VOLUMEN II
CONTINUACION DE LA SESION No. 10 DEL 13 de abril de 2004
Tiene el uso de la palabra la diputada Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que reforma la Ley General de Educación, para vincular los contenidos de la educación con la educación de la salud y para evitar la discriminación de los menores en el ámbito educativo.
Adelante diputada.
La diputada Maki Esther Ortiz Domínguez:Con su permiso, señor Presidente:
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a través de la suscrita diputada, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 constitucional y la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Cámara, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto bajo la siguiente
Exposición de MotivosLa igualdad ante la ley y la no discriminación, son prerrogativas garantizadas por nuestra Constitución Política, estos principios generales deben expresarse en forma clara y precisa en disposiciones jurídicas que prohíban y sancionen conductas y a la vez quien le obligue a las autoridades a emprender acciones que garanticen un acceso pleno a la oportunidad de desarrollo personal y social.
En este marco, es indispensable el cumplimiento al derecho a la protección de la salud contenido en el artículo 4º de la Carta Magna. Esta disposición considera no sólo la atención médica y la restauración de la salud, sino también la prevención de las enfermedades. La mejor manera de proteger la salud es evitando que ésta se deteriore, es ahí que la prevención y el autocuidado de la salud, constituyen elementos básicos de su protección.
En los últimos 20 años se ha demostrado que la salud puede mejorarse actuando sobre los determinantes de la salud de las personas, mucho antes de que las enfermedades y sus factores de riesgo aparezcan, la promoción y fortalecimiento de hábitos y valores en la niñez y la juventud disminuyen la probabilidad de contraer enfermedades y padecer futuros trastornos y padecimientos al tiempo que favorecen una mejor calidad de vida.
En estas etapas, se delinea nuestro futuro no sólo en términos del carácter o preparación para enfrentar la vida adulta, sino también en el desarrollo de conductas que en su momento inciden favorablemente en nuestra salud o bien afectan, de manera grave, arraigando factores de riesgos que se manifiestan en enfermedades crónico-degenerativas en la etapa adulta, la pérdida de valores y un desconocimiento por parte de niños y jóvenes sobre los efectos de las adicciones, el ejercicio desinformado e irresponsable de la sexualidad, el sedentarismo y una alimentación desequilibrada, entre otros factores, han aumentado el riesgo de padecer algunas enfermedades de las llamadas emergentes. En este sentido, en concordancia con la filosofía de mi partido y hacer de la educación un proceso sustentado de valores que ayuden a las personas no sólo a adquirir conocimientos académicos, sino de que las forme para enfrentar los problemas individuales y colectivos que fomenten la responsabilidad personal, que promuevan hábitos de vida saludable y que generen actitudes de autocuidado de salud, se propone establecer en la Ley General de Educación, la promoción de la educación para la salud como parte de las finalidades de la educación que imparte el Estado en los términos que establece la Ley General de Salud.
Con ello, esperamos proveer de certidumbre y continuidad a los contenidos y programas en materia de educación para la salud; además, se fortalece el marco legal que sustenta la coordinación y colaboración de las autoridades de educación y de salud en la promoción de la salud de la población, en las escuelas y los centros de reunión.
Por otro lado, parte de nuestra labor como legisladores, consiste en establecer disposiciones claras y armónicas en el marco jurídico que norman las relaciones y conductas de todos los mexicanos; por ello es que resultan inadmisibles las violaciones al derecho de acceso libre e igualitario a la educación en los casos de niños contagiados con SIDA sin que exista una justificación relacionada con riesgos a la salud de las personas con las que se convive en clase. La presencia de actos discriminatorios en el acceso a los servicios de educación de estos niños, en parte por una ignorancia sobre los mecanismos de transmisión del virus y la falta de claridad en la ley que norma la materia, motivan establecer la prohibición de discriminación en el acceso, goce y permanencia en el ejercicio del derecho a la educación.
De ahí que se propone establecer de manera específica nuestra legislación secundaria, los derechos consagrados en nuestra Carta Magna para quienes padecen una enfermedad, la igualdad ante la ley y no discriminación consagrada en el artículo 1º de nuestra Constitución, deben ser de plena vigencia y observancia en todos los ámbitos de la vida social y productiva.
Alentemos la formación de personas responsables de sus acciones, conscientes de los problemas individuales y colectivos que tengan la capacidad de superarlos en interacción con autoridades respetuosas de los derechos de los ciudadanos.
Para Acción Nacional, el ejercicio consciente y responsable de la libertad en la democracia, conducirá a la justicia y a la igualdad de oportunidades.
Las leyes que emitamos en este órgano colegiado que ordenan la convivencia social y que definan la relación de los individuos con la comunidad, deben estar orientadas a la consecución del bien común y a una efectiva protección de los derechos humanos.
En consideración de lo expuesto, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito someter a la Cámara de Diputados, la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Educación.Unico. Se reforma la fracción X del artículo 7º y se adiciona un párrafo al artículo 2º de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:
``Artículo 2º
Ningún estudiante será objeto de discriminación, sanción o expulsión motivada por su origen étnico, género, condición social, religión, capacidades diferentes, afecciones físicas o condiciones de salud, preferencias o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.
Artículo 7º
La educación que imparte el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validad oficial de estudios tendrá además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes: ...
Fracción X. Desarrollar actitudes solidarias en los individuos para crear conciencia sobre la preservación de la salud, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios y promover la educación para la salud en los términos del Capítulo II del Título Séptimo de la Ley General de Salud.''
TransitorioUnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Es cuanto, señor Presidente. Gracias.
«Que reforma la Ley General de Educación, a fin de vincular los contenidos de la enseñanza con la educación para la salud y evitar la discriminación de los menores en el ámbito escolar, a cargo de la diputada Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del PAN.
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional a través de la suscrita diputada Maki Esther Ortiz Domínguez, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 constitucional y la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma la fracción X del artículo 7 y se adiciona el artículo 2 de la Ley General de Educación al tenor de la siguiente:
Exposición de MotivosLa igualdad ante la Ley y la no discriminación son prerrogativas garantizadas por nuestra Constitución Política. Estos principios generales deben expresarse en forma clara y precisa en disposiciones jurídicas que prohiban y sancionen conductas y a la vez, guíen y obliguen a las autoridades a emprender acciones que garanticen un acceso pleno a las oportunidades de desarrollo personal y social.
En este marco, es indispensable que el Estado Mexicano dé pleno cumplimiento al derecho a la protección de la salud contenido en el artículo cuarto de la Carta Magna. Esta disposición considera no sólo la atención médica y la restauración de la salud, sino también la prevención de enfermedades.
La mejor manera de proteger la salud es evitando que ésta se deteriore. Es ahí que la prevención y el autocuidado de la salud constituyen elementos básicos de su protección.
En los últimos veinte años, se ha demostrado que la salud puede mejorarse actuando sobre los determinantes de la salud de las personas, mucho antes de que las enfermedades y sus factores de riesgo aparezcan. La promoción y fortalecimiento de hábitos y valores en la niñez y la juventud, disminuyen la probabilidad de contraer enfermedades y padecer futuros trastornos y padecimientos, al tiempo que favorecen una mejor calidad de vida.
En estas etapas se delinea nuestro futuro no sólo en términos del carácter o preparación para enfrentar la vida adulta, sino también en el desarrollo de conductas que en su momento inciden favorablemente en nuestra salud, o bien afectan de manera grave arraigando factores de riesgo que se manifiestan en enfermedades crónico-degenerativas en la etapa adulta.
La perdida de valores y un desconocimiento por parte de niños y jóvenes sobre los efectos de las adicciones, el ejercicio desinformado e irresponsable de la sexualidad, el sedentarismo y una alimentación desequilibrada, entre otros factores, han aumentado el riesgo de padecer alguna enfermedad de las llamadas emergentes.
En este sentido en concordancia con la filosofía de mi partido de hacer de la educación un proceso sustentado en valores que ayuden a las personas no sólo a adquirir conocimientos académicos, sino que las forme para enfrentar los problemas individuales y colectivos; que fomenten la responsabilidad personal; que promueva hábitos de vida saludables y que genere actitudes de autocuidado de la salud, se propone establecer en la Ley General de Educación, la promoción de la educación para la salud, como parte de las finalidades de la educación que imparte el Estado, en los términos que establece la Ley General de Salud.
Con ello, esperamos proveer de certidumbre y continuidad a los contenidos y programas en materia de educación para la salud. Además se fortalece el marco legal que sustenta la coordinación y colaboración de las autoridades de educación y de salud en la promoción de la salud de la población, en las escuelas y los centros de reunión.
Por otro lado, parte de nuestra labor como legisladores consiste en establecer disposiciones claras y armónicas en el marco jurídico que norma las relaciones y conductas de todos los mexicanos. Por ello es que resultan inadmisibles las violaciones al derecho de acceso libre e igualitario a la educación en los casos de niños contagiados con SIDA, sin que exista una justificación relacionada con riesgos a la salud de las personas con las que convive en clase.
La presencia de actos discriminatorios en el acceso a los servicios de educación de estos niños, en parte por una ignorancia sobre los mecanismos de transmisión del virus y la falta de claridad en la ley que norma la materia, motivan establecer la prohibición de discriminación en el acceso, goce y permanencia en el ejercicio del derecho a la educación.
De ahí que se propone establecer de manera específica en nuestra legislación secundaria los derechos consagrados en nuestra Carta Magna, para quienes padecen una enfermedad. La igualdad ante la Ley y no discriminación, consagrada en el artículo primero de nuestra Constitución debe ser de plena vigencia y observancia en todos los ámbitos de la vida social y productiva.
Alentemos la formación de personas responsables de sus acciones, conscientes de los problemas individuales y colectivos que tengan la capacidad de superarlos en interacción con autoridades respetuosas de los derechos de los ciudadanos.
Para Acción Nacional el ejercicio consciente y responsable de la libertad en la democracia conducirá a la justicia y a la igualdad de oportunidades. Las leyes que emitamos en este órgano colegiado, que ordenan la convivencia social y que definan la relación de los individuos con la comunidad deben estar orientadas a la consecución del bien común y a una efectiva protección de los derechos humanos.
En consideración de lo expuesto, a nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional me permito someter a la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Educación.
Unico: Se reforma la fracción X del artículo 7 y se adiciona un párrafo al artículo 2 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:
Artículo 2.- ......
...
Ningún estudiante será objeto de discriminación, sanción o expulsión motivada por su origen étnico, género, condición social, religión, capacidades diferentes, afecciones físicas o condiciones de salud, preferencias o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.
Artículo 7.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:
I a IX.- ...
X.- Desarrollar actitudes solidarias en los individuos, para crear conciencia sobre la preservación de la salud, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios, así como promover la educación para la salud en los términos del Capítulo II del Título Séptimo de la Ley General de Salud;
TransitorioUnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
México, DF, a 6 de abril de 2004.--- Dip. Maki Esther Ortiz Domínguez.»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias diputada.
Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.Tiene el uso de la palabra el diputado don Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Adelante, diputado.
El diputado Ramón Galindo Noriega:No voy a leer toda la iniciativa por su extensión, solamente haré algunos comentarios relativos y le pido al Presidente que sea publicada íntegramente en el Diario de los Debates.
Diputadas y diputados: insisto, los municipios son la base del ordenamiento y del desarrollo y todo lo que se pretenda lograr desde fuera de ellos resultará menos eficiente o sea con menores resultados y a precios más altos.
Buena parte de las respuestas que este país espera no se encuentran exclusivamente en los grandes núcleos públicos, ni se encuentran necesariamente en las grandes instituciones políticas, sino se encuentran principalmente en poblados y en ciudades pequeñas.
Para efectos prácticos, no existe vida federal ni existe vida en los estados; la vida se da como convivencia cotidiana entre seres humanos en las localidades.
Las respuestas que México requiere están en la voluntad personal de más de 100 millones de ciudadanos que viven en municipios, están en el coraje individual y en el cariño por la tierra y por las familias. Las respuestas se encuentran en la iniciativa personal de los habitantes de Fresnillo, Zacatecas; en la inventiva local de la gente de Tehuacán, Puebla; en la creatividad de los habitantes de Quiroga, Michoacán; en la pasión y en la fe de los ciudadanos de San Luis Potosí.
Una vez que hemos avanzado en el reconocimiento del poder electoral de los mexicanos, ahora debemos regresarles también el poder para decidir integralmente sobre su futuro y su estilo de vida; debemos devolverle el poder a la gente por una razón muy sencilla: no podemos, quienes vivimos fuera de Nacozari, Sonora, tener más interés en ese lugar que la gente que vive en ese histórico y hermoso municipio minero.
Los municipios que por alguna razón se encuentran muy atrasados, con muy bajo nivel de empleo, con pocas inversiones y con bajo nivel en la calidad de los servicios, generalmente dependen en más de un 80% de las participaciones federales y se consideran municipios muy humildes.
Sin embargo, cuando uno de estos municipios y cada vez son más en el país, se atreve a realizar un esfuerzo extraordinario para incrementar el tamaño de su economía y para ello invierte en infraestructura, promueve nuevas inversiones y con ello genera más empleos; entonces se enfrenta a otros problemas mucho mayores; se incrementa el número de habitantes a atender, se incrementa el circulante en manos privadas, pero no se incrementa el gasto público per cápita.
Al contar los municipios con menos recursos per cápita, entonces sus problemas se convierten en la existencia de una mayor población y un espacio más extenso que atender, un sector comercial e industrial que exige mayor vigilancia y un mayor nivel de delincuencia, ante la incapacidad de equipar a la policía local y es que, los municipios donde se incrementa la derrama económica no sólo atraen a gente trabajadora, sino también a criminales y delincuentes que prefieren delinquir donde hay dinero y vida comercial, que donde no la hay.
Mientras no modifiquemos este modelo de federalismo, tendremos como consecuencia que los municipios pobres seguirán siendo pobres y los municipios considerados como ricos, también seguirán siendo pobres.
Repito, existen colonias en municipios considerados como pudientes, como Monterrey, Tijuana, Guadalajara y, sin duda, la Ciudad de México, en donde la gente vive en peores condiciones que muchos lugares de estados considerados pobres, como Oaxaca o el estado de Chiapas.
En materia de seguridad pública no sólo los municipios pequeños son víctimas de los delincuentes organizados, sino también en los grandes, como Juárez, como Torreón, como Naucalpan o Puebla, la verdad es que, la delincuencia organizada supera las fuerzas de seguridad pública locales en todo, en recursos económicos, en equipo de operación, en capacitación de personal y, sobre todo, en armamento. Enviar a nuestros cuerpos de policía local a enfrentar al narco y a otras bandas de delincuentes en las actuales condiciones, es enviarlos al suicidio o a la corrupción.
El Constituyente en el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableció una restricción para que las armas destinadas para las Fuerzas Armadas, no fueran usadas por particulares. En la actualidad tal disposición está totalmente divorciada de la realidad, pues existen muchos particulares que ilegalmente poseen este tipo de armamentos; sin embargo, los cuerpos de seguridad pública constitucionalmente no pueden portar el equipo en mención, razón por la cual el propósito de la presente iniciativa es precisamente, eliminar esta limitante constitucional para que los cuerpos de seguridad pública en las localidades, puedan portar algunas de las armas reservadas para las fuerzas armadas.
Decía César Lombroso, Marqués de Becaria en el Siglo XVIII, ``...falsa idea de utilidad es la que sacrifica miles de ventajas reales por un inconveniente imaginario o de poca importancia, la que quitaría a los hombres el fuego, porque incendia y el agua, porque anega''. Las leyes que prohíben llevar armas, son leyes de esta naturaleza, sólo desarman a los inclinados o no decididos a delinquir; estas leyes empeoran la condición de los asaltados, mejorando la de los asaltadores, no disminuyen los homicidios, sino que los aumentan, porque es mayor la confianza al asaltar a hombres desarmados que a los desarmados.
Sin embargo, ni siquiera estamos hablando aquí de los ciudadanos en general; estamos hablando de los cuerpos de seguridad pública que tienen la responsabilidad de brindarnos protección. No lo pueden hacer en estas condiciones y los delincuentes lo saben y sin que sea la única variable que genera protección eficaz, sí es una que determina la decisión del criminal a enfrentar a la policía sin ningún miramiento.
Por todo lo anterior y a nombre de la diputación de Acción Nacional y seguramente en coincidencia con muchos de ustedes, damas y caballeros, someto a la consideración de esta soberanía, el presente decreto.
Se reforma el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera:
``Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Guardia Nacional y cuerpos de seguridad pública. La Ley Federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes a la portación.''
TransitorioUnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, abril 13 de 2004.
Es todo, señor Presidente. Muchas gracias.
«Iniciativa que reforma el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del PAN.
Falsa idea de utilidad es la quesacrifica miles de ventajas reales por un
inconveniente imaginario o de poca
importancia; la que quitaría a los hombres el
fuego porque incendia, y el agua porque
anega... Las leyes que prohíben llevar
armas son leyes de esta naturaleza: sólo
desarman a los inclinados o no decididos a
delinquir ...
César Lombroso.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, y artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y fracción II del artículo 55, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; el suscrito, diputado federal Ramón Galindo Noriega, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforma y adiciona el artículo 10° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosDesde la Constitución Federal de 1857, en su artículo 10°, se estableció que todo hombre tiene derecho de poseer y portar armas para su seguridad y legítima defensa, y que la ley señalaría cuales serían las prohibidas y la pena en que incurrían quienes las portaren.
Al expedirse la constitución Federal de 1917, aun cuando eran distintas las condiciones políticas, sociales y económicas del país, también se consagró como garantía individual la posesión y portación de armas, manteniendo este principio del artículo 10° de la Constitución de 1857. Asimismo, condicionó ese derecho a la seguridad y legítima defensa de las personas; la prohibición a las reservadas para uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Asimismo, en las poblaciones la portación se sujetó a los reglamentos de policía.
En la actualidad el artículo 10° constitucional establece que:
``Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la ley federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas.''
Una condicionante que se consagra en este precepto de la Ley fundamental es la que se refiere a la portación de armas. El ejercicio de esta acción implica la tenencia concreta, circunstancial y constante del individuo sobre estos objetos. A diferencia de la posesión que es una figura jurídica de carácter continuo, la portación es un hecho discontinuo, en el sentido de que sólo tiene lugar cuando la persona toma o aprehende una.
El artículo 21 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: ``La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.
La Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, se coordinarán en los términos que la ley señale para establecer un sistema nacional de seguridad''.
Este es el fundamento constitucional y punto de partida de la seguridad pública, considerada como obligación primigenia del Estado, sin la cual ningún otro derecho pudiese garantizarse o hacerse respetar.
Sin embargo, las condiciones de inseguridad que prevalecen en el país, obligan a dotar de las herramientas necesarias a los que se encargan de combatir la inseguridad.
En este orden de ideas, es necesario puntualizar que los municipios que presentan mayores conflictos son los fronterizos, lo cual se convierte en desafío para los gobiernos el tratar de abatir la delincuencia, así como buscar mecanismos que ayuden a contrarrestar los índices de criminalidad, y la imagen de las ciudades fronterizas como lugares inseguros.
Es de suma importancia hacer referencia a la encuesta sobre inseguridad que el Instituto Ciudadano Sobre Estudios de la Inseguridad A.C. 1 mandó realizar con algunas de las empresas de mayor prestigio en nuestro país, y sobre todo porque se trata de una asociación civil y no de cifras emitidas por el gobierno, ya que para muchos no son 100% veraces, la cual reflejó lo siguiente:
9% de los hogares del país tuvieron al menos una persona víctima de un delito durante el primer semestre de 2002.
44% de la población se siente insegura.
Esto refleja que la delincuencia no sólo afecta a los directamente ofendidos por el delito y sus familias, sino también a casi la mitad de la población que, en virtud del miedo, se convierte en su víctima.
Para 22% de los mexicanos, el miedo que provoca la inseguridad ha motivado un cambio en actividades cotidianas como salir de noche, traer consigo dinero en efectivo, usar joyas, visitar parientes o amigos que viven lejos de sus hogares, o tomar un taxi.
Sin una policía que garantice la seguridad y el orden, la percepción de inseguridad seguirá siendo alta.
Por ello, la profesionalización y la depuración de las corporaciones policiales son necesidades inaplazables.
50% del total de los delitos se cometió con violencia. De éstos, la mitad fue con arma de fuego.
Cerca de 90% de los delitos cometidos fueron robos en sus diversas modalidades.
83% de las víctimas de la delincuencia no denunciaron el delito ante el Ministerio Público.
De quienes no lo denunciaron, casi 60% se abstuvo porque desconfía de las autoridades o porque lo considera una pérdida de tiempo.
La magnitud de la cifra negra (número de delitos no denunciados) se vuelve un fuerte llamado de atención para las autoridades encargadas de procurar justicia.
Ante los bajos índices de denuncia, urge que el Ministerio Público se transforme en una institución que procure justicia con eficiencia, honestidad y prontitud.
Es preciso que se agilicen los trámites de las averiguaciones previas, se supervisen estrictamente las acciones de los agentes del Ministerio Público y de las policías judiciales o ministeriales, y se pongan en marcha mecanismos que permitan presentar denuncias sin correr el riesgo de represalias por parte de los inculpados, tal como se recomendó en el estudio presentado por el ICESI en octubre de 2002 sobre la informática al servicio de la procuración de justicia.
4.2 millones de mexicanos fueron víctimas de la delincuencia en 2001. Los daños y las pérdidas materiales ascendieron a 49 mil millones de pesos, monto que equivale aproximadamente al 0.85% del PIB.
Los delitos referidos por las víctimas -de los cuales el robo representa el 92%- son en su gran mayoría del fuero común, es decir, de la competencia de las entidades federativas.
66% de las víctimas no reporta el delito ante ninguna autoridad, principalmente porque le parece que sería una pérdida de tiempo y que los trámites son largos y difíciles.
El 44% de los delitos se cometen con violencia, sobre todo empleándose armas de fuego, especialmente pistola o revólver.
23% de la población ha abandonado actividades o hábitos cotidianos, como salir de noche, por la inseguridad.
Para algunos estudiosos el origen del actual fenómeno globalizador que se está viviendo, trae consigo un incremento delincuencial y una profesionalización en el llamado crimen organizado, puesto que cuentan con todos los elementos tecnológicos avanzados necesarios para una alta eficacia en su operatividad criminal, creando a cada momento mecanismos sofisticados para delinquir y difíciles de combatir que van en detrimento del orden público, lo que dificulta el ejercicio de la función de seguridad pública a cargo de las corporaciones de policía, que enfrentan como problemas comunes, en la mayoría de los municipios los de armamento y equipo obsoleto, deficiente e insuficiente, tal es el caso que en los enfrentamientos armados ocurridos entre policías y delincuentes, los primeros resultan lesionados con arma de fuego de más alto calibre que la que ellos puedan portar, por lo que se debe contrarrestar tal situación en aras de la vigencia del orden público.
En el siglo XVIII el Marqués de Beccaria ya decía: ``Falsa idea de utilidad es la que sacrifica miles de ventajas reales por un inconveniente imaginario o de poca importancia; la que quitaría a los hombres el fuego porque incendia, y el agua porque anega... Las leyes que prohíben llevar armas son leyes de esta naturaleza: sólo desarman a los inclinados o no decididos a delinquir. Estas leyes empeoran la condición de los asaltados mejorando la de los asaltadores; no disminuyen los homicidios, sino que los aumentan, porque es mayor la confianza al asaltar a hombres desarmados que a los armados''.
Por tanto, el facultar a los cuerpos policiales a poseer y portar armas de las que hoy son de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea que se propone en la presente iniciativa, debe ser siempre correlativo de las obligaciones que la mejor convivencia social requiera, ya que, en última instancia, las normas jurídicas deben tender al establecimiento de mejores condiciones de vida para el hombre; de ahí que la facultad para portar estas armas no debe en manera alguna implicar un peligro para la colectividad, sino, por el contrario, crear circunstancias que propicien una mayor tranquilidad y una eficaz protección a los habitantes del municipio.
Es indiscutible que el valor tutelado en el presente proyecto, es el de la seguridad de los habitantes de los municipios, ya que siendo éste la base de la división territorial, política y administrativa de los estados de la Federación debe ser el que cuente con los mecanismos suficientes que le permitan brindar seguridad a sus pobladores, por ello la portación de armas exclusivas del ejército es uno de los medios para lograrlo, debiendo reconocerse que la tranquilidad y la paz pública son el fundamento mismo en que ha de apoyarse dicha seguridad.
El objetivo de la seguridad pública municipal es preservar y hacer efectivo el derecho humano a estar libre y exento de todo peligro, daño o riesgo, o sea, a estar seguro, en el ámbito comunitario y supraindividual del municipio. Para explicar en el contexto del municipio el concepto de seguridad pública, el Centro Nacional de Desarrollo Municipal, ha dicho que:
``Es el conjunto de acciones que realiza la autoridad municipal para garantizar la tranquilidad, paz y protección de la integridad física y moral de la población, mediante la vigilancia, prevención de actos delictuosos y orientación ciudadana que proporciona la corporación de policía y los comités de protección civil al conjunto de la comunidad.''
Por tanto, la presente iniciativa que este día someto a su consideración, tiene como objeto que ante los hechos delictuosos que se viven día con día en nuestro país, se refuerce a los elementos de seguridad pública y en especial a los de los municipios a fin de evitar la entrada del ejército como indebidamente en muchas ocasiones ha ocurrido y en la que se ve violada la propia Carta Magna, ya que los legisladores han establecido en las leyes otras medidas adecuadas para asegurar las buenas relaciones internas de la población civil, como son los cuerpos de policía que en diversos niveles y jurisdicciones operan en el país y cuya existencia está legalizada y fundada por lo establecido en los artículos 21 y 115, fracción III constitucionales.
Es menester precisar que el actuar de la policía está constituido por un conjunto de facultades coactivas que tiene el poder público, para vigilar y limitar la acción de los particulares, los cuales, dentro del concepto moderno de Estado, deben regular su actividad con los deberes y obligaciones que les impone la ley que se funda en una finalidad de utilidad pública.
Ahora bien, debemos de tomar en cuenta algo muy importante y a la vez sumamente grave, esta facultad de otorgar a los cuerpos de seguridad pública armas y municiones para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea ya está conferida en el artículo 8, en relación con el último párrafo del artículo 11 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que a la letra dice:
``Artículo 11. Las armas, municiones y materia para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, son las siguientes:
...
Las de este destino, mediante la justificación de la necesidad, podrán autorizarse por la Secretaría de la Defensa Nacional, individualmente o como corporación, a quienes desempeñen empleos o cargos de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados o de los Municipios.''
Lo que significa que con la presente iniciativa de reformas y adiciones al texto constitucional, lo que propongo es adecuar la norma fundamental a la ley secundaria; efectivamente para muchos nos puede parecer algo insólito, pero así es, al momento de redactar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, dentro de sus muchas barbaries se encuentra el de conceder mediante criterios discrecionales autorización a corporaciones policiacas permiso para portar armas de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea.
Para evitar algún tipo de confusión al adecuar la llamada Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, se considera prudente al momento de hacer la adecuación redactar un catálogo de las que pueden poseer y portar miembros del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, Guardia Nacional y Cuerpos de Seguridad Pública y otra específica que relacione las de uso del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, lo anterior con la finalidad de no caer en el absurdo de que elementos de seguridad pública tengan en su poder armamento que está diseñado eminentemente para defender la soberanía de nuestro país y no para la seguridad pública, idea primigenia que contiene al artículo 10 constitucional y que considero es el argumento central por el que el Constituyente consideró prudente hacer una diferenciación en los tipos de armas que puede poseer la ciudadanía y las del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, poniendo especial atención en que no se debe restringir más los calibres que pueden poseer los mexicanos, con la finalidad de no seguir haciendo nugatoria la garantía constitucional.
No se debe dejar pasar por alto que el objetivo central de esta propuesta es sólo una de muchas acciones que se deben tomar urgentemente para solucionar el problema de la inseguridad en nuestro país, como lo es el de mejorar los sueldos de policías, capacitación adecuada, equipamiento, fomentar los valores e incentivar a los elementos destacados, entre otros.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía, el presente:
DecretoPrimero.- Se reforma el artículo 10° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar de la siguiente manera:
Artículo 10.- Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la ley federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Guardia Nacional y Cuerpos de Seguridad Pública. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación.
TransitorioUnico: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente en que se publique en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, abril 5 del 2004.--- Dip. Ramón Galindo Noriega (rúbrica).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Salvador Márquez Lozornio, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que adiciona un artículo 12-Bis a la Ley Federal del Trabajo.
El diputado Salvador Márquez Lozornio:Con su venia, señor Presidente:
Es trabajo cotidiano de los diputados federales actualizar las leyes y las normas que permitan la convivencia pacífica de los mexicanos. Es obligación del Poder Legislativo adecuar las leyes acorde al desenvolvimiento de la sociedad. Es por ello que desde sus inicios, el derecho del trabajo ha intentado eliminar las injusticias y desigualdades sociales, lamentablemente esto no ha sido posible a cabalidad. Tampoco se han podido obtener los niveles de mejoría y bienestar a los que aspiraron los constituyentes.
Como ejemplo de lo anterior tenemos el campo de la intermediación, en el que son comunes los casos en que las empresas contratantes enfrentan obligaciones laborales trasladadas y son violados los derechos de los trabajadores por intermediarios que carecen de la capacidad legal y económica para cumplir con ambas partes.
Indiscutiblemente la intermediación o subcontratación es un campo que debe ser regulado tratando de armonizar los intereses tanto de los trabajadores como de los intermediarios y contratantes, a fin de que se logre mejorar la competitividad de la planta productiva nacional y que garantice los derechos de los trabajadores.
Consideramos oportuna la intención de regular el campo de la intermediación en el mundo del trabajo, el padrón de intermediarios considerado en esta iniciativa-propuesta sin duda va en este sentido y aun cuando no resuelve toda la problemática ni logra alinear completamente los intereses de los trabajadores, intermediarios y patrones, contribuye a perfeccionar la regulación de esta práctica.
En razón de lo anterior, me permito presentar la siguiente iniciativa que adiciona un artículo 12-Bis a la Ley Federal del Trabajo. Con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General relativos, someto a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un artículo 12-Bis a la Ley Federal del Trabajo, con base en la siguiente exposición de motivos:
El artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo señala: ``intermediario es la persona que contrata o interviene en la contratación de otra u otras para que presten servicios a un patrón''.
En la actualidad resulta casi imposible pensar en una empresa suficientemente capaz de realizar por sí sola las actividades que no sean para las que fueron legalmente constituidas y como resultado, vemos empresas que contratan los servicios de intermediarios, ya sea para prestación de servicios, mano de obra o personal, entre otros.
La figura de la intermediación es hoy por hoy una práctica frecuente en las relaciones comerciales y laborales. El tema ha sido discutido en diversos foros, ya que resulta complejo crear una definición que comprenda las tan variadas formas de la intermediación, también llamada por algunos doctrinarios régimen de subcontratación, pero más allá de ser un problema conceptual tiene repercusiones graves sobre las relaciones laborales. Es por ello, que para efectos prácticos, consideramos que la creación de un registro de empresas que se dediquen a la intermediación, dotaría de certeza y confianza tanto al trabajador como a la empresa que contrate los servicios de un intermediario, traduciéndose, naturalmente, en seguridad laboral.
No se pretende que se resulte ocioso y por el contrario sí de mucha utilidad la creación de este registro, con el fin último de tener la seguridad de que dichas empresas intermediarias están legalmente constituidas, que cuentan con capacidad económica propia y tecnológica suficiente en su caso. La empresa que solicite los servicios de un intermediario, contaría con elementos suficientes para valorar si es conveniente o no contratar con éste.
Por otro lado, el propio trabajador estaría en posibilidad de consultar este registro y conocer, antes de iniciar una relación laboral, qué empresas cuentan con elementos suficientes para cumplir con sus obligaciones laborales. Si una vez realizada una búsqueda, dentro del registro, el trabajador o, en su caso, la empresa, decide de manera libre contratar los servicios de un intermediario no registrado, éste deberá apegarse al precepto legal que rige la materia.
A pesar de que esto podría parecer fuera de la esfera del derecho laboral, la dinámica actual nos muestra que una empresa intermediaria que cuente con determinadas características, tendrá mayores posibilidades de cumplir con las obligaciones que derivan de una relación de trabajo.
En ese momento es cuando entra el ámbito del derecho laboral para dar confianza y seguridad suficiente a las personas que colaboran dentro de esta empresa, así como aquellas que requieren de sus servicios.
La creación de este registro, quedaría a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, con la obligación de hacerlo público, a efecto de que como señala la iniciativa, cualquier persona pueda verificarlo, ya sea, acudiendo a las instalaciones de la Secretaría por medio de su página de Internet o por las diversas publicaciones que realiza la Secretaría en mención.
La empresa intermediaria tendrá la obligación de presentar ante la Secretaría los documentos que avalen que está constituida legalmente y con este trámite será incluida dentro del registro de intermediarios.
En vista de los anteriores argumentos, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un párrafo, al artículo 12-Bis de la Ley Federal del Trabajo, Título Primero, principios generales.Artículo 12. Intermediario es la persona que contrata o interviene en la contratación de otra u otras, para que presten servicios a un patrón, para quedar de la siguiente forma:
Artículo 12 Bis. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social tendrá a su cargo la creación de un registro, en el cual toda empresa que preste servicios de intermediación en los términos de la presente ley, tendrá la obligación de inscribirse en él, esto como requisito para ser sujeto de contratación.
La Secretaría establecerá en el Reglamento correspondiente, los requisitos para obtener este registro, mismo que será público a efecto de que cualquier persona pueda verificarlo. La Secretaría deberá actualizarlo anualmente.
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor a los 90 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social, contará con 45 días a partir de la entrada en vigor de la presente reforma, para expedir un Reglamento en el que se establezcan los requisitos para obtener la autorización para desempeñarse como presa de intermediación, de conformidad con lo señalado en el presente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 13 de abril de 2004.--- Suscribe el diputado Salvador Márquez Lozornio, rúbrica.
Por su atención, muchas gracias.
Es cuanto, diputado Presidente.
«Iniciativa que adiciona un artículo 12 bis a la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Salvador Márquez Lozornio, del grupo parlamentario del PAN
El suscrito, diputado federal Salvador Márquez Lozornio, de la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un artículo 12 Bis a la Ley Federal del Trabajo, con base en la siguiente
Exposición de MotivosEl artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo, señala: ``Intermediario es la persona que contrata o interviene en la contratación de otra u otras para que presten servicios a un patrón''.
En la actualidad resulta casi imposible pensar en una empresa suficientemente capaz de realizar por sí sola las actividades que no sean para las que fueron legalmente constituidas, como resultado vemos empresas que contratan los servicios de intermediarios, ya sea para prestación de servicios, mano de obra o de personal, entre otros. La figura de la intermediación es hoy por hoy una práctica frecuente en las relaciones comerciales y laborales.
El tema ha sido discutido en diversos foros, ya que resulta complejo crear una definición que comprenda las variadas formas de la intermediación o también llamada por algunos doctrinarios, régimen de subcontratación.
Pero más allá de ser un problema conceptual tiene repercusiones graves sobre las relaciones laborales.
Es por ello que para efectos prácticos consideramos que la creación de un registro de empresas que se dediquen a la intermediación dotaría de certeza y confianza tanto al trabajador como a la empresa o empleador que contrate los servicios de un intermediario, traduciéndose en seguridad laboral.
No se pretende que resulte ocioso y por el contrario sí de mucha utilidad, la creación de este registro, con el fin último de tener la seguridad de que dichas empresas intermediarias están legalmente constituidas, que cuentan con capacidad económica propia, autonomía jurídica y tecnológica, en su caso.
La empresa o empleador que solicite los servicios de un intermediario contaría con elementos suficientes para valorar si es conveniente o no contratar con esa empresa. Por otro lado, el propio trabajador estaría en posibilidad de consultar este registro y conocer antes de iniciar una relación laboral qué empresas cuentan con elementos suficientes para cumplir con sus obligaciones laborales.
Si una vez realizada una búsqueda dentro de este registro, el trabajador o, en su caso, la empresa beneficiaria decide de manera libre contratar los servicios de un intermediario no registrado, deberá apegarse al precepto legal que rige la materia.
A pesar de que esto podría parecer fuera del esfera del derecho laboral, la dinámica actual nos muestra que una empresa intermediaria que cuente con determinadas características tendrá mayores posibilidades de cumplir con las obligaciones que derivan de una relación laboral. En ese momento entra en el ámbito del derecho laboral para dar confianza y seguridad suficiente a las personas que colaboren dentro de esta empresa, así como a aquellas que requieran de sus servicios.
La creación de este registro quedaría a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, con la obligación de hacerlo público, a efecto de que, como señala la iniciativa, cualquier persona pueda verificarlo. Ya sea acudiendo a las instalaciones de la Secretaría; por medio de su página de Internet; o por las diversas publicaciones que realiza la Secretaría en mención.
La empresa intermediaria tendrá la obligación de presentarse ante la Secretaría con los documentos que avalen que está constituida legalmente y con este trámite será incluida dentro del Registro de Intermediarios.
En vista de los anteriores argumentos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un artículo 12 Bis a la Ley Federal del TrabajoLey Federal del TrabajoTítulo Primero
Principios Generales
Para quedar de la siguiente forma:
Artículo 12.- Intermediario es la persona que contrata o interviene en la contratación de otra u otras para que presten servicios a un patrón.
Artículo 12 Bis.- La Secretaría de Trabajo y Previsión Social tendrá a su cargo la creación de un registro en el cual toda empresa que preste servicios de intermediación en los términos de la presente ley, tendrá la obligación de inscribirse en él, como requisito para ser sujeto de contratación. La Secretaría establecerá en el reglamento correspondiente los requisitos para obtener este registro, mismo que será público a efecto de que cualquier persona pueda verificarlo. La Secretaría deberá actualizarlo anualmente.
TransitoriosPrimero.- El presente decreto entrará en vigor a los noventa días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social contará con un plazo de 45 días a partir de la entrada en vigor de la presente reforma para expedir un reglamento en el que se establezcan los requisitos para obtener la autorización para desempeñarse como empresa de intermediación, de conformidad con lo señalado en el presente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de abril de 2004.--- Dip. Salvador Márquez Lozornio (rúbrica).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, diputado Salvador Márquez Lozornio.
Túrnese la iniciativa de referencia a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.El siguiente punto del orden del día es dictamen de primera lectura, y es la primera lectura del dictamen de la Comisión de Gobernación relativo a la solicitud de permiso de los ciudadanos Luis Ernesto Derbez Bautista y Orlando Ramos Guerrero, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación que suscribe, con fecha 5 de abril del año en curso, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos doctor Luis Ernesto Derbez Bautista e ingeniero Orlando Ramos Guerrero para aceptar y usar las condecoraciones de la Orden del Sol del Perú, en grado de Gran Cruz; y de la Orden del Mérito Civil, en grado de Cruz de Plata, que les confieren los Gobiernos de Perú y del Reino de España, respectivamente.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de conformidad con lo que establecen la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea el siguiente
Proyecto de DecretoArtículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, secretario de Relaciones Exteriores, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Sol del Perú, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de dicho país.
Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Ing. Orlando Ramos Guerrero para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Cruz de Plata, que le confiere el Gobierno del Reino de España.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 7 de abril de 2004.--- Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguel Angel García Domínguez (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Avila (rúbrica), secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Alvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores, Pablo Bedolla López (rúbrica), Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), José Luis Briones Briseño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Fernando Fernández García, Patricia Garduño Morales, José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Pablo Alejo López Núñez, Germán Martínez Cázares (rúbrica), Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Rubén Mendoza Ayala, Consuelo Muro Urista (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, María Sara Rocha Medina, Hugo Rodríguez Díaz, Sergio Vázquez García (rúbrica), Wintilo Vega Murillo (rúbrica).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, queda de primera lectura.El siguiente punto del orden del día, es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente. Se le dispensa la lectura.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Honorable Asamblea:
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos sometió a la consideración de la H. Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, misma que fue turnada el 1 de abril del presente año a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su estudio y dictamen.
Esta Comisión procedió a su análisis y estudio, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Para ello, también realizó reuniones de trabajo con representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Banco de México y la Asociación de Bancos de México, con base en lo cual los miembros de esta Comisión elaboraron y presentan a esa Honorable Asamblea el siguiente
DICTAMENDESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA
El 4 de junio de 2001 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un Decreto mediante el cual se efectuaron diversas modificaciones a la Ley de Instituciones de Crédito, así como a la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. Ello para fortalecer la organización y funcionamiento tanto de las instituciones de banca múltiple como de los grupos financieros y así promover su competitividad y capitalización a través de la inclusión de mecanismos preventivos, en aras de un mejor servicio.
La referida reforma, faculta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para emitir la regulación que establezca medidas correctivas complementarias a las previstas en la propia Ley de Instituciones de Crédito y medidas correctivas que, de manera obligatoria, deben aplicar las instituciones de crédito al encontrarse por debajo del índice de capitalización que establece la ley y demás disposiciones aplicables.
No obstante lo anterior, debe tenerse presente que en los últimos años el sistema financiero mexicano ha vivido inmerso en un proceso de transformación, el cual debe darse en forma gradual y ordenada.
La globalización económica y financiera mundial impacta desde luego en el Estado mexicano y motiva la actualización del marco normativo que regula la materia bancaria, a fin de adecuarla con las sanas prácticas financieras nacionales e internacionales y así, lograr mayores niveles de seguridad para el público ahorrador y para el inversionista.
En este orden de ideas, si bien la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación en junio de 2001 proporcionó un marco legal para el ejercicio de la acción preventiva de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo cual en sí representó un gran avance en materia de transparencia de la acción gubernamental, se estima conveniente realizar algunos ajustes en aras de incrementar la seguridad jurídica en el mercado, asegurar la oportunidad de acción de la propia Comisión mediante el establecimiento de regulación prudencial, en protección de los intereses del público ahorrador.
Por un lado, el régimen hoy en día vigente dota a la Comisión de facultades que pueden resultar muy amplias cuando una institución se encuentre por encima de los requerimientos de capitalización exigidos conforme a las disposiciones aplicables; mientras, que por el otro, establece la obligación de implementar medidas correctivas que no necesariamente se adecuan a la realidad de las instituciones y del mercado en su conjunto, cuando estén por debajo de los referidos requerimientos de capitalización.
Las reformas y adiciones a la Ley de Instituciones de Crédito que se propone, buscan establecer parámetros objetivos y determinados en la propia Ley, a fin de normar la actuación preventiva y correctiva de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuando una institución se encuentre por arriba o por abajo de los requerimientos de capitalización exigidos por la Ley, previniendo con ello un ejercicio discrecional de estas facultades. De esta forma, se establecen medidas correctivas mínimas que la Comisión deberá aplicar ante ciertas circunstancias que reflejen debilidad en la suficiencia de capital de una institución, aún cuando esté por arriba de los requerimientos de capital, pero siempre en el entendido de que no se aplicará medida alguna cuando exista un margen razonable y previsto en la propia Ley, respecto del índice de capitalización requerido.
En resumen, se busca:
Proteger los intereses del público ahorrador.
Detectar y resolver de manera preventiva posibles deterioros en la estabilidad financiera de las instituciones de banca múltiple.
Regular la actuación preventiva y correctiva de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con relación al índice de capitalización de una institución de banca múltiple, previniendo con ello el ejercicio discrecional de facultades.
Subsanar lagunas y deficiencias en la legislación vigente.
Así, la Comisión, mediante reglas de carácter general, clasificaría a las instituciones de banca múltiple en categorías tomando como base el índice de capitalización que determinen las autoridades competentes de conformidad con el artículo 50 de la Ley de Instituciones de Crédito, definiendo las medidas correspondientes a cada categoría, sus características y términos para su cumplimiento. Adicionalmente, la ley definiría de manera no limitativa medidas correctivas mínimas, las cuales serían aplicables cuando una institución cumpla con el índice de capitalización requerido y sea clasificada en la categoría que incluya a dicho mínimo.
Por otro lado, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores podría ordenar medidas correctivas especiales adicionales. No obstante, no se aplicarían medidas correctivas mínimas ni especiales adicionales, cuando las instituciones mantengan un índice de capitalización superior en un 25 por ciento al mínimo requerido.
Consecuentemente, la iniciativa propone asignar a la autoridad la obligación de aplicar medidas correctivas, incluso en aquellas instituciones que cumplan con los requerimientos de capitalización.
Adicionalmente, se propone incluir una nueva causal de revocación de la autorización para constituirse y operar como institución de banca múltiple, relacionada con el incumplimiento de las acciones correctivas, así como, por su importancia, un régimen de sanciones específico.
Además, la iniciativa propone el marco de colaboración entre las autoridades financieras, concretamente entre la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.
CONSIDERACIONES DE LA COMISIONEsta Comisión de Hacienda y Crédito Público considera que la Iniciativa de Ley que se dictamina incorpora a la Ley de Instituciones de Crédito nuevos instrumentos que fortalecen la acción correctiva de las autoridades financieras en el supuesto de que alguna institución se encuentre por debajo de los requerimientos de capitalización que exige la Ley.
La que dictamina, considera que la experiencia del pasado reciente en materia bancaria y sus amargas consecuencias, ha señalado la necesidad de incluir en la legislación bancaria, medidas tanto preventivas como correctivas que permitan hacer frente con eficacia y oportunidad, a cualquier posible afectación en el capital de las instituciones de banca múltiple, en beneficio del público ahorrador.
La Comisión coincide con la Iniciativa en la imperiosa necesidad de establecer un mecanismo de prevención, que permita una clasificación más precisa de las instituciones de banca múltiple, tomando como base el índice de capitalización, cuyo nivel mínimo requerido actualmente es del 8 por ciento, lo cual es coincidente con el Acuerdo de Basilea. En este sentido, esta Dictaminadora reconoce la necesidad de establecer medidas correctivas mínimas, así como la posibilidad de facultar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para determinar mediante reglas de carácter general medidas correctivas especiales adicionales.
Esta Dictaminadora está de acuerdo en que los planes de restauración de capital constituyen uno de los aspectos fundamentales para restaurar la salud financiera de las instituciones. Así, se reconoce la necesidad de que la iniciativa contemple como una de las medidas mínimas obligatorias, la presentación de un plan que puede contener un programa que racionalice la operación de la institución de que se trate, disminuya sus riesgos y aumente su rentabilidad, contando para tal propósito con un plazo no mayor a 9 meses. Es importante destacar que esta Dictaminadora ha considerado establecer un plazo perentorio de hasta sesenta días naturales para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores resuelva sobre el plan de restauración de capital que, en su caso, le haya sido presentado.
En adición debe subrayarse el acierto que plantea la iniciativa en el sentido de intervenir, de ser necesario, en el otorgamiento de compensaciones adicionales a los altos funcionarios, con respeto estricto de los derechos laborales.
La iniciativa de ley que hoy se dictamina busca establecer parámetros objetivos y determinados en ley, a fin de normar la actuación preventiva de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuando una institución se aleje de los requerimientos de capitalización exigidos por la ley.
Por ello, la que dictamina considera que de aprobarse las propuestas de reforma descritas, se contará con mayores herramientas para regular y supervisar a las instituciones financieras.
La iniciativa contiene un supuesto especial para sanciones económicas por el incumplimiento a las acciones correctivas, pudiendo incluso revocarse la autorización para operar como institución de banca múltiple, por su falta de atención.
Una detección temprana de deterioros en el índice de capitalización, permite su corrección oportuna y la redunda en importantes beneficios para los usuarios y el Estado.
Sin perjuicio de lo hasta aquí expresado, esta Dictaminadora considera oportuno modificar la iniciativa en algunos aspectos específicos, a fin de que el alcance de las obligaciones en ella contenidas resulte más claro y comprensible, a saber:
Con la finalidad de otorgar una mayor claridad a la redacción del artículo 28, fracción X, se propone modificar la redacción del artículo en comento y se elimina la última parte de dicha fracción, contemplando su contenido en el artículo 134-Bis, en los términos siguientes:
``Artículo 28.- ...I. y II. ...........
III. Si la institución arroja pérdidas que afecten su capital mínimo.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá establecer un plazo que no será menor de quince días para que se reintegre el capital en la cantidad necesaria para mantener la operación de la institución dentro de los límites legales.
Para efectos de lo previsto en esta fracción, no resultarán aplicables los plazos para llevar a cabo las convocatorias para las asambleas generales de accionistas, señalados en la Ley General de Sociedades Mercantiles;
IV. a VII. .........
VIII. Si la institución transgrede en forma grave o reiterada las disposiciones legales o administrativas que le son aplicables;
IX. Cuando la institución no cubra al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario las cuotas establecidas en la ley que regula a dicho Instituto, en los términos por ella previstos, y
X. Si la institución de banca múltiple no cumple cualquiera de las medidas correctivas mínimas; no cumple con más de una medida correctiva especial adicional, o bien incumple de manera reiterada una medida correctiva especial adicional.''
Asimismo, se proponen modificaciones al artículo 134-bis con los objetos siguientes: i) Enfatizar que las medidas adoptadas conforme a la ley, las sanciones y los procedimientos de revocación relativos, tienen por objeto proteger los intereses del público ahorrador, por lo que deben considerarse que son de orden público e interés social y en consecuencia no procederá en su contra medida suspensiva alguna; ii) Aclarar que las facultades otorgadas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en los artículos 134 Bis-1 y 134 Bis-2, son independientes a las ya atribuidas por esta ley; iii) proveer una mayor técnica legislativa, y iv) Señalar una fracción general relativa a las medidas correctivas mínimas que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá establecer. En consecuencia, se propone:
``Artículo 134 Bis.- En ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante las reglas de carácter general que al efecto apruebe su Junta de Gobierno, clasificará a las instituciones de banca múltiple en categorías, tomando como base el índice de capitalización requerido conforme a las disposiciones aplicables a los requerimientos de capitalización, emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en términos del artículo 50 de esta Ley.
Para efectos de la clasificación a que se refiere el párrafo anterior, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá establecer diversas categorías, dependiendo si las instituciones de banca múltiple mantienen un índice de capitalización superior o inferior al requerido de conformidad con las disposiciones que las rijan.
Las reglas que emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberán establecer las medidas correctivas mínimas y especiales adicionales que las instituciones de banca múltiple deberán cumplir de acuerdo con la categoría en que hubiesen sido clasificadas.
Para la expedición de las reglas de carácter general, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá observar lo dispuesto en el artículo 134 Bis 1.
Las medidas correctivas deberán tener por objeto prevenir y, en su caso, corregir los problemas que las instituciones de banca múltiple presenten, derivados de las operaciones que realicen y que puedan afectar su estabilidad financiera o solvencia.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá notificar por escrito a las instituciones de banca múltiple las medidas correctivas que deban observar en términos de este Capítulo, así como verificar su cumplimiento de acuerdo con lo previsto en este ordenamiento. En la notificación a que se refiere este párrafo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá definir los términos y plazos para el cumplimiento de las medidas correctivas a que hacen referencia el presente artículo y el 134 Bis 1 siguiente.
Lo dispuesto en este artículo, así como en los artículos 134 Bis 1 y 134 Bis 2, se aplicará sin perjuicio de las facultades que se atribuyen a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de conformidad con esta Ley y demás disposiciones aplicables.
Las instituciones de banca múltiple deberán prever lo relativo a la implementación de las medidas correctivas dentro de sus estatutos sociales, obligándose a adoptar las acciones que, en su caso, les resulten aplicables.
La adopción de cualquiera de las medidas correctivas que imponga la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con base en este precepto y en el artículo 134 Bis 1, así como en las reglas que deriven de ellos, y, en su caso, las sanciones o procedimientos de revocación que deriven de su incumplimiento, se considerarán de orden público e interés social, por lo que no procederá en su contra medida suspensional alguna, ello en protección de los intereses del público ahorrador.''
Las modificaciones que se proponen a la fracción I del artículo 134 Bis 1 obedecen a las razones que a continuación se expresan: i) Se permita que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores considere las circunstancias particulares de cada institución financiera, para la aplicación de medidas correctivas especiales adicionales; ii) El informe que las instituciones presenten a su Consejo de Administración, contenga información más detallada de su situación financiera; iii) Con el objeto de reducir cualquier posible afectación a los derechos de terceros, se sustituye la palabra suspender por diferir en el pago de intereses, además de que el diferimiento de pago de principal de las obligaciones subordinadas y la conversión anticipada en acciones de obligaciones subordinadas en circulación, procederá cuando así lo determine la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Las modificaciones a la fracción tercera de este artículo tienen por objeto: i) Otorgar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mayores elementos para una adecuada motivación en la determinación de medidas correctivas especiales adicionales; ii) Hacer extensiva la medida de sustituir funcionarios a los comisarios y auditores externos de la institución; iii) Establecer que las medidas especiales adicionales que defina la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en reglas, deberán considerar, en su caso, las sanas prácticas bancarias y financieras, y iv) Señalar una fracción general relativas a las medidas especiales adicionales que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá establecer.
Por último, se propone que el texto de la fracción IV se presente como un último párrafo del artículo, a fin de aclarar que no se impondrá medida alguna, cuando una institución presente un índice de capitalización superior en un 25 por ciento al mínimo establecido.
En atención a las razones antes manifestadas, se presentan las modificaciones siguientes:
``Artículo 134 Bis 1.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo 134 Bis anterior, se estará a lo siguiente:
I. Cuando las instituciones de banca múltiple no cumplan con los requerimientos de capitalización establecidos conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de esta Ley y en las disposiciones que de ese precepto emanen, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá ordenar la aplicación de las medidas correctivas mínimas siguientes:
a) Informar a su consejo de administración su clasificación, así como las causas que la motivaron, para lo cual deberán presentar un informe detallado de evaluación integral sobre su situación financiera, que señale el cumplimiento al marco regulatorio e incluya la expresión de los principales indicadores que reflejen el grado de estabilidad y solvencia de la institución, así como las observaciones que, en su caso, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, le hayan dirigido.
En caso de que la institución de que se trate forme parte de un grupo financiero, deberá informar por escrito su situación al director general y al presidente del consejo de administración de la sociedad controladora;
b) En un plazo no mayor a 20 días, presentar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para su aprobación, un plan de restauración de capital que tenga como resultado un incremento en su índice de capitalización, el cual podrá contemplar un programa de mejora en eficiencia operativa, racionalización de gastos e incremento en la rentabilidad, la realización de aportaciones al capital social y límites a las operaciones que la institución de banca múltiple de que se trate pueda realizar en cumplimiento de su objeto social, o a los riesgos derivados de dichas operaciones. El plan de restauración de capital deberá ser aprobado por el consejo de administración de la institución de que se trate antes de ser presentado a la propia Comisión.
La institución de banca múltiple de que se trate deberá determinar en el plan de restauración de capital que, conforme a este inciso, deba presentar, metas periódicas, así como el plazo en el cual el capital de dicha institución obtendrá el nivel de capitalización requerido conforme a las disposiciones aplicables.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá resolver lo que corresponda sobre el plan de restauración de capital que, en su caso, le haya sido presentado, en un plazo máximo de sesenta días naturales, contados a partir de la fecha de presentación del plan de que se trate.
Las instituciones de banca múltiple a las que resulte aplicable lo previsto en este inciso, deberán cumplir con el plan de restauración de capital dentro del plazo que establezca la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el cual en ningún caso podrá exceder de 270 días naturales contados a partir del día siguiente al que se notifique a la institución de banca múltiple, la aprobación respectiva. Para la determinación del plazo para el cumplimiento del plan de restauración, la Comisión deberá tomar en consideración la categoría en que se encuentre ubicada la institución, su situación financiera, así como las condiciones que en general prevalezcan en los mercados financieros. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por acuerdo de su Junta de Gobierno, podrá prorrogar por única vez este plazo por un periodo que no excederá de 90 días naturales.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores dará seguimiento y verificará el cumplimiento del plan de restauración de capital, sin perjuicio de la procedencia de otras medidas correctivas dependiendo de la categoría en que se encuentre clasificada la institución de banca múltiple de que se trate;
c) Suspender el pago a los accionistas de dividendos provenientes de la institución, así como cualquier mecanismo o acto que implique una transferencia de beneficios patrimoniales. En caso de que la institución de que se trate pertenezca a un grupo financiero, la medida prevista en este inciso será aplicable a la sociedad controladora del grupo al que pertenezca, así como a las entidades financieras o sociedades que formen parte de dicho grupo.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable tratándose del pago de dividendos que efectúen las entidades financieras o sociedades integrantes del grupo distintas a la institución de banca múltiple de que se trate, cuando el referido pago se aplique a la capitalización de la institución de banca múltiple;
d) Suspender los programas de recompra de acciones representativas del capital social de la institución de banca múltiple de que se trate y, en caso de pertenecer a un grupo financiero, también los de la sociedad controladora de dicho grupo;
e) Diferir el pago de intereses y, a juicio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, diferir el pago de principal o convertir anticipadamente en acciones las obligaciones subordinadas que se encuentren en circulación, hasta por la cantidad que sea necesaria para cubrir el faltante de capital. Esta medida correctiva será aplicable a aquellas obligaciones subordinadas que, en términos de lo previsto en las disposiciones a que se refiere el primer párrafo del artículo 50 de esta Ley, computen como parte del capital neto de las instituciones de banca múltiple.
Las instituciones de banca múltiple que emitan obligaciones subordinadas de las referidas en el párrafo inmediato anterior, deberán incluir en los títulos de crédito correspondientes, en el acta de emisión, en el prospecto informativo, así como en cualquier otro instrumento que documente la emisión, la posibilidad de que sea procedente la implementación de esta medida cuando se actualicen las causales correspondientes conforme a las reglas a que se refiere el artículo 134 Bis de esta Ley, sin que sea causal de incumplimiento por parte de la institución emisora;
f) Suspender el pago de las compensaciones y bonos extraordinarios adicionales al salario del director general y de los funcionarios de los dos niveles jerárquicos inferiores a éste, así como no otorgar nuevas compensaciones en el futuro para el director general y funcionarios, hasta en tanto la institución de banca múltiple cumpla con los niveles de capitalización requeridos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en términos de las disposiciones a que se refiere el artículo 50 de esta Ley. Esta previsión deberá contenerse en los contratos y demás documentación que regulen las condiciones de trabajo.
Lo previsto en el presente inciso también será aplicable respecto de pagos que se realicen a personas morales distintas a la institución de banca múltiple de que se trate, cuando dichas personas morales efectúen los pagos a los funcionarios de la institución.
