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Presidencia
de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
ASISTENCIA
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el
resultado del cómputo de asistencia de los diputados.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
Se informa a la Presidencia que existen 284 diputados previamente.
Por lo tanto, hay quórum.
La Presidenta diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
(a las11:10 horas):
Se abre la sesión.
Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día.
ORDEN DEL DIA
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.— Tercer Año.—
LVIII Legislatura.
Orden del día
Martes 10 de septiembre de 2002.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
De los congresos de los estados de Guanajuato, Guerrero y Oaxaca.
De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
De la Cámara de Senadores.
De la Junta de Coordinación Política.
Del diputado Fernando Ortiz Arana.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Diecinueve, con los que se remiten los informes de labores de las
secretarías de: Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;
Desarrollo Social; Comunicaciones y Transportes; Contraloría y Desarrollo Administrativo;
Defensa Nacional; Economía; Gobernación; Hacienda y Crédito Público; Educación
Pública; Energía; Marina; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Procuraduría General de
la República; Reforma Agraria; Relaciones Exteriores; Salud; Seguridad Pública; Trabajo
y Previsión Social y de Turismo, correspondientes al periodo 2001-2002.
Dos, con los que se remiten copias de los oficios de la directora
general de Enlace Parlamentario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;
del coordinador de Asesores y Enlace con el Poder Legislativo de la Secretaría de
Turismo, en relación con puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente.
Dos, con los que se remiten copias de los oficios del secretario
técnico de Planeación, Comunicación y Enlace de la Secretaría de Economía; del
presidente de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas de la Secretaría de
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, en relación a puntos de acuerdo aprobados por
la Cámara de Diputados.
Con el que remite copia del oficio del jefe de la Unidad y Enlace
Institucional con el Congreso de la Unión, en relación al punto de acuerdo aprobado por
la Comisión Permanente, a la aplicación de medidas pertinentes para la información a
que tienen acceso los servidores públicos.
Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público
Para dar cumplimiento al artículo 23 fracciones I y III, de la Ley
de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002, remite información
relativa a la evolución de la recaudación, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal,
en los términos de la Ley General de Deuda Pública y el costo total de las emisiones de
deuda interna y externa correspondientes al mes de julio de 2002. (Turno a comisión.)
Minuta
Proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana María Isabel
Olalde Quintanar, para prestar servicios como secretaria en la consejería comercial de la
Embajada de la República de Austria en México. (Turno a comisión.)
Iniciativas de diputados
De reformas al artículo 2o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal, a
cargo del diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
De reformas a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, a cargo del
diputado Herbert Taylor Arthur, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
(Turno a comisión.)
De reformas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, a cargo de los diputados: Miguel Barbosa Huerta y Rafael Hernández
Estrada, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a
comisión.)
De reformas a diversas disposiciones de la Ley de Expropiación, a
cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a
comisión.)
De reformas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a
comisión.)
Que adiciona el artículo 3o. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de fortalecimiento de la educación pública
superior, a cargo del diputado Oscar Alfonso del Real Muñoz, del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
De reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y a la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Víctor Manuel Ochoa
Camposeco, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a
comisión.)
De reformas al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, a cargo
del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)
De reformas a diversos ordenamientos en materia de responsabilidades
de los servidores públicos, con relación al desahogo de comparecencias, a cargo del
diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional. (Turno a comisión.)
Que adiciona un texto a la fracción XX del artículo 27 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Tomás
Torres Mercado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno
a comisión.)
Que deroga el Título Cuarto Capítulo IV, de la Ley del Impuesto
Sobre la Renta, para otorgar a los ayuntamientos la facultad de gravar sobre los ingresos
por enajenación de bienes inmuebles, a cargo del diputado Ney González Sánchez, del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
De reformas a diversos artículos de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alfredo Hernández Raigosa, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
De reformas a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público
Federal y a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos, a cargo de la diputada Adela del Carmen Graniel Campos, del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Que reforma el artículo 26 de la Ley General de Bienes Nacionales,
a cargo de la diputada Bertha Alicia Simental García, del Partido de la Sociedad
Nacionalista. (Turno a comisión.)
Excitativas
A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a cargo
del diputado Rafael Hernández Estrada, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a cargo del diputado
Uuc-kib Espadas Ancona, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Turno a comisión.)
A la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, a cargo del
diputado Miguel Bortolini Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Turno a comisión.)
A las comisiones de Comunicaciones y de Transportes, a cargo del
diputado Jaime Martínez Veloz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Turno a comisión.)
A la Comisión de Justicia y
Derechos Humanos, a cargo del diputado Amador Rodríguez Lozano. (Turno a comisión.)
A las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Asuntos
Indígenas, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Posicionamiento de los grupos parlamentarios y partidos políticos
representados en la Cámara de Diputados, sobre el inicio del primer periodo de sesiones
ordinarias del tercer año de ejercicio de la LVIII Legislatura.
Proposiciones
Con punto de acuerdo sobre el estado físico en el que se encuentra
la supercarretera que va del estado de Puebla a la ciudad de Oaxaca, Cuacnolapan-Oaxaca, a
cargo del diputado Jaime Larrazábal Bretón, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que las resoluciones de la Cumbre de
Johannesburgo, Sudáfrica, que tienen qué ver con la visión de equidad y género, se
apliquen en México, a cargo de la diputada Heidi Storsberg Montes, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados interponga una
controversia constitucional contra el Ejecutivo Federal por el pago de los pasivos del
Fobaproa-IPAB, a cargo de la diputada Miroslava García Suárez, del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación al estado de Chiapas, a cargo del
grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en torno a la recuperación del sitio
arqueológico de Cantona, ubicado en la cuenca oriental del estado de Puebla, entre los
municipios de Tepeyehualco y Cuyoaco, a cargo del diputado Alberto Amador Leal, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre la integración del Instituto Federal de
Acceso a la Información Pública y a las responsabilidades que corresponden en la materia
a esta Cámara, a cargo del diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a las fiestas patrias en el
extranjero, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación al desastre agrícola del estado
de Oaxaca, a cargo de la diputada María Lilia Arcelia Mendoza Cruz, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre la paz en el Medio Oriente, a cargo de la
diputada María de los Angeles Sánchez Lira, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a los damnificados en el estado de
Zacatecas, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre la situación de los damnificados
mexicanos en el atentado del 11 de septiembre de 2001 en la ciudad de Nueva York, en
Estados Unidos de América, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional. (Turno a comisión.)
Con puntos de acuerdo sobre la resolución de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, en materia de pueblos indígenas, a cargo de los grupos
parlamentarios de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional. (Turno a
comisión.)
Con punto de acuerdo para que el Congreso de la Unión exhorte al
Ejecutivo Federal para que derogue el decreto del 7 de febrero de 2002, por el cual se
eliminan los subsidios y se incrementan las tarifas de energía eléctrica, a cargo del
diputado Alfredo Hernández Raigosa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Urgente resolución.)
Con punto de acuerdo en relación a la seguridad del recinto
parlamentario el día 1o. de septiembre de 2002. (Turno a comisión.)»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
En virtud de que ha sido publicado el orden del día y que las
adiciones solicitadas por los grupos parlamentarios y por el diputado Rodríguez Lozano en
tiempo y forma se han integrado, consulte la Secretaría si hay alguna observación sobre
el orden del día.
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la Asamblea si hay
observaciones al orden del día que se ha dado lectura.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Continúe la Secretaría.
ACTA DE LA
SESION ANTERIOR
El
Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión, celebrada el jueves cinco de septiembre de dos mil dos, correspondiente al Primer
Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Octava
Legislatura.
Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
En el Palacio Legislativo en San Lázaro de la capital de los
Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con
la asistencia de cuatrocientos veintidós diputados, a las doce horas con cuarenta y
cuatro minutos del jueves cinco de septiembre de dos mil dos, la Presidenta declara
abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día.
Presidencia de la diputada
María Elena Alvarez Bernal
La Asamblea aprueba el acta de la sesión preparatoria en votación
económica.
Comunicación del diputado Auldárico Hernández Gerónimo, por la
que solicita licencia para separarse por tiempo indefinido del cargo de diputado federal,
electo en la tercera circunscripción plurinominal. La Asamblea aprueba en votación
económica los puntos de acuerdo respectivos.
La Presidenta informa que a las puertas del salón de sesiones se
encuentra el ciudadano Lázaro Méndez López, electo como diputado federal suplente en la
tercera circunscripción plurinominal y acompañado de una comisión designada, rinde la
protesta de ley y entra en funciones de inmediato.
Comunicación del Congreso del estado de Guanajuato, con acuerdo por
el que apoya el compromiso social por la calidad de la educación y formula un exhorto a
la Cámara de Diputados para que considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal de Dos Mil Tres, un incremento sustancial al ramo educativo. Se
turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Oficio de la Comisión Permanente, con el que remite el inventario y
los expedientes correspondientes a oficios, comunicaciones y demás asuntos recibidos
durante el segundo receso del segundo año de ejercicio de la Quin- cuagésima Octava
Legislatura, para la atención y conocimiento de las comisiones de la Cámara de
Diputados. De enterado.
Oficio de la Comisión Permanente por el que remite comunicación
del diputado Martí Batres Guadarrama, coordinador del grupo parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática, con la que informa de la incorporación del diputado Jaime
Cleofas Martínez Veloz a ese grupo parlamentario. De enterado.
Comunicación del diputado Fernando Martínez Cue, con la que
solicita ser considerado como diputado sin partido. De enterado.
Comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, con acuerdos
en relación con:
El establecimiento de las bases para el desarrollo de las
comparecencias de funcionarios del Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados, para el
análisis del Segundo Informe de Gobierno del Presidente de la República, administración
dos mil-dos mil seis.
Se concede la palabra al diputado José Antonio Calderón Cardoso,
del Partido Alianza Social, quien propone modificaciones al resolutivo segundo del acuerdo
de referencia.
Desde su curul, el diputado Martí Batres Guadarrama, a nombre de la
Junta de Coordinación Política, hace aclaraciones sobre el contenido del acuerdo.
La Asamblea aprueba el acuerdo, en sus términos, en votación
económica.
La creación de una comisión especial que observe el proceso
electoral en el estado de Guerrero. Se aprueba en votación económica.
La Presidenta informa de la presencia en el recinto de una
delegación de diputados del Soberano Congreso Nacional de la República de Honduras y les
da una cordial bienve- nida.
La integración de un grupo de trabajo para analizar y dar
seguimiento a lo relacionado con el voto de mexicanos en el extranjero. Se aprueba en
votación económica.
La proposición con punto de acuerdo para que se integre una
comisión especial plural que realice las consultas a los pueblos indígenas sobre la
reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas. De enterado.
La proposición con punto de acuerdo del diputado José Antonio
Magallanes Rodríguez, en relación con el Instituto para la Protección al Ahorro
Bancario. Se aprueba en votación económica.
La proposición con punto de acuerdo para exhortar a los congresos
locales para que conformen una comisión ordinaria de ciencia y tecnología. Se aprueba en
votación económica.
La creación de un grupo de trabajo encargado de analizar el tema
del envío de remesas de connacionales. Se aprueba en votación económica.
La realización del parlamento de niñas y niños de México. De
enterado.
La proposición con punto de acuerdo turnada por la Comisión
Permanente el cinco de junio de dos mil dos, relativa a las obligaciones del Poder
Legislativo derivadas de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental. De enterado.
Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
Cambios en la integración de las comisiones de Marina, Especial
para la Reforma de Estado, Desarrollo Social y Ciencia y Tecnología. De enterado.
A las trece horas con cincuenta y seis minutos la Presidenta declara
un receso.
A las dieciséis horas con dieciocho minutos la Presidenta reanuda
la sesión y la Secretaría informa del registro de cuatrocientos cuarenta y siete
diputados y ordena el cierre del sistema electrónico de asistencia y votación.
Dos oficios de la Cámara de Senadores por los que comunica:
La elección de Mesa Directiva que conducirá los trabajos
correspondientes al tercer año de ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura. De
enterado.
El inicio de transmisiones en vivo de las sesiones del Senado de la
República, a través de su sitio electrónico. De enterado.
Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite el
informe de avance de gestión financiera, correspondiente al ejercicio de dos mil dos, de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se turna a las comisiones de Vigilancia de
la Auditoría Superior de la Federación y a la de Presupuesto y Cuenta Pública.
Oficio de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, con el
que remite el informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera
directa en México, enero-junio de dos mil dos. Se turna a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público.
La Presidenta informa que se procederá a la elección de Mesa
Directiva para el tercer año de ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura,
instruye a la Secretaría dar lectura al artículo diecisiete de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos e informa que la Junta de Coordinación
Política ha remitido la propuesta correspondiente y un acuerdo político en relación con
la Presidencia de la Mesa Directiva.
La Presidenta informa de la recepción de una solicitud de los
grupos parlamentarios para que la elección de Mesa Directiva sea por medio del sistema
electrónico de votación e instruye a la Secretaría dar lectura al numeral tres del
artículo diecisiete de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos. La Asamblea aprueba la solicitud en votación económica.
La Presidenta da lectura a la propuesta de los grupos parlamentarios
para la elección de Mesa Directiva para el tercer año de ejercicio de la Quincuagésima
Octava Legislatura.
Se procede a la elección correspondiente y por mayoría calificada
de trescientos noventa y ocho votos en pro, tres en contra y dos abstenciones, resultan
electos los diputados: Beatriz Elena Paredes Rangel, como presidenta; Eric Eber Villanueva
Mukul, como primer vicepresidente; María Elena Alvarez Bernal, como segundo
vicepresidente; Jaime Vázquez Castillo, como tercer vicepresidente; Adela Cerezo
Bautista, como primer secretario; Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, como segundo secretario
y Adrián Rivera Pérez, como tercer secretario.
La Presidenta hace la declaratoria respectiva e invita a los
diputados electos pasar a ocupar un lugar en el presidium.
Presidencia de la diputada
María Elena Alvarez Bernal
La Presidenta toma la protesta de la diputada Beatriz Elena Paredes
Rangel como Presidenta de la Cámara de Diputados para el tercer año de ejercicio de la
Quincuagésima Octava Legislatura.
Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
La Presidenta toma la protesta de los diputados electos como
vicepresidentes y secretarios de la Mesa Directiva.
Por indicaciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a un
acuerdo político de la Junta de Coordinación Política relativo a la Presidencia de la
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el tercer año de ejercicio de la
Quincuagésima Octava Legislatura.
Hablan en contra del acuerdo político los diputados: Arturo Escobar
y Vega, del Partido Verde Ecologista de México y Jaime Cervantes Rivera, del Partido del
Trabajo.
Para rectificar hechos, la Presidenta concede el uso de la palabra a
los diputados: José Antonio Calderón Cardoso, del Partido Alianza Social; José Manuel
del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional y Gustavo
Riojas Santana, del Partido de la Sociedad Nacionalista.
Desde su curul, el diputado Bernardo de la Garza Herrera solicita
que la votación del acuerdo político sea por medio del sistema electrónico.
También, desde su curul, el diputado Roberto Zavala Echavarría
hace observaciones sobre el acuerdo político, solicita que no sea votado y que su
solicitud sea sometida a la consideración del pleno. La Presidenta hace aclaraciones
sobre los acuerdos de la Junta de Coordinación Política e informa sobre el procedimiento
para desahogar las solicitudes hechas.
En sendas votaciones económicas, la Asamblea aprueba que el acuerdo
político sea votado, desecha la propuesta para que la votación sea por medio del sistema
electrónico y aprueba el contenido del acuerdo.
Desde su curul, el diputado Gustavo Riojas Santana solicita se
registre en el Diario de los Debates que el voto de los
diputados del Partido de la Sociedad Nacionalista es en contra del acuerdo. La Presidenta
atiende la solicitud.
Minuta de la Cámara de Senadores, con proyecto de decreto por el
que adiciona un artículo diecisiete-bis a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente; se reforman el artículo veintisiete de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el artículo veintiocho de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se turna a la Comisión de Medio
Ambiente y Recursos Naturales.
Minuta de la Cámara de Senadores, con proyecto de decreto por el
que expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Se turna a la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden
del día de la próxima sesión y la Presidencia clausura la de hoy a las diecisiete horas
con treinta y cinco minutos, citando para la que tendrá lugar el martes diez de
septiembre de dos mil dos, a las diez horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la
palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Proceda la Secretaría a dar lectura a las comunicaciones.
SECTOR AGROPECUARIO
El
Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Honorable
Congreso de estado de Guanajuato.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión.— Presentes.
Para los efectos conducentes, anexo me permito remitir a ustedes las
consideraciones del dictamen y el acuerdo aprobado por la LVIII Legislatura Constitucional
del Estado, en sesión de diputación Permanente, celebrada en esta fecha, a efecto de
exhortar a diversas autoridades para que en el ámbito de su competencia negocien
prórrogas a la entrada en vigor de las cláusulas del Tratado de Libre Comercio en su
capítulo agropecuario y para que se analicen nuevos mecanismos de apoyo en los
presupuestos de egresos de la Federación a los productores agropecuarios.
Aprovecho la ocasión para reiterarles las seguridades de mi
consideración distinguida.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guanajuato, Guanajuato, 26 de agosto de 2002.— El presidente de
la diputación Permanente del Congreso del Estado.— Diputado Mario Ernesto Dávila Aranda.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Honorable
Congreso de estado de Guanajuato.
ACUERDO
La diputación Permanente de la LVIII Legislatura Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Guanajuato, acuerda:
Artículo primero. El
Congreso del estado de Guanajuato exhorta a la Cámara de Senadores del Congreso de la
Unión y a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y a la de Economía para que,
en ámbito de sus respectivas competencias, se negocien prórrogas a la entrada en vigor
de las cláusulas del Tratado de Libre Comercio en su capítulo agropecuario.
Artículo segundo. El
Congreso del estado de Guanajuato exhorta a la Cámara de Senadores del Congreso de la
Unión y a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y a la de Economía para que
se analicen nuevos mecanismos de apoyo en los presupuestos de egresos de la Federación,
que mejoren la competitividad de los productores agropecuarios mexicanos y se implementen
políticas financieras para la modernización del sector agropecuario nacional, necesarios
para contrarrestar los efectos negativos de la desgravación arancelaria en la
importación de granos básicos, productos cárnicos y leche.
Artículo tercero.
Remítase a las cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión, a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Economía y a la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para los
efectos conducentes.
Artículo cuarto. Remítase
a las legislaturas de los estados, con la atenta solicitud de que se pronuncien sobre el
particular.
Guanajuato, Guanajuato, 26 de agosto del año 2002.— Diputado: Mario Ernesto Dávila Aranda, presidente; Federico Jaime Gómez, secretario.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Honorable
Congreso del estado de Guanajuato.
Ciudadano Presidente de la Diputación Permanente.— Presente.
La Comisión de Fomento Agropecuario, ante la situación crítica
por la que atraviesan los productores nacionales agrícolas y pecuarios, como consecuencia
de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, enviamos
atento exhorto al Congreso de la Unión para que en el marco de sus atribuciones faculte
al Ejecutivo Federal para que implemente las medidas necesarias a efecto de dar
estabilidad a la producción nacional.
Con fundamento en el artículo 133 fracción II, en relación con el
artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, quienes integramos la Comisión
de Fomento Agropecuario, nos permitimos presentar un punto de acuerdo, en base a la
siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
Durante ochos años de vigencia del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte suscrito por los países de Estados Unidos de América, Canadá y
México, ha tenido diversos impactos en la economía nacional y particularmente en el
sector agropecuario, que se ha visto seriamente lesionado.
Por virtud del tratado, cada vez mayores volúmenes de productos de
los dos países vecinos se introducen a nuestro mercado, a precios con los que es
imposible competir. Por un lado, por la alta tecnificación de la producción,
particularmente en Estados Unidos de América y por otra parte, las políticas de apoyo
que se otorgan a los productores extranjeros en sus países, les permiten obtener sus
productos a precios considerablemente menores que los mexicanos, aun incorporándoles el
costo de flete, dado que por los efectos del comentado Tratado de Libre Comercio, las
barreras arancelarias son cada vez menores.
Las asimetrías entre nuestros países fueron uno de los principales
puntos de discusión que se dieron en las negociaciones del acuerdo comercial. Entre esas
desigualdades, se tiene que Estados Unidos de América entonces disponía de 1.5 tractores
por cada trabajador agrícola y en México había dos tractores por cada 100 hombres. A
pesar de estas diferencias entre los dos países y las de subsidios y desarrollo
tecnológico en el campo, México optó por una apertura radical, al comprometer todo el
sector en este proceso.
La liberalización ha impactado
de manera distinta a las dos naciones, ya que hay menores costos y mayores ventajas para
Estados Unidos y grandes pérdidas para el agro mexicano. Esto es así porque para aquel
país la apertura comercial sólo afecta a un sector pequeño y localizado de productores
que en forma estacional compite con agricultores mexicanos dedicados a la producción
hortifrutícola, mientras que para México el impacto en los granos, cuya producción
abarca el 70% de la superficie total, ha sido devastador.
Maíz, frijol y leche fueron catalogados como productos sensibles,
por lo que se fijó un plazo de 15 años para su desgravación;
sin embargo, en los dos primeros casos las importaciones han rebasado los cupos
establecidos, fuera de esos casos, a partir del próximo año la libre importación
impondrá condiciones críticas a los productores mexicanos.
Lo mismo cabe decir respecto a los productores de carne. Durante los
últimos años se ha presentado un incremento acelerado de las importaciones de carne de
bovino provenientes de Estados Unidos de América. A partir de 1995 las importaciones de
esa carne han presentado un alto incremento, situación que lleva a los productores
nacionales a la presunción de que ese producto entra en condiciones de dumping.
Las consecuencias para México del Tratado de Libre Comercio en el
agro no son favorables y lo que ha hecho es profundizar las tendencias negativas, por lo
que los diputados que integramos la Comisión de Fomento Agropecuario proponemos que, con
independencia de que el Tratado Internacional está vigente, llamemos la atención a las
dos cámaras del Congreso de la Unión, para que se propongan mecanismos de apoyo que
faculten a los agricultores y ganaderos mexicanos a encontrar formas de producción y
comercialización que les permitan sortear con éxito una situación de mercado, que
planteada como está es auténticamente desfavorable para los nuestros.
No desconocemos pues la jerarquía jurídica de un tratado
internacional que ha sido suscrito por México, con la ratificación del Senado de la
República, sin embargo, es necesario reconocer que esos efectos jurídicos, que ponen sus
disposiciones al nivel de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, han
pasado por alto la consideración de que el tratado pone a competir en un plano de
igualdad a productores completamente diferentes. La igualdad jurídica no se ha podido
traducir en una igualdad de producción y comercialización, que permita competir de
manera leal con los productos del extranjero.
Es por ello que los diputados integrantes de la Comisión de Fomento
Agropecuario proponemos al pleno del Congreso del Estado, exhortar a las autoridades
competentes para que en el ámbito de sus respectivas competencias se negocien prórrogas
para la entrada en vigor de las cláusulas y se implementen estrategias encaminadas a que
contrarresten los efectos negativos de la desgravación arancelaria en la importación de
granos básicos, productos cárnicos y leche.
Quienes integramos la Comisión de Fomento Agropecuario, dada la
urgencia, solicitamos que la presente proposición sea considerada de obvia resolución en
los términos del artículo 142 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Por lo anteriormente expuesto, los diputados que integramos la
Comisión de Fomento Agropecuario, ponemos a consideración de la Asamblea, el siguiente
ACUERDO
Unico. El Congreso del
estado de Guanajuato exhorta a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y a las
secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía para que, en ámbito de sus
respectivas competencias, se negocien prórrogas a la entrada en vigor de las cláusulas
del Tratado de Libre Comercio en su capítulo agropecuario. De la misma forma, a la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que se analicen nuevos mecanismos de
apoyo en los presupuestos de egresos de la Federación, que mejoren la competitividad de
los productores agropecuarios mexicanos y se implementen políticas financieras para la
modernización del sector agropecuario nacional, necesarios para contrarrestar los efectos
negativos de la desgravación arancelaria en la importación de granos básicos, productos
cárnicos y leche.
Remítase a las cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la
Unión, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Economía y
a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para
los efectos conducentes. Asimismo, remítase a las legislaturas de los estados, con la
atenta solicitud de que se pronuncien sobre el particular.
Guanajuato, Guanajuato, a 6 de agosto de 2002.— Los diputados
integrantes de la Comisión de Fomento Agropecuario: Mario
Ernesto Dávila Aranda, Jesús Cobián Correa, J. Miguel Luna Hernández, Carlos Vidal
Rojas Yerena y Lorenzo Chávez Zavala.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Túrnese a la Comisión de Agricultura
y Ganadería.
BEBIDAS
DE FRUTAS
El
Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Honorable
Congreso del estado de Guanajuato.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión.— Presentes.
Para los efectos correspondientes, anexo me permito remitir a
ustedes las consideraciones del dictamen y el acuerdo aprobado por la LVIII Legislatura
Constitucional del Estado, en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, mediante el cual
se adhiere al acuerdo aprobado por la Legislatura del estado de Nuevo León, a efecto de
solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, la elaboración de anteproyecto de norma oficial mexicana de calidad para
comercializar la naranja y de norma oficial mexicana sobre la cantidad mínima de fruta
que deberán contener las bebidas envasadas que se ostenten como jugos o bebidas de
frutas.
Aprovecho la ocasión para reiterarles las seguridades de mi
consideración distinguida.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección
Guanajuato, Guanajuato, a 10 de agosto de 2002.— El presidente
del Congreso del Estado, diputado Juan Antonio de
León Torres.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Honorable
Congreso del estado de Guanajuato.
ACUERDO
La LVIII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Guanajuato, acuerda:
Primero. El Congreso del
estado de Guanajuato se solidariza y se adhiere al acuerdo aprobado por el Congreso del
estado de Nuevo León, a efecto de solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), la elaboración de anteproyecto de la
norma oficial mexicana de calidad para comercializar la naranja y la norma oficial
mexicana sobre la cantidad mínima de fruta que deberán contener las bebidas envasadas
que se ostenten como jugos o bebidas de frutas.
Segundo. Comuníquese a
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, el
acuerdo aprobado, así como al honorable Congreso de la Unión y a las legislaturas
locales para los efectos correspondientes.
Guanajuato, Guanajuato, a 10 de agosto de 2002.— Diputados: Juan Antonio de León Torres, presidente; Ana Faviola Rionda Ornelas y Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, secretarias.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Honorable
Congreso del estado de Guanajuato.
Ciudadano Presidente del Congreso del Estado.— Presente.
A la Comisión de Fomento Agropecuario le fue turnado para su
estudio y dictamen, el escrito firmado por los diputados secretarios del honorable
Congreso del estado de Nuevo León, al cual anexa copia del acuerdo tomado por la LXIX
Legislatura de ese Estado, relativo a solicitar a la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), la elaboración de
anteproyecto de la Norma Oficial Mexicana de calidad para comercializar la naranja y la
Norma Oficial Mexicana sobre la cantidad mínima de fruta que deberán contener las
bebidas envasadas que se ostenten como jugos o bebidas de frutas.
Analizado el escrito de referencia y con fundamento en los
artículos 137 y 138 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los integrantes de la
Comisión de Fomento Agropecuario nos permitimos presentar a la consideración del pleno
el siguiente:
DICTAMEN
Es incuestionable que al campo mexicano aquejan innumerables
problemas, como la comercialización, organización, producción, desventajas
competitivas, entre otros. La citricultura y en general el sector frutícola viven todos
los años problemas ante la falta de una norma oficial mexicana de calidad de la naranja y
otras frutas, debido a que en los inicios de temporada, cuando la fruta aún está verde y
fuera de las especificaciones deseables para el consumo, algunos comerciantes comienzan a
comercializar fruta de mala calidad o bien, en épocas de sobreproducción y cuando el
precio internacional del jugo anda bajo, el mercado nacional se satura de fruta de mala
calidad, ocasionando en ambos casos una imagen negativa de los productos mexicanos ante el
mercado nacional e internacional.
Asimismo, al
considerarse que un porcentaje significativo de la producción de naranja y otras frutas
se destina al jugo concentrado o al jugo fresco pasteurizado y para dar mayor protección
a los consumidores, es necesaria la creación de una norma oficial mexicana que obligue a
los productores que en todas las bebidas envasadas que no lleven un porcentaje mínimo de
jugo concentrado o natural se utilice la leyenda de “jugo artificial”.
Es por ello que la Comisión de Fomento Agropecuario considera
oportuna la adhesión al acuerdo emitido por el Congreso del estado de Nuevo León, toda
vez que con la creación de la norma oficial mexicana de calidad para comercializar la
naranja y la norma oficial mexicana sobre la cantidad mínima de fruta que deberán
contener las bebidas envasadas que se ostenten como jugos o bebidas de frutas, se
procurará garantizar el desarrollo productivo, comercialización y consumo de productos
cítricos y frutícolas en general, en un marco de sustentabilidad para el campo mexicano.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Fomento Agropecuario,
pone a consideración de la Asamblea la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. El Congreso del
estado de Guanajuato se solidariza y se adhiere al acuerdo aprobado por el Congreso del
estado de Nuevo León, a efecto de solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), la elaboración de anteproyecto de la
norma oficial mexicana de calidad para comercializar la naranja y la norma oficial
mexicana sobre la cantidad mínima de fruta que deberán contener las bebidas envasadas
que se ostenten como jugos o bebidas de frutas.
Segundo. Comuníquese a
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(Sagarpa) el acuerdo aprobado, así como al honorable Congreso de la Unión y a las
legislaturas locales para los efectos correspondientes.
Guanajuato, Guanajuato, a 2 de agosto de 2002.— La Comisión de
Fomento Agropecuario.— Diputados: Mario
Ernesto Dávila Aranda, Lorenzo Chávez Zavala, Jesús Cobián Correa, Carlos Vidal Rojas
Yerena y J. Miguel Luna Hernández.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Túrnese a la Comisión de
Comercio y Fomento Industrial.
ESTADO DE GUERRERO
El
Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
«Escudo.— Congreso del estado de Guerrero.— LVI
Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión.— Presentes.
El pleno de la LVI Legislatura al Congreso del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, tuvo a bien aprobar un acuerdo parlamentario por medio del cual
manifiesta su solidaridad y apoyo a los familiares de los 33 guerrerenses fallecidos el
pasado 6 de agosto del año en curso y se pronuncia por el esclarecimiento de los hechos
que consternaron al estado de Guerrero.
Sin otro particular, les envío un cordial saludo y mi
consideración distinguida.
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a 14 de agosto de 2002.
Atentamente.
El presidente de la Comisión Permanente del Congreso del
Estado.— Diputado Roberto Torres Aguirre.»
«Escudo.— Congreso del estado de Guerrero.— LVI
Legislatura.
La Comisión Permanente de la LVI Legislatura al honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en nombre del pueblo que representa y
CONSIDERANDO
Primero. Que en la madrugada del pasado martes 6 de agosto del año
en curso, en la carretera a Zinapécuaro, Michoacán, 33 feligreses indígenas del estado
de Guerrero perdieron la vida en un accidente automovilístico cuando se trasladaban a un
congreso a celebrarse en el estado de Jalisco, tragedia que causó una gran consternación
en el pueblo de México y en particular en los guerrerenses.
Segundo. Que el titular del Poder Ejecutivo del Estado,
oportunamente expresó su apoyo a los deudos, manifestando que se investigará a
profundidad para deslindar las responsabilidades del caso y se procederá jurídicamente
en contra de quienes resulten responsables, destacando que se investiga la situación
jurídica y operativa de la Empresa Autobuses Costa Grande, S.A. de C.V.
Tercero. Que ante los hechos tan lamentables, se hace necesario que
los gobiernos Federal y estatal, a través de las instancias competentes, realicen una
revisión minuciosa de las unidades de las diferentes empresas que prestan servicios de
autotransporte turístico, a efecto de verificar las medidas de seguridad y de
operatividad, para proteger la vida y la integridad física de los usuarios de las mismas
y evitar que puedan ocuurrir en el futuro accidentes
similares.
Cuarto. Que este Congreso, a través de su Comisión Permanente,
manifiesta su solidaridad a los familiares de los 33 feligreses fallecidos y asimismo,
considera conveniente solicitar a las autoridades federales y estatales competentes, que
mediante la integración de la averiguación previa, deslindar las responsabilidades
correspondientes al caso, así como exigir la reparación del daño por la vía civil,
para resarcir a los deudos.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 47 fracción I de la Constitución Política local y 127 párrafos primero
y cuarto de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, la Comisión Permanente de la
LVI Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en nombre
del pueblo que representa, tiene a bien expedir el siguiente
ACUERDO PARLAMENTARIO
Primero. La LVI
Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, manifiesta su
solidaridad y apoyo a los familiares de los 33 guerrerenses fallecidos el pasado 6 de
agosto del año en curso y se pronuncia, por el esclarecimiento de los hechos que
consternaron al estado de Guerrero.
Segundo. Esta
representación popular solicita a las autoridades federales y locales competentes,
deslindar las responsabilidades del caso y ejercitar acción penal en contra de quien
resulte. Asimismo, se exija la reparación del daño por la vía civil, para resarcir a
los deudos de los fallecidos.
Tercero. Comuníquese el
presente acuerdo al titular del Poder Ejecutivo Federal, al Titular del Poder Ejecutivo
del Estado y al honorable Congreso de la Unión, para los efectos legales procedentes.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente
acuerdo entrará en vigor al momento de su expedición.
Poder Legislativo, a 13 de agosto de 2002.— Diputados: Roberto Torres Aguirre, presidente, Severiano P. Jiménez Romero y Rosaura Rodríguez Carrillo, secretarios.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos
Humanos.
MARGINACION
El
Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno
Constitucional del estado de Oaxaca.— Poder Legislativo.
Ciudadanos secretarios del Congreso de la Unión.— México, DF.
La Diputación Permanente de la LVIII Legislatura Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien
aprobar el siguiente
ACUERDO
Primero. Se hace una
atenta excitativa al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente
Fox Quesada, a efecto de que al formular el proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio de 2003 que presentará a la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, para su aprobación, incremente los recursos económicos destinados
al apoyo a entidades con alto grado de marginación y principalmente a favor del estado de
Oaxaca.
Segundo. A fin de que
esta excitativa se constituya en una petición permanente, se ordena que en sus mismos
términos sea remitido mensualmente el presente acuerdo al Presidente Constitucional de la
República.
Tercero. Que el presente
acuerdo sea remitido a las cámaras de Diputados y de Senadores del honorable Congreso de
la Unión, a todas las legislaturas de las entidades federativas y a la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, solicitándoles su apoyo y adhesión para impulsar esta
demanda en beneficio de las entidades con alta marginación en nuestro país y
principalmente al estado de Oaxaca. Dado en el salón de sesiones del honorable Congreso
del Estado.— Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 15 de agosto de 2002.— Diputados. Juan
Ramón Díaz Pimentel, presidente, José Manuel Mendoza Miguel, secretario; rúbrica.
Lo que nos permitimos transcribir a ustedes, para su conocimiento y
efectos legales consiguientes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
“El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz”
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 15 de agosto de 2002.— Diputados: Juan Ramón Díaz Pimentel, presidente y José Ramón Mendoza Miguel, secretario.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Túrnese a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública.
COMISION DE GOBERNACION
Y SEGURIDAD PUBLICA
El
Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de
Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la Mesa Directiva de
la Cámara de Diputados.— Presente.
Por acuerdo de los suscritos, nos permitimos solicitarle que sea
modificado el turno de la proposición con punto de acuerdo para que el Ejecutivo realice
un programa de retiro de armas de fuego, presentado el 30 de abril del presente por el
diputado Alfredo Hernández Raigosa. La Presidencia turnó la proposición a las
comisiones unidas de Gobernación y Seguridad Pública y de Defensa Nacional, pero en
virtud de que consideramos que esta comisión no tiene las atribuciones y los elementos
necesarios para su resolución, consideramos que debe ser dictaminada solamente por la
Comisión de Defensa Nacional.
Asimismo solicitamos se amplíe el turno de la iniciativa de Ley
Federal de Pirotecnia, presentada el 4 de diciembre de 2001 por el diputado Rodrigo David
Mireles Pérez, a efecto de que sea dictaminada por las comisiones unidas de Gobernación
y Seguridad Pública y de Defensa Nacional.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Atentamente.
México, DF, a 13 de agosto de 2002.— Diputados: Armando Salinas Torre, presidente; José Antonio Hernández Fraguas, Víctor Manuel
Gandarilla Carrasco, José Guillermo Anaya Llamas y Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta,
secretarios.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Como lo solicita la mesa
directiva de la Comisión de Gobernación, se obsequia esa petición y se turna la
iniciativa de Ley Federal de Pirotecnia a las comisiones unidas de Gobernación, Seguridad
Pública y de Defensa Nacional y la proposición de referencia, únicamente a la Comisión
de Defensa Nacional.
CAMARA
DE SENADORES
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de
la República.— LVIII Legislatura.— Mesa Directiva.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión.— Presentes.
Tengo el honor de comunicar a ustedes que en sesión ordinaria
celebrada en esta fecha, se dio cuenta con una comunicación de los senadores integrantes
de la Junta de Coordinación Política, por la que designan al senador Diego Fernández de
Cevallos Ramos, como presidente de la Junta de Coordinación Política, para el tercer
año de ejercicio de la LVIII Legislatura.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración.
México, DF, a 5 de septiembre de 2002.— Senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
De enterado.
PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de
la República.— LVIII Legislatura.— Presidencia de la Mesa Directiva.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Me permito informarles que en sesión celebrada en esta fecha, se
aprobó acuerdo de la Junta de Coordinación Política, cuyo texto a continuación se
transcribe:
“Primero. Se aprueba la realización del Parlamento de las
Niñas y los Niños.
Segundo. El Parlamento de las Niñas y los Niños se realizará en
coordinación con la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la Secretaría de
Educación Pública y el Instituto Federal Electoral.
Tercero. El Parlamento de las Niñas y los Niños se realizará con
una periodicidad anual, teniendo como sede alternada cada una de las cámaras del Congreso
de la Unión.
Cuarto. La sede de la primera reunión del Parlamento de las Niñas
y los Niños será la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y se celebrará en
el mes de abril del año 2003.
Quinto. Las comisiones de Desarrollo Social, y de Derechos Humanos
de la Cámara de Senadores, en coordinación con las correlativas de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, con las instancias correspondientes del Gobierno
Federal y con el Instituto Federal Electoral, establecerán las bases, lineamientos y
organización, convocarán y realizarán las acciones necesarias para el de-sarrollo del
Parlamento de las Niñas y los Niños.
Sexto. Remítase a la Cámara de Diputados.”
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración.
México, DF, a 30 de abril de 2002.— Senador Diego Fernández de Cevallos Ramos, presidente.»
De enterado y túrnese a la
Conferencia y a las comisiones de Participación Ciudadana y Atención a Grupos
Vulnerables.
DESARROLLO Y ESTUDIOS METROPOLITANOS
El
Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta
de Coor-dinación Política.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política a través del cual se
resuelve la proposición con punto de acuerdo del diputado Ricardo Moreno Bastida para
crear la Comisión Especial de Desarrollo y Estudios Metropolitanos en la Cámara de
Diputados.
ANTECEDENTES
1. Que con fecha 27 de noviembre de 2001, la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados, turnó a esta Junta de Coordinación Política una proposición con
punto de acuerdo a través de la cual propone la creación de una Comisión Especial de
Desarrollo y Estudios Metropolitanos de la Cámara de Diputados la cual tenga por objeto
fortalecer la coordinación de los gobiernos locales que inciden en la conformación de
zonas metropolitanas en México.
CONSIDERANDO
1. Que en la actualidad las zonas metropolitanas del país
demarcadas por uno o más municipios representan un problema que involucra no sólo a las
demarcaciones donde se encuentran establecidas sino también a las entidades federativas a
las que pertenecen.
2. Que se reconoce que en nuestro país existen diversas zonas
conurbadas que deben ser coordinadas y requieren de diversos análisis e investigaciones
con un nuevo enfoque y bajo una óptica interdisciplinaria.
3. Que resulta necesario responder a la demanda que representan
dichas zonas y emprender acciones eficaces que den resultados claros para combatir los
rezagos y graves problemas que representan estos núcleos de población.
4. Que por lo anterior, resulta indispensable no sólo la efectiva
aplicación de un orden jurídico sino una constante revisión, a fin de que sus procesos
sean analizados y actualizados y para que el contenido de sus programas e instrumentos
implementados respondan a las demandas de los ciudadanos que habitan dichas zonas.
5. Que las distintas facetas del problema exigen una aproximación
interdisciplinaria técnica, requiriéndose un trabajo que conjunte análisis que
involucren diversas perspectivas: históricas, geográficas, económicas, ecológicas,
tecnológicas y políticas, entre otras.
6. Que es necesario contribuir con el desarrollo de planes para el
mejoramiento urbano y ecológico en los estados y municipios, los cuales presentan un
crecimiento vertiginoso y de esta manera se contribuya con la generación de leyes que
coadyuven a la normalización, trayendo consigo la eficiencia de modelos de desarrollo
urbano y zonas metropolitanas.
7. Que el artículo 115 en su fracción VI establece la concurrencia
de los tres niveles de gobierno para la planeación y regulación de las zonas
metropolitanas; y el artículo 116 fracción VII de la Constitución Federal prevé la
posibilidad de intervención del Gobierno Federal en lo que concierne al desarrollo
económico y social de los centros urbanos.
8. Que para llevar a cabo lo anteriormente descrito y con apoyo en
el apartado G del artículo 122 constitucional, es necesario crear una comisión de
estudios metropolitanos, que promueva y coordine acciones que den seguimiento y evalúen
los acuerdos de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno.
9. Que tal y como se desprende de los artículos 27 párrafo
tercero, 73 fracción XXIX-C y 122 apartado G de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Cámara de Diputados tiene facultades y la responsabilidad para
conocer de cuestiones relativas a los diversos asentamientos humanos y el adecuado uso de
tierras, aguas y bosques; y la respectiva concurrencia del Gobierno Federal, estados y
municipios.
10. Que tomando en consideración lo anterior, y toda vez que las
facultades del Congreso y específicamente de la Cámara de Diputados están claramente
establecidas en los artículos constitucionales mencionados, el órgano competente
encargado de proponer la creación de una comisión especial, requiere la participación
de la Cámara de Diputados por lo que se refiere a las reformas legales respectivas.
En razón de lo anterior y de conformidad con los artículos 115
fracción VI y 122 apartado G de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; y 33, 34 numeral 1 inciso b 39 y 42
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y considerando
que la solicitud propuesta se refiere a hechos que se encuentran dentro de la esfera de
competencia de la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política adopta el
siguiente
ACUERDO
Unico. Se aprueba la
proposición con punto de acuerdo presentado por el diputado Ricardo Moreno Bastida, en la
que propone la creación de una Comisión Especial de Desarrollo y Estudios
Metropolitanos, la cual estará conformada por 21 diputados: ocho del grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, ocho del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional, tres del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, uno del
grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista y uno del grupo parlamentario del Partido
del Trabajo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de agosto de 2002.—
Diputados: Martí Batres Guadarrama, presidente
de la Junta y coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática; Rafael Rodríguez Barrera, coordinador
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Felipe Calderón Hinojosa, coordinador del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional; Bernardo
de la Garza Herrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista
de México y Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador
del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.»
En votación económica, se pregunta si se aprueba...
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Aprobado.
COMISIONES
LEGISLATIVAS
El
Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de
Coordinación Política.
Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la Mesa Directiva de
la Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en el artículo 34 numeral 1 inciso c de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a solicitud del diputado
Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador de Relaciones Internas del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a usted, la modificación
en la integración de la siguiente comisión:
Que el diputado Julio Castellanos Ramírez sustituya al diputado
Fernando Josaphat Martínez Cue, como integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.
Lo anterior, para lo conducente.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo, México, DF, a 9 de septiembre de 2002.—
Diputado Martí Batres Guadarrama, presidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de
Diputados.— LVIII Legislatura.
Diputado Martí Batres Guadarrama, presidente de la Junta de
Coordinación Política en la Cámara de Diputados.— Presente.
Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y para remitirle
la siguiente sustitución:
Entra a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública como
integrante el diputado Julio Castellanos Ramírez, en sustitución del diputado Fernando
Josaphat Martínez Cue.
Lo anterior para que se notifique a la comisión antes referida,
para los trámites a los que haya lugar.
Sin otro particular de momento, le reitero las seguridades de mi
consideración más alta y distinguida.
Atentamente. Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 9 de
septiembre de 2002.— Diputado Cuauhtémoc
Cardona Benavides, subcoordinador de relaciones internas del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
De enterado.
El
Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta
de Coor-dinación Política.
Diputada Beatriz Paredes Rangel, Presidenta de la Mesa Directiva de
la Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en el artículo 34 numeral 1 inciso c de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a solicitud del diputado
Alejandro Zapata Perogordo, coordinador adjunto del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional, me permito solicitar a usted, la modificación en la integración de la
siguiente comisión;
Que el diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, sustituya al diputado
José Guillermo Anaya Llamas, como integrante de la Comisión Jurisdiccional.
Lo anterior, para lo conducente.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente. Palacio Legislativo.—
México, DF, a 9 de septiembre de 2002.— Diputado Martí Batres Guadarrama, presidente.»
«Diputado Martí Batres Guadarrama, presidente de la Junta de
Coordinación Política de la Cámara de Diputados.— Presente.
Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y para remitirle
la siguiente sustitución:
El diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides entra a la Comisión
Jurisdiccional como integrante en sustitución del diputado José Guillermo Anaya Llamas.
Lo anterior para que se notifique a la comisión antes referida,
para los trámites a los que haya lugar.
Sin otro particular de momento, le reitero las seguridades de mi
consideración más alta y distinguida.
Atentamente.
Palacio Legislativo, a 9 de septiembre de 2002.— Diputado Alejandro Zapata Perogordo, coordinador adjunto del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
De enterado.
DIPUTADO
QUE SOLICITA LICENCIA
El
Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
«Diputada Beatriz Paredes Rangel, Presidenta de la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados a la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión.—
Presente.
Fernando Ortiz Arana, en mi carácter de diputado federal
propietario integrante de esa Cámara, ante usted comparezco para exponer:
Que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 fracción
VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23 inciso f de la Ley
Orgánica del Congreso General, así como 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General, me permito solicitar a usted tenga a bien poner a consideración del
pleno mi solicitud de licencia para separarme del cargo de diputado federal por tiempo
indefinido a partir del día 10 de septiembre de 2002.
Al mismo tiempo me permito pedir se llame a mi suplente, el señor
Juan Rigoberto Garza Faz, para que se incorpore en funciones de propietario a esa Cámara.
Hago propicio este medio para expresar a usted y a todos mis
compañeros diputados mi mayor reconocimiento.
Atentamente.
México, DF, a 9 de septiembre de 2002.— El diputado Fernando Ortiz Arana.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Atendiendo esta solicitud, ruego a la Secretaría poner a discusión
los puntos de acuerdo respectivos.
El
Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
Están a discusión los siguientes
PUNTOS DE ACUERDO
Primero. Se concede
licencia al diputado Fernando Ortiz Arana, para separarse por tiempo indefinido de sus
funciones como diputado federal electo en la segunda circunscripción plurinominal, a
partir de esta fecha.
Segundo. Llámese al
suplente.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se
pregunta si se aprueban.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Aprobados los puntos de
acuerdo. Llámese al suplente.
INFORMES DE LABORES
El
Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría
de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión.— Presentes.
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 93 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal y 16 fracción IV del Reglamento Interior de la
Secretaría, me permito enviar a ustedes 500 ejemplares del informe de labores de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,
correspondiente al periodo 2001-2002, a fin de que sea entregado a cada uno de los
legisladores.
Reitero a ustedes la seguridad de mi atenta y distinguida
consideración.
Atentamente.
México, DF, a 2 de septiembre de 2002.— El subsecretario, M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría
de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión.— Presentes.
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 93 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal y 16 fracción IV del Reglamento Interior de la
Secretaría, me permito enviar a ustedes 500 ejemplares del informe de labores de la
Secretaría de Desarrollo Social, correspondiente al periodo 2001-2002, a fin de que sea
entregado a cada uno de los legisladores.
Reitero a ustedes la seguridad de mi atenta y distinguida
consideración.
Atentamente.
México, DF, a 2 de septiembre de 2002.— El subsecretario, M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría
de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión.— Presentes.
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 93 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal y 16 fracción IV del Reglamento Interior de la
Secretaría, me permito enviar a ustedes 500 ejemplares del informe de labores de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, correspondiente al periodo 2001-2002, a fin
de que sea entregado a cada uno de los legisladores.
Reitero a ustedes la seguridad de mi atenta y distinguida
consideración.
Atentamente.
México, DF, a 2 de septiembre de 2002.— El subsecretario, M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría
de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión.— Presentes.
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 93 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal y 16 fracción IV del Reglamento Interior de la
Secretaría, me permito enviar a ustedes 500 ejemplares del informe de labores de la
Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, correspondiente al periodo
2001-2002, a fin de que sea entregado a cada uno de los legisladores.
Reitero a ustedes la seguridad de mi atenta y distinguida
consideración.
Atentamente.
México, DF, a 2 de septiembre de 2002.— El subsecretario, M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría
de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión.— Presentes.
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 93 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal y 16 fracción IV del Reglamento Interior de la
Secretaría, me permito enviar a ustedes 500 ejemplares del informe de labores de la
Secretaría de la Defensa Nacional, correspondiente al periodo 2001-2002, a fin de que sea
entregado a cada uno de los legisladores.
Reitero a ustedes la seguridad de mi atenta y distinguida
consideración.
Atentamente.
México, DF, a 2 de septiembre de 2002.— El subsecretario, M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría
de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión.— Presentes.
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 93 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal y 16 fracción IV del Reglamento Interior de la
Secretaría, me permito enviar a ustedes 500 ejemplares del informe de labores de la
Secretaría de Economía, correspondiente al periodo 2001-2002, a fin de que sea entregado
a cada uno de los legisladores.
Reitero a ustedes la seguridad de mi atenta y distinguida
consideración.
Atentamente.
México, DF, a 2 de septiembre de 2002.— El subsecretario, M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría
de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión.— Presentes.
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 93 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal y 16 fracción IV del Reglamento Interior de la
Secretaría, me permito enviar a ustedes 500 ejemplares del informe de labores de la
Secretaría de Gobernación, correspondiente al periodo 2001-2002, a fin de que sea
entregado a cada uno de los legisladores.
Reitero a ustedes la seguridad de mi atenta y distinguida
consideración.
Atentamente.
México, DF, a 2 de septiembre de 2002.— El subsecretario, M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría
de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión.— Presentes.
