|
Presidencia
de la diputada María Elena Alvarez Bernal
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Ruego a la
Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de
asistencia de los diputados:
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
ASISTENCIA
Se informa a la
Presidencia que existen registrados previamente 344 diputados.
Por lo tanto,
hay quórum.
La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal (a
las 11:42 horas):
Se abre la
sesión.
Proceda la
Secretaría a dar lectura al orden del día.
ORDEN DEL
DIA
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Primer Periodo
de Sesiones Ordinarias.— Tercer Año de Ejercicio.— LVIII Legislatura.
Orden del día
Martes 15 de
octubre de 2002.
Acta de la
sesión anterior.
Comunicaciones
De la Junta de
Coordinación Política.
De los congresos
de los estados de Baja California, Colima, Guanajuato, México y Michoacán.
Iniciativa del
Congreso del Estado de Sonora
Que reforma la
fracción I del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. (Turno a comisión.)
Oficio de la
Cámara de Senadores
Con el que
remite iniciativa que reforma y adiciona la Ley del Seguro Social, la Ley General de
Sociedades Cooperativas y la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el senador
José Carlos Cota Osuna, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
(Turno a comisión.)
Iniciativas de
diputados
Que reforma los
artículos 340, 341 y 343 y adiciona un artículo 341-bis a la Ley Federal del Trabajo, a
cargo del diputado José Soto Martínez, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Que reforma el
artículo 73 fracción XXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
a cargo del diputado Francisco Jurado Contreras, del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Que reforma el
artículo 138 de la Ley General de Población, a cargo del diputado Sergio Acosta Salazar,
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Dictámenes de
primera lectura
De la Comisión
de Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de decreto que concede permiso a la
ciudadana Beatriz Elena Paredes Rangel, para aceptar y usar la condecoración de la Orden
Nacional de Cruzeiro do Sul en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la
República Federativa de Brasil. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación.)
De la Comisión
de Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de decreto que concede permiso al
ciudadano Jesús Ernesto Estrada Bustamante, para aceptar y usar las condecoraciones de la
Orden al Mérito Estrella de Carabobo en su Unica Clase y de la Legión al Mérito
Aeronáutico, en su Segunda Clase, que le confiere el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación.)
De la Comisión
de Gobernación y Seguridad Pública con proyecto de decreto que concede permiso a los
ciudadanos Manuel Marrón y González y Carlos Ignacio González Magallón, para aceptar y
usar las condecoraciones que en diferentes grados les confieren los gobiernos del
Principado de Mónaco y de la República Federal de Yugoslavia, respectivamente. (Dispensa
de segunda lectura, discusión y votación.)
Excitativas
A la Comisión
de Puntos Constitucionales, a cargo del diputado Luis Alberto Villarreal García, a nombre
de integrantes de la Comisión de Turismo.
A la Comisión
de Energía, a cargo del diputado César Duarte Jáquez, del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.
A la Comisión
de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a cargo del diputado Martí Batres Guadarrama,
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión
de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de la diputada Rosa Delia Cota Montaño, del grupo
parlamentario del Partido del Trabajo.
A la Comisión
de Educación Pública y Servicios Educativos, a cargo de integrantes de la Comisión de
Energía.
A la Comisión
de Gobernación y Seguridad Pública, a cargo del diputado Amador Rodríguez Lozano.
A las comisiones
de Puntos Constitucionales y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a cargo del
diputado Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
A la Comisión
de Educación Pública y Servicios Educativos, a cargo de la diputada Hortensia Aragón
Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A las comisiones
de Radio, Televisión y Cinematografía, de Presupuesto y Cuenta Pública y de
Gobernación y Seguridad Pública, a cargo de la diputada Lorena Beaurregard de los
Santos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
A la Comisión
de Puntos Constitucionales, a cargo del diputado Gregorio Urías Germán, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión
de Gobernación y Seguridad Pública, a cargo del diputado Esteban Daniel Martínez
Enríquez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A las comisiones
de Agricultura y Ganadería y Especial de Ganadería, a cargo de la diputada Petra Santos
Ortiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión
de Puntos Constitucionales, a cargo del diputado Jaime Martínez Veloz, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión
de Gobernación y Seguridad Pública, a cargo del diputado Esteban Daniel Martínez
Enríquez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A las comisiones
de Salud y de Ciencia y Tecnología, a cargo del diputado Francisco Patiño Cardona, del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión
de Atención a Grupos Vulnerables, a cargo de la diputada Adela del Carmen Graniel Campos,
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión
de Justicia y Derechos Humanos, a cargo del diputado David Augusto Sotelo Rosas, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A las comisiones
de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a cargo de la diputada Adela del Carmen
Graniel Campos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión
de Gobernación y Seguridad Pública, a cargo del diputado Rufino Rodríguez Cabrera, del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión
de Puntos Constitucionales, a cargo del diputado Pedro Miguel Rosaldo Salazar, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión
de Salud, a cargo de la diputada Adela del Carmen Graniel Campos, del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión
de Puntos Constitucionales, a cargo del diputado Sergio Acosta Salazar, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A las comisiones
de Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos, a cargo del diputado Tomás
Torres Mercado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión
de Puntos Constitucionales, a cargo de la diputada Hortensia Aragón Castillo, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A las comisiones
de Gobernación y Seguridad Pública y de Comercio y Fomento Industrial, a cargo del
diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
A la Comisión
de Puntos Constitucionales, a cargo del diputado Elías Martínez Rufino, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión
de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a cargo del diputado Alfredo Hernández
Raigosa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión
de Gobernación y Seguridad Pública, a cargo del diputado Donaldo Ortiz Colín, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A las comisiones
de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, a cargo del diputado
Rodrigo Carrillo Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
A la Comisión
de Educación Pública y Servicios Educativos, a cargo del diputado Miguel Bortolini
Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A las comisiones
de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social, a cargo del diputado Mario Cruz
Andrade, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión
de Hacienda y Crédito Público, a cargo de la diputada Miroslava García Suárez, del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión
de Hacienda y Crédito Público, a cargo de la diputada Miroslava García Suárez, del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A las comisiones
de Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de la diputada
Genoveva Domínguez Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Proposiciones
Con punto de
acuerdo sobre el saneamiento, fusión y venta del Banco del Atlántico, a cargo del
diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de
acuerdo para solicitar a la Secretaría de Salud, que a través del Centro Nacional de
Trasplantes, establezca una jornada de información en el Palacio Legislativo en San
Lázaro, que facilite la inscripción de los diputados y el personal de la Cámara al
Registro Nacional Voluntario de Donación de Organos y Tejidos, a cargo del diputado Jorge
Alberto Lara Rivera, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a
comisión.)
Con punto de
acuerdo para que se cree una comisión especial para dar seguimiento a los casos de
desaparecidos en el estado de Colima, a cargo del diputado Ramón León Morales, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de
acuerdo sobre los tiempos del Estado en los medios de comunicación, a cargo del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de
acuerdo sobre los tiempos del Estado en los medios de comunicación, a cargo del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de
acuerdo sobre los tiempos del Estado en los medios de comunicación, a cargo del grupo
parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución.)
Con punto de
acuerdo para solicitar al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que
sean evaluados el programa y subprograma vigentes de educación física, para la
educación básica, a cargo del diputado Mario Sandoval Silvera, del grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de
acuerdo en relación a las tarifas eléctricas en Mexicali, Baja California, a cargo del
diputado Jaime Martínez Veloz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de
acuerdo en relación al presupuesto de la Cámara de Diputados, a cargo del grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)
Con punto de
acuerdo en relación a la norma emergente NOM-EM-139, a cargo de la diputada Rosa Delia
Cota Montaño, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)
Con punto de
acuerdo en relación al 12 de octubre, a cargo del diputado Cándido Coheto Martínez, del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de
acuerdo sobre el presupuesto de 2003 destinado a los pueblos indígenas, a cargo del
diputado Héctor Sánchez López, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de
acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal para que promulgue y publique en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por
el que se adiciona el artículo 3o. en su párrafo primero fracciones III, V y VI, y el
artículo 31 en su fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, a cargo del diputado Cutberto Cantorán Espinosa, del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución.)
Con punto de
acuerdo en relación a las personas con discapacidad, a cargo de la diputada Raquel
Cortés López, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno
a comisión).
Con punto de
acuerdo en relación a la problemática en que se encuentra el municipio de Ocoyoacac,
Estado de México, a cargo del diputado Alejandro Gómez Olvera, del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión).
Agenda política
Comentarios
sobre el viaje del gobernador de Quintana Roo, durante los sucesos del huracán
"Isidore", a cargo del diputado Félix Salgado Macedonio, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Efemérides
Sobre el
aniversario luctuoso de Ernesto "Che" Guevara, a cargo de los grupos
parlamentarios de los partidos: del Trabajo, Revolucionario Institucional y de la
Revolución Democrática.
Sobre el Día
Mundial de los Sin Techo, a cargo de la diputada Raquel Cortés López, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre el
aniversario de la toma de posesión de Guadalupe Victoria como primer presidente de
México, a cargo de la diputada Olga Margarita Uriarte Rico, del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.
Sobre las
mujeres rurales en el marco del Día Mundial de la Mujer Rural, a cargo de la diputada
Silvia López Escoffie, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Sobre el Día
Mundial de la Alimentación, a cargo de la diputada Beatriz Patricia Lorenzo Juárez, del
Partido Alianza Social.»
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Proceda la
Secretaría a poner a discusión y votación de inmediato el acta de la sesión anterior.
ACTA
DE LA SESION ANTERIOR
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Acta de la
sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves diez de
octubre de dos mil dos, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del
Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura.
Presidencia de la diputada María Elena
Alvarez Bernal
En el Palacio
Legislativo en San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de trescientos cincuenta
y dos diputados, a las once horas con treinta y nueve minutos del jueves diez de octubre
de dos mil dos, la Presidenta declara abierta la sesión.
La Secretaría
da lectura al orden del día.
La Asamblea
aprueba el acta de la sesión anterior en votación económica.
Comunicación de
la Presidenta de la Mesa Directiva, con la que informa que ha sido invitada en su
carácter de Presidenta del Parlamento Latinoamericano, a participar en la sesión
inaugural del Coloquio El Parlamentarismo en el Siglo Veintiuno, que se realizará en la
ciudad de Quebec, Canadá, por lo que no asistirá a la sesión ordinaria del diez de
octubre de dos mil dos. De enterado.
Dos
comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, con las que informa de cambios en
la integración de las comisiones de Equidad y Género y de Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Federación. De enterado.
Comunicaciones
de los congresos de los estados de:
• Morelos,
con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
• San Luis
Potosí, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
• Tlaxcala,
con acuerdo por el que solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal de dos mil tres, se le otorguen recursos suficientes al Instituto
Mexicano del Seguro Social para que pueda cumplir en forma regular con los servicios
médicos en las entidades federativas. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.
• Tlaxcala,
con acuerdo por el que se adhiere al similar del Congreso del Estado de Guanajuato, para
exhortar se negocien prórrogas a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, en su capítulo agropecuario. Se turna a la Comisión de Comercio y
Fomento Industrial.
El Congreso del
Estado de Jalisco remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma el inciso c párrafo cuarto fracción cuarta del artículo
ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la
Comisión de Puntos Constitucionales.
Oficio de la
Secretaría de Gobernación, con el que remite copia del oficio de los secretarios de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tamaulipas, en relación con el punto de acuerdo
aprobado por la Comisión Permanente, relativo a la implementación de un programa
emergente de atención a las unidades habitacionales del país. Remítase al promovente.
Presentan
iniciativas con proyecto de decreto los diputados:
• Javier
García González, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona el artículo
siete de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; el artículo
ocho de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y
los artículos veinte y sesenta y seis de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública,
de Justicia y Derechos Humanos y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
• Lucio
Fernández González, del Partido Acción Nacional, que reforma los incisos a, c, d y e del
artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se
turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
• José
Antonio Magallanes Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el
artículo uno-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Se turna a la Comisión de
Hacienda y Crédito Público.
• Arturo
Escobar y Vega, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos
trescientos sesenta y cuatro y trescientos sesenta y seis del Código Penal Federal; el
artículo ciento noventa y cuatro del Código Federal de Procedimientos Penales y el
artículo segundo de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Se turna a la
Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
•
Gumercindo Alvarez Sotelo, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo quinto
de la Ley del Banco de México. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público,
con opinión de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
La Presidencia
informa de la recepción de una iniciativa suscrita por los diputados Luis Miguel
Gerónimo Barbosa Huerta y Uuc-kib Espadas Ancona, del Partido de la Revolución
Democrática, con proyecto de decreto que adiciona la fracción tercera del artículo diez
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público.
La diputada
Julieta Prieto Fuhrken, del Partido Verde Ecologista de México, presenta iniciativa con
proyecto de decreto que adiciona la fracción quinta del artículo sesenta y siete de la
Ley Federal de Radio y Televisión. Se turna a la Comisión de Radio, Televisión y
Cinematografía.
A las doce horas
con cuarenta y dos minutos la Secretaría informa del registro de cuatrocientos cuarenta y
un diputados y ordena el cierre del sistema electrónico de asistencia y votación.
Dictamen de la
Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con punto de acuerdo para solicitar la
revisión del precio del gas natural doméstico en el estado de Nuevo León. Sin que
motive discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese al Ejecutivo.
Dictamen de la
Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con puntos de acuerdo sobre la Norma Oficial
Mexicana denominada Jamón: "Denominación, Especificaciones y Métodos de
Prueba". Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese al
Ejecutivo.
Dictamen de la
Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con punto de acuerdo para que la Secretaría
de Economía norme la utilización de un sello inviolable en los cilindros de gas. Sin
discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese al Ejecutivo.
Dictamen de las
comisiones unidas de Comunicaciones y de Comercio y Fomento Industrial, con puntos de
acuerdo sobre las demandas de los habitantes del estado de Tabasco, en relación con la
reducción de las tarifas telefónicas. No habiendo quien solicite el uso de la palabra,
se aprueba en votación económica. Comuníquese al Ejecutivo.
Dictamen de las
comisiones unidas de Transportes y de Comercio y Fomento Industrial, con puntos de acuerdo
en relación con presuntas protecciones a transportistas extranjeros por autoridades
mexicanas y para que se realicen los estudios económicos, estadísticos y laborales
encaminados a la inversión extranjera en empresas de mensajería, paquetería y carga.
Sin nadie que solicite el uso de la palabra, se aprueba en votación económica.
Dictamen de las
comisiones de Comunicaciones y de Transportes, con puntos de acuerdo sobre la
problemática que enfrentan los usuarios del servicio telefónico en cuatro comunidades
del estado de Jalisco. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese al
Ejecutivo.
Dictamen de las
comisiones unidas de Comunicaciones y de Transportes, con punto de acuerdo para proponer
un programa de reducción de cuotas en las autopistas del país, particularmente en la del
Sol. Sin que motive debate se aprueba en votación económica. Comuníquese al Ejecutivo.
Dictamen de la
Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con puntos de acuerdo en relación con los
precios del gas natural y con la concesión del servicio público de distribución a la
compañía Gas Natural México, Sociedad Anónima de Capital Variable. No habiendo nadie
que solicite la palabra, se aprueba en votación económica. Comuníquese al Ejecutivo.
Dictamen de la
Comisión de Agricultura y Ganadería, con opinión de la Comisión de Salud, con punto de
acuerdo para exhortar al Secretario de Agricultura, Ganadería, De-sarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, a fin de prohibir el uso por parte de los ganaderos, de los productos
beta-gonistas, incluido el clorhidrato de zilpaterol, llamado comercialmente zilmax. Sin
discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese al Ejecutivo.
Solicitan
excitativas los diputados:
• Ricardo
Tarcisio Navarrete Montes de Oca, del Partido Acción Nacional, a la Comisión de Puntos
Constitucionales, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo ochenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
presentada el treinta de abril de dos mil dos.
Presidencia del diputado Jaime Vázquez
Castillo
La Presidencia
formula la excitativa correspondiente.
• Sara
Guadalupe Figueroa Canedo, del Partido Verde Ecologista de México, a la Comisión de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, en relación con la iniciativa con proyecto de
decreto por el que se expide la Ley para la Prevención y Control del Cambio Climático en
los Estados Unidos Mexicanos.
Presidencia de la diputada María Elena
Alvarez Bernal
La Presidencia
procede en consecuencia.
• Pedro
Miguel Rosaldo Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, a la Comisión de
Puntos Constitucionales, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto que
reforma el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
presentada el veintidós de marzo de dos mil uno. La Presidenta formula la excitativa
correspondiente y, en virtud de que es la segunda, fija el veintidós de noviembre de dos
mil dos para que se presente el dictamen respectivo ante la Asamblea.
• Rufino
Rodríguez Cabrera, del Partido de la Revolución Democrática, a la Comisión de Puntos
Constitucionales, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto que reforma
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
presentada el trece de noviembre de dos mil uno. La Presidenta hace la excitativa
respectiva.
• Luis
Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, del Partido de la Revolución Democrática, a la
Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, en relación con la iniciativa de Ley de
Seguridad Nacional, Información y Organismos de Inteligencia. La Presidenta obra en
consecuencia y, en virtud de que es la segunda excitativa, fija el día veintidós de
noviembre de dos mil dos para que se presente el dictamen correspondiente ante la
Asamblea.
• Miguel
Bortolini Castillo, del Partido de la Revolución Democrática, a las comisiones de
Educación Pública y Servicios Educativos y de Atención a Grupos Vulnerables, en
relación con la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley General de Educación, presentada en la sesión de la Comisión
Permanente de fecha diecisiete de julio de dos mil dos. La Presidencia hace la excitativa
respectiva.
• J. Jesús
Garibay García, del Partido de la Revolución Democrática, a la Comisión de Puntos
Constitucionales, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los
artículos veintiséis y setenta y tres de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, presentada el diez de octubre de dos mil. La Presidencia formula la
excitativa respectiva y, en virtud de que es la segunda, fija el veintidós de noviembre
para que se presente el dictamen respectivo ante la Asamblea.
• Tomás
Torres Mercado, del Partido de la Revolución Democrática, a la Comisión de Justicia y
Derechos Humanos, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los
artículos doscientos catorce y doscientos cuarenta y siete del Código Penal Federal. La
Presidencia hace la excitativa correspondiente.
• Arturo
Herviz Reyes, del Partido de la Revolución Democrática, a la Comisión de Agricultura y
Ganadería, en relación con la iniciativa con proyecto de Ley de la Agroindustria de la
Caña de Azúcar, presentada el veintiséis de diciembre de dos mil. La Presidencia
formula la excitativa respectiva.
• Rafael
Servín Maldonado, del Partido de la Revolución Democrática, a las comisiones de Trabajo
y Previsión Social y de Seguridad Social, en relación con la iniciativa con proyecto de
decreto que reforma el artículo decimocuarto transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de
diciembre de dos mil uno, que reforma la Ley del Seguro Social, presentada el veintitrés
de abril de dos mil dos. La Presidencia atiende lo solicitado.
• Rogaciano
Morales Reyes, del Partido de la Revolución Democrática, a la Comisión de Gobernación
y Seguridad Pública, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto que reforma
diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,
presentada el diecinueve de abril de dos mil dos. La Presidencia hace la excitativa
correspondiente.
• José
Antonio Magallanes Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática, a la Comisión
de Hacienda y Crédito Público, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto
que adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación,
presentada el ocho de noviembre de dos mil uno. La Presidencia obra en consecuencia.
• Sergio
Acosta Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, a las comisiones de Puntos
Constitucionales y de Gobernación y Seguridad Pública, en relación con la iniciativa
con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, presentada el seis de septiembre de dos mil uno. La Presidencia hace la
excitativa respectiva.
• Alfredo
Hernández Raigosa, del Partido de la Revolución Democrática, a las comisiones de
Justicia y Derechos Humanos y de Atención a Grupos Vulnerables, en relación con la
iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Civil
Federal, de la Ley General de Población, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, de la
Ley General de Salud, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del
Código Penal Federal. La Presidencia obra en consecuencia.
Se refieren a
los acontecimientos del doce de octubre de mil cuatrocientos noventa y dos, los diputados:
Juan Carlos Regis Adame, del Partido del Trabajo; Héctor Sánchez López, del Partido de
la Revolución Democrática; Magdalena Yunuán Pazarán Navarijo, del Partido Acción
Nacional, y Santiago López Hernández, del Partido Revolucionario Institucional.
Para presentar
proposiciones con punto de acuerdo, se concede el uso de la palabra a los diputados:
• Laura
Hermelinda Pavón Jaramillo, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al
Instituto Federal Electoral a fin de que establezca los procedimientos necesarios para que
en los procesos electorales de dos mil tres, la población con discapacidad ejerza su
derecho de voto. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
• Eduardo
Rivera Pérez, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a las autoridades
educativas federales y estatales, así como a las autoridades de las instituciones de
educación superior públicas, a formalizar un pacto nacional para afrontar los rezagos y
retos de la educación superior. Se turna a la Comisión de Educación Pública y
Servicios Educativos.
• Luis
Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, del Partido de la Revolución Democrática, para que la
Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias presente ante el pleno, los criterios
para dictaminar las solicitudes para inscribir en letras de oro en los muros de honor de
la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias.
• Diego
Cobo Terrazas, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta al Congreso
de Estados Unidos de América a ratificar el Protocolo de Kyoto. Se turna a la Comisión
de Relaciones Exteriores.
• Heidi
Gertud Storsberg Montes, del Partido Acción Nacional, para exhortar al Poder Ejecutivo
para que en el marco del Consejo Económico Asia-Pacífico, se promueva que Estados Unidos
de América reduzca los subsidios que otorga a sus productos agrícolas. Se turna a la
Comisión de Comercio y Fomento Industrial.
Para el mismo
tema se concede la palabra al diputado Oscar Alvarado Cook, del Partido Revolucionario
Institucional.
Desde su curul,
el diputado Diego Cobo Terrazas solicita verificación de quórum y la Secretaría, por
indicaciones de la Presidencia, da lectura al artículo ciento doce del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
La Presidenta
declara que es notoria la falta de quórum y a las quince horas con treinta y seis minutos
levanta la sesión.»
Está a
discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se
pregunta si se aprueba.
Los diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada el acta.
ELODIA
DOMINGUEZ MANDUJANO
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Esta Cámara de Diputados se
solidariza con la pena que embarga al compañero diputado Roberto Fuentes Domínguez y a
su familia, por la sensible pérdida de su señora madre doña Elodia Domínguez Mandujano
y pido a todos los legisladores guardemos un minuto de silencio.
(Minuto de
silencio.)
Muchas gracias.
Continúe la
Secretaría.
AMIGOS DE
FOX
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.— Junta de Coordinación Política.
Acuerdo de la
Junta de Coordinación Política, en relación al financiamiento de los partidos
políticos.
La Junta de
Coordinación Política con fundamento en el artículo 34 numeral 1 inciso b de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con las siguientes
CONSIDERACIONES
1. Con fecha 3
de octubre del año en curso, el diputado Juan Manuel Sepúlveda Fayad, presentó ante el
pleno de la Cámara de Diputados una proposición con punto de acuerdo, por la que se
plantea que "La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorte
respetuosamente al Presidente de la República, para que ordene a los representantes de
“Amigos de Fox, AC” entreguen a esta Cámara y al Instituto Federal
Electoral, la información precisa acerca de los recursos recaudados desde la fecha de su
constitución hasta el 31 de diciembre del año 2000, así como los datos completos acerca
de su aplicación. En particular interesa a esta soberanía conocer los recursos
provenientes del extranjero y los compromisos que por este hecho se generaron".
2. La Junta de
Coordinación Política, estima como un asunto de salud política, transparentar los
montos y los orígenes de los recursos con los que se sufragaron las campañas políticas
de 2000, en particular lo relativo a la candidatura presidencial.
La equidad en
los procesos electorales es un requisito para la limpieza de las elecciones.
En México se ha
avanzado mucho en ese terreno, pero no nos ajustaríamos a la verdad, si afirmáramos que
ya no es un problema la competencia política inequitativa en nuestro país.
Entre sus
atribuciones, la Cámara de Diputados puede exhortar para que aquel que fue beneficiado
por los recursos, conmine a dicha asociación civil para que se entregue esa información
al Instituto Federal Electoral.
Por lo expuesto
y fundado, la Junta de Coordinación Política presenta el siguiente
ACUERDO
Unico. La Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Presidente de la República, para que
encomiende a los representantes de "Amigos de Fox, AC", con conocimiento de esta
Cámara, entreguen al Instituto Federal Electoral, la información precisa acerca de los
recursos recaudados desde la fecha de su constitución hasta el 31 de diciembre del año
2000, así como los datos completos acerca de su aplicación. En particular interesa a
esta soberanía conocer si hubo recursos provenientes del extranjero y en ese caso los
compromisos que por este hecho se generaron.
Palacio
Legislativo.— San Lázaro, a 14 de octubre de 2002.—Diputados: Martí Batres Guadarrama, presidente de la Junta de
Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario del PRD; Rafael Rodríguez Barrera, coordinador del grupo
parlamentario del PRI; Felipe Calderón Hinojosa,
coordinador del grupo parlamentario del PAN; Bernardo
de la Garza Herrera, coordinador del grupo parlamentario del PVEM y Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del grupo
parlamentario del PT.»
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias, señora
diputada.
Está a
consideración el punto de acuerdo.
Ha solicitado
hacer uso de la palabra para razonar el voto del grupo parlamentario de Acción Nacional,
el diputado Eduardo Rivera Pérez.
Se abre el
registro de oradores en contra y en pro.
El diputado
Jorge Carlos Ramírez, en pro, el diputado Barbosa Huerta a favor, Eduardo Rivera Pérez,
para razonar el voto del grupo parlamentario de Acción Nacional, y en pro Jorge Carlos
Ramírez Marín y Barbosa Huerta. Se cierra la lista de oradores.
Tiene la palabra
el diputado Rivera Pérez.
El diputado Eduardo Rivera Pérez:
Gracias, señora
Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
El grupo
parlamentario de Acción Nacional quiere fijar posición y razonar su voto en relación a
este punto de acuerdo.
Es claro que la
elección federal llevada a cabo durante el año 2000 ha sido uno de los procesos más
competidos en la historia política de nuestro país, donde nuestro sistema electoral, a
través del Instituto Federal Electoral, con responsabilidad acreditó la calidad de su
funcionamiento, teniendo como resultado la constitución de un gobierno legítimo y la
composición plural de las cámaras.
El Partido
Acción Nacional tiene una tradición histórica de apego a la legalidad, fundada en sus
principios. Así, en el caso que se plantea en el propio punto de acuerdo ha existido por
parte de las autoridades del Partido Acción Nacional la disposición de que el Instituto
Federal Electoral audite todos los gastos ejercidos durante la campaña por parte de la
alianza por el cambio.
Nunca será una
acción ni por el Partido Acción Nacional ni por parte de sus legisladores, obstaculizar
la justicia. Ha sido una actitud permanente nuestra que exista una transparencia sobre
todos los asuntos públicos y en especial relacionados con los temas electorales. Aún
más, el mismo Partido Acción Nacional fue el principal impulsor de establecer estas
condiciones en nuestro sistema jurídico para los propios procesos electorales.
Por ello
afirmamos que el grupo parlamentario del PAN es el principal interesado que este caso se
resuelva con prontitud y estricto apego al Estado de Derecho y que no tenemos
inconveniente alguno en que sean las instancias electorales y/o judiciales las que decidan
en definitiva sobre este caso.
Toda decisión
jurídica, resultado de la investigación que de este caso se desprenda, la aceptaremos
con madurez y responsabilidad. Sin embargo, no podemos partir ni de supuestos ni de
especulaciones que puedan ser manejadas con una intención política, sobre todo cuando no
han sido sustentadas debidamente ni probadas en las instancias pertinentes y que tienen el
fin de desviar la atención de la opinión pública sobre un asunto que tiene una
vertiente legal y que existen las instituciones y los procedimientos para que sean
investigados y sancionados.
El mismo
Instituto Federal Electoral, que es la instancia responsable en materia electoral,
menciona lo siguiente y lo cito textualmente:
"Que está
consciente de lo novedoso y controvertido que es este tema; no obstante, está plenamente
convencido que éste debe de ser resuelto dentro de los cauces legales previstos por
nuestro sistema jurídico.
En relación a
los amparos interpuestos y ahí termino la cita, en este asunto es importante señalar que
como bien establece la ley es el recurso legal que tienen las personas para evitar la
violación de sus garantías individuales por parte del Estado y debe de ser interés del
Congreso que los actos de toda autoridad, incluso los de este Poder Legislativo y los del
Ejecutivo, no resulten violatorios a las garantías individuales.
El Poder
Judicial ha demostrado su independencia de los otros poderes y confiemos que en este caso
se rija en este mismo sentido.
Finalmente el
quiere señalar que no modifica su compromiso histórico con la legalidad; el PAN no
modifica su compromiso histórico con la transparencia; el PAN no modifica su compromiso
histórico con la rendición de cuentas a la sociedad.
En síntesis,
señoras y señores diputados, consideramos que en este punto de acuerdo votaremos en
contra porque es improcedente, no sólo porque rebasa la competencia de la Cámara, sino
porque compele a un poder constitucional actuar sobre ciudadanos, sobre sus organizaciones
civiles constituidas conforme a derecho y a actos en que los interesados han considerado
que son violatorios de sus garantías individuales.
En contrapartida
exhortamos a este pleno a que en todos los casos y para todos los partidos en que hubo
señalamientos sobre el financiamiento de las campañas del año 2000, esté
categóricamente a lo que dispongan tanto las autoridades electorales como las autoridades
judiciales competentes.
Es cuanto,
señora Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias, señor
diputado.
Tiene la palabra
en pro el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:
Con su permiso,
señora Presidenta; con su permiso, señores diputados:
El respaldo a
las instituciones públicas del país debe ser una de las prioridades fundamentales de
esta Cámara. Ninguna institución del país debe de ser demeritada o denostada como
institución por esta Cámara. Por eso, compañeros, el punto que estamos votando el día
de hoy, merece muchas felicitaciones.
Pero la primera
de ellas, por el escrupuloso cuidado que tuvo la Junta de Coordinación Política,
escrupuloso cuidado, en que este punto representara la intención política de los
proponentes y de quienes lo apoyan pero al mismo tiempo en ningún sentido pusiera a la
Cámara en contraposición con una de sus misiones fundamentales: el fortalecimiento de
las instituciones públicas.
No es verdad que
no sea una materia de nuestra competencia. ¡Por supuesto que lo es! En su función
política de la Cámara, en su función de reivindicación que tiene todo Congreso, está,
por supuesto, la de hacer exhortos al Ejecutivo.
Pero además,
compañeros, es un muy respetuoso exhorto que se dirige al titular del Ejecutivo con
absoluto respeto a su investidura y al beneficiario de la organización "Amigos de
Fox", con absoluto respeto a sus derechos como individuos. No le ordena, no lo
señala, no lo acusan.
Y el día de
ayer cuando discutíamos este punto en la Junta de Coordinación Política, aceptamos
inclusive las atinadas propuestas presentadas por el grupo de Acción Nacional para que
este punto sea todavía más cuidadoso de lo que ya era; ni siquiera cae en supuesto; este
punto solicita información, este punto le dice respetuosamente al titular del Ejecutivo:
"encomiéndale a quienes trabajaron para ti. Encomiéndale a quienes usaron tu nombre
como divisa. Encomiéndale a los que pasaron la charola en tu nombre que den todos los
datos, que abran todas sus cuentas, que efectivamente hagan de la transparencia no un
lema, sino una realidad política".
