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Presidencia de la diputada María Elena Alvarez Bernal
ASISTENCIA
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Ruego a la
Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de
asistencia de los diputados.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
Se informa a la
Presidencia que existen registrados previamente 352 diputados.
Por lo tanto,
hay quórum
La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal
(a las 11:39 horas)
Se abre la
sesión.
Proceda la
Secretaría a dar lectura al orden del día.
ORDEN DEL DIA
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
Se va a dar
lectura del orden del día,
«Primer Periodo
de Sesiones Ordinarias.— Tercer Año.— LVIII Legislatura.
Orden del día
Jueves 10 de
octubre de 2002.
Lectura del acta
de la sesión anterior.
Comunicaciones
De la
Presidencia de la Mesa Directiva.
De la Junta de
Coordinación Política.
De los congresos
de los estados de Morelos, San Luis Potosí y Tlaxcala.
Iniciativa del
Congreso del Estado de Jalisco
Que reforma el
inciso c párrafo cuarto fracción IV del
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a
comisión.)
Oficio de la Secretaría de Gobernación
Con el que
remite copia del oficio de los secretarios de la mesa directiva del honorable Congreso del
Estado de Tamaulipas, en relación al punto de acuerdo aprobado por la Comisión
Permanente, relativo a la implementación de un programa emergente de atención a las
unidades habitacionales del país.
Iniciativas diputados
Que reforma
diversos artículos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de
la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado
Javier García González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional. (Turno a comisión.)
Que reforma el
inciso a del artículo 72 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Lucio Fernández
González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Que reforma el
artículo 1-A, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado José
Antonio Magallanes Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Turno a comisión.)
Que reforma
diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos
Penales y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, a cargo del diputado Arturo
Escobar y Vega, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a
comisión.)
Que reforma el
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia
del deporte, a cargo de la diputada Beatriz Cervantes Mandujano, del grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Que reforma el
artículo 5o. de la Ley del Banco de México, a cargo del diputado Gumercindo Alvarez
Sotelo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Que adiciona la
fracción III del artículo 10 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, suscrita por los
diputados Miguel Barbosa Huerta y Uuc-kib Espadas Ancona, del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Que adiciona la
fracción V del artículo 67 de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo de la
diputada Julieta Prieto Fuhrken, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México. (Turno a comisión.)
Dictámenes a discusión
De la Comisión
de Comercio y Fomento Industrial con punto de acuerdo relativo a la proposición del
Congreso del Estado de Nuevo León, por la que solicita la revisión del precio del gas
natural doméstico en el Estado de Nuevo León.
De la Comisión
de Comercio y Fomento Industrial con punto de acuerdo relativo a la proposición del
Congreso del Estado de Jalisco, por la que manifiesta su apoyo al proyecto de Norma
Oficial “Jamón Denominación, Especificaciones y Método de Pruebas”.
De la Comisión
de Comercio y Fomento Industrial con punto de acuerdo relativo a la proposición del
Congreso del Estado de Jalisco, por el que solicita apoyo al Congreso de la Unión, para
que la Secretaría de Economía norme la utilización de un sello inviolable en los
cilindros de gas.
De las
comisiones de Comunicaciones y de Comercio y Fomento Industrial con punto de acuerdo
relativo a la proposición de la diputada Adela del Carmen Graniel Campos, sobre las
demandas de los habitantes del estado de Tabasco en relación a la reducción de las
tarifas telefónicas.
De las
comisiones de Transportes y de Comercio y Fomento Industrial con punto de acuerdo relativo
a la proposición para solicitar que se realicen los estudios económicos, estadísticos y
laborales que justifiquen la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte.
De las
comisiones de Comunicaciones y de Transportes con punto de acuerdo relativo a la
proposición sobre la problemática que enfrentan los usuarios del servicio telefónico en
las comunidades de Tonalá, E1 Salto, Juanacatlán y Zapotlanejo, Jalisco.
De las
comisiones de Comunicaciones y de Transportes con punto de acuerdo relativo a la
proposición con punto de acuerdo del Congreso del Estado de Guerrero, por el que se
pronuncia en contra del incremento del 4.5% a las tarifas de peaje en las autopistas del
país, particularmente en la del Sol.
De la Comisión
de Comercio y Fomento Industrial con punto de acuerdo relativo a la proposición del
Congreso del Estado de Nuevo León, por la que solicita al Congreso de la Unión, fijar
precios razonables al servicio del gas natural y le sea revocada la concesión del
servicio público de distribución a la compañía Gas Natural México, S.A., de C.V.
De la Comisión
de Agricultura y Ganadería, con opinión de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo
relativo a la proposición para que se exhorte al Secretario de la Sagarpa, a fin de
prohibir el uso por parte de los ganaderos, de los productos beta-agonistas incluyendo el
clorhidrato de zilpaterol, llamado comercialmente zilmax.
Excitativas
A la Comisión
de Puntos Constitucionales, a cargo del diputado Tarcisio Navarrete Montes de Oca, del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
A las comisiones
de Agricultura y Ganadería y Especial de Ganadería, a cargo de la diputada Petra Santos
Ortiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a cargo de la diputada Sara Guadalupe Figueroa
Canedo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
A la Comisión
de Puntos Constitucionales, a cargo del diputado Luis Alberto Villarreal García, a nombre
de integrantes de la Comisión de Turismo.
A la Comisión
de Puntos Constitucionales, a cargo del diputado Pedro Miguel Rosaldo Salazar, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión
de Puntos Constitucionales, a cargo del diputado Rufino Rodríguez Cabrera, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión
de Gobernación y Seguridad Pública, a cargo del diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión
de Educación Pública y Servicios Educativos, a cargo de la diputada Hortensia Aragón
Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A las comisiones
de Educación Pública y Servicios Educativos y de Atención a Grupos Vulnerables, a cargo
del diputado Miguel Bortolini Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
A la Comisión
de Puntos Constitucionales, a cargo del diputado Jesús Garibay García, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión
de Justicia y Derechos Humanos, a cargo del diputado Alfredo Hernández Raigosa, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión
de Justicia y Derechos Humanos, a cargo del diputado Tomás Torres Mercado, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión
de Agricultura y Ganadería, a cargo del diputado Arturo Herviz Reyes, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión
de Seguridad Social, a cargo del diputado Rafael Servín Maldonado, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión
de Gobernación y Seguridad Pública, a cargo del diputado Rogaciano Morales Reyes, del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión
de Hacienda y Crédito Público, a cargo del diputado José Antonio Magallanes Rodríguez,
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión
de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de la diputada María de los Angeles Sánchez
Lira, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión
de Puntos Constitucionales, a cargo del diputado Gregorio Urías Germán, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A las comisiones
de Puntos Constitucionales y de Gobernación y Seguridad Pública, a cargo del diputado
Sergio Acosta Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión
de Gobernación y Seguridad Pública, a cargo del diputado Esteban Daniel Martínez
Enríquez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión
de Gobernación y Seguridad Pública, a cargo del diputado Amador Rodríguez Lozano.
Efemérides
Sobre los
acontecimientos del 12 de octubre de 1492, a cargo de los grupos parlamentarios
representados en la Cámara de Diputados.
Proposiciones
Con punto de
acuerdo para exhortar al Instituto Federal Electoral, a fin de que establezca los
procedimientos necesarios para que en las contiendas electorales, la población con
discapacidad ejerza su derecho universal de voto, a cargo de la diputada Laura Pavón
Jaramillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a
comisión.)
Con punto de
acuerdo por el que se exhorta a las autoridades educativas federales y estatales, así
como a las autoridades de las instituciones de educación superior públicas, a formalizar
un pacto nacional para afrontar los rezagos y retos de la educación superior, a cargo del
diputado Eduardo Rivera Pérez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
(Turno a comisión.)
Con punto de
acuerdo, a fin de que a propuesta de la Comisión de Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias, la Cámara de Diputados adopte los criterios para dictaminar las
solicitudes sobre letras de oro en el muro de honor, a cargo del diputado Luis Miguel
Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno
a comisión.)
Con punto de
acuerdo por el que se exhorta al Congreso de Estados Unidos de América, a ratificar el
Protocolo de Kyoto, a cargo del diputado Diego Cobo Terrazas, del grupo parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)
Con punto de
acuerdo en relación al 12 de octubre, a cargo del diputado Santiago López Hernández,
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de
acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que en el marco de la APEC,
se promueva que Estados Unidos de América reduzca los subsidios que otorga a sus
productos agrícolas, a cargo de la diputada Heidi Storsberg Montes, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de
acuerdo en relación a la problemática en que se encuentra el municipio de Ocoyoacac,
Estado de México, a cargo del diputado Alejandro Gómez Olvera, del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de
acuerdo en relación al presupuesto de la Cámara de Diputados, a cargo del grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)
Con punto de
acuerdo en apoyo a 1a candidatura al Premio Nobel de la Paz del ciudadano cubano Oswaldo
Payá Sardiñas, suscrita por los diputados José Luis Novales Arellano y Tarcisio
Navarrete Montes de Oca, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a
comisión.)
Con punto de
acuerdo sobre el saneamiento, fusión y venta del Banco del Atlántico, a cargo del
diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de
acuerdo para solicitar a la Secretaría de Salud, que a través del Centro Nacional de
Trasplantes, establezca una jornada de información en el Palacio Legislativo en San
Lázaro, que facilite la inscripción de los diputados y el personal de la Cámara al
Registro Nacional Voluntario de Donación de Organos y Tejidos, a cargo del diputado Jorge
Alberto Lara Rivera, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a
comisión.)
Con punto de
acuerdo para que se cree una comisión especial para dar seguimiento a los casos de
desaparecidos en el estado de Colima, a cargo del diputado Ramón León Morales, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Agenda Política
Comentarios
sobre el viaje del gobernador de Quintana Roo, durante los sucesos del huracán
“Isidore”, a cargo del diputado Félix Salgado Macedonio, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Efemérides
Sobre el
aniversario luctuoso de Ernesto “Che” Guevara, a cargo de los grupos
parlamentarios de los partidos: del Trabajo, Revolucionario Institucional y de la
Revolución Democrática.
Sobre el Día
Mundial de los Sin Techo, a cargo de la diputada Raquel Cortés López, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Proceda la
Secretaría a poner a discusión y votación de inmediato, el acta de la sesión anterior.
ACTA
DE LA SESION ANTERIOR
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Acta de la
sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes ocho de
octubre de dos mil dos, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del
Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura.
Presidencia de la diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel
En el Palacio
Legislativo en San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de doscientos ochenta y
dos diputados, a las once horas con catorce minutos del martes ocho de octubre de dos mil
dos, la Presidenta declara abierta la sesión.
La Secretaría
da lectura al orden del día.
La Asamblea
aprueba el acta de la sesión anterior en votación económica.
Comunicación de
la Presidencia de la Mesa Directiva, con la que notifica de la recepción de los informes
de actividades de las comisiones de Ciencia y Tecnología, de Energía, de Juventud y
Deporte, de Presupuesto y Cuenta Pública, de Turismo, de Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Federación, de Seguridad Social, de Gobernación y Seguridad Pública y de
Fortalecimiento del Federalismo y del Comité del Centro de Estudios de Derecho e
Investigaciones Parlamentarias. Remítanse los originales a la Conferencia para la
Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y para que queden registrados al
Archivo General de la Cámara de Diputados.
Comunicación de
la Presidencia de la Mesa Directiva, con la que notifica de la recepción de informes de
gestiones en relación con proposiciones con punto de acuerdo, remitidos por las
comisiones de Agricultura y Ganadería, de Comercio y Fomento Industrial, de
Comunicaciones y de Transportes. La Presidenta señala que se está dando trámite a
puntos de acuerdo y gestiones que se hicieron de puntos de acuerdo por las respectivas
comisiones, por lo que se tienen por desahogados, archívense los expedientes como asuntos
concluidos y márquese copia al diputado proponente del punto de acuerdo respectivo en
cada caso.
Comunicación de
la Presidencia de la Mesa Directiva relativa a solicitudes de las comisiones de Cultura,
de Salud, de Hacienda y Crédito Público y de Comercio y Fomento Industrial, para cambio
de turno de diversas iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo.
Presidencia de la diputada María Elena
Alvarez Bernal
Como se
solicita, se obsequian las peticiones.
Comunicaciones
de la Junta de Coordinación Política:
• Con la
que informa de cambios en la mesa directiva de la Comisión Especial encargada de
coadyuvar y dar seguimiento a los proyectos de desarrollo relacionados con la región
Sur-Sureste de México. Se aprueba en votación económica.
• Con
acuerdo relativo a la integración de la Comisión Especial encargada de vigilar que los
recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales y partidas extraordinarias que se
aprueben, se apliquen para el restablecimiento de las condiciones de convivencia de la
población y la ayuda a los damnificados por el huracán “Isidore”.
Presidencia de la diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel
Se aprueba en
votación económica.
Comunicación
del Congreso del Estado de Michoacán, por la que invita a la ceremonia cívica
conmemorativa del centésimo octogésimo octavo aniversario de la Expedición del Decreto
Constitucional para la Libertad de la América Latina. Se designa comisión para
representar a la Cámara de Diputados.
La Mesa
Directiva se une a la pena que embarga al diputado Juan Manuel Martínez Nava por el
sensible fallecimiento de su hermano, el licenciado Noé Armando Martínez Nava, y la
Asamblea guarda un minuto de silencio en su memoria.
Comunicaciones
de los congresos de los estados de:
•
Guanajuato, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
•
Guanajuato, con acuerdo por el que se adhiere al similar del Congreso del Estado de
Jalisco, a efecto de exhortar a diversas autoridades para que intervengan en el ajuste de
los precios del gas licuado por kilo. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento
Industrial.
• Tlaxcala,
con acuerdo por el que solicita se reformen las leyes de Ahorro y Crédito Popular y
General de Sociedades Cooperativas, y la legislación fiscal federal. Se turna a las
comisiones de Fomento Cooperativo y Economía Social y de Hacienda y Crédito Público.
•
Zacatecas, dos, con las que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
De la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, con la que informa de actividades propias de su
legislatura. De enterado.
Oficios de la
Secretaría de Gobernación:
• Cuatro,
por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Luis
Ernesto Derbez Bautista, Rodolfo Elizondo Torres, Amanda Mireya Terán Munguía y José
Armando Tamayo Casillas, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el
gobierno de la República Federativa de Brasil. Se turnan a la Comisión de Gobernación y
Seguridad Pública.
• Uno, por
el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Jesús Ernesto
Estrada Bustamante, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de
la República Bolivariana de Venezuela. Se turna a la Comisión de Gobernación y
Seguridad Pública.
• Uno, con
el que envía el informe trimestral de la Secretaría de Economía, relativo a la
asignación y el ejercicio de las cuotas mínimas libres de arancel acordadas por México
en diversos tratados de libre comercio; así como sobre las cuotas adicionales de los
productos señalados en el artículo cuarto transitorio de la Ley de Ingresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil dos. Se turna a las comisiones de Hacienda
y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.
Presentan
iniciativas los diputados:
• Antonia
Irma Piñeyro Arias, del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Ley de
Amnistía para las personas que hubieren alterado la vida constitucional y la seguridad
pública por móviles de reivindicación social de los indígenas en la región Loxicha
del estado de Oaxaca. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
•
Gumercindo Alvarez Sotelo, del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que
adiciona un Capítulo Séptimo y un Artículo Veintitrés-bis al Título Primero del
Código Penal Federal. Se turna a las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos y
de Atención a Grupos Vulnerables.
• Petra
Santos Ortiz, del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que
adiciona el artículo ciento cinco del Código Fiscal de la Federación. Se turna a la
Comisión de Hacienda y Crédito Público.
• José
Soto Martínez, del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que
reforma los artículos cuarto, ciento sesenta y dos, ciento sesenta y tres, ciento sesenta
y cuatro y doscientos nueve de la Ley Federal del Derecho de Autor. Se turna a la
Comisión de Cultura.
A las doce horas
con veinticuatro minutos la Secretaría informa del registro del cuatrocientos cuarenta y
un diputados y ordena el cierre del sistema electrónico de asistencia y votación.
• José
Antonio Magallanes Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de
decreto que reforma la fracción segunda del artículo sesenta y ocho de la Ley del
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.
Presidencia del diputado Eric Eber
Villanueva Mukul
Se turna a las
comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.
• Francisco
Cárdenas Elizondo, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona el
artículo noventa y cuatro, adiciona un párrafo séptimo a la fracción tercera del
artículo ciento dieciséis y deroga el párrafo décimo del artículo cien de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos
Constitucionales.
Minuta de la
Cámara de Senadores, con proyecto de decreto que reforma los artículos setenta y tres,
setenta y seis, ochenta y nueve, ciento ocho, ciento nueve, ciento diez, ciento once y
ciento veintidós de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los
efectos del inciso d del artículo setenta y dos
de la propia Constitución. Se turna a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y
del Distrito Federal.
La diputada
Norma Patricia Riojas Santana, del Partido de la Sociedad Nacionalista, solicita
excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, en relación con la iniciativa con
proyecto de decreto que reforma los artículos setenta y tres, setenta y seis, ochenta y
nueve y ciento treinta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, presentada el once de abril de dos mil dos. La Presidenta formula la excitativa
correspondiente.
Presidencia de la diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel
Dictamen de la
Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con puntos de acuerdo relativos a la revisión
de los subsidios que se otorgan al servicio eléctrico para uso doméstico y agrícola.
Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese al Ejecutivo e infórmese
al Senado.
Dictamen de las
comisiones unidas de Comunicaciones y de Transportes, con puntos de acuerdo para que se
analice en el proceso de venta de la Corporación Internacional de Transportación Aérea,
el impacto de los atentados del once de septiembre de dos mil uno en la ciudad de Nueva
York, Estados Unidos de América. Sin nadie que haga uso de la palabra se aprueba en
votación económica. Comuníquese al Ejecutivo.
Dictamen de las
comisiones de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Rural y de Reforma Agraria, con
punto de acuerdo para solicitar al Gobierno Federal y a la nueva Comisión
Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, den a conocer un informe sobre la
situación jurídica, política y social del campo mexicano. No habiendo nadie que haga
uso de la palabra, se aprueba en votación económica. Comuníquese al Ejecutivo.
Dictamen de la
Comisión de Agricultura y Ganadería, con puntos de acuerdo para que la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Banco de Desarrollo
Rural, conozcan la situación de los productores de papa de la región de Perote,
Veracruz. Sin nadie que solicite hacer uso de la palabra, en votación económica se
aprueba. Comuníquese al Ejecutivo.
Dictamen de la
Comisión de Salud, con punto de acuerdo para exhortar al Presidente de la República, se
ponga en marcha de manera operativa y sistemática el empleo de la Cartilla Nacional de
Salud de la Mujer. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese al
Ejecutivo.
Dictamen de la
Comisión de Agricultura y Ganadería, con punto de acuerdo para que se asigne en el
Presupuesto de Egresos de la Federación, una partida especial al Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática, a fin de que realice el censo agropecuario. Es de
primera lectura.
Dictamen de la
Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con punto de acuerdo para solicitar la
revisión del precio del gas natural doméstico en el estado de Nuevo León. Es de primera
lectura.
Dictamen de la
Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con puntos de acuerdo para que la Secretaría
de Economía norme la utilización de un sello inviolable en los cilindros de gas. Es de
primera lectura.
Dictamen de las
comisiones de Comunicaciones y de Comercio y Fomento Industrial, con punto de acuerdo
sobre las demandas de los habitantes del Estado de Tabasco en relación con la reducción
de las tarifas telefónicas. Es de primera lectura.
Dictamen de la
Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con punto de acuerdo sobre la Norma Oficial
Mexicana denominada Jamón: Denominación, Especificaciones y Métodos de Prueba. Es de
primera lectura.
Para presentar
proposiciones con punto de acuerdo, se concede el uso de la palabra a los diputados:
• Beatriz
Cervantes Mandujano, del Partido Revolucionario Institucional, en relación con la
consolidación del área de servicio telefónico local en los municipios de Texcoco,
Papalotla, Chiautla, Chiconcuac, San Salvador Atenco, Tezoyuca, Tepetlaoxtoc y Acolman. Se
turna a la Comisión de Comunicaciones.
• Martín
Gerardo Morales Barragán, del Partido Acción Nacional, para solicitar a la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de
Economía, informen a la Cámara de Diputados las acciones dirigidas al apoyo del sector
porcícola nacional ante el incremento de las importaciones provenientes de los Estados
Unidos de América. Se turna a las comisiones de Agricultura y Ganadería, de Comercio y
Fomento Industrial y Especial de Ganadería.
Para el mismo
tema hablan los diputados: Rubén García Farías y Jaime Rodríguez López, ambos del
Partido Revolucionario Institucional y Jesús Garibay García, del Partido de la
Revolución Democrática.
La Presidenta
señala que ha escuchado con interés las intervenciones en este tema y es criterio de la
Presidencia que, por la trascendencia del asunto, debe ser considerado de urgente
resolución, si así lo determina el pleno y la Asamblea, en votación económica, así lo
considera y de la misma forma lo aprueba.
Por indicaciones
de la Presidencia, la Secretaría da lectura a los resolutivos del punto de acuerdo
considerado de urgente resolución y aprobado, rectificándose el trámite anterior.
Comuníquese al Ejecutivo para su desahogo.
• Luis
Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, del Partido de la Revolución Democrática, para crear
una Comisión Especial que dé seguimiento a las investigaciones del Consejo General del
Instituto Federal Electoral sobre el financiamiento a las campañas electorales del año
dos mil, y durante su intervención acepta una interpelación del diputado Tomás Torres
Mercado y es interrumpido por el diputado Alejandro Zapata Perogordo, quien solicita una
moción de orden. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
• Erika
Elizabeth Spezia Maldonado, del Partido Verde Ecologista de México, para solicitar que el
Poder Ejecutivo informe sobre la canalización de la ayuda humanitaria en la zona afectada
por el huracán “Isidore”. Se turna a la Comisión Especial encargada de vigilar
que los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales y partidas extraordinarias que
se aprueben, se apliquen para el restablecimiento de las condiciones de convivencia de la
población y la ayuda a los damnificados por el huracán Isidore y a la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública.
• José
Francisco Yunes Zorrilla, del Partido Revolucionario Institucional, en relación con los
derechos de propiedad en el Parque Nacional del Cofre de Perote, Veracruz. Se turna a las
comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Reforma Agraria.
• José
Antonio Magallanes Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar
a la Auditoría Superior de la Federación revise el destino de la deuda pública del
Gobierno Federal. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la
Federación.
• Alejandro
Zapata Perogordo, del Partido Acción Nacional, en relación con la plaga de langosta en
la huasteca potosina, y durante su intervención es interrumpido por el diputado Tomás
Torres Mercado para solicitar una moción de procedimiento y acepta una interpelación del
diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta.
Para contestar
alusiones personales se concede la palabra al diputado Tomás Torres Mercado, del Partido
de la Revolución Democrática.
Para hablar en
pro de la proposición, sube a la tribuna el diputado José Manuel Medellín Milán, del
Partido Revolucionario Institucional.
Se turna a las
comisiones de Agricultura y Ganadería y de Desarrollo Social.
• Benito
Vital Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional, sobre el proyecto de desarrollo
regional Gran Visión. Se turna a las comisiones de Comunicaciones y de Presupuesto y
Cuenta Pública.
• Narcizo
Alberto Amador Leal, del Partido Revolucionario Institucional, en torno al programa de
abasto rural de la Distribuidora de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares. Se
turna a la Comisión de Desarrollo Social.
• Gregorio
Urías Germán, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con las
universidades públicas. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios
Educativos.
Se refiere al
Día Mundial de los Animales el diputado Diego Cobo Terrazas, del Partido Verde Ecologista
de México.
Hablan sobre el
aniversario luctuoso de Belisario Domínguez los diputados: Víctor Antonio García
Dávila, del Partido del Trabajo; Celita Trinidad Alamilla Padrón, del Partido Acción
Nacional; y Alfredo Ochoa Toledo, del Partido Revolucionario Institucional. La Presidencia
informa que la Mesa Directiva acuerda se editen la biografía y el texto íntegro del
discurso histórico de Belisario Domínguez para ser distribuidos entre los diputados.
La Presidencia
informa de una modificación en la integración de la comisión que representará a la
Cámara de Diputados, atendiendo a la invitación del Congreso del Estado de Michoacán,
en la ceremonia cívica conmemorativa del centésimo octogésimo octavo aniversario de la
Expedición del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Latina.
Comunicación de
la Cámara de Senadores, por la que invita a la sesión solemne para imponer la Medalla
Belisario Domínguez al doctor Héctor Fix Zamudio. Se designa comisión para representar
a la Cámara de Diputados.
Comunicación de
la Junta de Coordinación Política, con la que informa de cambios en la integración de
la Comisión Especial encargada de vigilar que los recursos del Fondo Nacional de
Desastres Naturales y partidas extraordinarias que se aprueben, se apliquen para el
restablecimiento de las condiciones de convivencia de la población y la ayuda a los
damnificados por el huracán “Isidore”. De enterado y tramítese la
sustitución.
Agotados los
asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y
la Presidencia clausura la de hoy a las quince horas con veintitrés minutos, citando para
la próxima que tendrá lugar el jueves diez de octubre de dos mil dos, a las diez
horas.»
Está a
discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se
pregunta si se aprueba.
Los diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada el acta.
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Pasamos a
comunicaciones.
MESA
DIRECTIVA
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.
Ciudadanos
secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Con un
respetuoso saludo, informo a ustedes que he sido invitada en mi carácter de Presidenta
del Parlamento Latinoamericano, a participar en la sesión inaugural del coloquio “El
Parlamentarismo en el Siglo XXI”, que se realizará en la ciudad de Québec, Canadá.
Con tal motivo no asistiré a la sesión ordinaria de esta Cámara de Diputados que se
llevará a cabo el día jueves 10 de octubre en curso. Con toda oportunidad prevenimos,
con los integrantes de la Mesa Directiva, el cubrir adecuadamente el desarrollo de dicha
sesión.
Sin más por el
momento, quedo de ustedes.
Atentamente.
Palacio
Legislativo, a 9 de octubre de 2002.— Diputada, Beatriz
Paredes Rangel, presidenta de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la
Unión.»
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
De enterado.
COMISIONES
LEGISLATIVAS
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.— Junta de Coordinación Política.
Diputada Beatriz
Paredes Rangel, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.—
Presente.
Con fundamento
en el artículo 34 numeral 1 inciso c de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a solicitud del diputado
Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional, me permito solicitar a usted, la modificación en la integración de la
siguiente comisión:
• Que la
diputada María Teresa de J. Romo Castellón, sustituya al diputado Pedro Pablo Cepeda
Sierra, como integrante de la Comisión de Equidad y Género.
Lo anterior,
para los efectos a que haya lugar.
Sin otro
particular, quedo de usted.
Atentamente.
Palacio
Legislativo, México, D.F., a 9 de octubre de 2002.— Diputado Martí Batres Guadarrama, presidente.»
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
De enterado.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.— Junta de Coordinación Política.
Diputada Beatriz
Paredes Rangel, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.—
Presente.
Con fundamento
en el artículo 34 numeral 1 inciso c de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado
Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional, me permito solicitar a usted, la modificación en la integración de la
siguiente comisión:
• Que el
diputado Hugo Camacho Galván sustituya al diputado Miguel Gutiérrez Hernández, como
integrante en la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación.
Lo anterior,
para los efectos a que haya lugar.
Sin otro
particular, quedo de usted.
Atentamente.
Palacio
Legislativo, México, D.F., a 9 de octubre de 2002.— Diputado Martí Batres Guadarrama, presidente.»
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
De enterado.
ESTADO
DE MORELOS
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Escudo.—
Poder Legislativo del Estado de Morelos.— XLVIII Legislatura.— 2002-2003.
Ciudadanos
secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.—
Presentes.
En cumplimiento
a lo dispuesto por el artículo 10 del Reglamento Interior para el Congreso del Estado de
Morelos, tengo el honor de informar a usted que en la sesión ordinaria de la Diputación
Permanente celebrada el día 30 de agosto del presente año se clausuraron los trabajos de
dicha diputación y en junta previa celebrada el mismo día, se eligió al Presidente y al
vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirá durante el mes de septiembre y a los
diputados secretarios para todo el primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año
de ejercicio constitucional; y, en sesión solemne celebrada el día 1o. de septiembre, se
declaró la apertura del periodo señalado, quedando la Mesa Directiva como sigue:
Diputados:
Víctor Hugo Manzo Godínez, presidente; Jesús Antonio Tallabs Ortega, vicepresidente;
Fernando Coronel Orañegui y Demetrio Román Isidoro, secretarios.
Reitero a usted
la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio
Efectivo. No Reelección.
Cuernavaca,
Morelos, a 2 de septiembre de 2002.— El oficial mayor del Congreso del Estado de
Morelos, Armando Ramírez Saldívar.»
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
De enterado.
ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Congreso del Estado Libre y Soberano—
San Luis Potosí.
Ciudadanos
secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
En cumplimiento
a lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, nos
permitimos comunicar a ustedes que, con esta fecha, la LVI Legislatura del honorable
Congreso del Estado abrió el primer periodo de sesiones ordinarias, correspondiente al
tercer año de su ejercicio legal. Asimismo, se eligió la Mesa Directiva que fungirá
durante el mismo, la cual quedó conformada de la siguiente manera:
Diputados: Marco
Lucano Vázquez Rodríguez, presidente; Arturo Ramos Medellín, primer vicepresidente;
Emilio de Jesús Ramírez Guerrero, segundo vicepresidente; Ignacio Palacios Robledo,
primer secretario; Andrés Hernández Hernández, segundo secretario; Felisa Montañez
Rivera, primer prosecretario; Angel Salas Alfaro, segundo prosecretario.
Además, les
precisamos que, conforme lo establecen los numerales 20 y 21 del referido ordenamiento, el
Presidente y los vicepresidentes permanecerán en su cargo únicamente del 15 de
septiembre al 14 de octubre, y los secretarios y prosecretarios actuarán durante todo el
periodo, es decir, del 15 de septiembre al 15 de diciembre de 2002.
Lo que hacemos
de su conocimiento para los efectos procedentes, haciendo propia la ocasión para
reiterarles las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Sufragio
Efectivo. No Reelección.
San Luis
Potosí, San Luis Potosí, a 15 de septiembre de 2002.— Diputados: Marco Lucano Vázquez Rodríguez, presidente; Felisa Montañez Rivera, prosecretaria en funciones
de secretaria; Andrés Hernández Hernández,
secretario.»
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
De enterado.
IMSS
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Tlaxcala.— LVII Legislatura.
Ciudadanos
diputados secretarios del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
La LVII
Legislatura del estado de Tlaxcala, en su decimosexta sesión pública ordinaria,
correspondiente a su segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio
constitucional, celebrada el día 24 de septiembre del presente, aprobó el acuerdo por el
que se pide se exhorte al Instituto Mexicano del Seguro Social para que realice las
acciones tendientes a regularizar el servicio que presta en las clínicas de salud dentro
del territorio tlaxcalteca, por lo que se les solicita tomen en consideración este
acuerdo al momento de aprobar el presupuesto para el ejercicio de 2003 del Instituto
Mexicano del Seguro Social.
Aprovecho el
presente para enviarles un cordial y respetuoso saludo.
Sufragio
Efectivo. No Reelección.
Tlaxcala de
Xicoténcatl, a 25 de septiembre de 2002.— El secretario parlamentario del honorable
Congreso, Sergio Cuauhtémoc Lima López.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Tlaxcala— LVII Legislatura.
ACUERDOS
Primero. Se exhorta al Instituto Mexicano del
Seguro Social para que se realicen las acciones tendientes a regularizar el servicio que
presta en las clínicas de salud dentro del territorio tlaxcalteca.
Segundo. Enviar los oficios correspondientes al
titular del Poder Ejecutivo Federal, así como al director general del Instituto Mexicano
del Seguro Social y al delegado regional Puebla-Tlaxcala de dicho instituto, a efecto de
dar cumplimiento al punto inmediato anterior de este acuerdo.
Tercero. Se envíe oficio al honorable Congreso de
la Unión, para que tome en consideración este acuerdo al momento de aprobar el
presupuesto para el ejercicio de 2003 del Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de
que se le otorguen los recursos financieros suficientes y pueda cumplir en forma regular
con los servicios médicos en las entidades federativas.
Cuarto. Se instruye al secretario parlamentario de
este honorable Congreso del Estado de Tlaxcala, para que dé cumplimiento al presente
acuerdo.
Dado en la sala
de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a 24 de septiembre de
2002.— Diputados: Melquiades Pérez González,
presidente; Juan Báez Tercero y José Vázquez Sánchez secretarios.»
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Túrnese a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública.
SECTOR
AGROPECUARIO
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Tlaxcala.— LVII Legislatura.
Diputados
secretarios del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
Por
instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva y con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 96 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Tlaxcala, les remito el acuerdo emitido por el pleno de esta soberanía en sesión
pública ordinaria, celebrada el día 24 de septiembre del presente, por el que se adhiere
el punto de acuerdo emitido por la LVIII Legislatura del estado de Guanajuato, para
exhortar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y a las secretarías de
Hacienda y Crédito Público y de Economía, para que en el ámbito de sus respectivas
competencias, se negocien prórrogas a la entrada en vigor de las cláusulas del Tratado
de Libre Comercio, en su capítulo agropecuario.
Anexo al
presente el acuerdo de mérito.
Aprovecho la
presente para enviarles un cordial y afectuoso saludo.
Sufragio
Efectivo. No Reelección.
Tlaxcala de
Xicoténcatl, a 25 de septiembre de 2002.— Secretario parlamentario, Sergio Cuauhtémoc Lima López.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Tlaxcala.— LVII Legislatura.
PUNTO DE ACUERDO
Primero. El Congreso del Estado de Tlaxcala se
adhiere al punto de acuerdo emitido por la LVIII Legislatura del estado de Guanajuato,
para exhortar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y a las secretarías de
Hacienda y Crédito Público y de Economía, para que, en el ámbito de sus respectivas
competencias se negocien prórrogas a la entrada en vigor de las cláusulas del Tratado de
Libre Comercio, en su capítulo agropecuario.
Segundo. El Congreso del Estado de Tlaxcala, en
adhesión a la LVIII Legislatura del estado de Guanajuato, exhorta a la Cámara de
Senadores del Congreso de la Unión y a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y
de Economía para que analicen nuevos mecanismos de apoyo en el Presupuesto de Egresos de
la Federación, que mejoren la competitividad de los productores agropecuarios mexicanos y
se implementen políticas financieras para la modernización del sector agropecuario
nacional, necesarios para contrarrestar los efectos negativos de la desgravación
arancelaria en la importación de granos básicos, productos cárnicos y leche.
Tercero. Remítase a las cámaras de Senadores y
de Diputados del Congreso de la Unión, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación para los efectos conducentes.
Dado en la sala
de sesiones del Palacio de Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre
y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a 24 de septiembre de
2002.— Diputados: Melquiades Pérez González,
presidente; Juan Báez Tercero y José Javier Vázquez Sánchez, secretarios.»
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Túrnese a la Comisión de Comercio
y Fomento Industrial.
ARTICULO
115 CONSTITUCIONAL
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder
Legislativo.— Secretaría del Congreso.
Cámara de
Diputados.— Presente.
La LVIII
Legislatura del honorable Congreso del Estado de Jalisco, en sesión de fecha 24 de
septiembre del presente año, aprobó el acuerdo económico número 720/02, del que le
anexo copia para los efectos legales procedentes, mediante el cual se acordó elevar a esa
alta soberanía atenta iniciativa de decreto que reforma el inciso c párrafo cuarto de la fracción IV del artículo
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el desahogo del
procedimiento legislativo correspondiente.
Por
instrucciones de la directiva de esta honorable soberanía, hago de su conocimiento lo
anterior en vía de notificación personal y para los efectos legales procedentes.
Atentamente.
Sufragio
Efectivo. No Reelección.
Guadalajara,
Jalisco, a 24 de septiembre de 2002. El oficial mayor, Leonardo García Camarena, (rúbrica).»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder
Legislativo.— Secretaría del Congreso.
Ciudadanos
diputados del honorable Congreso del Estado.— Presentes.
El suscrito,
diputado José Manuel Carrillo Rubio, en uso de las atribuciones que me conceden la
fracción I del artículo 28 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así
como los numerales 85 y 90 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Jalisco, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa de
acuerdo económico, que propone a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la
iniciativa de decreto que reforma la fracción IV inciso c párrafo cuarto del artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, justificando tal medida en la
siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
1. La
Constitución Federal coloca el municipio en la base de la división territorial y de la
organización política y administrativa de los estados.
2. Las
constituciones locales han establecido que serán las legislaturas estatales quienes
emitan la Ley Orgánica municipal o su equivalente y que en ningún caso compete al
órgano municipal, lo que está de acuerdo con la división de poderes y que, por ende, no
toleraría la ampliación de la función legislativa a otro titular del que tuviera la
exclusividad en esta materia, es decir, del Poder Legislativo.
3. El municipio
constituye una forma espontánea y primaria de organización comunal que el Estado
democrático debe reconocer e incorporar a su estructura.
4. En su
párrafo inicial, el artículo 115 dispone que los estados tendrán “como base de su
división territorial y de su organización política y administrativa el municipio
libre”. No dejamos de reconocer la inexactitud de esta fórmula, toda vez que lo que
el precepto quiso instituir fue la libertad del municipio y, al mismo tiempo, sus
vínculos de coordinación con el Estado; es decir, la Constitución trata de armonizar la
relativa autonomía municipal y su relativa subordinación al Estado.
5. El
Constituyente de 1917, vencido por las prolongadas discusiones sobre la libertad
municipal, dejó la autonomía financiera al arbitrio de voluntades ajenas, principalmente
del Ejecutivo estatal que, de acuerdo con su conveniencia política, pueden aumentar o
disminuir los recursos municipales.
Otro aspecto no
resuelto por el Constituyente fue la forma de solucionar los conflictos entre el municipio
y las autoridades del Estado, así como las posibles controversias entre los municipios y
la ciudadanía cuando se pudiera afectar el interés general.
Tuvieron que
pasar varias décadas para que estos aspectos fueran retomados por el Constituyente
Permanente e hiciera modificaciones al texto fundamental. Empero, dichas reformas no han
sido completamente satisfactorias; por tanto, tampoco deben en ningún sentido
considerarse defi- nitivas.
6. La
Constitución Federal representa, igual que sus similares modernos, la ideología, el
proyecto, los valores, la voluntad y la legalidad de un Estado. Las visiones parciales
reflejan comprensiones truncas de este documento.
7. Desconocer
que el municipio debería contar con las atribuciones suficientes relacionadas con el
gobierno directo de la comunidad básica es negar que la comunidad organizada y
participativa puede y debe asumir la conducción de la administración pública.
8. La
centralización añeja y el temor de perder control han robado al municipio capacidad y
recursos.
En congruencia
con las notas esenciales del municipio, la sociedad debería ser quien controlara,
supervisara, vigilara y fiscalizara la función de los servidores públicos municipales
como organización social básica natural.
El municipio fue
proyectado, según las palabras del maestro Felipe Tena Ramírez, “como escuela
primaria de la democracia, ensayo del gobierno por sí mismo, aprendizaje de la función
cívica, que requiere no sólo independencia al emitir el voto sino entereza para hacerlo
respetar”.
El problema es
complejo. ¿Quién falla: los ciudadanos, en su desinterés y desinformación; o los
servidores públicos, en su control extremo y en ocasiones poca vocación de servicio?
9. Es frecuente
encontrar en las leyes orgánicas municipales e incluso en las constituciones
prohibiciones expresas que restringen la actuación de los ayuntamientos.
¿Son
constitucionalmente válidas estas prohibiciones?
La respuesta es
difícil. Por lo pronto, no puede ser general y debería contener diversos criterios.
Reiteramos que la pregunta menciona la palabra “constitucionalmente”, no el
vocablo “legalmente”, es decir, estas intervenciones pueden estar legalizadas,
pero no necesariamente legitimadas por su distancia con el espíritu Constituyente de
1917.
Algunos aspectos
que fortalecían la vida municipal en la Constitución Federal se debilitaron con la
reforma constitucional de 1982, ya que se hizo un agregado a la norma que disponía lo
relativo a la personalidad de los municipios agregando “... manejarán su patrimonio
conforme a la ley”.
Es evidente que
con la reforma mencionada queda legalmente en la Constitución la posibilidad de
intervenir en la vida municipal, dicho agregado ha dado el fundamento constitucional a las
prohibiciones que, tanto en las constituciones locales de los estados como en las
respectivas leyes orgánicas municipales, existen respecto al uso, disfrute y disposición
del patrimonio de las poblaciones.
10. Paradójica
es la fracción IV del artículo 115 en comento, ya que establece el principio de que los
municipios administrarán libremente su hacienda y por otro lado la obligación que tienen
de rendir cuentas a la legislatura y las facultades de ésta de supervisar y vigilar las
cuentas.
11. Por si lo
anterior fuera insuficiente, la reforma de 1982 establece la palabra
“patrimonio”, y “patrimonio” significa bienes, derechos y
obligaciones, lo cual significa que si es constitucional la intervención de las
legislaturas locales en esta materia, lo será mayormente en tratándose de la hacienda
municipal, toda vez que el patrimonio comprende a ésta como un elemento esencial y
referido principalmente al circulante, sin tomar en cuenta si proviene de impuestos,
derechos o productos.
12. Los abusos
reiterados, en el manejo de las finanzas municipales, por parte de algunos servidores han
construido trincheras legales para justificar sueldos desproporcionados e inequitativos.
La división de poderes no puede ser desdeñada y por esto las legislaturas actualmente
sí tienen facultades de ley para intervenir en los municipios, amén de los comentarios
antes aquí vertidos. Sin embargo, para quienes se han autonombrado defensores de sus
intereses particulares sobre los públicos es necesario reiterar que nuestra Ley Suprema
ya permite dicha intervención y se precisa esclarecer, mediante una reforma expresa dicho
intervencionismo.
El maestro
Elisur Arteaga Nava señala que si bien es cierto que se trata de un intervencionismo,
también lo es que se trata de un aspecto legal consagrado en la Constitución y propone
que “el sentido común, la lógica, indican que para lograr un escrupuloso manejo de
los fondos públicos y una eficaz defensa del patrimonio de los municipios, más que
buscar una solución fuera de éstos y recurrir a instancias superiores, pero extrañas,
como dar injerencia en esas materias a las legislaturas de los estados, lo que parece más
funcional es atenerse a los controles que los habitantes de los municipios pudieran tener
sobre sus autoridades”.
13. Es
significativo el esfuerzo realizado en las distintas entidades federativas por establecer,
mediante comités, consejos o grupos técnicos de estudio y dictamen, criterios claros de
fiscalización a las erogaciones municipales no apegadas al interés general. Por citar un
ejemplo, en Jalisco se creó el Comité Técnico de Valoración Salarial con la
participación de universidades, representantes de los tres poderes y de grupos
intermedios. Siendo ésta una propuesta valiosa, es imperfecta, ya que su naturaleza es no
vinculativa ni obligatoria, toda vez que el dictamen que emitiera pudiere ser considerado
como una opinión sin mayor trascendencia para la toma de decisiones.
14. Los casos de
discrecionalidad irracional que se han presentado en nuestro estado respecto al uso de los
recursos financieros municipales no son privativos de Jalisco; conocemos que en otras
entidades como Querétaro y el Estado de México tienen el mismo problema. En el Congreso
local de Guanajuato preparan una ley para crear un tabulador salarial de servidores
públicos con la finalidad de solucionar y en lo futuro, evitar estas irregularidades que
también aquejan al Estado de donde fue gobernador el presidente Vicente Fox.
La autonomía no
es autarquía y los recursos públicos no son propios: sueldos de altos servidores,
viajes, gastos de representación e imagen, compensaciones, apoyos económicos, obra
pública y programas sociales son erogaciones municipales que deberán ser justificadas y
justificables, bajo criterios sociales de transparencia, justicia, equidad, certeza,
legalidad y responsabilidad, por lo que estamos convencidos que la reforma al inciso c párrafo cuarto de la fracción IV del artículo
115 constitucional se vuelve imprescindible toda vez que dichos gastos tendrían que
realizarse de conformidad con la ley de la materia, dejando a cada Estado la facultad de
dictar la norma legal más apegada a las circunstancias en el ámbito de su competencia.
De tal suerte
que con una legislación local, las entidades federativas puedan vigilar la aplicación de
los recursos públicos, dictar los criterios de distribución, vigilar su ejercicio y
velar por el patrimonio municipal.
15. Considerando
que la presente acción legislativa tiene como objetivo reformar preceptos de la
Constitución General de la República, y en virtud de que corresponde, precisamente,
conocer de los asuntos relacionados con las reformas y adiciones a nuestra Carta
Fundamental, solicito que la misma sea enviada a la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión para la consecución del proceso legislativo a que ha lugar.
En mérito de lo
anteriormente expuesto y con fundamento en los dispositivos 85 y 90 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, se propone a la consideración de esta
honorable Asamblea, la siguiente
iniciativa
De acuerdo
económico, para que de ser aprobado se eleve formalmente al honorable Congreso de la
Unión la siguiente iniciativa de decreto que reforma el inciso c párrafo cuarto de la fracción IV del artículo
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo único. Se reforma el inciso c párrafo cuarto de la fracción IV del artículo
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 115...
I. a la III...
IV.
a) al c)...
...
...
Las legislaturas
de los estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y
fiscalizarán sus cuentas públicas.
Los presupuestos
de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles y
de conformidad con la ley de la materia.
…
V. a la VIII...
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Segundo. Las legislaturas de los estados deberán
emitir las leyes correspondientes en un término no mayor a 90 días a partir de la
publicación de este decreto.
En mérito de lo
expuesto y fundado propongo a esta honorable Asamblea legislativa estatal, la aprobación
del siguiente
ACUERDO ECONOMICO
Primero. Se aprueba la iniciativa de decreto a que
alude el cuerpo del presente escrito.
Segundo. Envíese copia de la presente iniciativa
de decreto a las legislaturas de los estados y a la Asamblea de Representantes del
Distrito Federal para su conocimiento y, en su caso, apoyo a la presente reforma.
Tercero. Envíese la presente iniciativa de
decreto a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para el desahogo
del procedimiento legislativo correspondiente.
Salón de
sesiones del Congreso del Estado, Guadalajara, Jalisco, a 30 de agosto del año
2002.— Diputado: José Manuel Carrillo Rubio
(rúbrica).»
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Túrnese a la Comisión de Puntos
Constitucionales.
VIVIENDA
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.—
Secretaría de Enlace Legislativo.
Diputados
secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.—
Presentes.
En atención al
oficio número CP/2R/2AE.-1636, suscrito por el senador Diego Fernández de Cevallos
Ramos, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, con el presente les
acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 001296,
signado por los secretarios de la Mesa Directiva del honorable Congreso del Estado de
Tamaulipas, mediante el cual informan que el punto de acuerdo promovido por los diputados
federales Abel Guerra Garza y Jaime Larrazábal Bretón relativo a la implementación de
un programa emergente de atención a las unidades habitacionales del país; fue remitido a
las comisiones unidas de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Desarrollo Social,
para que en su momento formulen el dictamen correspondiente.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, D.F., a
2 de octubre de 2002.— El subsecretario, M.
Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de Tamaulipas.— Poder
Legislativo.— Oficialía Mayor.
Ciudadano
Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de
Gobernación.— Presente.
En la sesión
pública ordinaria celebrada por el pleno del Congreso del Estado en esta fecha se
recibió su atento oficio número SEL/174/02, fechado el 22 de agosto del año en curso,
mediante el cual se sirvió remitir copia del punto de acuerdo aprobado por la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión, relativo a los problemas que se presentan
en las unidades habitacionales del país, con exhortación a que en cada entidad
federativa se promueva la legislación conveniente para su solución.
Al respecto, el
Presidente de la Mesa Directiva dictó el siguiente acuerdo:
"Túrnese a
las comisiones unidas de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Desarrollo Social,
para que en su momento formulen el dictamen correspondiente."
Sin otro
particular nos es grato reiterarle las seguridades de nuestra consideración más
distinguida.
Atentamente.
Sufragio
Efectivo. No Reelección.
Ciudad Victoria,
Tamaulipas, a 18 de septiembre de 2002.— Diputados: Jesús Juan de la Garza Díaz del Guante y Andrés Alberto Compean Ramírez, secretarios de la
Mesa Directiva.»
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Remítase al promovente.
