Diario de los Debates

 

ORGANO OFICIAL DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Poder Legislativo Federal, LVIII Legislatura

Correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio

DIRECTOR GENERAL DE
CRONICA PARLAMENTARIA
Gilberto Becerril Olivares

PRESIDENTE

Diputada Beatriz Elena Paredes Rangel.

DIRECTOR DEL
DIARIO DE LOS DEBATES

Norberto Reyes Ayala
AÑO III                         México, DF, martes 8 de octubre de 2002             Sesión No. 14

S U M A R I O

       

ASISTENCIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

ORDEN DEL DIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

ACTA DE LA SESION ANTERIOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

COMISIONES LEGISLATIVAS

18

Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva, con la que notifica de la recepción de los informes de actividades de las comisiones de Ciencia y Tecnología, de Energía, de Juventud y Deporte, de Presupuesto y Cuenta Pública, de Turismo, de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, de Seguridad Social, de Gobernación y Seguridad Pública, de Fortalecimiento del Federalismo y del Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias. Remítanse los originales a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y para que queden registrados en el Archivo General de la Cámara de Diputados. . . . .

18

PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO

19

Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva, con la que notifica de la recepción de informes de gestiones en relación con proposiciones con punto de acuerdo, remitidos por las comisiones de Agricultura y Ganadería, de Comercio y Fomento Industrial, de Comunicaciones, y de Transportes. Se tienen por desahogados, archívense los expedientes como asuntos concluidos y márquese copia al diputado proponente del punto de acuerdo respectivo en cada caso. . . . . . .

19

CAMBIO DE TURNO DE INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

20

Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva, relativa a solicitudes de las comisiones de Cultura, de Salud, de Hacienda y Crédito Público, y de Comercio y Fomento Industrial, para cambio de turno de diversas iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo; como se solicita, se obsequian las peticiones. . . . . . . .

20

COMISIONES LEGISLATIVAS

21

Comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, con las que informa de cambios en la Mesa Directiva de la Comisión Especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los proyectos de desarrollo relacionados con la región sur-sureste de México y respecto a la integración de la Comisión Especial encargada de vigilar que los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales y partidas extraordinarias que se aprueben, se apliquen para el restablecimiento de las condiciones de convivencia de la población y la ayuda a los damnificados por el huracán Isidore. Aprobados. . . . . . .

21

ESTADO DE MICHOACAN

22

Comunicación del Congreso estatal por la que invita a la ceremonia cívica conmemorativa del CLXXXVIII aniversario de la expedición del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Latina. Se designa comisión para representar a la Cámara de Diputados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

NOE ARMANDO MARTINEZ NAVA

22

Se guarda minuto de silencio en memoria del licenciado Noé Armando Martínez Nava, hermano del diputado Juan Manuel Martínez Nava. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

ESTADO DE GUANAJUATO

22

Comunicación del Congreso estatal con la que informa de actividades propias de su Legislatura. De enterado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

GAS LICUADO

23

Comunicación del Congreso de Guanajuato, con la que remite acuerdo por el que se adhiere al similar del Congreso del Estado de Jalisco, a efecto de exhortar a diversas autoridades para que intervengan en el ajuste de los precios del gas licuado por kilo. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.. . . . . .

23

ESTADO DE TLAXCALA

24

Comunicación del Congreso estatal con la que remite acuerdo por el que solicita se reformen las leyes de Ahorro y Crédito Popular y General de Sociedades Cooperativas, y la legislación fiscal federal. Se turna a las comisiones de Fomento Cooperativo y Economía Social, y de Hacienda y Crédito Público. . . . . . . . . . .

24

ESTADO DE ZACATECAS

37

Dos comunicaciones del Congreso estatal con las que informa de actividades propias de su Legislatura. De enterado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

38

Comunicación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con la que informa de actividades propias de su Legislatura. De enterado. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

BRASIL

39

Cuatro oficios de la Secretaría de Gobernación por los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Luis Ernesto Derbez Bautista, Rodolfo Elizondo Torres, Amanda Mireya Terán Munguía y José Armando Tamayo Casillas, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el Gobierno de la República Federativa de Brasil. Se turnan a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

VENEZUELA

40

Oficio de la Secretaría de Gobernación por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Jesús Ernesto Estrada Bustamante, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública. . . . . . . . . . . . . .

40

SECRETARIA DE ECONOMIA

41

Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que envía el informe trimestral de la Secretaría de Economía, relativo a la asignación y el ejercicio de las cuotas mínimas libres de arancel acordadas por México en diversos tratados de libre comercio, así como sobre las cuotas adicionales de los productos señalados en el artículo cuarto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

LEY DE AMNISTIA

4|

La diputada Antonia Irma Piñeyro Arias presenta iniciativa con proyecto de Ley de Amnistía para las personas que hubieren alterado la vida constitucional y la seguridad pública por móviles de reivindicación social de los indígenas en la región Loxicha del estado de Oaxaca. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública. . . . . . . .

4|

CODIGO PENAL FEDERAL

44

El diputado Gumercindo Alvarez Sotelo presenta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un Capítulo VII y un artículo 23-bis al Título Primero del Código Penal Federal, referentes a índole discriminatorio. Se turna a las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos, y de Atención a Grupos Vulnerables. . .

44

CODIGO FISCAL

50

La diputada Petra Santos Ortiz presenta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 105 del Código Fiscal de la Federación, respecto al decomiso de vehículos en las regiones fronterizas del país. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR

55

El diputado José Soto Martínez presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4o., 162, 163, 164 y 209 de dicha ley, en relación con procesos creativos de las culturas indígenas. Se turna a la Comisión de Cultura. . . . .

55

REGISTRO DE ASISTENCIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58

IPAB

58

El diputado José Antonio Magallanes Rodríguez presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 68 de la Ley del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, respecto al monto de recursos fiscales asignados a ese Instituto. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58

PODER JUDICIAL

60

El diputado Francisco Cárdenas Elizondo presenta iniciativa que reforma y adiciona el artículo 94, adiciona un párrafo séptimo a la fracción III del artículo 116 y deroga el párrafo décimo del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales. . . .

60

DISTRITO FEDERAL

67

Oficio de la Cámara de Senadores, con el que devuelve minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 73, 76, 89, 108, 109, 110, 111 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los efectos del inciso d del artículo 72 de la propia Constitución. Se turna a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y del Distrito Federal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67

POLITICA EXTERIOR

68

La diputada Norma Patricia Riojas Santana solicita excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 73, 76, 89 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 11 de abril de 2002. La Presidenta formula la excitativa correspondiente

68

TARIFAS ELECTRICAS

71

Dictamen de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con puntos de acuerdo relativos a la revisión de los subsidios que se otorgan al servicio eléctrico para uso doméstico y agrícola con base a proposición presentada el 3 de abril de 2002. Sin discusión se aprueba. Comuníquese al Ejecutivo e infórmese al Senado. . . . .

71

CINTRA

75

Dictamen de las comisiones unidas de Comunicaciones y de Transportes, con puntos de acuerdo para que se analice en el proceso de venta de la Corporación Internacional de Transportación Aérea, el impacto de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, con base a proposición presentada el 27 de septiembre de 2001. Sin discusión se aprueba. Comuníquese al Ejecutivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

CAMPO MEXICANO

78

Dictamen de las comisiones de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Rural y de Reforma Agraria, con punto de acuerdo para solicitar al Gobierno Federal y a la nueva Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, den a conocer un informe sobre la situación jurídica, política y social del campo mexicano, con base a proposición presentada el 11 de abril de 2002. Sin discusión se aprueba. Comuníquese al Ejecutivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78

ESTADO DE VERACRUZ

81

Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con puntos de acuerdo para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Banco de Desarrollo Rural, conozcan la situación de los productores de papa de la región de Perote, Veracruz, con base a proposición presentada el 2 de abril de 2002. Sin nadie que solicite hacer uso de la palabra, en votación económica se aprueba. Comuníquese al Ejecutivo. . . . . . . . . . . . . . .

81

CARTILLA NACIONAL DE SALUD DE LA MUJER

82

Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo para exhortar al Presidente de la República, se ponga en marcha de manera operativa y sistemática el empleo de la Cartilla Nacional de Salud de la Mujer. Comuníquese al Ejecutivo. . . . . . . . . . . .

82

CENSO AGROPECUARIO

85

Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con punto de acuerdo para que se asigne en el Presupuesto de Egresos de la Federación, una partida especial al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, a fin de que realice el censo agropecuario, con base a proposición presentada el 15 de diciembre de 2001. Es de primera lectura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85

GAS DOMESTICO

86

Dictamen de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con punto de acuerdo para solicitar la revisión del precio del gas natural doméstico en el estado de Nuevo León, con base a proposición presentada el 5 de abril de 2001. Es de primera lectura. .

86

GAS DOMESTICO

88

Dictamen de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con puntos de acuerdo para que la Secretaría de Economía, norme la utilización de un sello inviolable en los cilindros de gas, con base a proposición presentada el 6 de marzo de 2002. Es de primera lectura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88

TARIFAS TELEFONICAS

91

Dictamen de las comisiones de Comunicaciones y de Comercio y Fomento Industrial, con punto de acuerdo sobre las demandas de los habitantes del estado de Tabasco en relación con la reducción de las tarifas telefónicas, con base a proposición presentada el 31 de octubre de 2001. Es de primera lectura. . . . . . . . . . . . . .

91

JAMON

95

Dictamen de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con punto de acuerdo sobre la Norma Oficial Mexicana denominada “Jamón denominación, especificaciones y métodos de pruebas”, con base a proposición presentada el 26 de marzo de 2002. Es de primera lectura. . . . . . . . . . . . . . . . .

95

ESTADO DE MEXICO

96

La diputada Beatriz Cervantes Mandujano presenta proposición con punto de acuerdo en relación con la consolidación del área de servicio telefónico local en los municipios de Texcoco, Papalotla, Chiautla, Chiconcuac, San Salvador Atenco, Tezoyuca, Tepetlaoxtoc y Acolman. Se turna a la Comisión de Comunicaciones. . . . . . . . . . . . . . . .

96

SECTOR PORCICOLA

97

El diputado Martín Gerardo Morales Barragán presenta proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Economía, informen a la Cámara de Diputados las acciones dirigidas al apoyo del sector porcícola nacional ante el incremento de las importaciones provenientes de Estados Unidos de América. Se turna a las comisiones de Agricultura y Ganadería, de Comercio y Fomento Industrial y Especial de Ganadería.

97

Para el mismo tema se concede la palabra a los diputados:

99

Rubén García Farías. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

Jaime Rodríguez López. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

J. Jesús Garibay García. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Se considera de urgente resolución y es aprobado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102

Es rectificado el trámite anterior, comuníquese al Ejecutivo para su desahogo. . . .

102

FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS

102

El diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta presenta proposición con punto de acuerdo para crear una comisión especial que dé seguimiento a las investigaciones del Consejo General del Instituto Federal Electoral sobre el financiamiento a las campañas electorales del año 2000. Se turna a la Junta de Coordinación Política. . . . .

105

HURACAN ISIDORE

105

La diputada Erika Elizabeth Spezia Maldonado presenta proposición con punto de acuerdo para solicitar que el Poder Ejecutivo informe sobre la canalización de la ayuda humanitaria en la zona afectada por el huracán “Isidore”. Se turna a la Comisión Especial encargada de vigilar que los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales y partidas extraordinarias que se aprueben, se apliquen para el restablecimiento de las condiciones de convivencia de la población y la ayuda a los damnificados por el huracán “Isidore” y a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública. . .

106

ESTADO DE VERACRUZ

106

El diputado José Francisco Yunes Zorrilla presenta proposición con punto de acuerdo en relación con los derechos de propiedad en el Parque Nacional del Cofre de Perote, Veracruz. Se turna a las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Reforma Agraria. . . . . . . . . . . . . . . .

106

DEUDA PUBLICA

110

El diputado José Antonio Magallanes Rodríguez presenta proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación revise el destino de la deuda pública del Gobierno Federal. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. . . . . . . . . .

110

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

111

El diputado José Alejandro Zapata Perogordo presenta proposición con punto de acuerdo en relación con la plaga de langosta en la huasteca potosina. . . . . . . . . .

111

Para contestar alusiones personales se concede la palabra al diputado Tomás Torres Mercado. . .

113

En pro de la proposición, el diputado José Manuel Medellín Milán. . . . . . . . . . . .

113

Se turna a las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Desarrollo Social. . . .

114

PROYECTO GRAN VISION

114

El diputado Benito Vital Ramírez presenta proposición con punto de acuerdo sobre el proyecto de desarrollo regional Gran Visión. Se turna a las comisiones de Comunicaciones y de Presupuesto y Cuenta Pública. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114

PROGRAMA DE ABASTO RURAL

117

El diputado Narciso Alberto Amador Leal presenta proposición con punto de acuerdo en torno al Programa de Abasto Rural de la Distribuidora de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.

117

EDUCACION SUPERIOR

119

El diputado Gregorio Urías Germán presenta proposición con punto de acuerdo en relación con la aplicación del fondo extraordinario destinado a las universidades públicas aprobado en el Presupuesto de Egresos de 2002. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119

DIA MUNDIAL DE LOS ANIMALES

121

Se refiere a la conmemoración del 6 de octubre, el diputado Diego Cobo Terrazas.

121

BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA

122

Sobre el XCIX aniversario luctuoso del político chiapaneco, intervienen los diputados:

122

Víctor Antonio García Dávila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123

Celita Trinidad Alamilla Padrón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123

Alfredo Ochoa Toledo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124

La Presidencia informa que la Mesa Directiva acuerda se editen la biografía y el texto íntegro del discurso histórico de Belisario Domínguez para ser distribuidos entre los diputados. . . . . . . . . . . .

126

ESTADO DE MICHOACAN

126

La Presidencia informa de una modificación en la integración de la comisión que representará a la Cámara de Diputados, atendiendo a la invitación del Congreso del Estado de Michoacán, en la ceremonia cívica conmemorativa del CLXXXVIII aniversario de la Expedición del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Latina. . . . . .

126

MEDALLA BELISARIO DOMINGUEZ

126

Comunicación de la Cámara de Senadores, por la que invita a la sesión solemne para imponer la Medalla Belisario Domínguez, al doctor Héctor Fix Zamudio. Se designa comisión para representar a la Cámara de Diputados. . . . . . . . . . . . . . . .

126

COMISIONES LEGISLATIVAS

126

Comunicación de la Junta de Coordinación Política, con la que informa de cambios en la integración de la Comisión Especial encargada de vigilar que los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales y partidas extraordinarias que se aprueben, se apliquen para el restablecimiento de las condiciones de convivencia de la población y la ayuda a los damnificados por el huracán “Isidore”. De enterado. . . . . . . . .

126

ORDEN DEL DIA

127

De la próxima sesión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127

CLAUSURA Y CITATORIO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128

RESUMEN DE TRABAJOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION. . . . . . . . . . . . . .

131

DIARIO de los DEBATES

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados                           Año III, Primer Periodo, 8 de Octubre de 2002

 


Presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los señores diputados.

ASISTENCIA

La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista:

Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 282 diputados, por lo tanto, hay quórum.

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel(a las 11:14 horas):

Se abre la sesión.

Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día.

 

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista:

«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.— Tercer Año.— LVIII Legislatura.

Orden del día

Martes 8 de octubre de 2002.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Presidencia de la Mesa Directiva.

De la Junta de Coordinación Política.

Informes de gestiones en relación a proposiciones con puntos de acuerdo que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria del día 7 de octubre, remitidos por las comisiones de trabajo.

El Congreso del Estado de Michoacán invita a la ceremonia que con motivo del CLXXXVIII aniversario de la expedición del decreto constitucional para la Libertad de la América Latina, tendrá lugar el día 22 de octubre a las 9:00 horas en la explanada del palacio municipal del ayuntamiento de Apatzingán de la Constitución, Michoacán.

De los congresos de los estados de: Guanajuato, Tlaxcala y Zacatecas.

De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, II Legislatura.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Cuatro, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Luis Ernesto Derbez Bautista, Rodolfo Elizondo Torres, Amanda Mireya Terán Munguía y José Armando Tamayo Casillas, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el Gobierno de la República Federativa de Brasil. (Turno a comisión.)

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Jesús Ernesto Estrada Bustamante, pueda aceptar y usar las condecoraciones de la Orden al Mérito “Estrella de Carabobo”, en su Unica Clase y de la Legión al Mérito Aeronáutico, en su Segunda Clase, que le confiere el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. (Turno a comisión.)

Con el que envía el informe de la Secretaría de Economía, relativo a la asignación y el ejercicio de las cuotas mínimas y adicionales de los productos señalados en el artículo cuarto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación, correspondiente al primer semestre de 2002.

Iniciativas de diputados

De Ley de Amnistía para las personas que hubieren alterado la vida constitucional y la seguridad pública por móviles de reivindicación social de los indígenas en la región Loxicha del estado de Oaxaca, a cargo de la diputada Irma Piñeyro Arias, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Que adiciona el Capítulo VII y el artículo 23-bis al Título Primero del Código Penal Federal a cargo del diputado Gumercindo Alvarez Sotelo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Que reforma el Código Fiscal de la Federación, a cargo de la diputada Petra Santos Ortiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Que reforma los artículos 4o., 162, 163 y 209 de la Ley Federal de Derechos de Autor, a cargo del diputado José Soto Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Que reforma la Ley del IPAB, sobre el monto de los recursos fiscales que serán asignados al IPAB para el presupuesto de 2003, a cargo del diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Que reforma y adiciona el artículo 94, adiciona un párrafo séptimo a la fracción III del artículo 116 y deroga el párrafo décimo del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Cárdenas Elizondo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Minuta

Proyecto de decreto que reforma los artículos 73, 76, 89, 108, 109, 110, 111 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se remite para los efectos del inciso d del artículo 72 de la Constitución. (Turno a comisión.)

Excitativas

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a cargo de la diputada Norma Patricia Riojas Santana, del Partido de la Sociedad Nacionalista.

A la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, a cargo del diputado Amador Rodríguez Lozano.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Comercio y Fomento Industrial con punto de acuerdo relativo a la proposición por el que se rechaza la eliminación de los subsidios que se otorgan al servicio eléctrico para uso doméstico y agrícola.

De las comisiones unidas de Comunicaciones y de Transportes con punto de acuerdo relativo a la proposición para que se analice en el proceso de Cintra, en relación a los atentados del 11 de septiembre de 2001.

De las comisiones de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Rural y de Reforma Agraria con punto de acuerdo relativo a la proposición para solicitar al Gobierno Federal y a la nueva Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, den a conocer un informe sobre la situación del campo mexicano.

De la Comisión de Agricultura y Ganadería con punto de acuerdo relativo a la proposición para que la Sagarpa y el Banco de Desarrollo Rural, conozcan la situación de los productores de papa de la región de Perote, Veracruz.

De la Comisión de Salud con punto de acuerdo relativo a la proposición para exhortar al Presidente de la República decrete la obligatoriedad de la Cartilla de Salud de la Mujer.

De la Comisión de Agricultura y Ganadería con punto de acuerdo relativo a la proposición para que se asigne en el Presupuesto de Egresos de la Federación una partida especial al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, a fin de que realice el censo agropecuario.

De la Comisión de Comercio y Fomento Industrial con punto de acuerdo relativo a la proposición del Congreso del Estado de Nuevo León, por la que solicita la revisión del precio del gas natural doméstico en el estado de Nuevo León.

De la Comisión de Comercio y Fomento Industrial con punto de acuerdo relativo a la proposición del Congreso del Estado de Jalisco, por la que manifiesta su apoyo al proyecto de Norma Oficial “Jamón: denominación, especificaciones y método de pruebas”.

De la Comisión de Comercio y Fomento Industrial con punto de acuerdo relativo a la proposición del Congreso del Estado de Jalisco, por el que solicita apoyo al Congreso de la Unión, para que la Secretaría de Economía norme la utilización de un sello inviolable en los cilindros de gas.

De las comisiones de Comunicaciones y de Comercio y Fomento Industrial con punto de acuerdo relativo a la proposición de la diputada Adela del Carmen Graniel Campos, sobre las demandas de los habitantes del estado de Tabasco en relación a la reducción de las tarifas telefónicas.

Proposiciones

Con punto de acuerdo en relación a la consolidación del área de servicio telefónico local, referente a los municipios de Texcoco, Papalotla, Chiautla, Chiconcuac, San Salvador Atenco, Tezoyuca, Tepetlaoxtoc y Acolman, a cargo de la diputada Beatriz Cervantes Mandujano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo para solicitar a las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la de Economía informen a esta soberanía las acciones dirigidas al apoyo del sector porcícola nacional ante el incremento de las importaciones provenientes de Estados Unidos de América, a cargo del diputado Martín Gerardo Morales Barragán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que esta Cámara de Diputados, acuerde la integración de una Comisión Especial que dé Seguimiento a las Investigaciones del Consejo General del IFE, sobre el financiamiento a las campañas electorales de 2000, a cargo del diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo por el cual se solicita que el Poder Ejecutivo Federal, informe a la Cámara de Diputados, cómo se ha canalizado la ayuda humanitaria en la zona afectada por el huracán “Isidore”, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Urgente resolución.)

Con punto de acuerdo en relación a los derechos de propiedad en el Parque Nacional del Cofre de Perote, Veracruz, a cargo del diputado José Francisco Yunes Zorrilla, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)      

Con punto de acuerdo para que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dé cumplimiento a lo establecido en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002, con respecto al sur-sureste, a cargo del diputado Neftalí Salvador Escobedo Zoletto, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre el saneamiento, fusión y venta del Banco del Atlántico, a cargo del diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre el proyecto de gran visión, a cargo del diputado Benito Vital Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en relación a la plaga de langosta en la Huasteca Potosina, a cargo del diputado Alejandro Zapata Perogordo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en relación a la problemática en que se encuentra el municipio de Ocoyoacac, Estado de México, a cargo del diputado Alejandro Gómez Olvera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en torno al Programa de Abasto Rural de Diconsa, a cargo del diputado Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en relación a las universidades públicas, a cargo del diputado Gregorio Urías Germán, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en relación a la inseguridad pública en la capital del país y en la zona conurbada, a cargo del diputado Jaime Larrazábal Bretón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para solicitar que la Auditoría Superior de la Federación revise el destino de la deuda pública del Gobierno Federal, a cargo del diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Efemérides

Sobre el Día Mundial de los Animales, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Sobre el aniversario del asesinato de don Belisario Domínguez, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

Sobre el aniversario de la muerte de Ernesto “Che” Guevara, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.»

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Está a consideración el orden del día... No habiendo ningún comentario, le ruego a la Secretaría poner a discusión y votación de inmediato el acta de la sesión anterior.

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista:

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves tres de octubre de dos mil dos, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la LVIII Legislatura.

Presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel

En el Palacio Legislativo en San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de doscientos ochenta y tres diputados, a las once horas con veinticinco minutos del jueves tres de octubre de dos mil dos, la Presidenta declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día.

La Asamblea aprueba el acta de la sesión anterior en votación económica.

Comunicación del diputado Raúl Martínez González, con la que informa que se reincorpora a sus labores legislativas. De enterado y se le tiene por reincorporado.

Comunicaciones de los congresos de los estados de:

• Morelos, con acuerdo por el que solicita al Congreso de la Unión su intervención ante el Gobierno Federal para que colabore en la reestructuración de los pasivos de la empresa asentada en el estado de Morelos por más de cinco décadas, denominada Grupo Covarra. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

• Sonora, con la que informa de actividades propias de su Legislatura. De enterado.

• Tlaxcala, con acuerdo por el que se adhiere al pronunciamiento del Congreso del Estado de Zacatecas, en relación con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos de América, respecto a los trabajadores mexicanos en situación migratoria. Se turna a las comisiones de Relaciones Exteriores y de Trabajo y Previsión Social.

• Tlaxcala, con acuerdo por el que solicita se reformen la Ley de Ahorro y Crédito Popular, la Ley General de Sociedades Cooperativas y la Legislación Fiscal Federal.

Se turna a las comisiones de Fomento Cooperativo y Economía Social y de Hacienda y Crédito Público.

Comunicación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con la que informa de actividades propias de su Legislatura. De enterado.

Comunicaciones de la Junta de Coordinación Política:

• Con acuerdo relativo a la creación e integración de una comisión especial encargada de vigilar que los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales y partidas extraordinarias que se aprueben, se apliquen para el restablecimiento de las condiciones de convivencia de la población y la ayuda a los damnificados por el huracán “Isidore”. Se aprueba en votación económica.

• Dos, en relación con cambios en la mesa directiva de la Comisión de Turismo. Se aprueban en votación econó-mica.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público remite el informe relativo a la evolución de la recaudación, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de agosto de dos mil dos. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Oficios de la Secretaría de Gobernación:

• Uno, con el que remite copia del oficio del Secretario de Energía en relación con el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, referente a la revisión de las tarifas de energía doméstica en las zonas afectadas por el decreto de reducción de subsidios. Se turna a la Comisión de Energía y al promovente.

• Uno, con el que remite copia del oficio de la diputada Ana Fabiola Rionda Ornelas, prosecretaria de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Guanajuato, en relación con el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, relativo a la problemática que se presenta en las unidades habitacionales del país. Se turna a la Comisión de Vivienda y al promovente.

• Uno, con el que solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Beatriz Elena Paredes Rangel, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República Federativa de Brasil. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

• Dos, con los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Manuel Marrón y González y Carlos Ignacio González Magallón, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos del Principado de Mónaco y de la República Federal de Yugoslavia, respectivamente. Se turnan a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Presentan iniciativas los diputados:

• Olga Haydee Flores Velásquez, del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Capítulo Segundo del Título Quinto del Código Civil Federal, en relación con los requisitos para contraer matrimonio.

Presidencia del diputado Jaime Vázquez Castillo

Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con opinión de la Comisión de Equidad y Género.

• Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma los artículos cuarenta y uno y cincuenta y cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Gobernación y Seguridad Pública.

• Diego Cobo Terrazas, del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para la Expedición de Pasaportes y Documentos de Identificación y Acreditación de Nacionalidad. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

• Augusto Gómez Villanueva, del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se expide el Reglamento Interior y de Debates de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

• José de Jesús López Sandoval, del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que deroga el tercer párrafo del artículo noventa y siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Miguel Angel Martínez Cruz, del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma los artículos setenta y siete y ciento cuarenta y siete de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos ciento tres y ciento siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel

Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

A las doce horas con cuarenta y ocho minutos, la Secretaría informa del registro de cuatrocientos trece diputados y ordena el cierre del sistema electrónico de asistencia y votación.

Dictamen de las comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transportes, con punto de acuerdo para que el municipio de San Martín Texmelucan, sea integrado al proyecto carretero de gran visión del estado de Puebla.

A discusión el punto de acuerdo, hablan los diputados: Miguel Bortolini Castillo, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; José Gaudencio Víctor León Castañeda, del Partido Acción Nacional, en pro, y Narciso Alberto Amador Leal, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.

Sin nadie más que haga uso de la palabra, la Asamblea aprueba el punto de acuerdo en votación económica. Procédase como corresponda.

Solicitan excitativas los diputados:

• Alfredo Hernández Raigosa, del Partido de la Revolución Democrática, a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Energía, en relación con una iniciativa relativa a la problemática del gas licuado de petróleo, presentada el veinticinco de abril de dos mil uno. La Presidencia formula la excitativa correspondiente y, en virtud de que es la segunda, fija a más tardar el quince de noviembre de dos mil dos, para que se presente el dictamen correspondiente ante la Asamblea.

• María del Rosario Tapia Medina, del Partido de la Revolución Democrática, a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto para inscribir en letras de oro en los muros de honor de la Cámara de Diputados, la frase: “A los Mártires del Movimiento Estudiantil de mil novecientos sesenta y ocho” presentada el tres de octubre de dos mil. La Presidencia hace la excitativa respectiva y en virtud de que es la segunda, fija a más tardar el ocho de noviembre de dos mil dos, para que se presente el dictamen respectivo ante la Asamblea.

Desde su curul, el diputado Martí Batres Guadarrama solicita aclaraciones sobre el procedimiento para las iniciativas que no son dictaminadas, aun cuando existan antecedentes de excitativas. Por indicaciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a la fracción decimosexta del artículo veintiuno del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y la Presidenta hace las aclaraciones correspondientes.

• Norma Patricia Riojas Santana, del Partido de la Sociedad Nacionalista, a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de Equidad y Género, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo doscientos cincuenta y nueve-bis, del Código Penal Federal, presentada el ocho de noviembre de dos mil uno. La Presidencia formula la excitativa correspondiente.

La Presidenta recuerda que en la sesión pasada había quedado pendiente de resolución la proposición con punto de acuerdo del diputado Miguel Bortolini Castillo, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con la Norma Oficial Mexicana cero veintinueve, anuncia que se le dará continuidad al procedimiento y consulta a los grupos parlamentarios si existe alguna propuesta para la Mesa Directiva respecto al asunto.

Desde su curul, el diputado Concepción Salazar González solicita que la proposición se turne a las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Turismo.

La Presidencia concede la palabra al diputado Miguel Bortolini Castillo, del Partido de la Revolución Democrática, quien acepta que su proposición sea turnada a comisiones y solicita que sea a las de Turismo, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Pesca.

La Presidenta informa que no existe inconveniente en modificar el trámite; sin embargo, dado que el asunto había sido considerado de urgente resolución en la sesión pasada, instruye a la Secretaría a consultar a la Asamblea si autoriza a la Presidencia la rectificación del trámite. La Asamblea lo autoriza en votación económica.

Suben a la tribuna los diputados: Concepción Salazar González, del Partido Verde Ecologista de México, y Rigoberto Romero Aceves, del Partido Acción Nacional.

Con la autorización previa de la Asamblea, la Presidenta turna la proposición a las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Pesca y de Turismo.

Presentan proposiciones con punto de acuerdo los dipu-tados:

• Ramón León Morales, del Partido de la Revolución Democrática, para que la Cámara de Diputados convoque a los interesados a discutir con el Gobierno y los diputados, el presupuesto destinado a la educación en el ejercicio fiscal de dos mil tres.

Presidencia del diputado Jaime Vázquez Castillo

Se turna a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación Pública y Servicios Educativos.

• José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional, para integrar una comisión que investigue el estado de los derechos humanos de los trabajadores del sindicato Fidel Velázquez, en los municipios de Papantla y Poza Rica, Veracruz. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

• Juan Manuel Sepúlveda Fayad, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al Presidente de la República para que ordene a los representantes de la Asociación Civil denominada Amigos de Fox, entregar a la Cámara de Diputados y al Instituto Federal Electoral, información sobre los recursos recaudados y su aplicación desde la fecha de su constitución hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil.

Presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel

Se turna a la Junta de Coordinación Política.

• Francisco Javier Flores Chávez, del Partido Acción Nacional, en relación con los activos remanentes del extinto organismo Ferrocarriles Nacionales de México. Se turna a las comisiones unidas de Transportes y de Hacienda y Crédito Público.

• Alfredo Hernández Raigosa, del Partido de la Revolución Democrática, para que la Cámara de Diputados pida la devolución del patrimonio social y del fondo del fideicomiso constituido por los cooperativistas de Talleres Gráficos de la Nación, para el pago de pensiones vitalicias para jubilados. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Trabajo y Previsión Social.

• Diego Cobo Terrazas, del Partido Verde Ecologista de México, en relación con la reserva del Alto Golfo y la especie marítima llamada curvina. Se turna a las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Pesca.

• Rosalía Peredo Aguilar, del Partido del Trabajo, para exhortar al Poder Ejecutivo Federal a fin de que el Estado de Tlaxcala sea incluido dentro de los programas de desarrollo de la región sur-sureste de México. Se turna a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y Especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los proyectos de desarrollo relacionados con la región sur–sureste de México.

• Norma Enriqueta Basilio Sotelo, del Partido Revolucionario Institucional, a nombre de integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte, para la celebración de un homenaje y la entrega de un reconocimiento a la atleta mexicana Ana Gabriela Guevara Espinosa y solicita trámite de urgente resolución.

La Asamblea considera el asunto de urgente resolución en votación económica.

Hablan en pro del punto de acuerdo, los diputados:

Olga Patricia Chozas y Chozas, del Partido Verde Ecologista de México; Clemente Padilla Silva, del Partido Acción Nacional, y Tomás Torres Mercado, del Partido de la Revolución Democrática.

La Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo en votación económica y de la misma manera lo aprueba. La Presidenta felicita a la Comisión de Juventud y Deporte por el punto de acuerdo presentado y aprobado e informa que la Mesa Directiva se suma al reconocimiento a la deportista Ana Gabriela Guevara Espinosa.

• Alfredo Hernández Raigosa, del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar la comparecencia del fiscal especial de los crímenes cometidos en el pasado, ante las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y Especial de Seguridad Pública, para que informe de los avances de sus investigaciones.

Presidencia del diputadoJaime Vázquez Castillo

Se turna a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y Especial de Seguridad Pública.

• Víctor Antonio García Dávila, del Partido del Trabajo, para exhortar al Ejecutivo Federal que los recursos asignados al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, a partir del mes de octubre se canalicen al sector social. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Antonia Irma Piñeyro Arias, del Partido Revolucionario Institucional, para crear una comisión especial encargada de organizar consultas con los pueblos indígenas en relación con las reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas, que han sido objeto de sentencia de improcedencia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

• Rosalía Peredo Aguilar, del Partido del Trabajo, para solicitar la comparecencia del titular de la Comisión Nacional de Pesca y de los secretarios de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Marina, a fin de que informen sobre las empresas extranjeras que pescan en los litorales mexicanos tiburón y especies afines. Se turna a la Comisión de Pesca.

• José Sergio Rodolfo Vaca Betancourt Bretón, del Partido Acción Nacional, en relación con las fechas para la celebración de elecciones en el estado de Veracruz.

Para referirse al mismo asunto hablan los diputados: Pedro Manterola Sáinz, del Partido Revolucionario Institucional; Arturo Herviz Reyes, del Partido de la Revolución Democrática, y José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional.

Continúan debatiendo el asunto los diputados: Pedro Manterola Sainz, del Partido Revolucionario Institucional.

Presidencia de la diputadaBeatriz Elena Paredes Rangel

Y acepta interpelaciones del diputado José Manuel del Río Virgen y de la diputada Alba Leonila Méndez Herrera; Pedro Miguel Rosaldo Salazar y Arturo Herviz Reyes, ambos del Partido de la Revolución Democrática.

La Asamblea no considera suficientemente discutido el asunto en votación económica.

Prosiguen el debate los diputados: Justino Eduardo Andrade Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional, quien es interrumpido por el diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta para solicitar una moción de orden; Manuel Wistano Orozco Garza, del Partido Acción Nacional; Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, del Partido de la Revolución Democrática; José Sergio Rodolfo Vaca Betancourt Bretón, del Partido Acción Nacional; José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional; Arturo Herviz Reyes, del Partido de la Revolución Democrática; Apuleyo Viniegra Orta, del Partido Acción Nacional, y Justino Eduardo Andrade Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional, quien durante su intervención solicita se dé lectura a la fracción cuarta del artículo ciento dieciséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la Presidenta instruye a la Secretaría a atender la solicitud.

Contesta alusiones personales el diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, del Partido de la Revolución Democrática.

La Asamblea considera suficientemente discutido el tema en votación económica y la Presidenta turna la proposición a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Para conmemorar el aniversario luctuoso del ingeniero Manuel de Jesús Clouthier del Rincón, se concede la palabra a la diputada Lizbeth Medina Rodríguez, del Partido Acción Nacional, y a solicitud del diputado Pedro Miguel Rosaldo Salazar, atendida por la Presidencia, la Asamblea guarda un minuto de silencio en su memoria.

Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y la Presidencia clausura la de hoy a las dieciséis horas con cincuenta y cinco minutos, citando para la próxima que tendrá lugar el martes ocho de octubre de dos mil dos, a las diez horas.»

Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo...

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Aprobada el acta.

Pasamos al capítulo de comunicaciones.

COMISIONES LEGISLATIVAS

La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.

Ciudadanos secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Esta Presidencia recibió informes de actividades, mismos que fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, de las siguientes comisiones y comités:

Ciencia y Tecnología: informe de actividades, noviembre 2000-mayo 2002; publicado en la Gaceta Parlamentaria el 12 de agosto de 2002.

Energía: segundo informe de actividades, febrero 2001-febrero 2002; publicado en la Gaceta Parlamentaria el 6 de agosto de 2002.

Juventud y Deporte: informe semestral de actividades, septiembre 2001-febrero 2002; publicado en la Gaceta Parlamentaria el 28 de agosto de 2002.

Presupuesto y Cuenta Pública: informe semestral, septiembre 2001-febrero 2002; publicado en la Gaceta Parlamentaria 30 de mayo de 2002.

Turismo: tercer informe semestral; septiembre 2001-fe-brero 2002; publicado en la Gaceta Parlamentaria el 30 de mayo de 2002.

Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación: informe de actividades, septiembre 2001-febrero 2002; publicado en la Gaceta Parlamentaria el 8 de agosto de 2002.

Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias: informe de actividades, septiembre 2001-mayo 2002; publicado en la Gaceta Parlamentaria el 16 de agosto de 2002.

Seguridad Social: cuarto informe semestral; 1o. de marzo al 31 de agosto 2002; publicado en la Gaceta Parlamentaria el 7 de octubre de 2002.

Turismo: cuarto informe semestral marzo-agosto 2002; publicado en la Gaceta Parlamentaria el 7 de octubre.

Gobernación y Seguridad Pública: segundo informe semestral de actividades; octubre 2001-marzo 2002; publicado en la Gaceta Parlamentaria el 7 de octubre de 2002.

Fortalecimiento del Federalismo: informe de trabajo, septiembre 2001-febrero 2002; publicado en la Gaceta Parlamentaria el 7 de octubre de 2002.

Solicito a ustedes lo hagan del conocimiento a la honorable Asamblea.

Atentamente.

Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 4 de octubre de 2002.—Diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, Presidenta de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.»

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, remítanse los originales a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y también para que quede registrado en el archivo de la Cámara.

PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO

El Secretario diputado Adrián Rivera Pérez:

«Relación de informes de gestiones en relación a proposiciones con punto de acuerdo, mismos que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria el día 7 de octubre, que remiten las siguientes comisiones de trabajo:

Agricultura y Ganadería

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realice las transferencias necesarias a la Secretaría de Agricultura, para que ésta dé cumplimiento a los compromisos con los productores agrícolas de los estados de Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Chihuahua, pagándoles los apoyos a la comercialización correspondientes a los ciclos otoño-invierno 2000-2001 y primavera-verano 2001.

Para que la Comisión de Agricultura y Ganadería solicite a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, información sobre la entidad Mexicana de Acreditación, A.C.

Para solicitar al Secretario de Agricultura, Ganadería, De-sarrollo Rural, Pesca y Alimentación intervenga para que sean cumplidos los contratos pactados con todos los cañeros independientemente de su filiación a cualquier organización campesina.

Comercio y Fomento Industrial

Por el que solicita se busque un mecanismo para estabilizar el precio de gas doméstico en apoyo a las clases más necesitadas del país.

Para solicitar a los secretarios de Economía y de Energía, de la Comisión Reguladora de Energía y de Petróleos Mexicanos realicen los ajustes necesarios para congelar el precio de gas y para que comparezcan el Secretario de Energía y el director de Petróleos Mexicanos, expliquen y den solución a la problemática que está viviendo la población de México con el precio de gas licuado de petróleo.

Comunicaciones y de Transportes

Para que las personas y organismos que participaron en la realización de los estudios de impacto ambiental para la construcción del aeropuerto en el municipio de Texcoco, presenten sus opiniones, resultados, conclusiones y respectivos fallos, a las comisiones unidas de Comunicaciones y de Transportes, para que sean éstas las que determinen la transparencia en el proceso.

Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 8 de octubre de 2002.»

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Deseo que quede claro a las compañeras legisladoras y legisladores, que estamos dándole trámite a puntos de acuerdo y gestiones que se hicieron de puntos de acuerdo, por las respectivas comisiones y que las gestiones respectivas han sido publicadas en la Gaceta Parlamentaria del 7 de octubre.

Por lo que se tienen por desahogados y archívense los expedientes como asuntos concluidos. Márquese una copia al diputado proponente del punto de acuerdo respectivo en cada caso.

CAMBIO DE TURNO DE INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El Secretario diputado Adrián Rivera Pérez:

«Ciudadanos secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Esta Presidencia informa que se recibieron solicitudes de diversas comisiones para cambio de turno de iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo.

Con fundamento en lo que establece el artículo 23 inciso f de la Ley Orgánica se modifica el trámite de los siguientes asuntos:

La Comisión de Cultura solicita se rectifique el turno de la iniciativa de Ley Federal de la Cultura del Sordo, presentada por la diputada Lorena Martínez Rodríguez, del PRI, el día 13/11/01, para que sea un asunto exclusivo de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Declina. Nuevo turno: se modifica el turno a las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Atención a Grupos Vulnerables.

La Comisión de Salud declina su participación en la proposición con punto de acuerdo por el que solicita a la Secretaría de Salud expida la Norma Oficial Mexicana de emergencia para la determinación de los niveles de concentración de plomo en polvo y suelos, presentada por el Congreso del Estado de Coahuila el 28 de agosto de 2002.

La proposición fue turnada únicamente a la Comisión de Salud. Declina. Nuevo turno: se modifica el turno a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público declina su participación en la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio en materia de comercio electrónico, presentada por el diputado Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, del PAN el 15 de mayo de 2002.

La proposición fue turnada a las comisiones de Comercio y Fomento Industrial y de Hacienda y Crédito Público. Declina. Nuevo turno: se modifica el turno a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

La Comisión de Comercio y Fomento Industrial solicita sea ampliado el turno a la minuta proyecto de Ley Federal de Protección de Datos Personales, toda vez que ésta es de gran relevancia para el comercio y la industria nacional, por el impacto que conlleva su dictaminación.

La minuta fue turnada a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, el 5 de septiembre de 2002. Ampliación de turno. Nuevo turno: se modifica el turno a las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y de Comercio y Fomento Industrial.

La Comisión de Salud declina su participación en la proposición con punto de acuerdo para solicitar al Gobierno Federal por medio de las instancias responsables, implemente un programa emergente de atención que alivie la depresión económica y pérdida del empleo de las familias que están siendo afectadas por la veda temporal, debido al fenómeno de la marea roja, en las costas del litoral del Pacífico y del golfo de México.

La proposición fue turnada únicamente a la Comisión de Salud. Declina. Nuevo turno: se modifica el turno a la Comisión de Pesca.

Solicita a ustedes lo hagan del conocimiento de la Asamblea y se publique en la Gaceta Parlamentaria.

Atentamente.

Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 4 de octubre de 2002.— Rúbrica.»

Presidencia de la diputada María Elena Alvarez Bernal

La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal:

Como se solicita, se obsequian las peticiones y publíquense en la Gaceta Parlamentaria.

Continúe la Secretaría.

COMISIONES LEGISLATIVAS

El Secretario diputado Adrián Rivera Pérez:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Con fundamento en el artículo 34 numeral 1 inciso c de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a solicitud del diputado Martí Batres Guadarrama, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, me permito solicitar a usted, la modificación en la integración de las siguientes comisiones:

• Que el diputado Humberto Domingo Mayans Canabal, sustituya al diputado federal con licencia Auldarico Hernández Jerónimo, en la secretaría de la Comisión Encargada de Coadyuvar y dar Seguimiento a los proyectos de Desarrollo Regional relacionados con la Región Sur Sureste de México.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, México, DF, a 8 de octubre de 2002.— Diputado Martí Batres Guadarrama, presidente.»

En votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...

La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal:

Aprobado.

El Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada Beatriz Paredes Rangel, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. —Presente.

Con fundamento en el artículo 34 numeral 1 inciso c de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en atención al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por lo que se propone al pleno la creación de una Comisión Especial de la Cámara de Diputados encargada de vigilar que los recursos del Fonden y partidas extraordinarias que se aprueben, se apliquen para el restablecimiento de las condiciones de convivencia de la población y la ayuda a los damnificados por el huracán “Isidore”,  informo a usted que dicha comisión se integrará con los siguientes diputados:

José Feliciano Moo y Can, Edilberto Jesús Buenfil Montalvo y José Alvaro Vallarta Ceceña del PRI, Luis Artemio Aldana Burgos, Lizbeth Evelia Medina Rodríguez y Alicia Concepción Ricalde Magaña del PAN, Uuc kib Espadas Ancona y Eric Eber Villanueva Mukul del PRD, Erika Elizabeth Spezia Maldonado del PVEM y Rosalía Peredo Aguilar del PT.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, México, DF, a 8 de octubre de 2002.— Diputado Martí Batres Guadarrama, presidente.»

En votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...

Presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Aprobado.

ESTADO DE MICHOACAN

El Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.— Morelia.— LXIX Legislatura.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

La LXIX Legislatura del honorable Congreso del Estado de Michoacán, formula a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, atenta invitación para que asistan a la ceremonia que con motivo del CLXXXVIII aniversario de la expedición del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Latina, la cual se realizará el próximo día 22 de octubre en punto de las 9:00 horas, en la explanada del palacio municipal del ayuntamiento de Apatzingán de la Constitución, Michoacán.

Esperando contar con su distinguida presencia en tan destacada fecha, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

Morelia, Michoacán, septiembre 20 de 2002.— El presidente de la Junta de Coordinación Legislativa del Congreso del Estado, diputado Juan Manuel Iriarte Méndez.»

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Para asistir a la ceremonia con motivo del CLXXXVIII aniversario de la Expedición del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Latina se designa a los siguientes señores diputados, en representación de esta Cámara:

Diputado Agustín Trujillo Iñiguez, diputado Ramón Ponce Contreras, diputado Donaldo Ortíz Colín, diputado Félix Castellanos Hernández.

NOE ARMANDO MARTINEZ NAVA

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Compañeras y compañeros legisladores: esta Mesa Directiva se une a la pena que embarga a nuestro compañero diputado Juan Manuel Martínez Nava y les ruega a todos ustedes guardemos un minuto de silencio con motivo del fallecimiento de su hermano, el licenciado Noé Armando Martínez Nava. Les ruego nos pongamos de pie.

(Minuto de silencio.)

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Gracias.

Continúe la Secretaría con los asuntos agendados.

 

ESTADO DE GUANAJUATO

El Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del Estado de Guanajuato.

Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— México, DF.

En sesión celebrada el día de hoy por la diputación Permanente del Congreso del Estado, se dio cuenta con el escrito de fecha 27 de agosto del año en curso, mediante el cual comunica la clausura del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercido legal, asimismo se instaló la diputación Permanente a fungir durante el segundo receso del segundo año de ejercicio.

La Presidencia dictó el siguiente trámite: enterados.

Lo que hago de su conocimiento para los efectos a que haya lugar.

Reitero a usted las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Guanajuato, Guanajuato, 10 de septiembre del año 2002.— Diputada Ana Faviola Rionda Ornelas, prosecretaria de la diputación Permanente.»

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

De enterado.

 

GAS LICUADO

El Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del Estado de Guanajuato.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.

Para los efectos conducentes, anexo me permito remitir a ustedes las consideraciones del dictamen y el acuerdo aprobado por la LVIII Legislatura Constitucional del Estado, en sesión de diputación Permanente, celebrada en esta fecha, mediante el cual se adhiere al acuerdo aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco, a efecto de exhortar a diversas autoridades para que intervengan en el ajuste de los precios del gas licuado por kilo.

Aprovecho la ocasión para reiterarles las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Guanajuato, Guanajuato, 10 de septiembre de 2002.— Diputado Mario Ernesto Dávila Aranda, presidente de la diputación Permanente del Congreso del Estado.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del Estado de Guanajuato.

ACUERDO

La diputación Permanente de la LVIII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, acuerda:

Primero. La diputación Permanente del Congreso del Estado de Guanajuato se solidariza y se adhiere al acuerdo aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco, a efecto de comunicar a los titulares de las secretarías de Economía y de Energía, la preocupación por las altas tarifas en el precio por kilo de gas licuado, solicitando se reconsideren las mismas, en virtud de los importantes impactos negativos que producen en la economía de la sociedad, particularmente entre la población más desprotegida, así como asegurar alternativas de orientación a los mecanismos del mercado para que se favorezcan una cotización justa con base en criterios de equidad y de justicia distributiva acorde al nivel de vida de la población.

Segundo. Comuníquese a los secretarios de Economía y de Energía del Gobierno de la República, al honorable Congreso de la Unión y a las legislaturas locales el acuerdo aprobado, para los efectos conducentes.

Guanajuato, Guanajuato, 10 de septiembre del año 2002.— Diputados: Mario Ernesto Dávila Aranda , presidente; Ana Faviola Rionda Ornelas, prosecretaria en funciones de secretaria.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del Estado de Guanajuato.

Ciudadano Presidente de la diputación Permanente.— Presente.

A la Comisión de Desarrollo Económico y Social, le fue turnado para su estudio y dictamen, el escrito firmado por el oficial mayor del honorable Congreso del Estado de Jalisco, al cual anexa copia del acuerdo económico número 676/02 tomado por la LVI Legislatura de ese estado, relativo a manifestar a las secretarías de Economía y de Energía, la preocupación por las altas tarifas en el precio por un kilo de gas licuado de petróleo en dicha entidad, solicitando reconsiderar las mismas por ser superiores a la inflación acumulada en el periodo comprendido de enero de 2002 a la fecha.

Analizado el asunto de referencia y con fundamento en los artículos 137 y 138 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico y Social, nos permitimos presentar el siguiente

DICTAMEN

En el acuerdo que se dictamina, el Congreso del Estado de Jalisco expone que el precio por un kilo de gas licuado de petróleo fue fijado por la Secretaría de Economía en 5.68 pesos, acumulando con ello desde el primer mes del año en curso hasta la fecha de aprobación del acuerdo que se analiza, un 13.82%, afectándose con ello, a consideración de los legisladores jaliscienses, la situación económica de las familias de aquella entidad, toda vez que ese incremento se da en un contexto de aumentos en los precios de otros servicios básicos. Con esta consideración se indica que el crecimiento del precio para el combustible ha crecido significativamente más de lo que representa el índice inflacionario.

