|
VOLUMEN III
CONTINUACION DE LA SESION No. 19
DEL 30 de ABRIL de 2003
MESA
DIRECTIVA
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
«Dip. Armando Salinas Torre,
Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.— Presente.
En virtud del desempeño próximo
de nuevas tareas en la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática,
al cual pertenezco, por este conducto me permito comunicarle mi renuncia definitiva a la
segunda vicepresidencia de la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados.
En tal sentido le solicito someter
a la consideración del pleno el nombramiento de la vacante que corresponde a mi fracción
parlamentaria.
Atentamente.
Palacio Legislativo, a 30 de abril
de 2003.— Dip. Eric Eber Villanueva Mukul
(rúbrica).»
El Presidente diputado Armando Salinas Torre:
De enterado.
Dé cuenta la Secretaría con el
oficio recibido por el diputado Martí Batres Guadarrama, coordinador del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.
Dip. Armando Salinas Torre,
Presidente de la Mesa Directiva.— Presente.
Por este conducto me permito
comunicarle que para cubrir la vacante de la segunda vicepresidencia de la Mesa Directiva
de esta H. Cámara de Diputados, que le corresponde a la fracción parlamentaria del PRD,
proponemos al diputado Rafael Servín Maldonado.
Por lo anterior solicito sea
sometida dicha propuesta a la votación del pleno, por tablero electrónico.
Atentamente.
Palacio Legislativo.— San
Lázaro, a 30 de abril de 2003.— Dip. Martí
Batres Guadarrama (rúbrica) coordinador.»
El Presidente diputado Armando Salinas Torre:
En razón de la propuesta del
diputado Martí Batres Guadarrama instruya la Secretaría para que abra el sistema
electrónico de votación hasta por cinco minutos, a efecto de votar si es de aprobarse la
misma.
La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista:
Hágase los avisos a que se refiere
el artículo 161del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico
hasta por cinco minutos.
(Votación.)
Se emitieron 327 votos en pro, tres
en contra y nueve abstenciones.
El Presidente diputado Armando
Salinas Torre:
En consecuencia se declara electo como segundo
vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados por 327 votos, al diputado
Rafael Servín Maldonado, a quien pedimos pase a ocupar su lugar en la Mesa Directiva.
Si me permiten, la Mesa Directiva
por conducto de su Presidente, reconoce y felicita el trabajo hecho por el diputado Eric
Eber Villanueva Mokul durante todo el tiempo en el que fungió como vicepresidente y
Presidente de la Mesa Directiva.
La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista:
Se invita a los presentes a ponerse
de pie.
El Presidente diputado Armando Salinas Torre:
Diputado Rafael Servín Maldonado,
¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar
leal y patrióticamente el cargo de vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
El diputado Rafael Servín Maldonado:
Sí, protesto.
El Presidente diputado Armando Salinas Torre:
Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande.
DON
MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA
El Presidente diputado Armando Salinas Torre:
Se ha recibido y anunciado desde el
inicio de la sesión, solicitud de los coordinadores de los grupos parlamentarios para
incorporar el proyecto de dictamen de la Comisión de Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias con proyecto de punto de acuerdo, para que la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados invite a una ceremonia solemne con motivo del CCL aniversario del natalicio
de don Miguel Hidalgo y Costilla.
Ruego a la Secretaría consulte en
votación económica si se incorpora al orden del día y se tramita en votación
económica.
La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista:
Por instrucciones de la Presidencia
se consulta a la Asamblea si se autoriza la incorporación de lo referido por la
Presidencia.
Los diputados que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la
afirmativa, señor Presidente. Se acepta.
El Presidente diputado Armando Salinas Torre:
Proceda la Secretaría a dar
lectura a los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Dictamen con proyecto de punto de
acuerdo para que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados invite a una ceremonia
solemne en el municipio de Pénjamo, Guanajuato, con motivo del CCL aniversario del
Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla.
CC. Secretarios de la Cámara de
Diputados.— Presentes.
HONORABLE ASAMBLEA:
Fue turnada a ésta Comisión de
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para su estudio y dictamen Iniciativa para que se
declare recinto oficial del Congreso General la Explanada Miguel Hidalgo, presentada el
día 20 de marzo de 2001 y suscrita por los diputados integrantes del Comité
Conmemorativo para que Organice y promueva un programa de actividades con el fin de
celebrar el CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la
Patria.
En atención a ello y de
conformidad con la fracción I del artículo 77 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 40 numeral 2 de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87 y 88 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión
presenta dictamen al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
El próximo día 8 de mayo se
conmemora el CCL aniversario del natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, insigne
mexicano iniciador del movimiento independentista de México, a quien con justeza se llama
Padre de la Patria. Hidalgo desplegó una acción de tal magnitud, que no sólo movió los
elementos reales que integraban a nuestro pueblo, sino que conjuntó los factores
simbólicos que mantuvieron encendida la llama de la libertad y la energía insurgente de
la nación hasta el alcance póstumo de la independencia nacional.
Don Miguel Hidalgo y Costilla fue
hombre de acción y hombre de ideas. A su hazaña, prologada en el curato de Dolores la
madrugada del 16 de septiembre de 1810, precedió una sólida formación intelectual en el
precoz liberalismo novohispano del siglo XVIII que profesó, enfrentando por ello las
luces de la razón al oscuro dogmatismo de la Colonia, a la intolerancia y a la represión
de la escolástica y la Inquisición, así como su militancia en las aulas universitarias
y el ejercicio de la propia rectoría de la Universidad de San Nicolás, que hoy lleva su
nombre, en la vieja Valladolid, hoy Morelia, capital del estado de Michoacán.
Don Miguel Hidalgo y Costilla fue
educador y, porque entendía la educación como un proceso liberador, fue un liberal
consagrado a la lucha por la libertad: enseñó a sus feligreses a aprender haciendo y a
ejercer la industria y las artesanías con propósitos de superación para vencer el
oprobio de la miseria y la opresión de la esclavitud. Para un espíritu libre y valiente
como el de Hidalgo, la libertad e independencia de México fueron vocación, credo y
misión.
Hidalgo puso sus ideas e ideales de
libertad al servicio de la independencia nacional, dio sentido a la acción de la
insurgencia y pasó, desde las tertulias donde se discutían y analizaban las corrientes
de la ilustración, a la conspiración y la estrategia; desde el desarrollo discursivo de
ideas, hasta la organización del Ejército Insurgente; desde el Grito de Dolores, hasta
el decreto de abolición de la esclavitud.
Ideas y acción al servicio de la
patria, la cual empezó a construir en aquel entonces los elementos imprescindibles de su
identidad. En nuestros días, como desde su muerte, Miguel Hidalgo y Costilla es un
elemento simbólico de nuestra identidad nacional y factor insustituible de unidad. Su
ejemplo creador, instaurador, precursor, de paradigma y héroe, impulsa el patriotismo
contemporáneo de los mexicanos, para quienes Miguel Hidalgo y Costilla sigue siendo el
líder de la Independencia y cuyo grito libertador nos mantiene alerta para perseverar en
la custodia de nuestra soberanía y la grandeza y justicia de la patria.
La biografía de Miguel Hidalgo se
inicia el 8 de mayo de 1753, hace dos siglos y medio, en la hacienda de Corralejo,
jurisdicción de Pénjamo, en el actual estado de Guanajuato. Su nacimiento constituye un
hito en la historia nacional. Corralejo debe ser, pues, punto de encuentro para honrar a
su benefactor y sede de una ceremonia solemne en un día tan señalado como aquél, en el
que los legisladores mexicanos podrán reafirmar, al inicio del siglo XXI, que perduran en
las convicciones, creencias y anhelos del pueblo mexicano los mismos propósitos, valores
y alientos de patriotismo, libertad, soberanía, justicia e independencia que se gestaron
a lo largo de la existencia y en la rica y vigorosa madurez, que va de mediados del siglo
XVIII al comienzo de la segunda década del XIX, de Don Miguel Hidalgo y Costilla,
libertador de México y Padre de la Patria.
Adicionalmente a ello, esta LVIII
Legislatura inició los festejos mencionados con las acciones que se detallan a
continuación:
1. El 28 de diciembre de 2000 se
presentó la Iniciativa que crea el Comité del 250 Aniversario del natalicio de Don
Miguel Hidalgo y Costilla, por el diputado Rubén García Farías del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional.
2. La Comisión de Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias dictaminó el asunto y fue aprobado por el Pleno de la Cámara
de Diputados en la Sesión del 25 de abril de 2001.
3. El 29 de enero de 2002 la Junta
de Coordinación Política suscribió el Acuerdo por el que se creó un Comité
Conmemorativo para organizar y promover un programa de actividades con el fin de celebrar
el CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria,
publicado en la Gaceta Parlamentaria el miércoles 20 de marzo de 2002.
4. El 26 de febrero de 2002 la
Junta de Coordinación Política suscribió el Acuerdo por el que se integró el Comité
Conmemorativo del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla,
publicado en la Gaceta Parlamentaria del miércoles 20 de marzo de 2002.
5. El 15 de abril de 2002 la Junta
de Coordinación Política suscribió Acuerdo relativo al funcionamiento del Comité
Conmemorativo del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla,
publicado en la Gaceta Parlamentaria del miércoles 24 de abril de 2002.
Desde entonces y de acuerdo a la
normatividad del Comité, este se ha dedicado a organizar los festejos del CCL Aniversario
del prócer de la patria Don Miguel Hidalgo y Costilla.
CONSIDERACIONES
Primera.- Que la construcción de
las instituciones requiere del refrendo día a día de los hechos y sucesos que han
moldeado al Estado mexicano para mantener vivo el sentimiento de unidad nacional y el
compromiso de entregarle a la siguiente generación, la Patria que nos fue dada a nosotros
mismos por nuestros antecesores.
Segunda.- Que Don Miguel Hidalgo y
Costilla constituye la piedra angular del México independiente y por ello es considerado
el Padre de la Patria y el Libertador de México.
Tercera.- Que las instituciones del
México moderno deben estar presentes y fomentar los eventos en los que conmemoramos
origen de nuestra identidad nacional y la soberanía de la nación.
Por lo anteriormente expuesto y
fundado, esta Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias se permite someter a
consideración del Pleno el siguiente proyecto de:
Decreto para que la Mesa Directiva de
la Cámara de Diputados invite a una ceremonia solemne en el municipio de Pénjamo,
Guanajuato con motivo del CCL aniversario del natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla.
Artículo Primero.- Se instruye a la Mesa
Directiva de esta Cámara para que invite a las juntas de coordinación política de la
Cámara de Diputados y de Senadores, a los miembros de la comisión permanente, y a los
legisladores federales en general a la ceremonia solemne en la que se celebrará el CCL
Aniversario del Natalicio del Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria, en la
explanada Miguel Hidalgo, ubicada en la antigua hacienda de Corralejo, municipio de
Pénjamo, estado de Guanajuato.
Artículo Segundo.- Para el efecto de la
convocatoria, organización y desarrollo de la ceremonia la Mesa Directiva se apoyará en
el Comité Conmemorativo para que Organice y promueva un programa de actividades con el
fin de celebrar el CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre
de la Patria.
Transitorio
Unico.- Este decreto entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 22 de abril de 2003.— Por la Comisión de Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias.— Diputados: Augusto Gómez
Villanueva (rúbrica), Presidente; Manuel
Medellín Milán (rúbrica), José Sergio
Rodolfo Vaca Betancourt Bretón (rúbrica),
Miguel Angel Martínez Cruz (rúbrica), María
Cristina Moctezuma Lule, secretarios; Eduardo
Andrade Sánchez, Manuel Garza González (rúbrica), Gustavo Nabor Ojeda Delgado, Juan Manuel Martínez
Nava (rúbrica), Rafael Rodríguez Barrera,
Jesús Alí de la Torre, Francisco Javier Chico Goerne Cobián (rúbrica), José de Jesús Hurtado Torres, José de Jesús
López Sandoval (rúbrica), Lorenso Rafael
Hernández Estrada (rúbrica), Luis Miguel
Gerónimo Barbosa Huerta (rúbrica), Ricardo
Moreno Bastida.»
El Presidente diputado Armando Salinas Torre:
En consecuencia está a su
consideración el dictamen...
No habiendo quien solicite el uso
de la palabra, consulte la Secretaría...
El diputado Rubén García Farías (desde su
curul):
Señor Presidente.
El Presidente diputado Armando Salinas Torre:
Activen el sonido en la curul del
diputado García Farías.
El diputado Rubén García Farías (desde su
curul):
Señor Presidente, le ruego sea tan
amable de concederme el uso de la palabra para apoyar el dictamen.
El Presidente diputado Armando Salinas Torre:
Tiene usted el uso de la palabra
para apoyar el dictamen, hasta por cinco minutos.
El diputado Rubén García Farías:
Gracias, señor Presidente;
compañeras y compañeros:
Yo les voy a rogar su atención a
lo que tengo que decir. Hubiera querido que esto fuera más temprano para que tuviera
mejor oportunidad ante ustedes.
Esta soberanía creó un comité
plural, un comité en que estuvo el diputado Fernando Ugalde Cardona, del Partido Acción
Nacional; el diputado Miguel Bortolini, del Partido de la Revolución Democrática; el
diputado Juan Carlos Regis Adame, del Partido del Trabajo y la diputada María Teresa
Campoy Ruy Sánchez.
Este comité plural sorprendió en
muchos lugares del trato cordial, del talento que le imprimíamos al trabajo que nos
encomendó la Cámara, para promover el homenaje nacional que merece Miguel Hidalgo a 250
años de su nacimiento.
Los cinco, cuatro y nuestra
compañera Tere Campoy, recorrimos el país. ¿Para qué? Nuestra decisión de que todos
los mexicanos y sus descendientes honraran a Miguel Hidalgo, nos llevó a Chicago, a
California, a Texas. Fue magnifica la respuesta de los mexicanos allá avecindados.
Si alguien está pensando que
pudimos haber vacacionado, les digo categóricamente que trabajamos arduamente. Hemos
promovido el homenaje en prensa, en radio, en televisión. El decreto nos obligaba a
promover sesiones solemnes en los congresos locales, en esta Cámara de Diputados y en la
de Senadores. Por eso presentamos una iniciativa con esa finalidad.
La Comisión de Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias, determina en este decreto que haya una invitación a todos los
diputados y diputadas, a los senadores, a nuestros órganos de gobierno, para que acudan a
Corralejo en Pénjamo, Guanajuato, el 8 de mayo.
¿Por qué? Nosotros consideramos,
compañeras diputadas, compañeros diputados, que su presencia en Corralejo los va a
llevar a reconocer el entorno físico donde actuó en su infancia, donde vivió Miguel
Hidalgo.
Van a entender cómo en esas aguas
regadas por el Turbio y en otra parte por el Lerma, tierras feraces para entender cómo de
ahí surge el carácter del hombre que va a hacer la Independencia de México.
Van a ver ahí desde Corralejo los
cerros donde fue escenario, el escenario de las correrías militares del padre Torres y de
uno de los primeros internacionalistas como fue Francisco Javier Mina.
En Pénjamo, van a entender cómo
Hidalgo reaccionaba ante la opresión, ante la esclavitud y ante la concentración de la
tierra. Ahí cualquiera les va a informar que había una esclava que era su compañera de
juegos infantiles y que en varias ocasiones les hizo saber a sus padres Ana María Gallaga
y a Cristóbal Hidalgo, que no era posible esa situación. En Pénjamo se lanza a su
égida luminosa que va a ser tan luminosa que va a abarcar la mente de los hombres más
esclarecidos del hemisferio.
Nosotros nos sumamos al decreto de
esta Cámara y les pido a todos a título personal y a título del comité, que hagan un
esfuerzo de entusiasmo, de coraje, de ganas, para ir a Corralejo, ahí los van a recibir
los penjamenses con los brazos abiertos, con sinceridad y con amistad.
No se trata solamente pues, de ir a
Corralejo a un viaje más, se trata de honrar al Padre de la Patria. Los gobiernos del
estado, el Gobierno de la República, están actuando ya en la preparación del homenaje.
El Poder Legislativo habrá de actuar armónicamente con Pénjamo, con Guanajuato, con
todo México.
Solamente les digo compañeros,
Presidente, leo un párrafo si me lo permite, la voz de Ignacio Ramírez “El
Nigromante”…
El Presidente diputado Armando Salinas Torre:
Pido al orador concluya, ha agotado
su tiempo; y a la Asamblea guardar la compostura debida.
El diputado Rubén García Farías:
La Asamblea está muy cansada. Le
ruego a la Asamblea que me escuchen este párrafo.
“¿De dónde venimos, a dónde
vamos? Ese es el doble problema cuya resolución buscan sin descanso los individuos y las
sociedades. Descubierto un extremo se fija el otro. El germen de ayer encierra las flores
de mañana.
Si nos encaprichamos en ser aztecas
puros, terminaremos por el triunfo de una sola raza para adornar con los crá- neos de los
otras, el templo del Marte americano. Si nos empeñamos en ser españoles, nos
precipitaremos en el abismo de la reconquista. Pero no, jamás, nosotros venimos del
pueblo de Dolores. Descendemos de Hidalgo y nacimos luchando como nuestro Padre por los
símbolos de la emancipación y como él, luchando por la santa causa, desapareceremos de
sobre la Tierra”.
¡Bienvenidos todos a Corralejo,
municipio de Pénjamo!
Gracias.
El Presidente diputado Armando Salinas Torre:
Consulte la Secretaría a la
Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
La Secretaria diputada Adela Cerezo
Bautista:
Por instrucciones de la
Presidencia, se consulta a la Asamblea si se consideran suficientemente discutidos los
puntos de acuerdo.
Los diputados que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la
afirmativa, señor Presidente. Suficientemente discutida.
El Presidente diputado Armando
Salinas Torre:
Consulte la Secretaría a la
Asamblea si es de aprobarse.
La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista:
Por instrucciones de la Presidencia
se consulta a la Asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo.
Los diputados que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la
afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Armando Salinas Torre:
Aprobada y publíquese en el Diario Oficial.
INICIATIVAS
Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO
El Presidente diputado Armando Salinas Torre:
Esta Presidencia informa que en el
transcurso de esta sesión se recibieron iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo
suscritas por diversas diputadas y diputados, las cuales, conforme al Acuerdo de la
Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, serán
turnadas en su oportunidad a la comisión competente y su texto se insertará en el Diario de los
Debates, además de que serán publicadas en la Gaceta
Parlamentaria a la brevedad.
«Secretaría de Servicios
Parlamentarios.
Asuntos turnados a la Mesa
Directiva para trámite durante la sesión del 30 de abril de 3003.
1. Proposición con punto de
acuerdo para que se haga un Plan Maestro de Reingeniería de Procesos dentro del Congreso
de la Unión, a fin de que se eficientice y profesionalice la labor legislativa; presenta
el diputado Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere y diputado José Ramón Mantilla y
González de la Llave (PAN). Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias.
2. Proposición con punto de
acuerdo sobre la reclasificación de las tarifas de Energía Eléctrica; presenta
el diputado José Manuel del Río Virgen (CDPPN). Se turna a la Comisión de
Energía.
3. Proposición con punto de
acuerdo para que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, solicite al Gobierno
Federal, se realice un censo nacional de viviendas nuevas, en construcción, por terminar
de construirse, en obra negra, que se encuentran abandonadas o baldías a fin de que a la
brevedad posible se entreguen con créditos módicos a las familias que las soliciten;
presenta el diputado José Manuel del Río Virgen (CDPPN). Se turna a la Comisión de
Vivienda.
4. Iniciativa con proyecto de
decreto que reforma los artículos 5o. y 18 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, así como el artículo 10 de la Ley que Establece las Normas Mínimas
sobre Readaptación Social de los Sentenciados; presenta el diputado Gregorio Arturo Meza
de la Rosa (PAN). Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
5. Proposición con punto de
acuerdo sobre la creación de un monopolio en gas natural de la empresa SEMPRA ENERGY, en
Baja California; presenta el diputado Amador Rodríguez Lozano (IND). Se turna a la
Comisión de Energía.
6. Proposición con punto de
acuerdo en relación con la concesión del Sistema Aeroportuario Mexicano a particulares;
presenta el diputado Javier Julián Castañeda Pomposo (PAN). Se turna a la Comisión de
Transportes.
7. Proposición con punto de
acuerdo sobre la solicitud de poseedores del Ejido Tampico, de Tijuana, Baja California,
para apremiar al Poder Judicial Federal y se dictamine de manera justa y expedita la
indemnización correspondiente a la expropiación de sus predios, en términos de la Ley
Agraria y la Ley de Expropiación; presenta el diputado Jaime Martínez Veloz (PRD). Se
turna a las comisiones de Reforma Agraria y de Justicia y Derechos Humanos.
8. Proposición con punto de
acuerdo por el que solicita se invite al Banco Mundial, al Banco Interamericano de
De-sarrollo y a las autoridades encargadas del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) a que el microcrédito reciba la suficiente prioridad en sus políticas
y programas encaminados a combatir la probeza extrema en los países que más lo
necesitan, a efecto de alcanzar las metas de la declaración del Milenio de las Naciones
Unidas; presenta el diputado Luis Fernando Sánchez Nava (PAN). Se turna a la Comisión de
Relaciones Exteriores.
9. Proposición con punto de
acuerdo sobre la tarifa eléctrica especial para los Servicios Educativos de las zonas con
clima extremo; presenta la diputada Olga Haydeé Flores Velásquez (PRI). Se turna a la
Comisión de Energía.
10. Proposición con punto de
acuerdo para que se destinen recursos del presupuesto de éste ejercicio para llevar
a cabo los estudios, evaluaciones y cotizaciones necesarias para determinar la
forma de adquisición o construcción de embarcaciones menores para Pemex, a fin de
renovar y completar su flota petrolera; suscrita por el diputado Gustavo González
Balderas (PRI) a nombre de diversos integrantes de la Comisión de Marina. Se turna a la
Comisión de Marina.
11. Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforma el artículo 12, inciso VII, de la Ley de Servicios Público
de Energía Eléctrica; presenta el diputado Zeferino Antunes Flores (PAN). Se turna a la
Comisión de Energía.
12. Proposición con punto de
acuerdo para que la Cámara de Diputados exhorte al Gobierno Federal para que en lo
inmediato, se implemente una política tarifaría preferencial para el estado de Veracruz,
que se traduzca en una reducción del 40% en los cobros de los recibos por dicho concepto;
presenta la diputada Genoveva Domínguez Ramírez (PRD). Se turna a la Comisión de
Energía.
13. Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se adiciona el artículo 322-bis al Código Civil Federal; presenta la
diputada Genoveva Domínguez Ramírez (PRD). Se turna a la Comisión de Justicia y
Derechos Humanos.
14. Proposición con punto de
acuerdo en relación a la auditoría sobre los activos de la Fundación Vamos México AC;
presenta el diputado Salvador Cosío Gaona (PRI). Se turna a la Junta de Coordinación
Política.
15. Proposición con punto de
acuerdo para solicitar información a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del
Gobierno del Distrito Federal, en relación a las solicitudes presentadas por diversas
empresas de transportación comercial aérea de pasajeros para obtener la
autorización oficial de operar rutas nacionales e internacionales desde y al el
Aeropuerto Internacional “Gustavo Díaz Ordaz” ubicado en la ciudad de Puerto
Vallarta, Jalisco; presenta el diputado Salvador Cosío Gaona (PRI). Se turna a la
Comisión de Transportes.
16. Proposición con punto de
acuerdo en relación a la deficiencia y falta de apoyo con las que opera actualmente la
Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de
Gobernación; presenta el diputado Salvador Cosío Gaona (PRI). Se turna a la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública.
17. Proposición con punto de
acuerdo para que la Cámara de Diputados intervenga en el conflicto entre Permisionarios
del Transporte Público de Pasajeros y la autoridad municipal de Tijuana, Baja California;
presenta el diputado Jaime Martínez Veloz (PRD). Se turna a la Comisión de Transportes.
18. Proposición con punto de
acuerdo sobre el otorgamiento de permisos irregulares para generación de energía
eléctrica por parte de la Comisión Reguladora de Energía; presenta la diputada María
del Rosario Tapia Medina (PRD). Se turna a la Comisión de Energía.
19. Proposición con punto de
acuerdo sobre las infracciones a la seguridad social por parte de la Comisión Federal de
Electricidad; presenta la diputada María del Rosario Tapia Medina (PRD). Se turna a la
Comisión de Trabajo y Previsión Social.
20. Proposición con punto de
acuerdo para que el Presidente de la República designe a un nuevo director del IMPI y se
realice a dicho instituto una auditoría por parte de la ASF y SECODAM; suscrita por
diputados de diversos grupos parlamentarios. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la
Auditoría Superior de la Federación.
21. Iniciativa de ley que crea el
fideicomiso que administra el Fondo de Contingencia para el Apoyo de los Ex–Braceros
del periodo 1942-1946, presentada por el diputado Eddie Varón Levy (PRI) a nombre
de integrantes de diversos grupos parlamentarios. Se turna a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público.
22. Proposición con punto de
acuerdo para solicitar al Ejecutiva Federal para que a través de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se destinen los recursos
necesarios al Instituto Nacional de la Pesca, y que a la mayor brevedad se realicen los
estudios de investigación técnico-científicos que permitan analizar la factibilidad del
aprovechamiento comercial del pez denominado “Dorado”; suscrita por integrantes
de la Comisión de Pesca. Se turna a la Comisión de Pesca.
23. Proposición con punto de
acuerdo, para solicitar al Ejecutivo Federal que se suspenda la firma, en su caso
modifique, el convenio de coordinación que establece las bases para la instrumentación
del proceso tendiente a la formulación, aprobación, expedición, ejecución, evaluación
y modificación del Programa de Ordenamiento Ecológico de la Región del Mar de
Cortés; presenta el diputado Miguel Vega Pérez (PRI) a nombre de integrantes de la
Comisión de Pesca. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
24. Proposición con punto de
acuerdo para que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, nombre una Comisión
Investigadora para revisar el trabajo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
dependiente de la Secretaría de Economía; presenta el diputado Rubén Aguirre Ponce
(PRD). Se turna a la Junta de Coordinación Política.
25. Proposición con punto de
acuerdo para exhortar al Gobierno de la Ciudad de México y en especial a las autoridades
de la delegación Cuauhtémoc, a que se retire de la vía pública a los comerciantes
ambulantes, quienes aunque legítimamente se están ganando la vida, impiden el acceso al
recinto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; presenta el diputado José Manuel
del Río Virgen (CDPPN). Se turna a la Comisión del Distrito Federal.
26. Iniciativa con proyecto
de decreto por el que se expide la Ley para la Inscripción de Vehículos Automotores del
Servicio Público de Transporte y Carga de Procedencia Extranjera; presenta el diputado
Reyes Antonio Silva Beltrán (PRI). Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento
Industrial.
27. Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforma el artículo 387 del Código Penal Federal; presenta el
diputado José Tomás Lozano y Pardinas (PAN) a nombre de integrantes de la Comisión de
Pesca. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
28. Proposición con punto de
acuerdo para exhortar a todas las estaciones de Radio y Televisión a favor de los niños,
promovido por UNICEF; presenta el diputado Gumercindo Alvarez Sotelo (PAN). Se turna a la
Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
29. Proposición con punto de
acuerdo para que en los Programas de Estudio de Medicina se incorpore la Materia de
Geriatría y la Gerontología a las disciplinas de las Areas de Humanidades y Ciencias
Sociales; presenta el diputado Gumercindo Alvarez Sotelo (PAN). Se turna a la Comisión de
Educación Pública y Servicios Educativos.
30. Proposición con punto de
acuerdo para solicitar que se asignen Recursos en el Presupuesto de Egresos de 2004 al
tramo carretero Choix-San Rafael, que unirá los estados de Chihuahua y Sinaloa; presenta
el diputado Rubén Félix Hays (PRI). Se turna a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública.
31. Proposición con punto de
acuerdo para que se declare a la Mariposa Monarca, Patrimonio de la Humanidad; presenta la
diputada María Cruz Martínez Colín (PAN). Se turna a la Comisión de Medio
Ambiente y Recursos Naturales.
32. Proposición con punto de
acuerdo para que los diputados de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión donen 10
libros a las bibliotecas públicas del país; presenta el diputado Gregorio Arturo Meza de
la Rosa (PAN). Se turna a la Comisión de Cultura.
33. Proposición con punto de
acuerdo para solicitar que en el marco de nuevo del federalismo, que de los recursos
adicionales que por venta de petróleo recibe el Gobierno Federal, se asigne un
porcentaje al sector Salud en el estado de Oaxaca; presenta el diputado Jaime Mendoza
Ferra (PRI). Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
34. Proposición con punto de
acuerdo para exhortar a la Secretaría de Economía y a las legislaturas de los estados
para emitir el marco jurídico que regule la actividad de las llamadas “Casas de
Empeño”; presenta la diputada María Teresa Tapia Bahena (PAN). Se turna a la
Comisión de Comercio y Fomento Industrial.
35. Proposición con punto de
acuerdo para que los gobiernos de los estados de Tlaxcala y Puebla en coordinación con
las autoridades federales y los artesanos que producen la talavera en ambos estados,
firmen como lo señala las disposiciones legales vigentes los convenios de inclusión al
área geográfica y denominación de origen de la artesanía de talavera del municipio de
San Pablo del Monte, Tlaxcala; presenta el diputado Juan de la Cruz Alberto Cano Cortezano
(PAN). Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.
36. Proposición con punto de
acuerdo por el que se invita a los congresos de las entidades federativas, a considerar la
convivencia de la creación de una comisión encargada de entender los asuntos de la
familia; presenta el diputado Francisco Luis Treviño Cabello (PAN). Se turna a la
Comisión de Equidad y Género.
37. Proposición con punto de
acuerdo para exhortar a las autoridades de los ámbitos de Gobierno Federal, Estatal y
Municipal y a las organizaciones de la Sociedad Civil para que fortalezcan las acciones
para permitir a los niños huérfanos, abandonados y víctimas de violencia intrafamiliar
intregrarse lo más rápido posible a un hogar seguro a través de la adopción plena;
presenta el diputado Miguel Angel Mantilla Martínez (PAN). Se turna a la Comisión
de Atención a Grupos Vulnerables.»
Las iniciativas y proposiciones con
punto de acuerdo suscritas por diversos diputadas y diputados, cuya relación antecede
este trámite, de conformidad al Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y
Programación de los Trabajos Legislativos. Serán turnadas a la comisión competente, su
texto se insertará en el Diario de los Debates y se publicará en la Gaceta
Parlamentaria.
Salón de sesiones de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Palacio Legislativo.— Distrito
Federal, a 30 de abril de 2003.— Diputada Adela
Cerezo Bautista, secretaria.»
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara
de Diputados.
Proposición con punto de acuerdo,
para que se haga un plan maestro de reingeniería de procesos dentro del Congreso de la
Unión, a fin de hacer eficiente y profesionalice la labor legislativa.
Honorable Asamblea:
Los CC. diputados federales Diego
Alonso Hinojosa Aguerrevere y José Ramón Mantilla y González de la Llave, integrantes
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 39
y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 65,
70 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara la siguiente
proposición con punto de acuerdo para que se haga un “plan maestro de reingeniería
de procesos dentro del Congreso de la Unión, a fin de que se eficientice y profesionalice
la labor legislativa”.
Exposición
de Motivos
La pluralidad del Congreso de la
Unión, reflejada en la composición actual de la honorable Cámara de Diputados y la de
Senadores, no es otra cosa sino la manifestación más clara de que los distintos sectores
de la sociedad cuentan con sus representantes en la más alta tribuna de la nación.
Así, las voces de México
convergen en la figura de los diversos legisladores de las distintas fracciones
parlamentarias.
Nosotros tenemos la obligación de
hacer llegar los reclamos y demandas de la población para que después de escuchar todas
y cada una de ellas, se tome la decisión que mejor convenga a México y a los mexicanos.
En este sentido, el pueblo de
México ha sufrido y ha sido el testigo de la reconversión, pero también del deterioro
de algunas de las instituciones públicas más importantes para la vida política de
nuestro país, en este marco se puede mencionar incluso a los Poderes Legislativo,
Ejecutivo y Judicial, en efecto los tres Poderes de la Unión, razón por la cual es
urgente entrar a la reflexión política de las razones que han generado este escenario
que es percibido por los ciudadanos.
Es tiempo de que todos los partidos
políticos, el sector académico y de investigación, el sector social y empresarial se
corresponsabilicen para que cada instancia o nivel de gobierno, sea analizada
responsablemente, a efecto de propiciar la crítica sana y propositiva a nuestros
gobernantes, y con ello un México moderno y eficiente, pero al mismo tiempo con un amplio
sentido social.
Es por ello que esta soberanía,
reiteramos, no puede ser ajena a las críticas, propuestas y demandas que emanen del
pueblo, menos tratándose del Poder Legislativo federal, icono de la soberanía de todo
mexicano.
En este contexto es que, como
representantes de los ciudadanos, debemos de preocuparnos por seguir haciendo leyes y
estar atentos a los reclamos populares, sin que esto, estimados colegas, signifique seguir
haciendo lo mismo que las anteriores Legislaturas, que sin pretender siquiera calificar su
accionar, se desenvolvieron conforme a su “tiempo” y su
“circunstancia”, que son los dos elementos más importantes que en nuestro
quehacer perfilan las decisiones y las políticas de Estado, es por ello que sin ser una
reforma estructural, pedimos a esta H. asamblea que nos demos a la tarea de reformar
integralmente la organización de esta Cámara en sus procesos administrativos, no
legales.
En este sentido, nosotros, como
legisladores, hemos percibido que específicamente la Cámara de Diputados está sumida en
diversas inercias del pasado que valdría la pena estudiar y analizar para tratar de
identificar cuáles de esas inercias se convierten ciertamente en “sinergias” y
así redoblar esfuerzos y mantenerlas, pero también debemos identificar aquellas
prácticas que sean un lastre para desecharlas del quehacer parlamentario.
Actualmente la honorable Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión está integrada por un secretario general y dos
secretarios, uno de Servicios Parlamentarios y otro de Servicios Administrativos y
Financieros; una Coordinación de Comunicación Social y la Unidad de Capacitación y
Formación Permanente, que a su vez están integrados por más de 16 direcciones generales
y un sinfín más de funcionarios que laboran en esta Cámara, sin que a ciencia cierta se
conozca si su esfuerzo es bien empleado o no por este Poder Legislativo, a los que
trabajan cada día por México, un reconocimiento.
Es por todos conocido que existen
datos que señalan que al pueblo de México, los diputados le cuestan diariamente más de
ocho millones de pesos, es decir que anualmente la Cámara baja está erogando más de
3,200 millones de pesos.
Se dice también que, en promedio y
considerando al personal sindicalizado, por cada diputado, al menos en papel, existen 7
personas trabajando, aunque en la realidad algunos compañeros no tengan más allá de un
solo colaborador.
Es evidente que, aunado a estas
cifras y a estos hechos, ciertamente preocupantes y, por qué no, censurables, el
deterioro de las instalaciones de la casa del pueblo, de la Cámara de Diputados, está
hoy por hoy en su más alto nivel; no existe, por ejemplo, un lugar digno para realizar
los honores a nuestra insignia nacional, no existe un entorno o espacios agradables para
la convivencia del personal, la desorganización se observa en el contraste de las
oficinas que albergan algunos compañeros, algunas con dimensiones poco vistas y otras tan
reducidas que sólo pueden laborar una o dos personas.
A continuación nos permitimos
citar algunas anomalías detectadas, que varían de diputado a diputado y de comisión en
comisión y que podrían resumirse en los siguientes puntos:
La hora de entrada señalada por la
práctica parlamentaria es a las 10:00 horas, con un descanso de 3 a 4 horas para la
comida y la salida es de las 21:00 a las 22:00 horas, lo que suma jornadas de más de 12
horas para algunos profesionistas, mismas que están prohibidas por las leyes laborales,
en tal virtud es necesario reajustar los horarios a las nuevas prácticas y necesidades de
esta Cámara.
• No existe una equivalencia
en rango para los asesores y secretarios técnicos, lo cual incide en salarios bajos y
poco atractivos.
• No existe la figura del
coordinador general de asesores en las comisiones.
• La contratación de personal
sin prestaciones y sin la protección del servicio médico que atienda al profesionista o
a su familia.
• La inexistencia de un
programa de mejora continua y la falta de respeto al servicio civil de carrera que, como
se observó, en la Legislatura anterior se pretendió establecer, pero que sólo quedó,
como siempre, en el anuncio político, sin olvidar las diversas demandas laborales que se
interponen al término de cada Legislatura, en donde se observa el tradicional relevo de
secretarios técnicos y asesores, los cuales terminan por demandar su despido
injustificado, puesto que la relación laboral subordinada queda más que probada.
• Es de todos conocido que
existen personas que gozan de un sueldo sin realizar ninguna actividad legislativa y sólo
aparecen el día de cobro de la quincena o al mes; y por otro lado tenemos a muchos
trabajadores responsables y cumplidos que no pueden gozar de un sueldo digno que les
permita sufragar las más elementales necesidades de su familia, por que la Cámara debe
de mantener en nómina el porcentaje señalado.
El grupo parlamentario de Acción
Nacional propone que a esos trabajadores que están gozando de una percepción económica
sin merecerlo se les invite a un programa de evaluación técnica y se les capacite para
que dentro de un término que esta propia Cámara acuerde, se pongan a prueba, y si no
tienen la capacidad para desempeñar el trabajo o comisión, se les indemnice conforme a
la ley.
• En otro orden de ideas,
existe una alta demanda de guarderías infantiles en la Cámara para las madres solteras
que debe ser atendida, falta de estacionamiento tanto para personal como para visitantes
nacionales y extranjeros, medios de comunicación; falta de accesos e instalaciones para
los incapacitados; pero, lo más importante, la falta de áreas de atención a ciudadanos
y organizaciones sociales en donde existan baños e instalaciones que garanticen la
higiene y salubridad de mujeres y niños.
Lo urgente
• Es imperativo que esta
Cámara regularice la planta de profesionistas que laboran en la misma y se les otorguen
las prestaciones que demanda la ley; pero no sólo ello, se deben prever estímulos e
igualar los sueldos de los asesores y secretarios técnicos con el personal de la Cámara.
• Resulta impostergable la
construcción de mayores salones de discusión para las comisiones legislativas, ya que
actualmente la difusión de nuestra labor, foros y estudio de dictámenes, se hacen en
salones rentados en hoteles o simplemente en los salones del conocido restaurante Los
Cristales, en donde, además de no contar con las instalaciones necesarias, no existe
espacio para los medios de comunicación.
• Por otro lado, y a partir de
la revolución tecnológica de que somos objeto, es importante realizar innovaciones en el
trabajo y actividades legislativas, por lo que proponemos que las iniciativas y puntos de
acuerdo se elaboren en un programa electrónico de la Cámara de Diputados, de modo que
permita a los legisladores y al personal técnico de Cámara tener acceso inmediato a
todos los documentos que sean turnados a las comisiones; de igual forma, la sociedad en
general podría estudiar, analizar y rendir su opinión de manera abierta y permanente, lo
cual sin duda aportará enriquecimiento a los proyectos parlamentarios que se presenten en
el corto plazo.
Y, antes de continuar, hacemos un
paréntesis para invitarlos a que consulten el portal en Internet de la Comisión de
Comercio y Fomento Industrial bajo la dirección electrónica
www.cddhcu.gob.mx/comisiones/comercio, donde la difusión de nuestra labor y
participación ciudadana es una realidad y claro ejemplo de que si se suman esfuerzos
podríamos dignificar aún más la imagen de esta honorable Cámara de Diputados, con una
reorganización laboral, técnica y administrativa en esta Cámara.
• Retomando la exposición, la
elaboración de oficios y faxes podría incorporarse a la sistematización electrónica,
permitiendo: primero, un archivo ordenado de todas las comunicaciones, notificaciones,
requerimientos de información y respuestas de los diputados o las comisiones; segundo,
evitar la creación de archivos muertos que ocupan espacios día con día en este recinto,
y tercero, ahorraremos recursos públicos, ya que se reducirá sustancialmente la
utilización de papel y todo aquel material de oficina.
Esto redundará, muy seguramente,
en la agilización de los trabajos de la Cámara y servirá de mecanismo que inhiba la
congeladora legislativa, ya que al transparentar nuestra actividad y hacerla más
accesible fomentaremos la participación ciudadana.
• Haremos hincapié en este
punto, ya que es importante señalar que existen comisiones, como la de Hacienda y
Crédito Público, contraparte de la Secretaría del mismo nombre, donde laboran alrededor
de 50 mil empleados, y la Comisión cuenta con sólo 3 profesionistas, que deben conocer
todos los rubros y áreas que la totalidad de la dependencia conoce con motivo de su
actividad, pero con un factor más en su perjuicio, que la actividad de dictaminación se
hace en unos cuantos días y no en meses como lo tiene el Ejecutivo.
Finalmente, este punto de acuerdo
sólo persigue reconocer una triste realidad en la que se ha venido situando a la Cámara
de Diputados, para que una vez identificadas las causas de esta situación se analice y se
realice un programa maestro de reingeniería de procesos dentro de la Cámara de
Diputados, que persiga la real y verdadera profesionalización de los servidores
públicos, la eficientización de los procesos legislativos, la instrumentación de
políticas que tiendan a la optimización de los recursos públicos, la remodelación de
las instalaciones, la permanente evaluación de todas las áreas para la mejora continua y
conocer públicamente y en forma por demás transparente el entorno de esta Cámara de
Diputados.
Por lo antes expuesto, proponemos a
esta soberanía que, dado que este Congreso está recuperando su verdadera función de
Poder de la Unión, donde se discutan, analicen y hagan leyes, se refuercen los cuadros
técnicos, bajo el siguiente
Punto
de Acuerdo
Primero: Que la Secretaría General de la
honorable Cámara de Diputados se aboque a identificar el estado general en el que se
encuentra la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y realice un programa
maestro de reingeniería de procesos que persiga la real y verdadera profesionalización
de los servidores públicos y la eficientización de los procesos legislativos.
Segundo: Se instrumente una política que tienda a
la optimización de los recursos públicos y a la permanente evaluación de todas las
áreas para la mejora continua.
Tercero: La consideración por parte de las
autoridades de la construcción de salones de discusión, así como el equipamiento
óptimo de los mismos.
Cuarto: Proponemos que todas las comisiones y
comités, sin excepción, de esta Cámara tengan una página de Internet en la que
aparezcan todas las iniciativas y puntos de acuerdo y su respectivo dictamen, en la que
señalen todos los datos de los proyectos legislativos que les son asignados a fin de que
se informe los 365 días del año, las 24 horas del día, qué se está haciendo respecto
a cada iniciativa o punto de acuerdo que les sean turnados por la Mesa Directiva de esta
Cámara.
Quinto: Que se revise la conformación, la
estructura administrativa, el espacio de oficinas de las comisiones ordinarias que
conforme a las estadísticas de esta Cámara sean las más demandadas, ya sea por su
importancia y trascendencia cotidianas como por la materia técnica que tienen a su cargo,
con el objeto de que se les dote del personal necesario y el presupuesto suficiente para
desahogar sus dictámenes y estudios correspondientes, creando para tal efecto la figura
del coordinador general de asesores de una comisión, el cual proponemos que sea designado
por el presidente de cada comisión, a efecto de que se aboque al análisis y estudio de
los temas que le sean turnados a la comisión, ello sin perjuicio de que siga el
secretario técnico de la comisión, quien deberá seguir ocupándose de las cuestiones
administrativas y logísticas de los miembros de la comisión, solicitando además que el
secretario técnico dependa directamente de la Secretaría General de la Cámara de
Diputados.
Sexto: Se regularice la planta de asesores y
secretarios técnicos conforme a la ley, dándoles las prestaciones y sueldos que su
actividad demanda; necesitamos que los mejores abogados, economistas, actuarios,
biólogos, médicos sean nuestros asesores; de su labor depende en gran medida la calidad
de nuestro trabajo.
Un merecido reconocimiento a su
labor.
Dado en el Palacio Legislativo de
San Lázaro, a 30 de abril de 2003.— Diputados: Diego
Alonso Hinojosa Aguerrevere, José Ramón Mantilla y González de la Llave (rúbricas).»
Se turna a la Comisión de Reglamentos
y Prácticas Parlamentarias.
«Con
su permiso señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Los veracruzanos organizados en la
Coalición Regional de Resistencia Civil por la Reclasificación de las Tarifas de la
Energía Eléctrica están conscientes de que, unidos y demandando sus derechos, podrán
lograr la reclasificación de las tarifas de la energía eléctrica, entre otros puntos
importantes, así como el pago debido y no excesivo de ésta.
Su movimiento nace como una
necesidad ciudadana de buscar los canales adecuados para solucionar el cobro excesivo de
luz y lograr la reclasificación de los costos de ésta, por no estar en condiciones
reales de pagar las actuales cantidades y en virtud de que los usuarios son en su mayoría
gente que vive en pobreza extrema.
Los coalicionistas se han
organizado y demandado mediante diversas movilizaciones la atención urgente de este grave
problema, que afecta a los 45 mil 314 usuarios-coalicionistas que participan en el
movimiento y que representan de alguna forma u otra los intereses de la sociedad pobre de
Veracruz.
Respecto al consumo de luz,
demandan el respeto de los usuarios de energía eléctrica en resistencia civil, a fin de
que el problema se dirima en una mesa de diálogo que sea instalada con la mayor brevedad
en la zona de afectación y con la presencia personal del director general de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE).
Proponen la reclasificación de la
tarifa de energía eléctrica con tarifa 1-f preferencial a 0.10 centavos kw/h, sin que
medien aspectos climáticos de la región; más bien, que se basen en las condiciones
socioeconómicas tan lamentables y extremas existentes en Veracruz, estado que además es
productor de petróleo y de energías hidroeléctrica e -incluso- nuclear.
Desean que se condone la deuda de
los usuarios en resistencia civil por el tiempo que dure el conflicto, así como que se
revisen los medidores, pues las cantidades que llegan en cada recibo son exageradas.
Que se elimine la tarifa 02
comercial a los pequeños comercios (changarros) en todos los municipios de Veracruz y que
se les cobre la tarifa domiciliaria propuesta anteriormente, también sin límites.
Que se consideren descuentos de 20
por ciento a grupos vulnerables en el estado, además de que se implante un método
confiable que garantice la efectividad de los medidores.
Por ello proponen colocar un sello
que garantice la inviolabilidad de los aparatos de medición; además, que el usuario
tenga acceso a la verificación e instalación del sello.
Que los próximos encuentros entre
la CFE y las autoridades federales se lleven a cabo con la participación directa de los
representantes de los comités de resistencia civil, en su calidad de peticionarios.
Lo planteado por los coalicionistas
resulta de los acuerdos tomados en la última reunión que la coalición regional
realizó, el 22 de marzo de 2003, en el municipio de Tatahuicapan de Juárez, con la
presencia de los grupos representativos de los usuarios inconformes, quienes acordaron
además, ante la indignación que priva por los altos costos y la falta de
reclasificación de las tarifas eléctricas, asumir una postura más activa, traducida en
la manifestación física de todos los afectados en la carretera Transístmica
(desviación San Pedro Soteapan) para el 31 de marzo, a partir de las 6 a.m., hasta el 1
de abril, a la misma hora.
No omito decir que la lucha que
emprenden es resultado de una movilización apolítica y plural, que sólo busca encontrar
soluciones de las violaciones de los derechos ciudadanos.
México, DF, a 30 de abril de
2003— Dip. José Manuel del Río Virgen
(rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Energía.
«Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El artículo 4º constitucional
reconoce el derecho de todo mexicano a obtener una vivienda digna y disfrutar de ésta,
estableciendo los mecanismos para acceder a ella.
La vivienda es el espacio por
excelencia de crecimiento social, donde la célula familiar convive, se recrea, y programa
y establece su propio destino en la vida y, por tanto, el del país. Sin embargo, muchas
familias viven en verdaderas zonas de hacinamiento, aun si son trabajadores del Estado o
tienen alguna prestación social, por falta de casa propia, con lo que este derecho sigue
siendo mera declaración dogmática.
En algunos casos, las viviendas no
se han construido, pero en otros existen y se encuentran abandonadas, ya sea construidas
por el Estado o por la iniciativa privada. Los trabajadores no pueden comprarlas
precisamente porque no les son ofrecidas, por trámites burocráticos o por su alto costo;
tales casas representan además lugares de peligros inimaginables para la sociedad.
En una de esas casas abandonadas de
la ciudad de Xalapa, Veracruz, en la colonia Lucas Martín, en marzo del año pasado, una
menor de edad fue deshonrada y asesinada por una pandilla juvenil. Las viviendas siguen
sin tapiar, y no se sabe quién es el propietario.