La medida prevista en este artículo es sin perjuicio de los derechos laborales adquiridos a favor de las personas que conforme a la misma puedan resultar afectadas;
g) Abstenerse de convenir incrementos en los montos vigentes en los créditos otorgados a las personas consideradas como relacionadas en términos del artículo 73 de esta Ley, y
h) Las demás medidas correctivas mínimas que, en su caso, establezcan las reglas de carácter general a que se refiere el artículo 134 Bis de esta Ley;
II. Cuando una institución de banca múltiple cumpla con el índice mínimo de capitalización requerido de acuerdo con el artículo 50 de esta Ley y las disposiciones que de ella emanen, será clasificada en la categoría que incluya a dicho mínimo. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá ordenar la aplicación de las medidas correctivas mínimas siguientes:
a) Informar a su consejo de administración su clasificación, así como las causas que la motivaron, para lo cual deberán presentar un informe detallado de evaluación integral sobre su situación financiera, que señale el cumplimiento al marco regulatorio e incluya la expresión de los principales indicadores que reflejen el grado de estabilidad y solvencia de la institución, así como las observaciones que, en su caso, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, le hayan dirigido.
En caso de que la institución de que se trate forme parte de un grupo financiero, deberá informar por escrito su situación al director general y al presidente del consejo de administración de la sociedad controladora;
b) Abstenerse de celebrar operaciones cuya realización genere que su índice de capitalización se ubique por debajo del requerido conforme a las disposiciones aplicables, y
c) Las demás medidas correctivas mínimas que, en su caso, establezcan las reglas de carácter general a que se refiere el artículo 134 Bis de esta Ley;
III. Independientemente del índice de capitalización de las instituciones de banca múltiple, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá ordenar la aplicación de medidas correctivas especiales adicionales.
Las medidas correctivas especiales adicionales que, en su caso, deberán cumplir las instituciones de banca múltiple serán las siguientes:
a) Definir las acciones concretas que llevará a cabo la institución de que se trate para no deteriorar su índice de capitalización;
b) Contratar los servicios de auditores externos u otros terceros especializados para la realización de auditorías especiales sobre cuestiones específicas;
c) Abstenerse de convenir incrementos en los salarios y prestaciones de los funcionarios y empleados en general, exceptuando las revisiones salariales convenidas y respetando en todo momento los derechos laborales adquiridos.
Lo previsto en el presente inciso también será aplicable respecto de pagos que se realicen a personas morales distintas a la institución de banca múltiple de que se trate, cuando dichas personas morales efectúen los pagos a los empleados o funcionarios de la institución;
d) Sustituir funcionarios, consejeros, comisarios o auditores externos, nombrando la propia institución a las personas que ocuparán los cargos respectivos. Lo anterior es sin perjuicio de las facultades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores previstas en el artículo 25 de esta Ley para determinar la remoción o suspensión de los miembros del consejo de administración, directores generales, comisarios, directores y gerentes, delegados fiduciarios y demás funcionarios que puedan obligar con su firma a la institución, o
e) Las demás que determine la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con base en el resultado de sus funciones de inspección y vigilancia, así como en las sanas prácticas bancarias y financieras.
Para la aplicación de las medidas a que se refiere esta fracción, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá considerar, entre otros elementos, la categoría en que la institución de banca múltiple haya sido clasificada, su situación financiera integral, el cumplimiento al marco regulatorio, la tendencia del índice de capitalización de la institución y de los principales indicadores que reflejen el grado de estabilidad y solvencia, la calidad de la información contable y financiera, y el cumplimiento en la entrega de dicha información.
IV. Cuando las instituciones de banca múltiple mantengan un índice de capitalización superior en un veinticinco por ciento o más, al requerido de conformidad con las disposiciones aplicables, no se aplicarán medidas correctivas mínimas ni medidas correctivas adicionales.''
Por lo anterior y en atención a lo expuesto esta Dictaminadora somete a la consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente:
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO.ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN las fracciones III, VIII y IX del artículo 28; el artículo 134 Bis y el artículo 134 Bis 1, y se ADICIONAN una fracción X al artículo 28; un último párrafo al artículo 108, y un artículo 134 Bis 2, todos de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:
Artículo 28.- ...I. y II. ...
III. Si la institución arroja pérdidas que afecten su capital mínimo.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá establecer un plazo que no será menor de quince días para que se reintegre el capital en la cantidad necesaria para mantener la operación de la institución dentro de los límites legales.
Para efectos de lo previsto en esta fracción, no resultarán aplicables los plazos para llevar a cabo las convocatorias para las asambleas generales de accionistas, señalados en la Ley General de Sociedades Mercantiles;
IV. a VII. ...
VIII. Si la institución transgrede en forma grave o reiterada las disposiciones legales o administrativas que le son aplicables;
IX. Cuando la institución no cubra al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario las cuotas establecidas en la ley que regula a dicho Instituto, en los términos por ella previstos, y
X. Si la institución de banca múltiple no cumple cualquiera de las medidas correctivas mínimas; no cumple con más de una medida correctiva especial adicional, o bien incumple de manera reiterada una medida correctiva especial adicional.
...
Artículo 108.- ......
El incumplimiento por parte de las instituciones de banca múltiple de cualquiera de las medidas correctivas a que se refieren los artículos 134 Bis y 134 Bis 1 de esta Ley, así como de las establecidas en las reglas de carácter general que de ellos emanen, será sancionado por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con multa equivalente de veinte mil a doscientas mil veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal. Lo anterior es sin perjuicio de la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para revocar la autorización otorgada para organizarse como institución de banca múltiple y operar con tal carácter, cuando se ubique en el supuesto previsto en la fracción X del artículo 28 de esta Ley.
Artículo 134 Bis.- En ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante las reglas de carácter general que al efecto apruebe su Junta de Gobierno, clasificará a las instituciones de banca múltiple en categorías, tomando como base el índice de capitalización requerido conforme a las disposiciones aplicables a los requerimientos de capitalización, emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en términos del artículo 50 de esta Ley.
Para efectos de la clasificación a que se refiere el párrafo anterior, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá establecer diversas categorías, dependiendo si las instituciones de banca múltiple mantienen un índice de capitalización superior o inferior al requerido de conformidad con las disposiciones que las rijan.
Las reglas que emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberán establecer las medidas correctivas mínimas y especiales adicionales que las instituciones de banca múltiple deberán cumplir de acuerdo con la categoría en que hubiesen sido clasificadas
Para la expedición de las reglas de carácter general, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá observar lo dispuesto en el artículo 134 Bis 1.
Las medidas correctivas deberán tener por objeto prevenir y, en su caso, corregir los problemas que las instituciones de banca múltiple presenten, derivados de las operaciones que realicen y que puedan afectar su estabilidad financiera o solvencia.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá notificar por escrito a las instituciones de banca múltiple las medidas correctivas que deban observar en términos de este Capítulo, así como verificar su cumplimiento de acuerdo con lo previsto en este ordenamiento. En la notificación a que se refiere este párrafo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá definir los términos y plazos para el cumplimiento de las medidas correctivas a que hacen referencia el presente artículo y el 134 Bis 1 siguiente.
Lo dispuesto en este artículo, así como en los artículos 134 Bis 1 y 134 Bis 2, se aplicará sin perjuicio de las facultades que se atribuyen a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de conformidad con esta Ley y demás disposiciones aplicables.
Las instituciones de banca múltiple deberán prever lo relativo a la implementación de las medidas correctivas dentro de sus estatutos sociales, obligándose a adoptar las acciones que, en su caso, les resulten aplicables.
La adopción de cualquiera de las medidas correctivas que imponga la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con base en este precepto y en el artículo 134 Bis 1, así como en las reglas que deriven de ellos y, en su caso, las sanciones o procedimientos de revocación que deriven de su incumplimiento, se considerarán de orden público e interés social, por lo que no procederá en su contra medida suspensional alguna, ello en protección de los intereses del público ahorrador.
Artículo 134 Bis 1.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo 134 Bis anterior, se estará a lo siguiente:
I. Cuando las instituciones de banca múltiple no cumplan con los requerimientos de capitalización establecidos conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de esta Ley y en las disposiciones que de ese precepto emanen, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá ordenar la aplicación de las medidas correctivas mínimas siguientes:
a) Informar a su consejo de administración su clasificación, así como las causas que la motivaron, para lo cual deberán presentar un informe detallado de evaluación integral sobre su situación financiera, que señale el cumplimiento al marco regulatorio e incluya la expresión de los principales indicadores que reflejen el grado de estabilidad y solvencia de la institución, así como las observaciones que, en su caso, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, le hayan dirigido.
En caso de que la institución de que se trate forme parte de un grupo financiero, deberá informar por escrito su situación al director general y al presidente del consejo de administración de la sociedad controladora;
b) En un plazo no mayor a 20 días, presentar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para su aprobación, un plan de restauración de capital que tenga como resultado un incremento en su índice de capitalización, el cual podrá contemplar un programa de mejora en eficiencia operativa, racionalización de gastos e incremento en la rentabilidad, la realización de aportaciones al capital social y límites a las operaciones que la institución de banca múltiple de que se trate pueda realizar en cumplimiento de su objeto social, o a los riesgos derivados de dichas operaciones. El plan de restauración de capital deberá ser aprobado por el consejo de administración de la institución de que se trate antes de ser presentado a la propia Comisión.
La institución de banca múltiple de que se trate deberá determinar en el plan de restauración de capital que, conforme a este inciso, deba presentar, metas periódicas, así como el plazo en el cual el capital de dicha institución obtendrá el nivel de capitalización requerido conforme a las disposiciones aplicables.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá resolver lo que corresponda sobre el plan de restauración de capital que, en su caso, le haya sido presentado, en un plazo máximo de sesenta días naturales, contados a partir de la fecha de presentación del plan de que se trate.
Las instituciones de banca múltiple a las que resulte aplicable lo previsto en este inciso, deberán cumplir con el plan de restauración de capital dentro del plazo que establezca la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el cual en ningún caso podrá exceder de 270 días naturales contados a partir del día siguiente al que se notifique a la institución de banca múltiple, la aprobación respectiva. Para la determinación del plazo para el cumplimiento del plan de restauración, la Comisión deberá tomar en consideración la categoría en que se encuentre ubicada la institución, su situación financiera, así como las condiciones que en general prevalezcan en los mercados financieros. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por acuerdo de su Junta de Gobierno, podrá prorrogar por única vez este plazo por un periodo que no excederá de 90 días naturales.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores dará seguimiento y verificará el cumplimiento del plan de restauración de capital, sin perjuicio de la procedencia de otras medidas correctivas dependiendo de la categoría en que se encuentre clasificada la institución de banca múltiple de que se trate;
c) Suspender el pago a los accionistas de dividendos provenientes de la institución, así como cualquier mecanismo o acto que implique una transferencia de beneficios patrimoniales. En caso de que la institución de que se trate pertenezca a un grupo financiero, la medida prevista en este inciso será aplicable a la sociedad controladora del grupo al que pertenezca, así como a las entidades financieras o sociedades que formen parte de dicho grupo.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable tratándose del pago de dividendos que efectúen las entidades financieras o sociedades integrantes del grupo distintas a la institución de banca múltiple de que se trate, cuando el referido pago se aplique a la capitalización de la institución de banca múltiple;
d) Suspender los programas de recompra de acciones representativas del capital social de la institución de banca múltiple de que se trate y, en caso de pertenecer a un grupo financiero, también los de la sociedad controladora de dicho grupo;
e) Diferir el pago de intereses y, a juicio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, diferir el pago de principal o convertir anticipadamente en acciones las obligaciones subordinadas que se encuentren en circulación, hasta por la cantidad que sea necesaria para cubrir el faltante de capital. Esta medida correctiva será aplicable a aquellas obligaciones subordinadas que, en términos de lo previsto en las disposiciones a que se refiere el primer párrafo del artículo 50 de esta Ley, computen como parte del capital neto de las instituciones de banca múltiple.
Las instituciones de banca múltiple que emitan obligaciones subordinadas de las referidas en el párrafo inmediato anterior, deberán incluir en los títulos de crédito correspondientes, en el acta de emisión, en el prospecto informativo, así como en cualquier otro instrumento que documente la emisión, la posibilidad de que sea procedente la implementación de esta medida cuando se actualicen las causales correspondientes conforme a las reglas a que se refiere el artículo 134 Bis de esta Ley, sin que sea causal de incumplimiento por parte de la institución emisora;
f) Suspender el pago de las compensaciones y bonos extraordinarios adicionales al salario del director general y de los funcionarios de los dos niveles jerárquicos inferiores a éste, así como no otorgar nuevas compensaciones en el futuro para el director general y funcionarios, hasta en tanto la institución de banca múltiple cumpla con los niveles de capitalización requeridos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en términos de las disposiciones a que se refiere el artículo 50 de esta Ley. Esta previsión deberá contenerse en los contratos y demás documentación que regulen las condiciones de trabajo.
Lo previsto en el presente inciso también será aplicable respecto de pagos que se realicen a personas morales distintas a la institución de banca múltiple de que se trate, cuando dichas personas morales efectúen los pagos a los funcionarios de la institución.
La medida prevista en este artículo es sin perjuicio de los derechos laborales adquiridos a favor de las personas que conforme a la misma puedan resultar afectadas;
g) Abstenerse de convenir incrementos en los montos vigentes en los créditos otorgados a las personas consideradas como relacionadas en términos del artículo 73 de esta Ley, y
h) Las demás medidas correctivas mínimas que, en su caso, establezcan las reglas de carácter general a que se refiere el artículo 134 Bis de esta Ley;
II. Cuando una institución de banca múltiple cumpla con el índice mínimo de capitalización requerido de acuerdo con el artículo 50 de esta Ley y las disposiciones que de ella emanen, será clasificada en la categoría que incluya a dicho mínimo. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá ordenar la aplicación de las medidas correctivas mínimas siguientes:
a) Informar a su consejo de administración su clasificación, así como las causas que la motivaron, para lo cual deberán presentar un informe detallado de evaluación integral sobre su situación financiera, que señale el cumplimiento al marco regulatorio e incluya la expresión de los principales indicadores que reflejen el grado de estabilidad y solvencia de la institución, así como las observaciones que, en su caso, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, le hayan dirigido.
En caso de que la institución de que se trate forme parte de un grupo financiero, deberá informar por escrito su situación al director general y al presidente del consejo de administración de la sociedad controladora;
b) Abstenerse de celebrar operaciones cuya realización genere que su índice de capitalización se ubique por debajo del requerido conforme a las disposiciones aplicables, y
c) Las demás medidas correctivas mínimas que, en su caso, establezcan las reglas de carácter general a que se refiere el artículo 134 Bis de esta Ley;
III. Independientemente del índice de capitalización de las instituciones de banca múltiple, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá ordenar la aplicación de medidas correctivas especiales adicionales.
Las medidas correctivas especiales adicionales que, en su caso, deberán cumplir las instituciones de banca múltiple serán las siguientes:
a) Definir las acciones concretas que llevará a cabo la institución de que se trate para no deteriorar su índice de capitalización;
b) Contratar los servicios de auditores externos u otros terceros especializados para la realización de auditorías especiales sobre cuestiones específicas;
c) Abstenerse de convenir incrementos en los salarios y prestaciones de los funcionarios y empleados en general, exceptuando las revisiones salariales convenidas y respetando en todo momento los derechos laborales adquiridos.
Lo previsto en el presente inciso también será aplicable respecto de pagos que se realicen a personas morales distintas a la institución de banca múltiple de que se trate, cuando dichas personas morales efectúen los pagos a los empleados o funcionarios de la institución;
d) Sustituir funcionarios, consejeros, comisarios o auditores externos, nombrando la propia institución a las personas que ocuparán los cargos respectivos. Lo anterior es sin perjuicio de las facultades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores previstas en el artículo 25 de esta Ley para determinar la remoción o suspensión de los miembros del consejo de administración, directores generales, comisarios, directores y gerentes, delegados fiduciarios y demás funcionarios que puedan obligar con su firma a la institución, o
e) Las demás que determine la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con base en el resultado de sus funciones de inspección y vigilancia, así como en las sanas prácticas bancarias y financieras.
Para la aplicación de las medidas a que se refiere esta fracción, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá considerar, entre otros elementos, la categoría en que la institución de banca múltiple haya sido clasificada, su situación financiera integral, el cumplimiento al marco regulatorio, la tendencia del índice de capitalización de la institución y de los principales indicadores que reflejen el grado de estabilidad y solvencia, la calidad de la información contable y financiera, y el cumplimiento en la entrega de dicha información, y
IV. Cuando las instituciones de banca múltiple mantengan un índice de capitalización superior en un veinticinco por ciento o más, al requerido de conformidad con las disposiciones aplicables, no se aplicarán medidas correctivas mínimas ni medidas correctivas adicionales.
Artículo 134 Bis 2.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá dar aviso al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario sobre la situación financiera de la institución de banca múltiple de que se trate, cuando ésta no cumpla con los requerimientos de capitalización, de conformidad con las disposiciones aplicables, proporcionándole para tales efectos la información que resulte necesaria para que dicho Instituto tome conocimiento de esta situación.
El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario podrá solicitar a las instituciones de banca múltiple información relevante sobre las obligaciones garantizadas a que se refiere el artículo 6o de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, cuando lo considere necesario.
Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de las facultades conferidas al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario en la Ley de Protección al Ahorro Bancario.
TRANSITORIOSARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Las instituciones de banca múltiple deberán prever en los contratos que celebren a partir de la entrada en vigor de este Decreto, así como en la demás documentación relativa, las restricciones señaladas en el inciso f) de la fracción I y en el inciso c) de la fracción III, ambas del artículo 134 Bis 1, que en su caso resulten aplicables.
ARTÍCULO TERCERO.- Las instituciones de banca múltiple contarán con un plazo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor de este Decreto para modificar sus estatutos sociales conforme a lo previsto en el presente Decreto y someterlos a la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
ARTÍCULO CUARTO.- Para efectos de lo previsto en el inciso e) de la fracción I del artículo 134 Bis 1 de esta Ley, las emisiones de obligaciones subordinadas que las instituciones de banca múltiple hayan emitido con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, se regirán por las disposiciones vigentes al momento de su emisión.
ARTÍCULO QUINTO.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores contará con un plazo de 180 días naturales, contados a partir de la publicación de este Decreto, para emitir las reglas de carácter general a que se refiere el artículo 134 Bis de esta Ley.
Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados, a 5 de abril del 2004.--- Diputados: Gustavo Madero Muñoz (rúbrica), Presidente; Francisco Suárez y Dávila (rúbrica), Juan Carlos Pérez Góngora (rúbrica), José Felipe Puelles Espina (rúbrica), Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara (rúbrica), Alejandro Agundis Arias, Oscar González Yáñez, Jesús Emilio Martínez Alvarez, secretarios; José Alarcón Hernández (rúbrica), José Arturo Alcántara Rojas, Angel Buendía Tirado, Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Enrique Ariel Escalante Arceo, José Luis Flores Hernández (rúbrica), Juan Francisco Molinar Horcasitas (rúbrica), Francisco Luis Monárrez Rincón (rúbrica), Mario Moreno Arcos (rúbrica), José Adolfo Murat Macías (rúbrica), José Osuna Millán (rúbrica), María de los Dolores Padierna Luna, Manuel Pérez Cárdenas (rúbrica), Alfonso Ramírez Cuéllar (rúbrica), Luis Antonio Ramírez Pineda (rúbrica), Javier Salinas Narváez (rúbrica), María Esther de Jesús Scherman Leaño (rúbrica), Miguel Angel Toscano Velasco (rúbrica), José Trejo Reyes (rúbrica), Francisco Javier Valdéz de Anda, Jesús Vizcarra Calderón (rúbrica), Emilio Zebadúa González.»
Es de segunda lectura.El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Tiene la palabra el señor diputado don Gustavo Enrique Madero Muñoz por la Comisión, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.
Como no está el señor diputado Gustavo Enrique Madero Muñoz, se concede el uso de la palabra para fijar posiciones de sus respectivos partidos, en primer término, al señor diputado Jesús Martínez Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia.
El diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez:Con su permiso, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Adelante, señor diputado.
Compañeras y compañeros:
Efectivamente, ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria un dictamen de reformas y adiciones a diversos artículos, con objeto de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuente con mayores facultes y precisión de responsabilidades, para poder cumplir con sus objetivos.
En resumen, se trata de proteger los intereses del público ahorrador, detectar de manera preventiva posibles deterioros de estabilidad financiera de las instituciones de banca múltiple y, por último, que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pueda regular, de manera preventiva y correctiva, particularmente los índices de capitalización de las instituciones de banca múltiple, previniendo con ello el ejercicio discrecional de facultades.
Sin embargo, debemos recordar que en el pasado, las instituciones de crédito y ahorro, eran reguladas, por un lado, por la Comisión Nacional Bancaria, y por otro, por la Comisión Nacional de Valores, las cuales se transformaron el 1o. de mayo de 1995, lo que hoy conocemos como Ley de Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Hemos manifestado, ya en diversas ocasiones, que este país requiere, más que de nuevas leyes o adiciones, el cumplimiento de las ya existentes y desde luego, del castigo ejemplar a los responsables, encargados de no hacerlo, como es el caso concreto de quienes se desempeñaron en el sexenio pasado al frente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el señor Eduardo Fernández, quien en coordinación con el licenciado Pedro Zamora, inexplicablemente libres, fueron cómplices del mayor daño que se le haya hecho a este país en su historia, como lo fue el famoso rescate bancario, conocido como el ``Fobaproa'', todo esto con la complacencia y con el conocimiento del ex Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León.
Porque si bien es cierto que hoy estamos haciendo adiciones y reformas para el mejor funcionamiento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo cierto es que siempre tuvieron, de acuerdo con la propia ley, las facultades legales, para evitar el mayor saqueo de la historia de este país y el despojo de decenas de miles de mexicanos de sus bienes y de sus propiedades.
Como caso concreto de discrecionalidad con que actuaron estos funcionarios que he mencionado con anterioridad, solamente mencionaré el caso de la Banca Serfín. Este banco que estuvo actuando durante más de dos años con un capital negativo y que de acuerdo con estos propios funcionarios presentaban estados financieros alterados, de tal manera que los usuarios de Banca Serfín, no tuvieron el conocimiento a tiempo de que estaban trabajando con un banco que no contaba con las garantías suficientes.
Hoy, el dictamen aprobado, pretende y esperamos su estricta aprobación, dotar de mayores facultades a esta Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para tomar las medidas de alerta temprana, que den mayor certeza a los usuarios de los bancos y particularmente homologar nuestras disposiciones legales con las de otros países, para un mejor funcionamiento de nuestro sistema financiero en este país.
Por ello, el Partido de Convergencia manifiesta su aprobación a este dictamen, como una de las primeras medidas que se requieren para un mayor control y regulación sobre el sistema financiero en México.
El reto que hoy tenemos los legisladores, no solamente la banca de México, que se encuentra en manos de extranjeras cobre comisiones por servicios prestados, sino que el ahorro interno de todos los mexicanos sea utilizado en nuestro país, para nuestro desarrollo y para nuestro crecimiento.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, diputado Jesús Martínez Alvarez.
Tiene el uso de la palabra para fijar la posición de su grupo parlamentario el señor diputado Pedro Vázquez González, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Pedro Vázquez González:Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Las consecuencias de la crisis financiera de 1995 no tuvieron precedente alguno en nuestro país, el colapso fue de tal magnitud que todavía hoy se siguen pagando sus secuelas, basta mencionar el costo fiscal del rescate bancario como prueba de ello.
Con el paso de los años el Gobierno Federal ha buscado mecanismos para fortalecer el sistema financiero y bancario, en aras de minimizar hasta donde sea posible, el impacto negativo de una crisis económica.
Es una realidad que los bancos han logrado salir del colapso de casi una década y ahora tienen altos niveles de rentabilidad, mucho de ello es producto del jugoso subsidio estatal que reciben por los pagarés del Fobaproa e IPAB.
No obstante lo anterior, el Ejecutivo Federal, por conducto de las autoridades hacendarias y de supervisión financiera, ha considerado necesario implementar una serie de mecanismos de alerta y de corrección, para cuando alguna institución bancaria presente problemas de capitalización y con ello pudiera poner en riesgo los depósitos de los ahorradores, esta modificación central es la que presenta el dictamen que hoy se está discutiendo.
Con esta reforma se persiguen los siguientes objetivos: proteger los intereses del público ahorrador, detectar y resolver de manera preventiva posibles deteriores en la estabilidad financiera de las instituciones de banca múltiple y subsanar algunas lagunas y deficiencias en la legislación vigente.
De aprobarse la reforma propuesta a la Ley de Instituciones de Crédito, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se clasificaría a las instituciones de banca múltiple, tomando como base el índice de capitalización que determine la autoridad competente, de conformidad con lo que se dispone en el artículo 50 de la propia ley.
Una vez establecida dicha clasificación, la autoridad puede, entre comillas, monitorear el desempeño del índice de capitalización de cada institución y si llegare a estar en alguno de los rangos de riesgo, proponer una serie de medidas correctivas con el fin de mejorar la salud financiera del banco y así prevenir cualquier crisis.
Es preciso resaltar que una detección temprana de deterioro en el índice de capitalización, permite su corrección oportuna y redunda en importantes beneficios para los usuarios y para el Estado.
Asimismo se establece la necesidad de presentar un programa de restauración de capital como una medida central frente a un problema de capitalización de la institución bancaria. Enunciaremos a continuación las medidas que a nuestro juicio nos parecen las más importantes, cuando una institución no cumple con los requerimientos mínimos del índice de capitalización.
Un programa de mejora de eficiencia operativa; racionalización de gastos e incremento en la rentabilidad; la realización de aportaciones al capital social y límites a las operaciones de la institución de banca múltiple o a los riesgos derivados de dichas operaciones. Suspender el pago a los accionistas de dividendos provenientes de la institución, así como cualquier mecanismo que implique una transferencia de beneficios patrimoniales. Suspender los programas de recompra de acciones del banco. Suspender el pago de intereses y diferir el pago del principal y/o en su caso convertir anticipadamente en acciones las obligaciones subordinadas que se encuentran en circulación, hasta por la cantidad que sea necesaria para cubrir el faltante del capital. Suspender el pago de las compensaciones y bonos extraordinarios adicionales al salario del director general y de los funcionarios en los dos niveles jerárquicos inmediatos; así como no otorgar nuevas compensaciones hasta que se cumpla con el ICAP requerido.
Como puede verse esta es una reforma positiva en materia de regulación bancaria y financiera. Es uno de los pasos para avanzar en la construcción de instituciones bancarias sanas y con niveles de capitalización adecuadas que minimicen el impacto en una crisis.
Reconocemos que se haga un esfuerzo por fortalecer la regulación a las instituciones bancarias, pero no podemos dejar de reconocer que en México hubo amargas experiencias donde la ley no se respeta y lo que ha generado esto son costos financieros, altos costos en los rescates financieros y que paga el pueblo de México.
No podemos olvidar que las instituciones bancarias por ley, tienen una serie de prohibiciones para evitar malos manejos de los recursos que reciben del público ahorrador. La imposibilidad de girar préstamos cruzados es un ejemplo de una disposición de ley que no fue respetada y que abultó el problema del rescate bancario.
Ante esta situación esta Cámara de Diputados a través de la Comisión de Hacienda, debe de estar muy pendiente de que las reformas que aprobemos sean ejecutadas a cabalidad por las instituciones bancarias y por las entidades gubernamentales que regulan su accionar.
Compañeras diputadas; compañeros diputados:
Por las consideraciones anteriormente expuestas, el grupo legislativo del Partido del Trabajo, votará a favor de este dictamen que discutimos.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, diputado Pedro Vázquez González.
Tiene el uso de la palabra el diputado Javier Salinas Narváez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para fijar la posición de su grupo parlamentario.
El diputado Javier Salinas Narváez:Muchas gracias, señor Presidente.
Con su venia:
Con la iniciativa de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, enviada por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados, se busca reforzar las atribuciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en materia de detención, prevención y corrección de situaciones de baja capitalización de los bancos.
Las adecuaciones incluidas en la iniciativa se consideran en general pertinentes y acordes con la etapa de transición que está viviendo el sistema bancario. Es importante recordar que la crisis bancaria de 1995 que generó el terrible problema del Fobaproa imponiendo un elevado costo fiscal, tuvo como origen, entre otros factores, una inadecuada vigilancia y supervisión de instituciones, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Si hace 10 años se hubieran tenido leyes como la que hoy nos ocupa, probablemente la crisis bancaria no hubiera sido de la magnitud que se tuvo. Podría haberse contenido en sus inicios y el costo fiscal del rescate bancario habría sido mucho menor.
Por ello es importante recordar algunos antecedentes para situar correctamente las adecuaciones legales que ahora estamos efectuando.
Durante décadas el Gobierno Federal mantuvo un sistema de garantía tácita a todos los pasivos bancarios. La regla conocida era que en México ningún banco podría quebrar jamás debido a esas garantías. Ese mecanismo tuvo sentido debido a que el Banco de México ejercía entonces una regulación de los bancos extrema, determinando los niveles de tasa de interés y la canalización de buena parte del crédito en un ambiente de economía cerrada hacia competencias con el exterior.
A partir de 1992 el Gobierno decidió privatizar los bancos e impulsar una desregulación bancaria y apertura hacia el exterior. Con estas medidas se buscaba generar una mayor intermediación de los recursos, un abaratamiento del crédito mediante la disminución de los márgenes de intermediación bancaria y una canalización más eficiente de los recursos hacia los sectores que lo necesitaban, generando mayores niveles de actividad económica.
Esta política debió completarse con un acotamiento explícito de las obligaciones garantizadas y con un reforzamiento de las instituciones encargadas de vigilar los bancos. Por desgracia esto no sucedió, manteniéndose la garantía a todos los pasivos.
Además, instituciones como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mantuvieron atribuciones limitadas y sus directivos continuaron con las viejas prácticas permisivas y con la costumbre de enfrentar las situaciones que se presentaban de manera discrecional y casuística.
Aun así, una política que podría tener muchos rasgos positivos se impuso como defectos tan graves que la condenaban de antemano al fracaso. La razón de ello fue que estas medidas de gran impacto en la economía nacional se llevaron a cabo en un ambiente autoritario, sin una verdadera discusión por parte del Poder Legislativo, entonces dominado por un solo partido.
La ausencia de prácticas democráticas llevó a que se impusiera una reforma con graves defectos que condujo pocos años después a una fuerte crisis.
Los nuevos banqueros actuaron en un ambiente que les permitía hacer prácticamente lo que quisieran, con un agravante: la posibilidad de cargar al erario público los costos de los posibles errores.
Sin una vigilancia adecuada y con la garantía gubernamental al total de los pasivos bancarios los banqueros podían tomar riesgos excesivos sin preocuparse de las consecuencias. Así, con un comportamiento totalmente irresponsable, sólo buscaron hacer buenos negocios, buscando recuperar su inversión lo más rápido posible.
El resultado total fue diferente al esperado por los tecnócratas. Habían diseñado una reforma. Los niveles de intermediación no sólo no crecieron, sino que mostraron una tendencia descendente. A finales de 1994 se tornó alarmante al verse los bancos como un mecanismo para canalizar recursos provenientes del exterior y no de mayores niveles de ahorro interno.
El costo de los recursos no disminuyó como se esperaba; en su lugar se observó un encarecimiento del crédito sin precedentes, alcanzando los márgenes de intermediación bancaria niveles superiores al 50%.
La canalización de los recursos tampoco resultó ser la más eficiente. El crédito se dirigió a actividades que parecían más rentables para los banqueros, propiciando un sobreendeudamiento de la economía, sin que se generara, como contraparte, un nivel mayor de ahorro.
Esta situación insostenible condujo a un tipo de abusos, registrándose toda clase de créditos relacionados e incluso los banqueros se otorgaron muchos autopréstamos sin preocuparse por pagarlos, ya que contaban con la garantía gubernamental.
Cuando la crisis bancaria hizo su aparición en 1995 y el sistema de pagos estuvo en riesgo de verse interrumpido las instituciones de vigilar los bancos reaccionaron de manera discrecional, es decir, sin reglas generales. Este hecho generó la aparición de incentivos perversos que indujo a un comportamiento de los bancos orientado a sacar las mayores ventajas de ese ambiente institucional inadecuado, como resultado del costo fiscal de un rescate inevitable, se incrementó de manera exagerada, imponiendo al pueblo mexicano una carga muy elevada.
Las medidas incluidas en la iniciativa enviada por el Ejecutivo son acordes con la conclusión de esta etapa de transición, dotando a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de más facultades de vigilancia y actuación para garantizar de manera eficaz y oportuna la corrección de cualquier problema de capitalización bancaria antes de que pueda convertirse en un problema sistémico.
Sin embargo hubo un aspecto que requirió ser corregido antes de ser dictaminada la iniciativa. Este aspecto se refiere a una posible vulneración de los derechos laborales de los empleados bancarios. Si bien la facultad de otorgar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el sentido de suspender pagos de compensaciones a los directivos, sólo cuando se detectan problemas de capitalización, es correcta, no se vio la justificación de hacerlas extensivas, estas medidas, hacia los empleados de los bancos, llegando al extremo de ordenar que esta prevención deberá conectarse en los contratos y demás documentos que regulen las condiciones de trabajo.
Esta iniciativa que hoy votaremos, debe generar también un compromiso de parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para actuar de manera expedita y eficaz cuando se requiera. Se debe terminar con el miedo a intervenir oportunamente a instituciones.
Hay que recordar que en el informe Mackey se dan muchos ejemplos de la tardanza con la que actuó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática apoya esta iniciativa, en el entendido de que es sólo el inicio de una serie de reformas en materia de legislación bancaria que debemos alcanzar.
Tenemos que revisar qué adecuar nuestra legislación a la nueva realidad bancaria mexicana. Es importante recordar que la extranjerización del sistema bancario es más el resultado de una crisis que el producto de una política acorde con los objetivos del desarrollo nacional.
Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, diputado Salinas Narváez.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don José Felipe Puelles Espina, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado José Felipe Puelles Espina:Gracias, señor Presidente:
Cuando por falta de previsión se desatan crisis que atentan contra el bien común y la dignidad del ser humano, obligando al mismo a recurrir en actos de desesperación, pagando altos costos tanto en lo humano como en lo económico, es necesario hacer un alto y reflexionar sobre cuál ha sido la verdadera causa de las mismas.
Al hacer un ejercicio como éste, es muy fácil llegar a la conclusión de que durante mucho tiempo no se han tomado las precauciones necesarias para prevenir eventos que desaten de manera irreversible, consecuencias que dañan a los ciudadanos y a México.
Falta de previsión, negligencia, ignorancia, cualquiera que sea la razón, es tiempo de actuar desde el lugar donde se deben tomar las medidas necesarias y ese lugar es éste.
Compañeras y compañeros diputados: el tema que en este momento nos ocupa, es de carácter económico-financiero y tiene qué ver con medidas precisamente de prevención para proteger a los que utilizan los servicios de alguna institución bancaria y al sistema financiero nacional.
Acción Nacional considera fundamental desarrollar un adecuado marco jurídico para evitar que la especulación en los mercados financieros dañe a nuestro país y que éste permita regular las relaciones con los demás países.
Debemos ser capaces de diseñar mecanismos que nos permitan asegurar un desarrollo equilibrado, entre todas las regiones del país, de modo que los beneficios se repartan equitativamente y México se desarrolle plenamente.
En México necesitamos adecuar y modernizar nuestro sistema financiero para establecer condiciones de competitividad con el entorno mundial, así como para dar certeza jurídica a quienes lo utilizan.
Esta iniciativa considera el fenómeno de la globalización y sugiere medidas encaminadas para que nuestro país enfrente con mayor fortaleza la gran competencia que se establece a nivel mundial. Esto nos indica que se trata de un proyecto que contempla la tendencia internacional actual, por lo que su propuesta es útil para proteger y ofrecer alternativas efectivas a nuestro sistema financiero.
Hoy, aprobando este dictamen, se pondrán reglas para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores pueda intervenir de manera directa a los bancos que presenten alertas amarillas o rojas, de acuerdo a los índices de capitalización en las mismas referidos.
Coincidimos totalmente en la necesidad plasmada en esta iniciativa en el sentido de incrementar la seguridad jurídica en el mercado, asegurar condiciones efectivas de supervisión en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sobre todo en el establecimiento de la regulación prudencial y en la protección de los intereses del público ahorrador.
Para el Partido Acción Nacional la protección de los ahorros de los mexicanos es una prioridad. Es reciente la amarga experiencia derivada de la insolvencia y los quebrantos bancarios que provocaron la crisis financiera de finales de los años noventa. En su momento se utilizaron esquemas poco populares, aunque necesarios, como el Fobaproa para solucionar la crisis.
Esta iniciativa pretende detectar y resolver de manera preventiva posibles deterioros que se podrían generar en las instituciones de banca múltiple, mismos que afectarían la estabilidad financiera y, por ende, los intereses de los ahorradores. De tal forma que reconocemos el esfuerzo y nos sumamos a la misma, porque estamos convencidos de que contiene mecanismos propicios y efectivos para garantizar un correcto desempeño de nuestras instituciones financieras.
Asimismo compartimos la necesidad de transparentar la actividad financiera y coincidimos con la propuesta de regular la actuación preventiva y correctiva de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con relación al índice de capitalización de una institución de banca múltiple.
Sin lugar a dudas, esta medida logrará prevenir el ejercicio discrecional de facultades, a la par de que contaremos con más y mejores herramientas para regular y supervisar la actividad financiera y sus instituciones.
Consideramos que la propuesta es integral y así como ofrece mecanismos específicos para regular y corregir la actividad financiera y a sus instituciones, también es una propuesta que subsana lagunas y deficiencias que encontramos en la legislación vigente y además establece parámetros objetivos para normar la actuación preventiva de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Compañeras y compañeros diputados:
Los invito a que votemos todos el dictamen a favor, para mandar señales de seguridad y compromiso a los ciudadanos que nos dieron un voto de confianza y que pudieran estar el día de mañana, si no lo prevenimos, nuevamente en problemas.
Hemos de urgir todas las actividades adecuadas para la firmeza y la prosperidad de la economía. Hemos de ordenar esas actividades para que concurran a ser estable y fecunda la vida económica.
Debemos evitar o reprimir los actos negativos o destructores que comprometan o debiliten el porvenir o la estructura económica de la nación. Estamos obligados a crear los medios indispensables para dar agilidad, eficacia y orientación a la economía, a procurar la concurrencia de toda labor económica al cumplimiento de los fines de la nación.
Debemos, especialmente, velar por evitar la consideración del hombre como instrumento de la economía y garantizar, al contrario, que la estructura y el resultado de las actividades económicas queden siempre subordinadas y al servicio de los valores humanos que son superiores. Muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias diputado don José Felipe Puelles Espina.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado José Adolfo Murat Macías, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado José Adolfo Murat Macías:Con su venia, señor Presidente; honorable Asamblea:
La responsabilidad en materia económica y social no puede recaer de manera unitaria en el Poder Ejecutivo. Esta responsabilidad es cada día más una responsabilidad propia de nosotros los legisladores, sobre todo en cuanto al fortalecimiento de las instituciones.
Los legisladores del grupo parlamentario del PRI entendemos nuestro papel y nuestras responsabilidades de frente a la nación, comprendemos así la responsabilidad de tomar decisiones para hoy y para mañana, por ello hemos trabajado una serie de reformas al marco legal financiero, que permitan el desarrollo de un México estable, tanto en lo económico como en lo político.
No existe ninguna reforma que de un día para otro nos lleve a ser otro país. No hay recetas milagrosas ni reformas que contengan fórmulas mágicas. Hay en cambio una serie de reformas, algunas en apariencia modestas, que transforman de fondo problemas estructurales del pasado.
El dictamen presentado ante el pleno de esta honorable Asamblea es una de esas reformas, una reforma que por su trascendencia fue aprobada de manera unánime en su respectiva comisión y que en su sencillez lleva un gran avance en la modernización del sistema financiero nacional.
El rol del sector financiero a lo largo de la historia, se ha caracterizado por su papel integral en el desarrollo nacional. Por muchos años este sector se encauzó hacia el desa-rrollo económico y el combate a la pobreza. Sin embargo, la inestabilidad financiera y macroeconómica de diciembre de 1994 destruyó ese papel de intermediación del sector, afectándose la promoción de los ahorros y la distribución de los recursos financieros.
Pero eso fue lo de menos, los costos fiscales de las crisis llevaron un retroceso en el desarrollo nacional y los esfuerzos de reducción de la pobreza. Los costos de la crisis bancaria de 1994 disminuyó drásticamente el gasto social y nos ha llevado a una explosiva tasa de deuda interna en comparación al PIB.
Las medidas de emergencia implementadas por el gobierno en turno, parecieron lograr una estabilidad económica y un crecimiento aparente a pesar de las crisis bancarias. La privatización bancaria se dio sin que se hubiera establecido un marco regulatorio de supervisión constante, prudente y eficaz, donde los derechos y obligaciones estuvieran claramente definidos.
La reforma presentada ante este pleno, pretende establecer medidas de alerta temprana, que fortalezcan el sistema bancario nacional, protejan al público ahorrador y lleven a prevenir situaciones de crisis de los bancos en lo individual.
No es una reforma definitiva, pero sí es un gran avance en materia de regulación financiera. Su objetivo primordial es la reducción del costo fiscal ante un escenario como el que vivimos en 1995.
Es importante hacer aquí una aclaración. Los bancos, como instituciones de crédito que son, tienen la función primordial de intermediar el uso del crédito, es decir, captar en forma onerosa recursos del público para colocarlos rentablemente entre quienes requieren de ellos. Esta actividad desarrollada masivamente, lleva implícitamente la delicada misión para el banquero de ser custodio y administrador del ahorro público, del ahorro de los mexicanos y así lleva también la responsabilidad de hacer la derrama de esos recursos en la economía del país.
En 1995 los bancos dejaron de cumplir con su función primordial y pusieron el ahorro de sus cuentahabientes en riesgo. Por ello, los programas de capitalización y los famosos rescates bancarios, tuvieron como objetivo resguardar el ahorro de todos los mexicanos.
La iniciativa aquí presentada, subsana deficiencias de la legislación vigente, fortaleciendo las facultades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para determinar de manera oportuna las medidas necesarias y correctivas para evitar el quebranto de los bancos.
Para garantizar la transparencia del órgano regulador y la no discrecionalidad de éste, se ha recomendado el uso de un indicador de alerta, que es un indicador común y ampliamente aceptado en el mundo, el famoso índice de capitalización. Este índice establece la relación entre el capital y los activos, no es el único índice que existe, pero es un índice objetivo, medible y conocido.
El sistema nacional tiene hoy día en promedio un índice de capitalización del 14%. Por ello, a partir de estas medidas no se pone en riesgo la estabilidad de ningún banco, al contrario, este indicador nos lleva a una certeza jurídica, nos lleva a estar en estándares internacionales ampliamente aceptados.
Las medidas correctivas tienen diversos niveles, pero la de mayor relevancia señalada en esta reforma es la que regula las actividades que se dieron en el pasado, aquella denominada como foco rojo y que aparece cuando el índice está por debajo del 8% de capitalización. En esta reforma se establecen mejoras en la eficiencia operativa de los bancos, la nacionalización de los gastos y el incremento real en la rentabilidad de éstos, así como el establecimiento de la realización de aportaciones de capital social y la fijación de límites a las operaciones que el banco puede realizar cuando se encuentra en riesgo.
De igual manera, se faculta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para aplicar las medidas especiales adicionales que se consideren. Esta reforma tiene trascendencia en su género, los diputados del PRI entienden que esta ley debe de mantener ciertos principios, que esta ley debe de llevar a que las acciones de la comisión sean de orden público y de interés social, agotándose así los recursos de amparo por parte de los banqueros.
De igual manera se resguardó la no afectación de los derechos laborales previamente convenidos con los trabajadores ante situaciones bancarias de foco rojo y se le dieron facultades a la comisión para el uso de otros indicadores financieros que lleven a resumir la situación real de estabilidad y solvencia del banco.
Esta iniciativa, apoyada unánimemente en la Comisión de Hacienda, es una respuesta a las deficiencias que hemos venido cargando en materia de vigilancia desde 1995, se refuerza el poder de la autoridad frente a los bancos dando certeza jurídica en la limitación a la discrecionalidad. Se establecen mecanismos que salvaguardan el ahorro en los mexicanos ante posibles crisis bancarias y se reduce así, con la simple prevención, cualquier costo fiscal futuro. Es el inicio de un largo camino, nos queda pendiente la generación de incentivos que nos lleven poco a poco a la reactivación del crédito.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, diputado José Adolfo Murat Macías.
Tiene el uso de la palabra por la comisión, el diputado Gustavo Enrique Madero Muñoz.
El diputado Gustavo Enrique Madero Muñoz:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Me permito someter a la consideración de esta soberanía, el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, el cual fue aprobado por unanimidad de los miembros presentes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Este dictamen parte de la iniciativa presentada por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a esta Cámara de Diputados, con el fin de establecer un marco normativo para determinar las acciones correctivas que habrán de impulsar las autoridades a efecto de salvaguardar la estabilidad financiera de las instituciones bancarias y los depósitos del público ahorrador.
En la actualidad, los llamados esquemas de acciones correctivas temprana, son relativamente comunes a nivel internacional en los países desarrollados. Además del caso de Estados Unidos existen sistemas de esta clase en Japón, España, Austria y Dinamarca, por mencionar sólo algunos, mientras que en América Latina en los países que cuentan con un orden jurídico de esta índole, encontramos a Brasil, Chile, Guatemala, Honduras, Perú y Venezuela.
El objetivo de esta iniciativa es subsanar lagunas y deficiencias en la legislación vigente fortaleciendo las facultades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para determinar, de manera oportuna, medidas preventivas y correctivas cuando se presente un deterioro en la situación financiera de las instituciones bancarias a partir de los parámetros, objetivos y determinados por la propia ley.
El principal indicador de alerta temprana es el índice de capitalización que se refiere a la relación de capital a activos en riesgo y que es reconocido a nivel internacional como un parámetro medible, conocido y objetivo.
La iniciativa propone clasificar a cada institución bancaria de acuerdo a tres categorías; cuando el índice de capitalización esté por arriba del 10%, en este caso no se contemplará ninguna medida correctiva.
Cuando se encuentre entre el 8% y el 10% se implementarán medidas correctivas mínimas como la obligación de informar al Consejo de Administración del Banco, así como abstenerse a celebrar operaciones que puedan deteriorar su índice de capitalización.
Cuando esté por debajo del 8% se implementarán medidas adicionales más severas tales como elaborar un plan de restauración del capital, suspender a los accionistas bancarios el pago de dividendos, suspender el programa de compra de acciones del banco, diferir el pago de intereses y el pago del principal; convertir acciones, las obligaciones subordinadas, así como suspender el pago de compensaciones y bonos extraordinarios adicionales al salario a funcionarios, directivos y ejecutivos.
Esta regla de capitalización busca que las instituciones cuenten con recursos propios, es decir, de sus accionistas que les permitan cubrir pérdidas potenciales por riesgo de crédito y por riesgo de mercado.
Las instituciones contarán con un plazo de nueve meses prorrogable hasta a tres meses más para el cumplimiento del plan de restauración del capital, el cual deberá incluir mejoras en la eficiencia operativa, la racionalización del gasto, la realización de aportaciones al capital social y la fijación de límites a las operaciones que el banco pueda realizar.
Cabe mencionar que la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta soberanía consideró oportuno modificar la iniciativa en algunos aspectos específicos, con el fin de clarificar ciertas disposiciones entre las cuales destacan las siguientes:
Establecer un plazo perentorio de hasta 60 días naturales para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se pronuncie sobre el plan de restauración del capital que le haya sido presentado, enfatizar que las acciones correctivas tienen por objeto proteger los intereses del público ahorrador, por lo que deben considerarse de orden público e interés social y, en consecuencia, no procederá en su contra medida suspensiva alguna; y, por último, precisar que el informe que las instituciones presenten a su consejo de administración, contenga información más detallada de su situación financiera.
En suma, esta comisión considera que la iniciativa de ley que se dictamina incorpora a la Ley de Instituciones de Crédito nuevos instrumentos que fortalecen la acción correctiva de las autoridades financieras en el caso de que alguna institución se encuentre por debajo de los requerimientos de capitalización que exige la ley.
En consecuencia, de aprobarse las propuestas de reforma descritas, se contará con mayores herramientas para regular y supervisar a las instituciones financieras en beneficio del público ahorrador.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, diputado Gustavo Enrique Madero Muñoz.
No habiendo más oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular, el artículo único del proyecto de decreto.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Suficientemente discutido.Se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del artículo único del proyecto de decreto.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del artículo único del proyecto de decreto.
(Votación.)
Ciérrese el sistema electrónico, por favor.
Señor Presidente, se emitieron 431 votos en pro; cero en contra y dos abstenciones.
Presidencia del diputado Francisco Arroyo VieyraEl Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 431 votos.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito.
En virtud de lo establecido por el artículo 72 de la Constitución, inciso a), pasa al Senado para los efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día es la discusión de los dictámenes relativos a las solicitudes de permiso de los ciudadanos Juan Pablo Santana Váldez, Alicia Margarita de la Fuente Cruz, Luz Marina Frock Castillo, Juan Pablo Nieto Villarreal, Marina Martínez Benítez, Sihomara Zúñiga León, Jacqueline Itzel Solís González, Natania Swirski Roldán, para prestar servicios a gobiernos extranjeros y a Luis Carlos Astiazarán Orcí, como Cónsul Honorario de la República de Finlandia en la ciudad de Tijuana, con circunscripción consular en el estado de Baja California.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se les dispensa la lectura a los dictámenes.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se les dispensa la lectura a los dictámenes.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente. Se les dispensa la lectura.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.
Honorable Asamblea:
En oficio de fecha 15 de marzo de 2004, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Juan Pablo Santana Valdez y Alicia Margarita de la Fuente Cruz, puedan prestar servicios de carácter administrativo en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en Monterrey, Nuevo León, respectivamente.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el 23 de marzo del año en curso, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
Considerandoa) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en Monterrey, Nuevo León, serán de carácter administrativo, y
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C) del artículo 37 constitucional y el artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
Proyecto de DecretoArtículo Primero.- Se concede permiso al ciudadano Juan Pablo Santana Valdez, para prestar servicios como asistente cultural en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo Segundo.- Se concede permiso a la ciudadana Alicia Margarita de la Fuente Cruz, para prestar servicios como empleada del departamento de ciudadanía en el Consulado de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 24 de marzo de 2004.--- Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguel Angel García Domínguez (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Avila (rúbrica), secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Alvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores, Pablo Bedolla López (rúbrica), Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), José Luis Briones Briseño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Fernando Fernández García, Patricia Garduño Morales, José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Pablo Alejo López Núñez, Germán Martínez Cázares (rúbrica), Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Rubén Mendoza Ayala, Consuelo Muro Urista (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, María Sara Rocha Medina, Hugo Rodríguez Díaz, Sergio Vázquez García (rúbrica), Wintilo Vega Murillo (rúbrica).»
Es de segunda lectura.El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:
En consecuencia se pide a la Secretaría poner a discusión los proyectos de decreto.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:Por instrucciones de la Presidencia, se pone a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Juan Pablo Santana Valdez y Alicia Margarita de la Fuente Cruz, para prestar servicios en el consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua y en Monterrey, Nuevo León, respectivamente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Está a discusión el dictamen en lo general... No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con los oficios de la Secretaría de Gobernación por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Luz Marina Frock Castillo, Juan Pablo Nieto Villarreal, Marina Martínez Benítez, Sihomara Zúñiga León, Jacqueline Itzel Solís González y Natania Swirski Roldán, puedan prestar servicios de carácter administrativo en los Consulados de los Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora, en Nuevo Laredo, Tamaulipas; y en el Consulado y en la Embajada de Canadá en Puerto Vallarta, Jalisco, y en México, y en la Embajada de Australia en México, respectivamente.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el día 30 de marzo del año en curso, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
Considerandoa) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en los Consulados de Estados Unidos de América, en Hermosillo, Sonora, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y en el Consulado y la Embajada de Canadá en Puerto Vallarta, Jalisco, y en México, y la Embajada de Australia, en México, serán de carácter administrativo, y
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C) del artículo 37 constitucional y al segundo párrafo del artículo 60, al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente
Proyecto de DecretoArtículo Primero.- Se concede permiso a la ciudadana Luz Marina Frock Castillo para prestar servicios como secretaria en el Consulado de los Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora.
Artículo Segundo.- Se concede permiso al ciudadano Juan Pablo Nieto Villarreal para prestar servicios como empleado de la Sección de Visas, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Artículo Tercero.- Se concede permiso a la ciudadana Marina Martínez Benítez, para prestar servicios como empleada de la Sección de Visas, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Artículo Cuarto.- Se concede permiso a la ciudadana Sihomara Zúñiga León, para prestar servicios como asistente consular en el Consulado de Canadá en Puerto Vallarta, Jalisco.
Artículo Quinto.- Se concede permiso a la ciudadana Jacqueline Itzel Solís González, para prestar servicios como asistente del administrador de bienes en la Embajada de Canadá, en México.
Artículo Sexto.- Se concede permiso a la ciudadana Natania Swirski Roldán para prestar servicios como oficial de Visas en la Embajada de Australia, en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 31 de marzo de 2004.--- Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguel Angel García Domínguez (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Avila (rúbrica), secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Alvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores, Pablo Bedolla López (rúbrica), Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), José Luis Briones Briseño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Fernando Fernández García, Patricia Garduño Morales, José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Pablo Alejo López Núñez, Germán Martínez Cázares (rúbrica), Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Rubén Mendoza Ayala, Consuelo Muro Urista (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, María Sara Rocha Medina, Hugo Rodríguez Díaz, Sergio Vázquez García (rúbrica), Wintilo Vega Murillo (rúbrica).»
Es de segunda lectura.El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra y para los efectos reglamentarios, esta Presidencia pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva también para su votación nominal en conjunto.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisión de Gobernación.
Honorable Asamblea:
En oficio fechado el 15 de marzo del año en curso, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Luis Carlos Astiazarán Orcí, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Finlandia en la ciudad de Tijuana, con circunscripción consular en el estado de Baja California.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el día 23 de marzo, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
Considerandoa) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento.
b) Que los servicios que el propio interesado prestará a la República de Finlandia serán de carácter estrictamente consular, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción IV del apartado C) del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la asamblea el siguiente
Proyecto de DecretoArtículo Unico.- Se concede permiso al ciudadano Luis Carlos Astiazarán Orcí, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Finlandia en la ciudad de Tijuana, con circunscripción consular en el estado de Baja California.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- México, DF, a 24 de marzo de 2004.--- Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguel Angel García Domínguez (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Avila (rúbrica), secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Alvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores, Pablo Bedolla López (rúbrica), Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), José Luis Briones Briseño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Fernando Fernández García, Patricia Garduño Morales, José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Pablo Alejo López Núñez, Germán Martínez Cázares (rúbrica), Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Rubén Mendoza Ayala, Consuelo Muro Urista (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, María Sara Rocha Medina, Hugo Rodríguez Díaz, Sergio Vázquez García (rúbrica), Wintilo Vega Murillo (rúbrica).»
Es de segunda lectura.El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:
Está a discusión el dictamen... No habiendo quien haga uso de la palabra, se ruega a la Secretaría, se abra el sistema electrónico y por cinco minutos, para proceder a la votación de este proyecto de decreto y los dos anteriormente reservados.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Abrase el sistema electrónico por cinco minutos para tomar la votación nominal de los proyectos de decreto.
(Votación.)
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:
De viva voz, por favor.
La diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas (desde su curul):
Ruiz Massieu, a favor.
El diputado Carlos Noel Tiscareño Rodríguez (desde su curul):
Carlos Tiscareño, a favor.
El diputado Carlos Martín Jiménez Macías (desde su curul):
Carlos Jiménez, a favor.
El diputado Manuel Pérez Cárdenas (desde su curul):
A favor.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:Señor Presidente, se emitieron 411 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Aprobados los proyectos de decreto por 411 votos.
Pasan al Senado para los efectos constitucionales.
Los siguientes puntos del orden del día son dictámenes a discusión relativos a puntos de acuerdo.
En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se les dispensa su lectura.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si autoriza que solamente se dé lectura a los puntos de acuerdo, en virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Se dispensa su lectura. Se autoriza.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo en relación con la proposición para que se practique una auditoría ambiental al complejo termoeléctrico Presidente Adolfo López Mateos de la Comisión Federal de Electricidad, situado en el municipio de Tuxpan, Veracruz
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales le fue turnada para su análisis y dictamen, la proposición con Punto de Acuerdo para que ``la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, emita la recomendación para que una institución académica de prestigio practique la Auditoría Ambiental al Complejo Termoeléctrico ``Presidente Adolfo López Mateos'' de la Comisión Federal de Electricidad, situada en el Municipio de Tuxpan Veracruz'', presentada por el Diputado Alfonso Sánchez Hernández, a nombre de integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1; 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los diversos artículos 60, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la H. Cámara de Diputados es competente para dictaminar la proposición en comento por lo que se somete a la consideración de la Honorable Asamblea el presente Dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:
ANTECEDENTES1.- Con fecha 14 de octubre de 2003, el Diputado Alfonso Sánchez Hernández, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una proposición con Punto de Acuerdo, para que ``la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, emita la recomendación para que una institución académica de prestigio practique la Auditoría Ambiental al Complejo Termoeléctrico ``Presidente Adolfo López Mateos'', de la Comisión Federal de Electricidad, situada en el Municipio de Tuxpan, Veracruz''.
2.- Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en esa misma fecha acordó turnar la proposición con Punto de Acuerdo que nos ocupa para su análisis y dictamen a esta Comisión.
ANTECEDENTES DEL CASOEl Complejo Termoeléctrico ``Adolfo López Mateos'' se localiza a 6 kilómetros de la desembocadura del Río Tuxpan y a 18 km. de la Ciudad de Tuxpan Veracruz. Su actividad generadora de electricidad es en base a la formación de vapor por incineración de combustoleo (3,7 millones de metros cúbicos por año) y diesel (aproximadamente 1700 metros cúbicos por año).
Por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 18 de enero de 2000, se destinó al servicio de la Comisión Federal de Electricidad, las superficies de 15,694.98 m2 de Zona Federal Marítimo Terrestre ZFMT; 1,468.45 m2 también de ZFMT, correspondiente a la Laguna de Tampamachoco; 54,827.23 m2 de terrenos ganados al mar y 70,584.84 m2 de terrenos ganados a la laguna de Tampamachoco.
