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Presidencia
del diputado Armando Salinas Torre
ASISTENCIA
El Presidente diputado Armando Salinas
Torre:
Ruego a la
Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de
asistencia de los diputados.
La
Secretaria diputada María de las Nieves García Fernández:
Se informa a la
Presidencia que existen registrados previamente 351 diputados, por lo tanto hay quórum,
señor Presidente.
El Presidente diputado Armando Salinas Torre (a
las 11:16 horas):
Se abre la
sesión.
Proceda la
Secretaría a dar lectura al orden del día.
ORDEN
DEL DIA
La
Secretaria diputada María de las Nieves García Fernández:
«Segundo
Periodo Ordinario de Sesiones.— Tercer Año.— LVIII Legislatura.
Orden del día
Martes 18 de
marzo de 2003.
Lectura del acta
de la sesión anterior.
Comunicaciones
De la Mesa
Directiva.
La Secretaría
de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invita a la ceremonia cívica que con motivo
del CXCVII aniversario del natalicio del licenciado Benito Juárez García, Benemérito de
las Américas, tendrá lugar el 21 de marzo, a las 10:00 horas, en el hemiciclo erigido a
su memoria, ubicado en la Alameda Central.
Del diputado J.
Jesús Garibay García.
Protesta de
diputados.
De la Comisión
Permanente.
De la Comisión
de Concordia y Pacificación.
Del diputado
José Bañales Castro.
De la
Presidencia de la Mesa Directiva.
De la Cámara de
Senadores.
De la Comisión
de Justicia y Derechos Humanos.
De la Junta de
Coordinación Política.
Posicionamiento
de los grupos parlamentarios y partidos políticos representados en la Cámara de
Diputados, sobre el inicio del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de
Ejercicio de la LVIII Legislatura.
Iniciativa del Congreso del estado de Chihuahua
Que reforma el
artículo 16 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores. (Turno a comisión.)
Iniciativas de Diputados
Que reforma
diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en
materia del voto de los mexicanos en el extranjero, a cargo de la diputada Irma Piñeyro
Arias, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a
comisión.)
Que expide la
Ley para el Financiamiento al Campo Mexicano, a cargo del grupo parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Que reforma el
artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del
diputado Augusto Gómez Villanueva, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional. (Turno a comisión.)
Que reforma
diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para evitar la discriminación a
personas contagiadas por VIH, a cargo de la diputada Adela del Carmen Graniel Campos, del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Que reforma el
artículo 3o. de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Esperanza Santillán
Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a
comisión.)
Minuta
Con proyecto de
decreto por el que se derogan el párrafo primero del artículo 115 y el artículo
116-bis, ambos de la Ley de Instituciones de Crédito; se derogan los párrafos cuarto y
quinto del artículo 400-bis del Código Penal Federal y se reforma la fracción VIII del
artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para los efectos del inciso
d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno
a comisión.)
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión
de Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley
Federal del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal.
De la Comisión
de Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se reforman y
adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos.
De la Comisión
de Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversos artículos de la Ley de Planeación.
Efemérides
Sobre el
aniversario de la Expropiación Petrolera, a cargo de los grupos parlamentarios y partidos
políticos representados en la Cámara de Diputados.
Excitativas
A la Comisión
de Puntos Constitucionales, a cargo del diputado Jaime Martínez Veloz, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A las comisiones
de Educación Pública y Servicios Educativos y de Gobernación y Seguridad Pública, a
cargo del diputado Ramón León Morales, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Proposiciones
Con punto de
acuerdo para evitar los abusos de la Sagarpa con los introductores de pescados y mariscos,
a cargo del diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de
acuerdo sobre la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, a cargo del diputado
Rafael Hernández Estrada, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de
acuerdo por el que se solicita que la Auditoría Superior de la Federación, realice una
auditoría a la Semarnat, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México. (Turno a comisión.)
Con punto de
acuerdo para que la Cámara de Diputados, exija al Gobierno Federal que nuestra
representación ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas manifieste su voto en
contra de la invasión que Estados Unidos y sus aliados pretenden realizar en contra del
pueblo de Irak, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente
resolución.)
Con punto de
acuerdo en relación al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
de 2003, a cargo del diputado Amador Rodríguez Lozano. (Turno a comisión.)
Con punto de
acuerdo sobre el ejercicio de los recursos presupuestales asignados al Programa para el
Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, en el Presupuesto de Egresos de la
Federación para el 2003, a cargo del diputado Alberto Amador Leal, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de
acuerdo para que la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Justicia y Derechos
Humanos, investigue el caso de los ejidatarios de Cananea, presos en el estado de Sonora,
a cargo de la diputada Petra Santos Ortiz, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de
acuerdo por el que se solicita se inicie la planeación de un periodo extraordinario, a
cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a
comisión.)
Con punto de
acuerdo en apoyo a los cuentahabientes del Infonavit, a cargo del diputado Adolfo Zamora
Cruz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a
comisión.)
Agenda política
Comentarios
sobre las mesas de trabajo para el campo, a cargo de la diputada Petra Santos Ortiz, del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Comentarios
sobre el campo mexicano, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
Comentarios
sobre el veto del Presidente Vicente Fox Quesada, a la Ley del Sistema de Administración
Tributaria, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
Comentarios
sobre las elecciones en el estado de México, a cargo del grupo parlamentario del Partido
del Trabajo.
Comentarios
sobre el VII Seminario los Partidos y una Nueva Sociedad, a cargo del grupo parlamentario
del Partido del Trabajo.»
ACTA
DE LA SESION ANTERIOR
El Presidente diputado Armando Salinas
Torre:
Solicito a la
Secretaría dé lectura al acta de la sesión anterior.
La
Secretaria diputada María de las Nieves GarcíaFernández:
«Acta de la
sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el sábado quince
de marzo de dos mil tres, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del
Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura.
Presidencia de la diputada María Elena
Alvarez Bernal
En el Palacio
Legislativo en San Lázaro, de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a las trece horas con un minuto del
sábado quince de marzo de dos mil tres, con la asistencia de trescientos sesenta y siete
diputados, la Presidenta declara abierta la sesión.
Puestos todos de
pie, la Presidenta declara:
“La Cámara
de Diputados, de conformidad con lo que establece el artículo sesenta y cinco de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hoy quince de marzo de dos mil
tres, declara formalmente iniciado el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer
Año de la Quincuagésima Octava Legislatura.”
La Presidenta
informa que la Mesa Directiva comunicará por escrito al Ejecutivo Federal, a la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que la
Cámara de Diputados ha iniciado formalmente el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del
Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura, y que promoverá visitas
de cortesía a los poderes de la Unión.
Cinco oficios de
la Comisión Permanente, por los que comunica la aprobación de sendos puntos de acuerdo
por los que se concede licencia por tiempo indefinido a los diputados: Julián Hernández
Santillán, Tomás Torres Mercado, Héctor González Reza, Felipe de Jesús Calderón
Hinojosa y Francisco Javier Cantú Torres. Llámese a los suplentes.
Cuatro oficios
de la Comisión Permanente, con los que informa de la reincorporación a sus actividades
legislativas de los diputados: Lucio Fernández González, Rafael Barrón Romero, Víctor
Hugo Sondón Saavedra, Emilio Ulloa Pérez, María de los Angeles Sánchez Lira, Héctor
Taboada Contreras, Moisés Alcalde Virgen, Mario Sandoval Silvera, Amado Olvera Castillo,
Víctor Hugo Cirigo Vázquez, María Elena Chávez Palacios, Armando Enríquez Olvera,
María Cristina Moctezuma Lule, Gustavo Alonso Donis García, Juan Manuel Martínez Nava,
Lionel Funes Díaz y Salvador Castañeda Salcedo. De enterado y se les tiene por
reincorporados.
Comunicación de
la Junta de Coordinación Política, con la que informa que el diputado Armando Salinas
Torre, sale de la Presidencia de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública y como
integrante de las comisiones del Distrito Federal, Especial para la Reforma del Estado y
Especial de Seguridad Pública. De enterado.
Comunicación
del diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez, con la que solicita licencia por tiempo
indefinido para separarse del cargo de diputado federal electo en el cuarto distrito del
estado de Oaxaca. La Secretaría da lectura a los puntos de acuerdo por los que se concede
la licencia respectiva y se llama al suplente, y la Asamblea los aprueba en votación
económica.
Comunicación
del diputado Adrián Rivera Pérez, con la que informa de su renuncia como Secretario de
la Mesa Directiva. De enterado.
La Presidencia
informa que se encuentran a las puertas del salón de sesiones los ciudadanos: Cecilia
Laviada Hernández; Nohelia Linares González; Oscar Cano Garza; y Zinthia de los Angeles
Benavides Hernández, electos como diputados federales suplentes en el vigésimo primer
distrito del Distrito Federal; en la quinta circunscripción plurinominal y en el octavo y
sexto distritos del estado de Nuevo León, respectivamente, y acompañados de una
comisión designada rinden su protesta de ley y entran en funciones de inmediato.
La Presidencia
informa que se procederá a la elección de Presidente, de Segundo Vicepresidente y de
Tercer Secretario de la Mesa Directiva. Desde su curul el diputado Julio Castellanos
Ramírez, del Partido Acción Nacional, solicita se consulte a la Asamblea si autoriza que
la elección sea por medio del sistema electrónico de asistencia y votación. La Asamblea
aprueba la propuesta en votación económica.
La Secretaría
da lectura a la cédula de la Mesa Directiva integrada por los diputados: Armando Salinas
Torre, como Presidente; Jaime Vázquez Castillo, como Primer Vicepresidente; Eric Eber
Villanueva Mukul, como Segundo Vicepresidente; María Elena Alvarez Bernal, como Tercera
Vicepresidenta; Adela Cerezo Bautista, como Primera Secretaria; Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán, como Segundo Secretario; y María de las Nieves García Fernández, como Tercera
Secretaria e inmediatamente después, por instrucciones de la Presidenta, con el registro
de trescientos ochenta y un diputados, a las trece horas con catorce minutos ordena el
cierre del sistema electrónico de asistencia y votación.
La Secretaría
recoge la votación de la elección del Presidente, del Segundo Vicepresidente y de la
Tercera Secretaria de la Mesa Directiva, misma que resulta aprobatoria por trescientos
treinta y ocho votos en pro, dos en contra y doce abstenciones, y posteriormente da
lectura a la cédula completa de la Mesa Directiva.
La Presidenta
declara electos a los diputados: Armando Salinas Torre, como Presidente; Eric Eber
Villanueva Mukul, como Segundo Vicepresidente; y María de las Nieves García Fernández,
como Tercera Secretaria y los invita a pasar al presídium.
Desde su curul,
la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, del Partido Revolucionario Institucional,
expresa un reconocimiento a la Presidenta, diputada María Elena Alvarez Bernal.
La Presidenta
toma la protesta del diputado Armando Salinas Torre, como Presidente de la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados.
Presidencia del diputado Armando Salinas
Torre
El Presidente
toma la protesta del diputado Eric Eber Villanueva Mukul, como Segundo Vicepresidente y de
la diputada María de las Nieves García Fernández, como Tercera Secretaria.
El Presidente
dirige un mensaje a la Asamblea.
Comunicación de
la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, con la que invita a la
ceremonia cívica conmemorativa del sexagésimo quinto aniversario de la Expropiación
Petrolera. Se designa comisión.
Dos oficios de
la Secretaría de Gobernación, con los que remite las observaciones hechas por el
Presidente de la República a los siguientes decretos del Congreso de la Unión:
• Por el
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones contenidas en la Ley del
Servicio de Administración Tributaria. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público.
• Que
contiene la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Se
turna a la Comisión de Seguridad Social, con opinión de las comisiones de Defensa
Nacional y de Marina.
Agotados los
asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y
el Presidente levanta la de hoy a las trece horas con cuarenta y un minutos, citando para
la que tendrá lugar el martes dieciocho de marzo de dos mil tres, a las once horas.»
El Presidente diputado Armando Salinas
Torre:
Proceda la
Secretaría a poner a discusión el acta.
La
Secretaria diputada María de las Nieves García Fernández:
Está a
discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se
pregunta si se aprueba.
Los diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, señor Presidente.
El Presidente diputado Armando Salinas
Torre:
Continúe la
Secretaría con las comunicaciones.
REGISTRO
DE ASISTENCIA
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.
Honorable
Asamblea:
La Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados, con las facultades que le confiere la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso, se permite recordar a las diputadas y a los diputados que durante
las sesiones del segundo periodo ordinario del tercer año de ejercicio, seguirá
aplicable el acuerdo de la Mesa Directiva relativo al sistema electrónico de registro de
asistencia, presentado en sesión del pleno del jueves 31 de octubre de 2002 y publicado
en la Gaceta Parlamentaria del viernes 1o. de
noviembre del mismo año.
Palacio
Legislativo.— San Lázaro, a 18 de marzo de 2003.— Por la Mesa Directiva: Dip. Armando Salinas Torre; Presidente; Dip. Jaime Vázquez Castillo, vicepresidente; Dip. Eric Eber Villanueva Mukul, vicepresidente; Dip. Ma. Elena Alvarez Bernal, vicepresidenta; Dip. Adela Cerezo Bautista, secretaria; Dip. Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, secretario Dip. Ma. de las Nieves García Fernández, secretaria.»
El Presidente diputado Armando Salinas
Torre:
De enterado.
SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO
FEDERAL
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Presidente de
la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.— Presente.
La Secretaría
de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, ha programado la ceremonia cívica
conmemorativa del CXCVII aniversario del natalicio del Lic. Benito Juárez García,
Benemérito de las Américas, el próximo viernes 21 de marzo a las 10:00 horas, en el
hemiciclo erigido a su memoria, ubicado en la Alameda Central, delegación Cuauhtémoc.
Por tal motivo,
me permito solicitar muy atentamente se sirva girar sus respetables instrucciones, a
efecto de que un representante de esa honorable Cámara de Diputados que usted preside,
asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco las
atenciones que se sirva prestar a la presente y le reitero las seguridades de mi atenta y
distinguida consideración.
Atentamente.
México, DF, a
18 de marzo de 2003.— Dr. Enrique Semo, Secretario.»
El Presidente diputado Armando Salinas
Torre:
Para asistir en
representación de esta Cámara, se designa a los siguientes diputados: diputada Esperanza
Santillán Castillo, diputado Jorge Alberto Lara Rivera y diputado Miguel Bortolini
Castillo.
DIPUTADO
QUE SOLICITA LICENCIA
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Dip. Armando
Salinas Torre, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.—
Presente.
Con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 51 y 62 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y en los relativos de la Ley Orgánica y del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General; solicito a usted se dé el trámite correspondiente a una
solicitud de licencia a partir del 17 de marzo del presente año, para separarme del cargo
de diputado federal, mismo que asumí el primero de septiembre del año 2000.
Al mismo tiempo,
le pido se llame a mi suplente, el Prof. José Luis Esquivel Zalpa, para que asuma dicha
responsabilidad.
Aprovecho la
ocasión para agradecer la solidaridad, apoyo y comprensión de los compañeros
integrantes de esta LVIII Legislatura por el trato cordial y respetuoso recibido durante
mis actividades legislativas; igualmente al personal de esta H. Cámara por su apoyo en el
desempeño de mi trabajo.
Al agradecer sus
gestiones en lo conducente, aprovecho la ocasión para saludarle.
Atentamente.
Palacio
Legislativo.— San Lázaro, a 17 de marzo de 2003.— Dip. J. Jesús Garibay García (rúbrica), Secretario.»
El Presidente diputado Armando Salinas
Torre:
En consecuencia
se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
Están a
discusión los siguientes
PUNTOS DE ACUERDO
Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido
al diputado Jesús Garibay García, para separarse de sus funciones como diputado federal
electo en el noveno distrito del estado de Michoacán, a partir de esta fecha.
Segundo. Llámese al suplente.
No habiendo
quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente diputado Armando Salinas
Torre:
Aprobado.
DIPUTADOS SUPLENTES QUE SE INCORPORAN
El Presidente diputado Armando Salinas
Torre:
Se encuentran a
las puertas de este recinto los ciudadanos Gilberto del Real Ruedas y José Luis Esquivel
Zalpa, diputados federales electos en la segunda circunscripción y noveno distrito del
estado de Michoacán.
Se designa en
comisión para que los acompañen en el acto de rendir su protesta de ley para entrar en
funciones, a los siguientes diputados:
Diputados: Angel
Artemio Meixueiro González, Ramón Ponce Contreras, Cuauhtémoc Rafael Montero Esquivel,
María Teresa Campoy Ruy Sánchez y Víctor Antonio García Dávila.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
Se pide a la
comisión cumplir con ese encargo.
(La comisión
cumple con su encargo)
Se invita a los
presentes ponerse de pie.
El Presidente diputado Armando Salinas
Torre:
Ciudadano
Gilberto del Real Ruedas y José Luis Esquivel Zalpa:
¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar
leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo les ha conferido, mirando en
todo por el bien y prosperidad de la Unión?
Los ciudadanos
Gilberto del Real Ruedas y José Luis Esquivel Zalpa:
¡SÍ protesto!
El Presidente diputado Armando Salinas
Torre:
Si así no lo hicieran, que la nación se los demande.
Continúe la
Secretaría con los asuntos en cartera.
COMISION
PERMANENTE
El
Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión
Permanente.
CC. Secretarios
de la H. Cámara de Diputados.— Presentes.
Tenemos el honor
de remitir a ustedes los asuntos que fueron reservados por esta Comisión Permanente, para
conocimiento de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo que establece el artículo
129 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales
aparecen listados en el inventario que se anexa.
Reiteramos a
ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, DF, a
15 de marzo de 2003.— Dip. José Tomás Lozano
y Pardinas (rúbrica), Secretario; Sen. Yolanda
Eugenia González Hernández (rúbrica), Secretaria.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión
Permanente.
Inventario de
los asuntos que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión remite a la H.
Cámara de Diputados, de conformidad con el artículo 129 de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos.
En trámite.
Expediente No.
451. Proposición con punto de acuerdo para contrarrestar los efectos del Tratado de Libre
Comercio en el campo mexicano, presentada por el diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios,
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Trámite: Se
turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
Expediente No.
538. Proposición con punto de acuerdo en relación con precios y tarifas de los
energéticos en el campo mexicano, presentada por el diputado César Duarte Jáquez, del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Trámite: Se
turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
Expediente No.
526. Proposición con punto de acuerdo, por el que solicita a las Secretarías de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación que remitan a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la
información relativa a las medidas y acciones emprendidas por el Gobierno Federal en el
caso de la contaminación de variedades de maíz nativo-americano detectadas en los
estados de Oaxaca y de Puebla, presentada por el diputado Diego Cobo Terrazas, del grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Trámite: Se
turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.
Expediente No.
574. Proposición con punto de acuerdo, para que la Comisión Permanente se solidarice con
las agrupaciones y organizaciones campesinas y exijan al Gobierno Federal llevar las
conclusiones al seno de una Convención Nacional Agropecuaria, presentada por el diputado
Jesús Burgos Pinto, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Trámite: Se
turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados.
Expediente No.
675. Proposición con punto de acuerdo, para que la Comisión Permanente proponga al
Secretario de Energía que retire el contrato-permiso de distribución de gas LP a la
empresa “Zeta”, a cargo del diputado Ramón León Morales, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Trámite: Se
turna a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.
México, DF, a
15 de marzo de 2003.»
El Presidente diputado Armando Salinas
Torre:
De enterado, remítase a las
comisiones correspondientes y publíquese en la Gaceta
Parlamentaria y en el Diario de los Debates.
HURACAN
“ISIDORE”
El
Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión
Permanente.
Secretarios de
la Cámara de Diputados.— Presentes.
En sesión
celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión,
se dio cuenta con el oficio girado por la Secretaría de Gobernación, por el que da
contestación al informe relativo a los puntos de acuerdo aprobados por los que se
solicita se brinde apoyo a la población afectada por el huracán “Isidore”.
La Presidencia
dictó el siguiente trámite: “De enterado, remítase a la Cámara de Diputados y a
la Cámara de Senadores, para su conocimiento”.
México, DF, a
26 de febrero de 2003.— Dip. José Tomás
Lozano y Pardinas (rúbrica) Secretario; Sen. Yolanda
Eugenia González Hernández (rúbrica) Secretaria.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios
de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En atención a
los oficios Nos. DGPL58-II-3-857 y I-1108, de fechas 26 y 24 de septiembre de 2002,
respectivamente, suscritos por los CC. secretarios de la Cámara de Diputados y por el
senador Enrique Jackson Ramírez, Presidente de la Cámara de Senadores, con el presente
les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del escrito fechado el día 19
de noviembre último, signado por el C. doctor Roberto Tapia Conyer, subsecretario de
Prevención y Protección de la Salud de la Secretaría de Salud, que contiene
información relativa a los puntos de acuerdo por los que se solicita se brinde apoyo a la
población afectada por el huracán “Isidore”.
Sin más por el
momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, DF, a
12 de febrero de 2003.— Lic. M. Humberto
Aguilar Coronado (rúbrica) Subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.
Lic. Humberto
Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo.— Secretaría de
Gobernación.— Presente.
Por
instrucciones del doctor Julio Frenk Mora, secretario de Salud, y con relación a sus
oficios SEL/300/ 698/02 y SEL/300/671/092, relativo a los puntos de acuerdo adoptados en
las H. Cámaras de Senadores y de Diputados los días 24 y 26 de septiembre,
respectivamente, y mediante los cuales se requiere a esta Secretaría brinde el apoyo
necesario a la población afectada por el huracán “Isidore”, me permito
informarle que el pasado 8 de noviembre se concluyó la fase de emergencia sanitaria en
los estados de Yucatán y Campeche, no obstante lo cual se dará continuidad a las
acciones de prevención y protección de la salud, con especial énfasis en los municipios
considerados como prioritarios.
En ese sentido,
me permito hacer de su conocimiento que en ambos estados se instrumentaron, aun antes del
impacto del meteoro, sendos operativos de vigilancia sanitaria, bajo la coordinación de
los respectivos Comités de Vigilancia Sanitaria, en los cuales participaron, además de
las instituciones de salud federales y estatales, las Secretarías de la Defensa Nacional
y de Educación Pública, la Comisión Nacional del Agua, el Sistema Nacional para el
Desa-rrollo Integral de la Familia y las autoridades municipales.
En el marco de
dichos operativos, con el apoyo de 10,131 trabajadores de la salud de los ámbitos
federal, estatal y jurisdiccional, agrupados en 321 brigadas, y con la decidida
participación de la comunidad se llevaron a cabo, entre otras, las actividades
siguientes:
• Se
realizaron recorridos casa por casa visitando 253,213 viviendas en 454 localidades de 83
municipios, con búsqueda de casos de enfermedades transmisibles con énfasis en diarreas,
infecciones respiratorias agudas, dengue y paludismo para, de ser el caso, darles el
tratamiento oportuno. Con estas acciones, tan sólo en Yucatán se ha reducido la tasa de
enfermedades diarreicas en el estado de 5.3 a 0.3 por 100 habitantes.
• Se
otorgaron 180,959 consultas médicas, siendo las causas principales de demanda las
infecciones respiratorias, las enfermedades de la piel y las diarreicas.
• Se
llevaron a cabo acciones de saneamiento básico que incluyeron la disposición sanitaria
de alrededor de 3 millones de animales muertos, para lo cual se utilizaron 500 toneladas
de cal, así como la cloración de 32,052 depósitos de agua.
• Se
distribuyeron 66,678 frascos y más de 200,000 pastillas de plata coloidal, así como
78,431 sobres de Vida Suero Oral.
• Se
realizaron acciones de prevención de enfermedades trasmitidas por vector en 167
localidades, protegiendo 228,751 viviendas, haciendo tratamiento de 1,722,518 criaderos de
larvas y controlando otros 4,896,689. Además, se nebulizaron un total de 176,990
hectáreas entre fumigación por avión y terrestre. Estas acciones han permitido la
disminución histórica del número de casas con presencia de criaderos en Yucatán y
Campeche de alrededor de 90 por cada 100 a 2 por cada 100, lo que reduce de manera
histórica el índice de riesgo de dengue en esos estados.
• Se puso
en marcha la campaña denominada “Por la salud: comunidades en acción”, la cual
tiene como base la participación comunitaria en actividades de mejoramiento de la salud y
la calidad de vida a través de las estrategias de: agua limpia, vivienda sana,
comunidades protegidas, mercados limpios, escuelas saludables y seguras y unidades
médicas con aseo permanente, abasto oportuno y atención adecuada. Son ya más de 370 las
localidades de Yucatán y Campeche que han cumplido con los requisitos para ser
certificadas con la Bandera Blanca de Comunidad Protegida.
• Cabe
resaltar que no se presentaron brotes ni epidemias.
Si bien es
cierto que, como se señaló previamente, ha concluido la etapa de emergencia sanitaria,
se ha iniciado la fase de vigilancia, por lo que las brigadas de la Secretaría de Salud,
en coordinación con el personal de salud estatal y municipal, darán continuidad al
trabajo realizado en estos meses mediante la aplicación de las medidas de prevención y
protección siguientes:
• Se
mantendrá la vigilancia epidemiológica activa casa por casa en los municipios afectados.
• Se
continuarán las acciones para la prevención y control de las enfermedades transmitidas
por vector en los municipios afectados, incluyendo las nebulizaciones.
• Se
concluirá la aplicación de vacuna antihepatitis “A” a las niñas y niños.
• Se
continuarán las actividades de salud priorizando las acciones de vacunación, control de
enfermedades diarreicas, administración de vitamina A y desparasitación intestinal.
• Se
mantendrá la Campaña “Por la Salud... Comunidades en Acción”.
• Se
seguirá dando prioridad a la atención integral y oportuna de menores de edad y mujeres
embarazadas, así como a los adultos mayores.
• Se
verificará continuamente el abasto de medicamentos e insumos y la dotación oportuna de
los mismos.
• Se
mantendrán las acciones de saneamiento básico en los municipios afectados, con acciones
de vigilancia de la calidad del agua, verificación de la calidad de alimentos,
disposición sanitaria de desechos y excretas, así como encalamiento de focos de
infección, entre otros.
Sin otro
particular, hago propicia la ocasión para reiterarle la seguridad de mi atenta y
distinguida consideración.
México, DF, a
19 de noviembre de 2002.— Dr. Roberto Tapia
Conyer (rúbrica) Subsecretario.»
El Presidente diputado Armando Salinas
Torre:
Remítase a la Comisión de Salud y a
los promoventes para su conocimiento.
FORO
SOCIAL MUNDIAL
El
Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión
Permanente.
Secretarios de
la Cámara de Diputados.— Presentes.
En sesión
celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión se
dio cuenta con el oficio de la Sen. Leticia Burgos Ochoa, Presidenta de la Comisión de
Desarrollo Social del Senado de la República, con el que remite informe relativo al
Tercer Foro Parlamentario Mundial, celebrado los días 22, 23 y 24 de enero del año en
curso en Porto Alegre, Brasil.
La Presidencia
dictó el siguiente trámite: “remítase copia a la Cámara de Senadores y a la
Cámara de Diputados”.
México, DF, a
26 de febrero de 2003.— Sen. Micaela Aguilar
González (rúbrica) Secretaria y Sen. Yolanda
Eugenia González Hernández (rúbrica) Secretaria.»
El Presidente diputado Armando Salinas
Torre:
De enterado y remítase a la Comisión
de Relaciones Exteriores
PARTIDO
ACCION NACIONAL
El
Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión
Permanente.
Ciudadanos
secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
En sesión
celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión,
se dio cuenta con la comunicación del licenciado Luis Felipe Bravo Mena, presidente
nacional del Partido Acción Nacional, por el que informa: “en virtud de la licencia
concedida al diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, el diputado Alejandro Zapata
Perogordo, asumirá la coordinación de su grupo parlamentario, en la LVIII Legislatura de
la Cámara de Diputados.
La Presidencia
dictó el siguiente trámite: “remítase a la Cámara de Diputados”.
México, DF, a
19 de febrero de 2003.— Senadora Yolanda
Eugenia González Hernández, diputado José
Tomás Lozano y Pardinas, secretarios.»
El Presidente diputado Armando Salinas
Torre:
De enterado. Comuníquese.
COMISION
PERMANENTE
El
Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión
Permanente.
CC. Secretarios
de la H. Cámara de Diputados
Tenemos el honor
de remitir a ustedes el informe de las actividades realizadas por la honorable Comisión
Permanente durante el primer receso del tercer año de ejercicio de la Quincuagésima
Octava Legislatura, con el que se dio cuenta en la sesión celebrada en esta fecha.
La Presidencia
dictó el siguiente trámite: “de enterado, insértese en el Diario de los
Debates y remítase a las honorables cámaras de Diputados y Senadores”.
México, DF, a
15 de marzo de 2003. Sen. Yolanda Eugenia González
Hernández (rúbrica) Secretaria Dip. José
Tomás Lozano y Pardinas (rúbrica) Secretario »
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.
Escudo Nacional
de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.
Comisión
Permanente.— 1er. Receso.— 3er. Año de ejercicio.
Informe de
labores del 16 de diciembre de 2002 al 15 de marzo de 2003.
INFORME SINTETIZADO
Sesiones
realizadas: 14
Oradores en
tribuna: 292
PRI-103; PAN-67;
PRD-94; PVEM-14; PT-14
Horas
transcurridas: 47:17
Comisiones
reglamentarias y protocolarias: 20
Comunicaciones
de legislaturas locales: 94; de ellas, 46 se turnaron a comisiones legislativas.
Condecoraciones
que otorgan gobiernos extranjeros, permisos para aceptar y usar: 98
Cónsul general,
nombramiento de: 2
Cónsul
honorario, nombramiento de: 3
Agente consular
honorario, permiso para desempeñar cargo: 1
Diputados que
solicitan licencia: 22
Diputados que se
reincorporan: 17
Senadores que
solicitan licencia: 2
Embajadas o
consulados, permiso para prestar servicios: 25
Embajadas o
consulados, dejar de prestar servicios: 2
Excitativas a
comisiones legislativas: 17
Grados
militares, ratificación de: 92
Magistrados de
la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, nombramiento
de: 6
Magistrados
Numerarios de los Tribunales Unitarios Agrarios, nombramiento de: 7
Vocal de la
Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, nombramiento de: 1
Minutos de
silencio: 3
Presidente de la
República, permiso para ausentarse del territorio nacional: 1
Puntos de
acuerdo, proposiciones de: 93
Puntos de
acuerdo aprobados: 15
Dictámenes con
puntos de acuerdo aprobados: 21
Oficios
relativos a puntos de acuerdo aprobados por las cámaras de Diputados y de Senadores: 20
Temas de agenda
política: 13
Efemérides: 3
Iniciativas
presentadas: 54. Legislaturas estatales: 16; PRI-15; PAN-5; PRD-15; PVEM-1;
PT-1;legisladores: PRI, PRD, PVEM, PSN-1.»
El Presidente diputado Armando Salinas
Torre:
De enterado e insértese en el Diario de los Debates.
COMISION DE CONCORDIA Y PACIFICACION
El
Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII
Legislatura.— Comisión de Concordia y Pacificación.
Dip. Eric Eber
Villanueva Mukul, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados de la
LVIII Legislatura.— Presente.
Por este
conducto me permito comunicar a usted que la Comisión de Concordia y Pacificación ha
designado como Presidente en turno por el periodo del 1o. al 31 de marzo de 2003 al Dip.
Mauro Huerta Díaz, por lo que se pone a sus apreciables órdenes para tratar cualquier
asunto relacionado con las negociaciones de paz en el estado de Chiapas.
Agradezco de
antemano su atención y aprovecho la ocasión para reiterarle mi respeto.
Atentamente.
México, DF, a 4
de marzo de 2003.— Sen. Rutilio Escandón
Cadenas (rúbrica), Presidente.»
El Presidente diputado Armando Salinas
Torre:
De enterado.
DIPUTADO QUE CAMBIA DE GRUPO PARLAMENTARIO
La Secretaria María de las Nieves
García Fernández:
«Dip. Eric Eber
Villanueva Mukul, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.—
Presente.
José Bañales
Castro, diputado federal por el distrito XVI de Tlaquepaque, Jalisco, e integrante del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hago de su conocimiento por este
conducto que a partir del día 1o. de marzo del año en curso, me separo de Acción
Nacional y mi decisión es irrevocable, la situación que ha prevalecido en torno a mi
persona como integrante de Acción Nacional me ha orillado a tomar dicha determinación.
En tal virtud, a
partir del 1o. de marzo del año en curso, he resuelto continuar con mi labor legislativa
como diputado independiente; por lo anteriormente expuesto le solicito gire sus
apreciables instrucciones para que sea turnado para su presentación en la primera sesión
de la Comisión Permanente de la próxima semana el presente oficio y me sea asignada y
habilitada una oficina, así como línea telefónica para desarrollar mi trabajo.
Agradeciendo de
antemano las atenciones que sirva dar a la presente, le reitero las seguridades de mi más
alta y distinguida consideración.
Atentamente.
Palacio
Legislativo.— San Lázaro, a 27 de febrero de 2003.— Dip. José Bañales Castro (rúbrica).»
El Presidente diputado Armando Salinas
Torre:
De enterado.
CAMBIOS
DE TRAMITE
La
Secretaria diputada María de las Nieves García Fernández:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara
de Diputados.
CC. Secretarios
de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Esta Presidencia
informa que se recibieron solicitudes de diversas comisiones para cambio de turno de
iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo.
Con fundamento
en lo que establece el artículo 23, inciso f), de la Ley Orgánica, se modifica el
trámite de los siguientes asuntos:
Comisión: la Comisión de Radio,
Televisión y Cinematografía informa que derivado del análisis de la iniciativa que
reforma y adiciona el artículo 309 de la Ley General de Salud, en materia de publicidad
del tabaco, presentada por el diputado Rafael Orozco Martínez el 14 de diciembre de 2002,
turnada a esa Comisión, ha llegado a la conclusión de que el tema no es de su
competencia. Declina.
Nuevo turno: se
modifica el trámite. Se turna exclusivamente a la Comisión de Salud, para que emita el
dictamen correspondiente.
Comisión: la Comisión de Desarrollo
Social solicita sea cambiado el turno de la proposición con punto de acuerdo para que
solicite a la Sagarpa que coadyuve en los trabajos de sanidad en la región afectada por
la plaga de la langosta en la huasteca potosina, presentada por el diputado Alejandro
Zapata Perogordo el 8 de octubre de 2002, en virtud de que este asunto es materia de la
Comisión de Agricultura y Ganadería. Declina.
Nuevo turno: se
modifica el trámite. Se turna exclusivamente a la Comisión de Agricultura y Ganadería,
para que emita el dictamen correspondiente.
Comisión: la Comisión de Desarrollo
Social solicita que la iniciativa de Ley General de Vivienda, presentada por el diputado
José Marcos Aguilar Moreno el 5 de diciembre de 2002, sea turnada exclusivamente a la
Comisión de Vivienda. Declina.
Nuevo turno: se
modifica el trámite. Se turna exclusivamente a la Comisión de Vivienda, para que emita
el dictamen correspondiente.
Comisión: la Comisión de Ciencia y
Tecnología solicita sea modificado el turno dado a la proposición con punto de acuerdo
por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que haga propios los
objetivos del Plan de Educación para el Desarrollo y la Integración de América Latina,
promovido por el Parlamento Latinoamericano y la Organización de las Naciones Unidas,
presentado por el diputado Eduardo Rivera Pérez, PAN, el 30 de abril de 2002; en virtud
de no tener las atribuciones y los elementos necesarios para su resolución, consideran
que el asunto debe ser resuelto solamente por la Comisión de Educación Pública y
Servicios Educativos. Declina.
Nuevo turno: se
modifica el trámite. Se turna a las comisiones de Educación Pública y Servicios
Educativos, y de Cultura, para que emitan el dictamen correspondiente.
Comisión: la
Comisión de Puntos Constitucionales informa que la iniciativa de Ley del Transporte
Federal, presentada por el diputado Juan Manuel Duarte Dávila el 15 de diciembre de 2001,
turnada a las comisiones de Transportes y de Puntos Constitucionales, fue objeto de
estudio por ambas comisiones y en virtud de los cambios propuestos por los legisladores en
coordinación con el sector correspondiente, se llegó a la conclusión de que la misma no
implica una modificación al marco constitucional, por lo que esta comisión ha
determinado declinar la competencia para su dictamen. Declina.
Nuevo turno: se
modifica el trámite. Se turna exclusivamente a la Comisión de Transportes, para que
emita el dictamen correspondiente.
Solicito a
ustedes lo hagan del conocimiento de la honorable Asamblea y se publique en la Gaceta Parlamentaria.
Atentamente.
Palacio
Legislativo.— San Lázaro, a 10 de marzo de 2003.— Dip. Eric Eber Villanueva Mukul (rúbrica), Presidente
de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.»
El Presidente diputado Armando Salinas
Torre:
De enterado. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII
Legislatura.— Presidencia de la Mesa Directiva.
CC. Secretarios
de la H. Cámara de Diputados.— Presentes.
Me permito hacer
de su conocimiento, que en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, se aprobó la
propuesta de la senadora Micaela Aguilar González, con punto de acuerdo que a
continuación se transcribe:
“Primero. Se exhorta a la H. Cámara de
Diputados para que, conforme a las atribuciones constitucionales que tiene respecto al
primer párrafo de la fracción IV del artículo 74 constitucional, la Secretaría de
Relaciones Exteriores no entere a la Tesorería de la Federación los ingresos consulares
recaudados por las representaciones de México en el exterior, los cuales se encuentran
autorizados en el artículo 2o., fracción II, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, y
en los artículos 20, 22 y 23 de la Ley Federal de Derechos, de forma tal que éstos
puedan ser aplicados de manera inmediata a programas de repatriación de personas
vulnerables; atención y asesoría jurídica y de protección consular; visitas a
cárceles y centros de detención; atención telefónica; campaña de seguridad al
migrante; servicios consulares móviles; prestación de servicios consulares en general; y
atención al público, así como para gasto corriente e inversión necesaria para que de
manera adecuada y suficiente se brinde la atención y servicio a migrantes mexicanos en el
extranjero.
Segundo. Que los recursos asignados al programa de
asistencia jurídica a sentenciados a pena de muerte se dupliquen, con objeto de que se
atienda el mayor número de casos de connacionales sentenciados a pena capital o que
enfrentan la posibilidad de ser sentenciados a ésta.”
Atentamente.
México, DF, a
10 de diciembre de 2002.— Sen. Enrique Jackson
Ramírez (rúbrica) Presidente.»
El Presidente diputado Armando Salinas
Torre:
De enterado. Remítase a las
comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores, para su
conocimiento.
CAMARA
DE SENADORES
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII
Legislatura.
CC. Secretarios
de la H. Cámara de Diputados— Presentes.
Para
conocimiento de esa honorable colegisladora, me permito comunicarles que, en sesión
celebrada en esta fecha, dio inicio el segundo periodo de sesiones ordinarias del tercer
año de ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura, que funcionará del 15 de marzo
al 30 de abril del actual.
Reitero a
ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
México, DF, a
15 de marzo de 2003.— Sen. Carlos Chaurand
Arzate (rúbrica), Vicepresidente.»
El Presidente diputado Armando Salinas
Torre:
De enterado.
LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES
PUBLICOS
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.— Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Dip. Eric Eber
Villanueva Mukul Presidente de la Mesa Directiva.— Presente.
Con la anuencia
de la Mesa Directiva de esta comisión y con objeto de agilizar el curso de diversas
iniciativas turnadas simultáneamente a varias comisiones, atentamente me permito
solicitarle que la minuta con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos
9o., 12 y 33 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, enviada
por el Senado de la República el 3 de diciembre de 2002, sea dictaminada exclusivamente
por la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, misma que cuenta con todos los
antecedentes para emitir el dictamen correspondiente.
Sin otro
particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente.
Palacio
Legislativo, a 11 de marzo de 2003.— Dip. José
Elías Romero Apis (rúbrica), Presidente.»
Minuta
1. Con proyecto
de decreto que reforma los artículos 9o., 12 y 33 de la Ley Federal de Responsabilidades
de los Servidores Públicos. (Garantizar la asistencia de traductores para ciudadanos de
comunidades indígenas en la presentación de denuncia escrita en contra de servidores
públicos ante la Cámara de Diputados). Se turnó a las comisiones de Gobernación y
Seguridad Pública y de Justicia y Derechos Humanos.
Proceso Legislativo:
Iniciativa
presentada en la Cámara de Senadores por el senador José Eduardo Robinson Bours Castelo
(PRI) el 13 de diciembre de 2001.
Dictamen
aprobado en el Senado de la República, por 80 votos en pro y 0 en contra, el 26 de
noviembre de 2002.
Materia:
Responsabilidades/Indígena.
Propuesta:
Garantizar la
asistencia de traductores para ciudadanos de comunidades indígenas, en la presentación
de denuncia escrita en contra de servidores públicos ante la Cámara de Diputados, por
actos que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales, y a efecto de
que la Cámara determine la declaración de procedencia correspondiente.
El Presidente diputado Armando Salinas
Torre:
De enterado.
CAFETICULTURA
El
Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.— Junta de Coordinación Política.
Diputado Armando
Salinas Torre, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento
en el artículo 34 numeral 1 inciso b, de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados
Unidos Mexicanos, le envío el “acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por
el que se extiende la prórroga de la duración de funcionamiento del Grupo de Trabajo de
Cafeticultura de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de
Diputados”.
Lo anterior, a
efecto de se incluya en la sesión del día martes 18 de marzo del año en curso.
Sin otro
particular, quedo de usted.
Atentamente.
Palacio
Legislativo.— México, DF, a 17 de marzo de 2003.— Diputado Martí Batres Guadarrama, Presidente.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.
Acuerdo de la
Junta de Coordinación Política, por el que se extiende la prórroga de la duración de
funcionamiento del Grupo de Trabajo de Cafeticultura, de la Comisión de Agricultura y
Ganadería de la Cámara de Diputados.
La Junta de
Coordinación Política de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura, con fundamento
en el artículo 34, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes
CONSIDERACIONES
I. Que el 6 de
junio de 2001, la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo por el que se solicita
a la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados la conformación de
un grupo de trabajo para analizar la problemática de la Cafeticultura.
II. Que con
fecha 29 de enero de 2002, la Junta de Coordinación Política suscribió un acuerdo a
efecto de solicitar un grupo de trabajo de Cafeticultura la presentación de un informe de
los trabajos realizados, mismo que fue ratificado por el pleno el 20 de marzo del mismo
año.
III. Que el 26
de marzo de 2002, se presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados el informe de los
trabajos realizados por el Grupo de Trabajo de Cafeticultura.
IV. Que el 25 de
abril de 2002, la Junta de Coordinación Política, acordó otorgar una prórroga a la
duración del Grupo de Trabajo de Cafeticultura, hasta el 31 de diciembre del 2002.
V. Que con fecha
16 de enero de 2003, la Junta de Coordinación Política recibió la solicitud del Grupo
de Trabajo de Cafeticultura, a efecto de prorrogar la duración del mismo, hasta el 31 de
agosto del año 2003.