En ese tenor, 70 por ciento de los
derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores no
es sujeto de crédito porque recibe menos de tres salarios mínimos o el Programa de
Vivienda del Gobierno Federal 2000-2006 no habla, por ejemplo, de dar facilidades a las
comunidades para que ellas mismas construyan sus viviendas, además de que el gobierno
apenas si dedica 2 por ciento de sus fondos a la mejora de la vivienda -precaria- que
construye la población en situación de pobreza.
Se pretende por tanto que las
viviendas de interés social construidas por el Estado o por particulares que se
encuentren baldías sean reasignadas a quien realmente las necesita, incluidos los cuerpos
de seguridad pública, que muchas veces no cuentan con esa prestación.
Se trata además de acabar con
influyentismos, que provocaron en el pasado reciente la entrega de viviendas a quienes no
las necesitaban, lo cual ocasionó que departamentos o casas de muchas unidades
habitaciones estén sin habitar.
Por otra parte, las viviendas
construidas por empresas privadas y que se encuentran también abandonadas, nido de
maleantes, deben ser vendidas con la mayor brevedad mediante el concurso y la supervisión
estatales para evitar actos de cobros indebidos, clásicos en muchas empresas
particulares.
Punto
de Acuerdo
Unico. Que la Cámara de Diputados del Congreso de
la Unión solicite del Gobierno Federal un censo nacional de viviendas nuevas, en
construcción, por terminar de construir, en obra negra, abandonadas o baldías, a fin de
que con la mayor brevedad puedan entregarse mediante créditos módicos a las familias que
las soliciten.
Asimismo, que las viviendas
construidas por empresas privadas y que se encuentran abandonadas sean vendidas con la
mayor brevedad mediante el concurso y la supervisión estatales para evitar actos de
cobros indebidos, clásicos en muchas empresas particulares.
México, DF, a 30 de abril de
2003.— Dip. José Manuel del Río Virgen (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Vivienda.
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.
Con fundamento en lo dispuesto en
la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política y en el artículo 55,
fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional somete a la
consideración de esta soberanía iniciativa de decreto que reforma el tercer párrafo del
artículo 5º y el segundo párrafo del artículo 18 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como el primer párrafo del artículo 10 de la Ley que
Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de los Sentenciados.
Exposición
de Motivos
El grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional considera, de acuerdo con su congruencia histórica, que el sistema
penitenciario en México es un problema que debemos corregir de fondo.
Es evidente que, pese a los loables
esfuerzos realizados por estudiosos, autoridades y organismos no gubernamentales de
protección de los derechos humanos de los internos, así como a la edificación de
importantes centros penitenciarios, hoy nuestra legislación resulta anacrónica, los
conceptos y principios inapropiados y la realidad de nuestro derecho penitenciario
preocupante, por lo que debemos asumir con resolución el reto de dignificar la vida en
reclusión, combatiendo la corrupción, la inseguridad jurídica y la falta de justicia
imperantes en el sistema penitenciario mexicano.
El desarrollo constante de la
cultura de los derechos humanos se ha venido presentando en nuestra sociedad y hay la
necesidad de encuadrarlos de manera precisa en el marco constitucional para construir así
el verdadero Estado de derecho a que todos aspiramos, armonizando las políticas de
seguridad pública con los derechos de las víctimas y los derechos de los procesados y
sentenciados penalmente; por lo mismo, en este contexto propugnamos un derecho penal
mínimo. Por tanto, la iniciativa que se presenta atiende a la difícil situación en que
se encuentra actualmente el sistema penitenciario mexicano.
Desde la perspectiva del Partido
Acción Nacional, el ser humano posee inteligencia y voluntad libre, con responsabilidad
sobre sus acciones y con derechos universales, inviolables e inalienables, a los que
corresponden obligaciones inherentes a su naturaleza humana.
Por su dignidad, todos los hombres
son iguales por naturaleza y, por lo mismo, no deben ser reducidos a la categoría de mero
instrumento de personas, grupos o instituciones privados o públicos, con menoscabo de su
destino.
La gran disyuntiva en este tema
deriva del concepto pena que tenemos en el derecho patrio, ya superado en el plano
internacional, tanto en legislación como en doctrina, y el problema es básicamente de
interpretación del concepto readaptación, que se aprecia desde una concepción que
tiende a su reeducación, término por demás evocador de corrientes como la de
criminología clínica, inspirarla en proyectos de tipo pedagógico y resocializante.
Esas concepciones han repercutido,
en el caso de México, en la aplicación de una pena desigual, atípica e incierta y en la
consiguiente disolución de las garantías de la sanción penal.
En este contexto, se condiciona la
privación de la libertad, que debería ser una sanción típica, predeterminada por la
ley, con presupuestos de hecho y comprobados judicialmente, a designios discrecionales
basados en la “observación científica de la personalidad” del procesado o
sentenciado, donde se incluyen por desgracia programas por demás subjetivos, en los que
se analiza la peligrosidad, la inadaptación social del sujeto y su personalidad, que en
muchas ocasiones es calificada como “desviaciones o disfunciones
físico-psíquicas”, con lo que -desde luego- la pena pierde su carácter de
retribución igualitaria para convertirse en un “tratamiento” diferenciado,
subjetivo e injusto.
Con la presente reforma se busca
que el personal penitenciario atienda concreta y exclusivamente la seguridad en las
prisiones y proporcione los servicios culturales, educativos y laborales, que deberán ser
obligatorios. En especial, debe atender el aspecto laboral que, además, deberá ser
pagado justamente, llevando a cabo de manera permanente actividades que combatan al ocio
en que se encuentran hoy los pobladores de los centros penitenciarios.
La ley se ocupa de sancionar
exclusivamente la conducta externa del ser humano y nunca la interna, mucho menos de
modificar su personalidad o forma de ser. Ahora bien, si esta conducta negativa se
exterioriza y daña a terceros o a la sociedad, el Estado debe limitarse a sancionar con
estricta sujeción a la ley penal y no proponerse como fin que el interno salga convertido
en un ciudadano modelo, como fantasiosamente pretenden los sistemas readaptadores.
Situados en la realidad, se buscará que no se pervierta aún más al prisionero durante
su estancia privado de la libertad y en convivencia con otros internos.
No existe ninguna prisión en el
mundo donde pueda afirmarse que se “readapta” o “resocializa” o
“rehabilita” a los internos, ya que está probado ampliamente que la prisión no
readapta. Esto se debe a que la premisa o el principio fundamental de que se parte es
falso, se descalifica al ser humano sentenciado, marcándolo con un calificativo
denigrante, reduciéndolo de esta manera a mero objeto de estudio, deshumanizando su
intrínseca naturaleza y privándolo de toda seguridad jurídica y certeza del plazo para
el cumplimiento de la pena.
La recomendación 47/96 de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala: “El calificativo de alta
peligrosidad empleado por el director general de Prevención y Readaptación Social del
Estado respecto de los internos trasladados nulifica la presunción de inocencia y se
traduce en una sanción que se agrega a la impuesta legítimamente a esos internos por un
hecho considerado delito. Estigmatizar a un recluso como “peligroso” contraviene
la prohibición del artículo 22 constitucional para imponer penas infamantes. El empleo
del concepto peligrosidad para calificar a los internos es discriminatorio y
estigmatizador, además de ineficaz.
“Por lo que toca a los
criterios para la “clasificación” de la población penitenciaria, este
organismo nacional ha sostenido que la valoración de la personalidad para fines de
clasificación tiene repercusiones jurídicas que violentan el derecho de acto. En
consecuencia, la ejecución de una pena sólo puede basarse en la conducta del interno y
no en lo que se dice que éste es. Debe tenerse presente que la validez y la confiabilidad
de las categorías criminológicas y de los instrumentos utilizados para medirlas son
relativas y limitan su valor diagnóstico y su poder predictivo en relación con los
propósitos para los que se utilizan.
“En razón de ello, trasladar
a los internos a distintos centros de reclusión sobre la base de criterios inadecuados y
subjetivos acerca de su personalidad no contribuye a la seguridad de reclusos, personal y
visitantes de la institución, que se plantea como uno de los fines de estas medidas.
“Por los motivos expuestos,
esta Comisión Nacional no concuerda con la idea de que se siga utilizando el criterio de
peligrosidad para trasladar a las personas o para cualquier otro fin. Cuando un recluso
muestra conductas agresivas, la autoridad debe aplicar las medidas conducentes, para lo
cual no es necesario declararlo peligroso.”
Por otra parte, que la autoridad
administrativa determine un “índice de peligrosidad” a un interno a quien el
juez sancionó previamente equivale a que se le juzgue en dos ocasiones por un mismo hecho
delictivo, lo cual es contrario al principio non bis in idem, recogido en el artículo 23
de nuestra Carta Magna.
Observamos en esa valiosa
recomendación no sólo lo inconstitucional del sistema de supuesta readaptación, sino la
reiteración que la doctrina moderna señala en el sentido de que en la fase
administrativa no cabe ninguna nueva ponderación en el acto ya evaluado y juzgado,
tampoco sobre apreciaciones de la persona.
Otro principio fundamental es
establecer una simetría o paralelismo, en lo posible, en el marco del respeto de los
derechos humanos, entre la vida en reclusión y la vida en sociedad; es decir, los
servicios prestados por el Estado a los reclusos deben ser similares entre la gente que
goza de su libertad, así como para quien se encuentra en prisión.
Consideramos que debe existir la
obligación del interno de trabajar durante su reclusión con múltiples finalidades: por
un lado, crearse el hábito de trabajar de manera honrada, que es en definitiva un factor
real y objetivamente verificable y propiciatorio de un positivo cambio y un más ventajoso
regreso a la libertad. Por otro lado, si se colabora en la autosuficiencia económica de
los centros de reclusión, se estará en condiciones de reparar el daño causado a la
víctima o a sus familiares y, finalmente, de proporcionar el sustento que requieran su
esposa e hijos.
Respecto a la problemática de la
readaptación, el doctor Miguel Sarre Iguiñiz señala en Temas penitenciarios y derechos
humanos: “... con motivo de la reforma penal de 1984, quedó establecido el principio
de culpabilidad como base de la individualización judicial de la pena”. Ese
principio fue reiterado y perfeccionado en la reforma de enero de 1994, de manera que
“los jueces están obligados a valorar únicamente la conducta típica especificada
en un tipo penal, además de ciertas condiciones objetivas del encausado, de tal forma que
la individualización jurisdiccional se atenga sólo al principio de derecho penal de
acto. Las evaluaciones de la personalidad para efectos de la aplicación de beneficios de
ley -individualización ejecutiva- deben, en consecuencia, ser suprimidas de la
normatividad que regula esta etapa del procedimiento penal, ya que de lo contrario se
vulnera el principio de presunción de normalidad de la persona sentenciada, el cual es
indispensable para respetar el derecho a la seguridad jurídica en la ejecución de la
sanción penal. De igual manera, se violentan las garantías de igualdad y de
legalidad”.
Otro aspecto medular es el trabajo
que, como obligación, proporcionará mayor igualdad en el cumplimiento de las penas, ya
que por cada dos días de trabajo será condonado un día de pena al interno. Los internos
que físicamente se encuentren impedidos para trabajar realizarán estudios o actividades
culturales de que se desprenda igual beneficio.
Es evidente que combatir el ocio
creando el hábito de trabajar en los centros penitenciarios y fuera de ellos repercute en
mejores condiciones de vida y, en especial, en el medio penitenciario tendrá beneficios
de mejor convivencia e incluso se combate así el problema de la sobrepoblación, por
acortarse irremediablemente las sentencias, en el esquema del derecho penal mínimo.
El penitenciarismo mexicano busca
el equilibrio entre la seguridad y la protección de los derechos humanos de los
encarcelados, concepto que comprende no sólo la garantía de su integridad física y
mental, sino también el aseguramiento de mejores condiciones de cumplimiento de la pena
en un marco de legalidad y solidaridad; verbigracia: equipamiento, alimentación, salud,
educación, trabajo, clasificación e individualización.
En menos de 10 años transitamos
del causalismo al finalismo y del finalismo de nuevo a un causalismo sui géneris,
originando -entre otras cosas- el incremento de las penas y la sobrepoblación
penitenciaria.
El sobrecupo carcelario, provocado
entre otras causas por el exceso del empleo de la prisión preventiva, el rezago judicial
y la insuficiencia de vacantes, afecta las condiciones en que los servidores públicos
deben ejercer su labor profesional, en perjuicio del encarcelado y de funciones básicas
como la higiene, la alimentación, la seguridad, la integridad física, el trabajo y la
recreación.
Las más de 400 prisiones
existentes en el territorio nacional exigen atención inmediata, requieren que los
inmuebles obsoletos que continúan funcionando como prisiones sean sustituidos por
edificios capaces de dar trabajo y alojamiento digno a los internos.
Lograr la readaptación social de
sentenciados y que el individuo sea útil a la sociedad en que vive es una realidad que
demandan las más de 170,000 personas privadas de la libertad en la República Mexicana.
Con esta nueva visión, es
necesario cambiar la concepción de los centros de reclusión para convertirlos en centros
de trabajo, educación y deporte, combatir la corrupción en todas sus formas y mejorar
las instalaciones.
Decreto que reforma el tercer
párrafo del artículo 5º y el segundo párrafo del artículo 18 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el primer párrafo del artículo 10
de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de los
Sentenciados.
Artículo Primero. Se reforma el tercer párrafo
del artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para
quedar como sigue:
Artículo 5.
Párrafo tercero:
Nadie podrá ser obligado a prestar
trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el
trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, y el trabajo que deberán presentar
los sentenciados para su sostenimiento, el cual se ajustará a lo dispuesto en las
fracciones I y II del artículo 123.
Artículo Segundo. Se reforma el segundo párrafo
del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para
quedar como sigue:
Artículo 18.
Párrafo segundo:
Los gobiernos de la Federación y
de los estados organizarán el sistema penitenciario, en sus respectivas jurisdicciones,
sobre la base del trabajo obligatorio y remunerado, la capacitación para el mismo y la
educación, como medios para la reinserción social del delincuente. La pena deberá
cumplirse en estricto apego a los principios de certeza, proporcionalidad, legalidad y
respeto de los derechos humanos de los individuos privados de la libertad. Los hombres y
las mujeres cumplirán sus penas en centros de internamiento diferentes e independientes,
en igualdad de condiciones.
Artículo Tercero. Se reforma el primer párrafo
del artículo 10 de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de
los Sentenciados, para quedar como sigue:
Ley
que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de los Sentenciados
Capítulo
III
Sistema
Artículo 10.
La asignación de los internos al
trabajo será obligatoria, tomando en cuenta la vocación, las aptitudes, la capacitación
laboral para el trabajo en libertad y el tratamiento de aquéllos, así como las
posibilidades del reclusorio. El trabajo en los reclusorios se organizará previo estudio
de las características de la economía local, especialmente del mercado oficial, a fin de
favorecer la correspondencia entre las demandas de éste y la producción penitenciaria,
con vistas a la autosuficiencia económica del establecimiento. Para este último efecto,
se trazará un plan de trabajo y producción, que será sometido a aprobación del
gobierno del estado y, en los términos del convenio respectivo, de la Dirección General
de Servicios Coordinados.
Transitorio
Unico. El presente decreto entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 30 de abril de 2003.— Dip. Gregorio Arturo
Meza de la Rosa (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Puntos
Constitucionales.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo
Federal.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.
CC. Secretarios de la Cámara de
Diputados.— Presentes.
Con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, presentamos a la consideración de la Cámara de Diputados la
siguiente proposición.
El artículo 28 de la Constitución
establece con claridad la prohibición de monopolios y las prácticas monopólicas.
Señala asimismo que la ley castigará severamente y las autoridades perseguirán con
eficacia toda concentración o acaparamiento, en una o pocas manos, de artículos de
consumo necesario que tengan por objeto el alza de los precios.
A pesar de lo claro de la
prohibición constitucional arriba señalada, el Gobierno de la República,
específicamente la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, así
como el gobierno de Baja California, están impulsando la conformación de un monopolio a
favor de Sempra Energy, empresa estadounidense que controla la mayor parte de la
infraestructura de transporte en el sur del estado de California, EUA, que también
controla todos los sistemas de distribución de gas natural y electricidad a usuarios
residenciales e industriales en la misma región y controla los dos únicos cruces
fronterizos de transporte de gas natural entre Estados Unidos y el estado de Baja
California.
Adicionalmente a la infraestructura
de gas natural mencionada, Sempra Energy es propietaria de Termoeléctrica de Mexicali,
planta de generación eléctrica de 650 Mw, basada en gas natural, dedicada a la
exportación de energía eléctrica a Estados Unidos de América.
Finalmente, una de las filiales de
comercialización de gas natural de Sempra Energy es el principal usuario de los sistemas
de transporte mencionados y el principal suministrador de gas natural en el estado,
atendiendo principalmente las necesidades de la CFE, de su empresa distribuidora de gas
natural y de su empresa generadora de energía eléctrica.
Como se puede apreciar, Sempra
Energy es el único transportista, distribuidor, suministrador y consumidor de gas natural
en el estado de Baja California.
Esta concentración de la
infraestructura para la conducción de gas natural, tanto en Baja California, México,
como en California, EUA, en manos de una sola empresa ya ha tenido efectos negativos para
el desarrollo de infraestructura adicional, como fue el caso de la licitación para
otorgar el primer permiso de distribución de gas natural en la zona geográfica de
Tijuana. Esta licitación se declaró desierta, ya que ningún interesado presentó
propuestas para participar, por la incertidumbre de obtener un suministro competitivo de
gas natural en dicha zona geográfica.
Esta situación podría cambiar
diametralmente a raíz de la posible construcción de una planta de almacenamiento y
regasificación de gas natural licuado en el estado de Baja California. A la fecha existen
cuatro proyectos para el desarrollo de esta planta y cualquiera de estos proyectos
significa un nuevo punto de suministro de gas natural para el estado de Baja California,
cambiando diametralmente la posición del estado, y principalmente de Tijuana, respecto al
suministro de gas natural: de estar al final de la cadena de suministro de gas natural, se
encontrará al inicio de dicha cadena.
Sin embargo, uno de los proyectos
referidos es propiedad de Sempra Energy, proyecto que, si se desarrolla, ampliaría la
situación monopólica de que goza Sempra Energy en cuanto a la infraestructura
relacionada con el gas natural en el estado de Baja California. A este respecto, Sempra
Energy solicitó a la CRE un permiso para almacenamiento de gas natural en el municipio de
Ensenada, con el objetivo de construir una planta de almacenamiento y regasificación de
gas natural licuado.
Esta situación es importante, ya
que las perspectivas de demanda en la zona y el tamaño de dichas plantas, no permiten
suponer que se construirá más de una planta de almacenamiento y regasificación de gas
natural licuado en la región.
La construcción y operación de
dicha planta por Sempra Energy no garantizan la libre concurrencia y la competencia en el
suministro de gas natural en Tijuana y Mexicali. La construcción y operación de dicha
planta por Sempra Energy eliminarían la posibilidad de que exista una situación de
competencia en el suministro de gas natural en el estado de Baja California.
Dados los procesos de fijación de
precios de gas natural, la libre concurrencia permitirá una disminución de precios de
este energético en Tijuana y en particular en el costo de gas natural para la producción
de energía eléctrica que eroga la CFE en sus plantas de Presidente Juárez.
Un menor costo de generación de
energía eléctrica se traducirá en un beneficio tanto para los usuarios del servicio
público de energía eléctrica como para el Gobierno Federal.
Es necesario que el Gobierno
Federal evite la concentración monopólica del suministro de gas natural en el estado de
Baja California, ya que actualmente Sempra Energy enfrenta una serie de diversas demandas
e investigaciones estatales y federales sobre su participación durante la crisis de
precios y suministro de gas natural y electricidad de California, como uno de los posibles
agentes que manipularon el mercado y limitaron la disponibilidad de gas natural durante
dicha crisis, provocando un alza artificial de los precios de gas natural y electricidad,
y una restricción en el suministro de ambos energéticos.
Por lo anteriormente expuesto,
solicito a esta Cámara de Diputados el siguiente
Punto
de Acuerdo
Unico. Con base en los principios de libre
concurrencia establecidos en el artículo 28 de la Constitución de los Estados Unidos
Mexicanos y la Ley Federal de Competencia Económica, el Gobierno Federal impida que
Sempra Energy constituya un monopolio y, por tanto, construya y opere una planta de
almacenamiento y regasificación de gas natural licuado en el estado de Baja California.
Palacio Legislativo, a 30 de abril
de 2003.— Diputados: Amador Rodríguez Lozano,
Jaime Martínez Veloz, Olga Patricia Chozas y Chozas, Josefina Hinojosa Herrera (rúbricas).»
«Boletín
de Prensa
Coalición de diputados federales
en contra del Monopolio de Sempra Energy.
La empresa Sempra Energy se ha
constituido en un monopolio en el estado de Baja California y busca consolidarlo, con la
construcción y operación de un plan de almacenamiento y regasificación de gas natural
licuado en el estado de Baja California. Así lo afirmó el diputado por Baja California,
Amador Rodríguez Lozano, quien presentó un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión, a nombre del diputado Jaime Martínez Veloz del PRD, de la
diputada Olga Patricia Chozas del PVEM y de la diputada Josefina Hinojosa Herrera del PRI.
Rodríguez Lozano, en su punto de
acuerdo establece que la empresa Sempra Energy, de nacionalidad norteamericana, controla
la mayor parte de la estructura del transporte en el sur del estado de California, USA y
que también controla todos los sistemas de distribución de gas natural y electricidad a
usuarios residenciales e industriales en la misma región y controla los dos únicos
cruces fronterizos de transporte de gas natural entre Estados Unidos y el estado de Baja
California.
Adicionalmente a la infraestructura
de gas natural mencionada, Sempra Energy es propietaria de Termoeléctrica de Mexicali,
planta de generación eléctrica de 650MW, basada en gas natural, dedicada a la
exportación de energía eléctrica a los Estados Unidos de América.
Finalmente, una de las filiares de
comercialización de gas natural de Sempra Energy es el principal usuario de dichos
sistemas de transporte mencionados y el principal suministrador de gas natural en el
Estado, atendiendo principalmente las necesidades de la CFE, de su empresa distribuidora
de gas natural y de su empresa generadora de energía eléctrica.
Como se puede apreciar Sempra
Energy es el único transportista, distribuidor, suministrador y consumidor de gas natural
en el estado de Baja California.
Esta concentración de la
infraestructura para la conducción de gas natural, tanto en Baja California, México como
en California EUA, en manos de una sola empresa, ya ha tenido efectos negativos para el
desarrollo de infraestructura adicional, como fue el caso de la licitación para otorgar
el primer permiso de distribución de gas natural en la zona geográfica de Tijuana. Esta
licitación se declaró desierta, ya que ningún interesado presentó propuestas para
participar en dicha licitación, por la incertidumbre de obtener un suministro competitivo
de gas natural en dicha zona geográfica.
Con energía señaló Rodríguez
Lozano, que el Gobierno Federal debe evitar la concentración monopólica en el suministro
de gas natural en el estado de Baja California, ya que actualmente la empresa Sempra
Energy, enfrenta una serie de diversas demandas e investigaciones estatales y federales
sobre su participación durante la crisis de precios y suministro de gas natural y
electricidad de California, como uno de los posibles agentes que manipularon el mercado y
limitaron la disponibilidad de gas natural durante dicha crisis, provocando una alza
artificial de los precios de gas natural y electricidad y una restricción en el
suministro de ambos energéticos.
Atentamente.
Diputado Amador Rodríguez Lozano.»
Se turna a la Comisión de Energía.
«Punto
de acuerdo, que presentan los suscritos diputados federales por el Estado de Baja
California relacionado con la concesión del Sistema Aeroportuario Mexicano a
particulares, el cual después de casi cinco años de operación, no ha cumplido con las
expectativas nacionales.
En razón de las múltiples quejas
elevadas al más alto nivel de toma de decisiones en nuestro país por funcionarios de
gobiernos estatales y municipales, prestadores de servicios y usuarios de los aeropuertos,
observaciones de legisladores de esta Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, y
ante la actitud de la empresa de participación estatal mayoritaria denominada Grupo
Aeroportuario del Pacífico, SA de CV, por medio de su subisidiaria Aeropuerto de Tijuana,
SA de CV, se hace necesario que este honorable Congreso de la Unión, por medio de la
Comisión de Transporte, elabore una evaluación profunda, tanto del proceso que se
siguió hasta el otorgamiento de la concesión como de su operación actual, así como los
posibles escenarios para los siguientes 45 años que le restan de vigencia, si ésta se
cumpliera.
Diputado Presidente de la Mesa
Directiva de la LVIII Legislatura.
Compañeras diputadas; compañeros
diputados:
Honorable asamblea:
Exposición
de Motivos
Desde el periodo presidencial
1989-1994, y ante la disyuntiva entre eficientar la empresa pública o su privatización,
el Gobierno Federal decidió esta última.
A principios de 1995, el Plan
Nacional de Desarrollo 1995-2000 plantea la “...reestructuración del sistema
aeroportuario mexicano...”, que culmina con la publicación, en el Diario Oficial de la Federación del 22 de
diciembre de 1995, de la nueva Ley de Aeropuertos. Con esta ley, que abre la puerta a la
inversión privada en la operación aeroportuaria por vía de concesión, el gobierno
mexicano pretendía:
• Generar empleos;
• Contribuir al desarrollo
regional;
• Incorporar tecnologías de
punta;
• Aumentar la eficiencia de
los servicios aeroportuarios;
• Contribuir al aumento del
ingreso de divisas al país; y
• Realizar lo anterior
preservando el equilibrio del medio ambiente.
Lo que ha sucedido después de casi
cinco años de concesión difiere diametralmente de aquellas expectativas y,
paradójicamente, la privatización del sistema aeroportuario mexicano le ha costado y le
seguirá costando a los mexicanos, ya que:
- La creación inicial de empresas
fue pagada con presupuesto federal.
- Se les pagan millones de dólares
anuales por asistencia técnica y transferencia de tecnología, de las cuales no se ha
visto nada.
- Sólo por el hecho de tener la
concesión reciben el 1% de comisión por la venta de combustible.
- Cambios en materia de
depreciación otorgaron a los concesionarios, por concepto de devolución de impuestos,
casi suficiente para cumplir con sus compromisos de inversión por el año 2002.
- No se incluyó en los paquetes de
aeropuertos a los menos desarrollados.
- No se ha invertido lo
comprometido ni en montos ni en tiempos, ni hay señales de modernización.
Después de casi cinco años de
concesión, los avances han sido mínimos:
• Se sigue recortando
personal.
• No se pagan las
contribuciones locales.
• Incumplimiento de la
normatividad ambiental.
• Por más del 50% del periodo
tuvo a los usuarios sentándose en el piso, sin monitores informativos de salidas y
llegadas de vuelos; canceló el puente peatonal al estacionamiento, canceló la única
salida de emergencia que existía, presionó y amenazó a los locatarios e intentó
aumentos de hasta el 500% en los arrendamientos.
• A pesar de las múltiples
quejas, sostuvo y sigue sosteniendo a un administrador que actualmente enfrenta un juicio
penal.
• Se ostentan como dueños,
olvidando que están operando una empresa con capital mayoritariamente estatal.
• Contratación irregular de
servicios públicos.
• Inseguridad.
• El aeropuerto de Tijuana no
sólo no ha generado desarrollo para la región, sino que tiene fincados créditos
fiscales con el gobierno del estado de Baja California por pago de derechos de agua y
drenaje, y con el ayuntamiento de Tijuana por el pago del impuesto predial.
En franco contubernio con los
operadores españoles, los funcionarios tanto de Secodam como de SCT se han lavado las
manos aduciendo el artículo 29 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales,
argumento que debe ser revisado y, en su caso, validar o no su veracidad mediante la
determinación de propiedad del 85% de las acciones entre SCT y Nafin.
En caso de que la propiedad de ese
85% de acciones de los grupos aeroportuarios aún no bursatilizados recayera en Nafin, que
es la premisa actual por la que tanto Secodam como SCT renuncian a su obligación de
supervisarlos, entonces los inversionistas españoles pueden hacer lo que quieran y nadie
les va a poder pedir cuentas, por ejemplo, de haberse repartido dividendos de periodos en
que todavía no eran accionistas.
En cualquiera de los casos, el
artículo en mención debe ser derogado para evitar que siga abriendo la puerta a la
impunidad.
Compañeras y compañeros
diputados:
Por lo antes expuesto, con
fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos someto a su superior consideración el siguiente
Punto
de Acuerdo
Artículo Primero. Que la Cámara de Diputados,
respondiendo a los cuestionamientos de los actores políticos y económicos, expresados de
viva voz y en la prensa nacional e internacional, pida a la Comisión de Transportes de
este órgano legislativo una investigación seria y responsable, que responda con claridad
y contundencia a todos los señalamientos hechos.
Artículo Segundo. Que esta Cámara solicite al
Ejecutivo federal su intervención para que la Secretaría de Contraloría y Desarrollo
Administrativo revise de manera exhaustiva los procedimientos y procesos que se siguieron
para el otorgamiento de las concesiones, incluidos los dictámenes de integración de los
nombrados “libros blancos” y que dichas tareas sean supervisadas por la
Comisión de Transportes de este órgano legislativo.
Artículo Tercero. Que esta Cámara de Diputados
solicite a la Auditoría Superior de la Federación la verificación del antecedente de la
creación de empresas, la adjudicación de la concesión, la repartición de dividendos,
su operación actual, el comparativo de los compromisos contractuales y, desde su ámbito
de influencia, elabore un informe acerca del cumplimiento clausular y de la normatividad
vigente, emitiendo opinión acerca de los beneficios o perjuicios a la nación logrados
con la privatización.
Artículo Cuarto. Que la Auditoría Superior de la
Federación de esta Cámara de Diputados elabore un informe detallado en el mismo sentido.
Artículo Quinto. Que esta Cámara de Diputados
revise puntualmente la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, particularmente el
artículo 29 y, en su caso, sea derogado para evitar impunidad.
Artículo Sexto. Que esta Cámara de Diputados,
con base en que existe la alternativa en la ley, analice la posibilidad de la
participación accionaria de los gobiernos estatales y municipales para su participación
directa en la toma de decisiones.
Artículo
Transitorio
Que el Ejecutivo federal, por
solicitud expresa de esta representación nacional, suspenda la colocación de acciones
hasta por el 85% del capital de los grupos aeroportuarios que Nacional Financiera tiene
pendiente, en su carácter de fiduciaria. Además, que suspenda toda acción que pudiese
contravenir el presente “punto de acuerdo”, hasta que se cuente con la
información suficiente para que, en uso de sus atribuciones, y anteponiendo los altos
intereses nacionales, tome las medidas pertinentes.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
Distrito Federal, a 29 de abril de 2003.— Diputados: Javier Julián Castañeda Pomposo (rúbrica), Norma Enriqueta Basilio Sotelo, Francisco Blake Mora (rúbrica),
Bernardo Borbón Vilches, Cuauhtémoc Cardona
Benavides (rúbrica), Jaime Cleofas Martínez
Veloz, César Alejandro Monraz Sustaita (rúbrica), Armando Rodríguez Lozano, Alfonso Sánchez Rodríguez (rúbrica),
Juvenal Vidrio Rodríguez (rúbrica), Hugo Zepeda Berrelleza.»
Se turna a la Comisión de
Transportes.
«Punto de acuerdo por el cual el diputado Jaime Martínez
Veloz, solicita la intervención de esta Cámara de Diputados a fin de que el Consejo de
la Judicatura del Poder Judicial de la Federación informe sobre la indemnización
demandada por los afectados de la expropiación del Ejido Tampico en Tijuana, Baja
California, quienes se han inconformado por las irregularidades en el proceso de evalúo
de los predios afectados.
Diputado Presidente; compañeras y
compañeros diputados:
Quiero someter a consideración de
esta asamblea la solicitud de apoyo de un grupo de ejidatarios de Tijuana, Baja
California, afectados en su patrimonio y sus derechos por irregularidades de las
autoridades judicial y ejecutiva. La situación es la siguiente, como la exponen José
Izaguirre Zamorano, Julieta Pérez Soledad y Pedro Fonseca Quiroz:
El ejido Tampico fue dotado de mil
seis hectáreas por resolución presidencial en 1938, en lo que entonces se conocía como
territorio norte de Baja California. A consecuencia del crecimiento de la ciudad de
Tijuana, casi la totalidad de las mil seis hectáreas ha sido expropiada.
El 28 de agosto de 1970, el
Gobierno Federal expropió 320-59-88 hectáreas, por causa de utilidad pública, entre
otros destinos, para el aeropuerto internacional Abelardo L. Rodríguez. Tal expropiación
nunca ha sido perfeccionada; primero, por la falta de pago de la indemnización legal y,
por otra parte, por ausencia de ocupación de los terrenos expropiados, ya que la entonces
paraestatal administradora de los aeropuertos sólo utilizó 285 hectáreas, en tanto los
ejidatarios continuaban en posesión de las restantes.
Como los ejidatarios han estado en
posesión de 79 hectáreas de las mil seis originales, la entonces paraestatal Aeropuertos
y Servicios Auxiliares (ASA) los acusó del supuesto delito de despojo, con denuncia
abierta ante la Procuraduría General de la República (PGR), con el número de
averiguación previa 2436/99.
Los ejidatarios denuncian
irregularidades del Tribunal Unitario Agrario, distrito 48, de Ensenada, Baja California,
donde se desahoga el procedimiento del pago de indemnización. El Tribunal desechó un
avalúo acorde con la Ley Agraria, que determinaba en abril de 2000 el valor de un millón
859 mil 575 pesos.
Sin embargo, ese tribunal admite un
avalúo presentado por la PGR en enero de 2001 por la cantidad de un millón 165 mil 991
pesos, a pesar de que este avalúo se había elaborado en julio de 1991; es decir, 10
años atrás. Los ejidatarios impugnaron el hecho, y el tribunal ordenó a la Comisión de
Avalúos de Bienes Nacionales (Cabin) la elaboración de un nuevo avalúo, conforme a la
Ley Agraria y a su Reglamento en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural.
Al acatar supuestamente al Tribunal
Agrario, la Cabin presentó en julio de 2001 un avalúo por la misma cantidad desechada;
es decir, un millón 165 mil 991 pesos. En esta ocasión, el Tribunal Agrario admitió el
avalúo, no obstante las objeciones ejidales. La Cabin argumentó que un nuevo avalúo
“afectaría de un modo irreparable el erario público federal”.
Los ejidatarios promovieron un
amparo federal en el Juzgado Quinto de Distrito de Tijuana, con el número de expediente
680/2001, señalando a la Dirección Jurídica de la Cabin, al delegado de ésta en
Hermosillo, Sonora, y el magistrado del Tribunal Unitario Agrario, distrito 48.
El juez quinto de Distrito en
Tijuana desechó nuestras pruebas, pero no fundamentó ni motivó su determinación. Los
ejidatarios ya habían promovido otros amparos y quejas, que el primer tribunal remitió
junto con el recurso de revisión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),
donde llegó en agosto de 2002.
La Secretaría General de la SCJN
turnó el expediente a la Comisión de Creación de Nuevos Organos del Consejo de la
Judicatura Federal, que determinó la competencia del Tribunal Colegiado Tercero del
Decimoquinto Circuito, pero sólo para el recurso de revisión número 105/2002, no para
el recurso de queja.
Los ejidatarios han exigido que el
pago de indemnización correspondiente debería fijarse en términos del artículo 94 de
la Ley Agraria, en relación con el artículo 10 de la Ley de Expropiación.
El procedimiento por seguir es
motivar tanto a la SCJN como al Consejo de la Judicatura Federal para una pronta y
expedita administración de justicia, a fin de resolver el aspecto de cuál es el tribunal
competente y que éste obre conforme a derecho, resolviendo la validez de un avalúo
actualizado que represente el valor de los terrenos expropiados.
Por lo anterior, se somete a
consideración el siguiente
Punto
de Acuerdo
Primero. Que esta H. Legislatura solicite al
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación los informes pertinentes
sobre el asunto que aquí se trata, de conformidad con el artículo 17 de la
Constitución, sobre el derecho a una justicia pronta y expedita.
Segundo. Que las Comisiones de Reforma Agraria, y
de Justicia y Derechos Humanos conozcan del asunto y realicen el seguimiento
correspondiente, a fin de que la determinación de esta Cámara llegue a las instancias
federales respectivas en sus ámbitos ejecutivo y jurisdiccional a efecto de que se cumpla
el mandato de la ley.
Tercero. Que esta H. Legislatura señale que la
indemnización correspondiente se ajuste a los términos del artículo 94 de la Ley
Agraria, en relación con el artículo 10 de la Ley de Expropiación.
Cámara de Diputados, a 30 de abril
de 2003.— Dip. Jaime Martínez Veloz (rúbrica).»
Se turna a las comisiones de Reforma
Agraria y de Justicia y Derechos Humanos.
«Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.
El que suscribe, diputado federal
Luis Fernando Sánchez Nava, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de
esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita que
esta soberanía invite al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo y a las
autoridades encargadas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a que el
microcrédito reciba prioridad suficiente en sus políticas y programas encaminados a
combatir la pobreza extrema en los países que más lo necesitan, a efecto de alcanzar las
metas de la Declaración del Milenio de Naciones Unidas.
El llamado a reducir la pobreza en
todas sus expresiones, establecido en la Declaración del Milenio de Naciones Unidas,
considera que para el año 2015 el mundo logre el objetivo global de reducir la pobreza en
50 por ciento.
Un estudio del Banco Mundial
muestra que muchas de las metas están absolutamente fuera del alcance de los países más
pobres, mientras que incluso en los más acomodados hay muchas regiones u otros subgrupos
que se encuentran rezagados.
Afortunadamente, dicho informe
también indica que es posible alcanzar esta meta en la mayoría de las regiones en
desarrollo, si el ingreso per cápita creciera a 3.6 por ciento en promedio cada año.
Esto implicaría duplicar la tasa de crecimiento de la década pasada; la experiencia de
algunos países muestra que es posible lograrlo.
Signos alentadores se advirtieron
en la Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre Financiación del Desarrollo en
Monterrey, México, donde los líderes mundiales confirmaron su apoyo a las metas de dicha
declaración, ratificando su llamado a reducir la pobreza. Sin embargo, el Banco Mundial
reconoció recientemente que, a pesar del avance logrado en los años recientes, tanto los
países pobres como los ricos deben hacer mucho más para que la comunidad internacional
cumpla su compromiso.
El documento Las Metas del
Desarrollo del Milenio, convenido por más de 180 jefes de Estado y de Gobierno en la
Cumbre del Milenio en septiembre de 2000, indica que el progreso es desigual y que
demasiadas regiones y países se rezagan en el esfuerzo por cumplir esas metas.
Ello nos conmina a buscar nuevos y
mejores mecanismos que permitan fortalecer las acciones y los recursos que todos los
países en particular y la comunidad internacional en su conjunto deberían adoptar.
En este sentido, los países pobres
deberán mejorar sus políticas públicas y la gestión de sus gobiernos para abatir la
pobreza, particularmente la extrema. A su vez, las naciones ricas deberían ampliar el
acceso comercial y aumentar la ayuda externa a las más necesitadas.
Reconocemos que ha habido esfuerzos
importantes, pero a mitad del camino resulta importante reiterar el objetivo y redoblar
los esfuerzos.
En esta tarea, el Banco Mundial y
los regionales para el desarrollo, encabezados por la Organización de las Naciones
Unidas, han desempeñado un papel fundamental.
Estos han apoyado y acompañado
diversos programas para reducir la pobreza en gran cantidad de países, lo cual nos lleva
a reconocer su gran labor.
Sin embargo, los crecientes
problemas sociales en el mundo demandan mayor colaboración de esas instancias pues, en
muchos casos, sus recursos constituyen la principal fuente de financiamiento y apoyo de
los programas de atención de las poblaciones con las mayores carencias.
No podemos cerrar los ojos ante
circunstancias tan críticas como las que hoy se viven en el mundo. Como seres humanos,
compartimos los problemas de nuestro tiempo, particularmente los de la pobreza de casi 3
mil millones de personas que viven con menos de dos dólares diarios, esto es, casi la
mitad de la población del planeta, pero en situación todavía más crítica se
encuentran mil 200 millones de personas que sobreviven con menos de un dólar diario.
Por eso todos los países deberían
redoblar sus esfuerzos en la lucha contra la pobreza.
En muchas partes del mundo, los
pobres tienen acceso limitado a las libertades fundamentales de acción y decisión; con
frecuencia carecen de vivienda y alimentos y de servicios de educación y salud adecuados.
Esas privaciones les impiden
adoptar el tipo de vida que todos deseamos para nosotros mismos. Las poblaciones en
condición de pobreza también son muy vulnerables a las enfermedades, a los problemas
económicos y a los desastres naturales.
Por si eso fuera poco, en muchas
ocasiones son tratados en forma vejatoria por las instituciones de los Estados y la
sociedad, y carecen de poder para influir en las decisiones clave que las afectan. Para
revertir esas situaciones se ha adoptado una serie de estrategias a partir de las cuales
se han desarrollado acciones y programas que buscan mejorar sus condiciones de vida.
Las metas de desarrollo del
milenio, expresadas en Naciones Unidas, plantearon la construcción de un mundo más
seguro y equitativo, donde la pobreza tuviera una reducción sustantiva, demostrando que
los programas de desarrollo están haciendo una verdadera diferencia.
Cada una de las metas planteadas es
importante por sí misma, pero también debemos visualizarlas en conjunto, ya que se
refuerzan mutuamente.
Una mejor nutrición y atención de
salud básica aumenta el aprendizaje y la productividad. Y una mejor educación,
especialmente de las mujeres, redunda en mejores condiciones de salud.
La reducción de la pobreza
proporciona a la gente mayores recursos para aspirar a una mejor educación y atención de
salud y a un medio más limpio.
El momento es por tanto propicio
para solicitar a instituciones financieras como el Banco Mundial, el Banco Interamericano
de Desarrollo y el PNUD que redoblen sus esfuerzos en el logro de los objetivos acordados
durante la Cumbre Mundial de Microcrédito, efectuada en noviembre del año pasado,
especialmente en el financiamiento creciente, otorgando aumentos sustanciales de recursos
a las instituciones financieras con que colaboran, y destinar por lo menos la mitad de sus
fondos de microcrédito a las personas en pobreza extrema, de tal manera que los
préstamos y las concesiones dirigidos al microfinanciamiento alcancen en realidad a los
más pobres, que tienen ingresos por debajo de un dólar diario, y que se tomen medidas
para verificar que esto suceda.
Lo más importante de esta medida
es que permitirá asegurarnos de que, antes de finalizar 2005, las instituciones de
microfinanciamiento con que trabajan dichos bancos sean instadas a utilizar herramientas
de alta eficiencia y bajo costo, para medir la pobreza extrema y verificar cuántas
familias que inician con ingresos por debajo de un dólar diario, utilizando esta
herramienta o similares, han incrementado sus ingresos por arriba de esa cifra.
Por eso hoy acudimos a esta tribuna
para convocar a todos los presentes a sumamos en un esfuerzo con otros cientos de
legisladores en otras latitudes, y emitamos esta declaración conjunta solicitando al
Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo y a la ONU, que atiende esta
necesidad mediante el PNUD, que el microfinanciamiento para los más pobres reciba
prioridad suficiente en las políticas y prácticas encaminadas a terminar con la pobreza
extrema.
Las medidas adoptadas por los
países desarrollados y las organizaciones multilaterales serán de importancia
fundamental.
Por lo expuesto y con fundamento en
el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente
proposición con
Punto
de Acuerdo
Unico. Que la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión emita una declaración oficial para solicitar respetuosamente a las
autoridades del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y las encargadas del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a que fortalezcan sus acciones y
programas para erradicar la pobreza en los países que más lo necesitan, a efecto de
alcanzar las metas de la Declaración del Milenio de Naciones Unidas, a través del
financiamiento creciente para el microcrédito y dirigir la mitad de éste a las personas
que viven en pobreza extrema.
Palacio Legislativo de San
Lázaro.- México, DF, a 30 de abril de 2003.— Dip. Luis Fernando Sánchez Nava (rúbrica).»
«James D. Wolfensohn Presidente
del Banco Mundial , Enrique Iglesias Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo,
Mark Malloch Brown Administrador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Estimados Señores:
Nos alegra el interés mostrado por
ustedes en que el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo para el Milenio (ODM),
convenidos por más de 180 jefes de Estado y de Gobierno durante la Cumbre del Milenio en
septiembre de 2000, sea una realidad.
Creemos que alcanzar esas metas,
que incluyen el desarrollo pleno de las mujeres y la reducción de la pobreza a la mitad
entre 1990 y 2015, es crucial para la construcción de un mundo más seguro y más
equitativo. Y demostrará a nuestros electores que los programas de desarrollo están
haciendo una verdadera diferencia.
Nos motiva a escribir esta carta
nuestra preocupación por el hecho de que el microfinanciamiento para los más pobres no
ha recibido prioridad suficiente en sus políticas y prácticas dirigidas a terminar con
la pobreza extrema al menos en 50 por ciento antes de 2015, el más importante y difícil
de los ODM.
Por importante que sea apoyar los
programas de salud, educación y buen gobierno, entre otros, esto por sí solo no nos
garantizará que unos 600 millones de personas salgan de la pobreza en que viven.
Dado que el microfinanciamiento ha
demostrado que tiene repercusiones directas en mejorar la calidad de vida del muy pobre,
el papel que desempeña como herramienta para reducir la pobreza es crucial. Por ejemplo,
el Grupo Consultivo para Asistir a los más Pobres (CGAP, por sus siglas en inglés)
encontró que 72.5 por ciento de los que se incorporaron al programa de
microfinanciamiento Share en India vivía con menos de un dólar diario.
Una medición de impacto de Share
hecha por la herramienta AIMS de la USAID (que determina las repercusiones de los
servicios en las microempresas) encontró que la tercera parte de los beneficiarios
“maduros” había salido de la pobreza y que 40 por ciento había pasado de la
pobreza extrema a la moderada. Además, Share en India es un programa financieramente
autosuficiente en 100 por ciento.
La experiencia de Share en India no
es un caso aislado, pero se requieren todavía muchos más programas como éste. Las
instituciones que ustedes representan pueden desempeñar un papel vital en la
consolidación de su desarrollo. Por esa razón nos gustaría ver realizado lo siguiente:
1. Incrementar los fondos para el
Microfinanciamiento. Debe haber aumentos sustanciales en la proporción de los préstamos
y subsidios destinados al microcrédito provenientes de las instituciones que ustedes
representan y garantías de que llegarán realmente a los más pobres. Por ejemplo, el
Banco Mundial estima que un promedio de 168 millones en financiamiento es aprobado cada
año para el microfinanciamiento, lo cual representa menos de 1 por ciento de los recursos
que el Banco aprueba cada año. En un caso así, creemos que los recursos deberían al
menos ser duplicados y que la calidad de la cartera de microfinanciamiento asistida
debería reflejar los aspectos planteados en los dos numerales siguientes.
2. Que por lo menos 50 por ciento
de los fondos para el microfinanciamiento alcancen a los más pobres. Antes del 31 de
diciembre de 2004, sus instituciones deberían comprometerse a que por lo menos 50 por
ciento de sus fondos destinados al microfinanciamiento alcancen a personas que tengan
ingresos por debajo de un dólar diario al inicio del programa y que se tomen las medidas
necesarias para garantizar que esto suceda.
3. Utilización de instrumentos de
medición de la pobreza de alta eficiencia y bajo costo que nos garanticen alcanzar la
meta. Esto es quizá lo más importante: que, antes del 31 de diciembre de 2005, las
instituciones de microfinanciamiento con que ustedes trabajan sean instadas a utilizar
dichas herramientas de medición de la pobreza extrema, de alta eficiencia y bajo costo,
que nos permitan verificar utilizando esta herramienta o similares cuántas familias que
inician con ingresos por debajo de un dólar diario han incrementado sus ingresos por
arriba de esa cifra.
4. La divulgación anual de los
resultados. Que, antes del 31 de diciembre de 2006, sus instituciones divulguen, sobre una
base anual, la cantidad de fondos proporcionados para el microfinanciamiento y el
porcentaje de esos fondos que lograron alcanzar a familias que iniciaron en el programa
con ingresos por debajo de un dólar diario, usando cualquiera de las herramientas
certificadas que habrán sido desarrolladas en 2004 y 2005.
Un proceso realmente importante
tiene lugar en Estados Unidos y está creando ya un cambio positivo entre las redes
estadounidenses de microfinanciamiento. Creemos que este proceso puede tener repercusiones
profundas y positivas. De hecho, una nueva ley fue aprobada por unanimidad en el Congreso
y el Senado de EU el año pasado y entrará en vigor este año. En ella se propone que la
mitad de los fondos estadounidenses para microempresas financie a familias con ingresos
por debajo de un dólar diario.
