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Presidencia
de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel
ASISTENCIA
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Ruego a la Secretaría haga del
conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los diputados.
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
Se informa a la Presidencia que
existen registrados previamente 267 diputados; por lo tanto hay quórum.
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel (a
las 11:22 horas):
Se abre la sesión.
Proceda la Secretaría a dar
lectura al orden del día.
ORDEN DEL
DIA
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
«Primer Periodo de Sesiones
Ordinarias.— Tercer Año.— LVIII Legislatura.
Orden del día
Jueves 17 de octubre de 2002.
Acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
De los congresos de los estados de
Coahuila y Jalisco.
De la Junta de Coordinación
Política.
De la Comisión de Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias.
Oficios de la
Secretaría de Gobernación
Con el que remite los resultados de
los programas de la Secretaría de Economía, para dar cumplimiento al artículo 63 del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio de 2002. (Turno a comisión.)
Con el que remite el informe del
estudio sobre la suficiencia financiera de los seguros y coberturas que conforme a la Ley
del Seguro Social administra el IMSS, para dar cumplimiento al artículo vigesimoquinto
transitorio de la Ley del Seguro Social. (Turno a comisión.)
Con el que remite el informe
trimestral del avance físico-financiero del Programa de Desarrollo Institucional
Ambiental (PDIA), para dar cumplimiento al artículo 63 fracción V inciso c del Presupuesto de Egresos de la Federación para
el Ejercicio de 2002. (Turno a comisión.)
Con el que remite el informe de
evaluación del desempeño del sector economía, correspondiente al periodo
enero-septiembre de 2002, para dar cumplimiento al artículo 79 del Presupuesto de Egresos
de la Federación para el Ejercicio de 2002. (Turno a comisión.)
Oficios de la
Cámara de Senadores
Con el que remite punto de acuerdo.
(Turno a comisión.)
Con el que remite la iniciativa que
reforma el artículo 198 de la Ley Federal de Derechos, presentada por la senadora Gloria
Lavara Mejía, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a
comisión.)
Con el que remite la iniciativa que
reforma la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el senador Fernando Gómez
Esparza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a
comisión.)
Solicitudes de
particulares
El ciudadano Ricardo Franco Guzmán
solicita el permiso constitucional necesario para prestar servicios como asesor jurídico,
en la Embajada de Bulgaria en México. (Turno a comisión.)
El ciudadano Adrián Franco Zevada
solicita el permiso constitucional necesario para prestar servicios como asesor jurídico,
en la Embajada de Bulgaria en México. (Turno a comisión.)
Iniciativas de
diputados
Que reforma el artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del deporte, a cargo
de la diputada Beatriz Cervantes Mandujano, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Que reforma los artículos 114,
115, 210 y 212 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Neftalí Salvador Escobedo
Zoletto, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Que reforma los artículos 16, 17,
20 y 24 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Tomás Torres Mercado, del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Que reforma diversas disposiciones
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo del
grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)
Que reforma y adiciona diversos
artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a
cargo del diputado Augusto Gómez Villanueva, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Que reforma y adiciona el artículo
133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado
Manuel Duarte Ramírez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Turno a comisión.)
Que reforma y adiciona diversos
artículos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo del
diputado Augusto Gómez Víllanueva, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional. (Turno a comisión.)
Que adiciona una fracción XX al
artículo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado César
Alejandro Monraz Sustaita, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a
comisión.)
Que reforma el artículo 92 del
Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Marcos Pérez Esquer, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Que reforma el párrafo octavo del
artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del
diputado José de Jesús López Sandoval, del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional. (Turno a comisión.)
De reformas a los artículos 94,
105 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del
Poder Judicial, a cargo del diputado Amador Rodríguez Lozano. (Turno a comisión.)
Excitativas
A la Comisión de Puntos
Constitucionales, a cargo del diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
A la Comisión de Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias, a cargo del diputado Martí Batres Guadarrama del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión de Educación
Pública y Servicios Educativos, a cargo de integrantes de la Comisión de Energía.
A la Comisión de Energía, a cargo
del diputado César Duarte Jáquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
A la Comisión de Justicia y
Derechos Humanos, a cargo del diputado Rogaciano Morales Reyes, del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática.
A las comisiones de Puntos
Constitucionales y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a cargo del diputado
Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
A la Comisión de Educación
Pública y Servicios Educativos, a cargo de la diputada Hortensia Aragón Castillo, del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión de Puntos
Constitucionales, a cargo del diputado Jaime Martínez Veloz, del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión de Justicia y
Derechos Humanos, a cargo del diputado Esteban Daniel Martínez Enríquez, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A las comisiones de Salud y de
Ciencia y Tecnología, a cargo del diputado Francisco Patiño Cardona, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A las comisiones de Puntos
Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos, a cargo del diputado Tomás Torres
Mercado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A las comisiones de Hacienda y
Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, a cargo del diputado Rodrigo
Carrillo Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A las comisiones de Hacienda y
Crédito Público y de Seguridad Social, a cargo del diputado Mario Cruz Andrade, del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión de Hacienda y
Crédito Público, a cargo de la diputada Miroslava García Suárez, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Dictamen a
discusión
De la Comisión de Agricultura y
Ganadería con punto de acuerdo en relación a la proposición sobre el Presupuesto del
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, para que se efectúe el
censo agropecuario.
Proposiciones
Con punto de acuerdo sobre los
tiempos del Estado en los medios de comunicación, a cargo del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre los
tiempos del Estado en los medios de comunicación, a cargo del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre los
tiempos del estado en los medios de comunicación, a cargo del grupo parlamentario del
Partido del Trabajo. (Urgente resolución.)
Con punto de acuerdo para solicitar
al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que sean evaluados el programa
y subprograma vigentes de educación física, para la educación básica, a cargo del
diputado Mario Sandoval Silvera, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
(Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a
las tarifas eléctricas en Mexicali, Baja California, a cargo del diputado Jaime Martínez
Veloz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a
comisión.)
Con punto de acuerdo en relación
al presupuesto de la Cámara de Diputados, a cargo del grupo parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a
la norma emergente NOM-EM-139, a cargo de la diputada Rosa Delia Cota Montaño, del grupo
parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para exhortar
al Ejecutivo Federal para que promulgue y publique en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por
el que se adiciona el artículo 3o. en su párrafo primero fracciones III, V y VI, y el
artículo 31 en su fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, a cargo del diputado Cutberto Cantorán Espinosa, del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución.)
Con punto de acuerdo en relación a
las personas con discapacidad, a cargo de la diputada Raquel Cortés López, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a
la problemática en que se encuentra el municipio de Ocoyoacac, estado de México, a cargo
del diputado Alejandro Gómez Olvera, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para solicitar
al Poder Ejecutivo del estado de Querétaro la entrega inmediata de los recursos
destinados a la Universidad Autónoma de Querétaro, a cargo del diputado Timoteo
Martínez Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno
a comisión.)
Con punto de acuerdo para que el
Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dé
cumplimiento a lo establecido en el decreto de Presupuesto de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2002, con respecto al sur-sureste, a cargo del diputado Neftalí Salvador
Escobedo Zoletto, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a
comisión.)
Con punto de acuerdo para solicitar
a la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, conozca e intervenga para
el esclarecimiento del crimen del menor indígena José Raymundo Cruz Lemus, a cargo del
diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para la
integración de una Comisión Especial para el ALCA, a cargo del diputado José Narro
Céspedes, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo por el que se
exhorta al Poder Ejecutivo Federal, en calidad de miembro no permanente del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas y en el marco de un posible ataque de Estados Unidos de
América a Irak, favorezca con su sentido de voto, aquella resolución que amplíe la
probabilidad de alcanzar una solución pacífica al conflicto, misma que contribuya a la
causa de la paz y la seguridad mundial, a cargo de la diputada Heidi Storsberg Montes, del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para exhortar
al titular del Ejecutivo Federal brinde atención especial a la invasión del predio Lomas
del Parque, ubicado en Tultitlán, estado de México, a cargo de la diputada Raquel
Cortés López, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno
a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre el uso
de recursos del Fonden y el trato desigual a las entidades federativas en condiciones de
emergencia, a cargo de la diputada Rosa Delia Cota Montaño, del grupo parlamentario del
Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para solicitar
al IPAB entregue a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación,
el acta de la sesión de la junta de gobierno donde se definieron los términos de las
auditorías de los bancos, de acuerdo a lo que establece el artículo quinto transitorio
de la Ley del IPAB, así como se solicite se entregue copia a la subcomisión de rescate
bancario de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado José Antonio Magallanes
Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a
comisión.)
Con punto de acuerdo para integrar
una comisión de legisladores que investiguen la violación a los derechos que sufren los
mexicanos inmigrantes en Estados Unidos de América, a cargo del diputado José Manuel del
Río Virgen, de Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional.
Agenda política
Comentarios sobre el viaje del
gobernador de Quintana Roo, durante los sucesos del huracán “Isidore”, a cargo
del diputado Félix Salgado Macedonio, del grupo parlamentario de la Revolución
Democrática.
Efemérides
Aniversario luctuoso de Ernesto
“Che” Guevara, a cargo de los grupos parlamentarios de los partidos: del
Trabajo, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática.
Día Mundial de los Sin Techo, a
cargo de la diputada Raquel Cortés López, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Aniversario de la toma de posesión
de Guadalupe Victoria como primer presidente de México, a cargo de la diputada Olga
Margarita Uriarte Rico, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Las mujeres rurales en el marco del
Día Mundial de la Mujer Rural, a cargo de la diputada Silvia López Escoffie, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Día Mundial de la Alimentación, a
cargo de la diputada Beatriz Patricia Lorenzo Juárez, del Partido Alianza Social y del
grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
Aniversario luctuoso del general
Lázaro Cárdenas del Río, a cargo del diputado Jesús Garibay García, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Está a consideración el orden del
día...
No habiendo quien haga uso de la
palabra, proceda la Secretaría a poner a discusión y votación de inmediato el acta de
la sesión anterior.
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
«Acta de la sesión de la Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes quince de octubre de dos mil
dos, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio
de la Quincuagésima Octava Legislatura.
Presidencia de la diputada María Elena
Alvarez Bernal
En el Palacio Legislativo en San
Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, con la asistencia de trescientos cuarenta y cuatro diputados, a las
once horas con cuarenta y dos minutos del martes quince de octubre de dos mil dos, la
Presidenta declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden
del día.
La Asamblea aprueba el acta de la
sesión anterior en votación económica.
La Presidenta informa del sensible
fallecimiento de la señora Elodia Domínguez Mandujano, madre del diputado Roberto
Fuentes Domínguez y la Asamblea guarda un minuto de silencio en su honor.
Comunicación de la Junta de
Coordinación Política con acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Presidente de
la República para que encomiende a los representantes de la Asociación Civil denominada
“Amigos de Fox”, con conocimiento de la Cámara de Diputados, entregue al
Instituto Federal Electoral la información precisa sobre los recursos recaudados y los
datos completos acerca de su aplicación, desde la fecha de su constitución hasta el
treinta y uno de diciembre de dos mil.
Presidencia de la diputadaBeatriz Elena
Paredes Rangel
Para razonar el voto de su grupo
parlamentario, se concede la palabra al diputado Eduardo Rivera Pérez, del Partido
Acción Nacional.
Hablan en pro los diputados: Jorge
Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucionario Institucional; y Luis Miguel Gerónimo
Barbosa Huerta, del Partido de la Revolución Democrática.
Rectifican hechos los diputados:
Arturo Escobar y Vega, del Partido Verde Ecologista de México; Juan Carlos Regis Adame,
del Partido del Trabajo; José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia,
Partido Político Nacional; y José Antonio Calderón Cardoso, del Partido Alianza Social.
La Asamblea considera
suficientemente discutido el asunto en votación económica y de la misma manera lo
aprueba. Comuníquese.
Comunicaciones de los congresos de
los estados de Baja California, Colima, Guanajuato, México y Michoacán, con las que
informan de actividades propias de sus respectivas legislaturas. De enterado.
El Congreso del estado de Sonora
remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción primera del artículo
ciento cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la
Comisión de Puntos Constitucionales.
Oficio de la Cámara de Senadores
con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley del
Seguro Social, la Ley General de Sociedades Cooperativas y la Ley del Impuesto Sobre la
Renta, presentada por el senador José Carlos Cota Osuna, del Partido Revolucionario
Institucional. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
A las doce horas con cincuenta y
dos minutos la Secretaría informa del registro de cuatrocientos veintiséis diputados y
ordena el cierre del sistema electrónico de asistencia y votación.
Presentan iniciativas con proyecto
de decreto los diputados:
• José Soto Martínez, del
Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos trescientos cuarenta,
trescientos cuarenta y uno y trescientos cuarenta y tres y que adiciona un artículo
trescientos cuarenta y uno-bis a la Ley Federal del Trabajo.
Presidencia de la diputadaMaría Elena
Alvarez Bernal
Se turna a las comisiones unidas de
Trabajo y Previsión Social y de Equidad y Género.
• Francisco Jurado Contreras,
del Partido Acción Nacional, que adiciona la fracción vigésima primera del artículo
setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a
la Comisión de Puntos Constitucionales.
• Sergio Acosta Salazar, del
Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo ciento treinta y ocho de
la Ley General de Población. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad
Pública, con opinión de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.
Tres dictámenes de la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública, con proyectos de decreto por los que se concede el
permiso constitucional necesario para que los ciudadanos:
• Beatriz Elena Paredes Rangel
pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República
Federativa del Brasil.
• Jesús Ernesto Estrada
Bustamante pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la
República Bolivariana de Venezuela.
• Manuel Marrón y González y
Carlos Ignacio González Magallón, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les
confieren los Gobiernos del Principado de Mónaco y de la República Federal de
Yugoslavia.
Son de primera lectura.
En votación económica la Asamblea
les dispensa la segunda lectura.
Presidencia de la diputadaBeatriz Elena
Paredes Rangel
Sin que motiven discusión se
aprueban en lo general y en lo particular por trescientos veinticuatro votos en pro y
ninguno en contra. Pasan al Senado para los efectos constitucionales.
Solicitan excitativas los
diputados:
• Rosa Delia Cota Montaño,
del Partido del Trabajo, a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, en relación con
la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos cuatrocientos veinte del
Código Penal Federal y ciento noventa y cuatro del Código Federal de Procedimientos
Penales, presentada el once de diciembre de dos mil uno. La Presidencia formula la
excitativa correspondiente.
• Amador Rodríguez Lozano, a
la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, en relación con la iniciativa con
proyecto de Código de Ejecución de Sentencias y Medidas Anticipadas de Libertad,
presentada el veintinueve de marzo de dos mil uno. La Presidencia hace la excitativa que
corresponde.
• Lorena Beaurregard de los
Santos, del Partido Revolucionario Institucional, a las comisiones de Gobernación y
Seguridad Pública, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Presupuesto y Cuenta
Pública, en relación con la iniciativa con proyecto de Ley Reguladora para el Control de
la Publicidad Gubernamental, en Materia de Prensa, Radio y Televisión, presentada el
diecinueve de marzo de dos mil dos. La Presidencia obra en consecuencia.
• Gregorio Urías Germán, del
Partido de la Revolución Democrática, a la Comisión de Puntos Constitucionales, en
relación con la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo noventa y
tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo ochenta
y nueve del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, presentada el nueve de abril de dos mil uno. La Presidencia hace la
excitativa que corresponde.
• Esteban Daniel Martínez
Enríquez, del Partido de la Revolución Democrática, a las comisiones de Gobernación y
Seguridad Pública y de Justicia y Derechos Humanos, en relación con la iniciativa con
proyecto de Ley de Amnistía, presentada el veintiséis de abril de dos mil uno. La
Presidencia formula la excitativa respectiva.
• Petra Santos Ortiz, del
Partido de la Revolución Democrática, a las comisiones de Agricultura y Ganadería y
Especial de Ganadería, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto que expide
la Ley de Promoción a la Avicultura Nacional y que reforma la Ley Federal de Derechos,
presentada el veintisiete de noviembre de dos mil uno. La Presidenta hace la excitativa
respectiva.
• Adela del Carmen Graniel
Campos, del Partido de la Revolución Democrática, a las comisiones de Justicia y
Derechos Humanos y de Atención a Grupos Vulnerables, en relación con la iniciativa con
proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley para la Protección de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, presentada el diecisiete de abril de dos mil uno. La
Presidencia hace la excitativa respectiva.
La Presidenta informa que en virtud
de que está programada la comparecencia de la Secretaria de Desarrollo Social para el
día de hoy, la sesión se levantará a las dieciséis horas.
• David Augusto Sotelo Rosas,
del Partido de la Revolución Democrática, a las comisiones de Puntos Constitucionales y
de Justicia y Derechos Humanos, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto que
reforma el artículo ciento siete de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la Ley de Amparo, presentada el tres de octubre de dos mil. La Presidencia
atiende lo solicitado.
• Adela del Carmen Graniel
Campos, del Partido de la Revolución Democrática, a las comisiones de Salud, de Medio
Ambiente y Recursos Naturales y de Desarrollo Rural, en relación con la iniciativa con
proyecto de decreto que reforma y adiciona las leyes: General del Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente, General de Salud y de Desarrollo Rural Sustentable, presentada el
nueve de abril de dos mil dos. La Presidencia formula la excitativa respectiva.
• Rufino Rodríguez Cabrera,
del Partido de la Revolución Democrática, a las comisiones de Puntos Constitucionales y
de Gobernación y Seguridad Pública, en relación con la iniciativa con proyecto de
decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia electoral, presentada el veintisiete de noviembre de dos mil
uno. La Presidencia hace la excitativa correspondiente.
• Pedro Miguel Rosaldo
Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, a la Comisión de Puntos
Constitucionales, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para
elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación, presentada el seis de
noviembre de dos mil uno. La Presidencia atiende la solicitud.
La Presidencia saluda la presencia
en el recinto de la deportista Ana Gabriela Guevara Espinoza y reitera el reconocimiento
de la presente legislatura.
• Adela del Carmen Graniel
Campos, del Partido de la Revolución Democrática, a la Comisión de Salud, en relación
con la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley
General de Salud, presentada ante la Comisión Permanente el tres de julio de dos mil dos.
La Presidencia obra en atención a lo solicitado.
• Sergio Acosta Salazar, del
Partido de la Revolución Democrática, a la Comisión de Gobernación y Seguridad
Pública, en relación con la iniciativa con proyecto de Ley para el Fomento de la
Tolerancia Religiosa, el Ejercicio de la Libertad de Conciencia y la Eliminación de toda
Forma de Intolerancia y Discriminación basada en las Creencias o Convicciones Religiosas,
reglamentaria del artículo veinticuatro de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, presentada el veintiséis de abril de dos mil uno. La Presidencia
formula la excitativa solicitada.
• Hortensia Aragón Castillo,
del Partido de la Revolución Democrática, a la Comisión de Puntos Constitucionales, en
relación con la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo primero de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el seis de septiembre
de dos mil uno. La Presidencia formula la excitativa correspondiente.
• Luis Miguel Gerónimo
Barbosa Huerta, del Partido de la Revolución Democrática, a las comisiones de
Gobernación y Seguridad Pública, de Comercio y Fomento Industrial y de Hacienda y
Crédito Público, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto que expide la
Ley Federal de Firma y Comercio Electrónicos, Mensajes de Datos y Servicios de la
Sociedad de Información, presentada ante la Comisión Permanente, y exhorta a los
órganos de la Cámara de Diputados y a la Mesa Directiva para que convoquen a los
diputados a realizar los trabajos que constitucionalmente les corresponden. La Presidencia
hace la excitativa respectiva y, en relación con los exhortos, señala que coincide con
esa preocupación y ofrece tratar el asunto en reunión de la Conferencia para la
Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.
• Elías Martínez Rufino, del
Partido de la Revolución Democrática, a la Comisión de Puntos Constitucionales, en
relación con la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo tercero de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para elevar a rango
constitucional el derecho a la cultura, presentada el nueve de diciembre de mil
novecientos noventa y nueve.
Presidencia del diputadoEric Eber
Villanueva Mukul
La Presidencia formula la
excitativa y solicita a la Comisión de Puntos Constitucionales presentar el dictamen
respectivo antes del veintidós de noviembre de dos mil dos.
• Alfredo Hernández Raigosa,
del Partido de la Revolución Democrática, a la Comisión de Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversos artículos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el dos de octubre de dos mil uno. La
Presidencia atiende la solicitud.
• Donaldo Ortiz Colín, del
Partido de la Revolución Democrática, a la Comisión de Gobernación y Seguridad
Pública, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el inciso a
del artículo dieciocho de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales,
presentada el veinticinco de abril de dos mil dos. La Presidencia obra en atención a la
excitativa solicitada.
• Miguel Bortolini Castillo
del Partido de la Revolución Democrática, a la Comisión de Educación Pública y
Servicios Educativos, en relación con la proposición con punto de acuerdo para crear el
Centro Nacional de Geociencias y Administración de Energéticos del Instituto
Politécnico Nacional. La Presidencia hace la excitativa respectiva.
• María Miroslava García
Suárez, del Partido de la Revolución Democrática, a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de
Coordinación Fiscal, presentada el catorce de noviembre de dos mil uno. La Presidencia
formula la excitativa que corresponde.
• Genoveva Domínguez
Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática, a las comisiones de Puntos
Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos, en relación con la iniciativa con
proyecto de decreto que reforma el artículo ciento siete, fracción segunda, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo, para abrogar
la relatividad de la sentencia en el juicio de amparo, presentada el tres de octubre de
dos mil. La Presidencia informa que el diputado David Augusto Sotelo Rosas hizo la
presentación de una excitativa en esta sesión en el mismo sentido y atiende lo
solicitado.
Comunicación de la Junta de
Coordinación Política, con la que informa de cambios en la integración de la Comisión
de Comercio y Fomento Industrial. De enterado.
Presentan proposiciones con punto
de acuerdo los diputados:
• José Antonio Magallanes
Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con el saneamiento,
fusión y venta del Banco del Atlántico. Se turna a las comisiones de Vigilancia de la
Auditoría Superior de la Federación y de Hacienda y Crédito Público.
• Mario Reyes Oviedo, del
Partido Acción Nacional, para solicitar a la Secretaría de Salud, que por medio del
Centro Nacional de Trasplantes, establezca una jornada de información en el Palacio
Legislativo en San Lázaro, que facilite la inscripción de los diputados y el personal de
la Cámara de Diputados, al Registro Nacional Voluntario de Donación de Organos y
Tejidos. Se turna a la Comisión de Salud.
• Ramón León Morales, del
Partido de la Revolución Democrática, para crear una comisión especial que conozca y
dé seguimiento a las investigaciones sobre la detención y posterior desaparición de
ciudadanos ocurridas en el estado de Colima. Se turna a la Junta de Coordinación
Política.
Transcurrido el tiempo acordado
para la duración de esta sesión, la Secretaría da lectura al orden del día de la
próxima sesión y la Presidencia clausura la de hoy a las dieciséis horas, citando para
la próxima que tendrá lugar el jueves diecisiete de octubre de dos mil dos, a las diez
horas.»
Está a discusión el acta... No
habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada el
acta.
TARIFAS
ELECTRICAS
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
«Escudo.— Congreso del estado
de Coahuila de Zaragoza.— LV Legislatura.
Diputada Beatriz Elena Paredes
Rangel, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión.— Presente.
El Congreso del estado de Coahuila
de Zaragoza, en la decimotercera sesión de su diputación Permanente, correspondiente al
segundo periodo de receso del tercer año de ejercicio constitucional de esta LV
Legislatura, celebrada el día 18 de septiembre del año 2002, aprobó por votación
mayoritaria de sus integrantes el siguiente
Acuerdo
Primero. Se solicite la intervención del Congreso
de la Unión para que, por medio de su Comisión de Energía, se investigue esta denuncia
pública con el afán de esclarecer a la ciudadanía la debida aplicación de las tarifas
eléctricas autorizadas recientemente por decreto presidencial.
Segundo. Se solicite a la Procuraduría General de
la República su intervención de oficio, por tratarse de un asunto de interés general y
que pudiera constituir un delito federal que debe ser sancionado de inmediato.
Tercero. Que este Congreso del Estado extienda una
invitación respetuosa a los encargados regionales de la Comisión Federal de Electricidad
para que, de manera directa, podamos conocer la posibilidad de que una atrocidad de esta
naturaleza se pudiera cometer.
Cuarto. Se solicite a Felipe Bravo Mena,
presidente del Partido Acción Nacional, aporte las pruebas contundentes de su dicho y
revele sus fuentes de información para que, de esta forma, se siga una investigación
pública abierta y transparente de cara a la ciudadanía.
Le comunico lo anterior para la
consideración y trámite que estime oportunos, anexando copia fotostática simple del
documento origen del presente acuerdo.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Saltillo, Coahuila, a 18 de
septiembre del año 2002.— El oficial mayor del Congreso, Alfonso Martínez Pimentel. »
«Escudo.— Congreso del Estado
de Coahuila de Zaragoza.— LV Legislatura.
Punto de acuerdo que presenta el
diputado Fernando de las Fuentes Hernández, en representación del grupo parlamentario
“Luis Donaldo Colosio Murrieta”, del Partido Revolucionario Institucional, con
relación al sabotaje que con fines políticos se realiza en los recibos del consumo de
energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad.
El pasado 12 de septiembre del
presente año, el presidente del Partido Acción Nacional, Felipe Bravo Mena, acusó
públicamente que en Coahuila se están realizado alteraciones en los recibos de la luz
como una forma de sabotaje con fines políticos. Esto, bajo el marco de una visita que
realizara en apoyo a sus candidatos en aquella población.
Mencionó que, “desde la
propia Comisión Federal de Electricidad, se estaría gestando en Coahuila y en otros
estados un sabotaje para alterar los recibos del cobro de la luz con fines
electorales”.
Menciona también que se
investigue, por las autoridades competentes, a las personas que perversamente están
cometiendo estos hechos.
Continúa diciendo que el
propósito de este sabotaje electorero es el desprestigio del Gobierno Federal.
Declaró que el sabotaje es para
causar el enojo de la población, en los usuarios y esto derivarlo de inmediato a través
de una campaña de desprestigio, como se ha visto que es. Ahí está la parte probada
absolutamente de un ataque al Presidente de la República y un ataque al Partido Acción
Nacional.
Debido a estas declaraciones, que
confunden más aún a la población, el presidente nacional del Partido Acción Nacional
genera, por lógica, una acusación de corrupción y de fraude a los consumidores en
general, no sólo de Coahuila, sino de todo el país.
En vista de ello, se deberán
involucrar las instancias legales para que se investigue el caso de esta denuncia pública
y que, por la forma en que supuestamente afecta a la población, debemos considerarla de
interés público para que se pueda deslindar realmente, ante los ojos de la población,
la realidad de los aumentos de la luz en nuestro país, para que se diga con claridad si
son producto de una política económica del presidente Vicente Fox y su gabinete
económico, que en forma de decreto canceló un beneficio social al desaparecer el
subsidio que la energía eléctrica tenía en beneficio de los hogares de millones de
mexicanos o, como dice en su dicho Felipe Bravo Mena, “producto de personas
perversas”.
También es importante resaltar que
el presidente del PAN en este país, deberá probar su dicho ante la jurisdicción
correspondiente, aportando las pruebas necesarias para constituir en una realidad su
acusación, para que pueda demostrar también que el PAN no continúa con sus viciadas
prácticas de denuncia y ataque, que de manera irresponsable y protagónica realizan, como
su único recurso electoral para llamar la atención de los ciudadanos, señalando,
quienes se dicen defensores de las instituciones, falsamente a instituciones, como es en
este caso, a la Comisión Federal de Electricidad y en demérito de ésta.
Debido a lo anterior, el grupo
parlamentario “Luis Donaldo Colosio”, del PRI, solicita se apruebe el siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Primero. Se solicite la intervención del Congreso
de la Unión para que, por medio de su Comisión de Energía, se investigue esta denuncia
pública con el afán de esclarecer a la ciudadanía la debida aplicación de las tarifas
eléctricas autorizadas recientemente por decreto presidencial.
Segundo. Se solicite a la Procuraduría General de
la República su intervención de oficio, por tratarse de un asunto de interés general y
que pudiera constituir un delito federal que debe ser sancionado de inmediato.
Tercero. Que este Congreso del Estado extienda una
invitación respetuosa a los encargados regionales de la Comisión Federal de Electricidad
para que, de manera directa, podamos conocer la posibilidad de que una atrocidad de esta
naturaleza se pudiera cometer.
Cuarto. Se solicite a Felipe Bravo Mena,
presidente del Partido Acción Nacional, aporte las pruebas contundentes de su dicho y
revele sus fuentes de información para que, de esta forma, se siga una investigación
pública abierta y transparente de cara a la ciudadanía.
Por el grupo parlamentario
“Luis Donaldo Colosio Murrieta” del Partido Revolucionario Institucional,
diputado Fernando de Fuentes Hernández.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Túrnese a la Comisión de Energía.
SECTOR
AGRICOLA
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder Legislativo.— Secretaría
del Congreso.
Honorable Congreso de la
Unión.— México, DF.
La LVI Legislatura del honorable
Congreso del estado de Jalisco, en sesión de fecha 26 de septiembre del presente año,
aprobó el acuerdo económico número 737/02 del que le anexo copia para los efectos
legales procedentes, mediante el cual se acordó girar a esa alta representación popular,
atento oficio para que de considerarlo procedente se sumen al contenido del acuerdo que
para tal efecto se acompaña.
Por instrucciones de la directiva
de esta soberanía jalisciense, hago de su conocimiento lo anterior en vía de
notificación personal y para los efectos legales subsecuentes, agradeciéndole que las
acciones que se sirva tomar al respecto las haga del conocimiento de esta representación,
a la brevedad posible, a fin de darles el curso correspondiente.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guadalajara, Jalisco, a 30 de
septiembre de 2002.— Leonardo García Camarena,
oficial mayor.»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder Legislativo.— Secretaría
del Congreso.
Ciudadanos diputados: el que
suscribe, diputado José Trinidad Muñoz Pérez, haciendo uso de la facultad que me otorga
el artículo 28 fracción I de la Constitución Política del Estado y de conformidad con
lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Legislativo en sus artículos 85, 88 y 90
tercer párrafo, somete a la consideración de este honorable Congreso, iniciativa de
acuerdo económico, la cual sustento en las siguientes
CONSIDERACIONES
I. Mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 4 de febrero
de 2002, el Ejecutivo de la nación, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, emitió el decreto por el que se otorgan facilidades administrativas
para la regularización de usuarios de aguas nacionales que realicen actividades de
carácter agrícola. Este decreto tiene como propósito que todas aquellas personas,
físicas o morales, que sin contar con título de concesión expedido por el Gobierno
Federal, hayan venido explotando, usando o aprovechando aguas nacionales para actividades
agrícolas con anterioridad al 12 de octubre de 1995, puedan acogerse a una serie de
facilidades y beneficios para regularizar su situación, a fin de otorgar certidumbre
jurídica a sus actividades mediante la concesión respectiva y ejercer una regulación
más adecuada del uso y aprovechamiento de dichas aguas, que permita el desarrollo de las
actividades agrícolas o pecuarias y a la vez, la explotación racional del vital
líquido. De esta manera, el decreto en comento otorga hasta el 30 de septiembre del año
en curso, para que los interesados que encuadren en el supuesto señalado, presenten la
documentación que avale el consumo de aguas nacionales, a efecto de que esta actividad la
realicen apegados a los lineamientos legales que establecen la Ley de Aguas Nacionales y
su reglamento.
II. La expedición de este decreto
se enmarca dentro de los principios que establece el Programa Nacional Hidráulico para el
presente sexenio, que persigue fundamentalmente el uso eficiente del agua en la
producción agrícola para elevar la competitividad del país, mejorando las condiciones
socioeconómicas de la población rural. Uno de los factores para que este propósito se
lleve a cabo es el otorgamiento de los títulos de concesión, pues sin este instrumento
jurídico, se carece de las bases legales que coadyuven al fin mencionado.
A la fecha, un gran número de
personas dedicadas a las actividades agrícolas y pecuarias se han acercado a la autoridad
para hacer valer los beneficios y facilidades que les confiere el decreto; sin embargo, a
la fecha permanecen sin regularizar su situación una cantidad importante de usuarios, que
debido a una difusión limitada y al poco tiempo otorgado, no han realizado el trámite
respectivo.
Considerando la importancia que
tiene el contenido del decreto, es necesario que la autoridad prorrogue hasta el 31 de
diciembre de 2002, el plazo para que las personas físicas y morales que cumplan con los
requisitos del mismo, puedan acogerse a sus facilidades y beneficios para poner en regla
la explotación de aguas nacionales con fines agrícolas.
Por lo anteriormente expuesto,
someto a la consideración de este honorable Congreso, los siguientes puntos de
ACUERDO
ECONOMICO
Primero. Gírese atento oficio al titular de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual se le manifieste la
solicitud de este honorable Congreso, a efecto de que se prorrogue hasta el 31 de
diciembre de 2002, la vigencia del decreto por el que se otorgan facilidades
administrativas para la regularización de usuarios de aguas nacionales que realicen
actividades de carácter agrícola, publicado en el Diario
Oficial de la Federación, el 4 de febrero de 2002.
Segundo. Gírense atentos oficios al honorable
Congreso de la Unión y a las legislaturas estatales, anexando copia del presente acuerdo,
a efecto de que si lo consideran procedente, se sumen al contenido del mismo.
Atentamente.
Guadalajara, Jalisco, a 26 de
septiembre de 2002.— Diputado José Trinidad
Muñoz Pérez.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos.
LEY
DE ENERGIA PARA EL CAMPO
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder Legislativo.— Secretaría
del Congreso.
Honorable Congreso de la
Unión.— Presente.
La LVI Legislatura del honorable
Congreso del estado de Jalisco, en sesión de fecha 3 de octubre del presente año,
aprobó el acuerdo económico número 750/02 del que le anexo copia para los efectos
legales procedentes, mediante el cual se acordó enviar a esa alta soberanía atento y
respetuoso oficio para externarles el apoyo y solidaridad de esta legislatura jalisciense,
para que la iniciativa de Ley de Energía para el Campo, sea analizada por las distintas
comisiones a que fue canalizada y se incorporen las modificaciones necesarias, para que
haya un ahorro de energía y de agua, por las condiciones que prevalecen en estos
sectores. Agilizando los trabajos tendientes a su aprobación.
Por instrucciones de la directiva
de esta soberanía jalisciense, hago de su conocimiento lo anterior en vía de
notificación personal y para los efectos legales subsecuentes, agradeciéndole que las
acciones que se sirva tomar al respecto las haga del conocimiento de esta representación,
a la brevedad posible, a fin de darles el curso correspondiente.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guadalajara, Jalisco, a 3 de
octubre de 2002.— El oficial mayor, Leonardo
García Camarena.»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder Legislativo.— Secretaría
del Congreso.
Honorable Congreso del estado de
Jalisco.— Presente.
El suscrito diputado Ricardo Pedro
Chávez Pérez, en uso de la atribución que me concede la fracción I del artículo 28 de
la Constitución Política del estado de Jalisco, así como los numerales 85 y 90 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Jalisco, someto a la consideración de
esta honorable Asamblea la presente iniciativa de acuerdo económico que propone se envíe
atento y respetuoso oficio al honorable Congreso de la Unión en el sentido de externar el
apoyo y solidaridad del honorable Congreso de Jalisco hacia la iniciativa de Ley de
Energía para el Campo, así como de manera respetuosa solicitar se agilicen los trabajos
tendientes a su aprobación, lo anterior con base en las siguientes
CONSIDERACIONES
a) A la nación corresponde
originalmente la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del
territorio nacional; la cual puede imponerle las modalidades que dicte el interés
público. Por su parte, al Estado corresponde el dominio directo de los recursos
naturales; y obligado está a garantizar el desarrollo de las actividades agropecuarias en
general; según lo indican los artículos 4o., 25, 26 y 27 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y particularmente la fracción XX del artículo 27 obliga
al Estado a promover y proteger la producción agropecuaria, la comercialización de los
productos del campo y la transformación agroindustrial; consideradas éstas de interés
público.
b) Por otra parte no podemos
olvidar que estamos inmersos en la globalización de los mercados y dentro del Tratado de
Libre Comercio con América del Norte: en donde nuestros socios comerciales sí aplican a
la agricultura una política especial de precios preferenciales en los energéticos con
los que apoyan, financian y subsidian los costos reales de su propia actividad
agropecuaria, y que con esta política de subsidios de precios preferenciales en los
energéticos logran y obtienen grandes cosechas superavitarias de leche, de carne, de
granos, de frutas y hortalizas, estos productos agrícolas se presentan en nuestros
mercados muy baratos donde nuestros propios productos agropecuarios no pueden competir.
Estas razones nos obligan a considerar que es urgente e indispensable la aprobación de la
Ley de Energía para el Campo.
c) En este sentido no se puede
soslayar que la política fiscal de nuestro país ha provocado una baja considerable en la
producción agropecuaria, ocasionada por los aumentos constantes en los energéticos
afectando seriamente el desa-rrollo del campo, poniéndonos en desventaja y contra la
pared y generando una competencia por demás desleal. La ley que está en discusión en
las diversas comisiones del Congreso de la Unión propone que el sector agropecuario se
reactive, se mantenga vigente, se desarrolle y sea más competitivo dentro del Tratado de
Libre Comercio.
d) Entre todas y cada una de las
virtudes de la iniciativa de Ley de Energía para el Campo encontramos que considera y
decreta de “uso estratégico” para el desarrollo nacional todos los energéticos
que se usan en el sector agropecuario. Así como también propone se realice el Programa
de Inducción de Energía para el Campo, que tiene como fin el uso de los energéticos e
hidrocarburos, a “precio preferencial” para inducir la energía barata y en
forma estratégica a cada una de las cadenas productivas; con el propósito de reactivar y
desarrollar el sector agropecuario.
e) La importancia de esta
iniciativa es que reconoce también como energéticos de “precio estratégico”
aquellos hidrocarburos que surta el Gobierno Federal a través de la Secretaría de
Energía para la generación y transformación de energía eléctrica exclusivamente para
uso agropecuario y los que surta para la fabricación de fertilizantes. Así como también
reconoce como energéticos de “precio preferencial” aquellos hidrocarburos cuyo
destino sea satisfacer la demanda del gasto de maquinaria agrícola, maquinaria pesada,
bombeo agrícola, bombeo y rebombeo para uso pecuario, y todos los que demanden y gasten
las agroindustrias, en la transformación de sus productos para el desarrollo del campo.
La aprobación de esta iniciativa de ley permitiría al Gobierno Federal la fabricación
de fertilizantes y la realización de convenios, con fabricantes nacionales de
fertilizantes, para que se les otorgue energéticos con “precio estratégico” y
éstos a su vez vendan fertilizantes con precios muy por debajo de los actuales para la
agricultura nacional. De ahí que esta ley permitirá una gran transferencia de energía,
contenida en el petróleo, a través del Estado para el desarrollo del campo, con el
único propósito de que con la movilidad de los productores agropecuarios estos
energéticos se conviertan en grandes productores de granos, leche, carne, huevos,
hortalizas etcétera para satisfacer la demanda de alimentos en el país, a precios
competitivos en el mercado nacional y extranjero.
f) Jalisco, como uno de los
principales productores agropecuarios del país sería de los principales beneficiados al
entrar en vigencia esta ley. Dentro del contexto en el cual nos encontramos es de vital
importancia que tomemos las medidas oportunas y necesarias para poder reactivar la
actividad agropecuaria, permitiendo de esta manera que Jalisco, por su vocación
agropecuaria, siga produciendo los alimentos que se sirven a la mesa de los mexicanos.
En mérito de lo anteriormente
expuesto elevo ante esta Asamblea, la siguiente iniciativa de
ACUERDO
ECONOMICO
Unico. Que propone se envíe atento y respetuoso
oficio al honorable Congreso de la Unión externando el apoyo y solidaridad del honorable
Congreso del estado de Jalisco para que la iniciativa de Ley de Energía para el Campo sea
analizada por las distintas comisiones a que fue canalizada y se incorporen las
modificaciones necesarias para que haya un ahorro de energía y de agua por las
condiciones que prevalecen en estos sectores, agilizando los trabajos tendientes a su
aprobación.
Atentamente.
Salón de sesiones del Congreso del
estado de Jalisco.— Guadalajara, Jalisco, a 1o. de octubre de 2002.— Diputado Ricardo Chávez Pérez.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Túrnese a las comisiones de Energía y de Agricultura
y Ganadería.
DEUDORES
BANCARIOS
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder Legislativo.— Secretaría
del Congreso.
Honorable Congreso de la
Unión.— Presente.
La LVI Legislatura del honorable
Congreso del estado de Jalisco, en sesión de fecha 26 de septiembre del presente año,
aprobó el acuerdo económico número 732/02 del que le anexo copia para los efectos
legales procedentes, mediante el cual se acordó solicitar a esa alta representación
popular para que entere a esta legislatura jalisciense, sobre el contenido del decreto que
faculta la incorporación al buró de crédito de todos los deudores, tanto de
instituciones bancarias como de empresas comerciales, asimismo pedirles que promuevan una
modificación a dicho decreto, a efecto de que la desincorporación de quien haya cubierto
el adeudo sea de manera expedita y automática y con ello los libere de la limitante de no
ser sujetos de crédito y de igual forma solicitarle que promueva ante la Comisión
Nacional Bancaria los mecanismos que permitan que el presunto deudor pueda consultar a
través de los medios electrónicos fácil y rápidamente si se encuentra registrado en el
buró de crédito.
Por instrucciones de la directiva
de esta honorable soberanía jalisciense, hago de su conocimiento lo anterior en vía de
notificación personal y para los efectos legales subsecuentes, agradeciéndole que las
acciones que se sirva tomar al respecto las haga del conocimiento de esta representación,
a la brevedad posible, a fin de darles el curso correspondiente.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guadalajara, Jalisco, a 30 de
septiembre de 2002.— El oficial mayor, Leonardo
García Camarena.»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder Legislativo.— Secretaría
del Congreso.
Señoras y señores
diputados: José Guadalupe Madera Godoy, diputado de esta LVI Legislatura del Congreso del
estado de Jalisco, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 fracción I de la
Constitución Política del estado de Jalisco, así como en los artículos 85, 88, 94 y 96
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presento ante ustedes iniciativa de acuerdo
económico, para lo cual me permito hacer la siguiente
EXPOSICION
DE MOTIVOS
I. La necesidad de promover la
justicia social y de fortalecer la economía del país quedó plasmada desde la reforma
constitucional de 1917, cuando el Constituyente, preocupado por la importancia de generar
empleo y productividad en el campo mexicano, estableció en el artículo 27 constitucional
las disposiciones para normar las actividades y las relaciones de propiedad en el campo.
II. Sobreprotegido y subsidiado por
años, el campo mexicano ha padecido una descapitalización, lo que motivó que el
gabinete económico del Gobierno Federal en 1991 incluyera dentro del Tratado de Libre
Comercio, la comercialización de los productos agropecuarios, condicionando dicho acuerdo
al sector agropecuario a que se designaran recursos suficientes, bien orientados y
permanentes, a efecto de poder insertar sus productos en la economía internacional a
cambio de tener una verdadera recapitalización y un efectivo despegue económico, tanto
el propio sector como el país en su conjunto.
III. Con tal motivo se creó un
programa de apoyos económicos a productores del campo al que se denominó
“Procampo”, con la finalidad de dar respuesta al requerimiento de financiamiento
y de que los pequeños y medianos productores básicamente estuvieran en condiciones de
competir en calidad y cantidad principalmente con los países que firmaron dicho tratado;
de tal manera que el sector pudiera responder a los intereses de la nación con una oferta
de competitividad y de ventajas frente al exterior.
IV. Actualmente, el estado de
Jalisco ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional en superficie agrícola con
1millón 721 mil 153 hectáreas, destinadas en su mayoría a la producción de cultivos
básicos. Lo anterior significa que aproximadamente el 21% de la superficie total presenta
vocación para las prácticas agrícolas. De este total, el 83% (1millón 428 mil 557
hectáreas) se aprovechan bajo condiciones de temporal y el 17% restante (292 mil 596
hectáreas) bajo condiciones de riego. Dichos datos explican el hecho de que nuestra
entidad sea el segundo Estado de la República en la generación de recursos económicos
por producción agropecuaria, aportando el 20% de la producción nacional tan sólo en
maíz y el 12% de caña.
V. A pesar de lo antes mencionado,
el sector agropecuario en la actualidad continúa teniendo una infraestructura limitada
para su desarrollo, lo cual impide su integración en el contexto mundial y su expansión
económica. En unos casos se carece de una suficiente infraestructura de riego, agua,
energía eléctrica, carreteras, vías ferroviarias y telecomunicaciones, y en otros el
costo de acceso a tales facilidades resulta en extremo oneroso e inhibe las actividades
productivas y de comercialización. De los datos referidos en el punto anterior se
concluye que hay efectos negativos en el rendimiento de las tierras, como lo revela la
proporción entre el número de hectáreas sembradas y las desperdiciadas. Se estima que
en el año de 1997 se perdió el 16% del total de la superficie sembrada (15.5% de
temporal y 0.5% de riego).
VI. Las excesivas regulaciones y la
falta de un eficaz control de precios, así como el burocratismo y el intermediarismo
generan obstáculos y rigideces que afectan la acción de los productores agropecuarios,
provocando con ello incertidumbre, incrementos en costos de producción y disminución de
excedentes. Esta situación merma sus ventajas comparativas y sus oportunidades para
competir con éxito.
VII. Las limitantes que generan las
empresas comerciales y/o las instituciones bancarias para que sean sujetos de crédito los
productores, al manejarse estratégicamente de manera discrecional y sin conocimiento del
presunto deudor por el solo hecho de que se encuentre en la lista de adeudos de crédito
es una situación que afecta a todos pero sobremanera a los pequeños y medianos
productores.
VIII. Muchos de los incorporados al
buró de crédito no son solamente por adeudos a instituciones bancarias sino incluso por
adeudos a empresas comerciales, que en no pocas ocasiones, aun teniendo un insignificante
adeudo que no llega al millar, se ven restringidos, por este solo hecho, a la posibilidad
de que se les pueda otorgar un crédito agropecuario capaz de coadyuvar a su actividad
productiva.
IX. La ley contempla mecanismos
precisos para gravar de manera rápida en el Registro Público de la Propiedad a quien no
haya cubierto sus adeudos, pero desafortunadamente, en la mayoría de los casos, aun
cuando hayan cubierto o pagado el adeudo correspondiente, la desgravación o el proceso de
desincorporación tarda mínimamente 60 días, tiempo suficiente para limitar a muchos
pequeños y medianos productores a planear y organizar sus procesos de siembra y cultivo
al no tener posibilidades de refinanciamiento cuando la respuesta es negativa, situación
que agrava todavía más a este sector productivo y a sus trabajadores, que son millones,
quienes al no resolverse su situación se convierten en candidatos para incorporarse al
grueso número de desempleados y cuyas familias, en un alto porcentaje, por lo general, se
ven en la necesidad de emigrar principalmente a Estados Unidos de América y Canadá o a
ciudades industrializadas del propio país donde puedan desempeñarse como obreros o
subempleados.
X. La complicada situación
agropecuaria de Jalisco, ha dejado en enorme desventaja a las zonas rurales frente a las
ciudades como receptoras de inversión pública y privada, generando con ello el riesgo de
una mayor descapitalización en el campo mexicano que profundice aún más su marginación
económica. Si las tendencias de abandono económico del agro se intensifican se
generarán severos problemas de concentración demográfica en las ciudades, desempleo
masivo, pobreza extrema y un deterioro grave en la calidad de vida de las comunidades.
Por lo anteriormente expuesto y con
fundamento en los artículos 94 y 96 del ordenamiento legal que nos rige, someto a la
elevada consideración de ustedes, ciudadanos diputados, el siguiente proyecto de
ACUERDO
ECONOMICO
Primero. Solicítese al honorable Congreso de la
Unión entere a esta legislatura local sobre el contenido del decreto que faculta la
incorporación al buró de crédito a todos los deudores, tanto de instituciones bancarias
como de empresas comerciales.
Segundo. Solicítese al honorable Congreso de la
Unión promueva una modificación al mencionado decreto a efecto de que la
desincorporación y/o desgravación de quien haya cubierto el adeudo sea de manera
expedita y automática y con ello los libere de la limitante de no ser sujetos de
crédito.
Tercero. Solicítese al propio Congreso de la
Unión intervenga a efecto de que promueva ante la Comisión Nacional Bancaria mecanismos
que permitan que el presunto deudor pueda consultar a través de los medios electrónicos,
fácil y rápidamente, si se encuentra registrado en el buró de crédito.
Atentamente.
Guadalajara, Jalisco, a 26 de
septiembre de 2002.— Diputado José Guadalupe
Madera Godoy.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público.
COMISIONES
LEGISLATIVAS
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de
Coordinación Política.
Diputada Beatriz Paredes Rangel,
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en el artículo 34
numeral 1 inciso c de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a solicitud del diputado Cuauhtémoc
Cardona Benavides, subcoordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me
permito solicitar a usted la modificación en la integración de la siguiente comisión:
Que el diputado Francisco García
Cabeza de Vaca sustituya al diputado Raúl Martínez González, como secretario de la
Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.
Lo anterior, para los efectos a que
haya lugar.
Sin otro particular, quedo de
usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo.— México,
DF, a 16 de octubre de 2002.— Diputado Martí
Batres Guadarrama, presidente.»
En votación económica se pregunta
si se aprueba.
Los diputados que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo...
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Mayoría por la afirmativa. Aprobado.
El
Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de
Coordinación Política.
Diputada Beatriz Paredes Rangel,
presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en el artículo 34
numeral 1 inciso c de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a solicitud del diputado Cuauhtémoc
Cardona Benavides, subcoordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me
permito solicitar a usted la modificación en la integración de la siguiente comisión:
Que la diputada María Teresa Romo
Castellón, salga de la Comisión de Seguridad Social.
Lo anterior, para los efectos a que
haya lugar.
Sin otro particular, quedo de
usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo.— México,
DF, a 16 de octubre de 2002.— Diputado Martí
Batres Guadarrama, presidente.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
De enterado.
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de
Coordinación Política.
Diputada Beatriz Paredes Rangel,
presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en el artículo 34
numeral 1 inciso c de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a solicitud del diputado Cuauhtémoc
Cardona Benavides, subcoordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me
permito solicitar a usted la modificación en la integración de la siguiente comisión:
Que la diputada María Teresa Romo
Castellón sustituya al diputado Luis Villegas Montes, como integrante de la Comisión de
Trabajo y Previsión Social.
Lo anterior, para los efectos a que
haya lugar.
Sin otro particular, quedo de
usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo.— México,
DF, a 16 de octubre de 2002.— Diputado Martí
Batres Guadarrama, presidente.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
De enterado.
QUORUM
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Opinión de la Comisión de
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias relativas al quórum legal de la Cámara de
Diputados del Congreso General.
Ciudadanos secretarios de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados.— Presentes.
El pasado 24 de septiembre del
presente año, fue turnado para su estudio un acuerdo de la Mesa Directiva de la Cámara
solicitando la opinión de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias sobre
el quórum legal del pleno de la Cámara de Diputados.
Esta comisión, con fundamento en
los artículos 39 numeral 1 y 40 numeral 2 incisos b
y c de la Ley Orgánica del Congreso General y
los artículos 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General,
ambos de los Estados Unidos Mexicanos, presenta al pleno de la Cámara la presente
opinión, de conformidad con los siguientes
ANTECEDENTES
Sobre el asunto del quórum legal
se puede argumentar con base en una serie de definiciones y tratados de especialistas en
la materia constitucional que el quórum necesario para que la Cámara de Diputados del
Congreso General pueda sesionar legalmente se conforma con la mitad más uno del total de
sus miembros. La problemática radica en definir cual es la totalidad de sus miembros.
Los artículos 52 y 63 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos son los que permiten identificar
este hecho:
“Artículo 52. La Cámara de Diputados
estará integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria
relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales y 200 diputados que
serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de
listas regionales, votadas en circunscripciones plurinominales.
“Artículo 63. Las cámaras no pueden abrir
sus sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia, en cada una de ellas, de más de la
mitad del número total de sus miembros; pero los presentes de una y otra deberán
reunirse el día señalado por la ley y compeler a los ausentes a que concurran dentro de
los 30 días siguientes, con la advertencia de que si no lo hiciesen se entenderá por ese
solo hecho, que no aceptan su encargo, llamándose luego a los suplentes, los que deberán
presentarse en un plazo igual y si tampoco lo hiciesen, se declarará vacante el puesto y
se convocará a nuevas elecciones.
“Se entiende también que los
diputados o senadores que falten 90 días consecutivos, sin causa justificada o sin previa
licencia del presidente de su respectiva Cámara, con la cual se dará conocimiento a
ésta, renuncian a concurrir hasta el periodo inmediato, llamándose desde luego a los
suplentes.
“Si no hubiese quórum para
instalar cualquiera de las cámaras, o para que ejerzan sus funciones una vez instaladas,
se convocará inmediatamente a los suplentes para que se presenten con la mayor brevedad a
desempeñar su cargo, entre tanto transcurren los 30 días de que antes se habla.
“Incurrirán en
responsabilidad y se harán acreedores a las sanciones que la ley señale, quienes
habiendo sido electos diputados o senadores no se presenten, sin causa justificada a
juicio de la Cámara respectiva, a desempeñar el cargo dentro del plazo señalado en el
primer párrafo de este artículo. También incurrirán en responsabilidad, que la misma
ley sancionará, los partidos políticos nacionales que, habiendo postulado candidatos en
una elección para diputados o senadores, acuerden que sus miembros que resultaren electos
no se presenten a desempeñar sus funciones.”
La interpretación de estos dos
artículos se encuentra en las investigaciones de destacados y reconocidos juristas a las
que la comisión se ha remitido para emitir una opinión. A continuación se citan
algunas:
1. Elisur Arteaga Nava. Diccionario Derecho Constitucional.
Quórum. Del latín quorum, genitivo plural de qui con el que empezaba la fórmula legal que
determinaba el número de miembros de una asamblea necesarios para la validez de un
acuerdo. Número mínimo de miembros de un cuerpo colegiado cuya presencia es necesaria
para sesionar válidamente.
El requerimiento de un quórum se
explica con vista a salvaguardar dos principios: uno, obliga a que la función se ejerza
en forma colegiada y por lo mismo, impedir que una minoría usurpe las funciones de un
ente colectivo; otro, permitir el funcionamiento regular de ese ente, sin que sea
obstáculo para que lo haga el hecho de que una minoría no asista a una reunión. Tiende
a ser un término medio razonable.
La Constitución y las leyes
determinan el quórum de los entes colectivos cuya existencia prevén: el quórum de la
Cámara de Diputados es más de la mitad de sus miembros (artículo 63); el de la de
Senadores fue el de las dos terceras partes hasta agosto de 1994 ahora es más de la mitad
(artículo 63), ésa es la regla general que tiene excepciones (artículo 63 y 84); se ha
entendido que el de la Comisión Permanente es el de más de la mitad de sus miembros,
esto pudiera no ser lo correcto; el de las comisiones del Congreso es también fijado en
la práctica en más de la mitad; el del pleno de la Suprema Corte de Justicia es de 15
ministros y el de sus salas es de cuatro (artículos 3o. y 15 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación). El quórum de las legislaturas de los estados es el de
más de la mitad de sus miembros.
El quórum se fija con vista al
número total de miembros que integran el órgano colegiado, sin importar las faltas
temporales o definitivas; la suplencia existe con vista a impedir que un órgano no pueda
sesionar por inasistencia de sus miembros; el quórum se determina con el pase de lista de
asistencia y con vista al número que jurídicamente debe tener el órgano. En toda
sesión debe presumirse que existe quórum, salvo que se demuestre lo contrario a
solicitud de un miembro del ente colectivo. La falta de quórum sólo puede ser solicitada
durante el tiempo que dure la sesión. Bibliografía: Molier, María, op. Cit. Arteaga Nava, Elisur, op. Cit.
2. Susana Thalía Pedroza de la Llave. Diccionario Universal de Términos Parlamentarios.
En México el quórum necesario
para que el Congreso pueda sesionar, data de la Constitución de 1824, artículo 36, la
cual señalaba que el Congreso no podía "abrir sus sesiones sin la concurrencia de
más de la mitad del número de miembros". Posteriormente la Constitución de 1857,
en su artículo 61, reguló el quórum en los mismos términos que la de 1824. Al
restituirse la Cámara de Senadores en 1874 se estableció, para ésta, un quórum de dos
tercios de sus integrantes. Esta última situación fue regulada de la misma manera por el
texto original de la Constitución de 1917 sin embargo, el 3 de septiembre de 1993 se
reforma el artículo 63 unificándose el criterio sobre el quórum para sesionar en ambas
cámaras: más de la mitad de los miembros. De tal manera, la Cámara de Diputados sólo
puede abrir sus sesiones con la concurrencia de 251 miembros y la de Senadores con 65.