COMPARECENCIAS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Pasamos al punto de iniciativas
de los diputados y tenemos en primer lugar, el conceder la palabra al diputado Javier
García González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para
presentar una iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, de la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos y de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Javier García González:
Con su permiso,
señora Presidenta:
«Iniciativa de
reformas a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y a la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
En nuestra
calidad de diputados federales a la LVIII Legislatura del Congreso General y con
fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, artículo 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la
consideración de esta Cámara de Diputados la presente iniciativa de reformas a la Ley
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como a la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en materia de
responsabilidades de servidores públicos, en relación al desahogo de comparecencias ante
las cámaras del Congreso de la Unión o de sus comisiones, de conformidad a la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
En la fracción
parlamentaria del PRI, nos preocupa la forma en la que habrán de llevarse a cabo las
comparecencias de los servidores públicos ante las distintas comisiones de la Cámara de
Diputados. Es por ello que debe ser objeto de estudio a fin de evitar que se conviertan en
un mero evento político sin ninguna eficiencia y sin vinculación legal alguna.
En los últimos
dos años, durante la administración de Vicente Fox, la presencia de funcionarios
públicos que comparecen ante los diputados se ha vuelto cotidiana, sólo en la Cámara de
Diputados se han realizado aproximadamente más de 600 comparecencias de funcionarios de
casi todos los niveles, pero los resultados de estas reuniones son cuestionables, pues si
bien es cierto que ellas constituyen una forma de comunicación entre poderes, también lo
es que no existe ninguna obligación o responsabilidad para los funcionarios sobre lo que
informan o dejan de informar, convirtiéndose, como ocurre en la mayoría de las
ocasiones, en una mera formalidad.
Los funcionarios
que acuden generalmente, presentan un discurso introductorio, escuchan los
posicionamientos de los grupos parlamentarios y las preguntas que éstos realizan para
posteriormente proceder a contestarlas, considerando en todo momento que no hay ninguna
disposición que obligue a los funcionarios a conducirse con verdad y por lo tanto no es
aplicable ninguna sanción si no lo hicieren o contesten de forma falsa.
Sin ninguna
disposición expresa que regule las comparecencias, la función del control de Congreso
está incompleta, ya que si ésta se refiere a la inspección, fiscalización,
comprobación, revisión o examen que lleva a cabo el Congreso sobre la actividad que
realiza el Ejecutivo, es obvio que si los funcionarios no tienen ninguna obligación de
declarar con veracidad ante el Congreso, su presencia resulta inútil.
Muchos ejemplos
existen de esas comparecencias meramente formales, basta mencionar los recortes
presupuestales, la decisión de construir y posteriormente la de no construir el
aeropuerto de Texcoco, la situación de la deuda externa, la auditoría a las
instituciones bancarias, el funcionamiento de IPAB, por solo mencionar unas cuantas.
La propuesta que
hacemos consiste en introducir en el marco de las comparecencias, la figura jurídica de
la falsedad y negativa de información como una causa de juicio político y por lo tanto
esas conductas conllevarían a sanciones tales como la destitución y la inhabilitación
para el ejercicio de cargos públicos hasta por 20 años.
Es por ello que
proponemos inclusive esta norma a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos, mediante la presente iniciativa que propone adicionar la fracción IX del
artículo 7o., de dicha ley, para establecer como un acto que redunde en perjuicio de los
intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, la falsedad y negativa de
información, que son los datos u omisiones de los servidores públicos, que realicen
durante comparecencias sobre asuntos de su competencia ante alguna de las cámaras del
Congreso de la Unión o ante sus comisiones, cuando a cuestionamiento expreso de los
legisladores el servidor público no responda o lo hiciera falsamente.
Esto implicaría
que cuando algún funcionario hubiere sido citado por el Congreso a comparecer por algún
asunto relacionado con sus funciones, éste declarara falsamente o se negara a dar una
respuesta podría hacerse acreedor a una sanción hasta por 20 años de inhabilitación.
Con objeto de
darle congruencia jurídica a lo anteriormente mencionado, es necesario que se establezca
el artículo 8o. de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos, una fracción que obligue a los servidores públicos a comparecer ante las
cámaras del Congreso de la Unión o ante sus comisiones, absteniéndose en todo momento
de negarse a brindar la información requerida o dar información falsa. En ese sentido
para que sea útil el sistema de comparecencia debe de existir corresponsabilidad por
parte de los diputados.
Es por ello que
se propone una adición al mismo artículo 7o. de la Ley Federal de Responsabilidad de
Servidores Públicos, que establece a que los integrantes de las cámaras del Congreso de
la Unión, no pueden difundir por sí o por interpósita persona información relacionada
con la declaración de funcionarios públicos realizada durante la comparecencia ante
alguna de las cámaras del Congreso de la Unión, cuando las directivas de éstas hubiera
acordado la secrecía.
Esto implica que
los diputados no podrán hacer comentarios ni mucho menos hacer públicas declaraciones de
funcionarios en comparecencias, cuando la Mesa Directiva de la Cámara hubiera acordado
que dicha comparecencia estuviera resguardada por la confidencialidad y hubiera dictado
las providencias necesarias para tales efectos.
Para ello es
necesario reforzar la Ley Orgánica General introduciendo un nuevo inciso al artículo 20
para el caso de la Cámara de Diputados y el artículo 66 para la Cámara de Senadores,
consistente en facultar a la Mesa Directiva de ambas cámaras, para dictar las
providencias necesarias para asegurar la confidencialidad y secrecía de las
comparecencias de los funcionarios públicos, cuando así lo solicitaran o la comisión
respectiva o el propio funcionario.
Por lo
anteriormente fundado y expuesto se somete a la consideración del honorable Congreso de
la Unión, por conducto de la Cámara de Diputados, la siguiente
INICIATIVA
De reformas a la
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y a la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y a la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las siguientes reformas
Artículo primero. Se adicionan las fracciones IX
y X del artículo 7o. de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos,
en los siguientes términos:
“Artículo 7o. Redundan en perjuicio de los
intereses públicos fundamentales debidos a su buen despacho.
IX. La falsedad
y negativa de información es del acto u omisión de los sujetos de la presente ley, que
realicen durante comparecencias sobre asuntos de su competencia ante alguna de las
cámaras del Congreso de la Unión o ante sus comisiones, cuando a cuestionamiento expreso
de los legisladores, el servidor público no responda o lo hiciera en forma falsa.
X. En relación
a los integrantes de las cámaras del Congreso de la Unión, difundir por sí o por
interpósita persona información relacionada con declaración de servidores públicos
realizada durante comparecencias ante alguna de las cámaras del Congreso de la Unión o
de sus comisiones, cuando las directivas de éstas hubieran acordado su secrecía.”
Artículo segundo. Se adiciona la fracción XXV
del artículo 8o. de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos en los siguientes términos:
“Artículo 8o. Todo servidor público tendrá
las siguientes obligaciones:
XXV. Comparecer
ante las cámaras del Congreso de la Unión o ante sus comisiones, absteniéndose en todo
momento de negarse a brindar la información requerida o dar la información falsa.”
Artículo tercero. Se adiciona un inciso j al artículo 20 y se adiciona un inciso m al artículo 66 de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:
“Artículo 20. . .
j) Dictar las
providencias necesarias para asegurar la confidencialidad y secrecía de las
comparecencias de funcionarios públicos cuando así lo solicitara la comisión respectiva
o el propio servidor público.
Artículo 66. . .
m) Dictar las
providencias necesarias para asegurar la confidencialidad y secrecía de las
comparecencias de funcionarios públicos cuando así lo solicitara la comisión respectiva
o el propio servidor público.”
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. Esta reforma entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.»
Es cuanto,
señora Presidenta.
Gracias.
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias, señor
diputado.
Túrnese a las comisiones de
Gobernación y Seguridad Pública, de Justicia y Derechos Humanos y de Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias.
PROCESO
LEGISLATIVO
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Tiene la palabra
el diputado Lucio Fernández González, del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional, para presentar una iniciativa que reforma el inciso a del artículo 72 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Lucio Fernández
González:
Gracias, señora
Presidenta; diputados secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la
Unión:
Honorable
Asamblea: el que suscribe, diputado federal en la LVIII Legislatura del Congreso de la
Unión, integrante del Partido Acción Nacional, en ejercicio de las facultades que me
confiere la fracción II de los artículos 71 y 135 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa
de decreto para reformar los incisos a, c, d y e de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en su artículo 72, de acuerdo con la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
Existen diversas
disposiciones constitucionales que le señalan al Congreso de la Unión el Marco Jurídico
para el desarrollo de sus funciones legislativas, normas que necesariamente tiene que
observar.
El artículo 65
de nuestra Carta Magna dispone, en su segundo párrafo, que el Congreso, en los periodos
de sesiones se ocupará del estudio, discusión y votación de las iniciativas de ley que
se le presenten y de la resolución de los demás asuntos que le corresponden conforme a
esta Constitución.
Por lo tanto, el
órgano legislativo debe de actuar dentro de la esfera de su competencia, de acuerdo con
lo dispuesto por la Constitución y las normas que deriven de ella, sin exceso ni defecto.
Ir más allá de
sus facultades o dejar de cumplir con sus responsabilidades afecta los derechos de los
gobernados y, por consecuencia, vulnera el Estado de Derecho.
En ese orden de
ideas, los ordenamientos jurídicos deben aplicarse para que cada órgano del Poder
Legislativo actúe estrictamente en el ámbito de sus responsabilidades, no para evitar,
obstaculizar o condicionar el desarrollo del proceso legislativo.
Así tenemos que
el artículo 72 constitucional determina el procedimiento legislativo para la creación de
leyes o decretos en donde se incluye la discusión, la modificación o rechazo por la
Cámara revisora a los proyectos de ley o decreto que les son enviados por la Cámara de
origen.
Este precepto
constitucional dispone que todo proyecto de ley o decreto cuya resolución no sea
exclusiva de alguna de las cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose
el reglamento de debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones
y votaciones.
Por su parte la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos también señala las
normas que se tienen que observar en el Proceso Legislativo. Así el artículo 3o. del
mencionado ordenamiento determina que el Congreso y las cámaras que lo componen, tendrán
la organización y funcionamiento que establecen la Constitución General de la
República, la propia ley, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos y los ordenamientos internos que cada una de las cámaras
expidan en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales.
La mencionada
Ley Orgánica del Congreso General en su artículo 20 garantiza que en los trabajos
legislativos prevalezca lo dispuesto en la Constitución y en la ley.
Por su parte el
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
dispone categóricamente en el artículo 136 que las observaciones o modificaciones hechas
a un proyecto de ley por la cámara revisora o por el Ejecutivo, al volver a la de su
origen, pasará a la comisión que dictaminó y el nuevo dictamen de ésta, sufrirá todos
los trámites que prescribe este Reglamento.
El mencionado
artículo 72 constitucional constituye de un primer párrafo y 10 incisos, del a al j,
los cuales regulan la función legislativa que realiza el Congreso de la Unión.
En su inciso a
determina que aprobado un proyecto en la cámara de su origen, pasará para su discusión
a la otra.
Por su parte el
inciso c señala que el proyecto de ley o
decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto con sus
observaciones a la Cámara de origen; deberá ser discutido de nuevo por ésta y si fuese
confirmado por las dos terceras partes del número total de votos, pasará otra vez a la
Cámara revisora.
Por otro lado el
inciso d que establece que si algún proyecto de
ley o decreto fuese desechado en su totalidad por la Cámara revisora, volverá a la de su
origen con la observación que aquélla le hubiere hecho.
Estos incisos a, c, d y e
del artículo 72 de la Constitución, no se señala ningún espacio de tiempo en que la
Cámara revisora deba resolver sobre el proyecto, así como las observaciones que en su
caso se presentan al mismo, lo que podría traducirse en un estancamiento de las
iniciativas en revisión, originando una incertidumbre jurídica en el proceso
legislativo, por lo que se hace necesario modificar estos incisos para dar así una
garantía constitucional más a los mexicanos, de que uno de los órganos del Estado de
representación popular está obligado en atender el mandato que le fue otorgado para
impulsar debidamente el planteamiento de sus necesidades y éstas tengan una respuesta
pronta y clara.
Por lo expuesto
presento ante esta Cámara de Diputados el siguiente
DECRETO
Por el que se
reforman los incisos a, c, d y e del artículo 72 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo primero. Se reforman los incisos a, c, d y e
del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para
quedar como sigue:
Artículo 72. Aprobado un proyecto en la Cámara
de origen, así como las observaciones al mismo, pasarán para su discusión a la otra
para que resuelva dentro del término máximo de 45 días naturales a partir del día en
que se remitió. Si no lo resuelve dentro de este término, la Cámara de origen excitará
a la revisora la cual deberá resolver dentro del término de 15 días naturales. En el
caso de que la Cámara revisora hubiere cerrado o suspendido sus sesiones, el término
continuará el primer día en que esté reunida. Si lo aprobara, se remitirá al
Ejecutivo, quien si no tuviera observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente.
c) El proyecto
de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto con sus
observaciones a la Cámara de origen. Deberá de ser discutido de nuevo por ésta y
resolver dentro del mismo término previsto en la fracción a y si fuese confirmado por
las dos terceras partes del número total de votos pasará otra vez a la Cámara revisora;
si por ésta fuere sancionada por la misma mayoría el proyecto de ley o decreto volverá
al Ejecutivo para su promulgación.
d) Si algún
proyecto de ley o decreto fuese desechado en su totalidad por la Cámara de revisión
volverá a la de su origen con las observaciones que aquélla hubiese hecho, para que
resuelva dentro del mismo término previsto en la fracción a. Si examinado de nuevo fuese aprobado por la
mayoría absoluta de los miembros presentes volverá a la Cámara que lo desechó, la cual
lo tomará otra vez en consideración. Si lo aprobase por la misma mayoría pasará al
Ejecutivo para los efectos de la fracción a,
pero si lo reprobase no podrá volver a presentarse en el mismo periodo de sesiones.
e) Si un
proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte o modificado o adicionado por la
Cámara revisora, la nueva descripción de la Cámara de su origen versará únicamente
sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, la cual resolverá dentro del mismo
término previsto en la fracción a, sin poder
alterarse en manera alguna los artículos aprobados.
Artículo segundo. El presente decreto entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
Señora
Presidenta, rogaría a usted que se publicara íntegramente el texto de la presente
iniciativa en el Diario de los Debates, en virtud de que
únicamente leí la parte sustantiva.
Por su
atención, gracias.
«Proyecto de
reforma a los incisos a, c, d y e del artículo 72 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Lucio Fernández González,
del grupo parlamentario del PAN, en la sesión del jueves 10 de octubre de 2002.
El que suscribe,
diputado federal en la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo
parlamentario de Acción Nacional, en ejercicio de las facultades que me confiere la
fracción II de los artículos 71 y 135 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Asamblea, la presente iniciativa de
decreto para reformar los incisos a, c, d y e de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, de acuerdo con la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
Existen diversas
disposiciones constitucionales que le señalan al Congreso de la Unión, el Marco
Jurídico para el desarrollo de sus funciones legislativas, normas que necesariamente
tiene que observar.
El artículo 65
de nuestra Carta Magna, dispone en su párrafo segundo, que el Congreso en los periodos de
sesiones se ocupará del estudio, discusión y votación de las iniciativas de ley que se
le presenten y de la resolución de los demás asuntos que le corresponden conforme a esta
Constitución.
Por lo tanto, el
órgano legislativo debe actuar dentro de la esfera de su competencia, de acuerdo con lo
dispuesto por la Constitución y las normas que deriven de ella, sin exceso ni defecto.
Ir más allá de
sus facultades o dejar de cumplir con sus responsabilidades, afecta los derechos de los
gobernados y, por consecuencia, vulnera el Estado de Derecho.
En ese orden de
ideas, los ordenamientos jurídicos deben aplicarse para que cada órgano del Poder
Legislativo actúe estrictamente en el ámbito de sus responsabilidades, no para evitar,
obstaculizar o condicionar el desarrollo del proceso legislativo.
Así tenemos,
que el artículo 72 constitucional determina el procedimiento legislativo para la
creación de leyes o decretos, en donde se incluye la discusión, la modificación o
rechazo por la Cámara revisora, a los proyectos de ley o decretos que les son enviados
por la Cámara de origen.
Este precepto
constitucional dispone que todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea
exclusiva de alguna de las cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose
el reglamento de debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones
y votaciones.
Por su parte, la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, también señala las
normas que se tienen que observar en el proceso legislativo, así el artículo 3o, del
mencionado ordenamiento, determina que el Congreso y las cámaras que lo componen tendrán
la organización y funcionamiento que establecen la Constitución General de la
República, la propia ley, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos y los ordenamientos internos que cada una de las cámaras
expidan en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales.
La mencionada
Ley Orgánica del Congreso General, en su artículo 20 garantiza que en los trabajos
legislativos prevalezca lo dispuesto en la Constitución y la ley.
Por su parte el
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
dispone categóricamente en el artículo 136, que las observaciones o modificaciones
hechas a un proyecto de ley por la Cámara revisora o por el Ejecutivo, al volver a la de
su origen, pasarán a la comisión que dictaminó y el nuevo dictamen de ésta sufrirá
todos los trámites que prescribe este Reglamento.
Complementa el
artículo 137 del mismo ordenamiento, que solamente se discutirán y votarán en lo
particular los artículos observados, modificados o adicionados.
El mencionado
artículo 72 constitucional, consta de un primer párrafo y 10 incisos, del a, al j,
los cuales regulan la función legislativa que realiza el Congreso de la Unión.
En su inciso a, determina que aprobado un proyecto en la
Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra ley.
Por su parte, el
inciso c, señala que el proyecto de ley o
decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo será devuelto, con sus
observaciones, a la Cámara de su origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta y si
fuese confirmado por las dos terceras partes del número total de votos, pasará otra vez
a la cámara revisora.
Por otro lado,
el inciso d, establece que si algún proyecto de
ley o decreto fuese desechado en su totalidad por la Cámara revisora, volverá a la de su
origen con las observaciones que aquélla le hubiese hecho. Si examinado de nuevo, fuese
aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes, volverá a la Cámara que lo
desechó, la cual lo tomará otra vez en consideración y si lo aprobare por la misma
mayoría, pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción a, pero si lo reprobase, no podrá volver a
presentarse en el mismo periodo de sesiones.
En estos
incisos, a, c, d y e del artículo 72 de la Constitución, no se
señala ningún espacio de tiempo en que la Cámara revisora deba resolver sobre el
proyecto, así como las observaciones que en su caso se presentaren al mismo, lo que se
podría traducir en un estancamiento de las iniciativas en revisión, originando una
incertidumbre jurídica en el proceso legislativo, por lo que se hace necesario modificar
los mencionados incisos, para dar así una garantía constitucional más a los mexicanos
de que uno de los órganos del Estado de representación popular está obligado en atender
el mandato que le fue otorgado, para impulsar debidamente el planteamiento de sus
necesidades y éstas tengan una respuesta pronta y clara.
Por lo expuesto,
presento ante esta Cámara de Diputados, el siguiente
DECRETO
Por el que se
reforman los incisos a, c, d y e del artículo 72 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo primero. Se reforman los incisos a, c, d y e
del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para
quedar como sigue:
“Artículo 72. ...
a) Aprobado un
proyecto en la Cámara de origen, así como las observaciones al mismo, pasará para su
discusión a la otra, para que resuelva dentro del término máximo de 45 días naturales
a partir del día en que se remitió; si no lo resuelve dentro de este término, la
Cámara de origen excitará a la revisora, la cual debe resolver dentro del término de 15
días naturales. En el caso que la Cámara revisora hubiere cerrado o suspendido sus
sesiones, el término continuará el primer día en que esté reunida. Si lo aprobare se
remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará
inmediatamente;
b) ...
c) El proyecto
de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto con sus
observaciones, a la Cámara de su origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta y
resolver dentro del mismo término previsto en la fracción a y si fuese confirmado por las dos terceras partes
del número total de votos, pasará otra vez a la Cámara revisora. Si por ésta fuese
sancionado por la misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y volverá al Ejecutivo
para su promulgación;
d) Si algún
proyecto de ley o decreto fuese desechado en su totalidad por la Cámara de revisión,
volverá a la de su origen con las observaciones que aquélla hubiese hecho, para que
resuelva dentro del mismo término previsto en la fracción a. Si examinado de nuevo, fuese aprobado por la
mayoría absoluta de los miembros presentes, volverá a la Cámara que lo desechó, la
cual lo tomará otra vez en consideración y si lo aprobare por la misma mayoría, pasará
al Ejecutivo para los efectos de la fracción a,
pero si lo reprobase, no podrá volver a presentarse en el mismo periodo de sesiones;
e) Si un
proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte o modificado o adicionado por la
Cámara revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen versará únicamente
sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, la cual resolverá dentro del mismo
término previsto en la fracción a, sin poder
alterarse en manera alguna los artículos aprobados. Si las adiciones o reformas hechas
por la Cámara revisora fuesen aprobadas por la mayoría absoluta de los votos presentes
en la Cámara de su origen, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo, para los efectos de
la fracción a. Si las adiciones o reformas
hechas por la Cámara revisora fueren reprobadas por la mayoría de votos en la Cámara de
su origen, volverá a aquélla para que tome en consideración las razones de ésta y si
por mayoría absoluta de votos presentes se desecharen en esta segunda revisión dichas
adiciones o reformas, el proyecto, en lo que haya sido aprobado por ambas cámaras, se
pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción a. Si la Cámara revisora insistiere, por la
mayoría absoluta de votos presentes, en dichas adiciones o reformas, todo el proyecto no
volverá a presentarse sino hasta el siguiente periodo de sesiones, a no ser que ambas
cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la
ley o decreto sólo con los artículos aprobados y que se reserven los adicionados o
reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes.
f) al j)
...”
Artículo segundo. El presente decreto entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Palacio
Legislativo.— San Lázaro, a 8 de octubre de 2002—-Diputado Lucio Fernández González.»
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias a usted,
señor diputado.
De acuerdo con su petición,
insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario
de los Debates, publíquese en la Gaceta
Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Tiene la palabra
el diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 1o.-A de
la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
El diputado José Antonio Magallanes
Rodríguez:
Con su permiso,
señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Con fundamento
en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General, el que suscribe presenta ante esta Cámara de Diputados la presente
iniciativa de decreto que reforma y modifica el inciso b fracción II del artículo 1o.-A de la Ley del
Impuesto al Valor Agregado, con el fin de dar claridad y precisar el concepto de
desperdicios y residuos a que se refiere dicho ordenamiento.
Hago constar que
éste es un proyecto que ha sido desarrollado por el Instituto Nacional de Recicladores,
Asociación Civil, la que por más de una década ha estado presente en la defensa de los
recicladores del país con la diaria gestión de sus asuntos y con una actitud
propositiva.
EXPOSICION DE MOTIVOS
1. La retención
del impuesto.
Congruente con
la práctica internacional, así como con la reforma aprobada en el año de 1998 por esta
Cámara de Diputados, oportunidad en la que se autorizó a las instituciones de crédito a
efectuar la retención de este impuesto por las enajenaciones de bienes que mediante
dación en pago o adjudicación judicial o fiduciaria les efectuaban sus deudores, se
propuso ampliar los supuestos en los cuales quienes adquieren los bienes o servicios deben
efectuar la retención y el entero del impuesto por los actos o actividades que se prevén
en el artículo 1o.-A.
En la presente
reforma se propone ampliar el esquema de retención del IVA en los siguientes casos:
Para las
personas morales que adquieran desperdicios industrializables de personas físicas.
Este mecanismo
también se establecería en el caso de las erogaciones realizadas por la Federación y
sus organismos descentralizados, respecto de sus proveedores, personas físicas.
Dicha propuesta
tiene como objetivo reducir la evasión fiscal en sectores de difícil fiscalización,
así como mejorar la administración y recaudación del impuesto, al concentrar esfuerzos
en un sector de contribuyentes más reducido y susceptible de mayor control, tomando en
consideración que estos contribuyentes poseen una mayor capacidad administrativa y
contable. Se propone que calculen, retengan y enteren ante las autoridades fiscales el
impuesto causado por dichas operaciones. Además, con el propósito de otorgar seguridad
jurídica al contribuyente al que se le retuvo el IVA, se propone establecer expresamente
que el retenedor lo sustituya en la obligación de pago y entero del impuesto.
Para reducir la
evasión fiscal en sectores de difícil fiscalización, esta soberanía aprobó un sistema
de retención del impuesto al valor agregado, mediante el cual se cambia al sujeto
obligado al pago y se hace recaer la obligación de enterar el gravamen sobre
contribuyentes sujetos a un mayor control. Esta medida arrojó resultados inmediatos,
tanto en la mejor administración del gravamen, como en la disminución del margen de
competencia desleal de contribuyentes incumplidos respecto de los cumplidos.
Como se puede
observar, los resultados que se tuvieron se reflejaron en la mayor recaudación y
administración del impuesto al valor agregado y por tal motivo ponemos en consideración
esta adición y modificación al artículo que hacemos referencia como sigue:
La presente
iniciativa también pretende dar una claridad en cuanto a la conceptualización de los
materiales que se han generado en tres fuentes básicas: primera, generación en
domicilios; segunda, comercios y prestadores de servicios, y tercera, industriales,
expresión fiscal en el sector del reciclaje.
Dicha actividad
se realiza desde hace 60 años en nuestro país, promoviendo el rescate de bienes usados,
considerando que el problema de la generación y manejo de todo tipo de productos de
consumo, que al desecharse se convierten en materias primas alternas que se incorporan a
los ciclos productivos:
Por lo
anteriormente expuesto, motivado y fundado, se propone ante esta Cámara de Diputados, la
siguiente
INICIATIVA
Por la que se
modifica y adiciona el inciso b de la fracción
II del artículo 1o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:
Unico. Texto actual de la Ley del Impuesto al
Valor Agregado.
Artículo 1o.-A. Están obligados a efectuar la
retención del impuesto que se le traslade, los contribuyentes que se ubiquen en alguno de
los siguientes supuestos:
I.
II. Sean
personas morales que:
a)
b) Adquieran
desperdicios para ser utilizados como insumo de su actividad industrial o para su
comercialización.
La propuesta de
modificación sería la siguiente:
"Artículo 1o.-A. Están obligados a efectuar
la retención del impuesto que se le traslade, los contribuyentes que se ubiquen en alguno
de los siguientes supuestos:
I. . .
II. Sean
personas morales que:
a)
b) Adquieran
desperdicios, desechos, residuos, materiales para reciclar o reciclados. Los materiales
reciclados son los obtenidos de los desechos por separación, selección, limpieza,
compactación, trituración, calentamiento, fundición, en aleaciones o empaque".
Es cuanto,
señora Presidenta.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias, señor
diputado.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público.
SECUESTRO
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Tiene la palabra
el diputado Arturo Escobar y Vega, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México, para presentar una iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código
Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal Contra la
Delincuencia Organizada.
El diputado Arturo Escobar y Vega:
Gracias, señora
Presidenta.
Solicitamos se
turne a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su dictamen y posterior
discusión en el pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa.
Es una triste
pero evidente realidad que en los últimos 10 años los índices de criminalidad en
nuestro país han aumentado dramáticamente, esto se debe a una diversidad de factores
como lo son, entre otros, el desempleo, la pobreza y la marginación. Sin embargo, uno de
los factores más influyentes en este alto índice, es, sin duda alguna, la ineficacia de
nuestros ordenamientos penales, así como la relativa laxitud de nuestro sistema de
procuración de justicia.
Los tipos
penales, que no son más que la descripción de una determinada conducta que debe ser
sancionada por el Estado, muchas veces pueden ser franqueados o esquivados por los
delincuentes. Lo anterior se debe entre otros factores al principio de aplicación
estricta de la ley mediante el cual la conducta realizada por un delincuente debe ser
prácticamente idéntica a la descrita en el ordenamiento penal a efecto de que los
elementos objetivos del tipo penal se vean plenamente encuadrados y realizados por el
sujeto activo del delito.
Esa evasión que
hacen los delincuentes de las conductas tipificadas es producto de la rápida evolución
criminal y a la lentitud con la que nuestros ordenamientos sancionadores pueden ser
reformados.
Así, el
delincuente llevará la ventaja e irá un paso adelante.
Si bien es
cierto que puede resultar prácticamente imposible adivinar las nuevas modalidades o
figuras delictivas que con el paso del tiempo vayan surgiendo, no menos lo es que una vez
que éstas aparezcan se debe de actuar en consecuencia lo más expeditamente posible para
evitar una incidencia generalizada para un determinado tipo o conducta y legislar en
consecuencia, de manera tal, que la impartición de justicia se vea fortalecida.
Nosotros, como
legisladores, tenemos la obligación de mantenernos al tanto de estas figuras delictivas
de reciente creación y no tener oídos sordos ante el reclamo de la sociedad, sino que
debemos hacer uso de las facultades que nos han sido concedidas para el efecto de poner un
alto a esta situación.
El hecho de que
como que en cualquier otra sociedad por el paso del tiempo los tipos delictivos van
evolucionando y tomando diversas modalidades y los sujetos activos del delito están
permanentemente innovando figuras que lesione a la sociedad, así como buscando maneras de
sustraerse de la acción judicial, nos exige la creación de normas que estén a nivel
más alto para combatir más eficazmente los delitos de nueva creación.
Las diversas
conductas criminales de las que hablamos, están perfectamente estructuradas en su modus operandi, de manera tal que nuestros
ordenamientos legales lejos de sancionar estas actividades, se ven imposibilitadas
siquiera para retener a los presuntos delincuentes que desplieguen esas conductas, razón
por la cual dichas actividades pueden llegar a ser inclusive fomentadas por la propia ley.
Estas nuevas
modalidades en particular y muy específicamente la de privación ilegal de la libertad
han proliferado a partir del desmembramiento de algunas de las grandes bandas de
secuestradores, cuya operación es totalmente diferente al secuestro momentáneo o de
corta duración, conducta que en fechas recientes ha cobrado ya mayores víctimas.
Las recientes
variantes de delitos privativos de la libertad no buscan obtener un lucro de cantidades
exorbitantes como el que pretenden las grandes organizaciones criminales dedicadas a este
delito en particular sino que tan sólo buscan un lucro mínimo indispensable, que se
pueda obtener en el más breve periodo de tiempo.
Lo importante
para estos delincuentes es la inmediatez con la que pueden obtener una suma de dinero, al
contrario de lo que sucede con las grandes organizaciones que pueden darse el lujo de
prolongar el cautiverio del sujeto pasivo con el fin de obtener mayor cantidad de dinero
posible.
Actualmente, el
secuestro momentáneo a pesar de su innegable existencia y reiterado índice de comisión,
no es factible sin consignación ante un juez penal, dada que dicha conducta se tipifica
hoy por hoy como robo agravado o en su defecto como extorsión.
Lo que se
persigue con esta iniciativa de ley es castigar la conducta del delincuente en lo que hace
al medio comisivo de la obtención del lucro, no así el lucro como tal que pasaría a un
segundo término. Creemos que el medio de obtención de lucro de veras sea una conducta
independiente y tipificada como tal en el Código Penal Federal, ya que la integridad de
libertad de la víctima como bien jurídico tutelado, es superior en jerarquía que
cualquier beneficio patrimonial o lucro que se obtenga como resultado de dicha privación
de la libertad.
Abundando al
respecto, estimamos que el medio comisivo para obtener el lucro constituyente de un
quebramiento al bien jurídico tutelado por el Estado que es la libertad, a diferencia de
lo que sucede con el delito de extorsión en el que es forzoso que se obtenga un beneficio
patrimonial por parte del activo para integrar el cuerpo del delito.
Visto lo
anterior, resulta imperativo que nosotros, como legisladores, mantengamos nuestros
ordenamientos punitivos lo más actualizados posibles con el fin de evitar que estas
nuevas modalidades delictivas proliferen.
Por ello
sometemos a esta Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura, la presente iniciativa de
decreto mediante la cual se reforman los artículos 364 y 366 ambos del Código Penal
Federal; el inciso 23 de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de
Procedimientos Penales y las fracciones I y V del artículo 2o., de la Ley Federal Contra
la Delincuencia Organizada.
Firman los
diputados que integran el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;
asimismo solicito a esta Mesa Directiva gire sus instrucciones para que la presente
iniciativa sea publicada de manera íntegra en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.
Gracias, señora
Presidenta.
«Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.— LVIII Legislatura.— Presente.
Bernardo de la
Garza Herrera, Francisco Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo
Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo
Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa
Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, María Cristina
Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González, Erika Elizabeth
Spezia Maldonado, diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión,
integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con
fundamento en los artículos 71 fracción II, 72 y 73 fracción XXI de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se
turne a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para su dictamen y posterior
discusión en el pleno de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable
Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Es una triste
pero evidente realidad que, en los últimos 10 años, los índices de criminalidad en
nuestro país han aumentado dramáticamente. Esto se debe a una diversidad de factores,
como son, entre otros, el desempleo, la pobreza y la marginación.
Sin embargo, uno
de los factores más influyentes en este alto índice es, sin duda alguna, la ineficacia
de nuestros ordenamientos penales, así como la relativa laxitud de nuestro sistema de
procuración de justicia.
Los tipos
penales, que no son más que la descripción de una determinada conducta que debe ser
sancionada por el Estado, muchas veces pueden ser franqueados o esquivados por los
delincuentes.
Lo anterior se
debe, entre otros factores, al principio de aplicación estricta de la ley, mediante el
cual la conducta realizada por un delincuente debe ser prácticamente idéntica a la
descrita en el ordenamiento penal, a efecto de que los elementos objetivos del tipo penal
se vean plenamente encuadrados y realizados por el sujeto activo del delito.
Esa evasión que
hacen los delincuentes de las conductas tipificadas es producto de la rápida evolución
criminal y de la lentitud con que nuestros ordenamientos sancionadores pueden ser
reformados. Así, el delincuente llevará la ventaja; irá un paso adelante.
Si bien es
cierto que puede resultar prácticamente imposible adivinar las nuevas modalidades o
figuras delictivas que con el paso del tiempo vayan surgiendo, no menos lo es que una vez
que éstas aparezcan, se debe actuar en consecuencia lo más expeditamente posible para
evitar una incidencia generalizada para un determinado tipo de conducta y legislar en
consecuencia, de manera tal que la impartición de justicia se vea fortalecida.
Nosotros, como
legisladores, tenemos la obligación de mantenernos al tanto de estas figuras delictivas
de reciente creación y no tener oídos sordos ante el reclamo de la sociedad, sino que
debemos hacer uso de las facultades que nos han sido concedidas, para el efecto de poner
un alto a estas situaciones.
El hecho de que,
como en cualquier otra sociedad, con el paso del tiempo los tipos delictivos van
evolucionando y tomando diversas modalidades y los sujetos activos del delito están
permanentemente innovando figuras que lesionen a la sociedad, así como buscando maneras
de sustraerse de la acción judicial, nos exige la creación de normas que estén al nivel
más alto para combatir eficazmente los delitos de nueva creación.
Las diversas
conductas criminales de que hablamos están perfectamente estructuradas en su modus operandi, de manera tal que nuestros
ordenamientos legales, lejos de sancionar estas actividades, se ven imposibilitadas,
siquiera, para retener a los presuntos delincuentes que desplieguen estas conductas,
razón por la cual dichas actividades pueden llegar a ser inclusive fomentadas por la
propia ley.
Estas nuevas
modalidades, en particular y muy específicamente la de privación ilegal de la libertad,
han proliferado a partir del desmembramiento de algunas de las grandes bandas de
secuestradores, cuya operación es totalmente diferente del secuestro momentáneo o de
corta duración, conducta que en fechas recientes ha cobrado ya muchas víctimas.
Las recientes
variantes de delitos privativos de la libertad no buscan obtener un lucro de cantidades
exorbitantes, como el que pretenden las grandes organizaciones criminales dedicadas a este
delito en particular, sino que tan sólo buscan el lucro mínimo indispensable que se
pueda obtener en el más breve periodo de tiempo.
Lo importante
para estos delincuentes es la inmediatez con que puedan obtener una suma de dinero, al
contrario de lo que sucede con las grandes organizaciones, que pueden darse el lujo de
prolongar el cautiverio del sujeto pasivo con el fin de obtener la mayor cantidad de
dinero posible.
Actualmente, el
secuestro momentáneo, a pesar de su innegable existencia y reiterado índice de
comisión, no es factible de consignación ante un juez penal, dado que dicha conducta se
tipifica como robo agravado o, en su defecto, como extorsión.
Lo que se
persigue con esta iniciativa de ley es castigar la conducta del delincuente en lo que hace
al medio comisivo para la obtención del lucro, no así el lucro como tal, que pasaría a
un segundo término.
Creemos que el
medio de obtención del lucro debe ser una conducta independiente y tipificada como tal en
el Código Penal Federal, ya que la integridad y libertad de la víctima como bien
jurídico tutelado es superior en jerarquía a cualquier beneficio patrimonial o lucro que
se obtenga como resultado de dicha privación de la libertad.
Abundando al
respecto, estimamos que medio comisivo para obtener el lucro constituye un quebrantamiento
a bien jurídico tutelado por el Estado que es la libertad, a diferencia de lo que sucede
con el delito de extorsión, en el que es forzoso que se obtenga un beneficio patrimonial
por parte del activo para integrar el cuerpo del delito.
Visto lo
anterior, resulta imperativo que nosotros, como legisladores, mantengamos nuestros
ordenamientos punitivos lo más actualizados posible, con el fin de evitar que estas
nuevas modalidades delictivas proliferen.
Por ello,
sometemos a esta Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la
Unión la presente
INICIATIVA
De decreto
mediante el cual se reforman los artículos 364 y 366, ambos del Código Penal Federal; el
inciso 23 de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos
Penales; y las fracciones I y V del artículo 2o. de la Ley Federal Contra la Delincuencia
Organizada.
Artículo primero. Se reforman los artículos 364
y 366, ambos del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
“Artículo 364. Se impondrá de uno a tres
años de prisión y de 100 a 500 días multa:
I. A la persona
que prive a otra de su libertad hasta por 24 horas. Si la privación de la libertad excede
el término anterior, la pena de prisión será de un mes más por cada 24 horas.
La pena de
prisión se aumentará en una mitad cuando la privación de la libertad se realice con
violencia.
La pena de
prisión se aumentará en tres cuartas partes cuando la víctima sea menor de 16 o mayor
de 60 años de edad o cuando, por cualquier circunstancia, la víctima esté en situación
de inferioridad física o mental respecto de quien la ejecuta.
La pena de
prisión se aumentará el doble cuando la privación de la libertad sea realizada por
persona que tenga un vínculo familiar, afectivo o contractual, en virtud del cual la
víctima o sus familiares hayan depositado su confianza en dicha persona.
II...
Artículo 366. Al que prive de la libertad a otro
se le aplicará:
I ..
II. De 20 a 40
años de prisión y de 2000 mil a 4000 mil días multa si en la privación de la libertad
a que se hace referencia en la fracción anterior concurre alguna o algunas de las
circunstancias siguientes:
a) al d)
e) Que la
víctima sea menor de 16 o mayor de 60 años de edad o que, por cualquier otra
circunstancia, se encuentre en inferioridad física o mental respecto de quien ejecuta la
privación de la libertad.
Párrafos
primero y segundo de este inciso derogados.
III. Se
aplicarán de 25 a 50 años de prisión y de 4000 mil a 8000 mil días multa cuando la
privación de libertad se efectúe con el fin de trasladar a un menor de 16 años fuera de
territorio nacional, con el propósito de obtener un lucro indebido por la venta o la
entrega del menor.
IV. Se impondrá
una pena de 30 a 50 años de prisión al o a los secuestradores si a la víctima del
secuestro se le causa alguna lesión de las previstas en los artículos 291 a 293 de este
Código.
a) En caso de
que el secuestrado sea privado de la vida por su o sus secuestradores, se aplicará pena
de hasta 60 años de prisión.
b) Si se detiene
en calidad de rehén a una persona y se amenaza con privarla de la vida o con causarle un
daño, sea a aquélla o a terceros, si la autoridad no realiza o deja de realizar un acto
de cualquier naturaleza;
c) Si la
detención se hace en camino público o en paraje solitario;
d) Si quienes
cometen el delito obran en grupo y
e) Si el robo de
infante se comete en menor de 12 años, por quien sea extraño a su familia y no ejerza la
tutela sobre el menor.
V. Se impondrá
pena de tres a nueve años de prisión a la persona que sin derecho prive de la libertad a
otra y pretenda con ello obtener un lucro indebido para sí o para otro por cualquier
medio, a fin de restituirle la libertad a ésta, independientemente del tiempo que haya
transcurrido desde el primer momento de la retención hasta la total liberación del
ofendido.”
Artículo segundo. Se reforma el inciso 23 de la
fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar
como sigue:
“Artículo 194. Se califican como delitos
graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores
fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:
I. Del Código
Penal Federal, los delitos siguientes:
1) al 22)...
23) Privación
ilegal de la libertad, previsto en el artículo 364 y las modalidades establecidas en los
artículos 365- bis, 366 y 366-ter;
24) al
34)...”
Artículo tercero. Se reforman las fracciones I y
V del artículo 2o. de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, para quedar como
sigue:
“Artículo 2o. Cuando tres o más personas
acuerden organizarse o se organicen para realizar, en forma permanente o reiterada,
conductas que, por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o
algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de
la delincuencia organizada:
I. Terrorismo,
previsto en el artículo 139, párrafo primero; contra la salud, previsto en los
artículos 194 y 195, párrafo primero; falsificación o alteración de moneda, previstos
en los artículos 234, 236 y 237; privación ilegal de la libertad, previsto en el
artículo 364 y las modalidades establecidas en los artículos 365-bis, 366 y 366-ter;
operaciones con recursos de procedencia ilícita, previstas en el artículo 400- bis,
todos del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la
República en Materia de Fuero Federal;
II a la IV...
V. Asalto,
previsto en los artículos 286 y 287; y robo de vehículos, previsto en el artículo
381-bis del Código Penal para el Distrito Federal y para toda la República en Materia de
Fuero Federal o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales
estatales.”
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. Este decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Dado en el
Palacio Legislativo.— San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 10 de octubre de 2002.—
Diputados: Bernardo de la Garza Herrera
(rúbrica), coordinador; Francisco Agundis Arias
(rúbrica), vicecoordinador; José Antonio Arévalo
González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez (rúbrica), Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas,
Arturo Escobar y Vega (rúbrica), José
Rodolfo Escudero Barrera (rúbrica), Sara
Guadalupe Figueroa Canedo (rúbrica), Nicasia
García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, María Cristina Moctezuma Lule
(rúbrica), Julieta Prieto Fuhrken, Concepción
Salazar González y Erika Elizabeth Spezia
Maldonado.»
La Presidenta diputada María Alvarez
Bernal:
Gracias, señor
diputado.
De acuerdo a su petición, insértese el texto
íntegro de la iniciativa en el Diario de los
Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria;
y túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
La siguiente
iniciativa agendada por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a
petición del mismo se pospone para la próxima sesión.
DISCAPACITADOS
VISUALES
La Presidenta diputada María Alvarez
Bernal:
Tiene la palabra
el diputado Gumercindo Alvarez Sotelo, del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional para presentar una iniciativa que reforma el artículo 5o., de la Ley del Banco
de México.
El diputado Gumercindo Alvarez Sotelo:
Gracias, señora
Presidenta; honorable Asamblea; estimadas compañeras; estimados compañeros diputados:
En nombre del
grupo parlamentario de Acción Nacional y con el permiso de ustedes, quiero presentar a
consideración de este pleno la siguiente iniciativa de ley.
«Los diputados
del Partido Acción Nacional que firman al calce, con fundamento en lo dispuesto por la
fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sometemos ante esta soberanía la
iniciativa de reforma al artículo 5o., de la Ley del Banco de México para beneficiar a
las personas con discapacidad visual en el manejo del papel moneda, fundamentada en la
siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
En todas partes
del mundo y en todos los niveles de cada sociedad, hay personas con discapacidad que
requieren de condiciones jurídicas, sociales, económicas, que les permitan acceder a la
igualdad de oportunidades y a la no discriminación.
Las
organizaciones internacionales informan que el número total de personas con discapacidad
en el mundo es grande y va en aumento.
En México, de
acuerdo al X Censo General de Población y Vivienda 2000, existen cerca de 1 millón 800
mil personas con algún tipo de discapacidad de largo plazo, de este total el 26.1% sufre
discapacidad visual.
El segundo tipo
después es la motriz a través de sus distintas facultades legislativas, el Congreso
Federal y particularmente esta Cámara de Diputados ha tratado de revertir los obstáculos
que impiden a las personas con discapacidad ejercer sus derechos y libertades que
dificultan su plena participación en las actividades sociales.
Igualmente
importantes son los programas que han diseñado y puesto en práctica el Poder Ejecutivo
Federal y los gobiernos estatales, así como las leyes que en la materia han expedido
estos últimos.
No obstante,
centrándonos en nuestra facultad de modificar y expedir leyes, un balance crítico de los
logros obtenidos en función de las iniciativas presentadas en esta Cámara durante la
LVII Legislatura y la actual, nos indica que no podemos conformarnos con los resultados ya
que de 16 iniciativas sólo han sido aprobadas ¿cuántas creen?, dos, las cuales están
en espera de dictamen en la colegisladora.
Esto refleja que
nuestras acciones legales no han sido más que buenos propósitos y no han beneficiado
directamente a las personas con discapacidad.
Observemos que
las pocas iniciativas que han prosperado lo han hecho por ser modificaciones a leyes
federales y no existe duda de la competencia del Congreso, en cambio, las iniciativas cuyo
fundamento jurídico es ambigüo, que buscan convertirse en leyes generales o leyes
federales o que invaden y contravienen disposiciones enmarcadas en otras leyes o que
están lejos de las posibilidades financieras del Estado, no han sido sujetas al proceso
legislativo.
En esta ocasión
no venimos a presentar una iniciativa que se presuma buena por el tamaño de sus
pretensiones, sino una que consideramos grande por el beneficio que puede representar para
las personas con discapacidad visual en el intercambio económico, concretamente en le
manejo del papel moneda, un aspecto quizá de poca trascendencia para algunos, pero no
así para los invidentes, ya que son ellos quienes enfrentan este problema día con día.
Como ustedes
saben, el sentido del tacto es uno de los que más sirven para el desarrollo de las
personas con discapacidad visual, sin embargo se requiere de otras medidas que faciliten
el uso de este sentido y que les ayuden a enfrentar los problemas cotidianos, como en el
caso de la identificación del valor monetario de los billetes. Actualmente los elementos
más sobresalientes del papel moneda son un hilo de seguridad, un registro perfecto,
microimpresión, código de bloques, fibrillas de colores, tinta fluorescente, papel no
fluorescente e impresión intaglio. La mayoría de estas características son visuales,
las cuales han tenido como principales propósitos evitar su falsificación y facilitar el
manejo por bancos y cajeros automáticos, pero no han sido pensadas para beneficiar a los
discapacitados visuales.
Si bien es
cierto que la impresión intaglio supone perceptibilidad al tacto en los números que
indican la denominación de los billetes, ésta es poco perceptible incluso para las
personas con deficiencias visuales, por lo que se sugiere reemplazar este tipo de
impresión con las técnicas de hueco grabado e impresión calcográfica y establecer
diferentes medidas para cada denominación. Esta medida no sólo se presume novedosa, más
bien nace de la experiencia que en otras latitudes, como en Japón y en la Unión Europea
se han instrumentado para beneficiar a los discapacitados visuales. Particularmente en
este grupo de países sobresale el interés de todos los miembros y de la Unión Europea
de invidentes por incorporar en el diseño de los euros las necesidades de los 7.5
millones de personas con ceguera o deficiencia visual y los más de 50 millones con algún
problema visual.
En esta región,
con objeto de que los invidentes puedan identificar cada uno de los billetes, se han
diseñado siete tamaños diferentes según su valor: 5 euros (120 x 62 mm), 10 euros (127
x 67mm), 20 euros (133 x 72 mm), 50 euros (140 x 77mm), 100 euros (147 x 82 mm), 200 euros
(153 x 82 mm) y 500 euros (160 x 82 mm). Además, algunos de los elementos gráficos
aparecen en relieve gracias a las técnicas de huecograbado e impresión calcográfica.
Los billetes de 200 y 500 euros son fáciles de reconocer por medio de las marcas
táctiles que llevan situadas en el borde, la elección de los colores diferentes para
cada valor nominal y el empleo de cifras de gran tamaño impresas en tinta más oscura,
están pensados para ayudar a que las personas con problemas de visión reconozcan mejor
los billetes, tomado de la crónica numismática de enero de 2002.
La elección de
los colores diferentes para cada valor nominal y el empleo de cifras de gran tamaño
impresas en tinta más oscura están pensados para ayudar a que las personas con problemas
de visión reconozcan mejor los billetes.