La población de los alrededores se ha visto seriamente afectada con los numerosos accidentes de este complejo además de la contaminación que se genera diariamente por la misma, a pesar de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha difundido públicamente a través de los medios electrónicos mediante su Gerencia de Protección Ambiental, el compromiso de proteger al medioambiente como un asunto de alta prioridad yendo más allá de mero cumplimiento de las normas ecológicas vigentes, manifestando que la termoeléctrica ``Adolfo López Mateos'', ha cumplido con la norma ISO 1400, sin embargo, dicha termoeléctrica no aparece certificada como una industria limpia por la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Veracruz.
Por otro lado, en diversos medios informativos, se ha reportado con frecuencia, la contaminación térmica, así como la afectación por cadmio y plomo vertidos a la laguna, con el correspondiente daño al ecosistema afectando la calidad del agua y cadenas alimenticias. Los pescadores de la zona han realizado protestas e incluso han bloqueado el acceso a la termoeléctrica, a fin de que sean escuchadas sus denuncias.
El Gobierno del Estado de Veracruz, preocupado por las continuas reclamaciones, solicitó la elaboración de un estudio (con carácter de confidencial) al Instituto Politécnico Nacional (Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional Unidad Querétaro), el cual atendiendo a dicha solicitud, elaboró el trabajo titulado: ``Causas de la baja producción pesquera en la Laguna de Tampamachoco, Veracruz, y la zona de Majahual''.
En el estudio antes mencionado realizado por el Doctor Arturo Ortega Soto, se destaca que la termoeléctrica Adolfo López Mateos de la Comisión Federal de Electricidad, es la principal causante de la contaminación en la zona, sobre todo de la laguna, la cual presenta un estado lamentable en su ecosistema. El documento detalla que un análisis de metales pesados en organismos acuáticos detectó concentraciones de cadmio por arriba del límite permitido por la NOM-001-ECOL-1996. ``El camarón tiene 0.5860 miligramos de cadmio por cada kilogramo, cuando el límite es no mayor a 0.2''. Además, informa que se descubrieron concentraciones extras de cobre, plomo y zinc en organismos como camarón, ostión, jaiba, robalo y sargo.
También en este año se reportó la muerte de 2,400 árboles de mangle (cuyas raíces tienen como característica la capacidad de absorción de contaminantes) ubicados a 200 metros de la termoeléctrica.
En este mismo trabajo también se concluye que: ``durante el desarrollo del trabajo de campo, al realizar la colecta de organismos, encontramos una cantidad importante de organismos con cambios fenotípicos los cuales son el resultado de severos eventos de mutaciones en el genoma''.
Lo anterior no es desconocido por la CFE, ya que en 1993, pronosticó en su estudio de impacto ambiental, en su modalidad intermedia tomo II: ``La calidad del aire que se proyecta a futuro en la región será afectada de forma importante por la emisión continua de contaminantes. Este detrimento en la calidad será provocado por la presencia de partículas suspendidas, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, monóxido y bióxido de carbono, resultantes de la combustión del combustoleo que se emplea en la operación del generador de energía eléctrica''. En el mismo documento se expresa que el bióxido de azufre se combina con el vapor de agua y provoca ``lluvia ácida'', factor definitivo del deterioro de bosques.
Además de las denuncias ya mencionadas, la Cooperativa de Producción Pesquera del Puerto de Tuxpan, de bienes y servicios, S. C. L. de C. V, puntualizó la problemática pesquera en la laguna de Tampamachoco, Veracruz. de la siguiente manera: La planta Termoeléctrica Adolfo López Mateos ubicada entre la playa de Tuxpan y la laguna de Tampamachoco, genera lluvia ácida, derrame de combustoleo y residuos industriales; desalojo continuo de agua caliente, asolvamiento de bancos ostrícolas y mortandad de organismos durante la succión diaria de agua de mar. La industria citada ha provocado la pérdida de 600,000 kilogramos de productos pesqueros y 15 millones de pesos en los últimos 10 años.
Desafortunadamente el problema sigue acentuándose, ya que en el puerto de Tuxpan se han puesto en operación, además de la termoeléctrica ``Adolfo López Mateos'', otras termoeléctricas de ciclo combinado, concesionadas a empresa particulares con permisos otorgados como empresas productoras independientes de energía para instalación de centrales termoeléctricas como son los casos de la compañía Mitsubishi que constituyó la compañía subsidiaria denominada ``Electricidad Aguila de Tuxpan, S. de R.L. de C.V'', con permiso NÚM. E/139/PIE/99 otorgado mediante resolución res/107/99 que en su momento instaló y actualmente opera la termoeléctrica ``Tuxpan II''. La compañía española UNION FENOSA DESARROLLO Y ACCIÓN, constituyó la compañía subsidiaria ``Fuerza y Energía de Tuxpan, S.A. de C.V.'' con permiso NUM. E/181/PIE/2000 otorgado mediante resolución res/240/2000 para instalar y operar la planta termoeléctrica ``Tuxpan III y IV'' y están en proceso de instalación la termoeléctrica ``Tuxpan V'' y en licitación la termoeléctrica ``Tuxpan VI''.
Por último, se considera prioritario remarcar que la contaminación térmica es una forma importante de contaminación en sistemas acuáticos ya que el agua es el regulador de temperatura más abundante y barato que la industria y plantas generadoras utilizan. Esto ocurre, cuando el agua utilizada para el enfriamiento de las plantas generadoras de energía, es devuelta al medio ambiente con un incremento en la temperatura entre 9 y 20°C arriba de la que se encontraba naturalmente. El agua, una vez empleada algunas veces adquiere elementos tóxicos como metales pesados y compuestos orgánicos que finalmente pasarán a los sistemas naturales provocando efectos tóxicos a la flora y fauna. El uso del agua como refrigerante industrial es la principal fuente de calor al medio natural.
Tomando como base los elementos de información disponibles así como la propuesta multicitada, esta comisión se abocó al estudio para cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara de Diputados, bajo los siguientes:
CONSIDERANDOS1. Que Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente Artículo 38 Bis 1 establece que ``La Secretaría pondrá los programas preventivos y correctivos derivados de las auditorías ambientales, así como el diagnóstico básico del cual derivan, a disposición de quienes resulten o puedan resultar directamente afectados''. y que la información solicitada no es industrial ni comercial, por lo que se respetaría la confidencialidad expresada en el artículo citado.
2. Que el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de evaluación del impacto ambiental en su artículo 9°, establece en el procedimiento para la evaluación del impacto ambiental que los promoventes del proyecto deberán presentar ante la Secretaría una manifestación de impacto ambiental.
3. Que de acuerdo al Artículo 159 Bis 4 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente establece que las autoridades, denegarían la entrega de información sí se tratara de información reservada, relativa a asuntos que son materia de procedimientos judiciales o de inspección y vigilancia, pendientes de resolución; como no existe tal situación, a los afectados no se le puede denegar dicha información.
4. La proposición con Punto de Acuerdo señala que; desde hace 18 años el Estado de Veracruz, se vio favorecido con la instalación del complejo termoeléctrico en cuestión; que desgraciadamente la población aledaña se ha visto dañada en sus actividades de: pesca, agricultura, ganadería, citricultura, y en su salud, con diferentes enfermedades de orden gastrointestinal, dermatológico etc., y que por diferentes medios se ha dado a conocer que esta aseveración es real.
5. Que es necesario evitar la desatención a esta problemática ya que dicho complejo no ha sido cuidadoso para respetar los principios de un desarrollo sustentable eficiente, ni ha hecho el mínimo esfuerzo para subsanar las lesiones provocadas a la sociedad, lo cual ha provocado graves contingencias sociales, como han sido bloqueos a los accesos de dichas instalaciones por la comunidad afectada.
6. Que las fechas de inicio de operación de las unidades de la termoeléctrica son: unidades 1 y 2 el 30 de junio de 1991, unidades 3 y 4 el 18 de julio de 1994, unidades 5 y 6 el 27 de mayo de 1996, y existen estudios ambientales anteriores, por lo que un estudio actual podría dar una visión científica clara de las afectaciones de la diversidad y abundancia del ecosistema, base de la economía y salud de los pescadores y población local.
Por lo anterior, esta Comisión, con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 39, 40 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General y los artículos 58 y 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen con:
PUNTO DE ACUERDOPrimero.- Que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), con base a las atribuciones que le otorgan los artículos 4 y 5 fracción XVIII y 6° de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, emita la recomendación para que una institución académica de prestigio practique la auditoría ambiental al Complejo Termoeléctrico ``Presidente Adolfo López Mateos'' de la Comisión Federal de Electricidad, situada en el Municipio de Tuxpan, Veracruz (se sugiere que la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional realicen el estudio, toda vez que son las instituciones más representativas y calificadas) independientemente que una institución del Estado de Veracruz lo realice de manera paralela y que por lo tanto sus resultados sean cotejables y se determine en definitiva, las afectaciones al medio ambiente que desde su construcción en 1985, ha provocado, según denuncias públicas de los habitantes y vecinos afectados que residen en los diferentes municipios aledaños a este complejo industrial eléctrico.
Segundo.- Que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales haga llegar los resultados de la auditoría a esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión a través de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a los afectados así como a la Comisión Federal de Electricidad y se realicen las acciones correspondientes de restauración del ambiente; y que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, realice acciones para que sean resarcidas las afectaciones resultantes y se apliquen las sanciones correspondientes informando de ello de la misma forma.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veinticinco días del mes de marzo de dos mil cuatro.--- Por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales: Diputados: Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), Presidenta; Francisco J. Lara Arano (rúbrica), secretario; Roberto A. Aguilar Hernández (rúbrica), secretario; Carlos M. Rovirosa Ramírez (rúbrica), secretario; José Luis Cabrera Padilla (rúbrica), secretario; Irene H. Blanco Becerra, Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), Raúl R. Chavarría Salas (rúbrica), Lorena Torres Ramos, Mario E. Dávila Aranda (rúbrica), Regina Vázquez Saut (rúbrica), María G. García Velasco (rúbrica), Guillermo E. Marcos Tamborrel Suárez, Bernardo Loera Carrillo, Oscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Julián Nazar Morales, Víctor Manuel Alcérreca Sánchez (rúbrica), Roberto A. Marrufo Torres (rúbrica), Oscar Félix Ochoa (rúbrica), Miguel Amezcua Alejo, Humberto Filizola Haces (rúbrica), Jacobo Sánchez López, Ernesto Alarcón Trujillo, Francisco A. Jiménez Merino, Adrián Chávez Ruiz, Maximino Alejandro Fernández Avila, Pascual Sigala Páez (rúbrica), Carlos Silva Valdés (rúbrica), María del Rosario Herrera Ascencio (rúbrica), Nancy Cárdenas Sánchez.»
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:En consecuencia, están a discusión los puntos de acuerdo...
A esta Presidencia han llegado los registros previos de la diputada Lorena Torres Ramos, del Partido Acción Nacional y del señor Maximino Fernández Avila, del Partido Verde Ecologista de México.
En consecuencia, tiene el uso de la palabra la diputada Lorena Torres Ramos, del Partido Acción Nacional.
La diputada Lorena Torres Ramos:Con su venia, señor Presidente:
Somos seres que como todos los seres vivos, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, sin embargo y a diferencia de los demás seres, los humanos tenemos conciencia de nuestra vida y deseamos vivir. Este interés por la vida no sólo es biológico, como sería el instinto de conservación; se trata de un interés por vivir de manera plena, con bienestar y salud, también, por qué no, para divertirnos y descansar.
Para lograr todo esto tomamos de la naturaleza lo que nos hace falta y si no podemos obtenerlo directamente, somos capaces de transformarla, enriquecerla y mejorarla. Sin embargo, también la podemos violentar y desorganizar cuando no la aprovechamos con prudencia, respeto y responsabilidad; cuando tomamos de ella más de lo que necesitamos. No somos sus dueños; es un bien común que pertenece a todas las mujeres y los hombres, a los presentes y los que están por venir.
La naturaleza, la madre naturaleza existe antes que noso-tros y sólo si la cuidamos seguirá aquí, ofreciéndonos a nosotros y a quienes viven detrás, los frutos necesarios para vivir con bienestar.
Hemos de replantearnos nuestra relación con la naturaleza, solidarizarnos con ella y pensar en cambiar nuestro estilo de vida. En otras palabras, debemos tener conciencia de que somos seres que pertenecemos a un sistema ecológico que forma parte indisoluble de nosotros y sin el cual estamos condenados a desparecer.
En todos los tiempos, el ser humano ha consumido los bienes de la tierra. Por tanto, ha tenido que ocupar el medio ambiente.
En el Partido Acción Nacional, el medio ambiente, la ecología y el desarrollo sustentable y la protección de éstos, es un compromiso permanente que precisa el deber y la responsabilidad del grupo legislativo, en defensa de nuestros recursos renovables como no renovables.
Es por ello, que en el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional impulsaremos el cumplimiento y la exacta aplicación de las distintas leyes y competencias que la materia ambiental tiene, para eficientar la labor de protección de la biosfera. De esta manera me permito señalar que en este punto de acuerdo, el Partido Acción Nacional, votaremos a favor, únicamente que no compartimos algunos considerandos y los juicios de valor, pues en nuestro partido la confianza que se deposita en la autoridad y sus atribuciones así como de sus procedimientos administrativos que coadyuven a demostrar la responsabilidad o no de la actividad económica, que son pilares del Estado democrático.
Por último, reafirmamos como partido, que las leyes deberán fortalecer el marco legal que vincule estratégicamente a la biodiversidad con las actividades económicas que pongan en riesgo la sustentabilidad.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Gracias, diputada.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado Maximino Fernández Avila, del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Maximino Alejandro Fernández Avila:Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Nuestro país se encuentra inmerso en un avance de la economía global y de la tecnología que lo acompaña. Es por eso que esta nación tiene que velar por encontrar medios para prevenir y reducir que tal avance del desarrollo destruya tanto a los componentes naturales de los ecosistemas, como a la salud de los mexicanos.
La política de desarrollo sustentable, promueve la inversión y el uso de tecnología limpia, que debe evitar y minimizar el impacto ambiental causado por el crecimiento económico. La generación de energía eléctrica como servicio público, es una facultad del Estado mexicano y debe ser una industria limpia y por ello está sujeta a la inspección y verificación por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como evaluaciones de impacto ambiental por parte de la Semarnat y para ser eficaz, es necesario que cuente con estudios científicos que sirvan de instrumentos objetivos para tal evaluación.
La termoeléctrica ``Adolfo López Mateos'', es una planta generadora de energía eléctrica con base en la combustión de combustóleo y sus efectos al medio ambiente son mayores que los de las actuales plantas termoeléctricas de ciclo combinado a base de gas natural.
Se han presentado accidentes de derrames de combustóleo en la planta que han sido atendidos por la propia empresa y se han realizado visitas de inspección y verificación por parte de las autoridades competentes como dicta la normatividad en tales situaciones.
Además, existen los efectos de la lluvia ácida, provocada por la combustión con sus consiguientes efectos negativos en la vegetación y el suelo, se desata que el año pasado se reportó la muerte de 2 mil 400 árboles de mangle, cuyas raíces tienen como característica la capacidad de absorción de contaminantes, todos éstos ubicados a 200 metros de la termoeléctrica, lo que provocó una considerable afectación al ecosistema.
Existen estudios científicos referentes a parámetros físicos y biológicos de poblaciones animales en el área, anteriores a la instalación de la termoeléctrica, que servirán de parámetros para evaluar la condición actual del desequilibrio del ecosistema en la zona, a través de la realización del estudio propuesto por un punto de acuerdo.
Existen instituciones mexicanas con reconocido prestigio internacional, que pueden proveer un estudio integral de las condiciones ambientales y aportar un valioso insumo para evaluar el impacto de la termoeléctrica, el cual será un elemento adicional en la evaluación que deba realizar la Semarnat.
La aprobación de este dictamen proporcionará a la región de Tuxpan, a los pescadores y pobladores de la zona, la certidumbre de ser atendidos en el derecho de la denuncia pública, refrendada en el reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y contar con acciones para establecer, de forma objetiva, la situación ambiental.
Por todo lo anterior, las y los diputados del Partido Verde, votaremos a favor.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Consulte la Secretaría a la Asamblea si la proposición está suficientemente discutida.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se consideran suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Consulte la Secretaría a la Asamblea, si son de aprobarse los puntos de acuerdo puestos a su consideración.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Con todo gusto, señor Presidente.
En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Aprobados. Comuníquense.
Adelante, continúe la Secretaría.
Dictamen con punto de acuerdo en relación a la proposición para que se exhorte al Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, a destinar un mayor porcentaje a la creación de instrumentación de nuevas plazas de investigación científica.
En votación económica, se pregunta a la Asamblea...
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Está a discusión el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:... Ah, perdón.
Voy a leer el punto de acuerdo, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:A ver, por favor.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Comisión de Ciencia y Tecnología.
Dictamen de la Comisión de Ciencia y Tecnología, con punto de acuerdo en relación con la proposición para que se exhorte al Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico a destinar un mayor porcentaje a la creación e instrumentación de nuevas plazas de investigación científica.
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Ciencia y Tecnología le fue turnada para su estudio y dictamen una Proposición con Punto de Acuerdo para que esta Soberanía exhorte al Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico presentado por el Diputado Jorge Legorreta Ordorica a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México
Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 numerales 1 y 3, 44 numeral 4, y 45 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 párrafo primero, 87, 89 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, mismo que se realiza bajo la siguiente:
METODOLOGÍALa Comisión encargada del análisis y dictamen de la iniciativa mencionada anteriormente, desarrolló su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe:
I. En el capítulo de ``ANTECEDENTES'' se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la proposición y de los trabajos previos de la Comisión dictaminadora.
II. En el capítulo correspondiente a ``CONTENIDO DE LA INICIATIVA'', se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.
III. En el capítulo de ``CONSIDERACIONES'', la Comisión mencionada expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar en lo general la iniciativa en análisis.
IV. Era lo que respecta al RESOLUTIVO DEL DICTAMEN, la Comisión Dictaminadora somete a la consideración del pleno de la Asamblea de esta Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo.
ANTECEDENTESPRIMERO.- En sesión celebrada en la Cámara de Diputados el día 28 de Octubre de 2004, el Dip. Jorge Legorreta Ordorica, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al ``Comité Intersecretarial de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología a que destine mayor monto de recursos a la creación de plazas de trabajo en el Sistema Nacional de Investigadores al momento de integrar su presupuesto para el próximo año, con la finalidad de que científicos mexicanos puedan ejercer la investigación y aportar sus conocimientos para el desarrollo del país''.
SEGUNDO.- En esa misma fecha el C. Presidente de la Mesa Directiva turnó el Proyecto con Punto de Acuerdo en comento a la Comisión de Ciencia y Tecnología para su estudio y dictamen.
TERCERO.- Con fecha 12 de Diciembre de 2003 se envió una fe de erratas por parte de Dirección General de Proceso Legislativo, del punto de acuerdo en comento para hacer precisiones al mismo, para quedar como sigue: Se exhorta al Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, para que en uso de las facultades que le confiere el artículo 6 de la Ley de Ciencia y Tecnología, al momento de definir prioridades y criterios para la asignación del gasto público federal en ciencia y tecnología, destine un mayor porcentaje a la creación e instrumentación de nuevas plazas destinadas a la investigación científica.
CUARTO.- El día 31 de marzo de 2004, el pleno de la Comisión de Ciencia y Tecnología se reunió para realizar el estudio, análisis y dictamen de dicha minuta.
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN.La proposición con punto de acuerdo contiene un solo resolutivo:
Único: Se exhorta al Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, para que en uso de las facultades que le confiere el artículo 6 de la Ley de Ciencia y Tecnología, al momento de definir prioridades y criterios para la asignación del gasto público federal en ciencia y tecnología destine un mayor porcentaje a la creación e instrumentación de nuevas plazas destinadas a la investigación científica.
CONSIDERACIONES1. Los autores de la iniciativa señalan que los países que se han esforzado por invertir más en la investigación y desa-rrollo han logrado elevar su competitividad.
2. Exponen también que los países que centran sus esfuerzos en la actividad científica obtienen recursos económicos importantes para el crecimiento del Producto Interno Bruto.
3. Que dada la limitación existente de recursos es fundamental que el Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico evalúe la conveniencia de ampliar el número de nuevas plazas destinadas a la investigación científica.
4. Que la ausencia de nuevas plazas en México, está ocasionando un repunte en la fuga de cerebros, lo que ocasiona que la inversión previa en recursos humanos altamente capacitados se desperdicie.
5. Que el número de científicos pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores es insuficiente para las necesidades y retos de la ciencia y la tecnología en México.
6. Que el número de investigadores en México por población económicamente activa se encuentra muy distante de los estándares internacionales. En cifras de la OCDE, México cuenta con 7 investigadores por cada 10,000 trabajadores, mientras nuestros socios comerciales, Canadá y Estados Unidos, cuentan con 80 y 140 respectivamente.
7. Que la Ley de Ciencia y Tecnología dispone en su artículo 5 la creación del Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, como órgano de política y coordinación en materia de políticas nacionales para el avance científico y la innovación tecnológica que apoyen el desarrollo nacional.
8. Que el Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico tiene facultad para definir prioridades y criterios para la asignación del gasto público federal en ciencia y tecnología.
9. Que el país requiere un mayor número de plazas de investigación científica, ya que la mayoría de los investigadores en universidades, institutos y centros de investigación no pueden realizar a plenitud sus programas de expansión o consolidación de líneas de trabajo por falta de recursos humanos altamente calificados. Tal como se expuso claramente por los investigadores que participaron en el proceso de planeación estratégica de esta Comisión.
10. Que el Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2000-2006 estableció una meta de formar 20,000 investigadores por año para que la demanda de soluciones en tecnología aplicada e investigaciones pudiera ser satisfecha.
Por lo anteriormente expuesto, y de conformidad a las facultades que nos confieren los artículos 39, numerales 1° y 3°, 44 y 45 y demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 56, 58, 59, párrafo 1°, 65, 87, 89 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea el presente
PUNTO DE ACUERDOÚnico.- Se exhorta al Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico para que, en uso de las facultades que le confiere el artículo 6 de la Ley de Ciencia y Tecnología al momento de definir prioridades y criterios para la asignación del gasto público federal en ciencia y tecnología, canalice un mayor porcentaje a la creación e instrumentación de nuevas plazas destinadas a la investigación científica.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2004.--- Diputados: Julio César Córdova Martínez (rúbrica), Presidente; Víctor Manuel Alcérreca Sánchez (rúbrica), Omar Ortega Alvarez (rúbrica), María Eloísa Talavera Hernández (rúbrica), secretarios; Humberto Filizola Haces, Francisco Cuauhtémoc Frías Castro (rúbrica), Fernando Ulises Adame de León (rúbrica), Roger David Alcocer García (rúbrica), Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, Abdallán Guzmán Cruz, Salvador Martínez Della Rocca (rúbrica), José Luis Medina Lizalde (rúbrica), Consuelo Camarena Gómez (rúbrica), Sheyla Fabiola Aragón Cortés (rúbrica), José Angel Córdova Villalobos (rúbrica), Patricia Elisa Durán Reveles (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Martín (rúbrica), Francisco Alberto Jiménez Merino, Moisés Jiménez Sánchez, Alfonso Nava Díaz, José Rangel Espinosa, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), María Esther Scherman Leaño, Jorge Utrilla Robles, Martín Vidaña Pérez, Rosa María Avilés Nájera, Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Rubén Torres Zavala (rúbrica), Marisol Urrea Camarena (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica).»
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo...
En esta Presidencia obra el registro de los diputados Julio César Córdova Martínez, del Partido Revolucionario Institucional y Jorge Legorreta Ordorica, del Partido Verde Ecologista de México, en pro, con lo que se colma la exigencia del 122 de nuestro Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, que dice que cuando sólo se pidiere la palabra en pro, podrán hablar hasta dos miembros de la Cámara.
En su momento, preguntaremos a la Asamblea si se le otorga el uso de la palabra a quienes también la han solicitado: el señor diputado Omar Ortega Alvarez, del PRD y la diputada María del Consuelo Camarena Gómez, del Partido Acción Nacional.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado Julio César Córdova Martínez, del PRI, hasta por tres minutos.
El diputado Julio César Córdova Martínez:Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:
En la última sesión ordinaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología, efectuada el 31 de marzo del año en curso, se sometió a consideración del pleno el dictamen de un punto de acuerdo presentado por el diputado Jorge Legorreta Ordorica, del Partido Verde Ecologista de México, en el sentido de exhortar al Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, para que se considere como una prioridad del gasto público el destinar un mayor porcentaje de recursos a la creación e instrumentación de nuevas plazas destinadas a la investigación científica.
Este punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad por la Comisión de Ciencia y Tecnología, entre otros, en los siguientes argumentos fundamentándose.
Que la formación de recursos humanos altamente calificados es una de las prioridades de toda nación; sin embargo, para arraigarlos en su patria es necesario contar con un conjunto de incentivos que faciliten su permanencia y les permitan incorporarse a las tareas productivas de investigación y de tecnologías aplicadas.
Que la Ley de Ciencia y Tecnología establece en su artículo 5º, la creación del Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. Debemos reconocer que la capacidad de los investigadores nacionales es tal, que muchos mexicanos y mexicanas, se han hecho acreedores a premios nacionales e internacionales, por sus destacadas investigaciones y trabajos en pro de la ciencia. Dichos mexicanos han sobresalido por su desempeño durante sus estancias en laboratorios e institutos de investigación y educación superior en el extranjero, lo cual les ha valido la invitación a participar en equipos de primera calidad en las diversas disciplinas en diferentes centros de investigación del mundo.
Taiwán y España son buenos ejemplos de política de repatriación de científicos y tecnológos, así como de incentivos para arraigar a sus investigadores. Cuando a principios de 1979 Taiwán decidió concentrarse en la producción de más y mejores productos, lo primero que hizo fue recuperar la masa crítica que estaba fuera de sus fronteras. Las autoridades y los empresarios taiwaneses sabían que eso era vital para avanzar hacia el progreso.
Por su parte, España tiene un programa que les garantiza a sus investigadores su reincorporación, con la oferta de una plaza de investigación por cinco años como mínimo.
El punto de acuerdo en comento tiene como objetivo que el Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, al momento de definir prioridades y criterios para la asignación del gasto pública federal en ciencia y tecnología, destine un mayor porcentaje a la creación e instrumentación de nuevas plazas destinadas a la investigación científica.
Compañeras y compañeros diputados, debemos considerar que los recursos destinados para la ciencia y la tecnología no son un gasto, sino una inversión, la mejor inversión que puede hacer un país, es la inversión en su capital humano, por el contrario, el costo de la ignorancia es aun mayor, ya que se refleja en el atraso, subdesarrollo y pobreza de las naciones.
Por lo anteriormente expuesto y a nombre del Partido Revolucionario Institucional, solicito a esta honorable Asamblea su voto a favor del dictamen.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Gracias diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Legorreta Ordorica, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por tres minutos.
El diputado Jorge Legorreta Ordorica:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El presupuesto destinado al desarrollo científico y tecnológico, ha permitido un escueto crecimiento y es evidente la necesidad de aumentar esta suma a la brevedad, por eso a pesar de nuestras limitaciones económicas tenemos que seguir avanzando.
El fenómeno de fuga de cerebros es probablemente el ejemplo más descriptivo de cómo los escasos recursos se pueden desvanecer. Un total de 1 mil 678 mexicanos se doctoraron en universidades estadunidenses entre 1980 y 1988, de éstos, apenas el 21% se incorporaron a la actividad científica mexicana, debido principalmente a falta de plazas de trabajo en el Sistema Nacional de Investigadores.
Conscientes de la importancia que tiene la actividad científica en el desarrollo económico de un país y conscientes también de las limitaciones presupuestales, creemos que es necesario priorizar y aumentar con creatividad y voluntad los escasos recursos, con la mira en que éstos sean mayores cada año y con la determinación de ir creando más plazas para la investigación y el desarrollo de los centros públicos de investigación, en temas relacionados con el desarrollo nacional, como lo son: elevar la competividad y la innovación de la micro, pequeña y mediana industrias, creación de nuevos programas y mejoramiento de los existentes, que tengan por objeto la incorporación de científicos a la investigación en contacto con las necesidades de nuestro país, acelerar la tecnologización de las industrias e instituciones del Estado para mejorar su competitividad.
Por todo esto a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, agradecemos a la Comisión de Ciencia y Tecnología y a todos sus integrantes, por la pronta respuesta a este punto de acuerdo y esperamos que esto sensibilice un poco a todos los legisladores para considerar un mayor presupuesto en esta área tan importante.
Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Gracias diputado.
Señoras y señores legisladores: tengo la solicitud de registro del señor diputado Mario Ortega Alvarez y de María del Consuelo Camarena Gómez.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera suficientemente discutido, en el entendido de que si no está suficientemente discutido, procederemos a darles el uso de la voz al diputado y a la diputada que han solicitado el uso de la palabra.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Vamos a rogarle a la Secretaría que repitamos esta votación. Y vamos a cambiar el sentido si a ustedes les parece correcto. Vamos a preguntar si es de autorizar el uso de la palabra para los dos compañeros que la han solicitado. ¿Les parece correcto? Adelante la Secretaría, por favor.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se le da el uso de la palabra a los diputados que la han solicitado. El diputado Omar Ortega Alvarez, del PRD y la diputada Consuelo Camarena Gómez, del PAN.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:En consecuencia tiene el uso de la palabra el diputado Omar Ortega Alvarez, del PRD, hasta por tres minutos.
El diputado Omar Ortega Alvarez:Con su venia, señor Presidente; con el permiso de la Asamblea:
Para el Partido de la Revolución Democrática es indispensable una política de Estado en el ámbito científico y tecnológico. Una política de Estado que articule y fomente los esfuerzos del sector público y privado. Una política de Estado que fortalezca a las instituciones públicas de educación superior y a los centros de investigación. Una política de Estado que difunda y promueva los productos generados por la comunidad científica. Una política de Estado que promueva el trabajo de los investigadores y les permita desarrollar el potencial intelectual humano para innovar, crear y aplicar los conocimientos que demanda la revolución científica y tecnológica mundial. Una política de Estado que asuma a la ciencia y a la tecnología como elementos fundamentales para el desarrollo económico y social del país.
Se requiere una política de Estado en ciencia y tecnología pues está ampliamente documentado que uno de los problemas más agudos que enfrenta México en la materia se llama fuga de cerebros, debido a la incapacidad financiera de las instituciones de educación superior y de los centros de investigación para retener a los investigadores de alto nivel formados tanto en nuestro país como en el extranjero.
Esa debilidad tiene que ser atendida con diversas acciones, pero sin duda la apertura de más plazas académicas destinadas a la investigación científica y tecnológica, contribuirá a evitar que los científicos e investigadores mexicanos se vean obligados a emigrar, a laborar en instituciones educativas del extranjero o en el sector privado de otros países o bien que no retornen a México, en detrimento del desarrollo científico y tecnológico de nuestro país.
Asimismo es urgente renovar la planta académica de investigadores de nuestras instituciones educativas y centros de investigación, ya que un número significativo de ellos están ya en edad de jubilarse o muchos rebasan los 45 años de edad. Esta situación impide que accedan los jóvenes investigadores al quehacer científico.
Por ello, si incrementamos el número de plazas para los investigadores estaríamos dando un primer paso para renovar la planta académica de nuestras instituciones educativas y las dedicadas a la investigación.
El apoyo a la ciencia y la tecnología ha sido uno de los planteamientos fundamentales que el Partido de la Revolución Democrática ha sostenido e impulsado en diversas legislaturas, como la propuesta de destinar a esta actividad el uno por ciento del producto interno bruto, así como el fortalecimiento de los organismos encargados de la conducción de las políticas públicas en materia científica y tecnológica.
Celebramos la voluntad de los distintos grupos parlamentarios dentro de la Comisión de Ciencia y Tecnología de haber otorgado su voto favorable al proyecto de dictamen en comento y que esperamos el día de hoy se apruebe.
Por su atención muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Muchas gracias, diputado Omar.
Tiene el uso de la palabra la señora diputada doña Consuelo Camarena Gómez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por tres minutos, para hablar en pro del dictamen.
La diputada Consuelo Camarena Gómez:Con su venia, señor Presidente; amigas diputadas y amigos diputados:
Hoy día la mundialización lleva a un intenso intercambio en distintas áreas del conocimiento y una de las vertientes más incluyentes es el desarrollo científico y tecnológico que estimula el avance económico, social y político de todo el orbe.
Acción Nacional postula en sus principios que la libertad de investigación científica, la innovación y el desarrollo tecnológico son indispensables para procurar el bien común de la sociedad.
El ser humano genera, como parte de su naturaleza creativa, conocimientos y desarrolla tecnologías que sirven a su bienestar.
La ciencia y la tecnología son instrumentos al servicio de la vida, de las personas y de la comunidad.
Aunado a ello México requiere fortalecer su política firme y constante para lograr que su capital humano eche raíces en nuestro territorio y no tenga que emigrar a otras latitudes en busca de mejores oportunidades y condiciones de vida.
Esta fuga de cerebros ha erosionado paulatina y pertinazmente nuestra capacidad interna para competir con nuestros socios comerciales, lo cual limita y disminuye nuestras probabilidades de éxito.
Es necesario, pues, que las autoridades responsables de la conducción de la política y coordinación en materia de ciencia y tecnología dirijan sus esfuerzos y acciones hacia el futuro del desarrollo nacional, de tal suerte que en la Ley de Ciencia y Tecnología se dispone que el Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico es el órgano colegiado que dará coherencia y brindará la coordinación necesaria entre las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de manera que actúen conforme a una política de Estado en materia científica y tecnológica.
Por todo ello el grupo parlamentario de Acción Nacional, del cual soy integrante, estima que el dictamen sujeto a aprobación de este pleno apunta en la dirección correcta en cuanto a la previsión de las necesidades del sector científico y recoge una parte sustantiva de las demandas de este sector, por lo cual recibirá nuestro completo apoyo.
Por su atención muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Muchas gracias, diputada María del Consuelo Camarena Gómez.
Pregunte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Aprobado. Comuníquese.
Continúe la Secretaría.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Comisiones Unidas de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Dictamen de las comisiones Unidas de Salud, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo para exhortar a la Secretaria de Salud y al Ayuntamiento de Tultitlán, México, a efecto de que se instale un modulo de servicios médicos y químicos clínicos para que diagnostiquen, traten, prevengan y canalicen a los habitantes expuestos a la contaminación de cromato hexavalente en la Región de Lechería
HONORABLE ASAMBLEA:
A las Comisiones de Salud, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, de la LIX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen Punto de Acuerdo por el que se solicita ``se exhorte a la a la Secretaria de Salud y al Ayuntamiento de Tultitlán, Estado de México, a efecto de que se instale un módulo de servicios médicos y de químicos clínicos para que diagnostiquen, traten, prevengan y canalicen a los habitantes expuestos a la contaminación del cromato hexavalente en la región de Lechería, municipio de Tultitlán, Estado de México'', a nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1; 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los diversos artículos 60, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la H. Cámara de Diputados, son competentes para dictaminar la proposición en comento, por lo que se somete a la consideración de la Honorable Asamblea el presente Dictamen, relativo al Punto de Acuerdo antes mencionado, el cual se realiza bajo la siguiente:
METODOLOGÍAI.- En el capítulo de ``ANTECEDENTES'' se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo en turno para la elaboración del dictamen respectivo, así como de los trabajos previos de la Comisión dictaminadora.
II.- En el capítulo correspondiente a ``CONTENIDO'' se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.
III.- En el capítulo de ``CONSIDERACIONES'', LA Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen.
I. ANTECEDENTES1.- Con fecha 21 de enero del año 2004, el Diputado Santiago Cortés Sandoval, del grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó durante la Sesión de la Comisión Permanente, el Punto de Acuerdo por el que se solicita ``se exhorte a la a la Secretaría de salud y al Ayuntamiento de Tultitlán, Estado de México, a efecto de que se instale un módulo de servicios médicos y de químicos clínicos para que diagnostiquen, traten, prevengan y canalicen a los habitantes expuestos a la contaminación del cromato hexavalente en la región de Lechería, municipio de Tultitlán, Estado de México''. Con la misma fecha la Mesa Directiva, turno a las Comisiones de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de esta LIX Legislatura.
2.- Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción ``f'', de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en esa misma fecha acordó turnar la Proposición con Punto de Acuerdo que nos ocupa para su análisis y dictamen a Comisiones Unidas.
3.- Tomando como base los elementos de información disponibles así como la propuesta multicitada, Comisiones Unidas se abocaron al estudio para cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara de Diputados, bajo los siguientes:
II.- CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDOEn la exposición de motivos que presentó el Diputado Santiago Cortés Sandoval, expresa que La empresa Cromatos de México, se constituyó en 1958, en la colonia Lechería, municipio de Tultitlán, Estado de México. De 1970 a 1975
Refiere el Diputado que En el año de 1982, investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México; confirman mediante un estudió muestra en 160 adultos y niños, los altos niveles de cromo en pelo y orina.
En 1983 la empresa Cromatos de México, construye un contenedor de concreto sobre 16,000 m2, para cubrir 120,000 toneladas de cromo hexavalente, y fue a partir de 1999 cuando el contenedor sufrió fisuras en su estructura, dejando escapar el contaminante en forma aeróbica, permitiendo que en el suelo y subsuelo se filtraran por las lluvias los contaminantes precipitados, que dañan mantos acuíferos y afectan zonas urbanas, agrícolas e industriales.
Refiere el Diputado que se constituyo una Comisión tripartita para la rehabilitación de la afectación por la contaminación de cromato hexavalente, Integrándose con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, el gobierno del estado de México y el gobierno municipal de Tultitlán; la cual por convocatoria pública licitó la participación de laboratorios especializados para que cotizaran la rehabilitación de la zona. Y a la fecha únicamente dos empresas extranjeras han presupuestado sus estudios de diagnóstico preliminar
III.- CONSIDERACIONESComisiones Unidas, abocadas al estudio de la misma, para su atención y respuesta, se desprende que, de la investigación realizada y en análisis ala legalidad para conocer y resolver del asunto planteado, resulta conveniente analizar lo que a continuación se señala.
El cromo hexavalente (Cr +6) es un metal que se encuentra espontáneamente en el agua, el suelo y las rocas. También se encuentra en los cultivos y como elemento remanente en los suelos agrícolas. Además, hay niveles traza de cromo en el medio ambiente, el cual proviene de la actividad industrial.
El cromo y sus compuestos, se utilizan como colorantes en la fabricación de vidrio verde, en la industria de la galvanización, en la química para plaguicida, así como en la textil, y la automotriz; en esta última se emplea para dar mayor resistencia a los metales contra la corrosión.
El cromo +3 es un nutriente esencial, necesario para el metabolismo de los azúcares y para muchas reacciones enzimáticas, es decir que es un nutriente indispensable en el metabolismo de carbohidratos y lípidos. También es un mineral considerado como un nutrimento indispensable en humanos y en animales y se requiere para el funcionamiento normal del metabolismo de los ácidos nucleicos según Mertz y Schwarz, quienes identificaron a este elemento como un componente activo del factor de tolerancia a la glucosa (GTF). Posteriormente, se postuló que el cromo actúa como cofactor en los sistemas donde interviene la insulina, facilitando la unión con sus receptores y amplificando todos los efectos conocidos de esta última (Schwars K, Mertz W, 1959).
Si bien la forma trivalente representa muy baja toxicidad, estudios científicos han determinado que el cromo hexavalente es un compuesto cancerígeno y debido a las propiedades carcinógenas se ha establecido que el agua potable no debe contener más de 50 microgramos de cromo por litro. Los efectos potenciales de este elemento sobre la salud, dependen de una diversidad de factores, tales como la forma química en que se presenta, la cantidad, el tiempo de exposición, así como la forma de incorporación de éste al organismo (ingestión, inhalación o absorción a través de la piel). Las reacciones y sus efectos potenciales también dependen en gran medida de factores tales como la edad, el sexo, el peso corporal y el estado de salud del individuo.
Se sabe que el cromo IV es cancerígeno por inhalación; los riesgos potenciales de éste en la actividad industrial, han sido ampliamente documentados. Muchos estudios han revelado altas tasas de cáncer de pulmón en operarios expuestos a la inhalación del mismo, así como un incremento de la tasa de cáncer del tracto gastrointestinal. Los aná- lisis de laboratorio también han arrojado evidencias contundentes de que el cromo hexavalente, puede dañar el ADN e inducir mutaciones genéticas. Por otra parte, se sabe con certeza que probablemente es mucho más tóxico por inhalación que por ingestión.
De acuerdo a los datos que presenta el Diputado proponente, se ha detectado la presencia de cromo hexavalente en el subsuelo, lo cual puede dañar severamente los mantos friáticos incluyendo en tierras de propiedad privada en donde se extrae el agua potable de pozos
La utilización industrial que el hombre ha dado a los compuestos de cromo, ha generado un aumento de la contaminación en la atmósfera, el agua y los alimentos, especialmente aquellas industrias relacionadas con procesos metalúrgicos, galvanizados, textiles, material fotográfico y con la fabricación de pinturas, cerámicas, vidrios y curtido de pieles.
Como ya se mencionó, este elemento en cantidades óptimas, es esencial en los mamíferos para mantener el metabolismo de la glucosa, lípidos y proteínas (Riales et al, 1981); sin embargo, en altas concentraciones es tóxico.
Por otro lado, el Cr (VI) es 30 veces más tóxico que el Cr (III) y se considera como un agente mutagénico y carcinógeno según Anderson RA, et al en sus publicaciones de 1985, 1987 y 1993.
La forma en que el tóxico puede ingresar al organismo del ser humano, es por exposición accidental o por exposición permanente con el agente causal; generalmente secundaria a una exposición ocupacional y las vías de ingreso al organismo pueden ser respiratorias, digestivas y cutáneas incluyendo mucosas.
La exposición constante de cromo hexavalente, se encuentra en cantidades superiores, se acumula en hígado y bazo, principalmente, con daños gastrointestinales e insuficiencia hepato-renal.
En el caso de exposiciones prolongadas, se pueden presentar efectos nocivos en las vías aéreas, desde la cavidad nasal, senos paranasales, alvéolos y pulmón, iniciando con sintomatologías simples que se confunden con una rinitis alérgica, lo cual puede conducir a un cáncer pulmonar.
Tomando en cuenta La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual señala en su Artículo 4°, párrafo quinto:
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.
Y en su Artículo 25 párrafo sexto que establece:
Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos cuidando su conservación y el medio ambiente.
Se considera como urgente el que se tomen medidas de remediación a corto plazo, ya que se tiene conocimiento de 1017 personas afectadas registradas de 1979 al 2001, y desafortunadamente, algunos casos han concluido en decesos. Por otro lado, es importante remarcar que se cuenta con estudios realizados por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, en los que se determina que existe contaminación química en los mantos friáticos de Lechería en el Municipio de Tultitlán.
Debido a las patologías presentadas por los habitantes del área consecuencia de la contaminación por cromo hexavalente, se considera conveniente designarlo como Zona de Emergencia Ambiental.
Por lo anteriormente expuesto, y considerando que el cromo hexavalente, localizado en Lechería Municipio de Tultitlán Estado de México, es un residuo peligroso, el cual en función de sus características de toxicidad, puede presentar riesgo a la salud pública o causar efectos adversos al ambiente, los integrantes de Comisiones Unidas de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LIX Legislatura, con las atribuciones que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como los artículos 45 numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, emiten el siguiente
RESOLUTIVO:Primero.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno del Ejecutivo del Estado de México y al H. Ayuntamiento de Tultitlán, Estado de México; para que se apeguen o en su caso adecuen los ordenamientos necesarios a efecto de que se instale coordinada y permanentemente personal médico, ingenieros químicos y clínicos con equipos especializados en cada área, para que diagnostiquen, otorguen tratamiento y realicen programas preventivos, y canalicen a los habitantes expuestos a la contaminación y personas afectadas por el tóxico de cromato hexavalente de la región de Lechería, Municipio de Tultitlán, Estado de México.
Segundo.- Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que formulen, gestionen y expidan las circulares necesarias en que se declare a la región de Lechería, municipio de Tultitlán, Estado de México como ``zona de emergencia ambiental''.
Tercero.- En un plazo de 90 días Naturales, la Secretaría de Salud del Gobierno Estatal, deberá dar un informe por escrito al Honorable Congreso de la Unión, del estado que guarda la salud de la población, de Lechería, conforme al punto primero.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 veinticinco días del mes de marzo de dos mil cuatro.--- Por la Comisión de Salud: diputados: José Angel Córdova Villalobos (rúbrica), Presidente; Pablo Anaya Rivera (rúbrica), secretario; María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), secretaria; José Javier Osorio Salcido (rúbrica), secretario; Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica), secretario; Jesús Aguilar Bueno, José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Jaime Fernández Saracho (rúbrica), Irma Sinforina Figueroa Romero (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), José García Ortiz, María del Rocío Jaspeado Villanueva, Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín, Javier Manzano Salazar, José Luis Naranjo Quintana, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, Maki Esther Ortiz Domínguez (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica), María Angélica Ramírez Luna, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Francisco Antonio Rojas Toledo, Isaías Soriano López, José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Abraham Velázquez Iribe, Martín Remigio Vidaña Pérez, Julio Boltivinik Kalinka y Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica).
Por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales: diputados: Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), Presidenta; Francisco J. Lara Arano (rúbrica), secretario; Roberto A. Aguilar Hernández (rúbrica), secretario; Carlos M. Rovirosa Ramírez (rúbrica), secretario; José Luis Cabrera Padilla (rúbrica), secretario; Irene H. Blanco Becerra (rúbrica), Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), Raúl R. Chavarría Salas (rúbrica), Lorena Torres Ramos (rúbrica), Mario E. Dávila Aranda, Regina Vázquez Saut, María G. García Velasco (rúbrica), Guillermo E. Marcos Tamborrel Suárez, Bernardo Loera Carrillo (rúbrica), Oscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Julián Nazar Morales, Víctor Manuel Alcérreca Sánchez (rúbrica), Roberto A. Marrufo Torres (rúbrica), Oscar Félix Ochoa (rúbrica), Miguel Amezcua Alejo, Humberto Filizola Haces (rúbrica), Jacobo Sánchez López (rúbrica), Ernesto Alarcón Trujillo (rúbrica), Francisco A. Jiménez Merino (rúbrica), Pascual Sigala Páez (rúbrica), María del Rosario Herrera Ascencio (rúbrica), Adrián Chávez Ruiz (rúbrica), Carlos Silva Valdés (rúbrica), Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Avila (rúbrica).»
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:En consecuencia, están a discusión los puntos de acuerdo...
Esta Presidencia tiene registrados, al señor diputado Córdova Villalobos, a nombre de las comisiones y, posteriormente, a los diputados Santiago Cortés Sandoval, del Partido de la Revolución Democrática, Raúl Rogelio Echavarría Salas, del Partido Acción Nacional y Jacqueline Angüelles Guzmán, del Partido Verde Ecologista de México, en cuyo caso se consultará a la Asamblea.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado Córdova Villalobos.
El diputado José Angel Córdova Villalobos:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
La empresa Cromatos de México se constituyó en 1958 en la colonia Lechería, municipio de Tultitlán, estado de México.
En el año de 1982, investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México confirman mediante un estudio, muestra en 160 adultos y niños, los altos niveles de cromo en pelo y orina.
En 1983 la empresa construyó un contenedor de concreto de 16 mil metros cuadrados para cubrir 120 mil toneladas de cromo hexavalente y fue a partir de 1999 cuando el contenedor sufrió fisuras en su estructura, dejando escapar el contaminante en forma aeróbica permitiendo que en el subsuelo y en el suelo se filtraran por las lluvias los contaminantes precipitados que dañan mantos acuíferos y afectan zonas urbanas, agrícolas e industriales.
Este cromato hexavalente es un metal que se encuentra espontáneamente en el agua, en el suelo y en las rocas, también en los cultivos como elemento remanente en los suelos agrícolas.
El cromo se presenta comúnmente en forma trivalente y hexavalente. En la primera al átomo de cromo le faltan tres electrones, mientras que en la hexavalente le faltan seis.
Si bien en la forma trivalente representa muy baja toxicidad, estudios científicos han determinado que el cromo hexavalente es un metal cancerígeno, debido a las propiedades carcinógenas de algunos compuestos de cromo.
Igualmente se ha establecido que el agua potable o debe de contener más de 50 microgramos de cromo por litro.
Los efectos potenciales del cromo sobre la salud, dependen de una diversidad de factores tales como la forma química en que se presente la cantidad, el tiempo de exposición y la forma de incorporación al organismo que puede ser por inhalación o a través de la piel.
Las reacciones y los efectos potenciales también dependen en gran medida de otros factores. La utilización industrial que el hombre le ha dado al cromo y a sus compuestos, ha generado un aumento de la contaminación en la atmósfera, en el agua y en los alimentos, especialmente en aquellas industrias relacionadas con procesos metalúrgicos, galvanizados y textiles.
Como ya mencioné anteriormente, el cromo en cantidades óptimas es esencial para los mamíferos para mantener el metabolismo de glucosa, lípidos y proteínas. Sin embargo, el hexavalente se considera como mutagénico y carcinógeno.
Es por ello que las comisiones unidas de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, coincidimos en que es de imperiosa necesidad el realizar un estudio a los habitantes de Lechería en el estado de México, así como al medio ambiente, a efecto de verificar si existen o no daños que pongan en riesgo la integridad física de los habitantes y de su entorno.
Sin embargo, por no ser de nuestra competencia solicitamos se retire el tercer punto resolutivo al punto de acuerdo señalado.
Es cuanto, señor Presidente.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:En virtud de que de la intervención del señor diputado José Angel Córdova Villalobos, se desprende la propuesta de eliminar el tercer resolutivo, pregunte la Secretaría a la Asamblea si se admite la modificación propuesta.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite la modificación propuesta.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Luego entonces se ruega a la Secretaría le dé lectura a los dos primeros puntos de acuerdo con objeto de ilustrar a la asamblea de cómo quedarían los resolutivos propuestos.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:Primero.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno del Ejecutivo del estado de México y al honorable ayuntamiento de Tultitlán, estado de México, para que se apeguen o, en su caso, adecúen los ordenamientos necesarios a efecto de que se instale coordinada y permanentemente personal médico, ingenieros químicos y clínicos con equipos especializados en cada área para que diagnostiquen, otorguen tratamiento y realicen programas preventivos y canalicen a los habitantes expuestos a la contaminación y personas afectadas por el tóxico de cromato hexavalente de la región de Lechería, municipio de Tultitlán, estado de México.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que formulen, gestionen y expidan las circulares necesarias en que se declare a la región de Lechería, municipio de Tultitlán, estado de México, como zona de emergencia ambiental.
Cumplida la instrucción, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Muchas gracias, señor Secretario.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado Santiago Cortés Sandoval, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en pro hasta por tres minutos.
El diputado Santiago Cortés Sandoval:Con su permiso, diputado Presidente:
El cromo elevado a cromo hexavalente que intoxica gravemente a los seres vivos se encuentra desde hace más de 30 años en la región de Lechería, Tultitlán, estado de México, en un contenedor de 120 mil toneladas y que sobre una superficie de 16 mil 500 metros cuadrados ha contaminado excesivamente los mantos acuíferos de esta región, ocasionando daños irreversibles a la salud humana.
A esta demanda del pueblo sumamos los esfuerzos de legisladores federales del Congreso de la Unión y de otros luchadores sociales dispuestos a agotar las instancias para lograr que las autoridades correspondientes ejecutorien la solución definitiva de este grave problema.
Nuestro planteamiento y propuesta consiste en exhortar a las autoridades federales y estatales de salud a que proporcionen a los habitantes de la región de Lechería servicios de atención médica, diagnósticos, tratamientos y en casos necesarios canalizar los habitantes a los hospitales especializados, a las personas afectadas por esta contaminación y a las de Ecología a que declaren zona de emergencia ambiental a Lechería.
Ante las consideraciones de que esta lucha fue iniciada hace 30 años, tiempo en que cada vez más me he solidarizado en unión con mi familia al dolor del pueblo para buscar afanosamente la aplicación de las más adecuadas y favorables respuestas.
Ahora incremento mi fuerza de voluntad, ya que con esta representación popular que honrosamente ostento como diputado federal me permito con mayor confianza continuar tocando puertas de todos los niveles.
Señalo de una vez por todas que los obstáculos políticos los derribaremos con la fuerza de la movilización ciudadana, hasta lograr los consensos suficientes en que confluyan criterios que por su peso específico se les obligue a las autoridades a ejecutoriar la solución definitiva de este grave problema ambiental.
Ante los obstáculos económicos, señalo que para resolver la falta de presupuesto tocaremos las puertas de las instituciones nacionales e internacionales de asistencia pública, privada o social que sean necesarias, hasta encontrar a quienes nos ayuden con la solución definitiva de este problema.
Por lo antes expuesto, advierto que si las autoridades no asumen responsabilidades y resuelven este grave problema de deterioro ambiental, nos veremos en la necesidad de organizar manifestaciones ciudadanas y marcharemos codo con codo y brazo con brazo hasta que los responsables de la solución nos garanticen mayor calidad de la atmósfera y el agua y que cumplan con garantizar la salud del medio ambiente y que sea más viable el desarrollo y el progreso de esta región municipal, ejemplo de trabajo y de lucha en el estado de México y en nuestro país en general.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Gracias a usted diputado.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Raúl Rogelio Echavarría Salas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Raúl Rogelio Echavarría Salas:Con el permiso de la Presidencia; diputadas y diputados:
La humanidad prácticamente desde su inicio ha transformado el medio natural en un intento por apropiarse de los recursos que la naturaleza le brinda. Lo que no tiene precedente es la magnitud de su influencia sobre el ambiente.
Los ecosistemas de nuestro país se han alterado a tal grado que se ha puesto en peligro la capacidad misma de nuestro planeta para mantener la vida en condiciones propicias para el desarrollo de las sociedades humanas.
La empresa Cromatos de México, que operó durante 20 años en el periodo de 1958 a 1978 en la localidad de Lechería, municipio de Tultitlán, estado de México, en 1975 se evidenciaron una serie de problemas de salud e inconformidades por parte de los habitantes. La empresa fue clausurada en 1978 instrumentándose medidas complementarias de saneamiento, tales como el traslado de los residuos a un confinamiento que resultó ineficaz, en virtud de que con el tiempo se observaron rupturas aflorando el cromo hexavalente a cielo abierto, generándose escurrimientos al subsuelo y contaminación.
Se obtuvieron análisis químicos del suelo, agua potable y paredes de la zona en cuestión. El estudio reveló concentraciones de cromo total que rebasaron la Norma Oficial Mexicana.
En estos suelos contaminados por la presencia de materiales o residuos peligrosos, deberán llevarse a cabo las acciones necesarias para recuperar o restablecer sus condiciones, de tal manera que puedan ser utilizados para cualquier tipo de actividad.
En vista de lo anterior, los diputados de Acción Nacional estamos a favor de exhortar a la Secretaría de Salud, al ayuntamiento de Tultitlán, estado de México, a efecto de que se instale un módulo de servicios médicos y análisis clínicos, para que diagnostiquen, otorguen tratamiento, prevengan y canalicen a los habitantes expuestos a la contaminación del cromato en la región de Lechería, municipio de Tultitlán.
Para Acción Nacional es importante que se cumplen las disposiciones que garanticen la protección del medio ambiente y en particular la salud de la población, así como la calidad de vida.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:En virtud de que han hablado dos diputados en pro, pregunte la Secretaría a la Asamblea si se le otorga el uso de la palabra a la diputada Jacqueline Argüelles Guzmán, del Partido Verde Ecologista de México.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Asamblea si se le concede el uso de la palabra a la diputada Jacqueline Argüelles Guzmán.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y los diputados que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Tiene el uso de la palabra la diputada Jacqueline Argüelles Guzmán, del Partido Verde Ecologista de México, para hablar en pro del dictamen hasta por tres minutos.
La diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán:Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Este dictamen fue aprobado en las comisiones de Salud y Medio Ambiente porque consideramos como urgente el que se tomen medidas inmediatas a fin de que los habitantes del municipio de Lechería tengan garantizados servicios médicos después de que su entorno se viera seriamente afectado por el establecimiento de la empresa Cromatos de México, SA de CV, ubicada en la localidad de Lechería, municipio del Tultitlán del estado de México, en la década de los años cincuenta.
A partir de estudios científicos se conoce que el cromo hexavalente es un compuesto cancerígeno por inhalación, los riesgos potenciales de éste en la actividad industrial han sido ampliamente documentados. Muchos estudios han revelado cáncer de pulmón en operarios expuestos a la inhalación del mismo.
De acuerdo a los datos que presenta el diputado promovente, se ha detectado la presencia de cromo hexavalente en los subsuelos, lo cual puede dañar severamente los mantos freáticos incluyendo las tierras de propiedad privada en donde se extrae el agua de los pozos de agua potable.
Acorde con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual señala en su artículo 4º párrafo quinto, que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar y considerando que los residuos de cromo exavalente depositados en Lechería, municipio de Tultitlán, estado de México, son residuos peligros, los cuales en función de sus características de toxicidad pueden presentar riesgos a la salud pública o causar efectos adversos al ambiente, los integrantes de comisiones unidas de Salud y Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LIX Legislatura, ocurrimos a esta tribuna a solicitar votemos a favor de este dictamen para que se considere como urgente el que se tomen medidas de remediación a corto plazo, ya que se tiene conocimiento de mil 17 casos de personas afectadas incluyendo padecimientos registrados de 1979 al año 2001.
Por otro lado es importante remarcar que se cuenta con estudios realizados por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México en los que se determina que existe contaminación química en los mantos freáticos de Lechería en el municipio de Tultitlán. Debido a las patologías presentadas por los habitantes del área a consecuencia de la contaminación por cromo hexavalente, se considera conveniente designarlo como zona de emergencia ambiental.
Por todo lo anterior, las y los diputados integrantes de la Comisión de Salud y de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, solicitamos respetuosamente que el presente dictamen sea aprobado por esta soberanía.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Muchas gracias, diputada Jacqueline.
Pregunte la Secretaría a la Asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Aprobados. Comuníquense.
Continúe la Secretaría.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.
Dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que investigue el asunto de discriminación racial que vienen sufriendo indígenas del Estado de Hidalgo por el uso del parque ``Ruben Darío'', en la colonia Providencia, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
Con fecha 23 de octubre de 2003 el Presidente de la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos la Proposición con Punto de Acuerdo presentado por el Diputado Federal Quintín Vázquez García, del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión.