De la misma forma el acuerdo que origina el presente dictamen argumenta que en el establecimiento de las tarifas para el gas licuado intervienen diversos factores como el margen de comercialización el costo de distribución, entre otros, pero que no se puede soslayar que, siendo un producto de primera necesidad para las actividades cotidianas, deben ponderarse otros aspectos más allá de los económicos, como lo es la difícil situación social por la que atravesamos.

ACUERDOS

Primero. La diputación Permanente del Congreso del Estado de Guanajuato se solidariza y se adhiere al acuerdo aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco, a efecto de comunicar a los titulares de las secretarías de Economía y de Energía, la preocupación por las altas tarifas en el precio por un kilo de gas licuado, solicitando se reconsidere las mismas, en virtud de los importantes impactos negativos que produce en la economía de la sociedad, particularmente entre la población más desprotegida, así como asegurar alternativas de orientación a los mecanismos de mercado para que se favorezca una cotización justa con base en criterios de equidad y de justicia distributiva acorde al nivel de vida de la población.

Segundo. Comuníquese a los secretarios de Economía y de Energía del Gobierno de la República, al honorable Congreso de la Unión y a las legislaturas locales el acuerdo aprobado, para los efectos conducentes.

Guanajuato, Guanajuato, a 30 de agosto de 2002.— La Comisión de Desarrollo Económico y Social.— Diputados: Jorge Ignacio Luna Becerra, Ernesto Oviedo Oviedo, Karen Burstein Campos, Antonio Osornio Cuadros y Antonio Rico Aguilera.»

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

ESTADO DE TLAXCALA

El Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.— LVII Legislatura.

Diputados secretarios del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

La LVII Legislatura del Estado de Tlaxcala en su decimotercera sesión pública ordinaria, correspondiente a su segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio constitucional, celebrada el pasado 12 de septiembre del presente, aprobó el acuerdo por el que se pronuncia a favor de los ahorradores tlaxcaltecas, y se solicita su intervención para que puedan resarcirles sus ahorros.

Adjunto al presente copia certificada del acuerdo de mérito y copia del expediente parlamentario número 087/2002.

Aprovecho el presente para enviarles un cordial y respetuoso saludo.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Tlaxcala de Xicoténcatl, a 18 de septiembre de 2002.—El secretario parlamentario del honorable Congreso, Sergio Cuauhtémoc Lima López

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.— LVII Legislatura.

ACUERDOS

Primero. Esta soberanía se pronuncia a favor de los ahorradores para que puedan obtener una pronta solución a su problema y de esta manera ayudar a resarcir sus ahorros.

Segundo. Se gire atento oficio con los anexos y copia de solicitud de apoyo a la Presidencia de la Mesa Directiva del honorable Congreso de la Unión, para su conocimiento e intervención.

Tercero. Que a través del secretario parlamentario del Congreso del Estado de Tlaxcala, se gire oficio al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, solicitándole su apoyo para una pronta solución.

Cuarto. Que se gire oficio a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la Procuraduría General de la República, con el fin de que este Congreso local, pueda tener conocimiento del estado que guardan los bienes que se decomisaron en relación con el problema de los ahorradores.

Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a 12 de septiembre de 2002.— Diputados: Melquiades Pérez González, presidente; Juan Báez Sánchez y José Javier Vázquez Sánchez, secretarios.»

«El suscrito licenciado Sergio Cuauhtémoc Lima López, secretario parlamentario del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala

CERTIFICA

Que la presente copia fotostática que consta de una sola foja útil por un solo lado, concuerda fielmente con su original, la que tengo a la vista y a que me remito, y obra en los archivos de la secretaría parlamentaria de este honorable Congreso.

Sufragio Efectivo. No Reelección.»

Por lo que se extiende la presente, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 18 días del mes de septiembre de 2002.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Tlaxcala.— Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.

Diputado Víctor Hugo Cahuantzi González, presidente de la Comisión de Gestoría, Información y Quejas.— Presente.

Por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva, en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, dispuso turnar a usted copia del escrito que dirigen a este honorable Congreso del Estado, los ciudadanos: Carlos Amador Piña Guerrero, Guillermo Carranza E. y Blanca Sánchez C., presidente, tesorero y secretaria, respectivamente; del consejo de administración de la Cooperativa Caja Popular número 1 de Tlaxcala, SCL, por el que solicitan apoyo a fin de encontrar solución al problema de resarcimiento de sus ahorros; para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Tlaxcala de Xicohténcatl, a 5 de septiembre de 2002.— El secretario parlamentario del honorable Congreso.— Sergio Cuauhtémoc Lima López

«Cooperativa caja popular la número 1 de Tlaxcala, SCL.

Solicitud de apoyo que presentan los ahorradores de la cooperativa caja popular la número 1 de Tlaxcala, a los diputados del Congreso local del Estado de Tlaxcala.

Honorable Congreso local del Estado de Tlaxcala.— Palacio Legislativo, Tlaxcala, Tlaxcala.

En cumplimiento al acuerdo asentado en la reunión celebrada el día 9 de los corrientes en el honorable Congreso local de Diputados, en la cual estuvo presidida por los diputados: Perfecto Xochipostequi Vázquez y Silvestre Velázquez, presentes 33 ahorradores de la Cooperativa Caja Popular la número 1 de Tlaxcala, cuyas inversiones son mayores a los 190 mil pesos, mismos que a pesar de hacer gestiones ante la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la República desde hace más de dos años, no hemos obtenido solución alguna para el resarcimiento de nuestros ahorros, motivo por el cual acudimos a esa Cámara de Diputados del honorable Congreso local, en solicitud de apoyo a fin de encontrar solución a nuestro problema de resarcimiento de nuestros ahorros, con motivo de esta reunión se integró comisión de ahorradores, misma que el día 22 del mes y año en curso presentarán amplio y detallado informe los diputados: Perfecto Xochipostequi Vázquez y Silvestre Velázquez, comisionados para atender el problema que hoy se les plantea y que desde hace tiempo nosotros los ahorradores venimos afrontando.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Seguramente señores diputados que en cuanto representantes del pueblo de Tlaxcala, estarán debidamente enterados que debido a la arbitraria prepotente e ilegal intervención del Gobierno Federal, por conducto de la Procuraduría Federal de la República en complicidad con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mantiene asegurados los bienes del apoderado legal de las cooperativas cajas populares de ahorro, de 24 entidades federativas, sin que hasta a la fecha se haya podido concluir el proceso correspondiente por lavado de dinero y crimen organizado, delitos que supuestamente se han fincado en contra del mencionado representante legal de las referidas cajas de ahorros.

Como solución para atender a los ahorradores afectados en 24 estados de la República por la ilegal y prepotente intervención de la Procuraduría Federal de la República y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el honorable Congreso de la Unión legisló en materia y aprobó la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el fortalecimiento de Sociedades Cooperativas y de Ahorro y Préstamo y de pago a sus ahorradores, en adelante fideicomiso de pago, la cual fue publicada el 29 de diciembre del año 2000 en el Diario Oficial de la Federación, se acompaña a este informe copia de la citada ley.

En los meses de noviembre y diciembre del año 2001, fueron turnadas a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de fomento Industrial de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para su discusión y resolución constitucional, dos iniciativas con proyecto de decreto por lo que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley que crea el fideicomiso que administra el fondo para el fortalecimiento de sociedades y cooperativas de ahorro y préstamo y de apoyo a sus ahorradores.

La primera de las iniciativas fue presentada en el pleno, el día 27 de noviembre del año 2001, por el diputado Omar Fayad Meneses, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y la segunda que trata la misma problemática y busca también dar solución a los sectores de ahorradores del país que no han podido participar de los beneficios de dicha ley por tener inversiones mayores a 190 mil pesos, la cual fue presentada esa misma fecha a esa Asamblea por el diputado José Delfino Garcés Martínez, integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.

Ambas iniciativas son coincidentes en el operativo de dar mayor rango de equidad y de universalidad a la citada ley y con la finalidad de encontrar solución de fondo para resolver en definitiva la problemática que actualmente afrontan los ahorradores y sus respectivas familias en 24 entidades federativas, en el caso particular de este Estado son 40 familias de las cajas populares de préstamo y ahorro, familias de ahorradores que atraviesan por una lamentable y precaria situación económica, por falta del resarcimiento de sus ahorros, a la fecha algunos de los ahorradores han fallecido, por enfermedades que no pudieron atender por falta de recursos económicos, familias que se han desintegrado porque el padre, hermanos mayores han tenido la imperiosa necesidad de emigrar al extranjero, jóvenes que se han visto obligados a dejar de estudiar para dedicarse a trabajar y así poder contribuir al gasto de su familia, personas de la tercera edad que depositaron sus ahorros, productos de toda una vida de trabajo para asegurar su vejez, en fin existen graves tragedias familiares y personales ocasionadas por la falta del resarcimiento de sus correspondientes ahorros.

No obstante que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, tiene pleno conocimiento de la grave situación económica por la que atravesamos aproximadamente 3 mil familias de ahorradores de 24 entidades federativas de la nación, no le han prestado la debida atención que requiere este problema, pues a partir del mes de noviembre del año próximo pasado, en que fueron presentadas las citadas iniciativas a las correspondientes comisiones parlamentarias han transcurrido más de ocho meses y sin que hasta la fecha no haya sido posible agendar esas iniciativas para su discusión y aprobación.

Se adjunta copia de las iniciativas en comento.

Solicitud de apoyo de los ahorradores del estado a la Cámara de Diputados de este Congreso local.

1. Que las próximas sesiones que se lleven a efecto de la Cámara local de Diputados se someta a discusión y aprobación un punto de acuerdo que comprendan enviar a las siguientes autoridades federales los oficios que a continuación se detallan para apoyo y solución al problema que en lo particular piden 40 ahorradores y sus respectivas familias de este estado para tratar de resolver nuestro problema que hoy planteamos a esta Cámara de Diputados local.

2. Girar oficio a la diputada federal por este estado de Tlaxcala, Beatriz Paredes Rangel y presidenta del honorable Congreso de la Unión pidiéndole que en virtud que en el mes de noviembre del año próximo pasado existen presentadas a las comisiones parlamentarias correspondientes de ese honorable Congreso, dos iniciativas que obtienen proyecto de decreto que reforman y adicionan la ley que crea el fideicomiso para administrar el fondo para el fortalecimiento de sociedades y cooperativas de ahorro y préstamo y de apoyo a sus ahorradores, tenga a bien girar sus respectivas instrucciones para que sean agendadas las citadas iniciativas para que una vez de que el honorable Congreso de la Unión reanude sus sesiones parlamentarias, sea discutida y en su caso aprobadas las iniciativas que contienen proyectos de decreto a lo que hemos venido refiriendo.

3. Oficio girado por ese honorable Congreso local al Presidente de la República pidiéndole su apoyo para encontrar a la brevedad posible una pronta solución a la problemática que afrontamos aproximadamente 3 mil ahorradores y sus respectivas familias a nivel nacional toda vez que nos ha ofrecido en diversas ocasiones tanto al Congreso Nacional de Ahorradores y Representantes, en el país el resarcimiento de nuestros ahorradores.

4. Oficio dirigido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Procuraduría General de la República, solicitándoles envíen informes a nuestro consejo nacional de ahorradores, del estado que actualmente guardan los bie-nes que le fueron decomisados por esa procuraduría al entonces representante legal de ahorradores de las cajas populares de 24 entidades federativas, ya que desde el inicio de este problema en que fue privado de su libertad el mencionado representante legal de esas cajas populares de ahorro que fue en enero del año 2002, a la fecha los ahorradores a nivel nacional ignoramos el estado que guardan la administración de los mencionados bienes incautados y el destino de los mismos.

Atempan, Tlaxcala, a 16 de julio de 2002.— Por el Comité de Administración: Carlos Amador Piña Guerrero, presidente; Guillermo Carranza E., tesorero; Blanca Sánchez C., secretaria de vigilancia; Jaime López Molina, J. Angel Aguinaga B., Amparo Fuentes Barrios y Elvira Montaño Durán.»

«Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Hacienda y Crédito Público somete a la consideración de esta Cámara de Diputados el siguiente

DECRETO

Por el que se expide la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores y se adiciona el artículo 51-B de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.

Artículo primero. Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.

Artículo 1o. Se crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.

Artículo 2o. El Fideicomiso tendrá por objeto:

I. Fortalecer el esquema financiero de las sociedades de ahorro y préstamo y cooperativas de ahorro y préstamo que cumplan con los requisitos que establece esta ley, con el objeto de fomentar la cultura del ahorro popular y

II. Apoyar a los ahorradores de las sociedades de ahorro y préstamo y de las cooperativas de ahorro y préstamo que se encuentren en estado de insolvencia comprobada.

Artículo 3o. El fideicomiso será público y contará con un comité técnico que estará integrado por un representante de cada una de las siguientes instituciones: de las secretarías, de Hacienda y Crédito Público, quien lo presidirá; de Gobernación; de Contraloría y Desarrollo Administrativo, así como un representante de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, un representante de la Comisión Nacional para la Defensa y Protección de los Usuarios de Servicios Financieros y dos representantes de la Comisión Consultiva quienes serán los representantes de los gobiernos de las entidades federativas con mayor número de ahorradores afectados, conforme a los resultados de las auditorías, y que hayan celebrado los convenios a que se refiere el artículo 10 de esta ley.

Este fideicomiso no tendrá estructura orgánica propia, por lo que no queda comprendido en los supuestos de los artículos 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 40 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

Artículo 4o. La Comisión Consultiva a la que se refiere el artículo anterior estará integrada por los representantes de los gobiernos de las entidades federativas en las cuales existan ahorradores afectados, que hayan celebrado los convenios a que se refiere el artículo 10 de esta ley y por dos presidentes de los consejos de Administración de las sociedades que cumplan los requisitos a que se refiere la misma, electos de entre ellos mismos a convocatoria del Comité Técnico del Fideicomiso.

Todos los miembros de esta comisión tendrán los mismos derechos.

Artículo 5o. El fondo, que será el patrimonio administrado por el fideicomiso, se constituirá por:

I. Las aportaciones del Gobierno Federal por 1 mil 785 millones de pesos a que se refiere el artículo 9o. de esta ley y de 500 millones a que se refiere el artículo 12 de la misma. Estos montos se administrarán en subcuentas independientes entre sí y distintas a aquellas en que se administre el resto de las aportaciones;

II. Las aportaciones que hagan las entidades federativas;

III. Los productos que se generen por la inversión y la administración de los recursos y bienes con que cuente dicho fondo;

IV. Los bienes que se aporten al fondo y

V. Los demás que, por otros conceptos, se aporten para el mejor cumplimiento de sus fines.

Artículo 6o. El fideicomitente del fideicomiso a que se hace referencia en el artículo anterior será el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La fiduciaria será Nacional Financiera, SNC y los fideicomisarios los ahorradores afectados que cumplan con los requerimientos que se señalan en esta ley o, en su caso, las sociedades que sean objeto de fortalecimiento, de acuerdo al segundo párrafo del artículo 13 de este ordenamiento y a lo que en concordancia con ellas determine el Comité Técnico. Dicho Comité Técnico tendrá de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes facultades:

I. Aprobar los términos mínimos de referencia, conforme a los cuales deben practicarse las auditorías a las sociedades para su fortalecimiento, con el propósito de que los recursos de este fideicomiso se apliquen de forma transparente a los fideicomisarios;

II. Aprobar las bases y procedimientos a través de los cuales se reconocerán los montos a pagar, así como la identidad de los ahorradores afectados; los procedimientos para determinar las cantidades que se podrán entregar a los mismos, así como los procedimientos para documentar dichas entregas;

III. Determinar mediante reglas de carácter general los requisitos que deben reunir los títulos de crédito o documentos comprobatorios de los derechos de crédito de los ahorradores afectados para ser considerados válidos;

IV. Determinar con base en la auditoría correspondiente y en las reglas que emita, cuando es viable la recuperación financiera de una sociedad que presente problemas de solvencia y en su caso, aprobar el monto necesario para su saneamiento;

V. Determinar las reglas y procedimientos para la enajenación de los bienes aportados al fideicomiso; así como aprobar las mismas;

VI. Autorizar la celebración de los actos, convenios y contratos de los cuales puedan derivar afectaciones para el patrimonio del fideicomiso, así como aquellos que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines;

VII. Autorizar, con cargo al patrimonio del fideicomiso, los gastos que necesarios, para el manejo del mismo, incluyendo los honorarios que correspondan al fiduciario, así como aquellos que deriven del proceso de extinción del mismo.

VIII. Instruir al fiduciario, por escrito respecto de la inversión de los fondos líquidos del fideicomiso;

IX. Evaluar periódicamente los aspectos operativos del fideicomiso;

X. Revisar y aprobar, en su caso, los informes que rinda el fiduciario sobre el manejo del patrimonio fideicomitido;

XI. Vigilar que los recursos que se aporten al fideicomiso, se destinen al cumplimiento de sus fines;

XII. Definir los criterios y dictar las decisiones sobre el ejercicio de las acciones que procedan con motivo de la defensa del patrimonio del fideicomiso, comunicando dichos criterios y decisiones por escrito a la fiduciaria;

XIII. Girar instrucciones a la fiduciaria acerca de las personas a quienes deberá conferirse mandato o poderes para que se cumplan las funciones secundarias, ligadas y conexas a la encomienda fiduciaria o para la defensa del patrimonio fideicomitido, indicando expresamente cuándo el (los) mandatario (s) o apoderado (s) podrán delegar sus facultades a terceros;

XIV. Proponer las modificaciones que se pretendan realizar al fideicomiso, y

XV. Cualesquiera otras derivadas de la legislación aplicable y de la presente ley, necesarias para el cumplimiento de los fines del fideicomiso.

Artículo 7o. Se entenderá por sociedades a las sociedades de ahorro y préstamo y a las cooperativas de ahorro y préstamo a que hace referencia la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y la Ley General de Sociedades Cooperativas, respectivamente.

Se entenderá por saldo neto de ahorro, el resultado del monto que conste en los títulos de crédito o documentos equivalentes que comprueben los depósitos realizados por ahorrador, menos los créditos no cubiertos por el mismo. Para los efectos de dicho cálculo no se computarán intereses.

Artículo 8o. Sólo podrán acogerse al contenido de esta ley, las sociedades que cumplan los siguientes requisitos:

I. Haberse constituido legalmente por lo menos con un año de anticipación a la vigencia de la misma;

II. Haber iniciado los trámites para efectuar los procesos de auditoría con el propósito de determinar su insolvencia con antelación al 30 de noviembre de 2000 y que dichos procesos se hubiesen pagado con recursos públicos o sea, en su caso, aprobados por el Comité Técnico a que se refiere el artículo 3o. de esta ley y

III. Realizar los actos corporativos necesarios para que estas sociedades procedan a su disolución y liquidación; en los plazos que fije el Comité Técnico de este fideicomiso, en los casos que así proceda.

Artículo 9o. El Presupuesto de Egresos de la Federación dispondrá de una partida de 1 mil 785 millones de pesos para realizar los pagos previstos en esta ley.

Artículo 10. La aplicación de los recursos federales estará condicionada a la suscripción de convenios que realice el fideicomiso creado por esta ley, con los gobiernos de las entidades federativas, en donde existan problemas de ahorradores afectados. En cada convenio se establecerán los montos de aportación de las partes.

Una vez suscrito el convenio con alguna entidad federativa, se aplicarán los recursos federales respecto de ésta, con independencia de la firma de otros convenios.

Artículo 11. El fideicomiso efectuará los pagos derivados de sus fines a los ahorradores plenamente identificados como afectados, siempre y cuando éstos soliciten su pago al fideicomiso en los términos establecidos en esta ley, dentro de los 60 días naturales a partir de la fecha en que el Comité Técnico publique el procedimiento conforme al cual se llevará a cabo el pago correspondiente, mismo que deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación y, por lo menos, en dos diarios de circulación nacional, durante dos días consecutivos.

Tratándose de las sociedades de ahorro y préstamo, el fideicomiso sólo efectuará los pagos a los ahorradores que se encuentren, en su caso, reconocidos dentro del procedimiento de quiebra respectivo.

Los pagos que se realicen a ahorradores afectados se efectuarán de acuerdo a las siguientes

Bases generales:

Primera. El monto básico de pago, será la mitad del promedio del saldo neto de ahorro en cada sociedad a que se refiere el artículo 7o. de esta ley. El promedio del saldo neto de ahorro, se determinará dividiendo el monto total de los depósitos realizados con saldo acreedor en la sociedad de que se trate, entre el número de ahorradores con saldo acreedor de la misma.

En ningún caso el monto básico podrá ser superior a 10 mil pesos, esto se aplicará para cualquiera de las sociedades que se encuentren en estado de insolvencia, en los términos del artículo 2o. de esta ley.

Segunda. Todo ahorrador que tenga un saldo neto de ahorro igual o menor a 19 veces el monto básico recibirá el 70% de dicho saldo.

Tercera. Los ahorradores cuyo saldo neto de ahorro rebase el equivalente a 19 veces el monto básico podrán recibir la recuperación de dicho saldo con recursos provenientes de otras fuentes, quedando a salvo sus derechos a ejercer las acciones legales que correspondan.

Cuarta. Los ahorradores sujetos a estos apoyos deberán de cumplir con los requisitos previstos en este mismo ordenamiento para ser elegibles para recibir los pagos a que se refieren estas bases.

El Comité Técnico del Fideicomiso previsto en la presente ley queda facultado para decidir las reglas y determinar los procedimientos para los actos de administración y dominio que realice sobre los bienes a que se refieren las fracciones IV y V del artículo 5o. de esta ley.

Quinta. El ahorrador deberá manifestar por escrito que cede sus derechos de crédito a favor del fideicomiso; que renuncia expresamente al pago de los intereses que se hayan generado a su favor y los que puedan generarse hasta el momento en que se efectúe el pago y que no se reserva acción ni derecho alguno que pueda existir a su favor, en contra de la sociedad insolvente de que se trate, del fideicomiso o de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por los actos que deriven de esta ley.

Los títulos de crédito o los documentos comprobatorios deberán ser entregados al fiduciario contra el pago realizado.

Sexta. La fiduciaria podrá subrogarse en todos los derechos tanto de crédito como de carácter litigioso que deriven de los títulos de crédito o los documentos entregados por los ahorradores, conforme lo determine el Comité Técnico.

La fiduciaria en ningún caso podrá beneficiarse de algún saldo remanente a favor, en cambio estará obligada a coadyuvar con el Ministerio Público en las causas penales vinculadas con los procesos que se contemplan en esta ley, hasta su conclusión.

Séptima. El Comité Técnico del Fideicomiso determinará mediante reglas de carácter general los requisitos que deben reunir los títulos de crédito o documentos comprobatorios para ser considerados válidos y los métodos de identificación de los ahorradores.

Octava. Los ahorradores que tengan obligación de presentar declaración anual del Impuesto Sobre la Renta deberán adjuntar las declaraciones realizadas durante los años en que hubieran sido ahorradores de una sociedad, hasta por un máximo de cinco años o bien, durante el tiempo que hubiesen estado obligados a presentarla, si ésta es menor a la vigencia del título de crédito o documento comprobatorio correspondiente.

Artículo 12. El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2001 dispondrá de una partida de 500 millones de pesos que se destinará exclusivamente para las, acciones que el fideicomiso realice con el propósito de apoyar el fortalecimiento de las sociedades que registren problemas graves de liquidez y/o solvencia.

Artículo 13. El Comité Técnico del Fideicomiso con base en la información de la auditoría correspondiente, determinará cuándo es viable la recuperación financiera de una sociedad que presente problemas de liquidez y/o solvencia, en su caso, el monto necesario para su fortalecimiento, al que se refiere el artículo anterior.

Las sociedades que se encuentren en este supuesto, deberán cumplir además con los siguientes requisitos:

I. Justificar la viabilidad operativa y financiera de la sociedad y la idoneidad del apoyo mediante la práctica de una auditoría, que reúna los requisitos que determine el Comité Técnico del Fideicomiso;

II. Determinar que como consecuencia de los resultados de la auditoría, es más conveniente que dicha sociedad se mantenga en operación, porque tal opción se considere razonablemente menos costosa que liquidarla;

III. Presentar un programa de saneamiento;

IV. Acreditar que durante los seis meses anteriores a la entrada en vigor de la presente ley, las tasas de interés pactadas para los depósitos de dinero e inversiones de sus ahorradores, fueron inferiores al 80% de la tasa de interés interbancaria de equilibrio, o en su defecto, la tasa de interés que en su caso la sustituya y

V. Otorgar garantías a satisfacción del Comité Técnico.

Artículo 14. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá emitir reglas de carácter general a efecto de proveer a la mejor observancia de los preceptos de esta ley.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Para efectos de esta ley el fideicomiso se considerará constituido en la misma fecha a que se refiere el artículo anterior.

Tercero. El periodo durante el cual operará el fideicomiso que administrará el fondo para el fortalecimiento de sociedades y cooperativas de ahorro y préstamo y de apoyo a sus ahorradores será de dos años contados a partir del inicio de sus actividades o cuando se extinga su patrimonio en los términos de esta ley, lo que ocurra primero.

Si al término de su operación existiesen remanentes de recursos públicos, éstos se aplicarán al fondo o fondos que existan para asegurar el debido funcionamiento de las sociedades dedicadas al ahorro y crédito popular, que sean regulados mediante una ley que tenga por objeto regular, promover y facilitar el servicio de captación de recursos, colocación de crédito y otorgamiento de otros servicios financieros por parte de las mismas. De no existir tales fondos se reintegrarán a la Tesorería de la Federación.

Cuarto. Los pagos a los ahorradores afectados se iniciarán a más tardar 10 días hábiles después del día en que se hayan cumplido los requisitos previstos en esta ley y continuarán en el orden sucesivo en que se presenten dichos ahorradores, efectuando pagos hasta agotar el patrimonio del fideicomiso conforme a lo previsto al artículo 5o. de esta ley, con excepción de los recursos previstos para el saneamiento de las sociedades a que se refiere el artículo 12 de este mismo ordenamiento.

Sin menoscabo de lo anterior, una vez que el saldo del patrimonio del fideicomiso sea igual o inferior a 175 millones de pesos, éste deberá iniciar los trámites necesarios para su extinción.

Quinto. Para efectos de la aportación que deberá fideicomitir la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en términos del artículo 9o. de esta ley, ésta se realizará a través de ampliación líquida con cargo a un monto adicional de gasto programable al previsto en los artículos 35 fracción I inciso e y 84, penúltimo párrafo del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2000. En caso de que esta ampliación no sea suficiente, se deberá prever la erogación correspondiente con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2001.

Sexto. Para los propósitos de esta ley, se adiciona el primer párrafo del artículo 51-B de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito.

Artículo segundo. Se adicciona el primer párrafo del artículo 51-B de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, para quedar como sigue:

“Artículo 51-B. El Gobierno Federal y las entidades de la administración pública paraestatal no podrán responsabilizarse ni garantizar el resultado de las operaciones que realicen las organizaciones auxiliares de crédito y casas de cambio, así como tampoco asumir responsabilidad alguna de las obligaciones contraídas con sus socios o con terceros. Lo anterior salvo que, en el caso de las organizaciones auxiliares de crédito a que se refiere el artículo 38-A de esta ley, exista provisión presupuestaria específica, aprobada por autoridad competente.”

ARTICULO TRANSITORIO

Primero. La adición al artículo 51-B de la ley mencionada en el artículo anterior entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo.— San Lázaro, 18 de diciembre de 2000.— Diputados: Oscar Guillermo Levín Coppel, PRI; Jorge Alejandro Chávez Presa, PRI; José Manuel Minjares Jiménez, PAN; César Alejandro Monraz Sustaita, PAN; Rosalinda López Hernández, PRD; Enrique Alonso Aguilar Borrego, PRI; Manuel Añorve Baños, PRI; Miguel Arizpe Jiménez, PRI; Florentino Castro López, PRI; Enrique Octavio de la Madrid Cordero, PRI; Roberto Javier Fuentes Domínguez, PRI; Guillermo Hopkins Gámez, PRI; Salvador Rocha Díaz, PRI; Reyes Antonio Silva Beltrán, PRI; José Luis Ugalde Montes, PRI; José Francisco Yunes Zorrilla, PRI; Enoch Araujo Sánchez, PAN; Julio Castellanos Ramírez, PAN; Francisco de Jesús de Silva Ruiz, PAN; Francisco Javier García Cabeza de Vaca, PAN; Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, PAN; Luis Alberto Pazos de la Torre, PAN; Francisco Raúl Ramírez Avila, PAN; Arturo San Miguel Cantú, PAN; Hugo Adriel Zepeda Berrelleza, PAN; José Antonio Magallanes Rodríguez, PRD; Emilio Ulloa Pérez, PRD; Francisco Agundis Arias, PVEM y Gustavo Riojas Santana, PSN.»

«De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores y se adiciona el artículo 51-B de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito.

Aprobado el martes 19 de diciembre, con 446 votos en pro, uno en contra y dos abstenciones.

Votación. Turnado al Senado de la República para los efectos constitucionales. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el viernes 29 de diciembre de 2000. Gaceta Parlamentaria, número 654, martes 19 de diciembre de 2000.»

«Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, presentada por el diputado Omar Fayad Meneses, del grupo parlamentario del PRI, en la sesión del martes 27 de noviembre de 2001.

El suscrito diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LVIII legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este honorable pleno la presente iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, de conformidad con la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

En el primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de gestión de esta LVIII Legislatura, motivados por la problemática que había suscitado la mala operación de las llamadas cajas de ahorro, fue aprobada la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, y publicada en el Diario Oficial de la Federación del 29 de diciembre del año 2000, con la noble intención de dar una pronta solución a este conflicto social, que fue calificado como de interés público.

A 10 meses de haber sido aprobada la creación de este instrumento, los resultados obtenidos por el Gobierno Federal, en convenio con los gobiernos de los estados afectados, en el proceso de restitución del patrimonio a cientos de mexicanos, ha sido sólo parcial.

Debido a la experiencia derivada de la aplicación del objeto del fideicomiso, consideramos que la solución planteada no fue suficiente, en virtud de que los lineamientos marcados por la ley que lo regula, sólo apoyó a un número determinado de sociedades de ahorro y crédito, pero no así, a muchas otras instituciones que si bien se crearon de manera distinta a lo previsto por la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito o a la Ley General de Sociedades Cooperativas, sí realizaban actividades de ahorro y crédito, por lo que en estricto sentido, cumplían con la misma finalidad.

Al razonar esto, debemos tomar en cuenta que esta situación nada tuvo que ver con la voluntad de los ahorradores defraudados, ya que es entendible que por desconocimiento del complicado marco jurídico en esta materia, no supieron advertir el riesgo que implicaba confiar y dejar sus ahorros en manos de personas que no sólo los despojaron de su patrimonio, sino que hicieron caso omiso de las disposiciones y previsiones financieras y legales para operar esta clase de negocios.

Ahora, con profunda pena y preocupación les refiero que la desesperante e impotente situación que desde hace años han venido padeciendo muchos ahorradores defraudados del país, aún subsiste.

Esto es provocado porque la ley que crea el fideicomiso, en su artículo 7o., prevé que sólo serán beneficiarias del mismo, las sociedades y cooperativas que se hayan constituido bajo la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito y la Ley General de Sociedades Cooperativas, impidiendo que muchos ahorradores en el país, cuyas agrupaciones de ahorro y préstamo que los defraudaron se constituyeron bajo otras figuras jurídicas como sociedades civiles, sociedades anónimas de capital variable, asociaciones civiles o sociedades cooperativas de responsabilidad limitada, sean beneficiados.

En estas circunstancias, existen diversos ejemplos en Hidalgo, Coahuila, San Luis Potosí, Sinaloa, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Oaxaca, Tabasco, Aguascalientes, Chihuahua, Nayarit, Durango, Baja California, Baja California Sur, Estado de México y Zacatecas, lo que denota que el fideicomiso resolvió parcialmente la problemática de sólo algunos de los ahorradores de las cajas que cumplían los requisitos establecidos por la ley.

Adicionalmente a lo anterior, también debemos sumar la limitante que establece la base segunda del artículo 11 de esta ley, respecto del monto de pago a los ahorradores, al referir que será de 19 veces el monto básico (190 mil pesos); precepto que dejó fuera del beneficio del fideicomiso a muchos ahorradores, cuyas cajas sí reúnen los requisitos establecidos en el artículo 8o. para ser beneficiadas, pero el monto de lo que reclaman haber ahorrado rebasa, aunque sea en una cantidad mínima, el límite fijado en el propio artículo 11.

Debido a estas restricciones establecidas en el texto publicado, los diputados de diversos estados de la República que recibimos de viva voz el reclamo de nuestros representados, consideramos que gran parte del problema social que dio origen a este fideicomiso aún existe, habiendo cientos de ahorradores de bajos recursos que por simples tecnicismos jurídicos, aún siguen reclamando ayuda para restituir, en alguna medida, su patrimonio.

Por ello, es necesario y urgente reformar la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, para que también sean beneficiados los ahorradores cuyas cajas de ahorro se constituyeron bajo otras figuras jurídicas diversas a las que ahora se exigen como requisito y para aumentar el monto de pago que permita beneficiar a los ahorradores que reclaman montos superiores a 190 mil pesos y que ahora, no tienen ninguna posibilidad de recuperar su dinero.

La reforma que aquí se plantea, propone reformar el artículo 7o., para incluir en su texto a las entidades legalmente constituidas como sociedades civiles, sociedades anónimas de capital variable, asociaciones civiles y cooperativas de responsabilidad limitada, cuya actividad era la de ahorro y préstamo.

Como consecuencia de la reforma a este artículo, se plantea también la reforma a la fracción II del artículo 8o., para adicionar los requisitos de haber presentado las denuncias penales correspondientes y el haber dejado de realizar actividades de ahorro y préstamo con antelación al 30 de noviembre de 2000, para que sean cumplidos por las cajas de ahorro que están siendo incluidas por esta reforma, ya que si se está ampliando el número de cajas beneficiadas, esto permitiría controlar el acceso para que realmente sean apoyados quienes demuestren fehacientemente tener derecho a ser incluidos por el fideicomiso.

Esta iniciativa propone también la reforma a las bases primera, segunda y tercera del artículo 11, para aumentar de 19 veces (190 mil pesos) a 24 veces el monto de pago básico (240 mil pesos) con el 70% de dicho saldo; así como para establecer que aquellos ahorradores de más de 24 veces el monto de pago básico (240 mil pesos), que así lo decidan, puedan optar por apegarse al beneficio de la ley para recibir el 70% de 24 veces el monto de pago básico (240 mil pesos); reformas que permitirán dar acceso a los ahorradores de todo el país que en mayor medida resultaron perjudicados con los fraudes.

Para la obtención de los recursos con los que se hará frente a la reforma que se plantea, se hace necesaria la reforma y adición del artículo 12 de este ordenamiento.

El artículo 12 actualmente establece la cantidad de 500 millones de pesos para destinarse exclusivamente a las acciones que el fideicomiso realice con el propósito de apoyar el fortalecimiento de las sociedades que registren problemas graves de liquidez y/o solvencia.

Este párrafo, se reformaría quitando la palabra “exclusivamente” y adicionando al final de su texto la frase “y/o para apoyo al pago de los ahorradores”, con lo que abre la posibilidad de que el uso de este dinero se reoriente con un mayor sentido social, conformando la primera aportación inicial para resarcir a los ahorradores defraudados que abarcan los supuestos que incluye esta reforma.

Consideramos que es necesario darle una mayor rentabilidad social al dinero que contempla este artículo 12, ya que de usarse únicamente para lo que actualmente dispone su texto, se estaría beneficiando a un reducido número de personas que dirigen y reciben los beneficios de los negocios de las cajas de ahorro. Además de que se estaría dando la posibilidad de que los titulares de dichos negocios, tomen a la ligera la responsabilidad de responder a sus obligaciones, debido a que visualicen la posibilidad de ser apoyados con recursos del fideicomiso para hacer frente al mal manejo de sus cajas de ahorro.

La redacción actual de este artículo 12, dispone el rescate de los dueños y el saneamiento de esta clase de negocios, lo que bajo las circunstancias que padecen aún ahorradores de fraudados de varios estados del país, definitivamente debe de pasar a un segundo plano y los recursos que ahí se prevén, deben ser destinados en su totalidad al resarcimiento de un número mayor de ahorradores que no tienen ninguna esperanza de ver recuperado su dinero.

Es importante mencionar, que al día de la presentación de esta iniciativa, este fondo de 500 millones de pesos, se encuentra intacto en su monto y se está en aptitud de aplicarlo en beneficio de los ahorradores y no de los defraudadores.

Además de esta reforma, se propone adicionar un nuevo párrafo al artículo 12, para prever una partida adicional por 1 mil millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2002.

Como lo prevé la ley en cuestión, los ahorradores al momento de ser beneficiados al 70% por el fideicomiso, ceden sus derechos de crédito al 100% a favor del mismo, por lo que la Federación repondrá las cantidades señaladas, que ahora se solicita se aporten para el pago a los ahorradores, a través de las sumas de dinero y bienes que con toda seguridad obtendrá a la conclusión de los juicios respectivos.

Esta cantidad que se solicita del Presupuesto 2002, adicional a los ya existentes 500 millones de pesos que prevé el propio artículo 12, permitiría contar con un fondo total de 1 mil 500 millones de pesos más, que estarían destinados a dar una solución ampliamente incluyente y prácticamente total, a este grave problema social que sigue aquejando a muchos mexicanos de escasos recursos, en su mayoría amas de casa, viudas, jubilados y pensionados, que fueron engañados y que vieron perdido de manera espontánea su patrimonio producto de muchos años de trabajo y esfuerzo y que hasta el día de hoy, no obstante la expedición de la ley que creó el fideicomiso, ven nulas posibilidades de recuperarlo, aunque sea, en algún porcentaje.

Por último, se hace necesario reformar la fracción I del artículo 5o., con el propósito de adecuarlo a las cantidades que se están solicitando del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2002, así como modificar su vigencia de dos a cuatro años, contados a partir del inicio de actividades del fideicomiso o cuando se extinga su patrimonio, lo que ocurra primero.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este honorable pleno el presente proyecto de

INICIATIVA

De decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.

Artículo primero. Se reforma la fracción I del artículo 5o. para quedar como sigue:

“Artículo 5o. ...

I. Las aportaciones del Gobierno Federal por 1 mil 785 millones de pesos a que se refiere el artículo 9o. de esta ley y de los recursos a que se refiere el artículo 12 de la misma. Estos montos se administrarán en subcuentas independientes entre sí y distintas a aquella en que se administre el resto de las aportaciones.”

Artículo segundo. Se reforma el párrafo primero del artículo 7o. para quedar como sigue:

“Artículo 7o. Se entenderá por sociedades a las sociedades de ahorro y préstamo y a las cooperativas de ahorro y préstamo a que hace referencia la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito y la Ley General de Sociedades Cooperativas, respectivamente; así como a las sociedades civiles, sociedades anónimas de capital variable, asociaciones civiles y sociedades cooperativas de responsabilidad limitada, que hayan ofrecido y prestado servicios al público, similares o equivalentes, a las actividades de ahorro y préstamo autorizadas.”

Artículo tercero. Se reforma la fracción II del artículo 8o., para quedar como sigue:

“Artículo 8o. ...

I. ...

II. Haber iniciado los trámites para efectuar los procesos de auditoría con el propósito de determinar su insolvencia con antelación al 30 de noviembre de 2000 y que dichos procesos se hubiesen pagado con recursos públicos o sean, en su caso, aprobados por el Comité Técnico a que se refiere el artículo 3o. de esta ley, y/o haber presentado las denuncias penales correspondientes y haber dejado de realizar actividades de ahorro y préstamo con antelación al 30 de noviembre de 2000.”

Artículo cuarto. Se reforman las bases primera, segunda y tercera del artículo 11, para quedar como sigue:

“Artículo 11. ...

...

...

Bases generales

Primera. Todo ahorrador que tenga un saldo neto de ahorro igual o menor a $240,000.00 recibirá el 70% de dicho saldo.

Segunda. Los ahorradores cuyo saldo neto de ahorro rebase la cantidad de 240 mil pesos, podrán apegarse al beneficio de la presente ley, para recibir el 70% de 240 mil pesos cediendo sus derechos de crédito a favor del fideicomiso, de conformidad con lo establecido en la base quinta del artículo 11 de esta ley.

Tercera. Para los ahorradores que no se acojan a esta ley, quedarán a salvo sus derechos para ejercer las acciones legales que correspondan.”

Artículo quinto. Se reforma y adiciona el artículo 12 para quedar como sigue:

“Artículo 12. El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2001 dispondrá de una partida de 500 millones de pesos que se destinará para las acciones que el fideicomiso realice con el propósito de apoyar el fortalecimiento de las sociedades que registren problemas graves de liquidez y/o para apoyo al pago de los ahorradores.

De igual forma, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2002, se dispondrá de una partida de 1 mil millones de pesos, que se destinarán para los pagos a ahorradores previstos en esta ley.”

Artículo sexto. Se reforma el artículo tercero y cuarto transitorios, para quedar como sigue:

“ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. ...

Segundo. ...

Tercero. El periodo durante el cual operará el fideicomiso que administrará el fondo para el fortalecimiento de sociedades y cooperativas de ahorro y préstamo y de apoyo a sus ahorradores será de cuatro años contados a partir del inicio de sus actividades o cuando se extinga su patrimonio en los términos de esta ley, lo que ocurra primero.

...

Cuarto. Los pagos a los ahorradores afectados se iniciarán a más tardar 10 días hábiles después del día en que se hayan cumplido los requisitos previstos en esta ley y continuarán en el orden sucesivo en que se presenten dichos ahorradores, efectuando pagos hasta agotar el patrimonio del fideicomiso conforme a lo previsto al artículo 5o. de esta ley.”

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo previsto por este decreto.

Tercero. El Comité Técnico del Fideicomiso deberá publicar nuevamente dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el procedimiento conforme al cual se llevará a cabo el pago correspondiente a que alude el artículo 11 de la ley, respetando las formalidades y plazos consignados en este numeral para que el fideicomiso efectúe los pagos derivados de sus fines.

Diputado Omar Fayad Meneses.»

«De reformas a la Ley que Crea el Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Coo-perativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, presentada por el diputado José Delfino Garcés Martínez, del grupo parlamentario del PRD, en la sesión del martes 27 de noviembre de 2001.

CONSIDERANDO

Que los ahorradores de diversas cajas de ahorro cooperativas y sociedades de ahorro y préstamo fueron afectados en su patrimonio por acciones y omisiones del Gobierno Federal.

Que tanto por la razón anteriormente expuesta como por el amplio número de afectados el Congreso de la Unión tuvo a bien crear el fondo referido y proceder al resarcimiento hasta el 70% a todos los afectados con hasta 190 mil pesos de ahorro e inversión mediante la aprobación de la ley que nos ocupa.

Que al momento de tomarse esa decisión el Gobierno Federal aseguró a los diputados que el resto de los afectados podrían recuperar sus ahorros por vía de la liquidación de los bienes de dichas sociedades y que hasta la fecha no se ha podido liquidar bien alguno y los ahorradores no han recibido en consecuencia ningún pago.

Que el Gobierno Federal por conducto de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mantiene asegurados los bienes a nombre del apoderado legal de las cooperativas de ahorro en 24 entidades federativas sin que se haya podido concluir el proceso correspondiente por lavado de dinero y crimen organizado.

Que el proceso que se sigue a José Cirilo Ocampo Verdugo, virtud al cual no han podido recuperar los   ahorradores de dichas cooperativas sus recursos habrá de ser ganado por la autoridad responsable según la información oficial proporcionada y ello hará inviable la operación del fideicomiso denominado FICAH establecido por el Gobierno anterior en julio de 2000 puesto que los bienes ingresarán como lo manda la ley al dominio público.

Que en la ley en comento el honorable Congreso dispuso se dotara al fondo de 500 millones de pesos correspondientes al ejercicio del año 2001 para efectos de apoyar el fortalecimiento de las sociedades que registren problemas graves de liquidez y/o solvencia.

Que hasta el momento dichos recursos no han sido destinados al fondo ni éste ha ejercido ninguna acción con el fin referido puesto que el propio Congreso ha resuelto por mandato de la ley establecer el Banco Nacional de Ahorro Popular con esos fines.

Que según la información que ha proporcionado tanto el FICAH como el Sistema de Bienes Asegurados a los diputados los bienes asegurados representan al menos 490 millones de pesos y que como se ha expuesto ingresarán al dominio público en el futuro:

Que los ahorradores, como lo demuestra la auditoría  ordenada por el Gobierno Federal son ahorradores legítimos y no se derivan de sus depósitos operaciones delictuosas y que han sido privados de su patrimonio indefinidamente por actos de particulares pero también y de manera destacada, por las acciones de la autoridad por lo que se actualiza el principio de la reparación del daño que el honorable Congreso de la Unión acertadamente estableció en la ley de referencia.

Que se propone la utilización de los 500 millones ya dispuestos por el honorable Congreso para aplicarlos al pago de los ahorradores con inversiones superiores a los 190 mil pesos y a cambio que el Gobierno Federal mantenga desde luego la totalidad de los bienes asegurados comentados, a fin de resarcir completamente al erario público.

Que los 500 millones referidos se aplicarían para los casos de las sociedades incluidas en la ley de conformidad a la proporción que establezca el Comité Técnico del Fideicomiso que administrara el fondo que tuvo a bien establecer el honorable Congreso considerando la disponibilidad de bienes proveniente de cada sociedad con los que pueda resarcirme al erario público para evitar presiones adicionales a las finanzas públicas:

Que a dos meses del término del ejercicio fiscal correspondiente al año 2001 los 500 millones referidos no han sido aplicados por lo que es de concluirse que  la urgencia de su utilización en los fines originalmente previstos no se ha actualizado. Por lo que se propone que en vez de ser devueltos a la Tesorería de la Federación se apliquen como se ha descrito para subsanar el sentido discriminatorio que originalmente tuvo la ley en contra de quienes tenían ahorros superiores a los 190 mil pesos a la luz de la información que proporcionaba el gobierno anterior en cuanto a la existencia de los bienes referidos y a los plazos próximos que se planteaban para la culminación de los juicios y procedimientos a cargo de la autoridad federal.

Que la ley de referencia estableció limitaciones para apoyar a sociedades distintas a las de Ahorro y Préstamo y Cooperativas por lo que quedaron excluidos numerosos ahorradores que enfrentan condiciones similares a las de aquellos que la ley en referencia permitió resarcir y que debe hacerse un esfuerzo para dar trato igual a quienes resultaron afectados por problemas similares.

Se presenta a su consideración la siguiente iniciativa de reformas y adiciones a la ley en comento:

Artículo 11, base tercera:

Tercera: Los ahorradores cuyo saldo neto de ahorro rebase el equivalente a 19 veces el monto básico podrán recibir la recuperación de dicho saldo con recursos provenientes de otras fuentes, quedando a salvo sus derechos a ejercer las acciones legales que correspondan, así como de los pagos que pueda acordar el comité técnico cuando existan los recursos necesarios y se reúnan las condiciones que apruebe.

Artículo 12. El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del Año 2001 dispondrá de una partida de 500 millones de pesos que se destinará a las acciones que el fideicomiso realice con el propósito de apoyar el fortalecimiento de las sociedades que registren problemas graves de liquidez y/o solvencia, así como para el pago a ahorradores previsto en el artículo 11 base tercera.

ARTICULOSTRANSITORIOS

Artículo séptimo. Para el caso de los recursos previstos en el artículo 12 para el ejercicio fiscal de 2001 que no se hubiese ejercicio con antelación al mes de octubre, el comité técnico podrá disponer su aplicación al pago de los ahorradores previsto en el artículo 11 base tercera de la presente ley. En ese caso, no serán necesarios los convenios que dispone el artículo 10 y el Comité Técnico deberá publicar los procedimientos de pago antes del 31 de diciembre para proceder al pago a los beneficiarios.

Los pagos que se efectúen al amparo de esta disposición no podrán exceder en ningún caso el 70% del saldo neto del ahorro del beneficiario, y de un monto de hasta 300 mil pesos.

Por otro lado, existen algunas cajas de ahorro que con la fórmula jurídica de sociedades civiles o mercantiles o aún de simples asociaciones, enfrentaron problemas similares a los de las sociedades de ahorro y préstamo  y cooperativas de ahorro popular e iniciaron procesos  de carácter penal y mercantil quedando, sin embargo  fuera de los preceptos de ley de referencia principalmente debido a que en ese entonces esta Cámara de Diputados legisló con base a la información parcial e  incompleta que le remitió el Ejecutivo Federal a la fecha, una vez conocida la dimensión de dichos casos, especialmente en los estados de Hidalgo, Sinaloa, Coahuila y Jalisco, se propone que se repare la iniquidad que involuntariamente se generó al dar un trato diferente a ahorradores afectados en circunstancias similares, de ahí que el Partido de la Revolución Democrática presenta la iniciativa correspondiente para que en el Programa de Apoyo a Entidades Federativas del ejercicio 2002 se transfieran a las entidades federativas, afectadas la suma de 700 millones de pesos para sufragar el pago a los ahorradores referidos ejerciendo dichos recursos con arreglo a lo que disponga el presupuesto de Egresos de la Federación y las disposiciones aplicables de las legislaturas estatales.

Palacio Legislativo, a 27 de noviembre de 2001.— Diputado José Delfino Garcés Martínez.»

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Túrnese a las comisiones de Fomento Cooperativo y Economía Social y de Hacienda y Crédito Público.

ESTADO DE ZACATECAS

El Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LVII Legislatura.— Zacatecas.

Diputados secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

De conformidad con lo establecido por los artículos 57 de la Constitución Política del Estado, 32 y 41 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, por este conducto me permito comunicar a ustedes que, en sesión solemne de esta misma fecha, la LVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas dio inicio a su primer periodo de sesiones ordinarias, dentro del segundo año de su ejercicio constitucional, quedando integrada la Mesa Directiva que presidirá los trabajos del primer mes de la manera siguiente:

Diputados: Santos Antonio González Esparza, presidente; Filomeno Pinedo Rojas, vicepresidente; Joel Arce Pantoja, primer secretario; Ismael Murillo Murillo, segundo secretario.

Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos correspondientes.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Zacatecas, Zacatecas, a 8 de septiembre de 2002.— La LVII Legislatura del Estado.— Diputado Ismael Murillo Murillo, secretario.»