Ayudar,
compañeras y compañeros, ayudar no se traduce únicamente en proponer grandes reformas o
leyes que se presumen integrales, que la mayoría de las veces rebasan la capacidad del
Gobierno para llevarlas a cabo; estamos convencidos que con pequeñas acciones como ésta
en México estaríamos beneficiando de forma concreta a los cientos de miles con
discapacidad visual de las que dan cuenta las estadísticas oficiales y otras muchas que
están adquiriendo este padecimiento.
La formación de
la Ley de las Necesidades de las Personas con Discapacidad Visual no sólo tiene un
carácter simbólico; garantiza que de forma permanente en las emisiones de billetes se
consideren las necesidades de los discapacitados.
Señoras y
señores legisladores: creemos que las razones expuestas son suficientes para que nos den
un voto de confianza y esperamos, asimismo, las mejores intenciones e ideas para ver
cristalizados los objetivos que persigue esta
INICIATIVA
De reforma al
artículo 5o., de la Ley del Banco de México, para beneficiar a las personas con
discapacidad visual en el manejo del papel moneda.
Artículo único. Se reforma el artículo 5o., de
la Ley del Banco de México, para quedar como sigue:
"Artículo 5o. Los billetes que emita el
Banco de México tendrán medidas únicas de acuerdo a su valor y deberán contener la
denominación con número y letra, la serie y número, la fecha de acuerdo de emisión,
las firmas de facsímile de un miembro de la junta de gobierno y del cajero principal.
La leyenda
"Banco de México", hueco gravado e impresión calcográfica y las demás
características que señale el propio banco para facilitar su reconocimiento y manejo por
las personas con discapacidad visual y para evitar su falsificación.”
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Segundo. El Banco de México realizará las
adecuaciones normativas necesarias para hacer efectiva esta reforma.
Firman al calce
los diputados federales del grupo parlamentario de Acción Nacional.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias, señor
diputado.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público.
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Sobre el
siguiente punto agendado en el orden del día, esta Presidencia informa que recibió
iniciativa que adiciona la fracción III del artículo 10 de la Ley del Impuesto Sobre la
Renta, signada por los diputados: Luis Miguel Barbosa Huerta y Uuc-kib Espadas Ancona,
ambos del Partido de la Revolución Democrática.
Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, publíquese en el la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de
Hacienda y Crédito Público.
«Los suscritos
diputados de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General, sometemos a la consideración de la Asamblea de esta Cámara de
Diputados, la presente iniciativa que adiciona la fracción III del artículo 10 de la Ley
del Impuesto Sobre la Renta de acuerdo con la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
La industria
editorial en nuestro país está sumergida en una crisis constante, desde hace cuando
menos dos décadas.
Entre las causas
principales, podemos decir que se encuentra la disminución del nivel de ingreso de la
población, como consecuencia de los problemas relacionados con nuestro sistema
económico.
La baja del
poder adquisitivo, sin duda es una variable que impacta directamente en la contracción
del mercado interno y la caída del nivel económico de la población.
Las
repercusiones en el corto plazo son, entre otras, la falta de programas que atiendan el
problema habitacional; el difícil acceso a los servicios de salud y la disminución
constante en la oferta de espacios en la educación de todos los niveles.
Estas
características que se presentan en la economía, necesariamente repercuten de forma
inmediata en el funcionamiento económico de la industria editorial.
Otro factor
importante que ha contribuido en el desempeño de esta industria, es el relacionado con el
monto de recursos que los gobiernos federales necesitan para cubrir los programas de su
administración.
La herramienta
para procurarse esos recursos ha sido la política fiscal.
La política
fiscal ha sido dirigida por los gobiernos próximos pasados, con la finalidad de proveerse
de fuentes estables de financiamiento, que les permitan cumplir sus objetivos.
Sin embargo, por
lo que se refiere a la industria editorial, la repercusión de estas medidas ha sido
negativa, y aun tratando de rechazar esta afirmación, se puede argumentar que los
factores que influyen en la venta de los libros son muchos, tenemos que considerar que
éstos están integrados unos con otros y todos son muy importantes para colocar el bien.
Los elementos
como el contenido, la casa editorial, la campaña de publicidad, se entrelazan a los de
tipo económico.
Las
disposiciones fiscales han afectado a la industria editorial mexicana, pero también la
concentración del mercado editorial. La importancia de las editoriales locales radica en
su función de receptoras y promotoras de las manifestaciones culturales nacionales, aun
cuando esta labor no genere importantes sumas de ganancias.
Esta situación
es una constante en los países latinoamericanos, como consecuencia de que sus industrias
editoriales no tienen elementos para enfrentar a las empresas transnacionales, como
consecuencia de la falta de criterios para abastecer la red de bibliotecas, subvenciones
fiscales, planes de capacitación para el sector editorial, programas para promover y
estimular la lectura, créditos inaccesibles para su modernización, nulos programas para
asistencia de librerías, etcétera.
Ante la
problemática que se describe, las autoridades fiscales de Colombia exentan de cualquier
impuesto a su industria editorial o a las empresas extranjeras que realizan su labor
productiva en ese país cumpliendo con el requisito de establecimiento permanente para
efectos fiscales.
Esta medida
permitió que la producción de libros tuviera un auge de 350 a 6 mil títulos en 30
años.
En el caso de
México se produjeron casi 100 millones de ejemplares en el año 2000, 116 millones en
1999 y 122 millones en 1998.
Esta baja en la
producción de libros en nuestro país, pone en riesgo a las empresas editoriales. En los
últimos 12 años han cerrado 185 compañías, pasando de 423 que existían en 1990, a 238
que existen en la actualidad, lo que representa una caída del 40%.
Sí consideramos
un subsidio fiscal en el Impuesto Sobre la Renta que contemple un porcentaje de estímulo
igual al monto de la reinversión de utilidades en el ejercicio en que se aplique,
estaremos aliviando las presiones económicas y de comercialización que padece esta
industria.
El programa
anunciado por el gobierno en el mes de junio referente a dirigirnos "hacia un país
de lectores" resultaría contradictorio si no le proporcionamos a la industria
incentivos para crecer.
Por lo
anteriormente expuesto, pongo a su consideración la siguiente
INICIATIVA
De decreto que
adiciona la fracción III del artículo 10 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para
quedar como sigue
Artículo primero. Se adiciona la fracción III
del artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue:
Artículo 10. Las personas morales deberán
calcular el Impuesto Sobre la Renta, aplicando al resultado fiscal obtenido en el
ejercicio la tasa del 32%.
...
I y II. …
III. Las
personas morales que se dediquen exclusivamente a la edición de libros podrán disminuir
del pago del Impuesto Sobre la Renta que les corresponda en el ejercicio fiscal un
porcentaje similar al monto de la utilidad que reinviertan en el mismo, en su caso.
Se realizará el
entero del impuesto correspondiente en el ejercicio en que se realice el retiro de las
utilidades aplicando la tasa de retención vigente.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Palacio
Legislativo.— San Lázaro a 10 de octubre de 2002.— Por el Partido de la
Revolución Democrática, diputados: Luis Miguel
Barbosa Huerta y Uuc-kib Espadas Ancona.»
LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION
La Presidenta diputada María Elena Alvarez
Bernal:
Tiene la palabra
la diputada Julieta Prieto Fuhrken, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista
de México, para presentar una iniciativa que adiciona la fracción V del artículo 67 de
la Ley Federal de Radio y Televisión.
La diputada Julieta Prieto Fuhrken:
Con su permiso,
señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
No hay duda que
la creatividad publicitaria ha evolucionado con la sociedad. Cada vez cuesta más trabajo
captar la atención del consumidor, sea por medio de la televisión, el radio, un
espectacular o una revista.
La creatividad
se pone a prueba y como resultado un bien o servicio se debe vender apelando más al
sentimiento y estímulos del consumo que se ha caracterizado específicamente.
En la actualidad
nadie puede discutir la importancia y la necesidad que el fenómeno publicitario tiene en
el seno de la sociedad moderna. Sin embargo, a menudo dicha exigencia por parte del
mercado se convierte en abuso a cargo de los que pretenden vender productos y servicios a
cualquier precio.
Adicionalmente y
frente al surgimiento y la acción de los medios de comunicación electrónica en México,
podemos decir que en la actualidad en el país no existen medios más eficaces para
transmitir la información social que la radio y la televisión.
Estos medios
transportan los mensajes fundamentalmente que moldean en gran parte la personalidad de los
mexicanos. Así, la publicidad de los centros de apuesta y juegos de azar, tales como los
llamados books y bingos, han traicionado su papel como fuente de información haciendo una
mala representación y ocultando hechos importantes.
Estos anuncios
comerciales se usan solamente para persuadir y motivar para convencer a que la gente
actúe de cierto modo, es aquí donde especialmente puede darse el abuso.
Esta situación
se vuelve particularmente grave en países como en el nuestro por su característica
socioeconómica. En México el atraso educativo continúa presente y hace más vulnerables
a las personas ante los manejos publicitarios.
Además, el
ingreso de la mayoría de los mexicanos apenas alcanza para satisfacer sus necesidades
básicas por lo que la protección al salario se vuelve necesaria.
La falta de
ética de esta publicidad que utilizan mensajes o la imitación falsa de los vivales, la
exageración o la omisión, engaños, la simple y llana mentira, la imagen impactante que
llama la atención y provocan el escándalo, la publicidad se convierte en manos de
quienes no respetan sus normas en una fuente de mensajes agresivos, falsos, engañosos,
que causan un prejuicio injustificado.
Por otro lado,
la experiencia internacional nos indica que en otros países dicha publicidad está
prohibida, en España la ley indica la prohibición de cualquier manifestación
propagandística o incitación a prácticas de juego, en el exterior de los locales de
juegos.
En Venezuela
dicha publicidad queda expresamente prohibida en la ley para el control de los casinos,
salas de bingo y máquinas tragamonedas.
En México el
protagonismo económico, social y cultural de la publicidad, hace cada vez más necesario
la correspondiente regularización de sus diferentes aspectos normativos. Si la publicidad
ocupa un lugar importante en nuestra sociedad influyente, poderosamente en nuestras vidas,
es lógico que nos preocupe que deben guiarla.
La regulación
jurídica debe aumentar conforme lo hace la trascendencia de los productos anunciados o de
los hábitos de consumo fomentados, como es el caso de los centros de apuestas y juegos de
azar, asimismo la regulación debe ser más estricta, cuando la publicidad se dirige a
grupos de especial atención como los niños o cuando afecta derechos fundamentales de las
personas, como su salud o intimidad.
Por ello, cabe
mencionar que en la visión a la presente iniciativa y para garantizar su aplicación y
regulación en la materia, el Ejecutivo Federal con base en las facultades exclusivas que
la ley le otorga, deberá tener a bien realizar las reformas concernientes al Reglamento
de la Ley Federal de Radio y Televisión, de la Ley de la Industria Cinematográfica,
pudiendo quedar como sigue:
Artículo 47. Queda prohibida toda publicidad
referente:
Número 1. A
cantinas.
Número 2.
Publicidad que ofenda a la moral, el pudor y las buenas costumbres para las
características del producto que se pretendan anunciar.
Número 3.
Centros de apuestas, juegos de números y de azar.
Por último,
consideramos que ante la importancia de la integridad de la información, las
comunicaciones mentirosas, engañosas, plagiadas e inmorales, producen descalabros
injustos y problemas económicos, morales o intelectuales, ante esta circunstancia, para
los legisladores del Partido Verde Ecologista, es indispensable defender la integridad de
autores, usuarios, inversionistas o compradores.
Por lo tanto, en
lo anterior expuesto, y observando los intereses de la población, los suscritos diputados
proponemos la siguiente adición a la Ley Federal de Radio y Televisión, sometiendo a
esta Cámara de Diputados, en la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la
presente
INICIATIVA
Decreto mediante
el cual se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y
Televisión.
Artículo primero. Se adiciona el inciso V del
artículo 67 de la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar como sigue:
“Artículo 67.
I a la IV.. . .
V. Queda
expresamente prohibido dar publicidad, promocionar o mercadear los centros de apuesta y
juegos de números de azar.”
ARTICULOS TRANISTORIOS
Primero. El Ejecutivo Federal realizará en un
plazo no mayor de 60 días la reforma concerniente al Reglamento de la Ley Federal de
Radio y Televisión y de la Ley de la Industria Cinematográfica.
Segundo. Este decreto entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Dado en el pleno
legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la
Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 10 de octubre de 2002.
Solicito se
turne la presente iniciativa a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.
Muchas gracias
por su atención.
«Cámara de
Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Bernardo de la
Garza Herrera, Francisco Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo
Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo
Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa
Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, María Cristina
Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González, Erika Elizabeth
Spezia Maldonado, diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión,
integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con
fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos; y 55 fracción II; 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión
de Radio, Televisión y Cinematografía, para su dictamen y posterior discusión en el
pleno de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la
Unión, la siguiente iniciativa de ley:
EXPOSICION DE MOTIVOS
No hay duda que
la creatividad publicitaria ha evolucionado con la sociedad. Cada vez cuesta más trabajo
captar la atención del consumidor, sea por medio de la televisión, el radio, un
espectacular o una revista. La creatividad se pone a prueba y como resultado un bien o
servicio se debe vender apelando más a sentimientos y a estímulos de consumo, que a sus
características específicas.
En la actualidad
nadie puede discutir la importancia y la necesidad que el fenómeno publicitario tiene en
el seno de las sociedades modernas. Sin embargo, a menudo dicha exigencia por parte del
mercado, se convierte en abuso a cargo de los que pretenden vender un producto o servicio
a cualquier precio.
Adicionalmente y
frente al surgimiento y la acción de los medios de comunicación electrónicos en
México, podemos decir que en la actualidad en el país no existen medios más eficaces
para transmitir la información social que la radio y la televisión. Estos medios
transportan los mensajes fundamentales que moldean, en gran parte, la personalidad de los
mexicanos.
Así, la
publicidad de los centros de apuestas y juegos de azar, tales como los llamados
"books" y bingos, han traicionado su papel como fuente de información haciendo
una mala representación y ocultando hechos importantes. Estos anuncios comerciales se
usan solamente para persuadir y motivar, para convencer a que la gente actúe de cierto
modo. Es aquí, donde especialmente pueden darse abusos.
Esta situación
se vuelve particularmente grave en países como el nuestro por sus características
socioeconómicas. En México, el atraso educativo continúa presente y hace más
vulnerable a las personas ante los mensajes publicitarios, además el ingreso de la
mayoría de los mexicanos apenas alcanza para satisfacer sus necesidades básicas, por lo
que la protección al salario se vuelve necesaria.
La falta de
ética de esta publicidad utiliza en los mensajes la denigración o la imitación falaz de
los rivales, la exageración o la omisión engañosas, la simple y llana mentira, las
imágenes impactantes que llamen la atención y provoquen el escándalo. La publicidad se
convierte en manos de quienes no respetan sus normas en una fuente de mensajes agresivos,
falsos y engañosos que causan un perjuicio injustificado.
Por otro lado,
la experiencia internacional nos indica que en otros países dicha publicidad esta
prohibida. En España, la ley indica la prohibición de cualquier manifestación
propagandística o de incitación a la práctica del juego en el exterior de los locales
de juego. En Venezuela, dicha publicidad queda expresamente prohibida en la Ley para el
Control de los Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles.
En México, el
protagonismo económico, social y cultural de la publicidad hace cada vez más necesaria
la correspondiente regulación de sus diferentes aspectos normativos. Si la publicidad
ocupa un lugar importante en nuestra sociedad e influye poderosamente en nuestras vidas,
es lógico que nos preocupemos por las normas que deben guiarla.
La regulación
jurídica debe aumentar conforme lo hace la trascendencia de los productos anunciados o de
los hábitos de consumo fomentados, como en el caso de los centros de apuestas y juegos de
azar. Asimismo, la regulación debe ser más estricta cuando la publicidad se dirige a
grupos de especial atención, como los niños o cuando afecta derechos fundamentales de
las personas como su salud o intimidad.
Por ello, cabe
mencionar que en adición a la presente iniciativa y para garantizar su aplicación y la
regulación en la materia, el Ejecutivo Federal, con base en las facultades exclusivas que
la ley le otorga, deberá tener a bien, realizar las reformas concernientes al Reglamento
de la Ley Federal de Radio y Televisión y de la Ley de la Industria Cinematográfica,
pudiendo quedar como sigue:
Artículo 47. Queda prohibida toda publicidad
referente a:
I. Cantinas;
II. La
publicidad que ofenda a la moral, el pudor y las buenas costumbres, por las
características del producto que se pretenda anunciar; y
III. Centros de
apuestas, juegos de números y de azar.
Por último,
consideramos que ante la importancia de la integridad de la información, las
comunicaciones mentirosas, engañosas, plagiadas, inmorales u ofensivas producen
descalabros injustos y problemas económicos, morales o intelectuales; ante esta
circunstancia, para los legisladores del Partido Verde es indispensable defender la
integridad de autores, usuarios, inversionistas o compradores.
Por lo tanto, en
atención a lo anteriormente expuesto y observando los intereses de la población, los
suscritos diputados, proponemos la siguiente adición a la Ley Federal de Radio y
Televisión, sometiendo a esta Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura del honorable
Congreso de la Unión, la presente
INICIATIVA
De decreto
mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal
de Radio y Televisión.
Artículo único. Se adiciona el inciso V del
artículo 67 de la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar como sigue:
“Artículo 67. . .
I a la IV. . .
V. Queda
expresamente prohibido dar publicidad, promocionar y mercadear los centros de apuestas,
juegos de números y de azar.”
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El Ejecutivo Federal realizará en un
plazo no mayor a 60 días las reformas concernientes al Reglamento de la Ley Federal de
Radio y Televisión y de la Ley de la Industria Cinematográfica.
Segundo. Este decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Dado en el
Palacio Legislativo.— San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 10 de octubre de 2002.—
Diputados: Bernardo de la Garza Herrera, coordinador;
Francisco Agundis Arias, vicecoordinador, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo
Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo
Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa
Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, María Cristina
Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González y Erika Elizabeth Spezia Maldonado.»
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias a usted
señora diputada.
Túrnese a la Comisión de Radio,
Televisión y Cinematografía.
DISCAPACITADOS
VISUALES
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Sobre la iniciativa que presentó
el diputado Gumercindo Alvarez Sotelo, a petición suya, se agrega al turno que se dio a
la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el que se turne también para pedir su
opinión a la Comisión de Grupos Vulnerables.
REGISTRO
DE ASISTENCIA
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Ruego a la
Secretaría dar cuenta del registro electrónico de asistencia e instruya a su cierre.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
Se informa a la
Presidencia que hasta el momento el sistema registra 441 diputados.
Ciérrese el
sistema electrónico.
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias, señora
Secretaria.
El siguiente
punto del orden del día es el de dictámenes a discusión relativos a puntos de acuerdos
turnados a comisiones. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la
Asamblea si se autoriza que solamente se dé lectura a los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
Por
instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se autoriza que se dé
lectura a los puntos de acuerdo.
Los diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo..
Los diputados
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Se autoriza.
Dé lectura al
punto de acuerdo la Secretaría.
GAS
DOMESTICO
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.— Comisión de Comercio y Fomento Industrial.
Honorable
Asamblea: a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Diputados,
correspondiente a la LVIII Legislatura, le fue turnado para su estudio y dictamen, el
comunicado del estado de Nuevo León, por el que transcribe el punto de acuerdo en el que
solicita se verifique y revise el precio vigente del gas (natural) doméstico en el estado
de Nuevo León y se analice la posible implementación de una tarifa preferencial,
presentado el 5 de abril de 2001, lo anterior en ejercicio de la fracción III del
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometió a la
consideración del honorable Congreso de la Unión.
La Comisión de
Comercio y Fomento Industrial de la LVIII Legislatura, con fundamento en los artículos 39
y 45 párrafo sexto incisos d, e y f, así como en el tercero transitorio fracción IV
inciso a de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94 del
Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abortó
al estudio y análisis de los puntos de acuerdo descritos, al tenor de los siguientes
ANTECEDENTES
Primero. En
sesión celebrada en esta Cámara de Diputados, el día 5 de abril de 2001, los
secretarios de la misma, dieron cuenta al pleno del comunicado del honorable Congreso del
Estado de Nuevo León. El Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente
trámite: "túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial".
Segundo.
Mediante oficio CCFI/000733/2001 de fecha 10 de octubre de 2001, se dio cuenta a los
integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial del contenido del mencionado
comunicado.
Tercero. El
comunicado solicita a las secretarías de Economía y de Energía verifiquen el precio
vigente del gas natural doméstico y de ser posible que se implemente un precio
preferencial al estado de Nuevo León.
CONSIDERANDOS
Primero. Que con
base en los antecedentes indicados, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con las
atribuciones antes señaladas se abocó a dictaminar el comunicado de referencia.
Segundo. Que
México cuenta con reservas importantes de gas natural y es uno de los primeros 15
productores a escala internacional de este energético. En América ocupa el tercer lugar
en producción, después de Estados Unidos y Canadá. En cuanto a consumo, nuestro país
se coloca en decimosegundo lugar en el ámbito mundial.
Tercero. Que el
consumo nacional de gas natural de 1993 a 2000 creció a un ritmo del 5.2% de promedio
anual. Donde el sector petrolero ha mantenido el mayor consumo de gas natural, cuya
participación en el mercado asciende al 43% y le sigue la industria con 32%, el sector
eléctrico con 23% y finalmente el consumo residencial y de servicios con apenas el 2%.
Cuarto. Que el
gas natural se encuentra presente en la ciudad de Monterrey desde 1927 y cuenta con una
infraestructura sumamente extensa y en crecimiento constante. Actualmente, existen cerca
de 1 mil industrias y 470 mil usuarios residenciales y comerciales, dada la población en
el área conurbada el 85% consume gas natural y aproximadamente el 90% de la industria que
consume combustible depende del gas natural.
Quinto. Que la
región noreste del país conformada por los estados de Chihuahua, Durango, Coahuila,
Nuevo León y Tamaulipas, es la segunda región más consumidora de gas natural con el 24%
y concentra el 87% del consumo residencial a nivel nacional.
Sexto. Que la
política energética de precios en México reconoce la competitividad y cotizaciones del
mercado internacional,1 por lo que Petróleos
Mexicanos (Pemex) toma como precio de referencia los precios internacionales.2 Esto ocasiona que los precios del gas mexicano
registren notables variaciones que responden a factores estructurales y coyunturales, así
como de una compleja interacción de oferta y demanda internacional.
Séptimo. Que el
artículo 90 del reglamento del gas natural, indica que el precio al usuario final se
compone del precio de adquisición del gas (venta a primera mano) + tarifa de transporte +
tarifa de almacenamiento + tarifa de distribución. De esta manera, el componente de
variación del precio del gas natural al consumidor final, es precisamente el precio de
adquisición del gas que contempla las cotizaciones del energético a nivel mundial.
Octavo. Que el
artículo 91 del reglamento del gas natural, señala que los distribuidores podrán
trasladar a sus usuarios finales las variaciones que sufra el precio de adquisición de
gas y las tarifas de transporte y almacenamiento, de acuerdo a lo establecido en las
condiciones generales para la prestación del servicio. En consecuencia, los usuarios
finales se ven afectados por la volatilidad del precio internacional de gas natural que
incide en el precio del gas natural mexicano.
Noveno. Que el
precio del gas natural en el mes de enero de 2001, alcanzó su precio de referencia más
alto en varios años, de 9.57 dólares de Estados Unidos de América por 1 millón de
unidades térmicas británicas (USD/MMBTU). Lo cual perjudicó directamente a los
consumidores nacionales, particularmente a los consumidores residenciales del estado de
Nuevo León.
Décimo. Que
para mitigar el alza inusual de los precios internacionales del gas natural, Pemex firmó
un convenio con sus clientes industriales para establecer un precio fijo de venta a
primera mano de 4 USD/MMBtu3. Actualmente existe una gran inquietud entre los
clientes de Pemex-Gas que se adhirieron al convenio, debido a la disminución de los
precios internacionales del gas natural que se cotiza por debajo de ese precio.
Decimoprimero.
Que dado lo anterior y atendiendo las peticiones de diversos sectores consumidores de gas
natural, esta Comisión de Comercio y Fomento Industrial en el ámbito de sus atribuciones
ha coadyuvado en la solución de este problema, ya que el pasado 24 de abril de 2002
aprobó el punto de acuerdo del diputado Abel Guerra Garza, del Partido Revolucionario
Institucional, por el cual se exhorta al Gobierno Federal para que instruya a las secreta-
rías de Energía, de Economía y de Hacienda y Crédito Público, Comisión Reguladora de
Energía y dirección general de Pemex-Gas y Petroquímica Básica a que renegocien y
modifiquen el convenio de ventas de primera mano por un plazo de tres años, comprendido
del 1o. de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2003, por cantidades de gas determinadas y
a un precio de referencia fijo de 4 USD/MMBtu que firmó con sus clientes industriales,
distribuidores y sociedades de autoabastecimiento de gas natural.
Decimosegundo.
Que los miembros integrantes de esta Comisión de Comercio y Fomento Industrial que
dictaminan, reconocen y concluyen que el Gobierno Federal ha tratado de mitigar el impacto
de la volatilidad de los precios del gas natural en la economía nacional. Sin embargo,
dado el gran número de consumidores domésticos de gas natural en el estado de Nuevo
León, se considera procedente solicitar una revisión a los precios del gas natural
doméstico y se determine un precio preferencial a esos consumidores.
3 Resolución número RES/012/2001 de la Comisión
Reguladora de Energía, publicada en el Diario
Oficial de la Federación del 13 de febrero de 2001, México.
RESULTANDOS
Primero. Que con base en los considerandos
vertidos en el presente dictamen, se estima procedente la petición del honorable Congreso
del Estado de Nuevo León.
Segundo. Que los miembros integrantes de la
Comisión de Comercio y Fomento Industrial exhortan al Poder Ejecutivo Federal, para que
instruya a las secretarías de Energía y de Economía verifiquen el precio vigente del
gas natural doméstico y se analice la posible implementación de una tarifa preferencial
al consumidor residencial del estado de Nuevo León.
Tercero. Que se informe a esta soberanía sobre
las acciones de esas secretarías.
Cuarto. Remítase el presente dictamen al
honorable Congreso de Nuevo León, para su atención.
Dado en Palacio
Legislativo.— San Lázaro, a 19 de junio de 2002.— Diputados: Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, presidente; José Ramón Mantilla y González de la Llave,
Ildefonso Guajardo Villarreal y Reyes Antonio
Silva Beltrán, secretarios; José Bañales
Castro, Orlando Alfonso García Flores, Moisés Alcalde Virgen, Jaime Salazar Silva,
Francisco Javier Ortiz Esquivel, María Teresa Tapia Bahena, Jorge Urdapilleta Núñez,
Carlos Nicolás Villegas Flores, Samuel Yoselevitz Fraustro, María Luisa Domínguez
Ramírez, Hermilo Monroy Pérez, Roberto Ruiz Angeles, Rafael Servín Maldonado, Gregorio
Urías Germán y Norma Patricia Riojas
Santana.»
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Está a
discusión el punto de acuerdo...
Se abre el
registro de oradores.
Consulte la
Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
En votación
económica, se consulta si se encuentra suficientemente discutido el punto de acuerdo.
Los diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Suficientemente discutido.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
En votación
económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.
Los diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los
diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Aprobado. Comuníquese al
Ejecutivo.
JAMON
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.— Comisión de Comercio y Fomento Industrial.
Honorable
Asamblea: a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, de la Cámara de Diputados,
correspondiente a la LVIII Legislatura, le fue turnado para su estudio y dictamen punto de
acuerdo para que el Congreso de la Unión manifieste su apoyo al proyecto de norma oficial
denominada "Jamón, Denominación, Especificaciones y Métodos de Prueba",
enviado por el Congreso del Estado de Jalisco, turnado a esta comisión el día 26 de
marzo de 2002, que en ejercicio de la fracción III del artículo 71 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometió a la consideración del honorable
Congreso de la Unión.
La Comisión de
Comercio y Fomento Industrial, con fundamento en los artículos 39 y 45 párrafo sexto
incisos d, e
y f, así como en el tercero transitorio
fracción IV inciso a, de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94,
del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se
abocó al estudio y análisis del punto de acuerdo descrito, al tenor de los siguientes
ANTECEDENTES
Primero. En
sesión celebrada en esta Cámara de Diputados, el día 26 de marzo de 2002, los
secretarios de la misma, dieron cuenta al pleno del punto de acuerdo que envió el
Congreso del Estado de Jalisco. El Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el
siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.
Segundo.
Mediante oficio número CCFI/001291/2001, de fecha 2 de abril de 2002, se dio cuenta a los
integrantes de la comisión, del contenido del mencionado punto de acuerdo.
Tercero. El
punto de acuerdo establece que debido a la falta de una normatividad adecuada existen
prácticas desleales entre productores "que ofertan productos cárnicos de alta
calidad y aquellos que, por abaratar sus costos, emplean aditivos o mezclas.
CONSIDERANDOS
Primero. Que el
documento presentado a esta soberanía, contiene un proyecto de norma oficial, elaborada
por instituciones públicas y privadas, misma que contiene las especificaciones físicas,
químicas, sensoriales y de calidad que deben cumplir los alimentos cárnicos curados,
emulsionados y cocidos.
Segundo. Que
actualmente solo existen dos normas mexicanas, relacionadas con el jamón, una es la
NMX-F-123-S-1982 Denominada “Alimentos, Jamón Cocido, Especificaciones” y la
NMX-F-124-1970 denominada “Jamón Serrano”, por lo que en el caso de esta norma
se tendría que realizar todo el procedimiento, establecido en la Ley Federal Sobre
Metrología y Normalización.
Tercero. Que de
elaborarse esta norma, incluso se contribuiría al fomento del sector porcícola, puesto
que se exigiría la utilización de carne de cerdo como materia prima y de esta manera se
evitaría la utilización de aditivos.
Cuarto. Los
miembros integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial que dictamina,
reconocen y coinciden en que las causas que originaron el punto de acuerdo, deben ser
atendidas por la autoridad competente a fin de emitir las normas oficiales
correspondientes.
RESULTANDOS
Primero. Solicítese a la Secretaría de
Economía, a la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la
de Salud, para que de manera conjunta con toda la cadena involucrada en la producción,
industrialización y comercialización de los productos cárnicos curados y cocidos,
evalúen la necesidad de elaborar una Norma Oficial Mexicana, para lo cual deberán
considerar la propuesta hecha por el Congreso del Estado de Jalisco.
Segundo. Envíese el punto de acuerdo antes
mencionado, así como el presente dictamen, a las secretarías de Economía, de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Salud, para su
conocimiento y análisis.
Tercero. Envíese el presente dictamen al Congreso
del Estado de Jalisco, para su conocimiento.
Palacio
Legislativo.— San Lázaro, a 19 de junio de 2002.— Diputados: Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, presidente; José Mantilla y González de la Llave, Ildefonso
Guajardo Villarreal, Antonio Silva Beltrán y
Francisco Agundis Arias, secretarios; José
Bañales Castro, Orlando Alfonso García Flores, Moisés Alcalde Virgen, Jaime Salazar
Silva, Francisco Javier Ortiz Esquivel, María Teresa Tapia Bahena, Carlos Nicolás
Villegas Flores, Samuel Yoselevitz Fraustro, María Luisa Domínguez Ramírez, Hermilo
Monroy y Pérez, Roberto Ruiz Angeles, Rafael Servín Maldonado, Gregorio Urías Germán
y Norma Patricia Riojas Santana.»
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Está a
discusión el punto de acuerdo.
Se abre el
registro de oradores.
Consulte la
Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
En votación
económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de
acuerdo.
Los diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Suficientemente
discutido.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
En votación
económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.
Los diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado.
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Comuníquese al Ejecutivo.
GAS
DOMESTICO
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.— Comisión de Comercio y Fomento Industrial.
Honorable
Asamblea: a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Diputados,
correspondiente a la LVIII Legislatura, le fue turnado para su estudio y dictamen, el
comunicado del Congreso del Estado de Jalisco, por el cual remite el acuerdo por el que se
solicita al Congreso de la Unión, su apoyo para que la Secretaría de Economía norme la
utilización de un sello inviolable en los cilindros del gas doméstico, presentado el 6
de marzo de 2002. Lo anterior, en ejercicio de la fracción III respectivamente del
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometió a la
consideración del honorable Congreso de la Unión.
La Comisión de
Comercio y Fomento Industrial de la LVIII Legislatura, con fundamento en los artículos 39
y 45 párrafo sexto inciso d, e y f,
así como en el tercero transitorio fracción IV inciso a de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94 del Reglamento Interior
para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis
del comunicado descrito al tenor de los siguientes
ANTECEDENTES
Primero. En
sesión celebrada en esta Cámara de Diputados, el día 6 de marzo de 2002, los
secretarios de la misma dieron cuenta al pleno del comunicado del Congreso del Estado de
Jalisco.
Segundo. El
Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: "túrnese a la
Comisión de Comercio y Fomento Industrial".
Tercero.
Mediante oficio número CCFI/001236/2002 de fecha 14 de marzo de 2002, se dio cuenta a los
integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial del contenido del mencionado
comunicado.
Cuarto. El
comunicado sostiene lo siguiente:
"El pasado
12 de enero del año en curso en la colonia San Pedro, en el municipio de Tlaquepaque, el
camión repartidor de cilindros de gas de la empresa Servicios Integrales en Gas sufrió
una explosión, (...)
Desafortunadamente
lo ocurrido en el municipio de Tlaquepaque fue producto del llamado ordeñamiento de los
cilindros de gas que realizan los repartidores para ganarse algunos pesos de más.
El citado fraude
no es más que el traspaso de un cilindro lleno a uno vacío, vendiendo ambos al
consumidor, por lo menos con la mitad del gas que debe contener el cilindro.
...
Es importante
que la Secretaría de Economía establezca, a través de una norma mexicana, la
obligación a las empresas distribuidoras de gas doméstico a utilizar un sello inviolable
alrededor de la válvula de los cilindros de gas (licuado de petróleo). Asimismo,
solicitarle al Congreso de la Unión que se legisle en esta materia al ser el gas
doméstico competencia de legislación federal."
CONSIDERANDOS
Primero. Con
base en los antecedentes indicados, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con las
atribuciones antes señaladas se abocó a dictaminar el comunicado de referencia.
Segundo. Que la
petición de instrumentar un sello inviolable en los cilindros portátiles contenedores de
gas licuado de petróleo (Gas LP) ha sido tema de discusión en pasadas legislaturas.
Tercero. Que a
la Comisión de Comercio de la LVII Legislatura, le fue turnada para su estudio y
dictamen, la iniciativa de reforma a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización,
presentada por el honorable Congreso del Estado de Chihuahua.
La iniciativa
tenía por objeto erradicar la "ordeña" o disminución del gas LP que es
distribuido en los cilindros o envases que los usuarios adquieren para esos efectos. Los
repartidores de gas LP realizan maniobras indebidas para sustraer parte del gas de los
cilindros, sustituyendo el contenido sustraído por agua.
El Congreso
proponente pretendía que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (ahora de
Economía) regulara y, en su caso, expidiera normas oficiales mexicanas en lo referente al
almacenamiento, transportación y distribución de gas LP, estableciendo la obligación de
todas las empresas que distribuyan y vendan el mencionado combustible, en el sentido de
establecer un mecanismo técnico o un sello inviolable, a fin de evitar la ordeña o
disminución injustificada del gas LP.
El Congreso del
Estado de Chihuahua propuso la reforma al artículo 13 de la Ley Federal de Metrología y
Normalización, para quedar como sigue:
“Artículo 13. Los recipientes que no siendo
instrumentos para medir, se destinen reiteradamente a contener o transportar materias
objeto de transacciones cuya masa se determine midiendo simultáneamente el recipiente y
la materia, deberán ostentar visible e indeblemente con carácteres legibles su tara, la
que podrá verificarse en la forma y lugares que fije la Secretaría; así también,
cuando su llenado reiterado y sistemático lo permita y requiera, deberán contar en cada
ocasión al llenado, con el sello de inviolabilidad que garantice la cantidad, cualidad y
calidad de la materia.
Sin embargo, la
Comisión de Comercio de la LVII Legislatura que dictaminó, consideró quedada la
generalidad del texto de la iniciativa de reforma que se proponía podría inducir a
absurdos no previsibles, así como por la falta eventual de su debida instrumentación
para su cumplimiento, por lo que se hizo necesario indicar que los sellos de referencia
serán exigibles en los términos que indique la Norma Oficial Mexicana
correspondiente.”
Cuarto. Que el
19 de mayo de 1999, se publicó en el Diario Oficial
de la Federación el decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley Federal
de Metrología y Nomalización, para quedar como sigue:
“Artículo 13. Los recipientes que, no siendo
instrumentos para medir, se destinen reiteradamente a contener o transportar materias
objeto de transacciones cuya masa se determine midiendo simultáneamente el recipiente y
la materia, deberán ostentar visible e indeleblemente con carac- teres legibles su tara,
la que podrá verificarse en la forma y lugares que fije la Secretaría; así también,
cuando su llenado reiterado y sistemático lo permita y requiera, previa expedición de la
Norma Oficial Mexicana que corresponda, deberán contar en cada ocasión al llenado, con
el sello de inviolabilidad que garantice la cantidad, cualidad y calidad de la
materia."
Quinto. Que el
artículo 13 de la Ley Federal de Metrología y Normalización, establece la necesidad de
que los recipientes que no sean instrumentos de medición pero que cuenten con sustancias
que no se puedan pesar o medir, cuenten con un sello con las características que
especifique la Norma Oficial Mexicana que para el efecto se expida.
Sexto. Que la
expedición de una Norma Oficial Mexicana que implemente el uso de un sello inviolable en
los cilindros portátiles de gas LP, terminaría definitivamente con la
"ordeña" de los cilindros que solamente erosiona la economía familiar, además
de poner en riesgo la vida de los repartidores y consumidores y realmente se atendería el
espíritu del decreto que reformó el artículo 13 de la Ley Federal de Metrología y
Normalización.
Séptimo. Que el
artículo 19 de la Ley Federal de Protección al Consumidor señala que la Secretaría de
Economía está facultada para expedir normas oficiales mexicanas respecto a la tolerancia
admitida en lo referente a peso y contenido de los productos ofrecidos en envases o
empaques, así como lo relativo a distribución y manejo de gas LP.
Octavo. Que el
sello de inviolabilidad en los cilindros de gas LP sugerido, no representa un incremento
ni siquiera considerable en el costo total del bien o servicio. Es más, algunos
distribuidores de gas LP, han puesto un sello de inviolabilidad de aluminio tipo
"corcholata" con una membrana de plástico en la válvula de salida del gas,
habiéndose observado que esta medida no repercute significativa- mente en el costo total
de los cilindros de gas LP.
Noveno. Los
diputados integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial reconocen la
problemática relativa a la "ordeña" de los cilindros portátiles contendores
de gas LP, para remediar esta situación, la que dictamina considera necesario el
establecimiento de una Norma Oficial Mexicana que garantice la cantidad y calidad de este
producto de primera necesidad que consumen millones de familias mexicanas.
RESULTANDOS
Primero. Con base en los considerandos vertidos en
el presente dictamen, se estima procedente la petición del honorable Congreso del Estado
de Jalisco.
Segundo. Los diputados integrantes de la Comisión
de Comercio y Fomento Industrial que dictaminan, exhortan al Poder Ejecutivo Federal para
que instruya a la Secretaría de Economía para que expida una Norma Oficial Mexicana, a
efecto de que los cilindros portátiles contenedores de gas licuado de petróleo tengan un
sello inviolable alrededor de la válvula de los cilindros.
Lo anterior, en
atención al decreto que reformó el artículo 13 de la Ley Federal de Metrología y
Normalización, aprobado por este honorable Congreso de la Unión y que fue publicado el
19 de mayo de 1999, en el Diario Oficial de la
Federación.
Tercero. Remítase el presente dictamen al
honorable Congreso del Estado de Jalisco, para su atención.
Cuarto. Archívese el presente asunto, como total
y definitivamente concluido.
Dado en Palacio
Legislativo.— San Lázaro, a 25 de septiembre de 2002.- Los diputados: Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, presidente; Ildefonso Guajardo Villarreal y Antonio Silva
Beltrán, secretarios; José Bañales Castro,
Orlando Alonso Agundis Flores, Moisés Alcalde Virgen, Jaime Salazar Silva, Francisco
Javier Ortiz Esquivel, María Teresa Tapia Bahena, Jorge Urdapilleta Núñez, Carlos
Nicolás Villegas Flores, Samuel Yoselevitz Fraustro, Rubén Benjamín Félix Hays, Adolfo
Zamora Cruz, Rafael Servín Maldonado, Gregorio Urías Germán y Norma Patricia Riojas Santana.»
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Está a
discusión el punto de acuerdo.
Se abre el
registro de oradores.
Consulte la
Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
En votación
económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de
acuerdo.
Los diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. ..
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Suficientemente
discutido.
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
En votación
económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.
Los diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados
que estén por la negativa., sírvanse manifestarlo. .. Aprobado.
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Comuníquese al Ejecutivo.
TARIFAS
TELEFONICAS
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.— Comisiones unidas de Comunicación y de Comercio y Fomento Industrial.
Honorable
Asamblea: a las comisiones de Comunicaciones y de Comercio y Fomento Industrial de la
Cámara de Diputados, correspondientes a la LVIII Legislatura, les fue turnada para su
estudio y dictamen, una proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados
turne a las comisiones de Comunicaciones y de Hacienda y Crédito Público, las demandas
de los habitantes del estado de Tabasco, así como toda la República Mexicana, en
relación a la reducción en el pago de tarifas telefónicas; para que en el ámbito de
sus atribuciones coadyuven a la pronta solución del problema, presentada el 31 de octubre
de 2001 por la diputada Adela del Carmen Graniel Campos, a nombre de los integrantes de
los grupos parlamentarios de los partidos: de la Revolución Democrática, Revolucionario
Institucional, Acción Nacional y del Trabajo, que en ejercicio de la fracción II del
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometió a la
consideración del honorable Congreso de la Unión.
Las comisiones
dictaminadoras, con fundamento en los artículos 39 y 45 párrafo sexto incisos d, e y f, así como en el tercero transitorio
fracción IV inciso a de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, se abocó al estudio y análisis del punto de acuerdo descrito, al tenor de los
siguientes
ANTECEDENTES
1. En sesión
celebrada en esta Cámara de Diputados, el día 31 de octubre de 2001, los secretarios de
la misma dieron cuenta al pleno del punto de acuerdo que presentó la diputada Adela del
Carmen Graniel Campos, a nombre de integrantes de los grupos parlamentarios de los
partidos: de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, Acción Nacional y
del Trabajo.
2. La
Presidencia de la Mesa Directiva, acordó dar el siguiente trámite "túrnese a las
comisiones de Comunicaciones y de Comercio y Fomento Industrial".
3. En sesión de
trabajo de la Comisión de Comunicaciones, celebrada el 8 de noviembre de 2001, se dio
cuenta a los integrantes de la comisión del contenido del mencionado punto de acuerdo.
4. En sesión de
trabajo de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, se dio cuenta a los integrantes
de la misma del contenido y alcance de la proposición citada en el proemio del presente
dictamen.
CONTENIDO DE LA PROPOSICION
1. El punto de
acuerdo establece que Teléfonos de México (Telmex) ha venido aumentando la renta del
servicio desde la privatización en diciembre de 1990.
2. Que
generalmente son llamadas cargadas a la cuenta del usuario sin haber sido efectuadas.
3. Que dada la
insuficiente cobertura de los servicios de telefonía, para muchos habitantes rurales
existe una situación de exclusión de este servicio.
4. Que se
gestiona ante las instancias competentes para que sea otorgada una reducción en el pago
de la renta telefónica y que se abrogue el servicio medido, con lo cual se permitirá que
los servicios de comunicaciones puedan ser accesibles a un mayor número de mexicanos.
CONSIDERANDOS
I. Con base en
los antecedentes indicados, las comisiones dictaminadoras, con las atribuciones antes
señaladas se abocaron a dictaminar el punto de acuerdo de referencia.
II. Que en el
pasado reciente, las telecomunicaciones han sido herramientas indispensables para apoyar
el desarrollo económico, político y social de las naciones. Hoy en día las modernas
telecomunicaciones se perfilan como un factor estratégico para aprovechar las ventajas y
oportunidades del mundo globalizado y satisfacer los bienes y servicios que se demandan.
III. Que en
México, la evolución de las telecomunicaciones se orientó hacia la privatización,
desregulación y el libre mercado.
IV. Que con
fecha 7 de junio de 1995, se publicó en el Diario
Oficial de la Federación, la Ley Federal de Telecomunicaciones que fijó el marco
regulatorio y jurídico de la liberalización y el desarrollo competitivo de los servicios
de telecomunicaciones: telefonía local y de larga distancia, telecomunicaciones móviles
y de vía satélite.
V. Que con fecha
9 de agosto de 1996, se publicó en el Diario
Oficial de la Federación, por parte del Ejecutivo Federal, la creación de la
Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), como órgano administrativo
desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con autonomía
técnica y operativa, confiriéndole las atribuciones necesarias para regular y promover
el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones.
VI. Que el
artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, establece que los concesionarios y
permisionarios fijarán libremente las tarifas de los servicios de telecomunicaciones en
términos que permitan la prestación de dichos servicios en condiciones satisfactorias de
calidad, competitividad, seguridad y permanencia.
VII. Que el
artículo 63 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, faculta a la SCT para establecer al
concesionario de redes públicas de telecomunicaciones, que tenga poder relevante
sustancial en el mercado de acuerdo a la Ley Federal de Competencia Económica;
obligaciones específicas relacionadas con tarifas, calidad de servicio e información.
VIII. Que con
fecha 1o. de julio de 1994 se publicó en el Diario
Oficial de la Federación, los lineamientos básicos de interconexión para los
operadores de redes públicas de larga distancia con objeto de celebrar contratos de
interconexión. Asimismo, se estableció que a partir del 1o. de enero de 1997 hasta el
2001 se abriría gradualmente el mercado de larga distancia.
IX. Que
actualmente existe una comisión especial constituida por miembros de la Cámara de
Diputados y Cámara de Senadores e integrantes de la SCT, así como un comité de
organizaciones gubernamentales y de iniciativa privada para revisar la Ley Federal de
Telecomunicaciones de 1995, a fin de actualizarla y proveer al mercado de las herramientas
necesarias para que la libre competencia sea el detonador para el desarrollo de las
telecomunicaciones en nuestro país.
X. Que en 1989,
el Gobierno mexicano emprendió el proceso de privatización de Telmex, que finalizó en
diciembre de 1990. Los nuevos concesionarios obtuvieron una concesión para explotar hasta
el 2026 los servicios de telefonía local y de larga distancia.
XI. Que entre
las obligaciones que adquirió Telmex como parte del título de concesión se encuentran
la de cumplir con el aumento sustancial de la cobertura telefónica, en términos de
crecimiento de poblaciones con servicio, metas de telefonía pública, la identificación
funcional de sus actividades, telefonía local, larga distancia nacional e internacional,
con una separación contable; la prohibición de prácticas monopólicas y de
discriminación, la obligación de ofrecer interconexión a nuevos operadores de
telecomunicaciones bajo el concepto de arquitectura abierta a la red y el control de los
precios de los servicios bajo un sistema de precios tope.
XII. Que Telmex
no ha cumplido con las obligaciones contenidas en el título de concesión:
En México, la
penetración del servicio telefónico medido a través de líneas residenciales es de
aproximadamente el 35%, nivel inferior en comparación a otros países latinoamericanos
como Argentina, Colombia, Costa Rica o Chile donde el 60% de los hogares cuenta con línea
telefónica.
El crecimiento
de la penetración del servicio telefónico en México desde la privatización de Telmex,
esto es, de 1990 a 1999 tuvo un crecimiento promedio anual del 4%, en cambio en Chile y
Perú se creció a un ritmo de más del 14%.
El 70% del
servicio telefónico se concentra en el Distrito Federal donde es más rentable, por el
contrario, en los estados de Chiapas y Oaxaca solamente el 12% de los hogares tienen este
servicio.
Telmex solamente
ha buscado el beneficio económico de la empresa y no el de la población mexicana; puesto
que por cada 100 habitantes del Distrito Federal existen 29 líneas telefónicas, en
cambio en los estados más desfavorecidos como Tabasco existen solamente tres líneas y en
Chiapas y Oaxaca tan sólo dos.
La cobertura del
servicio de telefonía rural ha sido llevado a cabo por la SCT, ya que de 1990 a 1999 el
programa de Telefonía Rural tuvo un crecimiento del orden del 60% como promedio anual, en
tanto Telmex, tuvo un ritmo de penetración del 16% en el mismo lapso de tiempo.