Con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a este Pleno, Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTESQue la Policía Municipal de Guadalajara, Jalisco, emprendió acciones injustas en contra de más de treinta indígenas del Estado de Hidalgo, cuando se encontraban en el parque ``Ruben Darío'', ubicado en la colonia Residencial Providencia, que se consideran violatorias de los Derechos Humanos. Al respecto, la policía manifestó que las detenciones se realizaron porque se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas.
Que los detenidos manifestaron que sólo concurren al parque referido, para convivir en los días de descanso. De la conducta policial se deduce, que su actuación se debió, a que las personas detenidas utilizaron para su esparcimiento un parque de una colonia residencial.
En este sentido actuar de tal forma por utilizar un parque público, que se ubica en una zona residencial, se considera como un asunto de discriminación racial, ya que, conforme a nuestra Constitución General de la República, existe libertad de permanecer y transitar en cualquier parte del territorio nacional, sin distinción de raza o credo. Por lo tanto, todos los mexicanos tienen el derecho de disfrutar de los lugares públicos, sin tener más restricciones que las que las normas señalan, sobre todo cuando se trata de un lugar de esparcimiento para los ciudadanos.
Con motivo de estos hechos algunos ciudadanos se manifestaron por la conducta asumida por la Policía Municipal de Guadalajara, Jalisco. El Vocal Presidente de la Junta Local del IFE, también reprobó la violación de las garantías individuales de las trabajadoras domésticas y personal de servicio, a quienes se detiene sólo por el hecho de ser indígenas y de pasear en el parque.
Con base en todo lo anterior, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos emite el siguiente:
PUNTO DE ACUERDOÚNICO.- Respetuosamente se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que investigue, si lo considera de su competencia, el asunto de discriminación racial que vienen sufriendo indígenas del Estado de Hidalgo por el uso del parque ``Ruben Darío'', ubicado en la colonia Providencia de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, por parte de la Policía Municipal, así como del Presidente Municipal.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a veinticuatro de marzo de dos mil cuatro.--- La Comisión de Justicia y Derechos Humanos: diputados: Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica), Presidenta; Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica), secretaria; Fidel René Meza Cabrera, secretario; Miguel Angel Llera Bello (rúbrica), secretario; Francisco Javier Valdez de Anda (rúbrica), secretario; Gilberto Ensástiga Santiago, secretario; Félix Adrián Fuentes Villalobos (rúbrica), secretario; Mario Carlos Culebro Velasco (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Mayela Ma. de Lourdes Quiroga Támez (rúbrica), José Rangel Espinosa (rúbrica), Gonzalo Ruiz Cerón (rúbrica), Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica), Marcelo Tecolapa Tixteco (rúbrica), Bernardo Vega Carlos (rúbrica), Miguel Angel Yunes Linares (rúbrica), Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre, Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez (rúbrica), Ernesto Herrera Tovar (rúbrica), Sergio Penagos García, Leticia Socorro Userralde Gordillo, Marisol Vargas Bárcena (rúbrica), Margarita Zavala Gómez del Campo (rúbrica), Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, Angélica de la Peña Gómez, Juan García Costilla, Víctor Manuel Camacho Solís y Jaime Miguel Moreno Garavilla (rúbrica).»
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo oradores registrados, pregunte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutido.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:En votación económica se pregunta a la Asamblea si se consideran suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Muchas gracias, señora Secretaria.
Se ruega preguntar a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Aprobados. Comuníquense.
Continúe la Secretaría.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.
Dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con punto de acuerdo para solicitar a la Procuraduría General de la República que informe si tiene bajo su cargo y responsabilidad las investigaciones ministeriales relacionadas con el homicidio del diputado yucateco profesor Pánfilo Novelo Martín, su hijo y su asistente
ANTECEDENTESPRIMERO.- Con fecha 9 de octubre de 2003, el Diputado Roger Alcocer García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó al Pleno de esta H. Cámara de Diputados, la Proposición con Punto de Acuerdo, para solicitar a la Procuraduría General de la República informe si tiene bajo su cargo y responsabilidad las investigaciones ministeriales relacionadas con el homicidio del Diputado Yucateco Profesor Pánfilo Novelo Martín, su hijo Miguel Angel Novelo Burgos y su asistente Pedro Yam Pech, así como el estado que guardan.
SEGUNDO.- En sesión celebrada con fecha 9 de octubre de 2003, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión dictó el siguiente trámite: ``Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos'', lo cual se hizo del conocimiento a la Presidencia de esta Comisión mediante el oficio número DGPL59-II-5-60.
CONSIDERANDOÚNICO.- Que del análisis de la Proposición del Punto de Acuerdo en comento se desprende que es procedente solicitar la información requerida. Esta Comisión emite el siguiente:
RESOLUTIVOÚNICO:- Solicítese, con absoluto respeto al principio constitucional de división de poderes, al Procurador General de la República, informe a esta Soberanía si tiene bajo su cargo y responsabilidad las investigaciones ministeriales relacionadas con el homicidio del Diputado Yucateco Profesor Pánfilo Novelo Martín, su hijo Miguel Angel Novelo Burgos y su asistente Pedro Yam Pech, y de ser posible jurídicamente, informe el estado en que se encuentran dichas investigaciones.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a veinticuatro de marzo de dos mil cuatro.--- La Comisión de Justicia y Derechos Humanos: diputados: Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica), Presidenta; Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica), secretaria; Fidel René Meza Cabrera, secretario; Miguel Angel Llera Bello (rúbrica), secretario; Francisco Javier Valdez de Anda (rúbrica), secretario; Gilberto Ensástiga Santiago, secretario; Félix Adrián Fuentes Villalobos (rúbrica), secretario; Mario Carlos Culebro Velasco (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Mayela Ma. de Lourdes Quiroga Támez (rúbrica), José Rangel Espinosa (rúbrica), Gonzalo Ruiz Cerón (rúbrica), Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica), Marcelo Tecolapa Tixteco (rúbrica), Bernardo Vega Carlos (rúbrica), Miguel Angel Yunes Linares (rúbrica), Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre, Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez (rúbrica), Ernesto Herrera Tovar (rúbrica), Sergio Penagos García, Leticia Socorro Userralde Gordillo, Marisol Vargas Bárcena (rúbrica), Margarita Zavala Gómez del Campo (rúbrica), Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, Angélica de la Peña Gómez, Juan García Costilla, Víctor Manuel Camacho Solís y Jaime Miguel Moreno Garavilla (rúbrica).»
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo registro de oradores, pregunte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera suficientemente discutido.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputados y diputados que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Suficientemente discutido.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Aprobado. Comuníquese.
Continúe la Secretaría.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.
Dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con puntos de acuerdo para exhortar al gobierno de Baja California y a la Procuraduría General de Justicia de la entidad a cumplir la recomendación 18/2000, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sobre el caso de Paulina Ramírez Jacinto.
Con fecha 9 de septiembre de 2003, el Presidente de la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos la Proposición con Punto de Acuerdo presentado por diputados federales del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión.
Con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a este Pleno Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTESCon fecha 9 de septiembre de 2003, un grupo de diputados del Partido de la Revolución Democrática, presentó al Pleno de la H. Cámara de Diputados, una proposición con Punto de Acuerdo, para que se solicite al Gobierno del Estado de Baja California y a la Procuraduría General de Justicia de la Entidad, cumpla con la recomendación 18/2000, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, procedió a realizar el estudio correspondiente para determinar en tal caso, la procedencia de la Proposición con Punto de Acuerdo solicitado, con base en las siguientes:
CONSIDERACIONESEn julio de 1999, Paulina del Carmen Ramírez Jacinto, de 13 años de edad, fue violada en presencia de su madre y quedó embarazada por dicho motivo. Ante tal situación, ella y su madre, solicitaron la interrupción del embarazo con base en lo establecido en la Ley, para aquellas mujeres que se encuentren en dichas circunstancias.
Sin embargo, un hospital del sistema de salud pública no procedió a la interrupción del embarazo, aduciendo problemas de conciencia. Como Paulina y la madre de la menor siguieron solicitando que se le realizará la operación. Ante esta situación, intervino la Procuraduría de Justicia del Estado, quien pretendió que un sacerdote las convenciera y desistieran de sus deseos de propiciar el aborto. En este asunto, intervinieron hasta representantes de la organización Provida, también para tratar de convencer a la menor y a su madre, pero no lograron sus objetivos, puesto que ellas seguían sosteniendo la postura inicial.
Bajo esta situación transcurrió el tiempo y la menor cumplió los tres meses de embarazo, que hicieron imposible la intervención quirúrgica, lo que originó que Paulina Ramírez Jacinto, se viera obligada a tener un niño a los 14 años de edad.
Nacido el bebé, y debido a las presiones que ejercieron grupos civiles y el gobierno, la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana emitió la Recomendación 2/2000 al Gobierno del Estado de Baja California donde solicitaba la destitución del Director de Hospital General de Mexicali, por su comportamiento tendencioso y poco profesional
Aunado a lo anterior, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, emitió la Recomendación 18/2000, que en su oportunidad fue enviada al Gobernador de Baja California, Alejandro González Alcocer, en la cual ``consideró que en el caso de la menor Paulina del Carmen Ramírez Jacinto, existieron violaciones a sus Derechos Humanos de salud, información, libertad, dignidad, intimidad, confidencialidad, legalidad, fundamentación y competencia.
Tomando en cuenta lo expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de esta Comisión el siguiente:
PUNTO DE ACUERDOPRIMERO.- Se crea la Subcomisión Especial para hacer el seguimiento al presente caso, la cual estará integrada por representantes de cada uno de los Grupos Parlamentarios y que son los siguientes:
Dip. Angélica de la Peña Gómez PRD
Dip. Miguel Ángel Llera Bello PAN
Dip. Mayela Ma. de Lourdes Quiroga Tamez PRI
Dip. Alejandra Méndez Salorio PVEM
SEGUNDO.- Se solicita de manera respetuosa al Gobierno del Estado de Baja California y a la Procuraduría General de Justicia de la Entidad, cumplan con la Recomendación 18/2000, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos respecto al caso de Paulina del Carmen Ramírez Jacinto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a veinticuatro de marzo de dos mil cuatro.--- La Comisión de Justicia y Derechos Humanos: diputados: Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica), Presidenta; Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica), secretaria; Fidel René Meza Cabrera, secretario; Miguel Angel Llera Bello (rúbrica), secretario; Francisco Javier Valdez de Anda (rúbrica), secretario; Gilberto Ensástiga Santiago, secretario; Félix Adrián Fuentes Villalobos (rúbrica), secretario; Mario Carlos Culebro Velasco (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Mayela Ma. de Lourdes Quiroga Támez (rúbrica), José Rangel Espinosa (rúbrica), Gonzalo Ruiz Cerón (rúbrica), Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica), Marcelo Tecolapa Tixteco (rúbrica), Bernardo Vega Carlos (rúbrica), Miguel Angel Yunes Linares (rúbrica), Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre, Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez (rúbrica), Ernesto Herrera Tovar (rúbrica), Sergio Penagos García, Leticia Socorro Userralde Gordillo, Marisol Vargas Bárcena (rúbrica), Margarita Zavala Gómez del Campo (rúbrica), Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, Angélica de la Peña Gómez, Juan García Costilla, Víctor Manuel Camacho Solís y Jaime Miguel Moreno Garavilla (rúbrica).»
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Gracias, señor Secretario.
En consecuencia, están a discusión los puntos de acuerdo...
Obra en poder de esta Presidencia el registro de la diputada Ruth Hernández Martínez, del Partido Acción Nacional, quien tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos... ¿La diputada?...
Pregunte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera suficientemente discutido.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:En votación económica se pregunta a la Asamblea si se consideran suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, por favor...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Suficientemente discutidos.
Pregunte la Secretaría a la Aasamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo puestos a su consideración.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Aprobados. Comuníquense.
Continué la Secretaría.
Dictámenes negativos.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Comisión de Gobernación.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Gobernación de la LIX Legislatura fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, sobre la creación de partidos políticos.
Esta Comisión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos c), e) y f) y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 56, 60, 65, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen en sentido negativo, basándose en los siguientes:
ANTECEDENTES:l.- Con fecha 30 de septiembre de 2003, el Diputado Luis Antonio González Roldán de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a nombre de los integrantes de su grupo parlamentario, presentó al Pleno de la Cámara de Diputados, la Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
2.- En la misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen.
3.- El 15 de marzo de 2004, se presentó al Pleno de la Comisión de Gobernación el anteproyecto de dictamen sobre el particular habiendo sido aprobado en la misma fecha.
Establecidos los antecedentes, los miembros de la Comisión de Gobernación de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen, exponemos las siguientes:
CONSIDERACIONES:1. Que la iniciativa que se dictamina tiene como objetivo fundamental modificar los requisitos de ley para otorgar el registro a una organización como partido político nacional, a través de los siguientes mecanismos:
a) Aumenta el número mínimo de entidades federativas en las que una organización política deba tener afiliados, de las 10 requeridas actualmente a 15.
b) Aumenta el número mínimo de distritos electorales uninominales en los que una organización política deba tener afiliados, de los 100 requeridos actualmente a 150.
c) Propone aumentar el número de asambleas necesarias de 10 a 15, tratándose de entidades federativas y de 100 a 150, tratándose de distritos electorales. Exige que los afiliados que asistan cuenten con credencial para votar con fotografía correspondiente a la entidad donde se realicen las asambleas.
d) Propone disminuir el financiamiento de los partidos políticos de nueva creación para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes del 2% al 1%, del monto que por financiamiento total les corresponde a todos los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes.
2. Que con fecha 27 de diciembre de 2003, las Comisiones Unidas de Gobernación y Participación Ciudadana presentaron al Pleno de la Cámara de Diputados el Dictamen de la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 22, numeral 1, 24, numeral 1, inciso b), 28, numeral 1, inciso a), 29, numeral 1, 30, numeral 1, 35, numeral 1, inciso a), y 38, numeral 1, inciso d); y se adicionan un numeral 2 al artículo 30 y un numeral 4 al artículo 56 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que versa sobre la modificación de los requisitos para otorgar registro a los partidos políticos.
3. Que en esa misma fecha, el dictamen de referencia fue aprobado en lo general por el Pleno por 426 votos en pro, 21 en contra y 3 abstenciones.
4. Que dicho proyecto se devolvió a la Cámara de Senadores para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
5. Que con fecha 31 de diciembre de 2003, el Decreto de referencia fue publicado en el Diario Oficial de la Federación.
6. Que la iniciativa presentada por el Dip. González Roldán y el Dictamen aprobado por el Pleno versan sobre el mismo tema.
7. Que el dictamen aprobado es producto del estudio, análisis y consensos sobre el particular y que en definitiva resuelve el fondo de las propuestas en materia de requisitos para otorgar el registro como partido político nacional.
Por lo antes expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente:
DICTAMENARTÍCULO PRIMERO.- No es de aprobarse la Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentada por el Dip. Luis Antonio González Roldán el 30 de septiembre de 2003, por haber quedado sin materia.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a los quince días del mes de marzo de dos mil cuatro.--- La Comisión de Gobernación: diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Francisco Cuauhtémoc Frías Castro (rúbrica), secretario; Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), secretaria; Yolanda Valladares Valle (rúbrica), secretaria; Miguel Angel García Domínguez, secretario; Maximino Alejandro Fernández Avila, secretario; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Alvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica), Pablo Bedolla López (rúbrica), Manlio Fabio Beltrones Rivera, José Luis Briones Briseño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Fernando Fernández García, Patricia Garduño Morales (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Jesús Porfirio González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Pablo Alejo López Núñez (rúbrica), Germán Martínez Cázares (rúbrica), Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Rubén Mendoza Ayala, Consuelo Muro Urista (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, María Sara Rocha Medina (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Sergio Vázquez García (rúbrica) y Wintilo Vega Murillo (rúbrica).»
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Está a discusión el punto de acuerdo...
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Aprobado.
Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.
Continué la Secretaría.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Comisión de Salud.
Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de trasplantes.
A la Comisión de Salud, fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de trasplantes, presentada por la Diputada Adela del Carmen Granel Campos del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La Comisión de Salud, de conformidad con las atribuciones que le otorgan los artículos 39 numerales 1 y 3, los artículos 43, 45 en su numeral 6 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55, 56, 60, 87, 88, 89, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a esta Comisión dictaminar la iniciativa en comento, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen con proyecto de decreto, a partir de la siguiente:
METODOLOGÍALa Comisión encargada del análisis y dictamen de la iniciativa mencionada anteriormente, desarrolla su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe:
En el capítulo de ``ANTECEDENTES'' se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de la Comisión.
En al capítulo correspondiente a ``CONTENIDO DE LA INICIATIVA'', se exponen los motivos y alcance de la propuesta de reformas y adiciones en estudio, asimismo, se hace una breve referencia de los temas que la componen.
En el capítulo de ``CONSIDERACIONES'', la Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen a la iniciativa en análisis.
ANTECEDENTESEn sesión celebrada el 25 de Marzo de 2003 por la LVII Legislatura de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, la Diputada Adela del Carmen Granel Campos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presento ante el pleno, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de trasplantes.
En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la iniciativa de reforma a la Comisión de Salud de la LVIII Legislatura, para su estudio y dictamen.
Para dar cumplimiento al Punto Segundo del Acuerdo de la Mesa Directiva, relativo a los Dictámenes de proyectos de ley o Decreto normativo, que no alcanzó a conocer el pleno de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura; La Comisión de Salud de la H. Cámara de Diputados de la LIX Legislatura, presenta el dictamen correspondiente a la iniciativa que reforma los artículos 314, 333, 343 y 344 de la Ley General de Salud.
A su vez, ésta Comisión, responsable de la emisión del dictamen, analizó la facultad del Congreso para legislar en la materia, de esto se desprendió que nuestra Carta Magna en el artículo 73, fracción XVI, faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de salubridad general, asimismo nuestra Constitución Política en su artículo cuarto, párrafo tercero garantiza el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona
CONTENIDO DE LA INICIATIVAEn su exposición de Motivos, la Diputada manifiesta que en nuestro país existe una enorme demanda trasplantes, debido a los avances científicos en la materia.
Señala que en los últimos 5 años, en promedio se han realizado 3,500 trasplantes, sin embargo a la demanda se suman miles de personas.
Expresa que debido a la falta de información en este tema, las personas se encuentran reacias hacia el mismo, por lo que argumenta que debe existir una difusión sobre la legislación, procedimientos, infraestructura y trámites para la realización de un trasplante.
Hace una comparación entre España y México con relación a la donación de órganos, en la que afirma que en aquel país se llevan a cabo 50 procedimientos de esta índole, por cada millón de habitantes, mientras que en México, la cifra sólo es de 1 por cada millón.
Resalta la importancia de que la donación se haga de manera expresa ya que es un elemento esencial para efectuar una donación de órganos, sangre o tejidos.
Explica que los trasplantes son una intervención quirúrgica mediante la cual se logra integrar a un cuerpo vivo, ciertos órganos o tejidos de otra persona.
Manifiesta que el objetivo de la iniciativa es reforzar la legislación vigente en materia de trasplantes de órganos, y facilitar la donación, para que quienes requieran de un órgano puedan tener una esperanza de vida.
Refiere que la reforma va encaminada a promover la donación entre personas que no sean familiares, así como redefinir el concepto de muerte cerebral, reformando los artículos 333, 343 y 344
Por otra parte propone que se modifique el articulo 345, para que sea suficiente el consentimiento de los familiares para evitar el mantener a una persona siga viviendo por medios artificiales cuando se presenta la muerte cerebral.
Con fundamento en lo establecido en el artículo 45 numeral 6, inciso f; esta Comisión, realizó el correspondiente estudio, del cual se desprenden las siguientes.
CONSIDERACIONESSomos conscientes y compartimos las inquietudes de la diputada, debido esto la Comisión de Salud ha aprobado diversas reformas en esta materia.
Para ser más específicos, es conveniente recordar la definición de trasplante que se establece en el artículo 314 fracción XIV de la Ley General de Salud que a la letra dice: ``la transferencia de un órgano, tejido o células de una parte del cuerpo a otra o de un individuo a otro y que se integren al organismo''.
Coincidimos con la diputada en su afirmación, cuando señala que los trasplantes son la única oportunidad de vida de millones de personas.
La donación de un órgano o tejido, constituye un acto altruista de enorme generosidad, en este sentido estamos de acuerdo con la promoción de la donación de órganos.
Si bien es cierto que el proceso legal de donación y trasplante debe cumplir diversas fases para garantizar la higiene y la sanidad de la operación, la legislación actual establece algunas limitantes que perjudicaban al fomento y facilidad de prácticas de donación en México.
Es por esta razón que en la Sesión celebrada con fecha 4 de Diciembre de 2003 fue aprobado por el plano de la H. Cámara de Diputados de la LIX el dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción VI del artículo 333 de la Ley General de Salud.
De este modo, con la reforma aprobada el Artículo 333 quedó de la siguiente forma: ``Artículo 333.-
Para realizar trasplantes entre vivos, deberán cumplirse los siguientes requisitos respecto del donante:
I. a V. ....
VI. Tener parentesco por consanguinidad, por afinidad o civil o ser cónyuge, concubina o concubinario del receptor. Cuando se trate del trasplante de médula ósea no será necesario este requisito.
En ausencia de donador relacionado por vínculo de parentesco o por impedimento médico o por falta de voluntad de algún pariente, se aceptará la donación de la persona emocionalmente relacionada previa manifestación, ante la Secretaría de Salud o ante quien ésta designe, de la ausencia de ánimo de lucro o interés comercial y su ánimo de altruismo y solidaridad.''
Por otra parte, la propuesta de la diputada para reformar los artículos 314, 343, 344 y 345 de la ley en comento, ha sido recogida por otra iniciativa que define los casos en los que se presenta la muerte encefálica, así como el concepto de cadáver.
Dicha reforma fue aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados en sesión celebrada el 11 de Diciembre de 2003 se aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos mencionados, para quedar de la siguiente manera:
ARTICULO 314.- Para efectos de este título se entiende por:
I..........
II Cadáver, el cuerpo humano en el que se haya comprobado la pérdida de la vida.
ARTICULO 343.- La pérdida de la vida ocurre cuando se presentan la muerte encefálica o el paro cardíaco irreversible.
La muerte encefálica se determina cuando se verifican los siguientes signos:
I) Ausencia completa y permanente de conciencia,
II) Ausencia permanente de respiración espontánea, y
III) Ausencia de los reflejos del tallo cerebral , manifestando por arreflexia pupilar, ausencia de movimientos oculares en pruebas vestibulares y ausencia de respuesta a estímulos nociceptivos.
Se deberán descartar que dichos signos sean producto de intoxicación, sedantes, barbitúricos o sustancias neurotrópicas.
ARTICULO 344.- Los signos de la muerte encefálica deberán corroborarse por cualquiera de las siguientes pruebas:
I.- Angiografía encefálica bilateral que demuestra ausencia de circulación encefálica, o
II.- Electroencefalograma que demuestre ausencia total de actividad eléctrica, corroborado por un médico especialista
III.- Ultrasonido de cuello con Doppler
ARTICULO 345.- No existirá impedimento alguno para que a solicitud y con la autorización de las siguientes personas: el o la cónyuge, el concubinario o la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante; conforme al orden expresado, se prescinda de los medios artificiales que evitan que en quien se presenta la muerte encefálica comprobada se manifiesten los demás signos.
De este modo, consideramos que la inquietud de la diputada ha quedado manifestada en la ley, por lo que creemos que se debe desechar la iniciativa, ya que la intención de la diputada ha sido suficientemente cumplida por las reformas citadas.
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorga el artículo 73, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 45 numeral 6, inciso e) Y F) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emitimos el siguiente:
RESOLUTIVOÚNICO. Se desecha la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 314, 33, 343, 344 y 345 de la Ley General de Salud, debido a que el espíritu de la misma, ha sido contemplado en recientes reformas al ordenamiento mencionado, las cuales han sido aprobadas por el pleno de la H. Cámara de Diputados, publicadas en la Gaceta Parlamentaria y se encuentran en proceso legislativo.
Salón de sesiones de la Comisión de Salud, Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 24 días del mes de marzo de 2004.--- Diputados: José Angel Córdova Villalobos, José Javier Osorio Salcido (rúbrica), Pablo Anaya Rivera (rúbrica), Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Rafael García Tinajero (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña, Lucio Galileo Lastra Marín, Maki Esther Ortiz Domínguez, Francisco Rojas Toledo (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Jesús Aguilar Bueno, Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Jaime Fernández Saracho (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), José García Ortiz, Isaías Soriano López, Abraham Velázquez Iribe, Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica), Martín Remigio Vidaña Pérez, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, José Porfirio Alarcón Hernández, María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Julio Boltvinik Kalinka (rúbrica), Javier Manzano Salazar, Irma S. Figueroa Romero (rúbrica), José Luis Naranjo Quintana (rúbrica), Raúl Piña Horta y María Angélica Ramírez Luna.»
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Está a discusión el punto de acuerdo...
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Aprobado.
Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Comisión de Salud.
Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa que reforma, adiciona y deroga los artículos 324, 325 y 333 de la Ley General de Salud
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Salud de la H. Cámara de Diputados, le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa que reforma, adiciona y deroga los artículos 324, 325 y 333, de la Ley General de Salud, presentada ante la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por el Diputado Fernando Pérez Noriega del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LVIII Legislatura, el 14 de noviembre de 2002.
La Comisión de Salud con fundamento en las atribuciones que les otorgan los artículos 39 numerales 1° y 3°; 43, 44 y 45 y relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los miembros de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen:
METODOLOGÍALa Comisión encargada del análisis y dictamen de la iniciativa mencionada, desarrolla su trabajo conforme al siguiente procedimiento:
En el capítulo ``ANTECEDENTES'' se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de la Comisión.
En el capítulo correspondiente a ``CONTENIDO DE LA INICIATIVA'', se exponen los motivos y alcance de la propuesta de reformas y adiciones en estudio, asimismo, se hace una breve referencia de los temas que la componen.
En el capítulo de ``CONSIDERACIONES'', la Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen a la iniciativa en análisis.
I. ANTECEDENTESEn sesión celebrada el día 14 de noviembre del 2002, por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el Diputado Fernando Pérez Noriega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LVIII Legislatura, con fundamento en las disposiciones contenidas en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó la iniciativa que reforma, adiciona y deroga los artículos 324, 325 y 333 de la Ley General de Salud por lo cual la presidencia de la Mesa Directiva turnó en esa misma fecha la iniciativa de reforma a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para su estudio y dictamen.
El artículo 73 fracción XVI de la Constitución Política, faculta al Congreso de la unión legislar en materia de salubridad general, asimismo en su Artículo cuarto, Párrafo Tercero garantiza el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona.
Por ello de conformidad con lo que establece el artículo 44 en su numeral 4 de la Ley Orgánica del Congreso, la Mesa Directiva de la Comisión de Salud, encomendó a su Tercera Subcomisión de Salud denominada ``Asistencia Médica'' a fin de prepara el dictamen respectivo, por lo que se analizó y discutió ampliamente por sus integrantes la iniciativa de reforma.
Asimismo, los integrantes de la Comisión, se encargaron de preparar el dictamen tomando en consideración las aportaciones de los Diputados de los diversos Grupos Parlamentarios, conjuntamente con diversa información obtenida.
II. CONTENIDO DE LA INICIATIVAEn este apartado hacemos referencia a la Exposición de Motivos plasmada en la iniciativa en estudio, donde el autor de la misma tiene por objeto reformar, adicionar y derogar algunas disposiciones contenidas en la Ley General de Salud, así como las consideraciones o justificaciones que se tomaron en cuenta para su presentación.
En principio señala, que durante el siglo XX, se dio una espectacular revolución particularmente en el campo de la medicina, destacando la denominada medicina de trasplantes, teniéndose que enfrentar a diversas barreras como las técnicas, la incompatibilidad inmunológica y el subsecuente rechazo a los tejidos implantados, situaciones que han sido salvadas gracias al descubrimiento de inmunosupresores, la preservación de los órganos a trasplantar y la depuración de las técnicas quirúrgicas de extirpación e implantación, entre otras.
Sin embargo considera que el problema más difícil de salvar ha sido la dificultad que implica la obtención de órganos, aunado a esto, diversas condiciones sociológicas, culturales, religiosas, políticas y jurídicas, han sido un obstáculo a esta disciplina; siendo entonces la promoción de una cultura que favorezca la donación de órganos y tejidos en nuestro país, la que permitirá facilitar su obtención y, en consecuencia, mejorar la atención e incrementar las expectativas de salud de los pacientes que requieren de un trasplante.
En México, en 1958 se realizó el primer trasplante de córnea, en 1963 el primero de riñón, y en 1967 se creó el Programa Nacional de Trasplantes en la entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia en coordinación con el Instituto Nacional de Nutrición, posteriormente en este mismo Instituto se inauguró la Unidad de Trasplantes. En el año de 1984 se publicó la Ley General de Salud, en donde por primera vez se legisló en materia de donación de órganos, medicina de trasplantes y muerte cerebral, en el Título XIV de la citada legislación, luego en 1985 tuvo lugar el primer trasplante de hígado; en 1987 se llevó a cabo el de páncreas y en 1988 el de corazón.
En el año de 1987, se reformó la Ley General de Salud y se sentaron las bases para la realización de trasplantes, se implementaron normas técnicas, se creó el Programa y el Registro Nacional de Trasplantes. La Norma Técnica 323 para la Disposición de Organos y Tejidos de Seres Humanos con Fines Terapéuticos de 1988 fue decretada con el objeto de uniformar los criterios de operación de los integrantes del Sistema Nacional de Salud. Se sentaron bases de coordinación entre la Secretaría de Salud y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (1989) y entre la primera y la Procuraduría General de la República (1991). En 1994 la Secretaría de Salud emitió la Norma Oficial Mexicana de Emergencia para la disposición de órganos y Tejidos de Seres Humanos con fines Terapéuticos.
Se crea el Consejo Nacional de Trasplantes en enero de 1999 y la reforma a la Ley General de Salud, en su Título XIV, referente a la ``Donación, Trasplantes y Pérdida de la Vida'', que crea el Centro Nacional de Trasplantes, regula la donación de órganos y actualiza el marco jurídico para que las técnicas de medicina de trasplantes, beneficien a todos los mexicanos.
Establece que hay un creciente interés y avances científicos en materia de trasplantes en México, sin embargo la donación de órganos no ha tenido logros paralelos. Asimismo la reforma del 2000 insertó en la Ley General de Salud el parentesco entre el donador y receptor como requisito para efectuar el trasplante (fracción VI del artículo 333), a fin de ``evitar el comercio de órganos'', regulado en le Capítulo VI del Título Decimoctavo de la propia ley General de Salud, denominado Delitos, en el que el artículo 461 prevé la sanción aplicable al tráfico internacional de órganos y el 462 las penas aplicables a quien realice alguna actividad ilícita a la obtención de órganos siendo obligación de las autoridades prevenir la comercialización y tráfico de órganos.
Señala que en nuestro país formalmente no existe el mercado de órgano, en virtud de que la extracción de un órgano de manera ilícita y en contra de la voluntad de la persona sería sumamente difícil, toda vez que, se requiere de una infraestructura muy amplia y costosísima.
Expone que un trasplante exitoso implica que el equipo médico cumpla con la tarea de mejorar y prolongar la vida del paciente; el receptor ve incrementada y mejorada su calidad de vida, además de su vida económicamente activa; sin embargo el programa de trasplantes no ha sido tan eficaz y eficiente como debiera ser, ya que los datos disponibles de 1999, el Registro Nacional de Trasplantes, estimó que se requieren anualmente 7 mil riñones, 10 mil córneas, 500 hígados y 500 corazones, para ser trasplantados aunque por ejemplo en el caso de trasplante de riñones sólo el 30 por ciento de los casos de pacientes con insuficiencia renal, candidatos a trasplante, llegan a obtener el beneficio de este procedimiento, obteniéndose dos terceras partes del total de riñones de donantes vivos y sólo una tercera parte de donantes fallecidos.
Considera indispensable, fomentar la cultura de donación Inter-vivos e incentivar la aceptación de donación de órganos de cadáveres, ya que con lo que ahora se ha avanzado en medicina de trasplantes, muchos pacientes que esperan órganos podrían ser beneficiados.
Define la donación, de acuerdo con la Ley general de Salud, como la manifestación de la voluntad de la persona, con respecto de sus propios órganos, a través de un documento público o privado, en le que se podrá señalar, en su caso, si la donación se hace a persona determinada, así como las condiciones bajo las cuales se realizará, si las hubiere. Con esto se respeta cabalmente el derecho individual de libertad de disposición. Para ser donador cadavérico es indispensable gozar de un perfecto estado de salud al momento de la muerte. Lo cual evidentemente sólo el posible si el deceso se debe a un accidente y no a una enfermedad. Sólo una de cada cien personas que fallecen pueden ser considerada como donador idóneo.
Señala que en países como España, Australia, Suecia, Alemania, Francia y Dinamarca, se ha logrado que toda persona que fallezca se convierta automáticamente en donador, si no existe su disposición en contrario, sin que se requiera la autorización de familiares (disposición secundaria). En México, todavía es requisito la autorización de la familia para la donación cadavérica, tal como lo señala el artículo 324 de la Ley General de Salud.
Cita el artículo 320 de la Ley General de Salud; ``Toda persona es disponente de su cuerpo y podrá donarlo, total o parcialmente, para los fines y con requisitos previstos en el presente Título'', y al respecto comenta que las disposiciones vigentes de esta Ley contemplan la aceptación tácita para la donación cadavérica.
A través de la anotación relativa a la negativa de donación cadavérica en la Cédula de Identidad Ciudadana daría la certeza de que la voluntad de quien no deseare donar sus órganos con posterioridad a su defunción, sería plenamente respetada, salvaguardándose con ello, su derecho de objeción de conciencia. Por lo que propone la modificación del artículo 324 de la Ley General de Salud que regula la aceptación tácita, para eliminar el requisito de obtener el consentimiento de un tercero para que prevalezca la voluntad (expresa o tácita) del donante. Asimismo, se proponen determinar y precisar que el documento público en el que deberá constar, en su caso, la negativa a donar, será la Cédula de Identidad Ciudadana prevista en la Ley General de Población, artículos 104 y 105.
Sugiere derogar el artículo 325, toda vez que en el texto sugerido para el artículo 324 se contempla, tanto la condición de que se verifique la pérdida de la vida del donante, para que opere el consentimiento tácito, como la delimitación del trasplante como único fin para la extracción de los órganos bajo esta hipótesis. Y finalmente, derogar la fracción VI del artículo 333, eliminando con ello el requisito de parentesco para practicar la donación entre vivos para fines de trasplantes.
III. CONSIDERACIONESEn los siguientes párrafos que integran el presente capítulo, analizaremos los diferentes argumentos y estudios realizados por esta Comisión Dictaminadora referentes a la iniciativa que nos ocupa, tales como el aspecto técnico, ético, sociológico y jurídico del mismo.
Los Diputados integrantes de esta Comisión Dictaminadora, consideramos necesario ahondar en términos generales sobre algunos conceptos básicos, relativos a trasplantes y donación de órganos -materia de la Iniciativa presentada- así como algunas opiniones emitidas por algunas asociaciones, médicos e investigadores reconocidos en la materia, con lo que concordamos, a fin de concluir con el razonamiento que esta Comisión estima conveniente:
El trasplante: es la sustitución de un órgano o tejido que ya no funciona, por otro que sí lo hace, con el objetivo de restituir las funciones perdidas. En muchos pacientes, el trasplante es la única alternativa que puede salvarle la vida y recuperar la calidad de la misma. Las partes del cuerpo que actualmente se utilizan con fines de trasplante son: órganos sólidos (riñón, hígado, corazón, páncreas, pulmón) o tejidos (médula ósea, hueso, piel, córneas, vasos sanguíneos); Asimismo, consisten en transferir un tejido u órgano, de su sitio original a otro diferente funcionando; esto puede ser dentro de un mismo individuo o bien de un individuo a otro, con el propósito de restaurar funciones perdidas del mismo, sustituyéndolo por uno sano.
Los trasplantes de órganos y tejidos constituyen un medio terapéutico eficaz en el tratamiento de múltiples enfermedades y en la rehabilitación de pacientes cuya única alternativa de curación es a través de esta intervención médica; Existen distintos tipos de trasplantes, dependiendo de la relación genética entre el donador y el receptor de un trasplante:
Autotrasplantes o autoinjertos. Se utiliza el tejido del propios individuo, es decir, donador y receptor son la misma persona.
Isotrasplantes. Entre los gemelos idénticos o univitelinos, es decir, cuando donador y receptor son genéticamente idénticos.
Homotrasplantes o alotrasplantes. Donador y receptor pertenecen a la misma especie, pero genéticamente son diferentes.
Heterotrasplantes o xenotrasplantes. Entre sujetos de diferentes especies, o con órganos artificiales.
La persona que recibe los beneficios del trasplante, se denomina receptor, ya que recibe un órgano, tejido, células o productos en su organismo para realizar la misma función que realizaban en el donador.
Se considera probable donante el sujeto con diagnóstico de muerte cerebral, siendo éste un fenómeno biológico que se produce en una persona cuando en forma irreversible se presenta en ella, ausencia de las funciones del tallo cerebral, comprobado por examen físico libre de enfermedades infecciosas o neoplásica. Estos pacientes deben mantenerse con signos vitales estables, con presión arterial media normal que garantice una adecuada perfusión renal, en algunas ocasiones se requiere el uso de inotrópicos para mantener estos riñones bien prefundidos.
Los trasplantes son una herramienta que resguarda la vida humana pero, requieren conciencia, generosidad y solidaridad de toda la sociedad. Al menos hasta que los órganos artificiales se establezcan como viables, la únicas fuentes de órganos son humanas y, por tanto, se requieren de altruismo y nobleza trascendente de una persona.
En México existen diversas organizaciones no gubernamentales que realizan actividades de apoyo para donación y trasplantes que tienen como objetivos por mencionar algunos: fomentar la cultura de donación mediante la realización de campañas diversas de difusión y educación continua, fortalecer el Registro Mexicano de Donadores no Relacionados de Médula Ósea (DONORMO), estimular el crecimiento y desarrollo del Banco de Células Progenitoras de Cordón Umbilical, apoyar la investigación científica, básica y clínica, asesorar a estudiantes en trabajos o tesis relacionados con trasplantes, conseguir los medios para crear un banco de medicamentos y apoyar a personas de escasos recursos a que puedan seguir un tratamiento de inmunosupresión a pesar de no contar con alguna institución pública.
El marco jurídico encargado de todo lo relativo a donación de órganos en nuestro país, se integra por la Ley General de Salud, Reglamento Interno del Consejo Nacional de Trasplantes, Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de la Disposición de Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos, Reglamento Interior de la Secretaría de Salud.
El Consejo Nacional de Trasplantes: EL CENATRA, fue creado por la Ley como órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, el 26 de mayo del 2000, dentro de sus atribuciones se encuentra que tiene por objeto promover, apoyar y coordinar las acciones en materia de trasplantes de seres humanos y de los cadáveres, que realizan las instituciones de salud de los sectores público social y privado.
El Consejo Estatal de Trasplantes COETRA es un organismo público del poder Ejecutivo de los Estados, cuyo objetivo es ``apoyar, coordinar, promover, consolidar e implementar las diversas acciones y programas, en materia de la disposición de órganos y tejidos de seres humanos con fines terapéuticos''.
En las Instituciones de Salud, se realiza el registro de los pacientes que requieren de un trasplante, la asignación de los órganos disponibles para trasplantes terapéuticos con estricto apego a los criterios médicos, y además, se ofrece información a la población sobre el Programa de Trasplantes y del proceso de donación voluntaria.
Según el Instituto Nacional de Nutrición de la SSA, un trasplante de riñón, tiene un costo aproximado de cien mil pesos, incluyendo la cirugía tanto del donador como del receptor, medicamentos y cuidados intensivos. En cambio, los tratamientos de diálisis y hemodiálisis (con los que se disminuyen sustancias nocivas en la sangre) tienen un costo anual de cuatrocientos mil pesos por cada paciente.
Para los pacientes que necesitan un riñón debido a la insuficiencia renal existen dos tratamientos que los pueden mantener con vida durante un breve lapso: diálisis y hemodiálisis, pero a mediano plazo sus probabilidades de vida son muy bajas. En este sentido, las estadísticas marcan que 47.6% de los pacientes sobreviven un año, en tanto que 46.7% de los cuatro años y apenas 5.6% más de cinco, indica el especialista.
El proceso legal de donación y trasplante debe cumplir diversas fases para garantizar la higiene y la sanidad de la operación, éstas se establecen en la ley general de salud y su control corresponde a la Secretaría de Salud.
La lista de pacientes en espera de un órgano que les salve la vida o se la mejore en forma sustancial es de 110 mil personas y se estima que el 95 por ciento de ellas morirán mientras esperan. De estas, del 10 a 15 por ciento corresponde a niños que necesitan un trasplante.
En Estados Unidos el 70% de los trasplantes son de cadáver, en México la relación es opuesta, y en Colombia aproximadamente el 50% de los casos son de donante vivo relacionado y el 50% de donante cadavérico. Uno de los principales problemas que enfrenta una persona que necesita de un trasplante en nuestro país, es la falta de donadores por la baja cultura y desconocimiento de este problema entre la población mexicana.
Coincidimos con el hecho de que en México la cultura de la donación es muy escasa, aún más si se trata de donación cadavérica, ya que simplemente el hablar de donación de órganos sigue siendo un tema complejo, en virtud de existir, en este tema, numerosos prejuicios, dudas, factores religiosos, mitos, entre otros. De igual manera, resulta necesario que la población mexicana adquiera conciencia de lo importante que es la donación de órganos viéndolo como una forma de salvar vidas humanas.
Así mismo, los miembros de esta Comisión de Salud, consideramos que dentro de los factores que más influyen para que actualmente exista una gran falta de interés respecto a la donación, a diferencia de otros países, se debe a que la mayoría de los mexicanos desconocen los procesos a seguir para ser donantes, pues la información y la difusión relativa a la donación es escasa e insuficiente, interpretándose para muchas personas como un tema sombrío, rela- cionado con la muerte de manera negativa o con el tráfico de órganos y no como una aportación que puede ayudar a muchas personas a vivir.
Al analizar la reforma planteada sobre el consentimiento tácito del disponente, considerada como aquella en que no haya manifestado su negativa y una vez que se confirme la pérdida de su vida, sus órganos, tejidos y componentes sean utilizados, exclusivamente, para fines de trasplantes, consideramos lo siguiente:
Una disposición que pretende obligar a toda la población a ser donante cuando no manifieste lo contrario, debe ser sometida a votación de la sociedad para asegurarnos que todos los mexicanos estarán conscientes de que en caso de que no declaren su negativa para ser donadores, inmediatamente serán considerados como tales al morir.
En México aún existen comunidades que infortunadamente no saben leer ni escribir y muchos menos cuentan con algún tipo de identificación, y sin irnos al extremo otras que cuyas costumbres e ideologías son muy particulares y sobretodo con relación al tema de la muerte, cuyo significado tiene un valor especial dentro de las distintas culturas que existen en nuestro país derivado de las influencias prehispánicas, por lo que en principio, antes de someter de alguna manera a una persona a tomar una decisión que ignoran, es indispensable orientarlos y cultivarlos sobre la donación de órganos y tejidos para que puedan entender los beneficios de ésta y que de esa manera puedan dar o negar su consentimiento pero con ciertas bases y así protegerlos tanto a ellos como a sus familiares al decidir lo que a su derecho, intereses y principios convenga.
Asimismo, esta Comisión dictaminadora, considera que se deben tomar algunas medidas a fin de que en un futuro la donación sea un tema conocido por todos los mexicanos, logrando así incrementar esta práctica.
Por otra parte el proponente manifiesta que el objetivo principal de la iniciativa, es la de facilitar la donación y, en consecuencia, la praxis de los transplantes de órganos, en sus dos hipótesis: Inter. Vivos y post mortem, y según afirma con esta propuesta de adecuará la ley para estar en condiciones de satisfacer la indiscutible necesidad de quienes requieren un órgano para seguir viviendo, sin embargo debemos analizar la viabilidad operativa de dicha reforma, considerando entonces que de aprobarse la misma, la anotación relativa a la negativa de donación cadavérica sería en la Cédula de identidad ciudadana lo que daría la certeza de la voluntad de que quien no deseare donar sus órganos con posterioridad a su defunción. Sin embargo, el proponente no considera en la iniciativa, la propuesta o mecanismo a realizar por parte de las autoridades correspondientes en este sentido al no estar contemplada alguna las disposiciones relativas a los datos de la cédula de Identidad Ciudadana, no existiría documento jurídicamente valido en donde se pudiese expresar su decisión, resultando a todas luces inadmisible lo propuesto en la iniciativa en estudio, dada la falta de circunstancias que permitan, jurídicamente, la realización y eficacia de la reforma mencionada.
De lo anterior los integrantes de esta Comisión de Salud consideramos inviable la reforma planteada al artículo 324 así como la derogación al artículo 325 y 333 de la Ley General de Salud ya que dicha propuesta ya fue dictaminada por esta misma comisión de la LIX Legislatura aprobada por la Comisión de Salud y la Cámara de Diputados el día 4 de Diciembre de 2003 con 446 votos a favor y remitido al Senado de la República para la consecución del proceso Legislativo.
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos mexicanos, 87 y 88 del Reglamentos para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Salud emiten el siguiente:
RESOLUTIVOArtículo Único.- Se desecha la iniciativa presentada para reformar el artículo 324 y la derogación de los artículos 325 y 333 a la Ley General de Salud, debido a que el espíritu de la misma, ha sido contemplado en recientes reformas al ordenamiento mencionado, las cuales han sido aprobadas por el pleno de la H. Cámara de Diputados, publi- cadas en la Gaceta Parlamentaria y se encuentran en proceso legislativo.
Salón de Sesiones de la Comisión de Salud, Palacio Legislativo de San Lázaro a los 24 días del mes de Marzo de 2004.--- Diputados: José Angel Córdova Villalobos, José Javier Osorio Salcido (rúbrica), Pablo Anaya Rivera (rúbrica), Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Rafael García Tinajero (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña, Lucio Galileo Lastra Marín, Maki Esther Ortiz Domínguez, Francisco Rojas Toledo (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Jesús Aguilar Bueno, Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Jaime Fernández Saracho (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), José García Ortiz, Isaías Soriano López, Abraham Velázquez Iribe, Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica), Martín Remigio Vidaña Pérez, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, José Porfirio Alarcón Hernández, María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Julio Boltvinik Kalinka (rúbrica), Javier Manzano Salazar, Irma S. Figueroa Romero (rúbrica), José Luis Naranjo Quintana (rúbrica), Raúl Piña Horta y María Angélica Ramírez Luna.»
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Está a discusión el punto de acuerdo...
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Aprobado.
Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.
El diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, entregó a esta Presidencia una proposición con punto de acuerdo, respecto a la solicitud de Estados Unidos de América, para la celebración de consultas con el Gobierno mexicano, en el órgano de solución de diferencias de la Organización Mundial de Comercio, respecto a las medidas fiscales de México sobre los refrescos y otras bebidas, para lo que se utiliza cualquier edulcorante distinto al azúcar de caña.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:«Proposición con punto de acuerdo, respecto a la solicitud de Estados Unidos de América para celebrar consultas con el gobierno mexicano en el órgano de solución de diferencias de la Organización Mundial de Comercio acerca de las medidas fiscales de México sobre los refrescos y otras bebidas para los que se utiliza cualquier edulcorante distinto del azúcar de caña, a cargo del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del PRD.
Las y los legisladores suscritos, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten presentar ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, bajo las siguientes
Consideraciones1. El 1 de enero de 2002, el Congreso mexicano decidió imponer un arancel del 20 por ciento sobre la comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación y distribución de refrescos y otras bebidas para los que se utiliza cualquier edulcorante distinto del azúcar de caña, a las importaciones de dicho producto originarias y provenientes de Estados Unidos (EU). Desde el primer momento, el Ejecutivo Federal estuvo en desacuerdo en apoyar esta medida soberana adoptada por el Congreso para proteger a los productores mexicanos de azúcar.
2. Los objetivos fueron introducir una medida enérgica de protesta contra EU por su política comercial discriminatoria, aumentar la recaudación fiscal e impulsar a la industria azucarera con el fin de corregir algunos de los graves problemas que atravesaba este sector. Los legisladores mexicanos consideraron dicho impuesto como una posibilidad para contrarrestar el claro incumplimiento de EU a las disposiciones contenidas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al determinar unilateralmente incumplir el acceso al mercado estadounidense de las cuotas de azúcar que nuestro país le exportaba, basándose en una argucia legal. Igualmente, los legisladores fueron concientes de la importancia económica y social crítica que tiene la producción de azúcar en México para miles de comunidades y para millones de mexicanos que dependen de este producto para su sustento.
3. Los productores mexicanos agrupados en la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera han exigido con razón al gobierno federal que impida el acceso indiscriminado a los productos estadounidenses que contienen alta fructosa sin que antes se permita el acceso complementario al mercado estadounidense de los excedentes mexicanos de la producción de azúcar. El arancel, según los productores nacionales de azúcar, ``es producto de nuestra frustración y exasperación ante la desgana de EU y su industria para actuar como un socio honesto en la búsqueda de una solución justa y responsable para esta larga disputa''.
4. La simple lógica y una revisión del TLCAN y de sus documentos complementarios revelan claramente que México no debe estar dispuesto a permitir el acceso indiscriminado de los productos estadounidenses que contienen alta fructosa sin que se le permita el acceso complementario al mercado estadounidense del excedente mexicano de la producción de azúcar.
5. En este sentido, México demandó la instalación de un panel de solución de controversias en el marco del capítulo 20 del TLCAN. Dicho panel, solicitado hace más de tres años, nunca se pudo instalar debido a que EU bloqueó constantemente las citas de los panelistas requeridos. En medio de ese tiempo, el gobierno y la industria estadounidenses intentaron amenazar a los productores mexicanos para renegociar las previsiones del TLCAN de manera que pudiéramos ceder nuestro mercado doméstico a las importaciones de alta fructosa, sostenidas mediante maíz subsidiado sin permitir un acceso recíproco para nuestro azúcar refinada que es desplazada en este proceso.
6. A finales del año 2003, el Senador estadounidense Charles Grassley cumplió su amenaza de introducir una iniciativa de Ley que demandaba la introducción de aranceles como medida de represalia en contra de algunos productos mexicanos, entre los que destacan el tequila, jitomates, aguacates y otros productos agropecuarios.
7. El 18 de marzo del mes en curso, el gobierno de EU solicitó formalmente ante el Organo de Solución de Controversias (OSD) de la Organización Mundial de Comercio la celebración de consultas con el Gobierno con respecto a las medidas fiscales de México sobre los refrescos y otras bebidas para los que se utiliza cualquier edulcorante distinto del azúcar de caña. Se argumenta que el impuesto ha restringido gravemente las exportaciones estadounidenses a México de bebidas y de jarabe de maíz con alta concentración de fructosa, un edulcorante a base de maíz que compite con el azúcar en muchas aplicaciones.
8. Es claro que el Gobierno Federal, al haberse opuesto sistemáticamente a la introducción del arancel arriba descrito, no tendrá estímulos suficientes para defender enérgicamente a nuestro país en el OSD de la OMC. Por lo que existen dudas fundadas del papel que llevarán a cabo los abogados mexicanos en dicha disputa.
Por lo anteriormente expuesto, proponemos a esta honorable asamblea el siguiente
Punto de AcuerdoPrimero. Se exhorta al Ejecutivo a mantener estrecho contacto con las Comisiones de Economía y Agricultura y Ganadería de esta H. Cámara de Diputados para informar del curso de la disputa y para atender las observaciones que sean presentadas por los diputados integrantes de dichas Comisiones.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Economía a incluir un grupo de coadyuvancia en el equipo negociador mexicano ante la Organización Mundial de Comercio, formado por a) miembros de la Cámara Nacional de la Industrias Azucarera y Alcoholera; b) organizaciones campesinas de productores de caña de azúcar; y c) grupos parlamentarios representativos y plurales que tengan interés en participar en dicho caso.
Atentamente.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2004.--- Dip. Víctor Suárez Carrera (rúbrica).»
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Túrnese a la Comisión de Economía con opinión de la Comisión Especial de la Agroindustria Mexicana de la Caña de Azúcar.
Igualmente, la diputada Jacqueline Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, entregó a esta Presidencia una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de la República en coordinación con la Profepa, a llevar a cabo las acciones necesarias, para reubicar los asentamientos irregulares ubicados en la reserva de la biosfera de Montes Azules, Chiapas, así como a la Secretaría de Gobernación para verificar y tomar acciones en contra de extranjeros que participen en acciones ilícitas, como la invasión de áreas naturales, dotando el Gobierno Federal de los recursos necesarios.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.
Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Procuraduría General de la Republica a realizar, en Coordinación con la Profepa, las acciones necesarias para reubicar los asentamientos irregulares de la reserva de la biosfera de Montes Azules, Chiapas; y a la Secretaría de Gobernación, a verificar y tomar medidas contra extranjeros que participen en actos ilícitos como la invasión de áreas naturales, dotando el Gobierno Federal de los recursos requeridos, presentada por la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del PVEM.
Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, diputada a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurre a solicitar que se turne a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Gobernación de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de la República (PGR), en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a llevar a cabo las acciones necesarias para desalojar los asentamientos irregulares ubicados en la reserva de la biosfera de Montes Azules, Chiapas, así como a la Secretaría de Gobernación para verificar y tomar acciones contra extranjeros que participen en acciones ilícitas como la invasión de áreas naturales protegidas.
Lo anterior se solicita con fundamento en los siguientes
AntecedentesLa reserva de la biosfera Montes Azules, decretada área natural protegida desde enero de 1978, se encuentra en el extremo oriental del estado de Chiapas, incluyendo la proyección triangular hacia Guatemala. Representa la porción central de la región conocida como selva Lacandona, un área de aproximadamente 1.5 millones de hectáreas, delimitada hacia el norte por los ríos Usumacinta y Tulijá y las zonas inundables del estado de Tabasco; al este, por los ríos Usumacinta y Salinas, colindando con el Petén guatemalteco; al sur, por la línea fronteriza con la República de Guatemala; y al oeste, por los Altos de Chiapas y la cuenca del río Tulijá.
La mayor parte de la reserva está cubierta por selvas alta y mediana, pero hay en ella varios tipos de vegetación, como bosque mesófilo de montaña, bosques de pino-encino, sabanas abiertas y humedales que se encuentran solamente en áreas aisladas de la misma.
En la reserva de la biosfera se encuentra 28 por ciento de las especies de mamíferos, 32 por ciento de las aves, 12 por ciento de los reptiles, 9 por ciento de los anfibios, por ciento de las especies de peces de agua dulce y 20 por ciento de plantas vasculares del país.
En resumen, la información obtenida hasta hoy indica que alrededor de 20 por ciento de la diversidad biológica mexicana se encuentra en una región que representa solamente 0.16 por ciento del territorio nacional.
Varias especies que ahí habitan, como el jaguar, el mono aullador negro, el tapir, el águila arpía y la guacamaya roja, se encuentran en alguna categoría de riesgo dentro de la Norma Oficial Mexicana 059-SEMARNAT-2001, y del CITES. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ha declarado la Lacandona como uno de los 10 sitios de diversidad sobresaliente en Mesoamérica.
Consideramos que Montes Azules es de los últimos reductos de selvas tropicales lluviosas del país y, junto con el Petén guatemalteco y las selvas de Belice, Campeche y Quintana Roo, forma uno de los macizos de selva húmeda tropical más importantes de Mesoamérica, ya que está dentro de la cuenca de mayor captación pluvial del país: la cuenca del Usumacinta.
No obstante, la reserva de la biosfera ha padecido de una problemática muy fuerte desde mucho antes de su decreto: tala ilegal, fuerte extracción de especies de fauna y contaminación y aumento exponencial de conflictos sociales derivados de la tenencia de la tierra.
De hecho, debido a los propios asentamientos irregulares, en los últimos 30 años se ha perdido más de 70 por ciento de la selva Lacandona, y dentro de la reserva de la biosfera 35 por ciento de la cubierta forestal se ha visto gravemente afectado por los drásticos cambios de uso de suelo, al devastar la selva para poner milpas y potreros o privilegiar los intereses de algunos caciques y compañías madereras que deterioran sin contemplación.
A lo largo de los últimos años, esta situación se ha visto evidenciada en diversos medios de comunicación, sin que hasta la fecha se haya solucionado el problema de fondo. En repetidas ocasiones se ha pretendido realizar acercamientos por parte de las Secretarías de Reforma Agraria, de Gobernación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de la Profepa con las familias locales, con objeto de aliviar los conflictos causados por las invasiones, así como para implantar programas de reubicación, adquisición de nuevas tierras y conservación de las áreas protegidas, sin que se hayan logrado grandes avances.
La semana pasada, por ejemplo, se transmitieron varios reportajes por el canal 13 de televisión nacional (Fuerza Informativa Azteca), que muestran nuevas invasiones en la reserva de Montes Azules, tala clandestina, erosión de suelo, depredación de recursos y deterioro del entorno, así como la extraña presencia de extranjeros en las zonas de invasión y la nula intervención de las autoridades.
Recordemos que los propios indígenas han denunciado que empresas europeas han saqueado gran parte de las más de 9 mil especies de plantas medicinales que hay en la Lacandona y, pese a los esfuerzos realizados por el gobierno de Chiapas contra las farmacéuticas extranjeras, hasta hoy continúa la extracción.
Al respecto, el procurador federal de Protección al Ambiente, ingeniero José L. Luege Tamargo, reconoció en el programa matutino de Azteca 13 Hechos de la Mañana (30/03/2004) que los extranjeros gustan de venir a hacer ``turismo político guerrillero'', violando gravemente la ley e incitando a los nativos de la zona a cometer faltas y levantarse en armas contra el gobierno.
Reconocemos que es una situación compleja pero, de continuar como hasta ahora, provocaría graves conflictos y podría eliminar uno de los últimos pulmones que mantienen la vida de nuestro país y de gran parte de Centroamérica.
Por todo lo anterior, someto a su consideración la siguiente proposición con
Punto de AcuerdoPrimero. Para exhortar a la Procuraduría General de la República, en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a llevar a cabo las acciones necesarias a fin de desalojar los asentamientos irregulares situados en la reserva de la biosfera de Montes Azules, Chiapas.
Segundo. Para exhortar a la Secretaría de la Reforma Agraria a agilizar los trámites necesarios para la reubicación y asignación de tierras a los chiapanecos desalojados de Montes Azules.