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 93 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal y 16 fracción IV del Reglamento Interior de la
Secretaría, me permito enviar a ustedes 500 ejemplares del informe de labores de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, correspondiente al periodo 2001-2002, a fin
de que sea entregado a cada uno de los legisladores.
Reitero a ustedes la seguridad de mi atenta y distinguida
consideración.
Atentamente.
México, DF, a 2 de septiembre de 2002.— El subsecretario, M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría
de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión.— Presentes.
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 93 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal y 16 fracción IV del Reglamento Interior de la
Secretaría, me permito enviar a ustedes 500 ejemplares del informe de labores de la
Secretaría de Educación Pública, correspondiente al periodo 2001-2002, a fin de que sea
entregado a cada uno de los legisladores.
Reitero a ustedes la seguridad de mi atenta y distinguida
consideración.
Atentamente.
México, DF, a 2 de septiembre de 2002.— El subsecretario, M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría
de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión.— Presentes.
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 93 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal y 16 fracción IV del Reglamento Interior de la
Secretaría, me permito enviar a ustedes 500 ejemplares del informe de labores de la
Secretaría de Energía, correspondiente al periodo 2001-2002, a fin de que sea entregado
a cada uno de los legisladores.
Reitero a ustedes la seguridad de mi atenta y distinguida
consideración.
Atentamente.
México, DF, a 2 de septiembre de 2002.— El subsecretario, M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría
de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión.— Presentes.
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 93 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal y 16 fracción IV del Reglamento Interior de la
Secretaría, me permito enviar a ustedes 500 ejemplares del informe de labores de la
Secretaría de Marina, correspondiente al periodo 2001-2002, a fin de que sea entregado a
cada uno de los legisladores.
Reitero a ustedes la seguridad de mi atenta y distinguida
consideración.
Atentamente.
México, DF, a 2 de septiembre de 2002.— El subsecretario, M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría
de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión.— Presentes.
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 93 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal y 16 fracción IV del Reglamento Interior de la
Secretaría, me permito enviar a ustedes 500 ejemplares del informe de labores de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, correspondiente al periodo 2001-2002,
a fin de que sea entregado a cada uno de los legisladores.
Reitero a ustedes la seguridad de mi atenta y distinguida
consideración.
Atentamente.
México, DF, a 2 de septiembre de 2002.— El subsecretario, M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría
de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión.— Presentes.
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 93 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal y 16 fracción IV del Reglamento Interior de la
Secretaría, me permito enviar a ustedes 500 ejemplares del informe de labores de la
Procuraduría General de la República, correspondiente al periodo 2001-2002, a fin de que
sea entregado a cada uno de los legisladores.
Reitero a ustedes la seguridad de mi atenta y distinguida
consideración.
Atentamente.
México, DF, a 2 de septiembre de 2002.— El subsecretario, M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría
de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión.— Presentes.
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 93 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal y 16 fracción IV del Reglamento Interior de la
Secretaría, me permito enviar a ustedes 500 ejemplares del informe de labores de la
Secretaría de la Reforma Agraria, correspondiente al periodo 2001-2002, a fin de que sea
entregado a cada uno de los legisladores.
Reitero a ustedes la seguridad de mi atenta y distinguida
consideración.
Atentamente.
México, DF, a 2 de septiembre de 2002.— El subsecretario, M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría
de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión.— Presentes.
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 93 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal y 16 fracción IV del Reglamento Interior de la
Secretaría, me permito enviar a ustedes 500 ejemplares del informe de labores de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, correspondiente al periodo 2001-2002, a fin de que
sea entregado a cada uno de los legisladores.
Reitero a ustedes la seguridad de mi atenta y distinguida
consideración.
Atentamente.
México, DF, a 2 de septiembre de 2002.— El subsecretario, M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría
de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión.— Presentes.
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 93 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal y 16 fracción IV del Reglamento Interior de la
Secretaría, me permito enviar a ustedes 500 ejemplares del informe de labores de la
Secretaría de Salud, correspondiente al periodo 2001-2002, a fin de que sea entregado a
cada uno de los legisladores.
Reitero a ustedes la seguridad de mi atenta y distinguida
consideración.
Atentamente.
México, DF, a 2 de septiembre de 2002.— El subsecretario, M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría
de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la
Unión.— Presentes.
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 93 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal y 16 fracción IV del Reglamento Interior de la
Secretaría, me permito enviar a ustedes 500 ejemplares del informe de labores de la
Secretaría de Seguridad Pública, correspondiente al periodo 2001-2002, a fin de que sea
entregado a cada uno de los legisladores.
Reitero a ustedes la seguridad de mi atenta y distinguida
consideración.
Atentamente.
México, DF, a 2 de septiembre de 2002.— El subsecretario, M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría
de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión.— Presentes.
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 93 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal y 16 fracción IV del Reglamento Interior de la
Secretaría, me permito enviar a ustedes 500 ejemplares del informe de labores de la
Secretaría de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo 2001-2002, a fin de
que sea entregado a cada uno de los legisladores.
Reitero a ustedes la seguridad de mi atenta y distinguida
consideración.
Atentamente.
México, DF, a 2 de septiembre de 2002.— El subsecretario, M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría
de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión.— Presentes.
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 93 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal y 16 fracción IV del Reglamento Interior de la
Secretaría, me permito enviar a ustedes 500 ejemplares del informe de labores de la
Secretaría de Turismo, correspondiente al periodo 2001-2002, a fin de que sea entregado a
cada uno de los legisladores.
Reitero a ustedes la seguridad de mi atenta y distinguida
consideración.
Atentamente.
México, DF, a 2 de septiembre de 2002.— El subsecretario, M. Humberto Aguilar Coronado.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
De enterado y distribúyanse
a los diputados promoventes en general y túrnense a las comisiones correspondientes, para
los efectos del numeral 4 del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos.
COMISION NACIONAL DEL AGUA
El
Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría
de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión.— Presentes.
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 27
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y atendiendo a la solicitud de
la licenciada Ana Silvia Arrocha, directora general de Enlace Parlamentario de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el presente les acompaño copia
del oficio número DGEP/276/2002, así como del similar que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes las seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 2 de septiembre de 2002.— M. Humberto Aguilar Coronado, subsecretario.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales.— Dirección General de Enlace Parlamentario.
Licenciado Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace
Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.
Me permito hacer referencia al punto de acuerdo presentado por el
diputado Juan Carlos Regis Adame, relativo a la petición que hace ese órgano
legislativo, en el sentido de realizar una investigación de posibles actos de corrupción
y desvío de fondos públicos en la delegación del estado de Zacatecas de la Comisión
Nacional del Agua.
Al respecto, anexo al presente sírvase encontrar copia del oficio
número 16/005/0.1.1.-1502/2002, mediante el cual se comunica la determinación respectiva
por parte del órgano interno de control en la Comisión Nacional del Agua.
Lo anterior, con el fin de que se sirva hacer llegar dicha
documentación a las instancias correspondientes del honorable Congreso de la Unión.
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un
cordial saludo.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, DF, a 19 de agosto de 2002.— Licenciada Ana Silvia Arrocha Contreras, directora general.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría
de Contraloría y Desarrollo Administrativo.
Licenciada Ana Silvia Arrocha Contreras, directora general de Enlace
Parlamentario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.— Presente.
En cumplimiento al acuerdo emitido por el suscrito el 28 de junio de
2002, recaído al expediente DE-35/2002, me permito informar a usted que esta autoridad
administrativa, en atención a la atenta nota número DGEP/122/2002 del 30 de enero de
2002, mediante la cual se sirvió remitir la denuncia anónima presentada por el diputado
Juan Carlos Regis Adame, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, en la que
señaló presuntas irregularidades administrativas atribuibles a servidores públicos
adscritos a la gerencia estatal de la Comisión Nacional del Agua en Zacatecas, esta
autoridad administrativa resolvió no turnar al área de responsabilidades el asunto que
nos ocupa, toda vez que del análisis de las constancias que integrara el expediente, no
existen elementos de prueba suficientes que acrediten los hechos denunciados ni la
responsabilidad de servidores públicos adscritos a la gerencia estatal referida en
líneas anteriores.
Reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, DF, a 2 de julio de 2002.— Licenciado Raúl Iniestra Flores titular del área de
quejas.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Remítase copia al
promovente.
INDUSTRIA
TURISTICA
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría
de Gobernación.— Subsecretaría de Enlace Legislativo.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión.— Presentes.
En atención a su oficio número DGPL 58-II-3-572 de fecha 13 de
diciembre de 2001 y en relación al punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente
en sesión celebrada el 21 de agosto de 2002, comunicando a esta Secretaría mediante
oficio CP/2R/2AE.-1635, con el presente les acompaño para los fines que estimen
procedentes, copia del similar número CA/EL/264/2002, signado por el ciudadano Eugenio
Hinojosa Cuéllar, coordinador de Asesores y Enlace con el Poder Legislativo de la
Secretaría de Turismo, por el que da contestación a la propuesta presentada por el
diputado Bernardo de la Garza Herrera.
Reitero a ustedes la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 2 de septiembre de 2002.— El subsecretario, M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Secretaríade Turismo.
Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas, jefe de la unidad de
Gobierno.— Secretaría de Gobernación.— Presente.
En alcance al oficio CA/013/02, de marzo 27 del presente año, hago
de su conocimiento que a través del Presidente del Comité Consultivo Nacional de
Normalización Turística, el pasado mes de junio se solicitó al Comité Consultivo
Nacional de Normalización del Sector Agua de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, que considerara la viabilidad del tema en el suplemento del Programa Nacional
de Normalización como norma mexicana, con objeto de impulsar procesos voluntarios en esta
materia; mencionando que la Secretaría de Turismo está en toda la mejor disposición de
coadyuvar en la gestión para la realización del proyecto en cuestión.
Anexo me permito enviar el oficio SOT/984/02, dirigido al licenciado
Cassio Luiselli Fernández, presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización
del Sector Agua.
Lo anterior, con objeto de dar cumplimiento al punto de acuerdo
presentado por el diputado Bernardo de la Garza Herrera, del grupo parlamentario del
Partido Verde Ecologista, en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión del pasado 27 de julio de 2002.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un
cordial saludo.
Atentamente.
México, DF, a 22 de agosto de 2002.— El coordinador de
asesores Eugenio Hinojosa Cuéllar.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría
de Turismo.— Subsecretaría de Operación Turística.
Licenciado Cassio Luiselli Fernández, presidente del Comité de
Normalización del Sector Agua y subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental.—
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.— Presente.
Hago referencia al oficio número CA/013/2002 enviado a esta
dependencia por parte del director general de gobierno de la Secretaría de Gobernación,
Humberto Aguilar Coronado, sobre la propuesta de la Comisión Permanente del Congreso de
la Unión, la cual acordó lo siguiente:
“Primero. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión
se dirija al Ejecutivo Federal, para que por su conducto se haga del conocimiento de la
Secretaría de Turismo, de la necesidad de emitir, con fundamento en la Ley Federal Sobre
Metrología y Normalización, la Norma Oficial Mexicana, NOM-TUR-2001, sobre los
procedimientos para el uso sustentable del agua en la industria turística nacional, donde
a través de un estudio y la participación social se determinen medidas que tendrán que
cumplir los prestadores de servicios de hospedaje en el país, en la materia de ahorro de
agua.”
Al respecto me permito comentarle, que habiendo realizado una
revisión del tema y de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de la Ley Federal de
Turismo, la Secretaría sólo podrá expedir normas oficiales mexicanas relacionadas con
la prestación de los servicios turísticos, siempre que el contenido de las mismas no sea
competencia de otra dependencia de la Administración Pública Federal, en este caso, no
tiene facultad para elaborar una norma oficial como la propuesta por parte de la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión.
Derivado de lo anterior, me permito solicitar a usted, considere la
viabilidad del tema en el suplemento del Programa Nacional de Normalización 2002, mismo
que podría incluirse hasta el día 30 del presente mes y año como norma mexicana, con
objeto de impulsar procesos voluntarios en esta materia. Por último, quisiera mencionar
que la Secretaría de Turismo está en la mejor disposición de coadyuvar en la gestión
para la realización del proyecto en cuestión.
Sin más por el momento, quedo de usted para cualquier comentario al
respecto y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente.
México, DF, a 21 de junio de 2002.— El subsecretario senador Eduardo Barroso Alarcón.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Remítase copia al
promovente.
LECHE DE VACA
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría
de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión.— Presentes.
En atención a su oficio número DGPL 58-II-3-712 de fecha 30 de
abril último, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia
del similar número STPCE/394/2002, signado por el licenciado Gerónimo Gutiérrez
Fernández, secretario técnico de Planeación, Comunicación y Enlace de la Secretaría
de Economía, por el que da contestación al punto de acuerdo relativo a la adecuación de
la Norma Mexicana NMXF-026-1997-SCF1 leche denominación, especificaciones comerciales y
métodos de prueba, promovido por el Congreso del estado de Jalisco.
Reitero a ustedes la seguridad de mi consideración.
México, DF, a 2 de septiembre de 2002.— El subsecretario, M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría
de Economía.
Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas, titular de la Unidad de Gobierno.— Secretaría de Gobernación.—
Presente.
Por instrucciones del doctor Luis Ernesto Derbez Bautista,
secretario de Economía, con fundamento en la fracción II del artículo 10 del Reglamento
Interior de esta dependencia y en atención a su oficio número DGG/211/1597/02 de fecha 3
de mayo, en el que remite copia del acuerdo económico 541/02, mediante el cual anexa
punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión,
con fecha 30 de abril del año en curso, solicitando a esta dependencia se adecue la Norma
Mexicana NMX-F-026-1997-SCFI “Leche denominación, especificaciones comerciales y
métodos de prueba”, así como el Reglamento de Control Sanitario de Productos y
Servicios, ruego a usted que haga del conocimiento de esa soberanía en los términos que
estime conveniente, la siguiente información:
• La Dirección General de Normas de esta Secretaría, ha
contemplado desde el mes de abril del año pasado una estrategia, a fin de enfrentar la
problemática suscitada en el sector lácteo, la cual consiste en elaborar una norma
oficial mexicana específica para leche, fórmulas lácteas y producto lácteo combinado,
delimitando su campo de aplicación a las características de denominación comercial de
la misma, es decir, a las especificaciones que deben reunir los distintos tipos de leche,
fórmulas lácteas y productos lácteos combinados, para ostentar la denominación
correspondiente (vgr. leche pasteurizada) y de esa manera obligar a los productores e
importadores a cubrir las características fisicoquímicas que distinguen a cada tipo de
producto lácteo, a fin de que sólo se pueda comercializar con dicha denominación a
aquel que cumpla con las características aludidas, con la inalienable finalidad de
brindar la certeza jurídica necesaria al destinatario de la NOM que nos ocupa.
• Como resultado del esfuerzo realizado por el grupo de trabajo
integrado por todos los sectores, el anteproyecto de la NOM fue presentado a
consideración del Comité Consultivo Nacional de Seguridad al Usuario, Información
Comercial y Prácticas de Comercio, que coordina esta Secretaría, en su reunión del día
11 de diciembre de 2001.
• Una vez que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria
emitió su dictamen en sentido favorable a la manifestación de impacto regulatorio que da
sustento técnico y económico a la elaboración de dicha NOM, conforme a lo dispuesto por
el artículo 45 de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, esta Secretaría
procedió a realizar la gestión correspondiente para publicar el proyecto de norma
oficial mexicana de texto completo en el Diario
Oficial de la Federación, el 3 de abril del año en curso, venciendo el periodo de
consulta pública el 2 de junio.
• Todos los sectores involucrados o interesados, tuvieron la
oportunidad de manifestar sus observaciones sobre el contenido de dicho proyecto de norma
oficial mexicana; en este momento se están realizando reuniones semanales con el grupo de
trabajo, con objeto de analizar los comentarios y propuestas respecto de la NOM.
• Es importante señalar,
que el enfoque dado al proyecto de NOM por el grupo de trabajo, se tradujo en una
adecuación a lo establecido en el Reglamento de Control Sanitario de Productos y
Servicios de la Ley General de Salud, con lo cual se logró una congruencia técnica y
jurídica entre lo dispuesto en el proyecto de norma y la legislación sanitaria vigente.
• Cabe mencionar que la Norma Mexicana NMX-026-1997-SCFI ha
sido considerada como base en la estructura del proyecto de NOM en comento, razón por la
cual una vez que éste sea publicado como norma oficial mexicana definitiva, incluirá los
aspectos más relevantes de la NMX, mismos que a la fecha se han venido aplicando y
comprobándose a través de la verificación de la veracidad de la información que
ostentan las etiquetas de leche.
• Por lo anteriormente expuesto, le manifiesto que esta
Secretaría ha considerado de suma importancia la regulación del producto que nos ocupa,
razón por la cual en breve se dispondrá de la Norma Oficial Mexicana que solucione la
problemática detectada durante las prácticas comerciales del mismo.
Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más atenta
consideración.
Atentamente.
México, DF, a 23 de agosto de 2002.— El secretario técnico, Gerónimo Gutiérrez Fernández.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Remítase copia a las
comisiones de Comercio y Fomento Industrial, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de
Presupuesto y Cuenta Pública.
MARIPOSA MONARCA
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría
de Gobernación.— Subsecretaría de Enlace Legislativo.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión.— Presentes.
En atención a su oficio número DGPL 58-II-2-822 de fecha 29 de
abril último, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes copia
del similar número F00-0704, signado por el ciudadano Ernesto Enkerlin Hoeflich,
presidente de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas de la Secretaría de
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, por el que da contestación al punto de
acuerdo relativo a establecer medidas de protección coordinada con los gobiernos de los
estados de México y Michoacán, para salvaguardar la integridad de la mariposa monarca,
presentado por la diputada María Teresa Campoy Ruy Sánchez.
Reitero a ustedes la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 2 de septiembre de 2002.— El subsecretario, M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría
de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.— Comisión Nacional de Areas Naturales
Protegidas.— Presidencia.
Licenciado M. Humberto Aguilar Coronado, director general de
Gobierno.— Subsecretaría de Gobierno.—Secretaría de Gobernación.
En atención a su similar DGG/211/2002, mediante el cual acompaña
copia del dictamen con punto de acuerdo de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales presentado en la sesión del pleno de la Cámara de Diputados de fecha 29 de
abril de 2002, a fin de “establecer medidas de protección coordinada con los
gobiernos de los estados de México y Michoacán, para salvaguardar la integridad de la
mariposa monarca”.
Respecto a los puntos primero y segundo. Las restricciones
presupuestales son una limitante para que la Semarnat, Profepa y Conafor puedan contratar
nuevos inspectores. Una de las alternativas está en la conformación de nuevos comités
de Vigilancia Participativa y de la formación de una Red de Protección Ecológica
Social, implementada por el área natural protegida, con apoyo presupuestal del Programa
del Empleo Temporal. Por otro lado, el establecimiento de un programa de vigilancia móvil
permanente en las épocas de sequía, con la participación de las instancias de la
Profepa, Cofom, Probosque y Sedena, desalentaría las actividades de tala clandestina en
el área natural protegida.
Referente a los puntos tercero y cuarto. Es preciso que la Reserva
de la Biosfera Mariposa Monarca lleve a cabo el ordenamiento turístico de los sitios de
hibernación, con el apoyo de la Secretaría de Turismo del estado de Michoacán y la
Dirección de Turismo del estado de México, a efecto de evitar el deterioro de los
bosques de oyamel. Así también, con la participación de los ayuntamientos de Donato
Guerra y San José del Rincón, del estado de México, y Angangueo y Ocampo del estado de
Michoacán, establecer un programa de difusión y promoción que considere en su texto la
orientación del turista para el buen comportamiento de los visitantes de la reserva, así
como el establecimiento de los señalamientos necesarios en los sitios estratégicamente
elegidos.
En cuanto al punto quinto. Se están realizando esfuerzos de
programación, coordinación e implementación con la Comisión Nacional Forestal.
Con respecto al punto sexto. Se
está dando una buena coor-dinación institucional de la Semarnapt, Conagua,
Conafor, Profepa, Conanp, Sagarpa, Sedesol, SCT, INI, RAN, IMSS, Fonaes, Sedagro, RBMM,
Probosque, sector agrario (Reforma, Procuraduría y Registro), Cofom, Secretaría de
Ecología, Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente y los 10 ayuntamientos que forman
parte del área natural protegida, además de la implementación del ordenamiento
ecológico territorial de la región Monarca.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial
saludo.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Atentamente.
Ciudad de México, a 1o. de agosto de 2002.— El presidente, Ernesto Enkerlin Hoeflich.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Remítase copia a las
comisiones de Comercio y Fomento Industrial, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de
Presupuesto y Cuenta Pública.
RECURSOS NATURALES
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión.— Presentes.
En atención a su oficio número DGPL 58-II-5-913 de fecha 29 de
abril último, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia
del similar número F00-0698, signado por el ciudadano Ernesto Enkerlin Hoeflich,
presidente de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas de la Secretaría de
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, por el que da contestación al punto de
acuerdo relativo a implementar programas que establezcan el equilibrio de la flora y fauna
y se fomente la cultura de la conservación de los recursos naturales en la región
Izta-Popo, que abarca los estados de Puebla, México y Morelos, presentado por el diputado
Víctor León Castañeda.
Reitero a ustedes la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 2 de septiembre de 2002.— El subsecretario M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría
de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.— Comisión Nacional de Areas Naturales
Protegidas.
Ciudadano M. Humberto Aguilar Coronado, director general de
gobierno.— México, DF.
En atención a su similar DGG/211/1548/02, dirigido al secretario
del ramo, mediante el cual acompaña copia del oficio DGPL 58-II-5-913, suscrito por los
ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por
el que comunican al titular de la Secretaría de Gobernación, el punto de acuerdo
aprobado en sesión de fecha 29 de abril de 2002, a fin de que se implementen programas
que restablezcan el equilibrio de la flora y fauna, y se fomente la cultura de la
conservación de los recursos naturales en la región Izta-Popo que abarca los estados de
Puebla, México y Morelos.
Sobre el particular, después de analizar los cinco puntos del
acuerdo, le comunico lo siguiente:
“Primero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales dé celeridad a los trabajos requeridos para terminar el Programa
Integral de Manejo de los Recursos Naturales del Parque Nacional
Iztaccíhuatl-Popocatépetl.”
Comentario
Existe una confusión por parte de la Comisión de Medio Ambiente y
Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en
cuanto al término Programa Integral de Manejo de los Recursos Naturales del Parque
Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, el término correcto para áreas naturales
protegidas es Programa de Manejo, el cual se encuentra en proceso de revisión.
Tal vez a lo que se refieran los señores diputados es a la
proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Víctor León Castañeda del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el día 30 de octubre del año 2001,
denominada “Programa Integral de Manejo de los Recursos Naturales y Reforestación de
la zona Izta-Popo”. Cabiendo aclarar que el parque nacional se ubica dentro de la
zona, esta última es más grande (la cual habría que definir con exactitud) y sale de
ámbito de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, ya que dentro de la
propuesta del diputado León Castañeda solamente en la parte del estado de Morelos la
región del Izta-Popo abarcaría Tetela del Volcán, Yecapixtla y Ocuituco donde se
encuentra una población de 68 mil habitantes, el parque nacional sólo abarca el primer
municipio mencionado sin población.
“Segundo. Que en la formulación del Programa Integral de
Manejo de los Recursos Naturales del Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl se
incluya un componente para fomentar una cultura de conservación de los recursos naturales
entre los pobladores de la región y se diseñen las acciones necesarias para fomentar el
ecoturismo y planes para prevenir y mitigar incendios forestales.”
Comentario
En el Programa de Manejo que actualmente se está elaborando para el
Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, circunscrito solamente a la poligonal oficial
del mismo (cota de los 3 mil 600 metros sobre el nivel del mar) se incluyen las
sugerencias del segundo aspecto del punto de acuerdo.
“Tercero. Se exhorta a los
gobiernos de los estados de Morelos, Puebla y México para que participen de manera activa
en la formulación del Programa Integral de Manejo de los Recursos Naturales del Parque
Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl y que en conjunto con la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, con participación de su órgano desconcentra Comisión
Nacional Forestal, diseñen un plan de financiamiento para la implementación de dicho
programa.”
Comentario
La encargada de la administración de las áreas naturales
protegidas, incluyendo al Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl es exclusivamente la
Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas (con la participación de los otros dos
órdenes de gobierno), la cual sería la encargada de diseñar el plan de financiamiento
dentro del multicitado parque nacional, en coordinación con la Comisión Nacional
Forestal.
“Cuarto. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a
la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, coordinen trabajos con la finalidad de promover
programas de educación y capacitación a los pobladores de la región
Iztaccíhuatl-Popocatépetl, en materia de conservación, protección, restauración y
aprovechamiento sustentable de recursos forestales, así como de prevención, control y
combate de incendios o de plagas y enfermedades forestales. Y que dichos programas se
integren al de manejo integral para que sean de carácter permanente.”
Comentario
Dentro del Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl no hay
pobladores ni tampoco existen aprovechamientos forestales autorizados.
“Quinto. Se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, envíe a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta
Cámara, la información de la zona Iztaccíhuatl-Popocatépetl concerniente a las
autorizaciones y los programas de aprovechamiento forestal autorizados, referidos en los
preceptos 11 y 12 de la Ley Forestal, los datos de los aprovechamientos maderables del
área mencionada, la información de la eficiencia de los mecanismos de auditoría para
los programas de aprovechamiento, y los registros de los aserraderos y la industria
maderera de la zona.”
Comentario
Dentro del Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl no existen
autorizaciones para aprovechamientos forestales maderables persistentes. Lo que se
autorizó es un saneamiento forestal, en el año de 2001, por 1956.016 m3 de madera
plagada, del ejido de Tlalmanalco.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial
saludo.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, DF, a 2 de septiembre de 2002.— El presidente, Ernesto Enkerlin Hoeflich.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Remítase copia a las
comisiones de Comercio y Fomento Industrial, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de
Presupuesto y Cuenta Pública.
INVESTIGACIONES
MINISTERIALES
El Secretario diputado Adrián Rivera Pérez:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría
de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión.— Presentes.
En atención al oficio número CP/2R/2AE-1187 de fecha 3 de julio
último, suscrito por el senador Diego Fernández de Cevallos Ramos, presidente de la
Comisión Permanente, con el presente les acompaño, para los fines que estimen
procedentes, copia del similar número UPE-EL-01410/02 signado por el licenciado Eduardo
Enrique Gómez García, jefe de la Unidad y Enlace Institucional con el Congreso de la
Unión de la Procuraduría General de la República, por el que da contestación al punto
de acuerdo relativo a la aplicación de medidas pertinentes para que la información a que
tienen acceso los servidores públicos encargados de investigaciones ministeriales, se
haga pública; presentado por la diputada Beatriz Paredes Rangel.
Reitero a ustedes la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 2 de septiembre de 2002.— El subsecretario M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Procuraduría General de la República.
Licenciado M. Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace
Legislativo de la Secretaría de Gobernación.
Distinguido licenciado Aguilar Coronado:
En atención a su oficio número SFC/211/1052/02, dirigido al
Procurador General de la República, por el cual hace del conocimiento del titular de la
institución, el punto de acuerdo aprobado en sesión del tres de los actuales por la
Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el cual solicita a las
autoridades competentes aplicar las medidas que consideren útiles para que la
información a que tengan acceso los servidores públicos encargados de las averiguaciones
ministeriales, se haga pública conforme a lo que dispone el artículo 16 del Código
Federal de Procedimientos Penales y en su caso, se sancione a quien resulte responsable de
incumplir esta norma en el asunto mencionado, sobre el particular me permito manifestarle
lo siguiente:
La actuación de los servidores públicos de la Procuraduría
General de la República está sujeta a normas jurídicas y éticas, siendo instrucción
del Procurador General de la República para quien se aparte de ellas, se proceda conforme
a derecho.
Una de esas normas es el apego a las formalidades establecidas por
el Código Federal de Procedimientos Penales, en las que se incluye la reserva de las
actuaciones de una averiguación previa.
Es por eso que en cuanto se tuvo noticia a través de una
publicación periodística, de la existencia de probables filtraciones de información
relacionada con el caso “Pemex”, el titular de la institución ordenó la
investigación de los hechos, a efecto de deslindar responsabilidades en cuanto al posible
involucramiento de personal de esta Procuraduría. Con motivo de ello, la visitaduría
general de la institución, en fecha 21 de junio del año en curso inició la
averiguación previa 161/FESPI/02, la que se encuentra en etapa de integración.
La Procuraduría General de la República no tolerará las conductas
de los servidores públicos que se aparten de los cauces legales, mucho menos cuando con
ello se afecte el honor de las personas, por lo que en éste como en todos los casos,
procederá con toda firmeza.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterar a usted mi
más alta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, DF, a 22 de agosto de 2002.— El jefe de la Unidad y
Enlace Institucional con el Congreso de la Unión Eduardo
Enrique Gómez García.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Remítase copia al
promovente.
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—Secretaría
de Hacienda y Crédito Público.— Secretaría Particular.
Ciudadano Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
del honorable Congreso de la Unión.—Presente.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23 fracciones I y
III de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002, me permito
enviar la información relativa a la evolución de la recaudación, los montos de
endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario
federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las
emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de julio de 2002.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Sufragio Efectivo. No Reelección
México, DF, a 3 de septiembre de 2002.— Licenciado José Francisco Gil Díaz.»
«Información de finanzas públicas y deuda pública, enero-julio
de 2002.
Finanzas públicas
I.1. Balance del sector público.
I.2. Situación financiera del sector
público.
I.3. Gasto programable pagado del sector
público.
I.4. Situación financiera del Gobierno
Federal.
1.5. Situación financiera de entidades
bajo control presupuestario directo.
1.6. Situación financiera del Gobierno Federal y seguridad social.
Deuda pública
II.1. Evolución de los saldos de la deuda
pública externa, julio de 2002.
II.2. Evolución de los saldos de la deuda
pública externa, enero-julio de 2002.
II.3. Evolución de los saldos de la deuda
interna del Gobierno Federal, julio de 2002.
II.4. Evolución de los saldos de la deuda
interna del Gobierno Federal, enero-julio de 2002.
II.5. Colocaciones del sector público,
enero-julio de 2002.
II.6. Colocaciones de valores
gubernamentales, julio de 2002.
II.7. Tasas de valores gubernamentales,
julio de 2002.
II.8. Costo de la deuda pública externa,
julio de 2002.
II.9. Costo de la deuda pública externa,
enero-julio de 2002.
II.10. Costo de la deuda interna del
Gobierno Federal, julio de 2002.
II.11. Costo de la deuda interna del
Gobierno Federal, enero-julio de 2002.
II.12. Deuda externa del sector público,
financiamientos durante julio y acumulado de 2002.
II.13. Deuda interna del Gobierno Federal,
financiamientos durante julio y acumulado de 2002.
FINANZAS PUBLICAS.
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22
REPUBLICA DE AUSTRIA.
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de
Senadores.— México, DF.— Presidencia de la Mesa Directiva.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a
ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso a la
ciudadana María Isabel Olalde Quintanar, para que pueda prestar sus servicios como
secretaria en la consejería comercial de la Embajada de la República de Austria, en
México.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración.
México, DF, a 5 de septiembre de 2002.— Senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de
Senadores.— México, DF.
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se
concede permiso a la ciudadana María Isabel Olalde Quintanar, para que pueda prestar sus
servicios como secretaria en la consejería comercial de la Embajada de la República de
Austria, en México.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.— Senadores: Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente y Sara Castellanos Cortés secretaria.
Remítase a la Cámara de Diputados para los efectos
constitucionales.—México, DF, a 5 de septiembre de 2002.— Arturo Garita, secretario general de Servicios
Parlamentarios.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Túrnese
a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
LEY
DE COORDINACIÓN FISCAL
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Pasamos al capítulo de iniciativas de diputados. Por tanto, ofrezco
el uso de la palabra al diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios del grupo parlamentario
del PRI, para presentar una iniciativa de reformas al artículo 2o.-A de la Ley de
Coordinación Fiscal.
El diputado Víctor Emanuel Díaz
Palacios:
Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros
legisladores:
El suscrito, diputado federal Víctor Emanuel Díaz Palacios,
integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LVIII
Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me otorga
el artículo 70 y la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en la fracción II del artículo 55 y en el
artículo 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de
decreto que reforma el artículo 2o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal.
En mi calidad de representante popular vengo a presentar ante esta
soberanía una iniciativa de ley, para reformar el artículo 2o.-A de la Ley de
Coordinación Fiscal proponiendo la incorporación de una nueva fórmula para la
distribución del 1% de la recaudación federal participable estipulado en la fracción
III de dicho ordenamiento, proponiendo la incorporación de conceptos más actualizados en
beneficio de todos los habitantes del país, ya que de aprobarse la reforma propuesta se
garantizaría el crecimiento de la infraestructura hidráulica para la dotación
permanente del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y
disposición de sus aguas residuales en toda la nación, razón por la que quedaría
incluida en el Capítulo I de dicha ley, que corresponde a la materia “de las
participaciones de los estados, municipios y Distrito Federal en ingresos federales”.
En función de lo ordenado por los textos constitucionales y legales
invocados y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23.1 inciso f de la Ley
Orgánica del Congreso de la Unión y 21 fracción III del Reglamento para el Gobierno
Interior del propio órgano legislativo, solicitamos a la Presidencia dé curso y ordene
el trámite de esta iniciativa de ley, en términos de la normatividad vigente.
Para el efecto de sustentar la propuesta contenida en esta
iniciativa de ley, hacemos a continuación la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
Antecedentes
El recurso agua es en este momento un recurso imprescindible para
mejorar la calidad de vida o los niveles de bienestar de grandes sectores de la población
que viven en condiciones de insalubridad y marginación en nuestro país.
Por tal motivo, la presente reforma pretende, además de actualizar
este cuerpo normativo, el precisar el destino de los recursos del Fondo de Fomento
Municipal que en la aplicación de la ley vigente se ha venido realizando y que por ende,
las modificaciones que se proponen, tienen como objetivo esencial, perfeccionar los
niveles de eficiencia y eficacia en la asignación de recursos financieros hacia los
ayuntamientos o, en su caso, a los organismos operadores para incrementar y mejorar la
infraestructura hidráulica y con ello atender de manera eficiente y oportuna los
requerimientos de la población.
Todos los municipios del país, así como los organismos operadores
de los sistemas de agua potable, drenaje y alcantarillado, enfrentan un alarmante y
creciente rezago en materia de infraestructura hidráulica que ha puesto en riesgo todos
los proyectos de desarrollo urbano comercial e industrial por la falta y calidad de estos
servicios.
También es conocido que sólo unos cuantos organismos operadores
trabajan con números negros, la mayoría de estos organismos operadores carecen de
recursos económicos para sufragar los gastos de extracción, conducción, almacenamiento,
rebombeo, distribución, captación y conducción de aguas residuales y de su saneamiento.
A pesar de que la población crece exponencialmente, la
infraestructura hidráulica tiene un crecimiento muy reducido y en algunos casos es
prácticamente nulo. El grave retraso en infraestructura hidráulica es patente en todo el
país y en tanto éste va creciendo, la disposición de recursos económicos para abatirlo
es cada vez menor.
Para agravar esta situación el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación del 21 de
diciembre de 2001 que condona adeudos impagables por concepto de extracción de aguas
nacionales, también obliga a los ayuntamientos y a los organismos operadores al pago de
sus derechos a partir de enero de 2002. Esta fue una excelente oportunidad para los
ayuntamientos y para los organismos operadores que tienen números negros, pero para
quienes no tienen recursos, es una oportunidad que no podrán aprovechar, si antes no se
modifican algunos ordenamientos legales como es el caso de la Ley de Coordinación Fiscal
y aplicar adecuadamente la Ley Federal de Derechos en sus artículos 224-A y 231-A por
parte de la Comisión Nacional del Agua.
Esta carencia de recursos ha creado un círculo vicioso adicional
que se presenta a nivel nacional.
Ni los municipios ni los organismos operadores tienen recursos
económicos para incrementar su eficiencia, infraestructura ni la calidad de sus
servicios. Consecuentemente el usuario se niega a pagar por un servicio que no recibe
adecuada o eficientemente y por lo tanto los organismos no tienen recursos ni para crecer
ni mucho menos para pagar sus derechos fiscales a la Federación.
Esta inercia se puede romper si logramos que las participaciones que
actualmente la Federación hace llegar a los estados y a los municipios tomando como base
la eficiencia en la recaudación por derechos de agua que se cobran según se estipula en
el artículo 2o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal, se hagan llegar específicamente a
los municipios para realizar, reforzar, incrementar u operar obras de infraestructura
hidráulica y en caso de contar con organismos operadores, los propios municipios les
hagan llegar dichos recursos para los mismos fines.
La Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 2o.-A establece
actualmente que el 1% de la Recaudación Federal Participable se destine a la creación
del Fondo de Fomento Municipal.
La distribución del fondo a cada uno de los estados se realiza
mediante una fórmula en la que se involucran dos parámetros sustanciales: la eficiencia
en la recaudación por predial a cargo de los ayuntamientos y la eficiencia en la
recaudación por derechos de agua a cargo de los ayuntamientos o de los organismos
operadores.
El destino del 100% de dicho fondo se entrega a los ayuntamientos a
través de los estados para los fines que ellos decidan utilizarlos.
Esto implica que en la actualidad los ayuntamientos se quedan con
más del 70% de recursos generados por los organismos operadores, sin que los recursos de
este fondo lleguen a los mismos para poder incrementar a la infraestructura hidráulica,
la dotación de un buen servicio y con esto su recaudación.
Esta situación además de injusta, merma notablemente todo esfuerzo
por recaudar más, contrariando el espíritu del mismo artículo (basado en la eficiencia
en la recaudación) y lógicamente también merma toda esperanza de incrementar la
infraestructura.
Toda esta fuente de recursos que se otorga a los ayuntamientos sin
un fin determinado en la actualidad a través del artículo 2o.-A de la Ley de
Coordinación Fiscal, debe ser destinada a los municipios específicamente para
incrementar la infraestructura hidráulica y con ello la cobertura, calidad, frecuencia y
continuidad del servicio y, en el caso de que existan organismos operadores, deberá ser
destinada a ellos directamente a través del municipio, para que incluso puedan además,
pagar los derechos a la Comisión Nacional del Agua.
Sin embargo, esto no se da así, y por lo tanto se tiene que buscar
la forma para hacerlos llegar directamente a los organismos operadores para los fines
específicos que antes se indicaron.
El mecanismo propuesto es relativamente simple, es seguir el viejo
dicho de “lo del agua al agua” o en forma jurídica significa modificar el
artículo 2o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal de forma tal que a través del fondo de
fomento municipal se destinen los recursos generados por la eficiencia en la recaudación
por derechos de agua, a los ayuntamientos o en caso de existir, a los organismos
operadores del país, recursos que ellos mismos generaron, para incrementar la
infraestructura hidráulica y con ello la cobertura, calidad, frecuencia y continuidad del
servicio.
A los ayuntamientos deberá integrárseles la parte correspondiente
por la recaudación en predial, mediante una adecuación en la fórmula con la que se
calcula actualmente el fondo de fomento municipal y una adecuación en su texto, propuesta
que se expone.
Si logramos hacer que esto funcione, tanto los propios municipios
como sus organismos operadores podrían abatir el rezago en la infraestructura hidráulica
que se presenta en todo el país y al mismo tiempo podrían consolidarse programas como el
Promagua y tener acceso a los recursos fiscales que se ofrecen a través del Finfra.
Beneficios
Los beneficios que se podrán palpar inmediatamente son:
• Aumento inmediato en cobertura de los servicios a la
población.
• Reforzamiento o sustitución de la infraestructura
hidráulica existente.
• Incremento en la eficiencia en la recaudación y con ello
incremento del fondo de fomento municipal.
• Minimización de subsidios a los organismos.
• Cambio de números rojos a números negros en los balances
económicos de los organismos.
• Mayor cantidad de obra pública.
• Pago de adeudos y cuenta corriente a la Federación, que
finalmente podrá lograr el pago de todos los organismos del país, en lugar de tener
organismos irregularmente fiscales.
La reforma se podría convertir en el motor para acabar con el
rezago de agua potable en el país y de sus servicios conexos vitales: drenaje y
saneamiento.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en
los artículos 71 fracción II y 72 inciso h de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55
fracción II, 62, 63 y demás relativos y conexos del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a su
consideración la aprobación de la presente
INICIATIVA DE DECRETO
Artículo primero. Se
reforma y adiciona el artículo 2o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como
sigue:
a) ...
b) ...
El Fondo de Fomento Municipal se distribuirá entre las entidades
mediante la aplicación del coeficiente de participación que se determinará para cada
uno de ellos conforme a la siguiente fórmula:
A = (CEit-1) (IPDAit-1) / IPDAit-2
CEit= Ai / TA
TA = Suma de todas las A
de todas las entidades
El importe total por entidad será asignado a cada entidad
conforme la siguiente fórmula:
PTit = CEit * TFt
Donde:
PT = PAit + PPit
El importe a pagar por agua potable a la entidad se
distribuirá mediante la siguiente fórmula:
El importe a pagar por predial a la entidad se distribuirá mediante
la siguiente fórmula:
Donde:
CEit = Coeficiente de
participación en el fondo de fomento municipal de la entidad i en el año para el que se
efectúa el cálculo
TA = Suma de todas las Ai
de todas las entidades
i = Cada entidad
CEit-1 = Coeficiente de
participación de la entidad i en el año inmediato anterior a aquel para el cual se
efectúe el cálculo.
IPDAit-1 = Recaudación
local del predial y de los derechos de agua en la entidad i en el año inmediato anterior
para el cual se efectúa el cálculo.
IPDAit-2 = Recaudación local
del predial y de los derechos de agua en la entidad i en el segundo año inmediato
ante-rior para el cual se efectúa el cálculo.
PTit = Importe total a pagar a la entidad i en el
año para el que se efectúa el cálculo.
TFt = Total del fondo de
fomento municipal a distribuir entre las entidades.
PAit = Importe a pagar por agua
potable a la entidad i en el año para el cual se efectúa el cálculo.
PPit = Importe a pagar por
predial a la entidad i en el año para el cual se efectúa el cálculo.
IDAi(t-1) = Recaudación local de los derechos de agua en
la entidad i en el año inmediato anterior para el cual se efectúa el cálculo.
IDAi(t-2) = Recaudación local
de los derechos de agua en la entidad i en el segundo año inmediato anterior para el cual
se efectúa el cálculo.
IPi(t-1) = Recaudación local
del predial en la entidad i en el año inmediato anterior para el cual se efectúa el
cálculo.
IPi(t-2) = Recaudación local del predial en la entidad
i en el segundo año inmediato anterior para el cual se efectúa el cálculo.
Los estados entregarán íntegramente a sus municipios las
cantidades que reciban del Fondo de Fomento Municipal y de acuerdo con lo que establezcan
las legislaturas locales.
La parte del Fondo de Fomento Municipal que corresponda al cálculo
por eficiencia en la recaudación de los derechos de agua deberá ser destinada por los
municipios para la ejecución y operación de obras de infraestructura hidráulica y
saneamiento para el mejoramiento permanente del servicio público de agua potable,
alcantarillado y saneamiento. En caso de contar con organismos operadores de agua potable,
alcantarillado y saneamiento, los municipios les entregarán íntegramente las cantidades
que reciban del fondo de fomento municipal que corresponda al cálculo por eficiencia en
la recaudación de los derechos de agua.
La ejecución de obra pública en materia hidráulica con las
cantidades que reciban del Fondo de Fomento Municipal los municipios o en su caso, los
organismos operadores, deberá sujetarse los ordenamientos legales para su contratación,
destinando los recursos para su supervisión.
Los estados garantizarán que las cantidades entregadas a sus
municipios y a sus organismos operadores de agua potable, alcantarillado y saneamiento por
concepto del Fondo de Fomento Municipal no sea menor a lo recaudado por los conceptos que
se dejen de recibir por la coordinación de derechos.
Los estados verificarán y fiscalizarán que los recursos sean
aplicados correctamente.
En aquellos casos que los municipios omitan la entrega de las
cantidades correspondientes del fondo de fomento municipal a sus organismos operadores,
los estados retendrán de las subsecuentes entregas las cantidades correspondientes de
dicho fondo y entregarán la parte omitida directamente a los organismos operadores para
garantizar el mejoramiento permanente del servicio público así como la ejecución y
operación de las obras de infraestructura hidráulica y saneamiento. Cuando se omita la
entrega por más de dos ocasiones el estado entregará directamente el fondo al organismo
operador afectado a partir del momento en que se realice la omisión.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente
decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se le ruega a la
Presidencia que la presente iniciativa de reformas a la Ley de Coordinación Fiscal sea
turnada a la Comisión de Hacienda de la Cámara
de Diputados para su discusión, análisis y aprobación.
Palacio Legislativo, a 10 de septiembre de 2002.— Diputado Víctor Emanuel Díaz
Palacios.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Túrnese a las comisiones
de Hacienda y Crédito Público y de Fortalecimiento del Federalismo.
LEY DE AHORRO Y
CREDITO POPULAR
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra el diputado Herbert Taylor Arthur, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de reformas a la
Ley de Ahorro y Crédito Popular.
El diputado Herbert Taylor Arthur:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros
legisladores:
El 4 de julio del año 2001, fue publicada la Ley de Ahorro y
Crédito Popular que tiene como objetivo fortalecer, ordenar y encauzar los esfuerzos de
miles y cientos de miles de mexicanos de escasos recursos, que en una lógica de auto-
ayuda y colaboración trabajan agrupando pequeños capitales para que mañana puedan
hacerse préstamos y financiarse a sí mismos.
Esta ley, la Ley de Ahorro y Crédito Popular, dio un lapso de dos
años, dos años para que entrara plenamente en vigor, esta Cámara tuvo esa
determinación para que tuvieran dos años para lograr salud financiera y tuvieran la
posibilidad de entrar en un sistema integral a partir de condiciones óptimas de trabajo y
de condición financiera, para que fueran organizando
su sistema de supervisión auxiliar y creando sus federaciones que sean los
responsables de llevar buen camino y buen proceso el futuro de esas organizaciones en lo
que a su trabajo de sanidad financiera y operativa se requiere.
Tiempo para capacitarse, para ordenarse, para organizarse, en fin,
para poder echar a andar todo un nuevo modelo y un nuevo sistema en el ahorro y el
crédito popular.
Ha pasado ya un año, poco más de un año y se planteaba que en
cosa de seis meses se concluiría el trabajo por parte de la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores para que pudiera, para que lograra las normas prudenciales, las reglas
prudenciales.
Resulta que en diálogos que ha tenido el sector con la Comisión
Nacional Bancaria y estando buscando el consenso y los acuerdos entre éstas, ha pasado el
tiempo no han concluido los trabajos, y quiero dejarlo en claro, el acuerdo con el sector
para poder construir unas normas sanas y alcanzables por todos los actores.
Se ha dialogado, se ha interactuado entre ellos y han solicitado
así de manera conjunta actores del sector, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
así como el Banceti que busquemos una prórroga, darle dos años más a esta Ley de
Ahorro y Crédito Popular para permitir que todos los organismos financieros logren su
viabilidad, todos los organismos financieros populares logren estar en condiciones ahí
adelante, todos los organismos financieros puedan entonces subirse a la ley y tener en el
futuro un nuevo modelo, un nuevo sistema que a diferencia de hoy que solamente tiene 2
millones 600 mil mexicanos en el modelo y más o menos 18 mil millones de pesos en
capital, podamos aspirar para que el año 2010 contemos con más de 12 millones de
mexicanos dentro de ese sistema de ahorro y crédito popular con montos superiores a los
100 mil millones de pesos.
Que este sistema permita que las cajas populares sean lugar natural
para la conducción de las remesas de los mexicanos en el extranjero, que el año pasado
sumaron casi 100 mil millones de dólares; que pueda ser lugar para recibir las remesas,
recibir los trabajos del Procampo, de Oportunidades, en fin, armar como en otros países
del mundo un sistema de finanzas populares sanas y sólidas.
Es así que esta iniciativa de decreto que se presenta pide que se
extienda el plazo que se dio en los transitorios, de dos a cuatro años.
Por otro lado, también un grupo
de pequeños ahorradores, de ahorradores en agrupaciones menores a 200 personas, se han
presentado ante diputados de las comisiones, ante un servidor y nos han hecho saber que
las condiciones de la nueva ley convierte en absolutamente inviables el trabajo de
pequeñísimas organizaciones y de grupos solidarios, pequeñas agrupaciones que están,
ya sea por su propia condición poblacional, comunidades con 2 ó 3 mil habitantes, que
hacen un gran esfuerzo de autoayuda y colaboración que puedan sumarse a la ley por sus
condiciones financieras.
Y también, por otro lado nos han dicho y hemos constatado, que hay
agrupaciones, que hay grupos que nacen y no forzosamente nacen sólidos, es así que esta
modificación reconoce estas dos naturalezas: grupos tan aislados y tan alejados, en
poblaciones tan pequeñas, que su condición de crecimiento es prácticamente nulo pero
que requiere de sistemas financieros pequeños entendidos como grupos solidarios y por
otro lado, grupos que están naciendo, que si bien tienen un gran potencial de desarrollo
y crecimiento están naciendo y que su nacimiento a partir de la lógica, de la Ley de
Ahorro y Crédito Popular los aniquilaría o evitaría su desarrollo.
Es así que también en esta iniciativa pretendemos agregar lo que
existía ya en otra ley, la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de
Crédito en el artículo 38-P, que reconocía esta naturaleza de pequeñas organizaciones,
de pequeños grupos y que las exentaba de formar parte de la ley.
Es así que tomando este ejemplo de otra ley, agregamos un artículo
4o.-bis en la Ley de Ahorro y Crédito Popular que permite, que reconoce a organismos
menores de 200 personas; que reconoce a organismos que tengan capitales menores a 300 mil
Udis o sea poco menos de 1 millón de pesos actuales. Ya hemos dialogado con diferentes
organizaciones, muy en particular con la red de finanzas sociales agrupadas alrededor de
Indosoc, que son organismos que están trabajando en pequeños lugares y pequeñas
comunidades y con pequeños ahorradores.
Es así que estos dos elementos fundamentales es lo que llena el
cuerpo de esta iniciativa de ley y otras modificaciones que solamente permitirían darle
cuerpo y lógica procesal a la iniciativa, a la ley que se aprobó hace poco más de un
año por esta Cámara; es así que con permiso de la Presidencia haré entrega de esta
iniciativa de decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
de Ahorro y Crédito Popular y pediría a la Presidencia que tenga a bien publicarlo y si
es de su consideración, mandarla a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y a la
de Fomento Cooperativo y Economía Social.
Muchas gracias.
«Iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y
Crédito Popular.
Honorable Asamblea: con fundamento en lo dispuesto en los artículos
25, 71 fracción II y 73 fracciones VII, X y XXX, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 39 numeral 1 inciso a
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II
y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, el suscrito diputado federal, presidente de la Comisión de Fomento Cooperativo
y Economía Social de esta LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión, someto a la consideración de esta
Asamblea la presente iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan
y derogan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, bajo la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
El día 4 de junio del año 2001 pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Ahorro y
Crédito Popular, la cual fue aprobada por esta LVIII Legislatura de la Cámara de
Diputados. En el proceso de elaboración de esta Ley se estudiaron los factores de éxito
de las instituciones financieras populares en México y en el mundo, encontrándose que
una de las principales determinantes de éxito de las entidades de ahorro y crédito
popular es la existencia de una regulación y supervisión adecuadas para las mismas.
La Ley de Ahorro y Crédito Popular regula esta función, la cual
hasta entonces se había llevado a cabo en forma desordenada por múltiples figuras
jurídicas distintas, algunas reguladas, otras no; algunas supervisadas, otras sin
supervisión alguna e incluso, varias de ellas sin tener siquiera la facultad legal de
captar ahorro.
Con la plena entrada en vigor de la Ley de Ahorro y Crédito
Popular, sólo podrán realizar esta actividad dos tipos de figuras jurídicas:
i) La sociedad financiera popular, con la naturaleza jurídica de
sociedad anónima y
ii) La cooperativa de
ahorro y préstamo, con la naturaleza jurídica de sociedad cooperativa.
La sociedad cooperativa es una forma de organización social
integrada por personas que tienen intereses comunes y bajo los principios de solidaridad,
esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades económicas de
producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Este tipo de sociedades se
rige por los valores de autoayuda, autorresponsabilidad, la democracia, la igualdad, la
equidad y la solidaridad, así como por los valores éticos de la honestidad, la
transparencia, la responsabilidad y la vocación social, donde la cooperación es una
actitud y un compromiso de cada uno de los miembros, con el objetivo común de mejorar en
lo económico y social, fundados siempre en la ayuda mutua.
Asimismo, las instituciones que se constituirán como sociedades
financieras populares contribuirán a la existencia de diversas opciones para que la gente
pueda acceder al ahorro y el crédito, permitiendo plenamente la participación de la
iniciativa privada en la actividad del ahorro y crédito popular.
El desarrollo que muy pronto podrá alcanzar el sector del ahorro y
crédito popular en México es de suma importancia, integrando a los servicios financieros
a miles de mexicanas y mexicanos que hoy carecen de ellos.
Esta ley, en sus artículos transitorios, estableció un periodo de
dos años para que las instituciones que actualmente rea-lizan la actividad de ahorro y
crédito popular pudieran llevar a cabo todos los trámites necesarios para obtener la
autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que les permita operar como
entidades, ya sean sociedades cooperativas de ahorro y préstamo o sociedades financieras
populares. Lo anterior, con objeto de que el cumplimiento de las obligaciones previstas en
la ley no se hiciera en forma abrupta, sino dentro de un periodo de tiempo razonable que
permitiera a las entidades conocer plenamente la nueva norma y su regulación prudencial,
participando en la elaboración de esta última, de la misma forma que lo hicieron en la
elaboración de la ley.
Actualmente, en términos de lo dispuesto por el artículo tercero
transitorio de la ley, las sociedades de ahorro y préstamo, las uniones de crédito que
captan depósitos de ahorro, así como las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y
otro tipo de sociedades cooperativas, pero que cuenten con secciones de ahorro y
préstamo, constituidas con anterioridad al inicio de la vigencia de la ley, conta-rían
con este plazo de dos años a partir del 5 de junio de 2001 para solicitar de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores la autorización para operar como entidad de ahorro y
crédito popular, sujetándose a lo dispuesto por la propia ley al efecto.
Concluido el plazo anterior, las sociedades cooperativas o de ahorro
y préstamo y las uniones de crédito que no hubieren obtenido la autorización referida,
deberán abstenerse de captar recursos; en caso contrario se ubicarán en los supuestos de
infracción previstos por la propia ley y por las disposiciones que resulten aplicables.
La mayoría de las sociedades que buscan integrarse a la ley y
operar como entidades de ahorro y crédito han iniciado ya los actos societarios
tendientes a su transformación. El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros ha
venido cumpliendo su misión de fomentar el desarrollo integral del sector, con objeto de
permitir la entrada ordenada de las instituciones de ahorro y crédito popular al nuevo
esquema legal.
Sin embargo, derivado del trabajo conjunto llevado a cabo por esta
Comisión de Fomento Cooperativo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Banco
del Ahorro Nacional y Servicios Financieros y principalmente de las solicitudes
presentadas por el propio sector de ahorro y crédito popular, esta iniciativa propone
ampliar este periodo de transitoriedad de dos a cuatro años, modificando en lo conducente
todos los artículos transitorios relacionados con este tema.
Por otra parte, se ha analizado la conveniencia de mantener en la
legislación vigente, un artículo semejante al actual 38-P de la Ley General de
Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, que establece la posibilidad de que
grupos de personas físicas que tengan por objeto exclusivamente la captación de recursos
de sus integrantes, para su colocación entre éstos, puedan operar sin sujetarse a los
requisitos exigidos por la legislación, siempre que cumplan con ciertos requisitos, como
un número máximo de integrantes, activos y la ausencia de publicidad de sus operaciones.
En efecto, existen en el país numerosos grupos de personas,
denominados grupos solidarios, que sin constituir una personalidad jurídica distinta,
realizan actividades de ahorro de las denominadas “tandas” y se prestan dinero
para sus actividades productivas. Al concluir el periodo de transitoriedad de la Ley de
Ahorro y Crédito Popular, quedaría sin efectos esta posibilidad y los grupos de personas
físicas que actualmente realizan esta actividad quedarían en el supuesto del artículo
7o. de la Ley de Ahorro y Crédito Popular que prohibe la captación y colocación de
recursos del público, por lo que se harían acreedores a las sanciones que la propia ley
establece.
Por lo anterior, esta iniciativa propone incluir un nuevo artículo
4o.-bis que excluya de los requisitos exigidos por la Ley de Ahorro y Crédito Popular a
los grupos de personas físicas que tengan por objeto exclusivamente la captación de
recursos de sus integrantes para su colocación entre éstos y que cumplan con los
requisitos señalados en esta iniciativa, para que no se abra una puerta al fraude a la
ley.
En este sentido, esta iniciativa propone que el número máximo de
personas que puedan integrar estos grupos sea de 200 individuos, por lo que también se
incluye la modificación al artículo 38 fracción III para establecer que el número
mínimo de socios para las entidades con nivel de operaciones I será de 200 individuos y
de 300 para las entidades con nivel de operaciones II a IV.
Otro punto de la iniciativa que hoy se presenta es el de la
auditoría legal. No obstante que se trata de una práctica corporativa común en las
sociedades, es conveniente evaluar su realización obligatoria, toda vez que, en virtud de
la previsión legal de la función del contralor normativo, tal figura fue derogada en la
Ley del Mercado de Valores con fecha 2 de junio de 2001, mientras que en ninguna de las
demás leyes financieras se prevé su existencia. Es por esto que consideramos que no se
debe exigir a las entidades de ahorro y crédito popular más requisitos que a los demás
intermediarios financieros, por lo que se propone derogar el actual segundo párrafo del
artículo 32 de la ley.
En relación con el tema de la participación de las entidades no
afiliadas a una federación, dentro de una confederación, se sugiere modificar el tercer
párrafo del artículo 105, toda vez que al establecer que las entidades no afiliadas
deberán solicitar a alguna confederación participar en su fondo de protección y que,
una vez que ésta acepte, deberán convenir con alguna federación miembro de dicha
confederación la celebración de un contrato de supervisión auxiliar, vuelve nugatorio
el derecho previsto por el artículo 9o. para que las entidades no afiliadas acudan ante
la CNBV para la designación de la federación que emitirá el dictamen correspondiente y
en su caso, que realizará su supervisión auxiliar.
Asimismo, se sugiere que en el mismo tercer párrafo del artículo
105 se incluya a las entidades no afiliadas que sean supervisadas de forma auxiliar por la
federación de que se trate, ya que actualmente sólo se prevé que las federaciones no
afiliadas convengan con alguna confederación que sus entidades afiliadas participen en su
fondo de protección.
Considerando las modificaciones propuestas respecto del artículo
105, se incluye también la adecuación del artículo noveno transitorio de la LACP
conforme a dichas modificaciones.
Por lo que respecta a las operaciones que podrán realizar las
entidades de ahorro y crédito popular en términos del artículo 36, se sugiere incluir
en la fracción I, los depósitos retirables con previo aviso y en la fracción III, el
otorgamiento de préstamos de liquidez a aquellas entidades que sin ser afiliadas tengan
celebrado un contrato de supervisión auxiliar con la federación de que se trate, ya que
actualmente sólo se considera a las entidades afiliadas.
Asimismo, la iniciativa que hoy presentamos busca también reafirmar
la participación del público en general en las sociedades cooperativas de ahorro y
préstamo, tal y como estaba permitido en la Ley General de Sociedades Cooperativas cuando la actividad de ahorro y préstamo de las coo-perativas
era realizada por las cooperativas de consumo. A este respecto, se propone adicionar una
fracción V al artículo 38 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular en este sentido.
Además, se propone incorporar diversas modificaciones de redacción
para hacer consistentes algunos artículos que podrían presentar duda en su
interpretación.
Por último, respecto de la transformación a entidades de ahorro y
crédito popular, los artículos transitorios de la Ley de Ahorro y Crédito Popular no
establecen un procedimiento de transformación para las sociedades referidas en los
mismos, lo cual genera diversos inconvenientes.
Considerando que, como parte de
los procesos de transformación que inicien aquellas sociedades de ahorro y préstamo y
uniones de crédito que pretendan ser autorizadas para operar como entidades de ahorro y
crédito popular, debieran dejarse sin efecto las autorizaciones que les permiten operar
como organizaciones auxiliares de crédito, así como que, en términos del artículo 78
de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
respectivamente, podrían revocar dichas autorizaciones; esta revocación, por ministerio
de ley, ubicaría a tales sociedades en estado de disolución y liquidación, lo cual
traería diversos problemas para poder iniciar operaciones como entidad de ahorro y
crédito popular.
Si bien pudiera interpretarse que, al tener la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores la facultad para revocar a las uniones de crédito, así como para
autorizar a las entidades de ahorro y crédito popular, no sería necesario que dichas
sociedades fueran disueltas y liquidadas durante su transformación; tratándose de
sociedades de ahorro y préstamo la facultad de revocación corresponde a la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público.
En virtud de lo anterior, resulta conveniente y proponemos que la
Ley de Ahorro y Crédito Popular señale que, en los casos de transformación de
sociedades de ahorro y préstamo y uniones de crédito en entidades de ahorro y crédito
popular, no será necesario que, a pesar de su revocación, éstas se disuelvan y liquiden
previamente.
En consecuencia, por las razones y fundamentos legales expuestos, el
suscrito presenta el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
Artículo único. se
reforman los artículos 9o, párrafo cuarto; 36 fracciones I y lII; 38 fracción III; 55
fracción I inciso h; 60 fracción IX; 61, 67, segundo párrafo; 105 párrafo tercero;
primero transitorio, segundo y tercer párrafos; segundo transitorio, tercero transitorio,
primer y segundo párrafos; quinto transitorio; séptimo transitorio, primer y segundo
párrafos; octavo transitorio; noveno transitorio, segundo párrafo; decimocuarto
transitorio; y decimoquinto transitorio; se adicionan un artículo 4o.-bis; una fracción
V al artículo 38; un tercero, cuarto y quinto párrafos al artículo tercero transitorio;
un tercer párrafo al artículo noveno transitorio y se deroga el párrafo segundo del
artículo 32 de la Ley del Ahorro y Crédito Popular, para quedar como sigue:
“Artículo 4o.-bis.
No se considerará que realizan operaciones de ahorro y crédito
popular en los términos del artículo 4o. de esta ley, los grupos de personas físicas
que tengan por objeto exclusivamente la captación de recursos de sus integrantes para su
colocación entre éstos, que cumplan con lo siguiente:
a) La colocación y entrega de los recursos captados de los grupos
citados, sólo podrá llevarse a cabo a través de alguna persona integrante del propio
grupo;
b) El número máximo de sus integrantes será de 200 personas;
c) Sus activos no podrán ser superiores a 300 mil Unidades de
Inversión (Udis);
d) Se abstendrán de comunicar, informar, anunciar o de cualquier
otra forma de naturaleza análoga o similar, dar a conocer a través de cualquier medio de
publicidad o medio informativo, sus operaciones. La comisión podrá fijar las bases para
que cuando proceda por el número de integrantes y por la frecuencia, importancia y monto
de las operaciones que realizan dichos grupos de personas, se ajusten a la presente ley,
debiendo constituirse como entidades de ahorro y crédito popular;
e) Deberán registrarse, por conducto de un representante, ante la
federación de su elección, a efecto de dar a conocer: a) El número de sus integrantes;
b) El monto de sus activos, y c) El lugar o lugares donde se reúnan para llevar a cabo
sus operaciones.
La información citada deberá actualizarse semestralmente. En caso
de no registrarse o bien de no tener actualizada la información, les serán aplicables
las sanciones establecidas en esta ley. La comisión podrá designar a la federación que
deberá llevar el registro antes mencionado en caso de que un grupo de personas no elija
alguna federación de manera voluntaria;
f) Deberán tener una presencia local, es decir, que deberán operar
en uno o varios municipios colindantes o no, de alguna entidad federativa de la República
Mexicana y
g) Deberán establecer de forma destacada, en toda la documentación
que utilicen para instrumentar las operaciones a que se refiere este artículo, que no son
entidades de ahorro y crédito popular, así como que no están sujetas a la autorización
de la comisión ni a la inspección y vigilancia de ninguna federación, y que no cuentan
con el fondo de protección a que se refiere esta ley.
Los grupos de personas físicas que cumplan con los requisitos a que
se refiere este artículo podrán operar sin sujetarse a los requisitos exigidos por la
presente ley. Asimismo, no se considerará que estos grupos se ubican en la prohibición
establecida en la fracción I del artículo 103 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Artículo 9o...
. . .
. . .
Tratándose de aquellas sociedades que opten por el régimen de no
afiliadas, deberán solicitar a alguna confederación participar en su fondo de
protección y, en caso de que ésta acepte, la sociedad deberá acudir con alguna
federación miembro de la confederación respectiva para que emita el dictamen
correspondiente. En este último supuesto, en caso de ser favorable el dictamen, la
federación de que se trate se encargará de su supervisión auxiliar, continuando con el
procedimiento señalado en el párrafo anterior. En caso de que ninguna confederación
acepte administrar el fondo de protección de dicha sociedad, ésta podrá acudir
directamente ante la comisión, acreditando tal circunstancia, a efecto de que le designe
a la federación que se encargará de emitir el dictamen respectivo y, en caso de ser
favorable, corresponderá a dicha federación su supervisión auxiliar, continuando con el
procedimiento señalado en el párrafo anterior y observando lo dispuesto por el artículo
105 de esta ley.
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
Artículo 32. . . .
Se deroga.
Artículo 36. . . .
I. Recibir depósitos a la vista, de ahorro, a plazo, retirables en
días preestablecidos y retirables con previo aviso.
. . .
II. . .
III. Otorgar a las entidades afiliadas y no afiliadas que supervise
de manera auxiliar su federación, previa aprobación del consejo de administración de
dicha federación y con cargo a sus excedentes de capital, préstamos de liquidez, mismos
que deben descontar de su capital, debiendo sujetarse a los requisitos y condiciones que
mediante reglas de carácter general establezca la comisión.
. . .
Artículo 38. . .
I. . .
II. . .
III. El número mínimo de socios no será menor de 200 para las
entidades con nivel de operaciones I y de 300 para las entidades con nivel de operaciones
II a IV y
V. Podrán realizar operaciones con el público en general, siempre
que se permita su participación como socios en el plazo que establezcan sus bases
constitutivas.
Artículo 55. . . .
I. . . .
a) . . .
. . .
h) Los mecanismos voluntarios de solución de controversias entre
las entidades y sus socios o clientes;
II. . . .
Artículo 60. . . .
I. . .
. . . .
IX. Si la federación no acredita a la comisión, que sus entidades
afiliadas, así como aquéllas que supervisa auxiliarmente, participan en el fondo de
protección administrado por alguna confederación y
. . .
Artículo 61. Las
entidades afiliadas y no afiliadas supervisadas auxiliarmente por una federación cuya
autorización hubiere sido revocada por la comisión, deberán solicitar su afiliación a
una federación distinta o sujetarse al régimen de entidad no afiliada en un término no
mayor a 10 días hábiles a partir de la fecha en que surta sus efectos la revocación
antes citada.
Artículo 67. . . .
Este comité estará formado por un mínimo de cinco personas
designadas por el consejo de administración de la federación respectiva, de entre las
cuales se elegirá un presidente, el que deberá reportar los resultados de su gestión al
consejo de administración y a la comisión.
. . .
. . .
Artículo 105. . . .
. . .
Las federaciones que no formen parte de una confederación, deberán
convenir con alguna confederación que sus entidades afiliadas y aquéllas con las que
tengan celebrados contratos de supervisión auxiliar, participen en su fondo de
protección. La comisión procederá en términos de los artículos 37 y 60, con las
federaciones que no logren convenir lo anterior.
. . .
. . . ”
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. . .
El artículo segundo del presente decreto entrará en vigor a los
cuatro años de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
El artículo tercero del presente decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación, con excepción del artículo 26 contenido en el mismo, el cual entrará
en vigor a los cuatro años de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Segundo. Las sociedades
de ahorro y préstamo, las uniones de crédito y las sociedades cooperativas que tengan
intención de sujetarse a los términos establecidos en la Ley de Ahorro y Crédito
Popular, deberán registrarse ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en un
término no mayor a dos años contados a partir de la publicación de este decreto en el Diario Oficial de la Federación, manifestando al
efecto su nombre, denominación, domicilio, número de socios y demás datos que sobre su
actividad solicite dicho organismo.
Tercero. Las sociedades
de ahorro y préstamo, las uniones de crédito que capten depósitos de ahorro, así como
las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y aquellas que cuenten con secciones de
ahorro y préstamo, constituidas con anterioridad al inicio de la vigencia de la Ley de
Ahorro y Crédito Popular, contarán con un plazo de cuatro años a partir de la fecha que
establece el primer párrafo del artículo primero transitorio anterior para solicitar de
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la autorización para operar como entidad,
sujetándose a lo dispuesto por el artículo octavo transitorio y debiendo obtener el
dictamen favorable de alguna federación, con arreglo a lo dispuesto por la Ley de Ahorro
y Crédito Popular.
Asimismo, los grupos de personas a que se refiere el artículo 38-P
de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito contarán con el
plazo de cuatro años citado en el párrafo anterior para sujetarse a lo establecido por
el artículo 4o.-bis de esta ley.
Concluido el plazo anterior, las sociedades y las uniones de
crédito que no hubieren obtenido la autorización referida o los grupos de personas que
no se sujeten a lo establecido por el artículo 4o.-bis de esta ley, deberán abstenerse
de captar recursos; en caso contrario se ubicarán en los supuestos de infracción
previstos por la Ley de Ahorro y Crédito Popular y por las disposiciones que resulten
aplicables.
En el caso de las sociedades de ahorro y préstamo y uniones de
crédito, que tengan la intención de sujetarse a esta ley, podrán llevar a cabo la
distribución y pago de remesas de dinero, así como de otros productos, servicios y
programas gubernamentales, bajo las modalidades de abono en cuenta y pago en ventanilla a
favor de un socio o de terceros. Lo anterior, sujeto a que cuenten con la previa
autorización de la Secretaría así como de la comisión respectivamente.
Tratándose de sociedades de ahorro y préstamo y uniones de
crédito que de conformidad con lo establecido en la Ley de Ahorro y Crédito Popular sean
autorizadas por la comisión como entidades de ahorro y crédito popular, a tales
sociedades les será revocada la autorización que les hubiere sido otorgada en términos
de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, sin que se
ubiquen en estado de disolución y liquidación.
Quinto. Los organismos de
integración que sean autorizados conforme a la Ley de Ahorro y Crédito Popular dentro
del plazo de tres años a partir de la entrada en vigor de la misma, contarán con un
plazo de dos años a partir de su autorización, para cumplir con el número mínimo de 10
entidades y cinco federaciones afiliadas, en términos del artículo 53 de la misma ley,
según se trate.
Séptimo. Las entidades
autorizadas en los primeros cuatro años a partir de la entrada en vigor de la Ley de
Ahorro y Crédito Popular, podrán utilizar los recursos del fondo de protección, siempre
y cuando hayan realizado aportaciones durante un plazo de dos años.
Respecto de aquellas que se constituyan con posterioridad a los
cuatro primeros años de entrada en vigor de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, podrán
utilizar los recursos del fondo de protección a partir del sexto año siguiente a la
entrada en vigor de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
. . .
Octavo. Para efectos de
la fracción I del artículo 53 de la misma ley, las federaciones que soliciten su
autorización dentro de un plazo de cuatro años contados a partir de la entrada en vigor
de la ley, deberán presentar los documentos en que, a juicio de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, se manifieste la intención de cuando menos 10 sociedades que
cumplan con los requisitos del artículo 100, con excepción de las fracciones II y IX,
para afiliarse a dicha federación.
Noveno. . .
Concluido un plazo de cuatro años a partir del inicio de vigencia
de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, las federaciones que no se encuentren en los
supuestos contemplados en el párrafo anterior, podrán solicitar a la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores una prórroga que no podrá exceder de dos años para continuar
administrando el fondo de protección de sus entidades; de lo contrario se ubicarán en la
causal de revocación prevista por la fracción IX del artículo 60 de la Ley de Ahorro y
Crédito Popular.
En este último caso, el destino de los recursos que integren los
fondos de protección respectivos, se determinará observando lo dispuesto en el artículo
105 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
Decimocuarto. Durante los
cuatro años siguientes a la entrada en vigor de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores contará con un plazo de 180 días naturales para
emitir la resolución a que se refiere el artículo 9o. de la ley citada, respecto de las
solicitudes de autorización para operar como entidad que le sean remitidas por las
federaciones.
Decimoquinto. La
Comisión Nacional Bancaria y de Valores contará con un plazo de dos años contados a
partir de la publicación de este decreto para emitir todas las reglas y disposiciones de
carácter general que deban ser formuladas según se señala en la Ley de Ahorro y
Crédito Popular.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente
decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 9 de septiembre de
2002.— Diputado Herbert Taylor Arthur.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Muchas gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de
Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.
LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Esta Presidencia informa que se recibió en la Mesa Directiva la
iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, suscrita por los diputados: Miguel Barbosa Huerta y Rafael Hernández Estrada,
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
«Iniciativa de decreto que reforma la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos que presentan los diputados: Luis Miguel Barbosa
Huerta y Rafael Hernández Estrada, en nombre del grupo parlamentario del PRD.
Los suscritos, Luis Miguel Barbosa Huerta y Rafael Hernández
Estrada, diputados a la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión, con fundamento en el artículo 71 fracción II, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea la iniciativa
de decreto que reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, al tenor de la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
1. La inédita configuración política emanada del voto popular del
2 de julio de 2000, con la que se produjo la alternancia en el Gobierno y se integró el
Congreso más plural en la historia reciente de México, le dio un renovado impulso a la
transición democrática. En esta nueva etapa el Poder Legislativo, más independiente y
autónomo, ha tenido la enorme responsabilidad de contribuir a la conducción del país,
al mismo tiempo que cumplir con eficacia las tareas que le son propias de un poder de
Estado.
El Congreso de la Unión cumple como nunca la función
constitucional de equilibrar a los otros dos poderes, de fiscalizar el desempeño del
Ejecutivo y de legislar en las materias que la cambiante realidad mexicana le exige para
la adecuada marcha del país y de sus instituciones.
2. El papel del Congreso mexicano en la transición política es, de
esta forma, crucial, pues en él se expresan prácticamente todas las visiones de país y
se someten a debate los proyectos de nación. Al calor de la histórica circunstancia
política que viven los poderes de la Unión, se fragua una relación distinta entre el
Presidente de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las cámaras del
Congreso General y entre éstos y los poderes estatales.
3. En el contexto de un gobierno dividido como el nuestro, en el que
el Ejecutivo ya no domina al Poder Legislativo y, dentro de éste, ninguna fuerza
política tiene mayoría absoluta, se requiere de una labor de búsqueda de consensos y
acuerdos para hacer avanzar las iniciativas de los diferentes partidos políticos, así
como las del propio Ejecutivo. Sin renunciar a su identidad, los grupos parlamentarios
están obligados a ponerse de acuerdo en el tratamiento de los grandes problemas
nacionales o a mantener sus discrepancias en un clima de respeto. Ese es el signo de los
nuevos tiempos. La época en que un solo partido dominaba al Congreso e imponía su
voluntad o de las grandes mayorías aplastantes, quedó atrás. El pluralismo político
creciente que se vive en todo el país es el distintivo de nuestra peculiar transición a
la democracia.
4. Con motivo del inicio del primer periodo de sesiones ordinarias
del Congreso, correspondiente al último año de ejercicio constitucional de la LVIII
Legislatura, las dos principales fuerzas políticas representadas en la Cámara de
Diputados han escenificado un desacuerdo que ha impedido nombrar a la Mesa Directiva de
este órgano. El desa-cuerdo descansa en una visión hegemónica y patrimonialista en
donde ninguno cede, en la conducción de los trabajos de un órgano por esencia plural, en
el que están representadas las diversas formas de pensar y concebir la actividad
política. Ese desacuerdo ha impedido dar certi- dumbre a los trabajos legislativos de la
Cámara de Dipu- tados que tiene frente a sí la resolución de asuntos fundamentales para
la nación, como son el análisis puntual de la reforma al sector eléctrico y la
aprobación del Presupuesto de Egresos para el año 2003. Sin contar con las innumerables
iniciativas que tendrá que discutir y desahogar el pleno, vitales para el país.
5. La trabazón política se justifica jurídicamente con el hecho
de que, de acuerdo con el artículo 17 numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, se requiere el voto de las dos terceras partes de los
diputados presentes para nombrar a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y a quien
la deba presidir. Esta disposición fue introducida junto con otras de igual
trascendencia, como la duración anual de la mesa, en la reforma a la Ley Orgánica que
entró en vigor el 3 de septiembre de 1999. La nueva concepción de la Mesa Directiva del
pleno se hizo a partir de su caracterización
como un órgano tutelar del imperio de la Constitución, del orden jurídico y de las
libertades de los legisladores, sobre la base de que sus integrantes y, particularmente su
Presidente, se apartan de sus legítimos intereses partidistas para colocarse en una
posición de servicio a la Cámara por su actuación suprapartidaria, como se desprende de
su exposición de motivos.
El requisito de mayoría
calificada buscaba atender tres preo-cupaciones: nombrar a una Mesa Directiva con
el máximo de consenso, garantizar su desempeño institucional y reflejar con fidelidad la
pluralidad de la Cámara de Diputados. Ese requisito atendió, incluso, a una
conformación plural de esta Cámara, distinta a la de hoy durante la pasada legislatura.
6. El desacuerdo subsistente en torno al nombramiento de la Mesa
Directiva en la actualidad, imposibilita a los grupos parlamentarios del PRI y del PAN
para alcanzar esa mayoría calificada a la que obliga la Ley Orgánica en vigor y ha
convertido esta disposición en una camisa de fuerza. El riesgo es mayor en virtud de que
existe en la ley un vacío jurídico que, de no obtenerse la mayoría calificada requerida
y vencerse el plazo de cinco días por los que se prorroga el funcionamiento de la
anterior Mesa Directiva, dejará a este órgano legislativo sin directiva que conduzca sus
trabajos.
La disposición que obliga a alcanzar la mayoría calificada ya
cumplió su cometido y es claro que en las actuales circunstancias, de una mayor
pluralidad y fragmentación del voto, es inoperante. Por ello se requiere volver al
criterio numérico en vigor hasta 1999, con el que la Mesa Directiva se nombraba por la
mayoría absoluta de los diputados.
Adoptar este criterio permitirá resolver el desacuerdo y
posibilitará a otras fuerzas, como el PRD, intervenir en su solución, para alcanzar la
gobernabilidad de la Cámara de Diputados y conducir adecuadamente sus trabajos hasta su
término constitucional.
Por lo antes expuesto y de conformidad con las disposiciones
invocadas en el proemio, sometemos a consideración del pleno, la siguiente
Iniciativa de decreto
Que reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos.
Artículo único. Se
reforman el artículo 17 numerales 2, 3 y 7 y el artículo 19 numerales 3 y 4, de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
“Artículo 17.
1. . .
2. La Cámara elegirá a la Mesa Directiva por el voto de la
mayoría absoluta de los diputados presentes, mediante una lista que contenga los nombres
de los propuestos con sus respectivos cargos.
3. La elección de integrantes de la Mesa Directiva se hará por
cédula.
4 al 6. . .
7. La elección de integrantes de la Mesa Directiva para el segundo
y tercer año de ejercicio de la legislatura, se llevará a cabo durante la sesión
preparatoria de la Cámara que inicia dichos periodos. El proceso será conducido por los
integrantes de la Mesa Directiva que concluye su ejercicio. Si en dicha sesión no se
alcanza la mayoría absoluta requerida, esta mesa continuará en funciones hasta el día
cinco del siguiente mes con el fin de que se logren los entendimientos necesarios.
Artículo 19.
1 y 2. . .
3. Toda elección de integrantes de la mesa se realizará mediante
el voto de la mayoría absoluta de los diputados presentes en el pleno.
4. Los integrantes de la Mesa Directiva sólo podrán ser removidos
con el voto de la mayoría absoluta de los diputados presentes de la Cámara, por las
siguientes causas:
a) al c). . .”
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente
decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 3 de septiembre de
2002.— Diputados: Miguel Barbosa Huerta y J. Antonio Magallanes R.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Túrnese a la Comisión de
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y publíquese íntegramente en la Gaceta
Parlamentaria.
Tiene la palabra el diputado Oscar Alfonso del Real Muñoz,...
Diputada Rosa Delia, ¿está usted lista para presentar su iniciativa?.. ¿Sí?..
Le ruego entonces al diputado Oscar del Real espere el siguiente
turno.
Informo que la iniciativa de reformas a diversas disposiciones de la
Ley de Expropiación, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, nos
han solicitado que se posponga para la siguiente sesión.
LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra la diputada Rosa Delia Cota Montaño, del grupo
parlamentario del PT, para presentar una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Rosa Delia Cota Montaño:
Con el permiso de la Presidenta; compañeras y compañeros
legisladores:
«Los suscritos, diputados federales de la LVIII Legislatura del
honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del
Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55
fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de
Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan
diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, bajo la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
La Constitución General de la República establece en el artículo
70 párrafo segundo, que el Congreso expedirá la ley que regula su estructura y
funcionamiento internos. En tal virtud la vigente Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos dispone todo lo relativo al régimen interior de las cámaras
que lo conforman, destacando entre ellas lo relativo a la composición de la Mesa
Directiva de cada Cámara.
En el caso particular de esta Cámara de Diputados y a diferencia de
la disposición vigente hasta agosto de 1999, se establece una mayoría calificada de las
dos terceras partes de los diputados presentes para elegir a quienes integran la Mesa
Directiva, equiparando la votación para la elección de personas a las que se requiere
para una reforma constitucional, atentos a lo dispuesto por el artículo 135 de nuestra
Norma Fundamental.
Sin duda, los diputados y senadores de la LVII Legislatura autores
de la presente ley, quisieron garantizar un mayor consenso al exigir tal votación,
confundiendo consenso con unanimidad, ya que aunque exista un solo voto en contra o una
abstención de cualquiera de los 500 diputados, la unanimidad no se logra y tanto consenso
existe con las dos terceras partes del voto de los diputados o bien con la mayoría
absoluta que se manifieste a favor de una determinada propuesta para presidir desde la
Mesa Directiva los trabajos de esta Cámara.
Si partimos del principio de que nuestra Norma Fundamental establece
en su artículo 51 que la Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la
nación, sin establecer diferencia por la vía de acceso a dicha Cámara, sea de mayoría
relativa o de representación proporcional, todos son diputados con los mismos derechos y
con las mismas obligaciones y consecuentemente todos contarían con las mismas
posibilidades de formar parte de la Mesa Directiva de esta Cámara.
Resulta pertinente recordar que por la voluntad de los electores
manifestada en las urnas en 1997, ningún partido político contó con mayoría absoluta
en esta Cámara de Diputados y que como resultado del proceso electoral de julio de 2000,
ningún partido político cuenta con mayoría absoluta ni en la Cámara de Diputados ni en
la Cámara de Senadores. Esto es, que los electores decidieron que ningún partido
estuviera en posibilidades de decidir por sí mismo la aprobación de alguna ley o
propuesta, sin que mediara el acuerdo de al menos dos o más fuerzas políticas que
permitieran obtener la mayoría absoluta.
La vigente Ley Orgánica del Congreso sustituye el esquema legal
diseñado para garantizar la preeminencia de una fuerza política al interior de esta
Cámara. Basta recordar que la anterior Ley Orgánica establecía la existencia de un
órgano denominado Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, en cuya
integración se encontraban mayoritariamente diputados del PRI.
En agosto de 1997 y por no llegar la hipótesis prevista en el
artículo 45 de la anterior Ley Orgánica, al no contar ningún grupo parlamentario con
mayoría absoluta, los coordinadores parlamentarios: Alejandro González Yánez, del PT;
Jorge Emilio González Martínez, del Partido Verde; Carlos Medina Plascencia, del PAN y
Porfirio Muñoz Ledo, del PRD, decidieron suscribir con fecha 13 de agosto de 1997, el
denominado acuerdo para el logro de la independencia, autonomía y gobierno democrático
de la Cámara de Diputados de la LVII Legislatura, mismo que fue suscrito la noche del 29
de agosto de ese año, por los diputados integrantes de los grupos parlamentarios antes
citados y al que se denominó G4.
Entre los acuerdos a destacar está el que se refiere al de la
integración de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, que se
integraría de manera paritaria por todos los coordinadores de los grupos parlamentarios,
siendo presidida por alguno de ellos por un tiempo determinado.
Al entrar en ejercicio la pasada legislatura, el 4 de septiembre de
1997, aprobó una proposición para la integración de la Comisión de Régimen Interno,
estableciendo el numeral 8 el orden de ejercicio de la Presidencia de dicho órgano.
Todos los partidos políticos ejercieron la Presidencia de este
órgano con excepción del Partido del Trabajo debido a la aprobación de la vigente Ley
Orgánica.
Compañeras y compañeros legisladores: el grupo parlamentario del
Partido del Trabajo somete al conocimiento de los integrantes de esta Cámara la presente
iniciativa con el ánimo de contribuir a distender las relaciones políticas que aquí se
viven, debido a que una disposición legal permitió prolongar por cinco días el
ejercicio de la Mesa Directiva que debía cumplir su encargo el 31de agosto.
Se tuvo Presidente de Cámara y consecuentemente Presidente del
Congreso General para declarar la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias,
correspondiente al tercer año de ejercicio de esta legislatura.
Este acto nos demostró que la exigencia de una mayoría calificada
de dos terceras partes de los diputados presentes para elegir la Mesa Directiva, en la
práctica constituyó un obstáculo para la búsqueda de acuerdos, debido a que las
fuerzas mayoritarias se bloquean unas a otras y que bajo el argumento de no aceptar
imposiciones no son sensibles a destrabar mediante la sesión recíproca la problemática
de la Cámara.
El debate se polarizó a tal grado que ante la opinión pública
quedó la impresión de que dependiendo del partido que presidiera la Mesa Directiva,
sería la respuesta que el Presidente del Congreso debe dar al informe del Presidente de
la República. Si se era de determinado partido la respuesta sería obsequiosa y sin
reconocer la problemática existente en el país.
Si se era de otro, la respuesta sería dura, sin contemplaciones,
soslayando los posibles logros que el Gobierno pudiera tener.
Esto fue en realidad lo que impidió el logro de acuerdos y propicio
el bloqueo de una fuerza política a otra, olvidando, por otra parte, que a la respuesta
al informe presidencial debe ser una respuesta institucional del conjunto de la Cámara y
no de la posición de un partido.
Compañeras y compañeros diputados, por lo anteriormente expuesto y
con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos
a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente
iniciativa con proyecto de decreto
Por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo primero. Se
reforman los numerales 1, 2 y se deroga la última parte del numeral 7 del artículo 17;
se reforman los numerales 3 y 4 del artículo 19 y se reforma el numeral 2 y se deroga el
numeral 3 del artículo 31, todos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
“Artículo 17.
1. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados será electa por el
pleno, se integrará con un presidente, tanto vicepresidentes y secretarios como grupos
parlamentarios haya en la Cámara, durarán en sus funciones un año y podrán ser
reelectos.
2. La Cámara elegirá a la Mesa Directiva de por mayoría absoluta
de los diputados presentes mediante una lista que contenga los nombres de los propuestos
con sus respectivos cargos.
7. La elección de los integrantes de la Mesa Directiva para el
segundo y tercer año de ejercicio de la legislatura, se llevará a cabo durante la
sesión preparatoria de la Cámara que inicia dichos periodos, el proceso será conducido
por los integrantes de la Mesa Directiva que concluye su ejercicio.
Artículo 19.
3. Toda elección de integrantes de la Mesa Directiva se rea-lizará
mediante el voto de la mayoría absoluta de los diputados presentes.
4. Los integrantes de la Mesa Directiva sólo podrán ser removidos
por el voto de la mayoría absoluta en los individuos presentes de la Cámara por las
siguientes causas:
Artículo 31.
2. La Presidencia de la Junta será rotativa entre los coordinadores
de los grupos parlamentarios por el tiempo que resulte dividir los tres años de
legislatura entre el número de grupos parlamentarios existentes.
El 3 se deroga.”
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente
decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 5 de septiembre de
2002.— La fracción parlamentaria del Partido del Trabajo.»
Señora Presidenta, le pido sea inmerso en el Diario de los
Debates todo el texto de la iniciativa. Es cuanto.
«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados de la LVIII
Legislatura del honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Los suscritos, diputados federales a la LVIII Legislatura del
honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del
Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55
fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de
Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan
diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, bajo la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
La Constitución General de la República establece en el artículo
70 párrafo segundo que: "el Congreso expedirá la ley que regula su estructura y
funcionamiento internos". En tal virtud la vigente Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos dispone todo lo relativo al régimen interior de las
cámaras que lo conforman, destacando, entre ellas, lo relativo a la composición de la
Mesa Directiva de cada Cámara.
En el caso particular de esta Cámara de Diputados y a diferencia de
la disposición vigente hasta agosto de 1999, se establece una mayoría calificada de las
dos terceras partes de los diputados presentes, para elegir a quienes integren la Mesa
Directiva, equiparando la votación para la elección de personas a la que se requiere
para un reforma constitucional, atentos a lo dispuesto por el artículo 135 de nuestra
Norma Fundamental.
Sin duda los diputados y senadores de la LVII Legislatura, autores
de la presente ley, quisieron garantizar un mayor consenso al exigir tal votación,
confundiendo consenso con unanimidad, ya que aunque exista un solo voto en contra o una
abstención de cualquiera de los 500 diputados la unanimidad no se logra, y tanto consenso
existe con las dos terceras partes del voto de los diputados o bien con la mayoría
absoluta que se manifieste a favor de una determinada propuesta para presidir desde la
Mesa Directiva los trabajos de esta Cámara.
Si partimos del principio de que nuestra Norma Fundamental establece
en su artículo 51 que: "la Cámara de Diputados se compondrá de representantes de
la nación", sin establecer diferencia por la vía de acceso a dicha Cámara, sea de
mayoría relativa o de representación proporcional, todos son diputados con los mismos
derechos y las mismas obligaciones y consecuentemente, todos contarían con las mismas
posibilidades de formar parte de la Mesa Directiva de esta Cámara.
Resulta pertinente recordar que por la voluntad de los electores
manifestada en las urnas en 1997 ningún partido político contó con mayoría absoluta en
esta Cámara de Diputados y que como resultado del proceso electoral de julio de 2000
ningún partido político cuenta con mayoría absoluta ni en la Cámara de Diputados ni en
la Cámara de Senadores.
Esto es, que los electores decidieron que ningún partido estuviera
en posibilidades de decidir por sí mismo la aprobación de alguna ley o propuesta, sin
que mediara el acuerdo de al menos dos o más fuerzas políticas que permitieran obtener
la mayoría absoluta.
La vigente Ley Orgánica del Congreso sustituye el esquema legal
diseñado para garantizar la preeminencia de una fuerza política al interior de esta
Cámara, basta recordar que la anterior Ley Orgánica establecía la existencia de un
órgano denominado "Comisión de Régimen Interno y Concertación Política" en
cuya integración se encontraban mayoritariamente diputados del PRI.
En agosto de 1997 y por no
surtirse la hipótesis prevista en el artículo 45 de la anterior Ley Orgánica, al no
contar ningún grupo parlamentario con mayoría absoluta, los coordinadores parlamentarios
Alejandro González Yáñez del PT, Jorge Emilio González Martínez del PVEM, Carlos
Medina Plascencia del PAN y Porfirio Muñoz Ledo del PRD, decidieron suscribir con fecha
13 de agosto de 1997, el denominado Acuerdo para el Logro de la Independencia, Autonomía
y Gobierno Democrático de la Cámara de Diputados de la LVII Legislatura, mismo que fue
suscrito la noche del 29 de agosto de ese año por los diputados integrantes de los grupos
parlamentarios antes citados y al que se denominó "G-4", entre los acuerdos a
destacar está el que se refiere al de la integración de la Comisión de Régimen Interno
y Concertación Política, que se integraría de manera paritaria por todos los
coordinadores parlamentarios, siendo presidida por alguno de ellos por un tiempo
determinado.
Al entrar en ejercicio la pasada legislatura, el 4 de septiembre de
1997 aprobó una proposición para la integración de la Comisión de Régimen Interno,
estableciendo en el numeral 8 el orden de ejercicio de la Presidencia de dicho órgano.
Todos los partidos políticos ejercieron la Presidencia de este
órgano, con excepción del Partido del Trabajo, debido a la aprobación de la vigente Ley
Orgánica.
Ahora bien, en lo que corresponde a la Presidencia de la Mesa
Directiva el perfil señalado en la ley se ha cumplido, no obstante debemos recordar que
un Presidente de la Mesa Directiva incumplió su obligación de presidir una sesión y
votar en ella y que con su ausencia propició que los mexicanos pagaran millonarias sumas
a los banqueros.
Esto nos demuestra que las hipótesis legales contenidas en la norma
y que a fin de cuentas constituyen la aspiración del "deber ser", en el
"ser", no necesariamente coinciden, debido a la falibilidad humana.
Compañeras y compañeros legisladores: el grupo parlamentario del
Partido del Trabajo somete al conocimiento de los integrantes de esta Cámara la presente
iniciativa, con el ánimo de contribuir a distender las relaciones políticas que aquí se
viven. Debido a que una disposición legal permitió prolongar por cinco días el
ejercicio de la Mesa Directiva que debía cumplir su encargo el 31 de agosto, se tuvo
Presidente de Cámara y consecuentemente, Presidente de Congreso General para declarar la
apertura del primer periodo de sesiones ordinarias, correspondientes al tercer año de
ejercicio de esta legislatura.
Este acto nos demostró que la exigencia de una mayoría calificada
de dos terceras partes de los diputados presentes para elegir la Mesa Directiva en la
práctica constituyó un obstáculo para la búsqueda de acuerdos, debido que las fuerzas
mayoritarias se bloquean unas a otras y que bajo el argumento de no aceptar imposiciones,
no son sensibles a destrabar, mediante la cesión recíproca, la problemática de la
Cámara.
El debate se polarizó a tal
grado que ante la opinión pública quedó la impresión de que dependiendo del partido
que presidiera la Mesa Directiva, sería la respuesta que el Presidente del Congreso debe
dar al informe del Presidente de la República. Si se era de determinado partido, la
respuesta sería obsequiosa y sin reconocer la problemática existente en el país; si se
era de otro, la respuesta sería dura, sin contemplaciones, soslayando los posibles logros
que el Gobierno pudiera tener. Esto fue en realidad lo que impidió el logro de acuerdos y
propició el bloqueo de una fuerza política a otra. Olvidando, por otra parte, que la
respuesta al informe presidencial debe ser una respuesta institucional del conjunto de la
Cámara y no de la posición de un partido.
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo no está conforme con
las actitudes excluyentes que operan bajo el principio de que "ahora me toca a
mí", ya que estamos ciertos de que muchos de nuestros compañeros diputados,
independientemente del grupo parlamentario al cual pertenezcan, tienen la capacidad para
conducir los trabajos de este órgano legislativo.
En consecuencia y con el ánimo de resolver en el futuro posibles
conflictos, nuestro grupo parlamentario plantea que la Mesa Directiva sea elegida por la
mayoría absoluta de los diputados presentes en la sesión y que la misma tenga una
integración pluripartidista con la existencia de un vicepresidente y secretario por cada
grupo parlamentario existente en la Cámara.
También proponemos que para el órgano de gobierno de la Cámara,
la Junta de Coordinación Política se mantenga la misma integración paritaria, pero el
cambio consiste en que la presidencia de la misma sea rotatoria entre los diferentes
grupos parlamentarios.
Compañeras y compañeros
diputados: por lo anteriormente expuesto y con fundamento por los artículos 71, fracción
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los
artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la
Cámara de Diputados, la presente
iniciativa
Con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas
disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
para quedar como sigue
Artículo primero. Se
reforman los numerales 1, 2 y se deroga la última parte del numeral 7 del artículo 17;
se reforman los numerales 3 y 4 del artículo 19; y se reforma el numeral 2 y se deroga el
numeral 3 del artículo 31 todos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, para quedar como siguen:
“Artículo 17.
1. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados será electa por el
pleno, se integrará con un Presidente, tantos vicepresidentes y secretarios como grupos
parlamentarios haya en la Cámara, durarán en sus funciones un año y podrán ser
reelectos.
2. La Cámara elegirá a la Mesa Directiva por mayoría absoluta de
los diputados presentes, mediante una lista que contenga los nombres de los propuestos con
sus respectivos cargos.
3 al 6. . . .
7. La elección de los integrantes de la Mesa Directiva para el
segundo y tercer año de ejercicio de la legislatura, se llevará a cabo durante la
sesión preparatoria de la Cámara que inicia dichos periodos. El proceso será conducido
por los integrantes de la Mesa Directiva que concluye su ejercicio.
Artículo 19.
1 y 2. . . .
3. Toda elección de integrante de la Mesa Directiva se realizará
mediante el voto de la mayoría absoluta de los diputados presentes.
4. Los integrantes de la Mesa Directiva sólo podrán ser removidos
con el voto de la mayoría absoluta de los individuos presentes de la Cámara, por las
siguientes causas:
a) al c) . . .
Artículo 31.
1. . . .
2. La Presidencia de la Junta, será rotativa entre los
coordinadores de los grupos parlamentarios, por el tiempo que resulte de dividir los tres
años de legislatura entre el número de grupos parlamentarios existentes.
3. Se deroga.”
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente
decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Atentamente.
Dado en el Palacio Legislativo.— San Lázaro, 5 de septiembre
de 2002.— Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, diputados: Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador; José Narro Céspedes, vicecoordinador; Rosalía Peredo Aguilar, Jaime Cervantes Rivera, Rosa
Delia Cota Montaño, Félix Castellanos Hernández, Víctor Antonio García Dávila y Juan Carlos Regis Adame.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señora diputada.
Túrnese a la Comisión de
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias e incorpórese el texto íntegro de la iniciativa
en el Diario de los Debates.
ARTICULO 3o.
CONSTITUCIONAL
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra el diputado Oscar Alfonso del Real Muñoz, del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una
iniciativa que adiciona el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en materia de fortalecimiento a la educación superior.
El diputado Oscar Alfonso del Real
Muñoz:
Con su permiso, señora Presidenta de la Mesa Directiva; señoras y
señores secretarios; compañeras y compañeros miembros de este cuerpo legislativo:
"El suscrito, diputado integrante del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71
fracción II y 73 fracción XXV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 55 fracción II; 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración
de esta Asamblea, la siguiente iniciativa de decreto que adiciona el artículo 3o. de
nuestra Carta Magna, al tenor de la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
Como semillero de profesionistas que participan en la vida pública
o como fuente de expertos que toman decisiones políticas importantes, la educación
superior pública en México constituye un baluarte fundamental de la riqueza y soberanía
nacionales.
Los beneficiados por la educación superior pública, vemos con
preocupación su problemática y contradicciones, consideramos útil otorgarle el mejor de
los cuidados sin escatimar recursos y respetando su vida interna. Creemos, además, que su
desarrollo debe ser observador y sostenido por un Estado claro en sus fortalezas,
consciente de que con la definición de una política para la educación superior
pública, responde positivamente a la mayoría de los mexicanos, que aspira a que sus
recintos educativos sigan siendo apoyados e impulsados, de modo que alcancen los niveles
de cobertura y excelencia que hoy demanda el país.
Sin embargo, hoy sabemos que 26 universidades públicas sufren
condiciones económicas extenuantes, que las ponen en peligro de desaparecer o de ceder al
marasmo víctima de las deudas. Ante este panorama algunos investigadores de la
educación, académicos y legisladores, nos hemos reunido para intercambiar inquietudes y
hacer un análisis más riguroso acerca del estado que guarda la educación superior
pública en nuestro país y cuyos materiales hemos volcado en la realización de un foro
efectuado en el mes de agosto que acaba de pasar en la ciudad de Zacatecas.
En efecto, quienes nos reunimos en ese foro hemos tomado la
iniciativa para discutir los problemas más acuciantes de las universidades públicas,
creemos que de su análisis y debate ha surgido un diagnóstico que nos muestra con
claridad, las partes álgidas que deben ser atendidas para echar adelante a las escuelas
que trabajan en medio del acecho y de la crisis.
Deseamos que las conclusiones de ese foro sean lo suficientemente
interesantes, para tomar en manos de este Congreso la defensa de la universidad pública,
pero sobre todo, que coadyuve en una postura del Estado que sea clara y favorable a ella.
Desde esta tribuna, agradecemos la participación de todos los que
nos han regalado lo mejor de sus planteamientos, para que este evento concluyera con un
pronunciamiento claro que ojalá motive a los compañeros diputados.
Sabemos que hay muchos temas de importancia que tendrán prioridad
en la agenda legislativa de este periodo, pero el tema que hoy nos interesa y por el que
deseamos una manifestación expresa de todos ustedes apoyando esta iniciativa, nos parece
de significativa relevancia.