XIII. Que con
fecha 4 de diciembre de 1997, la Comisión Federal de Competencia (CFC), emitió una
declaratoria en el sentido de que Telmex es un agente económico con poder sustancial en
los mercados relevantes de telefonía básica local, de acceso, larga distancia nacional,
transporte interurbano y larga distancia internacional.
XIV. Que con
fecha 24 de abril de 1998, Telmex interpuso un recurso de reconsideración en contra de la
declaratoria emitida por la CFC del 4 diciembre de 1997.
XV. Que con
fecha 17 de julio de 1998, la CFC emitió la resolución en torno al recurso de
reconsideración interpuesto por Telmex y lo consideró procedente pero infundado. La CFC
sostuvo que el análisis, lejos de modificar la resolución impugnada lleva a confirmarla:
a) Con respecto
a los mercados relevantes, se hicieron las siguientes consideraciones:
• El
régimen regulatorio a que está sujeto Telmex no lo exime de la declaratoria de poder
sustancial en los mercados relevantes ni descarta la existencia del mismo.
• El
planteamiento. de Telmex en el sentido de distinguir los servicios residenciales de los
comerciales en los mercados relevantes, carece de fundamentación en términos de la
legislación de competencia. Asimismo, la argumentación del recurrente no aporta
elementos suficientes para separar el tráfico conmutado en un mercado relevante distinto
a los determinados por la autoridad.
• La
inclusión de los servicios celulares y PCS, así como de las redes de transmisión de TV
por cable en el mercado relevante de telefonía básica local es improcedente:
• La
asimilación del mercado relevante de transporte interurbano al mercado relevante de larga
distancia nacional, planteada por Telmex, desconoce entre otros aspectos, que el primero
es un servicio intermedio y el último un servicio final.
b) En relación
al poder sustancial sobre los mercados relevantes determinados en la resolución
impugnada, se reiteró que:
•
Telefonía básica local. Telmex tiene una participación cercana al 100%, misma que no
disminuirá significativamente en los próximos años. Además, debe reconocerse la
existencia de fuertes barreras de entrada a este mercado.
• Mercado
de acceso o interconexión. Telmex puede fijar los precios al controlar las tarifas de los
servicios complementarios y los enlaces. Además, este mercado no cuenta hoy en día con
competidores y presenta importantes barreras de entrada.
• Larga
distancia nacional. Telmex mantiene una alta participación de mercado, la cual en los
últimos meses registra una tendencia al alza. Asimismo, su integración vertical le
otorga importantes ventajas frente a sus competidores.
•
Transporte interurbano. La cobertura de la red de Telmex es nacional y enlaza todos los
grupos de servicio local. Aunado a esto, persisten importantes barreras económicas y
normativas a la expansión de las redes. Asimismo, Telmex tiene capacidad para fijar los
precios en este mercado.
• Larga
distancia internacional. La participación de mercado de Telmex se estima en el 75%,
contando además con la ventaja, de negociar las tarifas de liquidación de tráfico
internacional. No se ha encontrado que las telefónicas mexicanas reciban un trato
discriminatorio favorable de parte de sus socios extranjeros.
• Telmex
reconoce expresamente su poder sustancial en los mercados relevantes, confesión
suficiente para desvirtuar sus agravios. Al respecto en la página 66 del recurso de
reconsideración asevera... "las situaciones de hecho que se describen en la
resolución que se impugna existen desde antes de la entrada en vigor de las leyes de
Competencia y Telecomunicaciones. La SCT en su momento, dio por hecho que, en principio,
no existían condiciones de competencia efectiva en los mercados en los que Telmex
participa..."(sic).
XVI. Que de lo
anteriormente expuesto se puede concluir que Telmex es una empresa con poder sustancial en
los mercados relevantes y por tanto el Ejecutivo tiene con fundamento en el artículo 63
de la Ley Federal de Telecomunicaciones facultades suficientes para establecer
obligaciones específicas relacionadas con tarifas, calidad de servicio e información.
Por las
consideraciones anteriormente expuestas, las comisiones dictaminadoras proponen a esta
honorable soberanía los siguientes
RESULTANDOS
Primero. Que con base en los considerandos
decimotercero, decimoquinto y decimosexto, se considera procedente la petición expresada
por la diputada Adela del Carmen Graniel Campos.
Segundo. Notifíquese a la Presidencia de la Mesa
Directiva de esta Cámara de Diputados, para que se proceda a someter al pleno de esta
honorable Asamblea, la discusión y aprobación del punto de acuerdo y se exhorte a la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que con fundamento en el artículo 63 de la
Ley Federal de Telecomunicaciones, realice las acciones necesarias a fin de que la empresa
Telmex haga una disminución en las tarifas que actualmente cobra bajo los rubros de
"Renta del Servicio Telefónico" y "Servicio Medido" y dé, una mayor
claridad en el sistema de salidas de llamadas, dado que aparecen frecuentemente en los
recibos llamadas no realizadas, además de que en todos los estados y en cada línea, se
muestre a detalle en el recibo telefónico el cobro de cada rubro, lo anterior con el fin
de apoyar la economía familiar y permitir que cada día más mexicanos tengan acceso a
las telecomunicaciones.
Aunado a lo
anterior, esta comisión considera procedente que la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes verifique el cumplimiento de los compromisos señalados en la concesión
otorgada a la empresa Telmex, a efecto de que en un plazo no mayor a seis meses presente
una propuesta de acciones y trabajo, que se encaminen a incrementar el servicio
telefónico en los estados de Tabasco, Oaxaca y Chiapas a los niveles que observan las
demás entidades federativas, atendiendo a las circunstancias económicas y demanda que
imperen en esos estados.
En relación al
antecedente quinto del presente dictamen, se solicita a la Procuraduría Federal del
Consumidor que dé estricto seguimiento a las demandas de los usuarios y proceda en su
caso a imponer las sanciones que en derecho proceda, a fin de erradicar esta práctica
altamente demandada por la sociedad.
Tercero. Se exhorta a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a la
aplicación cabal del marco regulatorio a fin de hacer realidad un mercado competitivo en
el sector que permita la disminución efectiva de las tarifas y en su caso, sí el marco
regulatorio es insuficiente, que promueva y realice las medidas necesarias para asegurar
la competencia en el sector.
Cuarto. Se solicite a esa Secretaría de
Comunicaciones y Transportes que comunique a las comisiones dictaminadoras, de manera
formal, las acciones que tome, en cumplimiento del presente dictamen.
Atentamente.
Dado en Palacio
Legislativo.— San Lázaro, a 28 de agosto de 2002.— Comisión de Comunicaciones;
diputados: Jesús Orozco Alfaro, presidente; Alonso Ulloa Vélez y Alejandro García Sainz Arena, secretarios; César Horacio Duarte Jáquez, Javier García
González, Marcos Paulino López Mora, Roberto Preciado Cuevas, Orestes Eugenio Pérez
Cruz, Francisco Ramírez Cabrera, José Rivera Carranza, Arturo San Miguel Cantú, Martín
Hugo Solís Alatorre, José Ramón Soto Reséndiz, Víctor Manuel Ochoa Camposeco,
Bonifacio Castillo Cruz y Berta Alicia Simental
García.»
Comisión de
Comercio y Fomento Industrial; diputados: Diego
Hinojosa Aguerrevere, presidente; Jesús Mario
Garza Guevara e Ildefonso Guajardo Villarreal, secretarios;
José Bañales Castro, Orlando Alfonso García
Flores, Moisés Alcalde Virgen, José Ramón Mantilla y González de la Llave, Francisco
Javier Ortiz Esquivel, María Teresa Tapia Bahena, Jorge Urdapilleta Núñez, Carlos
Nicolás Villegas Flores, Samuel Yoselevitz Fraustro, María Luisa Domínguez Ramírez,
Jaime Hernández González, Hermilo Monroy Pérez, Miroslava García Suárez y Norma Patricia Riojas Santana.»
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Está a
discusión el punto de acuerdo.
Se abre el
registro de oradores.
Consulte la
Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
En votación
económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de
acuerdo.
Los diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Suficientemente discutido.
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
En votación
económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.
Los diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado.
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Comuníquese al Ejecutivo.
TRANSPORTISTAS
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.— Comisiones unidas de Transportes y de Comercio y Fomento Industrial.
Honorable
Asamblea: a las comisiones unidas de Transportes y de Comercio y Fomento Industrial,
correspondientes a la LVIII Legislatura, les fue turnada para su estudio y dictamen la
proposición con punto de acuerdo, para que se realicen los estudios económicos,
estadísticos y laborales necesarios que justifiquen la revisión del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, en relación al transporte, en beneficio del sector del
transporte mexicano, presentada el 29 de noviembre del año 2000, por el diputado Elías
Dip Rame, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y el diputado
Francisco Patiño Cardona, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, que en ejercicio de la fracción II del artículo 71 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometieron a la consideración del honorable
Congreso de la Unión.
Las comisiones
unidas de Transportes y de Comercio y Fomento Industrial de la LVIII Legislatura, con
fundamento en los artículos 39 y 45 párrafo sexto, incisos d, e y f, así como en el tercero transitorio fracción
IV, inciso a, de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94, del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
se abocaron al estudio y análisis del punto de acuerdo descrito, al tenor de los
siguientes
ANTECEDENTES
Primero. En
sesión celebrada en esta Cámara de Diputados, el día 29 de noviembre de 2000, los
secretarios de la misma, dieron cuenta al pleno de la proposición del punto de acuerdo
que presentaron el diputado Elías Dip Rame, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, y el diputado Francisco Patiño Cardona, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Segundo. El
Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: "túrnese a las
comisiones de Transportes y de Comercio y Fomento Industrial".
Tercero.
Mediante oficio CCFI/001263/2002 de fecha 25 de marzo de 2002, las comisiones de
Transportes y de Comercio y Fomento Industrial dieron a sus integrantes el contenido del
mencionado punto de acuerdo.
Cuarto. El punto
de acuerdo establece:
• Que la
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, ahora de Economía, autorizó la inversión
de capital 100% extranjero a las empresas de mensajería como DHL, Federal Express y UPS,
provocando desigualdad y desventajas en equipo y tecnología con las pequeñas empresas
mexicanas.
• Que
existe una protección ilegal e indebida de autoridades mexicanas, como lo son la Policía
Federal Preventiva y la Procuraduría General de la República, las cuales si llegaren a
detectar en empresas de mensajería estadounidenses, concretamente DHL, Federal Express,
UPS, un bulto con droga o cualquier tipo de contrabando, lo único que hace dicha
autoridad es decomisarla, dejando de inmediato el vehículo y al operador en libertad.
Este mismo caso, si se presenta en una unidad propiedad de mexicanos, es detenida la
unidad y se consigna a la persona a las autoridades correspondientes.
• Que el
"prestanombre" en el sector de carga es uno de los grandes problemas, ya que 40
empresarios por su crecimiento acelerado, presupone la existencia de ser
"presta-nombres", muchos de ellos pasaron de tener una flota de 20 o 25 camiones
viejos, a 150, 200 ó 300 tractores nuevos, inversiones cuantiosas en flamantes
terminales, lo cual abiertamente despierta la duda de la procedencia del capital.
• Que la
primera etapa del TLCAN, la cual consistía en que Estados Unidos y México abrirían sus
fronteras el 18 de diciembre de 1995, para que en materia de transporte pudieran iniciar
actividades en los estados fronterizos de ambos países. Situación que no ocurrió, por
así convenir a Estados Unidos ya que de acuerdo a las protestas del sindicato Teamsters
de dicho país, no dejaron circular a nuestros operadores mexicanos.
• Que con
base en el incumplimiento que se ha dado por parte de Estados Unidos, se abra el capítulo
del TLCAN en materia de transporte y se vea la forma legal de que éste quede fuera del
tratado, por así convenir a los intereses de Estados Unidos y de México o bien se aplace
hasta en tanto las condiciones de nuestro transporte sean similares a las de Estados
Unidos y Canadá, para que se dé una verdadera competencia, la cual para que sea justa
debe de darse entre iguales.
• Que por
lo anterior, se propone la realización de los estudios económicos, estadísticos y
laborales necesarios que justifiquen la revisión del TLCAN en el apartado relativo al
transporte en beneficio del sector del transporte mexicano.
Quinto. El día
29 de noviembre de 2000, se gira oficio al arquitecto Pedro Cerisola y Weber, secretario
de Comunicaciones y Transportes, a fin de proporcionar a las comisiones dictaminadoras,
información detallada sobre los permisos para operar de las empresas de mensajería,
paquetería de carga y especializada tales como DHL, Federal Express y UPS.
CONSIDERANDO
Primero. Con
base en los antecedentes indicados, las comisiones de Transportes y de Comercio y Fomento
Industrial, con las atribuciones antes señaladas se abocaron a dictaminar el punto de
acuerdo de referencia.
Segundo. Que el
día 11 de diciembre de 2000, por conducto del doctor Aarón Dychter Poltolarek,
subsecretario del ramo, informa a las comisiones de Transportes y de Comercio y Fomento
Industrial, sobre los permisos para operar las empresas de mensajería, paquetería, de
carga y especializada, tales como DHL, Federal Express y UPS.
El artículo 2o.
de la Ley de Caminos y Puentes y Autotransporte Federal publicada el 22 de diciembre de
1993, define al servicio de paquetería y mensajería como: "el porte de paquetes
debidamente envueltos y rotulados o con embalaje que permita su traslado y que se presta a
terceros en caminos de jurisdicción federal". Este servicio está clasificado en el
artículo 52 de la misma ley como servicios auxiliares al autotransporte federal, mismos
que están definidos en el artículo 2o., como "los que sin formar parte del
autotransporte federal de pasajeros, turismo o carga, complementan su operación y
explotación".
El artículo 4o.
de la Ley de Inversión Extranjera publicada el 27 de diciembre de 1993, y reformada el 24
de diciembre de 1996, establece que "la inversión extranjera podrá participar en
cualquier proporción en el capital social de sociedades mexicanas, adquirir activos
fijos, ingresar a nuevos campos de actividad económica o fabricar nuevas líneas de
productos, abrir y operar establecimientos y ampliar o relocalizar los ya existentes,
salvo por lo dispuesto en esta ley".
Las reglas sobre
la participación sobre inversión extranjera en las actividades del sector financiero
contempladas en esta ley, se aplicarán sin perjuicio de lo que establezcan las leyes
específicas para esas actividades.
Para efectos de
determinar el porcentaje de inversión extranjera en las actividades económicas sujetas a
límites máximos de participación, no se computará la inversión extranjera que, de
manera directa, sea realizada en dichas actividades a través de sociedades mexicanas con
mayoría de capital mexicano, siempre que estas últimas no se encuentren controladas por
la inversión extranjera.
El artículo 6o.
de la misma ley señala que "las actividades económicas y sociedades que se
mencionan a continuación, están reservadas de manera exclusiva a mexicanos o a
sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros: 1. Transporte terrestre
nacional de pasajeros, turismo y carga sin incluir los servicios de mensajería y
paquetería". El artículo 7o., relativo a las actividades y adquisiciones con
regulación específica, no incluye los servicios de paquetería y mensajería dentro de
las actividades económicas y sociedades que sólo pueden participar en porcentajes de
hasta el 49% y estos servicios tampoco están considerados en el artículo 8o. en el que
se establece que se requiere resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones
Extranjeras para que la inversión extranjera participe en un porcentaje mayor al 49%.
Con base en
estos ordenamientos jurídicos en las empresas de paquetería y mensajería que operan en
México puede haber hasta un 100% de inversión extranjera.
Por su parte, el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el Anexo 1 de reservas en relación
con medidas existentes y compromisos de liberalización al describir los servicios
transfronterizos, establece que sólo los nacionales mexicanos y las empresas mexicanas
con cláusulas de exclusión de extranjeros, utilizando equipo registrado en México, que
haya sido construido en México o legalmente importado y con conductores que sean
nacionales mexicanos, podrán obtener permiso para prestar servicios de camión o autobús
para transportar bienes o pasajeros entre dos puntos en el territorio de México. En lo
relativo a la inversión los inversionistas de otra parte o sus inversiones no podrán
participar, directa o indirectamente en empresas establecidas o por establecerse en el
territorio de México para prestar los servicios de transporte de camión o autobús.
En relación con
lo anterior, al contar las empresas mexicanas de paquetería y mensajería con
autorizaciones de inversión extranjera de hasta el 100% y al considerarse a la
paquetería y mensajería como el porte de paquetes y al mismo tiempo como un servicio
complementario del autotransporte federal, se hace necesario distinguir entre la carga
nacional (cabotaje) y la paquetería, pues la primera sólo puede ser prestada por
empresas mexicanas. Esta situación no se presenta en ninguna otra parte del mundo y ha
hecho difícil hasta la fecha consolidar la regulación a que se refiere el artículo 58
de la ley señalada con los principales interesados que participan en la actividad de la
paquetería y mensajería, tanto empresas nacionales como extranjeras. El consenso que se
pretende es sobre las especificaciones del vehículo y el peso, las dimensiones y la
consolidación de la paquetería. Tampoco ha sido posible reconocer la práctica vigente,
dado que no se han emitido permisos para dar estos servicios en las carreteras federales.
Los empresarios
mexicanos consideran que la paquetería y mensajería es un servicio auxiliar y
complementario del autotransporte y por consiguiente no están de acuerdo en que la
diferencia entre carga y paquetería sea el vehículo, el tamaño y el peso del paquete o
la consolidación de la carga.
Por su parte los
autotransportistas de paquetería con inversión extranjera insisten en que se les
autoricen los permisos de paquetería que fija la ley en cualquier tamaño de vehículo,
cualquier peso y dimensión de paquete y consolidación total, lo cual equivaldría a que
se les diera un permiso de autotransporte federal de carga. A la fecha no se han dado
permisos de paquetería y mensajería a las empresas de paquetería con inversión
nacional o extranjera para circular en carreteras federales con vehículos propios de más
de cuatro toneladas.
En general las
empresas con inversión extranjera tales como DHL, Federal Express y UPS, utilizan los
servicios de autotransporte de carga o de pasajeros para transportar sus paquetes en
carreteras federales. Sin embargo, en operativos de inspección se han detenido algunos
vehículos de paquetería con placas estatales que circulan sin permisos federales
alegando que lo hacen en base a un decreto secretarial emitido en 1991, que permitía a
los vehículos de carga de menos de cuatro toneladas circular sin permiso de
autotransporte federal en carreteras federales, el cual quedó derogado al publicarse la
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
Finalmente, la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del subsecretario Aarón Dychter
Poltolarek, expresa la necesidad de emitir una regulación para los servicios de
paquetería y mensajería que atienda de manera simultánea los siguientes objetivos:
Promover la
creación de empresas de paquetería y mensajería.
Definir a los
servicios de paquetería y mensajería, para distinguirlos de los de carga, conforme a la
legislación del autotransporte y los tratados internacionales.
Dar seguridad
jurídica a la inversión extranjera en empresas de paquetería y mensajería, en
cumplimiento a la Ley de Inversión Extranjera.
Segundo. Los
integrantes de las comisiones de Transportes y de Comercio y Fomento Industrial, estiman
que la problemática derivada de la inversión extranjera en su dualidad de neutra en
empresas de mensajería, paquetería, de carga y especializada, tales como DHL, Federal
Express y UPS, no viola ningún dispositivo legal en la materia, en razón de:
Que el artículo
6o. último párrafo, de la Ley de Inversión Extranjera establece claramente la
participación de las sociedades extranjeras en el transporte terrestre nacional de
pasajeros, turismo y carga, pues, al señalar que ...salvo por lo dispuesto en el Título
Quinto de la propia ley, nos remite a la figura de la inversión neutra, por lo que las
actividades económicas y las sociedades a que hace alusión el artículo no son meramente
reservadas ni exclusivas a mexicanos o a sociedades mexicanas.
Ahora bien, los
artículos 18, 19, 20 y 22 de la Ley de Inversión Extranjera establecen que la inversión
extranjera podrá participar en cualquier proporción en el capital social de sociedades
mexicanas, adquirir activos fijos, ingresos a nuevos campos de actividad económica o
fabricar nuevas líneas de productos, abrir y operar establecimientos y ampliar o
relocalizar los ya existentes, siempre y cuando no se trate de actividades económicas
restringidas expresamente por la Ley de Inversión Extranjera, en lo sucesivo (LIE), por
encontrarse reservadas exclusivamente al Estado, reservadas a mexicanos o tener una
participación limitada de inversión extranjera.
Es decir, el
artículo 18 de la Ley de Inversión Extranjera define a la inversión neutra como aquella
realizada en sociedades mexicanas o en fideicomisos autorizados que no se computa para
determinar el porcentaje de inversión extranjera en el capital social de sociedades
mexicanas. Para que proceda la inversión neutra, es necesario obtener autorización por
parte de la Secretaría de Economía y se documenta en instrumentos de inversión neutra
que únicamente otorgarán a sus tenedores, respecto de sociedades, derechos pecuniarios
y, en su caso, derechos corporativos limitados, sin que concedan a sus tenedores derechos
de voto en sus asambleas generales ordinarias, tal como lo señaló la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes en el informe que rindió a las comisiones que suscriben el
presente dictamen.
Cabe destacar,
que el Capítulo XL del TLC reviste una gran importancia, ya que está interrelacionado
prácticamente con el resto de los capítulos del TLC. Es posible sintetizar los objetivos
que se persiguieron por México en tres grandes rubros: crear un clima atractivo para el
capital foráneo; mantener las áreas estratégicas reservadas al Estado; obtener para los
inversionistas mexicanos los mismos derechos que se otorgarían a los inversionistas
extranjeros en México. Los tres objetivos planteados con anterioridad están reflejados
en el texto y responden a las necesidades de brindar un entorno competitivo a la
inversión extranjera con apego a nuestro marco constitucional. Sin embargo, las partes en
el TLC se reservaron algunas áreas donde puede ponerse en tela de juicio la reciprocidad
de derechos.
Todo régimen
jurídico en materia de inversión extranjera tiene como una de sus funciones contribuir a
que ésta genere aportaciones positivas para el país, pero desafortunadamente, su
regulación no constituye el único elemento y ni siquiera el fundamental para conseguir
tal propósito, ya que ello depende sobre todo de las condiciones de mercado y de un
conjunto de políticas económicas que fijen las autoridades.
Esto no
significa que el régimen jurídico en materia de inversión extranjera carezca de
influencia en el comportamiento de ésta. La tiene y de manera considerable, pero es sólo
una de las variables que toman en cuenta los inversionistas potenciales. La función
principal de la regulación de la inversión extranjera consiste en dotar de seguridad
jurídica a los inversionistas nacionales y extranjeros.
Tercero. Las
comisiones de Transportes y de Comercio y Fomento Industrial, estiman que no existe
ilegalidad alguna sobre los permisos para operar las empresas de mensajería, paquetería,
de carga y especializada, tales como: DHL, Federal Express y UPS.
Cuarto. En
cuanto a la necesidad de investigar las presuntas protecciones a transportistas
extranjeros por autoridades mexicanas y los llamados "presta nombres" dentro del
sector del transporte Federal y de realizar los estudios económicos, estadísticos y
laborales encaminados a la inversión extranjera en empresas de mensajería, paquetería y
de carga, estas comisiones que suscriben el presente dictamen, estiman necesario realizar
la investigación correspondiente y los estudios aludidos, a fin de allegarse de la
información necesaria y hacer del conocimiento de las autoridades competentes.
RESULTANDO
Primero. Que con base en los considerandos se
estima procedente la petición expresada por el diputado Elías Dip Rame y el diputado
Francisco Patiño Cardona.
Segundo. Los miembros integrantes de las
comisiones de Transportes y de Comercio y Fomento Industrial exhortan a la subcomisión de
Transporte Multimodal y Seguridad de la Comisión de Transportes para que realicen la
investigación sobre las presuntas protecciones a transportistas extranjeros por
autoridades mexicanas y los llamados "presta nombres" dentro del sector del
transporte federal y que se elaboren los estudios económicos, estadísticos y laborales
encaminados a la inversión extranjera en empresas de mensajería, paquetería y de carga,
a fin de allegarse de la información necesaria y hacer del conocimiento de las
autoridades competentes, a efecto de que procedan a imponer las sanciones que conforme a
derecho procedan.
Tercero. Que se informe a esta soberanía sobre
los resultados de lo anterior.
Palacio
Legislativo.— San Lázaro, a 4 de septiembre de 2002.— Diputados integrantes de
la Comisión de Transportes: Juan Manuel Duarte
Dávila (rúbrica), presidente; Raúl Cervantes
Andrade, secretario; Elías Dip Rame,
secretario; Orestes Eugenio Pérez Cruz
(rúbrica), secretario; José Rodolfo Escudero
Barrera, secretario; Esteban Sotelo Salgado (rúbrica),
Francisco Raúl Ramírez Avila (rúbrica), José Tomás Lozano y Pardinas (rúbrica), Francisco Patiño Cardona (rúbrica), Arturo B. de la Garza Tijerina, Gustavo Alonso Donis
García (rúbrica), Ismael Estrada Colín (rúbrica),
Edgar Consejo Flores Galván, José de Jesús Orozco
Alfaro, Manuel Payán Novoa, José Soto Martínez, Jesús Adelfo Taracena Martínez,
Adolfo Zamora Cruz, José Ramón Soto Reséndiz (rúbrica), Emilio Goicoechea Luna, Alonso Ulloa Vélez
(rúbrica), Arturo San Miguel Cantú (rúbrica),
Jaime Mantecón Rojo, Emilio Ulloa Pérez (rúbrica),
Mercedes Hernández Rojas (rúbrica), Alejandro Gutiérrez Gutiérrez (rúbrica), Noé Navarrete González (rúbrica), Víctor Manuel Ochoa Camposeco (rúbrica).
Diputados
integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial: Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere (rúbrica),
presidente; José Ramón Mantilla y González de
la Llave (rúbrica), secretario; Ildefonso
Guajardo Villarreal (rúbrica), secretario; Antonio
Silva Beltrán (rúbrica), secretario; Francisco
Agundis Arias (rúbrica), secretario; José
Bañales Castro (rúbrica), Orlando García
Flores (rúbrica), Sergio García Sepúlveda,
Moisés Alcalde Virgen (rúbrica), Jaime
Salazar Silva (rúbrica), Francisco Javier Ortiz
Esquivel (rúbrica), María Teresa Tapia Bahena
(rúbrica), Jorge Urdapilleta Núñez
(rúbrica), Carlos Nicolás Villegas Flores (rúbrica),
Manuel Yoselevitz Fraustro (rúbrica), Miguel Castro Sánchez, Elías Dip Rame (rúbrica),
María Luisa Domínguez Ramírez (rúbrica), Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica), Jaime Hernández González, Julián Luzanilla
Contreras (rúbrica), Hermilo Monroy Pérez
(rúbrica), Manuel Payán Novoa, Roberto Ruiz
Angeles, Jorge Schettino Pérez, Adolfo Zamora Cruz, Miroslava García Suárez (rúbrica),
Rafael Servín Maldonado (rúbrica), Gregorio Urías Germán y Norma Patricia Riojas Santana (rúbrica).
»
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Está a
discusión el punto de acuerdo.
Se abre el
registro de oradores.
Consulte la
Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
En votación
económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de
acuerdo.
Los diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Suficientemente
discutido.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
En votación
económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.
Los diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Aprobado.
ESTADO
DE JALISCO
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.— Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transportes.
Honorable
Asamblea: en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 39, 45 punto cinco, inciso e de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, 58, 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, turnó a las comisiones de
Comunicaciones y de Transportes para su estudio y dictamen la proposición con punto de
acuerdo respecto a la problemática que enfrentan los usuarios del servicio telefónico en
las comunidades de Tonalá, El Salto, Juanacatlán y Zapotlanejo, Jalisco, para ser
incorporados al servicio telefónico local del área metropolitana de Guadalajara,
presentada por el diputado Jaime Aceves Pérez, a nombre de diputados integrantes del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el 30 de abril de 2001.
Revisada,
discutida y analizada la proposición con punto de acuerdo de referencia, las comisiones
dictaminadoras en ejercicio de las facultades que le confiere los artículos 39, 40 punto
dos inciso b 45 punto cinco, inciso e y demás
concordantes de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;
así como los artículos 58, 60, 87, 88 y demás aplicables, del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a
consideración y, en su caso, aprobación de los integrantes de esta honorable Asamblea,
el presente dictamen de conformidad con los siguientes:
I. Antecedentes
1. En sesión de
esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, celebrada el día 30 de
abril de 2001, se presentó la proposición con punto de acuerdo respecto a la
problemática que enfrentan los usuarios del servicio telefónico en las comunidades de
Tonalá, El Salto, Juanacatlán y Zapotlanejo, Jalisco, para ser incorporados al servicio
telefónico local del área metropolitana de Guadalajara, presentada por el diputado Jaime
Aceves Pérez, a nombre de diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional.
2. En la misma
fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva ordenó el turno de la proposición a las
comisiones unidas de Comunicaciones y de Transportes, para su estudio y dictamen
correspondiente.
3. Para su
estudio y dictamen, las comisiones unidas llevaron a cabo las siguientes actividades:
a. Se entregó
copia de la proposición con punto de acuerdo en comento a los integrantes de las
comisiones para su análisis y observaciones.
b. Con fecha 9
de mayo de 2001, la Comisión de Comunicaciones solicitó la opinión técnica
especializada del asunto materia del presente dictamen, a la Comisión Federal de
Telecomunicaciones (Cofetel).
c. Con fecha 21
de febrero de 2002, la Cofetel rinde informe técnico a la Comisión de Comunicaciones,
respecto a la proposición objeto de estudio.
d. En reunión
de trabajo de las comisiones dictaminadoras, se analizó el contenido y alcances de la
proposición con punto de acuerdo. De las opiniones realizadas por los diputados
integrantes de las comisiones dictaminadoras, se analizó y discutió la pertinencia de
considerar algunos de los planteamientos realizados, mismos que se tomaron en
consideración para la elaboración del presente dictamen.
4. En reunión
de trabajo los integrantes de las comisiones dictaminadoras conocieron, discutieron y
votaron el proyecto de dictamen que hoy se pone a consideración de esta honorable
Asamblea, para su discusión y resolución constitucional.
II. Contenido de
la proposición
En la
exposición de motivos, el legislador afirma que el adecuado desarrollo de la
infraestructura en las telecomunicaciones constituye uno de los factores fundamentales
para impulsar el crecimiento económico, la integración nacional y el desarrollo social.
Agrega que, en
consecuencia es indispensable mejorar la calidad, acceso, eficiencia e integración de los
diferentes servicios de telecomunicaciones, particularmente la de la telefonía,
incorporando el uso de telefonía de punta, a fin de apoyar la competitividad y
productividad de la economía.
El legislador
expone que la población de Puente Grande, municipio de Tonalá y los municipios de El
Salto, Juanacatlán y Zapotlanejo, integran la zona conurbada de la ciudad de Guadalajara
y comparten con ésta un mercado común, lo que genera importantes niveles de desarrollo
económico, político y social. Afirma que este crecimiento depende de manera
significativa de las comunicaciones.
En conclusión
propone que se recomiende a la Cofetel, analice la posibilidad de incorporar al municipio
de Zapotlanejo al área 118; se solicite a la Cofetel estudie y analice la viabilidad de
adelantar la consolidación, al área de servicio telefónico local de los municipios de
El Salto, Juanacatlán, Zapotlanejo y el poblado de Puente Grande, municipio de Tonalá.
III.
Consideraciones
Las comisiones
dictaminadoras coinciden con los argumentos expresados en la proposición en estudio,
particularmente, lo relativo a la importancia de las telecomunicaciones para el desarrollo
social y nacional.
Asimismo, en el
marco de los trabajos de revisión integral de la Ley Federal de Telecomunicaciones, que
realiza la Conferencia Parlamentaria en materia de Telecomunicaciones, compuesta por
legisladores integrantes de las comisiones de Comunicaciones de la Cámara de Diputados y
de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República, se han adoptado 10 principios
que rigen el espíritu de los trabajos mencionados y el primero de ellos se refiere
precisamente a la idea de promover el incremento de la teledensidad, penetración y de la
conectividad incluyendo la cobertura a la población rural y urbana con menores ingresos.
La telefonía y el Internet serán servicios básicos para la sociedad.
En consecuencia,
las comisiones dictaminadoras coinciden con el propósito externado en la proposición con
punto de acuerdo en estudio, toda vez que la consolidación del área de los municipios de
El Salto, Juanacatlán, Zapotlanejo y el poblado de Puente Grande, municipio de Tonalá,
conforme a la tarifa de servicio local de la zona metropolitana de Guadalajara,
permitiría ampliar la teledensidad, penetración y conectividad de los ciudadanos del
estado de Jalisco.
Asimismo, de la
información proporcionada por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), se
desprende que ese organismo, durante la elaboración del calendario de consolidación,
prevé que las fechas establecidas representan un margen de tiempo máximo para llevar a
cabo las integraciones correspondientes, por lo que las llamadas telefónicas realizadas
entre El Salto, Juanacatlán, Tonalá y Guadalajara podrán ser efectuadas mediante la
marcación de los ocho dígitos del número local en el momento en que, en función de los
esfuerzos que deberán realizarse por parte de los concesionarios involucrados, los
trabajos de actualización en sus redes se den por concluidos.
Adicionalmente,
informa que por parte de ese organismo no existe ningún impedimento legal para que, en
caso de que las condiciones técnicas así lo permitan, un área de servicio local se
consolide total o parcialmente antes de la fecha establecida en el calendario publicado,
siempre y cuando se notifique a la Cofetel con dos meses de anticipación.
En consecuencia,
las comisiones dictaminadoras consideran que es viable la proposición con punto de
acuerdo presentada por el diputado Jaime Aceves Pérez, por lo que resuelven de
conformidad a su petición.
En atención a
todas las consideraciones que se han expresado en el cuerpo del presente dictamen los
suscritos, miembros de las comisiones dictaminadoras con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 39, 40 inciso b, 45, punto cinco,
inciso e y demás concordantes de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58, 60, 87, 88 y
demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la aprobación de esta alta tribuna se
dictamine en el siguiente sentido:
Primero. Se exhorta a la Comisión Federal de
Telecomunicaciones, organismo desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, analice la posibilidad de incorporar el municipio de Zapotlanejo, Jalisco, al
área 118; asimismo, revise y estudie la posibilidad de incorporar al área de servicio
local de la zona metropolitana de Guadalajara a los municipios de El Salto, Juanacatlán,
Zapotlanejo y el poblado de Puente Grande, municipio de Tonalá.
Segundo. Se solicita a la Comisión Federal de
Telecomunicaciones, estudie y analice la viabilidad de concretar la consolidación del
área de servicio telefónico local de los municipios de El Salto, Juanacatlán,
Zapotlanejo y el poblado de Puente Grande, municipio de Tonalá.
Tercero. Con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las
comisiones dictaminadoras solicitan a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, informe
de las acciones que se realicen para dar cumplimiento a los puntos primero y segundo,
aprobados por esta soberanía.
Cuarto. Se determine como asunto concluido y se
ordene el archivo del presente asunto.
Atentamente.
Palacio
Legislativo.— San Lázaro, a 29 de abril de 2002.— Diputados: Comisión de
Comunicaciones: Jesús Orozco Alfaro (PRI), presidente, rúbrica; Bulmaro Rito Salinas (PRI), secretario, rúbrica; Emilio R. Goicoechea Luna (PAN), secretario; Alonso Ulloa Vélez (PAN), secretario; Alejandro García Sainz Arena (PVEM), secretario, rúbrica; Edilberto Jesús Buenfil Montalvo (PRI),
rúbrica; Gustavo Carvajal Moreno (PRI), rúbrica; José Gerardo de la Riva Pinal (PRI),
rúbrica; César Horacio Duarte Jáquez (PRI), rúbrica; Omar Fayad Meneses (PRI); Javier
García González (PRI), rúbrica; Jaime Arturo Larrazábal Bretón (PRI), rúbrica;
Marcos Paulino López Mora (PRI), rúbrica; Roberto Preciado Cuevas (PRI), rúbrica; Jorge
Carlos Ramírez Marín (PRI), rúbrica; Francisco Javier Sánchez Campuzano (PRI),
rúbrica; Manuel Castro y del Valle (PAN), rúbrica; Tereso Martínez Aldana (PAN); Noé
Navarrete González (PAN); Orestes Eugenio Pérez Cruz (PAN), rúbrica; Francisco Ramírez
Cabrera (PAN), rúbrica; José Rivera Carranza (PAN); Arturo San Miguel Cantú (PAN);
Martín Hugo Solís Alatorre (PAN); José Ramón Soto Reséndiz (PAN); Felipe Velasco
Monroy (PAN); Víctor Manuel O. Camposeco (PRD), rúbrica; Bonifacio Castillo Cruz (PRD);
Enrique Herrera y Bruquetas (PRD); Bertha Alicia Simental García (PSN), rúbrica. Palacio
Legislativo.— San Lázaro, a 27 de agosto de 2002.— Por la Comisión de
Transportes: Juan Manuel Duarte Dávila (PAN), presidente, rúbrica; Raúl Cervantes Andrade (PRI), secretario; Elías Dip Rame (PRI), secretario; Orestes Eugenio Pérez Cruz (PAN), secretario, rúbrica; José Rodolfo Barrera Escudero (PVEM), secretario, rúbrica; Salvador Cosío Gaona (PRI); Arturo
Bonifacio de la Garza Tijerina (PRI); Gustavo Alonso Donis García (PRI), rúbrica; Ismael
Estrada Colín (PRI), rúbrica; Edgar Consejo Flores Galván (PRI); Alonso Ulloa Vélez
(PAN), rúbrica; Emilio Rafael Goicoechea Luna (PAN); Alejandro Enrique Gutiérrez
Gutiérrez (PAN), rúbrica; Mercedes Hernández Rojas (PAN), rúbrica; José Tomás Lozano
Pardinas (PAN), rúbrica; Jaime Mantecón Rojo (PRI); Noé Navarrete González (PAN),
rúbrica; Jesús Orozco Alfaro (PRI); Francisco Patiño Cardona (PRD), rúbrica; Manuel
Payán Novoa (PAN); Francisco Raúl Ramírez Avila (PAN), rúbrica; Arturo San Miguel
Cantú (PAN), rúbrica; Esteban Sotelo Salgado (PAN), rúbrica; José Soto Martínez
(PRI); José Ramón Soto Reséndiz (PAN), rúbrica; Jesús Adelfo Taracena Martínez
(PRI); Emilio Ulloa Pérez (PRD), rúbrica; Adolfo Zamora Cruz (PRI), Víctor Manuel O.
Camposeco (PRD), rúbrica.»
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Está a
discusión el punto de acuerdo. Se abre el registro de oradores.
Consulte la
Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista:
Los diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Suficientemente discutido.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
En votación
económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.
Los diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Aprobado. Comuníquese al
Ejecutivo.
AUTOPISTAS
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.— Comisiones unidas de Comunicaciones y de Transportes.
Honorable
Asamblea: a las comisiones unidas de Comunicaciones y de Transportes de la Cámara de
Diputados, correspondientes a la LVIII Legislatura, les fue turnado para su estudio y
dictamen el acuerdo parlamentario por el que se pronuncia en contra del incremento del
4.5% a las tarifas de peaje en las autopistas del país, particularmente en la del Sol,
que remite el Congreso del Estado de Guerrero, presentada el 13 de febrero del año 2002.
Por lo anterior,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 párrafo tercero y 45, párrafo sexto
incisos e y f de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 60, 65, 87, 88 y demás relativos y
aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable Asamblea el presente
dictamen, a partir de los siguientes
I. Antecedentes.
1. En sesión
celebrada el día 17 de enero de 2002, por el pleno de la LVI Legislatura del honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, tuvo a bien aprobar el acuerdo
parlamentario por medio del cual se pronuncian en contra del incremento del 4.5% a las
tarifas de peaje en las autopistas del país, particularmente en la autopista del Sol,
implementado por el Gobierno Federal.
2. En sesión
celebrada en fecha 13 de febrero de 2002, por la Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión, se dio cuenta del oficio del Congreso del Estado de Guerrero, por
el que remite el acuerdo parlamentario citado en el proemio del presente dictamen. La
Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite: "túrnese a las
comisiones de Comunicaciones y de Transportes de la Cámara de Diputados y de
Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores", el acuerdo parlamentario
que nos ocupa, a efecto de que se elabore el dictamen correspondiente.
3. Los miembros
integrantes de las comisiones unidas de Comunicaciones y de Transportes de la
Cámara de Diputados, correspondientes a la LVIII Legislatura, procedieron al estudio del
acuerdo parlamentario en cuestión, habiendo efectuado múltiples razonamientos sobre la
aplicación de los conceptos contenidos en la proposición que se discute, sobre la base
del siguiente
II. Contenido
del acuerdo parlamentario.
Afirman los
legisladores del Congreso del Estado de Guerrero que el turismo constituye una actividad
económica esencial para el desarrollo del estado de Guerrero, ya que aproximadamente 70%
de los ingresos estatales son generados por la actividad turística.
Que los
guerrerenses tienen la ineludible obligación de fortalecer e impulsar sus principales
destinos turísticos, asumiendo con iniciativa y responsabilidad los retos de la
crea-ción de competitividad nacional e internacional, llevando a cabo acciones para
promover la afluencia de visitantes, expandir las vías de acceso a sus destinos, mejorar
sus servicios, acrecentar el profesionalismo de los servidores turísticos y arraigar
inversiones privadas para ampliar su estructura inmobiliaria.
Que los
legisladores tienen conocimiento de que el Gobierno Federal insensiblemente ha autorizado
un aumento de 4.5% en las cuotas de peaje por el uso de autopistas en la República
Mexicana, particularmente en la Autopista del Sol, que vino a convertir al puerto de
Acapulco de un destino de temporada a un destino de fin de semana, además de suspender el
programa piloto de descuento que venía aplicando de lunes a viernes el organismo Caminos
y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), lo que da como resultado un
incremento real superior al 20%. Lo anterior hace prácticamente imposible que sean
utilizadas por la mayor parte de la ciudadanía, dada la precaria situación económica
que prevalece en nuestro país. Agregan que las autoridades manifiestan que dicho
incremento se justifica bajo el argumento de recuperar gastos de mantenimiento.
Aseguran que
Guerrero, por el hecho de ser un estado eminentemente turístico, actividad que le genera
la mayor cantidad de ingresos, consideran que el citado incremento en las cuotas por el
uso de la autopista viene a repercutir de manera negativa en la economía de los
vacacionistas que los visitan, toda vez que minaría en 10% la afluencia del turismo tanto
nacional como internacional que arriba por vía terrestre, lo que repercutiría por otra
parte en el hecho de cerrar varias fuentes de empleo para la ciudadanía guerrerense y en
particular del turismo de Acapulco.
Que no obstante
que cuentan con la supercarretera, hasta la fecha no ha sido posible incrementar la
afluencia turística sino que, por el contrario, inhibe el incremento de ésta, dado el
elevado costo de sus tarifas, aumentos que no redundan en el mejoramiento del servicio y
que gozan de la desa-probación de los sujetos actuantes de esta industria turística en
Acapulco, en virtud de que hace de esta autopista la más cara del país, después de la
México-Toluca, ya que el viaje redondo México-Acapulco tendrá un costo de $940.00, más
la gasolina que requiera el vehículo.
Manifiestan que
esta medida no sólo desalienta la afluencia turística sino que parte de una percepción
equivocada en el diseño de las políticas económicas que fortalezcan a las entidades
federativas, desvalorando sus potencialidades y ventajas comparativas.
Afirman que el
aumento de las tarifas en la autopista no sólo afecta el turismo sino la economía del
puerto de Acapulco, en cuanto a la distribución de productos que igualmente se verá
afectada.
Que los
legisladores integrantes del Congreso del Estado, en su carácter de representantes
populares y tomando en consideración su responsabilidad de vigilar el ejercicio del
poder, tiene la facultad de exigir a los gobiernos Federal y estatal la búsqueda de
acuerdos para el desarrollo turístico del estado en las mejores condiciones,
requiriéndose para el caso específico las cuotas de peaje, la implementación de
descuentos permanentes para aumentar la afluencia turística por vía terrestre y no
incrementar sus costos.
Concluyen
manifestando que la LVI Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Guerrero se pronuncia en contra del incremento del 4.5% a las tarifas de peaje en las
autopistas del país, particularmente en la Autopista del Sol, implementado por el
Gobierno Federal, en virtud de que dicha medida no sólo disminuirá considerablemente la
afluencia turística de visitantes provenientes de diversos puntos de la República
Mexicana, especialmente de la Ciudad de México, al puerto de Acapulco sino que impactará
negativamente en la economía del estado, además de representar un retroceso en el
diseño en conjunto de políticas que permitan fortalecer el sector turístico, que
constituye la rama económica fundamental del estado de Guerrero.
Con base en los
antecedentes y contenido de la proposición antes expuestos, los miembros de las
comisiones unidas de Comunicaciones y de Transportes, quienes suscribimos el presente
dictamen exponemos los siguientes
III.
Considerandos.
Los integrantes
de las comisiones dictaminadoras hemos estudiado el contenido y alcances del dictamen
conjunto al acuerdo parlamentario presentado por el Congreso del Estado de Guerrero, por
el que se pronuncian en contra del incremento a las tarifas de peaje de los servicios que
presta Caminos y Puentes Federales en la Autopista del Sol y solicita se reduzcan en 50%,
presentado el 7 de febrero del año 2001, así como a la proposición con punto de acuerdo
para que, en términos de lo establecido por las disposiciones legales aplicables y en
ejercicio de sus atribuciones, rea-licen las acciones necesarias para lograr se aplique
todos los días de la semana el programa piloto que determina la disminución de las
tarifas que por concepto de cuotas se cobran en la autopista México-Acapulco, presentada
el 26 de abril de 2001 por el diputado Manuel Añorve Baños, emitidos por las comisiones
unidas de Comunicaciones y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados y,
por tratarse de asuntos de la misma naturaleza, estas comisiones dictaminadoras tienen por
reproducidos en el presente dictamen los considerandos expuestos por aquéllas en el
dictamen señalado.
Las comisiones
unidas consideran que, efectivamente, las altas cuotas que se cobran en las autopistas del
país, principalmente en la del Sol, ha sido un factor que inhibe la promoción turística
de los lugares de recreo de los ciudadanos mexicanos
Aunado a lo
anterior, y como lo manifiesta el Congreso del estado de Guerrero en el acuerdo
parlamentario que se dictamina, el problema se acentúa en los estados de la República
Mexicana cuya economía depende principalmente del sector turístico, ya sea mediante la
generación de empleos directos e indirectos.
Por otro lado,
los integrantes de las comisiones unidas coincidimos con los razonamientos expuestos por
el Congreso del Estado de Guerrero en el sentido de que no ha sido debidamente explicado
por la autoridad el incremento del 4.5% a las cuotas que se cobran en las autopistas de
todo el país, ya que el argumento de que se destinarían al mantenimiento no es
sostenible, sobre todo si se analiza el estado en que se encuentra la red carretera y que,
hasta ahora, no se han visto reflejados en acciones concretas sino que, en muchos de los
casos, la falta de programas de mantenimiento se ha puesto de manifiesto frente a la queja
constante de los usuarios de las autopistas.
Coincidimos en
que las autopistas del país son de las más caras del mundo y, como muestra de ello,
tenemos precisamente la del Sol: no sólo es una de las más caras del país sino que,
lamentablemente, compite en este rubro a nivel mundial.
La red carretera
del país es operada principalmente por tres grupos; a saber:
a) red
contratada 12 obras;
b) red operada
por el Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC) 38 obras y
c) red operada
por Capufe 43 obras.
Ante esta
complejidad, son diversas las autoridades que intervienen para la determinación de las
cuotas que se aplican y, por ende, de los aumentos que se autorizan. Principalmente,
actúan como autoridades instructoras la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y, como autoridades operadoras, las primeras
señaladas.
Ante el panorama
descrito en el párrafo anterior, las comisiones dictaminadoras han considerado pertinente
girar los exhortos necesarios a las autoridades responsables de analizar los lineamientos
y autorizar las cuotas que se cobran en la red carretera del país, a fin de que se
analice la posibilidad de disminuir sus costos, en beneficio del turismo, nacional y
extranjero, así como de los comerciantes y de la población en general que utiliza la red
carretera de nuestro país.
Respecto a la
Autopista del Sol, podemos señalar, sólo como dato relevante, que en el año 2000 los
ingresos que produjo la explotación de dicha autopista ascendieron a 669.6 millones de
pesos, lo que significa 14.2% de los ingresos totales que producen las autopistas y
puentes materia del rescate carretero. Los gastos operativos y de mantenimiento que
demandó la autopista en cuestión en 2000 ascendieron a 256.6 millones de pesos, lo cual
representa 14% de los gastos totales de las autopistas y puentes materia del rescate
carretero. En opinión de la autoridad, los recursos que se obtienen por la explotación
de la Autopista del Sol se destinan a la operación, construcción, mantenimiento,
ampliación y modernización de las obras carreteras.
