Diario de los Debates

organo oficial de la camara de diputados
del congreso de los estados unidos mexicanos
Poder Legislativo Federal, LIX Legislatura
Comisión Permanente
Correspondiente al Primer Receso del Primer Año de Ejercicio
DIRECTOR GENERAL DE CRONICA PARLAMENTARIA
Gilberto Becerril Olivares
PRESIDENTE
Diputado Juan de Dios Castro Lozano
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Norberto Reyes Ayala
AÑO IMéxico, DF, 21 de enero de 2004 Sesión No. 6
SENADOR QUE SOLICITA LICENCIA

Comunicación del senador Francisco A. Fraile García por la que solicita licencia para separarse del cargo de senador del 21 de enero al 21 de marzo de 2004. Se aprueba, comuníquese a la Cámara de Senadores

DIPUTADA QUE SOLICITA LICENCIA

Comunicación de la diputada María del Carmen Mendoza Flores por la que solicita licencia para separarse del cargo de diputada federal electa en el X distrito del estado de Jalisco, del 22 al 31 de enero de 2004. Aprobado, comuníquese a la Cámara de Diputados

ESTADO DE COLIMA

Comunicación del Congreso estatal con acuerdo relativo a los actos ejecutados por elementos de la Policía Federal Preventiva en el tribunal electoral de esa entidad federativa. Se turna a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores

ESTADO DE COAHUILA

Comunicación del Congreso estatal con acuerdo relativo a la Ley Contra el Bioterrorismo. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores

Comunicación del Congreso estatal con acuerdo por el que se adhiere al similar del Congreso del estado de Guerrero, relativo a los acontecimientos del 2 de octubre de 1968. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores

Comunicación del Congreso estatal con acuerdo por el que se adhiere al del Congreso del estado de Jalisco, en relación con los ahorradores defraudados por las cajas populares del país. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Comunicación del Congreso estatal con la que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara "2004, Trigésimo Aniversario de la Creación de los Estados de Baja California Sur y Quintana Roo". Se turna a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados

LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

La diputada Consuelo Muro Urista presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. Se turna a las comisiones unidas de Gobernación y de Equidad y Género de la Cámara de Diputados

LEY DE COORDINACION FISCAL

El senador Fernando Gómez Esparza presenta iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona una fracción al artículo 25 y los artículos 45-A, 45-B y 45-C a la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados

DISCAPACITADOS

Oficio de la Secretaría de Gobernación por el que remite copia de la contestación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores, por el que solicita realizar las acciones necesarias a efecto de promover la contratación de personas que sufren algún tipo de discapacidad. Se turna a la Cámara de Senadores

GRADOS MILITARES

Diez, oficios de la Secretaría de Gobernación por los que remite hojas de servicios de igual número de miembros del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, para los efectos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnan a la Segunda Comisión

CONDECORACIONES

Dictamen de la Primera Comisión con proyecto de decreto por el que concede permiso al ciudadano Francisco Alfonso Durazo Montaño, para que pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de Japón. Es de primera lectura.
Dictamen de la Primera Comisión con proyecto de decreto por el que concede permiso a los ciudadanos: Héctor Aguilar Elizalde y José Luis Lagunes Paredes, para que puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere la Junta Interamericana de Defensa y la Guardia Costera de Estados Unidos de América, respectivamente. Es de primera lectura. . . .
Dictamen de la Primera Comisión con proyecto de decreto por el que concede permiso a los ciudadanos: Arturo García Gutiérrez y Manuel Gómez Millán, para que puedan aceptar y usar las condecoraciones conferidas por los gobiernos de las repúblicas de Honduras e Islámica de Pakistán, respectivamente. Es de primera lectura

CONSULES GENERALES

A nombre de la comisión dictaminadora habla la senadora Silvia Hernández Enríquez, para hacer consideraciones sobre las relaciones de los Poderes Legislativo y Ejecutivo en materia de política exterior

Sobre el tema el senador Jorge Zermeño Infante

Contesta alusiones personales la senadora Silvia Hernández Enríquez

Rectifican hechos los legisladores:

Senador Demetrio Sodi de la Tijera

Diputada Yolanda Guadalupe Valladares Valle

Desde su curul, la senadora Hernández Enríquez hace aclaraciones sobre su primera intervención

Rectifica hechos el senador Jorge Zermeño Infante

Dictamen de la Segunda Comisión con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Rubén Alberto Beltrán Guerrero, como Cónsul General de México en Los Angeles, California, Estados Unidos de América. Aprobado, comuníquese al Ejecutivo

El Presidente designa comisión que acompañe al ciudadano Beltrán Guerrero, en el acto de rendir su protesta de ley

Dictamen de la Segunda Comisión con punto de acuerdo relativo al nombramiento de la ciudadana Alejandra María Gabriela Bologna Zubikarai, como Cónsul General de México en Sacramento, California, Estados Unidos de América. Aprobado, comuníquese al Ejecutivo

El Presidente designa comisión que acompañe a la ciudadana Bologna Zubikarai en el acto de rendir su protesta de ley

Dictamen de la Segunda Comisión con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Alfonso de María y Campos y Castelló, como Cónsul General de México en San Francisco, California, Estados Unidos de América. Aprobado, comuníquese al Ejecutivo

El Presidente designa comisión que acompañe al ciudadano De María y Campos y Castelló en el acto de rendir su protesta de ley

Dictamen de la Segunda Comisión con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Bruno Figueroa Fischer, como Cónsul General de México en San José, California, Estados Unidos de América. Aprobado, comuníquese al Ejecutivo

El Presidente designa comisión que acompañe al ciudadano Figueroa Fischer en el acto de rendir su protesta de ley

CONDECORACIONES

Dictamen de la Primera Comisión con proyectos de decreto por los que concede permiso a dos ciudadanos para aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el Gobierno de la República de Chile. Es de segunda lectura

Sin discusión se reserva para su votación nominal en conjunto

PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

Dictamen de la Primera Comisión con proyectos de decreto por los que concede permiso a ocho ciudadanos para prestar servicios en representaciones diplomáticas de los Gobiernos de Estados Unidos de América, de Canadá y del Reino Unido, en México. Es de segunda lectura

Sin discusión se reserva para su votación nominal en conjunto

Se aprueban los anteriores dos dictámenes. Pasan al Ejecutivo para los efectos constitucionales

FONDO NACIONAL DE DESASTRES NATURALES

El diputado Luis Antonio Ramírez Pineda presenta proposición con punto de acuerdo, para que el Fondo Nacional de Desastres Naturales tome medidas urgentes en las regiones afectadas por las heladas y bajas temperaturas. No se considera de urgente resolución

SEGURO DE SALUD POPULAR

El senador Adalberto Arturo Madero Quiroga presenta proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los gobiernos de los estados que no se han incorporado al Seguro de Salud Popular, suscriban a la brevedad el convenio correspondiente con la Secretaría de Salud. Se turna a la Primera Comisión

FONDO NACIONAL DE DESASTRES NATURALES

La proposición del diputado Ramírez Pineda, se turna a la Primera Comisión

CONVENCION NACIONAL HACENDARIA

La diputada Minerva Hernández Ramos presenta proposición con punto de acuerdo, para fortalecer la participación de los legisladores federales en la Convención Nacional Hacendaria. Se turna a la Tercera Comisión

ESTADO DE GUERRERO

El diputado Luis Antonio González Roldán presenta proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a que prevengan y procedan contra la depredación de tortugas marinas en diversos municipios del estado de Guerrero. Se turna a la Primera Comisión

ESTADO DE MORELOS

El diputado Pedro Vázquez González presenta proposición con punto de acuerdo, para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ejerza la facultad conferida en el párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en torno a la violación de garantías individuales por parte de corporaciones policíacas en el municipio de Tlalnepantla, Morelos. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados

ESTADO DE QUERETARO

El senador Miguel Sadot Sánchez Carreño presenta proposición con punto de acuerdo, sobre las violaciones a los derechos humanos de una indígena otomí en el estado de Querétaro. Se turna a la Primera Comisión

INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

La diputada María de los Dolores Padierna Luna presenta proposición con punto de acuerdo, para solicitar al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, disminuya el costo fiscal del rescate bancario. Se turna a la Tercera Comisión

EMPLEO

La diputada Marcela Guerra Castillo presenta proposición con punto de acuerdo, para que los secretarios de Economía y de Trabajo y Previsión Social, comparezcan a fin de que informen sobre la situación del empleo en el país. Se turna a la Tercera Comisión

BANCO DE MEXICO

La diputada María de los Dolores Padierna Luna presenta proposición con punto de acuerdo, para que el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, diseñen una estrategia para que el exceso de liquidez en la banca comercial se canalice a la inversión productiva. Se turna a la Tercera Comisión

PROGRAMA DE APOYOS PARA ACCEDER AL SISTEMA FINANCIERO RURAL

La diputada Marcela Guerra Castillo a nombre propio y del diputado Carlos Blackaller Ayala presenta proposición con punto de acuerdo, en relación con el Programa de Apoyos para Acceder al Sistema Financiero Rural, contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados

ESTADO DE MEXICO

Se recibe del diputado Santiago Cortés Sandoval proposición con punto de acuerdo, en relación con problemas de contaminación en la región de Lechería, municipio de Tultitlán, estado de México. El Presidente informa de la recepción de la proposición de referencia y la turna a las comisiones unidas de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados

SECRETARIA DE ENERGIA

El senador David Jiménez González presenta proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Primera Comisión a que dictamine la proposición con punto de acuerdo para que comparezca el Secretario de Energía, a fin de tratar asuntos relacionados con su ramo. Se turna a la Primera Comisión

INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

La diputada María de los Dolores Padierna Luna presenta proposición con punto de acuerdo, para que comparezca el Secretario Ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, a fin de que informe sobre el exhorto realizado por la Comisión Permanente el 13 de agosto de 2003, respecto al Programa de Capitalización y Compra de Cartera. Se turna a la Tercera Comisión

ESTADO DE MORELOS

El diputado Víctor Manuel Camacho Solís presenta proposición con punto de acuerdo, para integrar una comisión de legisladores de la Comisión Permanente que conozca de los hechos ocurridos en el municipio de Tlalnepantla, Morelos

Se considera de urgente resolución

A discusión sobre el tema intervienen, los legisladores:

Senador Sergio César Alejandro Jáuregui Robles

Diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga

Desde su curul, el senador Juan José Rodríguez Prats solicita una moción de orden que la Presidencia atiende

Senador David Jiménez González

Suficientemente discutido el punto de acuerdo, se aprueba. Comuníquese

SECUESTROS

El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga presenta proposición con punto de acuerdo, para que comparezca el Secretario de Seguridad Pública a fin de que informe sobre la evolución de los índices de criminalidad en delitos de alto impacto social, particularmente del secuestro, así como de las medidas para disminuirlos. Se turna a la Primera Comisión

JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

El diputado Luis Antonio González Roldán, se refiere a la discrecionalidad presupuestaria en las plazas asignadas al Jefe de Gobierno del Distrito Federal

Para el mismo tema la diputada María de los Dolores Padierna Luna

Contesta alusiones personales el diputado Luis Antonio González Roldán

Continúan sobre el tema los senadores:

Héctor Larios Córdova

David Jiménez González

Demetrio Sodi de la Tijera quien acepta interpelación del senador David Jiménez González

David Jiménez González para contestar alusiones personales

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION GUBERNAMENTAL

Se refiere a las legislaciones de las entidades federativas sobre transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información gubernamental, el diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez

ORDEN DEL DIA

De la próxima sesión


Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano

ASISTENCIA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.

El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los integrantes de la Comisión Permanente.

Hay una asistencia de 26 legisladores. Hay quórum, señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano (a las 11:24 horas):

Se abre la sesión.


ORDEN DEL DIA
El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

Se va a dar lectura al orden del día.

«Comisión Permanente.--- Primer Receso.--- Primer Año.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Miércoles 21 de enero de 2004.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De legisladores.

De los congresos de los estados de Colima y Coahuila.

Iniciativa del Congreso del estado de Baja California Sur

Proyecto de decreto por el que se declara ``2004, Trigésimo Aniversario de la Creación de los Estados de Baja California Sur y Quintana Roo''. (Turno a comisión.)

Iniciativas de legisladores

Que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, a cargo de la diputada Consuelo Muro Urista, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Que adiciona un párrafo al artículo 10 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y se adicionan los artículos 40 y 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jesús Martínez Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia. (Turno a comisión.)

Que adiciona una fracción al artículo 25 y adiciona los artículos 45-A, 45-B y 45-C, a la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del senador Fernando Gómez Esparza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Con el que remite copia de la contestación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en relación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores. (Turno a comisión.)

Diez, con los que se remiten hojas de servicios de miembros del Ejército mexicano, para los efectos de la fracción VII, del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a comisión.)

Dictámenes de primera lectura

De la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Francisco Alfonso Durazo Montaño, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Sol Naciente, en grado de Estrella de Oro y Plata, que le confiere el gobierno de Japón.

De la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos coronel de caballería DEM, Héctor Aguilar Elizalde y teniente de navío CG, José Luis Lagunes Paredes, para aceptar y usar la Medalla Especial, el Medallón y la Cinta de la Junta Interamericana de Defensa con una Estrella Plateada; y la Medalla al Logro Guardia Costera, que les confiere la Junta Interamericana de Defensa y la Guardia Costera de Estados Unidos de América, respectivamente.

De la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos general brigadier Diplomado de Estado Mayor Arturo García Gutiérrez y Manuel Gómez Millán, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de la República de Honduras y de la República Islámica de Pakistán, respectivamente.

Dictámenes a discusión

De la Segunda Comisión con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Rubén Alberto Beltrán Guerrero, como Cónsul General de México en los Angeles, California, EUA.

De la Segunda Comisión con punto de acuerdo relativo al nombramiento de la ciudadana Alejandra María Gabriela Bolonga Zubikarai, como Cónsul General de México en Sacramento, California, EUA.

De la Segunda Comisión con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Alfonso de María y Campos y Castelló, como Cónsul General de México en San Francisco, California, EUA.

De la Segunda Comisión con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Bruno Figueroa Fischer, como Cónsul General de México en San José, California, EUA.

De la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Jaime Godínez Ruiz y Fernando Alfonso Angli Rodríguez, para aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el Gobierno de la República de Chile.

De la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Amelia Guadalupe Bravo de la Fuente, Jorge Alejandro Garza López, María Elena Garza Malacara, Mónica Payró Duque, Nemesia Alejandra González Farías, Verónica Soto Avila, Luis Arturo Flores Sánchez y Marco Augusto Manrique Sánchez, para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América, en México; en la Embajada y consulados de Canadá, en México, Monterrey, Nuevo León y Guadalajara, Jalisco y en la Embajada del Reino Unido, en México, respectivamente.

Proposiciones

Con punto de acuerdo para que el Ejecutivo Federal tome, a través del Fonden, medidas urgentes preventivas y de apoyo en las regiones y personas afectadas por las heladas y bajas temperaturas, a cargo del diputado Luis Antonio Ramírez Pineda, del grupo parlamentario Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para exhortar a los gobiernos de los estados que no se han incorporado al Seguro de Salud Popular, lo hagan a la brevedad posible y suscriban el convenio con la Secretaría de Salud, a cargo del senador Adalberto A. Madero Quiroga, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para fortalecer la participación institucional de los legisladores federales en la Convención Nacional Hacendaría, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución.)

Con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública para que prevenga la comisión de delitos del orden federal, en los municipios de Petatlán, Coyuca de Benítez, José Azueta y Tecpan de Galeana, en el estado de Guerrero, a cargo del diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ejerza la facultad que le confiere el párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en torno a la grave y sistemática violación de garantías individuales, por parte de las corporaciones policiacas en el municipio de Tlalnepantla, Morelos, a cargo del diputado Pedro Vázquez González, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre las violaciones a los derechos humanos de la indígena otomí del estado de Querétaro, a cargo del senador Sadot Sánchez Carreño, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicite que el IPAB disminuya el costo fiscal del rescate bancario, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para citar al Secretario del Trabajo y Previsión Social, a fin de que informe a la Comisión Permanente, sobre las acciones que viene ejecutando o prevé ejecutar el Ejecutivo Federal, con relación a la situación del empleo en la nación, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para solicitar que el exceso de liquidez que hay en la banca comercial, se canalice a financiar el crecimiento económico del país, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para solicitar se haga la aclaración que el Programa Sistema Financiero Rural incluido en el anexo 15 del PEF 2004, corresponde al programa de apoyos para acceder al sistema financiero rural y por lo tanto la partida de fondos de garantía del anexo 17 del mismo PEF 2004, se considere como parte del Programa de Apoyos para acceder al mismo Sistema Financiero Rural, suscrito por los diputados Carlos Blackaller Ayala y Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud y al Ayuntamiento de Tultitlán, del estado de México, a efecto de que se instale un modulo de servicios médicos y de químicos clínicos para que diagnostiquen, traten, prevengan y canalicen a los habitantes expuestos a la contaminación del cromato hexavalente en la región de Lechería, municipio de Tultitlán, suscrito por el diputado Santiago Cortés Sandoval, del grupo parlamentado del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para exhortar al Secretario de Energía para que informe sobre las gasolineras operadas por empresas extranjeras, a cargo del senador David Jiménez González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para citar al Secretario Ejecutivo y a la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, a fin de que informen sobre la atención e instrumentación que le han dado al exhorto realizado por esta Comisión Permanente, el 13 de agosto de 2003, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo para que una comisión de legisladores de la Comisión Permanente, tome conocimiento de los hechos en el municipio de Tlalnepantla, Morelos, a cargo del diputado Manuel Camacho Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución.)

Agenda política

Sobre la inseguridad que se vive en el país, a cargo del diputado Heliodoro Díaz Escárraga, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Sobre la discrecionalidad presupuestal en las plazas asignadas al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a cargo del diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Sobre legislación de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información gubernamental, a cargo del grupo parlamentario del Partido de Convergencia.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

Gracias, señor Secretario.


ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa le lectura tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles catorce de enero de dos mil cuatro, correspondiente al Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura.

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano

En el salón Legisladores de la República del Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la asistencia de veintisiete legisladoras y legisladores, a las once horas con diecisiete minutos del miércoles catorce de enero dos mil cuatro, el Presidente declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día.

La Asamblea dispensa la lectura al acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma forma la aprueba.

Comunicación del senador César Raúl Ojeda Zubieta por la que informa que se reincorpora a sus actividades legislativas. De enterado y remítase a la Cámara de Senadores.

Comunicaciones de los congresos de los estados de:

  • Baja California Sur, con acuerdo por el que se adhiere al del Congreso del estado de Jalisco, en el que solicita que la Procuraduría Federal del Consumidor y la Secretaría de Economía, intervengan para que se verifique y certifique el peso bruto de los cilindros de gas doméstico. Remítase a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores.

  • Coahuila, con acuerdo por el que se pronuncia en contra de la privatización de la Lotería Nacional. Se turna a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores.

  • Coahuila, con acuerdo relativo a los despidos de trabajadoras embarazadas solicitando que queden prohibidos legalmente. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores.

  • Oaxaca, con acuerdo en relación con el bloqueo económico, comercial y financiero contra la República de Cuba. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe, de la Cámara de Senadores.

  • Oaxaca, con acuerdo en relación con el conflicto palestino-israelí. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores.

  • Tamaulipas, con acuerdos relativos a la exploración y explotación de la Cuenca de Burgos. Se turna a la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores.

    Comunicación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la que informa del inicio de su primer periodo de sesiones de dos mil cuatro. De enterado.

    Comunicación del Consejo de la Judicatura Federal por la que informa del inicio de su primer periodo de sesiones de dos mil cuatro. De enterado.

    Comunicación de la magistrada María del Consuelo Villalobos Ortiz por la que informa de su elección como Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para el periodo dos mil cuatro-dos mil cinco. De enterado.

    Comunicación del embajador de la República Federal de Alemania en México por la que remite carta del Presidente de esa nación, señor Johannes Rau, en la que agradece al Presidente de la Cámara de Senadores, senador Jesús Enrique Jackson Ramírez, la recepción que le ofreciera el Senado mexicano. Remítase a la Cámara de Senadores.

    Comunicación del embajador de la Federación de Rusia en México, por la que remite mensaje del señor Sergey Mironov, Presidente del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal, en la que expresa su agradecimiento al Presidente de la Cámara de Senadores, senador Jesús Enrique Jackson Ramírez, por la hospitalidad y atención prestadas a la delegación de ese consejo. Remítase a la Cámara de Senadores.

    Comunicación de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente con acuerdo relativo a la incorporación del senador Rafael Melgoza Radillo a la Segunda Comisión. Se aprueba en votación económica.

    Dos oficios de la Cámara de Senadores por los que remite las siguientes iniciativas con proyectos de decreto:

  • Que reforma el artículo uno-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentada por el senador Fauzi Hamdan Amad, del Partido Acción Nacional.

  • Que reforma los artículos cuarenta y doscientos veintidós de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el senador Adalberto Arturo Madero Quiroga, del Partido Acción Nacional.

    Se turnan a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

    El senador Fidel Herrera Beltrán, del Partido Revolucionario Institucional, presenta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona tres párrafos al artículo treinta y ocho de la Ley de Puertos. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores.

    Oficios de la Secretaría de Gobernación:

  • Ocho, por los que remite los nombramientos que el Presidente de la República hizo en favor de los ciudadanos: Rubén Alberto Beltrán Guerrero, Carlos Eugenio García de Alba Zepeda, Alejandra María Gabriela Bologna Zubikarai, Martha Irene Lara Alatorre, Juan Marcos Gutiérrez González, Alfonso de María y Campos y Castelló, Porfirio Thierry Muñoz Ledo Chevannier y Bruno Figueroa Fischer, como cónsules generales de México en los Angeles, California; Dallas, Texas; Sacramento, California; San Antonio, Texas; Denver, Colorado; San Francisco, California; Boston, Massachussets y San José, California, respectivamente. Se turnan a la Segunda Comisión.

  • Cinco, por los que remite copias de las contestaciones de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en relación con puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados relativos a los precios de gas en el estado de Chihuahua, que se turna a las comisiones de Economía y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, así como al promovente, para su conocimiento; a las empresas mexicanas exportadoras de alimentos, que se turna a las comisiones de Economía y de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, así como al promovente, para su conocimiento; al uso, registro y manejo residual de beta-análogos, que se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados y al promovente, para su conocimiento; al Acuerdo Nacional para el Campo, que se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados y al promovente, para su conocimiento y a las disposiciones que impone la nueva legislación contra el bioterrorismo en los Estados Unidos de América, que se turna a las comisiones de Comunicaciones y de Transportes de la Cámara de Diputados y al promovente, para su conocimiento.

  • Tres, por los que remite copias de las contestaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en relación con puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores relativos al Plan Maestro de la Citricultura en el estado de Colima, al apoyo a los productores rurales afectados por las contingencias climatológicas y a la internación ilegal de vehículos extranjeros. Se turnan a la Cámara de Senadores.

  • Uno, por el que solicita el permiso necesario para que el ciudadano Francisco Alfonso Durazo Montaño pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de Japón. Se turna a la Primera Comisión.

  • Quince, con las que remite hojas de servicios de igual número de miembros del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, para los efectos de la fracción séptima del artículo setenta y ocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnan a la Segunda Comisión.

    Dos dictámenes de la Primera Comisión con proyectos de decreto por los que:

  • Se concede permiso a dos ciudadanos para aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de la República de Chile.

  • Se concede permiso a ocho ciudadanos para prestar servicios en representaciones diplomáticas de los gobiernos de los Estados Unidos de América, de Canadá y del Reino Unido en México.

    Son de primera lectura.

    El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Partido Revolucionario Institucional, presenta proposición con punto de acuerdo para que comparezca el Secretario de Hacienda y Crédito Público, a fin de que precise la posición del Ejecutivo Federal en relación con la Convención Nacional Hacendaria y explique el programa de reducción de cincuenta mil plazas de servidores públicos. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados. Desde su curul el senador Emilio Gamboa Patrón, del Partido Revolucionario Institucional, hace aclaraciones sobre la proposición de referencia y el Presidente la turna a la Primera Comisión. Posteriormente se modifica el trámite y se turna a la Tercera Comisión.

    Oficio de la Secretaría de Gobernación por el que remite copia de la contestación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores relativo al cobro de peaje por el uso del puente Grijalva. Se turna a la Cámara de Senadores.

    Presentan proposiciones con punto de acuerdo los legisladores:

  • Senador Adalberto Arturo Madero Quiroga, del Partido Acción Nacional, para exhortar al Presidente de la República a que refuerce políticas que eviten la discriminación de las mujeres al momento de solicitar empleos en el Gobierno Federal. Se turna a la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Senadores. Posteriormente se modifica el trámite y se turna a la Primera Comisión.

    El Presidente hace comentarios en relación con la proposición presentada por el diputado Díaz Escárraga y la turna a la Tercera Comisión.

    Desde su curul el senador Madero Quiroga solicita rectificar el turno dado a su proposición y el Presidente explica los fundamentos por los que no es procedente su solicitud.

  • Senador Demetrio Sodi de la Tijera, del Partido de la Revolución Democrática, para que el Ejecutivo Federal informe sobre las acciones que habrá de instrumentar para cumplir con lo dispuesto en el numeral ocho del párrafo segundo del inciso g) del artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores. El Presidente hace comentarios y precisiones sobre los turnos dados a las proposiciones presentadas. Para hacer aclaraciones en relación con sus respectivas proposiciones hablan desde su curul los senadores: Sodi de la Tijera y el Presidente la turna a la Tercera Comisión y Madero Quiroga y el Presidente la turna a la Primera Comisión.

  • Diputado Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo, para solicitar al Ejecutivo Federal a que cumpla con lo dispuesto en el artículo treinta del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro. Se turna a la Tercera Comisión.

  • Senadora Silvia Hernández Enríquez, del Partido Revolucionario Institucional, a nombre de la Segunda Comisión, en relación con el plan migratorio anunciado por el Presidente de los Estados Unidos de América y solicita trámite de urgente resolución. En votación económica la Asamblea considera de esa manera el asunto y hablan en pro la senadora Cecilia Romero Castillo, del Partido Acción Nacional y la diputada Eliana García Laguna, del Partido de la Revolución Democrática. La Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo en votación económica y de la misma forma lo aprueba. Comuníquese.

  • Senador Adalberto Arturo Madero Quiroga, del Partido Acción Nacional, para solicitar a la Procuraduría General de la República, ejerza la facultad de atracción de casos de secuestro en el estado de Tamaulipas y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea no considera de esa manera el asunto y el Presidente turna la proposición a la Primera Comisión.

    El Presidente informa de la recepción de una proposición con punto de acuerdo suscrita por la senadora Leticia Burgos Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con la Cumbre Extraordinaria de las Américas y el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas y la turna a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores.

    Continúan la presentación de proposiciones con punto de acuerdo los legisladores:

  • Senador Rafael Melgoza Radillo, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con la situación de emergencia de agricultores y jornaleros agrícolas del sur del estado de Sonora. Se turna a la Primera Comisión.

  • Diputado Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo, para solicitar una reunión interparlamentaria México-Estados Unidos de América, para tratar el problema migratorio. Se turna a la Segunda Comisión.

  • Senador David Jiménez González, del Partido Revolucionario Institucional, para que comparezca el Secretario de Energía a fin de que explique la política de integración energética con los Estados Unidos de América. Se turna a la Primera Comisión.

  • Senador Rafael Melgoza Radillo, del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar al Ejecutivo Federal a que promueva un acuerdo migratorio bilateral justo con el gobierno de los Estados Unidos de América. Se turna a la Segunda Comisión.

  • Diputada María de los Dolores Padierna Luna, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con la integración de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea no considera de esa forma el asunto en votación económica y el Presidente turna la proposición a la Tercera Comisión.

  • Diputada Eliana García Laguna, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con el proceso penal que se sigue contra los señores Isidro Valdenegro López y Domingo Rivas Carrillo. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

  • Diputado Víctor Manuel Camacho Solís, a nombre propio y del diputado René Arce Islas, ambos del Partido de la Revolución democrática, para que la Comisión Permanente y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México celebren un homenaje en memoria del profesor italiano Norberto Bobbio. Se turna a la Primera Comisión.

  • Diputada Eliana García Laguna, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con el conflicto en el municipio de Tlalnepantla, Morelos y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea considera de esa manera el asunto en votación económica y hablan en pro el diputado Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo y el senador David Jiménez González, del Partido Revolucionario Institucional. La Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo en votación económica y de la misma forma lo aprueba. Comuníquese.

    En el capítulo de agenda política, habla sobre la industria manufacturera mexicana y la recuperación económica en los Estados Unidos de América el senador Fernando Gómez Esparza, del Partido Revolucionario Institucional. Para el mismo tema suben a la tribuna el senador Demetrio Sodi de la Tijera, del Partido de la Revolución Democrática y el diputado Federico Döring Casar, del Partido Acción Nacional.

    Se refieren a la Cumbre Extraordinaria de las Américas los legisladores: diputado Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo; diputado Víctor Manuel Camacho Solís, del Partido de la Revolución Democrática; senadora Cecilia Romero Castillo, del Partido Acción Nacional; senador César Camacho Quiroz, del Partido Revolucionario Institucional y diputado Luis Maldonado Venegas, de Convergencia.

    Habla sobre la situación de justicia y derechos humanos en México la diputada Eliana García Laguna, del Partido de la Revolución Democrática. Para el mismo tema se concede la palabra a los senadores: Juan José Rodríguez Prats, del Partido Acción Nacional y Miguel Sadot Sánchez Carreño, del Partido Revolucionario Institucional.

    Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las quince horas con un minuto, citando para la que tendrá lugar el miércoles veintiuno de enero de dos mil cuatro, a las once horas.»

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

    El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

    Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueba

    Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

    Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano

    Aprobada el acta.


    SENADOR QUE SOLICITA LICENCIA
    La Secretaria diputada Yolanda Guadalupe Valladares Valle:

    «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LIX Legislatura.

    Dip. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.--- Presente.

    Francisco A. Fraile García, senador de la República por el estado de Puebla, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57, 63, segundo párrafo, y 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le manifiesto de manera respetuosa lo siguiente:

    Primero.- Se me conceda licencia del 21 de enero al 21 marzo de 2004, para ausentarme del cargo que he venido desempeñando, en virtud de que he tomado la decisión de participar en el proceso interno de elección de candidato a la gubernatura que llevará a cabo mi partido en el estado de Puebla y que asienta en su reglamento interno.

    Segundo.- Se sirva a realizar los trámites necesarios para aprobar lo solicitado.

    Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

    Atentamente.

    México, DF, a 15 de enero de 2004.--- Sen. Francisco A. Fraile García, (rúbrica).»

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    De conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.

    La Secretaria diputada Yolanda Guadalupe Valladares Valle:

    Está a discusión el siguiente

    Punto de Acuerdo

    Unico. Se concede licencia al senador Francisco A. Fraile García para separarse de sus funciones como senador de la República del 21 de enero al 21 de marzo del presente año.

    No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

    Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

    Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Aprobado. Comuníquese a la Cámara de Senadores

    Antes de que continúe la Secretaría damos la más cordial bienvenida a este recinto legislativo a un grupo de diputados de la LVII Legislatura del honorable Congreso de San Luis Potosí, encabezados por su presidente, diputado profesor Mauricio Leyva Ortiz, acompañado por los ciudadanos diputados Pascual Martínez Martínez, Jorge Arriola Sánchez, Liliana Carvajal Méndez, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Juan Rodríguez Díaz y Manuel Barrera Guillén.

    Muchas gracias por su presencia y les deseamos el mayor de los éxitos en su quehacer parlamentario y político. Bienvenidos.

    Continúe la Secretaría.


    DIPUTADA QUE SOLICITA LICENCIA
    La Secretaria diputada Yolanda Guadalupe Valladares Valle:

    «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

    Diputado Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Comisión Permanente del Primer Año de Sesiones.--- Diciembre 2003-Marzo 2004 de la LIX Legislatura.--- Presente.

    Estimado diputado:

    De conformidad con lo señalado por los artículos 62, 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 47, 48 y 49 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a solicitar que la Comisión Permanente que usted preside tenga a bien concederme licencia para separarme del 22 al 31 de mis funciones como diputada federal, por motivos personales de naturaleza grave.

    Espero contar con la aprobación a la presente solicitud.

    Atentamente.

    Palacio Legislativo, a 19 de enero de 2004.--- Dip. María del Carmen Mendoza Flores (rúbrica).»

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    De conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.

    La Secretaria diputada Yolanda Guadalupe Valladares Valle:

    Está a discusión el siguiente

    Punto de Acuerdo

    Unico. Se concede licencia a la diputada María del Carmen Mendoza Flores para separarse de sus funciones como diputada federal electa en el décimo distrito electoral del estado de Jalisco, del 22 al 31 de enero del presente año.

    No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

    Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

    Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Aprobado. Comuníquese a la Cámara de Diputados.
    ESTADO DE COLIMA
    La Secretaria diputada Marcela Guerra Castillo:

    «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- H. Congreso del Estado de Colima.--- LIV Legislatura.--- 2003-2004.

    Senador Enrique Jackson Ramírez, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.--- México, DF.

    Los diputados integrantes de la Quincuagésima Cuarta Legislatura estatal, en sesión pública ordinaria celebrada el día de hoy, aprobaron un acuerdo presentado por los diputados de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en el que se señala lo siguiente:

    Primero.- Solicitar a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para que en uso de sus facultades intervenga ante las instancias correspondientes y haga llegar nuestra enérgica protesta por los actos ejecutados en nuestro territorio por elementos pertenecientes a la Policía Federal Preventiva dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública, que violaron nuestra soberanía e invadieron funciones y atribuciones que corresponden a los poderes del estado, tomando las medidas pertinentes para que el próximo año que se celebran elecciones en diez estados de la República, no se vuelvan a repetir actos de esta naturaleza que vulneran nuestro régimen constitucional y la división de poderes.

    Segundo.- Se haga llegar este acuerdo a todos los congresos de los estados a fin de que además de sumarse a nuestra protesta, tomen las medidas pertinentes para que llegado el caso, no se vulnere su soberanía ni se invadan facultades que son exclusivas de los poderes estatales, como lo señala la propia Constitución General de la República y su legislación particular.

    Lo que comunicamos a ustedes, en vía de petición y para los efectos de ley correspondientes, anexándole al presente oficio copia del acuerdo correspondiente.

    Atentamente.

    Sufragio Efectivo. No Reelección.

    Colima, Col., 26 de diciembre de 2003.--- Diputados: Luis Avila Aguilar (rúbrica), secretario; Esmeralda Cárdenas Sánchez (rúbrica), secretaria. »

    «C. Diputados Secretarios.--- Presentes.

    Los suscritos, diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LIV Legislatura, en uso de la facultad que nos confieren los artículos 22, fracción I, 82, 83, fracción I, 84, fracción III, y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos para su análisis, discusión y aprobación en su caso, iniciativa de acuerdo, para solicitar la intervención del Senado de la República, a fin de que en uso de sus facultades evite violaciones a la soberanía de los estados e invasión de competencias exclusivas de éstos, fundándonos en los siguientes:

    Considerandos

    Primero.- Que como es del conocimiento público la licenciada María Elena Adriana Ruiz Visfocri, magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del estado, indebidamente y sin existir una justificación real y legal para ello, solicitó al Gobierno Federal le proporcionara seguridad personal a ella y a otro magistrado integrante de dicho Tribunal.

    Segundo.- Que como consecuencia de esa petición, hicieron acto de presencia en nuestra entidad seis elementos de la Policía Federal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública, que estuvieron presentes en la sala de sesiones del Tribunal Electoral del estado, durante la celebración de la sesión el día 24 de diciembre del año en curso, lo cual al no haberlo solicitado el gobernador del estado ni estar basado en ningún acuerdo de coordinación o colaboración, es a todas luces, una flagrante violación a la soberanía del estado y una invasión de facultades que son exclusivas y reservadas para los órganos de gobierno de la entidad.

    Tercero.- Efectivamente, como lo señalan tanto la Constitución Política del estado como el Código Electoral vigente, en materia electoral es una facultad exclusiva el proporcionar seguridad y el apoyo que requieran las autoridades electorales, únicamente al estado, sin que para nada se considere la participación del Gobierno Federal en este tipo de acciones, máxime como en este caso, en que en todo momento el gobierno del estado proporcionó la seguridad necesaria tanto a las instalaciones del Tribunal Electoral como a las personas de los magistrados integrantes del mismo, a petición expresa de la propia magistrada Presidenta, por lo que la autoridad ejecutiva local en todo momento cumplió cabalmente con sus responsabilidades, seguridad que incluso no hubiera sido necesaria, dado que nuestra entidad está considerada como de las más seguras y los colimenses somos una sociedad madura, políticamente informada y confiamos plenamente en las instituciones y en las leyes que rigen en nuestra vida colectiva.

    Cuarto.- Ante esas circunstancias, reprobamos enérgicamente la intromisión de autoridades del orden federal en actos que son de la incumbencia única del estado, lo que indudablemente constituye una violación, reiteramos, a nuestra soberanía y una invasión de facultades reservadas tanto por la Constitución General de la República, la particular del estado y en las leyes que de ellas emanan a los órdenes de gobierno local y pedimos a esta soberanía enviar al Senado de la República, solicitud para que en uso de sus facultades intervenga y condene los actos ejecutados y a la vez, tome las medidas pertinentes para evitar que el próximo año que en diez estados se celebran elecciones locales, se repita este tipo de actuaciones irregulares y violatorias de nuestro orden constitucional por parte de la Secretaría de Seguridad Pública o de cualquier otra autoridad o funcionario federal, para lo cual también pedimos se envíe este acuerdo a los Congresos de los estados para que hagan suyo este planteamiento y vigilen que de ninguna manera se viole la soberanía y se invadan facultades que única y exclusivamente competen a dichas entidades.

    Por lo expuesto, ponemos a la consideración del pleno de esta H. Asamblea, el siguiente

    Acuerdo

    Primero.- Solicitar a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para que en uso de sus facultades intervenga ante las instancias correspondientes y haga llegar nuestra enérgica protesta por los actos ejecutados en nuestro territorio por elementos pertenecientes a la Policía Federal Preventiva dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública, que violaron nuestra soberanía e invadieron funciones y atribuciones que corresponden a los poderes del estado, tomando las medidas pertinentes para que el próximo año que se celebran elecciones en diez estados de la República, no se vuelvan a repetir actos de esta naturaleza que vulneran nuestro régimen constitucional y la división de poderes.

    Segundo.- Se haga llegar este acuerdo a todos los Congresos de los estados a fin de que además de sumarse a nuestra protesta, tomen las medidas pertinentes para que llegado el caso, no se vulnere su soberanía ni se invadan facultades que son exclusivas de los poderes estatales, como lo señala la propia Constitución General de la República y su legislación particular.

    Atentamente.

    Colima, Col., a 26 de diciembre de 2003.--- El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.--- Diputados: Jorge Humberto Silva Ochoa, Hilda Cevallos Llerenas, Jesús Silverio Cavazos Cevallos, Florencio Llamas Acosta, Martín Flores Castañeda, Luis Avila Aguilar, Mario Anguiano Moreno, Juan Carlos Pinto Rodríguez, José Luis Aguirre Campos, Héctor Bautista Vázquez, José Antonio Orozco Sandoval, Carlos Cruz Mendoza, Francisco Palacios Tapia, José Cortés Navarro (rúbricas).»

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores.
    ESTADO DE COAHUILA
    La Secretaria diputada Marcela Guerra Castillo:

    «Escudo.--- Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

    C. Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.--- México, DF.

    En sesión celebrada el 16 de diciembre de 2003, el pleno del Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza, trató lo relativo a una propuesta de punto de acuerdo sobre Ley contra el Bio-terrorismo, la cual fue planteada por el diputado Gregorio Contreras Pacheco, del grupo parlamentario del Partido Unidad Democrática de Coahuila, en los términos que consigna el documento que se acompaña a la presente comunicación.

    Al tratarse este asunto y conforme a lo planteado en dicha propuesta, el pleno del Congreso del estado aprobó un punto de acuerdo mediante el cual se determinó lo siguiente:

    Primero.- Hacer una excitativa, tanto a la Secretaría de Relaciones Exteriores como a la Secretaría de Economía, para que desplieguen la defensa de los intereses nacionales, sobre todo exigiendo que las medidas restrictivas para el libre tránsito de personas y mercancías mexicanas sean de-sechadas.

    Segundo.- Que este punto de acuerdo se comunique tanto a las Legislaturas de los estados de la frontera norte como a las Comisiones de Asuntos Fronterizos de las Cámaras de Diputados y de Senadores.

    Atendiendo a lo establecido en el artículo 109 de la Ley Orgánica de este Congreso y en cumplimiento de lo que se dispone en el apartado segundo de este punto de acuerdo, hacemos de su conocimiento lo anterior, con la solicitud de que este asunto se turne a la Comisión de Asuntos Fronterizos de esa H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.

    Sin otro particular, reiteramos a usted las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

    Sufragio Efectivo. No Reelección.

    ``2003. Año de Don Miguel Hidalgo y Costilla.''

    Saltillo, Coahuila, a 16 de diciembre de 2003.--- El Oficial Mayor del Congreso del Estado, Lic. Prof. Alfonso Martínez Pimentel (rúbrica).»

    «Compañeras diputadas, compañeros diputados:

    Queremos compartir con ustedes nuestra inquietud por la serie de medidas que Estados Unidos a tomado, particularmente en su frontera sur, medidas asumidas a partir del ataque a las torres gemelas pero sobre todo fortalecidas durante el periodo en el que su economía entró en problemas de crecimiento.

    México como país determinó en 1994, asumir las consecuencias de una economía abierta y de un ineludible proceso de globalización de la economía. A tono con esta realidad se estableció el compromiso de firmar el Tratado de Libre Comercio. Así se le daba punto final a una larga etapa en la que el país se encerró en sus cuatro paredes y con el argumento de sustituir las importaciones.

    Esta etapa de sustitución de importaciones que aplicaba el país, coincidía con la existencia de un sistema de gobierno socialista, caracterizado por la planificación de la economía desde un centro, con restricciones fuertes al mercado internacional. Estas dos características signadas por la existencia de casi la mitad del mundo dirigida por la idea del socialismo y por los mercados mexicanos poco abiertos al exterior, se fueron agotando a partir de la década de los sesenta, cuando los intentos por construir una sociedad y una economía abierta se fueron abriendo paso.

    A partir de esas fechas en todo el mundo creció la ola comercialista, se fortalecieron las normas del mercado abierto, de la libre circulación de las mercancías y, con esfuerzos se fue abriendo paso un fenómeno nuevo: la migración.

    El país no sé podía quedar al margen de esta intensa mutación que se deba en el mundo, sobre todo cuando en Europa avanzaba, desde los años sesenta un exitoso plan de urbe comercio representada en la Comunidad Económica Europea.

    Hoy, a diez años de la firma del Tratado de Libre Comercio, documento que tenia el espíritu de apuntalar un proceso abierto de relaciones comerciales, políticas y culturales entre los tres países, podemos señalar que algunos de sus postulados no se han visto cristalizados en la realidad, nos referimos sobre todo a que persiste un intercambio desigual, sobre todo en materia de producción agropecuaria que ha sumido a la agricultura mexicana en una profunda crisis, también porque las restricciones para el libre traslade de las personas, en este caso los mexicanos se han incrementado notablemente, incluso afianzando mecanismos que han puesto en riesgo la vida de miles de connacionales.

    Pero también Estados Unidos ha asumido acuerdos que afectan la relación comercial, nos referimos particularmente a las medidas orientadas a estorbar el paso de los trailers mexicanos, los aranceles a la importación de acero, las revisiones cada vez más lentas para las mercancías que pasan a Estados Unidos y las restricciones fitosanitarias que de hecho, han reducido las ventajas del Tratado de Libre Comercio.

    Si bien es cierto que gracias al tratado en el año 2002 el comercio entre Estados Unidos y México alcanzó la cifra de 232 mil 263 millones de dólares y para los primeros diez meses del año 2003 el volumen del comercio bilateral alcanzó la cifra de 195 mil 458 millones de dólares, cantidad de recursos que ha permitido, indudablemente un fuerte crecimiento de la economía nacional con el correspondiente aspecto de la generación de empleos. Hoy estas ventajas tienden a ser menos atractivas.

    Estados Unidos, país paladín del libre comercio, de la libre circulación de personas e ideas, faceta que levantó durante largos años en su confrontación con los países socialistas, hoy tiende a tomar medidas que contradicen el espíritu de esta libertad, de una economía abierta sé esta convirtiendo en una economía que toma medidas para detener el flujo de mercancías, aunque al mismo tiempo exige que las otras economías se abran a sus inversiones y su comercio.

    Acaba de poner en marcha el Programa de Libre y Seguro Comercio en toda la línea de la frontera con México. Este programa implica el registro y los antecedentes de todos los conductores de tractocamiones de transporte.

    También ustedes saben que acaba de implementar un programa, US visit, le llaman, que establece medidas para monitorear a toda la mayoría de los productores del campo, particularmente los que se integran en el sector social y claramente al margen están los millones de mexicanos que colocados en el nivel de la pobreza extrema.

