardo Borbón Vilches (rúbrica), Dip. Mónica Leticia Serrano Peña, Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Dip. Julieta Prieto Furhken.»

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

En consecuencia está a discusión el punto de acuerdo.

Se abre el registro de oradores.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

La Secretaria senadora Micaela Aguilar González:

Se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Suficientemente discutido el punto de acuerdo.

La Secretaria senadora Micaela Aguilar González:

En votación económica se pregunta a la Asamblea…

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Permítame Secretaria. Sí, senador.

El senador Jorge Zermeño Infante (desde su curul):

Para aclarar nada mas que estamos votando, se acordó en la comisión que este punto de acuerdo no se votó, sino que se turnara la propuesta del diputado a las comisiones de campo, pues, para que se le diera seguimiento a este asunto y se atendiera la petición de los ejidatarios que no han sido liquidados en esta expropiación. No estamos votando el punto de acuerdo tal como lo propone el diputado sino que el asunto se turne a las comisiones, ¿eso es lo que estamos votando?

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Activen el sonido en la curul del diputado Cosío.

El diputado Salvador Cosío Gaona (desde su curul):

Como promovente y a nombre de la comisión, secretario de la misma, en lo que se aprobó en la comisión es el texto que está planteado en el punto de acuerdo sujeto a consideración de este pleno, en el sentido de solicitar la información, y que ésta sea una vez que llegue, derivada a las comisiones de Recursos Hidráulicos y de Agricultura de la Cámara de Diputados. Así viene planteado el punto de acuerdo, es en los términos en que se aprobó en la comisión, se pide la información y ésta se decide, se turna a las comisiones de Recursos Hidráulicos y de Agricultura de la Cámara de Diputados.

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Gracias. Continúe la Secretaría.

La Secretaria senadora Micaela Aguilar González:

En votación económica, se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese.

 

SECTOR AGROPECUARIO

La Secretaria senadora Micaela Aguilar González:

Se procede a dar lectura al punto de acuerdo en relación a la proposición de solicitar al Ejecutivo Federal la revisión del Capítulo VII al sector Agropecuario.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.— Segunda Comisión Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública.

DICTAMEN

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen respectivo el punto de acuerdo, presentado por el Dip. Ramón León Morales, sobre la renegociación del Capítulo VII del TLCAN.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 86, 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, procedió al examen y discusión de la proposición con punto de acuerdo que dispone de los siguientes

ANTECEDENTES

1. La proposición con punto de acuerdo presentada en la sesión del 8 de enero de 2003 por el Dip. Ramón León Morales para que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorte al Ejecutivo Federal a renegociar el Capítulo Séptimo, Sector Agropecuario y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

2. El dictamen presentado en la sesión del día 26 de junio del año 2002 de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del segundo año de la LVIII Legislatura, que contiene punto de acuerdo para la instauración de una política agropecuaria trilateral de cooperación dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, presentada por los legisladores Lauro Díaz Castro, Fidel Herrera Beltrán y Juan Manuel Martínez Nava.

En acatamiento al turno dispuesto, los integrantes de la comisión que suscribe analizaron la proposición referida, la cual se fundamenta en la exposición de las siguientes

CONSIDERACIONES

1. Que a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a pesar de que se han conseguido avances y beneficios para México en lo referente a los rubros industriales y comerciales, en el agropecuario se han profundizado las diferencias con nuestros socios comerciales.

2. Que en nueve años de su aplicación, se han generado una serie de controversias entre los países firmantes dado que las importaciones agropecuarias han sido mucho mayores a las exportaciones, ampliando con ello el déficit de la balanza comercial agropecuaria de nuestro país.

3. Que las importaciones de productos agrícolas se han incrementado considerablemente, llegando en muchos casos a desplazar a los productos nacionales. Por lo cual se violan los principios de cooperación y competencia equitativa del mismo tratado.

4. Que Estados Unidos de América apoya sustancialmente a su sector agropecuario, orientando mayores recursos al mismo; con la implementación de la Ley de Seguridad Agropecuaria e Inversión Rural 2000, avalada por el gobierno de ese país se destinaron 183 mil 500 millones de dólares, mismos que se distribuirán a lo largo de los próximos 10 años, a un promedio anual de 18.3 mil millones de dólares, los cuales se canalizarán en programas de apoyo directo a productores y programas de conservación ambiental en el campo.

5. Que la eliminación de barreras comerciales, según la Organización Mundial de Comercio, debe estar ligada con mecanismos que propicien una política subsidiaria con niveles similares.

6. Que el proceso de desregulación arancelaria contenido en el TLCAN ha tenido graves repercusiones en el sector agropecuario, sobre todo porque el mismo presenta, desde hace varias décadas, una crisis permanente, además de que la apertura al sector no esta acompañada de una política integral que incluya a la agricultura como motor de la actividad económica y la contemple como un mero agregado dependiente de las demás actividades del resto de la economía.

7. Que uno de los objetivos del TLCAN es el de “eliminar barreras al comercio de bienes y servicios con el fin de auspiciar condiciones para una competencia justa”, situación que actualmente en nuestro país no se da, dado que los productos agropecuarios importados tienen un precio menor a los costos de producción de los nacionales.

8. Que con la eliminación de aranceles a los productos agropecuarios estipulado en el Capítulo VII del TLCAN el objetivo anteriormente señalado, de una competencia justa, no se dará, dado que las condiciones de competencia serán cada vez más desiguales entre los productores de los países del norte y el nuestro.

9. Que en ocasiones las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales requieren ser adaptadas a la realidad actual.

10. Que la revisión de un tratado consiste en un acuerdo de voluntades entre los estados parte para proceder a examinarlo con objeto de modificarlo y adaptarlo a las nuevas circunstancias imperantes.

11. Que el propio Tratado de Libre Comercio de América del Norte cuenta con disposiciones jurídicas que hacen posible su revisión, concretamente los artículos 801 y 2002.

Artículo 801. “Una parte podrá adoptar una medida bilateral de emergencia con posterioridad a la terminación del periodo de transición a fin de hacer frente a los casos de daño serio o amenaza del mismo a una industria nacional que surjan de la aplicación de este tratado, únicamente con el consentimiento de la parte cuyo bien se aplicaría a la medida”

Artículo 2002. “Las partes podrán convenir cualquier modificación o adición a este tratado. Las modificaciones y adiciones acordadas y que se aprueben según los procedimientos correspondientes de cada parte constituirán parte integral de este tratado”.

12. Que las decisiones tomadas por cada país deben ser soberanas, pero así mismo deben prever esfuerzos para contrarrestar los impactos adversos que se pudieran presentar en cualquiera de las partes, cumpliendo así, con el fundamento sobre cooperación, suscrito en el propio tratado.

13. Que los acuerdos complementarios pueden representar una solución paralela, viable que interceda por el sector agropecuario en México, dada la crisis por la que atraviesa éste sector, pero a su vez, fortalezca el tratado en el largo plazo.

14. Que lo anterior implicaría un replanteamiento de las políticas comerciales de Estados Unidos, a fin de que estén fundamentadas en la cooperación con sus socios comerciales, principalmente con nuestro país, con el cual enfrenta serias diferencias que ponen en peligro el sostenimiento del tratado.

15. Que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, contempla como una posibilidad, el incorporar proyectos de cooperación toda vez que estos sean para beneficio del Tratado. Lo anterior se encuentra en el artículo 102 del Capítulo I, es el sexto de los objetivos básicos: f) “Establecer lineamientos para la ulterior cooperación trilateral, regional y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios de este tratado”

16. Que a petición de Estados Unidos se han realizado acuerdos paralelos como respuesta a las implicaciones que el TLCAN generaría en materia de medio ambiente y laboral.

17. Que basado en lo anterior es necesario la negociación urgente de acuerdos de cooperación basados en un acuerdo trilateral que homogenice las políticas agropecuarias de los países firmantes del TLCAN.

18. Que el Capítulo VIII del Tratado de Libre Comercio para América del Norte establece la posibilidad de aplicar medidas de emergencia a través de salvaguardas cuando las importaciones provenientes de otro país miembro del TLC cause o amenace causa, daño serio a una industria nacional. En este caso, un país signatario del tratado podrá adoptar medidas de emergencia que suspendan temporalmente la eliminación de las tasas arancelarias acordadas o bien, restablecer la tasa anterior a la entrada en vigor del TLC.

19. Que ante las diversas opiniones de diferentes sectores de la sociedad mexicana y el debate que ha generado la posible revisión del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, sería conveniente llevar a cabo un análisis exhaustivo y responsable que tenga por objeto determinar la viabilidad de proponer una acción de esta naturaleza.

Atendiendo a lo anterior, los integrantes de la Comisión que dictamina, reunidos en fecha 12 de marzo de 2003, han considerado pertinente someter a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal que instruya, a las dependencias correspondientes, que efectúen a la brevedad posible una revisión del Capítulo VII, Sector Agropecuario y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, a fin de iniciar una urgente negociación con las contrapartes firmantes que nos lleve a la realización de acuerdos complementarios de cooperación que protejan la producción agropecuaria nacional y coadyuven a sustentar dicho tratado en el largo plazo.

México, DF, a 12 de marzo de 2003.— Segunda Comisión: Relaciones Exteriores, Defensa y Educación Pública.— Sen. Fidel Herrera Beltrán, Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez, Dip. Alfredo Ochoa Toledo, Sen. Ernesto Gil Elorduy, Sen. Adrián Alanís Quiñones, Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín, Dip. Jesús Burgos Pinto, Sen. Micaela Aguilar González, Sen. Héctor Larios Córdova, Dip. José Tomás Lozano y Pardinas, Dip. Manuel Wistano Orozco Garza, Dip. Raúl Martínez González, Sen. Raymundo Cárdenas Hernández, Dip. Ramón León Morales, Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

En consecuencia está a discusión el punto de acuerdo.

Se abre el registro de oradores.

Se inscribe el senador Héctor Larios, ¿a favor o en contra?, ¿a favor o en contra, senador?

El senador Héctor Larios Córdova (desde su curul):

A favor.

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

A favor el senador Héctor Larios.

¿Hay algún otro orador, oradora que quiera inscribirse?..

A favor el diputado León Morales.

Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el senador Héctor Larios.

El senador Héctor Larios Córdova:

Gracias, señor Presidente.

Simplemente para fijar la posición del Partido Acción Nacional en relación a este punto de acuerdo.

El dictamen que está a discusión, no fue firmado por los legisladores que integran esta comisión del Partido Acción Nacional y no lo firmamos, no por tener desacuerdo con el contenido del punto de acuerdo, sino porque nos parece que no es oportuno entrar a la discusión de temas que llegan a conclusiones, cuando están en proceso las mesas de diálogo para la solución a los problemas del campo.

Están en proceso las nueve mesas que fueron convocadas para definir una política de Estado, en donde participan todos los actores incluyendo a los legisladores; de tal forma que no nos parecía prudente y oportuno el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se pronunciara por una conclusión antes de que estas mesas, en donde insisto, participan todos los actores, tomaran una definición con respecto a todos estos temas.

Pero además, me parece que es importante precisar que el punto de acuerdo no instruye una renegociación del Capítulo VII del Tratado de Libre Comercio referente a la cuestión agropecuaria, sino que se revise por parte de los funcionarios mexicanos para que, en base a esa revisión, podamos impulsar todos los acuerdos paralelos que mejoren la posición de competitividad de México con respecto a nuestros socios comerciales de América del Norte.

En ese tema, el Partido Acción Nacional está totalmente de acuerdo y aunque no hemos firmado este dictamen por considerar que no era oportuno, como decía hace ratito, estándose realizando las mesas de diálogo en torno al campo, sí estamos de acuerdo con el contenido y nuestro voto será a favor.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Gracias, señor senador.

Tiene la palabra el diputado Ramón León Morales.

El diputado Ramón León Morales:

Gracias, señor Presidente.

Hubiéramos querido, desde el Partido de la Revolución Democrática, impulsar un punto de acuerdo mucho más contundente, un punto de acuerdo efectivamente donde se pudiera exhortar al Ejecutivo a una renegociación del Tratado de Libre Comercio.

Sin embargo, queremos reconocer que en el ámbito del cabildeo que se hizo con las otras fuerzas políticas, se pudo suavizar, quiero decirles, no nos gusta este suavizamiento en el punto de acuerdo, pero finalmente estaremos de acuerdo y lo votaremos en contra.

Efectivamente, estamos haciendo un llamado... Perdón, lo votaremos a favor, disculpen, disculpen. Ya me hice bolas.

Lo votaremos a favor, claro.

Se suaviza en el sentido de que se hace un exhorto al Ejecutivo para que, a través de los órganos pertinentes, de las instancias correspondientes, se haga una profunda revisión del Tratado de Libre Comercio y, a partir de esta revisión, consideramos nosotros, se hagan los ajustes con las contrapartes, con los socios comerciales de Canadá y de Estados Unidos.

Nos congratulamos de que el Partido Acción Nacional vaya a votar a favor este punto de acuerdo. Los compañeros del PRI, del PT, del Verde así lo han expresado y que podamos sacar unánimemente este exhorto al Ejecutivo para que se haga la revisión del Tratado de Libre Comercio y, en base a esto, las posibles renegociaciones que se den.

Gracias.

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Gracias, diputado Ramón León Morales.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

La Secretaria senadora Micaela Aguilar González:

Con mucho gusto, señor Presidente.

Se consulta al pleno si el anterior punto de acuerdo se considera suficientemente discutido.

Las legisladores que estén por la afirmativa les rogamos manifestarlo...

Quienes están por la negativa...

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Suficientemente discutido el punto de acuerdo.

La Secretaria senadora Micaela Aguilar González:

En consecuencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el anterior punto de acuerdo.

Quienes estén por la afirmativa les rogamos manifestarlo...

Quienes estén por la negativa...

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese.

 

PENA DE MUERTE

El Secretario diputado José Tomás Lozano y Pardinas:

«Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, fue turnada para estudio y elaboración del dictamen, la proposición con punto de acuerdo presentada por el senador Rutilio C. Escandón Cadenas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para que el titular del Poder Ejecutivo Federal, exhorte respetuosamente al Gobierno de Texas, para que acate el fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia y adopte en consecuencia, las medidas necesarias para respetar la vida de nuestros connacionales Osvaldo Torres Aguilera, Roberto Moreno Ramos y César Roberto Fierro Reyna.

ANTECEDENTES

1. En sesión de fecha 19 de febrero del año en curso el senador Rutilio Cruz Escandón Cadenas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó una proposición con punto de acuerdo para solicitar al titular del Poder Ejecutivo Federal, exhorte respetuosamente al Gobierno de Texas, para que acate el fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia y adopte en consecuencia, las medidas necesarias para respetar la vida de nuestros connacionales Osvaldo Torres Aguilera, Roberto Moreno Ramos y César Roberto Fierro Reyna.

2. En esa misma fecha, se turnó el referido punto de acuerdo a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a efecto de que se elaborara el dictamen correspondiente.

3. Los integrantes de esta Primera Comisión de Trabajo, en acatamiento al turno dispuesto y en reunión de trabajo procedimos al análisis, discusión y elaboración del presente dictamen, tomando en cuenta las siguientes

CONSIDERACIONES

La propuesta con punto de acuerdo presentada por el senador Rutilio Escandón Cadenas, a la letra dice

Unico. Que el titular del Poder Ejecutivo Federal exhorte respetuosamente al Gobierno de Texas; para que acate el fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia y adopte en consecuencia, las medidas necesarias para respetar la vida de nuestros connacionales Osvaldo Torres Aguilera, Roberto Moreno Ramos y César Roberto Fierro Reyna.

El pasado 5 de febrero del año en curso, la Corte Internacional de Justicia, máximo órgano judicial de las Naciones Unidas, con sede en La Haya, emitió un fallo cautelar en el que se exhorta a Estados Unidos de América a detener temporalmente la ejecución de tres de los 51 mexicanos condenados a muerte en ese país, dos de ellos en el estado de Texas y el otro en Oklahoma.

Lo anterior en virtud, de que el pasado 21 de enero, el Gobierno de México presentó ante este tribunal una demanda para suspender la aplicación de la pena de muerte a 51 connacionales detenidos en Estados Unidos, por considerar que existieron irregularidades en su proceso judicial.

Dos de los mexicanos citados en el fallo: César Roberto Fierro Reyna, Roberto Moreno Ramos, se encuentran en el pabellón de la muerte en Texas. El tercero, Osvaldo Torres Aguilera, enfrenta el riesgo de ser ejecutado en Oklahoma, los cuales corrían riesgo de ser ejecutados “de forma inminente”, según los jueces del tribunal.

Dicho fallo se sustentó primordialmente en los argumentos hechos valer por el Gobierno mexicano sobre la violación del artículo 36 de la Convención de Viena sobre Asuntos Consulares de 1963 de la cual Estados Unidos forma parte y que consiste en la transgresión al derecho de todo ciudadano de contar con asistencia legal por parte del Consulado de su país de origen al momento de ser detenido y sujeto a proceso migratorio o penal, situación que no fue respetada.

Esta dictaminadora considera, que no nos encontrarnos ante una situación excepcional, toda vez que a lo largo del tiempo, se ha venido constatando la reiterada violación de garantías procesales a que son sujetos nuestros connacionales en el vecino país del norte, lo cual representa un vivo ejemplo de la tradicional y continua actitud de discriminación racial y de vejación a la dignidad humana que en ese país se practica y que tiende a colocarse frecuentemente por encima del Derecho Internacional, desconociendo tratados internacionales en materia de Derechos Humanos. Prueba de que el procedimiento judicial en diversos Estados de la Unión Americana, están plagados de irregularidades, es que el acontecimiento suscitado el 11 de enero del presente año en donde el gobernador saliente del estado de Illinois, George Ryan, decidió otorgar un indulto a 167 sentenciados a muerte manifestando que “el Sistema de Penas Capitales de su entidad que los condenó había sido caprichoso e inmoral”. La citada medida incluyó a tres connacionales de nombres Juan Caballero, Gabriel Soloache y Mario Flores.

No obstante lo anterior, resultan aún más preocupantes las recientes declaraciones del gobernador de Texas, quien manifestó “que el fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia no afecta en nada la situación jurídica de los sentenciados a muerte y que tal solicitud es una intromisión injustificable tanto en el sistema de justicia estadounidense como en su soberanía”.

Resulta oportuno mencionar a esta soberanía que en el Estado de Texas se ejecuta a más personas que en cualquier otra jurisdicción de occidente. Como paradigma de ello, se hace alusión que en dicho Estado se ha roto récord de ejecuciones llevándose a cabo de agosto del año 2001, 251 ejecuciones desde el restablecimiento de la pena de muerte en el año de 1982, según datos emitidos por Amnistía Internacional.

Esta comisión dictaminadora considera que la pena de muerte, resulta ser evidentemente inhumana, la transgresión a las normas internacionales en materia de dignidad de los ciudadanos y la vida misma de las personas.

Asimismo se registran severas violaciones legales en el juicio que atentan en contra de las garantías procesales aceptadas internacionalmente en los convenios de la materia, los cuales no hay que olvidar tienen carácter obligatorio y que no sólo benefician a los mexicanos, sino también a los nacionales de otros países firmantes que se encuentren en el territorio americano en situación semejante.

Por tal motivo, no podemos pasar inadvertidos los incidentes aludidos en donde se juzga de manera inequitativa e injusta.