No omito mencionar que en algunos ámbitos del medio universitario,
me expresaron opiniones pesimistas respecto a la posibilidad de poder lograr las dos
terceras partes de los votos para dar blindaje de existencia y desarrollo a las
universidades públicas del país, en especial -y solicito disculpas por recordarlo- se
duda de la participación de los señores diputados del Partido Acción Nacional.
Sin embargo, sé de antemano que la existencia de la universidad
pública interesa a una gran mayoría de los miembros de esta bancada, cuya mayor parte es
proveniente de universidades e instituciones educativas estatales. Personalmente espero
que la percepción haya sido equivocada y que mis compañeros diputados de Acción
Nacional se decidan por otorgar su apoyo a la educación superior pública de México,
expresando su voto de manera favorable en éste gran proyecto.
Nuestra iniciativa es el comienzo, sólo con este tipo de acciones
sostendremos el ideal de educación superior que reclama la población mexicana. En este
caso, la universidad pública merece una declaración categórica de apoyo.
Diagnóstico:
1. En contraste con los logros en materia de crecimiento económico
y exportaciones que sitúan al país como la novena potencia económica y séptima
exportadora del mundo, México acusa grandes carencias en sus indicadores de desarrollo
humano, como lo muestra la creciente concentración de la riqueza y el incesante
crecimiento de los índices de pobreza a lo largo de las dos últimas décadas.
Ello se expresa, entre otras cosas, en el reconocimiento oficial de
la cifra de pobres en el país que se ubica en 53 millones 700 mil mexicanos o en el
acusado deterioro educativo que ha significado una reducción del gasto público en
educación al pasar del 5.2% del Producto Interno Bruto en 1994, al 4.9% en 2000, no
obstante los compromisos internacionales adquiridos para garantizar su elevación al 8%.
Por su parte, el nivel de educación superior muestra mayores problemas, a pesar de ser un
sector estratégico para el desarrollo económico y social de la nación.
Hoy se reconoce la formación de profesionales y científicos como
uno de los indicadores más importantes del de-sarrollo de un país y en el nuestro, el
gasto público por alumno en educación superior disminuyó de 22 mil 756 pesos en 1982 a
17 mil 482 pesos en 2002, a precios constantes de 2000.
Además, considerando al conjunto de los países de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México es el país con menor inversión
en educación superior por estudiante. Su gasto anual equivale a menos de la mitad del
promedio de los países de dicha organización y a una quinta parte del que se ejerce en
Estados Unidos. La matrícula de las universidades públicas se mantuvo estancada en el
curso de la última década, frente a la triplicación de ésta en las universidades
privadas.
La gravedad de este panorama, se expresa mejor si consideramos la
tasa bruta de escolarización, que se ubica, según las fuentes, entre el 15% y el 19% en
2000, en contraste con el 23% en República Dominicana; 29% en Barbados; 30% en Costa
Rica; 31% en Panamá y en Chile y 36% en Argentina. Esta brecha se amplía frente a
países como Corea del Sur con una tasa del 68%; en Estados Unidos con 88% y Canadá con
87%.
Además, como evidencia de la limitada capacidad de de-sarrollo del
país México cuenta con tan sólo 214 científicos e ingenieros y en labores de
investigación y desarrollo por cada 1 millón de habitantes frente a 532 de Costa Rica;
660 de Argentina; 2,193 de Corea del Sur; 2,719 de Canadá; 2,831 de Alemania y 3,676 de
Estados Unidos.
Un punto culminante de esta
situación se refiere al creciente endeudamiento de las mayorías de las universidades
públicas del país, con lo que se pone en cuestión su viabilidad.
Esta apretada radiografía de la situación de la educación
superior y en particular de las universidades públicas, llama nuestra atención para
enderezar el rumbo y otorgarles el papel estratégico que reclaman el desarrollo y el
fortalecimiento de la soberanía nacional. Es necesario reivindicar su aporte a la
sociedad a través del cumplimiento de diversas funciones que deben ser asignadas.
El texto es mucho más amplio y trae todo un diagnóstico completo.
Pero en obvio de tiempo pasaré sólo a la propuesta de decreto mediante el cual se
adiciona el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
para quedar como sigue:
"Artículo 3o. fracción IX. El financiamiento del Estado
orientado a las instituciones de educación superior públicas y autónomas comprendidas
en el presente ordenamiento, será siempre suficiente para el adecuado cumplimiento de sus
funciones, objetivos y tareas y nunca podrá ser menor al del ejercicio anual previo.
Los recursos correspondientes estarán resguardados y podrán ser
acrecentados por un consejo nacional para la educación superior y universitaria, en el
que intervengan las instituciones, la ciudadanía y el Poder Legislativo. Sus funciones
serán la definición, contraloría, planeación, ejecución, seguimiento y evaluación
del financiamiento público para la buena realización de las metas propuestas.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. Este decreto
entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Es cuanto. Firma su servidor y muchos diputados de todas las
bancadas."
Gracias.
«Iniciativa de decreto que adiciona el artículo 3o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fortalecimiento de
la educación pública superior en México.
Ciudadana Presidenta de la Mesa Directiva, ciudadanos secretarios de
la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
El suscrito, diputado integrante del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71
fracción II y 73 fracción XXV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 55 fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración
de esta honorable Asamblea, la siguiente iniciativa de decreto que adiciona el artículo
3o. de nuestra Carta Magna, al tenor de la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
Como semillero de profesionistas que participan en la vida pública
o como fuente de expertos que toman decisiones políticas importantes, la educación
superior pública en México constituye un baluarte fundamental de la riqueza y soberanía
nacional.
Los beneficiados por la educación superior pública vemos con
preocupación su problemática y contradicciones. Consideramos útil otorgarle el mejor de
los cuidados, sin escatimar recursos y respetando su vida interna.
Creemos, además, que su desarrollo debe ser observado y sostenido
por un Estado claro en sus fortalezas, consciente de que con la definición de una
política para la educación superior pública responde positivamente a la mayoría de los
mexicanos, que aspiran a que sus recintos educativos sigan siendo apoyados e impulsados,
de modo que alcancen los niveles de cobertura y excelencia que hoy demanda el país; sin
embargo, hoy sabemos que 26 universidades públicas sufren condiciones económicas
extenuantes que las ponen en peligro de desaparecer o de ceder al marasmo, víctimas de
las deudas. No pueden reducir la matrícula ante este panorama; algunos investigadores de
la educación, académicos y legisladores, nos hemos reunido para intercambiar inquietudes
y hacer un análisis más riguroso acerca del estado que guarda la educación superior
pública en nuestro país y cuyos materiales hemos volcado en la realización de un foro,
efectuado en el mes de agosto que acaba de pasar.
En efecto, quienes nos reunimos en ese foro hemos tomado la
iniciativa para discutir los problemas más acuciantes de las universidades públicas.
Creemos que de su análisis y debate ha surgido un diagnóstico que nos muestra con
claridad las partes álgidas que deben ser atendidas para echar adelante a las escuelas
que trabajan en medio del acecho y de la crisis.
Deseamos que las conclusiones de ese foro sean lo suficientemente
interesantes, para tomar en manos de este Congreso la defensa de la universidad pública,
pero sobre todo que coadyuve en una postura del Estado que sea clara y a favor de ella.
Desde esta tribuna, agradecemos la participación de todos los que
nos han regalado lo mejor de sus planteamientos para que este evento concluyera con un
pronunciamiento claro que, ojalá, motive a los compañeros diputados. Sabemos que hay
muchos temas de importancia que tendrán prioridad en la agenda legislativa de este
periodo; pero el tema que hoy nos interesa y por el que deseamos una manifestación
expresa de todos ustedes apoyando esta iniciativa, nos parece de significativa relevancia.
No omito mencionar que en algunos ámbitos del medio universitario
me expresaron opiniones pesimistas respecto a la posibilidad de poder lograr las dos
terceras partes de los votos para dar blindaje de existencia y desarrollo a las
universidades públicas del país.
En especial y solicito disculpas
por recordarlo, se duda de la participación de los señores diputados del PAN; sin
embargo, sé de antemano que la existencia de la universidad pública interesa a una gran
mayoría de los miembros de esta bancada, cuya mayor parte es proveniente de universidades
e instituciones educativas estatales. Personalmente espero que la percepción haya sido
equivocada y que los diputados del Partido Acción Nacional se decidan por otorgar su
apoyo a la educación superior pública de México, expresando su voto de manera favorable
a ese gran proyecto.
Nuestra iniciativa es el comienzo. Sólo con este tipo de acciones
sostendremos el ideal de educación superior que reclama la población mexicana. En este
caso, la universidad pública merece una declaración categórica de apoyo.
Diagnóstico
1. En contraste con los logros en materia de crecimiento económico
y exportaciones que sitúan al país como la novena potencia económica y séptima
exportadora del mundo, México acusa grandes carencias en sus indicadores de desarrollo
humano, como lo muestra la creciente concentración de la riqueza y el incesante
crecimiento de los índices de pobreza a lo largo de las dos últimas décadas. Ello se
expresa, entre otras cosas, en el reconocimiento oficial de la cifra de pobres en el
país, que se ubica en 53 millones 700 mil mexicanos o en el acusado deterioro educativo
que ha significado una reducción del gasto público en educación, al pasar de 5.2% del
Producto Interno Bruto en 1994, a 4.9% en 2000, no obstante los compromisos
internacionales adquiridos para garantizar su elevación a 8%.
2. Por su parte, el nivel de educación superior muestra mayores
problemas, a pesar de ser un sector estratégico para el desarrollo económico y social de
la nación. Hoy se reconoce la formación de profesionales y científicos como uno de los
indicadores más importantes del desarrollo de un país y en el nuestro, el gasto público
por alumno en educación superior disminuyó de 22 mil 756 pesos en 1982 a 17 mil 482 en
el 2002, a precios constantes de 2000. Además, considerando al conjunto de los países de
la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, México es el país con
menor inversión en educación superior por estudiante. Su gasto anual equivale a menos de
la mitad del promedio de los países de dicha organización y a una quinta parte del que
se ejerce en Estados Unidos. La matrícula de las universidades públicas se mantuvo
estancada en el curso de la última década frente a la triplicación de ésta en las
universidades privadas. La gravedad de este panorama se expresa mejor si consideramos la
tasa bruta de escolarización, que se ubica, según la fuente, entre el 15% y el 19% en
2000, en contraste con el 23% en República Dominicana, 29% en Barbados, 30% en Costa
Rica, 31% en Panamá y Chile y 36% en Argentina. Esta brecha se amplía frente a países
como Corea del Sur, con una tasa del 68%, Estados Unidos con 81% y Canadá con 87%.
Además, como evidencia de la limitada capacidad de desarrollo del país, México cuenta
con 214 científicos e ingenieros en labores de investigación y desarrollo por cada 1
millón de habitantes, frente a 532 de Costa Rica, 660 de Argentina, 2 mil 193 de Corea
del Sur, 2 mil 719 de Canadá, 2 mil 831 de Alemania y 3 mil 676 de Estados Unidos.
Un punto culminante de esta situación se refiere al creciente
endeudamiento de la mayoría de las universidades públicas del país, con lo que se pone
en cuestión su viabilidad.
3. Esta apretada radiografía de la situación de la educación
superior y en particular de las universidades públicas, llama nuestra atención para
enderezar el rumbo y otorgarles el papel estratégico que reclaman en el desarrollo y el
fortalecimiento de la soberanía nacional. Es necesario reivindicar su aporte a la
sociedad a través del cumplimiento de las funciones que les han sido asignadas:
• Formar profesionales de alto nivel con capacidad de aprender
y de forjar nuevas realidades.
• Organizar y efectuar investigaciones en torno a las
problemáticas filosóficas, científicas, sociopolíticas, éticas y artísticas, que
ubiquen de manera permanente a cada institución en los ámbitos académicos
fundamentales, básicos y aplicados, al igual que en los de mayor actualidad en todos los
campos del saber y en los niveles más elevados de de-sarrollo del conocimiento, el
pensamiento crítico y el arte, con la mira puesta en todos los problemas humanos y en la
creatividad, para contribuir a la creación de alternativas y a la construcción de la
equidad en todos los órdenes, para la convivencia pacífica, tolerante e igualitaria en
México y en el mundo actual.
• Fundamentar sus acciones en los resultados y avances del
desarrollo científico, ajenas a cualquier doctrina religiosa y partidista, encaminadas a
contribuir a la construcción de la ciudadanización integral, la democracia, el ejercicio
pleno de los derechos humanos, la justicia, la equidad y la igualdad en todos los terrenos
de la vida nacional, así como de la paz mundial.
• Emprender la revisión crítica de todas las escuelas del
conocimiento y las tendencias del pensamiento, con la finalidad de combatir la ignorancia,
los prejuicios, la discriminación de cualquier tipo (sobre todo las de género, etnia,
nacionalidad e idioma) la opresión, los fanatismos, las servidumbres, la xenofobia, el
totalitarismo, el belicismo y la antidemocracia.
4. Para avanzar en el fortalecimiento del sistema universitario
público resultan fundamentales cuatro elementos:
a) El establecimiento de una política de Estado para la
universidad, que la proteja de las crisis económicas y las políticas coyunturales y le
otorgue estabilidad y certidumbre de largo plazo. Ello exige:
• Ubicar la responsabilidad de financiamiento del Estado a la
educación superior desde una perspectiva estratégica, por lo que será compartida por
los actuales y los próximos gobiernos en un horizonte de por lo menos 20 años.
El país debe dedicar a la educación superior el 1.5% del PIB en
2006 e incrementarlo de manera progresiva, manteniendo el servicio del sistema de forma
gratuita, equitativa y amplia. Con ello será posible alcanzar una tasa bruta de
escolarización del 60% del grupo de edad escolar correspondiente en 2024 y llegar a
erogar el 4% del PIB.
• La revisión del marco legislativo del sistema universitario
para eliminar las ambigüedades en elementos clave como los de la autonomía, la gratuidad
y el financiamiento, considerando para ello la participación amplia de las instituciones
y sus comunidades.
b) La asignación de recursos económicos extraordinarios que
atiendan los rezagos acumulados y garanticen la realización continuada de los proyectos
institucionales que compensen tales rezagos. Ello exige:
• El establecimiento de programas de financiamiento
extraordinario, manejados por organismos independientes del Gobierno, para atender las
carencias en regiones e instituciones históricamente desatendidas y cancelar su
endeudamiento.
c) El ejercicio de la autonomía al margen de la regulación del
Estado, para garantizar que las comunidades de cada institución decidan efectivamente los
términos específicos y los alcances de sus proyectos. Ello exige:
• El establecimiento de procedimientos de evaluación
sustentados en los compromisos académicos acordados por la institución y sus
comunidades;
• El establecimiento de la evaluación como mecanismo de
retroalimentación de la actuación institucional y, en consecuencia, la eliminación de
todo posible castigo financiero ante un eventual resultado negativo.
• La creación y operación de una instancia social de
definición, contraloría, planeación, ejecución, seguimiento y evaluación del
financiamiento público, para la buena realización de las metas propuestas.
• En caso de que se realicen ajustes al gasto público, éstos
no deberán ser en ningún caso aplicados al gasto correspondiente a educación superior
sin la aprobación previa de la Cámara de Diputados.
d) La consolidación de una comunidad de núcleo duro, sustentada en
la profesionalización de la carrera académica y la formación de equipos de trabajo que
permitan potenciar los proyectos de docencia, investigación y difusión. Ello exige:
• La ampliación del número de profesores de tiempo completo
sobre los de medio tiempo y los de asignatura;
• La consolidación de los programas de formación y
actualización del personal académico de carrera;
• El establecimiento de un modelo de regulación
académico-laboral sustentado en una remuneración adecuada y estable y en el
reconocimiento de la trayectoria académica de largo plazo.
Por lo hasta aquí expuesto, someto a la consideración del
honorable Congreso de la Unión, la siguiente propuesta de
DECRETO
Mediante el cual se adiciona el artículo 3o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
"Artículo 3o.
. . .
IX. El financiamiento del Estado orientado a las instituciones de
educación superior públicas y autónomas comprendidas en el presente ordenamiento, será
siempre suficiente para el adecuado cumplimiento de sus funciones, objetivos y tareas y
nunca podrá ser menor al del ejercicio anual previo.
Los recursos correspondientes estarán resguardados y podrán ser
acrecentados por un consejo nacional para la educación superior y universitaria en el que
intervengan las instituciones, la ciudadanía y el Poder Legislativo. Sus funciones serán
la definición, contraloría, planeación, ejecución, seguimiento y evaluación del
financiamiento público, para la buena realización de las metas propuestas."
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. Este decreto
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 10 de septiembre de
2002.— Diputados: Oscar Alfonso del Real
Muñoz, Enrique Meléndez Pérez, José Antonio García Leyva, Víctor R. Infante
González, Juan Carlos Regis Adame y Jorge
Luis García Vera.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Túrnese a las comisiones
unidas de Puntos Constitucionales y de Educación Pública y Servicios Educativos.
REGISTRO DE ASISTENCIA
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Se
pide a la Secretaría dar cuenta del registro electrónico de asistencia e instruir su
cierre.
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
Se informa a la Presidencia que hasta el momento el sistema registra
la asistencia de 416 diputados.
Ciérrese el sistema electrónico.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Informo a la Asamblea que las iniciativas de reformas a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Federal del Trabajo,
del grupo parlamentario del PRD; de reformas al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal,
del grupo parlamentario del PT y de reformas a diversos ordenamientos en materia de
responsabilidades de los servidores públicos con relación al desahogo de comparecencias,
del grupo parlamentario del PRI, se ha solicitado por los diversos grupos se pospongan
para otra sesión.
ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Por ello le ofrezco el uso de la palabra al diputado Tomás Torres
Mercado, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa que adiciona un
texto a la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
El diputado Tomás Torres Mercado:
Gracias, señora Presidenta:
Al tiempo que le solicito su autorización para el uso de la tribuna
le estoy pidiendo también inserte al Diario de los Debates, —así lo
instruya—, íntegramente la iniciativa que ahora solamente reseñaré con el
propósito de obviar en el tiempo.
Uno de los temas que repetidamente hemos traído a la tribuna, es el
relativo a la revisión del Tratado de Libre Comercio firmado por el Presidente de la
República y que fue aprobado y ratificado por el Senado de nuestro país, como lo manda
la Constitución Federal.
Estamos claros que un tratado de esta naturaleza tiene el rango de
ley, pero que también puede ser objeto de modificación. La Suprema Corte de nuestro
país ha establecido un criterio firme, en el sentido de que, en un nivel inmediatamente
inferior a la Constitución Política, se ubican los tratados —como decía—,
celebrados por el Presidente de México y aprobados por el Senado de la República.
El problema de la producción agropecuaria en este momento es
francamente severo. Con economías rurales desmanteladas, con productores medios, con
incrementos en más del 400% de insumos y combustóleos y con la apertura ya casi total de
las fronteras entre México y Estados Unidos, sin duda que será darle un golpe fatal al
sector agropecuario nacional.
Propongo la iniciativa de que si la Secretaría de Economía, como
responsable técnico en la negociación de los acuerdos de esta naturaleza, que ha dicho
que no va a tocar el Tratado de Libre Comercio en el capítulo agropecuario y que ha
mencionado, conjuntamente con la Sagarpa, establecer un blindaje agropecuario que nadie
entiende y que tampoco tiene fundamento alguno y que, al mismo tiempo, Estados Unidos
cuenta ya con esta Ley de Seguridad Agropecuaria e Inversión Rural, conocida como Farm
Bill, en donde en un lapso de 10 años destinará más de 180 mil millones de dólares, la
pregunta es: ¿nosotros qué estamos haciendo?
Si el gobierno de Estados Unidos, de manera soberana, se ha dado una
ley para proteger a sus productores locales agropecuarios, el Congreso Federal mexicano,
en ejercicio de esa misma soberanía, debe quitarle vigencia al Tratado de Libre Comercio
en la parte que tiene qué ver con el intercambio comercial agropecuario.
Es, como lo planteaba el diputado que me ha precedido en el uso de
la tribuna, quizá una ilusión de que, para retirarle vigencia a este tratado en el
capítulo que menciono, se logren las dos terceras partes del Congreso Federal.
Pero también es necesario que quede claro en esta tribuna quiénes
están en contra del sector agropecuario nacional, cuando cotidianamente estamos diciendo
que debemos defender. El texto que se adiciona de la fracción XX del artículo 27 de la
Constitución Política, establece:
"Que en la actividad agropecuaria se excluya de cualquier
acuerdo de Tratado de Libre Comercio, binacional o multinacional que se celebren o se
hayan celebrado, a no ser que los subsidios que se otorguen a los productores
agropecuarios de México, sean iguales o superiores a los que brindan a los productores de
los estados extranjeros con quienes se celebren dichos acuerdos o tratados. En este caso
la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como las demás
disposiciones legales relacionadas, contemplarán los recursos fiscales necesarios."
No tengo duda de que si la iniciativa de adición a este artículo
no se aborda desde la perspectiva de la reforma constitucional, seguramente habrá de
hacerse en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Necesariamente será tocada desde una iniciativa que hay en materia de energéticos para
el campo.
Si no se toca, insisto, el tema, desde esta perspectiva, seguramente
habrá si no una mayoría calificada, sí una mayoría absoluta para lograr consignar los
recursos necesarios en el marco del presupuesto para el ejercicio fiscal del año que
viene.
Por su atención, muchas gracias; gracias, señora Presidenta.
«Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un texto a la
fracción XX del artículo 27 constitucional, con objeto de excluir el capítulo
agropecuario de los tratados de libre comercio que celebre nuestro país o igualar en
subsidios y apoyos a los productores nacionales respecto de los productores de los países
con quienes se tenga acuerdos comerciales.
El suscrito, Tomás Torres Mercado, en su carácter de diputado
federal de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con apoyo en lo establecido en
los artículos 71 fracción II de la Constitución General y 55 fracción II del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, propone a consideración
de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la
fracción XX del artículo 27 constitucional, con objeto de excluir de los tratados de
libre comercio el capítulo agropecuario o igualar en subsidios y apoyos a los productores
nacionales con los de los países con quienes se tengan acuerdos comerciales, bajo la
siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
I. Reconocemos que nuestro país ha celebrado un Tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos y Canadá, el cual ha sido ratificado por el Senado, como la
Constitución lo manda. Reconocemos la condición, la naturaleza jurídica de ese tratado
con el rango de ley.
II. Conforme al orden jurídico mexicano, los tratados
internacionales se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un plano
inferior respecto de la Constitución Política de nuestro país, tal como lo ha
establecido nuestro máximo tribunal de justicia, al interpretar el artículo 133
constitucional.
III. Dos de los principios de los acuerdos de libre comercio son la
eliminación de subsidios y la circulación de mercancías libres de aranceles. Estados
Unidos se especializa en exigir a los demás lo que él no cumple. Por sistema, ha
aplicado una política agropecuaria proteccionista de los productores locales.
Recientemente, el presidente de ese país publicó la Ley de Seguridad Agropecuaria e
Inversión Rural (conocida como Farm Bill), en donde se contemplan subsidios agropecuarios
por un monto de 183 mil 500 millones de dólares anuales en los próximos 10 años; un
promedio de 18.3 mil millones de dólares anuales, cantidad inferior a los 42 mil millones
de dólares que destina para subsidios la Unión Europea, pero muy superior a los 6 mil
999 millones de dólares que en promedio anual aportó nuestro país en el periodo
1999-2001.
Con la Farm Bill, Estados Unidos tomó una decisión en ejercicio de
facultades soberanas, sin duda; pero con ello viola el capítulo agropecuario del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte. Se trata de un acto jurídico soberano que, sin
embargo, rompe con las reglas del Tratado de Libre Comercio, específicamente las
relacionadas con el Capítulo VII, sobre el tema agropecuario. La cifra del subsidio
norteamericano es inalcanzable para nuestro país; con ello, nos imponen condiciones de
desventaja e iniquidad.
Recientemente se verificó un precedente legal internacional que
sanciona las prácticas desleales e inequitativas de Estados Unidos. Una comisión
especial de árbitros de la Organización Mundial de Comercio dio término a un litigio de
cinco años sobre las medidas estadounidenses e impuso una sanción récord de 4 mil
millones de dólares a Estados Unidos, debido a las concesiones impositivas que este país
concede a algunas de sus exportaciones.¿Hasta cuándo el Gobierno mexicano obligará a
Estados Unidos a respetar las reglas del libre comercio, sobre todo en materia
agropecuaria?
IV. A raíz de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), el volumen del comercio exterior de México ha sufrido un
fuerte desequilibrio, de tal forma que arroja un saldo comercial negativo para nuestro
país de 1 mil 223 millones de dólares; es decir, se importó más de lo que se exportó,
lo que implicó una reducción en la producción y comercialización de productos
agropecuarios de México.
Este desequilibrio en la balanza comercial se agudizará en los
próximos años, debido a que en 2003 diversos productos, como: café, trigo, avena, maíz
palomero, elotes, arroz, caña de azúcar, fructosa, copra, habas de soya y cebada, se
comercializarán libres de arancel.
V. Frente a la problemática del campo, agravada por el Tratado de
Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, el Gobierno Federal ha decidido que no
renegociará el capítulo agropecuario. Como la negociación de los tratados compete
solamente al Ejecutivo Federal y al Senado sólo le correspondería ratificar las
eventuales modificaciones, estamos ante una disyuntiva:
a) Así como hizo el gobierno de Estados Unidos, el Congreso
mexicano, en una decisión dignamente soberana, puede quitarle vigencia al Tratado de
Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, a través de establecer un mandato
específico en una ley superior, en este caso, el artículo 27 constitucional.
b) O bien, que el Gobierno Federal iguale a los productores
agropecuarios nacionales en subsidios y apoyos directos equivalentes a los otorgados por
los países extranjeros a sus productores, incluidos apoyos indirectos como, por ejemplo, suprimir impuestos especiales de los combustóleos
para uso agropecuario, regulación de tarifas equitativas de energía eléctrica y otros.
VI. El desarrollo sustentable del campo mexicano no puede quedar al
arbitrio de las fuerzas y la dinámica impredecible del mercado. Lo rural es un espacio
vital para los mexicanos y por ello el Gobierno y la sociedad de México no pueden
permanecer indiferentes al destino de millones de mexicanos que dependen de las
actividades agropecuarias, así como de millones de campesinos y productores medios que
enfrentan una desigual competencia.
La propia Constitución establece que son de interés público las
actividades relacionadas con la producción agropecuaria, así como la industrialización
y comercialización de los productos del campo. Esto equivale a afirmar que también es
asunto de interés público el hecho de garantizar la sobrevivencia del campo y
posibilitar la creación de condiciones de vida digna para la población rural.
VII. Conforme al derecho mexicano, es en el pueblo donde radica
originariamente la soberanía nacional y los poderes de la Unión son depositarios de esa
soberanía y responsables directos de representar al pueblo en el ejercicio de la misma.
El pueblo mexicano, en particular los campesinos, exige justicia y solución a sus
ancestrales problemas.
A diferencia de la postura del Poder Ejecutivo Federal, los
diputados no podemos defraudar la dignidad de la representación que se nos ha conferido.
Es nuestro deber ponernos al lado de quienes representamos.
Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 71 fracción II de
la Constitución Federal, propongo la presente
INICIATIVA
Con proyecto de decreto que
adiciona la fracción XX del artículo 27 constitucional, con objeto de excluir de los
tratados de libre comercio el capítulo agropecuario o igualar en subsidios y apoyos
directos a los productores nacionales en relación con los productores de Estados Unidos y
Canadá.
Artículo único. Se
adiciona un texto a la fracción XX del artículo 27 constitucional, para quedar como
sigue:
"Artículo 27
.I a la XIX. . .
XX. El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural
integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el
bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional y fomentará la
actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de
infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica,
excluyéndola de cualquier acuerdo o tratado de libre comercio binacional o multinacional
que se celebren o se hayan celebrado, a no ser que los subsidios que se otorguen a los
productores agropecuarios de México sean iguales o superiores a los que brindan a los
productores de los estados extranjeros con quienes se celebren dichos acuerdos o tratados.
En este caso, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como
las demás disposiciones legales relacionadas, contemplarán los recursos fiscales
necesarios. Serán nulos de pleno derecho los acuerdos o tratados que contravengan la
presente norma. Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar
la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas
de interés público.”
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente
decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo, a 10 de septiembre de 2002.— Diputado Tomás Torres Mercado.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Túrnese a las comisiones
de Puntos Constitucionales y de Desarrollo Rural.
LEY DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra el diputado Ney González Sánchez, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que
derogue el artículo 4o. Capítulo IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para otorgar
a los ayuntamientos la facultad de gravar sobre los ingresos por enajenación de bienes
inmuebles.
El diputado Ney González Sánchez:
Con el permiso de la Mesa Directiva, con el permiso de la Asamblea
legislativa, vengo a esta tribuna por última vez, ya que este día habré de presentar
conforme al artículo 125 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
la opción como lo señala el texto legal y en esta oportunidad quiero presentar al
análisis de esta soberanía, una iniciativa que propone derogar parte del articulado del
Capítulo IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y que he entregado textualmente para su
reproducción a la Secretaría de la Mesa Directiva y que me permitiré, señora
Presidenta, sólo hacer algunas consideraciones del contenido de dicha iniciativa:
El 3 de febrero de 1983 se reformó la fracción IV inciso a del artículo 115 constitucional, atribuyéndole
así a los municipios de la República la materia inmobiliaria, como exclusiva de los
mismos en todos sus aspectos, otorgando libertad hacendaria para apercibir contribuciones,
inclu- yendo tasas adicionales en materia de bienes inmuebles.
Sin embargo, en contravención a lo anteriormente expresado,
encontramos una notoria inconstitucionalidad en el establecimiento de tributos por parte
de la Federación en materia inmobiliaria en diversos ordenamientos de carácter federal,
concretamente y para este efecto en lo dispuesto en el Título Cuarto Capítulo IV de la
Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Es necesario considerar lo dispuesto en la fracción IV inciso a del artículo 115 constitucional como una
limitación o restricción de la potestad tributaria federal en lo que respecta a la
materia inmobiliaria, virtud a la ya referida letra de nuestra Carta Magna.
En el texto la Constitución le otorga a los municipios la
imposición de gravámenes en materia inmobiliaria en todos sus aspectos, a través de las
legislaturas de los estados a los que pertenecen, quedando además muy claro que el poder
tributario de los estados no puede ser utilizado en su provecho, sino que las
contribuciones sobre la materia inmobiliaria sólo existen o pueden existir en provecho de
los municipios mexicanos.
Si bien es cierto que el artículo 73 constitucional fracción VII
establece una regla general tributaria a favor de la Federación, también es cierto que
el artículo 115 constitucional consagra una excepción a la misma. El establecimiento del
gravamen inmobiliario ya mencionado resulta inconstitucional, ya que la redacción del
citado artículo 115 fracción IV inciso a
establece las contribuciones a la propiedad inmobiliaria en lo referente a su traslación,
lo cual, por la redacción del mismo, abarca la enajenación; situación que contempla el
impuesto sobre la renta. Presentándose con ello una muy clara invasión de esfera
competencial tributaria por parte de la Federación a los municipios mexicanos.
La ya desproporcionada situación en los ingresos de la Federación
respecto a los de las entidades federativas y muy específicamente a la situación de los
municipios mexicanos, ha sido un problema crucial en el desarrollo regional con equilibrio
en México. Si se examina la estructura de los ingresos tributarios a distintos niveles de
gobierno a lo largo del tiempo, resulta que hubo un deterioro paulatino de la capacidad
tributaria de los estados y municipios a favor de una dominación cada vez mayor de la
Federación.
Es hora, pues, de trabajar para dar a los municipios su verdadera y
real autonomía. Démosle una verdadera libertad política reflejada en una libertad
económica y financiera. Hasta aquí honorable Asamblea, hasta aquí señora Presidenta y
demás integrantes de la Mesa Directiva, las consideraciones respecto a esta iniciativa.
Pido su autorización para poder presentar a la Secretaría mi
opción, si me permite hacer una consideración final.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Brevemente, señor diputado.
El diputado Ney González Sánchez:
Claro. Así será.
Entrego a la Secretaría de la Mesa Directiva de esta Cámara, a la
que el pueblo me dio la oportunidad de arribar hace poco más de dos años, en virtud de
que el 17 de septiembre, próximo martes, habré de tomar posesión como presidente
municipal de la capital de mi Estado, Tepic.
En esos términos y en el supuesto que prevé el artículo 125, he
optado por ocupar el cargo de presidente municipal y esta ocasión quiero aprovecharla
para agradecerles a todas y a todos ustedes las deferencias que tuvieron conmigo. A todos
los hermanos de legislatura darles las gracias, hago entrega del documento y en estos
momentos les digo sólo a los hermanos de legislatura: ¡Muchas gracias! A la gente de
Tepic: ¡Ahora es cuando! A todos ustedes: ¡Nos veremos!
Muchas gracias.
«Iniciativa con proyecto de decreto que propone derogar el Título
Cuarto Capítulo IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que faculta a la Federación
para gravar sobre los ingresos por enajenación de bienes inmuebles, presentada por el
diputado Ney Manuel González Sánchez, integrante del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción II del
artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado federal, somete a consideración de esta Asamblea,
la presente iniciativa que propone derogar el Título Cuarto, Capítulo IV de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta, que plantea el establecimiento de contribuciones por parte de la
Federación en materia inmobiliaria, al tenor de la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
En la Carta Magna de 1857 se presentaba un enorme rezago en la
figura del municipio y fue en la Constitución de 1917 que se retoma la figura del
municipio libre, obedeciendo al deseo de que prácticamente cada población de la
República contara con una autoridad local inmediata, debidamente constituida, que al
encontrarse familiarizada con los problemas y necesidades del lugar pudiera atender a la
ciudadanía en forma rápida y efectiva.
Lógicamente al regularse en el artículo 115 de la Constitución
Política, el procedimiento para la integración de la hacienda municipal, en dicho
precepto tuvieron que asentarse las bases del régimen competencial con otros niveles de
gobierno (Federación y estados).
Las reformas realizadas por el
entonces Presidente de la República, Miguel de la Madrid Hurtado, el 3 de febrero de 1983
a la fracción IV inciso a del artículo
115, al cual atribuye a los municipios de la República la materia inmobiliaria como
exclusiva del mismo en todos sus aspectos, otorgando libertad hacendaria para percibir
contribuciones incluyendo tasas adicionales en materia de bienes inmuebles.
Sin embargo, en contravención a esta facultad contenida en nuestros
ordenamientos actuales, encontramos una notoria inconstitucionalidad en el establecimiento
de tributos por parte de la Federación en materia inmobiliaria en diversos ordenamientos
de carácter federal, concretamente y para este efecto en lo dispuesto en el Título
Cuarto Capítulo IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
En relación al sistema de distribución de poderes tributarios, la
Suprema Corte de la Justicia de la Nación, a partir de 1944 sentó jurisprudencia
definitiva en relación con dicho problema, la cual es del tenor siguiente:
"impuestos, sistema constitucional referido a la materia fiscal, competencia entre la
Federación y las entidades federativas para decretarla". Una interpretación
sistemática de los preceptos constitucionales que se refieren a materia impositiva
determina que no existe una delimitación radical entre la competencia federal, sino que
es un sistema complejo y las reglas principales son las siguientes:
a) Concurrencia contributiva de la Federación y los estados en la
mayoría de las fuentes de ingresos (artículo 73 fracción VII y artículo 124);
b) Limitación de la facultad impositiva de los estados mediante la
reserva expresa y concreta de determinada materia a la Federación (artículo 73 fracción
XXIX) y
c) Restricciones expresas a la potestad tributaria de los estrados
(artículo 117 fracciones IV, V, VI, VII y artículo 118).
Lo anterior motiva la necesidad de considerar lo dispuesto en la
fracción IV inciso a del artículo 115 como
una limitación o restricción a la potestad tributaria federal en lo que respecta a la
materia inmobiliaria, sustentado lo anterior con las reformas de 1983 ya comentadas, que
le otorgan a los municipios la imposición de gravámenes en materia inmobiliaria en todos
sus aspectos, a través de las legislaturas de los estados a los que pertenecen. Quedando
además claro, que el poder tributario de los estados no puede ser utilizado a su
provecho, sino que las contribuciones sobre la materia inmobiliaria sólo existen o pueden
existir en provecho de los municipios.
Si bien es cierto que el artículo 73 constitucional fracción VII,
establece una regla general tributaria a favor de la Federación, también es cierto que
el artículo 115 de nuestra Carta Magna consagra una excepción a la misma.
El establecimiento de gravámenes inmobiliarios contemplado en el
Título Cuarto, Capítulo IV, resulta pues inconstitucional, ya que la redacción del
multicitado artículo 115 en su fracción IV inciso a,
establece las contribuciones a la propiedad inmobiliaria, en lo referente a su
traslación, lo cual, por la redacción del mismo, abarca la enajenación, que es lo que
contempla el Impuesto Sobre la Renta en su título ya citado, presentándose con ello una
clara invasión de esfera competencial tributaria, por parte de la Federación a los
municipios.
La desproporción en los ingresos de la Federación respecto a los
de las entidades y específicamente la de los municipios, ha sido un problema crucial en
nuestro país, si se examina la estructura de los ingresos tributarios a distintos niveles
de gobierno a lo largo del tiempo, resulta que hubo un deterioro paulatino de la capacidad
tributaria de los estados y municipios a favor de una dominación cada vez mayor de la
Federación.
Es hora pues, de trabajar para dar a los 2 mil 430 municipios su
verdadera y real autonomía, démosle una verdadera libertad política reflejada en una
libertad económica.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la aprobación de
esta Asamblea, la siguiente
INICIATIVA CON PROYECTO
DE DECRETO
Que propone derogar el Título Cuarto Capítulo IV de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta, para otorgar a los ayuntamientos la facultad de gravar sobre los
ingresos por enajenación de bienes inmuebles, para quedar como sigue:
"Se deroga el Título Cuarto, Capítulo IV, artículos 146,
147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 y 154 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta,
otorgándose de tal forma a los ayuntamientos del país, la facultad de gravar sobre los
ingresos por enajenación de bienes inmuebles dentro de su territorio, de conformidad a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Ciudad de México, a 10 de septiembre de 2002.— Diputado Ney González Sánchez.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Túrnese la iniciativa a la
Comisión de Hacienda y Crédito Público y túrnese la solicitud y el escrito de opción
a la Mesa Directiva para su desahogo.
TARIFAS ELECTRICAS
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra el diputado Alfredo Hernández Raigosa, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de
reformas a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Saludamos y despedimos a los distinguidos estudiantes de la Escuela
Superior de Ingeniería y Arquitectura y del Instituto Superior de Intérpretes y
Traductores que han estado participando en esta sesión.
El diputado Alfredo Hernández
Raigosa:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros
legisladoras y legisladores:
El día de hoy, el motivo de mi presencia en esta tribuna es
dirigirme a ustedes para hacer y presentar una iniciativa de ley, que tiene como finalidad
defender, apoyar, respaldar a la mayoría de la población en este país que está
sufriendo ya en estos momentos el embate precario de sus condiciones económicas, a partir
del momento en que el Ejecutivo Federal decidió de manera unilateral emitir el decreto
del 7 de febrero del año 2002, en el que se retira el subsidio a las tarifas de energía
eléctrica de uso doméstico, así como también incrementa las tarifas a las mismas.
Compañeras y compañeros legisladores: el momento que estamos
viviendo los que somos representantes populares y que representamos de manera directa
algún distrito, no es un momento fácil. Nuestros electores día con día recurren a las
oficinas que hemos colocado en nuestros distritos, para reclamar por qué circunstancia y
bajo qué condiciones se emitió este decreto a todas luces anticonstitucional y
violatorio de la posibilidad de una vivienda digna para millones de hogares mexicanos.
Jubilados, pensionados, amas de casa, obreros, comerciantes,
estudiantes, jóvenes, mujeres, se acercan y piden una voz, una mano de auxilio para
enfrentar esta grave situación que representa haber emitido este decreto que suspende,
que retira el subsidio a la tarifa eléctrica y que incrementa la misma en niveles
desproporcionados a la fecha.
Las contradicciones del Ejecutivo, la falta de mando, la falta de
dirección y la capacidad de ordenar un decreto que no vapuleara severamente a los
estratos más desprotegidos de la población, es un común denominador en este momento en
la población de nuestro país.
Se nos dijo que este decreto solamente afectaría a no más del 25%
de la población en el país que consume energía eléctrica. Se nos señaló que el
impacto del retiro al subsidio no iba a afectar a la clase media, a las clases populares y
a la clase trabajadora en nuestro país. Sin embargo, las manifestaciones de reproche, de
repudio, las movilizaciones sociales por este brutal retiro al subsidio e incremento a la
tarifa, no cesan en toda la República.
En todos los estados, los campesinos, los obreros, las amas de casa,
están reclamando que no pueden pagar una tarifa de energía eléctrica que está
rebasando el 184% al bimestre anterior.
Todavía es tiempo de corregir este mal, que puede provocar, sin
lugar a duda, un estallido social de dimensiones poco vistas en algún momento en nuestro
país. Porque no tuvo este decreto la mínima operación científica, objetiva y veraz
para identificar a qué sectores se les iba a eliminar el subsidio y se les iba a
incrementar la tarifa. De tal suerte que hoy las cuentas especiales de Luz y Fuerza del
Centro, en la CFE, siguen sin cobrarse y aquellos grandes consumidores que no pagan su
tarifa eléctrica y los que están en las cuentas especiales no se les corta la luz, pero
en cambio un jubilado, un pensionado, una mujer como madre soltera que trabaja se le va y
se le amenaza en su domicilio que de no pagar su tarifa eléctrica, se le va a cortar su
energía eléctrica en su domicilio.
Y han llegado ya en el caso particular de Luz y Fuerza que las
amenazas de juicio en lo civil y en lo penal se va a materializar para la gente humilde
que no pague su tarifa eléctrica.
Esto es un llamado de atención para todos los legisladores, de que
hoy es tiempo de frenar este abusivo decreto que sin miramientos lastima hoy por hoy a
más de 20 millones de hogares mexicanos y que además tienen que sufrir el mal
funcionamiento de más del 30% de los medidores que no toman adecuadamente la lectura, que
están quemados, que corren en sentido contrario o que en su defecto, sin tomar energía
eléctrica están trabajando sin parar y que provocan entonces disparos en sus mediciones
que van por allá del 1000% y que no son factibles de seguir pagando.
Hemos tenido en nuestras manos recibos de gente humilde en este
país que les llegaba de 200 pesos y ahora llega de 16 mil pesos, tarifas de primer mundo,
tarifas de ricos para gente pobre de este país que no tiene posibilidades de pagar o de
seguir pagando esta tarifa, sumado al desplazamiento del 1% mensual que se le da a la
tarifa eléctrica, al desplazamiento ene 1 kilogramo de gas del 27% a la fecha, al
desplazamiento del 1% mensual en el litro de la gasolina contrastado con el 4.6% de
incremento al salario mínimo, es verdaderamente criminal lo que está pasando con la
mayoría de la población en este país.
Por esa razón invito a mis compañeras y compañeros legisladores a
que hagamos un esfuerzo por resarcir esta carga económica, que si bien no se aprobó el
IVA en diciembre, les estamos aplicando a la población un impuesto adicional sobre estas
tarifas.
Por esa razón el día de hoy vengo a presentar dos cosas en la
tribuna, si me da tiempo; una, es una iniciativa de ley y la otra, un punto de urgente y
obvia resolución que tengo agendado donde pido se derogue el decreto del 7 de febrero del
año en curso.
Por ello exhorto también a las comisiones correspondientes del
Congreso a que tomen en cuenta esta iniciativa que hoy presento con la finalidad de que el
Congreso asuma su responsabilidad de ser la parte que representa a la población en los
distritos y que tenemos la responsabilidad ética, política y moral de auspiciar y de
ayudar a la población en esta situación que están padeciendo.
Y hoy, antes de que se den estallidos sociales podemos tomar las
medidas necesarias.
Por ello propongo, como iniciativa, el proyecto de decreto que
reforme y que añada a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
"Artículo 73 del Congreso, tiene facultades, fracción XXI de
aprobar las tarifas de uso habitacional por consumo de energía eléctrica."
"Artículo 2o. Se deroguen todas aquellas disposiciones que
sean contrarias a lo dispuesto en el artículo 1o. del presente decreto."
"Artículo 3o. El presente decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.”
Estamos en tiempo, compañeros diputados.
Muchas gracias.
«Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.—
Presente.
Iniciativa de ley para que el Congreso de la Unión fije la tarifa
de uso habitacional por consumo de energía eléc- trica.
Compañeras diputadas y estimados legisladores:
En ejercicio de lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos
55 fracción II; 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, los que suscriben, diputados federales de la LVIII
Legislatura integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, presentamos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente iniciativa
que adiciona la fracción XXXI al artículo 73 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, conforme a los siguientes
ANTECEDENTES
El financiamiento del sector eléctrico no es un tema reciente en el
país. Desde la nacionalización de la industria eléctrica y hasta fines de la década de
los ochenta, el financiamiento de la expansión del servicio eléctrico se realizó con
recursos del Gobierno Federal, créditos bilaterales, préstamos de la banca internacional
de desarrollo y créditos de proveedores. Las restricciones presupuestales, el alto costo
de la deuda y nuevas condiciones planteadas por organismos financieros internacionales
obligaron a la Comisión Federal de Electricidad a recurrir a nuevas formas de
financiamiento.
Esa nueva situación no fue excepcional para México. Diversos
países latinoamericanos optaron por nuevos esquemas de financiamiento para la
infraestructura eléctrica. En Argentina y Chile, por ejemplo, la alternativa fue la
privatización de los activos y la nueva generación, con resultados poco alentadores.
México optó en 1992 por cambiar la Ley de Servicio Público de
Energía Eléctrica, abriendo la inversión privada a la nueva generación, pero
manteniendo la estructura de la empresa pública. Esos cambios a la ley permitieron por
primera vez el autoabastecimiento de empresas privadas, la cogeneración, la pequeña
producción, la producción independiente, generación para exportación y abastecimiento
a particulares.
Sin embargo, esos cambios no dieron el resultado esperado,
principalmente en lo que se refiere a producción independiente. En la realidad, el
financiamiento principal con el que ha venido creciendo el sector eléctrico mexicano, que
por cierto no requería ningún cambio en la citada ley, es el del mecanismo de
contratación-arrendamiento-transferencia. Así se financiaron desarrollos como las
centrales de Petacalco, Tuxpan, Topolobampo, Temascal y Samalayuca.
Bajo ese mecanismo, los agentes privados financian y construyen las
plantas de generación o las líneas de transmisión y distribución. Al recibir la
planta, la CFE debe encargarse de su operación mientras paga al constructor un
arrendamiento equivalente al capital invertido, más una tasa de actualización.
Pero para que éste o cualquier otro tipo de financiamiento resulten
viables para las compañías eléctricas públicas, éstas deberían recuperar, mediante
las tarifas, el monto equivalente a la operación del sistema y al financiamiento de la
inversión. En la actualidad, algunas de las tarifas están subsidiadas y el peso lo
cargan la CFE y Luz y Fuerza del Centro. Es claro que si los subsidios estuviesen clara y
responsablemente otorgados por el Gobierno Federal o los estatales, las compañías
eléctricas públicas podrían operar manteniendo sus finanzas sanas.
No obstante, no basta con la claridad en el otorgamiento de los
subsidios; es indispensable su revisión. Las tarifas más subsidiadas son las de riego
agrícola y las del sector residencial. En el primer caso, el aumento en el precio de la
electricidad podría implicar un golpe adicional al tan castigado sector agrícola; sin
embargo, sería necesario un estudio que evaluara a qué tipo de agricultores se otorga el
subsidio.
En el caso del sector residencial, es revelador un análisis del
grupo de energía y ambiente del Instituto de Ingeniería de la UNAM sobre el porcentaje
que representa el gasto en electricidad del total del gasto trimestral de las familias
mexicanas. En dicho estudio se encontró que las familias de menos recursos económicos
destinan en promedio del 4% de su gasto total a pagar la electricidad, mientras que las de
mayores recursos gastan sólo el 1.7%. Esa situación refleja un sistema de subsidios a la
tarifa eléctrica residencial que no responde a las características socioeconómicas de
la población del país.
La política tarifaria para el sector residencial podría ser
revisada considerando tres premisas básicas: garantía del servicio eléctrico a la
población de escasos recursos, eliminación de los subsidios a los sectores de mayor
consumo y promoción de tecnología de uso eficiente de la energía que permita mantener
el nivel de servicio deseado, disminuyendo el consumo.
La CFE ha realizado en los últimos años una labor en ese sentido.
La casi eliminación de los subsidios en las tarifas del sector industrial, la novedosa
ampliación de las tarifas-horarios a las medianas empresas, la eliminación del cargo
fijo en el sector residencial o el horario de verano así lo muestran. Por si fuera poco,
la CFE ya ha desarrollado programas de reconocido prestigio mundial en el terreno del uso
eficiente de la energía eléctrica. Por otro lado, el ahorro de electricidad genera
beneficios adicionales: al usuario le permite reducir el gasto por el servicio y al país,
diferir a más largo plazo la construcción de nueva capacidad instalada.
En otro estudio del Instituto de Ingeniería de la UNAM, se calculó
un potencial técnico de conservación de cerca de 40 kw/h, lo que equivale al 25% de la
nueva oferta eléctrica para el 2003. Seguramente, la consideración de criterios de
factibilidad económica haría que ese potencial fuera menor, empero, es indudable que el
uso eficiente de la energía eléctrica es un instrumento para disminuir las presiones
financieras del sector, que da margen tanto a una reestructuración de tarifas
residenciales y de riego agrícola como a la aplicación de un programa de gestión
financiera del sector.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo realiza una reestructuración
contraria al interés general. Así, en comunicado oficial de la Secretaría de Hacienda
con fecha 7 de febrero de 2002, se da a conocer el nuevo esquema tarifario para el cobro
del consumo de energía eléctrica en los hogares, afirmando que se excluye de esta medida
al 75% de los usuarios; sin embargo, en el caso de Luz y Fuerza del Centro se excluye
sólo al 70%, lo que equivale a cerca de 470 mil usuarios.
De acuerdo con el decreto, el incremento en las tarifas recaerá
principalmente en los rangos de consumo que realiza la clase media baja que, como se
aprecia en la tabla del anexo, sufrirá incrementos de hasta el 80%.
Para un consumo de 200 kw/h promedio mensual, el incremento se eleva
a 80.88%. Para un consumo de 249 kw/h promedio mensual, el incremento será de 45.96%.
Para quienes tienen un consumo de 350 kw/h, el incremento se eleva a 39%.