El fundamento constitucional de la
figura en comento es el artículo 63 primer párrafo, ya que previene que para poder abrir
o iniciar el periodo de sesiones de la Cámara de Diputados es necesaria la asistencia de
más de la mitad del total de los miembros de la Cámara que, de acuerdo con el artículo
52 constitucional, son 300 electos por el principio de mayoría relativa y 200 electos por
el principio de representación proporcional; es decir, que para la instalación de la
Cámara de Diputados se requiere de 251 diputados cuando menos. En el mismo párrafo
primero del artículo 63 constitucional, se prevé que los diputados ausentes serán
invitados a concurrir dentro de los 30 días siguientes en los términos de ley, es decir,
mediante convocatoria en el Diario Oficial de la
Federación y de acuerdo con el artículo 45 del RGICG.
Al respecto, en el caso que el
diputado no concurra, se prevé una sanción constitucional, la cual consiste en la
pérdida del cargo, además se hará acreedor a una sanción penal, de acuerdo con el
artículo 408 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común
(jurisdicción) y para toda la República en Materia de Fuero Federal, sanción que
consiste en la suspensión de sus derechos políticos (artículo 35 constitucional: votar
en las elecciones populares; poder ser votado; asociarse y ejercer el derecho de petición
etcétera) hasta por seis años. En tal supuesto, se llamará al diputado suplente a que
tome lugar en la Cámara. De igual manera, también existe una sanción para los partidos
políticos, cuando no se presenten los diputados electos, establecida por el Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de 1990 (Cofipe), en sus artículos
66 y 67. Asimismo, es facultad del Presidente de la Cámara, cuando alguno de los miembros
de la misma reclama el quórum, verificar si existe éste, para lo cual pasará lista; si
se comprueba este hecho, en sentido negativo, se levantará la sesión (artículos 106 y
112 del RGICG). Sin embargo, de acuerdo con la LOCG el quórum sólo puede reclamarse al
abrir la sesión o al momento de la votación, para evitar las tácticas dilatorias.
Se podría pensar que la
Constitución prevé el establecimiento de quórum, donde se requiera la presencia de la
totalidad de los miembros de la Cámara de Diputados; sin embargo, en procedimientos
excepcionales, por ejemplo, el juicio político o la declaración de procedencia, se
requiere de la presencia de más 50%, con lo cual nuevamente estamos en presencia de un
quórum ordinario, aunque para la aprobación de éstos se requiere de las dos terceras
partes de los miembros presentes. Otro ejemplo se da cuando la Constitución habla de la
participación de ambas cámaras (Diputados y Senadores) en resoluciones importantes, no
exigiéndose la presencia de todos los miembros del Congreso de la Unión; por ejemplo, en
el artículo 84 constitucional relativo a la designación de Presidente de la República
en su carácter de interino, el quórum requerido es de dos terceras partes del total de
miembros del Congreso.
3. Felipe Tena Ramírez. Derecho Constitucional Mexicano.
Para que las cámaras puedan
actuar, se necesita que haya quórum, es decir, que esté reunido cuando menos determinado
número de representantes. Una vez que está satisfecho el quórum, las resoluciones se
adoptan por "mayoría". La mayoría es, pues, el número de representantes que
decide, dentro de otro número de representantes, generalmente mayor, que es el que
constituye el quórum.
Examinaremos en seguida las reglas
de la Constitución en lo que se refiere a quórum y a mayoría.
Por regla general, consignada en el
artículo 63, el quórum en ambas cámaras se integra por más de la mitad de los
miembros. Hay, sin embargo, un caso de quórum especial previsto en el artículo 84.
Cuando en los casos que señala dicho artículo y el siguiente designa el Congreso al
Presidente de la República, se necesita para integrar el Colegio Electoral la
concurrencia cuando menos de las dos terceras partes del número total de miembros de
ambas cámaras.
Existe, además, un caso en que se
quebranta la regla de que no puede haber actuación parlamentaria sin quórum, y es aquél
a que se refiere el artículo 63 cuando dispone que los miembros presentes de una y otra
cámara deberán reunirse el día señalado por la ley y compeler a los ausentes a que
concurran dentro de los 30 días siguientes, con la advertencia de que si no lo hiciesen
se entenderá por ese sólo hecho que no aceptan su cargo, llamándose luego a los
suplentes, los que deberán presentarse en un plazo igual o, si tampoco lo hiciesen, se
declarará vacante el puesto y se convocará a nuevas elecciones. En la hipótesis del
precepto, se reúne la Cámara sin quórum y toma tres decisiones sucesivas: prevenir a
los ausentes que se presenten, llamar a los suplentes, convocar a nuevas elecciones. Tales
medidas obedecen a la necesidad de salvar el obstáculo de que las cámaras se hallen
impedidas indefinidamente de realizar sus labores.
Una vez que por reunirse el quórum
la cámara puede actuar, las decisiones se toman generalmente por mayoría de los miembros
presentes. No hay ningún caso en que decida la minoría ni hay alguno en que se exija la
unanimidad. La excepción a la regla consiste en que, según los artículos 109 y 111, la
decisión de cada una de las cámaras para privar el fuero a los funcionarios que lo
tienen, debe tomarse por mayoría absoluta (en el caso del primer artículo) y por dos
tercios (en el segundo del número total de miembros que formen cada una de las cámaras),
el cómputo de los votos se hace sobre el total de miembros, no sobre el total de los
presentes que integran el quórum.
4. Otras citas destacadas:
Elisur Arteaga, en su Derecho Constitucional publicado por Oxford
University Press, dice: “para determinar el quórum de cada cámara debe tomarse en
cuenta el número total de elementos que por disposición constitucional deban
integrarlas; de 500 para la de Diputados y de 128 para la de Senadores. Ese es el
principio que se desprende del artículo 63. El número es invariable; no puede ser
alterado ni en virtud de las vacantes que se hayan producido por muerte, renuncia,
destitución, declaración de procedencia, licencia o inasistencia de sus titulares o
suplentes. Lo mismo puede decirse respecto a la Comisión Permanente: su número
invariable es de 37” Este autor señala que en Estados Unidos hay aun criterio
diferente.
Herman Prichett en la Constitución Americana establece que la práctica
de ambas cámaras en aquel país es tomar como base el número de miembros menos las
vacantes.
Héctor Fix Zamudio y Salvador
Valencia Carmona, en su Derecho Constitucional
Mexicano y Comparado, establecen que de
acuerdo con la formación actual de las cámaras, en la de diputados se requieren 251
representantes para que exista quórum. No aluden directamente a los casos de vacantes,
pero dicen que la única excepción admisible a la regla de quórum es el artículo 84
constitucional para el caso de designación de Presidente por el Congreso. De lo que se
colige que coinciden con Elisur Arteaga en que el número es invariable.
Por todo lo anterior, podemos
concluir que en nuestro sistema constitucional el quórum de la Cámara de Diputados se
construye con la mitad más uno de la totalidad de sus miembros. De tal manera que si la
Cámara se compone de 500 diputados, el quórum para sesionar es de 251 y, en caso de que
el número de sus miembros disminuya a lo largo de la legislatura, esto no alterará el
criterio de composición.
Hay que tomar en cuenta uno de los
principios generales de derecho que dicta: “donde la ley no distingue no debe hacerse
distinción alguna”, de tal suerte que el artículo 52 constitucional es claro al
desarrollar la integración de la Cámara de Diputados a través de dos mecanismos
electorales, 300 por la vía uninominal y 200 por la vía de la representación
proporcional, dando como resultado una integración de 500 ni más ni menos.
Inclusive, para abonar al criterio,
lo dispuesto por el artículo 77 fracción IV de la misma Constitución fortalece esta
idea, ya que tal artículo prevé el mecanismo para que las cámaras repongan las vacantes
que suceden en su seno, esto con objeto de preservar en todo momento la composición de la
Cámara, en el caso de los diputados, de un total de 500.
“Artículo 77. Cada una de las cámaras
puede, sin la intervención de la otra:
I a la III. . . . . .
IV. Expedir convocatoria para
elecciones extraordinarias con el fin de cubrir las vacantes de sus respectivos miembros.
En el caso de la Cámara de Diputados, las vacantes de sus miembros electos por el
principio de representación proporcional, deberán ser cubiertas por aquellos candidatos
del mismo partido que sigan en el orden de la lista regional respectiva, después de
habérsele asignado los diputados que le hubieren correspondido”.
Es definitivo entonces afirmar que
el número de integrantes de la Cámara de Diputados es de 500 y en todo momento debe
procurarse cubrir las vacantes mediante:
1) Las suplencias.
2) Las elecciones extraordinarias o
3) Las listas de representación
proporcional, según lo amerite la circunstancia. Por tanto, independientemente del
momento, el quórum requerido para sesionar es de la mitad más uno sobre un total de 500
diputados electos cada tres años para una legislatura, esto es: 251 diputados integrantes
de la Cámara.
Por lo anteriormente expuesto y
fundado esta Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias se permite dar
cumplimiento a la consulta realizada por la Mesa Directiva y emitir la siguiente:
OPINION
Unica. La integración de la Cámara de Diputados
del Congreso General es de 500 (quinientos) diputados y el quórum legal para sesionar,
salvo en los casos que la Constitución Política exige un quórum mayor, es de al menos
251 (doscientos cincuenta y uno) diputados presentes.
En espera de haber satisfecho el
atento requerimiento de la Mesa Directiva y con el afán de contribuir en el desarrollo
cabal de las tareas parlamentarias, solicitamos a la Presidencia de la Cámara se haga del
conocimiento de la Asamblea en sesión plenaria la presente opinión y se publique en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados.
Palacio Legislativo, México, DF, a
3 de octubre de 2002.— Por la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias,
diputados: Augusto Gómez Villanueva,
presidente; Manuel Medellín Milán, José Sergio
Rodolfo Vaca Betancourt Bretón, Miguel Angel Martínez Cruz, María Cristina Moctezuma
Lule, secretarios; Eduardo Andrade Sánchez,
Manuel Garza González, Gustavo Nabor Ojeda Delgado, Juan Manuel Martínez Nava, Rafael
Rodríguez Barrera, Jesús Alí de la Torre, Francisco Javier Chico Goerne Cobián, José
de Jesús Hurtado Torres, José de Jesús López Sandoval, Luis Villegas Montes, Luis
Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, Lorenzo Rafael Hernández Estrada y Ricardo Moreno
Bastida.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Enterada la Mesa Directiva y túrnese a la Mesa
Directiva para el expediente respectivo.
SECRETARIA
DE ECONOMIA
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
Se recibió en esta Secretaría el
oficio número STPCE/761/2002, de fecha 11 del presente mes, signado por el secretario
técnico de Planeación, Comunicación y Enlace de la Secretaría de Economía, Gerónimo
Gutiérrez Fernández, en el que solicita que por este conducto se le hagan llegar los
resultados de los programas de esa Secretaría a que se refiere el artículo 63 del
decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002.
Por lo anterior y con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 27 fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, con el presente les acompaño copia del oficio de referencia, así como
los documentos que en el mismo se citan, para los fines procedentes.
Sin más por el momento, les
reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 15 de octubre de
2002.— El subsecretario, M. Humberto Aguilar
Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.
Licenciado Humberto Coronado
Aguilar, subsecretario de Enlace Legislativo, Secretaría de Gobernación.— Presente.
El Presupuesto de Egresos de la
Federación vigente, en el artículo 63 fracción V inciso b establece que los programas a
cargo de la Secretaría de Economía a que se refiere el artículo 64 deberán ser
evaluados por instituciones académicas y de investigación u organismos especializados,
de carácter nacional o internacional, que cuenten con reconocimiento y experiencia en las
respectivas materias de los programas.
Dichas evaluaciones deberán
enviarse a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a
más tardar el 15 de octubre de 2002, a fin de que sean consideradas en el proceso de
análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente
ejercicio fiscal.
Las secretarías de Hacienda y
Crédito Público y de Contraloría y Desarrollo Administrativo publicaron en el Diario
Oficial de la Federación el 30 de abril de 2002 el acuerdo por el que se expiden los
requisitos mínimos que las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal deberán considerar para seleccionar a las instituciones académicas y de
investigación u organismos especializados, de carácter nacional o internacional,
interesados en realizar la evaluación de resultados de los programas gubernamentales
sujetos a reglas de operación en el ejercicio fiscal 2002.
En cumplimiento de dichos
ordenamientos, la Secretaría de Economía gestionó la evaluación de los siguientes
programas, la cual se adiciona a la que gestionó el Fideicomiso de Fomento Minero
(Fifomi):
• Programa Marcha Hacia el
Sur;
• Programa de Encadenamientos
Productivos;
• Programa de Centros de
Distribución;
• Fondo de Microfinanciamiento
a Mujeres Rurales (Fommur);
• Fondo Nacional de Apoyos
para Empresas en Solidaridad (Fonaes);
• Centro para el Desarrollo de
la Competitividad Empresarial (Cetro) y Centros Regionales para la Competitividad
Empresarial (Crece);
• Fondo de Apoyo para la
Micro, Pequeña y Mediana Empresas;
• Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario (Pronafim);
• Fondo de Apoyo para el
Acceso al Financiamiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas;
En tal virtud, por instrucciones
del titular de la Secretaría de Economía, doctor Luis Ernesto Derbez Bautista, le envío
las evaluaciones referidas y le solicito atentamente su valiosa intervención con el fin
de hacerlas llegar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de
Diputados.
Lo anterior toda vez que de
conformidad con el artículo 27 fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, corresponde a la Secretaría de Gobernación conducir las relaciones del
Poder Ejecutivo Federal con los demás poderes de la Unión.
Sin otro particular, le reitero mi
distinguida consideración.
Atentamente.
México, DF, a 11 de octubre de
2002.— El secretario técnico Gerónimo
Gutiérrez Fernández.»
CONTENIDO
Evaluación de resultados de los
programas de la Secretaría de Economía a que se refiere el artículo 63 del
decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002.
• Presentación ante la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión.
• Programa marcha hacia el
sur.
• Programa de encadenamientos
productivos.
• Programa de centros de
distribución.
• Fondo de Microfinanciamiento
a Mujeres Rurales (Fommur).
• Fondo Nacional de Apoyos
para Empresas en Solidaridad (Fonaes).
• Fideicomiso de Fomento
Minero (Fifomi).
• Centro para el Desarrollo de
la Competitividad Empresarial (Cetro) y Centros Regionales para la Competitividad
Empresarial (Creces).
• Fondo de Apoyo a la Micro,
Pequeña y Mediana Empresas (Fampyme)
• Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario.
• Fondo de Apoyo para el
Acceso al Financiamiento de las Micro, Pequeña y Mediana Empresas (Foafi).»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Túrnese a la Comisión de Presupuesto
y Cuenta Pública.
IMSS
El
Secretario diputado Adrián Rivera Pérez:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
Con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 27 fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y
en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo vigesimoquinto Transitorio del decreto por
el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre
del año próximo pasado, con el presente acompaño copia simple del oficio número 09 52
19 0500/1834, signado por el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social,
Santiago Levy Algazi, en el que solicita sea remitido a ese órgano legislativo el estudio
sobre la suficiencia financiera de los seguros y coberturas que conforme a la Ley del
Seguro Social administra el IMSS.*
Por lo anterior, remito a ustedes
los citados documentos para los fines legales procedentes.
Sin más por el momento, les
reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 14 de octubre de
2002.— El subsecretario, M. Humberto Aguilar
Coronado.»
«Instituto Mexicano del Seguro
Social.— Secretaría General.
Oficio 09 52 19 0500/1834.
Licenciado Marco Humberto Aguilar
Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo.— Secretaría de Gobernación.—
Presente.
De conformidad con lo que establece
el artículo vigesimoquinto transitorio, del decreto por el que se reforman diversas
disposiciones de la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 20 de
diciembre de 2001, el Ejecutivo Federal deberá presentar al Congreso de la Unión, un
estudio sobre la suficiencia financiera de los seguros y coberturas que conforme a la Ley
del Seguro Social administra el IMSS, a más tardar el 15 de octubre de 2002.
En virtud de lo anterior, me
permito remitir a usted el citado estudio, agradeciéndole que por su valioso conducto, de
no existir inconveniente alguno por parte de esa Subsecretaría a su digno cargo, dicho
documento se envíe al honorable Congreso de la Unión, en términos de lo que dispone la
fracción XIV del artículo 27, de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal.
Atentamente.
México, DF, a 10 de octubre de
2002.- Santiago Levy.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Túrnese a las comisiones de Seguridad
Social y de Trabajo y Previsión Social.
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
Con fundamento en lo dispuesto por
la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, con el presente les acompaño copia del similar número DGEP/331/2002, de fecha 8
del actual, signado por la licenciada Ana Silvia Arrocha, directora general de Enlace
Parlamentario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; así como los
anexos que en el mismo se citan, relativos al Informe Trimestral del Avance
Físico-Financiero del Programa de Desarrollo Institucional Ambiental (PDIA), en
cumplimiento de lo establecido por el artículo 63 fracción V inciso a del Presupuesto de Egresos de la Federación para
el Ejercicio Fiscal de 2002.
Sin más por el momento, les
reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 15 de octubre de
2002.— El subsecretario, Humberto Aguilar
Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.—
Dirección General de Enlace Parlamentario.
Oficio No. DGEP/331/2002.
Licenciado Humberto Aguilar
Coronado, subsecretario de Enlace Político de la Secretaría de Gobernación.- Presente.
Con fundamento a lo establecido en
el artículo 63 fracción V inciso a, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal del año 2002, anexo al presente sírvase encontrar copia del oficio
DGPAIRS/633/2002, de fecha 5 de octubre de 2002 relativo al informe trimestral del avance
físico financiero del Programa de Desarrollo Institucional Ambiental (PDIA).
Lo anterior, con el fin de que se
sirva hacer llegar dicha documentación a las instancias correspondientes del honorable
Congreso de la Unión.
Sin más por el momento, aprovecho
la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, DF, a 8 de octubre de
2002.— Ana Silvia Arrocha, directora
general.»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales.-—Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental.
Oficio No. DGPAIRS/633/2002.
Licenciada Ana Silvia Arroche
Contreras, directora general de Enlace Parlamentario.
Anexo al presente envío a usted el
informe trimestral del avance físico financiero del Programa de Desarrollo Institucional
Ambiental PDIA, para que por su amable conducto se presente a la Cámara de diputados del
honorable Congreso de la Unión de conformidad con el artículo 63 fracción V inciso a
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002.
Aprovecho la ocasión para enviarle
un cordial saludo.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, DF, a 5 de octubre de
2002.— Luis A. Bojórquez Tapia, director
general.»
SECRETARIA
DE ECONOMIA
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
Con fundamento en lo dispuesto por
la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal y en cumplimiento al artículo 79 del decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2002, con el presente les acompaño copia del similar
número STPCE/801/2002, fechado el día de hoy, suscrito por el secretario técnico de
Planeación, Comunicación y Enlace de la Secretaría de Economía; Gerónimo Gutiérrez
Fernández, así como el informe de evaluación del desempeño del sector economía
correspondiente al periodo enero-septiembre de 2002*.
Sin más por el momento, les
reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a 15 de octubre de
2002.— El subsecretario, M. Humberto Aguilar
Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Economía.
Licenciado Humberto Aguilar Coronado,
subsecretario de enlace legislativo.- Secretaría de Gobernación.- Presente.
El Presupuesto de Egresos de la
Federación vigente, en sus artículos 78 y 79, señala que las dependencias deberán
enviar a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión por conducto de la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a más tardar el 15 de octubre de 2002, los
resultados de la ejecución de los programas y presupuestos de la entidades coordinadas,
con base en el sistema de evaluación del desempeño.
En tal virtud, por instrucciones del
titular de la Secretaría de Economía doctor Luis Ernesto Derbez Bautista, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 79 del decreto del Presupuesto de
Egresos de la Federación vigente, le envío un ejemplar del informe de evaluación del
desempeño del sector economía, correspondiente al periodo enero-septiembre de 2002, y le
solicito atentamente su valiosa intervención con el fin de hacerlo llegar a la Comisión
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputado del honorable Congreso de la
Unión.
Lo anterior toda vez que de conformidad
con el artículo 27 fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federa, corresponde a la Secretaría de Gobernación conducir las relaciones del Poder
Ejecutivo Federal con los demás poderes de la Unión.
Sin otro particular, le reitero mi
distinguida consideración.
Atentamente.
México DF, a 15 de octubre de
2002,— Gerónimo Gutiérrez Fernández,
secretario técnico.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Túrnese a la Comisión de Presupuesto
y Cuenta Pública.
MEXICO-ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la
Cámara de Diputados.— Presentes.
Me permito hacer de su conocimiento
que, en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de la Comisión de
Relaciones Exteriores, del cual se anexa copia, cuyo punto de acuerdo se transcribe a
continuación
PUNTO
DE ACUERDO
Unico. Que, en virtud de los motivos y fundamentos
expresados en el presente dictamen, se exhorte a la Cámara de Diputados del Congreso de
la Unión para que, conforme a sus facultades constitucionales, considere dentro del
Presupuesto de Egresos de la Federación un aumento a la partida presupuestal asignada a
la Embajada y consulados mexicanos en los Estados Unidos de América, considerando para
tales efectos lo dispuesto por los artículos 2o., fracción XI de la Ley del Servicio
Exterior Mexicano y 20, 22 y 23 de la Ley Federal de Derechos."
Reitero a ustedes las seguridades
de mi atenta y distinguida consideración.
México, DF, a 15 de octubre de
2002.— Senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente
en funciones.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Túrnese a la Comisión de Presupuesto
y Cuenta Pública.
LEY
FEDERAL DE DERECHOS
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.
Ciudadanos Secretarios de la
Cámara de Diputados.— Presentes.
Me permito informar a ustedes que
en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Gloria Lavara Mejía, del grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto
de decreto que reforma el artículo 198 de la Ley Federal de Derechos.
La Presidencia dispuso que dicha
iniciativa se remitiera a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.
Reitero a ustedes las seguridades
de mi atenta y distinguida consideración.
México, DF, a 15 de octubre de
2002.— Senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente
en funciones.»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.— Grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Iniciativa de reformas a la Ley
Federal de Derechos para el ajuste de cobro de derechos en áreas naturales protegidas, a
cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Gloria Lavara Mejía, Jorge Emilio
González Martínez, Sara Isabel Castellanos Cortés, Emilia Patricia Gómez Bravo y
Verónica Velasco Rodríguez, senadores de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de
la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México,
con fundamento en los artículos 71 fracción II, 72 y 73 fracción XXIX de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 60 y 64 del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se
turne a la Cámara de Diputados, para su dictamen y posterior discusión en la LVIII
Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley:
EXPOSICION
DE MOTIVOS
México es un país que por su
ubicación geográfica, su orografía y su clima, es hogar de un importante número de
especies de flora y fauna. Estas especies representan aproximadamente el 10% del total
mundial, por ello es que nuestro país es denominado como "megadiverso".
México “ocupa el primer lugar
en riqueza de reptiles, el segundo en mamíferos, el cuarto en anfibios y plantas
vasculares y el décimo en aves”. Más aún, contamos con un alto porcentaje de
especies endémicas. Se calcula que el 30% de las especies de vertebrados y el 63% de las
especies de flora también son endémicos.
La diversidad biológica del país,
conforma nuestro capital ecológico. Este, nos proporciona toda una gama de bienes y
servicios ambientales entre los que se incluyen: “el resguardo del patrimonio
genético, la absorción de gases de efecto invernadero, la regulación climática, el
mantenimiento de recursos hídricos, la conservación de suelos, la preservación del
valor paisajístico, la producción de recursos forestales maderables y no maderables, el
avance del conocimiento científico y la estructuración de habitats para miles de
especies que representan millones de años de evolución”.
No obstante lo anterior,
actividades humanas como “la ganadería extensiva, la intensificación agrícola, la
agricultura itinerante de subsistencia, el crecimiento urbano desorganizado y en general,
la aplicación de modelos tecnológicos inadecuados para la diversidad natural del
país”, continúan ocasionando el deterioro e incluso la pérdida de áreas
significativas de los ecosistemas del país, poniendo en serio peligro la rica diversidad
biológica que poseemos.
Sin lugar a duda, la protección y
conservación de áreas representativas de todos los ecosistemas que existen en nuestro
país debe ser uno de los pilares de la política ambiental de la presente
administración. Sin embargo, este tipo de áreas se encuentran amenazadas por la carencia
de recursos financieros que puedan ser destinados para su manejo y operación. Por ello,
los legisladores del Partido Verde Ecologista de México consideramos necesario que se
ajusten las cuotas que se cobran como pago de derechos para el ingreso a estas áreas de
acuerdo a las características particulares de cada una de ellas, con el fin de que los
fondos que se recauden sean utilizados para su preservación.
Esta necesidad de ajustar la cuotas
que se cobran como derecho al ingreso a la áreas naturales protegidas, atiende a diversas
razones, tanto históricas como actuales, mismas que a continuación se precisarán.
Los primeros esfuerzos de
conservación en México datan del Siglo XIX, pero se debe mencionar que éstos fueron
aislados y poco efectivos puesto que en muy contadas ocasiones pudieron llevarse a cabo
con éxito.
Conforme fue avanzando el
conocimiento del papel que desempeña la diversidad biológica en la ecósfera y se hizo
patente que de su conservación depende la disponibilidad de los bienes y servicios
ambientales a los que ya me he referido, así como también la subsistencia de los
mexicanos. Surgió la necesidad de aplicar políticas eficaces y eficientes de
conservación que eviten y reviertan el deterioro de nuestros valiosos recursos naturales.
En este sentido, fue creado un
instrumento de política ambiental que por una parte, permite una mayor definición
jurídica para proteger y conservar nuestra diversidad biológica y por la otra,
especifica los criterios para su cate- gorización. Me refiero, compañeros, a la figura
de las áreas naturales protegidas.
Las áreas naturales protegidas son
definidas como aquellas zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la nación
ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido
significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser
preservadas y restauradas.
La Ley General de Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente, clasifica a las áreas naturales en seis
categorías, mismas que están sujetas a regímenes especiales de protección,
conservación, restauración y desarrollo. A este respecto, cabe señalar que actualmente
existen en México 31 reservas de la biosfera, cuatro monumentos naturales, 66 parques
nacionales, una área de protección de los recursos naturales, 23 áreas de protección
de flora y fauna y otras cuatro áreas de protección, sumando un total de 129 áreas
naturales protegidas.
Para el establecimiento,
instalación y operación de estas áreas se deben tomar en consideración los costos de
oportunidad de usos alternativos del territorio y sus recursos; los costos de
resarcimiento o compensación a limitaciones o cambios en los derechos de propiedad,
control, uso y acceso; los costos de transacción y negociación en el establecimiento de
áreas naturales protegidas y en su desarrollo institucional; los costos de manejo, la
administración y vigilancia y los costos derivados del largo periodo de maduración de
los proyectos de utilización sostenible de los recursos de las áreas naturales
protegidas.
Los costos de instalación y
operación dependen del área natural de que se trate, pero por lo general, suelen ser muy
elevados y desafortunadamente la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas
(Conanp), no cuenta con los recursos financieros suficientes para sufragarlos. En su
informe II Aniversario, Perspectivas y Logros, indica que para el ejercicio presupuestal
de 2002, se asignaron 220 millones de pesos, mismos que son insuficientes, por lo que a
través del apoyo de la Semarnat y otros grupos intentarán alcanzar la suma de 400
millones de pesos.
En el pasado, se exploraron y
concretaron formas de financiamiento alterno. En este sentido, se consiguió el apoyo de
organismos y organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales, entre los que
destacan: el Fondo para el Medio Ambiente Mundial del Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (GEF), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Nature
Conservancy y el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. Más aún,
recientemente el GEF y el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza firmaron
un convenio mediante el cual ambas organizaciones asignaron un total de 31.1 millones de
dólares para fondos patrimoniales de 12 reservas y actividades de fortalecimiento y
sinergia institucional.
Su apoyo ha sido tan valioso que en
un estudio realizado por la Semarnat se encontró que las áreas respaldadas por el GEF,
obtienen mejores resultados, puesto que con este sustento, pueden acceder a personal,
equipo, sistemas de gestión más estructurados e infraestructura por arriba del mínimo
requerido para el manejo de dicha área.
Como se puede apreciar, estos
recursos sirven de complemento a los ya aportados por el Gobierno Federal. Además, no son
aplicados a todas las áreas naturales protegidas que posee nuestro país, por lo que la
realidad nos sigue demostrado que la carencia o bien, la ausencia de recursos financieros,
es hoy por hoy, uno de los principales problemas para poder manejarlas adecuada y
eficientemente.
En la búsqueda de una solución,
se han explorado diferentes alternativas. Como resultado, se hicieron modificaciones
legales que permiten descentralizar el manejo de ciertas áreas naturales como los parques
nacionales y su administración a los gobiernos de los estados y municipios, así como a
aquellas organizaciones que se comprometen a proteger, conservar y difundir el importante
papel que éstas desempeñan.
Otro importante logro en la
búsqueda de financiamiento fue la reforma legal que permitió modificar el artículo 189
de la Ley Federal de Derechos, a fin de poder realizar el cobro de derechos por el uso,
goce o aprovechamiento de los elementos naturales marinos de dominio público existentes
dentro de las áreas naturales protegidas, cabe mencionar que su aplicación se hizo
efectiva a partir de este año.
El artículo 198 de la Ley Federal
de Derechos también aplica a las actividades recreativas o turísticas, de buceo libre o
autónomo, esquí acuático y recorridos en embarcaciones motorizadas y no motorizadas. El
cobro es de 20 pesos por persona.
Tanto los titulares de registros,
autorizaciones, permisos o concesiones para la prestación de servicios
náutico-recreativos o acuático-recreativos o bien la persona interesada, según sea el
caso, están obligados a realizar dicho pago.
Los ingresos por concepto del cobro
de derechos a los que se refiere el artículo antes mencionado, serán destinados a la
vigilancia, conservación y aprovechamiento de las áreas naturales protegidas.
Para ello, la Tesorería de la
Federación deberá reintegrar los montos obtenidos a sus respectivas áreas en el lapso
de un mes.
De acuerdo a estimaciones de la
Conanp, toda vez que se alcancen altos niveles de eficiencia en la reintegración del
cobro a las áreas naturales, éste podrá aportar hasta 30 millones de pesos anuales, que
podrá duplicarse si se incluyen las áreas terrestres, que hasta ahora se encuentran
fuera del esquema de aplicación del cobro de derechos.
A pesar de estos logros,
compañeros, quiero llamar la atención para algunos problemas que se han detectado en la
asignación del monto del pago de derechos, ya que éste es uniforme, es decir, lo mismo
aplica para la región del Caribe mexicano, que para la región del Mar de Cortés.
El problema radica en que no se
tomó en cuenta que cada zona tiene sus particularidades y su tipo específico de
visitantes; tampoco se pensó en que la demanda de unas es mayor a la de otras. Por
ejemplo, de acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo, el Caribe mexicano cuenta con
la mayor demanda turística nacional e internacional. Lo que hace más factible que sus
áreas naturales reciban un mayor número de visitantes, contribuyendo significativamente
a su eficiente manejo y operación, sin embargo, ¿qué hay de aquellas áreas que no
tienen tanta demanda, como por ejemplo las Bahías de Huatulco?
Por otra parte, parece que tampoco
se tomó en cuenta que, la afluencia turística se da sólo en ciertas temporadas del
año, lo que hace que la tarifa quede lejos de ser la óptima.
En algunos países de Europa, la
visita a áreas naturales se cobra dependiendo de la temporada, lo que hace que el pago
por visita durante la temporada alta compense la “pérdida” de entradas en la
temporada baja.
El establecimiento de una cuota
uniforme no corresponde con la realidad nacional, pues no hay que olvidar que el salario
mínimo vigente no es el mismo para todo el país, por lo que el poder adquisitivo de una
persona en la región norte difiere de una que vive en el Golfo o bien en el Pacífico
sur.
Esto es así, en virtud de que sin
importar la cercanía al área natural, el hecho, es que visitarlas es más costoso para
unos que para otros, situación que en la mayoría de los casos atiende al nivel
económico de la zona.
También debemos mencionar que esta
cuota no es democrática. Es decir, no resulta atractiva para los que invierten más
tiempo en el viaje que para aquellos que se encuentran relativamente cerca. Esto es,
porque después de haber incurrido en un gasto mayor al realizar un viaje más largo, el
pago por el derecho de goce o aprovechamiento parece menor (al menos sicológicamente).
Mientras que para el turista local puede resultar poco atractivo e incluso caro.
Sobre este último punto, valdría
la pena analizar ejemplos de otros países en los que las personas de la tercera edad, con
discapacidad o nacidas en el lugar reciben un descuento o un obsequio simbólico por su
visita. Ello representa un incentivo para futuras visitas e incluso una buena técnica de
mercadotecnia para atraer más turistas.
En atención a los razonamientos
que han sido precisados consideramos pertinente analizar la conveniencia del pago de
derechos por la cantidad de 20 pesos, que de manera homogénea se cobra en todas las
áreas naturales protegidas que contempla el artículo 198 de la Ley Federal de Derechos.
Es por ello que proponemos que sean los propios administradores de dichas áreas quienes
con base en estudios de valuación económica y social, determinen el monto a cobrar por
el derecho de goce o aprovechamiento, dentro de un rango preestablecido en la propia Ley
Federal de Derechos.
Si la población y las autoridades
competentes adquieren conciencia de la gran responsabilidad que tenemos los mexicanos de
cuidar y conservar la riqueza biológica privilegiada con que contamos y si reflexionamos
sobre la importancia que ésta tiene en términos de capital natural, es muy probable que
asuman la responsabilidad de financiar su conservación y manejo. Sólo así se podría
abatir los costos que su establecimiento y conservación implica.
Por todo lo anterior, sometemos a
esta Cámara de Senadores de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la
presente
iniciativa
De decreto mediante el cual se
reforma el artículo 198 de la Ley Federal de Derechos.
Artículo único. Se reforma el artículo 198 de
la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:
Ley
Federal de Derechos
TITULO OCTAVO
De las infracciones y sanciones
CAPITULO
UNICO
Artículo 198. Por el uso, goce o aprovechamiento
de los elementos naturales marinos de dominio público existentes dentro de las áreas
naturales protegidas competencia de la Federación, en actividades recreativas o
turísticas de buceo autónomo, buceo libre, esquí acuático, recorridos en embarcaciones
motorizadas o no motorizadas, se pagaran derechos por persona, por día conforme a una
cuota de 20 a 120 pesos dependiendo del área natural que se visite.
ARTICULO
TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Cámara de Senadores del honorable
Congreso de la Unión, a 15 de octubre de 2002.— Senadores: Jorge Emilio González Martínez, Verónica Velasco
Rodríguez, Sara Isabel Castellanos Cortés, Emilia Patricia Gómez Bravo y Gloria Lavara Mejía.»
El diputado José Manuel del Río Virgen (desde su
curul):
El apellido es Lavara; Lavara.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
La fe de erratas que marcó el
diputado Del Río Virgen: "Lavara".
Túrnese a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público.
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la
Cámara de Diputados.— Presentes.
Me permito informar a ustedes que
en sesión celebrada en esta fecha, el senador Fernando Gómez Esparza, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto
de decreto que reforma la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
La Presidencia dispuso que dicha
iniciativa se remitiera a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.
Reitero a ustedes las seguridades
de mi atenta y distinguida consideración.
México, DF, a 15 de octubre de
2002.— Senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente
en funciones.»
«Iniciativa con proyecto de
decreto que reforma la Ley del Impuesto Sobre la Renta
El que suscribe, senador Fernando
Gómez Esparza, en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 71 fracción
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la
consideración de la Cámara de Senadores, por el digno conducto de ustedes, la siguiente
iniciativa de reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con base en la siguiente
EXPOSICION
DE MOTIVOS
Con el fin de clarificar la
aplicación de las leyes fiscales y evitar las controversias sobre la determinación del
subsidio acreditable para efectos de su deducción en el impuesto sobre la renta en los
trabajadores al servicio de las entidades federativas y sus municipios, se propone
reformar el cuarto párrafo del artículo 114 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con
el fin de establecer con precisión que los trabajadores de los estados y sus municipios
tendrán el mismo tratamiento fiscal para efectos del cálculo del porcentaje del subsidio
acreditable del impuesto sobre la renta causado en donde se exime de considerarse en dicho
cálculo las cuotas o aportaciones realizadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, las
aportaciones efectuadas por el patrón al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al
Servicio del Estado y al Sistema de Ahorro para el Retiro, dejando excluidos de este
beneficio las cuotas o aportaciones efectuadas a los institutos u organismos de seguridad
y servicios sociales de los trabajadores al servicio de las entidades federativas y sus
municipios, con lo que conforme el texto actual de la ley existe controversia sobre la
limitación de la aplicación de ese beneficio al no considerar como parte de la porción
del subsidio acreditable las cuotas o aportaciones de seguridad social, pues parecería
que el beneficio es solamente para los trabajadores al servicio de la Federación y de los
trabajadores en general y no así para los trabajadores al servicio de las entidades
federativas y sus municipios.
La anterior propuesta se realiza
con el fin de resarcir una omisión realizada en el párrafo cuarto del artículo 114, en
donde no se especificó que las aportaciones patronales de seguridad social, las
aportaciones a las cuentas de ahorro individual de cada trabajador que cubren los tres
niveles estatales de gobierno en cuanto a sus gobiernos estatales, sus administraciones
municipales y los poderes Legislativo y Judicial a cada uno de los servidores públicos,
como se encuentra el texto actual de la ley, no gozan del mismo tratamiento fiscal para
efectos del cálculo del subsidio acreditable, que los trabajadores de la iniciativa
privada ni de los trabajadores de la Federación.
Para dar un ejemplo, en el Gobierno
del estado de Aguascalientes, sin poder considerar el monto de las aportaciones de
seguridad social realizadas al ISSSSPEA (Instituto de Seguridad y Servicio Social para los
Servidores Públicos del estado de Aguascalientes) el subsidio acreditable contra el
impuesto sobre la renta causado sería del 53.03%, mientras que al considerar el beneficio
de separar estas aportaciones, el porcentaje del subsidio acreditable contra el ISR sería
del 88.06%, lo que significaría un considerable ahorro en el ISR para todos los
trabajadores de cualquier nivel salarial.
Para lograr tales propósitos se
somete a la elevada consideración del Poder Legislativo de la Unión la siguiente
iniciativa que dice:
Artículo 114. Los contribuyentes a que se refiere
este capítulo gozarán de un subsidio contra el impuesto que resulte a su cargo en los
términos del artículo anterior.
...
Para determinar el monto del
subsidio acreditable contra el impuesto que se deriva de los ingresos por los conceptos a
que se refiere este capítulo, se tomará el subsidio que resulte conforme a la tabla,
disminuido con el monto que se obtenga de multiplicar dicho subsidio por el doble de la
diferencia que exista entre la unidad y la proporción que determinen las personas que
hagan los pagos por dichos conceptos. La proporción mencionada se calculará para todos
los trabajadores del empleador, dividiendo el monto total de los pagos efectuados en el
ejercicio inmediato anterior que sirva de base para determinar el impuesto en los
términos de este capítulo, entre el monto que se obtenga de restar al total de las
erogaciones efectuadas en el mismo por cualquier concepto relacionado con la prestación
de servicios personales subordinados, incluyendo, entre otras, a las inversiones y gastos
efectuados en relación con previsión social, servicios de comedor, comida y transporte
proporcionados a los trabajadores, aun cuando no sean deducibles para el empleador ni el
trabajador esté sujeto al pago del impuesto por el ingreso derivado de las mismas, sin
incluir los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo a
que se refiere la Ley Federal del Trabajo, las cuotas patronales pagadas al Instituto
Mexicano del Seguro Social y las aportaciones efectuadas por el patrón al Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o al Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado y al Sistema de Ahorro para
el Retiro. Cuando la proporción determinada sea inferior al 50% no se tendrá derecho al
subsidio.
Proyecto
de decreto
Por el que se reforma el artículo
114 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta
Artículo único. Se reforma el cuarto párrafo
del artículo 114 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:
Artículo 114. Los contribuyentes a que se refiere
este capítulo gozarán de un subsidio contra el impuesto que resulte a su cargo en los
términos del artículo anterior.
...
Para determinar el monto del
subsidio acreditable contra el impuesto que se deriva de los ingresos por los conceptos a
que se refiere este capítulo, se tomará el subsidio que resulte conforme a la tabla,
disminuido con el monto que se obtenga de multiplicar dicho subsidio por el doble de la
diferencia que exista entre la unidad y la proporción que determinen las personas que
hagan los pagos por dichos conceptos. La proporción mencionada se calculará para todos
los trabajadores del empleador, dividiendo el monto total de los pagos efectuados en el
ejercicio inmediato anterior que sirva de base para determinar el impuesto en los
términos de este capítulo, entre el monto que se obtenga de restar al total de las
erogaciones efectuadas en el mismo por cualquier concepto relacionado con la prestación
de servicios personales subordinados, incluyendo, entre otras, a las inversiones y gastos
efectuados en relación con previsión social, servicios de comedor, comida y transporte
proporcionados a los trabajadores, aun cuando no sean deducibles para el empleador ni el
trabajador esté sujeto al pago del impuesto por el ingreso derivado de las mismas, sin
incluir los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo a
que se refiere la Ley Federal del Trabajo, las cuotas patronales pagadas al Instituto
Mexicano del Seguro Social y las aportaciones efectuadas por el patrón al Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, al Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado o a los institutos u organismos
responsables de los servicios sociales de los trabajadores al servicio de las entidades
federativas y sus municipios y al Sistema de Ahorro para el Retiro. Cuando la proporción
determinada sea inferior al 50% no se tendrá derecho al subsidio.
Senadores: Mariano González Zarur, Joaquín Cisneros
Fernández, José Carlos Cota Osuna, Roberto Pérez de Alva Blanco, José Ernesto Gil
Elorduy, Lauro Díaz Castro, Adrián Alanís Quiñones, Héctor Michel Camarena, Francisco
Bojórquez Mungaray, Yolanda Eugenia González Hernández, Martha Sofía Tamayo Morales,
Addy Cecilia Joaquín Coldwell, María Lucero Saldaña Pérez, Oscar Luebbert Gutiérrez,
Noemí Zoila Guzmán Lagunes y Emilio Gamboa
Patrón.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Túrnese a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público.
REPUBLICA
DE BULGARIA
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
Solicitud de particulares.
«Honorable Congreso de la Unión:
Ricardo Franco Guzmán, mexicano, licenciado en derecho, con domicilio para oír
notificaciones y recibir toda clase de documentos en Paseo de las Palmas 1505, colonia
Lomas de Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo, código postal 11010, de esta ciudad,
con todo respeto digo:
1. Soy mexicano por nacimiento,
como lo acredito con la copia certificada que acompaño como anexo número 1.
2. En oficio de 2 de octubre de
2002, el señor Iván Christov, embajador de Bulgaria en México, tuvo a bien designarme
asesor jurídico (abogado de confianza) de dicha representación diplomática, con
carácter honorario y, por tanto, sin retribución económica, como lo acredito con la
copia del oficio que acompaño como anexo número 2.
3. De acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 37-C fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, solicito permiso de ese Congreso de la Unión para prestar voluntariamente mis
servicios a la Embajada de Bulgaria en México como asesor jurídico (abogado de
confianza).
Protesto mi respeto.
México, DF, a 10 de octubre de
2002.— Ricardo Franco Guzmán.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Túrnese a la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública.
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
«Honorable Congreso de la Unión:
Adrián Franco Zevada, mexicano, licenciado en derecho, con domicilio para oír
notificaciones y recibir toda clase de documentos en Paseo de las Palmas 1505, colonia
Lomas de Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo, código postal 11010, de esta ciudad,
con todo respeto digo:
1. Soy mexicano por nacimiento,
como lo acredito con la copia certificada que acompaño como anexo número 1.
2. En oficio de 2 de octubre de
2002, el señor Iván Christov, embajador de Bulgaria en México, tuvo a bien designarme
asesor jurídico (abogado de confianza) de dicha representación diplomática, con
carácter honorario y, por tanto, sin retribución económica, como lo acredito con la
copia del oficio que acompaño como anexo número 2.
3. De acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 37-C, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, solicito permiso de ese Congreso de la Unión para prestar voluntariamente mis
servicios a la Embajada de Bulgaria en México como asesor jurídico (abogado de
confianza).
Protesto mi respeto.
México, DF, a 10 de octubre de
2002.— Adrián Franco Zevada.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Túrnese a la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública.
ARTICULO
115 CONSTITUCIONAL
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Pasamos al capítulo de
iniciativas.
Se ofrece el uso de la palabra a la
diputada Beatriz Cervantes Mandujano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de deporte.
La diputada Beatriz Cervantes
Mandujano:
Con su permiso, señora
Presidenta;honorable Asamblea:
Con fundamento en los artículos
71, 72, 73 fracción XXIX-J de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
artículo 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable
Asamblea la presente iniciativa que adiciona el inciso j al artículo 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos en su fracción III con objeto de otorgar facultad expresa en
materia de promoción y fomento del deporte a los municipios, potencializando así su
existencia como un derecho social con la siguiente
EXPOSICION
DE MOTIVOS
Durante los últimos 12 años se
han generado bases para el trabajo legislativo en material deportiva, que van desde la
creación de la Comisión del Deporte en la LIV Legislatura del Congreso de la Unión,
dando como resultante la adición al artículo 73 con la fracción XXIX-J en nuestra
Constitución General, que da facultad a esta soberanía para legislar en materia del
deporte hasta el continuo análisis y seguimiento de la Comisión de Juventud y Deporte en
esta LVIII Legislatura, sometiendo al escrutinio público a través de foros y consulta
ciudadana, así como lo expresado por diversas representaciones de lo público y lo
privado el alcance de esta facultad, por lo que en octubre de 2001 esta comisión propone
una iniciativa de ley en donde la cultura física y el deporte sea derecho como garantía
individual y social a través de una reforma a los artículos 3o., 4o. y 21
constitucionales.
Juego, competencia y formación es
una de las variadas acepciones que hacen los estudiosos al describir y conceptuar el
deporte desde las concepciones ideológicas que denotan fondo o las neutras meramente
descriptivas como Pierre de Coubertin, considerado como la figura señera del deporte
olímpico en el cruce de los Siglos XIX y XX. Berna Gillette, Larsen, Arturo M. Planellet,
Luigi Valchipielli, John Mary Brown Hellen, entre otros, que hablan del deporte como una
actividad instrumental de disciplina individual, pero con rasgos morales de la existencia
colectiva.
Hasta el sentimiento de quien lo
practica y que en días pasados esta Cámara de Diputados, a través de la Comisión de
Juventud y Deporte de la LVIII Legislatura dio reconocimiento expreso por su tenacidad,
entereza, fuerza y perseverancia referente al trabajo y triunfador resultado de la atleta
Ana Gabriela Guevara, al refrendar la importancia del deporte como derecho de todos.
Preventor de fenómenos que vicien en lo social y en lo cual con particular punto de vista
de todos y cada uno de los grupos parlamentarios coincidieron emitiendo diversas
expresiones y re- flexiones.
De ahí que sabedores que el
municipio es la célula política, económica y social que se manifiesta como ente
indispensable en el avance de los órdenes de la vida nacional, eje del desarrollo social
y núcleo que propicia políticas y acciones en todos los ámbitos del servicio público
para convertirse en el elemento esencial que reafirma los vínculos entre la sociedad y el
Estado, impulsor de bienestar e instancia más cercana a la comunidad como receptor
inmediato de las demandas, siendo una de ellas la cultura física y el deporte.
Deber ser también en el ente
jurídico de representación popular, que instrumente la promoción y el fomento de la
cultura física y el deporte como la posibilidad de respuesta directa que potencializa las
habilidades, provee de cuestión social y es elemento fundamental del proceso educativo
por el que se dota al ser humano del desarrollo de su personalidad, de sus facultades
físicas, intelectuales y morales.
Así es que como organización
política y de gobierno el Estado manifiesta preocupaciones y desarrolla funciones en
cuanto a la vida lúdica, social, dándole un tratamiento que ejerce como servicio
público, el juego y el deporte.
El juego y el deporte son objetos
de normas plasmadas en distintos ordenamientos, por mencionar: la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, la Ley General de Educación, la Ley General del
Deporte, la Ley de Planeación, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal
y su Reglamento, Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Ley General de Bienes
Nacionales, Reglamento Interior de la Secretaría de Educación, Plan Nacional de
Desarrollo, Presupuesto de Egresos de la Federación, entre muchas otras.
La diferencia del juego y el
deporte es, como por ejemplo, que el juego de azar se queda exclusivamente en el ámbito
federal bajo ciertas limitaciones y en el deporte el estado actúa como autoridad como
sujeto titular de control del acto deportivo como un servicio público, es decir, deporte
para todos.
Si existiera alguna duda de que el
Estado está atento a los efectos que produce la cultura física y el deporte en el orden
social, más allá de los límites de los recintos deportivos y de las competencias, se
disiparía la duda sin mayor dificultad, a través del siguiente ejemplo que nos describe
el estudioso en derecho del deporte Mariano Albo, en su análisis El deporte como un
servicio público.
Inicio de cita: “la autoridad
estatal considera que el deporte puede ser, y de hecho lo es, una fuente de ingresos que
genera recursos destinables a la asistencia y a obras de servicio colectivo sin elevar
carga fiscal. La empresa de gobierno organiza y celebra concursos sobre pronósticos de
los resultados de juegos deportivos, a través de un órgano de estructura mixta, es
decir, un organismo público descentralizado denominado Pronósticos Deportivos para la
Asistencia Pública, funcionamiento basado en el decreto por el que se crea un organismo
público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se
denominará Pronósticos Deportivos para la Asistencia Pública.
“Es así que en esta virtud,
cuando la empresa gobierno pretende satisfacer una necesidad social como la deportiva,
dedica recursos económicos iniciados con ingreso público y cerrados con la prestación
de un servicio, dando origen a una prestación encuadrada en el concepto de gasto
público; esta relación egreso-deporte, puede observarse en el siguiente criterio
jurisprudencial.
“Por gastos públicos no deben
entenderse todos los que pueden hacer el estado, aquellos solamente destinados a
satisfacer las necesidades, funciones y servicios públicos, por lo que es conveniente
reafirmar que el impulso de la acción estatal tan intensa y profusa en materia deportiva,
obedece al reconocimiento de los objetivos que el Estado cree que se pueden obtener en
beneficio de la comunidad.” Fin de la cita.
Por lo anterior, el Estado actúa
como sujeto de las relaciones jurídicas, de carácter público en cuanto al deporte, ya
como autoridad o bien formando parte de estructuras mixtas; así es evidente eliminar toda
ambigüedad en tanto la competencia de los órganos estatales con claridad en el conjunto
de atribuciones legales necesarias para cumplir su función administrativa.
El Estado no puede renunciar ni
ceder su competencia, sea cual sea la naturaleza de su interés, cumpliéndola transitoria
o eventualmente por organismos descentralizados conocidos como estructuras mixtas o bien,
por ejemplo, por particulares como la Confederación Deportiva Mexicana, AC.
De acuerdo con el pacto federal,
las distintas entidades del país tienen competencias y propósitos en relación al
deporte, por lo que entre órganos estatales, federales y entidades federativas, surgen
relaciones jurídicas de carácter público y privado, referentes al deporte para todo,
sea educativo o privado, así como en los artículos 1o., 2o., 3o., 4o., 5o., 11, 12, 13,
15, 16, 17 y 18 de la Ley General del Deporte vigente, enuncian la coordinación de este
objetivo entre la Federación, estados, Distrito Federal y municipios, para la promoción
en la iniciación y práctica del deporte, lo que sin el otorgamiento de los recursos
económicos suficientes se queda en el papel como letra muerta.
Un deber con el deporte para todos
los mexicanos, que genere cultura física como parte integral de los servicios públicos
estratégicos que impulsen el desarrollo regional y nacional a través de mecanismos que
permitan a nivel municipal, a este nivel de organización política y administrativa,
tomar decisiones en beneficio de los habitantes de nuestros pueblos.
Por lo anteriormente expuesto, con
fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y 55, 56, 57 y 58 y demás aplicables del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, yo, diputada federal
Beatriz Cervantes Mandujano, integrante del grupo parlamentario del PRI, en términos de
lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución General de la República, me permito
someter a la consideración del honorable Congreso de la Unión, la presente
iniciativa
De decreto, por el que se adiciona
el inciso j a la fracción III del artículo 115
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo único. Se adiciona inciso j de la fracción III del artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 115. . .
Solicito un poco de tiempo para
terminar.
I y II. . .
III. Los municipios tendrán a su
cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
a) a i). . .
j) Promoción y fomento a la
cultura física y deporte.
ARTICULO
TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor al
siguiente día de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 17 de octubre de 2002.— Diputados: Beatriz
Cervantes Mandujano y Roque Gracia Sánchez.
Gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señora diputada, muy
amable.
Túrnese a la Comisión de Puntos
Constitucionales y publíquese íntegramente en la Gaceta
Parlamentaria.
LEY
GENERAL DE SALUD
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra el diputado
Neftalí Salvador Escobedo Zoletto del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional,
para presentar una iniciativa que reforma los artículos 114, 115, 210 y 212 de la Ley de
Salud.
El diputado Neftalí Salvador Escobedo
Zoletto.
Con el permiso de la Presidencia,
compañeras y compañeros diputados:
El suscrito doctor Neftalí
Salvador Escobedo Zolletto, a nombre de diputados federales del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional, con fundamento en la fracción II del artículo 71 y fracción
XVI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así
como el artículo 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presento a ustedes la iniciativa de decreto que
adiciona los artículos 114 , 115, 210 y 212 de la Ley General de Salud, tomando en
consideración la siguiente
EXPOSICION
DE MOTIVOS
La garantía individual
salvaguardada en nuestra ley fundamental referente a que toda persona tiene derecho a la
protección de la salud, así como los cuerpos normativos que de forma simétrica la
sustentan, señalan la responsabilidad del Gobierno para alcanzar el desarrollo de la
sociedad, sin duda, la materia de productos alimenticios y nutrición que conlleva el
postulado constitucional no son la excepción.
Esta iniciativa sobre productos
alimenticios y nutrición tiene especial importancia en virtud de que es un esfuerzo
legislativo que propone evitar y eliminar la confusión prevaleciente hasta la fecha que
consiste en aclarar el etiquetado de ciertos productos que se comercializan como alimentos
sin ser más que sustitutos de estos, a fin de que la población sepa exactamente qué
consume informándole al consumidor sobre la veracidad y cabal señalamiento de las
fórmulas y propiedades de los productos que adquiere así como los contenidos exactos de
sus componentes químicos.
Además, se propone como una
estrategia integral en pro de la salud, que en el etiquetado de los productos se incluya
un cuadro de valor nutricional con referencia a las dosis diarias recomendadas por la
autoridad sanitaria para que a elección del consumidor equilibre y complemente su dieta
alimenticia permitiendo así el buen mantenimiento de la vida y de las funciones del
cuerpo.
Los productos análogos a los
alimentos pueden cumplir con cierta función dentro de la dieta de las personas y en
ocasiones tener la facultad de proporcionar nutrientes en menor, igual o mayor medida al
cuerpo humano; sin embargo, el Estado siempre debe velar por la veracidad de la
información técnica de los productos que se comercializan a fin de prevenir una acción
eminentemente dolosa por parte de los productores en contra del consumidor, la cual puede
consistir en ofrecer un producto que contenga elementos esenciales, fórmulas o
propiedades distintas a las descritas.
El Estado debe salvaguardar el
derecho y libertad que toda persona tiene a adquirir un producto legítimo y acorde a su
denominación, además de proteger la explotación exclusiva o temporal de un producto
singular y distinguirlo de otros afines.
Por tanto es necesario apuntar, que
las denominaciones de los productos deben también ser protegidas por el Estado evitando
con ello el encubrimiento de adulteraciones o alteraciones que respondan más a intereses
económicos particulares que a los del bien común.
El aspecto sanitario del etiquetado
de productos alimenticios se regula en las normas oficiales mexicanas; sin embargo, en la
actualidad el marco normativo no ha sido suficiente, por lo que establecer con claridad la
obligación de diferenciar por su denominación los productos alimenticios en razón de
sus fórmulas, propiedades o forma de producción, ha generado en algunos casos
competencias desleales en la calidad, manufactura y comercialización en la elaboración
de comestibles dentro del territorio nacional.
Por ello, la propuesta legislativa
pretende eliminar competencias desleales en el ámbito nacional y en productos de
importación, ordenar el mercado de productos ya que al distinguir un producto de otro se
permite una segmentación de los mismos en cuanto a sujeto, calidad y precio.
Contar con instrumentos que
establezcan claramente en el etiquetado las especificaciones físico-químicas que le
permitan ostentar la denominación comercial que le corresponde y consolidar la
regulación de productos a través de determinar el cumplimiento de la certificación
realizada por organismos públicos y/o privados, independientes según se establezca en
los ordenamientos reguladores.
De aprobarse esta iniciativa se
estará promoviendo la adecuada nutrición de la población toda vez que se permitirá a
la ciudadanía informarse y decidir sobre los alimentos y requerimientos nutricionales
diarios que debe emplear considerando las formulas, recomendaciones y guías dietéticas
en los productos de todo el país.