Por indicaciones
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 15 de enero del presente año entró
en vigor el ajuste tarifario anual, equivalente al 4.5% como promedio ponderado, en las
autopistas y puentes que integran la red patrimonial de Capufe; con dicha medida, se deja
sin efecto la acción temporal de la autoridad instrumentada del 5 de abril de 2001 al 15
de enero de 2002, que establecía una reducción tarifaria para las casetas de largo
itinerario con un descuento del 22% en promedio, aplicable únicamente de lunes a las
16:00 horas, a las 16:00 horas del viernes de cada semana; es decir, excluyendo el
horario de fin de semana, donde existe la mayor afluencia de turistas que hacen uso de la
Autopista del Sol.
La
instrumentación del programa de reducción tarifaria citado en la parte última del
párrafo anterior trajo como consecuencia una disminución en el ingreso, para las
autoridades, de la autopista Cuernavaca-Acapulco de aproximadamente 20.8 millones de
pesos; 94% de esa pérdida se observó en la caseta de largo itinerario de Paso Morelos.
Las estimaciones
de la autoridad frente a este problema fueron que la razón principal de la reducción de
ingresos en la caseta de Paso Morelos se debió a que una proporción de usuarios utiliza
la vía cuota Puente de Ixtla-Iguala y la vía libre Iguala-Chilpancingo. El costo de este
itinerario era de 45 pesos, no obstante el tiempo de recorrido que se incrementa de 30 a
45 minutos, ya que el usuario obtenía un ahorro desde 45 pesos entre semana y hasta 104
pesos en fin de semana.
Las comisiones
unidas, atentas a los planteamientos realizados por los legisladores integrantes del
Congreso del Estado de Guerrero, así como a diversas demandas de organizaciones
empresariales, prestadores de servicios turísticos del puerto de Acapulco, de las
autoridades de la Secretaría de Turismo, así como a diversas peticiones presentadas por
legisladores integrantes del Congreso de la Unión y, particularmente, atendiendo a
múltiples solicitudes del Gobierno del estado de Guerrero, todas ellas solicitan una
reducción tarifaria, principalmente en la Autopista del Sol. Proponemos se giren los
exhortos necesarios a las autoridades competentes, a fin de que tomen consideración
dichas peticiones y se proponga en el corto plazo una alternativa de reducción en los
costos de las autopistas del país, particularmente la Autopista del Sol.
Las comisiones
dictaminadoras coinciden con los argumentos expresados en el acuerdo parlamentario en
estudio, particularmente lo relativo a la repercusión negativa del aumento del 4.5% en
las cuotas de peaje por el uso de autopistas en el país, en especial en la Autopista del
Sol, toda vez que el crecimiento económico en épocas recientes no ha permitido a los
ciudadanos asimilar con agrado el incremento de las tarifas carreteras en nuestro país.
El hecho de provocar excesivos gastos al usuario que hace uso de la red carretera afecta
su patrimonio y genera un descontento social. Asimismo, perjudica de manera considerable
la afluencia turística y la economía de los acapulqueños y del puerto de Acapulco.
En atención a
todas las consideraciones que se han expresado en el cuerpo del presente dictamen, los
suscritos, miembros de las comisiones dictaminadoras, con fundamento en lo dispuesto en
los artículos 39, 40, inciso b 45, punto cinco,
inciso e y demás concordantes de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58, 60, 87, 88 y
demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la aprobación de esta alta tribuna se
dictamine en el siguiente sentido.
IV. Resolutivos.
Primero. Se acuerde girar atentos exhortos a las
secreta- rías de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes y al
Comité de Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas, a fin de que se
estudie la posibilidad de proponer un programa de reducción de cuotas en las autopistas
que conforman la red carretera del país, particularmente en la del Sol, y con ello se
atiendan los diversos acuerdos parlamentarios emitidos por el Congreso del Estado de
Guerrero, así como las proposiciones con puntos de acuerdo presentadas por los diferentes
grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de
la Unión.
Segundo. Con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las
comisiones dictaminadoras solicitan a las secretarías de Comunicaciones y Transportes y
de Hacienda y Crédito Público, así como al Comité de Fideicomiso de Apoyo al Rescate
de Autopistas Concesionadas, informen por escrito y en forma detallada al Congreso de la
Unión, a través de las comisiones dictaminadoras, de las acciones que se realicen para
dar cumplimiento al punto primero, aprobado por esta soberanía.
Tercero. Se gire atenta comunicación a la LVI
Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, donde se
informe del contenido del dictamen a su acuerdo parlamentario.
Cuarto. Una vez cumplimentados los puntos
anteriores, se ordene archivar el expediente como asunto concluido.
Atentamente.
Palacio
Legislativo.— San Lázaro, a 28 de agosto de 2002.— Por la Comisión de
Comunicaciones, diputados: Jesús Orozco Alfaro,
presidente; Bulmaro Rito Salinas, Emilio R.
Goicoechea Luna, Alonso Ulloa Vélez y Alejandro
García Sainz Arena, secretarios; Edilberto
Jesús Buenfil Montalvo, Gustavo Carvajal Moreno, José Gerardo de la Riva Pinal, César
Horacio Duarte Jáquez, Omar Fayad Meneses, Javier García González, Jaime Arturo
Larrazábal Bretón, Marcos Paulino López Mora, Roberto Preciado Cuevas, Jorge Carlos
Ramírez Marín, Francisco Javier Sánchez Campuzano, Manuel Castro y del Valle, Tereso
Martínez Aldana, Noé Navarrete González, Orestes Eugenio Pérez Cruz, Francisco
Ramírez Cabrera, José Rivera Carranza, Arturo San Miguel Cantú, Martín Hugo Solís
Alatorre, José Ramón Soto Reséndiz, Felipe Velasco Monroy, Víctor Manuel O. Camposeco,
Bonifacio Castillo Cruz, Enrique Herrera y Bruquetas y Bertha Alicia Simental García.
Por la Comisión
de Transportes, diputados: Juan Manuel Duarte
Dávila, presidente; Orestes Eugenio Pérez
Cruz, Raúl Cervantes Andrade, Elías Dip Rame y José Rodolfo Escudero Barrera, secretarios; Esteban Sotelo Salgado, Francisco Raúl Ramírez
Avila, José Tomás Lozano y Pardinas, Francisco Patiño Cardona, Arturo B. de la Garza
Tijerina, Gustavo Alonso Donis García, Ismael Estrada Colín, Edgar Consejo Flores
Galván, José de Jesús Orozco Alfaro, Manuel Payán Novoa, José Soto Martínez, Jesús
Adelfo Taracena Martínez, Adolfo Zamora Cruz, José Ramón Soto Reséndiz, Emilio Rafael
Goicoechea Luna, Alonso Ulloa Vélez, Arturo San Miguel Cantú, Jaime Mantecón Rojo,
Emilio Ulloa Pérez, Mercedes Hernández Rojas, Alejandro Enrique Gutiérrez Gutiérrez,
Noé Navarrete González y Víctor Manuel Ochoa
Camposeco.»
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Está a
discusión el punto de acuerdo. Se abre el registro de oradores...
Consulte la
Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
En votación
económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de
acuerdo.
Los diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Suficientemente discutido.
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
En votación
económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.
Los diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
GAS NATURAL
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.— Comisión de Comercio y Fomento Industrial.
Honorable
Asamblea: a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de
Diputados, correspondiente a la LVIII Legislatura, le fue turnado para su estudio y
dictamen el comunicado del honorable Congreso del Estado de Nuevo León, por el cual
envió copia del dictamen en el que solicita nuevamente la intervención del honorable
Congreso de la Unión ante el Gobierno Federal, para fijar precios razonables al servicio
del gas natural y le sea revocada la concesión de distribución a la Compañía Gas
Natural México, S.A. de C.V., presentado el 2 de octubre de 2001, lo anterior, en
ejercicio de la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, que se sometió a la consideración del honorable Congreso de la
Unión.
La Comisión de
Comercio y Fomento Industrial de la LVIII Legislatura, con fundamento en los artículos 39
y 45 párrafo sexto incisos d, e y f;
así como en el tercero transitorio fracción IV inciso a, de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94, del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al
estudio y análisis de los puntos de acuerdo descritos, al tenor de los siguientes
ANTECEDENTES
Primero. En
sesión celebrada en esta Cámara de Diputados, el día 2 de octubre de 2001, los
secretarios de la misma dieron cuenta del comunicado del honorable Congreso del Estado de
Nuevo León. El Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite:
"túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial".
Segundo.
Mediante oficio CCFI/000733/2001 de fecha 10 de octubre de 2001, se dio cuenta a los
integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, del contenido del mencionado
comunicado.
Tercero. El
comunicado solicita se verifique el precio vigente del gas natural doméstico y se exige
se cancele la concesión de distribución de gas natural a la Empresa Gas Natural México,
S.A. de C.V., debido a que el servicio que presta es ineficiente, los precios del
energético se han incrementado desmedidamente, así como los cobros de administración.
CONSIDERANDOS
Primero. Con
base en los antecedentes indicados, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con las
atribuciones antes señaladas, se abocó a dictaminar el comunicado de referencia.
Segundo. Que el
gas natural se encuentra presente en la ciudad de Monterrey desde 1927 y cuenta con una
infraestructura sumamente extensa y en crecimiento constante. Actualmente existen cerca de
1 mil industrias y 470 mil usuarios residenciales y comerciales, dada la población en el
área conurbada el 85% consume gas natural y aproximadamente el 90% de la industria que
consume combustible depende del gas natural.
Tercero. Que la
región noreste del país conformada por los estados de Chihuahua, Durango, Coahuila,
Nuevo León y Tamaulipas es la segunda región más consumidora de gas natural con el 24%
y concentra el 87% del consumo residencial a nivel nacional.
Cuarto. Que el
precio del gas natural en el mes de enero de 2001, alcanzó su precio de referencia más
alto en varios años de 9.57 dólares de Estados Unidos de América por millón de
unidades térmicas británicas (USD/MMBTU), lo cual perjudicó directamente a los
consumidores nacionales, particularmente a los consumidores residenciales del estado de
Nuevo León.
Quinto. Que para
mitigar el alza inusual de los precios internacionales del gas natural, Petróleos
Mexicanos (Pemex) firmó un convenio con sus clientes industriales para establecer un
precio fijo de venta a primera mano de 4 USD/MMBTU1.
Actualmente existe una gran inquietud entre los clientes de Pemex-Gas que se adhirieron al
convenio, debido a la disminución de los precios internacionales del gas natural que se
cotiza por debajo de ese precio.
Sexto. Que dado
lo anterior y atendiendo las peticiones de diversos sectores consumidores de gas natural,
esta Comisión de Comercio y Fomento Industrial, en el ámbito de sus atribuciones, ha
coadyuvado a la reducción y verificación de los precios del gas natural, a través de la
aprobación de dos puntos de acuerdo:
1 Resolución No. RES/012/2001 de la Comisión
Reguladora de Energía, publicada en el Diario
Oficial de la Federación del 13 de febrero de 2001, México.
"El que
exhorta al Gobierno Federal para que instruya a las secretarías de Energía, Economía y
de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Dirección
General de Pemex-Gas y Petroquímica Básica, a que renegocien y modifiquen el convenio de
ventas de primera mano por un plazo de tres años, comprendido del 1o. de enero de 2001 al
31 de diciembre de 2003, por cantidades de gas determinadas y a un precio de referencia
fijo de 4 USD/MMBtu que firmó con sus clientes industriales, distribuidores y sociedades
de autoabastecimiento de gas natural.”
"El
comunicado del honorable Congreso del Estado de Nuevo León, por el que transcribe el
punto de acuerdo en el que solicita se verifique y revise el precio vigente del gas
natural doméstico en el estado de Nuevo León y se analice la posible implementación de
una tarifa preferencial."
Séptimo. Que en
mayo de 1995, este Congreso de la Unión aprobó modificaciones a la Ley Reglamentaria del
artículo 27 constitucional, en el ramo de petróleo. Esta reforma legal redefinió el
ámbito de la industria petrolera y permite ahora que el sector privado construya, opere y
tenga en propiedad sistemas de transporte, almacenamiento y distribución de gas natural,
actividades previamente reservadas al estado.
Octavo. Que el
24 de abril de 1998, la Comisión Reguladora de Energía emitió la resolución número
RES/082/1998, mediante la cual otorgó a Gas Natural México, S.A. de C.V., (la
permisionaria), el permiso de distribución de gas natural G/033/DIS/98 para la zona
geográfica de Monterrey.
Noveno. Que de
acuerdo con lo dispuesto por los artículos 2o. fracción VII y 3o. fracción XIX de la
Ley de la Comisión Reguladora de Energía, corresponde a esa comisión ordenar visitas de
verificación y requerir la presentación de información para supervisar y vigilar, en el
ámbito de su competencia, el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a la
distribución de gas natural.
Décimo. Que la
Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se coordina con otras dependencias para
vigilar y verificar el cumplimiento de precios y tarifas para los consumidores finales del
gas natural, con objeto de que se cobre al usuario el gas que en realidad recibe.
Asimismo, verifica los medidores que utilizan las empresas gaseras y supervisa lo
establecido en las leyes federales de Protección al Consumidor y Sobre Metrología y
Normalización.
Decimoprimero.
Que con fecha 2 de abril de 2001, la Comisión Reguladora de Energía emitió la
resolución número RES/053/2001, donde resuelve llevar a cabo una visita de verificación
ordinaria a Gas Natural México, S.A. de C.V., para la zona geográfica de Monterrey, en
sus instalaciones ubicadas en Monterrey, Nuevo León y en sus oficinas en la Ciudad de
México, Distrito Federal2.
Que la visita de
verificación a la Empresa Gas Natural México, S.A. de C.V., tuvo por objetivo examinar
las condiciones de administración, operación, mantenimiento, los programas y compromisos
de inversión y cobertura y sus respectivas etapas y plazos, así como las disposiciones
técnicas y jurídicas que resultan aplicables. Especialmente se revisó el proceso de
facturación del permisionario, a raíz de las recientes reclamaciones de usuarios
residenciales en la zona geográfica de Monterrey.
Decimosegundo.
Que el acto administrativo aplicado a la Empresa Gas Natural México, S.A. de C.V.,
sostiene lo siguiente3:
"Que del 3
al 6 de abril de 2001, se llevó a cabo la visita anual de verificación al distribuidor,
misma que tuvo por objeto analizar la información técnica, económica, financiera y
jurídica del sistema, poniendo especial atención en el proceso de facturación. En dicha
visita se destacó la necesidad de que la comisión participara como observador en una
auditoría de los medidores del distribuidor, coordinada por la Profeco, misma que se
llevó a cabo el 23 de abril de 2001.
Que los
resultados de la vista de verificación antes referida, en los temas económicos,
financieros y jurídicos del sistema, permiten concluir que:
1. El
distribuidor ha cumplido con el 94% de la cobertura comprometida para el tercer año del
permiso.
2. El
distribuidor ha cumplido con el 64% del compromiso de energía conducida para el tercer
año de operación.
3. El
distribuidor ha aplicado correctamente las tarifas autorizadas por la comisión para los
usuarios residenciales, comerciales e industriales.
4. Los medidores
verificados presentaron una exactitud en la medición en un 99.52%, lo cual es aceptable.
Que se revisó a
detalle el proceso de facturación poniendo énfasis en el sector poniente de la zona
geográfica de Monterrey, encontrando que hubo un error en las lecturas reportadas sobre
los consumos de una parte de usuarios residenciales del sector mencionado durante meses
anteriores al periodo invernal, de tal manera que al medir correctamente las lecturas de
los medidores, se registró la acumulación de consumos anteriores en la última factura
de los clientes. A raíz de las quejas recibidas por los usuarios residenciales que vieron
incrementada de manera notable su factura, el distribuidor tomó las siguientes medidas de
corrección al error mencionado:
• Reforzar
al personal para la atención al público.
• Suspender
las acciones de corte de suministro por falta de pago hasta que no se atiendan y
solucionen cada una de las reclamaciones planteadas.
• Ofrecer
facilidades de pago de hasta seis meses sin intereses, a los clientes afectados por el
incremento del precio y de consumo derivado de la situación climática.
• Ofrecer a
los clientes afectados por la acumulación de consumo de periodos anteriores, el
recálculo de su última factura con un consumo histórico equivalente al del mismo
periodo del año anterior.
• Realizar
una auditoría a los medidores en la zona geográfica de Monterrey para garantizar a la
opinión pública que se están recogiendo los consumos correctos, con la participación
abierta de diversos sectores.
Que como
resultado de las medidas tomadas para corregir el error mencionado, el distribuidor tuvo
que absorber una pérdida por costo del gas estimada en 7 millones de pesos.
Decimotercero.
Que la empresa Gas Natural México, S.A. de C.V., decidió otorgar a partir del 3 de
septiembre de 2001, un plan tarifario preferencial para personas mayores de 60 años, con
ingresos familiares menores a dos salarios mínimos y un consumo anual no superior a 400
metros cúbicos. Con lo anterior, los beneficiarios podrían obtener un ahorro de hasta
46.5%.
Decimocuarto.
Que la delegación de la Profeco en Monterrey, durante el 2001 atendió aproximadamente 5
mil 200 quejas presentadas por usuarios de la Empresa Gas Natural México, S.A. de C.V.,
de las cuales el 98% se resolvieron a favor de los consumidores.
Decimoquinto.
Que los miembros integrantes de esta Comisión de Comercio y Fomento Industrial que
dictaminan, reconocen y concluyen que las dependencias competentes en relación a este
problema, se han abocado a la resolución de éste.
RESULTANDOS
Primero. Que con base en los considerandos
vertidos en el presente dictamen, se considera que la petición del honorable Congreso de
Nuevo León de revocar la concesión a la Empresa Gas Natural México, S.A. de C.V., no es
procedente, toda vez que con las auditorías practicadas por las dependencias competentes
y en base a la normatividad aplicable, no se perfecciona o actualiza jurídicamente
ninguna causal de revocación.
Segundo. Que pese a lo anterior, los miembros
integrantes de esta Comisión de Comercio y Fomento Industrial reconocen la problemática
existente en torno a la distribución y comercialización del gas natural, por lo que se
solicita a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión Reguladora de
Energía, mantengan una estricta vigilancia y verificación de las permisionarias del
estado de Nuevo León, a fin de que cumplan con las disposiciones jurídicas aplicables.
Lo anterior, con objeto de evitar que las gaseras lleven a cabo prácticas indebidas que
van en detrimento de la economía familiar, y en su caso, que la autoridad competente, en
cabal cumplimiento de la ley y la normatividad aplicable, proceda sin menoscabo a
sancionar o revocar la concesión a esas permisionarias.
Tercero. Remítase el presente dictamen al
honorable Congreso de Nuevo León, a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la
Comisión Reguladora de Energía, para su atención.
Cuarto. Archívese el presente asunto como total y
definitivamente concluido.
Dado en el
Palacio Legislativo, San Lázaro, a 19 de junio de 2002.—
Diputados: Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere,
presidente (rúbrica); José Ramón Mantilla y
González de la Llave, secretario (rúbrica); Ildefonso
Guajardo Villarreal, secretario (rúbrica); R.
Antonio Silva Beltrán, secretario (rúbrica); Francisco
Agundis Arias, secretario; José Bañales Castro
(rúbrica), Orlando Alfonso García Flores
(rúbrica), Moisés Alcalde Virgen (rúbrica), Jaime Salazar Silva (rúbrica), Francisco Javier Ortiz Esquivel (rúbrica), María Teresa Tapia Bahena (rúbrica), Jorge Urdapilleta Núñez (rúbrica), Carlos Nicolás Villegas Flores (rúbrica), Samuel Yoselevitz Fraustro (rúbrica), Miguel Castro Sánchez, Elías Dip Rame, María Luisa
Domínguez Ramírez (rúbrica), Rubén Benjamín
Félix Hays, Jaime Hernández González, Julián Luzanilla Contreras, Hermilo Monroy
Pérez (rúbrica), Manuel Payán Novoa, Roberto
Ruiz Angeles (rúbrica), Jorge Schettino Pérez,
Adolfo Zamora Cruz, Miroslava García Suárez, Rafael Servín Maldonado (rúbrica), Gregorio Urías Germán (rúbrica) y Norma Patricia Riojas Santana (rúbrica).»
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Está a
discusión el punto de acuerdo. Se abre el registro de oradores.
Consulte la
Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
En votación
económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de
acuerdo.
Los diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Suficientemente discutido.
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
En votación
económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.
Los diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
GANADO
BOVINO
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.
Honorable
Asamblea: a la Comisión de Agricultura y Ganadería, le fue turnada para su estudio y
dictamen la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado J. Jesús Dueñas
Llerenas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición que pretende
que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
prohíba a los ganaderos del país utilizar el clorhidrato de zilpaterol; comercialmente
llamado Zilmax, hasta en tanto no se compruebe que ese producto químico no causa daño a
la salud humana.
Con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6 inciso f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 65, 66, 85, 87, 88 y demás
aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, a esta Comisión de Agricultura y Ganadería corresponde dictaminar la
proposición en comento, por lo que se somete el presente dictamen a la consideración del
pleno, bajo los siguientes:
ANTECEDENTES
El 2 de abril de
2002, el diputado J. Jesús Dueñas Llerenas, presentó la proposición con punto de
acuerdo para que la Sagarpa prohíba que los ganaderos utilicen el producto químico
comercialmente llamado Zilmax en el ganado, hasta en tanto no se compruebe su inocuidad
para la salud humana.
En la misma
fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición para su
estudio y dictamen a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
Con base en los
antecedentes mencionados, los integrantes de esta comisión formulamos las siguientes
CONSIDERACIONES
La situación
por la que atraviesan los consumidores de carne contaminada con anabólicos del tipo
beta-agonistas, es potencialmente riesgosa para la salud del ser humano.
Que es
conveniente que se instrumenten acciones y mecanismos para poner un alto definitivo a la
utilización de todos los beta-agonistas, particularmente, el clorhidrato de zilpaterol,
hasta no contar con un ambiente de responsabilidad compartida absoluta, que garantice la
total inocuidad de esta tecnología siendo necesario realizar un esfuerzo conjunto entre
el sector oficial, la industria farmacéutica y todos los eslabones de la cadena de la
carne de bovino en México, para que, habiéndose identificado las deficiencias incurridas
en nuestra historia del uso de beta-agonistas, se subsanen los vacíos de conocimientos
identificados en particular como consecuencia de nuestras tradiciones culinarias y su
aplicación con el uso de estos productos.
Si bien es
cierto que algunos de estos productos tienen registro en la Sagarpa, esto no significa que
su uso sea adecuado, tal es el caso del clorhidrato de zilpaterol, comercialmente mejor
conocido como Zilmax.
La Comisión de
Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, pendiente de todas esas anomalías
que ya se habían puesto de manifiesto, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados
en abril de 2001, un dictamen por el cual se exhorta a las secretarías de Economía y de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que se evitara el
ingreso del mencionado producto a territorio nacional, así como su comercialización;
resolución que a la fecha no se ha cumplido por las autoridades del Gobierno Federal.
Al agravarse la
situación en la utilización de productos químicos como el clembuterol que ya ha dejado,
como resultado de la utilización de ese beta-agonista, pérdidas de vidas humanas en el
estado de Jalisco, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación publicó en el Diario Oficial de
la Federación el pasado 1o. de marzo de 2002, la Norma Oficial Mexicana de Emergencia
NOM-EM-015-ZOO-2002, "especificaciones técnicas para el control del uso de
beta-agonistas en los animales", en la cual publica una lista que prohíbe el uso de
algunos productos químicos de los beta-agonistas como el clembuterol, más no incluye el
Zilmax, que también se ha demostrado que es dañino para la salud humana.
Por las
consideraciones anteriormente vertidas los integrantes de la Comisión de Agricultura y
Ganadería de la Cámara de Diputados sometemos a la consideración del pleno de esta
soberanía el siguiente
DICTAMEN
Unico. Se solicita a la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que prohíba el uso
total del producto comercialmente llamado Zilmax a los engordadores de ganado, hasta en
tanto no se compruebe científicamente la inocuidad para salvaguardar la salud del ser
humano.
Palacio
Legislativo.— San Lázaro a 30 de abril de 2002. Diputados: Jaime Rodríguez López (rúbrica), presidente; Miguel Ortiz Jonguitud, J. Jesús Dueñas Llerenas
(rúbrica), Mario Cruz Andrade (rúbrica) y Ramón Ponce Contreras, secretarios; Oscar Alvarado Cook (rúbrica), José María Anaya Ochoa (rúbrica), Francisco Arano Montero, Feliciano Calzada Padrón,
Francisco Castro González, Miguel Castro Sánchez, Arturo B. de la Garza Tijerina
(rúbrica), José Rodolfo Escudero Barrera,
Francisco Esparza Hernández (rúbrica),
Francisco Javier Flores Chávez (rúbrica),
José Luis González Aguilera (rúbrica), Santiago
Guerrero Gutiérrez (rúbrica), Arturo Herviz
Reyes (rúbrica), José de Jesús Hurtado Torres
(rúbrica), José Jaimes García (rúbrica),
Silverio López Magallanes (rúbrica), Juan Mandujano Ramírez (rúbrica), Martha Ofelia Meza Escalante (rúbrica), Martín Gerardo Morales Barragán (rúbrica), María del Rosario Oroz Ibarra, Francisco Javier Ortiz
Esquivel, Juan Carlos Regis Adame (rúbrica),
Jaime Tomás Ríos Bernal, José Roque Rodríguez López (rúbrica) y Petra Santos Ortiz.»
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Está a
discusión el punto de acuerdo.
Se abre el
registro de oradores.
Consulte la
Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
En votación
económica, se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto
de acuerdo.
Los diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Suficientemente discutido.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
En votación
económica, se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.
Los diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
ARTICULO
89 CONSTITUCIONAL
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Pasamos al punto
del orden del día agendado como excitativas.
Tiene la palabra
el diputado Tarcisio Navarrete Montes de Oca, del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional, para presentar una excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.
El diputado Tarcisio Navarrete Montes
de Oca:
Con su permiso;
señora Presidenta:
El que suscribe,
servidor Tarcisio Navarrete, tengo a bien formular una excitativa a la Comisión de Puntos
Constitucionales. Los antecedentes, brevemente, son los siguientes:
El día 30 de
abril de este año, a nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional se presentó ante
este pleno una iniciativa que adiciona el artículo 89, párrafo décimo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y a la fecha no se ha emitido el
dictamen correspondiente.
El objetivo de
dicha iniciativa es insertar en la fracción X del artículo 89 constitucional en lo que
se refiere a los principios de política exterior de nuestro país, valores tan esenciales
como la promoción del régimen democrático y el respeto a los derechos humanos como
límite y principio rector de nuestra política exterior.
La iniciativa
pretende impulsar y promover principios humanistas, impulsar y promover los valores
democráticos, incorporar estos principios al más alto nivel normativo.
Entre las
consideraciones se señala que un orden internacional de paz y justicia, debe tener como
fin último al ser humano.
Por lo tanto,
quisiera dejar el texto íntegro de esta excitativa y solicitar que en los términos
dispuestos por el artículo 21 fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, usted, señora Presidenta de la Cámara
de Diputados, excite y envíe el presente documento a la Comisión de Puntos
Constitucionales para que presenten el dictamen respectivo a la iniciativa del artículo
89 que he comentado.
Solicito se
integre el texto completo que a usted entregó.
Muchas gracias.
«Excitativa a
la Comisión de Puntos Constitucionales para que dictaminen la iniciativa de reforma al
artículo 89 párrafo décimo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Ciudadana
Presidenta de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.
El que suscribe,
en mi calidad de diputado federal a la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la
Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87, 21 fracción XVI y demás
relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente de esta Presidencia, tenga a bien formular una
excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, a efecto de que se dictamine a la
brevedad para su presentación ante el pleno de este órgano legislativo, la iniciativa de
reforma al artículo 89 párrafo décimo de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes
ANTECEDENTES
El día 30 de
abril de 2002, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se presentó
ante el pleno de esta Cámara iniciativa que adiciona el artículo 89 párrafo X de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y es la fecha en que no se ha
emitido el dictamen correspondiente.
El objetivo de
dicha iniciativa es insertar en la fracción X del artículo 89 constitucional, en lo que
se refiere a los principios de la política exterior de nuestro país, valores tan
esenciales como la promoción del régimen democrático y el respeto a los derechos
humanos como limite y principio rector de nuestra política exterior.
La iniciativa en
comento pretende:
Primero.
Impulsar y promover principios humanistas en la política exterior de nuestro país,
incentivando la promoción y protección de los derechos humanos en las relaciones
internacionales de México;
Segundo.
Impulsar y promover los valores democráticos como forma de Gobierno en nuestra política
exterior;
Tercero.
Incorporar estos principios al más alto nivel normativo a fin de que rijan la actuación
del Ejecutivo Federal.
CONSIDERACIONES
Desde la
adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estos se han enriquecido y
posicionado a nivel mundial de tal manera que hoy, bajo el nuevo paradigma del contexto
internacional, es que la alusión a la soberanía no puede más amparar violaciones a los
derechos humanos.
La idea de que
la persona humana es el objeto y el fin de la sociedad política y de que la comunidad
internacional no es una mera suma de estados para coordinar, intereses contrapuestos o
antagónicos, sino que es, o debería ser, aún orden internacional de paz y justicia cuyo
fin último es también el ser humano, se ha ido abriendo camino hacia su universal
aceptación, teniendo como fundamento común la dignidad de las personas.
Así, para que
el Estado fortalezca su soberanía y autodeterminación, debe velar por la inviolabilidad
de los derechos humanos, parte fundamental de un reclamo compartido en el contexto
internacional que va desarrollando órganos con mayores y más amplias facultades. Estos
preceptos de observancia obligatoria y universal, van constituyéndose en la forma
práctica de legitimar el ejercicio del poder público.
En ese sentido,
los derechos humanos y la democracia son imprescindibles para el desarrollo equilibrado y
pacífico de cualquier sociedad, y lo mismo podemos decir para la relación entre las
naciones. De ahí la imperiosa necesidad de establecer en nuestra Constitución y en torno
a los principios de política exterior de México, la promoción y protección de los
derechos humanos y de los valores democráticos.
Es pues un hecho
irreversible y cada vez más generalizado que las relaciones internacionales actualmente y
hacia el futuro están y estarán condicionadas por el respeto y protección que los
gobiernos brinden a los derecho humanos, así como el régimen de gobierno que practiquen,
particularmente el régimen democrático, el único con legitimidad internacional.
El mundo en
general y México en particular están en movimiento. Dentro de un escenario variable de
políticas internacionales, es innegable que México se encuentra inmerso dentro de un
proceso irreversible de globalización. Frente a ello, nuestro propósito es responder,
con visión y congruencia, a las transformaciones nacionales, regionales y mundiales.
Luego entonces,
la iniciativa propone someter el ejercicio del poder soberano del Estado mexicano a la
plena vigencia, respeto y protección de los derechos humanos, así como la promoción de
la democracia como principios rectores de su política exterior, en congruencia siempre
con su vocación y determinación internas. El México actual refleja en sus vínculos con
el exterior la nueva realidad y ambos principios forman una parte medular.
Compañeros
diputados, es el caso, que desde la fecha de la presentación de la iniciativa en comento
han transcurrido poco más de cinco meses, rebasando por mucho el plazo legal que
establece el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, para que las comisiones rindan dictamen en los negocios de
su competencia. En virtud de lo anterior, es procedente que la Presidencia de esta Cámara
de Diputados excite a las comisiones a las que fue turnada la iniciativa.
Por lo
anteriormente expuesto y fundado
A usted, señora
Presidenta de la Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la
Unión, atentamente pido se sirva:
Unico. En los términos de lo dispuesto por los
artículos 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos; excite y envíe el presente documento a las comisiones de
Puntos Constitucionales para que presenten el dictamen respectivo a la iniciativa de
reforma al artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
presentada el día 30 de abril de 2002, a nombre del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional.
Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Octubre de 2002.— Por el grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional, diputado Tarcisio
Navarrete Montes de Oca.»
Presidencia del diputado Jaime Vázquez
Castillo
El Presidente diputado Jaime Vázquez
Castillo:
Gracias, señor
diputado Navarrete Montes de Oca.
Como ha sido solicitado, insértese el texto íntegro
de la excitativa en el Diario de los Debates y
publíquese en la Gaceta Parlamentaria y de
conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI, del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la
Comisión de Puntos Constitucionales para que emita el dictamen correspondiente.
Tiene el uso de
la palabra la diputada Petra Santos Ortiz, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática...
No está
presente la diputada. No estando presente la diputada, se pasa al final del capítulo.
LEY PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CAMBIO CLIMATICO EN LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El Presidente diputado Jaime Vázquez
Castillo:
En consecuencia
tiene el uso de la palabra la diputada Sara Guadalupe Figueroa Canedo, del grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una excitativa a la
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
La diputada Sara Guadalupe Figueroa
Canedo:
Con la venia de
la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
Los diputados
que firmamos al calce, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México, con fundamento en los artículos 21 fracción VI, 87 y 88 y demás relativos del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
solicitamos a la Presidencia de la Mesa Directiva se sirva excitar a la Comisión de Medio
Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados para que elabore y presente ante
el pleno de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la
Unión, el dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley para la Prevención y
Control del Cambio Climático de los Estados Unidos Mexicanos, bajo las siguientes
CONSIDERACIONES
Primera. El
grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, interesado en la
conservación del equilibrio de los ecosistemas, presenta esta excitativa para que se
puedan controlar los eventuales efectos que se pudiera generar el cambio climático, así
como preservar y proteger los elementos naturales que contribuyan a disminuir o a evitar
la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera.
Segunda.
Ciclones, huracanes y otros fenómenos naturales, se encuentran ligados a problemas
ambientales como el calentamiento de la Tierra. La magnitud de los eventos catastróficos
que pudiéramos enfrentar ante un cambio climático global más drástico son enormes.
Sequías, inunda- ciones, deslaves y otros desastres naturales, resultan no ser tan
naturales, sino producto de la actitud destructora del ambiente por unos cuantos.
Tercera. México
se encuentra situado en una zona particularmente sensible a las condiciones climáticas
globales. El golfo de México es fiel indicador como lugar de que con pequeñas
variaciones en la temperatura suceden eventos climáticos desastrosos. El huracán
"Isidore" fue muestra palpable de esta afirmación.
Cuarta. Los
miembros del Partido Verde Ecologista de México, estamos convencidos que la mejor
prevención contra este tipo de desastres implica acciones de protección y restauración
en nuestro patrimonio ecológico. Por ello, invitamos a la Comisión de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, a considerar que la verdadera prevención en este tipo de desastres
implica atacar las causas, mismas que se encuentran en la problemática ambiental.
Consecuentemente, verdaderas acciones preventivas como es la iniciativa de Ley para la
Prevención y Control del Cambio Climático de los Estados Unidos Mexicanos, deben formar
ya parte de nuestro sistema jurídico y reducir con ello los efectos al medio ambiente y
al ser humano.
Quinta. El 30 de
abril de 1999 fue presentada ante esta tribuna una iniciativa de Ley para la Prevención y
Control del Cambio Climático de los Estados Unidos Mexicanos, que busca establecer las
bases sobre las cuales se someterán los sectores público, privado y social para el
combate y prevención del cambio climático dentro del territorio nacional, reconociendo
las responsabilidades diferenciadas de los estados de la comunidad internacional, sin
perjuicio de los compromisos internacionales en la materia suscritos y ratificados por los
Estados Unidos Mexicanos.
Sexta. La
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, no ha
elaborado el dictamen correspondiente sin que a la fecha se haya dado cumplimiento al
mandato del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos.
Séptima. Por lo
anterior y con fundamento en el artículo 21 fracción VI del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos esta excitativa
para que el Presidente de la Cámara de Diputados excite a la Comisión de Medio Ambiente
y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, para que presente el dictamen
correspondiente, en virtud de que ha transcurrido el plazo determinado y cumpla así con
las obligaciones que el citado ordenamiento normativo le impone.
Por lo antes
expuesto y fundado, a usted, señor Presidente de la Cámara de Diputados, atentamente
pido:
Unico. Tenga por presentada esta excitativa y se
sirva excitar a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de
Diputados, para que elabore y presente ante el pleno de la misma Cámara, el dictamen con
proyecto de decreto que expide la Ley para la Prevención y Control del Cambio Climático
de los Estados Unidos Mexicanos, y que en caso de que haya un nuevo incumplimiento se le
emplace para día determinado.
Hago entrega a
la Secretaría de la presente excitativa.
Es cuanto,
señor Presidente.
Presidencia de la diputada María Elena
Alvarez Bernal
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias, señora
diputada.
De conformidad con lo que establece el artículo 21
fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para
que emita el dictamen correspondiente.
Hará uso de la
palabra el diputado Luis Alberto Villarreal García, a nombre de integrantes de la
Comisión de Turismo, para presentar una excitativa a la Comisión de Puntos
Constitucionales.
Activen el
sonido en la curul del diputado Luis Alberto Villarreal García.
Luis Alberto Villarreal García (desde su curul):
Señora
Presidenta, hemos acordado los miembros de la mesa directiva de la Comisión de Turismo,
solicitarle sea tan amable de posponer este tema para la próxima sesión, respetando el
lugar que nos corresponde, es decir, como primer punto de excitativas de la próxima
sesión, si es tan amable.
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Con mucho gusto
se atiende a su solicitud. Muchas gracias señor diputado.
ARTICULO
4o. CONSTITUCIONAL
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Tiene la palabra
el diputado Pedro Miguel Rosaldo Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, para presentar una excitativa a la Comisión de Puntos
Constitucionales.
El diputado Pedro Miguel Rosaldo
Salazar:
Gracias,
compañera Presidenta; con su permiso compañeras y compañeros diputados:
En mi calidad de
diputado federal de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión y como
integrante de la fracción del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21 fracción XVI y en el
artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente de esta Presidencia tenga a bien formular la
segunda excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, a
efecto de que dictamine a la brevedad para su presentación ante el pleno de este órgano
legislativo, la iniciativa de decreto de reforma al artículo 4o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el Estado garantice una pensión
mínima para los adultos mayores.
El día de hoy
hacemos uso de esta tribuna para retomar la voz de un sector vulnerable de la población,
los de la tercera edad.
Reiteramos el
gran significado que para nosotros como representantes tiene este grupo de la población
mexicana. Por ello, meses atrás se presentó una iniciativa con proyecto de decreto la
cual se sustentó en el significado que han jugado estas personas en el entorno mundial a
través de los siglos y del respeto que especialmente en las culturas antiguas les
profesaron.
Como
representantes del pueblo de México debemos crear los instrumentos que permitan asegurar
la vida de nuestra población que está envejeciendo y no sólo eso, rescatar nuestros
elementos culturales que le han conferido gran valor a la experiencia de las personas de
la tercera edad. Preo-cupante es, que de los seis millones y pico que se manejan, el 40%
no percibe ingresos, en tanto que 1 millón 539 mil 747 hogares tienen como jefes de
familia a una persona de la tercera edad que subsiste básicamente en transferencias,
pensiones de jubilación, viudez, invalidez, subsidios, donativos o indemnizaciones por
despido o por accidentes de trabajo que constituyen su única fuente de ingresos.
Por ello y en el
ánimo de avanzar en la procuración de los derechos de este grupo de población,
consideramos conveniente elevar a rango constitucional los derechos de las personas de la
tercera edad, como lo marcó en su momento la iniciativa de decreto, pretendiendo agregar
un párrafo al artículo 4o. de nuestra Carta Magna en el cual se incluya un
reconocimiento genérico de los derechos de la senectud y el acceso universal a una
pensión mínima garantizada por el Estado.
Por lo
anteriormente expuesto consideramos de suma importancia se dictamine la iniciativa con
proyecto de decreto, la cual fue presentada con fecha 22 de marzo de 2001 ante el pleno de
esta Cámara de Diputados.
Unas vez leída
fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la misma Cámara para su estudio
y dictamen. La primera excitativa fue presentada el 18 de julio de 2001 en la sesión de
la Comisión Permanente, toda vez que ha transcurrido el periodo a que se refiere el
artículo 87 del Reglamento de Gobierno Interior de Congreso General en los Estados Unidos
Mexicanos, sin que haya emitido hasta la fecha ningún dictamen ni pronunciamiento alguno
de la comisión correspondiente, quienes suscribimos la presente, con fundamento en lo que
disponen las fracciones III y XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso, solicitamos a esta Presidencia se sirva excitar a la Comisión de
Puntos Constitucionales, a fin de que emita un dictamen respecto del asunto mencionado.
Muchas gracias,
es cuanto.
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias, señor
diputado.
De conformidad con lo que establece el artículo 21
fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Puntos Constitucionales para que emita el
dictamen correspondiente y en virtud de que es la segunda excitativa se fije el día 22 de
noviembre para que se presente ante la Asamblea.
FUERZAS
ARMADAS
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Tiene la palabra
el diputado Rufino Rodríguez Cabrera, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, para presentar una excitativa a la Comisión de Puntos
Constitucionales.
El diputado Rufino Rodríguez Cabrera:
Gracias, señora
Presidenta, con su permiso.
Con fundamento
en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, solicito respetuosamente a esta Presidencia, tenga a bien formular una
excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para que dictamine la iniciativa con
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, iniciativa que presentamos el pasado 13 de
noviembre de 2001 a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Es objeto de la
iniciativa en referencia propiciar la adecuación de su texto constitucional a fin de
establecer apropiadamente dentro del mismo, los conceptos en donde se hace referencia a
las fuerzas armadas mexicanas.
En la fecha
mencionada, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó dicha iniciativa para su dictamen a
la Comisión de Puntos Constitucionales y para su conocimiento a la Comisión de Defensa
Nacional, siendo el caso que a casi un año de la presentación de dicha propuesta aún no
se ha elaborado el respectivo dictamen.
Anotaré las
siguientes consideraciones como antecedentes y fundamentos de la iniciativa que presenté.
Primera. La
relevancia en la naturaleza de las funciones del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la
Armada mexicanos como garantes de las instituciones nacionales hace indispensable contar
con un marco legal acorde a las fundamentales tareas asignadas a las mismas.
Segunda. Las
tareas a desempeñar por las Fuerzas Armadas Mexicanas deben ir encaminadas a consolidar
las instituciones nacionales y a salvaguardar nuestro naciente régimen de libertades
democráticas.
Es por ello que
su marco normativo debe ser sumamente cuidadoso con objeto de que las disposiciones que lo
rigen delimiten claramente la organización, sus efectivos, sus funciones, niveles de
mando, facultades, prohibiciones y en general todo aquello que es inherente a una
regulación funcional y moderna.
Tercera. La
iniciativa presentada puede ser un elemento que contribuya a la necesaria modificación
del marco normativo que regula el funcionamiento de nuestro Ejército, de la Armada y
Fuerza Aérea mexicanos en la medida en que dichas instituciones requieren para el óptimo
desempeño de su función constitucional un marco legal acorde a la nueva realidad
nacional.
Cuarta.
Considerando la importancia de proceder a discutir el marco normativo de las Fuerzas
Armadas Nacionales como punto inicial en un proceso de Reforma del Estado que persiga la
conservación del sistema democrático y la modernización de las instituciones, es que
resulta pertinente el análisis de la propuesta de modificación constitucional presentada
en el tema que nos ocupa.
Quinta. Que en
virtud de que ha transcurrido en exceso el término de cinco días señalados por el
artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos para que se emita el dictamen sobre la iniciativa presentada en este
pleno el 13 de noviembre del año 2001, hoy recurro ante esta honorable Asamblea invocando
el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos para que la Presidencia de esta Mesa Directiva
excite a la Comisión de Puntos Constitucionales a efecto de que dictamine la iniciativa
que he mencionado al inicio de esta intervención.
Por lo expuesto
y fundado, a esta Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LVIII
Legislatura del honorable Congreso de la Unión, muy atentamente solicito:
Unico. En los términos de los antecedentes y
consideraciones expuestas, así como de conformidad con los preceptos legales invocados,
se sirva excitar a la Comisión de Puntos Constitucionales para que presenten el dictamen
que corresponda a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y que es materia de esta intervención, que
comprenden el cuarto párrafo del artículo 5o., el artículo 13, el último párrafo del
artículo 16, la I y II fracciones del artículo 31, la fracción IV del artículo 35, la
fracción IV… perdón, del artículo 55, la adición a la fracción XIII-bis del
artículo 73 y otras disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Muchas gracias.
«Excitativa a
la Comisión de Puntos Constitucionales.
El suscrito
diputado federal a la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante
del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 21 fracción XVI y por las disposiciones contenidas en el artículo 87 y demás
relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente de esta Presidencia, tenga a bien formular una
excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, para que a la brevedad posible
dictamine para su presentación en el pleno de esta soberanía, la iniciativa con proyecto
de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos que comprenden el cuarto párrafo del artículo 5o., el
artículo 13, el último párrafo del artículo 16, la primera y segunda fracciones del
artículo 31, la fracción IV del artículo 35, la fracción IV del artículo 55, la
adición de la fracción XIII-bis al artículo 73, la modificación de la fracción XIV de
ese mismo numeral, la reforma de las fracciones II y III del artículo 76, la fracción
VII del artículo 78, la fracción V del artículo 82, las fracciones IV, V y VI del
artículo 89 y adicionándose la fracción IV-bis al mismo numeral, y reformándose la
fracción II del artículo 118, y el contenido del artículo 129 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos al tenor de los siguientes
ANTECEDENTES
El 13 de
noviembre del año 2001, el que suscribe presentó a nombre del grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, la iniciativa con proyecto de decreto que pretende
la reforma de los artículos enlistados líneas atrás.
El objeto de la
iniciativa en referencia, es propiciar la adecuación de nuestro texto constitucional, a
fin de establecer apropiadamente dentro del mismo los conceptos en donde se hace
referencia a las Fuerzas Armadas Mexicanas y con objeto de rectificar algunos
términos correlativos a la estructura de las mismas.
En la fecha
mencionada, la presidencia de la Mesa Directiva turnó dicha iniciativa para su dictamen a
la Comisión de Puntos Constitucionales y para su conocimiento a la de Defensa Nacional,
por ser un tema de la competencia de tales instancias, siendo el caso que a casi un año
de la presentación de dicha propuesta, aún no se ha elaborado el respectivo dictamen.
Como
antecedentes y fundamentos de lo anterior es preciso anotar las siguientes
CONSIDERACIONES
Primera. La
relevancia en la naturaleza de las funciones del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la
Armada Mexicanas, como garantes de las instituciones nacionales, hace indispensable contar
con un marco legal acorde a las fundamentales tareas asignadas a las mismas.
Segunda. Las
tareas a desempeñar por las Fuerzas Armadas Mexicanas, deben ir encaminadas a consolidar
las instituciones nacionales y a salvaguardar nuestro naciente régimen de libertades
democráticas.
Es por ello que
su marco normativo debe ser sumamente cuidadoso, con objeto de que las disposiciones que
lo rigen, delimiten claramente la organización, sus efectivos, sus funciones, niveles de
mando, facultades, prohibiciones y en general todo aquello que es inherente a una
regulación funcional y moderna.
Tercera. La
iniciativa presentada por mi conducto sobre el particular, puede ser un elemento que
contribuya a la necesaria modificación del marco normativo que regula el funcionamiento
de nuestro Ejercito, de la Armada y Fuerza Aérea Mexicanas, en la medida en que dichas
instituciones requieren para el óptimo desempeño de su función constitucional, un marco
legal acorde a la nueva realidad nacional.
Indudablemente
el régimen jurídico que sustenta el funcionamiento del sistema militar mexicano,
determina el sentido y la naturaleza de nuestras Fuerzas Armadas.
Sin embargo esos
perfiles deben estar sujetos a los rígidos cauces de la constitucionalidad y bajo la
vigencia irrestricta de los derechos humanos.
Cuarta.
Considerando la importancia de proceder a discutir el marco normativo de las Fuerzas
Armadas Nacionales, como punto inicial en un proceso de Reforma del Estado, que persiga la
conservación del sistema democrático y la modernización de las instituciones, es que
resulta pertinente el análisis de la propuesta de modificación constitucional presentada
por mi conducto en el tema que nos ocupa. Razón por la que considero necesario el
solicitar de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados su intervención a fin de que
sea rendido el dictamen correspondiente.
Quinta. Que en
virtud de que ha transcurrido en exceso el término de cinco días señalado en el
artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, para que se emita el dictamen sobre la iniciativa presentada en este
pleno el 13 de noviembre del año 2001, hoy recurro ante esta honorable Asamblea invocando
el artículo 21 fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, para que la Presidencia de esta Mesa Directiva
excite a la Comisión de Puntos Constitucionales, a efecto de que dictamine la iniciativa
que he mencionado al inicio de mi intervención.