Tercero. Para exhortar a la Secretaría de Gobernación a verificar la legal estancia y el comportamiento adecuado de los extranjeros presentes en la selva Lacandona y, en su caso, realizar las acciones legales correspondientes para mantener el Estado de derecho en la zona.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 13 de abril de 2004.--- Diputados: Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, Manuel Velasco Coello (rúbricas).»
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Túrnese a las comisiones unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Gobernación.
En iguales circunstancias, la diputada Rosa María Avilés Nájera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, entregó una proposición con punto de acuerdo para el esclarecimiento del asesinato de la defensora de derechos humanos de los indígenas en el estado de Puebla, Griselda Tirado Evangelio.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:«Proposición con punto de acuerdo, para el esclarecimiento del asesinato de la defensora de derechos humanos de los indígenas en el Estado de Puebla, Griselda Tirado Evangelio, a cargo de la diputada Rosa Maria Avilés Nájera, del grupo parlamentario del PRD.
C. Presidente de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presente.
La suscrita, Rosa María Avilés Nájera diputada federal a la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 23, numeral 1, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 89 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
ConsideracionesQue el pasado 6 de agosto de 2003 en la madrugada fue acribillada con un arma de fuego, la defensora de derechos humanos de los indígenas Griselda Teresa Tirado Evangelio de 37 años de edad.
Que no dejamos de señalar su labor loable en la defensa de los grupos indígenas, en particular de la etnia de la que ella era originaria que es la totonaca, y que, en las primeras declaraciones tanto de las organizaciones sociales y políticas, así como del gobierno del estado, se manejaron los posibles móviles de tales hechos como asociados a su actividad a favor de los derechos humanos.
Que a dos días del asesinato, la opinión pública fue alertada porque el secretario de Gobernación del estado de Puebla, Carlos Arredondo Contreras, rechazó que este asesinato fuera un crimen político o tuviera relación con su actividad de consejera del tercer distrito federal electoral, porque dijo ``no hay elementos para considerarlo en ese rango.'' Declaró también, que tenían a 25 elementos de la policía judicial, peritos y agentes del Ministerio Público. No obstante lo anterior, Manuela Tirado hermana de Griselda, declaró vía telefónica, que hasta el domingo (cinco días después del crimen) se presentó el primer perito de la Procuraduría General de Justicia a revisar el lugar del crimen; abundando sobre este punto y manifestando que el lugar no estaba resguardado y no se habían hecho revisiones para buscar pistas, ni tampoco interrogatorios para aportar pruebas.
Que lo anterior, resulta grave toda vez que es contradictorio con las declaraciones de dicho servidor público, ya que el domingo 10 de agosto por la noche y a lo largo de tres horas, la familia de Griselda Tirado estuvo siendo amedrentada por varios sujetos que incluso intentaron introducirse a su domicilio.
Que aunado a lo antes expuesto, el 11 de agosto, el subprocurador de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla, Igor Rodolfo Archundia confirmó a la Organización Independiente Totonaca (OIT) que a partir de ese día, cuentan con escolta y seguridad en su vivienda los familiares de la asesinada Griselda Tirado, agregando que después de una consulta a la Secretaría de Gobernación del estado valoró si dicha protección se iba a extender a otros dirigentes de la OIT.
Que las declaraciones, reclamos de distintas organizaciones, coinciden en pedir se esclarezca el crimen de la defensora de los derechos humanos de los indígenas de esta región y que este hecho por haber sido perpetrado contra una figura reconocida en el ámbito político, tenía implicaciones políticas, sin embargo pareciera que no hay voluntad de avanzar en clarificar los hechos.
Que no dejamos de señalar que el pasado 23 de septiembre del 2003, solicitamos ante este órgano colegiado se exhortará a las autoridades para avanzar en las investigaciones.
Que en días recientes nos encontramos que en los medios hay declaraciones oficiales, con ruedas de prensa en donde las autoridades poblanas; el procurador general de Justicia, Héctor Maldonado Villagómez, junto con el director de la Policía Judicial del estado, Manuel Méndez Marín y el secretario de Gobernación, Carlos Arredondo, manifestaron que todo indicó que fue un crimen pasional perpetrado por Amelia Cruz Sánchez y Zamudio García Reyes, con el supuesto de que la primera la mandó asesinar ``porque se enteró de que la abogada, defensora de los derechos humanos, sostenía relaciones de amasiato, con su esposo y que estaba siguiendo un proceso de divorcio entre Amelia y José Luis Vallarta.
Llama la atención entonces, que la Procuraduría General de Justicia haya dado protección a la familia y haya solicitado extenderla a otros miembros de la OIT.
Todo parece indicar, que a los servidores públicos se les olvida que tenemos memoria, es por ello que sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con:
Punto de AcuerdoUnico.- Que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión con pleno respeto al marco de la división de poderes y con estricto respeto al federalismo, solicita al procurador general de Justicia, Héctor Maldonado Villagómez, proporcione la información que se considere pertinente, asimismo, que los integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, se entrevisten con el servidor público mencionado a efecto de intercambiar puntos de vista en relación con el caso del asesinato de la defensora de los derechos humanos Griselda Tirado y las declaraciones dadas a conocer en las últimas fechas del resultado de las indagatorias y, una vez cumplido con su cometido, informen a esta Soberanía sobre el estado que guarda la causa penal 044/2004.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de abril de 2004.--- Dip. Rosa María Avilés Nájera.»
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Señoras y señores legisladores: obra en poder de esta Presidencia ocurso de la Junta de Coordinación Política signado por todos sus integrantes, en el sentido de solicitar sea adelantado el turno de la proposición con punto de acuerdo para solicitar se esclarezcan los hechos ocurridos durante los últimos días en el estado de Morelos, que presentan diversos diputados de los grupos parlamentarios del PRI y del PRD, considerándose como de urgente y obvia resolución.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.
Diputado Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.
Por este conducto, y con fundamento en el artículo tercero del Acuerdo parlamentario relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación vigente, nos permitimos solicitarle sea adelantado el turno de la proposición con punto de acuerdo para solicitar que se esclarezcan los hechos ocurridos durante los últimos días en el estado de Morelos, que presentan diversos diputados de los grupos parlamentarios del PRI y PRD, considerándose como de urgente y obvia resolución.
Sin otro particular, quedamos de usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 13 de abril de 2004.--- Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), Presidente, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica), coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Dip. Pablo Gómez Alvarez (rúbrica), coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Dip. Jorge Kahwagi Macari (rúbrica), coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica), coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; Dip. Jesús Martínez Alvarez (rúbrica), coordinador del grupo parlamentario del Partido de Convergencia.»
En consecuencia, se ruega a la Secretaría consultar a la Asamblea si es de modificarse el orden del día.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Asamblea si es de modificarse el orden del día, según lo ha propuesto la Presidencia.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:En consecuencia, tiene el uso de la palabra el diputado Guillermo del Valle, para presentar el punto de acuerdo, hasta por tres minutos.
El diputado Guillermo del Valle Reyes:Con su permiso, señor Presidente:
Punto de acuerdo que presentan los diputados integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar se esclarezcan los hechos ocurridos en los últimos días en el estado de Morelos.
Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea para su aprobación, el siguien- te punto de acuerdo, bajo las siguientes consideraciones:
Primera. En los últimos años en el estado de Morelos no se ha podido superar la situación de inseguridad pública que ha provocado la ineficiente actuación del titular del Poder Ejecutivo en el estado. Nos fue impuesto por el Ejecutivo estatal al ciudadano Agustín Montiel López, como director de la Policía Ministerial, el cual tiene antecedentes delictivos en otros estados de la República, específicamente en el estado de Guerrero, según una investigación que realizó la anterior legislatura local.
Hoy, producto de su detención por la AFI el pasado martes 6 de abril vinculándolo con actividades del narcotráfico, específicamente con el denominado Cartel de Juárez y describiendo actividades de apoyo para la recepción de droga procedente por vía aérea, de Colombia y posteriormente distribuida al estado de México, es que se encuentra en calidad de indiciado por la Procuraduría General de la República en el penal de alta seguridad de La Palma.
Hoy advertimos que en el Gobierno Federal actitudes de servidores públicos del más alto nivel, que podrían configurar delitos de encubrimiento a servidores públicos o el ocultamiento de información relacionado con las actividades ilícitas del multicitado ex servidor público.
El tema es la impunidad, el tráfico de influencia, el autoritarismo con sesgos mediáticos de ingenuidad por parte del Ejecutivo del estado, en el nombramiento de quien dirigía las acciones de la Policía Ministerial en el estado; el tema es su vínculo con el crimen organizado y sus relaciones operativas con el narcotráfico; el tema es su participación en el asesinato de otro servidor público coludido con estas acciones; el tema es el grado de complicidad con sus jefes inmediatos: el Gobernador del estado, el Secretario de Gobierno y el Procurador de Justicia; el tema es la responsabilidad jurídica y política de estos servidores públicos.
La sociedad morelense está indignada y desconfía con razón de sus autoridades y demanda con todo derecho, por conducto de éste, el siguiente
Punto de Acuerdo
Solicitar a la PGR y a la AFI:
Primero. La información completa y detallada a esta soberanía, sobre el motivo de la detención de Agustín Montiel.
Segundo. La profundización hasta sus últimas consecuencias, de la investigación judicial e investigar la relación y la responsabilidad de Sergio Alberto Estrada Cajigal y sus funcionarios más cercanos.
Tercero. Solicitar...
Termino, señor Presidente.
Tercero. Solicitar a la Auditoría Superior de la Federación realice a la brevedad posible una auditoría al estado de Morelos desde el inicio de esta gestión de Sergio Alberto Cajigal.
Cuarto. Se exhorta a esta soberanía para crear una comisión especial que dé seguimiento a los hechos de corrupción e involucramiento de funcionarios públicos en el estado de Morelos con el narcotráfico.
Quinto y último. Solicitar al Procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha, nos explique a esta soberanía los argumentos que tomó en consideración para exoneración al vapor del gobernador del estado.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 59 del Reglamento que rige la vida interna de nuestra Cámara, solicitamos a los integrantes de esta honorable Asamblea, se considere el presente punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución.
Lo firma su servidor Guillermo del Valle y la diputada Lizbeth Eugenia Rosas, del PRD.
«Proposición con punto de acuerdo, para solicitar que se esclarezcan los hechos ocurridos durante los últimos días en el Estado de Morelos, presentada por el diputado Guillermo del Valle Reyes, en nombre de diversos diputados de los grupos parlamentarios del PRI y del PRD.
Con fundamento en los artículos 58 y 59, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea para su aprobación el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes
ConsideracionesPrimera.- En los últimos años el estado de Morelos no ha podido superar la situación de inseguridad pública que ha provocado la ineficiente actuación del titular del Poder Ejecutivo del estado, producto de actitudes unilaterales que comprometieron la procuración de justicia y la persecución del delito por los cuerpos de seguridad pública y de la Policía Ministerial del estado de Morelos.
Nos fue impuesto por el Ejecutivo estatal al C. José Agustín Montiel López como director de la Policía Ministerial el cual tiene antecedentes delictivos en otros estados de la República, específicamente en el estado de Guerrero, lugar al que se trasladó una comisión plural de la XLVIII Legislatura del estado, misma que corroboro antecedentes y recomendaciones específicas de los órganos de protección de derechos humanos. En contra del ex director de la Policía Ministerial de Morelos. Hechos que la misma comisión enteró al gobernador Sergio Estrada Cajigal Ramírez y a su secretario de Gobierno, Eduardo Becerra Pérez, quienes hicieron caso omiso del informe y sostuvieron el nombramiento del citado servidor público.
Hoy, producto de su detención por la Agencia Federal de Investigación el pasado martes 6 de abril, vinculándolo con actividades del narcotráfico, específicamente con el denominado ``Cártel de Juárez'' y describiendo actividades de apoyo para la recepción de droga procedente por vía aérea de Colombia y posteriormente distribuida al estado de México, es que se encuentra en calidad de indicado por la Procuraduría General de la República en el penal de alta seguridad de La Palma.
Por lo anterior que como representantes populares de la mayoría de ciudadanos morelenses denunciamos este hecho de impunidad que involucra gravemente a los principales funcionarios públicos del Poder Ejecutivo del estado.
Hoy advertimos en el Gobierno Federal actitudes de servidores públicos del más alto nivel que pudieran configurar delitos como el encubrimiento a servidores públicos o el ocultamiento de información relacionada con las actividades ilícitas del multicitado ex servidor público.
El tema es la impunidad, el tráfico de influencias y el autoritarismo con sesgos mediáticos de ingenuidad por parte del Ejecutivo del estado en el nombramiento de quien dirigía las acciones de la Policía Ministerial en el estado.
El tema es su vínculo con el crimen organizado, y sus relaciones operativas con el narcotráfico.
El tema es su participación en el asesinato de otro servidor público coludido con estas acciones.
El tema es el grado de complicidad con sus jefes inmediatos, el gobernador, el secretario de Gobierno, y el procurador de Justicia del estado.
El tema es la responsabilidad jurídica y política de estos servidores públicos.
La sociedad morelense está indignada y desconfía con razón de sus autoridades y demanda con todo derecho por nuestro conducto el siguiente
Punto de AcuerdoSolicitar a la Procuraduría General de la República y a la Agencia Federal de Investigaciones (AFI):
1. La información completa y detallada a esta soberanía sobre el motivo de la detención del C. José Agustín Montiel López, ex director de la Policía Ministerial del gobierno del estado de Morelos por actividades relacionadas con el crimen organizado, el narcotráfico, y el asesinato del C. Alain Pano Vega, ex director de la citada dependencia.
2. La profundización hasta sus últimas consecuencias de la investigación judicial, e identificar la relación y la responsabilidad de los CC. Sergio Alberto Estrada Cajigal Ramírez, gobernador constitucional de estado; Eduardo Becerra Pérez, secretario de Gobierno, y Guillermo Tenorio Avila, procurador general de Justicia, con la finalidad que en caso de ser necesario, se inicie el procedimiento de juicio político en contra del gobernador del estado.
3. Solicitar a la Auditoría Superior de la Federación que rea-lice a la brevedad posible una auditoría de los recursos federales asignados al estado de Morelos desde el inicio de la administración del gobernador Sergio Alberto Estrada Cajigal Ramírez.
4. Se exhorta a esta soberanía para crear una comisión especial que dé seguimiento a los hechos de corrupción e involucramiento de funcionarios públicos del estado de Morelos con el narcotráfico.
5. Solicitar al Procurador General de la República, General Rafael Macedo de la Concha, que explique a esta soberanía los argumentos que tomó en consideración para la exoneración al vapor del gobernador del estado de Morelos.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 59 del reglamento que rige la vida interna de nuestra Cámara, solicitamos a los integrantes de esta honorable Asamblea que se considere el presente punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución.
Palacio Legislativo de San Lázaro, martes 13 de abril de 2004.--- Diputados: Guillermo del Valle Reyes, Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbricas). »
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:En consecuencia tiene el uso de la palabra la diputada Lizbeth Rosas Montero, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por tres minutos.
La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El involucramiento en hechos delictivos por parte de servidores públicos del Gobierno del estado de Morelos, no es una cosa menor y es un asunto que compete al combate del crimen organizado.
El pasado martes 6 de abril, la Procuraduría General de la República giró órdenes de aprehensión en contra de José Agustín Montiel, Jefe de la Policía Ministerial del estado de Morelos y de sus colaboradores más cercanos, debido a que se encontraron pruebas suficientes para declararlos culpables de narcotráfico y delincuencia organizada.
Pese a que la PGR comprobó que estos dos exfuncionarios tenían vínculos y negocios con el narcotraficante José Esparragoza Moreno, alias el ``Azul'', esto no es suficiente pues existen pruebas contundentes como las declaraciones que se han hecho públicas en los distintos medios de comunicación de las que la PGR no ha llegado a fondo en la red de complicidades y corruptelas en el Gobierno del estado de Morelos.
No es ninguna coincidencia que en el gobierno del cambio que encabeza el actual gobernador Sergio Estrada, por acción u omisión del mismo, haya florecido de manera visible la inseguridad, el narcotráfico, la corrupción y la impunidad en el estado.
Hace poco más de dos años la PGR y el entonces Procurador de Justicia, José Luis Urióstegui, notificaron al gobernador sobre estos antecedentes oscuros del dicho funcionario y sin embargo, pudieron más y prevaleció el influyentismo y los intereses de grupo que llevaron al gobernador a ratificar a dicho funcionario.
Dicen que cuando el río suena, es que agua lleva, y es por eso que la PRG no debe pasar por alto las declaraciones de los testigos protegidos sobre la presunta relación sentimental del gobernador con la hija de un probable narcotraficante conocido en el estado como lo es José Esparragoza Moreno.
Si la PGR no profundiza en sus investigaciones, tal pareciera que le estamos dejando la mano a los organismos internacionales de investigación, como en el caso de la DEA a que éstos sean quienes les tengan que pedir a los gobiernos, en el caso del Gobierno mexicano, que actúe en consecuencia contra funcionarios corruptos.
A mí me parece que es una vergüenza que cuando el Procurador nos dice que él pidió y solicitó la investigación, esté faltando a la verdad; esta investigación se hizo por parte de Estados Unidos y si no hubiera sido así, a lo mejor probablemente después, vayan a surgir más responsables.
Por eso es que el PRD pide a esta soberanía se considere como de urgente y obvia resolución, para transparentar y exigimos se audite la cuenta pública del estado de Morelos.
Gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Muchas gracias, diputada; ya está considerada la urgente resolución.
Tiene el uso de la palabra el diputado José Sigona Torres, del Partido Acción Nacional.
El diputado José Sigona Torres:Muchas gracias, con su permiso.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Adelante.
El diputado José Sigona Torres:En el Partido Acción Nacional, históricamente hemos luchado por la transparencia, la limpieza, la anticorrupción y el buen manejo de sus gobiernos; por lo tanto, no dudamos en adherirnos a un punto de acuerdo que marcara estas finalidades y no que tuviera, como lo han venido a presentar en esta tribuna, una serie de mentiras, una serie de frivolidades.
Nosotros no le tenemos miedo a las auditorías ni a las revisiones cuando tengan la finalidad de llevar a la verdad a nuestros gobiernos, pero no hagamos de esto otro escándalo, otro circo mediático que sólo confunde a la población.
Y vale la pena mencionar: en el estado de Morelos, el gobierno, el gobierno panista, fue el primero en solicitar a la Procuraduría General de la República, que el caso del asesinato del comandante Pano, fuera atraído por la misma PGR, quedando en silencio más de dos años que duró esta investigación y que logró la detención, precisamente, de funcionarios corruptos y no como en otras entidades, que los funcionarios corruptos, se la pasan tomando el sol y burlándose de los mexicanos.
Por lo tanto...
Finalmente, cuando hablamos de militantes, finalmente cuando hablamos de militantes del PRD, cuando vienen aquí a decir en tribuna que un tal Urióstegui, militante del PRD fue el primero que le dijo al gobernador que renunciara Montiel, es muy falso y yo creo que vale la pena mencionar que este señor fue subprocurador en la época negra de Carrillo Olea. Estas son las personas en las que confían en sus declaraciones, pues me parece maravilloso.
Por lo tanto, yo quisiera...
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Se decreta un receso por dos minutos, mientras se reestablecen las condiciones...
Adelante, señor diputado.
El diputado José Sigona Torres:Muchas gracias.
Así es, compañeros. Para finalizar, yo quisiera comentarles y decirles que el Partido Acción Nacional, estará a favor de acuerdos que busquen la transparencia de sus gobiernos, que busquen el buen manejo de ellos, no puntos de acuerdo en los que se crean más subcomisiones con tal de salir en la foto, con tal de salir...
El diputado José Luis Medina Lizalde (desde su curul):
Señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Permítame un segundo, señor diputado Sigona.
¿Con qué objeto, señor diputado?
Favor de activar el sonido en la curul del diputado Medina Lizalde.
El diputado José Luis Medina Lizalde (desde su curul):
Señor Presidente, que le preguntara al diputado si acepta una pregunta.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Con mucho gusto, diputado Medina.
Diputado Sigona, ¿acepta una interpelación?
El diputado José Sigona Torres:Por supuesto que no.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:No la acepta, señor diputado.
El diputado José Sigona Torres:Si me permiten terminar.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Continúe.
El diputado José Sigona Torres:Normalmente son preguntas que no vienen al caso y menos de alguien que ni siquiera vive en Morelos.
Bueno, pues para finalizar, quisiera decirles, compañeros, que el Partido Acción Nacional, estaría muy a favor de que se investigue y que la Procuraduría la entregue cuentas a esta soberanía, de la investigación, pero nunca estará de acuerdo en principio en crear subcomisiones, en segunda en tener y en juzgar a personas como este punto de acuerdo ya las prejuzgó con anticipación, como es el caso de que prejuzga que el procurador Macedo de la Concha, al vapor exonera al gobernador, cuando la investigación tenía desde noviembre de 2002 a la fecha.
Es todo, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Muchas gracias, diputado Sigona.
Siendo congruentes con el criterio aplicado por esta Presidencia, en relación al contenido del artículo 122 se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si es de concederse el uso de la palabra a los diputados Manuel Velasco Coello y Jesús González Schmall.
Diputado Medina, ¿con qué objeto?
Señor diputado, vamos a preguntarle a la Asamblea, si permite el uso de la palabra de estos dos diputados y de usted mismo, el señor diputado Medina.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la Asamblea si se le concede la palabra a los diputados Velasco Coello, González Schmall y Medina.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:En consecuencia, tiene el uso de la palabra el señor diputado Manuel Velasco Coello, en el entendido de que en esta Presidencia obra el registro del señor diputado Sergio Alvarez Mata, del Partido Acción Nacional, en contra.
Luego entonces, le daremos el uso de la palabra al señor diputado Velasco Coello e inmediatamente después al señor diputado Alvarez Mata, del Partido Acción Nacional.
El diputado Manuel Velasco Coello:Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
La detención del coordinador de la Policía Ministerial en el estado de Morelos, José Agustín Montiel López y del director operativo de esa corporación policiaca Raúl Cortés por nexos con el narcotráfico, deja en evidencia la relación de subordinación y amistad entre narcotraficantes y miembros del gobierno de esa entidad.
Lo que está ocurriendo en Morelos no sólo es inaceptable, sino preocupante, ya que el presunto vínculo de mandos judiciales de alto rango con narcotraficantes vulnera el Estado de Derecho en esa entidad.
El cese momentáneo de 552 elementos de la policía ministerial, mientras se deslindan responsabilidades, no es un asunto menor, estamos hablando de 552 personas, sujetas a investigación, ¿acaso es probable que el gobernador del estado no se haya enterado de una situación de tal magnitud, que posiblemente involucra a tantas personas de una corporación?
¿El gobernador cree que mediante su decisión de medir con el mismo raseo de la desconfianza y la presunción de delincuencia y corrupción a toda una corporación encargada de la seguridad, que supuestamente era evaluada y supervisada permanentemente debido a su papel destacado y a sus funciones va a remediar el problema?
Desde el 2003 se ha registrado un crecimiento explosivo en Morelos por posesión y comercio de drogas, esto lo revelan las cifras de la Procuraduría General de la República, incluso las cifras en la entidad gobernada por el mandatario panista Sergio Estrada, superan por mucho la media nacional.
Una investigación realizada por la Procuraduría General de la República iniciada en el 2001, encontró que la red de narcotráfico en la que se han visto involucrados hasta ahora los dos altos mandos de la policía ministerial de Morelos, operó una ruta de transporte de droga que cubría Guatemala, Chiapas, Salina Cruz, Chilpancingo, Cuernavaca, Piedras Negras, además de que se habilitaron casas de seguridad y bodegas en las colonias Barona, Las Brisas, Atlacomulco y Otilio Montaño, entre otras.
Compañeras y compañeros diputados, por todo lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista apoya el presente punto de acuerdo y exige que se establezca un verdadero Estado de Derecho en Morelos y se llegue a las últimas consecuencias en esta investigación.
Es cuanto, señor Presidente.
Presidencia del diputado Juan de Dios Castro LozanoEl Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, diputado Velasco Coello.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Sergio Alvarez Mata, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en contra.
El diputado Sergio Alvarez Mata:Muchísimas gracias, señor Presidente:
Antes quiero dejar muy en claro a esta Asamblea, que cuando la Junta de Coordinación Política tomó la determinación de agendar este punto de acuerdo, asumimos en el grupo parlamentario, la anuencia de que se presentara y que por supuesto se llevara a cabo una investigación a fondo y que la PGR deslindara las responsabilidades topara con quien topara; siempre y cuando se aportaran las pruebas fehacientes de la culpabilidad de los funcionarios públicos del delito que hoy se imputa.
Esta fue la parte esencial del acuerdo que en la Junta de Coordinación Política las fuerzas políticas aceptaron que así se presentara. Hoy con sorpresa escuchamos del diputado Guillermo del Valle, un punto de acuerdo que va más allá de las consideraciones y de los motivos que se expusieron en la Junta de Coordinación Política.
En este punto de acuerdo no sólo se prejuzga la actitud del Gobierno del estado de Morelos, sino se prejuzga de una manera poco aceptable, la actuación del Gobierno Federal, cuando hemos visto nosotros con mucha claridad que a petición expresa del Gobernador del estado, se llevó a cabo una investigación sobre el policía ministerial que dirigía la corporación en la Procuraduría del estado de Morelos y que derivada de esta petición y aunada a la averiguación previa que el señor Graco Ramírez había presentado ante la Procuraduría, se llegó a la determinación de consignar a Agustín Montiel por los presuntos delitos y ahora se encuentra sujeto a proceso.
Y en este punto de acuerdo se está pretendiendo prejuzgar que la autoridad federal está coludida, y está coludida con el narcotráfico. Y esto es inadmisible puesto que estamos apostando en Acción Nacional y estamos apostando en el Estado de Morelos, a que el esclarecimiento de este asunto corre por la vía jurídica a través de la Procuraduría.
No vayamos a caer en la tentación de politizar lo que es judicial. No vayamos a caer en la tentación de caer en una especie de argumento político para pretender desde ahora crear condiciones con más propósitos electorales del estado de Morelos que esclarecer verdaderamente esta situación que nos agravia a todos los morelenses.
Y lo digo, y lo digo con la fuerza con que cuando fuimos diputados locales, nos pronunciamos en contra de este policía ministerial y nos atuvimos al desahogo de la averiguación previa que estaba en curso. Y hoy demandamos y exigimos de la Procuraduría, que se llegue hasta las últimas consecuencias tópese con quien se tope.
No estamos protegiendo a nadie. Pero no podemos aceptar los diputados del estado de Morelos, cuatro diputados de Acción Nacional del estado de Morelos, no podemos aceptar ...
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Se le acabó el tiempo, diputado.
El diputado Sergio Alvarez Mata:...Un punto de acuerdo en estos términos, que va más allá de lo que hoy en la mañana en la Junta de Coordinación Política se había aprobado.
Por eso nuestra posición en contra de este punto de acuerdo, porque rebasa en mucho las consideraciones que se tuvieron hoy en la mañana.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
Don Guillermo del Valle, por favor. Activen el sonido en la curul de don Guillermo del Valle.
El diputado Guillermo del Valle Reyes (desde su curul):
En términos del artículo 102, fui aludido personalmente por el diputado.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:En términos del artículo 102 lamento decirle, señor diputado, que tratándose de debates sobre puntos de acuerdo, no concede la Presidencia el uso de la palabra para rectificar hechos o para contestar alusiones personales. Si es para contestar alusiones personales, se la concedo después de que termine la votación. Si es para rectificar hechos, no ha lugar.
El diputado Guillermo del Valle Reyes (desde su curul):
Para contestar alusiones personales.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Terminando la votación le concedo la palabra.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Jesús González Schmal, en pro.
El diputado Jesús Porfirio González Schmal:Con su anuencia, señor Presidente:
Nada más faltaba que esta representación, como lo sugirió el orador que me antecedió en el uso de la palabra, guardara silencio, se abstuviera por complicidad en la denuncia que debe hacerse de las gravísimas condiciones que privan en la gobernabilidad del importantísimo estado de Morelos.
Sería faltar a nuestra mínima condición de representantes nacionales el no verter, el no deliberar en esta tribuna acerca de las condiciones, prácticamente condiciones de excepción de gobierno que están ahora lamentablemente padeciendo en el estado vecino a esta capital de la República.
Ya había signos inocultables de la degradación, incluso del concepto de gobierno que Estrada Cajigal demostraba cuando fue capaz de arteramente destruir las obras pictóricas del Casino de la Selva, todo para construir un gran moll, una gran cadena de tiendas de origen extranjero para también quitarle la identidad y la belleza a ése gran recinto que ya era patrimonio de los morelenses.
Y de ahí evidentemente la consecuente degradación; de ahí la frivolidad, el cinismo, la desfachatez de ver como una diversión, como un juego, la grave e importantísima función de gobernar, de preservar la paz social, de ordenar la función pública para la consecución de los objetivos generales.
Sabemos que Estrada Cajigal no tiene pues esa inclinación y esa vocación para llevar el gobierno a sus mejores objetivos, a sus propósitos de darle tranquilidad, paz y desarrollo al estado de Morelos.
Por eso estamos no sólo obligados, sino imprescindiblemente decididos a intervenir en el estado de Morelos, a ser nosotros, como representantes y como opinión pública calificada quienes estén viendo lo que ocurre en ese estado y preocupados hondamente porque hoy mismo está sin policía judicial, hoy mismo están sin autoridades ministeriales, hoy mismo hay desgobierno flagrante y esto no puede pasarnos desapercibido, no puede dejarnos de sacudir la conciencia, el interés y la responsabilidad de nuestro cargo representativo.
Así pues, Convergencia estará de acuerdo en que esta representación se interese, en que esta representación profundice en lo ocurrido en Morelos y desde luego se tomen las medidas pertinentes de orden político para que se supere esta gravísima situación que lamentablemente asuela al bello estado vecino de nuestra capital.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, señor diputado González Schmal.
Señoras y señores legisladores: en virtud de que queda satisfecho el número de oradores que marca el artículo 115, consulte la Secretaría a la Asamblea.
El diputado Wintilo Vega Murillo (desde su curul):Señor Presidente, con mucho respeto, yo creo que...
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Me está aclarando el señor vicepresidente en este momento que no obstante que se agotó el número de oradores registrados, la Asamblea votó por concederle el uso de la palabra al señor diputado don José Luis Medina Lizalde.
En consecuencia, se concede el uso de la palabra, en pro, al señor diputado José Luis Medina Lizalde.
El diputado Sergio Alvarez Mata (desde su curul):Solicitarle el uso de la palabra por alusión personal del anterior orador.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Para contestar alusiones personales, señor diputado, le concedo el uso de la palabra después de votado.
El diputado José Luis Medina Lizalde:Con su permiso, señor Presidente:
Dice la sabiduría popular que más pronto cae un hablador que un cojo.
Los que hace poco tiempo se presentaban ante la opinión pública como adalides de la honestidad, como caballeros andantes en contra de la corrupción, ahora que en su propio campo aparece un hecho tan evidente, un caso que en estos momentos es motivo de grave deterioro de la imagen de nuestro país en el extranjero y uno de los factores que más desalientan la inversión, ahora esas mismas personas están reclamando que se ofrezcan pruebas, cuando nadie está condenando a ninguna autoridad, sólo estamos reclamando que funcionen las instituciones.
Desde luego que tenemos una sólida razón para desconfiar de un Procurador que ha recibido reiteradamente una vocación facciosa. El Procurador General de la República ha sido incapaz de asumir una conducta institucional y no mide con la misma vara los casos que se le presentan, distingue muy claramente cuando el caso es azul, tricolor o amarillo y en función de esto, no de la interpretación de la ley, son sus decisiones.
Es evidente que en el estado de Morelos, entrañable rincón de nuestra patria del que vamos a hablar cada vez que queramos, aunque aquellos de talante autoritario pretendan exigirnos haber nacido ahí para tocar el tema, en el estado de Morelos ha venido produciéndose una descomposición a la vista de todos.
Por ello es necesario que todas las fracciones reconozcamos que la lucha contra la corrupción es principio y no táctica, que si verdaderamente queremos una revaloración de la política en este país, admitamos que no hay una institución política a salvo de que elementos descompuestos en sus filas, terminen por poner en entredicho a esas instituciones, sólo que hay una diferencia: cuando la institución reacciona encubriendo, la institución hace suyas las culpas de los individuos. En cambio cuando la institución da el ejemplo de que el buen juez por su casa empieza, entonces se eleva la credibilidad. Por eso nosotros no le tenemos miedo a votar por el desafuero de nuestros propios compañeros...
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Le recuerdo su tiempo, diputado.
El diputado José Luis Medina Lizalde:...Cuando los elementos se produzcan.
Sólo una última cuestión. Creo que el señor Procurador...
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Diputado, se le agotó el tiempo; concluya, por favor.
El diputado José Luis Medina Lizalde:Voy a terminar, Presidente. Sólo un tip al Procurador: el diputado Sigona sabe donde se encuentra Gustavo Ponce, dado que dice que se encuentra tomando el sol; ojalá le ayudara a la nación dando el lugar y el momento para su aprehensión.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Señoras y señores legisladores:
Esta Presidencia tiene registrados, para contestar alusiones personales, al diputado Guillermo del Valle Reyes, en primer término; a la diputada Lizbeth Rosas Montero y al diputado Sergio Alvarez Mata.
Instruyo a la Secretaría si se considera suficientemente discutido para pasar después a votación y en seguida dar el uso de la palabra para contestar alusiones personales.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, señor Secretario.
Proceda la Secretaría a consultar a la Asamblea si se aprueba la proposición.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Aprobada la proposición.A continuación y en los términos que establece el artículo 102 del Reglamento, se concede el uso de la palabra al diputado Guillermo del Valle Reyes, para contestar alusiones personales, hasta por tres minutos.
El diputado Guillermo del Valle Reyes:Gracias, señor Presidente.
La pregunta hoy aquí es: ¿cómo defender lo indefendible? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo poder escuchar en esta tribuna que diputados que se comprometieron con una sociedad que confió en ellos, vengan aquí a decir que no pasa nada en Morelos?
Vengan aquí a decir, como aludo personalmente a Sergio Alvarez Mata y a José Sigona, paisanos míos a los que respeto, que fueron mis compañeros diputados locales y que nos tocó, y particularmente a uno de ellos, ir al estado de Guerrero a corroborar los antecedentes negros de Agustín Montiel y regresar a decirle a Sergio Estrada, hace dos años, ¡que no debería nombrarse a una persona que tenía tantas investigaciones y tantas recomendaciones de derechos humanos! ¡Que no debería permitirse que en Morelos, con una cicatriz abierta aún por el caso recientemente vivido de secuestros, se nombrara a personas con tan negro historial!
¿Cómo venir aquí a este micrófono, a esta soberanía, a esta representación de la nación, a no estar de acuerdo con que investiguemos a fondo? ¿Quién no puede estar de acuerdo en eso? ¡A no estar de acuerdo con que la PGR nos explique a esta soberanía qué está pasando!
¿Cómo no estar de acuerdo en pedirle al señor Macedo de la Concha, quien tiene la obligación de procurar la justicia en este país, como inmediatamente exonera al gobernador del estado? ¿Con base en qué?
¿Cómo no estar de acuerdo en solicitar al gobierno, en solicitar que se realice una profunda auditoría al gobierno del estado de Morelos?
Quiero que vengan aquí mis compañeros y que digan ---porque vas a subir después de mí, Sergio---, y que aquí digas si no estás de acuerdo en esto. ¿Cómo defender lo indefendible? Ya lo dijo la PGR. Se lo dijimos como diputados locales: ¡que no nombrara a este personaje y lo hizo! ¡Hoy existe un solo responsable de lo que pasa en Morelos, se llama Sergio Estrada Cajigal y tiene que pagar, tiene que pagar porque la responsabilidad es del gobernador del estado!
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, señor diputado.
Para contestar alusiones personales se concede el uso de la palabra al diputado Sergio Alvarez Mata, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por tres minutos.
El diputado Sergio Alvarez Mata:Muchas gracias, señor Presidente.
En primer término quiero dejar muy en claro y exhortar a mi compañero Del Valle a no confundir las posiciones, en particular las mías, que las conoce de hace tres años y que ha sido muy puntual en señalar este asunto desde mi función como representante popular en la Cámara de Diputados local.
¡Nadie ha venido a esta tribuna a defender a Agustín Montiel! Se equivoca si piensa que hemos venido a esta tribuna a defender a algún funcionario público que esté mezclado en esta actividad delictiva, que hoy la PGR en una averiguación previa ha determinado ya que en el estado existe, en algunos funcionarios públicos, de los cuales dos o quizá ya tres están en la cárcel.
¡No venimos a defender a nadie, venimos nosotros a fijar una posición muy puntual! ¡Este punto de acuerdo no fue en sus términos lo que llevó a coincidir en la Junta de Coordinación Política que aprobaríamos esta tarde!
¡Esa es la posición que estamos nosotros señalando, no estamos nosotros defendiendo a nadie ni mucho menos cuando de por medio existe una averiguación previa; existe un procedimiento agotado por la PGR en la fase inicial y hoy se encuentra en los juzgados penales llevándose a cabo la fase del proceso penal!
¡Estamos nosotros dejando en claro que no podemos noso-tros permitir un albazo como este documento, en el cual se pretende ir más allá de lo que en un momento fue el origen de este acuerdo de que se investigara y se llegara a las últimas consecuencias, por supuesto, pero este punto de acuerdo excede en su pretensión y eso es lo que hoy hemos venido a marcar!
Y por último quisiera yo señalar que si bien es cierto pesa sobre el estado de Morelos la sospecha, no se han deslindado todavía todas las responsabilidades ni se ha exonerado a todos los funcionarios y lo que queremos es que no se politice la justicia.
Ya nos habían reclamado en Morelos que no se judicializara la política, hoy reclamamos que no se politice la justicia, sino que se permita que por los cauces legales se llegue hasta sus últimas consecuencias.
Y por supuesto, Agustín Montiel está donde tiene que estar y donde supusimos que debería estar desde el principio. Pero no podemos nosotros caer en este garlito de una actitud política, cuando se tiene un proceso penal en curso y éste está caminando y está dando resultados.
Es por ello que aclaro, que no se confunda esta asamblea que nuestra posición es venir a defender a funcionario alguno. Y aquí ha quedado constancia de actitudes de bancadas y de diputados que han defendido a ultranza a sus propios funcionarios públicos y no han permitido que se aprueben esos puntos de acuerdo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Tiene el uso de la palabra, para contestar alusiones personales, la diputada Lizbeth Rosas Montero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero:Señor diputado, me causa mucha risa lo que usted nos viene a decir aquí a la tribuna, sobre todo en razón, cuando el Partido de la Revolución Democrática ha sido el primero en pedir que se actúe conforme a derecho y se dé con los responsables en cualquier acto ilícito y aquí queda muestra, en las versiones estenográficas, de cada una de las formas en las que hemos votado.
Por otra parte, comentarles que es vergonzoso que además escuchemos de gobernadores la defensa a ultranza que sí hizo éste durante los primeros cuatro días después de la detención de Montiel.
Yo quiero preguntarle a la bancada del PAN en lo particular: ¿quién contrató a Montiel para que siguiera trabajando en el gobierno de Estrada Cajigal, con los antecedentes oscuros? ¿Quién lo contrató? Porque no creo que se haya contratado solo.
Segunda parte de la pregunta: ¿cómo es posible que aquí se esté tapando toda una red de complicidades? La segunda pregunta es: ¿Quién lo recomendó señores diputados? ¡Lo recomendó Eduardo Becerra, Secretario de Gobierno del estado de Morelos!
Aquí no podemos venir a decir cosas que no son y les pido esa responsabilidad porque estamos en la máxima tribuna de México.
Asimismo, dejar muy claro que además de todo la irresponsabilidad por actos de omisión, por estar paseándose...
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Un momento diputada.
Suspéndase el marcaje del tiempo.
Señor diputado Rojas, con qué propósito.
El diputado Francisco Antonio Rojas Toledo (desde su curul):
Quiero hacer una pregunta a la diputada.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:¿Acepta, diputada, una pregunta?
La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero:Adelante.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Adelante.
El diputado Francisco Antonio Rojas Toledo (desde su curul):
Quiero mencionarle en primer lugar, que como diputado de Chiapas desconozco lo que pasa en Morelos. No hay que generalizar, diputada.
Número uno. Para venir a hablar aquí hay que tener conciencia y claridad. Detrás de ustedes hay una gran corrupción...
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Diputado Rojas, le ruego se concrete la pregunta, por favor.
El diputado Francisco Antonio Rojas Toledo (desde su curul):
¿Quién contrató a Ponce?
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Continúe diputada. Continúe el marcaje de tiempo.
La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero:Le agradezco la falta de inteligencia y creatividad que tiene para hacer una pregunta, pero voy a contestar.
Finalmente aquí nosotros como legisladores tenemos una responsabilidad y si el gobernador incurrió en una responsabilidad eso se tiene que investigar aquí y aquí se tienen que desahogar las pruebas, si hay presunción de que una instancia como la Procuraduría General de la República no está cumpliendo con su trabajo o está partidizando como institución del Gobierno un asunto que no es de carácter político; yo creo que eso nos tiene que quedar muy claro a todos.
Pero otra situación es pedirle y exigirle al gobernador que si tiene vergüenza renuncie y que renuncie por las omisiones, arbitrariedades y abusos contra los pobladores del estado de Morelos y esto precisamente en razón de todos los actos de omisión que ha cometido el señor, tal parece que prefiere estar de romance porque siempre que pasan asuntos prioritarios en su estado, el señor nunca se encuentra.
Gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señora diputada.
Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Saucedo Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que el Poder Ejecutivo Federal retire las reservas al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para que se respete el derecho a la libertad sindical en México. Adelante, diputado.
El diputado Francisco Javier Saucedo Peréz:Con el permiso de la Presidencia. En audiencia celebrada el 3 de marzo en la ciudad de Washington de este año, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se trató el tema de la situación actual del derecho a la asociación sindical en México.
En particular se hizo énfasis sobre la práctica del Estado mexicano a través de distintos órganos de gobierno, de limitar el pleno ejercicio de la libertad sindical a través de la presentación de casos específicos, así como de señalar las deficiencias y omisiones de la legislación vigente para el eficaz respeto y protección de este derecho a cargo del Estado mexicano.
El diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas que se presentó en diciembre al titular del Poder Ejecutivo Federal, señala cómo se obstaculiza la libertad de asociación en materia laboral en el país y cito lo que la oficina del Alto Comisionado dice al respecto.
Que en cuanto a la libertad de asociación, éste se encuentra en serios obstáculos en México con relación a su ejercicio para hacer valer los derechos de los trabajadores. El derecho a la libertad sindical, pese a que está reconocido en los artículos 9º y 123 de la Constitución, así como con los instrumentos internacionales de derechos humanos, en la actual administración del Gobierno Federal se han mantenido las imitaciones de orden normativo para que se haga efectivo este derecho, sin que dicha administración tutele, garantice y dé satisfacción plena a este derecho.
El Gobierno mexicano, al mantener la reserva en relación al artículo 8º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en vigor para México desde el año 1981, rechaza un elemento de exigibilidad para el cumplimiento de los derechos de Libertad Sindical y Huelga y sigue retrasando la adecuación de la legislación laboral en la materia.
Por lo expuesto, someto a su consideración el siguiente
Punto de AcuerdoPrimero.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, promueva el retiro de las reservas al artículo 8º del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales relativo a la libertad sindical.
Segundo.- Se exhorta a la Cámara de Senadores retire las reservas al artículo 8º del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales relativo a la libertad sindical y
Tercero y Ultimo. El Estado mexicano, a través de las instituciones del Poder Ejecutivo Federal como la Procuraduría Federal del Trabajo, realice las acciones conducentes a la protección del derecho a la libertad sindical de los trabajadores mexicanos.
Es todo, señor Presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que el Poder Ejecutivo Federal retire las reservas al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para que se respete el Derecho a la Libertad Sindical en México, a cargo de la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del PRD.
En mi calidad de diputada federal y como integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta LIX Legislatura de la Cámara de Diputados y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo.
El 3 de marzo del año en curso en Washington, DC, por Santiago A. Cantón, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la audiencia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), fue tramitada por los organismos civiles nacionales e internacionales de derechos humanos.
El objetivo de la audiencia según se estableció en la petición formulada el 14 de febrero de 2004 será informar a la CIDH sobre la situación actual del derecho a la asociación sindical en México. En particular, enfatizar sobre la práctica del Estado mexicano, a través de sus distintos órganos de gobierno de limitar el pleno ejercicio de la libertad sindical a través de la presentación de casos específicos (criminalización contra trabajadores petroleros, CNTE y el reciente creado sindicato independiente en el sector salud; despidos en la CFE y kaltex; diversas violaciones en Sitesabes, Caminos y Puentes federales, trabajadores de compañías contratistas en las Plataformas petroleras, DURO, INEGI, trabajadores de gasolineras, Aviacsa, etcétera), así como señalar las deficiencias y omisiones de la legislación vigente para el eficaz respeto y protección de este derecho a cargo del Estado mexicano.
El diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos en México, presentado en diciembre al titular del Poder Ejecutivo Federal, reconoce como se obstaculiza la libertad de asociación en materia laboral en el país: ``en cuanto a la libertad de asociación éste encuentra serios obstáculos en México en relación con su ejercicio para hacer valer los derechos de los trabajadores'' (capítulo II, acápite 2.3.2.2., página 49, 2004).
El derecho a la libertad sindical pese a su reconocimiento en los artículos 9º y 123 constitucionales, así como en los instrumentos internacionales de derechos humanos, la actual administración del gobierno foxista ha mantenido las limitaciones de orden normativo para hacerlo efectivo, sin que dicha administración tutele, garantice y dé satisfacción plena a este derecho esencial de los derechos humanos laborales.
La actual administración ha desoído la recomendación emitida en 1999, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, con sede en Ginebra. Primero le hace una observación que a la letra dice: el Comité también lamenta que no se tenga la intervención de retirar la reserva del Estado parte con respecto al artículo 8º del Pacto (libertad sindical, PIDESC, 1966) ... el Comité lamenta en particular que el sindicalismo en el sector público no sea pluralista, y que no se elija por voto directo a los dirigentes sindicales (párrafo 23); y remata con una recomendación: `` el Comité pide que el Estado parte cumpla sus obligaciones en virtud del artículo 8º del Pacto y retire la reserva que se ha formulado a este artículo (párrafo 39).
El gobierno mexicano al mantener la reserva en relación al artículo citado, formulada al momento de adherirse al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en vigor para México desde 1981, rechaza un elemento de exigibilidad para el cumplimiento de los derechos de libertad sindical y huelga, y sigue retrasando la adecuación de la legislación laboral en la materia.
La declaración interpretativa formulada por el gobierno mexicano respecto a los derechos sindicales contenidos en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales será en el mismo sentido que el interpuesto al Protocolo de San Salvador estableciendo que se aplicaran ``dentro de las modalidades y conforme a los procedimientos previstos en las disposiciones aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de sus leyes reglamentarias''.
Ambas declaraciones interpretativas permiten que subsistan dentro de la legislación mexicana, una serie de restricciones, exigencias, e impedimentos para la libertad de asociación sindical (restricciones que nada tienen qué ver con seguridad nacional, órdenes públicos o derechos y libertades ajenas). De ahí que los organismos copeticionarios soliciten a la CIDH recomiende al Estado mexicano medidas de aplicación inmediata al ejecutivo para desahogar el cumplimiento de los compromisos que ha adquirido referidos a este derecho fundamental de los trabajadores.
Por eso, un compromiso efectivo con este derecho dará contenido a la transición democrática que necesita el país, abonará en el necesario desmontamiento del corporativismo sindical que aun está pendiente, e inhibirá en cierto sentido la represión contra los trabajadores democráticos y será la concreción de los compromisos que el gobierno foxista firmó durante su campaña para la promoción de la libertad sindical en nuestro país.
Proposición con Punto de AcuerdoPrimero.- Que el titular del Poder Ejecutivo Federal retire las reservas al artículo 8º del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales relativo a la libertad sindical.
Segundo.- Que el Estado mexicano a través de las instituciones del Poder Ejecutivo Federal como la Procuraduría Federal del Trabajo realicen las acciones conducentes a la protección del derecho de libertad sindical de los trabajadores mexicanos.
Atentamente.
Dip. Eliana García Laguna (rúbrica).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.Tiene el uso de la palabra la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para una proposición con punto de acuerdo en relación al buque chileno ``Esmeralda''.
La diputada Eliana García Laguna:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Hace aproximadamente dos semanas inscribí un punto de acuerdo, pero nuestro rezago pues nos trae hasta que... era sobre el buque escuela ``Esmeralda'' que ha sido reconocido por el Senado norteamericano en 1986; por Amnistía Internacional en 1980; por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1974 y por la misma Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, de Chile, como uno de los centros de tortura que utilizó el dictador Pinochet en el periodo de la dictadura.
Nuestro punto de acuerdo era para exhortar al Ejecutivo a que no se permitiera la entrada del buque a las aguas nacionales. Como legisladores, no nos dejamos llevar por rumores, está bien sustentado que este buque fue un centro de tortura, así como usaron estadios, usaron otros buques de la armada chilena pero éste era un buque escuela.
En 1974, cuando fue su primera salida después del golpe militar, en California, en San Diego, las prostitutas se declararon en huelga y decidieron no dar servicio a los marineros por ser éste un centro de tortura; en 1986 en Nueva York, en 2002 en Canadá; en 2003 en Holanda, Estocolmo, Suecia, Reino Unido, han impedido la entrada de este buque por lo que representa en términos de la lucha por los derechos humanos a nivel mundial y por lo que ha significado la necesidad de que el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos reconozca aquellos delitos de lesa humanidad que deben ser castigados.
Nosotros quisimos hacer un punto de acuerdo para que no se permitiera la entrada derivado de que ya entró, ya llegó, el sábado pasado se hizo una recepción a la que, por cierto, no asistieron ni el Gobierno Federal ni la representación del Gobierno Federal ni el estatal, seguramente porque consideró que éste había sido un buque de tortura, nuestra proposición con punto de acuerdo va en el siguiente sentido:
Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a que en congruencia con su denominada política de Estado a favor de los derechos humanos se abstenga en el futuro de dar entrada a territorio y/o a aguas nacionales, de símbolos mundiales de violaciones graves a los derechos humanos como sucedió al permitir la entrada del buque escuela ``Esmeralda''.
Firman este punto de acuerdo, se adhirieron a este punto de acuerdo, la mayoría de los diputados federales del Partido de la Revolución Democrática; por el Partido Acción Nacional, el diputado Manuel Pérez Cárdenas, Miguel Angel Llera Bello; a nombre de todo el grupo parlamentario de Convergencia, el diputado Jesús González Schmal; por... a nombre, se adhirieron a este punto de acuerdo por el PRI, la diputada Rebeca Godínez...
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Le recuerdo su tiempo, diputada.
La diputada Eliana García Laguna:Termino, señor Presidente.
El diputado Enrique Burgos, la diputada Leticia Gutiérrez y a nombre de todo el grupo parlamentario del PT, los diputados Oscar González y Alejandro González.
Agradezco mucho, señor Presidente.
«Proposición con punto de acuerdo relativa al Buque chileno ``Esmeralda''.
Los suscritos, diputados y diputadas federales de diversos grupos parlamentarios, integrantes de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior de Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo:
El 11 de septiembre de 1973, el general Augusto Pinochet derrocó al Gobierno constitucional del Dr. Salvador Allende en un sangriento golpe de estado. Durante los 17 años de su dictadura, sometió a Chile al imperio del terrorismo de estado, el más vil de todos los terrorismos en la medida que se ampara en el uso y abuso de la autoridad. Según datos oficiales, durante este periodo fueron brutalmente asesinadas por agentes del estado chileno unas 3 mil 197 personas.
Después del golpe, el ``Buque Escuela Esmeralda'' fue utilizado por la Armada de Chile como centro de detención y tortura en el puerto de Valparaíso, según ha sido fehacientemente demostrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (Informe 24/OCT/74), Amnistía Internacional (Informe AMR 22/32/80), el Senado Norteamericano (Resolución 36116/JUN/86) y el Informe de la Comisión Nacional (Chilena) de Verdad y Reconciliación (Tercera Parte, Capítulo I, Sección 2 f.2.).
Ciertamente el ``Esmeralda'' no sólo es el barco de la muerte y la tortura según ha sido acreditado ampliamente, sino también, ha pasado a ser el símbolo de las acciones criminales y siniestras que se sufrieron en los países hermanos del Cono Sur y en nuestro propio país.
Aunque el gobierno chileno ha transitado desde hace varios años hacia un sistema de representación democrática, la visita anual del buque escuela no puede ser bienvenida mientras la Armada de Chile no reconozca el uso criminal que se hizo del buque y pida perdón a las víctimas y a los familiares de las víctimas.
El ``Esmeralda'' anualmente hace este viaje y en varios casos por la demanda de la sociedad civil y organizaciones políticas se le ha negado la entrada a los puertos. Un país como el nuestro en el que tanto la fracción del PRI en el Senado, el Ejecutivo Federal, las fracciones del PRD y el PAN en esta Cámara hemos propuesto iniciativas incluso a nivel de reformas constitucionales a favor del respeto a los derechos humanos, no podemos quedarnos callados e impávidos ante la llegada del símbolo presente de las torturas y violaciones del pasado chileno que se representan en el Buque Escuela ``Esmeralda''.
Por lo anterior, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta soberanía el siguiente
Punto de AcuerdoUnico. Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a que, en congruencia con su autodenominada política de Estado a favor de los derechos humanos, se abstenga en el futuro de dar entrada a territorio y/o aguas nacionales de símbolos, de violaciones graves a los derechos humanos, como sucedió al permitir la entrada del Buque Escuela Esmeralda.
Palacio Legislativo. San Lázaro, a 13 de abril de 2004.--- Diputados: Eliana García Laguna, Horacio Duarte O., Francisco Javier Carrillo S., Salvador Martínez, Inti Muñoz, Juan García C., Oscar González, Pascual Sigala, Francisco J. Saucedo Pérez, Alfonso Ramírez Cuéllar, Manuel Pérez Cárdenas, Marcela Lagarde y de los Ríos, Eduardo Espinoza, Cristina Portillo Ayala, Pablo Gómez, Jazmín E. Zepeda Burgos, Jesús Martínez Alvarez, Jesús González Schmal, Leticia Gutiérrez C., Rebeca Godínez, Enrique Burgos, Adrián Chávez Ruiz, Gilberto Ensástiga Santiago, Alejandro González Yáñez y Miguel Alonso Raya.»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Un momento, diputada. Aunque ya concluyó, señor diputado...
Favor de activar el sonido en la curul del diputado Tamborrel.
El diputado Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez (desde su curul):
Gracias, señor Presidente.
Por su conducto solicitar una respuesta a una pregunta a la oradora, si es tan amable.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:¿Acepta, diputada Eliana?
La diputada Eliana García Laguna:Sí, si la sé, con todo gusto.
El diputado Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez (desde su curul):
Gracias, compañera.
Preguntarle que si no le parece que para el pueblo chileno ya fue suficiente el haber padecido en ese buque todas las torturas a las cuales usted hizo mención y que hoy, que ya existe un gobierno democrático, ¿no le parece que esta posición es precisamente un insulto y una ofensa al pueblo chileno que ya padeció en el pasado, precisamente esas torturas?
Y se lo comento porque tuve el gusto de estar ahí...
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Por favor, diputado Tamborrel...
El diputado Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez (desde su curul):
...El día sábado, en esa ceremonia que usted menciona y a la cual le comento sí asistieron autoridades federales, entre ellas un servidor.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Diputada Eliana.
La diputada Eliana García Laguna:Pues yo le agradezco al diputado que me dé la oportunidad de extenderme.
Yo le quiero decir que a mí me da pena, y se lo quiero decir incluso a raíz del punto anterior. Yo estuve en la cárcel de Acapulco cuando Montiel fue el director y sé perfectamente lo que él hizo y esto fue en 1983...
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Por favor diputada, céntrese a contestar la pregunta formulada. Está fuera de tema.
La diputada Eliana García Laguna:Voy... me voy a centrar... No, no estoy fuera de tema porque el tema es el tema de los derechos humanos y a mí me da pena que los gobiernos democráticos y por eso yo saludo que el Presidente Fox esté haciendo una propuesta en materia de derechos humanos para elevar a rango constitucional los derechos humanos.
En materia de derechos humanos nada pasa, los delitos de lesa humanidad que están siendo incluso juzgados ya, a través de una corte penal internacional, a la cual por cierto estamos nosotros en proceso de hacer una ratificación en esta Cámara, no son de olvido, los pueblos tienen que saber la verdad y los pueblos tienen necesidad de que se castiguen aquellos delitos que violentaron de manera grave los derechos humanos.
Y es convicción de cada persona, de acuerdo a su propia vida, a sus propias experiencias, a qué actividades protocolarias asiste; yo no quiero ofender a nadie y mucho menos al pueblo chileno. Yo creo que el pueblo chileno, al igual que cualquier pueblo que haya sufrido la represión y guerra sucia, requiere que se sepa la verdad, que se castigue a los responsables y yo le quisiera decir que Pinochet sigue sin castigo y que seguramente los chilenos estarían agradecidos con la historia y con su propia realidad, si todos los responsables de los crímenes de la guerra sucia fueran sancionados.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, diputada.
Dígame, diputado Tamborrell.
El diputado Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez (desde su curul):
Perdón, antes de que se retire la oradora, si fuera tan gentil, me parece que no respondidó en la totalidad y quisiera clarificarlo.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
No ha lugar diputado, no estamos en un debate del punto de acuerdo. Tendrá todo el derecho de hacerlo, cuando se toque en comisiones.
Túrnese a las comisiones unidas de Gobernación y Marina.Tiene el uso de la palabra el diputado Inti Muñoz Santini, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para una proposición con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades del Instituto Nacional de Bellas Artes, a la Asociación Rafael Flores Canelo y a los miembros del Ballet Independiente, a resolver los conflictos laborales...
Diputada Eliana.
La diputada Eliana García Lagunes (desde su curul):
Yo quisiera solicitarle a usted respetuosamente, si también pudiera turnar a la Comisión de Derechos Humanos este punto de acuerdo.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Se turna también a la Comisión de Derechos Humanos, aparte de las comisiones a que fue turnado.Me informan que el punto de acuerdo del diputado Inti Muñoz Santini, se retira del orden del día.
Tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Manuel Alcerreca Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para un exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que con los gobiernos estatales y municipales de Quintana Roo y Baja California, establezca las normas y lineamientos para el desarrollo de actividades y observación y nado con tiburón ballena, así como para crear acuerdos de coordinación en los tres niveles de gobierno, para el manejo, conservación y protección de su hábitat.