    Tomando en cuenta estas consideraciones proponemos los siguientes

    Puntos de Acuerdo

    PRIMERO. Que se haga una excitativa tanto a la Secretaría de Relaciones Exteriores como a la Secretaría de Economía, para que desplieguen la defensa de los intereses nacionales, sobre todo exigiendo que estas medidas restric- tivas para el libre tránsito de personas y mercancías mexicanas sean desechadas.

    SEGUNDO. Que este punto de acuerdo se comunique tanto a las legislaturas de los estados de la Frontera Norte como a las comisiones de Asuntos Fronterizos de las cámaras de Diputados y Senadores.

    Saltillo, Coahuila, diciembre 17 de 2003.--- Por el grupo parlamentario Evaristo Pérez Arreola, de Unidad Democrática de Coahuila; coordinador diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera; diputado Gregorio Contreras Pacheco

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores.

    La Secretaria diputada Marcela Guerra Castillo:

    «Escudo.--- Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

    C. Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión Xicoténcatl No. 9, col. Centro, México, DF.

    En sesión celebrada el día 3 de diciembre de 2003, el pleno del Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza, conoció y aprobó el dictamen que se acompaña a esta comunicación, el cual fue presentado por la Comisión de Justicia del propio Congreso, con relación a un punto de acuerdo aprobado por el Congreso del estado de Guerrero, para exhortar al Presidente de la República, a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía Especial para los Movimientos Políticos y Sociales del Pasado, a efecto de que, en el marco de su respectiva competencia constitucional, amplíen y aceleren las acciones encaminadas a esclarecer los acontecimientos del 2 de octubre de 1968.

    Conforme a los términos de dicho dictamen, el Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza, aprobó lo siguiente:

    Primero.- El Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza, se adhiere al acuerdo parlamentario sobre los acontecimientos del 2 de octubre de 1968, emitido por su homólogo del estado de Guerrero; por lo que se exhorta respetuosamente al Presidente de la República, al H. Congreso de la Unión, a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía Especial para los Movimientos Políticos y Sociales del Pasado, a efecto de que, en el marco de su respectiva competencia constitucional, amplíen, profundicen y aceleren las acciones encaminadas a esclarecer los acontecimientos del dos de octubre de mil novecientos sesenta y ocho y se finquen las responsabilidades de ley.

    Segundo.- Comuníquese, para su conocimiento, el presente al H. Congreso del estado de Guerrero y a los Congresos de las demás entidades federativas.

    En atención de lo que se determina en el apartado primero de este dictamen, lo anterior se hace de su conocimiento, para la consideración y los efectos que se estimen procedentes.

    Sin otro particular, reiteramos a usted las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

    ``2003, Año de Don Miguel Hidalgo y Costilla''

    ``Sufragio Efectivo. No Reelección.''

    Saltillo, Coahuila, a 4 de diciembre de 2003.--- El Oficial Mayor del Congreso del Estado, Lic. Profr. Alfonso Martínez Pimentel (rúbrica).»

    «Escudo.--- Congreso del Estado Independiente, Libres y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

    Con fundamento en lo establecido por los artículos 67, fracción XX, de la Constitución Política del estado de Coa-huila de Zaragoza, y los artículos 17, inciso 1, 40, 42, inciso 3, y 84 de la Ley Orgánica del Congreso del estado de Coahuila, la Comisión de Justicia de este honorable Congreso, emite el siguiente dictamen:

    Antecedentes

    1. Con fecha 21 de octubre del año en curso fue turnada a esta Comisión, por el pleno de este H. Congreso del estado la siguiente documentación:

    Oficio signado por el oficial mayor del Congreso del estado, a través del cual remite a esta Comisión, diverso oficio del Congreso del estado de Guerrero, mediante el cual se informa sobre la aprobación de un punto de acuerdo en el que se determinó exhortar al Presidente de la República, a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía Especial para los Movimientos Políticos y Sociales del Pasado, para que en el marco de su competencia constitucional amplíen y aceleren las acciones encaminadas a esclarecer los acontecimientos del 2 de octubre de 1968; disponiéndose, asimismo, su envío a las Legislaturas de los estados, con la solicitud de que se adhieran al mismo.

    2. Anexo al oficio citado se recibieron copias simples de los siguientes documentos:

    a) Oficio numero OM/1344/2003, signado por el oficial mayor del Congreso del estado de Guerrero, a través del cual se hace del conocimiento de este H. Congreso del estado de Coahuila, el acuerdo parlamentario sobre los acontecimientos del 2 de octubre de 1968, aprobado en sesión celebrada en fecha 1 de octubre del año en curso.

    b) Acuerdo parlamentario sobre los acontecimientos del 2 de octubre de 1968.

    (sic) respetuosamente al Presidente de la República, al honorable Congreso de la Unión, a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía Especial para los Movimientos Políticos y sociales del Pasado, para que en el marco de su competencia constitucional, amplíen, profundicen y aceleren las acciones encaminadas a esclarecer los acontecimientos del dos de octubre de mil novecientos sesenta y ocho y se finquen las responsabilidades de ley.

    Segundo. Comuníquese, para su conocimiento, el presente, al H. Congreso del Estado de Guerrero y a los Congresos de las demás entidades federativas.

    Atentamente.

    Saltillo, Coahuila, a 27 de noviembre del 2003.--- Diputados: Jesús de León Tello (rúbrica), coordinador; Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Jesús Mario Flores Garza (rúbrica), Carlos Tamez Cuéllar (rúbrica), Miguel Felipe Mery Ayup (rúbrica), Gabriel Ramos Rivera (rúbrica), Luis F. Salazar Fernández, Ramón Díaz Avila (rúbrica), María B. Granillo Vázquez

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores.

    La Secretaria diputada Marcela Guerra Castillo:

    «Escudo.--- Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

    C. Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.--- México, DF.

    En sesión celebrada el día 3 de diciembre de 2003, el pleno del Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza, conoció y aprobó el dictamen que se acompaña a esta comunicación, el cual fue presentado por la Comisión de Justicia del propio Congreso, con relación a un acuerdo aprobado por el Congreso del estado de Jalisco, para solicitar al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión, que se reconsidere la modificación del fideicomiso creado para atender a los ahorradores defraudados por diversas cajas populares, a fin de que los ciudadanos ahorradores de otras cajas populares que no fueron considerados en dicho fideicomiso, sean tomados en cuenta en un nuevo programa gubernamental.

    Conforme a los términos de dicho dictamen, el Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza, aprobó lo siguiente:

    Primero.- El Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza, comparte el criterio y la preocupación del H. Congreso del estado de Jalisco, por los razonamientos expuestos en los considerandos del presente documento, por lo que se pronuncia a favor de solicitar al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión, se busquen nuevos cauces legales para resolver la problemática de ahorradores defraudados en las cajas populares del país que aún no haya sido beneficiados con el fideicomiso.

    Segundo.- Comuníquese, para su conocimiento, al H. Congreso del estado de Jalisco y los demás Congresos del país.

    En atención de lo que se determina en el apartado primero de este dictamen, lo anterior se hace de su conocimiento, para la consideración y los efectos que se estimen procedentes.

    Sin otro particular, reiteramos a usted las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

    Sufragio Efectivo. No Reelección.

    ``2003. Año de Don Miguel Hidalgo y Costilla.''

    Saltillo, Coahuila, a 4 de diciembre del año 2003.--- El Oficial Mayor del Congreso del Estado, Lic. Profr. Alfonso Martínez Pimentel (rúbrica).»

    «Escudo.--- Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

    Con fundamento en lo establecido por los artículos 67, fracción XX, de la Constitución Política del estado de Coa-huila de Zaragoza, y los artículos 17, inciso 1, 40, 42, inciso 3, y 84 de la Ley Orgánica del Congreso del estado de Coahuila, la Comisión de Justicia de este honorable Congreso emite el siguiente de dictamen.

    Antecedentes

    1. Con fecha 21 de octubre del año en curso fue turnada a esta Comisión, por el pleno de este H. Congreso del estado la siguiente documentación:

    Oficio del C. oficial mayor del Congreso del estado de Coa-huila de Zaragoza a través del cual turna diverso oficio del Congreso del estado de Jalisco, mediante el cual se informa sobre la aprobación de un acuerdo en el que se determinó solicitar al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión, que se reconsidere la modificación del fideicomiso creado para atender a los ahorradores defraudados por diversas cajas populares, a fin de que los ciudadanos ahorradores de otras cajas populares que no fueron considerados en dicho fideicomiso, sean tomados en cuenta en un nuevo programa gubernamental, disponiéndose, así mismo, su envío a las Legislaturas de los estados, con la solicitud de que se adhieran al mismo.

    2. Anexo al oficio citado se recibieron copias simples de los siguientes documentos:

    a) Oficio DPL 2093-LVI, signado por el oficial mayor del H. Congreso del estado de Jalisco a través del cual señala que la Quincuagésima Sexta Legislatura del honorable Congreso del estado de Jalisco, aprobó el acuerdo económico número 1068/03 del que se anexa copia, mediante el cual solicita atentamente realicen un pronunciamiento para apoyar la propuesta de solución en forma legal, a la problemática de ahorradores defraudados de las cajas populares en el país.

    b) Copia simple del referido acuerdo económico.

    3. Que el Ejecutivo Federal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de diciembre del año 2000, emitió la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y Apoyo a sus Ahorradores.

    4. Que en fecha posterior y a iniciativa de diversos diputados de la Cámara en mención, se realizó un nuevo dictamen, el cual concluyó, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación, que en fecha 30 de diciembre del año 2002 realizó el Ejecutivo Federal, de un decreto que reforma, adiciona y deroga, diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y Apoyo a sus Ahorradores.

    Considerandos

    Primero.- Que el problema planteado no es privativo del estado de Jalisco, ya que los ciudadanos afectados o defraudados por las llamadas ``cajas de ahorro'' residen en todo el territorio nacional, con lo cual dicha situación cobra relevancia y desborda los límites de los estados.

    Segundo.- Que como ha quedado previamente establecido y a pesar de los esfuerzos realizados por el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo en conjunto, aún no ha sido posible el resarcir al total de los afectados, por lo que subsiste la preocupación por resolver la situación de miles de ahorradores de la República Mexicana que vieron mermado su patrimonio a raíz de los quebrantos y fraudes sufridos en sus cajas.

    Tercero.- En atención a lo anterior se encuentra latente el buscar soluciones de fondo para abatir la problemática que siguen enfrentado las familias de los ahorradores de las diversas figuras que operan el ahorro y crédito popular, y las cuales han sufrido diferentes tipos de quebrantos en su patrimonio.

    De la misma forma, buscan dar solución a aquellos ahorradores que no han sido beneficiados con la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, en virtud de los requisitos y alcances planteados en el mismo ordenamiento.

    Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 84 de la Ley Orgánica del Congreso, la Comisión de Justicia propone al pleno del Congreso del estado, el siguiente

    Dictamen

    Primero.- El Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza, comparte el criterio y la preocupación del H. Congreso del estado de Jalisco, por los razonamientos expuestos en los considerandos del presente documento, por lo que se pronuncia a favor de solicitar al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión se busquen nuevos cauces legales para resolver la problemática de ahorradores defraudados en las cajas populares del país que aún no hayan sido beneficiados con el fideicomiso.

    Segundo.- Comuníquese, para su conocimiento, al H. Congreso del estado de Jalisco y los demás Congresos del país.

    Atentamente.

    Saltillo, Coah., a 27 de noviembre de 2003.--- Diputados: Jesús de León Tello (rúbrica), coordinador; Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Jesús Mario Flores Garza (rúbrica), Carlos Tamez Cuéllar (rúbrica), Miguel Felipe Mery Ayup (rúbrica), Gabriel Ramos Rivera (rúbrica), Luis F. Salazar Fernández, Ramón Díaz Avila (rúbrica), María B. Granillo Vázquez

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.
    ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
    La Secretaria diputada Marcela Guerra Castillo:

    «Escudo.--- H. Congreso del Estado de Baja California Sur.--- X Legislatura.

    CC. Diputados Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.---Presentes.

    Distinguidos señores secretarios:

    Con fundamento en los artículos 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 64, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, esta soberanía estatal se permite elevar a la consideración del Pleno de esa soberanía nacional, iniciativa con proyecto de decreto a efecto de que se declare:

    ``2004, Trigésimo Aniversario de la Creación de los Estados de Baja California Sur y Quintana Roo'', y se inscriba la leyenda en los documentos oficiales de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Federación, y de los estados de la República, así como en la de sus respectivos organismos públicos autónomos y descentralizados, y ayuntamientos locales.

    Al tenor de la siguiente:

    EXPOSICION DE MOTIVOS

    El 8 de octubre de 1974 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto con el cual se incorporaron como entidades federativas los hasta entonces territorios de Baja California Sur y Quintana Roo y ambos alcanzaran el estatus político y administrativo con que contaban el resto de los estados de la República Mexicana.

    Con dicha resolución se atendió una serie de reclamos históricos que los sudcalifornianos y quintanarroenses habían planteado en diferentes momentos y de diversa manera, que se remontaban al surgimiento mismo de nuestro país como nación libre e independiente, en 1824. Desde ese tiempo, los habitantes de lo que hoy constituyen los estados de Baja California Sur y Quintana Roo plantearon a la autoridad nacional la solicitud de erigirse en estados libres y soberanos, pero diversas circunstancias, entre ellas la de contar con población insuficiente en número y con escasos recursos económicos y materiales para satisfacer sus necesidades, impidieron el anhelo de darse un gobierno propio que impulsara el desarrollo local y participar en forma más activa en el desarrollo nacional.

    Desde la creación de la República Mexicana en 1824, hasta el momento de la publicación del referido decreto, los hoy estados de Baja California Sur y Quintana Roo recibieron distintas formas de reconocimiento constitucional, ya que en el caso de Baja California Sur se le adscribió al territorio de la Antigua California, al Departamento de la Baja California, al territorio de la Baja California y como Territorio Sur de la Baja California; mientras que, en el caso de Quintana Roo pasó por ser territorio, estado, circunscripción integrante del estado de Yucatán y territorio de Quintana Roo.

    Aún con las formas otorgadas por las diferentes Constituciones Políticas de nuestro país, en ningún momento los sudcalifornianos y quintanarroenses dejaron de contribuir en la vida política, económica y social nacional, y mucho menos abandonaron la aspiración por constituirse en entidades federativas, pero adquiriendo cada vez una mayor dinámica social para autosostenerse en un futuro cercano.

    Es importante recordar que, ante lo estipulado en la fracción II del artículo 73 de la Constitución expedida en 1917, que señalaba que los territorios sólo podrían dejar esta condición si contaban con una población superior al número de ochenta mil habitantes y con los recursos suficientes para su propio desarrollo social y económico, es a partir de la década de 1960 cuando ambos territorios iniciaron su despegue para cumplir plenamente con tales requisitos. Así, por ejemplo, para 1973, ambos territorios contaban con una población alrededor de los ciento cincuenta mil habitantes apoyados en crecientes actividades agropecuarias, pesqueras, industriales y turísticas, así como con una infraestructura material amplia y en aumento.

    Con ello, el 2 de septiembre de 1973, el entonces presidente de la República, licenciado Luis Echeverría Alvarez, promovió ante el honorable Congreso de la Unión una iniciativa a efecto de reformar diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el propósito de erigir los estados de Baja California Sur y Quintana Roo y preparar la instalación de las instituciones propias de una entidad federativa. Entre las consideraciones que sustentaron dicha iniciativa, una fue la que sintetizó a cabalidad la reforma constitucional, al indicar que ``hoy día, los territorios de la Baja California Sur y de Quintana Roo han alcanzado, con perceptible suficiencia, la madurez política y económica y el desarrollo demográfico necesario para la calidad de estados federados.''

    Con la propuesta del presidente Luis Echeverría inició el proceso legislativo que, durante un año, analizó y discutió la referida iniciativa y que concluyó con la decisión del Constituyente Permanente de aceptar a Baja California Sur y Quintana Roo como entidades federativas, y el respectivo decreto que se publicó, como ya se hizo mención, el 8 de octubre de 1974.

    A partir de entonces, en las nuevas entidades se sucedieron diversas etapas para constituir las instituciones básicas de la vida democrática de nuestro país, concluyendo, entre otras, con la puesta en marcha de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como de ayuntamientos electos por los ciudadanos sudcalifornianos y quintanarroenses, en cada caso.

    Así, y a lo largo de casi tres décadas, los estados de Baja California Sur y Quintana Roo forman parte del Pacto Federal con dinámicas propias y contribuyen al engrandecimiento de la nación mexicana con singulares esfuerzos y con un fuerte ímpetu democrático.

    Por lo anteriormente expuesto, y con el ánimo de recordar tan trascendente fecha en la vida de los habitantes de Baja California Sur y de Quintana Roo, así como con el propósito de preservar la memoria histórica de los sudcalifornianos y quintanarroenses, en particular, y de los mexicanos, en general, nos permitimos someter a su consideración la siguiente

    Iniciativa con proyecto de decreto con el que se declara ``2004, Trigésimo Aniversario de la Creación de los Estados de Baja California Sur y Quintana Roo.''

    Artículo Unico.- Se declara ``2004, Trigésimo Aniversario de la Creación de los Estados de Baja California Sur y Quintana Roo,'' y se inscriba la leyenda en los documentos oficiales de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Federación de los estados de la República, así como en la de sus respectivos organismos públicos autónomos y descentralizados, y ayuntamientos locales.

    Artículo Transitorio

    Unico.- El presente decreto surtirá efectos a partir del día siguiente del de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

    Sin otro particular, reiteramos nuestras más altas consideraciones.

    Atentamente.

    ``2003. Año de don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''

    Dado en la Sala de Sesiones del Poder Legislativo del estado de Baja California Sur, a los 11 días del mes de diciembre del año dos mil tres.--- Diputada Clara Rojas Contreras (rúbrica) Presidenta; diputado Sergio Ygnacio Bojórquez Blanco (rúbrica), Secretario.»

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados
    LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES
    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Tiene el uso de la palabra la diputada Consuelo Muro Urista, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.

    La diputada Consuelo Muro Urista:

    Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

    En ejercicio de lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el artículo 55, fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. Esta es producto del trabajo de las diputadas federales integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, destacando la Presidenta de la Comisión de Equidad y Género, Gastelum Bajo Diva Hadamira, y de manera especial, la dirigente de las mujeres del PRI, Ponce Beltrán, Estela de Jesús, al tenor de la siguiente

    Exposición de Motivos

    México en los últimos años ha sufrido grandes transformaciones económicas, políticas y sociales que han impactado de manera diferente a las mujeres y a los hombres.

    Las mujeres hemos logrado avances significativos en todos los ámbitos. Sin embargo, todavía persisten en nuestra sociedad esquemas discriminatorios que expresan iniquidades hacia las mujeres, como son: el acceso e influencia de las esferas con poder de decisión en el acceso y control de los procesos productivos y sociales, en la distribución del trabajo doméstico y de las responsabilidades familiares en el deterioro de la seguridad de las mujeres, en la creciente violencia hacia ellas y en la falta de respeto a sus derechos humanos.

    En congruencia con lo anterior, México se ha comprometido con diferentes instrumentos internacionales desde la Carta de las Naciones Unidas en California de 1945 hasta la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres en 1979 y su protocolo facultativo.

    En estos instrumentos se expresa, entre otras acciones, que se comprometen a crear el mecanismo institucional apropiado, con recursos y autoridad suficiente y al más alto nivel de gobierno, para asegurar que el más amplio rango de políticas y programas de desarrollo en todos los sectores reconozca la contribución de las mujeres al desarrollo y a la construcción de la democracia en el país.

    Bajo esta premisa fue creado el Programa Nacional de las Mujeres, después la Comisión Nacional de la Mujer con atribuciones definidas, con disponibilidad de recursos y con capacidades y competencias que le permita influir desde las perspectivas de género en las políticas públicas nacionales, con autonomía y capacidad de gestión. Y finalmente se crea el Instituto Nacional de las Mujeres en el mes de enero de 2001.

    A tres años de su vigencia la ley ha mostrado insuficiencias para el cumplimiento de sus propósitos y vacíos legales que impiden su ineficaz trabajo. Una de las reformas trascendentes de la presente iniciativa es la relativa a la integración y funcionamiento de la Junta de Gobierno del Instituto, que señala de manera más explícita la calidad de funciones y alcance de las atribuciones de este importante órgano de gobierno interno del instituto. De hecho se establece expresamente que la Junta de Gobierno será el máximo órgano de gobierno del propio instituto que el mismo, será el encargado de definir, dirigir, supervisar, evaluar y controlar las actividades a cargo del instituto. Se propone integrar una Junta de Gobierno plural en cuanto a sus integrantes, en donde la representatividad de la sociedad civil y las instancias gubernamentales es paritaria.

    Una adición importante en la presente iniciativa es que se incluye en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lo que ha venido siendo demandada por la sociedad civil. Por otro lado, se integra a la totalidad de las consejeras de los consejos consultivos y social como vocales propietarias en un número de nueve, respectivamente, para cada consejo; lo que arroja un total de 18 titulares de las dependencias de la administración pública que pasarán también a formar parte de la junta.

    Conforme a la legislación actual solamente ocho de tales consejeras pueden incorporarse en calidad de vocales propietarias a dicho órgano de gobierno del instituto.

    En resumen, en la nueva propuesta el total de integrantes de la junta será de 36 miembros, incluyendo a la Presidencia del mismo instituto a no contemplarse la presencia de las y los representantes invitados señalados en la fracción III del artículo 12 de la ley en comento, a quienes se hará referencia en las líneas siguientes.

    Efectivamente, la propuesta que ahora se somete a la consideración de esta representación pretende la integración de los miembros de la Junta de Gobierno al desaparecer esta propuesta las representaciones de los Poderes Legislativo y Judicial.

    No se considera necesaria la inclusión de las y los representantes del Poder Legislativo. Su inclusión en su momento obedeció a criterios de seguimiento durante las primeras etapas de vida del instituto, pero una vez que se ha consolidado no se considera necesario contar con la inclusión de representantes del Poder Legislativo dentro de la Junta de Gobierno de este organismo.

    Igual consideración se hace respecto de los representantes del Poder Judicial. En ambos casos la propuesta se hace en consonancia con el espíritu de un auténtico equilibrio de poderes de la Federación, lo que además habrá de redundar en una mayor autonomía e independencia del instituto.

    La propuesta aspira a delimitar a los órganos de la administración del instituto. En la actual ley erróneamente se incluía dentro de la categoría de los consejos consultivos y social, lo que corregimos para ahora manejarlos como órganos auxiliares.

    Coadyuvantes de consulta y asesoría en su lugar, se propone que dentro de los órganos de administración a la Secretaría Técnica y Prosecretaría, que habrán de coadyuvar a la adecuada coordinación de los diferentes órganos de decisión y de administración que contempla la ley para regular la vida del instituto.

    Por último, dentro de las reformas a que se refiere este numeral, se ha incluido dentro de la categoría de órganos de la administración a la figura de los comisarios públicos, que serán acreditados dentro de la estructura administrativa del instituto conforme a los procedimientos legales aplicables, quienes cumplirán con la importante función de vigilancia en el manejo y destino de los recursos públicos a cargo del instituto.

    En el caso de los requisitos para poder aspirar a ocupar la Presidencia del instituto, se ha mejorado. Dentro de las facultades de la Presidencia señaladas en el artículo 16 de la ley vigente, se propone adicionar dentro de las mencionadas en la fracción X, el que él o la titular de la Presidencia proponga la designación o la remoción, en su caso, de la Secretaría Técnica y la Prosecretaría.

    Asimismo, se califica el procedimiento bajo el cual la Junta de Gobierno conformará la terna de aspirantes a ocupar la Presidencia del instituto, señalando los supuestos de unanimidad o de mayoría que habrán de seguirse para la integración de dicha terna.

    Por su parte, en el artículo 18 de la ley, que corresponde con el mismo numeral de la nueva propuesta, se señala con una mayor claridad que el o la Presidenta del instituto presidirá asimismo la Junta de Gobierno hasta por un periodo de tres años, prorrogables por otros tres mediante propuesta de la propia junta, siguiendo los mismos criterios que señala la ley para la integración de la terna.

    De igual manera queda clarificado el procedimiento para las sustituciones de las consejeras de ambos consejos y para su ratificación por un periodo más.

    Se propone incluir un capítulo específico, el Capítulo V, con el fin de establecer a las atribuciones y formas de designación de la Secretaría Técnica y la Prosecretaría del instituto. Como se ha mencionado anteriormente, en esta propuesta se propone crear estas dos instancias.

    Por último, en el Capítulo VI, se reglamenta lo relativo a los consejos Consultivo y Social, se propone fijar el número de integrantes de ambos consejos en nueve consejeras, con el fin de incluirlos en su totalidad dentro de la Junta de Gobierno, pues actualmente sólo ocho del total de integrantes de cada Consejo forma parte de dicho órgano de gobierno, lo que ha producido una situación poco deseable, al contar con consejeras que son miembros de la Junta y consejeras que no lo son, lo que afecta sensiblemente el funcionamiento y coordinación de los trabajos de ambos consejos.

    En resumen, las reformas y adiciones que se presentan son sólo parte de un esfuerzo por corregir y dar cumplimiento a la aspiración de las mujeres en México, de contar con un mecanismo institucional que permita desde las esferas del poder la participación de las mujeres en todos los ámbitos y realizar la reforma del Estado que el país requiere.

    Por lo anteriormente expuesto y fundado, ponemos a consideración de esta representación, las siguientes reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, ...

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Se le ha agotado el tiempo diputada.

    La diputada Consuelo Muro Urista:

    ...mismo que solicito se publique íntegramente en la Gaceta Parlamentaria.

    Concluyo, señor Presidente.

    «Iniciativa que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, a cargo de la diputada Consuelo Muro Urista, del grupo parlamentario del PRI.

    La suscrita diputada, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, bajo la siguiente

    Exposición de Motivos

    México en los últimos años ha sufrido grandes transformaciones económicas, políticas y sociales, que han impactado de manera diferente a las mujeres y a los hombres.

    Las mujeres hemos logrado avances significativos en todos los ámbitos, sin embargo, todavía persisten en nuestra sociedad esquemas discriminatorios que expresan inequidades hacia las mujeres, como son el acceso e influencia en las esferas con poder de decisión, en el acceso y control de los procesos productivos y familiares, en el deterioro de la seguridad de las mujeres, en la creciente violencia hacia ellas y en la falta de respeto a sus derechos humanos.

    En respuesta a lo anterior México se ha comprometido con diferentes instrumentos internacionales como son, entre otros: la Carta de las Naciones Unidas (California, 1945); la Declaración de los Derechos Humanos (París, 1948); la Convención Sobre Derechos Políticos de la Mujer (ONU, 1952); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU, 1966); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU, 1966); la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993); Plataforma de Acción (Beijing, 1995); la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres ( Belém Do Pará, 1996); la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres (ONU, 1979) y su Protocolo Facultativo (Senado de la República Mexicana, 2001), para garantizar a las mujeres el pleno ejercicio de la ciudadanía, de sus derechos humanos y de su inclusión como agentes protagónicos del desarrollo, cimentado las bases para una sociedad más justa, equitativa y democrática.

    En estos instrumentos se expresa que los Estados parte, entre otras acciones se comprometen a crear el mecanismo institucional apropiado, con recursos y autoridad suficiente y al más alto nivel de gobierno, para asegurar que el más amplio rango de políticas y programas de desarrollo en todos los sectores reconozca la contribución de las mujeres al desarrollo y a la construcción de la democracia en el país.

    Bajo esta premisa fue creado el Programa Nacional de la Mujer y posteriormente la Comisión Nacional de la Mujer. Para dar vigencia al compromiso nacional e internacional de fortalecer el mecanismo institucional en nuestro país para el adelanto de las mujeres y para lograr colocarlo en los más altos niveles del Gobierno, con atribuciones definidas, con disponibilidad de recursos y con capacidad y competencia para influir desde la perspectiva de género en las políticas públicas nacionales, con autonomía y capacidad de gestión; así se crea el Instituto Nacional de las Mujeres mediante decreto de ley que fue publicado en el mes de enero del año 2001.

    A tres años de su aplicación por el Ejecutivo Federal de dicho ordenamiento y siempre con el ánimo de mejorar el marco legal que favorezca el avance por la equidad y los mecanismos que coadyuven a ello, y toda vez que la ley que creó el Instituto Nacional de las Mujeres ha mostrado insuficiencias para el cumplimiento de sus propósitos, vacíos legales que impiden su eficaz trabajo, como son: los mecanismos de trabajo de los Consejos Consultivo y Social; criterios para la designación y remoción de funcionarias y funcionarios; sobre la ratificación de la Presidencia; sobre atribuciones y clasificación indebida de las consejeras en categorías de vocales propietarias, y de simplemente consejeras; el ejercicio de funciones de las invitadas permanentes que no son ámbito de su competencia; la falta de claridad del carácter colegiado de la Junta de Gobierno; y la falta de claridad de la forma en que las consejeras podrán ser suplidas, los tiempos y la transparencia en sus funciones, obligaciones y su relación institucional y de interlocución con la sociedad civil.

    Una de las reformas más trascendentes de la presente iniciativa es la relativa a la integración y funcionamiento de la Junta de Gobierno del Instituto, contenida en el numeral 12 de la ley, correspondiente al mismo numeral en la nueva propuesta. En ella, se inicia por señalar de manera más explícita, la calidad, funciones y alcance de las atribuciones de este importante órgano de gobierno interior del Instituto. De hecho se señala expresamente -algo que no señala la ley vigente- que la Junta de Gobierno será el máximo órgano de gobierno del propio Instituto, señalándose asimismo, que el mismo será el encargado de fijar, dirigir, supervisar, evaluar y controlar las actividades a cargo del Instituto.

    En esta misma materia, en la nueva propuesta se aborda el tema relativo a la integración de la Junta de Gobierno. Se propone integrar una Junta de Gobierno plural en cuanto a sus integrantes, en donde la representatividad de la sociedad civil y las instancias gubernamentales es paritaria, lo que hace que no se pierda el origen del propio Instituto.

    Una adición importante que se hace en la presente iniciativa es que se incluye a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como un organismo autónomo, cuya inclusión ha venido siendo demandada por la sociedad civil, como parte sustantiva para la protección de los derechos humanos de las mujeres.

    Por otro lado, se integran la totalidad de las consejeras de los Consejos Consultivo y Social como vocales propietarias, en un número de 9 respectivamente para cada Consejo, lo que arroja un total de 18 titulares de las dependencias de la administración pública, que pasarán también a formar parte de la Junta. Conforme a la legislación actual, solamente 8 de tales consejeras pueden incorporarse en calidad de vocales propietarias a dicho órgano de gobierno del Instituto.

    En resumen, en la nueva propuesta, el total de integrantes de la Junta será de 36 miembros incluyendo a la Presidencia del mismo Instituto al no contemplarse la presencia de las y los representantes invitados permanentes señalados en la fracción III del artículo 12 de la ley en comento a quienes se hará referencia en las líneas siguientes.

    Efectivamente, la propuesta que ahora se somete a la consideración de las diputadas y diputados ha modificado la integración de los miembros de la Junta de Gobierno, al desaparecer en la nueva propuesta las representaciones de los Poderes Legislativo y Judicial.

    No se considera necesaria la inclusión de las y los representantes del Poder Legislativo, por tener ellas y ellos las facultades constitucionales y legales suficientes que les permiten en cualquier momento, y como parte fundamental de su labor, el solicitar informes periódicos y evaluar la marcha de los distintos ramos de la Administración Pública Federal, de ahí que no se considere necesaria su presencia dentro de un órgano de gobierno que al mismo tiempo están facultados para fiscalizar.

    Su inclusión en su momento obedeció a criterios de seguimiento, durante las primeras etapas de vida del Instituto, una vez que esta ley fue aprobada por primera vez, pero una vez que el Instituto ya ha sido creado y una vez que la ley ha entrado en vigor prácticamente en todos sus apartados, no se considera necesario contar con representantes dentro de la Junta de Gobierno de este organismo.

    Por otro lado, la exclusión de representantes del Poder Judicial en la nueva propuesta obedece a criterios de especialización, y de estricta división de poderes, pues con ello se garantiza que se respete este importante principio en las tareas de ejercicio del poder público. El Poder Judicial tiene a su cargo funciones muy específicas, como lo es precisamente la impartición de justicia, y aunque el reclamo de justicia se ha constituido en parte importante de los temas de género, sobre todo a raíz del agravamiento de la violencia en todas sus formas en contra de las mujeres, la misión de atender esta delicada problemática, recae estrictamente en los órganos encargados de administrar e impartir justicia, más que en el propio, de ahí que en la nueva reglamentación se haya propuesto la desaparición de los representantes del Poder Judicial.

    En ambos casos, es decir, en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, la eliminación de los representantes, se propone en consonancia con el espíritu de un auténtico equilibrio de poderes de la Federación, que habrá de redundar en una mayor autonomía e independencia del Instituto para decidir su propio destino, y estar mejor preparado para cumplir las metas y objetivos para los que ha sido creado, que es lograr una vida más justa, igualitaria y equitativa en la que las mexicanas y los mexicanos gocen de igualdad de derechos y de acceso a las oportunidades del desarrollo.

    Otra de las reformas propuestas tiene que ver con una mejor reglamentación de aquellos artículos que en la propia ley se refieren a la administración del Instituto. En la nueva propuesta se aspira a delimitar a los órganos de administración de dicho órgano. Así por ejemplo, en la actual ley, erróneamente se incluía dentro de tal categoría a los Consejos Consultivo y Social, lo que de acuerdo con la nueva propuesta se corrige por no ser en estricto sentido ambas instancias, órganos de administración, sino órganos auxiliares, coadyuvantes, de consulta y asesoría.

    En su lugar, han sido incluidas dentro de los órganos de administración la Secretaria Técnica y la Prosecretaria. La existencia y carácter bajo el que subsistirán dentro de la presente ley, los consejos consultivo y social, se señala en párrafo aparte, por considerarse técnicamente más adecuado.

    Por último, dentro de las reformas a que se refiere este numeral, se ha incluido dentro de esta categoría de órganos de administración a la figura de los comisarios públicos, que serán acreditados dentro de la estructura administrativa del Instituto, a los procedimientos legales aplicables, quienes cumplirán con la importante función de adecuada vigilancia en el manejo y destino de los recursos públicos a cargo del propio Instituto.

    Otra de las mejoras legales que se ha propuesto en esta iniciativa tiene que ver con las facultades de la Junta de Gobierno, que incluye ahora la posibilidad de proponer la designación y la remoción de la Secretaria Ejecutiva, de la Secretaria Técnica y de la Prosecretaria del propio Instituto, mediante propuesta que haga la Presidencia del propio Instituto (fracción IX del artículo 13 de la ley actualmente vigente y que corresponde al mismo numeral en la nueva propuesta).

    En el caso de los requisitos para poder aspirar a ocupar la Presidencia del Instituto se ha mejorado sólo la redacción del artículo, al ser un tanto ambigua la redacción actual, aunque los requisitos permanecen sin cambio.

    Dentro de las facultades de la Presidencia, contenidas en el artículo 16 de la ley vigente, se propone adicionar dentro de las mencionadas en la fracción X, el que el o la titular de la Presidencia proponga la designación o la remoción en su caso de la Secretaria Técnica y la Prosecretaria, cargos ambos que se propone incorporar dentro de esta iniciativa.

    Asimismo, se clarifica el procedimiento bajo el cual la Junta de Gobierno conformará la terna de aspirantes a ocupar la Presidencia del Instituto, señalando los supuestos de unanimidad o de mayoría que habrán de seguirse para la integración de dicha terna (artículo 17 de la ley). Por su parte en el artículo 18 de la ley, que corresponde con el mismo numeral de la nueva propuesta, se señala con una mayor claridad que el o la Presidenta del Instituto presidirá asimismo la Junta de Gobierno, hasta por un periodo de tres años, prorrogables por otros tres mediante propuesta de la propia Junta, siguiendo los mismos criterios que señala la ley para la integración de la terna, es decir, mediante consenso o mediante acuerdo de las tres quintas partes de sus integrantes.

    De igual manera queda clarificado el procedimiento para las sustituciones de las consejeras de ambos consejos y para su ratificación en un periodo más.

    Se ha propuesto además incluir un capítulo específico dentro de la ley, el Capítulo V, que contiene la reglamentación general (atribuciones, formas de designación) de la Secretaria Técnica y la Prosecretaria del Instituto. Como se ha mencionado anteriormente, en esta propuesta se propone crear estas dos instancias, que habrán de coadyuvar a la adecuada organización de los diferentes órganos de decisión y de administración que contempla la ley para regular la vida del Instituto.

    Estas dos instancias habrán de coadyuvar a lograr una adecuada vinculación de los órganos típicamente administrativos del Instituto, con los organismos colegiados que la propia ley contempla, de manera especial dentro de la Junta de Gobierno, donde la Secretaria Técnica y la Prosecretaria cumplirán funciones muy importantes.

    Por último, en el Capítulo VI se reglamenta lo relativo a los Consejos Consultivo y Social. En la nueva propuesta se propone fijar el número de integrantes de ambos consejos en 9 consejeras, con el fin de incluirlos en su totalidad dentro de la Junta de Gobierno, pues actualmente solamente 8 del total de integrantes de cada Consejo forma parte de dicho órgano de gobierno, lo que ha producido una situación poco deseable al contar con consejeras que son miembros de la Junta y consejeras que no lo son, lo que afecta sensiblemente el funcionamiento y coordinación de los trabajos de ambos consejos.

    En resumen, las reformas y adiciones que se presentan son sólo parte de un camino por corregir para dar cumplimiento a la aspiración de las mujeres de México, de contar con un mecanismo institucional que permita desde las esferas del poder la participación de las mujeres en todos los ámbitos y realizar la reforma del Estado que el país requiere.

    Por lo anteriormente expuesto y fundado, ponemos a consideración de esta honorable Cámara la siguiente

    Iniciativa con proyecto de decreto que reforma adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres

    Artículo Primero: Se reforman los artículos 9, 10, 12, fracciones II y III, 13, 15, fracción X, 17 y 18.

    Artículo 9.- El Instituto Nacional de las Mujeres se integrarán con una Junta de Gobierno, una Presidencia, una Secretaría Ejecutiva, una Secretaría Técnica, una Prosecretaría, y las estructuras administrativas que establezca el Estatuto Orgánico.

    Artículo 10.- El Instituto contará con los siguientes órganos de administración:

    I. ...

    II. ...

    III. ...

    IV. Secretaría Técnica

    V. Prosecretaría

    VI. ..

    VII. Comisarios Públicos

    Para la adecuada administración del Instituto, éste contará con dos órganos auxiliares de carácter honorífico, de consulta y asesoría técnica, que serán: el Consejo Consultivo y el Consejo Social, cuyas facultades y atribuciones, así como forma de integración se ajustarán a las disposiciones previstas en la presente ley.

    Artículo 11.- ...

    Artículo 12.- La Junta de Gobierno es el máximo órgano de administración del Instituto, encargado de fijar, dirigir, supervisar, evaluar y controlar las actividades a cargo de esta entidad, y estará integrada por:

    I. ...

    II. ...

    a) Las y los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal:

    -

    -

    -

    - Comisión Nacional de Derechos Humanos.

    b) Las 9 Consejeras integrantes del Consejo Consultivo y las 9 Consejeras del Consejo Social, quienes podrán asumir su responsabilidad dentro de la propia Junta, por un periodo de tres años. En ambos casos y supuestos a que hacen referencia los incisos y párrafos del presente artículo, se procurará siempre que sean tomadas en consideración, para su respectiva incorporación a la Junta de Gobierno, a mujeres, ciudadanas mexicanas, en pleno ejercicio de sus derechos, que provengan de organizaciones sindicales, campesinas, no gubernamentales, empresariales, profesoras e investigadoras, representativas de la docencia investigación de instituciones públicas, profesionistas, empleadas, maestras y en general, mujeres representativas de los diferentes sectores de la sociedad en los términos a que hacen referencia los artículos 25 y 27 de esta ley.

    III. Se deroga

    La Junta ...........

    En la primera... (se deroga el párrafo)

    Las y los integrantes de la Junta de Gobierno que señala el inciso a) de la fracción II del presente artículo, podrán ser suplidos por los representantes que a efecto designen, los cuales deben ser de nivel administrativo inmediato inferior al que ocupen las y los vocales titulares, en reuniones ordinarias y extraordinarias a las que sean convocadas y convocados.

    En la segunda sesión de trabajo.... (se deroga el párrafo)

    Artículo 13.- Para el cumplimiento de las atribuciones del Instituto, la Junta de Gobierno tendrá las siguientes facultades:

    I. .........

    II. .........

    III. .......

    IV. ...

    VI. ...

    VII. Derogada

    VIII. ........

    IX. Designar y remover, a propuesta de la Presidencia, a la Secretaria Técnica, a la Prosecretaria, y a la Secretaria Ejecutiva.

    X. .......

    XI. ..........

    XII. .......

    XIII. ......

    XIV. ....

    XV. ...

    XVI. ......

    XVII. Emitir la convocatoria para suplir a la o las consejeras integrantes del Consejo Consultivo y del Consejo Social cuando ello fuese necesario o por terminación de periodo, de conformidad con el Estatuto Orgánico del Instituto.

    XVIII. Ratificar la designación por un periodo más a las Consejeras de acuerdo a la propuesta que para el efecto formulen los Consejos respectivos.

    Artículo 15.- Para acceder a la Presidencia del Instituto Nacional de las Mujeres, se requiere:

    I. ...

    II. ...

    III. ...

    IV. ...

    V. ...

    Artículo 16.- La Presidencia del Instituto tendrá las siguientes facultades:

    I...

    II...

    III...

    IV...

    V....

    VI...

    VII...

    VIII...

    IX...

    X. Proponer a la junta de Gobierno el nombramiento o remoción de la Secretaria Ejecutiva, la Secretaria Técnica y la Prosecretaria, así como a los titulares de los dos primeros niveles de funcionarias y funcionarios del Instituto, la fijación de sueldos y demás prestaciones, conforme a las asignaciones globales del presupuesto de gasto corriente aprobado por el propio órgano a través de las instancias de aprobación y autorización competentes, así como nombrar al resto del personal administrativo del Instituto.

    XI...

    XII...

    XIII...

    XIV...

    XV...

    XVI...

    XVII...

    Artículo 17.- El Presidente de la República nombrará a quien habrá de ocupar la Presidencia del Instituto, de entre las integrarles de una terna presentada por la Junta de Gobierno. La terna deberá ser integrada por consenso, y en caso de no alcanzarse el mismo, la propuesta deberá conformarse por acuerdo de las tres quintas partes de la totalidad de quienes integran dicho órgano de gobierno.

    Artículo 18.- La o el titular de la Presidencia del Instituto presidirá asimismo la Junta de Gobierno; durará en ambos encargos tres años, pudiendo ser ratificada o ratificado para un segundo periodo de tres años, a propuesta de la Junta de Gobierno, ya sea por consenso y, en caso de no alcanzarse el mismo, por acuerdo de las tres quintas partes de quienes integran dicho órgano de gobierno; en todo caso, el periodo no excederá del correspondiente al ejercicio constitucional del Presidente de la República que otorgó el nombramiento.

    ARTICULO SEGUNDO.- Se adiciona el Capítulo V Del nombramiento y facultades de la Secretaria Técnica y de la Prosecretaria, con los artículos 21, 22 y 23, recorriéndose los numerales de los capítulos y artículos subsecuentes, para quedar como sigue:

    CAPITULO V

    Del nombramiento y facultades de la Secretaria Técnica y de la Prosecretaria

    Artículo 21.- La presidencia del Instituto, propondrá a la Junta de Gobierno el nombramiento o remoción de la Secretaria Técnica y de la Prosecretaria.

    Artículo 22.- La Secretaría Técnica tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

    I. Formular la convocatoria y el orden del día de las sesiones de la Junta de Gobierno.

    II. Apoyar la organización de las sesiones y su desarrollo, así como dar seguimiento a los acuerdos derivados de las reuniones de la Junta de Gobierno para su cumplimiento.

    III. Elaborar las actas de las reuniones de la Junta de Gobierno, para su revisión y en su caso aprobación; recabar la firma de las mismas y de los acuerdos que se deriven de las reuniones de la Junta de Gobierno.

    IV. Fungir como enlace técnico de los consejos Consultivo y Social con el Instituto, facilitándoles los apoyos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

    V. Las demás que le confiera el Estatuto Orgánico del Instituto.

    Artículo 23.- La Prosecretaria tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

    I. Ejecutar las acciones que permitan el desarrollo de las sesiones de la Junta de Gobierno.

    II. Colaborar con la Secretaría Técnica para el cumplimiento de los acuerdos derivados de las sesiones de la Junta de Gobierno y de sus funciones.

    III. Apoyar a los consejos Consultivo y Social para su buena marcha y adecuado cumplimiento de sus funciones.

    IV. Las demás que establezca el Estatuto Orgánico del Instituto.

    CAPITULO VI

    Del Consejo Consultivo y Social del Instituto Nacional de las Mujeres

    Artículo 24.-...

    Artículo 25.- El Consejo Consultivo será un órgano asesor y promotor de las acciones que se emprendan en beneficio de las mujeres en el marco de esta ley. Estará integrado por nueve consejeras, cuyas participantes no percibirán retribución, emolumento o compensación alguna y se seleccionarán entre las mujeres representativas de los diferentes...

    La Junta de Gobierno determinará....