Para los usuarios cuyo consumo promedio mensual es superior a 500
kw/h, el incremento será de tan sólo 16.85%, es decir, que los hogares donde el consumo
de energía es mayor, y que es la franja donde se encuentran los hogares con mayores
ingresos, el incremento será el menor de todos. En síntesis, el Gobierno pretende cobrar
tarifas de primer mundo a un país con salarios de tercer mundo.
Lo que el Gobierno deja de percibir al mover el rango del subsidio
de 125 kw/h a 140 kw/h lo recupera mediante un mayor incremento a los consumos promedios
de 200 kw/h y en mucho menor medida en consumos que son mayores a 500 kw/h al mes y lo
compensa también con la nueva tarifa a la producción y provisión de bienes públicos y
federales, aunque al respecto conviene señalar que el decreto del 7 de febrero es poco
claro, pues no explica cómo se aplicará esta tarifa, aunque sí se señala que el
incremento será de 150%.
En el decreto tampoco hallamos un compromiso del destino de los
ingresos adicionales, sobre los cuales existe una contradicción entre lo que publica la
Secretaría de Hacienda, la cual señala que se destinarán a reforzar la infraestructura
de la industria eléctrica y, por otra parte, el presidente Vicente Fox afirmó que esos
recursos se destinarían a obras de carácter social, como escuelas y hospitales.
EXPOSICION DE MOTIVOS
I. Dado que el decreto del 7 de febrero del año en curso está
causando severos estragos en la economía de más del 80% de los mexicanos, dejando ver
que el aumento es un paso más hacia la privatización del sector energético.
II. Dado que el partido en el poder ha impedido que la decisión
inconstitucional de aumentar los costos y eliminar el subsidio a las tarifas eléctricas
sea sujeta de revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vía
controversia constitucional.
III. Dado que de no darse marcha atrás a la promulgación del
decreto del 7 de febrero a fin de hacer más asequibles las tarifas eléctricas, se corre
el peligro de un estallido social en toda la nación mexicana.
IV. Dado que mucha gente de zonas populosas del país está optando
por "colgarse" que pagar el brutal incremento de hasta el 184%, por la
disyuntiva en que el Gobierno de Vicente Fox los ha colocado, de comer o robarse la luz.
V. Dado que el aumento afectó a las clases sociales con menor
capacidad de contribución, viola el principio de equidad y justicia en las
contribuciones, impuestos y derechos de contribuir según su capacidad económica.
Con fundamento en lo anteriormente expuesto, el suscrito, diputado
federal del Partido de la Revolución Democrática y con fundamento en el artículo 56 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
someto a esta soberanía el siguiente proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se
añade una fracción XXXI al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera:
"Artículo 73. El
Congreso tiene facultad:
I a la XXX. . .
XXXI. Aprobar las tarifas de uso habitacional por consumo de
energía eléctrica."
Artículo segundo. Se
derogan todas aquellas disposiciones que sean contrarias a lo dispuesto en el artículo
primero del presente decreto.
Artículo tercero. El
presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 10 de septiembre de
2002.—Diputados: Alfredo Hernández Raigosa,
Jesús Garibay García, Adela del Carmen Graniel Campos y Rogaciano Morales Reyes.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Sí, diputado Raigosa… diputado Candiani.
El diputado Mauricio Enrique
Candiani Galaz
(desde su curul):
Señora Presidenta, nada más para hacer explícito a la hora de que
usted dicte el turno, de que en este momento se trata exclusivamente como lo comprendimos
al final de la exposición del compañero diputado, de una iniciativa; de tal forma que
corresponde simplemente darle el turno que usted indique y eventualmente escucharemos con
atención el punto de acuerdo al que simplemente aludió en su tribuna.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Sí, diputado, es una observación pertinente.
Túrnese la iniciativa del
diputado Alfredo Hernández Raigosa, a la Comisión de Puntos Constitucionales y
publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
EXPRESIDENTES
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra la diputada Adela del Carmen Graniel Campos, del
grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa de reformas a la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y a la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos.
La diputada Adela del Carmen Graniel
Campos:
Con la venia de la Presidencia; honorable Asamblea:
Solicito a la Presidencia gire instrucciones para que el texto
íntegro de esta iniciativa sea publicado tanto en el Diario de los
Debates como en la Gaceta Parlamentaria.
Los suscritos, diputadas y diputados a la LVIII Legislatura del
honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General sometemos a la consideración de esta
honorable Asamblea la presente iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Público Federal y a la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos, bajo la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
Cuando se trata el tema de responsabilidad legal de los gobernantes
y en general de los servidores públicos, es inevitable hacer referencia al concepto de
democracia. La democracia debe tener como uno de sus principales fundamentos el control
jurisdiccional y administrativo de los servidores públicos cualquiera que sea su rango o
nivel jerárquico.
En este contexto quiero llamar la atención sobre el uso
patrimonialista de las funciones públicas. Los apoyos económicos y administrativos que
se otorgan a favor de las personas que han desempeñado el cargo de Ejecutivo Federal han
venido cubriéndose con cargo a los recursos previstos en el ramo 2, correspondiente a la
Presidencia de la República.
En el acuerdo presidencial del 31 de marzo de 1987, se indica que al
concluir el periodo constitucional de su gestión el ciudadano que haya desempeñado el
cargo de Presidente de la República requiere disponer para el desempeño de servicios
generales a sus órdenes directas no sólo del personal de seguridad adscrito al
Ejército, Armada y Fuerza Aérea, sino también del personal civil de apoyo que resulte
indispensable para el desarrollo de sus actividades personales.
Además disfrutarán, mientras vivan, de una pensión equivalente al
sueldo total de un Secretario de Estado y tendrán derecho a percibir las prestaciones de
seguro de vida y gastos médicos mayores con cargo al erario federal. También tendrán a
su disposición y servicio mientras vivan, para el desempeño de servicios generales, a
sus órdenes directas, a un total de 25 empleados de la Federación adscritos a la planta
de personal de la Presidencia de la República, lo que significa que entre los cinco ex
presidentes cuentan para su servicio personal con 125 servidores públicos, además del
personal militar asignado para su seguridad.
Es importante destacar que la Constitución establece en el
artículo 73, fracción XI que es facultad del Congreso la creación y supresión de
empleos públicos de la Federación y señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones.
Por otra parte, los ex mandatarios y sus familias se han visto
beneficiados de seguros de vida y gastos médicos contratados con instituciones privadas
que son cubiertos con recursos públicos, cuando lo justo sería que recibieran las
prestaciones establecidas en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado. Las pensiones que reciben los ex presidentes por seis años de
servicio, contrastan con los magros ingresos que perciben los servidores públicos
jubilados y pensionados luego de toda una vida de trabajo.
La fiscalización de las finanzas públicas es una de las
principales herramientas de la mayoría de los cuerpos legislativos en el mundo para
influir en el diseño de las políticas públicas, vigilar su aplicación y frenar la
corrupción y mala administración dentro de las organizaciones a cargo del Ejecutivo.
La Cámara de Diputados cuenta con la prerrogativa de fiscalizar la
actividad gubernamental en materia económica; estas atribuciones básicas las ejerce el
Legislativo a través de la aprobación anual de la Ley de Ingresos, del Presupuesto de
Egresos y de la Cuenta Pública. No obstante, aun cuando la ley le confiere esas
atribuciones al Legislativo, esas facultades no se han traducido en un mecanismo efectivo
para la revisión de los criterios que rigen la política económica y sus consecuencias
ni para aumentar la eficiencia del gasto público, mucho menos contribuir al combate a la
corrupción. En los hechos, el Legislativo desconoce casi completamente las orientaciones
y directrices particulares con que el Poder Ejecutivo opera el gasto aprobado, ocurriendo
lo mismo con la elaboración del presupuesto.
Las disposiciones vigentes que
benefician a los ciudadanos que han desempeñado el cargo de Presidente Constitucional
de los Estados Unidos Mexicanos son acuerdos del Ejecutivo en turno, por lo mismo no se
publican en el Diario Oficial de la Federación.
La presente iniciativa pretende establecer el marco legal para que se supriman la
discrecionalidad y privilegios que han gozado los ex titulares del Ejecutivo Federal, ya
que repercuten de manera significativa en el gasto público.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones
invocadas en el proemio, presento la presente
INICIATIVA DE DECRETO
Que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Público Federal y la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos:
Artículo primero. Se
adiciona un párrafo al artículo 2o. de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público Federal, para quedar como sigue:
“Artículo 2o. . .
El Gasto Público Federal no incluirá erogaciones por concepto de
pago o previsión a servidores públicos que dejen de desempeñar su empleo, cargo o
comisión.”
Artículo segundo. Se
adiciona un artículo 9o.-bis a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos, para quedar como sigue:
"Artículo 9o-bis.
Los servidores públicos que hayan de-sempeñado el cargo de Presidente Constitucional de
los Estados Unidos Mexicanos, no podrán disponer de empleados de la Federación para el
desarrollo de sus actividades personales. Asimismo, deberán abstenerse de aprovechar la
posición de su anterior empleo para autorizar la adquisición de seguros de vida y de
gastos médicos mayores en beneficio de él, su cónyuge o parientes consanguíneos, con
cargo al erario federal."
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente
decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La signan los diputados: Humberto Mayans Canabal, Jesús Garibay
García, Rogaciano Morales Reyes, Alfredo Hernández Raigosa, Juan Carlos Regis Adame,
Lázaro Méndez López y Adela del Carmen Graniel Campos.
Muchas gracias.
«Iniciativa de decreto que reforma y adiciona la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo de la diputada Adela del Carmen
Graniel Campos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Los suscritos, diputadas y diputados a la LVIII Legislatura del
honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de esta
Asamblea la presente iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Público Federal y a la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos, bajo la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
Cuando se trata el tema de responsabilidad legal de los gobernantes
y en general de los servidores públicos, es inevitable hacer referencia al concepto de
democracia, ya que la responsabilidad que tienen frente a los gobernados es uno de los
elementos de la institución política constitucional.
El concepto de democracia adquiere una nueva dimensión con la
creación del Estado liberal que surge como una rea-cción ante los abusos de los
dictadores monárquicos y absolutistas, al reivindicar los derechos y libertades
individuales mediante la participación del pueblo en la adopción de la forma de gobierno
que más le convenga, en ejercicio del derecho inalienable llamado soberanía.
Como producto de la voluntad libre se crea un Estado de Derecho con
base en un orden constitucional que consagra, en primer término, las garantías de los
individuos y, en segundo, la organización, el funcionamiento, las facultades y las
atribuciones de los órganos de gobierno para que actúen en función del bienestar
común.
La actuación de los gobernantes debe estar circunscrita a ese orden
constitucional y a las leyes que de ella emanen y están obligados a la guarda y respeto
de ese ordenamiento legal supremo; de manera que la honestidad en el desempeño de sus
tareas públicas debe ser su característica fundamental y, en caso contrario, están
obligados a responder por su incumplimiento.
No hay democracia si no encontramos una conjugación real de los
elementos que deben tener vigencia en los estados democráticos, como la delimitación
legal de las funciones y atribuciones de los titulares de los órganos de gobierno y el
respeto de éstos a la Constitución y las leyes que de ella emanen y a la posibilidad de
responsabilizar a los gobernantes cuando con su conducta contravengan las disposiciones
legales.
Para evitar que el país siga siendo el botín de unos cuantos, que
la actuación pública se realice en función de las instituciones consignadas en el
ordenamiento constitucional y en la efectiva aplicación de las mismas a la realidad y si
el interés público y el bienestar social están antes que los intereses o el bienestar
personal de los que están obligados a servir al país.
La credibilidad en las instituciones políticas se ha demeritado
profundamente debido a que la conciencia pública ha sido golpeada impunemente por
gobernantes irresponsables, cuando la moral política debería encontrar sus elementos de
acuerdo con la Constitución, en la legalidad, en la eficiencia, la responsabilidad y en
la honestidad e imparcialidad.
La democracia debe tener como uno de sus principales fundamentos el
control jurisdiccional y administrativo de los servidores públicos, cualquiera que sea su
rango o nivel jerárquico.
En este contexto, quiero llamar la atención sobre el uso
patrimonialista de las funciones públicas. Los apoyos económicos y administrativos que
se otorgan en favor de las personas que han desempeñado el cargo de titular del Ejecutivo
Federal, tradicionalmente han venido cubriéndose con cargo a los recursos previstos en el
ramo 02, correspondiente a la Presidencia de la República.
En el acuerdo presidencial del 31 de marzo de 1987, se indica que
como reconocimiento del Gobierno Federal a la labor de todos aquellos servidores públicos
que hayan de-sempeñado el cargo de presidente constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a fin de que tanto ellos como sus derechohabientes, conforme a la ley, cuenten
con los recursos económicos, prestaciones de seguridad social, servicios de apoyo y de
seguridad suficientes para preservar su integridad e independencia económica a que tienen
derecho por haber desempeñado tan honroso y alto cargo de la Federación.
Que al concluir el periodo constitucional de su gestión, el
ciudadano que haya desempeñado el cargo, requiere disponer para el desempeño de
servicios generales a sus órdenes directas no sólo del personal de seguridad adscrito al
Ejército, Armada y Fuerza Aérea, sino también del personal civil de apoyo que resulte
indispensable para el desarrollo de sus actividades personales.
El ciudadano que haya desempeñado el cargo de presidente,
disfrutarán mientras vivan de una pensión equivalente al sueldo total que corresponde a
los servidores públicos que ocupan el cargo de secretario de Estado. Dicha pensión se
otorgará con cargo al erario federal y se incrementará en la misma temporalidad y
proporción.
Además, tendrán derecho a percibir las prestaciones de seguridad
social que correspondan a los servidores públicos que ocupan el cargo de secretario de
Estado, consistentes en seguro de vida y seguro de gastos médicos mayores con cargo al
erario federal.
También tendrán a su disposición y servicio mientras vivan, para
el desempeño de servicios generales a sus órdenes directas a un total de 25 empleados de
la Federación adscritos a la planta de personal de la Presidencia de la República, con
las siguientes categorías: un director general; dos directores de área; cuatro
subdirectores; cuatro jefes de departamento; una secretaria de director general; una
secretaria de director de área; dos secretarias de subdirector; tres técnicos
especializados; tres choferes; cuatro auxiliares administrativos.
Lo que significa que entre los cinco ex presidentes cuentan para su
servicio personal con 125 servidores públicos, además de personal militar asignado para
su seguridad, todos con cargo al erario federal. Esta estructura administrativa al
servicio de los ex presidentes es costosa, ya que su servicio es pagado con recursos
públicos.
Es importante destacar que la Constitución establece en el
artículo 73 fracción XI, que es facultad del Congreso la creación y supresión de
empleos públicos de la Federación y señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones.
Por otra parte los ex mandatarios y sus familias se han visto
beneficiados de seguros de vida y gastos médicos, contratados con instituciones privadas
de seguros, que son cubiertos con recursos públicos, cuando lo justo sería que
recibieran las prestaciones establecidas en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
para los Trabajadores del Estado.
Por otra parte, cabe mencionar que el 2 de octubre de 2001,
presenté en la tribuna de la Cámara de Diputados, un punto de acuerdo para que en el
marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal del año 2002 y sucesivos, se considerara eliminar, de la partida
correspondiente, los recursos destinados a los ex presidentes de la República.
Donde se mencionaba que, con el pago que el gobierno destina en un
mes a los cinco ex presidentes, se podrían pagar por ejemplo: 17 mil 362 salarios
mínimos en Baja California Sur, unos 18 mil 461 en Sonora y 19 mil 542 salarios en
Tabasco. Además, con los recursos destinados a los ex presidentes se podrían pagar becas
del Programa Oportunidades (antes Progresa) de la siguiente forma: para tercero de
primaria, 7 mil 375 becas; para cuarto, 6 mil 369 becas; para quinto, 5 mil 4 becas, y
para sexto, 3 mil 787 becas.
Algunos de los ex presidentes son trabajadores en activo. Incluso
Ernesto Zedillo es directivo de la Transnacional Union Pacific, empresa ferroviaria que
adquirió los ferrocarriles nacionales que él mismo privatizó. Además de una
considerable suma que recibirá de la Universidad de Yale, la ONU, la Organización
Mundial de Comercio y Procter & Gamble.
Las pensiones que reciben los ex presidentes por seis años de
servicio contrastan con los magros ingresos que perciben los servidores públicos
jubilados y pensionados, luego de toda una vida de trabajo.
Además de resultar ofensivas en un país con más de la mitad de la
población que vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema, particularmente con
millones de mexicanos con ingresos inferiores a 20 pesos diarios.
La fiscalización de las finanzas públicas es una de las
principales herramientas de la mayoría de los cuerpos legislativos alrededor del mundo,
para influir en el diseño de las políticas públicas, para vigilar su aplicación y para
frenar y mitigar la corrupción y la mala administración dentro de las organizaciones
gubernamentales a cargo del Ejecutivo.
En nuestro sistema político el poder facultado para proponer el
origen, conformación y nivel de los ingresos públicos, así como ejercer el gasto, es el
Ejecutivo. Por su parte, el Poder Legislativo es el encargado de examinar, discutir,
modificar y aprobar las propuestas que sobre esta materia presente el Ejecutivo a su
consideración.
Asimismo, la Cámara
de Diputados cuenta con la prerrogativa de fiscalizar la actividad gubernamental en
materia económica. Así estas dos atribuciones básicas las ejerce el Legislativo
mexicano a través de la aprobación anual de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF),
del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y de la Cuenta de la Hacienda Pública
Federal.
En México, tanto la división del Supremo Poder de la Federación
como la atribución fiscalizadora de la Cámara de Diputados sobre el Ejecutivo, son
resultado del proceso histórico de nuestra nación que busca que la igualdad e
independencia de los poderes, así como los controles entre sí, permiten un gobierno
equilibrado, justo y soberano.
No obstante, aun cuando la ley le confiere esas atribuciones al
Legislativo, esas facultades no se han traducido en un mecanismo efectivo para la
revisión de los criterios que rigen la política económica y sus consecuencias ni para
aumentar la eficiencia del gasto público ni contribuir al combate de la corrupción y de
la ineficiencia gubernamental.
Las pasadas elecciones del 6 de julio, representan el fin de sistema
de partido hegemónico, pero sobre todo a partir de esta fecha la Constitución no es ya
un objeto manipulable por una sola fuerza política ni se encuentra al servicio de
intereses que se dirigían hacia una sola dirección, mucho menos el resultado de una
interpretación que no admitía discusión alguna.
La alternancia en la Presidencia de la República no significó
solamente un cambio de partido en el poder, sino que representa la posibilidad de
construir un nuevo régimen con instituciones democráticas sólidas.
El proceso de cambio democrático en México no debe descuidar la
segunda faceta de la democracia, que es la de supervisar y controlar a quienes han sido
elegidos mediante el voto popular.
Los recursos federales deben manejarse conforme al interés nacional
y tanto el seguimiento de este proceso como la definición del interés público y de la
política económica a aplicar, deben resolverse con la participación obvia del Ejecutivo
y del Legislativo.
El nuevo contexto político en el país, ha llevado a la ciudadanía
y a algunos grupos parlamentarios de oposición a promover y fortalecer las atribuciones
de la Cámara de Diputados en materia de fiscalización.
La actividad de supervisión del gasto público, simultánea a su
ejercicio, existe en nuestro país; sin embargo, la dependencia encargada de realizarla es
la Secretaría de la Contraloría, es decir, que es el propio Ejecutivo el encargado de
vigilarse a sí mismo, impidiéndose una verdadera fiscalización del gasto público. Esta
incongruencia ha exacerbado, aún más, el profundo presidencialismo que padecemos los
mexicanos, al igual que los niveles de corrupción e impunidad que existen en el sector
público.
En los hechos, el Legislativo desconoce casi completamente las
orientaciones y directrices particulares con que el Poder Ejecutivo opera el gasto
aprobado, ocurriendo lo mismo con la elaboración del presupuesto. De esta forma, el Poder
Legislativo queda marginado, como en el caso de la elaboración del Plan Nacional de
Desarrollo, en la definición de la política económica a aplicar y en la vigilancia de
su seguimiento.
El Congreso desconoce los anteproyectos de presupuesto que
anualmente cada entidad pública envía al Ejecutivo, con objeto de que éste defina el
Presupuesto de Egresos de la Federación. Lo anterior impide que el Legislativo tenga una
visión amplia y directa de las necesidades del sector público y del papel que éste va
desempeñando en el desa-rrollo de la nación.
Las disposiciones vigentes que benefician a los ciudadanos que han
desempeñado el cargo de Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, son
acuerdos del Ejecutivo que no se publicaron en el Diario
Oficial de la Federación, además de que el Poder Legislativo, ha sido excluido en el
establecimiento de los recursos que reciben los ex presidentes de la República, ya que la
determinación de estas decisiones han sido dictadas por el titular del Ejecutivo en
turno.
La presente iniciativa pretende establecer el marco legal para que
se supriman la discrecionalidad y privilegios que han gozado los ex titulares del
Ejecutivo Federal, ya que repercuten de manera significativa en el gasto público.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones
invocadas en el proemio, presentamos la siguiente
iniciativa de decreto
Que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Público Federal y la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos.
Artículo primero. Se
adiciona un párrafo al artículo 2o. de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público Federal, para quedar como sigue:
“Artículo 2o. . .
…
…
El gasto público federal no incluirá erogaciones por concepto de
pago o previsión a servidores públicos que dejen de desempeñar su empleo, cargo o
comisión.”
Artículo segundo. Se
adiciona un artículo 9o.-bis de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de
los Servidores Públicos, para quedar como sigue:
“Artículo 9o.-bis.
Los servidores públicos que hayan desempeñado el cargo de
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos no podrán disponer de empleados
de la Federación para el desarrollo de sus actividades personales.
Asimismo, deberán abstenerse de aprovechar la posición de su
anterior empleo para autorizar la adquisición de seguros de vida y seguros de gastos
médicos mayores en beneficio de él, su cónyuge o parientes consanguíneos con cargo al
erario federal.”
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente
decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 10 de septiembre de
2002.— Diputados: Adela del Carmen Graniel
Campos, Humberto Mayans Canabal, Jesús Garibay García, Rogaciano Morales Reyes, Alfredo
Hernández Raigosa, Juan Carlos Regis Adame y
Lázaro Méndez López.»
Presidencia del diputado
Jaime Vázquez Castillo
El Presidente diputado Jaime Vázquez
Castillo:
Gracias, compañera diputada.
Túrnese a las comisiones de
Presupuesto y Cuenta Pública y de Gobernación y Seguridad Pública y publíquese
íntegramente en el Diario de los Debates y en
la Gaceta Parlamentaria.
LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES
El Presidente diputado Jaime Vázquez
Castillo:
Tiene el uso de la palabra la diputada Bertha Alicia Simental
García, del Partido de la Sociedad Nacionalista, para presentar una iniciativa de reforma
al artículo 26 de la Ley General de Bienes Nacionales.
La diputada Bertha Alicia Simental
García:
Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros
legisladores:
«Los suscritos, diputados federales de la LVIII Legislatura de la
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Partido de la
Sociedad Nacionalista, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II,
72, 79 fracción III y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
artículos 55 fracción II, 56, 60, 64 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración de esta
honorable Asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 26 de
la Ley General de Bienes Nacionales, bajo el tenor de la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
La nueva estructura económica mundial, así como los compromisos
que el país fue adquiriendo, exigían modificaciones fiscales y legales, con el objetivo
de actualizar la infraestructura de transporte y hacerlo más competitivo.
En este contexto, la primera parte de la década de los noventa fue
el punto de partida en la transformación de los subsectores ferroviario, portuario,
carretero y aeroportuario del país; la apertura y la competencia así lo exigían. La
entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, se presentó como
un motivo de la transformación.
Los cambios no se hicieron esperar, se aprobaron leyes que
permitieron a empresas privadas administrar, construir y operar estos subsectores hasta
por 50 años, prorrogables hasta por el mismo periodo. La disposición fue: "que la
modernización de la infraestructura era indispensable ante esquemas de apertura comercial
y globalización en la economía, que de no lograrse, se convertirían en cuellos de
botella que impedirían el crecimiento nacional".
Se aprobaron reformas constitucionales que permitieron la
reclasificación del transporte como área prioritaria para la nación. Esto condujo a la
creación de leyes que regularían el proceso de concesión a particulares, cuyo objetivo
fue fomentar la competencia y promover su desarrollo.
El Gobierno argumentaba que era necesario desincorporar debido a que
estos sectores no generaban recursos, no eran autosuficientes y representaban un alto
costo social.
El 15 de febrero de 1989 el
entonces presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, pone en marcha un plan
para construir 5 mil kilómetros de carretera con la ayuda del sector privado y sacar al
país del rezago carretero que le impedía concretar tratados comerciales con países del
primer mundo.
Es así como se inicia el desastre financiero de este sector, que
una década más tarde los mexicanos llamaríamos el “rescate carretero”.
De esta forma, el Gobierno Federal otorgó 38 concesiones a 16
empresas privadas, particularmente constructoras y grupos financieros que construyeron un
total de 4 mil 760 kilómetros de carreteras de altas especificaciones. Al ser otorgada la
concesión a estas empresas, el Gobierno Federal, dirigido por Carlos Salinas, hizo
mención que se haría con estricto apego a la ley.
Sin embargo, en el informe de resultados sobre la revisión de la
Cuenta de la Hacienda Pública y la del Departamento del Distrito Federal de 1993, se
detectaron diversas anomalías en cuanto al procedimiento al otorgar las concesiones.
Las irregularidades detectadas no fueron únicamente en el aspecto
administrativo, hubo otras como lo menciona el diputado de la pasada legislatura, Juan
Antonio García Villa, de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda,
-cito-, "prevaleció la ineptitud, la corrupción, el amiguismo y la impunidad de
quienes implementaron el programa, el otorgamiento de las concesiones fue discrecional y
en muchos casos ni siquiera se realizó la licitación correspondiente".
Para 1994, las consecuencias de todas estas irregularidades eran
evidentes, las autopistas concesionadas presentaban una grave crisis, debido a que el
Afore estuvo mal calculado, además de que por el alto costo de las tarifas de peaje,
éstas se habían desplomado y los usuarios preferían circular por la red federal. Pero
no sólo eso, Adolfo Aguilar Zinzer, entonces diputado independiente, cita la publicación
del Banco Mundial Blue Point, en donde se analiza técnicamente el asunto de las
concesiones carreteras mexicanas y se demuestra que el fracaso de estos negocios se debió
a, cito de nuevo, "la descarada negligencia del Gobierno por la inexplicable
vulnerabilidad de los mecanismos regulatorios, por la falta de previsión, vigilancia y
control de las autoridades y por la incompetencia y falta de veracidad de muchas de las
empresas involucradas", termina la cita.
Los empresarios de la infraestructura carretera, entre los que se
encontraban las tres más grandes compañías constructoras de México: ICA, Tribasa y
GMD, solicitaron apoyo gubernamental, argumentando que se debía evitar a cualquier costo
la quiebra de sus empresas y esto se haría con bienes públicos para empresas privadas.
Al retomar el Gobierno la propiedad de las autopistas con su
programa de rescate financiero, cuyo costo inicial fue de 26 mil 100 millones de pesos,
aproximadamente el 3% del Producto Interno Bruto de 1997, sin incluir los intereses
generados, ha puesto en evidencia el fracaso de las privatizaciones y concesiones llevadas
o mal llevadas por el Estado y ponen en el tapete de la discusión la viabilidad de este
tipo de políticas.
Las empresas que obtuvieron estas concesiones, se han quejado de las
grandes pérdidas que les ocasionó invertir en este proyecto, sin embargo, se ponen en
tela de juicio tales aseveraciones, ya que no se hizo del conocimiento público toda la
información, por lo que no es posible comprobar si las concesionarias invirtieron las
cifras que mencionan, pues como se ha dicho anteriormente por los legisladores que
tuvieron acceso a estas licitaciones, desde el inicio
este proyecto estuvo plagado de irregularidades.
Lo que llama la atención en su momento, es que el Gobierno Federal
invitara a estos mismos inversionistas en un nuevo programa de obra pública financiada y
que además de las carreteras participaron posteriormente en las concesiones de
ferrocarriles, puertos y aeropuertos, por lo que se deduce que no debe haberles ido tan
mal como lo declararon, ya que ningún gobierno o inversionista inteligente, se arriesga a
perder de nuevo cantidades millonarias con proyectos mal diseñados para obtener sólo
pérdidas económicas.
Resulta pues inaceptable que aún no existan candados para que el
Gobierno Federal no disponga de recursos millonarios para rescatar unas cuantas empresas y
dedique sumas comparativamente más pequeñas para la atención de millones de mexicanos
en extrema pobreza que sufren, día con día, graves carencias en alimentación,
educación y salud.
Se debe exigir a las autoridades transparencia en el manejo del
dinero público y una investigación cuidadosa y a fondo de estos hechos que lesionan, no
sólo la economía, sino también la confianza de los mexicanos en nuestras instituciones.
Una medida que le daría credibilidad al nuevo gobierno, sería
determinar la responsabilidad de cada uno de los actores de manera ética y profesional,
sin revanchismo político ni cacería de brujas, solamente trasladando los adeudos a quien
corresponda, que las empresas privatizadas o concesionadas, entraran en el juego a muerte,
ser competitivas o quebrar.
Cuando esto no ocurre, porque son de interés colectivo y no se les
puede terminar quebrar, se pierden las ventajas el capitalismo y la sociedad no reciben
ningún beneficio de las privatizaciones únicamente sus males.
Con objeto de evitar que esto ocurra, esto es, que el pueblo
mexicano tenía que absorber las pérdidas que las empresas privatizadas o concesionadas
por sus malos manejos, por la falta de planeación o por corrupción puedan tener,
sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
Que reforma el artículo 26 de la Ley General de Bienes Nacionales.
Artículo primero. Se
adiciona un último párrafo al artículo 26 a la Ley General de Bienes Nacionales, para
quedar de la siguiente manera:
"Artículo 26.
Independientemente del proceso de rescate establecido, quedarán a salvo los derechos del
Gobierno Federal de fincar responsabilidad al concesionario, para el caso de que el
rescate hubiese sido necesario por mala administración o imprudencia, malos manejos,
corrupción, desvío de fondos o cualquier otra irregularidad causada por el mismo
concesionario."
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente
decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. Se derogan todas
las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Dado en la Cámara de Diputados, a 10 de septiembre de 2002.—
Suscriben la presente iniciativa los diputados del Partido de la Sociedad Nacionalista, Gustavo Riojas Santana, Norma Patricia Riojas Santana y la de la voz.»
Pido a la Presidencia que se incluya el texto íntegro aquí leído
en el Diario
de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.
Muchas gracias.
«Ciudadana Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados.— Presente.
Los suscritos, diputados federales a la LVIII Legislatura de la
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Partido de la
Sociedad Nacionalista, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II,
72, 79 fracción III y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
artículos 55 fracción II, 56, 60, 64 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración de esta
honorable Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 26 de la
Ley General de Bienes Nacionales, bajo el tenor de la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
La nueva estructura económica mundial, así como los compromisos
que el país fue adquiriendo, exigían modificaciones fiscales y legales, con el objetivo
de actualizar la infraestructura del transporte y hacerlo más competitivo.
En este contexto, la primera parte de la década de los años
noventa fue el punto de partida en la transformación de los subsectores ferroviario,
portuario, carretero y aeroportuario del país. La apertura y la competencia así lo
exigían. La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN)
se presentó como un motivo de la transformación.
Los cambios no se hicieron esperar, se aprobaron leyes que
permitieron a empresas privadas administrar, construir y operar estos subsectores hasta
por 50 años prorrogables hasta por el mismo periodo. La disposición fue que “la
modernización de la infraestructura era indispensable ante esquemas de apertura comercial
y globalización en la economía que, de no lograrse, se convertirían en cuellos de
botella que impedirían el crecimiento nacional”.
Se aprobaron reformas constitucionales que permitieron la
reclasificación del transporte como área prioritaria para la nación, esto condujo a la
creación de leyes que regularían el proceso de concesión a particulares, cuyo objetivo
fue fomentar la competencia y promover su desarrollo.
El Gobierno argumentaba que era necesario desincorporar, debido a
que estos sectores no generaban recursos, no son autosuficientes y representaban un alto
costo social.
El 15 de febrero de 1989, el entonces presidente de la República,
Carlos Salinas de Gortari, pone en marcha un plan para construir 5 mil kilómetros de
carretera con la ayuda del sector privado y sacar al país del rezago carretero que le
impedía concretar tratados comerciales con países del primer mundo.
Es así como se inicia el desastre financiero de este sector, que
una década más tarde los mexicanos llamaríamos el "rescate carretero".
De esta forma, el Gobierno Federal otorgó 38 concesiones a 16
empresas privadas, particularmente constructoras y grupos financieros, que construyeron un
total de 4 mil 760 kilómetros de carreteras de "altas especificaciones".
Al ser otorgada la concesión a estas empresas, el Gobierno Federal
dirigido por Carlos Salinas de Gortari, hizo mención que se haría con estricto apego a
la ley, sin embargo, en el informe de resultados sobre la Revisión de la Cuenta de la
Hacienda Pública y de la del Departamento del Distrito Federal de 1993, se detectaron
diversas anomalías en cuanto al procedimiento al otorgar las concesiones.
Las irregularidades detectadas no fueron únicamente en el aspecto
administrativo, hubo otras como lo menciona el diputado de la pasada legislatura Juan
Antonio García Villa, de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda:
"prevaleció la ineptitud, la corrupción, el amiguismo y la impunidad de quienes
implementaron el programa. El otorgamiento de las concesiones fue discrecional y en muchos
casos ni siquiera se realizó la licitación correspondiente".
Para 1994 las consecuencias de todas estas irregularidades eran
evidentes, las autopistas concesionadas presentaban una grave crisis debido a que, el
aforo estuvo mal calculado, además de que por el alto costo de las tarifas de peaje,
éste se había desplomado y los usuarios preferían circular por la red federal.
Pero no sólo eso, Adolfo Aguilar Zinzer, entonces diputado
independiente, cita la publicación del Banco Mundial, View Point, en donde se analiza
técnicamente el asunto de las concesiones de carreteras mexicanas y se demuestra que el
fracaso de estos negocios de debió a "la descarada negligencia del Gobierno, por la
inexplicable vulnerabilidad de los mecanismos regulatorios, por la falta de previsión,
vigilancia y control de las autoridades y por la incompetencia y falta de veracidad de
muchas de las empresas involucradas".
Los empresarios de la infraestructura carretera, entre los que se
encontraban las tres más grandes compañías constructoras de México, ICA, Tribasa y
GMD, solicitaron apoyo gubernamental argumentando que se debía evitar a cualquier costo
la quiebra de sus empresas y esto se haría con bienes públicos para empresas privadas.
Al retomar el Gobierno la propiedad de las autopistas con su
programa de rescate financiero, cuyo costo inicial fue de 26 mil 100 millones de pesos,
aproximadamente el 3% del Producto Interno Bruto de 1997, sin incluir los intereses
generados, ha puesto en evidencia el fracaso de las privatizaciones y concesiones llevadas
o mal llevadas por el Estado y pone en el tapete de la discusión la viabilidad de este
tipo de políticas.
Las empresas que obtuvieron estas concesiones se han quejado de las
grandes pérdidas que les ocasionó invertir en este proyecto, sin embargo, se pone en
tela de juicio tales aseveraciones, ya que no se hizo del conocimiento público toda la
información, por lo que no es posible comprobar si las concesionarias invirtieron las
cifras que mencionan, pues como se ha dicho anteriormente por los legisladores que
tuvieron acceso a estas licitaciones, desde el inicio este proyecto estuvo plagado de
irregularidades.
Lo que llamó la atención en su momento, es que el Gobierno Federal
invitara a estos mismos inversionistas en un nuevo "Programa de Obra Pública
Financiada" y que además de las carreteras participaron posteriormente en las
concesiones de ferrocarriles, puertos y aeropuertos, por lo que se deduce que no debe
haberles ido tan mal como lo declararon, ya que ningún gobierno o inversionista
inteligente se arriesga a perder de nuevo cantidades millonarias con proyectos mal
diseñados, para obtener sólo pérdidas económicas.
Resulta pues, inaceptable que aún no existan candados para que el
Gobierno Federal no disponga de recursos millonarios para rescatar a unas cuantas empresas
y dedique sumas comparativamente más pequeñas para la atención de millones de mexicanos
en extrema pobreza que sufren día con día graves carencias en alimentación, educación
y salud. Se debe exigir a las autoridades, transparencia en el manejo del dinero público
y una investigación cuidadosa y a fondo de estos hechos que lesionan, no sólo la
economía, sino también la confianza de los mexicanos en nuestras instituciones.
Una medida que le daría credibilidad al nuevo Gobierno sería
determinar la responsabilidad de cada uno de los actores de manera ética y profesional,
sin revanchismo político ni cacería de brujas, solamente trasladando los adeudos a quien
corresponda, que las empresas privatizadas o concesionadas entraran en el juego a muerte,
ser competitivas o quebrar.
Cuando esto no ocurre, porque son de interés colectivo y no se les
puede permitir quebrar se pierden las ventajas del capitalismo y la sociedad no recibe
ningún beneficio de las privatizaciones, únicamente sus males.
Con objeto de evitar que esto ocurra, esto es, que el pueblo
mexicano tenga que absorber las pérdidas que las empresas privatizadas o concesionadas,
por sus malos manejos, por la falta de planeación o por corrupción puedan tener,
sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
Que reforma el artículo 26 de la Ley General de Bienes Nacionales.
Artículo único. Se
adiciona un último párrafo al artículo 26 de la Ley General de Bienes Nacionales, para
quedar de la siguiente manera:
"Artículo
26. ....
…
Independientemente del proceso de rescate establecido, quedarán a
salvo los derechos del Gobierno Federal de fincar responsabilidad al concesionario para el
caso de que el rescate hubiere sido necesario por mala administración o imprudencia,
malos manejos, corrupción, desvío de fondos o cualquier otra irregularidad causada por
el mismo concesionario."
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente
decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas
las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Cámara de Diputados, a 10 de septiembre de 2002.— Diputados: Gustavo Riojas Santana, Bertha Alicia Simental García y Norma Patricia Riojas Santana.»
Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señora diputada.
Inclúyase el texto leído de manera
íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates y
en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la
Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Pasamos al capítulo de excitativas y se ofrece el uso de la palabra
al diputado Rafael Hernández Estrada, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una
excitativa a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
El diputado Lorenso Rafael Hernández
Estrada:
Con el permiso de la Presidencia:
El que suscribe, diputado de la LVIII Legislatura del honorable
Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del PRD, solicita
respetuosamente a esta Presidencia, tenga a bien formular excitativa a la Comisión de
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias con relación a la iniciativa presentada en la
sesión del miércoles 3 de octubre de 2001 por el diputado Alfredo Hernández Raigosa, a
nombre del grupo parlamentario del PRD, para adicionar y reformar la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
En el citado documento expusimos la preocupación respecto a la
obsolescencia de algunas disposiciones de la Ley Orgánica a la luz de las circunstancias
políticas actuales, sobre todo se destacaba el hecho de que ya era un síntoma
preocupante la acumulación del rezago de cientos de iniciativas que duermen en los
archivos de las comisiones legislativas sin dictamen para su discusión en el pleno o
bien, sin un dictamen que las deseche.
En aquel momento el número de
iniciativas congeladas —como se ha dado en llamar coloquialmente a esta
situación—, ascendía a 287, siendo ésta ya una cifra considerable. Las
circunstancias desde que fue presentada la iniciativa, no han mostrado un cambio
sustancial, sino en el número de iniciativas en la congeladora. El rezago legislativo se
sigue acumulando.
En el mes de julio del presente año, concurrimos, a convocatoria de
la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a un Foro Para la Discusión
Sobre la Ley Orgánica del Congreso de la Unión. En esa oportunidad, comisionado por la
Mesa Directiva de la propia comisión, expresé los puntos de vista de mi partido sobre
este importante tema y subrayé que ya para ese tiempo el rezago legislativo era de más
de 515 iniciativas de ley o de reformas a la Constitución y a las leyes reglamentarias.
El día de hoy, de las 648 iniciativas presentadas durante esta legislatura, están
pendientes de dictaminar 523, es decir, el 81% de las mismas cuatro de cada cinco
iniciativas presentadas, se encuentran en la congeladora de San Lázaro.
Este tema cobra cada vez mayor relevancia porque la eficacia del
Congreso se pone en entredicho ante la opinión pública, sobre todo si se toma en cuenta
la pertinaz campaña que desde otros poderes se hace en contra de nuestro Congreso; pero
fundamentalmente habrá que decir que los derechos esenciales de los representantes
populares, no están siendo respetados.
El rezago legislativo, como lo hemos hecho notar en las sesiones de
la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, hace nugatorio el derecho a
iniciar leyes, derecho que la Constitución reconoce en su artículo 71, pues ese derecho,
el de iniciar leyes, queda burlado al no dictaminarse las iniciativas presentadas. El
derecho a la iniciativa es, a la vez el derecho a que ésta se dictamine.
Como grupo parlamentario hemos planteado esquemas para que se abata
este rezago y esquemas que permitan hacer efectivo el primer derecho que tenemos como
legisladores, esto es, el que se discutan las iniciativas que presentamos ante el pleno.
Por eso propusimos que se dé un plazo de 30 días a las comisiones
para que dictaminen, en el sentido que sea, cualquier iniciativa de decreto y que cuando
transcurra ese plazo y no se haya emitido dictamen, se enliste la iniciativa en los
términos en que fue presentada, en la primera sesión inmediata posterior al cumplimiento
del plazo para que el pleno la discuta, modifique y manifiesta con el voto su aprobación
o rechazo a la iniciativa.
Para esta reforma planteamos
modificar y adicionar los artículos 21 fracción XVI y 87 del Reglamento Interior del
Congreso General. El primero para establecer como obligación del Presidente de la Mesa
Directiva, la de inscribir en el orden del día de la primera sesión del pleno, posterior
al cumplimiento del plazo de 30 días, las iniciativas para su discusión, modificación,
aprobación o rechazo, cuando no se haya emitido el dictamen por la comisión
correspondiente.
El segundo, para establecer la obligación de las comisiones de
emitir en el plazo de 30 días los dictámenes de los asuntos que le sean turnados.
También existen otras propuestas emanadas de otras fracciones
parlamentarias, como aquélla expresada por el diputado García Cervantes, en el sentido
de que el Presidente demande a cualquiera de las comisiones a nombre de la Cámara, a que
se presente dictamen si han transcurrido 20 días después de aquél en que se les turne
un asunto, para que lo presenten en un término de 10 días, según la propuesta de Ley
del Congreso General, presentada por el diputado García Cervantes.
Es evidente que la preocupación que hemos planteado es genuina y no
sólo existe en nuestro grupo parlamentario. Sacando adelante esta reforma nos
acercaríamos a la forma como ya trabajan congresos de otros países y que permite que no
se dejen asuntos pendientes de una legislatura a otra.
Como lo dijimos entonces, lo reiteramos ahora, con estas reformas a
la Ley Orgánica estaríamos avanzando de manera importante en el fortalecimiento del
Poder Legisla-tivo.
Hay que reconocer que en la Comisión de Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias, los integrantes hemos hecho el esfuerzo de arribar a dictámenes, pero
aún no se ha logrado este dictamen. Lograr este paso es fundamental para el Congreso de
la Unión. Ya no queda más tiempo si aspiramos a abatir el rezago legislativo y cumplir
así cabalmente nuestro compromiso.
Es por ello que vemos la pertinencia de solicitar a esta
Presidencia, como lo he dicho al principio, la excitativa a dicha comisión para que
dictamine respecto a estas importantes reformas contenidas en la iniciativa de decreto en
comento.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
De conformidad con lo que
establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General, se excita a la Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias, para
que emita el dictamen correspondiente.
LEY DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra el diputado Uuc-kib Espadas Ancona, del grupo
parlamentario del PRD, para presentar una excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público.
El diputado Uuc-kib Espadas Ancona:
Con fecha 9 de enero de 2002 presenté, a nombre del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, una iniciativa de decreto para
reformar el artículo 109 fracción XXVIII de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, misma
que fue turnada a las comisiones de Cultura y de Hacienda y Crédito Público.
El día 2 de abril de 2002 solicitamos a la Presidencia de la
Cámara de Diputados, por primera vez, excitar a las comisiones de Cultura y de Hacienda y
de Crédito Público para emitir el dictamen correspondiente a la iniciativa de decreto en
comento.
Dicha solicitud fue obsequiada por la Presidenta con una excitativa
a las comisiones de Hacienda y Cultura a presentar el dictamen correspondiente.
El 9 de abril de 2002 el diputado Félix Salgado Macedonio solicitó
a la Presidencia de esta Cámara formulara excitativa referente al mismo tema.
La solicitud del diputado Félix Salgado fue obsequiada con una
excitativa de la Presidencia, fijando a la Comisión de Hacienda el día 30 de abril de
2002 como plazo para presentar el dictamen en comento.
Hasta el día de hoy, 10 de septiembre de 2002, la Comisión de
Hacienda no ha cumplido con las instrucciones de la Presidencia de esta Cámara.
Habiéndose alcanzado el extremo previsto en la fracción XVI del
artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos
Mexicanos, solicitamos respetuosamente a esta Presidencia turnar la iniciativa en comento
a la Comisión de Cultura en exclusiva.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Esta Presidencia recoge la
propuesta del diputado Uuc-Kib Espadas y en virtud de que está fundada en derecho, se
retira el turno a la Comisión de Hacienda sobre la iniciativa respectiva y se turna
exclusivamente a la Comisión de Cultura.
ESTADO DE CHIAPAS
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra el diputado Miguel Bortolini Castillo, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una excitativa a
la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
El diputado Miguel Bortolini Castillo:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeras legisladoras y
compañeros legisladores:
Hace ya casi dos semanas presentamos ante la Comisión Permanente un
punto de acuerdo que en esencia pretendía convidar al Poder Ejecutivo Federal para que
instruyera al Secretario de la Defensa Nacional a efecto de que cesen, se acaben de
inmediato los operativos militares del Ejército mexicano de la 39 zona militar.
En el mismo punto exhortamos a la Procuraduría de Justicia del
estado de Chiapas para que esclarezca los recientes asesinatos en aquel Estado.
Además, pedimos que ese órgano del Congreso de la Unión se
pronuncie porque el Gobierno Federal y el gobierno del estado de Chiapas emprendan
acciones efectivas para la disolución de los grupos paramilitares que proliferan en
Chiapas.
Hoy sabemos contundentemente que en el Gobierno foxista del cambio
nada, nada ha cambiado y en el gobierno de Chiapas, aunque su slogan dice: "que es de todos y para
todos", hasta ahora lo único que efectivamente se ha repartido entre todos ha sido
la impunidad.
Pero no sólo el poder o los poderes ejecutivos han fallado a los
pueblos indios; les ha fallado también este Congreso, legislando a su espalda y en
contrasentido a sus demandas. Ahí está la reacción nacional y mundial.
Y para que no quede duda de que la exclusión es una política de
Estado, hoy también el Poder Judicial da la espalda a los indígenas.
Los tan cacareados y famosos 15 minutos de que alardeaba Fox se han
convertido en 888 mil 960 minutos, es decir, ya casi le va llegando al millón de minutos.
¿Dónde quedó esa promesa?
Estos han transcurrido sin vestigio alguno de solución al conflicto
armado, parece algo más que una coincidencia que al errático fallo de la Suprema Corte
de Justicia se emita justo cuando el clima de hostigamiento y violencia paramilitar se
recrudece en todo Chiapas.
No se puede concebir que el fallo emitido con un carácter elemental
y vergonzoso, con un argumento jurídico tan ramplón que en lugar de exhibir asepsia
jurídica demuestra cobardía histórica y social; que éste hubiera tardado tanto en
emitirse cuando ni siquiera se iban a analizar, de fondo y de forma, las controversias
interpuestas.
Toda señal de paz se ha desvanecido, se ha allanado el camino para
el fallido violento. A la fecha y desde que el último comandante del EZ hizo uso de esta
misma tribuna, el Ejército mexicano ha realizado 380 operativos militares en la zona de
conflicto. Tan sólo en los meses de julio y agosto cada relevo de tropas implica un
aumento de por lo menos un millar de efectivos militares; con las movilizaciones y aumento
de las tropas del Ejército, los grupos paramilitares se sienten cobijados simbólica o
efectivamente para perpetrar aún más sus actos criminales. El saldo de la escalada de
violencia paramilitar en el último mes, arroja un saldo de 5 asesinatos y 38 heridos en
las comunidades. Por lo demás, estos asesinatos distan mucho de ser aislados o fortuitos.
En todos los casos las víctimas curiosamente han sido simpatizantes o bases de apoyo del
EZ o miembros de los consejos de los municipios llamados "autónomos" o "en
resistencia".
Pero, ¿qué es lo que ha fomentado, además de la movilización del
Ejército, la escalada de violencia paramilitar? Son las señales que desde el poder se
están enviando a estos grupos; son las mismas que se enviaron con la aprobación de una
ley indígena a espaldas de los indígenas, son las mismas que acaba de enviar la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, son las mismas de la implacable aritmética parlamentaria
cuando el continuismo y conservadurismo se juntan para hacer un vínculo indisoluble como
lo demostraron en abril del año pasado.
Así en Chiapas, mientras el ex presidente municipal de Tuxtla
Gutiérrez y hoy delegado estatal del PAN, señor Francisco Rojas Toledo, convoca al
Ejército mexicano a atacar y poner en su lugar al EZLN y el padre de éste, diputado
local, también panista, debate frente a un diputado tzotzil en el que considera su idioma
oficial, o sea, el inglés y por su parte el diputado priísta Pedro Chulin, sigue
encabezando los actos públicos de la Organización para la Defensa de los Derechos
Indígenas y Campesinos, la ODDIC, señalado como el grupo paramilitar responsable de por
lo menos tres de los últimos asesinatos; a su vez el gobierno de Pablo Salazar
Mendiguchía sólo atina a emitir desplegados de plana entera en los que tergiversa los
hechos con argumentos inverosímiles que intentan confundir a la opinión pública. Esta
clase de argumentos no los escuchábamos ni siquiera en los mejores tiempos del gobernador
Albores o del procurador Madrazo Cuéllar. No podemos tirar la piedra y esconder la mano.
El diputado Mauricio Enrique
Candiani Galaz
(desde su curul):
Presidenta, se ha terminado el tiempo del orador.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputado Bortolini...
El diputado Miguel Bortolini Castillo:
Termino.