Esta Primera Comisión de Trabajo, no pretende de ninguna forma intervenir en el sistema judicial norteamericano, sin embargo, expresamos firmemente nuestro apoyo a las gestiones emprendidas por el Gobierno mexicano, pronunciándonos enérgicamente en pro del respeto y cumplimiento a los instrumentos y organismos internacionales que rigen la convivencia de las naciones que lo suscriben y ratifican.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77 fracción II, 78 fracción III de la Constitución Federal; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Primera Comisión de Trabajo que suscriben el presente, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el presente dictamen con el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Poder Ejecutivo Federal que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, envíe una nota diplomática al Gobierno de Estados Unidos de América para exhortar a los Estados de Texas y de Oklahoma a que acaten el fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia y adopten en consecuencia, las medidas necesarias para respetar la vida de nuestros connacionales Osvaldo Torres Aguilera, Roberto Moreno Ramos y César Roberto Fierro Reyna.

Segundo. El Senado mexicano se dirigirá al Senado de Estados Unidos de América para expresar su preocupación ante el incumplimiento del citado fallo en que están incurriendo sistemática e injustificadamente las autoridades del estado de Texas y Oklahoma, con objeto de que en el marco de sus facultades, actúen haciendo valer los términos del mismo.

Tercero. El Senado de la República se dirigirá al gobernador del estado de Texas y Oklahoma para manifestarle su preocupación ante el incumplimiento del fallo que emitió la Corte Internacional de Justicia e invitarlos a su aplicación correspondiente.

Salón de comisiones de la Comisión Permanente, a 12 de marzo de 2003.— Primera Comisión de Trabajo, Gobernación y Puntos Constitucionales y Justicia.— Sen. Orlando A. Paredes Lara, Presidente; dip. José Tomás Lozano Pardinas, secretario; dip. Salvador Cosío Gaona, secretario; dip. Alfredo Ochoa Toledo, dip. César Augusto Santiago Ramírez, sen. Jorge Zermeño Infante; sen. Gerardo Buganza Salmerón, sen. Federico Ling Altamirano, sen. David Jiménez González, sen. Antonio García Torres, dip. Bernardo Borbón Vilches, dip. Mónica Leticia Serrano Peña, sen. Raymundo Cárdenas Hernández, dip. Ramón León Morales y dip. Julieta Prieto Furhken.»

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

En consecuencia está a discusión el punto de acuerdo.

Se abre el registro de oradores.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

El Secretario diputado José Tomás Lozano y Pardinas:

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Suficientemente discutido el punto de acuerdo.

El Secretario diputado José Tomás Lozano y Pardinas:

En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese.

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

La Secretaria senadora Micaela Aguilar González:

«Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia.

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, fue turnada para estudio y elaboración del dictamen, la Proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Juan Manuel Carreras López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para que la Comisión Permanente designe un grupo plural de diputados y senadores, para atender e informar sobre la integridad física y el respeto a los derechos de los defendidos involucrados en denuncias contra la Asociación Amigos de Fox, AC.

ANTECEDENTES

1. En Sesión de fecha 5 de marzo del año en curso el diputado Manuel Carreras López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante el pleno, una Proposición con punto de acuerdo para que la Comisión Permanente designe un grupo plural de diputados y senadores, para atender e informar sobre la integridad física y el respeto a los derechos de los defendidos involucrados en denuncias contra la Asociación Amigos de Fox, AC.

2. En esa misma fecha, se turno el referido punto de acuerdo a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a efecto de que se elaborara el dictamen correspondiente.

3. Los integrantes de esta Primera Comisión de Trabajo, en acatamiento al turno dispuesto y en reunión de trabajo procedimos al análisis, discusión y elaboración del presente Dictamen, tomando en cuenta las siguientes

CONSIDERACIONES

La propuesta con punto de acuerdo presentada por el diputado Juan Manuel Carreras López, a la letra señala:

Unico. Que esta Comisión Permanente designe un grupo plural de diputados y senadores para atender e informar sobre la integridad física y el respeto a los derechos de los dos detenidos involucrados en denuncias contra la asociación Amigos de Fox, Asociación Civil.

1a. La Proposición con punto de acuerdo que se dictamina surge a partir de la propuesta presentada ante esta Soberanía por el diputado Juan Manuel Carreras López, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, como consecuencia de la detención y arraigo del ex presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Eduardo Fernández García, y su exsecretario particular, Luis Felipe González Villarreal, los mencionados exfuncionarios fueron detenidos y arraigados en casas de seguridad por parte de la Procuraduría General de la República, por estar supuestamente involucrados en denuncias contra la asociación amigos de Fox, AC, hecho que a los ojos de la mayoría de los mexicanos ha representado una grave y preocupante violación al Estado de Derecho del país.

2a. Al punto de acuerdo que se dictamina se adhirieron legisladoras y legisladores, del Partido Verde Ecologista de Mexico.

3a. En sesión de la honorable Comisión Permanente de fecha 5 de marzo, se leyeron cartas, fechadas el cuatro de marzo, de Mónica Ballesteros y Arely Manning, esposas de Eduardo Fernández y Luis Felipe González, respectivamente, en las que se quejan de que sus cónyuges estén incomunicados y posiblemente se les violan diversas garantías constitucionales; además, manifestaron su temor de que les imputen delitos que no han cometido, por lo que demandaron la intervención de los legisladores.

4a. La carta de Mónica Ballesteros de Fernández, expone a los legisladores la situación en que se encuentra su esposo, a quien, dice, no se le permite comunicarse con el exterior, y que las conversaciones que tiene con ella son grabadas permanentemente, y lo que más teme es que se le imputen inadecuadamente responsabilidades por supuestas violaciones a la ley, como romper la secrecía bancaria y “lavar dinero”, las cuales, dice, no hay indicio alguno de haberlos cometido.

En su misiva, demandó la intervención urgente de los legisladores y nombrar una comisión para que acudan los senadores que se determinen, con el fin de que observen las condiciones y el trato de delincuente que se le da a su cónyuge y manifestó su temor personal y la suerte de su marido.

5a. En su comunicación la señora Arely Manning, actual esposa de Luis Felipe González, en la que denuncia la persecución política a la que está sometido su esposo por la Presidencia de la República y la PGR, y la forma violenta e ilegal en que se le detuvo con violación a la Constitución.

6a. Es imperativo responder a la demanda que han formulado sus familiares, y que ya se han hecho públicas, para que este honorable Congreso intervenga en dicho caso.

En este asunto un primer nivel y elemental sentido de intervención es el de verificar el estado de salud de los detenidos, su condición jurídica y la certeza, si es que pudiera haberla, de que, por el carácter de las acusaciones que se les han formulado, no son objeto de tratamiento alguno que busque inhibir o alterar el sentido de las acusaciones que estas personas han emitido a la opinión pública.

7a. Existe un criterio muy razonable para esto, ya que los detenidos están señalando a personas íntimamente ligadas o relacionadas con el poder político, en especial con el Poder Ejecutivo y sus estados de ánimo. Es decir, se trata de un asunto de la mayor trascendencia nacional, en el que están en juego, viéndose desde cualquier ángulo, el Estado de Derecho e intereses políticos y económicos.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77 fracción lI, 78 fracción III de la Constitución Federal; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Primera Comisión de Trabajo que suscriben el presente, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el presente dictamen con el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión designa un grupo plural de diputados y senadores para atender e informar sobre la integridad física y el respeto a los derechos de los dos detenidos involucrados en denuncias contra la asociación Amigos de Fox, Asociación Civil.

Dado en el Salón de Comisiones de la honorable Comisión Permanente, a 12 de marzo de 2003.— Primera Comisión de Trabajo. Senador Orlando A. Paredes Lara, Presidente; diputado José Tomás Lozano y Pardinas, Salvador Cosío Gaona, secretarios; diputados: Alfredo Ochoa Toledo, César Augusto Santiago Ramírez, Bernardo Borbón Vilches, Mónica Leticia Serrano Peña, Ramón León Morales, Julieta Prieto Furhken, senadores: Jorge Zermeño Infante, Gerardo Buganza Salmerón, Federico Ling Altamirano, David Jiménez González, Antonio García Torres y Raymundo Cárdenas Hernández.»

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

En consecuencia está a discusión el punto de acuerdo.

Se abre el registro de oradores...

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

La Secretaria senadora Micaela Aguilar González:

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Suficientemente discutido el punto de acuerdo.

La Secretaria senadora Micaela Aguilar González:

En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese.

AMIGOS DE FOX

La Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:

«Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, fue turnada para estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, a nombre de legisladores integrantes de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de México, para que el titular del Poder Ejecutivo Federal ordene de inmediato la designación de un fiscal especial para llevar a cabo la investigación del caso de la organización denominada Amigos de Fox, AC.

ANTECEDENTES

1. En sesión de fecha 5 de marzo del año en curso, el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del grupo parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, presentó, a nombre de legisladores integrantes de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de México, una proposición con punto de acuerdo para solicitar que el titular del Poder Ejecutivo Federal ordene de inmediato la designación de un fiscal especial para llevar a cabo la investigación del caso de la organización Amigos de Fox, AC.

2. En esa misma fecha, se turnó el referido punto de acuerdo a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a efecto de que se elaborara el dictamen correspondiente.

3. Los integrantes de esta Primera Comisión de Trabajo, en acatamiento al turno dispuesto y en reunión de trabajo procedimos al análisis, discusión y elaboración del presente dictamen, tomando en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES

La propuesta con punto de acuerdo presentada por el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, a nombre de legisladores integrantes de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de México, a la letra dice:

Unico. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al Presidente de la República ordene de inmediato la designación de un fiscal especial para llevar a cabo la investigación del caso de la organización denominada Amigos de Fox, AC., cargo que deberá recaer en una persona de probada honorabilidad y reconocimiento profesional y de reconocida imparcialidad política.

La agrupación Amigos de Fox, AC. fue fundada por los ciudadanos Vicente Fox Quesada y Lino Korrodi Cruz con  objeto de obtener recursos para el financiamiento de la campaña presidencial del Partido Acción Nacional del año 2000.

En efecto, la agrupación funcionó como medio para la obtención de recursos para el financiamiento de la campaña electoral del ciudadano Vicente Fox Quesada, candidato del PAN a la Presidencia de la República.

A raíz de algunas denuncias realizadas por diversos partidos políticos, se deduce que esta organización pudo haber sido el conducto para que ingresaran a dicha campaña electoral recursos procedentes del extranjero, lo cual no está permitido de acuerdo a la legislación electoral mexicana vigente.

Asimismo, la agrupación Amigos de Fox, AC., ha sido señalada como probable responsable de la utilización del sistema bancario mexicano para realizar operaciones con los recursos anteriormente mencionados.

La gravedad de estas acusaciones resulta de particular interés y trascendencia para la vida política y jurídica del país, por lo que se hace indispensable que estas denuncias se analicen a fondo, con responsabilidad e imparcialidad y una vez estudiadas, se actúe conforme a derecho.

Esta comisión dictaminadora reconoce que la facultad de investigación y persecución de los delitos corresponde a la Procuraduría General de la República, dependencia del Poder Ejecutivo Federal y que sólo a través de ella se podrán realizar las investigaciones correspondientes.

Es por ello, que las investigaciones sobre el caso de la organización Amigos de Fox, AC., deberán recaer, a juicio de esta dictaminadora, en la persona de un fiscal especial que cuente con el debido reconocimiento profesional y ético, además de imparcialidad política, que garantice la objetividad en el desarrollo de las investigaciones.

Con ello, esta comisión dictaminadora no pretende, de ninguna manera, hacer a un lado las responsabilidades de la Procuraduría General de la República ni interferir en las facultades y competencias que por ley le corresponden, sino únicamente garantizar la imparcialidad en el desarrollo de las investigaciones y la adecuada aplicación de la ley.

La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en el párrafo segundo de su artículo 13, faculta al Procurador General de la República para crear fiscalías especiales para el conocimiento, atención y persecución de delitos específicos que por su trascendencia, interés y características así lo ameriten.

Esta comisión considera que la trascendencia, interés y características de los posibles delitos que pudieran resultar de las investigaciones en el caso de la organización Amigos de Fox, AC., ameritan la creación de una fiscalía especial que garantice, en favor de las instituciones del país, una plena objetividad e imparcialidad.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77 fracción II, 78 fracción III de la Constitución Federal; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Primera Comisión de Trabajo que suscriben el presente, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el presente dictamen con el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al Presidente de la República que instruya de inmediato al Procurador General de la Republica para que designe un fiscal especial para llevar a cabo la investigación del caso de la organización denominada Amigos de Fox, AC, cargo que deberá recaer en una persona de probada honorabilidad y reconocimiento profesional y de reconocida imparcialidad política.

Salón de comisiones de la Comisión Permanente, a 12 de marzo de 2003.— Primera Comisión de Trabajo, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.— Senador Orlando A. Paredes Lara, Presidente; diputado José Tomás Lozano y Pardinas, secretario; Salvador Cosío Gaona, secretario; diputado Alfredo Ochoa Toledo, diputado César Augusto Santiago Ramírez; en contra, senador Jorge Zermeño Infante, senador Gerardo Buganza Salmerón; en contra, senador Federico Ling Altamirano, senador David Jiménez González, senador Antonio García Torres, diputado Bernardo Borbón Vilches, diputada Mónica Leticia Serrano Peña, senador Raymundo Cárdenas Hernández, diputado Ramón León Morales y diputada Julieta Prieto Furhken.

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

En consecuencia está a discusión el punto de acuerdo.

Se abre el registro de oradores...

En contra el diputado Zapata Perogordo; en pro el senador Paredes y el senador Raymundo Cárdenas.

Tiene la palabra el diputado Zapata Perogordo, hasta por cinco minutos.

El diputado José Alejandro Zapata Perogordo:

Gracias, señor Presidente; compañeros legisladores:

Creo que una de las premisas fundamentales que hemos intentado los legisladores del grupo parlamentario de Acción Nacional es fortalecer las instituciones democráticas de este país.

He leído con detenimiento el dictamen que presenta la Primera Comisión a este pleno de la Comisión Permanente. En principio yo coincido con la posición de que se establece de que en la propia Procuraduría General de la República debe trabajarse pues con honorabilidad, con reconocimiento profesional, con imparcialidad política. ¡Por su- puesto, porque han sido esos principios que Acción Nacional siempre ha defendido!

Lo que no encuentro en ese dictamen es, ¿de dónde proviene la duda de que la Procuraduría General de la República no está trabajando bajo ese tenor? Y miren, ustedes verán, en principio el titular de la Procuraduría General de la República, de la institución del Ministerio Público, pues es el Procurador General de la República; que no se elige solamente por una persona, sino que se conforma su ratificación a través del Senado de la República, donde podemos señalar que en esta ocasión no solamente se ha tratado de una persona que no está definida por ningún partido político, sino que además se analizó en su momento y en su oportunidad para que fuera de reconocida honorabilidad y profesionalismo.

Habré de señalar también de que se ha elogiado el trabajo que ha estado realizando la Procuraduría General de la República por su combate permanente al narcotráfico, por estar tratando inclusive de evitar y resolver esos grandes delitos sociales que impactan como el secuestro. Podemos señalar que los mismos legisladores, de todos los grupos parlamentarios, han elogiado ese trabajo y esa labor.

Por lo tanto, creo que no es justo el que ahora se esté señalando en un dictamen que se requieren los atributos que nosotros mismos hemos reconocido en la Procuraduría General de la República para formar una fiscalía especial. Por otro lado, tampoco podemos sustituirnos en las facultades que tiene el propio Procurador General de la República.

¡Yo no veo elemento alguno para que en este momento se ponga en duda la honorabilidad, la responsabilidad y el profesionalismo de esa institución; por el contrario, creo que no solamente se ha ido fortaleciendo, pero que dictámenes de esta naturaleza, que los hemos llevado a la politización, hacen que después nuestras instituciones sean frágiles!

Compañeros: yo creo que no existe elemento alguno en estos momentos ni bajo estas circunstancias para estar poniendo en riesgo las instituciones democráticas del país. Yo los exhorto a que en ese sentido podamos dejar que la propia Procuraduría esté cumpliendo con sus atribuciones, tal como lo ha venido haciendo hasta el día de hoy y que no estemos polarizando, politizando, situaciones del orden jurídico o jurisdiccional con posiciones partidistas con tal de estar, como lamentablemente lo hemos observado, haciendo una permanente descalificación.

Creo que no hay elemento alguno para hacer una solicitud de esta magnitud, que debemos finalmente, por la conducción que ha tenido la propia Procuraduría, no solamente en confiar en su imparcialidad y en confiar en su profesionalismo y en su capacidad, sino que fundamentalmente con la confianza que se ha ido ganando podemos, dejándola actuar, fortalecer una de las más grandes instituciones de este país.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Gracias, señor diputado.

Tiene la palabra el senador Orlando Paredes Lara, hasta por cinco minutos.

El senador Orlando Paredes Lara:

Con su venia, señor Presidente; honorable Asamblea:

Hace una semana, haciendo uso de esta tribuna, las fracciones del Partido Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y del Verde Ecologista de México, presentamos una proposición con punto de acuerdo para que esta soberanía solicite al titular del Poder Ejecutivo ordene la designación de un fiscal especial para llevar a cabo la investigación del caso de la organización Amigos de Fox, AC.

Como es de todos conocido, dicha agrupación fue fundada por Vicente Fox y por Lino Korrodi, con el afán de hacerse de recursos para la campaña del hoy Presidente de México.

Desde el año 2000, semanas antes de la elección presidencial, se hizo del conocimiento de la opinión pública que dicha organización habría sido el canal para que recursos del extranjero se aportaran al financiamiento de la larga actividad política de Vicente Fox, lo que contravino a las disposiciones del artículo 33 párrafo final de la Constitución General de la República.

A casi tres años de dicha denuncia, un exservidor público reveló hace algunos días que ese asunto existió y que presumiblemente los “Amigos de Fox”, podrían haber incurrido en delitos graves, al haber utilizado el sistema bancario nacional para llevar a cabo operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Como es de todos ya conocido, a través de los medios de comunicaciones de las distintas posturas que los partidos políticos de oposición han hecho al respecto, el hoy denunciante, por consigna del denunciado, se ve envuelto en una de las creaciones de este Gobierno, con el fin de distraer a la opinión pública de las investigaciones que requiere el hecho.

Es indudable que la poca transparencia y la falta de voluntad política para ventilar las investigaciones del caso conforme a derecho por parte del Ejecutivo Federal, empaña el ambiente de certidumbre que debe existir, invitando al encono y al rompimiento de los consensos y los acuerdos.

De ser ciertas las denuncias públicas sobre el financiamiento ilícito por parte de los amigos del hoy Presidente de la República, las instituciones, entre ellas la presidencial y la de justicia, se enfrentan ante una circunstancia seria y muy grave, en donde el estado de derecho se pone en entredicho.

Por encima de todo, por encima de la figura presidencial, de las instituciones políticas, de los ciudadanos, la procuración de justicia, la aplicación de la ley, debe ser siempre aplicada con imparcialidad y debe ser pareja para todos.

Lo dilatado de algunos casos, sobre todo éste y la celeridad que se le da a otros, crean escenarios que muchas veces se confunden con la realidad. Lo dijimos hace una semana, es sospechoso y por ello inaceptable, que en un asunto legal los denunciados estén libres y los denunciantes secuestrados.

Nos resulta inaceptable que ante la falta de claridad jurídica, existan personalidades privilegiadas por el actual Gobierno Federal, como es el caso de Lino Korrodi, quien a los pocos días de la denuncia fue citado en lo oscurito, sin ser molestado por la prensa y al que se le encargó presentar su declaración por escrito.