Por lo expuesto
y fundado, a esta Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LVIII
Legislatura del honorable Congreso de la Unión, muy atentamente pido se sirva:
Unico. En los términos de los antecedentes y
consideraciones expuestos, así como de conformidad con los preceptos legales invocados,
se sirva excitar a la Comisión de Puntos Constitucionales, para que presenten el dictamen
que corresponde a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y que es materia de esta intervención.
Dado en el
Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 10 de octubre de 2002.— Suscribe por el
Partido de la Revolución Democrática, el diputado Rufino
Rodríguez Cabrera.»
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias a usted,
señor diputado.
De conformidad con lo que establece el artículo 21
fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Puntos Constitucionales para que emita el
dictamen correspondiente.
LEY
DE SEGURIDAD NACIONAL, INFORMACION Y ORGANISMOS DE INTELIGENCIA
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Se concede el
uso de la palabra al diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, para presentar una excitativa a la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública.
El diputado Luis Miguel Gerónimo
Barbosa Huerta:
Gracias, señora
Presidenta; señoras y señores legisladores:
En el proceso de
transición hacia la democracia la actividad de inteligencia es una de las grandes
asignaturas pendientes de las que la Reforma del Estado no puede excluirla. La disyuntiva
social respecto a la inteligencia, no radica en su misión intrínseca. ¿Quién podría
dudar sobre su pertinencia necesaria para gobernar? Su problema es de estructuración del
área, de coordinación, de formación del personal; es doctrinaria. Su dividendo
democrático consistirá en enmarcar toda actividad dentro de un régimen normativo de
orden público y su ingreso a los dominios de los controles legislativo y judicial y a una
adecuada fiscalización presupuestaria.
En México
existen varias dependencias gubernamentales que realizan labores de inteligencia, como la
Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina en los ámbitos militar y
naval, y la Procuraduría General de la República y la Policía Federal Preventiva en los
terrenos del crimen organizado. La institución especializada en operar un servicio civil
de inteligencia para la seguridad nacional es el Centro de Investigaciones y Seguridad
Nacional, el Cisen. El Cisen es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría
de Gobernación, con autonomía técnica y operativa, adscrito a su titular, que realiza
labores de inteligencia y contrainteligencia para la seguridad nacional.
Cuando se
reflexiona que precisamente la fracción XXIX del artículo 27 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal constituye el único sustento jurídico para la actividad
de la institución especializada en operar un servicio civil de inteligencia para la
seguridad nacional, la conclusión es tan inevitable como inaceptable: hasta ahora los
organismos de inteligencia nacional han actuado prácticamente al margen de la ley, sin
una ley específica de carácter público que los regule.
Otra
consecuencia nefasta para el orden democrático es que bajo el actual esquema no existen
límites claros y objetivos en materia de inteligencia interior, que excluya de la acción
de inteligencia el normal proceso político y las actividades lícitas de los particulares
como miembros de organizaciones políticas, sociales, religiosas o sindicales. La
consecuencia: el descrédito de los organismos de inteligencia que se ha mostrado ante la
opinión pública como organizaciones secretas de espionaje político, al margen del
Estado de Derecho y por tanto, con una visión reactiva de la inteligencia
fundamentalmente orientada a la detección de presuntas amenazas políticas y de supuesta
subversión. Así, durante décadas el sistema de inteligencia mexicano no ha sido un
órgano de Estado, sino un instrumento de régimen al servicio de los grupos políticos en
el poder.
En este tiempo,
cuando el Ejecutivo Federal ha abierto a la revisión de la ciudadanía más de 3 millones
de fichas y expedientes de los tristemente célebres de los otrora organismos de
inteligencia: Dirección Federal de Seguridad y Dirección General de Investigaciones
Políticas y Sociales, de la Secretaría de Gobernación, la información ahí contenida
demuestra que la falta de regulación de estos órganos públicos generó entes públicos
homicidas, persecutores, vigilantes y represores en el ejercicio político del pasado
inmediato en México.
La pregunta que
nos debemos hacer es sobre si la actividad de inteligencia que realizan los actuales
órganos del Estado en México debe seguir sin regulación y dejar abierta la posibilidad
de que el actual Gobierno pueda caer en la tentación de volver al pasado. Por estas
razones, solicito se excite a la Comisión de Gobernación para que dictamine la Ley de
Seguridad Nacional, Información y Organismos de Inteligencia.
Quisiera
expresar que el Partido de la Revolución Democrática listó para esta sesión 17
excitativas que tienen qué ver con la necesaria dictaminación de más de 200 que hemos
presentado en los dos años de ejercicio. No estamos ya en el año de las propuestas,
debemos de estar en el año de la dictaminación.
Señores
legisladores de todos los grupos parlamentarios y partidos políticos: hagamos del proceso
legislativo, en este año que nos resta, un proceso liberado de los acuerdos políticos,
despertemos a nuestra obligación, pongamos atención a lo que planteamos aquí, porque
están más atentos nuestros compañeros visitantes que ustedes, compañeros legisladores.
Gracias.
«Excitativa a
la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, que presenta el diputado Luis Miguel G.
Barbosa Huerta, para que se dictamine la iniciativa de Ley de Seguridad Nacional,
Información y Organismos de Inteligencia, presentada el día 1o. de enero del año 2001.
Señoras y
señores legisladores: en el proceso de transición hacia la democracia, la actividad de
inteligencia es una de las grandes asignaturas pendientes de las que la Reforma del Estado
no puede excluirla.
Entre los
acuerdos políticos existe un amplio consenso sobre la necesidad de reconvertir al sistema
de inteligencia en un instrumento idóneo y eficiente al servicio de la conducción de un
Estado democrático.
La disyuntiva
social respecto a la inteligencia no radica en su misión intrínseca, quién podría
dudar sobre su pertinencia necesaria para goberna; su problema es de estructuración del
área, de coordinación, de formación del personal, es doctrinario. Su dividendo
democrático consistirá en enmarcar toda actividad dentro de un marco normativo de orden
público y su ingreso a los dominios de los controles legislativo y judicial y a una
adecuada fiscalización presupuestaria.
Es
incuestionable que toda actividad realizada por el Estado exige una planificación
político-estratégica, que considera en general el análisis de situaciones y de los
elementos históricos presentes y prospectivos.
La sola mención
de la existencia de un proceso de decisión a nivel gubernamental con alcance
estratégico, nos lleva a plantear en forma inmediata, la necesidad de contar con
información oportuna y analizada sobre diversos temas y aspectos de la realidad nacional
e internacional.
En México
existen varias dependencias gubernamentales que realizan labores de inteligencia, como la
Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina en los ámbitos militar y
naval y la Procuraduría General de la República y la Policía Federal Preventiva en los
terrenos del crimen organizado. La institución especializada en operar un servicio civil
de inteligencia para la seguridad nacional, es el Centro de Investigación y Seguridad
Nacional, el Cisen. El Cisen es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría
de Gobernación con autonomía técnica y operativa, adscrito a su titular que realiza
labores de inteligencia y contrainteligencia para la seguridad nacional.
Cuando se
reflexiona que precisamente la fracción XXIX del artículo 27 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, constituye el único sustento jurídico para la
actividad de la institución especializada en operar un servicio civil de inteligencia
para la seguridad nacional, la conclusión es tan inevitable como inaceptable: hasta
ahora, los organismos de inteligencia nacional han actuado prácticamente al margen de la
ley, sin una ley específica de carácter público que los regule.
Otra
consecuencia nefasta para el orden democrático es que bajo el actual esquema, no existen
límites claros y objetivos en materia de inteligencia interior, que excluya de la acción
de inteligencia el normal proceso político y las actividades lícitas de los particulares
como miembros de organizaciones políticas, sociales, religiosas o sindicales.
Del mismo modo,
no existe una clara delimitación de la inteligencia interna y externa, interior y
exterior, menos aún la asignación de cada una de esas competencias a organismos de
inteligencia diferentes y ni siquiera una definición exacta de lo que para efectos de
inteligencia debe entenderse como seguridad nacional.
La consecuencia,
el descrédito de los organismos de inteligencia que se ha mostrado ante la opinión
pública como organizaciones secretas de espionaje político al margen del estado de
derecho y por tanto con una visión reactiva de la inteligencia, fundamentalmente
orientada a la detección de presuntas amenazas políticas y de supuesta subversión.
Así durante
décadas el sistema de inteligencia mexicano no ha sido órgano de Estado, sino sólo
instrumento de régimen al servicio de los grupos políticos en el poder.
En este tiempo,
cuando el Ejecutivo Federal ha abierto a la revisión de la ciudadanía más de tres
millones de fichas y expedientes de los tristemente célebres, de los otroras organismos
de inteligencia, Dirección Federal de Seguridad y Dirección General de Investigaciones
Políticas y Sociales de la Secretaría de Gobernación, la información ahí contenida
demuestra que la falta de regulación de estos órganos públicos generó entes públicos
homicidas, persecutores, vigilantes y represores en el ejercicio político del pasado
inmediato en México.
La pregunta que
nos debemos hacer es sobre si la actividad de inteligencia que realizan los actuales
órganos del Estado en México debe seguir sin regulación y dejar abierta la posibilidad
de que el actual Gobierno pueda caer en la tentación de volver al pasado.
Por ello
solicito se excite a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública para que dictamine
la iniciativa de Ley Sobre Seguridad Nacional, Información y Organismos de Inteligencia,
que presenté el 1o. de agosto del año 2001.
México, D.F., a
10 de octubre de 2002.— Diputado Luis Miguel G.
Barbosa Huerta.»
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias, señor
diputado.
De conformidad con lo que establece el artículo 21
fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública para que
emita el dictamen correspondiente. Y en virtud de que es la segunda excitativa, se le fija
el día 22 de noviembre para que el dictamen se presente ante esta Asamblea.
El siguiente
punto agendado en el orden del día, una excitativa a la Comisión de Educación, a
petición del presidente de la misma comisión y con la anuencia y comprensión de la
diputada Hortensia Aragón, se pospone para la próxima reunión.
LEY
GENERAL DE EDUCACION
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Tiene la palabra
el diputado Miguel Bortolini Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática para presentar una excitativa a las comisiones de Educación
Pública y Servicios Educativos y de Atención a Grupos Vulnerables.
El diputado Miguel Bortolini Castillo:
Con su permiso,
señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
El día 17 de
julio de 2002, ante el pleno de la Comisión Permanente, presenté una iniciativa con
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de
Educación.
La mencionada
iniciativa pretende, desde el marco de las leyes, garantizar la protección integral del
menor de edad en el ámbito escolar. Esto es, darle seguridad en el aspecto físico,
sicológico, emocional y moral; esta normatividad busca establecer claramente las
responsabilidades que a ese respecto le corresponden a autoridades, trabajadores, padres
de familia, así como a la sociedad en general en el ámbito escolar.
Es urgente,
desde nuestro punto de vista, legislar a este respecto, pues la inseguridad y violencia en
las escuelas no es un fenómeno nuevo pero hoy día se manifiesta bajo nuevas formas
además es alentada por nuevos procesos de desintegración social por lo que es necesario
que el sistema escolar cuente con nuevas estrategias para prevenirlo y erradicarlo,
asociada a la inseguridad y violencia escolar, se encuentra el creciente consumo de droga
entre los adolescentes y jóvenes que están llegando a niveles propios de una sociedad
enferma y que corroe ya las bases mismas de la convivencia social.
Por ejemplo y
según un reciente estudio de la UNAM, el 13% de los estudiantes de secundaria ha visto un
arma en su escuela y de ellos más del 50% la identifica como una arma de fuego; además,
el 15.3% indica haber visto drogas en su plantel educativo, el 22.3% ha sido víctima de
algún tipo de violencia en su escuela y el 56.8% manifiesta que en las calles aledañas a
su secundaria, son inseguras; no obstante, el 42.7% afirma que no denunciaría a algún
compañero si se enterara que cometió algún delito.
Con esta
legislación buscamos, además, evitar toda posibilidad de riesgo para miles de niñas y
niños que estudian en guarderías y estancias infantiles e inseguras, ya sea porque la
autoridad correspondiente no supervisa o porque la propia ley no le da atribuciones
necesarias para garantizar la seguridad de estos planteles.
Tan sólo
recordemos el caso de los acontecimientos sucedidos en el jardín de niños Gabriela
Mistral que operaba en Ecatepec, donde se conjugó la intolerancia de una persona y la
irresponsabilidad de la dueña del colegio, que eran al mismo tiempo su directora, la que
junta a la negligencia de la autoridad, generaron una tragedia donde murieron dos niños y
resultaron severamente lesionados más de 20.
El homicidio de
esos menores, mostró con crudeza cómo la falta de regulación de las condiciones de
seguridad bajo las cuales operan miles de escuelas que albergan a menores de edad, pueden
resultar fatales, en cualquier día de éstos.
Compañeras y
compañeros diputados: alejar la inseguridad y las amenazas que se ciernen sobre el
ámbito escolar en nuestro país, que se expresen en el maltrato, abuso y violencia hacia
los más vulnerables, es una labor que, si bien, empieza desde la prevención, se debe
complementar actuando con todas las atribuciones necesarias, en un marco de derecho claro
que evite que esos fenómenos crezcan y se repitan.
Esa es nuestra
responsabilidad como legisladores y a ello invoco desde esta tribuna.
Por lo
anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21 fracción
XVI y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente a la Presidencia de esta Cámara,
tenga a bien formular una excitativa a las comisiones de Educación y Servicios Educativos
y de Atención a Grupos Vulnerables, para que dictaminen la iniciativa con proyecto de
decreto referida.
Muchas gracias,
señora Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
De conformidad con lo que establece el artículo 21
fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, se excita a las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos
y de Atención a Grupos Vulnerables, para que emitan el dictamen correspondiente.
PLAN
NACIONAL DE DESARROLLO
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Tiene la palabra
el diputado Jesús Garibay García del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, para presentar una excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.
El diputado Jesús Garibay García:
Con su venia,
señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Con fecha 10 de
octubre del año 2000, el suscrito, diputado federal y mi compañero Rafael Hernández
Estrada. a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, así
como otros compañeros diputados más, presentamos una iniciativa de decreto que reforma
los artículos 26 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
cual fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.
El 22 de marzo
del año 2001, solicité al entonces presidente de la Mesa Directiva, diputado Ricardo
García Cervantes, se sirviera excitar a la Comisión de Puntos Constitucionales, para que
presentara a la brevedad el dictamen correspondiente.
Con dicha
iniciativa se busca lograr que el Congreso de la Unión legisle sobre los procedimientos
de participación y consulta popular en el sistema de planeación democrática y que se
faculte al Ejecutivo para dictaminar, aprobar y evaluar el Plan Nacional de Desarrollo.
En México,
vivimos tiempos de cambio y entre todos habremos de esforzarnos, porque estos cambios sean
positivos y equilibrados, es decir, cambios que se verifiquen en diversos ámbitos de la
vida nacional, en lo social, en lo económico y en lo político.
El Presidente de
la República tiene el mandato de elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, sin embargo,
las cámaras no tienen ninguna facultad para observar y modificar tan importante documento
ni tiempo real para estudiarlo, por lo que el futuro del país se vuelve a cimentar en la
visión de un solo hombre: el Presidente de la República.
No olvidemos que
el artículo 25 de nuestra Carta Magna establece que la rectoría económica es función
del Estado y el artículo 26 constitucional, ratifica la obligación del Estado para
organizar un sistema de planeación democrática.
El Congreso de
la Unión, como representación del pueblo y de la Federación, debe intervenir de manera
directa en la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, ya que es la representación de
la sociedad la que debe de ofrecer los matices de las necesidades más apremiantes y
también de las más estratégicas al titular del Ejecutivo y velar porque éstas queden
debidamente expresadas en el plan rector de la economía de la administración.
Por ello hemos
propuesto la reforma a los artículos 26 y 73 constitucionales, para que el Congreso de la
Unión establezca en la ley los procedimientos de participación y consulta popular en el
sistema nacional de planeación democrática. Asimismo, hemos propuesto también que el
Poder Legislativo determinará, aprobará y evaluará el Plan Nacional de Desarrollo y sus
programas, los cuales tendrán carácter obligatorio para la Administración Pública
Federal.
CONSIDERANDO
Primero. Que con
fecha 10 de octubre de 2000 el suscrito diputado federal y mi compañero Rafael Hernández
Estrada, a nombre del grupo parlamentario de la Revolución Democrática presentamos una
iniciativa de decreto que reforma los artículos 26 y 73 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y que fue turnada a las comisiones de Puntos
Constitucionales;
Segundo. Que el
22 de marzo del año 2001 solicité al Presidente de la Mesa Directiva, diputado Ricardo
García Cervantes se sirviera excitar a la Comisión de Puntos Constitucionales para que
presentara a la brevedad el dictamen correspondiente; y
Tercero. Que ha
transcurrido en exceso el plazo que el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece como término para
expedir el dictamen correspondiente a una iniciativa presentada y turnada para su
conocimiento.
Por lo expuesto,
el suscrito diputado federal de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e
integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45 párrafo sexto, inciso e de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, fracción XXVI y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso, solicito a la Presidenta de la Mesa Directiva, diputada Beatriz Paredes Rangel,
se sirva excitar por segunda ocasión a la Comisión de Puntos Constitucionales para que
presente a la brevedad su dictamen correspondiente.
Por su atención
y consideración, muchas gracias.
«Excitativa a
la Comisión de Puntos Constitucionales para facultar al Poder Legislativo para
dictaminar, aprobar y evaluar el Plan Nacional de Desarrollo.
Con su venia
señora Presidenta, señoras diputadas; señores diputados:
ANTECEDENTES
1. Con fecha 10
de octubre de 2000, los diputados Jesús Garibay García y Rafael Hernández Estrada, a
nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, así como los
diputados Eduardo Abraham Leines Barrera, Pedro Manterola Sainz, Jaime Mantecón Rojo,
Marcos Paulino López Mora, Nemesio Domínguez Domínguez, Martha Silvia Sánchez
González, presentaron una iniciativa de decreto que dé reforma a los artículos 26 y 73
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual fue turnada a las
Comisión de Puntos Constitucionales.
2. El 22 de
marzo del año 2001 solicité al Presidente de la Mesa Directiva, Ricardo García
Cervantes, se sirviera excitar a la Comisión de Puntos Constitucionales para que
presentara, a la brevedad, el dictamen correspondiente.
3. Con dicha
iniciativa se busca lograr que el Congreso de la Unión legisle sobre los procedimientos
de participación y consulta popular en el sistema de planeación democrática y que se
faculte al Poder Legislativo para dictaminar, aprobar y evaluar el Plan Nacional de
Desarrollo.
EXPOSICION DE MOTIVOS
En México
vivimos tiempos de cambio y entre todos nos habremos de esforzar porque estos cambios sean
positivos y equilibrados; es decir, cambios que se verifiquen en diversos ámbitos de la
vida nacional; en lo social, en lo económico y en lo político.
El Presidente de
la República tiene el mandato de elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, sin embargo,
las cámaras no tienen ninguna facultad para observar y modificar tan importante
documento, ni tiempo real para estudiarlo, por lo que el futuro del país se vuelve a
cimentar en la visión de un solo hombre, el Presidente de la República, y en el mejor de
los casos, en la visión de un solo poder, el Poder Ejecutivo. Si queremos seguir
fortaleciendo nuestra República y sus prácticas democráticas tenemos que dotar de más
atribuciones al Poder Legislativo en tareas tan importantes como, lo es la dictaminación,
aprobación y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo.
No olvidemos que
el artículo 25 de nuestra Carta Magna establece que la rectoría económica es función
del Estado, y el artículo 26 Constitucional ratifica la obligación del Estado para
organizar un sistema de planeación democrática. El Congreso de la Unión, como
representación del pueblo y de la Federación debe intervenir de manera directa en la
aprobación del Plan Nacional de Desarrollo ya que es la representación de la sociedad la
que debe de ofrecer los matices de las necesidades más apremiantes y también de las más
estratégicas al titular del Poder Ejecutivo y velar porque éstas queden debidamente
expresadas en el plan rector de la economía de la presente administración.
Por ello hemos
propuesto la reforma a los artículos 26 y 73 constitucionales para que el Congreso de la
Unión establezca en la ley los procedimientos de participación y consulta popular en el
sistema nacional de planeación democrática y los criterios para la formulación,
instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo.
Asimismo
determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para la
coordinación mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas y para el
cumplimiento y concertación con los particulares, para la elaboración y ejecución del
mismo por parte del Ejecutivo Federal.
Asimismo, hemos
propuesto también el Poder Legislativo dictaminará, aprobará y evaluará el Plan
Nacional de Desa-rrollo y sus programas, los cuales tendrán carácter obligatorio para la
Administración Pública Federal.
CONSIDERANDO
1. Que con fecha
de 10 de octubre de 2000, los diputados Jesús Garibay García y Rafael Hernández
Estrada, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
presentaron una iniciativa de decreto que reforma los artículos 26 y 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que fue turnada a la Comisión
de Puntos Constitucionales;
2. El 22 de
marzo del año 2001 solicité al presidente de la Mesa Directiva, Ricardo García
Cervantes, se sirviera excitar a la Comisión de Puntos Constitucionales para que
presentara a la brevedad el dictamen correspondiente y
3. Que ha
transcurrido en exceso el plazo que el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece como término para
expedir el dictamen correspondiente a una iniciativa presentada y turnada para su
conocimiento.
Por lo expuesto
y fundado:
El suscrito,
diputado federal de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 39, 45 párrafo sexto, inciso e de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, 21 fracción XVI y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso, solicito a la Presidenta de la Mesa Directiva, Beatriz Paredes Rangel, se
sirva excitar, por segunda ocasión, a la Comisión de Puntos Constitucionales para que
presente, a la brevedad, su dictamen correspondiente.
Palacio
Legislativo.— San Lázaro, a 10 de octubre de 2002.— Diputado Jesús Garibay García.»
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias, señor
diputado.
De conformidad con lo que establece el artículo 21
fra- cción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Puntos Constitucionales para que
emita el dictamen correspondiente y en virtud de que es la segunda excitativa, se fija el
día 22 de noviembre para que la comisión presente el dictamen ante esta Asamblea.
Tiene la palabra
el diputado Alfredo Hernández Raigosa, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, para presentar una excitativa a la Comisión de Justicia y
Derechos Humanos...
En virtud de que
el diputado no se encuentra atendemos la solicitud para que pase al final de este apartado
del orden del día.
CODIGO
PENAL FEDERAL
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Tiene la palabra
el diputado Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, para presentar una excitativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
El diputado Tomas Torres Mercado:
Con su permiso,
señora Presidenta; compañeras diputadas; compañeros diputados:
Qué bueno que
la Presidencia de la Mesa Directiva ya para algunas excitativas planteadas por los
señores diputados siendo en algunos casos la segunda, que la Presidencia en funciones
haya instruido a algunas comisiones para que en un plazo determinado presenten ante el
pleno los dictámenes que estimen procedentes.
Y digo qué
bueno porque finalmente la omisión por parte de las comisiones para cumplir con su
responsabilidad, se queda en una norma jurídica imperfecta, en una norma jurídica en
blanco. Lo único que se puede aquí lograr circunstancialmente es la censura por la
irresponsabilidad en la emisión de los dictámenes.
A quien si el
verbo que la ley contempla, de excitar, tiene la connotación de poner en movimiento, yo
creo, y lo digo con respeto, de que la excitativa también debería hacerse a la
Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y lo propio,
insisto con absoluto respeto, a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Es censurable de
que del contenido de la agenda del orden del día, para tratar en esta Asamblea el día de
hoy, haya un listado de más de 20 solicitudes de excitativas y en lugar de que este
tiempo lo ocupáramos para el debate de dictámenes y de temas sustanciales para la
Cámara y para México, continuemos desplazando temas fundamentales que no se ven hoy día
en la Cámara de Diputados. Pero tiene su bondad y tiene su sentido político y no me toca
a mí calificarlo.
Hacemos la
solicitud de excitativa para recordar que sobre temas fundamentales hay propuestas, hay
alternativas de las diferentes diputadas y diputados miembros de esta Cámara y cuando
menos que quede la referencia y la constancia que hay interés para impulsar esos temas
fundamentales.
La iniciativa a
la que aludo, compañeras diputadas y diputados, es una reforma a los artículos 214 y 247
del Código Penal Federal, que tiene qué ver con que vayamos al nivel del reproche más
negativo que las leyes recogen, que es justamente la sanción penal cuando el Ejecutivo
Federal recorte, transfiera u omita gastar los recursos públicos autorizados por la
Cámara de Diputados.
Ese sentido
tiene por una parte el numeral que proponemos se reforme, el Código Penal Federal. El
otro tiene qué ver con la falsedad con la que se conducen secretarios, subsecretarios,
oficiales mayores, en esta tribuna, en los trabajos en comisiones y en los trabajos de
comisiones especiales o subcomisiones.
Aquí viene y se
dice lo que se les antoja. Contestan lo que les da su gana, a pesar de que hay fuentes de
información pública, fidedigna, que establecen lo contrario.
Eso entonces por
esa virtud, señora Presidenta, que le pido que, al tiempo que ordene a la Comisión de
Justicia cumpla con su cometido, dejemos el tema de reflexión para los órganos de
dirección sobre la responsabilidad en impulsar los trabajos sustantivos de la Cámara.
Muchas gracias.
«Solicitud de
excitativa en relación con la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los
artículos 214 y 247 del Código Penal Federal, presentada el día 9 de abril de 2002 por
el diputado Tomás Torres Mercado, con objeto de fincar responsabilidad penal a los
servidores públicos que no cumplan con el Presupuesto de Egresos de la Federación o que
declaren con falsedad cuando comparezcan ante el Congreso de la Unión
En mi carácter
de diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática y con apoyo en el artículo 85 último párrafo, en relación con el
artículo 21 fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del honorable
Congreso de la Unión, solicito se proceda a excitar a la Comisión de Justicia y Derechos
Humanos de esa Cámara de Diputados, a fin de que presente dictamen en relación con la
iniciativa que a continuación me refiero:
Con fecha 9 de
abril del año en curso, el suscrito presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados,
una iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 214 y 247 del Código
Penal Federal.
La iniciativa
mencionada se elaboró con objeto de fincar responsabilidad penal a los funcionarios
públicos que debiendo ejercer el gasto público o los recursos del erario, nos los
destine en los términos autorizados por la Cámara de Diputados o en su defecto, recorte,
transfiera, omita o deje de gastar los recursos públicos autorizados por la propia
Cámara de Diputados, con base en el presupuesto autorizado en el año de ejercicio
correspondiente.
Asimismo, la
iniciativa de referencia propone sancionar penalmente al Secretario de Estado,
subsecretario, oficial mayor, director general o equivalente, director de entidad o
dependencia del Gobierno Federal que comparezca ante alguna de las cámaras del Congreso
Federal, en pleno, comisión, subcomisión o reunión de trabajo y rinda informes falsos o
discordantes con la información contenida en archivos oficiales o datos publicados por
los medios de comunicación, en los que se cite como fuente a alguna entidad o dependencia
del Gobierno Federal.
Una vez que fue
leída la iniciativa que nos ocupa, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados ordenó se turnara a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para el
trámite procedente.
En atención a
que hasta el día de hoy el asunto no ha sido dictaminado, superando en exceso el plazo
que señala el artículo 87 del Reglamento invocado, solicito de esta Presidencia de la
Mesa Directiva, proceda a excitar a la citada Comisión de Justicia y Derechos Humanos de
la Cámara de Diputados, a fin de que presente el dictamen que corresponda.
México, D.F., a
10 de octubre de 2002.— Diputado Tomás Torres
Mercado.»
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias, señor
diputado.
De conformidad con lo que establece el artículo 21
fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para que
emita el dictamen correspondiente.
LEY DE LA AGROINDUSTRIA DE LA CAÑA DE AZUCAR
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Tiene la palabra
el diputado Arturo Herviz Reyes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, para presentar una excitativa a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
El diputado Arturo Herviz Reyes:
Con su permiso,
señora Presidenta:
Con fundamento
en los artículos 21 fracción XVI, 87 y 91 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en mi carácter de diputado federal de
la LVIII Legislatura del Congreso General, solicito a usted hacer presente a la
Presidencia de la Cámara de Diputados que ha transcurrido el plazo reglamentario para que
se presente el dictamen de la siguiente iniciativa con proyecto de decreto de Ley de la
Industria de la Caña de Azúcar, presentada en la sesión del día lunes 26 de diciembre
del año 2000, presentada por el suscrito, diputado Arturo Herviz Reyes.
La Presidencia
de la Mesa Directiva turnó el asunto a la Comisión de Agricultura y Ganadería para su
examen y dictamen correspondiente.
Ha transcurrido
un año 10 meses sin que la comisión antes citada haya resuelto la iniciativa mencionada.
Dicha iniciativa
propone transformar las estructuras productivas de la agroindustria azucarera del país,
teniendo como parte central la transformación y democratización de las organizaciones de
productores de caña de azúcar y, con ello, la libre asociación de los productores de
caña, rompiendo el esquema corporativo que mantiene el decreto actual, así como también
que los productores organizados de manera independiente puedan acceder a los comités de
producción cañera para formular de manera conjunta con los dueños de los ingenios los
programas de operación relativos a la siembra de caña de azúcar, actividades
agrícolas, mecanización del campo cañero, cosecha y molienda de caña por zafra,
construcción, conservación, mejoramiento de caminos cañeros y obras de infraestructura,
albergues para cortadores, modificación de tarifas por trabajos ejecutados y de tarifas
por trabajos de siembra, cultivo, entrega, recepción de caña y de las solicitudes de
crédito en general.
La iniciativa
también contempla la reconversión productiva del campo cañero mediante la capacitación
y actualización de los productores encaminados a enfrentar la competencia del mercado de
los edulcolorantes distintos al azúcar, para que los productores e industriales de la
caña de azúcar puedan obtener utilidades de los más de 300 subproductos de la caña de
azúcar.
En el marco del
Tratado de Libre Comercio se requiere una nueva legislación cañera, una legislación que
haga a nuestros cañeros competitivos, una legislación que permita la libre asociación y
con ello esté dando la oportunidad a los productores de caña de tecnificar el campo, de
tener créditos suficientes y oportunos, pero también una nueva legislación que permita
a los empresarios del azúcar tener el financiamiento lícito dentro de las instancias de
gobierno.
Por todo ello y
con apego a la normatividad del Congreso General, atentamente solicito
Unico. Que la
Mesa Directiva excite a la Comisión de Agricultura y Ganadería para que se presente el
dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de Ley de la Agroindustria de la
Caña de Azúcar presentada en la sesión del lunes 26 de diciembre del año 2000.
Con esta
excitativa esperamos sensibilizar a los diputados de la Comisión de Agricultura para que
este dictamen sea presentado ya en el pleno.
Hubo consensos,
hubo disensos, pero tenemos que presentar ese dictamen para que los cañeros del país
tengan una nueva legislación y con ello los cañeros salgan adelante.
Muchas gracias,
señora Presidenta.
«Excitativa a
la Comisión de Agricultura y Ganadería para que dictamine la iniciativa o proyecto de
Ley de la Agroindustria de la Caña de Azúcar presentada el lunes 26 de diciembre de
2000.
Ciudadanos
secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Con fundamento
en los artículos 21 fracción XVI; 87 y 91 del Reglamento Interior del Congreso General
de los Estados Unidos y en mi carácter de diputado federal de la LVIII Legislatura del
Congreso General solicito a ustedes hacer presente a la Presidencia de la Cámara de
Diputados que ha transcurrido el plazo reglamentario para que se presente el dictamen de
la siguiente iniciativa con proyecto de decreto de Ley de la Agroindustria de la Caña de
Azúcar, presentada en la sesión de día lunes 26 de diciembre de 2000, por el
suscrito diputado federal Arturo Herviz Reyes.
La Presidencia
de la Mesa Directiva turno el asunto a la Comisión de Agricultura y Ganadería para su
examen y dictamen correspondiente.
Ha transcurrido
un año y 10 meses sin que la comisión antes citada haya resuelto la iniciativa citada
que se encuentra a su consideración.
Dicha iniciativa
propone transformar las estructuras productivas de la agroindustria azucarera del país,
teniendo como parte central la transformación y democratización de las organizaciones de
productores de caña de azúcar.
Así como
también que los productores organizados de manera independiente puedan acceder a los
comités de producción cañera, para formular de manera conjunta con los dueños de los
ingenios los programas de operación, relativos a la siembra de caña de azúcar,
actividades agrícolas, mecanización del campo cañero, cosecha y molienda de caña por
zafra, construcción, conservación, mejoramiento de caminos cañeros y obras de
infraestructura, albergues para cortadores, modificación de tarifas por trabajos
ejecutados y de tarifas de trabajos de siembra, cultivo; entrega-recepción de caña y de
las solicitudes de créditos en general.
La iniciativa
también contempla la reconversión productiva del campo cañero, mediante la
capacitación y actualización de los productores, encaminados a enfrentar la competencia
del mercado de los edulcorantes distintos al azúcar, para que los productores e
industriales de la caña de azúcar puedan obtener utilidades marginales de los más de
300 subproductos de la caña de azúcar.
Por todo ello y
con apego a la normatividad del Congreso General, atentamente solicito:
Unico. Que la Mesa Directiva excite a la Comisión
de Agricultura y Ganadería para que presente el dictamen correspondiente a la iniciativa
con proyecto de Ley de la Agroindustria de la Caña de Azúcar presentada en la sesión
del día 26 de diciembre de 2000.
Atentamente.
Palacio
Legislativo.— San Lázaro.— México, D.F., a 10 de octubre de 2002.—
Diputado Arturo Herviz Reyes.»
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias, señor
diputado.
De conformidad con lo que establece el artículo 21
fra- cción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Agricultura y Ganadería para que
emita el dictamen correspondiente.
LEY
DEL SEGURO SOCIAL
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Tiene la palabra
el diputado Rafael Servín Maldonado, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, para presentar una excitativa a la Comisión de Seguridad
Social.
El diputado Rafael Servín Maldonado:
Con su permiso,
señora Presidenta:
En sesión
ordinaria del pasado 23 de abril del presente año, el diputado Cuauhtémoc Montero
Esquivel, en nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y
con el respaldo de varios diputados de diversos partidos políticos, presentó iniciativa
con proyecto de decreto en la que se reforma el artículo decimocuarto transitorio de la
Ley del Seguro Social, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el día jueves 20 de diciembre del año 2001.
La Presidencia
de la Mesa Directiva resolvió turnar la iniciativa a las comisiones de Trabajo y
Previsión Social y a la de Seguridad Social.
Sin embargo, han
transcurrido más de cinco meses sin que este pleno cuente con el dictamen respectivo para
su votación.
La Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 45 párrafo seis
inciso f especifica: “que es una tarea de
las comisiones dictaminar, atender o resolver iniciativas, proyectos y proposiciones
turnadas a las mismas en los términos de los programas legislativos acordados por la
Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos”.
Por su parte el
Reglamento Interior para el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos establece en su
artículo 88 que: “toda comisión deberá presentar su dictamen en los negocios de su
competencia, dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que se haya
recibido”.
En tal virtud y
en razón de lo antes fundado, conforme a los preceptos legales, ha transcurrido en exceso
el término que las comisiones tienen para emitir el dictamen respectivo y en base a las
facultades que le confieren a la Mesa Directiva el artículo 23 inciso f de la Ley Orgánica del Congreso General, y 21
fracción XVI del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, le solicito se sirva la Mesa Directiva excitar a las comisiones de Trabajo y
Previsión Social y a la de Seguridad Social, para que a la brevedad emitan el dictamen
respectivo de la iniciativa con proyecto de decreto en la que se reforma el artículo
decimocuarto transitorio de la Ley del Seguro Social publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre
del año 2001.
Es cuanto,
señora Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias, señor
diputado.
De conformidad con lo que establece el artículo 21
fra- cción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, se excita a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y a la
de Seguridad Social para que emita el dictamen correspondiente.
CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Tiene la palabra
el diputado Rogaciano Morales Reyes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, para presentar una excitativa a la Comisión de Gobernación y Seguridad
Pública.
El diputado Rogaciano Morales Reyes:
Con permiso,
compañera Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Con fecha 16 de
abril de este año presenté a nombre del grupo parlamentario de mi partido, el de la
Revolución Democrática, una iniciativa de adiciones a disposiciones del Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales. Esta iniciativa tiene como objeto lograr
que el día de las elecciones los internos en clínicas públicas y privadas puedan emitir
su voto, dado que legalmente no hay impedimento alguno.
En la iniciativa
se hicieron los razonamientos conducentes y ahora me limitaría simplemente a decir que es
de fundamental importancia que nuestros representantes populares y servidores públicos en
general, desde regidores, síndicos, presidentes municipales, diputados locales, diputados
federales, senadores, gobernadores, presidentes de la República y en general todos
aquellos servidores que son electos, cuenten con suficiente base de legitimación popular
para desempeñar con autoridad moral y política sus funciones.
Porque si
analizamos los resultados de las elecciones del 2000, todavía vemos que poco más del 36%
en relación con un padrón de cerca de 60 millones de ciudadanos se abstienen.
Ya sabemos y
ahí están los que se han ido en busca de trabajo a otros países. Sabemos que hay muchos
detenidos que también podrían votar hasta antes del auto de formal prisión y los
enfermos que en aquella ocasión pues fueron materia de mi preocupación y una oferta de
campaña.
Pero bueno, pues
ahí está la iniciativa esperando. De modo que volvemos a apelar a la generosidad de la
Comisión de Gobernación y Seguridad Pública para que emita su dictamen.
Los términos
legales que para el caso contempla la normatividad que rige la vida interna de este
Congreso, se han colmado en exceso y estamos en espera de esa decisión, a fin de que,
bueno pues se integre a los diversos esfuerzos que hacemos para abatir el problema
político electoral del abstencionismo, que todavía de alguna manera viste a nuestras
elecciones y que no nos deja muy bien parados en el concierto internacional. Porque no
podemos ciertamente decir, como dijo un presidente o como dijo un partido en apoyo a dicho
presidente: que evidentemente había perdido las elecciones en 1988, que se iba a
legitimar en su función.
Eso es falso,
eso nunca ocurre; nunca nos puede volver a pasar. De modo que con base en todo lo dicho y
fundado pido:
Unico. Que la
Presidencia de la Mesa Directiva se sirva excitar a la Comisión de Gobernación y
Seguridad Pública para que presente el dictamen correspondiente de la iniciativa de
decreto a que se ha hecho merito aquí, en forma verbal y de que trata en forma amplia
este pliego que entrego para el caso.
Muchas gracias.
«Excitativa a
la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
Ciudadana
Presidenta de la Mesa Directiva; compañeras y compañeros diputados: el suscrito
diputado, integrante del grupo parlamentario el Partido de la Revolución Democrática,
con fundamento en lo previsto por el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; solicito a esta
Presidencia se excite a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, al tenor de los
siguientes
ANTECEDENTES
Primero. Con
fecha 16 de abril del presente año, presenté a nombre del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, una iniciativa de decreto, que adiciona
disposiciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).
Segundo. Dicha
iniciativa tiene como objetivo lograr que el día de las elecciones los ciudadanos
internos en clínicas particulares o públicas puedan emitir su sufragio, toda vez que
éstos, por causas de fuerza mayor, no están en posibilidad de concurrir a emitir su voto
a ningún tipo de casillas de su sección electoral correspondiente. Para lo cual se
prevé en dicho decreto un mecanismo sencillo que permita que casillas auxiliares se
constituyan en las citadas clínicas y recaben el voto.
EXPOSICION DE MOTIVOS
Es de
fundamental importancia que nuestros representantes populares y servidores públicos en
general, estén sustentados en una amplia base de legitimación popular, hasta donde sea
posible. Es indispensable propiciar mediante este tipo de mecanismos, que de manera
resuelta contribuyamos a abrir la llave de la democracia, el voto, a la posibilidad de
abatir el problema político electoral del abstencionismo.
Por ello es
necesario que sigamos contribuyendo en el esfuerzo de abatir el problema político
electoral que caracteriza nuestras elecciones, que sobre el particular y como es de todos
conocido, si se observa las cifras, en la última elección presidencial tenemos que de un
padrón de 59,584.615 empadronados, sufragaron 37,601.618, habiéndose abstenido
21,181.119 ciudadanos, lo cual representa una participación de un 63.97% y un 36.03% de
abstención.
Ahora que nos
acercamos a la contienda electoral de 2003 nos corresponde a nosotros los legisladores, es
nuestro deber, seguir insistiendo en que necesitamos abrir la posibilidad de que los votos
sean cada vez más, más sustento popular de nuestra democracia y, por ello, en este
Congreso deben darse las reformas legislativas necesarias para que esto suceda.
Con la
excitativa que se solicita se pretende impulsar el dictamen y buscar la aprobación de la
iniciativa presentada en esta legislatura; por lo que habiendo transcurrido en exceso el
plazo que el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos establece como término para expedir el dictamen
correspondiente a una iniciativa presentada y turnada para su conocimiento y con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45 párrafo sexto inciso e, de la Ley Orgánica y 21 fracción XVI del
Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, pido:
Unico. Que la
Presidencia de la Mesa Directiva, se sirva excitar a la Comisión de Gobernación y
Seguridad Pública para que presente el dictamen correspondiente de la iniciativa de
decreto a que se ha hecho mérito.
Muchas gracias.
Palacio
Legislativo.— San Lázaro, a 10 de octubre de 2002.— Diputado Rogaciano Morales Reyes.»
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Insértese el texto íntegro de la excitativa en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria. Y de conformidad con lo que
establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Gobernación
y Seguridad Pública para que emita el dictamen correspondiente.
CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Tiene la palabra
el diputado José Antonio Magallanes Rodríguez del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, para presentar una excitativa a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público.
El diputado José Antonio Magallanes
Rodríguez:
Con su permiso,
señora Presidenta; compañeras y compañeros; hombres y mujeres de México:
El 8 de
noviembre de 2001 presenté ante este pleno una iniciativa de decreto que adiciona y
deroga diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, misma que fue turnada
a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su dictamen; 11 meses después dicha
iniciativa se mantiene suspendida, sin que hasta el momento se haya elaborado el trámite
correspondiente para su dictaminación.
Considero que la
iniciativa en cuestión contribuye a reducir la evasión fiscal a través de la
simplificación administrativa, cumpliendo con el principio de simplicidad y claridad.
Los problemas
político-administrativos del sistema tributario mexicano, están asociados con la elevada
cantidad de trámites que se deben de cubrir, la dificultad para llenar las formas
fiscales y el tiempo que se emplea. Asimismo, la provisión de bienes y servicios
públicos de cuestionada calidad, asociada con la alta corrupción y falta de
transparencia en el manejo de los recursos públicos, también inciden negativamente en la
recaudación fiscal.
El sistema
tributario mexicano ha incurrido en ineficiencias en la recaudación. Sólo por citar el
ejemplo del IVA, las pérdidas que generan las exenciones y excepciones significan que de
cada peso que se podría recaudar sólo se ingresa al erario público 52 centavos. En el
caso del impuesto sobre la renta cada año dejan de ingresar al erario público cerca de
180 mil millones de pesos.
Otro problema
que debe enfrentarse de manera permanente, es el de la elusión fiscal, por medio del cual
algunos contribuyentes buscan encontrar en los textos legales una interpretación
conceptual distinta a la intención del legislador, todo ello con el ánimo de obtener un
beneficio económico.
Tanto la
evasión como la elusión, junto con otros problemas estructurales de nuestro sistema
impositivo, obligan a una reforma fiscal integral, pero una en la que no se dependa del
consumo de las mayorías para obtener más recursos, una que no dependa del IVA en
alimentos y medicinas. Recordemos que la cifra que pretende recaudar el Ejecutivo por
concepto de IVA es casi equivalente a la que se evade por el pago del mismo impuesto,
cerca de 120 mil millones de pesos.
Nuestra
propuesta de reformas al Código Fiscal de la Federación, busca también propiciar que el
contribuyente no quede en un estado de indefensión por un acontecimiento ajeno a él y
con ello se pretende dar cumplimiento al principio de seguridad pública.
Otra parte de la
propuesta tiene un carácter más bien económico, pues busca eliminar la iniquidad que
existe en la devolución de contribuciones, pues cuentan con una tasa de interés que hace
más atractivo para algunas empresas invertir en el fisco que en activos productivos.
Estas propuestas
con trascendentes, considerando que son el principio para reformar nuestro sistema
tributario, acorde con las necesidades del país y con el objetivo de obtener mayores
ingresos para el Estado.
Asimismo, el
sistema tributario mexicano ha incurrido en ineficiencias en la recaudación. Sólo por
citar el ejemplo del IVA, las pérdidas que generan las exenciones y excepciones,
significan que de cada peso que se podría recaudar, sólo se ingresan 52 centavos.
Estas propuestas
son importantes, considerando que son el principio para reformar nuestro sistema
tributario.
Por lo
anteriormente expuesto, solicito a esta Presidencia envíe la presente excitativa a la
Comisión de Hacienda y Crédito Público, a fin de que se elabore el dictamen
correspondiente.
Es cuanto
señora Presidenta.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias, señor
diputado.
De conformidad con lo que establece el artículo 21
fra- cción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para
que emita el dictamen correspondiente.
La siguiente
excitativa agendada por la diputada María de los Angeles Sánchez Lira, a petición suya
se retira del orden del día.
Y la siguiente
agendada por el diputado Gregorio Urías Germán, se pospone para la siguiente reunión.
VOTO DE MEXICANOS EN EL EXTRANJERO
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Tiene la palabra
el diputado Sergio Acosta Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, para presentar una excitativa a las comisiones de Puntos Constitucionales y
de Gobernación y Seguridad Pública.
El diputado Sergio Acosta Salazar:
Gracias, con su
permiso señora Presidenta:
Es lamentable
que exista en esta sesión el día de hoy un rosario de excitativas y que es muestra,
precisamente de que las comisiones realmente van desechando tantos puntos de acuerdo como
las propias iniciativas que presentamos como diputados y que es de interés nacional y que
además somos conciencia de la nación y que tal parece ser que hemos perdido esta
identidad y por ello también con mi presencia, con esta lectura me uno a este rosario de
iniciativas en cuanto a lo que respecta al voto de los mexicanos en el extranjero.
Efectivamente
nosotros presentamos el día 6 de septiembre de 2001 lo que fue una iniciativa de decreto
de reformas a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y del Código Federal Electoral de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Muchas
organizaciones vinieron al Congreso a cabildear para que hubiera esta posibilidad, para
que se pudiera dar ese avance sustantivo en cuanto a lo que respecta al voto extranjero.
Desgraciadamente no hemos tenido esa sensibilidad para con ellos, un grupo vulnerable, un
grupo el cual envía remesas a México, un grupo el cual se propone programas del 3 x 1
pero resulta ser que cuando se tocan los derechos de constitucionales en materia de
votación, resulta ser que a nadie le interesa.
Es triste que
compañeros que estuvieron aquí en el Congreso, que tuvieron que trasladarse desde
Estados Unidos, que hicieron foros, que hicieron rondas de trabajo, simplemente fue
demagogia de algunos partidos el hecho de que en el discurso decía que los iban a apoyar,
más en la práctica se vió que a estas fechas aún sigue sin dictaminarse esta
iniciativa que nosotros presentamos.
Y es con base en
los antecedentes que hemos realizado de que hoy en día uno de los asuntos pendientes en
las discusiones de los órganos legislativos, es el que se refiere al tema del voto de los
mexicanos residentes en el extranjero, la resolución positiva a este tema se hace
necesaria para así consolidar el cambio democrático en el sistema de gobierno de nuestro
país.
El voto, como
sabemos, es el derecho político que los ciudadanos tienen a participar en los asuntos
públicos de su país, directamente o por medio de representantes libremente elegidos, se
trata de un derecho público, subjetivo de la naturaleza política.
Alguna de las
bondades de dicha iniciativa son: la consolidación y el reconocimiento del derecho al
voto de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero que tiene como finalidad
lograr que los ciudadanos que se encuentran en esta situación participen directamente o
indirectamente en la estructura del poder estatal y en la realización del orden jurídico
de esta nación.
Otro de los
puntos importantes de estas bondades es que la reforma permita a cientos de miles de
nuestros compatriotas una mejor defensa de sus derechos donde quiera que se encuentren
residiendo.
Otro punto es
buscar solventar las lagunas legales ya que está encaminada a defender y garantizar el
pleno ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos mexicanos que radican en el
extranjero, tratando así de fortalecer los lazos de unión entre ellos y la nación
mexicana, la cual ha tenido que dejar, la mayoría de las veces, obligado por los altos
índices de desempleo y por la falta de oportunidades en nuestro país.