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

De enterado.

La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LVII Legislatura.— Zacatecas.

Diputados secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Por este conducto me permito comunicar a ustedes que, a partir del día 7 de los actuales mes y año, el diputado profesor Marco Vinicio Flores Chávez asumió la presidencia de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, órgano de gobierno de la LVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas.

Lo que hago de su conocimiento para los efectos correspondientes.

Les reitero las seguridades de mi distinguida consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Zacatecas, Zacatecas, a 9 de septiembre de 2002.— La LVII Legislatura del Estado.— Licenciado José Guadalupe Rojas Chávez, oficial mayor.»

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

De enterado.

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Asamblea Legislativa del Distrito Federal.— II Legislatura.

Diputada Beatriz Paredes Rangel, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por este conducto me permito comunicar a usted que la Mesa Directiva que coordinará los trabajos durante el primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, II Legislatura, correspondiente al periodo comprendido del 1o. al 31 de octubre de 2002 quedó integrada por los siguientes diputados:

Miguel Angel Toscano Velasco, presidente; Fernando Espino Arévalo, Adolfo López Villanueva, Maximino A. Fernández Avila, Lorena Ríos Martínez, vicepresidentes; Federico Mora Martínez, Alicia Irina del Castillo Negrete y Barrera, secretarios; Marcos Morales Torres y Jaime Guerrero Vázquez, prosecretarios.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración atenta y distinguida.

Recinto Legislativo, a 26 de septiembre de 2002.— Por la Mesa Directiva.— Diputado Gilberto Ensástiga Santiago, presidente.»

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

De enterado.

 

BRASIL

La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta Secretaría de Gobernación solicitando se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III apartado c del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el doctor Luis Ernesto Derbez Bautista pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional de Cruzeiro do Sul en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República Federativa de Brasil.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión solicitando el permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento y copias simples de su curriculum vitae y de la notificación en que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.

Agradezco a ustedes su atención a la presente, reiterándoles la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 24 de septiembre de 2002.— Licenciado M. Humberto Aguilar Coronado, subsecretario.»

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta Secretaría de Gobernación solicitando se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III apartado c del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el ciudadano Rodolfo Elizondo Torres pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional de Cruzeiro do Sul en grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de la República Federativa de Brasil.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión solicitando el permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento y copias simples de su curriculum vitae y de la notificación en que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.

Agradezco a ustedes su atención a la presente, reiterándoles la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 25 de septiembre de 2002.— Licenciado  M. Humberto Aguilar Coronado, subsecretario.»

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación solicitando se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III apartado c del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la embajadora Amanda Mireya Terán Munguía pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional de Cruzeiro do Sul en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República Federativa de Brasil.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta de la interesada dirigida al honorable Congreso de la Unión solicitando el permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento y copias simples de su curriculum vitae y de la notificación en que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.

Agradezco a ustedes su atención a la presente, reiterándoles la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 25 de septiembre de 2002.— Licenciado  M. Humberto Aguilar Coronado, subsecretario.»

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta Secretaría de Gobernación solicitando se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III apartado c del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el general de brigada DEM José Armando Tamayo Casillas pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Río Branco en grado de Gran Cruz que le confiere el Gobierno de la República Federativa de Brasil.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión solicitando el permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento y copias simples de su curriculum vitae y de la notificación en que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.

Agradezco a ustedes su atención a la presente, reiterándoles la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 24 de septiembre de 2002.— Licenciado  M. Humberto Aguilar Coronado, subsecretario.»

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

 

VENEZUELA

El Secretario diputado Adrián Rivera Pérez:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación, solicitando se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado c del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el general de brigada DEM Jesús Ernesto Estrada Bustamante, pueda aceptar y usar las condecoraciones de la Orden al Mérito “Estrella de Carabobo” en su Unica Clase y de la Legión al Mérito Aeronáutico en su Segunda Clase, que le confiere el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, los originales de las cartas del interesado dirigidas al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento y copias simples de su curriculum vitae y de las notificaciones en las que se le comunica la intención de otorgarle las condecoraciones de que se trata.

Agradezco a ustedes su atención a la presente, reiterándoles la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 27 de septiembre de 2002.—Licenciado  M. Humberto Aguilar Coronado, subsecretario.»

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

SECRETARIA DE ECONOMIA

El Secretario diputado Adrián Rivera Pérez:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Se recibió en esta Secretaría el oficio número 400.2002.0319 de fecha 17 del mes en curso, signado por los ciudadanos María del Rocío Ruiz Chávez, subsecretaria de Comercio Interior de la Secretaría de Economía y Francisco Javier Mayorga Castañeda, director en jefe de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, mediante el que solicitan se les haga llegar el informe trimestral relativo a la asignación y el ejercicio de las cuotas mínimas libres de arancel acordadas por nuestro país en diversos tratados de libre comercio; así como sobre las cuotas adicionales que se determinen en términos del artículo cuarto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el presente les acompaño el informe de referencia.

Reitero a ustedes la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 27 de septiembre de 2002.—Licenciado  M. Humberto Aguilar Coronado, subsecretario.»

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.

 

LEY DE AMNISTIA

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Pasamos al capítulo de iniciativas. En consecuencia, se ofrece el uso de la palabra a la diputada Irma Piñeyro Arias, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa de Ley de Amnistía para las personas que hubieren alterado la vida constitucional y la seguridad pública por móviles de reivindicación social de los indígenas en la región Loxicha del estado de Oaxaca.

La diputada Antonia Irma Piñeyro Arias:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras diputadas; compañeros diputados:

Iniciativa de Ley de Amnistía para las personas que hubieren alterado la vida institucional y la seguridad pública por móviles de reivindicación social de los indígenas de la región Loxicha del estado de Oaxaca.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La vigencia de la ley es un bien inestimable en toda sociedad. Ese es un principio que nos hemos acostumbrado a valorar como ordenador de la vida social. No todos los seres humanos estamos sometidos a la misma realidad ni tenemos por supuesto las mismas oportunidades de optar por destinos dentro de satisfactores y normas establecidas y aceptadas por el orden jurídico.

Muchos de nuestros compatriotas han optado, suponemos que se han visto obligados a hacerlo, por otras soluciones para su vida y la de los suyos. El elegir un camino diferente para encauzar sus demandas, el decidir quebrantar las normas tiene motivos muy fuertes y raíces muy hondas.

La necesidad de ser escuchados, de plantear sus peticiones que nuestras leyes reconocen pero no siempre facilitan, ha llevado a hermanos oaxaqueños a tomar las armas. Tal vez ignorando que la violencia no es el camino fácil ni idóneo para la solución de problemas de cambio estructural que necesitan de coyunturas apropiadas y voluntades conjuntas.

Aunque la ignorancia de la ley no sirve de excusa para su incumplimiento, los legisladores tenemos que tener presente que no siempre se les trató de acuerdo a su desigualdad económica, social y cultural. La cuesta de la marginación, la pobreza, la falta de oportunidades, no es fácil de remontar en situaciones adversas muy difíciles.

Estas consideraciones no conllevan una disculpa, que no la hay para la violación de la ley, pero sí a la comprensión de la desesperanza, a la explicación de conductas fuera del marco legal que han sido inspiradas como reivindicación ante situaciones inequitativas, son indígenas pobres entre pobres.

Tampoco olvidamos la situación de las mujeres loxichas que han vivido ancestralmente en la marginación, monolingües en su mayoría, con un elevado índice de analfabetismo, múltiples embarazos, desnutrición y excesivas jornadas de trabajo. Que se han visto enfrentadas a situaciones que les obligaron a tomar actitudes sin precedentes en sus vidas de usos y costumbres. El temor las desplazó de la vida comunitaria, resquebrajó los lazos tradicionales, las dejó a un lado del devenir cotidiano, lo cual significó otra forma de violencia.

La historia nos habla sólo de los hombres. Cinco años de investigaciones, actuaciones y testimonios no nos refieren el destino de estas mujeres loxichas que tomaban el lugar de los hombres de su familia y además se organizaron en comités para luchar por su libertad, en medio del temor y la discriminación.

Si bien los procesos a quienes delinquieron en la región Loxicha del estado de Oaxaca los estamos revisando bajo la perspectiva de la justicia y los derechos humanos, tenemos claro que la posible excarcelación bajo la forma que sea, debe ser realizada sólo por las vías jurídicas correspondientes dentro de la técnica legal más inobjetable, para no violentar un Estado de Derecho que a todos debe proteger.

La paz como bien de la comunidad debe ser preservada mediante los medios que nuestra Constitución Política nos proporciona. Entendemos que una ley es medio apropiado para curar las heridas de un grupo humano que ha sido lastimado por la historia y soslayado por el desarrollo. Se han girado cientos de órdenes de aprehensión para sus integrantes. Hay que dejar claro que una amnistía general es un asunto de Estado, que impacta a la sociedad y a las autoridades competentes para su aplicación. Por lo cual proponemos un proyecto específico, diseñado de la manera que creemos más apropiada para su acuciosa delimitación que facilite la reinserción de los involucrados de manera pacífica en sus familias, comunidades, municipios y regiones.

En el marco de este espíritu conciliador y por iniciativa del gobernador de la entidad, José Murat, la LVIII Legislatura del Estado de Oaxaca, aprobó el 8 de diciembre del año 2000 una Ley de Amnistía para el Estado de Oaxaca, para los delitos del ámbito estatal, por la cual obtuvieron la libertad 214 personas comprendidas en sus supuestos. Asimismo, se exhortó a este honorable Congreso de la Unión, a fin de que legisle en términos similares para brindar amnistía por delitos del orden federal.

El proyecto de Ley de Amnistía para las personas que hubieren alterado la vida institucional y seguridad pública por móviles de reivindicación social de los indígenas de la región Loxicha del estado de Oaxaca, es un texto que acota los sujetos, el espacio y el tiempo y se refiere a delitos del orden federal.

La intención es que su aplicación sea cierta, eficiente y no se presente la posibilidad de hacer una interpretación extensiva a casos que no estén comprendidos en esta iniciativa, cuyo objetivo es el logro de la distensión y la paz social en el estado.

Es por eso que en esta iniciativa de Ley de Amnistía, se ha tenido en cuenta la necesidad de una definición clara de los tres elementos enunciados: a) sujetos, b) ámbito espacial de aplicación de la norma y, c) delimitación del tiempo que comprenderán los actos objeto de esta ley.

a) Los sujetos de esta norma serán los enunciados en el título, es decir, las personas que impulsadas por motivaciones sociales cometieron actos presuntamente delictivos que alteraron la seguridad y la normalidad de las instituciones y de la sociedad.

b) El ámbito espacial queda delimitado en el artículo 1o., de la región Loxicha del estado de Oaxaca, relacionándose en el texto los municipios en los cuales ocurrieron los hechos que motivan esta iniciativa de ley.

c) El tiempo se establece en el artículo 4o., que comprenderá los hechos ocurridos a partir del 28 de agosto de 1996 hasta la fecha de la comisión del último presunto delito por parte de las personas cuyos expedientes penales son objeto de esta iniciativa.

Por lo expuesto fundado y motivado de acuerdo a las facultades que otorga a esta honorable Cámara de Diputados, el artículo 73 fracción XXII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para conceder amnistía por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la Federación, me permito presentar el

PROYECTO DE LEY DE AMNISTIA

Para las personas que hubieren alterado la vida institucional y la seguridad pública por móviles de reivindicación social de los indígenas de la región Loxicha del estado de Oaxaca.

Artículo 1o. Se decreta amnistía a favor de todas aquellas personas que hubieren alterado la vida institucional y seguridad pública por móviles de reivindicación social de los indígenas de la región Loxicha del estado de Oaxaca, formando parte de grupos armados, participando en los hechos ocurridos en La Crucecita y Santa Cruz, ambos del municipio de Santa María Huatulco, Macuilxóchitl, municipio de Tlacolula y en los municipios de Tlaxiaco y San Agustín Loxicha, todos del estado de Oaxaca, y hayan incurrido en conductas tipificadas por la ley como delitos federales, como consta en los expedientes instaurados a este respecto y contra los cuales se hayan ejercitado o pudiera ejercitarse acción penal ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación.

Artículo 2o. La aplicación de esta ley comprenderá los casos concretos de las personas que, como consecuencia de acciones ministeriales o judiciales, se encuentren en las siguientes hipótesis:

a) Personas privadas de su libertad por sentencia ejecutoriada;

b) Personas privadas de su libertad por sentencia que aún no haya causado ejecutoria;

c) Personas privadas de su libertad y sujetas a proceso;

d) Personas en libertad provisional, bajo caución y sujetas a proceso;

e) Personas a favor de las cuales se haya dictado auto de libertad con las reservas de ley por parte del juez de la causa en forma directa, por su superior o por cualquiera de ellos, en cumplimiento a una resolución de un tribunal federal;

f) Personas en contra de las cuales exista librada orden de aprehensión y

g) Personas en contra de las cuales se esté integrando averiguación previa.

Artículo 3o. La aplicación de esta ley comprenderá los hechos ocurridos entre el 28 de agosto de 1996 hasta la entrada en vigor de la presente ley.

Artículo 4o. Las personas que al momento de entrar en vigor la presente ley se encuentren sustraídas a la acción de la justicia dentro o fuera del país por los motivos a que se refiere el artículo anterior, podrán beneficiarse de la amnistía condicionada a la entrega, si las tuvieran de todo tipo de instrumentos: armas, explosivos u otros objetos empleados en la comisión de las conductas tipificadas como delitos, previa solicitud ante las autoridades competentes dentro del plazo de 120 días contados a partir de la iniciación de la vigencia de la presente ley.

Artículo 5o. La amnistía extingue las acciones penales y las sanciones impuestas respecto de las personas y delitos que comprenden dejando subsistente la responsabilidad civil y a salvo los derechos de quienes puedan exigirlas.

Artículo 6o. Se guardará confidencialidad respecto a la identidad de los amnistiados quienes quedarán sin antecedentes penales respecto de los delitos motivo de esta ley.

Artículo 7o. En cumplimiento a lo dispuesto por esta ley, las autoridades judiciales y administrativas observarán su exacta aplicación en el ámbito de sus respectivas competencias. El Ministerio Público Federal declarará extinguida la acción persecutoria en las averiguaciones previas, la autoridad judicial sobreseerá los procesos en trámite y revocará las órdenes de aprehensión libradas y la autoridad ejecutora de la pena pondrá en inmediata libertad a los beneficiados que estén a su disposición.

Artículo 8o. Para el caso de las personas que se encuentren en el supuesto de esta ley y hayan promovido juicio de amparo contra las determinaciones emanadas para los hechos a que se contrae la misma, es deber de las autoridades responsables remitir copia certificada de las actuaciones levantadas con motivo de la aplicación de la presente a los tribunales que tramiten los juicios de amparo para los efectos legales consiguientes.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La presente ley será difundida a través de los medios de comunicación en todo el territorio del estado de Oaxaca y deberá fijarse en bandos en las diversas poblaciones de la entidad, tanto en idioma español o en las lenguas indígenas de cada región.

Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 8 de octubre de 2002.— Firman los diputados por Oaxaca: Abel Trejo González, Jaime Larrazábal Bretón, Lilia Mendoza Cruz, Ildefonso Zorrilla Cuevas, Cándido Coheto Martínez, Miguel Angel Moreno Tello, Angel Artemio Meixueiro González, José Soto Martínez, Edith Escobar Camacho, diputados del Partido Verde Ecologista, del Partido del Trabajo, del Partido de la Revolución Democrática y un buen número de diputados del PRI.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Gracias, diputada.

Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

 

CODIGO PENAL FEDERAL

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Tiene la palabra el diputado Gumercindo Alvarez Sotelo, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar una iniciativa que adiciona el Capítulo VII, así como el artículo 23-bis al Título Primero del Código Penal Federal.

El diputado Gumercindo Alvarez Sotelo:

Gracias, señora Presidenta; honorable Asamblea; compañeras y compañeros diputados:

Los suscritos, diputados federales de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a su consideración de este honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de decreto por el que se adiciona un Capítulo VII, así como un artículo 23-bis al Título Primero del Código Penal Federal a efecto de establecer como circunstancia agravante de cualquier delito cuando la comisión de dicha conducta delictiva haya sido motivada por cuestiones de índole discriminatorio.

Acción Nacional siempre ha sostenido, la persona humana tiene una inminente dignidad y un destino espiritual y material que cumplir, por lo que la colectividad y sus órganos deben asegurarle el conjunto de libertades y de medios necesarios para cumplir dignamente este destino.

En efecto, el ser humano es una persona con inteligencia y voluntad libre, con responsabilidad sobre sus propias acciones y con derechos universales, inviolables e inalienables a los que corresponden obligaciones inherentes a la naturaleza humana individual y social.

Por su dignidad, los hombres, iguales por naturaleza, no deben ser reducidos a la categoría de mero instrumento de personas, grupos o instituciones privada o públicas, con menoscabo de su propio destino por cuestiones étnicas nacionales, de género, condición social, estado civil, religión, entre otras pues toda persona tiene derechos y la obligación de ejercitar responsablemente su libertad e igualdad para crear, gestionar, aprovechar las condiciones políticas, sociales y económicas para una mejor convivencia humana.

El respeto a las prerrogativas que la dignidad a la persona humana impone es esencial para la vida de toda sociedad, es por ello que en un Estado en el que la vida las formas esenciales de la libertad, la igualdad y la propiedad de los ciudadanos no se encuentren garantizadas con firmeza, se considera intolerable. 

Por tal motivo es obligación ineludible de todos y cada uno de nosotros respetar la dignidad y la libertad de las demás personas y cooperar no sólo a la conservación, sino también al desenvolvimiento de un orden social justo que armonice los aspectos individuales y sociales de la vida humana. Asimismo, se hace necesario propiciar la convivencia justa, libre y ordenada entre las personas con miras a lograr su perfeccionamiento.

Actualmente el máximo ordenamiento de nuestro país prevé en su artículo primero la garantía de igualdad de todos los individuos que se encuentren en territorio nacional, sin distinción alguna por cuestiones de nacionalidad, origen étnico, raza, religión, sexo, condiciones sociales, económicas, opiniones, estado civil o cualquier otra.

En tal sentido debemos señalar que la igualdad como garantía individual constituye un elemento consustancial al individuo en su situación de persona humana frente a sus semejantes, independientemente de sus condiciones particulares que igual pudiese reunir en otras palabras.  

La garantía de igualdad constituye una situación negativa en toda diferencia entre los hombres proveniente de circunstancias y atributos originarios emanados de la propia personalidad humana en particular, por lo que esta garantía es inherente a todo hombre desde que nace;   es así que en nuestros días la igualdad la podemos concebir como un principio de no discriminación.

En este sentido, diversas han sido las definiciones que se le han conferido a la discriminación;  sin embargo, en términos prácticos por discriminación podemos entender todo aquel acto que basado en prejuicios, convicciones u omisiones relacionadas con el sexo, raza, pertenencia étnica, color de piel, nacionalidad, lengua, religión, creencias políticas, origen y condición social o económica, estado civil, estado de salud, trabajo o profesión, carácter físico, preferencias, discapacidad física, intelectual o sensorial o una combinación de éstas u otros atributos que generen injustamente la anulación, menoscabo o la restricción del reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la igualdad real de oportunidades de las personas.

En este orden de ideas bien es sabido que la discriminación constituye hoy en día un fenómeno complejo con múltiples vertientes que puede tener lugar en la escala social, económica, política, cultural, jurídica, civil o cualquier otra de la vida pública o privada, el cual tiene presencia en todas partes del mundo manifestándose en algunos lugares de manera más aguda que en otros.

En tal contexto, debemos señalar que a nivel internacional la lucha contra la discriminación ha emprendido por la comunidad internacional, tiene su punto de partida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 adoptada y proclamada por la resolución de la Asamblea General de la ONU.

En la exposición de motivos anexo una serie de argumentos ya ratificados por el Senado de la República, son convenios internacionales en la materia que en la exposición de motivos puesta a su consideración podrán conocer a detalle.

Como resultado de estos esfuerzos y por la mayoría de los países integrantes de la comunidad internacional, las cláusulas de no discriminación incluidas en la mayoría de las constituciones del mundo han llegado a constituir instrumentos jurídicos fundamentales que permiten concretar el principio general de igualdad entre los hombres.

En tal sentido, nuestro país reconoce y concurre que desde varias décadas en esta convicción internacional en la que la dignificación y el respeto e igualdad de la persona humana como tal constituye un derecho humano y que por tanto el Estado se encuentra obligado a proteger y garantizar las condiciones de igualdad que deben existir entre todas las personas, independientemente de creencias, razas, condiciones sociales, entre otros factores. Sin embargo, a pesar de la participación de México en diversos convenios, pactos y pronunciamientos internacionales en contra de las prácticas discriminatorias, hasta el momento nuestro país no ha quedado al margen de dichas prácticas tendientes a menoscabar la igualdad y dignidad de las personas, pues desgraciadamente el daño que con el paso del tiempo han causado estas prácticas en México es tan agudo que no sólo ha logrado impedir el pleno desarrollo de la persona humana y las formas de convivencia social, sino que consecuentemente continúa afectando hasta nuestros días la estructura fundamental de nuestras instituciones.

Abrevio varias hojas de esta exposición de motivos solamente para solicitarles su aprobación a esta iniciativa y decirles que Acción Nacional en un afán de congruencia con sus ideales proclamados desde 1939 y en la prevención y lucha contra toda forma de discriminación en nuestro país, así como el respeto a la dignidad e igualdad humana como unidad indisoluble de toda persona, se presenta con todo respeto a consideración de esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la presente iniciativa de decreto con el que se adiciona un capítulo VII, así como un artículo 23-bis al Título Primero del Código Penal Federal, a efecto de establecer como circunstancia agravante de cualquier delito cuando la comisión de dicha conducta delictiva haya sido motivada por cuestiones de índole discriminatorio.

Artículo único. Se adiciona un capítulo VII así como un artículo 23-bis al Título Primero del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

“Capítulo VII, de las circunstancias que agravan la responsabilidad. Artículo 32-bis:  las penas previstas a los delitos contemplados en el presente código, se aumentarán hasta en una cuarta parte cuando éstos sean cometidos por motivos de origen étnico o nacional, género, edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religiones, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Firman la presente iniciativa: diputada Beatriz Grande, diputada Alba Leonila, diputada Silvia Alvarez Bruneliere y el de la voz.

Muchas gracias, con su permiso.

«Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.— Presente.

Los suscritos, diputados federales de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55 fracción II, 56 y 62  del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a la consideración de este honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de decreto por el que se adiciona un Capítulo VII así como un artículo 23-bis al Título Primero del Código Penal Federal, a efecto de establecer como circunstancia agravante de cualquier delito, cuando la comisión de dicha conducta delictiva haya sido motivada por cuestiones de índole discriminatorio, fundamentada al tenor de la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

Acción Nacional siempre ha sostenido: “La persona humana  tiene una inminente dignidad y un destino espiritual y  material que cumplir, por lo que  la colectividad y sus órganos deben asegurarle el conjunto de libertades y de medios necesarios para cumplir dignamente ese destino”.

En efecto, el ser humano es una persona  con inteligencia y voluntad libre, con responsabilidad sobre sus propias acciones, y con derechos universales, inviolables e inalienables, a los que corresponden obligaciones inherentes a la naturaleza humana individual y social.

Por su dignidad, los hombres, iguales por naturaleza, no deben ser reducidos a la categoría de mero instrumento de personas, grupos o instituciones privadas o públicas, con menoscabo de su propio destino, por cuestiones étnicas, nacionales, de género,  condición social, estado civil, religión, entre otras,  pues toda persona tiene el derecho y obligación de ejercitar responsablemente su libertad e igualdad, para crear, gestionar y aprovechar las condiciones políticas, sociales y económicas, para una mejor convivencia humana.

El respeto a las prerrogativas que la dignidad de la persona humana impone, es esencial para la vida de toda sociedad, es por ello que un Estado en el que la vida, las formas esenciales de la libertad, la igualdad y la propiedad de los ciudadanos no se encuentran garantizadas con firmeza, se considera intolerable.

Por tal motivo, es obligación ineludible de todos y cada uno de nosotros, respetar la dignidad y la libertad de las demás personas y cooperar no sólo a la conservación, sino también al desenvolvimiento de un orden social justo que armonice los aspectos individuales y sociales de la vida humana, asimismo, se hace necesario propiciar la convivencia justa, libre y ordenada entre las personas, con miras a lograr su perfeccionamiento.

Actualmente, el máximo ordenamiento jurídico de  nuestro país, prevé en su artículo primero, la garantía de igualdad de todos los individuos  que se encuentren en territorio nacional, sin distinción alguna por cuestiones de  nacionalidad, origen étnico, raza, religión, sexo, condiciones sociales o económicas, opiniones, estado civil y cualquier otra.

En tal sentido, debemos señalar que la igualdad como garantía individual, constituye un elemento consustancial al individuo en su situación de persona humana frente a sus semejantes, independientemente de sus condiciones particulares que aquél pudiese reunir; en otras palabras, la garantía de igualdad, constituye una situación negativa de toda diferencia entre los hombres, proveniente de circuns- tancias y atributos originarios emanados de la propia personalidad humana en particular, por lo que ésta garantía, es inherente a todo hombre desde que nace. Es así que en nuestros días, la igualdad la podemos concebir, como un principio de no discriminación.

En ese sentido, diversas han sido las definiciones que se le han conferido a  la discriminación, sin embargo,  en términos prácticos, por discriminación podemos entender  todo aquel acto que basado en prejuicios, convicciones u omisiones relacionadas con el sexo, raza, pertenencia étnica, color de piel, nacionalidad, lengua, religión, creencias políticas, origen y condición social  o económica, estado civil, estado de salud, trabajo o profesión, carácter físico, preferencias, discapacidad física, intelectual o sensorial, o una combinación de estos u otros atributos, que genere injustamente  la anulación, menoscabo o la restricción del reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la igualdad real de oportunidades de las personas.

En éste orden de ideas, bien es sabido que la discriminación constituye hoy en día, un fenómeno complejo y con múltiples vertientes, que puede tener lugar en la escala social, económica, política, cultural, jurídica, civil, o en cualquier otra de la vida pública o privada; el cual tiene presencia en todas partes del mundo, manifestándose en   algunos lugares de manera más aguda que en otros.

En tal contexto, debemos señalar que a nivel internacional, la lucha contra la discriminación emprendida por la comunidad internacional, tiene su punto de  partida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General de la ONU 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948 la cual  proclama, entre otras cosas, los siguientes postulados en materia discriminatoria:

• Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. (artículo 1o.)

• Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. (artículo 2o.)

• Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. (artículo 7o.)

Esta declaración, constituyó el punto de partida para que la comunidad internacional comenzara a realizar diversos convenios, pactos y  pronunciamientos en contra de cualquier acción y practica discriminatoria o circunstancias que vulnere el principio de igualdad entre las personas.

Entre los principales convenios, pactos y pronunciamientos a nivel internacional, destacan la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial del 20 de noviembre de 1963; la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial del 21 de  diciembre de 1965; el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales del 16 de diciembre de 1966; el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos del 21 de diciembre de 1966; Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas en la Religión o Convicciones del 25 de noviembre de 1981;

Como resultado de todos estos esfuerzos realizados por la mayoría de los países integrantes de la comunidad internacional, las cláusulas de no discriminación, incluidas en la mayoría de las constituciones del mundo, han llegado a constituir instrumentos jurídicos fundamentales que permiten concretar el principio general de igualdad entre los hombres.

En tal sentido, nuestro país, reconoce y concurre desde hace varias décadas de ésta convicción internacional, en la que la dignificación y el respeto e igualdad de la persona humana como tal constituye un derecho humano y que, por tanto, el estado se encuentra obligado a proteger y garantizar las condiciones de igualdad que deben existir entre todas las personas, independientemente de creencias, razas, etnias, condiciones sociales, entre otros factores.

Sin embargo, a pesar de la participación de México, en  diversos convenios, pactos y pronunciamientos internacionales en contra de las prácticas discriminatorias, hasta el momento, nuestro país no  ha quedado al margen de dichas prácticas tendientes a menoscabar la igualdad y dignidad de las personas, pues desgraciadamente, el daño que con el paso del tiempo han causado las prácticas discriminatorias en México, es tan agudo que no sólo ha logrado impedir el pleno desarrollo de la persona humana y las formas de convivencia social, sino que consecuentemente continua afectando, hasta nuestros días, la estructura fundamental de nuestras instituciones así como el tejido social básico de nuestro país, elementos que constituyen la base fundamental de nuestra unidad nacional.

Es por ello, que preocupados por tal situación y conscientes de que nuestro país es producto de la unión de pueblos y culturas diferentes, en donde la unidad nacional no puede sustentarse en la imposición de una cultura sobre las demás, sino que debe ser el resultado de la colaboración fraterna entre los distintos pueblos y comunidades que integran nuestra nación, el Constituyente Permanente estableció en el artículo 1o. de nuestra Ley Fundamental, por primera vez en la historia del constitucionalismo mexicano, una cláusula relativa a la discriminación, la cual prohíbe toda forma de discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Dicha acción legislativa se encontró principalmente motivada y enfocada en nuestros indígenas, los cuales históricamente, han sido  afectados por la desigualdad, marginación, falta de identidad plena, falta de educación y oportunidades de desarrollo y demás actos de naturaleza discriminatoria, llegando a representar sin lugar a dudas, un gran avance en el reconocimiento constitucional del principio de no discriminación entre las personas así como el afianzamiento del principio de igualdad por la ley y  ante la ley, que debe existir  entre todas las personas.

No obstante lo anterior, dicho avance constituye sólo el primer paso de un camino largo que se tendrá que recorrer en todos los ámbitos y contextos que encierra el sistema jurídico, social, económico y político de nuestro país, a efecto de poder lograr el pleno desarrollo de la persona humana, pues  los actos discriminatorios se encuentran tan diversificados que pueden tener lugar en todas las vertientes, espacios y circunstancias tanto de la vida pública como de la vida privada.

Si bien es cierto que México ha modernizado su marco normativo constitucional en materia de igualdad, ampliando su tutela jurídica contra cualquier conducta discriminatoria, no debemos dejar pasar inadvertido determinadas circunstancias que impiden la realización plena de dicha prerrogativa constitucional, tales como la escasez de disposiciones legales que en cumplimiento de lo establecido en el artículo primero constitucional, se encarguen de prevenir y en su caso sancionar la comisión de toda conducta  que haya sido motivada por cuestiones de índole discriminatorio, garantizando de manera eficaz los derechos  de igualdad que deben prevalecer entre todos los gobernados sin distinción alguna.

Por tal motivo, es obligación del Estado, seguir avanzando  en todas las materias y ámbitos existentes, especialmente en el plano legislativo,  para poner fin a la situación de la discriminación que padecen actualmente un número considerable de las personas en nuestro país, principalmente nuestros indígenas, y poder aspirar a un país que verdaderamente vele por la observancia al principio de igualdad y el respeto a los derechos humanos de todos los gobernados que formamos parte de éste indisoluble vínculo llamado Estado, pues no debemos olvidar que del reconocimiento relativo a la no discriminación, que hace nuestra Carta Magna en su artículo 1o. deriva para el Estado, a través de los poderes de la Unión, un compromiso ineludible de acciones tendientes a prevenir, desalentar y en su caso sancionar a través de medidas protectoras en los planos de lo jurídico, económico, político y social, toda práctica que atente o menoscabe la dignidad  e igualdad entre las personas.

Compromiso que como legisladores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, no hemos querido dejar pasar por alto, motivo por el cual se presenta ante ésta soberanía  la presente  iniciativa, la cual se creó con el propósito de combatir este agudo problema que atañe a toda la sociedad y que consideramos que constituirá un avance significativo en la búsqueda de soluciones a ésta grave situación social que aqueja preocupantemente a un sector considerable en nuestro país, como los son nuestros indígenas, marginados, analfabetas, ancianos, grupos altamente vulnerables, entre otros.

Conscientes de la necesidad de establecer dentro del ámbito de nuestra competencia, los  mecanismos jurídicos necesarios, para combatir de manera enérgica el problema de la discriminación en nuestro país, se propone establecer dentro del Código Penal Federal, una circunstancia agravante aplicable a cualquier delito de orden federal tipificado por el   Código Penal Federal, la cual se actualizará en el caso de que la comisión de un determinado delito halla sido motivada por cuestiones de índole discriminatorio referidas al origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Dicha agravante tendrá por efecto incrementar la pena respectiva, hasta en una cuarta parte.

A través de ésta medida legislativa,  se estaría en posibilidad de poder castigar de manera más severa al  sujeto activo de un determinado delito, que haya motivado y guiado su actuar delictivo, por cuestiones de índole discriminatorio, pues independientemente del daño causado por la comisión de la conducta delictiva determinada, dicha conducta también vulnera de manera directa los valores  fundamentales que posee cualquier persona por el solo hecho de serlo, tales como el respeto a los derechos humanos, a la dignidad y la igualdad ante la ley.

Cabe señalar que a nivel internacional, algunos códigos penales y disposiciones legales de diversos países ya contemplan éste tipo de agravantes de naturaleza penal, las cuales se actualizan ante el caso de que la realización de una determinada conducta delictiva sea motivada por cuestiones  discriminatorias, referidas a la raza, la etnia, ideología, religión, sexo, entre otros factores. Entre las principales legislaciones penales que prevén dicha situación podemos encontrar las siguientes: el Código Penal español, en su artículo 22 numeral 4o. del Código Penal colombiano en su artículo 58 numeral 3o., la Ley  23.592 de la Penalización de Actos Discriminatorios de la República de Argentina en su artículo 2o., entre otras.

Es importante señalar que a efecto de evitar posibles problemas de interpretación competencial que se pudieren suscitar con la presente iniciativa, en el sentido de que el legislar en el ámbito penal, cuestiones de índole discriminatorio corresponde al ámbito local, tal y como lo prevén algunas constituciones de las entidades federativas de nuestro país, como la de Chiapas en su artículo 13 párrafo décimo, la de Oaxaca en su artículo 16 párrafo tercero, la de Campeche en su artículo 7o. párrafo sexto, entre otras,  la presente iniciativa se ha enfocado a establecer la discriminación, únicamente como una circunstancia agravante aplicable a cualquier delito, sin que ello signifique que  se esté legislando directamente sobre el tipo penal en materia discriminatoria, pues es importante aclarar que con  la presente propuesta, no se esta creando una conducta típica, antijurídica, culpable y punible que sancionan las leyes penales, en materia discriminatoria, sino que solamente se pretende conceptualizar una determinada circunstancia, que en caso de concurrir tendría como efecto el incremento de la penalidad prevista para el  delito en que se haya actualizado ésta circunstancia, tal y como lo prevé en otros casos el propio Código Penal Federal, como en el caso del delito de abuso sexual, cuando se haya empleado violencia física o moral para su comisión, sin que ello signifique que se éste legislando directamente sobre la materia de violencia física o moral, tal y como sucede en el caso que nos ocupa.

Con tal propuesta, nuestro país  se encontraría en posibilidad de dar un paso fundamental en la lucha contra todas las formas de discriminación existentes actualmente en México, así como se estaría reafirmando el compromiso de nuestro país contraído ante la comunidad internacional en la lucha contra la realización de éstas conductas, con miras a lograr la realización personal y el pleno desarrollo de nuestros gobernados, lo cual redituará en la conformación de una verdadera unidad nacional, con independencia de la pluralidad cultural, étnica, racial, social, religiosa, económica, intelectual existente en nuestro país.

Señoras y señores diputados, estamos convencidos que el recto ejercicio de la autoridad tiene por fin la realización del bien común, que simultáneamente implica la seguridad y la justicia. Estos son elementos esenciales que le corresponde garantizar y fortalecer al Estado, y en particular a nosotros como legisladores, los cuales sólo se podrán garantizar en la medida en que se encamine el conjunto de nuestras  acciones así como las de la sociedad, en la generación de las condiciones jurídicas, sociales, económicas, culturales y políticas que  las posibiliten.

Es por ello compañeros diputados, que en un afán de congruencia con los ideales proclamados por Acción Nacional,  en la prevención y  lucha  contra toda forma de discriminación en nuestro país así como en el respeto a la dignidad e igualdad humana como unidad indisoluble de toda persona, se  presenta  con todo respeto a consideración de ésta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la presente

INICIATIVA DE DECRETO

Por el que se adiciona un Capítulo VII así como un artículo 23-bis al Título Primero del Código Penal Federal, a efecto de establecer como circunstancia agravante de cualquier delito, cuando la comisión de dicha conducta delictiva haya sido motivada por cuestiones de índole discriminatorio.

Artículo único. Se adiciona un Capítulo VII así como un artículo 23-bis al Título Primero del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 1o. al 23. . .

CAPITULO  VII

De las circunstancias que agravan la responsabilidad.

Artículo 23-bis. Las penas previstas a los delitos contemplados en el presente Código se aumentarán hasta en una cuarta parte cuando éstos sean cometidos por motivos de origen étnico o racial, género,  edad,   capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 24 al 429. . .

ARTICULO TRANSITORIO

Unico.  El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 8 de octubre de 2002. Diputados: Gumercindo Alvarez Sotelo y Silvia Alvarez Bruneliere.»

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

El diputado Gumercindo Alvarez Sotelo:

Perdón, señora Presidenta, quisiera solicitar el turno también para la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Se turna entonces a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y de Atención a Grupos Vulnerables. Es a comisiones unidas.

 

CODIGO FISCAL

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Tiene la palabra la diputada Petra Santos Ortiz, para presentar una proposición con punto de acuerdo que reforma el Código Fiscal de la Federación. Una iniciativa.

Corrige esta Presidencia, es una iniciativa de ley que reforma el Código Fiscal de la Federación.

La diputada Petra Santos Ortiz:

Con su permiso, señora Presidenta:

Iniciativa de decreto que adiciona una fracción VI-bis al artículo 105 del Código Fiscal de la Federación para evitar el indiscriminado decomiso generalizado de toda clase de vehículos en las regiones fronterizas de la República Mexicana.

La suscrita diputada Petra Santos Ortiz, integrante de la LVIII Legislatura propone la siguiente iniciativa.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La migración internacional es uno de los grandes fenómenos globales de nuestros días; la mayoría de los movimientos poblacionales en todas las regiones geográficas del mundo tienen como objetivo primordial la búsqueda de mejores condiciones de vida, a este proceso social le subyacen diversos y complejos factores estructurales entre los cuales se incluyen fundamentalmente las diferencias económicas y sociales entre las naciones.

La creciente interdependencia económica y las intensas relaciones e intercambio de todo tipo establecido entre los diversos países, también influyen en este fenómeno diversos factores que dan lugar a movimientos de población en condiciones forzosas o involuntarias, prácticamente ningún país, como tampoco ninguna región del mundo, escapa a la dinámica de las migraciones o puede mantenerse ajeno a sus resultados y consecuencias.

Nuestro país, además de ser territorio de destino y tránsito de la migración internacional, es país de origen de cuantiosos flujos migratorios hacia Estados Unidos, con nuestros vecinos del norte compartimos una frontera de casi 4 mil kilómetros, en ella se registran alrededor de 310 millones de cruces al año, lo que revela el intenso y complejo entramado de contactos humanos que se desarrollan en esa zona.

En lo que corresponde a los migrantes mexicanos que forman la corriente migratoria a Estados Unidos, estos no constituyen un conjunto homogéneo sino que forman diversos grupos relativamente diferenciales, entre estos grupos se puede incluir por su importancia los siguientes:

A) Individuos con residencia más o menos fija en el vecino país del norte, residentes.

B) Los trabajadores migratorios sin residencia fija en ese país pero que regularmente entran y salen del territorio norteamericano, una o muchas veces al año.

Los dos tipos de trabajadores migrantes, particularmente aquellos que por su necesidad de trabajo cruzan la frontera varias veces a la semana, y aquí es donde entra su vía crucis para estas familias y que emplean para dicha acción un automóvil comprado en Estados Unidos, enfrentan, por este solo hecho, infinidad de problemas con personal de aduanas, las cuales comúnmente terminan desfavorablemente para este tipo de migrantes con el decomiso de su vehículo y con el establecimiento de responsabilidades administrativas y fiscales en su contra al no poder comprobar las condiciones de residencia en los Estados Unidos, tal  como lo establece el Código Fiscal de la Federación.

La acusación de contrabando y de importación ilegal de mercancía extranjera no sólo desata una persecución abierta sobre el migrante y su propiedad, sino que incluso desata todo un tipo de terrorismo fiscal que  socava la convivencia social en la frontera, dejando a miles de trabajadores que realizan sus actividades productivas en Estados Unidos en indefensión, limitando además sus posibilidades de traslado propio a dicho país dependiendo para ello de las innumerables flotillas de vehículos particulares situados en la franja fronteriza que cobran un ojo de la cara por prestar dicho servicio.

La magnitud del problema es sumamente relevante ya que el decomiso de los automóviles de estos mexicanos que viven en la frontera norte desde Tijuana hasta la frontera de Tamaulipas, pasando por Ciudad Juárez y Piedras Negras, ha provocado la existencia de más de 20 mil procedimientos administrativos en materias aduaneras.

La existencia de este fenómeno, producto de una visión limitada del gobierno y de sus operadores con relación a la problemática que produce nuestra interdependencia con la primera economía del mundo en aquellos lugares, que por su ubicación geográfica son zonas directas de intercambio económico y social como lo son las zonas fronterizas, lastima profundamente a la población de estos lugares ya que no pueden aprovechar las ventajas de que de dicha relación se desprenden como lo serían el bajo precio de los automóviles, que al ser adquiridos por los migrantes, configuran en nuestro país diversos delitos de carácter fiscal que no sólo amenazan sus propiedades, sino incluso atentan contra su libertad personal.

El tipo de sanciones que se desprenden del contrabando violentan las garantías individuales de los mexicanos expresados en nuestra Constitución, en el artículo 14 el cual indica: que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

En el mismo sentido el artículo 16, también asienta en su primer párrafo: que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de las autoridades competentes, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Estas disposiciones son violadas permanentemente en la vida diaria, al aplicar sin consideración alguna para el migrante el artículo 105 del Código Fiscal fracción VI que dice; será sancionado con las mismas penas de contrabando quien; fracción VI. Tenga en su poder algún vehículo de procedencia extranjera, sin comprobar su legal importación o estancia en el país o sin previa autorización legal, en el caso de automóviles y camiones, cuando se trate de modelos correspondientes en los últimos cinco años.

Esta estricta aplicación del artículo 105, pasa por alto, ignora las múltiples necesidades y emergencias cotidianas de las miles de familias que viven en las zonas fronterizas, tales como recurrir a servicios médicos, administrativos o escolares, que obligan en momentos críticos a hacer uso del automóviles de procedencia extranjera, propiedad del familiar trabajador.

Ello ocasiona que la persona al ser detenida y no acreditar su propiedad, se le decomisa. El que una persona pueda tener acceso sobre el automóvil, no significa que tenga posesión sobre el mismo; en consecuencia, tiene que distinguirse el acto de entrega al de custodia y préstamo.

En el Código Civil en sus artículos 790 y 791 para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, se define la posesión de un bien de la siguiente manera: artículo 790, es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder el hecho, salvo lo dispuesto en el artículo 793, o sea, un derecho el que goza de él.

El primero de dichos artículos no define la posesión sino al poseedor; el segundo, establece que existen dos clases de posesión: la originaria y la derivada. La posesión originaria es aquella que se tiene el título de dueño por su parte al poseedor derivado de quien recibe un bien, en virtud del acto jurídico que tiene por objeto directo, inmediato del uso del bien especificado.

Con lo que se busca en esta iniciativa, es permitir el uso dentro de la región fronteriza de los parientes, propietarios del vehículo, sin salir de ella. Al mismo tiempo este hecho degenera desconfianza en nuestros compatriotas, que procuran desligarse de toda actividad en México es irse a radicar a los Estados Unidos, ocasionando con ello una baja sensible en la aportación económica al país.

No entender la interdependencia económica y social existente en la frontera y, en consecuencia, no reconocer que la misma crea problemáticas específicas en esta zona del país, genera un ambiente lesivo para el pueblo, y sobre todo da pie al autoritarismo, a la prepotencia y a la escasa sensibilidad de la aplicación de las leyes, tal es como el caso que exponemos.

En el Programa Diputado Amiga-Amigo, nos hemos dado cuenta de todas las injusticias que se han cometido y cuando les hemos denunciado, nos dicen que esos vehículos no aparecen expedientes ni siquiera tienen una idea si fueron decomisados.

Por lo tanto, proponemos: artículos 6o.-bis. En el caso señalado por y la fracción VI de este artículo, no procederá el decomiso del vehículo ni se tendrá por configurado el delito de contrabando, cuando estos vehículos de procedencia extranjera, sean tripulados por el cónyuge, ascendientes, descendientes y parientes consaguíneos en primer grado del propietario del vehículo, si este último comprueba fehacientemente que su calidad migratoria, le permite tripular el vehículo en que se trata, sin necesidad de previo permiso o autorización, dentro de la región fronteriza o en el entendido que por el solo hecho de encontrarse el vehículo fuera de la región fronteriza, se estará en el caso señalado por la fracción VI de este mismo artículo 105.

ARTICULO TRANSITORIO

Unico: Este presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Firman: Petra Santos, Hortensia Aragón, Alfredo Hernández, Héctor Sánchez, Miguel Bortolini e Irma Piñeyro, del PRI.

Muchas gracias.

«Iniciativa de decreto que adiciona una fracción VI-bis al artículo 105 del Código Fiscal de la Federación para evitar el indiscriminado decomiso generalizado de toda clase de vehículos en las regiones fronterizas de la República Mexicana.

La suscrita, diputada Petra Santos Ortiz, integrante de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II; 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa que adiciona una fracción VI-bis al artículo 105 del Código Fiscal de la Federación.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La migración internacional es uno de los grandes fenómenos globales de nuestros días. La mayoría de los movimientos poblacionales en todas las regiones geográficas del mundo tienen como objetivo primordial la búsqueda de mejores condiciones de vida.

A este proceso social, le subyacen diversos y complejos factores estructurales, entre los cuales se incluyen fundamentalmente las asimetrías económicas y sociales entre las naciones, la creciente interdependencia económica y las intensas relaciones e intercambios de todo tipo establecidas entre los diversos países. También influyen en este fenómeno diversos factores que dan lugar a movimientos de población en condiciones forzosas o involuntarias. Prácticamente ningún país, como tampoco ninguna región del mundo, escapa a la dinámica de las migraciones o puede mantenerse ajeno a sus resultados y consecuencias.

Nuestro país, además de ser territorio de destino y tránsito de la migración internacional, es país de origen de cuantiosos flujos migratorios hacia Estados Unidos. Con nuestro vecino del norte compartimos una frontera de casi 4 mil kilómetros, en ella, se registran alrededor de 310 millones de cruces por año, lo que revela el intenso y complejo entramado de contactos humanos que se desarrollan en esa zona.

En lo que corresponde a los migrantes mexicanos que forman la corriente migratoria, a Estados Unidos, éstos no constituyen un conjunto homogéneo, sino que forman diversos grupos relativamente diferenciales. Entre estos grupos se pueden incluir por su importancia los siguientes:

a) Individuos con residencia más o menos fija en el vecino país del norte (residentes).

b) Los trabajadores migratorios sin residencia fija en ese país, pero que regularmente entran y salen del territorio norteamericano, una o muchas veces al año.

Los dos tipos de trabajadores migrantes, particularmente aquellos que por su necesidad de trabajo cruzan la frontera varias veces a la semana y que emplean para dicha acción un automóvil comprado en Estados Unidos, enfrentan por este solo hecho, infinidad de problemas con personal de aduanas, los cuales comúnmente terminan desfavorablemente para este tipo de migrante con el decomiso de su vehículo y con el establecimiento de responsabilidades administrativas y fiscales en su contra, al no poder comprobar las condiciones de residencia en Estados Unidos, tal como lo establece el Código Fiscal de la Federación.

La acusación de contrabando y de importación ilegal de mercancía extranjera, no sólo desata una persecución abierta sobre el migrante y su propiedad, sino que incluso desata todo un tipo de terrorismo fiscal que socava la convivencia social en la frontera dejando a miles de trabajadores que realizan sus actividades productivas en Estados Unidos, en indefensión, limitando además sus posibilidades de traslado propio a dicho país, dependiendo para ello de las inumerales flotillas de vehículos particulares situados en la franja fronteriza que cobran un ojo de la cara por prestar dicho servicio.

La magnitud del problema es sumamente relevante, ya que el decomiso de los automóviles de estos mexicanos que viven en la frontera norte es tal, que desde Tijuana, Baja California, hasta la frontera de Tamaulipas, pasando por Ciudad Juárez y Piedras Negras, ha provocado la existencia de más de 20 mil procedimientos administrativos en materia aduanera, iniciados e incoados en un 99% a personas con status de emigrado.

La existencia de este fenómeno, producto de una visión limitada del Gobierno y de sus operadores, con relación a la problemática que produce nuestra interdependencia con la primera economía del mundo en aquellos lugares que por su ubicación geográfica son zonas directas de intercambio económico y social, como lo son las zonas fronterizas, lástima profundamente a la población de estos lugares, ya que no puede aprovechar las ventajas que de dicha relación se desprenden, como lo serían el bajo precio de los automóviles, que al ser adquiridos por los migrantes, configuran en nuestro país, diversos delitos de carácter fiscal, que no sólo amenazan sus propiedades, sino incluso atentan contra su libertad personal.

El tipo de sensaciones que se desprenden del "contrabando" violentan las garantías individuales de los mexicanos están expresadas en nuestra Constitución, en el artículo 14, el cual se indica que:

"Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho."

En el mismo sentido, el artículo 16 también asienta, en su primer párrafo que:

"Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento."

Estas disposiciones son violadas permanentemente en la vida diaria al aplicar sin consideración alguna para el migrante, el artícuo 105 del Código Fiscal fracción VI que dice:

"Artículo 105.

Será sancionado con las mismas penas del contrabando, quien:

. . .

VI. Tenga en su poder algún vehículo de procedencia extranjera sin comprobar su legal importación o estancia en el país, o sin previa autorización legal, en el caso de automóviles y camiones, cuando se trate de modelos correspondientes a los últimos cinco años.

. . .