Los problemas nutricionales son
también un reflejo de las condiciones sociales y económicas de nuestro país, de la
infraestructura en el nivel de educación, comunicación, desarrollo científico y
tecnológico y al medio ambiente en el que el individuo se desarrolla.
Esta iniciativa está orientada a
ser un elemento estratégico adicional al despliegue de los programas de desarrollo social
y salud, pues al establecer en el etiquetado de los productos alimenticios los contenidos
exactos de componentes químicos e informar al consumidor las dosis diarias recomendadas
para complementar su dieta alimenticia, se coadyuva propiciando actitudes adecuadas
respecto a la orientación del consumo.
Al mismo tiempo, influir en la
promoción de la educación de la salud aportando, en la búsqueda de soluciones respecto
al problema de la desnutrición y sus consecuencias que en muchos casos son irreversibles,
causan graves problemas de salud y daño al desarrollo del país.
Compañeros legisladores: es
necesario sumar esfuerzos para disminuir la escala nacional de desnutrición, la cual
revela que de 10 niños menores de 5 años, 4 se encuentran con algún grado de
desnutrición; más de la mitad de los niños que habitan en el medio rural, están
desnutridos.
Todo lo anterior nos impulsa a
proponer ante el pleno de esta soberanía las reformas que a continuación se detallan:
Primero. Se reforma el artículo
114 que contiene la potestad de la Secretaría en materia de mejoramiento de la
nutrición, así como de generar programas de alimentación asentando que sus actividades
se relacionen con la nutrición, alimentos y su disponibilidad.
Asimismo, al agregar en la
fracción IV del artículo 115 que la Secretaría de Salud está facultada en normar el
valor nutritivo y características de la nutrición en los alimentos y bebidas
alcohólicas además de hacerlo en establecimientos de servicio colectivo.
Segundo. En el artículo 210 se
señala que los productos deben expenderse empacados o envasados y llevarán etiquetas que
deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas que al efecto se emitan, sin señalar
una competencia directa de la Secretaría de Salud. La falta de congruencia en las normas
que regulan el producto etiquetado, en muchas ocasiones causa confusión sobre la
denominación, veracidad y cabal señalamiento de las fórmulas y propiedades de los
alimentos y bebidas no alcohólicas que adquiere el consumidor.
Por lo anterior proponemos, sin
demérito de la competencia de la Secretaría de Economía, se añada y en el caso de
alimentos y bebidas no alcohólicas, éstas se emitirán a propuesta de la Secretaría de
Salud ya que consideramos que el conocimiento técnico y facultades de esta Secretaría en
materia de nutrición, alimentación, debe garantizar su participación en el diseño y
contenido del etiquetado.
Tercero. En el artículo 212
resulta necesario que se haga evidente la correspondencia explícita entre la naturaleza
del producto y los elementos del mismo y con ello evitar que se comercialicen alimentos
sin ser más que sustitutos de ellos.
Asimismo, es en este artículo
donde debemos centrar nuestra atención con respecto a la educación nutricional. Si la
etiqueta es base de la publicidad de estos productos, es en ella en donde debemos procurar
que existen los elementos necesarios para la educación nutricional de la población;
estamos seguros que con el establecimiento de tablas de valor nutricional en las etiquetas
en todos los productos alimenticios, se coadyuvará con este fin además de procurar con
ello dar una información certera a la población que la consume.
Muchos productos ya la manejan,
pero por desgracia la gran mayoría carece de ella, incluso datos de contenido alimentario
se encuentran prácticamente escondidos con letras de tipografía ilegible y sin una
metodología en cuanto a unidades, de tal manera, será la Secretaría de Salud quien
deberá establecer las características que la tabla de valor nutricional deba contener,
unificando conceptos de unidades, tipos de tipografía, tamaño de la misma y
presentación de los datos en forma comparativa con las dosis diarias recomendadas por las
autoridades sanitarias. Es por ello que el adicionar un párrafo a este artículo al
respecto es esencial para cumplir estos propósitos.
Por lo anteriormente expuesto, se
somete a la consideración de esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto por
el que se reforman los artículos 114, 210, 212 de la Ley General de Salud con las
características que ya fueron mencionadas y con unos transitorios.
El primero: que el presente decreto
iniciará su vigencia al día siguiente después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y
Segundo: que las autoridades en su
respectivo ámbito de competencias, contarán con un plazo de tres meses contados a partir
de la fecha de vigencia del presente decreto, para modificar las disposiciones
reglamentarias de las normas oficiales mexicanas y cualquier otro ordenamiento aplicable,
a fin de lograr el cabal cumplimiento y objetivo del presente decreto.
Solicito sea incluido el texto
íntegro que entrego a la Secretaría, tanto en el Diario de los
Debates como en la Gaceta Parlamentaria
del día.
Muchísimas gracias.
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.
Iniciativa que reforma a la Ley
General de Salud, en sus artículos 114, 115, 210 y 212 sobre el etiquetado de productos
alimenticios.
Ciudadanos secretarios de la
Cámara de Diputados.— Presentes.
El suscrito diputado del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional de la LVIII Legislatura del honorable Congreso
de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 y fracción XVI del
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el
artículo 55 fracción II 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de
los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la Cámara de Diputados a
efecto de que se turne de inmediato para dictamen a la comisión correspondiente, la
iniciativa de decreto que adiciona los artículos 114, 115, 210 y 212, de la Ley General
de Salud, tomando en consideración la siguiente
EXPOSICION
DE MOTIVOS
La garantía individual
salvaguardada en nuestra Ley Fundamental, referente a que “toda persona tiene derecho
a la protección de la salud”, así como los cuerpos normativos que de forma
simétrica la sustentan, señalan la responsabilidad del Gobierno para alcanzar el
desarrollo de la sociedad, sin duda, la materia de productos alimenticios y nutrición que
conlleva el postulado constitucional, no son la excepción.
Esta iniciativa sobre productos
alimenticios y nutrición tiene especial importancia, en virtud de que es un esfuerzo
legislativo que propone evitar y eliminar la confusión, prevaleciente hasta la fecha, que
consiste en aclarar el etiquetado de ciertos productos que se comercializan como
alimentos, sin ser mas que sustitutos de éstos, a fin de que la población sepa
exactamente que consume; informándole al consumidor sobre la veracidad y cabal
señalamiento de las fórmulas y propiedades de los productos que adquiere, así como los
contenidos exactos de sus componentes químicos (que pueden ser clasificados en
carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas, agua y fibra). Además, se propone como
una estrategia integral en pro de la salud, que en el etiquetado de los productos se
incluya un cuadro de su valor nutrimental con referencia a las dosis diarias recomendadas
por la autoridad sanitaria, para que a elección del consumidor, equilibre y complemente
su dieta alimenticia, permitiendo así el buen mantenimiento de la vida y de las funciones
del cuerpo.
Efectivamente, en el pasado se
pensó que el estado completo de bienestar físico de un ser humano era sólo la ausencia
de enfermedades o dolencias; ya en nuestra era sabemos que ese bienestar se logra con el
conjunto coherente de acciones que le permitan al hombre, no sólo de gozar de ventajas
físicas, sino también mentales y sociales. Por consiguiente esta iniciativa aporta
varios elementos en materia de salud para que las personas o su colectividad crezcan, se
desarrollen, resistan a las enfermedades e incrementen la realización de sus potenciales
plenos.
Los productos análogos a los
alimentos, pueden cumplir con cierta función dentro de la dieta de las personas y en
ocasiones tener la facultad de proporcionar nutrientes en menor, igual o mayor medida al
cuerpo humano. Sin embargo, el Estado siempre debe velar por la veracidad de la
información técnica de los productos que se comercializan, a fin de prevenir una acción
eminentemente dolosa por parte de los productores en contra del consumidor, la cual puede
consistir en ofrecer un producto que contenga elementos esenciales, fórmulas o
propiedades distintas a las descritas.
El Estado debe salvaguardar el
derecho y libertad que toda persona tiene a adquirir un producto legítimo y acorde a su
denominación. Además de proteger la explotación exclusiva o temporal de un producto
singular y distinguirlo de otros afines. Por tanto, es necesario apuntar, que las
denominaciones de los productos deben también ser protegidas por el Estado, evitando con
ello el encubrimiento de adulteraciones o alteraciones que responden más a intereses
económicos particulares, que a los del bien común.
La regulación jurídica de un
producto alimenticio, se manifiesta en diversos ordenamientos que han ido adaptándose y
evolucionando con el tiempo. El aspecto sanitario del etiquetado de productos alimenticios
se regula en las normas oficiales mexicanas, sin embargo, en la actualidad el marco
normativo no ha sido suficiente, por lo que establecer con claridad la obligación de
diferenciar por su denominación, los productos alimenticios en razón de sus formulas,
propiedades o forma de producción, ha generado en algunos casos competencias desleales en
la calidad, manufactura y comercialización en la elaboración de comestibles, dentro del
territorio nacional.
Por ello, la propuesta legislativa
pretende eliminar competencias desleales en el ámbito nacional y en productos de
importación; ordenar el mercado de productos, ya que al distinguir un producto de otro se
permite una segmentación de los mismos en cuanto a su objeto, calidad y precio; contar
con instrumentos que establezcan claramente, en el etiquetado, las especificaciones
físico-químicas que le permitan ostentar la denominación comercial que le corresponde
y, consolidar la regulación de productos a través de determinar el cumplimiento de la
certificación realizada por organismos públicos y/o privados independientes, según se
establezca en los ordenamientos reguladores.
De aprobarse esta iniciativa se
incentivará la participación de la iniciativa privada, al generar las condiciones
legales necesarias para crear los consensos entre: fabricantes, envasadores, importadores,
comerciantes, organismos de certificación, instituciones de investigación, organismos
del sector privado y público, que tengan relación con cada producto, a fin de establecer
las características y adecuada utilización del etiquetado de productos alimenticios.
También se estará promoviendo la adecuada nutrición de la población, toda vez que se
permitirá a la ciudadanía informarse y decidir sobre los alimentos y requerimientos
nutricionales diarios que debe emplear, considerando las fórmulas, recomendaciones y
guías dietéticas, en los productos de todo el país.
Es natural que los requerimientos
de energéticos y nutrientes varíen según los individuos, su actividad, edad, sexo e
incluso conformación fisiológica y que en algunos casos las dosis recomendadas están
íntimamente ligadas a la concepción y gestación de un ser humano. En este orden de
ideas, los problemas nutricionales son también un reflejo de las condiciones sociales y
económicas de nuestro país, de la infraestructura en el nivel de educación,
comunicación, desarrollo científico y tecnológico y del medio ambiente en el que el
individuo se desarrolla.
Por ello insistimos, que sin
demeritar los esfuerzos ya existentes, esta iniciativa está orientada a ser un elemento
estratégico adicional al despliegue de los programas de desarrollo social y salud pues,
al establecer en el etiquetado de los productos alimenticios los contenidos exactos de
componentes químicos e informar al consumidor las dosis diarias recomendadas para
complementar su dieta alimenticia, se coadyuva propiciando actitudes adecuadas respecto a
la orientación del consumo.
Al mismo tiempo de influir en la
promoción de la educación de la salud, aportando en la búsqueda de soluciones respecto
al problema de la desnutrición y sus consecuencias, que en muchos casos son
irreversibles, causan graves problemas de salud y daño al desarrollo del país, dejando
secuelas, entre las que destacan: subdesarrollo de la capacidad intelectual, mayor
propensión a enfermedades, poca energía, menor estatura y peso, así como enfermedades
crónicas, como la diabetes y ceguera.
Compañeros legisladores: es
necesario sumar esfuerzos para disminuir la escala nacional de desnutrición, la cual
revela que de 10 millones de niños menores de cinco años, cuatro se encuentran con
algún grado de desnutrición, más de la mitad de los niños que habitan el medio rural
están desnutridos y se estima que de los niños que aún no cumplen cinco años en
comunidades no indígenas la desnutrición oscila entre 35% y 50% y, en las zonas
indígenas afecta del 70% al 80% de la población infantil. Con relación a mexicanos en
edad adulta, se calcula que 40 millones padecen las consecuencias de haber sufrido un
grado de desnutrición en su edad infantil.
Es grave descubrir que, según
datos del INEGI y de la Secretaría de Salud, en México la desnutrición
calórico-proteica ocupa el lugar número 12 dentro de las primeras 20 causas de
mortalidad general en nuestro país; pero más grave aún es saber que es la quinta causa
de mortalidad infantil y sea la cuarta entre la población en edad de preescolar. Es de
resaltar que los estados que acusan graves problemas de desnutrición son: Chiapas,
Oaxaca, Yucatán, Veracruz, Guerrero y México.
Este desolado panorama se refleja
en los resultados del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en el cual se
destaca que aquellos países con un mayor índice de desarrollo humano son aquellos
países mejor alimentados, posicionando a nuestro país en el parámetro de desa-rrollo
humano medio, por debajo de Chile y Argentina, mismos que son clasificados como países de
desarrollo humano alto.
De lo anterior, cabe resaltar la
existencia del Centro para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición Aplicada, conocido
como Cfsan, este Centro es uno de los seis centros orientados al producto, además de una
fuerza de campo nacional, que llevan a cabo las tareas de la Administración para los
Alimentos y los Medicamentos (FDA). La FDA es un organismo normativo científico de
Estados Unidos, responsable de la seguridad de los alimentos, cosméticos, medicamentos,
productos biológicos, dispositivos médicos y productos radiológicos tanto producidos en
ese país como importados, cuya función primaria es la protección del consumidor. La
agencia toca e influye directamente en las vidas de todos sus habitantes. La FDA está
reconocida internacionalmente como la agencia normativa sobre alimentos y medicamentos
líder en el mundo. Muchas naciones extranjeras solicitan y reciben la ayuda de la FDA
para mejorar y controlar la seguridad de sus productos. La FDA forma parte de la rama
ejecutiva del gobierno de Estados Unidos dentro del Departamento de Salud y Servicios
Humanos (Department of Health and Human Services) (DHHS) y el Servicio de Salud Pública
(Public Health Service).
Es así que nuestro principal socio
comercial cuenta con un avanzado sistema de normas en materia alimenticia, actividades
relacionadas con el correcto etiquetado de alimentos y políticas que rigen la seguridad
de los suplementos dietéticos, fórmulas infantiles o alimentos médicos, así como la
educación al consumidor. Dado lo anterior es importante trabajar por el impulso de
aquellas normas que regulen todo este ámbito de competencias y nos acerque a los
estándares internacionales en materia de nutrición, cultura de la información y
protección al consumidor.
Todo lo anterior nos impulsa a los
suscritos diputados a proponer ante el pleno de esta soberanía, las reformas que en una
interpretación integral y vertical, a continuación se detallan:
Primero: se reforma el artículo
114, que contiene la potestad de la Secretaría, las entidades del sector y de los
estados, en materia de mejoramiento de la nutrición, así como de generar programas de
alimentación. Para dichos programas, se menciona que las autoridades deberán buscar la
participación de organismos nacionales e internacionales y es en el objeto de estos
organismos donde se propone una nueva redacción para ampliar y evitar cualquier duda
sobre el fin de dichas instituciones, asentando que sus actividades se relacionen con
“la nutrición, alimentos y su disponibilidad”. Por ello, también consideramos
pertinente agregar en la fracción IV del artículo 115, que la Secretaría de Salud esté
facultada en normar el valor nutritivo y características de la nutrición en los
alimentos y bebidas no alcohólicas, además de hacerlo en establecimientos de servicios
colectivos. En efecto, con estas propuestas se aclaran, salvaguardan y amplían las
facultades de los ámbitos de competencia federal y estatal, en materia de alimentos,
respetando, de forma respectiva, lo señalado en la fracción XII del artículo 3o. y la
fracción I del apartado b, del artículo 13,
relacionados a la salubridad general y la competencia de las entidades federativas.
Segundo: en el artículo 210, se
señala que “los productos deben expenderse empacados o envasados y llevarán
etiquetas que deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas que al afecto se
emitan”, sin señalar una competencia directa de dicha Secretaría, por lo que ante
referida ausencia y manifestación, se vincula su regulación a la Ley de Metrología y
Normalización y en su diseño a la Secretaría de Economía. Como ya hemos señalado en
esta exposición de motivos, la falta de congruencia de las normas que regula el
“producto etiquetado”, en muchas ocasiones causa confusión sobre la
denominación, veracidad y cabal señalamiento de las fórmulas y propiedades de los
alimentos y bebidas no alcohólicas que adquiere el consumidor. Por lo anterior,
proponemos que en el artículo 210, sin demérito de la competencia de la Secretaría de
Economía, se añada "y en el caso de alimentos y bebidas no alcohólicas, éstas se
emitirán a propuesta de la Secretaría de Salud". Ya que consideramos que el
conocimiento técnico y facultades de esta Secretaría, en materia de
nutrición-alimentación, deben garantizar su participación en el diseño y contenido del
etiquetado.
Tercera: es el artículo 212 el que
establece que la naturaleza del producto, “la fórmula, la composición, calidad,
denominación, distintivo o marca, denominación genérica o específica, etiquetas o
contraetiquetas, deberán corresponder a las especificaciones autorizadas por la
Secretaría de Salud, de conformidad con las disposiciones aplicables y no podrán ser
modificadas”; sin embargo, resulta necesario que se haga evidente la correspondencia
explícita entre la naturaleza del producto y los elementos del mismo y con ello evitar
que se comercialicen alimentos, sin ser más que sustitutos de ellos.
Asimismo, es en este artículo
donde debemos centrar nuestra atención con respecto a la educación nutricional. Si la
etiqueta es base de la publicidad de estos productos, es en ella en donde debemos procurar
que existan los elementos necesarios para la educación nutricional de la población.
Estamos seguros que con el establecimiento de tablas de valor nutricional en las etiquetas
de todos los productos alimenticios, se coadyuvará con este fin, además de procurar con
ello dar una información certera a la población de lo que consume.
Muchos productos ya la manejan,
pero por desgracia la gran mayoría carece de ella, incluso, datos de contenido
alimentario se encuentran prácticamente escondidos con letras de tipografía ilegible y
sin una metodología en cuanto a unidades. De tal manera, será la Secretaría de Salud
quien deberá establecer las características que la tabla de valor nutricional deberá
contener, unificando conceptos de unidades, formas de tipografía, tamaño de la misma y
presentación de los datos en forma comparativa con las dosis diarias recomendadas por las
autoridades sanitarias. Es por ello que el adicionar un párrafo a este artículo, al
respecto, es esencial para cumplir estos propósitos.
En el artículo 115 fracción VI
claramente se especifica que la Secretaria de Salud tiene a su cargo el recomendar las
dietas y los procedimientos que conduzcan al consumo efectivo de los mínimos de
nutrientes por la población en general.
Por otro lado, el artículo 194
establece que la Secretaría de Salud ejerce el control sanitario entre otros del proceso,
importación y exportación, de alimentos y bebidas no alcohólicas. Y para fines del
artículo 197 se entiende por proceso el conjunto de actividades relativas a la
obtención, elaboración, fabricación, preparación, conservación, mezclado,
acondicionamiento, envasado, manipulación, transporte, distribución, almacenamiento y
expendio o suministro al público.
El artículo 212 faculta a la
Secretaría de Salud a autorizar las etiquetas y contraetiquetas, por tanto debemos
impulsar que éstas contengan tablas de valor nutricional comparativas entre lo que
contiene el alimento y bebida no alcohólica y lo que requiere para atender y mejorar la
nutrición de la población de acuerdo al artículo 114 de la Ley General de Salud.
Por lo anteriormente expuesto y con
fundamento en la fracción II del artículo 71 y fracción XVI del artículo 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de
esta soberanía, la siguiente
iniciativa
Con proyecto de decreto por el que
se reforman los artículos 114, 210 y 212 de la Ley General de Salud.
Artículo primero. Se reforman los artículos 114,
115, 210 y 212 de la Ley General del Salud, para quedar como siguen:
“Artículo 114...
La Secretaría de Salud, las
entidades del sector salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus
respectivos ámbitos de competencia, formularán y desarrollarán programas de nutrición,
promoviendo la participación en los mismos de los organismos nacionales e internacionales
cuyas actividades se relaciones con la nutrición, alimentos y su disponibilidad, así
como de los sectores social y privado.
Artículo 115...
I a III...
IV. Normar el valor nutritivo y
características de la alimentación en establecimientos de servicios colectivos y en
alimentos y bebidas no alcohólicas.
V a VIII...
Artículo 210. Los productos que deben expenderse
empacados o envasados llevarán etiquetas que deberán cumplir con las normas oficiales
mexicanas que al efecto se emitan y en el caso de alimentos y bebidas no alcohólicas,
éstas se emitirán a propuesta de la Secretaría de Salud.
Artículo 212. La naturaleza del producto, la
fórmula, la composición, calidad, denominación, distintivo o marca, denominación
genérica o específica, etiquetas y contraetiquetas, deberán corresponder a las
especificaciones autorizadas por la Secretaría de Salud, de conformidad con las
disposiciones aplicables y responderán exactamente a la naturaleza del producto que se
consume, sin modificarse; para tal efecto se observará lo señalado en la fracción VI
del artículo 115.
Las etiquetas o contraetiquetas
para los alimentos y bebidas no alcohólicas, deberán incluir un cuadro de valor
nutricional y tener elementos comparativos con los recomendados por las autoridades
sanitarias, a manera de que contribuyan a la educación nutricional de la
población.”
ARTICULOS
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto indicará su vigencia
el día siguiente después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las autoridades en su respectivo ámbito
de competencia, contarán con plazo de tres meses, contados a partir de la vigencia del
presente decreto, para modificar las disposiciones reglamentarias, de las normas oficiales
mexicanas y cualquier otro ordenamiento aplicable, a fin de lograr el cabal cumplimiento y
objetivo del presente decreto.
Palacio Legislativo, a 17 de
octubre de 2002.— Diputados: Salvador Escobedo,
María Eugenia Galván, Silvia Alvarez B., Manuel Orozco, Tomás Ríos, Francisco Arano
Montero, Alba L. Méndez Herrera, Alfonso Vicente Díaz, Rafael Orozco Martínez, José
Ramón Mantilla González, Benjamín Avila Márquez, Luis Fernando Sánchez Nava, Eduardo
Rivero Pérez, Alejandro Zapata P., Sonia López Macías, José María Anaya O., Mercedes
Hernández, Francisco Esparza, Bernardo Pastrana, Ramón Ponce, José M. Tejeda, Francisco
Salvador López Brito, Francisco Blake Mora, Felipe Calderón, Armando Salinas, Manuel
Minjarez y Alfonso Ulloa V.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Muchas gracias.
Túrnese a la Comisión de Salud y publíquese
íntegramente en la Gaceta Parlamentaria.
Gracias, señor diputado.
El diputado Tomás Torres Mercado
ha solicitado se posponga para la siguiente sesión la presentación de iniciativa que
reforma los artículos 16, 17, 20 y 24 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Esta Mesa Directiva acuerda
favorablemente esa solicitud.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
PUblico
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
En consecuencia, se ofrece el uso
de la palabra a la diputada María Teresa Campoy Ruy Sánchez, que presentará una
iniciativa de reformas a diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público.
La diputada María Teresa Campoy Ruy
Sánchez:
Con el permiso de la Presidencia;
compañeras y compañeros legisladores:
La seguridad de la vida a largo
plazo se ve incierta debido al impacto que nuestras formas de producción y consumo tienen
sobre el equilibrio ecológico. México en los últimos años no ha estado exento de
incurrir en los mismos errores que han cometido otras naciones en lo que se refiere al
ina-decuado manejo de sus recursos y a la falta de una verdadera conciencia ambiental en
la adquisición y arrendamiento de servicios o bienes que serán públicos.
Tenemos que admitir que ni la mejor
decisión de política pública, económica o social podrá hoy dar sus frutos sin que
antes esa decisión se implemente en un medio ambiente adecuado para el desarrollo de toda
persona y así sea sustentable a mediano y largo plazos. Por ello es imperativo que sean
contemplados criterios de sustentabilidad y de responsabilidad ambiental en las leyes que
regulan la planeación del desarrollo del país, para que éste sea sustentable e
integral, como lo dispone el artículo 25 de nuestra Ley Fundamental.
El grupo parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados, considera que el problema de la
compra de bienes o servicios que tienen un impacto significativo en el medio ambiente
tiene múltiples dimensiones y requiere verse como una señal de alerta con relación a la
falta de visión para prevenir un mayor gasto público por los costos inherentes que traen
el uso de estos servicios o bienes, con daño directo al presupuesto de egresos.
Al evitar al despilfarro se
beneficia a todos, pues al comprar sin lineamientos de calidad ambiental se demuestra la
ineficacia de los procesos productivos y de hábitos derrochadores de recursos. La
complejidad del problema, sin embargo, demanda el desarrollo de instrumentos regulatorios
que sustenten las medidas de eficiencia y eficacia en el desarrollo sustentable. Por ello
se tienen que expedir y promulgar leyes que atiendan estos preocupantes problemas
ambientales de nuestro país para obligar así al Gobierno Federal y a los sectores
productivos a considerar como una de las prioridades la protección y conservación del
medio ambiente y del equilibrio ecológico.
Es en las compras gubernamentales
desde donde se pueden establecer las acciones conducentes para contribuir a la protección
del medio ambiente, ya que el Gobierno Federal, como principal comprador de bienes y
servicios en el país, puede orientar la calidad y eficiencia de los proveedores
nacionales en beneficio directo de la sociedad mexicana.
Cabe mencionar que el desarrollo no
puede ser integral como lo obliga nuestra Carta Magna si no se incluyen, precisamente,
criterios de responsabilidad ambiental tanto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público como en las diversas disposiciones administrativas y
criterios de la Administración Pública Federal.
Los sistemas de gestión y
administración ambiental pueden ser solución efectiva para incentivar a la industria,
hacerla más competitiva internacionalmente y por supuesto minimizar los efectos de ésta
hacia los ecosistemas, ya que un sistema de gestión ambiental identifica políticas,
procedimientos y recursos para cumplir y mantener una gestión ambiental efectiva en una
empresa u organización.
Estos sistemas conllevan a
evaluaciones rutinarias de impactos ambientales, compromiso de cumplir con las leyes y
regulaciones ambientales y oportunidades de continuar mejorando en cuanto al
comportamiento ambiental.
Los sistemas de gestión ambiental
de hoy día consisten en la adopción voluntaria de planes más amplios, de plazo más
largo y con un enfoque más preventivo, a la vez que se establecen estructuras en la
gestión empresarial para asegurarse del cumplimiento de estos planes.
En octubre de 1996, la
Organización Internacional para la Normalización, de la cual nuestro país es miembro
fundador desde 1945, promulgó una serie de estándares internacionales para gestión
ambiental llamados ISO-14000. Estos estándares han revolucionado la forma en que la
industria y los gobiernos manejan los asuntos ambientales. ISO-14000 provee un lenguaje
común para la gestión ambiental mediante el establecimiento de un marco para la
certificación de sistema de gestión ambiental que llegará a ser una realidad para
compañías que buscan el desarrollo de sus negocios y la vanguardia en un mundo
globalizado.
En la actualidad, a escala mundial,
las normas ISO-9000 e ISO-14000 son requeridas debido a que garantizan la calidad de un
producto mediante la implementación de controles exhaustivos, asegurándose de que todos
los procesos que han intervenido en su fabricación operen dentro de las características
previstas.
La normalización es el punto de
partida en la estrategia de la calidad, así como para la posterior certificación de la
empresa. Estas normas fueron escritas con el espíritu de que la calidad de un producto no
nace de controles, eficientes sino de un proceso productivo y de soportes que operan
adecuadamente.
De esta forma es una norma que se
aplica a la empresa y no a los productos de ésta. Su implementación asegura al cliente
que la calidad del producto que él está comprando se mantendrá en el tiempo.
En la medida que existan empresas
que no hayan sido certificadas, constituye la norma una diferenciación en el mercado; sin
embargo, con el tiempo se transformará en algo habitual y se comenzará la
discriminación hacia empresas no certificadas. Esto ya ocurre hoy en países
desarrollados en donde los departamentos de abastecimiento de grandes corporaciones,
identidades gubernamentales, exigen la norma a todos sus proveedores.
Cuando se promulgó la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público vigente, no se contemplaba
como un factor fundamental para los licitadores o proveedores que contaran éstos con un
certificado que asentara su compromiso con el medio ambiente.
Hoy las condiciones jurídicas y
políticas son distintas y el rumbo de la planeación democrática del desarrollo nacional
no puede seguir los mismos limitados lineamientos. La norma ISO-14000 proporciona un
modelo estandarizado y reconocido internacionalmente para sistemas de gestión ambiental
efectivos y el modo de establecer tales sistemas.
La Administración Pública Federal
debe guiarse por criterios de sustentabilidad, pero no sólo lo que propone la presente
iniciativa, sino también los diversos programas sectoriales que establecen las pautas de
acción de todas las dependencias del Ejecutivo Federal. La Ley General sobre Metrología
y Normalización establece en su párrafo segundo, que los bienes o servicios que
adquieran, arrienden o contraten las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, deben cumplir con las normas oficiales mexicanas y, en su caso, con las
normas mexicanas y a falta de éstas con las internacionales.
Es el momento de demostrar que el
Gobierno puede comprar bienes o servicios de manera responsable, que las adquisiciones,
arrendamientos y servicios del sector público, tengan una mayor normatividad, que
garanticen un uso eficiente de los recursos públicos.
Por ello, sometemos a esta Cámara
de Diputados en la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente
iniciativa de decreto, mediante el cual se reforman los artículos 2o. y 9o. de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Omitiré la lectura del articulado,
pero solicito atentamente a la Mesa Directiva, que se publique de manera íntegra la
presenta iniciativa en el Diario de los Debates y en la Gaceta
Parlamentaria.
Muchas gracias.
«Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.— Honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Bernardo de la Garza Herrera,
Francisco Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María
Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo
Escobar y Vega, Jose Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia
García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, María Cristina Moctezuma Lule,
Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González, Erika Elizabeth Spezia Maldonado,
diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del
grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los
artículos 71 fracción II, 72 y 73 fracciones XXIX-D, XXIX-E y XXIX-F de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se
turne a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen y posterior
discusión en el pleno de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable
Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa
EXPOSICION
DE MOTIVOS
La seguridad de la vida a largo
plazo se ve incierta, debido al impacto que nuestras formas de producción y consumo
tienen sobre el equilibrio ecológico; México, en los últimos años, no ha estado exento
de incurrir en los mismos errores que han cometido otras naciones en lo que se refiere al
ina-decuado manejo de sus recursos y a la falta de una verdadera conciencia ambiental en
la adquisición y arrendamiento de servicios o bienes que serán públicos.
Tenemos que admitir que ni la mejor
decisión de política pública, económica o social, podría hoy dar sus frutos sin que
antes, esa decisión se implemente en un medio ambiente adecuado para el desarrollo de
toda persona y así sea sustentable a mediano y largo plazos. Por ello es imperativo que
sean contemplados criterios de sustentabilidad y de responsabilidad ambiental en las leyes
que regulan la planeación del desarrollo del país, para que éste sea sustentable e
integral como lo dispone el artículo 25 de nuestra Ley Fundamental.
El grupo parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados considera que el problema de la
compra de bienes o servicios que tienen un impacto significativo en el medio ambiente,
tiene múltiples dimensiones y requiere verse como una señal de alerta con relación a la
falta de visión para prevenir un mayor gasto público, por los costos inherentes que
traen el uso de estos servicios o bienes, con daño directo al Presupuesto de Egresos.
Al evitar el despilfarro se
beneficia a todos, pues el comprar sin lineamientos de calidad ambiental, se demuestra la
ineficacia de los procesos productivos y de hábitos derrochadores de recursos. La
complejidad del problema, sin embargo, demanda el desarrollo de instrumentos regulatorios
que sustenten las medidas de eficiencia y eficacia en el desarrollo sustentable.
Por ello se tienen que expedir y
promulgar leyes que atiendan estos preocupantes problemas ambientales de nuestro país,
para obligar así al Gobierno Federal y los sectores productivos a considerar como una de
las prioridades la protección y conservación del medio ambiente y del equilibrio
ecológico.
Es en las compras gubernamentales
desde dónde se pueden establecer las acciones conducentes para contribuir a la
protección del medio ambiente, ya que el Gobierno Federal como principal comprador de
bienes y servicios en el país, puede orientar la calidad y eficiencia de los proveedores
nacionales, en beneficio directo de la sociedad mexicana.
Cabe mencionar que el desarrollo no
puede ser integral, como lo obliga nuestra Carta Magna, si no se incluyen, precisamente,
criterios de responsabilidad ambiental tanto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público, como en las diversas disposiciones administrativas y
criterios de la Administración Pública Federal.
Los sistemas de gestión y
administración ambiental pueden ser solución efectiva para incentivar a la industria,
hacerla más competitiva internacionalmente y, por supuesto, minimizar los efectos de
ésta hacia los ecosistemas. Ya que un Sistema de Gestión Ambiental identifica
políticas, procedimientos y recursos para cumplir y mantener una gestión ambiental
efectiva en una empresa u organización. Estos sistemas conllevan evaluaciones rutinarias
de impactos ambientales, compromiso de cumplir con las leyes y regulaciones ambientales y
oportunidades de continuar mejorando en cuanto al comportamiento ambiental. Los sistemas
de gestión ambiental de hoy día consisten en la adopción voluntaria de planes más
amplios, de plazo más largo y con un enfoque más preventivo, a la vez que se establecen
estructuras en la gestión empresarial para asegurarse del cumplimiento de estos planes.
En octubre de 1996, la
Organización Internacional para la Normalización de la cual nuestro país es miembro
fundador desde 1945, promulgó una serie de estándares internacionales para gestión
ambiental llamados ISO-14000. Estos estándares han revolucionado la forma en que la
industria y los gobiernos manejan los asuntos ambientales. ISO-14000 provee un lenguaje
común para la gestión ambiental mediante el establecimiento de un marco para la
certificación de sistemas de gestión ambiental, que llegará a ser una realidad para
compañías que buscan el desarrollo de sus negocios y la vanguardia en un mundo
globalizado.
En actualidad a escala mundial las
normas ISO-9000 e ISO-14000 son requeridas, debido a que garantizan la calidad de un
producto mediante la implementación de controles exhaustivos, asegurándose de que todos
los procesos que han intervenido en su fabricación operan dentro de las características
previstas. La normalización es el punto de partida en la estrategia de la calidad, así
como para la posterior certificación de la empresa.
Estas normas fueron escritas con el
espíritu de que la calidad de un producto no nace de controles eficientes, si no de un
proceso productivo y de soportes que operan adecuadamente. De esta forma es una norma que
se aplica a la empresa y no a los productos de ésta. Su implementación asegura al
cliente que la calidad del producto que él está comprando se mantendrá en el tiempo. En
la medida que existan empresas que no hayan sido certificadas constituye la norma una
diferenciación en el mercado. Sin embargo, con el tiempo se transformará en algo
habitual y se comenzará la discriminación hacia empresas no certificadas. Esto ya ocurre
hoy en países desarrollados en donde los departamentos de abastecimiento de grandes
corporaciones y de entidades gubernamentales, exigen la norma a todos sus proveedores.
Cuando se promulgó la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público vigente, no se contemplaba
como un factor fundamental para los licitadores o proveedores que contaran éstos, con un
certificado que asentara su compromiso con el medio ambiente.
Hoy, las condiciones jurídicas y
políticas son distintas y el rumbo de la planeación democrática del desarrollo nacional
no puede seguir los mismos limitados lineamientos; la norma ISO-14000 proporciona un
modelo estandarizado y reconocido internacionalmente para sistemas de gestión ambiental
efectivos y el modo de establecer tales sistemas. La Administración Pública Federal debe
guiarse por criterios de sustentabilidad; pero no sólo lo que propone la presente
iniciativa, sino también los diversos programas sectoriales que establecen las pautas de
acción de todas las dependencias del Ejecutivo Federal.
La Ley Federal Sobre Metrología y
Normalización establece en su párrafo segundo que los bienes o servicios que adquieran,
arrienden o contraten las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal,
deben cumplir con las normas oficiales mexicanas y en su caso con las normas mexicanas y a
falta de éstas, con las internacionales.
Es momento de demostrar que el
Gobierno puede comprar bienes o servicios de manera responsable, que las adquisiciones,
arrendamientos y servicios del sector público tengan una mayor normatividad que garantice
un uso eficiente de los recursos públicos.
Por ello sometemos a esta Cámara
de Diputados en la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente
iniciativa
De decreto mediante el cual se
reforman los artículos 2o. y 9o. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público.
Artículo único. Se adiciona una fracción VIII
al artículo 2o. y se reforma el artículo 9o. ambos de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:
Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público
Artículo 2o. Para los efectos de la presente ley,
se entenderá por:
I a la VII…
VIII. ISO 14000: la serie de normas
de cumplimiento voluntario expedidas por la Organización Internacional para la
Normalización, que establecen las especificaciones y requisitos que debe cumplir un
sistema de administración o gestión ambiental.
Artículo 9o. En materia de adquisiciones,
arrendamientos y servicios, los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno
de las entidades serán los responsables de que, en la adopción e instrumentación de las
acciones que deban llevar a cabo en cumplimiento de esta ley, se observen criterios que
promuevan las adquisiciones, arrendamientos y servicios de aquel proveedor o licitante que
tenga la certificación ISO 14000, así como la modernización y desarrollo
administrativo, la descentralización de funciones y la efectiva delegación de
facultades.
…
ARTICULOS
TRANSITORIOS
Primero. Este decreto entrará en vigor el día
1o. de enero del 2003.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones de
carácter legal que se contrapongan con el presente decreto y se dejan sin efecto las
disposiciones de carácter administrativo que lo contravengan.
Dado en el Palacio Legislativo de
San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los
Estados Unidos Mexicanos, a 17 de octubre de 2002.— Los diputados: Bernardo de la Garza Herrera, coordinador; Francisco Agundis Arias, vicecoordinador; José Antonio Arévalo González; Esveida Bravo
Martínez; María Teresa Campoy Ruy Sánchez; Olga Patricia Chozas y Chozas; Diego Cobo
Terrazas; Arturo Escobar y Vega; José Rodolfo Escudero Barrera; Sara Guadalupe Figueroa
Canedo; Nicasia García Domínguez; Alejandro Rafael García Sainz Arena; María Cristina
Moctezuma Lule; Julieta Prieto Fuhrken; Concepción Salazar González y Erika Elizabeth Spezia Maldonado.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señora diputada.
Diputada, ¿tiene usted algún
interés sobre alguna comisión en particular?
La diputada María Teresa Campoy Ruy
Sánchez:
De la Comisión de Hacienda y
Cuenta Pública.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Túrnese a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público.
LEY
ORGANICA DEL CONGRESO
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Para presentar una iniciativa que
reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, se ofrece el uso de la palabra al diputado Augusto Gómez
Villanueva, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Augusto Gómez Villanueva:
Con su permiso, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
Los suscritos, diputados federales
de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso General,
integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con
fundamento en los artículos 70 y 71 fracción II de la Constitución Política y 55 para
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la
consideración de la Asamblea, la presente iniciativa de decreto que reforma y adiciona la
Ley Orgánica del Congreso en los términos siguientes
EXPOSICION
DE MOTIVOS
El proceso reciente al que se
sometió la integración de la Sección Instructora, órgano encargado de poner en estado
de resolución la incoación de los juicios políticos y las declaraciones de procedencia,
mostró la insuficiencia, confusión y complicación de la normatividad que rige la
materia o al menos la ambigüedad que da pauta a las interpretaciones diversas, respecto a
quién decide y bajo cuáles criterios la integración de dicha Sección Instructora.
Para los diputados que formamos
esta iniciativa, es indiscutible que de acuerdo con la legislación vigente, corresponde a
la Comisión Jurisdiccional conformar la Sección Instructora, encargada de las funciones
a que se refiere la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así
como los criterios de pluralidad y proporcionalidad, orientadores de la conformación de
los órganos legislativos de la Cámara.
La primera confusión y ambigüedad
se origina por la concurrencia de dos ordenamientos legales en una misma materia, es
decir, la dualidad legislativa formada por la Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, pues ambas rigen en lo que respecta al juicio política y la declaración de
procedencia.
Las afirmaciones anteriores se
sustentan en argumentos y antecedentes que los suscritos consideran ser tomados en cuenta
para valorar la presente iniciativa, éstos son:
1. El numeral cinco del artículo
40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos determina lo
siguiente:
“5. La Comisión
Jurisdiccional se integrará por un mínimo de 12 diputados y por un máximo de 16, a
efecto de que entre ellos se designen a los que habrán de conformar, cuando así se
requiera, la Sección Instructora encargada de las funciones a que se refiere la ley
reglamentaria del Título Cuarto de la Constitución en materia de responsabilidades de
los servidores públicos”. Este texto de reciente cuño, entra en contradicción con
el artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ya que
la Ley Orgánica del Congreso aprobada el 31 de agosto de 1999, establece por primera vez
con absoluta claridad y sin lugar a dudas, la única función que cumple la Comisión
Jurisdiccional: la de designar a los integrantes de la Sección Instructora. La norma
establecida en la Ley Orgánica precisa los procedimientos a seguir.
Para el nombramiento de los
miembros de la Sección Instructora, laguna que padecieron las leyes anteriores y que
propició que la Gran Comisión o la Comisión de Régimen Interno y Concertación
Política, propusieran, junto con la integración de la Comisión Jurisdiccional, la
designación de los cuatro miembros de la Sección Instructora.
El nuevo texto desecha la
consideración de que la Cámara designa una Comisión Jurisdiccional sólo para
constituir un listado de diputados en donde puedan escogerse sin posibilidad de opinión y
decisión propia los que serán instructores.
La función de designar a la
Sección Instructora no fue ejercida a plenitud por la actual Comisión Jurisdiccional
porque nunca fue convocada para ese efecto. El más cercano antecedente del ejercicio de
esta facultad de la Comisión Jurisdiccional, consta en el acta de la reunión de la misma
de fecha 16 de abril de 2000, en la que se realizó el nombramiento de presidente
provisional de la Sección Instructora, en razón de la ausencia del diputado que habría
sido nombrado por este cargo una semana antes. En ese caso la Comisión Jurisdiccional, en
el mismo acto designó miembro y Presidente de la Sección Instructora a un nuevo
integrante de la misma.
No obstante lo anterior que hubiera
bastado para confirmar la potestad de la Comisión Jurisdiccional de nombrar miembros y
directivos de la Sección Instructora y someterlo a la aprobación del pleno, se procedió
en los términos del artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos, asignándole discutiblemente esta atribución a la Junta de Coordinación
Política, como si fuera heredera de la desaparecida Gran Comisión y de la sucesora legal
de ésta, la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política y como si no
estuviera definido el procedimiento correspondiente al numeral cinco del artículo 40 de
la Ley Orgánica del Congreso ya evocado.
Los antecedentes expuestos
justifican en consecuencia la necesidad de modificar la legislación vigente, a fin de
eliminar ambigüedades y equívocos en la formación de la Sección Instructora, por lo
que la presente iniciativa establece con toda claridad el procedimiento y las estructuras
responsables que deben participar en dicho proceso.
En efecto, los suscritos
consideramos que la creación de un órgano interno de la Cámara tan relevante como es la
Sección Instructora, debe quedar regulada por la Ley Orgánica del Congreso y en esta
ocasión tener la oportunidad en forma paralela para nombrar una Sección Instructora para
declaratoria de procedencia y otra para la de atención a los juicios políticos, pues si
bien la naturaleza de su función es similar, existe una diferencia específica entre
ambas.
Así, la Sección Instructora de
declaratoria de procedencia, debe atender aspectos técnico-jurídicos de carácter penal
en forma preponderante, pues a ella le toca directamente si ha o no lugar a proceder
contra el inculpado, tomando en cuenta elementos objetivos que permitan interferir la
comisión de un delito para lo cual se requieren conocimientos especializados de derecho
penal y procedimientos penales; mientras que en materia de juicio político, de lo que se
trata es de dictaminar si los servidores públicos determinados por la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, han incurrido en actos u omisiones que redunden
en perjuicio de intereses públicos trascendentales, fundamentales o de su buen despacho,
lo cual implica discernir con base en otros juicios de valor acerca del cumplimiento de la
tarea pública de los funcionarios.
Procede, en consecuencia, sentar
las bases para la creación de secciones instructoras por cada uno de los procedimientos
de responsabilidad de los servidores públicos y de asegurar la imparcialidad y
objetividad en la designación de sus miembros por el pleno, dejando que al azar garantice
lo que el perjuicio o la consigna están imposibilitados de lograr.
Es por ello que esta iniciativa
propone la insaculación de los cinco miembros que formarán parte una de las dos
secciones instructoras mencionadas, de sendas listas de 30 diputados integradas por la
Junta de Coordinación Política, la cual obedecería a los criterios de experiencia y
mesura política, en el caso de juicios políticos y de especialización o conocimientos
en la ciencia del derecho para la materia de las declaraciones de procedencia.
Además de la garantía de
imparcialidad que entraña la fórmula propuesta, se respetarían los criterios de
proporcionalidad y pluralidad en la formación de la lista de diputados, en donde se
insacularían los nombres correspondientes, de forma tal que en ellas entrarían
proporcionalmente los nombres de legisladores de todos los grupos parlamentarios, dejando
a la suerte el designio de la formación del cuerpo colegiado correspondiente.
Por lo que toca a la presidencia de
cada sección, recaería en el decano de los insaculados, asignándose la Secretaría al
grupo mayoritario o al que le siga en número de diputados, si el decano perteneciera al
primero.
La figura del decano se
determinaría conforme a los criterios incluidos en el numeral 2 del artículo 15 de la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual la
designación de la directiva de la sección sería el producto de hechos objetivos y
prescripción legal fuera del alcance de decisiones interesadas de tipo partidista, que
contaminan procesos que deben ser de pleno derecho, con afanes revanchistas y
persecutorios que lesionan gravemente la legalidad de funciones tan delicadas del Congreso
General y en particular de la Cámara de Diputados, como son los juicios políticos y las
declaratorias de procedencia.
El contenido, pues, de esta
iniciativa responderá esencialmente a los reclamos que han presentado los compañeros
diputados de diversos partidos que nos opusimos al procedimiento para la designación de
los integrantes de la Sección Instructora y por lo mismo, señora Presidenta, le solicito
que el texto que he leído y la propia iniciativa sea publicada en la Gaceta
Parlamentaria.
Muchas gracias y menciono el nombre
de los diputados. Lo firman el diputado Augusto Gómez Villanueva —perdón por
mencionarme antes—, Rafael Rodríguez Barrera, Eduardo Andrade Sánchez, Francisco
Cárdenas Elizondo, Juan Manuel Carrera López, José Elías Romero Apis y el diputado
Carlos Aceves del Olmo.
Muchas gracias.
«Iniciativa con proyecto de
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos
Ciudadanos secretarios de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso General.— Presentes.
Los suscritos, diputados federales
de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso General,
integrantes del grupo parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, con
fundamento en los artículos 70 y 71 fracción II, de la Constitución Política y el 55
fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la Asamblea la presente iniciativa de
decreto que reforma y adiciona la Ley Orgánica del Congreso, en los términos de la
siguiente
EXPOSICION
DE MOTIVOS
El proceso reciente al que se
sometió la integración de la Sección Instructora, órgano encargado de poner en estado
de resolución la incoación de los juicios políticos y las declaraciones de procedencia,
mostró la insuficiencia, confusión y complicación de la normatividad que rige la
materia o al menos la ambigüedad que da pauta a interpretaciones diversas respecto a
quién decide y bajo cuáles criterios la integración de dicha Sección Instructora.
Para los diputados que firmamos
esta iniciativa es indiscutible que, de acuerdo con la legislación vigente, corresponde a
la Comisión Jurisdiccional conformar la Sección Instructora encargada de las funciones a
que se refiere la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como
la aplicación de los criterios de pluralidad y proporcionalidad orientadores de la
conformación de los órganos legislativos de la Cámara.
La primera confusión y ambigüedad
se origina por la concurrencia de dos ordenamientos legales en una misma materia, es
decir, la dualidad legislativa formada por la Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores públicos y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, pues ambas rigen en lo que respecta al juicio político y la declaración de
procedencia.
Las afirmaciones anteriores se
sustentan en argumentos y antecedentes que los suscritos consideran deben ser tomados en
cuenta para valorar la presente iniciativa. Estos son:
1. El numeral 5 del artículo 40 de
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos determina lo
siguiente:
“5. La Comisión
Jurisdiccional se integrará por un mínimo de 12 diputados y un máximo de 16, a efecto
de que entre ellos se designen a los que habrán de conformar, cuando así se requiera, la
Sección Instructora encargada de las funciones a que se refiere la ley reglamentaria del
Título Cuarto de la Constitución en materia de responsabilidades de los servidores
públicos.”
Este texto, de reciente cuño,
entra en contradicción con el artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos, ya que la Ley Orgánica del Congreso, aprobada el 31 de agosto de
1999, establece por primera vez, con absoluta claridad y sin lugar a dudas, la única
función que cumple la Comisión Jurisdiccional: la de designar a los integrantes de la
Sección Instructora.
La norma establecida en la Ley
Orgánica precisa los procedimientos a seguir para el nombramiento de los miembros de la
Sección Instructora, laguna que padecieron las leyes anteriores y que propició que la
Gran Comisión o la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política propusieran,
junto con la integración de la Comisión Jurisdiccional la designación de los cuatro
miembros de la Sección Instructora. El nuevo texto desecha la consideración de que la
Cámara designa una Comisión Jurisdiccional sólo para constituir un listado de diputados
de donde puedan escogerse, sin posibilidad de opinión y decisión propia, los que serán
instructores.
La función de designar a la
Sección Instructora no fue ejercida a plenitud por la actual Comisión Jurisdiccional,
porque nunca fue convocada para ese efecto.
2. El más cercano antecedente del
ejercicio de esta facultad de la Comisión Jurisdiccional, consta en el acta de la
reunión de la misma, de fecha 18 de abril de 2000, en la que se realizó el nombramiento
de presidente provisional de la Sección Instructora, en razón de la ausencia del
diputado que había sido nombrado en ese cargo una semana antes. En este caso, la
Comisión Jurisdiccional, en el mismo acto, designó miembro y presidente de la Sección
Instructora a un nuevo integrante de la misma.
No obstante lo anterior —que
hubiera bastado para confirmar la potestad de la Comisión Jurisdiccional de nombrar
miembros y directivos de la Sección Instructora y someterlo a la aprobación del
pleno—, se procedió en los términos del artículo 11 de la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, asignándole discutiblemente esta
atribución a la Junta de Coordinación Política, como si fuera heredera de la
desaparecida Gran Comisión y de la sucesora legal de ésta, la Comisión de Régimen
Interno y Concertación Política y como si no estuviere definido el procedimiento
correspondiente en el numeral 5 del artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso ya
evocado.
Los antecedentes expuestos
justifican, en consecuencia, la necesidad de modificar la legislación vigente, a fin de
eliminar ambigüedades y equívocos en la formación de la Sección Instructora, por lo
que la presente iniciativa establece con toda claridad el procedimiento y las estructuras
responsables que deben participar en dicho proceso.
En efecto, los suscritos
consideramos que la creación de un órgano interno de la Cámara tan relevante como es la
Sección Instructora, debe quedar regulada por la Ley Orgánica del Congreso y en esta
ocasión tener la oportunidad de forma paralela para nombrar una Sección Instructora para
declaratoria de procedencia y otra para la atención de los juicios políticos, pues si
bien la naturaleza de su función es similar, existe una diferencia específica entre
ambas.
Así, la Sección Instructora de
declaratorias de procedencia debe atender aspectos técnico-jurídicos de carácter penal
en forma preponderante, pues a ella toca dictaminar si ha o no lugar a proceder contra el
inculpado, tomando en cuenta elementos objetivos que permitan inferir la comisión de un
delito, para lo cual se requieren conocimientos especializados de derecho penal y
procedimientos penales; mientras que en materia de juicio político, de lo que se trata es
de dictaminar si los servidores públicos determinados por la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos han incurrido en actos u omisiones que redunden en perjuicio
de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, lo cual implica discernir
con base en otros juicios de valor, acerca del cumplimiento de la tarea pública de los
funcionarios.
Procede, en consecuencia, sentar
las bases para la creación de secciones instructoras para cada uno de los procedimientos
de responsabilidad de los servidores públicos y asegurar la imparcialidad y objetividad
en la designación de sus miembros por el pleno, dejando que el azar garantice lo que el
prejuicio o la consigna están imposibilitados de lograr. Es por ello que esta iniciativa
propone la insaculación de los cinco miembros que formarán cada una de las dos secciones
instructoras mencionadas, de sendas listas de 30 diputados integradas por la Junta de
Coordinación Política, la cual obedecería a los criterios de experiencia y mesura
política en el caso de los juicios políticos y de especialización o conocimientos en la
Ciencia del Derecho, para la materia de las declaraciones de procedencia.
Además de la garantía de
imparcialidad que entraña la fórmula propuesta, se respetarían los criterios de
proporcionalidad y pluralidad en la formulación de las listas de diputados de donde se
insacularían los nombres correspondientes, de forma tal que en ellas entrarían
proporcionalmente los nombres de legisladores de todos los grupos parlamentarios, dejando
a la suerte el designio de la formación del cuerpo colegiado correspondiente.
Por lo que toca a la presidencia de
cada sección, recaería en el decano de los insaculados, asignándose la secretaría al
grupo mayoritario o al que le siga en número de diputados, si el decano perteneciera al
primero. La figura del decano se determinaría conforme a los criterios incluidos en el
numeral 2 del artículo 15 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, con lo cual la designación de la directiva de la sección sería el producto
de hechos objetivos y prescripción legal, fuera del alcance de decisiones interesadas de
tipo partidista, que contaminan procesos que deben ser de pleno derecho, con afanes
revanchistas y persecutorios que lesionan gravemente la legalidad de funciones tan
delicadas del Congreso General y en particular de la Cámara de Diputados, como son los
juicios políticos y la declaratoria de procedencia.
Por lo que toca al número de
integrantes de la Sección Instructora, esta iniciativa propone elevarlo de cuatro a
cinco, con la finalidad por un lado de propiciar la pluralidad y por otro de impedir
probables empates en las votaciones internas que entrampen y obstruyan los procedimientos,
hipótesis que sirvió de pretexto y justificación para aprobar recientemente la
integración de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, a favor de dos
partidos y en detrimento de otro mayoritario, y con desacato a los principios de
pluralidad y proporcionalidad.
Una tercera finalidad a que aspira
esta iniciativa es la de precisar el papel que toca cumplir a la Comisión Jurisdiccional.
En la última experiencia conocida por esta LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados,
la Comisión Jurisdiccional quedó reducida a un simple catálogo o listado de diputados
sin más función que la de esperar que la Junta de Coordinación Política elija entre
ellos a los cuatro que habrían de conformar la Sección Instructora; función pasiva que
deteriora la dignidad de los representantes populares y la jerarquía de las comisiones.
Al proponer esta iniciativa, ahora
sí, la integración de sendos listados, no comisiones, para que de ellos se escoja al
azar a los miembros de las secciones instructoras, como ya se expuso, la Comisión
Jurisdiccional no tendría razón de subsistir, a menos que se le asigne un cometido legal
dentro de los procedimientos de juicio político y declaración de procedencia. Para este
efecto, los iniciadores tomaron en cuenta dos hechos:
Primero. El precedente del Acuerdo
Parlamentario Relativo a la Comisión de Jurisdicción y a la Sección Instructora de la
Cámara de Diputados, publicado en el Diario Oficial
de la Federación del 12 de mayo de 1998, conforme al cual la Comisión de
Jurisdicción tendría. “Además de sus facultades expresas, las siguientes:
a) Conocer y dirimir las
controversias que surjan en la Sección Instructora.
b) Recabar informes periódicos de
la actuación de la Sección Instructora”.
Segundo. El conjunto de incidentes
que pueden presentarse a lo largo de la actuación de la Sección Instructora y que por
razones de denominación y de materia, se pueden asimilar a los que se regulan en la etapa
de instrucción de los juicios penales y que tengan que ver, por ejemplo, con acumulación
y separación de autos o procesos, impedimentos, excusas y recusaciones, suspensión del
procedimiento, competencias y otros no especificados, en los términos del Código Federal
de Procedimientos Penales.
Asimismo, se considera que en el
capítulo de nueva creación de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, relativo a los órganos de la Cámara de Diputados encargados de
sustanciar los procedimientos de juicio político y declaración de procedencia, deben
integrarse las disposiciones relativas a la conformación de la subcomisión de examen
previo, resolviendo también el caso de empate, al otorgar a la Presidencia de la Mesa
Directiva de la Cámara la facultad de resolver al respecto. De esta forma, se retiran de
la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, disposiciones relativas a
la integración y funcionamiento de órganos formalmente legislativos y se incorporan las
normas correspondientes a la Ley Orgánica del Congreso.
La anterior remisión ha sido
aconsejada en repetidas ocasiones por especialistas de la materia jurídica-parlamentaria
y por legisladores preocupados por el tema. En la reforma integral a la Ley Orgánica
habrá que considerar la regulación de los juicios políticos y declaratorias de
procedencia, abrogando la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos,
con el beneficio adicional de que al incorporarse a aquélla, no requerirá de la
promulgación del Presidente de la República.