La legislación establecería que
1. USAID desarrolle antes de octubre de 2004, en colaboración con otros participantes,
por lo menos dos herramientas eficaces que medirían el número de familias que se
incorporaron a un programa de microempresas con ingresos por debajo de un dólar diario;
2. Prácticamente todas las instituciones que reciben fondos para microempresas deberán
utilizar una de esas herramientas antes de octubre de 2005; y 3. El administrador de USAID
deberá presentar un informe anual al Congreso a partir de 2006. Creemos que las
instituciones que ustedes representan deben ser una parte vital de este proceso y
quisiéramos saber qué acciones tomarán ustedes para adoptar un procedimiento similar.
Creemos que, dada la naturaleza de
sus instituciones y de su influencia sobre los gobiernos, ustedes deberían desempeñar un
papel más importante en la creación de fondos autónomos destinados al microcrédito,
como es el caso de la Fundación Palli Karma-Sahayak (PKSF, por sus siglas en inglés),
creada por el gobierno de Bangladesh. La PKSF ha podido destinar fondos recibidos de un
importante número de donantes, incluidos más de 250 millones de dólares en préstamos
del Banco Mundial, a organizaciones no gubernamentales que alcanzan a millones de mujeres
muy pobres en Bangladesh. Esa clase de instituciones y este éxito no deberían ser la
excepción sino la regla.
También pedimos que ustedes
utilicen sus buenas relaciones con gobiernos y su maestría reconocida para hacer más
simples las restricciones legales, como requisitos mínimos de capital excesivos o la
prohibición de movilizar ahorros, para permitir un completo desarrollo de las
instituciones de microcrédito que atienden a los más pobres.
Esperamos que ustedes reciban los
retos presentados en esta carta, con el espíritu de socios y el compromiso compartido de
construir un mundo mejor.
Podemos reducir la pobreza extrema
a la mitad antes de 2015, pero solamente si el microcrédito otorgado a los más pobres se
incluye como uno de los pilares de este esfuerzo.
Gracias de antemano por su
atención en tan importante materia. Esperamos su respuesta y la oportunidad para
conversar en persona sobre estos temas.
México, DF, a 30 de abril de
2003.— Diputados: Jorge A. Lara Rivera, Juan
Carlos Pallares Bueno, Luis Alberto Villarreal García, María Teresa Gómez Mont y
Urueta, Rómulo Garza Martínez, Daniel Ramírez del Valle, José Tomás Lozano y
Pardinas, Carlos A. Flores Gutiérrez, Francisco García Cabeza de Vaca, Tereso Martínez
Aldana, Rafael Ramírez Sánchez, José María Tejeda Vázquez, José de Jesús López
Sandoval, Cuauhtémoc Cardona Benavides, Amado Olvera Castillo, Manuel Castro y del Valle,
María Elena Chávez Palacios, Oscar Ochoa Patrón, José Delfino Garcés Martínez, José
Francisco Blake Mora, Alejandro Zapata Perogordo, Ricardo Moreno Bastida, Gabriela Cuevas
Barrón, Mercedes Hernández Rojas, Gustavo Buenrostro Díaz, Ramón Soto Reséndiz,
Bernardo Borbón Vilches, Lucio Fernández González, David Augusto Sotelo Rosas,
Gumercindo Alvarez Sotelo, Tarcisio Navarrete Montes de Oca, José Alfredo Botello Montes,
Raúl Gracia Guzmán, Verónica Sada Pérez, José Marcos Aguilar Moreno, José Carlos
Borunda Zaragoza, Luis Fernando Sánchez Nava, Marco Vinicio Juárez Fierro, Felipe Olvera
Nieto, Héctor Méndez Alarcón, Alicia Ricalde Magaña, Marcos Pérez Esquer, Miguel
Angel Torrijos Mendoza, Lionel Funes Díaz, ArturoUrquidi Astorga, José Ramón Mantilla y
González de la Llave, Mario Reyes Oviedo, Juan Mandujano Ramírez, Arturo Díaz Ornelas,
Juan Manuel Duarte Dávila, Carlos N. Villegas Flores, Francisco Guadarrama López, Nelly
Campos Quiroz, Martha Ruth del Toro Gaytán, Néstor Villarreal Castro, Francisco Luis
Treviño Cabello, José María Rivera Cabello, Arcelia Arredondo García, María Eugenia
Galván Antillón, Máximo Soto Gómez, Francisco Ramírez Cabrera, Enrique Villa
Preciado, Raúl García Velázquez, Nohelia Linares González, Tomás Ríos Bernal, Juan
Carlos Sainz Lozano, Javier Rodríguez Ferrusca, María Teresa Tapia Bahena, Benjamín
Avila Márquez, José Roque Rodríguez López, Moisés Alcalde Virgen, Alfonso G. Bravo y
Mier, Héctor Taboada Contreras, Francisco E. Jurado Contreras, Baldemar Romero Reyna,
Martín Gerardo Morales Barragán, Eduardo Rivera Pérez, Fernando Ugalde Cardona, Julio
César Lizárraga López, Alfonso Sánchez Rodríguez, María Cruz Martínez Colín, Jaime
Salazar Silva, Ramón Ponce Contreras, Mauro Huerta Díaz, Enoch Araujo Sánchez, Miguel
Gutiérrez Hernández, Edgar Eduardo Alvarado García, José Bañales Castro, Hilario
Esquivel Martínez, Alberto Cano Cortezano, Adrián Salvador Galarza González, Benjamín
Muciño Pérez, Silvia Alvarez Bruneliere.»
Se turna a la Comisión de Relaciones
Exteriores.
«Proposición con punto de acuerdo, que presenta la diputada Olga Haydee
Flores Velásquez, sobre tarifa eléctrica especial para los servicios educativos de las
zonas con clima extremo.
Con su permiso, diputado
Presidente; señores legisladores:
En innumerables ocasiones,
diputados y diputadas de todas las fracciones parlamentarias han hecho uso de esta tribuna
para solicitar al Ejecutivo federal el otorgamiento de tarifas especiales para los
consumidores de los servicios de energía eléctrica que habitan en zonas de climas
extremos o de altos niveles de humedad.
La argumentación ha sido amplia y
sustentada sólidamente desde todos los ángulos posibles; así, se ha señalado la
improcedencia e iniquidad de los criterios que utiliza la Comisión Federal de
Electricidad para la asignación de las tarifas eléctricas; asimismo, se ha dicho con
justicia que al carecer de los equipos necesarios para una adecuada medición de las
temperaturas de las distintas regiones del país, toma como base las mediciones que
realizan la Conagua y el CILA para otros propósitos; se ha argumentado también la
precaria situación económica en que viven millones de mexicanos, se ha hecho especial
énfasis en los jubilados y pensionados que viven una situación de angustia que los ubica
en la disyuntiva de comer o pagar la luz.
Las respuestas han sido
insuficientes a todas luces, ya que hasta la fecha en las ciudades de climas extremos
sigue siendo un lujo el utilizar el ventilador o el aire acondicionado para mejorar las
condiciones de vida.
Este problema ha trascendido a la
esfera educativa de los estados con climas extremos, ya que la facturación de los
consumos de energía eléctrica de los servicios educativos que prestan los estados ha
crecido considerablemente en los últimos años.
En el caso concreto del estado de
Sonora, de 1998 al 2000 la facturación del suministro de energía eléctrica ha tenido un
crecimiento de más del 47%.
Las causas más importantes de
estos incrementos son las siguientes:
• La aplicación de multas y,
en algunos casos, ajustes retroactivos a la facturación, de manera unilateral por parte
de la Comisión Federal de Electricidad.
• La aplicación a los
servicios educativos de las mismas tarifas que se cobran al comercio y a la industria.
El análisis siguiente nos permite
tener una idea clara de las tarifas que se cobran a los servicios educativos en el estado
de Sonora:
En el 84% de los servicios
educativos se paga con la tarifa 2 (tarifa comercial.)
En el 13% de los servicios
educativos se cubre con la tarifa OM (comercial e industrial).
En el 3% de los servicios
educativos se paga con la tarifa HM (industrial).
La Comisión Federal de
Electricidad en coordinación con la Secretaría de Hacienda ha logrado establecer algunas
tarifas especiales para la agricultura, para el bombeo de aguas y se ha hecho un esfuerzo
en materia doméstica, aunque ha resultado insuficiente; no se cuenta a la fecha con una
tarifa especial para un servicio de tan alta relevancia para el desarrollo del país como
es la educación.
Ese es el tema central del presente
punto de acuerdo, ya que la educación se ha visto afectada por el aumento progresivo y
constante de las tarifas eléctricas, más allá de los índices inflacionarios.
Mucho se ha hecho en Sonora para
reducir los consumos de energía eléctrica en los últimos tres años, ya que se han
invertido en este concepto casi 32 millones de pesos en los siguientes rubros:
• Reparar y sustituir las
instalaciones eléctricas en los edificios utilizados por los servicios educativos.
• Crear una cultura de ahorro
de energía en todos los usuarios del servicio educativo.
• Instalar subestaciones en
algunos servicios educativos.
• Instalar bancos de
capacitores en algunas subestaciones.
• Sustituir el alumbrado
incandescente por luminarias fluorescentes con reflectores metálicos y balastras
ahorradoras de alta eficiencia.
• Impulsar el mantenimiento y
corrección de las instalaciones eléctricas, con el apoyo de unidades móviles dotadas
con personal capacitado y de las herramientas adecuadas.
• Efectuar adecuaciones a los
diseños constructivos de las nuevas aulas, como son ventanas de menor tamaño y ubicadas
en la parte alta de los muros, aislamiento de techos y paredes, instalación de cortinas
de árboles, etcétera.
No obstante las acciones
anteriores, el presupuesto originalmente asignado al servicio de energía eléctrica no
alcanza para cubrir todos los gastos asociados, ocasionando que se distraigan recursos
originalmente presupuestados para mejorar la educación.
El problema se agudiza en las
secundarias técnicas y generales de las zonas urbanas, donde los padres de familia, como
reacción a los veranos cada vez más calurosos, han sustituido el uso de enfriadores y
evaporativos (coolers) por refrigeración, lo cual ha ocasionado:
• Aumento de la demanda de
energía eléctrica, lo que obliga a la instalación de nuevas subestaciones.
• En muchos casos, daños
irreparables al cableado eléctrico existente, provocando la necesidad inmediata de la
sustitución de toda la instalación.
• La recontratación, por
mayor demanda y/o reclasificación de la tarifa aplicable por la Comisión Federal de
Electricidad.
Por todo lo anterior es necesaria
la creación de una tarifa eléctrica de apoyo social, para los servicios educativos de
las regiones con clima extremoso que considere que:
• El clima extremoso obliga al
uso de equipos acondicionadores del ambiente en las aulas de las zonas urbanas.
• Los servicios educativos en
estas zonas se prestan en los meses y horarios en que la CFE aplica las tarifas más
altas.
• La prestación de los
servicios educativos tiene un alto sentido social.
Por todo lo anteriormente
expresado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto
de Acuerdo
Unico. Solicitar al Ejecutivo federal el
establecimiento de una tarifa eléctrica especial que subsidie los servicios educativos de
las zonas con clima extremoso y que permita que el presupuesto asignado en este rubro se
destine a elevar el nivel educativo de los mexicanos.
México, DF, a 30 de abril de
2003.— Dip. Olga Haydee Flores Velásquez
(rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Energía.
«Con
base en los artículos 39 y 45, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XX-D, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Marina abajo firmantes
acuerdan enviar al Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición, con punto
de acuerdo para que se destinen recursos del Presupuesto de este ejercicio para llevar a
cabo los estudios, evaluaciones y cotizaciones necesarias para determinar la mejor forma
de adquisición o construcción de embarcaciones menores para Pemex a fin de renovar y
complementar su flota petrolera.
Antecedentes
1. El pleno de la Comisión de
Marina, el día seis de diciembre del 2000, acordó restablecer el trabajo de la
Subcomisión de Marina para el Estudio del Estado que Guarda la Marina Mercante Nacional y
la elaboración de programas y proyectos para su fomento, en donde se abordaran los
aspectos legislativos para el desarrollo de esta actividad fundamental de la economía
nacional.
Dentro de los considerandos que
inspiró el acuerdo referido está:
Que al carecer de la flota
necesaria para cumplir el servicio de cabotaje y apoyo costa afuera de Petróleos
Mexicanos, estos servicios se suplementan con embarcaciones arrendadas de apoyo para la
infraestructura marítima de la plataforma de producción petrolera de la sonda de
Campeche, principalmente.
2. Que la Comisión de Marina
conoce el cronograma de construcción de embarcaciones que ha preparado Pemex Exploración
y Producción (PEP), en el cual se contempla un programa ambicioso de construcción naval,
en el cual participaría la industria naval mexicana, con el consecuente beneficio que
representa la multiplicación de fuentes de trabajo especializado.
Consideraciones
1. Es facultad del Congreso expedir
leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social.
2. Es facultad exclusiva de la
Cámara de Diputados, examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de
la Federación, discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse
para cubrirlo, así como revisar la Cuenta Pública del año anterior, en términos de lo
dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
3. Que es evidente que la flota
menor de apoyo costa afuera con que cuenta Petróleos Mexicanos ha sido relegada a segundo
término de manera inexplicable, olvidando que es estratégica para el apoyo y desarrollo
de la infraestructura económica que representa la plataforma continental petrolera y como
factor de integración territorial, enlace social y de conservación de divisas en el
país.
4. Que la falta de programas de
renovación de embarcaciones en que se ha dejado a buena parte de la flota menor de apoyo
de Petróleos Mexicanos ha generado una dependencia excesiva y muy costosa para la nación
de embarcaciones extranjeras para estos menesteres, que técnica y moralmente no tiene
justificación contundente, salvo los intereses que privan en el negocio de arrendamiento.
5. Que el gasto que Petróleos
Mexicanos realiza por el fletamento de embarcaciones de apoyo diversas oscila entre los
70,000 y 90,000 dólares diarios y en la sonda de Campeche operan cerca de 130
embarcaciones de esta naturaleza, de las cuales la mayoría son de bandera extranjera
representando dicho gasto una mala decisión para la paraestatal, ya que con dichos
recursos las navieras de banderas ajenas a México fortalecen sus economías, en
detrimento de la correspondiente a los navieros mexicanos. Más aún, (PEP) podría
invertirlos en la construcción o adquisición de todas aquellas embarcaciones que
requiere y requerirá en el futuro, para fortalecer verdaderamente la paraestatal y dejar
de ser cómodos dependientes de las embarcaciones ajenas a México.
6. Que el esquema de fletamento ha
incidido en un aumento significativo en los costos de operación de transporte, y ha
desplazado a cientos de marinos mercantes nacionales egresados de nuestras escuelas
náuticas, al no contar con los espacios laborales que han sido ocupados por los marinos
extranjeros, provocando así que los marinos mexicanos sean contratados por compañías
navieras extranjeras que no cumplen a cabalidad con las prestaciones de ley garantizadas
en México.
7. Que los rezagos financieros y de
personal de a bordo en México son injustificables, dada la rentabilidad que podría
ofrecer contar con una flotilla de embarcaciones de apoyo costa afuera propios que
satisfaga la necesidad de transporte de personal, abastecimiento de cosas y tareas de
mantenimiento.
8. Que es necesario erradicar la
dependencia a la que nuestro país se encuentra sujeto bajo las condiciones actuales, con
el propósito de eliminar la posibilidad de ser presa de los navieros extranjeros que
cualquier día pudieren decidir no realizar más servicios de apoyo costa afuera, con lo
cual tendríamos un verdadero problema de producción petrolera y de seguridad nacional.
9. Que la estrecha relación que
con Pemex mantiene esta Comisión ha permitido observar y concluir lo siguiente:
• Que es necesario y
primordial preservar una flota de embarcaciones de apoyo costa afuera mexicanas y propias,
de carácter estratégico para los propósitos que son conocidos en la actividad de
producción petrolera en el mar, y que cumpla con los máximos estándares de seguridad y
desde luego capaz de afrontar las necesidades futuras de apoyo, todo esto con el fin de
evitar la dependencia de flotas extranjeras.
• Que es necesario e inminente
dar inicio a una etapa de sustitución de las embarcaciones de Pemex que están
finalizando su vida activa, y bajo este supuesto es necesario conocer los costos,
inversiones y requisitos que esto amerita.
• Que es preciso reubicar los
gastos efectuados por Pemex por concepto de pago por fletamento, con el fin de
convertirlos en inversión y capitalización paraestatal, teniendo como objetivo la
garantía del transporte y conservación de la fuente de trabajo para el personal marino
de nuestro país.
10. Que es imperioso destinar
recursos a la investigación técnica y comercial que permita la definición respecto de
las mejores opciones para compraventa y/o construcción de las embarcaciones menores de
apoyo que requiere Pemex para su operación.
11. Que la compra o construcción
de embarcaciones de apoyo nuevas para Pemex PEP traerán como beneficios los siguientes:
• Conservar el carácter
estratégico de esta flota propia.
• Modernizar esta flota propia
y, con ello, reducir los riesgos de operación de acuerdo con la normatividad
internacional de la que es parte México.
• Mantener los activos
capitalizables de la institución.
• Garantizar la continuidad en
el servicio de transporte de apoyo costa afuera de cabotaje adecuándolo a las necesidades
actuales y futuras de demanda e infraestructura.
• Reducción en los gastos de
mantenimiento y reparaciones que, obviamente, son mayores en las embarcaciones actuales,
así como en la disminución de los trabajos de inspección y de clase.
• La posibilidad de proyectar
de manera más clara y benéfica los gastos anuales de Pemex considerando los
financiamientos que tendrían que obtenerse para la compra de los buques y así evitar
posibles fluctuaciones del mercado de fletes para embarcaciones extranjeras.
12. Que hasta esta fecha Pemex no
ha consolidado un programa permanente de sustitución de embarcaciones de apoyo costa
afuera propios, dando pie a los siguientes inconvenientes:
• El pago de rentas que por
los fletamentos no se capitaliza.
• Persiste la dependencia de
Pemex en las flotas extranjeras.
• Se ha dado lugar a una
atmósfera de problemas empresa-sindicato al tener que desplazar a las tripulaciones de su
fuente de trabajo, así como al personal de mantenimiento, generando desempleo de los
marinos mercantes.
• Se incentivan los problemas
sindicales en los puertos base de las tripulaciones mexicanas sindicalizadas.
Por lo antes expuesto y fundado los
integrantes de la Comisión de Marina acuerdan el siguiente
Punto
de Acuerdo
Primero. Que como primer paso hacia la
actualización de la flota de Pemex, se programen, en conjunción con Pemex, las
evaluaciones técnicas y comerciales a cargo de la Comisión de Marina tanto en México
como en el extranjero para determinar las mejores opciones para el desarrollo y
actualización de la flota de embarcaciones menores de Pemex, buscando definir el diseño
exacto de ellas.
Segundo. Que, una vez analizadas las mejores
opciones tanto de construcción como de financiamiento en México y en el extranjero, se
establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a Petróleos
Mexicanos (PEP) los montos necesarios para concretar el proyecto de renovación de flota
menor, y se etiquete ex profeso y afecte el renglón de gastos de la Dirección de Pemex
Exploración y Producción para la compra de embarcaciones de apoyo costa afuera, conforme
a su actividad institucional de producir, desarrollar y construir la infraestructura
básica para garantizar el abasto de petróleo crudo, así como operar y sostener la
infraestructura de producción, distribución y comercialización de crudo y gas.
Afectaciones de asignación de gasto que correspondan en el ejercicio inmediato siguiente.
Para llevar a cabo las evaluaciones tanto técnicas como comerciales a las que se refiere
el presente punto de acuerdo esta Comisión de Marina se deberá coordinar con la
Administración de Petróleos Mexicanos.
Tercero. Que existen en el Presupuesto de Egresos
de la Federación las actividades institucionales y los programas especiales necesarios
para que el proyecto referido en el considerando segundo sea definido en el Presupuesto de
Egresos del año siguiente inmediato como programa especial.
Cuarto. Que el Presupuesto de Egresos de la
Federación del año siguiente inmediato adscriba en las actividades institucionales de
PEP como son producir, desarrollar y construir infraestructura básica para garantizar el
abasto de crudo y gas, así como conservar y mantener infraestructura básica, bajo la
unidad responsable de Pemex Exploración y Producción, el programa especial de
renovación de la flota menor de apoyo costa afuera, que tenga como principales objetivos
actualizar y desarrollar la flota mexicana y eliminar las lesivas fugas de divisas que
sólo favorecen a los navieros que portan banderas ajenas a México, disminuyendo con
embarcaciones nuevas sustancialmente los riesgos actuales de sufrir accidentes de
carácter marítimo que pudieran tener graves repercusiones en el medio ambiente de
nuestro país.
Dado en el Palacio Legislativo, a
29 de abril de 2003.— Dip. Gustavo A. González
Balderas (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Marina.
«Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 12
de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
El que suscribe, Zeferino Antúnez
Flores, integrante del grupo parlamentario del PRD de la LVIII Legislatura, en ejercicio
de la facultad que le otorga la fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto en el Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta iniciativa de
decreto, por la que se reforma el artículo 12, inciso VII, de la Ley del Servicio
Público de Energía Eléctrica.
Exposición
de Motivos
El servicio de energía eléctrica
es de primera necesidad para la población, pese a que todavía miles de familias en
México carecen de él, y puede considerarse en la canasta básica. Gran parte de la vida
familiar está estructurada con base en él: el alumbrado de su vivienda, el refrigerador,
la plancha, los ventiladores, la radio, el televisor...
De ahí la necesidad de que el
sector eléctrico cuente con mayores recursos para ampliar el servicio y mejorar la
calidad; eso es indiscutible. Empero, hacerlo con una afectación a las familias que ya
viven en la pobreza o están en el límite de ésta resulta improcedente.
No puede pasarse por alto que, en
las dos décadas previas, la economía mexicana ha sufrido gran deterioro, con
repercusiones en la población, al grado de que alrededor de 60 por ciento se encuentra en
la pobreza o en la pobreza extrema. Por ello, las medidas tomadas que afecten sus ingresos
adquieren importancia, pues afectarán su ya deteriorada calidad de vida.
En la actualidad, la legislación
deja abierta la posibilidad de que el Ejecutivo, de manera unipersonal, tome medidas en
materia tarifaria, que no siempre resultan adecuadas, sobre todo para las familias de
menos recursos.
Ejemplo de lo anterior fue el
acuerdo, del 7 de febrero de 2002, donde se indica que, a instancias de la Junta de
Gobierno, con fundamento en los artículos 26 y 31, fracción X, de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; 15, fracción V, de la Ley de Planeación; 12, fracción
VII, 30, 31 y 32 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; y 72 del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002, se establecen
el ajuste, la modificación y la reestructuración de las tarifas para suministro y venta
de energía eléctrica y se reduce el subsidio de las tarifas domésticas.
Esa medida significó un duro golpe
a miles de familias de escasos recursos. Incluso, no hubo claridad en lo que se proponía
y, por tanto, tampoco fue entendible para las familias afectadas.
También, por las imprecisiones,
fue un espacio propicio para el manejo inadecuado del cobro y las corruptelas de
funcionarios, así como ajustes en el cobro a usuarios, sin la base correspondiente y, por
lo tanto, sin ajustarse a lo establecido.
Hay familias que vieron duplicado y
triplicado su cobro por el consumo del servicio eléctrico, en detrimento de su bienestar
y de su forma de vida, y con la imposibilidad de realizar el pago correspondiente.
Tan improcedente ha resultado dicha
medida, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dictaminado que procede que los
usuarios se amparen contra dicha alza de tarifas, incluidas las familias de menos
recursos.
Considerando
1. Que no se puede ser indiferente
a las condiciones en que vive más de la mitad de la población, y el Ejecutivo no puede
ser ajeno a esto y tomar medidas que hagan aún más marcada la pobreza.
2. Que, para garantizar que esto no
suceda, son necesarias normas que regulen cómo llevarlo a cabo.
3. Que debe estar el interés del
Ejecutivo, pero también el de la ciudadanía, mediante el Poder Legislativo; es decir,
sus representantes.
4. Que la Ley del Servicio Público
de Energía Eléctrica plantea, en su Capítulo II, artículo 12, inciso VII, aprobar, en
su caso, la propuesta de reestructuración tarifaria.
5. Que la Secretaría de Desarrollo
Social, de acuerdo con sus funciones en el Ejecutivo, ha establecido indicadores que
enmarcan el nivel económico de las familias, de ahí que estén definidos los
correspondientes a las familias catalogadas como pobres.
Con base en lo planteado, se
propone el siguiente
Dictamen
Por las consideraciones anteriores,
se propone la modificación del artículo 12 del Capítulo II de la Ley del Servicio
Público de Energía Eléctrica, en su inciso VII, para quedar como sigue:
VII. Aprobar, en su caso, la
propuesta de reestructuración tarifaria, considerando afectar lo menos posible a las
familias de menos recursos, ubicadas en las localidades de alta marginación, de acuerdo
con el índice de marginación del Consejo Nacional de Población.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 30 de abril de 2003.— Dip. Zeferino Antúnez
Flores (rúbrica)
Se turna a la Comisión de Energía.
«Con su venia, señor Presidente; señoras y señores
diputados:
Las consecuencias de la política
energética implementada por el Gobierno Federal, que se traduce en un conjunto de tarifas
absurdas e indiscriminadas para los distintos estados de la República, implican nada más
y nada menos que un atentado contra la sociedad por parte del grupo en el poder, comandado
por el señor Vicente Fox, a quien desde aquí le decimos, en nombre del pueblo de
México: señor Presidente, ya es hora de que concluya su luna de miel, déjese de sus
cursilerías y exhibicionismos pueriles y absurdos, y póngase a gobernar, que es para eso
que le pagamos. Póngase a trabajar, tenga palabra, y cumpla a cabalidad con sus promesas
de campaña, deje a un lado el engaño, la demagogia y la manipulación publicitaria, por
el bien del país.
Pero, más allá de las
trivialidades y simplismos telenovelescos a que nos tienen acostumbrados los amoríos del
señor Fox y de su pareja presidencial, el fondo del asunto es que sus políticas
energéticas, tienen efectos inflacionarios y recesivos, en la medida en que contraen el
ingreso disponible de los ciudadanos y, con ello, su poder adquisitivo, inhibiendo el
consumo y el fortalecimiento del mercado interno, encareciendo los costes de producción,
disminuyendo la competitividad de nuestra industria y frenando la actividad productiva. En
concreto, su actual política energética atenta contra la economía y el bienestar de la
nación.
Dicha política, injusta e
inequitativa, rompe con los propósitos primordiales del pacto federal de cooperación y
corresponsabilidad entre la Federación y los estados. Atenta contra el federalismo y el
avance de la pluralidad y diversidad, al dejar de considerar la problemática específica
de cada una de las regiones y estados que integran la Federación.
En particular, quiero hacer patente
la gran inconformidad que existe en el estado de Veracruz, mi estado natal. Los
veracruzanos, por mi conducto, no pedimos, exigimos al Gobierno de la República y en
concreto a usted, señor Vicente Fox, revise a la baja la estructura tarifaria que se
implementa para el estado de Veracruz.
No es posible, señoras y señores
diputados, que nosotros, siendo uno de los grandes estados productores de electricidad de
la República, se nos castigue de una manera tan vil y tan absurda.
Somos el estado de la República
donde se encuentra la única planta nucleoeléctrica, que genera fuertes externalidades
negativas para la población en materia de contaminación no convencional y riesgo
ambiental, que afecta la salud y bienestar de la población, sin obtener ninguna
reciprocidad por parte del Gobierno Federal.
En el estado de Veracruz, no
obstante las declaraciones y compromisos hechos por el secretario de Energía -en su
comparecencia ante el Pleno de la Cámara de Diputados el 19 de septiembre del 2002, como
parte de la glosa del II Informe de Gobierno- y el establecimiento de los grupos de
investigación y análisis de las tarifas eléctricas, en los últimos seis meses los
cobros en los recibos por concepto de electricidad se han disparado hasta en un 30 y 40%,
lo cual es absurdo, máxime en un estado cuyas temperaturas hacen indispensable el uso de
este energético.
Que, aunada a la política de bajos
salarios y al desempleo, empobrece y castiga a nuestra población. En ese sentido, la
disminución de subsidios fue un golpe brutal por parte del Ejecutivo federal en contra de
la población veracruzana.
Hasta ahora las promesas del señor
Martens, de revisar el cobro de las tarifas eléctricas a la baja, no han sido más que
mentiras que han quedado en el vacío. Por ello, los veracruzanos reprobamos y condenamos
el robo y la estafa que se nos hace por este conducto, con el propósito de legitimar la
privatización del sector.
Tenemos claro que la política
predatoria del Ejecutivo federal en materia de energía, consistente en la disminución de
los subsidios y el encarecimiento de las tarifas eléctricas, corresponde a la tendencia
privatizadora de la actual administración, y no a los requerimientos de capitalización y
modernización del sector, como hasta ahora se ha mencionado.
Es por tal motivo que hoy, por este
conducto, solicitamos que esta Cámara de Diputados se solidarice con el pueblo
veracruzano para solicitar de forma urgente al señor Ernesto Martens la implementación
de una estructura tarifaria preferencial para el estado de Veracruz, que se traduzca en
una reducción inmediata del 40% en los cobros de los recibos por dicho concepto.
Es por todo lo antes expuesto,
señoras y señores diputados que con fundamento en lo establecido en los artículos 58 y
59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, que la suscrita diputada integrante grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática somete a la consideración de esta soberanía la siguiente
Proposición
con Punto de Acuerdo
Uno. Esta Cámara de Diputados exhorta al Gobierno
Federal a que en lo inmediato se implemente una política tarifaria preferencial para el
estado de Veracruz, que se traduzca en una reducción del 40% en los cobros de los recibos
por dicho concepto.
Dos. Se abra una investigación a cargo de la
Procuraduría Federal del Consumidor para que se investiguen las irregularidades en
materia de cobro de electricidad en el estado de Veracruz.
México, DF, a 30 de abril de
2003.— Dip. Genoveva Domínguez Rodríguez (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Energía.
«Iniciativa
con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 322-bis al Código Civil
Federal que presenta la diputada Genoveva Domínguez Rodríguez a nombre del
grupo parlamentario del PRD.
La suscrita, diputada a la LVIII
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, de
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
somete a consideración de esta H. Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de
decreto por el que se adiciona el artículo 322 bis al Código Civil Federal, al tenor de
la siguiente
Exposición
de Motivos
La promoción de las
responsabilidades familiares debe formar parte de las políticas públicas a cargo del
Estado mexicano y de sus instituciones. La necesidad es mayor por cuanto el número de las
mujeres cabeza de familia se ha incrementado en nuestro país, fenómeno atribuible a un
conjunto de factores sociales que es preciso atender. El rompimiento del núcleo familiar
por la separación de los padres implica para los hijos un proceso de adaptación difícil
y doloroso.
Acrecienta la problemática el
hecho de que la exigencia del pago de alimentos no siempre surge en el marco de una
ruptura matrimonial, la necesidad de exigir ante los tribunales el cumplimiento de las
obligaciones alimentarias puede darse en un sinfín de condiciones familiares.
El hecho de que un deudor
alimenticio no reconozca la importancia del cumplimiento cabal de sus responsabilidades de
manutención colocan en situación de grave riesgo sobre todo a los hijos e hijas menores
procreados por éste.
De forma lamentable, en México se
han multiplicado los casos en los que las mujeres -por diferentes motivos- se ven
obligadas a demandar ante las autoridades judiciales el pago de cuotas de manutención sin
contar con la información económica que permita establecer el monto de la obligación en
exacta correlación con la capacidad económica del deudor alimentario.
Asimismo el caso presenta mayor
dificultad en los casos en que la información allegada a los jueces de lo familiar
resulte falsa o manipulada tanto por el deudor alimentario como por aquéllas personas a
quienes corresponde proporcionar dichos datos conculcando los derechos a un desarrollo
pleno que tienen los niños y las niñas en nuestro país.
Por lo que, con fundamento en el
artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del
pleno de la H. Cámara de Diputados
Iniciativa de decreto por el que se
adiciona el artículo 322 bis al Código Civil Federal
Artículo Unico. Se adiciona el artículo 322 bis
al Código Civil Federal para quedar como sigue:
Artículo 322 bis. Toda persona a quien, por su
cargo, corresponda proporcionar informes sobre la capacidad económica de los deudores
alimentarios, está obligada a suministrar los datos exactos que solicite el juez de lo
familiar; de no hacerlo, será sancionada en los términos establecidos en el Código de
Procedimientos Civiles y responderá solidariamente con los obligados directos de los
daños y perjuicios que cause el acreedor alimentista por sus omisiones o informes falsos.
Las personas que se resistan a
acatar las órdenes judiciales de descuento o auxilien al obligado a ocultar o disimular
sus bienes o a eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarías son responsables,
en los términos del párrafo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto por otros
ordenamientos legales.
Transitorio
Unico
El presente decreto entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo, a
30 de abril de 2003.— Dip. Genoveva Domínguez
Rodríguez (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Justicia y
Derechos Humanos.
«Proposición con punto de acuerdo, en relación a la
auditoría sobre los activos de la fundación “Vamos México, AC”, que presenta
el diputado Salvador Cosío Gaona, del grupo parlamentario del PRI.
El suscrito diputado federal electo
por mayoría relativa por el 05 distrito electoral del estado de Jalisco, con cabecera en
Puerto Vallarta, somete a la consideración de esta H. Cámara de Diputados esta
proposición con punto de acuerdo, con el fin de solicitar que la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público efectúe una auditoría a la asociación civil denominada fundación
Vamos México, al año 2003.
Exposición
de Motivos
Es preocupante la forma
discrecional en que se han efectuado diversas actividades en el ámbito de la
Administración Pública Federal durante la administración de Vicente Fox.
Ante ello, existe una situación
que nos hace reflexionar aún más sobre la necesaria exacta aplicación de la ley.
Es el caso de la exagerada
discrecionalidad con que, se presume, se ha manejado el respaldo financiero a actividades
privadas, abusando, al margen de la ley, de fondos federales, sin existir el soporte
presupuestal correspondiente, utilizando recursos económicos asignados para su ejercicio
por dependencias específicas del Ejecutivo federal y que, en lugar de ser erogados por
éstas, se han utilizado para sufragar gastos con motivo de actividades privadas de la
ciudadana Martha Sahagún de Fox y de la asociación civil denominada fundación Vamos
México, que ella misma encabeza.
Los apoyos económicos y materiales
provenientes del erario público federal para sufragar las actividades privadas de la
esposa del ciudadano Presidente de la República, debe quedar claro que a ella sólo le
correspondería, acaso, recibir los respaldos inherentes a las actividades oficiales si
ocupare la Presidencia del Patronato del Sistema DIF Nacional, cargo que, no obstante su
carácter honorífico y por tanto sin la posibilidad legal de recibir salario alguno,
requiere para su adecuado desempeño de algunos apoyos administrativos por medio de
recursos humanos, materiales y financieros suficientes para tal caso.
Pero, en los hechos, la señora
Martha Sahagún Jiménez de Fox no ocupa siquiera dicho cargo, mismo que al parecer
rechazó, por considerarlo de poca relevancia político-administrativa o de escaso campo
de acción o de mínima influencia funcional en la esfera orgánica del Poder Ejecutivo
federal. Cabe recordar que dicho organismo gubernamental, que constituye el eje de la
labor asistencial del Gobierno Federal, fue constituido desde hace muchos años, y es
respetado por el pueblo mexicano y no fue creado a capricho del presidente en turno, y
mucho menos para beneficiar a algún partido político.
Por lo anterior, es clara y
contundente la conclusión en cuanto a que la mencionada ciudadana, Martha Sahagún de
Fox, no tiene carácter legal alguno para ser proveída presupuestalmente, salvo en lo
conducente a la prerrogativa personal como moradora de la residencia oficial de Los Pinos,
que es exclusivamente en cuanto a habitación y subsistencia alimentaria y de necesidades
básicas humanas cotidianas, lo que además debe ser revisado y, en su caso, acotado
debidamente y, no, nunca, jamás, en la forma, como es público y notorio, que se le
respalda desde el inicio de la actual Administración Pública Federal y hasta la fecha,
porque es un hecho indubitable que, a la señora Sahagún de Fox, se le otorgan recursos
fuera del parámetro normal que merece en su calidad de cónyuge del ciudadano Presidente
de la República, dado que, como antes se afirma, ella no ostenta o desempeña cargo
público alguno, pues, es sabido, ella cuenta con una estructura oficial de apoyo
administrativo a sus actividades personales, que incluye un numeroso grupo de servidores
públicos, como son secretarios particular y privado, jefe de ayudantes, secretarios
técnicos, asesores, analistas, personal de soporte técnico e informático, personal de
apoyo secretarial y auxiliares administrativos diversos, así como jefes de difusión y de
relaciones públicas, y otros muchos funcionarios y empleados públicos más, sin dejar de
advertir los cuantiosos recursos materiales y financieros que se derivan de ello.
Es de explorado derecho que nadie
podrá nunca obtener emolumento o remuneración económica con cargo al erario público
sin que exista justificación legal y el soporte presupuestal específico y determinado
con claridad, y que, además, no podrá realizarse erogación alguna a cargo del propio
erario público sin que exista al respecto la autorización y la determinación validada
cabalmente en el propio presupuesto oficial que corresponda.
Actuar en contravención de esta
máxima legal es incurrir en un manejo ilegal de los recursos públicos correspondientes y
está tipificado y penalizado en la ley.
Ha sido muy difundido y criticado
el respaldo oficial inadecuado, en cuanto a recursos humanos, materiales y financieros,
que se le ha venido otorgando, en forma por demás discrecional, a la asociación civil
denominada fundación Vamos México, sin que hasta ahora se conozca el monto real y el
justificado origen presupuestal de dichos recursos públicos, lo que contraviene a la más
elemental norma de aplicación y administración de los fondos públicos de la Federación
y vulnera además el principio de justicia y equidad en la distribución de los mismos y,
aun cuando éstos sean supuestamente destinados a actividades de beneficio social, su
ejercicio debe ceñirse a la legislación aplicable, por lo que es necesario solicitar la
transparencia y el soporte legal en cuanto al manejo de los mismos.
Al respecto, nos reservamos el
derecho a ejercer posteriormente las acciones legales que corresponden, porque, en su
momento, todo esto deberá ser revisado muy cuidadosamente por la Auditoría Superior de
la Federación, pues es muy claro que debe imperar el mandato de la legislación federal
aplicable en materia de contabilidad, presupuesto y gasto público, así como la
correspondiente Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la propia
legislación civil y penal que deba aplicarse al caso.
Sabemos que en fechas anteriores la
Auditoría Superior de la Federación realizó una auditoría a la asociación civil
mencionada, pero esta auditoría se refiere al año 2001, por lo que solicito se haga una
auditoría desde el año 2001 a la fecha y se dé un informe de los recursos que se han
erogado a la fundación Vamos México, así como solicitar a la Secretaría de la Función
Pública informe de las atribuciones y prerrogativas legales que en su caso ostente la C.
Martha Sahagún de Fox, en su calidad de cónyuge del C. Presidente de la República.
Por lo anterior me permito someter
a su consideración esta
Proposición
con Punto de Acuerdo
Unico. Se solicite a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público que efectúe auditoría fiscal a la asociación civil mencionada desde
el año 2001 al actual, y la intervención inmediata de la Auditoría Superior de la
Federación para solicitar información en relación con los recursos públicos federales
que se hayan erogado a la fundación Vamos México, así como solicitar a la Secretaría
de la Función Pública informe de las atribuciones y prerrogativas legales que en su caso
ostente la C. Martha Sahagún de Fox, en su calidad de cónyuge del C. Presidente de la
República.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 29 de abril de 2003.— Dip. Salvador Cosío
Gaona (rúbrica).»
Se turna a la Junta de Coordinación
Política.
«Proposición con punto de acuerdo que presenta el diputado Salvador
Cosío Gaona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para
solicitar información a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno
Federal, en relación a las solicitudes presentadas por diversas empresas de
transportación Comercial Aérea de Pasajeros para obtener la autorización Oficial de
operar rutas Nacionales e Internacionales, desde y a el Aeropuerto Internacional
“Gustavo Díaz Ordaz” ubicado en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco.
El suscrito diputado federal,
electo por mayoría relativa por el V distrito electoral del estado de Jalisco, con
cabecera en Puerto Vallarta, somete a consideración de la Cámara de Diputados esta
proposición con punto de acuerdo, a fin de solicitar que la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes del Gobierno Federal otorgue de inmediato la información oficial que posea
en relación con las solicitudes presentadas por diversas empresas de transportación
comercial aérea de pasajeros para obtener la autorización oficial con objeto de operar
rutas nacionales e internacionales desde y hacia el aeropuerto internacional Gustavo Díaz
Ordaz, situado en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, y, ante ello, expongo las
siguientes
Consideraciones
1. Como es de todos conocido,
Puerto Vallarta es un puerto de gran importancia en la captación turística y genera para
México gran cantidad de divisas.
2. Gran número de visitantes
utiliza la vía aérea como el medio de transportación a ese puerto y de retorno a su
lugar de origen. Hacia y desde el aeropuerto internacional de Puerto Vallarta están
autorizadas muy pocas rutas aéreas nacionales e internacionales, a cargo además de un
número muy reducido de empresas que gozan de la autorización oficial respectiva y, por
ello, se propicia una grave problemática que incide en la imposibilidad de atraer mayor
cantidad de turistas, dado que se cuenta con conexión aérea con muy pocos destinos y,
además, esto es mediante tarifas costosas y con itinerarios poco asequibles por su baja
frecuencia, existiendo el mercado y, así, la posibilidad de que otras muchas empresas de
transportación comercial de pasajeros por vía aérea puedan establecer el servicio desde
y hacia otros puntos del territorio nacional y del extranjero, lo que actualmente es
imposible por la falta del permiso oficial correspondiente.
Por ello, diversas empresas
manifiestan que han solicitado ya la autorización correspondiente ante la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes para prestar formalmente el servicio en ese importante puerto
y a la fecha no han obtenido respuesta adecuada en relación con dichas solicitudes.
Buscando el beneficio del turismo
que nos visita en Puerto Vallarta, tratando de elevar la calidad del servicio y la
seguridad del usuario con una mejor y libre competencia, representantes de diversos
gremios de prestadores de servicios turísticos han acudido a mí para que, por conducto
de esta Cámara, solicite tan valiosa información a los órganos competentes, a fin de
analizar las acciones por seguir y propiciar que se agilice cualquier trámite que
posibilite la apertura de diversas rutas hacia y desde Puerto Vallarta, generando así
mayor afluencia de pasajeros, que nos otorgue mayor derrama económica y mejores
condiciones a nuestra población, favoreciendo así a México y a Jalisco.
Por lo anterior, me permito someter
a su consideración esta proposición con
Punto
de Acuerdo
Unico. Se solicita de forma urgente a la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes la información oficial que posea en relación
con las solicitudes presentadas por diversas empresas de transportación comercial aérea
de pasajeros a fin de obtener la autorización oficial para operar rutas nacionales e
internacionales desde y hacia el aeropuerto internacional Gustavo Díaz Ordaz, situado en
la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 30 de abril de 2003.— Dip. Salvador Cosío
Gaona (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de
Transportes.
«Proposición
con punto de acuerdo que presenta el diputado Salvador Cosío Gaona, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en relación a la deficiencia y
falta de apoyo con que opera actualmente la Dirección General de Radio, Televisión y
Cinematografía de la Secretaría de Gobernación.
El suscrito, diputado federal
electo por mayoría relativa por el 05 distrito electoral del estado de Jalisco, con
cabecera en Puerto Vallarta, somete a la consideración de esta Cámara de Diputados esta
proposición con punto de acuerdo, en relación con la deficiencia y falta de apoyo con
que opera actualmente la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la
Secretaría de Gobernación y, ante ello, expongo las siguientes
Consideraciones
En estos tiempos de apertura
democrática en nuestro país han tomado auge los medios impresos y electrónicos de
comunicación. Como hoy podemos observar, ya no hay un solo canal privado de televisión,
ni un canal oficial del gobierno: hay varios canales televisivos en sistema abierto de
transmisión, una diversidad de canales por cable y, de esa forma, estaciones
radiofónicas. Esto nos permite un acercamiento de información cuantitativa y cualitativa
de la situación actual, tanto de nuestro país como de la situación mundial, y la
vigente y cotidiana operación. De ellos tenemos forzosamente los legisladores que revisar
las disposiciones legales en la vigente legislación en materia de radio, televisión y
cinematografía, la norma que regula la publicidad, la Ley de Imprenta y, en sí, la
mayoría de las leyes en comunicación social, y al Poder Ejecutivo le corresponde revisar
las políticas públicas de comunicación y los medios frente a la nación, con toda la
transparencia que esto merece, como son el derecho a la información, la función social
de los medios públicos del Estado, la libertad de expresión y otorgarle a los ciudadanos
por ley el derecho de réplica, así como los recursos que se aplican en materia de
difusión, el uso de los tiempos fiscales, el tiempo legal, el tiempo electoral,
etcétera.
Para ello, el Poder Ejecutivo, a
través de la Secretaría de Gobernación, cumple con ese cometido con la Dirección
General de Radio, Televisión y Cinematografía de esa Secretaría, que tiene como
misión:
• Vigilar el cumplimiento de
la Ley Federal de Radio y Televisión y de la Ley Federal de Cinematografía, con el fin
de cumplir con la función social que los medios de comunicación tienen encomendada,
contribuyendo a la reafirmación de los valores históricos, culturales, artísticos y
sociales de los ciudadanos.
• Ejercer las atribuciones que
las leyes le confieren a la Secretaría en materia de radio, televisión y
cinematografía.
• Aplicar la política de
comunicación social del Gobierno Federal, de conformidad con lo dispuesto por el titular
del ramo. Promover, con la intervención de otras dependencias, la producción de
programas de radio y televisión para contribuir al fortalecimiento de la integración y
descentralización nacional.
Y dentro de sus atribuciones
legales unas de las principales son:
I. Ejercer las atribuciones que las
leyes y reglamentos le confieren a la Secretaría en materia de radio, televisión,
cinematografía y demás medios electrónicos de comunicación;
II. Promover, con la intervención
que corresponda a otras dependencias, la producción de programas de radio y televisión
que contribuyan al fortalecimiento de la integración y descentralización nacionales;
III. Regular la transmisión de
materiales de radio y televisión;
IV. Tener a su cargo los registros
públicos que prevean las leyes en materia de radio y televisión;
V. Supervisar y vigilar que las
transmisiones de radio y televisión a través de sus distintas modalidades de difusión
cumplan con las disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión, sus respectivos
reglamentos y títulos de concesión;
VI. Autorizar y vigilar la
transmisión del Himno Nacional por estaciones de radio y televisión y la proyección por
televisión del Escudo y de la Bandera Nacionales y los programas que versen sobre ellos,
o que contengan motivos del Himno, en coordinación con la Dirección General de
Desarrollo Político;
VII. Proveer lo necesario para el
uso del tiempo que corresponda al Estado en las estaciones de radio y televisión;
VIII. Realizar los estudios,
investigaciones, análisis y evaluaciones necesarios para conocer oportunamente los
efectos de las transmisiones de radio y televisión y de las exhibiciones
cinematográficas sobre las actividades del Ejecutivo federal y, en su caso, proponer las
medidas que deban adoptarse.
Ante esta misión teórica de alta
importancia, vemos con suma preocupación que, en la práctica, la Dirección General de
Radio, Televisión y Cinematografía no cuenta con una estructura que le permita abarcar
la observancia y aplicación de la ley en el territorio nacional. Como ejemplo pongo un
caso que he vivido en la cabecera del distrito que tengo el honor de representar, que es
Puerto Vallarta, Jalisco, donde he solicitado informe del monitoreo de estaciones y no se
aplica esa vigilancia por falta de recursos materiales y económicos, así como éste hay
varios casos, dando como resultado de esto que dicha Dirección esté incumpliendo con su
misión y las obligaciones legales correspondientes en perjuicio de la sociedad mexicana.
Por lo anterior, me permito someter
a su consideración esta proposición con el siguiente
Punto
de Acuerdo
Unico. Se solicita de forma urgente a la
Secretaría de Gobernación que efectúe una evaluación sobre la eficacia en la
operación de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, y el adecuado
cumplimiento de las obligaciones legales, y proceda a proporcionar los recursos humanos,
materiales y financieros necesarios y envíe el informe respectivo a la comisión
correspondiente de esta Cámara de Diputados.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 29 de abril de 2003.— Dip. Salvador Cosío
Gaona (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública.
«Punto de acuerdo, por el cual el diputado Jaime Martínez Veloz solicita
a este pleno su mediación en el conflicto entre permisionarios del transporte público de
pasajeros y la autoridad municipal de Tijuana, agudizado por la imposición unilateral de
medidas autoritarias como el reglamento municipal de transporte público y el plan maestro
de vialidad y transporte, acciones que violaron disposiciones constitucionales y están
generando un clima de intranquilidad y agitación, inconvenientes para la seguridad
binacional y en vísperas de procesos electorales en Baja California.