¡No hay
absolutamente nada en contra de la investidura presidencial; al contrario, un Presidente
que a la altura de su responsabilidad acepte la encomienda moral que en este momento la
Cámara le da y llame a quienes trabajaron en su nombre y les diga: "a mi me
interesa. A mi que soy un Presidente legítima y legalmente electo. Yo te pido que abras
las cuentas, que les muestres a todos las chequeras, para que no quede ni la más pequeña
duda de la calidad de nuestro triunfo!
¡Esa es una
responsabilidad a la que un hombre de bien no se puede negar, sea cual sea su investidura!
¡Y esta Cámara, con esa calidad y con ese respeto se lo solicita!
Quiero
particularmente señalar el último párrafo del punto de acuerdo: "en particular
interesa a esta soberanía conocer los recursos provenientes del extranjero y los
compromisos que por este hecho se generaron".
Quiero decirles
que el considerando, para hacer todavía más acorde al derecho y a las posibilidades con
facultades reales de esta Cámara, fue modificado para decir como sigue: "en
particular interesa a esta soberanía conocer si hubo recursos provenientes del extranjero
y en ese caso los compromisos que por este hecho se hubieran generado".
No es una
graciosa concesión, es darle la razón a quien la tiene. La Cámara no puede en un punto
de acuerdo presumir ni es el propósito del PRI acusar sin razón. Lo que necesitamos son
pruebas y el hombre que nos puede dar esas pruebas dirigió una organización que llevaba
en su nombre el apellido del Presidente de la República. Ese hombre está obligado hoy a
responderle a quien representaba y a responder frente a los demás ciudadanos del país
cuánto recaudó, de quiénes recaudó, con qué compromisos recaudó y a qué causa
sirvió lo que se recaudó.
No es en modo
alguno ni un ataque a la institución política que representa el partido que postuló al
Presidente y tampoco lo es un ataque a la figura presidencial. Es una solicitud de
información. Porque en el abuso de los supuestos derechos individuales lo que en realidad
se hace es impedirle a la sociedad que conozca la verdad. ¡Y no hay verdad, compañeros,
que si lo es pueda mantenerse oculta! ¡No hay nada que no se pueda abrir si no tiene
absolutamente nada de qué ofenderse! ¡Si hay verdad, puede ser pública! ¡Si hay
verdad, puede pertenecerle a todos! ¡Si hay verdad, tiene que pertenecerle a toda la
nación! Esto es lo que pedimos.
Yo sé, no tengo
ninguna duda, de que el día de hoy se honrará esta tradición de apego a la legalidad,
que se ha mencionado y que muchas veces ha quedado en evidencia. Hoy, compañeros, ante
este punto respetuoso, ante este punto que solicita información, ante este punto que es
una demanda de la ciudadanía, estamos frente a una disyuntiva: ¡ser efectivamente
congruentes con la tradición o abrir el camino a lo oculto, a lo escondido, a lo que se
niega a ser dado a conocer, a lo que no puede ser del conocimiento de todos! ¡De eso se
trata!
El grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional les pide su voto a todos y cada uno
de los presentes. ¡Lo que demanda la sociedad es saber si hoy podemos honrar nuestra
tradición y nuestros principios haciendo, dando un pequeño paso para que efectivamente
toda la sociedad sepa!
Muchas gracias.
Presidencia de la diputadaBeatriz Elena
Paredes Rangel
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor
diputado.
Tiene la palabra
el diputado Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del PRD, en pro.
El diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta:
Gracias, señora
Presidenta; compañeras y compañeros legisladores:
En la vida
política del México posrevolucionario no ha existido una sola elección equitativa. De
recuerdo relevante la de José Vasconcelos con Pascual Ortiz Rubio, la de Juan Andreo
Almazán con Manuel Avila Camacho y, desde luego, la del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas
Solórzano con Carlos Salinas de Gortari.
Nuestro modelo
de partidos, hasta entonces, incluyendo la elección de 1994, se había caracterizado por
un régimen electoral diseñado desde el poder para la conservación del mismo, cuyos
rangos fundamentales fueron el control gubernamental sobre la contienda electoral y las
condiciones absolutamente inequitativas de competencia entre los partidos, fenómeno que
influyó decididamente en los resultados electorales.
La desigualdad
en las contiendas estaba determinada por la existencia del partido oficial. El empuje de
la sociedad y de los principales actores políticos en los últimos años, así como la
necesidad de legitimar un régimen que agotaba sus posibilidades de sobrevivencia, condujo
a sucesivas reformas constitucionales que permitieron dar paso a una mayor pluralidad en
el Congreso, a generar condiciones para que los partidos políticos accedieran en forma
creciente al financiamiento público, a los medios electrónicos y a conseguir que la
conducción del proceso electoral estuviera a cargo de un órgano constitucional
autónomo, el Instituto Federal Electoral.
Todo ello no fue
suficiente, la elección presidencial del año 2000 también fue inequitativa. En ella el
PRI y el PAN, además de las prerrogativas asignadas por el Estado, utilizaron
financiamiento privado, nacional y extranjero y desviaron recursos públicos.
A más de dos
años de celebrados los comicios, el Instituto Federal Electoral tiene en marcha dos
investigaciones cuyos resultados podría arrojar la imposición de severas sanciones a
estos partidos y la determinación que importantes actores políticos hayan cometido
delitos electorales.
Señores
legisladores: el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará a
favor del punto de acuerdo que somete a la consideración de esta Asamblea la Junta de
Coordinación Política, ¿por qué?, porque el desvío de recursos públicos para el
sostenimiento de las campañas electorales en México fue un hecho inocultable del que se
benefició el PRI. Prueba de ello es el desvío de recursos en Pemex a través del
Sindicato Petrolero para financiar la campaña de Francisco Labastida, recientemente
destacada por la Secodam, pero también porque la participación de recursos privados en
las contiendas ha demostrado que no existe una sola fuente de recursos disponibles; éstos
van desde aportaciones millonarias en efectivo o mediante transacciones financieras
fraudulentas, como puede ser el caso de los hermanos y los “Amigos de Fox”, tema
y materia de este punto de acuerdo.
Lo anterior ha
provocado una profunda inequidad en las contiendas electorales, cuyos efectos se ven
reflejados en los resultados de los comicios, pervirtiendo la competencia política.
Por ello,
creemos que la transición mexicana no será posible si no se consigue en condiciones de
igualdad en las contienda electorales, se ejerce con transparencia y honestidad el
presupuesto y se castiga severamente el desvío de recursos públicos.
La utilización
de los programas sociales igualmente debe ser eliminada para procesos electorales, así
como el financiamiento privado, nacional y extranjero a los partidos políticos y a sus
candidatos; las transformaciones políticas y jurídicas que acompañe la democratización
de nuestro país en el futuro no pueden ser ajenas a estos requerimientos, más aún
cuando millones de mexicanos reclaman honestidad y rendición de cuentas, fin a la
impunidad y a la corrupción que ha degradado el ejercicio político en México.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias.
Ha solicitado
para rectificar hechos, hacer uso de la palabra, el diputado Arturo Escobar y Vega. Tiene
la palabra hasta por cinco minutos.
Sí, diputado
Regis Adame, lo tengo registrado para rectificar hechos. Diputado del Río, para
rectificar hechos. Diputado Arturo Escobar, adelante por favor.
El diputado Arturo Escobar y Vega:
Gracias, señora
Presidenta:
El Presidente de
la República, cada oportunidad que tiene señala: "Es prioridad de mi Gobierno el
combate a la corrupción. No volverá a existir impunidad dentro de mi Gobierno",
señala el Presidente de la República.
Señor
Presidente, nosotros también somos corresponsables de su triunfo el pasado 2 de julio y
hoy no le venimos a exhortar nada, le venimos a exigir que la limpieza primero inicie en
casa.
No se puede
volver un tema de todos los días que el Presidente de la República quiera exhibir el
asunto de Pemex de manera medíatica para tratar de convencer a los ciudadanos, con fines
electorales, que él sí combate a la impunidad. Señor Presidente, el asunto "Amigos
de Fox" es tan grave como el otro.
Ninguna empresa
extranjera, ningún ciudadano extranjero otorga recursos a nadie sin condicionamiento
alguno. Yo me pregunto, señor Presidente, señor Secretario de Gobernación, amigos
panistas, ese dicho de "el que nada debe, nada teme". Por qué no el Presidente
de la República, como líder moral de “Amigos de Fox” les exige que abran las
cuentas bancarias y que no impidan que se haga justicia en nuestro país.
La prioridad del
cambio en este país es la apertura, es la transparencia. Cómo ha presumido el Presidente
de la República y su gabinete, la forma en que llevan las cosas de manera transparente.
No hay elemento más importante en este momento para todo el país, que el jefe de Estado,
jefe del Ejecutivo, Presidente de la República, exhorte a todos sus compadres, amigos,
hermana, esposa, hijos, a que colaboren con la transparencia en nuestro país.
Desde esta
tribuna, le vuelvo a reiterar que no lo exhortamos, sino le exigimos responsabilidad. Todo
ese compromiso de transparencia tendrá que reflejarse con la apertura de estas cuentas y
coadyuvar con la autoridad para llegar a las últimas consecuencias. Si no existen fondos
del extranjero, no hay ningún problema para exigir que se abran las cuentas.
Este asunto no
es únicamente de orden judicial, ¿beneficia a la soberanía del país que existan
rumores o indicios de que personas morales extranjeras pudieran tener intereses junto con
el Presidente de la República en la venta de sectores prioritarios para el país? Es un
asunto de la más alta seriedad para nuestro país.
Señor
Presidente, abra las cuentas y deje que el pueblo de México juzgue su accionar.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor
diputado.
Tiene la
palabra, para rectificar hechos, el diputado Juan Carlos Regis Adame, del grupo
parlamentario del PT, hasta por cinco minutos.
El diputado Juan Carlos Regis Adame:
Gracias, señora
Presidenta:
Creo que es
importante destacar que dentro de las facultades de la legislatura está lo de los puntos
de acuerdo, por lo tanto consideramos que es legal, que es legítimo este exhorto que
plantea el punto de acuerdo para que los “Amigos de Fox” puedan abrir y dar la
información que requiere el IFE y con esto dar transparencia a este proceso electoral
ocurrido en el 2000, donde el presidente Fox arriba a la Presidencia de la República.
Yo creo que a
todos los mexicanos nos interesa tener certeza de cómo se desarrolló este proceso
electoral, sobre todo no nada más en cuestión de votos, sino también en el
financiamiento. Queremos quién estuvo atrás de esas campañas tan onerosas que
ofendieron a muchos de los mexicanos que viven en pobreza extrema.
Creo que este
exhorto respetuoso al Ejecutivo debe proceder y marcar un antecedente importante para los
siguientes acontecimientos político-electorales. Creo que esta información le abona a la
transparencia, le abona a dar certidumbre, claridad, le abona a lo que recientemente y por
los medios publicitarios han promovido sobre la transparencia.
Creo que si hubo
financiamiento privado más allá de lo que permite el Código Electoral, si hubo
financiamiento de capital extranjero en nuestras campañas, pudiera confirmarse o
configurarse este delito de traición a la patria.
Si ya de por sí
el financiamiento a los partidos políticos es inequitativo e injusto, donde esta fórmula
de 30-70 a partidos como el nuestro nos permite hacer campañas muy modestas, ahora
sumémosle el financiamiento de Pemex al PRI, de los “Amigos de Fox” al PAN, nos
dejan en una marcada diferencia, en una marcada desigualdad e iniquidad.
No sabemos si a
través de este financiamiento o presunto financiamiento extranjero que recibió por parte
de “Amigos de Fox”, lo quiere solventar ahora dándole la espalda al pueblo de
México, impulsando políticas públicas contrario a su interés nacional. No sabemos si
este presunto financiamiento que recibieron para su campaña, haya implicado también
quitar ese impuesto a las empresas televisoras de este país, por eso nuestro grupo
parlamentario del Partido del Trabajo va a votar a favor de esta proposición con punto de
acuerdo que hace la Junta de Coordinación Política.
Esperemos que
haya congruencia, esperemos que haya voluntad política para que se dé esta
transparencia, para que se dé certidumbre y que no se vuelvan a cometer este tipo de
ilícitos.
Por su
atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor
diputado.
Para rectificar
hechos, tiene la palabra el diputado José Manuel del Río Virgen hasta por cinco minutos
y hemos registrado la solicitud para hechos del diputado José Antonio Calderón Cardoso,
del PAS.
El diputado José Manuel del Río Virgen:
Con su permiso,
señora Presidenta; compañeras y compañeros legisladores:
Saludo la
actitud responsable del Partido Acción Nacional que se pronuncia porque se abran este
tipo de investigaciones y los “Amigos de Fox” rindan cuentas.
Saludo la
actitud de los demás partidos políticos que buscan que se trasparente todos y cada uno
de los hechos que en la campaña del presidente Vicente Fox, los “Amigos de Fox”
llevaron a cabo.
Una de las
grandes demandas nacionales ha sido que el Gobierno Federal mantenga para con la sociedad,
una administración de transparencia y rendición de cuentas, de respeto a la legalidad,
por eso saludo la actitud de todos lo partidos políticos.
Estas máximas
no deben tergiversarse ni ser utilizadas en formas por demás discrecional porque ello
rompe con el Estado de Derecho y la justicia anhelada.
El caso del
grupo llamado los “Amigos de Fox” a quienes durante varios meses se la ha
señalado públicamente como un grupo que aportó dinero a la campaña, el entonces
candidato presidencial en forma irregular e ilegal, es decir, contraviniendo las
disposiciones legales electorales.
No sería de
gran trascendencia para el país esta situación si precisamente no contraviniera una
disposición legal electoral y se tratara de un grupo que coadyuvó directamente al hoy
Ejecutivo Federal a alcanzar su triunfo electoral.
Es por ello que
quienes dirigieron al grupo los “Amigos de Fox”, si desean que este país sea de
transparencia y rendición de cuentas, como lo expresó el Ejecutivo Federal, rindan, ante
las instancias correspondientes todos y cada uno de los movimientos de entradas y salidas
de los dineros que por su conducto fueron utilizados para la campaña presidencial, lo que
en ningún modo es perjudicial para este grupo, por el contrario, representaría un acto
digno y ejemplar porque estaría hablando de la disposición responsable para que se
aclararan las cosas respecto a los recursos utilizados, incluso ayudarían con esa actitud
al Presidente de la República, a que realmente se cuente con un gobierno justo,
democrático, de transparencia y de rendición de cuentas.
Es cierto que
nadie puede ser molestado en su persona, posesiones, papeles o vida entre otros, sino a
través de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal
del procedimiento, respetando sus derechos y garantías constitucionales de legalidad y
seguridad pública; pero también es cierto que por tratarse de un grupo ex profeso para un evento político y por tratarse
de gente reconocida, bien vale la pena que atiendan el llamado de la autoridad electoral,
atiendan con respeto el llamado del Instituto Federal Electoral, este grupo político
llamado los “Amigos de Fox” deben de informar de una vez por todas los orígenes
de los recursos que manejaron, lo que lejos de quebrarse o de quebrar a la legalidad del
país y ofenderse o presionar a los interesados, se fortalezca la credibilidad, la
credibilidad de la rendición de cuentas.
Es muy
importante para la sociedad mexicana, para el Instituto Federal Electoral ciudadanizado,
para los legisladores, para las legisladoras, para todos, para todas, para todo el país,
que los “Amigos de Fox” rindan cuentas ante la autoridad.
Gracias, señora
Presidenta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias.
Tiene la palabra
para rectificar hechos, hasta por cinco minutos el diputado José Antonio Calderón
Cardoso del PAS.
El diputado José Antonio Calderón Cardoso:
Gracias,
diputada Presidenta; amigas y amigos legisladores:
Para Alianza
Social este asunto, este tema que hoy presenta la Junta de Coordinación Política, más
allá de la coyuntura que puede acarrear, representa un momento de quiebre, un punto
determinante en la ruta que habrá de seguir y que habrá de concluir con la culminación
de la transición y el principio de la consolidación democrática.
¿Y por qué
decimos esto? Lo decimos, porque durante mucho tiempo, porque el reclamo fundamental de
los mexicanos de este país, era que hubiera respeto por la voluntad popular, era que
hubiera democracia, y un valor natural de la democracia es la transparencia.
La transparencia
y la verdad. Alguien, un candidato presidencial señala por ahí en 1994, que se requería
un México sin mentiras y esa frase cubría una buena parte de necesidad de lo que el
país estaba requiriendo. Un México sin mentiras es precisamente lo que el día de hoy
está reclamando la sociedad.
Pero no dejamos
también de entender, que de escándalo en escándalo, la sociedad va de pasmo en pasmo y
eventualmente, de asombro en asombro.
Nosotros nos
preguntamos si éste y otros hechos, cómo pueden impactar en la sociedad mexicana, y en
Alianza Social creemos, que pase lo que pase, y por dura que sea la verdad, lo mejor para
México, hoy y mañana, será que la verdad se sepa, aunque el cielo se caiga.
Creemos nosotros
también, que el Estado de Derecho, si es cierto que está en las leyes, si es cierto que
está en las instituciones, pero fundamentalmente el rol Estado de Derecho se va
conformando por los conflictos que va presentando la vida diaria.
Por lo tanto, no
tengamos miedo a lo que haya, el Estado de Derecho seguramente saldrá avante de los
conflictos que hoy, pueden causar temor en algunos pero que en el corto y en el largo
plazo será sano para el país.
Quiero también
mencionar, que cuando hay ausencia de información, cuando no hay que los datos se
difundan de manera clara y transparente, se da paso y se da pie para la especulación, y
la especulación es tanto o más dañina que a ausencia de información.
Hoy, mucho se ha
especulado sobre éste y sobre otros asuntos. Hoy, mucho se ha divagado sobre éste y
sobre otros asuntos. Hoy, ante la ausencia de información, es válido y es legítimo, que
los mexicanos pensemos cosas que pueden o no ser ciertas.
Por ello, a
quien más debiera interesar, a quien más debiera importar que la verdad diáfana surja,
es precisamente a quien se le está de alguna manera señalando algo.
Comparto lo
dicho por el diputado Marín, en el sentido de que no se acusa, de que no se imputa, sino,
claro está, también se sugiere, y eso no lo podemos negar.
Por ello, a los
que hoy están involucrados, por la salud pública, por el destino que puede tener la
transición, por la buena consolidación de la democracia, lo mejor es que la verdad se
sepa, porque de otra manera la especulación seguirá creciendo. Y señores, que la verdad
se sepa aunque el cielo se caiga.
Más allá de la
coyuntura de lo que pueda suceder, el país seguirá más firme. No le tengamos miedo a la
verdad, cualquiera que ésta sea, porque finalmente éste es un elemento que permitirá
definir, que más allá de elecciones limpias tuvimos transformación de instituciones.
Gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Consulte la
Secretaría si se encuentra suficientemente discutido.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
Por
instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, si se considera suficientemente
discutido el punto de acuerdo.
Los diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Consulte la
Secretaría a la Asamblea en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
En votación
económica, se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.
Los diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese.
Continúe la
Secretaría.
ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
«Escudo.—
Poder Legislativo de Baja California.— XVII Legislatura.
Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.
De conformidad
con el artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja
California, nos permitimos comunicarles la clausura del tercer periodo de sesiones
ordinarias del primer año de ejercicio legal de la XVII Legislatura Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Baja California, así como la apertura del primer periodo de
sesiones ordinarias del segundo año, que comprende del 1o. de octubre de 2002 al 31 de
enero de 2003, para lo cual se designó la mesa directiva integrada de la manera
siguiente;
Diputados:
María Rosalba Martín Navarro, presidenta; Ricardo Rodríguez Jacobo, vicepresidente;
Juan Manuel Salazar Castro, secretario y Jesús Alejandro Ruiz Uribe, prosecretario.
Al hacer de su
conocimiento lo anterior, aprovechamos la oportunidad para reiterarles las seguridades de
nuestra distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio
Efectivo. No Reelección.
Mexicali, BC, a
1o. de octubre de 2002.— La presidenta, María
Rosalba Martín Navarro; Juan Manuel Salazar Castro, secretario.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
De enterado.
ESTADO
DE COLIMA
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Congreso del Estado de Colima.— LIII
Legislatura.
Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.
En cumplimiento
al artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, por este conducto comunico a
ustedes que, en sesión pública extraordinaria celebrada el día de hoy, el honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima eligió la mesa directiva que fungirá, el
presidente y el vicepresidente, durante el mes de octubre del año en curso, y los
secretarios y del suplente durante el primer periodo de sesiones ordinarias del tercer
año de ejercicio constitucional de la LIII Legislatura, que comprende del 1o. de octubre
de 2002 al 15 de enero de 2003, quedando integrada de la siguiente manera:
Diputados: Nabor
Ochoa López, presidente; Agustín Martell Valencia, vicepresidente; Rubén Vélez Morelos
y Armando de la Mora Morfín, secretarios; María del Rosario Gómez Godínez, suplente.
Sin otro
particular, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.
Atentamente.
Sufragio
Efectivo. No Reelección.
Colima, Col.,
septiembre 26 de 2002.— El oficial mayor del honorable Congreso del Estado de Colima, Jesús Acosta Martínez.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
De enterado.
ESTADO
DE GUANAJUATO
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del Estado de
Guanajuato.
Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.
La diputación
Permanente de la LVIII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Guanajuato comunica que, en sesión celebrada el día de hoy, clausuró el segundo receso
correspondiente al segundo año de ejercicio legal; asimismo, se instaló el primer
periodo de sesiones ordinarias correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional,
eligiéndose la mesa directiva por fungir durante el primer mes, la cual quedó integrada
de la siguiente manera:
Diputados:
Francisco Agustín Arroyo Vieyra, presidente; Jorge Ignacio Luna Becerra, vicepresidente;
Jorge Ignacio Tapia Santamaría, Federico Jaime Gómez y Jesús Domínguez Aranda,
secretarios;
Sin otro
particular, me es grato reiterarles las seguridades de mi consideración distinguida.
Atentamente.
Sufragio
Efectivo. No Reelección.
Guanajuato,
Gto., a 25 de septiembre del año 2002.— El secretario de la diputación Permanente, Federico Jaime Gómez.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
De enterado.
ESTADO
DE MEXICO
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Estado de México.— LIV Legislatura.
Diputados
secretarios del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
Tenemos el honor
de comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, la LIV Legislatura del
Estado de México tuvo a bien clausurar los trabajos del cuarto periodo de sesiones
ordinarias quedando debidamente instalada la Diputación Permanente.
Sin otro
particular, les reiteramos nuestra distinguida consideración.
Sufragio
Efectivo. No Reelección.
Toluca de Lerdo,
Méx., a 30 de julio de 2002.— Diputados Silvio
Gómez Leyva y José Antonio Saavedra Coronel,
secretarios.»
«Escudo.—
LIV Legislatura.— Estado de México.
Ciudadanos
diputados secretarios del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México, me permito comunicarles que, en sesión celebrada en esta fecha, la
LIV Legislatura del Estado de México tuvo a bien elegir la Diputación Permanente que
habrá de fungir durante el cuarto periodo de receso, conforme a la siguiente
integración:
Presidente,
Leonardo Bravo Hernández; vicepresidente, Celso Contreras Quevedo; secretario, Martín
Marco Antonio Vilchis Sandoval; miembros: Sergio Rosalío Romero Serrano, María Rosalba
Raquel Ruenes Gómez, José Luis Angel Castillo, Selma Noemí Montenegro Andrade, Juana
Bonilla Jaime, Heriberto Enrique Ortega Ramírez y suplentes: Hesiquio López Trevilla,
María Luisa Marina González, Carlos Sánchez Sánchez, Anselmo Cedillo Rojas y Antonio
Cabello Sánchez.
Sin otro
particular, les reitero mi distinguida consideración.
Sufragio
Efectivo. No Reelección.
"2002. DC
aniversario del natalicio del Rey Poeta Acolmiztli Nezahualcóyotl."
Toluca de Lerdo,
México, a 26 de julio de 2002.— Diputado José
Manuel Castañeda Rodríguez, presidente.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
De enterado.
ESTADO
DE MICHOACAN
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—Congreso del Estado de Michoacán de
Ocampo.— Morelia.
Ciudadanos
diputados secretarios del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F.
La LXIX
Legislatura Constitucional del honorable Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, por
mi conducto, informo a ustedes que con esta fecha dio inicio el tercer periodo de sesiones
ordinarias, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional. De igual forma,
hago de su conocimiento la integración de la mesa directiva que fungirá durante el mes
de septiembre del año en curso.
Diputados:
Gonzalo Herrera Pérez, presidente y Francisco Villaseñor Esquivel, vicepresidente.
Lo anterior,
para todos los efectos legales procedentes, aprovechando la ocasión para reiterarles la
seguridad de mi distinguida consideración.
Atentamente
Sufragio
Efectivo. No Reelección.
Morelia,
Michoacán, a 15 de septiembre de 2002.— El oficial mayor del honorable Congreso del
Estado, Daniel Mora Ortega.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
De enterado
ARTICULO
104 CONSTITUCIONAL
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Congreso del Estado Libre y Soberano de
Sonora.
Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F.
El honorable
Congreso del Estado de Sonora, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar el
siguiente
ACUERDO
Primero. El Congreso del Estado Libre y Soberano
de Sonora acuerda, en ejercicio del derecho de iniciativa previsto por el artículo 71
fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su
correlativo 64 fracción I de la Constitución local, presenta ante el honorable Congreso
de la Unión, iniciativa de decreto que reforma la fracción I del artículo 104 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que ésta quede en los
siguientes términos:
"Artículo 104...
I. De todas las
controversias del orden civil o criminal que se susciten sobre el cumplimiento y
aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado
mexicano. Cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares, podrán
conocer también de ellas, a elección del actor, los jueces y tribunales del orden común
de los estados y del Distrito Federal. La Federación, en los términos de las leyes
ordinarias y de presupuestos de egresos correspondientes, deberá resarcir a los estados y
al Distrito Federal con el pago de los gastos que eroguen con motivo de la prestación de
este servicio, derivado de la competencia federal. El recurso federal que se asigne en
compensación de los gastos que cause este servicio, deberá destinarse directamente a
fortalecer los presupuestos de los poderes judiciales estatales. Las sentencias de primera
instancia podrán ser apelables ante el superior inmediato del juez que conozca del asunto
en primer grado;
I-B. a
VI...”
Segundo. El Congreso del Estado Libre y Soberano
de Sonora instruye al presidente de la mesa directiva para presentar, formalmente, el
contenido de los presentes acuerdos ante el honorable Congreso de la Unión.
Tercero. El Congreso del Estado Libre y Soberano
de Sonora acuerda remitir al resto de las legislaturas estatales el contenido del acuerdo
descrito en el punto anterior, con la finalidad de que se manifiesten a favor del mismo y
presenten su iniciativa respectiva ante el honorable Congreso de la Unión.
Reiteramos a
usted las seguridades de nuestra alta consideración y respeto.
Atentamente
Sufragio
Efectivo. No Reelección.
Hermosillo,
Sonora, a 3 de octubre de 2002.— Diputados: Gustavo
I. Mendívil Amparan y Heleodoro Pacheco
Vázquez, secretarios.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Túrnese a la Comisión de Puntos
Constitucionales.
SOCIEDADES
COOPERATIVAS
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII
Legislatura.
Ciudadanos
secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.
Me permito
informar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José Carlos Cota
Osuna, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó
iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley del Seguro Social, la Ley
General de Sociedades Cooperativas y la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
La Presidencia
dispuso que dicha iniciativa se remitiera a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.
Reitero a
ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a
8 de octubre de 2002.— Senador Carlos Chaurand
Arzate, vicepresidente en funciones.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII
Legislatura.
Ciudadano
Presidente y secretarios de la Cámara de Senadores.— Presentes.
Los que
suscribimos, senadores de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión,
integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 73 fracción VII de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de esta Cámara de
Senadores la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley del
Seguro Social, la Ley General de Sociedades Cooperativas y la Ley del Impuesto Sobre la
Renta, con arreglo en la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
I. La actividad
pesquera representa para la economía nacional una importante fuente de empleos y un
factor fundamental para el desarrollo de México. En ella, miles de familias del golfo, el
Pacífico y el Caribe han encontrado una opción viable para lograr condiciones de vida
digna.
Debido a lo
anterior, el Estado mexicano ha apoyado durante varias décadas la constitución de
cooperativas pesqueras, a fin de que mediante la organización y la suma de esfuerzos,
pudiera potenciarse el trabajo, la capacidad productiva y de comercialización de
productos provenientes del mar y de la pesca ribereña.
En ese contexto,
fue indispensable impulsar políticas públicas que facilitaran el desarrollo de la pesca
en nuestro país. Se establecieron medidas tendientes a garantizar la seguridad social de
los pescadores y de sus familias; fomentar la creación de cooperativas con acciones de
carácter fiscal, al tiempo de proteger el medio ambiente y la preservación de las
especies marinas.
No obstante los
avances logrados, recientemente se han venido adoptando algunas medidas que están
afectando la viabilidad económica de las sociedades cooperativas, ya que no han tomado en
cuenta las características específicas de la pesquería y se han establecido
obligaciones que es pertinente flexibilizar.
Por tanto, la
presente iniciativa tiene el propósito de que se modifiquen algunas disposiciones de tres
ordenamientos que tienen qué ver con el régimen de la seguridad social y tributario de
las cooperativas pesqueras, para que respondan a la naturaleza y fines de este tipo de
sociedades.
En particular,
se propone modificar la Ley del Seguro Social a fin de que los socios y trabajadores de
las cooperativas, así como sus familias, puedan ser inscritos en el régimen voluntario;
reformar la Ley General de Sociedades Cooperativas para que exista concordancia con las
adecuaciones que se proponen respecto de la Ley del IMSS y, del mismo modo, adicionar la
Ley del Impuesto Sobre la Renta, con objeto de que existan condiciones de equidad en las
disposiciones relativas a la tributación de las cooperativas pesqueras.
II. Por lo que
hace a la Ley del Seguro Social, primeramente se requiere valorar lo previsto en el
artículo 12, cuya fracción II estipula que las sociedades cooperativas deberán
sujetarse al régimen obligatorio del Seguro Social, como si se tratara de empresas en las
que existen relaciones patronales formales, sin considerar que los miembros de las
sociedades cooperativas no están sujetos a percepciones estables ni fijas.
Aquí es
necesario tomar en consideración que en la mayoría de las pequeñas cooperativas,
especialmente las que se dedican a la pesca, existen condiciones particulares, entre las
que destacan las siguientes:
a. Los socios no
tienen un ingreso o salario fijo y sus percepciones están sujetas a la productividad.
b. En el caso de
las comunidades pesqueras, muchas de ellas se ubican en zonas alejadas de los centros
urbanos y de los servicios financieros, lo que propicia el rechazo a la solicitud de
inscripción por parte del IMSS, en virtud de los altos costos para la prestación de los
servicios de salud y seguridad social que proporciona.
c. Los socios de
las cooperativas pesqueras no tienen un horario de trabajo determinado y sus procesos
productivos dependen de la eventualidad, las vedas y la disponibilidad de las especies de
captura.
Ello significa
que durante un mes se podrían obtener ingresos correspondientes a gran parte del ingreso
anual y pasar largas temporadas sin percepciones económicas, lo que generaría
eventualmente la baja de los derechohabientes, dejándolos a ellos y a sus familiares
desprotegidos y sin seguridad social.
Al analizar la
disyuntiva entre uno y otro régimen, no se ha omitido examinar los precedentes que desde
la Ley del Seguro Social de 1943 han estimado que no es conveniente abandonar a su
arbitrio la incorporación de los cooperativistas.
Si bien es
cierto que en algún momento esta previsión pudo tener alguna justificación
sociológica, de cara a la dinámica social y la madurez que ha alcanzado el
cooperativismo mexicano, no es dable que persistan ficciones legales como obstáculo para
el desarrollo de sectores que demandan mayor flexibilidad para el desempeño de sus
actividades productivas.