    Artículo 26.- Las integrantes del Consejo Consultivo durarán en su encargo tres años, pudiendo permanecer un periodo más. Anualmente, el Consejo Consultivo presentará un informe a la Junta de Gobierno.

    Artículo 27.- El Consejo Social será un órgano de análisis, evaluación y seguimiento de las políticas públicas, programas, proyectos y acciones que se emprendan en beneficio de las mujeres en el marco de esta ley. Este se integrará por nueve consejeras, representativas de los sectores público, privado y social, que se hayan distinguido por sus tareas a favor del impulso a la equidad de género.

    Artículo 28.- Las integrantes del Consejo Social durarán en su encargo tres años, pudiendo permanecer por un periodo más, habiendo sido reelectas bajo el procedimiento contemplado en la presente ley. Al término de su encargo, el Consejo Social presentará, independientemente del informe que señala el artículo 26, un informe final a la Junta de Gobierno.

    Artículo 29.-.......

    Artículo 30.-......

    TRANSITORIOS

    UNICO. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

    Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de enero de 2004.--- Diputada Consuelo Muro Urista.»

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Gracias, señora diputada.

    Publíquese íntegro el documento en la Gaceta Parlamentaria, en el caso de que no se haya publicado. Inclúyase íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a las comisiones unidas de Gobernación y de Equidad y Género de la Cámara de Diputados.

    El siguiente punto del orden del día, que es la iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 10 de la Ley Federal de Responsabilidades, ha sido retirado y a petición del grupo parlamentario proponente se pospone para la siguiente sesión.


    LEY DE COORDINACION FISCAL
    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Tiene el uso de la palabra el senador Fernando Gómez Esparza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que adiciona una fracción al artículo 25 y adiciona los artículos 45-A, 45-B y 45-C a la Ley de Coordinación Fiscal.

    El senador Fernando Gómez Esparza:

    Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:

    El que suscribe, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a la consideración de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción VIII al artículo 25 y los artículos 45-A, 45-B y 45-C de la Ley de Coordinación Fiscal, con base en la siguiente

    Exposición de Motivos

    Los profundos cambios y transformaciones de la realidad económica, política, social e institucional de México en estos últimos años, inciden en el marco socioeconómico de nuestro país y dado que estas realidades no avanzan de manera correlacionada sino más bien de manera autónoma y sin sincronización, han generado distorsiones en el modelo de desarrollo económico, provocando con ello que en la actualidad se agudice la polarización social, persistiendo problemas de rezago educacional, desnutrición, falta de servicios de salud, carencia de vivienda, desempleo, así como marginalidad de diversos grupos humanos.

    El horizonte social y la calidad de vida ha sufrido retrocesos y éstos aún no han recuperado los estándares de vida de inicios de la década de los años noventa, sólo un reducido sector de la población se ha visto favorecido económicamente en estos últimos tiempos.

    Nuestra economía creció en el año 2000 un 6.6% en relación al Producto Interno Bruto; en el 2001, 1.3%; en el 2002, el .9% y en el 2003 se dio un crecimiento máximo aproximado del 1.3%. Estas variaciones obedecen en gran medida a nuestra dependencia económica de Estados Unidos de América, lo que nos hace más vulnerables frente a los fenómenos de la globalización.

    Sin embargo, no debemos dejar de reconocer que nuestra economía tuvo un crecimiento durante el periodo 1996 al 2000 gracias al modelo de exportaciones establecidos en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de América y Canadá.

    No obstante, si este modelo se agota, es necesario complementarlo con la vigorización y el impulso del mercado interno y no estar únicamente supeditados al comercio internacional como motor del crecimiento económico nacional.

    Los avances que se han obtenido han sido reflejo de un mayor control de la inflación, mayor estabilidad cambiaria y menores tasas de interés, autonomía del Banco Central y disciplina fiscal, que han contribuido a estabilizar la economía, mas no a generar un crecimiento.

    Los niveles de productividad en México están por debajo de economías en desarrollo debido principalmente a lo heterogéneo de la estructura productiva. Nuestro país, a pesar de que ha desarrollado su comercio exterior a través de 9 mil empresas exportadoras, sin embargo un alto valor de las exportaciones está concentrado en un número reducido de ellas que adquieren del exterior la mayor parte de sus insumos, además de no haberse creado suficientes cadenas productivas que permitan el desarrollo de la pequeña y mediana empresas.

    Un aspecto muy importante de esta situación es la falta de tecnología adecuada a nuestras condiciones de producción derivado de los pocos recursos para invertir en investigación y desarrollo tecnológico además de contar con poca infraestructura para la difusión de la innovación tecnológica.

    Para desarrollar el mercado interno de nuestro país, es necesario empezar a incrementar los estándares de tecnología que permitan eficientar los procesos productivos de las ramas económicas con mayor competitividad, tanto a nivel local como a nivel regional, tratando de no concentrar este tipo de actividades únicamente en las grandes metrópolis del país. Se requiere pues, impulsar la investigación e innovación tecnológica en todos los estados del país para impulsar las actividades productivas con competitividad vinculando los centros de estudios superiores de las entidades con los agentes de la producción y posibles centros estatales de investigación y tecnología para impulsar la productividad y competitividad en los sectores productivos donde se tengan ciertas vocaciones productivas naturales y también crear las mismas en las diferentes ramas de la economía.

    Objetivos

    Se plantea la creación de un fondo de aportaciones para las entidades federativas para impulsar la investigación y de-sarrollo de tecnologías regionales que incidan en la estandarización tecnológica abatiendo lo heterogéneo de la estructura productiva.

    Dicho fondo se estructura a través de centros estatales de investigación y tecnología para impulsar la productividad de diversos sectores productivos. La coordinación sería a través de los gobiernos estatales, sectores productivos e instituciones educativas de nivel superior en las entidades, favoreciendo el federalismo en la investigación tecnológica; el fondo estaría destinado a investigar y aplicar y diseñar nuevas tecnologías en los procesos productivos, privilegiando sobre todo a la pequeña y mediana empresas que transformen insumos originarios de la región y de otros lados o que se tenga cierta vocación o ventajas productivas.

    Este fondo daría resultados concretos favoreciendo la producción, el empleo y el consumo, dado que las excepciones fiscales de apoyos a la producción a través del gasto público, el Gobierno Federal ya lo practica con diversos resultados; asimismo, con este fondo se combatiría la pobreza de manera indirecta.

    Los recursos presupuestarios para el fondo de los centros estatales se obtendría a través de la redistribución tanto de fondos de aportaciones para la infraestructura social del fondo petrolero, así como de los programas de apoyo para el fortalecimiento de las entidades federativas y de recursos adicionales del Presupuesto de Egresos de la Federación.

    La distribución en los estados será con base en sus índices de desarrollo del sector industrial ya sea de rango inferior o superior.

    Los resultados de la investigación de los centros estatales y tecnología serán patentados y susceptibles de ser utilizados tanto por personas físicas o morales que tengan interés en eficientar sus empresas.

    Dicho fondo será sujeto a evaluación anual de los centros estatales de investigación y la Secretaría de Economía.

    Con base en lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión lo siguiente:

    Se adicionan una fracción VIII al artículo 25 y los artículos 45-A, B y C de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar en los términos siguientes:

    En el artículo 25 se crea un fondo 8 de aportaciones para la investigación y tecnología para impulsar la productividad y competitividad.

    Se agrega un artículo 45-A que señala: el Fondo de Aportaciones para la Investigación y Tecnología para Impulsar la Productividad y Competitividad se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación por un monto equivalente al punto 5% de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2º de esta ley.

    Artículo 45-B. Las aportaciones federales que con cargo al fondo de aportaciones para impulsar la productividad y competitividad reciben los estados de la Federación y del Distrito Federal, se destinarán exclusivamente a la investigación y desarrollo tecnológico industrial de los procesos productivos en apoyo a las pequeñas y medianas empresas, destinando los recursos de preferencia a los centros públicos de educación superior de las diferentes entidades federativas.

    45-C. El Fondo de Aportaciones para la Investigación y Tecnología para Impulsar la Productividad y Competitividad se distribuirá entre las entidades federativas de acuerdo a las asignaciones y reglas que se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

    Agradezco mucho la atención que se sirvieron prestarme.

    «Iniciativa que adiciona una fracción al artículo 25 y adiciona los artículos 45-A, 45-B y 45-C A la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del senador Fernando Gómez Esparza, del grupo parlamentario del PRI.

    El que suscribe, senador Fernando Gómez Esparza, en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a la consideración de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adicionan una fracción VIII al artículo 25 y los artículos 45-A, 45-B y 45-C, de la Ley de Coordinación Fiscal, con base en la siguiente

    Exposición de Motivos

    Fondo de Investigación y Tecnología para Impulsar la Productividad y Competitividad.

    Los profundos cambios y transformaciones de la realidad económica, política, social e institucional que México está viviendo en estos últimos años, inciden en el marco socio económico de nuestro país, y dado que estas realidades no avanzan de manera correlacionada, sino más bien de manera autónoma y sin sincronización, han generado distorsiones en el modelo de desarrollo económico. Provocando con ello que en la actualidad se agudice la polarización social; persistiendo problemas de rezago educacional, desnutrición, falta de servicios de salud, carencia de vivienda, desempleo, subempleo así como la marginalidad de diversos grupos humanos. El horizonte social y la calidad de vida han sufrido retrocesos, y éstos aún no han recuperado los estándares de vida de inicios de la década de los años noventa.

    Sólo un reducido sector de la población se ha visto favorecido económicamente en estos últimos tiempos.

    Nuestra economía creció en el año 2000 un 6.6% del PIB, en el 2001 decreció un 0.3%, en el 2002 creció únicamente un 0.9%, y en el 2003 se dio un crecimiento máximo aproximado del 1.3%. Estas variaciones, obedecen en gran medida, a nuestra dependencia de la economía de los Estados Unidos de América, lo que nos hace más vulnerables frente los fenómenos de la globalización.

    Sin embargo, no debemos dejar de reconocer que nuestra economía tuvo un crecimiento durante el periodo de 1996 al 2000, gracias al modelo de exportaciones establecido en el Tratado de Libre Comercio celebrado con los Estados Unidos de América y Canadá. No obstante, si este modelo se agota, es necesario complementarlo con la vigorización y el impulso del mercado interno, y no estar únicamente supeditados al comercio internacional como motor del crecimiento de la economía nacional.

    Los avances que se han obtenido en estos últimos ocho años en materia económica, se reflejan en un mayor control de la inflación, mayor estabilidad cambiaria y menores tasas de interés; la autonomía del Banco Central y la disciplina fiscal han contribuido a estabilizar la economía, más no a su crecimiento.

    Los niveles de productividad en México, están por debajo de las economías en desarrollo, debido principalmente a la heterogeneidad de la estructura productiva. Nuestro país, a pesar de que ha desarrollado su comercio exterior, a través de 9000 empresa exportadoras. Sin embargo, un alto valor de las exportaciones está concentrado en un número reducido de ellas que adquieren del exterior la mayor parte de sus insumos; además de no haberse creado suficientes cadenas productivas que permitan el desarrollo de la pequeña y mediana empresas.

    Un aspecto muy importante de esta situación es la falta de tecnología adecuada a nuestras condiciones de producción, derivado de los pocos recursos para invertir en investigación y desarrollo tecnológico, además de contar con poca infraestructura para la difusión de innovaciones tecnológicas.

    Para desarrollar el mercado interno de nuestro país, es necesario empezar a incrementar los estándares de tecnología que permitan eficientar los procesos productivos de las ramas económicas con mayor competitividad, tanto a nivel local como regional, tratando de no concentrar este tipo de actividades únicamente en las grandes metrópolis del país.

    Se requiere impulsar la investigación e innovación tecnológica en todos los estados del país para impulsar las actividades productivas con competitividad, vinculando los centros de estudios superiores de las entidades con los agentes de producción, y posibles centros estatales de investigación y tecnología para impulsar la productividad y competitividad en los sectores productivos donde se tengan ciertas vocaciones productivas naturales en las diversas ramas de la economía.

    Objetivos

    Se plantea la creación de un Fondo de Aportación para las Entidades Federativas, para impulsar la investigación y desarrollo de tecnologías regionales que incidan en la estandarización tecnológica, abatiendo la heterogeneidad de la estructura productiva.

    Dicho Fondo se estructura a través de Centros Estatales de Investigación y Tecnología (CEIT) para impulsar la productividad de diversos sectores productivos. La coordinación sería a través de los gobiernos estatales, sectores productivos e instituciones educativas de nivel superior en las entidades, favoreciendo el federalismo en la investigación tecnológica.

    El Fondo estaría destinado a investigar y aplicar nuevas tecnologías en los procesos productivos; privilegiando sobre todo a la pequeña y mediana empresa; que transformen insumos originarios de la región, o que se tenga ciertas vocaciones y/o ventajas productivas.

    Este Fondo daría resultados concretos, favoreciendo la producción, el empleo y el consumo; dado que las excepciones fiscales y apoyos a la producción a través del gasto público, el gobierno federal ya lo práctica con diversos resultados; asimismo con este fondo se combatiría la pobreza de manera indirecta.

    Los recursos presupuestales para el Fondo de los Centros Estatales de Investigación y Tecnología (CEIT), se obtendrían a través de la redistribución tanto del fondo de aportaciones para la infraestructura social; del fondo petrolero así como de los programas de apoyo para el fortalecimiento de las entidades federativas, así como de recursos adicionales del presupuesto de egresos de la federación. La distribución en los estados, será en base a sus índices de desarrollo del sector industrial, ya sea de rango inferior o superior.

    Los resultados de la investigación de los Centros Estatales de Investigación y Tecnología (CEIT) serán patentados y susceptibles de ser utilizados tanto por personas físicas como morales, que tengan interés en eficientar sus empresas, es decir, que sean de carácter público, comprometiéndose a que en base a resultados aporten en su momento algún recurso que fortalezca financieramente al Fondo.

    Dicho Fondo, será sujeto de evaluación anual por parte de los Centros Estatales de Investigación y Tecnología (CEIT) y la Secretaría de Economía, y en función de ello, sería parte del criterio para una nueva distribución de gasto público en los subsecuentes años.

    Con base en lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente

    Iniciativa con proyecto de decreto

    Artículo Unico. Se adicionan una fracción VIII al artículo 25 y los artículos 45-A, 45-B y 45-C, de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar en los términos siguientes:

    ``Artículo 25. (........)

    (............)

    VIII. Fondo de Aportaciones para la Investigación y Tecnología para impulsar la Productividad y Competitividad.''

    ``Artículo 45-A. El Fondo de Aportaciones para la Investigación y Tecnología para Impulsar la Productividad y Competitividad se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación por un monto equivalente al 0.5% de la recaudación federal participable, a que se refiere el artículo 2º de esta ley, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto.''

    ``Artículo 45-B. Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Investigación y Tecnología para Impulsar la Productividad y Competitividad reciban los estados de la Federación y el Distrito Federal, se destinarán exclusivamente a la investigación y desarrollo tecnológico industrial de los procesos productivos en apoyo a las pequeñas y medianas empresas, destinando los recursos, de preferencia, a los centros públicos de educación superior de las diferentes entidades federativas.''

    ``Artículo 45-C. El Fondo de Aportaciones para la Investigación y Tecnología para Impulsar la Productividad y Competitividad, se distribuirá entre las entidades federativas de acuerdo a las asignaciones y reglas que se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación.''

    Transitorio

    Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

    México, Distrito Federal, a 21 de enero de 2004.--- Sen. Fernando Gómez Esparza

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Gracias, señor senador.

    Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

    Continúe la Secretaría.


    DISCAPACITADOS
    La Secretaria diputada Yolanda Guadalupe Valladares Valle:

    «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.--- Subsecretaría de Enlace Legislativo.

    CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

    En atención al oficio No. III-675 de fecha 27 de marzo último, signado por el C. senador Enrique Jackson Ramírez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, me permito comunicar a ustedes que en oficio No. 311/003 suscrito el día 14 del mes en curso, por el C. arquitecto Mario S. González Torres, director general de Política Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ha remitido a esta dependencia la información correspondiente al mes de diciembre del 2003, que se refiere el punto de acuerdo en el que se solicita realizar las acciones necesarias, a efecto de promover la contratación de personas que sufren algún tipo de discapacidad, presentado por el senador Adalberto Arturo Madero Quiroga.

    Por lo anterior, anexo al presente el oficio a que me he referido y los anexos que en él se señalan en forma impresa y magnética, para los fines que estimen procedentes.

    Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

    Atentamente.

    México, DF, a 15 de enero de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica) Subsecretario de Enlace Legislativo.»

    «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

    Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

    En respuesta a su atento oficio SEL/300/887/03, referente a informar trimestralmente al Senado de la República, dentro de los primeros quince días del mes que corresponda, sobre los avances en materia de contratación de personas que sufren algún tipo de discapacidad, por instrucciones del Dr. Jaime Domingo López B., subsecretario de Empleo y Política Laboral, anexo al presente me permito enviar en forma impresa y magnética la información al mes de diciembre de 2003.

    Agradeciendo de antemano la atención a la presente, nos ponemos a sus órdenes para cualquier aclaración.

    Atentamente.

    México, DF, a 14 de enero de 2004.--- El Director General Arq. Mario S. González Torres (rúbrica).»

    «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría del Trabajo y Previsión Social.--- Subsecretaría de Desarrollo Humano para el Trabajo Productivo Dirección General de Equidad y Género Dirección de Equidad y Desarrollo Laboral para Adultos Mayores, Personas con Discapacidad y Personas que viven con VIH/SIDA

    Informe al Senado sobre las acciones de la Dirección General de Equidad y Género para la Integración de las Personas con Discapacidad.

    Octubre-Diciembre 2003

    Impulso al Programa de Integración Laboral 2001-2006

    Difusión de derechos y obligaciones laborales.

  • Cartas de Derechos y Obligaciones Laborales de las Personas con Discapacidad 2715

  • Cartas de Derechos y Obligaciones Laborales de las Personas con Discapacidad en Braille 24

  • Trípticos de sensibilización 1830

  • Carteles sobre personas con discapacidad 613

  • Programa de Integración Laboral para Personas con Discapacidad 2001-2006. Laboral 100

  • Declaratoria Sector Empresarial Distribución 520

  • Distribución convenio MANPOWER Distribución 380

  • Cartas o trípticos IMSS 200

  • Revista UNIKA 90

  • Material de otras instituciones 80

  • Declaratoria Sector Empresarial Distribución 112

  • Distribución convenio MANPOWER Distribución 60

  • Distribución Spot de Radio.- Se difundió un spot de radio en la estación 6.20 de la ciudad de México relativo al trabajo de las personas con discapacidad.

  • Artículos.- Se elaboró y entregó un artículo sobre el Encuentro Nacional de Rehabilitación para el Trabajo para ser publicado en el mes de enero en la revista A Título Personal:

  • Distribución y Difusión vídeo de sensibilización.- Distribución de 10 vídeos de la Dirección de Equidad y Desa-rrollo Laboral para Adultos Mayores, Personas con Discapacidad y Personas que Viven con VIH/SIDA sobre personas con discapacidad a diferentes instituciones.

    Conferencias

    Se impartieron 15 Conferencias distribuidas de la siguiente manera:

  • FONAES sobre el trabajo de personas con discapacidad, el proceso de Rehabilitación para el Trabajo y las actividades que realiza la Dirección de Equidad y Desarrollo Laboral para Adultos Mayores, Personas con Discapacidad y Personas que Viven con VIH/SIDA.

  • ``Enfoque de la STPS en la Rehabilitación para el Trabajo'' dentro del Curso Monográfico ``Rehabilitación Profesional'' organizado por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

  • ``Las acciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la integración laboral de las personas con discapacidad y las perspectivas legislativas en materia laboral'' (retransmitido tres veces) en el XX Aniversario del Día Internacional de la Discapacidad, organizado por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados.

  • ``Las acciones de la STPS en materia de Integración Laboral para Personas con Discapacidad'' en el Foro-Panel: ``Integración Laboral de las Personas con Discapacidad'' del ``14o. Foro Nacional de la Población con Discapacidad'' organizado por las delegaciones 1 y 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social y la III Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

  • Foro sobre Integración Laboral para Personas con Discapacidad que con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad se llevó a cabo en la ciudad de Tampico en Tamaulipas.

  • Diez conferencias a representantes de empresas, sobre la Integración Laboral de las Personas Adultas Mayores, Personas con Discapacidad y Personas que viven con VIH/SIDA, en el curso organizado por la Dirección General de Capacitación y Productividad, de la STPS.

    Talleres de capacitación

  • Se organizó e impartió Taller de Capacitación sobre Rehabilitación para el Trabajo a representantes de diversas instituciones que atienden a personas con discapacidad de Saltillo Coahuila, 17 al 19 de noviembre.

  • Colaboración con el Proyecto CIL de los CAM con Capacitación para los CAM con la organización e impartición del Curso Rehabilitación para el Trabajo a fin de capacitar a las instituciones que se relacionan con este proyecto dentro de la Red de Vinculación Especializada para la Integración Laboral de Personas con Discapacidad y Adultos Mayores en el estado de Coahuila, con la participación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Sistema Nacional DIF.

    Otras actividades

  • Se elaboró e hizo entrega para la Secretaría de Gobernación del documento que contiene las observaciones generales de relevancia sobre el contenido del Diagnóstico sobre la Situación Nacional de los Derechos Humanos en México elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a fin de que puedan ser incorporadas al documento final al Informe Alternativo de Organizaciones Civiles, Sociales y Redes Mexicanas al Tercer Informe Periódico del Gobierno Mexicano ante el Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

  • Se elaboró e hizo entrega del documento que contiene la opinión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en relación con el dictamen de Ley Federal para Personas con Discapacidad en la reunión organizada por la Secretaría de Gobernación para determinar la opinión del Ejecutivo Federal en torno a dicho dictamen.

    Actividades de la Agencia de Integración Laboral No. 5 STPS-DIF

  • Entrevistas iniciales 27

  • Entrevistas subsecuentes 98

  • Entrenamiento para la obtención y conservación de empleo 31

  • Sesiones de orientación laboral 36

  • Sesiones de orientación vocacional 42

  • Visitas a centros de capacitación 7

  • Visitas a empresas 54

  • Colocados en empleo competitivo 13

  • Colocados en centros de capacitación 5

  • Enviados a evaluación 24

  • Enviados a médico especialista 18

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Túrnese a la Cámara de Senadores.
    GRADOS MILITARES
    La Secretaria diputada Yolanda Guadalupe Valladares Valle:

    «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.--- Subsecretaría de Enlace Legislativo.

    CC. Secretarios de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

    La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la Hoja de Servicios del C. General Brigadier Médico Cirujano Noé Esqueda Castillo (6461945), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción II del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

    Por lo anterior acompaño al presente la Hoja de Servicios del citado militar, con carácter devolutivo.

    Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

    Atentamente.

    ``2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''

    México, DF, 5 de diciembre de 2003.--- El subsecretario, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado.»

    «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.--- Subsecretaría de Enlace Legislativo.

    CC. Secretarios de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

    La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la Hoja de Servicios del C. General Brigadier Médico Cirujano Miguel Ahumada Rodríguez (6656115), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción II del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

    Por lo anterior acompaño al presente la Hoja de Servicios del citado militar, con carácter devolutivo.

    Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

    Atentamente.

    ``2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''

    México, DF, 5 de diciembre de 2003.--- El subsecretario, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado.»

    «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.--- Subsecretaría de Enlace Legislativo.

    CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

    La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la Hoja de Servicios del C. Coronel de Artillería Diplomado de Estado Mayor Martín Terrones Calvario (10561797), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del Artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

    Por lo anterior acompaño al presente la Hoja de Servicios del citado militar, con carácter devolutivo.

    Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

    Atentamente.

    ``2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''

    México, DF, 15 de diciembre de 2003.--- El subsecretario, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado.»

    «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.--- Subsecretaría de Enlace Legislativo.

    CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

    La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la Hoja de Servicios del C. General de Ala Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Humberto Fernando Chapa Casas (6411080), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del Artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

    Por. lo anterior acompaño al presente la Hoja de Servicios del citado militar, con carácter devolutivo.

    Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

    Atentamente.

    ``2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''

    México, DF, 15 de diciembre de 2003.--- El subsecretario, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado

    «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.--- Subsecretaría de Enlace Legislativo.

    CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

    La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la Hoja de Servicios del C. Coronel Ingeniero Industrial Carlos García Olmos (9248118), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del Artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

    Por lo anterior acompaño al presente la Hoja de Servicios del citado militar, con carácter devolutivo.

    Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

    Atentamente.

    ``2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''

    México, DF, 15 de diciembre de 2003.--- El subsecretario, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado

    «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.--- Subsecretaría de Enlace Legislativo.

    CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

    La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la Hoja de Servicios. del C. General de Grupo Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Jesús Pablo Franco Martínez (7233083), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del Artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

    Por lo anterior acompaño al presente la Hoja de Servicios del citado militar; con carácter devolutivo.

    Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

    Atentamente.

    ``2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''

    México, DF, 15 de diciembre de 2003.--- El subsecretario, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado.»

    «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.--- Subsecretaría de Enlace Legislativo.

    CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

    La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando !a Hoja de Servicios del C. General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Miguel Angel Sánchez Barrón (8585702), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del Artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

    Por lo anterior acompaño al presente. !a Hoja de Servicios del citado militar, con carácter devolutivo.

    Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

    Atentamente.

    ``2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''

    México, DF, 15 de diciembre de 2003.--- El subsecretario, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado

    «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.--- Subsecretaría de Enlace Legislativo.

    CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

    La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la Hoja de Servicios del C. General Brigadier Médico Cirujano José Antonio Torres García (6714640), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del Artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

    Por lo anterior acompaño al presente la Hoja de Servicios del citado militar, con carácter devolutivo.

    Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

    Atentamente.

    ``2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''

    México, DF, 15 de diciembre de 2003.--- El subsecretario, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado

    «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.--- Subsecretaría de Enlace Legislativo.

    CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

    La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la Hoja de Servicios del C. Coronel Cirujano Dentista Marcelino Rodríguez Vitela (10528729), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del Artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

    Por lo anterior acompaño al presente la Hoja de Servicios del citado militar, con carácter devolutivo.

    Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

    Atentamente.

    ``2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''

    México, DF, 15 de diciembre de 2003.--- El subsecretario, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado.»

    «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.--- Subsecretaría de Enlace Legislativo.

    CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

    La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando la Hoja de Servicios del C. Coronel Médico Cirujano J. Jesús Sánchez Vega (9168540), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del Artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

    Por lo anterior acompaño al presente la Hoja de Servicios del citado militar, con carácter devolutivo.

    Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

    Atentamente.

    ``2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.''

    México, DF, 15 de diciembre de 2003.--- El subsecretario, Lic. M. Humberto Aguilar Coronado.»

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Recibo y túrnense a la Segunda Comisión.
    CONDECORACIONES
    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    El siguiente punto del orden del día son los dictámenes relativos a las solicitudes de permiso de los ciudadanos: Francisco Alfonso Durazo Montaño; Héctor Aguilar Elizalde; José Luis Lagunes Paredes; Arturo García Gutiérrez y Manuel Gómez Millán, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.

    La Secretaria diputada Yolanda Guadalupe Valladares Valle:

    «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Primera Comisión de Trabajo.

    Honorable Asamblea:

    A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Francisco Alfonso Durazo Montaño pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Sol Naciente, en grado de Estrella de Oro y Plata, que le confiere el Gobierno del Japón.

    La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

    Proyecto de Decreto

    Artículo Unico.- Se concede permiso al ciudadano Francisco Alfonso Durazo Montaño, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Sol Naciente, en grado de Estrella de Oro y Plata, que le confiere el Gobierno del Japón.

    Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 15 de enero de 2004.--- Sen. César Camacho Quiroz, Presidente (rúbrica); Dip. Germán Martínez Cázares, secretario (rúbrica); Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, secretario (rúbrica); Dip. David Hernández Pérez (rúbrica); Dip. Consuelo Muro Urista (rúbrica); Sen. David Jiménez González (rúbrica); Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica); Sen. Jorge Zermeño Infante; Sen. César Jáuregui Robles; Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica); Sen. Rómulo Campuzano González; Dip. Víctor Manuel Camacho Solís (rúbrica); Sen. Rafael Melgoza Radillo; Sen. Jorge Emilio González Martínez; Dip. Jesús Martínez Alvarez (rúbrica).»

    «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Primera Comisión de Trabajo.

    Honorable Asamblea:

    A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Coronel de Caballería DEM Héctor Aguilar Elizalde y Teniente de Navío CG José Luis Lagunes Paredes puedan aceptar y usar la Medalla Especial, el Medallón y la Cinta de la Junta Interamericana de Defensa con una Estrella Plateada, y la Medalla al Logro Guardia Costera, que les confiere la Junta Interamericana de Defensa y la Guardia Costera de los Estados Unidos de América, respectivamente.

    La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente

    Proyecto de Decreto

    Artículo Primero.- Se concede permiso al ciudadano Coronel de Caballería DEM Héctor Aguilar Elizalde, para aceptar y usar la Medalla Especial, el Medallón y la Cinta de la Junta Interamericana de Defensa con una Estrella Plateada, que le confiere la Junta Interamericana de Defensa de los Estados Unidos de América.

    Artículo Segundo.- Se concede permiso al ciudadano Teniente de Navío CG José Luis Lagunes Paredes, para aceptar y usar la condecoración de la Medalla al Logro Guardia Costera, que le confiere la Guardia Costera de los Estados Unidos de América.

    Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 14 de enero de 2004.--- Sen. César Camacho Quiroz, Presidente (rúbrica); Dip. Germán Martínez Cázares, secretario (rúbrica); Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, secretario (rúbrica); Dip. David Hernández Pérez (rúbrica); Dip. Consuelo Muro Urista (rúbrica); Sen. David Jiménez González (rúbrica); Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica); Sen. Jorge Zermeño Infante; Sen. César Jáuregui Robles; Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica); Sen. Rómulo Campuzano González; Dip. Víctor Manuel Camacho Solís (rúbrica); Sen. Rafael Melgoza Radillo; Sen. Jorge Emilio González Martínez; Dip. Jesús Martínez Alvarez (rúbrica).»

    «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Primera Comisión de Trabajo.

    Honorable Asamblea:

    A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe le fueron turnados los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Arturo García Gutiérrez y Manuel Gómez Millán puedan aceptar y usar las condecoraciones, que les confieren los Gobiernos de la República de Honduras y de la República Islámica de Pakistán, respectivamente.

    La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional y el artículo 60, segundo párrafo del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente

    Proyecto de Decreto

    Artículo Primero.- Se concede permiso al ciudadano General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Arturo García Gutiérrez para aceptar y usar la condecoración ``Cruz de las Fuerzas Armadas'', que le confiere el Gobierno de la República de Honduras.

    Artículo Segundo.- Se concede permiso al ciudadano Manuel Gómez Millán para aceptar y usar la condecoración ``Tamgha-e-Khidmat, que le confiere el Gobierno de la República Islámica de Pakistán.

    Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 14 de enero de 2004.--- Sen. César Camacho Quiroz, Presidente (rúbrica); Dip. Germán Martínez Cázares, secretario (rúbrica); Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, secretario (rúbrica); Dip. David Hernández Pérez (rúbrica); Dip. Consuelo Muro Urista (rúbrica); Sen. David Jiménez González (rúbrica); Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica); Sen. Jorge Zermeño Infante (rúbrica); Sen. César Jáuregui Robles; Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica); Sen. Rómulo Campuzano González; Dip. Víctor Manuel Camacho Solís (rúbrica); Sen. Rafael Melgoza Radillo; Sen. Jorge Emilio González Martínez; Dip. Jesús Martínez Alvarez (rúbrica).»

    En virtud de que los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, quedan de primera lectura.
    CONSULES GENERALES
    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Los siguientes puntos del orden del día son dictámenes a discusión.

    En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo y los decretos.

    La senadora Silvia Hernández Enríquez (desde su curul):

    Señor Presidente.

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Un momento. ¿Con qué propósito, senadora?

    La senadora Silvia Hernández Enríquez (desde su curul):

    Quisiera preguntarle, señor Presidente, cuándo es el momento adecuado para que los integrantes de la Segunda Comisión de la Permanente pudiéramos, previamente a la discusión de los dictámenes, presentar criterios generales que se tomaron ayer en nuestra sesión ordinaria.

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Una vez que consulte la Secretaría si se les dispensa la lectura, puede hacerlo.

    La senadora Silvia Hernández Enríquez (desde su curul):

    Sí, señor.

    Gracias.

    El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

    Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si autoriza que solamente se dé lectura a los puntos de acuerdo y los decretos, en virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.

    Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

    Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Antes de poner a discusión los puntos de acuerdo, tiene el uso de la palabra la senadora Silvia Hernández, para exponer los criterios a que ha hecho referencia.

    La senadora Silvia Hernández Enríquez:

    Le agradezco señor Presidente la oportunidad que le brinda usted a los integrantes de la Segunda Comisión para expresar hoy una reflexión de fondo y una exigencia hacia el Ejecutivo Federal, en particular a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para el trato de los asuntos que nos conciernen de manera coadyuvante.

    Los integrantes de la Segunda Comisión hemos presentado ahora o presentaremos ahora, dictámenes con la sugerencia al pleno de aprobación de cuatro cónsules nuevos, designados en cuatro diversas ciudades en el estado de California de Estados Unidos.

    Los hemos hecho después de valorar muy puntualmente la idoneidad de estos nombramientos, pero también lo hacemos con el objetivo compartido por todos los grupos parlamentarios representados en la comisión, de asegurar el funcionamiento normal de esos consulados, en beneficio, desde luego, de nuestros connacionales y de quienes requieren sus servicios.

    Sin embargo, derivadamente de nuestra discusión y debate el día de ayer, consideró la comisión que ésta era ocasión oportuna y adecuada para presentar una reflexión y una exigencia, ambas de fondo, sobre la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en esta materia: la política exterior.

    La Constitución es bien clara y señala que en la política exterior hay corresponsabilidad entre el Poder Ejecutivo y Legislativo. Al Ejecutivo le corresponde el diseño y la instrumentación, al Legislativo, entre otras tareas, entre otras tareas analizar y aprobar los nombramientos de los representantes en el exterior.

    Esta tarea es un ejercicio de corresponsabilidad y requiere, por tanto, así lo considera la comisión, de manera ineludible, suficiente, abundante y oportuna, de información veraz de parte del Ejecutivo.

    También requiere que esta información y el procedimiento con el que se acerca el Ejecutivo se ajuste a tiempos y a formas, tiempos y formas que en el balance que hizo la comisión el día de ayer, han estado muchas veces ausentes en este periodo reciente.

    Efectivamente es facultad del Ejecutivo designar a los agentes diplomáticos, pero esa facultad no debe ser ejercida de manera arbitraria ni caprichosa. La renovación del secretario de despacho no debe ser motivo de cambios sin sustento, sin estar atendidos en el marco de una estrategia y menos aún, esos cambios debieran estar inspirados en filias o en fobias personales.

    No cabe duda que el Servicio Exterior Mexicano es una base de la estabilidad de la política exterior y ese servicio en sí mismo, reclama y merece un trato transparente y equitativo, de respeto. El que un agente diplomático sea cambiado de sede, sin haber cumplido el periodo generalmente aceptado, puede tener explicación, pero no debe ser la regla, sino la excepción, particularmente cuando hay quienes, habiendo rebasado ese tiempo normalmente aceptado, permanecen sin cambio generando de manera justificada un reclamo por trato inequitativo o discrecional.

    El fax, no es la vía adecuada para notificar instrucciones presidenciales de fin de comisiones, menos aún si son enviados el día anterior o el mismo día en que esa instrucción ha de cumplirse.

    Esta Segunda Comisión no acepta que se le envíen paquetes de nombramientos. Cada nombramiento debe estar sustentado en sus méritos y además respaldado en una estrategia coherente o hacia la región o hacia el tema misión del nuevo nombrado.

    Por tanto la comisión considera que es exigencia reiterada, nos parecería que debiera ser innecesaria pero los hechos nos llevan y nos motivan a presentarla hoy así, para que el Ejecutivo aporte a tiempo la información suficiente y amplia tanto sobre los titulares nombrados como su misión y también que explique con suficiencia en qué punto quedan las tareas de la persona que será relevada.

    Las propuestas de ratificación que no reúnan esos requisitos, serán devueltas sin mayor trámite al Ejecutivo para que la satisfaga. La comisión desde luego valora las atenciones personales de los secretarios de Relaciones Exteriores tanto de la anterior como del presente para explicarnos sus motivaciones y la visión particular que tienen sobre la política exterior; sin embargo, considera la comisión que es importante darle la oportunidad a la Secretaría de Relaciones Exteriores y tomarla nosotros también, de explicar con detalle, con minucia, los procedimientos que sigue y habrá de seguir en los nombramientos y en los ascensos de los integrantes del Servicio Exterior Mexicano.

    La Comisión de Personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores recibirá, de inmediato, una invitación de la comisión para comparecer ante sus integrantes.

    Nos queda claro que la rotación es una vía para la mejora constante del Servicio Exterior, pero la rotación merece reglas claras y transparentes que brinden certidumbre y que con los hechos expresen el respeto que merece el servicio de carrera.

    La Comisión Permanente basa sus reglas en la ley, ésta tiene tiempos y procedimientos. El Congreso no es una oficialía de partes del gobierno. El cumplimiento cuidadoso de esos tiempos y procedimientos, impedirá, y ese es nuestro empeño, que se diga que la política exterior está de cabeza.

    La Segunda Comisión ha presentado claramente sus opiniones y ha expresado sus criterios de manera directa al Secretario de Relaciones Exteriores, de manera que podamos, así, de buena fe y con claridad, coadyuvar de la mejor manera en esta tarea que reclama la participación de ambos poderes.

    Muchas gracias, señor Presidente.

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Gracias, señora senadora.

    Sobre este tema tiene el uso de la palabra el señor senador don Jorge Zermeño Infante.

    El senador Jorge Zermeño Infante:

    Gracias, señor Presidente.

    Para hacer también algunos comentarios respecto a algo que ha comentado la senadora Silvia Hernández a nombre de la Segunda Comisión.

    Es claro que la Constitución señala que la dirección de la política exterior corresponde al Ejecutivo y que es el Legislativo, en este caso el Senado, el que revisa la política exterior una vez que el Presidente presenta sus informes. No hay una corresponsabilidad ni una obligación del Legislativo de ajustar al Poder Ejecutivo, algo que usted señala como algo normalmente aceptado en esta facultad de nombrar o de remover libremente a quien el Ejecutivo pueda remover, porque así lo señala como una facultad expresa la Constitución.

    No sé a qué ley se refiera, senadora o qué ley ha violado el Ejecutivo cuando remueve libremente a un agente diplomático, ni está obligado el Ejecutivo a presentarnos un procedimiento de una facultad que corresponde a él.

    Por supuesto que es necesario que en esa participación que tenemos como legisladores, podemos aceptar o rechazar un nombramiento que haga el Ejecutivo, pero no aceptamos que se diga que la política exterior está de cabeza ni creo que el Ejecutivo haya actuado de manera arbitraria ni caprichosa en muchos de los nombramientos que ha realizado de agentes diplomáticos.

    Yo creo que en la mayor parte de los casos se ha aceptado a personal de carrera, se ha buscado impulsar a personal de carrera y no con criterios políticos facciosos y creo que ha habido, de parte del Ejecutivo, una búsqueda de diálogo con el Senado, con la Comisión Permanente en su caso, para informar sobre los motivos que tiene para llevar a cabo el nombramiento o no de cualquier agente diplomático.

    Queríamos hacer estos señalamientos porque nos parece, pues, que no es justo que se señale que la política exterior está de cabeza y que haya una corresponsabilidad en asuntos que están perfectamente delimitados en la Constitución.

    Nosotros estamos para revisar los informes que presenta el Ejecutivo para opinar por supuesto en aquellos que no nos parezca y desde luego tiene que haber una mejor forma de conducir la política exterior que debe ser una política de Estado pero entendiendo cuáles son las facultades de cada poder.

    Gracias.

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Senadora Silvia Hernández, para contestar alusiones personales.

    La senadora Silvia Hernández Enríquez:

    Muchas gracias, señor Presidente.

    Como Silvia Hernández, soy integrante del Partido Revolucionario Institucional, si hubiera tomado la palabra a nombre de mi partido, no hubiera usado el tono que la Presidencia de la comisión me obligó a usar y como ustedes conocen, mis participaciones aquí no suelen ser leídas.

    En esta ocasión, como hablé a nombre de todos los integrantes, cumpliendo un mandato que ellos me dieron ayer, fui pulcra y cuidadosa en las palabras.

    De manera que podría acudir, desde luego, al testimonio escrito de la sesión, para que se revisara exactamente la expresión que hizo en mi persona la Segunda Comisión, la de Relaciones Exteriores, Defensa y Educación.

    Quiero seguir hablando como Presidenta de la comisión, porque así es como presenté los criterios y decir que no se aseveró que la política exterior está de cabeza, a pesar de que en la cabeza de muchos surja esta frase; dije, sin embargo, exactamente, que queríamos colaborar para evitar que se hiciera esta reflexión.

    También, señor senador, con todo respeto, en la comisión el día de ayer nuestra discusión fue motivada por el conocimiento de una buena cantidad de sucesos, que por discreción, por pulcritud, hemos querido no comentar al pleno; me gustaría mantener esa discreción, pero si fuera necesario hacerlos aquí explícitos y detallados, yo desde luego estaría dispuesta a hacerlo así.

    Creo que al expresar los criterios, lo que hemos querido es condensar una exigencia en este momento, cuando la Comisión Permanente empieza a recibir los asuntos, de manera que no nos veamos obligados a retrasar, a detener o a devolver expedientes incompletos.

    Esa es mi posición, señor senador, espero que mis compañeros de comisión se vean representados en esta opinión.

    Muchas gracias, señor Presidente.

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Gracias, señora senadora.

    Tiene el uso de la palabra para hechos, el señor senador don Demetrio Sodi de la Tijera.

    El senador Demetrio Sodi de la Tijera:

    Con su permiso, señor Presidente.

    EL Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Adelante, señor senador.

    El senador Demetrio Sodi de la Tijera:

    Compañeras y compañeros:

    Yo coincido plenamente con lo que dijo la senadora Silvia Hernández como Presidenta de la comisión, pero sí hay que ser explícito de lo que estamos hablando, porque finalmente como representantes populares esto se trata de que hubo una plática personal, no, no, aquí hubo cosas graves y qué bueno que se defienda al Presidente, pero primero hay que defender al Congreso, antes que defender al Presidente de la República nuestra obligación es defender al Congreso y defender la política y la imagen de México en el exterior.

    Y según lo que se comentó ayer, porque a muchos nos hablaron diferentes cónsules, que habían sido suspendidos de un día a otro y sin cuidar las formas, a varios de los senadores que estamos aquí, y ayer el acuerdo que se tomó fue que Silvia Hernández, la senadora Silvia Hernández hablara en nombre de la comisión, estaban presentes varios senadores del PAN, varios, y yo creo que avalarían tres totalmente lo que se dijo aquí.

    Yo creo que es importante, aquí usted dice, senador, que habló a nombre, hablamos nosotros; no, habla usted, los demás senadores no.

    Sí es importante, porque ayer, miren, ¿qué pasó durante estas semanas? Por un lado, se dieron de baja a varios de los cónsules, algunos que acaban de ser nombrados hace aproximadamente un año por el Secretario de Relaciones Exteriores anterior, que aparentemente no tiene muy buenas relaciones con el secretario de Relaciones Exteriores nuevo.

    A muchos de los cónsules se les avisó por fax y no se les había avisado que se les iba a dar de baja el día 31 de diciembre. Después cambió de criterio la Secretaría y por fax les avisó que no, que se les daría de baja el día 2 de diciembre y el fax se les envió el día 1º de diciembre.

    Los cónsules nos decían: era como despedir a una persona de servicio. No podían ni siquiera ir con el gobernador; en carácter de qué iban a despedirse del gobernador de cualquier estado de Estados Unidos. Ya no podían decir que iban como cónsules; iban como ex cónsules porque no les dieron tiempo ni siquiera de un procedimiento que tradicionalmente, aunque no es ley, no están violando ninguna ley, pero están poniendo en duda la capacidad, la seriedad de la política exterior de México.

    Se dieron de baja a todos los cónsules de Los Angeles, cuando llega un gobernador que está no muy bien en sus casillas y que llega con una política totalmente agresiva en contra de los migrantes mexicanos y los indocumentados. Y de un día para otro nos quedamos sin cónsules.

    Es más, según nos comentó la senadora Silvia Hernández, el subsecretario reconoció que había sido un error y él se comprometió, el subsecretario, que luego faltó a su palabra, de que iban a retirar esas sustituciones de cónsules para hacerlas en forma gradual.

    Aquí de lo que estamos hablando es, primero, algo que afecta a México; segundo, la imagen de México. Olvidémonos de los nuevos cónsules. Por eso ayer decidimos no posponer la firma del dictamen de aprobación porque lo que no queremos es perjudicar a los mexicanos que viven allá ni queremos tampoco perjudicar a los nuevos cónsules, que todos reúnen características, todos son de carrera.

    Lo malo fue lo anterior. Una falta de tacto político por qué. Porque está pasando algo en la Secretaría, y no lo ignoremos. El secretario no sabe cómo deshacerse de todo el personal de carrera; lo quiere mandar a los consulados para ver qué hace él con la Secretaría y está poniendo a pura gente improvisada.