Compañero Presidente; compañeras
diputadas y diputados:
En esta ocasión, solicito su apoyo
a la solicitud del sector transportista de pasaje urbano en Tijuana, Baja California,
sector productivo con representatividad social muy importante en esta ciudad fronteriza.
Los trabajadores del transporte urbano en Tijuana han enfrentado una serie de problemas,
que se agudizan por la soberbia de las autoridades, cuya actitud está guiada al parecer
por la insensibilidad, la falta de pericia y el ánimo de la confrontación.
La situación del transporte
público de pasajeros en Tijuana es una de las más complejas del país. Por ello es
necesaria y conveniente la solución gradual y participativa para mejorar la prestación
del servicio. La búsqueda de soluciones concertadas y consensuadas entre las autoridades
y los permisionarios del servicio, es obvio, debe privilegiarse, en aras del interés
público. Eso, en teoría.
En la práctica, los transportistas
han sido ignorados por las autoridades en el proceso de toma de decisiones para la reforma
del servicio, aun cuando el mismo proceso establece la obligación para aquéllas de
incluir a todos los sectores en la reforma. La arrogancia de las autoridades ha creado un
clima de inquietud y efervescencia social, algo inédito en una ciudad donde si de algo
puede preciarse el gobierno es de haber logrado la desmovilización de sectores
participativos por tradición.
La imposición del Plan Maestro de
Vialidad y Transporte por el cabildo, en decisión dividida, violó el artículo 26
constitucional, que establece: “El Estado organizará un Sistema de Planeación
Democrática del Desarrollo Nacional... Mediante la participación de los diversos
sectores sociales, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas
al plan y los programas de desarrollo”.
En un proceso viciado, las
autoridades violaron la Ley General de Transporte Público de Baja California, por no
instalar el Consejo Municipal de Transporte. Contra derecho y violentando el mandato
establecido en el artículo 26 de la Carta Magna, se derogó el artículo 246 del
Capítulo II del Reglamento de Transporte Público de Tijuana. La fracción II de ese
precepto establecía: “Para elaborar y aprobar el Plan Maestro de Vialidad y
Transporte. .. y una vez formulado el Plan Maestro, el presidente municipal solicitará
opinión al Consejo Municipal de Transporte. Una vez opinado el proyecto de Plan Maestro,
se presentará en sesión de cabildo para su análisis y aprobación, en su caso”.
Las autoridades municipales han
catalizado con sus actos la agitación en una ciudad caracterizada por su modesto interés
en cuestiones sociales. Los transportistas han expresado de manera reiterada su
inconformidad con el Reglamento Municipal de Transporte Público, del 31 de mayo de 2002,
y con el Plan Maestro de Vialidad y Transporte, del 25 de abril de 2003.
Tanto en el Reglamento Municipal
como en el Plan Maestro, los transportistas señalaron en tiempo y con argumentos su
inconformidad en algunos artículos, de importancia vital para ellos, pues afectan su
patrimonio y sus derechos.
Los transportistas de Tijuana han
advertido contradicciones entre artículos del Reglamento Municipal y derechos consagrados
en la Constitución mexicana. Los trabajadores del transporte expresan la contradicción
entre los artículos 1º, 5º, 13, 14, 16, 26 y 115 de la Carta Magna, y 4º, 26, 42 y
duodécimo transitorio del Reglamento Municipal.
De manera unilateral, valiéndose
de una mayoría partidista en el cabildo, las autoridades municipales impusieron el
Reglamento y el Plan Maestro. Cabe explicar que esa mayoría partidista la obtuvo el
gobierno en las pasadas elecciones estatales, las menos concurridas en Baja California y
en todo el país. Es decir, con una minoría vergonzosa, el gobierno se arroga
atribuciones escandalosas y afecta los derechos y el patrimonio de al menos 5 mil
trabajadores del transporte, lo que significa unas 18 mil familias tijuanenses.
Resulta muy claro que la situación
es grave y puede complicarse. Con tiempo, argumentos y la justicia y razón de su lado,
los trabajadores del transporte han señalado las incongruencias e ilegalidades del
proceder del municipio. Con todo derecho, han pedido participar y ser escuchados. Las
autoridades han respondido con la violencia y la represión.
No deja de resultar significativo
que Tijuana sea una ciudad con manifestación escasa de grupos sociales por cualquier tipo
de inconformidad social. A diferencia de otras ciudades, ésta ha gozado de cierto grado
de paz social. Ahora, eso está punto de modificarse de modo radical, pues los más
recientes hechos de movilización han provenido de los trabajadores del transporte. Y el
gobierno ha respondido con gases lacrimógenos y con balas. Ya hubo golpeados y detenidos
y se han dictado órdenes de aprehensión contra trabajadores, por el simple hecho de
manifestarse.
La tensión y la violencia social
están latentes en Tijuana, y se extienden a la periferia. El año pasado, en Rosarito,
municipio conurbado de Tijuana, la impericia e ineptitud del presidente municipal, quien
se negó a recibir a transportistas, degeneraron en un enfrentamiento, donde la inexperta
policía disparó al aire para dispersar una manifestación que en ningún momento había
salido de cauce.
Apenas el pasado 10 de abril, las
autoridades municipales de Tijuana dispusieron un virtual estado de sitio en la
presidencia, con tal de disuadir la legítima inconformidad de los transportistas. A los
trabajadores del volante se recibió con toletes y con bombas de gas y de pimienta, en un
hecho inédito y extraño, en una ciudad donde, repito, es casi inexistente la
movilización popular masiva. Baja California ha gozado de relativa paz social, pero la
actitud represiva de las autoridades está descomponiendo el clima de tranquilidad
aparente.
Los trabajadores están convencidos
de la ilegalidad de los artículos que impugnan, y están seguros de que una controversia
en el Poder Judicial federal les dará la razón. No desean llegar a esos extremos,
costosos en tiempo y esfuerzo, pero que se acompañarán muy seguramente de un proceso de
confrontación y enfrentamiento que a nadie conviene.
Tijuana se sitúa en una región
ahora estratégica, por razones de seguridad nacional, tanto para México como para
nuestros vecinos del norte. Está en puertas el proceso electoral del 6 de julio y es
conveniente que ningún factor nocivo lo afecte. Es responsabilidad del Congreso de la
Unión contribuir como coadyuvante en la búsqueda de soluciones a un conflicto que
ninguna razón tiene de ser, y que puede resolverse animando a las partes a sentarse y
dialogar.
Por lo anterior, someto a su
consideración el siguiente
Punto
de Acuerdo
Primero. Que el Congreso de la Unión intervenga
en el conflicto generado por las autoridades municipales de Tijuana, que han violado el
carácter mandatorio del Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo Nacional,
establecido en el artículo 26 de la Constitución mexicana, y considerando que dicho
artículo faculta a este Pleno, como se establece textualmente: “En el Sistema de
Planeación Democrática, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la
ley”.
Segundo. Que este Congreso de la Unión atienda la
solicitud de trabajadores del transporte público de Tijuana, Baja California, a fin de
mediar en el conflicto entre las autoridades municipales y los permisionarios, con motivo
de la aprobación dividida en el cabildo tijuanense del Reglamento Municipal de Transporte
Público y del Plan Maestro de Vialidad y Transporte, que contravienen garantías
consagradas en la Constitución mexicana y afectan de manera grave los derechos y el
patrimonio de unos 5 mil trabajadores de ese servicio público.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 30 de abril de 2003.— Dip. Jaime Martínez
Veloz (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de
Transportes.
«Proposición con punto de acuerdo, sobre el otorgamiento de
permisos irregulares para generación de energía eléctrica por parte de la Comisión
Reguladora de Energía.
Los suscritos, diputados federales
integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con
fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar ante esta
honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo para citar a comparecer al
Presidente de la Comisión Reguladora de Energía, a fin de que dé cuenta de las acciones
que violentan la normatividad en la materia, en razón de los siguientes
Considerandos
De conformidad con la ley que le da
vida, la Comisión Reguladora de Energía es un órgano desconcentrado de la Secretaría
de Energía, con autonomía técnica y operativa. Dentro de sus objetivos está, de
acuerdo con el artículo 2º, fracción II, de dicha ley, promover el desarrollo eficiente
de las actividades de “generación, exportación e importación de energía
eléctrica, que realicen los particulares”, y dentro de sus atribuciones, de acuerdo
con la fracción XII del artículo 3º de la misma ley está “otorgar y revocar los
permisos y autorizaciones que, conforme a las disposiciones legales aplicables, se
requieran para la realización de actividades reguladas”.
De acuerdo con sus atribuciones, la
Comisión Reguladora expidió el permiso para autoabastecimiento de energía eléctrica
E/199/AUT/2001, a favor de la empresa Energía Azteca VIII, y el permiso de exportación
de energía eléctrica E/182/EXP/2000, expedido a favor de Energía Azteca X, con los
vicios de origen que a continuación indicamos, ya que se apartan de la legalidad e
invaden la esfera de competencia del Poder Legislativo.
En la resolución de la Comisión
Reguladora................ RES/143/2001, se resuelve otorgar a Energía Azteca VIII, S de
RL de CV, el permiso E/199/AUT/2001 para generar energía eléctrica bajo la modalidad de
autoabastecimiento, utilizando la misma central eléctrica comprometida para generar
energía eléctrica con la modalidad de producción independiente de acuerdo con la
RES/082/99, mediante la cual se otorga a la misma empresa el permiso E/135/PIE/99 para lo
anterior, de acuerdo con la RES/144/2001, se autoriza incrementar la capacidad de la
central con un excedente de 131.1 Mw en condiciones ISO, mismo que se destinará a
satisfacer las necesidades de socios del permisionario y el “excedente del
excedente” se pone a disposición de la Comisión Federal de Electricidad.
Las actuaciones señaladas con
antelación desnaturalizan la figura jurídica de producción independiente establecida en
el artículo 36, fracción III, de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica,
que a la letra dice: “de producción independiente para generar energía eléctrica
destinada a su venta a la Comisión Federal de Electricidad, quedando ésta legalmente
obligada a adquirirla”; mientras que su correlativo, el artículo 108 del reglamento
de la citada ley, señala: “se considera producción independiente la generación de
energía eléctrica proveniente de una planta con capacidad mayor de 30 Mw, destinada
exclusivamente a su venta a la Comisión o a la exportación”.
De las disposiciones anteriores se
deriva que la planta con que el permisionario de producción independiente cumple con su
obligación con la Comisión Federal de Electricidad debe destinarse exclusivamente para
venta de energía a dicha Comisión, por lo cual esta planta no debe generar energía
destinada a otro propósito, en este caso para autoabastecimiento.
Precisamente el sustento de la
obligación legal de la Comisión para adquirir esa energía está en guardar la simetría
de ambas obligaciones, además se beneficia el interés particular en detrimento de la
economía de la empresa pública, ya que el costo unitario de la inversión no es igual
para una planta completa, cuya inversión habrá de amortizar la Comisión a través del
pago del cargo fijo de capacidad, que el que representa adicionarle capacidad a dicha
planta.
De acuerdo con los términos de los
contratos de compromiso de capacidad de generación y compraventa de energía, la planta
debe estar disponible para cuando la Comisión requiera que genere de acuerdo con el
despacho de carga. El hecho de que sobre esta planta recaigan otras obligaciones de
generación, obviamente pone en riesgo la continuidad y confiabilidad del servicio
público.
Por otra parte, con su proceder la
Comisión Reguladora de Energía violenta el párrafo cuarto del artículo 134 de la
Constitución General de la República, al no respetar los principios de equidad y
transparencia en licitaciones públicas, ya que las especificaciones respectivas no
establecen la posibilidad de que a la capacidad especificada se pueda añadir capacidad
adicional para otros propósitos y autorizarla después de la adjudicación respectiva, lo
cual crea la sospecha de acuerdo fraudulentos, cuyo resultado, entre otros, es que no se
adquiera el bien o servicio en las mejores condiciones para el Estado.
En el considerando segundo de la
resolución RES/143/2001 se cita un acuerdo tomado por el pleno de la Comisión Reguladora
de Energía el 2 de agosto de 2001, en el sentido de que sobre un permiso de producción
independiente puede otorgarse otro permiso diverso. Dicho acuerdo, además de violentar la
legalidad, invade atribuciones reservadas al Poder Legislativo, y este mismo señalamiento
aplicaría a la aprobación que la Comisión Federal de Electricidad otorgó a ese
proyecto de autoabastecimiento, según lo consignado en el considerando decimotercero de
la resolución mencionada.
No pasa inadvertido lo que estipula
la base 3) del artículo 36 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica,
referente a que la “Secretaría de Energía, podrá otorgar permiso para cada una de
las actividades o para ejercer varias”, que al confrontarlo con todo el cuerpo de la
ley y su reglamento es claro que se refiere a que la ley no impide que una sola persona
física o moral pueda ser permisionario de varias modalidades de generación privada, cada
una ajustada a lo que establecen esas normas para cada modalidad.
Como ya mencionamos, en el
considerando segundo de la resolución RES/143/2001, consignan que el acuerdo del pleno
del 2 de agosto de 2001 estableció que, cuando en una central de generación destinada a
un permiso de producción independiente de energía exista una capacidad adicional, ésta
puede ser objeto de un permiso diverso. Pero en este caso dicha capacidad adicional no
“existía” en el momento de la resolución, ya que un incremento de la capacidad
del permiso inicial E/135/PIE/99 fue solicitada el 22 de junio de 2001, dos años después
del permiso inicial y después de la solicitud de permiso para autoabastecimiento con la
misma central, que tuvo lugar el 16 de mayo de 2001; es decir, se solicitó permiso antes
de tener autorizado un incremento en la capacidad. Al margen de la sospechosa
inconsistencia en las fechas, resulta obvio que por la vía de autorizar incrementos en la
capacidad siempre podrá argüirse que existe capacidad adicional que puede aprovecharse
para otros propósitos forzando la distorsión de la figura de producción independiente y
poniendo en riesgo la seguridad del servicio público de energía eléctrica.
Una configuración similar y, por
tanto, con los mismos defectos es la que se integra con los permisos de producción
independiente para venta a la Comisión Federal de Electricidad E/174/PIE/2000, otorgado
mediante la resolución RES/150/2000, y el de exportación de energía eléctrica E/
182/EXP/2000, concedido mediante la resolución RES/242/2000, ambos a favor de Energía
Azteca X, S de RL de CV.
En este caso, primero se otorgó el
permiso de producción independiente y posteriormente el de exportación, utilizando la
misma planta que, según se declara en las resoluciones citadas, tiene una capacidad mayor
que la comprometida en el contrato con la Comisión.
Es pertinente aclarar que aún no
existía el acuerdo del pleno de la Comisión Reguladora de Energía para que a una
central destinada a la producción independiente se le sobrepusiera otro permiso, por lo
que hubo necesidad de recurrir a otro artificio: tergiversar los hechos para aparentar que
se cumple con el contenido del artículo 108 del Reglamento de la Ley del Servicio
Público de Energía Eléctrica que ya hemos trascrito. Así, en el considerando
decimotercero de la resolución RES/242/2000 se lee: “ya que la generación de
energía eléctrica provendrá de una planta con capacidad mayor a 30 Mw y se destinará
exclusivamente a exportación”. Según este criterio, la capacidad adicional de la
planta es “otra planta” y con esto ya se cumple lo dispuesto por el artículo
108.
Como puede advertirse, el asunto
que hoy sometemos a esta soberanía deja ver una burda maniobra del Poder Ejecutivo para
lograr, por la vía de los hechos, lo que este Poder Legislativo no ha dejado, ni dejará
pasar: privatizar la industria eléctrica.
Lo anterior nos deja ver que la
Comisión Reguladora de Energía ha extraviado el cumplimiento de su misión. Es claro que
su atención está puesta en habilitar la trasgresión a la legalidad para privilegiar los
intereses particulares por encima de los intereses públicos, no obstante que ello
ocasionaría graves daños patrimoniales a la nación.
Por lo anteriormente expuesto y
fundado, se somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto
de Acuerdo
Primero. Se cite, a la mayor brevedad posible al
Presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Dionisio Pérez Jácome, ante la
Comisión de Energía, a fin de que dé cuenta de las acciones que se han expuesto.
Segundo. Se solicite a la Comisión Reguladora de
Energía, inicie de inmediato el procedimiento de cancelación de los permisos referidos
con anterioridad.
Palacio Legislativo, a 30 de abril
de 2003.— Diputados: María del Rosario Tapia
Medina (rúbrica), Jaime Martínez Veloz.»
Se turna a la Comisión de Energía.
«Proposición con punto de acuerdo, sobre infracciones a la
seguridad social por parte de la Comisión Federal de Electricidad.
La suscrita, diputada federal
integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con
fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta honorable
asamblea una proposición con punto de acuerdo, a fin de turnar una excitativa al director
general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para subsanar acciones que lesionan
principios de seguridad social, en razón de los siguientes
Considerandos
I. Los trabajadores de CFE
permanentes de base y de confianza y temporales se incorporaron al régimen obligatorio
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mediante convenio del 28 de febrero de
1979, suscrito por ese Instituto, la Comisión Federal de Electricidad y el Sindicato
Unico de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM).
II. Con posterioridad a la fecha de
incorporación al IMSS, muchos trabajadores reunieron las condiciones establecidas en el
contrato colectivo de trabajo respectivo para jubilarse o pensionarse por parte de la CFE
y ejercieron ese derecho, pero sin llegar a satisfacer el número de cotizaciones (500)
establecidas en la Ley del Seguro Social entonces vigente (debido al tiempo insuficiente
transcurrido entre la incorporación al Instituto y el ejercicio de la jubilación
contractual). Como resultado, esos trabajadores fueron jubilados o pensionados por parte
de la CFE, mas quedaron excluidos de la pensión por parte del Instituto, por lo cual
perdieron -entre otros beneficios- la pensión de viudez en caso de fallecimiento.
III. En esos casos dejaron de
cumplirse los postulados de la cláusula 55 del contrato colectivo vigentes desde la
contratación colectiva 1974-1976 y, por tanto, en el momento de la incorporación al
IMSS, que para mayor ilustración transcribimos a continuación:
“Derecho a la Seguridad. La
CFE y el SUTERM reconocen la elevada jerarquía de los principios de la seguridad social
como elementos esenciales de la justicia social y para sustanciarlos establecen un sistema
de derechos, obligaciones y garantías contractuales que, aunados a los legales, tienden a
fincar relaciones de trabajo dignas, seguras y determinantes en la formación en los
trabajadores de una conciencia nacionalista y revolucionaria por cuya fuerza se enriquezca
y profundice su prominente participación en las tareas de la industria eléctrica
nacionalizada y que les garanticen en lo posible, aun cuando se encuentren impedidos
transitoria o definitivamente de prestar servicios, cuando los hubieren prestado por
cierto tiempo o cuando mueran, las condiciones de vida con sus dependientes o de sus
dependientes, por las que adquieran vigencia los derechos a la alimentación nutritiva y
suficiente, salud física y mental, habitación decorosa e higiénica, educación
eficiente, vestido adecuado, descanso reparador y constructivo y, en general, al disfrute
de los medios que hacen posible la libertad.”
IV. En consecuencia, los
trabajadores que se encuentran en la condición que hemos expuesto, en caso de su
fallecimiento, dejan a la viuda y dependientes económicos sin la protección que el
Seguro Social prevé para esos casos, protección que tampoco forma parte de la
contratación colectiva correspondiente, dejando de cumplirse postulados básicos de la
seguridad social, consignados en diversos instrumentos con efectos jurídicos.
V. Los trabajadores afectados han
llevado a cabo diversas acciones tendentes a lograr la seguridad social para sus
familiares a que tienen derecho, entre las que se cuenta el oficio de julio de 2002
dirigido a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados,
suscrito por trabajadores jubilados de la CFE de las zonas de Navojoa, Guaymas y
Hermosillo, Sonora, sin que a la fecha se vean atendidas sus demandas.
Por lo anteriormente expuesto y
fundado, se somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto
de Acuerdo
Unico. Se turne excitativa al director de la
Comisión Federal de Electricidad por parte de la Comisión de Trabajo y Previsión Social
de la Cámara de Diputados para que corrija la desviación expuesta en los considerandos a
los principios de seguridad social legalmente tutelados, en perjuicio de trabajadores
jubilados de la CFE misma.
Palacio Legislativo de San
Lázaro.- México, DF, a 30 de abril de 2003.— Dip. María del Rosario Tapia Medina (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Trabajo y
Previsión Social.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.
Cámara de Diputados del Congreso
del a Unión de la LVIII Legislatura.— Presente.
Los diputados que firmamos al
calce, de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes de
diversos grupos parlamentarios, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrirnos a
solicitar se considere como de urgente y obvia resolución y se someta al Pleno de la
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con
punto de acuerdo.
Para poder establecer de manera
clara lo que se pretende con este punto de acuerdo es necesario desglosar algunos
conceptos para una mejor comprensión del problema que aqueja al Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial.
Una marca es un signo que sirve
para distinguir un servicio o producto de otros de su misma clase o ramo. Puede estar
representada por un nombre, un logotipo, un eslogan, un empaque o una combinación de
cualquiera de éstos.
Al registrar una marca, la ley
protege al propietario o registrante del uso indebido por parte de terceros, ya sean
personas físicas, morales u organizaciones. Asimismo, el registro de una marca en
México, sienta los antecedentes para protegerla en el extranjero. De esta manera, la
utilización de una marca representada por signos, logotipos, figuras, marcas, palabras,
frases o la combinación de éstos, es de uso exclusivo de su titular o registrante.
Por otra parte, una patente es la
certificación que el gobierno de nuestro país otorga, tanto a personas físicas como
morales, la cual les permite explotar exclusivamente invenciones que consistan en nuevos
productos o procesos durante un plazo improrrogable de 20 años, contados a partir de la
presentación de la solicitud correspondiente.
El Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (IMPI) es el organismo público descentralizado que se encarga de la
recepción, estudio y otorgamiento de patentes en nuestro país.
La seguridad de que la protección
de la patente le ofrece al inventor, motiva su creatividad, toda vez que tiene la
garantía de que su actividad inventiva estará protegida durante 20 años y será el
único en explotarla. La Ley de la Propiedad Industrial establece que serán patentables
las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de
aplicación industrial.
Una vez que la solicitud cumple con
el examen de forma, se publica a los 18 meses o antes a petición del solicitante.
Posterior a su publicación se practica el examen de fondo, el cual, de existir
observaciones al respecto, el IMPI solicitará las aclaraciones correspondientes, mismas
que deberán ser atendidas en un plazo no mayor de 2 meses. En caso contrario se
considerará abandonada la solicitud. De no existir observaciones, el IMPI otorgará los
derechos correspondientes al titular de la patente en un periodo de 30 meses
aproximadamente a partir de la fecha de presentación de la solicitud.
Después de conocer cómo se
registra una marca o una patente en nuestro país, debemos conocer a qué tipo de mercado
impacta la labor que desarrolla el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Por una parte, para conocer la
importancia que pueden representar las marcas y patentes en México, es importante saber
que nuestro país es el primer mercado de América Latina que tiene firmado un Tratado de
Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (NAFTA). Además tiene suscritos acuerdos de
libre comercio con Costa Rica, Colombia, Venezuela, Bolivia, Chile y la Unión Europea.
La actividad industrial es la
segunda más importante en la generación del producto nacional: contribuye con dos
quintas partes del total y proporciona ocupación a una cuarta parte de la población
económicamente activa del país.
En 1998, el Producto Interno Bruto
(PIB) de México ascendió a 414,986.4 millones de dólares; la participación de los
principales sectores económicos en el PIB fue la siguiente: el agropecuario, 5.4%; el
industrial, 29.1%, donde las manufacturas constituyen el 75.3% de su valor; y el sector de
los servicios 65.6%, sobresaliendo comercio, restaurantes y hoteles, con un 31.9%. Por
otra parte, la producción de petróleo crudo fue de 3,077.0 miles de barriles diarios.
En materia de protección de
patentes y marcas, México es signatario de la Convención de París para la Protección
de la Propiedad Industrial y del Convenio que establece la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI). En materia de marcas ha suscrito el Tratado Sobre el Derecho
de Marcas (TLT), y respecto a patentes es miembro del Tratado de Cooperación en Materia
de Patentes (PCT).
También forma parte del Arreglo de
Lisboa Relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen en el Registro
Internacional.
Las patentes de procesos tienen una
patente improrrogable de 20 años, salvo excepciones, por ejemplo, en los productos
farmacéuticos. El registro de los diseños industriales tiene una vigencia de 15 años
improrrogables, y el de los modelos de utilidad de 10 años, también improrrogables.
El derecho al uso exclusivo de un
nombre comercial de un establecimiento industrial, comercial o de servicios se protege por
10 años.
La Ley de Fomento y Protección de
la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio
de 1991, establece en su artículo 7º que el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial será un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio
propio, y que tendrá por objeto, entre otros, ser órgano de asesoría, consulta y
difusión en materia de propiedad industrial; coadyuvar en la promoción de invenciones de
aplicación industrial y su desarrollo comercial; formar y mantener actualizados los
acervos sobre invenciones publicadas, y realizar estudios en investigaciones en dicha
materia.
En el artículo 3º del decreto por
el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se establece que el
Instituto tendrá las atribuciones siguientes: difundir, asesorar y dar servicio al
público en materia de propiedad industrial; la asesoría a empresas o a intermediarios
financieros para emprender o financiar la construcción de prototipos y para el desarrollo
industrial o comercial de determinadas invenciones; la difusión entre las personas,
grupos, asociaciones o instituciones de investigación, enseñanza superior o de
asistencia técnica, del conocimiento y alcance de las disposiciones de la ley, que
faciliten sus actividades en la generación de invenciones y en su desarrollo industrial y
comercial subsecuente, así como la celebración de convenios de cooperación,
coordinación y concertación, con los gobiernos de las entidades federativas, así como
con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para promover y fomentar
las invenciones y creaciones de aplicación industrial y comercial, entre otras.
Situación que no se ha cumplido, por lo que solicitamos se inicie una investigación de
las omisiones y negligencia con la que se ha conducido dicho organismo.
En el artículo 10 de propio
decreto, se señala que el director general será designado a indicación del Ejecutivo
federal, a través del secretario de Comercio y Fomento Industrial, por la Junta de
Gobierno. Por lo que exhortamos al responsable de su designación, que señale a un nuevo
director que cumpla la normatividad aplicable.
Asimismo, en el artículo 12 se
determina que el Instituto contará con un órgano interno de control y un órgano de
vigilancia. El órgano interno de control será parte integrante de la estructura
orgánica del Instituto, y tendrá las atribuciones que, con sujeción a la Ley Federal de
las Entidades Paraestatales, le sean conferidas por el estatuto orgánico del Instituto.
El órgano de vigilancia del Instituto estará integrado por un comisario público
propietario y un suplente, designados por la Secretaría de la Contraloría General de la
Federación, el cual realizará sus funciones en los términos de la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales y su Reglamento.
En este sentido, creemos que
ninguno de los órganos de control que tienen la obligación de vigilar el correcto y
eficaz desempeño del Instituto ha cumplido cabalmente su tarea de custodia de los
intereses ciudadanos.
Por otra parte, el pasado 19 de
marzo de este año la Comisión de Comercio de esta Cámara de Diputados llevó a cabo la
comparecencia con el titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en la cual
todos los grupos parlamentarios que intervinieron en tal ocasión manifestaron su
desaprobación a la gestión realizada por el ciudadano Jorge Amigo Castañeda.
Entre las afirmaciones que se le
increparon por parte de los diputados federales ahí presentes, las que manifiestan la
inconformidad e insostenibilidad a su dirección, son, por mencionar algunas, las que lo
señalan como incompetente y corrupto, y que dentro de su haber diario realiza conductas
como peculado, coerción, amenazas y favores sexuales.
Es claro que el Pleno de esta
Cámara de Diputados debe hacer eco de las demandas de sus compañeros y no permitir que
se siga dañando a una entidad del sector público.
Por tanto, la aprobación de este
acuerdo fortalecerá los legítimos intereses de la ciudadanía y conllevará a este
Congreso a la responsabilidad y madurez que debemos mostrar al país.
Consideramos que es de urgente
resolución en virtud de que no es posible que se sigan gestando anomalías en el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y es imperioso dotar a la nación de
certidumbre jurídica, y de obvia resolución en virtud de que no podemos permitir que
ningún funcionario público pueda violar impunemente las leyes que emanan de este
Congreso de la Unión y que de esta manera surjan mayores consecuencias, si no actuamos de
manera decidida y comprometida para revertir sus efectos.
Conforme a las anteriores
consideraciones y argumentos es que solicitamos al pleno de esta Cámara de Diputados, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 73, fracción XXIV, y 79 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 20, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos y 59 del Reglamento para el Gobierno interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se someta y vote el presente documento
por tratarse de un asunto de obvia y urgente resolución, para que se acuerde
Punto
de Acuerdo
Primero. Se mandata a la Auditoría Superior de la
Federación para que audite al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Segundo. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal
para que realice, por conducto de la Secretaría de la Contraloría, una investigación
exhaustiva a dicho Instituto, así como a sus mandos medios y superiores y proceda
conforme a derecho.
México, DF, a 30 de abril de
2003.— Diputados: José R. Escudero Barrera,
Ma. Cristina Moctezuma Lule, Concepción Salazar González, Esveida Bravo Martínez, Olga
Patricia Chozas y Chozas, Angel Meixueiro González, Ma. Teresa Campoy Ruy Sánchez, Diego
Cobo Terrazas, Nicasia García Domínguez, Erika Spezia Maldonado, Jesús Alí de la
Torre, Araceli Domínguez Ramírez, Martha Silvia Sánchez González, Sara Figueroa
Canedo, Julieta Prieto Fuhrken (rúbricas).
Se turna a la Comisión de Vigilancia
de la Auditoría Superior de la Federación.
«Iniciativa de ley que crea el fideicomiso que administrara
el fondo de contingencia para el apoyo de los ex braceros del periodo 1942-1946.
Los que suscribimos, diputados
federales miembros de esta LVIII Legislatura y con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y por el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía la
siguiente iniciativa de Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de
Contingencia para el Apoyo de los ex Braceros del Periodo 1942-1946.
Exposición
de Motivos
Desde que esta H. Cámara de
Diputados creó la Comisión Especial para darle seguimiento a los fondos aportados por
los trabajadores mexicanos braceros, en esta 58 Legislatura, los que suscribimos la
presente iniciativa nos hemos abocado a trabajar, analizar, evaluar, investigar y
considerar con toda objetividad, claridad y en un afán y espíritu de unir esfuerzos con
las autoridades del Ejecutivo, que han tenido a bien participar activamente en los
trabajos que la Comisión de la que formarnos parte, y en virtud de que estos esfuerzos se
han venido dando con respeto, seriedad, nacionalismo y, ante todo, sin protagonismos o
intereses particulares o de grupo, y en un marco de la pluralidad y convivencia que la
sociedad mexicana demanda de sus legisladores.
Además, esta ley recoge varios de
los anhelos y solicitudes de asistencia y gestoría legislativa que han sido formuladas
por los diversos líderes e integrantes de las asociaciones y grupos representativos de
trabajadores braceros, como se describe en esta ley y como ha quedado en las memorias de
las diversas reuniones que se han llevado a cabo, con diversas autoridades del Ejecutivo,
así como de los anteriores, con la Comisión de Braceros en esta Cámara, sometemos a la
consideración de este Pleno la presente
Ley que Crea el Fideicomiso que
Administrará el Fondo de Contingencia para el Apoyo de los ex Braceros del Periodo
1942-1946
Artículo 1
Se crea el Fideicomiso para
Administrar el Fondo de Contingencia para el Apoyo de los ex Braceros del Periodo
1942-1946.
El fideicomiso tendrá por objeto:
I. Asistir económicamente a todos
aquellos ex Braceros o a sus cónyuges, que hayan cumplido con la documentación requerida
en las oficinas instaladas para tal efecto y en los términos previstos por la Comisión
Especial para dar seguimiento a los fondos aportados por los Braceros y la Secretaría de
Gobernación en los años de 1942 a 1946, o aquellos que prueben con documentos
fehacientes que después de 1946 se les retuvo el 10% de su salario, con la cantidad de 60
mil pesos en moneda nacional por cada Bracero registrado en el padrón.
Dichos Braceros únicamente
recibirán los apoyos a que se refiere esta Ley, siempre y cuando cumplan con los
requisitos que establece el artículo 6° de la misma.
Artículo 2
Para efectos de esta Ley, se
entenderá por:
I. Bracero: Las personas que hayan
sido contratadas en el periodo 1942-1946 a través de la War Food Administration.
II. Fideicomiso: El Fideicomiso
constituido a partir de la presente Ley.
III. Fiduciaria: Secretaría de
Gobernación.
IV. Comité: El Comité Técnico
del Fideicomiso a que se refiere la presente Ley (el cual sería la Segob).
V. Ley: a la presente Ley.
VI. Saldo Neto de Ahorro: El
resultado del monto que conste a partir del número de empadronados que comprueben su
estancia o contrato en Estados Unidos en los años de 1942 a 1946, o subsecuentes, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 1, párrafo 1.
VII. Secretaría: La Secretaría de
Gobernación.
Artículo 3
El Fideicomiso será público y
contará con un Comité que estará integrado por tres representantes de cada una de las
siguientes instituciones: de la Comisión para darle Seguimiento al Fondo Aportado por los
Braceros descritos en el artículo primero de la Ley, quien lo presidirá; de Gobernación
y de la función pública. Por cada representante propietario del Comité habrá un
suplente, quien deberá suplirlo en sus ausencias.
El Comité acreditará legalmente a
las personas que se encarguen de recibir y dar respuesta a actos jurídicos interpuestos
en contra de sus resoluciones, incluidos aquellos actos relacionados con los juicios de
garantías que, en su caso, se interpongan en contra de las resoluciones del propio
Comité.
Artículo 4
El fondo, que será el patrimonio
administrado por el Fideicomiso, se constituirá por:
I. Una partida erogada del
Presupuesto aprobado para el año 2004 o una partida especial que para tal fin será
destinada a la Secretaría de Gobernación dentro de su presupuesto de egresos del año
2004.
II. Dicha partida se administrará
en subcuentas independientes entre sí, a partir de la cantidad de Braceros empadronados
bajo los términos de esta Ley.
Artículo 5
El fideicomitente del Fideicomiso
será el Gobierno Federal, a través de la Secretaría.
El Comité tendrá de manera
enunciativa, más no limitativa, las siguientes facultades:
I. Aprobar los términos mínimos
de referencia conforme a los cuales deben practicarse los trabajos de auditoría contable
cuyos Braceros sean sujetos a los apoyos que esta Ley contemple, con el propósito de que
los recursos de este Fideicomiso se apliquen de forma transparente;
II. Aprobar las bases y
procedimientos a través de los cuales se reconocerán los montos a pagar que se hayan
determinado en el trabajo de la Comisión Especial para darle seguro seguimiento a los
fondos aportados por los trabajadores Braceros, descritos en el artículo primero de la
Ley, así como los mecanismos para identificar a los Braceros, los procedimientos para
determinar las cantidades que se podrán entregar a los mismos, así como los
procedimientos para documentar dichas entregas:
III. Determinar los requisitos que
deben reunir los documentos comprobatorios de los derechos de crédito de los Braceros
para ser considerados válidos, así como los métodos de identificación de dichos
Braceros.
IV. Aprobar las bases y
procedimientos a través de los cuales se reconocerán a los Braceros objeto de esta Ley,
que serán apoyados, así como los procedimientos para documentar dichos apoyos;
V. Autorizar la celebración de los
actos, convenios y contratos de los cuales puedan derivar afectaciones para el patrimonio
del Fideicomiso, así como aquellos que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines;
VI. Evaluar periódicamente los
aspectos operativos del Fideicomiso;
VII. Revisar y aprobar, en su caso,
los informes que rinda la fiduciaria sobre el manejo del patrimonio fideicomitido;
VIII. Vigilar que los recursos que
se aporten al Fideicomiso se destinen al cumplimiento de sus fines;
IX. Definir los criterios y dictar
las decisiones sobre el ejercicio de las acciones que procedan con motivo de la defensa
del patrimonio del Fideicomiso, comunicando dichos criterios y decisiones por escrito a la
fiduciaria;
X. Girar instrucciones a la
Fiduciaria acerca de las personas a quienes deberá conferirse mandato o poderes para que
se cumplan las funciones secundarias, ligadas y conexas a la encomienda fiduciaria o para
la defensa del patrimonio fideicomitido, indicando expresamente cuando el (los)
mandatario(s) podrá(n) delegar sus facultades a terceros;
XI. Proponer las modificaciones que
se pretendan realizar al Fideicomiso.
Artículo 6
Los Braceros objeto de esta Ley
serán:
I. Aquellos que se hayan acreditado
como Braceros en el periodo de 19421946, o aquellos descritos en el artículo primero,
registrados en el padrón instalado por la Secretaría de Gobernación en todos los
estados de la República Mexicana y que se hayan acreditado como tales con los documentos,
requisitos y condiciones correspondientes enunciados en la presente Ley.
Artículo 7
Sólo podrán acogerse al contenido
de este ordenamiento los Braceros que cumplan los siguientes requisitos y condiciones:
I. Que hayan cumplido con el
empadronamiento respectivo en cualquiera de las oficinas instaladas en todos los estados
de la república por medio de la Secretaría de Gobernación, lo que garantiza que no se
den actos de corrupción o pagos por la prestación del servicio pues este es totalmente
gratuito.
II. Que el registro de los Braceros
se haya efectuado dentro de los tres meses respectivo, contados los mismos a partir del 7
de abril del años 2003.
III. Que hayan cumplido al
presentar una identificación oficial (credencial de elector, pasaporte o cartilla del
Servicio Militar Nacional) que los acrediten como ciudadanos mexicanos.
IV. Acreditación de su
participación en el Programa Bracero 1942-1946 con copia de por lo menos uno de los
siguientes documentos:
a) Contrato Individual de trabajo
celebrado con el Gobierno de Estados Unidos por medio de la War Food Administration,
periodo 1942-1946.
b) Comprobante de pago del mismo
periodo.
c) Tarjeta de identificación
consular (mica café).
d) Fe notarial acompañado de dos
testigos, los cuales deberán tener como requisito ser de contemporaneidad con el Bracero
en cuestión.
V. Acreditación de su
participación en el Programa Bracero subsecuentemente a 1946, pero con documentos
fehacientes que demuestran que se les retuvieron fondos que constituyen el 10% de los
ingresos que percibieron.
VI. Para esposas o viudas que
presenten documentación los requisitos serán los siguientes:
a) Uno de los documentos
anteriores.
b) Identificación oficial.
c) Copia de acta de matrimonio
(para esposas o viudas).
d) Copia del acta de defunción (en
su caso).
Artículo 8
El monto destinado a cada uno de
los Braceros acreditados como tales en el periodo comprendido por esta Ley, 1942-1946, o
sus beneficiarios, será el siguiente:
I. El monto destinado a cada
Bracero descrito en el artículo primero de la Ley, y que sea debidamente acreditado en el
padrón, será de 60 mil pesos MN.
II. Los únicos beneficiarios del
monto mencionado de 60 mil pesos en MN, podrán ser los Braceros, las esposas o viudas (en
su caso) que cumplan con la documentación requerida.
III. La repartición del monto se
dará en un lapso de cinco años mediante una participación mensual del mismo de tal
forma que el Bracero reciba mes con mes y en un lapso de 5 años el equivalente en moneda
nacional de 60 mil pesos MN.
Artículo 9
La aplicación de los recursos
destinados al pago de los Braceros estará condicionado a la suscripción de convenios que
realice la Fiduciaria en cumplimiento de los fines del Fideicomiso creado por esta Ley,
con los gobiernos de las entidades federativas en donde residan dichos Braceros. Se
invitará a las entidades federativas que tengan a los Braceros objeto de esta Ley dentro
de su circunscripción territorial a firmar dichos convenios, en los que se establecerán
los montos de aportación de ambas partes.
Una vez suscrito el convenio con la
entidad federativa de que se trate y aportados los recursos por parte de la misma, se
aplicarán los recursos federales respecto de ésta, con independencia de la firma de
otros convenios.
Si concluido el proceso de pago a
los Braceros, y una vez suscrita el acta de cierre respectiva, existiere algún remanente
de recursos aportados por alguna entidad federativa, éstos serán reintegrados a la
Fiduciaria.
Artículo 10
La Fiduciaria, en cumplimiento de
los fines del Fideicomiso, efectuará los pagos correspondientes a los Braceros, siempre y
cuando éstos lo soliciten en los términos establecidos en esta Ley.
Los pagos a que se refiere este
artículo se efectuarán de acuerdo con las siguientes:
Artículo 11
Se entenderá que los titulares y/o
beneficiarios de la asistencia descrita en esta Ley, al momento de recibir el primer pago
de la asistencia de los 60 mil pesos MN, renuncian en forma expresa, clara y sin
ambigüedades, a que su nombre, y cualquier beneficio que pudieran obtener en por
cualquier vía jurídica, con el propósito de obtener compensación alguna.
La asistencia descrita en esta Ley
no se considerará compensación indemnización o retribución alguna, a favor de ningún
titular y/o beneficiario, bajo los términos de esta Ley.
Bases
Generales
Primera.- El monto básico de pago
será de 60 mil pesos MN, el cual se ajustará con el resultado del tipo de cambio vigente
en moneda nacional y en un plazo no mayor a 5 años a partir de la entrada en vigor de
esta Ley.
Segunda.- Los Braceros sujetos a
este apoyo deberán cumplir con los requisitos previstos en este mismo ordenamiento para
ser elegibles a recibir el pago a que se refieren estas bases.
El Comité queda facultado para
decidir las reglas y determinar los procedimientos para los actos de administración y
dominio que realice sobre los bienes a que se refieren la fracciones I y II del artículo
cuarto de la presente Ley.
Los documentos comprobatorios que
representen el total de los derechos de crédito, deberán ser entregados al Fideicomiso
contra el pago realizado.
Tercera.- La Fiduciaria en ningún
caso podrá beneficiarse de algún saldo remanente a favor.
Cuarta.- En caso de que previo al
procedimiento de disolución y liquidación se origine algún tipo de responsabilidad
penal o civil atribuible a los administradores, o de quien tenga a su cargo la dirección
de la misma, deberán haberse ejercitado por parte de los Braceros, en su caso, de manera
oportuna, las acciones correspondientes en los términos y plazos que señalen las leyes
respectivas, con la finalidad de obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios
correspondientes.
Artículo 12
La Secretaría podrá emitir reglas
de carácter general, a efecto de coadyuvar a la mejor interpretación y observancia de
esta Ley.
Transitorios
Artículo Primero
La presente Ley entrará en vigor
el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo
Para efectos de esta Ley el
Fideicomiso se considerará constituido en la misma fecha a que se refiere el artículo
anterior.
Artículo Tercero
El periodo durante el cual operará
el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Contingencia Para el apoyo a los ex Braceros
descritos en el artículo primero de la Ley, será de 5 años contados a partir del inicio
de sus actividades o cuando se extinga su patrimonio en los términos de esta Ley, lo que
ocurra primero.
Si al término de su operación
existiesen remanentes de recursos públicos, éstos se reintegraran a la Tesorería de la
Federación.
Artículo Cuarto
Los pagos a los Braceros afectados
se iniciarán a más tardar 10 días hábiles después del día en que se hayan cumplido
los requisitos previstos en esta Ley, y continuarán en el orden sucesivo en que se
presenten dichos ahorradores, efectuando pagos hasta agotar el patrimonio del Fideicomiso
conforme a lo previsto al artículo 4 de esta Ley.
México, DF, a 30 de abril de
2003.— Diputados: Eddie Varón Levy
(rúbrica), Carlos Luna Salas (rúbrica), José María Anaya Ochoa (rúbrica), José Carlos Borunda Zaragoza (rúbrica), Elba Teodora Arrieta Pérez (rúbrica), César Patricio Reyes Roel (rúbrica), Erika Elizabeth Spezia Maldonado (rúbrica), Juan Carlos Regis Adame, Mario Cruz Andrade, Manuel
Galán Jiménez (rúbrica), Rubén García
Farías (rúbrica), José Luis González
Aguilera (rúbrica), Timoteo Martínez Pérez
(rúbrica), Ramón Ponce Contreras (rúbrica), Jaime Martínez Veloz (rúbrica), José Manuel del Río Virgen (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público.
«Diputado Armando Salinas Torre, Presidente de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso General.
Respetable soberanía; compañeros
diputados:
Con fundamento en los artículos 58
y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, se somete a consideración del Pleno de esta soberanía la proposición con
punto de acuerdo que se presenta en nombre de diputados de los grupos parlamentarios de
los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y del Trabajo para solicitar al Ejecutivo federal que -mediante la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación- se
destinen los recursos necesarios al Instituto Nacional de la Pesca y que con la mayor
brevedad se realicen estudios de investigación técnico-científicos que permitan
analizar la factibilidad del aprovechamiento comercial del pez denominado dorado.
Exposición
de Motivos
En los litorales mexicanos, la
pesca se practica en esquemas muy diversos, estructurados sobre todo por factores
regionales que identifican y distinguen la conducta de los productores en correspondencia
con la riqueza de los recursos potencialmente aprovechables.
La organización pesquera
representa sin duda un factor decisivo en la planeación estratégica para propiciar el
crecimiento de esta industria en las distintas entidades federativas del país.
La población que vive de la
actividad se provee de los medios y las técnicas para la captura de pesquerías diversas,
según las características de cada región.
En este sentido, es menester del
Ejecutivo federal consolidar los programas de trabajo necesarios para fomentar y regular
la actividad, en medida de sus componentes, por lo que es preciso que el aprovechamiento
de los recursos corresponda a su disponibilidad real y, además, distribuir los permisos
respetando las demandas sociales de la población.
Considerandos
1. La Comisión de Pesca de este
órgano legislativo efectuó reunión ordinaria de trabajo con objeto de desarrollar el
trabajo legislativo a que se refieren los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 90 del Reglamento Interior del
Congreso, a fin de analizar y estudiar la iniciativa que reforma el segundo párrafo del
artículo 13 de la Ley de Pesca, presentada por el diputado Víctor Antonio García
Dávila en nombre de integrantes de los grupos parlamentarios de los Partidos
Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Verde Ecologista de México, de la
Revolución Democrática y del Trabajo y de Convergencia por la Democracia, Partido
Político Nacional.
2. Al efecto, la Comisión convocó
a las instituciones de investigación y académicas siguientes: Comisión Nacional para el
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad; División de Estudios de Posgrado de la
Universidad del Mar en Puerto Angel, Oaxaca; Centro de Investigaciones Biológicas del
Noroeste, SC; Dirección General de Educación en Ciencias y Tecnologías del Mar; Centro
Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional; Departamento
de Biología Marina y Rectoría de la Universidad de Baja California Sur; e Instituto
Nacional de la Pesca. Como resultado de las consultas y participaciones, se concluyó que
en México no se han realizado estudios de investigación técnico-científica en
relación con la pesquería del pez dorado, por lo cual no existe información disponible
para resolver a favor o en contra la iniciativa que se estudia.
3. Los diputados integrantes de la
Comisión de Pesca consideran urgente atender las demandas sociales de miles de pescadores
de la región del Pacífico mexicano, quienes señalan que la captura del pez dorado se
realiza cotidianamente en grandes volúmenes y en forma clandestina.
Honorable Asamblea:
Por los motivos y considerandos
expuestos y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la
consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto
de Acuerdo
Con carácter de urgente y obvia
resolución.
Unico. Se solicite al Ejecutivo federal que
-mediante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación- se destinen los recursos necesarios al Instituto Nacional de la Pesca y que
con la mayor brevedad se realicen estudios de investigación técnico-científicos que
permitan analizar la factibilidad del aprovechamiento comercial del pez denominado dorado.
Palacio Legislativo de San
Lázaro.— México, DF, a 30 de abril de 2003.— Diputados: Guillermo Díaz Gea (rúbrica), Roberto Preciado Cuevas, Concepción Salazar
González (rúbrica), Francisco Salvador López
Brito (rúbrica), Rafael Ramírez Agama
(rúbrica), Rafael Rodríguez Barrera, Patricia
Aguilar García (rúbrica), Víctor Antonio
García Dávila (rúbrica), Rigoberto Romero
Aceves (rúbrica), Martha Ofelia Meza Escalante
(rúbrica), Rafael Orozco Martínez (rúbrica), Miguel Angel Gutiérrez Machado (rúbrica), Alicia Concepción Ricalde Magaña (rúbrica), José Feliciano Moo y Can (rúbrica), Martha Limón Aguirre (rúbrica), Jesús Burgos Pinto (rúbrica), Gregorio Urías Germán (rúbrica), Héctor Taboada Contreras (rúbrica), Martha Silvia Sánchez González (rúbrica), José Manuel Quintanilla Rentería (rúbrica), Miguel Vega Pérez (rúbrica), Miguel Angel Torrijos Mendoza (rúbrica), Simón Iván Villar Martínez (rúbrica), Juvenal Vidrio Rodríguez (rúbrica), Oscar Ochoa Patrón (rúbrica), Julián Luzanilla Contreras (rúbrica), Donaldo Ortiz Colín (rúbrica), Edith Escobar Camacho (rúbrica), Jaime Cleofas Martínez Veloz (rúbrica), Luis Ariel Canto García (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Pesca.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder
Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Comisión de Pesca.