Por lo
anteriormente expuesto y fundado, la Junta de Coordinación Política presenta el
siguiente
ACUERDO
Primero. Se otorga una prórroga a la duración
del funcionamiento del Grupo de Trabajo de Cafeticultura, de la Comisión de Agricultura y
Ganadería de esta Cámara, hasta el 31 de agosto del 2003, a efecto de que concluya con
los trabajos respectivos.
Segundo. Comuníquese al Grupo de Trabajo de
Cafeticultura, por conducto de la Comisión de Agricultura y Ganadería.
Dado en el
Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 6 de febrero del 2003.— Dip. Martí Batres Guadarrama, Presidente y Coordinador
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Dip. Rafael Rodríguez Barrera, Coordinador del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Dip. Felipe Calderón Hinojosa, Coordinador del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional; Dip. Bernardo
de la Garza Herrera, Coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista
de México; Dip. Alberto Anaya Gutiérrez, Coordinador
del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.»
En votación
económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados
que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado.
ESTADO
DE COLIMA
El
Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.— Junta de Coordinación Política.
Diputado Armando
Salinas Torre, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento
en el artículo 34 numeral 1 inciso c, de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados
Unidos Mexicanos, y en atención al “acuerdo de la Junta de Coordinación Política,
por el que se crea un grupo de trabajo para dar seguimiento al proceso de reconstrucción
del estado de Colima, con motivo del sismo ocurrido del pasado 21 de enero”, informo
a usted que dicho grupo de trabajo se integrará con los siguientes diputados: Roberto
Preciado Cuevas, GPPRI; Jesús Dueñas Llerenas, GPPAN; Ramón León Morales, GPPRD;
Julieta Prieto Furhken, GPPVEM, Jaime Cervantes Rivera, GPPT.
Lo anterior, a
efecto de que se incluya en la sesión del día martes 18 de marzo del año en curso.
Sin otro
particular, quedo de usted.
Atentamente.
Palacio
Legislativo.— México, DF, a 17 de marzo de 2003.— Diputado Martí Batres Guadarrama, Presidente.»
En votación
económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Armando Salinas
Torre:
Aprobado.
REGISTRO
DE ASISTENCIA
El Presidente diputado Armando Salinas
Torre:
De conformidad
con lo dispuesto en el artículo 1o. del acuerdo relativo al sistema electrónico de
registro de asistencia del 5 de noviembre del 2002, se pide a la Secretaría dar cuenta
del mismo e instruya su cierre.
El
Secretario diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
Se informa a la
Presidencia que hasta el momento el sistema registra la asistencia de 426 diputados.
Ciérrese el
sistema electrónico.
TRABAJOS
LEGISLATIVOS
El Presidente diputado Armando Salinas
Torre:
El siguiente
punto del orden del día es posicionamiento de los partidos políticos representados en la
Cámara de Diputados, sobre el inicio del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer
Año de Ejercicio de la LVIII Legislatura.
Se han
registrado para hacer uso de la palabra los siguientes diputados:
José Manuel del
Río Virgen, Beatriz Patricia Lorenzo Juárez, Norma Patricia Riojas Santana, José Narro
Céspedes, Alejandro García Sainz Arena, Martí Batres Guadarrama, Alejandro Zapata
Perogordo y Rafael Rodríguez Barrera.
En tal virtud,
tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado José Manuel del Río
Virgen.
El diputado José Manuel del Río Virgen:
Con su permiso,
señor Presidente:
Saludo al
diputado Eric Villanueva, quien con decoro, esfuerzo y capacidad cumplió en su periodo
una Presidencia diferente, para bien del Congreso y para bien de México.
A usted diputado
Armando Salinas, le deseo la mejor de las suertes pues representa la unidad de la Cámara.
Que sea para bien del Congreso.
Esta Cámara,
compañeras y compañeros diputados, ha tenido un papel preponderante en la inconclusa
transición democrática del país. Iniciamos el último periodo de sesiones. Es hora de
la reflexión. Unamos nuestra fuerza con un sólo interés: cumplir lo prometido a los
mexicanos.
No podemos,
compañeras y compañeros diputados, venir a esta Cámara con una agendita de bajo perfil,
pues los mexicanos allá afuera están esperando los cambios estructurales, los cambios
prioritarios. Por ejemplo, la reforma eléctrica, la que proponemos se incluya en esta
agenda; la que queremos los mexicanos y que esté por encima de los intereses partidistas.
Si no somos
capaces de realizar una reforma eléctrica que beneficie las arcas del país y por tanto
los niveles de vida de los mexicanos, de nada servirán tantas y tantas reuniones que
podemos seguir llevando a cabo. Pero la reforma eléctrica no llega, y es la reforma
eléctrica una reforma coyuntural que quieren los mexicanos, que queremos todos en este
país.
La reforma
eléctrica debe ser sinónimo de fortalecimiento de la soberanía nacional y no entrega de
ella; en donde se fortalezca la visión de futuro y la visión de país que tenemos.
Para
convergencia en esta agenda será importante decir no, a la pena de muerte. No se puede
hablar de una pena de muerte cuando no tenemos la seguridad de quien el que cumple esa
pena es realmente el sujeto activo del delito que se le imputa. Violaríamos la más
importante de las garantías individuales y principales de todo ser humano que es la
privación de la vida.
Por lo tanto le
exigimos a la procuración de justicia mayor eficiencia, pues de cada 100 delitos sólo se
castigan cinco.
La Reforma de
Estado es un compromiso nacional, sin embargo, los temas torales no aparecen en la agenda.
Lástima de tantos temas que se han consensado, deberían de estar en la agenda
legislativa.
Impulsaremos la
Ley Federal de Juegos y Sorteos, pero sin casinos. Por lo tanto y como se han estado dando
aquí nombres de varios legisladores, en el sentido de que tienen algún interés para
frenar o para acelerar esta legislación, propongo que se cree una comisión de
legisladores que investigue y que se deje a salvo de estos legisladores su buen nombre. No
es correcto y no es justo que entre legisladores nos enlodemos. Vale la pena, vale la
pena, bien vale la pena, compañeros diputados, que salvaguardemos la institución y
salvaguardemos el buen nombre de los legisladores.
Tampoco le
podremos regatear ningún apoyo a la Ley de la Agroindustria Azucarera, pues no podemos
seguir beneficiando a los productores de alta fructosa y empobreciendo a nuestros cañeros
mexicanos. Así lo creo también para que se fomente el desarrollo de la cafeticultura
mexicana, marco legal del azúcar y el café que necesitan los mexicanos, pero
particularmente mis paisanos, los veracruzanos.
De aquí tendrá
que salir el reglamento de transparencia y acceso a la información pública de la Cámara
de Diputados. Vale la pena que tengamos ese reglamento para que sepamos cuánto dinero
manejan las fracciones parlamentarias, cómo se gasta y cómo se comprueba este dinero y
para darnos cuenta si son los diputados quienes exigen un millón o son las fracciones las
que se defienden de esta información.
Nos da tiempo si
queremos impulsar una nueva ley contra la discriminación, una ley en materia de
biodiversidad y una más para que 24 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos de
América tengan seguridad y certidumbre en las remesas que envían a sus familiares en
este país.
Necesitamos la
ley del transporte y necesitamos con urgencia la nueva Ley Orgánica del Instituto
Politécnico Nacional que el Ejecutivo nos ha estado prometiendo que enviará y ésta no
llega; 200 mil politécnicos están esperando esta ley. Urge que la envíe el Ejecutivo
para que podamos aprobarla.
Ojalá y este
periodo de sesiones no sirva exclusivamente —y termino, señor Presidente—, para
que los partidos políticos vengan a esta tribuna con sus vendetas y se enloden entre
ello. Bien vale la pena que hagamos un esfuerzo por llevarle a los mexicanos la certeza y
la seguridad que los partidos políticos tienen propuestas y no los ahuyenten de las
urnas, como pasó en el estado de México.
Bien vale la
pena que vayamos e investiguemos a fondo y que la Sección Instructora termine su proceso
en el caso del Pemexgate y bien vale la pena que también se investigue el caso de los
Amigos de Fox.
Gracias, señor
Presidente.
El Presidente diputado Armando Salinas
Torre:
Tiene el uso de
la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Beatriz Patricia Lorenzo Juárez.
La diputada Beatriz Patricia Lorenzo Juárez:
Con el permiso
de la Presidencia; honorable Congreso de la Unión:
Hoy esta LVIII
Legislatura comienza el último periodo ordinario de actividades legislativas y al mismo
tiempo no se vislumbra una estrategia económica clara que dé lugar a soluciones claras a
corto, mediano y largo plazos a favor de los más desprotegidos de México, que son los
más.
Los acuerdos y
los acercamientos políticos entre las distintas fuerzas representadas en esta soberanía
se dieron a lo largo de esta Legislatura, es cierto, pero no en la cantidad y calidad que
esperaba la sociedad.
Debemos
preguntarnos si realmente hemos llegado a los acuerdos, si estamos satisfechos con lo
realizado, si aún contamos con la credibilidad con que fuimos electos o si hemos hecho
sólo un mínimo de lo que pudimos haber rea-lizado.
Estas son
preguntas que debemos contestarnos cada uno de nosotros en lo individual. No podemos
hablar de una transición democrática en el país mientras no se dé lugar a un
desarrollo reformador, lo cual únicamente se dará cuando se acepte una nueva
redefinición del quehacer político.
Crear los nexos
y vincular las causas no es una tarea fácil; requiere no sólo de una voluntad política,
sino de tolerancia, actitud difícil de encontrar en estos tiempos de incertidumbre
mundial.
Aun así, la
temática legislativa que se impulse durante el último periodo ordinario de sesiones debe
ser una agenda compartida, en donde quede de manifiesto que el Poder Legislativo puede
hacer de la tolerancia un pilar de su quehacer parlamentario.
De todos es
conocido que un ambiente contaminado priva en el ámbito político, pero éste es uno de
los precios que hay que pagar en la democracia cuando no se ha sabido asumirla con
responsabilidad.
Sin duda sería
realmente lamentable que el presente y último período de sesiones se viera contaminado
con los tiempos electorales que vive el país.
Esta LVIII
Legislatura fue la materialización de la pluralidad política existente en el México de
principios del Siglo XXI, pero desgraciadamente ésta no pudo evitar los desa-cuerdos
partidistas.
Nadie ha dicho
que la convivencia sea fácil en una democracia; tuvimos nuestra oportunidad y lo que
hicimos o dejamos de hacer lo juzgarán sin duda las generaciones futuras.
Todos sabemos
que han quedado inconclusos los grandes temas nacionales, que no nuevos, así como las
grandes reformas estructurales que requiere el país. Pero ¿cómo cambiar el futuro de la
nación, mientras nadie está dispuesto a pagar el precio por una auténtica
transformación de la realidad nacional, mientras todos quieren ganar pero nadie quiere
arriesgar y nadie quiere perder?
Terminará la
presente Legislatura y los problemas, los pendientes y los rezagos continuarán abrumando
a la sociedad en su conjunto.
Debemos entender
que mientras todo se partidice jamás podremos encontrar soluciones reales y eficaces. Una
auténtica Reforma del Estado debe dar lugar al crecimiento de la sociedad y no por el
contrario ser excusa para su estancamiento.
En el Partido
Alianza Social consideramos que las grandes transformaciones que requiere el país en lo
político, en lo social y en lo económico y dar lugar con ello a un posicionamiento real
y sólido de México ante el concierto de naciones que hasta hoy permanecen como buenas
intenciones, al no existir la voluntad política real para convertirlas en acciones.
Por otro lado,
la competitividad que hoy exige la globalización en todos los ámbitos debe comenzar con
la defensa de lo nacional. La competitividad si bien implica negociación, de ninguna
manera debe dar lugar a la sumisión o a la dependencia.
Hoy las
instituciones democráticas deben explicar a la sociedad qué es lo que hacen y por qué
lo hacen. Así la imposición de las políticas públicas ha dejado de ser una práctica
común en el ejercicio de gobierno, de asumir posiciones razonadas, actitudes responsables
y el dar lugar a un gobierno con visión de futuro, dejando así de ser un gobierno
coyuntural depende el futuro de México, que no se agota en tres o en seis años, sólo
así podrá darse en nuestro país una consolidación de una nueva democracia, buscar al
menos en el discurso por todos.
Desgraciadamente
la parálisis de incertidumbre en el quehacer del gobierno no es buena señal y es esto
último lo que ha prevalecido a lo largo de esta Legislatura. Sin duda, el Congreso de la
Unión tiene un nuevo papel en el desa-rrollo político nacional al hacer de sus acciones
un actuar responsable, lo que implica dejar de gobernar a los electores y comenzar a
gobernar con los ciudadanos.
Si me permite
terminar, Presidente, por favor.
Las metas tanto
individuales como colectivas no sólo deben desearse, se debe hacer lo necesario para
alcanzarlas. Hoy es nuestro tiempo, esta LVIII Legislatura tiene una última oportunidad
para dar lugar a las acciones que trasciendan al tiempo y no sólo a palabras que con los
años se olvidarán.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Armando Salinas
Torre:
Tiene la palabra
la diputada Norma Patricia Riojas Santana, hasta por cinco minutos.
La diputada Norma Patricia Riojas Santana:
Con el permiso
de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores:
El día de hoy,
que iniciamos formalmente el último periodo ordinario de sesiones de la LVIII Legislatura
de la Cámara de Diputados, los nacionalistas esperamos que el clima político en el que
se encuentra inmerso nuestro país no sea un factor que les obstaculice las negociaciones,
los acuerdos y los consensos políticos en el desarrollo del trabajo legislativo.
Sin duda alguna,
la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión ha sentado un precedente en la vida
parlamentaria de nuestro país, es el parteaguas entre los regímenes del partido
homogénico y de transición a la democracia. Actualmente la ciudadanía empieza a
reconocer el Poder Legislativo como un poder real de contrapeso del Ejecutivo Federal,
como el centro de la política nacional. Pero también nos han calificado de ser un poder
que no ha logrado responder de manera eficaz a los intereses nacionales. Esta concepción
es nuestra obligación cambiarla, demostrándole al pueblo de México que la LVIII
Legislatura del Congreso de la Unión está trabajando con y para los mexicanos.
No porque éste
sea el último periodo de sesiones ordinarias de esta Legislatura debemos tirar por la
borda los logros alcanzados y la posición que tanto trabajo nos ha costado construir.
Desde el
principio de nuestra gestión los nacionalistas, los del Partido de la Sociedad
Nacionalista, nos comprometimos a realizar un trabajo legislativo plural e incluyente con
todas las fuerzas políticas aquí representadas, exhortándolas a trabajar con
nacionalismo, dignidad, funcionalidad, dejando a un lado los intereses partidistas en la
construcción del proyecto de nación que requieren todos los mexicanos.
Los
nacionalistas hemos sido coherentes en nuestro posicionamiento y en el compromiso que
hicimos al inicio de esta legislatura en ser objetivos en ser analíticos y sobre todo
votar siempre a favor de los intereses de México.
Nunca es tarde
para trabajar por nuestro país, para dejar atrás las mayorías prefabricadas, las
prácticas clientelares, las descalificaciones y las actitudes viscerales. Hoy es un buen
momento para demostrarle a la ciudadanía que somos actores eficaces y capaces de
construir la transformación de nuestro amado país.
Para los
verdaderos nacionalistas, el único y real compromiso que tenemos y debemos tener es con
México y con los mexicanos. Los nacionalistas queremos que en este periodo de sesiones se
analice y se debata en un ambiente de responsabilidad y profesionalismo, de manera
cohesionada y tolerante entre otros temas, los siguientes:
• La
Reforma del Estado y la adecuación de la estructura gubernamental.
• Reforma
política hacendaria integral.
• La
creación de un marco legal en el área laboral y económica, que propicie el desarrollo
con igualdad a lo largo y a lo ancho de todo el país, sin excluir zonas ni estados ni
regiones, que analice la política exterior. En este sentido los nacionalistas nos
manifestamos con un ¡no rotundo a la guerra!
• La Ley de
Telecomunicaciones.
• Las
reformas en materia de vivienda.
• La Ley de
Desarrollo Social.
• Las
adecuaciones a la Ley General de Educación.
La agenda de los
nacionalistas, de los verdaderos nacionalistas, dará prioridad a las áreas que afectan a
los que menos tienen y a los que menos pueden. Atenderá la creación de nuevos
instrumentos que promuevan el desarrollo pleno de la persona humana, de manera especial a
las personas con capacidades diferenciadas.
Incluirá
también aspectos tendientes a lograr la equidad de género y la eliminación de toda
forma de discriminación. Asimismo, dará un lugar preponderante a la grave situación por
la que está atravesando el campo mexicano, promoviendo reformas legislativas y políticas
públicas que propicien un desarrollo rural sustentable.
México requiere
que encaminemos todos nuestros esfuerzos a obtener y consolidar la idea original de la
democracia, es decir, un gobierno que responda a los intereses de un pueblo, de nuestro
pueblo.
Hoy es un buen
momento para que todos juntos construyamos una gran transformación nacional, reafirmando
el compromiso que tenemos con los intereses de nuestra nación.
Es así que el
Partido de la Sociedad Nacionalista desde la alta tribuna hacemos un llamado a la unidad,
a la unidad de todas y todos los mexicanos, para que conjuntamente, independientemente de
nuestras diferencias, pongamos como premisa fundamental de nuestra labor que la patria es
primero.
Es cuanto,
señor Presidente.
El Presidente diputado Armando Salinas
Torre:
Tiene el uso de
la palabra hasta por 10 minutos el diputado José Narro Céspedes.
El diputado José Narro Céspedes:
Con su permiso
Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Nuestro trabajo
legislativo se inicia en un contexto caracterizado por la inminente guerra, fruto de la
irracionalidad y de la ley del más fuerte, que lo único que persigue es apropiarse de
los recursos petroleros de una región del mundo.
El ultimátum
impuesto por Estados Unidos, Inglaterra y España, para que Saddam Hussein abandone el
poder en 48 horas, es un claro acto de abuso y prepotencia por parte del imperio
norteamericano, que por el bien del resto de las naciones no podemos solapar. ¿Dónde
queda el derecho internacional?
Estamos en
contra de la guerra, pero también estamos en contra de que un país se pretenda erigir en
el árbitro y en el juez internacional y defina si se hace o no la guerra a partir de que
quien gobierna se salga de su país. No avalaremos esto si el Gobierno mexicano promueve
el planteamiento y apoye el planteamiento de Estados Unidos para que Saddam Hussein salga
de Irak, porque es claramente una medida intervencionista, es una medida que violenta los
principios internacionales que nos han dado patria.
Pero también
queremos señalar que vemos positivo el pronunciamiento que el día de ayer hizo ante la
nación el Presidente Vicente Fox. ¿Dónde está la voluntad de la totalidad de los
habitantes de las naciones quienes están a favor de lograr el desarme de este país por
medios pacíficos y mantener la paz en el mundo? ¿Quién obligará a Estados Unidos a
desarmarse para que deje de ser una amenaza fatal para la humanidad? Queremos el desarme,
pero no nomás de Irak.
México ha sido
un promotor, entre otros, del Tratado de Tlatelolco para impulsar, acabar con las armas de
destrucción masiva que hay en el mundo. Queremos el desarme de Irak pero queremos el
desarme también de Estados Unidos y de todos aquellos países que tienen armas de
destrucción masiva en contra de la propia humanidad.
Adueñarse del
petróleo de la nación iraquí y de ejercer suliderazgo mundial de la zona son los
propósitos claros del gobierno de Estados Unidos y de sus empresas transnacionales para
que al pueblo iraquí los costos serán muy altos. Si estalla la guerra no solamente
perderán su petróleo sino también morirán 1 millón 200 mil niños y cientos y miles
de adultos, hombres y mujeres, conforme estimaciones de las propias Naciones Unidas.
La ambición de
las petroleras norteamericanas e inglesas no tiene límites, no les importa teñir de
sangre cualquier parte del planeta con tal de colmar sus ambiciones de poder, sólo la
movilización mundial y de este Congreso y de todos los congresos del mundo a favor de la
paz y el rechazo firme a la guerra podrán detenerlas. Esta situación de guerra
compromete seriamente la política exterior de México, ya que al ser miembro del Consejo
de Seguridad de la ONU se ve obligado a tomar una postura precisa con relación a esta
guerra.
El pueblo de
México y las fuerzas políticas de oposición representadas en este Congreso se ha
pronunciado por el no a la guerra, en este contexto el Gobierno del Presidente Fox está
obligado a mantener los principios de nuestra política exterior, plasmados en el
artículo 89 constitucional.
No hay espacios
para la duda, la capacidad de autogestionarse del pueblo mexicano no está sujeto a los
caprichos de las potencias ni a los intereses facciosos de grupos internos que están a
favor de negociar principios por intereses, no hay vuelta de hoja, la decisión del pueblo
mexicano, es decir no a la guerra.
Compañeras y
compañeros legisladores: la situación en que se encuentran millones de nuestros
compatriotas que viven en el campo también es un tema importante que tiene que abordar en
este periodo el Congreso. La crisis en que se encuentran los productores de tierras
comunales y ejidales así como pequeños propietarios han orillado a cientos de miles de
los hombres del campo a emigrar hacia Estados Unidos en busca de oportunidades que les
niega nuestro propio país.
En estos dos
últimos años, 3.5 millones de mexicanos se han visto en la necesidad de emigrar hacia
Estados Unidos, es prácticamente una política de limpieza social la que se está
llevando sobre el campo de nuestro país a partir de llevarlos a situaciones de pobreza y
de desesperanza extrema.
La crisis del
campo se agravó con el Tratado de Libre Comercio porque en lugar de beneficios los
subproductores ejidales y comunales y pequeños propietarios están cosechando miseria,
hambre y desnutrición.
Hoy estamos
inundados de productos chatarra, agrícolas, procedentes de otras partes del mundo y los
nuestros fueron desplazados. De forma deliberada los regímenes del pasado y el actual
Gobierno Federal han abandonado a los hombres del campo, los gobiernos priístas usaron el
campo como un bastión de votos negando los apoyos y las políticas que realmente pudieran
sacarlo de esa situación de atraso y de marasmo.
Se estima que
hoy, el 81.5% de los habitantes del medio rural son pobres y la pobreza extrema en el
campo alcanza el 55.3% de ellos. A fuerza de movilizaciones en varias entidades del país
y de la marcha multitudinaria de fines de enero que culminó en el Zócalo de la Ciudad de
México se ha logrado que el Gobierno Federal empiece a escuchar a los campesinos de este
país.
Sus demandas
fundamentales son: la renegociación del Tratado de Libre Comercio y una política que
haga realidad la soberanía alimentaria con los campesinos de nuestro país. Los hombres
del campo ya no están dispuestos a continuar viviendo con el lastre de la pobreza y el
abandono como parte de su destino.
A fuerza de
resistir y de presionar al Gobierno Federal, han logrado que se discuta su problemática
en el marco de las mesas del diálogo para una política de Estado para el campo; sin
embargo, los acuerdos que ahí se logren sólo tendrán sentido si se incorporan las
demandas de nuestros productores consistentes en garantizar un nivel de vida similar y el
medio urbano.
Los hombres del
campo ya no están dispuestos a aceptar que por ser campesinos y vivir en el campo deban
de estar marcados por la pobreza, el analfabetismo y una calidad de vida inferior a la que
existe en las ciudades.
También exigen
al Gobierno Federal se comprometa con una política que privilegie la soberanía y la
seguridad alimentaria, la multifuncionalidad del campo y el fortalecimiento de la
capacidad del desarrollo de los pequeños y medianos productores, así como en las
comunidades indígenas y campesinas.
El grupo
parlamentario del Partido del Trabajo apoyará que estas exigencias se vuelvan una
realidad mediante su traducción, entre otras cosas, de mayores recursos para el campo.
Sépanlo desde ahora, no avalaremos ninguna política de difusión mediática hacia el
campo que no se traduzca en beneficios reales para los productores rurales.
Compañeras y
compañeros legisladores, el país se haya inmerso en el proceso electoral que conducirá
a la renovación de la representación federal en la Cámara de Diputados; el pueblo
mexicano ha optado por una representación plural que expresa la diversidad de los
sectores sociales que componen nuestro territorio, sin embargo el presidente Fox se
adelantó a los tiempos políticos y de su arribo al Poder Ejecutivo se convirtió en el
jefe de la campaña política del Partido Acción Nacional y su proselitismo político se
centró primero en desacreditar al Congreso de la Unión, acusándolo de ser el
responsable del estrepitoso fracaso de su gestión gubernamental.
A cualquier foro
que asiste, no ha dudado en pedir a sus interlocutores que le quiten el freno al cambio,
que probablemente sea el mismo, justificando de esta manera su incapacidad para gobernar.
Para el grupo
parlamentario del Partido del Trabajo, los únicos responsables de la parálisis
económica y política del país es el Ejecutivo Federal y su partido. Fueron ellos los
que le prometieron al país y a sus electores, cambios espectaculares en materia de
crecimiento económico, creación de empleo, transparencia en el manejo de los recursos
públicos y de la información, así como la Reforma del Estado.
Los hechos
saltan a la vista. El Presidente Fox y sus amigos, han sido los primeros en negarse a que
el IFE y las instancias legales correspondientes tengan acceso a la información, a la
transparencia que ellos han planteado y se comprometieron a impulsarla, que documente el
origen de los recursos provenientes del exterior que sirvieron para financiar su campaña.
Ahora con la
multa impuesta al PRI por el órgano de fiscalización del IFE, ha quedado evidenciado que
dos de los partidos mayoritarios del país carecen de fuerza moral en tanto no han podido
aclarar el origen del financiamiento de sus campañas en el año 2000.
Es por salud
pública, que en ambos casos se llegue hasta el fondo y se aplique la ley con el mismo
rasero. Termino, señor Presidente. Por esta razón, desde ahora, queremos decirlo: el
Presidente Fox y sus amigos han manchado el proceso electoral en marcha y la única manera
de transparentarlo es que el IFE conozca, sin ningún obstáculo, el origen de esos
recursos.
En manos del
Presidente Fox está la credibilidad o el descrédito del proceso electoral del 6 de
julio.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Armando Salinas Torre:
Tiene el uso de
la palabra el diputado Alejandro García Sainz Arena, hasta por 10 minutos.
El diputado Alejandro Rafael García Sainz Arena:
Con el permiso
de la Mesa Directiva; compañeras y compañeros diputados:
El día de hoy,
nos reunimos para iniciar el último periodo de sesiones de esta LVIII Legislatura, sin
embargo, esta es una ocasión especial y propicia para llevar a cabo una evaluación de
nuestro desempeño que concluirá en este tercer año de ejercicio y por supuesto, de
afrontar los retos que nos esperan en este período, el cual, sin duda, será uno de los
más arduos por la competencia electoral que se aproxima.
Como
legisladores, tenemos el compromiso de dirigir y evaluar los procesos de transformación
del país y de la sociedad, así como reformar eficaz y profundamente las leyes que nos
permitan hacer realidad las necesidades que nos demandan todos los mexicanos. Estas
demandas que se nos presentan hoy en día, son las de un México de personas libres y
dignas, unidas en democracia, con plena vigencia de los derechos humanos y con una
economía eficiente, justa y sustentable.
Por ello, es
necesario que el trabajo en el Congreso de la Unión se encamine a concretar las
propuestas y necesidades de todos los mexicanos, plasmando éstas en el marco legal
vigente y con ello buscar disminuir la desigualdad, procurando siempre la justicia que
resulte en un país que pueda ser producto del trabajo, la honradez y todas aquellas
virtudes que nos caracterizan como pueblo mexicano.
En el Partido
Verde hacemos patente nuestro compromiso por alcanzar nuevos acuerdos que nos permitan
proveer de un marco jurídico benéfico para la sociedad en su conjunto, como lo fueron en
periodos anteriores. Tal es el caso de Pemex, que cuenta de 2001 en su Consejo de
Administración con el titular de la Semarnap, la promoción y aprobación de la Ley del
Deporte, la aprobación de la Ley de Acceso a la Información, la aprobación de la Ley
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en espera de las
modificaciones hechas por el Senado para su ratificación por esta misma Cámara. Así
también, esta Cámara aprobó una Ley de Responsabilidad Civil por Daños Ambientales, en
espera de su ratificación por parte del Senado.
El grupo
parlamentario del Partido Verde ha sido y seguirá siendo un aliado de aquellas reformas
que tiendan a lograr una sociedad igualitaria y un medio ambiente sano para todos. Por
ello hemos propuesto cambios sustanciales a la Constitución entre las que destacan el
otorgarle facultades al Distrito Federal, para que forme parte del proceso de reformas a
la propia Carta Magna, cambios al informe presidencial, sustitución del Ejecutivo Federal
en caso de ausencia definitiva, tratados internacionales con principios ambientales, así
como iniciativas a diversas leyes en las que se busca proteger a la fauna y vida silvestre
y por supuesto sus hábitats naturales.
En materia
fiscal y presupuestaria hemos propuesto importantes cambios que coadyuvan a un mejor
ingreso y a un eficiente gasto, el trabajo para jóvenes como un beneficio fiscal a las
empresas, el cobro de derechos para fomentar la conservación ambiental y una vigilancia
estricta del gasto gubernamental, es muestra clara de lo que nos ocupa.
En esta Cámara
todos los presentes acatamos la responsabilidad que nos confiere la ciudadanía y nos
mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes
secundarias. Por ello, los exhortamos a todos, así como a nuestros representados a que no
perdamos de vista los aspectos cuya resolución es de imperiosa necesidad, como lo son las
diversas propuestas estructurales que se encuentran en el abandono, porque han sido
suplantadas por ambiciones personales o de grupo que han dejado en el desamparo total a
nuestros conciudadanos.
Debemos antes de
concluir esta Legislatura, madurar aquellos acuerdos signados al inicio de ésta, para dar
cauce y satisfacción a las legítimas aspiraciones de bienestar, seguridad y justicia
social de todos los mexicanos.
Por lo
anteriormente expuesto, en el Partido Verde consideramos necesario convocar a un periodo
extraordinario al finalizar las elecciones federales del mes de julio, para que no existan
excusas o elementos que pudieran entorpecer el diálogo y la consecución de los objetivos
nacionales.
En otro tenor de
ideas en esta Cámara de Diputados y la colegisladora, hemos trabajado con ahínco y
tenacidad, con firmeza y responsabilidad, con los mexicanos y sus familias, por tanto son
infundados esos erróneos silogismos que nos manifiestan como un freno sin sentido. En el
Partido Verde, consideramos superadas las falsas acusaciones que grupos ajenos a la
voluntad popular realizan con la única razón que les motiva, que es el poder para
satisfacer sus intereses personales, sin ninguna justificación y sin mirar los daños
colaterales que provoca su actitud inmadura y sosa.
A todos nos
corresponden enormes responsabilidades y deberes, si queremos ganar la confianza de
nuestros representados debemos concluir nuestro encargo constitucional con eficiencia y
lealtad ciudadana, sobre todo si existen en el panorama nacional posiciones tan
encontradas que no permitan solución alguna a nuestras diferencias.
En el pasado
hemos sido testigos de lo que las ambiciones desenfrenadas por alcanzar el poder han hecho
de México; un país lleno de discordia, de inestabilidad, un país profundamente
agraviado y dividido, que nada bueno ha dejado a su población. Por ello la concordia e
integridad de los representantes populares que han marcado otros periodos ordinarios
anteriores deberá marcar el que hoy inicia. Hoy, a fin de trabajar por y para quienes
fuimos elegidos, debemos aprobar cambios para mejorar nuestro sistema jurídico y promover
la democracia, haciendo de ella pieza fundamental de nuestro quehacer político y en la
toma de decisiones.
En el Partido
Verde estamos abiertos al diálogo y a sobreponer los intereses de la nación por encima
de cualquier otro, en beneficio directo de todos y cada uno de los mexicanos y las
generaciones futuras. Somos un grupo parlamentario que trabaja para construir un nuevo
orden para los derechos humanos, para la seguridad social, para la democracia y por
supuesto para el desarrollo sustentable. Con todo lo dicho se ratifica el permanente
compromiso que reafirma nuestras acciones y que seguimos trabajando por los mexicanos que
nos confiaron y que confían en nosotros con su voto.
Por último
quisiera hacer hincapié en que en los tiempos en que nos encontramos, en vía de las
elecciones que se aproximan, no están dadas las condiciones óptimas para construir
acuerdos y llevar a cabo las reformas estructurales que el país nos demanda, como es la
reforma eléctrica, la reforma laboral, la reforma del Estado e incluso la reforma fiscal.
Por eso hacemos un llamado a todos a que se pueda convocar a un periodo extraordinario
posterior a las elecciones que se aproximan en el mes de julio, para que en forma
desinteresada se puedan reformar las leyes estructurales que tanto necesita nuestro país.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Armando Salinas
Torre:
Tiene el uso de
la palabra el diputado Martí Batres Guadarrama, hasta por 10 minutos.
El diputado Martí Batres Guadarrama:
Con su permiso,
señor Presidente.
Arribamos al
último periodo ordinario de sesiones de la LVIII Legislatura, a lo largo de la misma se
han abordado numerosos temas de importancia y se han materializado un centenar de
dictámenes legislativos, quedan sin embargo, muchos temas pendientes.
El balance de
esta Legislatura tendrá que incluir sus aciertos y sus omisiones. Acaso el mayor error ha
sido hasta ahora la ausencia de una reforma constitucional indígena satisfactoria para
los propios pueblos indios; no aceptamos en cambio la versión de que esta Legislatura
tenía la misión de continuar las reformas privatizadoras llamadas eufemísticamente
reformas estructurales.
Fue un acierto
de la Legislatura rechazar los impuestos a la alimentación, la salud y la educación,
como ha sido también un mérito de la misma evitar hasta ahora la entrega de la industria
eléctrica a los intereses económicos extranjeros. Ha prevalecido la vocación social a
pesar de todo. En el discurso oficial, sin embargo, tiende a confundirse el cambio con las
reformas estructurales y a ofrecerse éstas últimas como si fueran el primero. Sin
embargo, dichas reformas ya se hacían por los gobiernos anteriores; los gobiernos que
precedieron al actual llevaron a México a realizar 2 mil 500 privatizaciones y a firmar
el Tratado de Libre Comercio. Todavía en 1999, el Presidente Zedillo propuso la reforma
constitucional para abrir el sector eléctrico al capital extranjero. Si esa ruta era la
que querían los mexicanos, nos preguntamos: ¿Para qué cambiar entonces de partido en el
Gobierno?
La gente
decidió hacer un cambio porque ya no quería seguir pagando el altísimo costo económico
y social que generaron dichas privatizaciones y las mal llamadas reformas estructurales.
Por eso, la
tarea de esta Legislatura la concebimos más bien en el terreno social, amortiguando
contradicciones, equilibrando desigualdades.
En ese sentido,
hemos colaborado ampliamente con el Gobierno de la República y donde haya coincidencia lo
seguiremos haciendo. Lo apoyamos en la reforma a la administración pública, lo
respaldamos para ampliar el gasto social en el presupuesto, lo respaldamos en la lucha
contra la impunidad y en las salidas democráticas a los conflictos y especialmente
nosotros lo apoyamos cuando propuso a esta soberanía la llamada Ley Cocopa en materia
indígena.
En este periodo
apoyaremos la preocupación gubernamental de contar con una legislación contra la
discriminación, por un servicio civil de carrera y por una legislación de juegos y
sorteos sin casinos, entre otros temas.
Vamos también
por nuevos derechos de autor y por las legislaciones para el campo, a regular las
remuneraciones de los servidores públicos y por la derogación de la pena de muerte, pues
si estamos contra el crimen de la guerra, también estamos en consecuencia contra la
crueldad que significa esta pena.
Exhortamos a la
Cámara de Diputados en su conjunto a lograr el máximo de acuerdos legislativos y a
trabajar para alcanzarlos hasta el último momento.
Este Congreso de
la Unión no ha sido obstáculo alguno para el Gobierno Federal y no lo podría ser, cada
poder del Estado tiene sus propias atribuciones y el Ejecutivo tiene el mando de las
fuerzas armadas y la fuerza pública, el ejercicio del presupuesto, el cobro de los
impuestos, los programas sociales, el control de la empresa pública, la procuración de
justicia, las aduanas y entre otras, la conducción de la política exterior.
En el marco de
la autonomía de cada poder, coindicimos en que es indispensable la unidad de todos por la
paz. Respaldamos el mensaje del Presidente por la paz y coincidimos en que las vías
diplomáticas no están canceladas.
En este tema tan
delicado y difícil, apreciamos la postura del Ejecutivo Federal y su resolución de
discrepar con Estados Unidos, Gran Bretaña y España y lo apoyaremos con una definición
congruente y permanente por la paz si se derivaran de ésta dificultades.
Tenemos la
obligación de seguir luchando contra la guerra hasta el último momento, debemos ver
hacia el futuro y redefinir la relación de México con Estados Unidos de América. Tanta
dependencia económica construida en las últimas décadas, acrecienta las dificultades
para tomar nuestras propias definiciones.
El desarme por
vías pacíficas, es el camino correcto. Todos deben desarmarse, Irak e Israel, pero sobre
todo Estados Unidos, principal superpotencia económica, tecnológica, política, pero
sobre todo militar del mundo.
Las
declaraciones de guerra del Gobierno de Estados Unidos constituyen una ruptura de la
legalidad internacional y un golpe letal contra la Organización de las Naciones Unidas.
Condenamos el unilateralismo de Estados Unidos y sobre todo su militarismo
intervensionista y hoy más que nunca exigimos a todos unirnos también, además de por la
paz, para defender nuestros energéticos, nuestra industria eléctrica, nuestra industria
petrolera.
Si ahora
afrontamos dificultades para las definiciones, imaginémonos qué pasaría con nuestro
país, si su electricidad y su petróleo estuvieran en manos de las compañías
norteamericanas. Una guerra por el petróleo, es también una amenaza para México, la
industria petrolera es de todos los mexicanos, no se puede privatizar, no se puede
extranjerizar ni tampoco puede ser patrimonio de partido político alguno para ninguna
campaña electoral.
El Presidente ha
hecho un llamado a la unidad nacional, nosotros respondemos:
¡Sí, a la
unidad nacional por la paz!, pero también ¡Sí, a la unidad nacional para defender la
empresa pública! ¡Sí, a la unidad nacional para defender nuestros energéticos! ¡Sí a
la unidad nacional para defender nuestro petróleo y nuestra electricidad!
¡Sí, a la
unidad nacional para defender nuestra soberanía, nuestra identidad, nuestra cultura,
nuestra autonomía, frente a la vecina superpotencia, que gobernada hoy por la locura de
la muerte amenaza al planeta entero!
Muchas gracias.
El Presidente diputado Armando Salinas
Torre:
Tiene el uso de
la palabra, hasta por 10 minutos, el diputado Alejandro Zapata Perogordo.
El diputado José Alejandro Zapata Perogordo:
Honorable
Asamblea: nos encontramos el día de hoy, para dar inicio al último periodo ordinario de
sesiones de la LVIII Legislatura. No cabe duda que es necesaria una reflexión en este
punto de partida, que pueda concluir con una autocrítica, de aquello que hemos hecho y de
cómo lo hemos hecho y sobre todo las asignaturas pendientes.
Es este periodo
el decisivo para moldear el rostro del legado de ésta, la primera legislatura moderna de
la alternancia, el porvenir como nación está en nuestras manos, es tiempo de concluir
con la forma, con este periodo se cierra la oportunidad para aportar los elementos que
juzgarán esta Legislatura. Tenemos mucho en juego en el largo plazo, el destino aún no
está decidido.
Este es el
último periodo ordinario de sesiones de esta Legislatura y aún tenemos una importante
agenda de negociación, de debate y de legislación.
Tenemos la
responsabilidad de impulsar los dictámenes de iniciativas cruciales para la
modernización del país, hablamos de la consolidación de reformas, de la inclusión de
derechos de segunda y tercera generación en nuestra normatividad.
Es poco tiempo
con el que contamos para legislar y, por lo tanto, es necesario hacer un llamado desde
esta tribuna a todos los grupos parlamentarios, para llevar los temas, aquí, al pleno.
Aprobemos o
rechacemos, pero aceleremos el paso para evitar dejar cargas en el futuro, para cumplir
con nuestra responsabilidad como legisladores. Hemos encontrado coincidencias que se han
convertido en acuerdos y éstos, a su vez, nos permitirán legislar en ciertas materias.
Por ejemplo,
creo que todos los presentes reconocemos la urgencia de legislar en materia de servicio
civil de carrera, la evidencia internacional muestra que una administración profesional
incide en un buen gobierno y que un gobierno eficiente ahorra recursos públicos.
No creo
necesario señalar más bondades de una ley de esta naturaleza. Sabemos el impacto que
puede tener esta legislación en el rostro del México venidero.
En este mismo
rubro nos preocupa el cargo al erario que representan los servidores públicos, la
disyuntiva es doble, por un lado, debemos pagar salarios dignos y aceptables para mantener
servidores públicos capaces y comprometidos, preparados y experimentados, pero también
tenemos que ser vigilantes de que los pagos a los servidores públicos no sean excesivos,
sino acordes con las responsabilidades de los cargos; de ahí que hayamos coincidido
varios grupos parlamentarios en la necesidad de regular, desde la Federación, los
lineamientos que permitan determinar los montos que debe percibir cada servidor público
por su labor. Queremos servidores públicos honestos, requerimos salarios dignos, pero no
vamos a tolerar excesos.
Tenemos el hoy
para definir el mañana; tanto más logremos hoy, cuanto más podremos ocuparnos mañana
de que incidan directamente en la calidad de vida de los ciudadanos.
No me dejarán
mentir cuando señale que como legisladores, reconocemos la importancia de proteger a los
grupos vulnerables; sabemos que hay un problema cultural de discriminación en el país;
no siempre y no en todas partes, pero las diferencias entre mexicanos motivadas por raza,
sexo, religión, preferencia sexual y otras características, se presentan para limitar la
capacidad de desarrollo de muchos mexicanos.
Tenemos la
garantía de igualdad ante la ley, legislemos sobre la igualdad de oportunidades; la
posibilidad de dar un paso crucial para la reintegración de los mexicanos está aquí.
Legislemos sobre un problema que, aunque grave, aún tiene solución y prevención. Para
qué esperar para comenzar a frenar la discriminación si podemos iniciarlo ahora.
Hay un tema que
no podemos evitar, que tenemos que entrarle, es el tema del campo, es el tema que no es de
menor importancia: el tema agrario y el desarrollo en el área rural y no solamente visto
desde su coyuntura, sino tenemos que observarlo desde su ámbito integral, desde su
ámbito estructural. Aquí nos unimos al esfuerzo que ha hecho el Gobierno Federal
impulsando el diálogo para que pueda también seguir la propuesta y posteriormente la
acción, igualmente con todos aquellos trabajos que se han ido impulsando en la Reforma
del Estado.