Esta estricta aplicación del artículo 105, pasa por alto e ignora las múltiples necesidades y emergencias cotidianas de las miles de familias que viven en la zona fronteriza, tales como recurrir a servicios médicos administrativos o escolares que obliguen en momentos críticos, hacer uso de automóviles de procedencia extranjera propiedad del familiar visitante, ello ocasiona que la persona al ser detenida y no acreditar su propiedad se le decomisa.

El que una persona pueda tener acceso sobre el automóvil, no significa que tenga posesión sobre el mismo, en consecuencia tiene que distinguirse el acto de entrega del de custodia y préstamo.

En el Código Civil en sus artículos 790 y el 791 para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal se define la posesión de un bien de la siguiente manera:

"Artículo 790. Es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho salvo lo dispuesto en el artículo 793 posee un derecho el que goza de él."

Mientras el artículo 791 se señala: "Cuando en virtud de un acto jurídico el propietario entrega a otro una cosa, concediéndole el derecho de retenerla temporalmente en su poder en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo, los dos son poseedores de la cosa. El que la posee a título de propietario tiene una posesión originaria; el otro, una posesión derivada."

El primero de dichos artículos no define la posesión sino al poseedor, el segundo, establece que existen dos clases de posesión: la originaria y la derivada. La posesión originaria es aquella que se tiene a título de dueño. Por su parte, el poseedor derivado es quien recibe un bien en virtud de un acto jurídico que tiene por objeto directo e inmediato el uso del bien específico.

La posesión puede definirse como una relación o estado de hecho, que confiere a una persona el poder exclusivo de retener una cosa para ejecutar actos materiales de aprovechamiento como consecuencia de un derecho real o personal.

El artículo 793 del Código Civil se establece al detentador subordinado quien es al que le prestan un bien; no se considera poseedor, dado que éste recibe del dueño el derecho de retener el bien temporalmente pero no puede ejercer ningún acto de dominio.

En el Código Fiscal de la Federación no se aclara este hecho y todo automóvil extranjero utilizado por una persona que no acredite ser el dueño inmediatamente es confiscado, sin reparar que si se atienen a los ordenamientos del Código Civil se podrían impedir injusticias que afectan a las familias mexicanas y a los mexicanos residentes en Estados Unidos en su estancia en México.

Con lo que se busca en esta iniciativa es permitir el uso dentro de la región fronteriza de los parientes del propietario del vehículo sin salir de ella. Al mismo tiempo este hecho genera desconfianza de nuestros compatriotas que procuran desligarse de toda actividad en México e irse a radicar a Estados Unidos ocasionando con ello una baja sensible en la aportación económica al país. No entender la interdependencia económica y social existente en la frontera y en consecuencia, no reconocer que la misma crea problemáticas específicas en estas zonas del país, genera un ambiente lesivo para el pueblo y sobre todo da pie al autoritarismo, a la prepotencia, y a la escasa sensibilidad en la aplicación de las leyes. Tal como es el caso que exponemos.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II, 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, pone a consideración de este honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa al artículo 105 que adiciona una fracción VI-bis del Código Fiscal de la Federación.

Artículo único. Se adiciona la fracción VI-bis del artículo 105, para quedar como sigue:

“Artículo 105.

Será sancionado con las mismas penas del contrabando, quien:

I. . .

VI-bis. En el caso señalado por y la fracción VI de este artículo, no procederá el decomiso del vehículo ni se tendrá por configurado el delito de contrabando cuando estos vehículos de procedencia extranjera, sean tripulados por el cónyuge, ascendientes, descendientes y parientes consanguíneos en primer grado del propietario del vehículo si este último comprueba fehacientemente que su calidad migratoria le permite tripular el vehículo de que se trata sin necesidad de previo permiso o autorización dentro de la región fronteriza en el entendido, que por el solo hecho de encontrarse el vehículo fuera de la región fronteriza se estará en el caso señalado por la fracción VI, de este mismo artículo 105.

. . .

XIII. . .”

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, D.F., a 8 de octubre de 2002.— Diputados: Petra Santos Ortiz, Hortensia Aragón Castillo y Alfredo Hernández Raigosa

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Muchas gracias, diputada.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Se ofrece el uso de la palabra al diputado José Soto Martínez, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa que reforma los artículos 4o., 162, 163 y 209 de la Ley Federal de Derechos de Autor.

El diputado José Soto Martínez:

Con su permiso, diputada Presidenta; compañeras diputadas y diputados:

El suscrito, diputado José Soto Martínez, integrante de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de las facultades que me confiere la fracción II del artículo 71 de nuestra Carta Magna y con apoyo además en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante el pleno de esta Cámara de Diputados una iniciativa de decreto para reformar los artículos 4o., 162, 163, 164 y 209 de la Ley Federal de Derechos de Autor, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los procesos creativos de la cultura indígena, responden a la herencia de un saber y una tradición colectiva que se ha mantenido por siglos como lo testifican artesanías, indumentarias, cerámicas, códices, arquitecturas, música popular en la actualidad, que no tienen ninguna protección autoral.

Uno de los mayores riesgos que enfrentan las expresiones artísticas de los pueblos indígenas es la falta de registro de autor. La voracidad del mercado, el avance de empresas transnacionales y leyes internacionales que privilegian el registro de fórmulas sobre los usos y tradiciones milenarias, son una amenaza constante para las manifestaciones culturales de nuestros pueblos indígenas, pues pretenden imponer el registro sobre el derecho de autor o se adueñan de tradiciones, como ocurrió con el "pozol", alimento utilizado por los mayas para curar problemas intestinales y limpiar heridas infectadas y del cual obtuvieron una patente una empresa transnacional americana y la Universidad de Minnesota.

Considerando que la falta de registro de los derechos colectivos de autor en México nos puedan llevar a que en un futuro muy cercano, los mexicanos deban pagar a transnacionales extranjeras derechos por el uso de remedios a base de hierbas que han sido usados por siglos en el país y específicamente en las comunidades indígenas y a que las tejedoras de rebozos, cobijas, gabanes en un telar de cintura, tengan que pagar por mantener sus tradiciones.

Considerando que la Ley Federal de Derechos de Autor tiene por objeto, entre otros, la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la Nación; que las obras literarias o artísticas de arte popular o artesanal, cuyo autor no sea identificable y que puedan ser atribuidas a una comunidad o etnia originada o arraigada en la República Mexicana, forman parte del acervo cultural de la Nación y que la ley que nos ocupa no da la base para salvaguardar y promocionar dicho acervo.

Considerando que los diputados federales nos debemos a los intereses de la sociedad en tanto representantes de la misma y que al tomar posesión de nuestros cargos protestamos guardar y hacer guardar las leyes, la Constitución y las leyes que de ella emanan, presento ante ustedes el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se reforman los artículos 4o, 162, 163, 164 y 209, de la Ley Federal de Derechos de Autor.

Artículo 4o. Las obras objeto de protección pueden ser a: según su autor.

Fracción IV. De arte popular o artesanal, cuyo autor no sea identificable y que puedan ser atribuibles a una comunidad o etnia originada o arraigada en la República Mexicana.

Artículo 162. El Registro Público del Derecho de Autor, tiene por objeto la salvaguarda del acervo cultural de la nación constituido por las obras literarias o artísticas de arte popular o artesanal cuyo autor no sea identificable y que pueda ser atribuida a una comunidad o etnia originada o arraigada en la República Mexicana; garantizar la seguridad jurídica de los autores, de los titulares de los derechos conexos y de los titulares de los derechos patrimoniales respectivos y sus causahabientes, así como dar una adecuada publicidad a las obras, actos y documentos a través de su inscripción.

Las obras literarias y artísticas y los derechos conexos quedarán protegidos aun cuando no sean registrados.

Artículo 163. En el Registro Público de Derecho de Autor, deberán inscribirse además las obras literarias o artísticas de arte popular o artesanal, cuyo autor no sea identificable y que puedan ser atribuidas a una comunidad o etnia originadas o arraigadas en la República Mexicana.

Para lo anterior el Instituto Nacional de Derecho de Autor, se coordinará con las dependencias de gobierno correspondientes, y la omisión de este registro será motivo de responsabilidades.

Artículo 164. El Registro Público de Derecho de Autor tiene las siguientes obligaciones:

Fracción IV. Inscribir con auxilio de las dependencias de gobierno correspondientes, las obras literarias o artísticas de arte popular o artesanal cuyos autores no sean identificables y que puedan ser atribuidas a una comunidad o etnia originada o arraigada en la República Mexicana.

Artículo 209. Son funciones del Instituto:

Fracción VI. La salvaguarda y promoción del acervo cultural de la nación y al efecto llevar un registro de las obras literarias o artísticas de arte popular o artesanal, cuyo autor no sea identificable y que puedan ser atribuidas a una comunidad o etnia originada y arraigada en la República Mexicana.

En obvio de tiempo, le suplico que sea insertada en el Diario de los Debates para el conocimiento de todos los diputados.

Muchas gracias, compañeras diputadas y diputados.

«Iniciativa de decreto para reformar los artículos 4o., 162, 163, 164 y 209 de la Ley Federal de Derechos de Autor, a cargo del diputado José Soto Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Ciudadanos integrantes de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

El suscrito, diputado José Soto Martínez, integrante de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción II del artículo 71 de nuestra Carta Magna y con apoyo además en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante el pleno de esa Cámara de Dipu-tados una iniciativa de decreto para reformar los artículos 4o., 162, 163, 164 y 209 de la Ley Federal de Derechos de Autor, basándome para ello en la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

1. Los procesos creativos de las culturas indígenas responden a la herencia de un saber y una tradición colectiva que se ha mantenido por siglos, como lo testifican artesanías, indumentaria, cerámica, códices, arquitectura y música popular en la actualidad, que no tienen ninguna protección autoral.

2. Uno de los mayores riesgos que enfrentan las expresiones artísticas de los pueblos indígenas es la falta de registro de autor. La voracidad del mercado, el avance de empresas trasnacionales y leyes internacionales que privi- legian el registro de fórmulas sobre los usos y tradiciones milenarias, son una amenaza constante para las manifestaciones culturales de nuestros pueblos indígenas, pues pretenden imponer el registro o copyright sobre el derecho de autor o se adueñan de tradiciones como ocurrió con el pozol, alimento utilizado por los mayas para curar problemas intestinales y limpiar heridas infectadas, y del cual obtuvieron una patente una empresa trasnacional gringa de alimentos y la Universidad de Minnesota.

3. Considerando que, la falta de registro de los derechos colectivos de autor en México nos puede llevar a que, en un futuro muy cercano, los mexicanos deban pagar a trasnacionales extranjeras derechos por el uso de remedios a base de yerbas que han sido usados por siglos en el país y, específicamente en las comunidades indígenas, y a que las tejedoras de rebozos, cobijas y gabanes en un telar de cintura tengan que pagar por mantener una tradición.

4. Considerando que la Ley Federal de Derechos de Autor tiene por objeto, entre otros, la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la nación; que las obras literarias o artísticas de arte popular o artesanal cuyo autor no sea identificable y que puedan ser atribuidas a una comunidad o etnia originada o arraigada en la República Mexicana. Forman parte del acervo cultural de la nación y, que la ley que nos ocupa, no da las bases para la salvaguarda y promoción de dicho acervo.

5. Considerando que los diputados federales nos debemos a los intereses de la sociedad, en tanto representantes de la misma y, que al tomar posesión de nuestro cargo, protestamos guardar, y hacer guardar la Constitución Federal y las leyes que de ella emanen.

En mérito de lo anteriormente expuesto, nos debemos, y con fundamento además en lo dispuesto por el artículo 70 de nuestra Carta Magna, se presenta la siguiente iniciativa de decreto para que se reformen los artículos 4o., 162, 163, 164 y 209 de la Ley Federal de Derechos de Autor:

DECRETO

Por el que se reforman los artículos 4o., 162, 163, 164 y 209 de la Ley Federal de Derechos de Autor.

Artículo único. Se reforman los artículos 4o., 162, 163, 164 y 209 de la Ley Federal de Derechos de Autor, para quedar como sigue:

Artículo 4o. Las obras objeto de protección pueden ser.

A. Según su autor:

I a la III. . .

IV. De arte popular o artesanal cuyo autor no sea identificable y que puedan ser atribuidas a una comunidad o etnia originada o arraigada en la República Mexicana.

B al D. . .

Artículo 162. El Registro Público del Derecho de Autor tiene por objeto la salvaguarda del acervo cultural de la nación constituido por las obras literarias o artísticas de arte popular o artesanal cuyo autor no sea identificable y que puedan ser atribuidas a una comunidad o etnia originada o arraigada en la República Mexicana; garantizar la seguridad jurídica de los autores, de los titulares de los derechos conexos y de los titulares de los derechos patrimoniales respectivos y sus causahabientes, así como dar una adecuada publicidad a las obras, actos y documentos a través de su inscripción.

Las obras literarias y artísticas y los derechos conexos quedarán protegidos aun cuando no sean registrados.

Artículo 163. En el Registro Público del Derecho de Autor se podrán inscribir:

I a la X. . .

Deberán inscribirse además, las obras literarias o artísticas de arte popular o artesanal cuyo autor no sea identificable y que puedan ser atribuidas a una comunidad o etnia originada o arraigada en la República Mexicana.

Para lo anterior el Instituto Nacional de Derecho de Autor se coordinará con las dependencias de gobierno correspondientes y, la omisión de este registro será motivo de responsabilidad.

Artículo 164. El Registro Público del Derecho de Autor tiene las siguientes obligaciones:

I a la III. . .

IV. Inscribir, con auxilio de las dependencias de gobierno correspondientes, las obras literarias o artísticas de arte popular o artesanal cuyo autor no sea identificable y que puedan ser atribuidas a una comunidad o etnia originada o arraigada en la República Mexicana.

Artículo 209. Son funciones del Instituto:

I a la V. . .

VI. La salvaguarda y promoción del acervo cultural de la nación; y, al efecto llevar un registro de las obras literarias o artísticas de arte popular o artesanal cuyo autor no sea identificable y que puedan ser atribuidas a una comunidad o etnia originada o arraigada en la República Mexicana.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales y administrativas que se opongan a lo dispuesto por este decreto.

Sala de sesiones de la Cámara de Diputados.— México, D.F., a 8 de octubre de 2002.— Diputados José Soto Martínez, Efrén Leyva Acevedo, Jaime Larrazábal Bretón, Abel Trejo González y Cándido Coheto Martínez

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Gracias, diputado José Soto Meléndez.

Insértese de manera íntegra la iniciativa presentada, en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates y se turna a la Comisión de Cultura.

 

REGISTRO DE ASISTENCIA

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Se pide a la Secretaría dar cuenta del registro electrónico de asistencia e instruir su cierre.

El Secretario diputado Adrián Rivera Pérez:

Se informa a la Presidencia que hasta el momento el sistema registra la asistencia de 441 diputados.

Ciérrese el sistema electrónico.

 

IPAB

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Para información de la Asamblea, comentamos que levantaremos la sesión a las 4:00 de la tarde, a efecto de que los diputados interesados en asistir a la comparecencia de la Secretaria de Desarrollo Social, que será a las 5:00 horas, puedan tomar las providencias necesarias.

Tiene la palabra el diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa que reforma la Ley del IPAB, sobre el monto de recursos fiscales que serán asignados al IPAB para el Presupuesto 2003.

El diputado José Antonio Magallanes Rodríguez:

Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados:

Derivado de la crisis económica y financiera del país a finales de 1994 y de sus agudos efectos sobre el comportamiento de la economía de 1995, el sistema bancario enfrentó un severo problema que obedecía, entre otras cosas, a rezagos en la supervisión y control financiero.

Segundo. Esto orilló a que el mecanismo financiero de protección al ahorro, Fobaproa, se viera ampliamente rebasado para enfrentar un rescate bancario. No obstante, el Gobierno Federal decidió utilizar el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, Fobaproa, para llevar a cabo el rescate del sistema bancario nacional.

Para tal efecto se implementaron programas para apoyar a los deudores de la banca y programas para apoyar a los bancos.

Los programas de apoyo a los bancos se dieron en dos modalidades: los llamados programas de capitalización y compra de cartera, cuyo propósito fundamental fue que los bancos incrementaran su capital mediante la sustitución de un activo financiero de baja calidad, carteras con problemas, por pagarés emitidos por el Fobaproa.

Estos apoyos se dieron a Banamex, Bancomer, Bital, Banorte y Serfin y los programas de intervención y saneamiento. Los programas de intervención y saneamiento buscaron solucionar los programas de liquidez y descapitalización a través de aportaciones de capital contra la participación accionaria, asumiendo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el control de las instituciones, lo cual estaba previsto en la Ley de Instituciones de Crédito.

Así, durante el periodo de 1994-1998 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores intervino 12 instituciones financieras: la primera, Banca Unión, el 1o. de septiembre de 1994 y la última Banca Confía en agosto de 1997.

Paralelamente se llevaron a cabo procesos de saneamiento de los bancos, que consistían en el otorgamiento de líneas de crédito para que éstos pudiesen cumplir con sus obligaciones, ser rehabilitados y posteriormente vendidos. Los bancos que fueron objeto de apoyos tendientes a sanearlos fueron Serfin, Atlántico, Del Centro, Promex, Banco Bilbao Vizcalla Argentaria y Santander.

Como resultado de estas operaciones, el impacto sobre las finanzas públicas, de acuerdo al informe sobre la revisión de la Cuenta Pública del 2000, al mes de marzo de 2001 ascendieron a 876 mil 254 millones de pesos.

CONSIDERANDO

Primero. Que en 1998 la Cámara de Diputados aprobó la Ley que Creó al Instituto de Protección al Ahorro Bancario, IPAB y que la misma es la que rige el funcionamiento, operación y control del Instituto.

Que el artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB, que establece el procedimiento para realizar el canje de pagarés de capitalización y compra de cartera a cargo del Fobaproa. Por obligaciones a cargo del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, pagarés IPAB.

Que el citado artículo quinto transitorio establece la realización de auditorías a los programas de capitalización y compra de cartera, como requisito fundamental para realizar el canje de pagarés.

Que la Auditoría Superior de la Federación encontró, en su revisión de la Cuenta Pública de 2000, que en el caso del Banamex la adquisición de cartera por parte del Fobaproa se hizo con todo e intereses moratorios.

Que actualmente la Auditoría Superior de la Federación se encuentra revisando las operaciones de compra de cartera en Banamex, Bital y Banorte.

Que en septiembre de 2000 la propia Junta de Gobierno determinó la necesidad de auditar las operaciones de compra de cartera a los bancos citados anteriormente.

Que los bancos referidos se han opuesto a la realización de estas auditorías.

Que el artículo séptimo transitorio de la Ley del IPAB señala textualmente lo siguiente: "el Instituto asume la titularidad de las operaciones de los programas de saneamiento diferentes a aquellos de capitalización de compra de cartera.

Que lo anterior implica que los pagarés derivados del programa de capitalización y compra de cartera son responsabilidad del Fobaproa y no del IPAB, por lo que en ellos no aplica la garantía ni el reconocimiento por parte del Congreso de la Unión de esa deuda.

Que a pesar de lo anterior el IPAB ha incluido esos pasivos como parte de los pasivos totales del Instituto de Protección al Ahorro Bancario.

Que este hecho es improcedente en virtud de que el monto de pasivos que por ese concepto asumirá el IPAB depende de las auditorías correspondientes.

Que la evidencia encontrada por la Auditoría Superior de la Federación señala que existen amplias posibilidades de reducir el monto de los pagarés derivados de los programas de capitalización y compra de cartera.

Que el incluir los pasivos originados por esos programas ha inflado los recursos fiscales que le han sido asignados al IPAB desde su creación en 1999.

Que la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha permitido que los bancos registren a estas obligaciones a cargo del IPAB como parte del activo de las instituciones bancarias.

Que esta situación no tiene razón de ser en virtud de que nuevamente el monto de ese activo está sujeto a lo que se determine en la auditoria.

Que en suma las operaciones de capitalización y compra de cartera representan 200 mil millones de pesos.

Que es inaceptable que el Ejecutivo Federal esté destinando recursos para subsidiar la operación de los bancos, mientras descuida por ello la inversión social y productiva.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a su consideración la siguiente

INICIATIVA

De reformas al artículo 68 fracción II de la Ley del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario.

Artículo 68. Para la consecución de su objeto, el instituto tendrá las siguientes atribuciones:

Segundo. Recibir y aplicar en su caso los recursos que se autoricen en los correspondientes presupuestos de egresos de la Federación para apoyar de manera subsidiaria el cumplimiento de las obligaciones que el propio Instituto asuma en los términos de esta ley, así como para incrementar y para administrar programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca.

La modificación será para quedar como sigue:

"Artículo 68. Para la consecución de su objeto, el Instituto tendrá las atribuciones siguientes:

Segundo. Recibir y aplicar en su caso, los recursos que se autoricen en los correspondientes presupuesto de egresos de la Federación, los cuales serán únicamente para apoyar de manera subsidiaria el cumplimiento de las obligaciones que el propio Instituto haya asumido en los términos de esta ley, exceptuando aquellos derivados de los programas de Capitalización y Compra de Cartera que sigan a cargo del Fobaproa, así como para instrumentar y administrar programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca".

Es cuanto, señor Presidente.

Presidencia del diputado Eric Eber Villanueva Mukul

El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.

PODER JUDICIAL

El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:

Tiene la palabra el diputado Francisco Cárdenas Elizondo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma y adiciona el artículo 94, adiciona un párrafo séptimo a la fracción III del artículo 116 y deroga el párrafo décimo del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Francisco Cárdenas Elizondo:

Muchas gracias, señor Presidente; con su permiso:

Ante esta Cámara de Diputados tengo el privilegio de presentar una iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 94, adiciona el séptimo párrafo a la fracción III del artículo 116 y deroga el párrafo décimo del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual es suscrita por un número importante de diputados, más de 50 diputados de varios partidos.

Lo anterior es con la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

La división de poderes constituye un elemento esencial del Estado de Derecho y se consagra en nuestra Ley Fundamental en los artículos 49 y 116.

Al establecerse que el poder público de los estados y el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

La mera división de poderes en la actualidad, no es suficiente para lograr su equilibrio, característica que constituye el espíritu original del principio político de la división de poderes.

Por ello en nuestro país observamos que en los últimos años se ha registrado una evolución gradual de la disminución del predominio del Poder Ejecutivo paralela al fortalecimiento del Poder Legislativo.

Sin embargo no se puede afirmar lo mismo respecto del Poder Judicial Federal y de los estados, cuya evolución no ha sido en el mismo sentido, toda vez que las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de los años de 1987, 1994, 1996 y 1999 han abordado cuestiones relativas a las llamadas garantías constitucionales de la jurisdicción, la estructura, organización interna y funcionamiento de los órganos de justicia, pero no a sus relaciones con los otros poderes.

En efecto, en la primera de las reformas constitucionales antes aludidas se dieron las bases mínimas para el establecimiento de la carrera judicial al ordenarse en el artículo 116 fracción III entre otras cuestiones que la independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las constituciones y las leyes orgánicas de los estados, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los poderes judiciales de los estados.

En la reforma de 1994, entre otros temas, se abordaron las cuestiones relativas a la modificación de la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ampliación de sus facultades en el artículo 105 para conocer de controversias constitucionales. Se introduce en la estructura del Poder Judicial al Consejo de la Judicatura y se alude ya de manera expresa a la carrera judicial en los artículos 97 párrafo cuarto, 100 párrafo sexto y 122 fracción VII.

Las reformas de 1996 y 1999, en cuanto al tema que aquí abordamos, comprendieron la inclusión del Tribunal Federal Electoral como otro órgano jurisdiccional depositario del ejercicio del Poder Judicial de la Federación, ampliando sus atribuciones para resolver cuestiones sobre el análisis de la constitucionalidad de actos y resoluciones controvertidos, la organización del tribunal, su administración, vigilancia y disciplina en la que participa el Consejo de la Judicatura Federal y finalmente, se eliminó el Consejo de la Judicatura Federal y se precisó que a dicho consejo le corresponde la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto es, se determinó cual era la naturaleza jurídica del Consejo de la Judicatura porque inicialmente se había incluido como depositario del propio Poder Judicial.

Como podemos observar de lo antes expuesto, el tema de la autonomía financiera del Poder Judicial y de los estados no fue abordado en las últimas reformas constitucionales. Por tanto, de poco o nada sirven los preceptos constitucionales que aluden a la independencia, autonomía y carrera judicial, si no se cuenta con la garantía de la autonomía financiera. Sin ella, dichas reformas se traducen sólo en un buen propósito del Constituyente Permanente y no podrán tener plena vigencia hasta en tanto no se incorpore la autonomía financiera al propio texto constitucional.

En los tiempos que vive el país el Poder Judicial representa una institución toral para el equilibrio de los poderes del Estado y de su buen desempeño depende, en gran medida, la armonía en las instituciones públicas, pues los requerimientos de la sociedad han aumentado de manera considerable. Las controversias que se someten al conocimiento de los tribunales rebasan sus posibilidades de trabajo, lo que impide dar cabal cumplimiento a la garantía de justicia expedita, completa e imparcial que consagra el artículo 17 constitucional.

La cuestión que en esta iniciativa se aborda ha sido objeto de análisis y comentarios de estudiosos de la materia, de los representantes de los poderes judiciales e incluso ha despertado el interés de diversos diputados de esta Legislatura. Así, se han presentado dos iniciativas con la finalidad de garantizar constitucionalmente la autonomía financiera del Poder Judicial Federal, elaboradas por los compañeros diputados César Augusto Santiago y Luis Miguel Barbosa Huerta.

Esta iniciativa coincide en lo esencial con lo propuesto por nuestros compañeros diputados es decir, en el propósito de fortalecer la autonomía e independencia del Poder Judicial Federal, pero para quien ha vivido como el que habla, la experiencia en el ámbito del Poder Judicial local, resulta de igual o mayor importancia fortalecer también la independencia y autonomía de los poderes judiciales de los estados, así lo hemos propuesto ya en diversas ocasiones, como en el foro celebrado en la Ciudad de México el 5 de marzo de 1996, ante la subcomisión de Administración de Justicia de la Comisión Plural del Senado de la República para la Reforma del Estado y en el primero Encuentro de los Consejos Mexicanos de la Judicatura, celebrado el 28 de junio del mismo año.

Es importante destacar que en las reuniones celebradas por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, el tema que hoy nos ocupa ha sido materia de análisis y discusiones, concluyendo en la preocupación general de lograr este objetivo.

Así, baste mencionar que en el mes de octubre de los años de 1999 y 2001, dicha comisión se pronunció públicamente en las declaraciones de Yucatán y de Chihuahua, en el sentido que los gobiernos locales contemplen en sus respectivos presupuestos un porcentaje fijo no menor al 3% destinado a los poderes judiciales estatales y en la necesidad de que los tribunales locales tengan un manejo autónomo de su presupuesto sobre la premisa de que el mismo debe representar un porcentaje prioritario del presupuesto general de cada Estado.

Ahora bien, ¿en qué consistiría la autonomía financiera de los poderes judiciales en nuestro país?

Primero. En un porcentaje fijo mínimo del Presupuesto de Egresos, cuya resultante no podrá ser inferior a la asignada en el ejercicio inmediato anterior, que se traduzca en la no injerencia de los otros dos poderes para determinarlo, esto, es, que haya un margen suficiente para que el Poder Judicial no quede sometido a los otros dos poderes, a fin de obtener su presupuesto, con el propósito que aquél pueda darse una planeación adecuada en los programas de modernización y crecimiento y que los mismos sean elaborados sobre una base confiable, es decir, nunca más sobre la incertidumbre del presupuesto que finalmente le sería asignado.

Segundo. Que el Poder Judicial tenga la posibilidad de determinar libremente el monto de las partidas en función de sus necesidades de administrar justicia en forma expedita, completa e imparcial, lo cual implica que aún en el supuesto de recortes al presupuesto general del Estado, tratándose del Poder Judicial, éste deberá determinar las partidas presupuestales en las que se deberá aplicar la reducción correspondiente con la aprobación del Poder Legislativo y no del Ejecutivo. En otras palabras, el Ejecutivo no podrá disminuir durante el ejercicio el monto del presupuesto aprobado al Poder Judicial, correspondiendo a la Cámara de Diputados o a las legislaturas locales, según el caso, autorizar la reducción, tomando en cuenta la determinación del Poder Judicial, ya que éste es quien mejor conoce las necesidades más apremiantes que no pueden dejar de atenderse y los gastos que están en condiciones de diferirse o racionalizarse.

Tercero. La autonomía no debe traducirse en arbitrariedad en el manejo del presupuesto, esto es, se deberá observar la normatividad para la correcta aplicación de los gastos autorizados conforme a los planes y programas aprobados por el Legislativo en su respectivo presupuesto. En otras palabras, esta nueva garantía que proponemos para el Poder Judicial no lo releva de la obligación de rendir cuentas del manejo de los recursos asignados y por ende, de estar sujeto a la labor de fiscalización de carácter externo encomendada a la entidad de fiscalización dependiente de la Cámara de Diputados o de las legislaturas locales, según el caso

Por esta razón se propone que, en aras de la transparencia en el manejo de los recursos asignados al Poder Judicial, el Organo Superior de Fiscalización de la Federación o los correspondientes de las entidades federativas deberán comprobar que las sumas no erogadas al término del ejercicio se enteren a la hacienda pública atendiendo al principio presupuestal de unidad de caja.

Una vez precisado lo anterior, la cuestión es determinar qué porcentaje fijo del presupuesto es el que debe establecerse para el Poder Judicial Federal y para los poderes judiciales de los estados.

¿Qué criterio debemos adoptar para determinar dicho porcentaje? ¿Se deberá tomar como referencia el presupuesto general o total del Estado o bien sólo el gasto programable del mismo?

Hay quienes han aprobado en otras legislaciones…

El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:

Señor diputado, le suplico concluya usted.

EL diputado Francisco Cárdenas Elizondo:

Correcto, sí cómo no, muy amable. Entro a la cuestión toral, actualmente los recursos asignados al Poder Judicial Federal representan, según información proporcionada por el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de esta Cámara, el 1.50 del gasto programable y el 1.09 del Presupuesto General de la Federación, el presupuesto ejercido por el Poder Judicial muestra en los últimos 10 años un incremento gradual, de 1992 representó el 0.30 del Presupuesto de Egresos y el 0.51% del gasto programable, en tanto que en el presente año, como ya señalamos, representa el 1.09 y el 1.50 lo cual significa aumentos del 200% del gasto programable y más del 235 del presupuesto general.

Por eso proponemos que el presupuesto sea del 2% del gasto programable que implica un aumento del 33% a precios actuales más el incremento normal del presupuesto; y para los estados, proponemos igualmente un 2% del gasto programable tomando en cuenta que, según estudios del Centro de Finanzas, fluctúa en el año 2002 entre el 0.6% al 2.8 del presupuesto general y el 0.7 al 3.8 del gasto programable y la media nacional es de 1.4.

En obvio del tiempo pues yo le pediría al señor Presidente que se reprodujera íntegra nuestra propuesta, pues al parecer el tiempo asignado fue corto.

Muchas gracias.

«El que suscribe, diputado Francisco Cárdenas Elizondo, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de LVIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 94; adiciona un séptimo párrafo a la fracción III del artículo 116; y deroga el párrafo décimo del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

La división de poderes constituye un elemento esencial del Estado de Derecho y se consagra en nuestra Ley Fundamental en los artículos 49 y 116, al establecerse que el poder público de los estados y el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

La mera división de poderes, en la actualidad, no es suficiente para lograr su equilibrio, característica que constituye el espíritu original del principio político de la división de poderes. Por ello, en nuestro país observamos que en los últimos años se ha registrado una evolución gradual de la disminución del predominio del Poder Ejecutivo, paralela al fortalecimiento del Poder Legislativo; sin embargo, no se puede afirmar lo mismo respecto al Poder Judicial Federal y de los estados, cuya evolución no ha sido en el mismo sentido, toda vez que las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de los años 1987, 1994, 1996 y 1999 han abordado cuestiones relativas a las llamadas garantías constitucionales de la jurisdicción, la estructura, organización interna y funcionamiento de los órganos de justicia, pero no a sus relaciones con los otros poderes.

En efecto, en la primera de las reformas constitucionales antes aludidas, se dieron las bases mínimas para el establecimiento de la carrera judicial, al ordenarse en el artículo 116 fracción III entre otras cuestiones, que: "la independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las constituciones y las leyes orgánicas de los estados, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los poderes judiciales de los estados".

En la reforma de 1994, entre otros temas, se abordaron las cuestiones relativas a: la modificación de la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; la ampliación de sus facultades en el artículo 105, para conocer de controversias constitucionales; se introduce en la estructura del Poder Judicial al Consejo de la Judicatura y, se alude ya, de manera expresa, a la carrera judicial en los artículos 97 párrafo cuarto, 100 párrafo sexto y 122 fracción VII.

Las reformas de 1996 y 1999, en cuanto al tema que aquí abordamos, comprendieron: la inclusión del Tribunal Federal Electoral como otro órgano jurisdiccional depositario del ejercicio del Poder Judicial de la Federación, ampliando sus atribuciones para resolver cuestiones sobre el análisis de la constitucionalidad de los actos y resoluciones controvertidos; la organización del tribunal, su administración, vigilancia y disciplina, en la que participa el Consejo de la Judicatura Federal y, finalmente, se eliminó al Consejo de la Judicatura como parte depositaria del Poder Judicial de la Federación y, se precisó que a dicho Consejo le corresponde la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Como podemos observar de lo antes expuesto, el tema de la autonomía financiera del Poder Judicial Federal y de los Estados no fue abordado en las últimas reformas constitucionales. Por tanto, de poco o nada sirven los preceptos constitucionales que aluden a la independencia, autonomía y carrera judicial, si no se cuenta con la garantía de la autonomía financiera. Sin ella, dichas reformas se traducen sólo en un buen propósito del Constituyente Permanente y no podrán tener plena vigencia, hasta en tanto no se incorpore la autonomía financiera al propio texto constitucional.

En los tiempos que vive el país, el Poder Judicial representa una institución toral para el equilibrio de los poderes del Estado, y de su buen desempeño, depende en gran medida la armonía en las instituciones públicas, pues los requerimientos de la sociedad han aumentado en manera considerable; las controversias que se someten al conocimiento de los tribunales rebasan sus posibilidades de trabajo, lo que impide dar cabal cumplimiento a la garantía de justicia expedita, completa e imparcial, consagrada en el artículo 17 constitucional.

La cuestión que en esta iniciativa se aborda ha sido objeto de análisis y comentarios de estudiosos de la materia, de los representantes de los poderes judiciales e incluso, ha despertado el interés de diversos diputados de esta legislatura. Así, se han presentado dos iniciativas con la finalidad de garantizar constitucionalmente la autonomía financiera del Poder Judicial Federal, elaboradas por los compañeros diputados César Augusto Santiago Ramírez y Luis Miguel Barbosa Huerta.

Esta iniciativa coincide en lo esencial con lo propuesto por nuestros compañeros diputados, es decir, en el propósito fortalecer la autonomía e independencia del Poder Judicial Federal. Pero para quien ha vivido, como el que habla, la experiencia en el ámbito del Poder Judicial local, resulta de igual o mayor importancia fortalecer también la independencia y autonomía de los poderes judiciales de los estados. Así lo hemos propuesto ya en diversas ocasiones, como en el foro celebrado en la Ciudad de México el 5 de marzo de 1996, ante la subcomisión de Administración de Justicia de la Comisión Plural del Senado de la República, para la Reforma del Estado y en el Primer Encuentro de los Consejos Mexicanos de la Judicatura, celebrado el 28 de junio de 1996.

Es importante destacar que en las reuniones celebradas por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, el tema que hoy nos ocupa ha sido materia de análisis y discusiones, concluyendo en la preocupación general de lograr este objetivo. Así, baste mencionar que en el mes de octubre de los años 1999 y de 2001, dicha comisión se pronunció públicamente en las declaraciones de Yucatán y de Chihuahua, en el sentido de que: "los gobiernos locales contemplen en sus respectivos presupuestos, un porcentaje fijo no menor al 3% destinado a los poderes judiciales estatales" y en la necesidad de que los tribunales locales tengan un manejo autónomo de su presupuesto, sobre la premisa de que el mismo, debe representar un porcentaje prioritario del presupuesto general de cada Estado.

Ahora bien: ¿en qué consistiría la autonomía financiera de los poderes judiciales en nuestro país?

Primero. En un porcentaje mínimo fijo del presupuesto de egresos, cuya suma resultante no podrá ser inferior a la asignada en el ejercicio inmediato anterior, que se traduzca en la no injerencia de los otros dos poderes (Ejecutivo y Legislativo) para determinarlo. Esto es, que haya un margen suficiente para que el Poder Judicial no quede sometido a los otros dos poderes a fin de obtener su presupuesto, con el propósito de que aquel pueda darse una planeación adecuada en los programas de modernización y crecimiento y que los mismos, sean elaborados sobre una base confiable; es decir, nunca más sobre la incertidumbre del presupuesto que finalmente le sería asignado.

Segundo. Que el Poder Judicial tenga la posibilidad de determinar libremente el monto de las partidas en función de sus necesidades de administrar justicia en forma expedita, completa e imparcial, lo cual implica que aún en el supuesto de recortes al Presupuesto General del Estado, tratándose del Poder Judicial, éste deberá determinar las partidas presupuestales en las que se deberá aplicar la reducción correspondiente, con la aprobación del Poder Legislativo y no del Ejecutivo. En otras palabras, el Ejecutivo no podrá disminuir durante el ejercicio el monto del presupuesto aprobado al Poder Judicial, correspondiendo a la Cámara de Diputados o las legislaturas locales, según el caso, autorizar la reducción, tomando en cuenta la determinación del Poder Judicial, ya que éste es quien mejor conoce las necesidades más apremiantes que no pueden dejar de atenderse y los gastos que están en condiciones de diferirse o racionalizarse.

Tercero. La autonomía no debe traducirse en arbitrariedad en el manejo del presupuesto. Esto es, se deberá observar la normatividad para la correcta aplicación de los gastos autorizados conforme a los planes y programas aprobados por el Legislativo, en el respectivo presupuesto. En otras palabras, esta nueva garantía que proponemos para el Poder Judicial , no lo releva de la obligación de rendir cuentas del manejo de los recursos asignados y, por ende, de estar sujeto a la labor de fiscalización de carácter externo encomendada a la entidad de fiscalización dependiente de la Cámara de Diputados o de las legislaturas locales, según el caso. Por esta razón, se propone que, en aras de la transparencia en el manejo de los recursos asignados al Poder Judicial, el Organo Superior de Fiscalización de la Federación o los correspondientes de las entidades federativas, deberán comprobar que las sumas no erogadas al término del ejercicio se enteren a la hacienda pública, atendiendo al principio presupuestal de unidad de caja.

Una vez precisado lo anterior, la cuestión es determinar qué porcentaje fijo del presupuesto es el que debe establecerse para el Poder Judicial Federal y para los poderes judiciales de los estados. ¿Qué criterio debemos adoptar para determinar dicho porcentaje? ¿Se deberá tomar como referencia el presupuesto general o total del Estado o bien, sólo al gasto programable del mismo?

Hay quienes han aprobado en otras legislaciones o propuesto en diversos foros, que el porcentaje mínimo deberá estar referido al presupuesto de egresos general. Nosotros estamos de acuerdo con el criterio adoptado en las iniciativas presentadas por nuestros compañeros diputados César Augusto Santiago y Luis Miguel Barbosa Huerta, pues el gasto programable, es la suma destinada a las instituciones del gobierno, para que éstas, a su vez, puedan prestar los servicios públicos y cumplir las responsabilidades señaladas en la ley y en los programas aprobados; es decir, no comprende aquellos gastos referidos al cumplimiento de obligaciones como: el pago de deuda pública, sus intereses, ciertos compromisos contractuales derivados de ejercicios fiscales anteriores y las participaciones a entidades y municipios.

Actualmente, los recursos asignados al Poder Judicial Federal representan, según información proporcionada por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de esta Cámara, el 1.50% del gasto programable y el 1.09% del Presupuesto de Egresos de la Federación. El presupuesto ejercido por el Poder Judicial muestra, en los últimos 10 años, un incremento gradual. En efecto, en 1992 representó el 0.30% del Presupuesto de Egresos de la Federación y el 0.51% del gasto programable; en tanto que en el presente año, como ya señalamos, representa el 1.09% del presupuesto general y el 1.50% del gasto programable, lo cual significa un incremento del 200% del gasto programable y más del 235% del presupuesto general en los últimos 10 años. Por tales razones, consideramos que el porcentaje mínimo fijo que debe establecerse en la Constitución, es del 2% del gasto programable, toda vez que en estos términos su presupuesto se incrementa en un 33% a precios actuales, adicionado con la inercia de incremento en los gastos del Estado, que propiciará un aumento constante en el propio presupuesto del Poder Judicial y, finalmente, en atención a la previsión constitucional que se propone, en el sentido de que el presupuesto asignado al Poder Judicial no podrá ser inferior al asignado en el ejercicio inmediato anterior.

En cuanto al Poder Judicial de los estados, la propuesta de un porcentaje mínimo fijo reviste mayor dificultad, pero la necesidad es más evidente que en el Poder Judicial Federal, ante la situación actual que enfrentan la mayoría de ellos, como advertimos de los diagnósticos realizados por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que concluyen en la existencia de serias deficiencias en cuanto a la suficiencia de los recursos asignados a los poderes judiciales de las entidades federativas. Así, por ejemplo, el porcentaje del presupuesto estatal asignado al Poder Judicial, según información proporcionada por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de ésta Cámara, para el año 2002 fluctúa entre el 0.6% al 2.8% del presupuesto general y entre el 0.7% y el 3.8% del gasto programable, correspondiendo la mayor asignación al Distrito Federal y la menor a los estados de Guerrero y Tamaulipas. En tales condiciones, si la media nacional del presupuesto asignado a los poderes judiciales de las entidades federativas corresponde a un 1.4% del presupuesto general y 1.7% del gasto programable, consideramos que un porcentaje moderado respecto a las necesidades de modernización y fortalecimiento de los poderes judiciales locales, debe establecerse en un 2% del gasto programable.

Ahora bien, nuestra propuesta, como ya mencionamos al principio de nuestra intervención, coincide en lo fundamental con otras ya presentadas en esta Cámara, pero difiere en el aspecto de forma o técnica jurídica y en la cantidad que se propone como porcentaje mínimo fijo del presupuesto. Los compañeros César Augusto Santiago y Miguel Barbosa proponen reformar y adicionar el párrafo décimo del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por nuestra parte, sostenemos que tal párrafo debe derogarse, para incluirlo como un tercer párrafo del artículo 94 de la Constitución y en consecuencia, los actuales párrafos tercero al décimo primero del artículo citado en último término deberán pasar, en su orden, a ser párrafos cuarto a décimo segundo, respectivamente, toda vez que tratándose del Poder Judicial Federal, lo correcto es integrar la garantía de autonomía en el manejo del presupuesto en este último artículo, que incide en todos los presupuestos de la institución, a diferencia del contenido del artículo 100, que es una norma específica para regular al Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, estimamos conveniente incluir la referencia al órgano superior de Fiscalización, como encargado de comprobar, anualmente, que las sumas no erogadas al término del ejercicio, se enteren a la Hacienda Pública, como una sana práctica de transparencia y rendición de cuentas.

Finalmente, proponemos adicionar con un séptimo párrafo la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lograr también la autonomía financiera de los poderes judiciales de los estados, pues las mismas razones que informan la necesidad de contar con un Poder Judicial Federal fortalecido, en su autonomía e independencia desde el punto de vista financiero, subyacen tratándose del Poder Judicial de los estados.

Compañeros legisladores, no podemos pasar por alto uno de los reclamos de la sociedad mexicana más apremiantes: contar con un Poder Judicial fortalecido e independiente en todos sus ámbitos. Independencia que debe ser defendida por los representantes populares. Sin duda, el país atraviesa momentos difíciles, pero estoy plenamente convencido, que dotar de autonomía financiera al Poder Judicial de la Federación y de los estados, contribuirá a crear un entorno de estabilidad y paz social.

La justicia debe ser garantía de moralidad de la vida pública y de estabilidad en la convivencia entre los hombres. México está urgido por alcanzar los más altos niveles en el desempeño de la judicatura. Consolidemos una nación en la cual el imperio de la justicia y la ley ampare a todos los mexicanos.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente

Iniciativa

De decreto que reforma y adiciona los artículos 94 y 116 fracción III y deroga el décimo párrafo del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Primero. Se deroga el párrafo décimo del artículo 100 y se adiciona el artículo 94 con un párrafo tercero, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en consecuencia, los actuales párrafos tercero al decimoprimero del artículo citado en último término, pasarán en su orden a ser párrafos cuarto a decimosegundo, respectivamente, para quedar como sigue:

Artículo 94. . .

. . .

La administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación corresponde a su presidente. La Suprema Corte de Justicia elaborará su propio presupuesto y el Consejo de la Judicatura Federal lo hará para el resto del Poder Judicial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en el séptimo párrafo del artículo 99 de esta Constitución. Los presupuestos así elaborados serán remitidos al Ejecutivo Federal para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. El Poder Judicial es autónomo en el manejo de su presupuesto y el Ejecutivo Federal no podrá modificarlo, correspondiendo a la Cámara de Diputados aprobar, en su caso, la disminución del presupuesto, tomando en cuenta la determinación del Poder Judicial sobre las partidas presupuestales en las que se deberá aplicar la reducción correspondiente. En el Presupuesto de Egresos de la Federación se asignará al Poder Judicial una cantidad equivalente a, por lo menos, el 2% del gasto programable del mismo y, la suma resultante no podrá ser inferior a la asignada en el ejercicio inmediato anterior. La Entidad de Fiscalización Superior de la Federación deberá comprobar que las sumas no erogadas al término del ejercicio se enteren a la Tesorería de la Federación.

. . .

Artículo 100. . .

. . .

Se deroga.

Segundo. Se adiciona un séptimo párrafo a la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 116. . .

I a la III. . .

. . .

El Poder Judicial de los estados será autónomo en el manejo de su presupuesto y el Ejecutivo estatal no podrá modificarlo, correspondiendo a la legislatura aprobar, en su caso, la disminución del presupuesto, tomando en cuenta la determinación del Poder Judicial sobre las partidas presupuestales en las que se deberá aplicar la reducción correspondiente. En el Presupuesto de Egresos se asignará al Poder Judicial una cantidad equivalente a, por lo menos, el 2% del gasto programable del mismo y, la suma resultante no podrá ser inferior a la asignada en el ejercicio inmediato anterior. La entidad de fiscalización estatal deberá comprobar que las sumas no erogadas al término del ejercicio se enteren a la Hacienda Pública a través del órgano competente.

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. El presente decreto entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo.— San Lázaro, Distrito Federal, a 8 de octubre de 2002.— Diputados: Francisco Cárdenas Elizondo, Miguel Arizpe Jiménez, Víctor Díaz Palacios, Marco Antonio Dávila Montesinos, Adrián Valdés Torres, Aarón Irízar López, Fernando Díaz de la Vega, Policarpo Infante Fierro, Delfino Garcés, Melitón Morales Sánchez, Juan Manuel Sepúlveda Fayad, Jorge Schettino Pérez, José Luis González, Roberto Zavala Echavarría, Edilberto Buenfil Montalvo, Efrén Leyva Acevedo, Salvador Cosío Gaona, Ildefonso Zorrilla Cuevas, Roberto Preciado Coronado, Enrique Meléndez Pérez, Jorge Luis García, Carlos Aceves del Olmo, José Guadalupe Villarreal Gutiérrez, María del Rosario Oroz Ibarra, Arturo de la Garza Tijerina, Arturo León Lerma, Laura Pavón Jaramillo, Agustín Trujillo Iñiguez, Javier García González, Jaime Martínez Veloz, Jesús Burgos Pinto, Hermilo Monroy Pérez, César Duarte Jáquez, Silvia Romero Suárez, Tomás Torres Mercado, Santiago Guerrero Gutiérrez, Juan José Nogueda Ruiz, Jesús Alí de la Torre, Jaime Vázquez Castillo, Miguel Barbosa Huerta, Manuel Duarte Ramírez, Alfonso Elías Cardona, Mario Cruz Andrade, Héctor Sánchez López, Miguel Bortolini Castillo, Magdalena Núñez Monreal, Hortensia Aragón Castillo, Pedro Miguel Rosaldo Salazar, Arturo Hervis Reyes, Jesús Garibay González y José Narro Céspedes.»

El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:

Gracias señor diputado.

Insértese completa la iniciativa en el Diario de los Debates; igualmente en la Gaceta Parlamentaria.

Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Estamos en el apartado de minutas.

DISTRITO FEDERAL

El Secretario diputado Adrián Rivera Pérez:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.— Presidencia de la Mesa Directiva.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Hago de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, la Cámara de Senadores resolvió desechar en su totalidad la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 73, 76, 89, 108, 109, 110, 111 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En cumplimiento a lo dispuesto por el inciso d del artículo 72 de la Constitución General, esta Cámara de Senadores devuelve a esa colegisladora, el expediente completo de la minuta referida.

México, D. F., a 1o. de octubre de 2002.— Senador Enrique Jackson Ramírez, presidente.»

El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:

Túrnese a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y del Distrito Federal.

 

POLITICA EXTERIOR

El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:

En el apartado de excitativas, tiene la palabra la diputada Norma Patricia Riojas Santana del Partido de la Sociedad Nacionalista para presentar una iniciativa de las  comisiones de Puntos Constitucionales.

La diputada Norma Patricia Riojas Santana:

Con el permiso de la Presidencia:

La que suscribe, diputada federal de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión integrante del Partido de la Sociedad Nacionalista, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 fracción XVI y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente de esta Presidencia tenga a bien formular una excitativa a las comisiones de Puntos Constitucionales para que a la brevedad posible dictamine para su presentación en el pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 73, 76 fracción I; 89 fracción X y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al tenor de los siguientes

ANTECEDENTES

El 11 de abril del año en curso, la que suscribe presentó a nombre de los diputados integrantes del Partido de la Sociedad Nacionalista, la iniciativa con proyecto que reforma los artículos 73, 76 fracción I, 89 fracción X y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con objeto de otorgar al Congreso de la Unión la facultad de analizar, revisar y evaluar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo además de aprobar los tratados internacionales y convenciones que celebra el Ejecutivo de la Unión.