Asimismo, es inaceptable que se apliquen prácticas autoritarias al crear pruebas, al falsear declaraciones y al destruir, por medio del descrédito y la descalificación, el prestigio de las instituciones y la verdad de los ciudadanos.

Con hechos como éstos y los que seguramente faltan, se pone en riesgo, se vulnera la confianza, la gobernabilidad, la credibilidad y la legitimidad del arduo esfuerzo democrático que México ha desarrollado en los últimos años.

A fin de evitar mayor deterioro de las instituciones y de la imagen y las funciones del titular del Ejecutivo, exigimos el análisis más escrupuloso de la denuncia hecha en días pasados en contra la asociación “Amigos de Fox”, con la premisa principal de garantizar que la ley se aplique sin distingos y de manera equitativa.

Por ello, la propuesta hecha hace una semana para que el Presidente de la República ordene de inmediato, hoy mismo si es preciso, la designación de un Fiscal Especial para llevar a cabo la investigación del caso.

Para nosotros es determinante para darle certidumbre al ambiente político y a los acuerdos que la nación requiere, lo es, porque nuestro país no es rehén de unos amigos, mucho menos si son del Presidente de México es una nación de instituciones construidas con el esfuerzo de muchos mexicanos a través de décadas, el titular del Ejecutivo es el jefe de las instituciones y de los esfuerzos del pueblo mexicano, el Presidente Vicente Fox nos debe respeto, justicia e imparcialidad.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Gracias, señor senador:

Para el mismo tema, tiene la palabra el senador Raymundo Cárdenas del Partido de la Revolución Democrática.

El senador Raymundo Cárdenas Hernández:

Gracias, diputado Presidente; compañeras y compañeros:

En la PGR existe una Fiscalía Especial para Delitos Electorales, es esta la que estudió el tema del Temescay, está estudiando ese tema y a nuestro juicio debería investigar también el tema de “Amigos de Fox” y pensamos que lo podría hacer a través de un agente del Ministerio Público especial que se dedique única y exclusivamente a este tema y que este agente del Ministerio Público Especial fuera una persona que le diera confianza a todos los actores políticos dado que este es un asunto en el que está siendo enjuiciado el propio Presidente de la República. Como ya hemos señalado, en septiembre del año pasado nuestro compañero Pablo Gómez presentó pruebas que involucran directamente no sólo a la grupo Amigos de Fox sino al Presidente de la República y pensamos que la lentitud en los trabajos desarrollados hasta ahora alrededor de este tema conduce a que sea necesario que haya este Fiscal Especial o Agente del Ministerio Público Especial yo creo que nuestros amigos del PRI no deberían de tener dificultad en la denominación de este personaje.

La idea que a mi juicio unifica nuestra posición con ellos y explica nuestro voto a favor es que sea una persona que nos garantice a todos que esta investigación va a hacerse a fondo, rápido y que va a tener resultados que fortalecerán tanto a las instituciones de procuración de justicia como coadyuvarán al fortalecimiento del IFE para que también pueda resolver ya de una vez por todas en lo que corresponde a su ámbito este asunto de “Amigos de Fox”.

Yo no creo que al Presidente le ayude mucho el que simplemente no haya respuesta a este planteamiento o que se diga “es que se socava la autoridad de la PGR o el prestigio”; el hecho es, compañeras y compañeros, que el tema “Amigos de Fox” está en la opinión pública desde el propio año 2000; el sexenio está llegando a la mitad y sigue habiendo obstáculos para que el IFE obtenga la información debida no de las finanzas ordinarias y extraordinarias del PAN sino que no recibe la información a fondo del dinero de los fideicomisos que creó “Amigos de Fox” y que presumiblemente, por las pruebas que el PRD ha presentado, se usaron en la campaña de ése candidato.

Ese es el tema. Porque se ha intentado decir “No, el PAN siempre ha querido que le fiscalicen sus cuentas”. No, si ése no es el problema; el problema son las cuentas de “Amigos de Vicente Fox”, los fideicomisos, y resulta que quien administraba compañeras y compañeros, quien decidía a dónde iban esos dineros de esos fideicomisos era el propio candidato Vicente Fox, por eso está involucrado él.

Ahora bien, está probado que por la vía de la simple fiscalía especial por delitos electorales, este tema no avanza con la rapidez necesaria y eso no le ayuda ni al Presidente, ni al PAN, ni a las propias instituciones, ni al país. Por esa razón no creo que sea incorrecto pedirle al Presidente que ya se disponga a cabildear lo necesario para nombrar a una persona que él nombra, él propiamente o a través del Procurador nombraría pero que sería una persona que nos dé confianza a todos de que va a trabajar con la celeridad necesaria para que pronto el país recupere en ése ámbito la confianza en instituciones fundamentales para México, para esta transición democrática como el IFE y como estas fiscalías especiales de la Procuraduría General de la República.

Por eso yo insistiría, el Presidente Fox, que ojalá haya salido bien de su operación, el Presidente Fox debe ser el primer interesado en facilitar que esta investigación llegue a fondo y rápido. Ojalá que pronto podamos dar nuestra opinión sobre nombres que él proponga para este fiscal especial o este agente del Ministerio Público especial adscrito a la Fiscalía Especial de Delitos Electorales que ya existe y que con ello se nombre muy rápidamente.

Gracias.

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Gracias, señor senador.

Sí senador, ¿con qué objeto?..

Para rectificar hechos tiene la palabra hasta por cinco minutos el senador Jorge Zermeño, del Partido Acción Nacional.

El senador Jorge Zermeño Infante:

Es evidente que un tema de esta naturaleza que se ha politizado tanto ante la opinión pública, el PAN ha declarado de manera contundente, en donde quiera que ha habido oportunidad de señalar cuál es la posición de nuestro partido, que se le ha ordenado a la Comisión Nacional Bancaria que le entregue todas las cuentas del PAN, ingresos y gastos, tanto a la Comisión de Fiscalización del IFE como a la autoridad competente que tenga que revisar los gastos y los ingresos de campaña y los ingresos ordinarios y los gastos ordinarios de nuestro partido.

No tenemos absolutamente nada que ocultar. En este punto de acuerdo nos parece que parte de un error, el Presidente de la República no tiene ninguna facultad para nombrar ningún fiscal especial. Hemos modificado desde 1994, la Ley Orgánica de la Procuraduría en donde el Procurador General de la República, dejó de ser el abogado general de la nación; en donde la Procuraduría tiene una autonomía funcional y en donde corresponde precisamente y en las propias modificaciones aprobadas por este Congreso, entre las atribuciones del Procurador está, este de nombrar unidades especializadas para determinado tipo de delitos específicos y por supuesto entre sus atribuciones se encuentra esta posibilidad de nombrar fiscales especiales. Pero de ninguna manera le corresponde al Ejecutivo Federal, no es a él a quien se le puede estar pidiendo a través, de un exhorto, un punto de acuerdo, que nombre algún fiscal especial.

Pero nos parece que el tema es político, no es un tema que se esté buscando con seriedad hacer justicia. Aquí ya hay juicios y prejuicios, aquí ya hay cantidades, hay señalamientos específicos, hay afirmaciones de que se trató de tal o cual conducta, de que los recursos provinieron de tal o cuáles personas, empresas, etcétera.

Nosotros lo que decimos, en cualquier asunto de esta naturaleza las violaciones a la Ley Electoral o alguna otra ley que pudieran existir, que se sancionen. Las presuntas violaciones, si es que existen, que se sancionen. Pero dejemos que la autoridad competente haga su trabajo, exijámosles a las autoridades competentes que llevan a cabo los trabajos de desahogo de cualquier denuncia, llámese ésta, como se llame y no queramos en un afán de venganza, en un afán de pretender decirle a la opinión pública que tan sucio fue el comportamiento de unos como de otros, porque ni se parecen sus orígenes ni los recursos provienen del erario público ni los recursos provienen de lavado de dinero ni los montos son los mismos ni se trata de asuntos iguales. Pero en todo caso a nosotros nos interesa que se haga justicia en esto o en cualquier otro asunto. Pero digamos la verdad y no estemos buscando que si se sancionó al PRI, por una actitud incorrecta de desviar recursos públicos para apoyo de una campaña política, se pretenda frente a la opinión pública exigir comportamientos iguales, cuando se trata de conductas distintas en sus orígenes, en sus montos y en su manera de actuar y quién tenga pruebas que las presente frente a las autoridades competentes y frente a la opinión pública.

Volvemos a repetir, Acción Nacional no tiene nada que ocultar en ese asunto ni estamos solapando a nadie, cualquier ciudadano que haya cometido alguna falta, algún delito, alguna irregularidad, que la autoridad actúe conforme a las atribuciones y a las facultades que tiene, pero que le demos a los asuntos, que le demos a este tipo de temas la seriedad que merecen y que busquemos en todo caso, en el caso del IFE, que haga su trabajo, que en el caso de la Procuraduría y del Ministerio Público, que es y debe ser una institución de buena fe, actué conforme a las facultades y a las atribuciones que establecen las leyes.

Por otro lado, yo terminaría diciendo, hay temas que tenemos que legislarlos y que nos corresponde aquí al Poder Legislativo. Qué lastima que iniciativas que presentamos que habían sido firmadas de manera conjunta con legisladores de otros partidos, precisamente sobre este tema, para que no existiera por ejemplo el secreto bancario en materia electoral, para que en esta materia ningún ciudadano, ninguna empresa pudiera estar bajo alguna otra cuestión legal y que no pudieran abrirse las cuentas cuando el Instituto Federal Electoral requiriera información, que es necesaria para aclarar flujos, para aclarar aportaciones a partidos políticos y a candidatos.

Tenemos que legislar en las precampañas, valdría la pena revisar los gastos, enormes gastos realizados en precampañas. Ahí están los gastos realizados en la campaña del PRI, que nunca fueron fiscalizados ni se habló de topes a los mismos. Ahí están los enormes gastos realizados en precampañas en muchas entidades federativas. Tenemos que legislarlo y eso es tarea nuestra y me parece muy importante, porque el Cofipe únicamente regula los gastos de campaña y sanciona a partidos políticos y quien tenga, vuelvo a repetir, pruebas que aportar en éstos asuntos, que las presente en las instancias correspondientes.

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Gracias, señor senador.

Tiene la palabra el diputado Felipe Solís Acero, para el mismo tema.

El diputado Felipe Solís Acero:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Yo no termino de entender la razón por la que nuestros amigos del Partido Acción Nacional una y otra vez se niegan a aceptar la integración de un órgano técnico con autonomía y presidido por un personaje conocedor del derecho, de reconocida honorabilidad e imparcialidad política, para analizar este tema. Y me parece que la argumentación que ha traído a la mesa el senador preopinante, es una argumentación carente absolutamente de base no sólo legal, sino constitucional.

Ha dicho aquí que el Presidente de la República no tiene facultades para nombrar a personal de la Procuraduría General de la República, para nombrar a los agentes del Ministerio Público y lo vuelve a ratificar en este momento.

Señor Presidente le pido que con descuento de mi tiempo, ordene a la Secretaría pueda dar lectura a los tres primeros renglones del apartado A del artículo 102 de la Constitución General de la República.

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Adelante la Secretaría con la petición del diputado Solís Acero.

La Secretaria senadora Yolanda González Hernández:

Artículo 102 inciso A: “La ley organizará el Ministerio Público de la Federación, cuyos funcionarios serán nombrados y removidos por el Ejecutivo, de acuerdo con la ley respectiva”.

El diputado Felipe Solís Acero:

Muchas gracias, señor Presidente

Es evidente que existe fundamento de carácter no sólo legal sino constitucional, por eso se está haciendo el exhorto al Presidente de la República, de manera que la petición del PRI es una petición fundada en la Constitución y en la ley, y éste es un asunto que está exactamente en la ubicación de la hipótesis que el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establece con toda claridad.

Dice el artículo 13 que el Procurador General de la República puede crear, cito: “Fiscalías especiales para el conocimiento, atención y persecución de delitos específicos, que por su trascendencia, interés y características, así lo ameriten”. Son tres los elementos que pide la ley para que haya una fiscalía; los tres están dados en este caso.

¿Alguien podría tener duda de que el caso de “Amigos de Fox”, el ya escandaloso caso de “Amigos de Fox”, le falta trascendencia?, cuando es un asunto que está incluso en los medios internacionales, no sólo en el debate cotidiano, diario de la opinión pública nacional. Es evidente que estamos enfrente de un asunto trascendente.

Segundo. ¿Alguien podría suponer que no hay interés? Probablemente sólo en el PAN evidentemente no hay interés, pero en la opinión pública existe interés en que el asunto se resuelva. Luego entonces, ¿por qué no aceptar que se cree una fiscalía especial para que pueda atender estas dos razones y la tercera, que son las características de la averiguación?

Estamos enfrente de un asunto de un expediente de averiguación previa que por sus características es un asunto complejo. Ahí hay presunción de delitos de lavado de dinero; ahí hay presunción de delitos de defraudación fiscal. Está abierta una averiguación en la Procuraduría General de la República, de la que por cierto se tuvo el cuidado de mantener con todo el sigilo. Nos enteramos a partir de una fe familiar que ocurrió hace 10 días en este país, que había una averiguación previa en contra de señores involucrados con el asunto de “Amigos de Fox”.

Concluyo. El grupo parlamentario del PRI en la Comisión Permanente hemos solicitado, con pleno fundamento en el artículo 102 constitucional y en acatamiento de lo que dice con toda claridad el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Procuraduría, que se cree una fiscalía especial. Se trata, amigos del PAN, compañeras y compañeros legisladores, de darle certidumbre a una averiguación que por alguna razón se ha manejado con sigilo. Han sido llamados a comparecer, se ha dicho, pero hay que volverlo a repetir, algunos, sólo algunos de los involucrados en la madrugada, con todo cuidado, sin aviso a los medios de comunicación, mientras que en el otro asunto ha habido escándalo, porque el escándalo reditúa interés de carácter electoral y eso es lo que están buscando.

Si el PAN, como han dicho aquí en la tribuna, no tiene nada que esconder, entonces que acepte que se cree una fiscalía especial.

Yo estoy seguro que si el PAN con la altura de miras lo acepta, el Presidente de la República lo aceptará. Estoy seguro que el Presidente lo aceptará si esta Comisión Permanente aprueba el punto que lo exhorte a crear la fiscalía, no queremos un fiscal identificado con el PRI, tampoco lo queremos identificado con el PAN, queremos un fiscal auténtica y genuinamente imparcial que garantice justicia pronta y expedita igual que los demás casos.

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Gracias, señor diputado.

Para rectificar hechos tiene la palabra el senador Raymundo Cárdenas Hernández, del Partido de la Revolución Democrática.

El senador Jorge Zermeño Infante (desde su curul):

Señor Presidente.

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Permítame senador. ¿Sí, senador?

El senador Jorge Zermeño Infante (desde su curul):

Para contestar alusiones personales.

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Se había inscrito el senador Raymundo Cárdenas antes, pero para contestar alusiones personales, tiene la palabra el senador Jorge Zermeño.

El senador Jorge Zermeño Infante:

Gracias, senador Cárdenas.

¡Pues qué lástima que no leyó completo el 102! Efectivamente es facultad del Ejecutivo el nombrar y remover a estos funcionarios de acuerdo con la ley respectiva.

Y luego sigue diciendo que el Ministerio Público de la Federación estará presidida por un Procurador General de la República designado por el titular del Ejecutivo Federal con ratificación del Senado.

Pero pues yo creo que cualquiera puede entender que en este asunto existe autonomía de gestión de la propia Procuraduría y que hemos creado una Fiscalía Especial para Delitos Electorales. Ya existe, creada por nosotros, de tal manera que si estamos hablando de fiscales especiales, la ley establece cuál es la figura especial que debe tener a su cargo y bajo su responsabilidad denuncias que tienen este carácter.

Que es un asunto escandaloso, pues así lo han querido ustedes, así han querido que sea. De nuestra parte nos parece que éste o cualquier otro asunto debiera tener el ámbito de investigación que corresponda a la justicia.

No nos interesa el escándalo ni nos interesa tampoco ocultar nada, por lo que al PAN corresponde, éste o el asunto de ustedes o cualquier otro, nos interesa que se haga justicia y que la autoridad jurisdiccional resuelva conforme a derecho, conforme a las pruebas y a los elementos que se presenten, pero que no estemos litigando en los medios ni juzgando ni prejuzgando, cualquier persona tiene derecho a que realice una adecuada función jurisdiccional, de tal manera que a nadie le ayuda que un asunto de esta naturaleza se politice, se pretenda que el Ejecutivo asuma funciones de Ministerio Público que no tiene, que se pretenda que invada funciones en la Procuraduría que tampoco ayudan a nadie. Nos parece que debemos fortalecer a una institución de buena fe; fortalecer a esta fiscalía especial de delitos electorales para que asuma su responsabilidad y a las instancias jurisdiccionales que atraigan el caso y con la mayor seriedad resuelvan lo que conforme a derecho deben resolver.

Creo que hay instancias y en el caso del Pemex-Gate y en el caso de los Amigos de Fox, no se ha dicho la última palabra, las instancias jurisdiccionales están revisando el tema y quien tenga, vuelvo a repetir, pruebas y argumentos y elementos que probar, pues que los pruebe en las instancias correspondientes.

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos para el mismo tema, el senador Raymundo Cárdenas, del Partido de la Revolución Democrática.

El senador Raymundo Cárdenas Hernández:

Señor Presidente; compañeras y compañeros:

Ya se abordó aquí de que no es imposible crear fiscalías especiales, ya está una, la señora María de los Angeles Fromow Rangel, es la fiscal especial para delitos electorales. Tiene a su servicio también agentes del Ministerio Público, ¿qué más da nombrar un agente del Ministerio Público Especial, que sea una persona que nos de garantías a todos, de que esa investigación se va a desarrollar con la celeridad, con la profundidad que el caso requiere? Yo creo que no hay razón válida para oponerse a ello. Le va a ayudar al propio Presidente de la República, probar rápido sus dichos, de que no hay nada, de que todos fueron problemas menores.

¿Quiénes están obstaculizando el desarrollo de la investigación? La Comisión Nacional Bancaria y de Valores que no informa todo lo que el IFE le está pidiendo. También está clarísimo que el señor Lino Korrodi, estuvo insistiendo con los amparos en detener la investigación, entonces el escándalo se ha vuelto cada vez más grande, por este tipo de resistencias, y evidentemente por la denuncia que hace Eduardo Fernández y la forma como reacciona el Gobierno, metiéndolo a la cárcel, primero en un arraigo y después en no se que figura.

Bueno, yo quisiera concluir, señalando que el señor Eduardo Fernández hizo declaraciones estridentes señalando que tenía pruebas de lavado de dinero, ya no ha vuelto a decir lo mismo ni sus abogados. Dijo al principio que a esto no lo paraba nadie, que tenía pruebas en el exterior, el IFE ya lo emplazó a que dé sus pruebas.

El pidió, incluso, que nombráramos una comisión de legisladores para darle seguimiento. Yo les digo que aunque hemos hecho una propuesta para formar esa comisión, que discutirán las juntas de Coordinación Política de ambas cámaras, yo les señalo que los senadores del PRD, estamos a disposición del señor Eduardo Fernández, para que sin dilación nos haga de nuestro conocimiento también, las pruebas que dice tener y que se las entregue al IFE pronto, porque de otro modo simplemente va a estar evadiéndose y hacer creer que por el hecho de que se le sigue proceso, que lo tienen arraigado, por esa razón no entrega las pruebas que tiene la obligación de entregar, sobre todo al IFE.