Creo que es
fundamental continuar trabajando en el equilibrio de los poderes, es fundamental reformas
estructurales comenzando por la abrogación de la pena de muerte, la reconducción
presupuestal, reformas como la laboral, coadyuvaremos en el tema de la energía, que se
encuentra actualmente en el Senado.
Ciertamente,
reconocemos que vivimos una coyuntura peculiar: el proceso electoral, debido a la
competencia de plataformas, genera polarización de posiciones; sin embargo, el entorno
internacional requiere, más que nunca, de la unidad de esfuerzos. Tenemos las condiciones
para que, el posible conflicto bélico y la incertidumbre previa, puedan generar los
mínimos efectos posibles; sin embargo, esto sucedería sólo si aprovechamos esta
oportunidad. En la confrontación podemos dejar pasar inadvertida la ventana de
oportunidad para mantener un desempeño aceptable.
Como grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional, reconocemos nuestra responsabilidad para
contribuir con el Gobierno en beneficio de los mexicanos, como legisladores tenemos la
responsabilidad de tener una visión integral, periférica y de largo plazo; como
diputados de Acción Nacional, reconocemos la necesidad de caminar unidos con la
ideología por la cual votaron millones de mexicanos.
Como partícipes
del Estado, bien en el Ejecutivo, bien en el Legislativo, compartimos una visión que
creemos adecuada para tener al país que merecemos.
Tradicionalmente
nos opusimos a la falta de distinción entre el partido y el Estado. La relación
histórica que mantenían el partido y el Gobierno los hacía generar relaciones que poco
contribuían a la vida democrática del país.
A diferencia del
pasado, sabemos que tenemos una función como partido y una función como Gobierno, pero
que somos partido en el Gobierno y que requerimos comunicarnos para materializar
efectivamente el país que queremos ver.
Un Ejecutivo que
no cuenta con el respaldo del Legislativo, gobierna en el vacío. El Legislativo que
legisla lejos del Ejecutivo se arriesga a su propio fracaso.
El Ejecutivo
necesita del Legislativo como del Legislativo que necesita también del propio Ejecutivo.
Somos caras diferenciadas aunque no diferentes; porque somos de una misma nación.
Por ello
manifestamos ahora nuestro nuestro respaldo a la posición que ha asumido el Presidente de
la República en el conflicto que amenaza la guerra y el terrorismo.
El país que
resulte de esta consolidación democrática, tiene que pasar por los acuerdos sí, por los
acuerdos entre las fuerzas y el Gobierno. Por la nueva relación entre el Estado y la
sociedad y la manera más sencilla de gobernar, la manera más sencilla de buscar armonía
es buscando precisamente esos consensos y que todas esas fuerzas vayan hacia una misma
dirección.
No ignoramos las
voces de quienes disienten de nuestra visión. Pero tampoco ponemos en riesgo la
viabilidad del país que queremos ver, por la intransigencia. Estamos abiertos al diálogo
y a la negociación. Pero entendemos por diálogo el respeto y entendemos también que
tienen que, dentro del propio diálogo, estar dispuestos a escuchar y a ser escuchados.
Ya termino,
señor Presidente.
Trabajaremos por
llegar a acuerdos con quien llegue a la mesa con razones y fundamentos. Sabemos que será
difícil negociar cuando las posiciones se polarizan. Pero éste es el comportamiento
natural en procesos electorales. Poco ganaremos al ignorarlo. Cierto…
Perdón, si me
permite, señor Presidente, un minuto para redondear el tema.
El Presidente diputado Armando Salinas
Torre:
Concluya
diputado, por favor.
El diputado José Alejandro Zapata
Perogordo:
No pedimos que
el debate sea inexistente. Llamamos para que el debate se dé en la tribuna, la votación
en el pleno y la negociación en las comisiones. Cada cosa a su tiempo y en su lugar.
Llamamos a ver
el inmediato cuando haya que hacerlo. Pero también los llamamos a no perder de vista el
horizonte que debemos mantener. Representamos a la nación y legislamos para la nación.
Nuestros partidos sólo son medios para lograrlo.
Tenemos mucho en
juego. Hoy definimos a cada momento lo que llamaremos futuro. Nuestras acciones serán
fundamento del mañana. El gran riesgo hoy, es mantenernos en el pasado y transitar
envueltos en él durante el presente.
Por último,
compañeros, siempre es más difícil reconocer las inflexiones cuando se vive en ellas.
Para hacerlo es necesario abstraerse el momento. Es necesario que lo que era ayer no será
lo que es hoy y que el mañana tendrá otro nombre.
El Presidente diputado Armando Salinas Torre:
Tiene el uso de
la palabra, hasta por 10 minutos, el diputado Rafael Rodríguez Barrera.
El diputado Rafael Rodríguez Barrera:
Señor
Presidente; compañeros legisladores:
Agradezco
profundamente a mis compañeros de fracción la confianza para esta intervención para
manifestar que los priístas hemos transitado inmersos en la pluralidad de esta soberanía
por una etapa de grandes desafíos.
Ciertamente el
espíritu de esta Legislatura puso a prueba a todos los partidos, pero sin lugar a dudas
constituyó la prueba de fuego para nosotros los priístas. Todo recuento histórico que
se haga tendrá que ponderar en dónde están las claves que hicieron posible que la LVIII
Legislatura abatiera hasta hoy todos los pronósticos de fractura y de parálisis como
secuela, aparentemente inevitable, de la alternancia del 2000.
A casi tres
años de ese acontecimiento hoy podemos valorar a nuestra Legislatura por haberse
constituido en factor real de la gobernabilidad del país.
Cada fracción
parlamentaria debe y deberá hacer su propia valoración sobre el significado papel que
jugamos todos en esta responsabilidad.
Se deberá
ponderar si se falta o no a la verdad cuando desde el Ejecutivo o desde una campaña
permanente orquestada permanentemente se ha insistido en señalar como obstáculo al
Congreso y especialmente al PRI, en ciego antagonismo con toda idea de cambio.
Tendrá que
dilucidarse si es cierto o no que el PRI ha sido participante estratégico en los
consensos, si el PRI propició y compartió la aprobación de más del 80% de las
iniciativas que el Ejecutivo envió a esta soberanía.
¿Podría esta
Legislatura, en toda su pluralidad, negar los esfuerzos permanentes, año tras año de
parte de todos los grupos parlamentarios por confluir en el propósito de dotar al país
de un mínimo de certidumbre institucional y de gobernabilidad en todos los órdenes?
Nosotros no
tenemos ningún prejuicio al afirmar la concurrencia de todas las fracciones
parlamentarias en ese propósito. Y del mismo modo, ¿quién podría negar la validez de
las votaciones contrarias que el PRI, junto con otras fuerzas, hizo en distintos tópicos,
pero específicamente en materia de IVA en medicina y alimentos?
Esa posición
contribuyó a la estabilidad macroeconómica y a la estabilidad social, a que no
tuviéramos altos índices de inflación y en cambio reservas internacionales crecientes,
factores que hoy el Ejecutivo presenta como propios y exclusivos.
¿En dónde
quedan entonces las aportaciones de todas las fracciones parlamentarias, el trabajo en las
comisiones, las labores de ingeniería fiscal y presupuestal para encontrar presupuestos
equilibrados de fomento al mínimo de crecimiento y al máximo en lo social?
Si nos atenemos
a la propaganda mediática, en estos logros esta LVIII Legislatura no tendría nada que
reivindicar. Sin el rendimiento legislativo de estos años, sin embargo, el pacto federal
viviría un ciclo de debilitamiento que el propio Poder Ejecutivo hubiese padecido.
Si se
recuperaran aquí las tres iniciativas originales de presupuesto que tuvimos de parte del
Ejecutivo, habría que recordarse que el programa de fortalecimiento a las entidades
federativas y a los municipios simple y llanamente venían en ceros; no existía. En
cambio, el presupuesto aprobado no sólo tuvo como premisa una Ley de Ingresos congruente
y consistente.
El diseño
presupuestal estuvo a la altura de los resortes del desarrollo regional y estatal. Ello se
debió a que la dimensión de lo social fue ampliamente debatida en este recinto, tal vez
como nunca antes se había hecho.
Ahí está la
batalla por establecer con claridad un incremento gradual y constante hasta alcanzar el 8%
del producto interno bruto para la educación nacional.
El campo en
todos estos años estuvo en el centro de nuestras preocupaciones, porque en esta
Legislatura se han promulgado leyes y ordenamientos que hoy son la base para poder iniciar
el tránsito a una genuina política de Estado. En ello también hemos sido proponentes y
constructivos.
En cambio, por
el contrario, hoy, cuando más se necesita una agenda política de Estado, hoy, cuando
más se requiere conjugar el propósito de ambos poderes, el Ejecutivo ha decidido vetar
la reforma al SAT que aprobó este pleno, como el de los senadores, con el voto
ampliamente mayoritario casi prácticamente unánime de las fracciones parlamentarias,
así como las reformas que otorgaban prestaciones adicionales a los miembros de las
Fuerzas Armadas. El Ejecutivo está en su derecho, eso nadie lo discute. Sin embargo, la
razón política, la racionalidad en el ejercicio de las facultades de cada poder no
encuentran en esta decisión un punto de equilibrio.
Es fundamental
saber si al Ejecutivo le parece negativo o ilegítimo que esta soberanía haya promovido
una reforma que garantice, entre otras muchas cosas, disminuir el costo de la
recaudación, simplificar los trámites fiscales, resarcir a los contribuyentes por
errores de la autoridad fiscal, ampliar la base de contribuyentes, combatir a fondo la
evasión, introducir parámetros de productividad en el servicio público fiscal.
Sinceramente no
tenemos elementos para poder saber cuál es el criterio que pudo llevar al Ejecutivo a
hacer observaciones a una ley que, además, sienta las bases para, ahora sí en efecto,
allanar el camino a la reforma estructural de la hacienda pública, que incluya la
rendición de cuentas, la transparencia y un genuino federalismo fiscal. ¡Esa es nuestra
disposición no sólo del PRI, sino de todas las fracciones parlamentarias, pero
principalmente la del PRI que ha reclamado una reforma fiscal justa, no un sobrecargo a
las pesadas cargas de los más débiles!
Y además,
compañeras y compañeros, el Congreso, no se olvide nunca, es parte fundamental del
Estado mexicano y tiene que estar a la altura de ese carácter. La agenda legislativa de
esta LVIII Legislatura no ganará estatura de Estado si cede a la presión lineal y
simplista del enunciado de reformas estructurales.
¡Toda reforma
surge de los consensos! ¡El Ejecutivo no puede confundir las reformas con la simple
apertura a la inversión privada extranjera! ¡Eso es una falacia!
En todo momento,
en todo momento esta Legislatura ha estado abierta, ha estado abierta pero no ha existido
materia jurídica para avanzar, hasta muy recientemente, en materia laboral y en materia
energética en el Senado. En tanto ese terreno se allana, esta Legislatura no puede
detenerse ni se ha detenido. Tenemos enfrente temas y reformas que pueden encontrar y
ensanchar el consenso.
La agenda de los
priístas para este periodo está en la mesa. Para nosotros, como lo dije, el campo es la
primera reforma estructural que hay que emprender y ésa sería una de las mejores
aportaciones que podemos dejar. Incluir en ella la Ley de Emergencia, la Ley de la
Agroindustria de la Caña de Azúcar, la de Fomento de la Cafeticultura, la de
Investigación y Desarrollo Biotecnológico y de Bioseguridad.
Avanzar en el
terreno de lo social con la Ley de Desarrollo en la materia. En los derechos de los
pueblos indígenas, los discapacitados. En la reforma constitucional para garantizar el
derecho a la alimentación.
¡Todo eso
tenemos que hacer! ¡Porque la República no se inventó en un poco de tiempo, mucho menos
en dos años! ¡El camino es arduo y exige visión de Estado, proyecto de nación y
partidos sólidos, comprometidos con México!
Por eso hacemos
un exhorto, respetuoso, republicano, al Ejecutivo, para apuntalar la división de poderes
con mecanismos institucionales de colaboración y respeto. La eficiencia del Estado se
mide por la eficiencia combinada de los tres poderes, sobre todo en un Estado democrático
de derecho. Y esta verdad, compañeros, cobra hoy en este momento un sentido profundo e
ineludible no sólo hacia el interior, sino para defender también la integridad del país
en un momento crítico para su soberanía, en un contexto de elevadas presiones.
¡Ahí sí,
conste, sumamos nuestro voto y nuestro respaldo al Ejecutivo sin reservas, en su posición
por la paz! Y nuestra agenda, nuestra agenda incluye también y de manera clara ¡un no
rotundo a una guerra mundial catastrófica e irracional! ¡En este horizonte horrendo todo
el país unido y los poderes del Estado mexicano están, como estuvo Juárez, por la paz y
el respeto entre las naciones!
El Presidente diputado Armando Salinas Torre:
Continúe la
Secretaría con los asuntos en cartera.
LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES
La
Secretaria diputada María de las Nieves García Fernández:
«Escudo.—
Congreso del Estado.— LX Legislatura.—Chihuahua.
Dip. Lic.
Beatriz Paredes Rangel, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión.
Le remito
acuerdo número 496/02 IPO, así como copia del dictamen que le dio origen, aprobado por
el H. Congreso del estado de Chihuahua, en fecha 20 de diciembre del año en curso.
En observancia
de tal acuerdo solicito a usted tenga al estado de Chihuahua iniciando para su trámite y
aprobación la reforma a la fracción XIV y se adicione la fracción XV, con el texto que
correspondía a aquélla, ambas del artículo 16 de la Ley del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Atentamente.
Sufragio
Efectivo. No Reelección.
Chihuahua,
Chihuahua, a 20 de diciembre de 2002.— El Presidente del honorable Congreso del
Estado, diputado Manuel Guillermo Márquez Lizalde
(rúbrica).»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Congreso del Estado de Chihuahua.—
Secretaría.
La Sexagésima
Legislatura del honorable Congreso del estado de Chihuahua, en su primer periodo ordinario
de sesiones, dentro de su segundo año de ejercicio constitucional
ACUERDA
Unico. La Sexagésima Legislatura del honorable
Congreso del estado de Chihuahua tiene a bien aprobar la siguiente iniciativa de ley ante
el Congreso de la Unión, a fin de que se reforme la fracción XIV y se adicione la
fracción XV, con el texto que correspondía a aquélla, ambas del artículo 16 de la Ley
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar de la
siguiente manera:
Artículo 16...
I a XIII...
XIV. Examinar y,
en su caso, aprobar la solicitud del trabajador para efectuar la reducción de la cuota
fija, cuando por diversas circunstancias, se haya visto modificado su salario.
XV. Las demás
que señale la Asamblea General.
TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Dado en el
Salón de Sesiones del Poder Legislativo.—Chihuahua, Chihuahua, a 20 de diciembre de
2002.— Dip. Manuel Guillermo Márquez Lizalde
(rúbrica), Presidente Dip. Jesús Roberto Corral
Ordóñez (rúbrica), Secretario y Dip. Pedro
Martínez Chairez (rúbrica), Secretario.»
El Presidente diputado Armando Salinas Torre:
Túrnese a las Comisiones de Trabajo y
Previsión Social y de Seguridad Social.
VOTO DE MEXICANOS EN EL EXTRANJERO
El Presidente diputado Armando
Salinas Torre:
Nuestro
siguiente punto del orden del día es iniciativas de los diputados.
Tiene la palabra
la diputada Irma Piñeyro Arias, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, para presentar una iniciativa que reforma diversos artículos del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia del voto de mexicanos en
el extranjero, hasta por 10 minutos.
La diputada Antonia Irma Piñeyro
Arias:
Con su permiso,
señor Presidente.
Con fundamento
en el derecho que me concede el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y en atención a lo que se ha expuesto y debatido en los
foros sobre el voto de los mexicanos en el extranjero, que se realizaron en la ciudad de
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, el 6 de diciembre de 2002, en Chicago, Illinois el 1o. de
febrero del mismo año y en Los Angeles, California el 19 de febrero, por académicos,
políticos, gobernadores, senadores, por organizaciones de migrantes, por migrantes
mismos, de manera individual, la suscrita diputada federal a la LVIII Legislatura del
honorable Congreso de la Unión, me permito someter a la consideración de esta Asamblea
la presente iniciativa de reformas y adiciones al Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales (Cofipe), a fin de regular el voto de los mexicanos en el
extranjero de conformidad con la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
Los mexicanos
fuera de territorio nacional no ejercen ningún derecho político en nuestro país, lo
cual es notoriamente inequitativo para quienes siguen ligados a sus comunidades y lugares
de origen por lazos familiares, culturales y comunitarios. Esto toma una importancia
relevante si se considera que más de 8 millones de connacionales residentes en Estados
Unidos de América son nacidos en nuestro país y más de 20 millones son de origen o de
familiar mexicana, contribuyen en forma notable y ostensible a su economía por la
aportación de su trabajo y como consumidores integrantes de un mercado cada vez más
importante en términos relativos y absolutos.
Poner en
práctica la prerrogativa constitucional para hacer extensivo el derecho al voto por no
restringir a nadie sus derechos ciudadanos, no depende simplemente de la voluntad de
hacerlo, aunque desde luego ésta señala el comienzo del proceso.
Los legisladores
debemos ser conscientes que proponer que se les otorgue el voto a los residentes fuera del
territorio nacional no es ciertamente un acto generoso sino el reconocimiento de un
derecho legítimo que hasta ahora se les ha coartado y que debemos reconocerlo.
En concordancia
con la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, la Convención Americana de
Derechos Civiles en 1969 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles de 1976, se llevó a
cabo en 1996 la reforma al artículo 36 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, con objeto de deslindar el derecho y el deber del voto ciudadano de la
obligación de residencia en el país.
Esta
modificación constitucional hace posible a los no residentes en el territorio nacional,
participar directamente o por medio de representantes libremente escogidos universalizando
sin distinciones el goce de derechos y oportunidades de votar y ser elegidos en elecciones
periódicas realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la
libre expresión de la voluntad de los electores, así como el tener acceso en condiciones
generales de igualdad a las funciones públicas de su país.
Con esta reforma
desapareció el requisito de la residencia en un distrito electoral determinado, la
fracción III del artículo 36 constitucional establece, sin más precisiones, entre las
obligaciones del ciudadano de la República, votar en las elecciones populares en los
términos que señale la ley.
Lo que está en
discusión no es el derecho de los mexicanos a votar fuera del territorio sino cómo
instrumentar ese derecho constitucional; para ello es necesario que el Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales Cofipe, se le hagan adiciones que otorguen
atribuciones al Consejo Federal del Instituto Federal Electoral para regular el voto fuera
del país para especificar cuáles son las autoridades que puedan emitir el voto y las
formas de operación del procedimiento electoral.
Es necesario
considerar las modalidades para favorecer la universalidad, equidad, transparencia y
confiabilidad del sufragio así como la cobertura cierta del universo de electores
potenciales en el extranjero. Corresponde a nosotros los legisladores, asumir el
compromiso de legislar para permitir el voto de los mexicanos que se encuentran más allá
de las fronteras y lograr una democracia más amplia y participativa.
Somos
conscientes que el ejercicio de este derecho necesita de una intensa y extensa actividad,
también de un financiamiento que no es el menor, obstáculo que tendremos que prever que
serán un recurso considerable pero que los partidos debemos poner la voluntad en su
aprobación.
La actividad
electoral es compleja y especializada, el Instituto Federal Electoral ha trabajado
intensamente en ello con las reformas y adiciones que proponemos al Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, queremos conferirles facultades para que
organice y lleve a cabo el proceso electoral y el ejercicio del derecho de voto de los
mexicanos fuera del territorio nacional.
En los foros que
se realizaron en Oaxaca, en Chicago, Illinois y en Los Angeles, California, organizados
por el gobierno del estado y por los diputados federales de la entidad, se oyeron las
voces de nuestros paisanos, de las organizaciones de mexicanos en el vecino país que
representan a millones de migrantes que demandaron a los legisladores que a los partidos
se les garantice el ejercicio de sus derechos políticos a votar y ser votados.
Este
incumplimiento de nuestro compromiso con ellos en la observancia de nuestra palabra
estamos presentando esta iniciativa de ley de decreto con reformas y adiciones en el
conocimiento que no será fácil crear nuevos distritos, nuevas formas de sufragio,
distintos representantes en las mesas electorales, disponer normatividades para instalar
casillas, definir normas para el escrutinio y los resultados.
Creemos que el
mejor camino es darle facultades al Instituto Federal Electoral, organismo técnico
conocedor del proceso para que dentro de un plazo a definir pueda estar en condiciones de
operar esta nueva modalidad del sufragio ciudadano incluyente y universal.
Conocemos de sus
tareas y compromisos que constituyen un procedimiento altamente especializado al que
aportamos nuestra voluntad política y apoyo legislativo.
En atención a
lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno el siguiente
PROYECTO De decreto
Por el que se
reforman y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
Artículo único. Se reforma el numeral 2 del
artículo 6o. y el artículo 69 numeral 1, inciso d); se adiciona un numeral 3 al
artículo 82 y un inciso e) al numeral 2 del artículo 223, todos del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:
Artículo 6o. numeral 2. En cada distrito
electoral uninominal el sufragio se emitirá en la sección electoral que comprendan el
domicilio del ciudadano salvo en los casos de excepción expresamente señalados por este
código o de la emisión del voto fuera del territorio nacional cuya regulación acordará
el Consejo General del Instituto Federal Electoral.
Artículo 69. Son fines del instituto inciso d)
asegurar a los ciudadanos dentro y fuera del territorio nacional, el ejercicio de los
derechos políticos electorales reconocidos por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones.
Artículo 8-2 numeral 3. El Consejo General del
Instituto Federal Electoral determinará la regulación relativa a la instrumentación
para el ejercicio del voto de los mexicanos en el extranjero, de conformidad con las
siguientes bases:
Primera. Podrán
votar los ciudadanos mexicanos en el extranjero que tengan la credencial oficial expedida
por el Instituto Federal Electoral;
Segunda. El
Consejo General del Instituto Federal Electoral determinará:
a) Los países y
ciudades en que se podrá emitir el voto en el extranjero.
b) La ubicación
de los centros receptores del voto, así como la conformación de sus respectivas mesas
directivas.
c) Los
mecanismos de producción, resguardo, distribución y recolección del material electoral.
d) Los
lineamientos para la celebración de los convenios de colaboración que sean necesarios
con la Secretaría de Relaciones Exteriores.
e) Las funciones
específicas en materia electoral con las que se investirá a los cónsules mexicanos para
el proceso de emisión del voto de ciudadanos mexicanos en Estados Unidos de América.
f) Las reglas
específicas a que se sujetarán los actos preparatorios de las elecciones en el
extranjero, en concordancia con lo que determina este código respecto a las elecciones
que celebren en el territorio nacional.
Tercera. El
Instituto Federal Electoral mantendrá un registro permanente de ciudadanos mexicanos que
residan en el extranjero.
Cuarta. Los
candidatos y partidos políticos podrán hacer campañas en el extranjero a través de
medios electrónicos o electromagnéticos o en los lugares que previamente sean convenidos
con los gobiernos de otros países por conducto de la Secretaría de Relaciones
Exteriores.
Quinta. Los
recursos financieros o materiales que sean otorgados a los candidatos en el extranjero,
serán aplicados en el lugar en donde se otorguen, quedando estrictamente prohibida la
introducción de recurso alguno al territorio nacional mexicano, pero serán computados
para el efecto de los montos de financiamiento y topes de campaña de los partidos y los
candidatos.
Sexta. El voto
de los mexicanos en Estados Unidos de América, se sujetará a las reglas especiales que
al efecto determine el Instituto Federal Electoral con la opinión de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, para lo cual se investirá a los cónsules mexicanos en ése país,
de autoridad electoral con funciones específicas.
Séptima. Los
recursos judiciales que conforme a la ley de la materia procedan en una elección con
participación de mexicanos en el extranjero, serán tramitados ante la Sala Superior del
Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México, Distrito Federal.
Artículo 223, inciso-e) Los nacionales mexicanos
que el día de la jornada electoral de una elección federal se encuentren fuera del
territorio nacional de manera transitoria o permanente, podrán votar en las elecciones
federales de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como de diputados y
senadores por el principio de representación proporcional, de conformidad con las
disposiciones que al efecto acuerde el Consejo General del Instituto Federal Electoral.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. Las presentes reformas al Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales, entrarán en vigor a partir de su
publicación en el Diario Oficial de la
Federación y serán aplicables en las elecciones federales de 2006.
Segundo. El Instituto Federal Electoral acordará
la regulación relativa a la instrumentación para el ejercicio del voto de los mexicanos
en el extranjero, a más tardar en el mes de marzo de 2005.
Palacio
Legislativo, a 18 de marzo DE 2003.— Firma la suscrita diputada Irma Piñeyro, los diputados federales por Oaxaca: Lilia Mendoza, Abel Trejo, Jaime Larrazábal, Miguel
Angel Moreno Tello, Artemio Meixueiro, José Soto Martínez, Edith Escobar, del PRI Rafael
Rodríguez Barrera, César Duarte, Manuel Añorve, Jaime Barón (¿), Rubio Valdés, Jaime
Vázquez, Víctor Gandarilla, Martha Ofelia, Patricia Aguilar García, María del Rosario
Oroz, Martha Silvia Sánchez, Alejandro Cruz, Arturo León, Enrique Priego Oropeza, Julio
Gerardo Vidal, Hortensia Aragón, María Elena Chapa, Adela Graniel Campos, Adela Cerezo,
Benito Vital Ramírez, Olga Haydee y otros compañeros diputados del Partido Verde
Ecologista y del Partido de la Revolución Democrática.»
Muchas gracias.
«Iniciativa de
decreto de reformas y adiciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales (Cofipe), para hacer posible el voto de los mexicanos en el extranjero, que
presenta la diputada Irma Piñeyro Arias.
Con fundamento
en el derecho que me concede el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, y en atención a lo que se ha expuesto y debatido en los
foros sobre el voto de los mexicanos en el extranjero, que se realizaron en la ciudad de
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, el 6 de diciembre de 2002; en Chicago, Illinois, el 1o. de
febrero de 2003 y en Los Angeles, California, el 19 de febrero de 2003, por académicos,
políticos, gobernadores, senadores, organizaciones de migrantes, los migrantes mismos de
manera individual, la suscrita diputada federal a la LVIII Legislatura del H. Congreso de
la Unión, me permito someter a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa
de reformas y adiciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
(Cofipe), a fin de regular el voto de los mexicanos en el extranjero, de conformidad con
la siguiente
Exposición de Motivos
Los mexicanos
fuera de territorio nacional no ejercen ningún derecho político en nuestro país, lo
cual es notoriamente inequitativo para quienes siguen ligados a sus comunidades y lugares
de origen por lazos familiares, culturales y comunitarios.
Esto toma una
importancia relevante si se considera que más de ocho millones de connacionales
residentes en Estados Unidos de América son nacidos en nuestro país y más de veinte
millones son de origen o de familia mexicana. Contribuyen en forma notable y ostensible a
su economía, por la aportación de su trabajo y como consumidores integrantes de un
mercado cada vez más importante en términos relativos y absolutos.
Hoy en día las
fuerzas sociales obligan a los gobiernos a prescindir progresivamente de autoritarismos.
México está profundamente imbuido en ese proceso que exige que se universalicen los
derechos, que las leyes reconocen y que en el ejercicio político no se ha podido
instaurar. Poner en práctica la prerrogativa constitucional para hacer extensivo el
derecho al voto, no restringir a nadie sus derechos ciudadanos, no depende simplemente de
la voluntad de hacerlo, aunque desde luego, ésta señala el comienzo del proceso.
Los legisladores
debemos ser conscientes de que proponer que se les otorgue el voto a los residentes fuera
del territorio nacional, no es ciertamente un acto generoso, sino el reconocimiento de un
derecho legítimo que hasta ahora se les ha coartado y que debemos reconocer.
No olvidemos que
el hecho de que permanecer en otro país, casi siempre por razones económicas de
desarrollo personal y familiar, no implica de ninguna manera desarraigo ni desinterés. La
cuantiosa aportación monetaria a familias, ejidos, comunidades y municipios, es muestra
evidente de su preocupación, del vínculo que mantienen con el país donde están sus
raíces, sus ancestros, sus tradiciones y sus afectos.
En concordancia
con la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, la Convención Americana de
Derechos Civiles de 1969 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles de 1976, se llevó a
cabo, en 1996, la reforma al artículo 36 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, con objeto de deslindar el derecho y el deber del voto ciudadano de la
obligación de residencia en el país.
Esta
modificación constitucional hace posible que los no residentes en el territorio nacional
participen, directamente o por medio de representantes libremente escogidos,
universalizando sin distinciones, el goce de derechos y oportunidades de votar y ser
electos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual
y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, así
como tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su
país.
Con esta reforma
desapareció el requisito de la residencia en un distrito electoral determinado. La
fracción III del artículo 36 constitucional establece, sin más precisiones, entre las
obligaciones del ciudadano de la República: “votar en las elecciones populares en
los términos que señale la ley”.
Lo que está en
discusión no es el derecho de los mexicanos a votar fuera del territorio, sino cómo
instrumentar ese derecho constitucional. Para ello, es necesario que al Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) se le hagan adiciones que otorguen
atribuciones al Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) para regular el voto
fuera del país, para especificar por cuáles autoridades pueden emitir el voto y las
formas de operación en el procedimiento electoral.
Es necesario considerar las modalidades
para favorecer la universalidad, equidad, transparencia y confiabilidad del sufragio, así
como la cobertura cierta del universo de electores potenciales en el extranjero.
Corresponde a nosotros, los legisladores, asumir el compromiso de legislar para permitir
el voto de los mexicanos que se encuentran más allá de las fronteras y lograr una
democracia más amplia y participativa.
Somos
conscientes de que el ejercicio de este derecho necesita de una intensa y extensa
actividad. También de un financiamiento que no es el menor obstáculo, que tendremos que
prever, que será un recurso considerable, pero que los partidos debemos poner la voluntad
en su aprobación.
La actividad
electoral es compleja y especializada, el Instituto Federal Electoral ha trabajado
intensamente en ello. Con las reformas y adiciones que proponemos al Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales queremos conferirle facultades para que
organice y lleve a cabo el proceso electoral y el ejercicio del derecho de voto de los
mexicanos fuera del territorio nacional.
En los foros que
se realizaron en Oaxaca, en Chicago, Illinois y en Los Angeles, California, organizados
por el gobierno de Oaxaca y por los diputados federales de la entidad, se oyeron las voces
de nuestros paisanos, de las organizaciones de mexicanos en el vecino país, que
representan a millones de migrantes, que demandaron a los legisladores y a los partidos se
les garantice el ejercicio de sus derechos políticos, a votar y ser votados.
Es en
cumplimiento de nuestro compromiso con ellos, en la observancia de nuestra palabra que
estamos presentando esta iniciativa de decreto con reformas y adiciones a la ley
electoral, en el conocimiento que no será fácil crear nuevos distritos, nuevas formas de
sufragio, distintos representantes en las mesas electorales, disponer normatividades para
instalar casillas, definir normas para el escrutinio y los resultados.
Creemos que el
mejor camino es darle facultades al Instituto Federal Electoral, organismo técnico
conocedor del proceso, para que dentro de un plazo a definir, pueda estar en condiciones
de operar esta nueva modalidad del sufragio ciudadano, incluyente y universal. Conocemos
de sus tareas y compromisos, constituyen un procedimiento altamente especializado, al que
aportamos nuestra voluntad política y apoyo legislativo.
En atención a
lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno el siguiente
proyecto de Decreto
Por el que se
reforman y adicional diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
Artículo Unico. Se reforman el numeral 2 del
artículo 6 y el artículo 69, numeral 1, inciso d); se adiciona un numeral 3 al artículo
82 y un inciso e) al numeral 2 del artículo 223, todos del Código Federal de
Instituciones y Procedimiento Electorales, para quedar como sigue:
“Artículo 6. ...
1. ...
2. En cada
distrito electoral uninominal el sufragio se emitirá en la sección electoral que
comprenda al domicilio del ciudadano, salvo en los casos de excepción expresamente
señalados por este código, o de la emisión del voto fuera del territorio nacional, cuya
regulación acordará el Consejo General del Instituto Federal Electoral.
Artículo 69. Son fines del Instituto:
a) a c) ...
d) Asegurar a
los ciudadanos, dentro y fuera del territorio nacional, el ejercicio de los derechos
político-electorales reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones.
e) a g) ...
Artículo 82...
1. ......
2. ........
3. El Consejo
General del Instituto Federal Electoral determinará la regulación relativa a la
instrumentación para el ejercicio del voto de los mexicanos en el extranjero, de
conformidad con las siguientes bases:
1a. Podrán
votar los ciudadanos mexicanos en el extranjero que tengan la credencial oficial expedida
por el Instituto Federal Electoral.
2a. El Consejo
General del Instituto Federal Electoral determinará:
a) Los países y
ciudades en que se podrá emitir el voto en el extranjero.
b) La ubicación
de los centros receptores del voto, así como la conformación de sus respectivas mesas
directivas.
c) Los
mecanismos de producción, resguardo, distribución y recolección del material electoral.
d) Los
lineamientos para la celebración de los convenios de colaboración que sean necesarios
con la Secretaría de Relaciones Exteriores.
e) Las funciones
específicas en materia electoral con las que se investirá a los cónsules mexicanos para
el proceso de emisión del voto de ciudadanos mexicanos en Estados Unidos de América.
f) Las reglas
específicas a que se sujetarán los actos preparatorios de las elecciones en el
extranjero, en concordancia con lo que determina este código respecto a las elecciones
que se celebran en el territorio nacional.
3a. El Instituto
Federal Electoral mantendrá un registro permanente de ciudadanos mexicanos que residan en
el extranjero.
4a. Los
candidatos y partidos políticos podrán hacer campañas en el extranjero, a través de
medios electrónicos o electromagnéticos o en los lugares que previamente sean convenidos
con los gobiernos de otros países por conducto de la Secretaría de Relaciones
Exteriores.
5a. Los recursos
financieros o materiales que sean otorgados a los candidatos en el extranjero, serán
aplicados en el lugar en donde se otorguen, quedando estrictamente prohibida la
introducción de recurso alguno al territorio nacional mexicano, pero serán computados
para el efecto de los montos de financiamiento y topes de campañas de los partidos y los
candidatos.
6a. El voto de
los mexicanos en Estados Unidos de América, se sujetará a las reglas especiales que al
efecto determine el Instituto Federal Electoral con la opinión de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, para lo cual se investirá a los cónsules mexicanos en ese país
de autoridad electoral con funciones específicas.
7a. Los recursos
judiciales que conforme a la ley de la materia procedan en una elección con
participación de mexicanos en el extranjero, serán tramitados ante la Sala Superior del
Poder Judicial de la Federación, en la Ciudad de México, Distrito Federal.
Artículo 223. ...
1. ...
2. ...
a) a d) ...
e) Los
nacionales mexicanos que el día de la jornada electoral de una elección federal se
encuentren fuera del territorio nacional de manera transitoria o permanente, podrán votar
en las elecciones federales de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como de
diputados y senadores por el principio de representación proporcional, de conformidad con
las disposiciones que al efecto acuerde el Consejo General del Instituto Federal
Electoral.
3. ...
4. ... “
Transitorios
Primero. Las presentes reformas al Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales entrarán en vigor a partir de su
publicación en el Diario Oficial de la
Federación y serán aplicables en las elecciones federales de 2006.
Segundo. El Instituto Federal Electoral acordará
la regulación relativa a la instrumentación para el ejercicio del voto de los mexicanos
en el extranjero, a más tardar en el mes de marzo de 2005.
Palacio
Legislativo, a 18 de marzo de 2003.— Diputados: Irma
Piñeyro Arias (rúbrica), Abel Trejo González (rúbrica), Jaime Larrazábal Bretón (rúbrica), Lilia Mendoza Cruz (rúbrica), Ildefonso Zorrilla Cuevas, Cándido Coheto
Martínez, Miguel Angel Moreno Tello (rúbrica),
Angel Artemio Meixueiro González (rúbrica),
José Soto Martínez (rúbrica), Edith Escobar
Camacho (rúbrica), Francisco Castro González (rúbrica), Rafael Rodríguez Barrera (rúbrica), César Duarte Jáquez, Manuel Añorve Baños (rúbrica), José Feliciano Moo y Can (rúbrica), José Antonio Arévalo González (rúbrica), Jaime Alcántara Silva (rúbrica), Araceli Domínguez Ramírez (rúbrica), Jaime Barrón Fonseca (rúbrica), Luis Rubio Valdez (rúbrica), Jaime Vázquez Castillo (rúbrica), Víctor M. Gandarilla Carrasco (rúbrica), Martha Ofelia Meza Escalante (rúbrica), Patricia Aguilar García, Rosario Oroz Ibarra (rúbrica), Martha Silvia Sánchez González (rúbrica), Alejandro García Sainz (rúbrica), Arturo León Lerma (rúbrica), Enrique Priego Oropeza (rúbrica), Hortensia Aragón Castillo (rúbrica), María Elena Chapa Hernández (rúbrica), Adela del Carmen Graniel Campos (rúbrica), Adela Cerezo Bautista, Benito Vital Ramírez, Olga
Haydee Flores Velásquez (rúbrica).»
El Presidente diputado Armando Salinas Torre:
Túrnese a la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública para su dictamen y a la de Reforma del Estado para su
opinión.
ARTICULO
89 CONSTITUCIONAL
El Presidente diputado Armando Salinas Torre:
Tiene el uso de
la palabra el diputado Augusto Gómez Villanueva, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 89 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Augusto Gómez Villanueva:
Con su permiso,
señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Las relaciones
entre los países han entrado en una nueva etapa de oportunidades distintas. Los problemas
de la globalización como potencial de paz y acuerdo, no se han cumplido y hoy ante la
amenaza de la guerra estamos más lejos de encontrar caminos para una convivencia
armoniosa entre los pueblos.
México por su
experiencia histórica tiene que ser cuidado y velar ante todo por su propio destino, para
evitar ser arrastrado por los vientos de los intereses particulares, los egoísmos
conquistadores y la codicia que suele desatarse con la guerra. Es necesario que en
México, todos los mexicanos velemos por el mundo que navegamos en el mar agitado por esos
vientos, debemos ser todos los mexicanos y en primer término aquéllos a quienes nos han
encomendado el trabajo de ocuparnos por la certeza de nuestra población y por la defensa
de la soberanía y de la independencia. Dar certidumbre al rumbo es la tarea que justifica
la existencia de todo Gobierno y hoy hemos hablado de corresponsabilidad en el manejo del
Gobierno.
El Presidente
Fox seguramente ponderó el peso de la historia y el juicio del futuro. El valor de la
obra de Juárez está presente, el valor de cada uno de los hombres y de las epopeyas que
menciona este muro en el cual con letras de oro nos referimos a las grandes hazañas por
la defensa de la soberanía y la libertad están presentes.
Hoy es el
aniversario de la Expropiación Petrolera, hoy México está en su momento supremo de
afirmación de toda su enseñanza histórica.
Por ese motivo
señores diputados, nos hemos permitido un grupo de legisladores, formular una iniciativa
con proyecto de decreto que reforma al artículo 89 fracción X de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para garantizar la seguridad y defensa y
soberanía del Estado, así como para mantener el equilibrio de sus instituciones que
conforman el sistema político desde hace algún tiempo, se incorporó a la Constitución
la responsabilidad de conducir la política exterior conforme a los principios y valores
establecidos en la propia Ley Fundamental.
Cabe recordar
que el 12 de mayo de 1988, entró en vigor la reforma a la fracción X, del artículo 89
constitucional, mediante la cual se incorporaron a nuestro Código Fundamental los
principios esenciales de nuestra política exterior. De esta manera el poder revisor de la
Constitución integrado por el Congreso de la Unión y por los congresos de los estados de
la República, procuraron dar jerarquía a los principios que orientan nuestra conducta
ante el mundo y que México reitera en todos los foros que se ocupan de la búsqueda de la
paz y la seguridad internacional.
Los principios
de nuestra política exterior corresponden a una sana convivencia con las demás naciones
del mundo y recogen el sentimiento general del pueblo de México. Estos principios se han
ido configurando desde el momento de su nacimiento como nación libre y soberana. En
efecto la doctrina internacional mexicana es fruto de nuestro pasado histórico y de las
experiencias que de él hemos aprendido, por consiguiente las ideas que rigen nuestra
política exterior surgen de la misma realidad que hemos vivido; dicho en otras palabras
son principios que defendieron los padres fundadores de la independencia, los defensores
de la República y los caudillos de la Revolución.
La defensa del
Presidente Benito Juárez, que levanta la fuerza de la ley, ante la fuerza de las armas,
sólo se explica por la validez de nuestra doctrina y el apoyo popular que entonces
surgió de la voluntad de cada uno de los mexicanos. La resistencia de la República ante
la intervención extranjera representa en la historia moderna una de las primeras
actitudes anticolonialistas que habrían de extenderse años más tarde en América, Asia
y Africa.
Por su parte,
Venustiano Carranza como defensor de la Constitución y depositario de la voluntad
expresada en la Ley Suprema, contribuyó a configurar la versión actual de la doctrina
internacional. Carranza no sólo defendió y enriqueció el pensamiento político de los
mexicanos, sino que rechazó la intervención de otras potencias y proclamó la igualdad
jurídica de los estados.
Al hacer el
recuento del pensamiento de Juárez, Carranza y después de Lázaro Cárdenas, así como
cada uno de los presidentes que fueron responsables del Poder Ejecutivo durante el periodo
histórico vinculado al proyecto de la Revolución Mexicana, se puede advertir que la
doctrina internacional de México es firme, constante y comprometida por su empeño
decidido de que se aplique en las relaciones entre los pueblos, sin embargo, era necesario
que estos principios ingresaran como normas obligatorias en nuestra Constitución, por eso
era importante que la Constitución contara con una disposición en donde se hiciera
referencia a los principios que han orientado y deben seguir orientando a nuestra
política exterior: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la
solución pacífica de las controversias; la proscripción de las armas, de la amenaza o
el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los
estados; la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la
seguridad internacionales.
A la vez, en el
propio artículo de referencia se ha dado una mayor y más importante participación al
Poder Legislativo, representado por el Senado de la República para aprobar los
nombramientos de los ministros, agentes diplomáticos y cónsules generales; aprobar
mediante una ley, la autorización al Presidente a declarar la guerra en nombre de los
Estados Unidos Mexicanos.
Para terminar y
en relación al artículo de referencia, porque se le otorga al Ejecutivo la facultad,
pero también la obligación de dirigir la política exterior y celebrar los tratados
internacionales, bajo dos condiciones: primero, la de observar los principios normativos
de la política exterior y después someter los acuerdos y convenios a la aprobación del
Senado de la República.
En este proyecto
proponemos extender la facultad del Senado para aprobar el sentido de los votos que el
Gobierno emita en los foros y organismos internacionales, lo cual implica consultas
previas y deliberaciones de este cuerpo y por su alta jerarquía como representante de la
Federación, su consecuente aprobación o rechazo a fin de asegurar el adecuado equilibrio
de los poderes y el cumplimiento de los términos de la Constitución.