Otro punto más
es permitir fortalecer el sistema democrático mexicano, que reforzará los nexos con
nuestros compatriotas que están en el extranjero y reafirmará su sentimiento de
pertenencia a la patria, que se considera no perdida.
Toda vez que
este tipo de bondades es precisamente la que circunscribe esta iniciativa, una vez más
nosotros solicitamos: ya que ha transcurrido el periodo a que se refiere el artículo 87
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, sin que se haya emitido hasta esta fecha ningún dictamen ni pronunciamiento
alguno por parte de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y
Seguridad Pública, quienes suscribimos la presente con fundamento en lo que dispone la
fracción III y la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso, solicitamos a esta Presidencia se sirva excitar a las comisiones
mencionadas, a fin de que emitan un dictamen respecto del asunto del voto de los mexicanos
en el extranjero.
No puede haber
una plena democracia en México cuando no se les dé la oportunidad a aquellos que
también forman parte de nuestra nacionalidad de que puedan sufragar el voto y de que
también puedan ser votados.
Gracias. Muy
amables.
«Excitativa
sobre iniciativa de decreto de reformas a diversos artículos de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal Electoral de Instituciones
y Procedimientos Electorales.
Con su permiso,
señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
El suscrito,
diputado de la LVIII Legislatura el honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto
en el artículo 21 de fracción XVI y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos respetuosamente de esta
Presidencia tenga a bien formular excitativa a las comisiones unidas de Puntos
Constitucionales y de Gobernación y Seguridad Pública, a efecto de que dictamine a la
brevedad para su presentación al pleno de este órgano legislativo, la iniciativa de
decreto presentada el día 6 de septiembre de 2001, referente a los derechos políticos de
los mexicanos en el extranjero.
ANTECEDENTES
Hoy en día uno
de los asuntos pendientes en las discusiones de los órganos legislativos es el que se
refiere al tema del voto de los mexicanos residentes en el extranjero. La resolución
positiva a este tema se hace necesaria para así consolidar el cambio democrático en el
sistema de gobierno de nuestro país.
El voto, como
sabemos, es el derecho político que los ciudadanos tienen a participar en los asuntos
públicos de su país, directamente o por medio de representantes libremente elegidos. Se
trata de un derecho público subjetivo de naturaleza política.
Algunas de las
bondades de dicha iniciativa son:
1. La
consolidación y el reconocimiento del derecho al voto de los ciudadanos mexicanos
residentes en el extranjero tiene como finalidad lograr que los ciudadanos que se
encuentren en esta situación participen directa o indirectamente en la estructura del
poder estatal y en la realización del orden jurídico de la nación.
2. Que la
reforma permita a cientos de miles de nuestros compatriotas una mejor defensa de sus
derechos donde quiera que se encuentren residiendo.
3. Busca
solventar las lagunas legales, ya que está encaminada a defender y garantizar el pleno
ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos mexicanos que radican en el extranjero,
tratando así de fortalecer los lazos de unión entre ellos y la nación mexicana, la cual
han tenido que dejar, la mayoría de las veces, obligados por los altos índices de
desempleo y por las faltas de oportunidad en su país.
4. Permitiría
fortalecer el sistema democrático mexicano, reforzará los nexos con nuestros
compatriotas que están en el extranjero y reafirmará su sentimiento de pertenencia a la
patria, que se considera no perdido.
Toda vez que ha
transcurrido el periodo a que se refiere el artículo 87 del Reglamento de Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sin que haya emitido hasta
la fecha ningún dictamen ni pronunciamiento alguno por parte de las comisiones unidas de
Puntos Constitucionales y de Gobernación y Seguridad Pública.
Quienes
suscribimos la presente, con fundamento en lo que disponen las fracciones III y XVI del
artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, solicitamos a esta
Presidencia, se sirva excitar a las comisiones mencionadas, a fin de que emitan un
dictamen respecto del asunto mencionado.
Atentamente.
México D. F., a
10 de octubre de 2002.— Diputado Sergio Acosta
Salazar.»
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias, señor
diputado.
De conformidad con lo que establece el artículo 21
fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, se excita a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Gobernación
y Seguridad Pública para que emitan el dictamen correspondiente.
La siguiente
excitativa agendada por el diputado Esteban Daniel Martínez Enríquez, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática se pospone para la siguiente
sesión.
Y tendría la
palabra el diputado Amador Rodríguez Lozano, también para una excitativa; no se
encuentra en el salón, se pospone para otra ocasión.
La diputada
Petra Santos Ortiz parece que no se encuentra tampoco en el salón, se pospone para
próxima ocasión.
ROBO
DE INFANTES
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Tiene la palabra
el diputado Alfredo Hernández Raigosa, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, para presentar una excitativa a la Comisión de Justicia y
Derechos Humanos.
El diputado Alfredo Hernández
Raigosa:
Muchas gracias,
señora Presidenta; compañeras y compañeros legisladores:
El día de hoy
me permito ante esta tribuna traer un tema sensible para la sociedad mexicana que hace
más de un año, cuando inició mi labor como diputado federal, vine a plantear a esta
tribuna y que durante muchos años había dádose un vacío y sigue habiendo ese vacío
para atender este problema que nos debe de exhortar a todos a tomar cartas en el asunto y
desde el ámbito legislativo poder hacer algo por este sector vulnerable, este sector a
merced de la delincuencia, a merced de la impunidad; es el tema de los niños y de las
niñas de este país que tiene que ver con la sustracción, con el robo y con la
expulsión por violencia intrafamiliar de niñas y niños en nuestro país.
Como ya lo hemos
señalado, los datos que arroja información importante, como es la UEDO, la UNICEF y
otros organismos, nos han demostrado y he señalado una y otra vez que en este país han
desaparecido en los últimos cinco años más de 140 mil niños y niñas, que nadie sabe a
la fecha ni una sola instancia conoce el paradero de ellas y mucho menos se puede sentir
uno seguro de que la delincuencia que opera con los niños y con las niñas en este país
de manera delictiva, estén en la cárcel.
Diariamente se
reportan 50 niñas y niños que se extravían, que son secuestrados, que son robados o que
son expulsados del seno familiar. El día 12 de noviembre del 2001 presenté en esta
tribuna una propuesta para que hubiera una protección institucional a este sector
vulnerable por muchos factores; crear la Procuraduría Federal Infantil, un órgano que
muchos despreciaron y nos señalaron: "cómo más aparatos burocráticos, cómo más
espacios que no sirvan para atender, si ahí está la Procuraduría General de la
República y ahí están las procuradurías estatales". Hoy más que nunca se vuelve
necesario crear la Procuraduría Federal Infantil, porque ya se ha demostrado gracias a
los medios de comunicación una y otra vez, que hay tráfico de niños en este país, que
van a parar a Europa, a Asia, a Estados Unidos y que lamentablemente bandas plenamente
detectadas están conduciendo a nuestros niños al tráfico de drogas o los están
colocando en Internet para ofertarlos, para donarlos, para de esta manera aprovecharlos
como una mercancía y en México no hay una protección eficiente a favor de las niñas y
de los niños.
Sin embargo,
también propuse en esta tribuna un conjunto de normas y de reglas que permitieran
combatir con mayor eficiencia el delito de robo de niñas y de niños. Propusimos que se
federalizara el delito de robo de niñas y de niños y a la fecha no se ha aprobado una
sola de estas iniciativas. Propusimos también que hubiera un Consejo de Adopciones para
evitar que las bandas que operan en Jalisco, Tijuana, Monterrey, Veracruz, Distrito
Federal y en el Estado de México, siguieran traficando con adopciones ilegales y que
pudieran de esta manera inhibir la posibilidad de emitir actas de nacimiento que endosaran
a favor de bandas plenamente también identificadas y señaladas en el extranjero, a
nuestros niñas y niños.
Ha pasado más
de un año, este tema hoy lo han retomado con profesionalismo y con seriedad los medios de
comunicación, pero donde no vemos que haya una verdadera respuesta, seria, responsable,
para atender el problema de las niñas y niños robados en este país, es ni el Congreso
ni el Ejecutivo de la nación.
Por esta razón
me parece central que pasemos del discurso a los hechos. He escuchado con atención los
planteamientos de la señora Martha Sahagún en torno a las niñas y niños; he escuchado
con énfasis cómo les llama el Presidente de la República "chiquillas y
chiquillos" a los niños de este país, sin embargo no he encontrado una sola
respuesta donde se proteja con seriedad y con responsabilidad a nuestras niñas y a
nuestros niños en este país.
Por esa razón,
solicito, planteo esta excitativa que reforma el Código Civil Federal, la Ley General de
Población, la Ley del Servicio Exterior Mexicano, la Ley General de Salud, la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Código Penal Federal, para que haya
una verdadera protección a las niñas y a los niños y excito con respeto y con
responsabilidad a las comisiones de Justicia, de Derechos Humanos y de Grupos Vulnerables,
para que la aprueben a la brevedad.
Muchas gracias.
«Excitativa a
las comisiones de Derechos Humanos y de Grupos Vulnerables, para que dictaminen el día
que determine la Presidencia de esta soberanía, la iniciativa de reformas y adiciones a
diversos ordenamientos jurídicos, a fin de dotar de mayor certeza jurídica a nuestra
niñez y a los niños que se encuentran robados, sustraídos ilícitamente, secuestrados,
extraviados o ausentes del núcleo familiar en todo el territorio nacional.
Presidente de la
Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.— Presente.
Compañeras y
compañeros diputados: los suscritos, diputadas y diputados a la LVIII Legislatura del
honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 45
párrafo VI inciso e de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 21 fracción XVI y 87 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
solicitamos respetuosamente de esta Presidencia, tenga a bien formular excitativa a las
comisiones de Derechos Humanos y de Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, a
efecto de emplazarlas a emitir el dictaminen correspondiente en día determinado, a fin de
que sea presentado ante el pleno de este órgano legislativo, el decreto en sentido
positivo o negativo de la iniciativa de reformas y adiciones a diversos ordenamientos
jurídicos, presentada ante el pleno de esta Cámara, consis- tente en dotar de mayor
certeza jurídica a nuestra niñez y a los niños que se encuentran robados, sustraídos
ilícitamente, secuestrados, extraviados o ausentes del núcleo familiar en todo el
territorio nacional, al tenor de los siguientes
ANTECEDENTES
Con fecha 25 de
abril del año en curso, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, se presentó ante el pleno de esta Cámara la iniciativa de reformas y
adiciones a diversos ordenamientos jurídicos, consistente en dotar de mayor certeza
jurídica a nuestra niñez y a las niñas y niños que se encuentran robados, sustraídos
ilícitamente, secuestrados, extraviados o ausentes del núcleo familiar en toda el
territorio nacional.
Esta iniciativa
reviste una gran importancia para dotar de mejores instrumentos jurídicos al Ejecutivo
Federal para perseguir y sancionar este flagelo en contra del núcleo familiar y en
perjuicio de la sociedad en su conjunto.
Las reformas
planteadas pretenden dar seguridad jurídica a nuestra niñez, evitando a toda costa que
el número de 140 mil niñas y niños desaparecidos de 1996 a la fecha se incremente día
a día.
Asimismo las
reformas prevén el mecanismo para que instrumentos como el acta de nacimiento tenga
mayores candados que eviten su falsificación.
Actualmente por
expulsión, por robo, por secuestro, por extravío o por sustracción ilegal se pierden
alrededor de 50 niñas y niños diariamente en todo el país.
Esta misma
iniciativa se complementa con el punto de acuerdo presentado ante esta misma soberanía el
12 de noviembre de 2001, mediante el cual se solicita como ejes fundamentales la
Procuraduría Federal Infantil, el Centro Nacional de Apoyo para la Recuperación de
Menores Robados y el Registro Nacional de Menores Robados.
Pero además en
esta tribuna diversos compañeros de diversas fracciones parlamentarias han presentado
iniciativas tendientes a proteger a nuestra niñez, situación que refleja la
preocupación de esta soberanía por nuestra niñez.
CONSIDERACIONES
En abril del
presente año se presentó ante el pleno de esta soberanía la iniciativa de decreto para
modificar el Código Penal Federal, el Código Civil Federal, la Ley General de Salud y la
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación con objeto de poner fin a los robos que
se cometen a diario en contra de nuestras hijas e hijos. Esta situación no ha cambiado en
absoluto, pues los niños siguen siendo separados del vínculo familiar por las razones
antes expuestas.
Los robos,
secuestros, sustracciones ilegales, extravíos o ausencias del núcleo familiar pueden ser
corroboradas fácilmente, pues los medios de comunicación dan cuenta a diario del robo de
niñas y niños en el país.
Por lo
anteriormente expuesto, exponemos las siguientes
CONSIDERACIONES DE DERECHO
1. Con
fundamento en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, ha transcurrido más tiempo del concedido para
que una comisión dictamine una iniciativa; así, desde el 26 de abril del año en curso a
la fecha, no se ha emitido el dictamen correspondiente.
2. En tal
virtud, es procedente que el Presidente de la Cámara de Diputados, en cumplimiento con lo
dispuesto en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento antes señalado, excite a
las comisiones de Derechos Humanos y de Grupos Vulnerables a fin de que emitan el dictamen
correspondiente en el día que así determine esta Presidencia.
Por lo
anteriormente expuesto, a usted señor Presidente de la Cámara de Diputados de la LVIII
Legislatura del Congreso de la Unión, solicitamos:
Unico. Se sirva excitar a la Comisión de Justicia
y Derechos Humanos, para que presenten el día que determine la Presidencia el dictamen
que corresponda a la “Iniciativa de ley por la que se adicionan y reforman el
Código Civil Federal; la Ley General de Población; la Ley de Servicio Exterior Mexicano;
la Ley General de Salud; la Ley Orgánica de Poder Judicial de la Federación y el Código
Penal Federal".
Palacio
Legislativo, a 10 de octubre de 2002.— Diputado Alfredo Hernández Raigosa.»
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias, señor
diputado.
De conformidad con lo que establece el artículo 21
fra- cción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para que
emita el dictamen correspondiente.
1492
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Pasamos al punto
de efemérides y en ella los grupos parlamentarios representados en esta Cámara se
referirán a los sucesos acontecidos el 12 de octubre de 1492.
Se han inscrito
para hacer uso de la palabra las siguientes diputadas y diputados: Juan Carlos Regis
Adame, del Partido del Trabajo; Héctor Sánchez López, del Partido de la Revolución
Democrática; Yunúen Pazarán Navarijo, del Partido Acción Nacional y Santiago López
Hernández, del Partido Revolucionario Institucional.
Tiene la palabra
el diputado Juan Carlos Regis Adame, del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.
El diputado Juan Carlos Regis Adame:
Con la venia de
la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
Con el
descubrimiento de América comenzó una nueva era de la historia de la humanidad, pues se
constituye, sin duda, la unión de dos mundos.
El 12 de octubre
de 1492 representa para los países hispanos y para el mundo una fecha trascendental,
porque el descubrimiento de nuevas tierras contribuyó a la expansión de los mercados y
con ello al desarrollo del nuevo continente.
El
descubrimiento de América trajo consecuencias económicas de expansión importantes al
desarrollarse nuevas rutas comerciales que incentivaron y diversificaron los mercados,
pero no podemos limitarnos tan sólo a las implicaciones económicas de este hecho, porque
lo esencial de este importantísimo acontecimiento reside en la fusión de dos culturas,
de dos visiones sobre el mundo.
Los diferentes
grados de avance de las civilizaciones no fueron un obstáculo para generar una nueva
cultura, el mundo de hoy no puede entenderse sin la simbiosis que representó la unión
entre la cultura precolombina y la europea.
La riqueza de la
mixtura de los pueblos americanos y los pueblos del viejo continente aportaron
conocimientos, costumbres, formas de vida, forma de gobierno, manifestaciones artísticas
y muchas cosas más que prevalecen hasta hoy día.
La
conmemoración del descubrimiento de América fue tomando diversos matices a lo largo de
la historia, según quién lo recuerde, en qué circunstancias y desde que óptica se vea.
A más de cinco
siglos del descubrimiento no podemos ignorar que gran parte de la población americana,
especialmente aquella que desciende de sus naturales habitantes, sigue padeciendo las
penurias que trae como consecuencia todo proceso de colonización.
Por ello, es
importante que esta conmemoración sea significativa y que nos permita solidarizarnos con
los problemas sociales, de identidad y discriminación y dar un nuevo significado a aquel
encuentro de dos mundos, alcanzando una identidad fuerte y orgullosa. Así, el Día de la
Raza sería la mirada en retrospectiva al pensamiento que imprimió el ritmo diferente en
todos los pueblos precolombinos.
Para conseguir
que el continente americano luche por su rescate y su tradición, por lo que la
integración, la unidad, la consolidación del grupo se ha convertido en trágica
necesidad práctica y una posibilidad de sobrevivencia honrosa, como lo señala Ernesto
Savat.
Asimismo,
debemos tener claro que la raza no adquiere un significado distinto por el color de la
piel, por los límites geográficos, por preferencias desiguales o capacidades económicas
diversas y no depende de la nación o forma de gobierno.
La raza es una
concepción ideal que se mantiene y trasciende sobre las diferencias físicas,
sicológicas y sociales.
Los diputados
del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, celebramos el Día de la Raza sin
discriminación y con responsabilidad para mirar adelante y reflexionar sobre la clase de
sociedad que buscamos y estamos comprometidos para lograrlo.
Una sociedad
incluyente en la que la intolerancia sea socavada, una sociedad sin racismo y xenofobia,
para acercarnos a una sociedad más justa e igualitaria. Buscamos una sociedad en la que
todos tengan acceso a empleo, a educación, a salud y en donde el color, raza u origen
étnico, no sean elementos determinantes para el acceso.
Reconocemos que
éste es un reto, pues aceptar la tolerancia y visión multicultural es difícil, por eso
lucharemos. No podemos concluir nuestra participación, sin volver a reiterar que en
nuestro país sigue el adeudo pendiente de la aprobación de la Ley Indígena de la
Cocopa, más de 10 millones de compatriotas están en espera de un trato justo y
equitativo, que les permita desarrollar todo su enorme potencial cultural y humano.
Es cuanto por su
atención.
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias señor
diputado.
Para referirse
al mismo tema tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Sánchez López, del Partido
de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.
El diputado Héctor Sánchez López:
Con su permiso,
señora Presidenta:
"Llegaron
los extranjeros, vinieron a aplastarnos, vinieron a robar nuestra sabiduría y nuestras
riquezas. Han pasado 500 años y aquí seguimos de pie, luchando para que regresen lo
nuestro: nuestra palabra, nuestra cultura y nuestros derechos. Hoy es nuestro tiempo, más
pronto que tarde nos uniremos y seremos una sola fuerza y volveremos a ser grandiosas
nuestras culturas y nuestro México."
Muchas y muy
diversas razones, son por las que he solicitado el día de hoy hacer uso de la palabra
relativo al 12 de octubre. No es sólo para conmemorar una fecha que simboliza el
encuentro de dos mundos, el choque de dos culturas o el enfrentamiento entre hombres
bárbaros que bajaron de las carabelas y hombres herederos de una cultura milenaria, que
sorprendió y sigue sorprendiendo al mundo por su sabiduría y la resistencia tenaz por no
desaparecer.
Lo hago porque
éste es un momento político coyuntural, que nos permite recordarle a los diputados,
senadores, a la sociedad y al Gobierno, que la reivindicación de los derechos de los
pueblos indígenas es una tarea pendiente dentro de la agenda política nacional.
Que nos
encontramos frente a una coyuntura favorable, para construir una cultura de respeto hacia
quienes somos diferentes y terminar con las prácticas de racismo, discriminación e
intolerancia hacia nuestros indígenas.
Hemos
retrocedido jurídicamente en el reconocimiento de los derechos de nuestros pueblos
indios, la reforma de 1992 en el artículo 4o. constitucional, reconocía a nuestra
nación, pluricultural y multilingüe, pero además, mandata al Congreso de la Unión para
redactar una ley secundaria sobre derechos y cultura de nuestros pueblos.
Con la reforma
al artículo 2o. constitucional, se borra por completo la posibilidad de que se pueda
legislar y se manda a los congresos locales para que sean ellos los que legislen
para los pueblos indígenas.
Hemos visto a
últimas fechas que las legislaciones locales no reconocen a los pueblos como entidades de
derecho público, no les permiten tener representación en los municipios ni en los
congresos locales; es decir, seguimos con una política de no ver, de no escuchar a
nuestros pueblos indígenas. Se pensó que la Suprema Corte de Justicia podría abrir un
resquicio por donde los pueblos indígenas pudieran, mediante el diálogo, mediante el
acuerdo, mediante el consenso, poder ser reconocidos sus derechos.
Hoy, compañeras
y compañeros, estamos ante la situación de poder sacar adelante reformas que realmente
vayan en apoyo a los indígenas de México; tenemos pendiente una reforma al INI que ha
dejado de ser una institución que favorezca realmente a los indígenas, necesitamos
construir un instrumento que sea para los indígenas y sean escuchados por el Poder
Legislativo y por el Poder Ejecutivo. Necesitamos sacar adelante una ley sobre derechos
lingüísticos de nuestros pueblos.
Que el día de
hoy, 12 de Octubre, pues, compañeras y compañeros, no sea solamente de discursos, no sea
solamente para recordar, sino para comprometernos con nuestro pueblos para que pronto, en
el próximo presupuesto tengamos un espacio para nuestros compañeros indígenas.
La Ley de
Amnistía que se ha presentado acá y que preferentemente busca apoyar a los indígenas
zapotecas de la región de los loxichas, que lo veamos con mucha atención para que estos
presos que muchos y la mayoría de ellos no tienen absolutamente nada qué ver con estos
delitos, siguen con más de seis años presos en las cárceles de Oaxaca.
Todas estas
reflexiones, compañeras y compañeros, ojalá en el momento de votar, ojalá en el
momento de tomar las decisiones, lo hagamos por nuestros pueblos indígenas que han estado
en el olvido, en la marginación, durante más de 500 años.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias, señor
diputado.
Se concede el
uso de la palabra a la diputada Yunuén Pazarán Navarijo, del grupo parlamentario de
Acción Nacional, para referirse a este mismo tema hasta por cinco minutos.
La diputada Magdalena Yunuén Pazarán Navarijo:
Con su venia,
señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
"Todos los
hombres son mestizos hoy; Asia fue primordialmente la dispersión de la Torre de Babel y
con posterioridad, conjunción de todas las razas del mundo antiguo. Siguió el
Mediterráneo, más tarde Europa y en el último momento de la historia América, como
puntos de enlace o de fusión de todas las sangres, prototipos de fusión biológica y
cultural". Así definía nuestro origen don Luis Calderón Vega.
El día 12 de
octubre de cada año, con toda justeza histórica solía celebrarse un aniversario más
del descubrimiento de América. En el año de 1992, al cumplirse el V centenario de la
llegada de Cristóbal Colón a este continente, se rectificó este concepto, desde
entonces conmemoramos el "Día de la Raza" o de "la Hispanidad". En
ese día del año 1492, se inició el encuentro de dos mundos, un grandioso acontecimiento
que unió a toda la humanidad, que unió a los pueblos del mundo entero, punto de
encuentro no de dos, sino de varias naciones.
Curiosamente un
genovés enviado por la corona española y gracias a los conocimientos y estudios que
durante siglos hicieron astrónomos, geógrafos y navegantes egipcios, fenicios, griegos e
italianos, encuentra un camino en el que creyera oriente y descubre un nuevo mundo que
curiosamente lleva ahora el nombre de un gran sabio florentino: Américo Vespucio.
Este
extraordinario encuentro permitió que América recibiera como legado de toda cultura
inventos y adelantos que existían no sólo en España, sino a través de ella y de todos
los pueblos, los tiempos remotos, la religión de los hebreos, el calendario de los
babilonios, el alfabeto de los fenicios, la moneda de los libios, la filosofía de los
hindúes. Recibimos también el arte, las nociones de belleza y el concepto de democracia
de los griegos y la riqueza del sistema jurídico de los romanos.
Tenemos en
nuestra forma de gobierno algunas ideas de los antiguos britanos y teutones y hacemos uso
de los descubrimientos científicos de los árabes en las matemáticas. De los italianos
en la pintura y la escultura y nos hemos enriquecido de la lengua y la literatura de los
españoles. La llegada de Cristóbal Colón a nuestra América permitió que las culturas
se amalgamaran.
Los americanos
aportaron su riqueza producto de grandes culturas ya existentes. Los europeos encontraron
en nuestras tierras civilización definitivamente muy avanzada.
Los cronistas
del Siglo XVI hacen referencia a cómo con los recursos técnicos a su alcance, los
antiguos habitantes de América eran capaces de crear satisfactores para su vida social,
religiosa y política.
El hombre de lo
que se llamaría la Nueva España, fue capaz de construir pirámides y ciudades
extraordinarias y de gran belleza como Teotihuacan, Chichén Itzá, Palenque o
Tenochtitlan. De igual manera creó obras de infraestructura como eran canales y
acueductos.
Debemos celebrar
esta fecha 12 de octubre, lo que legó la humanidad entera a través de España y que
junto con nuestras ricas culturas, permitió que nuestra vida sea continuación de vidas
anteriores. Debemos celebrar que nuestra raza proviene de la fusión de razas pretéritas,
que gracias a nuestros antepasados somos lo que somos.
Debemos de estar
conscientes de que no existe un solo pueblo con una cultura, sino el hombre como tal y
como todas sus manifestaciones que pasan de un pueblo a otro y de una cultura a través
del tiempo y del espacio.
Somos un nuevo
mundo sí, pero tenemos la riqueza cultural que significa la fusión con el viejo mundo.
Por nuestras venas corre la sangre del español conquistador, amalgama de varias razas y
la sangre también, del indígena inconquistable. Somos herederos de un gran pasado, el
tronco fuerte de los aztecas, mayas, purépechas, chichimecas, yaquis y el injerto
español con su gran bagaje cultural. México es ese majestuoso árbol. El fruto que
produzca depende ahora de nosotros.
También somos
América sí, pero en el mundo globalizado debemos esforzarnos para lograr el ideal de la
América solidaria y unida que han soñado con nuestros mejores hombres. Tenemos todo para
hacerlo; la gran herencia que recibimos con la llegada de los europeos y la riqueza
maravillosa que teníamos antes de este arribo.
No somos
conquistadores y conquistados; descubridores y descubiertos; somos Latinoamérica...
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Señora
diputada, se ha acabado su tiempo.
La diputada Yunúen Pazarán Navarijo:
He terminado.
Muchas gracias
por su atención.
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias, señora
diputada.
Tiene el uso de
la palabra el diputado Santiago López Hernández, del Partido Revolucionario
Institucional, para referirse al mismo tema.
El diputado Santiago López Hernández:
Con su permiso
señora Presidenta:
Venir a hablar
de la conquista de los indios de México, podría ser uno de tantos, como aquellos que han
derramado tanta tinta escribiendo sobre ellos de su pasado y la condición necesaria de su
dominio.
Para dotarlos de
alma, puesto que en esa época eran consideradas gente sin alma, considerados así por los
embajadores de Cristo y de sus huestes. De aquella condición al trato al que eran
sometidos, al trato que hoy somos sometidos, la desigualdad, la exclusión, las
deficiencias de una ley esperada por tantos siglos, nada ha cambiado.
En suma ¿en
qué han mejorado nuestras condiciones de vida después de la Conquista? ¿Qué podemos
agradecer de la civilización que nos trajeron? En sí del México aquél esplendoroso,
cuna de grandes civilizaciones, envidia de los mejores arquitectos del mundo, no queda
más que un puñado de indios, pulverizados por los intereses políticos, religiosos, que
se aferran afanosamente por ser escuchados, levantando la voz y el puño, enarbolando, los
más bravos, unas que otras armas de palo y uno que otro cuerno de chivo, como si con esto
fueran a ganar una revolución y derrocar un sistema de gobierno globalizante y
hegemonizante, más preocupado para fortalecer el capital privado que el social. ¿No es
ésta una exclusión, señores diputados? ¿No es esto injusto, compañeros?
Cómo no va a
haber problemas sociales, cómo no va a haber grupos armados, si en esta casa que nos
acoge, si esta representación del país no da muestras de interés hoy; siempre, siempre
ha sido así.
Ese desdén que
se muestra hacia ese grupo minoritario que hoy levanta la voz y el puño para ser
escuchado y que debemos de escuchar, no por las armas que se enarbolan, sino por las
razones por las que se enarbolan esas armas.
Este es un
indicador de que aun cuando creamos que la solución a nuestras diferencias, a nuestras
carencias, es buscando por la vía de la alternancia y competencia política, no así para
un enorme porcentaje de la población que ve con indiferencia nuestros proyectos y
promesas de campaña, que en los hechos no se cumplen.
Si hoy existe
una manifiesta inconformidad por lo que hemos alcanzado y no se ha sido del todo honesto y
se ha actuado obedeciendo el interés de un grupo privilegiado y se mantiene en el poder,
es obvio que lejos de encontrar o buscar la solución, que no es tarea sólo de un solo
poder, sino es tarea y es compromiso de todos los poderes que gobiernan este país.
Si realmente
buscamos la equidad y está en nuestras manos hacerlo, ¿por qué tenemos que esperar que
las condiciones políticas o sociales se agraven? Si ya hubo un 1968, si ya hubo un 1994,
¿no es indicio, señores diputados, de que no estamos bien?
No queremos
migajas, queremos un proyecto real de nación en donde se logre la emancipación real de
los pueblos indios. Que el campo del que hoy somos propietarios sea realmente la solución
a sus demandas, cuando realmente lo hagan productivo, pero con el apoyo de un Estado, de
un gobierno no como éste que dice mucho en el discurso pero que en los hechos no cumple.
Cuando realmente
tenga una buena educación profesional, y eso únicamente se logra con universidades como
a las que hoy no tenemos acceso porque se han vuelto elitistas.
Porque
únicamente con la educación podemos hablar de salud, podría cambiar nuestra
cosmovisión como pueblos indígenas. Porque hoy los mejores hospitales están en las
grandes ciudades. Porque hoy las mejores universidades están en las grandes ciudades.
Cuándo el indígena va a llegar, cuando el indígena va a accesar a estas universidades o
a estos hospitales, si no tenemos caminos, si no tenemos dinero y mucho menos transporte
para llegar.
Por eso hoy,
compañeros diputados, es muy importante que nos detengamos un momento a reflexionar y si
puede ser este el momento adecuado para tomar decisiones que realmente busquen una
composición plural y real y justa en torno hacia los pueblos indígenas o que sigan
esperando. Total, si se ponen al brinco, ahí está el Ejército para que los aplaste. De
eso depende que eso no suceda.
De nuestra
actitud depende que encontremos los mecanismos que logren incorporar a la vida económica,
política, social de los pueblos y comunidades indígenas. Entonces celebraremos nuestra
conquista.
Confío
plenamente en la convicción y el interés que tiene cada uno de los diputados hacia la
solución de nuestros problemas. Y más que cualquier otro interés de carácter
partidista, sea nuestro humanismo, la conciencia, la sensibilización que nos induzca a
tomar decisiones más justas y más sabias.
Muchas gracias,
compañeros diputados; muchas gracias, señora Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias a usted,
señor diputado.
Esta Presidencia
comunica a las señoras y señores legisladores que la sesión terminará a las 15:30; por
lo tanto, las proposiciones que continúan en el orden del día, si no alcanzan a ser
desahogadas, se agendarán en el mismo orden para la próxima sesión.
El diputado José Félix Salgado Macedonio (desde
su curul):
Nada más no
deje afuera la agenda política aunque se agote la sesión; una recomendación.
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias, señor
diputado.
DISCAPACITADOS
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Tiene la palabra
la diputada Laura Pavón Jaramillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar al
Instituto Federal Electoral a fin de que establezca los procedimientos necesarios para que
en las contiendas electorales la población con discapacidad ejerza su derecho universal
del voto, hasta por cinco minutos.
La diputada Laura Hermelinda Pavón
Jaramillo:
Con su permiso,
señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Los derechos
humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya
realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que
vive en una sociedad jurídicamente organizada.
Estos derechos
establecidos en la Constitución y en las leyes, deben de ser reconocidos y garantizados
por el Estado.
En este tenor el
texto constitucional establece la prohibición de toda discriminación motivada por origen
étnico o nacional, género, edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones
de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otro que atente
naturalmente contra su dignidad y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas.
Las principales
dificultades que enfrentan las personas con discapacidad al ejercer su derecho al
sufragio, son la existencia de barreras arquitectónicas que dificultan su acceso a los
lugares de votación: la ubicación de las mesas del sufragio, las largas colas, la
dificultad para trasladarse hacia los locales de votación, la mala atención y el
desconocimiento por parte de las autoridades encargadas del proceso electoral, de los
requerimientos especiales necesarios para atender a las personas con discapacidad. Estas
dificultades impiden un ejercicio libre, igualitario del derecho al sufragio.
Si bien es
cierto que el artículo 218 inciso dos del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales dispone que aquellos electores que no sepan leer o que se
encuentren impedidos físicamente para marcar sus boletas de voto, podrán hacerse asistir
por una persona de su confianza que los acompañe.
Debe tomarse en
cuenta que a las personas ciegas, por ejemplo, al ser acompañadas o asistidas por otra
persona, se vulnera su derecho a la secrecía de su voto.
Cuando una
persona tiene minusvalía, se le niegan oportunidades de que dispone en general la
comunidad y que son necesarias para su desarrollo natural, incluidas la vida familiar, la
educación, el empleo, la vivienda, la seguridad económica y personal, y desde luego se
vulnera en el ejercicio de sus derechos.
Por todo lo
expuesto anteriormente, es decir, el derecho a iguales oportunidades de participación que
está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, solicito que se
considere el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Exhortar al Instituto Federal Electoral a
fin de que se adopten medidas que establezcan los procedimientos necesarios para que en
las boletas electorales y casillas de votación a utilizarse en el proceso electoral del
año 2003, y los subsiguientes, se incluya el Sistema Braille y las condiciones que
faciliten la accesibilidad de la población con discapacidad en general, para ejercer su
derecho universal de voto.
Segundo. Recomendar al Instituto Federal Electoral
difunda entre las personas con discapacidad y en general a la sociedad civil, a través de
campañas de divulgación, de programas de educación electoral, la forma de ejercer el
derecho al voto de los ciudadanos que presentan alguna discapacidad, cualquiera que ésta
sea.
Tercero. Exhortar al Instituto Federal Electoral
para que facilite el acceso de las personas con discapacidad auditiva a la información
electoral, mediante el empleo de intérpretes que conozcan el lenguaje de señas o el uso
de subtítulos escritos cuando estos mensajes sean emitidos por televisión.
Cuarto. Recomendar al Instituto Federal Electoral
realice la capacitación de las mesas directivas de casillas, también sobre los derechos
que corresponden a las personas con discapacidad para que éstas puedan ejercer
adecuadamente su derecho al sufragio.
Quinto. Sugerir al Instituto Federal Electoral la
realización de estudios orientados a evaluar la posibilidad material de establecer en los
posteriores procesos electorales un sistema de voto domiciliario para aquellas personas
cuya discapacidad severa impida su asistencia a la casilla electoral.
Sexto. Que el Instituto Federal Electoral se sirva
informar en un plazo de 60 días a esta Cámara, las medidas y acciones que se puedan
realizar para atender el presente punto de acuerdo.
Muchas gracias.
«Punto de
acuerdo con la finalidad de hacer una atenta exhortación al Instituto Federal Electoral,
a fin de que establezca los procedimientos necesarios, para que en las contiendas
electorales la población con discapacidad ejerza su derecho universal de voto, a cargo de
la diputada Laura Pavón Jaramillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Señora
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; compañeras y compañeros
diputados:
La que suscribe,
diputada de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, solicito que sea considerado de urgente y obvia resolución
el punto de acuerdo con la finalidad de hacer una atenta exhortación al Instituto Federal
Electoral, a fin de que establezca los procedimientos necesarios, para que en las
contiendas electorales la población, con discapacidad ejerza su derecho universal de
voto; lo anterior con fundamento en las siguientes:
CONSIDERACIONES
Los Derechos
Humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya
realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que
vive en una sociedad jurídicamente organizada. Estos derechos, establecidos en la
Constitución y en las leyes, deben ser reconocidos y garantizados por el Estado.
La tarea de
proteger los Derechos Humanos representa para el Estado la exigencia de proveer y mantener
las condiciones necesarias para que, dentro de una situación de justicia, paz y libertad,
las personas puedan gozar realmente de todos sus derechos. El bienestar común supone que
el poder público debe hacer todo lo necesario para que, de manera paulatina, sean
superadas la desigualdad, la pobreza y la discriminación.
En este tenor,
el texto constitucional establece la prohibición de toda discriminación, motivada por
origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición
social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado
civil o cualquier otra, que atente contra su dignidad y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Los derechos
políticos dan al ciudadano la prerrogativa de participar en la vida política de la
nación, es decir, le permiten, entre otros, los de elegir a sus gobernantes, ser elegido
en cargos de elección popular y afiliarse a partidos políticos. Asimismo, el sufragio
como derecho político fundamental requiere para su pleno ejercicio que el voto sea
universal, libre y secreto.
Las principales
dificultades que enfrentan las personas con discapacidad al ejercer su derecho al sufragio
son: la existencia de barreras arquitectónicas que dificultan el acceso a los lugares de
votación; la ubicación de las mesas de sufragio; las largas colas; la dificultad para
trasladarse hacia los locales de votación; la mala atención; y el desconocimiento por
parte de las autoridades encargadas del proceso electoral de los requerimientos especiales
necesarios para atender a las personas con discapacidad. Estas dificultades impiden un
ejercicio libre e igualitario del derecho al sufragio.
Si bien es
cierto que el artículo 218 inciso 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales dispone que: "aquellos electores que no sepan leer o que se encuentren
impedidos físicamente para marcar sus boletas de voto, podrán hacerse asistir por una
persona de su confianza que les acompañe", debe tomarse en cuenta que a las personas
ciegas, al ser acompañadas o asistidas por otra persona, se vulnera su derecho de
secrecía en el voto, ya que no se ejerce de forma "libre, secreta, directa e
intransferible".
A una persona
con minusvalía, cuando se le niegan las oportunidades de que dispone en general la
comunidad y que son necesarias para su desarrollo natural, incluida la vida familiar, la
educación, el empleo, la vivienda, la seguridad económica y personal, y la
participación en grupos sociales y políticos, se le vulnera en el ejercicio de sus
derechos.
Esto se debe
fundamentalmente a que no existe en nuestra sociedad la cultura de respeto a la
discapacidad, entendiendo ésta en su acepción más amplia, es decir, como aquellos
valores que se transmiten de generación en generación. Por el contrario, prevalece la
actitud de rechazo, indiferencia y temor, hacia las personas con alguna discapacidad. Se
sabe que en las diferentes épocas han sido objeto de trato discriminatorio; desde
atribuirles facultades sobrenaturales, hasta querer eliminarlas. Siempre han sido
segregadas.
Todo lo expuesto
anteriormente, es decir, "el derecho a iguales oportunidades de participación"
está consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, esto no ha
garantizado en lo absoluto que se lleve a la práctica; la realidad es que se suele negar
a las personas con discapacidad la oportunidad de participar plenamente en las actividades
públicas.
Los procesos
electorales son una prerrogativa para que los ciudadanos determinen con su voto, a quién
o a quiénes les ofrezcan mejores expectativas de vida y defensa de sus derechos; es
imprescindible que los mecanismos tecnológicos y materiales de la actualidad, permitan a
este importante sector de la población (10%), acudir a los centros de votación con las
mismas ventajas que el resto de la población, tomando en cuenta sus posibilidades de
acceso, altura de las mamparas, información que les oriente y la respectiva capacitación
a todos los diversos niveles de autoridades en el proceso electoral.
Por lo
anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el
siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Exhortar al Instituto Federal Electoral,
a fin de que adopte las medidas y establezca los procedimientos necesarios, para que en
las boletas electorales y casillas de votación a utilizarse en el proceso electoral del
año 2003 y en los subsiguientes, se incluya el Sistema Braille y las condiciones que
faciliten la accesibilidad de la población con discapacidad en general, para ejercer su
derecho universal de voto.
Segundo. Recomendar al Instituto Federal
Electoral, difunda entre las personas con discapacidad y en general, en la sociedad civil,
a través de campañas de divulgación y de programas de educación electoral, la forma de
ejercer el derecho al voto de los ciudadanos que presenten una discapacidad, cualquiera
que sea ésta.
Tercero. Exhortar al Instituto Federal Electoral
para que facilite el acceso de las personas con discapacidad auditiva a la información
electoral, mediante el empleo de intérpretes que conozcan el lenguaje de señas o el uso
de subtítulos escritos cuando dichos mensajes sean emitidos por televisión.
Cuarto. Recomendar al Instituto Federal Electoral
realice la capacitación de las mesas directivas de casillas, también sobre los derechos
que corresponden a las personas con discapacidad, para que éstas puedan ejercer
adecuadamente su derecho a sufragio.
Quinto. Sugerir al Instituto Federal Electoral la
realización de estudios orientados a evaluar la posibilidad material de establecer en los
posteriores procesos electorales un sistema de voto domiciliario para aquellas personas
cuya discapacidad severa, impida su asistencia a la casilla electoral, pues estos
ciudadanos y ciudadanas no están impedidos legalmente para ejercer su derecho al
sufragio.
Sexto. Que el Instituto Federal Electoral se sirva
informar en un plazo de 60 días a la Cámara de Diputados sobre las medidas y acciones
que se puedan realizar para atender el presente punto de acuerdo.
Dado en el
salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 10 de
septiembre de 2002.— Diputados: Laura Pavón
Jaramillo.»
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta y túrnese a la Comisión de Gobernación y
Seguridad Pública.
EDUCACION
SUPERIOR
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Tiene la palabra
el diputado Eduardo Rivera Pérez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional,
para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las
autoridades educativas federales y estatales, así como a las autoridades de las
instituciones de educación superior públicas, a formalizar un pacto nacional para
afrontar los rezagos y retos de la educación superior, hasta por cinco minutos.
El diputado Eduardo Rivera Pérez:
Gracias, señora
Presidenta; honorable Asamblea:
«Los que
suscriben, diputados federales de la LVIII Legislatura de esta Cámara de Diputados,
integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentamos la siguiente
proposición con punto de acuerdo para exhortar a las autoridades educativas federales y
estatales, así como a las autoridades de las instituciones de educación superior
públicas, a formalizar un pacto nacional para afrontar los rezagos y retos de la
educación superior en base a los siguientes
ANTECEDENTES
La educación es
un tema de carácter prioritario para todo el país, ésta va de la mano del nivel de
desarrollo de las naciones, en particular en un contexto de cambios y competitividad
mundiales como al que hoy vivimos.
Cambios que
suceden de forma acelerada en todos los campos y que obligan a los países a esforzarse
cada día en brindarle a los educandos los conocimientos, las habilidades y oportunidades
que les permitan alcanzar su desarrollo personal y tener éxito en un entorno cada vez
más dominado por el conocimiento y la información.
En este
contexto, sin duda, la educación es una materia prioritaria para el Gobierno mexicano. No
solo se demuestra con el hecho de que el Plan Nacional de Desarrollo la contemple como la
columna vertebral y la articulación de las acciones de la política pública del
desarrollo social, sino también este Poder Legislativo ha dado muestras claras y
fehacientes de que el impulso, promoción y apoyo a la educación es un pilar del trabajo
legislativo.
Por su parte,
las instituciones de educación superior en nuestro país durante las últimas décadas se
han esforzado por ir transformándose y adoptando medidas que respondan a los nuevos
tiempos, para ir logrando la consolidación del proceso de profesionalización del
personal académico en elevar notablemente la calidad de la investigación y en encontrar
nuevos modelos de organización de sus sistemas.
Como es de todos
conocido, la educación superior representa diversos retos y diferentes problemas. Entre
estos problemas cabe resaltar el programa de jubilaciones, que es uno de los principales
retos financieros a los que se enfrentan. Para asegurar la jubilación a los trabajadores
de éstas, se requieren de 70 mil millones de pesos y si se tratara de asegurar los nuevos
trabajadores que cuenten con un régimen de pensión equivalente, la cifra aumentaría
alrededor de 130 mil millones de pesos.
Ante esto, las
autoridades educativas y los directivos han reconocido deficiencias en este sistema de
pensiones. Además de que deberá someterse a revisión, dado que actualmente se están
otorgando retiros a trabajadores con edad de 52 años.
Durante la XV
Reunión Extraordinaria de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior, fue anunciado por la Secretaría de Educación Pública las reglas de
operación del Fondo Extraordinario a las Universidades Públicas Estatales, que este
Congreso de la Unión aprobó para el ejercicio presupuestal de este año 2002.
Esta partida
trata de apoyar la realización de proyectos por parte de las instituciones estatales de
educación superior públicas, por parte también de las instituciones que coincidan en la
solución de un fondo de problemas de carácter financiero, en particular los derivados de
la situación financiera del sistema de pensiones dinámicas en las que se encuentran 39
universidades. Pero esta solución es apenas una solución parcial para las instituciones
de educación superior públicas.
Por otro lado,
un reto de carácter prioritario será de dotar de mayores recursos a las instituciones de
educación superior públicas de los estados, mismas que reciben un promedio del 30% del
subsidio del gobierno estatal y un 60% de la Federación. Entre estas instituciones los
porcentajes de las aportaciones fluctúan entre el 94% de aportación federal y sólo el
6% de aportación estatal. Esto hace ver un desequilibrio en la asignación de recursos,
toda vez que no todos los gobiernos locales le dan la misma importancia al gasto educativo
y que será necesario un mayor esfuerzo por parte de éstos.
En consecuencia
y a pesar de la existencia de estos programas compensatorios, es necesario seguir haciendo
un esfuerzo por parte de todos los actores en educación superior.
Por lo tanto,
los directivos de las instituciones de educación superior públicas estatales, reclaman
un nuevo modelo de financiamiento.
Pido permiso
para terminar, señora Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Concluya, señor
diputado.
El diputado Eduardo Rivera Pérez:
Gracias.
No solamente
reclaman un nuevo modelo de financiamiento, las mismas autoridades educativas reconocen
esta necesidad que responda a nuevos criterios atendiendo la calidad y eficiencia de las
mismas.
Las
instituciones de educación superior públicas, deben fortalecerse y resolver su
problemática para prevalecer, lo que exige soluciones de fondo y la formulación de
políticas de largo plazo.
Por lo
anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento
del Gobierno Interior para el Congreso General, los diputados del PAN proponemos el
siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Exhortamos a todos los actores
involucrados en la educación superior: Gobierno Federal, gobiernos estatales y del
Distrito Federal, autoridades educativas federales y estatales, autoridades de las
instituciones de educación superior públicas, legisladores, estudiantes, trabajadores y
sociedad, a establecer un Pacto Nacional por la Educación Superior, que establezca metas
claras, compromisos y soluciones de fondo a la problemática y retos que afronta la
educación superior.
Segundo. Eficientar los criterios de distribución
de financiamiento tendientes a la equidad, manteniendo el desempeño de las instituciones
de educación superior públicas, mediante mecanismos evaluatorios, atendiendo la calidad
y eficiencia de éstas, así como simplificar los procedimientos de los concursos en la
obtención de recursos adicionales.
Tercero. Exhortar a los gobiernos estatales y del
Distrito Federal, a revisar los criterios de asignación de financiamiento a las
instituciones de educación superior públicas.
Palacio
Legislativo, a 8 de octubre de 2002.— Diputados federales integrantes del grupo
parlamentario del PAN.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.
Honorable
Asamblea:
Los que
suscriben diputados federales de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional,
presentamos la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las
autoridades educativas federal y estatales, así como, las autoridades de las
instituciones de educación superior públicas a formalizar un pacto nacional paya
afrontar los rezagos y retos de la educación superior en base a los siguientes
ANTECEDENTES
La educación es
un tema de carácter prioritario para todo país. Esta, va de la mano del nivel de
desarrollo de las naciones, en particular, en un contexto de cambios y competitividad
mundiales como el que hoy vivimos. Cambios que suceden de forma acelerada en todos los
campos y que obligan a los países a esforzarse cada día en brindarle a los educandos los
conocimientos, habilidades y oportunidades que les permitan alcanzar su desarrollo
personal y tener éxito en un entorno cada vez más dominado por el conocimiento y la
información. Así, la educación se convierte en el único medio al alcance de las
naciones y las sociedades para lograr estar al día de este nuevo estado de cosas.