El diputado Víctor Manuel Alcerreca Sánchez:Con su permiso, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Adelante, diputado.
El diputado Víctor Manuel Alcerreca Sánchez:Colegas diputadas y diputados:
La observación y el nado con tiburones ballena, es una actividad nueva que está tomando gran auge entre turistas que visitan las comunidades del estado de Quintana Roo y de los países de Belice y Honduras.
Lo anterior, debido al contraste entre el tamaño de esta especie y su docilidad, lo que lo ha convertido en un fuerte atractivo generador de divisas y oportunidades para los pobladores costeros o ribereños de estas regiones, que van encontrando una alternativa de ingresos más rentable, fácil y educativa.
En años anteriores el tiburón ballena era algo exclusivo, sus apariciones sólo se presentaban en otras regiones como Filipinas, Pakistán, Australia y Japón. El tiburón ballena, considerado el pez más grande que existe en el planeta hoy día, puede crecer hasta los 15 metros de longitud, prefiere el agua superficial cálida en aquellas áreas donde hay brotes de agua más fría, rica en nutrientes como el plancton del cual se alimenta.
Actualmente se encuentra en la categoría de amenazado en la lista de especies de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza, en el Apéndice 2 de la Convención de Especies Migratorias, que numera las especies vulnerables compartidas por varios países y el Apéndice 2 de la Convención Internacional de Especies en Peligro, que regula su comercio internacional.
Ahora se sabe que son pocos los sitios en el mundo donde el tiburón ballena es un visitante frecuente, como es el caso de nuestro país, donde permanece desde junio hasta principios de diciembre en los estados de Quintana Roo y Baja California. Sin embargo, el número de personas que tienen como actividad principal la observación del tiburón ballena va en incremento, sin un control aparente y cada vez mayor probabilidad de daño.
Debido a que esta actividad recreativa y el negocio en sí podrían representar un peligro para esta singular especie, durante el año 2003 se analizó con anteproyecto de Norma Oficial Mexicana relativa a la protección, manejo y conservación de su hábitat, sin que hasta la fecha se haya terminado de procesar o se planteen alternativas.
Dado el interés comercial que suscita la presencia de esta especie, comienzan a surgir diferencias entre prestadores de servicios turísticos de origen diverso, por acaparar y obtener mayores visitantes, lo que amerita el establecimiento de acuerdos entre autoridades y organismos para el otorgamiento de permisos que regulen la presencia de visitantes en el área donde ocurre la especie mencionada.
Por todo lo anterior, someto a su consideración la siguiente proposición con
Punto de AcuerdoUnico. Exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que en coordinación con los gobiernos estatales y los municipales de Quintana Roo y de Baja California, establezcan las normas y los lineamientos para el desarrollo de actividades de observación y nado con tiburón ballena, así como para crear acuerdos de coordinación en los tres niveles de gobierno para el manejo, conservación y protección de su hábitat.
Al mismo tiempo, solicito a esta Presidencia que el texto íntegro de esta proposición se registre en el Diario de los Debates y se inserte en la Gaceta Parlamentaria de esta Cámara de Diputados.
Muchas gracias.
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a establecer, en coordinación con los gobiernos estatales y los municipales de Quintana Roo y de Baja California, normas y lineamientos para el desarrollo de actividades de observación y nado con tiburón ballena (rincodon typus), así como a efecto de crear acuerdos de coordinación en los tres niveles de gobierno para el manejo, la conservación y la protección de su habitat, a cargo del diputado Víctor Manuel Alcerreca Sánchez, del grupo parlamentario del PRI
Quien suscribe, diputado federal de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurre a solicitar que sea turnada para su análisis y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a que, en coordinación con los gobiernos estatales y los municipales de Quintana Roo y de Baja California, establezca las normas y los lineamientos para el desa-rrollo de actividades de observación y nado con tiburón ballena (Rincodon typus), así como para crear acuerdos de coordinación en los tres niveles de gobierno para el manejo, la conservación y la protección de su hábitat.
AntecedentesLa observación y el nado con tiburones ballena es una actividad nueva que está tomando gran auge entre turistas que visitan las comunidades del estado de Quintana Roo, México, Belice y Honduras. Lo anterior debido al contraste entre el tamaño de esta especie y su docilidad; lo que lo ha convertido en un fuerte atractivo generador de divisas y oportunidades para los pobladores costeros o ribereños de estos países que van encontrando una alternativa de ingresos más rentable, fácil y educativa.
En años anteriores, el tiburón ballena era algo exclusivo, sus apariciones sólo se presentaban en otras regiones como Filipinas, Pakistán, Australia y Japón. El tiburón ballena, considerado el pez más grande que existe en el planeta hoy en día, puede crecer hasta los 15 metros de longitud, prefiere el agua superficial cálida, en aquellas áreas donde hay brotes de agua mas fría rica en nutrientes, puesto que estas condiciones favorecen el crecimiento del plancton del cual se alimentan.
Actualmente, se encuentra en la categoría de ``amenazado'' en la lista de especies de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN), en el apéndice II de la Convención de Especies Migratorias que enumera las especies vulnerables compartidas por varios países, y el apéndice II de la Convención Internacional de Especies en Peligro (CITES) que regula su comercio internacional; similar condición se reconoce en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001, que cataloga al Rincodon typus como una especie amenazada.
Bajo esta categoría se encuentran ``aquellas especies, o poblaciones de las mismas, que podrían llegar a encontrarse en peligro de desaparecer a corto o mediano plazos, si siguen operando los factores que inciden negativamente en su viabilidad, al ocasionar el deterioro o modificación de su hábitat o disminuir directamente el tamaño de sus poblaciones''.
Ahora se sabe que son pocos los sitios en el mundo donde el tiburón ballena es un visitante frecuente, como en el caso de nuestro país donde permanece desde junio hasta principios de diciembre, en los estados de Quintana Roo y Baja California, por lo que algunos miembros de la comunidad han aprovechado este evento como un atractivo complementario a la pesca deportiva. Sin embargo, el número de personas que tienen como actividad principal la observación del tiburón ballena va en incremento sin un control aparente y cada vez mayor probabilidad de daño.
Debido a que esta actividad recreativa y el negocio podrían representar un peligro para esta singular especie, durante el año 2003 se analizo el Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-000-SEMARNAT-2003, que establece las especificaciones y lineamientos para el desarrollo de actividades de aprovechamiento sustentable (observación y nado) con tiburón ballena, relativa a su protección, manejo y conservación de su hábitat; sin que hasta la fecha se haya terminado de procesar o se planteen alternativas.
Por otra parte y dado el interés comercial que suscita la presencia de esta especie, comienzan a surgir diferencias, entre prestadores de servicios turísticos de origen diverso por acaparar y obtener mayores visitantes; lo que amerita el establecimiento de acuerdos entre autoridades y organismos para el otorgamiento de permisos que regulen la presencia de visitantes en el área a donde ocurre la especie mencionada.
Por todo lo anterior, someto a su consideración la siguiente proposición con
Punto de AcuerdoUnico. Exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, en coordinación con los gobiernos estatales y los municipales de Quintana Roo y de Baja California, establezca las normas y los lineamientos para el desarrollo de actividades de observación y nado con tiburón ballena (Rincodon typus), así como para crear acuerdos de coordinación en los tres niveles de gobierno para el manejo, conservación y protección de su hábitat.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, a 5 de abril de 2004.--- Dip. Víctor M. Alcerreca Sánchez (rúbrica).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, diputado.
Como lo solicita, insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria en el caso de que no haya sido publicado.Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Tiene el uso de la palabra el diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo que declare zona de monumentos históricos y artísticos al Centro Histórico de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.
El diputado José Antonio Cabello Gil:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Hago uso de esta tribuna para poner a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo declare zona de monumentos históricos y artísticos al Centro Histórico de la Ciudad de Guadalajara en el estado de Jalisco, al tenor de los siguientes
ConsiderandosQue de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, la política cultural del Gobierno Federal se orientará, entre otros objetivos, a encontrar un nuevo equilibrio entre el país y sus regiones, en el cual éstas tengan mayores posibilidades para desplegarse y expresarse y ser así los principales artífices de su desarrollo.
Que Guadalajara, por su rico legado histórico es una referencia en la vida nacional, pues entre otros hechos podemos citar dos de gran relevancia: ahí, en esa ciudad el cura Hidalgo abolió la esclavitud y además se editó El Despertador Americano, primer periódico que propagó las ideas de independencia.
Que Guadalajara cuenta con grandes obras artísticas y arquitectónicas, como son los murales del maestro José Clemente Orozco localizados en el Palacio de Gobierno, en la Capilla del Instituto Cultural Cabañas y en el paraninfo de la Universidad de Guadalajara; los murales de David Alfaro Siqueiros en el edificio de la antigua Universidad de Guadalajara; de Guillermo Chávez Vega en el Palacio de Justicia, en la Biblioteca Pública del estado, en el Auditorio Salvador Allende y en el Centro de la Amistad Internacional; de Gabriel Flores en el Palacio municipal y en el Hospital de Belén y el relieve de Rafael Zamarripa en la biblioteca de ciencias sociales y humanidades, entre otros.
Que de los monumentos arquitectónicos podemos enlistar la Catedral de Guadalajara, el Templo Expiatorio, el Palacio de Gobierno, el Instituto Cultural Cabañas, el Teatro Degollado, la Plaza de Armas, el Palacio de Justicia, el Hospital y el Panteón de Belén, entre otros.
Que a lo largo de su historia la Ciudad de Guadalajara ha sufrido modificaciones que en muchas de las ocasiones se han hecho para modernizar a la ciudad, pero a costa de la destrucción o modificación del rico patrimonio artístico y arquitectónico.
Por lo anterior y para atender convenientemente a la preservación del legado histórico en esta zona sin alterar o lesionar su armonía urbana, es conveniente incorporarla al régimen previsto por la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricos, la cual dispone que es de utilidad pública la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos y zonas arqueológicas y artísticas de la nación.
Por lo antes expuesto, propongo el siguiente
Punto de AcuerdoPrimero. Que esta Cámara exhorte al Titular del Ejecutivo, declare zona de monumentos artísticos e históricos al Centro del Municipio de Guadalajara, con el perímetro y características señaladas en el anexo de este punto de acuerdo...
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:El tiempo, diputado.
El diputado José Antonio Cabello Gil:Termino, señor Presidente.
Segundo. Que esta Cámara exhorte al Ejecutivo Federal para que inscriba esta declaratoria en el registro correspondiente de acuerdo a la legislación vigente.
Solicito a la Presidencia se instruya para que se publique el texto íntegro de esta proposición.
Gracias, señor Presidente.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.
Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a declarar zona de monumentos históricos y artísticos el centro histórico de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a cargo del diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del PAN.
El que suscribe, diputado José Antonio Cabello Gil, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo que declare zona de monumentos históricos y artísticos el centro histórico de la ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco, al tenor de los siguientes
ConsiderandosQue de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, la política cultural del Gobierno Federal se orientará, entre otros objetivos, a encontrar un nuevo equilibrio entre el país y sus regiones, en el cual éstas tengan mayores posibilidades de desplegarse y expresarse para ser los principales artífices de su desarrollo, por su bien y el de todo México.
Que Guadalajara tuvo tres asientos antes de establecerse en su sitio actual. En un principio estuvo en la Mesa del Cerro (a la orilla de Nochistlán, en la provincia del Teúl), hoy conocida como San Juan. La fundó el 5 de enero de 1532, Juan de Oñate quien al efecto había sido comisionado por Nuño de Guzmán. Este deseaba contar con una ciudad que le sirviera para asegurar sus conquistas y a la vez poderlas defender de la belicosidad de los naturales.
Que la Villa de Guadalajara la fundaron 42 vecinos; el nombre de Guadalajara lo tomaron en recuerdo de Guadalajara, España, cuna de Nuño de Guzmán. Poco duró la villa en este sitio, con la anuencia de Guzmán, Juan de Oñate, Miguel de Ibarra y Sancho Ortiz, el 19 de mayo de 1533 proyectaron mudarla de lugar en donde hubiera más agua, mejores medios de comunicación y menos tolvaneras.
Que fue propósito establecerla en una estancia próxima a Tlacotán, pero ante la protesta de Juan de Oñate, pites el sitio escogido era parte de su encomienda y amparado en su puesto de alcalde mayor de la nueva villa que se le había asignado, el 24 de mayo de 1533, se ordenó que la fundación se realizara en las proximidades de Tonalá. Se trasladaron entonces los vecinos a ese sitio; así, para el día 8 de agosto de 1533, Guadalajara se encontraba en su segundo asiento.
Que después de dos años de permanecer la villa en ese sitio, Nuño de Guzmán ordenó que se fundara cerca de Tlacotán, ya que esperaba el título de Marqués del Valle de Tonalá y el grupo de peninsulares ahí establecidos obstacu- lizaban sus pretensiones. Antes de marzo de 1535, una vez más, cambiaron de domicilio los vecinos a la estancia que había seleccionado. El 8 de noviembre de 1539 el emperador Carlos V concedió escudo de armas y título de ciudad a la nueva villa de Guadalajara.
Que fue atacada furiosamente, el 28 de septiembre de 1541 por los aborígenes que habían participado en la Guerra del Mixtón. Gracias al gobernador de la ciudad, Cristóbal de Oñate, pudieron salvarse de las furibundas acometidas de los aborígenes. Durante el despiadado ataque invocaron a San Miguel Arcángel y el 29 de septiembre, bajo juramento, lo proclamaron Patrón principal de la nueva ciudad.
Pensaron entonces trasladarla al valle de Atemajac, cerca de Tonalá y Toluquilla. Por este valle corría el río ahora conocido como San Juan de Dios y era un sitio más seguro para ser defendido de cualquier embestida de los naturales.
Unos se trasladaron de Tlacotán a Tonalá y otros a Tetlán en donde el 9 de octubre de 1541 se pregonó el padrón de los nuevos vecinos.
Que Cristóbal de Oñate, el 5 de febrero de 1542, nombró a los integrantes del nuevo ayuntamiento que regiría los destinos de la nueva ciudad, finalmente el 14 de febrero de 1542, se funda la ciudad en el sitio donde actualmente se encuentra; asentándose a más de Cristóbal de Oñate, 63 peninsulares; siendo 6 extremeños, 16 castellanos, 11 vizcaínos, 13 andaluces, 9 montañeses y 8 portugueses.
Que se instaló el primer ayuntamiento de la actual Guadalajara, presidido por el vizcaíno Miguel de Ibarra.
Que en el mes de agosto de 1542, llegaron a su destino las reales cédulas expedidas por el emperador Carlos V de Alemania y I de España, en noviembre de 1539, en las cuales concedía a Guadalajara el título de ciudad y escudo de armas. El día 10 de agosto de 1542 se pregonaron ambas cédulas en la plaza mayor de la novel y definitiva Guadalajara, con los honores que tales mercedes requerían.
Que por real cédula signada en Toledo el 10 de mayo de 1560, se dispuso que la Real audiencia de la Nueva Galicia, cajas y oficinas reales se cambiasen de Compostela a la atemajaquense Guadalajara. El 31 de agosto de 1560 se expidió real cédula y bula que autorizaron el traslado del Obispado de Compostela a Guadalajara.
Que la actual Guadalajara se formó del crecimiento y unión de tres núcleos primitivos de población: Mezquitán, Analco y Mexicaltzingo, que en 1667 se anexaron a la ciudad, fenómeno importante para la posterior consolidación del municipio.
Que por mandato real de fecha 18 de noviembre del año 1791, se dispuso la fundación de la Universidad de Guadalajara en la ciudad del mismo nombre, capital del Nuevo Reino de Galicia. La inauguración de este centro cultural fue el 3 de noviembre de 1792, teniendo como sede el ex Colegio de Santo Tomás.
Que en 1793 se instaló en esta ciudad la primera imprenta de la región, el 4 de diciembre de 1786, el rey Carlos III expidió la ley que establecía el sistema administrativo de intendencia en Nueva España, titulada ``Real Ordenanza para el Establecimiento e Instrucción de Intendentes de Ejército y Provincia en el Reino de Nueva España''.
Que con base en este ordenamiento legal el antiguo Reino o Provincia de Nueva Galicia quedó mutilado y a partir de entonces fue conocido bajo el nombre de Intendencia de Guadalajara, teniendo como capital la ciudad de su título. Este nuevo sistema político administrativo perduró hasta las primeras décadas del siglo XIX, sufriendo algunas modificaciones y reformas hasta la consumación de la Independencia.
Que el día 26 de noviembre de 1810, Hidalgo hizo su entrada triunfal a Guadalajara, después de haber pasado por Zamora, La Barca, Atequiza y Tlaquepaque. Su estancia en la capital neogallega se prolongó hasta el 14 de enero de 1811, y durante ella ocurrieron una serie de hechos de gran alcance político y social.
Que el 29 de noviembre de 1810, promulgó el decreto de abolición de la esclavitud. A fin de organizar al gobierno insurgente, Hidalgo creó los Ministerios de Gracia y Justicia, y la Secretaría de Estado y del Despacho, también nombró un representante plenipotenciario de México en territorio estadounidense. Por disposición de Hidalgo empezó a publicarse El Despertador Americano, primer periódico tapatío y primero también en propagar las ideas de la insurrección; con este hecho nace la prensa al servicio de la causa insurgente, destacando en este medio un notable ideólogo mexicano: Francisco Severo Maldonado.
Que otras importantes medidas que tomó Hidalgo fueron: abolir el papel sellado, los tributos y los estancos; también redujo las alcabalas, y abolió la prohibición de fabricar pólvora.
Que terminada la guerra de Independencia se proclamó a Jalisco como estado libre y soberano el día 21 de junio de 1823; designando a la ciudad de Guadalajara lugar de residencia de los poderes estatales.
Que el 27 de marzo de 1824, en el Plan de División Provisional del Territorio del Estado de Jalisco se dispuso que la ciudad de Guadalajara además de ser capital de su respectivo departamento se denominaría capital del estado, conservando su título de ciudad.
Que desde esa fecha Guadalajara se consolidó como centro administrativo, político, económico y cultural de la entidad y de la región occidente de México.
Que los principales monumentos históricos ubicados en la zona son:
Construcciones de carácter religiososLa Catedral de Guadalajara, construida entre los años 1561 a 1618, es de estilo neoclásico.
Templo de Santa Mónica, es de estilo barroco y se terminó dé construir en 1733.
Templo de la Merced, construido entre 1650 y 1721, su portada es de estilo barroco.
Templo de San Felipe Neri o La Asunción, construido en el siglo XVIII, es una obra de estilo barroco.
Templo de Jesús María, importante obra de estilo neoclásico con detalles barrocos, que data del siglo XVIII.
Capilla de Aránzazu, cuya construcción data del año de 1749, perteneció al antiguo Convento de San Francisco, su fachada principal es de estilo barroco.
Templo Expiatorio, de estilo neogótico, fue edificado entre los años 1897-1972.
Templo de San Francisco de Asís, se edificó entre 1554 y 1746, y es de estilo barroco obra perteneciente a la orden de los franciscanos.
Templo y ex convento de San Agustín, se inició en 1573, perteneciente a la orden de los agustinos, es de estilo barroco austero.
Templo de Santa María de Gracia, su construcción se inició en 1661 y formó parte del convento de religiosas dominicas.
Templo del Sagrario Metropolitano, iniciado en 1808 y terminado en 1843, su fachada principal es de cantera con pórtico neoclásico.
Templo de San Miguel de Mezquitán, obra concluida en 1733.
Templo de San José de Gracia, de estilo neoclásico, data de la segunda mitad del siglo XIX.
Templo de Capuchinas, corresponde al convento de monjas de dicha orden y data de fines del siglo XVIII.
Templo del Santuario de Guadalupe, fue construido entre 1777 y 1781.
Templo de San Juan de Dios, construcción de estilo barroco sobrio, data del siglo XVIII.
Templo de San Diego de Alcalá, construido en el siglo XVIII.
Templo de San Juan Bautista de Mexicaltzingo, de estilo neoclásico y detalles sobrios.
Templo del Carmen, su construcción original data del siglo XVIII pero fue modificada a fines del siglo XIX.
Construcciones de carácter civilPalacio de Gobierno, de estilo churrigueresco iniciándose su edificación a mediados del siglo XVII.
Instituto Cultural Cabañas (ex hospicio), obra arquitectónica iniciada en 1805 y puesta en servicio en febrero de 1810, el proyecto fue encargado a Manuel Tolsá, renombrado arquitecto de la época.
Teatro Degollado, de estilo neoclásico construido en 1866 con adiciones hasta 1964.
Palacio Legislativo, de estilo neoclásico data del siglo XVIII y que fue reconstruido en 1982.
Plaza de Armas, es de planta rectangular con áreas jardinadas, bancas de hierro ornamentadas con motivos vegetales y en el centro de la plaza se encuentra un kiosco de hierro forjado hecho en París.
Palacio de Justicia, el actual edificio se terminó en 1897.
Edificio de la Antigua Universidad, fue colegio jesuita de Santo Tomás de Aquino, fundado en 1591 y posteriormente sede de la segunda Universidad Mexicana en 1792, su portada principal es de cantera amarilla.
Hospital de Belén, inaugurado en 1794.
Rotonda de la Plaza de los Jaliscienses Ilustres, monumento circular de cantera, fue construida para honrar la memoria de los más distinguidos jaliscienses.
La Casa de los Perros, edificio de dos niveles con fachada de cantera construido en 1896, de estilo neoclásico.
Panteón de Belén o de Santa Paula, data de 1850, encontrándose fuera de uso como tal desde inicios del presente siglo.
Museo Regional (ex seminario), edificio construido a principios del siglo XVIII, para el Seminario Conciliar de San José, de 1861 a 1914 fue escuela llamada Liceo de Varones; en 1918 se inauguró aquí el museo de Bellas Artes y fue remodelado completamente en 1976; consta de 16 salas de exposiciones permanentes.
Monumentos históricos en honor a: los Niños Héroes, Ramón Corona, Cristóbal Colón, José Ma. Morelos, a la Independencia y a Miguel Hidalgo. Plaza y monumento a Benito Juárez, Plaza de la Bandera, monumento y Plaza de la Patria.
Obras de ArteEsculturasImagen de Nuestra Señora de la Rosa; fue obsequiada por Carlos V, en 1548, a la naciente diócesis y es venerada en la Catedral.
Imagen del Señor de las Aguas, es Jesucristo crucificado arrojado a la laguna de Magdalena por los indios de Xochitepec y se conserva en el Templo del Sagrario.
Imágenes de San Francisco de Asís, San Francisco Javier y San Martín de Tours, esculpidas por Mariano Perusquía, queretano nacido en 1771. Se conservan en la Catedral de Guadalajara.
San Joaquín, San José, Santa Ana y Santo Tomás de Aquino Son obras de Mariano Arce y se encuentran en la Catedral de Guadalajara.
La Virgen y el Niño, realizada por Mariano Perusquía. Se encuentra en el Templo de la Merced.
Santa Rosa, San Pedro y San Pablo, hechas por Mariano Perusquía, ubicadas en el retablo principal del templo del Sagrario Metropolitano.
La Inmaculada, el Divino Preso y la Dolorosa. Tres esculturas de Acuña (siglo XIX) ubicadas en el templo de Capuchinas.
El Cristo de la Esperanza, se venera en la capilla de Jesús, fue elaborada hace más de cien años.
La Virgen del Carmen, San Elías y San Eliseo. Obras escultóricas del siglo pasado que se localizan en el templo del Carmen.
PinturaLa Catedral de Guadalajara guarda obras pictóricas de incalculable valor, entre ellas: un cuadro atribuido a Bartolomé Esteban Murillo titulado ``La Purísima Concepción'', ubicado en la sacristía; ahí mismo se encuentra un mural de Felipe Castro llamado ``La Disputa del Sacramento'', copia de uno de Rafael, así como ``La Virgen del Apocalipsis'' y ``San Cristóbal'' de José de Páez, nacido en 1720.
En la capilla de la Purísima destaca ``La Ultima Cena'' de José María Uriarte, pintada entre 1817 y 1821; la imagen de la Virgen de Guadalupe, en su propio altar, es de José de Alcíbar, discípulo de Cabrera.
Muy notable es el mural ``La Iglesia Militante'' en la sala capitular, obra de Cristóbal de Villalpando (1650-1714).
En la sacristía del Templo de la Merced hay pinturas al óleo de los siglos XVII y XVIII, entre ellas una de Diego de Cuentas, que representa a la Virgen y la fundación de su orden.
En la capilla de Aránzazu se observa una pintura que representa el árbol doctrinario de San Francisco de Asís, rodeado de religiosos y monarcas que fueron convencidos por la filosofía de dicho personaje, esta pintura fue realizada en el siglo XVII.
Una pintura al óleo de la Virgen del Refugio, realizada por Pablo Valdez en 1879, puede ser admirada en el templo de San Sebastián de Analco.
El templo de Santa María de Gracia alberga cuatro lienzos del pintor tapatío Antonio Enríquez, realizado en 1754.
Los muros interiores del templo de Capuchinas están decorados con tres pinturas al óleo de Felipe Castro (1850) titulados: La Oración del Huerto, La Crucifixión y La Resurrección.
En el templo del Santuario de Guadalupe se encuentra una imagen de la Virgen del mismo nombre que es obra del pintor José de Alcíbar, quien la pintó en 1779 con un vívido colorido. Existen en la sacristía pinturas con las imágenes de Juan Diego y de San José, obras del pintor Diego de Cuentas, hecha esta última en 1714.
La cúpula central del templo de El Carmen está decorada con el fresco titulado ``Visión de la Gloria'' debido a Pablo Valdez, pintor tapatío de finales del siglo XIX.
Los murales del maestro José Clemente Orozco (1883-1949), pintor jalisciense, considerado uno de los tres más grandes muralistas mexicanos, cuyo valor artístico es mundialmente reconocido, y quien pintó en Guadalajara, de 1936 a 1939 varios murales, considerados entre lo mejor de su producción, siendo éstos los titulados: Lucha Social, Circo Político y Las Fuerzas Ocultas, localizados en el Palacio de Gobierno.
Otro mural de Orozco con el tema ``Independencia, Reforma y Revolución'' se puede admirar en la ex sede del Congreso del estado; en la capilla del Instituto Cultural Cabañas se aprecian las pinturas al fresco de José Clemente Orozco, destacando la figura del ``Hombre de Fuego''; y en el paraninfo de la Universidad de Guadalajara se puede admirar el mural titulado ``El Pueblo y sus Líderes'' así como el ``Hombre Pentafásico''.
Otros murales que pueden ser apreciados son los de David Alfaro Siqueiros, en el edificio de la Antigua Universidad de Guadalajara; de Guillermo Chávez Vega, en el Palacio de Justicia, en la biblioteca pública del estado, en el auditorio Salvador Allende y en el Centro de la Amistad Internacional; de Gabriel Flores en el Palacio Municipal y en el Hospital de Belén; y el relieve de Rafael Zamarripa en la biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades, entre otros.
En el teatro Degollado, la bóveda está decorada con una pintura al fresco de la escena del ``Canto IV'' de La Divina Comedia de Dante Alighieri, pintada por el arquitecto Jacobo Gálvez y Gerardo Suárez. En el frontón del pórtico de este teatro se encuentra la obra en altorrelieve de mármol blanco denominada ``Apolo y las Musas'' ejecutada por Benito Castañeda.
Que las características formales de la edificación de la ciudad, la relación de espacios y su estructura urbana, tal como hoy se conserva son elocuente testimonio de su excepcional valor para la historia social, política y artística de México.
Que la zona conocida como el centro histórico de Guadalajara, y en donde la Comisión Edilicia de Centro Histórico, Barrios Tradicionales y Monumentos Públicos del H. Ayuntamiento de Guadalajara (integrada por instancias gubernamentales del nivel federal, estatal y municipal) integraron y aprobaron el llamado ``Perímetro de Protección al Patrimonio Cultural Urbano de la Ciudad de Guadalajara'', y que se integra por dos perímetros: el perímetro ``A'', llamado Zona de Monumentos Históricos, y que comprende un total de 756 manzanas y un área de 689.74 hectáreas; y, el perímetro ``B'', llamado Zona de Monumentos Artísticos, que a la vez integra al perímetro ``A'', y que consta de un total de 848 manzanas y un área de 1,024.29 hectáreas.
La zona histórica se encuentra en el centro de la ciudad de Guadalajara, la cual se localiza en el Valle de Atemajac, sobre un terreno semiplano; sólo modifica su perfil y paisaje urbano pequeñas depresiones y promontorios. Y posee las siguientes características socioeconómicas e históricas específicas:
A) Está formada por 848 manzanas que se organizan en una estructura de barrios, que en conjunto conforman una traza irregular y asimétrica y donde casi todas las manzanas son regulares en tamaño y figura. Esa regularidad determina calles con perspectivas infinitas o continuas, su traza es ortogonal, resultado de los casi nulos accidentes irregulares que le predeterminan, los arroyos y sus afluentes constituyen un sistema hidrológico e hidráulico determinaron la morfología del actual centro histórico de la ciudad, como elementos importantes para la realización de la actividad productiva del hombre.
B) Guadalajara llegó al siglo XX como la segunda ciudad más poblada del país y con una serie de servicios y obras urbanas que se habían puesto en marcha desde la segunda mitad del siglo pasado: telégrafo (1868), teléfonos (1884), el ferrocarril que la comunicaba con la capital del país (1888), la Cámara de Comercio (1888), el Banco de Londres (1889), los planos para las redes de agua, drenaje, electrificación y alumbrado público de una gran parte de la ciudad (1896), el Banco de Jalisco (1898).
Para 1900, la ciudad estaba formada por un conjunto urbano principal y los poblados de Zapopan al noroeste, a unos diez kilómetros y San Pedro, después llamado Tlaquepaque, al sureste, a unos seis kilómetros. El primero era cabecera de una rica región agropecuaria y el segundo de una villa alfarera, de huertas y casas enormes, sitio de veraneo de la elite tapatía.
En los diez últimos años del porfiriato, la ciudad vio por primera vez la construcción de edificios de más de tres pisos, todos en el centro. Tres hoteles: San Francis, Fénix y García; dos para oficinas: Gómez, llamado luego Universidad, y Mosler; uno para la última de las grandes tiendas francesas de los ``barcelonnettes'' tapatíos: El Nuevo Mundo. Tales edificios ostentaban -ostentan los que quedan- preciosas canterías finamente labradas, herrajes de forja o fundición de procedencia europea: pasamanos, barandales, marquesinas.
Aunque para esos años ya existía la división urbana oficial en sectores, la gente se identificaba en realidad por barrios, y por la dicotomía ``centro-orillas''. El centro y sus barrios inmediatos -que formaban parte de los sectores Hidalgo y Juárez, ambos al poniente de la calzada Independencia- alojaban a ``la gente conocida'', a los pudientes de la época: hacendados, industriales, comerciantes o prósperos profesionales, que acostumbraban reunirse en el también céntrico ``Casino Jalisciense''. Sus casas, aunque de dos niveles, correspondían al concepto colonial de la casa que, heredado de España, desarrollaba la edificación alrededor de un patio, tenía austeras y alargadas ventanas enrejadas hacia la calle; portón, zaguán, cancel de hierro forjado o vaciado; patio florido colmado de macetas, muchas veces portales de arco, rodeado o flanqueado por las habitaciones. Estas, las ``piezas'' como se les llamaba, comenzaban de afuera hacia adentro, por la sala para recibir con ventana o balcón a la calle, y le sucedían otras en fila, las ``recámaras'' o habitaciones, para terminar en un último cuarto, que por lo general era un oscuro, húmedo y rudimentario baño.
Al fondo del patio, separado por un pasadizo que conducía al ``segundo'' patio, se hallaba el comedor que ostentaba frecuentemente ventanas emplomadas; detrás la cocina y al fondo o en altillo, estaban el o los cuartos para la servidumbre. El segundo patio y a veces un tercero, alojaba árboles frutales y servía de tendedero; otras veces el último de los patios se comunicaba con la calle lateral o la de atrás de la manzana, mediante un portón que daba paso a los carruajes y servía de entrada a las caballerizas.
Los barrios, por su parte, se habían formado alrededor de una parroquia y a ella debían, por lo general, su nombre. Los límites de los barrios siempre fueron imprecisos y subjetivos pero representaban, vox populi, jerarquías sociales bien definidas.
Al poniente del centro hacia la periferia, estaban los barrios de Santa Mónica, San Felipe, San Diego, La Capilla, El Carmen, La Trinidad, El Expiatorio, Los Angeles, donde vivía gente ``decente'', desde el punto de vista de la elite y de los propios sectores que allí vivían. Barrios compuestos por profesionistas, comerciantes, empleados, artesanos y estudiantes.
En los barrios se alternaban las casas de una y dos plantas, que se hacían cada vez más pequeñas hacia las orillas, aunque estaban concebidas en forma parecida y construidas con materiales básicos similares a las del centro. Los vecinos rivalizaban entre sí en ornamentación, cuidado y limpieza de sus casas. Las calles, las cuadras, salvo algunas excepciones, no ostentaban estridencias ni en materiales, altura, diseño o colores. Los esquemas se repetían produciendo una discreta homogeneidad en las aceras, en los barrios, en los rumbos.
En los barrios localizados hacia el oriente del centro (sectores Libertad, al nororiente, y Reforma, al suroriente) vivían la gente ``desconocida'' para la elite: artesanos, asalariados, obreros, en fin, los sectores populares de trabajadores. Las casas eran en su mayoría también de adobe. De la entrada se pasaba directamente a las piezas y de éstas al corral, espacio abierto para uso de la familia, donde solía existir un pequeño huerto y lugar para algunos animales.
La ciudad era una uniforme y discreta gradación centro-periferia que manifestaba sin grandes estridencias ni sobresaltos la misma arquitectura. Las clases sociales y el estatus económico se manifestaban y se reconocían por la distancia al centro, reflejo de la vieja concepción hispana para el trazo de ciudades y de la primitiva estructura de la Guadalajara del siglo XVI. Ciudad española en el centro y los núcleos indígenas o mestizas en la periferia. En los comienzos del siglo actual, sólo las nuevas colonias ``higiénicas'' distorsionaron este paisaje.
C) La ``primera colonia higiénica de la República Mexicana'', al decir de su fundador (citado en Díaz, 1944: 146) se había iniciado en 1898. En 1907 se electrificaron los tranvías y se extendieron sus líneas y trayectos en rutas cerradas llamadas ``circuitos''. Estos, que al principio atravesaron amplios baldíos hacia las orillas fueron la llave para que las nuevas colonias no sólo se integraran a la ciudad, sino que se fuesen edificando. Las colonias eran propiedad de las mismas empresas del transporte electrificado.
La colonia higiénica y las que le siguieron a principios del siglo veinte al sur y al poniente de la ciudad, aunque para consolidarse tardaron casi dos décadas, mucho significaron al romper los esquemas espaciales, alargar notablemente la mancha urbana hacia el rumbo poniente y dar por primera vez un carácter diferente a las construcciones. Con esto se inició una ruptura en el estilo arquitectónico tradicional que hasta entonces había permanecido invariable.
En el nuevo concepto de esas colonias -Francesa, Reforma, Americana, Moderna-, ocupadas en esa primera época por extranjeros principalmente, la casa se construía compacta, alrededor no de un patio sino de una estrecha circulación o ``pasillo'', con los locales comunicados por medio de ventanas hacia afuera, a los cuatro costados de la casa, ya que ésta se rodeaba de espacios abiertos o jardines. Estas construcciones, algunas de las cuales fueron fabricadas y compradas en el extranjero, traídas y armadas in situ, modificaron no sólo el estilo y modo de vivir de Guadalajara, sino que rompieron el homogéneo paisaje urbano, adornándolo con pintorescos torreones, mansardas, almenas y agujas.
D) Con el triunfo de la Revolución (en la que Guadalajara y los tapatíos poco participaron) y su secuela de reacomodo y redefiniciones, la década del veinte fue un periodo marcado por el miedo y la incertidumbre. Hubo un movimiento inquilinario -explosivo pero de corta duración- muy vinculado a sus homólogos de otras partes del país y entremezclado con las pugnas entre las organizaciones locales católicas y las anárquicas, estas últimas apoyadas indirectamente por los gobernadores locales, entre ellos don José Guadalupe Zuno (1923-26), quien construiría los primeros edificios públicos posrevolucionarios. Al gobernador Zuno se deben numerosas obras realizadas en un estilo arquitectónico que utilizaba el tezontle, la cantera y el azulejo; obras con una marcada adicción a formas pseudocoloniales. Resulta paradójico que un hombre tan decidido e intransigente en la lucha contra lo establecido, además heredero de un movimiento y partícipe de un gobierno revolucionario, haya admitido y aún preconizado el culto a las formas de la colonia. Al mismo Zuno se debieron la regularización de parte del cauce del río de San Juan de Dios, su parcial entubamiento y la apertura de lo que ahora es la calzada Independencia, así como el entronque de las calles de Juárez y Vallarta a través del edificio de la antigua penitenciaría del estado, llamada de Escobedo, la que años más tarde fue demolida por completo.
Esta demolición dio paso a un nuevo fenómeno: en su lugar se edificaron varias casas de una arquitectura de nuevo diferente a la tradicional y el Parque de la Revolución. Este parque ahora notablemente destruido y transformado, en su momento representó dos hechos importantes para la ciudad: su nombre, y un nuevo rumbo formal que seguirían muchas de las edificaciones a las que entonces se calificó de ``modernas'', estilo y tendencia que iniciaron los hermanos Barragán, Luis y Juan José, ganando el concurso para las obras del parque con un diseño muy diferente a los representados por otros concursantes, más apegado al estilo neocolonial del que se ha hablado anteriormente. Otro ejemplo de lo mismo fue el edificio llamado Mercantil, construido en pleno centro de la ciudad, enfrente del Palacio de Gobierno, atrás de la Catedral y contiguo a la casa de la familia Cañedo, de estilo neoclásico de fines del siglo XVIII, que más tarde, con motivo de su demolición, fuera objeto de polémica. El edificio Mercantil no sólo constituyó un manifiesto enclave, sino un reto al tradicionalismo demolido unos años más tarde para dar paso a la plaza de la Liberación.
Por su parte, las colonias del poniente se fueron transformando poco a poco con la edificación de nuevas casas habitación para las familias pudientes que iban abandonando el centro. Esta transformación perduraría por casi tres décadas: vivir en las colonias se consideraba un signo de distinción elitista, sobre todo para aquellos nuevos ricos que surgieron con la reanimación de la economía regional. Por otra parte, los comerciantes y profesionales reclamaban el espacio central para sus negocios y oficinas.
La Guadalajara de la segunda mitad de los treinta volvió a ser una ciudad tranquila y próspera que podía, ahora sí, disfrutar de la enorme ampliación del mercado regional que representaba el ferrocarril Sud-Pacífico, atraer capitales y gentes gracias a su buen tamaño y comunicaciones que se complementaban con una generosa Ley de Protección a la Industria (1932). En el propio centro y en los barrios del oriente, empezaron a proliferar pequeños talleres, fábricas y establecimientos comerciales.
E) En 1942 Guadalajara cumpliría cuatro siglos de existencia en el valle de Atemajac. La ciudad celebró su aniversario con un entusiasmo provinciano, aunque tuvo la oportunidad de disfrutar de espectáculos de gran calidad y renombre internacional que andaban exiliados con motivo de la Segunda Guerra Mundial. Los historiadores dieron vuelo a su pluma mostrando muchos aspectos de la ciudad, antes virtualmente desconocidos. A partir de esos años se suscitarían profundos cambios en la vida tapatía y se definirían formas y mecanismos peculiares para enfrentar el crecimiento urbano, las obras y servicios públicos.
A la reactivación interna de la economía urbana, en los cuarenta, se sumaría la bonanza local por la guerra, que estimuló las actividades productivas, comerciales y el empleo masivo de mano de obra. Así, hubo mucha gente que, por lo menos momentáneamente, tuvo trabajo e ingresos que les permitieron pensar en hacer realidad aquello de la casa propia en la ciudad. En esos años se empezaría a desencadenar también la migración hacia Guadalajara de personas que provenían del interior del propio estado de Jalisco y de sus vecinos de Michoacán y Zacatecas. Gentes de origen predominantemente rural y mestizo, acostumbradas al duro esfuerzo diario, a no confiar sino en su trabajo y su ahorro, dispuestas a ganar, a conquistar, no a tomar por la fuerza o gracias a concesiones un pedazo de tierra donde vivir. A esta demanda amplia y peculiar, correspondió una oferta también específica.
La reforma agraria, consumada en el período cardenista, cancelaba, por lo menos durante un buen tiempo, la acumulación de capital por la vía de las grandes explotaciones agrícolas; pero la ciudad abría interesantes posibilidades para los que tenían capital o tierras urbanizables. Así surgieron viejos y nuevos ricos y se improvisaron fraccionamientos de toda índole. Un solo dato resulta ilustrativo: en 43 años (1900-1943) se promovieron 18 zonas adyacentes para el crecimiento de la ciudad, incluyendo las ``colonias'' ya mencionadas. En los siguientes seis años (1944-1949) se promovieron treinta y dos zonas para esos fines (Sánchez, 1979).
De esta suerte la ciudad comenzó a dispararse hacia afuera, tanto en población como en extensión. Este fenómeno de la adquisición de tierra popular por medios legales establecidos, o sea, por transacciones de compraventa sujetas a derecho, se mantuvo en vigor hasta mediados de los años setenta, a pesar de las constantes irregularidades en los procedimientos y de la explotación que muchos de los fraccionadores llevaron acabo en perjuicio de los pobres urbanos de la ciudad.
F) Desde esta primera época de expansión urbana surgió la preocupación de diferentes sectores sociales, públicos y privados, por intervenir y regular el crecimiento de la capital jalisciense. En 1943 y a instancias de la Cámara de Comercio se dio forma a los sistemas incipientes que desde 1930 habían servido para aplicar recursos privados a las obras públicas mediante contribuciones especiales: se creó el Consejo de Colaboración Municipal de Guadalajara.
En 1947 se constituyó la Comisión de Planeación, cuyos antecedentes se remontaban a 1933. Esta Comisión sería, a su vez, la antecesora de la Junta General de Planeación y Urbanización del Estado (1959). El gobierno local instituyó, con el propósito de fomentar sus programas la edificación de viviendas; el Patronato de la Habitación Popular y el Instituto de Bienestar Social.
No obstante la legislación y los organismos técnicos, quedaba todavía un buen espacio para las iniciativas del ejecutivo estatal. En 1945 el gobernador, General Marcelino García Barragán, autorizó, contra todas las advertencias de los entendidos, el establecimiento de una zona industrial a lo largo de la vía ferrocarrilera a Nogales, donde se instalaron industrias aceiteras principalmente. El General reía cuando le señalaban que la ciudad llegaría tarde o temprano a ese lugar ¡de tan lejos que entonces parecía! En unos cuantos años la urbanización no sólo llegó, sino que sobrepasó ampliamente ese límite quedando toda el área rodeada de fábricas, y la ciudad envuelta en poluciones ruidos y molestias.
Al General García Barragán lo sucedió como gobernador el licenciado Jesús González Gallo, un personaje clave para el desenvolvimiento urbano de Guadalajara, y que marcaría un estilo de urbanización: todos los gobernadores que le siguieron, cada uno a su manera y circunstancia, han procurado continuar la transformación de la capital del estado.
G) Con el licenciado González Gallo se complementaban sus condiciones personales como estadista y su historia personal. Como ex seminarista pudo acercarse a la jerarquía eclesiástica: su matrimonio con una dama de la sociedad tapatía le permitió contar con la confianza y la colaboración de la elite local; su actuación política al nivel regional y nacional lo capacitaron y dieron relaciones muy importantes.
El sería el promotor de la segunda Ley del Consejo de Colaboración, y de su primer reglamento, de la Comisión de Planeación y consideraría a Guadalajara ligada a la región inmediata que dominaba: Zapopan, Tlaquepaque y Chapala. (Ley para el mejoramiento urbano de Guadalajara. Tlaquepaque, Zapopan y Chapala, 1947)
Contra viento y marea se propuso y logró el ensanchamiento de dos de las calles principales del centro: Juárez y 16 de Septiembre, para convertirlas en calles mayores, lo que se consideró la ``crucifixión de Guadalajara''. (Díaz Berrio, 1970) Por haberse generado una plusvalía con las obras del ensanche, estas fueron pagadas por los propietarios de los inmuebles allí ubicados, quedando los excedentes en su exclusivo beneficio. Esta obra, que en un primer momento provocó resistencias, estimuló muy pronto a los tapatíos incitándolos aún más a participar en los negocios inmobiliarios. La ampliación de esas calles perpendiculares se complementó con la apertura y construcción de una cruz, de cuatro plazas en cuyo centro quedó la Catedral, hecho quizá simbólico de una alianza que se había reestablecido.
Con esta transformación del centro tradicional se lograron espacios verdaderamente interesantes que dieron perspectiva a los principales edificios histórico-patrimoniales: el Palacio de Gobierno, el teatro Degollado, el Museo Regional, la propia Catedral y los portales y crearon un ámbito cívico de gran calidad.
No fue tan feliz el resultado de las ampliaciones de las calles ya que, por una parte, dividieron y rompieron la unidad del centro histórico de la ciudad y, por otra, las reconstrucciones hechas sin criterios definidos ni normas, alteraron la homogeneidad conseguida a través del tiempo y cambiaron la imagen tradicional de las calles por un abigarramiento bastante heterogéneo, siempre en aras del progreso y de la modernización. Desde entonces y cada vez con más violencia, esta condición de alteración y ruptura, extendiéndose por todas partes, ha desfigurado y destruido la condición original y homogénea de la ciudad.
H) En 1948 se iniciaba, con todo el apoyo del gobernador González Gallo, la primera Escuela de Arquitectura. Cinco años más tarde los flamantes arquitectos comenzarían a imponer una nueva imagen que mejoraba individualmente algunos edificios, pero que en general no ayudó a reencontrar la unidad perdida.
En el clima de relativa austeridad que caracterizó al régimen del presidente Ruiz Cortínez, el también austero gobernador licenciado Agustín Yáñez mandó edificar los primeros elementos de lo que después serían dos subcentros, uno al sur y otro al norte del eje o calle mayor, Alcalde-16 de Septiembre. Estos núcleos, de índole cultural, congruentes con la profesión de escritor del gobernante, serían los primeros núcleos especializados y habrían de fomentar, con el tiempo, la ocupación de los terrenos dejados por los antiguos patios ferrocarrileros al sur y al despejar el tabú de la incosteabilidad de ocupar terrenos quebrados como los de las ``barranquitas'', al norte.
I) En 1960 fue lanzado un concurso público para el diseño y construcción del primer edificio que se vendería por el sistema de condominio. Los reglamentos municipales en vigor no permitían una altura mayor de tres pisos. El concurso tuvo una nutrida y calificada participación de profesionales de la arquitectura. Cuando se exhibieron los trabajos, los concursantes y el público asistente no salían de su asombro al saber que dos primeros lugares habían sido adjudicados en contravención absoluta con las bases del concurso.
Pero el asombro llegó al extremo cuando un concursante que sólo había obtenido mención, fue el que realizó el proyecto definitivo y la supervisión de las obras, de una torre de ¡20 pisos!, saltándose con eso no sólo los reglamentos municipales, sino la promesa contenida en las bases del concurso de otorgar el proyecto definitivo y la supervisión de la obra al ganador del primer lugar.
Guadalajara había dado, con una doble pirueta espectacular, su primer salto hacia el cielo. Pronto comenzarían a surgir nuevas torres de diez, quince, veinte o más pisos. El negocio inmobiliario seguiría siendo por largo tiempo uno de los preferidos por el capital local.
Por su parte, el enorme crecimiento demográfico que experimentaría la capital jalisciense en la década 50-60, parecería haber estimulado aún más la oferta de tierras, el negocio .de los fraccionamientos populares y el desarrollo de una industrialización basada en pequeñas empresas, para las cuales los lotes en la periferia de la ciudad eran una buena alternativa para solucionar los problemas de vivienda y de locales de trabajo de sus propietarios.
J) En los años siguientes, Guadalajara habría de continuar con su afán de urbanizarse y crecer. En 1964 la ciudad llegaba al millón de habitantes y se ufanaba de tener el primer cardenal mexicano, el campeón de fútbol, el de ciclismo y el de boxeo. Se abrió un concurso para designar al tapatío un millón, que cuando nació, fue bautizado con los nombres de Juan, José, Francisco, a su vez los nombres del gobernador, el cardenal y el presidente municipal.
Es también la época de una gran promoción al estado de Jalisco y a su capital. El National Geographic Magazine dedicó un reportaje a la ciudad y a éste le siguieron otros numerosos artículos o números especiales de revistas locales o nacionales. Guadalajara ``vendía'' su urbanización, su bon vivre, su prestigio o su imagen con lo cual atraía negocios, más gente y a las primeras grandes empresas industriales, especialmente transnacionales: Kodak, Motorola, Cigarrera Mexicana, IBM y otras.
K) En la década de los setentas la inversión en Guadalajara superaba a la del resto del estado de Jalisco y la mayor parte de ella beneficiaba la expansión urbana hacia la periferia y, por supuesto, a los fraccionadores. En esos años se construyó la casi totalidad de un sistema de grandes colectores y un túnel de varios kilómetros con el propósito de, algún día, tener un metro, sueño que pronto se desvaneció.
Para 1970 había 175 fraccionamientos autorizados. En 1971 la ciudad había extendido su mancha urbana dejando en su interior cerca de un 22% de terrenos baldíos, lo que da una buena idea del carácter especulativo de la actividad fraccionadora. Así, sin ``mover'' el capital y con obras ya realizadas y pagadas, los fraccionadores han esperado el tiempo que sea necesario para que se revaloricen sus lotes gracias a las inversiones en el área: (introducción de servicios, transporte, etcétera). Esta ha sido, sin lugar a dudas, otra de las grandes características de la urbanización tapatía: la inversión en valores inmobiliarios que aprovechan la plusvalía generada por el conjunto de las inversiones públicas y privadas, optando por la inmovilidad de los recursos con base en su relativa seguridad y favoreciendo las acciones especulativas en lugar de las productivas.
A partir de 1975, más o menos, las cosas comenzaron a cambiar. Se dieron los primeros movimientos populares organizados de carácter urbano, como el de Lomas de Polanco, en contra de las autoridades municipales y del Consejo de Colaboración Municipal y se inició la ocupación y venta de terrenos ejidales que por su régimen no podían ser legalmente ocupados ni vendidos. Para principios de los ochenta, de las 22,000 hectáreas que abarcaba la ciudad, unas dos mil quinientas correspondían a terrenos ejidales que se encontraban invadidos por unas quinientas mil personas.
L) A principios de la década de los ochenta se materializaba un sueño añejado por diez años: la construcción del centro metropolitano, hoy Plaza Tapatía, resultado de la demolición de las manzanas localizadas entre el Teatro Degollado y el Hospicio Cabañas, en la parte oriental del centro histórico, obra controvertida que transformó definitivamente la imagen y el carácter del centro tradicional de la ciudad.
Con esta transformación de gran envergadura y con la revitalización de varios edificios históricos de valor arquitectónico y monumental Palacio de Gobierno, Finanzas del Estado, Palacio Legislativo y Palacio de Justicia, Museo Regional, Teatro Degollado y la Catedral, se ha continuado con la tradición de gran acción urbanística en la capital tapatía.
El crecimiento urbano de Guadalajara que habría de darse, durante muchos años, en una explosiva expansión centro-periferia hacia los amplios terrenos agrícolas privados circundantes, con bajas densidades de ocupación, gracias a la amplia y bien organizada oferta de tierra, de crédito y a la preferencia del capital local hacia las inversiones inmobiliarias y la especulación, parece estar llegando a su fin. En los próximos años presenciaremos quizás profundos cambios en la modalidad de crecimiento urbano, en los mecanismos para expresar demandas y en las instituciones y organismos encargados de resolverlos.
En fin, habría que mencionar que en los últimos años, sectores del comercio, la industria y la banca locales han sido paulatina pero inexorablemente adquiridos por capitales extralocales: de México, Monterrey, del noroeste o del extranjero, decididos a conquistar el extenso e importante mercado que representa Guadalajara y la región del occidente, capitales que por su propia dinámica e intereses no requieren ni parecen estar dispuestos a aceptar y someterse a reglas locales.
Por todo lo anterior, y para atender convenientemente a la preservación del legado histórico de esta zona, sin alterar o lesionar su armonía urbana, se ha considerado conveniente incorporarla al régimen previsto por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la cual dispone que es de utilidad pública la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos y zonas de monumentos históricos y artísticos, como parte integrante del patrimonio cultural de la nación.
Por lo antes fundado y expuesto, me permito someter a la elevada consideración de esta H. Soberanía, la siguiente proposición con
Punto de AcuerdoArtículo 1o.- Que la Cámara de Diputados exhorte al Ejecutivo federal para que declare como zona de monumentos históricos y artísticos el centro histórico del municipio de Guadalajara, estado de Jalisco, con el perímetro y características que se anexan a este punto de acuerdo.
Artículo 2o.- Que la Cámara de Diputados exhorte al Ejecutivo federal para que inscriba la declaratoria en el registro correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, y la publique en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 5 de abril de 2004.--- Dip. José Antonio Cabello Gil.
AnexoLa zona de monumentos históricos y artísticos, materia de este acuerdo, comprende un área de 1,024.29 hectáreas y tiene los siguientes linderos:
Perímetro ``A'', Zona de Monumentos Históricos.- Partiendo del Punto 01, que se localiza en la esquina de la Av. Enrique Díaz de León y la calle Francisco Zarco; por ésta con dirección oriente hasta encontrar el
Punto 02, que se localiza en la esquina de la calle Francisco Zarco y la Av. Federalismo; por ésta con dirección norte hasta encontrar el
Punto 03, que se localiza en la esquina de Av. Federalismo y la calle General Eulogio Parra; por ésta con dirección oriente hasta encontrar el
Punto 04, que se localiza en la esquina de la calle General Eulogio Parra y la calle Contreras Medellín; por ésta con dirección norte hasta encontrar el
Punto 05, que se localiza en la esquina de la calle Contreras Medellín y la calle de Mariano Arista; por ésta con dirección oriente hasta encontrar el
Punto 06, que se localiza en la esquina de la calle de Mariano Arista y la calle González Ortega; por ésta dirección norte hasta encontrar el
Punto 07, que se localiza en la esquina de la calle de González Ortega y la calle de Jesús García; por ésta con dirección oriente hasta encontrar el
Punto 08, que se localiza en la esquina de la calle de Jesús García y la calle Belén; por ésta con dirección sur hasta encontrar el
Punto 09, que se localiza en la esquina de la calle de Belén y la calle Tenerías; por ésta con dirección oriente hasta encontrar el
Punto 10, que se localiza en la esquina de la calle Tenerías y la calle Coronel Calderón; por ésta con dirección sur hasta encontrar el
Punto 11, que se localiza en la esquina de la calle Coronel Calderón y la calle General Eulogio Parra; por ésta con dirección oriente hasta encontrar
Punto 12, que se localiza en la calle General Eulogio Parra y la calle Diagonal Alameda; por ésta con dirección surponiente hasta encontrar el
Punto 13, que se localiza en la intersección de las calles Diagonal Alameda, Joaquín Angulo y Dr. Baeza Alzaga; por ésta con dirección sur hasta encontrar el
Punto 14, que se localiza en la esquina de la calle de Dr. Baeza Alzaga y la calle San Diego; por ésta con dirección oriente hasta encontrar el
Punto 15, que se localiza en la esquina de la calle San Diego y la Calzada Independencia Norte; por ésta con dirección surponiente hasta encontrar el
Punto 16, que se localiza en la esquina de la Calzada Independencia Norte y la calle Federación; por ésta con dirección oriente hasta encontrar el
Punto 17, que se localiza en la esquina de la calle Federación y la calle Belisario Domínguez; por ésta con dirección surponiente hasta encontrar el
Punto 18, que se localiza en la esquina de la Calzada del Ejército y la calle Constitución; por ésta con dirección norponiente hasta encontrar el
Punto 19, que se localiza en la esquina de la calle Constitución y la calle José Luis Verdía; por ésta con dirección surponiente hasta encontrar el
Punto 20, que se localiza en la esquina de la calle José Luis Verdía y la calle Fray Bartolomé de las Casas; por ésta con dirección norponiente hasta encontrar el
Punto 21, que se localiza en la esquina de la calle Fray Bartolomé de las Casas y la Calzada Independencia Sur; por ésta con dirección surponiente hasta encontrar el
Punto 22, que se localiza en la esquina de la Calzada Independencia Sur y la calle de Mexicaltzingo; por ésta con dirección norponiente hasta encontrar el
Punto 23, que se localiza en la esquina de la calle Mexicaltzingo y la calle Manzano; por ésta con dirección surponiente hasta encontrar el
Punto 24, que se localiza en la esquina de la calle Manzano y la Av. Niños Héroes; por ésta con dirección norponiente hasta encontrar el
Punto 25, que se localiza en la esquina de la Av. Niños Héroes y la Av. Federalismo; por ésta con dirección, norte hasta encontrar el
Punto 26, que se localiza en la esquina de la Av. Federalismo y la calle José Guadalupe Montenegro; por ésta con dirección norponiente hasta encontrar el
Punto 27, que se localiza en la esquina de la calle José Guadalupe Montenegro y la calle Ignacio Rayón; por ésta con dirección norte hasta encontrar el
Punto 28, que se localiza en la esquina de la calle Ignacio Rayón y la Av. de La Paz; por ésta con dirección poniente hasta encontrar el
Punto 29, que se localiza en la esquina de la Av. de La Paz y la Av. Enrique Díaz de León; por ésta con dirección norte hasta encontrar el
Punto 30, que se localiza en la esquina de la Av. Enrique Díaz de León y la calle Libertad; por ésta con dirección poniente hasta encontrar el
Punto 31, que se localiza en la esquina de la calle Libertad y la calle Nuño de Guzmán; por ésta con dirección norte hasta encontrar el
Punto 32, que se localiza en la esquina de la calle Nuño de Guzmán y la calle Prisciliano Sánchez; por ésta dirección oriente hasta encontrar el
Punto 33, que se localiza en la esquina de la calle Prisciliano Sánchez y la calle Argentina; por ésta con dirección norte hasta encontrar el
Punto 34, que se localiza en la esquina de la calle Argentina y la calle Francisco I. Madero; por ésta con dirección oriente hasta encontrar el
Punto 35, que se localiza en la esquina de la calle Francisco I. Madero y la calle Prado; por ésta con dirección norte hasta encontrar el
Punto 36, que se localiza en la esquina de la calle Prado y la calle Manuel López Cotilla; por ésta con dirección oriente hasta encontrar el
Punto 37, que se localiza en la esquina de la calle Manuel López Cotilla y la Av. Enrique Díaz de León; por ésta con dirección norte hasta encontrar el
Punto 38, que se localiza en la esquina de la Av. Enrique Díaz de León y la calle Pedro Moreno; por ésta con dirección poniente hasta encontrar el
Punto 39, que se localiza en la esquina de la calle Pedro Moreno y la calle Atenas y su continuación por la calle Ignacio Ramírez; por ésta con dirección norte hasta encontrar el
Punto 40, que se localiza en la esquina de la calle Ignacio Ramírez y la Av. Hidalgo; por ésta con dirección poniente hasta encontrar el
Punto 41, que se localiza en la esquina de la Av. Hidalgo y la calle José Clemente Orozco; por ésta con dirección norte hasta encontrar el
Punto 42, que se localiza en la esquina de la calle José Clemente Orozco y la calle Juan Manuel; por ésta con dirección oriente hasta encontrar el
Punto 43, que se localiza en la esquina de la calle Juan Manuel y la calle General Coronado; por ésta con dirección norte hasta encontrar el
Punto 44, que se localiza en la esquina de la calle General Coronado y la calle Garibaldi; por ésta con dirección oriente hasta encontrar el
Punto 45, que se localiza en la esquina de la calle Garibaldi y la calle Ghilardi; por ésta con dirección norte hasta encontrar el
Punto 46, que se localiza en la esquina de la calle Ghilardi y la calle Joaquín Angulo; por ésta con dirección oriente hasta encontrar el
Punto 47; que se localiza en la esquina de la calle Joaquín Angulo y la calle Frías; por ésta con dirección norte hasta encontrar el
Punto 48, que se localiza en la esquina de la calle Frías y la calle Herrera y Cairo; por ésta con dirección oriente hasta encontrar el
Punto 49, que se localiza en la esquina de la calle Herrera y Cairo y la Av. Enrique Díaz de León; por ésta con dirección norte hasta encontrar el Punto 01 cerrando así el polígono.