Por todo ello, y
siendo conveniente reclasificar a las cooperativas en el marco de la Ley del Seguro
Social, a fin de que se les considere en el régimen voluntario, en lugar del obligatorio,
en el proyecto de decreto se propone derogar la mencionada fracción II del artículo 12,
para que las cooperativas puedan ser sujetas al régimen voluntario.
En concordancia,
se añade una fracción VI al artículo 13, para que se contemple a las sociedades
cooperativas en la hipótesis voluntaria y se derogan asimismo el artículo 28-A y el
último párrafo del artículo 34, los cuales se refieren a los procedimientos de pago y
cotización de las aportaciones en el régimen obligatorio.
En cuanto al
artículo 28-A de la Ley del Seguro Social, el cual establece las bases de cotización de
las cooperativas, se ameritan además otras consideraciones para su derogación.
Conforme a dicho
numeral, las sociedades cooperativas quedan incluidas para efectos de pago del IMSS hasta
los remanentes que existieran al final de cada ejercicio fiscal; lo que equivale a gravar
las utilidades a través del IMSS.
Toda vez que
este fenómeno no acontece en ningún otro caso, la disposición debe suprimirse.
III. Por otra
parte, se ha considerado conveniente proponer también la derogación del artículo noveno
transitorio del decreto publicado en el Diario
Oficial de la Federación del 20 de diciembre del 2001, con el cual se reformó la Ley
del Seguro Social.
En él se
determina que los socios de las cooperativas que estuvieran inscritas de acuerdo a la ley
vigente hasta el 30 de junio de 1997, continuarán pagando las cuotas al IMSS en el
régimen bipartita y por los socios que ingresaron a partir del 1o. de julio de 1997,
deberán pagar sus cuotas en el régimen tripartita.
Esta
modificación no sólo vino a afectar seriamente a los cooperativistas, sino que se
contrapone con lo establecido en la Ley General de Sociedades Cooperativas.
Al contemplarse
una diferenciación de las cuotas que deben pagar los socios al IMSS, basada en la fecha
de su inscripción a ese Instituto, se vulnera un principio de la ley en cita, en la cual
no se hace ningún tipo de distingo entre los socios.
En atención a
que cobrar cuotas distintas a personas que se dedican a la misma actividad, implica que se
otorgue un trato desigual a los iguales, rompiéndose los principios de proporcionalidad,
equidad y justicia, se propone la derogación del artículo noveno transitorio del
referido decreto publicado en el Diario Oficial
de la Federación del 20 de diciembre del 2001, con el cual se reformó la Ley del Seguro
Social, y se propone modificar el artículo 19 de la ley en comento con el fin de que las
sociedades cooperativas que se encuentran inscritas en los términos de la Ley del IMSS,
cubran el 50% de las primas y el Gobierno Federal contribuirá con el otro 50%.
IV. Como
consecuencia de la proposición central de esta iniciativa, relativa para reclasificar a
las sociedades cooperativas en el marco de la legislación de seguridad social para que
queden insertas en el régimen voluntario, se requiere a su vez modificar el último
párrafo del artículo 57 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 3 de agosto de
1994.
Nuestra
propuesta se concreta en suprimir la palabra "obligatoria" y en añadir que la
afiliación a los sistemas de seguridad social se hará en los términos que dispongan las
leyes, a modo de una remisión pertinente a las leyes del Seguro Social y del Infonavit.
V. En el aspecto
tributario, los cooperativistas enfrentan dificultades económicas derivadas de las
obligaciones fiscales relacionadas con la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que es
pertinente atender, debido a que en la actualidad existe un trato discriminatorio para
quienes dedicándose exclusivamente a la pesca, tributan en un régimen que no les permite
disponer de los beneficios que se otorgan a otros que realizan una actividad igual.
La
diferenciación ocurre en la aplicación de la reducción del 50% del ISR previsto en el
penúltimo párrafo del artículo 81 de la ley fiscal en cuestión, respecto de las
personas físicas integrantes de sociedades cooperativas, ya que conforme a lo establecido
en el artículo 130 último párrafo, las personas físicas que realicen exclusivamente
actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, podrán aplicar el beneficio,
sin embargo los socios cooperativistas no aplican esta reducción.
Tomando en
consideración que este último párrafo se encuentra en el Capítulo II de la Ley del
ISR, aplicable a los ingresos que obtienen las personas físicas con actividades
empresariales o profesionales, se concluye que la mencionada reducción del impuesto
únicamente se puede aplicar a personas físicas registradas como persona física con
actividad empresarial y no a cooperativistas, porque sus ingresos por anticipos y
rendimientos que les distribuye la sociedad cooperativa se asimilan a salarios conforme al
artículo 110 fracción II.
Debido a que
esta desigualdad no tiene razón de ser y de que los cooperativistas requieren ser
respaldados con medidas equitativas, en el proyecto de decreto se contempla adicionar los
artículos 10 y 130 de la Ley del ISR para que las personas físicas integrantes de las
sociedades cooperativas de producción que realicen exclusivamente actividades pesqueras,
así como de tipo agrícola, ganadero y silvícola, puedan aplicar el régimen previsto en
los dos últimos párrafos del artículo 81 relativos al régimen simplificado y a la
deducción del 50% del ISR.
Si bien es
cierto que a la presente iniciativa la anima la problemática que padece el sector
pesquero en particular, no somos insensibles ante las dificultades que también padecen
los cooperativistas y empresas en general que se dedican de forma exclusiva a las
actividades agropecuarias y forestales.
VI. De aprobarse
la presente iniciativa, se estaría provocando un trascendente cambio al marco jurídico
de la seguridad social y fiscal de las cooperativas en general y de las pesqueras en
particular, para que responda a la realidad socioeconómica en que se desenvuelven este
tipo de organizaciones productivas del sector social de nuestro país.
Por lo
anteriormente expuesto, ponemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Que reforma y
adiciona diversos artículos de la Ley del Seguro Social, de la Ley General de Sociedades
Cooperativas y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta
Artículo primero. Se adiciona una fracción VI al
artículo 13 y un inciso f al artículo 222; se
modifica el artículo 19 y se derogan la fracción II del artículo 12, el artículo 28-A
y el último párrafo del artículo 34, todos de la Ley del Seguro Social, para quedar
como sigue:
"Artículo 12. Son sujetos de aseguramiento
del régimen obligatorio:
I. . .
II. Se deroga.
III. . .
Artículo 222. La incorporación voluntaria de los
sujetos a que se refiere el presente capítulo, se realizará por convenio y se sujetará
a las siguientes modalidades:
I. . .
II. El esquema
de aseguramiento. . .
a) al e) . . .
f) Las
sociedades cooperativas cotizarán en las ramas completas de riesgos de trabajo, invalidez
y vida, enfermedad y maternidad, y retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, en los
términos de los capítulos respectivos.
Artículo 13. Voluntariamente podrán ser sujetos
de aseguramiento al régimen obligatorio:
I a la IV. . .
V. . ., y
VI. Los socios
de sociedades cooperativas.
Mediante. . .
Dichos. . .
Artículo 19. Las sociedades cooperativas que se
encuentren inscritas en los términos de la Ley del Seguro Social, cubrirán el 50% de las
primas y el Gobierno Federal contribuirá con el otro 50%.
Artículo 28-A. Se deroga.
Artículo 34. Cuando. . .
El salario. . .
En todos. . .
Se deroga."
Artículo segundo. Se deroga el artículo noveno
transitorio del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley
del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial
de la Federación del 20 de diciembre de 2001, para quedar como sigue:
"Artículo noveno. Se deroga."
Artículo tercero. Se reforma el último párrafo
del artículo 57 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, para quedar como sigue:
"Artículo 57. El Fondo de Previsión Social.
. .
Las prestaciones
derivadas. . .
Las sociedades
cooperativas en general, deberán de afiliar a sus trabajadores y socios que aporten su
trabajo personal, a los sistemas de seguridad, en los términos que dispongan las leyes e
instrumentar las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, así como de capacitación
y adiestramiento, gozando del beneficio expresado en los artículos 116 y 179 de la Ley
del Seguro Social."
Artículo cuarto. Se reforma el último párrafo
de los artículos 10 y 130, respectivamente, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para
quedar como sigue:
"Artículo 10. Las personas morales deberán
calcular el impuesto sobre la renta. .
El impuesto que.
. .
El resultado
fiscal del. . .
I y II. . .
El impuesto del.
.
Las personas
morales que realicen exclusivamente actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o
silvícolas, podrán aplicar lo dispuesto en los dos últimos párrafos del artículo 81
de esta ley.
Artículo 130. Los contribuyentes a que se refiere
esta…
Cuando los
ingresos. . .
I y II. . .
Las pérdidas
fiscales. . .
Las personas
físicas a que se refiere este capítulo, así como los miembros de sociedades
cooperativas de producción que realicen exclusivamente actividades agrícolas, ganaderas,
pesqueras o silvícolas, podrán aplicar lo dispuesto en los dos últimos párrafos del
artículo 81 de esta ley."
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Salón de
sesiones de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, a 8 de octubre de
2002.— Senadores: José Carlos Cota Osuna,
Carlos Rojas Gutiérrez y Lauro Díaz Castro.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
REGISTRO
DE ASISTENCIA
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Antes de pasar
al capítulo de iniciativas de los diputados, le ruego a la Secretaría dar cuenta del
registro electrónico de asistencia e instruir su cierre.
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
Se informa a la
Presidencia que hasta el momento el sistema registra la asistencia de 426 diputados.
Ciérrese el
sistema electrónico.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor
diputado.
LEY
FEDERAL DEL TRABAJO
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra
el diputado José Soto Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, para presentar una iniciativa que reforma los artículos 340, 341 y 343 y
adiciona un artículo 34-bis, a la Ley Federal del Trabajo.
El diputado José Soto Martínez:
Con su permiso,
señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
«El suscrito,
diputado José Soto Martínez, integrante de la LVIII Legislatura del honorable Congreso
de la Unión, en ejercicio de las facultades que me confiere la fracción II del artículo
71 de nuestra Carta Magna y con apoyo además en el artículo 55 fracción II del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
presento ante el pleno de esta Cámara de Diputados una iniciativa de decreto para
reformar los artículos 340, 341, 343 y adicionar con un artículo 341-bis a la Ley
Federal del Trabajo, basándome para ello en la siguiente exposición de motivos:
En nuestro país
las labores del hogar son realizadas por:
a) Las que lo
hacen en forma gratuita y sin reconocimiento, las amas de casa y
b) Los que hacen
trabajo doméstico fuera de ley. Unicamente me ocuparé esta vez de estos últimos.
En los países
pobres del mundo, como México, se da el fenómeno del servicio, es decir, la servidumbre:
los más ricos tienen como criados a los más pobres y son los indígenas los que proveen
la mayor cantidad de sirvientes a nuestro país.
Discriminación
racial, explotación, prolongadas jornadas de trabajo, salarios pobres, abuso sexual,
golpes, maltratos, nulos derechos laborales, inseguridad en el empleo, todo ello es parte
de la larga lista de agravios que padecen miles de mujeres y hombres que encuentran empleo
en el trabajo doméstico, actividad que por momentos vive perfiles de esclavitud.
En México hay
alrededor de un millón y medio de personas. En la capital mexicana existen más de 43 mil
empleadas domésticas y en todo el país más de 1 millón 700 mil se dedican a esta
actividad, que es la tercera ocupación más importante de la población femenina
económicamente activa.
Una de cada
cinco mujeres que trabajan es empleada doméstica. La gran mayoría provienen de pequeños
pueblos que rodean a las grandes ciudades; muchas de ellas son indígenas que siguen
hablando sus dialectos y conservan de alguna manera sus tradiciones culturales originales.
Las trabajadoras
del hogar, las chachas del pueblo, las que son despreciadas y minimizadas en el trabajo
que todavía ejercen millones de indígenas, campesinas pobres, mujeres urbanas sin
educación escolar a las que las señoras llaman de diferentes formas, piden dignidad y no
limosna, piden derechos laborales, ya no quieren comer sobras o comida de otro día ni
recibir el trato de siglos pasados.
Sobre los
hombros de una empleada doméstica descansa el funcionamiento de la casa. Gracias a ella
el patrón y la patrona pueden trabajar o dedicarse a lo que les interesa. Por ella hay
comida limpia y sin embargo, el panorama de las trabajadoras domésticas en México es
sombrío.
Protegidas sólo
en apariencia por una legislación que no se aplica, que no es respetada, marginada de la
educación, la capacitación y el derecho a la seguridad social, abandonada a su buena
suerte o a la conciencia de justicia social que puedan tener sus empleadores, con escasos
momentos de reposo durante jornadas inacabables, expuestas más que ninguna otra
trabajadora al acoso sexual y a la violación.
La empleada
doméstica está recluida, separada de las demás mujeres con quienes podría unirse para
demandar sus derechos y aún no ha aprendido a organizarse.
Es de elemental
justicia reivindicar el trabajo doméstico, acabar con la opresión milenaria de este
sector desprestigiado de nuestra sociedad, que dignifique su función y sea verdaderamente
protegida por las leyes laborales.
En mérito de lo
anteriormente expuesto y con fundamento además en lo dispuesto por el artículo 70 de
nuestra Carta Magna, se presenta la siguiente
INICIATIVA
De decreto para
que se reformen los artículos 340, 341 y 343, adicionar con un artículo 341-bis a la Ley
Federal del Trabajo.
Artículo 340. Los trabajadores domésticos tienen
las obligaciones especiales siguientes: guardar al patrón y a sus familias y a las
personas que concurran al hogar donde prestan sus servicios, consideración y respeto,
poner el mayor cuidado en la conservación del menaje de la casa, desempeñar sus
servicios bajo la dirección del patrón a cuya autoridad estará subordinado en todo lo
concerniente al trabajo y efectuar el trabajo con la eficiencia, cuidado y esmero
apropiados.
Artículo 341. Es causa de rescisión de las
relaciones del trabajo, el incumplimiento de las obligaciones especiales consignadas en
este capítulo, es causa de rescisión, además sin responsabilidad para el trabajador la
violación por parte del patrón de las normas generales de esta ley aplicable a los
trabajadores domésticos en lo que no contrarie las de este capítulo.
Artículo 341-bis. El trabajador podrá separarse
de su trabajo dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se dé por parte del
patrón el incumplimiento a la violación a que se refiere el artículo que antecede y
tendrá derecho a que el patrón lo indemnice en términos de los artículos 49 y 50 de
esta ley.
Artículo 343. El patrón podrá rescindir la
relación de trabajo sin causa justificada, por incurrir en irresponsabilidad. El plazo
para que el padrón rescinda la relación laboral será dentro de los 30 días siguientes
a la fecha en que se dé el incumplimiento por parte del trabajador de las obligaciones
especiales consignadas en este capítulo.
El presente
decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. Se derogan todas las
disposiciones legales y administrativas que se opongan a lo dispuesto por este decreto.
Pongo a
consideración de ustedes la presente iniciativa y con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 56 del Reglamento para el Gobierno Interior.
Sala de sesiones
de la Cámara de Diputados.— México, D.F., a 15 de octubre de 2002.— Diputado José Soto Martínez.»
Solicito que
pase, desde luego, a las comisiones correspondientes.
Muchas gracias.
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura del Congreso de la Unión.— Presentes.
Ciudadanos
integrantes de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.—
Presentes.
Iniciativa de
decreto para reformar los artículos 340, 341 y 343 y adicionar con un artículo 341-bis a
la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado José Soto Martínez, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El suscrito,
diputado José Soto Martínez, integrante de la LVIII Legislatura del honorable Congreso
de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción II del artículo 71
de nuestra Carta Magna y con apoyo además en el artículo55 fracción II del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento
ante el pleno de esta Cámara de Diputados una iniciativa de decreto para reformar
los artículos 340, 341 y 343, y, adicionar con un artículo 341-bis a la Ley Federal del
Trabajo, basándome para ello en la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
l. En nuestro
país, las labores del hogar son realizadas por:
a) Las que lo
hacen en forma gratuita y sin reconocimiento: las amas de casa y
b) Los que hacen
trabajo doméstico fuera de ley. Unicamente me ocuparé, esta vez, de estos últimos.
2. En los
países pobres del mundo, como México, se da el fenómeno de "el servicio", es
decir, la servidumbre, los más ricos tienen como "criados" a los más pobres
y son los indígenas los que proveen la mayor cantidad de
"sirvientes" en nuestro país.
3.
Discriminación racial, explotación, prolongadas jornadas de trabajo, salarios pobres,
abuso sexual, golpes, maltratos, nulos derechos laborales, inseguridad en el empleo, todo
ello es parte de la larga lista de agravios que padecen miles de mujeres y hombres que
encuentran empleo en el trabajo doméstico, actividad que por momentos vive perfiles de
esclavitud.
4. En México,
alrededor de un millón y medio de personas (en la capital mexicana existen más de 43 mil
empleadas domésticas y en todo el país hay más de 1 millón 700 mil) se dedican a esta
actividad, que es la tercera ocupación más importante de la población femenina
económicamente activa (una de cada cinco mujeres que trabajan es empleada doméstica); la
gran mayoría proviene de pequeños pueblos que rodean a las grandes ciudades. Muchas de
ellas son indígenas que siguen hablando sus dialectos y conservan de alguna manera sus
tradiciones culturales originales.
5. Las
trabajadoras del hogar (las "chachas" del pueblo, las que son despreciadas y
minimizadas en el trabajo que todavía ejercen millones de indígenas, campesinas pobres,
mujeres urbanas sin educación escolar, a las que las señoras llaman "gatas",
"sirvientas") piden dignidad y no limosna, piden derechos laborales. Ya no
quieren comer las sobras de la comida del día anterior, ni recibir la ropa usada, ni
acuerdos del siglo pasado en los términos del trabajo.
6. Sobre los
hombros de una empleada doméstica descansa el funcionamiento de la casa, gracias a ella
el patrón y/o la patrona pueden trabajar o dedicarse a lo que les interesa; por ella hay
comida, limpieza y, sin embargo, el panorama de 1a trabajadora doméstica en México es
sombrío: protegida sólo en apariencia por una legislación que no se aplica, que no es
respetada; marginada de la educación, la capacitación y el derecho a la seguridad
social, abandonada a su buena suerte o a la conciencia de justicia social que puedan tener
sus empleadores, mal alimentada y mal alojada, con escasos momentos de reposo durante la
jornada inacabable, expuesta más que ninguna otra trabajadora al acoso sexual y a la
violación. La empleada doméstica está recluida, separada de las demás mujeres con
quienes podría unirse para demandar sus derechos y aún no ha aprendido a organizarse. Es
de elemental justicia reivindicar el trabajo doméstico, acabar con la opresión milenaria
de este sector desprotegido de nuestra sociedad; que se dignifique su función y sean
verdaderamente protegidas por las leyes laborales.
7. Considerando
que, el artículo 123 de la Constitución Federal establece que toda persona tiene derecho
al trabajo digno y socialmente útil...
8. Considerando
que, los diputados federales nos debemos a los intereses de la sociedad, en tanto
representantes de la misma y que, al tomar posesión de nuestro cargo, protestamos guardar
y hacer guardar la Constitución Federal y las leyes que de ella emanen.
En mérito de lo
anterior expuesto y con fundamento además en lo dispuesto por el artículo 70 de nuestra
Carta Magna, se presenta la siguiente iniciativa de decreto para que se reformen los
artículos 340, 341 y 343 y adicionar con un artículo 341-bis a la Ley Federal del
Trabajo:
DECRETO
Por el que se
reforman los artículos 340, 341 y 343; y se adiciona con un artículo 341-bis a la Ley
Federal del Trabajo, para quedar como sigue:
Artículo único. Se reforman los artículos 340,
341 y 343 y se adiciona con un artículo 341-bis a la Ley Federal del Trabajo:
LEY FEDERAL DEL TRABAJO
TITULO SEXTO
Trabajos especiales
CAPITULO XIII
Trabajadores domésticos
“Artículo 340. Los trabajadores
domésticos tienen las obligaciones especiales siguientes:
I. Guardar al
patrón, a su familia y a las personas que concurran al hogar donde presten sus servicios,
consideración y respeto;
II. Poner el
mayor cuidado en la conservación del menaje de la casa;
III. Desempeñar
sus servicios, bajo la dirección del patrón, a cuya autoridad estará subordinado en
todo lo concerniente al trabajo y
IV. Efectuar el
trabajo con la eficiencia, cuidado y esmero apropiados.
Artículo 341. Es causa de rescisión de las
relaciones de trabajo el incumplimiento de las obligaciones especiales consignadas en este
capítulo.
Es causa de
rescisión además, sin responsabilidad para el trabajador, la violación por parte del
patrón, de las normas generales de esta ley, aplicables a los trabajadores domésticos en
lo que no contraríen las de este capítulo.
Artículo 341-bis. El trabajador podrá separarse
de su trabajo dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se de, por parte del
patrón, el incumplimiento o la violación a que se refiere el artículo que antecede y
tendrá derecho a que el patrón lo indemnice en términos de los artículos 49 fracción
IV y 50.
Artículo 342...
Artículo 343. El patrón podrá rescindir la
relación de trabajo, por causa justificada, sin incurrir en responsabilidad. El plazo
para que el patrón rescinda la relación laboral será dentro de los 30 días siguientes
a la fecha en que se dé el incumplimiento, por parte del trabajador, de las obligaciones
especiales consignadas en este capítulo.”
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones
legales y administrativas que se opongan a lo dispuesto por este decreto.
Tercero. Se requiere a la Comisión Nacional de
los Salarios Mínimos informe sobre el cumplimiento que le esté dando al artículo 335 de
la Ley Federal del Trabajo.
Cuarto. Se requiere al Secretario del Trabajo
informe sobre el cumplimiento que le esté dando a la fracción III del artículo 337 de
la Ley Federal del Trabajo.
Quinto. Se exhorta al Instituto Nacional de las
Mujeres para que, dentro de sus atribuciones, propugne por el mejoramiento de la
calidad de vida de las trabajadoras domésticas del país.
Pongo a
consideración de ustedes la presente iniciativa y con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 56 del Reglamento para el Gobierno Interior, solicito pase desde luego a
comisión.
México, D.F., a
15 de octubre de 2002.— Diputado, José Soto
Martínez.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor
diputado.
Túrnese a la Comisión de Trabajo
y Previsión Social.
ARTICULO
73 CONSTITUCIONAL
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra
el diputado Francisco Jurado Contreras, del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 73 fracción XXI de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Francisco Ezequiel Jurado
Contreras:
Con el permiso
de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
El suscrito,
diputado integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LVIII
Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, presento a consideración de esta soberanía iniciativa de
reforma al artículo 73 fracción XXI y de la propia Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
A pesar de que
de acuerdo a los principios rectores del sistema republicano, las facultades de la
Federación no deben menoscabar la autonomía de los estados miembros, la tendencia ha
sido en sentido inverso en áreas prioritarias y en lo que interesa respecto a la
seguridad pública, en razón de que en la actualidad los estados tienen restringido su
ámbito de competencia para la persecución y enjuiciamiento de peligrosos infractores que
ponen en serio riesgo a la comunidad y al mismo tiempo destinan valiosos recursos para
destinar a los tribunales locales que están obligados a actuar en auxilio de la
Federación.
Y lo más grave,
el enjuiciamiento de un infractor que ha cometido delitos en ambos fueros, provoca en
múltiples ocasiones su impunidad; así como también la ubicación de los juzgados en
diferentes ciudades propicia la violación a la garantía que exige su permanencia en el
lugar del juicio, básica para actualizar su derecho a una adecuada defensa.
Los
planteamientos que anteceden se apoyan en que los tribunales locales concurrieron en el
conocimiento de delitos del orden federal durante la etapa inicial de procedimiento. Esto
significa en principio que la averiguación previa se integró en el fuero local, los
jueces locales proveyeron para decidir la situación jurídica de los involucrados, pero
finalmente los tribunales federales continuaron el conocimiento de esas causas, lo que
desde luego trajo como consecuencia que simultáneamente los inculpados fueran procesados
en ambos fueros.
Esta situación
refleja duplicidad de causas penales, inadmisible en una época en que se ha subrayado la
necesidad de que la función jurisdiccional se ejerza con eficiencia y ahorro de recursos
humanos y materiales. Además existe una recurrente situación reveladora de impunidad, un
gran número de hechos de homicidio y robo se cometen utilizando armas de fuego de uso
prohibido a los particulares dentro de circunscripciones territoriales alejadas de las
principales poblaciones del Estado. En estos casos el deficiente ejercicio de la acción
penal impide a los jueces, aun como auxiliares, hagan pronunciamientos de un delito del
orden federal; lo que conduce en múltiples casos a que el inculpado quede al margen de
cualquier acción punitiva que debería ser impuesta por ese ilícito.
Esto genera una
discriminación entre inculpados que ejecutan conductas típicas similares pero reciben un
tratamiento punitivo distinto, de acuerdo al ámbito territorial en el que ejecutan los
hechos.
La reciente
incorporación del segundo párrafo del artículo 73 fracción XXI de la Constitución de
la República estableció una regla de atracción en asuntos del fuero local hacia el
fuero federal y la ley secundaria en materia procesal de este último ámbito desarrolló
esa potestad de atracción, sólo que en breve lapso la Suprema Corte de Justicia de la
Nación tuvo que limitar el alcance de la nueva norma. El concurso de delitos y la
conexidad entre ellos trajo como resultado que los jueces locales plantearan la
competencia federal para conocer de ilícitos del fuero común, que sin duda
incrementarían las cargas de trabajo de los jueces federales.
Ante este
fenómeno la Suprema Corte se decidió por la duplicidad de enjuiciamientos para evitar el
previsible aumento de asuntos penales de especial complejidad y mediante interpretaciones
cargadas de malabarismos jurídicos, final- mente sentó jurisprudencia, que en resumen
hizo nugatoria la novedosa facultad de atracción incorporada a nuestra Ley Fundamental.
Esta delicada
determinación solo merece una lectura: fracasó la pretensión de un solo enjuiciamiento
contra personas que al cometer dos o más ilícitos en concurso, provocaron la
intervención del aparato de justicia en ambos fueros. La consecuencia lógica es plantear
otra solución que además de rescatar la respetabilidad de las funciones de justicia
locales, diseña una opción que privilegia las garantías de los indiciados, el reclamo
de la comunidad contra cualquier situación que provoque impunidad y la optimización de
los recursos humanos y materiales que integran el aparato de justicia punitiva.
Una respuesta
que involucre las inquietudes señaladas debe plantearse en el ámbito constitucional,
solo así adquiere fuerza jurídica suficiente para modificar el sistema de competencias
de ambos fueros.
De esta manera,
se propone agregar un tercer párrafo al artículo 73 fracción XXI constitucional que
corresponde al sistema de competencias y aclaro el sentido del segundo párrafo. Eso da
lugar a que el fuero federal conserve la potestad de atracción en asuntos conexos y los
órganos de procuración y administración de justicia de los estados inicien y concluyan
el enjuiciamiento de quienes delinquen en una situación de concurso que significa la
comisión de delitos en ambos fueros, cuando los del orden común por su gravedad soporte
medidas punitivas con mayor carga represiva.
El texto
propuesto resuelve el fondo de la problemática ya señalada, dado que no sólo preserva
las elementales garantías del procesado y evita el doble enjuiciamiento, inadmisible en
una época que se caracteriza por la pretensión optimizadora de los recursos humanos y
materiales, sino que permite aprovechar la infraestructura del aparato de justicia que con
inmediatez y como auxiliar del ámbito federal conoce de los asuntos hasta la etapa
preprocesal que fija límites a la acción penal, así como también conduce a la
aplicación más eficaz de las sanciones correspondientes.
Por lo expuesto
y con fundamento en el artículo 71 fra- cción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente
INICIATIVA
De reforma que
adiciona un tercer párrafo al artículo 73 fracción XXI de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo único. Se anexa un tercer párrafo al
artículo 73 fracción XXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
para quedar como sigue:
Artículo 73
fracción XXI párrafo tercero. Las autoridades de los estados conocerán de los delitos
del fuero federal cuando concurran con delitos comunes de mayor gravedad punitiva.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Palacio
Legislativo.— San Lázaro, a 15 de octubre de 2002.— Diputado Francisco Jurado Contreras.
Es cuanto.
«El suscrito
diputado, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LVIII
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción
II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, presento a consideración de esta soberanía iniciativa de reforma al artículo
73 frac-ción XXI y de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
al tenor de la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
A pesar de que,
de acuerdo a los principios rectores del sistema republicano, las facultades de la
Federación no deben menoscabar la autonomía de los estados miembros, la tendencia ha
sido en sentido inverso en áreas prioritarias y en lo que interesa respecto a la
seguridad pública.
En razón de que
en la actualidad los estados tienen restringido su ámbito de competencia para la
persecución y enjuiciamiento de peligrosos infractores que ponen en serio riesgo a la
comunidad y al mismo tiempo, destinan valiosos recursos para sostener a los tribunales
locales que están obligados a actuar en auxilio de la Federación. Y lo más grave: el
enjuiciamiento de un infractor que ha cometido delitos en ambos fueros, provoca en
múltiples ocasiones su impunidad. Así como también la ubicación de los juzgados en
diferentes ciudades propicia la violación a la garantía (que exige su permanencia en el
lugar del juicio) básica para actualizar su derecho a una adecuada defensa.
Los
planteamientos que anteceden, se apoyan en que los tribunales locales concurrieron en el
conocimiento de delitos del orden federal durante la etapa inicial del procedimiento. Esto
significa, en principio, que la averiguación previa se integró en el fuero local, los
jueces locales proveyeron para decidir la situación jurídica de los involucrados, pero,
finalmente, los tribunales federales continuaron el conocimiento de esas causas. Lo que,
desde luego, trajo como consecuencia que, simultáneamente, los inculpados fueran
procesados en ambos fueros.
Esta situación
refleja duplicidad de causa penales, inadmisible en una época en que se ha subrayado la
necesidad de que la función jurisdiccional se ejerza con eficiencia y ahorro de recursos
humanos y materiales. Además, existe una recurrente situación reveladora de impunidad:
un gran número de hechos de homicidio y robo se cometen utilizando armas de fuego de uso
prohibido a los particulares, dentro de circunscripciones territoriales alejadas de las
principales poblaciones del estado. En estos casos, el deficiente ejercicio de la acción
penal impide a los jueces, aún como auxiliares hagan pronunciamiento de un delito del
orden federal. Lo que conduce en múltiples casos a que el inculpado quede al margen de
cualquier acción punitiva que debería ser impuesta por ese ilícito.
Esto genera una
discriminación entre inculpados que ejecutan conductas típicas similares pero reciben un
tratamiento punitivo distinto, de acuerdo al ámbito territorial en que ejecutan los
hechos.
La reciente
incorporación del segundo párrafo del artículo 73 fracción XXI de la Constitución de
la República, estableció una regla de atracción en asuntos del fuero local hacia el
fuero federal. Y la ley secundaria en materia procesal de este último ámbito,
desarrolló esa potestad de atracción. Sólo que, en breve lapso, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación tuvo que limitar el alcance de la nueva norma: el concurso de
delitos y la conexidad entre ellos, trajo como resultado que los jueces locales plantearan
la competencia federal para conocer de ilícitos del fuero común que, sin duda,
incrementarían las cargas de trabajo de los jueces federales.
Ante este
fenómeno, la Suprema Corte se decidió por la duplicidad de enjuiciamientos para evitar
el previsible aumento de asuntos penales de especial complejidad. Y, mediante
interpretaciones cargadas de malabarismos jurídicos, finalmente sentó jurisprudencia
que, en resumen, hizo nugatoria la novedosa facultad de atracción incorporada a nuestra
ley fundamental.
Esta delicada
determinación sólo merece una lectura: fracasó la pretensión de un solo enjuiciamiento
contra personas , que, al cometer dos o más ilícitos en concurso, provocaron la
intervención del aparato de justicia en ambos fueros.