El Presidente de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa de reformas a la Comisión de Puntos Constitucionales por ser un tema de su competencia para que emitiera el dictamen correspondiente; en razones de lo anterior se expresan las siguientes

CONSIDERACIONES

La división de poderes que actualmente vive el Estado mexicano no implica enemistad ni confrontación entre los titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo Judicial; por el contrario, dicha práctica fomenta la creación de un verdadero estado de derecho.

Con base en los principios de división de poderes, el Poder Legislativo Federal tiene la misión primordial de crear y actualizar las normas jurídicas que rigen la convivencia justa y pacífica entre los hombres e individuos de una sociedad. En este sentido existen normas jurídicas que materialmente tienen las características de ley pero formalmente son actos emanados de otros dos poderes como es el caso de los tratados y convenciones internacionales que suscribe el titular del Poder Ejecutivo Federal en uso de la facultad que le otorga en la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Frente a la comunidad internacional en la firma y ratificación de los tratados, quien se obliga es el Presidente de la República y el Senado; ahora bien, en el orden interno de la Federación y los estados salen obligados y a los gobernados se les impone derechos y obligaciones como consecuencia de la aprobación de los tratados internacionales, por lo que es válido cuestionarnos: ¿hace falta la participación de la Cámara de Diputados como representantes del pueblo en la aprobación de los tratados internacionales en virtud de que el Senado interviene por parte de la Federación?

La suscripción y aprobación de los tratados internacionales no sólo son obligación del Ejecutivo de la Unión y el Senado de la República sino que recae sobre la población mexicana en su totalidad y es la Cámara de Diputados quien representa a la nación, fundamentalmente en su aspecto popular; por lo tanto resulta obvio, necesario y congruente con los principios constitucionales que rige el estado de derecho mexicano que sea el Congreso de la Unión el facultado en aprobar los tratados internacionales y evaluar la política exterior realizada por el Ejecutivo.

Si bien la posición de la Cámara de Senadores es significativa no es suficiente, pues no se logra un equilibrio entre los órganos que intervienen en la elaboración de las normas en cuestión, es necesario la intervención de la Cámara de Diputados ya que en el ámbito interno los tratados internacionales son ley suprema de la Unión y abarcan materias que puedan estar reservadas a los estados o bien atribuciones exclusivas del Congreso.

Es urgente la reforma de los artículos antes mencionados para lograr una verdadera representatividad de toda la población mexicana en la toma de decisiones del poder público.

Señores diputados, no podemos permitir que la aprobación de los tratados sea facultad exclusiva del Senado. Tenemos la responsabilidad de verificar que todas las leyes que se aplican en nuestro país no contravengan a nuestra ley suprema.

Como representantes de la nación tenemos la obligación de revisar la constitucionalidad de todos los concordatos que firma el Ejecutivo Federal, no dejemos que esta iniciativa siga durmiendo el sueño de los justos; convirtamos a este Poder Legislativo en un verdadero contrapeso.

Que en virtud de que ha transcurrido en exceso el término de cinco días señalados en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para que la Comisión de Puntos Constitucionales emita el dictamen correspondiente de la iniciativa presentada en este pleno el 11 de abril del año en curso, …solicito unos segundos para concluir, señor Presidente. Hoy acudo ante esta Asamblea invocando el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que la Presidencia de esta Mesa Directiva excite a la comisión antes mencionada, a efecto de que dictamine la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 73, 76 fracción I 89 fracción X y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a usted señor Presidente de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, muy atentamente pido se sirva:

Unico. En los términos de los antecedentes y consideraciones expuestas, así como de conformidad con los preceptos legales invocados, se sirva excitar a la Comisión de Puntos Constitucionales para que presente el dictamen que corresponde a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 73, 76 fracción I 89 fracción X y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Firma la presente por el Partido de la Sociedad Nacionalista, Norma Patricia Riojas Santana y solicitaría, señor Presidente, se inserte íntegra la presente en el Diario de losDebates y en la Gaceta Parlamentaria.

Es cuanto, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unido Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.

Ciudadana Presidenta de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presente.

La suscrita diputada federal a la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Partido de la Sociedad Nacionalista, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, fracción XVI y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos solicito respetuosamente de esta Presidencia, tenga a bien formular una excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, para que a la brevedad posible dictamine para su presentación en el pleno de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 73, 76, fracción I 89 fracción X y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes

ANTECEDENTES

El 11 de abril del año en curso, la que suscribe, presentó a nombre de los diputados integrantes del Partido de la Sociedad Nacionalista, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 73, 76 fracción I 89 fracción X y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con objeto de otorgar al Congreso de la Unión la facultad de analizar, revisar y evaluar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal; además de aprobar los tratados internacionales y convenciones que celebre el Ejecutivo de la Unión.

El Presidente de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa de reformas a la Comisión de Puntos Constitucionales, por ser un tema de su competencia, para que emitiera el dictamen correspondiente.

En razón de lo anterior se expresan las siguientes

CONSIDERACIONES

Primero. La división de poderes es uno de los principios fundamentales de los estados democráticos de derecho modernos, convirtiéndose en un verdadero dogma, cuyo significado histórico-político se suele desconocer, pero sus fines prácticos son más que conocidos y constituyen la piedra angular por la que dirigen su actuación los órganos del Estado, con el fin de racionalizar el poder y equilibrar los órganos que lo integran.

La división de poderes que actualmente vive el Estado mexicano no implica enemistad, ni confrontación entre los titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, por el contrario dicha práctica fomenta la creación de un verdadero Estado de Derecho.

Segundo. Con base en el principio de división de poderes, el Poder Legislativo Federal tiene la misión primordial de crear y actualizar las normas jurídicas que rigen la convivencia justa y pacífica entre los individuos de la sociedad.

Tercero. Las leyes creadas por el Congreso de la Unión tienen las características de ser impersonales, abstractas, generales y de observancia general. En este sentido existen normas jurídicas que materialmente tienen las características de ley, pero formalmente son actos emanados de los otros dos poderes, como es el caso de los tratados y convenciones internacionales que suscribe el titular del Poder Ejecutivo Federal en uso de la facultad otorgada en la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Cuarto. Un tratado internacional es el acuerdo de voluntades de dos o más estados, por medio del cual se crean, modifican y se otorgan derechos e imponen obligaciones a las partes contratantes; se establecen reglas de conducta a los participantes, produciendo efectos en su régimen jurídico, que impactan en las políticas económicas y sociales y modifican la vida de todos los mexicanos.

Quinto. La doctrina establece una jerarquía donde la Constitución está en la cúspide y en segundo plano se encuentran todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado; asimismo, el artículo 133 constitucional señala que estos tratados serán "la Ley Suprema de toda la Unión".

Sexto. Frente a la comunidad internacional, en la firma y ratificación de los tratados quienes se obligan son el Presidente de la República y el Senado; ahora bien, en el orden interno la Federación y los estados salen obligados y a los gobernados se les imponen derechos y obligaciones como consecuencia de la aprobación de los tratados internacionales, por lo que es válido cuestionarnos: ¿No hace falta la participación de la Cámara de Diputados como representantes del pueblo en la aprobación de los tratados internacionales, en virtud de que el Senado interviene por parte de la Federación?

Séptimo. La suscripción y aprobación de los tratados internacionales no sólo obliga al Ejecutivo de la Unión y al Senado de la República, sino que recae sobre la población mexicana en su totalidad y es la Cámara de Diputados quien representa a la nación fundamentalmente en su aspecto popular, por lo tanto resulta obvio, necesario y congruente con los principios constitucionales que rigen el Estado de derecho mexicano, que sea el Congreso de la Unión el facultado en aprobar los tratados internacionales y evaluar la política exterior realizada por el Ejecutivo. Si bien la posición de la Cámara de Senadores es significativa, no es suficiente, pues no se logra un equilibrio entre los órganos que intervienen en la elaboración de las normas en cuestión. Es necesaria la intervención de la Cámara de Diputados, ya que en el ámbito interno los tratados internacionales son Ley Suprema de la Unión y abarcan materias que pueden estar reservadas a los estados o bien ser atribuciones exclusivas del Congreso; es urgente la reforma a los artículos antes mencionados para lograr una verdadera representatividad de toda la población mexicana en la toma de decisiones del poder público.

Octavo. Que en virtud de que ha transcurrido en exceso el término de cinco días señalado en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que la Comisión de Puntos Constitucionales emita el dictamen correspondiente, de la iniciativa presentada a este pleno el 11 de abril del año en curso; hoy acudo ante esta honorable Asamblea invocando el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que la Presidencia de esta Mesa Directiva excite a la comisión antes mencionada a efecto de que dictamine la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 73, 76 fracción I, 89 fracción X y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto y fundado, a usted, Presidenta de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, muy atentamente pido se sirva:

Unico. En los términos de los antecedentes y consideraciones expuestos, así como de conformidad con los preceptos legales invocados, se sirva excitar a la Comisión de Puntos Constitucionales, para que presente el dictamen que corresponde a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 73, 76 fracción I, 89 fracción X y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Suscriben la presente por el Partido de la Sociedad Nacionalista.

Palacio Legislativo, a 8 de octubre de 2002.— Diputada Norma Patricia Riojas Santana.»

El Presidente diputado Eric Eber Villanueva Mukul:

Cómo no. Insértese íntegra la excitativa en la Gaceta Parlamentaria, igualmente en el Diario de los Debates, y de conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Puntos Constitucionales para que emita el dictamen correspondiente.

 

Presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

El siguiente punto del orden del día, la presentación de una excitativa a cargo del diputado Amador Rodríguez Lozano, se pospone para próxima sesión.

Pasamos al siguiente punto del orden del día y es el relativo a discusión de dictámenes de puntos de acuerdo turnados a comisiones.

En virtud de que se están distribuyendo entre los diputados los dictámenes de referencia, consulte la Secretaría a la Asamblea si se autoriza que solamente se dé lectura a los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista:

Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se autoriza que se dé lectura a los puntos de acuerdo.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Se dará exclusivamente lectura a los puntos de acuerdo.

 

TARIFAS ELECTRICAS

La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

Honorable Asamblea: a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, de la Cámara de Diputados, correspondiente a la LVIII Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo, por el que se rechaza la eliminación de los subsidios que otorgan al servicio eléctrico para uso doméstico y agrícola, a fin de que las tarifas no sufran aumentos significativos que vulneren aún más la precaria economía de las familias mexicanas, presentada el 3 de abril de 2001, por la diputada Petra Santos Ortiz, a nombre de los diputados de los grupos parlamentarios de los partidos de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, que en ejercicio de la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometió a la consideración del honorable Congreso de la Unión.

La Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la LVIII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45 párrafo sexto incisos d, e y f, así como en el tercero transitorio fracción IV inciso a, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94, del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis del punto de acuerdo descrito a continuación.

ANTECEDENTES

Primero. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados, el día 3 de abril de 2001, los secretarios de la misma, dieron cuenta al pleno de la proposición con punto de acuerdo que presentó la diputada Petra Santos Ortiz, a nombre de los diputados de los grupos parlamentarios de   la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional.

Segundo. El Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite "túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial".

Tercero. Mediante oficio CCFI/001140/2002, con fecha 14 de febrero de 2002, se dio cuenta a los integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial del contenido del mencionado punto de acuerdo.

Cuarto. La proposición con punto de acuerdo de referencia, tiene por objeto:

Rechazar tajantemente la eliminación de los subsidios que se otorgan al servicio eléctrico para uso doméstico y agrícola, a fin de que las tarifas no sufran aumentos significativos que vulneren aún más la precaria economía de millones de familias mexicanas.

Que el honorable Congreso de la Unión haga un llamado al Ejecutivo Federal, a fin de que los proyectos de refinanciamiento de la industria eléctrica, no sea la óptica empresarial ni la privatización su valuarte, sino los principios de la justicia distributiva, pagando más quien más tiene.

CONSIDERANDOS

Primero. Con base en los antecedentes indicados, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con las atribuciones antes señaladas se abocó a dictaminar el punto de acuerdo de referencia.

Segundo. El día 7 de febrero de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, las tarifas de energía eléctrica con vigencia para lo que resta del presente año, en donde se registraban seis tarifas residenciales autorizadas: 1, 1A, 1B, 1C, 1D y 1E. En esa fecha, el Gobierno Federal decidió disminuir los subsidios a las tarifas eléctricas con la finalidad de obtener recursos por 5 mil millones de pesos, además de que aplicaría una tarifa especial al consumo eléctrico de las instalaciones del Estado para captar otros 4 mil millones.

En este acuerdo se anuncia que el 75% de los hogares mexicanos quedarán exentos del incremento de las tarifas, es decir, mantendrán el subsidio eléctrico.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en los consumos bimestrales de hasta 280 kilowatts-hora, la factura se mantendrá en el mismo nivel y el pago de usuario será de 165 pesos, con una tarifa de 58 centavos. En caso de que el consumo llegue hasta los 300 kilowatts-hora, la factura será de 250 pesos, es decir, se incrementa el precio a razón de 1.21 pesos por día, lo que representa una tarifa de 83 centavos. En caso de superar los 400 kilowatts-hora, la factura ascendería a 438 pesos, a razón de 3.27 pesos por día, con una tarifa de 1.09 pesos por kilowatts-hora.

Tercero. El día 8 de abril de 2002, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo que autoriza el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica en donde la SHCP autorizó a la Comisión Federal de Electricidad la creación de una nueva tarifa eléctrica, denominada 1F. Considerando necesaria su creación a fin de brindar mayor beneficio a usuarios de localidades que registran temperaturas extremas en el verano y cuyos consumos de energía son más elevadas, beneficiando a las ciudades de Mexicali, Baja California y San Luis Río Colorado, Sonora y sitios donde se registraron temperaturas elevadas en tres de los cinco años anteriores.

Dicha tarifa se aplicará a todos los servicios que destinen la energía para uso doméstico exclusivamente, para cargas que no sean consideradas de alto consumo de acuerdo con lo establecido en la tarifa DAC, conectadas individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda, en localidades cuya temperatura media mensual en verano sea de 33 grados centígrados como mínimo.

Los consumos que seguirán teniendo subsidio en temporadas de verano serán los hogares que utilicen hasta 750 kilovatios-hora al mes, volumen que será considerado como bajo. Si se usan más de 750 kilovatios-hora y hasta 1 mil 999 al mes, será calificado consumo intermedio y recibirá subvención. Pero si el consumo supera los 2 mil kilovatios-hora se le quitará el subsidio.

La nueva tarifa, al igual que el resto de las domésticas, tendrán un ajuste mensual, según lo establecido en el artículo 2o. del acuerdo que autoriza el ajuste a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2000, excepto para los cargos del rango intermedio de los numerales 2.1.2 y 2.2.2, a los que se les aplicará a partir del día 1o. de cada mes un factor de ajuste acumulativo de 1.023.

Cuarto. Con base en un estudio elaborado por el Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados (*), se concluye:

• Con la tarifa residencial promedio únicamente los deciles de ingreso I, II y III mantendrían el subsidio eléctrico (25.29% de los hogares que demanda el servicio eléctrico), implicando que el tope de consumo que se tendría que establecer para mantener el subsidio al 75% de los hogares, sería de 283.90 Kw/h mensuales.

• Con las tarifas residenciales ponderadas, ningún decil de ingreso mantendría el subsidio eléctrico, el tope de consumo que se tendría que establecer para mantener el subsidio al 75% de los hogares, sería de 200.68 Kw/h al mes.

Quinto. El argumento central a favor de los subsidios es la ayuda a la población y en particular a la de bajos ingresos mediante la presentación de un servicio básico a precios accesibles. Sin embargo, aproximadamente 10% de los pobres extremos urbanos y 35% de los rurales no cuentan con el servicio, de tal forma que los subsidios al consumo no están llegando a los hogares más necesitados y haciendo hincapié en que el subsidio a la energía eléctrica no es un servicio gratuito, se paga con impuestos.

Por otro lado, México cuenta con un sector eléctrico poco eficiente y que presenta costos muy por arriba de los observados en países tanto desarrollados como en desarrollo. La eliminación drástica de los subsidios y el hecho de que el Banco de México no fuera informado con anterioridad ocasionará repercusiones en las metas inflacionarias para este año.

Los esfuerzos por reducir el robo de energía eléctrica han sido pocos y tampoco existe el esfuerzo por aumentar la productividad de la Comisión Federal de Electricidad y de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Un ejemplo de la poca productividad existente en estas empresas, es que en México hay un trabajador por aproximadamente 225 usuarios mientras que en Chile un trabajador atiende a casi 500 usuarios, es decir, la diferencia de productividad de ambos países es de dos por uno. Lo anterior viene acompañado con el cálculo que pronostica que la demanda de electricidad crecerá en los próximos años a una tasa anual superior a 5%.

Ello requerirá la realización de inversiones muy cuantiosas, lo que implica que los legisladores pongan particular atención en el tema y legislen con responsabilidad.

Sexto. De lo anterior, se desprenden las seis iniciativas presentadas en la Cámara de Senadores y una en la Cámara de Diputados encaminadas a resolver los problemas señalados en el párrafo anterior:

1. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado el 3 de febrero de 1999, por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León.

2. Proyecto de decreto que reforma los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energías renovables, presentada el 29 de marzo de 2001, por la senadora Gloria Lavara Mejía, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

3. Proyecto de decreto que reforma los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; la Ley de la Comisión Reguladora de Energía y la Ley de Inversión Extranjera, presentada el 21 de noviembre de 2001, por la senadora Verónica Velasco Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

4. Proyecto de decreto que reforma los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 4 de diciembre de 2001, por el senador Juan José Rodríguez Prats, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

5. Proyecto de decreto que crea, reforma, modifica, adiciona, deroga y abroga diversas disposiciones y ordenamientos relacionados con el sector energético, presentada el 11 de abril de 2002, por el senador Antonio Soto Sánchez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

6. Iniciativa de reformas en materia de energía eléctrica, presentada el 13 de marzo de 2002, por el senador Ernesto Gil Elorduy, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República, en la sesión de la Comisión Permanente.

7. Iniciativa que reforma diversas disposiciones relacionadas con el servicio público de energía eléctrica, presentada el 13 de febrero de 2002, por la diputada Rosario Tapia Medina, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Los miembros integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial que dictaminan, reconocen y coinciden que la petición de la diputada Petra Santos debe ser atendida y apoyada en función de que se revisen los criterios en el suministro de energía eléctrica.

RESULTANDO

Primero. Con base en los considerandos anteriores se exhorta al Gobierno Federal a realizar un análisis minucioso de las tarifas eléctricas que actualmente operan en el territorio nacional, a fin de considerar la viabilidad en la reducción de las mismas.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 77 constitucional, envíese el punto de acuerdo, motivo del presente dictamen a la Cámara de Senadores, a efecto de que sea considerado, en el dictamen que sea realizado en materia energética.

Dado en Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 24 de abril de 2002.— Diputados: Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, presidente; José Ramón Mantilla y González de la Llave, Ildefonso Guajardo Villarreal, Antonio Silva Beltrán, secretarios; José Bañales Castro, Orlando García Flores, Moisés Alcalde Virgen, Francisco Javier Ortiz Esquivel, María Teresa Tapia Bahena, Jorge Urdapilleta Núñez, Carlos Nicolás Villegas Flores, Manuel Yoselevitz Fraustro, Hermilo Monroy Pérez, Roberto Ruiz Angeles, Miroslava García Suárez, Rafael Servín Maldonado y Gregorio Urías Germán.»

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Este dictamen ha sido distribuido y es un dictamen de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, en relación a la proposición con punto de acuerdo por el que se rechaza la eliminación de los subsidios que se otorgan al servicio eléctrico para uso doméstico y agrícola.

En ese sentido, están a discusión los puntos de acuerdo a que ha dado lectura la Secretaría.

Se abre el registro de oradores.

No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista:

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista:

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el punto de acuerdo.

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Comuníquese al Ejecutivo e infórmese al Senado.

CINTRA

La Secretaria diputada Adela Cerezo Baustista:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisiones unidas de Comunicaciones y de Transportes.

Honorable Asamblea: a las comisiones unidas de Comunicaciones y de Transportes, les fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo para que se analice en el proceso de venta de la Cintra, el impacto de los eventos del 11 de septiembre, perpetrados en las ciudades de Washington y Nueva York y se determinen las mejores condiciones para su desincorporación, con la participación del Estado que permita garantizar que México siga conservando una industria de aviación que sirva al interés nacional, presentada por el diputado Raúl Cervantes Andrade, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Revisada, discutida y analizada la proposición con punto de acuerdo de referencia, las comisiones dictaminadoras en ejercicio de las facultades que les confieren los artículos 39, 40 punto dos inciso b 45 punto cinco inciso e y demás concordantes de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 58, 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emiten el siguiente dictamen al tenor de los siguientes

I. Antecedentes.

1. Con fecha 27 de septiembre de 2001, el diputado federal Raúl Cervantes Andrade, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo citada en el proemio del presente dictamen.

2. En la misma fecha de su presentación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23 fracción f de la Ley Orgánica que rige el citado Congreso, acordó turnar la proposición con punto de acuerdo a las comisiones unidas de Comunicaciones y de Transportes, para su estudio y dictamen.

3. Con el fin de dar cumplimiento al mandato de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 39 párrafo tercero 45 párrafo sexto en los incisos e y f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 60, 85, 87, 88 y demás relativos aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, estas comisiones unidas se abocaron al análisis detallado de la proposición para emitir el presente dictamen en atención al siguiente:

II. Contenido de la proposición.

La proposición con punto de acuerdo en cuestión señala en la exposición de motivos, que la venta de las aerolíneas incluidas en el corporativo Cintra es una cuestión de suma trascendencia para la vida económica y social de nuestro país.

Resalta la participación del Poder Legislativo en el diseño de la política aeronáutica convocada por el Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Asimismo, el legislador hace referencia a los ataques terroristas realizados en Estados Unidos el pasado 11 de septiembre de 2001, para señalar sus graves repercusiones en la aviación nacional e internacional, que en muchos de los casos, han puesto en riesgo su operación y existencia.

Recomienda que, la evaluación de las repercusiones que dichos atentados terroristas tendrán en nuestra aviación comercial se realice sólo a mediano plazo, cuando se reconozcan los recursos que se utilizarán en la casi inevitable respuesta a estos atentados.

De igual forma comenta en la exposición de motivos que, es necesario contar con todos los elementos que permitan tomar una decisión idónea en relación con la venta de Cintra, así como la adecuación, transformación y actualización de la industria de la aviación nacional que la hagan competitiva y productiva, evaluando lo adecuado e inadecuado de que el Estado participe, así como lo indispensable que el Estado Mexicano apoye a las empresas de este sector como ha sucedido en otros países.

En concreto, se propone que se analice en el proceso de venta de Cintra, el impacto de los eventos del 11 de septiembre, perpetrados en las ciudades de Washington y Nueva York, en las empresas aéreas nacionales y se determinen las mejores condiciones para su desincorporación. Así también, que con base en la experiencia de lo acontecido a las empresas de transporte aéreo de la Unión Americana, deberán revisarse las condiciones de desincorporación de Cintra, a fin de que se garantice que las empresas hasta hoy mexicanas, queden en manos de mexicanos y estudiándose la conveniencia de mantener una participación del Estado que permita garantizar que México seguirá conservando una industria de aviación que sirva al interés nacional, más allá de consideraciones puramente comerciales o de mercado.

Las comisiones dictaminadoras se abocan al estudio y dictamen de la presente proposición con punto de acuerdo tomando en cuenta los siguientes:

III. Considerandos

En concordancia con los argumentos expresados por el legislador en la exposición de motivos de la proposición con punto de acuerdo en estudio, las comisiones dictaminadoras coinciden en señalar que los acontecimientos terroristas ocurridos en Estados Unidos el pasado 11 de septiembre de 2001, han ocasionado repercusiones graves a la aviación comercial nacional e internacional.

Asimismo, como resultado de un largo debate entre los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión, el 11 de diciembre de 2001, a finales del periodo de sesiones ordinarias, se aprobó una iniciativa de ley que autoriza al Ejecutivo Federal, para otorgar apoyos tendientes a salvaguardar los servicios de transporte aéreo, presentada por el Ejecutivo Federal el 31 de octubre de 2001, turnada a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones de la Cámara de Diputados y remitida al Senado de la República para sus efectos constitucionales, donde fue aprobada el 15 de diciembre de 2001.

En el dictamen a la iniciativa mencionada en el párrafo anterior, las dictaminadoras reconocieron que los desafortunados actos de terrorismo realizados en septiembre pasado, han derivado en múltiples problemas para la economía mundial y, de forma muy particular, para las actividades asociadas a la transportación aérea y el turismo, así como para el ramo asegurador, poniendo en condiciones de fragilidad extrema numerosas fuentes de empleo productivo. De ello dan prueba clara los recortes de personal y los programas de apoyo emergente que han instrumentado en las últimas semanas diversos países, tanto industrializados como en desarrollo, para evitar la quiebra y cierre de sus principales aerolíneas comerciales.

Asimismo en el dictamen en comento las dictaminadoras señalaron, que sobre esta contingencia, se observa el carácter oportuno de la decisión adoptada por el Legislativo de suspender por el momento la privatización de las empresas que componen el corporativo de Cintra, dado que todas estas circunstancias determinan la necesidad de replantear la política aeronáutica nacional.

En consecuencia, las comisiones unidas de Comunicaciones y de Transportes han acordado recomendar a las autoridades correspondientes, que en el proceso de venta de Cintra, se analice el impacto de los eventos del 11 de septiembre de 2001, perpetrados en las ciudades de Washington y Nueva York, en las empresas aéreas nacionales y se determinen las mejores condiciones para su desincorporación.

Asimismo, las dictaminadoras han acordado recomendar a las autoridades correspondientes, que con base en la experiencia de lo acontecido a las empresas de transporte aéreo en la Unión Americana, se revisen las condiciones de desincorporación de Cintra, a fin de que se garantice que las empresas, hasta hoy mexicanas, queden en manos de mexicanos y se estudie la conveniencia de la participación del Estado que permita garantizar que México siga conservando una industria de aviación que sirva al interés nacional más allá de consideraciones comerciales y de mercado.

En atención a todas las consideraciones que se han expresado en el cuerpo del presente dictamen los suscritos, miembros de las comisiones unidas de Comunicaciones y de Transportes, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 40 inciso b, 45 punto 5 inciso e y demás concordantes de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58, 60, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la aprobación de esta alta tribuna se dictamine en el siguiente sentido:

Primero. Se recomienda al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que en el proceso de venta de Cintra, se analice el impacto de los eventos del 11 de septiembre de 2001, perpetrados en las ciudades de Washington y Nueva York, en las empresas aéreas nacionales y se determinen las mejores condiciones para su desincorporación.

Segundo. Se recomienda al Instituto de Protección al Ahorro Bancario y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que con base en la experiencia de lo acontecido a las empresas de transporte aéreo en la Unión Americana, se revisen las condiciones de desincorporación de Cintra, a fin de que se garantice que las empresas, hasta hoy mexicanas, queden en manos de mexicanos y se estudie la conveniencia de la participación del Estado que permita garantizar que México siga conservando una industria de aviación que sirva al interés nacional más allá de consideraciones comerciales y de mercado.

Tercero. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones dictaminadoras solicitan al Instituto de Protección al Ahorro Bancario, y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, informen de las acciones que se realicen para dar cumplimiento a los puntos primero y segundo, aprobados por esta soberanía.

Cuarto. En consecuencia, se ordene archivar el expediente como asunto concluido.

Dado en el Palacio Legislativo.— San Lázaro,  a 6 de marzo de 2002.— Por la Comisión de Comunicaciones:, diputados: Jesús Orozco Alfaro (PRI), presidente, rúbrica; Bulmaro Rito Salinas (PRI) secretario, rúbrica; Emilio R. Goicoechea Luna (PAN), secretario, rúbrica; Alonso Ulloa Vélez (PAN), secretario, rúbrica; Alejandro García Sainz Arena (PVEM), secretario, rúbrica; Edilberto Jesús Buenfil Montalvo (PRI); Gustavo Carvajal Moreno (PRI); José Gerardo de la Riva Pinal (PRI), rúbrica; César Horacio Duarte Jáquez (PRI), rúbrica; Omar Fayad Meneses (PRI); Javier García González (PRI), rúbrica; Jaime Arturo Larrazábal Bretón (PRI), rúbrica; Marcos Paulino López Mora (PRI), rúbrica; Roberto Preciado Cuevas (PRI), rúbrica; Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI); Francisco Javier Sánchez Campuzano (PRI), rúbrica; Manuel Castro y del Valle (PAN), rúbrica; Tereso Martínez Aldana (PAN); Noé Navarrete González (PAN); Orestes Eugenio Pérez Cruz (PAN); Francisco Ramírez Cabrera (PAN); José Rivera Carranza (PAN), rúbrica; Arturo San Miguel Cantú (PAN), rúbrica; Martín Hugo Solís Alatorre (PAN); José Ramón Soto Reséndiz (PAN), rúbrica; Felipe Velasco Monroy (PAN), rúbrica; Víctor Manuel O. Camposeco (PRD); Bonifacio Castillo Cruz (PRD); Enrique Herrera y Bruquetas (PRD) y Bertha Alicia Simental García (PSN).

Por la Comisión de Transportes, diputados: Juan Manuel Duarte Dávila (PAN), presidente, rúbrica; Raúl Cervantes Andrade (PRI), rúbrica; José Rodolfo Barrera Escudero (PVEM), rúbrica y Orestes Eugenio Pérez Cruz (PAN), secretarios, rúbrica; Arturo Bonifacio de la Garza Tijerina (PRI), rúbrica; Ismael Estrada Colín (PRI), rúbrica; Alonso Ulloa Vélez (PRI), rúbrica; Mercedes Hernández Rojas (PAN), rúbrica; Noé Navarrete González (PAN), rúbrica; Jesús Orozco Alfaro (PRI), rúbrica; Francisco Patiño Cardona (PRD), rúbrica; Francisco Raúl Ramírez Avila (PAN), rúbrica; Arturo San Miguel Cantú (PAN), rúbrica; Esteban Sotelo Salgado (PAN), rúbrica; José Ramón Soto Reséndiz (PAN), rúbrica; Jesús Adelfo Taracena Martínez (PRI), rúbrica y Emilio Ulloa Pérez (PRD), rúbrica.»

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Están a discusión los puntos de acuerdo a que ha dado lectura la Secretaría.

Se abre el registro de oradores...

No habiendo registro de oradores, consulte al Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista:

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Suficientemente discutido.

La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista:

En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.

 

CAMPO MEXICANO

El Secretario diputado Adrián Rivera Pérez:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de Agricultura y Ganadería.— Comisión de Desarrollo Rural.— Comisión de Reforma Agraria.

De las comisiones de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Rural y de Reforma Agraria con proyecto de punto de acuerdo, para solicitar al Gobierno Federal y a la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural sustentable, den a conocer a esta soberanía y al pueblo de México, antes del término de este periodo de sesiones ordinarias, un informe pormenorizado de la actual situación política, jurídica y social del campo mexicano

Honorable Asamblea: a las comisiones de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Rural y de Reforma Agraria, les fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo, para solicitar al Gobierno Federal y a la Nueva Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, den a conocer a esta soberanía y al pueblo de México, antes del término de este periodo de sesiones ordinarias, un informe pormenorizado de la actual situación política, jurídica y social del campo mexicano, presentada al pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión por el diputado José Manuel del Río Virgen, integrante del grupo parlamentario del Partido Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional y de diputados integrantes de los grupos parlamentarios de los partidos: Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, del Trabajo y del Partido Acción Nacional.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 39 numeral 1 y 3 y 45 numeral 6 inciso f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 65, 87 y 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, someten a la consideración de los integrantes de esta Asamblea, el presente dictamen bajo la siguiente

METODOLOGIA

Las comisiones encargadas del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrollaron su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo de “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido punto de acuerdo y de los trabajos previos de la comisión.

II. En el capítulo de “Consideraciones”, los integrantes de estas comisiones expresan argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar en lo general la iniciativa de análisis.

I. ANTECEDENTES

Primero: con fecha 11 de abril del 2002, el diputado José Manuel del Río Virgen, del grupo parlamentario del Partido Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional, presentó al pleno de esta Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo, para solicitar al Gobierno Federal y a la nueva Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, den a conocer a esta soberanía y al pueblo de México, antes del término de este periodo de sesiones ordinarias, un informe pormenorizado de la actual situación política, jurídica y social del campo mexicano.

Segundo: en sesión celebrada 11 de abril de 2002, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, turnó a las comisiones de Agricultura y Ganadería, de De-sarrollo Rural y de Reforma Agraria, para su estudio y dictamen, la iniciativa anteriormente referida.

Tercero: con fecha 19 de abril de 2002 las comisiones conocieron la propuesta de punto de acuerdo, procediendo a dictaminar la presente iniciativa bajo los siguientes

II. CONSIDERANDOS

Primero: en términos sociales, existe un rezago extremo en el campo, el 25% de la población nacional vive en el sector rural, este sector genera alrededor del 5% del PIB. La pobreza extrema lesiona al 55% y la pobreza moderada al 81% de la población del sector rural. Además, la escolaridad promedio de la población rural es de 3.3 años de primaria, la media nacional es de 7.1 años.

Segundo: de 1994 a 1999 han emigrado 900 mil mexicanos a Estados Unidos para totalizar 8 millones de mexicanos.

Tercero: los recursos naturales son amplios, pero también se encuentran en un proceso de degradación. De los 200 millones de hectáreas con que cuenta el país (sector agropecuario y forestal), entre 130 y 170 millones están sujetos a diversos grados de erosión (80 millones con severos daños ecológicos). El sector agropecuario utiliza el 85% del agua disponible y se estima un desperdicio de alrededor del 50%.

Cuarto: en las áreas rurales se presenta la atomización de las unidades de producción. En el campo existen 3.8 millones de unidades de producción con superficie de labor, la superficie promedio por unidad es de 8.03 hectáreas. El 15% de las unidades de producción generan excedentes comerciables, otro 35% cuenta con potencial productivo y el restante 50% no cuenta con potencial productivo.

Quinto: también se observa una desintegración de las cadenas productivas, resistencia a atender las señales del mercado e ineficientes canales de distribución (alrededor del 30% de la producción se pierde debido a problemas de almacenamiento y transporte) son comunes en el campo mexicano.

Sexto: el país en su conjunto se encuentra en un entorno económico adverso, que se manifiesta en precios mundiales deprimidos desde 1997, una balanza comercial deficitaria de 3 mil 728 millones de dólares, un creciente costo de los insumos y nuevos impuestos para el sector, tales como IMSS e ISR, en tanto que en los países desarrollados se observa una tendencia a incrementar los apoyos.

Séptimo: asimismo, con la apertura comercial, tendrá lugar la eliminación de los aranceles para los productos del campo a partir del año 2003.

Octavo: existe una abundancia de programas canalizados al campo con objetivos de producción, combate a la pobreza, desarrollo de infraestructura, conservación ambiental y otros, pero a falta de una integración, no se ha alcanzado el desarrollo deseado del medio rural.

Noveno: la promulgación de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, establece un marco para promover el desarrollo rural integral del país a través de sus tres ámbitos de gobierno, desarrollando políticas, programas y acciones que consideren a la agricultura, a la ganadería y a la silvicultura como actividades prioritarias para el desarrollo del país.

Décimo: en el marco de esta ley, la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural sustentable, propondrá al Ejecutivo Federal el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable que comprenderá las políticas públicas orientadas a la generación y diversificación de empleo y a garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación al desarrollo nacional, dando prioridad a las zonas de alta y muy alta marginación y a las poblaciones socialmente débiles.

Undécimo: de acuerdo con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Comisión Intersecretarial estará integrada por los titulares de las siguientes dependencias del Ejecutivo Federal: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, cuyo titular la presidirá; Secretaría de Economía; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Secretaría de Salud; Secretaría de Desarrollo Social; Secretaría de la Reforma Agraria; Secretaría de Educación Pública y las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo que se consideren necesarias, de acuerdo con los temas de que se trate. Estas dependencias en el marco de la comisión son importantes promotores del mejoramiento de la calidad de vida de la población del campo.

Duodécimo: esta Comisión Intersecretarial es responsable de atender, coordinar y dar el seguimiento correspondiente a los programas sectoriales y especiales que tengan como propósito impulsar el desarrollo rural sustentable. Asimismo, es responsable de promover y coordinar las acciones y la concertación de la asignación de responsabilidades a las dependencias y entidades federales competentes en las materias que aborda la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Por lo anteriormente expuesto los integrantes de las comisiones de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Rural y de Reforma Agraria nos permitimos someter a la consideración del pleno de esta Asamblea el siguiente

DICTAMEN

Unico. Se solicita al Gobierno Federal y a la nueva Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, den a conocer a esta soberanía y al pueblo de México, un informe pormenorizado por escrito de la actual situación política, jurídica y social del campo mexicano.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 30 de abril de 2002.— Por la Comisión de Agricultura y Ganadería rubrican el presente dictamen los diputados: Jaime Rodríguez López, presidente; Miguel Ortiz Jonguitud, J. Jesús Dueñas Lleneras, Mario Cruz Andrade y Ramón Ponce Contreras, secretarios; Oscar Alvarado Cook, José María Anaya Ochoa, Francisco Arano Montero, Francisco Calzada Padrón, Francisco Castro González, Miguel Castro Sánchez, Arturo B. de la Garza Tijerina, José Rodolfo Escudero Barrera, Francisco Esparza Hernández, Francisco Javier Flores Chávez, José Luis González Aguilera, Santiago Guerrero Gutiérrez, Arturo Herviz Reyes, José de Jesús Hurtado Torres, José Jaimes García, Silverio López Magallanes, Juan Mandujano Ramírez, Martha Ofelia Meza Escalante, Martín Gerardo Morales Barragán, María del Rosario Oroz Ibarra, Francisco Javier Ortiz Esquivel, Juan Carlos Regis Adame, Jaime Tomás Ríos Bernal, José Roque Rodríguez López y Petra Santos Ortiz. Por la Comisión de Desarrollo Rural rubrican el presente dictamen los diputados: Alfonso Oliverio Cardona, presidente; Jesús Alejandro Cruz Gutiérrez, Francisco Javier Chico Goerne Cobián, Edgar Consejo Flores Galván y Miguel Angel de Jesús Mantilla Martínez, secretarios; Rubén Aguirre Ponce, Alberto Anaya Gutiérrez, José Jaime Barrón Fonseca, J. Timoteo Martínez Pérez, Lilia Mendoza Cruz, Martín Gerardo Morales Barragán, J. Melitón Morales Sánchez, Francisco Javier Ortiz Esquivel, Héctor Pinedo Velásquez, Rafael Ramírez Sánchez, Valdemar Romero Reyna, Roque Rodríguez López, Juan Carlos Sainz Lozano, Rafael Barrón Romero, Jorge Carlos Berlín Montero, Andrés Carballo Bustamante, Maricruz Cruz Morales, José Manuel Díaz Medina, Gustavo Alonso Donis García, Manuel Duarte Ramírez, Abelardo Escobar Prieto, Juan Mandujano Ramírez, Miguel Vega Pérez y Juvenal Vidrio Rodríguez. Por la Comisión de Reforma Agraria los diputados: Félix Castellanos Hernández, presidente; Jorge Esteban Sandoval Ochoa, José Ignacio Mendicuti Pavón y Edgar Eduardo Alvarado García, secretarios; Rubén García Farías, José Jaimes García, José Luis González Aguilera, Martha Ofelia Meza Escalante, José Jacobo Nazar Morales, Juan Paredes Gloria, Jorge Schettino Pérez, José Antonio García Leyva, Juan Leyva Mendívil, J. Timoteo Martínez Pérez, J. Melitón Morales Sánchez, Valdemar Romero Reyna, Rafael Barrón Romero, Mario Reyes Oviedo, David Rodríguez Torres, José María Anaya Ochoa, Alicia Concepción Ricalde Magaña, Lizbeth Evelia Medina Rodríguez, Ramón Ponce Contreras, Rafael Ramírez Sánchez, J. Jesús Dueñas Llerenas, José Rodolfo Escudero Barrera, Petra Santos Ortiz, Cuauthémoc Montero Esquivel y Rogaciano Morales Reyes.»

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Está a discusión el punto de acuerdo.

Se abre el registro de oradores...

No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría con la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Adrián Rivera Pérez:

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Suficientemente discutido.

El Secretario diputado Adrián Rivera Pérez:

En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...  Mayoría.

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.

ESTADO DE VERACRUZ

El Secretario diputado Adrián Rivera Pérez:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de Agricultura y Ganadería.

Honorable Asamblea: a la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo, presentada por el diputado José Francisco Yunes Zorrilla, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición que pretende que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, junto con el Banco de Desarrollo Rural, conozcan la situación que enfrentan los productores de papa de la región de Perote en el Estado de Veracruz.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6 inciso f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a esta comisión corresponde dictaminar la presente proposición con punto de acuerdo a partir de los siguientes

ANTECEDENTES

El 2 de abril del año 2002, el diputado José Francisco Yunes Zorrilla, presentó la proposición con punto de acuerdo, para que la Sagarpa, junto con el Banco de Desarrollo Rural, conozcan la terrible situación por la que atraviesan los productores de papa de la región de Perote en el Estado de Veracruz.

En la misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la mencionada proposición para su estudio y dictamen a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta comisión formulamos las siguientes

CONSIDERACIONES

Que la situación que guarda la región de Perote en el Estado de Veracruz, en particular los productores de papa es acorde a lo establecido en el punto de acuerdo del diputado Yunes Zorrilla, esto es, bastante crítica y desoladora, por lo que se requiere que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, no sólo conozca la problemática de cerca, sino que instrumente algún programa de apoyo a esta región del país.

Que la Secretaría a través de su delegación estatal en Veracruz debe ser la encargada de remitir un informe pormenorizado de la situación que en aquella región está sucediendo, para que una vez que se cuente con la información correspondiente se establezca un programa de apoyo emergente.

Con base en las consideraciones anteriormente establecidas los integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería sometemos a la consideración del pleno el siguiente

DICTAMEN

Primero. Envíese el contenido del punto de acuerdo a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como al Banco de Desarrollo Rural, para que conozcan la situación por la que atraviesan los productores de papa de la región de Perote en el Estado de Veracruz.

Segundo. Se exhorta para que una vez que la Secretaría cuente con el diagnóstico pertinente, establezca un pro- grama de apoyo a favor de los productores de papa de la región de Perote, Veracruz.

Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 30 de abril de 2002.- Por la Comisión de Agricultura y Ganadería.— Diputados: Jaime Rodríguez López, presidente; Miguel Ortiz Jonguitud, J. Jesús Dueñas Llerenas, Mario Cruz Andrade y Ramón Ponce Contreras, secretarios; Oscar Alvarado Cook, José María Anaya Ochoa, Francisco Arano Montero, Francisco Calzada Padrón, Francisco Castro González, Miguel Castro Sánchez, Arturo B. de la Garza Tijerina, José Rodolfo Escudero Barrera, Francisco Esparza Hernández, Francisco Javier Flores Chávez, José Luis González Aguilera, Santiago Guerrero Gutiérrez, Arturo Herviz Reyes, José de Jesús Hurtado Torres, José Jaimes García, Silverio López Magallanes, Juan Mandujano Ramírez, Martha Ofelia Meza Escalante, Martín Gerardo Morales Barragán, María del Rosario Oroz Ibarra, Francisco Javier Ortiz Esquivel, Juan Carlos Regis Adame, Jaime Tomás Ríos Bernal, José Roque Rodríguez López y Petra Santos Ortiz.»

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Está a discusión el punto de acuerdo.

No habiendo quien haga uso de la palabra, le ruego a la Secretaría consulte si está suficientemente discutido.

El Secretario diputado Adrián Rivera Pérez:

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Suficientemente discutido.

El Secretario diputado Adrián Rivera Pérez:

En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese al Ejecutivo.

Pasamos al siguiente punto de acuerdo, cuyo dictamen se ha distribuido.

 

CARTILLA NACIONAL DE SALUD DE LA MUJER

El Secretario diputado Adrián Rivera Pérez:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de Salud.

Honorable Asamblea: a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo, relativa a la instrumentación efectiva por parte del Ejecutivo Federal de la Cartilla de la Salud de la Mujer, presentada por las diputadas del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en las atribuciones que le otorgan los artículos 39 numerales 1 y 3, 44 y 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, 56, 60, 87, 88, 89, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de los integrantes de esta honorable soberanía el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES

1. El 6 de marzo de 1998, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el entonces Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León, expidió un decreto mediante el cual se estableció la Cartilla Nacional de la Mujer.

2. La cartilla fue concebida como un instrumento para impulsar un mayor bienestar de las mujeres mexicanas a través del conocimiento sobre sus condiciones de salud durante su edad productiva. La cartilla de las mujeres permitiría a los prestadores de servicios dar puntual seguimiento a sus pacientes. Adicionalmente, favorecer a las mexicanas, en solicitar la atención a sus problemas de salud conforme a la capacidad y normatividad vigentes en las instituciones del Sistema Nacional de Salud.

3. Desde su implementación en 1998, la Cartilla Nacional de Salud de la Mujer, a pesar de sus logros, ha encontrado dificultades para extenderse a todas las mujeres que lo requieren. Si revisamos las cifras vemos cuan lejos estamos de solucionar algunos de los problemas para los que fue creada. Anualmente más de 800 mujeres desarrollan cáncer cervicouterino, causando desafortunadamente su deceso.

4. De ahí la necesidad de ampliar la cobertura y volver eficaz la implementación de dicho instrumento.

MARCO JURIDICO

Artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley General de Salud.

Artículos: 33 fracciones I y II, 57, 112 fracciones I y II, 133 fracción III, 134 fracciones VIII y XIII, así como también lo referente a los artículos 158, 159, 160 y 161.

Decreto por el que se establece la Cartilla Nacional de la Mujer DOF 6-marzo-1998.

Derivado del estudio de los antecedentes esta Comisión de salud hace las siguientes

CONSIDERACIONES

A. Los integrantes de esta Comisión de Salud coinciden en que las mujeres son una parte importante de nuestra sociedad y requieren que las políticas de Estado, en los tres niveles de gobierno, estén basadas en planes y políticas de desarrollo social que fortalezcan el respeto y el ejercicio de sus derechos.

B. También se requiere que dichas políticas atiendan sus necesidades en las que se encuentra la protección a la salud de acuerdo a lo establecido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

C. Asimismo la Ley General de Salud en su artículo 33 en sus fracciones I y II relativas a la atención médica establece:

Las actividades de atención médica son:

I. Preventivas que incluyen las de promoción general y las de protección específicas.

II. Curativas que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno.

De igual manera el artículo 112 del cuerpo normativo invocado, correspondiente a la educación para la salud, hace referencia en sus incisos I y II a lo siguiente:

I. Fomentar a la población el desarrollo de actitudes y conductas que permitan participar en la prevención de enfermedades, colectivas y accidentes y protegerse de los riesgos que pongan en peligro su salud.

II. Proporcionar a la población los conocimientos sobre las causas de las enfermedades y de los daños provocados por lo efectos nocivos del ambiente en la salud.

Asimismo el artículo 133 en su fracción III establece que deberán realizarse los programas y actividades que estimen necesarios para la prevención y control de enfermedades y accidentes.

Al igual que el Capítulo III. En sus artículos 158, 159, 160 y 161 hacen referencia a las actividades de prevención y control de enfermedades no transmisibles, mismas que a continuación se retoman:

D. Que de acuerdo a los resultados de las estadísticas realizadas por el sector salud, en 1999 los tumores malignos ocupan el segundo lugar como causa de muerte en el territorio nacional.

E. Que la mortalidad hospitalaria por tumores (neoplasias) ocurrida en 1999 fueron de 11 mil 830 casos, de los cuales 5 mil 883 le ocurrieron a mujeres.

F. Que los tumores malignos de mama, cuello de útero y ovario, causaron la muerte de 1 mil 624 mujeres en el año de 1999, 688 corresponden a tumores malignos de mama, 671 por tumores malignos de cuello de útero y 265 por tumores malignos de ovario.

G. Que en el caso de los tumores malignos de mama 553 mujeres murieron entre los 15 y 64 años y 147 fueron mayores de 65 años.

H. Que en el caso de los tumores malignos de cuello de útero 506 mujeres murieron entre los 15 y 64 años y 165 mujeres murieron por la edad arriba de los 65 años.

I. En el rubro de la morbilidad hospitalaria durante 1999 el Sistema Nacional de Salud atendió 12 mil 693 casos de tumores malignos, de los cuales 12 mil 748 correspondieron a tumores malignos de mama y 12 mil 987 a tumores malignos de cuello de útero.

J. En los casos de los tumores malignos de mama fueron atendidas 10 mil 324 mujeres de 15 a 64 años de edad y 2 mil 405 mujeres mayores de 65 años, igualmente en el caso de los tumores malignos de cuello de útero se atendieron a: 10 mil 604 mujeres entre los 15 y 64 años de edad y 2  mil 78 mujeres mayores de 65 años.

K. Que de acuerdo al Programa Nacional de Salud 2001-2006 establecido por el Ejecutivo Federal en su línea de acción 1.3 hace referencia a promover la perspectiva de género en el sector salud, en el que se incluye el fortale- cimiento del acceso de las mujeres a los servicios de salud durante todo el ciclo de vida.

L. En su línea de acción 2.5 establece como meta la disminución de los casos de cáncer cérvico-uterino, así como alcanzar y mantener en 80% la cobertura de detención temprana de cáncer cérvico-uterino en el grupo de mujeres de 25 a 64 años de edad, particularmente entre las que nunca se han realizado el examen del papanicolaou.

Disminuir para el año 2006 la tasa de mortalidad por cáncer cérvico-uterino en mujeres de 25 años y más en 15% respecto a la del año 2000.

Garantizar para el año 2006 el manejo y tratamiento del 90% de los casos detectados de displasias y cáncer in situ, así como garantizar para el año 2006 el manejo y tratamiento de 80% de los casos de cáncer invasor.

M. En su línea de acción 3.8 se proyecta la atención de las neoplasias malignas, teniendo como meta para el año 2006:

• Evitar que la tasa de mortalidad de cáncer de mama supere las 17 defunciones por 100,000 mujeres de 25 años y más.