Esta iniciativa
se sustenta además en los artículos 76, 89 y 133 de la Constitución Política, que
establece las facultades del Senado para analizar la política exterior, ratificar los
nombramientos de los ministros y agentes diplomáticos; permitir o negar la salida de
tropas nacionales, disponer de la guardia nacional fuera de sus respectivos estados y
ratificar los tratados que estén de acuerdo a la Constitución y que se celebren por el
Presidente de la República.
Por lo
anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo
71 de la Constitución Política y por la fracción II del artículo 55 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de este
honorable pleno el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Que reforma la
fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para que el sentido del voto de México ante los organismos internacionales en
donde el Estado mexicano se encuentre debidamente acreditado, sea sometido a la
aprobación del Senado de la República.
Artículo único. Se reforma la fracción X del
artículo 89 de la Constitución Política para quedar como sigue: artículo 89: “Las
facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes... fracción X. “Dirigir
la política exterior, celebrar tratados internacionales y emitir ante los organismos
internacionales sometiéndolos a la aprobación del Senado.
En la
conducción de tal política, el titular observará los siguientes principios normativos:
la autodeterminación de los pueblos; la no intervención y solución pacífica de las
controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones
internacionales; la igualdad jurídica de los estados; la cooperación internacional para
el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacional.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor al
día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Palacio
Legislativo, 18 de marzo de 2003.— Firman los diputados: Augusto Gómez Villanueva, Gustavo Carvajal Moreno,
Hilda Anderson Nevárez, Edilberto Buenfil Montalvo, Víctor Díaz Palacios, Elías Moreno
Apis, senador Fidel Herrera Beltrán, Miguel
Angel Tello Moreno, Felipe Solís Acero, Eduardo Andrade Sánchez; todos ellos del
Partido Revolucionario Institucional; Luis Miguel
Barbosa Huerta, del Partido de la Revolución Democrática; Erika Spezia Maldonado, del Partido Verde
Ecologista; Alberto Anaya Gutiérrez, del
Partido del Trabajo y Melitón Morales Sánchez,
del Partido Revolucionario Institucional.
Muchas gracias,
señor Presidente.
«Iniciativa con
proyecto de decreto que reforma el artículo 89 fracción X de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, que presenta el diputado federal Augusto Gómez
Villanueva y diputados integrantes de los grupos parlamentarios de los partidos
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México
y del Trabajo.
En nuestro
carácter de diputados federales a la LVIII Legislatura, nos permitimos presentar a la
consideración de la Cámara de Diputados una iniciativa con proyecto de reformas a la
Constitución Política de la República, que tiene por objeto precisar el sentido y
alcance de la representación nacional en la toma de decisiones de los organismos
internacionales en que nuestro país tiene acreditada su representación.
Esta iniciativa
la presentamos en ejercicio de la facultad que nos otorga la fracción II del artículo 71
de la Constitución Política y con fundamento en el artículo 55, fracción II, del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
En ese sentido,
sometemos a la consideración de este honorable Pleno la presente iniciativa con proyecto
de decreto, que reforma la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos para que el sentido del voto de México ante los organismos
internacionales donde el Estado mexicano se encuentre debidamente acreditado sea sometido
a la aprobación del Senado de la República.
Exposición de Motivos
Para garantizar
la seguridad, defensa y soberanía del Estado, así como para mantener el equilibrio de
las instituciones que forman el sistema político, desde hace algún tiempo se incorporó
a la Constitución la responsabilidad de conducir la política exterior conforme a los
principios y valores establecidos en la propia Ley Fundamental.
Cabe recordar
que el 12 de mayo de 1988 entró en vigor la reforma de la fracción X del artículo 89
constitucional, mediante la cual se incorporaron a nuestro Código Fundamental los
principios esenciales de nuestra política exterior.
De esa manera,
el poder revisor de la Constitución, integrado por el Congreso de la Unión y por los
Congresos de los estados de la República, procuró dar jerarquía a los principios que
orientan nuestra conducta ante el mundo y que México reitera en todos los foros que se
ocupan de la búsqueda de la paz y la seguridad internacionales.
Los principios
de nuestra política exterior corresponden a una sana convivencia con las demás naciones
del mundo y recogen el sentimiento general del pueblo de México.
Estos principios
se han ido configurando desde el momento de su nacimiento como nación libre y soberana.
En efecto, la
doctrina internacional mexicana es fruto de nuestro pasado histórico y de las
experiencias que de él hemos aprendido. Por consiguiente, las ideas que rigen nuestra
política exterior surgen de la misma realidad que hemos vivido.
Dicho en otras
palabras: son principios que defendieron los padres fundadores de la independencia, los
defensores de la República y los caudillos de la Revolución.
La defensa del
Presidente Benito Juárez que “levanta la fuerza de la ley ante la fuerza de las
armas” sólo se explica por la validez de nuestra doctrina y el apoyo popular que
entonces surgió en la voluntad de cada uno de los mexicanos.
La resistencia
de la República ante la intervención extranjera representa en la historia moderna una de
las primeras actitudes anticolonialistas que habrían de extenderse años más tarde en
América, Asia y Africa.
Por su parte,
Venustiano Carranza, como defensor de la Constitución y depositario de la voluntad
popular expresada en la Ley Suprema, contribuyó a configurar la versión actual de la
doctrina internacional.
Carranza no
sólo defendió y enriqueció el pensamiento político de los mexicanos, sino que rechazó
la intervención de otras potencias y proclamó la igualdad jurídica de los Estados.
Al hacer el
recuento del pensamiento de Juárez, de Carranza y, después, de Cárdenas, así como de
cada uno de los presidentes que fueron responsables del Poder Ejecutivo durante el periodo
histórico vinculado al proyecto de la Revolución Mexicana, se advierte que la doctrina
internacional de México es firme, constante y comprometida por su empeño decidido en que
se aplique en las relaciones entre los pueblos.
Sin embargo, era
necesario que estos principios ingresaran como normas obligatorias en nuestra
Constitución, por eso era importante que la Constitución contara con una disposición
donde se hiciera referencia a los principios que han orientado y deben seguir orientando
nuestra política exterior: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la
solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza
en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación
internacional para el desarrollo, y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.
A la vez, en el
artículo de referencia se ha dado mayor y más importante participación al Poder
Legislativo, representado por el Senado de la República, para aprobar los nombramientos
de los ministros, agentes diplomáticos y cónsules generales.
Aprobar,
mediante una ley, la autorización al Presidente para declarar la guerra en nombre de los
Estados Unidos Mexicanos.
Para terminar,
por el artículo de referencia se otorga al Ejecutivo la facultad, pero también la
obligación, de dirigir la política exterior y celebrar los tratados internacionales bajo
dos condiciones: primero, observar los principios normativos de la política exterior; y,
después, someter los acuerdos y los convenios a la aprobación del Senado de la
República.
En este proyecto
proponemos extender la facultad del Senado para aprobar el sentido de los votos que el
gobierno emita en los foros y organismos internacionales, lo cual implica consultas
previas y deliberaciones de este cuerpo y, por su alta jerarquía como representante de la
Federación, su consecuente aprobación o rechazo, a fin de asegurar el adecuado
equilibrio de poderes.
Esta iniciativa
se sustenta además en los artículos 76, 89 y 133 de la Constitución Política, que
establece las facultades del Senado para analizar la política exterior, ratificar los
nombramientos de los ministros y agentes diplomáticos, permitir o denegar la salida de
tropas nacionales, disponer de la Guardia Nacional fuera de sus respectivos estados y
ratificar los tratados que estén de acuerdo con la Constitución y que se celebren por el
Presidente de la República.
Por lo
anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo
71 de la Constitución Política y en la fracción II del artículo 55 del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de este honorable
Pleno el siguiente
Proyecto de Decreto
Que reforma la
fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
para que el sentido del voto de México ante los organismos internacionales donde el
Estado mexicano se encuentre debidamente acreditado sea sometido a la aprobación del
Senado de la República.
Artículo Unico. Se reforma la fracción X del
artículo 89 de la Constitución Política, para quedar como sigue:
Artículo 89.
Las facultades y obligaciones
del Presidente son las siguientes:
X. Dirigir la
política exterior, celebrar tratados internacionales y emitir votos ante los organismos
internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal
política, el titular observará los siguientes principios normativos: la
autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las
controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones
internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para
el desarrollo, y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.
Transitorio
Unico. El presente decreto entrará en vigor al
día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Palacio
Legislativo, a 18 de marzo de 2003.— Diputados: Augusto
Gómez Villanueva, Hilda Anderson Nevárez, Edilberto Buenfil Montalvo, Luis Miguel G.
Barbosa Huerta, Melitón Morales Sánchez, José Elías Romero Apis, Miguel Angel Moreno
Tello, Felipe Solís Acero, Erika Elizabeth Spezia Maldonado, Alberto Anaya Gutiérrez,
Eduardo Andrade Sánchez, Elba Arrieta Pérez (rúbricas) y senador Fidel Herrera Beltrán (rúbrica).»
El Presidente diputado Armando Salinas Torre:
Túrnese a la Comisión de Puntos
Constitucionales.
SIDA
El Presidente diputado Armando Salinas Torre:
Tiene la palabra
la diputada Adela del Carmen Graniel Campos, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que reforma diversas disposiciones
de la Ley General de Salud, para evitar la discriminación de personas contagiadas por el
VIH, hasta por 10 minutos.
La diputada Adela del Carmen Graniel
Campos:
Con el permiso
de la Presidencia; honorable Asamblea:
Impedir que los
servicios de salud sean utilizados por una persona que vive con el SIDA o bien cesarla en
su empleo, es discriminación.
La falta de
información veraz y los prejuicios han fomentado un ambiente de discriminación en el que
los derechos individuales y colectivos de las personas afectadas son violados. Esta
violación de derechos dificulta la respuesta a la epidemia y aumenta su impacto negativo.
En México la
Comisión Nacional de Derechos Humanos apuntó que las instituciones de salud ocuparon en
2002 el segundo lugar en materia de denuncias por presuntas violaciones a los derechos
humanos.
El año pasado
el IMSS fue la institución que recibió más recomendaciones de ese organismo.
De acuerdo con
un estudio elaborado por la CNDH, de las denuncias recibidas de 1996 al 2001, el Distrito
Federal, estado de México, Jalisco y Nuevo León sumaban el 67.7% de las quejas por
violaciones a derechos de los enfermos de SIDA.
Los casos de
discriminación laboral por SIDA son incontables y crecen cada día de manera exponencial.
El ser portador
del VIH-SIDA no es razón para que a alguien se le niegue el acceso al trabajo o se le
despida, sin embargo, las violaciones en ese sentido se dan en el país de manera
cotidiana.
Uno de los
aspectos más graves de la discriminación por padecer VIH está vinculado con el campo
laboral. La mayoría de los exámenes preocupacionales incluyen el examen del VIH, aunque
por ley no está autorizado. Ninguna empresa lo dice, pero sabemos que lo hacen.
Una persona que
tiene VIH es muy posible que no consiga trabajo si pasa por un examen preocupacional.
Otros aspectos
es la estigmatización que conlleva el SIDA y si bien muchos de los mitos que se vivían
con pánico han sido superados, siguen existiendo prejuicios y rechazos sociales, aunque
no tan acentuados.
En ese sentido
la enfermedad sigue teniendo una cuota de estigma importante. El SIDA es un factor de
vulnerabilidad.
Hoy no se
postula para los enfermos de SIDA el aislamiento externo que condenaba a los leprosos
fuera de las ciudades medievales. La segregación opera con mecanismos más sutiles pero
igualmente inhabilitantes.
La
discriminación afecta profundamente a las personas, ello conduce a la pérdida de
autoestima, así como sentimientos de culpa y vergüenza.
La presente
iniciativa es una propuesta dirigida a impulsar acciones tendientes a que las autoridades
de salud consideren la posibilidad de mejorar la atención médica de las personas
infectadas con este virus, así como evitar la discriminación de la que son víctimas.
Los derechos
humanos son una conquista moral de la humanidad, su cumplimiento y respeto constituye la
existencia de la ciudadanía misma. Es urgente asegurar el respeto a los derechos civiles,
políticos, sociales y concebirlos como partes integrantes de la dignidad de las personas.
La
discriminación contra las personas que viven con el SIDA o contra las que se piensa que
estén infectadas, constituye por tanto una clara violación de sus derechos humanos, por
estigma y discriminación las personas con SIDA no acuden a los servicios de Salud porque
los rechaza, mientras que en lo laboral tienen un trato diferenciado.
Por lo
anteriormente expuesto, presentamos la siguiente
iniciativa
De decreto que
reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Salud, con el propósito de
evitar la discriminación de las personas infectadas por el SIDA:
Artículo primero. Se reforma el artículo 53-bis
de la Ley General de Salud para quedar como sigue:
Artículo 53-bis. La Secretaría de Salud deberá
garantizar asistencia y tratamiento especializado, eficaz y humano a todo aquella persona
que padezca el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, misma garantía deberá
observarse con las personas que sean únicamente portadoras del virus, lo anterior será a
través de programas, planeación y optimización de los recursos, sin que ésta pueda
traducirse en ningún momento en situaciones que escatimen o niegan servicios o
medicamentos.
Elevar la
calidad de vida de las personas con VIH es una prioridad del Sistema Nacional de Salud,
por lo que el Estado deberá prever y proveer los recursos suficientes para una atención
accesible, adecuada, oportuna y humana.
Artículo segundo. Se adiciona el párrafo cuarto
del artículo 104 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 104. La Secretaría de Salud deberá
proveer a la población en general y a los particulares que así lo soliciten,
información detallada, actualizada y científica sobre el síndrome de inmunodeficiencia
adquirida, debiendo otorgarse éste, sin prejuicio ni restricción alguna.
La información
dirigida a la población en general, podrá ser difundida a través de cualquier medio de
comunicación escrito, verbal, electrónico o masivo, con la finalidad de lograr la mayor
difusión posible.
Tanto la persona
portadora como aquella en la que se ha manifestado el síndrome de inmunodeficiencia
adquirida, tendrá el pleno derecho a recibir y solicitar información específica sobre
su condición.
Artículo tercero. Se adiciona el artículo
130-bis de la Ley General de Salud para quedar como sigue:
Artículo 130-bis. Queda prohibida expresamente
cualquier conducta, orden o disposición, que agreda, humille, denigre o que
implícitamente permita o provoque cualquier acto discriminatorio, en contra de las
personas con VIH.
A toda persona
que contravenga la disposición anterior, le será fincada la responsabilidad
administrativa conducente, el ejercicio de acciones de carácter administrativo no
afectará de ningún modo el derecho del paciente a recurrir a los tribunales civiles y
penales, para la demanda o denuncia correspondiente a derechos constitutivos de faltas o
delitos.
Queda
estrictamente prohibido imponer cualquier tipo de aislamiento, cuarentena, confinamiento o
incomunicación, que contravenga la voluntad, libertad o autonomía de los pacientes con
el VIH.
Las prevenciones
para evitar el contagio deberán respetar en todo momento, la disposición anterior,
además de basarse en los derechos humanos inherentes a toda persona.
Artículo cuarto. Se adiciona el artículo 136-bis
de la Ley General de Salud para quedar como sigue:
Artículo 136-bis. Los exámenes de detección y
diagnóstico del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, sólo podrá practicarse a las
personas que de forma personal lo solicite, la información recabada de estos exámenes le
será entregada únicamente al solicitante o a la persona autorizada por éste, por
escrito, procurando en todo momento, que el solicitante cuente con la asistencia médica y
sicológica que el caso amerite.
Bajo ningún
motivo podrán hacerse públicos los resultados de estos exámenes por aquellos que
participaron de alguna manera en su realización. La contravención a esta disposición,
será considerada revelación de secretos y sancionada de acuerdo al artículo 211 del
Código Penal Federal.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Signan la
presente iniciativa la diputada Hortensia Aragón
Castillo, la diputada Magdalena Núñez, el
diputado Manuel Duarte, la diputada Rosalía Peredo, del PT, el diputado José Narro, del PT, diputado José Socorro Velázquez, del PRI, diputado Eduardo Abraham Leines Barrera, del PRI y una
servidora, Adela Graniel Campos del PRD.»
Muchas gracias,
por su atención.
«Iniciativa de
decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Salud, con el
propósito de evitar la discriminación de las personas infectadas por el SIDA, cargo de
la diputada Adela del Carmen Graniel Campos, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
La suscrita
diputada a la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en la
fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la presente
iniciativa de reformas y adiciones a diversos artículos de la Ley General de Salud, bajo
la siguiente
Exposición de Motivos
La salud
constituye un derecho humano fundamental y un componente básico del bienestar social y
del desarrollo humano. Por lo tanto, la salud es un bien social, que el Estado debería
garantizar para toda la sociedad, con criterios de equidad y universalidad.
Las ideas que
prejuzgan y estigmatizan conducen a las personas a hacer algo que niegue o entorpezca la
prestación de servicios o derechos a otra persona. Por ejemplo, pueden impedir que los
servicios de salud sean utilizados por una persona que vive con sida, o bien cesarla en su
empleo, esto es discriminación.
Esta enfermedad
se ha convertido en un fenómeno social íntimamente relacionado con los derechos humanos,
pues la falta de información veraz y los prejuicios han fomentado un ambiente de
discriminación en el que los derechos individuales y colectivos de las personas
afectadas, son frecuentemente violados.
Debido al
estigma y la discriminación relacionados con el VIH/sida, a menudo los derechos de las
personas que viven con la enfermedad y los de sus familias resultan violados. Esta
violación de derechos dificulta la respuesta a la epidemia y aumenta su impacto negativo.
Se produce
discriminación cuando a una persona se le hace una distinción que tiene como resultado
un trato injusto o desleal basado en su pertenencia, o en la creencia de que pertenece, a
un grupo particular. Esto repercute en la situación de atención de la salud en general y
del VIH/sida en particular, ya que la epidemia registra un marcado crecimiento y un cambio
de su perfil epidemiológico, incrementando su prevalencia en la población joven y pobre.
En México, la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) apuntó que las instituciones de salud
ocuparon en 2002, el segundo lugar en materia de denuncias por presuntas violaciones a los
derechos humanos. El año pasado el IMSS fue la institución que recibió más
recomendaciones de ese organismo.
Por lo que las
dependencias que han sido señaladas como responsables de discriminación y violación a
los derechos humanos de las personas infectadas con VIH son: IMSS, ISSSTE, Secretaría de
Salud, Sedena y Pemex.
De acuerdo con
un estudio elaborado por la CNDH, de las denuncias recibidas de 1996 al 2001, el Distrito
Federal, los estados de México, Jalisco y Nuevo León sumaban el 67.7 por ciento de las
quejas por violaciones a derechos de los enfermos de sida. Es en este contexto que, según
el Centro de Prevención y Control del Sida, el 50 por ciento de las violaciones se dan en
lo laboral, y la CNDH atribuye el 40 por ciento a la mala atención médica.
Es importante
destacar que, para la Fundación Mexicana para la Lucha Contra el Sida, de los casi 57 mil
enfermos de sida en México, sólo el 30 por ciento tiene acceso a medicamentos. Mientras
que debido a la falta de asistencia médica por parte de las instituciones de salud
pública, aproximadamente 20 mil enfermos de sida de diversos estados de la República son
atendidos al año por asociaciones civiles.
Uno de los más
graves padecimientos que enfrenta la sociedad es el sida, que en el ámbito nacional ya es
considerado como el problema más complejo de salud pública entre los jóvenes, al ser la
tercera causa de muerte de hombres de entre 25 y 34 años y la sexta entre mujeres de la
misma edad.
Se calcula que
aproximadamente un 90 por ciento de los 30 millones de personas infectadas por el VIH en
el mundo está en el grupo de edad económicamente productiva. Esta cifra demuestra
claramente la incidencia que tiene el sida en el área del trabajo. Bajo una supuesta
intención humanitaria se postulan exámenes masivos de la población con fines
“preventivos”. Exámenes preocupacionales que cierran las puertas del exiguo
mercado laboral a los infectados de VIH.
La discusión
gira en torno a la pertinencia de promover exámenes masivos a los trabajadores. Si bien
la mayoría de las empresas se han pronunciado contrarias a su realización por el
carácter discriminatorio y estigmatizante, no hay acuerdo general en este punto y se han
verificado diversos casos de expulsión del trabajo o impedimentos para ingresar a una
determinada empresa en quienes se prueba la condición de portador del VIH.
En el plano de
las políticas públicas se pone en evidencia la discusión acerca de quién asumirá los
costos de la atención de los afectados por sida. En momentos en que el Estado se
desentiende cada vez más de funciones que hasta no hace mucho se reconocían como
indelegables, hoy se privatizan amplios aspectos de la vida social, los gastos que demanda
la atención del sida se inscriben en una suerte de “tierra de nadie”. Cabal
ejemplo lo constituyen los sistemas de medicina prepagada que no cubren tales servicios y
el desmantelamiento de la cada vez más comprimida estructura sanitaria pública.
Mientras la Ley
Federal del Trabajo, en sus artículos 133 y 134, permite al empleador solicitar las
pruebas que considere necesarias a la persona que busca trabajo para detectar el virus, la
Norma Oficial Mexicana que garantiza los derechos de los enfermos con este mal, establece
que ese examen debe ser voluntario y confidencial.
Existe un vacío
legislativo muy amplio y existen contradicciones. El único documento que garantiza los
derechos de enfermos de VIH/sida se anula en este campo de la voluntad y confidencialidad
con la prueba.
Los casos de
discriminación laboral por sida son incontables, y crecen cada día de manera
exponencial. El ser portador del VIH/sida no es razón para que a alguien se le niegue el
acceso al trabajo, o se le despida. Sin embargo, las violaciones en ese sentido se dan en
el país de manera cotidiana.
Uno de los
aspectos más graves de la discriminación por padecer VIH está vinculado con el campo
laboral, de acuerdo con lo que afirman tanto especialistas en la lucha contra la
discriminación como los pacientes, los médicos y los psicólogos que trabajan en esta
área.
No obstante, es
difícil de constatar porque cuando echan de una empresa a una persona que está
infectada, nunca invocan el tema del VIH. Muchas veces esto aparece ya en los exámenes
preocupacionales. La mayoría de los exámenes preocupacionales incluyen el examen de VIH,
aunque por ley no está autorizado; ninguna empresa lo dice pero sabemos que lo hacen, una
persona que tiene VIH es muy posible que no consiga trabajo si pasa por un examen
preocupacional.
En el ámbito
laboral se han incrementado los niveles de discriminación porque se ha incrementado la
desocupación, ante lo cual los empleadores, como tienen más posibilidades de elegir,
buscan lo que supuestamente es menos problemático.
Y en el ámbito
de la salud también se incrementó por la misma crisis del sistema, y nos encontramos con
dificultades y retrasos en la entrega de medicamentos, que deben ser proveídos por ley a
cualquiera que no tenga acceso, por condiciones económicas al tratamiento.
Se debe subrayar
que el enfermo de sida está mal tratado, no tiene apoyo para sobrellevar la enfermedad, y
además destacan las diferencias sociales de los infectados. Un infectado rico tiene mayor
posibilidad de sobrellevar la enfermedad que uno pobre.
Otro aspecto es
la estigmatización que conlleva el sida, y si bien muchos de los mitos que se vivían con
pánico han sido superados, siguen existiendo prejuicios y rechazos sociales, aunque no
tan acentuados. En ese sentido, la enfermedad sigue teniendo una cuota de estigma
importante; el sida es un factor de vulnerabilidad.
Por su parte, el
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre Sida (Onusida) considera que el estigma y
la discriminación figuran entre los principales obstáculos para la prevención y
atención eficaces de la epidemia y que el éxito de superarla depende de quitar esos
obstáculos. El organismo internacional señala que el estigma causa vergüenza,
depresión, abandono, inutilidad y culpa, aísla a las personas de atención y apoyo, con
lo cual empeora el impacto de la infección.
Si bien el acto
de discriminar se reitera a lo largo de los años, las formas concretas en que él mismo
se expresa van variando. Hoy no se postula para los enfermos de sida el aislamiento
externo que condenaba a los leprosos fuera de las ciudades medievales. La segregación
opera con mecanismos más sutiles pero igualmente inhabilitantes.
La
discriminación afecta profundamente a las personas. Ella conduce a la pérdida de
autoestima, así como a sentimientos de culpa y vergüenza. A menudo las personas con sida
se apartan por sí mismas de la asistencia que necesitan debido al temor a reacciones
negativas de los otros. El aislamiento aumenta el sentimiento de “ser el único con
sida”. Por lo que la ansiedad, depresión y suicidio pueden ser los resultados.
La
discriminación de ciertos grupos lo obliga a esconderse. La comunicación, el contacto y
la existencia llegan a ser difíciles y la transmisión del VIH se facilita. La
discriminación de las personas infectadas por el VIH es un obstáculo serio en la lucha
para combatir la transmisión de la enfermedad.
La
discriminación tiene muchas facetas:
Inadecuado
cuidado profesional para las personas que son VIH positivos;
Estigmatización
y aislamiento de la familia, del contexto social y de la comunidad;
Pérdida del
empleo;
Violencia
física y psicológica contra personas de orientación homosexual y drogadictos;
Presiones
familiares y sociales sobre los que brindan ayuda para que no cuiden a las personas
infectadas con el VIH;
Negativa a
brindar cuidados sanitarios básicos y seguros de vida o salud;
Actitud negativa
para brindar acceso a la educación, especialmente a los niños;
Análisis
obligatorios sin consentimiento.
La mayoría de
las personas, frente a la situación de tener un amigo o familiar infectado, reaccionan de
manera errónea; juzgándolos, hostigándolos con preguntas al principio, y
abandonándolos en la soledad después. Esto ocurre por diferentes causas, como el
prejuicio, el miedo y la falta de información.
Por lo que es
muy importante conocer bien la enfermedad, saber su forma de actuar, su modo de contagio,
qué se puede hacer y qué no. También es muy importante referirse a las personas con el
virus de manera adecuada, utilizando los términos correctos, que no contengan ninguna
clase de tono despectivo.
La
discriminación de las personas infectadas por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida
no se ubica únicamente en el prejuicio, sino también en el terror al contagio y en la
construcción social de mitos y leyendas que logran afirmar la peligrosidad de quien
padece el estigma, para justificar la segregación, el aislamiento.
La sociedad,
poco a poco, va formando y catalogando “grupos de riesgo”, como lo son los
homosexuales o los drogadictos. Los integrantes de estos grupos están condenados a ser
prejuzgados por la sociedad, sin importar cuánto afán pongan en demostrar que toman las
precauciones necesarias para no contraer ni transmitir la enfermedad (de manera que si es
drogadicto, no compartir jeringas; si es homosexual, usar preservativo).
Tenemos que
insistir en que el sida no se transmite por abrazar, besar, compartir vasos y tampoco por
compartir el lugar de trabajo o salón de clase, utilizar el mismo baño o dormir en su
misma cama. Tampoco los insectos lo transmiten; ni el sudor, o las lágrimas de quienes
padecen esta infección. En una palabra, querer y apoyar a una persona infectada no trae
riesgos; al contrario, tiene efectos positivos en su salud y en quienes lo rodean.
En algunos
países, el sida afectó principalmente a grupos que ya estaban marginados, y como
consecuencia aumentó la discriminación (homosexuales y drogadictos). Esto alienta la
discriminación, ya que ciertos grupos no son considerados dignos de ser protegidos contra
el VIH.
Las estructuras
socioeconómicas en el mundo promueven la pobreza de ciertas comunidades y grupos,
haciendo más vulnerables a la difusión del sida a aquellos que no tienen privilegios. La
lucha contra el sida es por lo tanto una lucha contra la pobreza, el analfabetismo, la
prostitución, la drogadicción y todas las formas de desigualdad social. Por lo que la
falta de información o si es tendenciosa también contribuyen a la discriminación.
En resumen, la
convivencia con una persona con sida es totalmente posible, por lo cual no existe razón
alguna para el abandono o el aislamiento de la persona infectada. Lamentablemente
descubrimos que, si bien se está haciendo un esfuerzo sobrehumano por parte de las
organizaciones internacionales en lucha contra el sida por erradicar tanto la enfermedad
como la discriminación que ésta trae, en la actualidad la pandemia está en increíble
ascenso y la epidemia está lejos de ser erradicada.
Esto nos lleva a
pensar seriamente en el tema, y a preguntarnos: ¿qué pasará si en un futuro la cantidad
de infectados llega a igualar o incluso superar la cantidad de personas libres de sida? Si
los prejuicios sociales que hoy existen llegasen a mantenerse, ¿es azaroso pensar en que
se llevarían a cabo medidas extremas, como el aislamiento de aquellos que se encuentran
enfermos?
La presente
iniciativa es una propuesta dirigida a impulsar acciones tendientes a que las autoridades
de salud consideren la posibilidad de mejorar la atención médica de las personas
infectadas con este virus, así como a evitar la discriminación de que son víctimas.
En ese sentido,
es necesario establecer mecanismos modernos que brinden servicios de salud eficientes y de
calidad, pues además del aspecto social, esta enfermedad representa un grave problema de
salud pública. Por lo que considero pertinente y necesario que el sistema de cobertura
ofrezca un paquete adecuado de medicamentos y servicios a toda la población, en el
sentido que se busque llevar los servicios de salud y los medicamentos a más mexicanos,
que no son derechohabientes.
El Estado tiene
la obligación de respetar, proteger y observar los derechos humanos. En relación con el
estigma y la discriminación, por ejemplo, la obligación de respetar exige que no se
discrimine directa o indirectamente en su legislación, su política o sus prácticas.
La atención de
las personas que viven con el VIH/sida, así como del diagnóstico, asesoramiento y
control de la epidemia, es responsabilidad de la Secretaría de Salud. La partida para
este rubro está incluida en el presupuesto de salud. En los últimos años las
organizaciones no gubernamentales y las personas que viven con sida han comenzado a
plantear reclamos más enérgicos por la insuficiencia del presupuesto para la atención
de los enfermos de sida.
Por otra parte,
la obligación de proteger insta al gobierno a adoptar medidas que impidan a las terceras
partes discriminar, y la obligación de observar exige que se adopten las medidas
legislativas, presupuestarias, judiciales, de promoción y de otra índole apropiadas para
asegurar que se desarrollen las estrategias, políticas y programas que abordan la
discriminación.
Para las
personas con VIH/sida, no existen suficientes garantías de acceso a la atención de su
salud y a tratamiento adecuado, debido a que dichas garantías no siempre se cumplen, y no
todas las personas con sida gozan de un conocimiento adecuado acerca de los derechos que
las asisten. De ahí que la difusión de los instrumentos legales que garantizan el
derecho de acceso a la atención y tratamiento, constituye un aspecto central en la lucha
contra la epidemia.
Las resoluciones
1999/49 y 2001/51 de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas establecen de
forma inequívoca que “debería interpretarse que la expresión ¿o cualquier otra
condición? de las disposiciones sobre la no discriminación de los textos internacionales
de derechos humanos abarca el estado de salud, incluido el VIH/sida”, y confirman que
“la discriminación basada en la situación relativa al VIH o el sida, real o
presunta, está prohibida por las actuales normas internacionales de derechos
humanos”.
Los derechos
humanos son una conquista moral de la humanidad, su cumplimiento y respeto constituyen la
existencia de la ciudadanía misma. Es urgente asegurar el respeto a los derechos civiles,
políticos y sociales y concebirlos como partes integrantes de la dignidad de las
personas.
La
discriminación contra las personas que viven con sida, o contra las que se piensa que
están infectadas, constituye por tanto una clara violación de sus derechos humanos. Por
estigma y discriminación, las personas con sida no acuden a los servicios de salud porque
las rechazan, mientras que en lo laboral tienen un trato diferenciado.
Por lo
anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio,
presento la siguiente
Iniciativa de
decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Salud, con el
propósito de evitar la discriminación de las personas infectadas por el sida.
Artículo Primero. Se reforma el artículo 53-bis
de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 53-bis.
La Secretaría
de Salud deberá garantizar asistencia y tratamiento especializado, eficaz y humano a toda
aquella persona que padezca el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, misma garantía
deberá observarse con las personas que sean únicamente portadoras del virus.
Lo anterior
será a través de programas, planeación y optimización de los recursos, sin que ésta
pueda traducirse en ningún momento en situaciones que escatimen o nieguen servicios o
medicamentos.
Elevar la
calidad de vida de las personas con VIH/sida es una prioridad del Sistema Nacional de
Salud, por lo que el Estado deberá prever y proveer los recursos suficientes para una
atención accesible, adecuada, oportuna y humana.
Artículo Segundo. Se adiciona el párrafo IV del
artículo 104 a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 104.
IV. La
Secretaría de Salud deberá proveer a la población en general y a los particulares que
así lo soliciten con información detallada, actualizada y científica sobre el síndrome
de inmunodeficiencia adquirida, debiendo otorgarse ésta sin prejuicio ni restricción
alguna.
La información
dirigida a la población en general podrá ser difundida a través de cualquier medio de
comunicación escrito, verbal, electrónico o masivo con la finalidad de lograr la mayor
difusión posible.
Tanto la persona
portadora como aquélla en la que se ha manifestado el síndrome de inmunodeficiencia
adquirida, tendrán el pleno derecho a recibir y solicitar información específica sobre
su condición.
Artículo Tercero. Se adiciona el artículo
130-bis de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 130-bis.
I. Queda
prohibida expresamente cualquier conducta, orden o disposición que agreda, humille,
denigre o que implícitamente permita o provoque cualquier acto discriminatorio en contra
de los derechos de las personas con VIH/sida.
A toda persona
que contravenga la disposición anterior le será fincada la responsabilidad
administrativa conducente.
El ejercicio de
acciones de carácter administrativo no afectará de ningún modo el derecho del paciente
a recurrir a los tribunales civiles y penales para la demanda o denuncia correspondiente a
hechos constitutivos de faltas o delitos.
II. Queda
estrictamente prohibido imponer cualquier tipo de aislamiento, cuarentena, confinamiento o
incomunicación que contravenga la voluntad, libertad o autonomía de los pacientes con
VIH/sida.
Las prevenciones
para evitar el contagio deberán respetar en todo momento la disposición anterior además
de basarse en los derechos humanos inherentes a toda persona.
Artículo Cuarto. Se adiciona el artículo 136-bis
de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 136-bis.
Los exámenes de
detección y diagnóstico del síndrome de inmunodeficiencia adquirida sólo podrán
practicarse a las personas que de forma personal los soliciten. La información recabada
de estos exámenes será entregada únicamente al solicitante o a la persona autorizada
por éste, por escrito, procurando en todo momento que el solicitante cuente con la
asistencia médica y psicológica que el caso amerite.
Bajo ningún
motivo podrán hacerse públicos los resultados de estos exámenes por aquellos que
participaron de alguna manera en su realización. La contravención a esta disposición
será considerada revelación de secretos y sancionada de acuerdo al artículo 211 del
Código Penal Federal.
Transitorio
Unico. El presente decreto entrará en vigor el
día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Palacio
Legislativo.— San Lázaro, a 18 de marzo de 2003.— Diputados: Adela del C. Graniel Campos, Hortensia Aragón
Castillo, Magdalena Núñez Monreal, Manuel Duarte Ramírez, Rosalía Peredo Aguilar,
José Narro Céspedes, José Socorro Velázquez Hernández, Eduardo A. Leines Barrera (rúbricas).
El Presidente diputado Armando Salinas Torre:
Túrnese a la Comisión de Salud.
CANCER
DE MAMA
El Presidente diputado Armando Salinas Torre:
Tiene la palabra
la diputada Esperanza Santillán Castillo, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 3o.
de la Ley General de Salud.
La diputada Esperanza Santillán
Castillo:
Secretarios de
la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura Federal del honorable Congreso de la
Unión.
Proyecto de
decreto por el que se adiciona una fracción XVII al artículo 3o., recorriéndose las
actuales XVII y siguientes de la Ley General de Salud que presenta la diputada Esperanza
Santillán Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con el permiso
de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
Esperanza
Santillán Castillo, diputada federal integrante del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional a la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, en
ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 71 fracción II y 72 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo establecido
en los numerales 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable Asamblea, la
siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XVII al artículo
3o., recorriéndose las actuales XVII y siguientes de la Ley General de Salud, de
conformidad con la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
Antecedentes
Entre las
garantías sociales tuteladas en nuestra Constitución, es la protección a la salud una
de las más relevantes, cuya finalidad es la de hacer efectivo el derecho a la prevención
y detección de enfermedades que pueden ser malignas, mortales y en muchas ocasiones dejan
secuelas que inciden en el aspecto físico de los individuos.
Hoy día, las
mujeres mexicanas se encuentran ante una amenaza silenciosa que pone en riesgo su vida,
esa amenaza es el cáncer de mama que por descuido o desconocimiento, llega a detectarse
en un avanzado estado de incurabilidad, ubicando a la paciente al borde de la muerte.
Enfermedad que
puede contraerse a temprana, mediana o edad madura que no respeta clase, rango social o
cultural; que en la actualidad lacera a un gran número de mujeres mexicanas que han
rebasado la edad de 40 años, enfermedad que ha crecido en los últimos quince años y que
se prevé para el año 2010 su incremento y riesgo de mortalidad, como lo tiene
documentado el Instituto Nacional de Salud Pública.
Según
investigación elaborada en el Centro de Investigación en Salud Poblacional, pues en 1979
era de 13.94 por cada 100 mil mujeres. Para 1994 aumentó a 21.28 por cada 100 mil
mujeres. Y según la Secretaría de Salud, durante el año de 1999 el cáncer de mama fue
detectado en un alto número de mujeres de entre 45 y 49 años de edad, que incluso
tuvieron que someterse a tratamientos de quimioterapia para su tratamiento. Situaciones
que representaron peligro de muerte para nuestras compatriotas.
Las
estadísticas oficiales tanto nacionales como internacionales, reportan que en el mundo
para cada mujer que mueres de SIDA, mueren dos de cáncer de mama y que en México durante
el año 2000, la neoplasia mamaria ocasionó el deceso de más de 3 mil mujeres. Cifra que
arroja un promedio de muerte de nueve mujeres por día. Indice de mortalidad que puede
incrementarse en proporciones alarmantes si no es atendido con toda oportunidad.
Por eso el
cáncer de mama se encuentra ubicado como la segunda causa de fallecimiento de mujeres en
edad productiva, superado por el cáncer cervicouterino. De ahí la importancia del
aspecto preventivo de los servicios de salud.
Este tipo de
enfermedad que es detectable en su etapa inicial es previsible en las mujeres de entre 25
y 40 años de edad y en su madurez a través de autoexploración individual, de un examen
clínico de mama y de una mastografía, tal como atinadamente lo recomiendan el Estudio
Nacional Canadiense para la Evaluación de la Mama, el Colegio Americano de Ginecología y
Obstetricia y la Sociedad Americana de Cáncer.
Lo que hace
necesario recomendar y promover una educación permanente para que toda mujer acuda
oportunamente a recibir orientación y tratamiento médico especializado, pues el no
hacerlo representa que para el año 2010, la tasa de mortalidad sea ascendente y el
número de defunciones anuales podría aumentar a un número superior a las 4 mil 500
personas.
De ahí la
importancia porque se establezca un verdadero y exhaustivo programa de prevención y
control de cáncer de mama, que se hagan más efectivos lo que existen en la actualidad;
destacando la importancia del cuidado de la salud de las mujeres.
Considerando que
la salud debe ser atendida no sólo como un valor biológico, sino como un bien social y
cultural, tutelado por nuestra Constitución, regulado por la Ley General de Salud y
vigilado por el Sistema Nacional de Salud, se hace necesario e indispensable una eficaz
campaña de prevención y detección de este mal, por medio de folletos, campañas
permanentes y pláticas de orientación médica especializadas gratuitas, destacando la
importancia del cuidado de la salud; que se fomente el interés y bienestar social de toda
mujer mexicana desde la más joven hasta la más adulta, sin distingo de clase social; que
se encauce no sólo a la mujer de la ciudad, a la profesionista, a la empleada o
desempleada, sino también a aquéllas que viven en el campo, a la indígena, a la
analfabeta, a la de escasos recursos socioculturales y económicos.
Las enfermedades
no hacen distingos, independientemente de que como garantía social se debe hacer efectivo
el derecho a la atención médica especializada y gratuita, cuando así sea necesario.
Compañeros
diputados: la presente iniciativa tiene como objeto fomentar la prevención y detección
de una de las más severas enfermedades de nuestra actualidad, causante de la muerte de un
gran número de mujeres.
Y como una
inquietud y reclamo de todas aquellas mujeres mexicanas a quienes representamos, por lo
anteriormente expuesto la suscrita presenta a la consideración de esta Representación
nacional, el siguiente proyecto de decreto por el que se adiciona con una fracción XVII
al artículo 3o. de la Ley General de Salud.
Primero. Se
adiciona con una fracción XVII al artículo 3o. recorriéndose a las actuales XVII y
siguientes de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 3o. En
los términos de esta ley es materia de salubridad general, tal como está de la fracción
I a la XVI, XVII agregar: “la prevención y tratamiento de cáncer de mama”, que
no se contempla. Y de la XVIII a la XXIX se recorre.
Segundo. El
presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el
Palacio Legislativo en San Lázaro, a 18 de marzo de 2003.»
Muchas gracias.
«Ciudadanos
secretarios de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura Federal del honorable
Congreso de la Unión.
Proyecto de
decreto por el que se adiciona una fracción XVII, al articulo 3o., recorriéndose las
actuales XVII y siguientes, de la Ley General de Salud, que presenta la diputada Esperanza
Santillán Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La suscrita,
Esperanza Santillán Castillo, diputada federal integrante del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional a la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, en
ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo establecido
en los numerales 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea, la
siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XVII al artículo
3o, recorriéndose las actuales XVII y siguientes de la Ley General de Salud, de
conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
Antecedentes
Entre las
garantías sociales tuteladas en nuestra Constitución, la protección a la salud es una
de las más relevantes, cuya finalidad es la de hacer efectivo el derecho a la prevención
y detección de enfermedades que pueden ser malignas, mortales y, en muchas ocasiones,
dejan secuelas que inciden en el aspecto físico de los individuos.
Hoy en día, las
mujeres mexicanas se encuentran ante una amenaza silenciosa que pone en riesgo su vida,
esa amenaza es el cáncer de mama, que por descuido o desconocimiento llega a detectarse
en un avanzado estado de incurabilidad, ubicando a la paciente al borde de la muerte,
enfermedad que puede contraerse a temprana, mediana o madura edad, que no respeta clase,
rango social o cultural, que en la actualidad lacera a un gran número de mujeres
mexicanas que han rebasado la edad de 40 años, enfermedad que ha crecido en los últimos
15 años y que se prevé para el año 2010 su incremento y riesgo de mortalidad, como lo
tiene documentado el Instituto Nacional de Salud Pública, según investigación elaborada
en el Centro de Investigación en Salud Poblacional, pues en 1979 era de 13.94 por cada
100 mil mujeres, para 1994 aumentó a 21.28 por cada 100 mil mujeres; y, según la
Secretaría de Salud, durante el año de 1999 el cáncer de mama fue detectado en un alto
número de mujeres de entre 45 y 49 años de edad, que incluso tuvieron que someterse a
tratamientos de quimioterapia, situaciones que representaron peligro de muerte para
nuestras compatriotas.