Mientras tanto, en iniciativa que
se presenta por separado y con esta misma fecha por los suscritos, proponemos reformas a
la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a fin de que este
ordenamiento sea congruente con la presente propuesta.
Con base en lo anteriormente
expuesto, nos permitimos someter a la consideración del honorable Congreso General por
conducto de esta Cámara de Diputados el siguiente
Proyecto
de decreto
Por el que se reforman y adicionan
diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos
Artículo primero. Se reforma el numeral 5 del
artículo 40 y se adiciona un Capítulo VIII, a la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:
“Artículo 40.
1. a 4. …
5. La Comisión Jurisdiccional se
integrará por un mínimo de 12 diputados y un máximo de 16, a efecto de que funja como
instancia de resolución de los incidentes que se presenten en los procedimientos de
juicio político y declaración de procedencia y auxilie a la Mesa Directiva en la
insaculación de los miembros de las secciones instructoras.”
Artículo segundo. Se adiciona un capítulo al
Título Segundo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
integrado por los artículos 57-A, 57-B, 57-C, 57-D y 57-E, para quedar como sigue:
CAPITULO
VIII
De
los órganos competentes en materiade responsabilidades de los servidores públicos
Artículo 57-A. La Cámara de Diputados
sustanciará el procedimiento de juicio político por conducto de las comisiones y unidas
de Justicia y de Gobernación, independientemente de las materias adicionales que
atiendan, quienes al momento de su instalación designarán a cinco miembros de cada una
de ellas para que en unión de sus presidentes y un secretario por cada comisión,
integren la subcomisión de Examen Previo de denuncias de juicios políticos que tendrá
competencia exclusiva para los propósitos contenidos en el Capítulo II del Título
Segundo de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Artículo 57-B. La Subcomisión de Examen Previo
tomará sus decisiones por mayoría de votos y en caso de empate, el asunto será sometido
a la consideración del Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, quien
contará con ocho días hábiles para emitir su determinación, previa audiencia de las
partes.
Artículo 57-C. Las secciones instructoras
encargadas de las funciones a que se refiere la Ley Reglamentaria del Título Cuarto de la
Constitución en materia de responsabilidades de los servidores públicos, se integrarán
por cinco miembros cada una, mediante los siguientes lineamientos:
a) La Junta de Coordinación
Política, bajo los más estrictos criterios de pluralidad y proporcionalidad, formulará
dos listas con 30 nombres cada una, de diputados de comprobada experiencia en materia
política y de probados conocimientos en la ciencia del derecho, respectivamente, de entre
los cuales se insacularán a cinco diputados para integrar la Sección Instructora de
juicios políticos y cinco diputados para conformar la respectiva encargada de la materia
de declaración de procedencia.
b) No podrán formar parte de las
listas mencionadas en el inciso anterior, los coordinadores de los grupos parlamentarios,
los integrantes de la Mesa Directiva, así como los presidentes y secretarios de las
comisiones de las que se integre la subcomisión de Examen Previo.
c) La insaculación de los
integrantes de las secciones instructoras se llevará a cabo en sesión del pleno de la
Cámara.
d) Presidirá cada Sección
Instructora el diputado que de entre los insaculados sea el decano; será secretario un
diputado perteneciente al grupo parlamentario con mayor representación en la Cámara o al
que le siga si el decano corresponde al primero. Para determinar la condición de decano
se atenderán los criterios establecidos en el artículo 15, numeral 2, de esta ley.
Artículo 57-D. Las listas para
insacular a los integrantes de las secciones instructoras en materia de juicio político y
declaración de procedencia, serán aprobadas durante la segunda reunión formal de la
Junta de Coordinación Política, sometiéndolas al pleno para la insaculación
correspondiente, en la sesión ordinaria en la que se aprueben las comisiones ordinarias
de la Cámara, en la que podrán hacerse aclaraciones y rectificaciones pertinentes acerca
de las mismas.
Las vacantes que ocurran en las
secciones instructoras, serán cubiertas mediante nueva insaculación, en la que se
utilizarán las listas aprobadas.
Artículo 57-E. Las secciones instructoras y la
subcomisión de Examen Previo, desahogarán los asuntos de su competencia en orden
cronológico en que hayan sido presentados y ratificados en el órgano competente de la
Cámara.
ARTICULO
TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor el
día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación y deroga todas las disposiciones legales y reglamentarias
que se le opongan.
Palacio Legislativo.— San
Lázaro, a 17 de octubre de 2002.— Diputados: Augusto
Gómez Villanueva, Rafael Rodríguez Barrera, Eduardo Andrade Sánchez, Francisco
Cárdenas Elizondo, Juan Manuel Carreras López, José Elías Romero Apis.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Publíquese íntegramente en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
ARTICULO
133 CONSTITUCIONAL
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra el diputado Manuel
Duarte Ramírez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para
presentar una iniciativa que reforma y adiciona el artículo 133 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Manuel Duarte Ramírez:
Muchas gracias, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
En mi carácter de diputado federal
de la LVIII Legislatura, vengo a proponer adiciones y reformas al artículo 133 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De la iniciativa que propongo, en
obvio de tiempo sólo lee-ré un resumen. Por ello solicito sea insertada íntegra en el Diario de los
Debates y en la versión estenográfica de esta Asamblea para dejar constancia de
ello.
Con la presente iniciativa se
pretende reformar y adicionar el artículo 133 constitucional a fin de que sea más
explícito e imperativo lo que se ha definido por los constitucionalistas como el primer
sistema de autodefensa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que
se establece precisamente en el artículo 128 de la propia Constitución.
Se trata de fortalecer el Estado de
Derecho en el cual se basa nuestro sistema jurídico constitucional, que no es otra cosa
que ajustar todos los actos de los funcionarios públicos a la Constitución, leyes o
tratados que emanen de ésta, preservando siempre las disposiciones de la norma como la
ley suprema de toda la Unión.
En la etapa de transición
política que estamos viviendo, considero que éste es un paso importante a la seguridad
jurídica para el logro de la credibilidad de los gobernados, para impulsar el desarrollo
económico y social de nuestro país.
Por estas razones y las que planteo
en la exposición de motivos, propongo modificar la redacción del artículo 133
constitucional para que después del punto y seguido, la redacción quede cómo sigue:
“Todo funcionario público,
federal, estatal y municipal, así como los jueces federales y estatales se arreglarán a
dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda
haber en las constituciones o leyes de los estados.”
Muchas gracias.
«El que suscribe, Manuel Duarte
Ramírez, diputado federal de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión,
con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 y 135 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por la fracción II del
artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente
iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 133 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la siguiente
EXPOSICION
DE MOTIVOS
Nuestro sistema jurídico
constitucional ha adoptado el Estado de Derecho como el primer medio de autodefensa de la
propia Constitución que contiene las bases principales de la organización del Estado y
de las demás leyes y tratados que emanan de esta.
El Estado de Derecho ha sido
definido por los constitucionalistas como la norma jurídica que regula tanto la conducta
externa de los particulares, como la actividad de los órganos del poder público, con lo
que se pone de manifiesto la subordinación del poder público y de sus depositarios al
ordenamiento jurídico en vigor.
Las características principales
del típico Estado de Derecho son: la división de poderes, el imperio del derecho, la
creación formal de la ley por el órgano popular representativo y legítimamente electo,
la legalidad de la administración al ajustar su actuación a la norma jurídica, y el
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de las personas.
En una Nación que adopta el Estado
de Derecho como pilar de su actuación, la ley es la concretización racional de la
voluntad popular, manifestada con las intervenciones del Ejecutivo, a través de un
órgano de representación popular libremente elegido.
La ley ordinaria se conexiona y
subordina a la Ley Fundamental y el control de la constitucionalidad asegura esa conexión
y subordinación. En otras palabras, la ley ordinaria se subordina a la Ley Fundamental,
porque la Constitución viene a ser el ordenamiento jurídico, de donde se deduce la
importancia de su cumplimiento por parte de los depositarios del poder público.
La subordinación en Estado de
Derecho de la ley ordinaria a la Ley Fundamental, implica una jerarquización de la norma
jurídica y en primer término debe estar la Constitución de conformidad con lo que
establece el artículo 133 constitucional.
De acuerdo a la interpretación de
este precepto el maestro Mario de la Cueva, hizo una jerarquización de las normas del
orden jurídico mexicano poniendo en primer término a la Constitución Federal, en
segundo lugar a las leyes constitucionales y tratados y en tercer lugar el derecho federal
ordinario y el derecho local. Definiendo a las leyes constitucionales como las que
material y formalmente emanan de la Constitución que pueden ser orgánicas,
reglamentarias o sociales.
El sistema de autodefensa o primer
instrumento de defensa de la Constitución se contiene en los artículos 128
constitucional 79 fracción II; 87, 97 y 133, para establecer mediante mecanismos legales
la existencia de cuatro instrumentos de defensa previstos en la propia Ley Fundamental que
son: el juicio de amparo, los tribunales administrativos, el ombudsman, la acción de inconstitucionalidad que
tenga por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y
la Constitución, excepción hecha de las relativas a la materia electoral.
Esta tesis de la autodefensa de la
Constitución se contiene en el artículo 133 constitucional que establece el principio de
supremacía constitucional, respecto de cualquier Ley Federal o local o tratado, mismo que
en su redacción actual dispone:
“Esta Constitución, las leyes
del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo
con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con
aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión; los jueces de cada Estado
se arreglaran a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en
contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los Estados.”
La última parte del precepto en
cita, según el criterio del que expone no se ajusta al Estado de Derecho y al sistema de
autodefensa de la Constitución que establece la primera parte de dicho precepto, porque
conforme a su texto literal sólo obliga a “los jueces de cada Estado” a
arreglarse a dicha Constitución exceptuando al resto de los funcionarios públicos
federales, estatales y municipales que conforme a la propia Carta Magna al tomar posesión
de su encargo protestan guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella
emanen tal y como lo establece el artículo 128 constitucional.
Esta forma genérica de protesta de
guardar y hacer guardar la Constitución impuesta a todo funcionario público se encuentra
fortalecida por otras disposiciones que establece la propia Constitución de protesta en
forma exclusiva. Así el artículo 87 dispone la protesta del Presidente de la República
al tomar posesión de su cargo, ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión
Permanente en los casos de receso del primero, describiendo el texto integro que debe
declarar el Presidente de la República electo al asumir ese cargo. El artículo 97 en sus
párrafos seis, siete, ocho, nueve y diez dispone que los ministros de la Suprema Corte de
Justicia al entrar a ejercer su cargo protestaran ante el Senado de la República,
describiendo igual y textualmente los términos en que se debe de desarrollar dicho acto
de protesta. Y el párrafo diez de dicho precepto establece igualmente que los magistrados
de circuito y los jueces de distrito protestaran ante la Suprema Corte de Justicia y el
Consejo de la Judicatura Federal.
En ese orden el artículo 8o. del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
también dispone que los miembros del Congreso en cada Cámara deberán tomar la protesta
al entrar en funciones, en el orden primero el Presidente y a continuación el resto de
los miembros, en cada una de sus cámaras, describiendo el texto integro para el
desarrollo de dicha propuesta.
Bajo las consideraciones expuestas
considero que el artículo 133 debe tener una redacción más explicita e imperativa que
obligue, no sólo a los jueces de cada Estado como reza actualmente, sino a todo
funcionario público federal, estatal o municipal que haya asumido el cargo para ejercer
funciones del poder público y que haya protestado guardar y hacer guardar la
Constitución, de conformidad con el artículo 128 constitucional y las demás
disposiciones ordinarias que también lo establecen.
También es necesario aclarar que
no se trata de que todo funcionario público haga interpretaciones de la
constitucionalidad o inconstitucionalidad porque esto es un asunto que compete
exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación según lo ha definido ella
misma en jurisprudencia firme. Criterio que no comparto. Pero en el caso concreto se trata
de que cualquier autoridad en el ejercicio de sus funciones respete y haga respetar la
Constitución conforme al texto de la ley a cada caso concreto, por encima de cualquier
disposición secundaria que contradiga la Morma Fundamental.
Por lo anteriormente expuesto y
fundado propongo reformar y adicionar el texto vigente del artículo 133 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
“Artículo 133. Esta Constitución, las leyes
del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que existen de acuerdo
con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con
aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Todo funcionario público
federal, estatal y municipal, así como los jueces federales y estatales se arreglaran a
dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda
haber en las constituciones o leyes de los estados.”
Articulo
transitorio
Unico. El presente decreto entrara en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Es cuanto, señora Presidenta
México, D. F., a 17 de octubre de
2002.— Rúbrica.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, diputado.
Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y
publíquese de manera íntegra en la Gaceta
Parlamentaria y en el Diario de los Debates.
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores PUblicos
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Se ofrece el uso de la palabra al
diputado Augusto Gómez Villanueva, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, para presentar una iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de
la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
El diputado Augusto Gómez Villanueva:
Muchas gracias, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
Los suscritos diputados federales
de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión,
integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con
fundamento en los artículos 70 y 71 fracción II de la Constitución Política y el 55
fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, sometemos la presente iniciativa de decreto de reforma y adi- ciones a
diversos artículos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en
los términos siguientes:
En la iniciativa de reformas a la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que el de la voz acaba
de presentar, propusimos a nombre de los diputados que formamos parte de nuestra
fracción, la inclusión en dicho ordenamiento de un capítulo especial dedicado a la
integración de los órganos encargados de sustanciar los procedimientos de juicio
político y declaración de procedencia.
El propósito de la nueva
regulación implica resolver confusiones y ambigüedades que han provocado decisiones
controvertidas y que ponen en riesgo ante la opinión pública nacional y ante los
tribunales que habrán de emitir una opinión sobre este tema, acerca de a quién
corresponde proponer la integración de la Sección Instructora y la forma en que ésta
deba conformarse de acuerdo con los principios de proporcionalidad y pluralidad que rigen
a los órganos colegiados de aquélla, reconocidos en los acuerdos que al respecto se han
tomado en ocasiones precedentes y a las determinaciones de la propia Ley Orgánica del
Congreso.
Por cuestiones de racionalidad
legislativa, es en el ámbito de la Ley Orgánica donde debe regularse todo lo
concerniente a la integración de los órganos y la competencia o funciones que debe
desempeñar, eliminando el hecho de que una misma materia esté regido por dos
ordenamientos distintos que pueden entrar en contradicción, de hecho así ocurre en el
artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y el
numeral 5 del artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos.
Procede, en consecuencia, sentar
las bases para la creación de secciones instructoras para cada uno de los procedimientos
de responsabilidad de los servidores públicos, así como precisar la conformación de la
subcomisión de examen previo y asegurar la imparcialidad y objetividad de la designación
de sus miembros por el pleno de la Cámara.
En este orden de ideas los
suscritos proponemos reformar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos, a fin de eliminar en este ordenamiento todas las disposiciones que se refieran
a la integración de los órganos formalmente legislativos, para que las mismas sean
incorporadas en la Ley Orgánica del Congreso.
Asimismo, se realicen adecuaciones
para evitar la obsolescencia en las denominaciones de oficinas administrativas de la
Cámara de Diputados que intervienen en la presentación de escritos y ratificación de
sus contenidos.
Otro objetivo que pretende esta
iniciativa es el de precisar, dentro de cualquiera de los procedimientos regulados en la
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el papel que toca cumplir a
las comisiones jurisdiccionales de las cámaras del Congreso, ya que en la última
experiencia conocida por esta LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados la Comisión
Jurisdiccional quedó reducida a un simple catálogo o listado de diputados, sin más
función que la de esperar que la Junta de Coordinación Política elija entre ellos a los
cuatro que habrían de conformar la Sección Instructora; función pasiva que deteriora la
dignidad a los representantes populares y la jerarquía de las comisiones.
Al proponer esta iniciativa, ahora
sí, la integración de sendos listados no comisiones, para que de ellos se escoja al azar
a los miembros de las secciones instructoras, como ya se expuso, la Comisión
Jurisdiccional no tendría razón de subsistir a menos que se le asigne un cometido legal
dentro de los procedimientos de juicio político y declaración de procedencia. Para este
efecto los iniciadores tomaron en cuenta dos hechos:
1o. El precedente de acuerdo
parlamentario relativo a la Comisión de Jurisdicción y a la Sección Instructora de la
Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial
de la Federación del 12 de mayo de 1998, conforme a la cual la Comisión de Jurisdicción
tendría, además de sus facultades expresas, las siguientes
a) Conocer y dirimir las
controversias que surjan en la Sección Instructora.
b) Recabar informes periódicos de
la actuación de la Sección Instructora.
2o. El conjunto de incidentes que
puedan presentarse a lo largo de la actuación de la Sección Instructora y que por
razones de denominación y de materia se puedan asimilar a las que se regulen en la etapa
de instrucción en los juicios penales y que podrían tener qué ver, por ejemplo, con
acumulación y separación de autos o procesos, impedimentos, excusas y recusaciones,
suspensión de procedimiento, competencias y otros no especificados en los términos del
Código Federal de Procedimientos Penales.
Está a su consideración, señora
Presidenta, que se publique en los términos en que se ha firmado por los diputados:
Rafael Rodríguez Barrera, Augusto Gómez Villanueva, Eduardo Andrade Sánchez, Francisco
Cárdenas Elizondo, Juan Manuel Carrera López, José Elías Romero Apis y Carlos Aceves
del Olmo.
Muchas gracias, señora Presidenta.
«Iniciativa con proyecto de
decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos
Ciudadanos secretarios de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.—Presentes.
Los suscritos, diputados federales
de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión,
integrantes del grupo parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, con
fundamento en los artículos 70 y 71 fracción II de la Constitución Política y el 55
fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, sometemos la presente iniciativa de decreto de reforma y adi- ciones a
diversos artículos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en
los términos de la siguiente
EXPOSICION
DE MOTIVOS
En iniciativa de reformas a la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada en esta misma
fecha por los suscritos, propusimos la inclusión en dicho ordenamiento de un capítulo
especial dedicado a la integración de los órganos encargados de sustanciar los
procedimientos de juicio político y declaración de procedencia.
El propósito de la nueva
regulación implica resolver confusiones y ambigüedades que han provocado decisiones
controvertidas de esta Cámara acerca de a quién corresponde proponer las integración de
la Sección Instructora y la forma en que ésta debe conformarse de acuerdo con los
principios de proporcionalidad y pluralidad que rigen a los órganos colegiados de
aquélla, reconocidos en los acuerdos que al respecto se han tomado en ocasiones
precedentes y a las determinaciones de la propia Ley Orgánica del Congreso.
Por cuestiones de racionalidad
legislativa, es en el ámbito de la Ley Orgánica donde debe regularse todo lo
concerniente a la integración de los órganos y la competencia o funciones que deben
desempeñar, eliminando el hecho de que una misma materia esté regida por dos
ordenamientos distintos que pueden entrar en contradicción, de hecho así ocurre entre el
artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y el
numeral 5 del artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos.
Procede, en consecuencia, sentar
las bases para la creación de secciones instructoras para cada uno de los procedimientos
de responsabilidad de los servidores públicos, así como precisar la conformación de la
subcomisión de examen previo y asegurar la imparcialidad y objetividad en la designación
de sus miembros por el pleno de la Cámara.
En este orden de ideas, los
suscritos proponemos reformar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos, a fin de eliminar de este ordenamiento todas las disposiciones que se refieran
a la integración de órganos formalmente legislativos, para que las mismas sean incor-
poradas en la Ley Orgánica del Congreso.
Asimismo, se realizan adecuaciones
para evitar la obsolescencia en las denominaciones de oficinas administrativas de la
Cámara de Diputados que intervienen en la presentación de escritos y ratificación de
sus contenidos.
Otro objetivo que pretende esta
iniciativa es el de precisar, dentro de cualquiera de los procedimientos regulados en la
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el papel que toca cumplir a
las comisiones jurisdiccionales de las cámaras del Congreso, ya que en la última
experiencia conocida por esta LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, la Comisión
Jurisdiccional quedó reducida a un simple catálogo o listado de diputados sin más
función que la de esperar que la Junta de Coordinación Política elija entre ellos a los
cuatro que habrían de conformar la Sección Instructora, función pasiva que deteriora la
dignidad de los representantes populares y la jerarquía de las comisiones.
Al proponer esta iniciativa, ahora
sí, la integración de sendos listados, no comisiones, para que de ellos se escoja al
azar a los miembros de las secciones instructoras, como ya se expuso, la Comisión
Jurisdiccional no tendría razón de subsistir, a menos que se le asigne un cometido legal
dentro de los procedimientos de juicio político y declaración de procedencia. Para este
efecto, los iniciadores tomaron en cuenta dos hechos:
Primero. El precedente del acuerdo
parlamentario relativo a la Comisión de Jurisdicción y a la Sección Instructora de la
Cámara de Diputados, publicado en el Diario Oficial
de la Federación del 12 de mayo de 1998, conforme al cual la Comisión de Jurisdicción
tendría, “además de sus facultades expresas, las siguientes:
a) Conocer y dirimir las
controversias que surjan en la Sección Instructora.
b) Recabar informes periódicos de
la actuación de la Sección Instructora”.
Segundo. El conjunto de incidentes
que pueden presentarse a lo largo de la actuación de la Sección Instructora y que por
razones de denominación y de materia se pueden asimilar a los que se regulan en la etapa
de instrucción de los juicios penales y que podrían tener que ver, por ejemplo, con
acumulación y separación de autos o procesos, impedimentos, excusas y recusaciones,
suspensión del procedimiento, competencias y otros no especificados, en los términos del
Código Federal de Procedimientos Penales.
Con base en lo anteriormente
expuesto, nos permitimos someter a la consideración del Congreso de la Unión por
conducto de esta Cámara de Diputados el siguiente
PROYECTO
DE DECRETO
De reformas y adiciones a diversos
artículos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Artículo único. Se reforman los artículos 10,
11 y 12 incisos a, b y e; y
se adiciona un párrafo al artículo 32, para quedar en los siguientes términos:
“Artículo 10. Corresponde a la Cámara de
Diputados sustanciar el procedimiento relativo al juicio político, actuando como órgano
instructor y de acusación y a la Cámara de Senadores fungir como jurado de sentencia,
según lo disponen esta ley y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos.
Artículo 11. Cada una de las cámaras del
Congreso de la Unión, en los términos de su Ley Orgánica, integrará la Subcomisión de
Examen Previo y las secciones instructoras competentes para sustanciar los procedimientos
consignados en la presente Ley.
Artículo 12. El juicio político se sujetará al
siguiente procedimiento:
a) El escrito de denuncia se
deberá presentar ante el organismo que determine la normatividad interna de la Cámara de
Diputados y ratificarse ante ella dentro de los tres días naturales siguientes a su
presentación.
b) Una vez ratificado el escrito,
será turnado de inmediato a la Subcomisión de Examen Previo, para la tramitación
correspondiente, de lo cual se dará cuenta a cada una de las coordinaciones de los grupos
parlamentarios representados en la Cámara de Diputados.
c) y d)…
e) La resolución que dicte la
Subcomisión de Examen Previo declarando procedente la denuncia, será remitida al pleno
de las comisiones unidas de Justicia y de Gobernación, a efecto de formular la
resolución correspondiente y ordenar se turne a la Sección Instructora de la Cámara.
Artículo 32.…
Las comisiones jurisdiccionales de
ambas cámaras serán competentes para resolver los incidentes que se presenten durante
los procedimientos en materia de juicio político y declaración de procedencia, siendo
aplicable en todo lo no previsto por esta ley, las disposiciones del Código Federal de
Procedimientos Penales, que correspondan.”
ARTICULO
TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación y deroga las disposiciones que se opongan al mismo.
Palacio Legislativo.— San
Lázaro, a 17 de octubre de 2002.—Diputados: Augusto
Gómez Villanueva, Rafael Rodríguez Barrera, Eduardo Andrade Sánchez, Francisco
Cárdenas Elizondo, Juan Manuel Carreras López, José Elías Apis y Carlos Aceves.»
Presidencia de la diputada María Elena
Alvarez Bernal
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública.
LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Tiene la palabra el diputado César
Alejandro Monraz Sustaita, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar una
iniciativa que adiciona una fracción XX al artículo 106 de la Ley de Instituciones de
Crédito.
El diputado César Alejandro Monraz
Sustaita:
Con su permiso, señora Presidenta;
señoras legisladoras y legisladores:
Vengo ante ustedes a presentar la
siguiente iniciativa de decreto que adiciona una fracción XX al artículo 106 de la Ley
de Instituciones de Crédito, con el propósito de prohibir a las instituciones bancarias
y financieras el cobro de una comisión a los contribuyentes que hagan uso de sus portales
o páginas electrónicas con el propósito de pagar sus impuestos federales que les
corresponden.
El suscrito, diputado federal e
integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo
dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable
Asamblea la presente iniciativa de decreto por el que se adiciona una fracción X al
artículo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito, bajo la siguiente
EXPOSICION
DE MOTIVOS
En México como en todo el mundo la
sociedad exige de sus gobernantes la cabal y oportuna atención a sus demandas. El Estado,
sabedor de la responsabilidad que ello implica, instrumenta distintas políticas para
estos fines. Sin embargo, son limitados los recursos y casi infinitas las necesidades,
razón por la que es necesario que se imponga a los ciudadanos el pago de tributos y
contribuciones fiscales.
En nuestro país, el tema de los
impuestos y la forma en que éstos deben pagarse son temas sumamente relevantes. En ese
sentido y con el propósito tanto de simplificar el cumplimiento de las obligaciones
fiscales a los contribuyentes, como el modernizar el pago de las contribuciones federales,
el Servicio de Administración Tributaria creó un nuevo esquema de pagos electrónicos a
través de la ventanilla bancaria en Internet. De esta forma, a partir del mes pasado,
agosto, los pagos provisionales o definitivos de impuestos federales, así como los
correspondientes a las retenciones al mes de julio de 2002 y subsecuentes, deberán
presentarse por ventanilla bancaria, utilizando una tarjeta tributaria, o a través del
portal de un banco vía Internet.
Este nuevo sistema, al permitir que
los pagos de las contribuciones federales puedan realizarse a través de la transmisión
electrónica de datos, evitará que se cometan errores en la captura del nombre, del
Registro Federal de Contribuyentes, además de que eliminará el llenado de los formatos
fiscales que tradicionalmente se venían utilizando.
Para este nuevo esquema de pagos
electrónicos existen dos modalidades. La primera es para personas físicas de menores
ingresos, cuyos pagos se harán en una ventanilla bancaria por medio de una tarjeta
tributaria. La segunda es para los contribuyentes con una mayor capacidad contri- butiva,
las cuales realizarán sus pagos vía Internet.
Vale la pena señalar que los
contribuyentes de menores ingresos también podrán optar por realizar sus pagos a través
de Internet. El sustento legal de este nuevo esquema para el pago de impuestos se
encuentra fundamentado en los artículos 20 séptimo párrafo y 31 del segundo párrafo
del Código Fiscal de la Federación; en estos artículos se establece que los
contribuyentes obligados a presentar pagos provisionales mensuales, deberán presentar
dichos pagos mediante transferencia electrónica, de conformidad con las reglas de
carácter general que al efecto expida el Servicio de Administración Tributaria.
Es entonces y queda claro que el
Sistema de Administración Tributaria está facultado para expedir los requisitos y
procedimientos que deberán seguir los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones
fiscales.
Ahora bien, si ha quedado claro
este primer punto referente a la facultad de la autoridad fiscal para hacer obligatorio el
uso de transferencias electrónicas para el pago de impuestos, prevalece un vacío
vinculado a la operación práctica del esquema.
Actualmente no existe regulación
alguna sobre las comisiones que deberán pagar los contribuyentes por hacer uso del portal
o de la página electrónica de un banco, a fin de pagar sus contribuciones fiscales. Hoy
en día únicamente es posible realizar el pago de impuestos por Internet a través de los
portales de bancos autorizados, así quienes deban o desean cubrir sus obligaciones
fiscales por este medio, se ven forzados a abrir o tener una cuenta bancaria y cubrir una
comisión, la cual genera al contribuyente una obligación y posiblemente un costo
adicional.
Caso contrario ocurre cuando un
ciudadano acude a una institución bancaria con objeto específico de solicitar sus
servicios y firma para ello un contrato en el que se establece la voluntad de ambas
partes. Bajo este entendido el ciudadano acepta las cláusulas y condiciones del banco,
así como las comisiones para el uso de los servicios bancarios que dicha institución
ofrece.
En el caso específico que nos
ocupa, el del pago de las contribuciones federales, el contribuyente nunca estableció ni
mucho menos aceptó mediante ningún tipo de acuerdo, el pago de una comisión para el uso
de los servicios electrónicos que ofrece una institución bancaria a través de su
página de Internet, para el pago de impuestos.
Es entonces necesario diferenciar
entre las operaciones que realiza un cuentahabiente con objeto de administrar sus recursos
y realizar sus transacciones cotidianas, de las que realiza un contribuyente para pagar
las obligaciones fiscales que le corresponden.
Si bien los legisladores de Acción
Nacional reconocemos la importancia que tiene el que los contribuyentes cumplan
debidamente con sus obligaciones fiscales, pues de ello depende que el Estado pueda o no
cumplir cabalmente con la función que la sociedad le ha encomendado, consideramos injusto
que un contribuyente tenga que erogar una cantidad adicional, entendida la comisión
pagada al banco, por el hecho de cumplir debidamente sus obligaciones fiscales y así
contribuir al gasto público nacional.
Es así que presento ante esta
honorable Asamblea, una iniciativa que se encamina a prohibir a las instituciones
financieras el cobro de una comisión a los contribuyentes que hagan uso de los portales o
páginas electrónicas, con el propósito de pagar los impuestos federales que le
corresponden. Ello no sólo evitará que los contribuyentes que hoy cumplen con sus
obligaciones fiscales y contribuyen al gasto público federal, paguen comisiones que no
les corresponde, sino que además incentivará el pago de contribuciones federales a
través de medios electrónicos, lo que facilitará sensiblemente la labor fiscalizadora
del Servicio de Administración Tributaria.
Por las consideraciones
anteriormente expuestas, pongo a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente
INICIATIVA
DE DECRETO
Artículo único. Se adiciona una fracción X al
artículo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito para quedar como sigue:
“Artículo 106. A las instituciones de
crédito les estará prohibido:
I a laXIX. . . .
XX. Cobrar o realizar cargos por
cualquier concepto a los contribuyentes que hagan uso del servicio de banca electrónica
en dichas instituciones con el propósito de pagar, enterar, declarar y a dar avisos a
través de este medio a la autoridad fiscal correspondiente.”
ARTICULO
TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Es cuanto, señora Presidenta,
muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público.
La siguiente iniciativa agendada
por el diputado Marcos Pérez Esquer, del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional, a petición suya se pospone para próxima reunión.
ARTICULO
94 CONSTITUCIONAL
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Tiene la palabra el diputado José
de Jesús López Sandoval, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para
presentar una iniciativa que reforma el párrafo octavo del artículo 94 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado José de Jesús López
Sandoval:
Con el permiso de la Presidencia;
compañeros legisladores:
El suscrito, diputado federal de la
LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del
artículo 71 y fracción XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, así como los artículos 55 fracción II; 56 y 62 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso de la Unión, someto a la consideración del honorable
Congreso por conducto de esta Cámara de Diputados, la iniciativa de reforma al octavo
párrafo del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
que acompaña para los efectos del artículo 135 constitucional y que tiene como finalidad
hacer oficiosa la obligación de la revisión, observancia y aplicación de la
jurisprudencia en los asuntos que lleva en los tribunales sobre la interpretación de la
Constitución, leyes y reglamentos federales o locales y tratados internacionales.
Hago entrega en este momento al
personal de la Cámara de Diputados, el cual solicito se inserte en forma íntegra en el Diario de los
Debates y anexo copia para cotejo.
En otras palabras, el objetivo que
se persigue con la reforma al artículo constitucional mencionado, es que los tribunales
tengan la obligación desde la ley fundamental de actualizarse en cuanto a los criterios
jurisprudenciales que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea
funcionando en pleno o en salas y los tribunales colegiados de circuito, esto para que las
controversias de las que conozcan se apliquen de oficio, lo establecido en aquéllas,
independientemente de que las partes las invoquen o no.
La jurisprudencia es considerada
por la doctrina como las interpretaciones y consideraciones jurídicas interpretativas
uniformes que hacen una autoridad judicial designada para tal efecto por la ley, respecto
de uno o varios puntos de derecho especiales y determinados que surgen de cinco casos
concretos semejantes que se presenten, en la inteligencia de que dichas consideraciones e
interpretaciones son obligatorias para los inferiores jerárquicos de las mencionadas
autoridades que expresamente señala la ley.
La importancia y trascendencia que
tiene la función jurisprudencial que despliega en los tribunales, consiste en que no
sólo se interpreta la norma jurídica objetiva con el objetivo imprescindible de la
ciencia del derecho y demás disciplinas culturales, sino que integran el orden jurídico,
positivo, mediante la elaboración de reglas generales, normas abstractas e impersonales.
Al analizar cada caso en sus
modalidades específicas y al enfocarlo desde el ángulo de la legislación, los órganos
judiciales del Estado dictan la sentencia que dirime el conflicto o la controversia que se
ha suscitado en el caso examinado.
Para llegar a este resultado, los
tribunales tienen el deber inexcusable de interpretar la ley, o sea de extraer su sentido
mediante la utilización de una metodología determinada para proyectar el sentido que
establezca al caso concreto, pero puede suceder y eso acontece con cierta frecuencia en la
realidad, que la ley sea omisa en el tratamiento normativo de las cuestiones que el
legislador no previó, pero que plantea la vida del derecho que es esencialmente
dinámica, como diría Kelsen, y está en perenne evolución de transformación.
Ante cualquier omisión o
imprevisión de la ley, los tribunales deben integrarla; integración que ya implica la
creación o construcción del derecho. Junto con el párrafo octavo, los artículos 192 a
197 de la ley y el 177 y el 179 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,
regulan la jurisprudencia y reconocen como materia de ella la interpretación de la ley,
le atribuyen de manera expresa la característica de obligatoriedad y exigen que los
criterios que la integran sean firmes y reiterados.
La exigencia de reiteración no es
otra cosa que la ratificación del criterio de interpretación de la norma que debe ser
sustentado en cinco ejecutorias ininterrumpidas por otra en contrario, según corresponda
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en pleno o en salas o a los
tribunales colegiados de circuito en forma que al producirse esa reiteración concordante
se crea una presunción de mayor acierto y surge en consecuencia la imperatividad de la
jurisprudencia.
La doctrina en términos generales,
acepta que la jurisprudencia es fuente del derecho y la Suprema Corte de Justicia de la
Nación le ha reconocido ese carácter al considerar que la jurisprudencia emerge de la
fuente viva que implica el análisis reiterado de las disposiciones legales vigentes en
función de su aplicación a los casos concretos analizados y precisamente de que es
fuente del derecho, dimana su obligatoriedad.
Es común observar en la práctica
cómo las partes se ven perjudicadas en sus derechos por la falta de invocación de
jurisprudencias en las actuaciones que realizan frente a los tribunales o por la
equivocación que en aquéllas se citan, a veces por la deficiente representación con la
que cuentan y otras por el simple error es que no se ven satisfechas sus pretensiones.
Ahora bien el texto actual del
párrafo octavo del artículo 94 Constitucional establece que la jurisprudencia de los
tribunales del Poder Judicial de la Federación sean obligatorias en términos que fije la
ley; sin embargo, estos últimos no son claros, abriendo huecos en la ley y representando
incertidumbre para las partes, ya que si bien saben que los criterios que se citen, si son
aplicables obligarán al tribunal, pero sin certeza de que sucederá por el caso de que se
cita hayan hecho en forma incorrecta, en forma tal que no sea aplicable al asunto en
concreto o que no hubiere citado un criterio jurisprudencial que les hubiera permitido
crear una buena convicción sobre el asunto de derecho controvertido.
Lo anterior anima a que el texto
constitucional, que se incluyan las condiciones de obligatoriedad que tendrá la
jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación con la
finalidad de hacerlas explícitas y dar certidumbre a las partes en controversia.
La jurisprudencia debe cumplir con
la función de norma general individualizada, es decir, en la concreción del sistema
jurídico a la realidad señalando la forma y el sentido en que deben de entender los
distintos aspectos jurídicos que se controviertan en los hechos y que no encuentren una
solución explícita en la ley.
La jurisprudencia únicamente tiene
qué ver con cuestiones puramente de derecho y su invocación en los juicios es de
principal importancia para hacer que el derecho prevalezca. En tal sentido el juicio de
amparo es un procedimiento de derecho o sea, lo que importa es que el derecho y el sistema
de derecho se aplique. Dicho lo anterior es que debe asumir una instrumentación en la ley
fundamental.
La manera en que los tribunales
deberán acatar la jurisprudencia como obligatoria y oficiosa, asegurando que el derecho
prevalezca y que en forma se haya estudiado, se pueda estudiar. Esto es, haciendo que los
órganos jurisprudenciales-jurisdiccionales tengan la obligación de actualizar sus
conocimientos en cuanto a los criterios que vayan surgiendo en la vida del derecho, para
que en los casos concretos de que conozcan citen de oficio a aquellos que sirvan para
decidir la controversia, independientemente de que si las partes los hayan citado o no y
de que afecten a una u otra en su procedimiento.
Como ha quedado establecido en las
líneas anteriores, lo relevante es la norma y que ésta se aplique con base a derecho.
Muchas gracias, señora Presidente.
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.
Iniciativa de decreto que reforma
el octavo párrafo del artículo 94 constitucional.
Honorable Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión: el que suscribe, José de Jesús López Sandoval, diputado de la
LVIII Legislatura del honorable Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 71 fracción II, y 72 de nuestra Carta Magna, así como de los artículos 55
fracción II, 56, 62 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Constituyente Permanente la
siguiente iniciativa de decreto por el cual se expide la reforma del octavo párrafo del
artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la
siguiente
Fundamentación
La jurisprudencia es considerada
por la doctrina como el conjunto de soluciones dadas al aplicar la ley en particularidades
relevantes, siendo un instrumento de adecuación en la solución de conflictos mediante la
actualización del espíritu de la ley, poniéndola al día conforme con las nuevas
exigencias del momento que ha de aplicarse.1
De igual manera se le considera
como una de las fuentes del derecho al proveer a éste de criterios que coadyuven en la
interpretación de las leyes que en virtud de la imprecisión u oscuridad de las mismas
producen serias lagunas jurídicas.
En el caso de México, la
jurisprudencia judicial es la interpretación de la ley, firme, reiterada y de observancia
obligatoria, que emana de las ejecutorias pronunciadas por la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, funcionando en pleno o por salas y por los tribunales colegiados de circuito.
El párrafo octavo del artículo 94
constitucional, determina que:
“La ley, fijará los términos
en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial
de la Federación sobre la interpretación de la Constitución, leyes y reglamentos
federales o locales y tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, así
como los requisitos para su interrupción y modificación.”
Junto con el aludido párrafo
octavo, los artículos 192 al 197 de la Ley de Amparo y el 177 al 179 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Federación, regulan la jurisprudencia y reconocen como materia
de ella la interpretación de la ley, le atribuyen de manera expresa la característica de
la obligatoriedad y exigen que los criterios que la integren, sean firmes y reiterados.
Las referidas disposiciones
determinan como tribunales facultados para sentar jurisprudencia obligatoria,
exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (pleno y salas) y a los
tribunales colegiados de circuito, de manera que la jurisprudencia por ellos emitida es
obligatoria, en esencia, para todos los tribunales de la República sujetos a su
jerarquía o cuyos actos pueden ser sometidos a sus respectivas jurisdicciones.2
La firmeza de la jurisprudencia,
además del principio de razón suficiente que deben contener las ejecutorias y de la
fuerza de cosa juzgada que a ellas corresponde, está vinculada a una votación mínima de
ocho, si la resolución pertenece al pleno; de cuatro, cuando menos, si de las salas se
trata y de unanimidad de los magistrados en el caso de los tribunales colegiados de
circuito.3
La exigencia de firmeza y
reiteración, no es otra cosa que la ratificación del criterio de interpretación que
debe ser sustentado en cinco ejecutorias, no interrumpidas por otra en contrario, según
corresponda al pleno, salas o tribunal colegiado de circuito, en forma que al producirse
esa reiteración concordante se crea una presunción de mayor acierto y surge en
consecuencia la imperatividad de la jurisprudencia.
Doctrina
La doctrina, en términos
generales, acepta que la jurisprudencia es fuente del derecho y la Suprema Corte de
Justicia, le ha reconocido ese carácter, al considerar que la jurisprudencia emerge de la
fuente viva que implica el análisis reiterado de las disposiciones legales vigentes, en
función de su aplicación, a los casos concretos analizados y precisamente de que es
fuente del derecho, dimana su obligatoriedad (SJF, sexta época, "vol." CXXIX,
tercera parte, pág. 28).
Para los tratadistas del derecho,
como Iñárritu Ramírez de Aguilar, la jurisprudencia es "el conjunto de tesis que
constituyen valioso material de orientación y enseñanza, que señala a los jueces la
solución de la multiplicidad de cuestiones jurídicas que contemplan; que suplen las
lagunas y deficiencias del orden jurídico positivo; que guían al legislador en el
sendero de su obra futura".4
Al respecto, el jurista Eugenio
Raúl Zaffaroni comenta: “es corriente afirmar que el legislador distribuye su
conminación según opciones político-criminales, tutelando bienes jurídicos o
reforzando algo (la ética social, el sistema). No obstante, esto se hace (a) sin
verificar la función preventiva de la pena (sin constatar si en la realidad el poder
punitivo produce los efectos que se pretende) que el legislador buscó y (b) como el
legislador histórico es inencontrable (otras veces sus argumentos son insostenibles por
el paso del tiempo), por su oportunismo o por sus contradicciones se apelan legislador
imaginario. De este modo, con un método deductivo puro, a partir de una ley (un texto
escrito) se imagina una voluntad, unos efectos y un sujeto que configuran una política
penal (o criminal) que es producto de deducciones e imaginación técnica y que opera en
un mundo real que no se pregunta cómo funciona. Desde este ámbito tan limitado y con
elementos no verificados en la realidad social (o que confesamente proviene de un ámbito
imaginario) y que omiten todo contexto de poder político, económico, social y marco
cultural, es poco menos que imposible vincular la construcción jurídico-penal con la
política. Mas aún: importa desviar la atención de los verdaderos vínculos entre ambos
términos”.5
A su vez, el doctor. Ignacio Burgoa
Orihuela,6 nos proporciona un concepto muy
completo sobre lo que se entiende por jurisprudencia y a la letra señala que “se
traduce en las interpretaciones y consideraciones jurídicas integrativas uniformes que
hace una autoridad judicial designada para tal efecto por la ley, respecto de uno o varios
puntos de derecho especiales y determinados que surgen en un cierto número de casos
concretos semejantes que se presenten, en la inteligencia de que dichas consideraciones e
interpretaciones son obligatorias para los inferiores jerárquicos de las mencionadas
autoridades y que expresamente señale la ley”.7
La importancia y trascendencia que
tiene la función jurisprudencial que despliegan los tribunales consiste en que no sólo
interpretan la norma jurídica objetiva con el auxilio imprescindible de la ciencia del
derecho y demás disciplinas culturales, sino que integran el orden jurídico positivo
mediante la elaboración de reglas generales, abstractas e impersonales. Estas reglas se
originan en el campo de la casuística, es decir, por los múltiples y variados casos
concretos que se registran en la dinámica jurídica.8
Al analizar cada caso en sus
modalidades específicas y al enfocarlo desde el ángulo de la legislación, los órganos
judiciales del Estado dictan la sentencia que dirime el conflicto o la controversia que se
haya suscitado en el caso examinado. Para llegar a este resultado los tribunales tienen el
deber inexcusable de interpretar la ley o sea, de extraer su sentido mediante la
utilización de una metodología determinada, para proyectar el sentido que se establezca
al caso concreto.9
Pero puede suceder, y esto acontece
con cierta frecuencia en la realidad, que la ley sea omisa en el tratamiento normativo de
cuestiones que el legislador no previó, pero que plantea la vida del derecho que es
esencialmente dinámica y está en perenne evolución o transformación. Ante cualquier
omisión o imprevisión de la ley, los tribunales deben integrarla al marco jurídico,
integración que ya implica la creación o construcción del derecho.10
Llama la atención el ministro
Genaro Góngora Pimentel cuando comenta lo siguiente: “que si las normas contenidas
en la jurisprudencia tienen el carácter de generales, abstractas, impersonales y
obligatorias, mismas que comparte con la ley, resulta que aun cuando estas normas no
pueden constituir formalmente una ley por no emanar del poder Legislativo, sino del Poder
Judicial de la Federación, en realidad se encuentra dotada de los mismos atributos que
ella y, por tal razón, resulta lógico considerarla como una ley en sentido material,
sobre todo si se toma en cuenta que la obligatoriedad de la jurisprudencia y de las normas
en ella contenida ha sido reconocida expresamente por el legislador en los artículos 192
y 193 de la Ley de Amparo. Las tesis de jurisprudencia, hemos dicho, son creadoras de
derecho”.11
En apoyo de lo anterior el ministro
Carlos de Silva Nava sostiene que no puede aceptarse, según las tareas modernas, que el
juzgador sea un simple aplicador; el juzgador es un creador del derecho y así se ha
acuñado el concepto “creación derivativa del derecho”, o sea, los órganos que
legislan, están creando originariamente el derecho positivo, pero el juez, derivando su
acción de aquellas normas generales, está creando derecho especial, está creando normas
jurídicas que son obligatorias y coercibles y tan es importante la creación jurídica
del juez, que se ha llegado a sostener que las normas generales tienen las
características de la norma jurídica, pero en potencia. La coercibilidad de la norma
abstracta está en potencia y no será efectiva hasta el momento en que intervenga la
función judicial para hacerla concreta, hasta hacerla efectiva y eficaz y si aceptamos
estos criterios tenemos que aceptar que este tipo de jurisprudencia individualizada, está
creando constantemente el derecho y además lo crea porque no es una aplicación mecánica
de la ley.12
Por lo tanto los juzgadores no
sólo deben tener la obligación de aplicar sus conocimientos sobre la ciencia jurídica
sino los que conciernen a todas las disciplinas culturales o científicas e incluso
tecnológicas, que hayan aportado el contenido sustancial de las normas del derecho.13
Además los tribunales con motivo
del desempeño de la tarea jurisprudencial deben tomar en cuenta la de interpretar la ley
e inclusive el conjunto de motivos y fines a que ésta responda. La ponderación de dicho
elemento debe quedar plasmada en la sentencia, la que al dirimir el conflicto concreto, se
apoya en reglas generales elaboradas a través de esa función investigadora.14
De tal manera que la jurisprudencia
pareciese no dar mayor problema, pues ha quedado perfectamente claro lo que es ésta,
cómo se produce, cuáles son sus efectos y cuál es su carácter; la problemática surge
en el momento en que sólo es de observancia obligatoria cuando alguna de las partes la
invoque o a manera de reforzar sus razonamientos al momento de dictar las sentencias por
parte de los juzgadores pero carece del carácter oficioso en su revisión, observancia y
aplicación.
Sin embargo, y de acuerdo a la
experiencia que arroja el litigio, si una de las partes en un proceso carece de una
representación jurídica eficaz y eficiente y no invoca en su favor algún criterio
jurisprudencial que lo beneficie en su situación jurídica, simplemente no será
beneficiada por ella, pues el juzgador no tiene la responsabilidad oficiosa de revisar y
aplicar al caso concreto que esta juzgando los criterios jurisprudenciales que sean
observables en dicho asunto.
Dicho de otra manera: el hecho de
que la jurisprudencia sea de observancia obligatoria de acuerdo a la ley, no constriñe en
ningún momento a que el juzgador la revise y aplique de oficio dejando en muchas de las
ocasiones a alguna de las partes sin el beneficio que le pudiese corresponder al observar
la que fuese aplicable en la particularidad de la norma.
Jurisprudencia
Pero qué nos dice la propia
Suprema Corte de Justicia al respecto:
Novena epoca. Instancia: segunda
sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta. Tomo: XII, agosto de 2000. Tesis: 2a. CV/2000. Página 364.
Jurisprudencia: la obligatoriedad
constitucional de la sustentada por el poder judicial de la Federación, exige de los
juzgadores análisis y seguimiento permanentes de los medios informativos que la difunden.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el párrafo octavo
de su artículo 94, la obligatoriedad de la jurisprudencia de los tribunales del Poder
Judicial de la Federación y remite a la ley la determinación de los términos de dicha
obligatoriedad, lo que se regula en el Capítulo Unico, del Título Cuarto, del Libro
Primero, artículos 192 a 197-b. En el referido artículo 192 se establece la
obligatoriedad de las jurisprudencias para todos los órganos jurisdiccionales de la
República conforme al orden lógico descendente que se da entre el pleno y las salas de
la Suprema Corte, los tribunales colegiados de circuito, facultados para establecerla y
los restantes órganos que imparten justicia. De acuerdo con ello, es indiscutible que los
jueces de distrito tienen el deber de cumplir con las jurisprudencias sustentadas por los
órganos mencionados y si no lo hacen incurren en responsabilidad cuando, lógicamente,
existen elementos suficientes para tener por demostrado que tuvieron conocimiento de
ellas. Al respecto es indispensable, por una parte, que los órganos que establecen
jurisprudencia cumplan celosamente con lo dispuesto por el artículo 195 del ordenamiento
citado en cuanto a la aprobación del texto y rubro de las tesis jurisprudenciales, así
como de su remisión a la dirección responsable de la publicación del Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta y a los órganos jurisdiccionales que no intervinieron en su
integración. Además, deberá hacerse la publicación oportuna de ese órgano informativo
y las partes en los juicios de amparo deberán invocar específicamente las
jurisprudencias que consideren aplicables. Lo anterior debe complementarse por todos los
miembros de los órganos obligados a cumplir con la jurisprudencia, por un lado, con el
especial cuidado en el análisis de los documentos aportados por las partes para
determinar si pretenden que se aplique al caso alguna tesis jurisprudencial y, por otro,
estableciendo con sus colaboradores profesionales un sistema riguroso de consulta,
análisis y seguimiento del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, así como de
los oficios que al efecto se les remitan, a fin de estar oportunamente informados de las
tesis jurisprudenciales del Poder Judicial de la Federación que deben cumplir.
Incidente de inejecución 45/2000.
Armando Herrera Corona. 7 de julio del año 2000. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela
Güitrón. Secretario: Roberto Javier Sánchez Rosas.
Considero que el criterio de la
Corte vertido en la anterior tesis al señalar que: "es indiscutible que los jueces
de distrito tienen el deber de cumplir con las jurisprudencias sustentadas por los
órganos mencionados y si no lo hacen incurren en responsabilidad cuando, lógicamente,
existen elementos suficientes para tener por demostrado que tuvieron conocimiento de
ellas", resulta por demás elocuente sobre la oficiosidad en la aplicación y
observancia de la jurisprudencia.
Además de que de su análisis
podemos deducir que la obligatoriedad a que se hace referencia respecto del artículo 192
de la Ley de Amparo, fundada en lo que establece el numeral 94 en su párrafo octavo de
nuestra Constitución, en ningún momento señala que sea obligatorio para las diferentes
instancias de las instituciones que imparten justicia en nuestro país, el hecho de que
deban de revisar, observar y aplicar de manera oficiosa la jurisprudencia que se actualice
al caso concreto que estén resolviendo, aunque el criterio de la Corte sea otro.
Si bien es cierto que los
detractores a esta posición manifiestan que se estaría violentando la libertad y
habilidad del litigante, también lo es que al no ser de carácter oficioso su observancia
y aplicación, deja en estado de indefensión a aquellas partes que carecen de una
representación jurídica eficiente al no observar y aplicar oficiosamente la
jurisprudencia que subsana las lagunas jurídicas que por la ambigüedad de la norma
permiten una mala aplicación de las mismas en perjuicio precisamente de la impartición
de justicia, máxime que lo que se busca es un eficaz estado de derecho.
Sin embargo y del análisis
exegético de la ley, podemos desprender que la obligatoriedad no implica la oficiosidad,
pese a que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido diferentes
pronunciamientos al respecto, de una manera mas clara y comprometida, como los que a
continuación se citan:
Novena epoca. Instancia: tribunales
colegiados de circuito. Fuente: Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, agosto de 2000. Tesis VI.2o.C. J/188. Página
1065.
Jurisprudencia, cita de oficio de
la, por la autoridad del orden común.
Las autoridades del orden común
están obligadas a acatar los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación y de los tribunales colegiados de su jurisdicción, que forman jurisprudencia,
incluso en los casos en que ésta no sea citada por los contendientes y de invocarse
alguno que no resultara aplicable a un caso específico, la obligatoriedad de la misma que
consagran los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, faculta a las autoridades a citar
de oficio aquella que fuera la idónea, sin que tal proceder implique reforzar o completar
lo alegado por las partes ni mucho menos introducir en una resolución, doctrina o
principios ajenos al litigio, toda vez que la jurisprudencia que sustentan los órganos
del Poder Judicial Federal, que gozan de tal atribución, no constituye una doctrina o una
norma legal nueva o especial, sino únicamente la interpretación de las ya existentes,
dado que ésta emana del análisis reiterado de las disposiciones legales en función de
casos concretos sometidos a su consideración y conforme a su competencia.
Segundo tribunal colegiado en
materia civil del sexto circuito.
Amparo directo 322/89. Máximo
Vargas Hernández. 22 de noviembre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera
Virgen. Secretario Guillermo Báez Pérez. Amparo directo 145/90. María Amelia del Rayo
Portillo Reyes. 25 de abril de 1990. Unanimidad de votos. Ponente Arnoldo Nájera Virgen.
Secretario Guillermo Báez Pérez.
Amparo directo 421/96. Socorro
García Martínez. 9 de octubre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza
Alarcón. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.
Amparo directo 161/2000. Margarita
Morales Flores de Sánchez. 22 de junio de 2000. Unanimidad de votos. Ponente Raúl
Armando Pallares Valdez. Secretaria Gloria Margarita Romero Velázquez.
Amparo directo 162/2000. María
Marta Alicia Milburga Morales Achac. 22 de junio de 2000. Unanimidad de votos. Ponente
Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: Gonzalo Carrera Molina.
Así como la siguiente:
Sexta epoca. Instancia: tercera
sala. Fuente Semanario Judicial de la Federación.
Tomo Cuarta Parte, XVI. Página 106.
Jurisprudencia, invocación
oficiosa de la. Aunque las partes no hagan referencia alguna a tal o cual jurisprudencia,
los juzgadores pueden invocarla en cualquier momento, ya que es bien sabido que a las
partes simplemente corresponde exponer los hechos y probarlos; pero que a la autoridad
judicial es a la que compete la aplicación del derecho y, por tanto, no puede hablarse de
que la invocación de la jurisprudencia equivalga a tomar en consideración una excepción
no opuesta oportunamente.
Amparo directo 2690/57. María
Luisa Pedrajo viuda de Sánchez. 30 de octubre de 1958. Unanimidad de cuatro votos.
Ponente Alfonso Guzmán Neyra.
No obstante lo anterior y siendo
ahora sí claro y preciso el criterio de nuestro máximo órgano jurisdiccional, el
carácter oficioso de la jurisprudencia no resulta ser un imperativo legal toda vez que la
norma fundante no lo contempla y por lo tanto la ley reglamentaria tampoco.
El hecho de pretender que la
revisión, observancia y aplicación de la jurisprudencia al momento de impartir la
justicia sea de carácter oficioso, en ningún momento significa que deba de apartarse de
los principios generales del derecho, pues si bien es cierto que la jurisprudencia tiene
aplicabilidad a los casos concretos siempre y cuando la ley que se particulariza a través
de ella tenga actualidad, además de que se le equipararía a la figura jurídica de la
suplencia de la queja, también lo es que el criterio de nuestro máximo tribunal y el
principio de la no retroactividad de la ley así lo señalan, como lo sostiene la Suprema
Corte en las siguientes tesis:
Novena epoca. Instancia: segunda
sala. Fuente Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta. Tomo XII, Julio de 2000. Tesis: 2a. LXXX/2000. Página 166.
Suplencia de la queja deficiente.
Consiste en examinar cuestiones no propuestas, independientemente de que resulten
favorables o desfavorables para quien se suple. La figura de la suplencia de la queja
prevista en el artículo 76-bis de la Ley de Amparo, tanto en relación con el juicio de
garantías, como con los recursos que en aquélla se establezcan, consiste, en esencia, en
examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente, en sus conceptos de
violación o en sus agravios, respectivamente, que podrían resultar favorables,
independientemente de que finalmente lo sean. Técnicamente resulta absurdo entender que
sólo debe suplirse cuando ello favorezca a quien se le suple, puesto que para determinar
si procede la suplencia tendría que examinarse previamente la cuestión relativa, lo que
implicaría necesariamente haber realizado esa suplencia. Por consiguiente, es suficiente
la posibilidad de que el análisis de un problema no propuesto pudiera resultar benéfico
para que se deba suplir, realizando el análisis correspondiente.