• Establecer en todas las instituciones de salud protocolos obligatorios de tratamiento para cáncer de acuerdo al estadío clínico de la enfermedad.

• Garantizar el tratamiento de 90% de los casos detectados de cáncer.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 45 numeral 6 incisos e y f de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la comisión dictaminadora emiten el siguiente

RESOLUTIVO

Unico. Se exhorta al Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Salud, se instrumenten las medidas necesarias, a fin de poner en marcha de manera operativa y sistemática el empleo de la Cartilla Nacional de la Salud de la Mujer, a efecto de garantizar un adecuado control de la salud de las mujeres mexicanas.

Así lo acordaron y firmaron los diputados integrantes de la Comisión de Salud.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados, a 29 de mayo de 2002.— Diputados: María Eugenia Galván Antillón, presidenta; Eduardo A. Leines Barrera, Rafael Orozco Martínez, Adela Del C. Graniel Campos, Héctor Esquiliano Solís, secretarios; Samuel Aguilar Solís, Juan Alcocer Flores, Francisco J. Cantú Torres, María Domínguez Ramírez, María de las Nieves García Fernández, Policarpo Infante Fierro, Francisco S. López Brito, Enrique Meléndez Pérez, Felipe Olvera Nieto, Julieta Prieto Fuhrken, Pedro Miguel Rosaldo Salazar, Ernesto Saro Boardman, Carlos A. Valenzuela Cabrales, Juvenal Vidrio Rodríguez, Juan Alcocer Flores, Celia Martínez Bárcenas, Neftalí S. Escobedo Zoletto, Federico Granja Ricalde, Arturo León Lerma, Santiago López Hernández, Magdalena Núñez Monreal, Manuel Wistano Orozco Garza, Víctor Antonio García Dávila, Luis Miguel Santibáñez García; Olga M. Uriarte Rico, José S. Velázquez Hernández (rúbricas).

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Está a discusión el punto de acuerdo.

Se abre el registro de oradores.

No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido.

El Secretario diputado Adrián Rivera Pérez:

En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Suficientemente discutido.

El secretario diputado Adrián Rivera Pérez:

En votación económica, se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Vuelva usted a consultar, señor Secretario.

El Secretario diputado Adrián Rivera Pérez:

En votación económica, se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Aprobado el punto de acuerdo.

En virtud de que los siguientes dictámenes no han sido distribuidos, quedan de primera lectura.

Le ruego a la Secretaría dar lectura a los enunciados de los dictámenes respetivos e instruyo para que, además de distribuirse, se publiquen en la Gaceta Parlamentaria para que puedan discutirse la próxima sesión.

De la Comisión de Agricultura y Ganadería, con punto de acuerdo relativo a la proposición...

Continué la Secretaría la lectura.

CENSO AGROPECUARIO

El Secretario diputado Adrián Rivera Pérez:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de Agricultura y Ganadería.

Honorable Asamblea: a la Comisión de Agricultura y Ganadería, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Heriberto Huicochea Vázquez, a nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Revolución Democrática y del Trabajo, el 15 de diciembre de 2001, proposición que pretende que en el Presupuesto de Egresos se destine una partida presupuestal al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, para que realice el censo agropecuario mismo que debió haberse realizado en el presente año.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6 inciso f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 65, 66, 85, 87 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a esta Comisión de Agricultura y Ganadería, corresponde dictaminar la proposición en comento, por lo que se somete a la consideración de esta Asamblea el presente dictamen, a partir de los siguientes

ANTECEDENTES

El 15 de diciembre de 2001, el diputado anteriormente referido, presentó la proposición con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se asigne una partida presupuestal especial al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática para que efectué el censo agropecuario en el año 2002.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición para su estudio y dictamen a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta comisión formulamos las siguientes

CONSIDERACIONES

Que el censo agropecuario se ha realizado cada 10 años desde 1930 con la única excepción de 1980, en la que el proceso fue fallido y no cubrió los requisitos técnicos. La ausencia de éste generó un periodo de 20 años sin información agropecuaria, con un déficit de graves consecuencias, ahora, en el 2001 correspondería realizar un nuevo censo agropecuario, ya que el último que se realizó fue en 1991.

Que después de este último censo, han ocurrido importantes transformaciones de carácter económico y social que requieren de mediciones estadísticas, entre ellas destacan: la firma de los compromisos comerciales del Tratado de Libre Comercio de América del Norte; modificaciones del mercado y el uso del suelo; y un rápido incremento de la pobreza rural.

Que la inminente entrada en vigor de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable implicará, entre otros aspectos sobresalientes, la especialización en la planeación del sector y del uso y difusión de la información estadística agropecuaria, por lo que el censo constituye una necesidad ineludible y un punto de partida seguro para el arranque de la nueva etapa del desarrollo social y productivo del medio rural.

Que el proyecto de Presupuesto de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002, no considera recursos para que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática realice este censo y considerando que sus techos financieros tienen escasos márgenes de holgura, se plantea que deberá ser una prioridad en el destino de los recursos que en forma adicional, por diversas vías, se obtengan en dicho año.

Que una vez que el dictamen del proyecto de Presupuesto de la Federación para el año 2002, está siendo elaborado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Cámara de Diputados es indispensable que esa instancia legislativa tome en consideración el resolutivo del presente dictamen.

Por las consideraciones anteriormente expuestas los integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería sometemos a la consideración del pleno el siguiente

DICTAMEN

Unico. Que en el proyecto de dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2002, se dote de recursos suficientes para que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, realice el censo agropecuario durante el transcurso de dicho año, con objeto de que la información básica sirva para la toma de decisiones en beneficio del desarrollo del campo de México.

México, DF, a 8 de octubre de 2002.— Diputados: Jaime Rodríguez López, presidente; Miguel Ortiz Jonguitud, J. Jesús Dueñas Llerenas, Alfonso Oliverio Elías Cardona, Ramón Ponce Contreras, secretarios; Oscar Alvarado Cook, Feliciano Calzada Padrón, Francisco Castro González, Miguel Castro Sánchez, Arturo B. de la Garza Tijerina, José Luis González Aguilera, Santiago Guerrero Gutiérrez, José Jaimes García, Silverio López Magallanes, Martha Ofelia Meza Escalante, María del Rosario Oroz Ibarra, Francisco Arano Montero, Francisco Esparza Hernández, Francisco Javier Flores Chávez, José de Jesús Hurtado Torres, Juan Mandujano Ramírez, Martín Gerardo Morales Barragán, Francisco Javier Ortiz Esquivel, Jaime Tomás Ríos Bernal, José María Anaya Ochoa, José Roque Rodríguez López, Petra Santos Ortiz, Arturo Herviz Reyes, José Rodolfo Escudero Barrera y Juan Carlos Regis Adame.»

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

A fin de que se realice el censo agropecuario.

Queda de primera lectura.

Continúe la Secretaría.

 

GAS DOMESTICO

El Secretario diputado Adrián Rivera Pérez:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

Honorable Asamblea: a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Diputados, correspondiente a la LVIII Legislatura, le fue turnado para su estudio y dictamen, el comunicado del estado de Nuevo León, por el que transcribe el punto de acuerdo en el que solicita se verifique y revise el precio vigente del gas (natural) doméstico en el estado de Nuevo León y se analice la posible implementación de una tarifa preferencial, presentado el 5 de abril de 2001, lo anterior en ejercicio de la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometió a la consideración del honorable Congreso de la Unión.

La Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la LVIII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45 párrafo sexto, incisos d, e y f, así como en el tercero transitorio fracción IV inciso a de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de los puntos de acuerdo descritos, al tenor de los siguientes

ANTECEDENTES

Primero. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados, el día 5 de abril de 2001, los secretarios de la misma, dieron cuenta al pleno del comunicado del honorable Congreso del Estado de Nuevo León. El Presidente de la Mesa Directiva, acordó dar el siguiente trámite: "túrnese a la Comi- sión de Comercio y Fomento Industrial".

Segundo. Mediante oficio CCFI/000733/2001 de fecha 10 de octubre de 2001, se dio cuenta a los integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial del contenido del mencionado comunicado.

Tercero. El comunicado solicita a las secretarías de Economía y de Energía verifiquen el precio vigente del gas natural doméstico y de ser posible que se implemente un precio preferencial al Estado de Nuevo León.

CONSIDERANDOS

Primero. Que con base en los antecedentes indicados, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con las atribuciones antes señaladas se abocó a dictaminar el comunicado de referencia.

Segundo. Que México cuenta con reservas importantes de gas natural y es uno de los primeros 15 productores a escala internacional de este energético. En América ocupa el tercer lugar en producción, después de Estados Unidos y Canadá. En cuanto a consumo, nuestro país se coloca en decimosegundo lugar en el ámbito mundial.

Tercero. Que el consumo nacional de gas natural de 1993 a 2000 creció a un ritmo del 5.2% de promedio anual. Donde el sector petrolero ha mantenido el mayor consumo de gas natural, cuya participación en el mercado asciende al 43% y le sigue la industria con 32%, el sector eléctrico con 23% y finalmente el consumo residencial y de servicios con apenas el 2%.

Cuarto. Que el gas natural se encuentra presente en la ciudad de Monterrey desde 1927 y cuenta con una infraestructura sumamente extensa y en crecimiento constante. Actualmente, existen cerca de 1 mil industrias y 470 mil usuarios residenciales y comerciales, dada la población en el área conurbada el 85% consume gas natural y aproximadamente el 90% de la industria que consume combustible depende del gas natural.

Quinto. Que la región noreste del país conformada por los estados de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, es la segunda región más consumidora de gas natural con el 24% y concentra el 87% del consumo residencial a nivel nacional.

Sexto. Que la política energética de precios en México reconoce la competitividad y cotizaciones del mercado internacional1, por lo que Petróleos Mexicanos (Pemex) toma como precio de referencia los precios internacionales2. Esto ocasiona que los precios del gas mexicano registren notables variaciones que responden a factores estructurales y coyunturales, así como de una compleja interacción de oferta y demanda internacional.

Séptimo. Que el artículo 90 del Reglamento del Gas Natural, indica que el precio al usuario final se compone del precio de adquisición del gas (venta a primera mano) + tarifa de transporte + tarifa de almacenamiento + tarifa de distribución. De esta manera, el componente de variación del precio del gas natural al consumidor final, es precisamente el precio de adquisición del gas que contempla las cotizaciones del energético a nivel mundial.

Octavo. Que el artículo 91 del Reglamento del Gas Natural, señala que los distribuidores podrán trasladar a sus usuarios finales las variaciones que sufra el precio de adquisición de gas y las tarifas de transporte y almacenamiento, de acuerdo a lo establecido en las condiciones generales para la prestación del servicio. En consecuencia, los usuarios finales se ven afectados por la volatilidad del precio internacional de gas natural que incide en el precio del gas natural mexicano.

Noveno. Que el precio del gas natural en el mes de enero de 2001, alcanzó su precio de referencia más alto en varios años de 9.57 dólares de Estados Unidos de América por 1 millón de unidades térmicas británicas USD/MMBtu. Lo cual perjudicó directamente a los consumidores nacionales, particularmente a los consumidores residenciales del Estado de Nuevo León.

Décimo. Que para mitigar el alza inusual de los precios internacionales del gas natural, Pemex firmó un convenio con sus clientes industriales para establecer un precio fijo de venta a primera mano de 4 USD/MMBtu3. Actualmente, existe una gran inquietud entre los clientes de Pemex-Gas que se adhirieron al convenio, debido a la disminución de los precios internacionales del gas natural que se cotiza por debajo de ese precio.

Decimoprimero. Que dado lo anterior y atendiendo las peticiones de diversos sectores consumidores de gas natural, esta Comisión de Comercio y Fomento Industrial en el ámbito de sus atribuciones ha coadyuvado en la solución de este problema, ya que el pasado 24 de abril de 2002 aprobó el punto de acuerdo del diputado Abel Guerra Garza del Partido Revolucionario Institucional, por el cual se exhorta al Gobierno Federal para que instruya a las secretarías de Energía, Economía y Hacienda y Crédito Público, Comisión Reguladora de Energía y dirección general de Pemex-Gas y Petroquímica Básica a que renegocien y modifiquen el convenio de ventas de primera mano por un plazo de tres años, comprendido del 1o. de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2003, por cantidades de gas determinadas y a un precio de referencia fijo de 4 USD/MMBtu que firmó con sus clientes industriales, distribuidores y sociedades de autoabastecimiento de gas natural.

Decimosegundo. Que los miembros integrantes de esta Comisión de Comercio y Fomento Industrial que dictaminan, reconocen y concluyen que el Gobierno Federal ha tratado de mitigar el impacto de la volatilidad de los precios del gas natural en la economía nacional. Sin embargo, dado el gran número de consumidores domésticos de gas natural en el Estado de Nuevo León, se considera procedente solicitar una revisión a los precios del gas natural doméstico y se determine un precio preferencial a esos consumidores.

 

3 Resolución número RES/012/2001 de la Comisión Reguladora de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 13 de febrero de 2001, México.

RESULTANDOS

Primero. Que con base en los considerandos vertidos en el presente dictamen, se estima procedente la petición del honorable Congreso del Estado de Nuevo León.

Segundo. Que los miembros integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial exhortan al Poder Ejecutivo Federal, para que instruya a las secretarías de Energía y de Economía verifiquen el precio vigente del gas natural doméstico y se analice, lo posible implementación una tarifa preferencial al consumidor residencial del Estado de Nuevo León.

Tercero. Que se informe a esta soberanía sobre las acciones de esas secretarías.

Cuarto. Remítase el presente dictamen al honorable Congreso de Nuevo León, para su atención.

Dado en Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 19 de junio de 2002.- Diputados: Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, presidente; José Ramón Mantilla y González de la Llave, Ildefonso Guajardo Villarreal, Reyes Antonio Silva Beltrán, secretarios; José Bañales Castro, Orlando Alfonso García Flores, Moisés Alcalde Virgen, Jaime Salazar Silva, Francisco Javier Ortiz Esquivel, María Teresa Tapia Bahena, Jorge Urdapilleta Núñez, Carlos Nicolás Villegas Flores, Samuel Yoselevitz Fraustro, María Luisa Domínguez Ramírez, Hermilo Monroy Pérez, Roberto Ruiz Angeles, Rafael Servín Maldonado, Gregorio Urías Germán y Norma Patricia Riojas Santana.»

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Queda de primera lectura.

 

GAS DOMESTICO

El Secretario diputado Adrián Rivera Pérez:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

Honorable Asamblea: a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Diputados, correspondiente a la LVIII Legislatura, le fue turnado para su estudio y dictamen, el comunicado del Congreso del Estado de Jalisco, por el cual remite el acuerdo por el que se solicita al Congreso de la Unión, su apoyo para que la Secretaría de Economía norme la utilización de un sello inviolable en los cilindros del gas doméstico, presentado el 6 de marzo de 2002. Lo anterior, en ejercicio de la fracción III respectivamente del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometió a la consideración del honorable Congreso de la Unión.

La Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la LVIII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45 párrafo sexto inciso d, e y f, así como en el tercero transitorio fracción IV inciso a de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis del comunicado descrito al tenor de los siguientes

ANTECEDENTES

Primero. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados, el día 6 de marzo de 2002, los secretarios de la misma dieron cuenta al pleno del comunicado del Congreso del Estado de Jalisco.

Segundo. El Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: "túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial".

Tercero. Mediante oficio número CCFI/001236/2002 de fecha 14 de marzo de 2002, se dio cuenta a los integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial del contenido del mencionado comunicado.

Cuarto. El comunicado sostiene lo siguiente:

"El pasado 12 de enero del año en curso en la colonia San Pedro, en el municipio de Tlaquepaque, el camión repartidor de cilindros de gas de la empresa Servicios Integrales en Gas sufrió una explosión, (...)

Desafortunadamente lo ocurrido en el municipio de Tlaquepaque fue producto del llamado ordeñamiento de los cilindros de gas que realizan los repartidores para ganarse algunos pesos de más.

El citado fraude no es más que el traspaso de un cilindro lleno a uno vacío, vendiendo ambos al consumidor, por lo menos con la mitad del gas que debe contener el cilindro.

...

Es importante que la Secretaría de Economía establezca, a través de una norma mexicana, la obligación a las empresas distribuidoras de gas doméstico a utilizar un sello inviolable alrededor de la válvula de los cilindros de gas (licuado de petróleo). Asimismo, solicitarle al Congreso de la Unión que se legisle en esta materia al ser el gas doméstico competencia de legislación federal."

CONSIDERANDOS

Primero. Con base en los antecedentes indicados, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con las atribuciones antes señaladas se abocó a dictaminar el comunicado de referencia.

Segundo. Que la petición de instrumentar un sello inviolable en los cilindros portátiles contenedores de gas licuado de petróleo (Gas LP) ha sido tema de discusión en pasadas legislaturas.

Tercero. Que a la Comisión de Comercio de la LVII Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa de reforma a la Ley Federal sobre Metrología y Normalizacion, presentada por el honorable Congreso del Estado de Chihuahua.

La iniciativa tenía por objeto erradicar la "ordeña" o disminución del gas LP que es distribuido en los cilindros o envases que los usuarios adquieren para esos efectos. Los repartidores de gas LP realizan maniobras indebidas para sustraer parte del gas de los cilindros, sustituyendo el contenido sustraído por agua.

El Congreso proponente pretendía que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (ahora de Economía) regulara y en su caso, expidiera normas oficiales mexicanas en lo referente al almacenamiento, transportación y distribución de gas LP, estableciendo la obligación de todas las empresas que distribuyan y vendan el mencionado combustible en el sentido de establecer un mecanismo técnico o un sello inviolable, a fin de evitar la ordeña o disminución injustificada del gas LP.

El Congreso del Estado de Chihuahua propuso la reforma al artículo 13 de la Ley Federal de Metrología y Normalización, para quedar como sigue

“Artículo 13. Los recipientes que no siendo instrumentos para medir, se destinen reiteradamente a contener o transportar materias objeto de transacciones cuya masa se determine midiendo simultáneamente el recipiente y la materia, deberán ostentar visible e indeblemente con caracteres legibles su tara, la que podrá verificarse en la forma y lugares que fije la Secretaría; así también, cuando su llenado reiterado y sistemático lo permita y requiera, deberán contar en cada ocasión al llenado, con el sello de inviolabilidad que garantice la cantidad, cualidad y calidad de la materia.

Sin embargo, la Comisión de Comercio de la LVII Legislatura que dictaminó, consideró que dada la generalidad del texto de la iniciativa de reforma que se proponía podría inducir a absurdos no previsibles, así como por la falta eventual de su debida instrumentación para su cumplimiento, por lo que se hizo necesario indicar que los sellos de referencia serán exigibles en los términos que indique la Norma Oficial Mexicana correspondiente.”

Cuarto. Que el 19 de mayo de 1999, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley Federal de Metrología y Nomalización, para quedar como sigue:

“Artículo 13. Los recipientes que, no siendo instrumentos para medir, se destinen reiteradamente a contener o transportar materias objeto de transacciones cuya masa se determine midiendo simultáneamente el recipiente y la materia, deberán ostentar visible e indeleblemente con carac- teres legibles su tara, la que podrá verificarse en la forma y lugares que fije la Secretaría; así también, cuando su llenado reiterado y sistemático lo permita y requiera, previa expedición de la Norma Oficial Mexicana que corresponda, deberán contar en cada ocasión al llenado, con el sello de inviolabilidad que garantice la cantidad, cualidad y calidad de la materia.”

Quinto. Que el artículo 13 de la Ley Federal de Metrología y Normalización, establece la necesidad de que los recipientes que no sean instrumentos de medición pero que cuenten con sustancias que no se puedan pesar o medir, cuenten con un sello con las características que especifique la Norma Oficial Mexicana que para el efecto se expida.

Sexto. Que la expedición de una Norma Oficial Mexicana que implemente el uso de un sello inviolable en los cilindros portátiles de gas LP, terminaría definitivamente con la "ordeña" de los cilindros que solamente erosiona la economía familiar, además de poner en riesgo la vida de los repartidores y consumidores y realmente se atendería el espíritu del decreto que reformó el artículo 13 de la Ley Federal de Metrología y Normalización.

Séptimo. Que el artículo 19 de la Ley Federal de Protección al Consumidor señala que la Secretaría de Economía está facultada para expedir normas oficiales mexicanas respecto a la tolerancia admitida en lo referente a peso y contenido de los productos ofrecidos en envases o empaques, así como lo relativo a distribución y manejo de gas LP.

Octavo. Que el sello de inviolabilidad en los cilindros de gas LP sugerido, no representa un incremento ni siquiera considerable en el costo total del bien o servicio. Es más, algunos distribuidores de gas LP, han puesto un sello de inviolabilidad de aluminio tipo "corcholata" con una membrana de plástico en la válvula de salida del gas, habiéndose observado que esta medida no repercute significativa- mente en el costo total de los cilindros de gas LP.

Noveno. Los diputados integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial reconocen la problemática relativa a la "ordeña" de los cilindros portátiles contendores de gas LP, para remediar esta situación, la que dictamina considera necesario el establecimiento de una Norma Oficial Mexicana que garantice la cantidad y calidad de este producto de primera necesidad que consumen millones de familias mexicanas.

RESULTANDOS

Primero. Con base en los considerandos vertidos en el presente dictamen, se estima procedente la petición del honorable Congreso del Estado de Jalisco.

Segundo. Los diputados integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial que dictaminan, exhortan al Poder Ejecutivo Federal para que instruya a la Secretaría de Economía para que expida una Norma Oficial Mexicana, a efecto de que los cilindros portátiles contenedores de gas licuado de petróleo tengan un sello inviolable alrededor de la válvula de los cilindros.

Lo anterior, en atención al decreto que reformó el artículo 13 de la Ley Federal de Metrología y Normalización, aprobado por este honorable Congreso de la Unión y que fue publicado el 19 de mayo de 1999, en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. Remítase el presente dictamen al honorable Congreso del Estado de Jalisco, para su atención.

Cuarto. Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido.

Dado en el Palacio Legislativo.— de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2002. Los diputados: Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, presidente; Ildefonso Guajardo Villarreal y Antonio Silva Beltrán, secretarios; José Bañales Castro, Orlando Alonso Agundis Flores, Moisés Alcalde Virgen, Jaime Salazar Silva, Francisco Javier Ortiz Esquivel, María Teresa Tapia Bahena, Jorge Urdapilleta Núñez, Carlos Nicolás Villegas Flores, Samuel Yoselevitz Fraustro, Rubén Benjamín Félix Hays, Adolfo Zamora Cruz, Rafael Servín Maldonado, Gregorio Urías Germán y Norma Patricia Riojas Santana.»

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Queda de primera lectura.

 

TARIFAS TELEFONICAS

El Secretario diputado Adrián Rivera Pérez:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisiones unidas de Comunicación y de Comercio y Fomento Industrial.

Honorable Asamblea: a las comisiones de Comunicaciones y de Comercio y Fomento Industrial, de la Cámara de Diputados, correspondientes a la LVIII Legislatura, les fue turnada para su estudio y dictamen, una proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados turne a las comisiones de Comunicaciones y de Hacienda y Crédito Público, las demandas de los habitantes del Estado de Tabasco, así como toda la República Mexicana, en relación a la reducción en el pago de tarifas telefónicas; para que en el ámbito de sus atribuciones coadyuven a la pronta solución del problema, presentada el 31 de octubre de 2001 por la diputada Adela del Carmen Graniel Campos, a nombre de los integrantes de los grupos parlamentarios de los partidos: de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, Acción Nacional y del Trabajo, que en ejercicio de la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometió a la consideración del honorable Congreso de la Unión.

Las comisiones dictaminadoras, con fundamento en los artículos 39 y 45 párrafo sexto incisos d, e y f, así como en el tercero transitorio fracción IV inciso a de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis del punto de acuerdo descrito, al tenor de los siguientes

ANTECEDENTES

1. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados, el día 31 de octubre de 2001, los secretarios de la misma, dieron cuenta al pleno del punto de acuerdo que presentó la diputada Adela del Carmen Graniel Campos, a nombre de integrantes de los grupos parlamentarios de los partidos: de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, Acción Nacional y del Trabajo.

2. La Presidencia de la Mesa Directiva, acordó dar el siguiente trámite "túrnese a las comisiones de Comunicaciones y de Comercio y Fomento Industrial".

3. En sesión de trabajo de la Comisión de Comunicaciones, celebrada el 8 de noviembre de 2001, se dio cuenta a los integrantes de la comisión, del contenido del mencionado punto de acuerdo.

4. En sesión de trabajo de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, se dio cuenta a los integrantes de la misma, del contenido y alcance de la proposición citada en el proemio del presente dictamen.

CONTENIDO DE LA PROPOSICION

1. El punto de acuerdo establece que Teléfonos de México (Telmex) ha venido aumentando la renta del servicio desde la privatización en diciembre de 1990.

2. Que generalmente son cargadas llamadas a la cuenta del usuario sin haber sido efectuadas.

3. Que dada la insuficiente cobertura de los servicios de telefonía, para muchos habitantes rurales existe una situación de exclusión de este servicio.

4. Que se gestiona ante las instancias competentes para que sea otorgada una reducción en el pago de la renta telefónica y que se abrogue el servicio medido, con lo cual se permitirá que los servicios de comunicaciones puedan ser accesibles a un mayor número de mexicanos.

CONSIDERANDOS

I. Con base en los antecedentes indicados, las comisiones dictaminadoras, con las atribuciones antes señaladas se abocaron a dictaminar el punto de acuerdo de referencia.

II. Que en el pasado reciente, las telecomunicaciones han sido herramientas indispensables para apoyar el desarrollo económico, política y social de las naciones. Hoy en día las modernas telecomunicaciones se perfilan como un factor estratégico para aprovechar las ventajas y oportunidades del mundo globalizado y satisfacer los bienes y servicios que se demandan.

III. Que en México, la evolución de las telecomunicaciones se orientó hacia la privatización, desregulación y el libre mercado.

IV. Que con fecha 7 de junio de 1995, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal de Telecomunicaciones que fijó el marco regulatorio y jurídico de la liberalización y el desarrollo competitivo de los servicios de telecomunicaciones: telefonía local y de larga distancia, telecomunicaciones móviles y de vía satélite.

V. Que con fecha 9 de agosto de 1996, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, por parte del Ejecutivo Federal, la creación de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con autonomía técnica y operativa, confiriéndole las atribuciones necesarias para regular y promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones.

VI. Que el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, establece que los concesionarios y permisionarios fijarán libremente las tarifas de los servicios de telecomunicaciones en términos que permitan la prestación de dichos servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad y permanencia.

VII. Que el artículo 63 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, faculta a la SCT para establecer al concesionario de redes públicas de telecomunicaciones, que tenga poder relevante sustancial en el mercado de acuerdo a la Ley Federal de Competencia Económica; obligaciones especificas relacionadas con tarifas, calidad pie servicio e información.

VIII. Que con fecha 1o. de julio de 1994 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, los lineamientos básicos de interconexión para los operadores de redes públicas de larga distancia con objeto de celebrar contratos de interconexión. Asimismo se estableció, que a partir del 1o. de enero de 1997 hasta el 2001 se abriría gradualmente el mercado de larga distancia.

IX. Que actualmente existe una comisión especial constituida por miembros de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores e integrantes de la SCT, así como un comité de organizaciones gubernamentales y de iniciativa privada para revisar la Ley Federal de Telecomunicaciones de 1995, a fin de actualizarla y proveer al mercado de las herramientas necesarias para que la libre competencia sea el detonador para el desarrollo de las telecomunicaciones en nuestro país.

X. Que en 1989, el Gobierno mexicano emprendió el proceso de privatización de Telmex, que finalizó en diciembre de 1990. Los nuevos concesionarios obtuvieron una concesión para explotar hasta el 2026 los servicios de telefonía local y de larga distancia.

XI. Que entre las obligaciones que adquirió Telmex como parte del título de concesión se encuentran la de cumplir con el aumento sustancial de la cobertura telefónica, en términos de crecimiento de poblaciones con servicio, metas de telefonía pública, la identificación funcional de sus actividades, telefonía local, larga distancia nacional e internacional, con una separación contable; la prohibición de prácticas monopólicas y de discriminación, la obligación de ofrecer interconexión a nuevos operadores de telecomunicaciones bajo el concepto de arquitectura abierta a la red y el control de los precios de los servicios bajo un sistema de precios tope.

XII. Que Telmex no ha cumplido con las obligaciones contenidas en el título de concesión:

En México, la penetración del servicio telefónico medido a través de líneas residenciales es de aproximadamente el 35%, nivel inferior en comparación a otros países latinoamericanos como Argentina, Colombia, Costa Rica o Chile donde el 60% de los hogares cuenta con línea telefónica.

El crecimiento de la penetración del servicio telefónico en México desde la privatización de Telmex, esto es, de 1990 a 1999 tuvo un crecimiento promedio anual del 4%, en cambio en Chile y Perú se creció a un ritmo de más del 14%.

El 70% del servicio telefónico se concentra en el Distrito Federal donde es más rentable, por el contrario, en los estados de Chiapas y Oaxaca solamente el 12% de los hogares tienen este servicio.

Telmex solamente ha buscado el beneficio económico de la empresa y no el de la población mexicana; puesto que por cada 100 habitantes del Distrito Federal existen 29 líneas telefónicas, en cambio en los estados más desfavorecidos como Tabasco existen solamente tres líneas y en Chiapas y Oaxaca tan sólo dos.

La cobertura del servicio de telefonía rural ha sido llevado a cabo por la SCT, ya que de 1990 a 1999 el programa de Telefonía Rural tuvo un crecimiento del orden del 60% como promedio anual, en tanto Telmex, tuvo un ritmo de penetración del 16% en el mismo lapso de tiempo.

XIII. Que con fecha 4 de diciembre de 1997, la Comisión Federal de Competencia (CFC), emitió una declaratoria en el sentido de que Telmex es un agente económico con poder sustancial en los mercados relevantes de telefonía básica local, de acceso, larga distancia nacional, transporte interurbano y larga distancia internacional.

XIV. Que con fecha 24 de abril de 1998, Telmex interpuso un recurso de reconsideración en contra de la declaratoria emitida por la CFC del 4 diciembre de 1997.

XV. Que con fecha 17 de julio de 1998, la CFC emitió la resolución en torno al recurso de reconsideración interpuesto por Telmex y lo consideró procedente pero infundado. La CFC sostuvo que el análisis, lejos de modificar la resolución impugnada lleva a confirmarla:

a) Con respecto a los mercados relevantes, se hicieron las siguientes consideraciones:

• El régimen regulatorio a que está sujeto Telmex no lo exime de la declaratoria de poder sustancial en los mercados relevantes ni descarta la existencia del mismo.

• El planteamiento. de Telmex en el sentido de distinguir los servicios residenciales de los comerciales en los mercados relevantes, carece de fundamentación en términos de la legislación de competencia. Asimismo, la argumentación del recurrente no aporta elementos suficientes para separar el tráfico conmutado en un mercado relevante distinto a los determinados por la autoridad.

• La inclusión de los servicios celulares y PCS, así como de las redes de transmisión de TV por cable en el mercado relevante de telefonía básica local es improcedente:

• La asimilación del mercado relevante de transporte interurbano al mercado relevante de larga distancia nacional, planteada por Telmex, desconoce entre otros aspectos, que el primero es un servicio intermedio y el último un servicio final.

b) En relación al poder sustancial sobre los mercados relevantes determinados en la resolución impugnada, se reiteró que:

• Telefonía básica local. Telmex tiene una participación cercana al 100%, misma que no disminuirá significativamente en los próximos años. Además, debe reconocerse la existencia de fuertes barreras de entrada a este mercado.

• Mercado de acceso o interconexión. Telmex puede fijar los precios al controlar las tarifas de los servicios complementarios y los enlaces. Además, este mercado no cuenta hoy en día con competidores y presenta importantes barreras de entrada.

• Larga distancia nacional. Telmex mantiene una alta participación de mercado, la cual en los últimos meses registra una tendencia al alza. Asimismo, su integración vertical le otorga importantes ventajas frente a sus competidores.

• Transporte interurbano. La cobertura de la red de Telmex es nacional y enlaza todos los grupos de servicio local. Aunado a esto, persisten importantes barreras económicas y normativas a la expansión de las redes. Asimismo, Telmex tiene capacidad para fijar los precios en este mercado.

• Larga distancia internacional. La participación de mercado de Telmex se estima en el 75%, contando además con la ventaja, de negociar las tarifas de liquidación de tráfico internacional. No se ha encontrado que las telefónicas mexicanas reciban un trato discriminatorio favorable de parte de sus socios extranjeros.

• Telmex reconoce expresamente su poder sustancial en los mercados relevantes, confesión suficiente para desvirtuar sus agravios. Al respecto en la página 66 del recurso de reconsideración asevera... "las situaciones de hecho que se describen en la resolución que se impugna existen desde antes de la entrada en vigor de las leyes de Competencia y Telecomunicaciones. La SCT en su momento, dio por hecho que, en principio, no existían condiciones de competencia efectiva en los mercados en los que Telmex participa..."(sic).

XVI. Que de lo anteriormente expuesto se puede concluir que Telmex es una empresa con poder sustancial en los mercados relevantes y por tanto el Ejecutivo tiene con fundamento en el artículo 63 de la Ley Federal de Telecomunicaciones facultades suficientes para establecer obligaciones específicas relacionadas con tarifas, calidad de servicio e información.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, las comisiones dictaminadoras proponen a esta honorable soberanía los siguientes

RESULTANDOS

Primero. Que con base en los considerandos decimotercero, decimoquinto y decimosexto, se considera procedente la petición expresada por la diputada Adela del Carmen Graniel Campos.

Segundo. Notifíquese a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, para que se proceda a someter al pleno de esta honorable Asamblea, la discusión y aprobación del punto de acuerdo y se exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que con fundamento en el artículo 63 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, realice las acciones necesarias a fin de que la empresa Telmex haga una disminución en las tarifas que actualmente cobra bajo los rubros de "Renta del Servicio Telefónico" y "Servicio Medido" y dé, una mayor claridad en el sistema de salidas de llamadas, dado que aparecen frecuentemente en los recibos llamadas no realizadas, además de que en todos los estados y en cada línea, se muestre a detalle en el recibo telefónico el cobro de cada rubro, lo anterior con el fin de apoyar la economía familiar y permitir que cada día más mexicanos tengan acceso a las telecomunicaciones.

Aunado a lo anterior, esta comisión considera procedente que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes verifique el cumplimiento de los compromisos señalados en la concesión otorgada a la empresa Telmex, a efecto de que en un plazo no mayor a seis meses presente una propuesta de acciones y trabajo, que se encaminen a incrementar el servicio telefónico en los estados de Tabasco, Oaxaca y Chiapas a los niveles que observan las demás entidades federativas, atendiendo a las circunstancias económicas y demanda que imperen en esos estados.

En relación al antecedente quinto del presente dictamen, se solicita a la Procuraduría Federal del Consumidor que dé estricto seguimiento a las demandas de los usuarios y proceda en su caso a imponer las sanciones que en derecho proceda, a fin de erradicar esta práctica altamente demandada por la sociedad.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a la aplicación cabal del marco regulatorio a fin de hacer realidad un mercado competitivo en el sector que permita la disminución efectiva de las tarifas y en su caso, sí el marco regulatorio es insuficiente, que promueva y realice las medidas necesarias para asegurar la competencia en el sector.

Cuarto. Se solicite a esa Secretaría de Comunicaciones y Transportes que comunique a las comisiones dictaminadoras, de manera formal, las acciones que tome, en cumplimiento del presente dictamen.

Atentamente.

Dado en el Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 28 de agosto de 2002.— Comisión de Comunicaciones; diputados: Jesús Orozco Alfaro, presidente; Alonso Ulloa Vélez, Alejandro García Sainz Arena, secretarios; César Horacio Duarte Jáquez, Javier García González, Marcos Paulino López Mora, Roberto Preciado Cuevas, Orestes Eugenio Pérez Cruz, Francisco Ramírez Cabrera, José Rivera Carranza, Arturo San Miguel Cantú, Martín Hugo Solís Alatorre, José Ramón Soto Reséndiz, Víctor Manuel Ochoa Camposeco, Bonifacio Castillo Cruz y Berta Alicia Simental García.»

Comisión de Comercio y Fomento Industrial; diputados: Diego Hinojosa Aguerrevere, presidente; Jesús Mario Garza Guevara, Ildefonso Guajardo Villarreal, secretarios; José Bañales Castro, Orlando Alfonso García Flores, Moisés Alcalde Virgen, José Ramón Mantilla y González de la Llave, Francisco Javier Ortiz Esquivel, María Teresa Tapia Bahena, Jorge Urdapilleta Núñez, Carlos Nicolás Villegas Flores, Samuel Yoselevitz Fraustro, María Luisa Domínguez Ramírez, Jaime Hernández González, Hermilo Monroy Pérez, Miroslava García Suárez y Norma Patricia Riojas Santana.»

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Queda de primera lectura.

JAMON

El Secretario diputado Adrián Rivera Pérez:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

Honorable Asamblea: a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, de la Cámara de Diputados, correspondiente a la LVIII Legislatura, le fue turnado para su estudio y dictamen punto de acuerdo para que el Congreso de la Unión manifieste su apoyo al proyecto de norma oficial denominada "jamón, denominación, especificaciones y métodos de prueba", enviado por el Congreso del Estado de Jalisco, turnado a esta comisión el día 26 de marzo de 2002, que en ejercicio de la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometió a la consideración del honorable Congreso de la Unión.

La Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con fundamento en los artículos 39 y 45 párrafo sexto incisos d, e y f, así como en el tercero transitorio fracción IV inciso a, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94, del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis del punto de acuerdo descrito, al tenor de los siguientes

ANTECEDENTES

Primero. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados, el día 26 de marzo de 2002, los secretarios de la misma, dieron cuenta al pleno del punto de acuerdo que envió el Congreso del Estado de Jalisco. El Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial

Segundo. Mediante oficio número CCFI/001291/2001, de fecha 2 de abril de 2002, se dio cuenta a los integrantes de la comisión, del contenido del mencionado punto de acuerdo.

Tercero. El punto de acuerdo establece que debido a la falta de una normatividad adecuada existen prácticas desleales entre productores "que ofertan productos cárnicos de alta calidad y aquellos que, por abaratar sus costos, emplean aditivos o mezclas.

CONSIDERANDOS

Primero. Que el documento presentado a esta soberanía, contiene un proyecto de Norma Oficial, elaborada por instituciones públicas y privadas, misma que contiene las especificaciones físicas, químicas, sensoriales y de calidad que deben cumplir los alimentos cárnicos curados, emulsionados y cocidos.

Segundo. Que actualmente solo existen dos normas mexicanas, relacionadas con el jamón, una es la NMX-F-123-S-1982 Denominada Alimentos, Jamón Cocido, Especificaciones y la NMX-F-124-1970 denominada Jamón Serrano, por lo que en el caso de esta norma se tendría que realizar todo el procedimiento., establecido en la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización,

Tercero. Que de elaborarse esta norma, incluso se contribuiría al fomento del sector porcícola, puesto que se exigiría la utilización de carne de cerdo como materia prima y de esta manera se evitaría la utilización de aditivos.

Cuarto. Los miembros integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial que dictamina, reconocen y coinciden en que las causas que originaron el punto de acuerdo, deben ser atendidas por la autoridad competente a fin de emitir las normas oficiales correspondientes.

RESULTANDOS

Primero. Solicítese a la Secretaría de Economía, a la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la de Salud, para que de manera conjunta con toda la cadena involucrada en la producción, industrialización y comercialización de los productos cárnicos curados y cocidos, evalúen la necesidad de elaborar una Norma Oficial Mexicana, para lo cual deberán considerar la propuesta hecha por el Congreso del Estado de Jalisco.               

Segundo. Envíese el punto de acuerdo antes mencionado así como el presente dictamen, a la secretarías de Economía, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Salud, para su conocimiento y análisis.

Tercero. Envíese el presente dictamen al Congreso del Estado de Jalisco, para su conocimiento.

Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 19 de junio de 2002.— Diputados: Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, presidente, José Mantilla y González de la Llave, Ildefonso Guajardo Villarreal, Antonio Silva Beltrán y Francisco Agundis Arias, secretarios; José Bañales Castro, Orlando Alfonso García Flores, Moisés Alcalde Virgen, Jaime Salazar Silva, Francisco Javier Ortiz Esquivel, María Teresa Tapia Bahena, Carlos Nicolás Villegas Flores, Samuel Yoselevitz Fraustro, María Luisa Domínguez Ramírez, Hermilo Monroy y Pérez, Roberto Ruiz Angeles, Rafael Servín Maldonado, Gregorio Urías Germán y Norma Patricia Riojas Santana.»

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Queda de primera lectura y se instruye al área de Servicios Parlamentarios de que provea su publicación o distribución para que se voten en la próxima sesión.

Pasamos al capítulo de proposiciones.

 

ESTADO DE MEXICO

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Tiene la palabra la diputada Beatriz Cervantes Mandujano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo en relación con la consolidación del área de servicio telefónico local referente a los municipios de Texcoco, Papalotla, Chiautla, Chiconcuac, San Salvador Atenco, Tezoyuca, Tepetlaoxtoc y Acolman.

La diputada Beatriz Cervantes Mandujano:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

El lunes 30 de noviembre de 1998 el Gobierno Federal a través de un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, emite una resolución administrativa que define los lineamientos y el procedimiento para la consolidación de los grupos centrales de servicio local existentes en áreas de servicio local, así como el calendario de consolidación respectiva.

Esta medida se desarrolló de manera gradual definiendo geográficamente las nuevas áreas de servicio local, las cuales se basaron fundamentalmente en una agrupación municipal, lo cual significa que las áreas de servicio telefónico que existían en ese tiempo, aumentaron su cobertura de tal manera que las llamadas locales que se venían realizando dentro de un mismo poblado, con la consolidación se pueden realizar ahora entre localidades vecinas, eliminando con ello los cargos de larga distancia, lo cual se traduce en un evidente beneficio para la población de los municipios beneficiados.

Este esfuerzo del Gobierno Federal ha permitido la consolidación de los 1 mil 464 grupos de centrales de servicio local existente en 406 áreas de servicio local, lo cual fue posible con el apoyo decidido de los concesionarios y habitantes de las zonas beneficiadas, lo cual le permitió a la Cofetel, cumplir en dos años las expectativas establecidas en las reglas del servicio local, las cuales otorgaban un plazo máximo de cinco años para lograr este objetivo.

Durante tres años cada mes se incluyeron diferentes ciudades y comunidades a este programa, lo que significó una reducción de 72% en los destinos de larga distancia.

Con este reordenamiento se ha dado respuesta a las necesidades de comunicación de miles de usuarios de diversas comunidades del país, organizaciones sociales y gobiernos estatales y municipales. Pero este esfuerzo no puede darse por concluido ya que existen municipios en distintas partes del país que reúnen los requisitos para ser considerados en este esfuerzo de consolidación telefónica.

Asimismo, los lineamientos expresados en la regla sexta transitoria de las reglas de servicio local, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre de 1997, establecen un plazo máximo de cinco años para concluir este proceso, contados a partir de la entrada en vigor de la normatividad de referencia, lo cual hace posible solicitar la incorporación de localidades o municipios que cumplan requisitos de la Cofetel.

Adicionalmente el párrafo sexto de la resolución administrativa emitida por la comisión, señala que se podrá modificar la definición de las áreas de servicio local y su calendario de consolidación, cuando así lo exija el interés público.

Por lo anterior y dado que el objetivo central de todo este proceso es el de conseguir una mayor cobertura y penetración de servicio telefónico para aumentar la productividad de la economía en su conjunto, brindar más oportunidades de desarrollo en el país, elevar la calidad y aumentar la diversidad de los servicios con precios más accesibles en beneficio de un mayor número de usuarios, me permito a nombre de mi grupo parlamentario y de mis representados de los municipios de Texcoco, Papalotla, Chiautla, Chiconcuac, San Salvador Atenco, correspondientes al XII distrito electoral federal, así como a petición expresa de los habitantes de municipios colindantes como Tezoyuca, Tepletauxtoc y Acolman, solicitar la aprobación y apoyo de esta honorable Asamblea, para lograr hacer extensivo el beneficio de la consolidación telefónica de áreas de servicio local de la Ciudad de México, a los municipios citados.

Dicha petición se sustenta adicionalmente en los criterios de cercanía geográfica, conurbación y el hecho de que su actividad económica preponderante está relacionada con el sector servicios. Por lo que dicha determinación beneficiaría enormemente a los habitantes de los municipios aludidos.

Por todo lo expresado anteriormente y con base en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso, me permito someter a su consideración el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Solicitar a la Comisión Federal de Telecomunicaciones incorpore en el Programa de Consolidación Telefónica de Servicio Local de la Ciudad de México, a los municipios de Texcoco, Papalotla, Chiautla, Chiconcuac, San Salvador Atenco, Tezoyuca, Tepetlauxtoc y Acolman.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Gracias, diputada.

Túrnese a la Comisión de Comunicaciones.

 

SECTOR PORCICOLA

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Para presentar una proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desa-rrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Economía informen a esta soberanía las acciones dirigidas al apoyo del sector porcícola nacional, tiene la palabra el diputado Martín Gerardo Morales Barragán, del grupo parlamentario de Acción Nacional.

El diputado Martín Gerardo Morales Barragán:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58 y 49 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante ustedes el siguiente punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Economía informen a esta soberanía las acciones dirigidas al apoyo del sector porcícola nacional ante el incremento de las importaciones provenientes de Estados Unidos de América.

CONSIDERACIONES

Nuestro país enfrenta un incremento de las importaciones de la carne de cerdo proveniente de Estados Unidos de América, las cuales son superiores a las cuotas autorizadas por la Secretaría de Economía.

La introducción de esos productos a nuestro territorio representa un problema de dos dimensiones: de salud pública y de competencia desleal.

De salud pública porque existe una denuncia constante por parte de las organizaciones porcícolas sobre la dudosa calidad de los productos cárnicos, lo cual puede tener efectos negativos en el mediano plazo en la salud de la población nacional, ya que la carne de cerdo requiere de un manejo, supervisión y control sanitario que garanticen que su consumo no represente ningún riesgo.

En este sentido es indispensable mantener un estricto control en los puntos de entrada de estos productos y una aplicación estricta de las normas zoosanitarias que son responsabilidad de la Secretaría de Agricultura.

Por otro lado, el sector porcícola nacional enfrenta una competencia desleal que está provocando que los precios del cerdo en pie en el país se hayan reducido en un 20% en los últimos meses, lo cual representa pérdidas importantes para el sector.

Actualmente la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación cuenta con dos programas dirigidos al sector porcícola: mejoramiento genético y programa avícola y porcícola; sin embargo, hasta el momento éstos han resultado insuficientes ante el impacto de las importaciones excesivas a precio dumping.

Por otro lado, de conformidad con la Ley de Comercio Exterior y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es responsabilidad de la Secretaría de Economía vigilar y aplicar de manera adecuada las disposiciones relativas a la regulación de estas importaciones.

En este sentido resulta urgente que dicha Secretaría, sin perjuicio de los convenios internacionales de los que México sea parte, aplique de manera rigurosa las acciones dirigidas a la protección de nuestros productores nacionales.

Asimismo, dentro de esta dependencia existen instancias como la unidad de prácticas comerciales internacionales encargada de iniciar los procedimientos correspondientes en contra de aquellos países cuyas prácticas desleales comerciales perjudican a la industria nacional.

Estamos conscientes de las asimetrías que guarda nuestro país frente a Estados Unidos; sin embargo, ello no depende ni debe ser pretexto para permitir abusos y excesos en perjuicio de nuestros productores.

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito diputado federal de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados y a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y la de Economía, informen a esta soberanía en un plazo que no exceda de 15 días a partir de la aprobación del presente punto de acuerdo, de las acciones dirigidas al apoyo del sector porcícola nacional, frente a las importaciones provenientes de Estados Unidos de América.

Segundo. Que la Secretaría de Economía informe a esta representación social si actualmente se encuentra aplicando una cuota compensatoria o algún otro mecanismo para equilibrar el mercado nacional de productos porcícolas y en caso de estar aplicándolo, informe los resultados que se han arrojado.

Tercero. Que la Sagarpa lleve a cabo en los centros de introducción, una supervisión zoosanitaria rigurosa, de los productos porcícolas provenientes de Estados Unidos de América e informe a esta soberanía los resultados en un plazo no mayor a 30 días a partir de la aprobación de este punto de acuerdo.

Cuarto. Que la Secretaría de Economía evalúe la posibilidad de solicitar la instalación de un panel binacional a efecto de discutir y en su caso resolver la aplicación de una cuota a las importaciones de cerdo en pie y de carne de cerdo e informe a esta soberanía sobre la viabilidad de dicha medida.

Dejo el presente punto de acuerdo en esta Secretaría para su turno a comisión.

Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Comercio y Fomento Industrial y Especial de Ganadería.

El diputado Rubén García Farías (desde su curul):

En pro, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

El diputado Rubén García Farías, ¿en pro del punto de acuerdo, diputado?

El diputado Rubén García Farías (desde su curul):

Desearía que me permitiera abordar la tribuna.

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Sí, diputado. En el acuerdo respectivo yo estaría en posibilidad de suscribir el registro de dos intervenciones en pro y dos en contra cuando mucho y quiero que quede claro que en la presentación de proposiciones, el capítulo para hechos del acuerdo respectivo, no está contemplado. Por eso le consulto si su intervención es en pro.

El diputado Rubén García Farías (desde su curul):

Sí, en pro.

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

En pro.

Diputado Jaime Rodríguez.

El diputado Jaime Rodríguez López (desde su curul):

También en pro, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

En pro.

El diputado José Manuel del Río Virgen (desde su curul):

Presidenta...

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Diputado Del Río.

El diputado José Manuel del Río Virgen (desde su curul):

Señora Presidenta, solamente para respetar el acuerdo que hay, me voy a solidarizar con el punto que presentó mi compañero en la tribuna y entonces darle el respeto que usted se merece y el acuerdo que está firmado por todos los partidos.

Gracias.

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Se lo aprecio, diputado.

Se incorpora el diputado Del Río Virgen en apoyo al punto de acuerdo.