Proposición con punto de acuerdo,
que presenta el diputado Miguel Vega Pérez a nombre de los diputados de la fracciones de
los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución
Democrática, Verde Ecologista de México y del Trabajo, para que se solicite al
Ejecutivo Federal que se suspenda la firma o, en su caso, se modifique el convenio de
coordinación que establece las bases para la instrumentación del proceso tendiente para
la formulación, aprobación, expedición, ejecución, evaluación y modificación
del programa de ordenamiento ecológico de la región del Mar de Cortés.»
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.—
Comisión de Pesca.
Diputado Armando Salinas Torre,
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Respetable soberanía; compañeros
diputados:
Con fundamento en los artículos 58
y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, se somete a la consideración del Pleno de esta soberanía la proposición con
punto de acuerdo que presenta el diputado Miguel Vega Pérez, en nombre de diputados de
las fracciones del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, Partido
de la Revolución Democrática y Partido del Trabajo para que se solicite al Presidente de
la República que se suspenda o, en su caso, se modifique el convenio de coordinación que
establece las bases para la instrumentación del proceso tendiente a la formulación,
aprobación, expedición, ejecución, evaluación y modificación del programa de
ordenamiento ecológico de la región del Mar de Cortés.
Exposición
de Motivos
El golfo de California es un gran
ecosistema marino costero de México, limitado territorialmente por los estados de Baja
California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit.
En los últimos años el golfo de
California ha sido marco de atención nacional e internacional, de acuerdo con el plan
ambiental marino de los 283 mil kilómetros cuadrados de las aguas que lo forman.
El Gobierno Federal considera como
áreas protegidas más de 900 islas del golfo y una superficie estimada de 150 mil
hectáreas de superficie terrestre circundante.
Como zonas de importancia, el
Instituto Nacional de Ecología considera dentro de la Región la Reserva de la Biosfera
del Delta del Río Colorado: las islas Tiburón y Angel de la Guarda, el parque marino
Loreto y otras áreas costeras y bahías.
Los municipios costeros del golfo
de California representan el 14% de la superficie del país y el 8% de la población
total. En la región, el ritmo de concentración urbana es superior a la media nacional,
por lo que gran parte de la población vive en localidades mayores de 15 mil habitantes, y
aquéllas mayores de 500 mil habitantes tienden a crecer más y concentrar relativa y
absolutamente mayor población.
Si se toma en cuenta que la región
noroeste concentra el 8.8% de la población y contribuye con 6.6% al PIB (Producto Interno
Bruto) industrial nacional, entonces resalta a la vista una elevada vocación exportadora,
participando con más del 10% en las exportaciones del país.
La estructura de las exportaciones
de la región noroeste permiten concluir que esta zona del territorio nacional se ha
relacionado a los mercados internacionales en función del aprovechamiento de sus recursos
naturales, así como su posición geográfica y la explotación de ventajas comparativas,
vía salarios, para la instalación de empresas maquiladoras, principalmente en las
entidades fronterizas de Baja California y Sonora.
Por otro lado, si bien es cierto
que la pesca participa de manera importante en el PIB nacional, también debemos
considerar que la aportación del sector agropecuario regional es aún mayor. Es decir, la
importancia económica relativa de la región en el país es mucho mayor que el tamaño de
su población.
En materia de pesca, los estados de
Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaoloa representan, según datos del
anuario estadístico de pesca 2001, el 69% de la producción pesquera nacional, con una
derrama económica superior a los 7 mil millones de pesos anuales, generando más de 80
mil empleos directos e indirectos mediante la operación en más de mil 500 embarcaciones
mayores y cerca de 60 mil menores, 32 mil 500 hectáreas de granjas camaronícolas; 23
laboratorios de producción de postlarvas y 29 plantas industrializadoras, que se estiman
en un valor superior a los 9 mil 500 millones de pesos de inversión en infraestructura
pesquera y acuícola (de acuerdo con la fuente y resumen que se presentan en anexo).
La formulación del programa de
ordenamiento ecológico de la región del Mar de Cortés debe tener como fuente una
composición plural y democrática, en atención a los sectores y agentes que forman parte
de su contorno.
En ese orden de ideas, es
recomendable y prudente que el Ejecutivo federal estimule la participación de todas las
partes, mediante la búsqueda del consenso y la razón en la toma de decisiones que
tienden a influir en el modo de vida de miles o millones de mexicanos.
Considerandos
1. La población pesquera
organizada que opera de conformidad con los términos legales en el golfo de California
merece todo el respeto y reconocimiento de todos los órganos del estado que conducen a
políticas que les confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; por
lo tanto, queda implícito en esta condición que cualquier instrumento, por valioso y
necesario que se considere, debe practicarse de forma abierta y trasparente, permitiendo
la participación y consenso de toda la sociedad, fundamentalmente cuando el resultado
pudiera tener repercusiones socioeconómicas que alteren el orden social de la comunidad.
2. En el artículo 32 bis de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal se específica: “a la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
.............
II. Formular y conducir la
política nacional en materia de recursos naturales, siempre que no estén encomendados
expresamente a otra dependencia; así como en materia de ecología, saneamiento ambiental,
agua, regulación ambiental del desarrollo urbano y de la actividad pesquera, con la
participación que corresponda a otras dependencias y entidades;
...
IV. Establecer, con la
participación que corresponda a otras dependencias y a las autoridades estatales y
municipales, normas oficiales mexicanas sobre la preservación y restauración de la
calidad del medio ambiente; sobre los ecosistemas naturales; sobre el aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales y de la flora y fauna silvestre, terrestre y
acuática; sobre descargas de aguas residuales y en materia minera; sobre materiales
peligrosos y residuos sólidos y peligrosos;
...
X. Promover el ordenamiento
ecológico del territorio nacional. En coordinación con autoridades federales, estatales
y municipales y con la participación de los particulares;
...
XII. Fomentar y realizar programas
de restauración ecológica con la cooperación de las autoridades federales, estatales y
municipales, en coordinación, en su caso, con la Secretaría de Agricultura Ganadería
Desarrollo Rural Pesca y Alimentación y demás dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal.
3. De conformidad con las
disposiciones contenidas en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal se establecen los lineamientos que facultan a la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para desechar los
siguientes asuntos:
...
XXXI. Fomentar la actividad
pesquera a través de una entidad pública que tendrá a su cargo las siguientes
atribuciones:
a) Realizar directamente y
autorizar conforme a la Ley, lo referente a la acuacultura, así como establecer viveros,
criaderos y reservas de especies acuáticas;
...
d) Proponer a la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, las normas oficiales
mexicanas que correspondan al sector pesquero;
e) Regular la formación y
organización de la flota pesquera, así como las artes de pesca, proponiendo al efecto a
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación las
normas oficiales mexicanas que correspondan;
...
4. Representantes del sector
pesquero de los estados de la región del Mar de Cortés han externado su preocupación
por la promoción del convenio de ordenamiento ecológico que coordina la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, sin invitar a las autoridades regulatorias de la
pesca en nuestro país.
Honorable asamblea:
Por los motivos y considerandos
expuestos y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la
consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto
de Acuerdo
Con carácter de urgente y obvia
resolución.
Primero. Se solicite al Presidente de la
República Mexicana, licenciado Vicente Fox Quesada, que instruya al Secretario de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, a fin de que se suspenda la firma o, en su caso se
modifique el convenio de coordinación que establece las bases para la instrumentación
del proceso tendiente a la formulación, aprobación, expedición, ejecución, evaluación
y modificación del Programa de Ordenamiento Ecológico de la Región del Mar de Cortés.
Segundo. Se incluya la Secretaría de Agricultura,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura
y Pesca y del Instituto Nacional de Pesca, en el convenio de coordinación que establece
las bases para la instrumentación del proceso tendiente a la formulación, aprobación,
expedición, ejecución, evaluación y modificación del Programa de Ordenamiento
Ecológico de la Región del Mar de Cortés, permitiendo también la participación de las
organizaciones y particulares involucrados.
Dado en el Palacio Legislativo de
San Lázaro, a 30 de abril de 2003.— Diputados: Rafael
Orozco Martínez, Miguel Angel Gutiérrez Machado, Alicia Concepción Ricalde Magaña,
José Feliciano Moo y Can (rúbrica), José
Manuel Minjares Jiménez, Jesús Burgos Pinto (rúbrica), Gregorio Urías Germán, Héctor Taboada Contreras,
Martha Silva Sánchez González (rúbrica),
José Manuel Quintanilla Rentería (rúbrica),
Miguel Vega Pérez (rúbrica), Miguel Angel
Torrijos Mendoza, Simón Iván Villar Martínez (rúbrica), Juvenal Vidrio Rodríguez, Oscar Ochoa Patrón,
Julián Luzanilla Contreras, Donaldo Ortiz Colín, Edith Escobar Camacho, Jaime Cleofas
Martínez Veloz, José Jaime Barrón Fonseca (rúbrica), Juan Manuel Santamaría Ramírez, Jesús Alejandro
Cruz Gutiérrez (rúbrica), Andrés Carballo
Bustamante (rúbrica), Roberto Fuentes
Domínguez (rúbrica), Silverio López
Magallanes (rúbrica), Efrén Leyva Acevedo
(rúbrica), Víctor M. Gandarilla Carrasco
(rúbrica), Aarón Irízar López (rúbrica), Agustín Trujillo Iñiguez (rúbrica), Enriqueta Basilio Sotelo (rúbrica), Jorge Schettino Pérez (rúbrica), Jaime Mantecón Rojo (rúbrica), Guillermo Díaz Gea (rúbrica), Roberto Preciado Cuevas, Concepción Salazar
González, Francisco Salvador López Brito (rúbrica), Rafael Ramírez Agama, Rafael Rodríguez Barrera
(rúbrica), Patricia Aguilar García (rúbrica), Víctor Antonio García Dávila, Rigoberto Romero
Aceves, Martha Ofelia Meza Escalante (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Medio
Ambiente y Recursos Naturales.
«Proposición con punto de acuerdo, para que la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión nombre una comisión investigadora para revisar el
trabajo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, dependiente de la Secretaría
de Economía que presenta el diputado Rubén Aguirre Ponce, del grupo parlamentario del
PRD.
El suscrito diputado federal,
integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con
fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, somete ante esta honorable Asamblea una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar que el
Pleno de la Cámara nombre una comisión de diputados que investigue el trabajo que
realiza el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La inventiva nacional ha encontrado
en los últimos años trabas a su desarrollo. Los problemas de los inventores mexicanos
han surgido de donde se debería tener toda la protección y ayuda, según lo establece la
Ley de la Propiedad Industrial.
La entidad encargada de llevar a
cabo el proceso de registro de marcas y patentes es el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial (IMPI). El mismo Instituto se encarga de hacer cumplir lo establecido en la Ley
de la Propiedad Industrial. El proceso de registro tanto de marcas como de patentes
muestra las irregularidades que se presentan; también es donde se expresa la desigual
competencia a la que se enfrentan los inventores y creadores mexicanos.
En los últimos años se ha visto
una caída en el número de registro de patentes por parte de inventores mexicanos, ello
debido a la desconfianza que tienen hacia el Instituto para registrar sus inventos, ya que
en el proceso de registro y concesión, que generalmente tarda un año, ocurren fugas de
información.
Los datos al respecto son
contundentes, en el año 2001 el registro de patentes fue de un total de 13 mil 566, de
las cuales 534 correspondieron a mexicanos, mientras de Alemania y Estados Unidos se
registraron mil 438 y 7 mil 336 patentes, respectivamente. En términos porcentuales le
corresponde a México un 4% frente a un 53% de Estados Unidos, 10% para Alemania y 6% para
Francia.
La situación se agudiza por la
serie de malos manejos que el IMPI realiza en perjuicio de los inventores mexicanos. Al
respecto están los casos que ilustran lo anterior y que están documentados, como el de
Corporación Rolmar, el del señor Uriel Sabido Mendiburu; otro caso es el de Kolitas, del
señor Alfonso López Negrete, y por último está el caso del señor Andrés Lombardo.
Los casos anteriores ilustran que
el inventor mexicano no tiene las garantías ante las autoridades responsables de velar
por el interés de nuestros inventores.
En México seguimos observando que
la lucha por la justicia y los derechos de los mexicanos continúa siendo una constante en
nuestros tiempos. El Estado, como garante de los derechos de los gobernados, no ha
terminado de conformarse como una institución que dé certidumbre al actuar de sus
ciudadanos.
Por lo anteriormente expuesto y
fundado, pongo a la consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto
de Acuerdo
Primero. Que el Pleno de la Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión conforme una comisión especial y plural de diputados que
investigue las irregularidades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Segundo. Que el Pleno de la Cámara de Diputados
exija la remoción del titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y que la
Secretaría de la Función Pública realice la investigación correspondiente y finque las
responsabilidades a su titular y a los mandos medios por el daño patrimonial al Instituto
y a los inventores.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 30 de abril de 2003.— Diputados: Rubén
Aguirre Ponce, Zeferino Antúnez Flores, Bonifacio Castillo Cruz, Magdalena Núñez
Monreal, Miguel Bortolini Castillo, Concepción Salazar González, José Antonio Arévalo
González, Francisco Agundis Arias, Ma. Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y
Chozas, Sergio Acosta Salazar, Juan Carlos Regis Adame, Lázaro Méndez López, Pedro
Miguel Rosaldo Salazar, Nabor Ojeda Delgado, Armín José Valdés Torres, Humberto Mayans
Canabal, Manuel Duarte Ramírez, Alberto Anaya Gutiérrez, Angel Meixueiro González,
Tereso Martínez Aldana, Marco Vinicio Juárez Fierro, Felipe Olvera Nieto, Arturo Díaz
Ornelas, Samuel Yoselevitz Fraustro, José Roque Rodríguez López, José María Tejeda
Vázquez, Fernando Alcalde Cardona, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, Luis Aldana Burgos,
Javier Rodríguez Ferrusca, Enrique Priego Oropeza, Elías Martínez Rufino, Alejandro
García Sainz, Arturo B. de la Garza Tijerina, César Duarte Jáquez, Silvia López
Escoffie, María Teresa Gómez Mont y Urueta, Francisco Patiño Cardona, Víctor A.
García Dávila, Rosalía Peredo Aguilar, Rosa Delia Cota Montaño, Bertha Alicia
Simental, Norma Patricia Riojas Santana, Julieta Prieto Fuhrken, Sara Figueroa Canedo,
María del Rosario Oroz Ibarra, Arturo León Lerma, Diego Cobo Terrazas, Rafael Servín
Maldonado, Ricardo Moreno Bastida, Raquel Hernández Estrada, Emilio Ulloa Pérez, Alfredo
Hernández Raigosa, Rogaciano Morales Reyes, David A. Sotelo Rosas, Gilberto del Real
Ruedas, Rosario Tapia Medina, Ma. de los Angeles Sánchez Lira, Gregorio Urías Germán,
Cuauhtémoc Montero Esquivel, Arturo Escobar y Vega, Mauro Huerta Díaz, Cristina
Moctezuma Lule, José Marcos Aguilar Moreno, Raquel Cortés López (rúbricas).»
Se turna a la Junta de Coordinación
Política.
«Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros
diputados:
No es reiterativo decir que el
Poder Judicial de la Federación es el único poder que ha entendido en realidad lo que es
la transición democrática y aparte la aplica para impartir justicia, simplemente
justicia a los mexicanos y a quienes durante mucho tiempo se les negó.
Especialmente, el Poder Judicial de
la Federación y los Poderes Judiciales de las entidades federativas han venido
adquiriendo un vigor inusitado, que de ninguna manera es obsequio de nadie sino producto
de la convicción de que, a final de cuentas, las controversias deben dirimirse de manera
civilizada en los tribunales, con sujeción a la ley.
Eso es cierto y, además, la
democracia ha demostrado en poco tiempo superioridad ética frente a cualquier otro
régimen político.
Por ello creemos que es el poder
que merece el mismo trato que los demás poderes, no sólo en cuanto a su
constitucionalidad sino al respeto que debe tener por parte de todos los mexicanos, sin
excepción.
Y viene esto a colación porque hoy
pretendemos exhortar al Gobierno de la Ciudad de México y, en especial, a las autoridades
de la delegación Cuauhtémoc a que se retire de la vía pública a los comerciantes
ambulantes quienes, aunque se ganan legítimamente la vida, impiden el acceso al recinto
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Y es que ni en Los Pinos, Palacio
Nacional, la Cámara de Diputados ni el Senado de la República tienen problemas como los
del Poder Judicial y su glorioso recinto, por lo que resulta irónico el reconocimiento
nacional de este poder en medio de puestos ambulantes.
En otros países, compañeras y
compañeros diputados, ustedes lo saben, los recintos de los Poderes de la Unión están
prácticamente inmaculados y libres en sus accesos de comunicación, lo que facilita
incluso el acceso de los ciudadanos que acuden a ellos. Sólo en México, el Poder
Judicial de la Federación y sus alrededores están en esa situación.
Por ello es importante que hagamos
algo al respecto, en busca de soluciones para los compañeros ambulantes, soluciones que
existen y que debemos darles, como la construcción de plazas comerciales en inmuebles del
Gobierno del Distrito Federal y dejar al Poder Judicial inmaculado, como lo merece.
No es una cuestión de estética o
de frivolidades que se quieran respecto a este poder. Sencillamente, se trata de darle su
lugar y de que los ciudadanos -tanto vendedores ambulantes como público en general- sepan
que este poder está a la altura de la credibilidad que el país requiere.
Hagamos el exhorto y pidamos al
Gobierno del Distrito Federal, a todos los legisladores de la ciudad y a las autoridades
de la delegación Cuauhtémoc que cumplan esta deuda que tenemos con el Poder Judicial.
Palacio Legislativo de San
Lázaro.— México, DF, a 30 de abril de 2003.— Dip. José Manuel del Río Virgen (rúbrica).»
Se turna a la Comisión del Distrito
Federal.
«Iniciativa de decreto que expide la Ley para la Inscripción
de Vehículos Automotores del Servicio Público de Transporte y Carga de procedencia
extranjera.
Honorable Asamblea:
El que suscribe, diputado Reyes
Antonio Silva Beltrán, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional de la LVIII Legislatura federal, en ejercicio de la facultad que me confiere
la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento
ante esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la iniciativa de
decreto que expide la Ley para la Inscripción de Vehículos Automotores del Servicio
Público de Transporte y Carga de Procedencia Extranjera, bajo la siguiente
Exposición
de Motivos
México requiere resolver un
problema serio y de gran impacto social respecto de los automotores de carga de
procedencia extranjera que se encuentran en el territorio nacional que transitan por sus
diferentes vías y que afectan a la ciudadanía, por su estado irregular, y a sus
propietarios porque, siendo ellos dueños, administradores, operadores y mecánicos, son
objeto constantemente de chantajes, extorsiones y coacción de las autoridades
municipales, estatales y federales.
Hace mucho tiempo los sectores
agropecuario, de transporte de carga, materialista, de pasajeros y de carga en general, al
carecer de apoyo y recursos necesarios como equipo para transportar sus productos, optaron
por adquirir en el país automotores de procedencia extranjera, por su bajo costo,
permitiéndoles cubrir sus necesidades de transporte.
La internación ilegal de
vehículos automotores de procedencia extranjera, principalmente norteamericana, ha
generado en nuestro país, en la última década, problemas de diversa índole, destacando
los de carácter legal, porque violentan nuestro orden jurídico interno, pero que
también tienen una trascendencia de carácter político, social y económico.
Algunos grupos de ciudadanos
adquirieron también vehículos de transporte de pasajeros para las necesidades
económicas, tales como transportación de personas a centros de trabajo, escuelas y
también en los campos donde laboran los jornaleros agrícolas, etcétera.
La Ley de Inscripción de
Vehículos de Procedencia Extranjera, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el
12 de marzo de 2001, y en cuyo articulado se contemplaba una vigencia de 120 días,
contados a partir de su entrada en vigor, se aprobó bajo los siguientes argumentos:
Se coincidió en la urgente
necesidad de proceder a normalizar la situación y estadía en el país de los vehículos
usados de procedencia extranjera, buscando a la vez conciliar la necesidad de procurar la
transparencia y legalidad en la posesión de dichos bienes.
Se omitió dentro de la definición
de fabricantes, marcas y características, incorporar los vehículos automotores de carga,
que son: camionetas de doble rodada de hasta 3.5 toneladas de carga, camiones de
pasajeros, rabones, pipas, camiones de volteo de 2 ejes y plataformas de hasta 8 toneladas
de carga, torton de hasta 18 toneladas y traileres quinta rueda o dompe en sus diferentes
versiones de 18 toneladas en adelante.
El mercado automotriz es una rama
altamente dinámica de la industria manufacturera; es una importante fuente de generación
de divisas, ya que tiene un peso importante dentro de las exportaciones del país y apoya
de manera significativa a la creación de empleos formales. Así, la industria de
autotransporte participa actualmente con el 2% del Producto Interno Bruto (PIB), 3.7% de
las exportaciones manufactureras y 1.6% del empleo.
De acuerdo con información de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el parque vehicular de carga federal asciende
a 238 mil unidades, y según estimaciones de la Cámara Nacional de Autotransporte de
Carga (Canacar) el 30% del parque vehicular de carga es ilegal, alcanzando las 90 mil
unidades.
Es importante subrayar que el
mercado potencial para la industria productora de vehículos pesados no corresponde al
universo de los poseedores de los vehículos automotores del servicio público de
transporte y carga de procedencia extranjera por el modelo y el costo de las unidades
nuevas y usadas de los distribuidores autorizados en el país.
En México, la industria automotriz
de autos nuevos está insertada en un esquema de alta competitividad puesto que la
producción de automóviles satisface la demanda del mercado interno y su capacidad
exportadora es significativa, penetrando considerablemente al mercado de Estados Unidos.
Características de las unidades
ilegales:
Estos automotores constituyen una
parte importante del patrimonio de estas personas y, a la vez, la principal herramienta
para realizar su trabajo, con lo cual se beneficia directamente a la economía de nuestro
país.
En la mayoría de los casos son
unidades que han sido usadas de manera intensa, requieren mantenimiento y por sus
características y precio resultan sumamente atractivas para un sector que no puede
adquirir unidades nuevas y usadas en el país. Requieren de mantenimiento adecuado y
presentan una demanda potencial para los distribuidores y comercializadores de autopartes.
Por sus características, son
aquellas unidades que conocemos como hombre-camión, donde el operador es el propietario,
el mecánico y el administrador, etcétera.
Para que esta ley tenga simetría
con la Ley de Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera que esta Legislatura
aprobó y que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo del 2001,
se considera conveniente establecer las marcas y tipos correspondientes a partir del año
de 1970 y hasta el año 1993.
También se considera establecer
qué tipo de unidades no podrán ser objeto de inscripción, que serán los modelos de
1994 en adelante y anteriores a 1970, los considerados de lujo por su equipamiento, los
introducidos al territorio nacional a partir de enero del 2003, los que se encuentran
embargados a la fecha de expedición de la presente ley, los tipo vivienda y los que se
encuentran en la franja fronteriza de 20 km, paralela a la línea divisoria internacional
del norte del país.
Resulta muy importante que los
interesados en inscribir los vehículos deberán pagar el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de
Vehículos, a partir del ejercicio fiscal del 2003 y los subsecuentes, eximiéndolos
parcialmente de otros impuestos y derechos que deben pagar con motivo de la importación,
a efecto de que se pague la cantidad única conforme a la tabla propuesta.
Como medida de incentivo las
entidades federativas obtendrán el 100% de los recursos recaudados y se integrará un
fondo estatal especial para aplicarse en función de prioridades de cada estado. Del monto
recaudado se destinará 40% a los municipios y se repartirá en los mismos conforme a los
criterios establecidos por los ordenamientos fiscales estatales.
Es muy importante dejar constancia
que la presente ley no otorga reconocimiento de la propiedad de los mismos.
En los transitorios, se establece
un periodo definido de vigencia de 180 días naturales como máximo a partir de la
publicación de la ley y su reglamento y entrados en vigor para sus efectos conducentes.
También enuncia el procedimiento
para los poseedores de vehículos destinados al servicio público de transporte y carga
cuya capacidad excede los 3,500 kilogramos, y que no cumplen con los requisitos para su
inscripción; tienen la opción de sacarlos del país, donarlos al fisco federal o a las
entidades federativas.
Y por último se consideró
necesario agregar un anexo único a la ley donde se establecen los fabricantes, las marcas
y tipos de automotores del servicio público de transporte y carga de procedencia
extranjera.
Artículo Unico. se expide la Ley para la
Inscripción de Vehículos Automotores del Servicio Público de Transporte y Carga de
Procedencia Extranjera, para quedar como sigue:
Ley
para la Inscripción de Vehículos Automotores del Servicio Público de Transporte y Carga
de Procedencia Extranjera
Artículo Primero. Para efectos de esta ley serán
considerados propietarios de vehículos automotores del servicio público de transporte y
carga de procedencia extranjera los que se inscriban bajo los siguientes términos:
a) Las personas que acrediten con
el título de propiedad ese derecho o con los documentos idóneos que demuestren la
titularidad de dicho vehículo automotor de procedencia extranjera.
b) Que se trate de vehículos
automotores del servicio público de transporte y carga de procedencia extranjera
comprendidos entre los modelos 1970 y 1993, inclusive.
Artículo Segundo. Serán objeto de inscripción,
los vehículos automotores del servicio público de transporte y carga con las siguientes
características:
a) Los vehículos automotores doble
rodada, camiones de pasajeros, camiones de carga, camiones con caja de volteo, 5ª rueda,
rabones, pipas, torton, traileres, dompes, tractocamiones y otros automotores destinados a
la actividad de carga o transporte de pasajeros.
b) Los vehículos incluidos en el
anterior artículo, siempre y cuando hayan sido internados al país hasta el 31 de
diciembre del 2002.
c) Los destinados al servicio
público de transporte y carga, con una capacidad mayor a los 3,500 kilogramos y de
motores a gasolina, gas o diesel según corresponda.
d) De todas las marcas y modelos a
partir de 1970 y hasta 1993.
Artículo Tercero. No podrán ser objeto de
inscripción los vehículos automotores del servicio público de transporte y carga
siguientes:
a) Los vehículos de modelo 1994 en
adelante, y los vehículos de 1969 y anteriores.
b) Los considerados de lujo por su
equipamiento.
c) Los introducidos al territorio
nacional a partir del 1 de enero del año 2003.
d) Los que se encuentren embargados
a la fecha de expedición de la presente ley.
e) Los tipo vivienda.
f) Los que se encuentran en la
franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a la línea divisoria internacional del norte
del país.
Artículo Cuarto. Los interesados en inscribir los
vehículos deberán pagar el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos a partir del
ejercicio fiscal del 2003 y los subsecuentes.
Se exime parcialmente del pago de
los demás impuestos y derechos que deban pagarse con motivo de la importación, a efecto
de que se pague la cantidad única que se determine conforme a la siguiente tabla:
Artículo Quinto. La Secretaría de Hacienda y
Crédito Público y la Secretaría de Economía se coordinarán con las autoridades
fiscales de las entidades federativas para llevar a cabo la inscripción de los vehículos
a que se refiere esta ley.
Los pagos a que se refiere el
artículo cuarto de esta ley se efectuarán ante las oficinas que designen las autoridades
fiscales de las entidades federativas, mismas que informarán a la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público de la recaudación que por tal concepto se obtenga.
Las entidades federativas
percibirán, como incentivo por la realización de los trámites efectuados conforme a
esta ley, el total de la recaudación a que se refiere el párrafo anterior, integrando un
fondo estatal especial, para aplicarse en función de las prioridades de cada estado. Del
monto recaudado se destinará el 40% a los municipios y se repartirá entre éstos
conforme a los criterios establecidos por los ordenamientos fiscales estatales.
Artículo Sexto. Los interesados deberán acudir a
los lugares que señalen las autoridades fiscales dentro de los 180 días naturales
posteriores a la publicación de esta ley, a fin de presentar la solicitud de inscripción
en los formatos aprobados por las autoridades fiscales de las entidades federativas,
quienes le asignarán la fecha en que deberán presentar:
I. El automotor y la acreditación
de la propiedad del mismo, para que las autoridades fiscales de la entidad federativa
correspondiente tomen los datos de identificación del automotor y se le adhiera la
calcomanía que lo identifique como inscrito.
II. Licencia de conducir y una
copia fotostática de la misma. En ningún caso se aceptarán permisos. Los pagos a que se
refiere el artículo cuarto de esta ley se efectuarán en la fecha en que el interesado
presente el vehículo para que se coloque la calcomanía.
Artículo Séptimo. El pago de las contribuciones
no obliga a las autoridades fiscales correspondientes a otorgar la inscripción en los
siguientes casos:
a) Si el vehículo automotor del
servicio público de transporte y carga de procedencia extranjera no es presentado para la
toma de datos dentro del plazo señalado en el artículo sexto; y
b) Si no se cumple con alguno de
los requisitos señalados en esta ley.
Artículo Octavo. La inscripción de los
vehículos automotores del servicio público de transporte y carga de procedencia
extranjera, conforme a la presente ley, no otorga reconocimiento de la propiedad de los
mismos. En ningún caso, una misma persona podrá inscribir más de un vehículo, en los
términos de la presente ley.
Transitorios
Artículo Primero. La presente ley y su reglamento
entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación y su vigencia no excederá los 180 días naturales contados a partir de dicha
fecha.
Artículo Segundo. Los poseedores de vehículos
automotores del servicio público de transporte y carga de procedencia extranjera que no
pueden ser objeto de inscripción contarán con el plazo señalado en el artículo
anterior para sacarlos del país o donarlos al fisco federal o a entidades federativas. En
todos los casos el interesado quedará liberado de la responsabilidad relacionada con el
pago de las contribuciones y la ausencia del permiso de importación.
Artículo Tercero. Procederá la inscripción de
vehículos automotores del servicio público de transporte y carga de procedencia
extranjera embargados, cuando esta medida corresponda a créditos fiscales vinculados en
función directa de su internación al país, en cuyo caso se levantará el embargo
respectivo para que el propietario pueda llevar a cabo el trámite de inscripción. Una
vez hecha la inscripción, quedará cancelado el crédito fiscal de referencia y, por
ende, levantado definitivamente el embargo, devolviéndose el automotor a su propietario.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 30 de abril de 2003.— Dip. Reyes Antonio Silva Beltrán (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Comercio y
Fomento Industrial.
«José Tomás Lozano y Pardinas, diputado federal integrante
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LVIII Legislatura del Congreso
de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, constitucional, pone a
consideración del honorable Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición de
decreto, que modifica el artículo 387 del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente
Exposición
de Motivos
El problema ancestral de nuestra
Administración Pública Federal ha sido el permanente saqueo de los recursos que,
etiquetados por el Congreso de la Unión para fines exclusivamente de solidaridad y apoyo
social a los diversos grupos sociales y, concretamente en este caso, gremiales, han sido
mal utilizados por quienes, carentes de escrúpulos de patriotismo y de compromiso hacia
compañeros de su propio gremio, han usufructuado las prestaciones que, principalmente de
orden económico, se otorgan en beneficio de sectores específicos de la nación.
Quiero referirme al problema del
fraude generalizado que, contra el patrimonio nacional, hacen los concesionarios del
diesel subsidiado, utilizado para fines exclusivos de sostener a flote nuestra debilitada
marina de cabotaje, así como las flotas pesqueras, en especial la camaronera y la
atunera.
El mal uso se basa en una mecánica
sencilla y aprovecha, entre otras circunstancias, la falta de un adecuado control por
parte de los expendios encargados de suministrar el diesel marino subsidiado.
Armadores y propietarios de
embarcaciones de cabotaje o de pesca de altura, carentes de los más elementales
escrúpulos, han encontrado un modus vivendi a costa de la buena fe de los expendios que
suministran a dichas embarcaciones diesel marino subsidiado.
La presente propuesta de reforma
del Código Penal Federal, en su artículo 387, pretende evitar el megafraude que no sólo
contra Pemex, patrimonio de todos los mexicanos, comete ese grupo de vividores sin
escrúpulos sino, más importante aún, contra la buena fe y el auténtico espíritu
federalista del pueblo mexicano.
Por otra parte, sería conveniente
que las capitanías de puerto exigieran a los armadores o propietarios de dichas
embarcaciones las indispensables bitácoras de combustible y de ruta y destino, lo cual
evitaría el mal uso de dicho subsidio.
Los artículos y servicios
subsidiados por el Gobierno Federal no son panacea de obsequio; son fruto del esfuerzo de
los trabajadores mexicanos y, más importante aún, del compromiso nacional con sus
sectores débiles y desprotegidos.
La legislación federal tiene como
finalidad primordial contribuir a un sano manejo de los recursos públicos federales, y es
precisamente la salvaguarda para evitar casos como el mencionado.
Por ello es necesario respaldar la
propuesta mediante la modificación y actualización del Código Penal Federal, en su
artículo 387, para comprender en el delito de fraude la manipulación y el mal uso de
dichos subsidios otorgados por la administración pública.
Por lo expuesto, José Tomás
Lozano y Pardinas, diputado federal del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional,
propone a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente
iniciativa, que modifica el artículo 387, al tenor del siguiente
Decreto
Artículo 1º. Se modifica el artículo 387 del
Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Artículo 387. Las mismas penas señaladas en el
artículo anterior se impondrán:
XVIII. Al que, habiendo recibido
fluido eléctrico, hidrocarburos, gasolina, diesel o diesel marino o cualquier otro tipo
de energético o combustible, así como cualquier otro tipo de insumos o mercancías
subsidiadas o con franquicia, para darles un uso o destino determinado, las destinare a un
uso o destino diferente o en cualquier forma desvirtúe el objetivo o fines perseguidos
con la franquicia o subsidio.
Artículo 2º. Este decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 30 de abril de 2003.— Dip. José Tomás
Lozano y Pardinas (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Justicia y
Derechos Humanos.
«Punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de
Gobernación a que promueva la celebración del Día Internacional de la Radio y la
Televisión en favor de los niños, promovido por el UNICEF, así como a otorgar todas las
facilidades a las mismas para dicha celebración.
C. Presidente de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Señoras y señores diputados:
En nombre de las y los diputados
federales integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, propongo a la
consideración del pleno de esta Cámara, con fundamento en lo dispuesto en el artículo
58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Convención Sobre los Derechos
del Niño, firmada por casi todos los países del mundo en noviembre de 1989 y ratificada
por México en 1990, considera entre los derechos fundamentales de los infantes, el de
libertad de expresión, a ofrecer y recibir información y a expresar sus opiniones y
participar en el debate público en los medios de difusión de su elección.
Con el propósito de que estos
derechos puedan ejercerse, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF,
considera vital que los infantes tengan acceso a los micrófonos para recibir información
y hablar de sus propias preocupaciones y experiencias, por lo que propone abrir un espacio
a las niñas y niños para aprender a manejar el lenguaje de los medios de comunicación y
a expresarse a través de ellos.
Por ello, desde 1992 dicho
organismo propuso celebrar anualmente, el segundo domingo del mes de diciembre, el Día
Internacional de la Radio y la Televisión en Favor de los Niños, con el fin de reunir a
las emisoras del mundo en una actividad destinada a apoyar las cuestiones relativas a la
infancia y a rendir homenaje a la enorme energía y el potencial creativo de las niñas y
los niños. A su vez, con la celebración de este día se da la palabra aquellos que
tradicionalmente han sido excluidos y marginados, y transforma a los más jóvenes en
participantes activos de los medios de difusión.
En dicho evento participan
actualmente más de 2000 estaciones de radio y televisión, las cuales cubren a la mayor
parte del mundo, y sus actividades ofrecen una oportunidad para que niños y niñas
trabajen en las emisoras, diseñen decorados, manejen las cámaras e informen y presenten
las noticias. Otros programas producidos para ese día reflejan los problemas que
enfrentan las niñas y los niños que viven en 1a pobreza, los que sufren los efectos de
conflictos armados, los menores de edad que están infectados con el VIH/sida, entre
otras, muchas más, realidades que desgraciadamente enfrentan muchos de los infantes.
México ha tenido una
participación menor en este evento, a pesar de que en nuestro país 1a población
infantil representa más del 40% de la población total.
En el artículo 17 de la
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño se establece que los Estados parte
“...velarán por que el niño tenga acceso a información y material procedentes de
diversas fuentes nacionales e internacionales, y en especial la información y el material
que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud
física y mental...”. Asimismo, estipula que “...alentarán a los medios de
comunicación a difundir información y materiales de interés social y cultural para el
niño...”. En este tenor, consideramos que estos eventos deben adoptarse por completo
y difundirse en nuestro país.
Los medios de comunicación tienen
el poder, con la radio y la televisión, de proteger, informar, educar, entretener,
comprometer y acompañar a los niños y jóvenes. Son los mismos medios los que también
tienen el poder y la capacidad de explotar, abusar, desinformar, excluir y corromper a los
niños. Por esto, consideramos que se debe aprovechar la fuerza positiva que los medios
tienen sobre la vida de los niños.
Para ello, el UNICEF apoya a las
emisoras participantes en este evento con materiales audiovisuales de distintas temáticas
relacionadas con los derechos de la infancia, como salud y nutrición, sida, explotación
sexual, trabajo infantil, educación, pobreza, inmigrantes, drogadicción y alcoholismo,
la familia, la escuela, el mundo, entre otros. Y año con año se proponen distintas
temáticas para llevar a cabo esta tarea, como las “10 formas de cambiar al mundo con
los niños”, entre otras.
En nuestro país destaca el Canal
Once, que lleva nueve años consecutivos realizando el Día Internacional de la Radio y la
Televisión en Favor de los Niños, por lo que consideramos que no sólo una estación
debe de llevar a cabo esta celebración, sino unir esfuerzos para que todas las emisoras
de radio y televisión participen activamente y lograr así que nuestros niños y niñas
expresen sus opiniones, difundan sus ideas, sean escuchadas y tomadas en cuenta y que
estas acciones prevalezcan y formen parte de nuestra cultura, por lo que los invito a que
juntos todos celebremos este día mundial.
Punto
de Acuerdo
Primero. Que la Cámara de Diputados exhorte a la
Secretaría de Gobernación a que promueva la celebración del Día Internacional de la
Radio y la Televisión en Favor de los Niños, promovido por el UNICEF y establecido
anualmente el segundo domingo del mes de diciembre.
Segundo. Que la Cámara de Diputados exhorte a la
Secretaría de Gobernación a que brinde todos los apoyos y facilidades necesarias para
que todas las estaciones de radio y televisión celebren el Día Internacional de la Radio
y la Televisión en Favor de los Niños.
Palacio Legislativo, México, DF, a
30 de abril de 2003.— Diputados: Gumercindo
Alvarez Sotelo, Juan Carlos Payares Bueno, Alicia Ricalde Magaña, Alba Leonila Méndez
Herrera, Heidi Storsberg Montes, Esveida Bravo Martínez, Nicasia García Domínguez,
Salvador Cosío Gaona, Elba Arrieta Pérez, Nohelia Linares González, Beatriz Patricia
Lorenzo Juárez (rúbricas).»
Se turna a la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública.
«Punto de acuerdo, para que los programas de estudio de
medicina se incorpore la materia de Geriatría y la Gerontología en las disciplinas
de las áreas de Humanidades y Ciencias Sociales.
Con su venia, señora Presidenta:
Las diputadas y los diputados abajo
firmantes, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta
honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, a efecto de exhortar a
las autoridades de educación y salud, federales y estatales, a que en los programas de la
carrera de medicina se incluya la materia de geriatría y la de gerontología en las
disciplinas de las áreas de humanidades y ciencias sociales, conforme a los siguientes
Considerandos
La población del país tiende a
una composición en que los adultos mayores aumentan de forma acelerada su proporción. El
índice de dependencia de las personas de mayor de edad crecerá casi el doble en los
próximos años.1 Esta tendencia la explican, entre otras causas, el descenso de la
natalidad y el aumento de la esperanza de vida.
De acuerdo con proyecciones del
Consejo Nacional de Población, para 2020 la esperanza de vida aumentaría de 75.3 en 2000
a 78.1 en 2010, a 80.4 en 2020 y, finalmente, a 83.7 años en 2050. La mortalidad
infantil, que presentaba 25 decesos de menores de un año de edad por cada mil nacimientos
en 2000, pasará a 18 en 2010, 13 en 2020 y 7 en 2050. La tasa global de fecundidad, de
2.11 hijos por mujer, descenderá a 1.68 en 2030 y, a partir de entonces, se mantendrá
constante hasta 2050.
La participación relativa de los
niños en edades preescolares se reducirá de 13% en 2000 a 10.2% en 2010, 7.2% en 2030 y
5.6% en 2050; la de los que se hallen en edades escolares disminuirá de 20.2% a 16.5%,
11.5% y 9.0% en los mismos años, respectivamente. En cambio, la población de adultos
mayores alcanzará proporciones más grandes de la población total. Esta aumentará de
4.8% en 2000 a 6.2% en 2010, 13.2% en 2030 y 24.6% en 2050. Para el año 2050, uno de cada
cuatro mexicanos será mayor de 60 años.
La edad media poblacional pasará
de alrededor de 27 años en 2000 a 30 años en 2010 y a 38 años en 2030. Además, la
población de menores de 15 años disminuirá de 33 millones de personas en 2005 a 30
millones en 2010 y a 24 millones en 2030.
La manifestación de estas
tendencias en el área de la salud se aprecia en la mayor prevalencia de enfermedades
asociadas con la edad, denominadas crónico-degenerativas. Eso significa que, en el
terreno epidemiológico, las principales causas de enfermedad y muerte pasan a ser las
enfermedades crónicas y degenerativas, en lugar de las infecciosas y agudas.
La característica de esos
padecimientos es que afectan la calidad de vida de las personas que las padecen, el costo
de su atención es alto y persisten por mucho tiempo, puede decirse que hasta la muerte.
Ello provoca que al dedicarse mayores recursos a la salud de los mayores de 64 años se
enfrente la dificultad de financiar otros gastos básicos en salud.
Por ello, quienes abanderamos la
propuesta objeto de este punto de acuerdo consideramos que se necesita el diseño de
servicios comunitarios de rehabilitación y atención de largo plazo eficientes para los
adultos mayores. Es tiempo de que se comience a desarrollar la capacidad técnica,
material y humana para enfrentar el creciente número de padecimientos asociados al
incremento de la edad.
En este contexto, vengo a solicitar
el apoyo de esta honorable asamblea para exhortar a las autoridades educativas y de salud,
comprendidas las universidades, a que consideren la capacitación de profesionales de la
salud en la atención de los padecimientos de la vejez, incluyendo en los programas de
estudio de medicina la materia de geriatría y la carrera de gerontología en las
disciplinas de las áreas de humanidades y ciencias sociales.
Cabe destacar que dichas
especialidades se centran en atender en forma interdisciplinaria y con un enfoque
funcional al paciente que exhibe gran fragilidad, con la presencia de numerosas
patologías, riesgos y dependencia de otros, y que, además consume gran cantidad de
recursos económicos, sociales y morales.
La gerontología y su derivado de
la salud, la geriatría, privilegian la calidad de vida, la prevención y el autocuidado,
contribuyendo al ahorro de recursos al sistema de salud. Atiende al adulto mayor tanto en
la salud como en la enfermedad. Considera los aspectos sociales que pueden influir en su
salud, como la soledad y la dependencia.
En virtud de lo anterior, no hay
duda de que, dada la tendencia demográfica y epidemiológica, el sistema nacional de
salud necesita recursos humanos capacitados para atender los problemas de salud de los
adultos mayores. En un futuro no muy lejano, los profesionales de la salud capacitados en
geriatría serán el centro del sistema de atención de la salud. Asimismo, es deseable
que se enseñe gerontología en cualquier carrera profesional, ya que a todos competen el
envejecimiento y sus consecuencias.
Por lo expuesto y en uso de
nuestras facultades, sometemos a la consideración de la Cámara de Diputados la siguiente
proposición con
Punto
de Acuerdo
Unico. Se exhorta a las universidades y a las
autoridades federales y estatales de educación, de salud y de servicios sociales para
que, en el ámbito de sus competencias y atribuciones, impulsen la incorporación de la
materia de geriatría en los programas de estudio de la carrera de medicina y la materia
de gerontología en las disciplinas de las áreas de humanidades y ciencias sociales.
Palacio Legislativo de San
Lázaro.- México DF, a 30 de abril de 2003.— Diputados: Gumercindo Alvarez Sotelo, Enrique Meléndez Pérez,
Alba Leonila Méndez Herrera, Silvia Alvarez Bruneliere, María Eugenia Galván Antillón,
Celita Alamilla Padrón, Nicasia García Domínguez, Esveida Bravo Martínez, Carlos
Raymundo Toledo (rúbricas).»
Se turna a la Comisión de Educación
Pública y Servicios Educativos.
«Proposición: Se solicita a la Comisión de
Presupuesto incluyan los recursos necesarios para la construcción del tramo
carretero faltante del corredor Topolobampo-Texas el cual comprende de Choix, Sinaloa, a
San Rafael, Chihuahua en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio
2004 y a la Comisión de Comunicaciones y Transportes su intervención para exhortar a la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la ejecución de dicha obra.
Los suscritos, Rubén B. Félix
Hays, Fernando Díaz de la Vega, diputados federales por el estado de Sinaloa; Jorge
Esteban Sandoval, César Arturo Duarte Jacques, diputados federales por el estado de
Chihuahua, integrantes del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable
asamblea esta propuesta de punto de acuerdo respecto al corredor Topolobampo-Texas, con
base a la siguiente
Exposición
de Motivos
En 1886 un visionario
norteamericano llamado Albert Kimsey Owen solicitó al gobierno mexicano una concesión
ferroviaria para unir el comercio de Asia con el medio oeste y este de los Estados Unidos
de América, su punto de entrada el puerto de Topolobampo, y su ruta vía Chihuahua y
Texas; el ferrocarril se construyó, pero el objetivo no se cumplió por cuestiones de
carácter técnico. Esta visión se sustentó en la posición geográfica del puerto de
Topolobampo, ya que representa el punto más cercano entre el medio oeste, suroeste y este
de los Estados Unidos Mexicanos.
Con el desarrollo del corredor
Topolobampo-Texas permitiría el acceso del gran flujo comercial, industrial y turístico
entre Asia, Sinaloa, Chihuahua y Texas, además de acceder a las rutas comerciales de
Estados Unidos de América, que en consecuencia traería múltiples oportunidades
económicas para toda la región, así como mejoras en el nivel de vida.
De acuerdo con un estudio del
departamento de transporte de estado de Texas, este corredor Topolobampo-Texas, vía la
frontera Ojinaga, Chihuahua-Presidio, Texas, se estima que produciría un impacto
inmediato de incremento en el comercio de aproximadamente 300 camiones que cruzarían
diariamente de mercancías provenientes de Asia, Sinaloa , Chihuahua y Texas, y en los
próximos 10 años, después de abrir este corredor serían del orden de 900 camiones
diarios. Inclusive, se estima que este corredor se convertiría en el más importante de
México si se toma en cuenta que solamente el estado de Texas importa 10 veces más
contenedores que todo México junto, precisando que más de un 50% de ese movimiento de
contenedores viene de los países de la cuenca del Pacífico.
En virtud de lo anteriormente
expuesto, me permito hacer las siguientes consideraciones:
Primero. El puerto de Topolobampo
cuenta con una situación geográfica privilegiada al norte del estado de Sinaloa, con
vocación comercial, fundamental para la exportación e importación de productos
agropecuarios, pesqueros, mineros e industriales del corredor mencionado.
Segundo. La terminación de este
tramo carretero tiene el objetivo de unir el puerto de Topolobampo con el centro del
estado de Texas, vía el estado de Chihuahua, en la frontera de Ojinaga-Presidio hasta la
ciudad de Midland Odessa.
Tercero. Este corredor
Topolobampo-Texas se convertiría la opción económica más viable para el comercio de la
región centro-suroeste de Estados Unidos de América con los países de la cuenca del
Pacífico.
Cuarto. Las opciones de
oportunidades en el sector turístico se multiplicarían ya que actualmente las Barrancas
del Cobre es uno de los lugares más atractivos para el mercado internacional.
Quinto. El tramo que le corresponde
al estado de Sinaloa es de 49 kilómetros, de Choix al límite con el estado de Chihuahua,
y 153 kilómetros corresponden al estado de Chihuahua, de San Rafael al límite con el
estado de Sinaloa, un total de 202 kilómetros.