En los límites del perímetro se incluyen ambos paramentos de las calles que lo conforman.
Perímetro ``B'', Zona de Monumentos Artísticos.- Partiendo del Punto 01, que se localiza en la esquina de la Calzada Independencia Sur y la Av. Agustín Yáñez; por ésta con dirección norponiente hasta encontrar el
Punto 02, que se localiza en la esquina de la Av. Agustín Yáñez y la calle Juan I. Matute; por ésta con dirección poniente hasta encontrar el
Punto 03, que se localiza en la esquina de la calle Juan I. Matute y la Av. Inglaterra; por ésta con dirección norponiente hasta encontrar el
Punto 04, que se localiza en la esquina de la Av. Inglaterra y la calle Chapala; por ésta con dirección nororiente hasta encontrar el
Punto 05, que se localiza en la esquina de la calle de Chapala y la calle Tequila; por ésta con dirección norte hasta encontrar el
Punto 06, que se localiza en la esquina de la calle de Tequila y la Av. Vallarta; por ésta con dirección oriente hasta encontrar el
Punto 07, que se localiza en la esquina de la Av. Vallarta y la calle Fernando de Celada; por ésta con dirección norte hasta encontrar el
Punto 08, que se localiza en la esquina de la calle Fernando de Celada y la Av. Adolfo López Mateos; por ésta con dirección nororiente hasta encontrar el
Punto 09, que se localiza en la esquina de la Av. Adolfo López Mateos y la Av. México; por ésta con dirección oriente hasta encontrar el
Punto 10, que se localiza en la esquina de la Av. México y la Av. de Las Américas; por ésta con dirección norte hasta encontrar el
Punto 11, que se localiza en la esquina de la Av. de Las Américas y la calle José María Vigil; por ésta con dirección oriente hasta encontrar el
Punto 12, que se localiza en la esquina de la calle José María Vigil y la calle Gregorio Dávila; por ésta con dirección norte hasta encontrar el
Punto 13, que se localiza en la esquina de la calle Gregorio Dávila y la Av. de Los Maestros; por ésta con dirección orienté hasta encontrar el
Punto 14, que se localiza en la esquina de la Av. de Los Maestros y la calle Mariano Barcena; por ésta con dirección norte hasta encontrar el
Punto 15, que se localiza en la esquina de la calle Mariano Bárcena y la calle Guanajuato; por ésta con dirección nororiente hasta encontrar el
Punto 16, que se localiza en la esquina de la calle Guanajuato la glorieta La Normal; por ésta rodeándola hacia el norte hasta encontrar el
Punto 17, que se localiza en la esquina de la propia glorieta con la Av. Manuel Avila Camacho; por ésta con dirección norponiente hasta encontrar el
Punto 18, que se localiza en la esquina de la Av. Manuel Avila Camacho y la calle Magisterio; por ésta con dirección norte hasta encontrar el
Punto 19, que se localiza en la esquina de la calle Magisterio y la calle Chihuahua; por ésta con dirección oriente hasta encontrar el
Punto 20, que se localiza en la esquina de la calle Chihuahua y la Av. Fray Antonio Alcalde; por ésta con dirección sur hasta encontrar el
Punto 21, que se localiza en la esquina de la Av. Fray Antonio Alcalde y la Av. de Los Científicos; por ésta con dirección oriente hasta encontrar el
Punto 22, que se localiza en la esquina de la Av. de Los Científicos y Juan José Tablada; por ésta con dirección sur hasta encontrar el
Punto 23, que se localiza en la esquina de la calle Juan José Tablada y la calle Carlos Pereira; por ésta con dirección oriente hasta encontrar el
Punto 24, que se localiza en la esquina de la calle Carlos Pereira y la calle Antonio Rubio; por ésta con dirección sur hasta encontrar el
Punto 25, que se localiza en la esquina de la calle Antonio Rubio y la Av. Normalistas; por ésta con dirección surponiente hasta encontrar el
Punto 26, que se localiza en la esquina de la Av. Normalistas y la Av. Fray Antonio Alcalde; por ésta con dirección sur hasta encontrar el
Punto 27, que se localiza en la esquina de la Av. Fray Antonio Alcalde y la calle Silvestre Revueltas; por esta con dirección oriente hasta encontrar el
Punto 28, que se localiza en la esquina de la calle de Silvestre Revueltas y la calle Rubí; por ésta con dirección sur hasta encontrar el
Punto 29, que se localiza en la esquina de la calle Rubí y la calle Monte Cáucaso; por ésta con dirección suroriente hasta encontrar el
Punto 30, que se localiza en la esquina de la calle Monte Cáucaso y la calle Sierra Nevada; por ésta con dirección nororiente hasta encontrar el
Punto 31, que se localiza en la esquina de la calle Sierra Nevada y la calle Centro Médico; por ésta con dirección suroriente hasta encontrar el
Punto 32, que se localiza en la esquina de la calle Centro Médico y la calle Sierra Mojada; por ésta con dirección norte hasta encontrar el
Punto 33, que se localiza en la esquina de la calle Sierra Mojada y la calle Sierra Morena; por ésta con dirección oriente hasta encontrar el
Punto 34, que se localiza en la esquina de la calle Sierra Morena y lo calle Belisario Domínguez; por ésta con dirección surponiente hasta encontrar el
Punto 35, que se localiza en la esquina de la calle de Belisario Domínguez y la calle Salvador Quevedo y Zubieta; por ésta con dirección norponiente hasta encontrar el
Punto 36, que se localiza en la esquina de la calle Salvador Quevedo y Zubieta y la calle Sierra Mojada; continuando con dirección norponiente por la calle de Salvador Quevedo y Zubieta hasta encontrar el
Punto 37, que se localiza en la calle Salvador Quevedo y Zubieta y la calle Sierra Nevada; por ésta con dirección poniente hasta encontrar el
Punto 38, que se localiza en la calle Sierra Nevada y la Calzada Independencia Norte; por ésta con dirección surponiente hasta encontrar el
Punto 39, que se localiza en la Calzada Independencia Norte y la calle Clemente Aguirre; por ésta con dirección oriente hasta encontrar el
Punto 40, que se localiza en la esquina de la calle Clemente Aguirre y la calle Mariano Jiménez; por ésta con dirección sur hasta encontrar el
Punto 41, que se localiza en la esquina de la calle Mariano Jiménez y la calle Federación; por ésta con dirección oriente hasta encontrar el
Punto 42, que se localiza en la esquina de la calle Federación y la calle Belisario Domínguez y su continuación por la Calzada del Ejército; por ésta con dirección surponiente hasta encontrar el
Punto 43, que se localiza en la esquina de la Calzada del Ejército y la calle de Los Angeles; por ésta con dirección norponiente hasta encontrar el
Punto 44, que se localiza en la esquina de la calle de Los Angeles y la calle Analco; por ésta con dirección surponiente hasta encontrar el
Punto 45, que se localiza en la esquina de la calle Analco y la Calzada Jesús González Gallo; por ésta con dirección norponiente hasta encontrar el
Punto 46, que se localiza en la esquina de la Calzada Jesús González Gallo y la Av. Dr. Roberto Michel; por ésta con dirección sur hasta encontrar el
Punto 47, que se localiza en la esquina de la Av. Dr. Roberto Michel y la Calzada de Las Palmas; por ésta con dirección poniente hasta encontrar el
Punto 48, que se localiza en la esquina de la calzada de Las Palmas y la calzada Independencia Sur; por ésta con dirección sur hasta encontrar el Punto 01 cerrando así el polígono.
En los Límites del perímetro se incluyen ambos paramentos de las calles que lo conforman.»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias.
Como lo solicita el diputado José Antonio Cabello, publíquese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria en caso de que no se haya publicado.Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Tiene el uso de la palabra el diputado Narciso Agúndez Montaño, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para una proposición con punto de acuerdo, que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad, a instalar una mesa de trabajo que realice una revisión integral de las tarifas eléctricas aplicadas en el estado de Baja California.
El diputado Narciso Agúndez Montaño:Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:
El suscrito, integrante del grupo parlamentario del PRD, someto a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, conforme a las siguientes
ConsideracionesEn los estados del norte y sureste del país, como son Sonora, Sinaloa, Nayarit, Guerrero, Michoacán, Chihuahua, Nuevo León, Baja California, Baja California Sur y otros estados de la República, el alto consumo de energía eléctrica, resultado de un clima extremoso, poco benigno para la vida humana, hace que el subsidio a las tarifas eléctricas sea fundamental para la economía familiar.
El dinero que se invierte para el uso de ventiladores, enfriadores y además electrodomésticos que permiten una vida cotidiana más llevadera, termina poniendo en riesgo la alimentación, la salud, la educación de las familias de bajos ingresos de Baja California Sur. Está por entrar el verano, los altos pagos derivados del alto consumo de la energía eléctrica también están por llegar.
En este difícil contexto, bajo la coordinación de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, con la participación del Gobierno del estado, el Instituto Tecnológico Superior de La Paz y la Gerencia Estatal de la Comisión Nacional del Agua, se realizó un estudio de las tarifas eléctricas vigentes, tras el decreto que modificó las mismas en febrero del 2002.
De acuerdo con este estudio, los estratos sociales más afectados negativamente son los que consumen entre 351 y 900 kilowatt-hora. Esto representa el 64% de la población del estado y está constituido por familias de ingresos bajos a medios.
Ejemplo del resultado de esta falta de ponderación, es que en los municipios de La Paz, de Los Cabos, de Mulegé, de Comundú y Loreto, la mayoría de los usuarios se ven incluidos en la tarifa doméstica de alto consumo, situación que ha llegado a aumentar hasta en un 500% el importe en los recibos de electricidad.
Es necesario detener el incremento de las tarifas eléctricas, adoptar criterios adicionales para definir la temperatura promedio mensual y simplificar el sistema tarifario que es sumamente complejo, lo que obstaculiza su comprensión y aplicación.
El estudio fue realizado debido a la gran inconformidad social que existe entre las familias más pobres de Baja California Sur, por el excesivo incremento en las tarifas eléctricas y con la finalidad de que tengamos elementos de peso para solicitar que se reconsideren las tarifas eléctricas.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Señor diputado, se le ha agotado el tiempo.
El diputado Narciso Agúndez Montaño:Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno, el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.
Unico. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Federal de Electricidad, a instalar una mesa de trabajo para la revisión integral de las tarifas eléctricas que se apliquen en el estado de Baja California Sur, con la participación del gobierno de la entidad y de la Cámara de Diputados.
Es cuanto, señor Presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad a instalar una Mesa de Trabajo que realice una revisión integral de las tarifas eléctricas aplicadas en el estado de Baja California, a cargo del diputado Narciso Agundez Montaño, del grupo parlamentario del PRD
El suscrito, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes
ConsideracionesEn los estados del norte del país, el alto consumo de energía eléctrica que impone las condiciones de un clima extremoso, poco benigno para la vida humana, hace que el subsidio a las tarifas eléctricas sea fundamental para las economías familiares. La parte del ingreso familiar que se invierte en el uso de ciertos electrodomésticos que permiten una vida cotidiana más llevadera, termina poniendo en riesgo la adquisición de otros satisfactores básicos por parte de los habitantes de ingresos medios y bajos de Baja California Sur.
La alta facturación eléctrica, derivada de las condiciones climáticas de nuestra entidad, no solamente afecta al consumo doméstico de electricidad, sino también al desarrollo de las distintas actividades económicas, sobre todo las dedicadas al turismo, siendo este sector, uno de los principales generadores de empleo.
En este difícil contexto, con la coordinación de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y con la participación del gobierno del estado, el Instituto Tecnológico de La Paz y la Gerencia Estatal de la Comisión Nacional del Agua, se realizó el Estudio de las tarifas vigentes en Baja California Sur, tras el decreto que modificó las tarifas eléctricas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2002.
De acuerdo con ese estudio, los estratos más afectados negativamente son los que consumen de 151 a 900 kilowatts Hora, que representan 64 por ciento de los usuarios del estado. Ese grupo social está constituido por familias con ingresos que van de bajos a medios-altos. En contraste, los usuarios clasificados en los tres rangos de consumo más alto, hogares con mayores ingresos, se ven menos afectados con la nueva estructura tarifaria.
El análisis detallado de trece diferentes estratos de consumo en las regiones con mayor cantidad de población, muestra una gran disparidad en los efectos socioeconómicos de las tarifas eléctricas aplicables. Así, por ejemplo, en Cabo San Lucas y La Paz, 33 por ciento de los usuarios que tienen muy bajo consumo (hasta 150 Kwh) obtuvo cierto descenso en los costos de energía como consecuencia de la reforma tarifaria de 2002. Sin embargo, la tarifa establecida para Ciudad Constitución y Santa Rosalía no sólo no ha beneficiado a este grupo de consumidores, sino que éstos han sufrido un incremento real de 6 y 75 por ciento, respectivamente, en la cantidad promedio que pagan en cada recibo de electricidad.
Otro resultado importante del exhaustivo análisis coordinado por la Universidad Sudcaliforniana, es que el impacto de la tarifa doméstica de alto consumo (la DAC), en el período de marzo a septiembre del 2002, fue mucho mayor que la declarada oficialmente, debido, en buena medida, a que las temperaturas promedio consideradas para el verano, no reflejan la gran variación de la temperatura diurna comparada con la nocturna propia de las zonas áridas. Como resultado de esta falta de ponderación, por ejemplo, la mayoría de los usuarios de los municipios de Los Cabos y Santa Rosalía se ven incluidos en las DAC.
De tal manera que si de mayo a octubre un importante sector de la población no alcanza el llamado nivel de confort térmico, la situación se agrava en julio, agosto y septiembre por las altas temperaturas que se registran durante el día, y que vuelven indispensable el uso intensivo de aparatos electromecánicos para mejorar las condiciones ambientales en el interior de los hogares. Quienes conocen nuestro estado saben que esto no es un lujo, sino que se trata de una necesidad de primer orden; y la aplicación de la tarifa DAC ha llegado a quintuplicar el importe en los recibos domésticos.
Finalmente, dentro de las recomendaciones generales a las que llega el estudio en cuestión, destacan: la necesidad de detener el incremento de las tarifas eléctricas; adoptar criterios adicionales para definir la temperatura promedio mensual para asignar las tarifas regionales; y simplificar el sistema tarifario que es sumamente complejo, lo que obstaculiza su comprensión y aplicación.
El estudio fue realizado debido al gran descontento que existe entre la población de Baja California Sur por el excesivo incremento de las tarifas eléctricas y con la finalidad de que se tengan elementos de peso para solicitar que se reconsideren las tarifas eléctricas en nuestro estado.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Pleno el siguiente
Punto de AcuerdoUnico. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad a instalar una mesa de trabajo para la revisión integral de las tarifas eléctricas que se aplican en el estado de Baja California Sur y en la que participe también el gobierno de dicha entidad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2004.--- Dip. Narciso Agúndez Montaño (rúbrica), Dip. Adrián Chávez Ruiz, Dip. Gelacio Montiel Fuentes, Dip. Santiago Cortés Sandoval, Dip. Jazmín Elena Zepeda Burgos, Dip. Francisco Chavarría Valdeolivar, Dip. Juan García Costilla, Dip. Margarito Fierros Tano, Dip. Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, Dip. Inelvo Moreno Alvarez, Dip. Sergio Augusto Magaña Martínez, Dip. Rafael García Tinajero Pérez, Dip. Francisco Mora Ciprés, Dip. Enrique Torres Cuadros, Dip. Israel Tentory García, Dip. Reynaldo Valdés, Dip. Rosa María Avilés Nájera, Dip. Agustín Rodríguez Fuentes, Dip. Lizbeth Rosas Moreno, Dip. Bernardino Ramos Iturbide, Dip. Alfonso Ramírez Cuellar, Dip. Minerva Hernández Ramos, Dip. Juan José García Ochoa, Dip. Edgar Torres Baltazar, Dip. Víctor Suárez Carrera, Dip. Dolores Gutiérrez Zurita, Dip. José Luis Naranjo y Quintana, Dip. Valentín González Bautista, Dip. Javier Salinas Narváez, Dip. Daniel Ordóñez Hernández, Dip. Emilio Serrano Jiménez, Dip. Francisco Javier Carrillo Soberón, Dip. Elpidio Tovar de la Cruz, Dip. Rafael Flores Mendoza, Dip. Socorro Díaz Palacios, Dip. Arturo Nahle García, Dip. Antonio Mejía Haro, Dip. José Luis Medina Lizalde, Dip. Guillermo Huízar Carranza, Dip. Carlos Silva Valdés, Dip. Joel Padilla Peña, Dip. Javier Manzano Salazar, Dip. Rosario Herrera Ascencio, Dip. Irma Figueroa Romero, Dip. Yadira Serrano Crespo, Dip. Pascual Sigala Páez, Dip. Isidro Camarillo Zavala, Dip. Francisco Javier Obregón Espinoza, Dip. Cristina Portillo Ayala, Dip. Ana Lilia Guillén Quiroz, Dip. Gerardo Ulloa Pérez, Dip. Pedro Vázquez González y Dip. Francisco Amadeo Espinosa Ramos.»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, señor diputado.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, si se considera de urgente resolución.
El diputado Pedro Avila Nevárez (desde su curul):
Pido la palabra, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Un momento, diputada Secretaria.
Por favor, activen el sonido en la curul del diputado de Durango, Pedro Avila Nevárez.
El diputado Pedro Avila Nevárez (desde su curul):
Yo quería, señor Presidente, con todo respeto, decir lo siguiente: que hemos estado escuchando el otro día proposiciones y ahorita otra proposición para que las tarifas eléctricas se bajen en el estado de Baja California, en el estado de Guerrero, en Chiapas; esto no es un asunto de unos cuantos estados, es un asunto de toda la República desde que el Presidente Fox quitó, sin autorización del Congreso de la Unión, el subsidio que el gran Presidente Adolfo López Mateos, había dado...
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Señor diputado, ¿qué pedimento le hace usted a la Presidencia?
El diputado Pedro Avila Nevárez (desde su curul):
Quiero, quiero decirle a usted que, de ser posible, se cite a una mesa de trabajo y que se invite al Presidente y al director de la Comisión Federal de Electricidad, para que ahí, de una vez por todas, se busque dar solución al asunto de las tarifas eléctricas, que es un asunto de seguridad nacional, podemos decirlo, porque en todos lados de la República, al pueblo humilde se le pisotea con el alza de las tarifas eléctricas.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Señor diputado, está sometida a consideración de la Asamblea la proposición, en los términos que lo hizo el proponente; si hay modificaciones a esta proposición, yo le ruego que plantee en su oportunidad una nueva proposición con las modificaciones, es lo que permite el Reglamento.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:En votación económica, se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Se considera de urgente resolución.Esta Presidencia tiene registrados para hablar en pro de la proposición, al diputado Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo y al diputado Rafael García Tinajero Pérez, del Partido de la Revolución Democrática.
Tiene el uso de la palabra el diputado Joel Padilla Peña, hasta por tres minutos.
El diputado Joel Padilla Peña:Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
En los estados del norte del país, la población enfrenta los estragos de un clima extremoso, altas temperaturas que hacen la vida todavía más difícil en épocas de primavera y verano, mientras que en el invierno se producen temperaturas muy bajas que conducen a un mayor consumo de energía eléctrica.
El resultado de este mayor gasto en el pago de energía eléctrica, produce una merma en los ingresos de la población y por consiguiente se ve afectado su nivel de vida. Esta situación la viven de manera concreta los habitantes de Baja California Sur, quienes no sólo han tenido que enfrentarse a fenómenos meteorológicos que han azotado la entidad y destruido parte del patrimonio de las familias, sino que también tienen que pagar los estragos que producen en sus economías las altas tarifas eléctricas aplicadas en esa región.
Los altos costos del consumo de energía eléctrica, ya está demostrado que también afecta a todos los productores de la entidad, en particular al turismo, que es la fuente fundamental de ingresos para los habitantes de Baja California, Sur.
Sobre todo, nos preocupa la suerte que corren los habitantes de los estratos sociales bajos, que son los más afectados y vulnerables al costo de las tarifas eléctricas que entraron en vigor el 7 de febrero de 2002, porque en sentido contrario, los hogares con mayores ingresos no tienen el nivel de afectación conforme a la estructura tarifaria vigente.
El estudio que realizó sobre el particular la Universidad Autónoma de Baja California Sur da cuenta de lo que aquí afirmamos, en el sentido de que tanto las altas temperaturas ocasionan un mayor gasto por consumo de energía eléctrica, por el uso de enfriadores o ventiladores, para atenuar los efectos de estas temperaturas, así como la densidad de calefactores en épocas de invierno.
Por lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, votará a favor para que se apruebe la proposición con punto de acuerdo en comento, para que se haga una revisión integral de las tarifas eléctricas aplicadas a la entidad y que esto beneficie a la población y a las actividades productivas.
Es cuanto.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, señor diputado.
Tiene el uso de la palabra para hablar en pro el diputado Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Rafael García Tinajero Pérez:Con su venia, señor Presidente. Los diputados que provenimos de zonas húmedas y calurosas de nuestro país, no podemos hacer menos que apoyar la propuesta de este punto de acuerdo, tal posición es una manifestación de plena solidaridad, no sólo con quien lo propone, sino sobre todo con aquellos que nos eligieron.
Durante mi campaña y ahora como legislador, una de las quejas recurrentes que he recogido de los ciudadanos de mi distrito, es aquella que se refiere a las altas tarifas eléctricas que todo el año, pero sobre todo en épocas de calor, significan un grave golpe contra la economía de las familias.
Al igual que muchas regiones del país, la que represento, Lázaro Cárdenas, Michoacán y toda la costa michoacana sufren graves problemas económicas, cierre de las principales industrias que daban vida a la región, las que subsisten lo hacen con graves dificultades, desempleo en alza y los pocos trabajadores que conservan el trabajo tienen salarios raquíticos.
El calor es agobiante en la primavera y en el verano y representa un problema, no sólo para una estancia medianamente agradable, sino inclusive un riesgo para la salud. Disminuir los efectos del calor con un simple ventilador de pedestal o conservar los alimentos con las tarifas eléctricas actuales, significa para muchas familias privarse de satisfactores básicos.
La situación, aunque muchos no lo crean, amenazan con desbordarse. Hay enojo fácilmente perceptible entre la población, sobre todo entre la población más pobre, y las protestas hasta ahora pacíficas para exigir tarifas eléctricas justas, amenazan con tornasen violentas. Lo que allí pasa en muchas regiones del país, en Baja California, en Michoacán, en Durango, en el Sureste, por eso es urgente que este Congreso dé pasos para crear un nuevo marco legal, que evite la discrecionalidad del Ejecutivo para fijar el monto de las tarifas eléctricas.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Consulta la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Suficientemente discutida.Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba.
La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Aprobada. Comuníquese.Tiene el uso de la palabra el diputado Luis Maldonado Venegas, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar proposición para exhortar a las legislaturas de los estados de la Federación, a efecto de agilizar la discusión y en su caso aprobación de la iniciativa de reformas constitucionales que amplían el segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión.
El diputado Luis Maldonado Venegas:Con su permiso, señor Presidente:
El día 15 de diciembre del año 2002 se presentó ante el pleno de la pasada legislatura el proyecto de decreto para reformar el primer párrafo del artículo 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene como objeto ampliar el segundo periodo de sesiones ordinarias del honorable Congreso de la Unión, adelantándolo del 15 de marzo al lº de febrero, habiendo sido votado favorablemente.
Asimismo la Colegisladora con 95 votos en pro y tres abstenciones, el pasado 15 de diciembre aprobó la reforma propuesta, por lo cual se envió la iniciativa a los congresos locales para someterla a su respectiva consideración.
A la fecha se tiene conocimiento de que las legislaturas de los estados de: México, Baja California, Colima, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz y Zacatecas, han emitido su aprobación al resolutivo propuesto. Sin embargo, aún son insuficientes para satisfacer el requisito establecido para el Constituyente Permanente a efecto de reformar la Carta Magna.
Recordemos que la sociedad mexicana demanda de sus diputados y senadores un trabajo de mayor calidad e intensidad, ya que frente al rezago de la labor parlamentaria, los periodo legislativos actualmente son insuficientes para desahogar la agenda de trabajo propuesta por los diversos grupos parlamentarios, lo que repercute en que muchas de las determinaciones que espera la sociedad de nosotros, se vean postergadas.
Sabemos que los electores quieren que sus legisladores actúen con responsabilidad, pero también con oportunidad. Por ello es necesario que a la brevedad se logre la ampliación del segundo periodo de sesiones ordinarias, independientemente de la posibilidad de convocar a los periodos extraordinarios que se requieran, cuando la urgencia de los asuntos de la nación, así lo demanden.
Derivado de lo antes expuesto es que desde esta tribuna el grupo parlamentario de Convergencia, somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente
Punto de AcuerdoUnico. Se exhorta a las legislaturas de los estados de la Federación que aún no lo han hecho, a efecto de agilizar la discusión y, en su caso, aprobación, de la iniciativa de reformas constitucionales que amplía el segundo periodo ordinario de sesiones del honorable Congreso de la Unión.
Es cuanto, señor Presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a las legislaturas locales a agilizar la discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa de reformas constitucionales que amplia el segundo periodo ordinario de sesiones del H. Congreso de la Unión, presentada por el diputado Luis Maldonado Venegas, del grupo parlamentario de Convergencia, en la sesión del martes 13 de abril de 2004.
Con su permiso, señor Presidente:
El día 15 de diciembre del año dos mil dos, se presentó ante el pleno de la pasada Legislatura, el proyecto de decreto para reformar el primer párrafo del artículo 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene como objetivo ampliar el segundo periodo ordinario de sesiones del H. Congreso de la Unión, adelantándolo del quince de marzo, al primero de febrero, habiendo sido votado favorablemente.
Asimismo, la colegisladora, con 95 votos en pro y 3 abstenciones, el pasado quince de diciembre aprobó la reforma propuesta, por lo cual se envió la iniciativa a los Congresos locales para someterla a su respectiva consi- deración.
A la fecha, se tiene conocimiento de que las Legislaturas de los estados de Baja California, Colima, México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz y Zacatecas, han emitido su aprobación al resolutivo propuesto, sin embargo, aún son insuficientes para satisfacer el requisito establecido por el Constituyente Permanente, para reformar la Carta Magna, de contar con la mayoría de las Legislaturas locales.
Recordemos que la sociedad mexicana demanda de sus diputados y senadores un trabajo de mayor calidad e intensidad, ya que frente al rezago de la labor parlamentaria los periodos legislativos actualmente son insuficientes para desahogar la agenda de trabajo propuesta por los diversos grupos parlamentarios, lo que repercute en que muchas de las determinaciones que espera la sociedad de nosotros se vean postergadas.
Sabemos que los electores quieren que sus legisladores actúen con responsabilidad, pero también con oportunidad, por ello es necesario que a la brevedad se logre la ampliación del segundo periodo ordinario de sesiones, independientemente de la posibilidad de convocar a los periodos extraordinarios que se requieran cuando la urgencia de los asuntos de la nación lo demanden, tal y como seguramente acontecerá al finalizar el presente periodo el próximo 30 de abril, como lo han anticipado ya los acuerdos de los grupos parlamentarios representados en esta asamblea.
Derivado de lo anteriormente expuesto es que desde esta tribuna, el grupo parlamentario de Convergencia somete a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de AcuerdoUnico.- Se exhorte a las Legislaturas de los estados de la Federación a efecto de agilizar la discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa de reformas constitucionales que amplía el segundo periodo ordinario de sesiones del H. Congreso de la Unión.
Palacio Legislativo, a 13 de abril de 2004.--- Dip. Luis Maldonado Venenegas (rúbrica).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar a la Semarnat exija la aplicación irrestricta de la normatividad ambiental en las diversas instalaciones petroleras y el cumplimiento puntual de los compromisos asumidos por Pemex en el programa de auditorías ambientales.
El diputado Carlos Manuel Rovirosa Ramírez:Con su permiso, señor Presidente:
Con fundamento en lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, el que suscribe, diputado Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, someto al pleno de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, bajo los siguientes
ConsiderandosEl desempeño ambiental en México apunta avances sustanciales en materia de infraestructura ambiental en lo que concierne al control de la calidad del medio ambiente, la preservación de la biodiversidad y el aprovechamiento de los recursos naturales, según cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
El informe revela también la necesidad de incrementar el gasto público y privado a efecto de solventar al menos, 61 recomendaciones detectadas, lo que es motivo de preocupación a la luz de la reducción presupuestal de hasta el 14% propuesta por el gobierno foxista.
Destacan las inversiones aplicadas en el sector energético en especial la industria petrolera, para la que se indica que más de la mitad de sus instalaciones operan con certificados de industria limpia, emitidos por la Profepa, pero que las refinerías, en particular la elevada incidencia de accidentes en todas las instalaciones en general, demandan todavía mayores esfuerzos.
A pesar de la inversión que se ha realizado en el sector petrolero en materia de protección ambiental, el escaso seguimiento del cumplimiento de la legislación en la materia expresa continuos accidentes, con el consecuente efecto de daño al ambiente, como lo prueban los eventos ocurridos en Chiapas, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas y el estado de Campeche.
De acuerdo con lo expresado por el titular de la Semarnat en la pasada comparecencia ante esta soberanía, Pemex ha invertido 71 mil millones de pesos en protección ambiental, con lo que ha incorporado 505 instalaciones al Programa de Industria Limpia.
Lo anterior nos conduce a la conclusión de que no es suficiente para Pemex destinar enormes cantidades de dinero para la protección ambiental si ésta no se refleja en una real protección al medio ambiente.
Es imperativo que la Semarnat, por conducto de la Profepa, garantice el cumplimiento de las condicionantes, las recomendaciones y la normatividad ambiental en cada una de las instalaciones petroleras a través de actuaciones más enérgicas que incidan en la reducción de accidentes y daños ambientales.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Le recuerdo su tiempo, diputado.
El diputado Carlos Manuel Rovirosa Ramírez:Por lo antes expuesto ---concluyo, señor Presidente--- me permito presentar ante esta soberanía el siguiente
Punto de AcuerdoPrimero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que haga cumplir de manera irrestricta a Pemex las disposiciones ambientales en sus diversas instalaciones petroleras, tanto las preventivas como las correctivas.
Segundo. Se incrementen los esfuerzos de seguimiento y verificación del cumplimiento puntual de los compromisos asumidos por Pemex en los procesos de auditorías ambientales e informe a esta Cámara de Diputados sobre el estado actual que guardan las instalaciones incorporadas al Programa Nacional de Auditorías Ambientales.
Tercero. Formule y aplique un programa de vigilancia y monitoreo ambiental en las instalaciones industriales no incluidas en el Programa de Auditorías Ambientales.
Muchas gracias.
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a exigir la aplicación irrestricta de la normatividad ambiental en las diversas instalaciones petroleras y el cumplimiento puntual de los compromisos asumidos por Fenix en el Programa de Auditorias Ambientales, a cargo del diputado Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, del grupo parlamentario del PRI
Con fundamento en lo establecido en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso general de los Estados Unidos mexicanos y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, el que suscribe, diputado Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, somete al Pleno de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, bajo los siguientes
ConsiderandosEl desempeño ambiental en México apunta avances sustanciales en materia de infraestructura ambiental en lo que concierne al control de la calidad del aire, agua, manejo de residuos, preservación de la biodiversidad y aprovechamiento de los recursos naturales, según cifras reportadas en el Segundo Informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. El informe revela también la necesidad de incrementar el gasto público y privado a efecto de solventar al menos 61 recomendaciones detectadas, lo que es motivo de preocupación a la luz de la reducción presupuestal de hasta el 14% propuesta por el gobierno foxista.
Sobresalen las inversiones aplicadas en el sector energético, en particular la industria petrolera, para la que se indica que más de la mitad de sus instalaciones operan con certificados de industria limpia emitidos por la Profepa, pero que las refinerías en particular y la elevada incidencia de accidentes en todas las instalaciones en general demandan todavía de mayores esfuerzos.
A pesar de los esfuerzos de inversión que se han realizado en el sector petrolero en materia de protección ambiental, el escaso seguimiento del cumplimiento de la legislación en la materia se expresa en continuos accidentes, con el consecuente efecto de daño al ambiente, como lo prueban los eventos ocurridos en Cactus y Nuevo Pemex, en Chiapas, Pantanos de Centla y Puerto de Dos Bocas, en Tabasco; Cangrejera, en Veracruz, y la Cuenca de Burgos, en Tamaulipas.
De acuerdo con lo expresado por el titular de la Semarnat, en la pasada comparecencia ante esta soberanía, Pemex ha invertido 71 mil millones de pesos en la protección ambiental, ha incorporado 505 instalaciones al Programa de Industria Limpia y ha promovido 1,400 procedimientos administrativos para el resarcimiento de daño, incluida la restauración de 285 sitios contaminados de un total de 300 identificados en el estado de Tabasco.
Al respecto es deseable conocer las acciones emprendidas en cada uno de esos 285 sitios restaurados, toda vez que la situación en la zona petrolera en dicho estado, deja mucho que desear.
Situación similar guarda la Sonda de Campeche, donde la red de plataformas de perforación y extracción de hidrocarburos registra derrames y fugas accidentales continuas con la consecuente contaminación del agua. En esas misma entidad, pero en la península de Atasta el sistema de recompresión emite gases ácidos que provocan serios problemas de corrosión en el área afectando principalmente bienes de la población.
La Cuenca de Burgos, hoy señalada como la más importante reserva de gas natural del país, al representar el 80% de la producción de gas no asociado al petróleo es objeto de una febril actividad, cuyas primeras expresiones son la emisión de gases amargos que son liberados al ambiente provocando graves perjuicios a la salud de la población, en particular en los infantes.
Adicionalmente producto del intenso tráfico pesado ha causado el agrietamiento de las precarias viviendas de los pobladores aledaños, así como la muerte incidental del ganado que sufren de fracturas y muerte por las zanjas abiertas que abandonan las empresas contratadas por la paraestatal. Prueba de ello es el registro de más de doscientas demandas interpuestas por la población ante la Profepa en contra de Petróleos Mexicanos.
El manejo inadecuado de residuos peligrosos, la más de las veces abandonados a cielo abierto, y que al parecer se estiman en un volumen de 20 mil toneladas, es motivo de grande preocupación para la población, en esa misma región de Burgos.
Pemex argumenta que la oficina de protección ambiental basada en la zona de la Cuenca de Burgos ha aplicado recursos del orden de 650 millones de pesos y la firma de un convenio con el gobierno del estado y la Semarnat para garantizar la remediación de las zonas aledañas a los pozos a efecto de aplicar las medidas preventivas pertinentes y con ello cumplir con las normas oficiales mexicanas en materia ambiental.
Por señalar un punto, las condicionantes establecidas en la autorización de la manifestación de impacto ambiental no fueron cumplidas adecuadamente, como lo muestra la no aplicación del programa de rescate de flora y fauna que debió cumplirse previo al inicio de las obras de perforación, relegando el papel de la evaluación ambiental a un mero trámite burocrático.
Lo anterior nos conduce a la conclusión de que no es suficiente para Pemex destinar ingentes cantidades de dinero para la protección ambiental, si esta no se refleja en una real protección del medio ambiente. Poco sirve la formulación de sendos estudios de impacto ambiental y de prometedoras medidas de mitigación y compensación, si estas no se aplican con la oportunidad que se exige.
Por otro lado, la actividad humana que se desenvuelve en las inmediaciones de los sitios en donde se desarrolla la actividad petrolera, son parte del contexto ambiental y son sujetos de la atención de la paraestatal, tanto más, cuanto son víctimas directas o en sus bienes de la actividad petrolera.
Es imperativo que la Semarnat, por conducto de la Profepa, garantice el cumplimiento de las condicionantes y de la normatividad ambiental en cada una de las instalaciones petroleras, a través de actuaciones más enérgicas que incidan en la reducción de accidentes, reclamaciones y daños ambientales.
Por lo antes expuesto, me permito presentar a esta soberanía el siguiente
Punto de AcuerdoPrimero.- Se exhorta a la Secretaría de Medio, Ambiente y Recursos Naturales a que haga cumplir de manera irrestricta a Pemex las disposiciones ambientales en sus diversas instalaciones petroleras, tanto las preventivas como las correctivas.
Segundo.- Se incrementen los esfuerzos de monitoreo, seguimiento y verificación del cumplimiento puntual de los compromisos asumidos por Pemex en los procesos de auditorías ambientales e informe a esta H. Cámara de Diputados sobre el estado actual que guardan las instalaciones incorporadas al Programa Nacional de Auditorías Ambientales.
Tercero.- Formule y aplique un programa de vigilancia y monitoreo ambiental en las instalaciones industriales no incluidas en el Programa de Auditorías Ambientales, con especial énfasis en el estado de Tabasco, que integre las quejas planteadas por la comunidades afectadas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2004.--- Dip. Carlos Manuel Rovirosa Ramírez.»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
Se ruega a los señores legisladores intervinientes en este capítulo de puntos de acuerdo que traten de ajustarse al tiempo incluyendo la lectura del punto de acuerdo. Ese es el espíritu y la letra de lo acordado por el pleno.
Turno el anterior punto de acuerdo a las comisiones unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Energía.El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Tiene la palabra el diputado Angel Pasta Muñúzuri, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar a las entidades federativas y a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que se elimine de las ceremonias civiles matrimoniales la Epístola de Melchor Ocampo, ya que se atenta sobre los derechos y la dignidad de la mujer.
El diputado Angel Pasta Muñúzuri:Con el permiso de la presidencia.
Por respeto al tiempo, expondré un resumen de este punto de acuerdo y solicito que el texto original se integre en el Diario de los Debates.
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las entidades federativas, a los Congresos locales y a la Asamblea del Distrito Federal a efecto de que se elimine de las ceremonias civiles matrimoniales la Epístola de Melchor Ocampo al tenor de las siguientes
ConsideracionesPropongo con este punto de acuerdo que se elimine la Epístola de Melchor Ocampo, que data del Siglo XIX, en las ceremonias civiles matrimoniales, ya que atenta contra los derechos y la dignidad de la mujer.
El anacronismo de la epístola de Melchor Ocampo atenta contra la Carta Magna en frases inscritas como ``la mujer, cuyas principales dotes son la abnegación, la belleza, la comprensión, la perspicacia y la ternura deben dar y darán al marido obediencia, agrado, asistencia, tratando siempre con la veneración que se debe''. De esta forma se debe de rechazar una posición hacia la mujer de subordinación y opresión como objeto de mercancía e intercambio y responsabilizando a los hombres del control de sus actos y sus afectos.
Unico. Exhortar respetuosamente a las entidades federativas y a los Congresos locales y a la Asamblea del Distrito Federal, a efecto de eliminar de las ceremonias civiles matrimoniales la Epístola de Melchor Ocampo.
Por lo anterior, por si solo no es suficiente, sensible al tiempo que vivimos cuando la mirada de nuestro entorno nos produce desazón, al advertir el deterioro de nuestras formas de convivencia, sentimos que requerimos de la consistencia en los matrimonios para que den los valores suficientes para mejor vivir, en un ambiente de cordialidad, de armonía y de respeto; los que ignoran y los que lo niegan, quedarán condenados a vivir en un mundo amorfo y sin relieve, como un ser indiferente, como una nada para las conciencias.
Compañeras y compañeros diputados: nunca, y repito, nunca más el maltrato a la mujer.
Es cuanto, Presidente.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.
Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a las entidades federativas, a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a eliminar de las ceremonias civiles matrimoniales la epístola de Melchor Ocampo, ya que se atenta contra los derechos y la dignidad de las mujeres, a cargo del diputado Angel Pasta Muñuzuri, del grupo parlamentario del PAN.
C. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso de la Unión.--- Presente.
El que suscribe, Angel Pasta Muñúzuri, diputado federal, miembro del grupo parlamentario de Acción Nacional en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las entidades federativas, a los Congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a eliminar de las ceremonias civiles matrimoniales la Epístola de Melchor Ocampo, al tenor de las siguientes
ConsideracionesPropongo a esta honorable asamblea que se elimine la Epístola de Melchor Ocampo en las ceremonias matrimoniales civiles, ya que atenta sobre los derechos y la dignidad de las mujeres.
Referente a la medida expuesta en el artículo 4° constitucional, donde establece la igualdad de los derechos de mujeres y de hombres, es necesario modificar los documentos que permiten llevar a cabo el contrato matrimonial para que se efectúe en un marco de equidad.
La Epístola de Melchor Ocampo, redactada en el siglo XIX, obedece a una época cuyas costumbres mantenían a las mujeres en el mundo de lo privado y bajo la tutela de los hombres, como si fueran menores de edad. Los tiempos han cambiado; por consiguiente, se debe de excluir dicha epístola de los actos civiles matrimoniales, ya que la actualidad es diferente del siglo XIX.
El anacronismo de la Epístola de Melchor Ocampo atenta contra la Carta Magna en frases inscritas como ``el hombre, cuyas dotes sexuales son principalmente el valor y la fuerza, debe dar y dará a la mujer protección, alimento y dirección.
``La mujer, cuyas principales dotes son la abnegación, la belleza, la compasión, la perspicacia y la ternura, debe dar y dará al marido obediencia, agrado, asistencia... tratándole siempre con la veneración que se debe.''
De esa forma, debe rechazarse que la decisión voluntaria de mujeres y de hombres para formalizar su relación por medio del matrimonio mantenga una posición hacia la mujer de subordinación y opresión como objeto de mercancía e intercambio, y responsabilizando a los hombres del control de sus actos o sus afectos.
De esta forma, convoco y propongo para que se contengan conceptos de equidad entre hombres y mujeres, donde se tenga presente la responsabilidad de cada pareja, bordar la violencia intrafamiliar y revalorar el trabajo doméstico.
Así como también que se deba incluir el respeto mutuo a la planificación familiar, así como a una paternidad responsable, distribución de los ingresos y de los bienes de la pareja, igual con la salud sexual y reproductiva como responsabilidad de la pareja y no sólo de la mujer.
Punto de AcuerdoUnico. Exhortar respetuosamente a las entidades federativas, a los Congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a eliminar de las ceremonias civiles matrimoniales la Epístola de Melchor Ocampo.
Por lo anterior, por sí solo no es suficiente, sensible el tiempo que vivimos cuando la mirada a nuestro entorno nos produce desazón al advertir el deterioro de nuestras formas de convivencia, sentimos que requerimos la consistencia a los matrimonios para que den los valores suficientes para vivir mejor, en un ambiente de cordialidad, de armonía, de respeto.
Los que ignoran o los que lo niegan quedarán condenados a vivir en un mundo amorfo y sin relieve, como un ser indiferente, como una nada para la conciencia.
Dip. Angel Pasta Muñúzuri (rúbrica).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Como lo solicita el diputado Angel Pasta Muñúzuri, transcríbase en el Diario de los Debates el texto íntegro del documento, publíquese en la Gaceta Parlamentaria en caso de que no haya sido publicado y túrnese a la Comisión de Gobernación.Tiene el uso de la palabra la diputada Jazmín Elena Zepeda Burgos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para una proposición en la que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Reguladora de Energía, para que se reestructuren las tarifas a favor de los usuarios del estado de Chiapas.
La diputada Jazmín Elena Zepeda Burgos:Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas y compañeros diputados:
Con fundamento en los artículos 23 numeral 1 inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante esta soberanía a nombre del diputado Gerardo Ulloa Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, una proposición con punto de acuerdo al tenor de lo siguiente:
El estado de Chiapas es una de las entidades que mayores recursos naturales aporta a la Federación, gracias a la biodiversidad en sus microrregiones, su variedad de climas y sus litorales que hacen de él un estado de gran potencial productivo, pero en el que por desgracia persisten la marginación y la pobreza de la mayoría de sus habitantes.
Las condiciones de atraso que padece Chiapas no son ajenas al empecinado manejo centralista de los gobiernos que lejos de propiciar que el estado se beneficie ampliamente de sus vastos recursos naturales, terminan por instaurar en la entidad, meros sectores de enclave, tal es el caso del sector eléctrico. En efecto, las cuatro plantas hidroeléctricas instaladas en el río Grijalva, generan el 40% de la energía hidroeléctrica de la que dispone la Comisión Federal de Electricidad y el 10% de la energía total del país.
Es por ello que queremos subrayar ante esta soberanía que ante las asignaturas pendientes para la definición de un nuevo federalismo, se encuentra sin duda el tema de una justa redistribución para los estados en donde se localizan las centrales hidroeléctricas.
La indiferencia de la Federación ante la situación que ahora viven los usuarios de esas regiones, es preocupante. Los mecanismos de cobro y los criterios aplicados por la CFE para realizarlos, han sido inadecuados.
En zonas marginadas los pobladores reciben facturas muy elevadas que no corresponden a su realidad.
Uno de los problemas centrales estriba en el hecho de que la CFE realiza cobros por lecturas estimadas más por lecturas tomadas, lo que ha causado el malestar general de los usuarios, quienes se han negado a liquidar grandes sumas de dinero, producto de las inconsistencias recurrentes en este tipo de cobros y al maltrato que padecen por parte de funcionarios de la CFE.
Por lo antes expuesto, me permito proponer a esta soberanía con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes
Puntos de AcuerdoPrimero. Se solicita a las Secretarías de Energía, de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad, a la Comisión Reguladora de Energía, llevar a cabo un análisis e investigación sobre el impacto que han tenido las tarifas eléctricas en los núcleos sociales desprotegidos, con miras a realizar una reestructuración integral y equitativa de la clasificación de las tarifas eléctricas.
Segundo. Se solicita a la dirección general de la Comisión Federal de Electricidad que atienda a las peticiones de las organizaciones en resistencia civil de las comunidades indígenas para buscar alternativas de solución a dicho problema de carácter social.
Señor Presidente:
Solicito a usted se publique el texto original en el Diario de los Debates.
Es cuanto, señor Presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, en el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Reguladora de Energía a reestructurar las tarifas en favor de los usuarios del estado de Chiapas, a cargo del diputado Gerardo Ulloa Pérez, del grupo parlamentario del PRD
Compañeras diputadas y compañeros diputados:
Con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
ConsideracionesEl estado de Chiapas es una de las entidades que mayores recursos naturales aportan a la Federación, gracias a la biodiversidad en sus microrregiones, su variedad de climas y sus litorales que hacen de él un estado de gran potencial productivo, pero en el que por desgracia, persisten la marginación y la pobreza de la mayoría de sus habitantes. Las condiciones de atraso que padece Chiapas no son ajenas al empecinado manejo centralista de gobiernos que, lejos de propiciar que el estado se beneficie ampliamente de sus vastos recursos naturales, terminan por instaurar en la entidad meros sectores de enclave. Tal es el caso del sector eléctrico.
En efecto, las cuatro plantas hidroeléctricas instaladas en el río Grijalva generan el 40% de la energía hidroeléctrica de la que dispone la Comisión Federal de Electricidad y el 10% de la energía eléctrica total del país. Es por ello que queremos subrayar ante esta Soberanía, que entre las asignaturas pendientes para la definición de un nuevo federalismo, se encuentra sin duda el tema de una justa retribución para los estados en donde se localizan las centrales hidroeléctricas, por las alteraciones ecológicas y sociales que van siempre asociadas a este tipo de infraestructura. Este es el caso de las miles de hectáreas en Chiapas cuya afectación ha incidido en la vida cotidiana de muchas comunidades campesinas e indígenas sin que éstas hayan recibido un trato adecuado.
La indiferencia de la federación ante la situación que ahora viven los usuarios de esas regiones es preocupante. Los mecanismos de cobro y los criterios aplicados por la CFE para realizarlos han sido inadecuados. En zonas marginadas, los pobladores reciben facturas muy elevadas que no corresponden a su realidad. La reestructuración tarifaria de 2002, que implicó en la práctica una fuerte disminución del subsidio a las tarifas por parte del gobierno federal; y la provocación y los enfrentamientos a causa de los cortes masivos han hecho que los usuarios de las comunidades indígenas se unan y conformen un frente de resistencia civil en contra de la paraestatal.
Uno de los problemas centrales estriba en el hecho de que la CFE realiza cobros por lecturas estimadas, más no por lecturas tomadas, lo que ha causado el malestar general en los usuarios, quienes se han negado a liquidar grandes sumas de dinero producto de las inconsistencias recurrentes en este tipo de cobro; y al mal trato que padecen de parte de los funcionarios de la CFE.
A ciertas autoridades pareciera olvidárseles que, a partir del conflicto social del 94, el estado de Chiapas ya no es el mismo. Ahora en cada comunidad, en cada región, se alza una voz en contra de las políticas centralistas y el federalismo de inequidad. En este sentido, nosotros sostenemos que debe tomarse en cuenta que el estado de Chiapas es un importante generador de energía eléctrica, por lo que deben establecerse criterios que permitan disminuir los costos de consumo a los usuarios en las zonas marginadas.
De manera más amplia, es claro que el abastecimiento y generación de energía eléctrica es prioridad para cualquier nación e incide directamente en la generación de empleos, el desarrollo regional, las finanzas públicas así como en el ingreso familiar. De tal suerte que es necesario establecer políticas públicas integrales de desarrollo en los municipios de las regiones en donde se encuentran establecidas las plantas hidroeléctricas, en particular las de pobreza extrema que se encuentran en el estado de Chiapas.
Ahora bien, los enfrentamientos entre comunidades indígenas en el estado de Chiapas, a causa de los cortes masivos efectuados por la Comisión Federal de Electricidad, deben ser atendidos con urgencia. También se debe dar solución al foco de tensión social que representan los más de 450 mil usuarios de 48 comunidades afectadas por altas tarifas y que adeudan mas de 102 millones de pesos, quienes suscriben una misiva dirigida a éste órgano de representación, la cual se anexa para su trámite oportuno y pronta atención.
Compañeras y compañeros: el acceso a satisfactores como la energía eléctrica es uno de los indicadores mundialmente reconocidos del nivel de desarrollo de una sociedad. La plena inserción social no se reduce al consumo que permite garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo, sino que cada vez está más asociada con los llamados satisfactores inmateriales que, como en el caso de la electricidad, son indispensables para acceder a la educación y la cultura.
Por lo antes expuesto, me permito proponer a esta soberanía, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, siguiente
Puntos de AcuerdoPrimero. Se solicita a las Secretarías de Energía, y de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Reguladora de Energía llevar a cabo un análisis e investigación sobre el impacto que han tenido las tarifas eléctricas en los núcleos sociales desprotegidos, con miras a realizar una reestructuración integral y equitativa de la clasificación de las tarifas eléctricas.
Segundo. Se solicita a la Dirección General de la Comisión Federal de Electricidad que atienda las peticiones de las organizaciones en resistencia civil de las comunidades indígenas, para buscar alternativas de solución a dicho problema de carácter social.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de marzo de 2004.--- Dip. Gerardo Ulloa Pérez (rúbrica).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, diputada.
Como lo solicita, publíquese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates y túrnese a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía.Tiene el uso de la palabra el diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para una proposición en la que solicita la comparecencia por separado de los secretarios de Educación Pública y de Salud ante las comisiones unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Salud, para conocer y responder a las denuncias de padres de familia sobre la inducción para la medicación de drogas a menores que realizan algunos servidores públicos del sistema escolar.
El diputado Omar Bazán Flores:Gracias, señor Presidente.
El pasado 22 de marzo recibimos en esta Cámara a un grupo de padres de familia encabezados por el Comité Ciudadano en Defensa de los Derechos Humanos, Asociación Civil, quienes desde hace años vienen buscando y apoyando la solución de diversos problemas, en especial algunos relacionados con la educación y la salud de los niños.
En la citada reunión escuchamos con mucha precaución denuncia de padres de familia que han sido obligados, incluso coaccionados, por maestros y directores de escuelas en distintos puntos del país con la amenaza de que sus hijos no serán recibidos nuevamente a clases si éstos no son atendidos por un siquiatra, sicólogo o neurólogo y sean obligatoriamente medicados porque supuestamente algunos maestros diagnostican que los niños tienen problemas de conductas que afectan al resto de los alumnos.
De esta denuncia que hoy someto a su consideración se desprenden las siguientes interrogantes:
¿Basados en qué legislación, norma o disposición oficial, escuelas o maestros señalados en las denuncias determina la suspensión de un niño, en tanto es sometido a la evaluación de un siquiatra? O peor aún: ¿con que base legal solicitan el consentimiento de los padres para que obligatoriamente el niño sea medicado o solamente así pueda ser nuevamente recibido en la escuela?
Los padres y nosotros también debemos preguntarnos, ¿por qué estas denuncias no han sido puntualmente entendidas por las autoridades educativas cuando los medicamentos prescritos oscilan en la franja de los tranquilizantes, antidepresivos, sedantes y medicamentos para la interactividad, algunos de ellos considerados estupefacientes en la Ley General de Salud.
Hay que precisar que en el artículo 234, Capítulo V, denominado estupefacientes de la Ley General de Salud, determina claramente esta acción.
En virtud de lo expuesto, me permito proponer a esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de AcuerdoUnico. Que se exhorte al Titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir a los secretarios de Educación Pública y de Salud para acudir a esta Cámara a comparecer, por separado, ante las comisiones unidas de Educación Pública y de Servicios Educativos y de Salud, con el propósito de conocer las denuncias señaladas y que los secretarios expongan cuáles serán las medidas que habrán de instrumentar, a fin de evitar de forma definitiva la repetición de estos hechos y a su vez en el marco de la Ley de Responsabilidad de Servicios Públicos cuáles serán las investigaciones o sanciones que habrá de aplicar la Secretaría a quien tiene su responsabilidad y que comprueben dichas prácticas en contra de los infantes y padres de familia que presentan la denuncia.
Le pido, señor Presidente, sea insertado el texto íntegro en el Diario de los Debates.
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de solicitar la comparecencia, por separado, de los secretarios de Educación Pública, y de Salud, ante las comisiones unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Salud, para conocer y responder respecto a las denuncias de padres de familia sobre la inducción para la medicación de drogas a menores que realizan algunos servidores públicos del Sistema Escolar, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del PRI.
Con fundamento en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 53 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta al Pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo, por la que propone la comparecencia por separado, en esta Cámara, de los secretarios de Educación Pública, y de Salud ante las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Salud, al tenor de las siguientes
ConsideracionesEl pasado 22 de marzo recibimos en esta Cámara a un grupo de padres de familia encabezados por el Comité de Ciudadanos en Defensa de los Derechos Humanos, asociación civil, quienes desde hace años vienen buscando y apoyando la solución de diversos problemas, en especial, algunos relacionados con la educación y salud de la niñez.
En la citada reunión escuchamos con preocupación, denuncias de padres de familia que han sido obligados e incluso coaccionados, por maestros o directores de escuelas en distintos puntos del país, con la amenaza de que sus hijos no serán recibidos nuevamente a clases, si éstos no son atendidos por un psiquiatra, psicólogo o neurólogo, y sean obligatoriamente medicados, porque supuestamente algunos maestros diagnostican que los niños tienen problemas de conducta que afectan al resto de los alumnos.
Destaco que ésta no es una denuncia aislada, ni es problema de un pequeño grupo, y tampoco de relaciones entre padres y maestros, es una realidad que todos podemos constatar por los valerosos testimonios de padres y madres que obran en los archivos documentales de la Cámara, dando a conocer una situación que nos parece sumamente grave, porque atenta contra la salud de los infantes al prescribirles medicamentos que supuestamente les corregirán algún problema de conducta, y porque estamos confiados en que la Secretaria de Educación Pública debería ser la primera defensora para que los niños de este país, estén al margen del uso de cualquier tipo de droga.
De esta denuncia que hoy someto a su consideración, se desprenden las siguientes interrogantes:
¿Basados en qué legislación, norma o disposición oficial, escuelas o maestros señalados en las denuncias, determinan la suspensión de un niño en tanto es sometido a la evaluación de un psiquiatra, y peor aún, con qué base legal solicitan el consentimiento de los padres para que obliga- toriamente el niño sea medicado, y sólo así, pueda ser recibido nuevamente en la escuela?
¿Con qué autoridad algunos maestros, obligan a padres y madres, a que sus hijos sean evaluados única y exclusivamente por el psiquiatra, psicólogo o neurólogo recomendado de la escuela? Es oportuno señalar, que existen constancias y denuncias ante instancias de defensa de los derechos humanos, que si los padres acuden a un psiquiatra de su confianza, y no el que dispone la escuela, el niño corre el riesgo de ser suspendido definitivamente y en consecuencia tendrá que buscar el ingreso en una nueva.