Las
estadísticas oficiales, tanto nacionales como internacionales, reportan que en el mundo
por cada mujer que muere de sida, mueren 2 de cáncer de mama y que en México durante el
año 2000, la neoplasia mamaria ocasionó el deceso de más de 3,000 mujeres, cifra que
arroja un promedio de muerte de 9 mujeres por día, índice de mortalidad que puede
incrementarse en proporciones alarmantes, si no es atendido con toda oportunidad, por eso
el cáncer de mama se encuentra ubicado como la segunda causa de fallecimiento de mujeres
en edad productiva, superado por el cáncer cervicouterino, de ahí la importancia del
aspecto preventivo de los servicios de salud.
Este tipo de
enfermedad, que es detectable en su etapa inicial, es previsible en las mujeres de entre
25 y 40 años de edad y en su madurez, a través de autoexploración individual, de un
examen clínico de mama y de una mastografía, tal y como atinadamente lo recomiendan el
Canadian National Breast Sreening Study-2 (Estudio Nacional Canadiense para la Evaluación
de la Mama); American College of Obstetricians and Gynecologists (el Colegio Americano de
Ginecología y Obstetricia) y la American Cancer Society (la Sociedad Americana de
Cáncer), lo que hace necesario recomendar y promover una educación permanente para que
toda mujer acuda oportunamente a recibir orientación y tratamiento médico especializado,
pues el no hacerlo representa que para el año 2010 la tasa de mortalidad sea ascendente y
el número de defunciones anuales podría aumentar a un número superior a las 4,500
personas, de ahí la importancia de que se establezca un verdadero y exhaustivo programa
de prevención y control de cáncer de mama, que se hagan más efectivos los que existen
en la actualidad destacando la importancia del cuidado de la salud de las mujeres.
Considerando
Que la salud
debe ser atendida no sólo como un valor biológico sino como un bien social y cultural,
tutelado por nuestra Constitución, regulado por la Ley General de Salud y vigilado por el
Sistema Nacional de Salud, se hace necesario e indispensable una eficaz campaña de
prevención y detección de este mal, por medio de folletos, campañas permanentes y
pláticas de orientación médica especializadas gratuitas, destacando la importancia del
cuidado de la salud, que se fomente el interés y bienestar social de toda mujer mexicana
desde la más joven hasta la más adulta, sin distingo de clase social; que se encauce no
sólo a la mujer de la ciudad, a la profesionista, a la empleada o desempleada, sino
también aquellas que viven en el campo, a la analfabeta, a la de escasos recursos
socioculturales y económicos, pues las enfermedades no hacen distingos,
independientemente de que como garantía social se debe hacer efectivo el derecho a la
atención médica especializada y gratuita cuando así sea necesario.
Compañeros
diputados, la presente iniciativa tiene como objeto fomentar la prevención y detección
de una de las más severas enfermedades de nuestra actualidad, causante de la muerte de un
gran número de mujeres, y como una inquietud y reclamo de todas aquellas mujeres
mexicanas a quienes representamos.
Por lo
anteriormente expuesto, la suscrita presenta a la consideración de esta representación
nacional el siguiente
Proyecto de Decreto
Por el que se
adiciona una fracción XVII al artículo 3o., de la Ley General de Salud.
Primero. Se adiciona una fracción XVII al
artículo 3o., recorriéndose las actuales XVII y siguientes de la Ley General de Salud,
para quedar como sigue:
Artículo 3o. En los términos de esta ley, es
materia de salubridad general:
I. a XVI. ...
XVII. La
prevención y tratamiento de cáncer de mama;
XVIII. a XXIX.
...
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Dado en el
Palacio Legislativo en San Lázaro, a 18 de marzo de 2003.— Dip. Esperanza Santillán Castillo (rúbrica).»
El Presidente diputado Armando Salinas Torre:
Túrnese a la Comisión de Salud.
LEY PARA EL FINANCIAMIENTO EXTRAORDINARIO AL CAMPO
MEXICANO
El Presidente diputado Armando Salinas Torre:
Tiene el uso de
la palabra el diputado Martí Batres Guadarrama, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que expide la ley para el
financiamiento del campo mexicano, hasta por 10 minutos.
El diputado Martí Batres Guadarrama:
Con su permiso,
señor Presidente.
Desde hace más
de 20 años el campo mexicano ha padecido una apertura indiscriminada a la competencia
exterior, acompañada de un abandono cada vez mayor de políticas públicas de fomento y
apoyo al mismo.
Una cosa ha
acompañado a la otra; mientras más apertura más abandono. Se trata de algo que no
parece tener lógica y que sin embargo tiene método y tiene resultados atroces para el
país.
En este gobierno
se ha continuado esta misma política. Es la política neoliberal que ha generado más de
60 millones de pobres y que, en el caso del campo, ha venido extinguiendo las
posibilidades de supervivencia para su población.
Los gobiernos
neoliberales tienen una clara vocación antisocial. En estos momentos, con el cumplimiento
de los plazos desregulatorios del Tratado de Libre Comercio en materia agropecuaria, los
riesgos se potencializan, pues lo muy poco que todavía se produce en territorio nacional
puede ser desplazado de manera irreversible por los productos norteamericanos.
Esto no es una
abstracción ni se trata de una defensa romántica de lo nacional sobre lo extranjero. Los
resultados de esta realidad son pobreza y marginación, que tiende a exacerbarse
aceleradamente a partir del 1o. de enero del año en curso con consecuencias concretas
para el país. Más pobreza, más tensión política y más perdida de soberanía
alimentaria.
En México
tenemos 29 mil ejidos y comunidades agrarias; son 5 millones de familias que constituyen
más del 25% de la población total del país. En lo que va del presente año se han
recibido, por parte del Gobierno Federal, sólo por la variación del precio del
petróleo, más de 4 mil millones de pesos adicionales.
De acuerdo con
la proyección que establecen los analistas de dicha variación, se podría llegar a 30
dólares el barril y habría, a finales del año, casi 90 mil millones de pesos
adicionales.
De esta
cantidad, según la Ley de Ingresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal
de 2003, 25% debe destinarse al fondo de estabilización petrolera, 25% para reducir el
déficit fiscal y 50% para la infraestructura de los estados.
Aquí proponemos
que ese 50% para la infraestructura de los estados se destine a la infraestructura
agrícola de los estados.
En un país como
México, con las carencias que lo caracterizan, no gastar en programas para abatir el
rezago social significa que el dinero que se recibe adicionalmente se aplica de manera
negligente, lo cual es injustificable.
Planteamos
entonces aquí, en concordancia con el artículo 126 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, que sea este Congreso de la Unión el que defina en qué gastar
esos ingresos y que esa decisión se dirija hacia nuestro campo mexicano, pues nuestros
productores agrícolas son quienes están enfrentando más adversidades por la
irresponsable negociación que en este terreno se hizo en el Tratado de Libre Comercio con
los Estados Unidos.
Planteamos
actuar con oportunidad para poder aplicar alrededor de 40 mil millones de pesos
adicionales para el campo, pues de tardarnos las consecuencias pueden ser desastrosas.
Estados Unidos sí tiene una clara y contundente política de subsidios a su producción
agrícola, sólo en la presente administración de aquél país se han destinado por
subsidios más de 111 mil millones de dólares, comparables con solo 500 millones de
dólares en México. Sólo con la recién aprobada ley agrícola aquél país va a
destinar de forma adicional en este año más de 18 mil millones de dólares como subsidio
y plantea otorgar una cantidad igual cada año hasta completar una década.
¿Podemos
nosotros como país competir en esas condiciones? En México hay escasez de recursos y
sobre todo una falta de definición de las prioridades que debemos tener como país.
Nuestro campo mexicano es un sector abandonado a las fuerzas del mercado, bajo el mayor
engaño neoliberal de que precisamente el mercado determina el mejor reparto de capital,
lo cual ha quedado claramente desmentido.
Por lo
anteriormente expuesto, presento la siguiente iniciativa para quedar como sigue:
“Artículo único. Se expide la Ley para el
Financiamiento Extraordinario al Campo Mexicano.
Artículo 1o. La presente ley es de orden público
e interés social y tiene por objeto destinar un monto equivalente al 50% de los ingresos
derivados de la variación del precio del petróleo para infraestructura agrícola de los
estados, a favor de los productores del país.
Artículo 2o. Los mecanismos para la distribución
y vigilancia de dichos recursos se definirán de forma común entre el Ejecutivo y el
Legislativo, de tal forma que resulten equitativos, distributivos y oportunos.
Artículo 3o. Para el caso de quienes siembren por
ciclo de temporal y de riego la inversión se hará sin distinción de tiempo, buscando
proteger de manera especial a quien más lo necesite.
Artículo 4o. Los principios que se buscarán
salvaguardar con el ejercicio de los recursos serán inequívocamente la preservación de
la soberanía alimentaria de nuestro país, el respeto a las costumbres y a la cultura de
las zonas de que se trate y a la dieta del mexicano. Los criterios de sustitución
agrícola no se observarán para condicionar los subsidios.
Artículo 5o. El ejercicio de los recursos a que
se refiere esta ley será independiente y adicional a cualquier apoyo económico que
actualmente ya se entrega a los productores agrícolas.”
Solicitamos que
esta iniciativa pueda dictaminarse en el menor lapso posible, precisamente en congruencia
con el acuerdo legislativo de todos los grupos parlamentarios de que las legislaciones
para el campo constituyen una prioridad vital de este periodo ordinario de sesiones.
Muchas gracias,
por su atención.
«Iniciativa de
Ley para el Financiamiento Extraordinario al Campo Mexicano.
El suscrito,
diputado integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 126 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta soberanía la
siguiente iniciativa con proyecto de Ley para el Financiamiento Extraordinario al Campo
Mexicano.
Exposición de Motivos
Desde hace más
de veinte años el campo mexicano ha padecido una apertura indiscriminada a la competencia
exterior, acompañada de un abandono cada vez mayor, de políticas públicas de fomento y
apoyo al mismo.
Una cosa ha
acompañado a la otra. Mientras más apertura, más abandono. Se trata de algo que no
parece tener lógica y que, sin embargo, tiene estructura, tiene método y tiene
resultados atroces para el país.
En este gobierno
se ha continuado esa misma política económica. Es la política neoliberal, que ha
generado más de 60 millones de pobres y que en el caso del campo ha venido extinguiendo
las posibilidades de supervivencia para su población.
Los gobiernos
neoliberales tienen una clara vocación antisocial.
En estos
momentos, con el cumplimiento de los plazos desregulatorios del TLC en materia
agropecuaria, los riesgos se potencializan, pues lo muy poco que todavía se produce en
territorio nacional puede ser desplazado de manera irreversible por los productos
norteamericanos.
Esto no es una
abstracción, ni se trata de una “defensa romántica” de lo nacional, sobre lo
extranjero.
Los resultados
de esta realidad son pobreza y marginación que tiende a exacerbarse aceleradamente a
partir del 1o. de enero del año en curso, con consecuencias concretas para el país:
significa más pobreza, más tensión política y más pérdida de soberanía alimentaria
del país.
En México,
tenemos más de 29,000 ejidos y comunidades agrarias, son cinco millones de familias, que
constituyen más de 25% de la población total del país.
En lo que va del
presente año, se han recibido por parte del Gobierno Federal, sólo por la variación del
precio de petróleo, más de 4,000 millones de pesos adicionales. De acuerdo con la
proyección de analistas económicos, de llegar el precio del petróleo este año a 30
dólares por barril, se recibirán casi 90 mil millones de pesos adicionales por este
concepto.
La Ley de
Ingresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2003, 25% debe
destinarse al fondo de estabilización petrolera; 25% para reducir déficit fiscal, y el
50% para la infraestructura de los estados. Aquí proponemos que se destinen para la
infraestructura agrícola de los estados.
En un país como
México, con las carencias que lo caracterizan, no gastar en programas para abatir el
rezago social, el dinero que se presupuesta o que se recibe de manera adicional a lo
establecido en la Ley de Ingresos es una negligencia injustificable.
Por ello planteo
que, en concordancia con el artículo 126 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, sea este Congreso de la Unión el que defina en qué gastar esos
ingresos, y que esa decisión se dirija hacia nuestro campo mexicano, pues nuestros
productores agrícolas son quienes están enfrentando más adversidades por la
irresponsable negociación que en este terreno se hizo del TLC con Estados Unidos.
Planteamos
actuar con oportunidad para poder aplicar alrededor de 40 mil millones al campo, pues de
no hacerlo las consecuencias pueden ser desastrosas.
Estados Unidos
tiene una clara y contundente política de subsidios a su producción agrícola.
Tan sólo en la
presente administración de aquel país se han destinado por subsidios en este terreno
más de 111 mil millones de dólares, por sólo 500 millones de dólares en México. Sólo
con la recién aprobada Ley Agrícola, aquel país va a destinar de forma adicional en
este año más de 18 mil millones de dólares como subsidio, y plantea otorgar una
cantidad igual cada año, hasta completar diez.
¿Podemos
nosotros como país competir en esas condiciones?
En México hay
escasez de recursos, y sobre todo una falta de definición o perversión, de las
prioridades que debemos tener como país.
La pobreza se ha
nutrido estos últimos años de los desplazados del campo mexicano.
La propuesta que
presento deriva en un apoyo concreto, en los hechos, más allá de discursos y blindajes
que nadie ve, pues están ausentes de contenido y son huecos.
Nuestro campo
mexicano es un sector abandonado a las fuerzas del mercado, bajo el mayor engaño
neoliberal de que precisamente el mercado determina el mejor reparto de capital.
Por lo
anteriormente expuesto y fundado, presento la siguiente iniciativa para quedar como sigue:
Artículo Unico. Se expide la Ley para el
Financiamiento Extraordinario al Campo Mexicano; para quedar como sigue:
Artículo 1.- La presente ley es de orden público
e interés social, y tiene por objeto destinar un monto equivalente al 50% de los ingresos
derivados de la variación del precio del petróleo, para infraestructura agrícola de los
estados, a favor de los productores del país.
Artículo 2.- Los mecanismos para la distribución
y vigilancia de dichos recursos se definirán de forma común entre el Ejecutivo y el
Legislativo, de tal forma que resulten equitativos, distributivos y oportunos.
Artículo 3.- Para el caso de quienes siembren por
ciclos de temporal y de riego, la inversión se hará sin distinción de tiempo, buscando
proteger de manera especial a quien más lo necesite.
Artículo 4.- Los principios que se buscará
salvaguardar con el ejercicio de los recursos serán inequívocamente la preservación de
la soberanía alimentaria de nuestro país, el respeto a las costumbres y a la cultura de
las zonas de que se trate y la dieta del mexicano.
Los criterios de
sustitución agrícola no se observarán para condicionar los subsidios.
Artículo 5.- El ejercicio de los recursos a que
se refiere esta ley será independiente y adicional a cualquier apoyo económico que
actualmente se entrega a los productores agrícolas.
Transitorios
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Segundo.- La definición de los mecanismos a que
se refiere el artículo 2 de esta ley y su ejecución, se llevará a cabo a más tardar a
los treinta días naturales de la entrada en vigor de este ordenamiento.
Palacio
Legislativo.— San Lázaro, a los 18 días del mes de marzo de 2003.— Diputados: Martí Batres Guadarrama, Rogaciano Morales Reyes (rúbricas).»
El Presidente diputado Armando Salinas Torre:
Túrnese a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público, a la de Agricultura y Ganadería con opinión de la de Desarrollo
Rural.
Continúe la
Secretaría con los asuntos en cartera.
DELITOS
BANCARIOS
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII
Legislatura.— Presidencia de la Mesa Directiva.
CC. Secretarios
de la H. Cámara de Diputados.— Presentes.
Para los efectos
de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, me permito devolver a ustedes expediente completo de la minuta
proyecto de decreto por el que se derogan el párrafo primero del artículo 115 y el
artículo 116-Bis, ambos de la Ley de Instituciones de Crédito; se derogan los párrafos
4 y 5 del artículo 400-Bis del Código Penal Federal; y se reforma la fracción VIII del
artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, que fue desechada por el
Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.
Atentamente.
México, DF, a
15 de diciembre de 2002.— Sen. Enrique Jackson
Ramírez (rúbrica) Presidente.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara
de Diputados.
MINUTAPROYECTO DE DECRETO
Por el que se
derogan el párrafo primero del artículo 115 y el artículo 116-bis. Ambos de la Ley de
Instituciones de Crédito, se derogan los párrafos cuarto y quinto del artículo 400-bis
del Código Penal Federal y se Reforma la fracción VIII del artículo 194 del Código
Federal de Procedimientos Penales
Artículo primero. Se derogan el párrafo primero
del artículo 115, recorriéndose los demás en su orden y el artículo 116-bis, ambos de
la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:
“Artículo 115. Lo dispuesto en los
artículos citados en este Capítulo, no excluye la imposición de las sanciones que
conforme a otras leyes fueren aplicables, por la comisión de otro u otros delitos.
La Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, dictará disposiciones de carácter general que tengan como finalidad establecer
medidas y procedimientos para prevenir y detectar en las instituciones de crédito y
sociedades financieras de objeto limitado, actos u operaciones que puedan ubicarse en los
supuestos del artículo 400-bis del Código Penal Federal, incluyendo la obligación de
dichas instituciones y sociedades de presentar a esa Secretaría, por conducto de la
citada Comisión, reportes sobre las operaciones y servicios que realicen con sus clientes
y usuarios, por los montos y en los supuestos que en dichas disposiciones de carácter
general se establezcan.
Dichas
disposiciones deberán considerar, entre otros aspectos, criterios para la adecuada
identificación de los clientes y usuarios de las operaciones y servicios de las
instituciones y sociedades mencionadas, que consideren sus condiciones específicas y
actividad económica o profesional; los montos, frecuencia, tipos y naturaleza de las
operaciones y los instrumentos monetarios con que las realicen y su relación con las
actividades de los clientes o usuarios; las plazas en que operen y las prácticas
comerciales y bancarias que priven en las mismas; la debida y oportuna capacitación de su
personal; y medidas específicas de seguridad en el manejo de las operaciones de las
propias instituciones y sociedades. El cumplimiento de la obligación de presentar
reportes previstos en tales disposiciones no implicará transgresión a lo establecido en
los artículos 117 y 118 de esta ley.
Las
disposiciones señaladas deberán ser observadas oportunamente por los miembros de los
consejos de administración, comisarios, auditores externos, funcionarios y empleados de
los citados intermediarios; la violación de las mismas será sancionada por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores con multa equivalente del 10% al 100% del acto u operación
de que se trate.
Tanto los
servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, como los miembros de los consejos de administración,
comisarios, auditores externos, funcionarios y empleados de los intermediarios financieros
a que se refiere este artículo, deberán abstenerse de dar noticia o información de las
operaciones previstas en el mismo a personas, dependencias o entidades, distintas de las
autoridades competentes expresamente previstas. La violación a estas obligaciones será
sancionada en los términos de las leyes correspondientes.
Artículo 116-bis. Derogado.
Artículo segundo. Se derogan los párrafos cuarto
y quinto, recorriéndose los demás en su orden del artículo 400-bis, del Código Penal
Federal, para quedar como sigue:
Artículo 400-bis. Se impondrá de cinco a 15
años de prisión y de 1 mil a 5 mil días multa al que por sí o por interpósita persona
realice cualquiera de las siguientes conductas: adquiera, enajene, administre, custodie,
cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera, dentro del
territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o
bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto
de una actividad ilícita, con alguno de los siguientes propósitos: ocultar o pretender
ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de
dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita.
La misma pena se
aplicará a los empleados y funcionarios de las instituciones que integran el sistema
financiero, que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para la comisión de las
conductas previstas en el párrafo anterior, sin perjuicio de los procedimientos y
sanciones que correspondan conforme a la legislación financiera vigente.
La pena prevista
en el primer párrafo será aumentada en una mitad, cuando la conducta ilícita se cometa
por servidores públicos encargados de prevenir, denunciar, investigar o juzgar la
comisión de delitos. En este caso, se impondrá a dichos servidores públicos, además,
inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos hasta por un tiempo
igual al de la pena de prisión impuesta.
Para efectos de
este artículo se entiende que son producto de una actividad ilícita, los recursos,
derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de
que provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la
comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia.
Para los mismos
efectos, el sistema financiero se encuentra integrado por las instituciones de crédito,
de seguros y de fianzas, almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras,
sociedades de ahorro y préstamo, sociedades financieras de objeto limitado, uniones de
crédito, empresas de factoraje financiero, casas de bolsa y otros intermediarios
bursátiles, casas de cambio, administradoras de fondos de retiro y cualquier otro
intermediario financiero o cambiario.
Artículo tercero. Se reforma la fracción VIII
del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:
Artículo 194...
I. a la VII...
VIII. De la Ley
de Instituciones de Crédito, los previstos en los artículos 111, 112, 112-bis, 113,
113-bis, 113-bis-1, 113-bis-2, 113-bis-3 y 114;
IX a la
XIV...”
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Salón de
sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México,
DF, a 13 de diciembre de 2002.— Diputada Beatriz
Elena Paredes Rangel, Presidenta y diputada Adela
Cerezo Bautista, secretaria.
Se remite a la
Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.— México, DF, a 13 de
diciembre de 2002.— Lic. Patricia Flores
Elizondo, Secretaria general.»
El Presidente diputado Armando Salinas Torre:
Túrnese a la Comisión de Justicia y
Derechos Humanos.
ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL
El Presidente diputado Armando Salinas Torre:
El siguiente
punto del orden del día es la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por el
que se expide la Ley Federal del Servicio Profesional de Carrera de la Administración
Pública Federal.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara
de Diputados.— Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
HONORABLE
ASAMBLEA:
A la Comisión
de Gobernación y Seguridad Pública fue turnada para su estudio y dictamen, por la Mesa
Directiva de esta Cámara de Diputados, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se
expide la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal;
se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; y se adiciona la Ley de Planeación;
Así como la Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley Federal del Servicio
Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal presentada por la Diputada
Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Esta Comisión,
con fundamento en las facultades que le otorgan los artículos 39, 45 numeral 6 y demás
relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así
como los artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración
de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, de conformidad con los siguientes
ANTECEDENTES
1. En sesión de
esta H. Cámara de Diputados celebrada el 24 de octubre del presente año, la diputada
Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, presentó Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley
Federal del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal, misma
que fue remitida por la Mesa Directiva a esta Comisión de Gobernación y Seguridad
Pública.
2. Con fecha 29
de octubre del año en curso, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados turnó a
las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública la minuta remitida por el Senado a
efecto de elaborar el presente dictamen.
De conformidad
con lo anterior, esta comisión expone las siguientes
CONSIDERACIONES
I. La
instauración de un Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal
es una vieja aspiración de los servidores públicos en México ya que sienta las bases
para establecer una administración pública eficaz, ajena a los cambios políticos y
capaz de servir profesionalmente a la ciudadanía, la que demanda contar con servidores
públicos capaces, eficientes y profesionales que puedan entregar servicios de calidad a
la sociedad.
Dicho servicio
permitirá darle continuidad a los programas sustanciales de gobierno, eliminar los
trastornos en los cambios de administración, conservar la experiencia de los servidores
públicos y motivarlos para que se profesionalicen y mejoren su desempeño, y así
construir una administración pública institucional al servicio del Estado y en beneficio
de la sociedad.
Lo anterior es
coincidente en lo que expresa la Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley Federal
del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal presentada en
sesión del 24 de octubre del presente año, por la Diputada Magdalena del Socorro Núñez
Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, donde se
establece que “...Se trata de fortalecer las instituciones a través de un servicio
público profesional que no se descomponga con los cambios políticos del país, y como
consecuencia, preserve su misión fundamental”.
Es importante
destacar las grandes coincidencias a lo largo de toda la iniciativa de Decreto presentada
por la Diputada Magdalena Núñez Monreal, con respecto al Decreto que esta Comisión
dictaminadora está revisando.
Atenta a lo
anterior, esta Comisión de Gobernación y Seguridad Pública no pasa por alto la
responsabilidad de este Congreso de la Unión, de cumplir con su obligación
constitucional de emitir una ley necesaria en la materia.
II. Esta
Comisión dictaminadora es coincidente con los razonamientos expuestos por el Senado de la
República en el sentido de que es indispensable crear un ordenamiento que establezca las
bases de organización, funcionamiento y desarrollo de un Servicio Profesional de Carrera
en la Administración Pública Federal que opere bajo los principios de legalidad,
eficiencia, objetividad, imparcialidad, equidad y competencia por mérito.
En este contexto
el Servicio Profesional de Carrera permitirá atraer a los mejores elementos al servicio
público, eliminando consideraciones de tipo subjetivo en su reclutamiento y selección.
Del mismo modo,
esta Comisión está de acuerdo en que los criterios para el ingreso y permanencia en el
servicio sean el mérito y la capacidad en un marco de igualdad de oportunidades, cuya
garantía permitirá incentivar la capacitación y la actualización de los servidores
públicos así como su buen desempeño. Es destacable que estos criterios de reclutamiento
y selección también están contenidos en la Iniciativa de Decreto por el que se expide
la Ley Federal del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal
presentada por la Diputada Magdalena Núñez Monreal.
III. De igual
forma, esta Comisión considera acertada la decisión de la colegisladora de incluir la
disposición que prohibe expresamente la discriminación a los aspirantes a ingresar al
Servicio Profesional en razón de su género, edad, capacidades diferentes, condiciones de
salud, estado civil, religión, origen étnico o condición social.
IV. Respecto a
la estructura de cargos para ser ocupados por servidores profesionales de carrera, esta
Comisión está de acuerdo con los términos expuestos por el Senado, en el sentido de
reservarlos para ser ocupados a través de concursos públicos y abiertos como lo
establece esta Ley, toda vez que esto permitirá hacer atractiva la carrera de servidor
público. Reservando los cargos de los primeros niveles de la Administración Pública
Federal a los funcionarios llamados de Libre Designación que orientarán las prioridades
políticas del gobierno en turno. Dichos aspectos están contenidos en la Iniciativa
presentada por la diputada Magdalena Núñez Monreal.
Del mismo modo,
esta Comisión considera acertada la precisión que hace la Ley en relación a los
Gabinetes de Apoyo, que permitirá la regularización del personal de apoyo de los altos
mandos del gobierno, tales como secretarios particulares o asesores, sujetándolos al
control presupuestal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, transparentando su
escala salarial y diferenciándolos claramente de los servidores profesionales de carrera.
De igual forma,
la Comisión considera oportuna la disposición que se ocupa de los casos en que por
rigurosa excepción y plenamente justificados, un cargo reservado a los servidores
públicos de carrera, podrá ser desempeñado por un funcionario de Libre Designación,
sujetándose a los criterios que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública.
En este sentido, la Comisión coincide con los criterios de la colegisladora que señala:
“...de no tomarse esta disposición con la puntualidad debida, daría lugar a
arbitrariedades en la definición de cargos, pudiendo llegar al caso de eliminar
paulatinamente los cargos de carrera, lo cual sería inaceptable por las consecuencias
perjudiciales que esto traería para el desarrollo del Servicio y de sus
miembros...”. De igual modo, en el último párrafo del artículo 5o. de la
Iniciativa presentada por la Diputada Magdalena Núñez Monreal, se observan los mismos
alcances.
Al mismo tiempo
es oportuno reiterar lo sostenido en el dictamen del Senado de la República: “En el
caso de que servidores públicos de confianza ocupen puestos de carrera de manera inusual
y por determinación de la Secretaría y el Comité de Profesionalización de su
dependencia, deberán cubrir el perfil del puesto, lo cual asegura que se cuente con las
capacidades y habilidades que se requieren para el desempeño de su trabajo”.
V. A efecto de
establecer con claridad los derechos y obligaciones de los servidores profesionales de
carrera, esta Comisión considera muy atinado el Título Segundo del Proyecto, ya que
garantiza su estabilidad y permanencia, al mismo tiempo que establece sus deberes y
obligaciones para que no incurran en las causales de separación o responsabilidad que la
propia Ley señala, así como otros ordenamientos relativos, tales como la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. La Iniciativa presentada
por la Diputada Magdalena Núñez Monreal, contempla estos elementos en el Capítulo
Único del Título Quinto.
En esta lógica,
esta Comisión coincide con la Cámara de Senadores en el sentido de que la Ley hace
aportaciones importantes hacia la transparencia y la honestidad de los servidores
públicos ya que los obliga a excusarse en asuntos donde puedan tener conflicto de
intereses.
VI. Con respecto
al cuerpo normativo del sistema, esta Comisión considera que la estructura de siete
subsistemas incluye los aspectos necesarios para el óptimo desarrollo del Servicio. La
Iniciativa de la Diputada Núñez Monreal, contempla todos estos elementos aun y cuando se
agrupan en forma diferente.
Esta Comisión
dictaminadora coincide con la Cámara de Senadores en lo que se refiere al Subsistema de
Planeación de Recursos Humanos, el cual permitirá determinar las necesidades de personal
en el sector público en el corto y mediano plazo de una manera planeada, considerando el
ingreso y separación de servidores públicos, permitiendo la racionalidad en la
contratación de recursos humanos. Del mismo modo, este subsistema permitirá establecer,
en conjunto con el Subsistema de Capacitación y Certificación de Capacidades, las
necesidades de formación requeridas por la administración para ocupar los distintos
puestos de la estructura administrativa, y permitir así el ascenso y la movilidad de los
propios servidores profesionales de carrera.
Para su
operación eficaz, el Subsistema de Planeación de Recursos Humanos contará con el
Registro Unico del Servicio Profesional de Carrera y con el Catálogo de Puestos de la
Administración Pública Federal Centralizada.
De igual forma,
esta Comisión considera adecuado el Subsistema de Ingreso que permitirá que los procesos
de reclutamiento y selección de personal se realicen con base en los principios de
mérito y de igualdad de oportunidades. Para ello la Ley establece claramente que el
Ingreso al Servicio Profesional de Carrera, tanto al primer ingreso como a otros cargos de
la jerarquía administrativa, se llevará a cabo a través de convocatorias públicas y
abiertas donde podrán participar los servidores públicos y/o ciudadanos en general que
reúnan la características del perfil del puesto y aprueben los exámenes respectivos. Es
en este punto donde la Iniciativa presentada por la Diputada Magdalena Núñez Monreal,
muestra mayores coincidencias con el dictamen de nuestra colegisladora.
No obstante la
difusión obligatoria de las convocatorias para el ingreso, la Ley dispone que la
Secretaría de la Función Pública lleve a cabo eventos de inducción para atraer a los
ciudadanos con vocación de servicio público a los concursos de ingreso, aspecto que esta
Comisión considera pertinente.
Lo mismo sucede
en lo que se refiere al procedimiento de selección, porque compartimos la intención del
Senado en cuanto a que la Ley determina que los aspirantes deberán someterse a exámenes
generales de conocimientos y habilidades, así como a otros elementos de valoración que
se justifiquen en razón del tipo de cargo al que se aspire, por medio de los Comités
Técnicos de Profesionalización y Selección de cada dependencia. Asimismo se establece
que la Secretaría de la Función Pública emita guías y lineamientos generales para que
se apliquen en dichas evaluaciones.
Esta Comisión
juzga pertinente lo que se refiere al Subsistema de Desarrollo Profesional porque busca
retener y motivar a los servidores públicos posibilitando que éstos ocupen distintos
puestos de igual o mayor jerarquía dentro de la Administración Pública al desarrollar
su plan de carrera. Adicionalmente, los principios fundamentales coinciden plenamente con
la Iniciativa de la Diputada Magdalena Núñez Monreal.
La ley señala
que las trayectorias de los servidores públicos podrán ser verticales y/o horizontales,
permitiéndole movilidad al servidor público y contribuyendo directamente a su
motivación.
Buscando que el
horizonte profesional de los servidores públicos sea lo más amplio posible, la Ley
dispone que las dependencias podrán celebrar convenios con distintas instituciones y
autoridades tanto federales como locales, públicas y privadas para permitir el
intercambio de recursos humanos, con el fin de fortalecer el proceso de desarrollo
profesional y evitar el estancamiento o la desmotivación de los servidores profesionales
de carrera.
Esta Comisión
considera acertada la introducción del Subsistema de Capacitación y Certificación de
Capacidades que tiene la finalidad de aumentar, mejorar y certificar los conocimientos y
habilidades de los servidores públicos con objeto de que puedan mejorar su desempeño, se
preparen para ocupar cargos de mayor responsabilidad y puedan certificar las capacidades
profesionales que hayan adquirido en el ejercicio de su función. En apoyo a esta
consideración, la sección Segunda del Programa de Especialización contenida en la
multicitada Iniciativa de Decreto presentada por la Diputada Magdalena Núñez Monreal se
observan alcances equivalentes.
Este subsistema
considera que los servidores profesionales de carrera que así lo requieran, además de la
capacitación que recibirán para el ejercicio de su función, podrán continuar con su
educación formal en instituciones nacionales o internacionales, en beneficio de la propia
administración pública, a través de apoyos.
Con objeto de
mantener el nivel profesional de los servidores públicos, éstos deberán ser evaluados
al final de cada proceso de capacitación, y en el caso de que no aprueben en dos
ocasiones las evaluaciones correspondientes, serán separados del servicio y causarán
baja del Registro.
Es atendible en
esta Cámara de diputados el criterio de nuestra colegisladora en el sentido de que cada
cinco años los servidores públicos deberán ser sometidos a una evaluación para
certificar sus capacidades profesionales, con el fin de asegurar que tienen actualizadas
las habilidades y conservan el perfil para ocupar el puesto. De esta manera, el sistema
mantendrá a los servidores públicos actualizados y con el nivel de competencia necesaria
para ofrecer servicios de calidad a la ciudadanía, toda vez que la certificación es
requisito indispensable para la permanencia en el servicio.
Esta Comisión
dictaminadora considera que el Subsistema de Evaluación del Desempeño es una de las
piezas fundamentales para la operación del Sistema, porque busca evaluar tanto individual
como colectivamente la actuación de los servidores públicos en términos de los
resultados esperados por la ciudadanía, tanto en el nivel cualitativo como cuantitativo,
en los términos propuestos por la Ley.
A partir de la
reformas y adiciones a las Leyes de Planeación, y de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público, la evaluación del desempeño se articula con las metas y objetivos establecidos
en el Plan Nacional de Desarrollo y prevé el otorgamiento de estímulos a los servidores
que tengan un desempeño sobresaliente. Esto permitirá incentivar el buen desempeño y
motivar a los servidores públicos a mejorar constantemente su trabajo y a aprovechar la
capacitación.
Al mismo tiempo
las evaluaciones del desempeño permitirán aportar información para mejorar el
funcionamiento de las dependencias; servir como instrumento para detectar necesidades de
capacitación y, en caso de un desempeño no satisfactorio, aplicar medidas correctivas o
proceder a la separación del servidor público.
Como se
establece en el cuerpo de la propia la Ley, el Subsistema de Separación establece las
condiciones en que termina el nombramiento de un servidor público o deja de surtir
efectos de manera temporal o permanente. La Diputada Magdalena Núñez Monreal, en su
iniciativa aborda este punto en el artículo 76, en donde se aprecian alcances similares.
Esta Comisión
coincide con el Senado en que la Ley otorga plena seguridad jurídica a los servidores
profesionales de carrera ya que se fundamenta en la garantía de que no podrá ser
removido de su cargo por razones políticas o por causas y procedimientos no previstos en
esta u otras leyes aplicables.
Dentro de las
causas de separación, la Ley enumera la renuncia, la defunción, la de sentencia
privativa de la libertad, y el incumplimiento de manera grave de sus responsabilidades, en
cuyo caso la Secretaría de la Función Pública y los Comités Técnicos de
Profesionalización y Selección valorarán los hechos y respetarán la garantía de
audiencia.
Adicionalmente,
la Ley prevé como causas de separación las relativas a las evaluaciones de
capacitación, certificación y desempeño, con el fin de asegurar el nivel de competencia
de los servidores públicos.
En lo que se
refiere a la separación temporal, se determinan las condiciones y los casos por los que
se pueden pedir licencias para permitir a los servidores profesionales de carrera
separarse temporalmente de su cargo, con la garantía de reincorporarse a su cargo una vez
terminada la licencia.
Esta Comisión
de Gobernación y Seguridad Pública coincide plenamente con la colegisladora en lo que
respecta al Subsistema de Control y Evaluación en virtud de que permite la evaluación
general del sistema de manera permanente para asegurar su adecuado funcionamiento y su
corrección en casos necesarios.
VII. En cuanto a
la Estructura Orgánica del Sistema, la Comisión dictaminadora considera adecuado que el
Servicio dependa del Titular del Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de la
Función Pública, antes Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, y que
sea operado por cada una de las dependencias.
La inclusión
del Consejo Consultivo del Sistema y de los Comités Técnicos de Profesionalización y
Selección, son para esta Comisión, figuras adecuadas que le dan mayor certidumbre al
Servicio Profesional de Carrera. El Consejo cumplirá funciones de asesoría y
recomendación, mientras que los Comités participarán en la planeación, formulación de
estrategias y análisis, además de ser pieza fundamental en los procesos de selección.
Es importante
señalar que la iniciativa presentada por la diputada Magdalena Núñez Monreal, observa
gran coincidencia en la definición de la estructura de organización con respecto al la
contemplada en el Decreto que esta Comisión dictaminadora revisa.
VIII. Esta
Comisión es coincidente con la Cámara de Senadores en el sentido de que el procedimiento
de selección se lleve a cabo con apego al principio de legalidad, para lo cual se
contempla el recurso de revocación, contra las resoluciones derivadas de dicho
procedimiento.
Complementariamente,
se establece qué autoridades y legislación serán aplicables a las controversias a
resolver, existiendo dos vías legales posibles: la laboral y la administrativa.
MODIFICACIONES A LA MINUTA
A. La Minuta
establece con precisión y detalle las obligaciones de los servidores públicos
profesionales de carrera, de tal manera que el incumplimiento de las mismas, originaría
que el nombramiento de los servidores deje de surtir sus efectos.
La estabilidad
en el empleo o cargo dependerá del cumplimiento de las obligaciones señaladas en la ley
y no de criterios discrecionales que carecen de referentes normativos para realizar la
evaluación de la legalidad de la resolución.
Adicionalmente,
la ley no establece qué conductas o violaciones a las obligaciones podrían considerarse
especialmente graves, ni tampoco los criterios para considerar que son reiterados o
constantes, al igual que el resto de los requisitos que se señalan por la Minuta para
considerar que el nombramiento de un servidor público deje de surtir sus efectos.
Por lo tanto, se
propone modificar la redacción del siguiente artículo
Artículo 60. El nombramiento de los servidores
profesionales de carrera dejará de surtir efectos sin responsabilidad para las
dependencias, por las siguientes causas:
I a III...
IV. Por
incumplimiento reiterado e injustificado de las obligaciones que esta Ley le asigna;
La valoración
anterior deberá ser realizada por la Secretaría de conformidad con el Reglamento,
respetando la garantía de audiencia del servidor público;
V y VI...
VII. Cuando el
resultado de su evaluación del desempeño sea deficiente, en los términos que señale el
reglamento;
...
B. En virtud de
que la Minuta, en el artículo primero de los transitorios señalaba que la entrada en
vigor de la ley sería el 1o. de enero de 2003, que no fue posible aprobar el dictamen
antes de esta fecha, por lo que con la finalidad de proponer una nueva fecha que permita
comenzar a operar la ley se modifica el artículo mencionado para quedar en los siguientes
términos:
“Artículo Primero. Esta Ley entrará en
vigor ciento ochenta días después de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.”
C. En virtud de
que el ARTICULO SEGUNDO del Decreto, por el que se reforma la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, no tiene un artículo transitorio que establezca con
claridad la fecha de entrada en vigor de la citada reforma, se adiciona un tercer
artículo transitorio para quedar en los siguientes términos:
“Tercero.
El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”
D. En el
artículo segundo transitorio de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal, se establece la obligación a cargo de la Secretaría la
emisión del Reglamento de la Ley, sin embargo, en virtud de que dicha atribución le
corresponde, de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se
propone eliminar la parte correspondiente, para que se entienda que el Reglamento lo
deberá emitir la autoridad competente, por lo tanto se propone la siguiente redacción,
en el primer párrafo del citado artículo:
“Artículo segundo. El Reglamento de la
presente Ley deberá emitirse en un plazo no mayor a 180 días, contados a partir de la
entrada en vigor de la misma.”
E. Asimismo,
toda vez que se consideró por esta Comisión dictaminadora que por lo que respecta a las
modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, se realizan modificaciones únicamente
con la finalidad de no dar lugar a duda alguna respecto de las fracciones que no se
reforman, es decir, se señalan expresamente las fracciones que permanecen sin cambio.
En la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar de la siguiente manera:
“Artículo 31. A la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I a XVIII...
XIX. Coordinar y
desarrollar los servicios nacionales de estadística y de información geográfica, así
como establecer las normas y procedimientos para su organización, funcionamiento y
coordinación;
XX a XXIII...
XXIV. Ejercer el
control presupuestal de los servicios personales y establecer normas y lineamientos en
materia de control del gasto en ese rubro, y
XXV...
Artículo 37. A la Secretaría de la Función
Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I a VI...
VI-bis. Dirigir,
organizar y operar el sistema de Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal en los términos de la Ley de la materia, dictando las resoluciones
conducentes en los casos de duda sobre la interpretación y alcances de sus normas;
VII a XVII...
XVIII. Aprobar y
registrar las estructuras orgánicas y ocupacionales de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal y sus modificaciones, previo dictamen favorable de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
XVIII-bis.
Establecer normas y lineamientos en materia de planeación y administración de personal;
XIX a XXV...
XXVI. Establecer
las políticas generales en materia de los servicios de informática de las dependencias y
entidades de la administración pública federal, y
XXVII. Las
demás que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos.”
En la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, para quedar como sigue:
“Artículo 19. El proyecto de presupuesto de
egresos de la federación se integrará con los documentos que se refieran a:
I y II...
III. Estimación
de ingresos y proposición de gastos del ejercicio fiscal para el que se propone,
incluyendo el monto y clasificación correspondiente a las percepciones que se cubren en
favor de los servidores públicos.
Dichas
percepciones incluyen lo relativo a sueldos, prestaciones y estímulos por cumplimiento de
metas, recompensas, incentivos o conceptos equivalentes a éstos;
IV a IX...”
Por estas
razones, estimamos conveniente regresar la Minuta en estudio a la Colegisladora para que
se analice solo en lo mencionado anteriormente; y por lo que se refiere al resto del
contenido de la Minuta, se estima procedente y acorde su aprobación.
Por las razones
expuestas, esta Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con fundamento en el
artículo 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y
en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el
siguiente proyecto de decreto y en caso de aprobarse, se proceda al envío del expediente
al Senado de la República para que se estudien y dictaminen las observaciones realizadas
por esta Cámara Revisora atendiendo a lo dispuesto en el artículo 72, inciso e) de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Como resultado
de lo anterior, los miembros de esta Comisión de Gobernación y Seguridad Pública,
proponemos al Pleno el siguiente dictamen con proyecto de:
DECRETO POR EL
QUE SE EXPIDE LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA
FEDERAL; SE REFORMAN LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y LA LEY DE
PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO FEDERAL; Y SE ADICIONA LA LEY DE PLANEACION.