Sexto. La Secretaría de
Comunicaciones y Transportes cuenta ya con un proyecto Ejecutivo para llevar a cabo la
construcción de este tramo carretero. Además de que esta Legislatura le aprobó 50
millones de pesos en el presupuesto de 2001 los cuales nunca fueron ejecutados.
Señoras y señores diputados, el
impulso de este corredor resultaría una obra de gran impacto social y económico a lo
largo de esta carretera incrementaría la competitividad del país; se ampliarían las
posibilidades de exportación de los productores del campo de los estados de Sinaloa,
Chihuahua, Durango y Sonora; se crearía una serie de oportunidades de nuevos empleos por
todo el corredor, especialmente por la Sierra Tarahumara.
Con base a las consideraciones
antes expuestas y de conformidad a los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento Interior de
Gobierno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos me permito presentar a esta
soberanía el siguiente
Punto
de Acuerdo
Unico. Se solicita a la Comisión de Presupuesto
que incluya los recursos necesarios para la construcción del tramo carretero faltante del
corredor Topolobampo-Texas, el cual comprende de Choix, Sinaloa, a San Rafael, Chihuahua,
en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2004 y a la Comisión de
Comunicaciones y Transporte su intervención para exhortar a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes a que se realice dicha obra.
Palacio Legislativo, a 30 de abril
de 2003.— Diputados: Rubén B. Félix Hays
(rúbrica), Jorge Esteban Sandoval Ochoa, César A.
Duarte Jáquez, Fernando Díaz de la Vega.»
Se turna a la Comisión de Presupuesto
y Cuenta Pública.
«H.
Congreso de la Unión.— Presente.
Con fundamento en lo que disponen
los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados federales del grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional de la LVIII Legislatura ponemos a consideración del pleno de
esta honorable Asamblea, una proposición con punto de acuerdo para que se declare
patrimonio natural de la humanidad la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca con
base en la siguiente
Exposición
de Motivos
El otoño boreal es la temporada de
las grandes migraciones en el hemisferio norte. Seres de diferentes especies que habitan
en esta porción del globo terráqueo despiertan de la apacible rutina del verano para
emprender un largo viaje hacia el sur buscando refugio en tierras más cálidas ante la
proximidad del invierno en el norte.
De entre estas legiones de viajeros
destaca una por su aparente fragilidad, pero que contrasta con la capacidad que tiene para
resistir un trayecto de más de 2 mil kilómetros. Son no menos de 100 millones de
coloridos seres que año tras año llegan puntuales a su “casa de invierno”, en
una región situada entre los estados de México y Michoacán en la República Mexicana.
Son las mariposas monarca.
Habitan durante la primavera y el
verano en una amplia región situada a ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y
Canadá. Pero levantan el vuelo, y entre la primera y la tercera semana de noviembre, las
monarca se acercan a El Oro, Atlacomulco, San Felipe del Progreso y otras localidades que
se encuentran entre los estados de México y Michoacán.
Estas localidades, en conjunto
conforman un área natural protegida conocida como Reserva de la Biosfera de la Mariposa
Monarca (REBMM).
La reserva tiene una superficie de
56 mil 262 hectáreas, conformada de enorme biodiversidad: 493 especies de plantas
vasculares, 49 especies de hongos, entre otras. Su flora dominante es el bosque de oyamel,
junto con manchones de pino, ambos apropiados para que la mariposa monarca sobreviva
durante la estación invernal.
La Reserva Ecológica de la
Biosfera de la Mariposa Monarca está integrada por cinco santuarios protegidos que se
distinguen en dos zonas:
La denominada zona Central,
compuesta por los santuarios del Cerro Pelón, Campanario, Chivatí-Huacal y Sierra
Chincua; la segunda zona es la del Cerro Altamirano.
Ambas regiones tienen diferencias
muy marcadas en cuanto a dinámicas de la población, manejo de los recursos naturales,
actividades económicas y presión sobre los bosques.
Se pueden resumir como principales
problemas que afectan a la reserva los siguientes:
a) Deterioro y pérdida de recursos
naturales, en especial de bosques de oyamel y pino, que son los lugares de hibernación de
la mariposa Monarca.
b) Incendios forestales causados
principalmente por actividades agropecuarias.
c) Deforestación por cambios de
uso de suelo.
d) Tala clandestina de árboles.
e) Fuerte presión sobre los
recursos naturales debido a la marginalidad, pobreza y una alta densidad de población.
f) Poca participación comunitaria
en actividades de conservación y desarrollo sustentable.
Según el Programa de Inspección
en la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, existe una escasa dotación de
recursos para su supervisión y vigilancia tanto financieros como de capital humano. Esto
deja claro la escasez de recursos para la inspección y vigilancia de la reserva.
Este Congreso ha puesto énfasis en
estas problemáticas, y de modo alguno se ha mostrado pensante y precavido en propuestas
para su solución. Es así como en el ejercicio fiscal presente y en el pasado inmediato,
la Cámara de Diputados ha otorgado más recursos a la actividad silvícola y forestal en
términos reales.
Sin embargo, estas medidas no han
sido suficientes, por ello se desprende la urgente necesidad de tomar otras que
complementen y refuercen a las ya existentes para preservar la reserva desde la
perspectiva forestal, biológica y zoológica.
Para concretar este reconocimiento
existe un instrumento, que es la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial,
Cultural y Natural, auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que forma parte de un sistema eficaz de
protección colectiva del patrimonio cultural y natural de la especie humana a través de
la declaratoria de patrimonio natural a la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca.
Esta Convención tiene como
propósito la instauración de un sistema eficaz, colectivo y complementario de la acción
de los estados miembros interesados en la protección del patrimonio mundial, cultural y
natural de valor universal excepcional, amenazado de destrucción por causas tradicionales
o evolutivas derivadas por los cambios de la vida social y económica o por una
protección incompleta por falta de recursos financieros, científicos o técnicos del
país en cuestión.
Asimismo, los estados miembros de
la presente Convención se comprometen a integrar la protección de su patrimonio dentro
de los programas de planificación general: servicios de protección, conservación y
valorización, estudios de investigación científicos y técnicos, y creación de centros
de formación en protección, nacionales o regionales.
Dado que la Convención considera
como patrimonio natural “a lugares naturales y las zonas estrictamente delimitadas
que constituyan el hábitat de especies animales y vegetales amenazadas que tengan un
valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico”. La
Reserva de Biosfera de la Mariposa Monarca sí cumple con las características de zona
estrictamente delimitada, hábitat de especies animales y vegetales amenazadas, y para el
caso de la mariposa monarca cumple con la característica de un valor universal
excepcional desde el punto de vista de la belleza natural que establece dicho artículo.
Si bien una declaratoria implica
responsabilidades para el país donde se ubica el sitio, también significa beneficios que
se traducen en apoyos económicos, tecnológicos y de difusión provenientes del Fondo
para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. Pero lo más importante es
que, de manera efectiva se estarán supervisando y protegiendo los ecosistemas que tanto
significan para el devenir no sólo de la mariposa monarca sino para la especie humana
misma.
Por lo anteriormente expuesto y con
fundamento en lo que disponen los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a
consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto
de Acuerdo
Artículo Unico. Se exhorta a la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales a que inicie el procedimiento ante las instancias
pertinentes para inscribir la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca en el
inventario de sitios Patrimonio Natural de la Humanidad que establece la Convención Sobre
la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 30 de abril de 2003.— Diputados: María
Cruz Martínez Colín (rúbrica), Diego Cobo
Terrazas (rúbrica), Jesús de la Rosa Godoy
(rúbrica), Gustavo Lugo Espinoza, Miguel Angel
Gutiérrez Machado (rúbrica), José Luis
Esquivel Zalpa (rúbrica), Francisco Arano
Montero, Miguel Bortolini Castillo (rúbrica),
Cándido Vitálico Coheto Martínez, José Jacobo Nazar Morales, Donaldo Ortiz Colín,
Juan Carlos Pallares Bueno (rúbrica), Juan
José Nogueda Ruiz, Ramón Ponce Contreras (rúbrica), Rafael Ramírez Agama (rúbrica), Rafael Ramírez Sánchez (rúbrica), Rosa Delia Cota Montaño, José Manuel Díaz Medina,
Sergio García Sepúlveda (rúbrica), Manuel
Garza González, Rómulo Garza Martínez (rúbrica), Raúl Gracia Guzmán (rúbrica), Elizabeth Rosas López, Pedro Manterola Sainz, Juan
Carlos Sainz Lozano, Efrén Sicilia Salgado, José María Tejeda Vázquez (rúbrica), Miguel Angel Torrijos Mendoza (rúbrica), Librado Treviño Gutiérrez (rúbrica), Julio César Vidal Pérez, Raúl García Velásquez
(rúbrica), Ma. Teresa Tapia Bahena (rúbrica), José Manuel Quintanilla Rentería (rúbrica), Fernando Pérez Noriega (rúbrica), Tomás Ríos Bernal (rúbrica), Nelly Campos Quiroz (rúbrica), María Teresa Campoy Ruy Sánchez (rúbrica), Manuel Galán Jiménez (rúbrica), Roberto Bueno Campos (rúbrica), Luis Fernando Sánchez Nava (rúbrica), Mauro Huerta Díaz (rúbrica), Flor Añorve Ocampo (rúbrica), José Manuel del Río Virgen (rúbrica), Cuauhtémoc Montero Esquivel (rúbrica), Noé Navarrete González (rúbrica), Sonia López Macías (rúbrica), Jaime Aceves Pérez (rúbrica), Víctor H. Sondón Saavedra (rúbrica), Salvador López Orduña (rúbrica), Francisco Luis Treviño Cabello (rúbrica), Francisco Ortiz Esquivel (rúbrica), Nohelia Linares González (rúbrica), Martha Patricia Dávalos Márquez (rúbrica), Zinthia Benavides Hernández (rúbrica), Cecilia Laviada Hernández (rúbrica), Rafael Servín Maldonado (rúbrica), Mercedes Hernández Rojas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Martha Patricia Martínez Macías (rúbrica), Manuel Minjares Jiménez (rúbrica), Francisco García Cabeza de Vaca (rúbrica), Arcelia Arredondo García (rúbrica), Nicasia García Domínguez (rúbrica), Olga Patricia Chozas y Chozas (rúbrica), Enrique Martínez Orta Flores (rúbrica), José Jaimes García (rúbrica), Jaime Salazar Silva (rúbrica), Luis A. Aldana Burgos (rúbrica), Fernando Ugalde Cardona (rúbrica), Benjamín Muciño Pérez (rúbrica), Hugo Camacho Galván (rúbrica), Griselda Ramírez Guzmán (rúbrica), José O. Luna Salas (rúbrica), Manuel Castro y del Valle (rúbrica), Roberto Aguirre Solís (rúbrica), Sergio R. Vaca Betancourt, Ma. Elena Chávez Palacios
(rúbrica), José Ma. Núñez Monreal (rúbrica), Oscar Ochoa Patrón (rúbrica), Marcos Pérez Esquer (rúbrica), Luis M. Santibáñez García (rúbrica), Samuel Yoselevitz Fraustro, José María Anaya Ochoa
(rúbrica), María Isabel Velasco Ramos
(rúbrica), Francisco Ortiz Esquivel
(rúbrica), José Rivera Carranza (rúbrica), Alfonso Vicente Díaz (rúbrica), Bernardo Pastrana Gómez (rúbrica), Joel Vilches Mares (rúbrica), Francisco Raúl Ramírez Avila (rúbrica), Mónica Leticia Serrano Peña (rúbrica), Francisco Javier Chico Goerne Cobián (rúbrica), David Rodríguez Torre (rúbrica), Víctor León Castañeda (rúbrica), Tarcisio Navarrete Montes de Oca (rúbrica), Ismael Estrada Colín (rúbrica), Concepción Salazar González (rúbrica), Pablo Arnaud Carreño (rúbrica), Abelardo Escobar Prieto (rúbrica), Miguel Gutiérrez Hernández (rúbrica), J. Jesús Hurtado Torres (rúbrica), Enrique Garza Tamez (rúbrica), Juan Manuel Martínez Nava (rúbrica), Alba L. Méndez Herrera (rúbrica), Francisco Arano Montero (rúbrica), Raúl Covarrubias Zavala (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Medio
Ambiente y Recursos Naturales.
«C.
Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Los suscritos diputados federales
integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional sometemos a la
consideración del Pleno de esta Cámara, con fundamento en lo dispuesto en el artículo
58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, la siguiente proposición de punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
México es una nación integrada
por diferentes grupos, cuya mayor riqueza cultural reside precisamente en la variedad y
multiplicidad de formas y creaciones en las que se expresa. Para Acción Nacional,
reconocer y valorar nuestra diversidad cultural refuerza nuestro sentido democrático y
plural. Consideramos que esta rica heterogeneidad cultural debe permear todas las acciones
gubernamentales y, sobre todo, cristalizarse en los principios esenciales de la política
cultural del país.
En el ámbito cultural se debe
contar con una dinámica incluyente y plural que refleje la realidad nacional; que abra
espacios y apoye las diversas manifestaciones del hombre y sus visiones del mundo y de la
vida. Es tarea del Estado velar porque la sociedad esté preparada para los retos del
futuro.
La lectura es un medio esencial y
clave para la formación de ciudadanos conscientes de su papel en la sociedad; es
fundamental para que las personas desarrollen sus capacidades, aptitudes, habilidades; y
es primordial como herramienta de aprendizaje, información y desarrollo personal y
social. Por ello, es trascendental difundir una cultura de fomento del libro y de la
lectura de calidad, con la finalidad de generar un número creciente de lectores y una
práctica más intensa de esta actividad.
La situación que impera en México
en materia de lectura no es halagadora, pues los niveles de lectura son muy inferiores a
los que demanda la exigencia de desarrollo del país, y a los que supondría el nivel de
alfabetización.
Acción Nacional está convencido
de que la cultura es un derecho de todos los mexicanos, una necesidad en la participación
de la vida civil y en el desarrollo individual y social, y un componente fundamental de la
calidad de vida de todos los mexicanos.
Afortunadamente, en las últimas
décadas se ha sensibilizado su importancia y por ello el Programa Nacional de Cultura
2001-2006 incluye entre sus objetivos principales crear y difundir una cultura de fomento
del libro y de la lectura de calidad. Dicho documento expone que “la lectura, en
especial la de libros, es un factor fundamental para el crecimiento económico, político,
social y cultural de las personas y de las naciones. El nivel de desarrollo de un país
puede medirse por el número y la calidad de sus lectores, así como por la
infraestructura que sostiene a la lectura y la escritura”.
Es por ello que acciones como el
Programa Integral de Fomento de la Lectura y el Libro, puesto en marcha por Conaculta en
mayo de 2002, deben promoverse y apoyarse, ya que implican la formación y capacitación
de lectores de todas las edades, incorporando el fomento del libro desde la producción,
distribución y difusión hasta la promoción intensiva de la lectura. Ello requiere de
una estrecha colaboración del Sistema Educativo Nacional y de los sectores social y
privado.
Es preciso impulsar este tipo de
acciones para que abran paso a una política cultural más vigorosa en el conjunto de la
política de desarrollo humano y social, que la enriquezcan y contribuyan a un mejor logro
de su misión.
No hay que olvidar que, a pesar de
que la Red Nacional de Bibliotecas Públicas está integrada por 6 mil 303 bibliotecas,
actualmente la proporción es de una biblioteca por cada 16 mil habitantes, cifra aún
notablemente inferior al volumen por persona recomendado en el ámbito internacional. De
ahí la importancia de contar con más bibliotecas y de mejorar su infraestructura y
condiciones, conscientes de su papel como centros de convivencia y desarrollo
comunitarios, y como fuentes de cultura y educación.
En este contexto, Acción Nacional
considera que los integrantes de esta LVIII legislatura, podemos contribuir tangiblemente
en la honrosa tarea de mejorar la calidad de los servicios que ofrece el sistema
bibliotecario público nacional, y coadyuvar al fortalecimiento de la función de la
biblioteca pública en la educación y formación, tanto de usuarios de la información
como de lectores habituales y autónomos.
Por ello, hoy exhorto amablemente a
los legisladores de esta LVIII Legislatura a donar 10 libros por cada uno de nosotros para
el acervo de las bibliotecas públicas, con lo cual estaríamos contribuyendo a la
formación de acervos básicos que sirvan como eje de las actividades didácticas,
educativas, de capacitación, de difusión y de fomento de la lectura que se programan en
las bibliotecas públicas.
Es necesario participar en el
fortalecimiento del papel de las bibliotecas públicas como depositarias y difusoras del
patrimonio bibliográfico, debemos ser sensibles y solidarios a la enorme carencia de
libros que existe en la actualidad en nuestras bibliotecas públicas, y no olvidar que el
libro y la lectura enriquecen los valores humanos y son ejemplo del respeto al ejercicio y
la libertad de expresión.
El compromiso de Acción Nacional y
de todos los legisladores será importante para contribuir a la formación de los acervos
bibliográficos que requieren las bibliotecas públicas. Hoy podemos dar un paso.
Por lo anteriormente expuesto y
fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto
de Acuerdo
Unico. Que los diputados de la LVIII Legislatura
del honorable Congreso de la Unión donen, para las bibliotecas públicas, 10 libros: tres
de conocimiento científico, tres de conocimiento general y cuatro de literatura para
niños y jóvenes de primaria y secundaria, los cuales se harán llegar a través de la
Comisión de Cultura al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a fin de que éste
realice su distribución.
Palacio Legislativo en San
Lázaro.— México, DF, a 30 de abril de 2003.— Diputados: Gregorio Arturo Meza de la Rosa, Esteban Sotelo
Salgado, Víctor León Castañeda, César Reyes Roel (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de
Cultura.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Coordinación de la Diputación
Federal por el Estado de Oaxaca.
Diputado licenciado Armando Salinas
Torre, Presidente de la Mesa Directiva del la Cámara de Diputados.— Presente.
Con su permiso, señor Presidente;
señoras y señores diputados:
El que suscribe, diputado Jaime
Mendoza Ferra, representante del VII distrito del estado de Oaxaca, con cabecera en
Juchitán de Zaragoza, por el Partido Revolucionario Institucional, ante ustedes presento
este punto de acuerdo para solicitar, en el marco del nuevo federalismo, que de los
recursos adicionales que por venta de petróleo recibe el Gobierno Federal se asigne un
porcentaje al sector salud en el estado de Oaxaca.
En el marco de los procesos de
globalización, entendidos como una dinámica que promueve el desmantelamiento del Estado
de bienestar, el adelgazamiento del aparato burocrático y, con ello, el debilitamiento de
las instituciones públicas, el Estado mexicano debe asumir su responsabilidad y cumplir
con el pacto social emanado de la Constitución. Estos derechos sociales se han traducido
en aplicaciones de política social que permiten a los tres niveles de gobierno sumar
esfuerzos para dar a la sociedad los niveles de atención y desarrollo social que
demandan.
En ese contexto, es de vital
importancia que la demanda de una mejor atención en salud pública sea atendida con los
mejores estándares de calidad. Sólo así podemos estar preparados para seguir
contribuyendo en la construcción de una sociedad más justa y democrática.
Sin embargo, estos buenos deseos se
ven amenazados por la falta de atención en el sistema de salud pública, el cual se
encuentra en una situación de alarma. La infraestructura, a pesar de los esfuerzos, ha
sido rebasada por la demanda de los usuarios; aunado a ello, la calidad en los servicios
se deteriora por la falta de presupuesto, y la posibilidad de que el paciente encuentre el
suministro de medicinas en las farmacias de los diversos hospitales, clínicas y unidades
familiares bajo responsabilidad del Estado es cada día más difícil.
Según las metas propuestas por el
Ejecutivo federal en el Programa Nacional de Salud 20012006 se establece el compromiso de
conformar un sistema de salud universal, equitativo, solidario, plural, eficiente, de alta
calidad, participativo y vinculado al desarrollo. Es decir, que toda la población tenga
acceso a los servicios de salud.
A pesar de ello, siendo la
principal limitante la falta de recursos, se ha tratado de poner en marcha proyectos de
reingeniería que doten al sector de una capacidad de generación de recursos propios y de
involucrar en esta nueva dinámica al sector privado. Asimismo, se ha valorado la
posibilidad de que los usuarios de los servicios de salud paguen de forma directa los
beneficios bajo un mecanismo que no represente iniquidad en su ejecución y que permita la
posibilidad de que aquellos sectores menos favorecidos también tengan la cobertura del
servicio. Son medicinas, deficiencia en el servicio, infraestructura deteriorada y falta
de capital humano sólo los principales indicadores de la crisis del sector en el estado.
Específicamente, es en el estado
de Oaxaca donde se encuentran altos niveles de marginación en diversos rubros, donde la
realidad del sistema de salud pública tiene uno de sus más lacerantes rostros. Aunado a
un alto índice de dispersión de la población, que eleva los riesgos en caso de
enfermedades o accidentes. Aún bajo el esfuerzo colectivo impulsado por el gobierno del
estado, las carencias del sector salud siguen lastimando a la sociedad oaxaqueña.
Es por ello que solicito al Pleno
de esta Cámara de Diputados que se apruebe el siguiente
Punto
de Acuerdo
Artículo Unico. Se solicita al Gobierno Federal
que, considerando el alto nivel de las reservas del Banco de México y de los ingresos
excedentes por la venta de la mezcla mexicana de petróleo, se asigne un presupuesto
adicional al sector salud en el estado de Oaxaca, para aplicarlos urgentemente en
beneficio de los miles de usuarios en el territorio oaxaqueño.
México, DF, a 30 de abril de
2003.— Dip. Jaime Mendoza Ferra
(rúbrica).»
Se turna a la Comisión de
Hacienda y Crédito Público.
«Punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Economía y a las
legislaturas de los estados para emitir el marco jurídico que regule la actividad de las
llamadas “casas de empeño”.
C. Presidente de la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura.
Compañeros diputados:
Con fundamento en la Ley Orgánica
del Congreso Genera de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento
el siguiente punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Economía y a las
Legislaturas de los estados a emitir el marco jurídico que regule la actividad de las
llamadas “casas de empeño”, bajo las siguientes
Consideraciones
Las instituciones de asistencia
privada, asociaciones civiles y sociedades mercantiles denominadas “casas de
empeño” han operado por varios años en nuestro país. En un principio surgieron
como un medio para asistir a las personas de bajos recursos o aquellas que requieren
recursos monetarios de inmediato.
El éxito de las llamadas
“casas de empeño” se dio porque logró captar a este segmento de la sociedad
que no tenía acceso a créditos bancarios, hipotecarios, inversiones y cuentas, debido a
las condiciones propias del sistema financiero.
Este sistema, desde hace mucho
tiempo, ha permanecido inaccesible para los estratos de ingresos más bajos o para ciertas
personas que necesitan de forma inmediata liquidez monetaria para cubrir contingencias que
se les presentan, ya que en ocasiones es difícil contar con un aval, un colateral o
ingresos comprobables que garanticen un préstamo por parte de las instituciones
financieras.
A pesar de que las casas de
empeño, como instituciones de asistencia privada, nacieron con el objetivo de satisfacer
oportunamente las necesidades de sus usuarios, procurar el desarrollo integral de sus
colaboradores y realizar acciones en beneficio de la Sociedad Mexicana, en un marco de
transparencia y legalidad, y sin ningún fin de lucro, a lo largo del tiempo surgieron
“casas de empeño” constituidas bajo figuras mercantiles que han distorsionado
esta loable misión.
Así, las sociedades mercantiles
que realizan actividades de este tipo, han ido ganando presencia en nuestro país, al
grado que en la actualidad existen algunas que ofrecen franquicias con “grandes
rendimientos”.
Con la proliferación de estas
casas de empeño, constituidas de diversas formas, han proliferado también las anomalías
en su operación, pues algunas han encontrado la manera de aprovecharse de la extrema
necesidad de las personas que acuden a ellas, cobrando intereses demasiado altos o
exigiendo prendas que exceden, en la mayoría de los casos, el valor de la deuda y de los
intereses, lo cual lleva a los deudores o pignorantes a no poder recuperar los bienes que
entregaron en garantía, causándoles así un doble daño: económico y moral.
En la actualidad, la actividad que
llevan a cabo las llamadas “casas de empeño”, principalmente las constituidas
como sociedades mercantiles, no está regulada. Existe exclusivamente el marco jurídico
que regula su constitución.
Dada esta falta de regulación y
supervisión por parte de la autoridad, éstas sólo operan con el único fin de
incrementar sus ganancias, dejando de lado principios éticos, de justicia y, sobre todo,
el objetivo para el cual fueron creadas.
Adicionalmente, dada esta falta de
regulación y supervisión, las denominadas “casas de empeño” se han erigido en
uno de los medios más importantes para llevar a cabo actividades ilícitas graves, como
lo es el lavado de dinero.
Por el momento en que vivimos, con
rápidos avances tecnológicos y la cada vez mayor globalización, el lavado de dinero
tiene un alcance sin precedentes y las acciones encaminadas a su combate requieren un
enorme esfuerzo nacional. Fuera de control, tal situación puede afectar la confianza
pública en las instituciones financieras del gobierno mexicano.
Es, por lo anterior, urgente
empezar a legislar sobre la actividad que llevan a cabo las llamadas “casas de
empeño”. El objetivo de regularlas va más allá evitar que empresas privadas, con
fines meramente lucrativos, tomen ventaja de la precaria situación económica de algunos
mexicanos o de la simple protección de los intereses de las personas que acuden a ellas,
en el sentido de que, sin un estricto control, dichos centros se podrían convertir en
lugares idóneos para llevar a cabo actividades ilegales con implicaciones de severa
magnitud para nuestro país, ya que facilita la actividad de los traficantes de drogas,
armas, terroristas y funcionarios corruptos.
Así pues, este punto de acuerdo
pretende sentar las bases para realizar un esfuerzo a nivel nacional para emitir el marco
jurídico que tenga como finalidad disminuir los efectos negativos que se han desarrollado
con el crecimiento de esta actividad.
Es fundamental enfatizar que este
esfuerzo nacional no va contra la generación de instituciones de asistencia privada,
asociaciones civiles o sociedades mercantiles que realizan esta actividad, sino en contra
de las prácticas desleales o ilegales que se pudieran desarrollar.
Actualmente se han observado
algunos esfuerzos a nivel de las Legislaturas locales para crear el marco jurídico que
supervise y regule esta actividad. Uno de los casos más importantes es la ley emitida por
el Congreso de Baja California mediante la cual se regula la instalación y funcionamiento
de establecimientos cuyo objeto sea ofertar al público la celebración de contratos de
mutuo con interés y contratos de prenda. Asimismo, obliga a las llamadas “casas de
empeño” a la obtención de permisos y a fijar los mínimos requerimientos que un
contrato de prenda y de mutuo con interés debe contener.
Es así que mediante este punto de
acuerdo se enfatiza la necesidad de que todas las Legislaturas locales, siguiendo este
ejemplo, emitan la regulación necesaria.
También es importante la
participación del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Economía, para la
emisión de una Norma Oficial Mexicana que se encargue de la regulación y supervisión
del funcionamiento de las sociedades mercantiles que realizan contratos de mutuo con
intereses y garantía prendaria.
Por la problemática anteriormente
expuesta, es que se presenta el siguiente
Punto
de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Secretaría de Economía
que realice los estudios necesarios a fin de que se elabore una Norma Oficial Mexicana que
someta a las sociedades mercantiles que realizan contratos de mutuo con intereses y
garantía prendaria a una regulación específica.
Segundo. Gírese oficio a las Legislaturas de los
estados, con el fin de conscientizarlas sobre la problemática existente y exhortarlas a
emitir el marco jurídico que regule la instalación y funcionamiento de establecimientos
cuyo objeto sea ofertar al público la celebración de contratos de mutuo con interés y
contratos de prenda, así como para fijar los mínimos requerimientos que un contrato de
prenda y de mutuo con interés debe contener.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 29 de abril de 2003.— Dip. María Teresa
Tapia Bahena (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de
Comercio y Fomento Industrial.
«Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado
ciudadano Alberto Cano Cortezano, del grupo parlamentario de Acción Nacional y miembro de
esta LVIII Legislatura de este honorable Congreso de la Unión, someto a consideración
del Pleno el siguiente punto de acuerdo:
Que los gobiernos de Tlaxcala y
Puebla se sirvan firmar los convenios que anexen al municipio de San Pablo del Monte
Tlaxcala a la denominación de origen de la talavera en los términos que las leyes
federales y locales señalen.
La música, como el arte, es
universal, bajo este precepto, la artesanía como una expresión cultural de un pueblo, de
una región, donde sus moradores de generación en generación heredan todo un proceso de
elaboración, que agregan usos, costumbres, tradición, mística y cultura; por tanto,
aunado a los materiales propios de la región, dan identidad a los pueblos.
Históricamente, refieren los
documentos que el pueblo de Tlaxcala ya elaboraban la cerámica tipo talavera, la técnica
y proceso de elaboración, así como los materiales utilizados determinaron, mediante un
estudio minucioso realizado por el departamento de ingeniería y tecnología de la
Universidad Autónoma de Tlaxcala que recientemente se concluyó. Refiere que los
artesanos del municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, cumplen en su totalidad las
especificaciones y normas de calidad que se imponen y exigen para su certificación de
origen; asimismo, la normatividad legal que refieren las leyes federales y estatales para
dar cumplimiento preciso a lo que establece la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, así como también la Secretaría de Economía.
Es de importancia señalar que los
artesanos de Tlaxcala, en coordinación con las instancias correspondientes, han
solicitado en tiempo y forma la petición como un derecho a lo antes señalado.
En tal virtud, los artesanos que
producen talavera en el municipio de San Pablo del Monte recibirán todo el apoyo
necesario tanto del Gobierno Federal como del estatal, mediante información oportuna de
las disposiciones legales, capacitación permanente, inspección y supervisión del
proceso de elaboración, asesoría de comercio exterior y programas y proyectos de
crédito e inversión.
Que el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, mediante sus disposiciones legales propias, coadyuve e incluya al
municipio de San Pablo del Monte para su registro ante el instituto referido.
Por lo anteriormente expuesto, a
esta soberanía propongo el siguiente
Punto
de Acuerdo
Bajo el siguiente articulado:
Artículo Unico: Que los gobiernos de los estados
de Tlaxcala y Puebla, en coordinación con las autoridades federales y los artesanos que
producen la talavera en ambos estados, firmen, como lo señalan las disposiciones legales
vigentes, los convenios de inclusión al área geográfica y denominación de origen de la
artesanía de talavera del municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala.
Dado en el Palacio Legislativo, a
30 de abril de 2003.— Dip. Juan de la Cruz
Alberto Cano Cortezano (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de
Comercio y Fomento Industrial.
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se invita
respetuosamente a los congresos de las entidades federativas a considerar la conveniencia
de creación de una comisión encargada de atender los asuntos de la familia.
C. Presidente de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Señoras y señores diputados:
El suscrito C. diputado Francisco
Luis Treviño Cabello, del grupo parlamentario del PAN, y con el apoyo de ciudadanos
diputados de distintos grupos parlamentarios de esta LVIII Legislatura sometemos a la
consideración del Pleno de esta Cámara, con fundamento en lo dispuesto en los artículos
58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las
siguientes
Consideraciones
El cuidado de la familia no es
sólo una obligación moral: es una necesidad política.
La familia es el elemento más
íntimo e importante de la sociedad y constituye el núcleo central para lograr el
desarrollo integral de sus integrantes, es el sitio donde se adquieren las bases para
convertirse en ciudadano. La familia es, por excelencia, el lugar donde aprendemos
valores, tales como el amor, el respeto, la solidaridad y la confianza. La familia es
también un ámbito privilegiado del proceso de socialización primaria de los individuos,
opera como espacio productor y transmisor de pautas y prácticas culturales, de
adquisición de hábitos y conforma un ámbito fundamental para la formación de
identidades, particularmente en lo relativo a los papeles asignados socialmente a mujeres
y hombres.
El mejoramiento integral de la
familia representa, por sí mismo, el avance cualitativo de toda la sociedad, la cual se
beneficia directamente cuando en México existen familias fuertes y unidas. Ahora bien,
los cambios sociales, económicos, culturales y políticos afectan profundamente el
ámbito en el que se forman y desarrollan quienes constituyen la familia. Entre esos
cambios podríamos observar manifestaciones tanto pacíficas como negativas. Por ello es
importante no desatender esta realidad, que afecta e incide en la crisis de valores que
desafortunadamente acosa a nuestras familias.
La crisis de la familia se expresa
no sólo en una menor proporción de familias biparentales, sino especialmente en
distintas manifestaciones de deterioro social que se relacionan con ella. En efecto,
muchas familias en esta sociedad padecen un conjunto de traumas y vejaciones inaceptables.
Uno de los síntomas más visibles
y preocupantes de la crisis de la familia es la violencia intrafamiliar que se vive en el
seno de muchas familias de nuestro país. Además, detrás de las tensiones que se asocian
con una situación moral y material difícil, está el hecho contundente de que las
familias no han desempeñado un papel eficaz en la formación adecuada de sus miembros y,
por ende, de los niños y jóvenes del país. Parte de los problemas de esa formación se
expresan subsecuentemente en la precaria situación que viven muchas parejas y en el pobre
desempeño moral y material del núcleo familiar.
Para construir una sociedad más
equitativa y democrática es necesario actuar desde la familia, puesto que ella es la
esencia para la realización del bien común. Es en la familia donde se viven y perciben
los éxitos y fracasos de las políticas públicas; es el lugar donde se reflejan los
auténticos niveles de bienestar de nuestro país.
La familia es concebida como el
cauce principal de la solidaridad entre generaciones y el espacio primario de la
responsabilidad social que debe ofrecer la más leal red de seguridad y de afecto ante
contingencias y amenazas a sus integrantes. Compete a la familia comunicar y desarrollar
los valores morales e intelectuales necesarios para la formación y perfeccionamiento de
la persona y de la sociedad.
Actualmente, la familia demanda
participación en la toma de decisiones en la construcción de un México democrático,
libre, con justicia y paz. Esta participación es un derecho de los ciudadanos para
construir el futuro, pero implica también el cumplimiento de deberes ante una sociedad
que se verá afectada o beneficiada por las actividades que desarrollen.
La gran diversidad de grupos
sociales exige distintas políticas para garantizar el ejercicio de sus derechos,
adecuándolos a cada entorno cultural, con el fin de homogeneizar el desarrollo integral
del universo familiar.
El Estado, en el afán de aterrizar
los diferentes planteamientos y políticas públicas en materia de asuntos para la
familia, ha realizado distintos esfuerzos. Prueba de ello es la participación del Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en el debate general del cuadragésimo
primer periodo de sesiones de la Comisión de Desarrollo Social de la ONU, en febrero del
año en curso. En el cual se comunicó la preparación de la promulgación de la
Declaración Universal de los Derechos de la Familia, como consecuencia del Décimo
Aniversario del Año Internacional de la Familia 2004.
Por otro lado, el Plan Nacional de
Desarrollo 2001-2006 reconoce que la familia ocupa un importante espacio dentro del
desarrollo nacional, por lo que señala que es necesario “fortalecer los ámbitos
familiares para que sean el motor de la convivencia y la solidaridad social”, y
además “impulsar programas y políticas públicas que fomenten los valores en las
familias y propicien la cohesión y la solidaridad social”.
Compañeros legisladores,
contribuyamos a hacer posible el cumplimiento de la misión de la familia, la cual sólo
puede realizarse plenamente dentro de un orden social, económico, político y jurídico
adecuado.
Por lo anteriormente expuesto y
fundado, reiteramos nuestra exhortación firme y respetuosa, y sometemos a la
consideración de esta soberanía el siguiente
Punto
de Acuerdo
Unico. Que la Cámara de Diputados invite
respetuosamente a los Congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
a considerar la conveniencia de la creación de una Comisión Ordinaria de Asuntos de la
Familia.
Palacio Legislativo en San
Lázaro.— México, DF, a 30 de abril de 2003.— Diputados: Francisco Luis Treviño Cabello, Samuel Yoselevitz
Fraustro, Benjamín Avila Márquez, Arturo Díaz Ornelas, José Ramón Mantilla y
González de la Llave, Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, Jesús López Sandoval, Mario
Reyes Oviedo, José María Rivera Cabello, Adrián Salvador Galarza González, Jaime
Salazar Silva, Luis Fernando Sánchez Nava, María Cruz Martínez Colín, Miguel
Gutiérrez Hernández, Luis Pazos de la Torre, Marco Vinicio Juárez Fierro, Nelly Campos
Quiroz, Lionel Funes Díaz, Sergio García Sepúlveda, Verónica Sada Pérez, Germán
Arturo Pellegrini Pérez, Esteban Sotelo Salgado, Javier Rodríguez Ferrusca, Daniel
Rodríguez Torres, Francisco E. Jurado Contreras, Mercedes Hernández Rojas, Roberto Bueno
Campos, Abelardo Escobedo Prieto, Salvador López Orduña, Francisco Ortiz Esquivel, Sonia
López Macías, Víctor Hugo Sondón Saavedra, Juvenal Vidrio Rodríguez, Gabriela Cuevas
Barrón, Noé Navarrete González, José Alfredo Botello Montes, Celita Alamilla Padrón,
Hugo Camacho Galván, Cuauhtémoc Cardona Benavides, José Alejandro Zapata Perogordo,
Silvia Alvarez Bruneliere, María Teresa Romo Castillón, Arturo San Miguel Cantú,
Braulio Martínez Ramírez, Francisco Arano Montero, José Roque Rodríguez López,
Rómulo Garza Martínez, Abel Cuevas Melo, Arcelia Arredondo García, Oscar Cano Garza,
Martha Patricia Dávalos Márquez, Zinthia Benavides Hernández, Mauro Huerta Díaz,
Tomás Coronado Olmos, Olga Patricia Chozas y Chozas, María Teresa Campoy Ruy Sánchez,
Amador Rodríguez Lozano, Rosario Oroz Ibarra, Araceli Domínguez Ramírez, Humberto
Muñoz Vargas, Alfonso Sánchez Rodríguez (rúbricas).»
Se turna a la Comisión de
Equidad y Género.
«Punto
de acuerdo para exhortar a las autoridades de los ámbitos del Gobierno Federal, Estatal y
Municipal y a las organizaciones de la Sociedad Civil para que fortalezcan las
acciones para permitir a los niños huérfanos, abandonados y víctimas de violencia
intrafamiliar integrarse lo más rápido posible a un hogar seguro a través de la
adopción plena.
C. Presidente de la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados.
Compañeras y compañeros:
Con fundamento en la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento
la siguiente proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a las autoridades de los
ámbitos de gobierno federal, estatal y municipal y a las organizaciones de la sociedad
civil a que fortalezcan las acciones para permitir a los niños huérfanos, abandonados y
víctimas de violencia intrafamiliar integrarse lo más rápido posible a un hogar seguro
a través de la adopción plena, conforme a las siguientes
Consideraciones
Por motivos diversos, entre los que
destacan los sociales, económicos y hasta culturales, el abandono y el maltrato de
menores continúan lacerando su futuro y poblando las calles de estos menores sin hogar.
De acuerdo con el programa especial
“De la calle a la vida” del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia, existen 140 mil niñas, niños y jóvenes en situación de calle.
Lo paradójico es un número cada
vez mayor de parejas que, a pesar de tener capacidad económica, deseo y solvencia moral y
de haber decidido recurrir a la adopción, no puede concretarlo por circunstancias como
las que en esta intervención expongo.
En el continente americano hay más
de 2 millones de parejas en lista de espera para adoptar un hijo y sólo 50 mil niños son
dados en adopción cada año. Según datos del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF), durante 2000 se realizaron en México mil 808 solicitudes y se concluyeron
sólo 797.
El interés de diversas parejas y
las necesidades de los menores por pertenecer a un hogar que les permita acceder a los
satisfactores básicos y ser cubiertos de amor no siempre resultan atendibles con la
premura y seguridad que un proceso de este tipo amerita.
Entre las trabas para que ello se
cristalice están los lentos procedimientos judiciales y administrativos que hacen que, de
forma desesperante, se alarguen los procesos de asignación de un menor. Asimismo, hay
insuficiente capacidad presupuestal y técnica de las autoridades encargadas de la
promoción, custodia, examen de solicitudes y resolución en las peticiones de adopción
de un menor.
No objetamos que se dan esfuerzos
importantes entre las autoridades administrativas como el que indica el DIF nacional, que
da a conocer en su segundo informe de actividades que, respecto de las adopciones, se
logró la homologación de los procedimientos administrativos, con base en un modelo de
ordenamiento administrativo en la materia que generaron los procuradores de la Defensa del
Menor y la Familia de los estados. Con ello se busca agilizar, transparentar y hacer más
seguras las adopciones en el país.
Aun así, cabe destacar que el DIF
nacional alberga en todo el país a por lo menos 5 mil menores en casas cuna y casas
hogar; de ellos, cuales únicamente entre 10 y 15 por ciento están en posibilidad de ser
adoptados, pues su situación jurídica se encuentra liberada. El resto no tiene liberada
la patria potestad; muchos de estos casos llevan años en los juzgados.
Por ello, los pendientes que
encontramos en infinidad de tareas hacen indispensables el compromiso, apoyo y trabajo de
los entes públicos en los tres ámbitos de gobierno para una mayor colocación de menores
expósitos, abandonados y víctimas de maltrato en hogares seguros.
Los plazos para decretar la
pérdida de la patria potestad de los padres que abandonan a un menor varían según cada
Código Civil de las entidades federativas. De igual forma, los procesos para decretar la
pérdida de la patria potestad de los menores acogidos en las instituciones de asistencia
social son poco claros y heterogéneos.
Adicionalmente, las instituciones
públicas de asistencia social requieren recursos para operar dichos trámites y procesos,
los cuales, en el marco del DIF nacional y de los recursos que la Federación asigna a los
sistemas estatales para la asistencia social mediante el fondo V del Ramo 33, no
consideran criterios y variables relacionados directamente con la demanda que enfrentan
las áreas de atención de ese tipo de casos.
Vengo ante el Pleno a presentar una
propuesta a fin de exhortar a las autoridades municipales, estatales y federales a que, en
el ámbito de sus respectivas competencias, realicen las acciones en materia de
legislación, de gestión y de consideración de recursos para que se promuevan prácticas
de adopción uniformes que garanticen una cada vez mayor asignación de menores a hogares
en condiciones seguras, que propicien un desarrollo sano y armonioso de las niñas y los
niños en situación de abandono o maltrato.
De igual manera, conscientes de que
tal labor requiere recursos para que se generen los frutos esperados, hacemos un exhorto a
las autoridades del DIF nacional a fin de que generen datos confiables sobre la demanda de
los servicios relativos al proceso de adopción, con objeto de que sean considerados en la
distribución de los recursos de la Federación a las entidades federativas.
Finalmente, y con ánimo de dar
seguimiento y fortalecer el exhorto que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión
formuló el 27 de agosto de 2002 a las Legislaturas estatales para que hagan más
eficiente y expedita su legislación en materia de adopción de menores, anexo a esta
proposición con punto de acuerdo un trabajo orientado a dicho propósito y que reforma el
Código Civil y de Procedimientos Civiles del estado de Puebla, a fin de invitar, de
manera respetuosa, a que sea tomado como referencia para lograr la homologación con
criterios de rapidez en los procesos de adopción.
Por lo expuesto y en uso de mis
facultades como diputado de la LVIII Legislatura, someto a consideración el siguiente
Punto
de Acuerdo
Primero. Que la Cámara de Diputados invite de
manera respetuosa a las Legislaturas de las entidades federativas a reformar sus Códigos
Civiles, tomando como referencia los aspectos que se consideran para el caso de Puebla que
aquí se presenta, en aras de hacer más expeditos y seguros los trámites de adopción de
menores.
Segundo. Que la Cámara de Diputados exhorte a las
autoridades judiciales y a los sistemas estatales y Nacional para el Desarrollo Integral
de la Familia a que trabajen de manera coordinada a fin de lograr procesos de adopción
más ágiles, transparentes y seguros.
Tercero. Que la Cámara de Diputados exhorte al
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a que, en su papel de rector,
en coordinación con sus representaciones estatales y municipales, genere las
estadísticas confiables y validadas sobre menores abandonados, víctimas de maltrato o en
ambas situaciones, a fin de incorporar dicha información en los criterios de
distribución de los recursos del fondo V del Ramo 33.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 30 de abril de 2003.— Dip. Miguel Angel
Mantilla Martínez (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de
Atención a Grupos Vulnerables.
COMISION
DE VIGILANCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION
El Presidente diputado Armando Salinas Torre:
La Comisión de Vigilancia de la
Auditoría Federal de la Federación remite el informe de asuntos resueltos en el seno de
la misma.
La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.
Con relación a su oficio
C/25/03/03/0057, del 25 de marzo del presente año, nos permitimos informar del trámite
que se ha seguido respecto de las diversas proposiciones con punto de acuerdo turnadas a
esta Comisión de Vigilancia; a saber:
1. Proposición con punto de
acuerdo que presentó el diputado José Narro Céspedes, del grupo parlamentario del PT,
en sesión de la Cámara del 19 de abril de 2001, para que se practique una auditoría a
los fondos de los ramos 28 y 33 de las participaciones federales asignadas al estado de
Zacatecas, con el fin de evitar que recursos públicos se apliquen a propósitos
diferentes de los que señala la ley.
Mediante oficio CV/215/01, la
Comisión de Vigilancia instruyó a la entidad de fiscalización para practicar una
auditoría de carácter excepcional (anexo 1).
2. Proposición con punto de
acuerdo que presentó el senador Jesús Ortega Martínez, del grupo parlamentario del PRD,
en sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del 30 de mayo de 2001, a
fin de que se instaure una comisión para investigar el funcionamiento del IPAB, con
objeto de que se atiendan y den seguimiento a las recomendaciones sobre el proceso de
transferencia de las obligaciones del Fobaproa al IPAB.
La Comisión de Vigilancia acordó
crear la subcomisión de trabajo, cuyo objeto es dar seguimiento a todas las acciones que
se derivaron del rescate bancario. Se remite copia del acta de instalación de dicha
subcomisión (anexo 2).
3. Proposición con punto de
acuerdo que presentó el diputado Francisco Ramírez Cabrera, del grupo parlamentario del
PAN, en la sesión de la Cámara del 20 de septiembre de 2001, para que se investigue el
destino de los recursos de los fideicomisos F/321068 y Ferrocapan para cubrir pensiones de
jubilados ferrocarrileros anteriores a 1982.
La Comisión de Vigilancia acordó
solicitar la práctica de una revisión y con oficio CV/428/01, de fecha 2 de octubre de
2001, solicitó a la Auditoría Superior la práctica de la investigación correspondiente
(anexo 3).
4. Proposición con punto de
acuerdo que presentó el diputado Armando Benjamín Avila Márquez, del grupo
parlamentario del PRI, en sesión de la Cámara del 25 de octubre de 2001, para que se
revise la correcta aplicación de los recursos del Ramo 33 asignados al estado de
Tlaxcala, a fin de evitar que sean utilizados para otros propósitos de los que señala la
ley.
Mediante el oficio CV/424/02, de
fecha 1o. de octubre de 2002, la Comisión de Vigilancia turnó la proposición a la
Auditoría Superior para su análisis y atención correspondientes (anexo 4).
5. Proposición con punto de
acuerdo que presentó el diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, del grupo
parlamentario del PRD, en sesión de la Cámara del 6 de noviembre de 2001, para que la
Comisión de Vigilancia cite a comparecer al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores a fin de que explique el desempeño del organismo durante el proceso del
rescate bancario y sobre las operaciones de compra de cartera.
Con fecha 26 de marzo de 2002, el
ciudadano Jonathan Davis Arzac, Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
compareció ante la Comisión de Vigilancia para atender los cuestionamientos señalados.
Se remite copia del oficio por el que se cita a la comparecencia (anexo 5).
6. Proposición con punto de
acuerdo que presentó el diputado Juan Carlos Regis Adame, del grupo parlamentario del PT,
en sesión de la Cámara del 4 de diciembre de 2001, por el cual solicita que se
investigue el probable fraude perpetrado en perjuicio de productores de uva de ciudadanos
miembros de la unión de ejidos Guillermo Aguilera Cabrera, de Fresnillo, Zacatecas.
La Comisión de Vigilancia acordó
la práctica de una revisión sobre el particular. Se remite copia del escrito por el que
se solicita la intervención de la Auditoría Superior, así como de la respuesta de este
órgano (anexo 6).
7. Proposición con punto de
acuerdo que presentó el diputado José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la
Democracia, Partido Político Nacional, en sesión del 4 de diciembre de 2001, para que la
Cámara de Diputados condicione los recursos destinados al IPAB en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002, hasta en tanto el Instituto
cumpla las observaciones que le formuló la Auditoría Superior de la Federación.
La opinión solicitada a la
Comisión de Vigilancia quedó sin materia al ser discutido y aprobado el proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002.