Porque éste ahora es un actor que entró al escenario de manera abrupta, escandalosa, y ya se convirtió en un elemento que obstaculiza la investigación del IFE.

Entonces le exigimos al señor Eduardo Fernández, a sus abogados, que le entreguen la información también al Congreso de la Unión y nosotros nos declaramos ya listos para recibir esa información, de tal modo que la investigación no se detenga por falta de las pruebas que dice tener.

Gracias.

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Para el mismo tema y hasta por cinco minutos tiene la palabra el senador Antonio García Torres, del Partido Revolucionario Institucional.

El senador Antonio García Torres:

Gracias, señor Presidente.

Creo que el propósito que persigue el Partido Revolucionario Institucional en este caso, es el lograr que estos hechos se transparenten, que esta investigación se aclare y que no queden dudas ante la opinión pública, porque así lo está reclamando.

¿Por qué digo esto? Porque hemos observado que en el caso del señor Korrodi, se le llama a declarar a las 22:00 horas y se le permite que rinda su declaración por escrito, cuando no es un alto funcionario, lo cual contraviene la ley. En el otro caso se arraiga a la persona, se le priva de sus garantías y se le somete a un régimen especial.

Yo creo que todos, absolutamente todos los legisladores, queremos que esto se aclare y que las cosas queden como ocurrieron, con la verdad histórica ante la luz de todos.

No veo por qué surja tanta rispidez en este caso, cuando se han creado en muchas ocasiones las fiscalías especiales, como la del caso Ovando, la del caso Posadas, la del caso Colosio, la del caso Ruiz Massieu y ésta es una más que se pide a satisfacción del pueblo de México. Yo creo que hoy  día ya nada se puede ocultar, hoy día no se puede poner nada abajo de la mesa y que el pueblo no lo sepa.

Es por eso que si en un momento dado se piensa que ya existe una Fiscalía Especial para Delitos Electorales, correcto, vamos a irnos con esa fiscalía, pero vamos a nombrar un fiscal, un agente del Ministerio Público, una persona que toda la ciudadanía tenga confianza en él, que los legisladores estemos de acuerdo y que sepamos que va a ser una persona que no se va a prestar a ningún mal manejo de la ley.

No estamos aquí, y que quede también claro, no estamos aquí enjuiciando al señor Procurador de la República, pero para nada; estamos solamente pidiendo que esto se transparente y que quede claro. Esa es la posición del Partido Revolucionario Institucional.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Gracias, señor senador.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

La Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:

Con mucho gusto, señor Presidente.

Se consulta al pleno si el anterior punto de acuerdo se encuentra suficientemente discutido y en su caso se pone a votación de inmediato.

Las señoras y señores legisladores que estén por la afirmativa, les rogamos manifestarlo...

Los que estén por la negativa...

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Suficientemente discutido el punto de acuerdo.

La Secretaria senadora Yolanda Eugenia González Hernández:

En votación económica, se consulta al pleno si es de aprobarse el anterior punto de acuerdo.

Las señoras y señores legisladores que estén por la afirmativa, les rogamos manifestarlo... Gracias.

Las legisladoras y legisladores que estén por la negativa...

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese.

 

HURACAN KENNA

El Secretario diputado José Tomás Lozano y Pardinas:

Se dará lectura al punto de acuerdo en relación a la proposición para solicitar auditoría urgente a la aplicación de los recursos federales otorgados a los damnificados del huracán “Kenna” en el estado de Jalisco.

«Primera Comisión Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, fue turnado para estudio y elaboración del dictamen, la proposición con punto de acuerdo presentado por el diputado Salvador Cosío Gaona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar auditoría urgente a la aplicación de los recursos federales, otorgados a los damnificados del huracán “Kenna”, en el estado de Jalisco y, en su caso, se realice el pago a un numeroso grupo de afectados que no fueron cubiertos debidamente por esos recursos

ANTECEDENTES

1. En sesión de fecha 19 de febrero del año en curso el diputado Salvador Cosío Gaona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó una proposición con punto de acuerdo para solicitar auditoría urgente a la aplicación de los recursos federales, otorgados a los damnificados del huracán “Kenna”, en el estado de Jalisco y en su caso, se realice el pago a un numeroso grupo de afectados que no fueron cubiertos debidamente por esos recursos.

2. En esa misma fecha, se turnó el referido punto de acuerdo a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a efecto de que se elaborara el dictamen correspondiente.

3. Los integrantes de esta Primera Comisión de Trabajo, en acatamiento al turno dispuesto y en reunión de trabajo procedimos al análisis, discusión y elaboración del presente dictamen, tomando en cuenta las siguientes

CONSIDERACIONES

La propuesta con punto de acuerdo presentado por el diputado Salvador Cosío Gaona, a la letra dice:

Primero. Que se pida de inmediato a la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, la información que tenga esta instancia federal y sea remitida por conducto de la Mesa Directiva a la Primera Comisión de Trabajo para su análisis.

Segundo. Se solicita se instaure de inmediato una auditoría especial de la Auditoría Superior de la Federación a la aplicación de estos recursos federales, otorgados a damnificados del huracán “Kenna” en el estado de Jalisco por la presunción de manejo ilegal y se realice el pago inmediato al numeroso grupo de afectados, a quienes se omitió otorgar el apoyo con dichos recursos federales.

Asimismo, en la propuesta con punto de acuerdo que se dictamina, el promovente señala sus fundamentos, que a la letra dicen:

Al haberse afectado severamente a la población de varios municipios de Jalisco, por efectos directos del huracán “Kenna” el pasado 25 de octubre del 2002, el Ejecutivo Federal y el Gobierno de la República, emitieron declaratoria oficial de zona de desastre a los municipios de Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatián, Zihuatlán y La Huerta, para otorgarle apoyo directo por medio de recursos del Fondo Nacional de Desastres (Fonden), y otras partidas de programas ordinarios y extraordinarios, acordes al presupuesto que asigna el Gobierno Federal.

Asimismo, a los municipios que fueron declarados zona de desastre, se canalizaron por conducto del Gobierno del estado de Jalisco, recursos del Fonden, así como del denominado Programa de Empleo Temporal Emergente, y además recursos federales de programas ordinarios de apoyo a productores agropecuarios, afectados por pérdida parcial o total de cultivos por efectos de siniestros.

También se menciona que a los municipios no declarados como zona de desastre, sólo les fueron otorgados apoyos económicos de recursos federales del programa de apoyo a agroproductores.

Una vez que han transcurrido casi cuatro meses del desastre, la situación de entrega de los mencionados recursos federales es incierta, quedando cientos de damnificados, a quienes no se les ha cubierto con recursos económicos de apoyo y a otros a lo que sólo se les ha pagado parcialmente, sin que a la fecha exista información oficial o explicación alguna.

Cabe resaltar que el Gobierno de Jalisco no ha demostrado, con información adecuada y detallada, el adecuado manejo de más de 11 millones de pesos, relativos al denominado Programa de Empleo Temporal Emergente, sólo mencionan que se entregó a los ayuntamientos respectivos, y la norma establece que deben de entregarse a los afectados directamente.

El proponente sostiene que personalmente ha consultado con los ayuntamientos involucrados, y ese recurso jamás les ha sido entregado.

Más adelante, también manifiesta que por lo que respecta a la reparación del sistema hidráulico, hay información en cuanto a que se repararon 2 mil 14 kilómetros cuadrados, es decir, una extensión sumamente grande, inverosímil, de lozas de revestimiento de canales, bordos y puentes a un costo de más de 3 millones de pesos y no se establece ninguna información de dónde están esos miles de kilómetros cuadrados de loza de revestimiento de puentes, bordos y canales y expresa que para el:

Un punto importante es que se informa que se han reparado 587.5 kilómetros de caminos rurales a un costo superior a los 2 millones de pesos, es decir, la distancia entre Guadalajara y México y los datos que aportan como ubicación de los caminos son inexactos, mencionando el mismo promovente que ha recorrido la gran mayoría de esos tramos que señalan y es falso que se hayan reparado esos caminos, y finalmente el legislador solicitante opina que: “en virtud de que es claro que no hay información adecuada, y existe presunción de un mal manejo de los recursos y para que esta presunción, en su caso, se determine y se aclare y se pueda agilizar el pago a los muchos ciudadanos afectados a quienes no se les ha apoyado”; es que debe solicitarse la información oficial y clarificarse el destino del recurso público, apoyando a quienes en su caso por alguna razón aún no hubieran recibido respaldo gubernamental y tengan derecho a ello.

Considerando que el promovente asegura que le constan los hechos en que basa sus planteamientos y porque no resulta inadecuado solicitar a la autoridad Federal competente la información oficial relativa, es de solicitarse a fin que se canalice al promovente a cualquier legislador interesado, y especialmente, a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, a fin que sea analizada y resuelva en su caso la necesidad de realizar una auditoría especial en cuanto a la adecuada aplicación de dichos fondos federales, y en su caso realizar el exhorto correspondiente al Poder Ejecutivo Federal, en cuanto a que si se localizan omisiones en la entrega de recursos de apoyo a los afectados se clarifique y se entreguen de inmediato.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77 fracción II, 78 fracción III de la Constitución Federal; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Primera Comisión de Trabajo que suscriben el presente, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el presente dictamen con el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se solicita a la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, proporcione toda la información y documentación relativa con respecto a la administración de los recursos federales otorgados a los afectados por el huracán “Kenna” en el estado de Jalisco. Se otorgue a los legisladores interesados y se turne formalmente ésta a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación a fin que analice y considere la necesidad de realizar una auditoría especial en cuanto a la adecuada aplicación de dichos fondos federales; propiciando en su caso, se clasifique si existen omisiones en la entrega de recursos de apoyo a afectados, y de ser así, se exhorte su inmediata liquidación.

Dado en el salón de comisiones de la Cámara de Diputados, a 5 de marzo de 2003.— Primera Comisión de Trabajo Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.— Sen. Orlando A. Paredes Lara, Presidente; Dip. José Tomás Lozano y Pardinas, secretario; Dip. Salvador Cosío Gaona, secretario; Dip. Alfredo Ochoa Toledo, Dip. César Augusto Santiago Ramírez; Sen. Jorge Zermeño Infante, Sen. Gerardo Buganza Salmerón, Sen. Federico Ling Altamirano, Sen. David Jiménez González, Sen. Antonio García Torres, en contra, Dip. Bernardo Borbón Vilches, Dip. Mónica Leticia Serrano Peña, Sen. Raymundo Cárdenas Hernández, Dip. Ramón León Morales, Dip. Julieta Prieto Furhken.»

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

En consecuencia está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

El Secretario diputado José Tomás Lozano y Pardinas:

En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Suficientemente discutido el punto de acuerdo.

El Secretario diputado José Tomás Lozano y Pardinas:

En votación económica, se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese.

 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE

El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:

Ha llegado a esta Presidencia un documento que envía el titular de la Mesa Directiva y que leo.

«Esta Presidencia hace del conocimiento de la Asamblea que el grupo plural de las cámaras del Congreso de la Unión para que se entrevisten con miembros del Congreso de Estados Unidos de América y del Parlamento de Canadá, con objeto de plantear iniciativas y acuerdos que aseguren el cumplimiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Estará integrado con los siguientes legisladores:

Dip. Beatriz Paredes Rangel (PRI), Dip. Jesús Burgos Pinto (PRI), Sen. Estaban Angeles Cerón (PRI), Dip. Francisco Ortiz Esquivel (PAN), Sen. Héctor Larios Córdova (PAN), Dip. Tomás Ríos Bernal (PAN), Dip. Ramón León Morales (PRD), Sen. Rutilio Cruz Escandón Cadenas (PRD), Dip. Julieta Prieto Furhken (PVEM), Dip. Víctor Antonio García Dávila (PT).»

Pasamos al capítulo de excitativas.

 

MARIANO DE LA BARCENA Y RAMOS

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo:

Tiene la palabra el diputado Salvador Cosío Gaona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una excitativa a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.

El diputado Salvador Cosío Gaona:

Con la venia de la Presidencia:

En los términos de nuestra legislación aplicable, acudo a presentar excitativa a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados a efecto de emplazarla a emitir de inmediato el dictamen correspondiente que se ha presentado en el pleno de dicha Cámara en relación con la iniciativa de decreto para que se inscriba  en letras de oro, en el muro de honor de la Cámara de Diputados, el nombre de don Mariano de la Bárcena y Ramos.

Con fecha 7 de noviembre del año 2002 el que suscribe presentó, a nombre propio y de varios diputados priístas jalicienses, iniciativa de decreto para que se inscriba en letras de oro, en el muro de honor de la Cámara de Diputados, el nombre de don Mariano de la Bárcena y Ramos.

Lo anterior en relación a que es en dicho muro en el que se reconoce a los mexicanos que han contribuido con su obra a construir nuestra nación y ahí se encuentran quienes han dado su aportación y esfuerzo en las distintas actividades de la sociedad y con ello han dado lustre a México, como es el caso del ameritado jaliciense Mariano de la Bárcena y Ramos, quien como sabio erudito desplegó una impresionante versatilidad, incursionando con talento en la ciencia, la plástica, literatura y humanismo y también en la función pública.

Dada la importancia de la vida de este ilustre jaliciense, que dejó profunda huella en la República y trascendió inconmensurablemente las fronteras de México, considero importante que la comisión de referencia, a la cual se emplaza y se excita, haga el esfuerzo para dictaminar la iniciativa que he presentado en el siguiente periodo de sesiones de esta Legislatura.

De la Bárcena y Ramos fue un científico luminoso de talla universal, descubridor de fósiles de minerales muy valiosos que llevan su nombre, como la barcenita, así como de especies biológicas que clasificó y están a consideración de la humanidad.

Fue fundador del Observatorio Meteorológico Nacional y director de él hasta su muerte y de la Casa de Moneda de México.

Representó a nuestra nación en diversas exposiciones mundiales, como Filadelfia, Nueva Orleans y París, entre otras.

Asimismo, ese intelectual jaliciense de talla universal nos legó obras muy ameritadas que acreditan sus sólidos conocimientos y sabiduría comentada tanto en nuestro continente como en Europa en materia de ciencia, biología, palentología, historia, botánica, geografía y estadística.

Son muy relevantes sus obras en relación con la historia de México, los elementos acerca de los restos humanos del valle de México y el hombre del Peñón y es una muy larga lista de obras editadas que tuvieron una gran difusión a nivel nacional y mundial en su época en los siglos pasados.

Además de ello, De la Bárcena y Ramos fue un respetable servidor público que llegó a ser senador y gobernador de Jalisco.

Por ello y por insistir en lo adecuado que significa llevar a este ilustre mexicano al lugar que merece en el muro de honor de la Cámara de Diputados, es que someto la excitativa de mérito para que la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias dictamine de inmediato y someta al pleno para su discusión y aprobación, en su caso, de la iniciativa presentada en su momento y se inscriba en el muro de honor el nombre de don Mariano de la Bárcena y Ramos.

Muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.

Salvador Cosío Gaona, diputado federal del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 45 párrafo sexto, inciso e, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente a la Presidencia de esta Comisión Permanente, tengo a bien turnar y formular una excitativa a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados, a efecto de emplazarla a emitir el dictamen correspondiente y sea presentado ante el pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa de decreto para que se inscriba en letras de oro en el muro de honor de la Cámara de Diputados el nombre de don Mariano de la Barcena y Ramos.

ANTECEDENTES

Con fecha noviembre 7 del año 2002, el que suscribe, presentó a nombre propio y de varios diputados priístas jaliscienses, iniciativa de decreto para que se inscriba en letras de oro en el muro de honor de la Cámara de Diputados el nombre de don Mariano de la Barcena y Ramos. Lo anterior teniendo como antecedente de gran importancia que el honorable Congreso de la Unión, reconoce a los mexicanos que han contribuido con su obra a consolidar nuestra nación y lo expresa en el muro de honor de este recinto parlamentario, en el que se encuentra quien ha dado su aportación y esfuerzo en las distintas actividades de la sociedad y que con ello han dado lustre a México, como es el caso del ameritado jalisciense don Mariano de la Barcena y Ramos, quien como sabio y erudito desplegó una impresionante versatilidad, incursionando con talento y excelsitud en la ciencia, la plástica, la literatura, el humanismo y el ejercicio de la función pública.

CONSIDERACIONES

Dada la importancia de la vida de este ilustre jalisciense que dejó profunda huella en la República y trascendió inconmensurablemente las fronteras de México, es de suma importancia realizar el esfuerzo de dictaminar la iniciativa anteriormente citada, por esta LVIII Legislatura.

 Mariano de la Barcena y Ramos, fue un científico luminoso de talla universal, descubridor de fósiles y de minerales valiosos que llevan su nombre, como la barcenita, así como de especies biológicas que clasificó y puso a disposición de la humanidad.

Fue fundador del Observatorio Meteorológico Nacional y de la Casa de Moneda de México, representó a la nación en diversas exposiciones mundiales, como en Filadelfia, Nueva Orleáns y Paris, entre otras.

Asimismo, este intelectual jaliscience nos legó obras ameritadísimas que acreditan los sólidos conocimientos de su sabiduría comentada tanto en nuestro continente como en Europa, siendo entre otras, “Discripción del Crustáceo Fósil del Género Sphyromo” y “Reseña Geológica del Valle de Ameca, Jalisco (México)”, “Ensayo Estadístico del estado de Jalisco”.

De igual relevancia, son sus obras “El Hombre Prehistórico de México”, y “Noticia Acerca de Hallazgo de Restos Humanos Prehistóricos en el Valle de México”, así como su obra denominada “Elementos Aplicables a la Agricultura, a la Ingeniería y a la Industria”, y de todo esto se advierte cuan larga es la lista y qué completos son los trabajos editados de este fecundo sabio en todos los órdenes de la ciencia.

Además de ser un servidor público que llegó a ser gobernador sustituto y senador.

Refiero a ustedes, que la LV Legislatura del Congreso del estado de Jalisco, aprobó el decreto por el cual se eleva a la calidad de Benemérito del estado en grado heroico a don Mariano de la Barcena y Ramos y que sean trasladados sus restos mortales a la Plaza de la Rotonda Jalisciense de los Hombres Ilustres de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Como diputado representante del estado de Jalisco, soy portavoz del rechino de los jaliscienses, que solicitan se apruebe de inmediato la inscripción en letras de oro en el muro de honor del recinto parlamentario del ilustre mexicano don Mariano de la Barcena y Ramos.

CONSIDERACIONES DE DERECHO

Por todo lo anterior y con fundamento en el artículo 21 fracción XVI y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento esta excitativa a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarios a efecto de que dictamine a la brevedad posible, respecto a la iniciativa en mención.

Por lo anterior expuesto, Presidente de la Comisión Permanente, solicito a usted:

Unico. Tenga por presentada esta solicitud de excitativa a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para que presente dictamen a la iniciativa mencionada.

Palacio Legislativo, marzo 12 de 2003.— Diputado Salvador Cosío Gaona

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Gracias, señor diputado.

De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados para que emita el dictamen correspondiente.

 

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Para presentar una excitativa a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, suscrita por los diputados Rubén Aguirre Ponce y Ramón León Morales, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tiene el uso de la palabra el diputado Ramón León Morales.