ARTICULO PRIMERO. Se expide la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal para quedar como sigue:
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública
Federal
TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Capítulo Unico
De la naturaleza y objeto de la Ley
Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto
establecer las bases para la organización, funcionamiento y desarrollo del Sistema de
Servicio Profesional de Carrera en las dependencias de la Administración Pública Federal
centralizada.
Las entidades
del sector paraestatal previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal podrán establecer sus propios sistemas de servicio profesional de carrera tomando
como base los principios de la presente Ley.
Artículo 2. El sistema de Servicio Profesional de
Carrera es un mecanismo para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la
función pública con base en el mérito y con el fin de impulsar el desarrollo de la
función pública para beneficio de la sociedad.
El Sistema
dependerá del titular del Poder Ejecutivo Federal, será dirigido por la Secretaría de
la Función Pública y su operación estará a cargo de cada una de las dependencias de la
Administración Pública.
Serán
principios rectores de este Sistema: la legalidad, eficiencia, objetividad, calidad,
imparcialidad, equidad y competencia por mérito.
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se
entenderá por:
I. Sistema: El
Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal Centralizada;
II.
Administración Pública: Administración Pública Federal Centralizada;
III.
Secretaría: Secretaría de la Función Pública.
IV. Consejo:
Consejo Consultivo del Sistema;
V. Comités:
Comités Técnicos de Profesionalización y Selección de cada dependencia;
VI. Registro:
Registro Unico del Servicio Público Profesional;
VII.
Dependencia: Secretarías de Estado, incluyendo sus órganos desconcentrados,
Departamentos Administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal;
VIII. Catálogo:
Catálogo de Puestos de la Administración Pública Federal Centralizada, incluyendo sus
órganos desconcentrados y los Departamentos Administrativos.
IX. Servidor
público de carrera: Persona física integrante del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal, que desempeña un cargo de confianza en alguna
dependencia;
Artículo 4. Los servidores públicos de carrera
se clasificarán en servidores públicos eventuales y titulares. Los eventuales son
aquellos que, siendo de primer nivel de ingreso se encuentran en su primer año de
desempeño, los que hubieren ingresado con motivo de los casos excepcionales que señala
el artículo 34 y aquellos que ingresen por motivo de un convenio.
El servidor
público de carrera ingresará al Sistema a través de un concurso de selección y sólo
podrá ser nombrado y removido en los casos y bajo los procedimientos previstos por esta
Ley.
Artículo 5. El Sistema comprenderá, tomando como
base el Catálogo, los siguientes rangos:
a) Director
General;
b) Director de
Area;
c) Subdirector
de Area;
d) Jefe de
Departamento y;
e) Enlace
Los rangos
anteriores comprenden los niveles de adjunto, homólogo o cualquier otro equivalente,
cualquiera que sea la denominación que se le dé.
La creación de
nuevos cargos en las estructuras orgánicas en funciones equivalentes a las anteriores,
sin importar su denominación, deberán estar homologados a los rangos que esta ley
prevé.
La Secretaría,
en el ámbito de sus atribuciones deberá emitir los criterios generales para la
determinación de los cargos que podrán ser de libre designación.
Estos deberán
cumplir con los requisitos que previamente establezcan las dependencias para cada puesto,
y estarán sujetos a los procedimientos de evaluación del desempeño, no así a los de
reclutamiento y selección que establece esta Ley.
Artículo 6. Los servidores públicos de libre
designación y los trabajadores de base de la Administración Pública Federal tendrán
acceso al servicio profesional de carrera, sujetándose, en su caso, a los procedimientos
de reclutamiento, selección y nombramiento previstos en este ordenamiento.
Para la
incorporación al sistema del trabajador de base será necesario contar con licencia o
haberse separado de la plaza que ocupa, no pudiendo permanecer activo en ambas
situaciones.
Artículo 7. El Gabinete de Apoyo es la Unidad
administrativa adscrita a los Secretarios, Subsecretarios, Oficiales Mayores, Titulares de
Unidad, Titulares de Organos Desconcentrados y equivalentes para desempeñar un cargo o
comisión en las secretarías particulares, coordinaciones de asesores, coordinaciones de
comunicación social y servicios de apoyo, de cualquier nivel de conformidad con el
presupuesto autorizado.
Los servidores
públicos que formen parte de los Gabinetes de Apoyo serán nombrados y removidos
libremente por su superior jerárquico inmediato. Las estructuras de los Gabinetes de
Apoyo deberán ser autorizadas por la Secretaría, la cual tendrá en cuenta por lo menos
los siguientes criterios:
a) La capacidad
presupuestal de la dependencia, de conformidad con las disposiciones de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
b) La
prohibición de que estos Gabinetes de Apoyo ejerzan atribuciones que por ley competan a
los servidores públicos de carrera.
Artículo 8. El Sistema no comprenderá al
personal que preste sus servicios en la Presidencia de la República, los rangos de
Secretarios de Despacho, Jefes de Departamento Administrativo, Subsecretarios, Oficiales
Mayores, Jefe o Titular de Unidad y cargos homólogos; los miembros de las Fuerzas
Armadas, del sistema de seguridad pública y seguridad nacional, del Servicio Exterior
Mexicano y asimilado a éste; personal docente de los modelos de educación preescolar,
básica, media superior y superior; de las ramas médica, paramédica y grupos afines, los
gabinetes de apoyo, así como aquellos que estén asimilados a un sistema legal de
servicio civil de carrera; y los que presten sus servicios mediante contrato, sujetos al
pago por honorarios en las dependencias.
Artículo 9. El desempeño del servicio público
de carrera será incompatible con el ejercicio de cualquier otro cargo, profesión o
actividad que impida o menoscabe el estricto cumplimiento de los deberes del servidor
público de carrera.
TITULO SEGUNDO
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL SISTEMA
Capítulo Primero
De los Derechos
Artículo 10. Los servidores públicos de carrera
tendrán los siguientes derechos:
I. Tener
estabilidad y permanencia en el servicio en los términos y bajo las condiciones que
prevé esta Ley;
II. Recibir el
nombramiento como Servidor Público de Carrera una vez cubiertos los requisitos
establecidos en esta Ley;
III. Percibir
las remuneraciones correspondientes a su cargo, además de los beneficios y estímulos que
se prevean;
IV. Acceder a un
cargo distinto cuando se haya cumplido con los requisitos y procedimientos descritos en
este ordenamiento;
V. Recibir
capacitación y actualización con carácter profesional para el mejor desempeño de sus
funciones;
VI. Ser evaluado
con base en los principios rectores de esta Ley y conocer el resultado de los exámenes
que haya sustentado, en un plazo no mayor de 60 días;
VII. Ser
evaluado nuevamente previa capacitación correspondiente, cuando en alguna evaluación no
haya resultado aprobado, en los términos previstos en la presente Ley;
VIII. Participar
en el Comité de selección cuando se trate de designar a un servidor público en la
jerarquía inmediata inferior;
IX. Promover los
medios de defensa que establece esta Ley, contra las resoluciones emitidas en aplicación
de la misma;
X. Recibir una
indemnización en los términos de ley, cuando sea despedido injustificadamente;
XI. Las demás
que se deriven de los preceptos del presente ordenamiento, de su reglamento y demás
disposiciones aplicables.
Capítulo Segundo
De las Obligaciones
Artículo 11. Son obligaciones de los servidores
públicos de carrera:
I. Ejercer sus
funciones con estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad,
eficiencia y demás que rigen el Sistema;
II. Desempeñar
sus labores con cuidado y esmero apropiados, observando las instrucciones que reciban de
sus superiores jerárquicos;
III. Participar
en las evaluaciones establecidas para su permanencia y desarrollo en el Sistema;
IV. Aportar los
elementos objetivos necesarios para la evaluación de los resultados del desempeño;
V. Participar en
los programas de capacitación obligatoria que comprende la actualización,
especialización y educación formal, sin menoscabo de otras condiciones de desempeño que
deba cubrir, en los términos que establezca su nombramiento;
VI. Guardar
reserva de la información, documentación y en general, de los asuntos que conozca, en
términos de la ley de la materia
VII. Asistir
puntualmente a sus labores y respetar los horarios de actividades;
VIII.
Proporcionar la información y documentación necesarias al funcionario que se designe
para suplirlo en sus ausencias temporales o definitivas;
IX. Abstenerse
de incurrir en actos u omisiones que pongan en riesgo la seguridad del personal, bienes y
documentación u objetos de la dependencia o de las personas que ahí se encuentren;
X. Excusarse de
conocer asuntos que puedan implicar conflicto de intereses con las funciones que
desempeña dentro del servicio, y
XI. Las demás
que señalen las leyes y disposiciones aplicables.
Artículo 12. Cada dependencia establecerá las
tareas inherentes a los diversos cargos a su adscripción, de acuerdo con esta Ley y su
Reglamento, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos y en las demás disposiciones laborales
aplicables.
TITULO TERCERO
DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE
SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA
Capítulo Primero
Consideraciones Preliminares
Artículo 13. El Sistema comprende los Subsistemas
de Planeación de Recursos Humanos; Ingreso; Desarrollo Profesional; Capacitación y
Certificación de Capacidades; Evaluación del Desempeño; Separación y Control y
Evaluación, que se precisan a continuación:
I. Subsistema de
Planeación de Recursos Humanos. Determinará en coordinación con las dependencias, las
necesidades cuantitativas y cualitativas de personal que requiera la Administración
Pública para el eficiente ejercicio de sus funciones;
II. Subsistema
de Ingreso. Regulará los procesos de reclutamiento y selección de candidatos, así como
los requisitos necesarios para que los aspirantes se incorporen al Sistema.
III. Subsistema
de Desarrollo Profesional. Contendrá los procedimientos para la determinación de planes
individualizados de carrera de los servidores públicos, a efecto de identificar
claramente las posibles trayectorias de desarrollo, permitiéndoles ocupar cargos de igual
o mayor nivel jerárquico y sueldo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos;
así como, los requisitos y las reglas a cubrir por parte de los servidores públicos
pertenecientes al sistema.
IV. Subsistema
de Capacitación y Certificación de Capacidades. Establecerá los modelos de
profesionalización para los servidores públicos, que les permitan adquirir:
a) Los
conocimientos básicos acerca de la dependencia en que labora y la Administración
Pública Federal en su conjunto;
b) La
especialización, actualización y educación formal en el cargo desempeñado;
c) Las aptitudes
y actitudes necesarias para ocupar otros cargos de igual o mayor responsabilidad.
d) La
posibilidad de superarse institucional, profesional y personalmente dentro de la
dependencia, y
e) Las
habilidades necesarias para certificar las capacidades profesionales adquiridas.
V. Subsistema de
Evaluación del Desempeño. Su propósito es establecer los mecanismos de medición y
valoración del desempeño y la productividad de los servidores públicos de carrera, que
serán a su vez los parámetros para obtener ascensos, promociones, premios y estímulos,
así como garantizar la estabilidad laboral;
VI. Subsistema
de Separación. Se encarga de atender los casos y supuestos mediante los cuales un
servidor público deja de formar parte del Sistema o se suspenden temporalmente sus
derechos; y
VII. Subsistema
de Control y Evaluación. Su objetivo es diseñar y operar los procedimientos y medios que
permitan efectuar la vigilancia y en su caso, corrección de la operación del Sistema.
El Reglamento
determinará los órganos con que la Secretaría operará uno o más de los anteriores
procesos.
Compete a las
dependencias de la Administración Pública administrar el Sistema en la esfera de su
competencia con base en la normatividad expedida por la Secretaría.
Capítulo Segundo
De la Estructura Funcional
Sección Primera
Del Subsistema de Planeación de los Recursos Humanos
Artículo 14. La Secretaría establecerá un
subsistema de Planeación de Recursos Humanos para el eficiente ejercicio del Sistema.
A través de sus
diversos procesos, el subsistema:
I. Registrará y
procesará la información necesaria para la definición de los perfiles y requerimientos
de los cargos incluidos en el Catálogo, en coordinación con las dependencias. La
Secretaría no autorizará ningún cargo que no esté incluido y descrito en el Catálogo;
II. Operará el
Registro;
III. Calculará
las necesidades cuantitativas de personal, en coordinación con las dependencias y con
base en el Registro, considerando los efectos de los cambios en las estructuras
organizacionales, la rotación, retiro y separación de los servidores públicos sujetos a
esta Ley, con el fin de que la estructura de la Administración Pública tenga el número
de servidores públicos adecuado para su buen funcionamiento y permita la movilidad de los
miembros del Sistema;
IV. Elaborará
estudios prospectivos de los escenarios futuros de la Administración Pública para
determinar las necesidades de formación que requerirá la misma en el corto y mediano
plazos, con el fin de permitir a los miembros del Sistema cubrir los perfiles demandados
por los diferentes cargos establecidos en el catálogo;
V. Analizará el
desempeño y los resultados de los servidores públicos y las dependencias, emitiendo las
conclusiones conducentes;
VI. Revisará y
tomará en cuenta para la planeación de los recursos humanos de la administración
pública federal los resultados de las evaluaciones sobre el sistema;
VII. Realizará
los demás estudios, programas, acciones y trabajos que sean necesarios para el
cumplimiento del objeto de la presente Ley; y
VIII. Ejercerá
las demás funciones que le señale esta Ley, su reglamento y disposiciones relativas.
Sección Segunda
Del Registro Unico del Servicio Profesional de Carrera
Artículo 15. El Registro Unico del Servicio
Público Profesional es un padrón que contiene información básica y técnica en materia
de recursos humanos de la Administración Pública y se establece con fines de apoyar el
desarrollo del servidor público de carrera dentro de las dependencias.
Los datos
personales que en él se contengan serán considerados confidenciales.
Artículo 16. El Registro sistematizará la información
relativa a la planeación de recursos humanos, ingreso, desarrollo profesional,
capacitación y certificación de capacidades, evaluación del desempeño y separación de
los miembros del Sistema.
Artículo 17. El Registro deberá incluir a cada
servidor público que ingrese al Sistema.
Los datos del
Registro respecto al proceso de capacitación y desarrollo deberán actualizarse de manera
permanente. Esta información permitirá identificar al servidor público como candidato
para ocupar vacantes de distinto perfil.
Artículo 18. El Registro acopiará información
de recursos humanos proporcionada por las autoridades o instituciones con las cuales se
suscriban convenios, con la finalidad de permitir la participación temporal de aspirantes
a servidores públicos en los concursos.
Artículo 19. El Sistema, en coordinación con las
dependencias, registrará y procesará la información necesaria para la definición de
los perfiles y requerimientos de los cargos incluidos en el catálogo.
Artículo 20. Será motivo de baja del Registro,
la separación del servidor público del Sistema por causas distintas a la renuncia.
Capítulo Tercero
Del Subsistema de Ingreso
Artículo 21. El aspirante a ingresar al Sistema
deberá cumplir, además de lo que señale la convocatoria respectiva, los siguientes
requisitos:
I. Ser ciudadano
mexicano en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria
permita la función a desarrollar;
II. No haber
sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso;
III. Tener
aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público;
IV. No
pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto; y,
V. No estar
inhabilitado para el servicio público ni encontrarse con algún otro impedimento legal.
No podrá
existir discriminación por razón de género, edad, capacidades diferentes, condiciones
de salud, religión, estado civil, origen étnico o condición social para la pertenencia
al servicio.
Artículo 22. Reclutamiento es el proceso que
permite al Sistema atraer aspirantes a ocupar un cargo en la Administración Pública con
los perfiles y requisitos necesarios.
Artículo 23. El reclutamiento se llevará a cabo
a través de convocatorias públicas abiertas para ocupar las plazas del primer nivel de
ingreso al Sistema.
Este proceso
dependerá de las necesidades institucionales de las dependencias para cada ejercicio
fiscal de acuerdo al presupuesto autorizado. En caso de ausencia de plazas de este nivel
en las dependencias, no se emitirá la convocatoria.
Previo al
reclutamiento, la Secretaría organizará eventos de inducción para motivar el
acercamiento de aspirantes al concurso anual.
Artículo 24. El mecanismo de selección para
ocupar las plazas que no sean de primer nivel de ingreso será desarrollado por el Comité
de conformidad con los procedimientos establecidos en esta Ley, su reglamento y demás
disposiciones relativas.
Artículo 25. Los comités deberán llevar a cabo
el procedimiento de selección para ocupar cargos de nueva creación, mediante
convocatorias públicas abiertas.
Artículo 26. Cuando se trate de cubrir plazas
vacantes distintas al primer nivel de ingreso, los Comités deberán emitir convocatoria
pública abierta. Para la selección, además de los requisitos generales y perfiles de
los cargos correspondientes, deberán considerarse la trayectoria, experiencia y los
resultados de las evaluaciones de los servidores públicos de carrera.
Artículo 27. Los aspirantes a servidores
públicos eventuales únicamente participarán en los procesos de selección relativos a
dicha categoría.
En el caso de
los servidores públicos provenientes de instituciones u organismos con los que se
suscriban convenios no podrán superar en número a los de carrera que se encuentren
laborando en esos lugares con motivo de un intercambio.
Artículo 28. Se entenderá por convocatoria
pública y abierta aquella dirigida a servidores públicos en general o para todo
interesado que desee ingresar al Sistema, mediante convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación y en las
modalidades que señale el Reglamento.
Las
convocatorias señalarán en forma precisa los puestos sujetos a concurso, el perfil que
deberán cubrir los aspirantes, los requisitos y los lineamientos generales que se
determinen para los exámenes, así como el lugar y fecha de entrega de la documentación
correspondiente de los exámenes y el fallo relacionado con la selección de los
candidatos finalistas.
Artículo 29. La selección es el procedimiento
que permite analizar la capacidad, conocimientos, habilidades y experiencias de los
aspirantes a ingresar al Sistema. Su propósito es el garantizar el acceso de los
candidatos que demuestren satisfacer los requisitos del cargo y ser los más aptos para
desempeñarlo.
El procedimiento
comprenderá exámenes generales de conocimientos y de habilidades, así como los
elementos de valoración que determine el Comité respectivo y que se justifiquen en
razón de las necesidades y características que requiere el cargo a concursar. Estos
deberán asegurar la participación en igualdad de oportunidades donde se reconozca el
mérito.
Para la
determinación de los resultados, los Comités podrán auxiliarse de expertos en la
materia.
Artículo 30. La Secretaría emitirá las guías y
lineamientos generales para la elaboración y aplicación de los mecanismos y herramientas
de evaluación que operarán los Comités para las diversas modalidades de selección de
Servidores Públicos de acuerdo con los preceptos de esta Ley y su Reglamento.
Para la
calificación definitiva, los Comités aplicarán estos instrumentos, conforme a las
reglas de valoración o sistema de puntaje.
Artículo 31. El examen de conocimientos, la
experiencia y la aptitud en los cargos inmediatos inferiores de la vacante serán
elementos importantes en la valoración para ocupar un cargo público de carrera. No será
elemento único de valoración el resultado del examen de conocimientos, excepto cuando
los aspirantes no obtengan una calificación mínima aprobatoria.
Artículo 32. Cada dependencia, en coordinación
con la Secretaría establecerá los parámetros mínimos de calificación para acceder a
los diferentes cargos. Los candidatos que no cumplan con la calificación mínima
establecida no podrán continuar con las siguientes etapas del procedimiento de
selección.
En igualdad de
condiciones, tendrán preferencia los servidores públicos de la misma dependencia.
Artículo 33. Los candidatos seleccionados por los
Comités se harán acreedores al nombramiento como servidor público de carrera en la
categoría que corresponda. En el caso del primer nivel de ingreso, se hará la
designación por un año, al término del cual en caso de un desempeño satisfactorio a
juicio del comité, se le otorgará el nombramiento en la categoría de enlace.
Artículo 34. En casos excepcionales y cuando
peligre o se altere el orden social, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad
o el ambiente de alguna zona o región del país, como consecuencia de desastres
producidos por fenómenos naturales, por caso fortuito o de fuerza mayor o existan
circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, los
titulares de las dependencias o el Oficial Mayor respectivo u homólogo, bajo su
responsabilidad, podrán autorizar el nombramiento temporal para ocupar un puesto, una
vacante o una plaza de nueva creación, considerado para ser ocupado por cualquier
servidor público, sin necesidad de sujetarse al procedimiento de reclutamiento y
selección a que se refiere esta Ley. Este personal no creará derechos respecto al
ingreso al Sistema.
Una vez emitida
la autorización deberá hacerse de conocimiento de la Secretaría en un plazo no mayor de
quince días hábiles, informando las razones que justifiquen el ejercicio de esta
atribución y la temporalidad de la misma.
Capítulo Cuarto
Del Subsistema de Desarrollo Profesional
Artículo 35. Desarrollo Profesional es el proceso
mediante el cual los servidores públicos de carrera con base en el mérito podrán ocupar
plazas vacantes de igual o mayor jerarquía, en cualquier dependencia o en las entidades
públicas y en las instituciones con las cuales exista convenio para tal propósito.
Artículo 36. Los Comités, en coordinación con
la Secretaría, integrarán el Subsistema de Desarrollo Profesional y deberán, a partir
del catálogo, establecer trayectorias de ascenso y promoción, así como sus respectivas
reglas a cubrir por parte de los servidores públicos de carrera.
Artículo 37. Los servidores públicos de carrera
podrán acceder a un cargo del Sistema de mayor responsabilidad o jerarquía, una vez
cumplidos los procedimientos de reclutamiento y selección contenidos en esta Ley.
Para estos
efectos, los Comités deberán tomar en cuenta el puntaje otorgado al servidor público en
virtud de sus evaluaciones del desempeño, promociones y los resultados de los exámenes
de capacitación, certificación u otros estudios que hubiera realizado, así como de los
propios exámenes de selección en los términos de los lineamientos que emitan los
comités.
Para participar
en los procesos de promoción, los servidores profesionales de carrera deberán cumplir
con los requisitos del puesto y aprobar las pruebas que, para el caso, establezcan los
Comités en las convocatorias respectivas.
Artículo 38. Cada servidor público de carrera en
coordinación con el Comité correspondiente podrá definir su plan de carrera partiendo
del perfil requerido para desempeñar los distintos cargos de su interés.
Artículo 39. La movilidad en el Sistema podrá
seguir las siguientes trayectorias:
I. Vertical o
trayectorias de especialidad que corresponden al perfil del cargo en cuyas posiciones
ascendentes, las funciones se harán más complejas y de mayor responsabilidad, y
II. Horizontal o
trayectorias laterales, que son aquellas que corresponden a otros grupos o ramas de cargos
donde se cumplan condiciones de equivalencia, homologación, e incluso afinidad, entre los
cargos que se comparan, a través de sus respectivos perfiles. En este caso, los
servidores públicos de carrera que ocupen cargos equiparables podrán optar por
movimientos laterales en otros grupos de cargos.
Artículo 40. Cuando por razones de
reestructuración de la Administración Pública, desaparezcan cargos del catálogo de
puestos y servidores públicos de carrera cesen en sus funciones, el Sistema procurará
reubicarlos al interior de las dependencias o en cualquiera de las entidades con quienes
mantenga convenios, otorgándoles prioridad en un proceso de selección.
Artículo 41. Los servidores públicos de carrera,
previa autorización de su superior jerárquico y de la Secretaría, podrán realizar el
intercambio de sus respectivos cargos para reubicarse en otra ciudad o dependencia. Los
cargos deberán ser del mismo nivel y perfil de acuerdo al Catálogo.
Artículo 42. Los cargos deberán relacionarse en
su conjunto con las categorías de sueldo que les correspondan, procurando que entre un
cargo inferior y el inmediato superior, existan condiciones salariales proporcionales y
equitativas.
Artículo 43. Las dependencias, en apego a las
disposiciones que al efecto emita la Secretaría, podrán celebrar convenios con
autoridades federales, estatales, municipales y del Distrito Federal, y organismos
públicos o privados para el intercambio de recursos humanos una vez cubiertos los
perfiles requeridos, con el fin de fortalecer el proceso de desarrollo profesional de los
servidores públicos de carrera y de ampliar sus experiencias.
Capítulo Quinto
Del Subsistema de Capacitación y Certificación de Capacidades
Artículo 44. Capacitación y la Certificación de
Capacidades son los procesos mediante los cuales los servidores públicos de carrera son
inducidos, preparados, actualizados y certificados para desempeñar un cargo en la
Administración Pública. La Secretaría emitirá las normas que regularán este proceso
en las dependencias.
Artículo 45. Los Comités, con base en la
detección de las necesidades de cada dependencia establecerán programas de capacitación
para el puesto y en desarrollo administrativo y calidad, para los servidores públicos.
Dichos programas podrán ser desarrollados por una o más dependencias en coordinación
con la Secretaría y deberán contribuir a la mejoría en la calidad de los bienes o
servicios que se presten. Los comités deberán registrar sus planes anuales de
capacitación ante la Secretaría, misma que podrá recomendar ajustes de acuerdo a las
necesidades del sistema.
El reglamento
establecerá los requisitos de calidad exigidos para impartir la capacitación y
actualización.
Artículo 46. La capacitación tendrá los
siguientes objetivos:
I. Desarrollar,
complementar, perfeccionar o actualizar los conocimientos y habilidades necesarios para el
eficiente desempeño de los servidores públicos de carrera en sus cargos;
II. Preparar a
los servidores públicos para funciones de mayor responsabilidad o de naturaleza diversa,
y
III. Certificar
a los servidores profesionales de carrera en las capacidades profesionales adquiridas.
Artículo 47. El programa de capacitación tiene
como propósito que los servidores públicos de carrera dominen los conocimientos y
competencias necesarios para el desarrollo de sus funciones.
El programa de
actualización se integra con cursos obligatorios y optativos según lo establezcan los
comités en coordinación con la Secretaría. Se otorgará un puntaje a los servidores
públicos de carrera que los acrediten.
Artículo 48. Los servidores públicos de carrera
podrán solicitar su ingreso en distintos programas de capacitación con el fin de
desarrollar su propio perfil profesional y alcanzar a futuro distintas posiciones dentro
del Sistema o entidades públicas o privadas con las que se celebren convenios, siempre y
cuando corresponda a su plan de carrera.
Artículo 49. Las dependencias, en apego a las
disposiciones que al efecto emita la Secretaría, podrán celebrar convenios con
instituciones educativas, centros de investigación y organismos públicos o privados para
que impartan cualquier modalidad de capacitación que coadyuve a cubrir las necesidades
institucionales de formación de los servidores profesionales de carrera.
Artículo 50. Los comités, en coordinación con
la Secretaría, determinarán mediante la forma y términos en que se otorgará el apoyo
institucional necesario para que los servidores profesionales de carrera tengan acceso o
continúen con su educación formal, con base en sus evaluaciones y conforme a la
disponibilidad presupuestal.
Artículo 51. Al servidor público de carrera que
haya obtenido una beca para realizar estudios de capacitación especial o educación
formal, se le otorgarán las facilidades necesarias para su aprovechamiento.
Si la beca es
otorgada por la propia dependencia, el servidor público de carrera quedará obligado a
prestar sus servicios en ella por un periodo igual al de la duración de la beca o de los
estudios financiados. En caso de separación, antes de cumplir con este periodo, deberá
reintegrar en forma proporcional a los servicios prestados, los gastos erogados por ese
concepto a la dependencia.
Artículo 52. Los servidores profesionales de
carrera deberán ser sometidos a una evaluación para certificar sus capacidades
profesionales en los términos que determine la Secretaría por lo menos cada cinco años.
Las evaluaciones deberán acreditar que el servidor público ha desarrollado y mantiene
actualizado el perfil y aptitudes requeridos para el desempeño de su cargo.
Esta
certificación será requisito indispensable para la permanencia de un servidor público
de carrera en el sistema y en su cargo.
Artículo 53. Cuando el resultado de la
evaluación de capacitación de un servidor público de carrera no sea aprobatorio deberá
presentarla nuevamente. En ningún caso, esta podrá realizarse en un periodo menor a 60
días naturales y superior a los 120 días transcurridos después de la notificación que
se le haga de dicho resultado.
La dependencia a
la que pertenezca el servidor público deberá proporcionarle la capacitación necesaria
antes de la siguiente evaluación.
De no aprobar la
evaluación, se procederá a la separación del servidor público de carrera de la
Administración Pública Federal y por consiguiente, causará baja del Registro.
Capítulo Sexto
Del Subsistema de Evaluación del Desempeño
Artículo 54. La evaluación del desempeño es el
método mediante el cual se miden, tanto en forma individual como colectiva, los aspectos
cualitativos y cuantitativos del cumplimiento de las funciones y metas asignadas a los
servidores públicos, en función de sus habilidades, capacidades y adecuación al puesto.
Artículo 55. La evaluación del desempeño tiene
como principales objetivos los siguientes:
I. Valorar el
comportamiento de los servidores públicos de carrera en el cumplimiento de sus funciones,
tomando en cuenta las metas programáticas establecidas, la capacitación lograda y las
aportaciones realizadas;
II. Determinar,
en su caso, el otorgamiento de estímulos al desempeño destacado a que se refiere esta
Ley;
III. Aportar
información para mejorar el funcionamiento de la dependencia en términos de eficiencia,
efectividad, honestidad, calidad del servicio y aspectos financieros;
IV. Servir como
instrumento para detectar necesidades de capacitación que se requieran en el ámbito de
la dependencia; y
V. Identificar
los casos de desempeño no satisfactorio para adoptar medidas correctivas, de conformidad
con lo dispuesto por esta Ley y su reglamento.
Artículo 56. Los estímulos al desempeño
destacado consisten en la cantidad neta que se entrega al servidor público de carrera de
manera extraordinaria con motivo de la productividad, eficacia y eficiencia.
Las percepciones
extraordinarias en ningún caso se considerarán un ingreso fijo, regular o permanente ni
formarán parte de los sueldos u honorarios que perciben en forma ordinaria los servidores
públicos.
El reglamento
determinará el otorgamiento de estas compensaciones de acuerdo al nivel de cumplimiento
de las metas comprometidas.
Artículo 57. Cada Comité desarrollará, conforme
al reglamento y los lineamientos que emita la Secretaría, un proyecto de otorgamiento de
reconocimientos, incentivos y estímulos al desempeño destacado a favor de servidores
públicos de su dependencia.
El Comité
informará en la propuesta sus razonamientos y criterios invocados para justificar sus
candidaturas.
La dependencia
hará la valoración de méritos para el otorgamiento de distinciones no económicas y de
los estímulos o reconocimientos económicos distintos al salario, con base en su
disponibilidad presupuestaria. Ello, de conformidad con las disposiciones del Sistema de
Evaluación y Compensación por el Desempeño.
Se consideran
sujetos de mérito, aquellos servidores públicos de carrera que hayan realizado
contribuciones o mejoras a los procedimientos, al servicio, a la imagen institucional o
que se destaquen por la realización de acciones sobresalientes. Estos quedarán asentados
en el Registro y se tomarán en cuenta dentro de las agendas individuales de desarrollo.
Artículo 58. Los Comités en coordinación con la
Secretaría realizarán las descripciones y evaluaciones de los puestos que formen parte
del Sistema. Asimismo, establecerán los métodos de evaluación de personal que mejor
respondan a las necesidades de las dependencias.
Las evaluaciones
del desempeño serán requisito indispensable para la permanencia de un servidor público
de carrera en el sistema y en su puesto.
Capítulo Séptimo
Del Subsistema de Separación
Artículo 59. Para efectos de esta Ley se
entenderá por separación del servidor público de carrera la terminación de su
nombramiento o las situaciones por las que dicho nombramiento deje de surtir sus efectos.
Artículo 60. El nombramiento de los servidores
profesionales de carrera dejará de surtir efectos sin responsabilidad para las
dependencias, por las siguientes causas:
I. Renuncia
formulada por el servidor público;
II. Defunción;
III. Sentencia
ejecutoriada que imponga al servidor público una pena que implique la privación de su
libertad;
IV. Por
incumplimiento reiterado e injustificado de cualquiera de las obligaciones que esta Ley le
asigna.
La valoración
anterior deberá ser realizada por la Secretaría de conformidad con el Reglamento de esta
Ley, respetando la garantía de audiencia del servidor público;
V. Hacerse
acreedor a sanciones establecidas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas
de los Servidores Públicos que impliquen separación del servicio o reincidencia;
VI. No aprobar
en dos ocasiones la capacitación obligatoria o su segunda evaluación de desempeño, y
VII. Cuando el
resultado de su evaluación del desempeño sea deficiente, en los términos que señale el
reglamento.
El Oficial Mayor
o su homólogo en las dependencias deberá dar aviso de esta situación a la Secretaría.
Artículo 61. La licencia es el acto por el cual
un servidor público de carrera, previa autorización del Comité, puede dejar de
desempeñar las funciones propias de su cargo de manera temporal, conservando todos o
algunos derechos que esta Ley le otorga.
Para que un
funcionario pueda obtener una licencia deberá tener una permanencia en el Sistema de al
menos dos años y dirigir su solicitud por escrito al Comité, con el visto bueno del
superior jerárquico. El dictamen de la solicitud deberá hacerse por escrito, de manera
fundada y motivada.
La licencia sin
goce de sueldo no será mayor a seis meses y sólo podrá prorrogarse en una sola ocasión
por un período similar, salvo cuando la persona sea promovida temporalmente al ejercicio
de otras comisiones o sea autorizada para capacitarse fuera de su lugar de trabajo por un
período mayor.
La licencia con
goce de sueldo no podrá ser mayor a un mes y sólo se autorizará por causas relacionadas
con la capacitación del servidor público vinculadas al ejercicio de sus funciones o por
motivos justificados a juicio de la dependencia.
Artículo 62. Para cubrir el cargo del servidor
público de carrera que obtenga licencia se nombrará un servidor público de carrera que
actuará de manera provisional. La designación del servidor público que ocupará dicho
cargo se realizará conforme a las disposiciones reglamentarias.
Aquellos
servidores profesionales de carrera que se hagan cargo de otra función, deberán recibir
puntuación adicional en su evaluación de desempeño.
Artículo 63. La pertenencia al servicio no
implica inamovilidad de los servidores públicos de carrera y demás categorías en la
administración pública, pero si garantiza que no podrán ser removidos de su cargo por
razones políticas o por causas y procedimientos no previstos en esta o en otras leyes
aplicables.
Capítulo Octavo
Del Subsistema de Control y Evaluación
Artículo 64. La Secretaría con apoyo de las
dependencias establecerá mecanismos de evaluación sobre la operación del Sistema a
efecto de contar con elementos suficientes para su adecuado perfeccionamiento.
Artículo 65. La evaluación de resultados de los
programas de capacitación que se impartan se realizará con base en las valoraciones del
desempeño de los servidores públicos que participaron, buscando el desarrollo de la
capacitación en la proporción que se identifiquen deficiencias.
Artículo 66. Los Comités desarrollarán la
información necesaria que permita a la Secretaría evaluar los resultados de la
operación del Sistema y emitirá reportes sobre el comportamiento observado en cada uno
de los Subsistemas.
Capítulo Noveno
De la estructura orgánica del Sistema
Sección Primera
De la Secretaría
Artículo 67. Para el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en el presente ordenamiento, el Sistema contará con los
siguientes órganos:
La Secretaría:
es la encargada de dirigir el funcionamiento del Sistema en todas las dependencias.
I. El Consejo:
es una instancia de apoyo de la Secretaría, que tiene como propósito hacer
recomendaciones generales, opinar sobre los lineamientos, políticas, estrategias y
líneas de acción que aseguren y faciliten el desarrollo del Sistema.
II. Los Comités
son cuerpos colegiados, encargados de operar el Sistema en la dependencia que les
corresponda con base en la normatividad que emita la Secretaría para estos efectos.
Artículo 68. La Secretaría se encargará de
dirigir, coordinar, dar seguimiento y evaluar el funcionamiento del Sistema en las
dependencias y vigilará que sus principios rectores sean aplicados debidamente al
desarrollar el Sistema, de acuerdo con lo establecido por la Ley, su Reglamento y demás
disposiciones aplicables.
Artículo 69. La Secretaría contará con las
siguientes facultades:
I. Emitir los
criterios y establecer los programas generales del Sistema, para su implantación gradual,
flexible, descentralizada, integral y eficiente;
II. Elaborar el
presupuesto anual para la operación del Sistema;
III. Administrar
los bienes y recursos del Sistema;
IV. Expedir los
manuales de organización y procedimientos requeridos para el funcionamiento del Sistema;
V. Dictar las
normas y políticas que se requieran para la operación del Sistema, en congruencia con
los lineamientos establecidos en los programas del Gobierno Federal;
VI. Dar
seguimiento a la implantación y operación del Sistema en cada dependencia y en caso
necesario, dictar las medidas correctivas que se requieran, tomando las acciones
pertinentes sobre aquellos actos y omisiones que puedan constituir responsabilidades
administrativas;
VII. Aprobar la
constitución o desaparición de los Comités;
VIII. Aprobar
las reglas, actos de carácter general y propuestas de reestructuración que emitan los
Comités de cada dependencia para el exacto cumplimiento de las disposiciones de esta Ley,
debiendo señalar en su Reglamento cuales son las que requieran de dicha aprobación;
IX. Aprobar los
mecanismos y criterios de evaluación y puntuación;
X. Resolver las
inconformidades que se presenten en la operación del Sistema;
XI. Promover y
aprobar los programas de capacitación y actualización, así como la planeación de
cursos de especialización en los casos que señale el Reglamento;
XII. Establecer
los mecanismos que considere necesarios para captar la opinión de la ciudadanía respecto
al funcionamiento del Sistema y del mejoramiento de los servicios que brindan las
dependencias a partir de su implantación, así como asesorarse por instituciones de
educación superior nacionales o extranjeras, empresas especializadas o colegios de
profesionales;
XIII. Revisar de
manera periódica y selectiva la operación del Sistema en las diversas dependencias;
XIV. Aplicar la
presente Ley para efectos administrativos emitiendo criterios obligatorios sobre ésta y
otras disposiciones sobre la materia, para la regulación del Sistema;
XV. Ordenar la
publicación en el Diario Oficial de la
Federación de las disposiciones y acuerdos de carácter general que pronuncie;
XVI. Aprobar los
cargos que por excepción, sean de libre designación;
XVII. Dictar los
acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones; y
XVIII. Las
demás que se establezcan en la presente Ley, su Reglamento y disposiciones aplicables.
Sección Segunda
Del Consejo Consultivo
Artículo 70. El Consejo es un órgano de apoyo
para el Sistema. Estará integrado por el titular de la Secretaría, por los responsables
de cada subsistema, por los presidentes de los comités técnicos de cada dependencia y
por representantes de la Secretaria de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público y del
Trabajo y Previsión Social, contará además con un representante de los sectores social,
privado y académico, a invitación de los demás integrantes.
Son atribuciones
del Consejo:
I. Conocer y
opinar sobre el Programa Operativo Anual del Sistema en el proceso de dar seguimiento a su
observancia y cumplimiento en las áreas de la administración pública;
II. Opinar sobre
los lineamientos, políticas, estrategias y líneas de acción que aseguren y faciliten el
desarrollo del Sistema;
III. Estudiar y
proponer modificaciones al catálogo de puestos y al tabulador;
IV. Proponer
mecanismos y criterios de evaluación y puntuación;
V. Recomendar
programas de capacitación y actualización, así como el desarrollo de cursos de
especialización;
VI. Acordar la
participación de invitados en las sesiones de Consejo, y
VII. Las que se
deriven de las disposiciones de esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.
Artículo 71. El consejo estará presidido por el
titular de la Secretaría y contará con un Secretario Técnico.
Sección Tercera
De los Comités Técnicos de Profesionalización y Selección
Artículo 72. En cada dependencia se instalará un
Comité que será el cuerpo técnico especializado encargado de la implantación,
operación y evaluación del Sistema al interior de la misma. Asimismo, será responsable
de la planeación, formulación de estrategias y análisis prospectivo, para el
mejoramiento de los recursos humanos de las dependencias y la prestación de un mejor
servicio público a la sociedad; se podrá asesorar de especialistas de instituciones de
educación superior y de empresas y asociaciones civiles especializadas, nacionales e
internacionales y de colegios de profesionales.
Artículo 73. Los Comités son responsables de
planear, organizar e impartir la inducción general y la inducción al puesto. Para ello,
podrán coordinar la realización de cursos con instituciones de educación media
superior, técnica y superior.
Artículo 74. Los Comités estarán integrados por
un funcionario de carrera representante del área de recursos humanos de la dependencia,
un representante de la Secretaría y el Oficial Mayor o su equivalente, quien lo
presidirá.
El Comité, al
desarrollarse los procedimientos de ingreso actuará como Comité de Selección. En
sustitución del Oficial Mayor participará el superior jerárquico inmediato del área en
que se haya registrado la necesidad institucional o la vacante, quien tendrá derecho a
voto y a oponer su veto razonado a la selección aprobada por los demás miembros. En
estos actos, el representante de la Secretaría deberá certificar el desarrollo de los
procedimientos y su resultado final.
Artículo 75. En cada dependencia, los Comités
tendrán las siguientes atribuciones:
I. Emitir reglas
generales y dictar actos que definan las modalidades a través de las cuales se implemente
el Sistema, conforme a las necesidades y características de la propia institución, de
acuerdo con los lineamientos de la Secretaría, la presente Ley y disposiciones que de
ella emanen;
II. Aprobar, en
coordinación con la Secretaría, los cargos que por excepción sean de libre
designación;
III. Elaborar y
emitir las convocatorias de los cargos a concurso;
IV. Proponer a
la Secretaría políticas y programas específicos de ingreso, desarrollo, capacitación,
evaluación y separación del personal de su dependencia, acorde con los procesos que
establece la presente Ley;
V. Realizar
estudios y estrategias de prospectiva en materia de productividad, con el fin de hacer
más eficiente la función pública;
VI. Elaborar los
programas de capacitación, especialización para el cargo y de desarrollo administrativo,
producto de las evaluaciones del desempeño y de acuerdo a la detección de las
necesidades de la institución;
VII. Aplicar
exámenes y demás procedimientos de selección, así como valorar y determinar las
personas que hayan resultado vencedoras en los concursos;
VIII. Elaborar
el proyecto de otorgamiento de reconocimientos, incentivos y estímulos al desempeño
destacado a favor de servidores públicos de su dependencia;
IX. Determinar
la procedencia de separación del servidor público en los casos establecidos en la
fracción IV del artículo 60 de este ordenamiento y tramitar la autorización ante el
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y
X. Las demás
que se deriven de esta Ley y su reglamento.
TITULO CUARTO
Capítulo Primero
Del Recurso de Revocación
Artículo 76. En contra de las resoluciones que
recaigan en el procedimiento de selección en los términos de esta Ley, el interesado
podrá interponer ante la Secretaría, recurso de revocación dentro del término de diez
días contados a partir del día siguiente en que se haga del conocimiento, el nombre del
aspirante que obtuvo la calificación más alta en el procedimiento de selección.