8. Proposición con punto de
acuerdo que presentó el diputado Juan Carlos Regis Adame, del grupo parlamentario del PT,
en sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del 30 de enero de 2002,
por el cual pide que se investiguen probables actos de corrupción en la delegación de la
Conagua en Zacatecas.
La entidad de fiscalización
consideró la práctica de una auditoría a la Conagua, delegación Zacatecas, dentro de
la revisión de la Cuenta Pública del año 2000. El informe de esta Cuenta se presentó a
la Cámara en septiembre de 2002. El resultado de la auditoría se presenta en el tomo IV,
volumen I (anexo 7).
9. Proposición con punto de
acuerdo que presentó el diputado Jaime Martínez Veloz, en sesión de la Cámara del 30
de abril de 2002, por el cual pide que se audite la aplicación de recursos federales en
la obra pública de remodelación y construcción Río Tijuana, en Mexicali, Baja
California.
Se turnó esta proposición a la
Auditoría Superior de la Federación para su análisis y atención correspondientes. Se
remite copia del oficio de referencia, así como de la respuesta de la Auditoría Superior
sobre el particular (anexo 8).
10. Proposición con punto de
acuerdo que presentó el diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, del grupo
parlamentario del PRD, en sesión de la Cámara del 30 de abril de 2002, para que se
investigue el proceso de compraventa del Banco Mercantil Probursa y de Bancomer, por Grupo
Financiero Bilbao Vizcaya.
Se turnó la proposición a la
Auditoría Superior para valorar la práctica de la revisión. El informe de resultados de
esta auditoría se presentó a la Cámara el 31 de marzo de 2003. El resultado se aprecia
en el tomo III, volumen III (anexo 9).
11. Proposición con punto de
acuerdo que presentó el diputado Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la
Democracia, Partido Político Nacional, en sesión de la Comisión Permanente del Congreso
de la Unión del 7 de agosto de 2002, para que se investigue la correcta aplicación de
los recursos federales del Ramo 33 transferidos al estado de Oaxaca.
La proposición fue turnada a la
entidad de fiscalización superior de la Federación para su análisis y atención
correspondientes, mediante el oficio 427/02, de fecha 1o. de octubre de 2002 (anexo 10).
12. Proposición con punto de
acuerdo que presentó el diputado Miguel Bortolini Castillo, del grupo parlamentario del
PRD, en sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del 21 de agosto de
2002, para que se revise la aplicación correcta de los recursos federales del Ramo 33
transferidos al municipio de Ecatepec, México, durante los ejercicios de 2000 y de 2001.
La proposición con punto de
acuerdo fue turnada a la Auditoría Superior de la Federación a fin de que se valorase su
incorporación al programa de auditorías para la revisión de la Cuenta Pública
correspondiente, mediante el oficio CVASF/428/02, de fecha 1o. de octubre de 2002 (anexo
11).
13. Proposición con punto de
acuerdo que presentó el diputado José María Guillén Torres, del grupo parlamentario
del PRI, en sesión de la Cámara del 1o. de octubre de 2002, por el cual solicita que se
auditen los ingresos que integran el Fondo de Recaudación Federal Participable, su
registro en las cuentas de la Tesorería de la Federación y los procedimientos para
determinar lo que corresponde a cada entidad federativa.
La proposición fue turnada a la
Auditoría Superior con el oficio CVASF/451/02, de fecha 7 de octubre de 2002, para su
análisis y atención (anexo 12).
14. Proposición con punto de
acuerdo que presentó el diputado Miguel Bortolini Castillo, del grupo parlamentario del
PRD, en sesión de la Cámara del 1o. de octubre de 2002, por el cual solicita que se
investigue a la Secretaría de Educación Pública y a la Comisión Nacional de Libros de
Texto Gratuito sobre la publicación de libros con la promoción de la fundación Vamos
México, AC.
Esta proposición se turnó para su
atención a la Auditoría Superior, mediante el oficio CVASF/452/02, de fecha 7 de octubre
de 2002 (anexo 13).
15. Proposición con punto de
acuerdo que presentó el diputado José Antonio Magallanes Rodríguez del grupo
parlamentario del PRD, en sesión de la Cámara del 15 de octubre de 2002, por el que pide
la práctica de una auditoría para que se investigue el destino de la deuda pública del
Gobierno Federal, así como el crecimiento de la deuda pública interna.
Se turna para su atención a la
Auditoría Superior con el oficio CVASF/468/02, de fecha 15 de octubre de 2002 (anexo 14).
16. Proposición con punto de
acuerdo que presentó el diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, del grupo
parlamentario del PRD, en sesión de la Cámara del 15 de octubre de 2002, por el cual
pide que se revise el proceso el proceso de saneamiento y fusión de Banco del Atlántico
y de Banco Internacional, y se opine sobre las facultades del Fobaproa para aprobar el
convenio de fusión.
Se turna a la Auditoría Superior
para su atención correspondiente, con el oficio CVASF/481/02, del 16 de octubre de 2002
(anexo 15).
17. Proposición con punto de
acuerdo que presentó el diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, del grupo
parlamentario del PRD, en sesión de la Cámara del 17 de octubre de 2002, por el cual
solicita que el IPAB entregue el acta de la sesión de su Junta de Gobierno en la que se
definieron los términos de las auditorías de los bancos, así como el comunicado del
IPAB a los bancos que contiene los términos de referencia para la práctica de las
auditorías.
Mediante el oficio CVASF/496/02, de
fecha 22 de octubre de 2002, la Comisión de Vigilancia solicitó la información citada
al IPAB (anexo 16).
18. Proposición con punto de
acuerdo que presentó el diputado Timoteo Martínez Pérez, del grupo parlamentario del
PRI, en sesión de la Cámara del 22 de octubre de 2002, por el cual solicita que se
revisen el ejercicio y proceso de transferencia de los recursos federales que corresponden
a la Universidad Autónoma de Querétaro por parte del gobierno de aquella entidad
federativa.
La proposición fue turnada para
análisis atención a la entidad de fiscalización superior, con el oficio CVASF/511/02,
del 30 de octubre de 2002 (anexo 17).
19. Proposición con punto de
acuerdo que presentó el diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, del grupo
parlamentario del PRD, en sesión de la Cámara del 7 de noviembre de 2002, por el que
solicita la práctica de una auditoría sobre la contratación de los servicios de la
empresa Integración de Servicios Operativos.
La proposición se turnó a la
Auditoría Superior para su análisis y atención, con el oficio CVASF/ 540/02, de fecha
13 de octubre de 2002 (anexo 18).
20. Proposición con punto de
acuerdo que presentó el diputado Elías Martínez Rufino, del grupo parlamentario del
PRD, en sesión de la Cámara del 28 de noviembre de 2002, por el cual pide que se
investigue el probable desvío de recursos federales hacia la fundación Vamos México,
AC.
Esta propuesta se turnó para su
atención a la entidad de fiscalización superior, con el oficio CVASF/ 584/02, del 15 de
diciembre de 2002 (anexo 19).
21. Proposición con punto de
acuerdo que presentó el diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, del grupo
parlamentario del PRI, en sesión de la Cámara del 14 de diciembre de 2002, por el cual
solicita que se audite la gestión pública de la Comisión Nacional de Libros de Texto
Gratuitos.
Se turnó para su atención a la
Auditoría Superior de la Federación, con el oficio CVASF/109/03, de fecha 17 de marzo de
2003 (anexo 20).
22. Proposición con punto de
acuerdo que presentó el diputado Ramón León Morales, del grupo parlamentario del PRD,
en sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del 12 de febrero de 2003,
por el cual solicita que se investigue el probable desvío de recursos federales hacia la
fundación Vamos México, AC, por lo concerniente a la publicación y distribución de la
Guía para Padres.
Se turnó para su análisis y
atención a la Auditoría Superior de la Federación, con el oficio CVASF/047/03, en
febrero de 2003 (anexo 21).
23. Proposición con punto de
acuerdo que presentó el diputado Salvador Cosío Gaona, del grupo parlamentario del PRI,
en sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del 19 de febrero de 2003,
por el cual pide que se investigue la aplicación correcta de los recursos federales del
Fondo Nacional de Desastres Naturales aportados a los damnificados por el huracán Kenna
en el estado de Jalisco.
Se turnó a la Auditoría Superior
de la Federación para su análisis y atención, con el oficio CVASF/ 110/03, del 27 de
marzo de 2003 (anexo 22).
24. Proposición con punto de
acuerdo que presentó el diputado Francisco Guadarrama López, del grupo parlamentario del
PAN, en sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del 26 de febrero de
2003, por el cual solicita que se revise la correcta aplicación de la Ley de
Coordinación Fiscal en relación con las inversiones privadas llevadas a cabo con
recursos públicos por el gobierno del estado de México. Asimismo, que este gobierno
atienda las recomendaciones que le hizo la Auditoría Superior en la revisión de la
Cuenta Pública.
Mediante el oficio CVASF/111/03, de
fecha 27 de marzo de 2003, se turnó la proposición a la Auditoría Superior para su
análisis y atención (anexo 23).
25. Proposición con punto de
acuerdo que presentó el diputado Raúl Martínez González, del grupo parlamentario del
PAN, en sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del 26 de febrero de
2003, por el que solicita la práctica de una auditoría especial respecto a la
aplicación de los recursos federales transferidos a la Univer- sidad Autónoma de
Querétaro.
La proposición fue turnada a la
Auditoría Superior para su análisis y atención, con el oficio CVASF/112/03, del 27 de
marzo de 2003 (anexo 24).
26. Proposición con punto de
acuerdo que presentó el diputado Francisco Guadarrama López, del grupo parlamentario del
PAN, en sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del 12 de marzo de
2003, por el cual pide que se investigue la aplicación de los recursos federales
transferidos al estado de México, por considerar la existencia de un probable desvío
hacia el financiamiento de campañas electorales en el reciente proceso comicial en
aquella entidad.
La proposición se turnó para su
análisis y atención a la Entidad de Fiscalización Superior, con el
oficio.................. CVASF/113/03, de fecha 27 de marzo de 2003 (anexo 25).
Le expresamos nuestra mayor
consideración y respecto.
Palacio Legislativo.— San
Lázaro, a 29 de abril de 2003.— Diputados: Manuel
Galán Jiménez, Presidente; Francisco Cárdenas
Elizondo, secretario; José María Eugenio
Núñez Murillo, secretario; Amado Olvera
Castillo, secretario; José Antonio Magallanes
Rodríguez; José Antonio Arévalo González, secretario; José Narro Céspedes, secretario (rúbricas).»
El Presidente diputado Armando Salinas Torre:
Publíquese en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.
COMISION
PERMANENTE
El Presidente diputado Armando Salinas Torre:
De conformidad con lo dispuesto por
el artículo 78 de la Constitución General de la República, se va a proceder a la
elección de los diputados que forman parte, en su calidad de titulares y sustitutos, de
la Comisión Permanente.
Solicito a la Secretaría dé
lectura a la cédula propuesta.
La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista:
Comisión Permanente, segundo
receso del tercer año de la LVIII Legislatura. Integrantes: Beatriz Paredes Rangel, Jorge
Carlos Ramírez Marín, César Augusto Santiago, Efrén Leyva Acevedo, Julián Luzanilla
Contreras, Felipe Solís Acero, Juán Nicolás Callejas Arroyo, Enrique Martínez Orta
Flores, Alejandro Zapata Perogordo, Manuel Espino Barrientos, Julio Castellanos Ramírez,
María Cruz Martínez Colín, César Monraz Sustaita, Ramón Ponce Contreras, Néstor
Villarreal Castro, Luis Alberto Pazos de la Torre, Luis Miguel Barbosa Huerta, David
Augusto Sotelo Rosas, Francisco Agundis Arias.
Sustitutos: José Ramírez Gamero,
Alvaro Vallarta Ceceña, David Penchyna Grub, Víctor Manuel Gandarilla Carrasco, Samuel
Aguilar Solís, Ildefonso Zorrilla Cuevas, Melitón Morales Sánchez, Florentino Castro
López, José Alfredo Botello Montes, Silvia Alvarez Bruneliere, Hugo Camacho Galván,
Luis Artemio Aldana Burgos, Francisco García Cabeza de Vaca, José Carlos Luna, Heidi
Storsberg Montes, Neftalí Escabedo Sotelo, Hortensia Aragón Castillo, Uuc-kib Espadas
Ancona y Diego Cobo Terrazas.
El Presidente diputado Armando Salinas Torre:
Solicito a la Secretaría ábrase
el sistema electrónico de votación hasta por cinco minutos, para recabar la votación.
La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista:
Háganse los avisos a que se
refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico hasta por
cinco minutos.
(Votación.)
Se emitieron 336 votos en pro,
cinco en contra y tres abstenciones.
El Presidente diputado Armando Salinas Torre:
Aprobados los diputados integrantes de
la Comisión Permanente del segundo receso del tercer año de la LVIII Legislatura.
Son los siguientes diputados:
Beatriz Paredes Rangel, Jorge Carlos Ramírez Marín, César Augusto Santiago, Efrén
Leyva Acevedo, Julián Luzanilla Contreras, Felipe Solís Acero, Juán Nicolás Callejas
Bravo, Enrique Martínez Orta Flores, Alejandro Zapata Perogordo, Manuel Espino
Barrientos, Julio Castellanos Ramírez, María Cruz Martínez Colín, César Alejandro
Monraz Sustaita, Ramón Ponce Contreras, Néstor Villarreal Castro, Luis Alberto Pazos de
la Torre, Luis Miguel Barbosa Huerta, David Augusto Sotelo Rosas, Francisco Agundis Arias.
Sustitutos: José Ramírez Gamero,
Alvaro Vallarta Ceceña, David Penchyna Grub, Víctor Manuel Gandarilla Carrasco, Samuel
Aguilar Solís, Ildefonso Zorrilla Cuevas, Melitón Morales Sánchez, Florentino Castro
López, José Alfredo Botello Montes, Silvia Alvarez Bruneliere, Hugo Camacho Galván,
Luis Artemio Aldama Burgos, Francisco García Cabeza de Vaca, José Carlos Luna, Heidi
Storsberg Montes, Neftalí Salvador Escobedo Soleto, Hortensia Aragón Castillo, Uuc-kib
Espadas Ancona, Diego Cobo Terraza.
Aprobado por 336 votos.
COMISIONES
LEGISLATIVAS
La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de
Coordinación Política.
Diputado Armando Salinas Torre,
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Me permito solicitar a usted la
integración de diputados a las siguientes comisiones:
• Que el diputado Clemente
Padilla, se incorpore a las comisiones de Turismo y Seguridad Social.
• Que el diputado José
Bañales, se incorpore a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.
• Que el diputado Alfredo
Hernández Raigosa, se incorpore a la Comisión de Energía.
Atentamente.
México, DF., a 30 de abril de
2003.— El coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, diputado Martí Batres Guadarrama.»
El Presidente diputado Armando Salinas Torre:
De enterado.
TRABAJOS
LEGISLATIVOS
El
Presidente diputado Armando Salinas Torre:
Se designa en comisión de
cortesía para comunicar la conclusión del segundo periodo de sesiones ordinarias del
tercer año de ejercicio, a la Conferencia para la Programación de los Trabajos
Parlamentarios, al Presidente de la República.
A la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, a la mesa directiva de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
A la Cámara de Senadores, la
Presidencia comunicará por escrito, al igual que a la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal.
El siguiente punto del orden del
día son los posicionamientos de los grupos parlamentarios y partidos políticos en
relación con el término del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de la
LVIII Legislatura.
Tiene el uso de la palabra el
diputado José Manuel del Río Virgen, hasta por cinco minutos.
El diputado José Manuel del Río Virgen:
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros legisladores:
Como todo inicio, esta Legislatura
que prácticamente termia, se presentó llena de ambigüedades, incertidumbres y también
de ansiedad.
Pero representó comienzo y
promisión. Nos faltó, sin duda, mayor visión, trabajo y esfuerzo para concretar temas
torales quedando pendiente la Reforma del Estado que indudablemente debe abarcar al propio
Congreso.
La pluralidad nos caracterizó y
sentó las bases realizando nuestro trabajo en un ambiente de respeto. A diferencia de
otros momentos pasados, los legisladores supimos debatir ideas y llegar a acuerdos sin que
precedieran sobre de ellos, actos de violencia. Esa es una aportación para la vida futura
de esta soberanía.
Aunque pudieron haber sido más
vigorosos los acuerdos y los trabajos legislativos, el pendiente será el rezago
legislativo, lo que es de lamentarse.
Pero viendo la Cámara en positivo,
el balance es optimista, real. Legislamos a favor de México, haciendo importantes
reformas a los ordenamientos legales que vendrán a repercutir mejor tanto en la vida de
los mexicanos, como en la gobernabilidad nacional.
Los saldos, lejos de lo que dicen
los detractores, fue positivo. Tuvimos leyes y reformas de un gran impacto social y
trascendencia que le darán un rostro transicionista, un rostro para la transición al
rostro democrático del México que queremos.
Por ejemplo, la creación de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; también la
obligatoriedad de la educación secundaria que junto a la preescolar y primaria le dan un
nuevo rostro a la educación; destacan la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y la
capitalización del Procampo, la de contrato de seguro y la de instituciones y sociedades
mutualistas, así como la de otorgarle el 8% del PIB a la educación. Queda pendiente la
reforma a la industria eléctrica que beneficiará a millones de mexicanos. También la
Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional, institución al servicio del pueblo
mexicano que sigue su paso reformador educativo.
Como responsables del Poder
Legislativo nuestro trabajo pudo ir más allá del cambio democrático nacional para
llegar al escenario de la transición indispensable.
¡Gracias, compañeras y
compañeros. Estoy muy reconocido del trabajo de ustedes, de todos!
¡Gracias a los medios de
comunicación y gracias también a los trabajadores administrativos y a los funcionarios
de la Cámara de Diputados!
¡Gracias, muchas gracias y
felicidades a todos!
Presidencia del diputado Jaime Vázquez
Castillo
El Presidente diputado Jaime Vázquez Castillo:
Gracias, señor diputado José
Manuel del Río Virgen.
Tiene el uso de la palabra hasta
por cinco minutos el señor diputado José Antonio Calderón Cardoso, del Partido Alianza
Social.
El diputado José Antonio Calderón Cardoso:
Con la venia de la Presidencia;
señoras y señores diputados:
Acudimos a la clausura del segundo
periodo ordinario de sesiones del tercer año legislativo y con ello prácticamente a la
conclusión de esta LVIII Legislatura.
Hacer un balance no sólo del
periodo que concluye sino de toda la Legislatura por parte de los diputados, partidos y
fracciones, exige desde luego una actitud objetiva, autocrítica y reflexiva. Más allá
de nuestras propias posiciones partidistas el momento exige un análisis del conjunto, es
decir, del trabajo que realizó la Cámara de Diputados.
Aunque con independencia del juicio
que de nuestro trabajo institucional hagamos, será la opinión pública y más aún la
historia quienes se encargarán de justipreciar mejor nuestro esfuerzo y principalmente
nuestros resultados. Pero en tanto ese superior juicio de la historia nos pone en nuestro
justo sitio, mi partido, Alianza Social, el PAS, hace el siguiente análisis:
Esta Legislatura tuvo como pocas
retos y condiciones muy complejas y difíciles, con márgenes escasos de actuación, pero
a contrapelo de esto tuvo también oportunidades, expectativas y posibilidades políticas
sin precedentes.
Efectivamente, retos y
oportunidades son los rieles sobre los cuales caminó esta legislatura.
Retos, porque no era fácil
sacudirnos la secular imposición con la que el Ejecutivo subyugaba al Legislativo. Porque
no era sencillo para una Cámara particularmente plural interactuar con un andamiaje
jurídico confeccionado para operar en un esquema de mayorías absolutas que facilitaban
la gobernabilidad. Porque no era fácil para la Cámara trabajar bajo un diseño
institucional presidencial que con un Gobierno dividido dificultaba los arreglos y
desincentivaba los consensos.
Y es que como señalara Juan Ling,
un sistema presidencial con gobierno dividido no tiene incentivos para la oposición
porque si coopera el Legislativo con el Ejecutivo y le va bien al Ejecutivo la
rentabilidad política y electoral será alta. Y segundo porque ir en contra del Ejecutivo
en decisiones controvertidas representa para la oposición una posibilidad de capitalizar
esas decisiones impopulares.
Retos, porque no era fácil para
esta Legislatura que coincidió con la alternancia en el Ejecutivo avanzar bien y rápido
en temas y asuntos estructurales que durante mucho tiempo se rezagaron. Porque no era
fácil, pues, explicarle a los mexicanos que los resultados inmediatos de la nueva
democracia mexicana no se podían reflejar automáticamente en sus bolsillos, en sus mesas
y en sus empleos. Pero si ésa era nuestra realidad adversa, también es verdad que esta
Cámara contó como ninguna otra con una enorme legitimidad democrática.
Tuvimos la oportunidad de haber
avanzado de manera más definida en las grandes y profundas reformas que el Estado
mexicano estaba demandando. Es claro que podíamos haber agotado algunos de los temas,
pero ni siquiera desafortunadamente esbozamos las bases mínimas de un nuevo diseño
institucional acorde con la realidad democrática que la sociedad mexicana impulsaba. Es
cierto que aprobamos varias leyes como la de transparencia y acceso a la información,
contra la discriminación, el servicio civil de carrera entre otras, pero dejamos
pendiente una reforma fiscal integral.
No abordamos la reforma laboral y
evadimos, por una equivocada conveniencia partidista, discutir temas como el de la reforma
eléctrica. Dejamos fuera el paquete de iniciativas de reforma integral del Estado. Pero
tal vez la más grande decepción es que no pudimos reformar nuestra normalidad interna
que permitiera a esta Cámara interactuar con pluralidad pero también con eficacia.
Ese es el balance que hacemos.
Enfrentamos muchos retos pero no siempre aprovechamos las oportunidades.
No fue la Cámara la que puso un
dique al Presidente, al Ejecutivo le aprobamos cerca del 90% de sus iniciativas. No fuimos
freno pero por desgracia tampoco fuimos acelerador. No fuimos obstáculo pero debimos
haber sido impulsores.
Debatimos como nunca las
iniciativas y propusimos iniciativas con libertad, pero no logramos conjurar la
congeladora legislativa. Buscamos denodadamente el consenso y nos olvidamos de trabajar y
procesar nuestros disensos y es que detrás del disenso, detrás de esa convicción ética
de que emana y que impone un deber de protesta, que busca hacer que la verdad prevalezca,
pudimos haber obtenido sedimentos para consensos posteriores y tal vez más legítimos.
Fuimos una Cámara plural pero no
necesariamente incluyen... Termino señor Presidente. Una Cámara que buscó los consensos
pero que no procesó los disensos.
Termino señalando que agradezco a
todos ustedes, compañeras y compañeros, a los trabajadores de la Cámara y al pueblo de
México, la oportunidad que nos brindaron.
Muchas gracias.
Presidencia del diputado Rafael Servín
Maldonado
El Presidente diputado Rafael Servín
Maldonado:
Tiene la palabra la diputada Norma
Patricia Riojas Santana, del Partido de la Sociedad Nacionalista, hasta por cinco minutos.
La diputada Norma Patricia Riojas Santana:
Con el permiso de la Presidencia;
compañeras y compañeros legisladores; mexicanos, todos nacionalistas:
El día de hoy, en que concluye el
último de los periodos de sesiones ordinarias de esta LVIII Legislatura, es ocasión
propicia para reflexionar colectivamente sobre lo que ha sido el trabajo de esta Cámara y
lo que significa para la vida política del país.
La trascendencia de esta
Legislatura va más allá de sentar las bases de pluralidad política, está en sus
logros, que son muchos, en sus acuerdos y entendimientos, en los cambios y en los avances
del quehacer parlamentario.
Aun cuando todas las fuerzas
políticas representadas en esta Cámara no coincidimos en todos los temas legislativos,
sí logramos soportar avances importantes para el perfeccionamiento de nuestras leyes y el
diseño de un modelo de país más justo y próspero para todos los mexicanos.
Sin embargo, a pesar de los avances
el trabajo legislativo aún se encuentra rezagado y un sinfín de iniciativas y puntos de
acuerdo seguirán durmiendo el sueño de los justos, quedando pendientes temas
prioritarios en la agenda nacional, como son: la seguridad, el combate a la corrupción, a
la pobreza, la Reforma del Estado y muchas otras más.
Ahora bien, desde el inicio de
nuestra gestión los nacionalistas, los del Partido de la Sociedad Nacionalista, nos
comprometimos a realizar un trabajo legislativo plural e incluyente con todas las fuerzas
políticas aquí representadas.
Nuestra composición numérica no
es ni ha sido obstáculo para trabajar con nacionalismo, dignidad y funcionalidad, dejando
a un lado los intereses partidistas en la construcción del proyecto de nación que
requerimos todos los mexicanos.
Los integrantes del Partido de la
Sociedad Nacionalista hemos presentado a lo largo de esta Legislatura, once iniciativas de
reformas a distintas disposiciones legales, así como diversas propuestas y
pronunciamientos. De igual manera hemos asumido importantes decisiones de manera
responsable y consciente para fortalecer el cambio democrático.
Durante casi tres años nos hemos
esforzado para realizar un trabajo parlamentario paralelo y conjunto al de los demás, que
sea enfocado precisamente a dar contenidos a nuestra Constitución y a las leyes, que
faciliten y hagan posibles aquellas acciones que indudablemente son necesarias para
alcanzar un auténtico proyecto de nación.
Dentro de la Cámara de Diputados,
los integrantes del Partido de la Sociedad Nacionalista hemos participado en un tono
propositivo y nunca de descalificación y descrédito del oponente, con un debate
reflexivo para la búsqueda y formulación de consensos. Sin embargo seguimos encontrando
resistencia que para todos los nacionalistas son incomprensibles mismas que si bien nos
han decepcionado, no nos han frustrado nuestro ánimo para seguir trabajando, para todos
los mexicanos. Los nacionalistas culminamos este periodo legislativo con grandes
satisfacciones, nuestro trabajo legislativo se fincó siempre en el diálogo, en el apego
irrestricto a las leyes y a las prácticas parlamentarias, en el respeto a las fuerzas
políticas oponentes y en la convicción de cumplir nuestra labor con nacionalismo y
profundo amor a México para engrandecer a nuestra patria.
Compañeras y compañeros
legisladores: el compromiso de los nacionalistas con México es muy grande y no se termina
en este periodo de sesiones y con esta legislatura, nuestra visión va más allá porque
pensar en el futuro es importante, así vamos a vivir el resto de nuestras vidas y una
actitud positiva hacia el futuro es la motivación más poderosa para lograr los cambios
que requiere nuestro país.
Los nacionalistas hacemos votos
para que las legislaturas posteriores continúen el esfuerzo de todos los que participamos
en ésta y que en su actuar antepongan siempre la premisa fundamental de que la patria, es
primero.
Agradezco a todos los integrantes
de las comisiones a las cuales pertenecí, el respeto y aquella pluralidad con que me
trataron y trataron al Partido de la Sociedad Nacionalista.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Rafael Servín
Maldonado:
Tiene la palabra el diputado
Alberto Anaya Gutiérrez, del Partido del Trabajo hasta por 10 minutos.
El diputado Alberto Anaya Gutiérrez:
Con permiso de la Presidencia;
compañeras y compañeros diputados:
El grupo parlamentario del Partido
del Trabajo acude a esta tribuna para fijar su posición con relación a los trabajos
efectuados en esta Legislatura.
Lo primero que quisiéramos
destacar es que ésta es la segunda legislatura en la historia reciente del país en donde
ningún partido político tiene mayorías, eso es expresión del México plural y
democrático al que todos aspiramos, es una expresión también de la voluntad ciudadana
que quiere un México en donde la unidad se dé dentro del marco de la diversidad.
Esta Legislatura ha recorrido el
difícil camino de independizarse del Poder Ejecutivo, el Presidente Fox pretendió
utilizar toda la fuerza del Estado para imponer al Poder Legislativo sus propuestas; es
evidente su fracaso.
La reforma hacendaria y la
privatización del sector energético chocaron contra los intereses del pueblo porque
implicaba enajenar una industria que es vital para el desarrollo económico y social de
México y para garantizar la independencia y soberanía de este país.
Con respecto a la Ley Cocopa
también queremos lamentar el fracaso de la actual administración, queremos lamentar que
los acuerdos aprobados en San Andrés Larráinzar no se tradujeron en la ley aprobada por
el Congreso de la Unión. Nuestro partido sigue manifestando su convicción de que la Ley
Cocopa debe aprobarse en plenitud tal y como fue pactada, ésa es nuestra lucha y esa
lucha la seguiremos impulsando.
A diferencia de la campaña
mediática del Ejecutivo Federal que nos acusaba de tener una parálisis legislativa,
no-sotros podemos demostrar de manera clara todo lo contrario y ésta es una de las
legislaturas que ha generado una mayor cantidad de iniciativas de ley que rebasa las 740 y
en los casi tres años de trabajo legislativo tuvimos más de 600 iniciativas aprobadas
predominando también en ellas una parte importante de las propuestas por el Ejecutivo.
En cambio, el Presidente Fox se ha
encargado de bloquear el trabajo que realiza el Congreso de la Unión como fue el caso de
la Ley del Desarrollo Rural Sustentable, la Ley de Impuestos Especiales Sobre Producción
y Servicios en lo relativo a la fructosa y recientemente bloqueó las reformas para
mejorar la eficiencia del Sistema de Administración Tributaria.
Compañeras y compañeros
diputados: ¿de dónde viene el bloqueo? ¿Del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo?
Está claro que el bloqueo viene directamente del Poder Ejecutivo.
Uno de los aspectos fundamentales
del cambio es realizar una profunda y radical Reforma de Estado, esta situación no ha
podido concretarse, ha faltado voluntad política por parte de la administración de Fox
para realizar el cambio que prometió él en su campaña. Los mexicanos seguimos
esperando, señor Presidente, el cumplimiento de sus promesas de campaña.
Desde ahora queremos decirlo, si la
Reforma de Estado no es conducida a feliz término, el país tiene graves riesgos: graves
riesgos en el aspecto político, graves riesgos también en el aspecto económico, graves
riesgos en el aspecto social. No va a ser por parte del Congreso de la Unión su
responsabilidad, lo que va en juego es falta de voluntad política de la actual
administración para realizar las transformaciones.
En congruencia con lo que hemos
señalado y en relación a nuestras propuestas, el partido ha presentado diversas
iniciativas de ley que pretenden transformar el funcionamiento de la Administración
Pública Federal, transparentar el uso de recursos públicos y atenuar los desequilibrios
sociales.
En este contexto presentamos una
Ley de Deuda Pública que tiene por objeto limitar las facultades del Poder Ejecutivo
Federal para endeudarse y supervisar y controlar el endeudamiento privado. Asimismo
hicimos modificaciones a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal para
darle mayor injerencia al Poder Legislativo en las decisiones de ajuste y recorte al gasto
público en caso de contingencias de órdenes económico.
En el mismo sentido, planteamos
reformas en esta misma ley para que los Pidiregas dejaran de ser una opción de
endeudamiento público y evitar que el Ejecutivo Federal disfrace ese endeudamiento bajo
el argumento de que se trata de inversión física en infraestructura petrolera y
eléctrica.
El propósito de nuestro partido es
poner coto a la discrecionalidad en materia de endeudamiento y evitar su repercusión en
el Presupuesto de Egresos. Presentamos asimismo otras iniciativas de ley como son las
modificaciones a la Ley de Pesca; diversas modificaciones a la Constitución General de la
República relativas al manejo de la política exterior de nuestro país, así como
modificaciones a la Ley Sobre el Escudo, la Bandera e Himno Nacionales; modificaciones al
Código Federal de Procedimientos Electorales para darle mayor participación y espacio a
los jóvenes en la política y en los cargos de elección popular.
En síntesis, nuestra propuesta
legislativa pretende construir un país más justo, democrático y menos excluyente. Por
eso, estamos seguros que el pueblo de México refrendará la opción que representa el
Partido del Trabajo en los próximos comicios federales.
Es cuanto, señor Presidente.
Presidencia de la diputada María Elena
Alvarez Bernal
La Presidenta diputada María Elena
Alvarez Bernal:
Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado Arturo
Escobar y Vega, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 10 minutos.
El diputado Arturo Escobar y Vega:
Gracias.
El día de hoy probablemente sea la
última vez que estemos reunidos en este recinto durante la Legislatura. Esperamos que no
sea así, pero por si fuera, es obligado hacer una evaluación de nuestro accionar durante
los últimos tres años.
En el grupo parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México, estamos convencidos de que México requiere de
propuestas, sólo mediante ellas podremos como nación empezar a resolver los rezagos que
tenemos como sociedad. Por eso mi grupo parlamentario trabajó arduamente, buscando en
todo momento construir para mejorar la calidad de vida de los mexicanos y así fuimos el
grupo parlamentario de aquellos representados en el Congreso de la Unión, en el que en
forma proporcional presentó un mayor número de iniciativas.
México requiere de resultados y de
diálogo para alcanzarlos, por eso fuimos el grupo parlamentario que tuvo mayor porcentaje
de propuestas aprobadas en términos proporcionales en la presente Legislatura y gracias
al apoyo de compañeros diputados de otras fracciones pudimos concretar causas como la
regulación de residuos, aun y cuando existen muchas mejoras profundas que se deben hacer
en la materia; la Ley de Cultura Física y Deporte que sin duda nos deberá convertir en
una sociedad más sana, la Ley de Responsabilidad Civil por el Daño y Deterioro
Ambiental, que nos obliga a todos a actuar con responsabilidad para con las presentes y
futuras generaciones, la Ley de Adquisiciones para acotar el beneficio de quienes han
abusado del Fobaproa en nuestro país. Y las recientes modificaciones a la Ley de
Propiedad Industrial, que permitirá al Gobierno ejercer mejores políticas públicas, si
fuese necesario para cuidar la salud de su pueblo, por citar algunas normas.
México requiere de instituciones
despartirizadas. Por eso, entregaremos las dos comisiones que honrosamente hemos
presidido, sin dictamen pendiente alguno. Estas comisiones fueron capaces de resolver
todos los dictámenes que les fueron turnados durante la Legislatura, incluso algunos
rezagos de la Legislatura anterior.
Por eso, por primera vez en la
historia política contemporánea de México, un grupo parlamentario al que se le
delegaron responsabilidades institucionales, entrega estos resultados. Como lo he
expresado con datos, se ha cumplido a cabalidad con los encargos de esta Asamblea.
Por esto, no puedo dejar de
reconocer en esta tribuna la labor de los presidentes de dichas comisiones, diputados:
Diego Cobo Terrazas y Patricia Chozas y Chozas. Que afortunadamente forman parte de mi
grupo parlamentario. Pero las comisiones no son partidistas ni dependen de una persona,
por lo que extiendo este reconocimiento y lo extiendo con profunda alegría a los
diputados secretarios de dichas comisiones de todos los partidos políticos.
Esta Legislatura, ocupará sin duda
un lugar particular en la historia de México. Será señalada como aquella con la que
inició el fortalecimiento del Poder Legislativo y la historia, como siempre sucede, nos
tratará mejor que nuestro tiempo. A pesar de la diversidad existieron presupuestos
unánimes y un indudable y corroborado comportamiento de apoyo a la gobernabilidad.
Sin duda nos quedan pendientes y no
todas las cuentas que entregamos pueden generar orgullo, faltó atender las llamadas
“reformas estructurales”, falto reformar el marco jurídico del Congreso, falto
también avanzar mucho más en lo referente a la Reforma del Estado. En estos temas
reconocemos que les salimos debiendo a México; sin embargo, no cabe duda que existen los
espacios necesarios para solventar estos pendientes, de ahí que en aras de entregar
mejores cuentas, desde el primer día de este periodo de sesiones, sentamos un punto de
acuerdo, para que una vez concluida las elecciones atendiéramos un periodo
extraordinario.
No es comprensible que hasta ahora
no haya existido voluntad para poder cumplir con nuestras responsabilidades
constitucionales de iniciar y formar leyes. Dentro de la renovación de las estructuras
políticas esta Cámara tuvo un extraordinario fomento a la participación ciudadana, a
las reuniones interdisciplinarias, a la incorporación de las opiniones de la sociedad
civil en el trabajo cotidiano, mas sin embargo, nos preocupa profundamente y nos ha
sorprendido la influencia sobre las decisiones de este Congreso que tienen los agentes
económicos. Más de un dictamen fue empobrecido por la sesión, no a los argumentos
patriotas, sino a los paupérrimos argumentos de intereses particulares vertidos por
personas poco comprometidas con la nación. Esperamos que en un futuro estos caprichos de
poderosos no se reflejen en los tableros de votación cuando no persigan fines universales
y justos.
De forma por demás ilegítima y
falsa, se ha querido culpar a esta Legislatura de detener el desarrollo nacional. Es
importante dejar evidencia que esto resulta totalmente falso; si alguien se ha acercado
aunque siga lejos, de la esperanza de cambio de los mexicanos, ha sido el Poder
Legislativo, a diferencia de otros poderes que no alcanzan a comprender su
responsabilidad, su falta de acción y el desencanto que han generado en la sociedad, sin
embargo, quieren señalarnos como culpables de su ineficacia.
Lejos de ser un obstáculo para el
ejercicio del poder, reconocimos y apoyamos las iniciativas presentadas por el Poder
Ejecutivo en diversos temas, como las modificaciones a la Ley de Administración Pública
General y la Ley de Acceso a la Información, sin embargo, atendiendo a nuestra
obligación y mandato de servir a la gente nos vimos obligados no sólo a rechazar, sino a
desacreditar otras disposiciones como la que pretendiera cobrarle un impuesto a los
mexicanos por su supervivencia con la famosa reforma hacendaria.
No todo es técnico, no podría
dejar de reconocer el lado humano de la Legislatura. Pocas actividades enriquecen tanto
como el intercambio plural de las ideas y no concibo que esto se dé a mayor intensidad en
ninguna otra actividad, todos, estoy seguro, nos hemos enriquecido de la relación
cotidiana; para nosotros eso no es menor.
Los 47 jóvenes entramos a esta
Legislatura en su inicio, esperamos que la vida nos vuelva a reencontrar aun y cuando esto
se ve difícil, en virtud del poco compromiso de algunos partidos políticos con el cambio
generacional y la renovación de la clase política mexicana. Fue muy importante para
nosotros el fortalecer la institución, en ese tenor tomamos nuestras decisiones y como
Cámara tuvimos la fortuna de tener dos presidencias anuales de enorme institucionalidad:
a cargo del diputado Ricardo García Cervantes y de la diputada Beatriz Paredes Rangel,
pero también el infortunio de debilitar la posición institucional al eliminar la
anualidad en la Presidencia, hecho que debilitó las subsecuentes gestiones y no por el
accionar de los presidentes, sino por ese acuerdo lesivo que se aprobó.
Finalmente no puedo dejar de
agradecer y reconocer a mi extraordinario coordinador, Bernardo de la Garza Herrera y a
todos los diputados de mi grupo parlamentario. Les agradezco profundamente su apoyo, su
confianza y su lealtad, compartir esto con ustedes ha sido una de las más gratas
experiencias de mi vida. Mi profundo y eterno agradecimiento a mi bancada.
Termino citando a José Martí:
“no son bellas las playas del destierro hasta que no se les dice adiós”. Nunca
fue tan hermosa la diputación como cuando está en las horas de morir. A los legisladores
de mi Partido Verde Ecologista de México, sin duda nos genera nostalgia dejar de ocupar
una representación tan honrosa como pocas: la representación ciudadana, pero lo hacemos
con la frente en alto.
Muchas gracias.
Presidencia del diputado Rafael Servín
Maldonado
El Presidente diputado Rafael Servín
Maldonado:
Tiene la palabra el diputado Martí
Batres Guadarrama, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10 minutos.
El diputado Martí Batres Guadarrama:
Con su permiso, señor Presidente:
Concluimos este periodo de
sesiones, el último periodo de sesiones con una gran satisfacción del trabajo de
nuestros compañeros.
Este periodo, como los periodos
anteriores, ha señalado las características esenciales de esta Legislatura. Esta fue en
realidad la primera legislatura sin mayoría absoluta de una fuerza política, aun la
legislatura anterior de la Cámara de Diputados tuvo que compartir otra composición con
el Senado de la República, ésta en realidad es la primera legislatura del Congreso donde
ninguna fuerza tiene la mayoría absoluta.
Se pensaba y se decía que eso
evitaría los acuerdos, entonces las fuerzas no podrían coincidir y no podría
determinarse una ruta legislativa. Sin embargo, se demostró que aun sin mayoría
absoluta, las fuerzas políticas pudieron llegar a acuerdos en esta Cámara de Diputados.
Muchas veces, frente a las
observaciones externas hemos llegado a esta conclusión y hemos afirmado cómo puede
decirse que no se construyen acuerdos cuando todos los días, en esta legislatura, hemos
construido acuerdos legislativos y políticos.
Esta Legislatura es además una
legislatura que aún no teniendo una mayoría legislativa de la fuerza política que está
al frente del Ejecutivo Federal, ha sabido colaborar con el Gobierno; se ha apoyado al
Gobierno de la República. Los primeros tres paquetes económicos aprobados por consenso,
fueron aprobados por esta Legislatura.
Pero esta legislatura además,
aprobó la gran mayoría de las iniciativas del Gobierno y lo que es más, le evitó al
Gobierno, grandes conflictos sociales; no se entendería la estabilidad política del
país sin la aportación cotidiana en su toma de decisiones de esta LVIII Legislatura.
La experiencia extraordinaria que
hemos vivido, también nos ha permitido marcar una legislatura con perspectiva social, con
sensibilidad social y quisiera aquí ser muy claro y franco, ésta no es la legislatura
que aprobó el Fobaproa; no es la legislatura que aprobó subir el IVA del 10% al 15%; no
es la legislatura que nos lleva un Tratado de Libre Comercio tan desventajoso como el que
tenemos y no es la legislatura que aprobó masivamente las privatizaciones.
Afortunadamente ésta es una
legislatura que ha tenido mayor sensibilidad social y muchos decimos: ¡ya era hora!,
después de cuando menos dos décadas muy difíciles, de decisiones que han sido altamente
costosas para la población.
Algunos hacen un balance en otro
sentido, nosotros decimos: qué bueno que esta Legislatura no aprobó nuevas
privatizaciones. Y qué bueno que esta Legislatura no aprobó el IVA en medicinas y
alimentos, eso demostró una sensibilidad social y nacional de esta Legislatura.
Así entonces, nosotros no
entendemos que se nos imponga desde algún lugar una agenda obligatoria; la agenda se
construye por los actores políticos y aquí se construyó la agenda legislativa. Así,
construimos una agenda de la cual emanaron más de 200 acuerdos legislativos, nuevas leyes
y reformas legislativas.
Pero también a lo largo de este
lapso, demostramos que ésta ha sido la Legislatura con el mayor entusiasmo prepositivo de
sus legisladores. Se presentaron prácticamente un millar de iniciativas legislativas; no
hay punto de comparación ni precedente en ninguna legislatura, no hay ninguna proporción
del número de iniciativas presentadas ni de la relación entre las presentadas por los
legisladores y el Ejecutivo y todavía recordamos la época en la que la mayor parte de
las iniciativas eran presentadas por el Ejecutivo Federal.
Esta Legislatura también ha tenido
un debate fuerte con algunos ámbitos de opinión, algunos no se acostumbran a que en una
democracia hay diversidad de puntos de vista, que hay debate y que lo va a seguir
habiendo, acuerdos y debate, y que nadie debe sorprenderse y asustarse de que haya debate
en este país y menos en los congresos.
Seguirá habiendo debate en las
próximas legislaturas, y ese debate impactará a la sociedad.
No obstante también consideramos
muy valioso que esta Legislatura haya resistido presiones económicas y políticas
poderosísimas, y que a pesar de dichas presiones haya tomado sus propias determinaciones,
las que considero adecuadas y pertinentes para el país.
Quedan, sin embargo, pendientes, y
nos duele que no se haya resuelto la reforma constitucional indígena, que sigue siendo un
tema pendiente del Poder Legislativo.
Quedan temas pendientes también,
como el asunto de cambiar el formato del informe presidencial, ponerle límites a las
remuneraciones de los servidores públicos, así como también colocar en estos muros las
letras de oro en honor de los caídos de 1968, que también son parte de esta historia
moderna de nuestro país y también aquellos jóvenes que cayeron entonces son héroes de
la democracia, que ahora nosotros disfrutamos.
Hay temas pendientes también, como
el tema de la Ley de Cámaras, y muchos otros más, que se debe reconocer tiene que
abordar el Poder Legislativo. Y, sin embargo, diríamos, que independientemente de estos
pendientes, nos sentimos muy orgullosos en este último periodo de sesiones, en este
último día, de que ésta es la Legislatura que le abrió las puertas a los indígenas
zapatistas.
Que ésta es la Legislatura que
derrotó el IVA en medicinas y alimentos. Que esta es la legislatura que aprobó el 8% del
Producto Interno Bruto a educación.
Afortunadamente podemos decir al
final de este período de sesiones y hasta este momento, ésta ha sido una Legislatura con
sensibilidad social. Y mucho más cercana al pueblo, porque ya era hora de un respiro para
una población que ha sufrido más de dos décadas de costos sociales y económicos.
Felicitamos a todos los compañeros
de todas las bancadas parlamentarias. Nuestro reconocimiento a los coordinadores, y
también a quienes han sido presidentes de la Mesa Directiva y de la Junta de
Coordinación Política de esta Cámara de Diputados.
Estamos seguros que es mucho lo que
esta Cámara de Diputados puede reivindicar frente al pueblo de México. Muchas gracias
por su atención.
Presidencia del diputado Armando Salinas
Torre
El Presidente diputado Armando Salinas Torre:
Tiene el uso de la palabra para
fijar la posición del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el diputado
Alejandro Zapata Perogordo.
El diputado José Alejandro Zapata Perogordo:
Gracias, señor Presidente;
honorable Asamblea:
Quiero iniciar mi intervención con
las palabras de León Felipe, aquellas que dicen: “Que ando con la rienda presa como
refrendado el vuelo”, pues no lo importante llegar sólo y primero sino todos juntos
y a tiempo, y es lo que está haciendo esta Cámara.
Hace aproximadamente tres años
teníamos un objetivo, teníamos una legítima aspiración prácticamente todos los
legisladores, y era para que esta Legislatura fuese trascendente, de cambio, de
transformación, era un reto que nos habíamos impuesto todos frente a circunstancias
inéditas, complejas, con un desarrollo democrático en el país sin precedente y por
supuesto, teníamos como objetivo fundamental, el fortalecimiento de las instituciones en
México.
Hemos sido innovadores. Si hablamos
de cambio podemos hablar primero de los cambios individuales, de los cambios en las
prácticas y en los hábitos y a eso nos hemos obligado en esta Cámara.
Entendemos que la tarea no podía
circunscribirse a ninguna fuerza política, se trataba de un compromiso de todos,
principalmente para con la nación y aquí quiero hacer también otra reflexión, porque
estamos ciertos que las ideologías nos separan, pero eso es normal dado el cauce que
tiene la composición plural de esta Cámara.
Nos hemos enfrentado, cada quien, a
la defensa de sus posiciones; hemos dado debates apasionados, pero también hemos llegado
a acuerdos y construido consensos y en esto, quiero recalcarlo, porque todos cedimos en
algún momento en aras de la nación. Y nos inspiramos en aquella “Suave Patria”
de que nos hablaba Ramón López Velarde.
México avanza hoy sobre cauces
inéditos, la democracia nos ha dictado nuevas necesidades y obviamente nos obliga a
vencer viejas inercias. Este camino que ahora seguimos es una brega de eternidad; todos
tenemos una responsabilidad por cumplir y el Congreso, no es ni podría ser, una
excepción.
Sí, estamos conscientes de que
algunos sectores de la opinión pública nos han señalado que esta representación
popular no ha tenido los acuerdos suficientes, especialmente a reformas que han denominado
“estructurales” o de “Reformas del Estado”. Debemos reconocerlo,
aunque hemos superado muchas diferencias, aun queda pendiente tarea por realizar que
seguramente, bajo un esquema institucional, quienes nos lleguen a sustituir, tendrán ese
compromiso.
Sin embargo también estamos
conscientes de que hemos contribuido a que la nación se fortalezca, de que hemos podido
arribar a una serie de acuerdos de construcción de leyes que son herramientas básicas
para que la nación se pueda desarrollar y puedo nombrar y enumerar algunas de ellas, que
no habré de señalar que haya sido solamente producto de la participación de alguna
fuerza política o de algún partido.
Creo que en este balance debemos
reconocer que todos hemos puesto nuestro empeño y nuestro esfuerzo y así ha salido la
transparencia y así ha salido la reforma de la función pública como también el veto de
bolsillo, la Ley de Garantías o la de Bienes Nacionales, el Seguro Popular, el Reglamento
Parlamentario Relativo al Acceso a la Información Pública de la Cámara de Diputados y
muchas otras de las cuales todos nos hemos enorgullecido, pero que, los ciudadanos, son
los que finalmente se verán favorecidos.