La consecuencia
lógica, es plantear otra solución que, además de rescatar la respetabilidad de las
funciones de justicia locales, diseñe una opción que privilegie las garantías de los
indiciados, el reclamo de la comunidad contra cualquier situación que provoque impunidad
y la optimización de los recursos humanos y materiales que integran el aparato de
justicia punitiva.
Una respuesta
que involucre las inquietudes señaladas, debe plantearse en el ámbito constitucional.
Sólo así adquiere fuerza jurídica suficiente para modificar el sistema de competencias
de ambos fueros.
De esta manera
se propone agregar un tercer párrafo al artículo 73 fracción XXI constitucional, que
corresponde al sistema de competencias y aclare el sentido del segundo párrafo. Esto da
lugar a que:
1. El fuero
federal conserve la potestad de atracción en asuntos conexos y
2. Los órganos
de procuración y administración de justicia de los estados, inicien y concluyan el
enjuiciamiento de quienes delinquen en una situación de concurso que significa la
comisión de delitos en ambos fueros, cuando los del orden común, por su gravedad,
soporten medidas punitivas con mayor carga represiva.
El texto
propuesto resuelve el fondo de la problemática ya señalada. Dado que no sólo preserva
las elementales garantías del procesado y evita el doble enjuiciamiento, inadmisible en
una época que se caracteriza por la pretensión optimizadora de los recursos humanos y
materiales, sino que permite aprovechar la infraestructura del aparato de justicia
que, con inmediatez y como auxiliar del ámbito federal, conoce de los asuntos hasta la
etapa preprocesal que fija limites a la acción penal, así como también conduce a la
aplicación más eficaz de las sanciones correspondientes.
Por lo expuesto
y con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente
Iniciativa
De reforma que
adiciona un tercer párrafo al artículo 73 fracción XXI de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo único. Anexa un tercer párrafo al
artículo 73 fracción XXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
para quedar como sigue:
SECCION TERCERA
De las Facultades del Congreso
Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
I a la XX...
XXI. Para
establecer los delitos y faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos
deban imponerse.
Las autoridades
federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan
conexidad con delitos federales;
Las autoridades
de los estados conocerán de los delitos del fuero federal, cuando concurran con delitos
comunes de mayor gravedad punitiva.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor al
día siguiente se su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Palacio
Legislativo.— San Lázaro, a 15 de octubre de 2002.— Diputado Francisco E. Jurado Contreras.»
Presidencia de la diputada diputada María
Elena Alvarez Bernal
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias, señor
diputado.
Túrnese la iniciativa a la Comisión de Puntos
Constitucionales.
La anterior
iniciativa presentada por el diputado José Soto Martínez, a petición suya se turna
también en comisiones unidas, además de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a
la Comisión de Equidad y Género.
LEY
GENERAL DE POBLACION
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Tiene la palabra
el diputado Sergio Acosta Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 138 de la Ley General
de Población.
El diputado Sergio Acosta Salazar:
Gracias, señora
Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
El suscrito,
diputado integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en
la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto
en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, me permito presentar la siguiente iniciativa de decreto de reforma a la Ley
General de Población, al tenor de la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
Compañeros
legisladores, hago uso de esta tribuna para referirme a un tema que es de la mayor
trascendencia, el relacionado con el delito del tráfico de personas, tal vez el más vil
e inhumano, las fronteras de los países donde el fenómeno de la migración de
indocumentados de los diversos continentes, se encuentran plagadas de estos individuos sin
escrúpulos, que hacen de su modus vivendi el
tráfico de migrantes de indocumentados que desean atravesar una frontera en busca de
mejores oportunidades de vida en el mejor de los casos, pero no se encargan sólo de eso,
sino de traficar con menores y mujeres que después serán destinados al comercio sexual o
inclusive para la venta de sus órganos.
El tema de los
traficantes de personas representa un problema de la mayor importancia para México, pues
dicha actividad actualmente está considerada en el segundo asunto en importancia de
seguridad nacional de nuestro país. Basta con recordar a los cientos de compatriotas
nuestros que pierden la vida a manos de los que lucran con la pobreza y la esperanza de
aquellos cuya sola intención es asegurar a los suyos un nivel de vida decoroso.
Estos
delincuentes también llamados “polleros”, que operan en los poco más de los
tres mil kilómetros que tiene México de frontera con Estados Unidos de América del
Norte, son responsables de cientos de muertes, sí, pero además de violaciones
perpetradas contra jovencitas que cruzan la frontera contra su voluntad, para además
después ser la mercancía sexual de otros tantos vivales o de menores que son vendidos
para ser adoptados por familias europeas o norteamericanas.
El asunto es de
tal magnitud que de acuerdo al servicio de naturalización e inmigración de Estados
Unidos se calcula que en solo tres años los grupos delictivos que se dedican a introducir
migrantes indocumentados a Estados Unidos, incrementaron sus ganancias en un 50% al pasar
de 5 mil millones, a 7 mil 500 millones de dólares al año; esa es la magnitud del
negocio de estos señores.
Y vale la pena
mencionar, para resaltar la importancia del tema, que se trata que este delito, el de
tráfico de personas a nivel mundial, es el tercer ilícito más lucrativo sólo detrás
del tráfico de drogas y el tráfico de armas; delitos ambos de la más aberrante
naturaleza porque atenta contra los elementos, derechos de las personas, contra su
libertad y contra su dignidad.
Sabemos bien
dónde nace este delito, en los propios lugares y origen de quienes acuden a los polleros
en la pobreza extrema, en las profundas desigualdades sociales, en la falta de
oportunidades, pero además concurre de elementos que le ha permitido el crecimiento
desmedido de este cruel delito y es no sólo complicidad de servidores públicos
corruptos, sino también la laxitud de las leyes que sancionan tal conducta.
Es por ello, que
ante este pleno vengo a someter a consideración, la necesidad de incrementar
sustancialmente la pena con que se castigue el delito de tráfico de personas. De acuerdo
con recientes estimaciones y conforme al Segundo Informe Anual, sobre el Tráfico de
Personas 2002, elaborado por el Departamento de Estado norteamericano durante el año
2001, por lo menos 700 mil hombres, mujeres y niños fueron objeto de tráfico en todo el
mundo.
Ante tales
circunstancias, resulta fundamental que se legisle en torno a tal delito y nuestras leyes
sean orientadas de tal modo que coadyuven a combatir a quienes viven a costa de tan
lamentable conducta.
Compañeros
legisladores: combatir frontalmente a la banda de "los polleros" que operan en
nuestro país, requiere de medidas de las más diversas índoles que van desde el
fortalecimiento de campañas informativas que adviertan sobre los riesgos a que se
enfrentan quienes recurren a estos delincuentes, hasta la generación de mayores lazos de
cooperación entre los gobiernos de los países directamente involucrados en éste, que se
ha convertido en un problema de carácter mundial.
Un primer y
trascendental paso será, estoy convencido, el endurecimiento de las penas para este
delito pero hay mucho que avanzar. Se tienen que establecer políticas migratorias
multilaterales que dificulten las actividades de los traficantes de personas.
Por lo
anteriormente expuesto y fundado, presento la siguiente
INICIATIVA
De reforma a la
Ley General de Población:
Artículo único. Que se reforma el artículo 138
de la Ley General de Población para quedar como sigue:
Artículo 138. Se impondrá prisión de 10 a 25
años de prisión y multa de 5 mil a 20 mil días de salario mínimo general vigente en el
Distrito Federal en el momento de consumar la conducta a quienes por sí o por
interpósita persona, con propósito de tráfico pretenda llevar o lleve mexicanos al
extranjero a internarse a otro país sin la documentación correspondiente.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Gracias, muy
amables.
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias, señor
diputado.
Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad
Pública y con opinión a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.
CONDECORACIONES
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
El siguiente
punto del orden del día se refiere a los dictámenes relativos a las solicitudes de
permisos de los ciudadanos: Beatriz Elena Paredes Rangel, Jesús Ernesto Estrada
Bustamante, Manuel Marrón y González y Carlos Ignacio González Magallón, para aceptar
y usar condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara
de Diputados.— Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
Honorable
Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, que suscribe, le fue
turnado para su estudio y dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de
Gobernación por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la
diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden
Nacional de Cruzeiro do Sul en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la
República Federativa de Brasil.
La comisión
considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado
y, en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado c del artículo 37 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea
el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional de
Cruzeiro do Sul en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República
Federativa de Brasil.
Sala de
comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México,
D.F., a 4 de octubre de 2002.— Diputados: Armando
Salinas Torre, presidente; José Antonio
Hernández Fraguas, Víctor Manuel Gandarilla Carrasco y Luis Miguel G. Barbosa Huerta, secretarios; Manuel Añorve Baños, José Francisco Blake Mora,
Tomás Coronado Olmos, Gina Andrea Cruz Blackledge, Gabriela Cuevas Barrón, Arturo
Escobar y Vega, Omar Fayad Meneses, María Teresa Gómez Mont y Urueta, Federico Granja
Ricalde, Lorenzo Rafael Hernández Estrada, Efrén Nicolás Leyva Acevedo, Miguel Angel
Martínez Cruz, Rodrigo David Mireles Pérez, José Narro Céspedes, Ricardo A. Ocampo
Fernández, Germán Arturo Pellegrini Pérez, José Jesús Reyna García, Eduardo Rivera
Pérez, Jorge Esteban Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago Ramírez, David Augusto
Sotelo Rosas, Ricardo Torres Origel, Néstor Villarreal Castro y Roberto Zavala Echavarría.»
Es de primera lectura.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara
de Diputados.— Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
Honorable
Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, que suscribe, le fue
turnado para su estudio y dictamen el expediente con las solicitudes de permiso para que
los ciudadanos Manuel Marrón y González y Carlos Ignacio González Magallón, puedan
aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes grados les confieren los gobiernos
del Principado de Mónaco y de la República Federal de Yugoslavia, respectivamente.
La comisión
considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado
y, en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado c de los artículos 37 constitucional y 60 segundo
párrafo del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea el
siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano
Manuel Marrón y González para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Grimaldi
en grado de Oficial, que le confiere el Gobierno del Principado de Mónaco.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano
Carlos Ignacio González Magallón para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la
Estrella Yugoslava de Primer Grado que le confiere del Gobierno de la República Federal
de Yugoslavia.
Sala de
comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México,
D.F., a 4 de octubre de 2002.— Diputados:
Armando Salinas Torre, presidente; José Antonio
Hernández Fraguas, Víctor Manuel Gandarilla Carrasco y Luis Miguel G. Barbosa Huerta, secretarios; Manuel Añorve Baños, José Francisco Blake Mora,
Tomás Coronado Olmos, Gina Andrea Cruz Blackledge, Gabriela Cuevas Barrón, Arturo
Escobar y Vega, Omar Fayad Meneses, María Teresa Gómez Mont y Urueta, Federico Granja
Ricalde, Lorenzo Rafael Hernández Estrada, Efrén Nicolás Leyva Acevedo, Miguel Angel
Martínez Cruz, Rodrigo David Mireles Pérez, José Narro Céspedes, Ricardo A. Ocampo
Fernández, Germán Arturo Pellegrini Pérez, José Jesús Reyna García, Eduardo Rivera
Pérez, Jorge Esteban Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago Ramírez, David Augusto
Sotelo Rosas, Ricardo Torres Origel, Néstor Villarreal Castro y Roberto Zavala Echavarría.»
Es de primera lectura.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara
de Diputados.— Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
Honorable
Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública que suscribe, le fue turnado
para su estudio y dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación,
por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el general de brigada
Diplomado de Estado Mayor Jesús Ernesto Estrada Bustamante, pueda aceptar y usar las
condecoraciones de la Orden al Mérito Estrella de Carabobo, en su Unica Clase y de la
Legión al Mérito Aeronáutico, en su Segunda Clase, que le confiere el gobierno de la
República Bolivariana de Venezuela.
La comisión
considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado
y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado c del artículo 37 constitucional, se permite
someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al general de
brigada Diplomado de Estado Mayor Jesús Ernesto Estrada Bustamante, para aceptar y usar
las condecoraciones de la Orden al Mérito Estrella de Carabobo, en su Unica Clase y de la
Legión al Mérito Aeronáutico, en su Segunda Clase, que le confiere el gobierno de la
República Bolivariana de Venezuela.
Sala de
comisiones de la Cámara de Diputados, a 9 de octubre de 2002.— Diputados: Armando Salinas Torre, presidente; José Antonio Hernández Fraguas, Víctor Manuel
Gandarilla Carrasco y Luis Miguel Gerónimo
Barbosa Huerta, secretarios; Manuel Añorve
Baños, José Francisco Blake Mora, Tomás Coronado Olmos, Gina Andrea Cruz Blackledge,
Gabriela Cuevas Barrón, Arturo Escobar y Vega, Omar Fayad Meneses, María Teresa Gómez
Mont y Urueta, Federico Granja Ricalde, Lorenzo Rafael Hernández Estrada, Efrén Leyva
Acevedo, Miguel Angel Martínez Cruz, Rodrigo David Mireles Pérez, José Narro Céspedes,
Ricardo Augusto Ocampo Fernández, Germán Arturo Pellegrini Pérez, José Jesús Reyna
García, Eduardo Rivera Pérez, Jorge Esteban Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago
Ramírez, David Augusto Sotelo Rosas, Ricardo Torres Origel, Néstor Castro y Roberto Zavala Echavarría.»
Es de primera lectura.
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
En virtud de que
los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta
Parlamentaria del día 9 de octubre, consulte la Secretaría a la Asamblea si se les
dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
Por
instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la
Asamblea si se les dispensa la segunda lectura a los dictámenes y se ponen a discusión y
votación de inmediato.
Los diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Se les dispensa la segunda lectura.
En consecuencia,
se pide a la Secretaría poner a discusión los proyectos de decreto.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
Está a
discusión el proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Beatriz Elena Paredes
Rangel, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Cruceiro do Sul, en
grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República Federativa de Brasil.
Está a
discusión el dictamen... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su
votación nominal en conjunto.
Está a
discusión el proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Jesús Ernesto Estrada
Bustamante, para aceptar y usar las condecoraciones de la Orden al Mérito Estrella de
Carabobo, en su Unica Clase y la de la Legión al Mérito Aeronáutico, en su Segunda
Clase, que le confiere el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.
Está a
discusión el dictamen... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su
votación nominal en conjunto.
Está a
discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Manuel Marrón y
González y Carlos Ignacio González Magallón, para aceptar y usar las condecoraciones
que en diferentes grados les confieren los gobiernos del Principado de Mónaco y de la
República Federal de Yugoslavia, respectivamente.
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Está a
discusión el dictamen en lo general.
No habiendo
quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la
Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular...
En virtud de que
no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se va a proceder a
recoger la votación nominal de este proyecto de decreto y los anteriormente reservados,
en un solo acto.
Se pide a la
Secretaría se abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación de
los proyectos de decreto.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
Se pide se hagan
los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior.
Abrase el
sistema electrónico por 10 minutos para tomar la votación nominal de los proyectos de
decreto.
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Estoy recibiendo
una solicitud de la Comisión de Juventud y de Deporte y de los coordinadores de los
grupos parlamentarios y de un conjunto de legisladores que están, como ustedes están
enterados, en el Salón Verde, para que esta votación se pueda repetir en el momento en
que se incorporen a la sesión.
Habida cuenta de
que en esa ceremonia solemne hay alrededor de 45 diputados, voy a hacer consultas con la
Mesa Directiva, para el caso de que sea pertinente, repetir la votación y se los
notificaremos en unos momentos.
Continuamos con
el desahogo de la votación.
El Secretario diputados Rodolfo
Dorador Pérez Gavilán:
Se emitieron 324
votos en pro, cero en contra y cero abstenciones.
La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal:
Aprobados los proyectos de decreto
por 324 votos.
Pasan al Senado para los efectos constitucionales.
Pasamos al
capítulo de excitativas.
Tenemos
información del diputado Luis Alberto Villarreal García, a nombre de los integrantes de
la Comisión de Turismo, que retiran su excitativa.
Tenemos
información del diputado César Duarte Jáquez, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, que pospone su excitativa.
Nos ha
solicitado el diputado Martí Batres Guadarrama, que pase al final del capítulo de
excitativas la que él presentará y esta Presidencia no tiene inconveniente en obsequiar
su solicitud.
ESPECIES MARINAS EN EXTINCION
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
En consecuencia
tiene la palabra la diputada Rosa Delia Cota Montaño, de la Comisión de Justicia, que
presentará una excitativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Ella es del
grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada Rosa Delia Cota Montaño:
Con el permiso
de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
El grupo
parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna para presentar a la Presidencia
de la Mesa Directiva una formal solicitud para que con fundamento en la fracción XVI del
artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, formule excitativa al presidente de la Comisión de Justicia y Derechos
Humanos con el propósito de que la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un
segundo párrafo a la fracción II del artículo 420 del Código Penal Federal y adiciona
el numeral 34 a la fracción I del artículo 194, pasando el actual numeral 33 a ser
numeral 34 del Código Federal de Procedimientos Penales con base en la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
Con fecha 11 de
diciembre del 2001, la de la voz presentó a nombre de los diputados integrantes del grupo
parlamentario del Partido del Trabajo para reformar el Código Federal de Procedimientos
Penales en las fracciones y numerales citados líneas arriba.
Nos preocupa
sobremanera, compañeras y compañeros diputados, que reformas que tienden a mejorar las
condiciones de los trabajadores mexicanos, en este caso en particular los dedicados a la
pesca ribereña, se mantengan en condiciones de indefensión por el marco legal existente.
La pesca furtiva
daña de manera grave los ingresos de las familias dedicadas a esa actividad, que en la
mayoría de los casos sólo les permite su supervivencia; seguir tolerando esta situación
equivale a que estos mexicanos permanezcan en condiciones cada vez más difíciles y en
los hechos se les orille a cometer hechos ilícitos.
Como señalamos
en la exposición de motivos de la iniciativa en comento, la pesca furtiva se ha
incrementado de manera notable en los últimos 20 años y la tendencia no se revertirá en
tanto siga persistiendo la normatividad vigente. De otra parte, el efecto en el daño
ambiental que produce este tipo de ilícito afecta de manera determinante la biodiversidad
de nuestros litorales. A los efectos nocivos de los contaminantes que descargan en los
mares nacionales, se suman los daños ecológicos y económicos que es preciso revertir.
Compañeras y
compañeros diputados: por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en la
fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos atentamente a la Presidencia de la
Mesa Directiva de esta Cámara, excite a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para
que emita el dictamen correspondiente.
Es cuanto.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señora
diputada.
De conformidad con lo que establece el artículo 21
fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, se hace una excitativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos,
para que emita el dictamen correspondiente.
Solicita la
diputada Rosario Tapia Medina que su excitativa se posponga para la próxima sesión.
CODIGO DE EJECUCION DE SENTENCIAS Y MEDIDAS ANTICIPADAS DE LIBERTAD
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Para presentar
una excitativa a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, tiene la palabra el
diputado Amador Rodríguez Lozano.
El diputado Amador Rodriguez Lozano:
Gracias,
Presidenta; amigas y amigos legisladores:
El 29 de marzo
del año pasado, presenté ante este pleno una iniciativa de Código de Ejecución de
Sentencias y Medidas de Libertad Anticipadas, en esa iniciativa se realizaba un esfuerzo
de muchos años, para tratar de reformar uno de los problemas centrales: la procuración
de justicia en México, que es el sistema de penales.
El trabajo de
esa iniciativa, de ninguna manera fue un trabajo improvisado, se habían realizado foros
previamente, donde participaron los más importantes exponentes del derecho penitenciario
mexicano, desde el ya fallecido Tavira, que era el teórico de la prisión enérgica, con
el menor número de libertades de las prisiones de alta seguridad, hasta Luis de la
Barreda, que representaba la visión humanista de las prisiones.
De todo ese
trabajo, no solamente surgió la iniciativa que hago comentario, sino también un libro
que fue publicado por el Poder Legislativo mexicano, que se llama La Reforma Penitenciaria en México.
Por eso, acudo a
esta tribuna, para solicitarle a la Presidencia le pida a la Comisión de Gobernación y
Seguridad Pública, presente dictamen sobre esta iniciativa, no sin antes expresar mi
sorpresa, primero, que durante la comparecencia del Secretario de Seguridad Pública en
comisiones, expresó su intención de enviar una iniciativa, precisamente para regular el
tema de las prisiones.
Y digo que me
sorprende, porque esta iniciativa que les platico, fue trabajada previamente con tres
subsecretarios de Gobernación, que antes eran los responsables precisamente del tema de
las prisiones. Trabajamos con expertos en prisiones, con directores de prisiones, buscando
crear el marco jurídico adecuado, que reflejara, por un lado, el avance y, por otro, la
realidad de lo que sucede en las prisiones.
El país, amigas
y amigos, no se puede inventar cada año ni tampoco cada legislatura ni tampoco cada
ejercicio de gobierno; hay mucho trabajo realizado que por responsabilidad debemos de
atender.
Me causa
también sorpresa que habiendo hecho del conocimiento de nosotros los legisladores esa
iniciativa, que no quiero decir que sea perfecta ni que deba ser aprobada en sus
términos, se haya realizado otra consulta, otra consulta, cuando ya hubo una gran
cantidad de consultas, cuando lo que el pueblo de México nos está demandando a los
legisladores, amigas y amigos, es que tomemos definiciones, tomemos definiciones sobre los
temas que afectan a la nación y que está en nuestras manos como legisladores tomar
definiciones sobre temas centrales.
El tema de las
prisiones está ahí, con un enorme trabajo que se ha hecho por otras legislaturas; por
eso con responsabilidad, con empeño, con deseo de hacer las cosas bien, de resolver los
problemas de la nación, tenemos que analizar los temas que ya están a la disposición de
nosotros. Así nos lo exige la nación, así nos lo demanda nuestra responsabilidad como
legisladores, para que el día de mañana, cuando dejemos de serlo, podamos ver a los
ciudadanos con la mirada digna de que cumplimos con nuestra responsabilidad.
Por eso le pido,
compañera Presidenta, que excite a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública para
que resuelva, para que emita dictamen sobre el Código de Ejecución de Sentencias y
Medidas Anticipadas de Libertad.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor
diputado.
De conformidad con lo que establece el artículo 21
fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, se hace excitativa a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública
para que emita el dictamen correspondiente.
El diputado
Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del PRI, ha solicitado se posponga para la
próxima sesión la presentación de su excitativa.
La diputada
Hortensia Aragón Castillo, del grupo parlamentario del PRD, ha solicitado se posponga
para una siguiente sesión la presentación de su excitativa.
LEY REGULADORA PARA EL CONTROL DE LA PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL
EN MATERIA DE PRENSA, RADIO Y TELEVISION
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
En consecuencia,
tiene la palabra la diputada Lorena Beaurregard de los Santos para presentar una
excitativa a las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, de Presupuesto y
Cuenta Pública y de Gobernación y Seguridad Pública.
La diputada Lorena Beaurregard de los
Santos:
Con su permiso,
señora Presidenta.
La que suscribe
integrante del grupo parlamentario del PRI, de la LVIII Legislatura de la Cámara de
Diputados, en uso de las facultades que me otorgan los artículos 27, 87 y 91 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
presento ante este honorable Congreso la siguiente excitativa:
Sin duda, hoy el
Poder Legislativo enfrenta grandes retos, parte de esos retos son los de actuar
congruentemente para estar a la altura de la nueva realidad de la sociedad mexicana.
Hoy, por primera
vez, el Poder Legislativo representa en nuestro país un verdadero equilibrio de poderes y
ello nos obliga a desempeñarnos con profesionalismo y responsabilidad, asumiendo el
compromiso que representa ser legisladores con visión de futuro, con altura de miras,
privilegiando en todo momento el interés superior de nuestro país y no siendo rehenes de
nuestros propios intereses o el de los partidos políticos que representamos en esta
Cámara de Diputados.
Ahora más que
nunca es necesaria la construcción de consensos en torno a los grandes temas nacionales
que son el cimiento del México al que todos aspiramos.
Lo que los
nuevos tiempos requieren son cambios profundos que nos permitan dar certeza jurídica a
todos los sectores de la sociedad mexicana y un sector importante es el de los medios de
comunicación, ya que han jugado un papel sustantivo en este proceso de cambio.
Por ello es
fundamental crear nuevas condiciones frente a los medios de información pues muchos de
éstos son cada vez más poderosos. Lo cierto es que uno de los primeros pasos sería
demostrar la disposición del Estado a someterse al escrutinio del Legislativo en esta
materia.
No sería
congruente demandar un nuevo comportamiento de las empresas periodísticas, cuando el
Legislativo ha incurrido en omisiones al permitir que el Gobierno cree sus propias reglas
para el uso de los recursos en esta materia de difusión y de comunicación, se sancione y
se otorgue asimismo, los permisos para excederse en gastos cuando lo considere necesario.
La iniciativa de
Ley Reguladora para el Control de la Publicidad Gubernamental en Materia de Prensa, Radio
y Televisión, que presenté el 19 de marzo del 2002, tiene como propósito fundamental
establecer nuevas reglas para el uso correcto de los recursos públicos que el Gobierno
ejerce en materia de publicidad, difusión, de comunicación social.
Si queremos
hablar de plena legalidad en el ejercicio periodístico, los legisladores y servidores
públicos debemos empezar por arreglar nuestra casa. Si proponemos nuevas reglas para los
medios de comunicación el Gobierno está obligado a enviar señales de disposición a ser
vigilados por el Poder Legislativo.
Así como los
medios sin reglas son capaces de manipular a la opinión pública, los gobiernos sin una
auténtica vigilancia del Legislativo, son proclives a crear condiciones para que los
medios actúen siempre subordinados a sus intereses.
Si nuestros
gobernantes de antaño no desconocieron la utilidad de los medios de comunicación, es de
suponerse que los actuales tampoco, ya sean del PRI, del PAN o del PRD o bien de cualquier
otro partido político.
Frente a la
proximidad de las elecciones deberemos crear reglas para que el Poder Legislativo vigile
las acciones del Ejecutivo en el manejo de la publicidad gubernamental que hoy recobra
especial interés, luego de la derogación del decreto de 1969, en el que los medios
electrónicos pagaban con tiempos en radio y televisión, sus impuestos.
A lo largo de su
historia el PRI siempre ha tenido conciencia sobre la importancia de los medios de
comunicación. Esta debilidad no es exclusiva de este partido, pues en los otros también
han existido excesos conocidos.
La falta de una
supervisión correcta sobre el uso y destino de los tiempos oficiales, ha propiciado que
otros funcionarios como el propio presidente Fox, aprovechen lo vacíos existentes para
publicar indiscriminadamente la figura presidencial.
La iniciativa de
ley que presenté el 19 de marzo tiene como finalidad otorgar al Legislativo el poder del
control sobre los actos del Ejecutivo en materia de recursos públicos para la difusión
de la publicidad del Gobierno.
Es por ello que
solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva de este honorable Congreso de la Unión,
excite a las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública, Radio y Televisión,
Cinematografía, así como de Programación y Cuenta Pública, a que concluyan el proceso
de dictaminación de la iniciativa de Ley Reguladora para el Control de la Publicidad
Gubernamental, en Materia de Prensa, Radio y Televisión, toda vez que han transcurrido
seis meses de que ésta fue turnada a las comisiones, cumpliéndose con ello el tiempo
reglamentario para que se emita ese dictamen.
Gracias.
«La que
suscribe, Lorena Beauregard de los Santos, integrante del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, en uso de
las facultades que me otorgan los artículos 21, 87 y 91 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante este
honorable Congreso de la Unión la siguiente:
EXCITATIVA
Sin duda hoy, el
Poder Legislativo enfrenta grandes retos, parte de esos retos son los de actuar
congruentemente para estar a la altura de la nueva realidad de la sociedad mexicana. Hoy,
por primera vez el Poder Legislativo representa en nuestro país un verdadero equilibrio
de poderes, y ello nos obliga a desempeñarnos con profesionalismo y responsabilidad,
asumiendo el compromiso que representa ser legisladores con visión de futuro, con altura
de miras, privilegiando en todo momento el interés superior de nuestro país y no siendo
rehenes de nuestros propios intereses o el de los partidos representados en esta Cámara
de Diputados.
Ahora más que
nunca, es necesaria la construcción de consensos entorno a los grandes temas nacionales
que son el cimiento del México al que todos aspiramos. Los que los nuevos tiempos
requieren son cambios profundos que nos permitan dar certeza jurídica a todos los
sectores de la sociedad mexicana. Un sector importante y para el país lo representan los
medios de comunicación, ya que han jugado un papel sustantivo en este proceso de cambio.
Por ello,
es fundamental crear nuevas condiciones frente a los medios de información, pues muchos
de éstos son cada vez más poderosos, lo cierto es que uno de los primeros pasos sería
demostrar la disposición del Estado a someterse al escrutinio de Legislativo en esta
materia.
No sería
congruente demandar un nuevo comportamiento de las empresas periodísticas, cuando el
Legislativo ha incurrido en omisiones, al permitir que el gobierno cree sus propias reglas
para el uso de sus recursos en materia de difusión y comunicación, se sancione y se
otorgue asimismo los permisos para excederse en gastos, cuando lo considera necesario.
La iniciativa de
Ley Reguladora para el Control de la Publicidad Gubernamental en Materia de Prensa, Radio
y Televisión que presenté el 19 de marzo de 2002, tiene como propósito fundamental
establecer nuevas reglas para el uso correcto de los recursos públicos que el Gobierno
ejerce en materia de publicidad, difusión y comunicación social.
Si queremos
plena legalidad en el ejercicio periodístico, los legisladores y servidores públicos
debemos empezar por arreglar nuestra casa. Si proponemos nuevas reglas para los medios de
comunicación, el Gobierno está obligado a enviar señales de disposición a ser vigilado
por el Poder Legislativo. Así como los medios sin reglas son capaces de manipular la
opinión pública, los gobiernos sin una auténtica vigilancia del Legislativo, son
proclives a crear condiciones para que los medios actúen siempre subordinados a sus
intereses.
Si
nuestros gobernantes de antaño no desconocieron la utilidad de los medios de
comunicación, es de suponerse que los actuales, ya sean del PRI, del PAN, del PRD o de
cualquier otro partido político, tampoco la desconozcan.
Frente a la
proximidad de elecciones, debemos crear condiciones para que el Poder Legislativo vigile
las acciones del Ejecutivo en el manejo de la publicidad que hoy recobra un especial
interés, luego de la abrogación del decreto de 1969, en el que los medios electrónicos
pagaban con tiempos en radio y televisión sus impuestos.
A lo largo de su
historia, el PRI siempre tuvo conciencia sobre la importancia de controlar los medios; sin
embargo, esta debilidad no es exclusiva de este partido, pues en los otros también han
existido excesos ampliamente conocidos por todos.
La falta de una
supervisión correcta sobre el uso y destino de los tiempos oficiales, ha propiciado que
otros funcionarios, como el propio presidente Vicente Fox, aprovechen los vacíos
existentes para publicitar indiscriminadamente la figura presidencial.
La iniciativa de
ley que presenté el 19 de marzo de 2002, tiene como finalidad otorgar al Legislativo el
poder de control sobre los actos del Ejecutivo en materia de recursos públicos para la
difusión y publicidad del Gobierno. Frente a la tentación de los partidos gobernantes,
tiene que existir una vigilancia constante, a fin de que se cumplan los objetivos que se
proyectaron en materia de difusión de las campañas gubernamentales. Sin embargo, tenemos
que asegurarnos que tales egresos se apliquen únicamente para gastos de propaganda e
imagen institucional y no la individual.