Artículo 77. El recurso de revocación se
tramitará de conformidad a lo siguiente:
I. El promovente
interpondrá el recurso por escrito, expresando el acto que impugna, los agravios que
fueron causados y las pruebas que considere pertinentes, siempre y cuando estén
relacionadas con los puntos controvertidos;
II. Las pruebas
que se ofrezcan deberán estar relacionadas con cada uno de los hechos controvertidos,
siendo inadmisible la prueba confesional por parte de la autoridad;
III. Las pruebas
documentales se tendrán por no ofrecidas, si no se acompañan al escrito en el que se
interponga el recurso, y sólo serán recabadas por la autoridad, en caso de que las
documentales obren en el expediente en que se haya originado la resolución que se
recurre;
IV. La
Secretaría podrá solicitar que rindan los informes que estime pertinentes, quienes hayan
intervenido en el procedimiento de selección;
V. La
Secretaría acordará lo que proceda sobre la admisión del recurso y de las pruebas que
se hubiesen ofrecido, ordenando el desahogo de las mismas dentro del plazo de diez días
hábiles, y
VI. Vencido el
plazo para el rendimiento de pruebas, la Secretaría dictará la resolución que proceda
en un término que no excederá de quince días hábiles;
Artículo 78. El recurso de revocación contenido
en el presente título, versará exclusivamente en la aplicación correcta del
procedimiento y no en los criterios de evaluación que se instrumenten.
Los conflictos
individuales de carácter laboral no serán materia del presente recurso.
Se aplicará
supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo a las disposiciones del
presente Título.
Capítulo Segundo
De las Competencias
Artículo 79. El Tribunal Federal de Conciliación
y Arbitraje será competente para conocer de los conflictos individuales de carácter
laboral que se susciten entre las dependencias y los servidores públicos sujetos a esta
Ley.
En estos casos,
tendrá aplicación la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y
supletoriamente la Ley Federal del Trabajo.
Artículo 80. En el caso de controversias de
carácter administrativo derivadas de la aplicación de esta ley competerá conocerlas y
resolverlas al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
TRANSITORIOS
Artículo Primero. Esta Ley entrará en vigor a
partir de ciento ochenta días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. El Reglamento de la presente
Ley deberá emitirse en un plazo no mayor a 180 días, contados a partir de la entrada en
vigor de la misma.
El Consejo
deberá estar integrado a más tardar dentro de los 45 días siguientes a la entrada en
vigor de la presente Ley.
Artículo Tercero. A la entrada en vigor de la
Ley, todos los servidores públicos de confianza en funciones sujetos a la misma, serán
considerados servidores públicos de libre designación, en tanto se practiquen las
evaluaciones que determine la Secretaría, en coordinación con las dependencias, para su
ingreso al Sistema.
Para estos
efectos, las dependencias deberán impartir cursos de capacitación en las materias objeto
del cargo que desempeñen.
Artículo Cuarto. Cada dependencia, conforme a los
criterios que emita la Secretaría, iniciará la operación del Sistema de manera gradual,
condicionado al estudio que se realice sobre las características, particularidades,
condiciones, requisitos y perfiles que conforman la estructura de la dependencia
respectiva, sin excederse del plazo máximo establecido en el párrafo siguiente.
El Sistema
deberá operar en su totalidad en un periodo que no excederá de tres años a partir de la
iniciación de vigencia de esta Ley.
Una vez
publicado el Reglamento todos los cargos vacantes deberán ser asignados a través de
concursos públicos y abiertos en tanto el Registro no opere en su totalidad. A partir del
siguiente año fiscal a su publicación se convocarán en los términos de esta Ley los
concursos a primer ingreso.
La
contravención a esta disposición será causa de responsabilidad del servidor público
que haya autorizado nombramientos sin apegarse al proceso de ingreso contenido en la
presente ley y motivará su nulidad inmediata.
Artículo Quinto. Los servidores públicos de las
dependencias que a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley tengan en operación un
sistema equivalente al del Servicio Profesional de Carrera que se fundamente en
disposiciones que no tengan el rango de ley, deberán sujetarse a este ordenamiento en un
plazo de 180 días contados a partir de la iniciación de su vigencia.
A efecto de no
entorpecer la implantación y operación del Sistema, los Comités de cada dependencia
podrán funcionar temporalmente sin personal de carrera de la dependencia, hasta que se
cuente con estos servidores en la propia dependencia.
Artículo Sexto. La Secretaría de Hacienda y
Crédito Público hará las previsiones necesarias en el proyecto anual de Presupuesto de
Egresos de la Federación para cubrir las erogaciones que deriven de la aplicación de
esta Ley con cargo al presupuesto de las dependencias.
Artículo Séptimo. Se derogan las disposiciones
que se opongan al presente decreto.
Se abroga el
Acuerdo por el que se crea la Comisión Intersecretarial del Servicio Civil como un
Instrumento de Coordinación y Asesoría del Ejecutivo Federal para la Instauración del
Servicio Civil de Carrera de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de
1983 y el Reglamento Interior de la Comisión Intersecretarial del Servicio Civil
publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 19 de junio de 1984. Las referencias a esta Comisión se entenderán realizadas a la
Secretaría de la Función Pública.
ARTICULO SEGUNDO. Se reforma la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal en sus artículos 26 y 31 fracciones XIX y XXIV; se
adiciona el artículo 37 con una fracción VI-bis, XVIII-bis y XXVII; y se modifican sus
fracciones XVIII y XXVI para quedar como sigue:
Artículo 26. Para el despacho de los asuntos del
orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes
dependencias:
Secretaría de
Gobernación
Secretaría de
Relaciones Exteriores
Secretaría de
la Defensa Nacional
Secretaría de
Marina
Secretaría de
Seguridad Pública
Secretaría de
Hacienda y Crédito Público
Secretaría de
Desarrollo Social
Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales
Secretaría de
Energía
Secretaría de
Economía
Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Secretaría de
Comunicaciones y Transportes
Secretaría de
la Función Pública
Secretaría de
Educación Pública
Secretaría de
Salud
Secretaría del
Trabajo y Previsión Social
Secretaría de
la Reforma Agraria
Secretaría de
Turismo
Consejería
Jurídica del Ejecutivo Federal
Artículo 31. A la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I a XVIII...
XIX. Coordinar y
desarrollar los servicios nacionales de estadística y de información geográfica, así
como establecer las normas y procedimientos para su organización, funcionamiento y
coordinación;
XX a XXIII...
XXIV. Ejercer el
control presupuestal de los servicios personales y establecer normas y lineamientos en
materia de control del gasto en ese rubro, y
XXV...
Artículo 37. A la Secretaría de la Función
Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I a VI...
VI-bis. Dirigir,
organizar y operar el sistema de Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal en los términos de la Ley de la materia, dictando las resoluciones
conducentes en los casos de duda sobre la interpretación y alcances de sus normas;
VII a XVII...
XVIII. Aprobar y
registrar las estructuras orgánicas y ocupacionales de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal y sus modificaciones;
XVIII-bis.
Establecer normas y lineamientos en materia de planeación y administración de personal;
XIX a XXV...
XXVI. Establecer
las políticas generales en materia de los servicios de informática de las dependencias y
entidades de la administración pública federal, y
XXVII. Las
demás que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos.
TRANSITORIOS
Artículo Primero. La Secretaría de Hacienda y
Crédito Público realizará lo necesario a efecto de asegurar la transferencia de los
recursos presupuestarios destinados al pago de los sueldos, prestaciones y demás
percepciones que deban cubrirse a favor de los servidores públicos que por virtud del
presente decreto pasarán a depender de la Secretaría de la Función Pública.
Artículo Segundo. Aquellas disposiciones que
hagan mención a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo se
entenderán referidas a la Secretaría de la Función Pública.
Artículo Tercero. El presente decreto entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
ARTICULO TERCERO. Se adiciona un tercer párrafo
al artículo 9o. de la Ley de Planeación para quedar como sigue:
Artículo 9o...
...
El Ejecutivo
Federal establecerá un Sistema de Evaluación y Compensación por el Desempeño para
medir los avances de las dependencias de la Administración Pública Federal centralizada
en el logro de los objetivos y metas del Plan y de los programas sectoriales que se hayan
comprometido a alcanzar anualmente y para compensar y estimular el buen desempeño de las
unidades administrativas y de los servidores públicos.
TRANSITORIOS
Artículo Unico. El presente decreto entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
ARTICULO CUARTO. Se reforman los artículos 19,
fracción III; 33 párrafo primero, 34 y 48 párrafo primero de la de la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, para quedar como sigue:
“Artículo 19. El proyecto de presupuesto de
egresos de la federación se integrará con los documentos que se refieran a:
I a II...
III. Estimación
de ingresos y proposición de gastos del ejercicio fiscal para el que se propone,
incluyendo el monto y clasificación correspondiente a las percepciones que se cubren en
favor de los servidores públicos.
Dichas
percepciones incluyen lo relativo a sueldos, prestaciones y estímulos por cumplimiento de
metas, recompensas, incentivos o conceptos equivalentes a éstos;
IV a IX...
Artículo 33. La Secretaría de la Función
Pública será responsable de llevar un registro de personal civil de las entidades que
realicen gasto público federal y para tal efecto estará facultada para dictar las normas
que considere procedentes.
...
Artículo 34. Salvo lo previsto en las leyes, el
Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, determinará en
forma expresa la procedencia general de la compatibilidad para el desempeño de dos o más
cargos, empleos o comisiones, con cargo a los presupuestos de las entidades, sin perjuicio
del estricto cumplimiento de las metas, tareas, proyectos, horarios y jornadas que en su
caso correspondan. En todo caso, los interesados podrán optar por el cargo, empleo o
comisión que les convenga.
Artículo 48. La Secretaría de la Función
Pública podrá dispensar las responsabilidades en que se incurra, siempre que los hechos
que las constituyan no revistan un carácter delictuoso, ni se deban a culpa grave o
descuido notorio del responsable, y que los daños causados no excedan cien veces el
salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal.
TRANSITORIO
Artículo Unico. El presente decreto entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Dado en el
Palacio Legislativo.— San Lázaro, México, DF, a 13 de marzo de 2003.— Por la
Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.— Diputados: Armando Salinas Torre (rúbrica), Presidente; José A. Hernández Fraguas (rúbrica), Víctor M. Gandarilla Carrasco (rúbrica), Tomás Coronado Olmos (rúbrica), Luis Miguel G. Barbosa Huerta (rúbrica), secretarios; Manuel Añorve Baños (rúbrica), José Francisco Blake Mora (rúbrica), Jaime Mantecón Rojo, Omar Fayad Meneses, Arturo
Escobar y Vega, Federico Granja Ricalde, Lorenso Rafael Hernández Estrada (rúbrica), Efrén Nicolás Leyva Acevedo, Miguel Angel
Martínez Cruz, Rodrigo David Mireles Pérez, José Narro Céspedes, Roberto Zavala
Echavarría, Ricardo A. Ocampo Fernández, María Teresa Gómez Mont y Urueta, Germán
Arturo Pellegrini Pérez (rúbrica), José de
Jesús Reyna García, Gabriela Cuevas Barrón (rúbrica), Eduardo Rivera Pérez (rúbrica), Jorge Esteban Sandoval Ochoa, César Augusto
Santiago Ramírez, David Augusto Sotelo Rosas (rúbrica), Ricardo Torres Origel (rúbrica), María Guadalupe López Mares (rúbrica), Néstor Villarreal Castro (rúbrica) y Beatriz
Paredes Rangel (rúbrica).»
El Presidente diputado Armando Salinas Torre:
En virtud de que se encuentra
publicado en la Gaceta Parlamentaria, queda de
primera lectura.
LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES
PÚBLICO
El Presidente diputado Armando Salinas Torre:
De igual manera,
el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos
de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara
de Diputados.— Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
Honorable
Asamblea:
A las Comisiones
de Gobernación y Seguridad Pública y de Justicia y Derechos Humanos fue turnada para su
estudio y dictamen la Minuta con Proyecto de Decreto remitida por el Senado de la
República, que propone reformar los artículos 9o., 12 y 33 de la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, para efectuar las adecuaciones necesarias
en materia de comunidades indígenas.
Esta Comisión
de Gobernación y Seguridad Pública con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39,
40 y 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así
como por los numerales 65, 66, 85, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la
consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, a partir de los siguientes
ANTECEDENTES
1. El 26 de
noviembre de 2002, el Senador Eduardo Bours Castello integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno del Senado una
Iniciativa de reformas a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos,
misma que fue aprobada y remitida a la H. Cámara de Diputados para los efectos legales
correspondientes. En fecha 3 de diciembre de 2002 la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados turnó la Minuta para su estudio y dictamen a las Comisiones de Gobernación y
Seguridad Pública y de Justicia y Derechos Humanos. La Comisión de Justicia y Derechos
Humanos mando un oficio a la Presidencia de la Mesa Directiva por medio del cual declinó
para conocer de este asunto.
2. La Minuta con
Proyecto de Decreto que se dictamina expresa en la exposición de motivos que la reforma
constitucional a los artículos 1 y 2, que define los derechos y obligaciones de los
indígenas y sus comunidades, así como las responsabilidades que competen al Estado y al
Gobierno Federal, hace necesaria la transformación del marco jurídico federal para
ofrecer una respuesta inmediata a las necesidades de los pueblos y comunidades indígenas,
a fin de asegurar el acceso a la jurisdicción del Estado, el ejercicio pleno de sus
derechos y elevar la calidad de vida de sus comunidades.
3. Continua la
Minuta, la reforma constitucional ratifica la responsabilidad del Estado de atender a
estos grupos en forma prioritaria a fin de reducir el abismo que los separa del resto de
la sociedad. A este fin encomienda un conjunto de acciones específicas que deben ser
atendidas por los tres poderes de la Unión y en particular por el Ejecutivo Federal quien
es el responsable de ejecutar los planes y programas de gobierno que definen las
políticas públicas del país y, dentro de este proceso, la actuación de todos y cada
uno de los servidores públicos resulta fundamental para la transformación que promueve
la reforma constitucional y que busca una ciudadanía plena en los hechos que les permita
ejercer sus libertades y cumplir con las obligaciones que la ley les impone a los
indígenas y a todos los mexicanos.
De acuerdo con
los antecedentes anteriores esta Comisión que dictamina expone las siguientes
CONSIDERACIONES
I. En México
aún existen conflictos sociales que continúan ocasionando violencia entre y contra los
pueblos y comunidades indígenas. Estos fenómenos amenazan de manera constante la vida de
los pueblos indígenas en diversos aspectos entre los que destacan sus formas de
organización y sus valores culturales.
Debemos
reafirmar nuestro compromiso de continuar en el combate al fenómeno de la discriminación
promoviendo reformas jurídicas, que en el marco del ejercicio de los derechos
individuales y colectivos promuevan la igualdad, la justicia y el respeto a la diversidad
cultural como base fundamental de convivencia humana.
II. Coincidimos
con la colegisladora en las reformas a la Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos ya que con la aprobación de esta minuta proyecto de decreto se
incorporan a nuestro sistema jurídico mecanismos y elementos que hacen posible una
cultura de la no discriminación, y del respeto a la pluralidad y a la diversidad de la
sociedad mexicana.
III. Por otro
lado, observamos que, la minuta que se dictamina da cumplimiento al Artículo Segundo
Transitorio de la reforma constitucional en materia de pueblos indígenas, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto
de 2001, que a la letra dice: “Al entrar en vigor estas reformas, el Congreso de la
Unión y las Legislaturas de las entidades federativas deberán realizar las adecuaciones
a las leyes federales y constituciones locales que procedan y reglamenten lo aquí
estipulado”.
MODIFICACIONES A LA MINUTA
Como ha quedado
precisado, la finalidad de las reformas propuestas es modificar algunos artículos de la
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos con objeto de crear
condiciones que garanticen la no discriminación de las personas pertenecientes a
comunidades indígenas.
En este mismo
sentido, esta Comisión dictaminadora hace la siguiente modificaciones a la Minuta:
A. La nueva Ley
Orgánica del Congreso publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 1999, reestructuró la organización
interna de las Cámaras, y por lo que se refiere a la Cámara de Diputados desapareció la
Oficialía Mayor asumiendo sus funciones la Secretaría General, por lo que lo correcto es
que el artículo 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos
haga mención de la Secretaría General en lugar de Oficialía Mayor como la instancia
donde se presenta y se ratifica la denuncia de juicio político, también observamos que
por equivocación se suprimen 3 incisos del mismo artículo, ya que se omite señalar los
puntos respecto de cada inciso, con lo cual se da a entender que dichos incisos ya no
existen, y de ser aprobado con ese error se estaría imposibilitando continuar con la
denuncia de juicio político, por lo que proponemos que el artículo 12 quede redactado de
la siguiente manera:
Artículo 12...
a) El escrito de
denuncia se deberá presentar ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados y
ratificarse ante ella dentro de los tres días naturales siguientes a su presentación;
b) Una vez
ratificado el escrito, la Secretaría General de la Cámara de Diputados lo turnará a las
Comisiones que corresponda, para la tramitación correspondiente. Si se trata de una
denuncia presentada en lengua indígena, ordenará su traducción inmediata al español y
lo turnará conforme al procedimiento establecido;
c)...
d)...
e)...
B. Asimismo,
observamos que por equivocación se suprimen 4 párrafos del artículo 9o. de la Ley
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ya que se omite señalar los
puntos respecto de cada párrafo, con lo cual se da a entender que dichos párrafos ya no
existen, y de ser aprobado con ese error se estaría imposibilitando continuar con la
denuncia de juicio político; por lo tanto, las reformas a este artículo deben estar
redactados de la siguiente manera:
Artículo 9o. Cualquier ciudadano, bajo su más
estricta responsabilidad podrá formular por escrito, denuncia contra un servidor público
ante la Cámara de Diputados por las conductas a las que se refiere el artículo 7o. de
esta propia Ley y por las conductas que determina el párrafo segundo del artículo 5o. de
esta misma Ley, por lo que toca a los Gobernadores de los Estados, Diputados a las
Legislaturas Locales y Magistrados de los Tribunales de Justicia Locales. En el caso de
ciudadanos, pueblos y comunidades indígenas del país, serán asistidos por traductores
para elaborar la denuncia, si así lo solicitan. Dicha denuncia podrá presentarse por
escrito en la lengua indígena.
...
...
...
...
Por las razones
anteriores estimamos conveniente regresar la Minuta en estudio a la Colegisladora para que
se analice solo en lo referente a estas dos precisiones mencionadas anteriormente; y por
lo que se refiere al resto del contenido de la Minuta, se estima procedente y acorde su
aprobación.
Esta Comisión
de Gobernación y Seguridad Pública, con fundamento en el artículo 86 de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 87 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de
decreto y en caso de aprobarse, se proceda al envío del expediente al Senado de la
República para que se estudien y dictaminen las observaciones realizadas por esta Cámara
Revisora atendiendo a lo dispuesto en el artículo 72, inciso e) de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Como resultado
de lo anterior, los miembros de esta Comisión de Gobernación y Seguridad Pública,
proponemos al Pleno el siguiente dictamen con proyecto de:
De decreto por
el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Responsabilidades
de los Servidores Públicos.
Artículo único. Se reforman los artículos 9o.,
12 y 33 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar
como sigue:
Artículo 9o. Cualquier ciudadano, bajo su más
estricta responsabilidad podrá formular por escrito, denuncia contra un servidor público
ante la Cámara de Diputados por las conductas a las que se refiere el artículo 7o. de
esta propia Ley y por las conductas que determina el párrafo segundo del artículo 5o. de
esta misma Ley, por lo que toca a los Gobernadores de los Estados, Diputados a las
Legislaturas Locales y Magistrados de los Tribunales de Justicia Locales. En el caso de
ciudadanos, pueblos y comunidades indígenas del país, serán asistidos por traductores
para elaborar la denuncia, si así lo solicitan. Dicha denuncia podrá presentarse por
escrito en la lengua indígena.
...
...
...
...
Artículo 12...
a) El escrito de
denuncia se deberá presentar ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados y
ratificarse ante ella dentro de los tres días naturales siguientes a su presentación;
b) Una vez
ratificado el escrito, la Secretaría General de la Cámara de Diputados lo turnará a las
Comisiones que corresponda, para la tramitación correspondiente. Si se trata de una
denuncia presentada en lengua indígena, ordenará su traducción inmediata al español y
lo turnará conforme al procedimiento establecido;
c)...
d)...
e)...
Artículo 33...
...
...
Todas las
comunicaciones oficiales que deban girarse para la práctica de las diligencias a que se
refiere este artículo, se entregarán personalmente o se enviarán por correo, en pieza
certificada y con acuse de recibo, libres de cualquier costo. Aquéllas que involucren a
un ciudadano, pueblo o comunidad indígena, podrán remitirse, a elección de éstos, en
español o traducirse a lengua indígena que cuente con expresión escrita.
TRANSITORIOS
Unico. El presente decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Palacio
Legislativo.— San Lázaro, México, DF., a 13 de marzo 2003.— Por la Comisión
de Gobernación y Seguridad Pública.— Mesa Directiva.— Diputados: Armando Salinas Torre (rúbrica), Presidente; José A. Hernández Fraguas (rúbrica), Víctor M. Gandarilla Carrasco (rúbrica), Dip. Tomás Coronado Olmos (rúbrica), Luis Miguel G. Barbosa Huerta (rúbrica),
secretarios; Manuel Añorve Baños (rúbrica), José Francisco Blake Mora (rúbrica), Jaime Mantecón Rojo, Omar Fayad Meneses, Arturo
Escobar y Vega, Federico Granja Ricalde,
Lorenso Rafael Hernández Estrada (rúbrica), Efrén
Nicolás Leyva Acevedo, Miguel Angel Martínez Cruz, Rodrigo David Mireles Pérez, José
Narro Céspedes, Roberto Zavala Echavarría, Ricardo A. Ocampo Fernández, María Teresa
Gómez Mont y Urueta, Germán Arturo Pellegrini Pérez (rúbrica), José de Jesús Reyna García, Gabriela Cuevas
Barrón (rúbrica), Eduardo Rivera Pérez
(rúbrica), Jorge Esteban Sandoval Ochoa, César
Augusto Santiago Ramírez, David Augusto Sotelo Rosas (rúbrica), Ricardo Torres Origel (rúbrica), Néstor Villarreal Castro (rúbrica), María Guadalupe López Mares (rúbrica), Beatriz Paredes Rangel (rúbrica).»
El Presidente diputado Armando
Salinas Torre:
En virtud de que igualmente se
encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria,
queda de primera lectura.
LEY
DE PLANEACION
El Presidente diputado Armando Salinas Torre:
El siguiente
punto del orden del día es la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por el
que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley de Planeación.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara
de Diputados.— Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
HONORABLE
ASAMBLEA:
A la Comisión
de Gobernación y Seguridad Pública fue turnada para su estudio y dictamen la Minuta con
Proyecto de Decreto remitida por el Senado de la República, que propone reforma a los
artículos 1, 6, 14, 15, 16, 20, adiciona un tercer párrafo al artículo 20, pasando el
actual párrafo tercero a ser cuarto; un artículo 20 Bis; un segundo párrafo al
artículo 29, pasando los actuales segundo, tercero y cuarto párrafos a ser tercero,
cuarto y quinto respectivamente, y un segundo párrafo al artículo 37, de la Ley de
Planeación, para efectuar las adecuaciones necesarias.
Esta Comisión
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 40 y 44 de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los numerales 65, 66, 85,
87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Gobernación y Seguridad Pública
somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, a partir de
los siguientes:
ANTECEDENTES
1. El 13 de
noviembre de 2001, el Senador Héctor Astudillo Flores integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno del Senado una
Iniciativa de reformas a la Ley de Planeación, misma que fue aprobada y remitida a la H.
Cámara de Diputados para los efectos legales correspondientes el 14 de diciembre de 2002
y remitida a la H. Cámara de Diputados para los efectos legales en esa misma fecha. La
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados la turnó para su estudio y dictamen a la
Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
2. En la
iniciativa de referencia se expresa, en la exposición de motivos, que derivado de la
reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas, aprobada por el
Constituyente Permanente y publicada en el Diario
Oficial de la Federación el día 14 de agosto de 2001, se establece la obligación
del Estado para atender las demandas de los pueblos indígenas de nuestro país.
De la reforma
constitucional en materia de pueblos indígenas deriva también la obligación a cargo del
Gobierno para que en el Plan Nacional de Desarrollo se consideren las propuestas
realizadas por los pueblos indígenas, atendiendo a ello el reclamo histórico de que los
pueblos y comunidades participen en las decisiones gubernamentales.
Así, la Minuta
que se dictamina busca dar cumplimiento al Artículo Segundo Transitorio de la reforma
constitucional antes referida.
De acuerdo con
los antecedentes anteriores esta Comisión que dictamina expone las siguientes:
CONSIDERACIONES
I. Coincidimos
con la colegisladora ya que con la aprobación de esta Minuta proyecto de decreto se
incorporan a nuestro sistema jurídico mecanismo y elementos que hagan posible una
participación responsable de los pueblos y comunidades indígenas.
Asimismo, se da
cumplimiento al Artículo Segundo Transitorio de la reforma constitucional en materia de
pueblos indígenas que a la letra dice: “Al entrar en vigor estas reformas, el
Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas deberán realizar
las adecuaciones a las leyes federales y constituciones locales que procedan y reglamenten
lo aquí estipulado”.
En este sentido,
se propone reformar algunos artículos de la Ley de Planeación para que en el Plan
Nacional de De-sarrollo, los programas y políticas públicas que les afecten, participen
y se tomen en consideración las propuestas que, realicen los pueblos y comunidades
indígenas.
MODIFICACIONES A LA MINUTA
a) Analizada la
Minuta, observamos que equivocadamente, en el artículo 29 el actual párrafo cuarto pasa
a ser segundo, sin explicación alguna de dicho cambio; más aún, el contenido de dicho
párrafo está relacionado con el párrafo tercero, y al cambiarlo de lugar se desvirtúa
su contenido, sin que se razone por parte de la Colegisladora el motivo de dicho cambio.
Por lo tanto, proponemos que la reforma a dicho artículo quede de la siguiente manera:
Artículo 29. El Plan y los programas regionales
especiales, deberán ser sometidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la
consideración y aprobación del Presidente de la República.
...
...
...
Si la entidad no
estuviere agrupada en un sector específico, la aprobación a que alude el párrafo
anterior corresponderá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
b) Asimismo,
consideramos que con objeto de darle uniformidad a la ley, conforme al decreto que deroga,
reordena y reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal publicado el 12 de febrero de 1992, se debe reformar también el último
párrafo del artículo 34 de la misma, ya que las atribuciones de la Secretaría de
Programación y Presupuesto pasaron a la actual Secretaría de Hacienda y Crédito
Público. Misma modificación, respecto al nombre de la Secretaría de Programación y
Presupuesto, que también se corrigió en el inciso anterior. Luego entonces la reforma a
este artículo sería de la siguiente manera:
Artículo 34...
I a V...
Para este efecto
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público propondrá los procedimientos conforme a
los cuales se convendrá la ejecución de estas acciones, tomando en consideración los
criterios que señalen las dependencias coordinadoras de sector, conforme a sus
atribuciones.
Por estas
razones, estimamos conveniente regresar la Minuta en estudio a la Colegisladora para que
se analice sólo en lo mencionado anteriormente; y por lo que se refiere al resto del
contenido de la Minuta, se estima procedente y acorde su aprobación.
Esta Comisión
de Gobernación y Seguridad Pública, con fundamento en el artículo 86 de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 87 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de
decreto y en caso de aprobarse, se proceda al envío del expediente al Senado de la
República para que se estudien y dictaminen las observaciones realizadas por esta Cámara
Revisora atendiendo a lo dispuesto en el artículo 72, inciso e) de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Como resultado
de lo anterior, los miembros de esta Comisión de Gobernación y Seguridad Pública,
proponemos al Pleno el siguiente dictamen con proyecto de
DE DECRETO POR
EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY DE PLANEACION
ARTICULO UNICO. Se reforman los artículos 1o.,
6o., 14, 15, 16, 20 y el último párrafo del 34, se adiciona un tercer párrafo al
artículo 20, pasando el actual párrafo tercero a ser cuarto; un artículo 20-bis; un
cuarto párrafo al artículo 29, y un segundo párrafo al artículo 37, de la Ley de
Planeación, para quedar como sigue:
Artículo 1o. Las disposiciones de esta ley son de
orden público e interés social y tienen por objeto establecer:
I a III...
IV. Las bases
para promover y garantizar la participación democrática de los diversos grupos sociales
así como de los pueblos y comunidades indígenas, a través de sus representantes y
autoridades, en la elaboración del plan y los programas a que se refiere esta ley; y
V...
Artículo 6o. El Presidente de la República, al
informar ante el Congreso de la Unión sobre el estado general que guarda la
administración pública del país, hará mención expresa de las decisiones adoptadas
para la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y los Programas Sectoriales.
En el mes de
marzo de cada año, el Ejecutivo remitirá a la comisión permanente del Congreso de la
Unión el informe de las acciones y resultados de la ejecución del plan y los programas a
que se refiere el párrafo anterior, incluyendo un apartado específico con todo lo
concerniente al cumplimiento de las disposiciones del artículo 2o. constitucional en
materia de derechos y cultura indígena.
...
Artículo 14. La Secretaría de Hacienda y
Crédito Público tendrá las siguientes atribuciones:
I...
II. Elaborar el
Plan Nacional de Desarrollo, tomando en cuenta las propuestas de las dependencias y
entidades de la administración pública federal y de los gobiernos de los estados, así
como los planteamientos que se formulen por los grupos sociales y por los pueblos y
comunidades indígenas interesados;
III. Proyectar y
coordinar la planeación regional con la participación que corresponda a los gobiernos
estatales y municipales; así como consultar a los grupos sociales y los pueblos
indígenas y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen; y
elaborar los programas especiales que señale el Presidente de la República.
IV a VII...
Artículo 15. A la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público le corresponde:
I...
II. Proyectar y
calcular los ingresos de la Federación y de las entidades paraestatales, considerando las
necesidades de recursos y la utilización del crédito público, para la ejecución del
plan y los programas;
III a V...
Artículo 16. A las dependencias de la
administración pública federal les corresponde:
I y II...
III. Elaborar
programas sectoriales, tomando en cuenta las propuestas que presenten las entidades del
sector y los gobiernos de los estados, así como las opiniones de los grupos sociales y de
los pueblos y comunidades indígenas interesados;
IV a VIII...
Artículo 20...
Las
organizaciones representativas de los obreros, campesinos, pueblos y grupos populares; de
las instituciones académicas, profesionales y de investigación de los organismos
empresariales; y de otras agrupaciones sociales, participarán como órganos de consulta
permanente en los aspectos de la planeación democrática relacionados con su actividad a
través de foros de consulta popular que al efecto se convocarán. Asimismo, participarán
en los mismos foros los diputados y senadores del Congreso de la Unión.
Las comunidades
indígenas deberán ser consultadas y podrán participar en la definición de los
programas federales que afecten directamente el desarrollo de sus pueblos y comunidades.
...
Artículo 20-bis. En los asuntos relacionados con
el ámbito indígena, el Ejecutivo Federal consultará, en forma previa, a las comunidades
indígenas, para que éstas emitan la opinión correspondiente.
Artículo 29. El Plan y los programas regionales
especiales, deberán ser sometidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la
consideración y aprobación del Presidente de la República.
...
...
...
Si la entidad no
estuviere agrupada en un sector específico, la aprobación a que alude el párrafo
anterior corresponderá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 34...
I a V...
Para este efecto
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público propondrá los procedimientos conforme a
los cuales se convendrá la ejecución de estas acciones, tomando en consideración los
criterios que señalen las dependencias coordinadoras de sector, conforme a sus
atribuciones.
Artículo 37...
El Ejecutivo
Federal podrá signar convenios de concertación de acciones con las comunidades
indígenas, en todos aquellos asuntos que se consideren pertinentes y de conformidad con
lo establecido en las leyes que rijan en la materia de que se trate.
TRANSITORIOS
Unico. El presente decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Palacio
Legislativo.— San Lázaro, México, DF, a 13 de marzo de 2003.— Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública.— Mesa Directiva.— Diputados: Armando Salinas Torre (rúbrica), Presidente;
José A. Hernández Fraguas (rúbrica), Víctor
M. Gandarilla Carrasco (rúbrica), Dip. Tomás
Coronado Olmos (rúbrica), Luis Miguel G.
Barbosa Huerta (rúbrica), secretarios; Manuel Añorve Baños (rúbrica), José Francisco Blake Mora (rúbrica), Jaime Mantecón Rojo, Omar Fayad Meneses, Arturo
Escobar y Vega, Federico Granja Ricalde, Lorenso Rafael Hernández Estrada (rúbrica), Efrén Nicolás Leyva Acevedo, Miguel Angel
Martínez Cruz, Rodrigo David Mireles Pérez, José Narro Céspedes, Roberto Zavala
Echavarría, Ricardo A. Ocampo Fernández, María Teresa Gómez Mont y Urueta, Germán
Arturo Pellegrini Pérez (rúbrica), José de
Jesús Reyna García, Gabriela Cuevas Barrón (rúbrica), Eduardo Rivera Pérez (rúbrica), Jorge Esteban Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago
Ramírez, David Augusto Sotelo Rosas (rúbrica),
Ricardo Torres Origel (rúbrica), Néstor
Villarreal Castro (rúbrica), María Guadalupe
López Mares (rúbrica) y Beatriz Paredes Rangel
(rúbrica).»
El Presidente diputado Armando Salinas Torre:
Y de igual forma, en virtud de estar
publicado en la Gaceta Parlamentaria, queda de
primera lectura.
EXPROPIACION
PETROLERA
El Presidente diputado Armando Salinas Torre:
El siguiente
punto del orden del día es la efemérides respecto del aniversario de la Expropiación
Petrolera.
Se han
registrado para hacer uso de la palabra los siguientes diputados: José Manuel del Río
Virgen, José Antonio Calderón Cardoso, Víctor Antonio García Dávila, Sara Guadalupe
Figueroa Canedo, María del Rosario Tapia Medina, Noé Navarrete González y Marcos
Paulino López Mora.
Con fundamento
en el artículo 13 del Acuerdo Parlamentario Relativo a la Integración del Orden del
Día, las Discusiones y las Votaciones, que a la letra dice: “Los diputados que
intervengan en la presentación de efemérides dispondrán para tal efecto de un tiempo no
mayor a cinco minutos”.
En tal virtud,
tiene el uso de la palabra el diputado José Manuel del Río Virgen, por el término
señalado.
El diputado José Manuel del Río Virgen:
Con su permiso,
señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
En 1935 las
empresas petroleras en manos extranjeras por designio de un poder oscuro que permeaba los
intentos liberales por un México más justo, impidieron la formación de sindicatos que
exigían derechos laborales para todos.
Finalmente la
razón de cientos de trabajadores petroleros convencidos de que la unidad era el mejor
instrumento de cambio y bienestar comunitario, conformaron el Sindicato Unico de
Petroleros, no sin antes vivir trabas legales para su conformación en Tamaulipas y en el
estado de Veracruz. Así que el 18 de marzo de 1938 el presidente Lázaro Cárdenas del
Río, decreta la Expropiación Petrolera como un acto de reivindicación nacional y
respeto a nuestro soberanía que se veía altamente afrentada.
La expropiación
fue contemplada por un amplio sector del país como un sacudimiento determinante de los
intereses imperialistas que por tanto tiempo habían pesado sobre México, impidiéndole
confiar en su propia fuerza y capacidad. Efectivamente, se trató de un paso fundamental
en la consolidación del espíritu nacionalista que dio origen a la Revolución de 1910.
De aquellos
días a la fecha la expropiación petrolera es recordada como uno de los actos más
revolucionarios y liberales que un Presidente de la República en bien de su pueblo haya
realizado, otorgándole al general Lázaro Cárdenas del Río, junto con otros patriotas,
el reconocimiento y respeto de todas las generaciones de mexicanos.
Lejos de buscar
situaciones anecdóticas sobre la expropiación petrolera, debemos centrar nuestro
esfuerzo en seguir consolidando a la industria petrolera como uno de los bastiones
económicos y energéticos más importantes mediante la cual la sociedad mexicana en su
conjunto obtenga los beneficios propios de su explotación.
Explotación
razonada y producto de los ordenamientos legales establecidos para ello y no sujeta a la
discrecionalidad de la autoridad en beneficio de unos cuantos, más ahora que la guerra
como finalidad tiene el dominio de todos los energéticos sin importar y para ellos les
cuesta la vida a millones de personas.
Los recursos
naturales como el petróleo son, sin duda alguna, fuentes de riqueza nacional o particular
y el poder público sirve para ello.
Sin apartarnos
de la problemática mundial que parece empieza a dominar las mentes colonialistas de los
poderosos, los mexicanos y en especial esta Soberanía debe acotar los tiempos para actuar
con justicia en el caso del Pemexgate, actuando conforme a derecho contra los
responsables, en el caso de haberlos, ante el desvío que se hizo del Sindicato Petrolero,
de más de mil millones de pesos a una campaña presidencial.
En este sentido,
la Cámara de Diputados no puede permanecer más tiempo con una actitud burocrática y
omisa y debe dar paso a la resolución de los expedientes que tenga en conocimiento, a
efecto de determinar de una vez por todas y con responsabilidad, la culpabilidad o no de
quienes se dicen están involucrados en un escándalo mayúsculo, como otros escándalos
que sacuden la credibilidad de las instituciones nacionales, haciéndolas ver ante la
sociedad mexicana como castillos de arena.
La sección
instructora debe por tanto determinar lo procedente, si es el caso y si no, debe correrle
el informe a esta soberanía, pues se corre el grave riesgo de parecer ante los mexicanos
como una instancia incapaz de decidir sobre los asuntos que le competen. Asimismo con las
resoluciones que los mexicanos esperamos, se encontrarán responsables o se deberá
exonerar a quienes se les haya difamado, así como el pueblo de México espera de esta
Cámara encontrar respuestas en cuanto al Pemexgate, demanda lo mismo del caso de los
Amigos de Fox porque nadie, nadie absolutamente nadie puede quedar al margen de la ley o
torcerla en beneficio propio.
Los preceptos
constitucionales que se fijan en el 27 constitucional, son claros en cuanto se refieren a
los recursos naturales que son de los mexicanos y nadie puede utilizarlos en beneficio
propio.
Es todavía la
hora del Congreso, honremos el encargo del mandato constitucional cumpliendo con la
Constitución, es la hora de la transparencia y de la rendición de cuentas en honor de
Lázaro Cárdenas del Río.
Gracias,
compañeras y compañeros.
El Presidente diputado Armando Salinas Torre:
Tiene el uso de
la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado José Antonio Calderón Cardoso.
El diputado José Antonio Calderón Cardoso:
Con el permiso
de la Presidencia; señoras y señores legisladores:
Para Alianza
Social una efeméride es motivo para evocar y recordar actos importantes y patrióticos de
los héroes nacionales o de ciudadanos que se comportaron a la altura de los hechos.
Pero, además de
esto, una efeméride debe ser el motivo para reflexionar en perspectiva lo que en un
determinado momento histórico se hizo para que en el presente corrijamos los posibles
errores y continuemos con esa labor patriótica que se haya hecho.
Esto lo comento
porque hace 65 años se tomó una decisión sobre un hidrocarburo nacional muy importante
para el desarrollo, una decisión patriótica de Lázaro Cárdenas sobre el petróleo que
hizo predominar el interés nacional por sobre el extranjero.
Curiosamente,
hoy después de 65 años vuelve el petróleo a ubicarse en el centro de decisiones
históricas para México, esto por razones de soberanía nacional en lo que tiene qué ver
con decisiones en el extranjero y también con soberanía en lo que tiene qué ver con
decisiones de órganos internos del país.
¿A qué me
refiero? Hoy se encuentra, como muchos especialistas dicen, la última etapa de la era del
petróleo y esa última etapa va a marcada por una guerra cruel y sangrienta de un país
poderoso que busca controlar este energético para hacer prevaler sus intereses en el
mundo.
México debe
mantener esa postura de paz y de independencia y como productor de petróleo, debe seguir
buscando que la decisión sea la más adecuada, por eso hoy que internacionalmente la
decisión sobre el petróleo está res- paldada históricamente por una decisión
patriótica, celebramos que México se haya opuesto a la guerra y haya estado a favor de
la paz.
Pero lo que
internacionalmente sucede es igual o tan importante con lo que a nivel nacional sucede con
el petróleo. Si lo que se buscó fue que esa riqueza fuera de los mexicanos, hoy debemos
considerar hasta qué grado esa riqueza se ha distribuido de manera similar, de manera
correcta, igual y equitativa entre los mexicanos.
Hoy nuestra
economía sigue dependiendo del petróleo y cuando aquí discutimos en la Cámara cómo
podemos hacer más gasto social, tenemos que cruzar los dedos para que el valor del crudo
suba unos dólares más y es que Petróleos Mexicanos ha sido el que ha aportado al
desarrollo nacional, en ocasiones, en detrimento de su propia infraestructura.
Pero junto con
esto, casos de corrupción que no deben volverse a repetir.
La riqueza
nacional que es el petróleo, no puede seguir siendo caja chica de ningún grupo político
o económico; de ningún grupo nacional o extranjero.
Hoy, más que
evocar ese acto histórico del general Cárdenas, debemos tomar en cuenta que el petróleo
se va a terminar y que debe ser en este momento, aprovechado de manera racional para que
la riqueza que produce contribuya para generar otras fuentes de energía.
Y también, la
paraestatal no debe nunca más, jamás, volver a ser botín político, botín económico
de ningún grupo pasado o presente; de ningún grupo político o económico, de ningún
grupo nacional o extranjero.
La única forma
de honrar ese acto patriótico del general Cárdenas, es hacer que internacionalmente,
México como productor de crudo, mantenga una posición adecuada respecto del precio y
manteniendo la paz.
Internamente, la
riqueza debe distribuirse entre los mexicanos.
No más
Pemexgate nunca más y hoy el Gobierno está obligado a cuidar ese hidrocarburo. La
riqueza debe ser de los mexicanos y no solamente ser letra muerta, sino debe ser una
realidad viva que contribuya a la salud y al empleo de los mexicanos, es la mejor forma de
honrar el acontecimiento de la expropiación petrolera.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Armando Salinas Torre:
Tiene el uso de
la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Gustavo Riojas Santana.
El diputado Gustavo Riojas Santana:
Gracias, señor
Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Hay
acontecimientos que marcan hitos en la historia de los pueblos y de su gente.
Estos
parteaguas, los han dado grandes mexicanos que han pensado, que han sentido y que han
comprometido su ser y su accionar con el pueblo de México. Actos como el 18 de marzo,
acontecimiento histórico, día trascendental para los nacionalistas, en donde con los
riesgos creo mayores que se corrían en esos tiempos los mexicanos todos, decidimos
defender nuestros recursos, defender nuestra soberanía y darle futuro y dirección a
nuestras generaciones.