Tiene la palabra, en pro, el diputado García Farías, hasta por cinco minutos.

El diputado Rubén García Farías:

Muchas gracias, diputada Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

He solicitado hacer uso de la palabra para sumarme a la proposición con punto de acuerdo que ha formulado quien hizo uso de la palabra con anterioridad.

Y deseo solamente expresar a ustedes, continuando la exposición del ciudadano diputado federal por Pénjamo, deseo ampliar el concepto de la gravedad del conflicto, del problema de la porcicultura.

En el municipio de Pénjamo, en Abasolo, en Santa Ana, en La Piedad, Michoacán, en una región muy amplia del Estado de Guanajuato, del Estado de Jalisco y de Michoacán, estamos a punto de conocer de un colapso económico.

Para nuestra región la porcicultura es muy importante no solamente de una manera intrínseca, sino porque los productores agrícolas sufren también las consecuencias porque el sorgo, el principal cultivo de la región, se habría de ver en un decremento muy peligroso. La economía de la región se habría de ver profundamente alterada.

¿Y cuál es la razón de esta posible debacle económica? Ni más ni menos que una desigual relación económica con nuestros dizque socios comerciales. Los cupos que están autorizados para la introducción de cárnicos no se cumplen, se burlan. Se están introduciendo artículos perniciosos para la salud, no hay ningún respeto al interés de la higiene y de la salud de los mexicanos. Se introducen vísceras de pésima calidad. Se introducen grasas. En fin, hay una invasión de productos que generan los problemas de que he hablado. No cabe duda, tenemos que resolver este problema por los campesinos y por los ganaderos y por la salud de todos los mexicanos. Y ojalá que no nos vayan a contestar que tenemos tales o cuales obligaciones con el Tratado de Libre Comercio, porque el Tratado de Libre Comercio para nosotros ya solamente es una entelequia que nos perjudica en todos sentidos.

Por eso creo yo que las comisiones a las que deba de ir esta proposición con punto de acuerdo, la deben de atender de inmediato y con un criterio nacionalista, con un criterio económico a favor de los mexicanos; deben de resolver y debemos de presionar, ¿por qué no decirlo?, al Gobierno de la República, para que ponga un límite a los contrabandos de carne que perjudican, repito, la economía y la salud de los mexicanos.

Muchas gracias.

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Gracias, señor diputado.

El diputado Jaime Rodríguez, en pro.

El diputado Jaime Rodríguez López:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Venimos a esta tribuna a expresar de manera contundente que no sólo Rubén García Farías y su servidor, sino sin duda alguna la fracción del PRI en esta Cámara habrá de sacar lo más pronto posible este punto de acuerdo, que ha sido presentado por nuestro paisano Gerardo. Somos de la misma región y conocemos de sobra este problema.

Efectivamente, es urgente que el Ejecutivo, porque es al que le corresponde, lo más pronto posible haga algo ya por el sector porcícola del país.

Para conocimiento de ustedes, los porcicultores en una desesperación y dado que son una organización fuerte, muy unida en el país, tuvieron que recurrir incluso a movilizarse y cerrar las fronteras como una manifestación de la problemática que están viviendo y para que fueran escuchados por el Ejecutivo.

Ante esa movilización se tuvo una reunión con el Ejecutivo, en la cual participamos y a la fecha no se tiene una solución del problema.

Al día de ayer, que estuve en la región del distrito de La Piedad, con datos precisos y platicando aquí en la Ciudad de México con dueños obradores que manejan la carne de cerdo, sigue entrando pierna de cerdo a 8 pesos el kilo y esto no sólo golpea a los porcicultores del país, a los graneleros también que les venden el grano a los porcicultores, vienen a ser arrasados y lo más grave es que al consumidor le esté llegando esta carne cara, de mala calidad y que está arrasando con los agricultores, porcicultores y con el consumidor mismo.

Por ello, coincidimos en este punto de acuerdo que el compañero Gerardo ha traído a esta Cámara de Diputados y habremos de trabajar en las comisiones correspondientes para que lo más pronto posible se busque tener una solución a este sector tan importante para nuestro país y que no agrede sólo a los grandes porcicultores, como a veces algunos desde el Gobierno lo ven; viene a arrasar también con el ejidatario y comunero que tiene en su solar un vientre o dos o tres para su subsistencia, dado que viven con una economía mixta en el campo todas las familias rurales.

Es nuestra exposición y por supuesto que de antemano hacemos un llamado a los diputados para cuando este dictamen esté terminado y listo para su votación, den un voto a favor, para que pronto se tenga una solución al sector porcícola nacional.

Muchas gracias.

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Diputado Garibay. Hasta por cinco minutos, diputado.

El diputado J. Jesús Garibay García:

Con su venia, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Qué pronto, qué pronto la necia realidad se impone. Yo recuerdo que en el mes de diciembre del año 2000, en esta misma tribuna expresábamos la necesidad urgente para poner orden en las importaciones no sólo de cárnicos, sino también de las importaciones indiscriminadas en granos y en otro tipo de productos que estaban poniendo al campo y a la agroindustria en contra de la pared.

Qué pronto la realidad viene a ubicarnos. Recuerdo que en aquél entonces algún interés muy particular nos venció en la tribuna; recuerdo también que los importadores de pollo, no entero, de partes, finalmente se impusieron y se burlaron de lo que esta soberanía acordó.

Ahora, qué bueno que hay más conciencia y que hay compañeros legisladores de las fracciones parlamentarias que en aquél entonces no lo aceptaron y lo rechazaron, qué bueno que se empieza a ver a favor de la producción nacional.

Decía un compañero diputado que me antecedió, que el día de ayer, de una región del Estado de Michoacán le plantea-ban el problema, esto se ha venido planteando el día de ayer, antier, hace una semana, hace cinco semanas, hace cinco meses, hace cinco años y no se ha querido escuchar.

Ahora descubrimos que el Tratado de Libre Comercio en el sector agropecuario ha venido a dañar a la población y en nada ha beneficiado a este país. Ojalá no sólo en el punto de acuerdo, sino cuando dictaminemos aquellas iniciativas, aquellas propuestas que se han hecho para que se abra el capítulo del sector agropecuario en el Tratado de Libre Comercio y se haga una renegociación, ojalá no cambien de opinión, ojalá su voto sea solidario por los agricultores y por el campo de este país.

Ya es tiempo, el campo no aguanta más, el campo ahí está, por ahora espera, después no esperará, vendrá a demandarlo. Ojalá, compañeros, no olvidemos esto.

Gracias, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Gracias, señor diputado.

Esta Presidencia ha escuchado con interés el desenvolvimiento de la sesión y las intervenciones tanto del proponente como de los diputados que intervinieron en pro y de quienes se sumaron al punto de acuerdo y es criterio de esta Presidencia, que el tema tiene tal importancia que el asunto debe ser considerado como de urgente resolución, si así lo determina este pleno.

Por lo tanto, le ruego a la Secretaría consultar si es de urgente y obvia resolución.

El Secretario diputado Adrián Rivera Pérez:

Por instrucciones de la Presidencia, de conformidad con lo que establece el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera de urgente resolución el punto de acuerdo.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Se considera de urgente resolución.

En consecuencia está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo oradores que hagan uso de la palabra, le ruego a la Secretaría consulte si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Adrián Rivera Pérez:

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Adrián Rivera Pérez:

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo...

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Aprobado el punto de acuerdo.

Ruego a la Secretaría dé lectura a los puntos de acuerdo específicos que se acaban de aprobar como de urgente y obvia resolución, con lo que se comunicará al Ejecutivo y se rectifique el anterior trámite de la Presidencia.

El Secretario diputado Adrián Rivera Pérez:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Que las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Economía, informen a esta soberanía en un plazo que no exceda de 15 días a partir de la aprobación del presente punto de acuerdo las acciones dirigidas al apoyo del sector porcícola nacional frente a las importaciones provenientes de Estados Unidos de América.

Segundo. Que la Secretaría de Economía informe a esta representación social si actualmente se encuentra aplicando una cuota compensatoria o algún otro mecanismo para equilibrar el mercado nacional de productos porcícolas y en caso de estar aplicándolo, informe los resultados que han arrojado.

Tercero. Que la Sagarpa lleve a cabo en los puntos de introducción, una supervisión zoosanitaria rigurosa de los productos porcícolas provenientes de Estados Unidos de América e informe a esta soberanía los resultados en un plazo no mayor a 30 días a partir de la aprobación de este punto de acuerdo.

Cuarto. Que la Secretaría de Economía evalúe la posibilidad de solicitar la instalación de un panel binacional, a efecto de discutir y en su caso resolver la aplicación de una cuota a las importaciones de cerdo en pie y de carne de cerdo e informe a esta honorable Cámara sobre la viabilidad de dicha medida.

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Se han aprobado estos puntos de acuerdo de urgente y obvia resolución. Comuníquese al Ejecutivo para su desahogo.

FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Continuando con el orden del día, se ofrece el uso de la palabra al diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados acuerde la integración de una comisión especial en torno a los trabajos del IFE.

El diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta:

Gracias, señora Presidenta:

Efectivamente presento una proposición que contiene un punto de acuerdo para que esta Cámara de Diputados acuerde crear una comisión especial con dos puntos de competencia:

1. Para que dé seguimiento a las investigaciones que se encuentran en marcha en relación a la campaña presidencial del año 2000 y

2. Dé seguimiento al financiamiento de los partidos políticos en el proceso electoral ya en marcha.

Lo hago al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

Sucede que en la vida política del México posrevolucionario no ha existido una sola elección equitativa; de recuerdo relevante, la de José Vasconcelos con Pascual Ortiz Rubio, la de Juan Andreu Almazán con Manuel Avila Camacho y desde luego la del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas con Carlos Salinas de Gortari.

Nuestro modelo de partidos hasta entonces, incluyendo la elección de 1994, se había caracterizado por un régimen electoral diseñado desde el poder para la conservación del mismo, cuyos rasgos fundamentales fueron el control gubernamental sobre la contienda electoral y las condiciones absolutamente inequitativas de competencia entre los partidos, fenómenos que influyeron decisivamente en los resultados electorales, la desigualdad en las contiendas estaba determinada por la existencia del partido oficial.

El empuje de la sociedad y de los principales actores políticos en los últimos años, así como la necesidad de legitimar un régimen que agotaba sus posibilidades de sobrevivencia, condujo a sucesivas reformas constitucionales que permitieron dar paso a una mayor pluralidad en el Congreso de la Unión, a generar condiciones para que los partidos políticos accedieran en forma creciente al financiamiento público, a los medios electrónicos y a conseguir que la conducción del proceso electoral estuviera a cargo de un órgano constitucional autónomo, el Instituto Federal Electoral.

Todo ello no ha sido suficiente, la elección presidencial del año 2000 también fue inequitativa. En ella, el PRI y el PAN además de las prerrogativas asignadas por el Estado utilizaron financiamiento privado nacional y extranjero y desviaron recursos públicos. A más de dos años de celebrados los comicios, el IFE tiene en marcha dos investigaciones cuyo resultado podría arrojar la imposición de severas sanciones a estos partidos políticos y la determinación de que importantes actores políticos hayan cometido delitos electorales.

La indagatoria que atañe a la campaña de Vicente Fox y que involucra a dos de sus hermanos, a Lino Corrodi y a Carlos Robinson, entre otros, salió a la luz pública a través de una filtración del propio Gobierno, sólo así se entiende el acceso al detalle, el instrumento: la tribuna de la Comisión Permanente en el año 2000 y la voz del entonces diputado Enrique Jackson, hoy Presidente de la Mesa Directiva del Senado.

La referente a la campaña de Francisco Labastida, que se ventila ante la opinión pública como el caso "Pemex-gate", también se inició como producto de una filtración de información en posesión del Estado, hoy en manos de gobernantes que reproducen los vicios que en el pasado tanto combatían al percatarse que la información es poder y que el poder para ellos es simple disposición.

Sin duda, el proceso electoral ya iniciado está afectado por el nada limpio proceso electoral del año 2000; el tema del financiamiento electoral de los partidos políticos seguirá dominando el escenario de la agenda nacional por lo que resta del año y el transcurso del siguiente. Dos son las razones...

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Diputado Barbosa, el diputado Tomás Torres está solicitando hacer uso de la palabra. Diputado Tomás.

El diputado Tomás Torres Mercado (desde su curul):

Gracias, señora Presidenta.

Solamente si por su conducto, señora Presidenta, si el señor diputado me acepta un cuestionamiento, una pregunta.

El diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta:

Con mucho gusto.

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Diputado Barbosa, acepta, entonces, diputado Tomás Torres, puede usted formularle la pregunta.

El diputado Tomás Torres Mercado (desde su curul):

Diputado Barbosa, a pesar de su planteamiento diligente y profundo del punto de acuerdo, nos deja, señor diputado, la inquietud si habla usted de una comisión que se ocupe de revisar los dineros privados y públicos en el Proceso Federal de 2000 y extender la competencia de esta comisión al Proceso Federal de 2003. Si puede precisarlo, por favor.

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Adelante, diputado Barbosa.

El diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta:

Desde luego, diputado Tomás Torres, le reconozco su agudeza que ilustra a la Asamblea.

Decíamos, y va a estar contenida su respuesta en esta mención que voy a hacer, señor diputado. Sin duda, el proceso electoral ya iniciado está afectado por el nada limpio proceso electoral del año 2000. El tema del financiamiento electoral de los partidos políticos seguirá dominando el escenario de la agenda nacional por lo que resta del año...

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Diputado Barbosa...

El diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta:

Estoy dando respuesta, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Está usted dando respuesta, diputado Barbosa.

Nada más que el diputado Zapata Perogordo había solicitado hacer uso de la palabra.

El diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta:

Es un honor para mí.

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Diputado Zapata.

El diputado José Alejandro Zapata Perogordo (desde su curul):

Sí, nada más para dejar constancia que cuando hicieron la pregunta ya se le había terminado el tiempo para el diputado Barbosa. Creo que contestó adecuadamente el cuestionamiento, pero sí queríamos, precisamente para que no se considere una artimaña de que quiere utilizar más tiempo del acuerdo parlamentario, dejar la constancia precisa de que ya había hecho el uso de su tiempo que le correspondía en tribuna.

Muchas gracias.

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Gracias, señor diputado.

El diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta:

No son artimañas, diputado Zapata, las artimañas muchas veces se utilizan desde otro lado.

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Diputado Barbosa, concluya la respuesta al diputado Tomás Torres y concluya con la presentación de su punto de acuerdo, por favor.

El diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta:

Decíamos que este proceso electoral, el que ya está en marcha, está afectado por el nada limpio proceso electoral del año 2002 y que tanto duele que se mencione por la ilegitimidad que genera en la Presidencia de la República.

Estos dos temas dominan el escenario de la agenda nacional por lo que resta del año y por el transcurso del siguiente, dos son las razones: la primera, la sustanciación del par de averiguaciones ante el IFE, que tal parece, están calculadas para que revienten cuando el proceso electoral del 2003 esté en su punto culminante  y la segunda, el control que deberá operar en los gastos de campaña de los partidos políticos para la elección en marcha.

Para atender estas dos razones, esta Cámara de Diputados cuya renovación es el único objeto del actual proceso electoral, tiene la obligación moral de involucrarse más allá de posiciones partidarias en un esfuerzo para garantizarle al pueblo de México un órgano legislativo con la mayor legitimidad.

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Diputado Barbosa, si quiere proponer su punto de acuerdo y concluir.

El diputado Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta:

Por eso propongo a esta Asamblea el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acuerda crear una comisión especial cuya competencia será la siguiente:

Dar seguimiento a las investigaciones que está llevando a cabo el Instituto Federal Electoral sobre el financiamiento utilizado por los candidatos y partidos políticos en la campaña para Presidente de la República del año 2000.

Dar seguimiento al financiamiento electoral de los partidos políticos en el proceso electoral en marcha.

Gracias, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

El diputado José Manuel del Río Virgen (desde su curul):

Señora Presidenta, para solidarizarme con el punto de acuerdo del diputado Miguel Barbosa que además contestó muy bien la interpelación del diputado Tomás Torres.

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Se registra la solidaridad del diputado Del Río Virgen, con la propuesta del punto de acuerdo y se reitera que el turno es a la Junta de Coordinación Política.

HURACAN ISIDORE

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Tiene la palabra la diputada Erika Spezia Maldonado, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una proposición con punto de acuerdo por el cual se solicita que el Poder Ejecutivo Federal informe a la Cámara de Diputados cómo se ha canalizado la ayuda humanitaria en la zona afectada por el huracán "Isidore".

La diputada Erika Elizabeth Spezia Maldonado:

Muchas gracias, señora Presidenta, con su venia:

Desde hace varios años, fenómenos naturales reiterados han ocasionado devastación y miseria en el territorio nacional. Basta recordar la presencia de los huracanes Paulina, “Mitch” y “Julliette” y sus efectos destructores.

El cambio climático es uno de los fenómenos que más impactan a nuestro territorio nacional por la posición que geo-gráficamente ocupa. A la vez, que cada temporada evoluciona de manera distinta, sin que tengamos a ciencia cierta una visión correcta del fenómeno para poder prever sus efectos y prevenir sus consecuencias.

Hasta ahora, dicho fenómeno ha pasado desapercibido para las autoridades sin que adopten medidas adecuadas para mitigar y revertir sus efectos que cada vez serán más evidentes en perjuicio de las poblaciones costeras.

Los programas implementados hasta ahora por el Gobierno han servido sólo para colmar necesidades a corto plazo sin lograr detener los efectos que año con año se vienen dando.

Así, las soluciones del Gobierno sirven sólo para un año hasta en tanto llegue el próximo temporal de lluvias que de acuerdo a las condiciones de cambio climático, se prevé que serán cada vez más intensas y extremosas.

La política de prevención de desastres ha servido de poco para evitar los efectos negativos que los huracanes producen a la economía nacional, pero sobre todo al bienestar de los pobladores, por lo que la adopción de una política nacional de protección civil entre las diversas comunidades, es ya un imperativo impostergable.

Como es de todos sabido, el huracán "Isidore" dejó a su paso por el sureste del país, numerosos damnificados, devastación, cuantiosos daños a la infraestructura carretera y de servicios. En particular, la región norte de la península de Yucatán sufrió los mayores daños, aunque los estados de Campeche y Quintana Roo, también sufrieron graves estragos.

En toda la zona de influencia se estima que hay cerca de 300 mil damnificados por el huracán que requiere nuestro apoyo. La mayor parte de ello es en Progreso, Tizimin y Mérida.

Hasta el momento las secretarías de Marina y Defensa Nacional, han intervenido distribuyendo agua potable, alimentos, ropa y medicinas, así como el traslado de enfermos, la realización de vuelos de reconocimiento y otras labores propias de estos institutos armados.

Desde esta tribuna hacemos un reconocimiento a esa valiosa labor y los invitamos a continuar apoyando a los damnificados.

En los municipios quintanarroenses de Solidaridad, Tulúm, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, el alcalde de Benito Juárez, fue víctima de supuestos decomisos, más parecido al robo por parte de policías uniformados, así como de detenciones ilegales, al tratar de otorgar víveres recolectados en el municipio de Benito Juárez, como ustedes saben, Cancún, para las víctimas del desastre natural.

Por último, queremos exhortar al Gobierno Federal, para que se conduzca con legalidad e imparcialidad y no otorgue la ayuda de manera selectiva, en los municipios y estados que gozan de la preferencia del Presidente de la República.

Por todo lo anterior, es que solicitamos al pleno de esta Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto del artículo del Reglamento Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se someta y se

ACUERDE

Primero. Que el Poder Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Gobernación, informe a la Cámara de Diputados cómo ha canalizado toda la ayuda humanitaria, en la zona afectada por el huracán "Isidore".

Segundo. Que los poderes Ejecutivo Federal y estatal de Quintana Roo informen a la Cámara de Diputados qué se ha hecho con las tres toneladas de víveres, que fueron decomisadas al presidente municipal de Benito Juárez, Quintana Roo.

Tercero. Que el Poder Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República, investigue y prevenga la posible comisión de delitos por aquellos que aprovechándose de la tragedia humana, realizan conductas delictivas en perjuicio de la sociedad mexicana.

En este sentido, los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta Cámara de Diputados, sometemos el presente punto de acuerdo, en virtud de que miles de mexicanos lo necesitan y por tanto se turne a la Junta de Coordinación Política el presente.

Muchas gracias.

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Gracias, señor diputado.

Dado que hay un asunto similar en torno al seguimiento turnado a la Junta de Coordinación Política, para la integración de una comisión especial y que el día de hoy fue integrada la comisión especial de referencia, le consulto si puedo turnar este punto a la comisión especial, que ya fue integrada para dar seguimiento y a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Gracias, señora diputada.

Túrnese a la Comisión Especial para dar seguimiento a los respaldos a la zona afectada por el huracán "Isidore" y a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

ESTADO DE VERACRUZ

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Continuando con el orden del día, se ofrece el uso de la palabra al diputado José Francisco Yunes Zorrilla del grupo parlamentario del PRI, para presentar una proposición con punto de acuerdo en relación al Parque Nacional del Cofre de Perote, Veracruz.

El diputado José Francisco Yunes Zorrilla:

Con el permiso de la diputada Presidenta y agradeciendo de antemano la atención de las diputadas y diputados, sobre un tema en el cual descansa una enorme preocupación y un gran interés, de una parte importante de la población veracruzana sentada en el centro del Estado.

Vengo a platicar con ustedes, vengo a compartir con ustedes un asunto vinculado con distintos problemas de orden social y que está relacionado de manera directa con el Cofre de Perote.

Los problemas son de orden social, en virtud de la población que está asentada en la parte alta de esta montaña, son de orden económico, porque sin lugar a dudas está implicando una combinación de esfuerzos y de recursos, que tienen su origen precisamente en esta circunscripción y de orden político porque evidentemente siempre es un factor a considerar, cuando la cuestión económica y social pueden conjugarse.

El Cofre de Perote, desde 1937 por decreto presidencial es Parque Nacional; el decreto delimita esta circunscripción por encima de los 3 mil metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, antes de la puesta en marcha de este decreto, había ya resoluciones presidenciales de dotación ejidal en esta región.

Convergen cinco municipios y cerca de 15 comunidades y después de 65 años de promulgar este decreto con objeto de dar certidumbre en las cuestiones ecológicas, con el objeto de fincar una reserva ambiental que pudiese significar condiciones favorables tanto en la provisión de agua como oxigeno para las ciudades bajas, aledañas, entre las que figura la ciudad de Jalapa, vemos que estos esfuerzos no han sido suficientes y con muchísima consternación entendemos que algo nuevo debe de hacerse; y aun cuando este problema puede, sin lugar a dudas resolverse desde distintos ángulos, el que yo pongo a la consideración de los señores diputados aquí reunidos, tiene que ver con los derechos de propiedad.

Me parece que es pertinente, me parece que es insoslayable la necesidad de hacer convertir de nueva cuenta los derechos comunales sobre el Parque Nacional con los derechos de propiedad que pueden tener los ejidatarios de estas dotaciones, así como los pequeños propietarios que conjugan y que coinciden en esta área geográfica del Parque Nacional.

Es importante, porque estoy plenamente convencido, que la delimitación de incentivos a través de los derechos de propiedad puede hacer, sin lugar a dudas, que los intereses particulares coincidan en algo más general y más importante y en la medida en la cual los habitantes de la parte alta del Cofre de Perote tengan plena convicción de que los recursos naturales, de que los recursos maderables ahí asentados pueden ser parte de su patrimonio y pueden aprovecharse con racionalidad y con cultura ecológica y con sentido práctico, sin lugar a dudas habrá fuerzas naturales, relevantes que hagan que estos mismos pobladores cuiden de esos bosques para beneficio de todas las poblaciones que de manera directa e indirecta, en este sentido nos beneficiamos.

Por estas razones, me atrevo a poner a consideración de ustedes, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente proposición de

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Que la Secretaría de la Reforma Agraria, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional Forestal, instrumenten acciones tendientes a definir y en su caso, rectificar los derechos de propiedad sobre el suelo y los recursos naturales de los ejidos de la colonia Agrícola y del Parque Nacional asentados arriba de la curva de los 3 mil metros sobre el nivel del mar del Cofre de Perote, con objeto de alinear los incentivos particulares de sus pobladores con las metas de la conservación ecológica.

Por su atención y por el apoyo que puedan brindar a esta propuesta, de antemano en nombre de todos los habitantes de esa región, dejamos nuestra gratitud.

«Punto de acuerdo en relación con los derechos de propiedad en el Parque Nacional Cofre de Perote.

El tratamiento dado a bosques, manantiales, mantos acuíferos, fauna salvaje y flora es un tema que ocupa intensamente la atención de grandes sectores de la población. Es claro que el manejo sustentable de los recursos naturales, para que sea eficiente, equitativo y perdurable, requiere de un conjunto de disposiciones institucionales que modulen la participación de los distintos actores involucrados en su aprovechamiento y conservación. Entre este conjunto de disposiciones institucionales, sobresale la claridad y protección que se le dé a los derechos de propiedad sobre los recursos naturales, en cualquiera de sus tres modalidades1.

En consecuencia, a través de la presente proposición con punto de acuerdo, se pretende incorporar a las dependencias federales competentes, en la revisión de los derechos de propiedad sobre los suelos y los recursos naturales que delimitan el Parque Nacional del Cofre de Perote. Hay elementos suficientes para suponer que la contradicción existente en los títulos de propiedad sobre un mismo bien dentro del parque, ha contribuido al deterioro ecológico del lugar, toda vez que proyecta pocos incentivos para la conservación de los recursos naturales entre las personas ahí asentadas.

Derechos de propiedad

El tema de los derechos de propiedad es un asunto con importantes repercusiones. Un desempeño económico eficiente requiere de derechos de propiedad claramente definidos, con objeto de acreditar, sin ninguna duda, al individuo que cuenta con la titularidad sobre un bien, a fin de facilitar intercambios, ponderar beneficios y calcular costos. Una sociedad articulada, proclive a la buena convivencia, requiere también de instituciones encargadas de hacer respetar dichos derechos, diseñando mecanismos confiables para la solución de disputas sobre la propiedad de ese bien, con el propósito de promover así, certeza jurídica y certidumbre patrimonial.

Detentar los derechos sobre la propiedad de un bien, permite excluir a terceros sobre los beneficios de su uso y al mismo tiempo, obliga a rivalizar y competir por su consumo. Esta es la naturaleza de los bienes privados: si no puede haber exclusión en los beneficios ni competencia en el consumo, entonces se trata de bienes públicos, los cuales requieren del sector gubernamental para su provisión.2

Lo anterior hace sentido, porque demuestra la existencia de incentivos, tanto para pagar por la propiedad de un bien, como para asumir el costo de conservarlo y preservarlo, en la medida en la cual nadie distinto al propietario, disfrutará de los beneficios de ese bien. Sin embargo, cuando se trata de recursos naturales asentados sobre formas de propiedad comunal, no existirán incentivos para su cuidado ni para su explotación responsable, como consecuencia de la imposibilidad de excluir de los beneficios a quienes no participan en la amortización de sus costos. Por tanto, deben construirse medios compensatorios con el propósito de crear incentivos en esa dirección. Derechos de propiedad claros pueden aportar una posible solución a este problema.

El dueño de los derechos de propiedad posee el consentimiento de sus semejantes para decidir, según sus intereses, con respecto al bien de su propiedad, aun cuando esa decisión podría producir reacciones dañinas para otros. Para muchos, una función primaria de los derechos de propiedad, consiste en encauzar los efectos, positivos o negativos, que una actividad puede producir a terceros no involucrados con esa actividad.3 De esta manera, los derechos de propiedad, en buena medida, se orientan a combatir los síntomas de las "externalidades" económicas.4

Todas estas reflexiones teóricas acerca de los derechos de propiedad toman sentido, luego de observar las condiciones que prevalecen en el Parque Nacional Cofre de Perote.

Parques Nacionales

Los parques nacionales están definidos en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Son una de las distintas formas que adquieren las áreas naturales protegidas. Estas "constituyen porciones terrestres o acuáticas del territorio nacional, representativas de los diferentes ecosistemas y de su biodiversidad, en donde el ambiente original ha sido esencialmente alterado por el hombre y que están sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo".5

Acorde al artículo 50 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, los parques nacionales "se constituirán, tratándose de representaciones biogeográficas, a nivel nacional, de uno o más ecosistemas que se signifiquen por su belleza escénica, su valor científico, educativo, de recreo, su valor histórico, por la existencia de flora y fauna, por su aptitud para el desarrollo del turismo, o bien por otras razones análogas de interés general".

Asimismo, según el mismo precepto, "en los parques nacionales sólo podrá permitirse la realización de actividades relacionadas con la protección de sus recursos naturales, el incremento de su flora y fauna y en general, con la preservación de los ecosistemas y de sus elementos, así como con la investigación, recreación, turismo y educación ecológicos".

Como puede percibirse, dentro de los límites de un parque nacional, no puede haber actividades productivas ni pueden explotarse sus recursos naturales de manera sustentable y racional. Sólo deben preservarse e incrementarse su flora y fauna.

Parque Nacional Cofre de Perote

El Parque Nacional Cofre de Perote, cuenta con una superficie de 11 mil 700 hectáreas, en los municipios de Perote, Ayahualulco, Xico, Acajete y las Vigas de Ramírez. La tenencia de la tierra se distribuye en ejidal, con un 43%, no identificada con el 32% y nacional con el restante 25%. Asimismo, cerca del 50% de la extensión territorial del parque son bosques de coníferas, transfiriendo el resto a zonas de cultivo agrícola y de pastizales.

Los términos del decreto presidencial que lo creó, se publicó el 4 de mayo de 1937 y declara Parque Nacional Cofre de Perote, la porción de los terrenos comprendidos en esa montaña, a partir de la curva de nivel de 3 mil metros sobre el nivel del mar. Y, de manera muy importante, señala en su artículo 3o. que "los terrenos comprendidos en los límites... quedarán en posesión de sus dueños respectivos en tanto cumplan con los ordenamientos que sobre el particular dicte el servicio forestal...".

Los objetivos perseguidos por el decreto, consistían en proteger las áreas naturales de la montaña para beneficio de las ciudades aledañas, sobre todo, por el impacto que éstas guardan en materia hidráulica, climática y de fertilidad. Asimismo, se buscaba también salvaguardarla como refugio natural para la conservación de la fauna silvestre. Es necesario destacar la existencia de tres importantes cuencas, cuyos nacimientos se encuentran en los altos manantiales de esta montaña y cuyos cauces progresivamente se extienden por muchas regiones bajas del Estado, hasta desembocar en el golfo de México.

CONSIDERANDOS

En primer lugar, se debe reconocer que después de 65 años, los objetivos que motivaron la creación del parque nacional no se han alcanzado. La tala clandestina, el cambio de uso de suelo de forestal a agrícola sobre terrenos con vocación forestal, las pocas posibilidades de rotar cultivos, el pastoreo en zonas boscosas, la proliferación de los asentamientos humanos, la falta de vigilancia y planeación, han provocado una enorme deforestación, una terrible erosión del suelo y un caos con repercusiones ecológicas.

En segundo lugar, se vislumbra una inconsistencia en los criterios para reconocer los derechos sobre la propiedad. La política agraria en la región del Cofre de Perote, observa resoluciones presidenciales de dotación de ejidos anteriores al decreto que creó el Parque Nacional que son afectados parcialmente por éste, pero de la misma manera, también observa dotaciones ejidales posteriores al decreto en mención, sobre terrenos dentro de los límites del parque. Son cerca de 15 los núcleos poblacionales asentados al interior de esa circunscripción.

En este punto, el Parque Nacional, como se menciona en el artículo 3o. del decreto, reconoce los derechos sobre la propiedad en los terrenos dotados como ejidos antes de mayo de 1937 por encima de los 3 mil metros sobre el nivel del mar, pero no a plenitud, toda vez que los excluye de los aprovechamientos forestales de sus recursos maderables. En este sentido, existen muy pocos incentivos para preservar, vigilar, mantener el estado de los bosques y del resto de los recursos naturales y por el contrario, existen muchos incentivos para aprovecharlos irracional y clandestina-mente.

En consecuencia, la falta de precisión en los derechos de propiedad sobre la tenencia de la tierra y los recursos naturales ha propiciado efectos nocivos para la situación ambiental del Parque Nacional, para los habitantes ahí asentados y para quienes en las partes bajas de las montañas, en el tiempo dependerán, de bosques sanos en su relación con el suministro de oxígeno y agua.

Por lo anteriormente expuesto, presentamos, con fundamento en el artículo 58 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente proposición de:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Que la Secretaría de la Reforma Agraria, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional Forestal, instrumenten acciones tendientes a definir y, en su caso, rectificar los derechos de propiedad sobre el suelo y los recursos naturales de los ejidos, de la colonia agrícola y del parque nacional, asentados arriba de la curva de los 3 mil metros sobre el nivel del mar del Cofre de Perote, con objeto de alinear los incentivos particulares de sus pobladores, con las metas de la conservación ecológica.

México, D.F., a 8 de octubre de 2002.— Diputado José Francisco Yunes Zorrilla. (rúbrica).»

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Gracias, diputado. Diputado Yunes, diputado Yunes le consulto: de manera lógica este punto de acuerdo se debe turnar a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, le pregunto si también a la de Reforma Agraria.

Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión de Reforma Agraria.

Tiene la palabra el diputado Neftalí Salvador Escobedo Zoletto del grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo. Nos han indicado que se pospone para la próxima sesión.

DEUDA PUBLICA

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

En tal virtud, tiene la palabra el diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, que nos solicito hacer una permuta de su turno para presentar en primer término la proposición con punto de acuerdo, inscrita por él mismo, en relación al tema de la deuda pública del Gobierno Federal, esta Presidencia obsequia esta petición del diputado, por lo que el tema relativo al saneamiento, fusión y venta del Banco del Atlántico, pasa al lugar que en el orden del día estaba asignado a la propia propuesta del diputado Magallanes, en torno a la Auditoría Superior de la Federación.

Entonces se ofrece el uso de la palabra al diputado José Antonio Magallanes, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una proposición con punto de acuerdo, para solicitar que la Auditoría Superior de la Federación revise el destino de la deuda pública del Gobierno Federal.

El diputado José Antonio Magallanes Rodríguez:

Gracias, señora diputada Presidente; compañeras y compañeros diputados:

El artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su fracción VIII, confiere a la Cámara de Diputados, la facultad exclusiva para dar las bases bajo las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para conocer y mandar pagar la deuda nacional.

Segundo, el artículo referido anteriormente de nuestra Carta Magna, establece que ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos.

CONSIDERANDOS

Que de acuerdo a los últimos datos oficiales al mes de agosto, la deuda interna y externa reconocida oficialmente, es decir, aquella que no incluye los llamados pasivos contingentes, ascendió en un promedio a 1 billón 356 mil millones de pesos, cifra que representa aproximadamente el 22% del Producto Interno Bruto.

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Que durante los últimos años la deuda pública interna y la deuda total, han crecido a tasas muy superiores al crecimiento de la economía.

Que lo anterior implica que el endeudamiento neto del sector público no ha tenido como destino la inversión productiva, sino más bien el gasto corriente.

Que de continuar esa tendencia el peso de la deuda se traducirá en presiones sobre las finanzas públicas.

Que es preciso desalentar el gasto corriente y fomentar la inversión productiva y social.

Las cifras que se presentan en la Cuenta Pública difieren de las cifras que se reportan en los informes trimestrales de la deuda pública.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 78 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva someta a su consideración de este pleno, el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Que se solicite a la Auditoría Superior de la Federación que se revise el destino del endeudamiento público, particularmente el desmedido crecimiento de la deuda pública interna durante los últimos años.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Vigilancia del Organo Superior de Fiscalización.

Ratificando el turno a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Tiene la palabra el diputado Alejandro Zapata Perogordo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo, en relación a la plaga de langosta en la huasteca potosina.

El diputado José Alejandro Zapata Perogordo:

Gracias, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Yo creo que el Poder Legislativo debe ejercer sus funciones como órgano político representante del pueblo y depositario de la soberanía nacional atendiendo a las demandas de sus representados.

En ese tenor yo quiero plantear aquí un asunto que si bien es un asunto regional, afecta de manera nacional. En más de 17 mil hectáreas de pastizales, frutas tropicales, hortalizas, entre otros cultivos, ubicadas en la huasteca potosina, han sido afectadas por la plaga de la langosta.

Se padece prácticamente en todos los municipios de la huasteca y existe, además, el riesgo de que se vean afectados los cultivos de caña de azúcar de la región.

Sí sabemos que el Comité Estatal de Sanidad Vegetal ha enviado técnicos especialistas en el combate de plagas a la zona donde se identificó esa plaga con el fin de apoyar a los campesinos y evitar que se incremente su presencia y afecte a otros cultivos.

Sin embargo, sí creemos importante que se debe solicitar apoyo de las autoridades federales de manera subsidiaria con los propios productores para intensificar las acciones de combate a la plaga de langosta que pone en riesgo cultivos y pastizales.

Las intensas lluvias y las altas temperaturas que se registran en esta temporada favorecen el desarrollo de esa plaga y se corre el riesgo de que aparezcan otras, afectando la producción de los cultivos antes mencionados.

En el caso de las frutas tropicales, el problema es muy grave si se considera que la productividad nacional de las mismas se vio seriamente disminuida a consecuencia de las lamentables devastaciones ocurridas en los estados del sureste del país y en la península de Yucatán.

Es por ello que, como legisladores, tenemos la responsabilidad constitucional de buscar alguna respuesta que permita restablecer las condiciones de los productores de la zona afectada, ya que de no hacerlo se pueden perder más de 200 millones de pesos invertidos en cultivos.

Hay que recordar también las palabras de nuestro Secretario de Agricultura, en Cholula, Puebla, que señala: "el federalismo es la condición básica para alcanzar un desarrollo duradero en el campo mexicano, ya que federalismo es compartir las responsabilidades. El federalismo es iniciar nuevos apoyos para la gente que trabaja en su estado, pero sobre todo federalismo es actuar en consecuencia".

Hoy se nos presenta la urgencia de apoyar de manera subsidiaria y solidaria a los productores potosinos pues nuestra convicción, como representantes populares, es la de velar por los intereses de todos los mexicanos. Además, debemos dejar claro que Acción Nacional siempre se ha pronunciado por la transferencia de instrumentos de promoción hacia los gobiernos locales que les permitan cumplir un papel activo en materia de desarrollo económico.

En ese sentido la transferencia de recursos y apoyos de la federación hacia los gobiernos estatales y municipales es una tarea pendiente que hoy debemos concretar.

Por lo anteriormente expuesto se pone a la consideración de ustedes el siguiente punto de acuerdo.

El diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta (desde su curul):

Solicito hacerle un cuestionamiento al diputado.

El diputado José Alejandro Zapata Perogordo:

Si es para una interpelación, al término de mi intervención con gusto se la aceptaré al diputado Barbosa.

El diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta (desde su curul):

Perdón, yo también le hablaba a la Presidenta.

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Diputado Zapata, el diputado Barbosa quiere hacer una interpelación ¿es así, diputado Barbosa? Entiendo que el diputado Zapata la acepta al término de su intervención.

Diputado Tomás Torres.

El diputado Tomás Torres Mercado (desde su curul):

Solamente, señora Presidenta, para un diputado, su servidor, refrendar la conducción en usted y no del diputado que está en uso de la tribuna. Somos absolutamente respetuosos, pero habremos de reconocer la conducción y la representación en usted. Para que no anticipe a descalificar el planteamiento de un compañero diputado.

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Gracias, señor diputado, se toma nota.

Diputado Zapata, continúe con su exposición y está claro que la interpelación que quería formularle el diputado Barbosa la hará al término de su intervención.

El diputado José Alejandro Zapata Perogordo:

Muchas gracias.

Finalmente, se pone a su consideración el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se solicita que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación coadyuve en los trabajos de sanidad en la región afectada por la plaga de la langosta, enviando al efecto el equipo técnico pertinente.

Adicionalmente, yo quisiera también hacer una aclaración y un reconocimiento. Me había hecho la seña el diputado Barbosa que quería hacer un cuestionamiento y así en esos mismos términos fue, con todo respeto para el compañero diputado, que le solicité que fuera al final de la intervención, respetando siempre la conducción de quien preside esta Cámara. Adelante, compañero diputado.

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Diputado Barbosa, su interpelación.

El diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta (desde su curul):

Diputado Alejandro Zapata. Indudablemente que los asuntos del campo son asuntos de interés de todos los mexicanos. Una plaga de langosta en suelos potosinos involucra a todos los potosinos.

Es aquí la pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre el interés de un legislador federal por plantear un problema del campo nacional, y el interés de un político por utilizar la tribuna como artimaña legislativa para posicionarse en su estado? La hago con todo respeto ¿eh?

El diputado José Alejandro Zapata Perogordo:

Así lo entendí y además habré de decirle que hay reciprocidad.

Primero. Yo creo que los asuntos locales pueden llegar a tener relevancia a nivel nacional. El asunto del campo en México es un asunto que nos debe ocupar y que lamentablemente lo hemos ido dejando a un lado.

También habría de señalar que esta zona que es la huasteca, y hablo por la huasteca potosina porque soy potosino y porque me interesa obviamente mi estado, pero que involucra a las otras dos partes de la huasteca, la huasteca hidalguense y la tamaulipeca, donde se están viendo afectados por una plaga de langosta, en una zona que tiene gran productividad en cuestión de cárnicos, en hortalizas y en frutas tropicales, que puede verse mermada nuestra producción nacional toda vez que hubo zonas de gran productividad de estos mismos productos devastadas y que como consecuencia de ello sí debemos poner atención porque puede verse en consecuencia mermada la productividad nacional en una parte que es indispensable, no sólo por el consumo interno, sino adicionalmente por la parte externa que también mandamos hacia otros lugares fuera del país y que en ese sentido es obvio que nos interesa que de manera subsidiaria puede entrar la propia Federación en una zona que puede estarse rescatando para que no se alteren los productos en esta parte.

Y en la última reflexión que hizo, ¡no! yo creo que en ese sentido no podemos hablar de artimañas cuando hay una preocupación real y cuando no sea de tratar tramposamente de utilizar la tribuna para obtener mayor tiempo del que un acuerdo parlamentario ha estado estableciendo.

Muchas gracias.

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Gracias, señor diputado.

El diputado Tomas Torres Mercado (desde su curul):

Presidenta...

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Diputado Tomás Torres.

El diputado Tomas Torres Mercado (desde su curul):

Señora Presidenta, a virtud de la alusión sobre una observación de tipo procedimental, yo le pido a usted en ejercicio del más elemental derecho de un legislador, me dé oportunidad de hacer uso de la tribuna; de desconocerlo, sería para el mismo tema.

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Tiene la palabra para contestar alusiones personales, hasta por cinco minutos, el diputado Tomás Torres.

El diputado Tomás Torres Mercado:

Le agradezco, señora Presidenta, con su permiso:

La fracción del Partido de la Revolución Democrática y en lo individual un miembro de esta fracción, siempre ha expresado que no rehuimos de que podemos abordar en la tribuna y en el debate en lo corto, los temas que los señores y las señoras diputadas deseen.

Se ha en esta tribuna adjetivizado el que un servidor haya hecho un cuestionamiento al diputado Luis Miguel Barbosa, en la presentación de un punto de acuerdo que resulta definitivamente relevante. Relevante ¿por qué virtud? Está proponiendo la creación de una comisión especial que tenga que ver con la vigilancia del destino de los recursos públicos y privados en los procesos políticos electorales; mayor bondad política no podríamos encontrarla.

¿Por qué razón? Pues antes de que ocurran cosas como las que ocurrieron en el proceso electoral de 2000, prevengamos y démosle competencia a los diputados federales.

Un servidor no hace uso de artimañas, diputado. Un servidor hace uso de instituciones procesales parlamentarias; un servidor pugna por la autoridad y el reconocimiento a la Mesa Directiva de la Cámara, como corresponde y como la ley lo señala, un servidor pidió a la Presidenta que por su conducto, cual debe ser, y no por la voz del propio diputado, procediera a reconocerle su derecho a plantear en una pregunta.

No desestimamos en modo alguno el tema local y regional de San Luis Potosí, como no se ha desestimado el de Zacatecas o el de Aguascalientes o el de Jalisco o el de cualquiera otra entidad federativa que traiga a esta tribuna nacional al debate temas que tienen qué ver con la localidad y con el debate público nacional.

Lo que un servidor no puede aceptar es, por supuesto, la descalificación al uso legítimo de las instituciones del procedimiento electoral. Si lo que yo hice fue una artimaña, la suya abunda no solo en la artimaña sino en la negligencia y en el desconocimiento de los recursos de los diputados en esta Cámara.

Muchas gracias.

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

En pro de la propuesta del diputado Alejandro Zapata Perogordo, se concede el uso de la palabra al diputado Manuel Medellín, hasta por cinco minutos.

El diputado José Manuel Medellín Milán:

Muchas gracias, señora Presidenta; estimados compañeros:

Me parece que este tema aunque parece muy puntual y regional es un tema que tiene qué ver con la aplicación de políticas de carácter nacional y propias del Gobierno Federal, porque ustedes recordarán perfectamente que en el proceso de descentralización de las actividades agropecuarias la parte de sanidad, tanto de sanidad animal como sanidad vegetal es un tema que incumbe particularmente a la federación, dado que la plagas no reconocen límites.

Y esta plaga en particular, la de la langosta o la del chapulín, como la conocen en las zonas afectadas, ha efectivamente devastado alrededor de 40 y tantas mil hectáreas en la zona huasteca, solamente dentro del Estado de San Luis Potosí y ha afectado pastizales de los ganaderos, ha afectado sembradíos de maíz, sembradíos de caña de azúcar e incluso ha atacado a las plantas de naranjo en su edad temprana.

De manera que es una plaga que no tiene solamente una expresión local ni regional y que, además de este principio de subsidiaridad al que se ha aludido, me parece que hay una responsabilidad federal muy claramente señalada por tratarse de un tema sanitario. Y hay además una consecuencia social muy importante, algunas de estas zonas pueden estarse recuperando, pueden haber sido menos afectadas, pero ciertamente se requiere de un trabajo que sea uniforme en toda la zona puesto que el ataque a las plagas, cuando es puntual, cuando no está generalizado a toda la zona no es suficientemente eficaz.

De manera que la actuación del Gobierno Federal y el uso de fondos específicos para este tipo de desastres es indispensable en casos como este, independientemente del tamaño del daño y por otra parte la responsabilidad federal es ineludible. Pero además hay una consecuencia social, sobre todo entre quienes siembran granos para consumo propio. Me parece que muchas familias, cientos o tal vez miles de familias se quedaron sin el producto indispensable de su pequeña parcela para la sobrevivencia.

Y por lo tanto sería muy pertinente añadir a esta propuesta la necesidad de una actuación por el lado del desarrollo social y la atención por la vía de alimentos básicos, particularmente grano de maíz a los campesinos más pequeños y más afectados por esta plaga de la langosta o como lo conocen allá del chapulín.

Yo me solidarizo con la propuesta y le extiendo una actuación de desarrollo social.

Muchas gracias, compañeros. Gracias, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Túrnese a las comisiones de Agricultura y Ganadería y a la Comisión de Desarrollo Social.

PROYECTO GRAN VISION

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Tiene la palabra el diputado Benito Vital Ramírez, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre el Proyecto de Gran Visión.

El diputado Benito Vital Ramírez:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Los suscritos diputados federales, integrantes de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción II del artículo 55 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo en torno al Proyecto Regional de Gran Visión.

En el Proyecto Regional de Gran Visión se plantea la construcción de 1 mil 74 kilómetros de autopistas que unen al golfo con el Pacífico, facilitando el acceso a fronteras y aeropuertos, intercomunicando entre sí a los estados del centro del país y permitiendo más rápidos transportes que logren abatir costos de operación, a la vez que faciliten las actividades de importación y exportación de la región.

Con ello se busca modernizar la infraestructura carretera a una vasta zona nacional que abarca 296 mil 405 kilómetros cuadrados, integrando a 726 municipios y 16 delegaciones correspondientes al Distrito Federal, con una población beneficiada cercana a los 40 millones de habitantes.

El proyecto representa una inversión de aproximadamente 14 mil 500 millones de pesos.

El Proyecto Regional de Gran Visión fue visto como el instrumento adecuado para el desarrollo de la región central del país, en que habita casi el 40% de la población nacional y que serviría de vínculo eficaz entre norte y sur-sureste del país, incrementando las opciones nacionales de desa-rrollo, con lo cual el proyecto adquiriría una importancia estratégica de carácter nacional.

En el Proyecto Regional de Gran Visión participan los estados de Hidalgo, México, Morelos, Distrito Federal, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Se inició por el convenio marco de colaboración firmado el 7 de agosto del año 2000 entre los gobernadores de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, al que posteriormente se adhirieron el Estado de México, Morelos y el Distrito Federal.

Esta Asamblea aprobó en diciembre de 2000 un fondo de apoyo para el Proyecto Regional de Gran Visión el 23 de agosto de 2001 en Cocoyoc, Morelos. Se firmó el convenio general en coordinación para el desarrollo y realización del Proyecto Regional de Gran Visión entre el Gobierno Federal y los gobernadores de los estados participantes, estableciéndose las siguientes estructuras financieras: Federación-Estado 70%-30% y 50%-50%.

Las carreteras con opción a ser concesionadas tendrán un monto de aportación privada por definir.

Hasta el año 2002 la inversión aplicada asciende a 3 mil 453 millones de pesos. Para el año próximo la inversión estimada se calcula en 5 mil 170, de los que corresponderán al Gobierno Federal la cantidad de 1 mil 984 millones de pesos, correspondiendo a los estados aportar 965 millones de pesos y la inversión privada 1 mil 436, lo cual significa que se podrán realizar obras de carácter nacional con una inversión federal cercana al 40%.

De la inversión total del Programa Regional de Gran Visión que se espera concluir en el 2006 y que importa una inversión aproximada de 14 mil 500 millones de pesos, de los cuales la Federación sólo habrá invertido 6 mil millones y los estados participantes 3 mil 500 millones de pesos aproximadamente, correspondiendo el restante a inversión privada en las autopistas-libramientos Sur-Pachuca, Tula-Atlacomulco, Lerma-Alpuyeca, Cuautla-Autopista del Sol, Xoxtla-Tlaxcala, libramiento Tlaxcala, Amozoc-Perote, libramiento Jalapa, libramiento Plan del Río, Cardel-Veracruz y el arco norte Texmelucan-Atlacomulco, vialidad prioritaria como libramiento de la Ciudad de México.