    Entonces tenemos gente muy buena en los consulados y en las embajadas, pero el cerebro de la Secretaría está, digamos, nuevo, no tiene experiencia.

    Yo creo que en la situación fue muy medida la senadora Silvia Hernández. Pero qué bueno. Yo aquí pase a tribuna para que se supiera de qué estamos hablando: de una falta de tacto político y de una falta de compromiso y de cumplimiento de la palabra de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

    Gracias.

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Tiene el uso de la palabra la diputada Yolanda Valladares Valle, para hechos.

    La diputada Yolanda Guadalupe Valladares Valle:

    Solamente quisiera pedirle a la senadora Silvia Hernández que no hable a nombre de todos los integrantes de la comisión.

    Yo soy miembro integrante de esa comisión y no estuve presente en esa reunión; por lo tanto, en la reunión de ayer.

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Para alusiones, senadora Hernández, desde su curul.

    La senadora Silvia Hernández Enríquez (desde su curul):

    Desde aquí, señor Presidente.

    La Comisión ha sesionado de manera formal el día de ayer, con convocatoria conocida con anticipación suficiente, martes anterior, a la hora citada. Hubo quórum, representantes de los partidos políticos diversos y, diputada, con todo respeto, yo le rogaría que aceptara los acuerdos de la comisión.

    Si su ausencia es justificada lo entendemos, pero no entenderíamos que usted desconozca los acuerdos que se tomen en la comisión, por su ausencia.

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Tiene el uso de la palabra el senador Jorge Zermeño Infante, para hechos.

    El senador Jorge Zermeño Infante:

    Muy breve, senadora:

    No se violó ninguna ley. Lo ha aceptado el propio senador Demetrio Sodi. Probablemente pudiéramos coincidir en que los métodos, las formas, falta de tacto, muchos de los adjetivos que aquí se han señalado son opinables, pero no se violó ninguna ley.

    Gracias.

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Autorizada que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo y a los decretos, se pide a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

    El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

    «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

    HONORABLE ASAMBLEA:

    A las Comisiones que suscriben, les fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente relativo al nombramiento que el Presidente de la República hace en favor del ciudadano Rubén Alberto Beltrán Guerrero, como Cónsul General de México en Los Angeles, California, Estados Unidos de América, para los efectos de la fracción III del artículo 89, en relación con la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

    Después de haber analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, los miembros que integran esta Segunda Comisión desean señalar que, de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el ciudadano Rubén Alberto Beltrán Guerrero, consta que nació en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 25 de noviembre de 1953. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima para desempeñar el cargo para el que ha sido designado. A su vez, se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

    En su curriculum vitae se establece que es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Iberoamericana. Es miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano, al que ingresó en el año de 1981.

    En la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha desempeñado como Director General de Asuntos Jurídicos (1993), Protección y Asuntos Consulares (1997-1999) y de América Latina y el Caribe (1999-2001). Hasta diciembre del 2003, fungió como Cónsul General de México en Phoenix, Arizona.

    En la Administración Pública Federal se ha desempeñado como coordinador de Asesores del Subsecretario de Fomento Industrial de la SECOFI (1982-1984), Director General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico de la SECOFI (1984-1987) y posteriormente, responsable de las reformas a la Ley de Invenciones y Marcas. Fungió como Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública.

    Ha sido contratado por diversas organizaciones internacionales como consultor en materia de propiedad intelectual y desarrollo tecnológico.

    Conforme al acuerdo tomado por la Honorable Cámara de Senadores el 22 de diciembre de 1982, para la elaboración de dictámenes referentes a ratificaciones de nombramientos y retomada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la Segunda Comisión que suscribe invitó al ciudadano Rubén Alberto Beltrán Guerrero a una entrevista en donde se conversó sobre la situación política y económica actual de la circunscripción, en el contexto de la que vive el estado de California; de las estrategias de protección como tarea prioritaria del Consulado General, en el marco de las iniciativas locales y federales en pro y contra de los migrantes -servicios médicos, de salud y el reconocimiento de la matrícula consular de alta seguridad-. Se intercambiaron puntos de vista con el C. Beltrán Guerrero sobre los mecanismos de concertación institucionales con actores políticos federales y locales así como aquellos otros en los que la organización de la comunidad de origen mexicano juega un papel fundamental; de la coordinación necesaria de funciones y actividades entre los cuatro consulados generales de México en California.

    Sin embargo antes que nada expresó su deseo de rendir cuentas sobre su tarea como Cónsul en Phoenix, Arizona, y entregó un informe de su gestión, subrayándolos aspectos medulares tales como la protección de los mexicanos. Subrayó que su prioridad siempre será la atención a la comunidad mexicana.

    El Cónsul General designado dividió su presentación de manera temática iniciándola con breves comentarios sobre la situación política y económica en California; sobre el particular mencionó, al igual que sus colegas del Servicio Exterior mexicano que fueron convocados por esta Segunda Comisión, ofreciendo datos sobre la población de origen mexicano que asciende a 8,455,926 habitantes, un 25% del total y 70% de la denominada hispana; que el poder ejecutivo estatal está conformado por seis funcionarios de elección popular, el gobernador de extracción republicana y el resto demócratas, según la última votación; el legislativo local con mayoría demócrata en ambas Cámaras. Respecto a la situación de la economía estatal, el diplomático de carrera destacó el gran déficit presupuestal y la caída de inversión y empleo en una economía que se catalogaba como la sexta en el mundo; elemento que ha provocado diferendos entre la Legislatura y el Gobernador Schwarzenegger, respecto a la manera de financiar ese déficit y como impactará esa reducción el gasto social y el gasto corriente.

    El C. Beltrán Guerrero puso énfasis en la relación bilateral entre México y California , de la que no puede ser ajena la situación anteriormente descrita. En materia de intercambio económico-comercial dijo que California ha sido el estado de la Unión americana que más se ha beneficiado de los intercambios bajo ese instrumento -las compras de México han desplazado a las de Japón y Canadá., lo que es un instrumento que no debe perderse de vista cuando se negocie con ese estado- así mismo, un grupo considerable de empresas mexicanas se han establecido en California para proveer el gran mercado hispano con sus productos, sobre todo, alimentarios.

    Durante su exposición el Cónsul general designado mencionó que la jurisdicción de Los Angeles es la que presenta la mayor concentración de población de origen mexicano, ya sea de ciudadanos estadounidenses de ese origen, connacionales no documentados (asciende aproximadamente a tres millones cien mil mexicanos). Por algo se dice que es la cuarta ciudad con mayor número de mexicanos después de la capital del país, Guadalajara y Monterrey. La circunscripción consular abarca 15 condados, que en términos de extensión representan casi la mitad del territorio del estado, más el condado de Kern en Nevada.

    Los miembros de la Comisión solicitamos sus reflexiones sobre las iniciativas y resoluciones que ha expedido el Poder Legislativo local relacionadas con beneficios a los migrantes y el estado actual en el que se encuentran. Habló de la denominada AB 540 que ya permite que los hijos de los trabajadores indocumentados puedan inscribirse en universidades y colegios comunitarios pagando colegiaturas como residentes. El Cónsul General designado citó también las iniciativas pendientes de aprobación y que de serlo significarían mejores niveles de bienestar para los connacionales No documentados, entre ellas, la más conocida, la SB-60 que otorgaría licencias de manejo a inmigrantes sin importar su estatus migratorio que había sido firmada por el ex gobernador Davis pero fue recientemente vetada por el señor Schwarzenegger. Se refirió a importante Iniciativa SB 1818, que puede llegar a contrarrestar la decisión de la Suprema Corte en el importante caso Hoffman Plastic Compounds, que como recordamos, impedía el pago de salarios a los trabajadores que hubieran mentido sobre su calidad migratoria, caso que llevó al gobierno de México a solicitar la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le fue favorable, finalmente, a la Iniciativa que permitirá el intercambio de médicos dentistas mexicanos ((AB1045).

    Quienes integramos esta sobre su programa de trabajo Segunda Comisión preguntamos al Cónsul General designado y sobre el mismo le hicimos una serie de preguntas específicas.

    Expresó que es el momento propicio para retomar la negociación migratoria. Los miembros de esta Comisión le preguntamos sus comentarios en concreto y a la luz de la iniciativa del Presidente Bush y con anterioridad la de diversos Congresistas.

    Le solicitamos ampliara los comentarios de su programa cuando se refiere a que ``la actividad de los consulados se encuentran plasmadas en programas y acciones de carácter permanente , por lo que su intensidad y eficacia no están sujetas a paréntesis especulativos sobre hipotéticos cambios legislativos'' dado que en otro punto del mismo Plan de Trabajo propone promover la consolidación de reformas legislativas para que se expidan licencias de manejo a las personas que aprueben los exámenes correspondientes, independientemente de su condición migratoria.

    Coincidimos en la necesidad que plantea de fortalecer los mecanismos regionales de concertación como los Mecanismos de consulta al Interior, iniciados desde los noventas y que periódicamente se vienen celebrando entre los consulados mexicanos y las autoridades migratorias norteamericanas e igualmente con su opinión de que, ``es necesario reactivas las reuniones regionales de evaluación de estos mecanismos''. Lo anterior afirma además reforzar ante esas autoridades la importancia de que notifiquen a los consulados sobre cualquier detención y así cumplir con el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que firmaron ambos países.

    Para el Cónsul designado se debe continuar con las tareas de promoción de la matricula consular, y por ende con las tareas de cabildeo con aquellos departamentos del gobierno del área metropolitana de Los Angeles que, a pesar de la recomendación de la Junta de Supervisores del Condado, son renuentes a aceptar ese documento mexicano de alta seguridad.

    La experiencia del diplomático mexicano a su paso por el área de protección de la Cancillería mexicana como la titularidad del consulado en Phoenix, le permiten aseverar que la coordinación entre los consulados mexicanos en California más óptimos resultados en las tareas encomendadas. Agregó que es importante crear una política sistemática de información de asesoría legal a través de campañas en los medios de comunicación en español, dirigida a proporcionar un conocimiento adecuado de los mas importantes derechos y obligaciones de los inmigrantes y otorgarles así una protección preventiva.

    Respecto a los servicios que se prestan en materia de salud y promoción de la cultura y el deporte, el C. Beltrán Guerrero expresó su interés, en caso de ser ratificado por esta Soberanía, de reforzar las relaciones con las autoridades locales para sensibilizarlas, con miras a mejorar la calidad de esos servicios incluyendo los que resultaron de convenios binacionales.

    Los integrantes de esta Comisión pedimos al Beltrán Guerrero su opinión y las estrategias que seguirá para consolidar la unidad de la comunidad mexicana en Los Ángeles, una de las mas numerosas, diversas en origen y pluralidad política en todos los Estados Unidos así como el papel que juega el Instituto de Mexicanos en el Exterior y los Clubes y Federaciones de oriundos.

    Por otro lado, manifestó la necesidad de establecer un mecanismo explicito de coordinación eficaz de los consulados centroamericanos y latinoamericanos con presencia en la circunscripción del consulado General de México en Los Ángeles, con la finalidad de aprovechar la comunidad de intereses que anima a los trabajadores de todas las representaciones consulares de países latinoamericanos en la zona. Recalcó lo importante que es tener siempre presente el peso de la vecindad. La coordinación consular, es decir la articulación de los cónsules generales de California y el mejoramiento de los servicios de atención consular tomó gran parte de la exposición del C. Beltrán Guerrero.

    El cónsul general designado comentó la necesidad de lograr alianzas con los consulados centroamericanos ante el planteamiento del presidente Bush que va dirigido a toda la comunidad latinoamericana. Destacó motivos de solidaridad con la población de esa región y sumar esfuerzos con otras fuerzas para orientar cualquier reforma migratoria.

    La reunión a la que fue convocado por la Segunda Comisión el C. Rubén Beltrán Guerrero tuvo verificativo el día de hoy y en la misma, los legisladores que la integramos pudimos comprobar que su programa de trabajo responde a una estrategia para las características de esa circunscripción consular.

    Con base en el expediente mencionado y la entrevista referida, los legisladores miembros de las Comisiones que suscriben hemos podido constatar que el ciudadano C. Rubén Alberto Beltrán Guerrero, reúne en su persona las cualidades y méritos necesarios para el eficaz desempeño del cargo de Cónsul General de México en Los Angeles, California para el que fue designado por el Presidente de la República de acuerdo a las facultades que le confiere la fracción III del artículo 89. Asimismo posee los requisitos ordenados por el artículo 20 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano para ser designado Cónsul General de México en la ciudad de Los Angeles, California. En tal virtud, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente punto de:

    ACUERDO

    ÚNICO.- En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Rubén Alberto Beltrán Guerrero, como Cónsul General de México en Los Ángeles, California, Estados Unidos de América.

    Sala de Comisiones de la Honorable Comisión Permanente.--- México, DF, a 20 de enero del 2004.--- Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa y Educación: Sen. Silvia Hernández Enríquez (rúbrica), Presidenta; Sen. Cecilia Romero Castillo (rúbrica), secretaria; Dip. Carlos Flores Rico (rúbrica), secretario; Dip. Consuelo Muro Urista (rúbrica), Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David Hernández Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy, Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Dip. Yolanda Valladares Valle, Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar, Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Rafael Melgoza Radillo, Sen. Jorge Emilio González Martínez

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Está a discusión el punto de acuerdo...

    El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

    No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

    Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

    Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Aprobado el punto de acuerdo.

    Comuníquese al Ejecutivo.

    Se encuentra a las puertas de este recinto, el ciudadano Rubén Alberto Beltrán Guerrero, cuyo nombramiento como cónsul general de México en Los Angeles, California, Estados Unidos de América, acaba de ser aprobado por esta Asamblea.

    Para que lo introduzcan a este salón y lo acompañen a rendir protesta de ley, se designa en comisión a los siguientes legisladores: al diputado Heliodoro Díaz Escárraga; al senador Adalberto Madero Quiroga; al senador Rafael Melgoza Radillo; al diputado Luis Antonio González Roldán; al diputado Pedro Vázquez González y al diputado Jesús Martínez Alvarez.

    El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

    Se invita a los presentes a ponerse de pie:

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Ciudadano Rubén Alberto Beltrán Guerrero: ¿Protesta usted desempeñar leal y patrióticamente el cargo de cónsul general de México en Los Angeles, California, Estados Unidos de América, que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?.

    El ciudadano Rubén Alberto Beltrán Guerrero:

    ¡Sí, protesto!

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande.

    Felicidades, señor cónsul.

    Se ruega a la comisión designada acompañar al cónsul cuando desee retirarse.

    Continúe la Secretaría.

    La Secretaria diputada Yolanda Guadalupe Valladares Valle:

    «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

    HONORABLE ASAMBLEA:

    A las comisiones que suscriben, les fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente relativo al nombramiento que el Presidente de la República hace en favor de la ciudadana Alejandra María Gabriela Bologna Zubikarai, como Cónsul General de México en la ciudad de Sacramento, California, Estados Unidos de América, para los efectos de la fracción III del artículo 89, en relación con la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

    Después de haber analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, los miembros que integran esta Segunda Comisión deseamos señalar que, de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada por la ciudadana Alejandra María Gabriela Bologna Zubikarai, consta que nació en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 18 de febrero de 1963. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima para desempeñar el cargo para el que ha sido designada. A su vez, se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

    En su currículum vitae se establece que es licenciada en Relaciones Internacionales, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano, y ascendió al rango de Ministro en el mes de diciembre del año 2001. Habla inglés, italiano, griego y francés en diferentes porcentajes.

    En la Secretaría de Relaciones Exteriores ha estado adscrita a la Dirección General para el Pacífico (1991-1993) y a la Dirección General de Asuntos Consulares (1993). En el exterior fungió como Responsable de los Asuntos Económicos y Comerciales de la Embajada de México en Italia (1993-2000). Desde septiembre del año 2000 está adscrita al consulado General de México en Los Angeles, como Coordinadora para Asuntos Políticos, Económicos y Sociales.

    Conforme al acuerdo tomado por la honorable Cámara de Senadores el 22 de diciembre de 1982, para la elaboración de dictámenes referentes a ratificaciones de nombramientos y retomada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la Segunda Comisión que suscribe invitó a la ciudadana Alejandra María Gabriela Bologna Zubikarai a una entrevista en donde se conversó sobre la situación política y económica del estado de California y en particular de la circunscripción en Sacramento, de las tareas de protección de los mexicanos, en particular los no documentados que residen y trabajan en los condados que componen dicha jurisdicción, exponer su Plan de Trabajo caso de ser aprobado su nombramiento por esta Soberanía.

    Quienes integramos la Segunda Comisión de la Permanente tomamos en cuenta la particularidad de la circunscripción, sede de los poderes locales en el estado de California, evaluar el contexto general en el que se desenvuelven las tareas del Consulado, es decir, la situación política y económica de toda la entidad y las prioridades que en conjunto desarrollarán las representaciones consulares con los lineamientos de la Embajada en Washington y la propia Secretaría de Relaciones Exteriores. Los factores a considerar son: el arribo al poder ejecutivo local de un nuevo gobierno emanado de otro partido, señor Arnold Schwarzenegger, la posición de diversos actores políticos, agentes económicos y liderazgos sociales que se han polarizado como defensores del migrante o aquéllos otros que a través de estereotipos combaten al migrante, desconociendo su aportación al desarrollo de California como sexta economía en el mundo.

    Los miembros de la Segunda Comisión comentaron con la Cónsul General designada factores tales como el crecimiento poblacional de California superior a la media nacional, los datos censales sobre la distribución porcentual de su composición: 68% de anglosajones, 32.4% hispanos, de los cuales el 70% son mexicanos y sólo 6.7% afroamericanos. No escapó a los comentarios vertidos durante la comparecencia el hecho que ese estado sea el principal mercado hispano en los Estados Unidos; que el voto hispano haya sufrido cambios de orientación durante la última elección estatal, que California aporta el mayor número de votos electorales en la elección presidencial.

    La C. Bologna trazó el panorama político actual de California desde la perspectiva de acontecimientos recientes en el capitolio en Sacramento. Dijo que los retos para el gobernador Schwarzenegger son su habilidad para negociar con la legislatura local en manos de los demócratas, la de los miembros de ese partido en la Legislatura para negociar con los republicanos y con las demandas de sus electores de la comunidad hispana. Recordó que el principal interés de ambos poderes, el Legislativo y Ejecutivo es resolver el enorme déficit presupuestal lo que se decidió fuera a través de deuda y sin aumentar impuestos pero reduciendo el gasto corriente y algunos programas sociales. Los miembros de la Comisión preguntaron a la Cónsul General designada cuanto afectaría esto la prestación de servicios de salud o educación que se otorgan a la población de escasos recursos al margen de su estatus migratorio.

    Se hizo mención por parte de los miembros de la Comisión que si bien los demócratas en ambas cámaras tienen una mayoría holgada, el sistema de composición en comités y en temas con iniciativas obliga a consensar la aprobación de iniciativas. Además es importante tomar en consideración que en Estados Unidos no es común que se vote por bloque dado que la decisión del legislador es responder al interés ciudadano en cada distrito. Por lo anterior, solicitaron a la C Bologna Zubikarai, un contacto estrecho con los legisladores locales y las agrupaciones sociales a nivel distrital.

    La Cónsul General designada comentó que existen actores políticos y sociales a favor de la migración así como grupos que se oponen a ellos, que el radicalismo no es patrimonio de alguno de ellos en particular, por lo que hay que construir puentes de entendimiento con los aquellos grupos u organizaciones que visualizan el fenómeno migratorio con respeto a los derechos humanos fundamentales del migrante, la aportación que hacen a la economía de su país y los intereses de su país.

    Respecto al tema económico, quienes conformamos esta Comisión estamos concientes que se vincula con la política. La situación de la economía que ha pasado de un periodo de recesión en los noventas, una fugaz recuperación al inicio de este milenio y la recaída de dos años a la fecha, que se demuestra por las tasas de desempleo, el déficit gubernamental, el que el papel de líder exportador en Estados Unidos le haya sido arrebatado por Texas provocando el malestar de diferentes sectores sociales que vieron la salida en la reconversión de su economía, atracción de nuevas inversiones, optar por un gobernador republicano o vincular la situación de la economía con el estatus migratorio de la población a través de estereotipos.

    Quienes integramos esta Segunda Comisión reconocemos que la prioridad de los consulados en el estado de California es desarrollar de manera eficiente las tareas de protección de nuestros connacionales en el exterior, sin menoscabo de otras funciones que las complementan como la promoción económica, el interés de California en que México continúe siendo el principal mercado para sus exportaciones; la función de alentar la organización de la comunidad de origen mexicano tanto de los que son residentes como de los ciudadanos de ese país para que se involucren más en los órganos públicos de decisión y finalmente, las funciones de promoción cultural, educativa y de salud además de las funciones que establece la propia Ley del Servicio Exterior Mexicano.

    La C. Alejandra María Bologna comentó que la jurisdicción del consulado general de Sacramento, abarca 24 condados donde residen entre 700 y 800 mil mexicanos dedicados a tareas agrícolas, que las tareas de protección y documentación exigen el desplazamiento de quienes colaboran en esa oficina para expedirles documentos y estar en contacto con sus problemas pero que se requiere también el contacto con organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos y laborales que constituyen los principales aliados de la causa del migrante hispano.

    En ese contexto, la Cónsul General designada expuso de manera sucinta su Plan de Trabajo el cual gira en torno a estrategias en los campos político, de promoción económico - comercial y turística, el socio - cultural incluyendo respaldos a la educación, difusión de nuestra cultura e identidad nacionales, a la salud y el deporte.

    1. Tomando en consideración que Sacramento es sede de los poderes locales, la C Bologna Zubikarai pretende consolidar las relaciones con legisladores amigos de México; estará atenta a las iniciativas favorables o desfavorables que se generen en esas Cámaras para analizarlas e informar a México sobre su alcance; respecto al Ejecutivo estatal buscará los contactos funcionales con el Gobernador Arnold Schwarzenegger y los miembros de su Gabinete relacionados con los intereses de México. No escapó al comentario de la Cónsul General designada temas como la conformación del gabinete del ejecutivo estatal, la estrategia de los demócratas en la aprobación de iniciativas destacando la del Senador estatal Cedillo sobre licencias de manejo para no documentados y otras que han promovido otros amigos de México dentro de la Asamblea Legislativa como Marco Firebough y Fabián Núñez.

    2. Conociendo el papel de las organizaciones no gubernamentales defensoras del migrante, los clubes de oriundos y las federaciones de México americanos, y que estas responden a diferentes intereses y visiones sobre el fenómeno migratorio, la Cónsul se compromete a mantener el diálogo con todas ellas partiendo que todas tienen algo que aportar a la causa del trabajador mexicano y sus familias.

    3. Trabajar conjuntamente con los clubes de oriundos y federaciones de mexicanos y México americanos de la jurisdicción e impulsar la creación de otros nuevos; intercambio de maestros y de médicos así como la difusión de iniciativas estatales que les benefician al margen de su estatus migratorio.

    4. Las tareas de protección serán prioritarias en cuanto a la repatriación segura y ordenada de compatriotas a territorio nacional coordinándose con Vigilar y coordinar con las autoridades de la patrulla fronteriza y el Buró de Aduanas y Seguridad Fronterizas; repatriación de cadáveres con el otorgamiento de ayuda económica; mantenimiento del diálogo con las policías locales con el propósito de sensibilizarlos sobre la importancia de aplicar el derecho a la notificación consular.

    5. Atención a los mexicanos internos en centros de readaptación social de la circunscripción a través de programas de asesoría jurídica, educación para adultos. Los miembros de la Comisión preguntaron si existen en su jurisdicción casos de pena de muerte. La Cónsul General designada comentó que el caso de Roberto Juárez, sentenciado a pena de muerte y que forma parte de los 54 casos que se ventilan en la Corte Internacional de la Haya.

    6. Lograr niveles de eficacia de atención al público y reorientar los programas del consulado móvil para tender las necesidades de la población mexicana que habita en lugares distantes sin menos cabo de resguardar la seguridad en el proceso de expedición de la matrícula consular velando además porque esta sea aceptada el mayor número de condados e instituciones financieras.

    7. En el campo de la promoción económica- comercial y de inversiones sumará al consulado a las tareas que en ese sentido desarrollan el Bancomext y Nafin tomando en cuenta la gama de oportunidades que el mercado hispano puede representar para los empresarios mexicanos por un lado, y por el otro, la comunidad de origen mexicano radicada en la jurisdicción en especial el ``Programa 3x1'' que potencia el desarrollo en sus comunidades de origen con el respaldo de los gobiernos federal y estatales de nuestro país.

    8. Cooperación.- Se buscará la continuación de programas educativos y fomentar la relación con las universidades.

    Los integrantes de la Comisión quisimos conocer los puntos de vista de la C. Bologna sobre el plan anunciado por el Presidente Bush teniendo en consideración que aunque compete a aterrizarlo al congreso estadounidense es importante la presión y orientación que puedan dar al mismo los actores políticos locales respecto a su orientación y beneficio para los mexicanos no documentados.

    Con base en el expediente mencionado y la entrevista referida, los legisladores miembros de la Comisión que suscribe hemos podido constatar que la ciudadana Alejandra María Bologna Zubikarai reúne en su persona las cualidades y méritos necesarios para el eficaz desempeño del cargo de Cónsul General de México en Sacramento, California para la que fue designada por el Presidente de la República de acuerdo a las facultades que le confiere la fracción III del artículo 89. En tal virtud, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente punto de:

    ACUERDO

    ÚNICO.- En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, ratifica el nombramiento que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor de la C. Alejandra María Bologna Zubikarai, como Cónsul General de México en Sacramento, California, Estados Unidos de América.

    Sala de Comisiones de la honorable Comisión Permanente.--- México DF, a 20 de enero del 2004.--- Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa y Educación: Sen. Silvia Hernández Enríquez (rúbrica), Presidenta; Sen. Cecilia Romero Castillo (rúbrica), secretaria; Dip. Carlos Flores Rico (rúbrica), secretario; Dip. Consuelo Muro Urista (rúbrica), Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David Hernández Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy, Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Dip. Yolanda Valladares Valle, Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar, Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Rafael Melgoza Radillo, Sen. Jorge Emilio González Martínez

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Está a discusión el punto de acuerdo...

    La Secretaria diputada Yolanda Guadalupe Valladares Valle:

    No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

    Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

    Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese al Ejecutivo.

    Se encuentra a las puertas de este recinto la ciudadana Alejandra María Gabriela Bolonga Zubikarai, cuyo nombramiento como cónsul general de México en Sacramento, California, Estados Unidos de América, acaba de ser aprobado por esta Asamblea.

    Para que la introduzcan a este salón y la acompañen a rendir la protesta de ley, se designa en comisión a los siguientes legisladores:

    Senador don Ernesto Gil Elorduy, diputado Sergio Penagos García, diputada Minerva Hernández Ramos, diputado Luis Antonio González Roldán, y diputado Pedro Vázquez González.

    La Secretaria diputada Yolanda Guadalupe Valladares Valle:

    Se invita a los presentes ponerse de pie.

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Ciudadana Alejandra María Gabriela Bolonga Zubikarai: ¿Protesta usted desempeñar leal y patrióticamente el cargo de cónsul general de México en Sacramento, California, Estados Unidos de América, que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

    La ciudadana Alejandra Maria Gabriela Bolonga Zubikarai:

    ¡Sí, protesto!

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande.

    ¡Felicidades!

    Se ruega a la comisión designada acompañar a la cónsul, cuando desee retirarse de este recinto.

    Continúe la Secretaria.

    La Secretaria diputada Marcela Guerra Castillo:

    Con gusto.

    «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

    HONORABLE ASAMBLEA:

    A las Comisiones que suscriben les fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente relativo al nombramiento que el Presidente de la República hace en favor del ciudadano Alfonso de María y Campos y Castelló, como Cónsul General de México en San Francisco, California, Estados Unidos de América para los efectos de la fracción III del artículo 89, en relación con la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

    Después de haber analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, estas Comisiones desean señalar que, de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el ciudadano Alfonso de Maria y Campos y Castelló, consta que nació en México, D.F., el 9 de agosto de 1949. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima para desempeñar el cargo para el que ha sido designado. A su vez, se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

    Es Licenciado en Derecho (1969-1974) y Pasante en Ciencia Política (1970-1974) en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se especializó en Estudios Latinoamericanos (1974-1975) e hizo estudios de postgrado en Historia (1975-1977), en la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Ha sido profesor de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, investigador sobre Historia y su carrera académica es muy amplia.

    En el sector público se ha desempeñado como Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Turismo (1985-1988), y de Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) (1994-2000). En la Secretaría de Relaciones Exteriores Director General para Europa en 1993. En el 2000 se reincorpora a la SRE como Director General del Programa para las Comunidades Mexicanas en el Exterior en 2001. A partir de noviembre de 2001 como Director General para América del Norte en la misma dependencia. Es miembro del Servicio Exterior de Carrera desde 1990 y actualmente tiene el rango de Consejero.

    Conforme al Acuerdo tomado por la Honorable Cámara de Senadores del 22 de diciembre de 1982, para la elaboración de dictámenes referentes a ratificaciones de nombramientos diplomáticos y retomada por esta H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la Segunda Comisión que suscribe invitó al ciudadano Alfonso de Maria y Campos Castelló a una entrevista en donde se analizó su perfil para el cargo propuesto por el Ejecutivo Federal y el programa de trabajo que seguirá en caso de ser ratificado su nombramiento por esta Soberanía. Se conversó sobre el contexto económico y político de la circunscripción que se le encomendará que tiene como sede la Ciudad de San Francisco, California. Asimismo se analizaron los problemas de una población en su mayoría no documentada, que supera el medio millón de personas y por consecuencia la demanda de servicios consulares, particularmente de matrículas cuya demanda aumentó considerablemente a partir del 11 de septiembre de 2001 y los casos de deportación también sin cumplirse con la obligación de las autoridades estadounidenses de notificarlo al consulado.

    Quienes integramos estas Comisiones Unidas coincidimos en que la importancia de esa representación consular en San Francisco, se debe entre otros factores a que forma parte de uno de los estados que son puerta de entrada de la inmigración mexicana no documentada y es un paso de corrientes que aspiran a llegar a otros puntos de la Unión Americana. Su per cápita está por encima de la media de Estados Unidos y es el área que crece mas después de la ciudad de Los Ángeles. La ciudad de San Francisco cuenta con una población de 776,733 personas, siendo de origen mexicano 48,935 habitantes.

    El Cónsul General designado afirmó que la relación entre México y San Francisco se puede visualizar desde diferentes ángulos: el de los asuntos políticos, económicos, de cooperación, y la prestación de servicios consulares, donde las tareas de protección son prioritarias. Se refirió a la posición especial en política y su rechazo al actual gobernador.

    Durante su exposición el Cónsul designado comentó que en cuanto a los aspectos políticos el Consulado General de México en San Francisco considera como asunto prioritario la defensa y promoción de los intereses de México y de los mexicanos. El Ciudadano Alfonso de Maria y Campos Castelló propone en su plan de trabajo impulsar la comunicación con y entre los actores políticos más relevantes de la circunscripción para fortalecer la cooperación y ampliar el entendimiento con México.

    Las Comisiones dictaminadoras coincidimos en que es importante el establecimiento de contactos con los representantes federales y locales de esa jurisdicción como son el Alcalde, Procurador de Distrito y el Consejo de Supervisores del Condado de San Francisco. Es necesario el establecimiento de relaciones de cooperación con los grupos de interés y ONGs que tengan sede en la circunscripción, ya que estas siguen de cerca el desarrollo de los eventos políticos, económicos y sociales de México por un lado y son defensores de los derechos fundamentales de las minorías, en particular los migrantes de origen hispano.

    En la relación económica, la circunscripción ocupa un lugar de importancia para México. La zona metropolitana de San Francisco cuenta con un PIB de 112.6 MMD y contribuye con 8.1% del PIB de California. San Francisco es conocido como el ``triángulo de oro'' con tres ejes: San Francisco al oeste, Oakland al este y San José y el Valle del Silicón al sur. Es considerada esta zona como una de las más dinámicas a nivel económico y comercial de Estados Unidos y el Pacífico por los recursos humanos, financieros y tecnológicos que tiene. Las industrias de importancia de San Francisco son la de servicios financieros, comercio internacional, comunicaciones y transportes y servicios profesionales para personas y negocios, turismo y tecnología. También son importantes la construcción, la comercialización, producción de productos de petróleo, biotecnología y la industria textil y del vestido.

    En cuanto a las exportaciones de San Francisco hacia nuestro país son del 3%, lo que equivale aproximadamente a 400 millones de dólares. San Francisco junto con los 13 condados de la circunscripción consular exportan a México productos de la industria electrónica y computacional, maquinaria y productos metálicos, alimentos frescos, semi-procesados y vino, derivados de petróleo, plásticos y productos de hule, así como películas de largo metraje. El Cónsul General designado en caso de ser ratificado, se propone en este rubro fortalecer la cooperación comercial entre su circunscripción y nuestro país, además de promover el desarrollo de programas de apoyo para medianas y pequeñas empresas mexicanas; así como facilitar el encuentro de importadores de productos mexicanos y empresas productoras de nuestro país, en especial aquellas que se generan por las necesidades de consumo de las comunidades mexicanas residentes en esa zona. Hay que insistir que México es el principal mercado para los productos de California, al captar $16,076.3 millones de dólares, es decir, 17.4% del total de las exportaciones lo que constituye una poderosa arma de negociación en los campos político-migratorio económico y comercial.

    La cooperación gira en torno a la educación y a la cultura. El estado cuenta con 35 universidades de primer nivel y en este sentido, el Ciudadano Alfonso de Maria y Campos Castelló hizo referencia a la promoción del intercambio cultural, artístico y educativo, ya que San Francisco es uno de los principales atractivos culturales de Estados Unidos. Es importante mencionar la existencia de una fundación encargada del proyecto para la construcción del Museo Mexicano en esa ciudad y su desarrollo como una entidad cultural. Fortalecer el intercambio académico estudiantil y de investigadores con las universidades de Berkeley y de California en San Francisco son otros de los compromisos que se compromete a asumir el C. De Maria y Campos.

    En cuanto a los asuntos consulares y de protección destacó el papel de la matrícula de alta seguridad que actualmente sólo es aceptada en los condados de San Francisco y Napa. Durante el primer semestre de 2003, fueron expedidas 21,962 matrículas consulares de alta seguridad principalmente a mexicanos provenientes de Michoacán (23.83%), Jalisco (21.64%) y Guanajuato (7.03%). En materia de protección, el Consulado General ha atendido, 3084 casos sobre defensa de derechos humanos y asuntos penales, migratorios, laborales, civiles y administrativos.

    El Cónsul General se ha puesto como meta fortalecer las labores de protección y atención a nuestros connacionales, mediante la mejora en los servicios y la negociación con autoridades competentes.

    Los integrantes de esta Comisión hacemos hincapié en que se debe dar seguimiento a las iniciativas y propuestas de ley, federales y estatales, que puedan aplicarse en la circunscripción y que tengan algún impacto en la población de origen mexicano y difundir la información entre la comunidad. Los miembros de la Comisión preguntaron al diplomático mexicano sobre el impacto que tendrán iniciativas favorables y desfavorables que se aprobaron en la Legislatura estatal como el no reconocimiento de la Matrícula Consular Mexicana (la cual fue vetada por el Gobernador Gray Davis); Aceptación de identificaciones expedidas por gobiernos extranjeros (hablamos de todas las identificaciones consulares, no sólo la matrícula consular mexicana) y licencias de manejo para inmigrantes indocumentados (el nuevo Gobernador Schwarzenegger sometió ante el Congreso local una iniciativa para revocar esta Ley y los demócratas con mayoría en ambas Cámaras, no hicieron nada ya que la iniciativa pudiera irse a referéndum, donde se hubiera perdido permanentemente. California fija los estándares para todo Estados Unidos y es la vanguardia en muchas.

    El Ciudadano Alfonso de Maria y Campos Castelló de ser ratificado, buscará el acercamiento con la Comisión de Derechos de los Migrantes que sostiene el gobierno de San Francisco con el fin de fortalecer las labores de protección y atención a nuestros connacionales; además de la difusión en los departamentos de policía y fiscales de distrito la importancia de la notificación consular, sobre todo en los casos que puedan involucrar la pena de muerte.

    Finalmente de María señaló que se fortalecerán los mecanismos institucionales para la detección y seguimiento de los problemas migratorios; además de dar continuidad al Programa de Repatriación Segura y Ordenada de Mexicanos, particularmente en los casos de mujeres, menores y discapacitados; y en general atender los casos de violaciones de derechos humanos de mexicanos, así como de los procesos a mexicanos condenados a pena de muerte, o cuya sentencia pudiera llegar a la imposición de pena capital.

    El C. De María y Campos dio la bienvenida a la iniciativa del Congreso mexicano, en particular del Senado, para sumarse a la estrategia del Estado Mexicano y su involucramiento en el tema migratorio. Mostró su preocupación por el programa de trabajadores temporales anunciado por el presidente Bush, dado que las empresas familiares, inclusive de no documentados en ese Estado, podrían aprovechar este programa sin cumplir con los requisitos de ley.

    Con base en el expediente mencionado y la entrevista referida, los Senadores miembros de las Comisiones que suscriben hemos podido constatar que el ciudadano Alfonso de María y Campos y Castelló reúne en su persona las cualidades y méritos necesarios para el eficaz desempeño del cargo de Cónsul General de México en San Francisco, California, para el que fue designado por el Presidente de la República de acuerdo a las facultades que le confiere la fracción III del artículo 89. Asimismo posee los requisitos ordenados por el artículo 20 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano para ser Cónsul General de México en San Francisco, California.

    En tal virtud nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente punto de

    ACUERDO

    ÚNICO.- En uso de las facultades que le confiere la Fracción VII del Artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del congreso de la Unión, ratifica el nombramiento que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Alfonso de María y Campos y Castelló como Cónsul General de México en San Francisco, California, Estados Unidos de América.

    Sala de comisiones de la honorable Comisión Permanente.--- México DF, a 20 de enero del 2004.--- Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa y Educación: Sen. Silvia Hernández Enríquez (rúbrica), Presidenta; Sen. Cecilia Romero Castillo (rúbrica), secretaria; Dip. Carlos Flores Rico (rúbrica), secretario; Dip. Consuelo Muro Urista (rúbrica), Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David Hernández Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy, Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Dip. Yolanda Valladares Valle, Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar, Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Rafael Melgoza Radillo, Sen. Jorge Emilio González Martínez

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Está a discusión el punto de acuerdo...

    La Secretaria diputada Marcela Guerra Castillo:

    No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

    Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en la forma acostumbrada...

    Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese al Ejecutivo.

    Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Alfonso de María y Campos y Castelló, cuyo nombramiento como cónsul general de México en San Francisco, California, Estados Unidos de América, acaba de ser aprobado por esta Asamblea.

    Para que lo introduzcan a este salón y lo acompañen a rendir la protesta de ley se designa en comisión a los siguientes legisladores:

    Senador Fernando Gómez Esparza, senador Juan José Rodríguez Prats, senador Rafael Melgoza Radillo, diputado Luis Antonio González Roldán, diputado Pedro Vázquez González y diputado Jesús Martínez Alvarez.

    La Secretaria diputada Marcela Guerra Castillo:

    Se invita a los presentes a ponerse de pie.

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Ciudadano Alfonso de María y Campos y Castelló: ¿Protesta usted desempeñar leal y patrióticamente el cargo de cónsul general de México en San Francisco, California, Estados Unidos de América, que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

    El ciudadano Alfonso de María y Campos y Castelló:

    ¡Sí, protesto!

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande.

    ¡Felicidades, señor cónsul!

    Se ruega a la comisión designada acompañar al cónsul, cuando desee retirarse de este recinto.

    Continúe la Secretaría.

    La Secretaria senadora Arely Madrid Tovilla:

    «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

    HONORABLE ASAMBLEA:

    A las Comisiones que suscriben, les fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente relativo al nombramiento que el Presidente de la República hace en favor del ciudadano Bruno Figueroa Fischer, como Cónsul General de México en San José, California, Estados Unidos de América, para los efectos de la fracción III del artículo 89, en relación con la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

    Después de haber analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, los miembros que integran esta Segunda Comisión desean señalar que, de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el ciudadano Bruno Figueroa Fischer, consta que nació en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 24 de octubre de 1965. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima para desempeñar el cargo para el que ha sido designado. A su vez, se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

    En su currículum vitae se establece que es egresado de El Colegio de México y cuenta con una maestría de la Escuela Nacional de Administración de Francia. Es miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano, al que ingresó en el año de 1987. Actualmente tiene el rango de Ministro. Habla inglés, francés y alemán.

    En el exterior fungió como Jefe de la Cancillería de la Embajada de México en Austria, y Representante Alterno ante los organismos internacionales con sede en Viena. De 1993 a 1997 fue agregado de prensa en la embajada de México en Francia, y asesor del Subsecretario de América del Norte.

    En la actualidad se desempeña como asesor del Secretario de Relaciones Exteriores.

    Conforme al Acuerdo tomado por la Honorable Cámara de Senadores el 22 de diciembre de 1982, para la elaboración de dictámenes referentes a ratificaciones de nombramientos y retomada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la Segunda Comisión que suscribe invitó al ciudadano Bruno Figueroa Fischer a una entrevista en donde se conversó sobre el estado actual de las relaciones bilaterales con la ciudad de San José, California, así como de las funciones que puede desarrollar el Consulado de nuestro país en esa región en el contexto las cualidades específicas que caracterizan a la región. Durante la entrevista se habló sobre la situación política, económica y social de la circunscripción y de los mecanismos para consolidar las relaciones y explorar otros campos de colaboración en beneficio de los mexicanos que radican en esa ciudad.

    Durante su intervención, el Cónsul designado mencionó la importancia que el Estado de California tiene para México en su relación con los Estados Unidos debido a que no sólo es el Estado que tiene una mayor población de personas de origen mexicano, sino que también es el principal mercado para los productos de California.

    Destacó asimismo el hecho de ser California el principal Estado de la Unión Americana por el tamaño de su economía y su población, y la sexta economía a nivel mundial. El Estado tiene un PIB de 1,359.3 mil millones de dólares. La economía estatal es líder en la producción de manufacturas de alta tecnología, productos agrícolas y en la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías y la biotecnología.

    Sin embargo mencionó que, en la actualidad la economía de California enfrenta tres problemas; el fuerte déficit en las finanzas públicas que obliga a realizar aumentos en el costo de los servicios gubernamentales, así como a disminuir el empleo y los contratos que genera dicho sector; el incremento en los costos de los seguros de compensación que disminuyen el empleo y; el aumento en los costos de los negocios, ocasionado por el alza en la contribución a los seguros de desempleo y la eliminación del crédito a la inversión de manufacturas.

    En lo que se refiere a la política fiscal, el Cónsul designado mencionó que California enfrenta una de sus peores crisis en finanzas públicas; se espera que los ingresos impositivos desciendan a 65.8 mil millones de dólares en el año fiscal 2003-2004, lo que generará un déficit de aproximadamente 34 mil millones de dólares, tema éste que forma parte de la discusión en la Legislatura estatal y en la agenda del Gobernador.

    El 70% de las exportaciones estatales se componen de computadoras y productos electrónicos, maquinaria industrial, equipo de transporte y productos químicos. Sin embargo, entre enero y septiembre del 2003, las exportaciones de California disminuyeron 2.5% respecto a las observadas en el mismo periodo del 2002, para ubicarse en los 60, 058. 4 millones de dólares.

    Nuestro país es el principal mercado para los productos de California, al captar 16,076.3 millones de dólares en mercancías del Estado, 17.4% del total de sus exportaciones. El comercio con México, de manera directa o indirecta, proporciona aproximadamente 240 mil empleos en ese Estado. Las importaciones de equipo eléctrico y electrónico, equipo de transporte y maquinaria industrial, así como las de computadoras, representan más de la mitad de los envíos.

    Tocó el tema migratorio que para México es prioritario y dentro de éste mencionó la matricula consular. El C. Figueroa Fischer afirmó que ésta tiene una gran aceptación en el Estado de California y manifestó su interés por hacer el seguimiento de las diversas iniciativas de ley que afectan a los migrantes mexicanos que residen en ese Estado. Entre ellas citó la proposición 38 que se refiere al sistema escolar público y privado; la AB540, importante iniciativa que permite a indocumentados acceder a universidades y colegios comunitarios del Estado y que entró en vigor tras haber sido aprobada por el Poder Legislativo y firmada por el anterior Gobernador; la SB1818, que busca el castigo severo a los empleadores que violen la ley laboral que otorga a los trabajadores el derecho de afiliarse a sindicatos, organizarse y participar el contratos colectivos de trabajo; la AB-522, que pretendía que todas las ciudades y condados de California aceptaran la matrícula consular, finalmente vetada por el ex Gobernador Davis y la SB-60 sobre licencias de manejo para inmigrantes indocumentados presentada por el Sen, Gil Cedillo y que debía entrar en vigor el 1° de enero pasado; sin embargo el actual Gobernador presentó una iniciativa ante la Legislatura para revocar esta ley.

    Señaló también que las reuniones del Mecanismo de Consulta al Interior, desde la puesta en operación del Departamento de Seguridad del Interior, no han sido regulares ni fructíferas, ya que en pocas ocasiones asiste el Director de Distrito.