Prominentes legisladores que torpemente se ponen a la defensiva, hoy
declaran contra intelectuales que han deplorado esta bofetada a los pueblos indios,
argumentando que desconocen el derecho mexicano, cuando estos legisladores ni siquiera
conocen la nacionalidad de los impugnados.
El Estado mexicano se empeña en poner a México, sí, al día y a
la vanguardia, pero en el atropello de los derechos indígenas y en las sanguinarias
prácticas contrainsurgentes.
No lo hagamos nuevamente, no volvamos a fallarle a los pueblos
indios. Estamos aún en oportunidad de discutir la reforma de la reforma, que más bien
sería la reforma de la contrarreforma, pero también no podemos ahora permitir que se
siga deteriorando aún más el frágil tejido social en aquella entidad ni que continúe
la actual escalada de violencia. Dejemos de darle ahora y de una buena vez la espalda a
los pueblos indios...
El diputado Mauricio Candiani
Galaz
(desde su curul):
Presidenta...
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputado ¿me permite un segundo? Diputado Candiani...
El diputado Mauricio Candiani
Galaz
(desde su curul):
Concluyó el tiempo del orador.
El diputado Miguel Bortolini Castillo:
Terminamos. Comenzando por pronunciarnos decididamente ante el Poder
Ejecutivo por el desmantelamiento de los grupos paramilitares.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito muy respetuosamente a la Presidencia de
la Mesa Directiva se sirva formular una excitativa a la Comisión de Asuntos Indígenas y
a la Comisión de Concordia y Pacificación, a fin de que la primera dictamine a la
brevedad la proposición con punto de acuerdo relacionada con la disolución de los grupos
paramilitares que se presentó hace dos semanas en la Comisión Permanente.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Para ilustrar a la Asamblea, informo que la Comisión Permanente
remitió a esta Cámara de Diputados aquellos asuntos que turnó, en uso de sus
facultades, a comisiones de esta Cámara. Estos asuntos se están turnando de manera
económica y daremos cuenta en la sección de comunicaciones de la sesión del día de
mañana, cuántos turnos de manera económica se hicieron a las comisiones que recogen lo
indicado por la Comisión Permanente. En ese bloque de asuntos está aquél al que se ha
referido el diputado Bortolini y acompañando al turno respectivo haremos mención de esta
excitativa.
El diputado Jaime Martínez Veloz ha solicitado se posponga la
presentación de su excitativa para próxima sesión.
AMPARO
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra el diputado Amador Rodríguez Lozano para presentar
una excitativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
El diputado Amador Rodríguez Lozano:
Gracias, señora Presidenta; amigas y
amigos legisladores:
En 1994 se llevó a cabo una reforma constitucional en materia de
administración de justicia, que tuvo como eje fundamental fortalecer a la Suprema Corte
de Justicia para convertirla en un verdadero tribunal constitucional, separando las
funciones administrativas que ésta tenía para otorgárselas a un nuevo órgano: el
Consejo de la Judicatura, quien es, a partir de esta reforma, quien administra y
disciplina al Poder Judicial de la Federación.
Esta reforma, de singular importancia, no solamente estableció un
nuevo marco constitucional para la administración de la justicia federal en México, sino
también porque cambió totalmente la integración de la Suprema Corte de Justicia,
jubilando a los 25 ministros de aquél entonces y aprobando una nueva integración.
En 1995 se creó, a partir de esta reforma, una Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación, que viene funcionando desde entonces.
En 1998 se dio una nueva reforma constitucional con el propósito,
iniciado desde 1940, de fortalecer a la Suprema Corte de Justicia como un órgano de
control constitucional, lo que hoy vemos ha realizado estupendamente.
Esta segunda reforma le dio la facultad al pleno de la Suprema Corte
de crear acuerdos generales para que aquellos asuntos, fundamentalmente de amparo, que
conociera la Corte, los pudiera mandar a los tribunales colegiados comunitarios a efecto
de poder solamente encargarse de las cuestiones de control constitucional.
Han pasado ya más de cinco años de esta Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación. Durante la legislatura pasada se presentaron al Senado de la
República diversas iniciativas: una, del entonces senador Juan de Dios Castro en su
carácter de presidente de la Comisión de Justicia, donde todos los integrantes de la
comisión presentaron esta iniciativa; otra, presentada por el entonces senador Alfredo
Magno Garcimarrero, del PRD, donde presentaba una serie de propuestas interesantes; una
también por el de la voz, en ese entonces senador del Partido Revolucionario
Institucional y finalmente una iniciativa del entonces presidente de la República,
Ernesto Zedillo Ponce de León, que venía a reglamentar precisamente la reforma
constitucional de 1998. En ese entonces se agruparon las cuatro iniciativas y por
unanimidad el 12 de abril de 2000 se aprobó el conjunto de iniciativas enviándose la
minuta a esta Cámara de Diputados.
Desde el 13 de abril se dio entrada a esta Cámara de Diputados y se
turnó a la Comisión de Justicia. Han pasado más de dos años y esta minuta aprobada por
unanimidad por el Senado de la República, no ha podido prosperar en esta Cámara de
Diputados.
Había un problema con la Suprema Corte de Justicia, en función de
que uno de los puntos que se incluyeron de última hora en la tribuna, que tenía qué ver
con la adscripción de los jueces, se consideró que había afectado el trámite normal de
los asuntos en el Poder Judicial Federal y por esa razón se había detenido
políticamente hasta que se pudiera llegar a una solución.
He dialogado, como uno de los ponentes de estas iniciativas, con el
presidente del Consejo de la Judicatura y hemos llegado a un acuerdo para poder eliminar
de esta minuta estos elementos que generaron una fricción innecesaria y que de acuerdo a
los argumentos del presidente del Consejo de la Judicatura, no eran importantes y sí
obstaculizaban el trámite diario de las adscripciones de los jueces.
Desde hace tiempo hice yo mismo un dictamen de esta iniciativa, de
esta minuta, la puse a consideración del presidente de la Comisión de Justicia, sin que
hasta el momento se haya tocado este tema; cuando menos yo no tengo conocimiento de esto.
Esta iniciativa es muy importante, porque no solamente regula esta
reforma de 1998, que se aprobó. La propia Corte ha venido tomando decisiones sin que el
Poder Legislativo haya regulado la reforma de 1998, y que también trata una serie de
aspectos de manera fundamental: cómo nombrar al secretario en caso de ausencia, ¿qué
sucede en un tribunal colegiado cuando hay empate? ¿Cómo se logra el desempate? ¿Cómo
se nombra a los secretarios de estudio en cuenta? ¿Qué sucede en caso de un conflicto de
competencias entre jueces y tribunales o distintos tribunales entre sí?; todos estos
temas son materia de esta minuta, que son de gran relevancia para la administración de
justicia en México.
Por eso vengo a pedir, señora Presidenta, que excite a la Comisión
de Justicia, para que después de dos años que esta minuta fue aprobada por unanimidad
por el Senado de la República, pueda ser dictaminada por esa comisión y presentada al
pleno.
Muchas gracias.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder
Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.
Ciudadano Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados.— Presente.
En la sesión del día 12 de abril de 2000, la Cámara de Senadores
aprobó por unanimidad la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan
y derogan disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la
Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles; de diversas
iniciativas presentadas, una por los miembros de la Comisión de Justicia a través de su
presidente, el entonces senador Juan de Dios Castro Lozano, del PAN; otra del senador
Alfredo Magno Garcimarrero Ochoa, del PRD; otra presentada por el suscrito, entonces
senador de la República del PRI y otra del entonces presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León.
Las anteriores iniciativas decidieron aprobarse en conjunto,
logrando la unanimidad de todos los senadores, toda vez que contienen una serie de
reformas y adiciones, que mejoran y actualizan diversos aspectos de la organización y
funcionamiento del Poder Judicial Federal, tales como la selección de su personal; los
conflictos de competencia; las atribuciones del Presidente de la Suprema Corte en su
relación con el Consejo de la Judicatura. De manera muy importante establece tribunales
colegiados especializados en ciertos delitos federales graves, como el narcotráfico.
A pesar de su importancia, han pasado casi dos años sin que hasta
el momento hayan sido discutidas, a pesar de lo trascendente para la administración de
justicia. Por lo anteriormente expuesto y fundado, Presidente de la Cámara, atentamente
solicito:
Unico. Excite a la
Comisión de Justicia y Derechos Humanos a que presente el dictamen correspondiente de la
minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan disposiciones
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de Amparo,
reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles.
México, DF, a 9 de septiembre de 2002.— Diputado Amador Rodríguez Lozano.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, diputado Rodríguez Lozano.
De conformidad con lo que
establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se hace una excitativa a la Comisión de
Justicia y Derechos Humanos, para que emita el dictamen correspondiente.
Se aprecia el esfuerzo de clarificación del tema que ha hecho el
diputado Rodríguez Lozano.
MATERIA INDIGENA
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra el diputado Héctor Sánchez López, para presentar
excitativa a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas.
El diputado Héctor Sánchez López:
Con su permiso, señora Presidenta:
Como es del conocimiento de este
pleno, el compañero dipu-tado Jaime Martínez Veloz trajo a esta Cámara de
Diputados una iniciativa, la iniciativa de la Cocopa, elaborada por legisladores de todos
los partidos políticos que tienen presencia en el Congreso de la Unión en el momento en
que se discutieron los acuerdos de San Andrés Larráinzar, apoyada por 168 firmas de
diputadas y diputados federales de esta legislatura y de 16 senadores de la República
para abrir la discusión en este Congreso de la Unión de esta iniciativa sobre derechos y
cultura de los pueblos indígenas.
Hoy, no venimos y no queremos entrar a discutir si las reformas
constitucionales sobre derechos y cultura indígenas son legales o no, la Suprema Corte de
Justicia lo definió así dejando de lado la argumentación fundada de más de 300
controversias y simplemente se declaró incompetente dejando consistente esta reforma.
Lo que está en la discusión es si estas reformas constitucionales
realmente resuelven el fondo de las demandas de los pueblos indios, es si esta reforma
constitucional trajo la paz digna en Chiapas como era uno de los objetivos fundamentales
de esta reforma, es si esta reforma integra a los indígenas de México al desarrollo
nacional con pleno respeto a su identidad cultural, es saber si esta reforma es funcional
para desactivar los focos rojos de participación de los pueblos indígenas en grupos que
han optado por la vía armada para hacerse escuchar en los diversos estados de la
República.
En este sentido estamos totalmente convencidos de que esta reforma
no ha cumplido con los mínimos objetivos por los cuales el mismo Congreso de la Unión
creó toda una infraestructura jurídica para que se pudiera afianzar el diálogo, se
creó la CONAI, se creó la COSEVER, se creó la Comisión de la Cocopa para que fueran
instancias que pudieran apoyar a la mesa de negociación en San Andrés Larráinzar.
Este mismo mandato de nuestro Congreso llevó al diálogo a las
partes en conflicto que era el Gobierno Federal y el EZLN, hoy llegamos a la conclusión
de que este mandato que el propio Congreso había emitido no fue respetado en todas y cada
una de sus formas en virtud de que lo negociado, lo signado, lo pactado por las partes
aquí se pasó por alto y se sacó una iniciativa que no correspondía realmente a las
demandas de nuestros pueblos indígenas.
Nos preguntamos si esta iniciativa de alguna manera resuelve la
autonomía económica de nuestros pueblos para que puedan planear su propio desarrollo, su
autonomía política para que puedan estar representados en ayuntamientos, congresos
locales y congresos federales; nos preguntamos si esto también les da autonomía cultural
para que puedan ser respetadas sus formas de gobierno, sus formas de organización, sus
sistemas normativos para impartir justicia en sus ámbitos territoriales, absolutamente
nada porque no los convierte en entidades de derecho público; por eso, ante esta
situación las suscritas diputadas y diputados de la LVIII Legislatura de este honorable
Congreso de la Unión y con fundamento en el artículo 21 fracción VII y 87 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
solicitamos respetuosamente a esta Presidencia, tenga a bien formular a las comisiones de
Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas, con el fin de que presenten el dictamen
correspondiente en relación a las iniciativas en materia de derechos y cultura indígenas
presentadas por el diputado Jaime Martínez Veloz y suscrita por más de 16 diputados y 16
senadores integrantes de los diversos partidos políticos, ésta es nuestra gran
oportunidad para que este Congreso de la Unión se reivindique ante nuestros pueblos
indígenas que hoy se debaten entre la miseria y la marginación.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, diputado Héctor Sánchez.
De conformidad con lo que
establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se realiza una excitativa a las
comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas para que emitan el
dictamen correspondiente.
TRABAJOS LEGISLATIVOS
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
El siguiente punto del orden del día es el relativo a
posicionamiento de los grupos parlamentarios y partidos políticos representados en la
Cámara de Diputados sobre el inicio del primer periodo de sesiones ordinarias del tercer
año de ejercicio de la LVIII Legislatura.
Se han registrado para hacer uso de la palabra, los siguientes
señores diputados:
José Manuel del Río Virgen, de Convergencia Democrática Partido
Político Nacional, hasta por cinco minutos; Bea-triz Patricia Lorenzo Juárez, del
Partido Alianza Social, hasta por cinco minutos; Norma Patricia Riojas Santana, del
Partido de la Sociedad Nacionalista, hasta por cinco minutos; José Narro Céspedes, del
grupo parlamentario del PT, hasta por 10 minutos; José Rodolfo Escudero Barrera, del
grupo parlamentario del PVEM, hasta por 10 minutos; Miroslava García Suárez, del grupo
parlamentario del PRD, hasta por 10 minutos; Cuauhtémoc Cardona Benavides, del grupo
parlamentario de Acción Nacional, hasta por 10 minutos y Jorge Carlos Ramírez Marín,
del grupo parlamentario del PRI, hasta por 10 minutos.
En consecuencia, se ofrece el uso de la palabra al diputado José
Manuel del Río Virgen.
El diputado José Manuel del Río Virgen:
Les agradezco mucho, compañeros legisladores; con su permiso,
señora Presidenta:
Asistimos al último tercio de nuestra gestión legislativa donde
habremos de dar el mejor de los esfuerzos sacando adelante nuestra agenda legislativa
pendiente.
En el discurso quedaron muchas propuestas que no fuimos capaces de
consensuar por falta, sobre todo, de imaginación política, más que por sustento
jurídico. Ello ocasionó en parte el desprestigio que sufre este Congreso de los
diputados.
No hemos sido aún la legislatura de la transición democrática,
entendida ésta como el espacio plural por excelencia donde los partidos políticos con
diversas ideologías son capaces de construir una nueva nación llena de oportunidades
legales para todos; sin embargo, se construyeron escenarios políticos que no permitieron
al país que se quedará en la inmovilidad.
Los mexicanos quieren imaginación política de nosotros para
concretar las grandes reformas estructurales que cambien el rumbo del país hacia puertos
más seguros.
Hemos aprobado reformas importantes, pero no suficientes, para
adentrarnos en los abismos de la pobreza y la de-sigualdad que cimbra las entrañas de la
patria.
Los grandes problemas nacionales requieren de grandes soluciones
nacionales y el Congreso de los diputados es sin lugar a dudas, el espacio idóneo para
conseguirlos, pues confluye aquí el mosaico plural, político del país. Ese es, el
primer reto de reconocernos como iguales, siendo diferentes, incluir para sumar y sumar
para restar del desarrollo nacional a los agoreros del pasado multiplicando así las
opciones de una vida mejor para dividirlas en progreso social entre los mexicanos.
Debemos definir qué entendemos por trabajo legislativo y Reforma de
Estado, cómo debemos abordarlos, infracturar y atomizar, pues tan sólo en esta
legislatura, las 523 iniciativas pendientes de dictaminar, los 431 puntos de acuerdo y las
88 excitativas, incluso delicados asuntos de legislaturas anteriores, nos marcan
profundamente.
Por ello debemos de conocer la agenda legislativa con tiempo, no es
posible que aunque se publique el dictamen correspondiente un día antes, los diputados
tengamos tiempo de un análisis serio. Si no somos capaces, con imaginación política y
mística por el servicio público de resolver estos problemas y presentarle a la nación
la Reforma de Estado que requiere, estaremos prácticamente perdiendo tres años de
trabajo y no seremos la legislatura de la transición.
No queremos el estatismo político; queremos transición
legislativa, pero también queremos gestoría social por parte de los diputados.
Desde esta tribuna llamo la atención de los funcionarios de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que coludidos con autoridades menores en el
estado de Veracruz y particularmente en Tuxpan, tienen detenido un informe que lastima a
los trabajadores del Sindicato de Trabajadores de Transportes Papantla, que lo único que
hicieron fue presentar en tiempo y en forma una denuncia de carácter fiscal en donde la
Empresa Transportes Papantla evade al fisco y aquí están las pruebas, compañeras y
compañeros.
Queremos una transición legislativa fuerte, poderosa. También
debemos consolidar —como lo decía—, la transición por la democracia, para la
democracia y en la democracia. Construyamos un frente común para resolver los grandes
retos que la nación presenta; terminemos nuestro trabajo legislativo con vocación
democrática, visión política y mística por el servicio público. Reforma de Estado y
transición democrática no deben de quedar en el tintero de este Poder Legislativo.
Logremos el sano equilibrio de poderes, como lo ordena la
Constitución. Debemos fortalecer al Poder Judicial Federal, que es autónomo e
independiente. Es el momento que el Poder Judicial Federal tenga el apoyo de este
Congreso; el Poder Judicial Federal se asume y es autónomo e independiente, pero necesita
del respaldo de todos, de todas las legisladoras y los legisladores del Congreso mexicano.
No dejemos que la diversidad ideológica legítima de todos nosotros
se convierta en una revoltura de consecuencias negativas; fortalezcámonos como contrapeso
del Ejecutivo, cambiemos como poder definiendo el rumbo con cambio democrático; seamos
realmente la legislatura de la transición democrática y de la verdad, por México, por
todos.
Gracias, compañeras y compañeros.
Presidencia del diputado
Eric Eber Villanueva Mukul
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Gracias, señor diputado José Manuel del Río Virgen.
Tiene el uso de la palabra la diputada Beatriz Patricia Lorenzo
Juárez, del Partido de Alianza Social, hasta por cinco minutos.
La diputada Beatriz
Patricia Lorenzo Juárez:
Con el permiso de la Presidencia; señoras y señores legisladores:
Un Estado democrático debe promover la tolerancia, la convivencia
pacífica sustentada en la colaboración, el respeto tanto mutuo como a la ley, el apego a
la verdad objetiva de la historia y el rechazo absoluto y firme al uso de la violencia o
la ilegalidad como instrumento político.
Algunas veces pensamos que con omitir las verdades éstas
desaparecen, pero esto no es verdad y así como no hay plazo que no se cumpla, en estos
días inicia el último año de ejercicio de esta LVIII Legislatura Federal y por ende
debemos tener el firme propósito de asumir la responsabilidad de nuestros actos, la
responsabilidad que nos corresponde, porque de nada sirve cambiar las formas si no
cambiamos el fondo. Seamos democráticos en todo momento; impulsemos el desarrollo
nacional con más acciones y menos palabras. Hoy legislamos nosotros; hoy la
responsabilidad es nuestra y de nadie más.
Cuestionar las políticas públicas impulsadas por el Ejecutivo no
tiene por fin demeritar irreflexiva o visceralmente al Gobierno; es únicamente marcar el
rumbo equivocado con el fin de que éste sea corregido y obviamente con base en lo que la
ciudadanía exige como el rumbo correcto. De cualquier manera, México requiere y exige un
proyecto de nación claro, los tiempos de espera o de aprendizaje no pueden y no deben
eternizarse y con ello paralizar el desa-rrollo nacional. No podemos perder el tiempo en
omisiones cuando la sociedad exige acciones.
La realidad de la calle es lo que debe preocuparnos: el solucionar
hoy los problemas de siempre, de la gente común, es nuestra obligación. La pobreza, la
falta de oportunidades y la desesperación de millones de mexicanos no se solucionan con
palabras, sino con acciones sin importar de quién vengan. El hambre no se politiza; ello
sería inmoral e inhumano.
Cuando la dimensión ética está totalmente ausente en el momento
de tomar decisiones que comprometen el futuro de la nación, esto no es un asunto menor,
ya que lo anterior es la raíz, la causa del atraso sustentable que ha hecho de México lo
que es hoy.
Nadie ha dicho que gobernar en democracia fuera fácil, ya que en
ella toda decisión que afecte a todos, debe ser aceptada por todos. Quien pensó que la
democracia era algo sencillo se equivocó. En la democracia la razón se debe anteponer a
la imposición.
Lo que se ve no se juzga y lo que hemos visto en cuanto al
desempeño de esta legislatura es triste y preocupante, no por la legislatura en sí, sino
el ver que no hemos terminado y quizá ni siquiera empezado a aprender a vivir en una
democracia real y no ficticia.
El aceptar y corregir los errores por parte de cualquier actor
político, no lo debilita, por el contrario, lo fortalece ante la opinión pública.
En Alianza Social pensamos que el mejorar lo propuesto con nuevas
ideas, vengan de quien venga, no es un obstáculo a la gobernabilidad, es un ejercicio
democrático del poder, pero cuando la política es simplista e irresponsable, normalmente
los errores cometidos se escudan aludiendo a la incomprensión de los demás y en hacer de
los críticos, obstáculos.
Pensar en grande no es un error: error es sólo pensar así, pero no
llevar a cabo todas aquellas pequeñas cosas que debemos hacer para lograr nuestros
objetivos. Enumerar los grandes pendientes nacionales sería largo y muchos de ellos,
desgraciadamente, son los mismos desde hace décadas. Esta legislatura, como las pasadas y
las futuras, será temporal. La pobreza en México ha sido crónica y sustentable; es
hasta hoy, la gran y eterna vergüenza nacional.
Cuando el poder se obtiene democráticamente, quien lo detenta debe
ser el primero en mostrar humildad y escuchar a quienes lo eligieron. El Congreso puede
ser un gran apoyo para el Ejecutivo, pero depende de él y no de nosotros.
¿De qué nos sirve la pluralidad si se siguen cometiendo las mismas
prácticas viciosas del pasado? Pedimos un cambio: éste
se dio, pero no sabemos qué hacer con él. Podemos rea-lizar una gran agenda de
temas por abordar, problemas que requieren su solución inmediata y urgente: reducción de
la pobreza y el desempleo masivo, mejorar la seguridad y la impartición de justicia,
generar la competitividad económica nacional, hablar del sector eléctrico y laborar,
hablar del desarrollo social etcétera.
Nadie avanza autoelogiándose y omitiendo sus errores u omisiones.
Quisiera ser la primera en enumerar un sin fin de acuerdos, de logros, de éxitos y de
avances alcanzados por esta legislatura, pero en una mesa retrospectiva de los hechos esto
no es posible.
Debemos ser conscientes de que ésta es nuestra última oportunidad
para hacer de este Congreso una legislatura diferente, para que el día de mañana nos
enorgullezca haber formado parte de la primera legislatura del Siglo XXI, de la primera
legislatura auténticamente autónoma, independiente, plural y democrática.
La alternancia en el Poder Ejecutivo y la pluralidad en el Poder
Legislativo, exige de todos los actores políticos el estar dispuestos a asimilar los
cambios, asumir responsabilidades e invertir tiempo y esfuerzo común en pos de un futuro
mejor. De no hacerlo así, la oportunidad que hoy tenemos se esfumará por no haber estado
a la altura de las circunstancias.
Nuestra obligación —quisiera que me permitiera un minuto, por
favor, es menos—, nuestra obligación es lograr que las perspectivas que nos fijemos
a futuro, mejoren las condiciones de vida que enfrentan hoy millones de mexicanos; de otra
por nuestro trabajo será un esfuerzo inútil.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Gracias, señora diputada:
Tiene el uso de la palabra la diputada Norma Patricia Riojas
Santana, del Partido de la Sociedad Nacionalista, hasta por cinco minutos.
La diputada Norma Patricia Riojas Santana:
Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros
legisladores:
El día de hoy, después de tantas negociaciones tripartidistas por
el control de los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados, iniciamos formalmente
el último año de ejercicio constitucional de la LVIII Legislatura y a dos años de haber
iniciado nuestro encargo, podemos decir con orgullo que, como nunca en la historia
parlamentaria de nuestro país, nos hemos caracterizado por ser un poder autónomo e
independiente, contrapeso real ante el Poder Ejecutivo Federal y que hoy, más que nunca,
el Partido de la Sociedad Nacionalista, se encuentra más comprometido con toda la
sociedad mexicana.
Sin embargo, como lo hemos dejado manifiesto las diferentes
ocasiones en que hemos hecho uso de esta tribuna, aún nos falta mucho por realizar en la
construcción del proyecto nacional que nuestro amado país requiere.
Para los nacionalistas, la conformación pluripartidista de la
Cámara de Diputados, es el reflejo de la democracia que impera en nuestro país, sin
embargo, la pluralidad de ideologías que se encuentran aquí representadas, no deben ser
la piedra angular que obstaculice la creación de acuerdos y consensos, por el contrario,
debe ser la semilla para crear propuestas plurales e incluyentes, que proporcionen la
justicia y la equidad social que a lo largo de toda su historia ha anhelado el pueblo de
México que, a su vez, sean las generadoras de verdaderos debates de altura.
Para los verdaderos nacionalistas, el único y real compromiso que
tenemos y debemos tener, es con México y con los mexicanos. Los nacionalistas exhortamos
a todos los legisladores del Congreso de la Unión, para participar a todo llamado que
permita la construcción de los acuerdos y los consensos necesarios, que proporcionen a
los mexicanos las reformas legales necesarias para el mejor desarrollo de la nación.
Este es el mejor tiempo para un verdadero cambio de actitud
política por parte del Poder Legislativo, es el momento que tenemos para tomar conciencia
de que nuestro país requiere de soluciones integrales y palpables. Tenemos aún un año
para asumir realmente la responsabilidad y el compromiso que todos los mexicanos nos
mandataron y para no defraudarlos, debemos anteponer siempre los intereses de México y de
los mexicanos, a los intereses particulares partidistas.
Razón por la cual, los legisladores del Partido de la Sociedad
Nacionalista pretendemos que todos los partidos políticos representados en el Congreso de
la Unión, construyamos una agenda legislativa de consenso nacional, todos los
legisladores de la LVIII Legislatura tenemos el compromiso de coincidir con lo
fundamental, coincidir en las grandes reformas que beneficien al pueblo de México.
El tiempo que tenemos es limitado y no obstante es el suficiente
para analizar, debatir y resolver los temas de trascendencia nacional.
Estamos seguros que para alcanzar las metas y los objetivos de
beneficio general, se requiere avanzar en los temas estructurales, entre los que se
encuentran la reforma fiscal integral, la Reforma de Estado y dentro de éste gran tema el
fortalecimiento del Poder Legislativo, la reforma laboral, la discusión y aprobación de
la Ley de Desarrollo Social, la reforma del sector energético.
En este último tema, los nacionalistas insistiremos en que este
sector industrial, continúe siendo de y para los mexicanos, con la participación directa
del Estado, exigiremos que se mantenga constitucionalmente la rectoría del Estado en
sectores básicos de la economía del país y nos comprometemos a impulsar una reforma
eléctrica, con los cambios legislativos necesarios, siempre y cuando ésta, preserve la
autodeterminación de nuestro país.
Los nacionalistas nos pronunciamos por impulsar un proyecto que
fortalezca la soberanía del país y que permita destinar una mayor proporción de
recursos al desarrollo social, sustentable a la educación pública, al sistema de salud y
al combate a la pobreza.
Los legisladores nacionalistas, los del Partido de la Sociedad
Nacionalista, reconocemos que México requiere de un nuevo pacto, que dé rumbo y
certidumbre a la nación, en el que concurran todas las fuerzas, actores políticos,
económicos y sociales, que los legisladores debemos de ser los promotores y garantes de
estos cambios.
Los nacionalistas esperamos que el Poder Legislativo no sea el
obstáculo para avanzar en los cambios que requiere la sociedad y que definitivamente han
podido resolver por cuestiones estrictamente partidistas.
Para los nacionalistas, requerimos un ejercicio consciente para
lograr la suma de voluntades en la construcción del proyecto de nación que requerimos
los mexicanos, recordando siempre en nuestro actuar la premisa fundamental que: "La
Patria es Primero".
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Gracias, señora diputada.
Tiene el uso de la palabra el diputado José Narro Céspedes, del
Partido del Trabajo, hasta por 10 minutos.
El diputado José Narro Céspedes:
Compañeras y compañeros diputados; señor Presidente de la Mesa
Directiva, con su permiso:
El cambio nadie lo para; la reversa también es cambio.
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna,
para presentar su postura en torno al inicio de sesiones de los trabajos del primer
periodo de sesiones ordinarias del tercer año de la LVIII Legislatura. Decir que este
periodo de sesiones es crucial para México no es un simple recurso retórico, sino un
hecho candente y real. Muy a pesar nuestro, los tiempos políticos electorales se han
privilegiado en demérito de la agenda política nacional.
El presidente Fox, ante sus reiteradas muestras de incapacidad en la
conducción política de nuestro país, apuesta todo su capital político al 2003 para
tener un Congreso que le sea favorable fundamentalmente; el Ejecutivo Federal olvida que
cuando su partido era oposición, pugnaba por un Congreso que fuera contrapeso del
presidencialismo. Todo mundo medianamente informado sabe que a lo más que puede aspirar
es a tener una mejor correlación de fuerzas en esta Cámara de Diputados, porque el
Senado no cambiará su composición política, sino hasta el año 2006.
Pero en tanto el titular del Ejecutivo sigue su rumbo errático en
el que un día dice "sí" y al siguiente lo contrario; o en su caso, mal
gobierna en posición de sus índices de popularidad, antes de atender las necesidades de
la nación, esta soberanía tiene que asumir su responsabilidad histórica y enfrentar el
reto que las condiciones del país le imponen y el reto no es menor, tenemos que decidir
entre una reforma y una contrarreforma.
Decidir entre cambiar este país para adecuarlo en las condiciones
imperantes de la situación mundial en condiciones de equidad y de justicia para los
sectores más desprotegidos de la población o profundizar el esquema perverso neo-liberal
que nos ha llevado al atraso y a la miseria.
Decidir entre una reforma laboral que garantice los derechos
elementales de los trabajadores consagrados en nuestra Carta Magna o la contrarreforma
impulsada por los conservadores y voraces empresarios que quieren un mercado libre de la
fuerza de trabajo para incrementar aún más la explotación de la mano de obra, bajo las
condiciones del capitalismo salvaje.
Decidir si seguimos manteniendo un campo en la situación actual de
desastre o apoyamos a esos 25 millones de compatriotas que se encuentran actualmente en la
miseria y en el atraso y seguimos permitiendo que sigan avasallándonos con los productos
agropecuarios provenientes del exterior, que están ampliamente subsidiados por sus
gobiernos, todo ello bajo el amparo de un Tratado de Libre Comercio que nos fue dictado
letra por letra por nuestros socios comerciales.
Decidir si ante el reciente rechazo de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, permitiremos que el esfuerzo de los indígenas, del pueblo de México y un
sector importante de nuestros legisladores será en vano, ante el duro revés que les han
propinado a nuestros indígenas, no podemos permanecer incólumes, hay que incorporar este
tema en la agenda legislativa y dotar al Congreso, a través de la Cocopa, de un verdadero
instrumento a favor de la paz con dignidad.
Seguiremos luchando porque los del color de la tierra tengan el
marco legal que les corresponde en el marco de sus derechos plenamente garantizados.
Decidir si permitimos que la energía eléctrica y el petróleo, único y maltrecho
patrimonio nacional que aún nos queda, sea dilapidado y puesto en venta para beneficio
del capital extranjero.
En fin, el dilema es decidir en función del desarrollo soberano del
país o sujetarnos a la dictadura del mercado, es decir, del gran capital que domina al
mundo. Pena y rabia nos da recordarlo, pero cuando nuestro país cayó en la profunda
crisis financiera del siglo pasado en 1994 y 1995, Estados Unidos nos apoyó
financieramente, a condición de que nuestras cuentas producto de la venta del petróleo
en el mercado internacional, garantizaran dicho apoyo económico. Ya ni esa vergonzosa
posibilidad de otorgar en garantía prendaria nuestros recursos naturales nos quieren
dejar.
Por eso lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo: nos opondremos
firmemente a cualquier privatización de la energía eléctrica y del petróleo en nuestro
país. ¡Ni un paso atrás en esa materia. Nuestra soberanía no se vende!
Por eso compañeras y compañeros diputados, cuando dijimos que este
periodo se definiría si estamos con la reforma o la contrarreforma, no era un simple
recurso retórico. Si no hacemos un esfuerzo serio y consistente por cambiar a nuestro
país, lo único que haremos será hundirlo en la mediocridad y el atraso.
Lo reiteramos: éste es un momento histórico, único e irrepetible
en México. Debemos de estar a la altura de lo que el destino nos reclama. Tenemos que
legislar a favor del pueblo. Tenemos que eliminar el brutal rezago de la pobreza y la
marginalidad. Debemos de recuperar nuestro mercado interno apoyando a los pequeños y
medianos empresarios que han sido arrasados por la apertura comercial. Ello implica
integrar a dichas empresas a través de las cadenas productivas, vinculándolos con la
gran industria de punta.
Tenemos por tanto que desplegar una política económica de Estado
que garantice el equilibrio entre el sector interno y externo. Tenemos que atender la
educación sin dilación alguna. No podemos seguir empecinados en una política educativa
de simulación.
Reivindicar la educación laica, rescatar la enorme tradición del
magisterio de la primera mitad del Siglo XX y actualizar nuestro sistema educativo a las
condiciones que impone la modernización, son tareas pritoritarias.
Seguir perfeccionando nuestro sistema político. Dar mayor
transparencia a los recursos públicos y promover las nuevas formas de la democracia
participativa, son cuestiones insoslayables a las cuales debemos de atender.
El aspecto de la salud y la seguridad social, manteniendo nuestras
instituciones que se encargan de este importante aspecto es una prioridad nacional
mantenerlas de pie. Igualmente el apoyo a nuestros agricultores para tener un campo
fortalecido.
México debe retomar su camino, debe fortalecer su relación con
Latinoamérica, diversificar sus relaciones internacionales y no depender de Estados
Unidos como única opción que garantice su desarrollo. También esta Cámara en lo
interno debe democratizar y pluralizar los órganos de gobierno.
Acordamos en la sesión pasada instalar una Mesa Directiva por
consenso en su rotatividad y de incluir secretarías para todas las fracciones
parlamentarias. Hoy se iba a concretar este acuerdo. El acuerdo no se cumplió. No hay
acuerdo. El que se leyó la sesión anterior en contra de toda legalidad también queda
pendiente.
Necesitamos un Congreso que se rija bajo principios democráticos de
pluralidad, de inclusión, de rotatividad, de tolerancia, de respeto a lo diferente. Por
eso, ante la falta de incumplimiento de acuerdo para nosotros queda claro la falta de
voluntad política de esta legislatura de caminar, incluyendo también a los diputados.
Por eso poco podemos esperar de que hagamos una reforma indígena para incluir a los
indígenas de nuestro país, si no somos capaces tampoco de incluir a las diferentes
fracciones parlamentarias en la conducción y en la dirección de esta legislatura.
Las verdaderas reformas no atentan contra el pueblo, las verdaderas
reforman fortalecen a la nación y a sus habitantes. Esa es nuestra tarea: por una reforma
democrática, por una reforma justa y equitativa, por una reforma que fortalezca la
libertad de los mexicanos.
Esa es y ésa será nuestra tarea y nuestro compromiso como Partido
del Trabajo.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Gracias, señor diputado.
Tiene inmediatamente el uso de la palabra el diputado José Rodolfo
Escudero Barrera del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 10 minutos.
El diputado José Rodolfo Escudero Barrera:
Con el permiso de la Presidencia;
compañeras y compañeros:
Con el inicio del primer periodo del tercer año legislativo de esta
LVIII Legislatura se inicia otro periodo con enorme responsabilidad de todos los grupos
parlamentarios y partidos políticos de aportar a la legislatura, sin mediar el año
electoral que se nos avecina.
El 2 de julio del año 2000 el ciudadano nos entregó un mandato:
darle viabilidad legislativa a los cambios fundamentales que necesita nuestro país.
Lamentablemente, la falta de acuerdos políticos nos ha llevado a
incrementar la desconfianza del pueblo en nuestro trabajo. Nunca como hoy se nos evaluará
por nuestro trabajo como representantes populares, como legisladores que pongan a un lado
el interés personal o partidista y nos situemos en la realidad histórica que enfrenta
nuestro país. Un pueblo que reclama soluciones y no promesas.
El poner en tela de juicio a este último año de la legislatura,
por los tiempos electorales en que nos situamos, nos deberá comprometer a dar ejemplo de
legisladores responsables y comprometidos con el desarrollo de la nación.
El tema de las reformas estructurales deberá de ocuparnos con la
premisa de poder concluir acuerdos legislativos que tanto necesita nuestro país.
El compromiso generado por el resultado de las últimas elecciones
federales nos mandata a encontrar los acuerdos que le den a este país la transformación
que demanda.
No pasemos la responsabilidad a la próxima legislatura, enfrentemos
esta gran oportunidad histórica y démosle cauce a los acuerdos que nos llevarán a ser,
sin duda, un mejor país.
La Comisión Especial de Reforma del Estado ha avanzado en grandes
medidas en algunos temas que, con la participación de las comisiones ordinarias,
podríamos tener dictámenes sujetos a votación en este mismo periodo de sesiones. Lo que
requiere es compromiso de todos los grupos parlamentarios y de todos los partidos
políticos para darle el trámite legal correspondiente al trabajo institucional que ha
realizado esta Comisión Especial de Reforma del Estado, así como a las iniciativas
presentadas por este grupo parlamentario que aún buscan ser dictaminadas.
Estas son: Ley de Responsabilidad Civil por Daño Ambiental;
iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Impuesto Sobre la
Renta; iniciativa que reforma el artículo 18 y adiciona el artículo 140 del Estatuto del
Gobierno del Distrito Federal para regular la utilización de vías y espacios públicos,
con relación a movilizaciones, marchas, concentraciones y/o plantones; iniciativa de
reformas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos con
respecto al voto secreto de los legisladores.
En este periodo de sesiones tendremos una vez más la oportunidad de
legislar en materia de Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Ingresos, por
supuesto esperando que logremos realizar con trabajo mucho más profesional en un tiempo
legal que nos marca la Constitución para no trabajar al vapor y sin la información
suficiente, para así cumplir con las expectativas el compromiso y las responsabilidades
que espera el pueblo de México con nuestras decisiones para el ejercicio fiscal de 2003.
Reflexionemos con el siguiente pensamiento: la diferencia entre los
países pobres y los ricos, no es la antigüedad, lo demuestran casos de países como
India y Egipto, que tienen miles de años de antigüedad y son pobres. En cambio Australia
y Nueva Zelanda que hace poco más de 150 años eran casi desconocidos, son, sin embargo
hoy, países desa-rrollados y ricos.
La diferencia entre países pobres y ricos, tampoco son los recursos
naturales con que cuentan, como es el caso de Japón, que tiene un territorio muy pequeño
y el 80% es montañoso y no apto para la agricultura y la ganadería. Sin embargo es la
segunda potencia económica mundial, pues su territorio es como una inmensa fábrica
flotante que recibe materiales de todo el mundo y los exporta transformados, también a
todo el mundo, logrando su riqueza.
Por otro lado tenemos una Suiza sin océano, pero tiene una de las
flotas navieras más grandes del mundo, no tiene cacao pero tienen el mejor chocolate del
mundo. En sus pocos kilómetros cuadrados, pastorea y cultiva sólo cuatro meses al año,
ya que el resto es invierno, pero tiene los productos lácteos de mejor calidad de toda
Europa, al igual que Japón, que no tiene recursos naturales, pero da y exporta servicios
con calidad, muy difícilmente superables. Es un país pequeño que ha vendido una imagen
de seguridad, orden y trabajo, que lo han convertido en la caja fuerte del mundo.
Tampoco la inteligencia de las personas es la diferencia, como lo
muestran estudiantes de países pobres que emigran a los países ricos y logran resultados
excelentes en su educación.
Otro ejemplo son los ejecutivos de países ricos que visitan
nuestras fábricas, nuestro país y al hablar con ellos nos damos cuenta de que no hay
diferencia intelectual. Tampoco es la raza la que marca la diferencia, pues en los países
centroeuropeos y nórdicos, vemos cómo los llamados "bajos del sur" demuestran
ser la fuerza productiva de estos países, no así en sus propios países, donde nunca
supieron someterse a las reglas básicas que hacen a un país grande.
La actitud de las personas es la diferencia. Al estudiar la conducta
de las personas en los países ricos, se descubre que la mayor parte de la población
siguen las siguientes reglas: la moral como principio básico, el orden y la limpieza, la
honradez, la responsabilidad, el deseo de superación, el respeto a la ley y los
reglamentos, el respeto por el derecho de los demás y su amor al trabajo.
No somos pobres porque a nuestro país le falten riquezas naturales
o porque la naturaleza haya sido cruel con noso-tros, simplemente nos falta carácter para
cumplir estas premisas básicas de funcionamiento de las sociedades, como también nos
falta carácter para cumplir con las labores de esta legislatura. Por su atención.
Muchas gracias.
Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra la diputada María Miroslava García Suárez, del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10 minutos.
La diputada María Miroslava García Suárez:
Con el permiso de la Presidencia:
La falta de un acuerdo político que se traduzca en la agenda
legislativa para el cambio democrático, ha impedido avanzar en la ruta de la transición.
La configuración de un nuevo régimen político es una de las
grandes tareas que el 83% de esta Cámara ha postergado.
Las bancadas con mayor número de legisladores mantienen congeladas
cientos de iniciativas. A ello han contribuido el Ejecutivo y su partido, en quienes recae
la mayor responsabilidad. Pero también el PRI ha provocado con su actitud, la virtual
parálisis que vive el Congreso.
En su II Informe de Gobierno, el presidente Fox omitió
deliberadamente hablar sobre la gran deuda social heredada por 70 años de autoritarismo.
México continúa siendo un país de pobres, ocupa el doceavo lugar en la distribución
del ingreso más desigual del mundo, según el Banco Mundial. Las dos terceras partes de
la población nacional sobrevive apenas con 52 pesos diarios, en el mejor de los casos y
no cuenta con los satisfactores esenciales de vida.
La política económica del Gobierno foxista elevó en 1.3 millones
el número de personas en condición de pobreza. Al mes de junio de 2002 los salarios
mínimos habían perdido el 75% de su poder adquisitivo con respecto a 1977.
En materia de empleo el panorama es desalentador. En los primeros 17
meses de Gobierno se perdieron 630 mil puestos de trabajo, sin contar que el Gobierno
dejó de crear 1 millón 200 mil empleos anuales para la mano de obra joven que se
incorpora a la fuerza laboral.
La campaña de desprestigio del Ejecutivo en contra del Congreso se
funda en la incapacidad por reconocer que en temas cruciales como la reforma del sector
eléctrico sus propuestas no generan consenso a favor o dicho de otra manera: generan
consenso pero en contra. El recurso fácil ha sido acusar al Poder Legislativo de obstruir
los planes de Gobierno. A diferencia de lo que opina el Poder Ejecutivo y su partido,
nuestro grupo parlamentario se ha destacado por ser el propositivo en la presente
legislatura, ya que de un total de 643 iniciativas presentadas ante esta Cámara, el PRD
ha contribuido con 168, es decir, el 27%. ¡A pesar de lo que alguna vez comentó nuestra
Presidenta de ser tan sólo el 11%! Es decir, somos el grupo parlamentario más
propositivo.
Nuestra agenda está constituida para la solución de los problemas
económicos y sociales que el actual Gobierno panista ha sido incapaz de resolver y que
incluso ha profundizado.
En primer lugar, para el próximo periodo, que hoy comienza,
proponemos avanzar en la reforma indígena. La reciente decisión de la Suprema Corte
sobre las controversias presentadas contra la reforma indígena aprobada por el Congreso,
ha confirmado que los pueblos indios están excluidos del desarrollo y del Estado
mexicano. La corte cerró otra puerta a los más marginados de este país. Perdió
desafortunadamente una gran oportunidad de abrir esperanza para los mismos, sólo queda
una llave para lograr la paz justa y duradera, para evitar la agudización del conflicto,
para lograr los plenos derechos culturales, lingüísticos, económicos y políticos de
los pueblos indígenas, esa llave es retomar la reforma constitucional sobre la base de la
llamada Ley Cocopa, es decir, hacer la reforma y revisar toda la legislación en materia
hasta lograr una legislación que acepten y que consensen los mismos pueblos indígenas.
2. Por una reforma eléctrica a favor de los consumidores. El PRD
presentó una iniciativa de reformas a diversas disposiciones legales con objeto de dar
autonomía presupuestal a la Comisión Federal de Electricidad, modernizar al sector
eléctrico y fortalecer a los organismos públicos encargados de la generación,
transformación, conducción y suministro del fluido eléctrico, conservándolos como
patrimonio de los mexicanos.
La modernización y eficiencia de la industria eléctrica nacional
no requiere de la privatización. Nuestro partido se pronuncia por mantener el texto
vigente de nuestra Constitución, pues sólo así garantizaremos el suministro efectivo de
energía, independientemente del nivel socioeconómico de los consumidores, con tarifas
equitativas de acuerdo al ingreso de la población. ¡Rechazamos tajantemente toda reforma
constitucional que apunte a la privatización del sector eléctrico!
3. El PRD presentará una iniciativa de reforma integral al mundo
laboral que incluye cambios al artículo 123 constitucional y a la legislación
reglamentaria, con objeto de democratizar el mundo laboral y de ampliar los derechos
individuales y colectivos de los trabajadores mexicanos.
Esta iniciativa contempla una visión de género, para lograr mayor
equidad en las prestaciones otorgadas a las mujeres trabajadoras, así como el logro
efectivo de la democracia sindical.
4. Sacar del Tratado de Libre Comercio al sector agropecuario. La
situación desesperada que vive el campo mexicano se vio agravada por la desigual
integración de México al acuerdo comercial con América del Norte.
Recientemente el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de
Seguridad Agropecuaria e Inversión Rural 2002, que significará fuertes subsidios a los
productores estadounidenses, colocando en mayor desventaja a los productores mexicanos.
En el 2003, por disposición del TLC, serán eliminados los
aranceles de granos básicos, lo que significará el tiro de gracia a nuestros
productores.
5. Paquete económico 2003. Proponemos al Ejecutivo la entrega
anticipada de los criterios generales de política económica para el próximo año y de
los proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, así como de las diversas
iniciativas en materia fiscal.
Para el PRD es imposible pensar en aprobar un paquete presupuestal
para el próximo año, bajo las mismas premisas de los ejercicios anteriores. Si fuera
así, seguiremos postergando el desarrollo económico y productivo el país.
Nuestra propuesta ante este pleno se sustenta en bases distintas. En
primer lugar requerimos liberar recursos públicos a favor del gasto social y productivo.
Para ello nuestro partido presentará a este pleno se apruebe un recurso de punto de
acuerdo de controversia constitucional, a fin de que la Suprema Corte determine si el
pueblo de México debe seguir pagando el rescate bancario con recursos públicos y que en
los hechos se ha convertido en deuda externa o se deben cancelar inmediatamente los bonos
y los pagarés heredados por los bancos comprados hoy a las instituciones financieras
extranjeras, quienes han tomado el control del sistema bancario en más del 90%.
Año con año el país destina más de 53 mil millones de pesos al
rescate bancario que hoy se le paga a los corporativos transnacionales.
Nuestro grupo parlamentario insistirá en un paquete de reformas
fiscales que tiendan a favorecer y estimular el desa-rrollo de sectores que no fueron
considerados en la reforma fiscal aprobada el año pasado.
Para la discusión del paquete económico proponemos determinar
otras prioridades distintas a las que han guiado el presupuesto de años anteriores. Uno
de los objetivos es reforzar la gratuidad de la enseñanza pública en todos los niveles y
comprometer mayores recursos federales en su sostenimiento; al menos como lo prometió el
presidente Fox, el 8% del PIB como gasto dederal. Debemos fortalecer urgentemente al IMSS
y al ISSSTE como instituciones pilares de la política social.
6. Reforma del Estado. El PRD seguirá perseverando en su demanda de
reformas estructurales del sistema político, para consolidar el avance democrático del
país. Entre los temas destacan: el fortalecimiento de las capacidades de fiscalización y
de investigación del Poder Legislativo; establecer la figura de juicio político al
Presidente de la República; incorporar a nuestra ley las figuras de plebiscito, referendum e iniciativa popular.
Compañeras y compañeros diputados: el Partido de la Revolución
Democrática está abierto al diálogo constructivo, al debate de ideas que apunten al
logro de un México más democrático, de un modelo económico justo y distributivo, de
una nación que reconozca y respete su origen pluriétnico y de un pueblo que vea
resueltas sus demandas de desa-rrollo social hasta ahora postergadas.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, del
grupo parlamentario de Acción Nacional.
El diputado Cuauhtémoc
Cardona Benavides:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros
diputados:
Ante el imponente reto que representa la concepción de estar ante
el inicio del último año de servicio constitucional de esta legislatura, contrario a lo
que muchas voces pregonan, ha sido rico el resultado legislativo. A fin de estar en
posibilidades de desempeñar de manera más eficaz y eficiente nuestra labor como
representantes de la nación, es menester cuestionarnos, ¿qué tanto hemos avanzado en la
consecución del Estado que queremos? ¿Cómo hemos afrontado nuestra responsabilidad
política ante la coyuntura histórica? ¿Qué cuentas rendimos a la sociedad que nos dio
la oportunidad de representarla en esta Cámara?.
En el anterior periodo de sesiones ordinarias se lograron varios
acuerdos políticos los cuales se tradujeron en importantes aportaciones legislativas para
el país, la aprobación por unanimidad de la Ley Federal de Transparencia y acceso a la
información pública gubernamental, que de esta manera se dio un paso trascendental en la
vida democrática del país para instaurar un marco que consolida la transparencia y
fomenta una mayor rendición de cuentas de los gobernantes frente a la sociedad.
En la misma tónica, también aprobamos reformas al Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales para darle mayor participación en la vida
política a las mujeres, igual la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología, se dictaminó por el pleno de la Cámara una reforma a la Ley General de
Salud y votamos a favor de diversas reformas a la Ley del Sistema de Ahorro para el
Retiro.
Los más de 100 dictámenes aprobados durante esta legislatura
prueban esta voluntad legislativa de acordar más que disentir; así, después de dos
años de trabajar juntos y pese a nuestras diferencias, el balance es sin duda positivo,
pues hemos puesto por encima de nuestras afinidades, de nuestros intereses partidistas, la
modernización del país y hace poco la misma gobernabilidad de la Cámara.
Nos hemos empeñado en hacer realidad la división republicana de
poderes que establece la Constitución Política y hemos aprobado leyes que hacen más
fácil la consecución del bien común.