El diputado Ramón León Morales:

Gracias, señor Presidente:

Con fecha del 3 de diciembre del año 2002, fue turnada a la Comisión de Comercio Fomento Industrial, la iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 7o.-bis de la Ley de la Propiedad Industrial, que presentó el diputado Ramón Aguirre Ponce, integrante de la fracción parlamentaria del PRD.

La iniciativa tiene su origen en el hecho de que en el proceso de registro de patentes por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, deben de participar las asociaciones independientes de inventores, y con ello transparentar los procedimientos de registros, marcas, inventos y patentes.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debe abrir su consejo de administración e incluir a las asociaciones de inventores para contribuir a la confianza de los mismos en dicho Instituto.

Por la serie de irregularidades que presenta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en el Registro y Aprobación de las Marcas y Patentes, se hace necesario que los mismos inventores sean los protagonistas de este proceso y no continúen siendo meros espectadores en el transcurso del registro, donde la falta de claridad es la constante.

Por obviedad del tiempo, señor Presidente, voy a pedir que se publique íntegramente en las instancias correspondientes el documento y voy a leer solamente la excitativa:

En los términos del artículo 21 fracción XVI y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosa mente:

Unico. Se envíe excitativa a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial para que emita el dictamen respecto de la iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 7o.-bis de la Ley de la Propiedad Industrial, la cual fue turnada a la misma el martes 3 de diciembre del año 2002.

Signamos esta excitativa el diputado Rubén Aguirre Ponce y un servidor.

«Excitativa a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial para que se dictamine la iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 7o.-bis de la Ley de la Propiedad Industrial, que presentan los diputados Ramón León Morales y Rubén Aguirre Ponce del grupo parlamentario del PRD

ANTECEDENTES

Con fecha del martes 3 de diciembre del año 2002, fue turnado a la Comisión de Comercio y de Fomento Industrial la iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 7o.- bis de la Ley de la Propiedad Industrial que presentó el diputado Rubén Aguirre Ponce, integrante de la fracción parlamentaria del PRD.

La iniciativa tiene su origen en el hecho de en el proceso de registro de patentes por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, deben participar las asociaciones independientes de inventores y con ello transparentar los procedimientos del registro de marcas, inventos y patentes.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, debe abrir su consejo de administración e incluir a dos asociaciones de inventores para contribuir a la confianza de los mismos en dicho instituto.

Por la serie de irregularidades que presenta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en el registro y aprobación de las marcas y patentes se hace necesario que los mismos inventores sean los protagonistas de este proceso y no continúen siendo meros espectadores en el transcurso del registro, donde la falta de claridad es la constante.

CONSIDERACIONES

En México el sistema de patentes se regula por la Ley de la Propiedad Industrial cuya aplicación corresponde al Ejecutivo Federal a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; desde la década pasada la importancia de las patentes ha aumentado, pero al mismo tiempo han sido constantes las denuncias sobre el robo de las mismas sin que las autoridades hayan hecho algo al respecto, inclusive se habla de corrupción de los altos mandos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, encargados de velar por los intereses de quien patenta y registra un invento.

Las autoridades mexicanas mencionan que los niveles de protección patentaria se han incrementado en el país, desde la década pasada en forma permanente y destacada. Se dice que ofrecen a los titulares protección legal adecuada y eficiente; sin embargo el índice de patentes de inventores y empresas nacionales, (que no rebasan las 500 anuales), sigue mostrando las debilidades de un sistema que aún no permea sus bondades a la comunidad inventora y empresarial.

El ejemplo que ilustra este hecho, es el caso de las compañías Kolitas y Corporación Rolmar. Los accionistas y representantes legales de las mismas, han denunciado al actual director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), por supuestos malos manejos en el otorgamiento y registro de marcas que han afectado sus intereses comerciales y económicos. Los dos casos anteriores se refieren a registros de marcas, que en promedio llevan 8 años defendiendo sus derechos otorgados por el Instituto. Con relación a derechos de patente y de modelos de utilidad, podemos mencionar el caso del señor Uriel Gastón Sabido Mendiburu, titular de un modelo de utilidad otorgado por el Instituto con 2 años de anterioridad y que está en conflicto con otro invento otorgado posteriormente a una empresa nacional. El modelo de utilidad aparece ahora con características propias de otros modelos internacionales olvidándose el instituto de que “el primero en tiempo, es primero en derecho” establecido en los artículos 10-bis y 42 de la Ley de Propiedad Industrial.

El inventor debe tener el respaldo del gobierno para el desarrollo y la comercialización de su invención a nivel nacional e internacional, al mismo tiempo se debe apoyar con recursos para generalizar el invento.

Ante el conjunto de irregularidades en el proceso de registro de las patentes, es indispensable que el gremio de los inventores pueda contar con información oportuna y transparente, sobre el curso que lleva su trámite, y al mismo tiempo deben ser copartícipes de la misma.

A partir de 1994 en el artículo 7o.-bis se introduce en la Ley de la Propiedad Industrial en sus órganos de administración del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que la Junta de Gobierno se integrará por 10 personas; entre las cuales no hay representantes de los principales actores de la inventiva como son los inventores, siendo totalmente factible que estuvieran por ser un organismo descentralizado.

Por lo anterior es conveniente incluir en el Consejo de Administración a dos asociaciones de inventores para que conozcan de primera mano los trámites que se llevan en el IMPI. Sabemos que un país sin desarrollo tecnológico propio es un país que dependerá enormemente de los grandes centros industriales, tenemos que ser capaces de desarrollar tecnología propia que coadyuve al desarrollo económico del país y no sean las instituciones las que frenen la inventiva nacional.

Por lo anterior y en términos del artículo 21 fracción XVI y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente lo siguiente

Unico. Se envíe excitativa a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial para que emita el dictamen respecto de la iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 7o.-bis de la Ley de la Propiedad Industrial, la cual fue turnada a la misma el martes 3 de diciembre de 2002.

Palacio Legislativo.— San Lázaro.— Diputado Ramón León Morales y Rubén Aguirre Ponce

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Gracias, señor diputado.

A petición del diputado, publíquese íntegramente en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates, y de conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Diputados para que emita el dictamen correspondiente.

En el turno siguiente está inscrita una intervención del diputado Salvador Cosío Gaona, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una excitativa a las comisiones de Medio Ambiente, Recursos Naturales, y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados. ¡La retira el diputado Cosío!

 

MUJERES

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Tiene la palabra el senador Héctor Larios Córdoba, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar una proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, realice un llamado a los partidos políticos a no limitarse al cumplimiento de las reformas hechas al Cofipe en sus artículos 175-A, B y C, con respecto a dar igualdad de oportunidades a las mujeres.

El senador Héctor Larios Córdova:

Con el permiso de la Presidencia y en obviedad del tiempo, dada la hora, omitiré la lectura de la exposición de motivos del punto de acuerdo.

Solamente señalar que hay un consenso general en el país de impulsar acciones afirmativas que garanticen igualdad de oportunidades a las mujeres para llegar a los cargos legislativos. Y en este consenso nacional primeramente se impulsaron cambios al Cofipe para que se estableciera la obligación a los partidos políticos de un porcentaje mínimo de candidaturas que fueran ocupadas por mujeres. Pero se dio esto en la elección de 2000, que la mayor parte de los partidos políticos cumplieron con este requisito, otorgando candidaturas de suplentes a las mujeres. Todos estuvieron dentro de la ley, pero no cumplieron con el espíritu que tenía la reforma.

Por ello, el año pasado reformamos el Cofipe de nueva cuenta para garantizar que al menos el 30% de las candidaturas de todos los partidos a diputados sean ocupadas por mujeres. Y adicionalmente reformas a la forma de integrar las listas de representación proporcional para que también se garantice el acceso de las mujeres por esta vía.

Sin embargo, hay la posibilidad de que todos los partidos cumplan con la ley, sin embargo no con su intención: dando las candidaturas a las mujeres que tienen menos probabilidad para cada partido de llegar a la Cámara y entonces encontrarnos con que una Cámara de Diputados no tiene, cuando menos, el 30% de integrantes de mujeres y estamos a 20 días de que inicie el periodo de registro de candidaturas a diputados para la próxima legislatura. Y la propuesta es que esta Comisión Permanente exhorte a los partidos políticos a no atenerse al cumplimiento con la ley, sino con la intención y el espíritu del legislador de garantizar al menos que la próxima Cámara de Diputados se integre, cuando menos, por 150 mujeres.

En consecuencia doy lectura a la propuesta de

PUNTO DE ACUERDO

Unico. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión hace un llamado de exhorto a los partidos políticos a no limitarse al cumplimiento de las reformas establecidas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en sus artículos 175-A, B y C, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el lunes 24 de junio de 2002, encaminadas a dar igualdad de oportunidades a las mujeres para la postulación de cargos de elección popular en el Congreso de la Unión, sino que atendiendo al espíritu de la ley se brinden las condiciones reales para que al menos el 30% de los diputados que sean electos por ambas vías sean mujeres, asignándoles candidaturas con posibilidades reales de triunfo.

Señor Presidente: en virtud de que hay acuerdo de los diversos grupos parlamentarios para que sea tratado de urgente y obvia resolución, le pido proceda con este trámite.

Es cuanto, señor Presidente.

«Punto de acuerdo por el cual se solicita a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión realice un llamado de exhorto a los partidos políticos a no limitarse al cumplimiento de las reformas hechas al Cofipe en sus artículos 175-a, 175-b y 175-c, con respecto a dar igualdad de oportunidades a las mujeres para la postulación a cargos de elección popular en el Congreso de la Unión, sino que, se den las condiciones reales, y se garantice que al menos el 30% de los integrantes de la próxima Cámara sean mujeres

Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con el permiso de la Presidencia:

El senador que suscribe, integrante de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente propuesta con punto de acuerdo

ANTECEDENTES

Desde sus inicios el PAN ofreció a las mujeres un espacio abierto para luchar por el progreso de la nación, siendo el primer partido político en reconocer sus derechos políticos.

Ya antes de que a la mujer se le reconocieran sus derechos políticos en la Constitución, varias mujeres ocuparon cargos directivos al interior del PAN.

En México fue el 17 de octubre de 1953 cuando se aprobaron las reformas constitucionales obteniendo las mujeres el derecho a votar en igualdades frente a los hombres, como ciudadanas. Las primeras candidatas panistas a puestos de elección, participan en 1955, en la elección inmediata al reconocimiento del voto femenino.

El reconocimiento de la ciudadanía plena a la mujer, simbolizado en el derecho a votar y ser votada, son los primeros pasos que se dieron en la construcción de una democracia plena. Pero en este sentido en Acción Nacional estamos convencidos de la necesidad de tener acciones afirmativas que garanticen en forma real el acceso de las mujeres a cargos de elección popular.

CONSIDERACIONES

Hace casi un año, las legisladoras y legisladores que conformamos la LVIII Legislatura, aprobamos las reformas y adiciones a diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el ánimo de equilibrar la representación en términos de género en el Congreso Federal, sin embargo, más allá de este espíritu, lo que impulsó las modificaciones fue la firme decisión de abrir oportunidades reales para la participación femenina en la vida política de la nación.

Antes del proceso electoral del año 2000, se establecieron en el Cofipe reglas para que al menos un porcentaje de las candidaturas fuera ocupado por mujeres, sin embargo, la mayor parte de los partidos cumplieron con las disposiciones a través de otorgar a las mujeres muchas candidaturas suplentes y pocas de propietarias.

Por ello esta legislatura hizo las adiciones de los artículos 175-A, B, y C para establecer un mínimo del 30% de candidatas propietarias mujeres y reglas para que dentro de las candidaturas de representación proporcional garanticen espacios para las mujeres.

Sin embargo, el reto no termina con estas modificaciones, dado que puede darse el cumplimiento de la ley otorgando por parte de los partidos las candidaturas de menores posibilidades de triunfo a las mujeres o en el caso de representación proporcional después de los nueve primeros lugares ocupar con hombres los demás que tienen posibilidades reales en cada lista de circunscripción.

El verdadero reto de los partidos no sólo es tener al menos el 30% de candidaturas encabezadas por mujeres, sino lograr que en la próxima Cámara lleguen al menos 30% de mujeres.

Es de considerarse también que la Cámara de Diputados ha declarado al año 2003 como “Año de los Derechos Políticos de las Mujeres Mexicanas”.

En consecuencia, a nombre del Partido Acción Nacional me permito proponer el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. A 20 días de que sea abierto el registro para candidatos a diputados federales, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, hace un llamado de exhorto a los partidos políticos, a no limitarse al cumplimiento de las reformas establecidas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en sus artículos 175-A, 175- B y 175-C, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del lunes 24 de junio de 2002, encaminadas a dar igualdad de oportunidades a las mujeres para la postulación a cargos de elección popular en el Congreso de la Unión, sino que, atendiendo al espíritu de la ley, se brinden las condiciones reales, para que al menos el 30% de los diputados que sean electos por ambas vías sean mujeres asignándoles candidaturas con posibilidades reales de triunfo.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión a 5 de marzo de 2003.— Senador Héctor Larios Córdova

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Gracias, señor senador.

En el guión con el que se maneja esta Presidencia no viene solicitado como de urgente y obvia resolución. Por lo que si hubo consenso entonces pues lo pondremos inmediatamente a votación.

Se encuentra a discusión el punto de acuerdo para consultar con las señoras y señores legisladores si se considera de urgente y obvia resolución.

El Secretario diputado José Tomás Lozano y Pardinas:

En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición anterior.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Se considera de urgente resolución.

En consecuencia está a discusión la proposición. Se abre el registro de oradores.

La senadora Yolanda González, en pro.

La senadora Yolanda Eugenia González Hernández:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

La propuesta de nuestro compañero senador me da la oportunidad de hacer un reconocimiento a las señoras diputadas de la LVIII Legislatura, por la definición que tuvieron para convencer a sus compañeros diputados para hacer realidad esta reforma del Cofipe. Reconozco y aplaudo la decisión y el reconocimiento de mis compañeras legisladoras.

Efectivamente, es una reforma importante, es una reforma importante que ha costado mucho trabajo, como todos los logros de las mujeres. El artículo 175 habla de que el 30% deben ser las candidatas propietarias y mujeres. Y si hablamos de logros y hablamos de posibilidades habría que analizar hasta dónde este tema de las mujeres en algún momento se consideró que era exclusivamente un tema y un asunto de mujeres. Yo creo que éste ha sido el error, este tema no es exclusivo de las mujeres, es un tema de los hombres y de la ciudadanía en general.

Hablar de avances. Si hablamos de que desde 1916, que fue el Primer Congreso de Yucatán, a un avance importante que logramos hace 50 años con el reconocimiento del voto a la mujer y pudiéramos hablar de que en 1996 se había hecho un esfuerzo más de las legisladoras para cambiar el término en el Cofipe de que se hablara de que se promoverá y en 1996 ya se hablaba de un logro importante. Por eso es que ahora reconocemos con gran claridad que hoy sí se pudo avanzar en el término y en el marco legal de que se garantizará; se cambió la palabra promoverá, por garantizará; éstos son los logros que hemos dado la lucha para poder considerar el respeto a nuestros derechos.

Las mujeres no somos ni queremos ser invasoras de espacios, no, las mujeres somos ciudadanas en plenitud. Por esta razón es de que exigimos el espacio, un espacio de la democracia que es el espacio de los derechos. Y en este mismo sentido establecemos que la democracia no puede ser restrictiva, las mujeres exigimos igualdad por capacidad.

El gran debate que se da es de que si se seguirán dando acciones afirmativas y las mujeres decimos que mientras tengamos que seguir luchando para el espacio que por derecho nos corresponde, diremos sí a las acciones afirmativas, pero también dejamos claro que tenemos la capacidad, la honestidad, la responsabilidad para exigir los lugares que nos corresponden.

Queremos igualdad, queremos poder, pero no el poder tradicional, sino el poder para vivir sin el riesgo que hoy significa la vulnerabilidad de género, poder para ser respetadas en nuestra integridad; éste es el reto, ésta debe ser la nueva cultura, la cultura de la equidad y género.

Yo confío, estimados compañeros legisladores, que con su voto afirmativo en este acuerdo, se ratifique su compromiso en pro de la igualdad de oportunidades. Y hacer un exhorto sí a los partidos políticos, pero hacer un exhorto también al Instituto Federal Electoral, que ojalá hoy sí tome en cuenta su responsabilidad de un órgano ciudadanizado y sea aliado en la conquista de los derechos de las mujeres.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Gracias senadora.

Para el mismo tema tiene la palabra la diputada Mónica Serrano, del Partido Acción Nacional.

La diputada Mónica Leticia Serrano Peña:

Con su permiso, señor Presidente.

Agradezco al senador la inclusión de este punto de acuerdo, es sumamente importante dados los avances que se tienen. Ya existen mujeres en el Congreso, ya existen mujeres, pero ahora nos falta que existan más mujeres, que haya esa igualdad.

El punto cubre algo sumamente importante, que las candidaturas no se le otorguen a la mujer en aquellos lugares en los que existe una gran posibilidad de perderlos por los diversos partidos, que se les otorgue en una igualdad; que tengan esa oportunidad es algo fabuloso.

Hoy día lo veíamos las mujeres en nuestros distintos partidos, que decían: “sí, pero te voy a mandar aquí al cerro, que sé que no lo vas a ganar.

Eso era una discriminación; por ello aplaudo este punto de acuerdo. Las mujeres somos iguales ante la ley pero queremos ser iguales ante la sociedad, el que tengamos esa garantía, el que tengamos ese apoyo por parte de los hombres nos da mucho gusto porque los hombres están reconociendo nuestra capacidad.

Es importante que las mujeres salgamos a trabajar, no al lado, no atrás, haciendo el llamado por nuestros respectivos partidos políticos, debemos de estar también encauzando, encabezando esa lucha a la que tenemos derecho.

Yo les pido a nuestros compañeros que este punto de acuerdo lo voten a favor en beneficio de la sociedad.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Gracias, señora diputada.

Para el mismo tema tiene la palabra el senador Rafael Morgan, del Partido Acción Nacional.

El senador Rafael Gilberto Morgan Alvarez:

Con permiso de la Mesa Directiva; señor Presidente:

Voy a ser muy breve, sólo quiero expresar, no sólo el beneplácito de la propuesta que hiciera mi compañero, consensada con todos los grupos parlamentarios, la que hiciera su compañero senador de la República por el estado de Sonora, sino también beneplácito que seguramente ya esperábamos puesto que lo aprobamos de inmediato y que fuera de urgente resolución y no por contradecir a una compañera que haya dicho alguna cosa parecida, porque los dos la hicieron, hablaban de la capacidad.

Si fuese por capacidad habría que poner precisamente el 50% no, máximo el 70% para que quede el 30% como mínimo, por capacidades mitad y mitad, nadie puede afirmar que un hombre tiene más capacidad que una mujer o que una mujer tiene más capacidad que un hombre, tendríamos que estar a la mitad.

Vengo a dar testimonio, porque esto se había tratado en muchas reuniones de la Comisión de Equidad, de la cual soy parte en el Senado de la República y se tenía y se tiene ahora en un momento tan oportuno como no se imaginan, esto iba a ser una propuesta muy fuertemente discutida para el día de mañana que es el día que se inicia el parlamento de las mujeres aquí teniendo como sede San Lázaro.