Para realizar este proyecto altamente beneficioso para la nación y de bajo costo para la Federación, es indispensable el apoyo y la solidaridad de la República, asignándole un fondo específico y etiquetando en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación.

En cumplimiento de lo anterior se proponen los siguientes

PUNTOS DE ACUERDO

Primero. Que este mismo año se inicie el tramo TlaxcoTlaxcala-Tejocotal, límites entre Puebla e Hidalgo utilizando los ahorros que se han tenido en el tramo de Netztatiloya, Teziutlán.

Segundo. Que el Ejecutivo Federal por conducto de la SCT y considerando las aportaciones que se realizarán, que realizarán los gobiernos de los estados, incluyan en el Presupuesto de Egresos del 2003 una partida debidamente etiquetada para cada uno de los proyectos.

Atentamente.

Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 3 de octubre de 2002.— Diputados: el de la voz, Benito Vital Ramírez, Jaime Alcántara Silva, Alberto Amador Leal, Víctor Díaz Palacios, Cutberto Cantorán Espinosa, Melitón Morales Sánchez, Araceli Domínguez Ramírez, Concepción González Molina y Adela Cerezo Bautista.

Por su atención compañeros, muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Los suscritos, diputados federales, integrantes de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción II del artículo 55 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo en torno al Proyecto Regional de Gran Visión.

En el Proyecto Regional de Gran Visión se plantea la construcción de 1 mil 074.5 kilómetros de autopistas que unan al golfo con el Pacífico facilitando el acceso a fronteras y aeropuertos, intercomunicando entre sí a los estados del centro del país y permitiendo más rápidos transportes que logren abatir costos de operación a la vez que faciliten las actividades de importación y exportación de la región.

Con ello se busca modernizar la infraestructura carretera a una vasta zona nacional que abarca 296 mil 405.42 kilómetros cuadrados integrando a 726 municipios y 16 delegaciones correspondientes al D.F., con una población beneficiada cercana a los 40 millones de habitantes. El proyecto representa una inversión de aproximadamente 14 mil 500 millones de pesos.

El Proyecto Regional de Gran Visión fue visto como el instrumento adecuado para el desarrollo de la Región Central del país, en que habita casi el 40% de la población nacional y que serviría de vínculo eficaz entre el norte y sur-sureste del país, incrementando las opciones nacionales de desarrollo, con lo cual el proyecto adquiriría una importancia estratégica de carácter nacional.

En el Proyecto Regional de Gran Visión participan los estados de Hidalgo, México, Morelos, Distrito Federal, Puebla, Tlaxcala y Veracruz; se inició por el Convenio Marco de Colaboración firmado el 7 de agosto del año 2000 entre los gobernadores de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Veracruz al que posteriormente se adhirieron el Estado de México, Morelos y el Distrito Federal.

Esta Asamblea aprobó en diciembre de 2000 un Fondo de Apoyo para el Proyecto Regional de Gran Visión, el 23 de agosto de 2001 en Cocoyoc, Morelos, se firmó el Convenio General de Coordinación para el Desarrollo y Realización del Proyecto Regional de Gran Visión entre el Gobierno Federal y los gobernadores de los estados participantes estableciéndose las siguientes estructuras financieras: Federación-Estado; 70%-30% y 50%-50%, las carreteras con opción a ser concesionadas tendrán un monto de aportación privada por definir.

Hasta el año de 2002 la inversión aplicada asciende a 3 mil 453.2 MDP; para el año próximo la inversión estimada se calcula en 5 mil 170.4 MDP de los que corresponderán al Gobierno Federal la cantidad de 1 mil 984.8 MDP correspondiendo a los estados aportar 965.5 MDP y a inversión privada, 1 mil 436.0 MDP, lo cual significa que se podrán realizar obras de carácter nacional con una inversión federal cercana al 40%.

A la fecha se llevan construidos 184.6 kilómetros de autopistas con altas especificaciones, que son en Hidalgo: Actopan-Ixmiquilpan; en México; Texcoco-Calpulalpan; en Puebla: Tenextatiloyan-Teziutlán y Libres-Tenextatiloyan; en Tlaxcala: Apizaco-Cuapiaxtla; en Veracruz: libramiento Perote, libramiento Plan del Río, Miradores-Mata de Caña, Cardel-Veracruz, libramiento Rinconada, boulevard Rafael Cuervo, distribuidor vial aeropuerto y distribuidor vial Cabeza Olmeca.

Para el ejercicio 2003 se tiene estimado construir 296.7 kilómetros, en las siguientes autopistas. En Hidalgo: libramiento Actopan, libramiento Ixmiquilpan, colonia Santa Catarina, libramiento Sur Pachuca y EC troncal 4-San José; en México: Texcoco-Calpulalpan, Tula-Atlacomulco, Lerma-Alpuyeca; en Morelos; terminación Atlixco-Cuautla; en Puebla: Tlaxco-Tejocotal; en Tlaxcala; Apizaco-Cuapiaxtla, Xoxtla-Tlaxcala, libramiento Tlaxcala, Apizaco-Tlaxco; en Veracruz: Acajete-Las Vigas, Puente Rinconada 3, libramiento Xalapa, libramiento Plan del Río, Cardel-Veracruz y de las vías interestatales: Amozoc-Perote. Se anexa la información específica y detallada del Proyecto Regional de Gran Visión.

De la inversión total del Programa Regional de Gran Visión que se espera concluir en el 2006 y que importa una inversión aproximada de 14 mil 500 MDP de los cuales la Federación sólo habrá invertido 6 mil MDP y los estados participantes 3 mil 500 MDP aproximadamente, correspondiendo el restante a inversión privada en las autopistas: libramiento Sur-Pachuca, Tula-Atlacomulco, Lerma-Alpuyeca, Cuautla-Autopista del Sol, Xoxtla-Tlaxcala, libramiento Tlaxcala, Amozoc-Perote, libramiento Xalapa, libramiento Plan del Río, Cardel-Veracruz y El Arco Norte, Texmelucan-Atlacomulco, vialidad prioritaria como libramiento de la Ciudad de México.

Para realizar este proyecto altamente beneficioso para la nación y de bajo costo para la Federación es indispensable el apoyo y la solidaridad de la República, asignándole un fondo específico y etiquetado en el próximo presupuesto de egresos de la Federación.

En cumplimiento de lo anterior, se propone el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Que este mismo año se inicie el tramo Tlaxco-Tlaxcala-Tejocotal (límites entre Puebla e Hidalgo) utilizando los ahorros que se han tenido en el tramo Tenextatiloya-Teziutlán.

Segundo. Que el Ejecutivo Federal, por conducto de la SCT y considerando las aportaciones que realizarán los gobiernos de los estados incluya en el Presupuesto de Egresos del 2003 una partida debidamente etiquetada para cada uno de los proyectos.

Atentamente.

Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 3 de octubre de 2002.— Diputados: Benito Vital Ramírez, Jaime Alcántara Silva, Alberto Amador Leal, Víctor Díaz Palacios, Cutberto Cantorán Espinosa, Melitón Morales Sánchez, Araceli Domínguez Ramírez, Concepción González Molina y Adela Cerezo Bautista

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a las comisiones de Comunicaciones y de Presupuesto y Cuenta Pública.

El siguiente punto de acuerdo en relación a la problemática en que se encuentra el municipio de Ocoyoacac, Estado de México, el grupo parlamentario del PRD ha solicitado se posponga para una próxima sesión.

PROGRAMA DE ABASTO RURAL

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Tiene la palabra el diputado Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una proposición con punto de acuerdo en torno al Programa de Abasto Rural de Diconsa.

El diputado Narcizo Alberto Amador Leal:

Con su permiso, señora Presidenta:

En días pasados el diputado Esteban Daniel Martínez Enríquez y su servidor asistimos a la Reunión Nacional de Consejos Comunitarios de Abasto, celebrada en la ciudad de México el 26, 27 y 28 de septiembre.

Como secretarios de la Comisión de Desarrollo Social, recibimos la encomienda de presentar a este pleno los problemas y las alternativas para abrir una nueva perspectiva a este importante programa.

En esa reunión, a la que igualmente asistieron representantes de la empresa Diconsa y de la Secretaría de Desarrollo Social, se hizo una revisión de la situación actual del abasto rural reconociendo que el programa vigente se caracteriza por un esquema comercial anacrónico, poco flexible, con estancamiento y contracción en el volumen de productos distribuidos, pérdida de identidad del programa y distribución del arraigo social entre los beneficiarios, debido a que no se ha alcanzado la rentabilidad social y la eficiencia administrativa esperada.

Entre los aspectos más relevantes que se propusieron, destaca formalizar un programa para que, con decisión y oportunidad, se atiendan las contingencias meteorológicas o de otro orden como las acontecidas en días pasados en el sureste del país.

Desarrollar políticas de intercambio comercial de la producción regional comunitaria con los productores industrializados de las ciudades, donde las tiendas Diconsa serán el eje fundamental que potencie este proceso de desarrollo. De igual forma, descentralizar las compras directas y el pago a las unidades operativas.

Por igual se propuso someter el Programa de Abasto Rural a un proceso de reestructuración integral, administrativa y operativa de la empresa, que resuelva de fondo el problema estructural que actualmente le impide cumplir cabalmente su misión.

En el anexo a esta propuesta, señora Presidenta, entregamos el conjunto de las recomendaciones y propuestas que se formulan.

En realidad en torno a este programa, cabe destacar que prevalece la dualidad de propósitos entre una definición focalizada de la política social y una determinación de acometer el rezago social de manera articulada de acuerdo a los problemas diferenciados de los diversos estratos sociales, tal y como lo reconoce la propia Secretaría de Desa-rrollo Social al determinar la medición de la pobreza y los diversos estratos que la componen.

Cabe destacar tan sólo que los recursos presupuestales destinados a Diconsa han ido paulatinamente disminuyendo; en el año 2000 el presupuesto fue de 715 millones de pesos; en el año 2001, de 515 millones y en este ejercicio es tan sólo de 200 millones de pesos.

Existe entonces una definición por parte del Ejecutivo en cuanto al destino y al futuro de este importante programa, es por ello que proponemos el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Que la Secretaría de Desarrollo Social proporcione a la Comisión de Desarrollo Social un informe detallado sobre el estado que guarda la empresa Diconsa y sus perspectivas de desarrollo considerando las propuestas de los comités comunitarios de abasto.

Segundo. Que con base en lo anterior se incluya una partida presupuestal en el proyecto de Presupuesto de Egresos del 2003 que permita abatir los rezagos de la empresa y crear condiciones materiales para que se recupere su viabilidad económica y social.

Atentamente.

Diputados: Alberto Amador Leal y Daniel Esteban Martínez.

Muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.

Los suscritos, diputados federales integrantes de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 55 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo en torno al Programa de Abasto Social de Diconsa.

En días pasados, el diputado Esteban Daniel Martínez Enríquez, del Partido de la Revolución Democrática, y su servidor asistimos a la Reunión Nacional de los Consejos Comunitarios de Abasto, celebrada en la Ciudad de México el pasado 26, 27 y 28 de septiembre. Como secretarios de la Comisión de Desarrollo Social, recibimos la encomienda de presentar a este pleno los problemas y las alternativas para abrir una nueva perspectiva a este importante programa.

Se hizo una revisión de la situación actual de las acciones de abasto rural, reconociendo que el programa vigente se caracteriza por un esquema comercial anacrónico, poco flexible, con estancamiento y contracción en el volumen de productos distribuidos, pérdida de identidad del programa y disminución del arraigo social entre los beneficiarios, debido a que no se han alcanzado la rentabilidad social y la eficiencia administrativa esperada.

En la reunión se propuso retomar los principios y fines sociales que dieron origen al programa, evaluar con indicadores el impacto en la economía y bienestar de las comunidades, contribuir efectiva e integralmente al desarrollo comunitario, garantizar el acceso de la población en condiciones de pobreza a una canasta básica subsidiada y, en fin, convertir el abasto social en un instrumento poderoso para mejorar la calidad de vida.

Además, se propuso:

Formalizar un programa para, con decisión y oportunidad, atender las contingencias meteorológicas o de otro orden, como la acontecida en días pasados en el sureste del país.

Desarrollar políticas de intercambio comercial de la producción regional comunitaria por los productos industrializados de las ciudades, donde las tiendas Diconsa serán el eje fundamental que potencie este proceso de desarrollo; de igual forma, descentralizar las compras directas y pagos a las unidades operativas.

Simplificar trámites administrativos para facilitar las compras en las sucursales de productos estratégicos, como el maíz y el frijol.

Someter el Programa de Abasto Rural a un proceso de reestructuración integral, administrativa y operativa de la empresa que resuelva de fondo el problema estructural que actualmente le impide cumplir cabalmente su misión social.

Promover que los órganos de participación comunitaria intervengan en todas y cada una de las decisiones inherentes a la reestructuración administrativa.

Concluir el proceso de autonomía del Programa de Abasto Rural, de tal forma que el gasto de la plantilla dedicada a las funciones de control sea absorbido por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo o, en su defecto, se le asigne la partida presupuestal correspondiente.

Además, se alertó respecto de que cada año el Gobierno Federal pretende reducir los recursos del Programa de Abasto Rural (Diconsa), de modo que para el año 2000 en el Presupuesto de Egresos de la Federación se le destinaron 715 millones de pesos, 515 millones de pesos para el 2001 y solamente 200 millones para el 2002; esto es debido a que no se tiene una política presupuestaria acorde con la importancia estratégica del programa.

En la reunión se enfatizó también que los consejos comunitarios de Abasto, AC, de la República Mexicana son una organización plural, democrática y solidaria, reconocida como un medio necesario para orientar el proceso de abasto rural que beneficia aproximadamente a 30 millones de mexicanos.

Mediante el diálogo y la búsqueda de consensos se ha logrado la integración de 23 mil comités rurales de abasto, electos en asambleas comunitarias, que operan una infraestructura de 274 almacenes rurales y alrededor de 23 mil tiendas, las cuales en su mayoría están ubicadas en zonas rurales, generando un empleo indirecto a 27 mil ciudadanos.

Es importante señalar que la red de tiendas a cargo de estos comités rurales de abasto distribuyen más de un millón de toneladas de productos básicos al año, de los cuales más del 50% es maíz.

En suma, los apoyos económicos que transfiere el Gobierno Federal a Diconsa para la operación del Programa de Abasto Rural son insuficientes y a destiempo. Con lo anterior, se desarticula todo posible esfuerzo de las organizaciones sociales para superar los obstáculos que el libre juego de las fuerzas del mercado impone en la comercia- lización de productos básicos.

La disminución de la inversión pública en materia de abasto, evidentemente, trae consecuencias y debemos valorarlo en los términos justos porque la disminución de la inversión pública acarrea efectos nocivos sobre el conjunto de la economía y sobre las comunidades rurales en particular.

En consecuencia, se propone el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Que la Sedesol proporcione a la Comisión de Desarrollo Social un informe detallado sobre el estado que guarda la empresa Diconsa y sus perspectivas de desarrollo, considerando las propuestas de los consejos comunitarios de abasto.

Segundo. Que, con base en lo anterior, se incluya una partida presupuestal en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2003 que permita abatir los rezagos de la empresa y crear condiciones materiales para que recupere su viabilidad económica y social.

Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 8 de octubre de 2002.— Diputados: Alberto Amador Leal y Daniel Esteban Martínez.»

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Desarrollo Rural. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social. Queda exclusivamente en la Comisión de Desarrollo Social.

EDUCACION SUPERIOR

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Tiene la palabra el diputado Gregorio Urías Germán, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una proposición con punto de acuerdo en relación a las universidades públicas.

El diputado Gregorio Urías Germán:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados solidarios:

Proposición con punto de acuerdo para la aplicación del fondo extraordinario destinado a las universidades públicas con rezagos estructurales aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2002.

CONSIDERANDOS

Que la educación superior en México es factor determinante para el desarrollo nacional, el bienestar económico y la justicia social de los mexicanos se alcanzará a partir de consolidar nuestra independencia científica y tecnológica, ello será posible en la medida que se diseñe y aplique una política de Estado en materia educativa.

Que el sistema de universidades e instituciones de educación superior de carácter pública arrastra un lamentable rezago producto de la política educativa aplicada por los gobiernos neoliberales que nunca se comprometieron con el futuro de la educación pública; el resultado salta a la vista, las universidades privadas atienden hoy alrededor del 30% del total de la matrícula universitaria cuando en la década de los ochenta no superaba el 10%.

Es decir, fieles a sus postulados neoliberales los gobiernos de Carlos Salinas a la fecha asumen, por la vía de los hechos, que el Estado debe retraerse y dejar la educación en manos del mercado.

Que no obstante la gravedad de lo anterior, se observa una marcada simetría en la asignación de las partidas presupuestales a cada una de las universidades públicas, encontramos casos en los que el costo anual por alumno supera a los 50 mil pesos por año, mientras que en otras apenas rebasa los 20 mil, originando con tan irregular asignación que varias universidades se encuentren al borde del colapso financiero.

Que a iniciativa de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el pleno de esta Cámara de Diputados aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2002, un fondo extraordinario de mil millones de pesos que el Poder Ejecutivo debe aplicar para aliviar una crisis de las universidades que enfrentan problemas estructurales que amenazan su viabilidad como instituciones encargadas de formar los profesionistas del futuro.

Que a 10 meses de haber aprobado la mencionada partida y a punto de iniciar la discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos para el siguiente ejercicio, es inaudito que no se aplique todavía un solo peso. No es posible que por medidas burocráticas, tanto de la Secretaría de Hacienda como de la Secretaría de Educación Pública, se esté incumpliendo el mandato del Poder Legislativo en detrimento de la buena marcha de la educación superior.

Que hemos constatado las penurias económicas de varias universidades del país, como es el caso de las universidades autónomas de Puebla, Sinaloa, Zacatecas, Guerrero, Oaxaca y Nayarit, sólo por mencionar algunas, que enfrentan una seria crisis que amenaza el cumplimiento de sus funciones sustantivas, en virtud de la falta de recursos para solucionar problemas estructurales.

Que la Universidad Autónoma de Sinaloa es un importante espacio educativo que desde hace más de un siglo se ocupa de formar a miles de profesionistas en el noroeste del país y que ahora se encuentra gravemente amenazada en virtud de la incomprensión y falta de apoyo oficial. Los problemas estructurales le hacen crisis como consecuencia de la inequidad histórica en materia de financiamiento y cuyos efectos se manifiestan en forma severa.

En los próximos cinco años la nómina de jubilados será mayor a la de los trabadores en activo, presenta un déficit de 1 mil 474 plazas y 31 mil 89 horas clase no financiadas por la SEP, que tiene que cubrir de otros renglones de su exiguo presupuesto. Existe también un importante adeudo en las cuotas del IMSS y del Infonavit.

En suma, esta centenaria universidad que en el presente ciclo escolar cubre la demanda educativa de 104 mil 190 alumnos, requiere para superar estos rezagos 562 millones 869 mil 834 pesos, de lo contrario está al borde del colapso financiero.

En razón de lo anterior y con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior de este órgano legislativo, pongo a consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Que esta Cámara de Diputados requiera a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Educación Pública para que de inmediato procedan a aplicar los recursos extraordinarios aprobados en la Ley de Presupuesto de Egresos 2002, considerando en forma especial a aquellas universidades, como es el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que enfrentan rezagos producto de asimetrías e inequidades históricas que amenazan seriamente sus funciones sustantivas.

Atentamente.

Diputados: Gregorio Urías Germán; Fernando Díaz de la Vega; Enrique Meléndez; José Manuel Quintanilla; Justino Hernández; Aarón Irizar; Roberto Zavala; Tomás Torres; Magdalena Núñez; María de los Angeles Sánchez Lira y Rubén Félix.»

Muchas gracias, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

La siguiente proposición con punto de acuerdo, el grupo parlamentario del PRI ha solicitado se posponga. Es la relativa a la inseguridad pública en la capital del país y en la zona conurbada.

Tiene la palabra el diputado José Antonio Magallanes Rodríguez. Se pospone para la próxima sesión.

En consecuencia pasamos al capítulo de efemérides.

DIA MUNDIAL DE LOS ANIMALES

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Tiene la palabra el diputado Diego Cobo Terrazas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una proposición con punto de acuerdo en torno al Día Mundial de los Animales. Es efemérides, es una efemérides, no es punto de acuerdo.

El diputado Diego Cobo Terrazas:

Gracias, señora Presidenta; compañeras, compañeros diputados:

El pasado 6 de octubre diversas organizaciones sociales, medios de comunicación y la Organización de las Naciones Unidas, por conducto de su Programa de Medio Ambiente, conmemoraron el Día Mundial de los Animales, que tiene por objeto generar conciencia entre los seres humanos sobre la importancia biológica y cultural de los animales.

Los diputados que integramos el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hemos querido, en esta ocasión, venir a esta alta tribuna para ser la voz de aquellos que no la tienen, lo animales.

El ser humano, desde su origen, ha estado cerca de innumerables especies animales que lo mismo le han brindado alimento que abrigo o simple compañía. No obstante ello, a siglos de evolución humana, aún no hemos sido capaces de valorar la importancia de los animales para nuestra vida diaria y estos seres siguen siendo objeto de vejaciones, crueldad y ahora de un proceso de extinción masiva.

En 1977, la Organización de las Naciones Unidas en su reunión de Londres proclamó por primera vez la declaración de los Derechos del Animal, en su preámbulo dicha declaración establece que los animales son susceptibles de tener derechos, que el desconocimiento de los derechos de los animales ha conducido al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y tres que el conocimiento por parte de la especie humana de dichos derechos, constituye el fundamento de la coexistencia de las especies en el mundo.

En nuestro país, fue hasta 1981 cuando se expidió la Ley de Protecciones a los Animales del Distrito Federal, la cual se refería a cuestiones tan amplias como la protección del Medio Ambiente y la Protección y Regulación de la Vida de Especies no nocivas, así como la erradicación y sanción del maltrato y los actos de crueldad contra los animales y la formación del individuo para inculcarle actitud de responsables y humanitarias hacia los animales.

A 21 años de aquella primera Ley de Protección a los Animales en México, aún hoy día la mitad de las entidades federativas no cuentan con una legislación en la materia y aun aquellas que la tienen no la aplican, como es el caso del Distrito Federal, que pese a contar con una muy avanzada legislación, no la lleva a la práctica, por ejemplo, la prohibición para la entrada de menores de edad a las corridas de toros o el Fondo de Protección a los Animales, previstos ambos en esta ley.

Qué decir del uso y abuso de los animales domésticos destinados al consumo humano que también se traduce ahora en daños a las personas, ahí están los casos de las encefalopatías bovinas o mal de las vacas locas, producto de años de una alimentación insana de engorda que ahora afecta la salud de los humanos o en el caso de México, en el que decenas de personas se han visto afectadas por el uso de sustancias como el clembuterol en el ganado, sin mencionar que el sacrificio cruel de la especies para consumo humano provocan la toxicidad de la carne.

Por otro lado, hablando de la vida silvestre, la destrucción de los hábitats naturales por la urbanización, el avance de la frontera agrícola y otros procesos degradativos del ambiente, han puesto al borde de la extinción a miles de especies de animales, muchas de ellas ni siquiera bien conocidas por la ciencia.

En México debemos lamentar la extinción de al menos 32 especies de animales entre las que están 19 peces, un anfibio, 89 aves y cuatro mamíferos, es decir, el 10% de las especies animales extintas del planeta y a punto de desaparecer están decenas más como la vaquita marina, endémica del golfo de California, que será el primer caso a nivel mundial de un cetáceo extinto si no la protegemos de forma urgente.

En los inicios de un nuevo siglo y un nuevo milenio que se caracterizan por los avances del pensamiento humano, la protección de los animales no sólo se convierte en un asunto ético, sino en una necesidad que está ligada a la propia sobrevivencia de nuestra especie.

Hoy tenemos la gran responsabilidad de tomar las medidas que den viabilidad al mundo que habitamos, no debemos olvidar que el mundo no nos pertenece, lo compartimos con millones de seres vivos.

Los diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hacemos nuestros los principio bioéticos que demandan para los animales tres derechos fundamentales: el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a no ser torturados.

Muchas gracias.

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Gracias, señor diputado.

BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

El siguiente punto del orden del día es la efemérides en torno al aniversario luctuoso de don Belisario Domínguez. Se ofrece el uso de la palabra al diputado Víctor Antonio García Dávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Víctor Antonio García Dávila:

Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

El cambio en México ya nadie lo para, la reversa también es cambio. Un aniversario luctuoso más de un hombre valiente, un hombre que defendió íntegramente sus ideales, un hombre con entereza, Belisario Domínguez, es una muestra de patriotismo, lealtad y compromiso, sus discursos, sus pensamientos de reflexión, nos permiten conocer al héroe nacionalista y su búsqueda por la verdad.

Un año de desafíos y afrentas políticas que pusieron en descubierto los vicios ocultos por la ambición del poder fue 1913. La ética que mostró Belisario Domínguez, nos hace buscar, día a día, esa entrega a la función legislativa. Su compromiso nacional ha llevado a que el nombre de Belisario Domínguez sea ícono de integridad y valor cívico, estos valores se refrendan con la entrega de la presea que desde 1952 la Cámara de Senadores concede actualmente, a quien se destaca por los mismos valores que fortaleció don Belisario Domínguez.

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo reconoce que el trabajo subversivo y combatiente, no obstruyó que el corte ético de Belisario Domínguez permitiera su lucha justa, auténtica e incluso liberal, en contra de los desajustes del régimen huertista.

No dudó en oponerse al régimen del traidor y usurpador Victoriano Huerta, así como expresar públicamente su rechazo a un régimen espurio.

Desde muy joven fue un periodista combatiente, su publicación El Vate, cuyas siglas significaron: valor, alegría, trabajo y estoicismo, se corroboraron sistemáticamente en sus escritos, la transparencia de sus textos y el apego a la realidad caracterizaban su pensamiento manifiesto en contra de las grandes diferencias sociales.

Su popularidad fue revestida por su visión humanitaria y de solidaridad, sus aspiraciones políticas no fueron por la lucha misma el poder, sino el uso del poder para ayuda y cooperación.

Pese a la prohibición de dar lectura a los discursos de oposición al régimen de Huerta, el 23 y 29 de septiembre de 1913, Belisario Domínguez siguió con su fin: hacer públicas y evidentes las irregularidades de este régimen.

El destino final que confirió la voluntad de Victoriano Huerta, fue una muestra más de la ambición por el poder, la muerte de Belisario Domínguez es, desde el 7 de octubre de 1913 una conmemoración más que de luto de identificación nacional.

El doctor Belisario Domínguez ha tomado el papel de héroe civil memorable para la historia mexicana. El hecho de que se le admire y haya una condecoración del Senado en su nombre, nos muestra cómo una persona no afiliada al Ejército, pudo destacar entre los diferentes grupos beligerantes de la Revolución. Un papel único en este tiempo, que el doctor Domínguez comparte con el personaje de Madero.

La última época de su vida, fue de contínuos levantamientos armados, en donde comenzaría a tener mayor influencia que nunca el poder militar, en el control de la nación en aquel tiempo. No era el más apto y democrático quien dominaba, sino el más fuerte y perverso.

Belisario Domínguez deseó y consecuentemente fue capaz de oponerse al control ilegítimo, personificado en su tiempo en la persona del general Victoriano Huerta. Por esto y muchos actos de emoción, han permitido considerar a don Belisario Domínguez como un héroe nacional.

Es cuanto.

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Gracias, señor diputado.

Tiene la palabra la diputada Celita Trinidad Alamilla Padrón, para referirse a la efemérides de don Belisario Domínguez, es del grupo parlamentario de Acción Nacional.

La diputada Celita Trinidad Alamilla Padrón:

Con se venia, señora Presidenta; honorable Asamblea:

Hace ya 89 años de la muerte de un hombre, cuya vida le mereció pasar a las páginas de nuestra historia patria; un hombre cuya trayectoria hizo que el Senado de la República instituyera en 1953 una medalla que lleva su nombre y que se entrega anualmente a los mexicanos que han acumulado méritos cívicos, ciudadanos y patrióticos como para merecer ese honor.

Don Belisario Domínguez nació en Comitán de las Flores, Chiapas el 25 de abril de 1853. Hizo sus primeros estudios en su ciudad natal y cursó la preparatoria en el Instituto Literario y Científico del Estado en San Cristóbal de las Casas.

En 1879 marchó a París para cursar sus estudios profesionales y permaneció ahí 10 años. El 17 de julio de 1889 recibió su título de médico y regresó a su patria enseguida. Venía saturado de ideas filantrópicas y de servicio social y con deseos de servir a la gente más humildes. Instaló su consultorio en Comitán y comenzó a emprender largos viajes para llegar a las zonas marginadas con el fin de atender a sus moradores.

Como político humanista, en una reunión en el Tívoli del Eliseo ante un auditorio de chiapanecos, manifestó sus ideas liberales, se distinguió entre los hombres de su generación por la solidez de sus argumentos y la valentía con que los defendía.

Continuando con sus actividades políticas, fundó un periódico donde publicó artículos sobre la situación política del país y su oposición al régimen del presidente Porfirio Díaz.

"Vigilad de cerca, chiapanecos, decía a sus paisanos, todos los actos públicos de sus gobernantes; elogiadlos cuando hagan bien, criticadlos siempre que obren mal; sed imparciales en vuestras apreciaciones, decid siempre la verdad y sostenedla con vuestra firmeza entera y muy clara. Nada de anónimos ni seudónimos, sostened la verdad con firmeza entera." Ese fue el camino que se trazó Belisario Domínguez.

Fundó un club democrático y comenzó a participar en las lides electorales, en 1909 fue electo presidente municipal de Comitán; fue tan importante la obra que realizó al frente del ayuntamiento, que su prestigio trascendió a todo el Estado y pronto fue uno de los más distinguidos políticos.

Su adhesión a las ideas avanzadas, la limpieza de su conducta y la tendencia de hacer el bien a los desvalidos unidas a su habitual franqueza, le dieron una gran fuerza.

Para las elecciones de senadores en 1912, los chiapanecos pensaron en él, desde luego, pero su modestia lo hizo declinar aquel honor y aceptar tan sólo la suplencia en la planilla que encabezó Leopoldo Gouth.

El doctor Domínguez permaneció unos meses en Comitán, pero a principios de 1913 se trasladó a la capital del país, ahí fue testigo de los acontecimientos de la Decena Trágica. Con dolor e indignación, recibió el doctor la noticia del sacrificio de los señores Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. La ciudad presentaba un aspecto aterrador: numerosos muertos y heridos en las calles, gentes inocente en su mayor parte, a quienes no bastaban los servicios médicos.

El doctor Belisario Domínguez, con su acostumbrado desinterés, colaboró en esta labor humanitaria pero estaba destinado a otra tarea. El 3 de marzo falleció el senador Leopoldo Gouth y enseguida fue llamado el suplente para cubrir la vacante. Le correspondía actuar en el alto plano de la política nacional y en momentos sumamente difíciles.

Desde la tribuna, en varias ocasiones se manifestó en contra del gobierno encabezado por el general Huerta, con claridad y contundencia lo expresaba el senador chiapaneco. En su discurso repitió varias veces su oposición sin otra idea que sostener con firmeza la verdad.

Con los perfiles de un héroe civil y la grandeza de los personajes éticos, dio una gran lección sobre el cumplimiento de los deberes del ciudadano cuando ve en peligro las instituciones políticas de su país. La sentencia contra su vida no se hizo esperar, se movieron los resortes oficiales y la noche del 7 de octubre fue sacado de su habitación en el hotel en el que se hospedaba y conducido al cementerio de Xoco en Coyoacán, donde se le martirizó y asesinó cruelmente.

La muerte del doctor Belisario Domínguez contribuyó a la caída de Huerta. 40 años después de su muerte, se instituyó la "Medalla Belisario Domínguez". El decreto determinó que la presea se otorgara a aquella mexicana o mexicano que se hubiera distinguido por toda una vida dedicada al servicio de la nación y porque en todos los ámbitos de su desempeño hiciera un homenaje cotidiano a los valores que también don Belisario Domínguez representó y que por eso lleva ese nombre.

La honestidad, la congruencia cotidiana entre el decir y el hacer, un valor a toda prueba para defender la justicia y la verdad y un profundo sentimiento de la responsabilidad en el desempeño de la encomienda, son los principios y los valores que se ponderan para decidir quién merece este galardón que se otorga en un acto que está marcado por el espíritu de don Belisario.

Don Belisario Domínguez se distinguió por sus testimonios y dio la vida por sus anhelos ideológicos en un esfuerzo continuado y vertebrado que fructificó en la civilidad y la democracia. Su ejemplo ha quedado como algo vivo que los mexicanos debemos imitar siempre.

Es todo, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Gracias, señora diputada.

Para referirse al mismo tema tiene la palabra el diputado Alfredo Ochoa Toledo, del grupo parlamentario del PRI.

El diputado Alfredo Ochoa Toledo:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras legisladoras; compañeros legisladores:

El doctor Belisario Domínguez, fue un actor que trascendió a su tiempo; fue un privilegiado por la historia. Nace en el momento en que las tropas de la intervención francesa ponen en jaque a Juárez y a las tropas de la República en el sitio de Puebla y es asesinado en el momento en que la Revolución toma camino hacia el triunfo, cuando el usurpador abría frente de combate por todos lados.

El 7 de octubre de 2002, fecha en que se cumplen 89 años del sacrificio del senador Belisario Domínguez, quien nació en Comitán, Chiapas, el 25 de abril de 1863. Su árbol genealógico con ramas de gran estimación, pues sus antepasados fueron de condición humilde, pero siempre sirvieron y militaron en las filas del liberalismo.

Prueba de ello es la participación de su padre quien perdió la pierna derecha en la defensa de Comitán contra las fuerzas imperialistas que atacaron esta población en mayo de 1873 y del coronel Pantaleón Domínguez, que fue gobernador del Estado y quien al frente del Batallón Chiapas, se incorporó al Ejército de Oriente para defender la ciudad de Puebla.

Médico de profesión, con estudios en el extranjero, regresó a su natal Comitán para ejercer su oficio, dedicado a servir a sus semejantes con gran altruismo, estableciendo una botica que llevó el nombre de "Solidaridad" y abriendo su consultorio con precios especiales para la gente de escasos recursos.

En 1903 incursiona en el periodismo y escribe sobre temas que lo apasionan y le preocupan tanto en el orden material como el social, de su Estado natal, pues teniendo importantes recursos naturales, el atraso y la miseria de sus habitantes es notable. Eso debido a las ambiciones políticas y económicas que sus gobernantes que poco habían hecho a favor por mejorar el pueblo.

La difusión de sus ideas plasmadas en sus escritos, no tienen eco en la gran prensa, perdiéndose en el vacío. En ese tiempo la censura era muy estricta y la represión era muy dura para los que expresaban críticas contra el Gobierno.

En 1910 se inició el movimiento armado de la Revolución Mexicana. La lejanía y la falta de comunicaciones mantenían en un real aislamiento a Chiapas, ocasionando que se incorporara tardíamente a este movimiento.

Al inicio de 1911, Belisario Domínguez fue postulado por el Partido Liberal de Comitán, como candidato a la presidencia municipal, debido a su gran popularidad obtuvo un triunfo casi unánime e indiscutible.

En noviembre de 1911, Madero asumió la Presidencia de la República, convocando posteriormente a elecciones para renovar las dos cámaras que integran el Congreso de la Unión. Belisario Domínguez es candidato a senador suplente por su Estado natal. A principio de 1913, llega a la Ciudad de México y es testigo del episodio conocido como La Decena Trágica, en la que son asesinados el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez, debido a la traición de Victoriano Huerta quien, tras una maniobra encubierta de legalidad, este personaje usurpa la Presidencia de la República.

Esos acontecimientos causaron indignación nacional. El gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, mediante el Plan de Guadalupe del 26 de marzo de ese mismo año, levanta la bandera de la legalidad constitucional y convocaba a los gobernadores y al pueblo a integrar el ejército constitucionalista.

El Congreso de la Unión no podía estar ajeno a esos acontecimientos. La Cámara de Diputados, dividida en fracciones, uno de filiación maderista y otros francamente contrarrevolucionarios. En la de Senadores el grupo maderista era pequeño y el de la contrarrevolución el mayoritario.

Belisario Domínguez había tomado posesión de su cargo el 3 de marzo, como senador en funciones, debido al fallecimiento del titular, y así el destino del doctor Domínguez lo ubicaba en el teatro de los acontecimientos cuando la situación política revestía un grado de atención especial.

En sus intervenciones en la Cámara alta, pese al ambiente hostil, fueron de una gran dignidad y de valor cívico, pues durante las sesiones en las que participaba demostró abiertamente su enemistad a Huerta y a su gobierno, calificándolo de ilegítimo y a la vez manifestando sus simpatías por el constitucionalismo y exigía la renuncia del presidente y su expulsión del país.

En la sesión del 29 de septiembre el senador Domínguez arremetió contra Huerta en un violento discurso en el que expresó lo siguiente:

"Antiguo soldado, sin conocimientos políticos y sociales indispensables para gobernar la nación, se alucina creyendo que aparecerá fuerte por medio de actos que reprueban la civilización y la moral."

El discurso del senador Domínguez no fue incluido en el Diario de los Debates y esto obligó a que Belisario Domínguez decidiera mandarlo imprimir por su cuenta y hacerlo público. Recurrió a varios impresores, quienes temerosos por las represalias de que podían ser objeto, se negaron a imprimir el discurso.

Lo mismo ocurrió con su paisano Adolfo Montes de Oca, propietario de una imprenta, pero una operaria de ese negocio de nombre María Hernández Zarco, descendiente de los ilustres Hernández y Dávalos y Francisco Zarco, enterada del asunto se comprometió con el doctor Domínguez a imprimir en forma clandestina, en una noche llena de espanto y terror, el discurso en la misma imprenta propiedad de Montes de Oca.

Su publicación causó gran impacto en la opinión pública en la Cámara de Senadores, pues en ella, con un alto valor cívico, desenmascaraba a Huerta, acto que no se podía tolerar.

La noche del 7 de octubre de 1913 un grupo de esbirros se apoderó del senador Domínguez y en el panteón nuevo de Coyoacán fue salvajemente ejecutado y sepultado en el mismo lugar.

Huerta más adelante disolvió el Congreso; no podía trabajar con él, aduciendo que las cámaras de la actual legislatura de la Unión han llegado a convertirse en el peor enemigo del Ejecutivo.

Gran ejemplo de valor nos dio el mártir chiapaneco. Su vida ejemplar es verdaderamente excepcional pues entraña enseñanzas dignas de imitarse. Cualquier elogio siempre será insignificante ante la estatura que engrandeció a este héroe civil.

Muchas gracias.

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Esta Mesa Directiva acuerda se edite la biografía de don Belisario Domínguez y el texto íntegro de su discurso histórico, para distribuirse entre los diputados.

Nos han solicitado que la efemérides en relación a Ernesto Guevara se posponga para la próxima sesión. Se lo aprecio al grupo parlamentario del PT.

ESTADO DE MICHOACAN

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Voy a dar lectura a algunas comunicaciones importantes. Se adiciona la comisión que representará a la Cámara de Diputados en la ceremonia con motivo del CLXXXVIII aniversario de la Expedición del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Latina, del martes 22 de octubre de 2002 en Apatzingán, con la participación del diputado Felipe Calderón, del grupo parlamentario del PAN y de la diputada Eréndira Coba, quedando la comisión como sigue:

Diputados: Felipe Calderón, Agustín Trujillo Iñiguez; Ramón Ponce Contreras; Eréndira Coba; Donaldo Ortiz Colín y Félix Castellanos Hernández.

Comunicación de la Cámara de Senadores. Le ruego a la Secretaría dar lectura a la misma.

MEDALLA BELISARIO DOMINGUEZ

El Secretario diputado Adrián Rivera Pérez:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Hago de su conocimiento que el próximo jueves 10 de octubre de 2002 a las 13:00 horas se llevará a cabo en esta Cámara, sesión solemne en la que se impondrá la "Medalla de Honor Belisario Domínguez del Senado de la República" al ciudadano Héctor Fix Zamudio.

Me permito comunicar a ustedes lo anterior, a efecto de que tengan a bien dar cuenta a ese cuerpo legislativo de la cordial invitación que por este medio formulamos para que se designe una comisión de diputados.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, D.F., a 8 de octubre de 2002.— Senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente en funciones.»

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

Para asistir en representación de esta Cámara, se designa a los siguientes diputados:

En representación de la Mesa Directiva, se designa a Eric Villanueva Mukul; en representación del pleno de la Cámara, por el Estado de Chiapas; Jesús Alejandro Cruz Gutiérrez; Andrés Carballo Bustamante; Santiago López Hernández, José Jacobo Nazar Morales; Nicolás Alvarez Martínez; Roberto Domínguez Castellanos; Patricia Aguilar García; Roberto Fuentes Domínguez; Enoch Araujo Sánchez; Carlos Soto Monzón; Oscar Alvarado Cook; Adolfo Zamora Cruz; Alfredo Ochoa Toledo; César Santiago Ramírez y Carlos Raymundo Toledo.

Se ha recibido comunicación de la Junta de Coordinación Política, ruego darle lectura a la misma.

COMISIONES LEGISLATIVAS

El Secretario diputado Adrián Rivera Pérez:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 34 numeral 1 inciso c de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar a usted la modificación en la integración de la siguiente comisión:

Que la diputada Adela del Carmen Graniel Campos sustituya al diputado Eric Eber Villanueva Mukul en la Comisión Especial de la Cámara de Diputados Encargada de Vigilar que los Recursos del Fonden y partidas extraor- dinarias que se aprueben se apliquen para el reestablecimiento de las condiciones de convivencia de la población y la ayuda a los damnificados por el huracán “Isidore”.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar. Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo.— México, D.F., a 8 de octubre de 2002.— Diputado Martí Batres Guadarrama, presidente.»

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

De enterado. Tramítese la sustitución.

Se han agotado los asuntos en cartera.

Le ruego a la Secretaría dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista:

«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.— Tercer Año.— LVIII Legislatura.

Orden del día

Jueves 10 de octubre de 2002.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De los congresos de los estados de Jalisco, San Luis Potosí y Morelos.

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Beatriz Elena Paredes Rangel, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional de Cruceiro do Sul en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República Federativa de Brasil. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación.)

De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Manuel Marrón y González y Carlos Ignacio González Magallón, para aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes grados les confieren los gobiernos del Principado de Mónaco y de la República Federal de Yugoslavia, respectivamente. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación.)

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Agricultura y Ganadería con punto de acuerdo relativo a la proposición para que se asigne en el Presupuesto de Egresos de la Federación una práctica especial al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, a fin de que realice el censo agropecuario.

De la Comisión de Comercio y Fomento Industrial con punto de acuerdo relativo a la proposición del Congreso del Estado de Nuevo León, por la que solicita la revisión del precio del gas natural doméstico en el Estado de Nuevo León.

De la Comisión de Comercio y Fomento Industrial con puntos de acuerdo relativo a la proposición del Congreso del Estado de Jalisco, por la que manifiesta su apoyo al proyecto de Norma Oficial "Jamón denominado, especificaciones y método de pruebas".

De la Comisión de Comercio y Fomento Industrial con puntos de acuerdo relativo a la proposición del Congreso del Estado de Jalisco, por el que solicita apoyo al Congreso de la Unión, para que la Secretaría de Economía norme la utilización de un sello inviolable en los cilindros de gas.

De las comisiones de Comunicaciones y de Comercio y Fomento Industrial con puntos de acuerdo relativo a la proposición de la diputado Adela del Carmen Graniel Campos, sobre las demandas de los habitantes del Estado de Tabasco en relación a la reducción de las tarifas telefónicas.

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel (a las 15:23 horas):

Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 10 de octubre a las 10:00 horas.

 

 

 


RESUMEN DE TRABAJOS


• Tiempo de duración: 4 horas 9 minutos
• Quorum a la apertura de sesión: 282 diputados.
• Asistencia al cierre de registro: 441 diputados.
• Comisiones reglamentarias y protocolarias: 2.
• Minuto de silencio: 1.
• Excitativas a comisiones: 1.
• Efemérides: 2
• Proposiciones con punto de acuerdo: 9.
• Puntos de acuerdo aprobados: 1.
• Oradores en tribuna: 26.
PRI-11; PAN-4; PRD-7; PVEM-2; PT-1; PSN-1.
Se recibió:
• 1 comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva, con la que notifica de la recepción de los informes de actividades de las comisiones;
• 1 comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva, con la que notifica de la recepción de informes de gestiones en relación con proposiciones con punto de acuerdo, remitidos por las comisiones;
• 1 comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva relativa a solicitudes de comisiones para cambio de turno de diversas iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo;
• 3 comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, las que informa de cambios en la integración de comisiones;
• 1 invitación del Congreso del Estado de Michoacán a ceremonia cívica conmemorativa;
• 5 comunicaciones de los congresos de los estados de: Guanajuato, Tlaxcala y Zacatecas;
• 1 comunicación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;
• 5 oficios de la Secretaría de Gobernación por los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que igula número de ciudadanos puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros;
• 1 oficio de la Secretaría de Gobernación con el que envía informe trimestral de la Secretaría de Economía;
• 3 iniciativas del PRI;
• 1 iniciativa del PAN;
• 2 iniciativas del PRD;
• 1 minuta para los efectos del inciso d, del artículo 72 constitucional;
• 1 invitación de la Cámara de Senadores
Dictámenes de primera lectura:
• 1 dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con punto de acuerdo para que se asigne en el Presupuesto de Egresos de la Federación, una partida especial al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, a fin de que realice el censo agropecuario;
• 1 dictamen de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con punto de acuerdo para solicitar la revisión del precio del gas natural doméstico en el Estado de Nuevo León;
• 1 dictamen de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con puntos de acuerdo para que la Secretaría de Economía norme la utilización de un sello inviolable en los cilindros de gas;
• 1 dictamen de las comisiones de Comunicaciones y de Comercio y Fomento Industrial, con punto de acuerdo sobre las demandas de los habitantes del Estado de Tabasco en relación con la reducción de las tarifas telefónicas;
• 1 dictamen de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con punto de acuerdo sobre la Norma Oficial Mexicana denominada Jamón: Denominación, Especificaciones y Métodos de Prueba
Dictámenes aprobados:
• 1 dictamen de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con puntos de acuerdo relativos a la revisión de los subsidios que se otorgan al servicio eléctrico para uso doméstico y agrícola;
• 1 dictamen de las comisiones unidas de Comunicaciones y de Transportes, con puntos de acuerdo para que se analice en el proceso de venta de la Corporación Internacional de Transportación Aérea, el impacto de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América;
• 1 dictamen de las comisiones de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Rural y de Reforma Agraria, con punto de acuerdo para solicitar al Gobierno Federal y a la nueva Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, den a conocer un informe sobre la situación jurídica, política y social del campo mexicano;
• 1 dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con puntos de acuerdo para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Banco de Desarrollo Rural, conozcan la situación de los productores de papa de la región de Perote, Veracruz;
• 1 dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo para exhortar al Presidente de la República, se ponga en marcha de manera operativa y sistemática el empleo de la Cartilla Nacional de Salud de la Mujer.

 

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
( en orden alfabético )

 

• Alamilla Padrón, Celita Trinidad (PAN). . . . . . . . . . .

Belisario Domínguez Palencia: 123

•Alvarez Sotelo, Gumercindo (PAN) . . . . . . . . . . . . . .

Código Penal Federal: 44

• Amador Leal, Narciso Alberto (PRI) . . . . . . . . . . . . .

Programa de Abasto Rural: 117

• Barbosa Huerta, Luis Miguel Gerónimo (PRD) . . . . .

Financiamiento a Partidos Políticos: 102

• Cárdenas Elizondo, Francisco (PRI). . . . . . . . . . . . . .

Poder Judicial: 60

• Cervantes Mandujano, Beatriz (PRI). . . . . . . . . . . . .

Estado de México: 96

• Cobo Terrazas, Diego (PVEM). . . . . . . . . . . . . . . . . .

Día Mundial de los Animales: 121

• García Dávila, Víctor Antonio (PT). . . . . . . . . . . . . .

Belisario Domínguez Palencia: 122

• García Farías, Rubén (PRI). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sector Porcícola: 99

• Garibay García, J. Jesús (PRD) . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sector Porcícola: 100

• Magallanes Rodríguez, José Antonio (PRD) . . . . . . .

Ipab: 58

• Magallanes Rodríguez, José Antonio (PRD). . . . . . . .

Deuda Pública: 110

• Medellín Milán, José Manuel (PRI). . . . . . . . . . . . . .

Estado de San Luis Potosí: 113

• Morales Barragán, Martín Gerardo (PAN) . . . . . . . . .

Sector Porcícola: 97

• Ochoa Toledo, Alfredo (PRI). . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Belisario Domínguez Palencia: 124

• Piñeyro Arias, Antonia Irma (PRI) . . . . . . . . . . . . . .

Ley de Amnistia: 41

• Riojas Santana, Norma Patricia (PSN). . . . . . . . . . . .

Política Exterior: 68

• Rodríguez López, Jaime (PRI). . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sector Porcícola: 100

• Santos Ortiz, Petra (PRD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Código Fiscal: 50

• Soto Martínez, José (PRI). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ley Federal de Derechos de Autor: 55

• Spezia Maldonado, Erika Elizabeth (PVEM) . . . . . . .

Huracán Isidore: 105

• Torres Mercado, Tomás (PRD). . . . . . . . . . . . . . . . . .

Estado de San Luis Potosí: 113

• Urías Germán, Gregorio (PRD) . . . . . . . . . . . . . . . . .

Educación Superior: 119

• Vital Ramírez, Benito (PRI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Proyecto Gran Visión: 114

• Yunes Zorrilla, José Francisco (PRI) . . . . . . . . . . . . .

Estado de Veracruz: 106

• Zapata Perogordo, Alejandro (PAN) . . . . . . . . . . . . .

Estado de San Luis Potosí: 111