La experiencia del autoritarismo que vivimos durante años
pervirtió en muchos sentidos la cultura política, se distorsionó la semántica del
lenguaje en nuestro país. Así, negociar se ha considerado sinónimo de acuerdos e
intercambios ilícitos, de corrupción; acordar, se asume como claudicación; el concepto
disentir se polariza para significar traición o bien posición radical e irrevocable y,
escuchar, atender, conceder, ceder, se convierten en sinónimos de debilidad o de fracaso.
No obstante, en el transcurso de estos dos años muchos de los que
estamos aquí hemos asumido la tarea de devolver, mediante la práctica diaria y de manera
responsable, el significado original de las palabras para que ellas designen efectivamente
lo que se anuncia.
Reconocemos que esta legislatura ha rendido buenas cuentas y ha
contribuido a la consecución del desarrollo integral del país en un concurso con todos
los grupos parlamentarios.
Los diputados de Acción Nacional, sabemos que hemos puesto al
servicio de la sociedad nuestro mejor esfuerzo; sin embargo, también sabemos que hay
mucho por hacer, los panistas apostamos a que al final de esta legislatura podremos gozar
de la satisfacción que sólo otorga la tarea del bien cumplido.
Estamos conscientes que en este periodo de sesiones ordinarias
debemos atender y resolver asuntos fundamentales para la buena marcha del país, tal es el
caso del Presupuesto de Egresos, de la Ley de Ingresos que presentará próximamente el
Ejecutivo Federal; de igual forma y en esta misma tónica lo que se refiere en su caso a
la minuta de reforma en materia eléctrica, igualmente la iniciativa de Ley de
Telecomunicaciones, propuestas que hemos presentado ante esta Cámara, como la
reconducción presupuestal, las distintas iniciativas presentadas en el seno de la
Comisión Especial de la Reforma del Estado para el efecto del fortalecimiento al Poder
Legislativo, entre las que destacan: la reelección inmediata de diputados, la ampliación
de periodos de sesiones ordinarias y desde luego compartimos que también se requiere una
revisión integral al Marco Jurídico del Congreso de la Unión y particularmente de la
Cámara de Diputados.
Los diputados panistas reconocemos y celebramos la realidad
política plural que impera en el Congreso de la Unión; sabemos que es necesario por el
bien de México, que las distintas fuerzas políticas representadas en la Cámara de
Diputados logremos consensos y acuerdos políticos, los cuales permitan presentar
soluciones democráticas y sólidas pero siempre dentro del marco del Estado de Derecho.
Los nuevos tiempos democráticos que imperan en el país nos obligan
a vivir en una división de los poderes del Estado hasta hace poco inédita. La Cámara de
Diputados debe de abocarse a cumplir con las responsabilidades encomendadas por nuestra
Constitución Política y por lo tanto trabajar a través de sus comisiones, las cuales
son el engranaje esencial de este órgano colegiado, ya que en ellas se realiza la
mayoría del trabajo legislativo.
Las condiciones nacionales e internacionales nos obligan a dejar de
lado proyectos personales ajenos al beneficio de México. No sólo somos 500 diputados,
somos la Cámara de Diputados, de cara a la sociedad debemos de legislar lo que es
necesario en lugar de lo que es más fácil; debemos de resolver lo indispensable en lugar
de discutir por lo irrelevante; debemos de coincidir en lo esencial y dejar de lado lo
superfluo; debemos, en suma, darle sentido a la democracia por la que votaron millones de
mexicanos.
Para Acción Nacional, las cámaras de este Poder Legislativo deben
ser un congreso de las opiniones de la sociedad, que el arte de legislar debe ser
fundamentalmente un acto de entender la realidad social, de leer, de pulsar dentro de ella
para saber qué es lo que constituye o la constituye esencialmente.
Es premisa importante en nuestra tarea legislativa tener la misma
lectura y el mismo diagnóstico de los problemas sociales para que juntos constituyamos
instituciones que nos permitan alcanzar el bien común.
Al comenzar este periodo de sesiones ordinarias y con base en los
resultados obtenidos hasta ahora por esta legislatura, los diputados de Acción Nacional
reiteramos nuestra disposición, nuestra posición por construir caminos amplios en los
que todos cabemos y donde no hay más exclusión que la voluntaria.
Los legisladores de Acción Nacional seguimos mirando al futuro y
manifestamos que no estamos dispuestos a que ningún pronóstico o presagio disfrazado de
realismo nos lo arrebate.
Conscientes de las dificultades, de las inercias, de las
resistencias, de los obstáculos que se fundan en la buena y en ocasiones en la mala fe,
persistiremos con tenacidad en la construcción de una historia distinta donde las
palabras democracia, libertad, vigencia a la ley, cumplimiento a la ley y justicia social
cobren su pleno y verdadero significado dentro de un Estado de Derecho en la que se funde
la grandeza para constituir una patria ordenada y por más generosa.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, a nombre
del grupo parlamentario del PRI, hasta por 10 minutos.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:
Con su permiso, señora Presidenta; señoras diputadas y diputados:
Dos visiones podrían prevalecer en estos momentos: una, ir hacia
atrás, juzga lo que no se ha hecho; califica a los demás y parece recordarnos que éste
cuyo trabajo inauguramos es el último periodo, es el principio de los periodos que marcan
nuestra despedida, el inicio del fin diría algún trágico.
La otra visión es francamente optimista y es la que compartimos.
Hoy inauguramos la etapa decisiva, el momento crucial, lo que hemos conversado, arreglado,
negociado, pactado, predictaminado y dictaminado ahora tiene que concretarse. Se inicia,
si queremos, la etapa más productiva del Congreso mexicano y de su Cámara de Diputados.
No es tiempo de nostalgias anticipadas ni de rasgarse las vestiduras pretendiendo en los
errores del Congreso justificar los errores propios y lo que no hemos hecho de lo que nos
ha tocado hacer; es tiempo de hacer, es tiempo de logro.
Expresar solamente un llamado al trabajo sería insuficiente y
notoriamente injusto con los muchos que han trabajado en sus comisiones, estaríamos
haciendo a un lado el valioso esfuerzo de los diputados que prácticamente han concluido
una ley para el genoma humano; de los que han trabajado para la preservación del medio
ambiente; de los que han trabajado para una Ley de Armas de Fuego; de los que están
trabajando en bioseguridad y en alimentos genéticamente modificados.
No hablamos de lo que está por llegar; eso es lo que está en esta
Cámara y se ha trabajado aquí. Estaríamos haciendo a un lado las discusiones y los
acuerdos de la comisión para la Reforma de Estado.
Las fracciones parlamentarias hemos llegado a lo largo de esta
legislatura a importantes acuerdos en materia de incentivos fiscales para integrar a la
planta laboral un mayor número de jóvenes; para reformar el Código Civil y Penal en
materia de equidad y género; para apoyar a la micro, pequeña y mediana empresas y
generar más empleos.
Para nuestra fracción en particular, en el presente periodo es
prioritario dictaminar una Ley para el Desarrollo Social que convierta en derecho lo que
hoy sólo existe por voluntad. Para nuestra fracción es prioritario sentar las bases
jurídicas para la agroindustria azucarera. Es prioridad una Ley Nacional para las
Personas con Discapacidad; una Ley de Seguridad Pública; aprobar un nuevo Código Penal y
de Procedimientos Penales; una reforma a la Ley Contra la Delincuencia Organizada para que
se castigue y se persiga más eficazmente el secuestro; una Ley Federal de Puertos.
Insistiremos en la aprobación de una Ley para la Inducción de la
Energía en el Campo, para reformar la Ley del IVA y de manera que se implemente la tasa
cero en los organismos descentralizados de agua potable de los estados.
Insistiremos en modificar la ley para que no se realicen recortes
presupuestales y como debe ser, si se realizan, sean aprobados por la Cámara de
Diputados.
No, no es tiempo de pensar en que se termina la diputación; es
tiempo de concretar todo el esfuerzo desplegado, que no ha sido poco, que no ha sido
débil, que no ha sido falto de creatividad, que no debe ser inútil. Vamos a impulsar
desde el PRI, que se garantice el derecho a la alimentación en la Constitución, a
proteger a las mujeres que trabajan del hostigamiento sexual; a garantizar el derecho al
deporte como parte indispensable de la salud; a vigilar la precaria situación de los
productores del campo ante las nuevas circunstancias de nuestro comercio.
No es tampoco el momento de encerrar al Congreso en la dinámica
electoral. Reconocemos el papel fundamental de los partidos en esta Cámara, pero no
estaremos de acuerdo nunca en supeditar la agenda de la Cámara y sus consensos a
dictámenes con eventos coyunturales o a la competencia electoral. Nosotros ya somos la
Cámara de Diputados, no estamos en competencia; nuestra principal contribución al
proceso electoral será vigilar la imparcialidad del Ejecutivo, de sus organismos. Nuestra
contribución será sostener la gobernabilidad y el diálogo, nunca sujetar a la Cámara
según el interés momentáneo de nuestro partido en la campaña.
Así como nuestra expresión tiene que ser aquí por la ideología
que representamos y que nunca será vergüenza, sí sería una vergüenza que el interés
nacional se supeditara al interés cortoplacista de los partidos y de la contienda.
No son iniciativas nuestras, no lo son, pero coincidimos en la
necesidad de una Ley de Responsabilidad Ambiental. Coincidimos en la necesidad de una
legislación reglamentaria en materia de cultura y derechos indígenas; en materia de
protección a derechos lingüísticos; coincidimos en la necesidad de legislar nuevas
formas de participación ciudadana; de prevenir que la clonación cuente con un marco
legal y ético de referencia para su investigación. Coincidimos con la necesidad de una
Ley para la Marina Mercante.
No medimos nuestra productividad por el número de iniciativas no
consensadas que presentamos ni tampoco la medimos por cuántos puntos introdujimos a la
agenda: la medimos en la calidad de nuestro esfuerzo en las comisiones.
Somos distintos, pensamos distinto, tenemos una distinta percepción
sobre la acción política, pero tenemos muchísimas convergencias. Resulta evidente que
somos capaces de encontrar caminos comunes; es evidente que hoy tenemos que intensificar
ese esfuerzo. No es el principio del fin, está en nuestras manos la posibilidad de
abrirle nuevas formas a la Cámara de Diputados. La sociedad exige que sesionemos más
tiempo y que seamos más eficientes, exige que las iniciativas y su discusión no puedan
sujetarse a voluntades personales y exige saber cuáles sirven y cuáles no; exige un
método transparente de rendición de cuentas para sus representantes.
Diputados, la sociedad exige de sus representantes que cuando
decidan serlo, hagan a un lado los negocios personales y exige que haya un marco que
garantice lo que es ético y lo que no, actuando como legisladores. Ya no quiere más
informes de ceremonias, ya no quiere incertidumbre en la planeación, discusión y
aprobación del presupuesto; quiere rendición de cuentas claras y expeditas, quiere la
certeza de que se combate a la impunidad.
Y lo más importante: todos deberían complacerlos, porque éstos
temas no nos tenemos que esperar, estos temas están en nuestra agenda, estos temas han
sido tocados ya por comisiones de la Cámara de Diputados. Aquí, aquí en esta
institución es donde se construyen los consensos, se celebran los pactos, se perfilan las
agendas, aquí en la Cámara de Diputados. No hay cambios duraderos, no hay cambio real
sin una institución parlamentaria sólida y sin los partidos que le conforman y le dan
vida, pero ése es nuestro dilema, sólo seremos partidos o aceptamos el compromiso de ser
los que forman, fortalecen, enriquecen, amplían, organizan, armonizan la vida de la
nación.
La fracción parlamentaria del PRI asume este inicio de periodo con
el optimismo del trabajo que ya realizamos, con la confianza de la capacidad de diálogo
con otros grupos parlamentarios en esta Cámara, en el que participamos y lo seguiremos
haciendo sin prejuicios, sin descalificaciones previas, sin descalificar porque no sea
nuestra iniciativa o sea distinta nuestra opinión.
Ratificamos, en el PRI creemos que todos somos útiles al país, que
toda opinión es respetable, que todo disenso fortalece a la Cámara de Diputados.
Apostamos por el diálogo, por el debate, prestigiamos los acuerdos hechos con buena
voluntad, con buena fe y con honradez, por eso nos resulta inaceptables las posturas que
descalifican al Congreso desde adentro o desde afuera y apuestan por el debilitamiento de
los partidos, porque si bien es cierto que la obra democrática no es exclusiva de ellos,
sólo los partidos aseguran la centralidad del Congreso, sólo ellos pueden evitar un
presidencialismo plebiscitario o la anarquía a la que nos llevarían las fuerzas
políticas inorgánicas como tribus.
Estamos ciertos de que vivimos un proceso democrático, estamos
seguros de lo que nuestro partido representa en este proceso y muy orgullosos de poder
aportar en este momento, de ofrecer en este momento, la contribución del PRI. Sólo
aceptamos ley y diálogo, ley y política, como métodos para las transformaciones que el
país reclama. Apostamos hace mucho tiempo por la democracia, sabemos que en la democracia
no se gana todo y lo que se gana no se gana para siempre.
Ponemos la mira en el futuro, que tiene que construirse donde se
concilian libertades, se otorgue seguridad, donde, finalizo. Como diría Adaruc Espinoza;
"se transforme al hombre para que su espíritu y su cuerpo hagan uso de la razón sin
rivalizar por el odio, la cólera ni se hagan la guerra con ánimo injusto".
Diputados, el verdadero fin del Estado es la libertad y esta Cámara
la ha gozado, la ha consagrado, la han hecho útil. Pongamos la mira en el futuro, no
hacia atrás. No es tiempo de nostalgias, es tiempo de caminar y estamos en hora buena.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Ha concluido el posicionamiento de los grupos sobre el actual
periodo de sesiones y pasamos al capítulo de proposiciones.
Para ilustrar a la Asamblea, informe que esta Mesa Directiva
levantará la sesión a las 16:00 horas.
CHIAPAS-OAXACA
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra el diputado Jaime Larrazábal Bretón del grupo
parlamentario del PRI, para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre el
estado físico en que se encuentra la supercarretera Cuacnopalan-Oaxaca.
El diputado Jaime Arturo Larrazábal
Bretrón:
Muchas gracias.
Señora diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la Mesa
Directiva de esta Cámara de Diputados; compañeras y compañeros diputados:
Respetable audiencia.
El hecho del que me ocuparé el día de hoy, es denunciar el estado
físico en que se encuentra la supercarretera Cuacnopalan-Oaxaca. Las vías de
comunicación de los pueblos juegan un papel fundamental en su desarrollo, esta no es una
nueva noticia sino que es una apreciación de una realidad que sigue teniendo vigencia.
Hasta la fecha el sureste mexicano, sobre todo el de los estados de
Guerrero, Chiapas y Oaxaca, fueron quedándose rezagados por diversas razones, muchas de
ellas, denunciadas en esta tribuna y de las que hasta esta fecha ha habido pocas
respuestas y precisamente hoy reiteraré una más.
Este rezago se acrecentó de manera notoria por la falta de
comunicación terrestre, quiero decir la construcción de carreteras, para facilitar el
tránsito y promover un desarrollo sustentable y equilibrado.
Seguramente si esto hubiera sucedido años atrás, la consolidación
de las diversas ramas de producción y de manera privilegiada el turismo, serían hoy día
una realidad.
Como es de todos sabido, en la República Mexicana, de muchos años
a esta fecha, se inició y terminó la construcción de una carretera, seguramente la más
importante, que cruza todo el territorio nacional y fue bautizada popularmente como
carretera internacional.
Sobra decir que esta importante vía impulsó el desarrollo de las
provincias que fue tocando; a medida que pasó el tiempo, la demanda y la necesidad de dar
mayor seguridad, provocó la inevitable construcción de tramos paralelos, que hoy son
modernas autopistas; sin embargo, en el tramo que cruza los estados de Oaxaca y Chiapas,
esta modernización nunca se atendió, nunca se construyó; simplemente se olvidó y nunca
se hizo.
Fue en el año de 1993 que se decidió privilegiar el interés
social por encima del financiero y se construyó la supercarretera denominada
Cuacnopalan-Oaxaca, con longitud de 243 kilómetros, con destino final en la capital del
estado de Oaxaca y este trascendente hecho significó un aliento a la inversión y sobre
todo al desarrollo comercial y turístico, provocando la consecuente generación de
empleos, tan necesarios y tan escasos últimamente y que hoy sirven para abatir, aunque
sea de manera mínima, la desbandada de indígenas hacia el norte del país, que piensan
en el famoso "sueño americano" y que como todos sabemos, en el mayor de los
casos es sólo espejismo y no en pocos casos, luto de los hogares de familias que, como
siempre, resultan ser las más necesitadas y pobres del país.
Retomando el tema, esta supercarretera de cuota que cada día
incrementa sus usuarios, con disgusto y con tristeza ven, que a pesar de ser una carretera
de paga, los derrumbes, deslaves, asentamientos e irregularidades en la superficie de
rodamiento, son una constante en el tramo de estos 243 kilómetros.
Esta realidad, de las pésimas condiciones en las que se encuentra
la pomposamente llamada supercarretera Cuacnopalan-Oaxaca, día a día se deteriora por la
falta de mantenimiento y de atención que requiere esta importante vía de comunicación,
deja tanto qué desea, que muchos de los usuarios empiezan a mejor usar la antes
mencionada carretera internacional, por la seguridad que hasta hoy ofrece.
Adjunto a esta denuncia, estamos introduciendo opiniones técnicas y
un cuadro de referencia, en donde se detallan las inversiones que hasta ahora se requieren
y que por ahora significan aproximadamente 300 millones de pesos, que de manera urgente la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes debe de invertir, para mantener esta
supercarretera y dar la atención preventiva que hasta esta fecha no se ha rea-lizado.
La pregunta es, ¿qué razones puede argumentar el Poder Ejecutivo
Federal en dejar de dar mantenimiento a una supercarretera de cuota que administra la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes? A todos nosotros nos parece absurdo que
después de haber hecho un extraordinario esfuerzo el Gobierno Federal, que alcanzó
varios miles de millones de pesos en esta obra, hoy se encuentra sumida en el abandono,
provocando inseguridad y desalentando el tránsito a la misma.
Es por ello y con fundamento en los artículos 23 y 45 de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que presento este punto de
acuerdo para que la Comisión de Comunicaciones de esta Cámara de Diputados recoja esta
propuesta y sea incluida en la inversión que en el próximo Presupuesto de Egresos,
habremos de aprobar en el año de 2003 y de esta manera sea ejecutado el multicitado
mantenimiento.
Atentamente:
Diputados: José Soto, Lilia Mendoza, Angel Mexueiro, Irma Piñeyro,
Abel Trejo, Cándido Coheto, Ildefonso Zorrilla, Edith Escobar, Rufino Rodríguez, Miguel
Angel Moreno Tello y el de la voz..
Muchas gracias.
EQUIDAD Y GENERO
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra la diputada Heidi Storsberg, del grupo
parlamentario de Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo en
torno a las resoluciones de la Cumbre de Johannesburgo.
La diputada Heidi Gertud Storsberg
Montes:
Con su permiso, señora Presidenta.
México acudió en calidad de líder de los países megadiversos
afines a la Cumbre Mundial Sobre Desarrollo Sostenible que auspició la Organización de
Naciones Unidas en Johannesburgo.
Esta cumbre, que se asentó en los pilares del crecimiento
económico, desarrollo social y protección al medio ambiente, constituyó una oportunidad
política para renovar los esfuerzos emprendidos hace 10 años en la Cumbre de la Tierra y
para realizar una evaluación de los avances hacia el desarrollo sostenible. De igual
modo, la cumbre buscó convertirse en una ocasión única para que la comunidad
internacional reafirmara su compromiso con la integración de los objetivos económicos,
sociales y ambientales del desarrollo sostenible, así como las medidas para avanzar en su
implementación.
La transición hacia el desarrollo requiere alcanzar una mejor
calidad de vida con protección del ambiente, alentar pautas de producción y consumo
menos depredadores con base en el respeto de patrones socioculturales propios, adoptar
esquemas tecnológicos que eviten el deterioro, así como rediseñar políticas
institucionales y normatividades que respondan a los nuevos retos de hoy.
Esta lucha de enorme contenido humanista y a favor del bienestar
común, nos obliga a que asumamos un claro compromiso para transformar el desarrollo del
mundo incorporando no sólo las perspectivas de conservación, restauración, manejo
racional de los recursos naturales y del medio ambiente, sino también institucionalizando
el enfoque de equidad de género en la toma de decisiones y los acuerdos a convenir.
Un futuro sostenible sólo se podrá alcanzar fortaleciendo la
dimensión social del desarrollo humano que requiere del diseño de una política
ambiental con equidad de género, en la medida en que se involucre equitativamente a las
mujeres y a los hombres en el acceso, uso, control y beneficio de los recursos naturales.
El menor acceso de las mujeres a los recursos, dígase tierra, agua,
recursos pesqueros, forestales y biodiversidad; la escasa participación de las mujeres en
la toma de decisiones ambientales y el reparto inequitativo de los beneficios de manejo y
control de los recursos, refuerzan la asimetría entre los géneros y aumenta la
discriminación.
La agudización de los fenómenos de la degradación ambiental,
cuyas más injustificadas víctimas son los sectores de la población más desprotegidos,
como las mujeres y los niños, principalmente en zonas de extrema pobreza urbana y rural,
ven vulnerado su estado de salud y su calidad de vida ante los efectos de la sequía, la
desertificación, los incendios forestales, la deforestación, los desastres naturales o
los desechos tóxicos.
Es por ello que en nuestra calidad de legisladores, debemos
pronunciarnos a favor de una participación activa y responsable de México en los foros
internacionales, en donde se discutan y se tomen decisiones sobre los temas de la llamada
"nueva agenda internacional", así como luchar para que, a propósito de
promover la cooperación internacional en materia ambiental, se impulse una política de
desarrollo sostenible con enfoque de género para alcanzar un desarrollo socialmente
equitativo.
México, como líder del grupo y a la vanguardia de los diversos
compromisos ambientales en el ámbito multilateral y bilateral, no debe escatimar
esfuerzos para insistir a los países que no lo han hecho, a que ratifiquen el Protocolo
de Kyoto para el control de las emisiones de gas responsables del efecto invernadero y del
recalentamiento global del planeta.
Y debe señalar en cualquier ocasión que corresponde a los países
avanzados asumir un compromiso efectivo con el principio de responsabilidades comunes pero
diferenciadas.
Es por ello que el grupo parlamentario de Acción Nacional también
solicita al Poder Ejecutivo Federal a impulsar una mayor sinergia entre los criterios y
consensos alcanzados en las distintas conferencias, cumbres y reuniones mundiales, sobre
todo la cumbre que acaba de concluir en Johannesburgo, con la del financiamiento para el
desarrollo en Monterrey y con la agenda de desarrollo celebrada en Doha, en las cuales se
acordaron medidas para facilitar el acceso a los mercados, mejorar las normas
multilaterales y aumentar la ayuda financiera al desarrollo.
Por las razones antes expuestas se presenta la siguiente
PROPOSICION
CON PUNTO DE ACUERDO
Artículo único. Se
solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, a que en el marco de la
Cumbre Mundial Sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Johannesburgo y a la que
nuestro país asistió como líder del grupo de países megadiversos afines, cumpla con el
compromiso político y ético para avanzar en la construcción de una política de
desarrollo sostenible con equidad de género.
Muchas gracias.
«Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional somete a la consideración del pleno, la adopción de la
siguiente proposición con punto de acuerdo, en el cual se solicita respetuosamente al
Titular del Poder Ejecutivo Federal y a que en el marco de la Cumbre Mundial sobre
Desarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo y a la que nuestro país asistió como
líder del grupo de países megadiversos afines, cumpla con el compromiso político y
ético para avanzar en la construcción de una política de desarrollo sostenible con
equidad de género.
EXPOSICION DE MOTIVOS
México acudió en calidad de líder del grupo de países
megadiversos afines a la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible que auspició la
Organización de Naciones Unidas en Johannesburgo.
Este grupo convocado por México, con la finalidad de concentrar a
aquellos países que poseen la mayor variedad de especies animales y vegetales del
planeta, funge como un mecanismo de consulta y de cooperación para promover la
conservación y el uso sustentable de la diversidad biológica, proteger el conocimiento
tradicional asociado a los recursos biológicos e impulsar el desarrollo de un régimen
internacional que promueva y salvaguarde efectivamente la distribución justa y equitativa
de los beneficios derivados de la diversidad biológica y de sus componentes.
La cumbre de desarrollo sostenible que se asentó en los pilares del
crecimiento económico, desarrollo social y protección al medio ambiente, constituyó una
oportunidad política para renovar los esfuerzos emprendidos hace 10 años en la Cumbre de
la Tierra y para realizar una evaluación de los avances hacia el desarrollo sostenible.
De igual modo, la cumbre buscó convertirse en una ocasión única para que la comunidad
internacional reafirmara su compromiso con la integración de los objetivos económicos,
sociales y ambientales del desarrollo sostenible, así como con las medidas para avanzar
en su implementación.
La transición hacia este desarrollo requiere alcanzar una mejor
calidad de vida con protección al ambiente, alentar pautas de producción y consumo menos
depredadoras con base en el respeto de patrones socioculturales propios, adoptar esquemas
tecnológicos que eviten el deterioro, así como rediseñar políticas, instituciones y
normatividades que respondan a los nuevos retos de hoy.
Esta lucha de enorme contenido humanista y en favor del bienestar
común, nos obliga a que asumamos un claro compromiso para transformar el desarrollo del
mundo, incorporando no sólo las perspectivas de conservación, restauración y manejo
racional de los recursos naturales y del medio ambiente, sino también institucionalizando
el enfoque de equidad de género en la toma de decisiones y en los acuerdos a convenir.
Un futuro sostenible sólo se podrá alcanzar fortaleciendo la
dimensión social del desarrollo humano, que requiere del diseño de una política
ambiental con equidad de género, en la medida en que se involucre equitativamente a las
mujeres y a los hombres en el acceso, uso, control y beneficio de los recursos naturales.
El menor acceso de las mujeres a los recursos (tierra, agua,
recursos pesqueros, forestales y biodiversidad), la escasa participación de las mujeres
en la toma de decisiones ambientales (puestos de decisión, involucramiento en organismos
públicos y sociales) y el reparto inequitativo de los beneficios del manejo y control de
los recursos (acceso a créditos, programas de apoyo, capacitación, asistencia técnica,
nivel de ingresos, entre otros) refuerzan la asimetría entre los géneros y aumentan la
discriminación.
La agudización de los fenómenos de degradación ambiental cuyas
más injustificadas víctimas son los sectores de la población más desprotegidos, como
las mujeres y los niños, principalmente en zonas de extrema pobreza urbana y rural, ven
vulnerado su estado de salud y su calidad de vida ante los efectos de la sequía, la
desertificación, los incendios forestales, la deforestación, los desastres naturales o
los desechos tóxicos.
Es por ello que en nuestra calidad de legisladores debemos
pronunciarnos a favor de una participación activa y responsable de México en los foros
internacionales en donde se discutan y se tomen decisiones sobre los temas de la llamada
"nueva agenda internacional", así como luchar para que, a propósito de
promover la cooperación internacional en materia ambiental, se impulse una política de
desarrollo sostenible con enfoque de género para alcanzar un desarrollo socialmente
equitativo.
México como líder del grupo y a la vanguardia con los diversos
compromisos ambientales en el ámbito multilateral y bilateral, no debe escatimar
esfuerzos para insistir a los países que no lo han hecho, a que ratifiquen el Protocolo
de Kyoto, para el control de las emisiones de gas, responsables del efecto invernadero y
del recalentamiento global del planeta y debe señalar en cualquier ocasión, que
corresponde a los países avanzados asumir un compromiso efectivo con el principio de
"responsabilidades comunes pero diferenciadas".
Es por ello que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional
también solicita al Poder Ejecutivo Federal, impulsar una mayor sinergia entre los
criterios y consensos alcanzados en las distintas conferencias, cumbres y reuniones
mundiales, sobre todo la cumbre que acaba de concluir en Johannesburgo con la del
Financiamiento para el Desarrollo de Monterrey y con la agenda del desarrollo celebrada en
Doha, en las cuales se acordaron medidas para facilitar el acceso a los mercados, mejorar
las normas multilaterales y aumentar la ayuda financiera al desarrollo.
Por las razones expuestas con anterioridad, se presenta la siguiente
proposición con
PUNTO DE ACUERDO
Artículo único. Se
solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, a que en el marco de la
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo y a la que nuestro
país asistió como líder del grupo de países megadiversos afines, cumpla con el
compromiso político y ético para avanzar en la construcción de una política de
desarrollo sostenible con equidad de género.
Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 10 de septiembre de
2002.— Diputada Heidi Gertud Storsberg
Montes.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Gracias, señora diputada.
Túrnese a la Comisión de
Equidad y Género y a la Comisión de Presupuesto y envíese copia del punto de acuerdo a
la Comisión de Equidad y Género del Senado de la República.
RESCATE BANCARIO
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra la diputada Miroslava García Suárez, para
presentar un punto de acuerdo en relación a una controversia constitucional vinculada con
el Fobaproa y el IPAB.
La diputada María Miroslava García
Suárez:
Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros
diputados:
La siguiente proposición con punto de acuerdo tiene como propósito
que esta Cámara de Diputados interponga una controversia constitucional por la
aprobación de los pagarés a cargo del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa)
e IPAB.
Lejos de lo que muchos consideran, el Fobaproa desafortunadamente no
ha muerto. La nueva realidad que vive nuestro país exige una revisión puntual y urgente
de los motivos y argumentos que orillaron al Gobierno a aprobar, violando el artículo 73
fracción VIII de nuestra Constitución, la creación y nacimiento del Fobaproa e IPAB,
con una deuda que los mexicanos seguimos y en el esquema actual seguiremos pagando sin
aportar ningún beneficio a la población.
Existen vicios de origen que no se han aclarado. Cito tan sólo
algunos ejemplos, dado que en cinco minutos es imposible hacer una historia puntual de
este rescate bancario:
1. La evaluación que hizo en su momento el comité técnico del
Fobaproa del Banco de México, donde el subcomité de recuperación de activos concluyó
la formalización del rescate bancario en 23 sesiones sin la aprobación o consulta, por
lo menos, a este Congreso.
2. La consecuente aprobación del Ejecutivo por cuenta propia y
discrecionalmente, al margen de sus facultades constitucionales.
3. El diseño del contrato con el que el auditor Michel Mackey,
realizó la investigación del rescate y que en ninguna línea menciona la palabra
"auditoría". Los bancos que han gozado del rescate bancario nunca han sido
auditados.
4. La firma de los pagarés a nombre del Gobierno Federal que
hiciera la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Otro argumento aducido es precisamente que en los últimos tiempos,
compañeras y compañeros legisladores, ha existido una criminal transferencia de recursos
públicos, en detrimento del desarrollo nacional, a un rescate bancario que nunca aprobó
este Congreso.
Pero hay que agregar un elemento adicional: hoy el sistema bancario
que opera en México en un 90% o más está en manos privadas y extranjeras. Resulta que
de iniciarse con una calidad muy cercana a la de la deuda interna, el Fobaproa-IPAB se ha
convertido, en los hechos, en deuda externa para los mexicanos y en ese sentido es absurdo
que hoy, en la construcción del presupuesto de egresos de los últimos años se destinen
más de 53 mil millones de pesos para pagar bonos de rescate bancario hoy a los
corporativos transnacionales.
En ese sentido es pertinente preguntarnos ¿qué queremos hacer de
los recursos públicos y cómo pretendemos impulsar el desarrollo económico nacional?
Es un claro obstáculo para la inversión pública productiva y para
el gasto social esta transferencia de recursos públicos, hoy convertidos en deuda
externa, que se pagan puntualmente a los bancos extranjeros que operan en nuestro país.
La historia del IPAB-Fobaproa es muy larga y es imposible hablar en
cinco minutos de todos los daños económicos que ha sufrido la nación por el pago de
este rescate. Simplemente quiero decir que ahí están los ejemplos de Banca Unión; ahí
están los ejemplos de diversos bancos, antes nacionales, que fueron declarados en quiebra
por malos manejos de los recursos de los mismos e incluso transferencia de los mismos y
activos de los bancos a campañas políticas.
Quisiera, antes de concluir este punto de acuerdo, manifestar a
nombre del Partido de la Revolución Democrática que lamentamos mucho el papel y la
actuación del actual auditor superior de la Federación porque está abrogándose
facultades que no le confiere la ley, que no le confiere ningún reglamento o legislación
y a priori, está condenando o exonerando a
personas que están involucradas precisamente en el quebranto financiero de este país.
No es su papel exonerar a nadie, sino rendir cuentas a la
Federación. Y quiero decir que el PRD no está juzgando a priori; simplemente estamos evaluando los
primeros resultados lamentables de su gestión como auditor superior.
Por último quiero proponer a esta soberanía el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Esta Cámara de Diputados acuerda interponer un recurso de
controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la
inconstitucionalidad del rescate bancario y el pago consiguiente de recursos públicos que
se ha hecho y que queremos impedir que se haga, en beneficio de nuestro país.
Esperamos que este punto sea analizado con seriedad por todas las
fracciones parlamentarias aquí representadas, en la idea de liberar urgentemente recursos
públicos para el desarrollo de nuestro país.
Es cuanto, señora Presidenta.
«Proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados
interponga controversia constitucional por la aprobación de pagarés a cargo del Fondo
Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa)
Honorable Asamblea: me permito presentar ante este pleno la
siguiente proposición con punto de acuerdo, para que el honorable Congreso de la Unión
interponga controversia constitucional por la invasión de facultades por parte del
Ejecutivo al aprobar los pagarés del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) y
que a la fecha continúa pagando el pueblo de México.
CONSIDERANDOS
Lejos de lo que muchos quisieran o consideren, el Fobaproa no ha
muerto. La nueva realidad que vive nuestro país exige una revisión puntual y urgente de
los motivos y argumentos que orillaron al Gobierno a aprobar, violando el artículo 73
fracción VIII de nuestra Constitución, una deuda que los mexicanos seguimos y seguiremos
pagando sin aportar ningún beneficio a la población.
Es cierto que el Ejecutivo, en el año de 1997, tuvo que hacer
frente a un rescate bancario, que era su obligación, de manera rápida. Esa fase inicial
la llevó a cabo, no obstante, el lapso de las negociaciones tomó mucho tiempo,
concluyendo en febrero de 1998; sin embargo, se dio pie al abuso de algunas instituciones
bancarias y grandes deudores; cuando en otras naciones un rescate de este tipo ha llevado
alrededor de seis meses, en México tomó tres años.
Muchos actores del ámbito de la administración pública sacaron
conclusiones y se tomaron atribuciones inconstitucionales para que un asunto de carácter
privado, entre particulares, entre bancos y deudores, se trasladara al ámbito de
influencia del Gobierno Federal y posteriormente del Poder Legislativo.
Existen vicios de origen que no se han aclarado. Cito algunos
ejemplos:
1. La evaluación que hizo en su momento el Comité Técnico del
Fobaproa del Banco de México (integrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Publico, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el propio Banco de México), donde
el subcomité de recuperación de activos concluyó la formalización del rescate bancario
en 23 sesiones.
2. La consecuente aprobación del Ejecutivo por cuenta propia y
discrecionalmente, al margen de sus facultades constitucionales, de la deuda que, según
sus argumentos, tenía el carácter de contingente.
3. El diseño del contrato con el que el auditor Michael Mackey
realizó la investigación del rescate y que en ninguna línea menciona la palabra
auditoría.
4. La firma de los pagarés a nombre del Gobierno Federal que
hiciera la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Es evidente que no podemos considerar al rescate bancario como una
deuda emergente, en virtud de que el texto constitucional señala en su artículo 73
fracción VIII, que el Ejecutivo podrá celebrar empréstitos para hacer frente a
situaciones de emergencia contempladas en el artículo 29 del mismo ordenamiento. Ninguno
de los considerandos contemplados en el artículo 29 se cumplían en ese momento.
Huelga decir que la misma fracción del artículo 73 antes aludido,
señala las condiciones que deben observar los empréstitos contratados por el Gobierno y
de manera expresa establece que sólo se contratarán para "la ejecución de obras
que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos".
Otro argumento aducido por los defensores del Fobaproa-IPAB, es que
el rescate bancario no es deuda pública; sin embargo, atendiendo a la definición que
aporta la Secretaría de Hacienda sobre el término: "total de obligaciones insolutas
del sector público, derivadas de la contratación de empréstitos, internos y externos,
sobre el crédito de la nación", resulta innegable que se trata de un crédito de la
nación en virtud de que es una obligación que debe solventar el Gobierno cada año por
medio del Presupuesto de Egresos de la Federación.
En torno a las anteriores consideraciones hay que juzgar la Ley del
Instituto de Protección al Ahorro (IPAB). ¿Qué es lo que se aprobó? En términos
sencillos: los bancos regresan al Fobaproa, hoy IPAB, los pagarés que
inconstitucionalmente emitió el Ejecutivo a cambio de los pasivos de las instituciones de
crédito, muy probablemente afectados por grandes fraudes y otras calamidades delictuosas,
créditos que estas instituciones intentarán hacer efectivos; si no lo logran, los saldos
serán garantizados por instrumentos de pago que el IPAB apuntalaría con las
contribuciones del pueblo que obran en el tesoro público; es decir, los instrumentos del
IPAB no son los pagarés del Fobaproa que de un modo u otro resultan débitos a cargo del
patrimonio de los contribuyentes. Así es como se pretendió, pretenden tapar con un dedo
la inconstitucionalidad de origen del Fobaproa. Obvio es que las conclusiones caen por su
propio peso. La reciente ley de rescate bancario es
inconstitucional porque una decisión mayoritaria del Congreso, ley secundaria, viola la
fracción VIII del artículo 73 de la Carta Magna, pues se conservan los efectos de los
pagarés del Fobaproa y es inconstitucional también porque con un nuevo nombre, carga
fiscal, se quiere esconder la plena invalidez de la deuda pública supuesta en los
multicitados pagarés.
Por lo pronto, es prácticamente imposible dejar de cubrir esas
obligaciones porque se entraría en un conflicto legal con los banqueros que mantienen su
oposición a someterse a nuevas auditorías. El hecho es que los análisis que pretende
llevar a cabo la Auditoría Superior de la Federación, tienen como propósito encontrar
nuevos créditos irregulares.
La pregunta que debemos atender hoy es la siguiente: ¿debemos
seguir avalando un rescate bancario inconstitucional, cuando más del 90% de los bancos
que operan en México son propiedad de grupos financieros extranjeros, a costa de atender
gastos prioritarios y estratégicos en materia social y productiva? Es por ello que
debemos acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que este poder
establezca la legalidad del pago de los pagarés del Fobaproa.
Recordemos que en su momento, el Gobierno Federal pretendió
realizar el pago por adelantado de los pagarés de Banca Confía y la institución
adquerente, City Bank, se negó rotundamente a recibirlo. Resulta evidente que el gran
negocio de los bancos extranjeros es el cobro de los intereses que generan los pagarés
del Fobaproa.
Por otra parte, de junio de 2001 a julio de 2002, los flujos de
capital extranjero al sistema bancario sumaron 13 mil millones de dólares. Cabe
preguntarse si esta inversión extranjera se ha traducido en algún beneficio para el
pueblo de México, que sigue pagando el rescate de los bancos. Los recursos totales de las
instituciones financieras que operan en México, asciende actualmente a un 1 billón 689
mil millones de pesos, incluyendo los activos derivados de los pagarés del Fobaproa-IPAB
por 758 mil millones de pesos.
Se trata, a todas luces, de un sistema bancario sólido, pero que no
cumple con una de sus funciones básicas, es decir, otorgar crédito para fortalecer la
infraestructura productiva de nuestro país.
Debemos también atender al hecho de que a partir de 2003, existen
vencimientos de los pagarés del Fobaproa y que deben ser cubiertos con ingresos
públicos, con el dinero del pueblo de México. Tan sólo en 2003, los vencimientos
ascienden a más de 74 mil millones de pesos. ¿Qué obras, qué programas, qué
prioridades se dejarán de atender para hacer frente a esa obligación?
Es por ello que, ante esta Asamblea y ante el pueblo de México, con
fundamento en los artículos 49, 73 fracción VII, 78 y 105 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 58 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este
pleno el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Esta Cámara de
Diputados acuerda interponer un recurso de controversia constitucional ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, por la inconstitucionalidad del rescate bancario y los
pagos efectuados con recursos públicos.
Atentamente.
México, DF, a 10 de septiembre de 2002.— Diputada Miroslava García Suárez.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Túrnese a la Junta de
Coordinación Política.
MATERIA INDIGENA
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra el diputado Víctor Antonio García Dávila, del
PT, para presentar una proposición con punto de acuerdo en relación con el estado de
Chiapas.
El diputado Víctor Antonio García
Dávila:
Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
El cambio nadie lo para, la reversa también es cambio.
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de
declararse incompetente para conocer de los actos del Poder Constituyente Permanente, por
considerar que en materia de reformas constitucionales ése es un poder superior, anula
toda posibilidad de que los pueblos indios de nuestra nación puedan acceder a la
autonomía que vienen reclamando desde hace siglos.
Esta decisión viene a acabar con toda posibilidad de protección
legal a la que aspiran los pueblos indígenas, pues las reformas constitucionales en
materia de derechos y cultura indígena que aprobó el Congreso de la Unión, en abril de
2001, no satisfacen sus anhelos y recurrir a la Suprema Corte representaba una última
esperanza para anular la vigencia de una reforma que no cumple con sus legítimas
aspiraciones.
Debe quedar claro que con esta decisión el Estado mexicano ha
dejado constancia de que no está dispuesto a hacer ningún tipo de concesión a los
pueblos indios, a quienes ve como serios enemigos para sus aviesos intereses integrados en
el Plan Puebla-Panamá. En ese sentido la decisión de la Suprema Corte de Justicia no
hace más que demostrar que el Poder Supremo del Estado mexicano tiene como propósito
fundamental garantizar los intereses de la oligarquía que gobierna al país, en una
muestra más de que las élites que concentran el poder económico y político de nuestra
nación tienen miedo a perder el control sobre los pueblos indios, pero aún más, tienen
miedo a perder el control sobre los recursos naturales de esas comunidades, porque la
autonomía que reclaman más de 10 millones de nuestros indígenas está vinculada
directamente a crear las condiciones legales para evitar el saqueo indiscriminado de esos
recursos.
Con esta decisión el Estado mexicano incumple con lo establecido en
el Convenio 179 de la Organización Internacional del Trabajo, a los cuales se
comprometió cumplir al haber ratificado dicho convenio. Sin embargo, es importante
establecer que el Gobierno foxista fue obsequioso con el gobierno de Estados Unidos al
haberlo apoyado sin límites en la represión que tomaron contra el pueblo de Afganistán,
bajo el argumento de que todos éstos eran compromisos internacionales, tomados en el seno
del Consejo de la ONU. Sin embargo, debe de quedar claro que el Convenio 179 es también
un compromiso internacional suscrito por el Estado mexicano, pero al Presidente de la
República no le importó darle el mismo rango que le otorgó cuando apoyó a su amigazo
Bush.
Compañeras y compañeros diputados: conforme ha transcurrido el
tiempo, se ha ido imponiendo la idea de que atrás de la negativa, de las fuerzas
políticas representadas en el Congreso de la Unión que se oponen a reconocer la
autonomía y el derecho que asiste a nuestros pueblos indios, está el interés mezquino y
genuino de control político y de saqueo sistemático de los recursos naturales.
Maniobraron en todos los ámbitos para impedir que se aprobara la
iniciativa de reformas constitucional en materia de derechos y cultura indígena elaborada
por la Cocopa. El engaño hacia los pueblos y comunidades indígenas se perpetró una y
otra vez. Aún así los pueblos indios tuvieron fe en la legalidad e impusieron
controversias constitucionales en contra de la reforma constitucional publicada en agosto
de 2001.
En total fueron más de 330 municipios indígenas los que se
inconformaron en contra de la citada reforma constitucional, ofreciendo todo tipo de
pruebas tanto testimoniales como periciales, con la intención de aportar a la Suprema
Corte elementos sobre las instancias indígenas que debieron ser consultadas y la forma en
la cual se toman las decisiones en las comunidades y pueblos indios.
Sin embargo la Suprema Corte las consideró innecesarias,
argumentando que sólo se trataba de la aplicación del derecho y efectivamente, el
derecho que se pretende aplicar a los pueblos indios no corresponde a su realidad.
Por esta razón el grupo parlamentario del PT hace un llamado al
Ejecutivo Federal para que cumpla con los compromisos asumidos durante su campaña y honre
su palabra, al tiempo que debe hacer un nuevo esfuerzo junto con el Congreso de la Unión.
Por esta razón el PT plantea que es necesario reponer el
procedimiento legislativo con base en la iniciativa de reforma elaborado por la Cocopa,
porque en dicha iniciativa se recogen las aspiraciones de autonomía de nuestras
autoridades.
Hacemos un llamado al pueblo y en particular a los pueblos indios
para continuar luchando por el reconocimiento de sus derechos y al EZLN le decimos desde
aquí que no está solo en su lucha.
Sólo así estaremos cumpliendo con nuestro deber de aportar al
México moderno la tranquilidad.
Por las consideraciones expuestas, el grupo parlamentario del PT con
fundamento en lo que dispone el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete al pleno de esta soberanía, el
siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Que el pleno de
esta soberanía incorpore entre los temas a discusión en el presente periodo de sesiones
ordinarias, el conocimiento del tema de la iniciativa de la Ley Cocopa.
Es cuanto.
«Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros
diputados:
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de
declararse incompetente para conocer de los actos del poder constituyente permanente por
considerar que en materia de reformas constitucionales éste es un poder superior, anula
toda posibilidad de que los pueblos indios de nuestra nación puedan acceder a la
autonomía que vienen reclamando desde hace siglos.
Esta decisión viene a acabar con toda posibilidad de protección
legal al que aspiran los pueblos indígenas, pues las reformas constitucionales en materia
de derechos y cultura indígenas que aprobó el Congreso de la Unión en abril de 2001 no
satisfacen sus anhelos y recurrir a la Suprema Corte representaba una última esperanza
para anular la vigencia de una reforma que no cumple con sus legítimas aspiraciones.
Debe quedar claro que con esta decisión, el Estado mexicano ha
dejado constancia de que no está dispuesto a hacer ningún tipo de concesión a los
pueblos indios, a quienes ve serios enemigos para sus aviesos intereses integrados en el
Plan Puebla-Panamá.
En ese sentido, la decisión de la Suprema Corte de Justicia no hace
más que mostrar que el poder supremo del Estado mexicano tiene como propósito
fundamental garantizar los intereses de la oligarquía que gobierna al país.
Es una muestra más de que las élites que concentran el poder
económico y político de nuestra nación tienen miedo a perder el control sobre los
pueblos indios, pero aún más, tienen miedo a perder el control sobre los recursos
naturales de esas comunidades, porque la autonomía que reclaman más de 10 millones de
nuestros indígenas está vinculada directamente a crear las condiciones legales para
evitar el saqueo indiscriminado de esos recursos.
Con esta decisión, el Estado mexicano incumple con lo establecido
en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, a los cuales se
comprometió cumplir al haber ratificado dicho convenio. Sin embargo, es importante
establecer que el Gobierno foxista fue obsequioso con el gobierno de Estados Unidos al
haberlo apoyado sin límites en la represión que tomaron contra el pueblo de Afganistán,
bajo el argumento de que éstos eran compromisos internacionales tomados en el seno del
Consejo de Seguridad de la ONU.
Sin embargo, debe quedar claro que el Convenio 169 es también un
compromiso internacional suscrito por el Estado mexicano, pero al Presidente de la
República no le importó darle el mismo rango que le otorgó cuando apoyó a su amigo
Bush.
Compañeras y compañeros diputados: conforme ha transcurrido el
tiempo se ha ido imponiendo la idea de que detrás de la negativa de las fuerzas
políticas representadas en el Congreso de la Unión que se oponen a reconocer la
autonomía y el derecho que asiste a nuestros pueblos indios, está el interés mezquino y
genuino de control político y de saqueo sistemático de los recursos naturales.
Maniobraron en todos los ámbitos para impedir que se aprobara la
iniciativa de reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas elaborada
por la Cocopa. El engaño hacia los pueblos y comunidades indígenas se perpetró una y
otra vez.
Aún así, los pueblos indios tuvieron fe en la legalidad e
interpusieron controversias constitucionales en contra de la reforma constitucional
publicada en agosto de 2001, en total fueron más de 330 municipios indígenas los que se
inconformaron en contra de la citada reforma constitucional, ofreciendo todo tipo de
pruebas, tanto testimoniales como periciales, con la intención de aportar a la Suprema
Corte elementos sobre las instancias indígenas que debieron ser consultadas y la forma en
la cual se toman las decisiones en las comunidades y pueblos indios.
Sin embargo, la propia Corte las consideró innecesarias
argumentando que sólo se trataba de la aplicación del derecho y efectivamente el derecho
que se pretende aplicar a los pueblos indios no corresponde a su realidad.
Por esa razón, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo hace
un llamado al Ejecutivo Federal para que cumpla con los compromisos asumidos durante su
campaña y honre su palabra, al tiempo que debe hacer un nuevo esfuerzo junto con el
Congreso de la Unión para reponer el procedimiento legislativo y que el tema de la
reforma indígena sea parte de la agenda del Congreso de la Unión en este periodo se
sesiones ordinarias.
Estamos convencidos de que con el paso del tiempo quedará
demostrado por la fuerza de los hechos, que política e históricamente la resolución
emitida por la Suprema Corte es improcedente porque no garantiza la solución de fondo de
los reclamos de nuestros pueblos indios.
Por esa razón, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo
plantea que es necesario reponer el procedimiento legislativo con base en la iniciativa de
reforma elaborado por la Cocopa, porque en dicha iniciativa se recogen las aspiraciones de
autonomía de nuestras comunidades plasmadas en los acuerdos de San Andrés Larráinzar,
los cuales están en concordancia con lo que estipula la Norma 169 de la Organización
Internacional del Trabajo.
Asimismo postulamos que es necesario que el Congreso de la Unión
redefina el papel de la Cocopa y que el comisionado para la paz en Chiapas, don Luis H.
Alvarez, que ha sido una persona comprometida con la lucha por la democracia en nuestra
nación, revalore su papel en calidad de comisionado, toda vez que consideramos que el
cargo que le ha asignado el presidente Fox de convertirlo en una simple figura decorativa,
no es digna de su jerarquía.