Entonces este tema ahora se convierte en un obsequio para la Reunión del Parlamento de las Mujeres de mañana, es un obsequio muy digno que le hace la Permanente ahora por casi con motivo del Día Internacional de la Mujer pero sobre todo por el Día Nacional de la Mujer Mexicana que poco a poco se empieza a perfilar por una voluntad y una decisión del hombre que tenía este compromiso para con las mujeres de México y un reconocimiento a su capacidad, a su honorabilidad que están fuera de toda duda y sobre todo, a su deseo de compartir la responsabilidad de gobernar este país y que esto trascienda hacia todos los estados de la República Mexicana, se haga un ejemplo de lo que ha presentado mi compañero Héctor aquí hace un momento y que el apoyo que aquí se le está brindando sea el mismo que brinden todos los partidos políticos en todas las entidades de la República. Enhorabuena que llegue esto y que todos aprobemos con gusto el acuerdo.

Muchas gracias, señor.

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Gracias, señor senador.

Para rectificar hechos tiene la palabra la senadora Yolanda Eugenia González, hasta por cinco minutos.

La senadora Yolanda Eugenia González Hernández:

Que lo que tradicionalmente se da en seguir considerando acciones afirmativas tampoco nosotros las queremos estimado compañero, pero quizá ahorita tuvo un lapsus usted al decir y hablar de que era un obsequio, un obsequio, no señor Senador, es un reconocimiento, entonces quizá es parte de la tradición del concepto con respecto a las mujeres.

Gracias.

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Gracias, señora senadora.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

El Secretario diputado José Tomás Lozano y Pardinas:

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Suficientemente discutida.

El Secretario diputado José Tomás Lozano y Pardinas:

En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Aprobada. Comuníquese.

Llegamos al turno de las propuestas de señoras y señores diputados con punto de acuerdo; en virtud de que es un número muy importante de las mismas, yo haría un llamado muy cordial a todas las legisladoras y legisladores para que se concretaran, si es posible, a leer lo sustantivo de su punto de acuerdo y se enviara a comisiones en virtud de que a las tres y media cumplimos las cuatro horas reglamentarias para llevar a cabo esta sesión.

Tiene la palabra el senador Héctor Larios, con esta súplica de ser posible, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar una proposición con punto de acuerdo… Entonces ya vamos más rápido.

El punto de acuerdo que tenía inscrito el Partido Revolucionario Institucional en relación a las tarifas del estado de Yucatán, se retira.

 

AUTOTRANSPORTE TRANSFRONTERIZO

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Tiene la palabra la senadora Yolanda Eugenia González Hernández, del grupo parlamentario del PRI, para presentar un punto de acuerdo en relación a la comparecencia del Secretario de Comunicaciones y Transportes.

La senadora Yolanda Eugenia González Hernández:

Gracias, señor Presidente:

La Asociación Transportista de Pasaje Transfronterizo, Asociación Civil, es una organización conformada por empresarios mexicanos que prestan los servicios de transporte a nuestros paisanos radicados en Estados Unidos y que frecuentemente tienen la necesidad de trasladarse de un lado a otro de la frontera por motivo de trabajo, comercio, estudio o simplemente para visitar a sus familiares.

Esta asociación se conformó como una medida de autoprotección y defensa de un grupo de fuertes empresarios que tienen nuestros compañeros de esta asociación por parte de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo que generalmente está integrada por grupos empresariales fuertes como es el ADO, la Estrella Blanca, la Flecha Amarilla, Omnibus de México y Grupo Senda, entre otros.

La asociación de estos empresarios a lo largo de 20 años de trabajo, que es una asociación de transportistas, como ya lo dije, que se ha caracterizado por un servicio basado en una amplia cobertura de municipios y poblados de la República Mexicana, para facilitar el traslado de los viajeros en camino a Estados Unidos y viceversa, se distinguen de sus competidores porque las unidades de esta asociación recorren diversas poblaciones con un tránsito constante hacia la frontera del norte, lo cual representa una gran ventaja en el servicio para los migrantes, principalmente los que conciernen a costo, seguridad y tiempo de desplazamiento.

Según datos, el movimiento de nuestros paisanos se da principalmente en los estados de California, que tiene una población de más de siete millones de connacionales; en Illinois con más de 1 millón y medio; en Arizona con cerca de 1 millón; en Texas, en todos estos lugares en donde hay una presencia importante de connacionales.

El problema de nuestros compañeros es que han sentido por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, una fuerte presión en el sentido de que ellos han estado cumpliendo con todas las disposiciones que les ha pedido la Secretaría de Comunicaciones. Sin embargo, insisto, ellos sienten que por parte de empresas importantes y grandes como son, insisto, el ADO, la Estrella Blanca y la Flecha Amarilla, pretenden, con conocimiento de la Secretaría de Comunicaciones, el invadir este espacio que ellos durante 20 años han conquistado.

Por eso es que ellos han cumplido con todas las disposiciones que les ha dado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero son constantes, según dicho por ellos, el que la Secretaría de Comunicaciones les exige más que a las otras empresas que tienen mayor poder económico.

Es por esa razón que solicitamos la anuencia de este pleno, para que se pueda citar a comparecer ante la Comisión de Comunicaciones y Transportes, al ciudadano Pedro Cerisola Weber, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a fin de que informe acerca de las presuntas irregularidades que señalan nuestros compañeros en prácticas monopólicas en la prestación del servicio del autotransporte, transfronterizo, así como las denuncias y solicitudes presentadas por la Asociación de Transportistas de Pasaje Fronterizo.

En obvio de tiempo solamente solicito, que pudiera turnarse a la Comisión de Transporte del Senado de la República, para poder hacer un seguimiento del mismo.

Gracias.

«Propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del ciudadano Secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola Weber, que presenta la senadora Yolanda Eugenia González Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La suscrita senadora de la República representando al estado de San Luis Potosí e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 93 constitucional, párrafo segundo, 67 numeral 1 inciso b de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

CONSIDERACIONES

La Asociación Transportista de Pasaje Transfronterizo AC (ATRAPAT), es una organización conformada por empresarios mexicanos que prestan los servicios de transporte a nuestros paisanos radicados en Estados Unidos, que frecuentemente tienen la necesidad de trasladarse de un lado a otro de la frontera por motivos de trabajo, comercio, estudio o simplemente para visitar a sus familiares.

La Asociación Transportista de Pasaje Transfronterizo AC, se conformó como una medida de autoprotección y defensa de los empresarios transportistas independientes, ante el embate de la competencia del monopolio ejercido por la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT), integrada por grandes grupos empresariales que operan en todo el territorio nacional, como ADO, Estrella Blanca, Flecha Amarilla, Omnibus de México, Grupo Senda, entre otros.

A lo largo de 20 años de trabajo, la ATRAPAT (Asociación de Transportistas) se ha caracterizado por un servicio basado en una amplia cobertura de municipios y poblados de la República Mexicana para facilitar el traslado de los viajeros en camino a Estados Unidos y viceversa, lo que la distingue de sus competidores, ya que las unidades de ATRAPAT recorren diversas poblaciones con un tránsito constante hacia la frontera norte, lo cual representa una gran ventaja en el servicio para los migrantes, principalmente en lo que concierne a costos, seguridad y tiempo de desplazamiento.

El impacto económico que representan los movimientos migratorios en nuestro país, hacen del autotransporte fronterizo un sector estratégico: según datos oficiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los principales receptores de migrantes mexicanos en la Unión Americana, son los estados de California, con una población de 7 millones 471 mil 729; Texas, con 4 millones 569 mil 098; Illinois, con un millón 400 mil; Arizona con 849 mil 140 y Utah, con 750 mil.

Asimismo, los estados con mayor número de residentes de origen mexicano son California, con 8.5 millones 455 mil 926 ; Texas, 5 millones 71 mil 963, Illinois, con un millón l44 mil 390; Arizona, con un millón 65 mil 578 y Colorado, con 500 mil 760.

Sin mencionar los censos de otras regiones de la Unión Americana, estas cifras advierten que de la población total que habita en Estados Unidos, los mexicanos representan el 7.3%.

Ahora bien, tomando en cuenta que Los Angeles, Harris, Cook, Orange, San Diego, Marilopa, San Bernardino, Dallas, Bexar, Riverside y El Paso (correspondientes a los estados de California, Texas, Illinois y Arizona), son los condados que concentran a la mayor población de origen mexicano, los factores que intervienen en las necesidades de transporte vía terrestre se multiplican, ya que tanto los residentes y sus familias, como todos aquellos que tienen la necesidad de viajar a Estados Unidos por razones médicas, de estudios o trabajo, contribuyen a un tejido comercial muy amplio, donde es preciso combatir las prácticas monopólicas y la competencia desleal.

De acuerdo con estimaciones de flujo migratorio, el 10.8% del total de migrantes que cada año cruza la frontera norte, proviene del estado de Zacatecas, el 8.7% de San Luis Potosí, el 8.5% de Guanajuato, el 8.1% de Durango, el 8.0% de Michoacán, el 6.0% de Nayarit, el 5.9% de Guerrero, el 5.2% de Jalisco, el 4.8% de Morelos y el 3.5% de Chihuahua, donde la mayoría de ellos comienza su tránsito hacia al país vecino desde Tijuana, Ciudad Juárez, Piedras Negras y Nuevo Laredo.

El problema no es menor, si consideramos que cada año se espera un ingreso promedio de dos millones de paisanos a nuestro país, tan sólo en el periodo vacacional, además de las aproximadamente 30 mil personas que emigran cada año a Estados Unidos.

En el grupo parlamentario del PRI, consideramos que tal flujo de personas en la frontera norte del país, merece algo más de atención de las autoridades correspondientes.

Resulta inaceptable que a pesar de la importancia de los migrantes mexicanos como grupo social, la atención hacia sus problemáticas y necesidades es prácticamente nula, o en el mejor de los casos de importancia menor con respecto a la de otros grupos sociales.

Según datos del Banco de México, el envío de dinero de los connacionales representó al año 2000, la tercera fuente de ingreso de divisas, después de la exportación de petróleo y el turismo.

Sin embargo, a pesar de la trascendencia que tienen para la economía nacional las remesas enviadas por nuestros compatriotas migrantes, la calidad y eficacia de los servicios que reciben, en este caso relativo a su traslado y transportación, son comúnmente menospreciados por las autoridades federales e incluso subvencionados a los intereses de grandes corporativos.

Lo anterior se desprende de la actitud de las autoridades de la Secretaría de Transporte con respecto a la ATRAPAT, empresa que a lo largo de dos décadas se ha distinguido por prestar un servicio especializado y de alta calidad a los migrantes mexicanos a precios altamente competitivos, situación que no se ha valorado socialmente en su justa dimensión, ya que hasta el momento la Secretaría de Transporte únicamente ha puesto en la balanza consideraciones técnicas y empresariales, para la resolución de tales controversias, sin considerar los posibles efectos que esto conlleva para los miles de mexicanos que necesitan de tal servicio.

Y es que a decir de los integrantes de la Asociación Transportista de Pasaje Transfronterizo, la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a petición expresa de la CANAPAT, ha implementado operativos en contra de sus agremiados, afectando seriamente su estabilidad financiera, y por ende, su viabilidad empresarial.

A pesar del clima de agresión y las múltiples presiones que han ejercido autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en contra de los integrantes de la Asociación Transportista de Pasaje Transfronterizo, esta asociación ha cumplido las obligaciones impuestas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la prestación de sus servicios.

No obstante, la ATRAPAT ha denunciado un presunto acoso orquestado por la CANAPAT en combinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el fin de desplazarla del mercado de transporte de pasajeros entre México y Estados Unidos.

La ATRAPAT manifiesta que tras la persecución y los operativos implementados en su contra por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se ocultan los intereses de estas compañías por acaparar todo el territorio nacional, y que para lograr sus objetivos, dichos consorcios pretenden apoderarse del espacio que la empresa conquistó a lo largo de dos décadas de funcionamiento.

Como ejemplo, la ATRAPAT consigna que cuando sus autobuses son infraccionados y remitidos al corralón, la compañía debe pagar multas que oscilan de los 52 a los 60 mil pesos, montos que resultan onerosos para una agrupación cuyo principal sostén lo representan los migrantes mexicanos.

Y es que por instancias de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, hace unos años esta empresa se vio obligada a adquirir un predio en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas (inscrito en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del estado, bajo los números 45386, Legajo 908, Sección I, con fecha del 15 de diciembre de 1997), cuyo costo fue de 345 mil dólares.

Si bien esta inversión fue erogada por la ATRAPAT para mantenerse dentro de la normatividad que impone la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo cierto es que representó un enorme sacrificio para los socios y los empleados, ya que la compañía aún no puede resolver otro problema que repercute fuertemente en sus ganancias: la regularización de sus unidades, mismas que a pesar de ser de manufactura mexicana, fueron adquiridas en el vecino país del norte, debido a que los esquemas crediticios son más ligeros en la Unión Americana.

Aunado a este hecho, la ATRAPAT enfrenta actualmente una difícil situación financiera, debido, entre otras cosas, a que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pretende imponerle la inmediata construcción de una terminal de origen, cuyo costo aproximado sería de $1.500, 000. 00 (un millón quinientos mil pesos), más otra terminal de destino en la frontera por un valor de $2.000,000.00 (dos millones de pesos), así como la urgente adquisición de por lo menos dos autobuses mexicanos de segunda mano por cada compañía integrante de la ATRAPAT, lo cual implica una inversión de $1.700,000.00 (un millón setecientos mil pesos).

Ante esta situación, las compañías integrantes de la ATRAPAT no podrían recuperarse a corto plazo, pues la suma global de tales medidas asciende a $5.200,000.00 (cinco millones doscientos mil pesos), erogación que, a decir de los propios transportistas, requiere de un plazo mínimo de 5 años para poder ser cubierta, eso sin contar que todavía quedaría pendiente la construcción de una central para albergar a todas las compañías que conforman la ATRAPAT.

En este sentido, resulta incongruente que después de dos décadas en que la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT) no ha podido desplazar a la Asociación Transportista de Pasaje Transfronterizo (ATRAPAT) con calidad de servicio, ahora se pretenda eliminarla del mercado a través de presiones que pudieran estar auspiciadas por la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Por tanto, para contribuir al fomento empresarial en el país y la sana competencia comercial en el sector transportista, así como para garantizar la cobertura de las necesidades y demandas de transporte de los migrantes en la frontera norte, me permito presentar ante esta Soberanía el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Que se cite a comparecer, ante la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores, al ciudadano Pedro Cerisola Weber, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a fin de que informe acerca de las presuntas irregularidades y prácticas monopólicas en la prestación del servicio de autotransporte transfronterizo, así como de la denuncias y solicitudes presentadas por la Asociación Transportista de Pasaje Fronterizo, AC (ATRAPAT).

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los doce días del mes de marzo de 2003.— Senadora Yolanda Eugenia González Hernández.»

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Gracias, señora senadora.

Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA-IRAK

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Tiene la palabra el diputado Salvador Cosío Gaona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Turismo información sobre acciones que se tomarían ante un eventual conflicto bélico que afectaría al turismo de nuestro país.

El diputado Salvador Cosío Gaona:

Con la venia, Presidencia:

Es de todos conocido el que en un lapso breve, habría alguna determinación del vecino país del norte en relación con la decisión de enfrentar una acción bélica en contra de Irak.

Con la experiencia histórica de otras cuestiones similares, la más reciente en septiembre de 2001, es de prever que la actitud de muchos ciudadanos de dicha nación, que además alentados por su gobierno, habrá de ser el inhibirse sustancialmente y trasladarse a realizar turismo a otros países, especialmente a México que sería muy acertado, pues es patente que nuestro principal mercado turístico lo constituyen habitantes de dicho país vecino, quienes es natural, al contraer su situación turística al exterior, afectarán severamente la economía mexicana, principalmente aquellos destinos cuya vocación económica se basa fundamentalmente en los ingresos por el turismo en general.

Ante ello y sin que esto sea privativo de esta región, de mi natal Jalisco, los prestadores de servicios turísticos, tanto de hospedaje, gastronómicos, de transportación, entretenimiento y similares de Puerto Vallarta y de la gran región de Bahía de Banderas, Jalisco y Nayarit, me han solicitado expresar la gran preocupación que existe por este inminente hecho y los efectos negativos para México y además el tratar de obtener la información más urgente y oportuna posible, en relación con las estrategias y programas emergentes que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Turismo, tenga ya establecidos en la búsqueda de nuevos mercados turísticos de ciudadanos de países diversos, para palear las inclemencias que motivará, sin duda, el deterioro económico o el menoscabo del número de visitantes provenientes del vecino país del norte con motivo de la tensión que ya se presenta y de la inminencia de la posibilidad de una conflagración bélica de orden mundial.

No hace muchos días la Secretaria de Turismo, Leticia Navarro, anunció que ya contaban con planes emergentes para enfrentar situación que puede presentarse con motivo de la posible guerra, pero a la fecha se desconoce todo lo relativo a dicho programa y es porque, confiando en que existe y que contiene quizá, espero, elementos interesantes que puedan ser apoyo específico al respecto, es que se plantea solicitar dicha información y estar así en la posibilidad de coadyuvar participándole a los interesados para que puedan sumarse y cooperar con cualquier campaña en apoyo a México en materia turística.

Es por esto que someto a la consideración el punto de acuerdo, que consiste en que solicite a la Secretaría de Turismo la información relativa a los planes y programas emergentes para la promoción turística especial, a fin de enfrentar las consecuencias negativas que afectarían a los servicios turísticos por la merma en la recepción de visitantes del país del norte motivados por la tensión que provoca el posible conflicto y que esta información se entregue a los interesados, se canalice a la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados para que canalice y lleven a cabo cualquier consideración, y adicionalmente se cite a comparecer a los funcionarios de dicha Secretaría que resulte menester para tener un punto de vista y una consideración suficiente al respecto.

Solicito en obvio de tiempo, señor Presidente, que se inserte íntegro el texto de este punto de acuerdo y se turne a la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados.

Muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Turismo del Poder Ejecutivo Federal, informe sobre las acciones que se tomarán ante un posible conflicto bélico mundial que afectaría sensiblemente el flujo de turismo internacional hacia México, que presenta el diputado federal Salvador Cosío Gaona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Es de todos conocido el que en un lapso muy breve el gobierno del vecino país del norte, Estados Unidos de América, determinan la posibilidad de iniciar o no acciones bélicas en contra de Irak, por los supuestos motivos que son del dominio público y que no viene al caso mencionar. Con la experiencia histórica de otras conflagraciones internacionales, así como la más reciente, los ataques que sufrió dicho país vecino el 11 de septiembre del año 2001, es de prever la actitud de muchos ciudadanos de dicha nación, que además, alentados por su gobierno, se inhibirán sustancialmente para realizar traslados con motivo turístico a otros países, en este caso México sería de los más afectados, pues es patente, que nuestro principal mercado turístico es el que representan los habitantes del país vecino, quienes, al contraer su traslado turístico al exterior afectarán muy sensiblemente la economía mexicana, principalmente la de aquellos destinos cuya vocación económica está fundamentalmente ligada a los ingresos por los servicios turísticos en general.

Ante ello, y sin que esto sea privativo de esta región, de mi natal Jalisco, los prestadores de servicios turísticos, tanto de hospedaje, como gastronómicos, de transportación, entretenimiento y otro similares y conexos, de Puerto Vallarta y de la gran región de Bahía de Banderas en Jalisco y Nayarit, me han solicitado expresar la gran preocupación que existe por este inminente hecho, y los efectos negativos para México, además de tratar de obtener la información más urgente y oportuna posible, en relación con las estrategias y programas emergentes que el Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Turismo, tenga ya establecidos en la búsqueda de nuevos mercados turísticos, de ciudadanos de diversos países del orbe, para palear las inclemencias que motivará el deterioro económico por el menoscabo del número de turistas provenientes de nuestro vecino del norte con motivo de la tensa situación que ya se presenta y de la inminencia de la posibilidad de una conflagración bélica de orden mundial.