En este
contexto, sin duda la educación es una materia prioritaria para el Gobierno mexicano. No
sólo se demuestra con el hecho de que el Plan Nacional de Desarrollo la contemple como la
columna vertebral y articulación de las acciones de la política pública del desarrollo
social, sino también el Poder Legislativo ha dado muestras claras y fehacientes de que el
impulso, promoción y apoyo a la educación es un pilar del trabajo legislativo.
Por su parte,
las instituciones de educación superior en nuestro país durante las últimas décadas,
se han esforzado por ir transformándose y adoptando medidas que respondan a los nuevos
tiempos, para ir logrando la consolidación del proceso de profesionalización del
personal académico, en elevar notablemente la calidad de la investigación y en encontrar
nuevos modelos de organización de sus sistemas. Aunque debemos reconocer, estas medidas
se implementan aún en forma muy desigual por los problemas financieros y de equidad que
padecen las instituciones de educación superior de nuestro país.
En el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2002, el Gobierno Federal y el Poder
Legislativo, hemos atendido con carácter prioritario a la educación, a pesar de las
limitaciones presupuestales que presenta la actual situación económica de nuestro país.
Sin embargo, este esfuerzo sólo cubre un mínimo de sus requerimientos básicos de
operación y los problemas más urgentes de las instituciones de educación superior.
Como es de todos
conocido, entre estos problemas el programa de jubilaciones es uno de los principales
retos financieros a los que se enfrentan. Para asegurar la jubilación a los trabajadores
de éstas, se requiere de 70 mil millones de pesos. Y si se tratara de asegurar que los
nuevos trabajadores cuenten con un régimen de pensión equivalente, la cifra aumentará a
alrededor de 130 mil millones de pesos. Ante esto, las autoridades educativas y los
directivos han reconocido deficiencias en este sistema de pensiones, además de que
deberá someterse a una revisión, dado que actualmente se están otorgando retiros a
trabajadores con edad de 52 años.
Durante la XV
sesión extraordinaria de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior fue anunciado por la Secretaría de Educación Pública las reglas de
operación del fondo extraordinario a las universidades públicas estatales que el
Congreso de la Unión aprobó para el ejercicio presupuestal de este año 2002. Esta
partida se trata, de una provisión presupuestal de 1 mil millones de pesos, con el
propósito de apoyar la realización de proyectos, por parte de las instituciones
estatales de educación superior públicas, que incidan en la solución de fondo de
problemas de carácter financiero, en particular los derivados de la situación financiera
del sistema de pensiones dinámicas en la que se encuentran 39 universidades.
Pero, esta
solución es apenas una solución parcial para las instituciones de educación superior
públicas, pues ocurren otra serie de necesidades que no podemos dejar de considerar.
Efectivamente, otro reto es atender la demanda de una población creciente de estudiantes,
que buscan espacios en las escuelas de educación superior, además de que deberán
diversificarse los programas que ofrecen estas instituciones ante la demanda de la
modernización del país.
Por otro lado,
un reto de carácter prioritario será de dotar de mayores recursos a las instituciones de
educación superior públicas de los estados, mismas que reciben en promedio 30% del
subsidio del gobierno estatal y 60% de la federación. Entre estas instituciones los
porcentajes de las aportaciones fluctúan entre el 94% de aportación federal y 6% estatal
hasta 45% federal y 55% estatal. Esto hace ver una desequilibrio en la asignación de
recursos, toda vez que no todos los gobiernos locales le dan la misma importancia al gasto
educativo y que será necesario un mayor esfuerzo por parte de éstos.
En consecuencia
y a pesar de la existencia de otros programas de tipo compensatorios destinados a las
instituciones de educación superior públicas, que los obtienen a través de mecanismos
de concurso, como son el Fondo para la Modernización de la Educación Superior (Fomes) o
el Programa para el Mejoramiento del Profesorado (Promep), las inequidades siguen
prevaleciendo.
Otro asunto que
no puede dejar de considerarse, es que año con año las instituciones de educación
superior públicas afrontan las demandas de aumento salarial de parte de sus trabajadores,
que con restricciones presupuestales y todo se han otorgado.
En este sentido,
no sólo los directivos de las instituciones de educación superior públicas estatales
reclaman un nuevo modelo de financiamiento, las mismas autoridades educativas reconocen
esta necesidad, que responda a nuevos criterios atendiendo la calidad y eficiencia de las
mismas y no sólo opere en función de crecimientos e inercias inflacionarias, pues los
actuales criterios reconocen muy poco de los esfuerzos en pro de la calidad.
Las
instituciones de educación superior públicas deben fortalecerse y resolver su
problemática para prevalecer, lo que exige soluciones de fondo y la formulación de
políticas de largo plazo, en las que se involucren todos los actores relacionados con la
educación superior: autoridades de las instituciones, autoridades educativas federales y
estatales, los legisladores, trabajadores, estudiantes y sociedad en general.
Por lo
anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del
Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidios Mexicanos, los diputados
integrantes del grupo parlamentario del PAN promo- vemos el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Exhortamos a todos los actores
involucrados en la educación superior: Gobierno Federal, gobiernos estatales y del
Distrito Federal, autoridades educativas federales y estatales, autoridades de las
instituciones de educación superior públicas, legisladores, estudiantes, trabajadores y
sociedad, a establecer un "Pacto Nacional por la Educación Superior", que
establezca metas claras, compromisos y soluciones de fondo a la problemática y retos que
afronta la educación superior.
Segundo. Eficientar los criterios de distribución
de financiamiento tendientes a la equidad, manteniendo el desempeño de las instituciones
de educación superior públicas mediante mecanismos evaluatorios, atendiendo la calidad y
eficiencia de éstas, así como simplificar los procedimientos de los concursos la
obtención de recursos adicionales.
Tercero. Exhortar a los gobiernos estatales y del
Distrito Federal, a revisar los criterios de asignación de financiamiento a las
instituciones de educación superior públicas.
Palacio
Legislativo, a 8 de octubre de 2002.— Diputados federales integrantes del grupo
parlamentario del PAN; Eduardo Rivera, José Alfredo
Botello, María Teresa Tapia y Luis A. Aldana
Burgos.»
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias, señor
diputado.
Túrnese a la Comisión de Educación Pública y
Servicios Educativos.
LETRAS DE
ORO
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Tiene la palabra
el diputado Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo, a fin de que a
propuesta de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, la Cámara de
Diputados adopte los criterios para dictaminar las solicitudes sobre letras de oro en
muros de honor.
El diputado Luis Miguel Gerónimo
Barbosa Huerta:
Gracias, señora
vicepresidenta en funciones de Presidenta:
Cómo me hubiera
gustado que hubiéramos con este tema sostenido un debate y una discusión que está
plasmado aquí en estos cuatro muros, que es el análisis que el Estado y los órganos del
Estado han hecho de la historia de México, por lo que pido la atención de este escaso
número de compañeros, amigas y amigos legisladores.
El recinto
parlamentario ha sido escenario de grandes debates a lo largo de nuestra historia, el
origen de nuestra República, así como los cambios que experimentó en los grandes
momentos que sucedieron a su independencia pueden reconstruirse en sus fuentes
documentales.
La historia
moderna de México transitó por el Congreso, en él dejó huella no sólo por los
ilustres personajes que en distintos momentos integraron sus legislaturas, sino por las
grandes decisiones que emanaron del Poder Legislativo, una vez que nuestra nación adoptó
el régimen constitucional.
El recinto
legislativo también ha albergado en sus muros la historia de México a través de las
referencias a grandes personajes, ello explica por qué en los albores de nuestra
Independencia el soberano Congreso mexicano declaró en 1823 que jamás ha visto con
indiferencia los sacrificios que los buenos patriotas han prestado a la nación en todas
épocas para sostener su independencia y libertad.
Por ello tuvo a
bien decretar beneméritos de la patria en grado heroico, a Miguel Hidalgo y Costilla,
Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Abasolo, José María Morelos, Mariano Matamoros,
Leonardo y Miguel Bravo, Hermenegildo Galeana, José Mariano Jiménez, Francisco Javier
Mina, Pedro Moreno y Víctor Rosales.
Además anunció
y ordenó que se inscribieran en letras de oro en el salón de las cortes, los nombres de
estos héroes que se sacrificaron por la independencia y libertad nacional.
Desde entonces
hasta nuestros días, esta vocación por reconocer y reivindicar en el muro de honor del
Palacio Legislativo los personajes y grandes momentos de nuestra historia y ha mantenido
aun cuando la visión que sobre ésta se tuvo, respondió a una perspectiva particular de
los grupos hegemónicos que monopolizaron el poder.
De esta manera
hasta la pasada Legislatura se acordó la inscripción en letras de oro, 49 nombres de
héroes, siete heroínas, 10 leyendas a grupos determinados y dos apotegmas. A pesar de su
relevancia y de su incuestionable lugar en la historia mexicana parece no haber seguido
criterios precisos por parte de la comisión dictaminadora o del propio Ejecutivo, que por
vía de decreto determinó diversas inscripciones en los muros de honor de nuestro Palacio
Legislativo. Así, los nombres de las heroínas de la independencia, Josefa Ortiz de
Domínguez y Leona Vicario, se inscribieron hasta 1948, más de un siglo después de
haberse inscrito los nombres de los varones que encabezaron ese movimiento.
Asimismo, por
ejemplo, el nombre de Benito Juárez se inscribió un año después de su muerte en 1873,
mientras que los nombres de ilustres revolucionarios como Francisco Villa, hasta 1996 y
los de Emiliano Zapata y Venustiano Carranza se inscribieron hasta 1991.
El caso extremo
es el de sor Juana Inés de la Cruz, cuyo nombre fue inscrito tres siglos después de su
muerte, en 1995 durante la LVI Legislatura de esta Cámara de Diputados.
Sin embargo, las
bases de aquella visión de la historia patria oficial, a partir de la cual se erigieron
héroes, siempre buenos, puros e impolutos y que señalaron villanos siempre malévolos o
apátridas, es totalmente anacrónica y hoy está a discusión, incluso en el Congreso,
algunas características de esta vieja historia oficial, fueron adoptadas por los
presidentes de la República y las comisiones dictaminadoras encargadas de dictaminar las
iniciativas de decreto para inscribir en letras de oro los nombres de apotegmas.
Estuvo centrada
en personas y no en grupos y colectividades, sólo miró la historia de los vencedores
olvidando a los vencidos; se atuvo al ideario político dominante no a los proyectos
subalternos como si la realidad presente fuera sólo producto de una sola visión y no la
conjugación de muchas prácticas y visiones.
Se sustentó
siempre en el mito de la unidad nacional como expresión monolítica.
El héroe nunca
le apostó a la disidencia, lo pluricultural y multiétnico rara vez encontró expresión;
la valoración de la mujer siempre fue secundaria; los valores democráticos sólo fueron
considerados en tanto fortalecieron a los regímenes en turno, prueba de ello es que 30
años después de que fue presentada la iniciativa de inscribir en letras de oro el nombre
de Ricardo Flores Magón, la comisión dictaminadora presentó el proyecto de decreto.
Asimismo, a tres
años después de haberse presentado la iniciativa para inscribir en letras de oro la
leyenda "A los mártires de Tlatelolco de 1968" y a 34 años de la masacre, la
Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias no ha presentado el dictamen.
Por eso, someto
a consideración de esta Asamblea el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. La Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión acuerda instruir a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para que
presente aquí en el pleno para su aprobación, los criterios para dictaminar la
inscripción en letras de oro en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro,
los nombres de personalidades de la historia mexicana, así como de apotegmas y
referencias históricas.
Es todo,
compañeras y compañeros, gracias por su atención.
«Proposición
con punto de acuerdo para que la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias
proponga al pleno, para su aprobación, los criterios para dictaminar la inscripción en
letras de oro en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de
personalidades de la historia mexicana, así como de apotegmas y referencias históricas.
CONSIDERACIONES
Primera. El
recinto parlamentario ha sido escenario de grandes debates a lo largo de nuestra historia.
El origen de nuestra República, así como los cambios que experimentó en los grandes
momentos que sucedieron a su independencia, pueden reconstruirse en sus fuentes
documentales. La historia moderna de México transitó por el Congreso. En él dejó
huella no sólo por los ilustres personajes que en distintos momentos integraron sus
legislaturas, sino por las grandes decisiones que emanaron del Poder Legislativo, una vez
que nuestra nación adoptó el régimen constitucional.
Segunda. El
recinto legislativo también ha albergado en sus muros la historia de México a través de
las referencias a grandes personajes. Ello explica por qué en los albores de nuestra
independencia el soberano Congreso Mexicano declaró, en 1823, "... que jamás ha
visto con indiferencia los sacrificios que los buenos patriotas han prestado a la nación
en todas épocas para sostener su independencia y libertad...". Por ello tuvo a bien
decretar beneméritos de la patria en grado heroico a Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio
Allende, Juan Aldama, Mariano Abasolo, José María Morelos, Mariano Matamoros, Leonardo y
Miguel Bravo, Hermenegildo Galeana, José Mariano Jiménez, Francisco Xavier Mina, Pedro
Moreno y Víctor Rosales. Además anunció y ordenó que se inscribieran en letras de oro,
en el salón de las Cortes, los nombres de estos héroes que se sacrificaron por la
independencia y libertad nacional.
Desde entonces,
hasta nuestros días esa vocación por reconocer y reivindicar en el muro de honor del
Palacio Legislativo los personajes y grandes momentos de nuestra historia se ha mantenido,
aun cuando la visión que sobre ésta se tuvo respondió a una perspectiva particular de
los grupos hegemónicos que monopolizaron el poder.
Tercera. De esta
manera, hasta la pasada Legislatura, se acordó la inscripción en letras de oro 49
nombres de héroes, siete heroínas, 10 leyendas a grupos determinados y dos apotegmas. A
pesar de su relevancia y de su incuestionable lugar en la historia mexicana, parece no
haberse seguido criterios precisos por parte de la comisión dictaminadora o del propio
Poder Ejecutivo, que por vía de decreto determinó diversas inscripciones.
Así, los
nombres de las heroínas de la independencia Josefa Ortiz de Domínguez y Leona Vicario,
se inscribieron hasta 1948, más de un siglo después de haberse inscrito los nombres de
los varones que encabezaron ese movimiento. Asimismo, por ejemplo, el nombre de Benito
Juárez se inscribió un año después de su muerte, en 1873; mientras que los nombres de
ilustres revolucionarios como Francisco Villa, hasta 1966 y los de Emiliano Zapata y
Venustiano Carranza se inscribieron hasta 1931.
Resalta el caso
de Ignacio Zaragoza quien fue declarado benemérito de la patria en grado heroico sólo
tres días después de su muerte y decretada la inscripción de su nombre en letras de oro
en el mismo decreto. El caso extremo es sor Juana Inés de la Cruz, cuyo nombre fue
inscrito tres siglos después de su muerte, en 1995, durante la LVI Legislatura.
Por si ello no
fuera suficiente, no existe inscrito hasta la fecha ningún nombre de personaje insigne de
la época prehispánica.
Cuarta. Sin
embargo, las bases de aquella visión de la historia patria oficial, a partir de la cual
se erigieron héroes, siempre buenos, puros e impolutos y que señalaron villanos siempre
malévolos o apátridas, es totalmente anacrónica y hoy está a discusión, incluso en el
Congreso. Algunas características de esa vieja historia oficial fueron adoptadas por los
presidentes de la República y las comisiones dictaminadoras encargadas de dictaminar las
iniciativas de decreto para inscribir en letras de oro nombres y apotegmas.
Estuvo centrada
en personas y no en grupos y colectividades; sólo miró la historia de los vencedores,
olvidando a los vencidos; se atuvo al ideario político dominante, no a los proyectos
subalternos, como si la realidad presente fuera sólo producto de una sola visión y no la
conjugación de muchas prácticas y visiones. Se sustentó siempre en el mito de la unidad
nacional, como expresión monolítica: el héroe nunca le apostó a la disidencia. Lo
pluricultural y multiétnico rara vez encontró expresión. La valorización de la mujer
siempre fue secundaria. Los valores democráticos sólo fueron considerados en tanto
fortalecieron a los regímenes en turno.
Prueba de ello
es que 30 años después de que fue presentada la iniciativa de inscribir en letras de oro
el nombre de Ricardo Flores Magón, la comisión dictaminadora presentó el proyecto de
decreto.
Asimismo, que
tres años después de haberse presentado la iniciativa para inscribir en letras de oro la
leyenda "A los Mártires de Tlatelolco de 1968" y a 34 años de la masacre, la
Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias no ha presentado dictamen.
En estas
circunstancias, urge dotar a la Cámara de criterios para resolver este importante asunto
por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General, el legislador suscrito somete a
consideración del pleno la siguiente proposición con
PUNTO DE ACUERDO
Unico. La Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión acuerda instruir a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para que
presente al pleno, para su aprobación, los criterios para dictaminar la inscripción en
letras de oro en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, los nombres de
personalidades de la historia mexicana, así como de apotegmas y referencia históricas.
Palacio
Legislativo.— San Lázaro, a 10 de octubre de 2002.— Diputado Luis Miguel Barbosa Huerta.»
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias señor
diputado.
Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias.
Activen el
sonido en la curul del diputado Marín, por favor.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde su
curul):
Para suplicarle,
por favor, pueda añadirme en lo personal apoyando la proposición del diputado Barbosa.
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Sí, queda
consignado.
Muchas gracias,
señor diputado.
PROTOCOLO
DE KYOTO
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Tiene la palabra
el diputado Diego Cobo Terrazas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México, para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al
Congreso de Estados Unidos de América a ratificar el Protocolo de Kyoto, hasta por cinco
minutos.
El diputado Diego Cobo Terrazas:
Muchas gracias,
señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Los integrantes
del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el
artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Relaciones Exteriores
de esta Cámara de Diputados, el presente punto de acuerdo al tenor de la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
El cambio
climático se ha convertido en tema relevante para las agendas ambientales nacionales,
esto como resultado de los devastadores efectos que los fenómenos meteorológicos han
generado en el planeta entero. El calentamiento global es la principal causa de este
cambio climático.
Hoy sabemos que
este calentamiento global es resultado de las actividades humanas al liberar gases de
efecto invernadero como el bióxido de carbono, el metano, los clorofluorocarbonos y
graves impactos causan estos al medio ambiente, a la economía y a la salud mundiales.
En 1992, el
entonces presidente de Estados Unidos de América, Jorge H.W. Bush, firmó la Convención
de Cambio Climático integrándose al grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre cambio
climático. En ese entonces invitó a las otras naciones a participar en la reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero; como resultado de los trabajos de dicho grupo de
trabajo, en 1997 se firmó el Protocolo sobre cambio climático en una reunión celebrada
en la ciudad de Kyoto, Japón y cuya finalidad es promover mecanismos internacionales para
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
La importancia
que tiene este tema para la agenda global se mantiene e incrementa como resultado de los
enormes fenómenos climáticos que sufre el mundo entero.
A mediados del
mes de agosto del presente año, Europa sufrió una devastadora inundación como
consecuencia de modificaciones en los periodos naturales de la precipitación. Esto
obligó a los políticos de aquellas naciones a prestar mayor interés al tema del cambio
climático. México, por su parte, es uno de los países que han ratificado el Protocolo
de Kyoto.
De manera
paralela, el departamento de Estado de Estados Unidos de América presentó el Reporte de
Acción Climática 2002, donde se detallan los efectos que generará el calentamiento
global para esa nación en los años venideros, sin embargo, no ofrece un plan de
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Los posibles impactos generados
por este fenómeno meteorológico antropogénico serán, según lo expresa el propio
estudio realizado por el departamento de Estado de Estados Unidos de América, los
siguentes:
Un incremento en
la intensidad de los huracanes, lo que resultará en una completa devastación de las
comunidades costeras de La Florida y Louisiana, situación que evidentemente afectará por
la proximidad del territorio, las costas mexicanas del Golfo de México.
El nivel del
agua del mar se incrementará, con lo que se inundarán las partes bajas de la costa del
Golfo de México y con ello habrá una mayor intrusión de agua de mar en los mantos
friáticos que abastecen a los estados costeros del golfo, con sus repercusiones para la
economía y el abastecimiento de agua potable a la población. Lo mismo ocurrirá en los
estados costeros del golfo, mar Caribe y Pacífico mexicanos.
La industria
agrícola verá mermada su producción como resultado de la disminución en la
precipitación durante el verano. Se incrementarán los incendios forestales en la región
como resultado de los cambios en estas precipitaciones.
Prueba de lo
anterior es la intensificación en la fuerza y frecuencia de huracanes como fue el caso de
"Isidore", que debastó amplias porciones de Yucatán y Campeche. La
proliferación de enfermedades asociadas a las condiciones climático-ambientales, como el
dengue en su versión hemorrágica, así como la llegada de nuevas enfermedades como la
producida por el virus del Nilo, trasmitida por vectores y por si fuera poco, el norte del
país que vive una prolongada sequía de 11 años, que ha mermado las reservas de agua en
las presas, ubicándolas por debajo del 20% de su capacidad de almacenamiento.
Estos sucesos
son prueba fehaciente de que el cambio climático sí genera los daños a que se refieren
los distintos grupos científicos estudiosos del fenómeno, los que coinciden en que
México será uno de los países más vulnerados a los efectos provocados por el cambio
climático, dada su situación geográfica.
Reconociendo que
Estados Unidos de América es el principal productor de gases de efecto invernadero a
nivel mundial, con una cantidad de 1 mil 526.12 millones de toneladas métricas
equivalentes de carbono a la atmósfera por año, es decir, 10.8 veces más por habitantes
en comparación con nuestro país y que para el año 2002 el Gobierno de Estados Unidos de
América no ha ratificado el Protocolo de Kyoto, a pesar de que reconoce que el
calentamiento global es un cambio climático real y que el actual presidente de Estados
Unidos ha manifestado públicamente su intención de no ratificar dicho acuerdo
internacional por considerar que afecta la economía de aquella nación, por todo ello los
diputados del Partido Verde Ecologista de México ponemos a consideración de esta
Asamblea, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se hace un respetuoso exhorto al Congreso
de Estados Unidos de América para que ratifique el Protocolo de Kyoto sobre cambio
climático en los términos que establece el mismo y contribuya así al desarrollo
sustentable de la región norteamericano.
Es cuanto,
señora Presidenta.
«Cámara de
Diputados.— LVIII Legislatura.— Honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Bernardo De la
Garza Herrera, Francisco Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Esvedia Bravo
Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo
Terrazas, Arturo Escobar y Vega, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael
García Sainz Arena, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa, Juan Ignacio
García Zalvidea, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción
Salazar González, Erika Elizabeth Spezia Maldonado, diputados de la LVIII Legislatura del
honorable Congreso de la Unión integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se
turne a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados en la LVIII
Legislatura del honorable Congreso de la Unión, el siguiente punto de acuerdo por el cual
se exhorta al Congreso de Estados Unidos de América a ratificar el Protocolo de Kyoto;
Acuerdo, de
conformidad con los siguientes:
I Antecedentes
1. En 1992, el
entonces presidente de Estados Unidos de América, George H.W. Bush; firmó la Convención
de Cambio Climático, integrándose al grupo de trabajo sobre cambio climático de las
Naciones Unidas, invitando a otras naciones a participar activamente en la reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero.
2. En 1997 se
firmó e1 Protocolo de sobre cambio climático, en la reunión, celebrada del 1o. al 10 de
diciembre del mismo año en la ciudad de Kyoto, Japón, y cuya finalidad es promover
mecanismos internacionales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
3. En la
reunión de la Unión Parlamentaria Internacional celebrada en Johannesburgo, Sudáfrica,
dentro del marco de la Cumbre Mundial para el desarrollo sostenible organizada por la ONU
en agosto de 2002, se hizo una declaración parlamentaria donde se instó a las partes
adherentes para que ratificaran los protocolos que en materia ambiental ha promovido la
Organización de las Naciones Unidas en particular el Protocolo de Kyoto.
4. El
departamento de Estado de Estados Unidos de América presentó el Reporte de Acción
Climática 2002, donde se detallan los efectos que generará el calentamiento global para
esa nación, sin embargo; no ofrece un plan de reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero.
5. Para el año
2002 el Gobierno de Estados Unidos de América no ha ratificado el Protocolo de Kyoto, a
pesar de que reconoce que el calentamiento global es un cambio climático real y el actual
presidente ha manifestado públicamente su intención de no ratificar dicho acuerdo
internacional por considerar que afecta a la economía de aquella nación.
Los integrantes
del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México a partir de estos
antecedentes, exponemos las siguientes
II. Consideraciones
1. El
calentamiento global es el resultado de las actividades humanas al liberar gases de efecto
invernadero como el dióxido de carbono, el metano y los clorofluorocarbonos, con graves
impactos, para el medio ambiente, la economía y la salud mundial.
2. Los posibles
impactos generados por este fenómeno meteorológico antropogénico serán, según lo
expresa el propio estudio realizado por el departamento de Estado de Estados Unidos de
América los siguientes:
• Un
incremento en la intensidad de los huracanes lo que resultará en una completa
devastación de las comunidades costeras de la Florida y Louisiana (situación que
evidentemente afectará por la proximidad del territorio a las costas mexicanas del golfo
de México).
• El nivel
del agua del mar se incrementará con lo que se inundarán las partes bajas de la costa
del golfo de México y con ello habrá una mayor intrusión de agua de mar en los mantos
freáticos que abastecen a los estados costeros del golfo, con sus repercusiones para la
economía y abastecimiento de agua a la población. (Lo mismo ocurrirá en los estados
costeros del golfo, mar Caribe y Pacífico mexicanos).
• Las
comunidades que se encuentren cercanas a la costa, verán modificado su entorno natural de
selvas bajas caducifolias a pastos altos.
• La
industria agrícola verá mermada su producción como resultado de la disminución en las
precipitaciones de verano.
• En la
región del suroeste americano (noroeste mexicano) aparecerán modificaciones en las
distribuciones e intensidad de las lluvias lo que modificará drásticamente la
vegetación.
• Dicha
modificación en la vegetación generará un incremento en la biomasa disponible para los
meses de estiaje lo que favorecerá los incendios forestales en la región.
3. Los
resultados del grupo de trabajo de las Naciones Unidas para la Convención de Cambio
Climático demuestran los efectos regionales que tendrá el calentamiento global, que para
América Latina serán los siguientes:
• En la
región de Centroamérica (que incluye el sureste mexicano), los niveles del mar se
elevarán, afectando la infraestructura, la agricultura y los recursos naturales a lo
largo de las costas.
• La
población de América Latina se verá afectada por un incremento en la desnutrición
relacionada con los efectos del cambio climático sobre la producción agropecuaria en la
región y además sufrirá un incremento en la presencia de enfermedades transmitidas por
vector como la malaria, resultado, de los cambios favorables para la sobrevida y
reproducción de dichos vectores.
• La
biodiversidad de los ecosistemas latinoamericanos se verá afectada por cambios mínimos
en la temperatura, lo que puede condicionar su subsistencia y con ello el equilibrio
ecológico de la región.
4. Los modelos
científicos nacionales e internacionales coinciden en que México es uno de los países
más vulnerables a los efectos provocados por el cambio climático, dada su situación
geográfica;
5. Los últimos
acontecimientos meteorológicos que han afectado a las República Mexicana comprueban en
la práctica las predicciones científicas sobre el cambio climático. Prueba de ello es
la intensificación en la fuerza y frecuencia de huracanes como fue el caso de
"Isidore" que devastó amplias porciones de Yucatán y Campeche; la
proliferación de enfermedades asociadas a las condiciones climá- tico-ambientales como
el dengue en su versión hemorrágica, así como la llegada de nuevas enfermedades como la
producida por el virus del Nilo transmitida por vectores, y por si fuera poco el norte del
país vive una prolongada sequía de 11 años, que ha mermado las reservas de agua en las
presas ubicándolas por debajo del 20% de su capacidad de almacenamiento. Estos sucesos
son prueba fehaciente de que el cambio climático si genera los daños a que se refieren
los distintos grupos científicos estudiosos del fenómeno;
6. Estados
Unidos de América es el principal productor de gases de efecto invernadero a nivel
mundial, con una cantidad de 1,526.12 millones de toneladas métricas equivalentes de
carbón a la atmósfera por año o sea una cuarta parte de la generación total mundial de
dichas emisiones;
7. Estados
Unidos de América con una población de 288,212,300 habitantes, genera el equivalente a
10 veces las emisiones totales de gases efecto invernadero de los países en vías de
desarrollo por 1 millón de habitantes:
8. Con relación
a México que produce por 1 millón de habitantes 0.49 millones de toneladas métricas
equivalentes de carbón Estados Unidos de América producen 10.8 veces la cantidad
generada por 1 millón de habitantes en nuestro país, situación por demás alarmante si
consideramos que somos socios comerciales vecinos y países amigos que veremos afectados
nuestros intereses comerciales, sanitarios, alimenticios y ecológicos de no controlar
dicha emisión de contaminantes a la atmósfera.
Por lo
anteriormente expuesto y fundado, los diputados del Partido Verde Ecologista de México
proponemos el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se hace un respetuoso exhorto al Congreso
de Estados Unidos de América para que ratifique el Protocolo de Kyoto sobre cambio
climático en los términos que establece el mismo, y contribuya así al desarrollo
sustentable de la región norteamericana.
Dado en el
Palacio Legislativo.— San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 10 de octubre del 2002. Los
diputados: Bernardo de la Garza Herrera, Francisco
Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Esvedia Bravo Martínez, María Teresa
Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y
Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García
Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, Juan Ignacio García Zalvidea, María
Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González, Erika
Elizabeth Spezia Maldonado y Jesús Garibay.»
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias, señor
diputado.
Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.
El siguiente
punto de acuerdo agendado por el diputado Santiago López Hernández se pospone para
próxima sesión.
SECTOR
AGRICOLA
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Tiene la palabra
la diputada Heidi Storsberg Montes, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional,
para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder
Ejecutivo Federal para que en el marco de la APEC se promueva que Estados Unidos de
América reduzca los subsidios que otorga a sus productos agrícolas, hasta por cinco
minutos.
La diputada Heidi Gertud Storsberg
Montes:
Con su permiso,
señora Presidenta:
La decisión
adoptada por el Gobierno de México desde 1998, de asumir la responsabilidad de presidir
los trabajos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, respondió a la
convicción de que el proceso APEC 2002 sería una oportunidad muy valiosa para mostrarnos
frente al mundo como una nación del Pacífico, dispuesta a alcanzar una mayor
integración económica y con ello asegurar la prosperidad, estabilidad y bienestar de los
pueblos de la región.
México, sede de
la próxima reunión de líderes económicos que tendrá lugar en Los Cabos, Baja
California Sur, el 26 y 27 de octubre, en donde se reunirán distinguidos miembros de las
21 naciones, será punto focal de atención pública mundial. No en vano APEC 2000 se
considera por muchos especialistas uno de los encuentros internacionales más importantes
del sexenio del presidente Vicente Fox Quesada.
APEC tiene un
peso económico, político, social y cultural trascendental para el mundo. La suma de sus
economías representa alrededor del 56% del PIB mundial, el 49% de la población y el 42%
de la superficie terrestre en nuestro planeta.
La
participación de sus miembros es aún más elevada si tomamos en cuenta que el sector
manufacturero de esta región representa alrededor del 58% de esta actividad a nivel
mundial.
Desde su
adhesión, México ha tenido una participación especialmente activa en APEC y sumamente
comprometida con las labores que favorecen las relaciones económicas justas, las
prácticas leales de comercio y el crecimiento y el desarrollo sostenido con base en el
sistema de comercio multilateral abierto, mismo que rechaza el comercio restrictivo y
proteccionista entre sus miembros.
Esta posición
nos ha brindado la oportunidad de promover y defender nuestros intereses con el sector
privado gubernamental y académico de APEC y fortalecer nuestras relaciones económicas y
comerciales con las economías asiáticas conforme a un diálogo institucionalizado.
Este instrumento
de cooperación multilateral y mecanismo de concertación que tiene a bien generar las
oportunidades para el desarrollo, debe también concertar su atención en detectar
oportunamente aquellas políticas o prácticas de países miembros que están afectando y
condicionando negativamente el desarrollo de la región.
Es por tal
razón y en tal ocasión que México debe mostrar su insatisfacción por la decisión de
Estados Unidos de América del Norte de incrementar en últimas fechas sus subsidios
agrícolas, decisión que pone entre dicho el compromiso de la economía más grande del
mundo con el libre comercio a nivel hemisférico y mundial.
El proyecto de
ley agrícola conocido como “Farm Bill” que otorgará 180 mil millones de
dólares para apoyar a agricultores y ganaderos estadounidenses, en un periodo de 10
años, es una medida que no sólo resulta atentatoria contra el mismo espíritu de la
cooperación internacional y con los principios que pregona el regionalismo abierto que
distingue APEC, sino cuestiona los acuerdos alcanzados en la IV Reunión Ministerial de
Doha, Qatar para eliminar los subsidios agrícolas y pone en peligro el éxito de la
próxima reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio a celebrarse el
próximo septiembre de 2003 en Cancún.
Una de las
formas más adecuadas para convertirnos en un país protagónico dentro de la escena
latinoamericana y para influencias positivamente en el destino de nuestros pueblos, es
justamente, llevando a nuestras más serias peticiones y demandas al debate público
internacional a los foros económico y políticos más relevantes del orden y a los
instrumentos de cooperación multilateral que sostenemos con regiones cruciales para
México.
El desarrollo,
aspiración y asignatura pendiente en la mayoría de nuestros países, mismo que
difícilmente se consigue sin interrelación de otros países, nos impone la obligación
de llevar a la mesa de discusión el tema de los subsidios agrícolas de los países
avanzados, contra lo que difícilmente pueden competir las economías en desarrollo.
Resulta esencial
detonar el liderazgo político mexicano para impedir que se reduzca la competitividad de
las exportaciones agrícolas de los países del hemisferio, se sigue estrechando nuestro
horizonte generador de divisas y se retrasa en la fase de precios internacionales bajos
que vive el sector primario o agrícola del mundo.
Según la
Organización Mundial de Comercio, las economías latinoamericanas y centroamericanas
ejercen gran dependencia de sus exportaciones por concepto de productos agrícolas.
En esta
oportunidad entonces, debemos examinar la posibilidad no sólo de conformar una alianza
tripartita con Chile y Perú y con demás países de Asia para pronunciarnos en contra de
la medida que Estados Unidos adoptó a contrapelo de la comunidad internacional, sino
evaluar la viabilidad en esta misma reunión de llevar al tema las instancias respectivas
en el seno de la Organización Mundial de Comercio.
Por las razones
antes expuestas, se presenta la proposición con punto de acuerdo.
¿Me permite
nada más acabar, señora Presidenta?
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Concluya.
La diputada Heidi Gertud Storsberg
Montes:
Solicitar
respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a que en el marco de la reunión de
líderes económicos del mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, del cual
nuestro país funge como presidente y anfitrión, se busque con base en convergencias y
puntos de vista compartidos con los países de Asia y América Latina un compromiso para
promover que Estados Unidos de América reduzca los subsidios que otorga a sus productos
agrícolas.
Este punto de
acuerdo está firmado por todos los grupos parlamentarios y partidos políticos
representados en esta Cámara de Diputados.
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.
Con fundamento
en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, legisladores de todos los grupos parlamentarios y partidos
políticos representados en la VIII Legislatura, someten a la consideración del pleno, la
adopción de la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se solicita
respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, a que en el marco de la reunión
de líderes económicos del Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, del cual
nuestro país funge como presidente y anfitrión, se busque con base en convergencias y
puntos de vista compartidos con los países de Asia y de América Latina, un compromiso
para promover que Estados Unidos reduzca los subsidios que otorga a sus productos
agrícolas.
EXPOSICION DE MOTIVOS
La decisión
adoptada por el Gobierno de México desde 1998, de asumir la responsabilidad de presidir
los trabajos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, respondió a la
convicción de que el proceso APEC 2002, sería una oportunidad muy valiosa para mostramos
frente al mundo como una nación del Pacífico, dispuesta a alcanzar una mayor
integración económica y con ello asegurar la prosperidad, estabilidad y bienestar de los
pueblos de la región.
México sede de
la próxima Reunión de Líderes Económicos que tendrá lugar en Los Cabos el 26 y 27 de
octubre, en donde se reunirán presidentes, ministros de Hacienda, de Relaciones
Exteriores, de Economía y de Comercio de las 21 naciones miembros, será punto focal de
atención pública mundial. No en vano, APEC 2002, se considera por muchos especialistas,
uno de .los encuentros internacionales más importantes del sexenio del presidente Vicente
Fox.
APEC tiene un
peso económico, político, social y cultural trascendental para el mundo. La suma de sus
economías representa alrededor del 56% del PIB mundial, el 49% de la población y el 42%
de la superficie terrestre de nuestro planeta. La participación de sus miembros es aún
más elevada si tomamos en cuenta que el sector manufacturero de esta región representa
alrededor del 58% de esta actividad a nivel mundial.
Este foro de
diálogo intergubernamental en el que participan las economías más importantes y las
más dinámicas de la región del Pacífico, sostiene sus actividades sobre los pilares de
la liberalización y la facilitación del comercio, las inversiones, así como la
cooperación económica y técnica.
Desde su
adhesión, México ha tenido una participación especialmente activa en APEC y sumamente
comprometida con las labores que favorecen las relaciones económicas justas, las
prácticas leales de comercio y el crecimiento y el desarrollo sostenido con base en el
sistema de comercio multilateral abierto, mismo que rechaza el comercio restrictivo y
proteccionista entre sus miembros. Esta posición nos ha brindado la oportunidad de
promover y defender nuestros intereses con el sector privado, gubernamental y académico
de APEC y fortalecer nuestras relaciones económicas y comerciales con las economías
asiáticas conforme a un diálogo institucionalizado.
Este instrumento
de cooperación multilateral y mecanismo de concertación que tiene a bien generar las
oportunidades para el desarrollo, debe también concentrar su atención en detectar
oportunamente aquellas políticas o prácticas de países miembros que están afectando y
condicionado negativamente el desarrollo de la región. Es por tal razón y en tal
ocasión que México debe mostrar su insatisfacción por la decisión de Estados Unidos,
de incrementar en últimas fechas sus subsidios agrícolas, decisión que pone en
entredicho el compromiso de la economía más grande del mundo con el libre comercio a
nivel hemisférico y mundial.
El proyecto de
ley agrícola conocido como "Farm Bill" que otorgará 180 mil millones de
dólares para apoyar a agricultores y ganaderos estadounidenses, en un periodo de 10
años, es una medida que no sólo resulta atentatoria contra el mismo espíritu de la
cooperación internacional y con los principios que pregona el regionalismo abierto que
distingue a la APEC, sino cuestiona los acuerdos alcanzados en la IV Reunión Ministerial
de Doha, Qatar para eliminar los subsidios agrícolas y pone en peligro el éxito de la
próxima Reunión Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) a celebrarse
el próximo septiembre de 2003 en Cancún.
Una de las
formas más adecuadas para convertirnos en un país protagónico dentro de la escena
latinoamericana y para influenciar positivamente en el destino de nuestros pueblos, es
justamente llevando nuestras más serias peticiones y demandas al debate público
internacional, a los foros económicos y políticos más relevantes del orbe y a los
instrumentos de cooperación multilateral que sostenemos con regiones cruciales para
México. El desarrollo, aspiración y asignatura pendiente en la mayoría de nuestros
países, mismo que difícilmente se consigue sin la interrelación de otros países, nos
impone la obligación de llevar a la mesa de discusión el tema de los subsidios
agrícolas de los países avanzados, contra los que difícilmente pueden competir las
economías en desarrollo.
Resulta esencial
detonar el liderazgo político mexicano para impedir que se reduzca la competitividad de
las exportaciones agrícolas de los países del hemisferio, se siga estrechando nuestro
horizonte generador de divisas y se retrase la fase de precios internacionales bajos que
vive el sector primario o agrícola en el mundo. La dependencia que generan determinadas
economías latinoamericanas por concepto de exportaciones de productos agrícolas es
verdaderamente preocupante. Según la Organización Mundial del Comercio, de las
exportaciones totales de mercancías, la parte que correspondió a los productos
agrícolas en el 2000, para Paraguay fue del 82%, Uruguay 60.1%, Argentina 51.3%, Ecuador
40.2%, Chile 35.2%, Perú 26.8% y países de Centroamérica, Nicaragua 87.5%, Belice
86.1%, Guatemala 61.2%, entre otros.
Es precisamente
México en calidad de presidente de la Reunión de Líderes Económicos, instancia
política superior de la APEC y conforme al tema propuesto por nuestro país para orientar
las labores de APEC durante 2002, "La ampliación de los beneficios de la
cooperación para el crecimiento y desarrollo económicos, realizando la visión"
donde se debe hacer un llamado a Estados Unidos para que se involucre de manera más
intensa y activa en la promoción del desarrollo económico mundial, convirtiéndose en un
actor que contribuya justamente a combatir las verdaderas raíces que estimulan y propagan
el terrorismo internacional, tales como la miseria, marginación, desigualdad, pobreza
extrema e injusticia social.
Es menester que
como legisladores, exhortemos al Poder Ejecutivo Federal no priorizar una agenda de APEC
sesgada al tema de la seguridad y del terrorismo internacional, sino colocar el tema del
desarrollo en un orden de primera importancia. Es en este sentido, que el Poder Ejecutivo
Federal, responsable de dirigir la política exterior de México y las negociaciones
económicas y comerciales internacionales, promueva un diálogo abierto y franco entre las
naciones integrantes de la APEC, a propósito de propiciar mejores condiciones para
fomentar el desarrollo en la región.
En esta
oportunidad, debemos examinar la posibilidad no sólo de conformar una alianza tripartita
con Chile y Perú y con demás países de Asia para pronunciarnos en contra de la medida
que Estados Unidos adoptó a contrapelo de la comunidad internacional, sino evaluar la
viabilidad en esta misma reunión, de llevar el tema a las instancias respectivas en el
seno de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Que por las
razones expuestas con anterioridad, se presenta la siguiente proposición con
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Solicitar respetuosamente al titular del
Poder Ejecutivo Federal, a que en el marco de la Reunión de Líderes Económicos del
Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, del cual nuestro país funge como
presidente y anfitrión, se busque con base en convergencias y puntos de vista compartidos
con los países de Asia y de América Latina, un compromiso para promover que Estados
Unidos reduzca los subsidios que otorga a sus productos agrícolas.
Palacio
Legislativo, a 10 de octubre de 2002.— Diputada Heidi
Storsberg Montes.»
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias, señora
diputada.
Túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento
Industrial.
Y para referirse
al mismo tema ha solicitado hacer uso de la palabra el diputado Oscar Alvarado Cook del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.
El diputado Oscar Alvarado Cook:
Con su permiso,
señora Presidenta:
Mi partido, el
Revolucionario Institucional, coincide con el punto de acuerdo presentada por la diputada
Heidi Storsberg, en el que propone en la próxima Reunión Internacional del Foro de
Cooperación Asia-Pacífico a celebrarse en México los días 26 y 27 de octubre y a la
que concurrirán importantes líderes económicos de esta región, el titular del Poder
Ejecutivo busque el consenso, para lograr un pronunciamiento, en el sentido de exhortar a
Estados Unidos, a reducir los subsidios que otorga a sus productos agrícolas.
Al respecto
consideramos necesario adicionar algunos comentarios relacionados con el punto de acuerdo
propuesto, para los legisladores del PRI, vinculados con el sector agropecuario, es muy
claro y muy claro, que el Gobierno de Estados Unidos está creando un horizonte
siniestro para el campo mexicano, particularmente a partir de la firma de la nueva ley
agrícola de ese país, en la que se otorgan cuantiosos recursos al sector agropecuario,
acción que contradice sus exigencias y planteamientos hechos en foros multilaterales, en
los que denodadamente exigía la eliminación de los subsidios, por considerarlos
distorsionantes de los mercados y un obstáculo en la liberación comercial.
Sin duda alguna,
con esta determinación la política agrícola de Estados Unidos, que se caracterizaba por
la eliminación de los subsidios, da un giro de 180 grados para convertirse en la
política agrícola, más proteccionista que registra la historia contemporánea.
Dicha ley
contempla un presupuesto adicional de 183 mil millones de dólares en 10 años, es decir,
un incremento anual de 18 mil millones de dólares, que se suman a los ya establecidos.
Las asimetrías en los apoyos, que cada nación concede a sus productores y a sus sectores
agropecuarios en particular, eran ya de por si graves y con esta medida se profundizan.
Para
ejemplificar, valga apuntar, que en 1999 la Unión Europea destinó apoyos a la
agricultura, por un monto de 105 mil millones de dólares. Japón 150 mil millones de
dólares. Estados Unidos 54 mil millones de dólares, mientras que México sólo dedicó 6
mil millones de dólares.
A la luz de lo
anterior, el panorama para nuestros productores es realmente complicado, los legisladores
priístas ponemos en alerta al Ejecutivo de que la aplicación de la ley agrícola de
Estados Unidos y sus principios, son una contradicción a los acuerdos alcanzados en el
seno de la Organización Mundial de Comercio en su más reciente reunión, mismos que
serán llevados a la próxima reunión ministerial del citado organismo internacional a
celebrarse en Cancún el próximo año.
Desde nuestra
perspectiva, los asuntos para el desarrollo económico de nuestro país, como sería
otorgar los apoyos necesarios, para que nuestros productores eleven la productividad, que
les permita acceder a los mercados internacionales con competitividad, no pueden
soslayarse, en aras de adoptar una agenda de discusiones impuestas, centrada en el tema de
la seguridad y el terrorismo internacional, con la que se intenta minimizar las medidas
adoptadas por Estados Unidos, tendientes al proteccionismo económico, que como ya lo
dijimos, contradice al TLC firmado con México y Canadá, así como los propósitos de
libre comercio y equidad, en los intercambios que promueve la Organización Mundial de
Comercio.
Por todo lo
anterior expuesto, nuestro grupo parlamentario del Revolucionario Institucional, no sólo
manifiesta su coincidencia con el punto de acuerdo propuesto por la diputada, sino que se
pronuncia porque el Ejecutivo Federal adopte una postura firme y enérgica frente a las
medidas proteccionistas de nuestro país vecino del norte; postura firme y enérgica que
debe ser manifiesta, tanto en la relación bilateral como en los diversos foros
internacionales a los que México deberá acudir para demandar la revisión somera,
exhaustiva del capítulo agropecuario del TLC ante las reiteradas violaciones de Estados
Unidos.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias, señor
diputado.
El siguiente
punto de acuerdo agendado por el Partido de la Revolución Democrática, se pospone para
otra ocasión, al igual que el siguiente agendado por el Partido Verde Ecologista de
México, también se pospone para la próxima sesión.
Se concede el
uso de la palabra al diputado José Luis Novales Arellano, del grupo parlamentario de
Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo en apoyo a la
candidatura al Premio Nobel de la Paz del ciudadano cubano Oswaldo Paya Sardiña, hasta
por cinco minutos.
VERIFICACION
DE QUORUM
El diputado Diego Cobo Terrazas (desde su curul):
Señora,
Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Diputado, Diego
Cobo.
El diputado Diego Cobo Terrazas (desde su curul):
Diputada,
atentamente solicitarle se aplique lo previsto por el artículo 112 del Reglamento para el
Gobierno Interior, en virtud de que no hay quórum y es verdaderamente notorio.
El diputado José Luis Novales
Arellano (desde su curul):
Ya estoy en la
tribuna, señora Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Es de atenderse
su solicitud.
Estamos
terminando la sesión, le ruego permitir que el orador que está ya en la tribuna agote su
punto y daremos conclusión.
El diputado José Luis Novales
Arellano(desde su curul):
Bueno, pues con
el permiso de la Presidencia.
El diputado Diego Cobo Terrazas (desde su curul):
Señora,
Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Señor diputado.
El diputado Diego Cobo Terrazas (desde su curul):
Diputada, no hay
quórum, no entiendo cómo puede continuar la sesión sin quórum reglamentario.
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Es de atenderse
la moción con relación al artículo 112.
Entonces damos
por terminada la sesión.
El diputado José Luis Novales
Arellano (desde su curul):
No, no, no.
diputada Presidenta, se tiene que verificar el quórum y se tiene que dar un espacio para
que se rectifique.
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Señora
Secretaria, sírvase leer el artículo 112, por favor.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
Artículo 112
del Reglamento para el Gobierno Interior:
"La falta
de quorum se establece cuando es verdaderamente
notoria por una simple declaración del Presidente de la Cámara y cuando es dudosa, por
la lista que pasará la Secretaría, por acuerdo de la Presidencia o a petición de un
miembro de la Asamblea".
CLAUSURA
La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal (a
las 15:36 horas):
Gracias, señora
Secretaria.
Es
verdaderamente notoria la falta de quórum, entonces de acuerdo al 112, basta una simple
declaración del Presidente de la Cámara, entonces no hay quórum
Se levanta la sesión.
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