    Durante su exposición, el Cónsul General designado mencionó que la jurisdicción de San José, California es considerada la 23° zona metropolitana de los Estados Unidos pero la séptima de California. Genera 91.5 millones de dólares y contribuye con 6.5% al PIB estatal. Es asiento de una gran población de origen mexicano dado que tradicionalmente la región se ha dedicado a la agricultura, al procesamiento y exportación de frutas, vegetales y producción de vinos. Otro ámbito de la actividad económica es la producción de lácteos, pescado enlatado, químicos, aluminio, pinturas, fósforos y fibra de vidrio. Pero también, la región metropolitana de San José es conocida como el centro de la innovación ya que tiene la mayor concentración de empresas tecnológicas en el mundo.

    Los miembros de la Segunda Comisión analizamos el plan de trabajo que expuso el Cónsul General designado bajo el cual pretende orientar las acciones a desarrollar como titular de nuestro Consulado en la ciudad de San José señalando tres prioridades: atención a mexicanos a través de eficientar el trabajo consular; la articulación de los intereses de México con las autoridades locales y tres, promoción de los mexicanos en cuestiones educativas.

    Proteger los intereses de México y de sus nacionales en su circunscripción. En la actualidad el universo de mexicanos asentados en la misma es de aproximadamente 750 000 mexicanos migrantes de primera generación. Sus características laborales y socioeconómicas determinan el trabajo de protección que deberá realizar el Consulado General a su cargo. Dividió a la población mexicana en tres segmentos; uno que se dedica a la agricultura y radica en la parte sur del de la circunscripción; otro compuesto por los mexicanos que laboran en las ciudades, en particular en San José y que trabaja en el sector de la construcción y servicios y un tercero compuesto por estudiantes mexicanos en centros de educación superior y de profesionistas mexicanos que laboran en empresas de la zona.

    En lo que se refiere a la tarea de estrechar la relación bilateral con las autoridades locales en todos sus rubros, el ciudadano Figueroa Fischer mencionó que, hasta el momento, el Consulado mantiene relaciones con legisladores locales importantes, con autoridades estatales encargadas de vigilar el cumplimiento de las leyes laborales, y que pretende reforzar los puentes de comunicación y colaboración con las organizaciones que se dedican a la protección de los derechos de los mexicanos.

    Para el Cónsul designado se debe continuar con las tareas de promoción de la matrícula consular; actualmente este instrumento tiene un reconocimiento amplio por autoridades de los 4 condados de la circunscripción, dos ciudades, entre ellas San José, 5 departamentos de policía, y 6 bancos. Sin embargo, el Consulado seguirá trabajando para que la matrícula sea reconocida por la totalidad de las ciudades de la circunscripción, todos los departamentos de policía y otras instituciones. Paralelamente se deben difundir entre los connacionales los beneficios de contar con ese documento de identidad, para incrementar el número de demandantes de la misma.

    Al hablar de la prestación de los servicios consulares, se comprometió a intensificar los llamados consulados móviles para otorgar servicios y protección más eficientes y rápidos a los connacionales que residen en poblaciones distantes y que, por algún motivo, no pueden acudir a la sede de la representación.

    Comentó su interés en reforzar el apoyo de abogados consultores a las labores de protección, ya que los dos abogados actualmente vinculados al Consulado resultan insuficientes para desahogar todas las diligencias legales. En este aspecto de protección y ayuda a connacionales, el C. Figueroa reconoció que de los 1404 casos existentes siguen pendientes de resolución 1130, por lo que manifestó que una de las labores prioritarias del Consulado será atender esa situación y precisar los casos para determinar si por negligencia no fueron notificados como concluidos, o no se les dio la atención adecuada para su resolución.

    El C. Figueroa Fischer mencionó la existencia de 30 connacionales sentenciados a la pena máxima en el estado de California, entre ellos está un mexicano que originalmente fue procesado en San José y que actualmente se encuentra en una penitenciaria en San Francisco, de nombre Roberto Juárez.

    El C. Figueroa Fischer mencionó que la población migrante de la circunscripción, provenientes principalmente de los estados de Michoacán, Jalisco y Oaxaca, constituye un grupo vulnerable y que la separación de sus familias contribuye a que se presenten problemas mentales o de adicciones, y a las enfermedades de transmisión sexual; por ello, el Consulado dará un seguimiento puntual a los distintos programas de salud existentes.

    Promover la cultura, la economía y el turismo de nuestro país dentro de la circunscripción fueron otros de los puntos esenciales de su plan de trabajo. Consolidar los programas ya existentes e incrementarlos en colaboración con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior.

    El C. Figueroa Fischer reconoció que existe una relación con los clubes y líderes comunitarios y se comprometió a mantener e intensificar los vínculos con las 15 asociaciones mas importantes en la región, así como con los dos consejeros electos en la circunscripción del Consejo Consultivo del Instituto de Mexicanos en el Exterior.

    En materia de educación, Figueroa mencionó que existen rezagos severos en esta materia para la comunidad mexicana, debido a que la adaptación escolar es muy difícil y el grado de deserción es elevada, por lo que el Consulado tratará de restablecer el programa de intercambio de maestros mexicanos que permite a los educadores de las principales zonas expulsoras de migrantes de la región pasar un verano completo con las comunidades y reforzar así el aprendizaje de quienes lo requieran. Debe aprovecharse la vanguardia en tecnología.

    El cónsul designado termino su intervención hablando sobre como darle forma a la iniciativa del presidente Bush y la obligación del consulado de ayudar a que se cristalice la mejor propuesta. Hizo también una explicación sobre los deberes de los cónsules.

    La reunión a la que fue convocado por la Segunda Comisión el C. Bruno Figueroa Fischer tuvo verificativo el día de hoy y en la misma, los legisladores que la integramos pudimos comprobar que su programa de trabajo responde a una estrategia para las características de esa circunscripción consular. Quienes integramos de manera plural esta Comisión reconocemos la importancia del Consulado de San José, California y esperamos un buen desempeño dada su escasa experiencia en el trabajo consular.

    La Comisión estima que el Cónsul designado posee los requisitos ordenados por el artículo 20 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano para ser designado Cónsul General de México en la ciudad de San José, California. En tal virtud, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente punto de:

    ACUERDO

    ÚNICO.- En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, ratifica el nombramiento que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Bruno Figueroa Fischer, como Cónsul General de México en San José, California, Estados Unidos de América.

    Sala de Comisiones de la Honorable Comisión Permanente.--- México, DF, a 20 de enero del 2004.--- Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa y Educación: Sen. Silvia Hernández Enríquez (rúbrica), Presidenta; Sen. Cecilia Romero Castillo (rúbrica), secretaria; Dip. Carlos Flores Rico (rúbrica), secretario; Dip. Consuelo Muro Urista (rúbrica), Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Dip. David Hernández Pérez (rúbrica), Sen. Ernesto Gil Elorduy, Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Dip. Yolanda Valladares Valle, Sen. Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Dip. Federico Döring Casar, Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Sen. Demetrio Sodi de la Tijera (rúbrica), Sen. Rafael Melgoza Radillo, Sen. Jorge Emilio González Martínez

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Está a discusión el punto de acuerdo...

    La Secretaria senadora Arely Madrid Tovilla:

    No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

    Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

    Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese al Ejecutivo.

    Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano don Bruno Figueroa Fischer, cuyo nombramiento como Cónsul General de México en San José California, Estados Unidos de América, acaba de ser aprobado por esta Asamblea.

    Para que lo introduzca a este salón y lo acompañen a rendir la protesta de ley, se designa en comisión a los siguientes legisladores: Consuelo Muro Urista, Sergio Penagos García, Minerva Hernández Ramos, Luis Antonio González Roldán y Pedro Vázquez González.

    (La comisión cumple con su cometido.)

    La Secretaria senadora Arely Madrid Tovilla:

    Invitamos a los presentes a ponerse de pie.

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Ciudadano don Bruno Figueroa Fischer: ¿Protesta usted desempeñar leal y patrióticamente el cargo de cónsul general de México en San José, California, Estados Unidos de América, que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

    El ciudadano Bruno Figueroa Fischer:

    ¡Sí, protesto!

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande.

    Felicidades, señor cónsul.

    Se ruega a la comisión designada acompañar al cónsul cuando desee retirarse de este recinto.

    Se pide a la Secretaría poner a discusión los siguientes proyectos de decreto.


    CONDECORACIONES
    El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solis:

    «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Primera Comisión de Trabajo.

    Honorable Asamblea:

    A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe le fueron turnados los oficios de la Secretaría de Gobernación por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Jaime Godínez Ruiz y Capitán de Navío CG. Diplomado de Estado Mayor Fernando Alfonso Angli Rodríguez, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el Gobierno de la República de Chile.

    La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado C) del artículo 37 constitucional y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la Honorable Asamblea, el siguiente

    Proyecto de Decreto

    Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Jaime Godínez Ruiz, para aceptar y usar la condecoración Estrella Militar de las Fuerzas Armadas, en grado de Gran Estrella al Mérito Militar, que le confiere el Gobierno de la República de Chile.

    Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Capitán de Navío CG. Diplomado de Estado Mayor Fernando Alfonso Angli Rodríguez, para aceptar y usar la condecoración de la Medalla Minerva, que le confiere la Armada de la República de Chile.

    Sala de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 9 de enero de 2004.--- Sen. César Camacho Quiroz, Presidente (rúbrica); Dip. Germán Martínez Cázares, secretario (rúbrica); Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, secretario (rúbrica); Dip. David Hernández Pérez (rúbrica); Dip. Consuelo Muro Urista (rúbrica); Sen. David Jiménez González (rúbrica); Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica); Sen. Jorge Zermeño Infante; Sen. César Jáuregui Robles; Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica); Sen. Rómulo Campuzano González; Dip. Víctor Manuel Camacho Solís (rúbrica); Sen. Rafael Melgoza Radillo (rúbrica); Sen. Jorge Emilio González Martínez; Dip. Jesús Martínez Alvarez.»

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Está a discusión el dictamen en lo general... No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

    En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.

    Continúe la Secretaría.


    PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS
    El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

    «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Primera Comisión de Trabajo.

    Honorable Asamblea:

    En oficios de fecha 15 de diciembre de 2003, la Secretaría de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Amelia Guadalupe Bravo de la Fuente, Jorge Alejandro Garza López, María Elena Garza Malacara, Mónica Payró Duque, Nemesia Alejandra González Farías, Verónica Soto Avila, Luis Arturo Flores Sánchez y Marco Augusto Manrique Sánchez, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México, en la Embajada y Consulados de Canadá, en México, Monterrey, N.L. y Guadalajara, Jal. y en la Embajada del Reino Unido, en México, respectivamente.

    En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 7 de enero, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

    Considerando

    a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana, con la copia certificada de sus actas de nacimiento;

    b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México, en la Embajada y Consulados de Canadá, en México, Monterrey, N.L. y Guadalajara, Jal. y en la Embajada del Reino Unido, en México, serán de carácter administrativo, y

    c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II, del apartado C), del artículo 37 constitucional y al artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

    Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

    Proyecto de Decreto

    Artículo primero.- Se concede permiso a la ciudadana Amelia Guadalupe Bravo de la Fuente, para prestar servicios como profesora de español, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

    Artículo segundo.- Se concede permiso al ciudadano Jorge Alejandro Garza López, para prestar servicios como asistente comercial, en la Embajada de Canadá, en México.

    Artículo tercero.- Se concede permiso a la ciudadana María Elena Garza Malacara, para prestar servicios como médico general, en la Embajada de Canadá, en México.

    Artículo cuarto.- Se concede permiso a la ciudadana Mónica Payró Duque, para prestar servicios como analista económico, en la Embajada de Canadá, en México.

    Artículo quinto.- Se concede permiso a la ciudadana Nemesia Alejandra González Farías, para prestar servicios como recepcionista, en el Consulado de Canadá en Monterrey, Nuevo León.

    Artículo sexto.- Se concede permiso a la ciudadana Verónica Soto Avila, para prestar servicios como asistente comercial, en el Consulado de Canadá en Guadalajara, Jalisco.

    Artículo séptimo.- Se concede permiso al ciudadano Luis Arturo Flores Sánchez, para prestar servicios como agregado económico, en la Embajada del Reino Unido, en México.

    Artículo octavo.- Se concede permiso al ciudadano Marco Augusto Manrique Sánchez, para prestar servicios como agregado comercial adjunto, en la Embajada del Reino Unido, en México.

    Sala de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 9 de enero de 2004.--- Sen. César Camacho Quiroz, Presidente (rúbrica); Dip. Germán Martínez Cázares, secretario (rúbrica); Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, secretario (rúbrica); Dip. David Hernández Pérez (rúbrica); Dip. Consuelo Muro Urista (rúbrica); Sen. David Jiménez González (rúbrica); Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica); Sen. Jorge Zermeño Infante; Sen. César Jáuregui Robles; Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica); Sen. Rómulo Campuzano González; Dip. Víctor Manuel Camacho Solís (rúbrica); Sen. Rafael Melgoza Radillo (rúbrica); Sen. Jorge Emilio González Martínez; Dip. Jesús Martínez Alvarez.»

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

    En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se va a proceder a recoger la votación nominal de este proyecto de decreto y el anteriormente reservado en un solo acto.

    El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

    Por instrucciones de la Presidencia, se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de este proyecto de decreto y el anteriormente reservado, en un solo acto.

    Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

    Por la afirmativa, Manuel Camacho; por la negativa, Marcela Guerra; el Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano, sí.

    ¿Falta algún legislador por emitir su voto?

    Son 32 votos a favor.

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Aprobado en lo general y en lo particular por 32 votos los proyectos de decreto.

    Pasan al Ejecutivo, para los efectos constitucionales.


    FONDO NACIONAL DE DESASTRES NATURALES
    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    El siguiente punto del orden del día es el capítulo de proposiciones. Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Luis Antonio Ramírez Pineda, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo para que el Ejecutivo Federal tome a través del Fonden, medidas urgentes preventivas y de apoyo en las regiones y personas afectadas por las heladas y bajas temperaturas.

    El diputado Luis Antonio Ramírez Pineda:

    Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

    En las últimos semanas, prácticamente todo el país ha estado enfrentando todos los efectos de 28 frentes fríos que no sólo han provocado enfermedades o daños en el medio rural sino que lamentablemente han ocasionado que rápidamente ascienda a 80 el número de personas que han fallecido por hipotermia o por los precarios sistemas de calefacción.

    La mayoría de las personas que han muerto, son originarias de los estados de Chihuahua, Sonora e Hidalgo; sin embargo, la alerta que está provocando una situación meteorológica extrema como la que actualmente nos está afectando, se ha ido extendiendo a casi todo el territorio nacional.

    Los legisladores priístas, ante esta Comisión Permanente, sabemos y reconocemos que el Sistema Nacional de Salud está desplegando un esfuerzo preventivo de las enfermedades causadas por las bajas temperaturas, las cuales se enfocan en forma prioritaria a niñas y niños menores de dos años, así como a adultos mayores a 65. No obstante, una gran proporción de los mexicanos parece no tener acceso a la información precautoria ni a la atención de los daños que está causando un escenario con temperaturas que llegan a los 12 grados bajo cero, como ocurre principalmente en el norte del país.

    De ahí que una primera demanda que obligadamente tenemos que hacer los legisladores al Ejecutivo Federal desde esta tribuna es que fortalezca las unidades médicas necesarias para que atienda de inmediato a las víctimas del frío.

    Por otra parte, en mi partido consideramos que es necesario subrayar que amplias regiones rurales están siendo afectadas por heladas tardías e inesperadas, debido a lo cual muchos campesinos han perdido sus cultivos y han tenido que emigrar del campo para guarecerse de las calamidades del clima.

    Como ejemplo, en Sonora las heladas afectaron 50 mil hectáreas sembradas con maíz, hortalizas, garbanzo y frijol, con una pérdida superior a los 495 millones de pesos; la dificultad se agrava porque en esa misma entidad se dejaron de sembrar 180 mil hectáreas de trigo por falta de agua.

    En Veracruz, 33 municipios rurales se han declarado en emergencia por bajísimas temperaturas; en la costa de Jalisco se perdieron miles de hectáreas de hortalizas; en Michoacán y Durango se registraron temperaturas de hasta 7 grados bajo cero, mientras que en el estado de México las nevadas y los vientos afectaron sobre todo a las familias más pobres.

    De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, todavía falta el embate de 18 masas heladas más para sumarse a las 28 que ya han causado estragos sanitarios y agropecuarios, es por ello que se vuelve necesaria la urgente aplicación de los mecanismos del Fondo de Desastres Naturales, (Fonden), ya que es innegable que las condiciones meteorológicas a que nos estamos refiriendo generan gastos que la Federación, los estados y los municipios deben encarar y cuyos presupuestos no tienen previstos los recursos suficientes para mitigar los daños que están sufriendo las familias en su vida, alimentación, vestido, albergue, patrimonio productivo y otros bienes de supervivencia.

    Compañeras y compañeros legisladores: las cifras de las entidades que están padeciendo con mayor rigor estos problemas, varían de acuerdo a una u otra fuente de información, sin embargo lo importante es que las autoridades especializadas valoren los efectos negativos de la actual temporada invernal atípica y orienten los recursos existentes para auxiliar a la población afectada lo antes posible, a fin de evitar mayores daños y pérdidas, principalmente mayores decesos.

    Por lo anterior expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 82 de la Ley Orgánica del Congreso General y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, me permito someter a la alta consideración del pleno la siguiente proposición con

    Punto de Acuerdo

    Unico. Ante los graves daños que ha ocasionado la temporada invernal en nuestro país, la Comisión Permanente exhorta al Ejecutivo Federal a que por conducto de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Salud, se apliquen los recursos del Fonden a fin de atender de manera urgente a la población afectada por la bajas temperaturas y heladas atípicas causadas por los frentes fríos pasados y por lo que seguramente se verá también afectada por los frentes que todavía se esperan durante lo que resta de la temporada invernal.

    De igual manera, le solicita haga llegar a esta soberanía un informe pormenorizado sobre los daños a la vida, la salud, la vivienda y el patrimonio productivo sufrido por las familias afectadas.

    Por ser un asunto tan importante, señor Presidente, solicitamos que sea turnado por urgente y obvia resolución.

    Muchas gracias.

    «Proposición con punto de acuerdo, para que el Ejecutivo Federal tome, a través del Fonden, medidas urgentes preventivas y de apoyo en las regiones y personas afectadas por las heladas y bajas temperaturas, a cargo del diputado Luis Antonio Ramírez Pineda, del grupo parlamentario del PRI.

    En las últimas semanas, prácticamente todo el país ha estado enfrentando los efectos de 28 frentes fríos que no sólo han provocado enfermedades o daños en el medio rural, sino que lamentablemente han ocasionado que rápidamente ascienda a 80 el número de personas que han fallecido por hipotermia o por los precarios sistemas de calefacción.

    La mayoría de las personas que han muerto son originarias de los estados de Chihuahua, Sonora e Hidalgo; sin embargo, la alerta que está provocando una situación meteorológica extrema, como la que actualmente nos está afectando, se ha ido extendiendo a casi todo el territorio nacional.

    Los legisladores priístas ante esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, sabemos y reconocemos, que el Sistema Nacional de Salud está desplegando un esfuerzo preventivo de las enfermedades causadas por las bajas temperaturas, las cuales se enfocan en forma prioritaria a niñas y niños menores de dos años, así como a adultos mayores de 65.

    No obstante, una gran proporción de los mexicanos parece no tener acceso a la información precautoria ni a la atención de los daños que está causando un escenario con temperaturas que llegan hasta los 12 grados bajo cero, como ocurre principalmente en el norte del país.

    De ahí que, una primera demanda que obligadamente tenemos que hacer los legisladores al Ejecutivo federal desde esta tribuna, es que fortalezca las unidades médicas necesarias para que atiendan de inmediato a las víctimas del frío en México.

    Por otra parte, en mi partido consideramos que es necesario subrayar que amplias regiones rurales están siendo afectadas por heladas tardías e inesperadas, debido a lo cual muchos campesinos han perdido sus cultivos y han tenido que emigrar del campo para guarecerse de las calamidades del clima.

    De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional todavía falta el embate de 18 masas heladas más, para sumarse a las 28 que ya han causado estragos sanitarios y agropecuarios.

    Es por ello, que se vuelve necesaria la urgente aplicación de los mecanismos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), pues es innegable que las condiciones meteorológicas a que nos estamos refiriendo generan gastos que la Federación, los estados y los municipios, deben encarar y cuyos presupuestos no tienen previstos los recursos suficientes para mitigar los daños que están sufriendo las familias en su vida, alimentación, vestido, albergue, patrimonio productivo y demás bienes de supervivencia.

    Por otro lado, no consideramos necesario justificar de manera exhaustiva todas y cada una de las razones por las cuales se requiere el apoyo del Fonden a la población afectada por estos desastres naturales, ya que la normatividad aplicable considera como fenómenos hidrometeorológicos atípicos, a las nevadas, granizadas o heladas que causan severos daños no previsibles.

    Compañeras y compañeros legisladores:

    Las cifras de las entidades que están padeciendo con mayor rigor estos problemas varían de acuerdo a una u otra fuente de información. En algunos casos se indica que el frío afecta a 22 entidades y en otras se dice que el descenso de las temperaturas afectará el norte, el noroeste, noreste y centro del país.

    Sin embargo, para nosotros lo importante no es la diferencia en las cifras; lo importante es que las autoridades especializadas valoren los efectos negativos de la actual temporada invernal atípica y orienten los recursos existentes para auxiliar a la población afectada lo antes posible a fin de evitar mayores daños y pérdidas y principalmente mayores decesos.

    Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 82 de la Ley Orgánica del Congreso General y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, me permito someter a la alta consideración del Pleno la siguiente proposición con

    Punto de Acuerdo

    Unico.- Ante los graves daños que ha ocasionado la actual temporada invernal en nuestro país, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a que por conducto de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Salud, se apliquen los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), a fin de atender de manera urgente a la población afectada por las bajas temperaturas y heladas atípicas causadas por los frentes fríos pasados y por la que seguramente se verá también afectada por los frentes que todavía se esperan durante lo que resta de la temporada invernal. De igual manera, le solicita que haga llegar a esta soberanía un informe pormenorizado sobre los daños a la vida, la salud, la vivienda y al patrimonio productivo, sufridos por las familias afectadas.

    Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 21 días de enero de 2004.--- Dip. Luis Antonio Ramírez Pineda (rúbrica).»

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Gracias, señor diputado.

    Como lo ha solicitado el diputado Luis Antonio Ramírez Pineda, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

    El Secretario diputado Víctor Camacho Solís:

    En votación económica, se pregunta a la Asamblea con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

    Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

    Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... No se da la mayoría calificada, señor Presidente.

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Desechada la proposición.
    SEGURO DE SALUD POPULAR
    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Tiene el uso de la palabra el senador Adalberto A. Madero Quiroga, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar a los gobiernos de los estados que no se han incorporado al Seguro de Salud Popular, lo hagan a la brevedad posible y suscriban el Convenio con la Secretaría de Salud.

    El senador Adalberto Arturo Madero Quiroga:

    Con el permiso de la directiva; compañeras y compañeros legisladores:

    El acceso a la salud pública, requisito indispensable para alcanzar el desarrollo económico y social, es una de las tareas que todavía está pendiente de resolverle a miles de familias mexicanas. Es alarmante el porcentaje de población que hoy día carece de un sistema de seguro de salud. Según el Censo de Población y Vivienda 2000, existe el 57% de la población no asegurada.

    A pesar de que en nuestro país la salud es un derecho consagrado en la Constitución Política del país y que recientemente se han detectado reformas importantes a la Ley General de Salud que establecen el derecho de todos los mexicanos a ser incorporados al Sistema de Protección de Salud, no ha sido posible integrar plenamente a todos los segmentos de la población, sobre todo a los grupos más vulnerables.

    Mientras no se integre a todos los mexicanos a un sistema de salud existirá un desarrollo social desigual y se postergará una de las principales funciones del Estado: la de garantizar el derecho a una vida de calidad para que el individuo sea capaz de desarrollar sus habilidades y capacidades.

    El Seguro Popular de Salud que implementó el Gobierno Federal en el 2002, es una importante alternativa para que los millones de mexicanas y mexicanos que han quedado rezagados de un seguro de salud familiar, finalmente puedan disponer de un medio que les garantice el acceso a los servicios médicos de calidad, a un costo que estará predeterminado como cuota fija, evitándose de esta manera el elevado gasto de bolsillo a que están sujetas las personas que pagan cuotas de recuperación, medicinas y hospitalización.

    Para la instrumentación del seguro popular, el Gobierno Federal debe suscribir un acuerdo de coordinación con los gobiernos estatales participantes, ya que la prestación de los servicios será responsabilidad de las instituciones estatales de salud. Hasta ahora, sólo 24 entidades se han incorporado a este sistema, lo que significa un beneficio para 623 mil familias.

    Compañeros legisladores: si hemos trabajado afanosamente para establecer el marco jurídico que sustenta el seguro popular, hoy es tiempo de que levantemos la voz y conminemos a todos los gobernadores de los estados, incluyendo al gobernador de Nuevo León, para que suscriban la firma del Convenio de Colaboración con la Secretaría de Salud, a fin de que no existan en estas entidades, familias que estén al margen de los beneficios sociales que por ley otorga el estado. Nuevo León, que es tierra de gente noble y laboriosa, comprometida con el progreso y desarrollo del país, no merece que 1 millón 186 mil neoleoneses, carezcan de un seguro de salud.

    Por lo anterior, se somete a la consideración del pleno el siguiente

    Punto de Acuerdo

    Unico. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Gobierno del estado de Nuevo León y a las entidades federativas que todavía no se incorporan al Seguro de Salud Popular, a que a la brevedad suscriban dicho convenio con la Secretaría de Salud para que la población no derechohabiente de esas entidades, cuenten con un seguro público de salud.

    Es cuanto, señor Presidente.

    «Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los gobiernos de los estados que no se han incorporado al Seguro de Salud Popular, lo hagan a la brevedad posible y suscriban el convenio con la Secretaría de Salud, a cargo del senador Adalberto Madero Quiroga, del grupo parlamentario del PAN.

    Con el permiso de la Directiva; señoras y señores legisladores:

    Quien suscribe, senador por el estado de Nuevo León, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, ocurro a presentar punto de acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente a los gobiernos de los estados que todavía no se incorporan al Seguro de Salud Popular, a que a la brevedad suscriban dicho convenio con la Secretaría de Salud, para que la población no derechohabiente de esas entidades cuente con un seguro público de salud, en atención a las siguientes:

    Consideraciones

    Primera.- La salud de la población es requisito indispensable para alcanzar el desarrollo económico y social. En nuestro país, la salud es un derecho contemplado en la Constitución Política en su artículo 4 que al respecto señala: ``Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y las modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución''. Por otro lado, las recientes reformas a la Ley General de Salud establecen el derecho de todos los mexicanos a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud, por consiguiente, dichos ordenamientos permiten garantizar el acceso a todos los mexicanos a un marco de seguridad social, el cual comprende el bienestar físico y mental del ser humano, la asistencia para el adecuado desarrollo, y el mejoramiento de su calidad de vida.

    Sin embargo, a pesar de los esfuerzos institucionales por garantizar el acceso de toda la población a los servicios de salud que ofrece el gobierno en sus diferentes niveles, el incremento demográfico, las crisis económicas y la falta de una eficiente planeación y manejo financiero a largo plazo, han sido factores adversos para lograr la plena incorporación de toda la población trabajadora y de escasos ingresos a los sistemas de salud. En nuestro país, la población que ha contado con un seguro público de salud es la derechohabiente de la seguridad social. El resto de la población no asegurada, ha recibido servicios de salud a través de la Secretaría de Salud. Si bien en ambos esquemas se trata de atender la salud de todos los mexicanos, la falta de un sistema de aseguramiento para la población no asegurada ha provocado que su patrimonio sea más vulnerable a los costos asociados al mantenimiento de la salud.

    La población no asegurada incurre con frecuencia en gastos de bolsillo, aun cuando acude a los servicios de salud de la Secretaría, ya que cubre gastos por concepto de cuotas de recuperación y compra de medicamentos, los cuales implican un costo mayor al de un prepago como lo es con el Seguro. La población que no cuenta con ningún tipo de seguro, sigue representando una proporción importante de la población total ya que según algunas fuentes de información representan alrededor del 43% del total de los habitantes del país y otras como el Censo de Población y Vivienda 2000, reportan hasta un 57.8% de población no asegurada. Esta población no está afiliada a la seguridad social fundamentalmente por su situación laboral y/o porque su bajo poder adquisitivo le impide pagar el seguro de salud familiar del IMSS o adquirir un seguro privado.

    Esta alta proporción de no asegurados ha repercutido en que el gasto de bolsillo represente más de la mitad del gasto total en salud, lo cual a su vez implica que la gente pague cantidades desproporcionadas de su ingreso por atender su salud. Los altos costos de la atención médica frecuentemente provocan que la familia posponga o renuncie a la atención, y en caso de cubrir los costos, hacen que la familia enfrente dificultades financieras. Según la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares, cada año entre 2 y 3 millones de familias emplean más de la tercera parte de su ingreso para solventar sus gastos en salud, mientras que 1.2 millones cruzan la línea de la pobreza por los gastos que tienen que enfrentar en salud. Este gasto de bolsillo cuyo desembolso se destina principalmente a la compra de medicamentos y consultas médicas afecta sobre todo a las familias de bajos ingresos. Este gasto de bolsillo que empobrece a las familias tiende a ser mayor como porcentaje del gasto total para las familias más pobres que para las familias con mayores recursos, de acuerdo a estimaciones de la Secretaría de Salud en el 2000, el 85 por ciento de estas familias que se empobrecen no están aseguradas. Esto quiere decir que contar con un seguro reduce el riesgo de empobrecerse.

    Según datos de la Encuesta Nacional de Satisfacción de los Servicios de Salud 2000, los altos costos se han convertido en el principal problema del sistema. Uno de cada cuatro mexicanos ha pospuesto su atención médica por problemas económicos. Conforme a dichas estadísticas, quienes postergan más la atención médica son los enfermos y discapacitados (36%), los analfabetas (29%), los mayores de 65 años (35%), la población de bajos ingresos (25%) y quienes no están afiliados a alguna institución de seguridad social (28%).

    En la actualidad, las familias mexicanas enfrentan dificultades financieras para cubrir los costos de consulta externa, exámenes de laboratorio, estudios de gabinete, medicamentos, hospitalización y urgencias. A pesar de que las familias acudan a instituciones públicas para recibir atención médica, usualmente tienen que desembolsar recursos para adquirir medicamentos y pagar cuotas de recuperación por la atención recibida. Además, frecuentemente las personas deciden atenderse en el sector privado y consecuentemente enfrentan dificultades financieras.

    A partir del 2002, el gobierno de la República para enfrentar el reto de brindar protección financiera a la población no asegurada y de acuerdo al Plan Nacional de Salud 2001-2006, instrumenta en coordinación con los gobiernos estatales, el Seguro Popular de Salud, como parte de una estrategia integral estructurada en la nueva política social. Este será el instrumento que permitirá a la Secretaría de Salud ofrecer un modelo de aseguramiento que permita reducir el gasto de bolsillo y fomentar una atención oportuna y de calidad a la población que ha quedado rezagada del Sistema de Salud.

    Segunda.- El Seguro Popular de Salud, según el gobierno federal, es el instrumento que permitirá enfrentar el reto establecido en el Programa Nacional de Salud 2001-2006 para brindar protección financiera a todos los mexicanos, ofreciendo una opción de aseguramiento público en materia de salud a familias y los ciudadanos que por su condición laboral y socioeconómica no son derechohabientes de las instituciones de seguridad social.

    El Seguro Popular de Salud es público y voluntario y su costo será cubierto mediante un subsidio federal proveniente de recursos fiscales del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y cuotas de los beneficiarios por concepto de afiliación. La cuota de afiliación al Seguro Popular de Salud es progresiva según el nivel de ingreso de cada familia y complementa el subsidio federal para cubrir el costo del seguro.

    Con la afiliación al Seguro Popular de Salud se protegerá financieramente a la población actualmente no asegurada, mediante el otorgamiento de un catálogo explícito de beneficios médicos. La afiliación al Seguro sustituye el pago de cuotas de recuperación por concepto de servicios médicos, por un pago anticipado según el nivel de ingresos de las familias. El Seguro Popular de Salud posibilitará que familias con capacidad limitada de pago puedan adquirir un seguro de salud que incluye un amplio catálogo de intervenciones y los medicamentos asociados a dicho catálogo.

    Los beneficiarios del Seguro Popular de Salud, al reducir los gastos de bolsillo, podrán destinar los recursos que hubieran necesitado para solventar dicha eventualidad, a otras actividades productivas y/o al mejoramiento de su nivel de vida. De esta manera, el Seguro Popular de Salud se alinea con otros programas sociales que buscan generar las condiciones necesarias para que la población más vulnerable pueda mejorar su estado socioeconómico.

    Según estimaciones proporcionadas al inicio de este año por el secretario de Salud, Julio Frenk, el Seguro Popular pretende dar cobertura a 48 millones de personas en los próximos años y poner énfasis en los sectores marginados del país. Señaló que en diciembre del 2003, el Presidente de la República entregó la credencial número 600 mil del Seguro Popular, con la cual se logró duplicar la meta establecida para ese año. Refirió que nueve de cada 10 familias beneficiarias por este seguro pertenecen a los deciles más pobres de la distribución de ingresos. El 60 por ciento de estas familias, destaco, son encabezadas por mujeres solas.

    De acuerdo con el Gobierno federal, hasta ahora estos son los logros más importante del Seguro Popular: 2.5 millones de personas cuentan con la cartilla de Seguro Popular, 623 mil familias en 24 estados cuentan con la cobertura y 600 mil familias están bajo protección social.

    En el presente año, según autoridades de la Secretaría de Salud, el seguro cuenta con un presupuesto de 2 mil 300 millones, cantidad con la que se pretende afilar a un millón 700 mil familias. Por consiguiente esta es una excelente oportunidad para que los gobiernos estatales incorporen al mayor número de familias al Seguro de Salud Popular, principalmente aquellos que todavía no han suscrito el convenio de colaboración.

    Para la instrumentación del Seguro Popular el gobierno federal suscribirá un acuerdo de coordinación con los gobiernos estatales participantes, ya que la prestación de los servicios incluidos en el Seguro es responsabilidad de los servicios estatales de salud. A ellos les corresponderá llevar a cabo las acciones de identificación de grupos a beneficiar, de difusión y afiliación y de administración del padrón de asegurados en su entidad, integrar y mantener actualizado el padrón de asegurados, contratar al personal, que en su caso se requiera, para realizar las actividades inherentes a la operación del seguro, así como garantizar la capacidad de insumos y el suministro de medicamentos para su oferta oportuna y de calidad, entre otras responsabilidades.

    Por lo tanto, es urgente que los mandatarios estatales cuanto antes, realicen las acciones más pertinentes a fin de que el sector salud de sus entidades se coordine con la SSA para que la población no derechohabiente de dichas entidades pueda acceder al Seguro Popular. Debe quedar claro que la implementación de este nuevo esquema de salud social depende fundamentalmente de la iniciativa de las autoridades estatales, son ellas las que deben de solicitar la instrumentación del Seguro Popular, de ahí que conminamos a las entidades que todavía no lo han hecho, a suscribir el convenio de coordinación antes mencionado.

    Los beneficios sociales de esta alternativa de seguridad social han quedado demostrados en las primeras cinco entidades donde se instrumentó, en donde se afiliaron 59 mil 484 familias. Los datos específicos de cada entidad son los siguientes: Aguascalientes, 11 mil 63 familias, Campeche, 9 mil 741, Colima, 11,490, Jalisco, 13,838 y Tabasco con 13 mil 352 familias incorporadas. Como se observará, la integración de miles de personas al sistema de salud se ha efectuado de manera rápida y con una amplia cobertura, por consiguiente, reiteramos a los gobiernos estatales firmar a la brevedad el citado convenio de coordinación.

    Tercera. El estado de Nuevo León es una de las entidades que presenta mejores indicadores sociodemográficos en materia de salud, sin embargo, dadas las características de su . entorno económico, fincado en un elevado crecimiento industrial, financiero y de servicios que ha propiciado una enorme concentración demográfica de en su área metropolitana, constituyéndose además en el principal foco atracción demográfica en todo el noreste del país, genera condiciones adversas para el desarrollo integral de muchas familias, quienes terminan siendo relegadas de todos los beneficios que demanda una vida digna y de calidad. En estas condiciones, miles de personas quedan al margen de los sistemas de seguridad social que han sido implementados por el gobierno y la iniciativa privada.

    Con base en datos proporcionados por el XII Censo General de Población y Vivienda 2000, se establece que en Nuevo León únicamente el 65.9 por ciento de la población es derechohabiente de alguna institución del sector salud.

    La mayoría se concentra en el IMSS, que representa el 90.3 por ciento, seguido por el ISSSTE con el 5.3 por ciento; el resto se distribuye en diferentes instituciones. La población no derechohabiente, considerada en un millón 186 mil 446 habitantes, satisface sus demandas de atención médica principalmente en los centros de la SSA, que representa el 41.1 por ciento, y en instituciones privadas, las cuales concentran el 54.4 por ciento.

    Como se podrá inferir, es muy elevado el número de personas que carecen de un seguro médico en Nuevo León. Retornando lo establecido en las anteriores León. Retornando lo establecido en las anteriores consideraciones, las personas no derechohabientes de personas consideraciones, las personas no derechohabientes de consideraciones, le este estado están sujetas a derrochar sus modestos ingresos en cuotas de recuperación y atenciones especializadas, ya que las instituciones a las que acuden no prestan el servicio de manera completa, y ellas mismas padecen de déficit financieros que inhiben cualquier posibilidad de aumentar inversiones y subsidios para mejorar la atención clínica.

    Por ejemplo, el Hospital Universitario, uno de los principales pilares de la salud en el noreste de México, en el 2002 prestó atención a 132,479 pacientes del estado de Nuevo León; a 4,008 del estado de Tamaulipas; a 830 del estado de Coahuila y a 2,433 pacientes que originalmente le correspondía atender al Instituto Mexicano del Seguro Social, pero que por diversas causas fueron canalizados al Hospital Universitario. Sumadas, las anteriores cifras dan un gran total de 139,750 atenciones, cuyo costo representó una erogación de 289 millones 400 mil 592 pesos, de los cuales únicamente se pudo recupera el 24.68 por ciento del costo de atención a dichos pacientes. La recuperación mencionada no es producto de ineficiencia administrativa, se debe a la falta de recursos económicos de la gran mayoría de las personas que se atienden en dicho nosocomio, de manera tal que simple y llanamente no es posible recuperar el costo total de la atención a pacientes. Esta noble institución se caracteriza por brindar eficientes servicios de atención médica y quirúrgica a bajo costo.

    La integración rápida y eficaz de Nuevo León al Seguro de Salud Popular, conllevaría al beneficio de las miles de familias que carecen de un seguro médico, dándoles mayor seguridad y evitando los gastos catastróficos que merman gravemente el presupuesto familiar. Por otra parte, se generaría mayor inversión para el desarrollo de la infraestructura y 1a planta laboral de las instituciones de salud pública. Por consiguiente, es tiempo de que la más alta autoridad del estado gestioné la firma del convenio por el que dicha entidad incorpora el Seguro de Salud Popular para beneficio de los nuevoleoneses que no son derechohabientes.

    Finalmente, la incorporación de Nuevo León al Seguro de Salud Popular vendría a mermar la inequidad que todavía prevalece en la asignación de los recursos federales para algunas entidades federativas. Actualmente, algunos gobiernos locales asignan a los servicios estatales de salud 535 veces más recursos que otras entidades federativas. En contraste, son los que reciben menos aportaciones federales, ya que una parte considerable del presupuesto se destina a las entidades que presentan indicadores más bajos en materia de salud. Esta práctica no deja de ser injusta, ya que el ejercicio del presupuesto debe de darse de manera justa y equitativa, el cual debe complementar y fortalecer las políticas públicas de los estados. Los desequilibrios financieros son el primer gran problema del sistema de salud en México. El segundo problema es un ejercicio desigual de los derechos relacionados con la salud; de ahí que el Seguro de Salud Popular es una importante alternativa para reorientar estos desequilibrios del gasto público.

    Vivimos una época en que la democratización es el común denominador de todas las acciones de gobierno, por lo tanto, la salud no puede quedar rezagada. La democratización de los servicios de salud permitirá que los mexicanos contemos con un sistema más cercano a la gente, que responda con calidad a sus necesidades y expectativas, que proteja a toda la población de los gastos médicos excesivos y que permita la participación de la gente en las decisiones que afectan su salud y que haga posible que los usuarios cuenten con una mayor libertad para elegir al prestador del servicio médico.

    La salud tiene siempre un elemento de incertidumbre. Nadie sabe cuándo se va a enfermar o sufrir un accidente grave. Si estos acontecimientos impredecibles se enfrentan sin un seguro de salud, se corre el peligro de incurrir en gastos excesivos. Situación que resulta más gravosa para las familias de bajos ingresos.

    La salud es una condición básica para alcanzar la auténtica igualdad de oportunidades. Es un principio fundamental de justicia social y un elemento indispensable para alcanzar el desarrollo social sustentable. Las actuales políticas públicas en materia de salud deben de resolver de manera integral tres factores básicos: equidad, calidad y protección financiera, sólo así se podrá modernizar el sistema de salud nacional.

    Por lo anterior, se somete a la consideración del Pleno conforme a lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente:

    Punto de Acuerdo

    Unico.- La H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a los gobiernos de los estados que todavía no se incorporan al Seguro de Salud Popular, a que a la brevedad suscriban dicho convenio con la Secretaría de Salud, para que la población no derechohabiente de esas entidades cuente con un seguro público de salud.

    México, DF, a 21 de enero de 2004.--- Sen. Adalberto Arturo Madero Quiroga.»

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Gracias, señor senador.

    Túrnese a la Primera Comisión.
    FONDO NACIONAL DE DESASTRES NATURALES

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Y por lo que se refiere al punto de acuerdo en relación con el Fonden, presentado por el diputado Luis Antonio Ramírez Pineda, toda vez que el pleno rechazó que fuera de urgente resolución, se turna a la Primera Comisión.
    CONVENCION NACIONAL HACENDARIA
    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Tiene la palabra la diputada Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para fortalecer la participación institucional de los legisladores federales en la Convención Nacional Hacendaria.

    La diputada Minerva Hernández Ramos:

    Muy buenas tardes.

    Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

    Uno de los temas pendientes dentro de la agenda nacional, es sin duda la gran reforma hacendaria para alcanzar un auténtico federalismo fiscal en la recaudación, distribución y aplicación de los recursos públicos, financiamiento del desarrollo, solidez del patrimonio, relaciones intergubernamentales y simplificación administrativa.

    A pesar de los grandes esfuerzos que se han realizado por concretarla, no se han alcanzado los consensos necesarios entre las diversas fuerzas políticas representadas en este Congreso de la Unión.

    Como bien sabemos, el 28 de octubre del año pasado, el titular del Poder Ejecutivo Federal emitió la convocatoria para la realización de una Convención Nacional Hacendaria, misma que fue ratificada por los gobernadores de los estados y el propio Congreso de la Unión.

    Reconocemos el intenso trabajo realizado durante dos años por la Conferencia Nacional de Gobernadores, gracias a su empeño, voluntad e inclusión políticas, estamos muy próximos a celebrarla.

    Ante algunas opiniones poco optimistas vertidas en torno a las expectativas y resultados de esta Convención, el PRD no puede dejar de reconocer que estamos frente a una oportunidad inmejorable para arribar, quizá, a uno de los más importantes acuerdos nacionales.

    No hay que olvidar que en las primeras décadas del México posrevolucionario se organizaron tres convenciones nacionales con el propósito de estructurar y articular un sistema fiscal nacional, destacándose importantes cambios legislativos; principalmente como resultado de la Tercera Convención Nacional Fiscal, celebrada en 1947.

    Más allá de posiciones ideológicas, los legisladores representados en este Poder, debemos reivindicar el propósito fundamental de esta Convención, que es la de constituir un foro plenamente representativo de la pluralidad política y social de la República, en el que se analicen y determinen cuáles serán las propuestas de reforma legales y administrativas más viables para construir una política hacendaria de Estado y dar a la vez vigencia a un auténtico federalismo.

    Considerando que la convocatoria referida establece dentro del rubro denominado ``bases para la realización de los trabajos'', particularmente en la base tercera que dispone: ``...participarán los servidores públicos designados por los Poderes de la Unión, las entidades federativas conforme a sus propios acuerdos y la Mesa Directiva de la Conferencia Nacional de Gobernadores y de Municipios de México'', es necesario que por lo que toca a este Congreso de la Unión, se garantice la participación efectiva en este magno foro de discusión, análisis y consenso de todos los grupos parlamentarios representados en él, toda vez que el objeto de llevar a cabo esta Convención es establecer y mantener un diálogo estrecho entre los Poderes de la Unión, los órdenes de gobierno, el sector empresarial, el académico, en fin, una amplia gama de actores políticos, con el propósito de elaborar una propuesta consensuada, única, que beneficie al país y en la que evidentemente el Legislativo tiene la última palabra al traducirla en leyes concretas.