Es por
ello, que presento la siguiente:
EXCITATIVA
Artículo único. Que la Presidencia de la Mesa
Directiva del honorable Congreso de la Unión, excite a las comisiones de Gobernación y
Seguridad Pública, Radio, Televisión y Cinematografía, así como de Programación y
Cuenta Pública, a que concluyan el proceso de dictaminación de la iniciativa de Ley
Reguladora para el Control de la Publicidad Gubernamental en Materia de Prensa, Radio y
Televisión, toda vez que han transcurrido más de seis meses de que ésta fue turnada a
las mencionadas comisiones, cumpliéndose con ello el tiempo reglamentario para que emitan
un dictamen.
Palacio
Legislativo.— San Lázaro, a 15 de octubre de 2002.— Diputada Lorena Beaurregard de los Santos.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señora
diputada.
De conformidad con lo que establece
el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, se hace excitativa a las comisiones de
Gobernación y Seguridad Pública, de Radio,Televisión y Cinematografía, y de
Presupuesto y Cuenta Pública, para que emitan el dictamen correspondiente.
ARTICULO
93 CONSTITUCIONAL
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra
el diputado Gregorio Urías Germán, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, para presentar una excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.
El diputado Gregorio Urías Germán:
Con su permiso,
señora Presidenta:
Excitativa para
que la Comisión de Puntos Constitucionales dictamine sobre la iniciativa presentada por
el suscrito, diputado Gregorio Urías Germán, el 9 de abril de 2001, integrante del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática que por este conducto,
respetuosamente, solicito a la Presidencia de esta Cámara tenga a bien formular
excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, de conformidad con lo establecido en
la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de lo siguiente:
ANTECEDENTES
Que con fecha 9
de abril de 2001 el suscrito presentó en esta soberanía iniciativa que contiene reformas
y adiciones al artículo 93 de la Constitución General de la República; asimismo se
propone reformar el artículo 89 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, misma que fue turnada a la Comisión de Puntos
Constitucionales.
Que uno los ejes
que vertebra el régimen político mexicano es el predominio del Poder Ejecutivo sobre los
otros poderes, rompiendo el indispensable equilibrio en el esquema de división de
poderes. Tal distorsión es la principal fuente de las fallas en el actuar estatal, en
detrimento de los derechos y aspiraciones de la sociedad.
En la ruta de la
transición como vía para diseñar un sistema verdaderamente democrático, ahora más que
nunca estamos obligados a ir más allá de la alternancia en el Ejecutivo de la Unión y
emprender una transformación profunda en las instituciones que dieron identidad y
permanencia al viejo régimen.
En esta tarea
democratizadora el principal reto del proceso de Reforma del Estado mexicano tiene qué
ver con reordenar los poderes y volverlos al esquema que da sentido y razón a la
separación de las actividades estatales, agrupándolas en tal forma que no exista
predominio ni avasallamiento alguno, alcanzando así un sistema de pesos y contrapesos.
Ello evitaría todo tipo de excesos que origina la concentración desproporcionada de
atribuciones en uno de dichos poderes.
De ahí la
pertinencia de la iniciativa que propusimos. El contenido del artículo 93 de la
Constitución General debe ser reformado en razón de que la realidad política del país
y de las relaciones entre los poderes presentan cambios de gran trascendencia.
En la literatura
del constitucionalismo mexicano se expresan opiniones críticas. Cito las palabras del
doctor Diego Valadés: "En primer lugar, reduce la capacidad de investigación a los
organismos y a las empresas, no a los órganos de gobierno. Pero además, y esto resulta
digno de ponerlo en un marquito, resulta que cualquiera de ustedes, señoras, señores
legisladores, puede proponer una reforma constitucional, nada menos que una reforma
constitucional, pero ninguno de ustedes puede proponer la formación de una comisión.
Esto realmente es un disparate".
En virtud de que
ha transcurrido en exceso, en los términos establecidos en el artículo 87 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de que es
impostergable reformar el precepto constitucional multicitado, consideramos oportuno que
se proceda a enviar excitativa, en los términos reglamentarios, a la Comisión de Puntos
Constitucionales con la finalidad de que emita su dictamen a la mayor brevedad posible.
Atentamente,
diputado Gregorio Urías Germán.
Gracias, señora
Presidenta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor
diputado.
De conformidad con lo que establece
el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, se realiza excitativa a la Comisión de Puntos
Constitucionales para que emita el dictamen correspondiente.
LEY DE
AMNISTIA
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Se ofrece el uso
de la palabra al diputado Esteban Daniel Martínez Enríquez, del grupo parlamentario del
PRD, para presentar una excitativa a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
El diputado Esteban Daniel Martínez
Enríquez:
Con el permiso
de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
La procuración
y la administración de justicia en nuestro sistema penal, se enfrentan a graves problemas
cuando se juzgan delitos relacionados con hechos reivindicativos de los derechos
políticos y sociales consagrados en nuestra Constitución Política.
Se ha puesto de
manifiesto en los informes de diversos órganos de derechos humanos de la ONU y la OEA.
Sin embargo, es un acierto de las sociedades democráticas el reconocer el derecho al
disenso entre sus habitantes y la promoción de la pluralidad y las distintas expresiones
políticas, máxime si consideramos como ejemplo ilustrativo que en múltiples casos se
trata de personas injustamente presas y que han sufrido graves violaciones a los derechos
humanos.
Destaca el caso
de los indígenas zapotecos de la región Loxicha en Oaxaca, que nuevamente se encuentran
a las afueras de este recinto, en los que de 150 detenidos desde 1996, 65 obtuvieron
libertad absolutoria, pero esto fue después de cuatro o cinco años en prisión que nos
indica que justicia que llega tarde no es justicia.
El Poder
Ejecutivo Federal por su parte y utilizando los elementos jurídicos para resarcir la paz
social, ha realizado acciones concretas para liberar a presos políticos y de conciencia
como el sonado caso del general Gallardo y el encarcelamiento de los campesinos
ecologistas de Guerrero como: Rodolfo Montiel, Teodoro Cabrera y también Erika Zamora,
Efrén Cortés, entre otros.
Otros gobiernos
locales como el de Oaxaca han emitido leyes de amnistía para liberar a los presos
políticos y de conciencia de la región zapoteca o el de Guerrero que ha promovido una
ley en la materia, misma que está pendiente de dictamen.
Es obvio que
ningún gobierno puede aceptar la existencia de presos políticos y de conciencia, por lo
que recurrimos a una de las fuentes del derecho internacional que permiten comprender
mejor esta noción y según amnistía internacional el "preso de conciencia" es
aquel encarcelado a causa de sus creencias, origen étnico, sexo, color, raza, idioma,
origen social o económico, que no haya recurrido a la violencia.
El otro
término, el de preso político, que es aquella persona que buscando la transformación de
la sociedad y por motivaciones políticas haya pretendido modificar el sistema de poder e
instituciones gubernamentales y por ello se le procese y encuentre culpable de delitos
consignados en la legislación penal.
Hoy 15 de
octubre se cumplen tres semanas de huelga de hambre de 42 presos políticos y de
conciencia en varias cárceles del país en demanda de la aprobación de la Ley de
Amnistía.
Tanto el PRD,
como el Partido del Trabajo, como el Verde Ecologista de México, Convergencia por la
Democracia, han manifestado apoyo a la Ley de Amnistía y por otro lado el PRI ha
presentado una iniciativa nueva sobre el mismo tema, pero aún no hace manifiesta su
voluntad porque se apruebe. Asimismo Acción Nacional ha manifestado su preocupación por
los presos políticos en otros países y el Ejecutivo ha manifestado su interés porque se
logre la liberación de los presos loxichas, sin embargo, Acción Nacional no se ha
ocupado del tema.
Destacamos la
importancia que tiene para nuestro país dar cumplimiento a los compromisos ante la ONU y
la OEA y la observancia de los derechos humanos y considerando que a partir del 28 de
octubre de este año visitará nuestro país el grupo de trabajo de la ONU sobre
detenciones arbitrarias, invitamos a los legisladores a realizar el mayor posible de sus
esfuerzos para aprobar la citada Ley de Amnistía.
Por lo antes
expuesto y a solicitud de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos
nacionales e internacionales, así como de destacados intelectuales y académicos de la
cultura y el pueblo en general, solicito a esta Mesa Directiva excite a la Comisión de
Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad Pública, para que se emita dictamen que
permita la discusión en este pleno para la aprobación de una Ley de Amnistía.
Por su
atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor
diputado.
De conformidad con lo que establece
el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Gobernación y
Seguridad Pública para que emita el dictamen correspondiente.
SECTOR
AVICOLA
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra
la diputada Petra Santos Ortiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, para presentar una excitativa a las comisiones de Agricultura y Ganadería y
Especial de Ganadería.
La diputada Petra Santos Ortiz:
Buenas tardes,
con su permiso, señora Presidenta; com- pañeras y compañeros:
Excitativa para
que las comisiones de Agricultura y Ganadería en especial de Ganadería, para que se
dictamine sobre la iniciativa de Ley de Promoción a la Avicultura Nacional y de reformas
a la Ley Federal de Derechos presentada por esta servidora.
ANTECEDENTES
El día 27 de
noviembre de 2001, la que suscribe, integrante de la fracción parlamentaria del PRD,
presenté a la consideración del pleno una iniciativa de Ley de Promoción a la
Avicultura Nacional y de reformas a la Ley Federal de Derechos.
La iniciativa
tiene su origen en el hecho que la avicultura mexicana requiere de una inmediata
consolidación y preparación para lo que ya es evidente, con pena de ser arrasada, con
productos del exterior excedentes a precios bajos.
En base a lo
anterior se presentan las
CONSIDERACIONES
Desde 1992,
cuando se presentó y se firmó el Tratado de Libre Comercio manifestamos nuestra
inconformidad, sobre todo porque veíamos la gran desigualdad que iba a ver entre los
agricultores de Canadá, Estados Unidos y los mexicanos y cada día y sobre todo después
de 10 años tenemos las consecuencias. La avicultura nacional en el marco de la feroz
competencia internacional no ha sido apoyada o fomentada en forma decidida por el Estado
mexicano, a diferencia de los productores norteamericanos los cuales cuentan con todo tipo
de facilidades, apoyos, subsidios, créditos baratos, organización, consejos y comités
que los apoyan y promueven, creando así una disparidad de condiciones que hacen sumamente
vulnerable a la avicultura nacional al enfrentarse a la apertura comercial inminente, por
lo que resulta establecer un trato de igualdad comercial y de condiciones distributivas
entre convertidores desiguales.
Para dar una
idea de la disparidad entre la avicultura mexicana y norteamericana, es importante
considerar la desproporción existente entre los costos de producción de ambas cadenas
productivas, teniendo la avicultura nacional un costo superior en alrededor del 64.8% con
relación a la avicultura norteamericana. Hacemos una comparación: la comida que no les
gusta a los gringos, que son las piernas y el muslo, nos la venden a un peso mexicano.
¿Cómo van a poder competir así nuestros avicultores mexicanos? Y en Canadá, respetando
todavía ellos su soberanía y apoyo a los avicultores, no quisieron siquiera meter en el
Tratado de Libre Comercio.
Por eso cuando
vemos nosotros tanto movimiento estamos diciéndole al Gobierno que si no pone un hasta
aquí, cierra esta frontera, se le da el famoso blindaje que no sabemos todavía de qué
es ese blindaje de papel, en este año de 2003 que se va a abrir el Tratado de Libre
Comercio a todos los 19 productos, este campo va a tener un estallido social.
¡Nos asusta ver
cómo los campesinos al ver su desesperación de que nadie les hacemos caso ahí andan
hasta allá en paños menores para ver si alguien cuando menos en eso llama la atención!
¡Pero esta insensibilidad del Gobierno no le importa ni siquiera verlos; al contrario, se
ríen y se burlan de nuestros campesinos y de nuestros avicultores mexicanos! ¡Porque
esto va a ser consecuencia, porque va a haber 120 mil trabajadores que van a quedar en el
2003 fuera, cuando venga la importación de los avicultores!
¡La iniciativa
de Ley de Promoción a la Avicultura Nacional presentada en el mes de noviembre del año
pasado, se concibe como un instrumento indemnizador de los agentes que intervienen en el
sector, proporcionando un marco para la definición de los ámbitos de competencia
federal, estatal y municipal y de los productores para eficientar la gestión pública a
partir de las normas, ámbitos de acción y condiciones.
Por lo anterior,
Unico. Se envíe la excitativa a las comisiones de
Agricultura, Ganadería y Especial de Ganadería para que emita el dictamen respecto a la
iniciativa presentada el 27 de noviembre por la suscrita y que le fue turnado en la misma
fecha.
Es todo, señora
Presidenta, y aquí presento el periódico Reforma,
para que vean que lo que hemos dicho durante muchos años es algo mucho más de la
realidad, aunque les duela, compañeros panistas.
«Excitativa
para que las comisiones de Agricultura y Ganadería y Especial de Ganadería para que se
dictamine sobre la iniciativa de Ley de Promoción a la Avicultura Nacional y de reformas
a la Ley Federal de Derechos presentada por la diputada Petra Santos Ortiz.
La suscrita,
integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por este
conducto, atentamente, solicito a la Presidencia de esta Asamblea, tenga a bien formular
excitativa a las comisiones de Agricultura y Ganadería, y Especial de Ganadería de
conformidad con lo establecido en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de los
siguientes
ANTECEDENTES
1. El día 27 de
noviembre de 2001 la que suscribe, integrante de la fracción parlamentaria del PRD,
presenté a la consideración del pleno una iniciativa de Ley de Promoción a la
Avicultura Nacional y de reformas a la Ley Federal de Derechos.
2. La iniciativa
se turnó a las comisiones de Agricultura y Ganadería, y Especial de Ganadería, con
opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
3. La iniciativa
tiene su origen en el hecho de que la avicultura mexicana requiere de una inmediata
consolidación y preparación para lo que ya es evidente, con pena de ser arrasada con
productos del exterior excedentes a precios bajos. En base a lo anterior se presentan las
consideraciones para la excitativa.
CONSIDERACIONES
1. La avicultura
nacional, en el marco de la feroz competencia internacional, no ha sido apoyada o
fomentada en forma decidida por el Estado mexicano, a diferencia de los productores
norteamericanos, los cuales cuentan con todo tipo de facilidades, apoyos, subsidios,
créditos baratos, organización, consejos y comités que los apoyan y promueven, creando
así una disparidad de condiciones que hace sumamente vulnerable a la avicultura nacional
al enfrentarse a la apertura comercial inminente, por lo que resulta necesario establecer
un trato de igualdad comercial y de condiciones distributivas entre competidores
desiguales.
2. Para dar una
idea de la disparidad entre la avicultura mexicana y norteamericana, es importante
considerar la desproporción existente entre los costos de producción de ambas cadenas
productivas, teniendo la avicultura nacional un costo superior en alrededor del 64.8% con
relación a la avicultura norteamericana.
3. En caso de
desaparecer la avicultura nacional, se crearía un caos para toda la cadena alimenticia
nacional, creándose un vacío que sería llenado por competidores internacionales que
impondrían sus precios, calidades y condiciones, mismos que repercutirían en todos los
eslabones de la cadena, golpeando severamente al consumidor mexicano, sin contar con la
pérdida de soberanía alimentaria en un alimento tan importante en la dieta del
consumidor mexicano (en lo poco que le queda para comer al pueblo).
4. Un efecto
fundamental que se produciría con la entrada sin aranceles de diversos tipos de productos
avícolas procedentes de EUA al país a principios del año próximo, sería la amenaza de
desempleo que se produciría en la cadena productiva nacional. Con la entrada irrestricta
de productos pecuarios norteamericanos se estaría amenazado el empleo de 120 mil
trabajadores.
5. Ante la
necesidad de reorientar las políticas de promoción y fomento aplicables al sector
agropecuario, se requiere fortalecer una nueva institucionalidad avícola. Es decir,
nuevas relaciones entre el gobierno y los productores, entre los niveles de gobierno,
entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, una nueva legislación y una reorientación de
las atribuciones, responsabilidades y recursos para el desarrollo avícola, fomentando la
creación de instituciones especializadas.
6. La iniciativa
de Ley de Promoción a la Avicultura Nacional, presentada en el mes de noviembre del año
pasado, se concibe como un instrumento dinamizador de los agentes que intervienen en el
sector, proporcionando un marco para la definición de los ámbitos de competencia
federal, estatal, municipal y de los productores, para eficientar la gestión pública a
partir de las normas, ámbitos de acción y condiciones generales para la planeación,
fomento y gestión del desarrollo avícola.
7. La iniciativa
busca otorgar mayores atribuciones de fomento en materia avícola a los productores,
precisando el establecimiento de relaciones gubernamentales basadas en la concurrencia,
coordinación y solidaridad para la solución de los problemas del sector.
8. En esencia,
la iniciativa busca fomentar al sector avícola, por medio de la promoción del aumento
del consumo por persona de huevo y de pollo, permitiendo así elevar la competitividad de
los productores y de esta manera reducir aún más los precios de los productos avícolas,
lo que permitirá hacer llegar a más mexicanos huevo, pollo y pavo de alta calidad a
precios accesibles, con un abasto adecuado, oportuno y productos de alta calidad en
beneficio del consumidor, a la vez que esto permitirá prepararse para la apertura
comercial inminente. Asimismo, esta iniciativa tiene como fin el fomento e impulso a las
exportaciones de productos avícolas, ampliar los mercados nacionales e internacionales.
9. Frente a la
liberalización agropecuaria que se convierte en un hecho para principios del próximo
año, se hace necesario definir claramente los apoyos que le debemos a nuestros
productores nacionales.
10. La
incapacidad mostrada por la actual Legislatura para dar salida de manera pertinente y
puntual a las diversas iniciativas presentadas por las fracciones que comprenden la
Cámara de Diputados, no sólo produce un desfasamiento entre las necesidades de las
actividades productivas y de la gente con la velocidad con que las diferentes comisiones
dictaminan las diversas iniciativas presentadas por los diputados, sino también refleja
dicho desfase cierta incapacidad de esta legislatura para cumplir la función que tiene
asignada por la Constitución.
Por lo anterior,
y en términos del artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso de la Unión, solicito respetuosamente lo siguiente:
Unico. Se envíe excitativa a las comisiones de
Agricultura y Ganadería, y Especial de Ganadería para que emitan el dictamen respecto de
la iniciativa presentada el 27 de noviembre por la suscrita y que les fue turnada en la
misma fecha.
Muchas gracias.
México, D.F., a
15 de octubre de 2002.— Diputada Petra Santos
Ortiz.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señora
diputada.
De conformidad con lo que establece el artículo 21
fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, se excita a las comisiones de Agricultura y Ganadería y Especial de
Ganadería, para que emitan el dictamen correspondiente.
El diputado
Jaime Martínez Veloz ha solicitado se posponga para próxima sesión la excitativa que
tenía registrada.
El diputado
Esteban Daniel Martínez Enríquez, ha solicitado se posponga para la siguiente sesión la
excitativa que tenía registrada.
El diputado
Francisco Patiño Cardona ha solicitado se posponga para la siguiente sesión la
excitativa que tenía registrada.
TRABAJO
INFANTIL
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
En consecuencia,
se ofrece el uso de la palabra a la diputada Adela del Carmen Graniel Campos, del grupo
parlamentario del PRD, para presentar una excitativa a la Comisión de Atención a Grupos
Vulnerables.
La diputada Adela del Carmen Graniel
Campos:
Con el permiso
de la Presidencia; honorable Asamblea:
La ocupación
laboral de menores pone con frecuencia en peligro las oportunidades que tienen los niños
para llegar a ser personas plenamente productivas y útiles a la sociedad. No obstante, se
pueden hacer procesos para su eliminación, a condición de que exista una voluntad
política y social para oponerse a ella.
Urge apartar de
inmediato de estas situaciones a las niñas y niños que ya se encuentran en ellas y a
garantizar que su alejamiento sea duradero.
Los niños
menores de 14 años de edad no deberían tener que ejercer una actividad económica. La
infancia es un periodo de la vida que en ellos no debería estar dedicado al trabajo sino
a la educación y a la formación. Es necesario proteger a los niños de la explotación
económica y de todo trabajo susceptible de comprometer su educación o de poner en
peligro su salud o bienestar.
El tráfico de
niños con fines de empleo en fábricas, en casas particulares o con fines de
prostitución, pornografía y otras actividades ilegales, no cesa de extenderse. Se hace
necesaria la protección de los niños que trabajan, esto es, las acciones destinadas a
mejorar sus condiciones de trabajo o a proporcionarles diversos servicios, por ejemplo en
materia de salud, educación, alojamiento, alimentación y recreo.
Con lo anterior
se pretende sensibilizar a las y los legisladores de todos los partidos, para que las
niñas, niños y adolescentes en condiciones de desventaja social tengan acceso a los
servicios de salud de manera gratuita, además de que sería bien recibido por las
organizaciones altruistas, filantrópicas, de beneficencia, no gubernamentales y por toda
la sociedad.
CONSIDERACIONES
El pasado 17 de
abril de 2001, la de la voz acudió a esta tribuna para presentar una iniciativa de
decreto que reforma y adiciona la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, para que se proporcionen servicios de salud gratuitos a los niños,
niñas y adolescentes que se encuentran en condiciones de desventaja social, especialmente
a los trabajadores agrícolas, de la calle y del sector informal de la economía.
Desde que se
presentó la iniciativa en cuestión ha transcurrido en exceso el plazo que concede el
artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos
Mexicanos, para que las comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y Justicia y Derechos
Humanos presenten su dictamen en los negocios de su competencia.
Por lo antes
expuesto y fundado, solicito a la Presidencia dé trámite inmediato a la siguiente
proposición:
Unico. Con fundamento en los términos del
artículo 21 fracción XVI y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, turne la presente excitativa a las comisiones de
Atención a Grupos Vulnerables y Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados
para que inicie el anteproyecto de dictamen con objeto de que dicha resolución sea
presentada ante el pleno.
Por su
atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señora
diputada.
De conformidad con lo que establece el artículo 21
fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, se realiza excitativa a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y
de Atención a Grupos Vulnerables para que emitan el dictamen correspondiente.
Deseo informar
al honorable pleno, a efecto de que puedan tomar sus previsiones, que la sesión se
levantará a las 4:00 de la tarde en virtud de que hay comparecencia en el Salón Verde,
de la Secretaria de Desarrollo Social y muchos compañeros nos han indicado que desean
asistir a ello.
JUICIO
DE AMPARO
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra
el diputado David Augusto Sotelo Rosas, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática para presentar una excitativa a las comisiones de Puntos
Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos.
El diputado David Augusto Sotelo
Rosas:
Ciudadana
Presidenta de esta Cámara:
El suscrito, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 fracción XVI y demás relativas del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
solicito atenta y respetuosamente de esta Presidencia tenga a bien formular excitativa a
las comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos para que a la
brevedad posible dictamine para su presentación en el pleno de esta Cámara, la
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 107 fracción II de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 76, 135 y 145 de la Ley de
Amparo y se adicionen los artículos 19-bis y 121-bis a la Ley de Amparo, al tenor de los
siguientes antecedentes:
El día 3 de
octubre del año 2000, se presentó a nombre del suscrito la iniciativa citada en el
epígrafe con objeto de abrogar la relatividad de la sentencia en el juicio de amparo
denominado por la doctrina como "Fórmula Otero".
El Presidente de
la Cámara turnó la iniciativa a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia
y Derechos Humanos para que emitieran el dictamen correspondiente.
En razón de lo
anterior se expresan las siguientes
CONSIDERACIONES
Primero. La
relatividad de la sentencia de amparo se expresa en que sólo se ocupa de las personas
promoventes del recurso limitándose a ampararlos y protegerlos y sin hacer ninguna
declaración general de la ley o acto que motive el juicio.
Segundo. Este
principio no puede seguir sosteniéndose. El orden jurídico nacional no puede permitir
que se siga arrastrando una figura decimonónica que contraria a los principios generales
del derecho y que hace nugatorios los derechos del hombre y del ciudadano, elementales a
cualquier Estado de Derecho.
Una norma no
puede ser inconstitucional para un individuo y al mismo tiempo tener validez y aplicación
para otros.
Tercero. La
injusticia que comete la susodicha fórmula consiste en que sólo aprovecha al promovente,
excluyendo a todos los demás; ello viola el principio del control de la
constitucionalidad, pues en la realidad una norma secundaria tendría un ámbito de
validez derogatorio de la norma constitucional.
Cuarto. También
hace inoperante la igualdad de los hombres ante la ley, pues sólo aprovecha a quien
interpone el recurso; asimismo es fuente de constantes violaciones y atropellos por parte
de la autoridad, pues se aplican leyes y/o se realizan actos señalados como
inconstitucionales.
Quinto. La
tutela constitucional es nugatoria si la protección y amparo sólo benefician a uno o
varios individuos y no a la generalidad de quienes componen la sociedad, porque si bien es
cierto que existe el derecho subjetivo de acudir a la tutela jurisdiccional, en la
realidad sólo muy pocos individuos recurren a los actos y/o leyes violatorias de sus
garantías.
Sexto. Ahora
bien, si el tribunal encargado de decir el derecho considera inconstitucional un acto de
autoridad o una ley sobre un individuo, lógicamente se desprende que lo es para todos los
demás que se encuentran en los mismos supuestos y con las mismas características de la
especie.
Séptimo. La
sentencia de amparo cuyo contenido sea de efectos generales ayuda y fortalece el principio
de división de poderes, porque al mismo tiempo que coadyuva con el Poder Legislativo a
ponderar su actuación como órgano generador de las normas, defiende y tutela la norma
fundamental.
Octavo. Si los
tribunales declaran la inconstitucionalidad de una ley o acto de autoridad, se colige que
ambos están afectando las normas que rigen para todos los ciudadanos, por tanto, los
efectos de la sentencia deben ser a tal punto generales a fin de que el gobernado tenga la
garantía no sólo de tutela jurídica, sino constitucional de sus derechos.
Noveno. En
virtud de que han transcurrido más de dos años, superando el término que establece el
artículo 87 del Reglamento correspondiente para que las comisiones en cita emitan el
dictamen de esta iniciativa presentada el 3 de octubre de 2000, comparezco ante ustedes
solicitando que la Presidencia formule excitativa a las comisiones que han quedado
mencionadas líneas arriba, a efecto de que dictaminen sobre la iniciativa motivo de este
libelo.
Por lo antes
expuesto y fundado, a usted señora Presidenta de esta Cámara, muy atentamente pido se
sirva:
Unico. En los términos de los antecedentes y
consideraciones y postulados, así como los diversos legales que se invocan, se sirva
excitar a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos, para
que presenten dictamen correspondiente a la iniciativa que motiva esta solicitud.
Protesto lo
necesario.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor
diputado.
De conformidad con lo que establece el artículo 21
fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, se realiza excitativa a las comisiones de Puntos Constitucionales y de
Justicia y Derechos Humanos, para que emitan el dictamen correspondiente.
MEDIO
AMBIENTE
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra
la diputada Adela del Carmen Graniel Campos, del grupo parlamentario del PRD, para
presentar una excitativa a las comisiones de Salud, Medio Ambiente y Recursos Naturales y
de Desarrollo Rural.
La diputada Adela del Carmen Graniel
Campos:
Con su permiso,
señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
CONSIDERACIONES
Primera. Que la
problemática ambiental y el deterioro ecológico han trascendido a nivel internacional y
con ello distintas legislaciones han sufrido modificaciones con el fin de lograr el
equilibrio ecológico. El deterioro ecológico que se ha vivido en los últimos 20 años
ha enseñado al mundo que una crisis puede manifestarse en cualquier organización, sea
grande o pequeña, pública o privada, con o sin aviso alguno y en cualquier parte.
La legislación
debe defender los ecosistemas garantizando su vitalidad y la de las poblaciones que viven
en relación con ellos. Es necesario obtener de los estados, gobiernos y empresarios
privados, el estricto cumplimiento de las leyes y la reparación de los daños ocasionados
a las comunidades y a los ecosistemas, así como detener la expansión de las actividades
económicas industriales inapropiadas en ecosistemas, por considerarlas destructivas y
contaminantes.
Que existen
graves daños a la salud de la población de muchos mexicanos y mexicanas, principalmente
de comunidades pobres, debido al deterioro ecológico que no se han determinado que
provoca empresas particulares y públicas, donde los grupos más expuestos son las mujeres
y los niños.
Es necesario
pensar en la pertinencia de que se exija un impuesto a las empresas privadas y que se
destine a proyectos productivos en las zonas afectadas, proyectos que sean sustentables y
planeados de manera participativa con las comunidades afectadas y también es necesario
que el Estado como promotor del desarrollo, genera las condiciones que la gente en todo
país requiere para que puedan equilibrarse los niveles de desarrollo y bienestar en su
conjunto y que exija la corresponsabilidad de las empresas particulares que afectan la
salud y el ecosistema de las comunidades.
Con base en
estas consideraciones, propuse adiciones a distintas leyes, siendo éstas:
a) La Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se le adicione al
artículo 34 un párrafo sexto.
b) La Ley
General de Salud, se adicione el artículo 119-bis, y
c) La Ley de
Desarrollo Rural Sustentable, se adicione el artículo 4o.-bis.
La propuesta fue
presentada el día martes 9 de abril del año en curso, toda vez que ha transcurrido el
periodo a que se refiera al artículo 87 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, sin que hayan emitido hasta la fecha ningún
dictamen ni pronunciamiento, las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales de
Desarrollo Rural y de Salud.
Suscribiendo la
presente con fundamento en lo que disponen las fracciones III y XVI del artículo 21 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, solicito a esta Presidencia se sirva
excitar a las comisiones mencionadas, a fin de que emitan un dictamen respecto del asunto
mencionado.
Por su
atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señora
diputada.
De conformidad con lo que establece
el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, se realiza excitativa a las comisiones de Salud,
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Desarrollo Rural para que emitan el dictamen
correspondiente.
PODER
LEGISLATIVO
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Para presentar
una excitativa a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, se ofrece el uso de la
palabra al diputado Rufino Rodríguez Cabrera del grupo parlamentario del PRD.
El diputado Rufino Rodríguez Cabrera:
Gracias, señora
Presidenta, con su permiso:
Con fundamento
en lo dispuesto en el artículo 21 fracción XVI y por las disposiciones contenidas en el
artículo 87 y demás relativos de Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente de esta Presidencia,
tenga a bien formular una excitativa a las comisiones de Puntos Constitucionales y de
Gobernación y Seguridad Pública para que a la brevedad posible dictaminen, para su
presentación en el pleno de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto que
reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos que comprenden el artículo 52, el segundo párrafo del artículo 53, el
artículo 54 párrafo primero y en sus fracciones I, II y III; el segundo párrafo de la
fracción III del artículo 55 y el segundo párrafo del artículo 56.
El 27 de
noviembre del año 2001, el que suscribe presentó la iniciativa con proyecto de decreto
que pretende la reforma de los artículos constitucionales mencionados anteriormente. En
esa misma fecha esta iniciativa fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva a las
comisiones de Puntos Constitucionales y a la de Gobernación y Seguridad Pública, para su
correspondiente dictamen, el cual pese a haber transcurrido casi un año de la
presentación de dicha propuesta, aún no ha sido elaborado.
Quiero enumerar
ahora algunas consideraciones con relación a esta iniciativa:
Primera: esta
propuesta gira en torno a la conveniencia de instituir la figura de las candidaturas de
prelación en nuestro marco constitucional, situación que modificaría una de las formas
de acceso a los cargos legislativos a que tengan derecho los diferentes partidos
políticos para acceder al Congreso de la Unión, bajo el principio de la representación
proporcional.
Como es
conocido, el sistema de prelación establece que los candidatos registrados por los
partidos políticos como integrantes de una fórmula de mayoría relativa, deben ser los
mismos que sean considerados como candidatos de representación proporcional en las
diferentes circunscripciones.