Amparo directo en revisión
182/2000. Duly Esther Ricalde Quijano. 2 de junio del año 2000. Unanimidad de cuatro
votos. Ausente Juan Díaz Romero. Ponente Mariano Azuela Güitrón. Secretario Rolando
Javier García Martínez.
Además de lo contenido en la
siguiente tesis jurisprudencial que robustece el criterio de la Suprema Corte en ese
sentido:
Novena epoca. Instancia tribunales
colegiados de circuito. Fuente: Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta. Tomo: VII, Enero de 1998. Tesis: XIX.2o.29 K. Página:
1179.
Suplencia de la queja. Procede ante
la inaplicación de jurisprudencia, por constituir una violación manifiesta a la ley.
Cuando el acto reclamado
contraviene lo establecido por la jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, de observancia obligatoria para todos los tribunales, al tenor de
lo previsto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, procede invocarla de oficio en
suplencia de la queja deficiente, por tratarse de una violación manifiesta de la ley que
deja sin defensa al quejoso, de conformidad con lo previsto por el artículo 76-bis
fracción VI, de ese ordenamiento legal.
Segundo tribunal colegiado del
decimonoveno circuito.
Queja 62/97. Daniel Maldonado
Mireles. 4 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Olga Iliana Saldaña
Durán. Secretario José Heriberto Pérez García.
En cuanto a la referencia que
invoqué respecto de que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación impide el
anacronismo de la jurisprudencia, la tesis que transcribiré a continuación ilustra de
manera elocuente las razones que el máximo tribunal esgrime para la aplicación solo de
las tesis jurisprudenciales que particularicen una norma vigente al momento de emitir sus
resoluciones:
Novena epoca. Instancia: tribunales
colegiados de circuito. Fuente Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta. Tomo II, octubre de 1995. Tesis: X.2o.2 K. Página 568.
Jurisprudencia, obligación de
aplicar la actual. La circunstancia de que un asunto idéntico al planteado se haya
resuelto en un sentido determinado, no obliga al juzgador a sostener o reiterar el
criterio en que se apoyó cuando éste ya ha sido superado, pues la obligatoriedad de la
jurisprudencia es tan imperativa que sujeta a todos los tribunales del país a su debido
acatamiento, por encima de criterios en desuso o incluso del propio, siempre que la norma
que se interpreta, no haya sufrido modificaciones.
Segundo tribunal colegiado del
décimo circuito.
Amparo en revisión 77/95.
Servicios Portuarios del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. 31 de agosto de 1995.
Unanimidad de votos. Ponente Guillermo Alberto Hernández Segura. Secretario Rutilo
Rodríguez Alipi.
Conclusiones
Primera. La jurisprudencia es
fuente del derecho que provee a éste de los elementos necesarios para solventar las
lagunas jurídicas a través de la interpretación particular de la norma.
Segunda. La fuente material de la
jurisprudencia, al ser el órgano máximo de impartición de justicia de la nación,
aunado a los elementos metodológicos de firmeza y reiteración, le dan el carácter de
obligatoriedad en su observancia.
Tercera. La propia Suprema Corte de
Justicia de la Nación acepta el carácter oficioso de la jurisprudencia en diferentes
pronunciamientos y le concede el equiparamiento con la figura de la suplencia de la queja.
Cuarta. No existe limitante
jurídica alguna que impida el otorgamiento del carácter oficioso a la jurisprudencia
más que la propia actualidad de la norma que en su pronunciamiento particulariza e
interpreta.
Quinta. Dentro de nuestro sistema
normativo se logrará tener un significativo avance en términos de certeza y seguridad
jurídica, tomando en consideración que lo que se persigue es que prevalezca el estado de
derecho.
Sexta. Por lo tanto cuando la
jurisprudencia llegue a tener el carácter de obligatoria y además oficiosa, por mandato
constitucional, el Poder Judicial tendrá que estar continuamente actualizando sus
conocimientos sobre los criterios jurisprudenciales establecidos por la Suprema Corte de
Justicia y los tribunales colegiados de circuito. Resultando con esto, un mejor
conocimiento del ordenamiento jurídico y una mayor profesionalización en la resolución
de los casos planteados.
Séptima. La Jurisprudencia debe de
tener tres finalidades:
1. La de interpretar el derecho
legislado.
2. La de crear o construir el
derecho con ocasión a los casos concretos que se sometan al conocimiento de los
tribunales.
3. La de tener el carácter
oficioso por mandato constitucional.
Octava. Una vez que la
jurisprudencia, además de ser obligatoria, haya adquirido el carácter oficioso por parte
de nuestra Carta Magna y consecuentemente en la norma secundaria, las partes que carezcan
de una representación jurídica responsable, honesta y eficaz, podrán tener la certeza
de que habrá igualdad, al emitirse la sentencia y ésta, a su vez, haya adquirido el
carácter de cosa juzgada.
Por todo lo anteriormente expuesto
y con los fundamentos jurídicos, comentarios doctrinarios, tesis jurisprudenciales
expresados, así como las conclusiones vertidas, me permito poner a la consideración del
honorable Constituyente Permanente, la siguiente
INICIATIVA
DE DECRETO
Que reforma el párrafo octavo del
artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo único. Se reforma el párrafo octavo
del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para
quedar como sigue:
"Artículo 94. Se deposita. . .
. . .
La ley fijará los términos en que
sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la
Federación sobre interpretación de la Constitución, leyes y reglamentos federales o
locales y tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, así como los
requisitos para su interrupción y modificación, la cual será de carácter oficioso en
su revisión, observancia y aplicación.
. . ."
México, DF, a 17 de octubre de
2002.— Diputado José de Jesús López Sandoval.»
Notas:
(1) Cfr. Fundación Tomás Moro.
Diccionario Jurídico Espasa. Ed. Espasa Calpe. Madrid, España, 1999.
(2) Cfr. Sánchez Bringas, Enrique.
Derecho Constitucional. Ed. Porrúa. México, 2000. Páginas 517-518.
(3) Ibidem.
(4) Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM. Diccionario Jurídico Mexicano. Ed. Porrúa. México, 2000.
(5) Cfr. Eugenio Raúl Zaffaroni.
Política y dogmática jurídico-penal. Instituto Nacional de Ciencias Penales. México.
2002. Página 7.
(6) Burgoa Orihuela, Ignacio. El
juicio de amparo. 27ª. Ed., Porrúa, México. 1991. Página. 821.
(7) Aportación de la Fundación
Miguel Estrada Iturbide. En el incomparable y valioso comentario textual del Jurista,
Erick Olvera Espinosa de los Monteros.
(8) Ibidem.
(9) Ibidem.
(10) Ibidem.
(11) Genaro Góngora Pimentel.
Introducción al juicio de amparo. Ed. Porrúa. México. 2001. Páginas 634-635.
(12) Curso de actualización de
Amparo, Estudio: "La jurisprudencia". Publicación del Seminario de Derecho
Constitucional y Amparo. De la División de Estudios Superiores de la Facultad de Derecho.
México. 1976. Página 111. (Aportación de la Fundación Miguel Estrada Iturbide, por el
Jurista Erick Olvera Espinosa de los Monteros).
(13) Ibidem.
(14) Ibidem.
Presidencia de la diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Puntos
Constitucionales.
La siguiente iniciativa registrada
por el diputado Amador Rodríguez Lozano, se pospone para la siguiente sesión.
Continuando con la sesión, pasamos
al capítulo de excitativas. La excitativa planteada por el diputado Víctor Emanuel Díaz
Palacios, del grupo parlamentario del PRI, se retira del orden del día. La excitativa
planteada por el grupo parlamentario del PRD, por el diputado Martí Batres Guadarrama, se
pospone para la próxima sesión.
Presidencia de la diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel
IPN
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Se solicita entonces a la diputada
Rosario Tapia Mediana, a nombre de los integrantes de la Comisión de Energía, haga uso
de la tribuna para presentar una excitativa a la Comisión de Educación Pública y
Servicios Educativos.
La diputada María del Rosario Tapia
Medina:
Gracias, señora Presidenta.
A nombre de la Mesa Directiva de la
Comisión de Energía se presenta la siguiente excitativa a la Comisión de Educación
Pública y Servicios Educativos, a fin de que emita el dictamen de la proposición con
punto de acuerdo para que la Secretaría de Educación Pública o bien la dirección
general del Instituto Politécnico Nacional apoyen la creación del Centro Nacional de
Geociencias y Administración de Energéticos del Instituto Politécnico Nacional.
Hay que recordar que desde hace
más de un año se presentaron ante la Comisión de Energía de esta Cámara de Diputados,
un grupo de doctores que prestan sus servicios en el Instituto Politécnico Nacional,
preocupados precisamente por la poca atención que se le presta al trabajo que ellos
realizan de maestrías y doctorados en ciencias geológicas y la necesidad por lo tanto de
apoyar este tipo de estudios que han estado permanentemente vinculados a los trabajos de
nuestras industrias energéticas en el país, especialmente de Pemex y de la Comisión
Federal de Electricidad, sin dejar de lado, obviamente, trabajos en minería y en otros
asuntos vinculados con la economía de hidrocarburos.
En ese momento nosotros pusimos a
consideración que estas maestrías que se han impartido y doctorados, han consistido
fundamentalmente en estudiar, localizar y explotar energéticos en el país y proporcionar
asesoría en la medida en que se ha podido, a los profesionales que trabajan
permanentemente en organismos e instituciones públicas vinculadas con el sector
energético. Han formado expertos en energía, en regiones petroleras y mineras del país
y además se han dedicado a divulgar estudios e investigaciones sobre estos temas a nivel
nacional e internacional y de manera específica en revistas especializadas de Estados
Unidos.
Estos posgrados han logrado una
importante presencia nacional. Por ejemplo, la maestría en Geología se ha impartido a
ingenieros geólogos, petroleros, geofísicos y a biólogos, paleontólogos de Petróleos
Mexicanos.
Por su parte, también se han dado
maestrías en Administración, Planeación y Economía de Hidrocarburos a ingenieros
civiles, petroleros, químicos, así como licenciados en Economía que prestan sus
servicios en Pemex y en el Instituto Mexicano del Petróleo.
No obstante la importancia que ha
tenido la impartición de estas maestrías, especialidades en el Instituto Politécnico
Nacional, especialmente en la Coordinación General de Estudios de Posgrados, el problema
está en que se supeditan a la dirección de la Escuela Superior de Ingeniería y
Arquitectura, en la Unidad Ticoman y esta sujeción les ha impedido atender eficazmente la
demanda de cursos y de consultorías que les demanda, sobre todo nuestras industrias
energéticas y además los ha imposibilitado en tener accesos a recursos que pueden
generar estas maestrías y que además los pueden hacer autosuficientes.
De aquí es que se ha planteado la
necesidad de romper con esta sujeción que existe con esta Coordinación General del
Politécnico y como en otros casos darles, otorgarles el carácter de centro para que
puedan tener la autonomía necesaria, puedan seguir desarrollando las actividades que
realizan en maestrías preparando, capacitando, asesorando a nuestros profesionales en
nuestra industria estratégica como es el petróleo y la electricidad y en esa medida
puedan asimismo tener los recursos que puedan autogenerar de manera libre ya como centro.
No sabemos por qué la Comisión de
Educación ha tardado un año prácticamente en opinar sobre este punto y en solicitar a
la Secretaría de Educación Pública o a la dirección del Instituto Politécnico
Nacional, que este centro pueda ser creado porque más que problemas en la Comisión de
Energía, nosotros vemos una necesidad y vemos obviamente beneficios para la preparación
y asesoría de nuestros profesionistas en estas áreas.
Agrego y subrayo solamente que esto
lo aceptamos en la Comisión de Energía, la Mesa Directiva con los grupos parlamentarios
que nos representamos ahí, el Partido Acción Nacional, el PRI y el PRD, estuvimos de
acuerdo en presentar esta excitativa y sí solicitamos a la Comisión de Educación que de
inmediato nos dé una opinión.
Tenemos obviamente que atender a
los maestros y doctores que imparten esa maestría y por lo tanto solicitamos ya su
opinión.
Muchas gracias.
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de
Energía.
Excitativa a la Comisión de
Educación Pública y Servicios Educativos a fin de que emita el dictamen de la
proposición con punto de acuerdo, para que la Secretaría de Educación Pública y la
dirección general del Instituto Politécnico Nacional apoyen la creación del Centro
Nacional de Geociencias y Administración de Energéticos del Instituto Politécnico
Nacional.
Diputada Beatriz Paredes Rangel,
presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Los que suscriben, diputados
federales de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en
los artículos 21 fracción XVI y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos respetuosamente se formule excitativa
a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para que dictamine la
proposición con punto de acuerdo que le fue turnada para su estudio de acuerdo con los
siguientes
ANTECEDENTES
1. En sesión ordinaria de la
Cámara, celebrada el 15 de diciembre de 2001, fue presentada la proposición con punto de
acuerdo para que la Secretaría de Educación Pública y la dirección general del
Instituto Politécnico Nacional apoyen la creación del Centro Nacional de Geociencias y
Administración de Energéticos del Instituto Politécnico Nacional.
2. En la misma fecha, la
Presidencia de la Mesa Directiva ordenó el turno de la iniciativa a la Comisión de
Educación Pública y Servicios Educativos para su estudio y dictamen.
3. Es el caso que a la fecha, la
citada comisión no ha emitido el dictamen correspondiente.
CONSIDERACIONES
La proposición que se encuentra en
estudio y análisis está motivada, entre otros, por estos factores:
1. Desde su fundación el Instituto
Politécnico Nacional ha venido formando profesionales y especialistas en distintas
disciplinas relacionadas con las ciencias de la energía.
2. Esta tarea educativa adquiere un
renovado impulso a partir de 1980, cuando el IPN funda dos maestrías estrechamente
vinculadas con la exploración y administración económica de los hidrocarburos: la
maestría en geología con opciones en petróleo, minería y riesgo geológico y la
maestría en Administración, Planeación y Economía de los Hidrocarburos.
3. Los objetivos de dichas
maestrías consisten en: estudiar, localizar y explotar los energéticos y su gestión
nacional; proporcionar asesoría a los profesionales que trabajan en organismos e
instituciones públicas vinculadas con el sector energético; formar expertos en energía
en las regiones petroleras y mineras del país y en realizar y divulgar estudios e
investigaciones sobre estos temas.
4. Estos posgrados han logrado una
importante presencia nacional. Así, la maestría en Geología se ha impartido a
ingenieros geólogos, petroleros, geofísicos y a biólogos-paleontólogos de Petróleos
Mexicanos, de la Comisión Federal de Electricidad y de otras organismos. Por su parte, la
maestría en Administración, Planeación y Economía de los Hidrocarburos la han cursado
ingenieros civiles, petroleros, químicos, así como licenciados en economía que prestan
sus servicios en Pemex y en el Instituto Mexicano del Petróleo.
5. No obstante, las referidas
maestrías cuentan con severas restricciones, ya que académicamente dependen de la
coordinación general de estudios de posgrado e investigación del IPN y
administrativamente se supeditan a la dirección de la Escuela Superior de Ingeniería y
Arquitectura, Unidad Ticomán. Esta sujeción les impide atender eficazmente la demanda de
cursos y de consultorías e imposibilita disponer de los recursos que ambas maestrías
generan, por lo que su campo de acción se ha visto reducido.
6. En consecuencia, se propone la
necesidad de reformar el Estatuto Administrativo del posgrado de la Escuela Superior de
Ingeniería y Arquitectura, para crear el Centro Nacional de Geociencias y Administración
de Energéticos del Instituto Politécnico Nacional, mismo que se abocaría a formar
recursos humanos en las ciencias de la tierra y en administración de energéticos.
7. De este modo, el Centro, con
autonomía académica y administrativa estará en capacidad de ampliar e intensificar con
mayor vigor y celeridad los programas docentes y de investigación en materia energética,
con lo cual del IPN, que históricamente se ha distinguido por la formación de
profesionistas y técnicos comprometidos con el desarrollo nacional, podrá contribuir de
mejor manera a enfrentar los enormes desafíos que presenta el sector energético.
Por éstas y más razones, la
proposición con punto de acuerdo turnada a la Comisión de Educación Pública y
Servicios Educativos, plantea:
1. Que se exhorte a la Secretaría
de Educación y a la dirección general del Instituto Politécnico Nacional para que
apoyen la creación del Centro Nacional de Geociencias y Administración de Energéticos
del Instituto Politécnico Nacional.
2. Que se exhorte al director
general del Instituto Politécnico Nacional, para que en ejercicio de las facultades que
le otorga el artículo 14 fracciones IV y VI de la Ley Orgánica de esa casa de estudios,
gestione y establezca el Centro Nacional de Geociencias y Administración de Energéticos.
En tal virtud, los suscritos
diputados federales solicitamos a la Presidencia de la Mesa Directiva formule una
respetuosa excitativa a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para
que proceda al dictamen y resolución del referido punto de acuerdo.
México, D. F., Palacio
Legislativo.— San Lázaro, a 2 de octubre de 2002.— Los diputados: Juan Camilo Mouriño Terrazo, Noe Navarrete
González, Marco Antonio Dávila Montesinos, Roque Joaquín Gracia Sánchez y Rosario Tapia Medina.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Gracias, señora diputada.
Aunque esta excitativa es la
segunda excitativa sobre el mismo tema, en virtud de que la primera excitativa se hizo el
15 de octubre en la sesión pasada, esta Mesa Directiva estima que haremos una excitativa
genérica y todavía no precisaremos un término para la presentación del dictamen.
Por lo que de conformidad con lo que establece el
artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Educación Pública y
Servicios Educativos, para que emita el dictamen correspondiente.
REGISTRO
DE ASISTENCIA
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Se pide a la Secretaría dar cuenta
del registro electrónico de asistencia e instruir su cierre.
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
Se informa a la Presidencia que
hasta el momento el sistema registra la asistencia de 404 diputados.
Ciérrese el sistema electrónico.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Bien, señor Secretario. La
siguiente excitativa del diputado César Horacio Duarte Jáquez, del grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional a la Comisión de Energía, se ha solicitado su
posposición para la siguiente sesión.
1968
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra el diputado
Rogaciano Morales Reyes, del grupo parlamentario de Partido de la Revolución
Democrática, para presentar una excitativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
El diputado Rogaciano Morales Reyes:
Señora Presidenta de la Mesa
Directiva; compañeras y compañeros diputados:
El suscrito, diputado integrante
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo
previsto por el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a esta Presidencia se excite a
la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, al tenor de los siguientes
ANTECEDENTES
Primero. Con fecha 2 de octubre de
2001 presenté a nombre del grupo parlamentario de mi partido, el de la Revolución
Democrática, una propuesta con punto de acuerdo, para que esta Cámara de Diputados
pidiera a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ser de interés público,
ejerciera la facultad prevista en el párrafo segundo del artículo 97 constitucional, a
fin de que nombrara a alguno o algunos de sus miembros o algún juez de distrito o
magistrado de circuito o designara a uno o varios comisiones especiales, para que se
averiguaran hechos que han sido graves violaciones a las garantías individuales, hasta la
fecha impunes, como son los casos de la matanza efectuada en la Plaza de las Tres
Culturales el 2 de octubre de 1968, la masacre de Acteal perpetrada en la comunidad de
Acteal, municipio de Chenalo, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997, así como el fénomeno
de la desaparición forzada de personas, que registró antecedentes en nuestro país desde
fines de los años sesenta principalmente en el estado de Guerrero.
Segundo. Que dicha propuesta fue
turnada para su dictamen a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, sin que a la fecha
se haya producido éste, no obstante que ha transcurrido en exceso el término que para el
caso tenía.
No desconocemos, que se ha creado
una fiscalía especial en el marco de la Procuraduría General de la República, para
investigar hechos del pasado que pudieran configurar ilícitos, la instancia que nosotros
pusimos a consideración en la propuesta sin dictaminar, es de jerarquía constitucional y
para casos excepcionalmente graves, como los que he referido, por lo que es de suma
importancia que la comisión dictamine en un sentido u otro.
Por lo anteriormente expuesto y
fundado, se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara:
Unico. Se sirva excitar a la Comisión de Justicia
y Derechos Humanos, para que presente el dictamen de la propuesta con punto de acuerdo a
que se ha hecho referencia.
Muchas gracias.
Unicamente agrego que los demás
antecedes, que fundamentaron en su oportunidad esta petición, constan en el pliego que
contiene dicha propuesta y que obra ya en el seno de la comisión a la que se pretende que
se excite.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
De conformidad con lo que establece el artículo 21
fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, se hace una excitativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos
para que emita el dictamen correspondiente.
La excitativa propuesta por el
diputado Alberto Amador Leal del grupo parlamentario del PRI, se pospone para próxima
sesión.
La excitativa propuesta por la
diputada Hortensia Aragón Castillo del grupo parlamentario del PRD, se pospone para la
próxima sesión.
DERECHOS Y CULTURA INDIGENAS
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra el diputado Jaime
Martínez Veloz del grupo parlamentario del PRD, para presentar una excitativa a la
Comisión de Puntos Constitucionales.
El diputado Jaime Cleofas Martínez
Veloz:
Con su permiso, señora Presidenta;
compañeras diputadas compañeros diputados:
En relación con los últimos
acontecimientos acerca de las reformas constitucionales en materia indígena, consideramos
necesario hacer las siguientes consideraciones y propuestas:
Los acuerdos de paz en materia de
derechos y cultura indígena, firmados entre el Gobierno mexicano y el EZLN, fueron
pactados en el marco de una negociación amparada por la Ley para el Diálogo, la
Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, aprobada por unanimidad en el Congreso de la
Unión en marzo de 1995. Es decir, los Acuerdos de San Andrés no fueron el resultado de
una ocurrencia ni de un momento de inspiración, sino la conclusión de un proceso de
negociación que contó con el respaldo, la autoridad y el compromiso de todas las fuerzas
políticas y de todas las instituciones de la República.
La elaboración de la iniciativa de
modificaciones constitucionales en materia indígena, derivada de dichos acuerdos, fue
elaborada en San Cristóbal de las Casas por la Cocopa en noviembre de 1996, siendo
presidente de la misma el senador Luis H. Alvarez.
La iniciativa de ley, es una
transcripción puntual de los acuerdos de paz firmados, nunca fue una interpretación de
los mismos; el contenido de la iniciativa de Ley Indígena de la Cocopa es el contenido de
los Acuerdos de San Andrés, ni más ni menos.
El presidente Fox, presentó la
iniciativa de la Cocopa en un acto mediático de propaganda política poselectoral, pero
jamás la defendió. La supuesta resignación frente al texto final del dictamen y a la
desnaturalización de los Acuerdos de San Andrés, contrasta frente a la actitud asumida
por el Ejecutivo Federal en la reforma fiscal o eléctrica. No hay punto de comparación,
en la reforma indígena el presidente Fox se dice respetuoso del Congreso, en la reforma
fiscal lo descalifica y en la eléctrica lo chantajea, presiona e intenta avasallar.
El procesamiento de la iniciativa
de Ley Cocopa, se realizó en un contexto donde los grandes ausentes de la discusión
indígena fueron los propios indígenas. El dictamen aprobado por el Congreso de la
Unión, no contempla a las comunidades indígenas como entidades de derecho público; no
le reconoce dominio y jurisdicción en sus tierras y territorios sobre los recursos
naturales, salvo aquellos que son de dominio de la nación; no garantiza los derechos
políticos de los indígenas, como tampoco permite la asociación de comunidades y
municipios indígenas, entre otras grandes omisiones.
Hasta hoy, los únicos aplaudidores
del dictamen aprobado por las cámaras de Diputados y Senadores en materia indígena han
sido los no indígenas. Mienten quienes dicen que la Corte avaló el contenido de la
reforma constitucional que distorsionó los Acuerdos de San Andrés. El fallo de la Corte,
en todo caso expresa el criterio conservador y excluyente que caracteriza al Estado
mexicano en su relación con los pueblos indios; no obstante, la iniciativa de la Cocopa
sigue vigente.
Ante la ausencia de resultados en
el proceso de paz y el rechazo de los pueblos indígenas a la reforma constitucional
aprobada, un grupo de más de 160 legisladores volvimos a presentar la iniciativa de la
Cocopa a la Cámara de Diputados en el mes de febrero en un nuevo intento por reencauzar
el diálogo y el proceso de paz.
Este esfuerzo no puede ni debe
desestimarse, es una venta para la paz y tal vez la última oportunidad de retomar el
cauce de diálogo. Para ello es necesario que las comisiones de Puntos Constitucionales,
de Asuntos Indígenas, junto con la Cocopa, determinen un procedimiento incluyente de
consulta con los pueblos indígenas, tal como está contemplado en el Convenio 169 de la
OIT.
Al mismo tiempo será necesario
invitar al Congreso de la Unión a una delegación del EZLN para su incorporación al
proceso de discusión y análisis de la reforma constitucional.
Invitar al EZLN al Congreso de la
Unión, a un proceso de análisis republicano y parlamentario de la iniciativa de ley
puede ser el punto de partida para la recuperación del proceso de paz hasta hoy
empantanado.
Las dificultades son enormes;
existe una situación altamente explosiva en las comunidades indígenas del país. La
movilización nacional indígena apenas empieza. En la reanudación del diálogo de
Chiapas lo que haga el Congreso de la Unión será definitivo.
Es cuanto, señor Presidente.
«En relación con los últimos
acontecimientos, acerca de las reformas constitucionales en materia indígena,
consideramos necesario hacer las siguientes consideraciones y propuestas:
1. Los acuerdos de paz en materia
de derechos y cultura indígena, firmados entre el Gobierno mexicano y el EZLN, fueron
pactados en el marco de una negociación amparada por la Ley para el Diálogo, la
Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, aprobada por unanimidad en el Congreso de la
Unión, el 11 de marzo de 1995. Es decir, los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, no
fueron el resultado de una ocurrencia ni de un momento de inspiración, sino la
conclusión de un proceso de negociación, que contó con el respaldo, la autoridad y el
compromiso de todas las fuerzas políticas del país y todas las instituciones de la
República.
2. La elaboración de la iniciativa
de modificaciones constitucionales en materia indígena derivada de dichos acuerdos, fue
elaborada en San Cristóbal de las Casas, por la Cocopa, en noviembre de 1996.
3. La iniciativa de ley, es una
trascripción puntual de los acuerdos de paz firmados, nunca fue una interpretación de
los mismos. El contenido de la iniciativa de Ley Indígena de la Cocopa, es el contenido
de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar ni más ni menos.
4. El presidente Fox, presentó la
iniciativa de la Cocopa, en un acto mediático de propaganda política, poselectoral, pero
jamás la defendió. La supuesta resignación, frente al texto final del dictamen y a la
desnaturalización de los Acuerdos de San Andrés, contrasta frente a la actitud asumida
por el Ejecutivo Federal, en la reforma fiscal o eléctrica. No hay punto de comparación.
En la reforma indígena el presidente Fox, se dice respetuoso del Congreso, en la reforma
fiscal lo descalifica y en la eléctrica lo chantajea, presiona e intenta avasallar.
5. El procesamiento de la
iniciativa de Ley Cocopa, se rea-lizó en un contexto, donde los grandes ausentes de la
discusión indígena, fueron los propios indígenas. El dictamen aprobado por el Congreso
de la Unión, no contempla a las comunidades indígenas como entidades de derecho
público, no les reconoce dominio y jurisdicción en sus tierras y territorios sobre los
recursos naturales, salvo aquellos que son del dominio de la nación, no garantiza los
derechos políticos de los indígenas, como tampoco permite la asociación de comunidades
y municipios indígenas, entre otras grandes omisiones.
6. Hasta hoy, los únicos
aplaudidores del dictamen aprobado por las cámaras de Diputados y Senadores en materia
indígena, han sido los no indígenas. La no observancia de lo dispuesto en el artículo
6o. del Convenio 169 de la OIT y la exclusión de los pueblos indígenas fue la constante
del procedimiento legislativo que culminó en esta etapa, con el desconocimiento de los
derechos indígenas. Los congresos locales de los 10 estados de la República con mayor
población indígena, votaron en contra de la reforma aprobada por el Congreso.
7. Mienten quienes dicen que la
Corte avaló el contenido de la reforma constitucional que distorsionó los Acuerdos de
San Andrés. El fallo de la Corte en todo caso expresa el criterio conservador y
excluyente que caracteriza al Estado mexicano, en su relación con los pueblos indios.
8. No obstante, la iniciativa de la
Cocopa sigue vigente. Ante la ausencia de resultados en el proceso de paz y el rechazo de
los pueblos indígenas a la reforma constitucional aprobada, un grupo de más de 160
legisladores volvimos a presentar la iniciativa de la Cocopa a la Cámara de Diputados, en
el mes de febrero del presente año, en un nuevo intento por reencauzar el diálogo y el
proceso de paz.
9. Este esfuerzo, no puede ni debe
desestimarse. Es una ventana para la paz y tal vez la última oportunidad de retomar el
cauce del diálogo.
10. Para ello es necesario, que las
comisiones de Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas, junto con la Cocopa,
determinen un procedimiento incluyente de consulta con los pueblos indígenas, tal como
está contemplado en el Convenio 169 de la OIT. Al mismo tiempo será necesario invitar al
Congreso de la Unión a una delegación del EZLN, para su incorporación al proceso de
discusión y análisis de la iniciativa de reforma constitucional indígena. Invitar al
EZLN al Congreso de la Unión a un proceso de análisis republicano y parlamentario de la
iniciativa de ley, puede ser el punto de partida, para la recuperación del proceso de
paz, hasta hoy empantanado.
11. Estamos a tiempo de evitar un
estallido social. A las comisiones del Congreso sólo les solicitamos un tratamiento
republicano, respetuoso y responsable de la iniciativa de la Cocopa.
12. Las dificultades son enormes,
existe una situación altamente explosiva en las comunidades indígenas del país. La
movilización nacional indígena apenas empieza. En la reanudación del diálogo en
Chiapas, lo que haga el Congreso de la Unión será definitivo.
Palacio Legislativo.— San
Lázaro, a 17 de octubre de 2002.— Diputado Jaime
Martínez Veloz.»
Presidencia del diputado Eric Eber
Villanueva Mukul
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Gracias, señor diputado.
De conformidad con lo que establece el artículo 21
fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Puntos Constitucionales para que emita el
dictamen correspondiente.
Esta Mesa Directiva saluda la
presencia del excelentísimo Señor Menet Nuri Esen, embajador de Turquía en México,
quien sostendrá una reunión de trabajo con el grupo de amistad México-Turquía de esta
Cámara de Diputados.
Enhorabuena y muchas gracias por su
visita a este recinto legislativo.
CODIGO
FEDERAL PENITENCIARIO
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Tiene la palabra el diputado
Esteban Daniel Martínez Enríquez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, para presentar una excitativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
El diputado Esteban Daniel Martínez
Enríquez:
Con el permiso de la Presidencia;
compañeras y compañeros diputados:
Ante la realidad penitenciaria en
México, que es una macabra ilación de violaciones a los derechos humanos que debe de
preocupar a las instituciones públicas, tanto como a la ciudadanía en su conjunto, el 15
de diciembre del año 2001 presenté una iniciativa de código federal penitenciario y
esta es la segunda excitativa que presento ante el pleno de esta Cámara y que no ha sido
dictaminada todavía por la comisión correspondiente.
Ante el reclamo fundamental de la
ciudadanía por la falta de seguridad pública y el consecuente crecimiento del índice de
criminalidad, se han incrementado las penas y negado beneficios de preliberación o
restringido el derecho a fianza, propiciando que los centros de reclusión social
funcionen en condiciones de hacinamiento, corrupción, violación e inseguridad. Tan sólo
la sobrepoblación, según el II Informe del Gobierno Federal, es del 37%.
La reclusión es el último
eslabón de un sistema inoperante. Ni el Sistema Nacional de Seguridad Pública ni su Plan
Nacional han logrado cerrar el círculo de acciones que pudieran garantizar la principal
función del Estado: la seguridad en el patrimonio e integridad personal de los
ciudadanos, ni mucho menos contribuye a resarcir a las víctimas del delito ni a reparar
los daños.
En el sistema carcelario la
corrupción se antepone a cualquier proceso judicial, afectando, igual que al interno, a
los familiares. Lucran igual los funcionarios de primer nivel que los custodios o los
técnicos penitenciarios. Igual se abusa de los familiares, que se concreta una fuga, se
vende un servicio o se trafican drogas o enervantes.
Aunado a lo anterior, la población
penitenciaria no se clasifica. Conviven los del fuero federal con los del fuero común,
los primodelincuentes con los reincidentes y los sentenciados con los procesados.
La iniciativa del Código Federal
Penitenciario se fundamenta en el orden constitucional y del orden penal federal cuyo
objetivo de las penas privativas de la libertad es la readaptación social basada en el
trabajo y la educación.
Nada dice nuestra Ley Suprema sobre
el "apando". Los castigos administrativos superiores a las 72 horas, la
corrupción, el narcotráfico y el peligro de perder la vida en reclusión; tampoco prevé
nuestra Constitución los abusos y omisiones judiciales a la administración de la pena
corporal que ha hecho inobservables e inaplicables los sustitutivos penales comprendidos
en el Código Penal Federal.
Para la ejecución de las sanciones
penales, el Código Penal establece sustitutivos de la privación de la libertad cuya
aplicación por los jueces federales de la causa pudiéramos atrevernos a decir que es
nula.
Los esfuerzos que esta legislatura
haga en materia penitenciaria deben orientar el marco jurídico penitenciario al
restablecimiento de la justicia en los procesos de reclusión social, específicamente en
materia de ejecución de sanciones penales, tanto en las disposiciones adjetivas como en
las sustantivas.
Garantizar la observancia del
mandato constitucional de la readaptación social, no sólo es evitar condiciones de
corrupción, hacinamiento, violación de garantías individuales, etcétera que
actualmente privan en el sistema carcelario mexicano. Es buscar la dignificación del
sentenciado a través del trabajo y la educación como lo marca nuestra Constitución,
pero sobre todo es enfrentar los problemas en procuración y administración de la
justicia que llenan las cárceles del país de muchos ciudadanos que por pobreza o
ignorancia han sufrido de procesos jurídicos injustos y cuyo marco de derecho es estrecho
y constantemente violado.
Esta legislatura debe reconocer el
grave problema que significa la omisión penal que no regula el seguimiento penitenciario
de los liberados del sistema.
La iniciativa por mí presentada en
esta legislatura no se ha concretado ya en una iniciativa y concretamente el PRI y el PAN
no han manifestado su interés en el tema para revisar y remontar los rezagos jurídicos
que afectan al sistema penitenciario federal y a la ejecución de las sanciones penales.
Por todo lo anterior solicito a
esta Mesa Directiva, por segunda ocasión, cumpla y se excite a la Comisión de Justicia y
Derechos Humanos para que se emita dictamen que permita la discusión en este pleno para
la aprobación del Código Federal Penitenciario.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Gracias, señor diputado.
De conformidad con lo que establece el artículo 21
fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para que emita
el dictamen correspondiente.
En virtud de que es la segunda
excitativa, se fija a más tardar el día 22 de noviembre para que se presente dicho
dictamen a esta Asamblea.
La excitativa del diputado
Francisco Patiño Cardona, a las comisiones de Salud y de Ciencia y Tecnología a
solicitud de su fracción, se pospone para la siguiente sesión.
Igualmente la excitativa del
diputado Tomás Torres Mercado a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia y
Derechos Humanos, a solicitud de su fracción se pospone para la siguiente sesión.
PETROLEO
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Por lo tanto tiene el uso de la
tribuna el diputado Rodrigo Carrillo Pérez para presentar una excitativa a las comisiones
de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, hasta por cinco
minutos.
El diputado Rodrigo Carrillo Pérez:
Gracias. Con el permiso de la
Presidencia:
Como integrante del grupo
parlamentario del PRD, hago esta intervención a nombre del 11% de diputados que
representamos en esta LVIII Legislatura y de los casi 23 millones de mexicanos que
gobierna nuestro partido en 288 municipios de la República, entre los que se encuentra
gran número de familias perjudicadas por las políticas de eliminar subsidios a las
personas de menores recursos y otorgarlos en forma disfrazada a unos cuantos grandes
millonarios.
El 30 de abril del año en curso
presenté una proposición con punto de acuerdo para que los excedentes alcanzados hasta
el mes de marzo por la venta de petróleo mexicano al extranjero, se usaran para
restablecer el subsidio de 10 mil millones de pesos al consumo de energía eléctrica.
Entonces dijimos que el gobierno
mexicano recibió un ingreso adicional de 161 millones de dólares por la diferencia entre
el ingreso real de 2 mil 532 millones de dólares y el ingreso programado en la Ley de
Ingresos 2002 de 2 mil 371 millones de dólares para el periodo enero-marzo. Estos 161
millones de dólares representaban cerca de 1 mil 400 millones de pesos.
Los argumentos expuestos en esa
fecha han demostrado su consistencia y sustento con el paso de los meses, por las
siguientes
RAZONES
Primera. Porque Petróleos
Mexicanos informa en sus indicadores petroleros que en el periodo de enero a julio el
valor real de las exportaciones de petróleo es de 77 mil 468 millones de pesos. Cuando lo
aprobado en la Ley de Ingresos se estimaba al mes de julio ventas por 56 mil 420 millones
de pesos. Lo que resulta en un excedente de 21 mil 48 millones de pesos. Cantidad que
supera en más de 11 mil millones al desaparecido subsidio al consumo de energía
eléctrica.
Esta afirmación se fortalece con
lo declarado por el director general de Pemex, Raúl Muñoz Leos, el miércoles 9 de
octubre del presente, en el sentido de que el alza en la cotización internacional de la
mezcla mexicana generará ingresos adicionales para el fisco por 4 mil millones de
dólares.
Segunda. Mencionamos que en febrero
se había producido otro ajuste en contra de los sectores de menores recursos y de las
clases medias de nuestro país, resultando que hasta este día este pronóstico se ha
convertido en una pesada rea-lidad para más de 20 millones de hogares mexicanos, ya que
las tarifas actuales por el consumo de energía eléctrica en muchos casos rebasan en casi
el 200% a las que se pagaban antes de que Vicente Fox retirara el subsidio.
Por la pertinencia y por la
actualidad de la propuesta, así como por los 32 días hábiles transcurridos desde que
inició el primer periodo de sesiones del tercer año del ejercicio de esta LVIII
Legislatura, con fundamento en el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta vez acudo a
tribuna a nombre del grupo parlamentario del PRD para solicitar respetuosamente a esta
Presidencia sirva formular una excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y
a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a fin de que dictaminen a la brevedad
posible la proposición con punto de acuerdo relacionada con la utilización de los
excedentes alcanzados por la venta de petróleo mexicano al extranjero para restituir el
subsidio por 10 mil millones de pesos al consumo de energía eléctrica retirada por el
Titular del Poder Ejecutivo.
Es cuanto, señor Presidente.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Gracias, señor diputado.
De conformidad con lo que establece el artículo 21
fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos se excita a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de
Presupuesto y Cuenta Pública para que emitan el dictamen correspondiente.
La excitativa del diputado Mario
Cruz Andrade a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social, a
solicitud de la fracción parlamentaria del PRD se pospone para la siguiente sesión.
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
El Presidente diputado Eric Eber
Villanueva Mukul:
Por lo tanto, tiene el uso de la
palabra la diputada Miroslava García Suárez, de la fracción parlamentaria del Partido
de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público.
La diputada María Miroslava García
Suárez:
Con su permiso, señor Presidente.
Compañeras, compañeros
legisladores: El día de hoy vengo a reclamar mi derecho como legisladora, para que la
iniciativa que presenté el 13 de marzo del año 2002 sea analizada y dictaminada en la
Comisión de Hacienda correspondiente.
Quiero llamar la atención de
ustedes sobre este tema, porque me parece de suma importancia el status que el libro tenga a nivel fiscal, a nivel
de tributación.
Se dice que en México el promedio
de lectura de los habitantes de este país es menor al de 2.8 libros por año. También se
ha dicho por todas las fuerzas políticas de este país, la importancia que tiene la
educación y la cultura para nuestro pueblo. Pero no podemos quedarnos en un discurso
vacío o en pura demagogia, compañeras y compañeros legisladores, necesitamos hacer
acciones concretas, hechos concretos que nos permitan efectivamente elevar al rango que le
corresponde a los libros, también en un status
fiscal.
No podemos darle el mismo trato a
un libro que a otros productos. Necesitamos tener como objetivo máximo elevar la cultura
y la educación de todos los mexicanos. Sabemos que hay grandes rezagos en esta materia y
que año con año han ido en términos reales disminuyendo los recursos asignados a esta
área.
Es por eso que en una breve
exposición de motivos trato de llamar la atención de ustedes, para que se dictamine esta
iniciativa, que tiene como objetivo darle al libro el status de tasa cero a nivel tributario.
Considerando que el promedio de
lectura de todos los mexicanos se sitúa por debajo de los 2.8 libros por año, cifra que
comparada con los demás países del mundo nos coloca en el penúltimo lugar con el nada
honroso 108 escaño, con el mismo nivel socioeconómico, situación que se debe en gran
medida a que las crisis económicas que se presentan periódicamente en nuestro país,
inciden directamente en una baja de la elaboración de los títulos y por lo tanto desde
luego de un menor consumo de la población.
La cultura y la educación quedan
en último lugar, porque los ciudadanos están más preocupados por la sobrevivencia
diaria, por cubrir los gastos de sus familias en alimentación, en vestido y en otras
cosas que no resultan urgentes tal vez, pero que son sumamente importantes como la
educación.
Con la finalidad de mantener cuando
menos niveles de producción que no afecten el mercado del libro y por lo tanto el nivel
de consumo de los mexicanos, estamos planteando esto. Queremos que se estimule el consumo
de libros en el país, que la lectura sea un elemento importante y que no sea
inalcanzable.
Estoy segura que muchos mexicanos
saben de la importancia de esto, pero los libros, la escasa producción editorial y los
costos, hacen prácticamente inalcanzable que todos los mexicanos tengan efectivamente
acceso al derecho constitucional de la educación y de la cultura.
Es por eso que planteamos esta
excitativa. Ojalá podamos efectivamente excitar a la Comisión de Hacienda, para que
pronto se reúna, para que pronto se convoque a dictaminar un gran rezago que tiene, por
lo menos en esta legislatura.
Hemos presentado en el Partido de
la Revolución Democrática, una gran cantidad de iniciativas a nivel económico, que
tienen que ser dictaminadas precisamente en la Comisión de Hacienda.
Esperamos que este ejercicio
legislativo de presentar excitativas, de llamar la atención de ustedes, nos ponga en
movimiento y nos ponga a dictaminar ya.
Muchas gracias.
«Con su venia diputada Presidenta;
señoras diputadas y señores diputados.
Excitativa a la Comisión de
Hacienda y Crédito Público para dictaminar la iniciativa que adiciona los artículos
13-A y 190-A y se deroga la fracción LXVII del artículo segundo transitorio, de la Ley
del Impuesto Sobre la Renta
Antecedentes
1. Con fecha 13 de marzo de 2002,
la suscrita diputada a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, presentó una iniciativa que adiciona los artículos 13-A y 190-A y se
deroga la fracción LXVII del artículo segundo transitorio, de la Ley del Impuesto Sobre
la Renta, la cual fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
2. Con dicha iniciativa se pretende
restituir el tratamiento fiscal que se aplicaba a los editores de libros el cual, ha falta
de estímulos productivos y de una banca de fomento que aliente su producción, entre
otras medidas, compensaban con esta disposición una parte de los efectos negativos de la
economía.
EXPOSICION
DE MOTIVOS
Considerando qué el promedio de
lectura en los mexicanos se sitúa en 2.8 libros por año, cifra que comparada con los
demás países del mundo, nos coloca en el penúltimo lugar de 108 con el mismo nivel
socioeconómico.
Situación que se debe en gran
medida a que las crisis económicas que se presentan periódicamente en nuestro sistema,
inciden directamente en una baja en la elaboración de títulos, mientras que observamos
una producción tope de menos de 19 mil ejemplares en las años de auge económico.
Entonces, con la finalidad de
mantener cuando menos estos niveles de producción y que se afecte lo menos posible la
elaboración de títulos, los editores habían sido apoyados en todos los ejercicios
fiscales anteriores con el incentivo de pagar sólo el 50% del Impuesto Sobre la Renta.
El estímulo se concentraba
exclusivamente para la edición de los libros, con la finalidad de estimular esta
actividad, tratando de mantenerla a costos competitivos, con el objetivo de expandir la
cultura.
La ley vigente deroga este
tratamiento y establece una reducción gradual del estímulo, hasta su eliminación
definitiva, con fundamento en la fracción LXVII del artículo segundo transitorio, se
pretende:
“que los contribuyentes
dedicados exclusivamente a la edición de libros, podrán reducir el Impuesto Sobre la
Renta, determinado en los términos de los artículos 10 y 177 de la Ley del Impuesto
Sobre la Renta, según se trate de persona moral o física, en los ejercicios y en los por
cientos que a continuación se señalan:
Ejercicio Fiscal
% de reducción
2002
40%
2003
30%
2004
20%
2005
10% ...”
Esta disposición, de aplicarse,
tendrá como consecuencia la disminución del flujo de efectivo de los editores y por lo
tanto, se verán forzados a reducir la publicación de nuevos títulos.
Esta medida tributaria puede traer
consecuencias negativas en la deteriorada industria editorial y por lo tanto, y
CONSIDERANDO
1. Con fecha 13 de marzo de 2002,
la diputada María Miroslava García Suárez a nombre del grupo parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática, presentó una iniciativa de decreto de modificaciones a la
Ley de Coordinación Fiscal, la cual fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público.
2. Que ha transcurrido en exceso,
el plazo que el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos establece como término para expedir el dictamen
correspondiente a una iniciativa presentada y turnada para su conocimiento.
Por lo expuesto y fundado:
La suscrita diputada federal de la
LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en la fracción
XVI del artículo 21 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, solicito a la señora Presidenta de la Mesa Directiva se
sirva excitar a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para que presente su
dictamen correspondiente a la iniciativa presentada con fecha 14 de noviembre de 2001,
modificar diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, la cual fue turnada a
la comisión citada.
Atentamente.
Palacio Legislativo.— San
Lázaro a 15 de octubre de 2002.— Diputada María
Miroslava García Suárez.»
Presidencia de la diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señora diputada.
De conformidad con lo que establece el artículo 21
fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, se realiza una excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público, para que emita el dictamen correspondiente.
Vamos a dar lectura a
comunicaciones de la Junta de Coordinación Política.
COMISIONES
LEGISLATIVAS
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de
Coordinación Política.
Diputada Beatriz Elena Paredes
Rangel, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en el artículo 34
numeral 1 inciso c de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a solicitud del diputado Rafael
Rodríguez Barrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, me permito solicitar a usted, la modificación en la integración de las
siguientes comisiones:
• Vivienda: entra el diputado
Miguel Arizpe Jiménez.
• Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Federación: entra la diputada Martha Silvia Sánchez González.
• Transportes: sale el
diputado Jaime Mantecón Rojo.
• Población: Fronteras y
Asuntos Migratorios: sale el diputado Jaime Martínez Veloz y entra el diputado Luis
Gerardo Rubio Valdés.
• Población: Fronteras y
Asuntos Migratorios, entra el diputado Timoteo Martínez Pérez.
• Pesca: sale el diputado
Enrique Garza Támez y entra la diputada Martha Silvia Sánchez González.
• Pesca: entra el diputado
José Manuel Quintanilla Rentería.
• Participación Ciudadana:
entra el diputado Eloy Cantú Segovia.
• Medio Ambiente y Recursos
Naturales: sale el diputado Héctor Pineda Velásquez y entra el diputado Juan José
Nogueda Ruiz.
• Marina: entra la diputada
Martha Silvia Sánchez González.
• Justicia y Derechos Humanos:
entra el diputado Enrique Garza Támez.
• Justicia y Derechos Humanos:
entra el diputado Enrique Priego Oropeza (se ratifica).
•Juventud y Deporte: sale el
diputado Timoteo Martín Pérez.
• Gobernación y Seguridad
Pública: entra el diputado Jaime Mantecón Rojo.
• Fortalecimiento del
Federalismo: sale el diputado Luis Gerardo Rubio Valdés y entra el diputado Eloy Cantú
Segovia.
• Fortalecimiento del
Federalismo: entra el diputado Miguel Arizpe Jiménez.
• Ciencia y Tecnología: entra
el diputado Enrique Meléndez Pérez.
• Atención a Grupos
Vulnerables: sale la diputada Laura Pavón Jaramillo.
Lo anterior, para los efectos a que
haya lugar.
Sin otro particular, quedo de
usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo, México, DF, a
17 de octubre de 2002.— Diputado Martí Batres
Guadarrama, presidente.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
De enterado.
El Secretario diputado Adrián Rivera Pérez:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de
Coordinación Política.
Diputada Beatriz Paredes Rangel,
presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en el artículo 34
numeral 1 inciso c de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a solicitud del diputado Rafael
Rodríguez Barrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, me permito solicitar a usted, la modificación en la integración de la
siguiente comisión:
Que la diputada Lorena Beaurregard
de los Santos sustituya al diputado Ney González Sánchez, en la secretaría de la
Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.
Lo anterior, para los efectos a que
haya lugar.
Sin otro particular, quedo de
usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo.— México,
DF, a 17 de octubre de 2002.— Diputado Martí
Batres Guadarrama, presidente.»
En votación económica se pregunta
si se aprueba.
Los diputados que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo...
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Aprobado.
Continuando con el orden del día,
pasamos al capítulo de dictámenes a discusión.
CENSO
AGROPECUARIO
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de
Agricultura y Ganadería.
Honorable Asamblea: a la Comisión
de Agricultura y Ganadería, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con
punto de acuerdo presentada por el diputado Heriberto Huicochea Vázquez a nombre de los
grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Revolución
Democrática y del Trabajo, el 15 de diciembre de 2001, proposición que pretende que en
el Presupuesto de Egresos se destine una partida presupuestal al Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática, para que realice el censo agropecuario, mismo que
debió haberse realizado el año próximo pasado.
Con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 39 y 45 numeral 6 inciso f de la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los
artículos 65, 66, 85, 87 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a esta Comisión de Agricultura y
Ganadería corresponde dictaminar la proposición en comento, por lo que se somete a la
consideración de esta honorable Asamblea el presente dictamen, a partir de los siguientes
ANTECEDENTES
El 15 de diciembre de 2001, el
diputado anteriormente referido, presenta la proposición con punto de acuerdo para que en
el Presupuesto de Egresos de la Federación se asigne una partida presupuestal especial al
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, para que se efectúe el
censo agropecuario en el año 2002.
En la misma fecha, la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados turna dicha proposición para su estudio y dictamen a
la Comisión de Agricultura y Ganadería.
Con base en los antecedentes
mencionados, los integrantes de esta comisión, formulamos las siguientes
CONSIDERACIONES
Que el censo agropecuario se ha
realizado cada 10 años desde 1930 con la única excepción de 1980, en la que el proceso
fue fallido y no cubrió los requisitos técnicos. La ausencia de éste generó un periodo
de 20 años sin información agropecuaria, con un déficit de graves consecuencias, ya que
el último que se realizó fue en 1991.
Que después de este último censo,
han ocurrido importantes transformaciones de carácter económico y social que requieren
de mediciones estadísticas, entre ellas destacan: la firma de los compromisos comerciales
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte; modificaciones en el mercado y el uso
del suelo y un rápido incremento de la pobreza rural.
La inminente entrada en vigor de la
Ley de Desarrollo Rural Sustentable implicará, entre otros aspectos sobresalientes, la
especialización en la planeación del sector y del uso y difusión de la información
estadística agropecuaria, por lo que el censo constituye una necesidad ineludible y un
punto de partida seguro para el arranque de la nueva etapa del desarrollo social y
productivo del medio rural.
Que el proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002, no consideró recursos para
que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática realice este censo,
pese a que se solicitaron por esta Comisión de Agricultura y Ganadería y tomando en
cuenta que sus techos financieros tienen escasos márgenes de holgura, se plantea que
deberá ser una prioridad que para el 2003 se destinen los recursos necesarios al
Instituto antes citado para que realice durante el próximo año el censo agropecuario que
se requiere en forma urgente.
Que el dictamen del Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2003, será elaborado por la
Comisión de Presupuesto y Crédito Público de esta Cámara de Diputados, en tal virtud
es indispensable que esa instancia legislativa tome en consideración el resolutivo del
presente dictamen.
Por las consideraciones
anteriormente expuestas los integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería
sometemos a la consideración del pleno el siguiente
DICTAMEN
Unico. Que en el proyecto de dictamen de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Año 2003, que se apruebe por esta
Cámara de Diputados, se dote de recursos suficientes para que el Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática, realice el censo agropecuario durante el
transcurso de dicho año, con objeto de contar con la información básica que sirva para
la toma de decisiones en beneficio del desarrollo del campo de México.
Diputados: Jaime Rodríguez López, presidente; Miguel Ortiz Jonguitud, J. Jesús Dueñas Llerenas,
Mario Cruz Andrade y Ramón Ponce Contreras, secretarios; Oscar Alvarado Cook, José María Anaya Ochoa,
Francisco Arano Montero, Feliciano Calzada Padrón, Francisco Castro González, Miguel
Castro Sánchez, Arturo B. de la Garza Tijerina, José Rodolfo Escudero Barrera, Francisco
Esparza Hernández, Francisco Javier Flores Chávez, José Luis González Aguilera,
Santiago Guerrero Gutiérrez, Arturo Herviz Reyes, José de Jesús Hurtado Torres, José
Jaimes García, Silverio López Magallanes, Juan Mandujano Ramírez, Martha Ofelia Meza
Escalante, Martín Gerardo Morales Barragán, María del Rosario Oroz Ibarra, Francisco
Javier Ortiz Esquivel, Juan Carlos Regis Adame, Jaime Tomás Ríos Bernal, José Roque
Rodríguez López y Petra Santos Ortiz.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Por favor, activen el sonido en la
curul del diputado Dueñas.
Adelante diputado.
El diputado J. Jesús Dueñas Llerenas (desde su
curul):
La fracción parlamentaria del PAN
también va en el mismo sentido.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
En el mismo sentido, se considera
así y en un momento les bajamos el dictamen para su respectiva firma.
Gracias, diputado Dueñas.
Está a discusión el punto de
acuerdo. Se abre el registro de oradores…
No habiendo quien se registre, le
ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el
punto de acuerdo.
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
En votación económica se pregunta
a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
Los diputados que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo:..
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Suficientemente discutido.
El Secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
En votación económica se pregunta
a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
Los diputados que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la
afirmativa.
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Aprobado el punto de acuerdo.
Comuníquese a la comisión respectiva
para que lo incorpore en el presupuesto.
ESTADO-MEDIOS DE COMUNICACION
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Pasamos al capítulo de
proposiciones. Tiene la palabra el diputado Uuc-kib Espadas Ancona para presentar una
proposición con punto de acuerdo en relación a los tiempos del Estado en los medios de
comunicación.
El diputado Uuc-kib Espadas Ancona:
Compañeros diputados; señora
Presidenta:
El pasado 10 de octubre fue
publicado en el Diario Oficial de la Federación
el decreto del titular del Poder Ejecutivo que reforma el Reglamento de la Ley Federal de
Radio y Televisión en materia de concesiones, permisos y contenidos de las transmisiones
de radio y televisión. Este decreto ha generado una controversia entre los distintos
actores políticos y sociales y especialmente entre la opinión pública, el Gobierno
Federal, los partidos y sus grupos parlamentarios.
Este debate, como todos saben, se
ha centrado en la supresión del tiempo oficial de 12.5% de transmisiones que
correspondían al Estado hasta el momento del decreto en comento.
Este decreto se estableció de
manera unilateral entre el Gobierno Federal y los concesionarios de televisión, quienes
fueron los únicos que conocieron su contenido, no así los participantes en la mesa de
negociación establecida para la materia.
Adicionalmente a este problema de
formalidad en el que se pasó por encima de los actores que durante 18 meses debatieron
ampliamente este tema, el decreto resulta parcial y no toca muchos de los problemas
centrales de la relación entre los medios de comunicación, el Estado y la sociedad.
En ese sentido, esta Cámara tiene
ante sí el deber de revisar a profundidad los ordenamientos jurídicos relacionados con
la materia y particularmente la Ley Federal de Radio y Televisión a fin de, cumpliendo
con su obligación, garantizar a la sociedad mexicana el establecimiento de una nueva
relación entre medios, Estado y sociedad, tal que garantice los derechos plenos y
legítimos de las partes involucradas y que al mismo tiempo se instaure en función de las
necesidades nacionales de desarrollo democrático, político y cultural.
En este sentido, el acuerdo resulta
parcial y no toca temas tales como los derechos de la sociedad frente a los poderes
públicos y privados, el papel que los tiempos del Estado tienen que jugar en la nueva
relación entre medios y Gobierno y las funciones generales que la sociedad considera
necesario asignar a los medios de comunicación en el nuevo siglo.