Existen dos
clases de mexicanos, los que nos sentimos profundamente orgullosos de nuestras raíces, de
nuestras costumbres, de nuestra historia y existen desafortunadamente algunos otros, que
piensan que la globalización, que el ingreso en las economías mundiales, que las
medallitas colgadas por países extranjeros es lo mejor que le puede pasar a nuestra
gente.
Afortunadamente
somos más los nacionalistas en México y ser nacionalista como lo hemos reiterado aquí,
no quiere decir pertenecer a un partido político llamado “Sociedad
Nacionalista”. Ser nacionalista quiere decir, compromiso permanente con nuestra
gente, con nuestra juventud, con nuestra gente adulta.
Para los
nacionalistas, los del Partido de la Sociedad Nacionalista la conmemoración de la
expropiación petrolera, no sólo significa la celebración del día en que nuestro
petróleo pasó a ser propiedad justa del pueblo de México. Para nosotros significa el
día de la unidad nacional, el día en que los mexicanos decidimos marchar conjuntamente
hacia un mejor futuro. No entendemos, no comprendemos, como presidentes globalizadores
celebran el 18 de marzo con pompa y platillo; es absurdo que en las ideas privatizadoras
del gobierno estén existiendo celebraciones de este acto.
Los actos se
celebran y se veneran con hechos, los actos y las disposiciones de su actuación se
realizan con realidades. Es imposible llamar a la unidad nacional sin tener claro el rumbo
de lo que a México le conviene, es por demás inútil llamar a una unidad nacional cuando
se insiste en privatizaciones como las del sector eléctrico y la del sector petrolero. La
unidad se conforma a través de la defensa de los intereses del pueblo, del pueblo
mexicano y la soberanía y la autodeterminación se defienden con hechos irrefutables, con
hechos nacionalistas.
Por eso, para el
Partido de la Sociedad Nacionalista nos gustaría que en fechas como éstas hubiera
declaraciones claras, hubiera pronunciamientos serios en el rumbo que va a seguir nuestra
nación.
Por supuesto que
estamos a favor de la unidad nacional, por supuesto que los del Partido de la Sociedad
Nacionalista estamos de acuerdo en la reconciliación nacional, pero lo que no podemos y
no admitiremos jamás es la venta de nuestros recursos, no permitiremos de alguna u otra
manera que se siga teniendo un doble discurso.
Por su
atención, compañeras y compañeros, muchísimas gracias.
El Presidente diputado Armando Salinas Torre:
Tiene el uso de
la palabra el diputado Víctor Antonio García Dávila, del Partido del Trabajo, hasta por
cinco minutos.
El diputado Víctor Antonio García Dávila:
Con el permiso
de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
El cambio en
México nadie lo para; la reversa también es cambio. El cambio en México no tiene freno;
el chofer no sabe conducir.
El grupo
parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna para referirse a uno de los
actos de Gobierno más trascendentes e importantes del siglo pasado: la expropiación
petrolera, que impulsó el estadista y patriota general Lázaro Cárdenas del Río, uno de
los mexicanos más brillantes y destacados que haya tenido nuestro país en su historia
reciente.
En estos
momentos en que la paz mundial se ve amenazada por el presidente Bush y ante la inminente
invasión al pueblo de Irak, la ejemplar figura de Lázaro Cárdenas del Río emerge como
un paladín de la soberanía y de la autonomía de las naciones ante la intromisión de
los imperios. Cárdenas no titubeó ante la prepotencia y cinismo de las compañías
extranjeras para reivindicar la divisa de que los recursos naturales, en este caso el
petróleo, pertenecen originariamente a la nación y al pueblo de México.
En una
interpretación fiel y atinada de nuestra Norma Constitucional plasmada en su artículo
27, el 18 de marzo de 1938 declara ante México y el mundo, que las empresas que
explotaban la extracción y la refinación del llamado oro negro, pasaban al dominio y
propiedad de la nación. El pueblo de México como un solo hombre respaldó y apoyó sin
condición alguna al general Cárdenas y mostró su entrega al Presidente de México.
Igualmente asombró a México y al mundo el esfuerzo, la pericia y conocimiento de los
trabajadores petroleros mexicanos, que en condiciones más que adversas tomaron en sus
manos los procesos técnicos y administrativos de la industria y la enfilaron por el rumbo
que demandaba el crecimiento económico del país.
La apuesta de
los empresarios extranjeros de que nuestro país no estaba capacitado para manejar nuestro
petróleo, fue desmentida palmariamente por el patriotismo y entrega de los mexicanos, que
demostraron su ingenio y creatividad para forjar una de las empresas más importantes del
mundo.
Hoy, hoy, a 65
años de la expropiación petrolera, podríamos afirmar que Pemex requiere de otro golpe
de timón similar al del 38; Pemex ya no pertenece al pueblo de México; Pemex ya no está
orientado a cumplir las necesidades que requiere el desarrollo económico y social de
México y no nos referimos sólo a los contratos espurios que la empresa tiene con las
empresas extranjeras para la exploración y explotación del petróleo y del gas, sino nos
referimos también a la confiscación de los recursos financieros que el Gobierno Federal
desde 1982, a raíz de la crisis económica de ese año, ha hecho de los mismos, lo que se
planteó como una medida emergente y provisional.
Como ha sido el
caso de muchas otras de nuestro país, se volvió permanente, esto nos ha llevado a que
Pemex sea la empresa que más recursos públicos entrega al fisco. Desde hace años, los
ingresos presupuestales están conformados por cerca de una tercera parte de los impuestos
y derechos que Pemex aporta a la nación, dando lugar a su descapitalización y a un
creciente endeudamiento, lo que se traduce en ineficiencia, en falta de competitividad y
en la ausencia de un soporte financiero que permita su modernización y reestructuración
para estar a la altura de las mejores del mundo.
Pemex y el
Gobierno Federal ya no sirven al pueblo de México, porque para poder satisfacer la
voracidad fiscal del Gobierno Federal prefiere venderle crudo en vez de procesarlo e
incorporarle un mayor valor agregado, que redundaría en mayores ganancias; prefiere la
ganancia fácil de su venta en los mercados internacionales, aunque esto suponga la grave
irresponsabilidad de depender de los vaivenes del precio internacional del petróleo.
Pemex y el
Gobierno Federal atentan contra los intereses del pueblo de México, porque en vez de
aprovechar la ventaja de ser uno de los principales productores de petróleo y derivados
del mismo, los consumidores domésticos nos hemos convertido en rehenes de esa política
voraz y tenemos que pagar los combustóleos y los insumos provenientes de la petroquímica
básica y secundaria, en un esquema de precios que es verdaderamente concultatoria.
Nuestro grupo
parlamentario a lo largo de su quehacer de esta soberanía, ha sostenido que la más
importante empresa del país debe ser rescatada de los grupos del poder nacional y
extranjeros, que no ven más allá de sus intereses mezquinos y que la están llevando a
la ruina.
Si somos
honestos y congruentes con el pensamiento y la acción del general Lázaro Cárdenas, en
este 18 de marzo tenemos que decir: hay que expropiar nuevamente el petróleo, para que
este recurso del cual nos dotó la naturaleza, sirva a las causas más nobles del pueblo
de México que es, su bienestar y su progreso.
Hay que decir:
¡fuera a los corruptos de Pemex y cárcel para todos ellos!
Es cuanto.
El Presidente diputado Armando Salinas Torre:
Tiene el uso de
la palabra la diputada Sara Guadalupe Figueroa Canedo, hasta por cinco minutos.
La diputada Sara Guadalupe Figueroa Canedo:
Con su venia
señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Lázaro
Cárdenas, como bien lo sabemos todos los mexicanos, es un símbolo de Petróleos
Mexicanos, pero también lo son las generaciones de técnicos y trabajadores, que con su
talento y decidido esfuerzo, han hecho posible la grandeza de esta empresa pública.
Con la
expropiación petrolera, México demostró que en cualquier momento, somos capaces de
unirnos, para defender nuestra historia y nuestro futuro, con esta decisión, el Estado
mexicano dejó un claro testimonio de su capacidad, para hacer cumplir la ley y defender
el Estado de Derecho.
Los mexicanos
demostramos entonces, como probamos ahora, que sabemos hacer bien las cosas, que las
hacemos con calidad y con pasión. Hoy, Petróleos Mexicanos se encuentra en una
transición muy especial, en la actual coyuntura histórica esta empresa pública tiene
ante sí el reto de plantear cambios en su estrategia.
México está
lejos de la suficiencia en gas natural, productos refinados y petroquímicos, por ello
Pemex necesita entrar en una nueva fase de crecimiento vigoroso y modernizarse en todos
los campos, aumentando significativamente su escala de activos y operaciones, así como la
eficiencia de su desempeño general.
Es de importante
estratégica para el país, asegurar los niveles adecuados de inversión en exploración y
desarrollo de nuevos yacimientos. Hay tareas urgentes, como es ampliar y modernizar la
infraestructura de ductos, a fin de hacerla compatible con los nuevos volúmenes de
producción y comercio de los próximos años.
Sólo de esta
manera podrá responder adecuadamente a su responsabilidad, de garantizar la suficiencia
en el abasto de hidrocarburos para el consumo en nuestro país así como para continuar
cumpliendo los compromisos de exportación.
Hasta ahora
Pemex ha puesto énfasis en su papel como gran contribuidor fiscal, sin embargo, nuestro
partido está consciente que esta excesiva carga fiscal ha limitado la capacidad de
inversión de la empresa y la ha dejado exhausta. Ha sido políticamente más fuerte la
visión de quienes consideran Pemex, sólo como principal contribuyente de nuestro país,
que la de los que entienden que es ante todo una empresa, cuya responsabilidad
fundamental, es ser rentable y productiva.
En consecuencia
es necesario, en el marco de una reforma fiscal integral, otorgarle la capacidad que Pemex
requiere financieramente de operación, pero simultáneamente sujetarla a mecanismos
ágiles de evaluación y rendición de cuentas de los legítimos y únicos dueños: la
sociedad mexicana.
Para el Partido
Verde, Pemex debe enfrentar y superar todos los obstáculos que se oponen al desarrollo de
la industria petrolera, y hacer que prevalezca la racionalidad. Un verdadero compromiso
nacional y el empeño por alcanzar mejores resultados en beneficio de nuestra sociedad.
La prosperidad y
fortaleza del sector petrolero, es un requisito fundamental para el desarrollo nacional.
Todos queremos un Pemex fuerte, eficaz, generador de resultados y recursos para todas las
familias de este país. Deseamos un Petróleos Mexicanos renovado, exitoso, competitivo,
honesto y transparente.
En la actual
coyuntura de conflicto bélico e inestabilidad en los mercados de hidrocarburo, nuestro
país debe plantear claramente su estrategia de exportación y calcular cuidadosamente sus
ingresos en divisas, a fin de que nuestras finanzas públicas no estén sujetas a estos
vaivenes.
Pemex, en su
carácter de empresa totalmente mexicana, debe servir a la nación buscando en todas sus
actividades el mayor provecho para nuestra patria.
Es cuanto,
señor Presidente.
El Presidente diputado Armando Salinas Torre:
Gracias, señora
diputada.
Tiene el uso de
la palabra para el mismo tema hasta por cinco minutos, la diputada María del Rosario
Tapia Medina.
La diputada María del Rosario Tapia Medina:
Gracias, señor
Presidente.
Hoy, al
conmemorar el hecho histórico de la Expropiación Petrolera, no basta con recordar y
reconocer el carácter nacionalista y soberano de este hecho que vino a fortalecer la
independencia económica de nuestro país o recordar, simplemente, la decidida y valiente
posición del entonces presidente Lázaro Cárdenas, de los trabajadores petroleros y de
todo el pueblo de México que se unieron sin vacilar para defender lo que es nuestro:
nuestro subsuelo, nuestro petróleo y sus riquezas.
Hoy, a 65 años
de la Expropiación Petrolera, es obligado hablar de cómo está nuestra industria y de
los intentos privatizadores de la actual administración foxista.
En primer lugar,
hay que reconocer que nuestro país logró levantar, durante todos estos años, una gran
industria petrolera de talla internacional que ha sido pilar del desarrollo económico y
social de nuestra nación, baste recordar que sólo Pemex aporta la tercera parte de
nuestro presupuesto federal.
Asimismo, ha
formado varias generaciones de trabajadores especializados, capaces, conocedores de la
industria y comprometidos con ella, sin dejar de mencionar obviamente a la cantidad de
trabajadores, de técnicos y profesionistas expertos internacionales que saben, sin lugar
a dudas, explorar, proyectar, perforar, extraer, refinar y procesar productos
petroquímicos.
Sin embargo, a
la par de esta grandeza de Pemex, las últimas administraciones del Ejecutivo Federal, han
promovido y cobijado conductas erróneas que hoy ponen en peligro el futuro de nuestra
industria y ante las cuales no se han realizado los cambios que prometió la actual
administración foxista.
En este sentido,
hay que mencionar la política económica impuesta que ha privilegiado la exportación de
crudo como uno de sus pilares fundamentales para el ingreso de divisas, ocasionando con
ello que el mayor presupuesto entregado a Pemex sea destinado a la exploración y
producción de crudo y descuidando, por lo tanto, de manera permanente, la inversión en
refinación y petroquímica.
Sobra decir que
esta política, si bien ha logrado garantizar el flujo de recursos a nuestro país,
también ha provocado la cada vez mayor importación de productos petrolíferos y
petroquímicos, el envejecimiento de nuestras instalaciones de refinación y petroquímica
y la reducción de nuestras reservas petroleras.
No hay que
olvidar que la corrupción ha hecho mella también en nuestra industria y que ha llevado a
pérdidas cuantiosas, baste recordar lo que hemos insistido de manera reiterada como uno
de los casos más escandalosos con la reconfiguración de la Refinería de Cadereyta, en
donde es el momento en que no se actúa y no se aclara quiénes son los responsables de
este cuantioso fraude a Pemex y a la Nación; y de qué hablar en el caso del Pemexgate,
donde nuestra industria ha sido también utilizada para la evasión de recursos para fines
que no tienen que ver con nuestra industria sino en este caso con fines electorales.
Existe también
como un grave problema al interior de nuestra industria, vinculado con ello, el problema
de la antidemocracia sindical. No se ha permitido por ninguna administración que los
trabajadores puedan tener una organización democrática propia y autónoma sin estar bajo
el control de la administración en turno.
Y hoy, de frente
a esta situación, la administración foxista sólo ve una solución, una salida: la
privatización silenciosa, pretendiendo día a día la mayor inversión extranjera en
nuestra industria.
Los contratos de
servicios múltiples se inscriben en esta intención privatizadora aun a sabiendas de que
están fuera del marco constitucional y de la Ley Reglamentaria del artículo 27
constitucional.
Por eso, y con
esto termino, recordar hoy conmemorar la expropiación petrolera obliga a hacerlo
planteando una posición en torno al fortalecimiento de nuestra industria.
Estamos
convencidos de que hay otras salidas y que no es solamente la privatización la salida
como la está planteando Fox. Necesitamos por lo tanto, buscar de frente a esta situación
internacional tan crítica que estamos viviendo, cómo mantener el control de nuestros
energéticos y cómo por lo tanto, buscamos reorientar las inversiones en nuestra
industria, para su modernización; buscamos obviamente combatir a fondo la corrupción que
se ha dado y que se castigue a los responsables de la misma y claro, que se deje por lo
tanto, de despedir a los trabajadores que son básicamente la inteligencia y lo que ha
generado nuestra industria en tantos años.
Hoy, el
fortalecimiento de nuestra industria es parte de nuestro futuro como nación.
Muchísimas
gracias.
El Presidente diputado Armando Salinas Torre:
Gracias, señora
diputada.
Tiene el uso de
la palabra para el mismo tema hasta por cinco minutos, el diputado Noé Navarrete
González, del Partido Acción Nacional.
El diputado Noé Navarrete González:
Con el permiso
de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
Conviene al
disponernos a conmemorar el aniversario número LXV de la Expropiación Petrolera,
rememorar las condiciones y acontecimientos que dieron lugar a tan laureada acción, toda
vez que actualmente seguimos viviendo bajo la influencia de este decreto.
En México la
actividad petrolera se inició a finales del Siglo XIX con la participación de algunas
empresas petroleras como “El Aguila”, “La Huasteca”,, “Standard
Oil”, “Corona”, “Sinclair”, por mencionar algunas.
Estas empresas
estaban encargadas de explorar, perforar y establecer las primeras refinerías en nuestro
suelo.
Sin embargo,
después de desacatar una resolución judicial del más alto rango, es decretada hace 65
años, la expropiación petrolera y aunque la política de nacionalización fue
considerada en su momento como un instrumento anticapitalista, al afectar los intereses de
las grandes corporaciones monopólicas privadas, la realidad es que la actividad petrolera
había sido realizada y necesitaba seguir siéndolo, por grandes empresas.
De este modo la
producción de petróleo se centralizó y se convirtió en una integración vertical,
apoyándose en la inversión privada para la exploración y la refinación indispensable
para el abastecimiento del mercado interno en constante crecimiento.
Años más
tarde, el 18 de marzo pero de 1965, el entonces director general de Petróleos Mexicanos,
señalaba que la contribución de Pemex al desarrollo económico radicaba en el oportuno
abastecimiento con la mejor calidad y al mejor precio posible, de combustibles,
lubricantes y productos petroquímicos básicos.
En esta línea
se afirmaba que entre el sector público y el privado, debía existir complementariedad y
no conflicto y que Pemex debería adaptarse a la existencia de empresas privadas, lo mismo
que éstas a la existencia y funcionamiento de ellas.
Para Acción
Nacional, el sector energético es prioritario para el país pues es estratégico para el
crecimiento nacional. Pemex no es de unos cuantos; Pemex debe estar en las manos de todos
los mexicanos.
Sirva este día
para reforzar nuestra defensa férrea de los derechos que la nación tiene sobre todos
nuestros minerales, yacimientos, petróleo y productos asociados.
No cedemos en la
lucha por recuperar nuestra real soberanía energética, pero tampoco permitamos que la
ceguera nos impida ver la necesidad de conjugar los esfuerzos privados con los públicos
por el bien del país y el engrandecimiento de la nación.
Esto no supone
ninguna traición a nuestra historia nacional; por el contrario, supone la aceptación de
una realidad que nos compete y que nos exige dejar de lado la doble moral, el doble
discurso.
A 65 años de la
nacionalización de la industria petrolera, Pemex trabaja con más de 50 empresas
extranjeras en actividades de exploración, según datos de la propia paraestatal.
Las ventajas de
esta coparticipación son claras, permiten a Pemex acceder a nuevas tecnologías, así
como de obtener hidrocarburos de manera más eficiente y a menores costos.
Los retos son
grandes: debemos buscar caminos para terminar con las limitaciones de financiamiento que
nuestra empresa tiene, ya que esta escasez ha provocado una fuerte caída tanto en la
perforación exploratoria como en la de desarrollo.
Pemex requiere
invertir en los próximo años alrededor de por lo menos 9 mil millones de dólares
anuales en todas sus líneas de negocios si no quiere perder peso en el mercado y aumentar
los niveles de importación, como el de la gasolina, que actualmente representa el 18% del
consumo nacional, o del gas natural, que significa una pérdida de 17 mil millones de
dólares anuales.
Tradicionalmente
el 18 de marzo sirvió para señalar lo benéfico que resultó para nuestro país
expropiar y nacionalizar nuestra industria petrolera. En este día los discursos
señalaban las virtudes y desechaban como falsas las críticas y los obstáculos.
Este año, en
los albores del Siglo XXI, quiero sumarme a la larga lista de oradores que aplaudieron la
devolución del petróleo mexicano a nuestra nación, a este pueblo, pero que también
quiero aprovechar la fecha para exhortarlos desde esta tribuna a un nuevo parteaguas, una
nueva acción que sirva para preservar a las generaciones venideras su derecho a una vida
digna.
Aprovecho pues
este día y esta oportunidad para hacerle frente a la realidad cambiante, para sacar
partido de nuestras fortalezas en un mundo competitivo, para conseguir, como lo
conseguimos hace ya 65 años, el equilibrio perfecto entre la participación privada y la
organización paraestatal.
Por su atención
muchas gracias.
El Presidente diputado Armando Salinas Torre:
Gracias, señor
diputado.
Para el mismo
tema tiene la palabra el diputado Marcos Paulino López Mora, del Partido Revolucionario
Institucional, hasta por cinco minutos.
El diputado Marcos Paulino López Mora:
Con su permiso,
señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Hacer uso de
esta tribuna de la República con motivo de un aniversario más de la expropiación
petrolera constituye no sólo una honrosa distinción para un representante del pueblo de
México sino, además, una oportunidad para reiterar ante esta soberanía la
significación de un acontecimiento histórico de tal envergadura.
Recordemos
brevemente la historia. El 18 de marzo de 1938 una noticia estremeció y conmovió al
país entero. El Gobierno mexicano decretaba la expropiación de las compañías
petroleras extranjeras que desde hacía más de 20 años lesionaban seriamente los
intereses nacionales.
Para evocar los
hechos que originaron esta histórica decisión me referiré a la parte medular del
manifiesto al pueblo de México, en el cual el Presidente Cárdenas expuso las razones que
motivaron su determinación y solicitó a la nación el apoyo moral y material para
afrontar las consecuencias.
La actitud
asumida por las compañías petroleras negándose a obedecer el mandato de la justicia
nacional que por conducto de la Suprema Corte las condenó en todas sus partes a pagar a
sus obreros el monto de la demanda económica que les proponía que las propias empresas
llevaron a los tribunales por inconformidad con las resoluciones de los tribunales del
trabajo, impone al Ejecutivo de la nación el deber de buscar en los recursos de nuestra
legislación un medio eficaz que evite definitivamente para el presente y para el futuro
el que los fallos de la justicia se nulifiquen o pretendan nulificarse por sólo la
voluntad de las partes o de una de ellas mediante una simple declaratoria de insolvencia,
como se pretende hacerlo en el presente caso.
Hay que
considerar que un acto semejante destruiría las normas sociales que regulan el equilibrio
de todos los habitantes de una nación, así como el de sus actividades propias y
establecería las bases de procedimientos posteriores a que apelarían las industrias
establecidas en México si pudieran maniobrar impunemente para no cumplir con sus
obligaciones ni reparar los daños que ocasionaran con sus procedimientos y con sus
obstinaciones.
Es evidente que
el problema que las compañías petroleras plantean al Poder Ejecutivo de la nación con
su negativa a cumplir la sentencia que les impuso el más alto tribunal judicial, no es un
simple caso de ejecución de sentencia sino una situación definitiva que debe resolverse
con urgencia. Es el interés social de la clase trabajadora de todas las industrias del
país la que los exige, es el interés público de los mexicanos y aun de los extranjeros
que viven en la República y que necesitan de la paz y de la dinámica de los combustibles
para el trabajo. Es la misma soberanía de la nación la que quedaría expuesta a simples
maniobras del capital extranjero, que olvidando que previamente se han constituido en
empresas mexicanas, bajo leyes mexicanas, pretendan eludir el mandato y las obligaciones
que les imponen las autoridades del propio país.
Estos fueron los
hechos que registra nuestra historia y han pasado desde entonces 65 años y la
nacionalización del petróleo, recurso fundamental para el desarrollo económico-social
de nuestro país, ha demostrado su acierto y su eficacia.
En estos
momentos en que una decisión aparentemente irracional pone en jaque a la humanidad y que
en otras razones económicas que aducen los analistas políticos, es precisamente el deseo
del imperio de América del Norte de posesionarse en esta región que representa más del
30% de la producción mundial de petróleo y que ubica a la acción militar que está por
empezar, como una decisión geopolítica que actualiza la acción histórica de México.
Conforme los
acontecimientos mundiales van señalando la importancia estratégica del petróleo, se
engrandece cada día más la figura de Lázaro Cárdenas, quien con una indudable visión
histórica y con un profundo espíritu nacionalista tomó una de las decisiones más
importantes y trascendentes de la vida nacional: ¡expropiar el petróleo que se
encontraba en manos extranjeras para pasar a ser patrimonio de la nación y constituirse
en recursos naturales del dominio directo de la nación y declarar éste como inalienable
e imprescriptible y dejar la explotación a cargo del Estado, prohibiendo el otorgamiento
de concesiones y contratos a particulares para su explotación. ¡Salvaguardando así el
riesgo que nuevamente este tesoro negro del pueblo de México pueda pasar a manos
extranjeras!
Para tomar
decisiones es necesario conocer y aprender de la historia, la historia nos enseña que las
últimas décadas han tenido el petróleo como el eje básico en muchas economías, como
un instrumento no sólo de fuentes de ingreso económico, sino también de fuerte poder y
de apoyo para la defensa de la soberanía nacional.
Hagamos de esta
conmemoración una oportunidad de reflexionar sobre este tema. Los priístas estamos
convencidos de que debemos impulsar el desarrollo de Petróleos Mexicanos a través de una
modernización nacionalista, popular, democrática, sin excesivos controles presupuestales
y burocráticos que lo paralicen y que se fortalezcan a través de un régimen fiscal que
permita su capitalización y desarrollo.
Un momentito,
señor Presidente.
Consideramos la
expropiación petrolera como un acto de justicia reivindicatoria para todos los mexicanos,
que refleja claramente el proyecto de Estado concebido por Lázaro Cárdenas, para darle
viabilidad a una nación en su devenir hacia la modernidad.
Muchas gracias.
ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA
El Presidente diputado Armando Salinas Torre:
Nuestro
siguiente punto del orden del día es el relativo a las excitativas.
En tal virtud,
tiene el uso de la palabra el diputado Jaime Martínez Veloz, del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, para presentar una excitativa a la Comisión de
Puntos Constitucionales, hasta por cinco minutos.
El diputado Jaime Cleofas Martínez
Veloz:
Con su permiso,
señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El día 12 de
noviembre del año pasado presentamos una primera excitativa a un punto de acuerdo que el
diputado Amador Rodríguez Lozano y un servidor presentamos el 22 de octubre del año
pasado y que tiene que ver con una puesta en marcha de toda una estrategia para hacer del
estado de Baja California el cuarto de máquinas de la política energética que demanda
en este caso el estado de California.
En nuestro
estado la privatización y la puesta en marcha de la política privatizadora en materia de
energía eléctrica ya empezó. Hay seis proyectos de generación de energía eléctrica
de exportación que se han otorgado en este país y los seis están ubicados curiosamente
en el estado de Baja California.
Estos seis
proyectos tienen una capacidad del doble de la actual generación de energía eléctrica
que produce la planta termoeléctrica de Rosarito, Benito Juárez y la de Cerro Prieto, es
decir, se han otorgado concesiones para producir más de 2 mil 600 megawatts que irían a
parar a Estados Unidos.
Sin embargo esto
no es todo, como estas plantas son de ciclo combinado y requieren la utilización de gas,
en el Pacífico, entre Ensenada y Tijuana, se están empezando a desarrollar los proyectos
para instalar terminales de gas natural licuado, en donde las empresas Chevro, El Paso
Energy, Phillips Petroleum, Maraton Oil, Shell y Centra Energy, han hecho compras
millonarias de predios para instalar en el Pacífico grandes terminales de gas natural
licuado, cuyo destino sería por un lado estas plantas de generación de energía
eléctrica y, por otro lado, el mercado norteamericano.
Este asunto que
tiene que ver no solamente con Baja California, sino con el país en su conjunto, reclama
que este Congreso, que esta soberanía, que es la que puede ser el valladar de la
implementación de una política energética privatizadora por la vía de los hechos,
pueda interponer con las facultades republicanas a su alcance, una controversia de
carácter constitucional para impedir que este proyecto energético se concrete en
detrimento de nuestra nación.
Por ello es
importante resaltar que si bien es cierto aquellos argumentos que dicen que no se va a
privatizar la Comisión Federal de Energía, también tengamos muy claro qué es lo que
hay detrás de todo esto.
La Comisión
Federal de Energía tiene alrededor de 24 millones y medio de contratos, 120 mil
contratos, es decir, mucho menos del 1%, son los que generan el 53% de los ingresos de la
Comisión Federal de Energía Eléctrica. Estos son los contratos que quieren que las
empresas transnacionales atiendan y que nosotros, los 24 millones 380 mil contratos
domésticos sigan siendo atendidos por la Comisión Federal de Electricidad.
Estas cifras
espeluznantes, dramáticas, que hablan del problema que puede enfrentar nuestro país en
materia energética y sobre todo en detrimento de sus recursos económicos, es necesario
que el Congreso pueda hacerle frente. Por eso, el día de hoy asisto a esta soberanía a
hacer de nuevo una excitativa, a decirle a nuestros compañeros de la Junta de
Coordinación Política, que el punto de acuerdo que presentamos en su momento, el
diputado Amador Rodríguez Lozano y un servidor, sea dictaminado y se presente al pleno de
esta soberanía para que podamos emitir nuestro voto en función de la defensa de los
intereses de México e interpongamos un recurso de controversia constitucional ante el
hecho evidente de querer trastocar los principios constitucionales que nos da vida como
país.
Muchas gracias,
señor Presidente.
«Excitativa a
la Junta de Coordinación Política por parte del Dip. Jaime Martínez Veloz.
Recientemente,
el vicepresidente de Estados Unidos de América, Dick Cheney, presentó un ambicioso plan
de inversiones de la industria eléctrica, del petróleo, petroquímica y de gas natural
licuado denominado “Plan Cheney”.
El propósito de
éste plan es aumentar la producción de energía para ese país, en condiciones altamente
ventajosas, que tienen en el Gobierno mexicano a uno de sus mejores voceros; el Secretario
de Energía, Ernesto Martens, que ya ubica en 60 mil millones de dólares la inversión
extranjera que incrementaría en 26,280 megavatios la generación y distribución
eléctricas.
Destaca la
preocupación del señor Martens por contribuir a la autosuficiencia eléctrica
norteamericana, ya que ni un sólo kilowatt de los generados por las cuantiosas
inversiones, aprobada hasta ahora, de un reducido número de empresas privadas
norteamericanas en Baja California, sería para el consumo nacional; íntegramente se
dedicaría a la demanda de ese país.
Compañeras y
compañeros diputados demando de ustedes sólo una cosa; el cumplimiento de la
Constitución de la República para impedir que se perjudique a Baja California y a la
nación. El párrafo sexto del artículo 27 constitucional establece: “Corresponde
exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer
energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta
materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los
bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines”.
No hay
confusión posible; permitir la realización de este proyecto es violatorio de la
Constitución, en todo caso es el Presidente de la República el que propicia la
confusión con declaraciones desde el extranjero, donde acusa a los diputados de ser
movidos por intereses personales y partidistas, en franca confrontación con esta
soberanía.
El insuficiente
esclarecimiento de las fuentes de financiamiento de la campaña presidencial de Vicente
Fox, sigue siendo fuente de suspicacias y las pretensiones de instalar plantas generadoras
de energía en Baja California para atender a la demanda norteamericana, insinúa que a
Vicente Fox le llegó la hora de pagarles a los inversionistas extranjeros los apoyos
recibidos durante su campaña presidencial.
En todo caso,
ésas serían deudas y compromisos de Vicente Fox, que sólo a él toca saldar, sin
involucrar ni comprometer los intereses de la nación mediante decisiones abiertamente
anticonstitucionales.
Es necesario
advertir que declaraciones imprecisas; campañas mercadotécnicas y derroches
publicitarios no pueden suplir exitosamente la sentencia de los hechos consumados; demando
el respeto a la Constitución de la República.
El 22 de octubre
del presente año el Dip. Amador Rodríguez Lozano y el de la voz, presentamos un ante
esta soberanía, un punto de acuerdo, que se turnó a la Junta de Coordinación Política,
con el propósito de que se acuerde una resolución para que el pleno de esta soberanía
apruebe presentar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación un juicio de controversia
constitucional por la instalación de plantas de generación de energía eléctrica de
exportación y terminales de gas natural licuado para Estados Unidos de América en
territorio de Baja California; pido a mis compañeros diputados que dictaminen a la
brevedad este punto de acuerdo y sea puesto a consideración del pleno de esta soberanía.
Atentamente.
Palacio
Legislativo.— San Lázaro, a 28 de marzo de 2003.— Dip. Jaime Martínez Veloz.»
El Presidente diputado Armando Salinas Torre:
De conformidad con lo que establece el
artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos planteados se excita a la Comisión de
Puntos Constitucionales para que emitan el dictamen correspondiente.
De acuerdo. Me hace la precisión el
diputado ponente que está turnado a la Junta de Coordinación Política, es a ella a
quien se remite la excitativa postal.
EVALUACION
DE LA EDUCACION
El Presidente diputado Armando Salinas Torre:
Tiene la palabra
el diputado Ramón León Morales, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, para presentar una excitativa a las comisiones de Educación Pública y
Servicios Educativos y de Gobernación y Seguridad Pública.
El diputado Ramón León Morales:
Con su permiso,
señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El 23 de enero
del presente año presenté ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, una
iniciativa para crear la Ley del Sistema Nacional para la Evaluación de la Educación.
Otra, que
modifica la Ley General de Educación y una más que busca reformar la Ley Federal de
Entidades Paraestatales, las cuales en conjunto tienen como objetivo crear un marco legal
que institucionalice la función de evaluación en el Sistema Educativo Nacional.
Nuestra
propuesta plantea la necesidad de contar con un Sistema Nacional de Evaluación de la
Educación que sirva como base normativa para la actuación del Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación que fue creado a partir de un limitado decreto presidencial
en agosto de 2002.
El motivo
principal que impulsa este conjunto de iniciativas es el de sentar las bases para que la
evaluación de la educación funcione como guía que retroalimente, rectifique y promueva
el desarrollo de estrategias que impacten efectivamente en la calidad de la labor
educativa.
Esta pretensión
es totalmente indispensable en México, en virtud de que el proceso de construcción de
dispositivos institucionales nacionales que atiendan acciones sistemáticas y periódicas
de evaluación educativa se encuentran aún en ciernes.
Desde 1976 la
evaluación se centró en el nivel primario y se caracterizó por enfocarse en los
aprendizajes de los alumnos, dejando de lado otros niveles educativos y toda
consideración sobre los múltiples factores endógenos y exógenos al conjunto del
sistema que influyen en el proceso educativo.
Este esquema fue
el que prácticamente predominó durante los años ochenta y principio de los noventa, a
pesar de un intento de reforma educativa que puso énfasis en la planea-ción y en la
descentralización, condiciones ambas que deberían partir de un diagnóstico y un proceso
de reflexión continuo desde el propio esquema educativo.
En ese contexto,
a raíz de los acuerdos para la modernización de la educación básica y de la
expedición de la Ley de Educación en 1993, en materia de evaluación la principal
iniciativa fue el fortalecimiento de las bases de la gestión del sistema; prueba de ello
es que para la evaluación se estableció un aparato específico, un apartado específico
que se denomina justamente “de la evaluación del Sistema Educativo Nacional”.
En el Capítulo
II Sección Cuarta, artículos 29, 30 y 31, al delimitar las responsabilidades del
Ejecutivo Federal y de las entidades federativas, se pretendió hacer de esa función
sustantiva una actividad sistemática y permanente que sirviera como base para adoptar las
medidas procedentes.
No obstante esa
pretensión, hoy día la función de evaluación del Sistema Educativo, no cumple con los
requisitos básicos que en la ley se establecen. El programa de instalación y
fortalecimiento de las áreas estatales de evaluación no tiene acciones de amplio impacto
en el marco de la gestión escolar que se desarrolla en los estados.
Al día de hoy,
la función evaluativa no es una actividad sistemática y permanente, por lo que como
consecuencia no existe una cultura de la evaluación entre los actores de la educación,
lo que entre otras cosas ha generado un manejo poco transparente de los resultados de las
mismas.
De la misma
manera, estos resultados generalmente no son tomados en cuenta para corregir el rumbo,
porque no hay un esquema de gestión institucional que permita adoptar las medidas
conducentes.
Esta es la
realidad que busca contribuir a transformar nuestra iniciativa, la cual de manera resumida
se despliega en tres dimensiones: primera, buscamos crear la Ley del Sistema Nacional de
Evaluación de la Educación; segunda, se propone reformar la Ley General de la
Educación, a fin de dar la congruencia necesaria a la nueva normatividad con que rige el
conjunto del Sistema Educativo Nacional y, tercera, se busca reformar la Ley Federal de
Entidades Paraestatales a fin de garantizar una mayor autonomía de la institución que se
crea.
En virtud de lo
anterior y en base a lo dispuesto en el artículo 21 fracción XVI y demás relativos del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
solicito, señor Presidente, tenga a bien formular una excitativa a las comisiones de
Educación Pública y Servicios Educativos y a la de Gobernación y Seguridad Pública a
fin de que dictaminen las iniciativas que he mencionado.
Por su
atención, muchísimas gracias.
«Excitativa
para que se emita un dictamen sobre el conjunto de iniciativas para crear un Marco Legal
para el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación, presentada en enero de 2003, por
el diputado federal Ramón León Morales
Con su permiso
diputado Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El 23 de enero
del presente año, presenté ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, una
iniciativa para crear la Ley del Sistema Nacional para la Evaluación de la Educación;
otra que modifica las Ley General de Educación y una más que busca reformar la Ley
Federal de Entidades Paraestatales, las cuales en conjunto tienen como objetivo crear un
marco legal que institucionalice la función de evaluación en el sistema educativo
nacional. Nuestra propuesta plantea la necesidad de contar con un Sistema Nacional de
Evaluación de la Educación, que sirva como base normativa para la actuación del
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que fue creado a partir de un
limitado decreto presidencial en agosto de 2002.
El motivo
principal que impulsa ese conjunto de iniciativas, es el de sentar las bases para que la
evaluación de la educación funcione como guía, que retroalimente, rectifique y
promueva, el desarrollo de estrategias que impacten efectivamente en la calidad de la
labor educativa. Esta pretensión es totalmente indispensable en México, en virtud de que
el proceso de construcción de dispositivos institucionales nacionales, que atiendan
acciones sistemáticas y periódicas de evaluación educativa, se encuentra aún en
ciernes.
Desde 1976 la
evaluación se centró en el nivel primario y se caracterizó por enfocarse en los
aprendizajes de los alumnos, dejando de lado otros niveles educativos y toda
consideración sobre los múltiples factores endógenos y exógenos al conjunto del
sistema, que influyeran en el proceso educativo.
Ese esquema fue
el que prácticamente predominó durante los años ochenta y principios de los noventa, a
pesar de un intento de reforma educativa que puso énfasis en la planeación y en la
descentralización, condiciones ambas que deberían partir de un diagnóstico y un proceso
de reflexión continuo desde el propio esquema educativo.
En este
contexto, a raíz de los acuerdos para la modernización de la educación básica y de la
expedición de la Ley General de la Educación de 1993, en materia de evaluación la
principal iniciativa fue el fortalecimiento de las bases de la gestión del sistema.
Prueba de ello es que para la evaluación se estableció un apartado específico que se
denomina justamente “De la Evaluación del Sistema Educativo Nacional”. En el
Capítulo II, Sección Cuarta, artículos 29, 30 y 31, al delimitar las responsabilidades
del Ejecutivo Federal y de las entidades federativas, se pretendió hacer de esa función
sustantiva, una actividad “sistemática y permanente”, que sirviera como base
para adoptar las “medidas procedentes”.
No obstante esa
pretensión, hoy día la función de evaluación del sistema educativo no cumple con los
requisitos básicos que en la ley se establecen. El Programa de Instalación y
Fortalecimiento de las Areas Estatales de Evalua- ción, no tiene acciones de amplio
impacto en el marco de la gestión escolar que se desarrolla en los estados. Por otro lado
el Programa de Carrera Magisterial, el cual es aplicado en la figura del docente, al estar
asociado a estímulos económicos extrasalariales que en realidad se han vuelto
sustitutivos de éste, no ha generado la colaboración plena del personal docente.
Al día de hoy,
la función evaluativa no es una actividad sistemática y permanente, por lo que como
consecuencia no existe una cultura de la evaluación entre los actores de la educación,
lo que entre otras cosas ha generado un manejo poco transparente de los resultados de las
mismas. De la misma manera, esos resultados generalmente no son tomados en cuenta para
corregir el rumbo, porque no hay un esquema de gestión institucional que permita adoptar
las medidas conducentes.
Esta es la
realidad que busca contribuir a transformar nuestra iniciativa, la cual de manera
resumida, se despliegan en 3 dimensiones: primera, buscamos crear la Ley del Sistema
Nacional de Evaluación de la Educación, para regular todo lo relativo en esa materia y
en cuyo marco se instaure el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
Segunda, se propone reformar la Ley General de la Educación a fin de darle la congruencia
necesaria a la nueva normatividad con la que rige al conjunto del sistema educativo
nacional; y tercera, se busca reformar la Ley Federal de Entidades Paraestatales, a fin de
garantizar una mayor autonomía de la institución que se crea.
En virtud de que
han transcurrido prácticamente dos meses sin que hayan iniciado su análisis las
comisiones a las que fueron turnadas las iniciativas, es decir la Educación Pública y
Servicios Educativos, y la de Gobernación y Seguridad Pública, es que me permito, con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 21 fracción XVI, y demás relativos del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
solicitar respetuosamente a la Presidencia de esta Cámara, tenga a bien formular una
excitativa a dichas comisiones, a fin de que dictaminen las iniciativas en comento.
Muchas gracias.
México, DF, a
18 de marzo de 2003.— Dip. Ramón León
Morales.»
El Presidente diputado Armando Salinas Torre:
En los términos planteados por el
proponente, obséquiese con el mismo fundamento y se excita a las comisiones de Educación
Pública y Servicios Educativos y de Gobernación y Seguridad Pública para que emitan el
dictamen correspondiente.
En virtud de que
en esta sesión ha transcurrido el plazo que dispone el Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General, proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día de
la próxima sesión.
ORDEN DEL DIA
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Segundo
Periodo Ordinario de Sesiones.— Tercer Año.— LVIII Legislatura.
Orden del día
Jueves 20 de
marzo de 2003.
Lectura del acta
de la sesión anterior.
Comunicaciones
De los congresos
de los estados de Coahuila, Jalisco y Quintana Roo.
Oficio del
Secretario Ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
Con el que
remite el informe pormenorizado sobre la operación de saneamiento financiero
correspondiente a "Bancrecer, SA, Institución de Banca Múltiple", de
conformidad con el artículo noveno transitorio de la Ley de Protección al Ahorro
Bancario. (Turno a comisión.)
Dictámenes de
primera lectura
De la Comisión
de Salud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 222 de la Ley General de Salud.
De la Comisión
de Salud, con proyecto de decreto que reforma los artículos 114, 115, 210 y 212 de la Ley
General de Salud.
Dictámenes a discusión
De la Comisión
de Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley
Federal del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal.
De la Comisión
de Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se reforman y
adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos.
De la Comisión
de Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversos artículos de la Ley de Planeación.
Y los demás
asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»
CLAUSURA
Y CITATORIO
El Presidente diputado Armando Salinas Torre (a
las 15:13 horas):
Se levanta la sesión y se cita para
la próxima que tendrá verificativo el próximo jueves 20 de marzo, a las 10:00 horas.
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