Así las cosas,
los contendientes que por cada partido hayan obtenido un mayor porcentaje de votos en sus
correspondientes demarcaciones distritales, serán quienes tengan la posibilidad de ocupar
un escaño legislativo a través de la vía de la representación proporcional.
Segunda: el
instituir el sistema de prelación estimularía la competitividad entre los candidatos
registrados y tal situación llevaría implícito el mejoramiento del sistema de partidos
y el fortalecimiento del principio de la representación proporcional como fundamento de
la democracia propia de los sistemas electorales modernos.
Tercera: la
naturaleza de la iniciativa que motiva la presente, hace obligado referirnos a dos
aspectos relacionados al caso concreto. El primero de ellos contenido en el inciso f de la fracción II del artículo 105
constitucional, disposición que establece el mandato de no efectuar cambios fundamentales
a la legislación electoral, al menos 90 días antes de iniciarse el proceso electoral en
que dicha legislación vaya a aplicarse.
El segundo
aspecto sobre el inicio del proceso electoral del año 2003, que de acuerdo con el Cofipe
comenzó junto con el presente mes de octubre.
En atención a
lo anterior, cabe recordar que la propuesta de reforma que es objeto de la presente
excitativa, no pretende cambios al Cofipe, por lo que no se vulneraría el mandato
contenido en la fracción II del artículo 105, aunado a que evidentemente el sistema de
prelación de candidaturas propuesto en la iniciativa de mérito, no podrá ser aplicado
para el proceso electoral del año próximo.
Todo lo
anterior, sumado a las razones planteadas en la exposición de motivos de la iniciativa de
la reforma constitucional, materia de la presente, consolidan la pertinencia de la
iniciativa en mención.
Por lo propuesto
y considerando el hecho de que ha transcurrido en exceso el término de cinco días,
señalado por el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, para que se emita el dictamen sobre la iniciativa
presentada, a esta Presidencia de la Mesa Directiva, atentamente pido
Unico. Que con fundamento en el artículo 21
fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, se sirva excitar a las comisiones de Puntos Constitucionales y de
Gobernación y Seguridad Pública, que a tal efecto dictaminen la iniciativa en
referencia.
Muchísimas
gracias por su atención, compañeros directivos y la Mesa Directiva.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor
diputado.
De conformidad con lo que establece
el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, se realice excitativa a las comisiones de Puntos
Constitucionales y de Gobernación y Seguridad Pública, para que emitan el dictamen
correspondiente.
ARTICULO
4o. CONSTITUCIONAL
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra
el diputado Pedro Miguel Rosaldo Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, para presentar una excitativa a la Comisión de Puntos
Constitucionales.
El diputado Pedro Miguel Rosaldo
Salazar:
Gracias, señora
diputada Presidenta; compañeras diputadas y diputados:
Los derechos y
las garantías sociales que nuestra Constitución Política ha incorporado antes que
ninguna otra legislación, no son fruto de ocurrencias, de afanes declarativos o
expresión de buenas intenciones, sino que se trata de caracterizar las prioridades que
como nación tiene México, producto de una realidad de desigualdad y pobreza, que ha
acompañado a nuestro país desde su más primaria existencia y que en los últimos
tiempos ha tendido a exacerbarse, por la implementación a rajatabla de una política
económica, que sirve a la gran empresa transnacional, que opera en detrimento de la
satisfacción de las necesidades básicas de la mayoría de la población.
Desprender de lo
privado la atención de las necesidades primarias que son comunes a todos, es la razón
del nacimiento de los derechos sociales como ámbito autónomo del derecho, haciéndose
especial hincapié con ello, en la responsabilidad del Estado en estas áreas, en
particular, donde el lucro, la ganancia y la rentabilidad privada, ceden su paso hacia la
satisfacción sin distingo de esas necesidades por parte de todos.
La justicia
distributiva se ejecuta a través de reconocimiento de estos derechos, como un mecanismo
para compensar y atenuar las desigualdades, que son fruto de las políticas públicas, que
no cumplen su principal razón de ser.
El promover ante
esta Cámara de Diputados el derecho a la alimentación, es una acción afirmativa, ya que
buscamos que de ahí se deriven políticas públicas concretas para atender el problema de
la desnutrición de las y los mexicanos, por lo que precisamos que el Estado debe proveer
lo necesario para garantizar el pleno ejercicio de este derecho.
El Partido de la
Revolución Democrática es pionero en esta solicitud y ya desde el año de 1994,
presentamos ante esta soberanía una iniciativa de reformas al artículo 4o., en el que
buscando concordancia con el ya ratificado Pacto Internacional Sobre los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, se estableciera el derecho a la
alimentación.
Para abundar en
esta necesaria reforma, es preciso recordar la condición de México como país pobre y
que nuestro reto desde ahora en la globalidad, es precisamente atacar la marginación en
la que viven más de 60 millones de mexicanos. Según datos de la FAO, el 40% de los
mexicanos padece desnutrición, situación que se agrava en más del doble para nuestra
población indígena.
Es por lo
anterior expuesto, que consideramos que elevar a rango constitucional el derecho de toda
persona a la alimentación, es una prioridad que debemos asumir para procurar que los
derechos en este país se cumplan.
Como lo marcamos
en su momento con la iniciativa de decreto que pretende agregar un párrafo cuarto al
artículo 4o. constitucional, para quedar como sigue
“Artículo
4o. párrafo cuarto. Toda persona tiene derecho a la alimentación que le permita un
desarrollo integral adecuado a su edad y condiciones especiales. El Estado proveerá lo
necesario para garantizar el ejercicio de este derecho.”
Consideramos de
gran importancia se dictamine la iniciativa con proyecto de decreto, la cual fue
presentada el 6 de noviembre de 2001 ante el pleno de esta Cámara de Diputados y turnada
a la Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen, toda vez que ha
transcurrido el periodo a que se refiere el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sin que hasta el momento se
haya emitido ningún dictamen o pronunciamiento de la comisión correspondiente.
Quien suscribe
la presente, con fundamento en lo que disponen las fracciones III y XVI del artículo 21
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, solicitamos a esta Presidencia se
sirva excitar a la Comisión de Puntos Constitucionales, a fin de que emita un dictamen
respecto al asunto mencionado.
Es cuanto,
señora Presidenta. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor
diputado.
De conformidad con lo que establece el artículo 21
fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, se realiza una excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para
que emita el dictamen correspondiente.
ANA
GABRIELA GUEVARA ESPINOZA
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Queremos
informarles a los integrantes de este pleno y rogarles a los compañeros legisladores que
están saludando a nuestra homenajeada, que pudieran permitir el saludo de los
legisladores que nos encontramos en este recinto, a Ana Gabriela Guevara, a quien le
reiteramos el reconocimiento de esta legislatura.
Felicidades y
gracias por enorgullecer a México.
TABAQUISMO
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Continuando con
la sesión, se ofrece el uso de la palabra a la diputada Adela del Carmen Graniel Campos,
para presentar una excitativa a la Comisión de Salud.
La diputada Adela del Carmen Graniel
Campos:
Con su permiso,
señora Presidenta; honorable Asamblea:
El programa
contra el tabaquismo comprende las acciones de prevención y tratamiento de padecimientos
originados por el mismo. La educación sobre los efectos de éste en la salud, dirigida
especialmente a la familia, niños, adolescentes a través de métodos individuales
colectivos o de comunicación masiva, incluyendo la orientación a la población para que
se abstenga de fumar en lugares públicos y la promoción y organización de servicios de
orientación y atención a fumadores que deseen abandonar el hábito.
Recordemos que
fumar aumenta el riesgo de padecer cáncer del pulmón y de muchos otros tipos de cáncer,
riesgos de infecciones en el sistema respiratorio inferior como la pulmonía y la
bronquitis.
De acuerdo con
la encuesta nacional de adicciones, el 25% de los mexicanos mayores de 10 años, tiene
dependencia al tabaco, lo que ubica a esta sustancia nociva como la más utilizada en
México. A causa de esto, es que uno de cada 10 fallecimientos diarios es a consecuencia
de enfermedades relacionadas estrechamente con el consumo de nicotina.
La afición al
cigarro en México llega a extremos tan alarmantes que se calcula que un millón de
morbilidad añadida, discapacidad y mayor demanda de atención médica.
Por lo
anteriormente expuesto la propuesta planteó la reforma y adición a los siguientes
artículos de la Ley General de Salud, 276, 309, 420, 421, 277, 277-bis, 308 y el
artículo 309-bis. El presente proyecto fue presentado el miércoles 3 de julio del año
en curso en la sesión de la Comisión Permanente.
Toda vez que ha
transcurrido el periodo a que se refiere el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sin que se haya emitido
hasta la fecha ningún dictamen ni pronunciamiento alguno por parte de la Comisión de
Salud.
Quienes
suscribimos la presente con fundamento en lo que disponen las fracciones III y XVI del
artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, solicitamos a esta
Presidencia se sirva excitar a la comisión mencionada a fin de que emita un dictamen
respecto del asunto mencionado.
Signan la
presente excitativa el diputado Luis Miguel Barbosa Huerta y la de la voz, Adela del
Carmen Graniel Campos.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señora
diputada.
De conformidad con lo que establece
el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, se realiza excitativa a la Comisión de Salud,
para que emita el dictamen correspondiente.
TOLERANCIA
RELIGIOSA
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra
el diputado Sergio Acosta Salazar, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una
excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.
El diputado Sergio Acosta Salazar:
Gracias. Señora
Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
El suscrito,
diputado de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto
en el artículo 21de la fracción XVI y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente de esta
Presidencia tenga a bien formular excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, a
efecto de que se dictamine a la brevedad posible para su presentación al pleno de este
órgano legislativo, la iniciativa de decreto referente al fomento de la tolerancia
religiosa y libertad de conciencia, el ejercicio de la libertad de conciencia y la
eliminación de toda forma de intolerancia y discriminación basada en las creencias o
convicciones religiosas.
Iniciativa
presentada el día 26 de abril del 2001. La iniciativa de decreto referente al fomento de
la tolerancia religiosa, el ejercicio de la libertad de conciencia.
La excitativa se
basa en los siguiente motivos: hoy día uno de los asuntos pendientes en las discusiones
de los órganos legislativos es el que se refiere al tema de la tolerancia religiosa en
nuestro país. La resolución positiva a este tema se hace necesaria para así consolidar
el cambio democrático en el sistema de gobierno.
Las
transformaciones sociales que se están dando en el mundo implican toda una serie de
reflexiones encaminadas a superar formas de relación en las distintas sociedades. Se debe
enfatizar en la búsqueda y el desarrollo de los sentimientos de la tolerancia,
reconocimiento entre las personas, pueblos y las religiones.
La UNESCO, en la
28a. Conferencia General, hizo pública una declaración de principios sobre la tolerancia
que decía que ésta debía estar presente también en la política y en la justicia,
además en el individuo y en su semejante.
Actualmente,
podemos decir que hay los siguientes tipos de tolerancia: tolerancia racial; el individuo
convive y se respeta con otros individuos de otras razas. El racismo es la intolerancia
racial.
Tolerancia
sexual; el individuo convive y se respeta con otros individuos del sexo opuesto. El
machismo y el feminismo pueden ser formas de intolerancia sexual.
Tolerancia
étnica; el individuo convive y se respeta con individuos extranjeros de otras culturas o
de otros pueblos. La xenofobia es la intolerancia étnica.
Tolerancia de
ideales; el individuo convive y se respeta con otros individuos de pensamiento, ideales o
principios diferentes. La derecha e izquierda extrema suelen ser intolerancias.
Tolerancia
social; el individuo convive y se respeta con otros individuos de distintas clases
sociales. El clasismo es la intolerancia social.
Pero la que nos
obliga a apelar a su tolerancia y a su humanidad es la tolerancia religiosa, que es donde
el individuo convive y se respeta con otros individuos de distintas creencias o
religiones. Se hace necesario crear nuevas formas de convivencia entre los pueblos y
naciones, con sus diferentes creencias que hoy sobrepasan las fronteras territoriales.
La tolerancia no
debe ser vista como un soportar el actuar de la gente, que es ajeno a las mayorías, sino
debe de ser vista como una integración, es decir, el reconocer al otro con su cultura, su
color, su lengua, su religión, reconociendo su diferencia y su igualdad, ya que se trata
de un ser humano.
En estos tiempos
es indispensable profundizar en la cultura de la hermandad y la solidaridad humana como
único camino posible para una convivencia plural.
No podemos
hablar de un país democrático, de avances en las distintas naciones, sin abordar el tema
de la tolerancia. La tolerancia en cada espacio de la vida del ser humano, su libertad de
creer, de pensar, de sentir o de ser.
Compartir las
ideas intolerantes, intransigentes, no beneficia en nada; al contrario, desintegran e
invitan a la confrontación.
Creemos en la
necesidad de aceptar las diferencias de credos religiosos, de afinidades sexuales, de
razas etcétera. Podemos ser diferentes, pero todos debemos tener los mismos derechos.
Toda vez que ha
transcurrido el periodo al que se refiere el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sin que se haya emitido
hasta la fecha ningún dictamen ni pronunciamiento alguno por parte de la Comisión de
Puntos Constitucionales, quien suscribe la presente, con fundamento en lo que dispone la
fracción III y fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso, solicito a esta Presidencia se sirva excitar a las comisiones mencionadas a
fin de que emitan un dictamen respecto del asunto mencionado en cuanto a la iniciativa de
tolerancia religiosa, libertad de conciencia, lo que se conoce como crímenes de odio.
Gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor
diputado.
De conformidad con lo que establece el artículo 21
fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, se realiza una excitativa a la Comisión de Gobernación y Seguridad
Pública para que emita el dictamen correspondiente.
Nos han
informado que la iniciativa a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia y
Derechos Humanos que había registrado el diputado Tomás Torres Mercado, se solicita se
posponga para una próxima sesión.
DISCRIMINACION
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra
la diputada Hortensia Aragón Castillo, para presentar una excitativa a la Comisión de
Puntos Constitucionales.
La diputada Hortensia Aragón
Castillo:
Gracias, señor
Presidenta.
Con fecha 6 de
septiembre del año 2001 presenté ante este pleno la iniciativa que reforma el artículo
10 constitucional para acrecentar y puntualizar la obligación del Estado de garantizar el
ejercicio pleno del derecho a la no discriminación.
La mencionada
iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión de Puntos
Constitucionales, sin que hasta la fecha se haya presentado ante este pleno el dictamen
respectivo.
Considerando el
mosaico de minorías de las que está compuesta nuestra sociedad, se demuestra
impostergable puntualizar y acrecentar la protección contra la discriminación que el
Estado está obligado a brindar a sus habitantes, transformando así el actual tercer
párrafo de nuestra Constitución convirtiéndolo en una disposición que refleje la
realidad nacional.
Si bien tanto al
momento de la presentación de la iniciativa como ahora, reconocemos el avance logrado al
integrar a nuestra Carta Magna la prohibición de la discriminación, debemos admitir que
la actual redacción del mencionado tercer párrafo se muestra en sí misma excluyente.
Las libertades y
el ejercicio pleno de los derechos son un renglón constantemente amenazado, dadas las
construcciones culturales que prevalecen en nuestro país, siendo nuestra obligación
crear un marco normativo propicio para la reversión y erradicación de las posturas
discriminatorias.
Esto es,
consideramos que corresponde a nuestros tiempos pasar del concepto de la tolerancia en la
cual de alguna manera se entiende que soportamos que los otros existan como minorías,
pasar de ese momento de la tolerancia a un estadio superior que implica la solidaridad con
las mino- rías. Esto es, la construcción de los espacios de la inclusión y estos
espacios de inclusión no se dan reduciéndose al concepto íntimo de tolerancia, sino
precisamente construyendo las rampas culturales que permiten el acceso de las minorías a
esta sociedad, a este Estado de Derecho.
Por lo antes
expuesto y en virtud de la importancia que reviste contar con un Estado de Derecho que
atienda efectivamente las diferencias de las que se conforma nuestra sociedad protegiendo
a todo habitante de cualquier forma de discriminación, solicito a la Presidencia de la
Cámara de Diputados de este honorable Congreso de la Unión, se sirva
Primero. En los
términos del artículo 21 fracción XVI del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, sea girada la excitativa pertinente a la
Comisión de Puntos Constitucionales para que presente al pleno el dictamen
correspondiente a la iniciativa que reforma el artículo 1o. constitucional que tuve
oportunidad de presentar desde el jueves 6 de septiembre del año 2001.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias,
diputada.
De conformidad con lo que establece
el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, se realiza excitativa a la Comisión de Puntos
Constitucionales para que emita el dictamen correspondiente.
LEY
FEDERAL DE FIRMA Y COMERCIO ELECTRONICOS, MENSAJES DE DATOS Y SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE
INFORMACION
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra
el diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, para presentar una excitativa a las comisiones de Gobernación y
Seguridad Pública, de Comercio y Fomento Industrial y de Hacienda y Crédito Público.
El diputado Luis Miguel Gerónimo
Barbosa Huerta:
Gracias,
señora.
Habíamos dicho
en la sesión pasada, cuando el PRD listó 17 excitativas y hoy lista más de las 17, que
el objetivo era dejar constancia que en este año, en este tercer año de la LVIII
Legislatura, deberíamos tener presente que es el año de la dictaminación.
El primero y
segundo fueron de las propuestas. El grupo parlamentario del PRD ha presentado más de 200
iniciativas y un mayor número de puntos de acuerdo que tienen qué ver con los diferentes
asuntos de la vida nacional. Tengo preparado este documento sobre una iniciativa que no
tiene nada de ideológico, es una iniciativa mediante la cual se expide la Ley Federal de
Firma y Comercio Electrónicos, Mensaje de Datos y Servicios de la Sociedad de
Información, la ley Internet.
Hemos planteado
que México vivió por mucho tiempo un sistema de control al Poder Legislativo que nos
llevó al atraso en esta materia. La obligación de esta LVIII Legislatura fue llevar a
México a acompañar o a alcanzar a otros países donde existen temas que ya fueron
debatidos hace varias décadas. Es decir, llevar a México a la modernidad legislativa.
El objetivo de
las iniciativas ha sido introducir los temas en la agenda nacional y cuando hoy
presentamos estas excitativas queremos reclamar, lo digo claramente, el interés de las
compañeras y de los compañeros legisladores.
Yo sigo
lamentando que este interés se esté agotando en el inicio de este tercer año de la
legislatura. Un pleno totalmente vacío así lo indica. Yo veo como 10 diputados
priístas, uno que otro parado por ahí que hace valer su presencia. Muy pocos del PAN.
Otros tantos del PRD.
Y yo también
quiero, además de presentar esta excitativa a la Comisión de Gobernación y Seguridad
Pública, excitar a los órganos de esta Cámara, a esta Mesa Directiva, para que hagan
algo. No podemos dar esta mala muestra del interés que las diputadas y los diputados
tienen sobre los trabajos que constitucionalmente les corresponde.
Lo hago con
mucho respeto, pero quiero recalcar este asunto. Este año es del máximo interés,
debería ser del máximo interés para todos. Previo a un año electoral, ya en un proceso
iniciado, tendríamos que estar dando muestra a la nación de lo que debemos hacer con los
instrumentos legales que planteamos. Ahí está esta ley, la ley del Internet, es una ley
técnica que nos pondría, de aprobarla, al nivel de países como España, que son los
únicos en Europa, España es el primero que tiene una ley de esta naturaleza. La
presenté en el pleno de la Comisión Permanente del segundo receso del segundo año
legislativo y ojalá y reciba el interés de los grupos parlamentarios, para que podamos
alcanzar la modernidad legislativa que tanto necesita nuestra economía, necesita nuestra
política y necesita en conjunto nuestra sociedad.
Señora
Presidenta, haga algo para que este pleno recupere su naturaleza de asamblea nacional,
haga algo por el bien de nosotros y haga algo por el bien de México.
Gracias.
«Excitativa a
la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, para
dictaminar la iniciativa de decreto que expide la Ley Federal de Firma y Comercio
Electrónicos, Mensajes de Datos y Servicios de la Sociedad de Información.
La expansión de
las redes de información es un extraordinario desafío para nuestra sociedad y constituye
también la mayor opción de desarrollo de este siglo. Ofrece al ser humano nuevos medios
de expresión, comunicación, formación, acceso al saber y a las riquezas culturales y
materiales. Internet puede facilitar una participación más activa en la vida social y
cultural al tiempo que permitirá acceder a un mayor número de opciones en cuanto a
bienes y servicios. Las tecnologías de la información son desde ahora esenciales para el
desarrollo de cualquier economía. Con la intensificación de la competencia mundial, el
comercio y los intercambios electrónicos se sitúan ahora en el centro de la
competitividad mundial.
Para el
ciudadano y la ciudadana la introducción de los productos y servicios relacionados con
las tecnologías de la información y comunicación en sus actividades cotidianas es
asombrosa. De dicha penetración surgen nuevas formas de organización económica y social
que ya no se estructuran en función de los límites geográficos, sino alrededor de redes
de telecomunicaciones o telepuertos, adquiriendo una singular importancia el teletrabajo.
En virtud de
estas transformaciones, está emergiendo una nueva economía, que alternativamente
también se le ha denominado sociedad de la información o del conocimiento. Se trata de
un sistema económico y social donde la generación, procesamiento y distribución de
conocimiento e información constituyen la fuente fundamental de productividad, bienestar
y poder.
La revolución
digital es, pues, ya, una realidad que exige ser afrontada de inmediato, buscando y
motivando una suficiente derrama de inversión para su desarrollo y legislando un marco
jurídico seguro tanto para los proveedores de servicios como para los usuarios. En
efecto, uno de los factores que ha impedido un desarrollo mayor de los servicios de la
sociedad de la información, es la inseguridad al momento de realizar transacciones
electrónicas, debido a un sistema jurídico que no está adecuado para recoger las
exigencias del mismo. La implantación de Internet y las nuevas tecnologías tropiezan con
incertidumbres jurídicas, que es preciso aclarar con el establecimiento de un marco
jurídico adecuado, que genere en todos los actores participantes la confianza necesaria
para el empleo de este nuevo medio.
No obstante, el
vigente marco jurídico mexicano de la materia, comúnmente conocido como la legislación
sobre comercio electrónico, pero que en realidad es un conjunto de diversas y dispersas
disposiciones del Código Civil Federal, del Código Federal de Procedimientos Civiles,
del Código de Comercio y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, está lejos de
constituir instrumento eficaz para propiciar un desarrollo adecuado de la sociedad de la
información en nuestro país. Pero lo que es más grave, con una insuficiente regulación
existe el riesgo de perder una oportunidad única para acortar las diferencias económicas
y tecnológicas con otros países de nuestro entorno.
Por esto, el
objetivo principal de la iniciativa que se somete a esta soberanía consiste en establecer
en nuestro sistema jurídico las garantías jurídicas necesarias para que pueda
potenciarse el desarrollo del comercio electrónico y de los servicios ofrecidos a través
de Internet, instrumentando un marco legal seguro tanto para los proveedores de servicios
como para los usuarios. Desarrollando en un solo ordenamiento las distintas materias, que
cruzan con el fenómeno tecnológico, aún pendientes en el derecho patrio y que ya han
sido abordadas desde hace varios años en otras legislaciones de América. Es decir, firma
y comercio electrónicos, mensajes de datos y servicios de la sociedad de la información.
No hacerlo ahora implicaría desperdiciar oportunidades de ganar competitividad e impulsar
nuestro desarrollo económico.
Por ello
presento excitativa a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara de
Diputados, para dictaminar la iniciativa de decreto que expide la Ley Federal de Firma y
Comercio Electrónicos, Mensajes de Datos y Servicios de la Sociedad de Información.
México, D.F., a
15 de octubre de 2002.— Luis Miguel G. Barbosa
Huerta.»
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Gracias,
diputado Barbosa.
En relación al tema vinculado con
la iniciativa del tema de Internet y de conformidad con lo que establece el artículo 21
fracción VI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, se excita a las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública, de
Comercio y Fomento Industrial y de Hacienda y Crédito Público, para que emitan el
dictamen correspondiente.
Y en relación a
los exhortos verbales del diputado Barbosa, esta Presidencia coincide con su preocupación
y trataremos el tema en reunión de Conferencia, dado que es importante la
coparticipación de los grupos parlamentarios.
ARTICULO
3o. CONSTITUCIONAL
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra
el diputado Elías Martínez Rufino, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, para presentar una excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.
El diputado Elías Martínez Rufino:
Muchas gracias.
Con su venia,
señora Presidenta:
El 9 de
diciembre de 1999 varios diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, a través de la diputada María Rojo, presidenta de la Comisión de Cultura
en la LVII Legislatura, presentaron ante esta honorable Asamblea una iniciativa de decreto
para establecer en nuestra Ley Fundamental el derecho de acceso a la cultura y la
obligación del Estado para regular las industrias culturales.
Dicha iniciativa
pretende concretar y definir claramente la función que el Estado y la ley tienen para con
la cultura, entendida ésta como el factor que conforma la identidad de una nación y que
junto con la educación otorgan al pueblo el impulso creador de una nación en constante
superación, definiendo el desarrollo cultural como una actividad de enorme interés para
el Estado, pues de ello depende el crecimiento nacional.
La iniciativa en
comento pretende sentar las bases para avanzar hacia un marco legal unificado que
cristalice en un futuro no muy lejano en una ley de cultura, superando el estado actual de
la legislación en la materia, caracterizado por la existencia de normatividades dispersas
que respondieron a necesidades y momentos distintos y cuyos fines a veces resultan
contrapuestos, dejando al mismo tiempo importantes vacíos en las legislaturas locales.
A estos
problemas se añade la falta de una política adecuada del actual Gobierno, a los retos de
la producción, preservación y difusión de la cultura nacional, cuya importancia en el
contexto de un mundo globalizado debiera ser fundamental y no lo contrario, como se
expresó en el pasado presupuesto.
Asimismo, la
iniciativa en comento adiciona el párrafo V del artículo 3o. constitucional, que señala
que: la ley protegerá, promoverá e incentivará a las industrias culturales y toda
manifestación cultural, en especial las relacionadas con el arte y las ciencias y
garantizará el libre acceso de todo individuo a las mismas.
Las industrias
culturales constituyen un factor fundamental para la definición del perfil cultural de
los pueblos, su presencia y la velocidad de las innovaciones, su capacidad para influir en
la vida diaria, la derrama económica, sus contenidos y las vías que conducen su
sostenimiento y crecimiento, hacen que el cine, la industria editorial, la televisión, la
radio, la industria musical y las redes electrónicas de comunicación, nos obliguen como
nación a asumir una postura clara ante su desenvolvimiento.
Cuando para su
producción y difusión las industrias culturales se guían por intereses puramente
mercantiles, sin cauces institucionales adecuados a las características y necesidades de
la nación, la saturación de mensajes negativos o ajenos a nuestra identidad y nuestro
aporte a la cultura universal, quedan acallados por el lucro y la masificación, por el
consumo y la confusión, por la expoliación económica y la pérdida del sentido.
Los bienes
culturales son referentes fundamentales para la formación de nuestro pueblo, por eso es
necesario que el Estado tenga una definición al respecto, así como instrumentos e
instituciones que defiendan a nuestros creadores y nuestras industrias culturales ante la
lógica mercantil de la industria del entretenimiento como se acaba de reconocer, el poder
de ese medio de comunicación que por cierto nos impone la globalización.
Dejar esta
discusión para después, implica no sólo ahondar la brecha tecnológica y comercial que
nos separa del camino ya andado por otras naciones y bloques económicos, sino también
dejar en manos de corporaciones mercantiles o de intereses ajenos al nacional el fomento a
los vehículos de comunicación y expresión que predominan en el mundo actual.
Por lo
anteriormente expuesto y preocupados por la falta de rumbo en materia de educación y
cultura del actual Gobierno Federal y con fundamento en el artículo 21 fracción XVI y 87
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, el suscrito solicita a la Presidencia se sirva excitar a la Comisión de Puntos
Constitucionales a fin de que elabore y dé a conocer al pleno para su discusión, el
dictamen de la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 3o. constitucional
presentada ante esta honorable Asamblea el 9 de diciembre de 1999 por diputados del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LVII Legislatura.
Asimismo,
solicito respetuosamente a la Presidencia que se sirva fijar una fecha a la comisión
referida para presentar el dictamen materia de este documento toda vez que ésta es la
segunda ocasión en que un servidor presenta una excitativa sobre esta iniciativa.
Muchas gracias
señora Presidenta; muchas gracias compañeros por su atención.
Presidencia del diputado Eric Eber
Villanueva Mukul
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
De conformidad con lo que establece
el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Puntos
Constitucionales para que antes del 22 de noviembre emita el dictamen correspondiente.
COMISIONES
LEGISLATIVAS
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Tiene la palabra
el diputado Alfredo Hernández Raigosa, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, para presentar una excitativa a la Comisión de Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias.
El diputado Alfredo Hernández
Raigosa:
Gracias, señor
compañero Presidente; compañeras diputadas y compañeros diputados:
El 2 de octubre
del año 2001, a nombre de nuestro grupo parlamentario, presentamos a esta Cámara el
proyecto de decreto en el que se reforman y adicionan diversos artículos del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a fin de
dar celeridad al trabajo parlamentario en las cámaras.
Es una lástima,
desde nuestra opinión, que más de 600 iniciativas presentadas y que en primer lugar el
PRD se sitúe como promovente de casi un tercio de estas iniciativas, por encima de otras
fracciones parlamentarias de mayor número de diputados y que todavía en estos tiempos
sigue existiendo el fenómeno de "la congeladora" en la Cámara de Diputados.
Una congeladora
que me da la impresión de que muchos presidentes de comisiones o grupos parlamentarios
interpretan que, bueno, para qué aprobamos iniciativas; que venga la próxima legislatura
y ella ya haga su trabajo. Con obvia conciencia, la sociedad hoy le recrimina al Congreso
de la Unión su práctico estancamiento en la posibilidad de dictaminar iniciativas,
leyes, puntos de acuerdo y obviamente hoy lo que me preocupa o lo que nos preocupa es que
presentemos un cúmulo de excitativas en esta Cámara que tampoco tengan buen fin y
obviamente que ahí se conjuga esta posibilidad de que la sociedad reclame con justa
razón que la Cámara o que los diputados no trabajamos. Sin embargo, queremos decir aquí
con mucha claridad que el PRD ha planteado el remedio y el trapito; hemos planteado más
de 170 iniciativas de ley y hemos también presentado una iniciativa que intenta que a los
30 días de no haberse aprobado las iniciativas, pasen al pleno y puedan ser dictaminadas
en virtud de la ineficacia o la imposibilidad de que las comisiones dictaminen estas
iniciativas.
Creo entonces
que el espíritu del legislador es eminentemente la creación de la norma que se plasma en
las leyes y que es una obligación de coordinadores parlamentarios, de diputados, de
presidentes de las comisiones de la Mesa Directiva del Congreso, hacer lo suyo para
efectos de poder aprobar un conjunto de normas y de leyes que muchas de ellas van en
beneficio de las necesidades de la sociedad y del pueblo de México. No podemos pues,
mantener un estado de inactividad en el Congreso que refleje hacia afuera que somos un
gran monstruo, un elefante blanco que está paralizado, que tiene una crisis de
productividad y que no está obteniendo resultados.
Señoras y
señores diputados: la sociedad reclama y reclama que es oneroso mantener un Ejecutivo que
destina grandes recursos para contratar nuevo personal, pero también es oneroso que el
Congreso de la Unión tenga 500 diputados y que de 600 leyes o iniciativas que se han
presentado no se aprueben ni en un sentido ni en otro, con las repercusiones que ya hemos
señalado. Por ello creemos que es indispensable, es central, es básico que haya una
nueva técnica legislativa que permita que una ley, en sentido opuesto o en sentido
positivo, pueda ser aprobada en este legislatura.