Sobre estas bases, consideramos
necesario realizar un debate integral que apunte a construir un ordenamiento global en el
cual estos distintos aspectos se equilibren y puedan ser capaces de proporcionar un
instrumento útil a la sociedad y no simplemente un acuerdo de partes en torno a este
tema. Necesitamos discutir profundamente si las condiciones del actual sistema de
concesiones pueden sobrevivir de la manera como lo han hecho y si el rol que juegan
actualmente es sustancialmente distinto del que jugaron en los 70 años anteriores.
Una vez más tenemos el dilema de
decidir si la transición democrática se puede desarrollar sobre las viejas bases de
relaciones entre los poderes público y privado, sobre la vieja estructura política del
país o si en esta materia también necesitamos establecer nuevas bases en función no de
los intereses de partes, sino de los intereses de la sociedad en su conjunto.
Con este motivo presentamos a la
consideración de esta Cámara el siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Acuerdo sobre la reforma a la Ley
Federal de Radio y Televisión en materia de concesiones, permisos y contenidos de las
transmisiones de radio y televisión.
Primero. El pleno de esta Cámara de Diputados
acuerda desarrollar en forma inmediata la más amplia discusión para reformar de manera
integral la Ley Federal de Radio y Televisión, a fin de regular la participación del
Estado en los tiempos de transmisión de radio y televisión comercial.
Segundo. Establecer en dicho ordenamiento las
condiciones que garanticen centralmente los derechos de los ciudadanos frente a los
poderes público y privado en esta materia.
Tercero. Se regule en la Ley Federal de Radio y
Televisión las condiciones, permisos y contenidos de las transmisiones de radio y
televisión, para impedir la generación de monopolios en esta industria.
Cuarto. Que esta Cámara dictamine sobre las
iniciativas presentadas hasta la fecha respecto a las reformas a la Ley Federal de Radio y
Televisión, a más tardar el 15 de diciembre del presente año.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Radio,
Televisión y Cinematografía.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Se ofrece el uso de la palabra al
diputado Salvador Cosío Gaona para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre
los tiempos del Estado en los medios de comunicación.
El diputado Salvador Cosío Gaona:
Con su venia, señora Presidenta:
Como es conocido, el pasado 10 de
octubre se publicó un nuevo reglamento de la Ley de Radio y Televisión y un nuevo
acuerdo fiscal. Al margen de la discusión sobre la sorpresiva forma de hacerlo, yo
considero positiva la intención del Ejecutivo para eliminar cualquier vicio de censura y
control político en los medios electrónicos de comunicación. Me parece adecuado
reconocer que el nuevo reglamento contempla algunos puntos positivos, como lo son el
derecho de réplica; el registro público de concesiones; la transmisión de lenguas
indígenas; la regulación de programas del extranjero o en idioma distinto al castellano
y el avance en materia administrativa, añejos reclamos sociales que diputados priístas
hemos impulsado desde hace tiempo, aun pese al rechazo de la actual administración.
Para mí cualquier acuerdo
político que busque evitar la discrecionalidad en la aplicación de la ley y fortalecer
la transparencia informativa debe ser visto con simpatía, por ello y toda vez que se
vislumbran avances, fue extraña y muy grave la ausencia de consensos previos y la falta
de convocatoria para la oportuna participación de las diversas fuerzas políticas y de
otros poderes de la Unión, en virtud que es falso que hubiera una invitación oportuna a
diputados de partidos distintos a participar en las llamadas mesas de diálogo de la
Secretaría de Gobernación.
En un tema tan importante, el
Presidente y el Secretario de Gobernación actuaron sin transparencia, por ello es
fundamental un extrañamiento. Para modernizar el marco legal de la nación, el Presidente
debe reconocer la pluralidad y respetar al Poder Legislativo.
Estoy cierto que existen temas
abiertos, como la revisión de la ley que data del 31 de diciembre de 1968 aún vigente,
que origina el impuesto del 12.5% y cuya aplicación se ha mantenido mediante acuerdos
hacendarios temporales. Estos polémicos ordenamientos y otros temas de asuntos legales,
referentes a relación entre medios de comunicación y el Estado, deben ser revisados a
fondo para formalización, acorde a los nuevos tiempos y para esto se requiere la
participación de los diputados, mediante propuestas concretas que busquen el respeto a la
libertad de expresión y la continua organización del país.
Yo observo un avance en la
exposición para que a través de los tiempos de Estado, que no del Gobierno, los poderes
de la Unión puedan transmitir mensajes y programas especiales. Al respecto, debe
solicitarse a la Secretaría de Gobernación informe puntualmente cuál fue su monto, uso
y destino, así como cuál sería el nuevo esquema para que se tenga una participación
del legislativo y se busquen mejores vínculos con la comunidad.
En lo personal, he pugnado porque
todo tiempo oficial en radio y televisión sea distribuido en forma equitativa a los tres
poderes del Gobierno Federal, a las entidades federativas y gobiernos municipales, así
como órganos del Estado.
Me parece inadecuado que los 30
minutos diarios de transmisión que por ley se otorga al Estado sean administrados con
parcialidad sólo por el Ejecutivo y que adicionalmente los minutos que por decreto
administrativo se obliga a otorgar como pago en especie del impuesto, por una aberración
jurídica, se determine como tiempo fiscal y por ello de uso exclusivo del Ejecutivo, lo
cual es absurdo y un abuso.
En la iniciativa que presenté hace
varios meses, propuse toda transmisión oficial de radio y televisión se considere tiempo
de estado y se administre por un órgano autónomo, cuyo sustento sea la participación
ciudadana.
Al efecto, cabe recordar que ya
existe una iniciativa priísta para crear la Ley de Control de Publicidad Gubernamental,
porque ya basta de dilapidar el dinero del pueblo y hacer uso del tiempo en los medios de
comunicación para beneficio de un partido político que se encuentra temporalmente en el
poder, porque ya basta que no exista control y criterio sobre gasto y publicidad
gubernamental y porque ya basta que los poderes Legislativo y Judicial, al igual que los
órganos autónomo como el IFE, Derechos Humanos y universidades públicas, tengan que
rogar y rascarle para obtener migajas del tiempo del Estado.
Ya es hora que se lleven a cabo
campañas verdaderas a favor de la comunidad. Resulta necesario que revisemos con mucho
cuidado y al margen de la discusión que genera el número de minutos a favor del Estado,
el uso de los tiempos oficiales del Ejecutivo Federal, a efecto de que no sean destinados
con fines proselitistas en la próxima elección federal.
No debe permitirse más que este
tiempo de estado sea un monopolio presidencial ni mucho menos que sea utilizado como una
herramienta de manipulación electoral, debemos de buscar de manera muy comprometida
consolidar nuestra legislación federal de radio y televisión y crear organismos
transparentes ciudadanos como el que creamos para la Ley de Transparencia Informativa y
debemos de vigilar escrupulosamente el Presupuesto Federal del próximo año en relación
con el gasto en difusión y publicidad gubernamental.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Su tiempo diputado.
El diputado Salvador Cosío Gaona:
Concluyo. Hago un llamado a los
medios electrónicos de comunicación, especialmente radio y televisión, para que los
contenidos y coberturas oficiosas, estén a la altura de las nuevas realidades del país,
cumplan con la ley y hagan patente su compromiso con la comunidad.
Por ello presento este punto de
acuerdo en los siguientes términos.
Primero. Se solicita a la
Secretaría de Gobernación, informe puntualmente a esta soberanía el monto, uso y
destino de los tiempos oficiales legalmente otorgados en radio y televisión, desde que
tomó posesión el presidente de administración a la fecha, así como desde que entró en
vigor el nuevo reglamento.
Segundo. Se solicita a la
Secretaría de Gobernación otorgue la participación necesaria a los poderes Legislativo
y Judicial de la Federación, el diseño y la estrategia, planeación y programa para la
utilización de tiempos de radio y televisión, a fin de realizar una equilibrada
distribución en uso del mismo para facilitar el vínculo con la comunicación social de
la nación.
Muchas gracias.
«Prosición con punto de acuerdo
sobre los tiempos del estado en radio y Televisión, que presenta el diputado Salvado
Cosío Gaona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El pasado 10 de octubre, se
publicó en el Diario Oficial de la Federación,
en una edición vespertina, un nuevo "Reglamento de la Ley Federal de Radio y
Televisión" y un nuevo acuerdo fiscal.
Al margen de la discusión sobre la
sorpresiva forma de hacerlo, yo considero positiva la intención del Ejecutivo, para
eliminar cualquier viso de censura y control político en los medios electrónicos de
comunicación.
Me parece adecuado, reconocer que
el nuevo reglamento contempla algunos puntos positivos, como lo son: el derecho de
réplica, el registro público de concesiones, la transmisión en lenguas indígenas, la
regulación de programas provenientes del extranjero o en idioma distinto al castellano y
el avance en la simplificación administrativa: añejos reclamos sociales que diputados
priístas hemos impulsado desde hace tiempo, pese al rechazo de la actual administración.
Para mí, cualquier acuerdo
político que busque evitar la discresionalidad en la aplicación de la ley y fortalecer
la transparencia informativa, debe ser visto con simpatía. Por ello y toda vez que se
vislumbran avances, fue extraña y muy grave la ausencia de consensos previos y la falta
de convocatoria para la oportuna participación de las diversas fuerzas políticas y de
los otros poderes de la Unión, en virtud que, es falso, que hubiera una invitación
oportuna a diputados de distintos partidos a participar en las "Mesas de
Diálogo" que al respecto realizó la Secretaría de Gobernación.
En un asunto tan importante, el
Presidente y el Secretario de Gobernación, actuaron sin transparencia. Por ello, es
fundamental un extrañamiento: para modernizar el marco legal de la nación, el Presidente
debe reconocer la pluralidad y respetar al Poder Legislativo.
Estoy cierto que existen varios
temas abiertos, como la revisión de la ley, que data del 31 de diciembre de 1968, aún
vigente, que origina el impuesto del 12.5% en tiempo de transmisión y cuya aplicación se
ha mantenido mediante acuerdos hacendarios temporales.
Estos polémicos ordenamientos y
otros asuntos legales, referentes a la relación entre los medios masivos de comunicación
y el Estado, deben ser revisados a fondo para lograr su modernización, acorde a los
nuevos tiempos y realidades del país. Para esto se requiere la participación de los
diputados, mediante propuestas concretas, en la búsqueda del irrestricto respeto a la
libertad de expresión y en la continua democratización del país.
Yo observo un avance en la
disposición para que, a través de los tiempos del Estado, que no del Gobierno, los
poderes de la Unión puedan transmitir mensajes promocionales y programas especiales. Al
respecto, debe solicitarse a la Secretaría de Gobernación, informe puntualmente, cuál
fue su monto, uso y destino, así como cuál sería el nuevo esquema y cuál, nuestra
efectiva participación en el diseño de la estrategia para tener un acceso oportuno y
adecuado, a efecto de que el Poder Legislativo logre más y mejores vínculos de
comunicación con la sociedad.
En lo personal, he pugnado porque
todo tiempo oficial en radio y televisión sea distribuido en forma equitativa a los tres
poderes del Gobierno Federal, a las entidades federativas y gobiernos municipales, así
como a los diversos órganos autónomos del Estado, pues me parece inadecuado que los 30
minutos diarios de transmisión que por ley se otorga al Estado, sean administrados con
parcialidad, solamente por el Ejecutivo y que, adicionalmente, los minutos, que por
decreto administrativo se obliga a otorgar, como pago en especie del impuesto especial,
por una aberración jurídica, se les determine como tiempo fiscal y, por ello, de uso
exclusivo del Ejecutivo, lo cual es absurdo y un abuso.
En la iniciativa que presenté hace
ya varios meses, propuse que toda transmisión oficial en Radio y Televisión se considere
y administre como "Tiempo de Estado" por un órgano autónomo, cuyo sustento sea
la participación ciudadana y no el Poder Ejecutivo Federal.
Al efecto, cabe recordar que ya
existe una iniciativa Priísta para crear la Ley de Control de la Publicidad
Gubernamental, porque ¡Ya basta de dilapidar el dinero del pueblo y hacer uso del tiempo
en los medios electrónicos para beneficio de un partido político que se encuentra
temporalmente en el poder!..
¡Ya basta que no exista control y
criterio claro sobre el gasto en la publicidad del Gobierno!..
¡Ya basta que los poderes
Legislativo y Judicial, al igual que los órganos autónomos del Estado como el IFE, la
Comisión de Derechos Humanos y las universidades públicas, tengan que rogar y rascarle,
para obtener sólo migajas del tiempo del Estado!.. y
¡Ya es hora que se realicen
verdaderas campañas estratégicas en pro de la comunidad y no, como hasta ahora, para
mejorar la imagen personal de los gobernantes!
Es necesario que revisemos, con
mucho cuidado y al margen de la discusión que genera el número de minutos a favor del
Estado, el uso de los tiempos oficiales utilizados por el Ejecutivo Federal, a efecto de
que no sean destinados con fines proselitistas, dadas las condiciones de los comicios
locales y elecciones federales de 2003.
¡No debe permitirse más, que este
tiempo del Estado sea un monopolio presidencial ni mucho menos, que sea utilizado como una
herramienta de manipulación electoral, como ha venido sucediendo!
Debemos buscar, de manera muy
comprometida, consolidar nuestra legislación federal de radio y televisión y crear un
organismo similar al que se conformó por esta Cámara, para el adecuado manejo de la
transparencia gubernamental federal; considerando y vigilando escrupulosamente el
presupuesto federal del próximo año, en relación con el gasto en difusión y publicidad
de este Gobierno.
Finalmente hago un llamado a los
medios electrónicos de comunicación, para que sus contenidos y coberturas noticiosas,
estén a la altura de las nuevas realidades y demandas en el país, para que cumplan
cabalmente con la ley y hagan patente su compromiso y responsabilidad con la sociedad
mexicana.
Por lo antes expresado, se presenta
esta propuesta que contiene los siguientes
PUNTOS
DE ACUERDO
Primero. Se solicita a la Secretaría de
Gobernación informe puntualmente a esta soberanía el monto, uso y destino de los tiempos
oficiales legalmente otorgados en radio y televisión, desde que tomó posesión la
presente administración a la fecha, así como desde que entró en vigor el nuevo
reglamento.
Segundo. Se solicita a la Secretaría de
Gobernación otorgue la participación necesaria a los poderes Legislativo y Judicial de
la Federación en el diseño de la estrategia, planeación y programa, para la
utilización de los tiempos del Estado en radio y televisión, a fin de realizar una
equilibrada distribución en el uso del mismo, para facilitar y estrechar los vínculos de
comunicación con la sociedad.
México, DF, a 17 de octubre de
2002.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Radio,
Televisión y Cinematografía.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra el diputado
Víctor Antonio García Dávila, para presentar una proposición con punto de acuerdo
sobre los tiempos del Estado en los medios de comunicación.
El diputado Víctor Antonio García Dávila:
Con la venia de la Presidencia;
compañeros diputados:
El cambio en México ya nadie lo
para, la reversa también es cambio.
Con el decreto emitido por el
presidente Fox el pasado 10 de octubre que nombra la nueva relación entre los
concesionarios de la radio y la televisión y el Estado mexicano, se dio otro paso en la
búsqueda de poner en primer plano al capital privado por sobre el interés nacional,
representa en los hechos el cobro de la factura de los grandes capitales, por su destacada
participación en apoyo a la campaña foxista para arribar a la Presidencia de la
República.
Una vez más presenciamos como el
Gobierno Federal y los Amigos de Fox forman una alianza muy estrecha, para beneficiarse de
los privilegios, que otorga el detentar el poder político de una nación.
Ahora, hasta la “Fundación
Vamos Martha”, recibirá los beneficios de la nueva relación entre el Estado y los
medios electrónicos de comunicación masivos.
No tienen empacho ni descaro para
despacharse con la cuchara grande, que puede significar para ellos la ética política. Lo
que importa son los negocios a costa del patrimonio de la República.
Por esa razón, el grupo
parlamentario del Partido del Trabajo rechaza de manera tajante, la decisión tomada de
forma unilateral por el Ejecutivo Federal, de modificar el acuerdo por el que se autoriza
a los medios electrónicos para el pago en especie del en cuesto respectivo.
Con esta decisión, se reduce hasta
el 90% el tiempo oficial en radio y televisión y se cierra toda posibilidad de contar con
una nueva ley para estos medios.
No le importó escuchar la opinión
de los mexicanos, si estaban o no de acuerdo, con el desempeño de los medios
electrónicos, porque aquí mismo hemos cuestionado en otras intervenciones, el pobre
papel que desempeñan esos medios como factores de impulso a la cultura y a la identidad
nacional.
Tampoco le importaron los más de
50 reuniones que llevaron a cabo los legisladores integrantes de la mesa de diálogo para
la reforma integral de la legislación de los medios electrónicos, porque actuó a
espaldas de ellos. Incluso el comportamiento de los representantes de los concesionarios
de los medios de radio y televisión, fue siempre de chantaje y rechazo a cualquier
contravención a sus intereses.
Ahora entendemos que,
paralelamente, negociaban con la Presidencia de la República, el contenido de otra ley y
de otro reglamento que fuera a su medida.
Con este nuevo reglamento los
propietarios de la radio y televisión y el propio Fox, nos hablan del cambio en la
relación entre el Gobierno Federal y los dueños de esos medios, haciendo esta relación
más transparente y con mayor libertad.
Sin embargo, el régimen para
otorgar las concesiones de esta actividad, sigue siendo una facultad discrecional del
Ejecutivo, entonces ¿dónde está esa transparencia y esa libertad de que ahora se
ufanan? Para su conocimiento, compañeros diputados, hay una sola persona que tiene más
de 250 concesiones.
Resulta que en esta supuesta
transparencia, el derecho de réplica se sustenta en una norma burda, porque serán las
propias empresas las que valoran si procede este derecho. Las garantías, la honra y la
dignidad de muchos mexicanos, estarán al capricho de las empresas, radiodifusoras y
televisoras.
Ahora ya nada más le falta al
presidente Fox, decir que Televisa y TV Azteca, actuaron a favor del cambio democrático
de nuestro país.
Con el decreto emitido por Fox para
favorecer los negocios de los concesionarios, Fox y el PAN tendrán a dos aliados muy
poderosos para la consecución de sus objetivos políticos. Si en el pasado Televisa se
declaró "soldado del PRI", ahora estamos seguros que las dos televisoras, no
tendrán empacho en declararse "soldados de Fox y el PAN".
Ahora, Fox y el PAN, tendrán a dos
medios, que fomentarán el aplauso fácil, para cualquiera acción que realice el Gobierno
Federal, incluyendo el ataque a nosotros, los legisladores.
Pero. Sépanlo desde ahora, el
grupo parlamentario del Partido de Trabajo no permitirá que el maridaje de Fox y el PAN
con estos medios electrónicos, conduzca a nuestra nación al desastre y al caos.
Compañeras y compañeros
diputados. Debemos recordar que en virtud del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 1o. de
diciembre de 1968 y que corresponde a la ley que reforma, adiciona y deroga disposiciones
fiscales estableció, en el artículo 9o. de dicho ordenamiento, el impuesto sobre
servicios, expresamente decla- rados de interés público por ley en los que intervengan
empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la nación.
PUNTO
DE ACUERDO
Primero. Que esta Cámara de Diputados se
pronuncia a favor de interponer una controversia constitucional, para que sea el pleno de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que determine lo conducente.
Segundo. Que esta Cámara de Diputados se
pronuncie a favor de continuar el proceso de revisión de la materia, para arribar a una
reforma integral de la Ley Federal de Radio y Televisión, tal como se venía discutiendo
en la mesa de diálogo para la reforma integral de la legislación de los medios
electrónicos, donde están representados los partidos políticos.
Dado en el Palacio Legislativo de
San Lázaro, a los 17 días del mes de octubre.
Solicitamos se turne a la Junta de
Coordinación Política para su análisis y discusión el próximo lunes y se integre
completo en el Diario de los Debates y la agencia legislativa,
además de las comisiones que la Mesa Directiva designe.
Muchas gracias.
«Con la venia de la Presidencia,
compañeras y compañeros diputados:
Con el decreto emitido por el
Presidente Fox el pasado 10 de octubre, que norma la nueva relación entre los
concesionarios de la radio y la televisión y el Estado mexicano se dio otro paso más en
la búsqueda de poner en primer plano al capital privado por sobre el interés nacional.
Representa en los hechos, el cobro
de la factura de los grandes capitales por su destacada participación en apoyo a la
campaña foxista para arribar a la Presidencia de la República.
Una vez más, presenciamos cómo el
Gobierno Federal y los Amigos de Fox forman una alianza muy estrecha para beneficiarse de
los privilegios que otorga el detentar el poder político de una nación. Ahora hasta la
"fundación Vamos Martha" recibirá los beneficios de la nueva relación entre
el Estado y los medios electrónicos de comunicación masivos.
No tienen empacho ni descaro para
despacharse con la cuchara grande. Qué puede significar para ellos la ética política.
Lo que importa son los negocios a costa del patrimonio de la República.
Por esa razón, el grupo
parlamentario del Partido del Trabajo rechaza de manera tajante la decisión tomada de
forma unilateral por el Ejecutivo Federal de modificar el acuerdo por el que se autoriza a
los medios electrónicos para el pago en especie del impuesto respectivo. Con esta
decisión se reduce hasta en 90% el tiempo oficial en radio y televisión y se cierra toda
posibilidad de contar con una nueva ley para esos medios.
La actuación del presidente Fox se
inscribe en el más puro estilo priísta de decidir desde arriba sin tomar en cuenta la
opinión de los mexicanos. La política autoritaria que él mismo criticó con tanta
impotencia o durante su campaña a la Presidencia, ahora la repite sin medir las
consecuencias negativas que tiene para los intereses del pueblo.
No le importó escuchar la opinión
de los mexicanos si estaban o no de acuerdo con el desempeño de los medios electrónicos
de comunicación masivos. Por que aquí mismo hemos cuestionado en otras intervenciones el
pobre papel que desempeñan esos medios como factores de impulso a la cultura y a la
identidad nacional.
Tampoco le importaron las más de
50 reuniones que llevaron a cabo los legisladores integrantes de la mesa de diálogo para
la reforma integral de la legislación de los medios electrónicos, porque actuó a
espaldas de ellos. Incluso, el comportamiento de los representantes de los concesionarios
de los medios de, radio y televisión fue siempre de chantaje y rechazo a cualquier
contravención a sus intereses.
Ahora entendemos que paralelamente
negociaban con la Presidencia de la República el contenido de otra ley y de otro
Reglamento que fuera a su medida.
Con este nuevo Reglamento, los
propietarios de la radio y televisión y el propio Fox nos hablan de cambio en la
relación entre el Gobierno Federal y los dueños de esos medios, haciendo esta relación
más transparente y con mayor libertad.
Sin embargo, el régimen para
otorgar las concesiones de esta actividad sigue siendo una facultad discrecional del
Ejecutivo. ¡Entonces, dónde está esa transparencia y esa libertad de que ahora se
ufanan!
Resulta que en esta supuesta
transparencia el derecho de réplica se sustenta en una norma burda porque serán las
propias empresas las que evaluarán si procede este derecho. Las garantías, la honra y la
dignidad de muchos mexicanos estarán al capricho de las empresas radiodifusoras y
televisoras.
Ahora ya nada más le falta al
presidente Fox decir que Televisa y TV Azteca actuaron a favor del cambio democrático de
nuestro país.
Lo que sí queda claro es que
quienes ganaron de todas todas, fueron los concesionarios, porque el espacio de tiempo que
le correspondía al Estado se redujo. Ahora los organismos públicos de Estado, como el
IFE, las universidades, las comisiones de derechos humanos, así como los partidos
políticos tendrán que comprar el tiempo que requieran para difundir sus posiciones en
estos medios.
Sin embargo, para la opinión
pública y para los analistas políticos y académicos de nuestro país, queda claro que
la decisión del Ejecutivo Federal tiene claros visos de cara a las elecciones federales
de 2003 para renovar a esta Cámara.
A Fox y al PAN no les importa hacer
pactos hasta con el diablo con tal de lograr la ansiada mayoría necesaria para modificar
la correlación de fuerzas en el seno del Congreso de la Unión y con ello lograr la
aprobación de sus reformas para privatizar a la industria eléctrica.
Con el decreto emitido por Fox para
favorecer los negocios de los concesionarios de la radio y televisión, Fox y el PAN
tendrán a dos aliados muy poderosos para la consecución de sus objetivos políticos.
Si en el pasado Televisa se
declaró "soldado del PRI", ahora estamos seguros que las dos televisoras no
tendrán empacho en declararse soldados de Fox y el PAN. Ahora Fox y el PAN tendrán a dos
medios que fomentarán el aplauso fácil para cualquier acción que realice el Gobierno
Federal.
Como no recordar que Televisión
Azteca fue adquirida gracias a un crédito que el hermano del entonces ex presidente
Salinas de Gortari, otorgó al hoy dueño de TV Azteca para que comprara a esa televisora.
Las cercanías entre el poder político y los medios electrónicos de comunicación
masivos se remontan desde “el tigre” Azcárraga y hoy reaparecen de forma
nítida con Fox.
Pero sépanlo desde ahora, el grupo
parlamentario del Partido del Trabajo, no permitirá que el maridaje de Fox y del PAN con
estos medios electrónicos conduzca a nuestra nación al desastre y al caos.
Estaremos atentos para que el país
arribe a una reforma integral de esos medios, tal como ya se preveía en la mesa de
diálogo para la reforma integral de la legislación de los medios electrónicos, que
incluye entre sus propósitos una relación transparente entre esos medios y el Estado
mexicano.
Compañeras y compañeros
diputados: debemos recordar que en virtud del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de
diciembre de 1968 y que corresponde a la ley que reforma, adiciona y deroga diversas
disposiciones fiscales, se estableció en el artículo 9o. de dicho ordenamiento el
impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés público por ley, en los que
intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la nación.
En el artículo 5o. se estableció
expresamente lo siguiente: "el impuesto se determinará aplicando la tasa del 25% a
la base señalada en el artículo anterior".
En tanto que el artículo 4o.
definió la base del impuesto"será el monto total de los pagos en efectivo o en
especie que se hagan por los conceptos señalados en el artículo 1o. de esta ley.
Con base en las disposiciones
legales citadas, el Ejecutivo Federal emitió el 1o. de julio de 1969 el acuerdo por el
que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a recibir de los
concesionarios de estaciones comerciales de radio y televisión, el pago del impuesto que
se indica, con algunas modalidades.
Precisamente la modalidad que
estableció el Ejecutivo Federal fue la que se dispone en el inciso a del artículo 1o. del citado acuerdo y que
establece que" los concesionarios... podrán solicitar se les admita el pago de su
importe con el 12.5% del tiempo diario de transmisión de cada estación".
Queremos dejar claro que el
legislador estableció un impuesto del 25%, el Ejecutivo Federal en acuerdo de dicha
referencia lo disminuye a tan solo 18 minutos diarios en el caso de televisión y 35
minutos diarios en la radio.
Y el artículo 2o. de este mismo
decreto libera a los concesionarios de la obligación fiscal del 31 de diciembre de 1968
con el pago en tiempo a que se refiere el artículo anterior.
El Presidente de la República con
la alianza perversa con los concesionarios, abdica del cobro de un impuesto aprobado por
el legislador desde 1968. En lugar de ello violenta la voluntad del legislador y a través
de un acuerdo disminuye drásticamente la modalidad del pago del impuesto en comento.
El Presidente de la República
olvida o más bien ignora que los concesionarios actúan en tanto que se amplía su espera
jurídica por voluntad de la autoridad administrativa y que utilizan el espacio aéreo
nacional para difundir su señal.
Sin embargo, en virtud de que el
Ejecutivo Federal invadió el ámbito de competencia del Congreso de la Unión al haberse
extralimitado en sus facultades legales al haber interpretado erróneamente el artículo
39 fracción II del Código Fiscal de la Federación, nuestro grupo parlamentario hace un
llamado a los integrantes de esta Cámara para interponer en términos del inciso c de la fracción I del artículo 105
constitucional una controversia constitucional para que sea el pleno de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación la que determine lo conducente.
Por las consideraciones expuestas,
el grupo parlamentario del Partido del Trabajo somete al pleno de esta soberanía, con
fundamento en lo que se establece en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Primero. Que esta Cámara de Diputados se
pronuncie a favor de interponer una controversia constitucional para que sea el pleno de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que determine lo conducente.
Segundo. Que esta Cámara de Diputados se
pronuncie a favor de continuar el proceso de revisión de la materia para arribar a una
reforma integral de la Ley Federal de Radio y Televisión, tal como se venía discutiendo
en el seno de la mesa de diálogo para la reforma integral de la legislación de los
medios electrónicos, donde están representados los partidos políticos, la sociedad en
general y los concesionarios de estos medios.
Solicitamos se turne a la Junta de
Coordinación Política para su análisis y discusión el próximo lunes además de las
comisiones que la Mesa Directiva designe.
Atentamente.
México DF, a 17 de octubre de
200.— Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo.— Los diputados: Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador; José Narro Céspedes, vicecoordinador; Rosalía Peredo Aguilar, Jaime Cervantes Rivera, Rosa
Delia Cota Montaño, Félix Castellanos Hernández, Víctor Antonio García Dávila y Juan Carlos Regis Adame.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
EDUCACION
FISICA
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Pasamos al siguiente punto del
orden del día y se ofrece el uso de la palabra al diputado Mario Sandoval Silvera del
grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de
acuerdo para solicitar al Instituto Nacional para Evaluación de la Educación, que sean
evaluados el programa y el subprograma vigentes de Educación Física para la Educación
Básica.
El diputado Mario Sandoval Silvera:
Con su permiso, señora Presidenta
a la Cámara de Diputados:
El suscrito, diputado Mario
Sandoval Silvera y diputados federales integrantes del grupo parlamentario de Acción
Nacional, sometemos a la consideración del pleno de esta Cámara, con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente proposición de punto de acuerdo con base en
las siguientes
CONSIDERACIONES
Se estima que en el ciclo lectivo
2002-2003, se habrá registrado una matrícula de 24 millones 27 mil alumnos en educación
básica. Desafortunadamente no todos reciben una educación integral como lo marca el
artículo 3o. constitucional, pues no existe una correcta atención en los programas
relacionados con la educación física que deben impartirse en las más de 200 mil
escuelas. Ello contribuye a que los educandos no desarrollen armónicamente todas sus
facultades y les impide alcanzar un estado de salud óptimo que les permita asimilar
correctamente las enseñanzas docentes.
Las consecuencias de dicha
situación saltan a la vista, como lo refleja el diagnóstico realizado por el Programa
Nacional de Cultura Física y Deporte 2001-2006, en el cual se señala que el 80% de los
niños y jóvenes mexicanos no rea-lizan actividades físicas suficientes que les permita
desa-rrollar su óptima capacidad física y como consecuencia, no tienen un adecuado
crecimiento y desarrollo físico e intelectual.
Anteayer, la atleta Ana Gabriela
Guevara, con la autoridad moral que le otorga su disciplina, dedicación, logros y
triunfos, señaló en esta Cámara que ella no es producto de las políticas de Estado
relacionadas con la actividad física y el deporte; concordamos con ella y también en el
sentido de que el deporte es un medio privilegiado para generar y fortalecer valores en la
niñez y la juventud y yo agregaría "hábitos y actitudes en toda la
población"; pero estos hábitos, actitudes y aptitudes, deben de ser incluidos,
fomentados y fortalecidos desde la niñez temprana, desde la educación básica. Sólo
así, parafraseando una vez más a nuestra atleta, "evitaremos que la juventud se
escape de nuestras manos".
A pesar de que se están tomando
medidas para promover la educación física y la práctica del deporte a nivel básico de
enseñanza, la educación física que se imparte en dicho nivel educativo, no está siendo
considerada en la integración del Sistema Nacional de Evaluación Educativa que se
propone en el Programa Nacional de Educación 2001-2006.
Lo anterior trae como consecuencia
que la evaluación de la educación física quede al margen de los programas, servicios y
acciones del recién creado Instituto Nacional para la Evaluación, lo cual contribuye a
que no se puedan decidir qué cursos de acciones implementar para evitar que los educandos
sigan sin realizar actividades físicas suficientes que les permita tener un adecuado
crecimiento, desarrollo intelectual y físico.
Es por lo anterior expuesto y
fundado, reiteramos nuestra exhortación firme y respetuosa y sometemos a la
consideración de esta soberanía el siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Primero. Que el Congreso de la Unión exhorte al
Secretario de Educación Pública, al director general, a la junta directiva y al Consejo
Técnico del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, para que los siguientes
aspectos sean considerados en los programas, servicios y acciones del Instituto:
1o. Evaluación del programa
vigente a la educación física que se imparte en la educación básica a saber: en sus
contenidos pedagógicos, en su metodología aplicada, en las teorías pedagógicas, en las
corrientes didácticas, en los sustentos científicos, en los materiales didácticos de
apoyo, en los procesos de capacitación y actualización en su aplicación directa a los
alumnos y en sus métodos de investigación.
2o. Evaluación del deporte escolar,
específicamente en los subprogramas de juegos deportivos, avances deportivos, extensión
deportiva, deportes básicos y proyectos varios.
Segundo. Que se incluya en el sistema de
indicadores que le corresponde desarrollar y mantener al instituto, indicadores que
permitan valorar en forma objetiva la calidad de la educación física que se imparte en
la educación de tipo básico.
Es cuanto.
«Escudo.— LVIII
Legislatura.— Cámara de Diputados.— Honorable Congreso de la Unión.
Punto de acuerdo para solicitar al
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación que sean evaluados el programa y
subprogramas vigentes de educación física para la educación básica
Ciudadano Presidente de la Cámara
de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Señoras diputadas, señores
diputados: el suscrito diputado Mario Sandoval Silvera y diputados federales integrantes
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sometemos a la consideración del
pleno de esta Cámara, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la
siguiente proposición de punto de acuerdo, con base en las siguientes
CONSIDERACIONES
Se estima que en el ciclo lectivo
2002-2003 se habrá registrado una matrícula de 24 millones 27 mil alumnos en educación
básica (preescolar, primaria y secundaria), desafortunadamente no todos reciben una
educación integral como lo marca el artículo 3o. constitucional, pues no existe una
correcta atención en los programas relacionados con la educación física que deben
impartirse en las más de 200 mil escuelas de la educación básica. Ello contribuye a que
los educandos no desarrollen armónicamente todas sus facultades y les impide alcanzar un
estado de salud óptimo que les permita asimilar correctamente las enseñanzas de los
docentes.
Las consecuencias de dicha
situación saltan a la vista, como lo refleja el diagnóstico realizado por el Programa
Nacional de Cultura Física y Deporte 2001-2006, en el cual se señala que el 80% de los
niños y jóvenes mexicanos no rea-lizan actividades físicas suficientes que les permita
desa-rrollar su óptima capacidad física y como consecuencia, no tienen un adecuado
crecimiento y desarrollo físico e intelectual. Además, menos del 7% de la población
mayor de 15 años realiza alguna actividad física o deporte que sea significativa para
cuidar o mantener niveles básicos de salud. Hasta ahora, el Sistema Educativo Nacional no
proporciona las herramientas suficientes para que los mexicanos obtengan los conocimientos
básicos para realizar actividades físicas mínimas durante toda su vida.
Anteayer, la atleta Ana Gabriela
Guevara, con la autoridad moral que la otorgan su disciplina, dedicación, logros y
triunfos, señaló en esta Cámara que ella no es producto de las políticas de Estado
relacionadas con la actividad física y el deporte. Concordamos con ella, además en el
sentido de que el deporte es un medio privilegiado para generar y fortalecer valores en la
niñez y la juventud y yo agregaría, hábitos y actitudes en toda la población.
Pero estos hábitos, actitudes y
aptitudes deben de ser inculcados, fomentados y fortalecidos desde la niñez temprana,
desde la educación básica. Sólo así, parafraseando una vez más a Ana Gabriela
Guevara, evitaremos que la juventud se escape de nuestras manos.
A pesar de que se están tomando
medidas para promover la educación física y la práctica del deporte en el nivel básico
de enseñanza, la educación física que se imparte en dicho nivel educativo no está
siendo considerada en la integración del Sistema Nacional de Evaluación Educativa que se
propone en el Programa Nacional de Educación 2001-2006.
Lo anterior trae como consecuencia
que la evaluación de la educación física quede al margen de los programas, servicios y
acciones del recién creado Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, lo
cual contribuye a que no se puedan decidir que cursos de acción implementar para evitar
que los educandos sigan sin realizar actividades físicas suficientes que les permitan
tener un adecuado crecimiento y desarrollo físico e intelectual.
En ese sentido, no hay que olvidar
que uno de los elementos en los cuales descansa una educación de calidad es en alumnos
estimulados y orientados y tampoco hay que dejar de lado que se requiere de un sistema de
evaluación sólido, confiable, oportuno y transparente, cuyos resultados puedan
satisfacer la demanda social por conocer los resultados del sistema educativo nacional y
fortalecer el proceso de toma de decisiones.
Además, es necesario erradicar por
completo, las decisiones discrecionales, contribuyendo a eliminar la corrupción y dando
paso a que la sociedad pueda valorar la honestidad y honradez de los trabajadores del
sistema educativo y si fuera el caso, detectar desviaciones o mal uso de los recursos y de
las tareas educativas. Es decir, sobre los aspectos que se debe rendir cuentas es sobre el
uso de los recursos destinados a la educación, pero también sobre el funcionamiento de
las escuelas e instituciones y sobre todo, sobre los resultados educativos, incluyendo la
educación física, la cobertura, equidad y buena calidad.
Por lo anteriormente expuesto y
fundado, reiteramos nuestra exhortación firme y respetuosa y sometemos a la
consideración de esta soberanía el siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Primero. Que el Congreso de la Unión exhorte al
Secretario de Educación Pública, al director general, a la junta directiva y al Consejo
Técnico del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, para que los siguientes
aspectos sean considerados en los programas, servicios y acciones del Instituto.
1. Evaluación del programa vigente
de la educación física que se imparte en la educación básica:
a) En sus contenidos pedagógicos
b) En su metodología aplicada
c) En las teorías pedagógicas
d) En las corrientes didácticas
e) En los sustentos científicos
f) En los materiales
didácticos de apoyo
g) En los procesos de capacitación
y actualización en su aplicación directa a los alumnos
h) En sus métodos de
investigación.
2. Evaluación del deporte escolar:
a) Subprogramas:
• Juegos deportivos
• Avance deportivo (AVANDEP)
• Extensión deportiva
• Deportes básicos
• Proyectos varios.
Segundo. Que se incluyan en el sistema de
indicadores que le corresponde desarrollar y mantener al instituto, indicadores que
permitan valorar en forma objetiva la calidad de la educación física que se imparte en
la educación de tipo básico.
Palacio Legislativo.— San
Lázaro, México, DF, 17 de octubre de 2002.— Diputado Mario Sandoval Silvera, Francisco López Brito y Clemente Padilla Silva.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Educación
y Servicios Educativos.
TARIFAS
ELECTRICAS
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Se ofrece el uso de la palabra al
diputado José Manuel del Río Virgen, para presentar una proposición con punto de
acuerdo en relación con las tarifas eléctricas en Mexicali, Baja California.
El diputado José Manuel del Río
Virgen:
Con su permiso, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
El diputado Jaime Martínez Veloz,
el diputado José Antonio Calderón y otros diputados que mencionaré al final, presentan
ante ustedes la siguiente proposición con punto de acuerdo:
En esta ocasión nos dirigimos ante
ustedes haciéndonos eco a una sentida y justa demanda de las poblaciones de Baja
California y Sonora, estados fronterizos en los que se padece una situación delicada a
causa del impacto económico resultado de disposiciones tarifarías energéticas
ina-decuadas para regiones con clima extremoso como es el caso de las entidades de México
entre otras.
Tal vez para aquellos mexicanos que
gozan de condiciones materiales y ambientales que pueden considerarse privilegiadas,
resulta extraño que compatriotas en determinadas zonas geográficas deban adecuar sus
actividades sociales, económicas y hasta culturales, a causa de factores climáticos.
Es la situación de asentamientos
poblaciones de zonas fronterizas en Baja California y en Sonora. En estas dos entidades se
hermanan los habitantes, si de algo se pueden caracterizar es de su espíritu pujante, de
su dedicación al trabajo, de su apego a la nación y de su permanente sacrificio para
explotar productivamente los recursos naturales de una tierra inhóspita y dura; pero
generosa para quienes la respetan y la quieren.
El trabajo en regiones con climas
extremosos es difícil. Pero esta circunstancia en nada desgasta el ánimo y el espíritu
de los mexicanos de esta frontera. El patriotismo y el apego a México identifica a los
compatriotas en los límites con una cultura muy diferente.
Si hay patriotas en el país, en el
norte de México abundan. La naturaleza desértica, agreste, de estos rincones de la
patria, han forjado el ánimo de bajacalifornianos y sonorenses para una región dura y
difícil, un carácter combativo y tenaz, porque eso identifica a los habitantes del norte
mexicano. No hubiera podido ser de otra manera. Sólo mexicanos decididos, combativos y
francos, pueden corresponder a una región difícil y compleja, pero también muy
incluyente.
Para el asunto que nos trae a esta
tribuna, es la naturaleza persistente y esforzada de los ciudadanos de Sonora y Baja
California, la que jamás ha desmayado en una legítima, justa y razonable demanda a la
autoridad central. Estos justos reclamos expresan a los habitantes de un país que ha
recibido mucho de sus fronteras, pero que asimismo ha flaqueado al momento de reconocer y
recompensar a algunos de sus más incondicionales hijos.
Para algunos de quienes hemos
conocido de cerca la historia contemporánea de la región, es legendaria y mítica la
entusiasta movilización social para pedir reciprocidad a una Federación, que la más de
las veces se ha comportado con indiferencia ante un problema estructural al que ni presta
atención ni ha resuelto satisfactoriamente.
En ciudades norteñas como
Mexicali, San Felipe y San Luis Río Colorado, la sentida exigencia social para conseguir
tarifas eléctricas justas y adecuadas es ya proverbial.
Las justas peticiones de la
sociedad contra tarifas eléctricas inadecuadas han acompañado la vida social en la
historia contemporánea de la región.
En la región es obligado el uso de
aparatos refrigeradores que mitiguen las temperaturas extremosas que se alcanzan en el
verano. El uso de esos aparatos se traduce en un alto consumo de energía eléctrica,
energía que hace tolerable la vida cotidiana para las actividades diarias de esta
población.
Las elevadas temperaturas que se
registran en el verano, de mayo a octubre, en Mexicali y San Luis Río Colorado llegan a
superar inclusive los 50 grados centígrados, haciendo forzoso el empleo de mecanismos de
enfriamiento en los sitios cerrados donde se desarrollan actividades naturales de toda
ciudad.
La CFE, a efecto del cobro
tarifario por consumo eléctrico, emplea algoritmos inadecuados, algunos inclusive sin
precisión, lo cual se traduce necesariamente en computaciones exageradas, si consideramos
la particularidad climática de la región.
La CFE ha establecido tres rangos
de determinación tarifaría en función del consumo eléctrico; sin embargo, los
criterios que han persistido en la determinación de los rangos limítrofes para cargar
económicamente los consumos han demostrado su improcedencia y afectación financiera al
consumidor, por lo que se refleja en un mecanismo regresivo en cuanto al cargo monetario
con el que los recibos se emiten.
Por otra parte, para efectos
prácticos, la aplicación de una tarifa supuestamente especial, la 1F, que tenía como
fin remediar los excesivos costos tarifarios, demostró su inviabilidad en este verano que
concluye, porque los cargos financieros superaron los costos del anterior.
A esto debemos añadir que las
políticas administrativas de registro, lectura y facturación de consumo de la CFE
adolece de criterios lesivos por cuanto el cálculo algorítmico resulta contraproducente
para los consumidores sujetos a arbitrio discrecional de tecnicismos inadecuados.
El punto de acuerdo que presentan
diversos diputados de todos los partidos políticos es el siguiente:
1. Que esta soberanía se
compromete a buscar la viabilidad en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el
año 2003 para contemplar partidas y adecuar los requerimientos que regiones con climas
extremos soliciten, a fin de que la readecuación de rangos de consumo eléctrico refleje
verdaderamente las condiciones y necesidades reales de los asentamientos poblacionales de
dichas regiones.
2. Se exhorte a la CFE para que
rectifique y corrija los criterios administrativos y técnicos.
3. Se contemplen adecuaciones
jurídicas en las leyes que sea necesario a fin de llevar a cabal cumplimiento el
compromiso legislativo de apoyar la rectificación de tarifas y servicios de la CFE a las
regiones mencionadas.
Los diputados que firmamos este
punto de acuerdo nos comprometemos a hacer valer nuestros esfuerzos para que nuestra labor
se contemple en la solución definitiva del grave problema de las altas e injustas tarifas
eléctricas que afectan a Baja California y Sonora, así como a aquellas regiones que, en
condiciones climáticas extremas, tienen tarifas elevadas.
Firman los diputados: Jaime
Martínez Veloz, José Antonio Calderón, del Partido Alianza Social, Rafael Rodríguez
Barrera, Enriqueta Basilio, Jorge Carlos Ramírez Marín, Amador Rodríguez Lozano,
Gustavo Carvajal, Julián Luzanilla, Ricardo Moreno Bastida, Marco Antonio Dávila,
Víctor Díaz; por el Partido del Trabajo, Alberto Anaya, Víctor Antonio García Dávila;
por el Partido Acción Nacional, Marcos Pérez Esquer, José Francisco Blake, Vicente
Pacheco, Javier Castañeda, Gina Andrea Cruz, Antonio Sánchez y también firman otros
diputados del Partido de la Revolución Democrática, y por falta de tiempo no menciono,
pero somos 67 diputados.
Gracias, señora Presidenta por su
tolerancia, gracias, compañeras y compañeros.
«Punto de Acuerdo por el cual el
diputado José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia, y el diputado
Jaime Martínez Veloz del Partido de la Revolución Democrática, exhortan a este pleno a
fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2003 se consideren justas
las peticiones de habitantes de Baja California y Sonora, para tener en cuenta las altas
tarifas eléctricas que sangran los ingresos familiares en regiones con climas extremosos.
Compañera Presidenta; compañeras
diputadas; compañeros diputados; señoras y señores:
En esta ocasión, nos dirigimos
ante ustedes, haciéndonos eco a una sentida y justa demanda de las poblaciones de Baja
California y Sonora, estados fronterizos en los que se padece una situación delicada, a
causa del impacto económico resultado de disposiciones tarifarias energéticas
ina-decuadas para regiones con clima extremoso, como es el caso de esas entidades de
México, entre otras.
Tal vez para aquellos mexicanos que
gozan de condiciones materiales y ambientales que pueden considerarse privilegiadas,
resulte extraño que compatriotas en determinadas zonas geográficas, deban adecuar sus
actividades sociales, económicas y hasta culturales, a causa de factores climáticos.
Es la situación de asentamientos
poblacionales de zonas fronterizas en Baja California y Sonora. En estas dos entidades
hermanas, los habitantes si de algo se pueden caracterizar, es de su espíritu pujante, de
su dedicación al trabajo, de su apego a la nación, y de su permanente sacrificio para
explotar productivamente los recursos naturales de una tierra inhóspita y dura, pero
generosa para quienes la respetan y la quieren.
El trabajo en regiones con climas
extremosos es difícil, pero esta circunstancia en nada desgasta el ánimo y el espíritu
de los mexicanos de esta frontera. El patriotismo y el apego a México identifica a los
compatriotas en los límites con una cultura muy distinta. Si hay patriotas en el país,
en el norte de México abundan.
La naturaleza desértica, agreste
de esos rincones de la patria han forjado el ánimo de bajacalifornianos y sonorenses.
Para una región dura y difícil, un carácter combativo y tenaz; porque eso identifica a
los habitantes del norte mexicano. No hubiera podido ser de otra manera. Sólo mexicanos
decididos, combativos y francos pueden corresponder a una región difícil, dura y
compleja, pero también muy incluyente.
Para el asunto que nos trae a esta
tribuna, es la naturaleza persistente y esforzada de los ciudadanos de Sonora y Baja
California, la que jamás ha desmayado en una legítima, justa y razonable demanda a la
autoridad central. Estos justos reclamos se expresan a los gobernantes de un país que ha
recibido mucho de sus fronteras, pero que asimismo ha flaqueado al momento de reconocer y
recompensar a algunos de sus más incondicionales hijos.
Para algunos de quienes hemos
conocido de cerca la historia contemporánea de la región, es legendaria y mítica la
entusiasta movilización social para pedir reciprocidad a una Federación que las más de
las veces se ha comportado con indiferencia ante un problema estructural al que ni presta
atención, ni ha resuelto satisfactoriamente.
En ciudades norteñas como
Mexicali, San Felipe, en Baja California, y San Luis Río Colorado, en Sonora, la sentida
exigencia social para conseguir tarifas eléctricas justas y adecuadas es ya proverbial.
Las justas peticiones de la
sociedad contra tarifas eléctricas inadecuadas, han acompañado la vida social en la
historia contemporánea de la región. En la región es obligado el uso de aparatos
refrigeradores que mitiguen las temperaturas extremosas que se alcanzan en el verano. El
uso de esos aparatos se traduce en un alto consumo de energía eléctrica, energía que
hace tolerable la vida cotidiana para las actividades diarias de la población.
Las elevadas temperaturas que se
registran en el verano, de mayo a octubre, en Mexicali, Baja California y San Luis Río
Colorado, Sonora, llegan a superar inclusive los 50 grados centígrados, haciendo forzoso
el empleo de mecanismos de enfriamiento en los sitios cerrados donde se desa-rrollan
actividades naturales de toda ciudad.
La Comisión Federal de
Electricidad (CFE) a efectos del cobro tarifario por consumo eléctrico, emplea algoritmos
inadecuados, algunos inclusive sin precisión, lo cual se traduce necesariamente en
computaciones exageradas si consideramos la particularidad climática de la región.
La CFE ha establecido tres rangos
de determinación tarifaria en función del consumo eléctrico. Sin embargo, los criterios
que han persistido en la determinación de los rangos limítrofes para cargar
económicamente los consumos han demostrado su improcedencia y afectación financiera al
consumidor, lo que se refleja en un mecanismo regresivo en cuanto al cargo monetario con
que los recibos se emiten.
Por otra parte, para efectos
prácticos, la aplicación de una tarifa supuestamente especial, la 1-F, que tenía como
fin remediar los excesivos costos tarifarios, demostró su inviabilidad en este verano que
concluye, pues los cargos financieros superaron los costos de la anterior.
A esto debemos añadir que las
políticas administrativas de registro de lectura y facturación de consumos de la CFE
adolece de criterios lesivos, por cuanto que el cálculo algorítmico resulta
contraproducente para los consumidores, sujetos al arbitrio discrecional de tecnicismos
inadecuados.
Asimismo, la frecuencia con que
muchos usuarios señalan imprecisiones de los registros de lectura del consumo, hacen
factible suponer fallas estructurales en la infraestructura administrativa y técnica de
los procedimientos de registro en el consumo.
Dentro de los procedimientos
administrativos de la CFE, las fases de corte y reconexión de tomas eléctricas ha
demostrado también insuficiencias y deficiencias, siempre en prejuicio de las finanzas
familiares.
Compañeros y compañeras: las
circunstancias descritas son una cotidianidad para los habitantes de Mexicali y San Luis
Río Colorado. Por mucho tiempo y de distintas formas, estos compatriotas han demostrado,
solicitado, pedido y comentado la necesidad de obtener soluciones y propuestas para
contribuir a remediar un problema que al parecer es estructural, dado que la aplicación
de la actual normatividad institucional de la CFE se traduce en cobros exagerados por
tarifas eléctricas inadecuadas en una región que merece profundizar en la búsqueda de
criterios pertinentes.
Los planteamientos y demandas
concretas de bajacalifornianos y sonorenses constituyen aspectos fundamentales de una
larga lucha de esos estados, lucha a la cual se unen cada día nuevas regiones y
comunidades de nuestro país, también afectadas por una política errónea e insensible.
Es por ello que las fracciones parlamentarias y los diputados que a título personal
ratifican esta justa solicitud, comprometemos nuestra voluntad, vocación y disposición
de diálogo, con la certeza de que avanzaremos y que esta apreciable lucha obtendrá
respuestas satisfactorias para todos. En ese sentido, sometemos a su consideración el
siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Primero. Esta soberanía se compromete a buscar la
viabilidad en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2003, para
contemplar partidas y adecuar los requerimientos que regiones con climas extremosos
soliciten, a fin de que la readecuación de rangos de consumo eléctrico refleje
verdaderamente las condiciones y necesidades reales de los asentamientos poblacionales de
dichas regiones.
Segundo. Se exhorte a la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) para que rectifique y corrija los criterios administrativos y técnicos
de los cuales la población demandante ha señalado errores que gravan los ingresos
familiares por costos exagerados del consumo y servicios eléctricos.
Tercero. Se contemplen adecuaciones jurídicas en
las leyes que sea necesario, a fin de llevar a cabal cumplimiento el compromiso
legislativo de apoyar la rectificación de tarifas y servicios de la CFE en las regiones
mencionadas.
Los diputados que firmamos este
punto de acuerdo, nos comprometemos a hacer valer nuestros esfuerzos para que en nuestra
labor, se contemple la solución definitiva al grave problema de las altas e injustas
tarifas eléctricas que afectan a Baja California y Sonora, así como aquellas regiones en
condiciones climáticas extremas.
México, DF, a 17 de octubre de
2002.— Diputados: José Manuel del Río Virgen,
Convergencia por la Democracia y Jaime Martínez
Veloz, Partido de la Revolución Democrática.(rúbricas).»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Comercio y
Fomento Industrial.
El diputado Alfonso Sánchez Rodríguez (desde su
curul):
Señora Presidenta, nada más para
hacerlo desde aquí, en la imposibilidad de hacerlo en la tribuna.
Deseamos sumarnos al punto de
acuerdo de nuestros compañeros legislativos los que somos participantes de la fracción
del PAN en Sonora y Baja California, pero también quiero hacer patente un reconocimiento
al Ejecutivo del Estado y al presidente municipal de Mexicali en el apoyo solidario a la
resolución de este problema.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Muy bien, diputado, se registra la
solidaridad de los diputados de Sonora y Baja California, de Acción Nacional.
La diputada Norma Enriqueta Bacilio Sotelo (desde
su curul):
Señora Presidenta: en sus
términos, sólo para ratificar el apoyo de la fracción parlamentaria del PRI a este
punto de acuerdo que hemos venido construyendo juntos.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Muy bien, diputada, así se
registra también y quedan ambas intervenciones consignadas en el Diario de los
Debates.
ESTADO-MEDIOS DE COMUNICACION
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Hemos recibido solicitud del grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México para sustituir el punto de acuerdo
que estaba signado en el orden del día y que iba a presentar el diputado Arturo Escobar y
Vega, por un punto de acuerdo vinculado con el tema de los medios de comunicación, que
presentará el diputado Alejandro García Sainz Arena. Esta Mesa Directiva ha acordado
favorablemente esta sustitución, dado que este tema se ha tratado en esta sesión, y
tiene la palabra el diputado Alejandro García Sainz Arena, para presentar el punto de
acuerdo respectivo.
El diputado Alejandro Rafael García
Sainz Arena:
Con el permiso de la Presidencia:
En los pasados meses nos estuvimos
reuniendo en la Secretaría de Gobernación para cumplir con los trabajos de la mesa de
diálogo para la revisión integral de la legislación de los medios electrónicos.
En dichas reuniones, además de
legisladores y representantes de los partidos, estuvieron organizaciones empresariales,
sociales y académicas. Y una de las demandas principales era la disminución de los
tiempos denominados "oficiales obligatorios".
En dichas reuniones el Partido
Verde Ecologista de México manifestó como excesivo ese 12.5%; pero a la vez, necesario
establecer un acuerdo y una norma jurídica para instituir las formas en que ya no sea el
Gobierno Federal únicamente, sino el Estado, quien debiera garantizar su necesidad y
obligación de difundir las acciones y programas, así como todos aquellos temas que sean
de interés para todos los mexicanos.
Para muchos sectores del país,
mantener los tiempos oficiales del gobierno que era prolongar una decisión autoritaria
heredada desde hace 34 años cuando se promulgó dicho decreto.
Estos sectores sostienen que dicho
impuesto en especie es atentatorio al derecho de la libre expresión, aunque también lo
sería el negar la posibilidad y el derecho del Estado para difundir sus acciones y
programas de gobierno.
Nos vemos obligados a señalar que
desde que este gobierno ganó las elecciones del año 2000, todas y cada una de las
decisiones fundamentales para el país y sus gobernados han sido ejecutadas de manera
individualista y fuera de todo consenso público.
El nuevo Reglamento, sin duda,
tiene virtudes como lo son: el Registro Público de Concesiones, una nueva clasificación
de programas para la televisión, criterios más claros para el otorgamiento y refrendo de
concesiones, así como la verdadera instalación del Consejo de Radio y Televisión.
No podemos olvidar tampoco que el
nuevo derecho de réplica es una garantía de la sociedad para evitar los abusos.