Nadie puede negar que estas
aprobaciones han constituido pasos firmes en el proceso de transformación de las
instituciones nacionales, en la vía democrática del México de hoy.
El cambio, el cambio a que ha
aspirado la sociedad mexicana y que se expresó el 2 de julio de 2000, tenía que ser
construido con la colaboración de todas las fuerzas políticas y sociales. No hay otra
forma de lograrlo.
Que nadie pretenda rehuir a su
propia responsabilidad. Sí, sí, existen sombras de viejas inercias, sin embargo, cada
vez son más tenues. México no regresará al pasado. Sin embargo, somos nosotros los que
hemos estado construyendo el futuro y es el presente el que nos obliga al esfuerzo.
Algo que no debo dejar de señalar
y que no solamente la superación de las diferencias ni la suma de coincidencias, sino que
debemos agregar a que aquí en esta Cámara se ha ido convirtiendo no solamente en un
verdadero poder reconocido por la sociedad.
No solamente es un contrapeso
cuando se pueden dar excesos en los otros poderes, sino que también y con mucho, y no es
de menor importancia, nos hemos abierto en una nueva relación entre la Cámara de
Diputados y la sociedad. Aquí hemos recibido a la sociedad organizada. Aquí se han
expresado también muchas inquietudes ciudadanos. Aquí se han tratado asuntos regionales
de relevancia y trascendencia nacional.
En eso sí, estamos hablando de que
nos hemos convertido en lo que siempre debía ser esta Cámara, en la voz del pueblo de
México.
Desde la más alta tribuna de la
nación, hemos honrado y respetado este recinto; lo hemos defendido; y eso hace que
México y sus instituciones se fortalezcan.
Amigos: nuestra filosofía de
acción política por parte del grupo parlamentario de Acción Nacional, ha estado
respaldada en los hechos en esta Cámara. Respetamos y reconocemos a aquellos que han
pensado diferente a nosotros: a Martí Batres, a Rafael Rodríguez Barrera, a quienes han
presidido esta Cámara con institucionalidad, a Ricardo García Cervantes, a Beatriz
Paredes, a Eric Villanueva, a Armando Salinas, porque todos de alguna u otra manera han
puesto su grano de arena en esta gran montaña de la mexicanidad.
Obviamente, y ahí quiero hacer un
paréntesis especial, a quien me antecedió en la coordinación, a Felipe Calderón, que
fue de los grandes defensores e impulsores de las reformas que aquí se hicieron.
Y quiero reconocer también el
trabajo de todos los diputados, muy especialmente por razones de identidad, por razones
sentimentales, a todo mi grupo parlamentario por la confianza que me han brindado para
coordinarlos. Pero sobre todo quiero romper un paradigma, quiero agradecer a Dios por esta
oportunidad de servir desde aquí a México.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Armando Salinas Torre:
Para fijar la posición de su grupo
parlamentario, el Partido Revolucionario Institucional, tiene el uso de la palabra el
diputado don Rafael Rodríguez Barrera.
El diputado Rafael Rodríguez Barrera:
Señor Presidente; compañeras
diputadas y diputados:
Yo quiero también hacer un
reconocimiento a quienes han conducido nuestros trabajos, a quienes han dirigido nuestra
Cámara, sin duda con oportunidad, con eficiencia, con firmeza, con consideración y
respeto a los grupos parlamentarios.
Quiero reconocer el esfuerzo de
Ricardo García Cervantes, de Eric Villanueva y de nuestro Presidente Armando Salinas y
naturalmente, por solidaridad, militancia y afecto personal, un reconocimiento especial a
esa singular personalidad, nuestra compañera que recibe permanentemente afecto y
reconocimiento de todos los diputados de todos los grupos, a Beatriz Paredes Rangel.
Y también quiero reiterar el
elevado aprecio y respeto que nuestro grupo guarda a todos y cada uno de los partidos, a
sus coordinadores parlamentarios y a los diputados que integran la diversidad de esta
soberanía.
Fundado en ese respeto considero
necesario hacer un esfuerzo de reflexión conjunta y plural para tener una visión fundada
y objetiva de nuestro rendimiento parlamentario y de la Cámara y del Congreso al que
pertenecemos.
Hay una primera reflexión que
quiero poner sobre la mesa en este momento: las visiones maniqueas, muy en boga en estos
tiempos, desafortunadamente, han pretendido imponer una valoración negativa de nuestro
quehacer, una visión que alimenta la idea de que la representación aquí expresada
resulta inútil, onerosa o, lo que es peor, sustituible para la sociedad mexicana.
Sin embargo, coinciden los
clásicos de la ciencia política con los teóricos contemporáneos de la democracia en
señalar que la clave, la piedra de toque de la política parlamentaria es alcanzar
equilibrios, ofrecer resultados, procesar los disensos.
Esta soberanía es un contrapeso
insustituible en una república democrática. Por esa razón nosotros, como parte de esta
LVIII Legislatura, no necesitamos realizar un ejercicio de autoelogio para responder.
Necesitamos, sí, revalorar en voz alta la soberanía del Congreso.
Lo único que nos ha permitido
llegar a este último periodo de sesiones sin mayores alteraciones de agenda y de
gobernabilidad interna es precisamente el cumplimiento básico de esas exigencias.
Ningún interés ajeno a la
mecánica y a la experiencia de esta Legislatura debería estar en posibilidad de poner en
duda, de negar que el Congreso ha aprobado, además de las iniciativas propias, más del
80% de las enviadas por el Ejecutivo Federal.
No debería haber lugar para esa
duda, pero la duda persiste y, sin embargo, en verdad el único caso de rechazo franco fue
el de la Ley del IVA en alimentos y medicinas.
De tal forma, compañeras y
compañeros, que sinceramente no vemos el ejercicio de un freno oposicionista ni
dogmático. El rechazo ha sido menor y siempre razonado.
Otra cosa muy distinta es la
debilidad del diseño, de la estrategia y el proyecto que desde el Ejecutivo alienta o
acredita las llamadas reformas estructurales y las convierte en condición para su propio
rendimiento. De hecho, estamos justo ante el escenario en el que la sociedad revalorará
el papel del Congreso y estaremos en condiciones de saber qué papel le otorga y qué
equilibrios modifica para introducir negociaciones serias y la construcción de consensos
entre los poderes del Estado.
Se equivocan quienes piensan que
los diputados de cualquier partido los pudo haber movido la idea perversa de que el país
haya tenido que enfrentar en estos años una de-sarticulación creciente en las políticas
públicas. Me refiero a las políticas públicas ya contempladas año con año, las cuales
no requieren de reforma estructural alguna ni más recurso que la aprobación de la Ley de
Ingresos y la elaboración del presupuesto anual para rendir sus mínimos institucionales.
¿Alguien puede negar que ante la
imposibilidad de procesar una reforma fiscal esta LVIII Legislatura a través de todos los
grupos parlamentarios arrojó para el Estado un piso de recursos y para el país un
presupuesto sano y equilibrado?
La proclividad por la consigna
mediática, la intención deliberada de minar la imagen del Congreso, la resistencia del
fondo a asumir la división de poderes como parte sustantiva de la nueva realidad
democrática del país, una y otra vez aparecen y parecen querer imponerse en el ánimo de
distintos sectores.
Resulta algo más que paradójico
que así sea pues esta Cámara poco o nada tuvo que ver con el desplome de expectativas
ofrecidas, sin mayor sustento en la vía rápida para alcanzar una gran posición
política.
El Congreso sólo intervino en la
formidable tarea de dotar de ingeniería política y financiera a la Hacienda Pública,
con un ánimo totalmente constructivo al tiempo que contribuía al equilibrio
macroeconómico y a la estabilidad de precios y ambas condiciones son hoy uno de los
activos más importantes para el país y para su estabilidad. Pero todavía más aún,
esta Legislatura puede hacer un recuento válido, verificable, auditable de las leyes
aprobadas y de la calidad que añaden estas leyes al andamiaje jurídico del país. Claro
que lo podemos hacer. Si revisamos leyes precisas en áreas claves y dejamos atrás las
obsesiones o el afán de descalificación, la lectura de rendimiento parlamentario es
superior; desde leyes de estructura fundamentales como la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable, la de Desarrollo Forestal, leyes específicas para retos específicos como la
de energía para el campo, o la creación de la financiera rural cuyo diseño pretende
cubrir el vacío generado por la disolución del Banrural.
No puede hablarse de
transformaciones superficiales cuando aquí se discute y se aprueba la Ley de
Transparencia a la Información, cuando aquí se trabaja para apuntalar el gasto educativo
en relación con el Producto Interno Bruto, cuando aquí se procesan leyes que favorecen
al sistema financiero en su conjunto que datan de un sistema de garantías al crédito del
cual se carecía, cuando se fortalecen las instituciones y leyes que dan horizonte al
sistema de pensiones, al ISSSTE, al ahorro popular, entre otros muchos.
Se acusa resistencia al cambio
cuando aquí todo lo que ha sustentado realmente un avance institucional o jurídico, ha
sido aprobado.
Hoy el país tiene mejores leyes
que hace tres años. Lo que no podemos asegurarle es un rendimiento superior de lo que no
es nuestro mandato ni nuestra competencia.
Ciertamente los diputados en lo
individual y en su conciencia de grupo, tenemos que hacer una reflexión autocrítica y
reconocer que el esfuerzo empeñado no alcanza todavía a cubrir las expectativas de la
sociedad mexicana.
Entre nosotros la soberbia no tiene
cabida, hay que ser honestos, pues nos debemos a la sociedad en los equilibrios que
tenemos, en los pesos y contrapesos, en las minorías. Por eso la valoración ponderada a
la que está abocada el grupo del PRI, la revisamos sin perderle el horizonte republicano
que nos ha tocado enfrentar. No podemos admitir que se pierda al interior y mucho menos
que prospere hacia a fuera la idea de que la división de poderes, la arquitectura
constitucional y el mandato popular son parte del freno al cambio.
Compañeras y compañeros
legisladores de todas las fracciones parlamentarias: creo que en este momento la sociedad
mexicana espera de esta soberanía una señal de auténtica vida republicana y no la de
una representación que busca una salida rápida y fácil a sus responsabilidades.
Me parece que en los trabajos que
habrá de desempeñar la Comisión Permanente en los meses venideros, habrá lugar y
espacio para que esta Legislatura realice un esfuerzo adicional para ofrecerle a la
sociedad un saldo suficiente, bien fundado, de su labor parlamentaria.
Es imperioso que la sociedad
mexicana reciba de nosotros una señal de certidumbre, de que el esfuerzo que se realiza
para procesar las elecciones federales, para renovar esta propia soberanía, es un
esfuerzo imprescindible insustituible y que constituye uno de los activos que no debe
ponerse en riesgo.
Es tiempo de que salga una renovada
señal unificada de esta soberanía, de altura de miras, de compromiso, de reciprocidad
hacia la sociedad que ha tenido que enfrentar y sigue enfrentando una realidad compleja,
signada por la incertidumbre del rumbo nacional y con signos sumamente preocupantes en el
contexto internacional.
Nuestro grupo manifiesta su respeto
absoluto a todas las fracciones, a los órganos de dirección y de gobierno de la Cámara
de Diputados, en la lucha para procesar acuerdos a la altura de esta responsabilidad.
Dejamos abierto con la misma
seriedad el criterio de convocar a un nuevo periodo extraordinario si se considera viable
y necesario para la buena marcha de las instituciones nacionales y la gobernabilidad del
país. Y quiero señalar a contrapelo de la insistente y en muchos sentidos lógica,
perversa, contra la política, contra los políticos, contra los partidos políticos y
contra el Congreso, que a nosotros nos mueve profundamente todavía la esperanza en la
política democrática.
Parafraseando con mucho cuidado y
con mucho respeto a Santori, puedo decirles que ciertamente la escoba de la antipolítica,
entendida como limpieza de la red pública, es una escoba necesaria. Sobre todo si se usa
contra la corrupción y la simulación, pero nunca para la venganza. No hay que olvidar
que usada indiscriminadamente esa escoba aparentemente reformadora, despejada del valor
ético que la hizo moverse por primera vez, puede derivar también en otra forma de
corrupción, puede corromper a las nuevas instituciones y sobre todo puede corromper a la
política democrática, que sería lo más grave para nuestro país.
En lo personal y estoy seguro ése
es el espíritu que anima a todos mis compañeros un segundo Presidente, ésta es una de
las oportunidades más trascendentes que hemos tenido para servir a nuestro país. Se
trata de una experiencia entrañable por muchas razones, la más importante es que la
sabiduría de nuestro pueblo supo elegir un grupo de mexicanos dotados de talento, de
valores éticos, de convicciones y vocación de servicio a toda prueba.
En un horizonte a veces turbio en
el que se imponen temas antagónicos, perspectivas diferentes, ideologías en pugna,
nosotros los diputados siempre encontramos la sensibilidad de los coordinadores
parlamentarios de los otros partidos y de todos los legisladores. El aprecio por el
acuerdo, el buen trato y el respeto hicieron posible una convivencia de altura. Más aún,
puedo decirles que muchos de los que aquí estamos cambiamos y cambiamos para bien. Ya no
somos los mismos, ahora sabemos que la lealtad y la amistad se fortalecieron, la idea más
elevada de la política ganó terreno. Tenemos renovada la legión de amigos y atemperado
el sentido de la tolerancia para enfrentar nuevos retos. ¡Salgamos con la frente en alto
de esta LVIII Legislatura a seguir dignificando la política!
El Presidente diputado Armando Salinas Torre:
Solicito a la Secretaría dé
lectura a la comunicación recibida de la Junta de Coordinación Política.
COMISIONES
LEGISLATIVAS
La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de
Coordinación Política.
Diputado Armando Salinas Torre,
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en el artículo 34,
numeral 1, inciso c de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Rafael
Rodríguez Barrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, me permito solicitar a usted, la modificación en la integración de las
siguientes comisiones:
• Que el diputado Juan Luis
Zúñiga Velásquez, sustituya al diputado Juan Manuel Sepúlveda Fayad, como integrante
en las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, de Vigilancia de la Auditoría Superior
de la Federación y a la de Seguridad Social.
Lo anterior, para los efectos a que
haya lugar.
Sin otro particular, quedo de
usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo, México, DF, a
30 de abril de 2003.— Diputado Martí Batres
Guadarrama, Presidente.»
El Presidente diputado Armando Salinas Torre:
De enterado.
Dé cuenta la Secretaría con los
oficios de la Colegisladora.
COMISION
PERMANENTE
La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.— Mesa
Directiva.
Ciudadanos secretarios de la
Cámara de Diputados.— Presentes.
Me permito comunicar a ustedes, que
la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, que funcionará durante el
Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LVIII Legislatura, quedó legalmente
instalada en esta fecha, e integrada por los siguientes senadores:
Titulares: Enrique Jackson
Ramírez, Laura Alicia Garza Galindo, Mariano González Zarur, Silvia Hernández
Enríquez, Fidel Herrera Beltrán, Miguel Sadot Sánchez Carreño, Dulce María Sauri
Riancho, Georgina Trujillo Zentella, Diego Fernández de Cevallos Ramos, Jorge Zermeño
Infante, Javier Corral Jurado, Héctor Guillermo Osuna Jaime, Luisa María Calderón
Hinojosa, Marco Antonio Adame Castillo, Francisco Fernández de Cevallos y Urueta, Jesús
Ortega Martínez, Leticia Burgos Ochoa y Sara Castellanos Cortés.
Sustitutos: Carlos Chaurand Arzate,
Manuel Bartlett Díaz, Netzahualcóyotl de la Vega García, Yolanda Eugenia González
Hernández, Ismael Alfredo Hernández Deras, Héctor Michel Camarena, Miguel Angel Navarro
Quintero, Rubén Zarazúa Rocha, Adalberto Madero Quiroga, Carlos Medina Plascencia, Jorge
Rubén Nordhausen González, Gerardo Buganza Salmerón, Juan José Rodríguez Prats, Fauzi
Hamdan Amad, Susana Stephenson Pérez, Antonio Soto Sánchez, Elías Miguel Moreno
Brizuela y Verónica Velasco Rodríguez.
Atentamente.
México, DF, a 30 de abril de
2003.— Senador Carlos Chaurand Arzate,
vicepresidente.»
De enterado.
CAMARA
DE SENADORES
La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista:
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.— Mesa
Directiva.
Ciudadanos secretarios de la
Cámara de Diputados.— Presentes.
Para conocimiento de esa honorable
colegisladora, me permito participarle a ustedes que en sesión pública ordinaria
celebrada en esta fecha, este cuerpo colegiado clausuró su Segundo Periodo de Sesiones
Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión.
Reitero a usted las seguridades de
mi atenta y distinguida consideración.
México, DF, a 30 de abril de
2003.— Senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente.»
De enterado.
PALABRAS
DE LA PRESIDENCIA
El Presidente diputado Armando Salinas Torre:
Compañeras y compañeros
diputados:
Hace poco más de dos años y medio
acudimos a este recinto 500 diputados. Algunos de ellos han tomado derroteros distintos
por razones personales, profesionales o de servicio. Tres de ellos se han adelantado en la
vida, valga también y vaya también para José Mario Rodríguez Alvarez, Rodrigo Carrillo
Pérez y José María Guillén Torres un abrazo solidario de sus compañeros de esta
Legislatura.
La LVIII Legislatura termina hoy
sus sesiones ordinarias y podemos decir, sin temor a equivocarnos, que ella ha fortalecido
los cimientos del edificio institucional mexicano; son ahora cimientos más sólidos, pero
además son cimientos más democráticos.
¿Cuál es el valor fundamental de
lo hecho en este recinto? El valor esencial está en lo que aquí ha sido representado.
Hemos representado casi tres años de coexistencia respetuosa, hemos representado el
diálogo que garantiza la convivencia armónica, hemos representado un arreglo que procesa
las diferencias por canales institucionales. Por todo ello, hemos representado a un pueblo
que no admite más el conflicto estéril.
La Cámara de Diputados emblematiza
la cohesión nacional que está en la base de nuestra identidad, donde el respeto
civilizado es la regla y la fractura social es sólo la excepción.
Juntos los mexicanos hemos
construido un sistema político que ha logrado institucionalizar el respeto al voto;
juntos los mexicanos hemos hecho posible la transición pacífica a la democracia; juntos
los mexicanos debemos ahora garantizar su consolidación.
No hay democracia consolidada sin
equilibrio de poderes. La Quincuagésima Octava Legislatura constituye un salto
cualitativo hacia la vigencia de tal principio.
Los partidos políticos aquí
representados podemos decir a la sociedad que ahora cuenta con una Cámara de Diputados
más autónoma, más responsable, más madura. Podemos informar que el predominio de la
vida institucional hace de esta Asamblea instrumento de gobernabilidad. También es
posible afirmar que la pluralidad en su composición la traduce además en instrumento de
gobernabilidad democrática.
Esta pluralidad representada en la
Mesa Directiva, integrada por los vicepresidentes, a quienes agradezco y felicito su
convicción institucional y apego a la legalidad en todos los debates parlamentarios y a
su apoyo a todo momento, así como a mis compañeras y compañero diputado Secretario, por
el respaldo para el desarrollo de un periodo de sesiones que deja una huella importante en
esta Legislatura.
No son figuras retóricas para
vestir el discurso, aquí hay prueba plena del consenso que se sostiene en la pluralidad a
que me he referido.
Desde una perspectiva cualitativa
el resultado puede analizarse en los textos legislativos aprobados, de los cuales los
oradores han destacado los más sobresalientes.
Los acuerdos parlamentarios
concretizados en dictámenes, es el fruto de dedicación y esfuerzo de todos y cada uno de
los y las diputadas integrantes de esta Legislatura.
La modernización del régimen
político mexicano no ha sido y quizá nunca será escenificada en grandes momentos
fundacionales. No es así porque la cultura política que priva entre nosotros prefiere el
cambio estructural, a veces silencioso, por encima del salto vacuo y ruidoso.
El ambiente ideal de la
transformación del Estado es el trabajo intenso, la discreción, la prudencia y la
ausencia de protagonismos. La vía que está modificando el rostro de México es la
acumulación pausada de los cambios.
Esta sociedad no acepta más
consensos vacíos que sólo están en la mente de algunos. Por eso se multiplica el valor
del trabajo hecho por ustedes, señoras y señores diputados. Los consensos tejidos por
ustedes en varios casos adoptaron la forma de nuevas instituciones democráticas. El
legado seguramente es perfectible, pero sin duda es herramienta para mejorar las
condiciones políticas, económicas y sociales del país.
Deseo hacer un reconocimiento
puntual al talento y capacidad conciliadora de los coordinadores parlamentarios y juntas
directivas de todas y cada una de las comisiones y comités de esta Cámara de Diputados,
por lograr los consensos que nos permiten presentar los resultados hasta ahora alcanzados
de cara a la sociedad.
La LVIII Legislatura deja una
experiencia construida en y desde la horizontalidad.
Dejamos atrás la verticalidad,
así como un foro signado por espacios acotados de influencia y en ocasiones objeto de
presiones inconmensurables. Así y todo, nunca se apostó a la ruptura, el fortalecimiento
institucional de la Cámara de Diputados seguirá adelante, porque así lo hará la
consolidación de nuestra democracia.
Los trabajos aquí reseñados han
sido posibles gracias al trabajo eficaz y profesional de la Secretaría General, de la
Secretaría de Servicios Parlamentarios, sus direcciones generales, así como de sus
direcciones administrativas. Vaya nuestro reconocimiento.
No quiero dejar de mencionar a
quienes nos acompañan en forma silenciosa, cotidiana y permanente pero haciendo un gran
esfuerzo por captar y dejar constancia de lo aquí pronunciado, me refiero al
extraordinario grupo de estenógrafos a quienes en nombre de todos mis compañeros y
compañeras diputadas les manifiesto nuestro agradecimiento y reconocimiento a su labor.
La dinámica e intensidad de los
debates aquí protagonizados no ha mermado en la precisión y agilidad de los trámites
parlamentarios independientemente de quien esté al frente de la sesión, gracias a Rubén
Recillas Uribe y Alejandro Azcoitia Alvarez.
Pero sin duda alguna , mención
aparte es justo resaltar que es un orgullo para esta Cámara contar con una mujer que con
firmeza, conocimiento y experiencia garantice un trabajo institucional y eficiente, me
refiero a María Elena Sánchez Algarín.
Finalmente agradezco a todos
ustedes la confianza depositada para desempeñar una responsabilidad que no sólo por sí
misma, es un honor, sino por quienes me antecedieron en él se esforzaron y lograron
avanzar en la dignificación de la Cámara de Diputados y del Poder Legislativo.
Hace más de dos años y medio
arribamos a este recinto legislativo, llenos de ilusiones y de dudas, algunos de alegría
y algunos de tristeza. El día de hoy, en un balance auto crítico, reconocemos las
asignaturas pendientes pero ello no debe ser obstáculo para sentir la satisfacción de
haber servido a México en la consolidación de nuestra democracia
Sin duda, haber formado y formar
parte de la LVIII Legislatura será un referente de honor obligado en nuestras vidas, un
abrazo afectuoso y muchas felicidades a todos y cada uno de ustedes.
La Secretaria diputada Adela Cerezo Bautista:
Solicito a los presentes ponerse de
pie.
DECLARATORIA
DE CLAUSURA
El Presidente diputado Armando Salinas Torre:
Hoy, 30 de abril del año 2003, la Cámara de
Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, declara formalmente
terminados sus trabajos correspondientes al segundo periodo ordinario de sesiones del
tercer año de ejercicio.
Pido a ustedes entonemos el Himno
Nacional.
(Himno Nacional.)
CLAUSURA
El Presidente diputado Armando Salinas Torre (a
las 23:14 horas):
Se
levanta la sesión.
Se ruega a los legisladores
permanecer en el salón para proceder a la instalación de la Comisión Permanente.
ACTA
DE LA PRESENTE SESION
«Acta de la sesión de la Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles treinta de abril de dos
mil tres, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de
Ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura
Presidencia del diputado Armando Salinas
Torre
SESION
SOLEMNE
En el Palacio Legislativo de San
Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, con la asistencia de doscientos setenta y ocho diputados, a las
diez horas con cuarenta y cinco minutos del miércoles treinta de abril de dos mil tres,
el Presidente declara abierta la Sesión Solemne convocada para develar en los Muros de
Honor de la Cámara de Diputados, el nombre del ilustre Alfonso García Robles.
La Secretaría, por indicaciones de
la Presidencia, da lectura al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, para que se
inscriba el nombre de Alfonso García Robles en los Muros de Honor de la Cámara de
Diputados.
El Presidente informa de los
invitados especiales a la presente Sesión Solemne.
Se concede el uso de la palabra al
senador Jesús Enrique Jackson Ramírez, Presidente de la Cámara de Senadores, para
dirigir un mensaje a la Asamblea.
Por indicaciones de la Presidencia,
la Secretaría da lectura a una comunicación del Presidente de la República, con motivo
de la inscripción en Letras de Oro en los Muros de Honor de la Cámara de Diputados del
nombre del ilustre Alfonso García Robles.
Hacen uso de la palabra los
diputados: José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia Partido
Político Nacional; Beatriz Patricia Lorenzo Juárez, del Partido Alianza Social; Víctor
Antonio García Dávila, del Partido del Trabajo; María Cristina Moctezuma Lule, del
Partido Verde Ecologista de México; Martí Batres Guadarrama, del Partido de la
Revolución Democrática; Julio Castellanos Ramírez, del Partido Acción Nacional, y
Beatriz Elena Paredes Rangel, del Partido Revolucionario Institucional.
El Presidente dirige un mensaje a
la Asamblea y al finalizar, invita al Presidente de la Cámara de Senadores; al Presidente
de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados; a la diputada Beatriz
Elena Paredes Rangel; al Presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias de la Cámara de Diputados; y a los coordinadores de los grupos
parlamentarios de los partidos: Revolucionario Institucional; Acción Nacional, y Verde
Ecologista de México; así como al diputado José Narro Céspedes, subcoordinador del
grupo parlamentario del Partido del Trabajo, y a los vicepresidentes de la Mesa Directiva,
pasar al estrado para develar el nombre de Alfonso García Robles en los Muros de Honor de
la Cámara de Diputados.
Concluido el acto protocolario,
puestos todos de pie, la Asamblea entona el Himno Nacional Mexicano.
El Presidente agradece la presencia
de todos los invitados a la Sesión Solemne.
A las once horas con cincuenta y
cinco minutos el Presidente levanta la Sesión Solemne y recuerda a los diputados que la
sesión ordinaria dará inicio a las trece horas.
SESION
ORDINARIA
Con la asistencia de cuatrocientos
sesenta diputados, a las quince horas con ocho minutos del miércoles treinta de abril de
dos mil tres, el Presidente declara abierta la sesión ordinaria.
La Secretaría da lectura al orden
del día.
La Presidencia informa de un
acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos,
en relación con las iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo que se hayan
recibido o que se reciban en el transcurso de esta sesión.
La Asamblea dispensa la lectura del
acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma manera la aprueba.
Comunicación de la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública, con la que remite la resolución de la Mesa Directiva de
esa Comisión, respecto a los asuntos turnados para considerarse en la elaboración del
dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil
tres. De enterado.
Tres comunicaciones de la Junta de
Coordinación Política, con las que informa de diversos cambios en la integración de las
comisiones de Juventud y Deporte y de Recursos Hidráulicos. De enterado.
Dictamen de la Comisión de
Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley
Federal para las Personas con Discapacidad. Es de primera lectura.
Dictámenes de la Comisión de
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyectos de decreto:
• Para que se inscriba con
Letras de Oro en los Muros de Honor de la Cámara de Diputados, el nombre del general
Salvador Alvarado.
• Para que se inscriba con
Letras de Oro en los Muros de Honor de la Cámara de Diputados, el nombre de
Nezahualcóyotl.
• Para que se inscriba con
Letras de Oro en los Muros de Honor de la Cámara de Diputados, el nombre de Mariano de la
Bárcena y Ramos.
• Que reforma y adiciona la
fracción décima del artículo treinta y nueve de la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos.
• Para que se inscriba con
Letras de Oro en los Muros de Honor de la Cámara de Diputados, la leyenda: Universidad
Nacional Autónoma de México.
Son de primera lectura.
La Secretaría da lectura a una
comunicación de los coordinadores de los grupos parlamentarios por la que solicitan que
el dictamen de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de
decreto para que se inscriba con Letras de Oro en los Muros de Honor de la Cámara de
Diputados, la leyenda: Universidad Nacional Autónoma de México, sea considerado de
urgente resolución y la Asamblea, en votación económica, así lo considera. A nombre de
la comisión fundamenta el dictamen el diputado Augusto Gómez Villanueva, del Partido
Revolucionario Institucional.
Hablan en pro los diputados: José
Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional;
Amador Rodríguez Lozano; José Antonio Calderón Cardoso, del Partido Alianza Social;
María Cristina Moctezuma Lule, del Partido Verde Ecologista de México; Luis Miguel
Gerónimo Barbosa Huerta, del Partido de la Revolución Democrática; Martha Limón Rojas,
del Partido Acción Nacional, y José Elías Romero Apis, del Partido Revolucionario
Institucional.
Hablan los diputados: Fernando
Pérez Noriega, del Partido Acción Nacional, en contra; Jaime Vázquez Castillo, del
Partido Revolucionario Institucional, en pro; Bernardo Borbón Vilches, del Partido
Acción Nacional, en contra, y es interrumpido por los diputados Augusto Gómez
Villanueva, del Partido Revolucionario Institucional, para hacer aclaraciones sobre su
intervención para fundamentar el dictamen; Manuel Galán Jiménez, del mismo partido,
para hacer comentarios sobre una afirmación del orador en turno; y Jorge Alberto Lara
Rivera, del Partido Acción Nacional, en pro.
Rectifica hechos el diputado Amador
Rodríguez Lozano.
Desde su respectiva curul hablan
los diputados: Fernando Pérez Noriega, del Partido Acción Nacional, para hacer una
propuesta de la leyenda a inscribir en Letras de Oro; y Jorge Carlos Ramírez Marín, del
Partido Revolucionario Institucional, para solicitar moción de orden.
Rectifican hechos los diputados:
Augusto Gómez Villanueva, del Partido Revolucionario Institucional; Uuc-kib Espadas
Ancona, del Partido de la Revolución Democrática; Silvia Alvarez Bruneliere, del Partido
Acción Nacional; y Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, del Partido de la Revolución
Democrática.
La Asamblea considera
suficientemente discutido el dictamen en votación económica y la Secretaría recoge la
votación respectiva, misma que arroja los siguientes resultados: doscientos cincuenta y
cuatro votos en pro, ciento veinticuatro en contra y veintidós abstenciones.
Presidencia del diputadoJaime Vázquez Castillo
El Presidente declara aprobado el
proyecto de decreto para que se inscriba con Letras de Oro en los Muros de Honor de la
Cámara de Diputados, la leyenda: Universidad Nacional Autónoma de México. Publíquese
en el Diario Oficial de la Federación.
La Presidencia informa de la
recepción de una comunicación de los coordinadores de los grupos parlamentarios por la
que solicitan que al dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables con
proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para las Personas con Discapacidad
sea considerado de urgente resolución y la Asamblea, en votación económica, así lo
considera. Para fundamentar el dictamen a nombre de la comisión, se concede la palabra al
diputado Gregorio Arturo Meza de la Rosa, del Partido Acción Nacional. Las diputadas
Lorena Martínez Rodríguez, del Partido Revolucionarios Institucional; Raquel Cortés
López, del Partido de la Revolución Democrática; y Alba Leonila Méndez Herrera, del
Partido Acción Nacional, dejan en la Secretaría por escrito la posición en pro del
dictamen de su grupo parlamentario respectivo, y el Presidente instruye su inserción en
el Diario
de los Debates. Sin nadie que solicite el uso de la palabra, la Secretaría recoge
la votación respectiva, misma que resulta aprobatoria en lo general y en lo particular
por trescientos sesenta y nueve votos en pro, ninguno en contra y cuatro abstenciones.
Pasa al Senado para los efectos constitucionales.
Dictamen de las comisiones unidas
de Turismo y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Turismo. Es de primera
lectura.
Dictamen de la Comisión de
Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley Aduanera. Es de primera lectura.
El Presidente informa que el
siguiente punto del orden del día es la segunda lectura del dictamen de la Comisión de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforman los
artículos tercero, fracciones vigesimasegunda, trigésima tercera y trigésima cuarta;
veintiocho, fracciones segunda y tercera; treinta y ocho bis, quinto párrafo; ciento
cuarenta y seis; ciento cincuenta; ciento cincuenta y tres; ciento cincuenta y cuatro; y
se adiciona el artículo ciento cincuenta y cuatro bis, de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente, y a solicitud de la Mesa Directiva de la
Comisión Dictaminadora se retira del orden del día.
En votación económica la Asamblea
dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de
Vida Silvestre. Es de segunda lectura. El diputado Diego Cobo Terrazas, del Partido Verde
Ecologista de México, a nombre de la comisión fundamenta el dictamen y propone
modificaciones a los artículos setenta y dos bis uno, setenta y dos bis dos y noventa y
cinco bis de la ley referida, que la Asamblea admite en votación económica. Sin nadie
que solicite el uso de la palabra, la Secretaría recoge la votación respectiva, misma
que resulta aprobatoria en lo general y en lo particular, con las modificaciones
admitidas, por unanimidad de trescientos setenta y un votos en pro. Pasa al Senado para
los efectos constitucionales.
La Asamblea, en votación
económica, dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, con
proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos. Es de segunda lectura. A nombre de la comisión fundamenta el
dictamen el diputado Alfredo Ochoa Toledo, del Partido Revolucionario Institucional. Sin
nadie que solicite el uso de la palabra, la Secretaría recoge la votación respectiva,
misma que resulta aprobatoria en lo general y en lo particular por trescientos setenta y
seis votos en pro, ninguno en contra y una abstención. Pasa al Senado para los efectos
constitucionales.
La Asamblea dispensa la lectura, en
votación económica, del dictamen de las comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias y de Comunicaciones, con proyecto de decreto por el que se expide el
Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Es de segunda lectura. A nombre de la comisión fundamenta el dictamen el diputado Augusto
Gómez Villanueva, del Partido Revolucionario Institucional.
Hablan los diputados: José Manuel
del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional, en contra;
y Heidi Gertud Storsberg Montes, del Partido Acción Nacional, a nombre de la Comisión
Bicamaral del Canal del Congreso, en pro y acepta interpelación del diputado José Manuel
del Río Virgen.
Desde su curul el diputado Augusto
Gómez Villanueva hace aclaraciones sobre el dictamen.
La Asamblea considera
suficientemente discutido el dictamen en lo general y se reservan para la discusión en lo
particular los artículos dieciséis y veintiocho, numeral cuatro, del proyecto de
Reglamento.
La Secretaría recoge la votación
en lo general y en lo particular de los artículos no reservados, misma que resulta
aprobatoria por trescientos sesenta cuatro votos en pro, cinco en contra y seis
abstenciones.
El diputado Juan Manuel Martínez
Nava, del Partido Revolucionario Institucional, se refiere al artículo dieciséis
reservado y propone la adición de un inciso e). Desde su respectiva curul hablan los
diputados: José Manuel del Río Virgen, para retirar su reserva del mismo artículo;
Augusto Gómez Villanueva y César Horacio Duarte Jáquez, ambos del Partido
Revolucionario Institucional, para aceptar la adición propuesta a nombre de las
comisiones dictaminadoras. La Secretaría da lectura a la adición propuesta y la Asamblea
la admite en votación económica.
Se refiere al artículo veintiocho,
numeral cuatro, reservado, el diputado José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por
la Democracia Partido Político Nacional propone modificaciones y acepta una
interpelación de la diputada Lorena Beaurregard de los Santos, del Partido Revolucionario
Institucional. La Asamblea desecha la propuesta en votación económica.
La Asamblea considera
suficientemente discutidos los artículos reservados en votación económica y la
Secretaría recoge la votación de los artículos dieciséis, con la adición de un inciso
e), admitida, y veintiocho, numeral cuatro, en los términos del dictamen, misma que
resulta aprobatoria por trescientos sesenta votos en pro, tres en contra y dos
abstenciones.
El Presidente declara aprobado en
lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide el Reglamento
del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se devuelve
al Senado para los efectos del inciso e) del artículo setenta y dos de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Asamblea, en votación
económica, dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de
Asentamientos Humanos. Es de segunda lectura. A nombre de la Comisión fundamenta el
dictamen el diputado José Gaudencio Víctor León Castañeda, del Partido Acción
Nacional. En pro habla el diputado Juan de la Cruz Alberto Cano Cortezano, del Partido
Acción Nacional. Sin nadie más que solicite el uso de la palabra, la Secretaría recoge
la votación respectiva, misma que resulta aprobatoria en lo general y en lo particular
por unanimidad de trescientos sesenta y ocho votos en pro. Pasa al Senado para los efectos
constitucionales.
La Secretaría da lectura al
dictamen de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, con
puntos de acuerdo relativos al nombramiento del ciudadano Roberto Michel Padilla como
titular de la Unidad de Evaluación y Control, y para fundamentarlo a nombre de la
comisión, se concede la palabra al diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, del
Partido de la Revolución Democrática.
La Secretaría da lectura a los
artículos ciento nueve, ciento diez y ciento once del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en ellos la
Presidencia concede la palabra al diputado Raúl Martínez González, del Partido Acción
Nacional, para presentar una moción suspensiva.
La Secretaría da lectura al
artículo ciento diez reglamentario y el Presidente concede la palabra al diputado Víctor
Roberto Infante González, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en contra
de la moción. El Presidente hace aclaraciones de procedimiento y desde su curul el
diputado José Alejandro Zapata Perogordo, del Partido Acción Nacional, solicita la
lectura de ese artículo. La Presidencia instruye a la Secretaría a obsequiar la
solicitud, posteriormente reitera las explicaciones de procedimiento e informa de la
recepción de una solicitud para que la votación de la moción sea por medio del sistema
electrónico. Por ciento ochenta votos en pro y ciento once en contra se desecha la
moción.
Sin nadie más que solicite el uso
de la palabra, la Presidencia solicita a la Secretaría consultar a la Asamblea en
votación económica si se aprueban los puntos de acuerdo. Desde su curul el diputado
Zapata Perogordo solicita moción de procedimiento. El Presidente instruye a la
Secretaría a dar lectura a la comunicación de la Comisión de Vigilancia de la
Auditoría Superior de la Federación relativa al dictamen a discusión y a los artículos
sesenta y siete, fracción novena, y noventa y tres, de la Ley de Fiscalización Superior
de la Federación, y posteriormente hace aclaraciones de procedimiento.
El diputado Zapata Perogordo, desde
su curul, solicita la lectura del artículo ciento cincuenta y tres del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Presidente
instruye a la Secretaría a atender lo solicitado. También desde su respectiva curul
hablan los diputados: Juan Manuel Martínez Nava, del Partido Revolucionario
Institucional, para solicitar que la votación del dictamen a discusión sea por medio del
sistema electrónico; y Jaime Salazar Silva, del Partido Acción Nacional, para hacer
comentarios de procedimiento.
El Presidente explica que la
votación económica que correspondía era para saber si los puntos de acuerdo de
referencia estaban suficientemente discutidos.
La Asamblea, en votación
económica, considera suficientemente discutidos los puntos de acuerdo y por doscientos
trece votos en pro y ciento ochenta en contra los aprueba. Comuníquense.
El Presidente informa que a las
puertas del Salón de Sesiones se encuentra el ciudadano Roberto Michel Padilla, cuyo
nombramiento como titular de la Unidad de Evaluación y Control acaba de ser aprobado, y
acompañado de una comisión designada, rinde su protesta de ley.
El Presidente informa de la
recepción de una proposición con punto de acuerdo para la celebración de un convenio
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las instituciones bancarias
participantes en el programa de capitalización y compra de cartera, a fin de realizar
auditorías a esas instituciones, suscrita por integrantes de la Comisión de Vigilancia
de la Auditoría Superior de la Federación. Se turna a la Junta de Coordinación
Política.
Comunicación del diputado Juan
Manuel Sepúlveda Fayad con la que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse
del cargo de diputado federal electo en el sexto distrito del estado de Hidalgo.
Presidencia del diputado Armando Salinas
Torre
Desde su respectiva curul hablan
los diputados: José Alejandro Zapata Perogordo, del Partido Acción Nacional; Jorge
Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucionario Institucional; y David Augusto Sotelo
Rosas, del Partido de la Revolución Democrática, los tres para reconocer la labor del
diputado Sepúlveda Fayad. La Secretaría da lectura a los puntos de acuerdo por los que
se concede la licencia solicitada y se llama al suplente y la Asamblea los aprueba en
votación económica.
El Presidente informa que a las
puertas del Salón de Sesiones se encuentra el ciudadano Juan Luis Zúñiga Velázquez,
electo como diputado federal suplente en el sexto distrito del estado de Hidalgo y
acompañado de una comisión designada, rinde su protesta de ley y entra en funciones de
inmediato.
Oficio de la Cámara de Senadores
con el que remite punto de acuerdo en relación con los distritos de riego cero
veinticinco, cero veintiséis y cero cincuenta. Se turna a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública.
La Cámara de Senadores remite las
siguientes minutas proyecto de:
• Ley de Asistencia Social. Se
turna a la Comisión de Salud.
• Decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de
Salud.
• Decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley de Planeación. Se turna a la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública.
• Decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal. Se turna a la
Comisión de Agricultura y Ganadería.
• Decreto que crea la Ley
General de Desarrollo Social. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.
Nueve comunicaciones de la Junta de
Coordinación Política con las que informa de cambios en la integración de las
comisiones de Gobernación y Seguridad Pública; de Asuntos Indígenas; de Transportes;
del Distrito Federal; de Recursos Hidráulicos; de Cultura; de Relaciones Exteriores; y de
Justicia y Derechos Humanos. De enterado.
Comunicación del diputado
Rigoberto Romero Aceves, en relación con una iniciativa con proyecto de decreto que
reforma la Ley de Pesca y el Código Penal Federal, que presentara el veintiuno de
diciembre de dos mil. Se turna a la Comisión de Pesca.
Dictamen de la Comisión de
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias con proyecto de decreto para que se inscriba con
Letras de Oro en los Muros de Honor de la Cámara de Diputados, el apotegma de Melchor
Ocampo: Es hablándonos, no matándonos, como habremos de entendernos. Es de primera
lectura.
Comunicación del diputado Amador
Rodríguez Lozano con la que solicita su incorporación a comisiones legislativas. El
Presidente la turna a la Junta de Coordinación Política a efecto de dar cumplimiento a
lo dispuesto al respecto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos y le solicita informe a la Presidencia a la brevedad. Desde su curul el diputado
Rodríguez Lozano solicita moción de procedimiento y el Presidente, en atención a ella,
solicita a la Junta de Coordinación Política atender la solicitud de referencia.
Comunicación del diputado Eric
Eber Villanueva Mukul con la que informa de su renuncia a la Segunda Vicepresidencia de la
Cámara de Diputados. De enterado.
Comunicación de la coordinación
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con la que propone al
diputado Rafael Servín Maldonado como Segundo Vicepresidente de la Mesa Directiva. Se
aprueba por trescientos veintisiete votos en pro, tres en contra y nueve abstenciones. El
Presidente hace la declaratoria que corresponde, invita al diputado Servín Maldonado
pasar a ocupar su lugar en la Mesa Directiva, y le toma su protesta como Segundo
Vicepresidente.
La Presidencia informa de la
recepción de una solicitud suscrita por los coordinadores de las grupos parlamentarios
para incorporar en el orden del día de esta sesión el dictamen de la Comisión de
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias con proyecto de decreto para que la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados invite a una ceremonia solemne en el municipio de Pénjamo,
Guanajuato, con motivo del bicentésimo quincuagésimo aniversario del natalicio de don
Miguel Hidalgo y Costilla. La Asamblea, en votación económica, así lo autoriza. La
Secretaría da lectura a los puntos de acuerdo respectivos y para hablar en pro se concede
la palabra al diputado Rubén García Farías, del Partido Revolucionario Institucional.
Sin nadie más que solicite el uso de la palabra la Asamblea aprueba los puntos de acuerdo
en votación económica. Publíquese en el Diario
Oficial de la Federación.
El Presidente informa de la
recepción de diversas iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo y comunica
que se turnarán a las comisiones competentes, se insertarán en el Diario de los
Debates y se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.
Comunicación de la Comisión de
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación con la que remite el informe de los
asuntos resueltos en el seno de la misma. Publíquese en la Gaceta
Parlamentaria e insértese en el Diario de los Debates.
Se procede a la elección de los
diputados integrantes de la Comisión Permanente que funcionará durante el Segundo Receso
del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura. La Secretaría da
lectura a la cédula respectiva propuesta por los grupos parlamentarios y por trescientos
treinta y seis votos en pro, cinco en contra y tres abstenciones, resultan electos los
diputados: Beatriz Elena Paredes Rangel; Jorge Carlos Ramírez Marín; César Augusto
Santiago Ramírez; Efrén Nicolás Leyva Acevedo; Julián Luzanilla Contreras; Felipe
Solís Acero; Juan Nicolás Callejas Arroyo; Enrique Martínez Orta Flores; José
Alejandro Zapata Perogordo; Manuel de Jesús Espino Barrientos; Julio Castellanos
Ramírez; María Cruz Martínez Colín; César Alejandro Monraz Sustaita; Ramón Ponce
Contreras; Néstor Villarreal Castro; Luis Alberto Pazos de la Torre; Luis Miguel
Gerónimo Barbosa Huerta; David Augusto Sotelo Rosas; y Francisco Agundis Arias. Y como
sustitutos los diputados: José Ramírez Gamero; José Alvaro Vallarta Ceceña; David
Penchyna Grub; Víctor Manuel Gandarilla Carrasco; Samuel Aguilar Solís; Nahum Ildefonso
Zorrilla Cuevas; Melitón Morales Sánchez; Florentino Castro López; José Alfredo
Botello Montes; Silvia Alvarez Bruneliere; Hugo Camacho Galván; Luis Artemio Aldana
Burgos; Francisco Javier García Cabeza de Vaca; José Carlos Luna Salas; Heidi Gertud
Storsberg Montes; Neftalí Salvador Escobedo Zoletto; Hortensia Aragón Castillo; Uuc-kib
Espadas Ancona; y Diego Cobo Terrazas. El Presidente hace la declaratoria correspondiente.
Comunicación de la Junta de
Coordinación Política con la que informa de cambios en la integración de las comisiones
de Turismo; de Seguridad Social; de Comercio y Fomento Industrial; y de Energía. De
enterado.
El Presidente designa las
comisiones de cortesía para informar de la conclusión del Segundo Periodo de Sesiones
del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura, al Presidente de la
República y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación; e informa que a la Cámara de
Senadores y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se les comunicará por escrito.
Se refieren a la conclusión del
Segundo Periodo de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Octava
Legislatura los diputados: José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la
Democracia, Partido Político Nacional;
Presidencia del diputadoJaime Vázquez
Castillo
José Antonio Calderón Cardoso,
del Partido Alianza Social;
Presidencia del diputadoRafael Servín
Maldonado
Norma Patricia Riojas Santana, del
Partido de la Sociedad Nacionalista; Alberto Anaya Gutiérrez, del Partido del Trabajo;
Presidencia de la diputadaMaría Elena
Alvarez Bernal
Arturo Escobar y Vega, del Partido
Verde Ecologista de México;
Presidencia del diputadoRafael Servín
Maldonado
Martí Batres Guadarrama, del
Partido de la Revolución Democrática;
Presidencia del diputadoArmando Salinas
Torre
José Alejandro Zapata Perogordo,
del Partido Acción Nacional; y Rafael Rodríguez Barrera, del Partido Revolucionario
Institucional.
Comunicación de la Junta de
Coordinación Política con la que informa de cambios en la integración de las comisiones
de Justicia y Derechos Humanos; de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación;
y de Seguridad Social. De enterado.
Dos comunicaciones de la Cámara de
Senadores con las que informa:
• De la elección de los
senadores integrantes de la Comisión Permanente que funcionará durante el Segundo Receso
del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura. De enterado.
• De la conclusión de su
Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima
Octava Legislatura. De enterado.
El Presidente dirige un mensaje a
la Asamblea.
Puestos todos de pie, el Presidente
declara:
"Hoy, treinta de abril de dos
mil tres, la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Octava Legislatura declara
formalmente terminados sus trabajos correspondientes al Segundo Periodo Ordinario de
Sesiones del Tercer Año de Ejercicio."
La Asamblea entona el Himno
Nacional.
El Presidente clausura la sesión a
las veintitrés horas con catorce minutos.»
|