    Compañeras y compañeros legisladores: en virtud de que la convocatoria no establece los lineamientos de integración e interacción por parte del Congreso de la Unión y en el ánimo de garantizar la plena participación de los legisladores en la construcción de un nuevo Pacto Federal, debemos, por principio, tomar conciencia de la dimensión de este reto. Sabemos de antemano que los obstáculos son mayúsculos y los intereses son infinitos, es por eso que debemos enfatizar en el diálogo, en los acuerdos que generen consensos con un amplio proceso participativo que determine las prioridades nacionales.

    Por lo anterior y con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se ponga a la consideración del pleno de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:

    Unico. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, para que incluya a los integrantes de las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Presupuesto y Cuenta Pública, así como Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, donde participan todos los grupos parlamentarios representados en esta LIX Legislatura en las mesas de trabajo de la Primera Convención Nacional Hacendaria a celebrarse el próximo 5 de febrero del año en curso.

    Es cuanto, señor Presidente.

    «Proposición con punto de acuerdo, para fortalecer la participación institucional de los legisladores federales en la Convención Nacional Hacendaria, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del PRD.

    La suscrita, diputada Minerva Hernández Ramos, legisladora federal de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes consideraciones:

    Uno de los temas pendientes dentro de la agenda nacional, es sin duda, la gran reforma hacendaria, para alcanzar un auténtico federalismo fiscal en la recaudación, distribución y aplicación de los recursos públicos, financiamiento del desarrollo, solidez del patrimonio, relaciones intergubernamentales y simplificación administrativa.

    A pesar de los grandes esfuerzos que se han realizado por concretarla, no se han alcanzado los consensos necesarios entre las diversas fuerzas políticas representadas en este Congreso de la Unión.

    Como bien sabemos, el 28 de octubre del año pasado, el titular del Poder Ejecutivo federal emitió la convocatoria para la realización de una Convención Nacional Hacendaria, misma que fue ratificada por los gobernadores de los estados y el Congreso de la Unión.

    Reconocemos el intenso trabajo realizado durante dos años por la Conferencia Nacional de Gobernadores, gracias a su empeño, voluntad e inclusión políticas estamos muy próximos a celebrarla.

    Ante algunas opiniones poco optimistas vertidas en torno a las expectativas y resultados de esta Convención, el PRD no puede dejar de reconocer que estamos frente a una oportunidad inmejorable para arribar quizá a uno de los más importantes acuerdos nacionales.

    No hay que olvidar que en las primeras décadas del México posrevolucionario se organizaron tres convenciones nacionales con el propósito de estructurar y articular un sistema fiscal nacional, destacándose importantes cambios legislativos resultado de la Tercera Convención Nacional Fiscal celebrada en el año de 1947.

    Más allá de las posiciones ideológicas, los legisladores representados en este Poder, debemos reivindicar el propósito fundamental de la Convención, que es la de constituir un foro plenamente representativo de la pluralidad política y social de la República en el que se analicen y determinen cuales serán las propuestas de reforma legales y administrativas más viables para construir una política hacendaría de estado y dar a la vez vigencia a un auténtico federalismo.

    Considerando que la convocatoria referida establece dentro del rubro denominado ``Bases para la realización de los trabajos'', particularmente en la base tercera, que dispone: ``Participarán los servidores públicos designados por los Poderes de la Unión, las entidades federativas, conforme a sus propios acuerdos; y la mesa directiva de la Conferencia Nacional de Municipios de México''...

    Es necesario que por lo que toca a este Congreso de la Unión, se garantice la participación efectiva en este magno foro de discusión, análisis y consenso, de todos los grupos parlamentarios representados en él, toda vez que el objeto de llevar a cabo esta Convención, es establecer y mantener un diálogo estrecho entre los Poderes de la Unión, los ordenes de gobierno, el sector empresarial, el académico, en fin una amplia gama de actores políticos, con el propósito de elaborar una propuesta consensuada, única, que beneficie al país, y en la que evidentemente, el Legislativo tiene la última palabra al traducirla en leyes concretas.

    Sin embargo, ante los escenarios políticos, económicos y sociales en los que se encuentra el país, donde el Ejecutivo Federal, ha manifestado constantemente una campaña publicitaria de desprestigio contra el Congreso, por no haber aprobado las reformas fiscales que a decir del Presidente de la República, eran las más adecuadas para el crecimiento económico de México, en las que nos queda claro que las convicciones aparentes de la iniciativa pueden estar con las clases populares, pero las convicciones reales definitivamente no están con los más necesitados.

    El Ejecutivo Federal, habla de un estancamiento económico en el país, debido a una frustrada reforma fiscal, que nuevamente pretende impulsar en la Convención Nacional Hacendaria, pudiendo empañar los trabajos de la misma.

    Compañeras y compañeros legisladores:

    En virtud de que en la convocatoria no se establecen los lineamientos de integración e interacción por parte del Congreso de la Unión, y en el ánimo de garantizar la plena participación de los legisladores en la construcción de un nuevo pacto federal, debemos por principio tomar conciencia de la dimensión de este reto, sabemos de antemano que los obstáculos son mayúsculos y los intereses son infinitos.

    Es por ello, que debemos enfatizar en el diálogo, en los acuerdos que generen consensos, con un amplio proceso participativo que determine las prioridades nacionales.

    Por lo anterior y con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, ponga a la consideración del pleno de esta Comisión Permanente la siguiente

    Proposición con Punto de Acuerdo

    Unico.- Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, para que se incluya a los integrantes de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto y Cuenta Pública, Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, de todos los grupos parlamentarios representados en esta LIX Legislatura, en las mesas de trabajo de la primera Convención Nacional Hacendaria a celebrarse el próximo 5 de febrero del año en curso.

    Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente, a los veintiún días del mes de enero de 2004.--- Dip. Minerva Hernández Ramos (rúbrica).»

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Gracias, diputada Minerva Hernández Ramos.

    Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

    La Secretaria diputada Yolanda Guadalupe Valladares Valle:

    En votación económica, se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

    Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

    Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la negativa, señor Presidente.

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:No se considera de urgente resolución.

    Túrnese a la Tercera Comisión.


    ESTADO DE GUERRERO
    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública para que prevenga la comisión de delitos del orden federal en los municipios de Petatlán, Coyuca de Benítez, José Azueta y Tecpan de Galeana, en el estado de Guerrero.

    El diputado Luis Antonio González Roldán:

    Con el permiso del señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

    El pasado día 12 de enero del año en curso, el periódico Reforma publicó una investigación sobre las actividades ilegales que se han dado en el estado de Guerrero, particularmente en los municipios de Petatlán, Coyuca de Benítez, José Azueta y Tecpan de Galeana, en donde una organización delictiva conocida como ``Los Nejos'', realizan depredación en contra de las tortugas marinas que ahí desovan periódicamente.

    Dicha investigación arrojó como dato inicial la muerte de cerca de 500 tortugas en los últimos tres meses, cuyos productos y subproductos son puestos en venta en el mercado negro. Todas estas aseveraciones fueron expuestas por parte del presidente del campamento tortuguero Playa San Valentín, Raúl López Osorio, el cual asegura que el grupo ``Los Nejos'' está integrado por diez cabecillas originarios de la región de la Tierra Caliente de Guerrero, los cuales portan armas de diferentes calibres y poseen diversos medios de transporte para efectuar sus delitos.

    De igual forma se asegura que desde hace 10 años se tiene conocimiento de la presencia de este grupo en las cercanías del poblado de San Jeronimito, municipio de Petatlán, donde según testimonio del presidente municipal Javier Rodríguez Aceves, se presume han instalado 10 casas de seguridad en donde concentran el producto de los saqueos, asaltos y robos que realizan.

    Aunado a lo anterior cabe mencionar que a este grupo se le atribuyen otros actos delictivos que no únicamente atentan contra la vida silvestre y el medio ambiente, prueba de esto son los señalados por el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Guerrero, Miguel Angel Calzada, quien manifiesta que la actividad más fuerte de este grupo no es precisamente cazar tortugas, sino cuestiones relacionadas con el narcotráfico; por lo que la competencia de las autoridades ambientales queda rebasada.

    De igual forma se les atribuye la desaparición en el mes de septiembre de 2003, de dos estudiantes universitarios de la carrera de medicina veterinaria-zootecnista de la Universidad Nacional Autónoma de México: Marco Antonio Badillo y Marta Lilia Díaz Núñez, de 24 y 23 años respectivamente, quienes realizaban estudios de investigación sobre la depredación de la tortuga en la playa de Michigan, municipio de Tecpan de Galeana.

    De ambos, el cuerpo del joven fue encontrado semanas después en estado de descomposición, con huellas de tortura. De la joven ecologista Díaz Núñez, aún se desconoce su paradero. Ante este hecho las autoridades judiciales del estado de Guerrero, aún no han rendido informes de las supuestas investigaciones que realizan.

    El permitir que se extiendan los actos delictivos en contra del ambiente y de la sociedad civil violenta los principios de conservación, seguridad y libertad que rigen nuestras leyes. Es imperativo para el Gobierno mexicano, el abatir los altos índices delictivos. Pero más aún es primordial el combatir de manera enérgica, frontal y expedita, la delincuencia organizada que valiéndose de la poca vigilancia y la falta de recursos municipales en la costa de Guerrero, cometen un catálogo de delitos que lesionan no sólo a los ecosistemas sino también a las personas y sus bienes.

    Por todo lo anterior el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, somete a consideración la siguiente

    Proposición con Punto de Acuerdo

    Primero. Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que, con fundamento en el artículo 202 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, inicie las acciones que procedan ante las autoridades competentes, por los actos, hechos u omisiones que constituyan violación a la legislación administrativa o penal, por los actos realizados en los municipios de Petatlán, Coyuca de Benítez, José Azueta y Tecpan de Galeana, en el estado de Guerrero.

    Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública para que en base a lo dispuesto en el artículo 30 bis, fracción XII y XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, prevenga la comisión de delitos del orden federal e inicie la investigación de los actos delictivos en los municipios de Petatlán, Coyuca de Benitez, José Azueta y Tecpan de Galeana, en el estado de Guerrero.

    Es cuanto, señor Presidente. Por su atención muchas gracias.

    «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

    Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública a que prevenga la Comisión de Delitos del Orden Federal en los municipios de Petatlán, Coyuca de Benítez, José Azueta y Tecpan de Galeana, en el estado de Guerrero, presentada por el diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del PVEM, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 21 de enero de 2004.

    El legislador que firma al calce, integrante de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita se turne a la Primera Comisión de la Comisión Permanente, de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

    Antecedentes

    El pasado día 12 de enero del año en curso, el periódico Reforma publicó una investigación sobre las actividades ilegales que se han dado en el estado de Guerrero, particularmente en los municipios de Petatlán, Coyuca de Benítez, José Azueta y Tecpan de Galeana, donde una organización delictiva, conocida como ``Los Nejos''1 realiza depredación en contra de las tortugas marinas que ahí desovan periódicamente. Dicha investigación arrojó como dato inicial la muerte de cerca de 500 tortugas 2 en los últimos tres meses, cuyos productos y subproductos son puestos en venta en el ``mercado negro''.

    Todas estas aseveraciones fueron expuestas por parte del presidente del campamento tortuguero Playa San Valentín,3 Raúl López Osorio, quien asegura que el grupo de ``Los Nejos'' está integrado por 10 cabecillas, originarios de la región de la Tierra Caliente de Guerrero, los cuales portan armas de diferentes calibres y poseen diversos medios de transporte para efectuar sus delitos.

    De igual forma, se asegura que, desde hace 10 años se tiene conocimiento de la presencia de este grupo en las cercanías del poblado de San Jeronimito, municipio de Petatlán, donde, según testimonio del presidente municipal Javier Rodríguez Aceves, se presume han instalado 10 casas de seguridad en donde concentran el producto de los saqueos, asaltos y robos que realizan.

    Aunado a lo anterior, cabe mencionar que a este grupo se le atribuyen otros actos delictivos que no únicamente atentan contra la vida silvestre y el medio ambiente. Prueba de esto, son los señalado por el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Guerrero, Miguel Angel Calzada Abarca, quien manifiesta que la actividad más fuerte de este grupo no es precisamente cazar tortugas, sino cuestiones relacionadas con el narcotráfico, por lo que la competencia de las autoridades ambientales queda rebasada.

    De igual forma, se les atribuye la desaparición, en septiembre de 2003, de dos estudiantes universitarios de la carrera de Medicina Veterinaria Zootecnista de la UNAM, Marco Antonio Badillo y Martha Lidia Díaz Núñez, de 24 y 23 años, respectivamente, quienes realizaban estudios de investigación sobre la depredación de la tortuga, en la playa de Michigan, municipio de Tecpan de Galeana. De ambos, el cuerpo del joven fue encontrado semanas después en estado de descomposición con huellas de tortura. De la joven ecologista Díaz Núñez, aún se desconoce su paradero. Ante este hecho, las autoridades judiciales del estado de Guerrero aún no han rendido informes de las supuestas investigaciones que realizan.

    Permitir que se extiendan los actos delictivos en contra del ambiente y de la sociedad civil violenta los principios de conservación, seguridad y libertad que rigen nuestras leyes.

    Es imperativo para el gobierno mexicano abatir los altos índices delictivos, pero más aún es primordial combatir de manera enérgica, frontal y expedita la delincuencia organizada, que valiéndose de la poca vigilancia y la falta de recursos municipales en la costa de Guerrero, cometen un catálogo de delitos que lesionan no sólo a los ecosistemas, sino también a las personas y sus bienes. Por ello, el Ejecutivo federal debe responsabilizarse, a través de las dependencias que lo conforman, para realizar todas y cada una de las acciones que sean necesarias para garantizar lo establecido en los artículos 4°, 8° y 17° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

    Con base en lo antes expuesto es que se solicita a la Profepa que, con base al artículo 202 de la LGEEPA, inicie acciones ante las autoridades competentes para que se resuelvan los actos delictivos que se han suscitado en el estado de Guerrero, ya que el artículo señala a la letra que:

    ``La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en el ámbito de sus atribuciones, está facultada para iniciar las acciones que procedan, ante las autoridades judiciales competentes, cuando conozca de actos, hechos u omisiones que constituyan violaciones a la legislación administrativa o penal.''

    De igual forma, se solicita la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública para que, con base en las atribuciones de esta entidad,4 prevenga la comisión de delitos del orden federal y efectué los estudios sobre los actos delictivos realizados en los municipios de Petatlán, Coyuca de Benítez, José Azueta y Tecpan de Galeana, en el estado de Guerrero.

    Por todo lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a consideración la siguiente proposición con

    Punto de Acuerdo

    Primero.- Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a que, con fundamento en el artículo 202 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), inicie las acciones que procedan ante las autoridades competentes, por los actos, hechos u omisiones que constituyan violación a la legislación administrativa o penal, por los actos realizados en los municipios de Petatlán, Coyuca de Benítez, José Azueta y Tecpan de Galeana, en el estado de Guerrero.

    Segundo.- Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública a que, con base en el artículo 30-bis, fracciones XII y XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, prevenga la comisión de delitos del orden federal e inicie la investigación de los actos delictivos en los municipios de Petatlán, Coyuca de Benítez, José Azueta y Tecpan de Galeana, en el estado de Guerrero.

    Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 21 días del mes de enero del 2004.--- Dip. Luis Antonio González Roldán (rúbrica).

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Gracias, señor diputado.

    Túrnese a la Primera Comisión.
    ESTADO DE MORELOS
    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Tiene el uso de la palabra el diputado Pedro Vázquez González, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza la facultad que le confiere el párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución General de la República en torno a la grave y sistemática violación de garantías individuales por parte de las corporaciones policiacas en el municipio de Tlalnepantla, Morelos.

    El diputado Pedro Vázquez González:

    Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:

    De nueva cuenta tenemos que referirnos a los hechos sangrientos ocurridos en el estado de Morelos.

    Después de la irrupción violenta de la policía, de la muerte de un campesino e innumerable número de heridos, todo parece indicar que el autor intelectual de ese nefasto hecho, permanecerá olvidado y sin la pena que le corresponda.

    El gobernador del estado de Morelos Sergio Estrada Cajigal, el Gobierno estatal y el Gobierno Federal están instrumentando medidas que tienden a mantener impunes ese crimen de Estado.

    Las policías del estado de Morelos violaron en perjuicio de los habitantes del municipio de Tlalnepantla las garantías individuales consagradas en diversos artículos constitucionales, entre los que destaca, el artículo 1º, el 14 y 16, toda vez que resintieron indistintamente actos de molestia y privación, sin que mediara mandamiento escrito de autoridad competente o sentencia de un órgano jurisdiccional.

    Con esta solicitud se pretende que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza su facultad de investigación, ya que en el estado de Morelos en el municipio de Tlalnepantla se ha dado, por parte de autoridades del gobierno del estado, una sistemática violación de garantías individuales en perjuicio de los gobernados, se llegó, . incluso, al lamentable homicidio. de un campesino por parte de las corporaciones policiacas.

    Pedimos la investigación de la Suprema Corte de Justicia, porque las autoridades de Morelos no son confiables, el gobernador del estado y la Procuraduría General de Justicia del estado de Morelos están moralmente impedidos para realizar una investigación imparcial.

    Los sucesos del estado de Morelos no deben quedar impunes, si eso ocurriera el gobierno de Vicente Fox se convertiría de facto en un cómplice de la violación de los derechos humanos, de esos derechos que dice defender en todo el mundo.

    Con el cinismo al que ya nos tienen acostumbrados en sus declaraciones públicas mantienen su postura prepotente y autoritaria señalando que actuaron conforme a derecho, desconociendo de un plumazo todos los acuerdos previos que sostuvieron con los grupos opositores al impuesto alcalde de Tlalnepantla.

    El descaro ha sido tan evidente que el gobernador Estrada Cajigal no tuvo ningún empacho en afirmar que en las inmediaciones del citado municipio hay un campo de entrenamiento para guerrilleros. Sin que, obviamente, lo haya demostrado.

    Por su parte, el secretario de Gobernación Santiago Creel, sostuvo que se están realizando las investigaciones relativas al caso, sin que haya de por medio, una condena a hechos tan lamentables como los ocurridos a principio de este año.

    Por lo contrario, apoyó a Estrada Cajigal diciendo que el Gobierno Federal no va a tolerar que nadie venga a establecer nuevas formas de gobierno, cuando tal y como lo hemos señalado, no hay ninguna evidencia de que exista tal campo de entrenamiento.

    En esa lógica, lo que se puede esperar es que un hecho tan lamentable y vergonzoso como es el relativo a la masacre de Tlalnepantla quede impune.

    Por otra parte, sin pretender abundar en el desgobierno de Sergio Estrada Cajigal debemos señalar que el pueblo de Morelos no merece un trato como el que se le ha dado.

    Las muestras de repudio al gobernador por parte de la ciudadanía han sido noticia nacional e internacional.

    Si el gobierno de Fox proclama que en su gobierno no hay impunidad éste es un caso en donde veremos la voluntad política del Presidente, en hechos, no en palabras.

    Compañeras y compañeros legisladores

    Por las consideraciones expuestas y con base en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo:

    Artículo Unico.-

    Que la Comisión Permanente solicite a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza la facultad que le confiere el párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en torno a la grave y sistemática violación de las garantías individuales por parte de las corporaciones policíacas en el municipio de Tlalnepantla, Morelos.

    Atentamente.

    Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 21 de enero de 2004.--- Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, diputado Pedro Vázquez González.

    Muchas gracias y es cuanto, diputado Presidente.

    Hago entrega a la Secretaría de esta proposición.

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Gracias, señor diputado.

    Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
    ESTADO DE QUERETARO
    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Tiene el uso de la palabra el senador Sadot Sánchez Carreño, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo sobre las violaciones a los derechos humanos de una indígena otomí del estado de Querétaro.

    El senador Miguel Sadot Sánchez Carreño:

    Con su permiso, señor Presidente:

    Al parecer, y por los temas que hemos escuchado, es recurrente la falta de respeto a los derechos humanos. La propuesta que el grupo parlamentario del PRI por mi conducto presenta, se refiere a ese tema.

    En la población de San Idefonso Amealco, en Querétaro, una mujer indígena fue vejada violentamente, atacada en su integridad física en forma denigrante, por la presunción de que había cometido adulterio. Estos hechos nos llevan a recordar el asunto no muy lejano también de una indígena africana, Amina Lagual, que por una situación similar fue condenada a la lapidación, por adulterio.

    En aquel caso se levantaron las voces en forma unánime de todas las regiones del mundo para protestar por este hecho inusitado y que no podía pasar, de ninguna forma, a través de una cultura de respeto a los derechos humanos.

    El día de ahora venimos precisamente a presentar ante ustedes un punto de acuerdo, a fin de que de manera respetuosa se le exhorte al gobierno de Querétaro y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para que se preserven los derechos humanos de esta mujer otomí y además que se ejercíten las acciones correspondientes para que se sancione a los responsables de los mismos.

    Los derechos universales son una característica, la calificación que debe de ser reconocida de los derechos humanos. Son inalienables e indivisibles.

    Decía Gandhi que: ``Cualquier injuria a uno de nosotros, es una injuria a la humanidad''.

    Preservar los derechos humanos, constituye una obligación de todas las instituciones y constituye la piedra fundamental sobre la cual puede constituirse y construirse una comunidad armoniosa y sobre todo el respeto al Estado de Derecho.

    Esta soberanía precisamente en la última reforma que hicimos a la Constitución, la que se refirió a la preservación, a la defensa, de los derechos y la cultura de los indígenas, estableció en el artículo 2º, de manera precisa, el reconocimiento a prácticas, a usos, siempre que éstos respetaran los derechos humanos y de manera expresa se señaló la integridad y dignidad de las mujeres.

    «Por esta razón y con el propósito de que no solamente se preserve el Estado de Derecho, sino que se respeten los derechos humanos en el estado de Querétaro, proponemos a esta Comisión Permanente el siguiente

    Punto de Acuerdo

    Unico. Exhortar respetuosamente al gobierno y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Querétaro, a fin de que se preserve la integridad física y los derechos humanos de la indígena otomí. Asimismo se ejerciten las acciones que correspondan para que se sancionen a los responsables de los hechos de que fue víctima.

    Muchas gracias.

    PUNTO DE ACUERDO

    La Comisión Permanente exhorta al Gobierno y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Querétaro, a fin de que se preserve la integridad física y los derechos humanos de la indígena otomí, asimismo se ejerciten las acciones que correspondan para que se sancionen a los responsables de los hechos de que fue víctima.

    México, DF, a 21 de enero de 2004.--- Sen. Sadot Sánchez Carreño (rúbrica).»

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Gracias, señor senador.

    Túrnese a la Primera Comisión.
    INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Tiene el uso de la palabra la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicite que el IPAB disminuya el costo fiscal del rescate bancario.

    La diputada María de los Dolores Padierna Luna:

    Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

    Todos sabemos que la Ley de Protección al Ahorro Bancario le da dentro de las funciones principales a la Junta de Gobierno de este Instituto la tarea de disminuir el costo fiscal del rescate bancario. También el artículo 2º de la Ley de Ingresos de la Federación le da facultades al IPAB para acudir a un procedimiento que se llama Refinanciamiento, a través de la colocación de bonos del IPAB en el mercado de valores, y también le da facultades para solicitar créditos ante la banca comercial y ante la banca de desarrollo para lograr los recursos necesarios con este fin. Adicional a las cuotas que le entregan los banqueros; adicional a lo que se le entrega de venta de activos; adicional a lo que viene autorizado en el Presupuesto de Egresos en el ramo 34 del presupuesto para el pago de los intereses del rescate bancario.

    Sin embargo, lejos de cumplirse el objetivo de disminuir el costo bancario, el IPAB ha venido emitiendo bonos con vencimientos a tres y cinco años con una sobretasa del 0.8% promedio. Esta sobretasa es mayor a la que el Gobierno Federal coloca en su deuda en el mercado de valores que es la tasa Cetes. El IPAB no debe refinanciarse con ninguna sobretasa, porque ello encarece la deuda y propicia un incremento del costo fiscal cuando el objetivo debería de ser en contrario.

    Otro componente del refinanciamiento son los pasivos, para refinanciar los pasivos son los créditos bancarios los cuales, está aún peor, pagan sobretasas mayores a las del mercado de valores. Esta medida trae sólo beneficio para los banqueros, en detrimento, una vez más, del erario público.

    En el Informe del IPAB aparecen ejemplos muy significativos de estos créditos a tasas de interés muy elevadas. Pongo un ejemplo: el 19 de julio de 2002 el IPAB contrató un crédito simple con Banca Serfin por 8 mil 936 millones de pesos. La tasa aplicable a este crédito simple fue TIIE más 0.25 puntos porcentuales, con pago de intereses cada 28 días a un plazo de vencimiento de 10 años. La amortización del principal de este crédito se pactó en 10 pagos semestrales, a partir del año 2008.

    Cabe señalar que los recursos obtenidos de este crédito se utilizaron para realizar pagos anticipados a favor de Banamex por 6 mil 500 millones y de Banorte por 2 mil 500 millones de pesos. Las operaciones de este refinanciamiento alcanzaron al cierre del 2002, 419 mil 994 millones de pesos.

    El crecimiento de este rubro es constante año con año, en virtud de que el IPAB ha venido sustituyendo pasivos heredados del Fobaproa con las emisiones de bonos y con nuevos créditos contratados a los mismos bancos a los cuales se les pagan los intereses del rescate bancario. Así, con la convalidación del IPAB, los bancos siguen ganando jugosas cantidades adicionales a las heredadas del ya de por sí abultado rescate bancario.

    Ante ello presento a ustedes el siguiente

    Punto de Acuerdo

    ``Que la Tesorería del IPAB se abstenga de colocar los Bonos de Protección al Ahorro, los BPA, y los Bonos de Protección al Ahorro con Pago Trimestral, los BPAPT, con tasas de interés distintas a los Cetes, que es la tasa a la cual coloca su bonos de deuda el Gobierno Federal, dado que las sobretasas que han venido autorizando, aumentan la deuda pública y elevan el costo fiscal del rescate bancario, lo cual contraviene los objetivos que tiene señalados en la ley el Instituto de Protección al Ahorro Bancario.''

    Es cuanto, señor Presidente.

    «Proposición con punto de acuerdo, para que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicite que el IPAB disminuya el Costo Fiscal del Rescate Bancario, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD

    La suscrita, diputada Dolores Padierna Luna, legisladora federal de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante este Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes consideraciones:

    Como todos sabemos, la Ley de Protección al Ahorro Bancario mandata al IPAB a reducir el costo fiscal del rescate bancario, sin embargo en los hechos está engrosando la deuda pública a través del mecanismo de refinanciamento de pasivos.

    El IPAB cuenta con tres instrumentos básicos para financiar los pasivos derivados del rescate bancario que se describen claramente en la ley:

    a) Las cuotas que pagan los bancos por seguro de depósito (el 75% de estos ingresos se utilizan para el pago de pasivos.

    b) La venta de activos administrados por el IPAB (estos ingresos han sido menores cada año: en 2000 los ingresos rebasaron los 25 mil millones de pesos y en 2004 se estima recibir poco más de 3 mil mdp.)

    c) El presupuesto que autoriza la Cámara de Diputados en el Ramo 34 para pagar los intereses reales.

    Pero también el artículo 2° de la Ley de Ingresos de la Federación le da facultades al IPAB para refinanciarse mediante la colocación de bonos en el mercado de valores y mediante créditos solicitados a la banca comercial y a la banca de desarrollo.

    El IPAB ha venido emitiendo bonos con vencimientos a 3 y 5 años con una sobretasa de 0.8% promedio. Esta sobretasa es mayor a la que el Gobierno Federal coloca su deuda en el mercado de valores que es a tasa Cetes.

    El IPAB no debe refinanciarse con ninguna sobretasa porque ello encarece la deuda y propicia un incremento del costo fiscal, cuando el objetivo del IPAB, de acuerdo al mandato de ley es lo contrario.

    Otro componente del refinanciamiento de los pasivos son los créditos bancarios los cuales pagan sobretasas mayores a las del mercado de valores. Esta medida trae sólo beneficios a los banqueros en detrimento, una vez más, del erario público.

    En el informe del IPAB aparecen ejemplos muy significativos de estos créditos a tasas de interés muy altas.

    El 19 de julio del 2002 el IPAB contrató un crédito simple con Serfin por 8 mil 936 millones de pesos, la tasa aplicable a este crédito fue de TIIE más .25 puntos porcentuales, con pago de intereses cada 28 días a un plazo de vencimiento de 10 años. La amortización del principal de este crédito se pactó en 10 pagos semestrales a partir de enero del 2008. Cabe señalar que los recursos obtenidos de este crédito se utilizaron para realizar pagos anticipados a favor de Banamex por 6 500 millones de pesos y a Banorte por 2 500 millones de pesos.

    Las operaciones de este refinanciamiento alcanzaron al cierre del 2002 $419,994 millones de pesos, el crecimiento de este rubro es constante año con año en virtud de que el IPAB ha venido sustituyendo pasivos heredados del Fobaproa con las emisiones de bonos y con nuevos créditos contratados con los mismos bancos a los que se les pagan los intereses reales de la deuda del rescate bancario. Así, con la convalidación del IPAB los bancos siguen ganando jugosas cantidades adicionales a las heredadas por el fracaso bancario con cargo a las finanzas públicas.

    Ante ello, presento a ustedes el siguiente

    Punto de Acuerdo

    Que la Tesorería del IPAB se abstenga de colocar los Bonos de Protección al Ahorro (BPA´s) y los Bonos de Protección al Ahorro con Pago Trimestral (BPAT) con tasas de interés distintas a los Cetes que es la tasa a la que coloca sus bonos de deuda el Gobierno Federal, dado que las sobretasas que ha venido autorizando aumentan la deuda pública y elevan el costo fiscal del rescate bancario lo cual contraviene los objetivos que tiene señalados en la Ley el Instituto de Protección al Ahorro Bancario.

    México, DF, a 21 de enero de 2004.--- Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica).»

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Gracias diputada Dolores Padierna Luna.

    Túrnese a la Tercera Comisión.
    EMPLEO
    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Tiene el uso de la palabra la diputada Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para citar al Secretario del Trabajo y Previsión Social, a fin de que informe a la Comisión Permanente sobre las acciones que viene ejecutando o prevé ejecutar el Ejecutivo Federal, con relación a la situación del empleo en la nación.

    La diputada Marcela Guerra Castillo:

    Con permiso de la Presidencia: honorable Asamblea:

    Apenas comienza el año 2004 y los mexicanos y mexicanas ya recibimos noticias desconcertantes y desalentadoras sobre lo que nos espera para este año.

    Una de esas noticias, quizá las que más inquietud nos produce, es la relacionada con la crítica situación laboral que prevalece desde hace tres años en el país y la manera en cómo el Gobierno ha eludido su responsabilidad para enfrentarla.

    Es evidente que no habíamos tenido en México un lapso tan prolongado, en el que las autoridades no han sido capaces de crear fuentes de trabajo para la población. Lo que tiende a agravarse es, pues, de que hoy más que nunca se tiene que aplicar todo el esfuerzo, la creatividad y el empeño posibles para resolver este problema.

    Los principales funcionarios federales encargados de la economía y la creación de empleos en nuestro país, vuelven a hacer gala de contradicciones y declaraciones insensibles que generan más preocupación entre los mexicanos. Esta vez le tocó el turno al subsecretario de Empleo y Política Laboral, Jaime López Buitrón, quien desmintió al propio titular de la Secretaría del Trabajo, argumentando que durante la presente administración la pérdida de empleos sumó poco más de 516 mil y no 356 mil como se había informado.

    Pero eso no es todo, el subsecretario también reconoció la gran mayoría de los escasos empleos que se han logrado crear, pues que éstos son precarios y de mala calidad. Según el funcionario existen 10 millones de trabajadores que no cuentan con las prestaciones y ni tienen acceso a seguridad social; esto una cifra muy alarmante.

    Al comienzo de este gobierno se presumía que por cada punto de crecimiento del Producto Interno Bruto significaría un punto de crecimiento porcentual del empleo formal. Según estimaciones recientes, en el año 2003 hemos crecido el 1% económicamente hablando, con una tasa de desempleo abierto del 3.8%; esto compañeros y compañeras, quiere decir llana y concretamente que mientras la economía sí creció en el 2003, aunque sea de una forma pequeña, el desempleo se disparó porcentualmente.

    No obstante la complicada coyuntura laboral por la que estamos pasando, el mismo Secretario de Economía, el señor Fernando de Jesús Canales Clariond, a quien conocemos y conocemos bien por sus constantes declaraciones y muy desafortunadas todas ellas, hace unos días volvió a hacer gala de las mismas diciendo que el acuerdo migratorio con Estado Unidos es la tabla de salvación para resolver el problema de desempleo en nuestro país.

    Un gobierno que hace a un lado una de las principales tareas, como es la creación de empleos, y prefiere cargar el fardo al país vecino, es decir, Estados Unidos, para que sean ellos quienes nos resuelvan el problema contratando a los mexicanos como jardineros o como otra cosa, ya que en este país el actual Gobierno no ha podido resolver el problema, ni siquiera sembrar alguna esperanza para esto que ya se está haciendo un problema que está creciendo exponencialmente.

    Por eso y para esta administración es mejor una política laboral que finque sus esperanzas en la reactivación de la economía estadounidense y en un acuerdo migratorio incompleto e insuficiente y que ni siquiera se tiene plena certidumbre de su aprobación.

    Por ello, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, nos parece que lo único que nos está demostrando el actual Gobierno con esos razonamientos, es una burda forma de cómo se trata de una manera fácil y simplista de eludir una responsabilidad toral, responsabilidad que ahorita quiere transmitir al Congreso, porque ahora resulta que es este Congreso el culpable de los desatinos, de la responsabilidad del Gobierno.

    A la falta de acuerdo, según ellos, a la discusión de las reformas que sí se discutieron en este seno, la verdadera causa del desempleo podemos decir, es porque este Gobierno no ha sido capaz de crecer la economía, como prometió, hace tres años.

    Esta es la verdadera causa del desempleo y no otra, esas salidas fáciles, simplistas, echar culpas y no asumir la responsabilidad, ya es materia constante de las declaraciones de los secretarios.

    Esto sin duda no lo podemos permitir los legisladores, debemos exigirle al Ejecutivo que haga un mejor y mayor esfuerzo por implementar los programas y las acciones necesarias para crear empleos aquí y en nuestro país. Sabemos que la clave de este crecimiento económico en el fortalecimiento del mercado interno, en las acciones creativas para propiciar ese despegue en nuestra industria doméstica...

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Se le ha agotado su tiempo diputada.

    La diputada Marcela Guerra Castillo:

    Si me permite para terminar, con mucho gusto señor Presidente.

    La crisis del empleo también se explica por el fracaso de las políticas gubernamentales que pretende formalizar los changarros como una punta de lanza para mitigar el problema laboral. La solución de esta problemática no está en los ``microchangarros'', máxime sin una conducción adecuada y sin crear las condiciones propicias para que por eso tengamos la certeza de que esa ``changarrización'' en nuestro país lo único que ha generado es descontento.

    Por todo lo anteriormente señalado y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 82 de la Ley Orgánica del Congreso General y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, me permito someter a la consideración del pleno la siguiente proposición con

    Punto de Acuerdo

    Unico.- En virtud del desconcierto que han generado las desafortunadas declaraciones de altos funcionarios del Gobierno Federal encargados de impulsar la economía nacional y la creación de empleos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer al Secretario de Economía, Fernando Canales Clariond, para que explique a esta soberanía de manera detallada y exhaustiva, sus recientes declaraciones sobre la incapacidad del Gobierno Federal para generar los empleos que requiere la población. De igual manera, cita a comparecer ante esta Comisión Permanente al Secretario del Trabajo y Previsión Social, Carlos Abascal Carranza, para que de forma puntual aclare cuál es la situación del empleo en México, y explique por qué entre las áreas de la misma dependencia existen serias contradicciones en las cifras de desempleo.

    Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 21 días del mes de enero de 2004.--- Dip. Marcela Guerra Castillo (rúbrica).»

    Es cuanto, señor Presidente.

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Gracias, señora diputada.

    Túrnese a la Tercera Comisión.

    Recuerdo a los intervinientes que el tiempo máximo para presentar las proposiciones es de cinco minutos.


    BANCO DE MEXICO
    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Tiene el uso de la palabra la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para solicitar que el exceso de liquidez que hay en la Banca Comercial se canalice a financiar el crecimiento económico del país.

    La diputada María de los Dolores Padierna Luna:

    Así es en efecto señoras y señores legisladores. Hace ya varios años, desde la crisis de 1994 y de 1995 en que la banca no participa en forma significativa de los esfuerzos de financiamiento del crecimiento de nuestro país.

    Tenemos una banca parasitaria y especulativa, la banca terminó por extranjerizarse ya sólo queda Banorte y otros bancos nuevos con capital nacional, pero más del 85% de la banca múltiple es extranjera.

    Se nos dijo, cuando se tomó esa decisión, que los extranjeros eran económicamente más fuertes y traerían sus capitales al crecimiento de México y aplicados a los renglones estratégicos para el desarrollo del país y ocurrió todo lo contrario, los créditos a la agricultura han caído 88%; en la industria han disminuido 67%; en los servicios el 70% y la banca de desarrollo ha disminuido su cartera de crédito en más del 50%.

    Por si fuera poco, en el presupuesto 2004 quedó autorizada la cantidad de 113,697 millones para la inversión física neta, una cifra muy pequeña si se quiere alcanzar la meta de crecimiento de 3% comprometida en el presupuesto; pero además, en los últimos meses se ha presentado un fenómeno en la banca, derivado de las decisiones que se tomaron en 96 con las Afore y en 1998 con el IPAB.

    El impresionante crecimiento hasta del 90% de las Afore en los últimos 5 años, los prepagos y los intereses del rescate bancario que les ha entregado el IPAB; las enormes ganancias provenientes de las excesivas cuotas que cobran a los usuarios y el crédito al consumo que es muy rentable aunque de alto riesgo, todo ello ha provocado un impresionante exceso de liquidez que lejos de apoyar los esfuerzos de inversión productiva, la Banca ha optado por colocar esos recursos en papel especulativo.

    Ahora que las medianas y pequeñas empresas e industrias del sector agropecuario, industrial, de servicios están demandando apoyos crediticios para sostener el mercado nacional, es ahora que debería de aplicarse los recursos de las Afore en inversión productiva.

    Sin embargo, la banca en México tal vez por ser extranjera parece no interesarle a nuestro país, están canalizando todos los recursos hacia la especulación, colocando inmensas cantidades en papel a través del mercado de valores, con ganancias envidiables pero sólo para el sector financiero que no ayuda en la reactivación del crecimiento económico al que están obligados.

    En el objetivo de que el país crezca, debemos estar comprometidos todos los sectores, hoy día existen condiciones idóneas para que la banca comercial canalice hacia el campo, hacia la industria, hacia los servicios y a todos los renglones estratégicos ése exceso de liquidez; el Congreso modificó la liquidación para recuperar la liquidación de créditos y para mejorar la información a través del buró de crédito; el Congreso también autorizó el saneamiento bancario; ahora hay tasas de interés con tendencias a la baja; todo esto se tiene que aprovechar para la producción nacional.

    Ante ello propongo el siguiente

    Punto de Acuerdo

    Que el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores diseñen una estrategia para que el exceso de liquidez bancaria se canalice a la inversión productiva y ya no a la mera especulación, para que la banca múltiple se comprometa en el crecimiento económico del país y contribuya a alcanzar la meta de 3% fijada para el 2004 en los criterios de política económica.

    Que dicha estrategia sea presentada por el gobernador del Banco de México ante la Comisión Permanente y se conozcan los mecanismos para hacer cumplir la obligatoriedad del sector financiero en el financiamiento al desarrollo del país.

    Es cuanto señor Presidente y compañeros legisladores.

    «Proposición con punto de acuerdo, para solicitar que el exceso de liquidez que hay en la banca comercial se canalice a financiar el crecimiento económico del país, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD.

    La suscrita, diputada Dolores Padierna Luna, legisladora federal de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante este pleno la siguiente proposición con punto:

    Antecedentes

    Hace ya varios años, desde el crisis de 1994-1995 en que la banca no participa en forma significativa en los esfuerzos de financiamiento del crecimiento del país. Tenemos una banca parasitaria y especulativa.

    La banca terminó por extranjerizarse, ya sólo queda Banorte y otros bancos nuevos, pero más del 85% de la banca múltiple es extranjera. Se nos dijo cuando se tomó esa decisión que los extranjeros eran económicamente más fuertes y traerían sus capitales para fortalecer, mediante el crédito, a sectores estratégicos para el desarrollo del país y que se disminuirían los márgenes de intermediación bancaria.

    Todo lo contrario: los créditos a la agricultura han caído en 88%, a la industria en un 67%, a los servicios en 70% y la banca de desarrollo ha disminuido su cartera de crédito en 50%.

    Por si fuera poco, en el Presupuesto 2004 quedó autorizada la cantidad de 113 mil 697.1 mdp. para la Inversión Física Neta, una cifra muy pequeña si se quiere alcanzar la meta de crecimiento económico de 3% comprometida.

    Pero además, en los últimos meses se ha presentado un fenómeno en la banca derivado de las decisiones tomadas en 1996 con las Afores y en 1998 con el IPAB: se está dando un exceso de liquidez en la banca múltiple.

    El impresionante crecimiento del 90% de las Afores en los últimos cinco años, los prepagos y los intereses del rescate bancario que les ha entregado el IPAB, las enormes ganancias provenientes de las excesivas cuotas que cobran a los usuarios y el crédito al consumo que es muy rentable pero de alto riesgo... todo ello ha provocado un importante exceso de liquidez que lejos de apoyar los esfuerzos de inversión productiva, la banca ha optado por colocar los recursos en papel especulativo.

    Ahora que las medianas y pequeñas empresas e industrias, el sector agropecuario y de servicios están demandando apoyos crediticios para atender el mercado nacional, ahora que los grandes corporativos exportadores atraviesan por una crisis de demanda ante la sustitución que hizo Estados Unidos de preferir las mercancías chinas y no las mexicanas, es cuando se requiere que el sector financiero invierta grandes cantidades de recursos para el financiamiento de la inversión productiva.

    Sin embargo, a la banca en México (tal vez por ser extranjera) parece no interesarle nuestro país, están canalizando los recursos hacia la especulación, colocando inmensas cantidades en papel a través del mercado de valores con ganancias envidiables para el sector financiero, pero que no ayudan a la reactivación del crecimiento económico al que están obligados.

    En el objetivo de que el país crezca deben estar comprometidos todos los sectores. Hoy día existen condiciones idóneas para que la banca comercial canalice hacia el campo, la industria, los servicios y todos los renglones estratégicos: además del exceso de liquidez, el Congreso modificó la legislación para facilitar la recuperación de créditos y para mejorar la información a través del buró de crédito, se saneó el sistema bancario. Ahora hay tasas de interés con tendencia hacia la baja, que deben aprovechar tanto el sector público como el sector productivo nacional, más que el sector extranjero como ocurre.

    Todo ello combinado podría derivar en una proliferación de crédito dirigido al sector productivo y generar un círculo virtuoso de crecimiento económico.

    Ante ello propongo el siguiente

    Punto de Acuerdo

    Que el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores diseñen una estrategia para que el exceso de liquidez bancaria se canalice a la inversión productiva y ya no a la mera especulación, para que la banca múltiple se comprometa con el crecimiento económico del país y contribuya a alcanzar la meta de 3% fijada para el 2004 en los Criterios de Política Económica.

    Que dicha estrategia sea presentada por el Gobernador del Banco de México ante esta Comisión Permanente y se conozcan los mecanismos para hacer cumplir la obligatoriedad del sector financiero en el financiamiento del desarrollo.

    México, DF, a 21 de enero de 2004.--- Dip. María de los Dolores Padierna Luna (rúbrica).»

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Gracias, señora diputada.

    Túrnese a la Tercera Comisión.
    PROGRAMA DE APOYOS PARA ACCEDER AL SISTEMA FINANCIERO RURAL
    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Para presentar una proposición con punto de acuerdo para solicitar se haga la aclaración que el Programa Sistema Financiero Rural, incluido en el anexo 15 del PEF 2004 corresponde al programa de apoyos para acceder al sistema financiero rural y por lo tanto la partida de fondos de garantía del anexo 17 del mismo PEF 2004 se considere como parte del programa de apoyos para acceder al mismo sistema financiero rural, suscrita por los diputados Carlos Blackaller Ayala y Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tiene el uso de la palabra la diputada Marcela Guerra Castillo.

    La diputada Marcela Guerra Castillo:

    Con el permiso de la Presidencia; honorable Asamblea:

    Con fundamento en los artículos 55, fracción II y 58 fracciones I, II, III y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 34 incisos a) y b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este Congreso la siguiente proposición con punto de acuerdo

    Dentro del subtítulo Aspectos Financieros y de Seguro del Anexo 17, del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2004, se incluye la partida correspondiente a fondos de garantía por 500 millones de pesos, a la vez que en el Anexo 15 del propio PEF del 2004 se incluye el programa denominado Sistema Financiero Rural, por lo que se presupone que mediante dicho programa será operada la referida partida de Fondos de Garantía. Nuestra preocupación radica en que el Programa Sistema Financiero Rural no existe como tal y ello obligaría a elaborar las reglas de operación, lo que tomaría bastante tiempo en perjuicio de los productores del campo y peor aún, el subejercicio de este importante programa.