Pero cabe señalar que al no
existir el gobierno abierto entre los diversos sectores de participación nacional, se
producen errores como en el Reglamento recién expedido, en el que existe una
incongruencia notoria, ya que al aplicar los artículos 24 y 43 permite que los menores de
edad entre los 12 y 17 años sean sujetos cautivos de la publicidad del tabaco y aun y
cuando no pueden adquirir estos productos, esto viene siendo totalmente inconsistente.
En la comunicación social y
difusión de los trabajos del Gobierno Federal, demandamos un ejercicio auténtico de
comunicación y fortalecimiento de la imagen de gobierno y del Estado.
Por eso sostenemos que ésta debe
de ser incluyente con los otros dos poderes del Estado.
Existe la voluntad y la posición
visionaria de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión para adicionalmente
a los 18 minutos que se otorgan al Poder Ejecutivo establecer 10 minutos para "spoteo" de otros poderes u órganos de
gobierno como el honorable Congreso de la Unión, el Poder Judicial, el Instituto Federal
Electoral y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No se puede soslayar ni dejar
de señalar que mediante esta disposición la CIRT está atendiendo su responsabilidad
republicana.
Por lo anterior, esperamos que el
Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobernación, quien conserva su carácter
regulatorio, no traicione esta propuesta a la que adicionalmente se han sumado múltiples
sectores de la sociedad.
Por ello, desde esta tribuna mi
grupo parlamentario solicita que en materia de tiempo de Estado se entienda por éste a
los poderes de la Unión que no gozan de la utilización de tiempos fiscales, lo que
garantizaría la difusión de sus labores y el resultado de ellas a los radioescuchas y a
los televidentes de toda la República. Incuso esta es una voluntad expresada
públicamente por la CIRT.
Por lo anterior, el Partido Verde
convoca al Presidente de la República a que haga congruente su discurso de democracia y
pluralidad con la realidad, que haga oficial la rendición de los tiempos de Estado,
exigiendo que estas nuevas modalidades sean utilizadas en beneficio de una verdadera
divulgación de las actividades de los poderes públicos que no gozan de los tiempos
fiscales y de los órganos constitucionales
Para el Partido Verde, pido un
minuto para concluir, para el Partido Verde de México, México requiere un cambio
generacional que le permita zafarse de las marcas y los vicios que siempre lo han
aquejado. El decreto rompe con una vieja práctica que apestaba. Pero fue necesario que la
Presidencia de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión recayera sobre los
hombros de una persona joven y audaz, para poder romper con esos viejos vicios.
Así pues, ¡enhorabuena para
Bernardo Gómez por su prominente participación en este logro! Sin duda, esta es una
muestra palpable de los jóvenes que somos los que podemos llevar el cambio en México.
Por lo anterior, el grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presenta el siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Artículo único. Que la Secretaría de
Gobernación se presente ante la comisión correspondiente de esta para garantizar el
mecanismo y definir los tiempos que en el marco del reglamento en cuestión le
corresponden a los poderes Legislativo y Judicial, así como a los órganos
constitucionales.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Radio,
Televisión y Cinematografía.
SECTOR
PESQUERO
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra la diputada Rosa
Delia Cota Montaño, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una
proposición con punto de acuerdo en relación a la norma emergente NOM-EM-139.
La diputada Rosa Delia Cota Montaño:
Con el permiso de la Presidencia;
compañeras y compañeros diputados:
El pasado 4 de octubre la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales publicó la Norma de Emergencia 139 de
2002, que establece las medidas de protección de los ecosistemas marinos y costeros y de
las especies sujetas a protección especial en aguas de la reserva de la biosfera del alto
Golfo de California y delta del río Colorado.
Apenas hace algunos días antes la
Sagarpa había publicado el levantamiento de la veda para la pesca de camarón en el Golfo
de California, medidas contrapuestas desde una misma fuente: el Poder Ejecutivo Federal.
Surgen los cuestionamientos:
¿Acaso no fue posible que se comunicaran los titulares de ambas secretarías para
informarse y ser congruentes? ¿Se estimaron los costos de la indemnización para quienes
tenían un permiso de pesca? ¿Cuál es el mensaje del Ejecutivo?
La Semarnat ha señalado que la
puesta en marcha de la citada norma permitirá hacer que la actividad pesquera de la zona
sea sustentable y dé beneficios a sus habitantes. Ojalá y se alcance este propósito.
Aunque por las voces que se han escuchado para cuestionar esta medida, muestran un impacto
negativo en la economía local de los municipios aledaños a la reserva del alto golfo,
específicamente para Puerto Peñasco.
Que de acuerdo a lo señalado por
el presidente municipal, la economía de este lugar depende en un 40% de la captura de
camarón.
La conservación y uso responsable
de los recursos naturales es una tarea de todos. Sin embargo, en la conservación del
golfo de California sólo se ha actuado unilateralmente; las medidas de protección en
muchos casos tienen consecuencias socioeconómicas dramáticas para los grupos sociales
más desprotegidos y de ganancias para los inversionistas de la conservación.
Incongruencias entre los documentos
y las acciones.
De acuerdo a un diagnóstico
elaborado por la propia reserva de la biosfera del alto golfo, las amenazas para el área
protegida son:
• La disminución de la
calidad y la cantidad de agua aportada por el canal proveniente de Yuma, Arizona, lo que
puede poner en peligro de subsistencia la ciénega de Santa Clara.
• El uso de agroquímicos que
representan un peligro potencial para la fauna del alto Golfo de California.
• Retención de las aguas del
río Colorado para uso agrícola y humano, que ha alterado la vegetación de los humedales
que formaban parte del delta. Lo que se pone de manifiesto en los cambios en las aguas
superficiales y el manto acuífero.
• Crecimiento excesivo de la
población y aumento de la afluencia turística no controlada.
A partir de este diagnóstico
preguntamos: ¿cuáles son las medidas que ha tomado la Semarnat para mitigar o
desaparecer estas amenazas? ¿Acaso la Semarnat o la Secretaría de Relaciones Exteriores
han enviado una nota diplomática para inconformarse por la calidad de agua que nos
envían desde Estados Unidos y que ha modificado el ecosistema del alto golfo?
Tal vez sería conveniente que la
Semarnat acudiera a las organizaciones internacionales que apoyan sus medidas, para que
presionen al gobierno estadounidense con cartas y desplegados periodísticos y avanzar
algo más por la vía diplomática.
Si acepta que existe un impacto
para el uso de agroquímicos en la agricultura, ¿por qué no ha actuado en consecuencia?
El Golfo de California es la cuenca
de evaporación más importante para nuestros vecinos del norte. La agricultura de
California no existiría sin las lluvias que son provocadas por la afluencia de humedad
desde este mar interior.
La naturaleza no obedece a
fronteras políticas, cierto. Los servicios ambientales que presta el Golfo de California
son muy valiosos, pero como en otros casos sucede, quien paga manda, razón fundamental
para que ciertas organizaciones sigan invirtiendo en la conservación del golfo de
California, no importan las necesidades de quienes habitan la región.
A nosotros, a los mexicanos,
también nos interesa conservar los recursos naturales con una política de desarrollo
incluyente realmente sustentable.
No deseo abundar sobre la necesidad
de regular el esfuerzo pesquero por parte de la flota camaronera que opera en esta
región; es un tema que se ha ventilado y manejado desde los años setenta, sin que se
hayan llevado a cabo acciones concretas; al igual que sería comprometido apoyar el
desarrollo de métodos y artes de pesca menos impactantes con el medio marino. Sin
embargo, no ha sido así, cada día la pesca se relega a un plano menor y se ha llevado a
los pescadores a actuar ilegalmente. No hay regulación, entonces no existe.
Se cancela una actividad productiva
de un plumazo...
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Señora diputada, le ruego que
concluya a la brevedad.
La diputada Rosa Delia Cota Montaño:
Un minuto para terminar, señora
Presidenta.
...desde oficinas ubicadas en la
ciudad y muy lejos de quienes viven del mar, a pesar de que en el propio texto de la norma
se anuncia que la autoridad reconoce que la pesca es una actividad importante en la
región y por tanto se deberán iniciar medidas de protección de forma expedita pero
escalonada, con objeto de evitar daños a la economía local.
Nos preocupa cuáles serán las
alternativas que se ofrecerán a quienes no podrán seguir llevando a cabo actividades de
pesca en esta región y cómo se vincularán las acciones de ambas secretarías.
Evidentemente que esta medida
incrementará la presión de pesca en otras áreas de la región y no tenemos conocimiento
de las acciones que se implementarán para que las embarcaciones no lleven a cabo sus
operaciones de pesca en otras zonas del otro golfo.
Bajo las consideraciones antes
expuestas, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presenta ante el pleno de esta
soberanía, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Primero. Se solicita al ejecutivo Federal la
revocación de la NOM-EM-139-ECOL 2002 y se inicie el Programa de Reconversión de
Actividades Productivas Alternativas ante los impactos socioeconómicos que la citada
norma tendría sobre las actividades productivas de la región.
Segundo. Se exhorta a la Sagarpa inicie un
programa de investigación, capacitación y desarrollo de tecnologías de captura menos
impactantes sobre el ambiente marino.
Tercero. Se solicite a la Semarnat tome las
medidas correspondientes para atender la amenaza que representa el ecosistema, la calidad
de agua recibida del río Colorado a la reserva de la biosfera del alto golfo.
Es cuanto.
Firman diputados del PT y del PRD.
Gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señora diputada.
Túrnese a las comisiones de Medio
Ambiente y Recursos Naturales y de Recursos Hidráulicos.
Activen el sonido en la curul del
diputado Garibay.
El diputado J. Jesús Garibay García (desde su
curul):
Quisiera pedirle Presidenta que
para facilitar el desahogo del punto anterior de la diputada Cota Montaño, si fuera
posible enviarla exclusivamente a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales ya
que…
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
No tengo inconveniente diputado.
El diputado J. Jesús Garibay García (desde
su curul):
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Se corrige el turno y se turna exclusivamente a la
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales la anterior propuesta.
Por favor haga uso de la tribuna,
diputado Cantorán.
EDUCACION
PREESCOLAR
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra el diputado
Cutberto Cantorán Espinosa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar al
Ejecutivo Federal para que publique en el Diario
Oficial de la Federación el decreto por el que se adiciona el artículo 3o. en su
párrafo primero fracciones III, V y VI y el artículo 31 en su fracción I de la
Constitución General de la República.
El diputado Cutberto Cantorán
Espinosa:
Gracias, señora Presidenta;
compañeras y compañeros legisladores:
El suscrito, Cutberto Cantorán
Espinosa, diputado de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante de la
fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta
Asamblea la presente proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal
para que publique en el Diario Oficial de la
Federación el decreto por el que adiciona el artículo 3o. en su párrafo primero
fracciones III, V y VI y del artículo 31 en su fracción I de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, mediante las cuales se eleva a rango constitucional la
obligatoriedad de la educación preescolar.
ANTECEDENTES
En sesión celebrada por el Senado
de la República el 13 de diciembre del año 2001 se aprobó el dictamen sobre la
administrativa que reforma y adiciona los artículos 3o. y 31 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La minuta resultante se remitió a
esta Cámara de Diputados. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados el día 29 de
diciembre de 2001 fue dictaminado y aprobado ese decreto con 461 votos en pro, tres en
contra y tres abstenciones.
El día 30 de diciembre de 2001 las
comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Educación y Cultura y de Estudios
Legislativos presentan a la honorable Asamblea del Senado de la República el proyecto de
decreto aprobado en la Cámara de Diputados, mismo que fue aprobado por 110 votos y pasó
a las legislaturas de los estados para los efectos constitucionales correspondientes.
El pasado 15 de mayo, la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le concede el
artículo 135 constitucional y previa a la aprobación de las cámaras de Diputados y de
Senadores del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 17 legislaturas
locales que hacen mayoría, mismas que me permito mencionar: Aguascalientes, Baja
California, Chiapas, Coahuila, Colima, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca,
Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas, decreta:
Se aprueba el presente por el que
se adiciona el artículo 3o. en su párrafo primero fracciones III, V y VI y el artículo
31 en su fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Sin embargo, a pesar de que han
transcurrido cinco meses de ello, el Ejecutivo Federal hasta la fecha no ha publicado en
el Diario Oficial de la Federación dicho
decreto.
El Congreso de la Unión, con el
apoyo de los legisladores de todas las fuerzas políticas, pues ya cumplió con su
obligación social y constitucional tal como lo establece el artículo 135 de nuestra
Carta Magna; ahora sólo falta que el Presidente de la República, en cumplimiento del
artículo 72 inciso a de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, haga lo suyo.
Por las anteriores consideraciones
me permito someter al pleno de esta Cámara de Diputados el siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Unico. Se exhorta respetuosamente al Presidente de
la República para que en aras del cumplimiento social y con apego solidario para con la
población infantil en edad preescolar de este país, publique en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el
que se adiciona el artículo 3o. en su párrafo primero, fracciones III, V y VI y el
artículo 31 en su fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en los términos en que fue aprobado por la Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión y de las cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la mayoría de las legislaturas de las
entidades federativas para quedar como se anexa al presente.
Compañeras y compañeros: cabe
hacer mención que el anexo del que se habla contiene la iniciativa aprobada y rubricada
por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, así como el
listado de las 17 legislaturas estatales que ya aprobaron dicha iniciativa.
Señora Presidenta: solicito que
este documento, del cual hago entrega, sea publicado de manera íntegra en la Gaceta Parlamentaria.
Firman el presente punto de acuerdo
más de 120 diputadas y diputados de los diferentes partidos políticos, a excepción de
los diputados pertenecientes a Acción Nacional.
Palacio Legislativo.— San
Lázaro, octubre 17 de 2002.
Muchas gracias, señora Presidenta.
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.
Proposición con punto de acuerdo
para exhortar al Ejecutivo Federal para que publique en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por
el que se adiciona el artículo 3o., en su párrafo primero, fracciones III, V y VI y el
artículo 31 en su fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
El suscrito, profesor Cutberto
Cantorán Espinosa, diputado de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante
de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad a
lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta
Asamblea la presente proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal
para que publique en el Diario Oficial de la
Federación el decreto por el que adiciona el artículo 3o. en su párrafo primero,
fracciones III, V y VI, y del artículo 31 en su fracción I de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos mediante las cuales se eleva a rango constitucional la
obligatoriedad de la educación preescolar.
En sesión celebrada por el Senado
de la República, el 13 de diciembre del año 2001, se aprobó el dictamen sobre la
iniciativa que reforma y adiciona los artículos 3o. y 31 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
La minuta resultante se remitió a
la Cámara de Diputados para dar cumplimiento a la fase de revisión de conformidad al
procedimiento dispuesto en el artículo 72 de nuestra Constitución mexicana. Recibida que
fue la minuta en la Cámara de Diputados, el 14 de diciembre de 2001, el Presidente de la
Mesa Directiva acordó dar a la misma trámite de turno a las comisiones de Puntos
Constitucionales y de Educación Pública y Servicios Educativos.
Las comisiones dictaminadoras de la
Cámara de Diputados acordaron incorporar en el dictamen de la minuta el análisis de
diversas iniciativas presentadas por diputados federales de diferentes partidos políticos
y de un servidor, durante la actual legislatura, sobre la misma materia de los artículos
3o. y 31 constitucionales.
En el proyecto de decreto aprobado
inicialmente por la Cámara de Senadores se proponía la reforma del artículo 3o. de la
Norma Suprema, para incorporar por una parte la responsabilidad del Estado de impartir la
educación inicial, por otra, establecer de manera obligatoria la educación preescolar.
Asimismo, se proponía incorporar
en el artículo 31 fracción I la obligación de los mexicanos de hacer que sus hijos
concurran a obtener la educación preescolar, además de la primaria, secundaria y
militar, ya consagrados en esta disposición.
En sesión celebrada en la Cámara
de Diputados del honorable Congreso de la Unión el día sábado 29 de diciembre de 2001,
fue dictaminado y aprobado este decreto, con 461 votos en pro, tres en contra y tres
abstenciones y devuelto a la Cámara de Senadores para efectos del artículo 72 inciso e, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
El día 30 de diciembre de 2001,
las comisiones unidas de Puntos Constitucionales de Educación y Cultura y de Estudios
Legislativos, presentan a la honorable Asamblea del Senado de la República el proyecto de
decreto aprobado en la Cámara de Diputados, en su dictamen reconocen "...la
procedencia y viabilidad de las modificaciones practicadas por la colegisladora en el
artículo 3o. y en los correspondientes transitorios del proyecto de decreto", por lo
que los senadores integrantes de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales de
Educación y Cultura y de Estudios Legislativos Primera, nos permitimos someter a la
consideración del pleno de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión el
siguiente proyecto de decreto. Con dispensa de segunda lectura, sin discusión, el citado
proyecto de decreto fue aprobado por 110 votos. Y pasó a las legislaturas de los estados,
para los efectos constitucionales correspondientes.
El pasado 15 de mayo la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el
artículo 135 constitucional y previa la aprobación de las cámaras de Diputados y de
Senadores del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 17 legislaturas
locales, que hacen mayoría, mismas que me permito mencionar: Aguascalientes, Baja
California, Chiapas, Coahuila, Colima, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca,
Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas, decreta: se
aprueba el presente por el que se adiciona el artículo 3o. en su párrafo primero
fracciones III, V y VI, y el artículo 31 en su fracción I de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
Sin embargo, a cinco meses de ello
el Ejecutivo Federal no ha publicado en el Diario
Oficial de la Federación dicho decreto.
El Congreso de la Unión, con el
apoyo de los legisladores de todas las fuerzas políticas, ya cumplió con su obligación
social y constitucional, tal como lo establece el artículo 135 de nuestra Carta Magna;
ahora solamente falta que el Presidente de la República, en cumplimiento del artículo 72
inciso a de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
“Artículo 72...
a) aprobado un proyecto en la
Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se
remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará
inmediatamente.”
Por lo tanto el Ejecutivo Federal
debe publicar las reformas constitucionales a los artículos 3o. y 31, para hacer la
educación preescolar obligatoria.
Por las anteriores consideraciones
me permito someter al pleno de esta Cámara de Diputados de urgente resolución, el
siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Unico. Se exhorta respetuosamente al Presidente de
la República, para que en aras del compromiso social y con apego solidario para con la
población infantil en edad preescolar de este país, publique a la brevedad en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el
que se adiciona el artículo 3o. en su párrafo primero fracciones III, V y VI y el
artículo 31 en su fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en los términos en que fue aprobado por la Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión, y de las cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, así como la mayoría de las legislaturas de las
entidades federativas, para quedar como se anexa al presente.
Cabe hacer mención que el anexo
del que se habla, contiene la iniciativa aprobada y rubricada por la Mesa Directiva de la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Palacio Legislativo.— San
Lázaro, octubre 15 de 2002.— Diputado Cutberto
Cantorán Espinosa.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Publíquese de manera íntegra la intervención del
diputado y el texto en la Gaceta Parlamentaria y
túrnese a la Mesa Directiva.
DISCAPACITADOS
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
El siguiente punto del orden del
día es la proposición con punto de acuerdo en relación con las personas con
discapacidad y se ofrece el uso de la palabra a la diputada Raquel Cortés López, del
grupo parlamentario del PRD.
La diputada Raquel Cortés López:
Gracias, señora Presidenta;
honorable Asamblea; Presidenta de la Mesa Directiva:
Los suscritos, diputadas y
diputados a la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo
58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, promovemos el presente punto de acuerdo con base en los siguientes
ANTECEDENTES
Primero. El 3 de diciembre de 1997,
los diputados de la LVII Legislatura aprobaron un punto de acuerdo por el que se
determinaba la inclusión en un porcentaje no menor al 1% de la plantilla laboral de la
Cámara, de personas con algún tipo de discapacidad.
Segundo. En la sesión ordinaria de
la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura, del día 12 de septiembre de 2000, hice
uso de esta tribuna para presentar de manera respetuosa a nombre propio y de los diputados
de mi grupo parlamentario, un punto de acuerdo para que la LVIII Legislatura ratificara la
contratación de 41 trabajadores con discapacidad.
Tercero. El diputado Pedro Pablo
Cepeda Sierra, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en la sesión del
día octubre del 2000 presentó una proposición con punto de acuerdo para incrementar en
2% la contratación de personas con discapacidad en la Cámara de Diputados.
Cuarto. En el número 639 de la Gaceta Parlamentaria del martes 28 de noviembre de
2000, la Junta de Coordinación Política publicó un acuerdo relativo a la contratación
de personas con discapacidad.
En razón de lo anterior, se
expresan las siguientes
CONSIDERACIONES
Primera. Los trabajadores con
discapacidad de la Cámara de Diputados han pasado por varias situaciones jurídicas de
contratación que va desde interinos, trabajador eventual y eventual de confianza sin que
hasta el momento los órganos de gobierno de ésta les doten de los derechos laborales que
la Constitución y leyes determinan.
Segunda. El acuerdo de la junta
fortalece el presente punto de acuerdo, ya que la Cámara de Diputados expresa su voluntad
política en convertirse en ejemplo para que todas las instituciones contraten a personas
con discapacidad en sus plantillas. Dichas medidas aportarán experiencias para arribar a
una reforma de la Ley Federal del Trabajo que garantice un porcentaje mínimo para
personas con discapacidad.
Tercera. Los trabajadores con
discapacidad de esta Cámara han demostrado cumplir con los perfiles profesionales,
académicos, laborales y culturales para formar parte de la plantilla definitiva de este
órgano legislativo.
Por lo anteriormente expuesto,
sometemos a su distinguida consideración el siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Unico. Que la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión destine una partida etiquetada en el ejercicio presupuestal del año
2003 para que se basifique a los trabajadores con discapacidad sujetos del acuerdo de
diciembre de 1997 y se abra la contratación de personal con discapacidad que permita
contar con al menos el 2% de la plantilla laboral.
Anexo a este instrumento copia de
los puntos de acuerdo y el acuerdo de la junta para su pronta atención y solicito, con
base en los artículos 34 y 36 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, sea turnada la proposición a la Junta de Coordinación Política para
su procesamiento legislativo.
Firman este punto de acuerdo
diputadas y diputados del PRD, el PRI, del PT y PAS.
Esperamos que los coordinadores de
los grupos parlamentarios signen esta propuesta.
Es cuanto, señora Presidenta.
Muchísimas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señora diputada.
Túrnese a la Junta de Coordinación
Política.
Tiene la palabra el diputado
Alejandro Gómez Olvera, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una proposición
con punto de acuerdo en relación a la problemática en que se encuentra el municipio de
Ocoyoacac.
Nos informan que esta proposición
se ha retirado del orden del día.
La siguiente proposición a
presentar por el diputado Timoteo Martínez Pérez, del grupo parlamentario del PRI, nos
informan que se pospone para la próxima sesión.
PLAN PUEBLA-PANAMA
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
En consecuencia, se ofrece el uso
de la palabra al diputado Salvador Escobedo Zoletto, del grupo parlamentario de Acción
Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que el Ejecutivo
Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dé cumplimiento a
lo establecido en el decreto de Presupuesto de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2002, con respecto al sur-sureste.
El diputado Neftalí Salvador Escobedo Zoletto:
Con el permiso de la Presidencia;
compañeras y compañeros diputados:
El día de hoy presento ante esta
honorable Asamblea, el siguiente punto de acuerdo para que el Ejecutivo Federal, a través
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dé cumplimiento a lo establecido en el
decreto de Presupuesto de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002, con respecto al
Sur-Sureste.
En nuestro país a lo largo de la
historia se han generado por diversas circunstancias de orden social, económico,
geográfico y político, condiciones de atraso y marginación en algunas entidades
federativas, especialmente en las comprometidas en las regiones Sur-Sureste del país.
Frente a lo anterior, tanto el Gobierno Federal como las fuerzas políticas representadas
en el honorable Congreso de la Unión han expresado su preocupación por la realización
apremiante de acciones y programas encaminados a potenciar el desarrollo de estas regiones
en todos sus aspectos, a efecto de integrarlas al desarrollo nacional.
En la actual dinámica nacional,
las principales fuerzas políticas partidistas incluyeron como partes de sus plataformas
electorales y programas de acción, diversos planteamientos para el desarrollo regional
con especial énfasis en lo relativo al Sur-Sureste del país, coincidiendo todas en que
es necesario dar un definitivo impulso al desarrollo de esta zona nacional y ser capaces
de revertir la brecha de desigualdad que irremediablemente crece cada día en esta zona.
En el texto del Plan Nacional de
Desarrollo 2001-2006, se reconoce que los estados del Sur-Sureste viven en un gran rezago.
De manera histórica la población de esta región se ha encontrado en los estratos
socioeconómicos más bajos. La actividad económica se ubica principalmente en el sector
primario y es por desgracia de baja productividad. El desempleo y el subempleo son altos,
hay fuerte inmigración procedente de Centroamérica, la infraestructura es deficiente en
casi todos los sectores, sobre todo en servicios básicos, vivienda, comunicaciones e
instalaciones industriales. Todo ello refleja la necesidad de políticas públicas
diferenciadas y fondos compensatorios, así como la exigencia de introducir procesos
educativos de calidad que disminuyan las fuertes desigualdades sociales y culturales, todo
esto como requisito indispensable para equilibrar la calidad de vida de la población.
De los acuerdos emanados del propio
plan de trabajo de la Comisión Especial del Sur-sureste, se establecieron contactos
tendientes a agendar entrevistas con las dependencias del Ejecutivo Federal, para conocer
de primer mano los proyectos de desarrollo existentes en la región Sur-Sureste.
A través de esto y de las
reuniones de información del Gobierno Federal y los gobiernos estatales, se pudieron
tener elementos para la elaboración, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002.
En la iniciativa del Presupuesto de
Egresos de la Federación para el 2002, enviado por el Ejecutivo Federal con respecto al
gasto público federal, para el desarrollo de la región Sur-Sureste y Plan
Puebla-Panamá, ascendió la cantidad de 5 mil 802 millones de pesos y el pleno cameral
aprobó por consenso algunas modificaciones y adiciones al Presupuesto de Egresos de la
Federación, en el cual se estableció en el artículo tercero del decreto aprobado y
publicado en el Diario Oficial, que las
erogaciones que se refieren al párrafo primero del artículo, incluían la cantidad de
962.04 millones para contribuir al desarrollo de la región sur-sureste y que para tal
efecto el Programa Plan Puebla-Panamá impulsará y dará prioridad a la modernización de
la infraestructura de comunicaciones, así como los servicios de salud, educación,
mediante programas y proyecto productivos que mejoren las condiciones sociales y
económicas de dicha región. Estos recursos se dieron de forma adicional al originalmente
establecido.
De las múltiples solicitudes de
información que se les requirió las diferentes dependencias del Ejecutivo Federal, la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la subsecretaría de egresos,
nos informa en un documento refiriéndose al gasto público federal, que del presupuesto
asignado a la región Sur-sureste y a la del Plan Puebla-Panamá, asciende a la cantidad
de 7 mil 461 millones 400 mil pesos.
Tenemos el caso de la Presidencia
de la República, originalmente tenía presupuestado para el presupuesto del Plan
Puebla-Panamá, la cantidad de 10 millones 900 mil pesos y el pleno de la Cámara de
Diputados les amplió su presupuesto con 50 millones de pesos adicionales. De lo
anteriormente manifestado hasta el día de hoy, no se le ha otorgado los recursos a la
coordinación del Plan Puebla-Panamá.
Compañeros legisladores, con
fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea el
siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Unico. Que en ejercicio de la representación
nacional que ostentamos las diputadas y los diputados federales, pero especialmente por la
vinculación que tenemos los diputados con los problemas estatales y regionales que
comprenden la región Sur-Sureste de México, resulta pertinente que mediante un ánimo
responsable de colaboración y coordinación a través de los instrumentos de que
legalmente dispone la Cámara de Diputados, se le comunique y se le exhorte a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a dar cumplimiento a lo establecido por el
decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002 en su
anexo 2 aprobado por este pleno camaral y que a la brevedad posible se le liberen los 50
millones de pesos a la coordinación del Plan Puebla-Panamá para la realización de sus
proyectos integrales.
Solicito túrnese a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, solicitándole a la misma en
forma atenta su rápido dictamen por las fechas en que nos encontramos y asimismo que sea
incluido el texto original en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.
Con punto de acuerdo para que el
Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dé
cumplimiento a lo establecido en el decreto de presupuesto de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2002 con respecto al Sur-Sureste.
El suscrito N. Salvador Escobedo
Zoletto, diputado federal de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con
fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la
siguiente proposición con punto de acuerdo, con base a las siguientes
CONSIDERACIONES
Primera. Que en la dinámica del
desarrollo nacional, a lo largo de la historia se han generado por diversas circunstancias
de orden social, económico, geográfico y político, condiciones de atraso y marginación
en algunas entidades federativas, especialmente en las comprendidas en las regiones sur y
sureste del país.
Frente a lo anterior, tanto el
Gobierno Federal como las fuerzas políticas representadas en el honorable Congreso de la
Unión, han expresado su preocupación por la realización apremiante de acciones y
programas encaminados a potenciar el desarrollo de estas regiones en todos sus aspectos, a
efecto de integrarlas al desarrollo nacional.
En la actual dinámica nacional,
las principales fuerzas políticas-partidistas incluyeron, como parte de sus plataformas
electorales y programas de acción, diversos planteamientos para el desarrollo regional,
con especial énfasis en lo relativo al sur-sureste del país, coincidiendo todas en que
es necesario dar un definitivo impulso al desarrollo de esa zona nacional y ser capaces de
revertir la brecha de desigualdad que irremediablemente, crece cada día en esta zona del
país.
Segunda. Que en el texto del Plan
Nacional de Desarrollo 2001-2006 se reconoce: "... que los estados del sur-sureste
viven un gran rezago". De manera histórica la población de esta región se ha
encontrado en los estratos socioeconómicos más bajos. La actividad económica se ubica
principalmente en el sector primario y es, por desgracia, de baja productividad; el
desempleo y el subempleo son altos; hay fuerte inmigración procedente de Centroamérica;
la infraestructura es deficiente en casi todos los sectores, sobre todo en servicios
básicos, vivienda, comunicaciones e instalaciones industriales. Todo ello refleja la
necesidad de políticas públicas diferenciadas y fondos compensatorios, de lograr una
mayor integración con nuestros vecinos centroamericanos, así como la exigencia de
introducir procesos educativos de calidad que disminuyan las fuertes desi-gualdades
sociales y culturales, todo esto como requisito indispensable para equilibrar la calidad
de vida de la población. La responsabilidad del Ejecutivo Federal es crear las
condiciones para sustentar el desarrollo equilibrado de las distintas regiones y estados
del país. De igual manera se enfatiza que: "se dinamizará la economía de la
región sur-sureste, que es la más rezagada...". Es responsabilidad de toda la
sociedad impulsar programas que rompan la transmisión generacional de la pobreza y que
creen nuevas oportunidades para niños y jóvenes actualmente marginados y eleven la
calidad de vida de los pobladores.
Tercera. Que con fecha 27 de
septiembre del mismo año, se instaló y dieron inicio los trabajos de esta Comisión
Especial conocida como del Sur-Sureste.
Como su nombre lo establece esta
comisión ha coadyuvado junto con todos los actores interesados en el desarrollo integral
de esta región, a propósito de impulsar y potenciar los programas y proyectos que
estimulen el crecimiento económico aparejado del desarrollo social. Con objeto de
acometer lo anterior, la comisión ha efectuado diversas reuniones de trabajo con los
gobiernos de los estados de la región y ha trabajado estrechamente con la coordinación
general del Plan Puebla-Panamá, dependiente del Ejecutivo Federal.
Cuarta. Que de los acuerdos
emanados del propio plan de trabajo se establecieron contactos, tendientes a agendar
entrevistas con las dependencias del Ejecutivo Federal, para conocer de primera mano, los
proyectos de desarrollo existentes en la región Sur-Sureste. A través de esto y de las
reuniones e información del Gobierno Federal y los gobiernos estatales se pudieron tener
elementos para la elaboración, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2002.
Quinta. Que en la iniciativa de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002 enviado por el
Ejecutivo Federal con respecto al gasto público federal para el desarrollo de la región
Sur-Sureste y Plan Puebla-Panamá ascendió a la cantidad de 5 mil 802 millones 400 mil
pesos, misma que se divide de la siguiente manera: Presidencia de la República $13.2 mdp,
Comunicaciones y Transportes $4,728.1 mdp, Economía $107.1 mdp, Medio Ambiente y Recursos
Naturales $325.1 mdp, Desarrollo Social $121.2 mdp y Turismo $507.7 mdp.
Sexta. Que el pleno camaral aprobó
por consenso algunas modificaciones y adiciones al Presupuesto de Egresos de la
Federación 2002, en el cual se estableció en el artículo 3o. del decreto aprobado y
publicado en el Diario Oficial de la Federación
que: "las erogaciones a que se refiere el párrafo primero de este artículo,
incluyen la cantidad de $962.04 mdp, para contribuir al desarrollo de la región
Sur-Sureste; para tal efecto el Programa Plan Puebla-Panamá impulsará y dará prioridad
a la modernización de la infraestructura de comunicaciones, así como a los servicios de
salud y educación, mediante programas y proyectos productivos que mejoren las condiciones
sociales y económicas de dicha región. Lo anterior conforme a los programas establecidos
en el anexo 2 de este presupuesto" de lo cual se distribuye de la siguiente manera:
$50 mdp para proyectos integrales del Plan Puebla-Panamá, $56 mdp en materia de
desarrollo social, para albergues escolares indígenas, $25 mdp en materia de salud, para
hospitales integrales con medicina tradicional y $831 mdp en materia de infraestructura
carretera.
En el rubro de infraestructura se
canalizaron los recursos de la siguiente manera: $60 mdp para la carretera
Cardél-Gutiérrez-Zamora, (Veracruz), $270 mdp para la carretera Arriaga-La Ventosa,
(Chiapas), $135 mdp Villa Hermosa-Lim. Estados Tabasco-Campeche, (Tabasco), $50 mdp para
el entronque Chetumal-Desviación Majahual, (Quintana Roo), $80 mdp para la carretera
Oaxaca-Mitla, (Oaxaca), $50 mdp para la carretera Mérida-Kantunil, (Yucatán), $70 mdp
para la carretera Amozoc-Perote (Puebla), $16 mdp para la carretera Caobas-Arroyo Negro
(Quintana Roo) y $100 mdp para la carretera Ciudad del Carmen-Champotón (Campeche).
Estos recursos se dieron de forma
adicional a lo originalmente establecido. Es así que a la Secretaría de Salud se le
otorgó $2,150.3 mdp, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes $5,247.6 mdp y a la
Secretaría de Desarrollo Social $3,409.3 mdp, todos de manera adicional, lo cual nos
indica que a ninguna de estas tres secretarías, con programas específicos en materia de
gasto público para la región Sur-Sureste, no se les recortaron sus recursos.
Séptima. Que de las múltiples
solicitudes de información que se les requirió a las diferentes dependencias del
Ejecutivo Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la
subsecretaría de egresos, nos informa en un documento refiriéndose al Gasto Público
Federal, que en el presupuesto asignado a la región Sur-Sureste y al Plan Puebla-Panamá
asciende a la cantidad de $7,461.4 mdp, la cual se divide en $1,762.2 mdp en gasto
corriente y $5,699.2 mdp en gasto de capital. En el caso de la Presidencia de la
República originalmente tenía presupuestado para el programa Plan Puebla-Panamá la
cantidad $10.9 mdp en la iniciativa de presupuesto y el pleno de la Cámara de Diputados
les amplio su presupuesto con $50.0 mdp de recursos adicionales, en un documento enviado
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos informan que la Presidencia de la
República en la parte correspondiente al desarrollo de la región Sur-Sureste y Plan
Puebla-Panamá la cantidad asciende a $60.9 mdp y los clasifican en dos partes, la primera
en gasto corriente 10.9 mdp y la segunda en gasto de capital 50 mdp, de lo anteriormente
manifestado hasta el día de hoy no se le ha otorgado los recursos a la coordinación del
Plan Puebla-Panamá.
Que con fundamento en los
artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración y aprobación de esta Asamblea el
siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Unico. Que en ejercicio de la representación
nacional que ostentamos las diputadas y los diputados federales, pero especialmente por la
vinculación que tenemos los diputados con los problemas estatales y regionales que
comprenden la región del Sur-Sureste de México, resulta pertinente que, mediante un
ánimo responsable y responsabilizador de colaboración y coordinación, a través de los
instrumentos de que legalmente dispone la Cámara de Diputados, se le comunique y se le
exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dar cumplimiento a lo establecido
en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002 en
su anexo 2 aprobado por este pleno camaral; y que a la brevedad posible se liberen los 50
millones de pesos a la coordinación del Plan Puebla-Panamá para la realización de sus
proyectos integrales. Solicito túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de
la Cámara de Diputados solicitándole a la misma, en forma atenta, su rápido dictamen
por las fechas en que nos encontramos. Asimismo sea incluido el texto original en el Diario de los
Debates.
Palacio Legislativo.— San
Lázaro, a 1o. de octubre de 2002.— Diputado federal N. Salvador Escobedo Zoletto.»
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
El diputado Jesús Alí de la Torre (desde su
curul):
Señora Presidenta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Sí, diputado Alí. Activen el
sonido en la curul del diputado Alí.
El diputado Jesús Alí de la Torre (desde su
curul):
Rogaría a la Presidencia me
registre para el uso de la voz en la tribuna sobre este punto de acuerdo.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Señor diputado, le voy a rogar a
la Secretaría dé lectura al artículo 12 del Acuerdo Parlamentario Relativo a la
Integración del Orden del Día de las Discusiones y las Votaciones.
Sí, diputado Alí.
El diputado Jesús Alí de la Torre (desde su
curul):
Gracias, señora Presidenta, ya que
instruyó usted a la Secretaría la lectura del acuerdo correspondiente, rogaría también
que la Secretaría lea el criterio aplicado por la Presidencia el martes de la semana
pasada en relación a los puntos de acuerdo.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
No sólo es eso innecesario
diputado Alí, usted puede recurrir al Reglamento que es superior a lo que mandata el
acuerdo; sin embargo, he instruido a la Secretaría para que el pleno dé cuenta de cuál
es el criterio con el que hemos estado conduciendo esta sesión, entendiendo que la
Presidencia tiene la factibilidad de conducir las sesiones en función de los recursos
reglamentarios de los que dispone que permitan el mejor desahogo de las sesiones en
beneficio del prestigio de esta Cámara de Diputados.
Dé lectura al punto de acuerdo
respectivo.
El
Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
Acuerdo Parlamentario Relativo a la
Integración del Orden del Día, las Discusiones y las Votaciones, aprobado el 14 de
diciembre de 2001.
Artículo decimosegundo. Quienes intervengan para
presentar proposiciones, lo harán en un lapso no mayor de cinco minutos, toda propuesta
presentada a la Cámara que no requiera ser votada de inmediato, será turnada por la
Presidencia de la Mesa Directiva a la comisión correspondiente, sin que proceda
deliberación alguna, excepto si hubiere objeción de algunos de los diputados, en cuyo
caso se sujetará a discusión y votación su admisión, para lo cual podrá intervenir un
orador en contra y un orador en pro, hasta por cinco minutos, sin que en este caso se
puedan presentar intervenciones para rectificar hechos, si la proposición no hubiere
alcanzado mayoría, se considerará desechada.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Le ruego a la Secretaría dar
lectura al artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior.
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
Artículo 58. Las proposiciones que no sean
iniciativas de ley presentadas por uno o más individuos de la Cámara, sin formar los que
la suscriben mayoría de diputación, se sujetarán a los trámites siguientes:
I. Se presentarán por escrito y
firmadas por sus autores al Presidente de la Cámara y serán leídas una sola vez en la
sesión en que sean presentadas. Podrá su autor o uno de ellos si fueren varios, exponer
los fundamentos y razones de su proposición o proyecto;
II. Hablarán una sola vez dos
miembros de la Cámara, uno en pro y otro en contra, prefiriéndose al autor del proyecto
o proposición y
III. Inmediatamente se preguntará
a la Cámara, si admite o no a discusión la proposición. En el primer caso, se pasará a
la comisión o comisiones a quienes corresponda y en el segundo se tendrá por desechada.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Esta Presidencia va a aplicar, para
el trámite de esta proposición, lo que mandata el artículo 58 del Reglamento, por lo
que se abre el registro de oradores, en función del numeral segundo del artículo 58. Que
señala, que hablarán una sola vez dos miembros de la Cámara, uno en pro y otro en
contra, prefiriéndose al autor del proyecto o proposición.
Se abre el registro de oradores.
Y entendería que el diputado Alí
se registra en pro de la proposición.
Tiene la palabra el diputado Alí
en pro de la proposición.
El diputado Jesús Alí de la Torre:
Muchas gracias, diputada
Presidenta; por la oportunidad de hablar sobre este importante tema, que es central, toral
en la agenda nacional y en los tiempos que vive precisamente nuestra región; compañeras
y compañeros legisladores:
He decidido sumarme al punto de
acuerdo que ha presentado el diputado Neftalí Salvador Escobedo, y en primer lugar porque
fue una decisión de esta soberanía, de esta representación nacional, la de autorizar
recursos y que fuesen ejecutados para el desarrollo, concretamente para el desa-rrollo
regional.
Y nuevamente encontramos la
decisión unilateral, la decisión sin explicación por parte de la Secretaría de
Hacienda.
Ahora en la coordinación del Plan
Puebla-Panamá, en donde se encuentra un ex compañero federal, por cierto esta
coordinación no sabemos la explicación por la cual se haya pasado a la Secretaría de
Relaciones Exteriores, su anterior titular está en la secretaría de gobierno, porque
consideramos que precisamente los esfuerzos del desarrollo regional, deben estar
concentrados en el ámbito de la política interna y no en el marco de la Secretaría de
Relaciones Exteriores. Es ahí donde nosotros consideramos que podemos sumar esfuerzos
para construir una auténtica política de Estado a favor del desarrollo de la zona; ahí
donde ha habido coincidencia de la mayoría de las fuerzas políticas representadas en
este Congreso, en donde podemos sumar esfuerzos de las entidades federativas.
De tal manera que son muchos los
temas en los que no se encuentran respuesta por la falta de aplicación de recursos, ahí
está la frontera sur, como decía el diputado Neftalí Salvador, "la frontera
olvidada", ahí donde comienza la patria tenemos una serie de problemas en los que la
población no encuentra respuestas y hay graves problemas incluso de seguridad, de
supervivencia, de desarrollo integral y nuevamente las delegaciones nos dicen que los
recursos que fueron autorizados por esta Cámara no son aplicados, ya sea en materia de
desarrollo, en materia de migración, en fin.
De tal manera también y ahora que
precisamente nuestras entidades del sureste padecen las inclemencias del tiempo, nosotros
consideramos y nunca será válido ni responsable ni éticamente lucrar con el dolor de la
gente, pero consideramos que es en este marco del desarrollo que deberíamos ya contar con
una política hidráulica, integral para la región y así encontramos, les decía, otros
temas.
Ahora la Secretaría de Hacienda,
en el marco de los recortes a estados y municipios, nos dice que no hay excedentes
petroleros; nos dice que prácticamente no hay ganancias para aplicar a la región en
cuanto existe una ley, una ley sancionada por esta Cámara de Diputados donde nos dice que
debe ser aplicado el 33% de los recursos derivados de los excedentes petroleros hacia la
región.
De tal forma y lo digo con todo
sentido de responsabilidad y en el marco de la apertura que se nos ha dado para participar
en este momento que precisamente la ciudadanía, los mexicanos, demandan actores
políticos no nada más que sean capaces de hacer compromisos o de empeñar su palabra,
sino de cumplirla. Cumplamos pues, con el mandato de esta soberanía a favor del
desarrollo regional.
Muchas gracias, compañeros
legisladores.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Consulte la Secretaría a la
Cámara si se admite la proposición, quedando claro que de admitirse, esta Presidencia la
turnará a la comisión correspondiente.
El Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán:
Por instrucciones de la
Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se admite la
proposición.
Los diputados que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la
afirmativa.
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Se admite y se turna a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública.
IPAB
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
El diputado José Antonio
Magallanes Rodríguez, nos solicitó permutar uno de los temas que tiene registrados para
el día de hoy y esta Presidencia no tuvo inconveniente en atender esa solicitud, por lo
que se le ofrece el uso de la palabra para presentar una proposición con punto de acuerdo
para solicitar al IPAB entregue a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de
la Federación, el acta de la sesión de la Junta de Gobierno donde se definieron los
términos de las auditorías de los bancos, de acuerdo a lo que establece el artículo
quinto transitorio de la Ley del IPAB, así como se solicite se entregue copia a la
subcomisión del rescate bancario de la Cámara de Diputados.
El diputado José Antonio Magallanes
Rodríguez:
Con su permiso, diputada
Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
El 23 de septiembre pasado, la
Junta de Gobierno del IPAB aprobó por votación unánime los términos de referencia para
llevar a cabo las auditorías que ordena el artículo quinto transitorio de la Ley del
IPAB y que la Auditoría Superior instruyó que se llevaran a cabo desde el mes de
septiembre del año 2000, para proceder posteriormente al canje de pagarés del Fobaproa
por pagarés del IPAB.
CONSIDERANDO
Que en agosto de 2000 la Comisión
Especial para Investigar el Funcionamiento del IPAB, de la Cámara de Diputados,
recomendó al Instituto de Protección al Ahorro Bancario, entre otras cosas, que se
llevaran a cabo las auditorías correspondientes a las operaciones denominadas como
transacciones reportables, en atención a lo establecido por el artículo quinto
transitorio de la Ley del Instituto de Protección al Ahorro Bancario;
Que la Auditoría Superior de la
Federación instruyó al IPAB para llevar a cabo las auditorías necesarias para cumplir
con el mandato del artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB y reducir el costo
fiscal del rescate bancario;
Que desde el 20 de septiembre del
2000 la Junta de Gobierno del Instituto de Protección al Ahorro Bancario en función de
la determinación adoptada por la Auditoría Superior de la Federación, acordó acatar
las recomendaciones de este órgano de fiscalización;
Que parte fundamental de los
“términos de referencia” acordados por la Junta de Gobierno del Instituto en la
sesión del 23 de septiembre, fue la inclusión de los llamados "Bank Reports” ,
del canadiense Michel Mackey. Además de la revisión de “legalidad de las
operaciones relativas a la compra de créditos y aprovisionamiento de las reservas de los
bancos” razón que permitió que la votación de los integrantes de la Junta de
Gobierno haya sido de manera unánime a favor;
Que con fecha 3 de octubre del
presente año el secretario ejecutivo del IPAB, Julio César Méndez Rubio, informó a los
bancos acerca de los “términos de referencia” de las auditorías ordenadas por
la Auditoría Superior de la Federación y por la propia Junta de Gobierno del Instituto,
de manera unánime;
Que el artículo 84 de la Ley del
IPAB en su fracción III establece que es una obligación del secretario ejecutivo,
cumplir y hacer cumplir las resoluciones que tome la Junta de Gobierno.
Que es obligación del IPAB reducir
el costo del rescate bancario;
Que el artículo decimoséptimo de
la Ley del IPAB, establece textualmente que “La Contaduría Mayor de Hacienda de la
Cámara de Diputados y la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo,
ejercerán directamente respecto de las actividades a que se refieren los artículos
anteriores, las atribuciones que las leyes les confieren, respecto a la fiscalización y
control correspondiente”;
Que mientras existan recursos
públicos involucrados en el rescate bancario, es de interés público conocer todas y
cada una de las acciones que se lleven a cabo y que sean relativas a este rescate; más
aun, cuando de éstas depende reducir su costo fiscal.
Por lo anteriormente expuesto y con
fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 58 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General,
solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva someta a su consideración de este pleno,
el siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Unico. Que el Instituto de Protección al Ahorro
Bancario IPAB, entregue a la Comisión de Vigilancia, el acta de la sesión de la Junta de
Gobierno del mes de septiembre del 2002 y el comunicado que el secretario ejecutivo del
Instituto envió a los bancos, mismos que contienen los términos de referencia de las
auditorías ordenadas por la Auditoría Superior de la Federación y aprobados de manera
unánime por la Junta de Gobierno".
Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias diputado.
Túrnese a la Comisión de Vigilancia
de la Auditoría Superior de la Federación.
ALCA
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Tiene la palabra el diputado Juan
Carlos Regis Adame, del grupo parlamentario del PT, para presentar una proposición con
punto de acuerdo, para la integración de una comisión especial para el ALCA.
El diputado Juan Carlos Regis Adame:
Con el permiso de la Presidencia;
compañeras y compañeros diputados:
Como sabemos la creación de una
zona de libre comercio en la región latinoamericana fue impulsada en 1994 durante la II
Cumbre de las Américas, en la cual los 34 países signatarios de esta convocatoria,
esperaban terminar las negociaciones en 2005.
Lo que presidentes y altos
funcionarios de los países latinoamericanos están enfrentando, es una nueva coyuntura
mundial marcada por menores inversiones extranjeras y menor demanda para los productos de
exportación.
América Latina en su conjunto
enfrentará un mal año e incluso debe prepararse para una década de bajo crecimiento, en
un contexto internacional adverso. Existe por lo tanto la percepción equivocada que la
desgravación arance- laria y la eliminación de controles no arancelarios, entre otras
cosas, traería prosperidad a la región, aumentando las inversiones y el comercio,
creando mejores empleos y elevando los salarios.
Esta es una falacia porque los
beneficios del libre comercio se distribuirán muy desigualmente y los países que hoy
resienten con mayor severidad la desaceleración mundial son los que recibirán los
menores beneficios e incluso los perjuicios del libre comercio.
Por lo que se debe pugnar es que
las negociaciones sigan por una vía que permita que los países de la región, con sus
grandes desigualdades, se integren exitosamente. Una integración exitosa no depende
únicamente de las negociaciones arancelarias y la armonización de las prácticas
comerciales, sino de un enorme esfuerzo para hacer más eficiente a la industria de toda
la región, trabajando en la dirección de especializarla para que se integre exitosamente
al mercado mundial.
La ruta de la especialización, que
equivale a desandar gran parte del camino seguido por la sustitución de importaciones,
presenta enormes problemas de implementación que demandan grandes inversiones sociales.
Paradójicamente, México sería el
país de América Latina que tendría que hacer menores ajustes internos en el contexto
del ALCA. De ahí la posición de liderazgo adoptada en las negociaciones por nuestro
país, donde el bloque centroamericano sigue la vía forjada y fijada para la
administración Fox, sobre todo en torno al Plan Puebla-Panamá.
América Central y el Caribe están
mejor preparados que los países de suramérica por un libre comercio hemisférico, ya que
han desarrollado una economía de maquila integrada a la industria de la confección de
Estados Unidos.
En el cono sur, Chile se encuentra
en una posición tan ventajosa como la de México porque su industria de exportación, en
su mayor parte agroindustrial, está ya integrada al mercado mundial.
El Gobierno de México tiene un
interés muy alto en llevar el libre comercio a nivel hemisférico, intenta ampliar su
poder de negociación lidereando a los países centroamericanos, para lo cual les ofreció
la perspectiva del Plan Puebla-Panamá.
Finalmente, debe quedar en claro
que las negociaciones del ALCA son indivisibles de todo el tratamiento derivado de la
reinserción internacional de los países de la región, de la lucha por la hegemonía
continental, la relación con Estados Unidos y, por último, la necesidad de brindar una
alternativa a los sectores perdedores de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte.
Como es evidente, la intención de
crear una zona de libre comercio a nivel continental genera una serie de expectativas y
transformaciones, de las que este Congreso no puede quedar fuera.
Esta representación popular debe
seguir de manera puntual las negociaciones y los avances que haga el Gobierno Federal en
esta materia. Por ello creemos necesario que se constituya una comisión especial
encargada de dar seguimiento a las negociaciones del área de libre comercio de las
américas.
Dicha comisión deberá aportar
mayores elementos a los diputados para analizar esta situación. Por lo tanto, esta
soberanía requiere contar con información que provenga de una visión plural sobre las
repercusiones positivas y negativas que traerá para nuestro país una eventual entrada al
ALCA.
Por las consideraciones antes
expuestas y con fundamento en los artículos 58 y 71 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos el siguiente
PUNTO
DE ACUERDO
Artículo único. Que la Cámara de Diputados
apruebe la conformación de una comisión especial de diputados, integrada por diferentes
grupos parlamentarios, para que estudie, analice, prevea las repercusiones que tendría
sobre nuestro país su ingreso al ALCA.
Es cuanto.
Atentamente,
Palacio Legislativo.— San
Lázaro, 17 de octubre de 2002.— Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo.-
Diputados: Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador,
José Narro Céspedes, vicecoordinador; Rosa Delia Cota Montaño y el de la voz, Juan Carlos Regis.»
Gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, diputado.
Túrnese a la Junta de Coordinación
Política. Diputado Barbosa.
El
diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta (desde su curul):
Señora Presidenta: en la sesión
del jueves pasado, a petición de un diputado, si no mal recuerdo integrante del grupo
parlamentario del Verde Ecologista de México, se reclamó el quórum, y por ser evidente
la falta del mismo se suspendió y se levantó la sesión.
En esta sesión existen muchos
puntos importantes por desa-hogar y muchos otros también importantes ni siquiera ya
fueron presentados por los que los habían inscrito, por la falta de quórum.
Yo lamento mucho que tengamos que
recurrir a este procedimiento para reclamar el interés de las y los diputados de esta
Cámara, pero lo hago en términos de los que lo fundamentan, el 106, 109 y 112,
artículos del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso, y decirle que hemos definido
la posibilidad de reclamar el quórum cada hora durante las sesiones para poder conseguir
la asistencia y el interés de las compañeras y los compañeros diputados.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputado Barbosa: usted está en el
derecho de reclamar el quórum en este momento y si usted ha definido, seguramente en
consulta con el diputado Martí Batres, que no está, pedir el quórum cada hora, lo puedo
entender; pero yo quisiera rogarle su comprensión y su aprecio por las tareas de esta
legislatura y en ese sentido, como hace unos momentos que se presentó una votación nos
enteramos que cuatro comisiones estaban sesionando y hemos querido darle desahogo a los
temas inscritos por los legisladores, que permita que esta Presidencia ponga la chicharra
para convocar a los legisladores que se encuentran en reuniones de comisiones y
seguramente muchos de los legisladores de varios de los grupos parlamentarios estarán
trabajando en ello para, dando un lapso de 10 minutos, podamos inmediatamente tomar el
quórum.
Diputado Barbosa.
El diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta
(desde su curul):
Sí, señora Presidenta. Yo
quisiera dejar bien establecido que este planteamiento no es para contender con usted ni
con la Mesa Directiva ni creo que sea motivo de celebración por algunos diputados, por
algún aplauso solitario por ahí, por lo que usted expresó.
Tenemos un respeto muy especial por
nuestro coordinador; él marca la orientación del contenido de nuestras intervenciones,
sin embargo asumimos nuestra responsabilidad y yo en particular la asumo por este
planteamiento. Y yo creo que esa mención que usted hace, fue innecesaria, Presidenta.
VERIFICACION
DE QUORUM
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Retírese del acta respectiva la
mención.
Abrimos un receso por 10 minutos en
lo que se pone la chicharra para hacer en su oportunidad recuento del quórum...
Antes, el diputado Felipe Calderón
ha solicitado hacer uso de la palabra y el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín.
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (desde
su curul):
Señora diputada, con su permiso:
de conformidad con las reglas que están contenidas en el Acuerdo Parlamentario de la
Conducción de las Sesiones, el procedimiento de verificación de quórum permitiría que
se abra el registro electrónico y mientras tanto continúe la sesión. Entonces tal vez
ayudaría apegarnos a esa norma para sin convocar al receso que desde luego
respaldaríamos si la Presidencia insistiera en ello, creo que podría recurrirse a ese
procedimiento del acuerdo para continuar la sesión hasta en tanto transcurra ese tiempo.
Y en caso de que transcurrido el tiempo a que se refiere el acuerdo, cualesquiera que
fuese el resultado de la verificación de quórum, pediría que en uso de las facultades
camarales de la Mesa Directiva se aplicaran las sanciones correspondientes a los miembros
de la Cámara que no estuvieran presentes sin justificación.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Correcto, diputado Calderón.
Diputado Jorge Carlos Ramírez
Marín.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde su
curul):
En primer término nos sumamos a la
última petición formulada por el diputado Calderón en el sentido de las sanciones a los
diputados que no estuvieran presentes.
Y en segundo término, señora
Presidenta, solicitar a los proponentes de la petición del quórum, una consideración.
En la sesión pasada estuvimos presentes pocos diputados que oímos hasta el final la
última excitativa que se presentó. La falta de quórum era evidente y las únicas
excitativas correspondían a un solo grupo parlamentario. Nosotros tuvimos la paciencia y
el respeto de esperar y hoy lo pedimos por los compañeros que faltan todavía para hacer
uso de la palabra.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias. El diputado Barbosa en su
curul.
El diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta
(desde su curul):
Sí, señora Presidenta. Reconocer
la validez de los planteamientos hechos por el diputado Calderón y el diputado Ramírez
Marín. Sólo expresar que es obligación de los parlamentarios de esta Cámara no
escuchar con paciencia, sino escuchar todos los planteamientos hechos en tribuna.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
El diputado Ramírez Marín desde
su curul.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde su
curul):
A pesar de que entiendo el
comentario del diputado Barbosa como un puente para buscar la consideración que nosotros
le pedimos, en ninguna parte se dice que deban escuchar; los parlamentarios tienen
perfectamente definidas en el reglamento sus funciones y usted como Presidenta de la mesa
también las tiene y le pedimos nada más ajustarse al reglamento.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Muchas gracias.
Diputado Barbosa. En su curul.
El diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta
(desde su curul):
En este diálogo innecesario,
señora Presidenta, por la declaración de un quórum que a todos debe interesar, porque
es preocupante que este pleno esté casi vacío. Yo no sé por qué se molesta alguien o
algunos por este planteamiento. Yo quisiera decir que escuchamos con atención todas las
sugerencias de los diputados del PRI y del PAN y que proceda a conseguir este trámite.
Y la mención muy señalada: las
excitativas no son innecesarias, son necesarias para que haya dictamen en un último año
de esta LVIII Legislatura.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Le ruego a la Secretaría dar
lectura al artículo decimoquinto del Acuerdo Parlamentario Relativo a la Integración del
Orden del Día, las Discusiones y las Votaciones.
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
Acuerdo Parlamentario Relativo a la
Integración del Orden del Día, las Discusiones y las Votaciones.
Artículo Decimoquinto. En aquellos
casos en que se requiera la verificación del quórum la Mesa Directiva ordenará abrir el
sistema electrónico de control de asistencia y votación hasta por 10 minutos para tal
efecto. Mientras transcurre ese lapso se continuará el desahogo de la sesión.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
En concordancia con las opiniones
presentadas por los diputados que han hecho uso de la palabra desde su curul, esta
Presidencia aplica el mandato del artículo decimoquinto del acuerdo parlamentario
relativo a la integración del orden del día, las discusiones y las votaciones y por
tanto se instruye a la Secretaría para que se abra el sistema electrónico de control de
asistencia hasta por 10 minutos, a efecto de verificar el quórum. Entre tanto, vamos a
darle continuidad a la sesión.
Proceda la Secretaría a dar los
avisos correspondientes y a instruir la apertura del sistema electrónico de registro.
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
Conforme al artículo 161 del
Reglamento para el Gobierno Interior, háganse los avisos correspondientes y ábrase el
sistema electrónico de votación para verificación de quórum, hasta por 10 minutos.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Continuando con el desahogo del
orden del día tiene la palabra...
El diputado José Félix Salgado Macedonio (desde
su curul):
Presidenta...
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Sí, Diputado. Activen el sonido en
la curul del diputado Salgado. ¿Qué número es?
El diputado José Félix Salgado Macedonio (desde
su curul):
El 041.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Cámbiese de curul, diputado... En
la del diputado, la 040.
Por favor, les recordamos que está
corriendo el tiempo para que registren su presencia.
El diputado José Félix Salgado Macedonio (desde
su curul):
Me ha tocado la desgracia de estar
anotado al último en la agenda política. Ya llevó tres semanas queriendo hablar y no se
ha podido porque se suspende la sesión. Y así como vamos, pues yo creo que ya no voy a
hablar nunca. Entonces estoy pensando seriamente meter algún punto de acuerdo para poder
hablar porque la agenda política, como si no tuviera mucha importancia, va a la colita.
De ahí que yo propongo lo siguiente:
Que se levante una sanción, se
acuerde sancionar a los diputados faltistas, porque no me parece justo que quienes
estamos, quienes provenimos de distintos estados de la República y que estamos anotados
para hablar, de buenas a primeras se dice: se levanta la sesión y todo porque los demás
no vienen.
Yo propongo que se sancione al
diputado faltista, se le descuente de su dieta por cada falta que tenga, doble, al doble.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, diputado Salgado
Macedonio.
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
Si algún diputado tiene problemas
con su lector biométrico, favor de notificarlo a esta Mesa Directiva, antes de que
transcurra el tiempo para la verificación del quórum.
ESTADO
DE MEXICO
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Para dar continuidad a la sesión,
tiene la palabra la diputada Raquel Cortés López, del grupo parlamentario del PRD,
hábida cuenta de que se ha solicitado la posposición de la propuesta inscrita por la
diputada Heidi Storsberg Montes.
Se pregunta al grupo parlamentario
si se encuentra en el recinto la diputada. Adelante diputada, por favor.
La diputada Raquel Cortés López:
Gracias, señora Presidenta de la
Mesa Directiva; honorable Asamblea:
Los suscritos, diputadas y
diputados de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo
58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, promovemos el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
CONSIDERACIONES
El desarrollo democrático-social
de la nación, está cimentada en la preservación y respeto del Estado de Derecho. Esta
soberanía juega un papel muy importante para la preservación de la paz y la concordia,
propiciando un marco jurídico acorde a las condiciones actuales del país.
En esta ocasión traigo a su
consideración un asunto que requiere de la atención especial de la Cámara como poder
depositario de la representación popular, para coadyuvar a lo anteriormente expuesto.
Se trata de la poca o casi nula
atención que el gobierno del estado de México ha dado a la invasión del predio de 28
hectáreas ubicado en la colonia Lomas del Parque, del municipio de Tultitlán, por parte
de la familia Fuentes Juárez. Esta familia ha vendido ilegalmente desde 1999 cerca del
25% del predio a aproximadamente 130 familias de escasos recursos, propiciando con esto un
conflicto con los integrantes de la Unión de Colonos, Inquilinos, Solicitantes de
Vivienda y Comerciantes Lomas del Parque, AC, propietarios legítimos de dicho predio.
Los integrantes de la UCISVIC se
han entrevistado con varios funcionarios del Gobierno del estado de México, como son: el
Secretario de Gobierno, el subsecretario de Gobernación de la región Naucalpan, el
director de CORET, el Fiscal en Materia de Asentamientos Irregulares, el subprocurador
General de Justicia, sin que hasta el momento se haya dado una respuesta que solucione
definitivamente este conflicto.
Diputadas, diputados, en Lomas del
Parque se están dando una serie de omisiones y dilaciones de la Administración de
Justicia que amenazan con romper la paz social. Diputadas y diputados, no permitamos que
las amenazas anónimas de muerte se cristalicen, que se activen las armas de fuego, que
los invasores muestran a los integrantes de la UCISVIC, que los machetes encuentren
objetos humanos en su camino y pidamos una desgracia humana como sucedió en
Chimalhuacán.
En Lomas del Parque se está
violentando el Estado de Derecho y el gobierno del estado de México no asume una
responsabilidad institucional ya que los invasores son militantes del PRI.
Diputadas, diputados, esta Cámara
tiene un compromiso con la paz y el “imperio de la ley”, los convoco a que
juntos hagamos con pleno respeto a la soberanía constitucional un exhorto al Gobierno del
estado de México para que procure pronta administración de justicia solicitada por los
miembros de la UCISVIC a través de la Averiguación Previa TUL/MEBI/005/02 contra los
fraccionadores clandestinos.
Por lo anteriormente expuesto
sometemos a su distinguida consideración el siguiente
punto
de acuerdo
Unico. Que la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión con absoluto respeto a la soberanía estatal haga un exhorto al
gobierno del estado de México para que brinde atención especial al asunto de Tultitlán,
Lomas del Parque del municipio de Tultitlán y brinde un informe a la brevedad posible de
las gestiones en torno al asunto en materia del presente acuerdo.
Anexo a este instrumento copia de
las escrituras del predio de la denuncia penal y de las minutas firmadas con funcionarios
del gobierno estatal para su pronto atención.
Finalmente, solicito con base en
los artículos 34 y 36 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, sea turnada la proposición a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública
para su procesamiento correspondientemente.
Es cuanto, señora Presidenta.
Atentamente, Raquel Cortés.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señora diputada.
Túrnese a la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública.
VERIFICACION
DE QUORUM
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Les recordamos a los diputados
que quienes no han registrado su asistencia, lo hagan de manera inmediata dado que queda
solamente un minuto para el registro y a quien no le funcione su lector biométrico les
solicitamos atentamente lo reporte a esta Mesa Directiva.
Nos informa la diputada Rosa Delia
Cota Montaño que tenía registrada la presentación de una proposición que se pospone
para próxima sesión.
El diputado David Augusto Sotelo Rosas (desde su
curul):
Ciérrese el sistema electrónico
de asistencia. Esta Mesa Directiva no recibió solicitud de ningún diputado...
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
El diputado David Sotelo, para
registrar su asistencia. ¿Sí diputado? ¿Quiere hacer uso de la palabra?
El diputado David Augusto Sotelo Rosas (desde su
curul):
Señora Presidenta, ciudadana
Presidenta, en la verificación de este quórum se atendió la petición correcta de uno
de nuestros compañeros diputados, usted señaló correctamente también que muchos de
nosotros que no nos encontrábamos en este salón de pleno nos encontrábamos sesionando
en las diferentes comisiones, cuestión esta cierta puesto que estamos aquí la mayoría
de los ciudadanos diputados.
Yo le haría una atenta solicitud,
señora Presidenta, para que en términos del artículo 11 del Acuerdo Relativo a las
comisiones, que éstas no se lleven a cabo mientras haya sesión en el pleno porque
además, además y lo debo decir en detrimento de mi grupo parlamentario, los que más
faltamos somos nosotros.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias diputado. Ratificaremos
este contenido reglamentario a las mesas directivas de las comisiones para que lo tomen en
cuenta, activen el sonido en la curul del diputado Villarreal.
El diputado. Luis Alberto Villarreal García
(desde su curul):
Nada más para hacer constar
señora Presidenta que el partido que promovió la verificación del quórum tiene una
inasistencia de prácticamente el 50% de los miembros totales de su grupo parlamentario y
que además es el partido que satura el orden del día de las sesiones que se rigen en
esta Cámara.
Nada más, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
La diputada Sánchez Lira, desde su
curul, diputada Sánchez Lira.
La diputada María de los Angeles Sánchez Lira (desde
su curul):
Diputada Presidenta, creo que el
hecho de que mi grupo parlamentario tal parece que es un pecado saturar el orden del día,
sin embargo yo quiero…
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputados, les ruego respeto a la
oradora.
La diputada María de los Angeles Sánchez Lira
(desde su curul):
Quiero reiterarle nuestro respeto a
esta Asamblea, sin embargo, en mi caso, que estoy atendiendo una reunión de trabajo del
grupo de amistad México-Turquía, que hace rato incluso tuvimos la oportunidad de saludar
al excelentísimo embajador y que bueno, tuvimos que bajar de inmediato, ya no pudimos
registrar nuestra asistencia en esta verificación de quórum y que no soy la única que
estaba en esa reunión.
Yo quisiera reiterarle la solicitud
para que se considere.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Activen el sonido en la curul del
diputado Barbosa
El diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta (desde
su curul):
Sí, señora Presidenta. Parece que
causó mucha molestia esta reclamación del quórum; el quórum se mide por el número de
diputadas y diputados, no por la asistencia de los grupos parlamentarios.
Y en relación a llenar el orden
del día, sí la hemos llenado en esta legislatura con iniciativas, con propuestas, hoy
con excitativas, me da extrañeza que gente que nunca subió a tribuna hoy haga ese tipo
de reclamos.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Bien. En virtud de la verificación
del quórum.
Diputado César Augusto, activen el
sonido en su curul.
El diputado César Augusto Santiago Ramírez
(desde su curul):
Con todo respeto en este nuevo
modelo que estamos usando de discutir desde nuestras curules sin un asunto a discusión
listado en el orden del día y en el capítulo este que veo que le dan sugerencias a la
Presidencia para modificar, también quisiera hacer una sugerencia muy respetuosa para que
en este acuerdo parlamentario que rige las sesiones de la Cámara, se impusiera de alguna
manera un correctivo para aquellos diputados que se divierten pidiendo quórum sin razón
alguna.
Porque evidentemente se convierte
en un motivo de salir en la foto el que están pidiendo quórum a sabiendas de que todo
mundo está aquí en la Cámara para salir en la Prensa al día siguiente en detrimento de
la Cámara, cosa que creo que no es prudente.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Ha solicitado la palabra y la tiene
desde su curul el diputado Calderón.
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
(desde su curul):
Simplemente, señora Presidenta,
para reconocer un gesto de honestidad del diputado Sotelo y sumarme a su petición o
sugerencia de que se exhorte a las comisiones y grupos de trabajo y sesiones, como se han
explicado aquí, a que no sesionen en comisiones mientras haya sesión de pleno.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias diputado. Diputado Barbosa.
El diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta (desde
su curul):
Oiga, señora Presidenta, me
extrañó los planteamientos del diputado César Augusto Santiago, fue el Partido
Revolucionario Institucional quien reclamó quórum para suspender una sesión e impedir
el desahogo de importantes temas nacionales.
Ellos fueron. Aquí nadie se
divierte, no sé si él se divierta. Nosotros no.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputado Riojas.
El diputado Gustavo Riojas Santana (desde su
curul):
Sí, nada más para hacer nuestra
exposición respecto al tema que se está tratando.
Viene, como todos nosotros sabemos,
el análisis y la determinación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de la Cuenta
Pública; habemos algunas comisiones que seguramente vamos a tener mucho trabajo, yo
quisiera proponer que se pudiera pasar lista de los compañeros, de alguna otra manera
buscar un procedimiento que sí están trabajando, porque independientemente de que se
tiene uno que apresurar para poder llegar saliéndose de una comisión, creo que también
es importante el trabajo de las comisiones. Si así estamos retrasados, de cualquier
manera el poder ponerlas o muy temprano o posterior a que se terminara la sesión, creo
que pudiera afectar en ausentismo de las mismas comisiones o una serie de situaciones.
Yo les solicitaría a mis
compañeros diputados que buscáramos una fórmula para poder trabajar en comisiones y
sacar tantos asuntos que tenemos pendientes y también poder que sea verificado que
estamos cumpliendo con nuestro deber y estamos cumpliendo con nuestra obligación.
En ese sentido, es todo. Es cuanto.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
El diputado Garibay. Usted me ha
solicitado hacer uso de la palabra. ¿Todavía es pertinente? Gracias.
Le ruego a la Secretaría informe a
esta Presidencia.
El Secretario diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán:
Se informa a la Presidencia que en
el trámite que estamos desahogando, existe quórum.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Existe quórum y continúa la
sesión.
ESTADO
DE NAYARIT
La
Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
Tiene la palabra el diputado José
Antonio Magallanes Rodríguez para presentar una proposición con punto de acuerdo en
materia del esclarecimiento del crimen del menor indígena José Raimundo Cruz Lemus.
El diputado José Antonio Magallanes
Rodríguez:
Con su permiso, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
El gobierno de Antonio Echevarría
no sólo está bañado de sangre, sino también de corrupción, compras mal hechas,
nepotismo, robos descarados del erario federal y estatal.
El día 1o. de abril de 2001 en el
poblado de Santa Cruz de Acaponeta, de Nayarit, se llevó a cabo un operativo por parte de
la Procuraduría General del estado de Nayarit con el fin de cumplimentar las órdenes de
aprehensión en contra de tres personas por diversos delitos, por lo que el resultado de
dicho operativo resultó muerto el indígena menor de edad José Raimundo de la Cruz
Lemus.
Del acontecimiento antes mencionado
se desprende la comparecencia del Procurador General del estado de Nayarit, Jorge Armando
Bañuelos Ahumada ante el Congreso del Estado, el 7 de junio de 2001, en donde narra lo
sucedido durante el operativo.
Hechos:
Menciona que hubo un enfrentamiento
entre el indígena hoy fallecido y sus elementos de la Policía Judicial. Hace hincapié
que el hoy occiso en tres ocasiones acciona un arma de fuego calibre .38 mm que portaba,
en contra de los agentes que lo perseguían, quienes iban al mando del comandante José
Vázquez Pérez. Lo anterior se encuentra puntualmente descrito en la versión
estenográfica del Congreso del Estado en la comparecencia del día 7 de junio de 2001,
del Procurador de Justicia del Estado, que aquí entrego en consecuencia.
En relación a lo sucedido en este
operativo, el día 27 de septiembre de 2002, el ex comandante de la Policía Judicial del
Estado, Jaime Rivera Mendoza, relató su versión de los hechos ocurridos el 1o. de abril
del 2001, donde falleció el menor indígena. En dicha declaración, el ex comandante de
la Policía Judicial, Rivera Mendoza, menciona que le consta que el menor José Raimundo
de la Cruz Lemus no traía arma de fuego alguna al momento que lo encontró herido de
muerte. La orden que Rivera Mendoza recibió por parte del director de la Policía
Judicial después de su informé, fue de que esperara y que lo llamaba nuevamente en 15
minutos, “ya que primero informaría y solicitaría instrucciones al Procurador de
Justicia del estado de Nayarit.”
Posteriormente, según lo afirma el
ex comandante, se trasladó personalmente al lugar de los hechos con el arma calibre .38
super tipo comando marca Colt. Esto con el fin de justificar legalmente la muerte del
menor indígena, sembrando dicha arma, así como los casquillos para incorporarlos como
evidencia, siendo esto parte de la declaración del ex comandante de la Policía Judicial
del Estado, misma que anexamos en su versión completa, donde aunado a lo anterior se
detallan una serie de anomalías referentes a dicho asunto.
Consciente de que se trata de un
evento que se dirime en el ámbito del fuero común, sin embargo por tratarse de un hecho
público y del interés de esta diputación como representación social, solicito lo
siguiente:
Unico. Punto de acuerdo para
solicitar que la Comisión de Asuntos Indígenas de esta Cámara, conozca, intervenga,
para esclarecimiento de la muerte del indígena menor de edad, José Raymundo de la Cruz
Lemus. Asimismo dicha comisión haga el conocimiento del asunto en comento a la dirección
general del Instituto Nacional Indigenista, así como a la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, por su atención y procedimiento correspondiente, diputada.
Es cuanto.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Asuntos
Indígenas.
El diputado Eduardo Jiménez (desde su curul):
Señora Presidenta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Perdón, diputado Eduardo Jiménez.
El diputado Eduardo Jiménez (desde su curul):
Sí, señora Presidenta.
En relación al punto que se acaba
de tratar por el compañero diputado, a título personal quiero manifestar que los hechos
ocurridos en Nayarit están totalmente sujetos a lo que acaba de mencionar, de manera
personal quiero por favor solicitarle mi adhesión a este punto de acuerdo.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Bien, regístrese la adhesión del
diputado Jiménez a ese punto de acuerdo.
Gracias, señor diputado.
TRABAJADORES
MIGRANTES
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
En uso de la palabra el diputado
José Manuel del Río Virgen, para presentar una proposición con punto de acuerdo para
integrar una comisión de legisladores que investigue la violación a los derechos que
sufren los mexicanos inmigrantes en Estados Unidos de América.
El diputado José Manuel del Río
Virgen:
Gracias, señora Presidenta;
honorable Asamblea:
Nuevamente como hace algunos meses
donde se encontró muertos a 14 migrantes en Yuma, en su mayoría veracruzanos, hoy
lamentamos el deceso de 11 mexicanos más cuyos cuerpos fueron encontrados en un vagón de
tren que hace cuatro meses cruzó la frontera procedente de México, en su intento por
encontrar el sueño dorado ante su precaria situación económica.
Por todos es bien sabido que en
México hay una distribución extremadamente desigual, coexistiendo la aguda pobreza y la
extravagante riqueza, donde los ricos son una isla en medio de un gran océano de pobres.
Las consecuen- cias de esta distribución desigual del ingreso ha producido efectos
negativos en educación, vivienda y la salud de los mexicanos.
La mayoría de la población
económicamente activa carece de habilidades necesarias para desempeñar un trabajo que
por cierto ni siquiera existe dejando casi al 80% de ellos listos para unirse al ya de por
sí numeroso grupo de sectores informales de la economía o para unirse a las filas de la
delincuencia.
Otra opción es emigrar al norte
representando una válvula de escape a la creciente tasa de desempleo, sobre todo porque
el futuro realmente es desventurado.
Los problemas de migración no se
van a terminar ahora si es que debemos enfocarnos a garantizar el bienestar de quienes se
encuentran en esta situación, puesto que en diversos reportes se ha comunicado que las
condiciones en que viven nuestros paisanos en Estados Unidos son inhumanas.
En la iniciativa de salud México,
California, reportó que cada año mueren 300 niños de padres mexicanos que trabajan en
la agricultura y otros 20 mil resultan lesionados.
De los trabajadores adultos 300 mil
enferman por el uso de pesticidas causándoles la muerte a 1 mil de ellos, 1.2 millones
padecen diabetes y uno de cada tres jamás ha visto a un médico, puesto que son 3
millones de personas que en la franja fronteriza ni quiera cuentan con servicio médico.
Simplemente en el estado de
California hay 1.3 millones de trabajadores agrícolas que generan anualmente alrededor de
30 mil millones de dólares, de los cuales el 91% son mexicanos indocumentados con un
promedio de estancia en Estados Unidos de 11 años.
En la década de los noventa se
recibieron de los mexicanos radicados en el exterior, aproximadamente 33 mil millones de
dólares y en el 2001 se recibieron 8 mil millones de dólares.
La red consular de la Secretaría
de Relaciones Exteriores informó que en los últimos meses se han expedido 740 mil
matrículas consulares, con las cuales se pueden realizar trámites para obtener servicios
públicos, abrir cuentas bancarias, obtener licencias de manejo y que de igual forma son
empleadas para identificar a los connacionales ante instituciones policiacas.
Comparando las cifras de los que
radican en aquel país, alrededor de 24.1 millones de mexicanos con las cifras de la
expedición de las matrículas consulares, se vislumbra un enorme vacío y falta de
protección para aquéllos a quienes no se les ha expedido.
La Secretaría de Relaciones
Exteriores requiere de mayor presupuesto, para que la red consular de México en Estados
Unidos pueda dotar de esta matrícula a todos los mexicanos que no la han recibido. De
esta forma se les pueden brindar toda clase de servicios, disminuyendo así el número de
muertes que hay actualmente, pues la matrícula consular, con sus límites, con sus
limitaciones a los establecimientos y a las dependencias que las han aceptado como
válida, para ofrecerle sus servicios de salud, le sirve a los connacionales bastante
bien.
Por ello, deben celebrarse los
convenios necesarios con autoridades e instituciones de aquel país, para que se autorice
la prestación de más servicios a nuestros connacionales.
La discriminación que sufren los
mexicanos en el país vecino ya ha provocado un número de muertes excesivo y no podemos
permitir que este número aumente.
Por ello, compañeras y compañeros
legisladores, propongo los siguientes
PUNTOS
DE ACUERDO
Primero. Que se designe una comisión de diputados
federales en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que
investiguen las violaciones a los derechos humanos que han provocado muertes entre los
mexicanos inmigrantes en Estados Unidos.
Segundo. Que esta soberanía dote de un
presupuesto mayor a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que la red consular de
México en Estados Unidos, expida a todos los mexicanos indocumentados en aquel país la
matrícula consular y que puedan acceder a los servicios básicos que brinden autoridades
e instituciones en aquel país.
Tercero. Que la comisión requiera la red consular
de México en Estados Unidos a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para
que celebren convenios necesarios con las instituciones y autoridades de Estados Unidos y
que todos nuestros connacionales puedan tener acceso a un mayor número de servicios en el
país vecino conforme lo requieran.
Es cuanto, señora Presidenta.
Gracias, compañeras y compañeros.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
Le ruego acepte mi firma en su
propuesta de punto de acuerdo.
El diputado José Manuel del Río
Virgen:
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Túrnese este punto de acuerdo de la
siguiente manera:
El primer numeral del punto de acuerdo
túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Y los numerales 2 y 3 del punto de
acuerdo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y de Relaciones Exteriores.
Diputado Timoteo Martínez.
El diputado J. Timoteo Martínez Perez (desde su
curul):
Señora Presidenta, a nombre de la
fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, me permito solicitar
sumarnos a este punto de acuerdo.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Muchas gracias, diputado Timoteo,
considérese el apoyo de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario
Institucional a este punto de acuerdo.
Diputado Riojas.
El diputado Gustavo Riojas Santana (desde su
curul):
Sí, gracias señora Presidenta. En
el mismo tenor el Partido de la Sociedad Nacionalista apoya el punto de acuerdo presentado
por el diputado José Manuel del Río Virgen.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Regístrese el apoyo del diputado
Riojas y de sus compañeros diputados de partido.
JOAQUIN
HENDRICKS DIAZ
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Continuando con el orden del día,
pasamos a la agenda política, por lo que corresponde al tema de comentarios sobre el
viaje del señor Gobernador de Quintana Roo durante los sucesos del huracán
"Isidore".
Tiene la palabra el diputado Félix
Salgado Macedonio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
hasta por cinco minutos.
El diputado José Félix Salgado
Macedonio:
Muchas gracias, compañera
Presidenta:
Lamento que se hayan retirado, otra
vez, los diputados, compañera Presidenta. Si no me falla la vista, no hay más allá de
50 diputados, otra vez tienen muchas tareas que atender en sus oficinas; para todos: no
voy a caer en la provocación.
El asunto de Quintana Roo, no es un
asunto sencillo, no es asunto cualquiera, no quiero ir al asunto banal ni a meterme con el
"crucero del amor" Joaquín Hendricks. Lo que quiero aquí es plantear muy
seriamente que este Congreso de la Unión debe de vigilar con mucha responsabilidad el
manejo del erario público, el manejo de los recursos del pueblo de México. Allá en
Quintana Roo los gobernantes, casi todos, se han dedicado a saquear el Estado; combinan la
política con el narcotráfico y ahí está el ejemplo más reciente de Mario Villanueva
Madrid.
Yo señalé cuando fui senador de
la República en 1996, la existencia del cártel de los "narcogobernadores" en
México y empezando por Mario Villanueva. Se ha metido el narcotráfico a financiar
campañas político-electorales y cuando lo denuncié me llamaban "loco",
"boquiflojo" y muchos calificativos más, porque la descalificación era primero
en ése entonces y no quito el dedo del renglón: en Quintana Roo sigue el narcotráfico,
ahí está sentando sus reales.
Ahora este señor Gobernador
"el crucero del amor", su secretario de turismo el señor Guillermo Martínez
Flores, su subsecretario de turismo Juan Pablo Miravén todos ellos, todo lo que tiene
qué ver con turismo, se han dedicado a la corrupción. Tienen negocios familiares, pero
súper negocios. Nada más por hablar del subsecretario para ya no hablar del
"enamorado" Hendricks; Juan Pablo Miravén mandó hacer unos cd´s para promover
el turismo, por cierto mal hechos y además ni salieron y costó 500 mil pesos la
elaboración, la hizo la empresa Lin Digital, SA de CV, pero la empresa es de él, ése es
todo el negocio.
Guillermo Martínez Flores,
secretario de Turismo viaja con su familia, éste sí es más ordenado, éste sí va con
la familia y promueve la empresa Intermar Caribe, propiedad de él. Entonces es un jugoso
negocio el que hacen los funcionarios públicos de ahí de Quintana Roo, no de ahora, de
antes.
Por eso llamo la atención de
ustedes, compañeras y compañeros, porque no le vamos a soltar ahí al asunto de Quintana
Roo. Esto tiene fondo; narcotráfico, corrupción ahí en Quintana Roo, aparte del
despotismo, el nepotismo y todo lo que acaba en "ismo" que está gobernando ahí
en Quintana Roo.
La gente está indignada, un
gobernante enamorado, y el amor así es, pues, el amor es "perro" y entiendo en
parte al enamorado, él se fue a lo que iba y el pueblo ahogándose, pero el pueblo le va
a cobrar la factura. La señora, con toda razón le increpó y acaba de declarar la
señora: "lo dicho, dicho", no hay patrás en su dicho, lo dicho, dicho. Ya lo
perdonó, bueno, perdonó la señora pero no lo ha perdonado el pueblo de Quintana Roo. Yo
no tengo por qué perdonarlo, no es nada conmigo, pero ahí está el asunto...
Presidencia del diputado Jaime Vázquez
Castillo
El Presidente diputado Jaime Vázquez
Castillo:
Le ruego, señor diputado.
El diputado José Félix Salgado
Macedonio:
Ya ahorita, ahorita, un segundo
más.
El asunto es que una señora que se
llama María Rubio, funcionaria pública directora del DIF, denunció que el señor
gobernador se fue de paseo con dinero del pueblo. Es una denuncia pública hecha por una
funcionaria pública que merece que el Congreso local lo llame a cuentas y lo investigue y
también este Congreso de la Unión si de verdad somos gente de...
El Presidente diputado Jaime Vázquez
Castillo:
Señor diputado, se ha agotado el
tiempo que le fue concedido.
El diputado José Félix Salgado
Macedonio:
Así pues de que yo voy a seguir
insistiendo, estamos recabando los datos, los elementos, las pruebas.
Quiero felicitar a este periódico
que se llama Contrapunto, un semanario de
Quintana Roo muy valiente, que está haciendo denuncias puntuales del "crucero del
amor". Así pues que vamos a seguir aquí haciendo la denuncia pública y estoy
seguro que este tipo merece un juicio político que lo separe del cargo como gobernante.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Jaime Vázquez
Castillo:
Gracias, diputado Félix Salgado
Macedonio.
Se ha inscrito para el mismo asunto
el diputado Juan Carlos Pallares Bueno y tiene la palabra hasta por cinco minutos.
¿Sí, diputado Omar Fayad?
El diputado Omar Fayad Meneses (desde su curul):
Ante las reiteradas expresiones del
diputado que hizo uso de la palabra, le rogaría si nos puede decir cuántos diputados del
PRD se encuentran en este momento en el salón.
El Presidente diputado Jaime Vázquez
Castillo:
Perdón, ya concluyó el turno del
orador señor diputado Omar Fayad, si quería interrogarle debió ser durante su
intervención.
Adelante, señor diputado Pallares
Bueno.
El diputado Juan Carlos Pallares Bueno:
Con su permiso, señor Presidente:
Las denuncias que ha hecho el
diputado que me antecedió en el uso de la palabra efectivamente son cosas que sí están
sucediendo en Quintana Roo. Es alarmante la situación por la que estamos viviendo. Pero
creo que la situación se tiene que tomar con un poco más de seriedad para que en esta
máxima tribuna se dé a conocer lo que está pasando en Quintana Roo, pero para que la
gente sepa lo que está padeciendo la ciudadanía allá en Quintana Roo.
El asunto del Gobernador de
Quintana Roo y su esposa, resultó ser la gota que derramó el vaso y que puso en los
medios de comunicación nacional algo que ya no se podía ocultar: el hecho de que
Joaquín Hendricks Díaz, en el colmo de la desfachatez dejara a su suerte al pueblo de
Quintana Roo en momentos muy difíciles, mientras él sale muy campante de viaje por
Europa.
En el grupo parlamentario de
Acción Nacional, estamos sumamente preocupados por los hechos que han acontecido a raíz
de que descubrimos que el Gobernador de Quintana Roo hubiera hecho la graciosa huida sin
avisarle a nadie.
Pero la manera como se descubrió
fue incidental porque lo hizo a escondidas y sin dar aviso alguno. Esto se debió a que en
días pasados un diputado federal del PRD pedía a través de un punto de acuerdo la
conformación de una comisión especial que vigilara el uso adecuado de los recursos del
Fonden y en la cual no se incluía a Quintana Roo. Es ahí cuando los diputados federales
del PAN, de Quintana Roo, preocupados porque no se incluyera a nuestra entidad, nos dimos
a la tarea de investigar si el gobernador ya había hecho formal la petición de que a los
municipios afectados por el paso del huracán "Isidore", se les hubiera
declarado zona de desastre natural ante el Gobierno Federal, que como todos sabemos es la
única vía que tiene el Gobierno Federal de poder entregar dichos recursos.
Es así como con gran sorpresa nos
enteramos de este viaje que ya llevaba varios días fuera del país, aun sabiendo que
había pasado el huracán "Isidore". El Gobernador sabía que se aproximaba el
huracán "Lily" y de todas formas salió a escondidas.
Este hecho difícilmente se lo
perdonará el pueblo quintanarroense que desde siempre, durante el paso de los huracanes
como el “Janette”, el "Carmen" "Gilberto",
“Roxane”, que han azotado las costas de Quintana Roo siempre, siempre, contaron
con la atención obligada de sus gobernadores de aquel entonces.
Para el grupo parlamentario de
Acción Nacional, resulta ya de por sí difícil de creer que ante esta situación de
emergencia haya salido de viaje. Debemos resaltar que el problema que se suscitó el saber
quienes hayan sido los acompañantes no oficiales del gobernador, es asunto que deberá
resolver con su esposa y no deseamos indagar más al respecto por respeto a la familia.
Pero en donde sí debemos tomar
cartas en el asunto es ante el hecho de que se hayan utilizado recursos del gobierno local
para un viaje de placer, cuando debía ser otra la intención del viaje. Al día de hoy no
tenemos información alguna de cuáles son las personas con las cuales se entrevistó,
qué planes de inversión consiguió para el Estado y cuánto fue lo que se gastó en esta
gira de supuesto trabajo.
Ahora le corresponderá al
gobernador presentarse ante el congreso local y explicar qué buscaba o qué inversiones
podía obtener para el estado de Quintana Roo en España y Francia. Eso es lo que más nos
importa y que debemos impulsar que se dé la rendición de cuentas ante el pueblo
quintanarroense y que esto se haga una realidad.
Sabemos que el haber destituido de
su cargo a la señora María Rubio de Hendricks no obedece a problemas ni de tipo físicos
ni psicológicos, sino más bien para evitar que siguiera hablando ante los medios de
comunicación sobre sus andanzas.
Debemos reconocer los esfuerzos de
la señora en su trabajo al frente del DIF estatal que, en términos generales, es de
buena aceptación, ya que defendió ante todas las instancias locales la defensa en contra
de la violencia intrafamiliar y de los infantes en Quintana Roo.
Esperamos, por el bien de Quintana
Roo, que la tormenta pase y que regrese la calma política porque todos los
quintanarroenses sabemos cómo nos afectan estas notas periodísticas e impactan en forma
negativa, sobre todo al turismo y obviamente ya no queremos seguir siendo recono- cidos
por hechos como éste o los del ex gobernador a nivel nacional o internacional.
Es cuanto.
El Presidente diputado Jaime Vázquez
Castillo:
Gracias, señor diputado Juan
Carlos Pallares.
Sí, señor diputado Héctor
Esquiliano, para rectificar hechos, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos.
El diputado Héctor Nemesio Esquiliano
Solís:
Señor Presidente, diputadas,
diputados:
Yo nada más quiero hacer unas
precisiones de lo que se ha hablado sobre este tema.
Quiero decirles que en ningún
momento se destituyó a ningún funcionario público, porque la señora es Presidenta del
patronato del DIF.
Por otro lado, quiero hacerles un
comentario a ustedes de que el estado de Quintana Roo es eminentemente turístico y ante
los embates de la naturaleza, siempre se crean o se magnifican en el exterior desastres en
los centros turísticos y el gobernador ya tenía ex profesamente planeado un viaje para
atraer inversiones no sólo turísticas sino, de otra índole.
En el afán de cumplir cabalmente
con las cuestiones que ya había programándose y que tenía que dar difusión en el
exterior de que no habían sufrido destrozos en los centros turísticos de Quintana Roo,
como fue el paso del huracán “Gilberto”, entonces se aprovechó salir y no es
esto cierto de que abandonó a su pueblo porque estuvo en las localidades donde tuvimos
afectaciones y dejó ya claramente establecidas las cuestiones.
El Presidente diputado Jaime Vázquez
Castillo:
Señor diputado, discúlpeme un
momento. Sí, diputado Salgado.
El
diputado José Félix Salgado Macedonio (desde su cusrul):
Pregunto, bueno, no le pregunto,
nada más hacer una precisión. El compañero tiene el cassette retrasado; está hablando
del huracán “Gilberto” y nosotros estamos hablando del huracán
“Isidore”.
El Presidente diputado Jaime Vázquez
Castillo:
Señor diputado, ¿usted quiere
hacerle alguna pregunta al señor orador?
El
diputado José Félix Salgado Macedonio(desde su cusrul):
Ya le hice una corrección.
El diputado Héctor Nemesio Esquiliano Solís:
Yo quiero decirle nada más que
traje a colación lo que pasó con “Gilberto” para decirles que en el viaje que
hizo el señor gobernador precisamente era para difundir que los centros turísticos de
Quintana Roo, de la que son sustentos la economía del Estado, estaban en plena
funcionalidad como normalmente están funcionando actualmente este día.
Yo quiero comentarles también,
señores, que yo no puedo permitir que se diga que mi Estado es un estado de
narcotraficantes y corruptos, porque cada uno de los que han cometido ilícitos, están
respondiendo ante las autoridades correspondientes y creo yo que en este caso de que hubo
una denuncia por parte de la señora María Rubio, que merece todos mis respetos, las
autoridades competentes serán las que den la determinación a este caso.
Quiero decirles también que,
según tengo conocimiento, ya el Congreso del Estado ha solicitado la información y por
ende el gobernador tiene toda la obligación de responder a esta solicitud.
Quiero para finalizar decirles que
dentro del marco de las facultades de cada una de las autoridades, es el Congreso del
Estado a través de su Contaduría Mayor de Hacienda, que va a requerir la información y
que dará los resultados de esta investigación, a toda la población de Quintana Roo.
Gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Jaime Vázquez
Castillo:
Gracias, señor diputado.
Pasamos al capítulo de
efemérides...
El diputado José Félix Salgado Macedonio (desde
su curul):
Para rectificar hechos, señor
Presidente.
El Presidente diputado Jaime Vázquez
Castillo:
Para rectificar hechos tiene el uso
de la palabra el diputado Félix Salgado Macedonio, hasta por cinco minutos.
El diputado José Félix Salgado Macedonio:
Gracias, señor Presidente:
Es entendible la posición aquí
del diputado Héctor, se entiende, compañero, te entiendo, te comprendo; pues cómo
defender lo indefendible. Está muy difícil.
Dice él: "no se destituyó a
nadie y la señora María Rubio sigue siendo la presidenta del DIF". Fíjense lo que
dijo. Entonces los medios de comunicación son chismosos. Aquí uno de los dos es el
chismoso.
Sí se destituyó a la señora
presidenta del DIF por hacer declaraciones certeras en contra del gobernador y pusieron en
su lugar a su hija, aduciendo que no estaba bien de sus facultades mentales. Y ahora
resulta que hay otro también que no está bien de sus facultades mentales. Está grave el
asunto en Quintana Roo. Bueno, pues todos lo vimos que destituyeron a la señora y
pusieron a la hija. Ya apareció la señora...
El Presidente diputado Jaime Vázquez
Castillo:
Un momento, diputado Salgado, le
ruego un minuto. Si, diputado Del Río Virgen.
El diputado José Manuel del Río Virgen (desde su
curul):
Para rogarle al orador si acepta
una interpelación.
El Presidente diputado Jaime Vázquez
Castillo:
Consulto al orador si acepta una
interpelación del diputado Del Río Virgen.
El diputado José Félix Salgado
Macedonio:
Sí.
El diputado José Manuel del Río Virgen (desde su
curul):
Señor Presidente, si le puede
preguntar al orador que dé nombres porque se refiere así...que diga con nombres, pelos,
señales de quién está hablando...
El Presidente diputado Jaime Vázquez
Castillo:
Perdón se está usted dirigiendo,
señor diputado Del Río al orador para hacer una aclaración pertinente, en términos del
Reglamento. ¿Quisiera usted precisarlo?
El diputado José Manuel del Río Virgen (desde su
curul):
Claro, señor Presidente, preciso,
que le pregunte usted al orador también que por qué tiene dos posiciones. Una, si el
señor gobernador Hendricks se va con su esposa; si algunos funcionarios se van con su
esposa, malo, si se van con otras personas, también malo. ¿Cuál es su posición del
señor orador?
El Presidente diputado Jaime Vázquez
Castillo:
Gracias, señor diputado. Le
pregunta el señor diputado Del Río Virgen cuál es su posición, diputado Salgado.
El diputado José Félix Salgado
Macedonio:
¿Usted quiere pelos y
señales?¿Eh? Bueno...
El Presidente diputado Jaime Vázquez
Castillo:
Sigue corriendo el tiempo del
diputado. ¿Va usted a contestar la pregunta, señor diputado Salgado?
El diputado José Félix Salgado
Macedonio:
¿Quiere nombres? ¡Ya! Ya estoy
dando nombres...
El Presidente diputado Jaime Vázquez
Castillo:
Preguntó cuál es su posición,
señor diputado, perdón.
El diputado José Félix Salgado
Macedonio:
¡No! yo no estoy cuestionando con
quién se van, si se van con hombres, se van con mujer, a mí eso no me importa, cada
quien sus gustos. Lo que yo estoy cuestionando aquí es ¿con dinero de quién se van? Y
la señora fue muy puntual y muy certera al decir que el gobernador se fue con los
recursos del erario público. Eso es lo que yo estoy cuestionando.
Miren, dice el diputado que no se
destituyó a la señora. Sí se destituyó a la señora. Que ya va a asumir otra vez el
cargo porque ya esta sana, bueno pues ésa es otra cosa. Pero ya hay una denuncia y la
señora dijo: lo dicho, dicho. Y está dicho por una funcionaria pública, porque cuando
lo dijo era presidenta estatal del DIF. Ya después que la destituyeron, esa ya es otra
cosa, pero ahí está la denuncia que el Congreso local debe de recoger.
Los periódicos que estoy leyendo
de Quintana Roo están plagados de denuncias concretas de cuanto maridaje y cuanta
corrupción ha habido en Quintana Roo. Yo no dije que Quintana Roo sea un estado de
narcotraficantes y de corruptos. No es cierto. Quintana Roo es un estado de gente
preciosa, un Estado muy bonito, pero mal gobernado por corruptos y narcos. Y si tienen
duda pues ahí está su cuate en la cárcel: Mario Villanueva.
Pero no nomás ahí, por muchas
partes. Otro que se fue a Corea a ver el futbol es el Gobernador de Guerrero, René
Juárez Cisneros.
¿A dónde más le damos?
¿Quiénes se han ido? Nombres.¿Quiénes han ido a pasear? Es decir, a viajes de placer
con dineros del erario público y eso es lo que no es correcto.
Dice el diputado que lo del
huracán que acaba de pasar que no supo como se llamó el huracán. Estaba hablando de
“Gilberto”. “Isidore”, compañero diputado se llama el huracán que
pasó y el otro “Lily” y luego “María”.
Dice que se magnifican los
problemas en los centros turísticos. Todo mundo vio, está desastroso el Estado, el
pueblo, devastado y se va a llevar muchos años en su reconstrucción. El Gobernador
sabía que estaba en estado de alerta Quintana Roo, en estado de contingencia. Y así se
fue, porque claro ya estaba todo preparado para irse. ¿Cómo les iba a decir a las
personas con quien se fue, que siempre no? No, pues fue a cumplir, fue a cumplir. Allá
quién sabe qué fue a hacer. No hay informe. Que diga pues qué fue a hacer. ¿Por qué
no utiliza los medios de comunicación para decir qué fue a hacer, con quién se
entrevistó en Frankfurt, en España, en Francia. ¡Que diga a qué fue! ¡Es la fecha que
no dice a qué fue!
¿A ver diputado que subió venga
usted y diga a qué fue, con quién habló, qué le dijeron, cuánta derrama económica va
a llegar para el estado? Mandó un video el señor, sabiendo que el estado estaba en
peligro, se fue. Y eso es criminal, eso no es de gobernante, mucho menos de humano y mucho
menos de hombre. Eso no se hace y por eso el pueblo de Quintana Roo está indignado.
Que tenía que salir a promover el
turismo. Pues sí, está bien, hay que salir a promover el turismo no me opongo, es
correcto; pero estando el Estado en peligro tendría que suspender su gira, porque no hay
nada más importante que sus gobernados, porque el gobernante está obligado a cuidar de
la vida de sus gobernados. Y a este malandrín le importó un cacahuate y se fue con sus
placeres a pasear, con dinero del pueblo de Quintana Roo y el pueblo ha sido muy saqueado,
vilipendiado, golpeado...
El Presidente diputado Jaime Vázquez
Castillo:
Señor diputado, ha concluido...
El diputado José Félix Salgado
Macedonio:
Ninguna organización democrática
crece en Quintana Roo porque luego la apaga el cacicazgo.
El Presidente diputado Jaime Vázquez
Castillo:
Diputado Salgado; ha concluido el
tiempo que le fue concedido.
El diputado José Félix Salgado
Macedonio:
Así que ese Joaquincito tiene qué
pagar, tiene qué pagar y el Congreso local le tiene que ajustar las cuentas y de aquí
también no debemos de soltarle el hilo.
¿Cuál es la posición de la
fracción parlamentaria del PRI? Que no está por cierto, nada más quedó la burbujita,
ésa que está ahí. ¡Todo el PRI ya se fue! ¡Nada más hay una burbujita! ¡Suban a
plantear su posición! ¡Que repudian esos hechos inmorales! ¡Díganlo!
El Presidente diputado Jaime Vázquez
Castillo:
Diputado Salgado; ha concluido el
tiempo que le fue concedido.
Muchas gracias.
ERNESTO
GUEVARA
El Presidente diputado Jaime Vázquez
Castillo:
Pasamos al capítulo de Efemérides
y para hablar sobre el aniversario luctuoso de Ernesto Guevara, Ernesto "Che"
Guevara, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado Rodolfo Gerardo
González Guzmán.
El diputado Rodolfo Gerardo González Guzmán:
Con su permiso, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
“Hay hombres que luchan un
día y son buenos, hay hombres que luchan un año y son mejores; hay otros que luchan
muchos años y son muy buenos, pero hay quienes luchan toda una vida, ésos son
imprescindibles”. Cita de Heberto Brets.
En esta ocasión recordamos la
figura de Ernesto Guevara de la Serna; el mundo lo reconoce y lo recuerda como el
“Che” Guevara. Nace el 14 de junio de 1928 en Rosario, Argentina. Desde su
nacimiento traería consigo el signo de la lucha, en virtud de que nació con una
afección que se transformaría en asma, que lo acompañaría hasta su muerte.
Estudió la carrera de médico en
la ciudad de Córdoba, Argentina. Desde temprana edad las lecturas de sus padres motivaron
su inclinación hacia la doctrina marxista, de ahí que gran parte de su lucha siempre la
realizara en contra de la opresión y de las actitudes que vulneran la dignidad humana y
en contra de la voracidad del imperialismo.
Su carácter fuerte y decidido lo
llevó hasta Guatemala, en donde se incorpora a las juventudes comunitas que lucharon y se
expresaron en contra del gobierno de Estados Unidos de América, que vinculaba a la
empresa transnacional United Fruit Company y con el apoyo de la CIA derrocó al Gobierno
del Presidente Jacobo Arbenz Guzmán.
Ante la caída de este gobierno
progresista, se interna en nuestro país, en donde desempeñó diferentes actividades,
desde fotógrafo en la Alameda de esta cuidad, hasta médico alergólogo en el Centro
Médico.
En 1955, en la casa de María
Antonieta, de la colonia de los Doctores, en la Ciudad de México, conoció a Fidel Castro
Ruz, quien estaba en calidad de exiliado político y junto con otro grupo de cubanos
realizaban los preparativos para llevar a cabo el derrocamiento del gobierno de Fulgencio
Batista en la isla de Cuba.
En el rancho de Santa Rosa del
municipio de Chalco, estado de México, son entrenados por el general Alberto Bayo,
militar republicano quién salió de España en la época franquista y es este general
quien le enseña y le entrena en la táctica de guerra de guerrillas. Sin embargo, fueron
descubiertos y encarcelados, pero la oportuna intervención del general Lázaro Cárdenas
del Río ante el presidente López Mateos, son puestos en libertad, con la condicionante
que a la brevedad abandonaran el país. De tal forma que el 21 de noviembre de 1956, 82
mal armados combatientes parten del puerto de Tuxpan, Veracruz, en un pequeño barco
llamado "El Granma", para llegar a Cuba y pelear con valentía en contra del
gobierno dictatorial de Fulgencio Batista.
De entre ellos destacaba por su
disciplina y capacidad de lucha valentía, el “Che” Guevara, obteniendo el grado
de comandante.
No solamente es importante recordar
la capacidad de lucha armada que libró, sino que la estructura de su pensamiento junto
con los otros revolucionarios, le dieron el triunfo a la causa de la Revolución.
Sin embargo, si fue difícil
derrocar un régimen apoyado por Estados Unidos de América, más difícil tarea sería la
reconstrucción de su economía y lograr progreso social en la isla caribeña.
La dirección que le dieron Fidel
Castro Ruz y el “Che” Guevara a la reconstrucción nacional cubana fue
determinante, a pesar de la obstrucción que todos los medios del gobierno de
norteamérica realizaba contra la isla, como fue el bloqueo económico y político que
hasta nuestros días existe.
Indudablemente su calidad humana,
intelectual, honestidad, valentía y gran capacidad, fueron las mejores divisas del
“Che” Guevara, que presentó ante los países que visitó y ante el mundo en
general.
El practicó con el ejemplo ante
todo, no obstante que era un funcionario cubano, realizaba el trabajo voluntario que le
correspondía, ya sea en la zafra, ya sea en la industria, ya sea en los hospitales, de
ahí que enalteció la conjugación de las ideas y la práctica.
El Che dijo en su testamento:
“nuestro sacrificio es consciente rescate para pagar la libertad que estamos
construyendo. Es un camino largo y en parte desconocido. Conocemos nuestros límites,
pondremos en pie al hombre del Siglo XXI nosotros mismos”. Concluye la cita. Es
decir, que su palabra convencía, pero su ejemplo arrastraba.
La aportación que el Che hizo al
ideal de la libertad, fue que lucháramos contra aquellas injusticias que ocurrieran en
cualquier parte del mundo, que las injusticias las sintiéramos nuestras para rechazarlas
y combatirlas.
Con tal actitud combativa, con tal
ejemplo le da contenido a la forma de la juventud perenne, la vigencia de su conducta es
la mejor divisa que tiene para los jóvenes
Podemos concluir que Ernesto Che
Guevara seguirá brillando como la estrella que siempre llevó en su boina como símbolo
de insignia de comandante, esa será la estrella que guiará a las presentes y futuras
generaciones en alcanzar el ideal a través de la lucha en contra de la opresión y la
tiranía.
Muchas gracias.
Presidencia de la diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado. En virtud
de que ha transcurrido el tiempo previsto…
Para el mismo tema, a nombre del
PRD, el diputado Salgado Macedonio hasta por cinco minutos.
El diputado José Félix Salgado Macedonio:
Cada vez estamos más solos,
señora Presidenta.
...
Bueno, qué bueno que hoy el mismo
PRI tengan que reconocer los valores de quienes han dado su vida sosteniendo ideales y
convicciones como lo hacía nuestro comandante Ernesto Che Guevara.
Ernesto, un símbolo, símbolo de
libertad universal, era un hombre que buscaba la fraternidad entre los pueblos del mundo,
un hombre que se oponía a la opresión, él buscaba la justicia, Ernesto Che Guevara,
victimado en Bolivia vilmente traicionado, vive y seguirá viviendo en los corazones de
quienes amamos la libertad al costo que venga, él nos enseñó a luchar, a dar todo, a
dar todo, a desprenderse de modo filantrópico para dar a los que no tienen nada.
Ernesto Che Guevara dijo palabras
más o menos así: nadie puede gozar de los privilegios que otros no tienen". Ojalá
ese pensamiento, ojalá esas palabras quedaran grabadas como una doctrina permanente en
todos los que hacemos política en México.
Cuántos podemos decir, que nos
desprendemos de lo que tenemos para darlo a los demás, porque esa práctica de amasar las
inmensas fortunas a cambio del hambre de un pueblo como es el pueblo de México. No les
voy a dar más ejemplos, nomás uno, el que se acabó el Banco Unión, Cabal Peniche es un
hombre, pues un hombre ejemplo de corrupción, de un día para otro juntó la fianza
multimillonaria, ¿quiénes fueron sus amigos que le prestaron el dinero para no pisar
prisión, en un ratito muchos millones de pesos. ¿Quién otro les puedo decir? El señor
Oscar Espinosa Villarreal que se clavó 420 millones de pesos aquí cuando fué
regente…
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputado Félix Salgado…
El diputado José Félix Salgado
Macedonio:
¿Pisar prisión? En un ratito
muchos millones de pesos, ¿quién otro les puedo decir? El señor Oscar Espinosa
Villarreal que se clavó 420 millones de pesos…
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Señor diputado Félix
Salgado…
El diputado José Félix Salgado
Macedonio:
Aquí cuando fue regente de la
ciudad y que ahora lo contrató el Gobierno del PAN en Morelos para asesor de inversiones,
así dicen, hoy salió en el periódico, bueno, luego hablaremos del Gobierno también del
helicóptero del amor, luego hablaremos de él. Ajá.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Por favor señor diputado Félix
Salgado….
El diputado José Félix Salgado
Macedonio:
Entonces el pensamiento de nuestro
comandante Ernesto Che Guevara es un pensamiento universal, él quería hermanar,
emancipar los pueblos de la América, de las américas.
Su sueño, su ideal aquí está con
nosotros. El pueblo cubano lo recuerda con mucha gratitud y el pueblo mexicano también lo
recuerda y lo ama.
Es una gloria Ernesto Che Guevara.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputado David Sotelo.
El diputado David Augusto Sotelo Rosas (desde su
curul):
Pido la palabra para rectificar
hechos.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Diputado Sotelo, le voy a dar el
uso de la palabra pero quiero señalar que en el capítulo de efemérides no hay hechos.
Yo le rogaría su comprensión, con oportunidad se consultó a los grupos parlamentarios
que si iban a registrar oradores y ya habló un diputado por el grupo parlamentario del
PRD o perteneciente al grupo parlamentario del PRD.
Usted me entenderá que en este
capítulo no hay hechos.
El diputado David Augusto Sotelo Rosas (desde su
curul):
Si me lo concede usted y con la
anuencia del pleno señora Presidenta.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Le concedo el uso de la palabra
diputado, pero esta Presidencia quiere dejar constancia que el artículo 105 señala que
cuando el orador se aparte del asunto a discusión, la Presidencia puede llamar al orden y
esta Presidencia estima innecesaria la alusión inicial en la intervención del diputado
Salgado Macedonio por lo que instruye se retire del Diario de los Debates.
Diputado David Sotelo. En un
segundo, nada más termina el diputado Sotelo su intervención diputado.
El diputado David Augusto Sotelo
Rosas:
Gracias, señora Presidenta;
gracias compañeros diputados.
El testimonio y la lección de
Ernesto Guevara trascienden su propia biografía y nos señala un camino de libertad, de
democracia, de honestidad, de autenticidad.
¿Cómo pudiéramos entender si nos
ubicamos a un joven que recorre América Latina en una motocicleta para adentrarse en el
mundo del pensamiento y la vivencia de los latinoamericanos? ¿Cómo podríamos entender
en ese momento a este adolescente? ¿Qué perseguía, qué buscaba? Más tarde, con sus
hechos nos daría la lección que hoy comentamos, de autenticidad.
Podemos estar de acuerdo o no con
la ideología sustentada por Ernesto Guevara pero Ernesto Guevara se inscribe junto con
Bolivar, inscribe su vida, su pensamiento, su sangre con Hidalgo, con San Martín;
inscribe su obra y sus hechos con Gandhi, una lección de autenticidad, de decoro, de
honestidad.
Al triunfo de la Revolución
Cubana, prefirió seguir en pos de su ideal y de su pensamiento, no se quedó para gozar
de la gloria, los honores y los privilegios del poder; sabía como sabía Hidalgo, que los
iniciadores de las luchas nunca ven culminada su obra. Lo sabía perfectamente.
Hay una carta que le dirige a sus
hijos, que para el de la voz constituye su verdadero legado y su verdadera herencia.
Cuando les dice a manera de despedida que: “no importa en dónde estén, que no
importa el lugar y no importa el pueblo pero ahí donde permanezca la injusticia ellos
deben sentir en carne propia esa injusticia y luchar en contra de ella”.
Autenticidad de Ernesto Guevara,
autenticidad que hoy en día hace falta a la clase política en México; autenticidad que
nos hace falta a los legisladores; autenticidad que nos hace falta a los servidores
públicos; autenticidad es la lección, la herencia, el legado de Ernesto Guevara.
Muchas gracias a todos ustedes.
La Presidenta diputada Beatriz Elena
Paredes Rangel:
Gracias, señor diputado.
En virtud de que ha concluido el
orden previsto para la sesión, ruego a la Secretaría dar lectura al orden del día de la
próxima sesión.
ORDEN DEL DIA
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Primer Periodo de Sesiones
Ordinarias.— Tercer Año.— LVIII Legislatura.
Orden del día
Martes 22 de octubre de 2002.
Acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
De los congresos de los estados de:
Baja California, Quintana Roo, Sonora y Tabasco.
De la Junta de Coordinación
Política.
Y los demás asuntos con los que la
Mesa Directiva dé cuenta.»
CLAUSURA
Y CITATORIO
La Presidenta diputada Beatriz Elena Paredes Rangel (a
las 16:34 horas):
Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 22
de octubre a las 10:00 horas.
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