Hacemos un llamado al pueblo y en particular a los pueblos indios
para continuar luchado por el reconocimiento de sus derechos y al EZLN le decimos desde
aquí que no está solo en su lucha. Ahora tenemos la exigencia de estar a la altura de lo
que reclaman nuestros compatriotas indígenas. Por lo tanto, nuestra obligación moral y
legislativa será replantear en el seno de nuestro Congreso la discusión y aprobación de
la Ley Cocopa en materia de derechos y cultura indígenas.
Sólo así estaremos cumpliendo con nuestro deber de aportar al
México moderno la tranquilidad y la paz que necesita para transitar hacia una senda de
progreso y desarrollo estable que reconozca el papel de todos los sectores sociales y la
pluralidad étnica de nuestra nación.
"Por las consideraciones expuestas, el grupo parlamentario del
Partido del Trabajo, con fundamento en lo que se dispone en el artículo 58 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete al
pleno de esta soberanía el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Artículo único. Que el
pleno de esta soberanía incorpore entre los temas a discusión en el presente periodo de
sesiones ordinarias, el conocimiento del tema de la iniciativa de Ley Cocopa.
Es cuanto.
Atentamente.
México, DF, a 10 de septiembre de 2002.— Por el grupo
parlamentario del Partido del Trabajo.— Diputados: Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador; José Narro Céspedes, vicecoordinador; Rosalía Peredo Aguilar, Jaime Cervantes Rivera, Rosa
Delia Cota Montaño, Félix Castellanos Hernández, Víctor Antonio García Dávila y Juan Carlos Regis Adame.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Junta de
Coordinación Política.
ESTADO DE PUEBLA
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra el diputado Alberto Amador Leal, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición
con punto de acuerdo, en torno a la zona arqueológica de Cantona.
El diputado Narciso Alberto Amador
Leal:
Muchas gracias, señora Presidenta:
En reciente visita en la que acompañamos a la señora presidenta
Beatriz Paredes con un grupo de embajadores a esta zona arqueológica, recibimos la
encomienda, particularmente del arqueólogo Angel García Coc, un profesionista y mexicano
ejemplar, de presentar ante esta soberanía este punto de acuerdo.
El sitio arqueológico de Cantona se ubica al norte de la cuenca
oriental de Puebla y al oriente del altiplano central de México, permanece asentado sobre
un derrame de lava volcánica a una altura sobre el nivel del mar de 2 mil 480 metros.
Se trata de una megalópolis del centro norte, en una zona de escasa
vegetación y cuya importancia se debe a la explotación y exportación de la obsidiana de
los yacimientos ubicados en la zona aledaña.
Hoy se sabe con certeza que su apogeo se produjo entre el clásico
tardío y el posclásico temprano, es decir, entre el Siglo VII y el Siglo X de nuestra
era.
De la existencia de esta urbe se supo a fines del Siglo XVIII,
cuando se le mencionó en las gacetas de José Antonio Alzate; no obstante, se considera
al francés Henry de Sausseur como su descubridor formal en 1855.
Estudios cada vez más serios comenzaron a realizarse desde la
década de 1930 y fue hasta 1933 cuando se inició un programa de investigación
arqueológica con el fin de definir el asentamiento, observar su origen y desarrollo,
precisar sus relaciones intra y extrarregionales y tratar de entender su abandono y
desaparición. Entre otras cosas se ha logrado explotar y habilitar una mínima parte de
ésta gran ciudad prehispánica.
Hubo un esfuerzo encomiable tanto del Instituto Nacional de
Antropología e Historia como del gobierno del estado de Puebla y del propio municipio de
Tepeyahualco y sin embargo, hoy pudimos observar en esta visita que realizamos que es
mucho lo que falta por hacer para rescatar esta valiosa zona que nos da identidad y que
forma parte de nuestra historia. Entre otros, el mejoramiento de los caminos que llevan a
la zona, la introducción de agua, la introducción de energía eléctrica, la
instalación de una protección perimetral, la construcción del museo de sitio y
levantamiento de bodegas para materiales arqueológicos y fundamentalmente la
continuación de los trabajos de investigación.
En consecuencia de lo anterior, proponemos el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Que la Comisión
de Cultura de esta Cámara de Diputados, con la participación de los legisladores,
senadores y diputados que se interesen en el tema, realice una visita al centro
arqueológico de Cantona, de manera previa a la presentación del Presupuesto de Egresos
de la Federación para el Ejercicio Fiscal de2003, a efecto de conocer en detalle la
importancia de estos bienes culturales e históricos.
Segundo. Que para
propiciar un esfuerzo conjunto de los tres órganos de gobierno y de los diversos órganos
del Estado involucrados en la toma de decisiones, se formule atenta invitación al
gobierno del estado de Puebla, al Congreso local de esa entidad, a las dependencias
federales Conaculta, INAH, SEP, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Secretaría
de Turismo, para que asistan a este encuentro de los poderes de la Unión y del estado de
Puebla con un símbolo vivo, que es a la vez muestra de la grandeza histórica de México.
Tercero. Que derivado de
lo anterior se sometan a la consideración de este pleno los requerimientos presupuestales
de carácter federal que deberán ser incluidos para financiar el rescate y el desarrollo
de la zona arqueológica de Cantona.
Muchas gracias.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de
Diputados.— LVIII Legislatura.
Los suscritos, diputados federales integrantes de la LVIII
Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción II
de los artículos 55 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía el
siguiente punto de acuerdo en torno a la "recuperación del sitio arqueológico de
Cantona, ubicado en la cuenca oriental del estado de Puebla entre los municipios de
Tepeyehualco y Cuyoaco".
ANTECEDENTES
Dentro de las zonas arqueológicas más importantes pero menos
conocida del altiplano central está la de Cantona. El rescate de esta urbe prehispánica
de gran complejidad arquitectónica, fue uno de los 14 proyectos estratégicos de
investigación arqueológica que se llevaron a cabo entre 1992 y 1994 en nuestro país,
bajo el patrocinio del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La dirección del
Proyecto Arquitectónico Cantona corresponde al arqueólogo Angel García Cook, un
profesionista y mexicano ejemplar, quien asumió como objetivos principales del proyecto:
identificar los orígenes de ésta gran ciudad, conocer el desarrollo y causas de su
desaparición; así como observar las relaciones y vínculos con otros sitios y regiones.
Ubicación
El sitio arqueológico de Cantona, se ubica al norte de la cuenca
oriental de Puebla y al oriente del altiplano central de México. Permanece asentado sobre
un derrame de lava volcánica (malpais) a una altura sobre el nivel del mar de 2 mil 480 a
los 2 mil 600 metros.
Cantona se encuentra enclavada dentro del municipio de Tepeyehualco
de Hidalgo en su mayor extensión y una pequeña parte corresponde al municipio de
Cuyoaco, ambos del estado de Puebla; es un asentamiento con tres áreas principales de
arquitectura denominadas unidades norte, centro y sur. Las unidades norte y centro cubren
una superficie mayor a los 3.5 kilómetros cuadrados cada una y la unidad sur cubre
alrededor de 5 kilómetros cuadrados, por lo tanto son poco más de 12.6 kilómetros
cuadrados la superficie total de este asentamiento prehispánico (1 mil 265 hectáreas)
ver plano anexo.
Importancia histórica
Cantona fue el primer término para nombrar esta ciudad
prehispánica, quizá utilizaron este nombre para indicar una región, cantón o una gran
casa, Cantona.
Según resultados de investigaciones recientes se plantean cuatro
ocupaciones en el sitio que van de los años 600 A.C. al 1050 D.C. colocándose la de
mayor relevancia en el periodo clásico (600 a 950 D.C.).
Se trata de una megalópolis del centro-norte de la cuenca oriental,
ubicada en una zona de escasa vegetación muy densa en vestigios materiales y cuya
importancia se debe a la explotación (y exportación) de la obsidiana de los yacimientos
de Oyameles-Zaragoza, entre otras razones. Hoy se sabe con certeza que su apogeo se
produjo entre el clásico tardío y el posclásico temprano; es decir, entre el Siglo VII
y el Siglo X. Hubo en ella de siete a ocho mil patios o unidades habitacionales y
alrededor de 25 mil estructuras arquitectónicas.
Cantona es una de las pocas ciudades del México antiguo cuya
planificación urbana fue sumamente elaborada, con abundantes calles, unidades
habitacionales cerradas, bien definidas y comunicadas entre sí. Destaca que esta ciudad
militar y comercial Cantona fue contemporánea de Teotihuacán y Cholula durante el
periodo clásico.
Tenía un amplio y elaborado sistema de comunicación, con calzadas
elevadas y numerosos callejones, pasillos, escalinatas y rampas. Poseía además una
intrincada red de patios delimitados por muros perimetrales, casi todos dentro de otras
estructuras arquitectónicas. Se han descubierto restos de altares, pirámides y
aposentos, lo mismo que evidencias de cuando menos 24 juegos de pelota. En ningún otro
asentamiento prehispánico de México se han encontrado hasta ahora tantos de estos juegos
como en Cantona. De la existencia de esta urbe se supo a fines del Siglo XVIII, cuando se
le mencionó en las gacetas de José Antonio Alzate; no obstante se considera al francés
Henry de Saussure como su descubridor formal, en 1855. Estudios cada vez más serios
comenzaron a realizarse desde la década de 1930, pero fue hasta 1993 cuando se inició un
programa de investigación arqueológica con el fin de definir el asentamiento, observar
su origen y desarrollo, precisar sus relaciones intra y extra regionales y tratar de
entender su abandono y desaparición, entre otras cosas se ha logrado explotar y habilitar
una mínima parte de esta gran ciudad prehispánica.
El asentamiento arqueológico esta integrado por tres grandes
unidades, la mayor al extremo sur, la cual cubre una superficie en torno a los 5
kilómetros cuadrados y las otras dos alcanzan los 3.5 kilómetros cuadrados cada una,
llamadas unidad centro y norte.
La unidad sur, la menos destruida a pesar del intenso saqueo sufrido
y el pastoreo de ganado caprino, es la que deja ver con mayor claridad la planificación y
urbanización de la ciudad. Las otras dos se han visto muy afectadas y su arquitectura
transformada por el cultivo con maquinaria, llevado a cabo en una buena parte del área.
La atención se ha concentrado en la unidad sur, la más saqueada y
sin embargo, la de mejor apariencia física y sobre la cual se han habilitado 15 grandes
unidades arquitectónicas para visita: calzada uno; patio dos; patio 13; acceso poniente;
conjunto del juego de pelota cinco; conjunto del juego de pelota seis; plaza central y
juego de pelota 22; el palacio; conjunto del juego de pelota 7 y del juego 23; plaza
oriente o mirador; terrazas o unidad 13; unidad 12 y calzada dos.
Prioridades
En la actualidad, ante las perspectivas que abre el Proyecto
Regional "Gran Visión" en el sentido de modernizar las vías de comunicación
entre las poblaciones Amozoc-Perote a través de la construcción de una nueva carretera
que sin duda vendrá a darle mayor relevancia a la zona arqueológica Cantona, es urgente
la materialización de proyectos en vistas a mejorar la infraestructura con que
actualmente se cuenta en el sitio. Debe considerarse sobre todo, la convicción de los
poblanos teniendo prioridad los siguientes:
1. Mejoramiento de caminos que llevan a la zona arqueológica.
2. Introducción de agua.
3. Introducción de energía eléctrica.
4. Instalación de malla ciclónica en 1 mil metros de perímetro
del área de servicios.
5. Construcción del museo de sitio y levantamiento de bodega para
materiales arqueológicos.
6. Trabajos de investigación dirigidos a la obtención de
información histórica de sitios y monumentos como templos, cascos de ex haciendas,
estaciones ferroviarias entre otros y que en determinado momento, vendría a dar mayor
interés por la región.
En consecuencia de lo anterior, proponemos a esta Asamblea el
siguiente punto de acuerdo en torno a la recuperación del sitio arqueológico de Cantona
que tiene un valor inapreciable en la historia y la cultura de la nación mexicana y del
Estado Libre y Soberano de Puebla.
PUNTOS DE ACUERDO
Primero. Que la Comisión
de Cultura de esta Cámara de Diputados, con la participación de los legisladores,
senadores y diputados, que se interesen en el tema realice una visita al centro
arqueológico de Cantona, de manera previa a la presentación del Presupuesto de Egresos
de la Federación para el 2003, a efecto de conocer en detalle la importancia de estos
bienes culturales e históricos.
Segundo. Que para
propiciar un esfuerzo conjunto de los tres órdenes de gobierno y de los diversos órganos
del Estado involucrados en la toma de decisiones, se formule atenta invitación al
gobierno del estado de Puebla, al Congreso local de ese Estado; a las dependencias
federales: Conaculta-INAH; SEP; SHCP y Secretaría de Turismo; para que asistan a este
encuentro de los poderes de la Unión y del estado de Puebla con un símbolo vivo que es,
a la vez, muestra de la grandeza histórica de México.
Tercero. Que derivado de
lo anterior, se someta a la consideración de este pleno los requerimientos presupuestales
de carácter federal, que deberán ser incluidos para financiar el rescate y desarrollo de
la zona arqueológica de Cantona.
Mucho agradeceré se dé turno a la Comisión de Cultura para los
efectos procedentes, con la súplica de que haga valer las facultades de gestión e
iniciativa que les confiere la ley, en bien de la identidad y el rescate de los valores
que nos son propios.
Atentamente.
Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 10 de septiembre de
2002.— Diputados: Jaime Alcántara Silva,
Alberto Amador Leal, Víctor Díaz Palacios, Cutberto Cantorán Espinosa, Melitón Morales
Sánchez, Benito Vital Ramírez, Araceli Domínguez Ramírez, Concepción González Molina
y Adela Cerezo Bautista.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de
Cultura.
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
GUBERNAMENTAL
La Presidenta diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel:
Se ofrece el uso de la palabra al diputado Luis Miguel Barbosa
Huerta del grupo parlamentario del PRD, para presentar una proposición con punto de
acuerdo sobre la integración del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y
las responsabilidades que corresponden en la materia a esta Cámara.
El diputado Luis Miguel Gerónimo
Barbosa Huerta:
Presento a esta Cámara de Diputados una proposición que contiene
un punto de acuerdo para crear una comisión especial que tenga por finalidad establecer
los acuerdos, criterios, procedimientos institucionales, así como para integrar una
propuesta de reglamento para que esta Cámara cumpla oportunamente con las obligaciones
que le impone la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental. Lo hago al tenor de las siguientes
CONSIDERACIONES
Día a día la sociedad mexicana es enterada de hechos, cifras,
estadísticas, referencias, dineros, aportaciones, denuncias, conversaciones contenidas en
documentos que son generados en la ejecución del poder público y que se encuentran en
posesión de las distintas esferas e instancias de gobierno.
La intransparencia y oscuridad que por todo el pasado mexicano
caracterizó a los actos públicos y que fueron los medios perversos para el florecimiento
del abuso del poder, de la violación a los derechos humanos, de la corrupción y de la
ilegalidad impune, generaron en la sociedad nacional la impresión de que todo lo relativo
a la cosa pública era secreto y como consecuencia malo. De ahí que cuando por ejemplo,
el Instituto Federal Electoral sube a su página Internet la lista de aportaciones que los
militantes y simpatizantes hacen a los partidos políticos, cuando las cámaras del
Congreso de la Unión y sus grupos parlamentarios se apresuran a publicar datos duros que
no indican nada de los estados financieros sobre los recursos públicos que manejan,
cuando el Poder Judicial Federal y su Tribunal Electoral hacen públicas por medios
electrónicos algunas de sus resoluciones, entre otros casos, a la sociedad mexicana esto
le resulta extraordinario.
Sin regatear mérito alguno al hecho, la pregunta que se podría
formular estaría orientada a saber si las disposiciones referidas al IFE, al Congreso y
al Poder Judicial Federal como ejemplos, forman parte del esquema general de transparencia
que deberán estar implementando dentro de su estructura de funcionamiento antes de un
año o son meras ocurrencias mediáticas que responden a una coyuntura política
determinada y que en el caso de la imputada al Instituto Federal Electoral, por la forma
de su presentación, habría abonado al creciente cuestionamiento a los partidos
políticos.
Este comportamiento de algunas entidades del Estado mexicano, se da
en el marco primero de la discusión, hoy de la conceptualización y en seguida y por
mucho tiempo del dimensionamiento del tema de la transparencia gubernamental y del acceso
a la información pública.
Está de moda hablar de transparencia gubernamental, mucho o casi
todo se empieza a hacer en su nombre, lo cierto es que la reciente ley de la materia
efectivamente deberá permitir que se instale una auténtica transición política, que
los mexicanos ejerciten sus derechos fundamentales de manera plena al poseer información
suficiente, que el Estado democrático encuentra el reconocimiento y respaldo de su pueblo
y que la relación entre Gobierno y sociedad se modifique para bien, al generar una nueva
cultura del ejercicio del poder público y de la participación de la sociedad en el
fenómeno político.
Por todo ello, sólo se podrá alcanzar si nuevamente legisladores,
funcionarios de gobierno, intelectuales, periodistas, medios de información,
universidades, empresas especializadas y sociedad en general, se involucran nuevamente par
que el espíritu, los objetivos y los tiempos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental se cumplan.
A partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 11 de
junio del año en curso, al ponerse en vigencia nuestra Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, se ponen en marcha diversos plazos y acciones. En esta
ocasión sólo me referiré a dos de ellos; el primero, con vencimiento el día de mañana
miércoles 11 de septiembre referente a la designación por parte del Ejecutivo Federal de
los primeros cinco integrantes del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública,
órgano regulador en materia de información, competente para resolver controversias entre
particulares y autoridades de ante procedimientos seguidos en forma de juicio.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputado Barbosa, ¿me permite un segundo?
¿Diputado Blake?
El diputado José Francisco
Blake Mora
(desde su curul):
Para una pregunta al orador si nos la permite.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputado Barbosa, ¿en este momento o al término de su
intervención?
El diputado Luis Miguel Gerónimo
Barbosa Huerta:
En este momento, con mucho gusto.
El diputado José Francisco
Blake Mora
(desde su curul):
Diputado Barbosa: en efecto, para el nombramiento de los
comisionados, el artículo quinto transitorio establece que el Ejecutivo tiene, de acuerdo
a la vigencia de la ley hasta el día 12 de septiembre para hacer estos nombramientos y
ponerlos a consideración del Senado y no existe otro apartado en donde se establezca la
integración de comisiones especiales. Eso por un lado.
Por el otro, el artículo 61 establece que los poderes del Estado
deben de alguna manera proponer sus normas o reglamentos. Entonces la pregunta es, si es
necesario establecer comisiones especiales que no se contienen de ninguna manera
atendiendo pues al principio de legalidad, ya incluso el PAN presentó en la Comisión
Permanente un instrumento, no para que se integren comisiones especiales, sino para que se
dictaminen, ¿conoce usted estos temas ya presentados?
El diputado Luis Miguel Gerónimo
Barbosa Huerta:
En primer lugar quiero agradecer a mi amigo, el diputado Blake, por
haberme hecho esta pregunta que me permite terminar el documento que tengo preparado,
porque ya se me ha dado todo el tiempo.
Gracias.
Quiero decirte que la publicación tardía por una promulgación
tardía de la Ley Federal de Acceso de Transparencia y de Acceso a la Información
Pública Gubernamental, se hizo en el Diario Oficial
de la Federación de fecha martes 11 de junio del presente año.
En uno de sus transitorios se establece que entrará en vigor al
día siguiente de su publicación, por tanto entró en vigor el día 12 de junio. En
consecuencia, el primer mandato cronológico que se establece en la ley, que es el de
designar a los primeros cinco integrantes del Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública se vence el día 11 de septiembre del presente año, es decir,
mañana.
Lo siguiente es, no estoy sugiriendo la integración de ninguna
comisión especial para que a su vez se le proponga al Ejecutivo algún nombre o nombres,
ésa es responsabilidad del Ejecutivo, lo que estoy planteando es el proceso de
intransparencia como se construyó esta propuesta. Los objetivos, de la ley, las
finalidades de la ley, el espíritu de la ley es la transparencia de las decisiones
gubernamentales y tenemos que estas propuestas se han construido en la intransparencia y
en la oscuridad, ésa es la razón que nos preocupa, ésa es la razón de estar en
tribuna.
Lo que propongo a esta Asamblea, es que podamos acordar la creación
de una comisión especial para que en ella se establezcan los acuerdos, los procedimientos
institucionales, los órganos para que esta Cámara pueda dar cumplimiento a las
obligaciones que nos manda esta ley y este instrumento tan importante.
Debe ser objetivo de esta Asamblea y de esta Cámara de Diputados
honrar los fines de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
no va a ser con la discusión de un reglamento frío a donde vamos a poder llegar para
poder crear una transparencia efectiva y un acceso a la información auténtico. Tenemos
que ser los legisladores los que honremos el instrumento legal creado y así podamos
establecer acuerdos institucionales entre los 500 miembros de esta Asamblea.
Es todo, señora Presidenta, agradezco nuevamente al diputado Blake
y entrego mi punto de acuerdo para que se le dé el trámite legislativo correspondiente.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputado Barbosa, le puedo solicitar respetuosamente, para precisar
el turno, me lea el texto del punto de acuerdo.
El diputado Luis Miguel Gerónimo
Barbosa Huerta:
Proposición con punto de acuerdo para que esta Cámara de Diputados
acuerde como resolutivo único, crear una comisión especial que tenga por finalidad
establecer los criterios, los procedimientos institucionales, los órganos, haga una
propuesta de reglamento para así esta Cámara pueda cumplir los objetivos de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Propongo se turne a la Junta
de Coordinación Política.
«Proposición con punto de acuerdo, para que esta Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, acuerde crear una comisión especial que tenga por
finalidad establecer los acuerdos, criterios, procedimientos institucionales, así como
para integrar una propuesta de reglamento, para que esta Cámara cumpla oportunamente con
las obligaciones que le impone la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental.
CONSIDERACIONES
Día a día, la sociedad mexicana es enterada de hechos, cifras,
estadísticas, referencias, dineros, aportaciones, denuncias, conversaciones, contenidas
en documentos que son generados en el ejercicio del poder público y que se encuentran en
posesión de las distintas esferas e instancias de gobierno.
La intransparencia y oscuridad que por todo el pasado mexicano
caracterizó a los actos públicos y que fueron los medios perversos para el florecimiento
del abuso del poder, de la violación a los derechos humanos, de la corrupción y de la
ilegalidad impune, generaron en la sociedad nacional la impresión de que todo lo relativo
a la cosa pública era secreto y como consecuencia malo.
De ahí que cuando, por ejemplo, el Instituto Federal Electoral sube
a su página de Internet la lista de aportaciones que los militantes y simpatizantes hacen
a los partidos políticos; cuando las cámaras del Congreso de la Unión y sus grupos
parlamentarios se apresuran a publicar datos duros que no indican nada de los estados
financieros sobre los recursos públicos que manejan; cuando el Poder Judicial Federal y
su Tribunal Electoral hacen públicas por medios electrónicos algunas de sus
resoluciones, entre otros casos, a la sociedad mexicana esto le resulta extraordinario.
Sin regatear mérito alguno al hecho, la pregunta que se podría
formular estaría orientada a saber si las disposiciones referidas al IFE, al Congreso y
al Poder Judicial Federal como ejemplos, forman parte del esquema general de transparencia
que deberán de implementar dentro de su estructura de funcionamiento antes de un año o
son meras ocurrencias mediáticas que responden a una coyuntura política determinada y
que en el caso de la imputada al Instituto Federal Electoral, por la forma de su
presentación, habría abonado al creciente cuestionamiento a los partidos políticos.
Este comportamiento de algunas entidades del Estado mexicano, se da
en el marco primero de la discusión, hoy de la conceptualización y en seguida y por
mucho tiempo del dimensionamiento del tema de la transparencia gubernamental y del acceso
a la información pública. Está de moda hablar de transparencia gubernamental, mucho o
casi todo se empieza a hacer en su nombre, lo cierto es que la reciente ley de la materia,
efectivamente deberá permitir que se instale una auténtica transición política, que
los mexicanos ejerciten sus derechos fundamentales de manera plena al poseer información
suficiente, que el Estado democrático encuentre el reconocimiento y respaldo de su pueblo
y que la relación entre Gobierno y sociedad se modifique para bien, al generar una nueva
cultura del ejercicio del poder público y de la participación de la sociedad en el
fenómeno político. Pero todo ello, sólo se podrá alcanzar si nuevamente legisladores,
funcionarios de gobierno, intelectuales, periodistas, medios de información,
universidades, empresas especializadas y sociedad en general, se involucran nuevamente
para que el espíritu, los objetivos y los tiempos de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental se cumplan.
A partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 11 de
junio del año en curso, al ponerse en vigencia nuestra Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, se ponen en marcha diversos plazos y acciones, en esta
ocasión sólo me referiré a dos de ellos: el primero con vencimiento el día de mañana
miércoles 11 de septiembre, referente a la designación por parte del Ejecutivo Federal,
de los primeros cinco integrantes del Instituto Federal de Acceso a la Información
Pública, órgano regulador en materia de información, competente para resolver
controversias entre particulares y autoridades, mediante procedimientos seguidos en forma
de juicio, con funciones de supervisar el cumplimiento de la ley, de promover el ejercicio
del derecho de acceso a la información y de fomentar una nueva cultura de manejo de la
misma, tanto entre los servidores públicos como entre los ciudadanos.
Esta designación, la de los primeros cinco integrantes del
instituto, constituye el primer mandato cronológico que la ley impone; el Ejecutivo
Federal deberá enviar los nombramientos a la Cámara de Senadores para su objeción, con
ello habrá cumplido con un mandato de la ley, pero también habrá violado de entrada los
fines y objetivos de la misma; la razón: carecer de transparencia el proceso de
nombramiento y negar a los particulares el acceso a la información de dicho proceso.
¿Qué acaso lo ortodoxo, lo afín con los objetivos de la ley, no hubiera sido tomar tan
importante decisión, con base en los resultados de una consulta pública, en las que se
hubieran escuchado las voces de las universidades, de los académicos, de los
informadores, de las organizaciones privadas vinculadas con el tema y en general de la
sociedad?
Otro de los plazos y mandatos que está en marcha, con vencimiento
al día 11 de junio del año 2003, es de la incumbencia del Poder Legislativo en su
conjunto y de esta Cámara de Diputados en particular, se refiere a la obligación de
crear los órganos, establecer los criterios e instrumentar los procedimientos
institucionales para proporcionar a los particulares el acceso a la información pública,
generada y que se genere en la actuación de los legisladores como servidores públicos y
del órgano con atribuciones legales y constitucionales, se deberán publicar reglamentos
y acuerdos de carácter general para ello.
Amigas y amigos legisladores: el Congreso de la Unión y esta
Cámara de Diputados deben honrar los fines y el espíritu del valioso instrumento legal
que generamos, aquí la transparencia debe ser genuina y no simulación; el acceso a la
información pública debe ser completo y no encubridor.
Por ello, a esta Cámara de Diputados hago una proposición para que
tome el siguiente
ACUERDO
Unico. Esta Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, acuerda crear una comisión especial que tenga por
finalidad establecer los acuerdos, criterios, procedimientos institucionales, así como
para integrar una propuesta de reglamento, para que esta Cámara cumpla oportunamente con
las obligaciones que le impone la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental.
México, DF, a 10 de julio de 2002.— Diputado Luis Miguel G. Barbosa Huerta.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Junta de
Coordinación Política, la proposición presentada.
FIESTAS
PATRIAS
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra el diputado Víctor Antonio García Dávila, del
grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una proposición con punto de
acuerdo en relación con las fiestas patrias mexicanas en el extranjero.
El diputado Víctor Antonio García
Dávila:
Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros
diputados:
El cambio ya nadie lo para. La reversa también es cambio.
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta
honorable tribuna, con la finalidad de proponer un punto de acuerdo con relación a la
decisión del Gobierno Federal por conducto de la cancillería, de suspender las
celebraciones que con motivo de las fiestas patrias se han realizado tradicionalmente en
todas nuestras representaciones diplomáticas en el exterior.
Un país sin historia, sin patriotismo y sin tradiciones es un país
sin identidad.
Una nación que se deja transculturizar permanentemente tiene un
pueblo a la deriva del destino marcado por el poder mediático de las naciones
estructuradas, bajo la mercadotecnia y la publicidad con formas de vida en la que los
valores están muy lejanos a lo que ha sido cada país. México ha sido una de las
naciones de la región y del mundo con más tradiciones y con una cultura propia de las
más ricas del orbe.
Para desgracia de los mexicanos, recalco de los mexicanos, los
gobiernos neoliberales han pensado que este país nació cuando ellos llegaron al poder.
Creen que se puede borrar de un plumazo la historia que nos ha
proporcionado los valores culturales que han sido ejemplo para muchos otros pueblos.
Continuando con las disposiciones dictadas de regímenes anteriores
para permitir la importación desmedida y sin control alguno de formas de vida ajenas a
nuestra población que han invadido ámbitos que van desde la diversión hasta los
contenidos en los programas educativos, el Gobierno del presidente mister Fox ha tomado
con mucho más ímpetu y energía el combate a nuestra cultura, a nuestro patriotismo y en
pocas palabras a los valores que nos ha dado identidad.
Sabemos que al Gobierno actual lo que menos le interesa es conservar
la mexicaneidad de su población; se maneja de acuerdo a los vaivenes de modas culturales
o de veleidades de funcionarios que pareciera ser marcan la política de las dependencias
a su cargo basados en lineamientos dictados en el exterior.
El pasado 31 de agosto, la cancillería instruyó a sus 134
representaciones diplomáticas en el mundo, que por falta de presupuesto no se celebren
las fiestas patrias si eso significaba comprometer los recursos de la nación, pero si
lograba conseguir apoyo de la empresa privada, podían hacerlo.
La celebración de las fiestas patrias representa para todos los
mexicanos un acontecimiento de gran relevancia, sobre todo si éstos se encuentran fuera
de nuestro país, esta conmemoración es una fiesta del pueblo y para el pueblo que no
debe por ninguna circunstancia suspenderse al capricho de personeros de gobiernos ajenos a
los mexicanos.
Además, todas las naciones del mundo incluyendo aquellas cuyo
ingreso nacional es más precario, mantienen la celebración de su independencia en sus
representaciones en el exterior. En tal sentido, no entendemos cómo el señor mister
Jorge Castañeda se atreve, so pretexto de falta de presupuesto, a suspender dicha
celebración cuando sabemos que en su dependencia se han incrementado el gasto corriente o
de plano tienen subejercicio en aquellos rubros que también son prioritarios.
La inexistencia de una política exterior ha permitido que el
titular de Relaciones Exteriores maneje arbitrariamente las relaciones de nuestro país
con sus similares.
El caso de Cuba es elocuente, en donde a pesar de que nuestro
embajador había conseguido recursos para sufragar la conmemoración, de plano se le
indicó que no se realizara por ningún motivo. Esta acción es una más de las
manifestaciones del canciller Castañeda en contra de la isla caribeña, dejando paulatina
y pertinazmente las relaciones diplomáticas de México con pueblos hermanos.
Por las consideraciones anteriores nos permitimos plantear, con
fundamento en lo que dispone el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Artículo único. Que
esta Cámara de Diputados se pronuncie a favor de que la Secretaría de Relaciones
Exteriores restablezca la celebración que de las fiestas patrias se venía realizando en
todas las representaciones de nuestro país en el exterior, para lo cual deberá
proveerlas de los recursos que anteriormente les proporcionaba, en el entendido de que
podrán utilizar los recursos que por cuenta propia puedan allegarse.
Atentamente.
Grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
Es cuanto.
«Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros
diputados:
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta
honorable tribuna, con la finalidad de proponer un punto de acuerdo con relación a la
decisión del Gobierno Federal, por conducto de la cancillería, de suspender las
celebraciones que con motivo de las fiestas patrias se han realizado tradicionalmente en
todas nuestras representaciones diplomáticas en el exterior.
Un país sin historia, sin patriotismo y sin tradiciones, es un
país sin identidad. Una nación que se deja transculturizar permanentemente, tiene a un
pueblo a la deriva del destino marcado por el poder mediático de las naciones,
estructuradas bajo la mercadotecnia y la publicidad con formas de vida en la que los
valores están muy lejanos a lo que ha sido cada país.
México ha sido una de las naciones de la región y del mundo con
más tradiciones y con una cultura propia de las más ricas del orbe.
Para desgracia de los mexicanos, recalco: de los mexicanos, los
gobiernos neoliberales han pensado que este país nació cuando llegaron al poder, creen
que se puede borrar de un plumazo la historia que nos ha proporcionado los valores
culturales que han sido ejemplo para muchos otros pueblos.
Continuando con las disposiciones dictadas desde regímenes
anteriores para permitir la importación desmedida y sin control alguno de formas de vida
ajenas a nuestra población, que han invadido ámbitos que van desde la diversión hasta
los contenidos en los programas educativos. El gobierno del presidente Fox ha tomado con
mucho más ímpetu y energía el combate a nuestra cultura, a nuestro patriotismo y en
pocas palabras a los valores que nos han dado identidad.
Sabemos que al Gobierno actual lo que menos le interesa es conservar
la mexicaneidad de su población, se maneja de acuerdo a los vaivenes de modas culturales
o de veleidades de funcionarios que, pareciera ser, marcan la política de las
dependencias a su cargo basados en lineamientos dictados en el exterior.
El pasado 31 de agosto la cancillería instruyó a sus 134
representaciones diplomáticas en el mundo que por falta de presupuesto no se celebren las
fiestas patrias, si eso significaba comprometer recursos de la nación, pero si lograban
conseguir apoyo de la empresa privada, podrían hacerlo.
La celebración de las fiestas patrias representa para todos los
mexicanos un acontecimiento de gran relevancia, sobre todo si éstos se encuentran fuera
de nuestro país.
Esta conmemoración es una fiesta del pueblo y para el pueblo que no
debe, por ninguna circunstancia, suspenderse al capricho de personeros de gobiernos ajenos
a los mexicanos.
Además, todas las naciones del mundo, incluyendo aquéllas cuyo
ingreso nacional es precario, mantienen la celebración de su independencia en sus
representaciones en el exterior.
En tal sentido, no entendemos cómo el señor Jorge Castañeda se
atreve, so pretexto de falta de presupuesto, a suspender dicha celebración, cuando
sabemos que en su dependencia se ha incrementado el gasto corriente o de plano tiene
subejercicios en aquellos rubros que también son prioritarios.
La inexistencia de una política exterior ha permitido que el
titular de Relaciones Exteriores maneje arbitrariamente las relaciones de nuestro país
con sus similares. El caso de Cuba es elocuente; en donde a pesar de que nuestro embajador
había conseguido recursos para sufragar la conmemoración, de plano se le indicó que no
se realizara por ningún motivo.
Esta acción, es una más de las manifestaciones del canciller
Castañeda en contra de la isla caribeña, dañando paulatina y pertinazmente las
relaciones diplomáticas de México con pueblos hermanos.
Por las consideraciones anteriores, nos permitimos plan- tear con
fundamento en lo que se dispone en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Artículo único. Que
esta Cámara de Diputados se pronuncie a favor de que la Secretaría de Relaciones
Exteriores restablezca la celebración que de las fiestas patrias se venía realizando en
todas las representaciones de nuestro país en el exterior, para lo cual deberá
proveerlas de los recursos que anteriormente les proporcionaba, en el entendido de que
podrán utilizar los recursos, que por cuenta propia puedan allegarse.
Atentamente.
México, DF, a 10 de septiembre de 2002.— Por el grupo
parlamentario del Partido del Trabajo, diputados: Alberto
Anaya Gutiérrez, coordinador; José Narro
Céspedes, vicecoordinador; Rosalía Peredo
Aguilar, Jaime Cervantes Rivera, Rosa Delia Cota Montaño, Félix Castellanos Hernández,
Víctor Antonio García Dávila y Juan Carlos
Regis Adame.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de
Relaciones Exteriores.
ESTADO DE OAXACA
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra la diputada María Lilia Arcelia Mendoza Cruz, para
presentar una proposición con punto de acuerdo en relación al desastre agrícola de
Oaxaca.
La diputada María Lilia Arcelia
Mendoza Cruz:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeras diputadas y
compañeros diputados:
Aunque durante la pasada década los suministros de alimentos a
nivel mundial se han incrementado más rápidamente que el crecimiento global de la
población, la inseguridad alimentaría sigue siendo de grandes proporciones. La
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación estima que
unos 824 millones de personas la padecen; el 93% de los cuales vive en países en
desarrollo, no tienen suficientes alimentos para satisfacer sus necesidades básicas.
El problema no radica en el aumento de la oferta de alimentos, sino
en su distribución geográfica y en la falta de acceso a ellos; representa por ello un
desafío especial para las áreas rurales, el que las fuentes del crecimiento agrícola
deben experimentar un cambio fundamental.
El pasado modelo, consistente en expandir el territorio agrícola,
está llegando ya a sus límites, cerca del 80% del crecimiento de la producción
agrícola deberá venir ahora de una intensificación y
CONSIDERANDO
Primero. Que la degradación de la tierra agrícola y la
disminución de la fertilidad del suelo continua siendo una amenaza, especialmente en los
países en desarrollo.
Segundo. Que en el estado de Oaxaca la degradación de los suelos,
las técnicas de monocultivo y otros fenómenos naturales y culturales, pero sobre todo la
circunstancia específica de sequía por la que hoy hemos atravesado, han orillado al
sector agrícola oaxaqueño a una situación de emergencia: la pérdida de cosechas ha
contribuido también a generar un clima de riesgo para la seguridad alimentaria en el
Estado.
Tercero. Que con base en las cifras preliminares obtenidas, entre
las dependencias de Gobierno estatal y Federal hasta el viernes 30 de agosto del año en
curso, se contaba con un total certificado de 42 mil 502 hectáreas de siniestro total,
cifra que al día de hoy ha aumentado: los cultivos más afectados son maíz, con 70 mil
hectáreas, frijol con 1 mil 915 hectáreas, sorgo con 2 mil 853 hectáreas y ajonjolí
con 600 hectáreas en valles centrales y en el istmo.
Cuarto. Que actualmente las instituciones del Gobierno estatal y
Federal que dan atención al sector han establecido un operativo de verificación en
campo, para poder determinar con mayor precisión los daños causados.
A pesar de las lluvias tardías, los siniestros se han convertido en
pérdidas totales en un total, al 6 de septiembre, de 94 mil 776 hectáreas, donde aún se
espera se agudicen las pérdidas en las regiones de valles centrales, con más de 70 mil
hectáreas de maíz y con más de 1 mil 900 hectáreas de frijol. Es por ello que con
fundamento en los artículos 23 y 25 de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, solicitamos al pleno de esta Asamblea que este asunto sea
turnado a la Comisión de Agricultura de esta Cámara de Diputados y se emita el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se solicita se
declare al estado de Oaxaca como zona de desastre agrícola y se instruya a la Comisión
Nacional del Agua y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Naturales y
Pesca, para que con base en la Sección Segunda artículo 46 en su fracción III del
Capítulo V de la instrumentación y mecánica de operación del Fondo de Desastres
Naturales, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de marzo del presente
año, soliciten ante la Secretaría de Gobernación se destinen recursos para aliviar en
parte este grave problema que está aconteciendo en el estado de Oaxaca.
El estimado al 6 de septiembre de 2002 se registran los siguientes
números: maíz en valles centrales, 70 mil hectá-reas; istmo, 9 mil hectáreas; costa,
500 hectáreas; Tuxtepec, 600 hectáreas y mixteca, 9 mil hectáreas.
Frijol, en valles centrales, 1 mil 915 hectáreas; istmo, 108;
mixteca, 200 y en el área de sorgo; en el istmo, 2 mil 853 hectáreas y ajonjolí con una
pérdida de 600 hectáreas.
Atentamente.
Diputados: Abel Trejo
González, José Soto, Cándido Coheto, Edith Escobar, Jaime Larrazábal, Irma Piñeyro,
Angel Meixueiro, Ildefonso Zorrilla Cuevas, Rufino Rodríguez, Pablo Arnaud, Miguel Angel
Moreno Tello, Miguel Santibáñez y Lilia
Mendoza.»
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señora diputada.
Túrnese a la Comisión de
Agricultura de esta Cámara.
MEDIO ORIENTE
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra para presentar una proposición con punto de
acuerdo sobre la paz en Medio Oriente, la diputada María de los Angeles Sánchez Lira del
grupo parlamentario del PRD. Es la última proposición a la que le daremos entrada el
día de hoy.
La diputada María de los Angeles
Sánchez Lira:
Proposición con punto de acuerdo para
impulsar la paz en el Medio Oriente, presentado por una servidora, diputada María de los
Angeles Sánchez Lira, del grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
en esta Cámara.
Con el permiso, señora Presidenta; compañeras diputadas y
compañeros diputados:
Habida cuenta del grave riesgo para la paz y la seguridad
internacional que significan los conflictos armados que actualmente convulsionan gran
parte de nuestro mundo, me permito presentar a la consideración del pleno, la siguiente
proposición con punto de acuerdo, en virtud de los siguientes
CONSIDERANDOS
Considerando que el pueblo de Irak y su gobierno siguen siendo
hostilizados y amenazados con un nuevo ataque a su territorio, población y recursos, sin
que para ello existan argumentos jurídicos sólidos apegados a la práctica del derecho
internacional, los legisladores mexicanos debemos ratificar, por la vía de los hechos, la
aplicación del derecho, el cual debe privar en la relación entre naciones para su libre
y pacífico desarrollo, teniendo como fundamento los principios que han orgullecido
durante décadas nuestra política exterior, misma que postula la no intervención,
autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias, por lo
que promueve el respeto a la soberanía de cada nación.
Es menester que los legisladores mexicanos nos manifestemos por la
aplicación del derecho y por el respeto que toda nación debe tener en su soberanía y su
forma de gobierno.
México es un país que tiene como principios de política exterior
los consagrados en la fracción X del artículo 89 de nuestra Carta Magna y son las
siguientes: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución
pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o uso de la fuerza en las
relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación
internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.
Esos principios que nos rigen en materia internacional, nos
comprometen como nación a no aprobar actos violatorios que lesionen el ámbito interno de
competencia de los demás estados y por ende, rechazamos el que una nación sea amenazada
con un ataque a su territorio, población y recursos, sin que exista, previo a ello, un
fundamento y una motivación sustentada en el derecho internacional, que cimente de manera
legal dicha intervención militar.
Por lo anterior expuesto y con fundamento en el artículo 58 y 60
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, someto a su consideración y aprobación del pleno de esta Cámara de
Diputados, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Rechazamos
cualquier agresión, intervención política o militar en contra del pueblo de Irak, por
lo que exigimos que la Organización de las Naciones Unidas envíe una comisión de
observadores para certificar si ese país en realidad produce o no armas químicas o
bactereológicas, las cuales son consideradas como una amenaza para la humanidad y
principal justificación para llevar a cabo una escalada militar que sería de
consecuencias incalculables para la población civil, en caso de que la sociedad
internacional guarde silencio, aun y cuando no se haya certificado que verdaderamente
existen tales armas.
Segundo. Asimismo
solicitamos a ese organismo público internacional, revise y certifique las condiciones
que prevalecen actualmente en detrimento del pueblo y gobierno de Irak, derivadas del
embargo económico impuesto unilateralmente, ocasionando efectos devastadores, y de manera
particular a niños, niñas, mujeres y adultos mayores.
Tercero. Expresamos por
este conducto nuestra más amplia solidaridad y apoyo al pueblo de Irak, para que con base
en su inalienable derecho como nación soberana, pueda elegir de manera pacífica y sin
injerencias externas, la forma de su gobierno y se autodetermine libremente por los
mecanismos establecidos en la norma máxima de esa nación.
Este punto de acuerdo está avalado por diputadas, diputados de
todos los partidos políticos de esta Cámara, diputados locales de todos los partidos y
por senadores y senadoras de la República del PRI y del PRD.
Muchas gracias señora Presidenta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señora diputada.
Túrnese a la Comisión de
Relaciones Exteriores.
COMISIONES
LEGISLATIVAS
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Esta Presidencia ha recibido el siguiente comunicado:
«Con fundamento en el artículo 34 inciso c de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito informarle la incorporación
del diputado Jaime Martínez Veloz a la Comisión de Concordia y Pacificación, en
sustitución del diputado federal con licencia Auldarico Hernández Gerónimo.
Lo anterior para los efectos correspondientes.
Reciba un cordial saludo.
Suscribe el diputado Martí
Batres Guadarrama, presidente de la Junta de Coordinación Política.»
De enterado.
Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día de mañana.
ORDEN DEL DIA
El
Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.— Tercer Año.—
LVIII Legislatura.
Orden del día
Miércoles 11 de septiembre de 2002.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
Del diputado Ney González Sánchez.
De la Comisión Permanente.
De la Comisión de Agricultura y Ganadería.
Oficio de la Secretaría de Gobernación.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69-E fracción
VII de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el titular de la Comisión de
Mejora Regulatoria, remite el informe correspondiente al año 2001, sobre el de-sempeño
de las funciones de esa comisión y los avances de las dependencias y organismos
descentralizados en sus programas de mejora regulatoria. (Turno a comisión.)
Comparecencia del Secretario de Gobernación, análisis del II
Informe de Gobierno "política interior".
Y los demás asuntos con los que la Mesa
Directiva dé cuenta.»
CLAUSURA
Y CITATORIO
La Presidenta diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
(a las 16:03 horas):
Se levanta la sesión y se
cita para la que tendrá lugar mañana, miércoles 11 de septiembre, a las 10:00 horas,
sesión en la que comparecerá el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda.
Se les ruega su puntual asistencia.
RESUMEN DE TRABAJOS
• Tiempo de duración: 4 horas 54 minutos.
• Quórum a la apertura de sesión: 284 diputados.
• Asistencia al cierre de registro: 416 diputados.
• Diputado que solicita licencia: 1.
• Acuerdos aprobados de la Junta de Coordinación Política: 1.
• Oradores en tribuna: 31
PRI-7; PAN-3; PRD-11; PVEM-1; PT-4; PSN-1; PAS-2; CDPPN-1; Dip. Ind.-1.
Se recibió:
• 4 comunicaciones de los congresos de los estados de: Guanajuato, Guerrero, Oaxaca;
• 1 comunicación de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública;
• 1 comunicación de la Cámara de Senadores;
• 1 comunicación de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores;
• 3 comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, por las que informa de
cambios en integración de comisiones;
• 19 oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite informes de
labores correspondientes de igual número de secretarías de Estado;
• 6 oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite oficios en
relación con puntos de acuerdo aprobados;
• 1 oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
• 1 minuta que concede permiso constitucional necesario a ciudadana para prestar
servicios en representación diplomática;
• 3 iniciativas del PRI;
• 1 iniciativa del PAN;
• 4 iniciativas del PRD;
• 1 iniciativa del PT;
• 1 iniciativa del PAS;
• 4 excitativas del PRD;
• 1 excitativa de diputado independiente;
• 3 proposiciones de punto de acuerdo del PRI;
• 1 proposición de punto de acuerdo del PAN;
• 3 proposiciones de punto de acuerdo del PRD;
• 2 proposiciones de punto de acuerdo del PT.
DIPUTADOS QUE
PARTICIPARON DURANTE LA PRESENTE SESION.
(en orden alfabético)
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• Amador Leal, Narciso Alberto (PRI). . . . . . |
Estado de Puebla: 132 |
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• Barbosa Huerta, Luis Miguel Gerónimo (PRD). |
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental: 135 |
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• Bortolini Castillo, Miguel (PRD). . . . . . . . . . . . |
Estado de Chiapas: 103 |
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• Cardona Benavides, Cuauhtémoc (PAN). . . . . |
Trabajos Legislativos: 117 |
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• Cota Montaño, Rosa Delia (PT). . . . . . . . . . . |
Ley Orgánica del Congreso General de Los
Estados Unidos Mexicanos: 71 |
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• Del Real Muñoz, Óscar Alfonso (PRI). . . . . . . |
Articulo 3o. Constitucional: 76 |
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• Del Río Virgen, José Manuel (CDPPN). . . . . . |
Trabajos Legislativos: 108 |
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• Díaz Palacios, Víctor Emanuel (PRI). . . . . . . . . |
Ley de Coordinación Fiscal: 57 |
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• Escudero Barrera, José Rodolfo (PVEM). . . . . |
Trabajos Legislativos: 114 |
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• Espadas Ancona, Uuc-kib (PRD). . . . . . . . . . |
Ley del Impuesto Sobre la Renta: 103 |
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• García Dávila, Víctor Antonio (PT). . . . . . . . |
Materia Indígena: 129 |
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• García Dávila, Víctor Antonio (PT). . . . . . . . . . |
Fiestas patrias: 139 |
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• García Suárez, María Miroslava (PRD). . . . . . |
Trabajos Legislativos: 115 |
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• García Suárez, María Miroslava (PRD). . . . . . |
Rescate bancario: 126 |
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• González Sánchez, Ney (PRI). . . . . . . . . . . . |
Ley del Impuesto Sobre la Renta: 85 |
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• Graniel Campos, Adela del Carmen (PRD). . . |
Expresidentes: 91 |
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• Hernández Estrada, Lorenso Rafael (PRD). . . . |
Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: 101 |
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• Hernández Raigosa, Alfredo (PRD). . . . . . . . . |
Tarifas Eléctricas: 87 |
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• Larrazábal Bretón, Jaime Arturo (PRI). . . . . . . |
Chiapas-Oaxaca: 121 |
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• Lorenzo Juárez, Beatriz Patricia (PAS). . . . . . |
Trabajos Legislativos: 109 |
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• Mendoza Cruz, María Lilia Arcelia (PRI). . . . |
Estado de Oaxaca: 141 |
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• Narro Céspedes, José (PT). . . . . . . . . . . . . . . |
Trabajos Legislativos: 112 |
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• Ramírez Marín, Jorge Carlos (PRI). . . . . . . . . |
Trabajos Legislativos: 119 |
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• Riojas Santana, Norma Patricia (PSN). . . . . . . |
Trabajos Legislativos: 111 |
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• Rodríguez Lozano, Amador (Dip.Ind.). . . . . . . |
Amparo: 105 |
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• Sánchez Lira, María de los Ángeles (PRD). . . . |
Medio Oriente: 143 |
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• Sánchez López, Héctor (PRD). . . . . . . . . . . . . |
Materia Indígena: 107 |
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• Simental García, Bertha Alicia (PAS). . . . . . . |
Ley General de Bienes Nacionales: 97 |
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• Storsberg Montes, Heidi Gertud (PAN). . . . . . |
Equidad y Género: 124 |
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• Taylor Arthur, Herbert (PAN). . . . . . . . . . . . |
Ley de Ahorro y Crédito Popular: 61 |
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• Torres Mercado, Tomás (PRD). . . . . . . . |
Artículo 27 Constitucional: 82 |
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