    Por lo anterior, debería considerarse hacer las aclaraciones pertinentes a efecto de que el Programa Sistema Financiero Rural, incluido en el Anexo 15 del PEF de 2004, sea considerado como un programa de apoyo para acceder al Sistema Financiero Rural, cuyas reglas de operación fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 13 de junio del año 2003, y cabe mencionar que los resultados de este programa definitivamente han sido de gran beneficio.

    En un cierre preliminar del PAASFIR canalizó durante el ejercicio 2003 recursos por más de 380 millones de pesos, atendiendo a 130 fondos de garantía, en beneficio de más de 90 mil productores agropecuarios. Mediante estos apoyos se detonaron créditos de avío refaccionario y simple, por más de 3 mil 300 millones de pesos, incluyendo 780 mil pesos que fueron canalizados a través de la Financiera Rural en beneficio de 624 acreditados.

    Una vez expuesto lo anterior, respetuosamente se propone lo siguiente:

    Artículo 1º. Hacer la aclaración que el Programa Sistema Financiero Rural incluido en el Anexo 15 del PEF de 2004, correspondiente al Programa de Apoyo para Acceder al Sistema Financiero Rural, cuyas reglas de operación fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación del día 13 de junio del 2003.

    Artículo 2º. Que la partida fondos de garantía, por 500 millones de pesos del Anexo 17 del PEF de 2004, se canalice para su ejercicio al Programa de Apoyo para Acceder al Sistema Financiero Rural.

    Es cuanto, señor Presidente.

    «Proposición con punto de acuerdo, para solicitar se haga la aclaración de que el Programa Sistema Financiero Rural incluido en el anexo 15 del PEF 2004, corresponde al Programa de Apoyo para Acceder al Sistema Financiero Rural y por lo tanto la partida de fondos de garantía del Anexo 17 del mismo PEF 2004 se considere como parte del Programa de Apoyo para Acceder al Sistema Financiero Rural, a cargo del diputado Carlos Blackaller Ayala, del grupo parlamentario del PRI.

    Con su permiso señor Presidente; honorable Asamblea:

    Con fundamento en los artículo 55, fracción II, 58, fracciones I, II y III, y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 34, incisos a) y b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

    Punto de acuerdo

    Dentro del subtítulo Aspectos Financieros y de Seguro del Anexo 17 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable) del Presupuesto de Egresos de la Federación 2004, se incluye la partida correspondiente a Fondos de Garantía por 500 millones de pesos, a la vez que, en el Anexo 15 del propio PEF 2004 (Programas Sujetos a Reglas de Operación), se incluye el programa denominado Sistema Financiero Rural, por lo que se presupone que mediante dicho programa será operada la referida partida Fondos de Garantía.

    Nuestra preocupación radica en que el Programa Sistema Financiero Rural no existe como tal y ello obligaría a elaborar Reglas de Operación, lo que tomará bastante tiempo en perjuicio de los productores del campo y peor aún, el subejercicio de este importante programa. Por lo anterior debería considerarse hacer las aclaraciones pertinentes a efecto de que el Programa Sistema Financiero Rural incluido en el Anexo 15 del PEF 2004, sea considerado como Programa de Apoyo para Acceder al Sistema Financiero Rural (PAASFIR), cuyas Reglas de Operación fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2003 y cabe mencionar que los resultados de este programa definitivamente han sido de gran beneficio.

    En un cierre preliminar el PAASFIR canalizó durante el ejercicio 2003, recursos por más de 380 millones de pesos, atendiendo a 130 Fondos de Garantía, en beneficio de más de 90 mil productores agropecuarios. Mediante estos apoyos se detonaron créditos de avío, refaccionario y simple por más de 3,300 millones de pesos, incluyendo 780 mil pesos que fueron canalizados a través de la Financiera Rural, en beneficio de 624 acreditados.

    Una vez expuesto lo anterior, respetuosamente se propone:

    Artículo Primero.- Hacer la aclaración de que el Programa Sistema Financiero Rural incluido en el Anexo 15 del PEF 2004, corresponde al Programa de Apoyo para acceder al Sistema Financiero Rural, cuyas reglas de operación fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 13 de junio de 2003.

    Artículo Segundo.- Que la partida Fondos de Garantía por 500 millones de pesos del Anexo 17 del PEF 2004 se canalice para su ejercicio al Programa de Apoyo para Acceder al Sistema Financiero Rural.

    México, DF, a 21 de enero de 2004.--- Dip. Carlos Blackaller Ayala (rúbrica).»

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Gracias, señora diputada.

    Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.
    ESTADO DE MEXICO
    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    El diputado Santiago Cortés Sandoval, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hizo llegar a esta Presidencia una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud y al Ayuntamiento de Tultitlán, del estado de México, a efecto de que se instale un módulo de Servicios Médicos y de Químicos Clínicos para que diagnostiquen, traten, prevengan y canalicen a los habitantes expuestos a la contaminación del cromato hexavalente, en la región de Lechería, municipio de Tultitlán.

    «Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Salud y al Ayuntamiento de Tultitlán, Estado de México, a efecto de que se instale un módulo de Servicios Médicos y de Químicos Clínicos para que diagnostiquen, traten, prevengan y canalicen a los habitantes expuestos a la Contaminación del Cromato Hexavalente en la Región de Lechería, Municipio de Tultitlán, Estado de México, suscrito por el diputado Santiago Cortés Sandoval, del grupo parlamentario del PRD.

    El que suscribe C. profesor Santiago Cortés Sandoval, diputado federal a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del GPPRD, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acudo mediante el presente al Pleno de esta Comisión Permanente de la H. Cámara de Diputados para solicitar a mis compañeras diputadas y compañeros diputados tengan a bien aprobar la siguiente:

    Propuesta con puntos de acuerdo, por los que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, al Ejecutivo del estado de México y al H. ayuntamiento de Tultitlán, México; para que se apeguen o en su caso adecuen sus respectivas legislaciones y expidan los ordenamientos necesarios a efecto de que se instale coordinada y permanentemente un módulo de servicios médicos y de químicos clínicos con equipos específicos para que diagnostiquen, traten, prevengan y canalicen a los habitantes expuestos a la contaminación y personas afectadas por el cementerio tóxico de cromato hexavalente de la región de Lechería, municipio de Tultitlán, México. Y también se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que formulen, gestionen y expidan las circulares necesarias en que se declare a la región de Lechería, municipio de Tultitlán, estado de México como ``zona de emergencia ambiental''.

    Antecedentes

    La empresa Cromatos de México, se constituyó en 1958, en la colonia Lechería, municipio de Tultitlán, México. De 1970 a 1975, por su productividad se elevaron los niveles de contaminación, provocando muertes y enfermedades en niños, principalmente.

    En 1976, la Secretaría de Recursos Hidráulicos confirma la existencia de cromo hexavalente hasta en 5.0 miligramos por litro, 100 veces más de lo permitido. La empresa, se cierra en 1978, por los altos índices de contaminación provocados en el ambiente.

    En 1982, investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM; confirman mediante un estudio muestra en 160 adultos y niños, los altos niveles de cromo en pelo y orina.

    En 1983 la empresa Cromatos de México, construye un contenedor de concreto sobre 16,000 m2, para cubrir 120,000 toneladas de cromo hexavalente.

    A partir de 1999 el contenedor se agrieta, dejando escapar el contaminante en forma aeróbica y permitiendo que en el suelo y subsuelo se filtren por las lluvias los contaminantes precipitados, que dañan mantos acuíferos y afectan zonas urbanas e industriales.

    Estudios, análisis y medidas

    En investigaciones de instituciones académicas nacionales, entre ellas la de Baez-Pedrajo et al, 1977, ``Determinación del cromo en dos poblaciones humanas no ocupacionalmente expuestas'', recomiendan declarar la zona como de emergencia ambiental.

    Y debido a que los resultados de análisis químicos clínicos han demostrado que las concentraciones de cromo en la orina y pelo en una muestra de 300 habitantes de esta zona están por arriba de la norma aceptada en los Estados Unidos de América.

    Estos expertos recomiendan la urgente instalación de un sistema sensor de factores ambientales en la zona. Ya que a sus habitantes tan sólo les bastan 15 años de estar expuestos a esta contaminación para que contraigan males cancerígenos. Por lo que se constituyó una Comisión tripartita para la rehabilitación de los afectados Integrándose con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa; el gobierno del estado de México y el gobierno municipal de Tultitlán; la cual por convocatoria pública licitó la participación de laboratorios especializados para que cotizaran la rehabilitación de la zona. Y a la fecha únicamente dos empresas extranjeras han presupuestado sus estudios de diagnóstico preliminar.

    Sin llegar a la implantación de recomendaciones, estudios o métodos serios que impidan el incremento de la contaminación y por ende la mortandad del género humano.

    Enfermedades y muertes

    De acuerdo a los citados estudios y análisis científicos las afectaciones en salud humana causadas por el cromo hexavalente, prevalecen desde 1979 hasta la fecha, rebasando la suma de 1000 casos de muertes que entre niños y adultos se tienen detectados, por causas de:

    - Cáncer en pulmones.

    - Daño permanente y disminución de la vista.

    - Irritaciones en la piel.

    - Irritación en vías respiratorias.

    - Daños en membranas mucosas y úlceras.

    - Perforación del tabique nasal.

    - Ulceras gástricas, y

    - Afectaciones renales.

    Se suman a todo lo anterior las conclusiones logradas en el foro de consulta sobre: ``Problemática de la contaminación química de Cromatos de México'', que organizado el pasado 28 de noviembre, por la diputación federal representada en este distrito por el ponente, consistentes en recomendar a las autoridades competentes se bajen los niveles de esta contaminación, se busquen y se supervisen las garantías de salud para el desarrollo de la vida humana en esta región y de medida urgente se le declare ``zona de emergencia ambiental''.

    Por lo expuesto y fundado propongo al Pleno de esta H. Cámara de Diputados tenga a bien aprobar los siguientes puntos de acuerdo por urgente y obvia resolución:

    Primero.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, al Ejecutivo del estado de México y al H. Ayuntamiento de Tultitlán, estado de México; para que se apeguen o en su caso adecuen sus respectivas legislaciones y expidan los ordenamientos necesarios a efecto de que se instale coordinada y permanentemente un cuerpo médico y de químicos clínicos con equipos específicos para que diagnostiquen, traten, prevengan y canalicen a los habitantes expuestos a la contaminación y personas afectadas por el cementerio tóxico de cromato hexavalente de la región de Lechería, municipio de Tultitlán, México.

    Segundo.- Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que formulen, gestionen y expidan las circulares necesarias en que se declare a la región de Lechería, municipio de Tultitlán, estado de México como ``zona de emergencia ambiental''.

    México, DF, a 13 de enero de 2004.--- Diputados: Santiago Cortés Sandoval, Dolores Padierna Luna, Minerva Hernández Ramos, Rafael García Tinajero, José Luis Cabrera Padilla, Marcelo Herrera Herbert (rúbricas).»

    Se turna a las comisiones unidas de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.
    SECRETARIA DE ENERGIA
    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Tiene el uso de la palabra el señor senador don David Jiménez González, del grupo parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Secretario de Energía para que informe sobre las gasolineras operadas por empresas extranjeras.

    El senador David Jiménez González:

    Muchas gracias, señor Presidente. Estimadas compañeras y estimados compañeros legisladores:

    Hace unos días presenté ante ustedes un punto de acuerdo en el cual se solicitaba la presencia del señor Secretario de Energía ante la Primera Comisión de esta Comisión Permanente, para que nos informara sobre el estado que guardan las condiciones que se han pactado con empresas extranjeras respecto a la explotación de gas de hidrocarburos en nuestro país y desde luego lo que se ha venido otorgando, relacionado con la energía eléctrica.

    El día de ayer, leyendo los diarios nacionales, nos encontramos con una nueva noticia: que Petróleos Mexicanos estaba otorgando concesiones para la explotación de las gasolinerías en diferentes partes de nuestro país, es decir, de las estaciones de gasolina que llegan y surten de este combustible a los mexicanos en todo el territorio nacional y que había 22 estaciones de gasolineras que habían sido otorgadas a dos personajes que han estado laborando con una empresa transnacional que se llama British Petroleum. Y estas dos o 22 gasolineras se encuentran distribuidas en las ciudades de Monterrey, de Guadalajara y del Distrito Federal.

    Por estas razones y las que argumenté en el momento de la solicitud de comparecencia ante la Primera Comisión del señor Secretario de Energía, pues se presta oportuno que volvamos a pedirle al señor Presidente de la Primera Comisión de esta Permanente, que a la mayor brevedad posible se lleve a cabo este citatorio, para que nos demos cuenta hasta qué grado se ha venido comprometiendo la riqueza energética de nuestro país y cómo nuevamente con artificios, con engaños están otorgando concesiones que se encuentran hoy día por nuestras disposiciones legales, estrictamente prohibidas dárselas a los extranjeros, caso concreto es el de la British Petroleum.

    Por tal motivo, yo presento a consideración de ustedes este punto de acuerdo que en su resolutivo dice lo siguiente:

    Punto de Acuerdo

    Unico. Se exhorta a la Primera Comisión, dictamine la cita para que el ciudadano Secretario de Energía comparezca ante esta Comisión para tratar los asuntos relacionados con el ramo, desde luego el que él conoce.

    De tal manera que la comparecencia debe de hacerse cuanto antes, porque estamos viendo y analizando en el Senado de la República, señor senador César Camacho, el problema de la celebración de los contratos de servicios múltiples, que hemos declarado inconstitucionales, que hemos declarado ilícitos, que hemos declarado ilegales y que tienen como consecuencia que se les declarara la nulidad, amén de las responsabilidades administrativas y penales, que pudieran haber incurrido los servidores públicos, tanto de la Secretaría de Energía como de las paraestatales de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad.

    De tal manera, que la comparecencia del señor Secretario resulta hoy más que nunca oportuna, para aclarar ante el pueblo de México las circunstancias que se han venido dando ante esta entrega de nuestra riqueza energética a los extranjeros, por parte del Presidente Vicente Fox.

    Muchas gracias por su atención.

    «Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Secretario de Energía a que informe sobre las Gasolineras Operadas por Empresas Extranjeras, a cargo del senador David Jiménez González, del grupo parlamentario del PRI.

    Dip. Lic. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

    David Jiménez González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República, a la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

    Consideraciones

    Que con fecha 14 de enero de este año presenté ante esta H. Comisión Permanente un punto de acuerdo, en el que se solicita la comparecencia del C. secretario de Energía para que explique la política energética de la actual administración y hasta qué grado se ha llegado; así como la entrega de los acuerdos, y convenios a los que han llegado México y los Estados Unidos en materia energética y hasta dónde se ha comprometido nuestro país y qué información se ha entregado.

    Con motivo de la noticia que el día de ayer 20 de enero se publicó en el diario Milenio en primera plana y a ocho columnas, en la que se publica que la empresa British Petroleum ya opera gasolineras en nuestro país, en el Distrito Federal, Monterrey, Guadalajara y otras ciudades, mismas que operan a través de otras empresas registradas con prestanombres de mexicanos; lo que hace se considere que a la brevedad se cite al C. Secretario de Energía para que explique lo relacionado a la comercialización, distribución y explotación de combustibles, así como éste y otros temas relacionados con los energéticos que es urgente e importante abordar con el titular de la Secretaría de Energía.

    Deseo reiterar nuestra preocupación para que a la brevedad posible, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia dictamine el punto de acuerdo que presenté en la sesión del día 14 de enero y se cite al C. Secretario de Energía, para tratar los asuntos relacionados con esa dependencia.

    Punto de Acuerdo

    Unico.- Se exhorta a la Primera Comisión, dictamine la cita para que el C. Secretario de Energía comparezca ante esta Comisión para tratar los asuntos relacionados con su ramo.

    Dado en el Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días del mes de enero de 2004.--- Sen. David Jiménez González (rúbrica).»

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, senador.

    Túrnese a la Primera Comisión.


    INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Tiene el uso de la palabra la diputada doña Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para citar al Secretario Ejecutivo y a la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, a fin de que informen sobre la atención e instrumentación que le han dado al exhorto realizado por esta Comisión Permanente, el 13 de agosto del 2003.

    La diputada María de los Dolores Padierna Luna:

    Tengo en mi mano el punto de acuerdo aprobado por esta Permanente, el 13 de agosto del 2003 y tengo también la lista de todos los pagarés del Programa de Capitalización y Compra de Cartera que se vencen el año próximo.

    Ese es el problema, ésa es la litis del problema y recientemente hemos leído y escuchado que el Secretario de Hacienda y los banqueros se reúnen para llegar a un acuerdo extralegal, sin pasar por el cumplimiento del artículo quinto transitorio a que obliga la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

    Esta ley dejó expresamente claro que se pasaba a deuda pública todos los programas, con excepción del Programa de Capitalización y Compra de Cartera; para ése, se estableció un procedimiento el cual no se ha cumplido.

    Sin embargo, el próximo año se vencen algunos pagarés; estos pagarés corresponden al primer tramo del Programa de Capitalización y Compra de Cartera y ascienden a un total de 176 mil 204 millones 530 mil 775 pesos. El tramo 1, que se firmaron en 1995 con vencimiento a 10 años que se cumplen el año que entra, el tramo 1 es justamente cuando el Fobaproa no podía recibir créditos relacionados ni créditos irrecuperables ni créditos descontados ni créditos hipotecarios ni toda la cartera que pasaron arbitrariamente los banqueros al Fobaproa con la anuencia de las autoridades. Estos pagarés se vencen y quiero decirles algunas cifras:

    Para Bancomer deberá haber un pago el año próximo por 55 mil 492 millones de pesos. ¿Aguantan las finanzas del país para este pago?, ¿se va a pasar tras ``bambalinas'' la ley?

    Para Banamex hay un vencimiento por 53 mil 434 millones, para BITAL por 59 mil 276 millones, para Banorte por 4 mil 219 millones y así sucesivamente. Son gastos muy fuertes, primero ilegales y segundo que no soporta la economía.

    Pero aquí está el acuerdo de la Comisión Permanente aprobado por la mayoría de los legisladores, donde dice que el 28 de mayo el senador Salvador Rocha y David Penchyna del PRI, presentaron un punto de acuerdo para que se le diera turno al quinto transitorio.

    También el 4 de junio el diputado Miguel Barbosa, del PRD, hizo lo mismo, el 6 de agosto los coordinadores parlamentarios del PAN, del PRI, del PRD, exigieron que se atendieran los señalamientos de las auditorías y que los integrantes de la Junta de Gobierno del IPAB con conflicto de intereses, no participaran de este asunto y el 13 de agosto se firmó este acuerdo que entre otros datos dice: ``..dar cumplimiento al quinto transitorio''; este punto de acuerdo propone considerar los resultados de las auditorías de Michel Mackey y del Auditor Superior de la Federación para darle tratamiento definitivo a este problema; que se entregue toda la información a la Cámara y se haga pública la información de los ``banks reports'' y se exhorta al Secretario de la Función Pública a que verifique que el IPAB cumpla con este punto de acuerdo aprobado en la Comisión Permanente.

    Se acordó también aquí, que el IPAB informe a la Comisión de Vigilancia sobre todos los procedimientos que esté haciendo para dar cumplimiento cabal a este punto de acuerdo, se pide que el auditor superior proceda conforme a sus facultades para las auditorías. La historia del rescate bancario es muy lamentable, es muy larga, pero sobre todo, es inmensamente costosa y la ley obliga a revisar todos y cada uno de los créditos del Programa de Capitalización y Compra de Cartera para saber cuáles son legales, cuáles son ilegales y todo lo que sea legal pasa al balance del IPAB para su correspondiente pago; pero sería inmensamente justo e impagable pasarle ahora una cantidad adicional cercana a los 230 mil millones de pesos.

    Yo pido que este punto, señor Presidente, no sea como está solicitado por obvia resolución, sino se pida la comparecencia del Secretario Ejecutivo de la Junta de Gobierno del IPAB, para que informe sobre la atención que le ha dado a este punto de exhorto que hizo la Comisión Permanente el 13 de agosto del 2003, pero sea turnado a la comisión.

    Es cuanto, compañeros.

    «Proposición con punto de acuerdo, para que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, apruebe la comparecencia del Secretario Ejecutivo y de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, (IPAB), a fin de que se informe sobre la atención e instrumentación que le ha dado al exhorto realizado por la comisión permanente el 13 de agosto del 2003.

    La suscrita, diputada Dolores Padierna Luna, legisladora federal de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo.

    Antecedentes

    1.- El Programa de Capitalización y Compra de Cartera implementado por el Fobaproa durante el Rescate Bancario, ha sido severamente cuestionado tanto por su legalidad como por su operatividad y eficacia por este Congreso.

    2.- La propia ley que le dio origen al IPAB, en su capitulo de antecedentes se cuestiona fuertemente la manera en como el gobierno enfrentó la crisis bancaria, de manera adicional se afirma siguiente: ``la asunción de las obligaciones solidarias en los contratos de compra de cartera, al igual que el aval otorgado en los pagarés que documentan tal compra de cartera, y las operaciones derivadas del programa de saneamiento financiero, se hicieron al margen de la Constitución''.

    3.- Es precisamente por lo anterior que el Congreso, otorgó un mandato al IPAB y estableció un mecanismo ``especial'' para que los pasivos originados por los Programas de Capitalización y Compra de Cartera puedan ser asumidos por el IPAB y hasta ese entonces puedan ser avalados por este Congreso.

    4.- Dicho mecanismo se encuentra claramente señalado en el articulo quinto transitorio de la Ley del IPAB y entre otras cosas establece la necesidad de realizar auditorías y revisiones a las operaciones de capitalización y compra de cartera.

    5.- Debido a que de la revisión del Informe Mackey se desprende que su trabajo no puede ser considerado como una auditoría entre otras cosas; por las limitaciones que tuvo en cuánto al acceso a la información, por la ausencia de un dictamen y por que el propio Mackey establece que su trabajo no puede ser considerado como una auditoría, y a consecuencia de una recomendación realizada en 1999 por la Contaduría Mayor de Hacienda, el 14 de Mayo del 2002, la Junta de Gobierno del IPAB decidió proceder con apego a lo dispuesto por el articulo quinto transitorio y proceder con las auditorías.

    6.- Esto originó que los 4 bancos (Banamex, Bancomer, Bital y Banorte) un amparo en contra del IPAB e indirectamente en contra del mandato del Congreso Mexicano.

    7.- Ante esta situación, desde el año 2002, la SHCP ha buscado mecanismos para llegar a un acuerdo con los bancos, para que retiren sus amparos y permitan ser auditados, a cambio de modificar el grado de profundidad y contenido de las auditorías que la propia Junta de Gobierno del IPAB aprobara en mayo del 2002.

    Considerando

    A) Que de manera adicional a los hallazgos reportados en el Informe Mackey, la Auditoría Superior de la Federación en cumplimiento de las facultades que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo décimo séptimo transitorio de la Ley del IPAB, ha realizado importantes señalamientos en las revisiones efectuadas a la Cuenta Pública del 2000 y del 2001, que indican la existencia de graves irregularidades en la aplicación del Programa de Capitalización y Compra de Cartera en: Banamex, BBV-Bancomer, Bital y Banorte.

    B) Que muchos de los señalamientos del Auditor Superior de la Federación, ya habían sido advertidos por el propio Organo de Control Interno del IPAB,

    C) Que los señalamientos de ambos órganos de fiscalización permitirían la reducción en el costo fiscal del rescate bancario, reduciendo la presión a las finanzas públicas permitiendo con ello, canalizar recursos al sector social y productivo.

    D) Que el cabal cumplimiento del artículo quinto transitorio es un requisito indispensable para que se pueda dar el ``canje'' de pagarés y por lo tanto el Congreso respalde esos nuevos pagarés emitidos por el IPAB.

    E) Que la disminución en el valor de los pagarés de Fobapra no representaría como se ha dicho por parte de diversas autoridades financieras un nuevo ``quebranto'' para las instituciones bancarias ya mencionadas, en virtud de que la misma ley del IPAB establece claramente en su artículo 28, los requisitos para dar apoyos financieros a las instituciones bancarias que así lo requieran.

    F) Que para disipar los intentos de la SHCP, el 13 de Agosto del 2003 la Comisión Permanente de este Congreso aprobó de manera unánime un exhorto al IPAB a fin de que se diera un estricto cumplimiento al articulo quinto transitorio de la Ley del IPAB.

    G) Que en dicho acuerdo solicitaba textualmente lo siguiente: ``Se exhorta al Instituto de Protección al Ahorro Bancario, a convocar a las instituciones bancarias participantes en el programa de capitalización y compra de cartera, para que cumplan con lo dispuesto por el artículo quinto transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y se dé el debido procesamiento de los documentos de trabajo del informe de Mackey (incluyendo los reportes de los bancos ``bank reports''), y la continuación de las revisiones de gestión fiduciaria, de legalidad, de identidad, de objeto, existencia y legitimidad de las operaciones materia del programa; apegándose para ello, al artículo quinto transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, y a las bases del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno del IPAB el 14 de mayo del 2002 y a la legislación común aplicable.

    H) Que a 5 meses de haber realizado dicho exhorto, es fecha que el IPAB no ha informado sobre la instrumentación de la solicitud que le hiciera la Comisión Permanente.

    I) Que en vez de ello, funcionarios de Hacienda, de la CNBV y banqueros, señalan los avances para un ``acuerdo'' respecto del quinto transitorio.

    J) Que el único camino a seguir es el de un estricto apego a la ley y al interés público, y no debe permitirse ningún acuerdo que busque violentar el mandato del Congreso.

    Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de esta honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente

    Punto de Acuerdo

    Unico: Se solicita la comparecencia del secretario ejecutivo y de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), a fin de que se informe sobre la atención e instrumentación que le ha dado al exhorto realizado por esta Comisión Permanente el 13 de agosto del 2003.

    México, DF, a 21 de enero de 2004.--- Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica).»

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Gracias, señora diputada.

    Como lo ha solicitado la diputada Dolores Padierna Luna, se turna a la Tercera Comisión.
    ESTADO DE MORELOS
    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Camacho Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo para que una comisión de legisladores de la Comisión Permanente tome conocimiento de los hechos en el municipio de Tlalnepantla, Morelos.

    El diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

    Con su venia, señor Presidente; señoras y señores legisladores:

    Como es del conocimiento de la opinión pública, durante la semana pasada continuaron suscitándose graves violaciones a los derechos humanos de los pobladores del municipio de Tlalnepantla, estado de Morelos. Dichas violaciones a las garantías individuales y los derechos humanos fundamentales de los habitantes de ese municipio se refieren a la vulneración de sus derechos básicos sobre seguridad jurídica, estricta legalidad y respeto a la integridad personal.

    Los hechos de Tlalnepantla no están suficientemente claros para la opinión pública nacional. Por la información disponible parece tratarse de un asunto que pudo haberse prevenido si hubiera mediado un adecuado y permanente diálogo político previo y si la autoridad hubiera actuado con la debida prudencia.

    Una vez ocurridos los hechos de violencia las declaraciones contradictorias y sin fundamento, han contribuido a crear un clima de confusión y de provocación que debe prevenirse. Resulta especialmente grave que el gobernador del estado haya insistido en atribuir la responsabilidad de los hechos de violencia a supuestas organizaciones guerrilleras, sin que medie prueba alguna.

    La Secretaría de Gobernación ha fijado su posición al respecto. El Secretario de Gobernación, Santiago Creel, afirmó hace dos días que, entre paréntesis, con toda claridad sostengo que no tenemos pruebas ni información ni evidencia de esa situación, la posible vinculación con grupos guerrilleros.

    En consecuencia, esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, no es insensible a la evidente violación de los derechos humanos y de las garantías individuales, así como la necesidad de restablecer la tranquilidad y el orden en el municipio.

    Por lo tanto, de conformidad con el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía, los siguientes

    Puntos de Acuerdo

    Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, nombra un grupo plural de legisladores para que conozcan de los hechos ocurridos en el municipio de Tlanepantla, Morelos y rindan un informe final a esta soberanía en un plazo de 10 días.

    Segundo. Este grupo plural de legisladores quedará integrado como sigue: Luis Antonio Ramírez, por el Partido Revolucionario Institucional; Marco Adame, por el Partido Acción Nacional; Dolores Padierna, por el Partido de la Revolución Democrática; Luis Antonio González, por el Partido Verde Ecologista de México; Pedro Vázquez González, por el Partido del Trabajo y Luis Maldonado Venegas, por el Partido de Convergencia.

    Palacio Legislativo de San Lázaro, 21 de enero de 2004.--- Firma el de la voz.

    «Proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución y obvia resolución sobre los hechos ocurridos en el municipio de Tlalnepantla Morelos, en donde se solicita la conformación de un grupo plural de Legisladores de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que conozca de los hechos y rinda un informe a esta Soberanía.

    Los suscritos, legisladores y legisladoras federales de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos ante este pleno la siguientes proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones:

    Como es del conocimiento de la opinión pública, durante la semana pasada continuaron suscitándose graves violaciones a los derechos humanos de los pobladores del municipio de Tlalnepantla, estado de Morelos.

    Dichas violaciones a las garantías individuales y los derechos humanos fundamentales de los habitantes de Tlalnepantla, se refieren a la vulneración de sus derechos básicos sobre seguridad jurídica, estricta legalidad y respeto a la integridad personal.

    Los hechos de Tlalnepantla no están suficientemente claros para la opinión pública nacional. Por la información disponible, parece tratarse de un asunto que pudo haberse prevenido si hubiera mediado un adecuado y permanente diálogo político previo y si la autoridad hubiera actuado con la debida prudencia. Una vez ocurridos los hechos de violencia, las declaraciones contradictorias y sin fundamento han contribuido a crear un clima de confusión y de provocación que debe prevenirse.

    Resulta especialmente grave que el gobernador haya insistido en atribuir la responsabilidad de los hechos de violencia a supuestas organizaciones guerrilleras sin que medie prueba alguna. La Secretaría de Gobernación ha fijado su posición al respecto. El secretario de Gobernación, Santiago Creel, afirmó hace dos días que ``con toda claridad (sostengo) que no tenemos pruebas ni información ni evidencia de esa situación'' (la posible vinculación con grupos guerrilleros).

    En consecuencia, esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, no es insensible a la evidente vulneración de los derechos humanos y las garantías individuales, así como de la necesidad de restablecer la tranquilidad y el orden en el municipio.

    Por lo tanto, de conformidad con el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

    Punto de Acuerdo

    Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión nombra a un grupo plural de legisladores para que conozcan de los hechos ocurridos en el municipio de Tlalnepantla, Morelos, y rindan un informe a esta soberanía.

    Segundo. Este grupo plural de legisladores quedará integrado como sigue: Senador Marco Antonio Adame (PAN),

    diputado Luis Antonio Ramírez (PRI), diputada Dolores Padierna Luna (PRD), diputado Luis Antonio González (PVEM), diputado Pedro Vázquez González (PT), diputado Luis Maldonado Venegas (CONV).

    Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de enero de 2004.--- Dip. Manuel Camacho Solís.»

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Gracias, señor diputado.

    El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (desde su curul):

    Pido la palabra.

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    ¿Con qué propósito?

    El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (desde su curul):

    Sobre el mismo tema.

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Perdóneme pero primeramente seguiré el trámite de si es de urgente resolución. Posteriormente se abrirá el debate, la discusión del punto de acuerdo.

    Se instruye a la Secretaría para que consulte a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

    La Secretaria diputada Marcela Guerra Castillo:

    En votación económica se pregunta a la Asamblea con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

    Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en la forma acostumbrada...

    Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Se considera de urgente resolución.

    En consecuencia, está a discusión la proposición.

    Esta Presidencia tiene registrados para este tema al senador César Jáuregui; al diputado Heliodoro Díaz y al senador David Jiménez. Entiendo que los tres en pro. En los términos del artículo 122 y 123 del reglamento, cuando solamente se pidiere la palabra en pro, dice el artículo 122: ``Sólo podrán hablar hasta dos miembros de la Cámara.'' Por lo tanto concederé el uso de la palabra únicamente al senador César Jáuregui y al diputado Heliodoro Díaz, posteriormente, al concluir ellos sus intervenciones, consultaré a la Asamblea si se le concede el uso de la palabra al señor David Jiménez.

    Tiene el uso de la palabra el senador César Jáuregui, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

    El senador Sergio César Jáuregui Robles:

    Muchas gracias, señor Presidente; honorable Asamblea:

    Coincidimos con la presentación de este punto de acuerdo, fundamentalmente porque viene a subsanar una deficiencia que tenemos en muchas ocasiones los legisladores; la necesidad de información, y nos parece que la forma en que se presenta ante un hecho que a todos nos atañe viene cabalmente a través de una comisión interesada a cubrir ese propósito.

    Sabemos, por la información que tenemos disponible, que el origen del conflicto se da por cuestiones fundamentalmente electorales y que tienen su punto central totalmente dentro de un solo partido político aunque, también por información confusa que tenemos, sabemos que hay otros institutos políticos que se han venido sumando al conflicto y que desde luego esto no debe de abundarse.

    Nosotros sabemos que se instaló ya, desde el Congreso de Morelos, una comisión de diálogo que con anterioridad atendió este asunto y buscó la convergencia entre todos los actores políticos para tratar de encontrar una solución al problema, cuando finalmente se da un fallo definitivo ya por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

    Demócratas que somos en este ejercicio, pues tenemos que aceptar cabalmente todos estos fallos, aunque no representen la posibilidad de que un partidario afín a nosotros pueda acceder al cargo.

    Pero estas situaciones se dieron y el conflicto subsistió. Y siguió así sobre todo porque la mezquindad de algunos actores vino a dar al traste con todos los acuerdos y desde luego se dio la posibilidad de, a través del ejercicio de la violencia, de sacar rajatabla de un conflicto que tenía sus cauces normales.

    Nos preocupa el saldo de violencia ya por todos conocido y desde luego también nosotros interesados estamos de que el gobierno cumpla a cabalidad con su función de autoridad.

    Creemos que esto se debe dar fundamentalmente a través de dos cauces o en la forma en que actúa un buen gobierno. Primero, a través del diálogo, que es algo que nos parece que tiene que agotarse plenamente para así acreditar esa responsabilidad y desde luego que este diálogo tiene que ser plenamente ajustado en su actuación a la legalidad, al orden constitucional que se han dado los morelenses y que nosotros desde luego, respetuosos que somos, tenemos que salvaguardar.

    Pero también tiene que haber una salida institucional. No puede quedarse la situación en conflicto o si la comisión que se ha formado, si todos aprobamos este punto de acuerdo, venir a dar una solución que esté alejada de los intereses locales o regionales de los propios ciudadanos de Tlalnepantla, Morelos o del estado de Morelos.

    Tiene que reconocerse que en el Congreso del estado de Morelos, plenamente plural, se formó una comisión de investigación que tiene plenas facultades no solamente para investigar, para coordinarse con las autoridades del estado, para coordinarse en el diálogo con los actores políticos, para buscar la solución con las autoridades municipales y desde luego reconocer que en la Constitución, no solamente local, sino en la Federal, como bien lo marca el párrafo cuarto del artículo 115 de la Constitución, el Congreso del estado puede en un momento dado determinar la suspensión del ayuntamiento, declarar desaparecido este ayuntamiento o bien revocar el mandato de algún miembro o de todos los miembros del ayuntamiento, soluciones y posibilidades todas éstas que no están al alcance de un Congreso Federal.

    Pero desde luego tenemos que buscar nosotros, como representantes de la nación, una solución al conflicto y me parece que en el respeto y en la coordinación que tengamos con esta comisión investigadora y con pleno respeto al Congreso del estado, podemos nosotros encontrar, si hay voluntad política, una solución a este problema.

    Muchas gracias.

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Gracias, senador César Jáuregui Robles.

    Tiene el uso de la palabra el diputado Heliodoro Díaz Escárraga, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

    El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga:

    Muchas gracias, señor Presidente:

    Hemos decidido, la fracción parlamentaria de mi partido, hacer uso de la palabra para secundar este propuesta que nos parece de vital importancia para que este Congreso tenga información de primera mano y pueda dar pasos adelante en la consecución de la paz, la tranquilidad en ese municipio de Tlalnepantla de Morelos.

    En este sentido sentido nos adherimos y secundamos plenamente a lo que ha señalado el diputado Camacho Solís, y el senador Jáuregui. Lo hacemos fundamentalmente porque es propósito ineludible; antes de ver las siglas de quien gobierna constitucionalmente el municipio de Tlalnepantla, procurar una solución pacífica y que evite la pérdida de vidas humanas.

    Y quiero decirles que reconocemos incluso que esas omisiones a veces resultan graves cuando la propia compañera diputada Lizbeth Rosas desde el pasado tres de diciembre había ya hecho una excitativa para que interviniéramos en el asunto y en la problemática de Tlalnepantla. A lo mejor no coincidimos con la propuesta, pero había señalado desde esa fecha la necesaria intervención para deslindar responsabilidades; no se hizo y ahí están los resultados.

    Por eso o queremos que pase lo mismo en el estado de Chiapas, por eso es que hemos querido aprovechar esta oportunidad para decir que el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, está hostigando políticamente y con los medios jurídicos a su alcance, a través de su brazo ejecutor, el procurador Mariano Herrán Salvati, al ayuntamiento constitucionalmente electo de Tapachula.

    No se puede permitir que haya una campaña agresiva en los medios de comunicación, que haya una inducción de las fuerzas opositoras en el campo político de este ayuntamiento para desestabilizarlo.

    ¿Cuál es la razón? Este ayuntamiento de buena fe presentó hace unos meses una denuncia ante la Procuraduría por el delito de peculado en contra de dos de los servidores públicos de este ayuntamiento.

    Ahora el Gobierno pretende incriminar al Presidente municipal y al síndico por la razón de que no tomaron las medidas pertinentes al respecto...

    El senador Juan José Rodríguez Prats (desde su curul):

    Señor Presidente.

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Perdón, señor orador, un momento, suspéndase el marcaje del tiempo. ¿Con qué objeto, senador Rodríguez Prats?

    El senador Juan José Rodríguez Prats (desde su curul):

    Señor Presidente.

    Yo le suplicaría con base en las atribuciones que le concede el artículo 22, que le señale usted al orador en turno que se ciña al tema que estamos discutiendo. Si él tiene interés en registrar otro tema, pues que lo haga en la próxima sesión; pero no me parece que estemos mezclando lo que son los problemas del estado de Morelos con otros problemas de otras entidades federativas.

    Por su atención, muchas gracias, señor Presidente.

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Gracias, señor senador.

    La intervención del senador es correcta en los términos del artículo 105, y con las facultades que el Reglamento confiere a la Presidencia, le insta al orador a centrarse en el tema materia de la discusión.

    El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga:

    Estamos centrados en el tema, quise traer a colación un ejemplo porque nos parece que no es posible que como legisladores tratemos de acallar el derecho que tenemos a señalar riesgos en este tipo de situaciones.

    Grave hubiera sido que en algún momento se hubiera callado el planteamiento de Tlalnepantla; grave fue que no tuvimos la capacidad para evitar muertes y la descomposición política en ese municipio. Esa es la razón, señor Presidente. No hay el afán de torcer las disposiciones. Estamos de acuerdo en que se integre esa comisión y se haga y se precisen las investigaciones.

    Pero también y próximamente plantearemos la misma medida para que se investiguen las acciones en Chiapas, porque hay que decirlo, hay hostigamiento al ayuntamiento con la intención de desaparecerlo.

    Nos sumamos a la propuesta que usted hizo, diputado Camacho Solís. Pero también advertimos que hay que actuar con oportunidad para no después del niño ahogado queramos tapar el pozo cuando ya...

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Se invita al orador centrarse al tema.

    El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga:

    ... que no en Tlalnepantla, que pudieron ser evitadas.

    Dejo, pues sentada la posición de la fracción de nuestro partido para que respaldemos y nos sumemos plenamente a la propuesta que hizo el compañero diputado Camacho Solís.

    Muchas gracias, señor Presidente.

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Gracias, señor diputado.

    Se instruye a la Secretaría para que consulte al pleno si como excepción se le concede el uso de la palabra al senador David Jiménez González, en atención a lo que dispone el artículo 122.

    La Secretaria diputada Marcela Guerra Castillo:

    Se consulta en votación económica a la Asamblea si se le da la palabra al senador David Jiménez.

    Los legisladores que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo en la forma acostumbrada...

    Los legisladores que estén por la negativa, favor de manifestarlo en la forma acostumbrada... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Se concede el uso de la palabra al senador David Jiménez González.

    El senador David Jiménez González:

    Muchas gracias.

    Señor Presidente quiero reconocer la licencia que ha tenido usted para consultar a la asamblea, al pleno, para otorgarme el uso de la palabra.

    Nuevamente muy reconocido y muchas gracias, señor Presidente.

    Compañeras y compañeros legisladores:

    Nos sumamos por supuesto a la propuesta que ha hecho el diputado Manuel Camacho Solís para la creación de una comisión que llegue e investigue los lamentables hechos que se suscitaron en pequeño municipio de mi estado, que es Tlalnepantla. Pero aquí cabe puntualizar algunas cosas.

    Primero, ya el senador César Jáuregui hacía mención que desde el 6 de julio, atendiendo a los resultados que se dieron con motivo de la elección en que fue verdaderamente apretada la elección de los candidatos, ganó por tres votos el candidato del PRI al candidato de Acción Nacional, por unos siete votos se le ganó al del Partido Verde Ecologista de México y por cerca de 200 votos al Partido de la Revolución Democrática. Estos fueron los resultados que se dieron en aquel 6 de julio de 2003.

    Esta situación, de ser tan cerrada la elección, trajo como consecuencia por supuesto una inquietud dentro del propio poblado, fundamentalmente en la cabecera; la cabecera de Tlalnepantla está conformada por cinco barrios, tienen tres ayudantías. Es un municipio que tiene aproximadamente 124 kilómetros cuadrados, es decir, territorialmente es pequeño y son unos cuantos miles de habitantes los que tiene Tlalnepantla.

    Aquí lo esencial y lo importante es que tenemos que refrendar un compromiso que hemos hecho manifiesto públicamente en muchísimas ocasiones: el del respeto a la soberanía de los estados, a la autonomía de los municipios y el respeto irrestricto a las autoridades electorales, que son las que determinan en última instancia los fallos que se dieron.

    En la situación de Tlalnepantla eso no sucedió así, a pesar de haber obtenido los fallos favorables el candidato de mi partido. Se estableció una serie de comisiones internas en donde participaron diputados locales. Se dieron cita el 1º de noviembre, 3 de noviembre, 16 de noviembre, 26 de noviembre, 27 de noviembre, 15 de diciembre, 17 de diciembre hasta el 20 de enero y la solución no llegó.

    ¿Y qué fue lo que sucedió o en qué desembocó todo esto? En los lamentables hechos en donde un paisano nuestro perdió la vida: Gregorio. Se enlutó un hogar morelense, pero el luto de ese hogar morelense enlutó todos los hogares de mi estado.

    Por eso es propio que esta comisión lleve a cabo su trabajo y nos traiga una información precisa y clara de lo que sucedió. Porque no podemos tener confianza en lo que han dicho las autoridades locales, por un día nos dicen que fue ``con motivo de una rencilla de carácter personal''. Al día siguiente nos dicen que ``fue para intervenir y detener actos que estaban realizando una serie de personas, de carácter guerrillero'', es decir, violento.

    Y como respuesta, el Gobierno Federal dice ``que no es cierto, que no hay ningún síntoma que se hubiera presentado esa naturaleza en nuestro estado, sino que fue una situación de carácter interno, intercomunitario''. Así lo mencionó el Secretario de Gobernación. Es decir, estamos ante versiones totalmente encontradas. No sabemos ya en realidad quién dice la verdad, si el Gobierno Federal o el gobierno estatal, pero lo cierto es que tenemos una crisis de carácter social, política y económica en ese pequeño municipio que tiene su fuente de ingreso en las actividades agropecuarias, fundamentalmente en el cultivo del nopal.

    Yo me sumo a esta propuesta de acuerdo del diputado Manuel Camacho Solís, para que seamos nosotros los que veamos con toda claridad qué fue lo que pasó, qué está pasando y qué medidas están tomando tanto las autoridades locales como las autoridades federales, para solucionar ese problema y que vuelva la tranquilidad a este pequeño municipio de Tlalnepantla. ¡Lo hacemos por Morelos y lo hacemos por México!

    Muchas gracias.

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Gracias, señor senador.

    Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

    La Secretaria diputada Marcela Guerra Castillo:

    En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la propuesta.

    Los diputados y senadores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo de la forma acostumbrada...

    ¿Los diputados y senadores que estén por la negativa?... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Suficientemente discutida.

    Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

    La Secretaria diputada Marcela Guerra Castillo:

    En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

    Los diputados y senadores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo de la forma acostumbrada...

    Los diputados y senadores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo en la forma acostumbrada... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Aprobada. Comuníquese.


    SECUESTROS
    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Tiene el uso de la palabra el diputado Heliodoro Díaz Escárraga, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre la inseguridad que se vive en el país.

    El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga:

    Muchas gracias, señor Presidente.

    Prometo no abordar el asunto de Chiapas.

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Adelante, señor diputado.

    El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga:

    Desde hace algunos años nuestro país vive una grave crisis de inseguridad. El temor ante la eventual afectación de la integridad personal y la pérdida de bienes se ha arraigado en la población mexicana. Los resultados hasta ahora entregados por el gobierno del cambio son desalentadores. Las autoridades responsables de prevenir el delito y combatir a la delincuencia han asumido el expediente fácil de abdicar a sus compromisos, remitiéndolos a las entidades federativas en vez de diseñar programas que inhiban a la industria del crimen.