Por ello,
nuestro grupo parlamentario en nuestro nombre solicitamos que se sirva excitar a las
comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para que presente el día que
determine la Presidencia, el dictamen que corresponda al proyecto de decreto mediante el
cual se reforman y adicionan diversos artículos del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en fin, que se acabe la congeladora de
iniciativas de ley en esta Cámara de Diputados.
Muchas gracias.
«Excitativa a
la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para que dictamine el día que
determine la Presidencia de esta soberanía el proyecto de decreto por el que se reforman
y adicionan diversos artículos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos.
Beatriz Paredes
Rangel, Presidenta de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de los Estados Unidos
Mexicanos.— Presente.
Compañeras y
compañeros diputados:
Los suscritos,
diputadas y diputados a la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión,
integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 45 párrafo sexto inciso e de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, 21 fracción XVI y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos respetuosamente de esta
Presidencia, tenga a bien formular excitativa a la Comisión de Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias de la Cámara de Diputados, a efecto de emplazarla a emitir el dictaminen
correspondiente en día determinado, a fin de que sea presentado ante el pleno de este
órgano legislativo, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos
artículos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, consistente en dar celeridad a los trabajos legislativos de ambas
cámaras; al tenor de los siguientes
ANTECEDENTES
Con fecha 2 de
octubre del 2001, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, se presentó ante el pleno de esta Cámara el proyecto de decreto por el que
se reforman y adicionan diversos artículos del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a fin de dar celeridad al trabajo
parlamentario de las cámaras.
Esta iniciativa
reviste una gran importancia para que este órgano legislativo asuma su función, pues los
ordenamientos que rigen el funcionamiento del Congreso guardan una relación directa con
la agilidad, eficacia, prontitud y oportunidad con que se cumplen las altas atribuciones
que tiene encomendadas el Poder Legislativo; por lo que su actualización y modernización
son un imperativo de estos tiempos.
Las reformas
planteadas pretenden que no haya una indefinición de las iniciativas presentadas ante el
pleno y que los grupos parlamentarios definan su posición ante la iniciativa planteada.
Asimismo las
reformas prevén el mecanismo para que todas las iniciativas planteadas por las
compañeras o compañeros legisladores sean dictaminadas en sentido positivo o negativo,
pero finalmente dictaminadas.
Actualmente es
increíble como una comisión integrada por 30 diputados o menos pueda
"congelar" iniciativas de ley importantísimas para el país, pero aún más
resulta inverosímil como cualquier comisión bloquea el trabajo legislativo del resto de
los integrantes de la Cámara.
Esta misma
iniciativa tiene como objetivo que tanto los trabajos de esta soberanía como la de la
colegisladora, tengan una celeridad de acuerdo a los tiempos actuales del país.
Aún estamos a
tiempo de poder dictaminar las más de 500 iniciativas presentadas en el lapso de esta
legislatura en beneficio de nuestros representados y con respeto a nuestra función
legisladora.
CONSIDERACIONES
En octubre del
año pasado se presentó ante el pleno de esta soberanía el proyecto de decreto por el
que se reforman y adicionan diversos artículos del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para dar celeridad a los trabajos
legislativos de ambas cámaras, situación que no ha cambiado en absoluto, ya que hoy
ninguna iniciativa es dictaminada en el lapso que marca la ley o el reglamento que rige el
trabajo de esta soberanía.
Esta situación
se puede corroborar fácilmente, basta hacer un balance de las iniciativas presentadas y
las iniciativas que han sido dictaminadas y de ellas cuales se hicieron dentro del lapso
marcado por la ley y el reglamento.
Por eso se hace
necesario y urgente dictaminar la iniciativa presentada en ésta la más alta tribuna de
la nación, para dar mensajes claros a la sociedad que se está trabajando por ello y para
ellos.
Por esta razón
establecemos como una obligación del Presidente de la Mesa Directiva la de inscribir en
el orden del día de la primera sesión del pleno, posterior al cumplimiento, del plazo de
30 días, las iniciativas, para su discusión, modificación, aprobación o rechazo,
cuando no se haya emitido el dictamen.
Asimismo para
establecer la obligación de las comisiones de emitir, en el plazo de 30 días, los
dictámenes de los asuntos que les sean turnados.
Se plantea esta
inscripción directa, sólo para las iniciativas de decreto, dado que trascienden los
asuntos de coyuntura y tienen qué ver con modificaciones a nuestro sistema normativo.
Con esta reforma
nos acercamos a la forma como ya trabajan congresos de otros países y permite que no se
dejen asuntos pendientes de una legislatura a otra.
Con esta reforma
estaríamos avanzando de manera importante en el fortalecimiento del Poder Legislativo;
quien se oponga a avanzar en cada iniciativa que se presente, tendrá que explicar su
posición y no simplemente callar.
Por lo
anteriormente expuesto, exponemos las siguientes
CONSIDERACIONES DE DERECHO
1. Con
fundamento en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, ha transcurrido por mucho el tiempo concedido en
el reglamento para que una comisión dictamine una iniciativa.
2. El 2 de
octubre del año en curso, esta Presidencia solicitó se dictaminara la iniciativa
referida, sin embargo, no se ha emitido el dictamen correspondiente.
3. En tal
virtud, es procedente que el Presidente de la Cámara de Diputados, en cumplimiento con lo
dispuesto en la fracción XVI del artículo 21 del reglamento antes señalado, excite a
las comisiones de Puntos Constitucionales y de Energía, a fin de que emitan el dictamen
correspondiente en el día que así determine esta Presidencia.
Por lo
anteriormente expuesto, a usted Presidente de la Cámara de Diputados de la LVIII
Legislatura del Congreso de la Unión, solicitamos:
Unico. Se sirva excitar a la Comisión de
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para que presente el día que determine la
Presidencia el dictamen que corresponda al proyecto de decreto mediante el cual "se
reforman y adicionan diversos artículos del reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos".
México, D.F., a
15 de octubre de 2002.— (Rúbrica.)»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Gracias, señor
diputado.
De conformidad con lo que establece
el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias para que emita el dictamen correspondiente.
LEY
SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Tiene la palabra
el diputado Donaldo Ortiz Colín, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, para presentar una excitativa a la Comisión de Gobernación y Seguridad
Pública.
El diputado Donaldo Ortiz Colín:
Con el permiso
de la Presidencia; señoras y señores legisladores:
El que suscribe,
diputado federal de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante
del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 21 fracciones III y XVI y demás relativos del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito de esta
Presidencia tenga a bien formular una excitativa a las comisiones de Gobernación y
Seguridad Pública para que a la brevedad posible dictamine para su presentación en el
pleno de esta soberanía, la iniciativa de reforma al artículo 18 inciso a de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno
Nacionales, para incorporar al calendario cívico nacional la fecha del 19 de agosto de
1811 como fecha histórica de la instalación de la Suprema Junta Nacional Americana en la
heroica ciudad de Zitácuaro, Michoacán al tenor de los siguientes
ANTECEDENTES
El pasado 25 de
abril del año en curso, el que suscribe presentó la iniciativa de reforma al artículo
18 inciso a de la Ley Sobre el Escudo, la
Bandera y el Himno Nacionales para incorporar al calendario cívico nacional la fecha del
19 de agosto de 1811 como fecha histórica de la instalación de la Suprema Junta Nacional
Americana en la heroica ciudad de Zitácuaro, Michoacán.
La Presidencia
de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa de reforma a las comisiones de
Gobernación y Seguridad Pública por ser un tema de su competencia para que emitieran el
dictamen correspondiente.
En razones de lo
anterior se expresan las siguientes
CONSIDERACIONES
Zitácuaro
figura en la historia de la nación mexicana como la ciudad que participó con valentía,
arrojo y patrimonio en la lucha por la independencia política de nuestro país. En esta
ciudad se sintetiza la lucha del pueblo de México por lograr su independencia política y
mayores libertades.
En Zitácuaro,
Michoacán, se erige el primer Palacio Nacional de México. Durante dos años la Suprema
Junta Nacional Americana se convirtió en el organismo rector del Movimiento Insurgente al
emitir bandos de guerra, extender títulos, nombramientos y ascensos a los diferentes
jefes insurgentes, recibir partes oficiales, construir fábricas de armamento, fusiles y
cañones; formular un proyecto de reformas fiscales para mejorar la estructura económica,
social y política de la nación.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde su
curul):
Señor
Presidente.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Permítame,
diputado. Activen el sonido en la curul del diputado Ramírez Marín.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde su
curul):
Si puede hacer
una aclaración el orador, de una parte de lo que estaba leyendo.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Diputado,
permite usted una pregunta o comentario.
El diputado Donaldo Ortiz Colín:
Deseo terminar,
señor Presidente.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul::
Al terminar,
señor diputado.
El diputado Donaldo Ortiz Colín:
Que la Junta de
Zitácuaro fue la creadora del primer proyecto legislativo que tuvo la nación mexicana
denominado elementos constitucionales, integrado por 38 puntos, antecedente de los
Sentimientos de la Nación y de la Carta Magna de Apatzingán.
Por lo anterior
expuesto y fundado, solicito a esta Presidencia se sirva:
Unico. En los términos de los antecedentes y
consideraciones expuestas, así como de conformidad con los preceptos legales invocados,
se sirva excitar a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública para que presente el
dictamen que corresponde a la iniciativa de reforma al artículo 18 inciso a de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno
Nacionales para incorporar al calendario cívico nacional la fecha del 19 de agosto de
1811, como fecha histórica de la instalación de la Suprema Junta Nacional Americana en
la heroica ciudad de Zitácuaro, Michoacán.
Firma la
presente un servidor y solicitaría a la Presidencia se inserte íntegra la presente en el
Diario de los
Debates y en la Gaceta Parlamentaria.
Es cuanto.
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.
Ciudadana
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la
Unión.— Presente.
Donaldo Ortiz
Colín, diputado de la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo
que establece el artículo 21 fracciones III y XVI del Reglamento para el Gobierno
Interior, del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a la Presidencia
en turno de esta Cámara de Diputados se sirva excitar a la Comisión de Gobernación y
Seguridad Pública, para que proceda al análisis, discusión y dictamen de la iniciativa
de reforma al artículo 18 inciso a de la Ley
Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales para incorporar al calendario cívico
nacional la fecha del 19 de agosto de 1811, como fecha histórica de la instalación de la
Suprema Junta Nacional Americana en la ciudad de Zitácuaro Michoacán, presentada por un
servidor, con fecha 25 de abril de 2002
CONSIDERACIONES
•
Zitácuaro figura en la historia de la nación mexicana, como la ciudad que participó con
arrojo y patrimonio en la lucha por la independencia política de nuestro país. En esta
ciudad se sintetiza la lucha del pueblo de México por lograr su independencia política y
mayores libertades.
• En
Zitácuaro Michoacán se erige el primer Palacio Nacional de México.
• Que
durante dos años (19 de agosto de 1811 al 13 de septiembre de 1813), la Suprema Junta
Nacional Americana se convirtió en el organismo rector del movimiento insurgente al
emitir bandos de guerra, extender títulos, nombramientos y ascensos a los diferentes
jefes insurgentes, recibir partes oficiales, construir fábricas de armamento, fusiles y
cañones; formular un proyecto de reformas fiscales para mejorar la estructura económica,
social y política de la nación.
• Que la
junta de Zitácuaro fue la creadora del primer proyecto legislativo que tuvo la nación
mexicana denominado “Elementos Constitucionales”. Integrando por 38 puntos,
antecedente de los Sentimientos de la Nación y de la Carta Magna de Apatzingán.
Por todo lo
anterior y con fundamento en el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito presenta esta
solicitud para que esta Precidencia de la Cámara de Diputados formule excitativa a la
Comisión de Gobernación y Seguridad Pública a efecto de que dictamine, a la brevedad
posible, respecto de la iniciativa en mención.
Por lo antes
expuesto, a usted Presidente de la Cámara de Diputados en turno, atentamente solicito:
Unico. Tenga por presentada esta solicitud de
excitativa a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública para que presente su
dictamen respecto de la iniciativa de reforma al artículo 18 inciso a de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno
Nacionales para incorporar al calendario cívico nacional la fecha del 19 de agosto de
1811, como fecha histórica de la instalación de la Suprema Junta Nacional Americana en
la ciudad de Zitácuaro Michoacán, presentada con fecha de 25 de abril de 2002.
Palacio
Legislativo.— San Lázaro, del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F.,
a 15 de octubre de 2002.— Diputado federal Donaldo
Ortiz Colín.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul::
Permítame.
Señor diputado, insiste en su pregunta.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde su
curul):
No.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
No, desiste el
diputado Ramírez Marín, gracias diputado.
Insértese completa la excitativa en el Diario de los Debates y también en la Gaceta
Parlamentaria y de conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
se excita a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública para que emita el dictamen
correspondiente.
La excitativa
relativa a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta
Pública, solicitada por el diputado Rodrigo Carrillo Pérez, a solicitud del Partido de
la Revolución Democrática, se pospone para la siguiente sesión.
IPN
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Por lo tanto
tiene la palabra el diputado Miguel Bortolini Castillo, del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, para presentar una excitativa a la Comisión de
Educación Pública y Servicios Educativos.
El diputado Miguel Bortolini Castillo:
Con su permiso,
señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: en noviembre de 2001 fue
presentada una proposición con punto de acuerdo por el diputado Juan Camilo Mouriño
Terrazo, que en esencia pretendía exhortar a la Secretaría de Educación Pública, para
que apoyara con recursos presupuestales, la creación del Centro Nacional de Geociencias y
Administración de Energéticos del Instituto Politécnico Nacional, así como también
pedir al director general del IPN, que en ejercicio de las facultades que le confiere la
ley, apoyara las gestiones para establecer dicho Centro.
Es importante
mencionar que el IPN, institución educativa de carácter público, ha contribuido por
más de 60 años a la formación de profesionales, cuya misión se ha enfocado al estudio
para el aprovechamiento de los recursos energéticos de nuestro país, con ello, los
posgrados que se imparten en el IPN relacionados con la energía, presentan una fuente
inagotable para la preparación de expertos en disciplinas energéticas, en regiones
petroleras y medias del país, para realizar estudios de investigación.
Ejemplo de ello,
es que a partir de la cita, empleada en una tesis de la maestría de Ciencias en
Especialidad de Geología, Pemex, anuncia que invertirá 42 mil 200 millones de pesos en
el proyecto Kumasa en la zona de Campeche y así podemos enunciar varias investigaciones,
que han contribuido a la explotación de los hidrocarburos en nuestro país, estudios que
además cuentan con reconocimiento internacional.
No obstante lo
anterior, las condiciones administrativas y presupuestales del posgrado en materia de
energética del IPN limitan enormemente su quehacer. Por ello, como se anunciaba en el
punto de acuerdo referido, la creación del Centro Nacional de Geociencias con autonomía
académica y presupuestal, contribuiría “a capitalizar la labor realizada en las
áreas de investigación, geológica y administrativas, a consolidar en todo el país los
programas académicos y de investigación de las materias, a intensificar la oferta de
servicios de consultoría de diversos organismos y empresas del sector público federal,
estatal y establecer convenios de colaboración, académica y de investigación, con
instituciones de otras naciones.”
Sin embargo y a
pesar de las aportaciones que ha hecho el posgrado de energéticos del IPN para el
aprovechamiento de tan valiosos recursos en la economía nacional, corre el peligro de
tener cambios sustanciales que, incluso, pueden llevar a la desaparición de posgrados,
como el de las Ciencias de la Tierra, a decir del propio secretario académico del IPN,
Enrique Villa Rivera, el IPN es la única institución de Educación Superior, que
“se ha atrevido a eliminar posgrados y especializaciones” de esta institución.
¿No será acaso
que la restricción para la formación de profesionales mexicanos de alta especialización
en estas áreas, obedezca la previsión a futuro, de que los profesionistas de Enron,
Texaco y Exon, se hagan cargo de la prospección, proyección y planeación de la
explotación de nuestros recursos minerales energéticos? Es aquí donde nosotros vemos el
nexo de la eliminación de postgrados en el IP, y el Pemexgate.
Por lo anterior
expuesto, considerando que la reforma académica del Instituto Politécnico Nacional debe
ser aprobada en el mes de octubre con fundamento en el artículo 21, fracción XVI del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
solicito respetuosamente a la Presidencia de la mesa directiva de esta soberanía tenga a
bien formular una excitativa a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos,
a fin de que dictamine a la brevedad posible, la proposición con punto de acuerdo
referida.
Muchas gracias
señor Presidente.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Muchas gracias,
diputado Bortolini Castillo.
Y de conformidad con lo que establece el artículo 21
fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
para que emita el dictamen correspondiente.
La excitativa a
cargo del diputado Mario Cruz Andrade, relativa a las comisiones de Hacienda y Crédito
Público y de Seguridad Social, a solicitud del Partido de la Revolución Democrática se
pospone para la siguiente sesión.
LEY
DE COORDINACION FISCAL
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Por lo tanto,
tiene el uso de la palabra la diputada Miroslava García Suárez para presentar una
excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público
La diputada María Miroslava García
Suárez:
Con el permiso
del señor Presidente;compañeras, compañeros legisladores:
A estas alturas,
cuando estamos ya trabajando en el primer periodo de sesiones ordinarias, del tercer año
de trabajos legislativos de esta LVIII Legislatura, es evidente que esta tribuna tiene que
ser ocupada con temas importantes y trascendentales y que el esfuerzo que está haciendo
el PRD al presentar esta serie de excitativas a todas las comisiones que presentan un
rezago en su dictaminación, es con el objetivo de externar a esta Cámara de Diputados
que el 11% que representa el Partido de la Revolución Democrática, ha presentado un 27%
de iniciativas legislativas de puntos de acuerdo y que en ellos hemos centrado las
propuestas alternativas para construir juntos una reforma democrática del Estado
mexicano.
Quiero explicar
esto porque queremos, desde el PRD, utilizar de la mejor manera, en beneficio del pueblo
de México, tanto la tribuna como los espacios legislativos y estamos seguros de haber
presentado iniciativas sustanciales que pueden desmantelar un Estado autoritario heredado
por el anterior régimen político y poder construir, efectivamente, un Estado mexicano
democrático a la altura de las expectativas de la sociedad mexicana.
Es por eso que
el PRD ha decidido presentar en estas sesiones de trabajo, una serie de excitativas que
tiendan a que los presidentes de las comisiones, las mesas directivas de las comisiones,
llamen a los legisladores de todos los partidos para abordar las iniciativas y sobre todo
para dictaminarlas.
Si hay
legisladores que piensan que no son viables las propuestas legislativas del PRD, que lo
argumenten, que lo digan en comisiones y en la tribuna. Nosotros estamos seguros de la
viabilidad de nuestras propuestas, de los argu- mentos con que las presentamos, pero lo
que no podemos permitir como legisladores, con el compromiso que tenemos con la sociedad,
es que se agoten los tres años de la presente legislatura sin que las comisiones
dictaminen porque no coinciden con nuestras propuestas o porque en el fondo tienen temor
de argumentar en contra de las propuestas del PRD o porque en el fondo prefieren ese
inmovilismo que ha marcado la pauta en esta Cámara de Diputados con el 83% que se ufana
para contestar un informe.
Hacemos un
respetuoso llamado para que las comisiones legislativas trabajen y desahoguen el conjunto
de iniciativas, no sólo las del PRD. Estamos dispuestos a profundizar en los temas que
proponen las otras fracciones. Estamos dispuestos a revisar las iniciativas de las otras
fuerzas políticas y con elementos y con argumentos dictaminarlas en favor o en contra.
Pero lo que no
nos podemos permitir porque estaríamos traicionando la confianza de nuestros electores,
es que la congeladora se imponga; es que el inmovilismo se imponga, ¿para qué? Para que
no cambie nada; para que todo siga igual.
Estoy segura que
ése es el sueño de una pequeña parte de legisladores. Pero también estoy segura que la
gran mayoría de los que estamos aquí, independientemente del partido político al que
pertenecemos, queremos ver que México cambie y por eso hemos inscrito iniciativas que
tienen el derecho constitucional de ser discutidas, de ser atacadas; pero sobre todo, de
ser dictaminadas.
Compañeros:
hago un llamado muy respetuoso a los presidentes de todas las comisiones para dictaminar
¡ya!, porque el inmovilismo es lo peor que le puede pasar a esta Cámara.
Es cuanto,
señor Presidente.
«Excitativa a
la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictaminar la iniciativa de decreto de
modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal.
Con su venia,
diputada Presidenta; señoras diputadas; señores diputados:
ANTECEDENTES
1. Con fecha 14
de noviembre de 2001, la suscrita diputada a nombre del grupo parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática, presentó una iniciativa de decreto de modificaciones a la
Ley de Coordinación Fiscal, la cual fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público.
2. Con dicha
iniciativa se pretende evitar las distorsiones en aplicación del sistema nacional de
coordinación fiscal, avanzar en la construcción de un nuevo federalismo a través de la
convención nacional fiscal, delinear con precisión las potestades tributarias de la
Federación y los estados, retomar el tema de la descentralización y evitar las
distorsiones en la distribución del fondo de participaciones federales a los municipios.
EXPOSICION DE MOTIVOS
Dentro del marco
para la construcción de un nuevo federalismo es necesario implementar un sistema
eficiente y equitativo de coordinación fiscal entre los estados y los municipios. El
actual sistema nacional de coordinación fiscal no permite contribuir a fortalecer las
haciendas públicas estatales y municipales ni logra mantener el equilibrio de las
finanzas de la Federación. Por lo tanto se requiere un nuevo sistema tributario y
hacendario.
Como
consecuencia se convierte en tema prioritario la construcción de un acuerdo nacional a
través de implementar la convención nacional fiscal.
Conviene
construir una nueva relación entre los estados y la Federación referente a la potestad
tributaria, ya que es desproporcionadamente favorable a la Federación con un 98% sobre
los impuestos que recauda, mientras que las entidades solamente sobre un 2%
aproximadamente.
En cuanto a las
participaciones, la distribución de los ingresos nacionales de acuerdo con la vigente
ley, ha provocado el atraso del desarrollo municipal y regional, ya que el Gobierno
central se queda aproximadamente el 80% del ingreso nacional.
Este problema
nos remite necesariamente a abordar el tema de la descentralización, con la finalidad de
que los recursos que el país genera se dediquen en los estados atendiendo las
prioridades, coordinando de mejor forma los contenidos de la normatividad que rige entre
los estados y la Federación.
Por lo tanto y
atendiendo la necesidad de un nuevo federalismo, proponemos que se dictamine la iniciativa
en comento.
CONSIDERANDO
1. Con fecha 14
de noviembre de 2001, la diputada María Miroslava García Suárez, a nombre del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una iniciativa de
decreto de modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal, la cual fue turnada a la
Comisión de Hacienda y Crédito Público.
2. Que ha
transcurrido en exceso, el plazo que el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece como término para
expedir el dictamen correspondiente a una iniciativa presentada y turnada para su
conocimiento.
Por lo expuesto
y fundado:
La suscrita,
diputada federal de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo
dispuesto en la fracción XVI del artículo 21 y 87 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a la diputada
Presidenta de la Mesa Directiva se sirva excitar a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público, para que presente su dictamen correspondiente a la iniciativa presentada con
fecha 14 de noviembre de 2001, que modifica diversas disposiciones de la Ley de
Coordinación Fiscal, la cual fue turnada a la comisión citada.
Atentamente.
Palacio
Legislativo.— San Lázaro, a 15 de octubre de 2002.— Diputada María Miroslava García Suárez.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Gracias,
diputada.
De conformidad con lo que establece el artículo 21
fracción VI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para que emita
el dictamen correspondiente.
La excitativa
presentada también por la diputada Miroslava García Suárez, a la Comisión de Hacienda
y Crédito Público, se pospone para la siguiente sesión.
JUICIO
DE AMPARO
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Por lo tanto
tiene el uso de la palabra la diputada Genoveva Domínguez Rodríguez, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una excitativa a
la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
La diputada Genoveva Domínguez
Rodríguez:
Con su permiso,
señora Presidenta.
Excitativa sobre
la iniciativa de reformas a la Ley de Amparo y al artículo 107 fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para abrogar la relatividad de la
sentencia en el juicio de amparo.
ANTECEDENTES
Primero. El 3 de
octubre de 2000 el diputado David Augusto Sotelo Rosas, del grupo parlamentario del PRD,
presentó una iniciativa de reformas al artículo 107 fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los artículos 76, 135 y 145 de la Ley de
Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de
Diputados la turnó a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia y de
Derechos Humanos.
En la
exposición de motivos se explica cómo el juicio de amparo es la última instancia que
tutela el orden jurídico de la nación contra la violación de la ley por parte de
cualquier autoridad o instancia de gobierno. Pero protege de manera excluyente sólo a los
quejosos que interpongan el recurso de amparo y no generaliza para hacer extensivo el
beneficio a todos los ciudadanos, la sentencia.
Por ello la
iniciativa propone la reforma para ser congruente con la realidad y con el derecho mismo.
Una disposición vigente sí, pero que data del Siglo XIX y resulta contradictoria en sí
misma.
CONSIDERANDOS
México no debe
permitir que su orden jurídico conserve figuras decimonónicas contrarias a los
principios generales del derecho y peor aún, que va contra las garantías individuales
expresamente consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
para garantizar los derechos humanos.
Una norma no
puede ser inconstitucional para un individuo y al mismo tiempo tener validez y aplicación
para otros. La tutela constitucional se desvanece si la protección y amparo sólo
benefician a uno o varios individuos y no a toda la sociedad, porque en realidad son muy
pocos individuos los que recurren al amparo por leyes o actos violatorios de sus
garantías. Lo costoso de la asesoría legal y el desconocimiento generalizado de las
leyes entre la sociedad hacen inaccesible al común de la gente el juicio de amparo.
Actualizar la
legislación en materia de tutela constitucional de las garantías individuales significa
garantizar el respeto a los derechos humanos al dejar atrás la necesidad de llevar a cabo
juicios de amparo interpuestos de manera individual para hacer valer de antemano la
supremacía de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por sobre
cualquier legislación secundaria. Más aún cuando se trata de legislación violatoria de
las garantías individuales que ni siquiera debieran estar en discusión.
La sentencia de
amparo, cuyo contenido sea de efectos generales, ayuda y fortalece el principio de
división de poderes porque, al mismo tiempo que coadyuva con el Poder Legislativo a
ponderar su actuación como órgano generador de las normas, defiende o tutela la Norma
Fundamental.
Por los
antecedentes y considerandos expuestos se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados: envíe excitativa a las comisiones de Puntos Constitucionales
y de Justicia y Derechos Humanos para que dictaminen la iniciativa de reformas a la Ley de
Amparo y diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, tras haber transcurrido en exceso el plazo que fija el artículo 87 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
con fundamento en las atribuciones que le confiere la fracción XVI del artículo 21 del
citado ordenamiento.
Es cuanto,
señor Presidente.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Le agradezco
mucho, diputada. Nada más quiero decirle que en el mismo sentido se presentó el día de
hoy por el diputado David Augusto Sotelo una excitativa en el mismo sentido. De todas maneras se le da el mismo turno.
Solicitaría a
la Secretaría dé lectura a la comunicación de la Junta de Coordinación Política.
Permítame, señora Secretaria.
Hay en la parte
de excitativas una propuesta del diputado Martí Batres Guadarrama a la Comisión de
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, pero se pospone para la siguiente sesión.
Adelante.
COMISIONES
LEGISLATIVAS
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.— Junta de Coordinación Política.
Diputada Beatriz
Paredes Rangel, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.—
Presente.
Con fundamento
en el artículo 34 numeral 1 inciso c de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado
Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador de relaciones internas del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a usted la modificación
en la integración de la siguiente comisión:
• Que el
diputado Francisco Luis Treviño Cabello, sustituya al diputado Sergio García Sepúlveda,
como integrante de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.
Lo anterior,
para los efectos a que haya lugar.
Sin otro
particular, quedo de usted.
Atentamente.
Palacio
Legislativo, México, D.F., a 14 de octubre de 2002.— Diputado Martí Batres Guadarrama, presidente.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
De enterado.
BANCO
DEL ATLANTICO
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
En el apartado
de proposiciones, tiene la palabra el diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una
proposición con punto de acuerdo sobre el saneamiento, fusión y venta del Banco del
Atlántico.
El diputado José Antonio Magallanes
Rodríguez:
Con su permiso,
señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El 23 de
diciembre de 1997 el Banco Internacional, conocido como Bital, informó que había llegado
a un acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y con el Fobaproa para
adquirir el 100% de las acciones representativas del Banco del Atlántico.
De esta manera
desde el 5 de enero de 1998, el Banco Internacional asumió el control del Banco del
Atlántico.
Considerando que
la operación anunciada el 23 de septiembre de 1997 debió haber sido concluida durante
1998; que a más de cinco años de haberse anunciado la operación de fusión entre ambas
instituciones, aún o se ha concluido formalmente; que apenas el 1o. de octubre pasado el
IPAB anunció formalmente la conclusión del proceso de saneamiento del Banco del
Atlántico encontrándose en su proceso final la fusión de Atlántico y Bital; que los
pasivos asumidos por el IPAB derivados del saneamiento del Banco del Atlántico
ascendieron al mes de junio del presente año a 48 mil 779 millones de pesos, de acuerdo a
los informes del propio Instituto; que es ampliamente conocido que la operación de
fusión del banco Bital con Banco del Atlántico, fue lo que desató la crisis por la que
atravesó la junta de gobierno del IPAB cuando sus integrantes y el ex procurador fiscal
acusaron de conflicto de intereses a los vocales independientes del Instituto; que desde
principios del año pasado los vocales independientes del IPAB solicitaron a la Secodadm
que emitiera una opinión jurídica sobre las facultades de la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores y el Fobaproa, por haber firmado el convenio de fusión el 23 de diciembre de
1997 y que a la fecha aún no se cuenta con la opinión de la Secodadm y sin embargo el
proceso de fusión está por concluir; que dicho convenio, del cual por cierto anexo una
copia, contiene cláusulas completamente desfavorables para las finanzas públicas. Leo
alguna de ellas:
"El
Fobaproa como enajenante de las acciones responderá a Bital por activos inexistentes o
pasivos ocultos correspondientes a Banco del Atlántico. También responderá por
responsabilidades de carácter laboral, administrativo o fiscal que se hubieren generado
con anterioridad a la fecha en que se transmitan sus acciones. Se pactará un plazo a
partir de la enajenación para que Bital y Banco del Atlántico informen a Fobaproa sobre
los activos inexistentes y sobre las contingencias de carácter administrativo, fiscal y
laboral."
Como son
naturalmente planteamientos de este convenio como son las tasas de rendimiento de los
pagarés a cargo del erario público y la responsabilidad por parte del Gobierno Federal
de los pasivos laborales del Banco del Atlántico.
Que en dicho
convenio claramente se leen los nombres y las firmas de los funcionarios públicos que
aprobaron el desventajoso acuerdo para el erario público.
Los funcionarios
correspondientes son los siguientes: José Angel Gurría, Guillermo Ortiz, Eduardo
Fernández, Martín Werner, Everardo Elizondo, Guillermo Cuevas, Carlos García Moreno,
Jonathan Davis Arsat, Vicente Corta, Patricia Armendáriz, Angel Palomino, Javier
Arrigunaga, Gabriel Reyes Orona y María Teresa Fernández.
Ellos son los
responsables de este convenio que firmaron de una manera dolosa en contra de las finanzas
públicas.
Que lo anterior
nuevamente es una muestra de la manera en que se privilegia al capital extranjero en
deterioro de los contribuyentes mexicanos.