No hace muchos días, la Secretaria de Turismo, Leticia Navarro, anunció que ya contaban con planes emergentes para enfrentar la situación que puede presentarse con motivo de la posible guerra, pero a la fecha, se desconoce todo lo relativo a dicho programa, por lo que, confiando en que este existe y que contiene elementos interesantes, es que se plantea solicitar dicha información para así poder coadyuvar y participarle a los interesados, lo relativo, a fin que puedan sumarse y cooperar con ello.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración, el presente punto de acuerdo que consiste en que se solicite a la Secretaría de Turismo la información relativa a los planes y programas emergentes para la promoción turística especial, para enfrentar las consecuencias negativas que afectarían a los servicios turísticos por la merma en la recepción de los visitantes del vecino país del norte, motivados por la tensión que provoca el posible conflicto, y que, esta información, se entregue a los interesados y se canalice a la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, para el análisis y consideraciones correspondientes, al tenor de la siguiente propuesta con

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se solicita a la Secretaría de Turismo del Poder Ejecutivo informe sobre las acciones derivadas de planes y programas emergentes, que se tomarán ante un posible conflicto bélico mundial que afectaría sensiblemente el flujo de turismo internacional hacia México, y se entregue a los legisladores interesados y se remita además a la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, para el análisis y consideraciones correspondientes, y adicionalmente se cite a comparecer a los funcionarios federales que considere necesario.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de marzo de 2003.— Diputado Salvador Cosío Gaona.»

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Gracias, señor diputado.

Se turna a la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados y se instruye para que sea insertado íntegramente en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

 

ESTADO DE MEXICO

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Para presentar un punto de acuerdo sobre el uso de recursos públicos en el proceso electoral del estado de México, tiene la palabra el diputado Francisco Guadarrama López, del Partido Acción Nacional.

El diputado Francisco Guadarrama López:

Con el permiso de la Mesa Directiva; compañeras y compañeros diputados:

Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General y en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional en la LVIII Legislatura, sometemos a consideración el siguiente punto de acuerdo para solicitar a la entidad de fiscalización de la Federación, investigue y en su caso realice las auditorías necesarias por el posible desvió de recursos públicos por parte del Gobierno del estado a favor de las campañas electorales de Alianza para Todos, integrada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista, bajo las siguientes consideraciones.

En un Estado de Derecho y democracia, la ascensión al poder público se logra exclusivamente mediante la práctica democrática y el ejercicio pleno del sufragio universal. Para que esto sea así es indispensable contar con el Marco Jurídico electoral que garantice la certeza, independencia, profesionalismo, imparcialidad, transparencia, equidad y objetividad en los procesos electorales, pero además de las reglas jurídicas es condición indispensable que los actores que protagonizan la lucha política tengan y expresen la firme voluntad de hacer que la norma se traduzca en hechos, que el espíritu de la ley se materialice en voluntad política del cumplimiento; es decir, debemos aspirar a una democracia que no se quede en la teoría, en la mera escritura de la ley, sino que sea reflejo fiel en la práctica y que somos capaces de concretar.

La posibilidad de convivencia y competencia civilizada y de una institucionalidad estatal capaz de representar y procesar los intereses de la sociedad, la ofrece la fórmula de gobierno democrático.

Por ello, a todos nos corresponde defender la democracia, el de no traicionar su esencia; la democracia debe estar exenta de todos aquellos antiprincipios que la puedan contrariar, al grado que violente la voluntad ciudadana y la cual debe ser libremente expresada en las urnas.

La competencia entre partidos debe de llevarse a cabo con el firme basamento en la pluralidad, la tolerancia, la legalidad, la equidad y la transparencia.

Fiscalizar y transparentar los recursos empleados en los procesos ha sido una demanda política constante, en virtud de que la fiscalización trae como consecuencia el dar certeza a la ciudadanía de que la competencia electoral fue equitativa y que ningún partido participe con ventajas adicionales que le permitan ganar y menos que esas ventajas sean proporcionadas de manera ilegal por el propio aparato estatal que está por renovarse.

La libertad del sufragio tiene como componente básico la vigencia efectiva de las libertades políticas, la cual se traduce en que el voto no debe estar sujeto a presión, intimidación, compra o coacción alguna, es así que un aparato de gobierno y el poder de sus recursos públicos no deben emplearse a favor de un partido político o candidato alguno, ya que ello distorsiona la naturaleza del sufragio y de la competencia electoral y consecuentemente pervierte la democracia.

México ha vivido en estos años un proceso de transición a la democracia que se ha reflejado entre otros aspectos en un cambio importante a los procesos electorales a pesar de lo anterior, en algunos procesos electorales siguen añejas prácticas clientelares, así como el poco apego a las reglas éticas de competencia política entre partido.

De ello, da prueba el estado de México, ocasionando la imposibilidad de afirmar que el proceso de democratización del país ha llegado a feliz término. Por ejemplo, se tuvo conocimiento de que los empleados de la Comisión de Aguas del estado de México mejor conocida como CAEM, fueron materialmente obligados a defender el voto de los priístas en las casillas. Asimismo, tenían que tocar puertas para que la gente fuera a votar por sus candidatos.

En este sentido, se utilizaron empleados públicos para la promoción del voto a favor de un partido por parte del Gobierno estatal en plena violación a la Ley Electoral y al Código Penal del Estado.

Ahora bien, por acuerdo del 9 de enero de este año, el Consejo General del Instituto Electoral del estado de México acordó que cada uno de los siete partidos y la coalición que participara en la elección del 9 de marzo en el estado de México, podrán gastar hasta 366 millones 573 mil 380 pesos en sus campañas proselitistas.

En dicho acuerdo se estableció además que los candidatos a presidentes municipales que más podrán gastar en sus actividades proselitistas serán los de Ecatepec, pues el municipio cuenta con un padrón de un millón 32 mil 560 electores. El tope para los aspirantes a la alcaldía de este municipio sería de 22 millones 881 mil pesos.

Sin embargo, el PAN y el PRD en Ecatepec, denunciaron en rueda de prensa que los candidatos de la Alianza para Todos, gastaron tres veces más de lo que el Instituto Electoral del estado de México les había asignado originalmente, la pregunta aquí es: ¿De dónde obtuvieron esos recursos?

Asimismo, se denunciaron por diversos actores políticos que en los municipios de Valle de Chalco, Tultepec y Huixquilucan, el Gobierno del estado realizó obras públicas y entregó material para construcción a favor de los candidatos de Alianza para Todos.

En tal sentido, resultado indispensable desplegar una función fiscalizadora en el proceso efectuado en el estado de México, a fin de asumir nuestro papel de control y vigilancia de los recursos públicos federales otorgados a dicha entidad, mediante la investigación y comprobación en el uso y manejo de los recursos públicos y en su caso la imposición de las sanciones que correspondan, ya que el Gobierno del estado de México tiene a su cargo el manejo de fondos públicos para el ejercicio y cumplimiento de las funciones públicas que tiene encomendadas, pero no para emplearlas con fines distintos y menos aún para inclinar la balanza electoral y no para convertirse en el gran elector.

El propósito de nuestro punto de acuerdo tiene la firme intención de que al tratarse de recursos públicos, los principios de transparencia y control pueden estar garantizados de mejor manera, y para que la competencia electoral sea precisamente eso: una competencia abierta y libre, sin cortapisas, con posibilidades reales y equitativas de obtener el ejercicio del Gobierno y no que se trate de una contienda ritual, en donde la iniquidad ya prevé anticipadamente ganadores y perdedores.

En este sentido hemos de recordar el reconocimiento que hiciera el Presidente Ernesto Zedillo, de que el proceso electoral en el que resultó triunfador, pudo haber sido legal, pero no equitativo, por lo que la búsqueda de reglas o condiciones justas, claras, legales y equitativas en la contienda electoral.

Compañeras y compañeros diputados y senadores. Excepción del financiamiento público de ley, la donación de recursos públicos por parte de los gobiernos a los partidos políticos y a sus candidatos, no sólo se prohíbe sino se está considerando como un delito electoral, tipificado por las leyes penales.

Ante los procesos electorales por venir, es necesario que se garantice la seguridad con la que se desenvuelvan, no sólo respecto a lo que implica el procedimiento electoral sino también velar porque los recursos económicos otorgados por la desviación, no se desvíen a favor de determinada corriente política, descuidando así el desarrollo democrático del país.

Se trata nada más y nada menos de dar certeza a la sociedad de que los procedimientos para obtener el voto se apegan a la ley, y en segundo término fiscalizar también, tiene que ver con la responsabilidad de mostrar a la sociedad que los recursos públicos que se otorgan a los poderes públicos, en este caso, al Gobierno del estado de México, fueron o no utilizados en su propio beneficio y no para un fin electorero de partido o de grupo.

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo que dispone el artículo 58 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la de la Cámara, la siguiente

PROPOSICION

Primero. Que la Entidad Superior de la Federación con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, investigue y en su caso realice las auditorías que sean necesarias, respecto a recursos federales otorgados al Gobierno local del estado de México, ante el posible desvío de los mismos para hacer utilizados de manera ilícita, como financiamiento a favor de las campañas electorales de Alianza para Todos.

Segundo. Que en su momento la Entidad Superior de la Federación informe sobre los resultados de la investigación, así como el fincamiento de responsabilidades en que hubiere incurrido el Gobierno local del estado de México, encabezado por el licenciado Arturo Montiel Rojas, derivado del desvío de recursos federales a favor de las campañas electorales de Alianza para Todos, integrada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, y ponga en conocimiento del Ministerio Público las conductas que constituyeran delitos.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo:

Muchas gracias.

Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.

 

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo:

Para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre la playa de Miramar en Ciudad Madero, Tamaulipas, suscrita por los diputados Magdalena Núñez Monreal y Ramón León Morales del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tiene el uso de la tribuna el diputado Ramón León Morales.

El diputado Ramón León Morales:

Gracias, señor Presidente:

Con el fin de avanzar más rápido en esos trabajos, le voy a solicitar a la Presidencia que el documento en su forma completa sea publicado en las instancias que competan.

Los suscritos integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática proponemos el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO

Unico. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de Tamaulipas y al presidente municipal de Ciudad Madero, para que en el ámbito de sus atribuciones, suspendan la realización del proyecto turístico “Playa Miramar” hasta no establecer un diálogo con los habitantes, el cual permita que éstos sean incluidos y consultados para la toma de decisiones en torno a la aplicación de proyectos turísticos de esta envergadura.

Atentamente, firmamos el punto de acuerdo la diputada Magdalena Núñez Monreal y un servidor.

Muchas gracias, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, sobre la Playa Miramar en Ciudad Madero, Tamaulipas.

La diputada Magdalena Núñez y su servidor, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y con fundamento en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter ante esta Comisión Permanente una propuesta con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes antecedentes y consideraciones.

ANTECEDENTES

Se han acercado a nosotros habitantes de Ciudad Madero, Tamaulipas, para denunciar la arbitraria decisión por parte del Cabildo Municipal, de privatizar la Playa Miramar, dicha playa es un tesoro para todos los maderenses, quienes acuden ahí para disfrutar sus días de descanso. Y que una vez privatizándose, las visitas familiares serán objetos de altos cobros, tal es el caso de otras playas mexicanas, que ya se han privatizado, cobrando como bien sabemos en dólares.

Por otra parte que muchas de las familias maderenses, sobreviven del comercio con los turistas que visitan las playas, y que al ofrecer estos servicios promotores privados, dejarán sin empleo a muchos padres de familia.

A la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática le preocupa en sobremanera que una vez más se tomen decisiones a espaldas de la ciudadanía. Al parecer en los distintos niveles de gobierno, persiste una actitud insensible a las demandas de los habitantes del lugar, olvidando que se gobierna para ellos, y que las decisiones que se tomen deben de contar con el respaldo de los gobernados.

El Presidente municipal argumenta la creación de empleos, el desarrollo de un polo turístico, y entradas económicas por impuestos a las arcas municipales. No obstante, la población considera que al venderse a unos cuantos empresarios, estos serán los únicos dueños de la playa y por ende de las ganancias que esta genera, ahuyentando al turismo familiar y de clase media que los visita.

Además de que la zona que se propone para venta es la mejor que se puede encontrar en toda la playa, y con la privatización solo se dejarán 20 metros de la orilla de la playa y áreas de tercera categoría a los habitantes del lugar.

Por otra parte en la manifestación de impacto ambiental se reconoce que el agua y el suelo tendrán un impacto adverso significativo.

En el caso del primer elemento, se prevé sobre todo en la etapa de construcción, que se dará una interferencia del drenaje superficial, calidad y cantidad del recurso hídrico superficial y subterráneo y la alteración en la calidad del agua marina.

Una vez en servicio dicho proyecto turístico, el manejo de las aguas residuales pueden representar una grave fuente de contaminación marítima.

En el caso del suelo resultarán afectadas: las características topográficas, calidad del mismo, asentamientos y compactación; al llevar al cabo la revelación y relleno en la etapa de la preparación del sitio y la explotación de los bancos materiales y en la construcción de estacionamientos, almacenes, hoteles; finalmente en las actividades de playa una vez operado el proyecto turístico.

CONSIDERACIONES

I. Que la ciudadanía asegura que no ha sido consultada en la toma de dicha decisión;

II. Que la privatización de la Playa Miramar será para el usufructo de los grandes capitales;

III. Que no se puede permitir que se decida de forma arbitraria, lejana a la ciudadanía el destino de sus playas;

IV. Que el diálogo y consenso con la ciudadanía permitirá la creación de proyectos incluyentes y

V. Que puede ser muy grave el impacto ecológico provocado por la construcción y puesta en marcha de dicho proyecto, si no se toman en cuenta las medidas pertinentes.

Por lo anteriormente expuesto, los suscritos integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática proponemos el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobernador del estado de Tamaulipas y al presidente municipal de Ciudad Madero, para que en el ámbito de sus atribuciones, suspendan la realización del proyecto turístico Playa Miramar, hasta no establecer un diálogo con los habitantes, el cual permita que éstos sean incluidos y consultados para la toma de decisiones en torno a la aplicación de proyectos turísticos de esta envergadura.

Atentamente.

México, DF, a 12 de marzo de 2003.— Diputados: Magdalena Núñez Monreal y Ramón León Morales.»

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Gracias, señor diputado.

Publíquese íntegramente en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados.

 

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Reguladora de Energía, al Gobierno del estado de Baja California y al municipio de Tijuana que suspendan la construcción de una planta de gas natural en el citado municipio, en tanto no se demuestre que se ha cumplido con los requerimientos ambientales y de ordenamiento urbano solicitados para dicha obra, tiene la palabra la diputada Julieta Prieto Furhken, del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Julieta Prieto Furhken:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

En días pasados, diputados locales del honorable Congreso de Baja California y distintas organizaciones no gubernamentales, han manifestado su inconformidad respecto a la instalación de una planta receptora, gasificadora y almacenadora de gas natural de la empresa “Marathon Oil Gas Natural de Baja California” en la delegación de playas de Tijuana, por lo que el Partido Verde Ecologista de México ha querido presentar este punto de acuerdo, en virtud de que la construcción de la planta de gas natural antes mencionada resulta inadecuada por las siguientes razones:

Primero. La zona elegida para la construcción de dicha planta resulta inadecuada debido a que “La Joya”, el monumento de la delegación de playas de Tijuana, ha sido definida por el programa de Desarrollo Urbano del Centro de la Población de Tijuana y por el Programa de Desarrollo Regional del corredor costero de Tijuana-Rosarito-Ensenada como una zona residencial y turística de bajo impacto, estableciendo además su incompatibilidad con proyectos industriales de depósitos y almacenamientos de energía.

Segundo. Asimismo, la carta urbana y la matriz de compatibilidad de la delegación de playas de Tijuana del 2002 al 2025, establece claramente que no existe posibilidad para llevar a cabo las instalaciones de industria de riesgo, explosión, contaminación o extracción en esta zona.

Tercero. El proyecto de la “Marathon Oil Gas Natural de Baja California”, atenta contra la seguridad de las familias de la zona, ya que los peligros y riesgos de la planta se magnifican por los dos tanques de almacenamiento de gas natural que se encontrarían ubicados a kilómetro y medio de distancia de la población de playas de Tijuana, lo cual es considerado de alta densidad por contar con 250 mil habitantes.

Cuarto. Los riesgos sísmicos de la zona, representan un obstáculo más para la implantación de esta planta de gas natural.

Quinto. Consideramos que el proyecto de la empresa “Natural Oil Gas” contribuirá al deterioro de la calidad del aire en la región, porque contempla dos generadores de energía, los cuales no son objeto de análisis en la Comisión Reguladora de Energía si no están incluidas en el extracto del proyecto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 16 de octubre del 2002.

Asimismo, es necesario que la Comisión Reguladora de Energía, considere la posibilidad de rechazar el proyecto que no contempla plenamente todas las variables ambientales y de ordenamiento territorial.

En este caso específico, es fundamental constatar que el proyecto antes mencionado garantiza la seguridad e integridad de la población de playas de Tijuana.

Por todo lo anterior y con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Comisión Permanente lo siguiente:

Unico. Se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría de Energía y su Comisión Reguladora de Energía, al Gobierno del estado de Baja California y al municipio de Tijuana, informen a esta soberanía si la empresa “Marathon Oil Gas Natural de Baja California” ha cumplido con todos y cada uno de los requisitos ambientales y de ordenamiento territorial necesarios para la construcción y operación de la planta receptora, gasificadora y almacenadora de gas natural que se encuentra en construcción en la delegación de playas de Tijuana.

En el caso de que la empresa “Marathon Oil Gas Natural de Baja California” no hubiese cumplido con las especificaciones correspondientes, se exhorta a la autoridad antes señalada procedan conforme a las legislaciones y normas vigentes a sancionar o en su caso suspender la construcción de la planta mencionada.

Dado en el salón Legisladores de la República, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de los Estados Unidos Mexicanos a los 12 días del mes de marzo.

Pido que se turne a la Comisión de Energía y Medio Ambiente.

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Gracias, señora diputada.

Túrnese a la Comisión de Energía y Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

TECATE, BAJA CALIFORNIA

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Se informa a la Asamblea que la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Diputados declina su participación en el dictamen de la proposición con punto de acuerdo para integrar un grupo de trabajo que investigue el saqueo de arena en el municipio de Tecate, Baja California, presentada en sesión del 19 de febrero último por el diputado Ramón León Morales.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.

Diputado Eric Eber Villanueva Mukul, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.— Presente.

Por este conducto y en referencia al oficio número D.G.P.L. 58-II-4-1471, de fecha 19 de febrero de 2003, por el cual fue turnada a esta comisión la proposición con punto de acuerdo para integrar un grupo de trabajo para investigar el saqueo de arena en el municipio de Tecate, Baja California, suscrita por el diputado Ramón León Morales, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, me permito exponer lo siguiente:

Que de conformidad con el párrafo tercero del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones ordinarias tienen correspondencia en lo general con las otorgadas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Que los permisos para el aprovechamiento y comercialización de materiales pétreos (arena) corre a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Comisión Nacional de Agua.