Los padres y nosotros también, debemos preguntarnos porque estas denuncias no han sido puntualmente atendidas por las autoridades educativas, cuando los medicamentos prescritos oscilan en la franja de los tranquilizantes, antidepresivos, sedantes y medicamentos para la hiperactividad, algunos de ellos considerados estupefacientes por la Ley General de Salud.
De acuerdo con las denuncias del Comité de Ciudadanos en Defensa de los Derechos Humanos, algunos de los medicamentos prescritos y aplicados a niños, son los conocidos como metilfenidato o ritalin, melleril, haldol, prozac, palix, zoloft y el estimulante del sistema nervioso central Cilert o Pemolina.
Hay que precisar que el artículo 234, Capítulo Cinco, denominado ``Estupefacientes'', de la Ley General de Salud, considera al metilfenidato como estupefaciente, al igual que la cocaína, la morfina, el opio y la heroína; y de acuerdo con la Administración para el Control de Drogas, la DEA, el metilfenidato lo clasifica como una droga del grupo II, el mismo que para la morfina, el opio y la cocaína.
Adicionalmente, debo destacar que el artículo 467 de la Ley General de Salud señala: ``Al que induzca o propicie que menores de edad o incapaces consuman, mediante cualquier forma, substancias que produzcan efectos psicotrópicos, se le aplicará de siete a quince años de prisión''.
Señoras y señores diputados:
Debemos preguntarnos que están haciendo las Secretarías de Educación Pública y de Salud para supervisar esta situación y cumplir exhaustivamente y a fondo, revisiones sobre las conductas, como en este caso, de algunas autoridades escolares cuya principal responsabilidad es la educación de nuestros hijos y fundamentalmente, de evitar a toda costa que el cáncer mundial de las drogas los alcance.
En virtud de lo expuesto, me permito proponer a esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución
Unico. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir a los Secretarios de Educación Pública, y de Salud para acudir a esta honorable Cámara y comparecer por separado ante las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Salud, con el propósito de conocer las denuncias señaladas y los secretarios expongan cuales serán las medidas que habrán de instrumentar a fin de evitar de forma definitiva la repetición de estos hechos, y a su vez, en el marco de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cuales serán las investigaciones o sanciones que habrá de aplicar la Secretaría a quienes se les compruebe dichas prácticas en contra de los infantes y padres de familia que presenten denuncias.
Atentamente.
Dip. Omar Bazán Flores.»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, señor diputado.
Como lo pide, insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates. Túrnese a las comisiones unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Salud.Tiene el uso de la palabra el diputado José Sigona Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para una proposición con punto de acuerdo para exhortar al director del Instituto Mexicano del Seguro Social para que ratifique y respete el acuerdo 773/2000, celebrado el día 22 de noviembre de 2000, por el Consejo Técnico de esa institución.
El diputado José Sigona Torres:Con su venia, señor Presidente.
En el mes de noviembre del año próximo pasado se publicó en el Diario Oficial el Acuerdo 279/2003, mediante el cual el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, dejó sin efectos el Acuerdo número 773/2000, emitido por ese mismo órgano y publicado el 22 de noviembre del año 2000, en el cual establecía que las instituciones educativas que contrataran maestros con jornadas menores a 18 horas a la semana, podrían quedar exceptuadas de la obligación de inscribirlos, siempre y cuando:
a) La docencia no fuera su principal fuente de ingresos;
b) Cuando los ingresos provenientes de dicha actividad no fueran fuente única y principal y
c) Que fueran derechohabientes de algún sistema de seguridad social.
El dejar sin vigencia el acuerdo anterior afecta drásticamente a la educación pública y privada, al incrementar en muchos casos hasta en un 50% los gastos de operación, generando despidos de maestros, frenando la inversión privada en educación, así como desequilibrando los presupuestos gubernamentales y finalmente, aunque parezca increí- ble, reduciendo la recaudación fiscal neta.
Es importante insistir que una institución educativa tiene a su cargo un importante número de docentes que laboran sólo pocas horas a la semana y esta disposición provocará el despido de más del 40% de la plantilla laboral, en virtud de que las instituciones educativas preferirán mantener a uno o dos catedráticos que impartan más de 18 horas e inscribirlos en el Instituto y no a 10 maestros que les representan menor erogación al Seguro Social.
Admitir que el Seguro Social obligue a las escuelas, tanto públicas como privadas, a sustituir los contratos de prestación de servicios profesionales por contratos de índole laboral, es permitir que en un periodo no lejano el Instituto exija la incorporación al mismo de todos aquellos profesionistas independientes, como lo son: abogados, contadores, médicos y cualquier otro prestador de servicios, quienes actualmente adquieren su ingreso por honorarios.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Asamblea, el siguiente
Punto de AcuerdoUnico. Se gire atento exhorto al Instituto Mexicano del Seguro Social, con objeto de que ratifique y respete el Acuerdo número 773/2000, de fecha 22 de noviembre del 2000 y deje sin efecto el Acuerdo 279/2003, publicado el 4 de noviembre de 2003 en el Diario Oficial de la Federación.
``Atentamente. Diputado José Sigona''.
Y en virtud de este corto tiempo, solicito a la Presidencia publique el texto íntegro de este acuerdo en el Diario de los Debates.
Muchas gracias.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.
Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al director general del IMSS a ratificar y respetar el acuerdo 773/2000, celebrado el 22 de noviembre de 2000 por el Consejo Técnico de esa Institución, presentada por el diputado José Sigona Torres, del grupo parlamentario del PAN.
Honorable Asamblea:
El que suscribe, diputado federal de la LIX Legislatura, José Sigona Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 46, numeral 2, de la Ley Orgánica, 58 y 60 del Reglamento Interior, ambos para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a que ratifique y respete el acuerdo 773/2000, celebrado el día 22 de noviembre del 2000 por el Consejo Técnico de esa institución. Lo anterior bajo el tenor de las siguientes
ConsideracionesEn el mes de noviembre del año próximo pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo número 279/2003, mediante el cual el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social dejó sin efectos el acuerdo número 773/2000, emitido por ese mismo órgano y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de ese mismo año, el cual establecía que son sujetos de aseguramiento en régimen obligatorio del seguro social, los maestros que presten sus servicios por un mínimo de 18 horas a la semana en instituciones educativas, cualquiera que sea su personalidad jurídica o naturaleza económica y que en el supuesto de que se presten servicios a dos o más instituciones educativas, el cómputo de las horas por semana se hará sumando las horas laboradas en cada una de ellas y en caso de que rebasen el mínimo de 18 horas, cada una deberá inscribirlos y sujetarse a lo establecido en los artículos 28 y 33 de la Ley del Seguro Social y 19 del Reglamento de Afiliación.
Asimismo establecía que las instituciones educativas que contrataran maestros con jornadas menores de 18 horas a la semana podrían quedar exceptuadas de la obligación de inscribirlos, siempre y cuando: a) la docencia no sea su principal fuente de ingresos; b) cuando los ingresos provenientes de dicha actividad no sea fuente única y principal de su existencia; c) que sean derechohabientes de algún sistema de seguridad social y, por último, que el instituto , en ejercicio de sus facultades, comprobará el correcto cumplimiento de este acuerdo, para lo cual las instituciones educativas deberán conservar la documentación que acredite su aplicación.
El acuerdo 279/2003, genera inseguridad a cientos de instituciones públicas y privadas, en el que los gobernados permanecen sujetos a la libre interpretación que haga cada uno de los delegados del IMSS, pasando por alto que muchos docentes son contratados como prestadores independientes de servicios remunerados por honorarios y con dedicación máxima en esta materia de cuatro horas a la semana, que si bien es cierto que pudiera pensarse que la disposición del Instituto es un acto de justicia para aquellos que laboran menos de 18 horas a la semana, también es cierto que las instituciones educativas no lo han visto de esa manera y en consecuencia se han producido los despidos de estos docentes.
Cabe hacer mención que una de las prioridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, es el maximizar las cuotas e inscripciones para aminorar su crisis financiera, sin embargo, la disposición del Instituto, a través del Consejo Técnico, fue emitida sin la menor ocupación en los afectados y mucho menos se realizó consulta a estudiosos independientes de la materia, sin considerar el gran número de docentes que se ven afectados con esta determinación. Es importante insistir que una institución educativa tiene a su cargo un importante número de docentes que laboran solamente cuatro horas a la semana y esta disposición provoca el despido de más del 40% de la plantilla laboral, en virtud de que estas instituciones educativas prefieren mantener a uno o dos catedráticos e inscribirlos al Instituto y no a 10 maestros que les representen mayor erogación de cuotas al IMSS.
La oferta educativa, especialmente a nivel de educación superior, está sujeta a un dinamismo sin precedente, la escasez de profesionistas deseosos de dedicarle gran parte de su tiempo o bien la totalidad de su vida profesional, a la cátedra y a la investigación, con las credenciales académicas necesarias y con las actitudes indispensables en el ejercicio de la noble profesión de la docencia, es lo que ha llevado a las instituciones educativas a la contratación de personal que labore en muchas de las ocasiones con un máximo de cuatro horas a la semana, lo que hace evidente que la libre interpretación que cada delegado hace sobre qué miembros del plantel de docentes deben ser inscritos al IMSS, daña visiblemente la educación superior.
Una comparación entre el tratamiento fiscal de pago vía honorarios contra el pago vía nómina, hace ver que el profesor tendría que estar ganando más de cinco mil pesos mensuales para que el erario federal obtuviese una diferencia positiva, sin embargo un gran número de profesores por asignatura perciben honorarios mensuales de un nivel que resulta incosteable para el IMSS contra el peso operativo y económico que implica la obligación de prestar atención y servicios a los mismos y a sus familias, lo que para las instituciones privadas resulta un colapso de su estructura de costos y para el IMSS implica una afiliación incosteable además de generar un mayor número de usuarios descontentos.
Insistiré en recordar que una de las prioridades del IMSS es procurar y maximizar las cuotas e inscripciones para mermar su crisis financiera, y la determinación del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social de dejar sin efectos el acuerdo 773/2000, no le soluciona en ninguna manera esta problemática, independientemente del agravio que le causa a las escuelas que deben erogar cuotas obrero-patronales adicionales y la afectación de tantos maestros que están siendo despedidos por esta disposición.
Considero que no se deberá consentir hasta que el Consejo recapacite, rectifique y detenga su afectación a la educación, al eliminar esta prerrogativa; debemos defender la operación de las instituciones educativas bajo la protección del Estado de derecho que todos estamos obligados a fortalecer, defensa que ha provocado que existan más de 160 mil litigios por los que atraviesa el IMSS.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta asamblea, el siguiente
Punto de AcuerdoUnico.- Se gire atento exhorto al Instituto Mexicano del Seguro Social, con el objeto de que ratifique y respete el acuerdo número 773/2000, de fecha 22 de noviembre de 2000 y deje sin efecto el acuerdo 279/2003 publicado el 4 de noviembre de 2003 en el Diario Oficial de la Federación.
México, DF., a 13 de abril de 2004.--- Dip. José Sigona Torres (rúbrica).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
Como lo solicita el diputado José Sigona Torres, insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Seguridad Social.Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Bravo Carbajal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para una proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal el cierre definitivo de la Unidad Administrativa de la Presidencia de la República, denominada Oficina de Representación para la Promoción de los Derechos e Integración de las Personas con Discapacidad.
El diputado Francisco Javier Bravo Carbajal:Con su permiso, señor Presidente.
En virtud del tiempo, solicito su inserción total en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.
El Presidente de la República, con fundamento en las facultades que le otorga la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, creó la Unidad Administrativa llamada Oficina de Representación para la Promoción de los Derechos e Integración de las Personas con Discapacidad, asignándole como funciones las de planeación, promoción, coordinación, colaboración y apoyo a las personas con discapacidad.
Debo señalar que su creación generó preguntas que continúan aún sin respuesta, como el hecho de que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Sobre el Sistema de Asistencia Social, otorgan facultades y atribuciones al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para la Atención de las Personas con Discapacidad, contando con la rectoría del Programa Nacional para Personas con Discapacidad y es en esta Cámara donde aprobamos el presupuesto para dicho programa
Lo anterior, evidencia que el Gobierno Federal creó una unidad administrativa sin facultades y atribuciones previstas por la ley, acordes al reto de su objetivo político social y en cambio sí duplicó responsabilidades políticas y administrastivas considerando que el DIF Nacional, conforme lo establece la ley, debería ser el responsable del tema.
Es importante señalar que del análisis realizado al único informe presentado en tres años por esta oficina, se observa más como la elaboración de un recuento y ordenamiento de acciones que desde 1995 son materia de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y una serie de instituciones públicas que el desarrollo de políticas públicas tendientes a reducir las condiciones de marginalidad, pobreza y discriminación hacia las personas con discapacidad.
Esta oficina ha costado al país poco más de 47 millones de pesos desde su creación en el año 2000 a la fecha, Presupuesto Federal en Gasto Corriente.
Por lo anterior, proponemos la cancelación de la citada oficina presentando una alternativa seria, responsable de nuestra parte, que consiste en que se oriente la política de Estado a favor de la población con discapacidad, que sea el DIF Nacional institución dotada de facultades y atribuciones en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la encargada de continuar con esta tarea.
En virtud de lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente:
Punto de AcuerdoUnico. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, ejecute las acciones necesarias para la desaparición de la Unidad Administrativa de la Presidencia de la República, denominada Oficina para la Promoción e Integración de las Personas con Discapacidad e instruir al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, con base en lo establecido por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley sobre el Sistema de Asistencia Social y los propios estatutos del DIF Nacional, sea la institución responsable y coordinadora de la política nacional y políticas públicas de atención a las personas con discapacidad y que el presupuesto asignado a la Oficina para la Promoción e Integración de las Personas con Discapacidad para el Ejercicio Fiscal 2004, sea transferido al DIF Nacional.
Es cuanto, señor Presidente.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.
Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal el cierre definitivo de la unidad administrativa de la Presidencia de la República denominada oficina de representación para la promoción de los derechos e integración de las personas con discapacidad, a cargo del diputado Francisco Javier Bravo Carbajal, del grupo parlamentario del PRI.
Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos presentan al Pleno de la Cámara de Diputados proposición de punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, por la que proponen que se solicite al titular del Poder Ejecutivo federal el cierre definitivo de la unidad administrativa de la Presidencia de la República denominada Oficina de Representación para la Promoción de los Derechos e Integración de las Personas con Discapacidad, al tenor de las siguientes
ConsideracionesConforme el acuerdo publicado en el diario oficial de la federación el 4 de diciembre del año 2000, el presidente de la república con fundamento en las facultades que le otorga la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, creó la unidad administrativa denominada Oficina de Representación para la Promoción de los Derechos e Integración de las Personas con Discapacidad, asignándole como funciones las de planeación, promoción, coordinación, colaboración y apoyo a las personas con discapacidad.
Su creación generó preguntas que continúan sin respuesta, como el hecho de que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley sobre el Sistema de Asistencia Social, otorgan facultades y atribuciones al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para la atención de las personas con discapacidad, contando con la rectoría del programa nacional para personas con discapacidad, y es en ésta Cámara donde aprobamos el presupuesto para dicho programa.
Lo anterior evidencia que el gobierno federal creó una unidad administrativa sin facultades y atribuciones previstas por ley, acordes al reto de su objetivo político social, y en cambio sí duplico responsabilidades políticas y administrativas, considerando que el DIF Nacional conforme lo establece la Ley debería ser el responsable del tema.
La apertura de la citada oficina fue observada por organismos sociales vinculados con la discapacidad, porque abría la posibilidad de fortalecer y generar decenas de acciones en beneficio de 10 millones de personas en el país.
Quienes presentamos este punto de acuerdo consideramos la necesidad de exponer los reclamos y demandas de organismos sociales y personas con discapacidad, que evalúan después de tres años, un fracaso en la conducción y resultados de la Oficina de Representación para la Promoción de los Derechos e Integración de las Personas con Discapacidad de la Presidencia de la República.
Comprender la naturaleza de ésta problemática, implica reconocer que México no tiene una correcta y adecuada política de estado en la materia, y requiere recapitular sobre hechos históricos que permitan a esta honorable Cámara, valorar la necesidad de reorientar una de las políticas sociales más urgentes de atención, compromiso y voluntad política del estado mexicano: la de integrar a las personas con discapacidad.
¿Cuál es el objetivo de ésta propuesta? Armonizar los reclamos de la sociedad con la generación de respuestas reales a las extremas necesidades de millones de personas con discapacidad.
Sin duda, hay problemas nacionales en que la innovación es urgente, pero en materia de políticas sociales, cada seis años se pretende reinventar al país y cada gobierno rediseña los programas sociales a los intereses político electorales, sin tomar en cuenta a la sociedad civil, los expertos o los antecedentes.
Este es un asunto que refleja dichas características, porque observamos que el gobierno federal no cuenta con un claro diagnóstico, y se han desconocido avances, propuestas, antecedentes históricos, y la opinión y experiencia de organismos sociales, especialistas, empresarios, médicos, educadores, voluntarios e incluso gobiernos estatales o municipales.
Las soluciones a la problemática que viven 10 millones de personas con discapacidad no empezaron en el año 2000, como ésta oficina lo ha manifestado en foros nacionales o internacionales.
Es correcto que por mucho tiempo este tema se trató con la óptica de la asistencia social, la caridad pública o gubernamental y el enfoque médico, pero gracias a la movilización mundial en 1983 de organismos de la sociedad civil motivada por la Organización de las Naciones Unidas, en México en 1990 surgió el movimiento social representado por las propias personas con discapacidad, padres de familia y una amplia red de organismos sociales, adoptando el reto de promover políticas de integración, igualdad y equiparación de oportunidades.
Sus metas han sido exigir el pleno respeto de sus derechos y la fundación de una Política de Estado basada en Leyes e Instituciones que definan políticas públicas acordes con la realidad y diversidad que guardan 150 tipos de discapacidad, que la Secretaria de Salud reconoce de acuerdo con las normas internacionales.
En menos de 10 años, una amplia participación social, pública y privada, que de momento se encuentra en su mayoría fuera de las decisiones de esta oficina, logró una serie de avances, que consideramos son las bases estructurales si pretendemos que México cuente con una sólida política de Estado. De esos avances destacamos:
La inclusión del tema en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000.
La creación en 1995 del primer programa nacional integral.
La decisión del gobierno para definir presupuesto federal.
La promulgación o reformas a leyes y reglamentos.
La participación de representantes de la discapacidad en la política.
La creación de comisiones en el Poder Legislativo.
Y el reconocimiento de convenios y normas internacionales.
Sumada a esta apretada síntesis, debemos señalar la rectoría de DIF Nacional hasta el año 2000 en la organización de la política de estado en atención a la población con discapacidad, misma que logró ejes de coordinación y adopción de responsabilidades por parte de todas las secretarias de Estado y las instituciones públicas.
El análisis realizado al único informe presentado en tres años por la Oficina de Representación para la Promoción e Integración de las Personas con Discapacidad, se observa más como la elaboración de un recuento y ordenamiento de acciones que desde 1995 son materia de la secretaria de salud, la secretaria de educación pública, la secretaria de trabajo y previsión social, y una serie de instituciones públicas, que el desarrollo de políticas públicas tendientes a reducir las condiciones de marginalidad, pobreza y discriminación hacia las personas con discapacidad.
Por lo que se refiere a resultados cualitativos o cuantitativos, no existen reportes o informes que nos permitan evaluar las actividades de esta oficina, o cuales han sido las mejoras en materia de empleo, incorporación de nuevos educandos o la incorporación de personas con discapacidad a los programas de asistencia social, y se observa una limitada participación de la sociedad civil, ya que el Consejo Nacional Consultivo solo incorpora la participación de 5 organismos civiles.
Esta oficina ha costado al país poco más de 47 millones de pesos del presupuesto federal en gasto corriente, cuando bien podrían haberse invertido en gasto social, y por lo que se refiere al aumento de presupuesto federal para los programas existentes del DIF, la SEP, Sedesol y otros, es preciso recordar que el grupo parlamentario del PRI presentó en noviembre pasado un punto de acuerdo, dando a conocer que del año 2002 al 2004 el gobierno federal ha reducido en 25% el presupuesto global destinado a la población con discapacidad, sin que la oficina de referencia haya realizado el mínimo planteamiento de defensa en esta Cámara.
Entre los reclamos más sensibles de personas y organismos sociales, señalamos la nula atención a la gestión social, las denuncias de nepotismo y el uso de influencias por ésta oficina para beneficiar con recursos federales a proyectos de organizaciones vinculadas con funcionarios de la misma.
Proponer la cancelación de la citada oficina, sin presentar una propuesta alternativa sería irresponsable de nuestra parte, por ello proponemos que para orientar la política de estado a favor de la población con discapacidad, sea el DIF Nacional, institución dotada de facultades y atribuciones en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la encargada de continuar esta tarea.
En virtud de lo expuesto, los suscritos diputadas y diputados se permiten proponer a esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución
Unico. Se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal que ejecute las acciones necesarias para cancelar definitivamente en un plazo de 30 días, la unidad administrativa de la Presidencia de la República denominada Oficina para la Promoción e Integración de las Personas con Discapacidad, e instruir al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia con base en lo establecido por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Sobre el Sistema de Asistencia Social y los propios estatutos del DIF Nacional, sea la institución responsable y coordinadora de la política nacional y políticas públicas de atención a las personas con discapacidad, y que el presupuesto asignado a la Oficina para la Promoción e Integración de las Personas con Discapacidad para el ejercicio fiscal 2004 sea transferido al DIF Nacional.
Atentamente.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 5 de abril de 2004.--- Diputados: Francisco Javier Bravo Carbajal, Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez, María del Carmen Izaguirre Francos, Laura Elena Martínez Rivera, Martha Palafox Gutiérrez, Amalín Yabur Elías, Pablo Anaya Rivera, Gaspar Avila Rodríguez, Emilio Badillo Ramírez, Alvaro Burgos Barrera, María Hilaria Domínguez Arvizu, María Isabel Maya Pineda, José Eduviges Nava Altamirano, Benjamín Sahagón Medina y Norma Elizabeth Sotelo Ochoa.»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y como lo solicita, transcríbase íntegro el documento en el Diario de los Debates.
Tiene el uso de la palabra el diputado Humberto Cervantes Vega, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para una proposición con punto de acuerdo para crear la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos.
El diputado Humberto Cervantes Vega:Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
El yacimiento de gas natural más importante de nuestro país se encuentra ubicado en la Cuenca de Burgos en los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila.
Es deber del Poder Legislativo cuidar del beneficio social y económico de nuestro país así como del cumplimiento de las normas. Debemos recordar que somos los representantes de los ciudadanos mexicanos, que ellos nos exigieron para vigilar su bienestar.
Es por esta razón fundamental que se propone la creación de una Comisión Especial para la Cuenca de Burgos, esta comisión especial será la encargada en el seno de esta Cámara de Diputados, de proponer a su pleno para su aprobación, acciones legislativas específicas tendientes a garantizar el Estado mexicano el óptimo aprovechamiento del gas natural en la Cuenca de Burgos, a precios internacionales competitivos, sobre todo respecto del que se está importando del estado de Texas. El establecimiento y operación de programas regionales para elevar el nivel de vida de los habitantes de la región y que en el marco constitucional vigente, dé certeza jurídica.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica; 58, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ante esta honorable soberanía proponemos el siguiente
Punto de AcuerdoUnico. Se crea la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos cuyo objetivo será dar seguimiento al proyecto integral de la Cuenca de Burgos para el desarrollo de Petróleos Mexicanos a través de la subsidiaria PEMEX-Exploración y Producción, para la explotación de los yacimientos de energéticos de esta región, detectar la problemática que dicha explotación genera en los municipios donde que se encuentra localizada, así como su impacto ambiental para manifestarlo oportunamente, realizando las acciones legislativas que aseguren un desarrollo sustentable y equilibrado en la zona que beneficie directamente a la comunidad nacional.
Por lo anterior expuesto, respetuosamente solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados turne este punto de acuerdo a la Junta de Coordinación Política.
Muchas gracias, por su atención.
«Proposición con punto de acuerdo, para crear la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos, a cargo del grupo parlamentario del PRI
Los suscritos, diputados federales por los estados de Coahuila, de Nuevo León y de Tamaulipas del grupo parlamentario del PRI, proponen la creación de la comisión especial de la cuenca de Burgos, de conformidad con la siguiente
Exposición de MotivosI. El yacimiento de gas natural no asociado más importante de México, que actualmente aporta 1,003 miles de millones de metros cúbicos diarios de gas, representa 78 por ciento de la producción nacional de este tipo de energético y 22 por ciento de la producción total nacional de gas, se encuentra ubicado en la cuenca de Burgos, que tiene señalada una superficie geográfica de 28,960 kilómetros cuadrados, comprendiendo 17,160 kilómetros cuadrados en 11 municipios de Tamaulipas; 10,600 kilómetros cuadrados en 10 municipios en Nuevo León, y 1,200 kilómetros cuadrados en 7 municipios de Coahuila.
La cuenca de Burgos se asienta en las regiones hidrológicas 24 y 25, establecidas por la Comisión Nacional del Agua, y comprende siete cuencas hidrológicas.
II. En la cuenca de Burgos no sólo ha sido descubierto y se encuentra en su primera fase de explotación el yacimiento de gas no asociado a que se ha hecho referencia, sino que cuenta, además, con posibilidades prospectivas de explotación de 110,000 kilómetros cuadrados que sumaria a la cuenca de Burgos, la de Salinas y la de Piedras Negras.
III. En 1945, Petróleos Mexicanos inició la explotación en esta cuenca del yacimiento del gas natural no asociado y es hasta mediados de los años ochenta, cuando esa fuente de poder natural adquirió relevancia tanto por su alto valor energético como por ser el menos contaminante durante el proceso de su combustión, cualidades que se reflejan en su óptimo aprovechamiento y en mayor limpieza ambiental, amen de la redituabilidad económica del producto ya sea en su uso o en la venta del producto.
IV. Actualmente, la demanda de este energético se encuentra 15 por ciento arriba del nivel de la oferta y las proyecciones indican que, de continuar así, para el año 2006, la demanda podría ser 26 por ciento mayor que la oferta, lo que es previsible, ya que ha sido calificado mundialmente como el energético del futuro. Este desarrollo de Petróleos Mexicanos es importante por que dará a México la posibilidad de satisfacer los requerimientos de la demanda actual, los que reclame su crecimiento industrial y, más aun, le permitirá exportar, con los consiguientes beneficios para la economía nacional.
V. El Proyecto Integral Cuenca de Burgos 2000-2012 de Pemex Exploración y Producción, contempla 5 proyectos de exploración y 16 proyectos de desarrollo, y tiene como objetivo explotar los yacimientos de gas no asociado hasta un volumen aproximado de 1,400 miles de millones de pies cúbicos por día, en un periodo de 12 años.
VI. La explotación de la cuenca de Burgos no sólo comprende a los yacimientos de gas no asociados, también se extiende a otros productos tales como el aceite ligero y el gas condensado, e igualmente permitirá el aprovechamiento del agua subterránea.
VII. El Proyecto Integral Cuenca de Burgos 2000-2012, tiene prevista una inversión del orden de los 52.8 miles de millones de dólares, se ajustará a los esquemas que autorice la ley o que en el futuro decida esta soberanía, creará fuentes de empleo en la región y generará una derrama económica nacional.
VIII. El Proyecto Integral Cuenca de Burgos 2000-2012 tendrá un elevado impacto en la región noreste del país, por lo que debe considerar un crecimiento y desarrollo sustentable y equilibrado de la economía, principalmente de la zona, así como el beneficio directo de sus habitantes y por ello es conveniente impulsar la creación de fondos con recursos de Petróleos Mexicanos, de los gobiernos de los estados y municipales para el desarrollo de infraestructura básica que permita mejorar las condiciones de vida en las comunidades de la cuenca de Burgos y elaborar programas para el aprovechamiento del agua subterránea, en beneficio de los municipios de la zona, que son semiáridos.
Asimismo, será menester impulsar la creación de fondos con recursos de Pemex y de los gobiernos de los estados para apoyar proyectos productivos dirigidos a micro y pequeñas empresas de la región; vigilar el cumplimiento estricto en las condicionantes de los estudios de impacto ambiental y promover la preferencia de los empresarios de la región para proveer los bienes y servicios que requiera el desarrollo del proyecto.
IX. Habida cuenta de que la explotación de estos recursos propiedad de la nación involucran a los tres órdenes de gobierno en las entidades federativas en que se ubica la cuenca de Burgos y conllevará la transformación económica de una zona extensa que abarca a tres estados de la Federación, en los cuales la sociedad requiere que se vigile por los gobiernos y por esta soberanía el cumplimiento cabal del Proyecto Integral de la Cuenca de Burgos para que se alcancen las metas previstas y se beneficie directamente a los habitantes de la región en todo sentido, a fin de que se afirme el desarrollo regional y mejore la economía nacional, proponemos la creación de una comisión especial para la cuenca de Burgos.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica y 58, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ante esta honorable soberanía proponemos el siguiente
Punto de AcuerdoPrimero. Se crea la comisión especial de la cuenca de Burgos, cuyo objeto será dar seguimiento al Proyecto Integral de la Cuenca de Burgos que desarrolla Petróleos Mexicanos, a través de su subsidiaria Pemex Exploración y Producción, para la explotación de los yacimientos de energéticos en esa región; detectar la problemática que dicha explotación genere en los municipios y estados en que se encuentra localizada, y su impacto ambiental, para manifestarla oportunamente, así como realizar las acciones legislativas que aseguren un desarrollo sustentable y equilibrado de la zona que beneficie directa e indirectamente a la comunidad nacional.
Segundo. La comisión especial cumplirá en su integración los requisitos señalados en los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Tercero. La comisión especial de la cuenca de Burgos funcionará por la duración de la LIX Legislatura, o hasta en tanto quede agotado su objeto, si esto sucediere antes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de abril de 2004.--- Diputados: Armando Neyra Chávez, Humberto Cervantes Vega, Alfonso González Ruiz, Mayela María de Lourdes Quiroga Támez, Carlos Mireles Morales, Alfonso Rodríguez Ochoa, María Cristina Díaz Salazar, Martha Palafox Gutiérrez, Margarita Martínez López, Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, Marcela Guerra Castillo, Quintín Vázquez García, Evelia Sandoval Urbán, Lázaro Arias Martínez, Carlos Flores Rico, Roberto Antonio Marrufo Torres, Juan Manuel Dávalos Padilla, Adrián Víctor Hugo Islas Hernández, Francisco Alberto Jiménez Merino, María del Carmen Izaguirre Francos, Juan Manuel Vega Rayet, Rosalina Mazari Espín, Fernando Ulises Adame de León, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, César Amín González Orantes, Esteban Valenzuela García, Pablo Anaya Rivera, Ernesto Alarcón Trujillo, Laura Elena Martínez Rivera, Ricardo Rodríguez Rocha, Jesús Zúñiga Romero, Gerardo Montenegro Ibarra, Fermín Trujillo Fuentes, Enrique Ariel Escalante Arceo, Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, Raúl Pompa Victoria, Guillermo del Valle Reyes, Jaime Fernández Saracho, Pedro Avila Nevárez, Rosario Sáenz López, Francisco Luis Monárrez Rincón, Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, Eugenio Mier y Concha Campos, Luis Felipe Madrigal Hernández, Angel Augusto Buendía Tirado, Belizario Hiram Herrera Solís, Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, María del Consuelo Rafaela Rodríguez de Alba, Jesús Angel Díaz Ortega, Elpidio Desiderio Concha Arellano, Roberto Rafael Campa Cifrián, Lilia Aragón, Laura Reyes Retana, José Guillermo Aréchiga Santamaría, Filemón Primitivo Arcos Suárez Peredo, Roberto Javier Vega y Galina, Concepción Olivia Castañeda Ortiz, Gonzalo Guízar Valladares, Jorge Uscanga Escobar, Bernardo Vega Carlos, Oscar Félix Ochoa, Oscar Pimentel González, Eduardo Olmos Castro, Eliana García Laguna, Juan Carlos Pérez Góngora, Benjamín Sagahón Medina, José Luis Briones Briseño, Martín Carrillo Guzmán, María Sara Rocha Medina, José Mario Wong Pérez, Norma Elizabeth Sotelo Ochoa, Alfonso Juventino Nava Díaz, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Fernando Donato de las Fuentes Hernández, Abraham Velázquez Iribe, Francisco Cuauhtémoc Frías Castro, Alfredo Villegas Arreola, Enrique Burgos García, Alejandra Méndez Salorio, Consuelo Muro Urista, Francisco Javier Guízar Macías, Miguel Angel Yunes Linares, Juan Fernando Perdomo Bueno, Jaime Miguel Moreno Garavilla, Jesús Porfirio González Schmal, Guillermo Huízar Carranza, Alfonso Ramírez Cuéllar, Rafael Flores Mendoza, Bernardino Ramos Iturbide, Pedro Vázquez González, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Víctor Manuel Camacho Solís, Eduardo Alonso Bailey Elizondo, José Porfirio Alarcón Hernández, Eviel Pérez Magaña, Sofía Castro Ríos, Jacobo Sánchez López, José Guzmán Santos, Alvaro Burgos Barrera, Abel Echeverría Pineda, Guillermo Martínez Nolasco, Arturo Osornio Sánchez, José Rangel Espinosa, Blanca Estela Gómez Carmona, J. Jesús Lomelí Rosas, Alfredo Gómez Sánchez, Sergio Arturo Posadas Lara, Gonzalo Alemán Migliolo, Luis Antonio Ramírez Pineda, Cruz López Aguilar, Oscar Martín Ramos Salinas, María Esther de Jesús Scherman Leaño, David Hernández Pérez, Enrique Guerrero Santana, Carlos Blackaller Ayala, Omar Bazán Flores, Víctor Flores Morales, Pablo Pavón Vinales, Graciela Larios Rivas, Gema Isabel Martínez López, José Eduviges Nava Altamirano, Felipe Medina Santos, Mario Moreno Arcos, José Rubén Figueroa Smutny, Oscar Rodríguez Cabrera, Félix Adrián Fuentes Villalobos, José Adolfo Murat Macías, José Carmen Arturo Alcántara Rojas, Fernando Alberto García Cuevas (rúbricas).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Como lo solicita el señor diputado, se turna a la Junta de Coordinación Política.Tiene el uso de la palabra la diputada María Angélica Ramírez Luna, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal y a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, a que se destinen los recursos necesarios para que se realicen los proyectos de riego de San Vicente Boquerón y Los Zapotes, en el estado de Puebla.
La diputada María Angélica Ramírez Luna:Con su permiso, señor Presidente:
Me permito presentar ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo bajo las siguientes consideraciones:
Los proyectos de riego conocidos como el de San Vicente Boquerón, ubicados en el municipio de Acatlán de Osorio y el de Los Zapotes, ubicado en el municipio de Petlalcingo, ambos localizados al sur del estado de Puebla, han sido evaluados y analizados por el gobierno de este estado desde hace ya nueve años.
El proyecto de riego de San Vicente Boquerón, surge por la inmensa necesidad de los campesinos de la zona para poder cultivar sus parcelas y obtener bajo condiciones óptimas su riego, redimensionando máximos en su cultivo y esto se traduciría en beneficios económicos y sociales para la población.
La construcción de esta obra hidráulica consiste en la realización de una presa de almacenamiento y zona de riego, ambos proyectos beneficiarán a un total de 779 familias que se dedican a la agricultura. El costo de este proyecto asciende a un total aproximado de 125 millones de pesos.
De igual forma, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Comisión Nacional del Agua, así como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Alimentación, también ya desde hace varios meses están viendo al respecto de este proyecto.
Los legisladores de Acción Nacional por el estado de Puebla hemos estado al pendiente de los proyectos y así el senador de la República, Francisco Fraile García, presentó una proposición similar para que se presentara a la brevedad el dictamen definitivo y se considerara el presupuesto correspondiente para la realización de dichas obras.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Que la Cámara de Diputados exhorte al Gobierno del estado de Puebla, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión del Agua, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Sagarpa y a la Procuraduría Agraria a efecto de que emitan el dictamen definitivo sobre la evaluación y análisis de la realización de los proyectos de riego de Los Zapotes y de San Vicente Boquerón.
Segundo. Que la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Recursos Hidráulicos, solicite al Ejecutivo Federal considerar dentro del presupuesto de la Sagarpa, para el ejercicio fiscal 2005, una partida presupuestaria para canalizar recursos a los proyectos mencionados siempre y cuando el dictamen previo valide su pertinencia.
Es cuanto, señor Presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal y a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para realizar los proyectos de riego de San Vicente Boqueron y Los Zapotes, en el Estado de Puebla, presentada por la diputada María Angélica Ramírez Luna, del grupo parlamentario del PAN, en la sesión del martes 13 de abril de 2004.
La suscrita, diputada federal a la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía un punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones1. Los proyectos de riego conocidos como San Vicente Boquerón, en el municipio de Acatlán de Osorio, y Los Zapotes, en Petlalcingo, ambos localizados al sur del estado de Puebla, han sido evaluados y analizados por el gobierno de esa entidad desde hace ya nueve años.
2. El proyecto de riego de San Vicente Boquerón surge por la inmensa necesidad de los campesinos de la zona de poder cultivar sus parcelas y obtener, en condiciones óptimas de riego, rendimientos máximos de sus cultivos. Esto se traduciría en beneficios económicos y sociales.
Con la aprobación de este punto de acuerdo estaríamos ayudando a un gran sector poblacional que habita al sur del estado de Puebla y en algunas comunidades oaxaqueñas.
3. El proyecto de riego de San Vicente Boquerón se sitúa en el municipio de Acatlán de Osorio. Las obras básicas del proyecto consisten en una presa de almacenamiento. La red de conducción y distribución están proyectadas mediante canales de sección trapecial y concreto simple, con un costo aproximado de 68 millones de pesos.
4. Por otra parte, el proyecto de riego de Los Zapotes corre a lo largo del sur del estado de Puebla y una pequeña parte de Oaxaca. Las localidades que se beneficiarían con la construcción son Tepejillo y El Rosario, Puebla, así como San Miguel Ixtapan y Magdalena Tetaltepec, Oaxaca.
5. La construcción de esta obra hidráulica consiste en la realización de una presa de almacenamiento y zona de riego. Ambos proyectos beneficiarán a un total de 779 familias dedicadas a la agricultura. El costo del proyecto asciende a un total aproximado de 125 millones de pesos.
Dado que los proyectos se encuentran en las localidades de la zona mixteca, es necesario ayudar al desarrollo de las comunidades con mayor índice de marginación.
De igual forma, las Secretarías de Hacienda y Crédito Público; de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante la Comisión Nacional del Agua; y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación tienen ya desde hace varios meses este proyecto con carácter evaluatorio. Sin embargo, aún no existe dictamen definitivo.
6. Dado que este proyecto se asienta en una de las zonas más pobres del país y una de las principales expulsoras de hombres hacia Estados Unidos de América, la culminación de las obras sería el paso que seguramente permitiría cimentar las primeras bases de la reactivación de la economía, ya que permitiría empezar a detener la miseria y la pobreza prevalecientes en toda la zona mixteca.
Los legisladores de Acción Nacional por el estado de Puebla hemos estado atentos a estos proyectos. Así, el senador de la República Francisco Fraile García presentó una proposición similar a fin de que se emitiera con la mayor brevedad el dictamen definitivo y se considerara el presupuesto correspondiente para la realización de dichas obras.
Compañeras y compañeros legisladores: debemos tener visión y responsabilidad para destinar el presupuesto a la realización de las obras que benefician al sector con índices más altos de pobreza nacional. No es cuestión de intereses partidistas; es nuestra responsabilidad como una de las facultades exclusivas de esta soberanía;
``Debemos otorgar recursos en beneficio de los más necesitados. No podemos ni debemos cerrar los ojos ante los problemas que afectan a la sociedad que nos han elegido como representantes ante esta tribuna. Nuestra lucha es y será por la recuperación y el fortalecimiento del campo mexicano.''
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de AcuerdoPrimero. Que la Cámara de Diputados exhorte al gobierno del estado de Puebla, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional del Agua, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Sagarpa y a la Procuraduría Agraria a emitir el dictamen definitivo sobre la evaluación y el análisis de la realización de los proyectos de riego de Los Zapotes y de San Vicente Boquerón.
Segundo. Que la Cámara de Diputados, por conducto de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Recursos Hidráulicos, solicite al Ejecutivo federal considerar en el presupuesto de la Sagarpa para el ejercicio fiscal de 2005 una partida a fin de canalizar recursos a los proyectos mencionados, siempre que el dictamen previo valide su pertinencia.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de abril de 2004.--- Dip. Angélica Ramírez Luna (rúbrica).»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, señora diputada.
Túrnese a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Recursos Hidráulicos.Señoras y señores legisladores, en virtud de que se ha agotado el tiempo destinado para la duración máxima de esta sesión, se instruye a la Secretaría a que dé lectura al orden del día de la próxima sesión.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión...
Un momento, diputada Secretaria.
Por favor, activen el sonido en la curul del diputado Wintilo Vega.
El diputado Wintilo Vega Murillo (desde su curul):
Señor Presidente, una consulta.
El acuerdo que votamos en la sesión anterior, implicaba que se prolongaría la sesión por tres horas y el criterio que usted ha estado siguiendo en todas las sesiones es que se termina la sesión si dura cinco horas y usted inicia a las 10:00 de la mañana, por ejemplo, termina a las cuatro de la tarde, tres de la tarde; si inicia a las 11:00 horas, la termina a las tres, a las cuatro. La pregunta mía es, si hoy iniciamos a las 11:25 horas, ¿por qué ahora no siguió el mismo criterio?, pregunta, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Se lo contesto, señor diputado. Mire usted, el exceso cuando empezamos después de la hora de inicio si se cita a las 10:00 horas o a las 11:00 horas, efectivamente hemos prolongado el exceso después de la hora que concluye, porque fue el acuerdo del pleno, votado por el pleno, de cinco horas. Este exceso en las últimas sesiones, perdóneme no ha sido votado por el pleno, los coordinadores señalaron extender tres horas el término de finalización de la sesión y no es la primera vez que lo hago; la semana anterior a pesar de que empezamos con 20 minutos de anticipación, el jueves terminó a las 2:00 de la tarde, porque esa hora marcó el acuerdo de coordinadores. Entonces, lo siento, a menos de que usted me pida que lo consulte a la Asamblea.
El diputado Wintilo Vega Murillo (desde su curul):
Señor Presidente, nosotros traemos un asunto que es vital por los procesos desastrosos que sucedieron en Piedras Negras, Coahuila, es el siguiente punto que está agendado en el orden del día. Yo le rogaría, pudiera poner a consideración de la Asamblea...
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Señor diputado, todos los asuntos para los diputados que los proponen son vitales y el tema que... un momentito; el tema que usted me está señalando ya lo trató, pero no se preocupe, la Asamblea decide.
Instruyo a la Secretaría para que consulte a la Asamblea si se toca un punto más a solicitud del diputado Wintilo.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:En votación económica, por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición del diputado Wintilo.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Tiene en consecuencia, se concede el uso de la palabra al señor diputado don Jesús Zúñiga Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para que se exhorte a la Secretaría de Gobernación que declare como zonas de desastre a los municipios de ciudad Acuña, Jiménez y Piedras Negras, en el estado de Coahuila, debido a las fuertes lluvias registradas el pasado 3 de abril del presente año.
Adelante, diputado.
El diputado Jesús Zúñiga Romero:Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Los suscritos, diputados federales que integramos las diversas fracciones parlamentarias de esta Cámara, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar ante esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a las Secretarías correspondientes, para que ante la declaratoria de zona de desastre de los municipios de Piedras Negras, San Juan de Sabinas, Zaragoza y Sabinas, del estado de Coahuila, se pueda acceder a la brevedad posible a los recursos económicos y materiales necesarios, a efecto de auxiliar a los damnificados del desastre natural acontecido el pasado 3 de abril del 2004, solicitando que el trámite sea de urgente y obvia resolución.
ConsideracionesEl pasado 3 de abril del año en curso, los municipios de Piedras Negras, San Juan de Sabinas, Zaragoza y Sabinas, fueron azotados por una tromba que tuvo duración de siete horas, dejando como resultado incuantificables pérdidas materiales, arrasando el patrimonio de cientos de familias y rebasando por completo la capacidad de respuesta de las autoridades locales en lo que respecta a la atención de las víctimas.
Desafortunadamente en el transcurso del fenómeno se perdieron vidas humanas, dejando en la indefensión además a miles de familias, sumando a ello colonias de los municipios en cuestión inundadas, incomunicadas y sin los más elementales servicios públicos que les permitan reconstruir su patrimonio. Para las familias que perdieron a sus seres queridos, nos unimos a la pena que los embarga; para los miles de ciudadanos que perdieron sus bienes logrados por su esfuerzo aplicado en años, nos solidarizamos con ellos.
Debemos estar conscientes de la problemática que enfrentan los habitantes de las entidades de nuestro país cuando son víctimas de algún desastre natural, por lo que hacemos votos para que, a diferencia de otras ocasiones, se haga presente la acción expedita del Gobierno Federal y que de inmediato responda a la tragedia, a efecto de que fluyan los recursos con oportunidad para mitigar el sufrimiento que padece la población afectada.
Por lo anterior, se someten a consideración del pleno los siguientes
Puntos de AcuerdoPrimero. Solicitamos la pronta y eficaz aplicación de los recursos económicos y materiales para el rápido suministro de comida, medicinas, ropa, calzado etcétera, en virtud de la declaratoria de zona de desastre emitida por el Presidente de la República para Piedras Negras, San Juan de Sabinas, Zaragoza y Sabinas, en el estado de Coahuila.
Segundo. Que el Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Salud y Desarrollo Social, intervenga con la finalidad de apoyar a la población afectada en lo siguiente: proporcionar maquinaria pesada para remoción de escombros e intensificar las campañas de asistencia médica para la población damnificada; otorgar los materiales necesarios para que la población de escasos recursos pueda estar en condiciones de iniciar la reconstrucción de su patrimonio mínimo y
Tercero. Apelamos a la sensibilidad de los integrantes de las diferentes fracciones parlamentarias representadas en este recinto, para que se solidaricen a este acuerdo.
Es cuanto, señor Presidente.
Firman los representantes de las diferentes fracciones que integran la LIX Legislatura de este Congreso.
Gracias.
«Proposición con punto de acuerdo, para que se exhorte a la Secretaría de Gobernación a declarar zona de desastre los municipios de ciudad Acuña, Jiménez y Piedras Negras, Coahuila, debido a las fuertes lluvias registradas el 3 de abril del presente año, a cargo del grupo parlamentario del PRI
Los suscritos, diputados federales que integramos las diversas fracciones parlamentarias de esta H. Cámara y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar ante esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, ante la declaratoria de zona de desastre en los municipios de Ciudad Acuña, Jiménez y Piedras Negras, en el estado de Coahuila, se pueda acceder a la brevedad posible a los recursos económicos provenientes del Fondo de Desastres Naturales, a efecto de auxiliar a los damnificados del desastre natural acontecido el pasado 3 de abril del 2004, solicitando que el trámite sea de urgente y obvia resolución.
ConsideracionesEl pasado 3 de abril del año en curso, los municipios de Acuña, Jiménez y Piedras Negras fueron azotados por una tromba que tuvo duración de siete horas, dejando como resultado incuantificables pérdidas materiales, arrasando el patrimonio de cientos de familias y rebasando por completo la capacidad de respuesta de las autoridades locales en lo que respecta a la atención de las víctimas.
Desafortunadamente, en el transcurso del fenómeno natural se perdieron y desaparecieron vidas humanas, dejando en la indefensión a más de tres mil familias, sumando a ello colonias de los municipios en cuestión, inundadas, incomunicadas y sin los más elementales servicios públicos que les permitan reconstruir su patrimonio.
Para las familias que perdieron a sus seres queridos, nos unimos a la pena que los embarga.
Para los miles de ciudadanos que perdieron sus bienes, logrados por su esfuerzo aplicado en años, nos solidarizamos con ellos.
A efecto de ilustrar la magnitud del desastre, el caudal del río escondido alcanzó una nivel de 5 metros e influyó para que las consecuencias fueran mayores a lo esperado, arrasando asentamientos irregulares de gran densidad poblacional en los municipios afectados.
Ante la gravedad de los daños ocasionados por el fenómeno, todos los cuerpos de seguridad y rescate de las regiones afectadas se enfocaron en tratar de combatir los daños del fenómeno meteorológico.
Debemos estar conscientes de la problemática que enfrentan los habitantes de las entidades de nuestro país, cuando son víctimas de algún desastre natural, por lo que hacemos votos para que, a diferencia de otras ocasiones, se haga presente la acción expedita del Gobierno Federal y que de inmediato responda a la tragedia, a efecto de que fluyan los recursos con oportunidad, para mitigar el sufrimiento que padece la población afectada.
Por lo anterior, se somete a la consideración del Pleno, el siguiente
Punto de AcuerdoPrimero.- Solicitamos la pronta y eficaz aplicación de los recursos del Fondo de Desastres Naturales para el rápido suministro de comida, medicinas, ropa y calzado, en virtud de la declaratoria de zona de desastre emitida por el Presidente de la República para los municipios de Ciudad Acuña, Jiménez y Piedras Negras en el estado de Coahuila.
Segundo.- Que el Ejecutivo federal, a través de las Secretarías de Gobernación, y de Hacienda y Crédito Público intervengan con la finalidad de apoyar a la ciudadanía afectada en lo siguiente:
A.- Maquinaria pesada, compra de alimentos, agua, cobijas, asistencia médica, ropa y calzado para la población damnificada.
B.- Otorgar los recursos materiales necesarios, tales como láminas, madera, ladrillos, etcétera, para que la población de escasos recursos pueda estar en condiciones de iniciar la reconstrucción de su patrimonio mínimo.
Tercero.- Apelamos a la sensibilidad de los integrantes de las diferentes fracciones parlamentarias representadas en este recinto para que se solidaricen con este acuerdo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, abril 5 de 2004.--- Diputados: Eduardo Olmos Castro (rúbrica), Jesús María Ramón Valdés, Laura Martínez Rivera (rúbrica), Laura Reyes Retana Ramos (rúbrica), Oscar Pimentel González, Fernando de las Fuentes Hernández, Jesús Zúñiga Romero (rúbrica), Ricardo Rodríguez Rocha, Manuel López Villarreal, Blanca Eppen Canales, Jesús González Schmal, Jazmín Elena Zepeda Burgos, Pedro Vázquez González y Jorge Kahwagi Macari.»
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Gracias, señor diputado.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:En votación económica, se pregunta a la Asamblea con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Se considera de urgente resolución.Esta Presidencia tiene registrado para intervenir en pro, al diputado Manuel López Villarreal, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, al que se le concede el uso de la palabra.
El diputado Manuel Ignacio López Villarreal:Con su permiso, señor Presidente; honorable Asamblea:
Tomo la palabra ante este pleno a nombre de los diputados que integramos el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional del estado de Coahuila, para apoyar este punto de acuerdo.
Como diputados federales del estado de Coahuila, no somos ajenos a la tragedia que están viviendo las personas de las localidades de Piedras Negras, San Juan de Sabinas, Zaragoza y Sabinas. Los últimos datos señalan que como resultado de las inundaciones, 38 personas murieron, 3000 personas fueron desalojadas, 2000 personas se encuentran en albergues y 2500 casas resultaron afectadas, de las cuales 120 se consideran como pérdida total. Ante este desastre es indudable que necesitamos del apoyo y cooperación de todos, tanto de la ciudadanía como de las autoridades.
Nuestro país en innumerables ocasiones ha demostrado su solidaridad con la tragedia de otros. De nueva cuenta es momento de actuar. Afortunadamente ya se emitió la declaratoria de emergencia y de desastre natural para los municipios afectados de Coahuila, pero es menester que se liberen lo antes posible los recursos del Fondo Nacional para el Desastre Natural, el Fonden.
Pero también es preciso que las autoridades tanto municipales como estatales, comprometan recursos económicos y humanos para atemperar esta tragedia, impulsando de esta manera un acción coordinada con los tres niveles de gobierno, con el objetivo de apoyar a las personas y a las empresas que en algunos casos lo perdieron todo.
Compañeras y compañeros legisladores, aprobemos este punto de acuerdo para apoyar a los coahuilenses que ahora están en desgracia.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:Gracias, señor diputado.
Se instruye a la Secretaría consulte a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputadas y diputados que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Suficientemente discutida.Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.
La Secretaria diputada Amalín Yabur Elías:En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Las diputadas y diputados que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano:
Aprobada. Comuníquese.Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año.--- LIX Legislatura.
Orden del día
Jueves 15 de abril de 2004.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Dos, con los que se remiten contestaciones relativas a puntos de acuerdo, aprobados por la Cámara de Diputados. (Turno a comisión.)
Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Araceli Minerva Fabián Vargas y Juan Esteban Andreu Mendoza, puedan prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en su Consulado General en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente. (Turno a comisión.)
Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Griselda López Saldaña, José Luis Almazán Robles, José Manuel Hernández Colín, Francisca Benteño Medina, Shuji Ando Ashijara, María del Carmen Blanco Peña, Fermín Vásquez Ortiz, Rúben Barrera Salcedo, Martha Lilia Muñiz Colunga, Cecilia López Alonso y Enrique Huerta Alvarado, puedan prestar servicios en la Embajada de Japón en México. (Turno a comisión.)
Dictamen a discusión
De la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Luis Ernesto Derbez Bautista y Orlando Ramos Guerrero, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos etranjeros.
Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»
Gracias, señor Secretario.
Proceda la Secretaría a abrir el sistema electrónico por cinco minutos, para verificar la asistencia.
El secretario diputado Marcos Morales Torres:Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por cinco minutos para verificar la asistencia.
De viva voz.
El diputado José Eduviges Nava Altamirano (desde su curul):
Presente.
El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar (desde su curul):Presente.
El diputado José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (desde su curul):Presente.
La diputada Consuelo Muro Urista (desde su curul):Consuelo Muro Urista.
Señor Presidente, hay una asistencia de 393 diputadas y diputados.
Gracias, señor Secretario.
Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 15 de abril a las 10:00 horas.Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8:30 horas.
Tiempo de duración: 7 horas 43 minutos.
Quórum a la apertura de sesión: 385 diputados.
Asistencia al cierre de registro: 435 diputados.
Asistencia al final de la sesión: 393 diputados.
Minuto de silencio: 1.
Puntos de acuerdo aprobados: 3.
Proposiciones con punto de acuerdo: 16. Oradores en tribuna: 63
PRI-15; PAN-22; PRD-12; PVEM-5; PT-3; PC-6.
Se recibió:4 comunicaciones de los Congresos de los estados de: Coahuila, Tabasco y Tlaxcala;
1 comunicación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;
1 comunicación de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación;
2 comunicaciones de la Junta de Coordinación Política con las que informa de cambios en la integración de las comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Economía;
1 comunicación de la Junta de Coordinación Política con la que propone cambios en la integración de la Mesa Directiva de la Comisión de Agricultura y Ganadería;
1 oficio de la Cámara de Senadores con el que remite minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la Medalla Agrícola que le confiere la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO);
1 oficio de la Cámara de Senadores con el que remite minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Carlos Pascual Monsiváis, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República Argentina;
1 oficio de la Cámara de Senadores con el que remite minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Gilberto Hernández Andreu, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Ejército de los Estados Unidos de América;
1 oficio de la Cámara de Senadores con el que remite minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Miguel Idelfonso Amezaga Ramírez, para aceptar y usar la medalla que le confiere la Junta Interamericana de Defensa;
2 minutas;
1 iniciativa del Ejecutivo;
1 iniciativa del Congreso del estado de Baja California;
5 iniciativas del PRI;
7 iniciativas del PAN;
1 iniciativa del PRD;
1 iniciativa del PVEM;
1 iniciativa del PT;
3 iniciativas del PC. Dictámenes de primera lectura:
1 de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Luis Ernesto Derbez Bautista y Orlando Ramos Guerrero, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros. Dictámenes aprobados:
1 oficio de la Cámara de Senadores con el que remite minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Carlos Pascual Monsiváis, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República Argentina;
1 de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que reforma los artículos: 28, 108, 134 Bis, 134 Bis 1 y 134 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito;
1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con puntos de acuerdo a proposición presentada el 14 de octubre de 2003, para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales emita la recomendación para que una institución académica practique la auditoría ambiental al complejo termoeléctrico ``Presidente Adolfo López Mateos'', de la Comisión Federal de Electricidad, ubicado en el municipio de Tuxpan, Veracruz;
1 de la Comisión de Ciencia y Tecnología con punto de acuerdo a proposición presentada el 28 de octubre de 2003, para exhortar al Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, a que canalice mayores recursos a la creación e instrumentación de nuevas plazas destinadas a la investigación científica;
1 de las comisiones unidas de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo a proposición presentada el pasado 21 de enero, para exhortar a la Secretaría de Salud del estado de México y al ayuntamiento del municipio de Tultitlán, para que se instalen personal médico, ingenieros químicos y clínicos que diagnostiquen, traten, prevengan y canalicen a los habitantes expuestos a la contaminación de cromato hexavalente en la región de Lechería;
1 de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con punto de acuerdo a proposición presentada el 23 de octubre de 2003, para exhortar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a que investigue, si lo considera de su competencia, el asunto de discriminación racial de indígenas del estado de Hidalgo, por el uso del parque Rubén Darío, de la ciudad de Guadalajara, Jalisco;
1 de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con punto de acuerdo a proposición presentada el 9 de octubre de 2003, para solicitar a la Procuraduría General de la República, información sobre las investigaciones relacionadas con los homicidios del diputado local del estado de Yucatán, Pánfilo Novelo Martín, de su hijo y asistente;
1 de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con punto de acuerdo a proposición presentada el 9 de septiembre de 2003, que crea una Subcomisión Especial para dar seguimiento al caso de la niña Paulina del Carmen Ramírez Jacinto y exhorta al gobierno y a la Procuraduría General de Justicia del estado de Baja California, a que cumplan con la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, relacionada con ese caso;
1 negativo de la Comisión de Gobernación con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentada por el diputado Luis Antonio González Roldán el 30 de septiembre de 2003;
1 negativo de la Comisión de Salud con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de trasplantes, presentada por la diputada Adela del Carmen Graniel Campos el 25 de marzo de 2003;
1 negativo de la Comisión de Salud con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 324 y deroga los artículos 325 y 333 de la Ley General de Salud, presentada el 14 de noviembre de 2002.