Por lo
anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 78 fracción III de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 179 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva
someta a consideración de este pleno el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Que la Auditoría Superior de la
Federación revise el proceso de saneamiento y fusión del Banco del Atlántico y del
Banco Internacional (Bital) y que emita opinión sobre las facultades del Fobaproa para
aprobar el convenio de fusión entre ambas instituciones que adjunto a este punto de
acuerdo.
Es cuanto,
señor Presidente.
«Punto de
acuerdo para solicitar que la Auditoría Superior de la Federación revise el proceso de
saneamiento y fusión del Banco del Atlántico y del Banco Internacional (Bital) y que
emita opinión sobre las facultades del Fobaproa para aprobar el convenio de fusión entre
ambas instituciones.
ANTECEDENTES
El 23 de
diciembre de 1997, el Banco Internacional (Bital), informó que había llegado a un
acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y con el Fobaproa, para adquirirl
100% de las acciones representativas del Banco del Atlántico. De esta manera, desde el 5
de enero de 1998 el Banco Internacional asumió el control del Banco del Atlántico.
CONSIDERANDO
1. Que la
operación anunciada el 23 de septiembre de 1997, debió de haber sido concluida durante
1998.
2. Que a más de
cinco años de haberse anunciado la operación de fusión entre ambas instituciones, aún
no se ha concluido formalmente.
3. Que apenas el
1o. de octubre pasado el IPAB anunció formalmente la conclusión del proceso de
saneamiento del Banco del Atlántico, encontrándose en su proceso final la fusión de
Atlántico y Bital.
4. Que los
pasivos asumidos por el IPAB, derivados del saneamiento de Banco del Atlántico
ascendieron al mes de junio del presente año a 48 mil 779.5 millones de pesos, de acuerdo
con los informes del propio Instituto.
5. Que es
ampliamente conocido que la operación de fusión del banco Bital con Banco del
Atlántico, fue lo que desató la crisis por la que atravesó la junta de gobierno del
IPAB, cuando sus integrantes y el ex procurador Fiscal acusaron de conflicto de intereses
a los vocales independientes del Instituto.
6. Que desde
principios del año pasado, los vocales independientes del IPAB, solicitaron a la
Secodadm, que emitiera una opinión jurídica sobre las facultades de la CNBV y el
Fobaproa para haber firmado el convenio de fusión del 23 de diciembre de 1997 y que a la
fecha aún no se cuenta con la opinión de la Secodadm y sin embargo el proceso de fusión
está por concluir.
7. Que dicho
convenio, del cual por cierto anexo una copia, contiene cláusulas totalmente
desfavorables para las finanzas públicas, como son las tasas de rendimiento de los
pagarés a cargo del erario público y la asunción por parte del Gobierno Federal de los
pasivos laborales del Banco del Atlántico, entre otros.
8. Que en dicho
convenio, claramente se leen los nombres y las firmas de los funcionarios públicos que
aprobaron el desventajoso acuerdo para el erario público.
9. Que hace
menos de dos meses, el grupo inglés Hong Kong Shangai Bank, adquirió al grupo financiero
Bital y finalmente fue el beneficiado por el saneamiento del Banco del Atlántico.
10. Que lo
anterior nuevamente es una muestra de la manera en que se privilegia el capital extranjero
en deterioro de los contribuyentes mexicanos.
Por lo
anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 78 fracción III de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 179 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General solicitó a la Presidencia de la Mesa Directiva
someta a consideración de este pleno, el siguiente;
PUNTO DE ACUERDO
Unico. La Auditoría Superior de la Federación
revise el proceso de saneamiento y fusión del Banco del Atlántico y del Banco
Internacional (Bital) y que emita opinión sobre las facultades del Fobaproa para aprobar
el convenio de fusión entre ambas instituciones.
México, D.F., a
15 de octubre de 2002.— Diputado José Antonio
Magallanes R.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Gracias, señor
diputado.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público.
Perdón,
diputado Magallanes: este punto de acuerdo...
El diputado José Antonio Magallanes Rodríguez (desde
su curul):
Sería a la
Comisión de Vigilancia para que a su vez lo turne a la Auditoria Superior de la
Federación.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Corrigiendo turno. Esta propuesta
del diputado Magallanes túrnese a la Comisión de Vigilancia y también a la Comisión de
Hacienda y Crédito Público.
DONACION DE
ORGANOS
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Tiene la palabra
el diputado Mario Reyes Oviedo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para
presentar una proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Salud
que a través del Centro Nacional de Trasplantes establezca una jornada de información en
el Palacio Legislativo en San Lázaro, que facilite la inscripción de los diputados y el
personal de la Cámara al Registro Nacional Voluntario de Donación de Organos y Tejidos.
El diputado Mario Reyes Oviedo:
Con su permiso,
señor Presidente:
Las diputadas y
diputados abajo firmantes, integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional, con
fundamento en lo dispuesto por el 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable
Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo a efecto de exhortar al Centro
Nacional de Trasplantes para que realice una jornada de conciliación y registro como
donadores y voluntarios en el edificio de la Cámara de Diputados dirigido a los
legisladores y personas de la Cámara, bajo los siguientes
CONSIDERANDOS
En México los
trasplantes son una realidad desde hace ya 38 años, el avance de la ciencia médica ha
permitido que muchos de los padecimientos considerados incurables y de alto costo en su
atención como las enfermedades crónicas degenarativas, puedan ser tratadas con mejores
resultados por medio del reemplazo del órgano tejido dañado, según estadísticas de la
Secretaría de Salud. Tales padecimientos representan el 36% de la mortalidad en el país,
pero pueden ser trasplantados en un 50% en los casos.
Hace algunos
años padecer una enfermedad que afectaba de manera irreversible un órgano o tejido
significaba la muerte o tener una pésima calidad de vida. El día de hoy la esperanza de
sobreponerse, tiene cabida en los enfermos y sus familiares. El tratamiento terapéutico
que involucra el trasplante de un órgano o tejido ante la insuficiencia de un órgano es
la tabla de salvación de esas personas. Además de la posibilidad de salvar una vida se
reconoce en términos de la relación costo-beneficio del trasplante resulta la mejor
opción para varios padecimientos renales, hepáticos, de la vista, cardiacos, entre
otros. El costo de medicamento disminuye al requerir prácticamente sólo de
inmunosupresores para evitar el rechazo del órgano trasplantado.
Desafortunadamente
pese a la infinidad que trae aparejados, esta práctica no ha logrado la donación y por
consecuencia, los beneficios que sí ha traído en otros países. En México, según datos
del Centro Nacional de Trasplantes, se realizan 12 trasplantes por 1 millón de
habitantes, mientras que países como España alcanzan sólo 50, Costa Rica 25 y Argentina
alrededor de 20.
Esta baja tasa,
a pesar de que se ha trabajado de manera importante en la formación del personal médico
y técnico de la salud para realizar este tipo de procedimiento, lo que nos permitió ser
pioneros de trasplantes en la región latinoamericana demuestra que el despegue no ha sido
tan espectacular como quisiéramos, debido a que sigue siendo insuficiente la oferta de
órganos y tejidos para cumplir con la demanda de personas que lo necesitan para
sobrevivir.
Con base en
datos del Registro Nacional de Trasplantes, la predicción de necesidades anuales es de 7
mil riñones, 10 mil córneas, 500 hígados y 500 corazones. Sin embargo, en el último
año, de acuerdo con el informe de labores de la Secretaría de Salud, que por cierto
reportó avances importantes en este rubro, se realizaron 1 mil 500 transplantes de
córneas, 950 riñones, 45 hígados y 25 de corazón. Estas cifras dan cuenta del déficit
que se tiene.
Desgraciadamente
podemos ver que no se acumula el monto que resultaría de una operación aritmética,
debido a que muchos de los pacientes en lista de espera mueren antes de que lleguen a
contar con el órgano sano de un donador. Esta situación se explica en muchos porque no
se tiene con suficiente la disponibilidad de órganos y tejidos cadavéricos; una de las
dos opciones que establece la legislación en la materia.
Prueba de ello
es que pese a sus limitantes, el 85% de los transplantes se realiza entre vivos, que es la
otra alternativa. Hay que tener en cuenta que se encuentran inscritos menos del 1% de la
población como donadores para después de la muerte.
Si bien es
cierto que la afiliación ha crecido en los últimos meses, debido en gran medida a la
creación del Centro Nacional de Transplantes, producto de la formación impulsada en la
Ley de Salud Pública en mayo de 2001 en materia de donación y transplante de órganos,
da cifras que se han manejado, hablan que se requiere un mayor trabajo.
Si me da un
minuto por favor, señor Presidente.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Concluya
diputado.
El diputado Mario Reyes Oviedo:
A esta
institución se le recomendó además de regular y ejercer el control sanitario de la
materia, a promover una cultura de donación entre población mexicana y operar en materia
actualizando el Registro Nacional de Transplantes, eje estructural del Programa Nacional
de Transplantes.
Por ello, el
pasado lunes 7 de octubre dio inicio la Semana Nacional de Transplantes, que terminó el
día 13 del presente. Su objetivo fue fomentar la cultura de la donación de órganos y
tejidos.
En este
contexto, compañeros y compañeras legisladores, se inscribe en el punto de acuerdo que
pongo a su consideración. La propuesta va dirigida a que se considere a esa Cámara de
Diputados, sus miembros y personal que labora, como el espacio para que el Centro Nacional
de Transplantes realice una jornada de información sobre donación...
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Diputado
concluya su intervención.
El diputado Mario Reyes Oviedo:
... sobre
donación, facilite la inscripción como donador voluntario de las personas que así lo
deseen.
Proposición de
punto de acuerdo, termino.
Unico. Se solicita a la Secretaría de Salud, a
través del Centro Nacional de Transplantes, establezca una jornada de información,
concitación y afiliación en el Palacio Legislativo en San Lázaro, que facilite la
inclusión de los diputados y personal de la Cámara al Registro Nacional Voluntario de
Donación de Organos y Tejidos.
Atentamente.
Los diputados: Jorge Lara, Tereso Martínez, Juan Carlos Pallares,
Luis Fernando Sánchez Nava y el de la voz, Mario
Reyes Oviedo.
Gracias.
«Proposición
con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud y al Centro Nacional de
Transplantes para que realice una jornada de concientización e inscripción de donadores
en la Cámara de Diputados, dirigido a los diputados y al personal de cámara.
Con su venia,
señor Presidente:
Las diputadas y
los diputados abajo firmante, integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional con
fundamento lo dispuesto por el 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable
Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, a efecto de exhortar al Centro
Nacional de Transplantes para que realice una jornada de concientización y registro como
donadores voluntarios en el edificio de la Cámara de Diputados dirigido a los
legisladores y personal de la Cámara, bajo los siguientes
CONSIDERANDOS
En México los
transplantes son una realidad desde hace ya 38 años. El avance de la ciencia médica ha
permitido que muchos de los padecimientos considerados incurables y de alto costo en su
atención, como las enfermedades crónico degenerativas, puedan ser tratadas con mejores
resultados por medio del reemplazo del órgano o tejido dañado. Según estadísticas de
la Secretaría de Salud, tales padecimientos representan el 33% de la mortalidad en el
país, pero pueden ser transplantados en un 50% de los casos.
Hace algunos
años, padecer una enfermedad que afectaba de manera irreversible un órgano o tejido
significaba la muerte o tener una pésima calidad de vida. El día de hoy la esperanza de
sobreponerse, tiene cabida en los enfermos y sus familiares. El tratamiento terapéutico
que involucra el transplante de un órgano o tejido, ante la insuficiencia de un órgano,
es la tabla de salvación de estas personas.
Además de la
posibilidad de salvar una vida, se reconoce que en términos de relación costo-beneficio
el transplante resulta la mejor opción para varios padecimientos, renales, hepáticos, de
la vista, cardiacos, entre otros. El costo de medicamentos disminuye, al requerir
prácticamente sólo de inmunosupresores para evitar el rechazo del órgano transplantado.
Desafortunadamente,
pese a la infinidad de beneficios que trae aparejados, esta práctica no ha logrado la
dimensión y, por consecuencia, los beneficios que sí ha traído en otros países. En
México, según datos del Centro Nacional de Transplantes, se realizan 12 transplantes por
1 millón de habitantes, mientras que países como España alcanzan 50, Costa Rica 25 y
Argentina alrededor de 20.
Esta baja tasa,
a pesar de que se ha trabajo de manera importante en la formación del personal médico y
técnico de la salud para realizar este tipo de procedimientos, lo que nos permitió ser
pioneros en transplantes en la región latinoamericana, demuestra que el despegue no ha
sido tan espectacular como quisiéramos, debido a que sigue siendo insuficiente la oferta
de órganos y tejidos para cumplir con la demanda de personas que los necesitan para
sobrevivir.
Con base en
datos del Registro Nacional de Trasplantes, la proyección de necesidades anuales es de 7
mil riñones, 10 mil córneas, 500 hígados y 500 corazones. Sin embargo, en el último
año, de acuerdo con el informe de labores de la Secretaría de Salud, que por cierto
reportó avances importantes en este rubro, se realizaron 1 mil 500 transplantes de
corneas, 950 de riñón, 45 de hígado y 25 de corazón.
Estas cifras dan
cuenta del déficit que se tiene. Desgraciadamente, podremos ver que no se acumula el
monto que resultaría de una operación aritmética debido a que muchos de los pacientes
en lista de espera mueren antes de que lleguen a contar con el órgano sano de un donador.
Esta situación
se explica en mucho porque no se tiene con suficiencia la disponibilidad de órganos y
tejidos cadavéricos, una de las dos opciones que establece la legislación en la materia.
Prueba de ello es que pese a sus limitantes, el 85% de los transplantes se realiza entre
vivos, que es la otra alternativa. Hay que tener en cuenta que se encuentra inscrito menos
del 1% de la población, como donadores para después de la muerte.
Si bien es
cierto que la afiliación ha crecido en los últimos meses, debido, en gran medida, a la
creación del Centro Nacional de Transplantes, producto de la reforma impulsada a la Ley
General de Salud publicada en mayo de 2001 en materia de donación y transplante de
órganos, las cifras que se han manejado hablan de que se requiere un mayor trabajo.
A esta
institución se le encomendó, además de regular y ejercer el control sanitario en la
materia, promover una cultura de donación entre la población mexicana y operar y
mantener actualizado el Registro Nacional de Transplantes, ejes torales del Programa
Nacional de Transplantes.
Por ello, el
pasado lunes 7 de octubre dio inicio la Semana Nacional de Transplantes que terminó el
día 13 del presente. Su objetivo fue fomentar la cultura de la donación de órganos y
tejidos.
La finalidad es
que los diferentes grupos sociales se concienticen y aporten su experiencia y recursos
para crear una red de colaboración que impulse una verdadera cultura de donación, donde
se internalice que el acto es un regalo de vida.
En este
contexto, compañeras y compañeros legisladores, se inscribe el punto de acuerdo que
pongo a su consideración. La propuesta va dirigida a que se considere a esta Cámara de
Diputados, sus miembros y personal que labora, como espacio para que el Centro Nacional de
Transplantes, realice una jornada de información y concientización, así como, para que
facilite la inscripción como donador voluntario de las personas que así lo decidan.
En la Cámara,
además de los 500 diputados, laboran más de cinco mil personas lo que constituye un
universo importante que puede ser considerado para tales fines. El que suscribe el
presente punto de acuerdo, les pide su apoyo para que la propuesta prospere. De tal manera
que se nos facilite el deseo de coadyuvar en una causa tan loable.
La cultura de la
donación y transplantes se manifiesta en una actitud social sensible y solidaria frente a
la necesidad de sus semejantes que necesitan de un transplante. Noso-tros, las voces del
pueblo en el Congreso, además de establecer el marco de convivencia, debemos ser
partícipes de sus demandas predicando con el ejemplo.
Alimentemos la
esperanza de una gran cantidad de enfermos de salvar y mejorar su vida. Mostremos nuestra
sensibilidad y compromiso de colaboración.
Por todo lo
anterior expuesto, en uso de nuestras facultades y en el ánimo de contribuir y participar
en el noble propósito de aumentar la inscripción de donadores voluntarios de órganos y
tejidos se somete a la consideración de esta Cámara de Diputados, la siguiente
proposición con
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se solicita a la Secretaría de Salud, que
a través del Centro Nacional de Transplantes establezca una jornada de información,
concientización y afiliación en el Palacio Legislativo en San Lázaro, que facilite la
inscripción de los diputados y el personal de la Cámara al Registro Nacional Voluntario
de Donación de Organos y Tejidos.
Es cuanto,
señor Presidente.
Suscriben el
siguiente punto de acuerdo:
Atentamente.
Palacio
Legislativo.— San Lázaro, a 10 de octubre de 2002.— Diputados: Jorge Alberto Lara Rivera, Tereso Martínez Aldana,
Juan Carlos S. Bueno Mario Reyes O. y Luis
Fernando Sánchez Nava.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Gracias, señor
diputado. Permítame diputado.
Activen el
sonido en la curul del diputado Ramírez Marín.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde su
curul):
Si el orador nos
puede explicar lo que significa el término "cadavértico".
El diputado Mario Reyes Oviedo:
Pues son las
personas que fallecen señor.
Gracias.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Gracias, señor
diputado.
Túrnese a la Comisión de Salud.
ESTADO
DE COLIMA
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Tiene la palabra
el diputado Ramón León Morales, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que se cree una
comisión especial para dar seguimiento a los casos de desaparecidos en el Estado de
Colima.
El diputado Ramón León Morales:
Gracias, señor
Presidente:
Por problemas de
tiempo voy a pedir que el documento completo se inserte íntegro en el Diario de los
Debates y en la Gaceta Parlamentaria.
Hace un año,
exactamente el 17 de septiembre de 2001, presenté a la consideración de este pleno una
proposición con punto de acuerdo, para que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos
nombrara una subcomisión que hiciera las gestiones necesarias ante las autoridades
competentes, con el fin de identificar a las autoridades que detuvieron a los jóvenes
Alejandro Martínez Dueñas y Jesús González Medina, el 30 de junio de 2001 en la ciudad
de Colima y que hasta la fecha se encuentran desaparecidos.
Desde esa fecha
sus familiares conocieron y sufren el excesivo burocratismo y la falta de sensibilidad
social por parte de varias autoridades, destacándose la Procuraduría General de la
República y la del Estado de Colima, la Secretaría de Gobernación y la Comisión
Nacional de Derechos Humanos; el slogan de que
se gobierna con humanismo es solamente eso, un slogan
publicitario.
Lamentablemente,
tengo que decirlo, sufren los efectos de que esta Cámara de Diputados no haya resuelto
aún sobre la proposición con punto de acuerdo a pesar de las dos excitativas que se han
presentado para tal efecto y que han sido apoyadas por un diputado del PRI y otro diputado
del PAN.
El día de hoy
vengo a denunciar la detención y desaparición de otras dos personas ocurrida el pasado
25 de abril del presente año en el Estado de Colima, se trata de los señores Sergio
Rivera Sánchez y Trinidad García Magaña, ambos dedicados a las labores del campo y al
comercio.
Con la
desaparición de estas dos personas en el Estado de Colima, suman cuando menos siete los
desaparecidos en similares condiciones, sin embargo el gobernador afirma que en el Estado
se vive con tranquilidad y seguridad y las autoridades responsables de investigar no le
han dado la menor importancia.
Estos hechos son
lamentables y preocupan. Se trata de de-sapariciones en las que intervienen autoridades
policíacas, federales o estatales; a la fecha se conoce de siete, no sabemos cuántos
más han desaparecido en similares condiciones sin embargo en tanto persista la impunidad,
es posible que se siga dando.
Yo les pregunto
a ustedes compañeros diputados, ¿cuántos más desaparecidos quieren que se den en el
Estado de Colima para que esta Cámara intervenga y detenga o trate de detener otras
posibles desapariciones? No debemos guardar silencio ante el sufrimiento de las víctimas
y de sus familiares; no permitamos que la impunidad se convierta en un modo de vida en el
Estado de Colima ni en ningún otro Estado. Queremos que los delitos se investiguen y sean
castigados los culpables.
Desde esta
tribuna hago un respetuoso exhorto a los encargados de la seguridad pública y de la
administración e impartición de la justicia para que cumplan con su responsabilidad con
sensibilidad y honestidad; que se investigue a fondo quién o quiénes están involucrados
en las desapariciones denunciadas pero sobre todo que pronto le regresen a sus familiares
la tranquilidad que les fue arrebatada hace tiempo.
Son siete las
desapariciones denunciadas en el Estado, no queremos que suceda lo que en Ciudad Juárez,
que nada más se observa cómo aumenta el número de mujeres asesinadas.
Por lo anterior
y por tratarse de una violación a los derechos humanos y ante la urgente necesidad de
detener las desapariciones en un Estado de la República, someto a consideración de esta
honorable Asamblea, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Que la Junta de Coordinación Política
de la Cámara de Diputados integre una comisión especial para que conozca y dé
seguimiento a las investigaciones relacionadas con la detención y posterior desaparición
de ciudadanos ocurridas en el Estado de Colima en los últimos años.
Segundo. Que la comisión especial para el
cumplimiento de su objetivo, se haga de la información que considere pertinente, se
reúna cuando lo considere necesario con las autoridades federales y estatales
responsables de las investigaciones, principalmente con el Procurador General de la
República y del Estado de Colima; con el Secretario de Seguridad Pública y el presidente
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como de otras personas físicas o
morales que puedan aportar datos.
Tercero. Dicha comisión deberá estar integrada
de manera tal que en ella estén representadas las diversas fracciones parlamentarias de
esta Cámara de Diputados.
Cuarto. Que los resultados y conclusiones a que se
llegue, sean presentados a este pleno y se den a conocer a los familiares de los
desaparecidos.
Por su
atención, muchísimas gracias.
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.
Proposición con
punto de acuerdo para que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados
nombre una comisión especial para que conozca y de seguimiento a las investigaciones
sobre la detención y posterior desaparición de ciudadanos ocurridas en el Estado de
Colima.
El que suscribe,
diputado federal, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Orgánica y
58 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente
proposición con punto de acuerdo para que se nombre una Comisión Especial que conozca y
dé seguimiento a las detenciones de ciudadanos por parte de autoridades policíacas y
posterior desaparición de los mismos, ocurridas en el Estado de Colima.
CONSIDERACIONES
Hace un año,
exactamente el 17 de septiembre de 2001, presenté a la consideración de este pleno una
proposición con punto de acuerdo para que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos
nombrara una subcomisión que haga las gestiones necesarias ante las autoridades
competentes con el fin de identificar a las autoridades que detuvieron a los jóvenes
Alejandro Martínez Dueñas y Jesús González Medina el 30 de junio de 2001 en la ciudad
de Colima y que a la fecha se encuentran desaparecidos.
Desde esa fecha
sus familiares conocieron y sufren el excesivo burocratismo y la falta de sensibilidad
social de parte de varias autoridades destacándose la Procuraduría General de la
República y la del Estado de Colima, la Secretaria de Gobernación y la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, el slogan de que
se gobierna con humanismo es solamente eso: un slogan
publicitario.
Lamentablemente,
tengo que decirlo, sufren los efectos de que esta Cámara de Diputados, no haya resuelto
aún sobre la proposición con punto de acuerdo a pesar de las dos excitativas que se han
presentado para tal efecto y de que fue apoyada por un diputado del PRI y otro del PAN.
El día de hoy,
vengo a denunciar la detención y desaparición de otras dos personas ocurrida el pasado
25 de abril del presente año, en el Estado de Colima, se trata de los señores Sergio
Rivera Sánchez y J. Trinidad García Magaña, ambos dedicados a las labores del campo y
al comercio.
Los familiares
de Sergio Rivera Sánchez, han solicitado la atención y apoyo de esta Cámara de
Diputados, narran que son avecindados del municipio de Amatitán, Jalisco, y que Sergio
Rivera tenia yendo, más de tres años, al poblado de Ocotillo, perteneciente al municipio
de Cuauhtémoc, Estado de Colima a comprar agave azul, para venderlo a las industrias
tequileras, razón por la cual mucha gente lo conocía.
Que el día 25
de abril, a las 8:45 horas acudió a la casa del señor Salome Alcaraz Hueso, quien le iba
a prestar un tractor para sacar unas plantas de maguey que a su vez se las iba a vender al
señor Trinidad García Magaña, por lo que salieron con rumbo a Colima en la camioneta
propiedad de Sergio, que en el kilómetro dos, se encontraron en sentido contrario, al
señor Trinidad García en una camioneta tipo Cheyene, color negra, por lo que Sergio le
encargó al señor Salome Alcaraz fuera a Colima por el tractor dejándole su camioneta,
Sergio por su parte se subió a la camioneta del señor Trinidad y se regreso al poblado
de Ocotillo.
A la entrada del
poblado de Ocotillo, fueron detenidos por unos policías federales, quienes iban a bordo
de una patrulla de la Policía Federal Preventiva, bajándolos y teniéndolos con las
manos arriba, revisándoles todo cuanto traían, que al lado de la patrulla se encontraba
una camioneta Cherokee blanca, una Suburban color beige o dorado y atrás de ésta un auto
Sentra color dorado.
Después de esto
sólo quedo la camioneta negra del señor Trinidad y la Suburban, al poco rato no quedo
ninguna, ya se los habían llevado a ellos y a la camioneta, ésta apareció poco después
quemada en el Estado de Michoacán.
De lo anterior,
existen testimonios que ratifican lo anterior, el señor José María Alcaraz, de oficio
taxista en el poblado de Ocotillo, manifestó ante el Ministerio Público, textualmente lo
siguiente:
"Me
percaté que estaba estacionada una camioneta pickup, del lado izquierdo una camioneta
tipo Suburban color beige o dorado y que frente a éstas estaba estacionada una patrulla
de la Policía Federal Preventiva, de momento pensé que se trataba de un reten, ya que vi
dos policías uniformados..., yo pensé que nos iban a revisar a ambos ocupantes de los
vehículos y me percate que en la camioneta Cheyene negra iba manejando mi amigo Trinidad
García e iba con otro amigo Sergio Rivera Sánchez e incluso Sergio me saludo con un
movimiento de la cabeza, refiero que en eso un policía me hizo la señal de que siguiera
circulando, procediendo los policías a revisar a mis amigos, por el espejo retrovisor me
di cuenta que los bajaron de la camioneta... supuse que era una revisión de rutina y me
retire del lugar." Al momento de identificar a los policías de la patrulla afirmó
lo siguiente: este último policía que refiero es el mismo que hace aproximadamente 15
días me paro en la autopista Colima-Guadalajara, en el crucero de Chiapa por la autopista
para hacerme una revisión."
Compañeros
diputados, está demostrado que los señores Sergio Rivera y Trinidad García Magaña,
fueron detenidos arbitrariamente y llevados a un lugar, el cual aún se desconoce, por
elementos de la Policía Federal Preventiva en compañía de policías de la Procuraduría
General de la República o de la del Estado, ya que las otras camionetas y el carro no
traían logotipos de la corporación a la que pertenecían.
Los familiares
de Sergio Rivera desde luego iniciaron una búsqueda frenética para lograr su paradero,
acudieron a la delegación de la Policía Federal Preventiva de Colima y Jalisco, quienes
le negaron toda información, vinieron a la Ciudad de México a las oficinas del
Secretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero, atendiéndolos el comandante
Alejandro Romero Romero, comprometiéndose a investigar lo ocurrido, a la fecha no han
tenido respuesta alguna.
Presentaron una
demanda de amparo en contra de diversas autoridades locales y federales, todas negaron
tener conocimiento de la detención y desaparición de los mismos, acudieron a la
Procuraduría General de Justicia en los estados de Jalisco y Colima, en esta última
presentaron denuncia, recayendo como número de expediente de la averiguación 094/2002,
se presentó otra denuncia ante la delegación de la Procuraduría General de la
República de Jalisco y ante la Unidad Especializada Contra la Delincuencia Organizada, se
solicitó la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la propia
Presidencia de la República. A la fecha no han tenido una respuesta clara que lleve a la
aparición de los detenidos, desaparecidos.
Sergio Rivera
pertenece a la Unión de Mezcaleros de Amatitan, Jalisco, su presidente se entrevistó con
el Procurador General de Justicia de Colima, a quien le dio datos de que Sergio es una
persona honesta y trabajadora, ha anunciado que, si las autoridades no lo presentan,
comenzaran movilizaciones por todo el Estado y dependencias federales.
Compañeros
diputados, con la desaparición de estas dos personas en el Estado de Colima, suman cuando
menos siete los desaparecidos en similares condiciones, sin embargo, el gobernador afirma
que en el Estado se vive con tranquilidad y seguridad y las autoridades responsables de
investigar no le dan la importancia debida.
Estos hechos son
lamentables y preocupan, se trata de de-sapariciones en la que intervienen autoridades
policiacas federales o estatales, a la fecha se conoce de siete, no sabemos cuantos más
han desaparecido en similares condiciones, sin embargo, en tanto persista la impunidad es
posible que se sigan dando. Yo les pregunto a ustedes, compañeros diputados, cuántos
más desaparecidos quieren que se den en el Estado de Colima para que esta Cámara
intervenga y detenga o trate de detener otras posibles desapariciones, no debemos guardar
silencio ante el sufrimiento de las victimas y de sus familiares.
No permitamos
que la impunidad se convierta en un modo de vida, En el Estado de Colima y en ningún otro
Estado, queremos que los delitos se investiguen y sean castigados los culpables.
Desde esta
tribuna, hago un respetuoso exhorto a los encargados de la seguridad pública y de la
administración e impartición de la justicia, para que cumplan con su responsabilidad con
sensibilidad y honestidad, que se investigue a fondo quien o quienes están involucrados
en las desapariciones denunciadas, pero sobre todo, que pronto le regresen a sus
familiares la tranquilidad que les fue arrebatada hace tiempo. Son siete las
desapariciones denunciadas en el Estado, no queremos que suceda lo que en Ciudad Juárez,
que nada más se observa como aumenta el número de mujeres asesinadas.
Por lo anterior
y por tratarse de una violación a los derechos humanos y ante la urgente necesidad de
detener las desapariciones en un Estado de la República, someto a consideración de esta
Asamblea el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Que la Junta de Coordinación Política
de la Cámara de Diputados integre una comisión especial para que conozca y dé
seguimiento a las investigaciones relacionadas con la detención y posterior desaparición
de ciudadanos, ocurridas en el Estado de Colima en los últimos años.
Segundo. Que la comisión especial, para el
cumplimiento de su objetivo se haga de la información que considere pertinente, se reúna
cuando lo considere necesario con las autoridades federales y estatales responsables de
las investigaciones, principalmente con el Procurador General de la República y del
Estado de Colima, con el Secretario de Seguridad Pública y el Presidente de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, así como de otras personas físicas o morales que
puedan aportar datos.
Tercero. Dicha comisión deberá estar integrada
de manera tal que en ella estén representados las diversas fracciones parlamentarias de
esta Cámara de Diputados.
Cuarto. Que los resultados y conclusiones a que se
llegue sean presentados al pleno de la Cámara con perioricidad y se atienda a los
familiares de los desaparecidos.
Respetuosamente.
México, D.F., a
15 de octubre de 2002.— Diputado Ramón León
Morales.»
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Gracias, señor
diputado.
Insértese íntegra esta proposición, tanto en el Diario de los Debates como en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Junta de
Coordinación Política.
Ruego a la
Secretaría dé lectura del orden del día de la siguiente sesión.
ORDEN DEL
DIA
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Primer Periodo
de Sesiones Ordinarias.— Tercer Año.— LVIII Legislatura.
Orden del día.
Jueves 17 de
octubre de 2002.
Acta de la
sesión anterior.
Comunicaciones
De los congresos
de los estados de Guanajuato y Jalisco.
Y los demás
asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»
CLAUSURA
Y CITATORIO
El Presidente Eric Eber Villanueva Mukul (a las
16:00 horas.)
Gracias.
Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá
lugar el próximo jueves 17 de octubre a las 10:00 horas.
|