Por lo anterior, le solicito de la manera más atenta, se modifique el turno de la proposición con punto de acuerdo, en virtud de que esta unidad parlamentaria no tiene la competencia necesaria para desahogar este asunto.

Sin más de momento, le agradezco de antemano la atención a la presente y le reitero la más distinguida de mis consideraciones.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 24 de febrero de 2003.— Diputado Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, Presidente.

 

Se modifica el trámite y se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

 

ISLAS CORONADO

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Para presentar un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Gobernación y Relaciones Exteriores el reclamo del Archipiélago del Norte, hoy conocido como Islas Coronado, que usufructúa el Gobierno de Estados Unidos de América, tiene la palabra el diputado Víctor Antonio García Dávila, del Partido del Trabajo.

El diputado Víctor Antonio García Dávila:

Con el permiso de la Presidencia.

En obvio del tiempo voy a tratar de ser lo más conciso.

Desde nuestros días en la escuela primaria hemos seguido la historia de nuestro país. Los actos heroicos de muchos valientes dieron la vida por la patria. Pero también hemos sido testigos del despojo que Estados Unidos nos dio el 2 de febrero de 1848, en donde nos fue arrebatada la mitad de nuestro territorio.

Ayer, al igual que hoy, un tratado injusto, ilegal y también apoyado por traidores a la patria hizo que miles de mexicanos cayeran en desgracia y se concesionaran 295 territorios comunales en la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo.

Ahí se nos fueron amplios estados como California, Nuevo México, Nevada, Utah, Arizona y parte de Colorado. También aprobó la anexión de Texas a cambio de 15 millones de dólares y los norteamericanos, según la historia, querían todo el país.

Debido a que los instrumentos de medición para definir las fronteras entre ambos países no fueron los adecuados y ante la premura por la guerra civil que envolvió a Estados Unidos, se cometieron varios errores, entre ellos la definición del Archipiélago del Norte, un conjunto de ocho islas que se encuentran al sur del estado de California y que, de acuerdo a la lista de las concesiones y a los mapas de la frontera de esa época, no se encuentran dentro del tratado.

Es decir, siguen perteneciendo a nuestro país legalmente y son usufructuadas por los norteamericanos desde entonces, sin que ningún presidente ni ningún congreso hasta ahora tenga la valentía de solicitar, vía tribunales internacionales, lo que es nuestro.

Hace unos años un puñado de mexicanos y líderes de movimientos chicanos, apoyados en los estudios que han hecho historiadores y analistas, como Jorge Vargas y Marco Antonio Millán, quien recorre a lo largo y ancho nuestra República mostrando las evidencias de que esas islas son mexicanas, plantaron la bandera de México en la Isla Catalina, una de las ocho conocidas como Islas Coronado.

Compañeras y compañeros legisladores: no se trata de iniciar hostilidades en un mundo hoy amenazado por guerra de quienes, al igual que lo hicieron con nosotros en ese tiempo, hoy tratan de seguir despojando a otros países.

Aquí lo que se trata es de iniciar los trabajos necesarios para tratar de recuperar lo que nos pertenece de manera legal.

En este punto de acuerdo también estamos anexando la lista de las 295 concesiones, de manera detallada y con los nombres originales de los territorios, el mapa antes del despojo y el texto completo del Tratado de Guadalupe Hidalgo, a manera de contribuir con las investigaciones que, si se apoya el presente, deberían de iniciar.

El Archipiélago del Norte o Islas Coronado se encuentra frente a Tijuana y San Diego y en la actualidad es un emporio turístico con casinos y playas y es usado también como base naval de Estados Unidos. Fue ocupado sigilosamente por los norteamericanos y desde entonces lo tienen en su poder.

Por las anteriores consideraciones y con fundamento en lo que disponen los artículos de la ley, exponemos este

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se exhorta a las juntas de Coordinación Política de las cámaras que integran el Poder Legislativo para que convoquen al titular del Poder Ejecutivo a iniciar en las cortes internacionales los juicios correspondientes para que, quienes se encuentran ocupando estos territorios, los devuelvan y se indemnice a la nación por el uso que desde 1848 le han venido dando.

Dado en el Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 12 de marzo de 2003.

Este punto de acuerdo, compañeros, nos dirá quiénes somos patriotas; podremos pasar a la historia. ¿Podremos hacerlo? Yo creo que podemos hacerlo.

Muchas gracias.

«Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:

Este punto de acuerdo que la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo viene a presentar ante esta tribuna, es de suma importancia para nuestro país, por lo cual pedimos el apoyo de quienes se dicen mexicanos y de quienes verdaderamente lo son.

Desde nuestros días en la escuela primaria, hemos seguido la historia de nuestra patria, los actos heroicos de muchos valientes compatriotas que dieron la vida por la patria, pero también con tristeza conocemos del despojo que el 2 de febrero de 1848 en donde nos fue arrebatada la mitad de nuestro territorio por que desde ese entonces ya querían ser los dueños del mundo, Estados Unidos de América.

Ayer, al igual que hoy, un tratado injusto, ilegal y también apoyado por traidores a la patria, hizo que miles de mexicanos cayeran en desgracia y se concesionaran 295 territorios comunales en la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, ahí se nos fueron amplios estados como California, Nuevo México, Nevada, Utah, Arizona y parte de Colorado, también aprobó la anexión de Texas a cambio de 15 millones de dólares y los norteamericanos... querían todo el país.

Debido a que los instrumentos de medición para definir las fronteras entre ambos países no fueron los adecuados y ante la premura por la guerra civil que envolvió a EUA se cometieron varios errores, entre ellos la definición del Archipiélago del Norte, un conjunto de ocho islas que se encuentran al sur del estado de California y que de acuerdo a la lista de concesiones y a los mapas de las fronteras de esa época, no se encuentra dentro del tratado, es decir, siguen perteneciendo a nuestro país legalmente y son usufructuadas por los norteamericanos desde entonces, sin que ningún Presidente ni ningún Congreso hasta ahora tenga la valentía de solicitar vía tribunales internacionales, lo que es nuestro.

Hace unos años, un puñado de mexicanos y líderes de movimientos chicanos, apoyados en los estudios que han hecho historiadores y analistas como Jorge A. Vargas y Marco Antonio Millán quien recorre a lo largo y ancho nuestra República mostrando las evidencias de que esas islas son mexicanas, plantaron la bandera de México en la Isla Catalina, una de las ocho conocidas como Islas Coronado.

Compañeras y compañeros legisladores: no se trata de iniciar hostilidades en un mundo hoy amenazado de guerra por quienes al igual que lo hicieron a nosotros, hoy tratan de seguir despojando a otros países, aquí lo que se trata es de iniciar los trabajos necesarios para tratar de recuperar lo que nos pertenece de manera legal.

Los legisladores somos sistemáticamente atacados por gente ignorante de las labores legislativas, se nos acusa de incompetentes, partidistas, holgazanes y muchas cosas más, pero de lo que nunca nos podrán acusar es de ser traidores a la patria porque, para ser diputado es necesario ser mexicano y ser mexicano significa algo más, ser patriota, por ello los estoy invitando a unirse a ese puñado de compatriotas que valientemente plantaron la bandera de México en las islas mexicanas, son en estas cuestiones cuando de verdad se sabe quien es patriota y quien es traidor, el reto es también para nuestros gobernantes.

En este punto de acuerdo, también estamos anexando la lista de las 295 concesiones de manera detallada y con los nombres originales de los territorios, el mapa antes del despojo y el texto del Tratado de Guadalupe Hidalgo a manera de contribuir con los investigadores que si se apoya el presente punto de acuerdo, deberían iniciar.

El Archipiélago del Norte o Islas Coronado se encuentra frente a Tijuana y San Diego y en la actualidad es un emporio turístico con casinos y playas y es usado también como base naval de EUA fue ocupado sigilosamente por los norteamericanos y desde entonces lo tienen en su poder:

Por las anteriores consideraciones y con fundamento en lo que dispone el artículo 73 de la Constitución Política y los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos me permito proponer el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se exhorta a las juntas de Coordinación Política de las cámaras que integran al Poder Legislativo para que convoquen al titular del Poder Ejecutivo a iniciar en las cortes internacionales, los juicios correspondientes para que quienes se encuentran ocupando estos territorios, los devuelvan y se indemnice a la nación por el uso que desde 1848 le han venido dando.

Palacio Legislativo, a 12 de marzo de 2003.— Diputado Víctor Antonio García Dávila

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública y de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.

 

DURACION DE SESIONES

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo:

En virtud de que se han cumplido las cuatro horas que corresponden a la presente sesión, según lo dispone el artículo 4o., del acuerdo parlamentario relativo a las sesiones de la Comisión Permanente, aprobado el 8 de enero, proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día, suplicándole me permita hacer un último...

El senador Raymundo Cárdenas Hernández (desde su curul):

¡Señor Presidente!

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Sí, señor senador.

El senador Raymundo Cárdenas Hernández (desde su curul):

¿Me permite el uso de la palabra para objetar su decisión?

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

¡Adelante!

El senador Raymundo Cárdenas Hernández:

Compañeras y compañeros legisladores:

El Reglamento del Congreso de la Unión señala que efectivamente cuando transcurren cuatro horas de sesión se preguntará a la Asamblea si continúa trabajando o no. No es una decisión que el Presidente pueda tomar, el de suspender la sesión. Tiene que consultar a la propia Asamblea.

Y quiero exhortar a los compañeros legisladores a que no suspendamos en este momento los trabajos, en virtud de que no hemos tratado un tema de la mayor importancia para esta Comisión Permanente y para el Congreso de la Unión.

El tema que ya estaba consensado para ocupar el primer lugar de la agenda política y que corresponde al hecho de que hoy, como todos sabemos, el Presidente fue intervenido quirúrgicamente. El mismo, previendo que iba a estar anestesiado por varias horas, delegó algunas de sus facultades en dos de sus colaboradores. Con esa decisión del Presidente, se violentó gravemente una de las facultades de esta Comisión Permanente, que tiene la obligación o hubiera tenido la obligación de recibir comunicación...

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Permítame, señor senador. Solicitó usted el uso de la palabra para cuestionar y está usted ya planteando un asunto.

El senador Raymundo Cárdenas Hernández:

Muy bien. Entonces termino mi intervención, señor Presidente.

Solicito que pregunte usted a los legisladores si continuamos la sesión para tratar este asunto o si no. Yo digo, compañeros, que no podemos abdicar de nuestras facultades; tenemos que tratar este tema.

Gracias.

El Presidente diputado Carlos Humberto Acevesy del Olmo:

Gracias, señor senador.

Antes de preguntar y dar gusto a la petición que usted hace, quiero decir que en el Acuerdo Parlamentario que se firmó a principios del mes de enero, en el artículo 21 dice:

“Son obligaciones del Presidente abrir y cerrar las sesiones a las horas señaladas por este Reglamento.”

Y el artículo 28 dice: “Son ordinarias de las sesiones, las que se celebren durante los días hábiles de los periodos constitucionales”. Serán públicas, comenzarán por regla general a las 12 horas y durarán hasta cuatro horas. Pero por disposición del Presidente de la Cámara o por iniciativa de algunos de los individuos de ella, aprobada en los términos de este Reglamento, podrán ser prorrogadas.

“Serán extraordinarias las que se celebren fuera de los periodos constitucionales o los días feriados dentro de ellos. Serán permanentes las que se celebren con este carácter, que de acuerdo expreso de los miembros de cada Cámara y a efecto de tener un asunto previamente determinado.”

Ese es el Reglamento. Sin embargo pregunto a la Asamblea, que emitan su voto los que estén de acuerdo en que continúe la sesión.

Los que estén en contra de que continúe la sesión, sírvanse manifestarlo...

Continúe la Secretaría.

Y quisiera decir muy brevemente que queremos reconocer a todas las comisiones, la Primera, la Segunda y la Tercera por no haber dejado rezago alguno en sus trabajos y que eso habla del valor que tuvo esta Comisión Permanente.

 

ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado José Tomás Lozano y Pardinas:

Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

«Comisión Permanente.— Primer Receso.— Tercer Año.— LVIII Legislatura.

Orden del día

Sábado 15 de marzo de 2003.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Informe sobre las actividades por la Comisión Permanente.

Designación de comisiones reglamentarias.

Declaratoria de terminación formal de los trabajos de la Comisión Permanente.»

 

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo (a las 15:33 horas):

Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día sábado 15 de marzo a las 10:00 horas.

 

 


RESUMEN DE TRABAJOS



• Tiempo de duración: 4 horas 6 minutos.
• Quórum a la apertura de sesión: 33 legisladores.
• Senadores que solicitan licencia: 2.
• Diputados que se reincorporan: 8.
• Comisiones reglamentarias y protocolarias: 1.
• Excitativas a comisiones: 2.
• Proposiciones con puntos de acuerdo: 6.
• Puntos de acuerdo aprobados: 1.
• Oradores en tribuna: 33
PRI-12; PAN-10; PRD-8; PVEM-1; PT-2.

Se recibió:

• 1 invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, con la que invita a la ceremonia cívica conmemorativa;
• 11 comunicaciones de los congresos de los estados de Baja California, Colima, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Yucatán y Zacatecas;
• 1 comunicación del Presidente del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
• 1 comunicación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
• 1 oficio de la Cámara de Senadores;
• 1 iniciativa del Congreso del estado de Puebla;
• 3 iniciativas del PRI;
• 1 iniciativa del PT
• Integración del grupo plural para entrevistarse con parlamentarios de Estados Unidos de América y de Canadá, con objeto de plantear iniciativas y acuerdos que aseguren el cumplimiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Dictámenes aprobados:
• 1 de la Primera Comisión con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Víctor Manuel Solano Montaño, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República Libanesa;

• 1 de la Primera Comisión con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Roberto Carlos Rodríguez Romero, para desempeñar el cargo de agente consular honorario de Estados Unidos de América, en Reynosa, Tamaulipas, con circunscripción consular en esa ciudad;

• 1 de la Primera Comisión con proyecto de decreto, que concede permiso a los ciudadanos Sergio Ernesto Jacobo Patiño y Laura Guadalupe Ramírez Domínguez, para aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el Gobierno del Reino de España;

• 1 de la Primera Comisión con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Gabriel Hernández Cuevas, para prestar servicios en el Consulado General de Estados Unidos de América, en Guadalajara, Jalisco;

• 8 de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo, por los que se ratifican grados militares a igual número de miembros del Ejército Mexicano;

• 1 de la Primera Comisión con puntos de acuerdo, en respuesta a proposición presentada en la sesión del 4 de febrero pasado, relacionado con la papelería oficial del Poder Ejecutivo Federal y lo dispuesto en la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales;

• 1 de la Primera Comisión con punto de acuerdo, en respuesta a proposición presentada en la sesión del 4 de febrero pasado, para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, proceda a la inmediata publicación del texto íntegro del decreto que reforma y adiciona el Código Financiero del Distrito Federal;
• 1 de la Primera Comisión con punto de acuerdo, en respuesta a proposición presentada en la sesión del 26 de febrero pasado, en relación con la expropiación de terrenos del ejido Nuevo Santiago, en Tomatlán, Jalisco, para la construcción de la presa Cajón de Peña;
• 1 de la Segunda Comisión con punto de acuerdo, en respuesta a proposición presentada en la sesión del 8 de enero pasado, para solicitar al Ejecutivo Federal la renegociación del Capítulo VII, sector agropecuario y medidas sanitarias y fitosanitarias, del Tratado del Libre Comercio de América del Norte;
• 1 de la Primera Comisión con punto de acuerdo, en respuesta a proposición presentada en la sesión del 19 de febrero pasado, para solicitar al titular del Poder Ejecutivo Federal, exhorte respetuosamente a los gobiernos de Texas y Oklahoma, para que acaten el fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia y adopten en consecuencias las medidas necesarias para respetar la vida de tres mexicanos condenados a la pena de muerte;
• 1 de la Primera Comisión con punto de acuerdo, en respuesta a proposición presentada en la sesión del 5 de marzo pasado, para que se designe un grupo plural que atienda e informe sobre la integridad física y el respeto de los derechos de los involucrados en denuncias contra la Asociación Civil denominada "Amigos de Fox";

• 1 de la Primera Comisión con punto de acuerdo, en respuesta a proposición presentada en la sesión del 5 de marzo pasado, para solicitar al Presidente de la República, ordene de inmediato la designación de un fiscal especial para la investigación del caso de la organización denominada "Amigos de Fox", Asociación Civil;

• 1 de la Primera Comisión con punto de acuerdo, en respuesta a proposición presentada en la sesión del 19 de febrero pasado, para solicitar una auditoría urgente de la aplicación de los recursos federales otorgados a los damnificados del huracán "Kenna", en el estado de Jalisco.

 

LEGISLADORES QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
( en orden alfabético )

• Alanís Quiñónes, Adrián (PRI) . . . . . . . . . . . . . . . . . Artículo 37 Constitucional: 65
• Borbón Vilches, Bernardo (PAN). . . . . . . . . . . . . . . . Escudo Nacional: 89, 91
• Cárdenas Hernández, Raymundo (PRD). . . . . . . Duración de Sesiones: 146
• Cárdenas Hernández, Raymundo (PRD). . . . . . . . Amigos de Fox: 115, 119
• Cosío Gaona, Salvador (PRI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: 57
• Cosío Gaona, Salvador (PRI). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Escudo Nacional: 90
• Cosío Gaona, Salvador (PRI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mariano de la Bárcena y Ramos: 124
• Cosío Gaona, Salvador (PRI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estados Unidos de América-Irak: 136
• García Dávila, Víctor Antonio (PT) . . . . . . . . . . . . . . Ley Federal de Radio y Televisión: 64
• García Dávila, Víctor Antonio (PT) . . . . . . . . . . . . . . Islas Coronado: 143
• García Torres, Antonio (PRI). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amigos de Fox: 120
• González Hernández, Yolanda Eugenia (PRI) . . . . . . Autotransporte Transfronterizo: 133
• González Hernández, Yolanda Eugenia (PRI). . . . . . Mujeres: 130, 132
• Guadarrama López, Francisco (PAN) . . . . . . . . . . . . Estado de México: 138
• Herrera Beltrán, Fidel (PRI). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Presidente de la República: 69
• Larios Córdova, Héctor (PAN). . . . . . . . . . . . . . . . . . Sector Agropecuario: 106
• Larios Córdova, Héctor (PAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . Mujeres: 128
• León Morales, (PRD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ley de la Propiedad Industrial: 126
• León Morales, Ramón (PRD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Escudo Nacional: 92
• León Morales, Ramón (PRD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Código Financiero del Distrito Federal:96
• León Morales, Ramón (PRD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sector Agropecuario : 106
• León Morales, Ramón (PRD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ciudad Madero, Tamaulipas: 140
• Morgan Alvarez, Rafael Gilberto (PAN). . . . . . . . . . . Mujeres: 131
• Paredes Lara, Orlando (PRI). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amigos de Fox: 114
• Prieto Fuhrken, Julieta (PVEM) . . . . . . . . . . . . . . . . . Tijuana, Baja California: 142
• Serrano Peña, Mónica Leticia (PAN). . . . . . . . . . . . . Mujeres: 131
• Solís Acero, Felipe (PRI). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amigos de Fox: 117
• Zapata Perogordo, José Alejandro (PAN). . . . . . . . . Amigos de Fox: 113
• Zermeño Infante, Jorge (PAN). . . . . . . . . . . . . . . . . . Amigos de Fox: 116, 119