    Contradictoriamente el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal en los tres últimos años ha disminuido en un 70%. En tanto la delincuencia organizada prospera y aumenta el narcomenudeo, los asaltos, el robo, el tráfico de migrantes y los secuestros. El Gobierno sólo ofrece paliativos ante el fenó- meno que lo rebasa.

    El panorama no es promisorio, ya que no existen perspectivas confiables que nos permitan prever que se revertirá el fenómeno. En un breve recuento de las acciones delictivas más sonadas recientemente, señalaría:

    Ayer fueron ejecutados dos agentes de la AFI y un militar por presunta venganza del narcotráfico.

    La frontera norte continúa siendo escenario de violentas ejecuciones entre narcotraficantes y no ha habido autoridad capaz de frenar esa ola de violencia.

    En esa misma zona, concretamente en Ciudad Juárez, persiste la incompetencia, la insensibilidad y la negligencia para investigar, esclarecer y detener a los autores de los 263 homicidios cometidos contra mujeres.

    En Michoacán un comando armado tomó el penal de Apatzingan, liberando a un buen número de internos.

    La frontera sur se encuentra amenazada por la pandilla salvadoreña conocida como la Marasalvatrucha, sin que se hayan dado acciones contundentes para rechazarla por parte de las autoridades. La inseguridad en esa frontera es un problema grave, incluso de seguridad nacional.

    Por si fuera poco, la semana pasada en la Ciudad de México, todo un sector de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal fue señalado como protector a distribuidores de droga y para concluir, ayer precisamente los medios de comunicación difundieron los datos recabados por la Coparmex y el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública de la Justicia Federal, Asociación Civil, que dan cuenta que en 2003 se cometieron mil 200 secuestros considerados de alto impacto, un promedio de 23 semanales de los cuales únicamente se denunciaron 422.

    Ante la escalada de violencia, cuentas alegres, declaraciones triunfalistas, manipulación de cifras. Por eso al tiempo de exigir resultados satisfactorios en materia de seguridad pública, es necesario que conozcamos en esta Comisión Permanente y de manera detallada, la evolución de los índices de criminalidad en el país, particularmente los relativos al delito de secuestro, el impacto que los diversos programas de prevención del delito han tenido en los últimos tres años, las estrategias de coordinación Federación-estados para el combate a la delincuencia, principalmente la organizada, las tasas de impunidad registradas y los mecanismos diseñados para disminuirla, entre otros aspectos.

    En esta virtud y a nombre de mi fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, someto a la consideración de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente

    Punto de Acuerdo

    Unico. Se solicita la comparecencia ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, del Secretario de Seguridad Pública en su carácter de Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública a fin de que informe sobre la evolución en los últimos tres años, de los índices de criminalidad en delitos de alto impacto social, particularmente del secuestro, las medidas preventivas y correctivas que habrán de instrumentarse para disminuirlas y las acciones que en el campo de la coordinación entre las instancias federales, estatales y municipales, serán ejecutadas para combatir el delito la sociedad así lo está demandando.

    Muchas gracias.

    «Proposición con punto de acuerdo, sobre la inseguridad que se vive en el país, presentada por el diputado Heliodoro Díaz Escárraga, del grupo parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 21 de enero de 2004.

    Desde hace algunos años, nuestro país vive una grave crisis de inseguridad.

    El temor, ante la eventual afectación de la integridad personal y la pérdida de bienes, se ha arraigado en la población mexicana.

    Los resultados hasta ahora entregados por ``el gobierno del cambio'', son desalentadores.

    Las autoridades federales, responsables de prevenir el delito y combatir a la delincuencia, han asumido el expediente fácil de abdicar a sus compromisos, subrogándolos en las entidades federativas, en vez de diseñar programas que inhiban a la industria del crimen.

    Contradictoriamente, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, en los tres últimos años, ha disminuido en un 70%.

    En tanto la delincuencia organizada prospera y aumentan el narcomenudeo, los asaltos, el robo, el tráfico de migrantes y los secuestros, el gobierno sólo ofrece paliativos ante el fenómeno que les rebasa.

    El panorama no es promisorio, ya que no existen prospectivas confiables que nos permitan prever que se revertirá el fenómeno.

    En un breve recuento de las acciones delictivas más sonadas recientemente, señalaría:

    Ayer, fueron ejecutados dos agentes de la AFI y un militar, por presunta venganza del narcotráfico.

    La frontera norte continúa siendo escenario de violentas ejecuciones entre narcotraficantes, y no ha habido autoridad capaz de frenar esa ola de violencia.

    En esa misma zona, concretamente en Ciudad Juárez, persiste la incompetencia, la insensibilidad y la negligencia para investigar, esclarecer y detener a los autores de los 263 homicidios cometidos contra mujeres.

    En Michoacán, un comando armado tomó el penal de Apatzingán, liberando a un buen número de internos.

    La frontera sur se encuentra amenazada por la pandilla salvadoreña conocida como la ``Marasalvatrucha'', sin que se hayan dado acciones contundentes para rechazarlas por parte de las autoridades.

    La inseguridad en esa frontera es un problema grave, incluso de seguridad nacional.

    Por si fuera poco, la semana pasada en la Ciudad de México, todo un sector de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, fue señalado de proteger a distribuidores de droga.

    Y, para concluir, ayer, precisamente, los medios de comunicación difundieron los datos recabados por la Coparmex y por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Federal, AC, que dan cuenta de que en 2003 se cometieron 1 mil 200 secuestros, considerados de ``alto impacto'', un promedio de 23 semanales, de los cuales únicamente se denunciaron 422.

    Ante la escalada de violencia: cuentas alegres, declaraciones triunfalistas, manipulación de cifras.

    Ante los agravios del crimen: pasividad y evasivas del Ejecutivo federal, insuficiente coordinación institucional, prevención diminuta, pobre investigación, combate aislado basado en chivatazos.

    Esto, compañeras y compañeros legisladores, resulta francamente inadmisible.

    Por eso, al tiempo de exigir resultados satisfactorios en materia de seguridad pública, es necesario que conozcamos de forma detallada:

  • La evolución de los índices de criminalidad en el país, particularmente los relativos al delito de secuestro;

  • El impacto que los diversos programas de prevención del delito han tenido en los últimos tres años;

  • Las estrategias de coordinación Federación-estados para el combate a la delincuencia, principalmente a la organizada;

  • Las tasas de impunidad registradas y los mecanismos diseñados para disminuirlas.

    Entre otros aspectos.

    En esa virtud, someto a la consideración de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente

    Punto de Acuerdo

    Unico. Se solicita la comparecencia ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, del secretario de Seguridad Pública, en su carácter de Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, a fin de que informe sobre la evolución, en los últimos tres años, de los índices de criminalidad en delitos de alto impacto social, particularmente del secuestro; las medidas preventivas y correctivas que habrán de instrumentarse para disminuirlos y las acciones que, en el campo de la coordinación entre las instancias federales, estatales y municipales, serán ejecutadas para combatir el delito.

    México, DF, a 21 de enero de 2004.--- Dip. Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica).»

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Gracias, señor diputado.

    Túrnese a la Primera Comisión.
    JEFE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    El siguiente capítulo del orden del día es comentarios sobre la discrecionalidad presupuestal en las plazas asignadas al Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

    Tiene la palabra el señor diputado don Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

    El diputado Luis Antonio González Roldán:

    Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:

    Una vez más refrendamos la inteligente decisión que tuvo a bien tomar este honorable Congreso de la Unión en diciembre pasado, al limitar el techo de endeudamiento solicitado por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ya que su Gobierno se ha caracterizado como irresponsable e ine-ficiente en el manejo de los recursos públicos.

    No obstante la existencia de leyes y reglamentos que obligan al Gobierno de la Ciudad de México a cumplir con la transparencia en el uso de los recursos, la arbitrariedad demagógica se hace evidente.

    El manejo presupuestal deliberado de la nómina del Gobierno del Distrito Federal beneficia en forma irracional e indebida al equipo de colaboradores cercanos al Jefe de Gobierno y a su proyecto personal.

    La información que el día de ayer salió a la luz pública, evidencia la inconsistencia administrativa y altamente discrecional de un gobierno populista e irresponsable en el manejo de las finanzas públicas, ya que deja claro el esquema de simulación que utiliza el Jefe de Gobierno para engañar a los mexicanos.

    El objetivo de esta información es que se reflejan las incongruencias del Jefe de Gobierno y al mismo tiempo deja en evidencia el camino que utiliza para falsear ante los gobernados sus acciones de gobierno en forma por demás cínica. No nada más esto, sino que ya estando al descubierto ante los medios insiste en su mentira, ya que pretende persuadir con su torpe logística que el salario de su chofer es justificado, lo cual resulta absurdo, ya que desde el punto de vista que se vea, resulta ser estratosférico, robustecido con la falaz bandera de austeridad que difunde.

    Desafortunadamente, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal gasta excesivamente en logística para enmascarar su populismo, en lugar de destinar los recursos para fines prioritarios de esta ciudad capital, como son los servicios en que se sustenta la vida urbana, por ejemplo la red de agua potable, el Sistema de Transporte Colectivo, drenaje, desagüe pluvial, iluminación, vigilancia, seguridad, protección del medio ambiente, entre otras.

    Por un lado sacrifica asignaciones presupuestales importantes para recolección de basura, seguridad, agua potable, y por otro lado enmascara en la nómina sus beneficios particulares. Ahora, pretende convencer que una clara mentira es una verdad, esto es que el destino ilegítimo y disfrazado que da a los recursos es debido; esto es a toda costa, trata de justificar que el sueldo que paga a su chofer debe ser el mismo de un subsecretario, situación que a la brevedad necesaria será superada por la lógica y la razón ya que el discurso de que lo dejen trabajar no convencerá.

    Es verdaderamente incongruente e ilógico que el Jefe de Gobierno otorgue ingresos a su chofer logístico prácticamente iguales a los que supuestamente hace suyos. No es posible que un gobierno que se jacte de objetivos austeros tenga una estructura administrativa que no pueda distinguir denominaciones, responsabilidades y en consecuencia, asignar nominativamente las remuneraciones que en realidad corresponden. Qué buen disfraz le encontró en el Tsuru-ropero la periodista Elizabeth Galindo, reportera de MVS-Radio.

    El sueldo mensual del chofer es más alto que el precio del coche que conduce.

    Estos disfraces populistas en todo caso, tienen una hechura y una logística costosa, por ello no debe extrañarnos que el logístico chofer del Jefe de Gobierno del Distrito Federal gane 15 veces más que un chofer ya sea particular, de taxi o de microbús, que en el mejor de los casos ganan hasta tres salarios mínimos.

    Pero a nadie engaña, cree que de ayer y hasta el momento no ha subido el porcentaje de solicitudes de trabajo recibidas por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal de choferes logísticos, pero lo que indiscutiblemente sí pretenderá seguir incrementando son los gastos inominados relacionados a la logística, con lo que molesta y ofende el Jefe de Gobierno del Distrito Federal al pueblo mexicano.

    Es con el burdo engaño y con la palpable simulación, más aún cuando fallidamente pretende persuadir con cinismo en el mismo engaño.

    Al tratar de justificar esta falta, el Secretario de Gobierno se equivoca al decir que el asunto no es una cuestión administrativa sino política; nada más lejos de la verdad. Deben reconocer que la austeridad, la transparencia y la honestidad están muy lejos de convertirse en realidad en su gobierno de esta ciudad.

    Finalmente, debemos decir que una vez más se demuestra que la popularidad del Jefe de Gobierno y su ficticia austeridad han servido de cortina de humo para ocultar ciertos elementos de su administración que son insostenibles, aunque oportunistas conforme a sus aspiraciones políticas.

    Nos resta decir que al que por cualquier motivo teniendo a su cargo la administración o el cuidado de bienes ajenos, con ánimo de lucro perjudique al titular de estos alterando las cuentas o condiciones de los contratos, haciendo aparecer operaciones o gastos inexistentes o exagerando los reales, ocultando y reteniendo valores o empleándolos indebidamente o a sabiendas, realice operaciones perjudicia- les al patrimonio del titular en beneficio propio o de un tercero, se le impondrán las penas previstas para el delito de fraude.

    También se equipara al fraude, al que simulare un contrato, un acto o escrito judicial con perjuicio de otro para obtener cualquier beneficio individual.

    Muchas gracias.

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Gracias, señor diputado.

    Tiene el uso de la palabra para el mismo tema, la diputada doña Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

    La diputada María de los Dolores Padierna Luna:

    Gracias, señor Presidente:

    Este es un buen ejemplo de cómo algunos ponen la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio. Nunca les importaron el dispendio en grado superlativo que había en el Distrito Federal y ahora, que se viene aplicando un verdadero plan de austeridad, ahora que hay un decidido esfuerzo para combatir la corrupción; ahora donde se eliminaron las prebendas para los líderes ``charros'', que ése es el problema, señor diputado, y se han quitado prebendas también para altos funcionarios, ahora quieren armar un escándalo por 60 mil pesos sí, por alguien que sí trabaja y que gana lo mismo que cualquier otro coordinador, se interesan por 60 mil pesos pero no les importa los 45 millones de pesos que ustedes votaron a favor para los ex presidentes, que sin trabajar tienen megasalarios de 150 mil pesos mensuales, además de 25 personas a su servicio. No se fijan en lo ocurrido en transportación marítima mexicana, donde del erario saldrán 2 mil 111 millones de pesos para la iniciativa privada y ocultan que ese documento se dio por el Gobierno Federal y que cuando el Gobierno Federal tuvo en su oportunidad el derecho de venta de las acciones, no lo hizo.

    Se preocupan por el salario de esta persona, que voy a explicar, pero no por los megafraudes demostrados en el Fobaproa, por lo 44 millones que Muñoz Leos le acaba de autorizar a Romero Deschamps, teniendo que estar en la cárcel.

    Cierto, que si el Gobierno del Distrito Federal tiene una persona en su nómina, esto tiene que ser absolutamente transparente y llevar la denominación adecuada. Si es coor- dinador de logística y además tiene otras funciones; si es chofer, si le contesta el teléfono, si es el encargado de Seguridad; lo que haga y cuánto gana tiene que ser absolutamente transparente y tiene que informarse. El PRD siempre pugnará por la transparencia, por la austeridad y será crítico del dispendio donde éste se presente.

    Pedimos que se le baje el salario al Presidente y a los secretarios de Estado, como lo hizo Andrés Manuel López Obrador, que se cancelen las partidas para coches nuevos que ustedes autorizaron el Presupuesto, por 288 millones para altos funcionarios y esas partidas ya están canceladas en el Distrito Federal; que se cancele el bono de marcha por 3 mil 300 millones de pesos que autorizaron ustedes en el 2004 como sobresueldo de 10% cada mes, para los altos funcionarios del Gobierno Federal; que los 167 millones de la partida de vestuario de gala de la pareja presidencial queden cancelados; que se despida al embajador de México en la OCD por hacer ese ridículo dispendioso.

    Todo eso sí es realmente preocupante, eso sí es ofensivo y dispendioso; eso sí es reprobable. Pero no es un tema económico, no es un genuino afán de transparencia lo que motiva a algunos a atacar a Andrés Manuel López Obrador; se trata de seguir en la política con la ``Ley del Cangrejo'', de que al que vaya mejor, al que trabaje bien, al que entregue buenos resultados, al que la ciudadanía califique positivamente, a ése hay que golpearlo, a ése hay que pegarle, a ésos hay que bajarlos de las encuestas, a los corruptos, a los sinvergüenzas; a los ineficientes, a los inútiles ni siquiera se les trae aquí, a la tribuna, y hay que a hacer de veras una revisión de lo que está pasando.

    Yo quiero decirle al diputado del Verde Ecologista que si hay un ejemplo de austeridad, de transparencia y de honestidad, es comprobado en el caso del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, quien goza, por esa razón, de los más altos prestigios que ya quisiera cualquiera de los suyos.

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Gracias, señora diputada.

    Tiene el uso de la palabra, para el mismo tema, el señor senador don...

    El diputado Luis Antonio González Roldán (desde su curul):

    Señor Presidente, para contestar alusiones personales.

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    En los términos del 102, le concedo el uso de la palabra para contestar alusiones personales.

    El diputado Luis Antonio González Roldán:

    Con su venia, señor Presidente; señoras y señores legisladores:

    Ahora, además, por lo externado por la diputada Padierna, se otorgan prevendas a supuestos servidores públicos, quienes al momento alguno, cumplen con las funciones estipuladas en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, o asesores reconocidos por el propio Jefe de Gobierno del Distrito Federal que cobran en otras dependencias gubernamentales pero que hacen funciones en otros lugares.

    Por líderes charros, encontramos en diversas dependencias y muy cercanos al Jefe de Gobierno, muchos de ellos, en algunos casos precisos, en la propia Asamblea de Representantes.

    Y también encontramos los ejemplos de la transparencia y la honestidad que se le da a este famoso ``Gobierno de la Esperanza'', con todos los mayoriteos que se realizan en la propia Asamblea de Representantes.

    Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el señor senador don Héctor Larios Córdova, para el mismo tema, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

    El senador Héctor Larios Córdova:

    Con el permiso de la Presidencia:

    Me parece que el tema no es si se justifica o no el sueldo de 63 mil pesos al chofer de López Obrador, si está o no está ese sueldo asignado, porque es hijo de la persona que apoyó a López Obrador antes o por cualquier otra razón. En realidad el tema es la manipulación de la información, la falta de contrapesos, la incoherencia del PRD, que mide con dos morales, con dos varas el ámbito del Distrito Federal y el ámbito del Gobierno Federal.

    El tema, es que no hay contrapeso en el Distrito Federal, que no puede dársele credibilidad alguna a declaración alguna; se viene a exigir aquí que se bajen sueldos y allá simplemente se afirma que se bajaron los sueldos, ¿será verdad? Nadie lo sabe, no hay contrapeso.

    La Asamblea Legislativa, con mayoría del PRD, aprobó por ejemplo en el presupuesto algo que me parece que ningún legislador federal del PRD podría aprobar para el Presupuesto Federal.

    Primeramente, en el artículo 34, una cláusula para darle discrecionalidad al Jefe de Gobierno, para asignar como le plazca, los recursos excedentes de lo que esté presupuestado, pero como esta discrecionalidad no fue suficiente, aprobó en el artículo 38 un artículo donde da discrecionalidad al Jefe del Ejecutivo, para modificar las asignaciones presupuestales conforme él crea que es conveniente.

    De tal manera que el trabajo de la Asamblea Legislativa, pues queda totalmente nulificado; qué caso tiene que apruebe un presupuesto si el Jefe de Gobierno puede modificar las partidas, cambiar las asignaciones; eso sí aclara; cuando vengan de recursos federales y éstos tengan etiqueta, esos sí no los podrá mover.

    Y bueno, me parece que ese es el tema de fondo, ser consistentes con una sola posición. Si el PRD está de acuerdo en aprobar todo lo que el Jefe de Gobierno le diga, si está de acuerdo en que la Asamblea Legislativa emita leyes y el Jefe de Gobierno desprecie su implementación, como la Ley de Transparencia del Distrito Federal, entonces que haga consistentemente esa misma postura en los congresos locales y en el Congreso Federal, pero me parece que no es lo correcto; lo correcto sería poner los contrapesos al Gobierno del Distrito Federal y entonces sí, que las declaraciones cotidianas, matutinas, pudieran tener alguna credibilidad. Ese es verdaderamente el tema.

    Viene aquí a hablarse de que hay una verdadera austeridad en el Distrito Federal y habría que recordar que en el presupuesto de este año se incrementa de manera sustancial el gasto corriente, se aumenta el presupuesto para la oficina del Jefe de gobierno en 47 millones y se aumentan cantidades importantes para contratación de asesores y bueno, ¿de dónde se toma ese recurso? Pues hay que bajar en 2 mil millones el gasto de inversión en obra pública, hay que bajar en mil 700 millones el gasto en capital y hay que bajar el 90% de lo que tenía designado el gasto del fondo ambiental, hay que bajar los recursos para salud, y ese es el comparativo elemental que se puede hacer y que no me parece que sea oportuno ahorita mencionar cifra por cifra del presupuesto para el 2004 del Distrito Federal.

    Quizá la excusa sea que el Congreso Federal no autorizó un techo al endeudamiento de 2 mil 500 como originalmente lo había solicitado y así lo solicitó también el Ejecutivo Federal y ahora seguramente dirán que no habrá la obra pública que se pretendía hacer con ese recurso.

    Pero miren, quienes hemos pasado aquí por San Lázaro, nos acordamos que hace siete años se suspendió una obra de distribuidor vial aquí, en la calle de Eduardo Molina y durante siete años de administración del PRD, en donde se han endeudado por más de 30 mil millones de pesos, no se invirtió un solo centavo y estuvo una vialidad importante cerrada al tráfico por siete años, hasta que el año pasado tuvieron a bien empezar a invertir en obra pública, pero con 30 mil millones de pesos que ya habían contratado de deuda pública y habría que hablar del Sistema Colectivo de Transporte, del Metro, en todos estos seis años de administración del PRD no hubo más que la conclusión de la línea que estaba prácticamente finalizada de la anterior administración y habrá que hablar de la manipulación de la información que se ha dado por la falta de inversión en el drenaje profundo de la Ciudad de México. Hoy hay varios problemas en la Ciudad de México, no pueden ser inundaciones porque en el PRD se definen como encharcamientos.

    Creo que el tema central y el exhorto de mi participación, es a los legisladores del PRD...

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Se le agotó el tiempo, señor senador.

    El senador Héctor Larios Córdova:

    ...A mantener la misma posición en ambas instancias.

    Es cuanto, señor Presidente.

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Gracias.

    Tiene el uso de la palabra el señor senador don David Jiménez González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

    El senador David Jiménez González:

    Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros:

    La mentira campea en el Gobierno Federal, en el Gobierno local de Morelos y en el Gobierno del ``indestructible'' López Obrador.

    ¿Queremos, de esta manera, nos preguntamos nosotros los mexicanos, rescatar la credibilidad y la confianza en estos gobiernos?, ¿en las instituciones? Yo creo que no es la manera ni es el camino.

    La mentira, como decía al principio, campea y hoy más que nunca estamos viendo que las apariencias engañan, que no es cierto todo lo que se nos dice, que lo que brilla no es necesariamente oro. Ya se abrió aquí un ``chofergate'', ya estamos con el ``chofergate'' y en este ``chofergate'' nos estamos dando cuenta que un chofer gana casi el mismo salario que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, además que resulta, yo creo que más que del punto de vista logístico, debe de ser un ``asesor político permanente'', porque palabras textuales del Jefe de Gobierno, dice que ``trabaja desde las cuatro de la mañana hasta las doce de la noche''.

    Yo creo que para asearse se debe levantar a las tres y para acostarse y dormirse pues será más rápido a las 12:30 o la una de la mañana, o sea que le quedan dos horas para hacer sus necesidades. De tal manera que lo que yo me pregunto: ¿cómo es posible que podamos tratar de justificar estas cosas? Por eso es que la gente ha perdido credibilidad y confianza en estas instituciones de gobierno en estos niveles.

    Yo creo que lo importante aquí es hablarle con claridad y con sinceridad al pueblo de México. Un chofer o mejor dicho, se mencionó a los ex presidentes de la República, ganan el doble de lo que gana el chofer del señor Andrés Manuel López Obrador. Imagínense ustedes nada más. ¿Saben cuánto representa esto al año? 755 mil 964 pesos, que con el aguinaldo, si es que nada más se ajusta a lo que dice la ley, serían 839 mil 960 pesos.

    Quiero decirles que si hemos venido escuchando todos los días que hay que apoyar a los adultos mayores con 688 pesos mensuales, yo creo que si se le pagara verdaderamente el nivel que tiene el chofer del señor Jefe de Gobierno de la ciudad, podríamos incrementar considerablemente el apoyo o la ayuda a los adultos mayores.

    ¿Saben ustedes cuánto gana un chofer del Gobierno Federal?, que por cierto ha hecho él crítica muy severa a los servidores públicos federales. Quiero decirles que el tabulador de chofer que tiene nivel 5 tiene un salario mensual de 3 mil 650 pesos en el Gobierno Federal, un chofer. Por eso lo que no nos explicamos ¿qué razones tendrá? ¿Qué motivos ocultos habrá, para que un chofer pueda ganar casi el salario de su jefe, es decir 839 mil 960 pesos al año?

    Tenemos que fijarnos compañeras y compañeros en que la ciudad como los gobiernos locales y municipales deben de atender problemas graves, que no esté abandonada la ciudad con la basura, que funcionen los sistemas de drenaje, que tengan agua potable en sus domicilios, que estén perfectamente alumbradas las calles y las avenidas y el periférico y que no tengamos que padecer todos los días horas y horas y horas, estacionados en una o dos cuadras.

    Hagamos verdaderamente lo que queremos todos nosotros: aplicar con eficiencia, con eficacia, los recursos que nos da el pueblo para resolver sus problemas y no crear canonjías o prebendas para alguno de nuestros favoritos.

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Gracias, señor senador.

    Tiene el uso de la palabra para rectificar hechos el señor senador don Demetrio Sodi de la Tijera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

    El senador Demetrio Sodi de la Tijera:

    Con su permiso señor Presidente.

    Yo no me pensaba subir. Pero es imposible dejarte ir, con todo respeto. Nada más figúrense, es que de veras esto es como para, no sé, es lo más ridículo que he oído en mi vida.

    Si no tuviera el sueldo el chofer según lo que dice el senador, podríamos aumentar la pensión de los 350 mil ancianos, ¿en cuánto? Como punto cero, cero, cero, un centavo. No hay que ser ridículos. Podríamos incrementarlo como en tres.

    Verdaderamente yo no me quería subir porque creo que es un debate ridículo. ¿Cuándo hemos debatido aquí de los demás estados de la República los problemas que hay? Dejémoslo a la Asamblea ...

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Un momento don Demetrio.

    Se suspende el marcaje de tiempo.

    El senador David Jiménez González (desde su curul):

    Para contestar alusiones.

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    ¿Acepta don Demetrio Sodi?

    El senador Demetrio Sodi de la Tijera:

    Claro que sí; si me encanta, estaba esperándola.

    El senador David Jiménez González (desde su curul):

    Quisiera saber si él conoce cuánto es el monto que se le asigna a los adultos mayores y cuánto representaría pues, la ayuda que se les da a esta gente.

    El senador Demetrio Sodi de la Tijera:

    Son 633 pesos ¿no?

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Continúe el marcaje de tiempo.

    El senador Demetrio Sodi de la Tijera:

    Todavía no he terminado de contestar.

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Perdón, don Demetrio, tengo que ser muy preciso porque con el mecanismo de la respuesta se puede ir al infinitum; yo escuché que usted dio la respuesta.

    El senador Demetrio Sodi de la Tijera:

    No, no, el que dio la respuesta fue él.

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Así que continúe el marcaje de tiempo. Dijo usted 633 pesos.

    El senador Demetrio Sodi de la Tijera:

    Con todo respeto, señor Presidente. No. El dijo que eran tres.

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Conteste, don Demetrio, adelante. Suspéndase el marcaje de tiempo.

    El senador Demetrio Sodi de la Tijera:

    Voy a ser breve, no se preocupe, señor Presidente.

    Yo lo que creo que es verdaderamente ridículo es el estar debatiendo el ``chofergate'' en esta tribuna. Miren, yo creo que aquí hay mucha gente que tiene ganas de convertir la tribuna en un escaparate político personal para ver cómo tienen una presencia en la Ciudad de México, que no tienen.

    Está bien, pero es ridículo que diputados y senadores de la Permanente, que tenemos temas realmente interesantes, estemos discutiendo los 60 mil pesos del chofer.

    Yo creo que hay que pedirle al Jefe de Gobierno y yo lo he declarado que se aclare, pero tampoco le demos esta magnitud.

    Ahora sí ya debido al chofer por eso no se justifica que no hayamos aprobado el financiamiento que solicitó el Jefe de Gobierno, porque sabíamos que a la mejor había un chofer por ahí. Eso es ridículo.

    Yo siento realmente que en este caso y cualquier pretexto que hay de algunas personas, desgraciadamente lo utilizan para ver cómo agarran tribuna en la Ciudad de México donde no existen y entonces no saben si es de Morelos, es de la ciudad y según lo que se presente en el día ¿no? Y hoy tuvo la ventaja de que hizo campaña para las dos entidades federativas, pero es ridículo.

    Yo siento que se tiene que aclarar.

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Continúe el marcaje de tiempo.

    El senador Demetrio Sodi de la Tijera:

    Sí, claro... pero no convirtamos la tribuna de la Permanente en un caso tan ridículo para analizar un tema que seguramente se analizará en la Asamblea Legislativa, que nunca analizamos estos temas de ningún estado de la República, de ninguno, de ninguna entidad federativa en la tribuna del Senado de la República o de la Cámara de Diputados o de la Permanente y que finalmente si algo tiene la ciudad, si algo tiene la ciudad y algo se está haciendo en la ciudad es obra.

    Aquí me menciona que no se llevó a cabo el distribuidor de Eduardo Molina. Ese lo empezaron hace siete años, antes de que llegara el PRD a la jefatura de gobierno, y ya se terminó, y es una obra que había que terminar y que tiene un valor X en función del distribuidor y en función del tránsito de la ciudad.

    La ciudad está avanzando, los capitalinos claramente tienen un apoyo al Jefe de Gobierno y un apoyo al PRD. Se vio en las últimas elecciones. Está bien que suban a la tribuna los que quieran subir, pero yo sí creo que lo que habría que pedirles a todos los diputados y senadores es que trajéramos realmente temas importantes y no acabáramos siendo simplemente repetidores de lo que dice la prensa, que es lo que nos está pasando.

    La prensa dice ayer que hay unos contratos de tal y entonces suben a la tribuna; hay que investigar los contratos. Yo creo que tenemos más responsabilidad que simplemente estar pegados el oído a la radio, los ojos a la televisión o leyendo periódicos y a ver qué temas traemos a la tribuna.

    Traigamos temas en serio, que contribuyan al país, que contribuyan al desarrollo del país. No convirtamos esta tribuna en un verdadero palenque de ridiculeces y de infantilismos, con todo respeto.

    Creo que esta tribuna es la superior de la nación, es tribuna fundamental, para tratar temas nacionales y no para tratar el caso del ``chofergate''.

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Gracias, senador.

    Para contestar alusiones personales tiene el uso de la palabra don David Jiménez

    El senador David Jiménez González:

    Muchas gracias, señor Presidente.

    Mire, compañero Demetrio Sodi, me da mucho gusto platicar y lo estoy mencionando porque si se presenta la oportunidad pues podemos dar un buen debate.

    Mire, no es ninguna ridiculez hablar de estos altos salarios, perdóneme. Esta es la muestra, es un botón de todo lo que puede haber ahí en el Distrito Federal. Si para usted esto es ridículo, para nosotros no puede ser ridículo un endeudamiento que ya rebasa los 40 mil millones de pesos del gobierno de la ciudad.

    Posiblemente a mí no me conozca todo el Distrito Federal, solamente una parte. Azcapotzalco y algunas que otras delegaciones y mi estado...

    El senador Demetrio Sodi de la Tijera (desde su curul):

    No se acuerdan.

    El senador David Jiménez González:

    Claro que sí se acuerdan...

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    No se permiten diálogos, don Demetrio.

    El senador David Jiménez González:

    Y claro que sí se acuerdan y qué bueno que se acuerden. Y nada menos que aquí hay una persona que puede dar, desde luego fe de mi actuación como delegado, que es el señor licenciado don Manuel Camacho Solís, a quien tengo consideración y respeto especial.

    Pero quiero comentarle lo siguiente, mi estimado Demetrio: A usted lo conocen tan bien que le dieron una paliza en la elección pasada. Fíjese usted que no pudo ganar usted aquí en el Distrito Federal y Marbán no pudo entrar en la fórmula que compartía con usted.

    Era otra cosa importante, mi estimado señor senador Demetrio Sodi, aquí lo que estamos nosotros discutiendo es que los recursos que se le dan a un gobierno, en este caso es el del Distrito Federal, no es para favorecer a algunas de su gente, sea por amistad, sea por alguna otra debilidad, no, debe de ser fundamentalmente porque tenga que responder a los planteamientos que han hecho los habitantes de la ciudad.

    No hemos visto absolutamente ningún progreso en el Transporte Colectivo, no hemos visto ningún progreso definitivamente en la atención de las arterias de la Ciudad de México, no hemos visto una solución completa a uno de los fenómenos más graves que tiene el Distrito Federal, que es el desempleo. Usted lo sabe. Y además otra cosa, señor senador Demetrio Sodi: Que usted es muy dado a referirse a las participaciones que uno tiene. Acuérdese, inclusive salió en los diarios, a nivel nacional, usted le dijo y lo calificó, al Jefe de Gobierno de la Ciudad, como un mentiroso. Usted lo dijo; tengo el periódico, y se lo voy a traer para mostrárselo en la próxima sesión, porque a mí no se me olvidan las cosas, las tengo aquí presentes.

    De tal manera que lo que queremos nosotros es que los recursos que lleguen verdaderamente a la ciudad, se apliquen en resolver los conflictos de la ciudad. Por eso recordará usted, y lo sabe perfectamente bien el senador Héctor Larios, que está platicando con Cecilia Romero, en este momento, que propusimos en el Senado de la República, que el endeudamiento aún fuera de los 500 millones de pesos, fuera etiquetado para que supiéramos, efectivamente, que esos recursos iban a destinarse a las obras que se había programado el gobierno de la ciudad. Es más, en la Comisión de Hacienda del Senado de la República, habíamos comentado lo del endeudamiento de los 2 mil 500 millones de pesos, usted se acordará y que una de las circunstancias que nosotros pedíamos, era que eso estuviera perfectamente etiquetado para que no se le fuera a dar un destino diferente a los recursos que tuviera el Gobierno del Distrito Federal.

    De tal manera que lo que pedimos aquí es que se hable con claridad, con transparencia, a los habitantes del Distrito Federal, como al resto del país. Y fundamentalmente, que los servidores públicos que desempeñen diferentes categorías dentro del escalafón que tienen cada una de las instituciones, cada una de las áreas de gobierno, se ajusten a los tabuladores y no que el día de mañana salgamos con que un chofer por una muy buena razón, porque puede ser sumamente útil, pueda incrementársele de tal manera, de tal desproporción, el salario en relación a los demás choferes que trabajan en el Gobierno del Distrito Federal, en el Gobierno Federal, en los estados y en los municipios.

    Queremos fundamentalmente honestidad en la palabra y honradez en los hechos.

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Gracias, señor senador.


    TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION GUBERNAMENTAL
    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    El siguiente punto del orden del día es: comentarios sobre legislación de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información gubernamental. Para este tema tiene el uso de la palabra el señor diputado don Jesús Martínez Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia.

    El diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez:

    Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros:

    Creo que la discusión que se ha dado en estos momentos no ha sido un tema forzosamente innecesariamente, aunque coincidiría con Demetrio en el sentido de que había que tratar temas de mayor profundidad y alcance. Y creo que las diferentes posiciones que se han dado en esta tribuna le dan marco, precisamente, a un reclamo, a un planteamiento, que ha venido haciendo nuestro partido en diversas ocasiones.

    Con fecha 22 de abril hicimos un documento público, a través de los medios de comunicación, que titulamos ``Por una República de Transparencia Democrática''. En ese momento se encontraban en la Cámara de Diputados dos iniciativas: una enviada por el Gobierno Federal, a través del Ejecutivo, donde proponía al pleno de la Cámara de Diputados la necesidad de una Ley Federal de Acceso a la Información Pública. Por otro lado, existía otra propuesta, de un grupo de académicos especialistas y directores de los principales diarios de México, donde presentaban una propuesta.

    Y antes de aprobarse advertíamos como algo fundamental y trascendente la necesidad de transparentar los recursos públicos. Incluso fuimos más allá: le pedíamos a este grupo que aglutinaba a periódicos y académicos y especialistas que le llamaron Grupo Oaxaca, por el hecho de haber trabajado en esa ocasión en el estado, donde los exhortábamos para que públicamente se dirigieran a los señores gobernadores, con todo el respeto que se merecen, a los congresos locales, para que enviaran sus respectivas leyes de transparencia y acceso a la información.

    Ibamos más allá, compañeros legisladores, les decíamos ``que todo aquél que públicamente ni siquiera lo tuviera considerado en su agenda, no estaría más que demostrando que no tiene la convicción de sumarse a un proceso democrático, pero lo más grave, de ocultar cómo se manejan los fondos públicos''.

    Por eso creo que esta discusión que se ha dado nos permite acabar con estos temas que pueden servir de alguna oportunidad, como ya se dijo, para tratar de sacar o de confundir todavía más a la opinión pública.

    Nosotros consideramos que muchos gobiernos estatales ya han cumplido precisamente al presentar sus congresos locales esta iniciativa. Quisiera mencionar que en el estado de Querétaro fue nuestro diputado el doctor Marco Antonio León, quien presentó esta iniciativa por parte de nuestro Partido de Convergencia.

    Esto pudiera resultar obvio si no fuera más que una repetición de lo que hemos estado viendo, pero necesitamos contrarrestar toda una tradición que por décadas ha impedido el libre flujo de la información pública.

    Creo que como integrantes de esta Cámara, de esta Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, nos corresponde autorizar los recursos que se le asignan a los estados de las partidas federales y por lo tanto es nuestra responsabilidad vigilar, pero la sociedad tiene derecho sobre todo a saber qué se hace con los recursos que se manejan.

    Por eso, creo que hoy más que nunca se justifica el consenso de todos nosotros para hacer una respetuosa exhortación a los gobiernos estatales que no hayan presentado esta iniciativa y a los congresos locales para que cumplan con su compromiso que tienen con la ciudadanía.

    Muchas gracias.

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Gracias, señor diputado Jesús Martínez Alvarez.

    Tiene el uso de la palabra para el mismo tema, la diputada Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

    La diputada Minerva Hernández Ramos (desde su curul):

    Declino señor Presidente.

    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:

    Declina.

    Continúe la Secretaría.


    ORDEN DEL DIA
    El Secretario diputado Víctor Manuel Camacho Solís:

    Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.

    Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

    «Comisión Permanente.--- Primer Receso.--- Primer Año.--- LIX Legislatura.

    Orden del día

    Miércoles 28 de enero de 2004.

    Lectura del acta de la sesión anterior.

    Comunicaciones

    De los congresos de los estados de Colima, Hidalgo y Puebla.

    Dictámenes a discusión

    De la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Francisco Alfonso Durazo Montaño, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Sol Naciente, en grado de Estrella de Oro y Plata, que le confiere el Gobierno del Japón.

    De la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Coronel de Caballería DEM, Héctor Aguilar Elizalde y Teniente de Navío CG, José Luis Lagunes Paredes, para aceptar y usar la Medalla Especial, El Medallón y la Cinta de la Junta Interamericana de Defensa con una Estrella Plateada; y la Medalla al Logro Guardia Costera, que les confiere la Junta Interamericana de Defensa y la Guardia Costera de Estados Unidos de América, respectivamente.

    De la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Arturo García Gutiérrez y Manuel Gómez Millán, para aceptar y usar las condecoraciones, que les confieren los gobiernos de la República de Honduras y de la República Islámica de Pakistán, respectivamente.

    Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»


    CLAUSURA Y CITATORIO
    El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano (a las 15:11 horas):

    Gracias, señor Secretario.

    Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles 28 de enero de 2004, a las 11:00 horas.

    RESUMEN DE TRABAJOS

  • Tiempo de duración: 3 horas 47 minutos.

  • Quórum a la apertura de sesión: 26 legisladores.

  • Comisiones reglamentarias y protocolarias: 4.

  • Diputada que se reincorpora: 1.

  • Senador que se reincorpora: 1.

  • Proposiciones con punto de acuerdo: 14.

  • Puntos de acuerdo aprobados: 1.

  • Temas de agenda política: 2.

  • Oradores en tribuna: 33

    PRI-14; PAN-6; PRD-8; PVEM-3; PT-1; PC-1.

    Se recibió:

  • 4 comunicaciones de los congresos de los estados de Colima y Coahuila;

  • 1 oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que remite copia de contestación en relación con punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores;

  • 10 oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que remite hojas de servicios de igual número de miembros del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, para los efectos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

  • 1 iniciativa del Congreso del estado de Baja California Sur;

  • 2 iniciativas del PRI.

    Dictámenes de primera lectura:

  • 1 de la Primera Comisión con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Francisco Alfonso Durazo Montaño, para que pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de Japón;

  • 1 de la Primera Comisión con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos: Héctor Aguilar Elizalde y José Luis Lagunes Paredes, para que puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere la Junta Interamericana de Defensa y la Guardia Costera de Estados Unidos de América, respectivamente;

  • 1 de la Primera Comisión con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos: Arturo García Gutiérrez y Manuel Gómez Millán, para que puedan aceptar y usar las condecoraciones conferidas por los gobiernos de las repúblicas de Honduras e Islámica de Pakistán, respectivamente.

    Dictámenes aprobados:

  • 1 de la Segunda Comisión con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Rubén Alberto Beltrán Guerrero, como Cónsul General de México en Los Angeles, California, Estados Unidos de América;

  • 1 de la Segunda Comisión con punto de acuerdo relativo al nombramiento de la ciudadana Alejandra María Gabriela Bologna Zubikarai, como Cónsul General de México en Sacramento, California, Estados Unidos de América;

  • 1 de la Segunda Comisión con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Alfonso de María y Campos y Castelló, como Cónsul General de México en San Francisco, California, Estados Unidos de América;

  • 1 de la Segunda Comisión con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Bruno Figueroa Fischer, como Cónsul General de México en San José, California, Estados Unidos de América;

  • 1 de la Primera Comisión con proyectos de decreto por los que se concede permiso a dos ciudadanos para aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el Gobierno de la República de Chile;

  • 1 de la Primera Comisión con proyectos de decreto por los que se concede permiso a ocho ciudadanos para prestar servicios en representaciones diplomáticas de los gobiernos de Estados Unidos de América, de Canadá y del Reino Unido, en México.

    LEGISLADORES QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION (en orden alfabético)

  • Camacho Solís, Víctor Manuel (PRD). . .

  • Díaz Escárraga, Heliodoro Carlos (PRI). . .

  • Díaz Escárraga, Heliodoro Carlos (PRI). . .

  • Gómez Esparza, Fernando (PRI). . . . .

  • González Roldán, Luis Antonio (PVEM). . . .

  • González Roldán, Luis Antonio (PVEM). . . .

  • Guerra Castillo, Marcela (PRI). . . . . . .

  • Guerra Castillo, Marcela (PRI). . . . . . .

  • Hernández Enríquez, Silvia (PRI). . . . . .

  • Hernández Ramos, Minerva (PRD). . . . . . .

  • Jáuregui Robles, Sergio César Alejandro (PAN). . . . .

  • Jiménez González, David (PRI). . . . . .

  • Jiménez González, David (PRI). . .. . . .

  • Jiménez González, David (PRI). . . . . . .

  • Larios Córdova, Héctor (PAN). . . . . . .

  • Madero Quiroga, Adalberto Arturo (PAN). . . . . .

  • Martínez Álvarez, Jesús Emilio (PC). . . . . .

  • Muro Urista, Consuelo (PRI). . . . . .

  • Padierna Luna, María de los Dolores (PRD). . . . . .

  • Padierna Luna, María de los Dolores (PRD). . . . .

  • Padierna Luna, María de los Dolores (PRD). . . . .

  • Ramírez Pineda, Luis Antonio (PRI). . . . . .

  • Rodríguez Prats, Juan José (PAN). . . . . . .

  • Sánchez Carreño, Miguel Sadot (PRI). . . . . .

  • Sodi de la Tijera, Demetrio (PRD). . . . . .

  • Sodi de la Tijera, Demetrio (PRD). . . . . .

  • Valladares Valle, Yolanda Guadalupe (PAN). . . . . .

  • Vázquez González, Pedro (PT). . . . . . .

  • Zermeño Infante, Jorge (PAN). . .. . . . .

    Estado de Morelos: 109

    Estado de Morelos: 112

    Secuestros: 115

    Ley de Coordinación Fiscal: 34

    Estado de Guerrero: 90

    Jefe de Gobierno del Distrito Federal: 117, 119

    Empleos: 97 Programa de Apoyos para Acceder al Sistema Financiero Rural: 101

    Consules Generales: 59, 61, 62 desde curul

    Convención Nacional Hacendaria: 87

    Estado de Morelos: 111

    Estado de Morelos: 113 Jefe de Gobierno del Distrito Federal: 121, 122 desde curul, 123 Secretaría de Energía: 114

    Jefe de Gobierno del Distrito Federal: 120

    Seguro de Salud Popular: 82

    Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental: 125

    Ley del Instituto Nacional de las Mujeres: 26

    Banco de México: 99

    Instituto para la Protección al Ahorro Bancario: 95, 106

    Jefe de Gobierno del Distrito Federal: 118 Fondo Nacional de Desastres Naturales: 80

    Estado de Morelos: 112 desde curul

    Estado de Querétaro: 94

    Consules Generales: 61

    Jefe de Gobierno del Distrito Federal: 122 Consules Generales: 62

    Estado de Morelos: 93

    Consules Generales: 60, 63